Prólogo

¿PARA QUÉ SIRVE EL PRÓLOGO —la palabra que antecede a las del texto prologado—? Puede, y es frecuente, encarecer la obra prologada por su tema y sus autores. Pero está claro que en este caso ello es innecesario. Analizar lo que en la transición política española supuso Cataluña es de suyo interesante y, cuando se hace por historiadores de profesión como son los de este libro, más todavía. Compendiar, ordenar y analizar el cúmulo de datos de la escena política catalana en torno a la transición es una tarea hercúlea, tanto más útil cuanto más completo sea el inventario y más certero su análisis, y solo sumergirse sin ahogarse en el piélago de siglas —la sopa de letras, se decía entonces— bajo la que se movían las fuerzas políticas e, incluso los corpúsculos menores de la oposición, exige la profesionalidad del investigador.

Está claro que en toda investigación histórica la selección y ordenación de los datos es función de la perspectiva o punto de vista adoptado por el historiador, como todo humano, súper determinado por una serie de condicionantes de tiempo y lugar, de cultura y política, e incluso de su personal estructura psicológica. En el caso de este libro, no más que en el de los grandes historiadores catalanes, españoles, germanos o romanos. Pero uno de los innegables méritos de la presente obra es que proporciona datos que el lector puede llegar a interpretar de manera diferente a como lo hacen los autores. En eso, en los hechos y las fechas, que los autores dan con precisión, radica la objetividad.

En ocasiones el prólogo sirve, también, para situar el texto prologado en su contexto y se convierte así en una especie de estudio preliminar, tarea impropia de esta ocasión y cuyo intento sería por mi parte tan presuntuoso como estéril.

Y el prologuista puede pretender explicar el contenido de la obra prologada. Un mal uso que presupone la incapacidad del lector para entenderla por sí solo o la del autor por explicarse debidamente.

Pero, a mi juicio, también puede y debe el prologuista tomar el texto prologado como pretexto para su propia reflexión, ya sobre la obra, ya sobre su tema, a modo de lo que en realidad debiera ser un epílogo: la palabra terminal, la palabra sobre las palabras ya dichas.

Una reflexión que no debe repetir ni tiene por qué coincidir con la del autor principal, pero que necesariamente interfiere en ella ya completándola, ya matizándola ya, incluso, contradiciéndola. Cuanto más relevante sea el tema tratado, y Cataluña en la transición sin duda lo es, y más profundo sea su análisis, tantas más ocasiones de reflexionar tendrá el prologuista. Para mí, a quien cupo el honor de trabajar en la sala de máquinas de la transición —como secretario general técnico del Ministerio de Justicia primero, como ponente constitucional después—, prologar el libro de los profesores Carme Molinero y Pere Ysàs es una irresistible tentación a reflexionar sobre algunos extremos.

En primer lugar, sobre la posición de Cataluña en la pretransición y a lo largo de toda la transición, proceso que, con acierto, los autores cierran al final del proceso constituyente que en Cataluña fue, lógicamente, la elaboración del Estatuto de Autonomía. Es evidente, y ambos autores insisten en ello, que la exigencia de cambio político maduró en Cataluña antes que en el resto de España merced a la síntesis de reivindicaciones sociales que aseguraba una mayor movilización de base, aspiraciones políticas de un sociedad civil más articulada y una conciencia nacional diferenciada cada vez más patente y que la izquierda asumió sincera e intensamente. Prueba de esta más temprana y mayor exigencia de cambio es que en Cataluña se rechazaron antes que en el resto de España, y concretamente que en Madrid, los ensayos pseudorreformistas del gobierno Arias. Lo que su ministro del Interior, Fraga, denominaba el «calafateo» de Régimen y de sus Leyes Fundamentales. Y que la preocupación por Cataluña y el deseo del primer gobierno Suárez —mejor o peor instrumentado— de atender al problema catalán fue una de las más tempranas pruebas de su opción democrática.

Esta precocidad y madurez de la oposición al sistema autoritario propia de Cataluña y cuyas consecuencias son, a mi juicio, de la mayor importancia, no se dio en el País Vasco, pese a tener análogas condiciones: una fuerza laboral descontenta, una burguesía ilustrada inquieta y una conciencia nacional identitaria igualmente reivindicativa. La violencia terrorista de ETA, entonces en cuarto creciente, lastró todo ello y permitió plantear el tema vasco en términos de orden público, mientras que los planteamientos catalanes forzaron a entenderlo en términos políticos. Sin duda hubo movilizaciones, huelgas y manifestaciones hasta el punto de poder decirse, como los autores recuerdan, que en Barcelona «la batalla por la transición se da en la calle»; pero es evidente que la calle se movilizó en términos civiles y civilizados. Y si hubo intentos paralelos de violencia, algunos especialmente criminales, ni fueron específicamente catalanes ni tuvieron acogida en la sociedad catalana.

En segundo lugar, sobre el protagonismo comunista. La oposición al franquismo estuvo, en toda España, teñida de izquierdismo merced a factores diversos, desde la hegemonía moral del PC hasta la paranoia simplificadora del propio régimen, pasando por la apatía y los complejos de lo que debiera haber sido una derecha liberal-conservadora. Pero en Cataluña la hegemonía izquierdista fue mucho mayor, hasta el punto de que el centro-derecha se autocalificaba de social-demócrata.

Ello se debió en gran medida a la situación del Partido Comunista en Cataluña. El PSUC, un partido histórica y socialmente asentado que sintetizaba en la práctica a toda la izquierda real, fue decisivo tanto a la hora de catalanizar la reivindicación proletaria cerrando el paso a opciones lerrousistas, como para conducir por las vías del realismo a la izquierda catalana. Fueron los comunistas, merced a la experiencia vivida de la derrota y el exilio y al talento político de Santiago Carrillo, quienes centraron a la izquierda española e hicieron posible una transición pactada como la que, por encargo del rey, ofrecía el presidente Suárez. Su influencia fue mucho mayor a su número. Cataluña sirvió como laboratorio para todo ello y el PSUC consiguió liderar, a través de la Assemblea de Catalunya, la parte más activa de la oposición. Que en Cataluña, como en el resto de España, las elecciones de 1977 no premiaran tales actitudes revela, entre otras cosas, un talante hispánico que incluye a todos sus pueblos. Así es Castilla, decía el comunero Padilla, «hace sus hombres y los gasta».

Tercero, la deriva izquierdista de Cataluña, una deriva que amenazaba con condicionar el conjunto de la política española, tuvo una consecuencia reactiva: la operación Tarradellas, preludiada por la creación del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Sin perjuicio de los datos y los análisis contenidos en el texto que sigue, a mi juicio, y alguna experiencia directa tengo de ello, la operación, planteada en Madrid desde el otoño de 1976, pero más formalmente en enero de 1977, no cuajó hasta que Suárez se convenció, y la siempre benéfica influencia de Alfonso Osorio tuvo mucho que ver con ello, de que el restablecimiento simbólico de la Generalitat y el regreso del presidente exiliado servía para integrar la singularidad de Cataluña en el proceso general de transición política y frenar la radicalización izquierdista de la oposición catalana. Es más que probable que si la restauración y el regreso se hubiera producido meses antes de las elecciones del 15 de junio el resultado de las mismas hubiera sido diferente, y lo que con el tiempo llegaron a ser los «cien tristes» de la política catalana hubieran corrido mejor suerte. Y no faltó quien, sin éxito alguno, propusiera repetir la operación en el País Vasco con el lehendakari exiliado Leizaola. Quien salió de ello ventajoso fue el PSOE.

Aparte de su alto significado simbólico, la operación Tarradellas cumplió su finalidad de recentrar el escenario político catalán por más que el propio president fuera amortizado pocos meses después, mostrando la aplicación a Cataluña de las proféticas frases de Padilla atrás citadas. Beneficiarios de ello fueron el tono del Estatuto de 1979 y los resultados de Convergència en las subsiguientes elecciones autonómicas.

Cuarto, todo lo dicho tuvo su coste para la propia Cataluña a la hora de insertar su autogobierno en una España constitucional. El nacionalismo es, por definición, identitario y, en consecuencia, particularista; la izquierda es universalista, esto es, busca fórmulas de alcance general. Por su parte, el catalanismo se ha movido siempre en esta disyuntiva que, históricamente, puede simbolizarse respectivamente en los nombres de Prat de la Riba, por una parte y, de otra, Pi i Margall e, incluso, Almirall. Cuando éste hablaba de federalismo, el primero preguntaba cuáles podían ser los otros miembros de la federación dada la singularidad de la identidad nacional de Cataluña y su hererogeneidad respecto a otros territorios españoles. A lo largo de la transición política española se planteó —y aún hoy se plantea— idéntica disyuntiva, y el universalismo de la izquierda —entonces fascinada, en un alarde de previsión histórica, por el modelo yugoeslavo— determinó la opción socialista y comunista y contagió a la opción nacionalista que había de defender la generalización a lo largo del proceso constituyente, para encontrar en ella el alveolo donde incrustar y garantizar el autogobierno de Cataluña. Por parte de la derecha, la tenacidad del Pfr. Clavero Arévalo consiguió otro tanto a través de fórmulas preautonómicas difícilmente reversibles, bajo las sublimes expresiones de «café para todos» y «tablas de quesos».

La mejor prueba de lo dicho es que el historicismo siempre latente en la reivindicación nacional vasca, y que la corrección política entonces reinante oponía al «espíritu de geometría», tan caro a los manuales de Derecho Administrativo, garantizó a Euskadi un reconocimiento constitucional de su singularidad del que Cataluña carece, una carencia a mi juicio en la raíz de su actual desafección y los subsiguientes problemas. El presidente Pujol dejó constancia de ello en fecha bien temprana, el primer debate parlamentario sobre el estado de Cataluña.

Los nacionalistas catalanes han dicho, una y otra vez, que sin Cataluña no hubiera habido Estado de las autonomías y ello es absolutamente cierto. La precocidad de la reivindicación catalana provocó la floración de nacionalismos y regionalismos de nuevo cuño en toda España movidos por una desbocada emulación que los partidos que hacen gala de españolismo han sido incapaces de moderar. A ellos se ha plegado el sistema autonómico cuya generalización y homogeneización, sin duda ya incoada por los constituyentes, se llevó a cabo por los pactos autonómicos de 1981 y de 1992, mediante una verdadera mutación constitucional. Así la calificaron Vandelli y García de Enterria. Pero la misma generalización del modelo de autogobierno catalán le privó de su primera y fundamental función, el reconocimiento de su singularidad.

Y, para terminar, una quinta reflexión que prolonga la anterior. Javier Tusell, en una de las más conseguidas piezas de su amplia bibliografía, la Historia de la administración local española 1900-1936 (Madrid, MAP, 1987), ha señalado la distorsión y el consiguiente perjuicio que, para Cataluña y el resto de España, supuso lo que llamó la «catalanización de nuestro régimen local». Esto es, lastrar la siempre pendiente reforma de nuestra vida local con los problemas de la autonomía catalana. Y la paralela concepción de dicha autonomía con los moldes de las corporaciones locales, lo que la hacía insatisfactoria. Cataluña se concebía desde Madrid, y aún se concibe en muchos pagos, como una gran comarca —así la denominaría Ortega en sus famosos artículos de 1927 a 1929 sobre La redención de las provincias— y su régimen se trata de extender a todo el territorio español. El libro de García de Enterría Estudios sobre Autonomías Territoriales (Madrid, Civitas, 1985) sigue la senda de Ortega. Una España toda ella comarcalizada, más que una España con autonomías a la medida. El artículo 137 de la Constitución es trasunto de ello... y la cronificación del malestar también.

MIGUEL HERRERO DE MIÑÓN

Introducción

LA «CUESTIÓN CATALANA» o el «problema catalán» vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política española desde finales de 2012. En los argumentos de los diversos actores políticos, la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, y a la vez de un estado centralista a otro que reconoce el derecho a la autonomía de «nacionalidades y regiones», constituye una referencia constante, aunque habitualmente con explicaciones y valoraciones muy dispares, incluso abiertamente contrapuestas.

La investigación que sustenta este libro fue iniciada antes que la «cuestión catalana» cobrara nuevamente un papel tan destacado en la vida política española, pero los acontecimientos del último año y medio pueden dar al estudio un interés más amplio que el inicialmente contemplado. En cualquier caso, nos interesaba dirigir una mirada detenida al proceso de cambio político en la España de los años setenta del siglo XX, en concreto al papel de la «cuestión catalana» en el proceso de construcción de la actual democracia, dedicando particular atención a los planteamientos y las posiciones de los principales grupos políticos, tanto de ámbito catalán como general español.

La visión dominante sobre la transición, elaborada en buena medida por y para la publicística, ha sido capaz de fijar imágenes e interpretaciones que se resisten a los estudios históricos. De la misma manera, como el lector podrá apreciar, los relatos sobre la transición utilizados hoy por buena parte de los partidos políticos y de los opinadores profesionales que pueblan los medios de comunicación tienen con frecuencia poco que ver con lo que la historiografía más rigurosa ha aportado en los últimos años, y con lo que este libro sostiene a partir de la consulta exhaustiva de la documentación y de los testimonios disponibles. No faltan incluso llamativas paradojas; así los que hoy aparecen como más acérrimos defensores de la Constitución de 1978 y del Estado de las Autonomías son quienes —ellos mismos o sus antecesores políticos— se opusieron abiertamente al modelo consensuado, incluso negando el voto al texto constitucional. Por otra parte, y desde posiciones opuestas, se ha alimentado un rechazo a dicho modelo autonómico, olvidando y silenciando su determinante participación en su elaboración; a veces incluso se presenta el marco constitucional y estatutario como una simple imposición ajena a la voluntad libremente expresada por los ciudadanos.

El libro que el lector tiene en sus manos pretende explicar el porqué y el cómo de la resolución de la «cuestión catalana» en el marco del proceso de establecimiento de un régimen democrático en España. Para ello, la primera parte del estudio se basa en la realidad sociopolítica catalana cuando el franquismo estaba ya inmerso en una profunda crisis; en los tres capítulos siguientes se analizan los acontecimientos fundamentales del año 1976 hasta la celebración de las elecciones generales de 1977.

A lo largo de los diez años previos a la muerte de Franco, la sociedad civil catalana experimentó una dinamización muy notable, que fue paralela a la extensión de las actitudes de disenso en relación al franquismo, una conjunción que se explica por la interacción entre el activismo social y el activismo político. Se extendió, así, un concepto de ciudadanía activa, de implicación en los asuntos colectivos, que fue capaz de romper la pasividad política instalada en buena parte de la sociedad; ello explica que bastante antes de la muerte del Caudillo se hubiera tejido en Cataluña una red de complicidades sociales antifranquistas que ponía en evidencia la incapacidad del régimen para mantener el control social. Un rasgo distintivo de la movilización social en Cataluña era su conexión con el catalanismo político y cultural, en el que era hegemónico el catalanismo de izquierdas que, desde los años sesenta, planteaba la cuestión nacional en el marco de la transformación democrática del Estado español. Este catalanismo movilizado y movilizador tuvo en la Assemblea de Catalunya la plasmación más clara de la capacidad de autoorganización de los movimientos sociales y de la voluntad de autogobierno.

Como escribió Salvador Sánchez-Terán refiriéndose a los primeros meses de 1976 —cuando se hizo cargo del gobierno civil de Barcelona—, la batalla de la transición se daba en la calle. El segundo capítulo tiene por objeto analizar la conquista de la libertad, librada en las calles españolas a lo largo de 1976 pero, particularmente, en la primera mitad del año. El gobierno Arias-Fraga pudo comprobar rápidamente que no controlaba el tiempo político y que su proyecto de reformar el régimen franquista, pero no de sustituirlo por una democracia plena, obtenía un amplio rechazo. La movilización de las franjas amplias de la población que se habían ganado la ciudadanía en oposición a la dictadura —y que querían cambiar de régimen— impidió el éxito del proyecto gubernamental. La creación de Coordinación Democrática como organismo unitario de la oposición fue esencial y, en el capítulo, se presta particular atención a las propuestas de la oposición respecto a la autonomía de «nacionalidades y regiones». También a las tensiones que empezaron a manifestarse en el seno de los organismos unitarios en Cataluña, agudizadas por la entrada en escena del presidente de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas. Igualmente se analiza la política gubernamental en relación a Cataluña, no en vano Manuel Fraga escribió al iniciarse 1976 que tenía tres prioridades, una de las cuales era acometer el problema de la estructura tradicional del Estado.

El tercer capítulo se acerca a los retos del Gobierno y a los de la oposición en la segunda mitad de 1976 y la atención que ambos dedicaron a la cuestión catalana, de muy diferentes características. En la articulación de la oposición, el tema del autogobierno para las nacionalidades históricas estuvo siempre presente, y se podría afirmar que la vitalidad política y cultural que se había manifestado en los diez años anteriores, así como el prestigio de sus fuerzas políticas, había conseguido que Cataluña estuviera muy presente en el antifranquismo español y que su cultura, y con ella la lengua, fuera muy respetada. No ocurría lo mismo en el ámbito gubernamental, particularmente en lo que concernía a Adolfo Suárez quien, a diferencia de Fraga, ignoraba incluso lo fundamental respecto a la trayectoria histórica del catalanismo. Sin embargo, su olfato político y la acción de sus consejeros hicieron que, desde el Gobierno, se dedicara una notable atención a Cataluña.

El último capítulo de la primera parte tiene como eje central la actuación de la Comisión de los Nueve, un organismo que no ha tenido la atención que se merece por parte de la historiografía. En dicha comisión hubo una amplia presencia catalana y la cuestión de las nacionalidades fue objeto de una de las tres subcomisiones que se formaron para negociar con el Gobierno. Aunque Adolfo Suárez se negó a tratar sobre esta cuestión, la influencia del contenido del documento de la Comisión de los Nueve es nítida en la Constitución de 1978. Una relación mucho más directa se puede establecer entre las «condiciones» de la oposición y las medidas que fue tomando el Gobierno para llegar a las elecciones del 15 de junio de 1977; en estas páginas se puede seguir el encadenamiento entre las demandas de la Comisión y las decisiones gubernamentales.

La segunda parte de este estudio, dividida en tres capítulos, se ocupa, en primer lugar, de la restauración de la Generalitat después de que los resultados de las elecciones del 15 de junio expresaran de forma inequívoca la amplitud de la reivindicación catalanista y, además, lo hicieran a través de una mayoría socialista y comunista insólita en el resto de España. La respuesta gubernamental, con la invitación al presidente de la Generalitat en el exilio para entrevistarse en Madrid con el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno, abrió un proceso de negociación a tres bandas —el Gobierno, el presidente Tarradellas y las fuerzas políticas legitimadas en las urnas— que culminó con los acuerdos suscritos en Perpiñán el 28 de septiembre y en los decretos leyes del 29 y del 30 de septiembre. En los tres meses anteriores, con la multitudinaria manifestación de la Diada del 11 de septiembre como confirmación de la sostenida movilización catalana a favor del autogobierno, se sucedieron negociaciones desde posiciones de partida distantes, en ocasiones tensas, aunque se tendió a evitar que ello trascendiera a la opinión pública. El resultado final exigió que todas las partes tuvieran que ceder, lo que comportó un acuerdo agridulce para todos.

A continuación, se realiza un atento examen del proceso de elaboración de la Constitución, con una destacada participación catalana tanto en la ponencia que redactó el anteproyecto como en los debates parlamentarios, fijando la atención en los tres primeros artículos, en particular en el segundo y en el debate sobre el concepto «nacionalidades», rechazado de forma vehemente, además de por la ultraderecha, por una parte de la derecha conservadora, y no solo en sus expresiones políticas sino también sociales, incluidas las académicas. El debate de fondo, más allá de las palabras, fue sobre la concepción de España. Se opusieron frontalmente al artículo 2 de la Constitución quienes sostenían desde el nacionalismo esencialista la existencia de una única nación, la española, definida por algunos como la primera nación en la historia, radicalmente incompatible con la existencia en su territorio de otras identidades nacionales. La posición ampliamente mayoritaria, compartida con algunas ambigüedades y con matices por centristas, socialistas, comunistas y nacionalistas subestatales partía de la consideración de España como «nación de naciones», es decir reconocía identidades nacionales diferentes —la catalana, la vasca, la gallega— en el marco de una comunidad política española en la que residía la soberanía popular. Vinculado directamente con este debate, es objeto de examen también el desarrollado sobre el artículo tercero, sobre las lenguas, y sobre el conjunto del título VIII de la Carta Magna. La redacción definitiva del artículo tercero fue resultado de una exigua mayoría de trece votos en el Congreso de los Diputados, después de dos votaciones con resultado de empate a una enmienda socialista, en la que se alinearon UCD y AP por una parte y el resto de grupos por otra. Resultado distinto al del título VIII, donde se confrontaron nuevamente dos modelos nítidamente diferenciados, el de Alianza Popular, que presentó un voto particular a la totalidad del título, y que defendía básicamente una descentralización administrativa con una mínima autonomía política, y la opción de la inmensa mayoría del parlamento a favor de unos regímenes de autonomía real para las «nacionalidades y regiones».

El último capítulo está dedicado a la elaboración y negociación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en referéndum el 28 de octubre de 1979. Para poder acceder a la autonomía en el plazo de tiempo más corto posible, las fuerzas políticas catalanas decidieron iniciar la elaboración de un anteproyecto de Estatuto en junio de 1978, es decir, cuando el proyecto de Constitución era debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados pero no estaba todavía aprobado. En todo caso, la Comisión de los Veinte de la Asamblea de Parlamentarios trabajó en todo momento con información precisa sobre el avance del texto constitucional por la presencia en su seno de dos de los ponentes de la Carta Magna, Jordi Solé Tura, del PSUC, y Miquel Roca Junyent, de Convergència Democràtica de Catalunya. El anteproyecto obtuvo un amplio consenso, aunque existieron divergencias importantes en algunas cuestiones de relieve, que obligaron a un adicional esfuerzo para alcanzar el acuerdo, como en el artículo dedicado a la lengua. Por otra parte, la regulación de las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña dio lugar a una agria polémica más allá del debate parlamentario. La disolución de las Cortes después de la promulgación de la Constitución paralizó durante unos meses la aprobación del Estatuto, hasta el verano de 1979. La negociación del proyecto en la Moncloa y el debate en la Comisión Constitucional pusieron de nuevo de manifiesto la divergencia de AP y el acuerdo, difícil pero finalmente alcanzado, del resto de fuerzas, aunque, como ocurría en el texto constitucional, con fórmulas susceptibles de generar problemas futuros a la hora de interpretarlas.

Este estudio es uno de los principales resultados del proyecto HAR2009-07825, financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad. No habría sido posible sin la colaboración de dirigentes políticos que tuvieron un relevante papel en la transición española, que nos han aportado su testimonio y, en algunos casos, también nos han facilitado la consulta a documentación de gran interés. Nuestro agradecimiento a Santiago Carrillo, José Antonio González Casanova, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Martín Toval, Rodolfo Martín Villa, Raimon Obiols, Manuel Ortiz, Alfonso Osorio, José Manuel Otero Novas, Jordi Pujol y Miquel Roca Junyent. También agradecemos la colaboración en distintos momentos de la investigación de Manuel Manonelles, Manuel Milián Mestre, y de los colegas y amigos Joan B. Culla, José M.ª Marín y José Luis Martín Ramos. Naturalmente, la responsabilidad de cuanto aquí se sostiene es exclusivamente nuestra.

Marzo de 2014

PRIMERA PARTE

1

Cataluña al final de la dictadura

UNA SOCIEDAD CIVIL FUERTE Y MOVILIZADA

Las actitudes de disenso en relación a la dictadura alcanzaron una progresiva visibilidad en la sociedad catalana a lo largo de los años sesenta y, especialmente, de los setenta. En Cataluña se producía una destacada interacción entre el activismo social y el activismo político y la influencia de ambos conseguía penetrar en la sociedad, pues sus propuestas tenían eco entre amplios sectores no especialmente politizados pero sí sensibles a planteamientos con el mínimo común denominador de propuestas democráticas y de reivindicación catalanistas. Ello había favorecido, al mismo tiempo, la unidad política de la oposición desde mediados de los años sesenta y esa unidad se había convertido en un rasgo de diferenciación entre el escenario catalán y el español observado globalmente.

Como en el resto de la España industrializada, la primera y más consistente manifestación de la conflictividad social emergente desde la segunda mitad de los sesenta fue la obrera, aunque, inicialmente, la conflictividad laboral en Barcelona creció a un ritmo más lento que en otras áreas industriales. El peso de las pequeñas y medianas empresas en el tejido productivo catalán influyó decisivamente en las dificultades que tuvo que superar la reorganización del movimiento obrero; no obstante, una vez ésta se produjo, la densidad fabril, particularmente en Barcelona, facilitó que ésta se convirtiera en la provincia más conflictiva de España tanto por el número de conflictos como por el de trabajadores implicados, y en diversos años también por el de horas dejadas de trabajar.¹

La magnitud alcanzada por la movilización de los trabajadores no hubiera sido posible sin una base organizativa que asegurase la articulación de las reivindicaciones y, como en el resto de España, fue Comisiones Obreras el instrumento que se convirtió en esencial para la consolidación del movimiento obrero. CCOO de Barcelona se crearon formalmente el 20 de noviembre de 1964 en la iglesia de Sant Medir, pero el elemento más relevante desde la perspectiva que aquí se trata fue la formación en 1967 de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya —CONC—, una plataforma que prefiguraba la atención que la organización de los trabajadores pretendía otorgar a la cuestión nacional.

Fue Cipriano García, el dirigente comunista de origen manchego afincado desde joven en Terrassa, quien defendió con más ahínco la necesidad de impedir la división de la clase obrera catalana por su origen geográfico, algo plausible teniendo en cuenta la intensidad de la inmigración desde distintas zonas de España y las políticas represivas franquistas sobre la lengua y las manifestaciones culturales catalanas. Los militantes del PSUC tuvieron la presencia suficiente en CCOO —en la que participaban activistas de diversas organizaciones y, sobre todo, trabajadores sin militancia política— para conseguir que se aceptase la definición de CCOO como un movimiento de clase y nacional, lo que implicaba que la reivindicación catalanista aparecía como una reivindicación propia del nuevo movimiento obrero, no ajena a él.

Esta opción provocó fuertes encontronazos entre los activistas comunistas y otros de diversas corrientes ideológicas que, situados a mitad de la década de los sesenta y teniendo en cuenta la evolución posterior, se podrían englobar en las corrientes de la izquierda radical. En la historiografía sobre el movimiento obrero ha tenido un cierto influjo la argumentación de estos sectores, que sostuvieron que la creación de la CONC respondía a la voluntad del PSUC de recuperar por esa vía el predominio perdido, temporalmente, en las CCOO de Barcelona. Al margen de las tácticas de corto alcance para el control de los espacios de coordinación, es observable en la trayectoria del PSUC que las propuestas de sus militantes en aquel debate se inscribían plenamente en las opciones políticas definidas en algún caso desde hacía décadas. Para el PSUC, la identidad catalana fue desde el mismo momento de su nacimiento, en julio de 1936, un rasgo definitorio del partido. Los militantes del Front Obrer de Catalunya, nacido en los años cincuenta vinculado al Frente de Liberación Popular, consideraban, contrariamente, que introducir el carácter nacional en el movimiento obrero era hacer seguidismo de la burguesía catalana, algo que puede provocar perplejidad analítica ya que los sectores nacionalistas eran muy minoritarios entre la burguesía catalana en aquel tiempo. Evidentemente, el tipo de planteamientos internacionalistas de aquellos grupos influía decisivamente en sus posiciones.

CCOO luchó por las reivindicaciones de los trabajadores en cuanto tales pero, al mismo tiempo, extendió entre los trabajadores la reivindicación del derecho al respeto de los signos de identidad nacional como un derecho democrático. Los activistas obreros, una parte de los cuales era de inmigración reciente, fueron desde 1967 una parte importante de las minorías movilizadas para conmemorar la Diada del 11 de septiembre. Este hecho tuvo relevancia a medio plazo, pues generó sinergias y empatía con otros sectores de la sociedad civil catalana antifranquista distantes del movimiento obrero. Posiblemente, no se puede explicar la capacidad de movilización de la acción unitaria en Cataluña sin considerar que el movimiento obrero se implicó de lleno en ella y, al mismo tiempo, que era percibido por el resto de la sociedad catalana antifranquista como una parte constituyente del propio tejido social.

Siendo la conflictividad laboral más trascendente para la vida económica y social, la contestación estudiantil influyó de forma más notoria entre las clases medias en su percepción de que el escenario político empezaba a ser más favorable para quienes se oponían a la dictadura. A mitad de los años sesenta se produjo un salto cualitativo en la conexión de las protestas en distintos distritos universitarios. Pasada casi una década desde las movilizaciones de 1956 en Madrid y de 1957 en Barcelona, el nuevo ciclo de contestación —y desde entonces ininterrumpido hasta la desaparición de la dictadura— empezó en Madrid, cuando en 1965 se materializó el enfrentamiento abierto entre los estudiantes y las autoridades. Como era norma en el régimen franquista, sus dirigentes optaron por la represión ejemplarizante y 231 estudiantes fueron expedientados, de los cuales 47 no pudieron continuar estudiando en Madrid. Se anularon las matrículas, se impusieron sanciones y los profesores José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo y Enrique Tierno Galván, que habían dado apoyo a los estudiantes, fueron expulsados de la universidad a perpetuidad; José María Valverde renunció a su cátedra en solidaridad con los expulsados.² Como sucederá en Barcelona, en Madrid el vínculo entre el movimiento estudiantil y el ámbito intelectual y, a partir de él, la sociedad civil en general, fue de capital importancia tanto para la proyección pública de la movilización como, sobre todo, para la visibilización de la contestación social.

Efectivamente, al año siguiente, el protagonismo estudiantil se plasmó en Barcelona donde, además, la ruptura con la universidad franquista fue fundamental. Los estudiantes desplegaron un gran activismo creativo al tiempo que una gran capacidad de organización, que les permitió constituir el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona —SDEUB— el 9 de marzo de 1966.³ El proceso preparatorio que condujo a la reunión constitutiva estimuló la politización y la cohesión estudiantil, pues en las asambleas previas participaron miles de estudiantes. Desde una perspectiva política general, mayor importancia tuvo la trascendencia ciudadana que adquirió la «Caputxinada»,⁴ particularmente entre las clases medias catalanas. Como tantas otras veces, la propia actuación gubernamental facilitó ese resultado. La policía no había tenido conocimiento del lugar de la reunión, a pesar de que en ella participaron 450 estudiantes y unos 50 intelectuales; cuando localizaron el lugar, la policía ordenó el desalojo y pretendió identificar a los participantes, ante lo que éstos decidieron encerrarse en el recinto franciscano con el apoyo de intelectuales de renombre como Jordi Rubió, filólogo e historiador de la literatura catalana, depurado en 1939, Salvador Espriu, Antoni Tàpies, Carlos Barral o José Agustín Goytisolo.

Como se había mostrado un año antes en Madrid, el movimiento estudiantil era capaz de generar actividad ciudadana a su alrededor; así la organización de actos de solidaridad contribuyó a impulsar una dinámica unitaria desconocida hasta entonces. Las numerosas manifestaciones estudiantiles crearon un nuevo ambiente y la movilización del Primero de Mayo alcanzó un nivel notable dado el contexto represivo existente. El nerviosismo de las autoridades franquistas se puso en evidencia pocos días después cuando unos ciento treinta sacerdotes se concentraron en el claustro de la catedral y decidieron trasladarse a la Jefatura Superior de Policía para entregar un escrito protestando por las torturas sufridas por un estudiante de ingeniería industrial. No tan solo no consiguieron su objetivo sino que fueron apaleados y perseguidos en su trayecto por la Vía Layetana ante la incredulidad de los transeúntes.

Más allá de la vida efímera de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes, que en los años siguientes se expandieron en la mayoría de campus universitarios españoles, la «Caputxinada» favoreció la acción unitaria entre las fuerzas políticas. Así, el éxito del SDEUB facilitó que, a partir del movimiento de solidaridad con los estudiantes represaliados, se formara la Taula Rodona de Forces Polítiques,⁵ el primer organismo realmente unitario que se creó en Cataluña tras la guerra civil, en el que se integraron organizaciones políticas de todo el espectro político, desde la democracia cristiana a los comunistas.

Situado en los años setenta el movimiento vecinal, que apenas había tenido desarrollo anterior en tanto que movimiento, se conformó como un importante actor de contestación política, alcanzando hacia mitad de la década una presencia social muy notable. Particularmente, desde 1973 se desarrollaron numerosos conflictos que permitieron vincular el movimiento vecinal con la movilización política y social que experimentaban distintos sectores de la sociedad catalana. Aquél, además, se convirtió en referencia para la democracia participativa a la que aspiraban sectores amplios de la oposición antifranquista.

El propio clima de creciente movilización social favoreció el ensanchamiento de la contestación hasta ámbitos impensables poco tiempo antes. Tal fue el caso de la enseñanza, y al profesorado se sumaron desde 1972 los estudiantes de secundaria, una presencia que respondía al clima de contestación antiautoritaria que se estaba extendiendo entre los jóvenes, más que a aspectos académicos concretos. Las universidades, en conflicto permanente desde 1972 pero ya sin movimiento articulado, se sumaron a la movilización general contra la dictadura.

La ampliación del espacio antifranquista se visualizó de forma clara entre los profesionales que, en proporciones significativas, se implicaron en los movimientos sociales. Una de las vías más eficaces de incorporación de los sectores profesionales a la contestación política fue la de los colegios profesionales que, al margen de su actuación en la defensa de los colegiados, se convirtieron en tribuna para la defensa de los intereses generales y de reivindicación de las libertades democráticas. Así, desde la perspectiva política, la articulación de la sociedad civil experimentó un salto cualitativo desde 1974. En los primeros meses del año se celebraron elecciones a diversos colegios profesionales y los resultados fueron muy alentadores para el antifranquismo, en particular los que se alcanzaron en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Las posibilidades de actuación contestataria legal que abría la presencia de militantes antifranquistas en las instituciones afianzaba la visibilidad de las alternativas democráticas.

Situados ya en 1975, se hicieron igualmente frecuentes situaciones inimaginables tan solo unos meses antes. Desde 1969 se desarrollaban campañas a favor de la enseñanza del catalán en la escuela, que se intensificaron progresivamente; el 4 de marzo de 1975, en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona convocado para aprobar los presupuestos, el regidor Jacint Soler Padró presentó una enmienda solicitando una partida de 50 millones de pesetas para subvencionar la enseñanza del catalán, una cantidad muy pequeña para las finanzas municipales. La mitad de los regidores, 18, excluido el alcalde Enric Masó que se abstuvo, votaron en contra, con lo que quisieron mostrar su adhesión franquista. El resultado no podía ser más contraproducente para el régimen, ya que aquel «no» actuó de catalizador de la movilización social. La reacción cívica fue contundente y los periódicos recibieron centenares de cartas individuales y de entidades manifestando su repulsa ante aquella decisión. Por otro lado, el «no al català» puso en evidencia a unos gobiernos municipales faltos de cualquier tipo de representatividad, incluso entre sectores indiferentes políticamente, lo que contribuyó a ampliar la exigencia de democratización de la vida pública. Recogiendo la voluntad de desarrollar una democracia participativa, propia de aquel momento, 118 entidades barcelonesas formaron una comisión con el objetivo de elaborar una propuesta de actuación para normalizar el catalán en la escuela, que fue presentada al alcalde Masó en forma de carta abierta.

Así, la imbricación entre política, sociedad y cultura fue fundamental en Cataluña. Si bien, de la misma forma que en otros puntos de España, los movimientos sociales a los que se ha hecho referencia se sostenían sobre el activismo de los militantes de izquierda, las reivindicaciones cívico-culturales de carácter catalanista comportaban un notable elemento diferenciador, pues éstas atraían a personas de distintos perfiles ideológicos, entre ellas las procedentes del catalanismo conservador, lo que comportaba una transversalidad que también influyó en la ampliación del espacio e incluso de las sinergias antifranquistas en Cataluña. En ese sentido, fue especialmente notable la colaboración de sectores conservadores y progresistas en distintos proyectos de infraestructura cultural, por ejemplo, de carácter editorial o en las entidades cívicas. En otro terreno, especial relevancia político-cultural adquirió el movimiento de la Nova Cançó en el que, progresivamente, el componente de canción-protesta de contenido político adquirió gran resonancia. No es exagerado afirmar que los recitales de la Nova Cançó se convirtieron en foros de expresión antifranquista en los que tan protagonistas eran los artistas como el público que proclamaba abiertamente su rechazo a la dictadura.

Buen reflejo de la conexión entre política y cultura fue también la convocatoria del Congrés de Cultura Catalana. Impulsado en los primeros meses de 1975 por el Colegio de Abogados de Barcelona en el marco de la movilización a favor del catalán en la escuela y de defensa de la cultura catalana, pronto encontró el apoyo de otros colegios y asociaciones profesionales, así como del Institut d’Estudis Catalans. Ya antes de la muerte de Franco, el Congrés de Cultura Catalana se había convertido en una de las grandes plataformas unitarias cívicas, con una gran incidencia tanto cultural como social y política. Así, en 1976 se fueron creando estructuras locales y comarcales para dinamizar el debate en torno a veinticinco grandes ámbitos de trabajo del Congreso. Esas estructuras, junto a las existentes de la Assemblea de Catalunya, implicaron la movilización de decenas de miles de personas que participaron activamente en debates y resoluciones, percibiéndose a sí mismas como protagonistas de un gran proyecto colectivo. La dinamización política y cultural fue paralela además a un alud de resoluciones que se convirtieron en la base de las políticas aplicadas en la etapa democrática posterior.

En definitiva, antes de la muerte de Franco se había tejido en Cataluña una red de complicidades sociales que ponía en evidencia la incapacidad del régimen para mantener el control social. Ricardo de la Cierva afirmó, en junio de 1975, que Cataluña estaba en una fase predemocrática y allí era donde se había manifestado más claramente el fracaso de la involución de 1975. Para quien había sido jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia cuando Manuel Fraga estuvo al frente del Ministerio de Información y Turismo en los años sesenta, la voluntad de cambio democrático era imparable y «es el régimen quien anda dirigido por la transición» mientras éste retorna a los orígenes.⁶

ANTIFRANQUISMO, CATALANISMO Y POLÍTICA UNITARIA

Las conclusiones de la obra de Josep Maria Colomer, Cataluña como cuestión de estado,⁷ ofrecen una buena síntesis de la evolución del catalanismo durante el tardofranquismo. Colomer plantea que en los años sesenta habían proliferado los ensayos sobre la idea de nación, el catalanismo y las relaciones entre Cataluña y España, que mostraban un cambio muy notable en relación a los planteamientos existentes durante el primer franquismo. Las diversas corrientes que en aquellos años habían confluido en la reconstrucción de un nacionalismo católico, en los años sesenta y setenta habían abandonado cualquier referencia a la «raza» catalana y habían hecho suyos los postulados del liberalismo democrático. Su reivindicación catalanista se apoyaba en los derechos lingüísticos y culturales, considerados derechos naturales, y las propuestas estrictamente políticas podían ser diversas, desde la descentralización administrativa a la autonomía e, incluso, el mero reequilibrio de los repartos fiscales del Estado. El independentismo era blandido retóricamente en ocasiones pero, entre estos sectores, existía de forma implícita una aceptación de la situación de hecho de Cataluña dentro del Estado español. La reclamación de compensaciones por los agravios históricos sufridos de aquel Estado, considerado también como una realidad permanente y siempre hostil, podía conducir a un pragmatismo no muy alejado de la «conllevancia» que también desde una concepción castellanista se había sugerido, casi como un mal menor inevitable.⁸

Por su parte, en el pensamiento político sobre la cuestión nacional de inspiración marxista adquirió potencia la corriente que impulsó el uso del término nacionalidad, término que hasta entonces había sido utilizado para designar una nación carente de alguno de los elementos requeridos para ser plenamente nación y que pasó en aquellos años a referirse, sobre todo, a las colectividades con rasgos de tipo nacional carentes de un poder político propio, un Estado. Esta corriente coincidía con otras tendencias catalanistas en la trascendencia de la lengua y de la cultura en la identidad catalana, pero ponía especial énfasis en el ámbito político; así la voluntad de autogobierno exigía plantearse la cuestión del Estado.

Desde los años sesenta tomó fuerza una nueva concepción de la idea de España como nación. La nación española se definía como resultado de una conciencia de solidaridad de unos pueblos plurales y diversos y de una voluntad colectiva de convivencia en un marco político institucional comúnmente aceptado. El catalanismo antifranquista pasó de la resistencia contra la España tradicional y el régimen dictatorial a un proyecto alternativo de construcción de una nación y de un Estado incorporando la tradición federalista. En ese contexto, la reivindicación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña, que tendría que comportar poderes efectivos en los campos legislativo, ejecutivo y judicial, actuó como una fórmula flexible que podía ser generalizable de acuerdo con la conciencia de comunidad y con la voluntad de autogobierno expresada por una u otra colectividad en toda España. La experiencia de la II República, cuya legitimidad estaba implícita en la referencia de la Assemblea de Catalunya al Estatuto de 1932, y en parte también la de Italia en la posguerra, podían sugerir la regulación de dos vías jurídicas de acceso a la autonomía, aptas para diferentes niveles de autogobierno, sin descartar un horizonte final igualitario al que se pudiera llegar por diferentes vías y a velocidades desiguales.⁹

Como es bien sabido y se verá en la segunda parte de este trabajo, las principales líneas teóricas y programáticas elaboradas por el antifranquismo catalán de los años setenta inspiraron, en gran medida, al resto del antifranquismo español en relación a la cuestión nacional y al diseño constitucional refrendado en 1978. Se puede decir que lo que se proyectó desde Cataluña al conjunto de España durante los años setenta fue una propuesta de generalización a los demás pueblos de España de la autonomía que los catalanes querían para ellos mismos, propuesta que permitió dibujar una nueva forma de Estado.

Una buena síntesis de ese planteamiento es el que publicó Jordi Solé Tura en 1976. El que sería ponente constitucional, tras hacer un repaso histórico de lo sucedido a lo largo del siglo XIX, afirmaba que el catalanismo fue «la expresión y el resultado de una compleja lucha política e ideológica que tuvo como eje principal de avance y precipitación la lucha por una determinada estructuración del Estado». Solé Tura argüía que los proyectos políticos catalanistas habían sido bien distintos entre ellos y eso había dado lugar a duros enfrentamientos de clase dentro de Cataluña pero, finalmente, todos ellos topaban con el Estado centralista, de manera que

la estabilización y la potenciación de sus rasgos nacionales [catalanes] solo serán posibles cuando se consiga resolver la cuestión del poder. ... Y si, por una serie de razones históricas y actuales, la constitución de un poder político propio no solo es inviable sino también contrario a los intereses reales de la gran mayoría de la sociedad, es claro que la solución pasa por la transformación profunda de la estructuración centralista y burocrática del Estado español y por la creación de un marco político suficientemente descentralizado —como por ejemplo el marco federal— para que el sistema de valores que define el bloque de clases catalán se encuentre reflejado y potenciado por el Estado en el que se encuentra inscrito.¹⁰

Durante el franquismo, el catalanismo hegemónico y, en cualquier caso, el de mayor presencia política era de izquierdas y, como se ha dicho, la izquierda catalana mayoritaria planteó la cuestión nacional en el marco de la transformación del Estado español. A diferencia de lo que en el plano teórico planteaba Jordi Pujol, según el cual Cataluña era la «tesis» y los proyectos en relación con España las «hipótesis», pues «lo que importa de un pueblo no es su política, sino su ser esencial»,¹¹ para la izquierda la cuestión nacional era un elemento más de la estrategia de los grupos y clases sociales y sus proyectos sociales y políticos¹² sin que ello implicara menor identidad catalanista.

Si los proyectos políticos catalanistas exigían la transformación profunda del aparato del Estado, ello implicaba que la acción política exigía unidad en Cataluña y alianzas en el resto de España. A diferencia de lo que ocurrió a nivel estatal, en Cataluña las posibilidades de crear organismos unitarios se manifestaron pronto, pero fueron consecuencia del mayor peso de la movilización antifranquista¹³ en la sociedad catalana, no de una voluntad unitaria innata de los sectores opuestos al franquismo. En aquellas décadas de guerra fría el anticomunismo era un elemento condicionante de primer orden en las relaciones entre las organizaciones políticas, particularmente en la España franquista, donde el anticomunismo junto con el catolicismo se había convertido en rasgo de identidad política del régimen. Ello afectó severamente a la acción unitaria, pues los comunistas estaban en el corazón de los sectores movilizados. Sin ellos una plataforma unitaria hubiera tenido poca significación, pero el rechazo del resto de núcleos opositores a colaborar con ellos también impedía que se formalizara cualquier acuerdo.

En Cataluña el anticomunismo era tan intenso como lo era entre las fuerzas políticas de la oposición española. Las diferencias más notables eran, sin embargo, que el socialismo activo —el Moviment Socialista de Catalunya (MSC)— no tenía recelos respecto a la colaboración con los comunistas y, por otro lado, que el peso de los sectores movilizados era mucho más importante en relación al conjunto catalán que el existente en otras zonas en relación al conjunto español. El hecho es que ya desde mitad de los años sesenta es posible hablar de acción unitaria en Cataluña. Después de la formación de la Taula Rodona, la organización unitaria alcanzó un punto destacado con la constitución de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, en 1968, y tuvo un momento notable en diciembre de 1970 durante el encierro en Montserrat contra el consejo de guerra de Burgos; la acción unitaria se materializó definitivamente con la constitución de la Assemblea de Catalunya en 1971.

La constitución de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya tuvo lugar el 25 de febrero de 1968 en la casa solariega del dirigente socialista Joan Reventós, en la población tarraconense de El Vendrell. Se reunieron para la ocasión representantes de las organizaciones: MSC, PSUC, Front Nacional de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya; aunque no estuvo presente, también participó de la iniciativa Esquerra Republicana de Catalunya, que se incorporó inmediatamente después.¹⁴ Se trataba de grupos muy distintos y de presencia social desigual pero, para el dirigente socialista Raimon Obiols, «todos ellos imprescindibles para iniciar un proceso que, si hubiese tenido su correlato en el conjunto del Estado español, habría adelantado en el tiempo el cambio hacia la democracia y lo habría hecho más profundo y completo desde el punto de vista de los intereses democráticos y nacionales de Cataluña y de los pueblos hermanos».¹⁵ Los siete puntos programáticos que se aprobaron hacían referencia a las libertades democráticas, la amnistía general, la libertad sindical, el derecho de huelga, la adopción de medidas sociales y económicas para resolver los problemas más urgentes del país, el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 y la convocatoria de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.¹⁶

La constitución de la Coordinadora tuvo gran trascendencia, ya que venía a mostrar que la gran línea divisoria entre comunistas y no comunistas —que, con frecuencia, se podía traducir por anticomunistas— se empezaba a superar en buena medida en Cataluña. Y ello era fundamental porque, en la práctica, aunque los comunistas aportaban la capacidad movilizadora, el resto de siglas aportaban ante una parte de la población una legitimidad democrática imprescindible; movilización y legitimidad eran dos componentes igual de esenciales. El proceso de unidad debía superar muchas dificultades pero definía las bases de una potencial alternativa democrática. Desde finales de la década de los sesenta, Cataluña se convirtió en el gran laboratorio de la lucha pacífica contra el franquismo,¹⁷ un proceso que destacaba más teniendo en cuenta la situación en el País Vasco, donde se estaba consolidando una opción de lucha armada contra la dictadura.

En Cataluña los saltos adelante en la articulación opositora también estuvieron relacionados con los acontecimientos de otras zonas de España. En Barcelona, el juicio de Burgos precipitó el proceso que llevaría a la constitución de la Assemblea de Catalunya. La posibilidad de que el tribunal militar sentenciase las penas de muerte solicitadas para los militantes de ETA encausados generó protestas contra la dictadura de intensidad diversa en toda España. El encierro de Montserrat, iniciado el 12 de diciembre de 1970, que propició además la formación de la Assemblea Permanent de Intel·lectuals, tuvo un notable impacto; el éxito de la convocatoria fue grande y allí se aprobó una declaración cuya importancia no estaba relacionada tanto con el contenido —se reiteraban las reivindicaciones de la oposición— como, por un lado, con la relevancia social y cultural de las personalidades que participaron en el encuentro y que firmaron el manifiesto, y, por otro, con el eco internacional que el documento tuvo.¹⁸ El mismo recinto que acogió la reunión, en un marco de tensiones crecientes entre la Iglesia y el régimen franquista, acentuó el impacto del acontecimiento en la opinión pública.¹⁹

En lo que afecta a las fuerzas políticas antifranquistas presentes en la CCFPC, comunistas y socialistas eran conscientes de que, en el contexto de la dictadura, era imprescindible sumar a la unidad de los partidos a los colectivos sociales organizados y contestatarios respecto al régimen. El encierro en Montserrat sirvió de muestra de la potencia de la acción unitaria que, socialmente, no era identificada automáticamente con los partidos. La dirección comunista, en particular, entendía que la existencia de una alternativa como la que prefiguraba una Assemblea de Catalunya atraería al disentimiento político activo a centenares de miles de personas que, hasta aquel momento, no veían a través de qué vías podía instaurarse la democracia. Desde su perspectiva venía a ser la plasmación del «Pacto para la Libertad» propugnado por el PCE desde el verano de 1970 como vía para acabar con la dictadura.

Ciertamente, la propuesta de ir hacia una «gran asamblea de Cataluña», además de contar con el imprescindible impulso político y organizativo de los partidos y de CCOO, obtuvo el apoyo de los colectivos que se habían ido articulando en torno a la reivindicación de derechos democráticos. Tal era el caso del grupo que se había creado en el seno de la Magistratura, que en un documento interno afirmaba que la Assemblea de Catalunya «puede y debe ser una muestra viva y de grandes posibilidades de que, a despecho de la falta de libertades democráticas y de la represión, las fuerzas progresistas de Cataluña manifiestan su audacia conquistando, estableciendo y ejerciendo la libertad, dentro de las limitaciones de la dictadura. La represión ya no puede contener el avance hacia la democracia».²⁰

El 7 de noviembre de 1971, en la iglesia de Sant Agustí Vell, se constituyó la Assemblea de Catalunya. Participaron trescientas personas que aprobaron un programa que se sintetizaba en cuatro puntos:

1. La consecución de la amnistía general para los presos y exiliados políticos. 2. El ejercicio de las libertades democráticas fundamentales: libertad de reunión, de expresión, de asociación —incluida la sindical—, de manifestación y derecho de huelga, que garanticen el acceso efectivo del pueblo al poder económico y político. 3 El restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el Estatuto de 1932, como expresión concreta de estas libertades en Cataluña y como vía para llegar al pleno ejercicio del derecho de autodeterminación. 4. La coordinación de todos los pueblos peninsulares en la lucha por la democracia.²¹

Concluido el acto, los participantes abandonaron tranquilamente la iglesia coincidiendo con la salida de los feligreses que habían ido a la misa vespertina. No fueron detectados por la policía.

Evidentemente las autoridades gubernamentales no se quedaron impasibles ante tal reto y desplegaron todas las antenas para impedir una nueva reunión plenaria, convocada para el 7 de noviembre de 1973. El 28 de octubre, poco después de iniciada la sesión de la Permanente de la Assemblea, irrumpió la policía en la iglesia de Santa Maria Mitjancera de Barcelona y 113 personas fueron detenidas.²² La movilización de la sociedad civil fue inmediata y el mismo domingo el abad de Montserrat y los decanos o presidentes de los colegios de Aparejadores, Arquitectos, Ingenieros y Licenciados se presentaron en la Jefatura de la Policía en Vía Layetana. En un marco de empatías y solidaridades crecientes, la Assemblea de Catalunya era ya más que la suma de sus integrantes; se estaba convirtiendo en un proceso, más que en una estructura.

La decisión del Tribunal de Orden Público del 22 de noviembre de conceder la libertad provisional a la mayor parte de los encausados fue presentada como una victoria de las fuerzas democráticas, y no era difícil llegar a esa conclusión considerando que el fiscal del Tribunal Supremo —a instancias del gobernador civil y otras altas autoridades— había interpuesto recurso para evitar la libertad provisional. Treball, el clandestino órgano del PSUC, reproducía unas palabras de Emilio Romero para ilustrar la profunda debilidad del régimen: «es necesario reconocer que desde los años siguientes a la segunda guerra mundial, de muchas preocupaciones diarias, no ha habido ningún otro momento más tenso que éste para los gobernantes».²³

En poco tiempo, la Assemblea de Catalunya se convirtió en un movimiento unitario único en toda España, en el que estaban presentes los partidos políticos, las organizaciones sindicales, grupos y colectivos vinculados a colegios y actividades profesionales, a asociaciones de vecinos, o a las entidades culturales más diversas. Un movimiento cada vez más amplio; si en el momento de la fundación en la Assemblea se integraban 45 organizaciones (10 partidos políticos, 16 asociaciones de vecinos, 6 colegios o asociaciones profesionales, 4 organizaciones sindicales y 9 agrupaciones de distinto carácter), al alcanzar el cénit en 1976, en la Assemblea estaban representadas 128 organizaciones diferentes (60 asambleas de localidad o comarca, 22 partidos, 25 asociaciones de vecinos, 6 sindicatos, 8 colegios o asociaciones profesionales, 4 agrupaciones de jóvenes y 3 de diversa naturaleza).²⁴

Aquella diversidad era un valor en sí mismo. La Assemblea de Catalunya venía a representar las fuerzas de la izquierda social de un catalanismo nítido pero muy alejado del nacionalismo conservador. Los cuatro puntos de la Assemblea, ampliamente divulgados e interiorizados entre grandes sectores de la población, vincularon posturas sociales progresistas a la política democrática de ruptura y a una definición precisa de catalanismo. Las relaciones entre Cataluña y el conjunto de España que propugnaban las fuerzas impulsoras de la Assemblea eran bien claras: se trataba de consolidar la libertad y el autogobierno de Cataluña en un nuevo proyecto de Estado.²⁵ La solidaridad política de la Assemblea de Catalunya no solo fue verbal sino que fue práctica y algunos de sus representantes recorrieron España de norte a sur y de este a oeste, impulsando el movimiento democrático en el conjunto peninsular.

El simple hecho de la constitución de la Assemblea fue un estímulo extraordinario para la acción unitaria y la práctica democrática. Convivían en larguísimas reuniones gentes procedentes de distintas culturas políticas, lo que generaba solidaridades que, a medio plazo, tuvieron efectos políticos. Por otra parte, la Assemblea de Catalunya llegó a pueblos en los que hasta los años setenta no se había dado ninguna movilización sociopolítica, y en las convocatorias de la Assemblea participaron personas que difícilmente habrían tenido una actividad política partidista. En términos relativos, este fenómeno fue particularmente importante en las comarcas más alejadas de las zonas de elevada densidad obrera. Igualmente, la Assemblea fue esencial para la creación de unas solidaridades políticas interclasistas, que tenían una escasa presencia en el resto de España.

La decisión del ensanchamiento territorial fue importante. En mayo de 1974, la Assemblea impulsó la creación en todas las grandes y medianas ciudades de Assemblees Democràtiques locales con el objetivo de descentralizar la presencia geográfica y sectorial de la AC y abrirla también a las acciones vinculadas a problemas concretos. En 1976 se habían constituido 59 asambleas democráticas y se podría afirmar que la Assemblea de Catalunya simbolizaba el poder de base con pretensión rupturista que pretendía construir desde la sociedad una alternativa de poder político. Era, en buena medida, la plasmación de una sociedad alternativa antifranquista en la que las reivindicaciones sociales se unificaban con las políticas, aunque cada sujeto podía priorizar unas u otras.

En definitiva, la Assemblea de Catalunya permitió al antifranquismo catalán disponer de un instrumento unitario, coordinador y movilizador, capaz de tener un papel protagonista y condicionante de la vida política. Al mismo tiempo se puede decir que la existencia y la influencia de la Assemblea expresaba la profundidad de la crisis de la dictadura en Cataluña y la extrema dificultad del continuismo franquista.

La fuerza del antifranquismo catalán procedía en buena medida de su capacidad de atraer a amplios sectores de la población; tal como avanzaba la década de los setenta los valores fundamentales del antifranquismo tenían una amplia aceptación en la sociedad catalana aunque solo una parte de quienes los compartían los manifestaran abiertamente. La Assemblea de Catalunya venía a representar todo el tejido «vivo» de Cataluña.

De cara al futuro, sin embargo, los partidos políticos deberían jugar un papel fundamental. Desde principios de abril a finales de mayo de 1975 tuvo lugar en Barcelona un insólito ciclo de conferencias bajo el equívoco título de «Les Terceres Vies a Europa», que se convirtió en la presentación pública de las distintas corrientes de la oposición catalana. Cuando los organizadores fueron a presentar la solicitud de autorización al gobernador civil, Rodolfo Martín Villa les dijo que aquello era ilegal y que les multaría pero que no lo prohibiría.²⁶ Participaron —en este orden— Anton Cañellas, Josep Solé Barberà, Josep Pallach, Joan Reventós, Ramon Trias Fargas y Jordi Pujol, en representación de Unió Democràtica, PSUC, Reagrupament Socialista, Convergència Socialista, Esquerra Democràtica y Convergència Democràtica.

El éxito de público fue notable y en el acto de clausura, celebrado el 12 de junio, participaron mil quinientas personas. Antonio Garrigues Walker fue categórico a la hora de confesar a Manuel Vázquez Montalbán, cronista del acto, que en España nunca se había visto un acto político de aquel carácter.²⁷ Ese mismo día, los ponentes presentaron una declaración conjunta de cinco puntos, conocida como «el pacto catalán». El primer punto, significativamente, hacía referencia a la necesidad de superar «la división entre vencedores y vencidos que ha estado presente desde la guerra civil», por lo que era imprescindible una amnistía. Los cuatro puntos restantes versaban sobre el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales; la participación activa del pueblo en la sociedad democrática; la transformación pacífica del sistema legal a través de unas Cortes constituyentes y la creación en el ámbito catalán de un órgano específico de autogobierno.²⁸ En esencia, lo que se estableció tras las elecciones de junio de 1977. La declaración, como documento unitario, significó un impulso decisivo para la constitución del Consell de Forces Polítiques de Catalunya a partir de esos seis partidos.

Entre ellos, el Partit Socialista Unificat de Catalunya era la organización con mayor presencia social. El II Congreso del PSUC, celebrado en 1965, puso las bases de lo que serían las líneas maestras de la actividad del partido de los comunistas catalanes a lo largo de los diez siguientes años: por un lado, impulsar la movilización reivindicativa social y política puesto que era la base de la lucha contra la dictadura; por otro, lograr la unidad de la oposición a la dictadura que, además, permitiese superar los límites de la actuación de los sectores antifranquistas movilizados.²⁹ Ésta era igualmente la política del PCE, pero la realidad social en la que actuaba no era la misma. Y esto es un elemento suficientemente significativo para ser destacado.

El socialismo catalán, por su parte, vivió también a mediados de los años sesenta un cambio significativo. Las diferencias en el seno del Moviment Socialista de Catalunya entre la organización en el exilio, liderada por Josep Pallach, y la organización del interior, dirigida por Joan Reventós y Raimon Obiols, se fueron agudizando ya que esta última era partidaria de un mayor activismo que llevaba inevitablemente a la colaboración con los militantes comunistas en los movimientos sociales. Las divergencias se hicieron abiertas y en 1966, el MSC se identificó con la organización del interior en tanto que Josep Pallach impulsó desde el exilio la creación del Secretariat d’Orientació de la Democràcia Social Catalana. Aunque su militancia no era muy numerosa, el MSC fue una pieza destacada en la política unitaria pues hacía de muro de contención ante las actitudes anticomunistas, facilitando que del activismo comunista se beneficiara la oposición en su conjunto. En 1974 el MSC constituyó el núcleo impulsor de Convergència Socialista de Catalunya —CSC—.³⁰ El grupo se articuló en torno del documento «Per la unitat dels socialistes de Catalunya».

Las fechas de constitución de una parte de los grupos protagonistas de la etapa de transición de la dictadura a la democracia muestran que el año 1974 fue fundamental para la conformación del mapa político catalán; la constatación de que a Franco le quedaba poco tiempo de vida aceleró los acuerdos entre los pequeños grupos preexistentes. En noviembre, Josep Pallach, que había vuelto a Cataluña en 1970, creó Reagrupament Democràtic i Socialista, en el que durante poco más de un año también se integraron los seguidores de Heribert Barrera en Esquerra Republicana de Catalunya. El profundo carácter anticomunista de Pallach hizo que durante los dos años siguientes, en una tensión creciente con CSC, buscara sus alianzas en sectores más conservadores del antifranquismo catalán.

En este espacio la figura central era Jordi Pujol. Convergència Democràtica de Catalunya se creó el 17 de noviembre de 1974 en Montserrat después de que a lo largo del verano Pujol hubiera activado los contactos y complicidades generadas a lo largo de las décadas anteriores.³¹ El nombre respondía a la voluntad de crear un partido popular capaz de aglutinar sectores diversos de la población, un volkspartei. CDC fue, desde sus orígenes, un partido «de centro móvil» en la relación izquierda-derecha, y a diferencia de lo que ocurriría después, desde su origen en 1974 y durante los años de la transición, se situó en el centro-izquierda, moviéndose el péndulo entre la definición social-demócrata y las posiciones y los apoyos sociales liberales e, incluso, claramente conservadores. El núcleo duro en el que convergieron distintos sectores fue en un sentimiento de fuerte identidad democrática y catalanista fácil de modelar políticamente según el tiempo y las circunstancias.³²

La minúscula Unió Democràtica de Catalunya, junto con el PSUC y ERC, una organización preexistente a la dictadura franquista, forjó una red importante con otros núcleos demócratas cristianos con los que en 1965 formó el Equipo de la Democracia Cristiana Española transformado después en Equipo de la Democracia Cristiana del Estado Español. A partir de 1970 su actividad experimentó una cierta recuperación aunque no consiguió el protagonismo perseguido.

LA OPOSICIÓN ESPAÑOLA Y LAS REIVINDICACIONES DE AUTONOMÍA

También en 1974, los procesos de articulación antifranquista a nivel estatal se vieron acelerados por la grave enfermedad de Franco que, por primera vez, le obligó a traspasar sus poderes a Juan Carlos de Borbón. Pocos días después, el día 30 de julio se hizo pública la constitución de la Junta Democrática de España, simultáneamente en Madrid y París. El acontecimiento tenía una notable significación pues, hasta entonces, no había sido posible crear un organismo unitario a escala española. La propia creación del organismo, perseguida en particular por el PCE durante mucho tiempo, impulsaba el proceso unitario a nivel general. La Junta, como la Assemblea, era un organismo abierto que se proponía coordinar, impulsar, promover y garantizar un proceso constituyente de la democracia política en España.

Aunque el PCE fue su impulsor fundamental, el potencial de influencia de la Junta venía de su capacidad de integrar fuerzas distintas y, en muchos lugares, sencillamente a personas activas sin militancia concreta. En ese sentido era de gran relevancia la participación de distintas organizaciones socialistas, como el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista de Andalucía, el Partido Socialista de Aragón, así como el Partido Carlista; de gran importancia era la presencia de «independientes» como José Vidal Beneyto, Rafael Calvo Serer o Antonio García Trevijano que, potencialmente, podían atraer a sectores conservadores que optaran claramente por la democracia. El programa de la Junta se articulaba en doce puntos que recogían las propuestas básicas para la democracia; entre ellas aparecía en el punto noveno la afirmación de la unidad política del Estado español, al mismo tiempo que el reconocimiento de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y el derecho de autogobierno, extensible a las comunidades regionales que lo decidieran democráticamente.³³

A lo largo del franquismo las principales formaciones políticas de la oposición española fueron incorporando a sus programas el reconocimiento del derecho a la autonomía de las distintas «nacionalidades y regiones» y se podría decir que la reivindicación de la autonomía se convirtió en punto fundamental de las reivindicaciones democráticas, partiendo de la convicción de que «la cuestión nacional no se puede resolver por la violencia o el decreto», y de que la experiencia histórica mostraba que «España seguirá siendo percibida como un problema si no consigue reforzar y defender la diversidad de sus pueblos».³⁴

Ciertamente, durante el período franquista y en el seno de las organizaciones de izquierda de ámbito estatal, la sensibilidad hacia la necesidad de reconocer las distintas identidades políticas y culturales existentes en España no fue resultado principalmente del tacticismo o de la búsqueda de apoyos en la lucha contra la dictadura. Esa sensibilidad era, en efecto, muy diversa en intensidad y características pero, como se explicará más adelante, en las grandes corrientes de la izquierda marxista existentes, en los años sesenta la «cuestión nacional» tuvo una atención muy notable. El PCE, dada la tradición leninista sobre el tema y con la influencia del PSUC, defendió de forma clara la realidad plurinacional de España. Por su parte, en el espacio socialista crecieron distintos núcleos con una identidad territorial bien definida que en 1974 formaban una parte significativa de la Conferencia Socialista Ibérica.

En buena medida, la asunción de la necesidad de dar respuesta a las reivindicaciones de las «nacionalidades» era resultado del posicionamiento del catalanismo hegemónico en las décadas de los sesenta y setenta, que apostaba claramente por un proyecto de transformación del Estado español. Desde 1974, cuando la escena política española se agitó definitivamente, el PSUC y CSC apostaron en el seno de la Assemblea de Catalunya por impulsar la acción unitaria en el resto de España; aunque no era fácil. Con frecuencia fueron Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC) y Raimon Obiols (MSC) quienes se desplazaron a las ciudades con mayor potencial opositor, como Madrid, Valencia y Sevilla. Si bien en Valencia las relaciones personales hacían los encuentros más fluidos, era frecuente que los delegados catalanes debieran realizar múltiples y agotadoras reuniones con distintos grupos puesto que ni siquiera era posible mantener reuniones conjuntas.

La causa no era otra que el anticomunismo extendido entre amplios sectores moderados: si bien los comunistas tenían una fuerte presencia en la oposición, muchos grupos y personalidades rechazaban la unidad con los comunistas. Cabe ser más precisos y podría decirse que rechazaban formalizar los contactos, dado que las reuniones bilaterales entre cuadros comunistas y representantes de la democracia cristiana y otras corrientes eran continuadas. Lógicamente eso también ocurría porque en esas grandes ciudades el franquismo era más fuerte que en Barcelona, donde hacía tiempo que éste había perdido la hegemonía social y política, también entre las clases medias y altas. Aunque no lo explicitaran públicamente, los delegados catalanes eran conscientes de que las posibilidades de actuación opositora eran muy distintas. Una movilización obrera en Madrid podía ser tan o más importante que en Barcelona pero era mucho más difícil traducirla en fuerza de la oposición política, con lo que la correlación de fuerzas no mejoraba suficientemente para la oposición.

La creación de la Junta Democrática de España tuvo un impacto notable en la opinión pública internacional y entre los sectores movilizados del país. Poco después de constituirse, cursó una invitación al secretariado de la Comisión Permanente de la Assemblea de Catalunya «como instancia unitaria de la nacionalidad catalana» con el objetivo de iniciar conversaciones. Sin embargo, en la Assemblea se manifestaron reticencias de distinto carácter en relación a la Junta Democrática de España. Por una parte, el recelo latente procedía del temor de que la Junta creara organización en Cataluña. Por otro lado, en la Junta el peso del PCE era decisivo, por su mayor fortaleza organizativa y porque la Junta no logró que se incorporaran los grupos demócrata-cristianos y el PSOE. Los socialistas empezaban a tener una presencia creciente en la escena española después de que en otoño de 1974 celebraran en Suresnes su XIII Congreso en el que, ante una amplia representación internacional, fue elegido primer secretario Felipe González, quien encabezó un equipo renovador caracterizado por una mezcla eficaz de radicalismo discursivo y moderación en la acción política. A pesar de ciertas ambigüedades, los socialistas se pronunciaron por la ruptura democrática y aceptaron los acuerdos con los comunistas, pero ello no se plasmaría a corto plazo y el resultado fue que la Junta Democrática no fue un organismo unitario equivalente a la Assemblea.

En marzo de 1975 se reunió una Comisión de Enlace entre Assamblea y Junta y, para superar los recelos existentes, la delegación de la Junta aseguró que «teniendo en cuenta el alto nivel de convergencia política y la madurez de la lucha democrática en Cataluña, no se produciría el intento, por parte de la JDE, de crear Juntas Democráticas en Cataluña». La delegación de la Junta manifestó también que «necesita la colaboración de la Assemblea de Catalunya como máxima instancia unitaria del pueblo de Cataluña», aunque también puso de relieve «que Cataluña, para alcanzar efectivamente sus libertades nacionales no puede quedar aislada del resto del Estado español y de la realidad operativa que la JDE expresa»,³⁵ planteamiento ampliamente compartido en la delegación catalana. Los planteamientos de ambos organismos eran muy parecidos, lo que se plasmó en el comunicado conjunto posterior, denunciando la política represiva de la dictadura. Ambas delegaciones declararon que «la dictadura no puede ser superada por ninguna forma continuista que se apoye en la evolución o la reforma», sino mediante un proceso de ruptura democrática realizada a través de la movilización popular de todas las fuerzas políticas y sociales».³⁶

La cuestión de las nacionalidades había conseguido suficiente trascendencia como para que, paralelamente, la nueva dirección del PSOE ofreciera a la Comisión Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya una relación prioritaria que no fue aceptada.³⁷ Meses después, en junio de 1975, se creó la Plataforma de Convergencia Democrática, un organismo formado por el PSOE, UGT, el PNV, los demócratas cristianos vinculados a Joaquín Ruiz-Giménez y otros pequeños grupos, entre ellos el liderado por Josep Pallach. La necesidad de impulsar organismos unitarios pero, al mismo tiempo, contrarrestar la influencia del PCE y de la Junta Democrática obligó a los miembros de Plataforma a aceptar la presencia de grupos que se presentaban a la izquierda del PCE, como el MCE y la ORT. Los socialistas, que necesitaban convertirse en polo de atracción, estaban sometidos a múltiples presiones. Sectores vinculados a la democracia cristiana y a la socialdemocracia nordeuropea llamaban al PSOE a que apostara por una opción no rupturista y proamericana. Sus dirigentes no atendieron esos llamamientos pero no facilitaron la política unitaria, pues debían conformar un espacio propio sin la sombra del PCE ni la de otros grupos socialistas reunidos en la Conferencia Socialista Ibérica que participaban en la Junta Democrática. A medio plazo, el objetivo era evitar el marco italiano con un partido comunista fuerte y un partido socialista débil.

Así el escenario era complejo en el ámbito del antifranquismo antes de la muerte de Franco. Eran múltiples los factores influyentes, en muchas ocasiones en direcciones opuestas. En cualquier caso, en el verano de 1975 se iniciaron las conversaciones entre la Junta y la Plataforma de cara a la creación de un único organismo unitario de la oposición. Fue el 30 de septiembre, cuando ambos organismos aprobaron una declaración en la que, después de denunciar el decreto-ley antiterrorista y las penas de muerte aplicadas a su amparo, rechazaron la continuidad del régimen y manifestaron su voluntad de emprender acciones políticas en torno a los cuatro objetivos prioritarios de las fuerzas democráticas: libertad de los presos políticos y sindicales y retorno de los exiliados; ejercicio de las libertades políticas y sindicales, sin exclusión; inmediato ejercicio de los derechos y libertades políticas de las naciones y regiones del Estado español; apertura de un período constituyente y celebración de una consulta popular sobre la forma de Estado y de gobierno.³⁸ Exceptuando el último punto, éste es el programa que se abriría paso en el año 1976.

EL FRANQUISMO Y CATALUÑA

La construcción de un poder político autónomo en Cataluña durante la II República se convirtió en una obsesión para la derecha española, a la vez que en una coartada para los dirigentes de la sublevación contra la democracia republicana. Dionisio Ridruejo escribió que «cualquiera que haya vivido la guerra civil sabe que junto a la cuestión religiosa, la cuestión del regionalismo, del anti-regionalismo para ser más precisos, fue elemento de numerosa eficacia para anexionar voluntades a la causa económico social que sin duda constituía el fondo del asunto».³⁹

En ese contexto, la instauración de la dictadura franquista supuso lo que entonces se denominó la reespañolización de Cataluña. Así lo señaló el primer gobernador civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, quien proclamó nada más llegar a la ciudad en 1939 que se impondría sin contemplaciones la «reespañolización cultural de Cataluña» porque el «Caudillo vino aquí en marcha triunfal a vencer, pero no a convencer a los enemigos de España».⁴⁰ En definitiva, en nombre de la unidad de España se impuso un ultranacionalismo español a lo largo de casi cuarenta años, convirtiéndose la idea de la unidad de España, junto con el anticomunismo, en rasgos permanentes de un discurso reactivo ante los retos que la sociedad fue generando a lo largo de la trayectoria de la dictadura.

Ello no fue obstáculo para que la propaganda franquista dedicara una atención especial a cualquier acontecimiento que pudiera ser presentado como la incorporación leal de Cataluña a la España Una. En enero de 1942, Franco viajó a Cataluña. La prensa presentó su llegada a Barcelona como un acontecimiento extraordinario, creando el clima de expectación imprescindible para la manifestación de la adhesión más incondicional. Se organizaron actos, se movilizaron a miles de trabajadores en las propias empresas, se llenaron las calles de adictos sinceros y de gentes miedosas.⁴¹ Lo importante era que se pudiera leer en los periódicos que «para quienes hemos contemplado en la mañana de hoy la ancha dimensión que el entusiasmo catalán ponía en torno de los tres símbolos inalterables del nuevo Estado —Caudillo, Ejército y Falange— el milagro ha entrado ya en todos los términos de la consecuencia palpable».⁴² Ernesto Giménez Caballero transmitió una imagen todavía más entusiasta:

Pueblo de España: el 26 de enero de 1942 Franco ha roto este frente político como rompió el otro en 1938.— ... ¡Oh Cataluña querida, caudillo de la bandera nacional de España. Barcelona, ciudad nuestra, querida, adorada, conquistada, desposada con nosotros en este matrimonio para siempre! ... El frente se ha roto, españoles, pero no como en 1938, contra Cataluña: Se ha roto con Cataluña al frente, una vez más en la Historia.— ... Pueblo de España: la victoria final y decisiva de nuestro Movimiento se ve clara: ya baja hasta agujear con luces recién amanecidas ¡Arriba el afán! ¡Cataluña viene con nosotros!⁴³

Pocos meses después, Ernesto Giménez Caballero recopiló en un volumen sus notas de este viaje con el enfático título de Ante la tumba del catalanismo.⁴⁴ Sin embargo, en menos de veinte años, y a pesar de la radicalidad de las medidas tomadas, los viejos problemas que se quisieron erradicar con una cruenta represión volvieron a hacer acto de presencia. Lo mismo que había ocurrido con la conflictividad social y el movimiento obrero, para el franquismo el «problema catalán» resurgió con fuerza en los años sesenta.

Prueba de ello es que en las discusiones del revitalizado Consejo Nacional del Movimiento se dedicó gran atención al tema del «regionalismo» en Cataluña y el País Vasco. Para analizar el problema, el Consejo Nacional encargó distintos informes a diversas personas de confianza, algunas de ellas sin militancia política en FET de las JONS,⁴⁵ informes que debían ser discutidos posteriormente en la comisión de «difusión doctrinal». Las actas de las reuniones celebradas en 1966 demuestran que los consejeros eran conscientes de los retos que derivaban de la cuestión, por lo que el problema fundamental que se les planteaba era hasta dónde se podía llegar en el reconocimiento de lo que se denominaba la «diversidad regional».

La lectura de las actas permite constatar algo tan significativo como que en aquellas sesiones se manifestó con nitidez la distancia entre los planteamientos que defendían dirigentes políticos «de la capital» y los que se definían como «españoles que vivimos en la periferia», en palabras del consejero de Guipúzcoa Javier Domínguez Marroquín, pudiéndose establecer una relación bastante directa entre posición política respecto al «regionalismo» y procedencia geográfica. De todo ello eran conscientes los principales dirigentes allí presentes;⁴⁶ en el debate de la comisión, el ponente Licinio de la Fuente vino a reflejar con su intervención la preocupación existente por la conexión que se establecía en la opinión pública entre Movimiento y rechazo de la diversidad regional. Como en tantos otros terrenos, en el aparato franquista existían contradicciones irresolubles. Indudablemente, los debates no tuvieron consecuencias políticas pues en el Gobierno las posiciones eran bastante unánimes en sentido contrario a cualquier política de mínima descentralización y, menos, de admisión de cualquier signo de identidad paralela a la española más allá del folclorismo. Lo máximo que se admitía —e incluso se incentivó en los años sesenta— fue un regionalismo bien entendido, impulsado por una parte del personal político franquista en Cataluña, entre el que destacó la figura del alcalde de Barcelona José M.ª de Porcioles,⁴⁷ que representaba una mezcla de regionalismo de sentimentalidad catalana y nacionalcatolicismo catalán.⁴⁸

Paralelamente, las mismas intervenciones en el Consejo Nacional del Movimiento reflejaban que, sin embargo, las propuestas franquistas no conseguían tener eco y que, en buena medida, la sociedad catalana vivía cada vez más y hasta donde era posible al margen del régimen. En este sentido, no deja de ser significativo el reducido prestigio social y la poca representatividad del personal político franquista en Cataluña. Con la excepción de Juan Antonio Samaranch, presidente de la Diputación de Barcelona desde 1973, y habiendo cesado José M.ª de Porcioles ese mismo año, las autoridades autóctonas no tenían apenas significación política o social.⁴⁹ La prensa era un buen reflejo de la escasa conexión entre el ámbito institucional y la sociedad civil; todavía el 26 de enero de 1976 se podía leer que se había celebrado en el Saló de Cent el 37 aniversario de la «liberación» de Barcelona con una conferencia de Gonzalo Fernández de la Mora sobre «Defensa del Estado del 18 de Julio»,⁵⁰ a la que solo asistieron personas cercanas al Movimiento.

Ésa era una diferencia notable respecto al resto de España. Un conocedor de la realidad catalana desde una permanente mirada desde el aparato del Estado, como era Rodolfo Martín Villa,⁵¹ describe como una diferencia entre Cataluña y el resto de España el hecho de que los organismos oficiales representantes del Estado en la provincia, en general, estaban nutridos por personas surgidas de esa misma realidad social, con lo cual la capacidad de conexión con sus élites y su representatividad era alta. Pero eso no pasaba en Cataluña y, sobre todo, no pasaba en Barcelona con la trascendencia que ello adquiría dada la relevancia de la capital catalana.⁵² La presencia catalana en las instituciones locales y provinciales era lógicamente importante, pero no así en los más altos cargos de la Administración periférica del Estado —gobiernos civiles, delegaciones ministeriales—. Por otra parte, los dirigentes foráneos no conseguían integrarse en la sociedad civil, en la que tenían mayor peso los sectores antifranquistas o, como mínimo, afranquistas.

Eso mismo destacó Manuel Milián Mestre, articulador del fraguismo catalán, quien señaló que en Cataluña «el franquismo andaba tan debilitado como su progenitor, viejo, achuchado y casi sin resuello en el discurso cansino de la decadencia»,⁵³ a lo que contribuía la escasa capacidad de influencia cultural y política de la derecha, que calificaba de

desierto, desbordado de complejos, pastoreada por un laureanismo burgués y católico que usaba de las escasas instituciones que quedaron en pie —Cámara de Comercio, Industria y Navegación, con un providencial y poliédrico Andreu Ribera Rovira que definía instituciones políticas aprovechando crípticamente la economía— y poco más. Era ya una derecha basculante hacia la esperanza de Jordi Pujol, o que en su entorno trataba de enhebrar moderaciones a partir de lo poco salvable, en hombres del franquismo.⁵⁴

No tan solo el franquismo catalán tenía escasa influencia sino que, también, la vida oficial se observaba con notable distancia: «En Cataluña la escenografía política madrileña aparecía poco menos que como un daguerrotipo, una foto aclorolatada, un anacronismo».⁵⁵ Los mismos informes oficiales, o que circulaban por las instituciones, constataban que a la muerte de Franco «la sociedad catalana se está organizando a todos los niveles y al margen de los esquemas oficiales», de manera que para superar la situación era necesario tomar determinadas medidas:

Cataluña puede alcanzar, más fácilmente que otras regiones, un equilibrio socio-político. Ahora bien, para conseguirlo, se requieren dos condiciones básicas: la primera, de índole particular, consiste en el reconocimiento pleno de lo que pudiera denominarse «libertad cultural», pagada sin cicatería con fondos públicos; y, asimismo, la autonomía, que en una primera fase podría circunscribirse a sus aspectos administrativos, con la seguridad de que las posiciones maximalistas al respecto no superan una organización federal del Estado, como la existente en Estados Unidos o en la República Federal de Alemania. La segunda condición que cese el acelerado deterioro de la situación económica, social y política, pues los tres factores resultan estrechamente interdependientes. Para lograrlo en las actuales circunstancias, la opinión pública catalana abrumadoramente mayoritaria —incluyendo la clase empresarial— considera que la única salida posible consiste en quemar etapas hacia las formas de gobierno democráticas.⁵⁶

El nuevo gobernador civil, Salvador Sánchez-Terán, al llegar a Barcelona en enero de 1976 percibió rápidamente que la visión de lo que era posible y deseable para la instauración de una democracia en España era distinta en Madrid y Barcelona, y que las diferencias esenciales giraban en torno a las posiciones hegemónicas en la sociedad civil.⁵⁷ Como la politología ha señalado reiteradamente, el desafío a los regímenes autoritarios puede ser efectivo, duradero y capaz de convertirse en alternativa cuando en un país existe una sociedad civil en la que hay grupos capaces de actuar autónomamente, no tan solo en defensa de sus propios intereses e ideales sino también en forma unitaria cuando la ocasión lo demande.⁵⁸ Salvador Sánchez-Terán constató que eso era lo que ya ocurría en Cataluña: existía una articulación suficiente para una acción colectiva coherente. Según el gobernador, además de la menor identificación de la burguesía catalana con el franquismo y de la constatación de la importante presencia social y política comunista en Cataluña, era necesario añadir un tercer factor realmente importante, «el pacto político que de hecho existía entre el catalanismo y los partidos obreros»,⁵⁹ que estaba dando vida a la sociedad civil desde mitad de los años sesenta.

En definitiva, para el franquismo, el «problema catalán» no hizo más que agudizarse en la década de los setenta. La reivindicación en Cataluña del reconocimiento político-institucional de su personalidad histórica llevó a que, entre 1974 y 1975, incluso las asociaciones políticas que se acogieron al Estatuto franquista, aprobado en diciembre de 1974, tuvieran que dedicar atención a la cuestión, desde la Unión del Pueblo Español, de Adolfo Suárez y José Solís, a la Unión Democrática Española de Federico Silva Muñoz y Alfonso Osorio, que introdujeron en sus Bases doctrinales: «se afirma la unidad política de España y se estima que debe reconocerse la personalidad de las regiones, atribuyéndolas [sic] un efectivo poder de decisión».⁶⁰

Así, situados ya en el crepúsculo de la dictadura, aunque en los ambientes políticos madrileños existía un gran desconocimiento sobre la sociedad catalana, eso no evitaba que hubiera la percepción clara de que si en algún lugar de España existía un fermento intenso y extenso a favor de la democracia éste era Cataluña. Al mismo tiempo, buena parte de los dirigentes políticos vinculados a la dictadura eran conscientes de que el «problema catalán» sería piedra de toque del proceso político futuro. En las instituciones franquistas existía preocupación por el papel que podía jugar Cataluña y alarmaba particularmente que todas las fuerzas políticas significativas estuviesen de acuerdo en propugnar la ruptura democrática. Aunque la clase gobernante no tenía opiniones precisas sobre la situación catalana⁶¹ e infravaloraba, en grados diversos, la vida política en Barcelona, la necesidad de preparar el futuro posfranquista llevó a algunos de sus dirigentes a dedicar alguna atención a la Ciudad Condal.

Tal fue el caso de Manuel Fraga quien, poco después de ser cesado como ministro de Información y Turismo en 1969, ya pudo contar en Barcelona con la ayuda de Manuel Milián Mestre y del empresario y banquero Josep Maria Santacreu. El entonces joven periodista de Morella tenía una intensa vocación política que en aquel tiempo encuadraba, según sus palabras, en un proyecto de cambio dentro de un orden; él persuadió a Santacreu de que Fraga era la mejor opción para esta apuesta y, desde 1970, se inició la colaboración con el político gallego.⁶² En el ámbito local, el fraguismo catalán se hizo visible con la crítica a las políticas del alcalde de Barcelona, José María de Porcioles, y los intereses económicos que articulaba, todos ellos bien conectados con los tecnócratas en el Gobierno y, particularmente, con Laureano López Rodó. Al mismo tiempo, el grupo milianista quiso influir sobre el ex ministro en las estrategias de carácter general y, en particular, sobre la relación Cataluña-España, como se puede observar en algunas ideas recogidas en el dietario de Fraga, del tipo «si no hay soluciones nacionales, renacerán las utopías localistas», de octubre de 1970.⁶³ Milián Mestre se convirtió en un dinámico activista y, desde junio de 1972, avanzó de forma significativa en la conformación del Club Ágora, operativo desde 1973 y germen inicial de lo que en 1975 se denominaría Reforma Democrática de Cataluña.

También en 1972 Josep Maria Santacreu organizó —y financió como tantos otros proyectos del grupo— un encuentro discreto pero intenso entre Fraga y representantes de diversas sensibilidades políticas del centro y la derecha catalana,⁶⁴ entre ellos Jordi Pujol, Carles Sentís, Eduard Tarragona y Domingo Valls Taberner. En aquella reunión, distintos participantes plantearon la necesidad de abordar la cuestión territorial y el ex ministro defendió la regionalización basada en la descentralización administrativa con fuerte acento económico-social.⁶⁵ Aunque los seguidores de Fraga lograron presentar el «proyecto reformista» como más articulado de lo que realmente estaba, la regionalización fue siempre un punto de desencuentro entre el ex ministro y parte de sus huestes en Cataluña. Sin embargo, en la entrega en diciembre de 1975 de los II Premios de Periodismo Manuel Fraga Iribarne, creados por el mismo grupo,⁶⁶ llegó a afirmar que España debía enfrentarse a reformas inaplazables entre las que aparecía con particular fuerza la de las autonomías, porque «es necesario reconocer de una vez que somos una nación multiregional y pluricultural, con todas las ventajas y todos los problemas que ello comporta».⁶⁷ En sí misma la declaración no afirmaba nada más que la evidencia, pero en su boca podía ser interpretado como una apertura al reconocimiento de las bases del catalanismo.

2

Cataluña en la oposición a la reforma del franquismo

«LA BATALLA DE LA TRANSICIÓN SE DA EN LA CALLE»¹

Cuando Salvador Sánchez-Terán fue nombrado gobernador civil de Barcelona, Manuel Fraga le entregó un informe, redactado por Reforma Democrática de Cataluña, con el título «Nota sobre el resurgir del catalanismo», donde se afirmaba que «la respuesta al resurgir de las siempre latentes aspiraciones autonomistas de Cataluña tiene que ser distinta a la que habitualmente se les ha venido dando desde un concepto rígido y uniforme de la unidad de España», pues si la política desarrollada «se atuviera a las acostumbradas coordenadas de separatismo y anarquismo, lejos de corregir los excesos de dichas aspiraciones radicalizaría la cuestión».²

Desde luego, los fraguistas catalanes, agrupados primero en el Club Ágora y después en Reforma Democrática, mostraban conocer bien la realidad política catalana y tenían posiciones no siempre compartidas por su líder, aunque las tuviera en cuenta. En 1975 Manuel Fraga había permitido que una delegación de personas de su confianza visitase en Saint-Martin-le-Beau a Josep Tarradellas, con quien algunos de ellos ya tenían relación pues el empresario y banquero Josep Maria Santacreu también colaboraba en el mantenimiento económico del presidente en el exilio. Con los resultados de esa entrevista Manuel Milián Mestre elaboró un informe donde se sugería «la oportunidad de utilizar la legitimidad de Tarradellas para reconstruir la democracia e integrar a Cataluña en el proceso».³

Finalmente, en diciembre de 1975, Manuel Fraga volvió a participar en el gobierno y, en esta ocasión, desde la Vicepresidencia y desde el Ministerio de la Gobernación, podía aspirar a influir de forma determinante en las grandes decisiones políticas. Observado globalmente, el primer Gobierno de la monarquía enlazaba directamente con el último de Franco, más allá de su presidente, Carlos Arias Navarro. Sin embargo, incorporaba algunos cambios significativos potenciales que, aunque no se vieron confirmados por la realidad, no eran despreciables.

Efectivamente, la política de «ruptura» de la oposición había obtenido una primera victoria al consolidar la fractura del franquismo. El «búnker» había quedado marginado del Gobierno Arias y, aunque sus pesos pesados fueran ilustres representantes de su clase política, fueron los representantes de lo que se denominaba «derecha atlántica», entonces representada por Manuel Fraga, José María de Areilza y algunos miembros del grupo Fedisa, quienes se alzaron con el triunfo. Aquel gabinete, como escribió José Antonio González Casanova, prescindió de algunos referentes de la retórica franquista, tan desgastada: los Gobiernos de Franco —decía— «tuvieron otra ambigüedad permanente: fingían no ser de derechas ni de izquierdas; estar por la revolución nacional-sindicalista al servicio del capitalismo. En cambio ahora no hay “caras nuevas” en el Gobierno pero tampoco hay “camisas viejas”». La derecha de aquel Gobierno se había reclutado entre sociedades anónimas, automarginadas de las asociaciones del Movimiento, y entre personajes directamente vinculados al capitalismo americano, temeroso de la instauración de la democracia en aquellos países que, como España, presentaban un cuadro social altamente conflictivo.⁴

En aquel marco, la figura principal era Manuel Fraga y su liberalismo autoritario. Desde que en 1969 fue expulsado del Gobierno y, sobre todo, desde que en 1973 ocupó la embajada en Londres, había trabajado tenazmente para acceder a la presidencia del Gobierno y había logrado ganarse la simpatía americana, cultivar una reciente imagen europeísta «a la británica» que pretendía vincular con la mejor tradición del conservadurismo de la Restauración, y obtener el apoyo de un sector del Ejército. No hacía un mes de la muerte de Franco cuando González Casanova escribió que Fraga había calculado el riesgo de responsabilizarse directamente o indirectamente de aquellos tres Ministerios conflictivos —Gobernación, Educación e Información— porque, hábilmente manejados, podían prestigiar su imagen de marca. Era evidente que «en estos tres departamentos puede hundirse todo el proyecto Fraga, pero su filosofía política consiste precisamente en dictar la democracia correcta frente a la que él cree incorrecta». La lógica de la estrategia era clara: «Fraga irá con tiento porque lo suyo no debiera ser pegar, sino controlar los Gobiernos civiles de las provincias, hacer una ley electoral por decreto, ir a unas elecciones supervisadas que den la mayoría a sus seguidores, para entonces promover una crisis de Gobierno y ser el primer ministro de Su Majestad».⁵ Pero la magnitud de la movilización social de 1976 desbordó al vicepresidente.

Fraga dejó constancia de que al empezar el año 1976 su mayor preocupación era trazarse su propio plan de prioridades dado que España empezaba «a agitarse; por la prensa; por lo laboral (el trimestre será terrible); por los temas regionales (manifestaciones en Cataluña); por todas partes». Fraga se dijo a sí mismo que tenía tres prioridades: «mantener el orden», «plantear las bases para la reforma del sistema constitucional» y «acometer el problema tradicional de la estructura tradicional del Estado».⁶

La situación en Barcelona se convirtió en objeto de sus conversaciones con distintas personalidades. El mismo 27 de diciembre, poco después de tomar posesión como vicepresidente del Gobierno, Fraga pidió a Laureano López Rodó nombres para dirigir el Ayuntamiento y el Gobierno Civil de Barcelona; dos días después, en una nueva conversación, éste sugirió al vicepresidente la posibilidad de nombrar «un Gobernador General de Cataluña para encauzar el movimiento catalanista y evitar que degenerara en separatismo». Para el político catalán «la situación de Cataluña había que tomarla en serio» y ese cargo estaba previsto y regulado en el Estatuto de Gobernadores de 1958, aunque nunca se hubiera utilizado. Manuel Fraga dijo que prefería nombrar primero al nuevo gobernador civil y, «si lo hacía bien, se le podría ascender a Gobernador General de Cataluña».⁷

En menos de una semana, el 2 de enero de 1976, Manuel Fraga ya presentó el documento «La reforma constitucional: justificación y líneas generales», donde reconocía que el sistema institucional «ha perdido el grado mínimo de consensus imprescindible para encauzar adecuadamente el proceso político», por lo que «la implantación del principio de legitimidad democrática y el reconocimiento jurídico de las fuerzas políticas que aceptan dicho principio constituyen las dos directrices capitales del proceso de reforma». Su concepción de legitimidad democrática era, sin embargo, muy restringida y concordante con lo sostenido durante el franquismo. Así señalaba que se debía «evitar toda idea de ruptura o simplemente de carácter constituyente general»; no es extraño, por tanto, que en su imaginario aparecieran como «grupos irreconciliables» con su proyecto los de «carácter terrorista, comunista o separatista», aunque se debía «dar satisfacción a los que desean una rápida solución al problema de la legitimidad y el ensanchamiento de la base».⁸ Días después y ante las Cortes, el mismo Fraga remachó la voluntad de impedir la ruptura con la dictadura, aunque era imprescindible hacer cambios: «En términos más simples continuidad y lealtad al pasado solo son compatibles con el cambio, con la reforma, pero solo se reforma aquello que quiere conservarse. Más íntimamente: solo se reforma aquello en lo que se cree».⁹

Pero los objetivos del vicepresidente chocarían frontalmente con los de la oposición política. Si GODSA¹⁰ —vinculada a Manuel Fraga— en Cataluña señalaba con contundencia «la firme voluntad de proponer al país una solución basada, a la vez, en una continuidad —que soslaye los riesgos y costes políticos de la ruptura— y en un plan de inexorables y apremiantes reformas»,¹¹ la oposición democrática estaba decidida a imponer, desde la base, y mediante la presión pacífica pero enérgica, las condiciones que hicieran inexorable la ruptura democrática. Ciertamente, desde diciembre de 1975 y durante los primeros meses de 1976, se desarrolló una multiforme movilización antifranquista que multiplicaba la de los años anteriores. En ella, el protagonismo catalán fue muy destacado.

José M.ª de Areilza escribió que, en 1976, «cualquier observador, medianamente lúcido, que visite las tierras catalanas, sacará la impresión de que en el antiguo principado se vive hoy una vida democrática cuasi plenaria, en lo que se refiere al ambiente, a la opinión y a los medios de expresión e incluso a las manifestaciones públicas». Como Sánchez-Terán, Areilza consideraba que la visión de lo que era posible y deseable para la instauración de la democracia en España era distinta en Madrid y en Barcelona, y para el dirigente monárquico ello tenía riesgos para el futuro, «no porque de ahí se deriven afanes de ruptura nacional» sino porque «significa que algo ha funcionado irremisiblemente mal en estas décadas y que el tratamiento del problema catalán por la política de Madrid ha sido una acumulación de dislates ... El simplismo, aliado a un falso concepto unitario de patriotismo, ha logrado este increíble resultado por parte de quienes en 1939 profetizaban para un breve plazo una solución definitiva del tema catalán y de su nacionalismo específico».¹²

El 15 de enero de 1976, poco después de la declaración programática del primer Gobierno de la monarquía —pero significativamente presidido por el último jefe de Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro—, tomó posesión de su cargo el nuevo gobernador civil, Salvador Sánchez-Terán, «amigo de Fedisa y Tácito».¹³ De la relevancia que se le quiso dar al acto es muestra la asistencia de cinco ministros, entre ellos Manuel Fraga, Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa.

Ya desde el inicio de aquel trascendental 1976, una parte destacada de la prensa ejerció un protagonismo importante en la fijación de lo que era esperable tras la muerte de Franco y, en muchísimos casos, actuó de altavoz de los planteamientos de la oposición. Cuando Sánchez-Terán fue nombrado gobernador, el 9 de enero, Josep Maria Sòria escribió un artículo en Tele/eXprés en el que, después de darle la bienvenida, le presentaba la situación catalana como predemocrática y estable: «aquí se está viviendo el trance a la democracia con un extraordinario sentido cívico ... El recientemente constituido Consell de Forces Polítiques de Catalunya es una prueba de la capacidad de pacto de este pueblo». Le daba la bienvenida pero, a la vez, le recordaba que su función era hacer más fácil el tránsito a la democracia.¹⁴

Unas semanas después el Gobierno ya pudo comprobar que no controlaba el tiempo político, pues las manifestaciones del 1 y 8 de febrero adquirieron particular resonancia además de animar al antifranquismo, para el que tal movilización constituyó un punto y aparte. La autorización gubernativa de la celebración de la manifestación del día 1, convocada bajo el lema de la amnistía para los presos políticos, fue solicitada por un conjunto de entidades cívicas y sociales que plasmaba la integración de las reivindicaciones políticas en el entramado sociocultural catalán; entre ellas aparecía la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, de la que firmaron la carta 22 presidentes o vicepresidentes de distintas asociaciones; también se comprometían con la solicitud representantes de colegios profesionales, asociaciones cívicas y culturales, entidades religiosas, así como sindicalistas, intelectuales y artistas, y dirigentes de las fuerzas políticas catalanas.¹⁵ Evidentemente, la manifestación fue prohibida pero, al llegar el día 1, un alud de manifestantes se desplegó alrededor de diversos puntos de concentración para dificultar la acción de la policía, que no dio abasto. A sus problemas para controlar la situación también contribuyeron centenares de coches, que dificultaron los movimientos de la policía y contribuyeron a la sensación de que la ciudad era de los manifestantes. En el informe enviado al gobernador civil por la Jefatura Superior de Policía se señalaba que, aunque era muy difícil efectuar un cálculo del número de participantes en la manifestación, «creemos que pasaron de los treinta mil», y que «por el número de asistentes y ámbito de la manifestación en sus diversas y escalonadas apariciones, se considera como la de mayor trascendencia de cuantas se han producido en estos últimos años».¹⁶ Todos los observadores llegaron a la misma conclusión, aunque las cifras bailaran entre los 25.000 manifestantes a los que hizo referencia El Correo Catalán, entre los 40.000 y 50.000 de Destino y los 70.000 manifestantes en que los cifraron los organizadores.¹⁷ Otro informe de la Jefatura Superior de Policía afirmaba al día siguiente que el éxito de la manifestación revestía «una gravedad muy considerable, ya que es evidente que nunca la oposición al régimen hizo un alarde de fuerza tal como el desplegado el día de ayer».¹⁸ Las fotografías de la represión policial publicadas por la prensa internacional tuvieron un impacto extraordinario, por lo que Sánchez-Terán no dudó en reflejar en sus memorias que «aquello constituía el más inadecuado pórtico» para los intereses del Gobierno.¹⁹

La amplísima participación en la manifestación —a pesar de la prohibición gubernativa y la violencia de la Policía Armada— fue considerada un éxito que estimuló la continuación de las movilizaciones. Una semana después, el día 8, otra manifestación, convocada ya directamente por la Assemblea de Catalunya en apoyo de sus cuatro puntos programáticos, sintetizados en el lema «Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia», volvería a mostrar la extensión creciente de la movilización antifranquista. Aprendiendo de la experiencia, en aquella ocasión el despliegue policial fue todavía más amplio, el mayor de los realizados hasta entonces en la ciudad, y más contundente la actuación represiva. Sin embargo, a pesar de las cargas policiales y de las detenciones, la movilización tuvo una alta participación. La Assemblea de Catalunya, con su potencia y autodisciplina, estaba detrás de aquella capacidad movilizadora, pero en esas manifestaciones no tomaron parte exclusivamente los sectores activos en los años anteriores sino que también se incorporaron muchos ciudadanos que, hasta entonces, no habían participado en ninguna manifestación o acto ilegal susceptible de ser duramente reprimido. Indudablemente, la muerte de Franco y las expectativas de cambio —alimentadas incluso por las propias declaraciones gubernamentales reformistas— habían ensanchado la disponibilidad para la movilización en sectores relativamente diversos de la población, que habían vencido el miedo a la represión policial.

La prensa europea concedió una gran importancia a aquellas movilizaciones y quedó impactada por sus características. Le Monde lo describió como «el desafío catalán». En primera página y a toda columna, el periódico parisiense describió la manifestación y la situación que creaba: «a pesar del riguroso despliegue policial, y contando con la complicidad de la población, sesenta mil catalanes han desafiado el Gobierno de Madrid. ... Su éxito es más que impresionante y revelador». No se trataba de un fenómeno efímero pues «tradicionalmente hostil al centralismo castellano, con el sentimiento de ser ignorada, explotada y menospreciada por Madrid, económicamente rica, inclinada hacia el Mediterráneo y Europa, cruce de civilización, Cataluña ha planteado después de cuarenta años formidables problemas de orden al régimen franquista». El artículo sintetizaba al mismo tiempo los puntos clave de su sociedad civil, lo que le daba fuerza y la hacía distintiva en el enfrentamiento con la dictadura:

Las primeras grandes huelgas han estallado en Barcelona, donde el proletariado, mayoritariamente de origen andaluz, está bien integrado y se ha mostrado remarcablemente combativo y bien organizado. La burguesía nacionalista y la intelligentsia de alto nivel no admiten que la «nación» catalana no sea reconocida por Madrid. Ellos pelean por reconquistar el estatus de la Generalitat, abolida por los vencedores franquistas. La Iglesia se sitúa poco más o menos sin reservas al lado de los nacionalistas: la abadía de Montserrat, lugar emblemático del catalanismo, con frecuencia ha servido de refugio a los dirigentes clandestinos de la oposición democrática. Y es en Barcelona que tuvo lugar, en 1975, la más importante reunión secreta de más de ciento veinte oficiales miembros de la Unión Militar Democrática.²⁰

No es extraño así que Salvador Sánchez-Terán encabezara el capítulo de su libro de memorias, en que trata las semanas posteriores a su nombramiento como gobernador civil de Barcelona, con la frase «La batalla de la transición se da en la calle».²¹ Después añadía: «Es un pulso a las estructuras de Gobierno y de Seguridad del Estado lanzado por la oposición y dirigido desde el Partido Comunista, con una importante aportación de las organizaciones de extrema izquierda».²² Pero a pesar de la influencia organizativa de los comunistas catalanes, el gobernador pudo comprobar también en esas manifestaciones un hecho diferenciador: el peso de las capas sociales medias, cuya presencia ofrecía a la oposición una composición interclasista de amplio espectro y trabazón, unas sinergias que no tenía en otros lugares de España. El propio lema «Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia» era capaz de unificar políticamente sectores muy diversos y, con ellos, la oposición conseguía un amplio eco político.

Como tantos otros dirigentes políticos —se ha citado ya el caso de José M.ª de Areilza—, Salvador Sánchez-Terán consideraba que «un error frecuente de los políticos catalanes ha sido creer que su ritmo o su proyecto es el de toda la nación, ignorando lo que pasa en Madrid», constatando que «en Madrid y en Barcelona se estaba corriendo a dos velocidades políticas distintas».²³ Con este planteamiento, no exento de centralismo, el gobernador civil quería justificar el ritmo lento que, observado desde Barcelona, caracterizaba la escena política española. Su argumento era en buena medida retórico pues sabía que no se trataba de ningún error. Contrariamente, una parte importante de los dirigentes políticos catalanes partía de unas bases completamente distintas: por un lado, el ritmo de la actividad antifranquista en Cataluña venía determinado por la realidad catalana, particularmente barcelonesa; por otro lado, con ese activismo querían empujar la movilización democrática en el conjunto de España.

Al Gobierno, en cualquier caso, no se le escapaba que debía mover pieza. Salvador Sánchez-Terán dio fe de que Manuel Fraga era consciente de la necesidad de abordar «el hecho catalán».²⁴ Como se ha dicho anteriormente, Manuel Fraga propició un contacto con Tarradellas de sus colaboradores a través de Luis Santiago de Pablos —secretario de estudios de GODSA— y de Manuel Milián Mestre; ambos se habían desplazado a Saint-Martin-le-Beau con el objetivo de tantear la posibilidad de que Tarradellas influyera sobre la oposición catalana, o sobre una parte de ella, para que participara en las iniciativas de apertura política impulsadas por Fraga.²⁵

Esa vía no ofreció resultados inmediatos pero en la estrategia de Manuel Fraga tampoco era lo más importante. Para la penetración del discurso reformista del nuevo Gobierno lo realmente importante era generar expectativas en Cataluña, pues no en vano, como sucediera cuarenta años antes, la estructura territorial del Estado continuaba constituyendo un reto de primera magnitud. A decir de Rodolfo Martín Villa —que apoya su afirmación en Torcuato Fernández Miranda—, los gobernantes se encontraron tras la muerte de Franco con los mismos grandes retos que se plantearon ante el alumbramiento de la II República: lo que denominaban de forma explícita la «unidad nacional», el problema militar, la cuestión de la Iglesia y «la lucha de clases», siendo la estructura territorial del Estado la cuestión más problemática desde su perspectiva.²⁶ También lo era para la monarquía, por lo que el primer viaje de los reyes tuvo como destino Barcelona. ABC quiso desvincularlo de «las tensiones de legítima afirmación regional»²⁷ pero, para Juan Carlos de Borbón en particular, era imprescindible transmitir la idea de que la monarquía no debía ser asimilada al centralismo franquista.

Así, no había pasado un mes desde el nombramiento del nuevo gobernador civil, cuando las principales autoridades del Estado «desembarcaron» en Barcelona. A mediados de febrero, los reyes Juan Carlos y Sofía realizaron una visita a Cataluña y el Jefe del Estado pronunció el día 18 un discurso parcialmente en catalán en el Salón del Tinell en Barcelona. La lengua era el factor con mayor contenido simbólico del hecho diferencial. Diversos diarios se hicieron eco del compromiso de Alfonso XIII en 1904 de hablar en catalán en sus sucesivas visitas a Barcelona —promesa incumplida— y de la voluntad de Juan Carlos de hacerlo. En realidad leer en catalán una parte de su primer discurso en la capital catalana era lo más importante de éste.

El día 20, el Consejo de Ministros, reunido en Barcelona, aprobaba por Decreto la creación de la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial para las cuatro provincias catalanas. En él se señalaba que, «en el camino de una posible institucionalización de la región», la Comisión podía abordar «de manera conjunta y armónica las preocupaciones y aspiraciones comunes de la totalidad de Cataluña».²⁸

La Comisión para el estudio de un Régimen Especial para las cuatro provincias catalanas formaba parte del conjunto de iniciativas que se impulsaron desde las instituciones franquistas para hacer cambios manteniendo las esencias del régimen. Se presentó como desarrollo de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local aunque, en realidad, tenía un objetivo mucho más ambicioso: pretendía neutralizar la movilización catalana a favor del autogobierno con la promesa de «la implantación de un régimen administrativo especial que permita en un próximo futuro institucionalizar la región catalana».²⁹

El franquismo catalán más posibilista empezó a moverse; el presidente de la Diputación de Barcelona se reunió con el ministro de la Gobernación el 6 de marzo para tratar una serie de temas entre los que destacaba el Régimen Especial. Entre los cinco nombres que Juan Antonio Samaranch propuso a Manuel Fraga para presidir dicha Comisión aparecían los de Laureano López Rodó y Pedro Cortina, a los cuales el ministro negó su apoyo, decantándose finalmente por el de Federico Mayor Zaragoza.³⁰ La elección de Mayor Zaragoza probablemente tuvo mucho que ver con la búsqueda por parte del Gobierno de una personalidad con reconocimiento en el ámbito gubernamental que, desde su percepción, pudiera tener capacidad de interlocución en la sociedad civil catalana. La tarea que le fue encomendada no era realmente dirigir los trabajos de la Comisión; esa función la ejerció José Antonio Samaranch. Mayor Zaragoza consideró que se le encargaba la toma de contacto con representantes de las distintas corrientes políticas, formalmente para saber cuáles eran sus posiciones. En el encargo recibido intervino el rey Juan Carlos, con quien Federico Mayor ya tenía relación previamente.

La Comisión se puso en funcionamiento en el mes de abril cuando, además de ser designado presidente Federico Mayor Zaragoza, se nombró a los vocales.³¹ Juan Antonio Samaranch había recomendado al ministro que la constitución de la Comisión tuviera «cierto matiz popular catalán», para lo que le sugería que la fecha de presentación pública fuera el 27 de abril, festividad de Nuestra Señora de Montserrat «patrona de Cataluña».³² Así se hizo.

En el Palau de la Generalitat, sede de la Diputación, el ministro de la Gobernación pronunció un discurso en el que reincidió en su contundencia verbal para con la oposición y su proyecto político de ruptura democrática. Así, dirigiéndose a los miembros de la Comisión les advirtió sobre los límites de su mandato:

Suenan en estos días muchas voces de confusión y de demagogia, inevitables en un momento de transición. No las escuchéis; pronto habrán pasado ellas y los fantasmas que las pronuncian al inapelable basurero de la Historia. ... Hablemos claro: aquí hay, en los trabajos de esta Comisión, una ocasión seria para arreglar lo que haya de arreglarse. No la hay, en cambio, en las confusas maniobras de este o aquel grupo o en sus inciertas alianzas. Sepamos aprovechar esta ocasión y hagámoslo recordando todo lo que no debe olvidarse. Ya sabemos qué cosas llevan en nuestro país a la guerra civil: cuáles provocan, de forma inevitable, la justificada intervención del Ejército, cuando se pone en peligro la unidad sagrada de España ...

Más claro aún: no puede haber en España más que un poder político: el del Estado español, del que todos formamos parte; ni puede admitirse más que una soberanía en lo interior como en lo exterior: la de la nación española.³³

Mundo Diario, bajo el titular posibilista de «Oportunidad para Cataluña»,³⁴ destacaba contrariamente la afirmación de Fraga «los que jueguen a la ruptura, allá ellos, no la tendrán», y en la segunda página «Al Gobierno del Rey la nación no se le va a romper entre manos». El editorial de Tele/eXprés vio el vaso medio lleno pues «resta un amplio margen de competencias para los poderes regionales autónomos», aparte de resaltar el esfuerzo de acercamiento del ministro que, además, leyó distintas citas en catalán y elogió a Prat de la Riba y la Mancomunitat.³⁵

Por su parte, Josep Tarradellas fue oportunamente entrevistado por Destino³⁶ y, después de señalar que la creación de la Comisión venía a reconocer «nuestra personalidad nacional», la descalificó pues no resolvía la cuestión para él fundamental: el autogobierno. Lo mismo señalaba Josep Andreu Abelló, el veterano expresidente del Tribunal de Casación de Cataluña³⁷ durante la II República, quien, no sin cierta ironía, señalaba que «después de cuarenta años de asegurar que el problema catalán no existe es un hecho positivo la existencia de esta comisión». Jordi Pujol fue el más posibilista de los encuestados y, después de reivindicar el Estatut de 1932 y sus instituciones, añadió que «debemos abstenernos de según qué tipo de obstrucciones o ataques a la Comisión. Sus miembros pueden y deben hacer un servicio al país. Deben agotar todas las posibilidades que se les da y permitir el máximo debate abierto y consulta».

Aunque pasado el tiempo, se ha considerado el «Régimen Especial» como una apuesta destinada al fracaso, eso no fue tan claro en aquel momento. Como en tantos otros terrenos, para que el Gobierno no consiguiera su objetivo de intentar romper, por esta vía, la unidad de la oposición, fue necesario un esfuerzo continuado por parte de algunos de sus representantes, que no quisieron dejar un resquicio para el posibilismo. Así, paralelamente a las reuniones de Mayor Zaragoza con algunos representantes de la oposición catalana y a la campaña de prensa organizada, aparecieron otros artículos denunciando el origen y objetivos de la Comisión. El dirigente del PSUC, Jordi Solé Tura, comentó las declaraciones de Juan Antonio Samaranch —quien había afirmado que se iría muy lejos en lo económico y poco en lo político— señalando que era una manera de «reconocer el estrechísimo límite trazado por el Gobierno centralista». Y ahí radicaba el fondo de la cuestión: resolver la cuestión catalana implicaba un modelo de estado diferente, no regímenes especiales: «el centralismo burocrático ha sido y es la bandera política de los sectores más reaccionarios del país. Y es ese centralismo lo que hoy se pone en cuestión como un requisito sine qua non de todo planteamiento auténticamente catalán», y también federalista.³⁸ Días después, Jordi Solé Tura volvió a dedicar atención a la propuesta gubernamental señalando que, «ante la reivindicación del Estatut del 32, ellos proponen la Mancomunidad», al tiempo que ponía de relieve que era la propuesta «defensiva y forzada de los grupos que hasta ahora han jugado la carta del ultracentralismo».³⁹ El artículo iba dirigido a los sectores liberales que pretendían organizarse al margen de las Asociaciones del Movimiento pero también al margen de la oposición agrupada en la Assemblea de Catalunya y el Consell de Forces Polítiques. A aquellas alturas, debían decantarse; lo mismo esperaba el Gobierno.

En cualquier caso, dada la movilización social y política en la capital de Cataluña, Barcelona se convirtió en banco de pruebas para la escenificación del aperturismo gubernamental, que tuvo en el ámbito de la prensa su expresión más abierta y trascendente. En abril de 1976 empezó a publicarse el diario Avui, escrito íntegramente en catalán, un mes antes de la aparición de El País, que se convertiría gradualmente en referencia de los sectores progresistas españoles, aunque no tanto en Barcelona, donde Mundo Diario se había convertido en el periódico de referencia de los sectores de izquierda.

Los «guiños» aperturistas aumentaron a partir de mayo, cuando Salvador Sánchez-Terán consideró que, para dar verosimilitud al «proyecto reformista», era necesario ampliar el ámbito de actividades abiertas de la oposición; en ese sentido aprobó la realización de un gran acto socialista en el Palau Blaugrana, que significó de hecho la presentación del Partit Socialista de Catalunya-Congrés. En el mes de mayo tuvieron lugar las Jornades Catalanes de la Dona, que Sánchez-Terán calificó como «el hecho cultural más “progresista” del primer semestre de 1976».⁴⁰ En ese mismo mes de mayo autorizó la reunión que personas cercanas al PSUC solicitaron realizar en el pabellón de Deportes de Terrassa y que se convirtió en el primer mitin de la organización comunista con miles de asistentes. El acto tuvo un gran impacto en los círculos madrileños y en los propios servicios de seguridad. La Jefatura Superior de Policía, en su resumen político mensual, señaló que «En relación con la autorizada reunión por la primera autoridad gubernativa que aprovechó el PSUC en Tarrasa, y dada la completa normalidad con que transcurrió y el gran número de asistentes, está siendo capitalizado por este partido comunista para demostrar que no puede ser marginado del proceso democrático español. Este acto ha constituido un triunfo de los comunistas, reforzando su moral combativa y están laborando para la celebración de otros análogos».⁴¹

La estrategia de Sánchez-Terán fue reprendida con afecto, según sus palabras, por Fraga, quien le hizo saber que «por aquí se opina que hay demasiada apertura en Barcelona»,⁴² pero el gobernador civil era consciente de que, seguramente, si no actuaba así, el crédito gubernamental todavía sería menor de lo que era. Salvador Sánchez-Terán había llegado a Barcelona con el encargo explícito de tender puentes con la sociedad catalana y los sectores políticos moderados dentro de ella, y por ello debía mostrar de tanto en tanto alguna zanahoria si quería trasladar una imagen de mínima credibilidad de apertura democrática.⁴³

También continuaron los trabajos de la Comisión para el Régimen Especial de las provincias catalanas. El 27 de abril, después de la presentación pública de la Comisión, Samaranch escribió una carta al ministro que muestra de forma transparente el leitmotiv de la Comisión. El presidente de la Diputación de Barcelona le proponía coordinar las actuaciones de las cuatro provincias en un Plan Director Territorial de Cataluña, argumentando que desarrollar ese plan permitiría «ir avanzando en el camino que nos conduzca, paso a paso y sin rupturas, a la institucionalización de la región; objetivo del Gobierno, que de esta forma, da respuesta a unos planteamientos que sirven de común denominador a todas las tendencias de la actual oposición en Cataluña».⁴⁴

Para el éxito de la apuesta gubernamental era imprescindible la colaboración de los sectores catalanistas moderados y posibilistas y, poco después de ser nombrado gobernador, Sánchez-Terán se reunió en casa del empresario Pere Duran Farell con Jordi Pujol, Josep Pallach y Heribert Barrera.⁴⁵ Los encuentros fueron continuados desde entonces. Ramon Trias Fargas fue el más receptivo públicamente y publicó en La Vanguardia el artículo «Cambio de óptica», en el que se distanciaba de la posición de rechazo mayoritaria en la oposición, y afirmaba que «si la Comisión para el Régimen Especial para Cataluña no nos da satisfacción en nada, lo seguiremos pidiendo todo. Si nos da una parte de lo que buscamos, lo debemos aceptar gustosos y seguir reclamando el resto». Jordi Amat reproduce unas notas de Trias Fargas en las que éste resumía la comida-reunión que tuvo con el ministro Fraga el 26 de mayo y en la que éste le dijo que esa actitud era inadmisible, pues los pactos tenían que durar un tiempo, como mínimo cinco años; le exigía seriedad, ya que esperaba de él que no hiciese «como Pujol, que se compromete a una cosa, llega a Barcelona y cambia a continuación de opinión». Fraga añadió que Federico Mayor había sido un gran éxito personal y rechazó absolutamente la defensa que hizo Trias del federalismo pues —a juicio de Fraga— éste «históricamente ha servido para unir y nosotros [los catalanistas] lo queremos para separar».⁴⁶

Efectivamente, Federico Mayor se tomó su nombramiento como un reto en el que puso, además de mucha ilusión, muchas horas de dedicación e implicación personal. Desde la perspectiva del político tortosino, las entrevistas con las fuerzas vivas catalanas constituían la parte más destacable de su cometido. Los encuentros ya habían empezado el 20 de abril de 1976, una semana antes de la constitución de la Comisión. En mayo los interlocutores de Mayor aumentaron en relevancia, empezando por el gobernador Sánchez-Terán, con quien se reunió el día 6 y volvió a hacerlo el 8 de junio. El gobernador confiaba, a partir de sus entrevistas con representantes de la oposición «moderada» —según su terminología—, en que la Comisión podía generar expectativas, pues si bien el Estatuto era empleado como bandera, «la oposición no radicalizada» estaba de acuerdo en que «el texto es anacrónico». Ahora bien, ambos coincidían en que las expectativas que pudieran impulsarse desde la acción gubernamental no podían ser defraudadas, por lo que «el resultado final deberá implicar un pacto muy importante con el Gobierno, para que algo tan importante en relación a la vida nacional y por tanto a la instauración de la Corona no sea considerado como un simple entretenimiento».⁴⁷

Un mes después, el gobernador civil transmitió a Mayor la necesidad de complacer a Manuel Fraga, que había insistido en la conveniencia de ampliar la Comisión para incorporar representantes de distintos ministerios y alargar sus trabajos. Y lo que era más importante, Sánchez-Terán le transmitió su posición respecto al contenido de los acuerdos a los que debía llegar la Comisión. En su opinión se deberían formar tres organismos: un órgano regional, la Diputación General de Cataluña; un órgano de gobierno de la Diputación General; y un Consejo Asesor de la Diputación General, formado por diputados y senadores, que tendría funciones evaluadoras y prepararía un informe anual para el Gobierno. Ante la reivindicación de órganos constituyentes, el gobernador civil negaba tal posibilidad pero señalaba que, a la vista de la marcha de los acontecimientos, la Diputación General debía tener «visión de futuro».⁴⁸ Ciertamente, en el seno del franquismo catalán se estaba apoyando la reforma, que comportaba forzosamente dejar algunas puertas entreabiertas de cara al futuro. Juan Antonio Samaranch era el llamado a capitanear la operación de continuidad del poder político en Cataluña, aunque fuera en las fórmulas nuevas previstas en las conclusiones de los trabajos de la Comisión.

Federico Mayor dedicó atención a calibrar el posibilismo de la derecha catalanista y, aunque en los círculos oficiales confiaban más en tentar a Anton Cañellas que a Jordi Pujol, fue con éste con quien más veces se reunió en el ámbito de la oposición. Con el líder de Convergència Democràtica se entrevistó reiteradamente, la mayor parte de las veces a solas (6 y 21 de mayo, 13 de septiembre y 2 de diciembre, la última de las reuniones sostenidas por Federico Mayor). En la primera ocasión, Jordi Pujol quiso dejarle claro que en Madrid no tenían ni idea de la realidad de la mayoría de los problemas planteados a nivel periférico. Según Mayor, Pujol estaba lejos de los planteamientos de Cambó e insistía en su planteamiento «nacionalista y no regionalista», lo cual no era contradictorio con ser

posibilista y piensa que ahora la Comisión puede dar un paso importante en este camino. Ciertamente, la Comisión no es democrática, porque no puede serlo en el actual contexto, pero puede constituir una forma de alcanzar la representación democrática en este y en otros sectores. Por ello, juzga muy importante que la Comisión cumpla plenamente objetivos que sean buenos para Cataluña, ya que —vuelve a repetirlo— lo único que le importa por encima de todo son los intereses de las provincias catalanas. [Aceptaba igualmente que] toda medida que se adopte debe hacerse pensando siempre en el resto de España.⁴⁹

En las reuniones de Federico Mayor con distintos representantes de la oposición o del franquismo en Cataluña, no solo se habló del cometido de la Comisión para el Régimen Especial sino también de la viabilidad de partidos de centro o centro izquierda que evitaran la influencia de la izquierda, entiéndase comunistas en aquel momento. Eso es lo que vino a decirle a Pujol en otra entrevista, cuando le indicó «la conveniencia de que el centro y el socialismo se consoliden como partidos líderes, de tal manera que se evite la dispersión y el confusionismo». El proceso de unificación de aquellos núcleos todavía no estaba suficientemente definido pues su interlocutor le contestó que «la unión democrática cuenta con Barrera, Cañellas y Pallach, que podrían unirse, mientras que la convergencia democrática podría unir a Trias Fargas, Cornudella, Jorge Pujol, etc».⁵⁰

En el mes de junio Mayor Zaragoza continuó entrevistándose con representantes de la oposición como Josep Benet o Anton Cañellas, aunque lo hizo en muchas menos ocasiones que con dirigentes del ámbito gubernamental. Algunas entrevistas fueron individuales, otras colectivas, como la que celebró el día 6 de mayo con quienes podían calificarse como la representación del franquismo en Barcelona: Juan Antonio Samaranch, Joaquín Viola, Andrés Ribera Rovira, Alejandro Pedrós, Pablo Roig y Carles Sentís. De esas reuniones no hay apenas anotaciones transcritas. Sí de la entrevista mantenida con el empresario Pere Duran Farell, quien le ofreció su cara más posibilista —como tantos otros en aquel contexto— pero haciéndole ver que el resultado de sus trabajos no podía dar satisfacción a las reivindicaciones existentes. Así, Duran señaló que «el problema de la Comisión, al igual que el hecho catalán, es político y de autogobierno. ... Por ello, la comisión puede recorrer un camino, una etapa, ... pero los objetivos de la Región Catalana son más amplios y se hallan contenidos no en el texto pero sí en el espíritu del Estatuto de 1932».⁵¹

La relación con la prensa fue prioritaria para todos los implicados en la operación «Comisión Especial» y Federico Mayor se reunió con los directores de los siete diarios de Barcelona, más los de las agencias de noticias. De la misma manera, se trasladó a las restantes capitales catalanas, donde pudo constatar el recelo antibarcelonés extendido ampliamente entre sus fuerzas vivas. Así Joaquín García Castany le indicó que en su opinión la gente de media cultura era catalanista de costumbres pero temía fuertemente el centralismo de Barcelona. Opinó que «con una consulta general el porcentaje de interés por el tema sería muy bajo, tanto más cuanto menor el nivel social. La mayor parte de la gente tiene miedo de que, a la postre, solo resulte en un incremento de impuestos».⁵²

Federico Mayor mantuvo igualmente entrevistas en Madrid. A destacar el almuerzo que mantuvo con Raúl Morodo, Carlos Moya, Luis González Seara y Juan Díez Nicolás. Sus interlocutores eran conscientes de la importancia del tema y plantearon que «no se trata de un acuerdo bilateral entre Cataluña y el resto de España sino que el planteamiento regionalista es un planteamiento nacional: hay que nacionalizar esta cuestión» para conseguir «una unidad nacional más fuerte que nunca». Se puede deducir de las notas de Mayor que la Comisión obtenía apoyo de sus interlocutores pues «queda muy claro que en las conversaciones con la oposición catalana puede rebajarse el problema del regionalismo, porque se hincha artificialmente con el fin de sentar unas bases de negociación».⁵³

Quizás esta última entrevista ayudó a precipitar en Mayor Zaragoza una idea que siempre tuvo presente: «la delicada situación de la Comisión y de su Presidente, que no representa al Gobierno en Cataluña, pero que puede ser considerado como tal», ante lo cual anotó una formulación para tenerla en cuenta para posibles manifestaciones públicas:

El Presidente de la Comisión no es el representante del Gobierno ni el portavoz de sus criterios. Bien al contrario, su función es la de trasladar las opiniones de la Comisión al Gobierno; ... en consecuencia, la problemática de Cataluña y sus problemas reales nos interesan extraordinariamente: Los miembros de la Comisión deben ser en estos momentos los españoles más catalanes y los catalanes más españoles de todo el País. Tengo la esperanza de que la Comisión podrá demostrar su utilidad a Cataluña y a España.⁵⁴

Paralelamente al trabajo de la Comisión, desde la Diputación de Barcelona se diseñó una campaña propagandística en la prensa en la que se implicó personalmente Samaranch, quien firmó un artículo sobre el alcance del «Estudio Preliminar» redactado y aprobado por la Diputación de Barcelona, que fue publicado en El Noticiero Universal el día 8 de mayo; a su vez Samaranch señaló como urgente que se preparara un artículo para ABC. Manuel Fraga, en respuesta a Juan Antonio Samaranch, le agradecía «todo cuanto hagas por la serenidad del tema regional que, como bien sabes, nos preocupa mucho».⁵⁵

LA REIVINDICACIÓN DEL AUTOGOBIERNO Y LA POLÍTICA UNITARIA OPOSITORA

La incorporación de la reivindicación de la autonomía de «nacionalidades y regiones» en los programas de las sucesivas plataformas unitarias de la oposición antifranquista de toda España —Junta Democrática, Plataforma de Convergencia, Coordinación Democrática, Plataforma de Organismos Democráticos y Comisión de los Nueve—, así como en los programas de las principales formaciones políticas de ámbito español que también explicitaban el reconocimiento de la Generalitat y del Estatuto de 1932, fue la manifestación más clara de la importancia que habían adquirido las reivindicaciones catalanas —y vascas— en torno del autogobierno en el espacio antifranquista. Llegar a acuerdos en relación a esta cuestión no fue fácil, pero su necesidad siempre estuvo presente, por lo que los contactos formales entre la oposición catalana y las plataformas del antifranquismo español se iniciaron de inmediato al constituirse las sucesivas y distintas instancias unitarias.

Después de que Junta y Plataforma firmaran una declaración conjunta el 30 de septiembre de 1975, se sucedieron las reuniones para llegar a acuerdos en torno a la creación de un único organismo democrático unitario. En octubre, la Plataforma elaboró una propuesta en la que aparecían como las dos cuestiones fundamentales, por un lado, la composición del propio organismo: a diferencia de la JDE, éste debería estar formado exclusivamente por partidos políticos y organizaciones sindicales; por otro, dado que «la existencia de nacionalidades o Pueblos, y la connotación militante que ello implica plantea problemas cuya solución es fundamental para poner en marcha y desarrollar el organismo unitario», la Plataforma de Convergencia Democrática entendía que el organismo unitario debía constituirse a nivel estatal y, simultáneamente, «vincularse federativamente con las distintas instancias unitarias de las diversas nacionalidades».⁵⁶

La creación de Coordinación Democrática, a partir de la fusión de la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, no se produjo hasta el 26 de marzo de 1976 pero, desde entonces, la visibilidad de la oposición aumentó notablemente. En la declaración programática de Coordinación Democrática se señalaba que ésta aparecía «como un medio indispensable para ofrecer a la sociedad española una real alternativa de poder capaz de transformar, por vía pacífica, el Estado actual en un Estado democrático». De los XX puntos programáticos, el último estaba dedicado a las nacionalidades y regiones, recogiendo las aspiraciones de autogobierno, que se habían convertido en una propuesta destacada para el inmediato futuro democrático.

A la muerte de Franco el lema extendido por la Assemblea de Catalunya «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia» era compartido por buena parte de la oposición española realmente existente. La palabra libertad expresaba la voluntad de acabar con la dictadura franquista y establecer una democracia en España; amnistía era sinónimo tanto de la excarcelación de los presos políticos como del reconocimiento de que la lucha contra la dictadura no constituía delito alguno. Estatuto de Autonomía reflejaba la voluntad catalana de autogobierno, evidentemente, pero significativamente esta reivindicación se había extendido a buena parte de la España periférica. Ya no eran solo Cataluña, Euskadi o Galicia los territorios que asociaban democracia a autonomía sino que el mismo vínculo se extendía, por ejemplo, en el País Valenciano, Andalucía o Canarias.

Todos los partidos políticos significativos habían incorporado a sus programas el reconocimiento de la reivindicación del autogobierno de nacionalidades y regiones. El PCE había profundizado en los años anteriores en una posición definida desde la guerra civil y que fue cada vez más asumida desde los años sesenta. El folleto que recoge la intervención de la Pasionaria, Dolores Ibárruri, en el pleno ampliado del Comité Central del PCE, celebrado en septiembre de 1970, llevaba por título un significativo España. Estado multinacional. El documento de mayor importancia sobre esta cuestión, como sobre la política comunista en su conjunto en una coyuntura de tanta trascendencia como la de 1975, fue el Manifiesto Programa. En él se señalaba que igual que no existía una amenaza comunista —ése era un filón del discurso franquista desde 1936, que Arias Navarro remachaba en 1975—, tampoco existía la amenaza separatista —otro de los filones—. Contrariamente,

El único peligro «separatista» real es la dictadura centralista, burocrática, fascista de Franco, porque al ahogar las peculiaridades nacionales y regionales las exacerba y agudiza, fomentando las tendencias extremas.

Es una realidad innegable que hay un problema nacional catalán, vasco y gallego; que hay problemas regionales; y que todos ellos tienen que ser resueltos democráticamente, por la voluntad libremente expresada de sus respectivos pueblos, en un proceso de descentralización que, a juicio nuestro, en el futuro debe tomar formas federativas y de autonomía.⁵⁷

Ese planteamiento llevaba al PCE a afirmar que

Respetando el inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente sus destinos, la democracia política y social reconocerá el carácter multinacional del Estado español y el derecho de autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicia, garantizando el ejercicio efectivo de ese derecho por los pueblos. Los comunistas propugnamos la libre unión de todos los pueblos de España en una República Federal.⁵⁸

Dejando al margen la posición del PCE, hay que destacar que el Consejo Federal de la Federación de Partidos Socialistas condicionó en un primer momento su ingreso en Coordinación Democrática a que ésta se estructurara federalmente, «previa negociación y pacto con las organizaciones unitarias representativas de las regiones y nacionalidades».⁵⁹ En realidad, los grupos que en 1976 se integraron en la Federación de Partidos Socialistas venían definidos por la territorialidad; a destacar Convergència Socialista de Catalunya, Convergència Socialista del País Valencià, el Partido Socialista Galego, el Partit Socialista de les Illes Balears y un conjunto de grupos en proceso de convergencia en distintos territorios.⁶⁰ Todos ellos compartían el objetivo de reconstruir un movimiento socialista encaminado a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero también propugnaban el «reconocimiento y potenciación de la realidad plurinacional del Estado español así como el hecho regional, y consiguiente articulación de una Federación de Partidos Socialistas».⁶¹

Justamente por esas posiciones extendidas en los diversos grupos socialistas, y en el marco de la radicalización programática —que le permitió reclutar nuevos militantes con identidades diversas—, se pueden inscribir las propuestas del PSOE en torno a la «cuestión nacional». Así en el XII Congreso de 1972, los núcleos del interior dieron un giro a las orientaciones políticas dominantes en el exilio hasta aquel momento y, en la declaración conjunta a la opinión pública, el PSOE y la UGT se pronunciaron «a favor de una Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas».⁶² Acorde con ello, en la resolución «sobre nacionalidades y regiones», «el PSOE se pronuncia por la Constitución de una República Federal de las nacionalidades que integran el Estado español por considerar que esta estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integren el Estado federativo».⁶³

Después, en su XXVII Congreso de 1976, el PSOE denunció que «en los últimos cuarenta años, el régimen surgido de la guerra civil ha intentado negar la evidencia de que históricamente España es una realidad configurada por una pluralidad de nacionalidades y regiones que hoy integran el Estado español». A partir de ahí los socialistas liderados por Felipe González propugnaban «el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades [sic] que compondrán en pie de igualdad el Estado Federal que preconizamos, conjugando el principio socialista de la libre autodeterminación de los pueblos con el de la imprescindible acción coordinada y unitaria de la lucha que la clase obrera ha mantenido, desarrolla y reforzará en el camino hacia su total emancipación».⁶⁴

Por su parte, el Partido Socialista Popular en el I Congreso de 1975 aprobó que «el PSP asume el principio de la autodeterminación para las nacionalidades y regiones españolas ... manteniendo también la necesaria solidaridad articulada a través de los órganos comunitarios del Estado Español, que tendrán como una de sus principales funciones la de coadyuvar al máximo desarrollo económico de los diferentes pueblos del Estado».⁶⁵ Es indudable que la retórica del momento impregnaba esa declaración de principios, pero la realidad era que la oposición democrática afirmaba que la democracia comportaría la modificación de la estructura territorial del Estado.

El denominador común en la posición de los partidos dio a la reivindicación nacional una gran fuerza. En cualquier caso y globalmente, la oposición tuvo la iniciativa política en el primer semestre de 1976. En ese contexto, el Gobierno Arias intentó, sobre todo a través de Manuel Fraga, una interlocución con los sectores más moderados de la oposición, con el objetivo de dificultar la acción unitaria opositora al tiempo que ganaba apoyos para su proyecto. Para conseguirlo, aplicó una política de mayor tolerancia hacia determinados grupos, mientras mantenía una presión represiva intensa contra los comunistas y los grupos de la izquierda radical. La mayor tolerancia —aunque variable y cambiante— hacia demócrata-cristianos, liberales y socialistas era también una exigencia de la política exterior conducida por José M.ª de Areilza que intentaba, utilizando la expresión de éste, «vender la reforma» a los gobiernos occidentales, en especial a los europeos. En este sentido, particular presión se ejerció sobre el PSOE, pero la actitud del partido en relación a los mensajes que le llegaban desde el Ministerio de la Gobernación fue clara: no acentuarían el anticomunismo para mantener el margen de actividad pública tolerada porque ésta no estaba en peligro. Y es que, como se demostraba cotidianamente, el Gobierno de Carlos Arias necesitaba transmitir una imagen de apertura que conseguía en parte con la presencia socialista en los medios de comunicación.

Sin embargo, el proyecto gubernamental era de alcance tan limitado y la desconfianza hacia el Gobierno tan elevada que éste no consiguió ensanchar sus apoyos sociales ni convencer a ningún sector de la oposición democrática. La desconfianza se veía alimentada cotidianamente por la política de orden público, que comportaba violentas intervenciones policiales contra pacíficos huelguistas y manifestantes, la continuación de las torturas en dependencias policiales, y las prohibiciones de todo tipo de actos. Su efecto fue el contrario del que perseguía pues la movilización social fue extraordinaria en los primeros meses de 1976. Ésta fue multiforme y su intensidad multiplicó la de años anteriores. Ya se ha señalado la trascendencia que adquirieron las manifestaciones por la amnistía del 1 y 8 de febrero en Barcelona, pero éstas no constituyeron episodios aislados.

Contrariamente, desde principios de enero, se había extendido una ola de huelgas de una magnitud desconocida, que no afectaba de manera homogénea a toda España pero sí a todos los grandes núcleos industriales y urbanos. La renovación preceptiva de un número muy elevado de convenios colectivos, en un contexto en el que la crisis económica empezaba a hacerse sentir con creciente intensidad, las expectativas de poder ejercer más fácilmente derechos o, incluso, hacer respetar a los empresarios la propia legalidad laboral, y la extensión de la solidaridad ante la represión patronal y política, facilitaron la acción del activismo sindical y político antifranquista, que se había reforzado tras el éxito de las Candidaturas Unitarias y Democráticas propiciadas por las CCOO en las elecciones sindicales celebradas el año anterior. Las reivindicaciones estrictamente laborales —incremento de salarios, mejoras en las condiciones de trabajo— se combinaban con reivindicaciones políticas —amnistía laboral, derecho de huelga, libertad sindical— y, en cualquier caso, suponían un choque frontal con el régimen y con la política gubernamental.⁶⁶

Tres zonas se convirtieron en los principales focos conflictivos durante la primera mitad del año: Madrid, la zona industrial barcelonesa y el País Vasco. En enero, Madrid se convirtió en escenario de una movilización extraordinaria⁶⁷ que tuvo en la huelga del Metro un punto culminante de visibilización; el Ejército se tuvo que hacer cargo del servicio y ello comportó un impacto mediático de gran magnitud. En Cataluña la explosión conflictiva tuvo dos puntos de referencia en las huelgas generales del Baix Llobregat⁶⁸ y de Sabadell,⁶⁹ esta última comparada por el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, con «una ocupación de la ciudad como la de Petrogrado en 1917».⁷⁰

La actitud gubernamental ante las huelgas y manifestaciones obreras y ciudadanas fue siempre la típica del franquismo: la represión policial. El día 3 de marzo, en Vitoria, se produjo uno de los acontecimientos más dramáticos de aquellos meses, la muerte por disparos de la Policía Armada de cuatro trabajadores en el violento desalojo de una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa;⁷¹ en Tarragona, Elda y Basauri murieron tres trabajadores más como consecuencia de la represión de las protestas por los hechos de Vitoria. En este sentido se podría decir que los acontecimientos de Vitoria se convirtieron en el punto de no retorno para el Gobierno Arias-Fraga. El Gobierno no consiguió ningún apoyo y, contrariamente, los grupos y personajes políticos «reformistas» que poblaban la prensa en aquellos días así como los mismos editoriales de los periódicos y cuantos influían en la opinión pública, todos ellos confluyeron mayoritariamente en reclamar que se tomasen las medidas necesarias para evitar que pudieran suceder hechos como los de aquel mes de marzo.

Para la oposición era fundamental no dar ninguna oportunidad al reformismo continuista, pues solo así la opción de ruptura democrática conseguiría abrirse camino. En ese sentido, la constitución de Coordinación Democrática adquiría radical importancia porque, al menos potencialmente, desaparecía uno de los handicap de la oposición: su falta de unidad frente al poder. En la práctica la Junta y la Plataforma se complementaban. La Junta Democrática de España, con toda su diversidad, venía a representar a los sectores más movilizados contra la dictadura; la Plataforma de Convergencia Democrática venía a representar a los sectores moderados de la oposición. En realidad, nada podían hacer la una sin la otra. Las organizaciones de la PCD tenían apoyos internacionales pero no facultad de movilización en España; la JDE, con su potencial de movilización popular, estaba siendo capaz de impedir la consolidación de la opción reformista pero no conseguiría provocar el vacío de poder al menos sin aliarse con los integrantes de la PCD.

La constitución de Coordinación Democrática comportó, por tanto, un paso decisivo en el avance hacia la democracia y era lógica la preocupación gubernamental, más cuando a ella se incorporaron otros grupos en las semanas siguientes.⁷² De especialmente importancia para convertir el organismo en potencial representación de un «Gobierno provisional» fue que el 10 de mayo José M.ª Gil Robles enviara una carta al Secretariado de Coordinación Democrática comunicando su voluntad de integrarse en el organismo unitario siempre que se asegurase «la incorporación a la misma de los colectivos de oposición de las Regiones».⁷³ La adhesión de los dos grupos demócrata-cristianos, dirigidos por Joaquín Ruiz-Giménez y por José M.ª Gil Robles, fue especialmente valorada en CD y, particularmente por los comunistas, para quienes el talón de Aquiles de la oposición siempre había residido en su dispersión, que impedía transmitir una imagen unitaria y responsable que permitiera ganar apoyos para la democracia.⁷⁴ En las semanas siguientes se enfatizó el significado de la constitución de Coordinación Democrática,

uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia española contemporánea. Que socialistas y comunistas se hayan puesto de acuerdo, después de 37 años de división, es ya en sí importante. Pero el encuentro en una misma coalición política, con el objetivo (concreto sí, pero decisivo) de restablecer la democracia, de las fuerzas obreras y de gran parte del mundo católico, de partidos de derecha y de izquierda, proletarios y capitalistas, es sencillamente un hecho sin precedente.⁷⁵

Por eso mismo la constitución de Coordinación Democrática había irritado profundamente al Gobierno y, particularmente, a Manuel Fraga quien, en cuanto supo de la constitución del organismo opositor, reaccionó de forma fulminante, aunque no de forma precipitada; en sábado y en una comida reunió a los ministros Antonio Garrigues, José Solís, Adolfo Suárez, Carlos Robles Piquer, Alfonso Osorio y Adolfo Martín Gamero para anunciarles que pensaba detener a los dirigentes de la «Platajunta» con motivo de su presentación pública, prevista para el día 29.⁷⁶ El mismo sábado 27, Manuel Fraga llamó, en diversas ocasiones y con urgencia, a José M.ª de Areilza para trasladarle su irritación al comprobar «que después de ofrecerles [a la oposición] un campo de juego con unas reglas fijadas con generosidad salgan ahora con el frente popular. ¡Se acabó la tolerancia; se acabó el autorizar reuniones y congresos!». Fraga tenía plena conciencia de que, ciertamente, la constitución de Coordinación Democrática desmontaba su estrategia respecto a la oposición, consistente en aislar a los comunistas y permitir discrecionalmente la actuación de la mayoría de los grupos de forma controlada. Ese mismo día se celebraron reuniones precipitadas en las que se trazó un plan de contraataque en el que se incluían secuestro de periódicos, alertas y amenazas a corresponsales extranjeros y telegramas a las embajadas, como en los mejores tiempos franquistas frente al «contubernio» de Munich en 1962. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores no se abstuvo de afirmar que «Fraga también es de los que cree a ratos que Franco está vivo todavía y que hay que considerar a la sociedad política española como algo que está esperando a que el Gobierno otorgue graciosamente sus reformas democráticas, a cuyo regalo se debe contestar con un diez de conducta».⁷⁷

En los círculos gubernamentales se produjeron distintos movimientos tendentes a impedir las detenciones pero fueron inútiles. A pesar de las advertencias que se le habían hecho sobre las consecuencias, Fraga no dudó ni un momento en seguir la vía represiva. El día 29, la policía se presentó en el despacho de Antonio García Trevijano y detuvo a los dirigentes de CD que estaban entregando el manifiesto a la prensa. Tras muchas gestiones de personalidades políticas, incluidos algunos ministros, las detenciones se redujeron a Marcelino Camacho, Nazario Aguado, José Álvarez Dorronsoro y Antonio García Trevijano. Pocos días después y con motivo de una manifestación proamnistía en Madrid, la fuerza pública detuvo a otros militantes comunistas, entre ellos a Ramón Tamames y Juan Antonio Bardem.

El gobernador civil de Barcelona, implicado en la dirección del proceso político más allá de su jurisdicción, envió varios despachos al ministro de la Gobernación recomendando la puesta en libertad de los detenidos. Ante su insistencia, Fraga le respondió tajante: «No vuelvas a plantearme esto. Ésa es una cuestión de mi incumbencia. Son mis “prisioneros” y los pondré en libertad cuando lo considere procedente para el bien del Estado».⁷⁸ Y es que la preocupación de Fraga era grande,⁷⁹ pues la unidad de la oposición desmontaba de cuajo su estrategia basada en impedir una alternativa democrática en la cual la izquierda tuviera un gran protagonismo. Para Salvador Sánchez-Terán, entre los objetivos de las detenciones destacaba la voluntad de advertir muy seriamente a los socialistas sobre su pacto con los comunistas y, a ser posible, deshacerlo; al mismo tiempo, se trataba de mostrar a una oposición con protagonismo creciente dónde estaba el poder y la autoridad. Por otro lado, en términos inmediatos, se trataba de torpedear la celebración del Primero de Mayo y, en último término, continuar reafirmando que «la calle es mía».⁸⁰

La coherencia de la actuación de Fraga aumenta cuando, además de tener en cuenta su cultura política autoritaria, se incluyen en las coordenadas de su actuación la convicción de que se debía evitar la inquietud del Ejército. En conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, Fraga argumentó que el Ejército no se movería ni intentaría nada en tanto que se le garantizara orden público, antiterrorismo y exclusión del partido comunista por lo que «necesito, por consiguiente [viene a decir] sacudir de vez en cuando al partido y meter en la cárcel a sus dirigentes. Ayer a Montero, hoy a Camacho. Mientras ese tono se mantenga, el Ejército no se opondrá a la reforma».⁸¹

La lógica es innegable pero también, como muchos temían, tales medidas reafirmaban una imagen de intolerancia y autoritarismo incompatible con las expectativas de cambio que a su vez el Gobierno pretendía generar. Tal imagen se percibió nítidamente en el extranjero. Cuando se constituyó Coordinación Democrática, el ministro de Asuntos Exteriores, José M.ª de Areilza, llamó al embajador alemán para decirle que el PSOE no estaba cumpliendo lo que pactó con la socialdemocracia en Bonn.⁸² El 2 de abril, un estrecho colaborador del ministro se puso en contacto con la embajada alemana para comunicarle que, al pactar con el partido de Santiago Carrillo, el PSOE había roto el pacto no escrito de aceptación de las reformas del Gobierno por el que éste les había permitido organizar el congreso de la UGT. Pero el SPD tenía información contrastada de la estrategia del PSOE y particularmente de las posiciones de Felipe González. Desde antes de la muerte de Franco, el SPD sabía que la relación de aquéllos con los comunistas no tenía otro fin que sumar fuerzas para ejercer presión sobre el Gobierno.⁸³

La misma repercusión negativa tuvo el perfil autoritario del Gobierno en España; en la prensa aparecían artículos, como los de José Antonio González Casanova, en los que se destacaba la estrategia del miedo, de tan larga trayectoria durante la dictadura franquista. El Gobierno había presentado las detenciones como una medida preventiva y en el artículo se decía: «Ya ha pasado el Primero de Mayo. ... ¿Dónde están esos diez mil comunistas que iban a invadirnos desde Portugal, según la sensatísima previsión de un diario tan serio y ponderado como Ya?»; el Gobierno en sus mensajes televisados presentaba las manifestaciones como «subversivas» y «revolucionarias», cuando en realidad habían mostrado «la serenidad de la oposición y el autocontrol de la clase obrera».⁸⁴ Los cálculos madurados por Fraga a lo largo de varios años se veían desbordados por la realidad, que no se adaptaba a su programa.

El catastrofismo y las amenazas formaron parte del discurso del vicepresidente del Gobierno a lo largo de aquellos seis meses de pulso entre Gobierno y oposición e incluso no fueron escasas las referencias a la guerra civil, pero ello no le impedía tener siempre presente que debía generar expectativas. Ciertamente, Manuel Fraga siempre intentó transmitir la imagen de que él controlaba la situación pero nada estaba más lejos de la realidad, de manera que intentó activar todos los circuitos de comunicación con una parte del espectro político catalán. En ese cometido el gobernador civil tenía un importante papel, algo que no debería sorprender teniendo en cuenta que Barcelona tenía un espacio central en la política gubernamental y que Fraga había definido el Gobierno Civil de Barcelona «como uno de los puestos más importantes y por lo mismo más difíciles del Estado español».⁸⁵

Indudablemente era así. Desde la primavera y, especialmente desde el verano de 1976, la prensa barcelonesa era reflejo de la vitalidad política existente en Cataluña, plasmada en la organización de conferencias políticas, debates y presentaciones.⁸⁶ Ése no era un fenómeno exclusivo de Barcelona, pero la prensa no reflejaba que algo parecido ocurriera en Madrid o en otras provincias, lo que puede ser considerado sintomático tanto del distinto ritmo existente en las dos capitales como de las características que la acción política tenía en Cataluña.

Barcelona, y con ella Cataluña, constituía la vanguardia del activismo democrático. Sánchez-Terán entendió rápidamente que la fuerza e importancia de los sectores dispuestos a defender las reivindicaciones democráticas eran muy amplios, de manera que se empleó a fondo para reconducir sus manifestaciones a las dimensiones de «lo aceptable políticamente»,⁸⁷ para lo cual era necesario negociar e intentar romper la unidad opositora. Sánchez-Terán entró en contacto con todo el espectro político catalán excluyendo el PSUC. En febrero, después del primer encuentro que había tenido con Jordi Pujol, Ramon Trias Fargas, Heribert Barrera y Josep Pallach justo después de hacerse cargo del Gobierno Civil, se volvió a reunir con Jordi Pujol, quien le pidió que no enviara la policía al congreso de CDC que se celebraría próximamente; como muestra de afabilidad, el gobernador civil respondió que «mandaré un policía, pero no para suspender o detener sino para proteger».⁸⁸ Pero el gobernador no consiguió romper el siempre dificultoso proceso de unidad de la oposición.

LA IRRUPCIÓN DE JOSEP TARRADELLAS Y LAS TENSIONES EN LA OPOSICIÓN CATALANA

La posición de la Assemblea de Catalunya y de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya de no implicarse en la acción unitaria española hasta que no se formara una única plataforma antifranquista forzosamente tuvo que cambiar desde que se creó Coordinación Democrática. En el seno de la oposición catalana se articularon dos grandes tendencias: por una parte, quienes, manteniendo su autonomía, querían participar plenamente e influir en el conjunto de la oposición española y, por otra, quienes preferían mantenerse al margen.

Las tensiones que generaron unas estrategias tan distintas se manifestaron desde el momento de la creación, el 18 de diciembre de 1975, del Consell de Forces Polítiques de Catalunya,⁸⁹ producto de la aceleración del proceso unitario del antifranquismo provocada por la muerte del dictador, que exigía reunir en un solo organismo todas las organizaciones contrarias al mantenimiento de la dictadura para lograr la máxima fortaleza posible y asegurar su operatividad. La constitución del Consell alteró la política unitaria catalana, no tan solo porque desde finales de 1975 la situación política estaba cambiando aceleradamente —por eso también se creó el Consell— sino también porque, a diferencia de la precedente Comissió Coordinadora, el Consell pretendió captar todo el protagonismo político y contrarrestar el gran peso de la izquierda, y en particular del PSUC, en la política catalana.

En realidad la mayor parte de partidos integrados en el Consell eran pequeños grupos, en algunos casos con una minúscula militancia y escasísima —o nula— presencia en los principales movimientos sociales, aunque en el seno del Consell gozaban del mismo peso que las organizaciones políticas más potentes. Algunos de estos grupos se habían mostrado recelosos ante la Assemblea de Catalunya, que consideraban una plataforma hegemonizada por los comunistas y «compañeros de viaje», y propensa a posiciones radicales. En el II Congreso del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya —RSDC—, celebrado en enero de 1976, se aprobó que uno de los objetivos de la organización en el nuevo período que se abría era situar el papel de la Assemblea de Catalunya en el lugar que le correspondía, que no era otro que el de la movilización popular, pero de ninguna manera de dirección de la negociación política.⁹⁰ Por otro lado, algunos grupos —en buena medida coincidentes con quienes pretendían restringir el papel de la AC— querían otorgar un importante papel al presidente de la Generalitat en el exilio, en el que veían un punto de apoyo que compensase su debilidad política, como se pudo comprobar rápidamente. Aunque el Consell urgía a «las plataformas unitarias y las fuerzas políticas de todos los pueblos del Estado español a acelerar el camino hacia un amplio entendimiento democrático»,⁹¹ la actitud de esas pequeñas organizaciones hicieron difíciles las relaciones de la oposición catalana con el conjunto de la oposición española.

Efectivamente, las relaciones entre la oposición a la dictadura en Cataluña y Josep Tarradellas no eran buenas como consecuencia del recelo del presidente exiliado a todas las iniciativas que no estuvieran bajo su control. Así lo sintetizaba Jordi Pujol: «Desde el exilio, Tarradellas escribía cartas contra Òmnium Cultural, contra Montserrat, contra Josep Benet, contra Anton Cañellas y contra todas aquellas instituciones o personas que podían sobresalir. Sentía una gran prevención contra los comunistas, que le venía de la época de la guerra y que le rebrotó cuando el PSUC lideró la política antifranquista en el interior. Le molestaba todo lo que pasaba en Cataluña en el ámbito de la resistencia y la recuperación de las libertades nacionales».⁹² Un buen ejemplo de ello es la «carta abierta a un miembro de la Assemblea de Catalunya residente en el interior», escrita en 1973, en la que, después de denunciar la falta de atención a la movilización obrera en la SEAT, en los párrafos finales amenazaba: «si el inmovilismo, la confusión y el folclorismo de la Assemblea de Catalunya continúa, me veré obligado antes de fin de año a publicar mi total disconformidad. ... [pues ha sido un error de sus dirigentes creer que] mi silencio de estos últimos tiempos era una conformidad a la política que llevan a cabo desde hace un año».⁹³

No hay duda de que la incomodidad por el papel de la izquierda, y en particular del PSUC, se vio alentada por la figura del presidente en el exilio. Desde el primer momento, Josep Tarradellas se había marcado como objetivo imponer su presencia activa en la oposición catalana, además de señalar quién era aceptable y quién no en su seno. Así, en junio de 1975, se suspendió la reunión prevista entre la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya y el presidente en el exilio porque Tarradellas hizo saber que no consideraba oportuna la presencia del representante del PSUC en la delegación que iba a visitarlo. La respuesta de la Comisión fue que la designación de sus representantes le correspondía solo a ella.⁹⁴ Tarradellas tuvo que aceptarlo, pero las reuniones fueron siempre tensas.

Las reservas de Tarradellas también se manifestaron respecto a Jordi Pujol cuando éste optó por la política activa pues veía en él un potencial liderazgo alternativo al que él quería desempeñar. Así, en las primeras páginas de su libro-dietario, Josep Tarradellas señala claramente a quienes consideraba sus adversarios principales del momento: el PSUC y Jordi Pujol. Refiriéndose a la constitución del Consell de Forces Polítiques de Catalunya afirmó: «empezaba la colaboración tácita entre los comunistas y Jordi Pujol que me causaría múltiples encontronazos».⁹⁵ De la misma manera afirmó que a finales de 1975 su voluntad firme era «hacer evidente que no se podría negociar con el Estado español sin la dirección de la Generalitat»,⁹⁶ es decir, sin él.

Meses después, los días 10 y 11 de abril de 1976, el Consell se reunió en París con el presidente exiliado. Sus resultados fueron plenamente satisfactorios para éste que escribió: «A partir de ahora, yo podía decir que tenía un Consell de Forces Polítiques. Pero si alguien pensaba que el Consell ganaba un presidente, se había equivocado».⁹⁷ Tarradellas se había propuesto como objetivo preliminar disciplinar la oposición catalana para que aceptara una posición de subordinación a su persona. No lo consiguió pero hizo mucho más difícil la acción unitaria. Así, en aquella reunión, el punto de mayor discusión fue la actitud que se debía adoptar ante la creación de Coordinación Democrática, prevaleciendo el criterio de que no se debía conceder a ésta un reconocimiento unívoco; ello dio lugar a un acuerdo ciertamente extraño pues se señalaba que «el Consell ha de propiciar la negociación y el pacto con los organismos de coordinación democrática del conjunto del Estado español —comprendida, claro está, “Coordinación Democrática”—»,⁹⁸ aunque en el comunicado no se citaba especialmente ningún otro organismo. Finalmente, el Consell —como había hecho inmediatamente la Assemblea de Catalunya— celebró la formación de CD, pero las dificultades estaban perfiladas en el horizonte.

Para los comunistas, que llevaban más de una década alimentando y mimando la acción unitaria, ésta era una nueva dificultad no prevista. Jordi Solé Tura, con una presencia creciente en los medios de comunicación en su calidad formal de catedrático de Derecho político y portavoz oficioso del PSUC, reiteró que si bien la mayor trayectoria de la unidad política en Cataluña se debía «al carácter fundamentalmente democrático de la cuestión nacional en nuestro país», no había solución democrática para Cataluña si no la había para toda España. Argumentaba lo que entonces era una realidad incontestable, que «el catalanismo como planteamiento político democrático no es separatismo», y que uno de sus objetivos básicos era «reestructurar el Estado sobre nuevas bases, quebrando el estéril centralismo burocrático y haciendo realidad el principio de la autonomía y del autogobierno a todos los niveles». Solé Tura consideraba que justamente por la mayor trayectoria del catalanismo éste debía ser más responsable: «ya sé que el problema de las nacionalidades se entiende mal fuera de ellas. Precisamente por ello una de las tareas principales de los catalanes es hacerlo comprender mejor situándolo en su justo terreno, que es el de la alternativa democrática articulada a nivel general».⁹⁹

Dada la asunción de las reivindicaciones autonomistas por las principales fuerzas de la oposición de ámbito estatal, las diferencias existentes en el seno del Consell de Forces Polítiques en relación a la política unitaria española se deben explicar en buena medida por otros factores al margen de la desconfianza sobre la sinceridad de la asunción de las reivindicaciones de autogobierno. Reagrupament Socialista i Democràtic, dirigido por Josep Pallach, criticó la declaración de Coordinación Democrática con el argumento de que significaba un retroceso en relación a la posición de la Plataforma de Convergencia Democrática sobre las nacionalidades, argumento que estaba en contradicción con la afirmación de Jordi Pujol de meses después, según la cual Coordinación Democrática fue la instancia política española que llegó más lejos en el reconocimiento de los derechos políticos catalanes.¹⁰⁰

El 21 de mayo, Coordinación Democrática y la Comisión Permanente de la Assemblea de Catalunya hicieron pública una declaración que, además de reafirmar el programa rupturista, ponía de manifiesto la asunción por parte de CD de «los planteamientos y reivindicaciones de la nacionalidad catalana que se concretan en el restablecimiento provisional de los principios e instituciones configurados en el Estatuto de Autonomía de 1932, y en la constitución de un Gobierno provisional de la Generalitat de Cataluña desde el momento en que se produjera la ruptura democrática». Al mismo tiempo la declaración señalaba que «ambas delegaciones coinciden en que la ruptura democrática, que debe conducir al restablecimiento de las libertades políticas y nacionales, solo será posible a nivel de todo el Estado y con el protagonismo del pueblo».¹⁰¹

La misma idea de que la ruptura solo sería posible si se producía al mismo tiempo en todo el Estado español se explicitó en el comunicado fruto de la reunión entre Coordinación Democrática y el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. El acuerdo tuvo que superar, sin embargo, las reticencias que plantearon Jordi Pujol y Heribert Barrera¹⁰² relacionadas con la referencia a la figura del presidente de la Generalitat en el exilio y que fueron superadas con la inclusión, en el comunicado conjunto, de una nota del Consell donde se afirmaba que el diálogo con CD «se configura en el marco de los acuerdos del Consell con el presidente de la Generalitat» del mes anterior.¹⁰³ La presión de Tarradellas más la voluntad de una parte del catalanismo, hasta entonces poco significativo, de afianzar su protagonismo, influyó en el añadido pero el hecho era que se estaban dando pasos en el camino de llegar a acuerdos que permitieran el autogobierno con la democracia. Así lo afirmaba el mismo Tarradellas, quien escribió en su dietario que «los representantes de la oposición española asumían en el fondo y en la forma las reivindicaciones que se reclamaban desde el momento de crearse la Assemblea de Catalunya».¹⁰⁴

Sin embargo, no todo fueron avances. Las dificultades internas en la oposición catalana también aumentaron por las tensiones en el espacio socialista. En mayo de 1976, Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya adoptó el nombre de Partit Socialista de Catalunya, reservando para sí mismo la exclusiva de tal denominación con las consecuencias que ello podría tener en el espacio socialista. Josep Pallach, al frente de Reagrupament del que formaba parte el sector de ERC encabezado por Heribert Barrera, propuso en el II Congreso celebrado en el mes de enero la formación de un Front d’Esquerres que debía englobar desde Convergència Socialista a Convergència Democràtica pero cuyo eje central lo formarían él mismo junto a ERC y Front Nacional de Catalunya,¹⁰⁵ quedando la primera como el ala radical de una formación de centro izquierda. No obstante, desde inicios de 1976 los acontecimientos se habían acelerado notablemente y Convergència Socialista de Catalunya —que se inscribía en el marco del socialismo mediterráneo alejado de la socialdemocracia del norte de Europa— tenía unos objetivos bien distintos; su proyecto de creación de un Partit Socialista de Catalunya no contemplaba la inclusión del grupo de Pallach, al que situaba mucho más a la derecha. El cambio de nombre de Reagrupament fue justificado desde dicha formación con el argumento de poder forzar una futura negociación,¹⁰⁶ pues la apropiación de la denominación PSC ponía en riesgo toda la operación impulsada por Convergència Socialista.

Para esta organización la maniobra de Pallach fue un auténtico revulsivo, que hizo ver a sus dirigentes la necesidad de avanzar rápidamente en la constitución de un partido. Para ello, como primer gran acto, organizaron para el 22 de junio un mitin bajo el lema «Guanyem la llibertat», que se convirtió en un punto de referencia socialista por la asistencia masiva que congregó en el Palau Blaugrana; meses después, el 31 de octubre y el 1 de noviembre se constituyó el PSC, de apellido Congrés.

El contencioso socialista enrareció las relaciones en el seno de la oposición catalana aunque, desde el primer día, las posiciones del resto de grupos respecto la cuestión quedaron claramente perfiladas. En el seno del Consell de Forces Polítiques de Catalunya se formaron tres grupos previsibles, pues reflejaban la dinámica que se había asentado desde su constitución. Reagrupament Socialista Democràtic de Catalunya, dirigido por Pallach, obtuvo el apoyo de Unió Democràtica, Esquerra Republicana y Esquerra Democràtica. Optaron por no pronunciarse Convergència Democràtica, Front Nacional y el Partit Socialista d’Alliberament Nacional, mientras Convergència Socialista obtuvo el apoyo del PSUC, el Partit Popular y el Partit Carlí. En cualquier caso, Convergència Socialista de Catalunya no podía aceptar de ninguna manera la apropiación de esas siglas y dejó claro que si el grupo de Pallach cambiaba de nombre debería solicitar nuevamente el ingreso en el CFPC, ingreso que ellos vetarían. Los socialistas encabezados por Joan Reventós presentaron la operación como una manifestación de la pugna entre ruptura y reforma, insinuando que lo acaecido no era más que el preludio de lo que podía suceder de forma inmediata si algunos partidos, como el dirigido por Pallach, optaban por inscribirse legalmente. Podía darse el caso entonces «de que el Ministerio que dirige el señor Fraga autorice un pretendido Partido Socialista Catalán —el de Pallach— y nos excluya a nosotros».¹⁰⁷ La crisis entre los socialistas no solo paralizó la actividad del Consell durante dos meses sino que a punto estuvo de producir una grave ruptura. Finalmente, Josep Pallach aceptó no tener la exclusiva de las siglas; el 6 de julio, en el Consell se aceptó la existencia de dos partidos socialistas: el PSC (ex Reagrupament), que pronto se convirtió en PSC-R, y el grupo encabezado por Joan Reventós, el PSC (Congrés).

A pesar de las tensiones en la oposición catalana, ésta conectaba plenamente con los sectores más dinámicos de la sociedad, todo lo contrario de lo que sucedía en el ámbito gubernamental, que no conseguía ganar adeptos. Por otro lado, como ya se ha visto, la situación del Gobierno se fue haciendo cada vez más difícil desde la primavera. Sin embargo, la oposición manifestó sin ambages su buena disposición para la negociación, consciente de que la mayoría «quiere cambios, pero que también quiere paz; que quiere libertades pero que también quiere orden».¹⁰⁸ En consecuencia, Coordinación Democrática hizo público a finales de mayo un comunicado en el que reiteró su disposición a pactar la ruptura democrática «con aquellos sectores o instituciones de poder que acepten el establecimiento de las libertades democráticas, como premisa para ir a unas elecciones a Cortes constituyentes, en la forma concreta especificada en su documento fundacional». Pero Coordinación Democrática opinaba que el Gobierno, «sumido en luchas internas que se reflejan en su incoherencia política, en descrédito creciente, propugna un programa de reformas, encaminado a secuestrar indefinidamente la libertad de la voluntad popular».¹⁰⁹

Las distintas formaciones políticas de la oposición insistieron en la voluntad de pacto si el objetivo era el establecimiento de la democracia. La ruptura pactada era presentada como el restablecimiento pleno y efectivo, sin discriminaciones, de las libertades democráticas, la legalización de los partidos, la aprobación de la amnistía para presos y exiliados, la convocatoria de elecciones libres en la que pudieran participar todos los partidos en igualdad de condiciones para elegir unas Cortes Constituyentes.¹¹⁰ A diferencia de lo que sucedía en el ámbito gubernamental, en el campo de la oposición se multiplicaron las voces en defensa de la ruptura pactada. Jordi Pujol —al que el gobernador civil quería como interlocutor privilegiado— y Miquel Roca ofrecieron una rueda de prensa en la que valoraron muy positivamente la propuesta política de Coordinación Democrática y señalaron que «CDC se encuentra en el campo futurista [sic] y desde esta perspectiva no puede entrar en una negociación marcada por las coordenadas de la reforma», aunque celebraba la idea de la negociación de la ruptura.¹¹¹ Pocos días después, Felipe González declaró que desde la oposición, desde Coordinación Democrática, se había dejado perfectamente claro que era necesario llegar a un cierto compromiso con sectores del poder político que realmente quisiesen ir a la democracia. Para el dirigente socialista existía, sin embargo, un doble problema: por un lado, saber si quienes desde el poder proclamaban una voluntad democrática realmente querían tal transformación, cosa que «no podía darse por cierta»; por otro lado, constataba que el Gobierno Arias no era «como tal, interlocutor válido para la oposición democrática. Las declaraciones del presidente del Gobierno son suficientemente expresivas para verificar este hecho».¹¹² Viniendo de quien venía, la afirmación no podía ser más demoledora.

Para que el proyecto Fraga hubiera podido avanzar hubieran sido necesarias como mínimo tres condiciones que la oposición antifranquista consiguió evitar: que la población se hubiese mantenido pasiva y la ausencia de conflictos hubiera permitido que los ritmos marcados por el Gobierno se hubiesen impuesto; que la oposición democrática se hubiese dividido, marginando a los comunistas y aceptando el terreno de juego marcado por el Gobierno; en tercer lugar, que éste hubiese conseguido el apoyo internacional necesario para asegurar la integración europea del régimen resultante. Ninguna de esas tres condiciones se dio. En el mes de junio la situación del Gobierno presidido por Carlos Arias se hizo insostenible. Las disputas internas aumentaron: mientras Fraga estaba obsesionado con evitar la ruptura, para Areilza el objetivo era consolidar la monarquía. Pero fracasó también por la propia limitación del proyecto reformista del franquismo, un proyecto desacreditado interiormente y crecientemente cuestionado desde el exterior respecto a sus reales intenciones democratizadoras últimas, por su incapacidad para vencer las resistencias continuistas, por la presión social prodemocrática y por la incapacidad para responder a la movilización con formas distintas a la violencia represiva —como había sido característico del franquismo.

El Gobierno Arias no solo se mostraba incapaz de empezar a superar la crisis y estabilizar la situación sociopolítica sino que la estaba agravando y comprometiendo, quizás de manera irreversible, a la monarquía. Las élites económicas estaban también inquietas por la inestabilidad política y la conflictividad social. La reforma del régimen se había mostrado inviable y, a aquellas alturas, Juan Carlos de Borbón era muy consciente de ello. El 1 de julio, Arias aceptaba presentar la dimisión y abrir así la vía a la formación de un nuevo Gobierno.

José Antonio González Casanova escribió en aquellos días que «se llegó a pensar como presidente incluso en Fraga». Pero eso «era no entender hasta qué punto quien caía no era tanto Arias como la estrategia Fraga». Era necesario alguien dispuesto a llegar a lo que se había convertido en inaplazable y «Suárez hizo lo único que, histórica y políticamente, puede hacer un hombre cuando sabe que él no representa nada si no hace lo único posible dentro de lo que el país exige».¹¹³

3

De la reforma al camino hacia la ruptura

LA DERROTA DE LA ESTRATEGIA fraguista, implícita en la caída del Gobierno Arias, comportaba que no existía otra alternativa para estabilizar el país y hacer frente a los grandes problemas del momento que abrir desde el Gobierno un proceso formalmente hacia la democracia, aunque lo que éste entendiera por democracia podía diferir sustancialmente de lo que entendía la oposición. ¿Cómo hacerlo? En pocos meses se pudo comprobar que la primera fase consistiría en forzar la legislación franquista para permitir la convocatoria de unas elecciones generales, mediante una fórmula en la que tuvo una intervención muy relevante el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda.

El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno fue recibido con críticas generalizadas en la oposición democrática, pero también con reservas en sectores identificados con posiciones reformistas. Ricardo de la Cierva, dos días después del nombramiento, escribió un artículo en el que explicaba la designación de Suárez por su creciente prestigio entre círculos «asesores» —aludiendo a banqueros y empresarios— y por «el apoyo casi incondicional de sectores vinculados al Opus Dei, que no están muertos sino agazapados». De la Cierva también conjeturaba que «este Gobierno querrá reformar y negociar. Pero será muy difícil que a la hora de la verdad se lo permitan las fuerzas reales que lo han forjado».¹ El ex jefe del Gabinete de Estudios sobre Historia en el Ministerio de Información y Turismo dirigido por Manuel Fraga utilizaba información de primera mano pero se equivocó, quizás porque ni los mismos que impulsaron el nombramiento de Adolfo Suárez, entre ellos Torcuato Fernández Miranda, podían prever la dinámica de los acontecimientos y la actuación de su patrocinado. No es de extrañar, el flamante nuevo presidente del Gobierno tampoco sabía en 1976 los perfiles concretos de la actuación a la que se vería abocado en 1977 si cumplía con su compromiso de crear las bases para la estabilidad política del país.

Algunas semanas más tarde, José Antonio González Casanova interpretó la designación de Suárez en otra clave: «¡por fin!, la derecha bancaria y lo más presentable del entramado de intereses económicos y políticos del franquismo se prest[a] a dar la cara y a pactar con los demócratas para ir, juntos a la ruptura negociada».² Aunque lo fundamental de su argumento era que, desde la muerte de Franco y teniendo en cuenta la presión popular:

la derecha bancaria y oligárquica no tiene más remedio que admitir la democracia, aunque, eso sí, procurando tener en ella la hegemonía, adelantándose a toda ruptura en la que ella no participe. ... Su ex franquismo es obvio por histórico, pero ahora esta derecha no es forzosamente involucionista. Ahora tiene que ser democrática para sobrevivir.³

Manuel Vicent, en su novela El azar de la mujer rubia, se refiere a la aparición de Adolfo Suárez en el primer plano de la escena política simulando el siguiente anuncio: «Se necesita joven político aguerrido, con sed de porvenir, sin ideas concretas de nada, que conozca el tinglado franquista por dentro, dispuesto a limpiar el estiércol de las cuadras, con experiencia en ventas...».⁴ Ciertamente, para generar expectativas, lo más urgente en aquellos momentos era que la imagen del Gobierno se alejara del búnker y transmitiera un perfil acorde con el liberalismo y la democracia.

Adolfo Suárez, que había sido director de TVE, hizo del medio su canal preferente de comunicación política. Al día siguiente de ser nombrado presidente del Gobierno, desde su casa y de forma distendida, se dirigió al país con un discurso aparentemente simple pero muy elaborado, que formalmente significaba una ruptura radical con la imagen que había transmitido el Gobierno Arias-Fraga en el medio año anterior. La importancia del discurso estaba en su retórica, ya que en su alocución se comprometía a todo y a nada, pero una parte de los espectadores podían interpretarlo como un compromiso con sus problemas. Así afirmó:

No pretendo anunciar un programa. Ésta es una tarea que corresponde al Gobierno. Solo decir que las preocupaciones de la nación son mis preocupaciones. Si a los españoles les preocupa encontrar un trabajo adecuado o que aumente el paro, a mí también. Si les preocupa, a pesar de todas las explicaciones estadísticas, la subida de los precios, por ejemplo, a mí también. Si les preocupa no encontrar en algunas zonas un puesto escolar adecuado para la educación de sus hijos, a mí también. Si la sociedad española aspira a una normalización democrática, vamos a tratar de conseguirla. ... Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una fórmula ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados.⁵

Esta misma táctica utilizó una semana después, cuando el presidente del Gobierno hizo pública una declaración política general en la que expresó su convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclamó su propósito «de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real». Por otro lado, se comprometió a hacer las reformas necesarias para celebrar unas elecciones generales antes del 30 de junio de 1977, con un referéndum previo sobre la «reforma constitucional», y anunció que «el diálogo con los grupos políticos afines y con los de la oposición, la aceptación de la crítica, el reconocimiento del servicio que a la comunidad presta la discrepancia civilizada, constituyen para el Gobierno normas elementales de conducta».⁶

Más allá de los discursos, la voluntad del nuevo Gobierno de romper con la dinámica de los meses anteriores se hizo visible rápidamente. La reivindicación de la amnistía había sido uno de los elementos movilizadores de la oposición que mayores apoyos había logrado y que se había traducido en grandes manifestaciones en las principales ciudades españolas. Por eso mismo, la promesa de una amnistía fue el punto de la declaración programática del nuevo Gobierno más destacado por la prensa.⁷

Sin embargo, proclamas y acciones políticas no iban de la mano; si el cambio de lenguaje era evidente y las promesas eran amplísimas —democracia, pluralismo—, lo más relevante era que la actuación gubernamental continuaba guiada por la reforma de las estructuras existentes y no por su desaparición. Así, el ordenamiento franquista continuó aplicándose de manera que las proclamas pro-democráticas iban acompañadas de nuevas detenciones y procesamientos por las mismas actividades políticas democráticas —asociación, reunión y manifestación—, que continuaban siendo ilegales. Además, en aquel mes de julio las Cortes aprobaron la reforma del Código Penal que pretendía asegurar la prohibición del Partido Comunista y cualquier grupo que pudiera ser considerado «totalitario», paradójicamente por parte de quienes seguían ostentando cargos en el Movimiento Nacional.⁸

UNA OPOSICIÓN FORZADA A RESITUARSE

Inmediatamente después de que Adolfo Suárez fuera nombrado presidente se celebró una reunión de Coordinación Democrática en la que sus integrantes coincidieron, según las notas del representante de UGT, en señalar que Juan Carlos de Borbón había prescindido de Carlos Arias atendiendo las propuestas de «personas de la oligarquía nacional y del gran capital norteamericano», igual que hubo consenso en torno a la debilidad del nuevo Gobierno «por lo que quizás se vea obligado a adoptar algunas medidas espectaculares —amnistía— o incluso a negociar con la oposición democrática».⁹ En efecto, la consecución de la amnistía se convirtió en símbolo de la ruptura con el franquismo. Coordinación Democrática había propuesto en el mes de junio la celebración de una semana de movilizaciones a favor de la amnistía, una convocatoria que quería compartir con las instancias unitarias de las nacionalidades y regiones. Finalmente, las movilizaciones se llevaron a cabo después del nombramiento de Adolfo Suárez, durante la semana del 4 al 11 de julio.

En los días previos a la convocatoria, se produjo un número creciente de adhesiones firmadas por organizaciones muy distintas entre sí, que iban desde asociaciones de amas de casa a entidades de prestigio académico. Al llegar la fecha señalada, el éxito de la convocatoria fue extraordinario en toda España y, particularmente, en Bilbao y Valencia. En Madrid y en Barcelona las manifestaciones fueron prohibidas y en esta última no fue posible realizarla hasta el día 29; más de diez mil personas se congregaron en el que se podía considerar el primer acto legal de la Assemblea de Catalunya, y corearon los eslóganes que se habían convertido en sinónimo de democracia. Al día siguiente, un decreto-ley establecía la «amnistía para los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión, tipificadas en el Código Penal y en las leyes penales especiales». El decreto entraba en una casuística detallada dado que no era ni quería parecer una amnistía general y no se aplicó a los condenados por delitos de sangre; en todo caso, comportó la salida de la cárcel de buena parte de los presos políticos existentes en España, aunque ello no impedía que los ahora liberados fueran de nuevo encarcelados si no se reconocían inmediatamente los derechos fundamentales. Ya en ese decreto, el Gobierno hacía suya, aunque fuera parcialmente, una reivindicación esencial de la oposición; también parcialmente utilizaba el lenguaje de la oposición, en particular incorporaba el concepto reconciliación.

Una semana antes, cuando se celebró la reunión de Coordinación Democrática citada anteriormente, sus dirigentes no celebraron un éxito tan importante. Tampoco el triunfo que había supuesto la caída de Arias-Fraga comportó euforia entre los dirigentes de la oposición y, entre las coordenadas que tuvieron en cuenta para la acción, estuvo presente la situación económica, calificada de dramática. En la reunión se apuntó que el Gobierno podía verse tentado de aplicar un nuevo plan de estabilización, con las consiguientes tensiones sociales. Según el testimonio del representante del sindicato socialista, algunas fuerzas, como el PCE, calificaron la situación como crítica, lo que si bien podía llevar a la inminencia de la ruptura, también hacía urgente que Coordinación Democrática intensificara los contactos con el Ejército y con la banca¹⁰ para garantizar la salida de la crisis.

Más allá de estos problemas de fondo, para la oposición era urgente hacer llegar al conjunto de la sociedad su análisis; para ello, una comisión compuesta por representantes del PSOE, PCE e Izquierda Democrática redactó un proyecto de documento que se aprobó el día 21, después de la declaración programática del Gobierno Suárez. Como era esperable el documento transmitía optimismo y, tras constatar el fracaso de una evolución hacia la democracia a partir de las instituciones heredadas del franquismo, se enfatizaba que

recurriendo a un lenguaje que evita referencias a las Leyes Fundamentales, y al pasado franquista, que habla de diálogo con la oposición y de amnistía, cediendo ante la impresionante movilización popular, así como las promesas liberales que contiene, demuestran que, incluso un Gobierno reaccionario como el actual se ve obligado a reconocer la fuerza que tiene en España la causa de la libertad que defiende la oposición democrática.¹¹

Manuel Ortiz, que fue jefe de Gabinete en Presidencia con Adolfo Suárez hasta que en la primavera de 1977 fue nombrado gobernador civil de Barcelona, hace referencia a este documento en su dietario de los dos años pasados al lado del recién nombrado presidente del Gobierno. En su opinión su contenido implicaba «el triunfo del sector más duro» de la oposición porque «exige la ruptura pactada como único camino viable para la democracia».¹² Cualquier analista llegaría a la conclusión contraria: el documento era muy moderado y mostraba la disponibilidad para la negociación aunque, claro está, ésta no entraba en las prioridades gubernamentales en aquel momento.

Coordinación Democrática ofrecía negociación y a ella le empujaba su propia composición; desde la perspectiva de las organizaciones de izquierdas, la incorporación de grupos que durante muchos años habían actuado en los márgenes de la estrecha permisividad franquista había sido decisiva para transmitir una imagen de amplia unidad, condición sine qua non para la negociación con el Gobierno, una vez que los sectores disponibles para la confrontación pero a la vez responsables habían constatado cuál era la correlación de fuerzas existente. También presionaban en aquella dirección sectores influyentes de la opinión pública; así una editorial de El País señalaba que

De poco vale enunciar alternativas si las condiciones para su realización resultan inencontrables. ... Cuando se trata de hacer política a corto o medio plazo, antes de discutir si un programa es deseable hay que examinar si es posible. No parece por eso sensato descartar por completo la viabilidad de que las transformaciones en el interior del sistema abran el camino hacia la democracia. La empresa es difícil, pero no imposible. Al Gobierno Suárez no hay que extenderle un cheque en blanco —a ningún Gobierno se le debe extender—, pero tampoco condenarlo de antemano, simplemente se le debe exigir que cumpla las promesas contenidas en su declaración programática, entre las que figura negociar con la oposición —con la oposición verdadera, y no con un puñado de jóvenes díscolos— el proyecto mismo de la reforma.¹³

Como las presiones a favor del posibilismo eran muy potentes, las fuerzas que durante años habían luchado por la democracia debían ser perseverantes para mantener el horizonte rupturista que proponía la oposición. En ese sentido a los comunistas, a la izquierda radical y a algunos grupos socialistas, crecidos en distintas zonas de España al margen del PSOE desde los años sesenta, se les abría un escenario nuevo que no era fácil de gestionar: sabían que la continuada movilización social en el espacio público era la única manera de evitar que algunos grupos y personajes destacados de la oposición atendiesen a los cantos de sirena gubernamentales; pero, por otro lado, también eran conscientes de que, aunque los sectores movilizados eran cada vez más amplios, todavía lo eran más aquellos de clase media y popular que, deseando la democracia, no estaban dispuestos a potenciales escenarios de inestabilidad.¹⁴ El fantasma de la guerra civil, tan cultivado durante décadas por el franquismo, estaba presente en el imaginario colectivo. En definitiva, las diferencias no eran de matiz aunque la capacidad que mostró Adolfo Suárez para ganar credibilidad hizo que el contenido y el tono de los comunicados de Coordinación Democrática marcaran «un nuevo estilo en la posición de la platajunta».¹⁵

Por otro lado, la velocidad de los acontecimientos y la necesidad de múltiples reuniones para tomar cualquier decisión comportaban que en el seno de la oposición los debates de fondo, que implicaban diferencias, quedaran sistemáticamente aplazados. Efectivamente, la actividad política fue frenética incluso en la primera mitad del mes de agosto. El día 5 se celebró una reunión de amplio espectro de la oposición política en la conocida como «cena de Aravaca»¹⁶ en la que se volvieron a hacer evidentes las tensiones entre la oposición movilizada durante el franquismo y aquellos otros sectores de perfil moderado que estaban decididos a influir en el nuevo escenario, manteniendo contacto tanto con la oposición que estaba saliendo de la clandestinad como con el Gobierno. Ello no fue obstáculo para que los reunidos transmitieran a la prensa una imagen de unidad, imprescindible para negociar: «La reunión de Aravaca ha servido para que varios sectores de la oposición estudiaran las posibilidades de acción conjunta, cara a septiembre, y para clarificar las posiciones de los distintos partidos ante la nueva fase que ha abierto el cambio de Gobierno». En la información de prensa se señalaba que, según la mayoría de los presentes, las conversaciones «prospectivas» que el presidente del Gobierno estaba teniendo con algunas personalidades de la oposición no influirían «en el proyecto de ruptura pactada que ha aglutinado en los últimos meses a la mayor parte de la oposición democrática»; contrariamente, en la reunión «se estudiaron los presupuestos previos sobre los que articular un Gobierno provisional capaz de dirigir el proceso constituyente».¹⁷

Por su parte, el Gobierno hizo todo lo posible para propiciar la división de la oposición. Adolfo Suárez inició pronto la fase de «diálogo» —que no de «negociación»— y se reunió el día 10 de agosto con Felipe González. La Comisión Ejecutiva del PSOE publicó una nota en la que se constataba «la buena disposición del presidente para la consecución de un régimen verdaderamente democrático [aunque] esta buena voluntad debe probarse con hechos», al tiempo que se reafirmaba el protagonismo de Coordinación Democrática en la negociación que debería producirse.¹⁸ Pocos días después, en unas jornadas socialistas en El Escorial, Felipe González afirmó que debía quedar claro que «lo que se negocia no es la reforma, sino la ruptura».¹⁹ Respecto a aquella reunión son de interés las anotaciones de Alfonso Osorio, según el cual el presidente del Gobierno había catalogado al dirigente socialista como «hombre inteligente, españolista y patriota. Está de acuerdo en hacer un rápido cambio hacia la democracia sin insistir excesivamente en si éste se produce por la vía de la reforma o por la vía de la ruptura, puesto que entiende que lo importante no es el procedimiento, sino el objetivo a conseguir». El entonces vicepresidente del Gobierno igualmente apunta, en relación a la legalización de los partidos políticos, que Felipe González había manifestado que, como demócrata, debía defender la legalización de todos ellos pero que «no vincula su futuro al del Partido Comunista».²⁰

Al día siguiente, Suárez se reunió con Jordi Pujol y Josep Pallach.²¹ Jordi Pujol se convirtió en un interlocutor privilegiado del Gobierno, tanto en Barcelona como en Madrid. Rodolfo Martín Villa había establecido relación previa con él a través de su hermano, con quien había mantenido contactos profesionales; mientras fue gobernador civil de Barcelona la relación continuó y Salvador Sánchez-Terán hizo lo propio. La estrategia de la reforma política implicaba dos tácticas y dos tratamientos distintos: uno para los grupos que pretendían la continuidad del régimen anterior; otro para las fuerzas políticas de la oposición.²² Respecto a ésta, como en todos los ámbitos, Suárez jugó distintas cartas en paralelo con un único objetivo: dividirla. Por su parte, Jordi Pujol mantuvo abiertas todas las vías aunque su discurso no era ambivalente. El 31 de julio, visitó a Sánchez-Terán en su despacho oficial del Gobierno Civil de Barcelona y le planteó «la necesidad de proceder rápidamente al retorno de Tarradellas como presidente de la Generalitat, y al estudio de la forma jurídica de adaptar y volver a poner en vigor el Estatuto del 32».²³ A mediados de agosto —y aprovechando la estancia veraniega del ministro de Gobernación en Cambrils— Martín Villa, Sánchez-Terán y Pujol volvieron a entrevistarse. Este último llegó al convencimiento de que el Gobierno no entraría en contacto con Josep Tarradellas, aunque estaba dispuesto a plantearse la toma de algunas decisiones respecto a temas concretos, como la posibilidad de considerar la lengua catalana cooficial en Cataluña en igualdad con el castellano, tal y como establecía el Estatuto de 1932.²⁴

Pasado el verano, la oposición tuvo muchas dificultades para tomar la iniciativa debido a las divergencias internas. El 4 de septiembre se celebró en Madrid una reunión de las instancias unitarias de toda España con el objetivo de crear un único organismo representante del conjunto de la oposición. Así se reunieron, por un lado, Coordinación Democrática, que había convocado el día anterior una reunión con los representantes de las distintas Coordinaciones Democráticas de las Regiones para consensuar las posiciones existentes y, sobre todo, para que aceptaran ser representadas por ella²⁵ y, por otro, los organismos unitarios de Cataluña, Euskadi, Galicia, Valencia, Canarias y Baleares.

En la reunión, a la que asistieron 96 personas, se puso de manifiesto la imperiosa necesidad de la unidad de la oposición y entre sus conclusiones figuró el reconocimiento de los «derechos políticos de las nacionalidades y regiones». De la trascendencia de la cuestión territorial es buena muestra el hecho de que la reunión se planteara como autoconvocada por cada uno de los asistentes y que fuera presidida por una Mesa integrada por un miembro de cada una de las instancias unitarias presentes.²⁶ Antes de comenzar las sesiones de trabajo propiamente dichas, y dada la atención que el acto había despertado —la prensa lo presentó como la primera reunión unitaria de la oposición en cuarenta años—, Joaquín Ruiz-Giménez analizó el momento político, que calificó de grave y difícil pues:

Se yuxtaponen en este instante de la transformación de España el tránsito de un Estado autocrático a un Estado genuinamente democrático; de un Estado centralista, a otro que recoja las legítimas aspiraciones a la autonomía de los pueblos del Estado español; y el tránsito de una sociedad con graves injusticias sociales, a otra donde predominen los criterios de igualdad y equidad.²⁷

En dicha reunión se aprobó la creación de la Plataforma de Organismos Democráticos —POD—, encargada de elaborar un programa político que recogiera los puntos básicos de la ruptura democrática y de negociar con el Gobierno Suárez las condiciones de la transición hacia la democracia. A continuación, las nueve instancias unitarias de las nacionalidades y regiones asistentes expusieron sus propuestas, coincidiendo en la necesidad de unidad de la oposición, en la reivindicación del derecho a la autonomía de las nacionalidades con sus respectivos estatutos y en la voluntad de impulsar un proceso constituyente. Como había enfatizado Miquel Sellarés, en nombre de la Assemblea de Catalunya, era imprescindible la articulación unitaria de la oposición, la apertura a la negociación, con un objetivo final rupturista que debía contemplar las autonomías de las nacionalidades, lo que, para Cataluña, se concretaba en el restablecimiento del estatuto de 1932 y la constitución de un Gobierno provisional de la Generalitat.²⁸

Pocos días después, el Gobierno presentó su proyecto político sintetizado en una única ley, la Ley para la Reforma Política, que inició rápidamente su paso por las instituciones franquistas. Torcuato Fernández Miranda utilizó sus atribuciones como presidente de las Cortes para aplicar el procedimiento de urgencia al proyecto de Reforma Política del Gobierno, con lo cual anulaba en parte la utilización de tácticas dilatorias por parte de los procuradores contrarios a la reforma. Ante los recelos y desacuerdos de una parte de la Cámara, Fernández Miranda defendió que solo era improcedente el procedimiento de urgencia si se negaba la necesidad o la conveniencia de la reforma.

Cuando se hizo público el proyecto de Ley para la Reforma Política se pudo comprobar que, formalmente, no tenía en cuenta los planteamientos de la oposición pero era suficientemente ambigua como para que sus sectores más moderados e incorporados recientemente se inclinaran por algún tipo de acuerdo. Coordinación Democrática hizo pública una declaración en respuesta al proyecto de reforma del Gobierno Suárez. Con un lenguaje claro que pretendía llegar con nitidez a la opinión pública, reconocía que «el Gobierno actual, con su proyecto de reforma política, ha realizado el máximo esfuerzo de que es objetivamente capaz, dentro de las instituciones autoritarias del Régimen, al llegar a reconocer expresamente que la soberanía política reside en el pueblo y que el sufragio universal es la única fuente de legitimidad del poder». Sin embargo, eso no era suficiente, pues España estaba experimentando «una profunda crisis del Estado autoritario, que solo puede superarse con un auténtico proceso constituyente que determine las instituciones democráticas del Estado». Por eso, el programa que presentaba Coordinación Democrática se sintetizaba en:

Gobierno de amplio consenso democrático, reconocimiento de los derechos políticos de nacionalidades y regiones, libertades políticas y sindicales sin exclusiones, amnistía total, aplicación de un programa económico concertado contra la inflación y el paro y apertura de un proceso constituyente que, tras un plazo razonable de ejercicio de todas las libertades públicas y mediante consulta popular y convocatoria de una Asamblea Constituyente, resuelva la forma de Estado y la forma de Gobierno.²⁹

Al mismo tiempo que rechazaba el proyecto de reforma, la oposición reiteraba su voluntad de negociar. Pero, como fue habitual en aquellos meses, el Gobierno prescindió de su existencia de cara a la opinión pública. Aunque Adolfo Suárez dedicaba una parte de su tiempo a reunirse con los líderes opositores y, por otra parte, estaba atento a las propuestas de la oposición, su manejo de las prioridades y de los tiempos hacía que su actitud pública fuera de ignorancia; tiempo después argumentó que ello era imprescindible para desactivar las resistencias del búnker. Para la oposición, el problema era que esa desatención provocaba nerviosismo en sus filas y, dada su diversidad interna y en contra de lo que había sucedido durante la primavera, en lugar de hacerse más fuertes las posiciones unitarias, se manifestaban las tensiones abiertamente. A los pocos días de la publicación del documento antes citado, el conflicto estalló ante la elección de Antonio García Trevijano —que se había convertido en una figura de referencia de la inicial Junta Democrática— como representante de Coordinación Democrática —junto con Simón Sánchez Montero— para la siguiente reunión con las plataformas unitarias de las nacionalidades, a celebrar el día 25 en Valencia. El rechazo del PSOE a García Trevijano motivó que el socialista Enrique Múgica abandonara la reunión al considerar que no se tenían en cuenta sus posiciones. Así, aunque en la capital del Turia se pusieron las bases para que «la oposición democrática tenga una sola voz para negociar con los poderes del Estado y movilizar pacíficamente a los ciudadanos»,³⁰ las dificultades eran notables. Con todo, el 23 de octubre se constituyó la Plataforma de Organismos Democráticos (POD).

El 8 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional del Movimiento aprobó el informe preceptivo sobre la Ley para la Reforma Política, proponiendo una serie de modificaciones restrictivas que la desvirtuaban. El Gobierno no atendió sus propuestas y un mes después las Cortes aprobaron el proyecto de ley sin cambios significativos respecto al texto original, con lo que visibilizó ante la opinión pública una voluntad gubernamental de cambio. Ello aceleró los movimientos en el interior de la clase política franquista, siendo el más destacado la formación de Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, una agrupación que aunque se autocalificaba de reformista rechazaba el reformismo gubernamental que, según sus argumentos, estaba cediendo excesivamente a las exigencias de la oposición en un escenario que teñía con tintes catastrofistas.³¹ La radicalidad de Alianza Popular favorecía la posición gubernamental al permitirle aparecer en el centro del espacio político.

Días antes de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las organizaciones sindicales convocaron una huelga general para el 12 de noviembre que comportó una recuperación del protagonismo de la oposición y de la calle en el proceso de cambio. El Gobierno otorgó especial relevancia a la convocatoria obrera y se impuso como objetivo impedir su éxito a toda costa, tanto para frustrar el reforzamiento de la oposición como para mantener la imagen de control sobre la situación política, imprescindible incluso a muy corto plazo, ya que se producía a cuatro días del debate en las Cortes sobre la Ley para la Reforma Política. El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, ha explicado en sus memorias la preparación minuciosa que se hizo en el Ministerio para hacer fracasar la huelga, o al menos para que así lo pareciera. Se formó el equivalente a un gabinete de crisis, en el que estaban representados todos los departamentos ministeriales y todos los organismos significativos para la cuestión, desde Correos a Televisión Española. Ésta era importante porque el mismo Martín Villa había afirmado que lo que era imprescindible era que el Metro funcionase, porque del resto se ocuparía la televisión.³²

El Gobierno afirmó que la huelga había fracasado y su discurso caló en la opinión pública pero la realidad fue distinta; ciertamente, los sindicatos y con ellos los partidos antifranquistas no consiguieron que la huelga paralizara el país, pero los participantes han sido evaluados en más de un millón, una cifra indudablemente muy significativa que suponía que había sido la movilización más importante desde la instauración de la dictadura franquista. Hay que destacar que, a pesar de cómo fue presentada por los medios de comunicación y después interpretada interesadamente, la huelga del 12 de noviembre convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales no tenía unos objetivos explícitamente políticos; así, las medidas tomadas por el Gobierno el 8 de octubre —como la supresión del art. 35 de la Ley de Relaciones Laborales aprobada meses antes por el entonces ministro de Trabajo, José Solís— reducía notablemente la capacidad de defensa de los trabajadores. Pero en efecto, el hecho de que los paros afectasen sobre todo a la industria y mucho menos a los servicios facilitó la labor minimizadora del Gobierno, aunque éste fuera consciente de la importancia de la huelga y de la necesidad de observar permanentemente la actuación de la oposición. En cualquier caso, tras la jornada del 12 de noviembre, se abrió paso una situación determinada por un «equilibrio de fuerzas» que podía considerarse también como un «equilibrio de debilidades» que forzaba al compromiso.³³

Días después se celebró la votación en las Cortes sobre la Ley para la Reforma Política. El voto fue nominal y reflejó la incapacidad de los sectores continuistas para impedir su aprobación. Los votos a favor fueron 425, los contrarios 59 —significativamente entre ellos la mayor parte de los procuradores militares— y hubo 13 abstenciones. El resultado no fue reflejo de la voluntad de los procuradores franquistas de transitar hacia un régimen democrático, sino de la incapacidad de una clase política gris, acomodaticia y de edad media avanzada para oponerse al Gobierno. La batalla dentro del régimen la habían ganado claramente los reformistas. Adolfo Suárez había tenido claro desde su nombramiento que para su estrategia reformista era imprescindible, por un lado, anular políticamente la resistencia de los franquistas continuistas en las instituciones del Estado, y por otro, ser capaz de atraer a buena parte de la oposición antifranquista, para lo cual, a su vez, era necesario ganarse la opinión pública, aumentando el margen de confianza y generando expectativas posibilistas. La aprobación de la Ley para la Reforma Política significaba que Suárez había conseguido culminar el primero de su objetivos.

Paralelamente, en la Plataforma de Organismos Democráticos se elaboró el programa que debía servir de base para la negociación con el Gobierno. El 27 de noviembre se celebró una concurrida reunión en el despacho de Raúl Morodo, en la que actuó como moderador Enrique Tierno Galván; participaron cincuenta y seis personas entre las que se contaba una única mujer, la dirigente comunista Francisca Bosch, en representación del organismo unitario de las Islas Baleares.³⁴ Después de un amplio debate se designó la ponencia encargada de redactar las conclusiones y que estuvo formada por Joaquín Satrústegui, Josep Benet, Enrique Múgica, Enrique Barón, Francisco Fernández Ordóñez y José María Gil Robles. El documento aprobado en Valencia el 25 de septiembre³⁵ fue la base para la redacción del programa de nueve puntos que, desde entonces, se convirtió en la base de referencia de la oposición.³⁶

Un evento importante en la dinámica de los acontecimientos del momento fue la celebración del XXVII Congreso del PSOE el 5 de diciembre, todavía en situación de ilegalidad pero no de clandestinidad, que permitió a los socialistas presentarse en sociedad con un apoyo democrático internacional extraordinario. De hecho, la Internacional Socialista dejó claro en aquel congreso que el PSOE sería su único referente oficial en España, en detrimento de otras organizaciones socialistas que, aunque con una militancia no muy numerosa, habían tenido mayor presencia en la década anterior. En aquel congreso se manifestó la dualidad de que hizo gala el partido durante todo el proceso de transición de la dictadura a la democracia: un discurso radical, en el que se reafirmó el carácter marxista, obrero y republicano del partido; al mismo tiempo, su máximo dirigente, Felipe González, desgranaba planteamientos muy moderados, que traslucían su disponibilidad para participar en el proceso político que impulsaba el Gobierno.

Paralelamente, la oposición no había dejado de observar la capacidad que estaba mostrando el Gobierno de Adolfo Suárez para aumentar su audiencia entre amplios sectores de la población. En opinión del dirigente comunista, Jaime Ballesteros, el hara-kiri de las Cortes franquistas había sido posible por la pérdida de influencia del búnker militar que había permitido que los cuadros del Ejército apoyaran al Gobierno que, así, reforzó su capacidad de presión sobre unos procuradores, fácilmente corruptibles con promesas de distinto tipo. Para Ballesteros el cuadro quedaba completo si a ello se sumaba que «las finanzas han pensado que la mejor manera de conseguir mantener su dominio era la reforma» además de que Suárez había contado con el apoyo de la diplomacia americana y europea.³⁷ La explicación podía ser más simple: las Cortes franquistas eran una institución estructuralmente subordinada al Gobierno, buena parte de sus miembros debían su condición de procuradores a la designación gubernamental y, además, muchos ocupaban cargos en la Administración y en empresas públicas.

En cualquier caso, la aprobación de la Ley para la Reforma Política reforzó al Gobierno. La oposición optó por propugnar la abstención en el referéndum con distintos argumentos; el PCE daba por supuesto que el Gobierno obtendría buenos resultados pero consideraba que la estrategia de la oposición debía estar orientada al día después y, en ese sentido, la denuncia del marco en que el referéndum se celebraba —sin libertades, con el control gubernamental de los medios públicos de comunicación— servía para poner en evidencia, tanto a nivel interior como internacional, los límites de la política gubernamental.³⁸ Otros sectores se declararon no concernidos por la propuesta: se trataba de una ley franquista aprobada por las Cortes franquistas destinada a modificar las leyes del franquismo. Así por ejemplo, la UGT señalaba que el Gobierno «polariza los términos de la consulta en torno a su propia opción, excluyendo deliberadamente cualquier otra alternativa, y en particular la de la oposición democrática, que es la apertura de un auténtico proceso constituyente con participación de todas las organizaciones representativas de la voluntad popular».³⁹

La dirección comunista, que había apostado por una continuada movilización social como única manera de presionar al Gobierno y a los sectores más moderados de la oposición, consideró que se entraba en una etapa nueva. Santiago Carrillo, fiel a su trayectoria de cambios tácticos, e incluso estratégicos, sin muchas explicaciones, dio un giro al discurso político acorde con su visión de lo que estaba sucediendo. El 23 de noviembre, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió por primera vez en España⁴⁰ y trazó las líneas maestras de la situación política. La batalla a partir de aquel momento la situaba Santiago Carrillo en torno a las libertades: «Tenemos que apretarles» y «la denuncia del referéndum como no democrático tiende a obligar al gobierno a ir más lejos en las concesiones de cara a las elecciones». El secretario general del PCE afirmó que «no podemos seguir la lucha contra el régimen franquista tras la aprobación de la reforma. Y tenemos la inercia de la lucha antifranquista».⁴¹

Su traducción al escenario catalán la proporcionó Antoni Gutiérrez Díaz; días antes de Navidad, el dirigente comunista encabezaba las notas sobre la situación política que debía desarrollar en el Comité Ejecutivo del PSUC con un contundente «hemos pasado del franquismo a la reforma», por lo que era necesaria «una resituación general de la oposición»; ello significaba enmarcar los objetivos rupturistas en un nuevo escenario que, forzosamente, exigía nuevos organismos unitarios: la Plataforma de Organismos Democráticos cedería el paso a un organismo más ejecutivo como la Comisión de los Nueve. Antoni Gutiérrez destacaba que en él estarían presentes, además del PCE, los representantes de las «nacionalidades» y las organizaciones sindicales, garantía de componentes rupturistas básicos; por otro lado, aunque envolvía su argumento en el lenguaje triunfalista frecuente entre los comunistas, no dejaba de constatar que las reivindicaciones serían «más ambiguas aunque alcanzables, no testimoniales sino realistas, de acuerdo con la correlación de fuerzas».⁴²

Fue después del referéndum del 15 de diciembre cuando el PCE empezó a reformular qué era la reforma y qué era la ruptura. En diciembre, la «reforma» era sinónimo de un proyecto de democracia «recortada» en tanto que la «ruptura» lo era de democracia plena.⁴³ Desaparecía así la noción de ruptura no solo como resultado del proceso sino también como procedimiento del proceso, empezando por la constitución de un Gobierno provisional. El PCE se convirtió en el mejor aval del pacto por la ruptura. Miquel Roca ha defendido en distintas ocasiones que quienes tenían más claro en la oposición que del impasse que provocaba el equilibrio de fuerzas entre franquismo y antifranquismo solo se salía con un pacto eran los comunistas y que, por lo tanto, jugaron la carta de la ruptura pactada en la que la Comisión de los Nueve tuvo un importante papel.⁴⁴

Así, al margen de las declaraciones de distintos grupos, el objetivo del gobierno provisional o de amplio consenso desaparecía definitivamente de la agenda política de la oposición, y la legalización de todas las fuerzas políticas y sindicales y las condiciones de celebración de las elecciones se convertían en los puntos centrales de la negociación con el Gobierno. Con estas premisas, la pelota se situaba en el tejado gubernamental y Adolfo Suárez tenía que demostrar que estaba dispuesto a sobrepasar los límites del proyecto reformista, que debía contemplar el establecimiento de una democracia plenamente homologable a las de Europa occidental, lo que era lo mismo que contemplar una ruptura completa con el orden franquista. Si no era así, si el horizonte era una democracia con restricciones y exclusiones importantes, contaría con el apoyo de quienes continuaban defendiendo el mero reformismo, que contemplaba la reforma del régimen pero no su desaparición, pero tendría enfrente a todos los demás. Como señaló Miquel Roca, en los primeros días de 1977 los reformistas del régimen, «una vez liberados de la presencia de los Arias, Fraga y compañía, han intentado y a veces conseguido hacer suyas algunas reivindicaciones de la oposición democrática», particularmente habían destacado en la apropiación semántica de la terminología democrática, pero «los engañadores se engañan a sí mismos si no entienden que detrás de sus victorias avanza imparable el aliento de la Libertad Democrática», y si ha mejorado su imagen «ha sido en la medida que se acerca, de hecho y de derecho, a los planteamientos democráticos».⁴⁵

LA POLÍTICA UNITARIA CATALANA EN CRISIS

En el documento de Coordinación Democrática del 21 de julio, ya citado, se hacía referencia a los encuentros que sus miembros habían mantenido con representantes de las plataformas de las nacionalidades y regiones, encaminados a la unidad orgánica y de acción de toda la oposición, pues estaban de acuerdo en que la negociación con el Gobierno debía ser colegiada, en el sentido de que CD debía coordinarse «previamente con los organismos de las nacionalidades y con otros partidos políticos de la oposición democrática», lo que comportaba un reconocimiento del policentrismo del momento. Explicitar el reconocimiento de la importancia de la acción opositora en la periferia peninsular y, particularmente en Barcelona, era imprescindible para reforzar las posiciones de las fuerzas que en Cataluña sostenían los planteamientos unitarios. Así, el Secretariado de la Assemblea de Catalunya había necesitado una larga reunión extraordinaria para decidir la asistencia al encuentro del 2 de julio con Coordinación Democrática. Las fuerzas políticas que habían sostenido la AC desde su creación defendían, como escribía el PSUC, que «sin ruptura no sería posible la restauración del Estatut de 1932 ni el autogobierno del pueblo catalán, y que la ruptura solo se alcanzaría con la unidad de todos los pueblos de España». Es más, los comunistas catalanes consideraban que los partidos y las instancias unitarias catalanas debían convertirse en promotores activos de la unidad de la oposición española, y así acelerar el proceso rupturista, al tiempo que debían «garantizar que el cambio democrático satisfará las aspiraciones nacionales de Cataluña, garantía que estará vinculada, en una medida u otra, a la participación de Cataluña en los futuros órganos democráticos de poder de ámbito estatal».⁴⁶

Como en los meses anteriores, las dudas de algunas fuerzas catalanas estaban vinculadas a la figura de Josep Tarradellas, que estaba aprovechando el espacio simbólico en el que le había situado la oposición en Cataluña. Para los partidos catalanes, la Generalitat en el exilio era la continuadora de la abolida por la fuerza en 1938 y, por lo tanto, depositaria de su legitimidad histórica. Después de varias décadas de dictadura, el desconocimiento entre la población de la figura del presidente en el exilio había llevado a los partidos catalanes a presentar el retorno de Josep Tarradellas como una forma de visibilizar la restauración de la Generalitat, que era la cuestión fundamental. Él consideró, sin embargo, que ello le situaba en una posición de preeminencia y no dudó en intervenir siempre y cuando fuera necesario para reforzar su papel.

Las divergencias en el seno de la oposición catalana, que en la segunda mitad de 1976 adquirieron una dimensión pública, giraron así en torno al papel que estaba dispuesta a ceder a Tarradellas y a la relación con Coordinación Democrática. Algunos grupos del centro-derecha catalanista vieron en el apoyo a Tarradellas una manera de ampliar su margen de maniobra, que podría ser importante porque algunos de sus representantes estaban recibiendo incitaciones desde el Gobierno para negociar directamente.

A lo largo del mes de julio el pulso fue intenso. Ya el día 7, después de que la Assemblea de Catalunya participase en una reunión en Madrid con Coordinación Democrática y otras instancias unitarias, Josep Tarradellas hizo unas declaraciones en las que volvía a afirmar que los partidos catalanes «no deben dialogar ni con los partidos españoles ni con los organismos unitarios españoles, porque ellos tienen sus problemas, pero no tienen los nuestros».⁴⁷ Para el PSUC, las opiniones del presidente exiliado entraban en contradicción con las bases programáticas tanto del Consell de Forces Polítiques como de la Assemblea de Catalunya.⁴⁸ La divergencia no era nueva pero alcanzaba dimensión pública y añadía tensión en las relaciones en el seno de la oposición catalana.

El 11 de julio se reunió la Permanente de la Assemblea de Catalunya —setenta y dos delegaciones y más de un centenar de personas— a la que, sin embargo, no asistieron EDC, CDC, UCD y PSC-R. Josep Pallach fue beligerante y claro al precisar el motivo de fondo de la ausencia: en su opinión la Assemblea debía ser «un órgano de movilización popular y no de dirección política»; por otra parte, no aceptaba el acuerdo de la AC de concertar una reunión con Coordinación Democrática sin el beneplácito del CFPC y el presidente en el exilio.⁴⁹ El dirigente socialdemócrata era uno de los más firmes partidarios de formar, como reclamaba Tarradellas, una Assemblea Nacional Provisional para superar las diferencias entre la Assemblea de Catalunya y el Consell de Forces Polítiques; también apoyaba al presidente en el exilio en su voluntad de ser él quien nombrara los componentes de dicha Assemblea entre los candidatos que le propusieran las organizaciones. Por su parte, Jordi Pujol visitó al presidente en el exilio para comunicarle que tenía el apoyo de CDC.⁵⁰

En aquella escalada, el PSUC reunió a su Comité Ejecutivo dedicando una parte de la reunión a analizar el influjo de Tarradellas en la política unitaria. En ese sentido, y para dar contundencia a su posición, Antoni Gutiérrez Díaz afirmó que cuando en el exilio Josep Tarradellas fue elegido presidente de la Generalitat, tres de los nueve votos que obtuvo procedían del PSUC, que había reconocido su tarea a lo largo de aquellos años, pero que ello no significaba que debiera ocupar la presidencia después de la ruptura pues lo que se propugnaba era una reinstauración de los principios del Estatut de 1932 no su literalidad. En síntesis, no querían «un Perón catalán».⁵¹ Y partiendo de estas bases, el PSUC fue en aquel momento la única organización que se opuso a la estrategia del presidente.

A finales de julio, Treball daba a conocer la posición comunista con el explícito título de «Por qué no aprobamos la Assemblea Nacional Provisional que sugiere el Sr. Tarradellas»: rechazaba tanto la posible desaparición de la Assemblea de Catalunya y del Consell de Forces Polítiques como que los partidos estableciesen «relaciones de dependencia» con el presidente de la Generalitat; tampoco aceptaba que los partidos traspasasen «sus responsabilidades específicas al frente de la lucha de las masas populares de Cataluña y en la promoción del acuerdo o la coordinación de aquella lucha con la que libren las fuerzas democráticas del conjunto del Estado español». Tampoco consideraban aceptable «el método de designación de la ANP», que Tarradellas había formulado en una nueva entrevista periodística, y que consistiría en el nombramiento por su parte de los delegados «a partir de una terna presentada por las organizaciones». El PSUC denunciaba esta fórmula como profundamente antidemocrática, «porque permitiría al President de la Generalitat condicionar una cosa tan estrictamente propia de las organizaciones como es la designación de las personas que les deben representar».⁵² El secretario general del PSUC, Gregorio López Raimundo, había declarado en la prensa que «El procedimiento de designación que se propone daría al señor Tarradellas poderes superiores a los de Franco en este terreno».⁵³

En la cumbre del 4 de septiembre entre Coordinación Democrática y los organismos unitarios existentes en distintos territorios, a la que ya se ha hecho referencia, no acudió el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, lo cual fue un nuevo motivo de tensión con la Assemblea de Catalunya y dentro del CFPC. En la reunión del Consell celebrada el 31 de agosto, los representantes de CDC, EDC, ERC, Front Nacional, UDC y PSC (exReagrupament) se habían pronunciado contra la asistencia a la reunión de Madrid, ante la posición favorable del resto de organizaciones (PSUC, PSC-Congrés, Partit Popular de Catalunya, Partit Carlí, PSAN). El conflicto solo se podía entender como una nueva manifestación de la tensión entre la derecha y la izquierda catalana.

Efectivamente, la Assemblea de Catalunya había asistido a la reunión porque en ella prevalecían las posiciones de la izquierda, que defendía la implicación catalana en la articulación unitaria de la oposición española. En el Consell la correlación de fuerzas era distinta; al estar formado exclusivamente por partidos políticos, la presencia de los grupos nacionalistas de centro-derecha determinaba una correlación de fuerzas distinta. A las fuerzas nacionalistas les tentaba la posibilidad de aprovechar la movilización de la izquierda catalanista para pactar con el Gobierno Suárez una salida que presentaban vinculada a la figura de Josep Tarradellas. Aunque tampoco la unidad era plena entre ellas; si bien los cuatro partidos más moderados de la oposición catalanista habían ido estudiando la posibilidad de crear un frente común, existía entre ellos una diferencia fundamental, que tomaría toda su fuerza a finales de año: Jordi Pujol no quería cerrar la puerta a acuerdos con la oposición española; así se había reunido con Santiago Carrillo y de dicho encuentro Pallach, Trias Fargas y Barrera se enteraron posteriormente.⁵⁴

En cualquier caso la izquierda no estaba dispuesta a facilitar un acuerdo de los sectores más posibilistas con Suárez. Para el Comité Ejecutivo del PSUC, la negativa a participar en los encuentros de toda la oposición española debilitaba a las fuerzas democráticas catalanas porque, «volviéndonos de espalda a las fuerzas que luchan por la libertad en el resto de España, los catalanes perderíamos una gran parte de nuestra fuerza y nos excluiríamos nosotros mismos de unas negociaciones que solo pueden dar buenos resultados si son obra de las fuerzas conjuntas de la oposición de toda España». Para el PSUC una negociación separada no podría llevar a la ruptura y era descabellado considerar posible «conseguir el Estatut de 1932 con el actual Gobierno, con las leyes y las instituciones heredadas de Franco, es decir, antes y al margen de la ruptura». Contrariamente, Coordinación Democrática daba «un apoyo inequívoco a la reivindicación de un Gobierno Provisional de la Generalitat y a la entrada en vigor del Estatut de 1932 desde el momento de la ruptura».⁵⁵

La división en el Consell comportó que dejara de actuar como interlocutor de la oposición política española y la Assemblea de Catalunya asumiera en exclusiva dicho papel. Ello no significaba que el pulso se hubiera decantado a favor de la izquierda, al contrario, porque en un escenario de creciente libertad en la prensa como el existente en 1976, los medios de comunicación adquirieron un gran protagonismo y, en ese marco, los líderes de grupos muy pequeños podían tener una presencia pública muy notable. Sin embargo, la presión de la calle continuó siendo el arma fundamental de la izquierda para hacer oír su voz.

Los medios de comunicación también intervinieron en las tensiones en torno a la negociación de las reivindicaciones de autogobierno. Especialmente polémico fue el editorial «Autonomía y nacionalidades» que publicó El País el primer día de septiembre; en el texto, más allá de atacar con cierta virulencia las interferencias de Josep Tarradellas en la relación entre los partidos catalanes con Coordinación Democrática, se establecía una relación casi directa entre la utilización del término nacionalidades y un sorprendente «derrumbarse por la pendiente de la disgregación gratuita del Estado español», afirmando que

del centralismo torpe y justamente odiado no podemos pasar a un periferismo disgregador, cantonalista y paleto. Si el pueblo catalán —como otros pueblos del Estado español— desea un régimen de autonomía habrá que ir a por ello como ya se hizo antaño. Pero, hoy por hoy arbolar sin encomendarse ni a Dios ni al diablo la bandera autodeterminadora, y pretender ir con ella hasta las puertas de la Presidencia del Gobierno a reivindicar, no pasa de ser el fruto del sueño de la razón.

Por ahí no se va a la reconciliación nacional, ni a la construcción de la democracia para todos, ni a la reforma, ni a la ruptura pactada, ni a ninguna parte. Por ahí no se va ni a la autonomía. Por ahí se va al pretexto, tan frecuentemente alentado por los servicios secretos, para que alguien decida poner orden en el manipulado y artificioso «caos nacional».⁵⁶

El artículo provocó un gran malestar en la oposición catalana y reforzó a aquellos que por convicciones o intereses partidistas propugnaban una vía negociadora propia al margen del resto de la oposición. En relación al editorial, Ya titulaba una crónica desde Barcelona «Los catalanes dolidos», señalando que existía la opinión de que «una vez más, en Madrid, desde la izquierda hasta la derecha más intransigente, pasando por el centro, no entienden el problema de las nacionalidades. Que es lo mismo que no entender el problema de España».⁵⁷

En Tele/eXprés, José Antonio González Casanova, en tono moderado, calificó muchas de las afirmaciones vertidas en el editorial de «precipitadas y sentimentales» y, lo que consideraba más grave, mostraban la incomprensión de la relación de la política catalana con la institución de la Generalitat, no con la persona concreta que la representaba, que no era otra que la continuidad institucional histórica.⁵⁸ Pocos días después volvía a insistir sobre la cuestión y señalaba que

El nacionalismo español parte de la idea francesa y revolucionaria de nación, mientras que el catalán coincide con la idea alemana y tradicional de nacionalidad. ... Pero mientras el nacionalismo español considere, afrancesadamente, que toda nacionalidad pide un Estado propio, seguirá expulsando del proyecto estatal español a los nacionalistas catalanes y no entenderá que un Estado plurinacional es la mejor base para un futuro nacional unitario.⁵⁹

En un tono igualmente muy comedido, con ganas de restaurar puentes, se pronunció Josep Benet, muy crítico con Tarradellas y defensor de la estrategia unitaria de la oposición catalana y de su relación con el conjunto de la oposición española. El que sería el senador más votado de España en las elecciones de 1977 constataba el estupor y la tristeza que había producido el artículo, teniendo en cuenta la atención que el diario dedicaba a la actualidad catalana. Aquél era «un escrito que por el tono y por parte de su contenido recuerda textos aparecidos en la prensa del Movimiento». Benet se preguntaba si para criticar la posición del señor Tarradellas «¿era necesario utilizar los términos con que lo hace?», una pregunta obviamente retórica. Por otra parte, el editorial había apuntado como elemento de autoridad «que ante la cuestión catalana conviene ... repasar algunas nociones de bachillerato» y ello, evidentemente, llevaba a Benet a poner el dedo en la llaga de la malformación que el franquismo había alimentado durante décadas:

Porque la cuestión catalana hace siglos que existe y no ha sido resuelta. Y mientras no lo sea no podrá llegarse a una auténtica convivencia fraternal dentro del Estado español. Ahora bien, para resolverla es necesario afrontarla tal como es, y no tal como se desea que sea. ... Y que esté tranquilo el editorialista y deje de manejar el espantajo del separatismo y de hablar de Estado federal. Porque las instancias unitarias catalanas han expuesto muy claramente cuáles son sus ambiciones en esta hora de reconstruir la democracia. Son muy modestas. La Assemblea de Catalunya, en su punto tercero, las expresa así: restablecimiento provisional de las instituciones y de los principios configurados en el estatuto de 1932. Es decir, los principios configurados en un texto que reconocía a Cataluña atribuciones autonómicas mucho menores de las que disfruta un Länder alemán o un estado de los Estados Unidos de América. Esto tan modesto es lo que piden, en esta hora, las instancias unitarias catalanas. Es peligroso, pues, que se publiquen artículos que puedan contribuir precisamente a la creación del clima de caos nacional al que el diario alude. Seamos todos responsables en esta hora difícil.⁶⁰

El editorial se convirtió en un punto de atención para todos aquellos que apostaban por mantener abiertos todos los puentes, más cuando en los días siguientes el mismo diario publicó una serie de seis artículos de Eduardo García de Enterría que, con el título aséptico de «La cuestión regional. Una reflexión», abogaba por poco más que una descentralización administrativa con planteamientos tecnocráticos. El autor no dudó en empezar aquella tribuna afirmando que pocos problemas resultaban más serios y graves que el que suscita el tema regional,⁶¹ y en acabar propugnando que el sistema regional debía ser general y no particularista o excepcional, es decir, «debe regionalizarse el país entero y no solo algunas regiones, las que invocan un particularismo cultural», pues de lo contrario podían generarse «un aspecto de privilegio».⁶²

Artículos como los anteriores venían a reforzar las posiciones de quienes argüían incomprensión de la «cuestión catalana» en el resto de España, lo que exigía negociar directamente con el poder a través de Josep Tarradellas, como ya se ha dicho. El 3 de octubre se celebró en París una reunión, la primera, entre representantes de la Assemblea de Catalunya y Josep Tarradellas. De la reunión solo salió el acuerdo de buscar las fórmulas que hiciesen posible «alcanzar una sola voz para Cataluña». Dos semanas después, se reunió la Permanente de la Assemblea para examinar tanto el texto acordado en París como el de la reunión en Valencia con Coordinación Democrática, reapareciendo las divergencias internas. La causa volvía a ser la posición a tomar en relación a la participación en los organismos unitarios a nivel estatal. Se había producido ya, en la última reunión de Coordinación Democrática del 23 de octubre, la constitución formal de la Plataforma de Organismos Democráticos, como suma de Coordinación Democrática, los organismos unitarios de las nacionalidades y regiones, y de grupos políticos de nueva formación, de perfil muy moderado, que mayoritariamente hasta aquel momento habían permanecido al margen de las instancias unitarias; en total sumaban unas ochenta organizaciones.

La creación de la POD ampliaba formalmente la unidad, aunque, al mismo tiempo, el grado de heterogeneidad de sus integrantes dificultaba la adopción de posiciones comunes y, particularmente, debilitaba el peso de los grupos procedentes del antifranquismo más combativo. Éstos, sin embargo, hicieron una valoración positiva de la formación de la POD pues propiciaba lo fundamental: presionar al Gobierno. En el documento programático, al tiempo que reafirmaba la opción rupturista frente a la reforma, se mostraba la disponibilidad para la negociación: «negociación pública y unitaria de la oposición con los poderes del Estado previa garantía del libre funcionamiento de todas las organizaciones políticas y sindicales, para la instauración del programa político aquí definido».⁶³

Por lo que afecta a Cataluña, una representación de Coordinación Democrática se había trasladado a Barcelona por segunda vez para reunirse con el CFDC y solemnizar de forma rotunda la asunción de «los planteamientos y reivindicaciones de la nacionalidad catalana que se concretan en el restablecimiento de los principios e instituciones configurados en el Estatuto de 1932 y en el establecimiento de un Gobierno provisional de la Generalitat de Catalunya». Como hemos visto anteriormente, entre los nueve puntos del programa aprobado por la POD aparecía el

reconocimiento de las aspiraciones a Estatutos de autonomía de las nacionalidades y regiones que los reivindiquen y que se doten de la organización política adecuada para garantizar su proceso autonómico durante el periodo constituyente del Estado, restableciéndose provisionalmente, para los casos específicos de Cataluña, Euskadi y Galicia, los principios e instituciones configurados en sus Estatutos, aprobados o plebiscitados y formando sus respectivos Gobiernos de autonomía.⁶⁴

Pero las tensiones continuaron porque los sectores políticos catalanes que defendían una negociación separada y encabezada por Tarradellas y, a la vez, una mayor predisposición al reformismo gubernamental, encontraron un aliado beligerante en algunos grupos de la izquierda radical que se habían convertido al tarradellismo, posiblemente porque los comunistas catalanes aparecían como la única fuerza que rechazaba abiertamente los planteamientos del presidente exiliado. La izquierda radical consideró que era más «rupturista» la opción Tarradellas, denunciando por enésima vez la posición del PSUC como «reformista». Un debate intenso entre Antoni Gutiérrez y Empar Pineda, representante del Movimiento Comunista (MC) en la Assemblea, podría ser considerado muestra de las divergencias en la política unitaria catalana.⁶⁵ El dirigente comunista había afirmado que su partido no confiaba en una sardana idílica bailada alrededor de Tarradellas, y la dirigente maoísta le contestó que ellos tampoco estaban dispuestos a bailar ningún chotis reformista.

El aumento de las divergencias, en especial alrededor del papel de Tarradellas como «voz pactante única» en nombre de Cataluña, llegó a preocupar a la dirección comunista, que el 27 de octubre envió una carta interna a sus comités y organizaciones, donde afirmaba que

las tentaciones reformistas que aparecen en algunos grupos de centro y de derecha, y la entrada en la Assemblea de grupúsculos izquierdistas, puede crear en su seno presiones maximalistas en las reivindicaciones políticas y nacionales que, aparentemente más rupturistas y justificadas por la falta de consecuencia democrática de ciertas organizaciones, tienden a alejar de hecho las posibilidades de la unidad real para la ruptura pactada y aislar de hecho el potencial rupturista de la Assemblea.⁶⁶

Gregorio López Raimundo, en una entrevista publicada en el Diario de Barcelona del 15 de noviembre, expresaba con claridad dónde se situaba desde su perspectiva la clave de la cuestión: las dificultades existentes para alcanzar la «voz pactante única» no derivaban principalmente de divergencias sobre el objetivo a alcanzar, sino de la voluntad de los líderes de ciertos partidos que aspiraban a la hegemonía en el futuro régimen democrático, a lo cual se añadía, por los mismos motivos, la voluntad de convertir en centro de la política catalana «al President de la Generalitat en el exilio, Sr. Tarradellas, que propugna la negociación separada con el Gobierno Suárez y se opone a la articulación de la oposición catalana con las fuerzas democráticas del resto de España».⁶⁷

La publicación en Destino de un artículo de Tarradellas que, al tiempo que reclamaba un papel central en la política catalana, venía a apoyar la política de Suárez no hacía más que reforzar aquella convicción. En verdad, que cuando públicamente Adolfo Suárez había rechazado sistemáticamente la negociación con la oposición, Tarradellas afirmase que el Gobierno «ha actuado hasta hoy no como quisiéramos nosotros, pero tampoco sin cometer errores fundamentales, planteando problemas y procurando resolverlos», podía ser leído no tanto como capacidad de análisis —cierta— sino como apoyo interesado al Gobierno. Su distanciamiento respecto a la oposición no era implícito sino explícito cuando rechazaba las alternativas conjuntas que proponía la POD, que «no representa nada desde un punto de vista de pacto o negociación de la ruptura o el cambio [por lo que] pienso que el Gobierno jamás pactará con ellas». Afirmaciones como aquéllas eran una buena muestra de que Josep Tarradellas no tenía la menor intención de colaborar con las organizaciones y organismos unitarios que durante la dictadura se habían movilizado por reivindicaciones sociales y políticas, entre ellas por el autogobierno, sino que exigía que toda actuación se supeditara a su estrategia para volver a Barcelona: «El Gobierno debe saber que la única voz pactante es la del presidente de la Generalitat de Catalunya —voz en la que tienen que estar de acuerdo todos los partidos catalanes de oposición ... ya que éste es el único conducto por el que Cataluña puede integrarse a una nueva democracia española. A la única democracia posible».⁶⁸ Su actitud, que Josep Benet sintetizó en la expresión «yo o nada»,⁶⁹ hizo más tensa las relaciones en el seno de la oposición catalana.⁷⁰

Así, no fue fácil que a finales de noviembre en la Assemblea de Catalunya se ratificara el programa de la POD, pues las diferencias entre las organizaciones mayoritarias daban espacio a los alegatos de los grupos más radicales, según los cuales el punto sexto era insuficiente y contradictorio con la reivindicación del Estatut de 1932. Los debates en torno a cada punto se eternizaban a no ser que algún participante, como en aquella ocasión el representante del popular barrio del Turó de la Peira, planteara argumentos como «o cogemos los fusiles o negociamos. Quizás la gente de mi barrio sería más partidaria de coger los fusiles, pero no sabe cómo sacarlos de los cuarteles y, por lo tanto, es necesario negociar».⁷¹ Ante las críticas a la formulación que, se decía, no garantizaba la consecución del Estatuto, el sector mayoritario en la Assemblea arguyó que era necesario distinguir entre los objetivos irrenunciables —amnistía, libertad y estatut— y los procedimientos para alcanzarlos, en palabras de Antoni Gutiérrez Díaz. Con él coincidía Miquel Roca, quien había participado activamente en la reunión de la POD y argumentaba que si la Assemblea de Catalunya no estaba presente en Madrid, el Estatuto sería más difícil de conseguir.⁷² Finalmente, el PSUC consiguió que su posición a favor de la POD obtuviera la mayoría⁷³ y, momentáneamente, la Assemblea de Catalunya salió fortalecida después de que se aprobara unánimemente la propuesta de extender por toda Cataluña la campaña «Volem l’Estatut», con un fuerte contenido didáctico en aquellas zonas de mayor concentración de población inmigrada.

Quizás convenga insistir en que las tensiones que experimentaba la política unitaria en Cataluña eran, en buena medida, resultado de la recomposición de espacios políticos, de la articulación de nuevos grupos y de la toma de posiciones de cara al futuro. Así, por ejemplo, el 1 de noviembre se había constituido el PSC-Congrés, que en la primavera siguiente firmaría los acuerdos con la Federación Socialista Catalana-PSOE, lo que supondría la confluencia de unas militancias socialistas con perfiles muy diversos. Por otro lado, a finales de aquel noviembre, Convergència Democràtica intentó clarificar sus propuestas y la política de alianzas ante la percepción de inquietud en lo que consideraba su base social. El 25 de noviembre, Jordi Pujol pronunció una conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona con la que pretendía aclarar la opción que representaba. El texto resultante es de interés porque en él fija su posición en un momento clave de la transición.

Aunque a finales de 1976 Pujol consideraba que la política unitaria catalana estaba en crisis, CDC no tenía intención de precipitarla. Para reafirmar su argumento, ponía como ejemplo que, a pesar de no compartir una parte de su contenido, habían firmado el documento del CFPC crítico con la reforma Suárez que, a su entender, era el documento más radical de todos los realizados en los últimos dos meses por cualquier organismo unitario, «más que el de Coordinación». Lo firmaron porque les parecía que era importante «salvar la política de unidad y mantener el instrumento que en un momento determinado nos puede ser útil [de] cara a las cuestiones internas de Cataluña y [de] cara a nuestra negociación fuera de Cataluña». También se declaraba a favor de la ruptura, aunque prefería que ésta fuera negociada para evitar situaciones de radicalidad; reconocía que se estaba avanzando hacia la ruptura, aunque fuera parcial, «gracias a la presión popular y gracias a la movilización», aunque era necesario continuar porque «sin un mínimo de ruptura no tendríamos ni democracia, ni Estatuto ni recuperación de toda una serie de atribuciones y de áreas de poder». Apostar por la ruptura también contribuía al «consensus catalán».⁷⁴

En aquel momento de 1976 Jordi Pujol empezaba a considerar que finalmente sería inevitable el choque con Josep Tarradellas. En ese sentido quiso dejar claro ante los militantes y simpatizantes de la organización que Convergència siempre negociaría con quien fuera necesario para conseguir los objetivos que consideraba fundamentales, porque no sabía con quién sería posible obtenerlos. CDC negociaría con todos, «con la gente de la oposición, con la gente catalana, con la no catalana y con la gente del Gobierno».⁷⁵

Así, Jordi Pujol no escondía que jugaba todas las cartas, aunque desde finales de año fue decantando su posición a favor de sumarse a la negociación unitaria española cuando, finalmente, el Gobierno estuvo dispuesto a negociar. En este sentido, aunque Jordi Pujol explicitó que, desde el principio, Coordinación Democrática había sido la instancia política española que llegó más lejos en el reconocimiento de los derechos políticos de autogobierno para Cataluña,⁷⁶ en septiembre no consideró oportuno participar en las reuniones de la POD pues —afirmaba— los líderes de los grandes partidos de Coordinación públicamente hacían unas propuestas que después no mantenían cuando llegaba la hora de la negociación. Según Jordi Pujol, ésa fue la causa de que, aunque seguir —según sus palabras— en la línea radical de Coordinación Democrática era más positivo para las reivindicaciones catalanas, CDC prefiriera no participar en la POD y sí intentar «incidir de verdad y sin quedar prisioneros de nada en las áreas de auténtica influencia».⁷⁷ Poco tiempo después, sin embargo, defendió haber participado activamente en la «cumbre autoconvocada» por la oposición celebrada en Madrid el 27 de noviembre, que había aprobado el programa básico de la oposición y cuyo punto 7 hacía referencia a la necesidad de institucionalizar políticamente todos los países y regiones que constituyen el Estado español.⁷⁸ Cuando el 1 de diciembre se formó la que sería conocida como la Comisión de los Nueve, Jordi Pujol fue designado como el representante catalán; para su elección fue fundamental la posición comunista que vio en aquella elección, además, la posibilidad de romper el bloque que, con todas las salvedades, Pujol había formado con Pallach y Barrera dentro del Consell.

Convergència, como todas las fuerzas catalanas significativas de aquel momento, pretendía cambiar la estructura centralista del Estado español con el reconocimiento del autogobierno de las nacionalidades históricas pero en una perspectiva de cambio global. Así, en una mesa redonda celebrada en Madrid el mismo día 9 de diciembre, Jordi Pujol, después de afirmar el carácter plurinacional de España, señaló que la cuestión regional no debía centrarse en problemas económicos o de vestigios históricos; «Cataluña se ha declarado en su mayoría federalista o autonomista. Nos oponemos a una solución del tipo cantonalista», propugnando un modelo parecido al italiano aunque destacando la trascendencia de la recuperación del autogobierno en Cataluña que, señalaba, debía ir vinculada al «desarrollo político, democrático y social de toda España».⁷⁹

Jordi Pujol tenía en cuenta tanto el escenario catalán como el español. En Barcelona, las jornadas de movilización convocadas por la Assemblea de Catalunya para los días 6, 7 y 8 de noviembre coincidiendo con el quinto aniversario de su formación, la entrada nuevamente en escena de numerosos conflictos obreros y, especialmente, la convocatoria de la huelga del 12 de noviembre habían comportado una recuperación del protagonismo de la oposición y de la calle en el proceso de cambio. En sentido contrario, en Cataluña los resultados del referéndum de la Ley para la Reforma Política fueron archivados rápidamente por la oposición, considerando que la abstención había sido suficiente habida cuenta de la intensa campaña desarrollada por el Gobierno en los distintos medios de comunicación; se destacaba, en particular, que en la ciudad de Barcelona la abstención había alcanzado el 37 %. Por otro lado, la derrota del «no» había sido aplastante, de manera que Suárez no podría utilizar la amenaza del «búnker» en su relación con la oposición. De que el inmovilismo había sido derrotado era una buena muestra la metamorfosis que estaban experimentando los franquistas catalanes; desde entonces, Laureano López Rodó se presentó en la nueva sociedad política como un dirigente político catalán.

ENTRE EL RÉGIMEN ESPECIAL Y TARRADELLAS

En la declaración programática de su gobierno, el 16 de julio, Adolfo Suárez dedicó un epígrafe al «hecho regional». Nada nuevo, también lo había hecho Carlos Arias; sin embargo, en éste como en otros temas la música era distinta; en el sexto de los 10 puntos desarrollados se decía que

El Gobierno, consciente de la importancia del hecho regional, reconoce la diversidad de pueblos integrados en la unidad indisoluble de España. Su política, a este respecto, es la de facilitar la creación, a través de las leyes, de aquellos instrumentos de decisión y representación que propicien una mayor autonomía en la gestión de sus propios intereses y en desarrollo de los valores peculiares de cada región.⁸⁰

Que el tema estaba entre las preocupaciones del Gobierno lo confirmó años después un hombre de la entera confianza de Adolfo Suárez, Manuel Ortiz, que como jefe de Gabinete en Presidencia compartía las inquietudes cotidianas del presidente; Ortiz señaló que los tres problemas urgentes de la Administración del Estado eran en aquel momento: la reforma de esa misma Administración con relación a la estructura humana del Movimiento Nacional; en segundo lugar, «los sentimientos regionalistas, reprimidos con mano de hierro después de la guerra, [que] aparecían ahora como una amenazadora asignatura pendiente» y, en tercer lugar, las relaciones laborales.⁸¹

Sin embargo, el desconocimiento de Suárez de la realidad catalana propició un error de bulto. El 28 de agosto, Adolfo Suárez, en una entrevista de Paris Match, fue preguntado sobre la posibilidad de cursar el bachillerato en vasco o catalán, a lo que el presidente del Gobierno respondió: «Su pregunta (perdóneme) es tonta. Encuéntreme primero profesores que puedan enseñar química nuclear en vasco o catalán, etc. Seamos serios».⁸² Los diarios españoles de 2 de septiembre recogieron las «precisiones» del Gabinete de Prensa de la Presidencia del Gobierno, según las cuales algunas de las opiniones publicadas en el semanario francés no reflejaban el pensamiento del presidente; algo desmentido al día siguiente por el autor del reportaje, quien había declarado a Avui que, a través de Manuel Ortiz, el presidente le había hecho llegar su satisfacción por la objetividad del reportaje; el periodista añadió: «He de entender que si los catalanes no hubieran protestado no se habría registrado este cambio de opinión».⁸³

El domingo, 29 de agosto, se reunió la comisión permanente de la Assemblea de Catalunya, afirmándose en el comunicado de prensa posterior que «estas declaraciones demuestran la continuidad en la actitud anticatalana por parte del Gobierno actual», al tiempo que se señalaba que podrían convertirse en un estímulo para la afirmación nacional catalana, en el mismo sentido en que lo fueron los votos de 18 concejales barceloneses en contra de una subvención municipal de 50 millones en favor de la lengua y cultura catalanas del año anterior.⁸⁴

En ese escenario, el equipo de Suárez, y particularmente Sánchez-Terán, se apresuró a corregir el error. Si la defensa de la lengua catalana era una reivindicación extendida, el gobernador civil pronunció en dicha lengua algunas palabras y declaró que el catalán sería cooficial. Al mismo tiempo, si el cese del alcalde Viola se había convertido en un clamor en Barcelona, éste sería obligado un tiempo después a dejar la plaza de Sant Jaume, mientras que en el antiguo palacio de la Generalitat, el presidente de la Diputación, Juan Antonio Samaranch, se aprestó a utilizar públicamente la lengua catalana y a reconocer el Institut d’Estudis Catalans.

Es en ese marco de acercamiento a Cataluña como se puede entender que Rodolfo Martín Villa se trasladara en los primeros días de septiembre a Barcelona y se entrevistara con 13 personas representativas de 12 «familias» políticas, excluyendo a comunistas y nacionalistas radicales, la más relevante de las cuales era Jordi Pujol. El Gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano para dar el máximo papel público a personas y a siglas, algunas de las cuales no habían tenido ni tenían relieve político. Con ello estos grupos conseguían una presencia pública imprescindible para un potencial papel político y, al mismo tiempo, el Gobierno limitaba el impacto de la acción unitaria de la oposición. Sin embargo, los socialistas dirigidos por Joan Reventós no aceptaron reunirse con el ministro alegando que los contactos Gobierno-oposición debían establecerse a través de los organismos unitarios existentes.⁸⁵

La visita a Barcelona de Rodolfo Martín Villa tuvo lugar poco después de la transmisión a los gobernadores civiles de los criterios que debían aplicar en relación a los partidos políticos, unas pautas por otro lado predecibles; el ministro señaló que «para los “nuestros”» debía ser plena la aceptación personal e institucional; respecto a los demás grupos políticos, «hasta el PSOE incluido, se aplicaría tolerancia personal e institucional». En cuanto al Partido Comunista, «la intolerancia sería tanto personal como institucional». Y ante los situados a la izquierda del PCE «se ejercería rabiosa intolerancia».⁸⁶

En el pulso político que se estaba desarrollando, la fecha del 11 de septiembre aparecía como un momento importante. El Gobierno tomó el reto de la celebración de la Diada de 1976 como «un test en Cataluña de la credibilidad democrática del Gobierno Suárez y de su actitud ante la autonomía catalana».⁸⁷ La actuación de Salvador Sánchez-Terán en relación a la autorización de la concentración de la Diada fue muy meditada: aunque desde su perspectiva el Gobierno debía autorizar la conmemoración, su actitud aparecería como muy inflexible en los requisitos, para favorecer así que los convocantes aceptaran unas condiciones que, desde la perspectiva gubernamental, fueran asumibles dado su objetivo de transmitir una imagen de cambio. El gobernador civil se negó a autorizar la celebración en el parque de la Ciutadella de Barcelona pero los convocantes insistieron en reclamar la ubicación barcelonesa, por lo que «a medida que avanzaban los días, la tensión crecía y la preocupación aumentaba en Madrid y Barcelona».⁸⁸

Gobierno y oposición catalana tenían, sin embargo, interés en que la manifestación pudiera realizarse. El Gobierno para no tener que reprimir en las calles a decenas de miles de personas dando al traste con la imagen de democratización y de cambio que insistía en transmitir, con lo que su crédito interno e internacional podría verse drásticamente afectado. Para la oposición los retos eran igualmente importantes aunque diversos según las distintas fuerzas políticas. Para los nacionalistas —las relaciones entre el gobernador civil y Jordi Pujol eran extraordinariamente fluidas a decir de Salvador Sánchez-Terán— poner «la cuestión catalana» en la escena española era de extraordinaria importancia. Para la izquierda, además de ello, era imprescindible demostrar la capacidad de movilización y el apoyo social y político con que contaba. El PSUC añadía una tercera preocupación a las anteriores: que la unidad de las organizaciones democráticas no se rompiera. La concentración fue un éxito. Decenas de miles de personas se reunieron en Sant Boi, en la comarca del Baix Llobregat, en la que fue la primera manifestación-mitin legal del conjunto de la oposición. Esta muestra de unidad de la oposición catalana hacia fuera —pues internamente tenía grietas importantes—, más la movilización que continuaba desarrollándose tanto en el espacio obrero como urbano, estaba forzando al Gobierno a seguir avanzando más allá de sus propósitos iniciales.

En cualquier caso, la inquietud del Gobierno por el «problema catalán» empezaba a ser importante. En septiembre de 1976, el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas, había recuperado el informe que sobre su reunión con Tarradellas había redactado Manuel Milián Mestre para entregarlo a Suárez.⁸⁹ Salvador Sánchez-Terán, por su parte, afirma que la primera vez que en el Gobierno Civil de Barcelona se planteó de una manera formal el «retorno de Tarradellas» fue el 31 de agosto de 1976. No tan solo eso sino que, además, destaca que Suárez empezó a informarse sobre la cuestión a finales de agosto con sendas largas entrevistas con él mismo y con Juan Antonio Samaranch.⁹⁰ Sin embargo, otros testimonios no corroboran que se contemplara en aquel momento el regreso del presidente de la Generalitat en el exilio. Más plausible parece que, por vías paralelas, se realizaran contactos que tan solo fuesen exploratorios.

La versión más extendida sobre el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio es la de Manuel Ortínez,⁹¹ quien reclamó para sí la idea original de la «operación Tarradellas». Según su testimonio, en septiembre de 1976 Ortínez se trasladó a Saint-Martin-le-Beau para solicitar al presidente en el exilio autorización para plantear al rey y a Adolfo Suárez una iniciativa encaminada a abrir un espacio político a los sectores conservadores que, aunque hubieran estado integrados en las instituciones franquistas, se sentían catalanistas pero estaban aislados de las organizaciones políticas antifranquistas. Esa propuesta se podía sintetizar en la idea de favorecer al mismo tiempo la monarquía, el control político de la derecha y el restablecimiento de la Generalitat, planteando que si la monarquía reconocía la Generalitat, la Generalitat reconocería la monarquía.⁹² Ortínez conocía a Tarradellas y sabía de su disponibilidad ante iniciativas que pudieran devolverle a la plaça de Sant Jaume, de manera que, en noviembre, pudo presentar a Alfonso Osorio su propuesta. La respuesta entusiasta del vicepresidente del Gobierno inició la serie de contactos que culminaron en la entrevista del teniente coronel Andrés Cassinello, jefe del servicio de información de la Presidencia del Gobierno, con el presidente de la Generalitat en el exilio a finales de noviembre.

Esta reunión estuvo preparada por un pequeño grupo en el que se encontraba Manuel Ortiz, que era, entre las personas cercanas a Suárez, la mejor conocedora de los ambientes culturales —y en el marco del franquismo también de los político-culturales— catalanes pues su relación con Barcelona se remontaba a una década antes, cuando fue delegado del Ministerio de Información y Turismo en la capital catalana. La entrevista tuvo lugar el 26 de noviembre y de ella lo más relevante políticamente reflejado en el informe son aquellos párrafos en los que Andrés Cassinello afirmaba que Josep Tarradellas buscaba ser

Presidente de la Generalitat sin más poderes que los que tiene Samaranch y con los mozos de escuadra como una forma de hacer sensible su posible poder moral.

No quiere que el Gobierno pacte con los grupos. Quiere ser el intermediario, el protagonista. Piensa que su autoridad modera las posturas, que su institución salvará el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España. ...

Ofrece un camino: después del referéndum, intercambiar programas, exponer los puntos de vista del Gobierno sobre Cataluña y exponer él su idea de lo catalán en el marco de lo español para alcanzar el entendimiento en el punto medio. Quiere seguir hablando, negociando, pero con el Gobierno.⁹³

En definitiva, Cassinello sondeó a Tarradellas sobre su disponibilidad para el reconocimiento de la monarquía en el caso de que se anulara el decreto de 1938 con el consiguiente restablecimiento de la Generalitat; Tarradellas no dudó en aceptarlo. Pero Adolfo Suárez no prestó mayor atención al asunto; desde su perspectiva, desconociendo la carga simbólica de la institución de la Generalitat y de su presidente, Manuel Ortínez solo buscaba una oportunidad política, de manera que no estuvo bien predispuesto en aquel momento a estudiar seriamente una operación política como la propuesta, más cuando, según Ortínez y otros testimonios, Suárez pensaba que Jordi Pujol obtendría buenos resultados electorales y que sería muy probablemente el interlocutor con quien el Gobierno debería entenderse.⁹⁴

Mayor importancia dio el presidente del Gobierno a la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial para las provincias catalanas, a la que se había dado nuevo impulso, sobre todo porque permitía al Gobierno generar noticias en relación a su dedicación al «problema catalán»; en el diseño estratégico gubernamental, desde que en el verano se había optado por articular todo el proceso reformista en una sola ley para la Reforma Política, todas las operaciones sectoriales que se habían puesto en marcha en 1976 habían quedado en un segundo plano, pero la Comisión no. A finales de agosto, Federico Mayor Zaragoza había escrito a Rodolfo Martín Villa para enunciarle qué objetivos consideraba fundamental que abordase la Comisión. Ésta debía perfilar las grandes líneas de actuación, sin entrar en detalles concretos y, en caso de que «las fórmulas propuestas fueran aceptadas, después los miembros (representativos) de dichos Organismos debían detallar en cada una de sus facetas». Sus propuestas se movían en el marco de la reforma no rupturista, intentando aunar legalidad vigente con reconocimiento de la peculiaridad catalana. Así, después de señalar como probable que la Comisión aceptase la creación de una Diputación General de Cataluña, proponía

la creación de un Consell Regional, integrado por los procuradores en Cortes (y senadores, en su caso) y una representación coherente de diputados, que supervisarían la marcha de la Diputación General, con una visión —muy necesaria— de la problemática nacional (forma de cohonestar los intereses regionales con los generales del país). El Consell elaboraría las normas y propuestas que serían elevadas al Gobierno.

También se proponía la cooficialidad de la lengua catalana y el fomento de la cultura regional. Y lo que era más importante, Federico Mayor reclamaba que se diera la máxima relevancia política a los trabajos de la Comisión porque éstos no tendrían mayor significación si las decisiones no se adoptaban «al máximo nivel de Gobierno ... Lo que se necesita y urge es una decisión política, que encuadre el tema regional catalán y el de otras regiones españolas».⁹⁵ Al reactivarse los trabajos de la Comisión, Mayor Zaragoza se entrevistó con el ministro de Gobernación y con los representantes gubernamentales más importantes en Barcelona: Salvador Sánchez-Terán, Juan Antonio Samaranch y Joaquín Viola. Las entrevistas de Federico Mayor tuvieron una amplia cobertura mediática.

Efectivamente, aunque antes de julio se celebraron dos reuniones plenarias,⁹⁶ a partir de septiembre la Comisión empezó a trabajar⁹⁷ sobre estudios preliminares encargados a las cuatro diputaciones catalanas,⁹⁸ adoptándose en buena medida la propuesta elaborada por la presidencia de la de Barcelona.⁹⁹ Al mismo tiempo, en Presidencia del Gobierno se prestó mucha atención a la legislación regional italiana como fuente de inspiración para la elaboración de una ley regional.¹⁰⁰ En el pleno de la Comisión del 30 de noviembre se aprobó la propuesta definitiva.¹⁰¹

Paralelamente a los trabajos de la Comisión, el Gobierno desplegó una notable actividad en Cataluña. Así, por ejemplo, el 23 de noviembre Leopoldo Calvo Sotelo, ministro de Obras Públicas, inauguró estaciones de metro en Cornellà y varios tramos de autopista. Por otra parte, a propuesta de Salvador Sánchez-Terán, TVE dedicó una gran atención a Cataluña como mecanismo de transmisión de imagen de cambio.¹⁰²

El Gobierno era consciente de que este conjunto de actuaciones servían, si acaso, para balancear la opinión pública más despolitizada, pero que tanta importancia tenía su política hacia Cataluña como la creciente división interna de la oposición catalana, que se había caracterizado hasta entonces por un nivel de unidad desconocida en otros territorios. Efectivamente, en aquellos meses se dirimían varios pulsos al mismo tiempo. Por un lado, el más visible, entre reforma y ruptura; por otro, soterradamente y en el campo de la oposición, por la hegemonía. Este último era especialmente intenso en Cataluña.

Tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política, los consejeros de Adolfo Suárez le hicieron ver la necesidad de incrementar la atención a Cataluña, más después de observar el diferencial que había registrado la abstención respecto a otras zonas urbanas en el referéndum. Después de las declaraciones del presidente a Paris Match ninguneando el catalán como idioma, los gestos a favor de la lengua habían sido continuados y, además, empezó a extenderse la ambigüedad discursiva respecto a las reivindicaciones políticas catalanas. En diciembre, el marco adecuado para el intento de desmovilizar al adversario con la promesa de que sus reivindicaciones podían ser satisfechas en un próximo futuro lo ofreció la presentación de las conclusiones de la Comisión para el Régimen Especial. Se dividían en dos partes: en la primera se proponía un proyecto de ley articulado sobre la institucionalización de la región catalana y el régimen administrativo especial para las cuatro provincias; en la segunda se concretaban una serie de medidas inmediatas que se podrían sintetizar en cuatro puntos: la cooficialidad de la lengua catalana, la mancomunidad de diputaciones, el plan director territorial de Cataluña y la delegación y transferencia de servicios.¹⁰³ A la reivindicación del Estatuto de Autonomía de 1932, las conclusiones de la Comisión oponían un Consejo General de Cataluña, integrado por los diputados, senadores y representantes de las diputaciones provinciales, que sería el encargado de la elaboración en su día del Estatuto de Cataluña.¹⁰⁴

La presentación pública del proyecto gubernamental debía tener la mayor solemnidad. El presidente del Gobierno debía llegar a Barcelona el día 13, un día antes del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, pero el viaje debió aplazarse hasta el día 20 por el secuestro de Antonio M.ª Oriol, presidente del Consejo de Estado. Previamente, Suárez convocó en Madrid a representantes de la oposición catalana, exceptuado el PSUC y los grupos a su izquierda, y consiguió que acudieran abiertamente, lo que fue un éxito para el presidente del Gobierno. El día 6, Suárez se reunió con Pujol, Trias Fargas y Pallach y al día siguiente lo hizo con Joan Reventós y Eduardo Martín Toval. La actitud de los dirigentes catalanes no podía ser más distinta. Jordi Pujol declaró que era posible que en su visita a Barcelona, Adolfo Suárez presentara las bases de un posible diálogo para la consecución de las reivindicaciones catalanas. Ramon Trias Fargas, por su lado, enfatizó que «el presidente Suárez es el mejor interlocutor que he tenido de los hombres del sistema», y Josep Pallach no se abstuvo de señalar que «tiene una mayor apertura de diálogo el presidente del Gobierno que muchos de los miembros de la Comisión de los Diez», al tiempo que declaró al periodista: «existen distancias enormes entre Santiago Carrillo y Tarradellas. El presidente Suárez lo sabe y cabe la posibilidad de una entrevista entre ambos»[entre Suárez y Tarradellas].¹⁰⁵ Reventós, contrariamente, respondió que la reunión con Suárez no había modificado sus expectativas aunque éstas eran muy esperanzadas pues el proceso hacia la democracia era irreversible a pesar de las dificultades.¹⁰⁶

Ciertamente, Suárez buscó una buena relación con la oposición moderada y encontró en ella una notable comprensión. Ramon Trias Fargas dejó testimonio de ello en sus notas-dietario. En diciembre de 1976, y ante la inminente reunión con Adolfo Suárez, escribió:

ante todo estamos en el caso de tener que reclamar la reinstauración de la Generalitat con todas sus instituciones, incluida la presencia del presidente Tarradellas en las negociaciones. Esto es lo que el pueblo quiere y nosotros deseamos. En el caso de que las exigencias de la táctica y en aras del realismo tuviéramos que olvidar por breve tiempo nuestras aspiraciones, desearíamos: (...) que fuera abolido en calidad de desagravio el decreto del 5 de abril de 1938.— Que la «Mancomunitat» que la comisión del régimen especial propone poner en marcha enseguida, lleve el nombre de Consell General de Catalunya con funciones no solo técnicas sino políticas y sea presidido por un hombre designado por el Gobierno que, además de tener la confianza de la oposición, sea un signo externo de cambio.¹⁰⁷

El posibilismo no podía ser mayor, por planteamiento propio y por la constatación de la eficacia con que Suárez estaba conduciendo la acción gubernamental. En aquella misma reunión, el presidente del Gobierno había dicho a Trias Fargas que no temía a la oposición pues no existía democracia sin oposición; y que tampoco la menospreciaba aunque sus dirigentes le daban muchas facilidades con sus errores.¹⁰⁸ Suárez atendió a la demanda del líder de Esquerra Democràtica de Catalunya sobre la denominación del órgano que iba a crearse: Juan Antonio Samaranch informó después del pleno del 30 de noviembre de una muy importante novedad terminológica: el Consejo Regional, cuya creación había propuesto la Comisión, pasaría a denominarse Consejo General, con lo que el nombre coincidía prácticamente con el nombre histórico de Generalitat de Catalunya.¹⁰⁹

El acto de presentación de las conclusiones de la Comisión en el Palau de la Generalitat, celebrado el día 20 de diciembre, reunió a los cuadros políticos de la Administración todavía franquista más algunos personajes vinculados al reformismo gubernamental. El discurso de Juan Antonio Samaranch no pudo ser más anodino. En él reconoció que el ritmo de trabajo de la Comisión había sido determinado por el Gobierno igual que el tono de las conclusiones, nada rupturistas por cuanto reafirmaba la Región como «única estructura en la que puede producirse la fecundación integral de España y la base natural de agrupación que pueda dar eficacia real a municipios, comarcas y provincias».¹¹⁰ En su opinión, las diputaciones catalanas habían procurado ofrecer propuestas viables, «alejadas por igual de posturas demagógicas que de posiciones centralistas».¹¹¹ He aquí un claro ejemplo de la estrategia del presidente del Gobierno: él personalmente aparecía abierto a las propuestas de la oposición y su simpatía era capaz de encandilar a muchos de sus interlocutores pero, al mismo tiempo, la acción gubernamental se mantenía en los estrechos márgenes del reformismo dentro del franquismo.

Según Salvador Sánchez-Terán, el discurso de Suárez fue meticulosamente preparado por él en el Gobierno Civil y revisado por el Ministerio de la Gobernación y por Presidencia del Gobierno.¹¹² Suárez afirmó que «venir a Cataluña, señores, es encararse de lleno con el hecho regional. Y digo “encararse” porque es lo contrario a “eludir” o “soslayar”». Y se debía afrontar desde varias perspectivas pues «no podemos acudir a un puro regionalismo tecnocrático que persiga una eficacia aséptica y tan alejada del sentir popular que no llegue siquiera a recoger y respetar las demandas de los ciudadanos, ni nos vamos a quedar en lo meramente cultural».¹¹³ La política que preconizaba se apoyaba en el reconocimiento de la región, nada más, aunque afirmaba plantearse «el hecho catalán: el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España. Por eso, porque nunca ha dejado de existir, el hecho catalán convive aquí con sencilla cotidianidad».¹¹⁴

La prensa no dejó de destacar la inconcreción de los planteamientos gubernamentales, pues si bien el Gobierno aceptaba el principio de cooficialidad del castellano y el catalán en Cataluña parecía que, sobre todo, se pretendía quitar hierro a las declaraciones a Paris Match de tres meses atrás. La prensa remarcó que, incluso en la formulación, el Gobierno solo contemplaba una política gradualista «reflejando y animando la evolución natural del hecho idiomático, pero sin crear dificultades o traumas a las diversas comunidades e instituciones que deban utilizar distintas lenguas».¹¹⁵ Suárez, por otro lado, no se comprometía a nada realmente pues «la complejidad y el detalle del texto articulado que se presenta exige un estudio detenido» aunque «el Gobierno comparte el criterio de descentralización de funciones y competencias a favor de la Administración Local».¹¹⁶

En cualquier caso, nada estaba escrito definitivamente y «a su regreso de Barcelona, Suárez se sentía eufórico y optimista»,¹¹⁷ pues estaba convencido de que el balance de su visita era muy positivo. El Gobierno continuó dando alas a su proyecto y en la carta que Juan Antonio Samaranch dirigió al ministro Rodolfo Martín Villa a principios de enero de 1977 señalaba que, a su parecer, «el tema más trascendental lo constituye la institucionalización de la Región»,¹¹⁸ por lo que el mismo día propuso a Federico Mayor Zaragoza que ocupase la presidencia de la Comisión Gestora y de la Mancomunidad hasta que adquiriera un funcionamiento regular, a lo que éste se negó.¹¹⁹ El Consejo General de Cataluña fue formalmente creado por real decreto en febrero de 1977.¹²⁰

Las conclusiones de la Comisión del Régimen Especial se produjeron prácticamente en paralelo a la entrevista de Andrés Cassinello con Josep Tarradellas. La oposición entendió que los resultados del trabajo de la Comisión eran un conjunto de propuestas sin concreciones y que todo quedaba al albur de la celebración de las elecciones. Si en el plano general la legalización del PCE se convirtió en prueba del camino hacia la democracia, en el ámbito catalán la restauración de la Generalitat era la expresión de la recuperación del autogobierno. Ambos elementos constituían factores rupturistas fundamentales: la legalización del PCE y del PSUC suponía una ruptura política —el comunismo había sido percibido y declarado durante las décadas de la dictadura como el enemigo número uno—; igualmente, el retorno de Tarradellas, como representante de la Generalitat histórica, tenía un carácter también de ruptura institucional. Igual que sobre el PCE se ejercieron presiones directas e indirectas para que aceptara el retraso de su legalización para favorecer el avance hacia la democracia, también los sectores gubernamentales presionaron para que se aceptara una etapa de mancomunidad de diputaciones. Algunas personalidades relevantes de la política catalana lo aceptaron públicamente, otras solo mantuvieron contactos con el Gobierno y su posición fue siempre posibilista. El rechazo absoluto de la izquierda y con ella de la Assemblea de Catalunya hizo inviable el proyecto.

La movilización de los primeros meses de 1977 a favor de la reivindicación del Estatut de 1932, como el referente concreto de las reivindicaciones de autogobierno, mostraba que «la calle» apoyaba las propuestas de la oposición y en el ámbito gubernamental se empezó a percibir claramente que si aquélla conseguía que la población respaldara su programa en las elecciones de junio —como así fue—, no habría más alternativa que contemplar las reivindicaciones de la oposición en este terreno.

4

Hacia unas elecciones democráticas

CATALUÑA Y LA COMISIÓN DE LOS NUEVE

En la reunión de la Plataforma de Organismos Democráticos del 27 de noviembre, en la que se aprobó el programa político consensuado entre las organizaciones antifranquistas como base para la negociación con el Gobierno, también se decidió la constitución de la comisión encargada de llevarla a cabo, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1976 y se dio a conocer el día 7. La composición de la Comisión combinaba la representación de las grandes corrientes políticas con la representación territorial, una nueva muestra de la importancia que las formaciones propias de las distintas nacionalidades tenían en aquel proceso. Una vez escogidos los distintos representantes, la Comisión quedó formada por nueve miembros. Jordi Pujol, Julio Jáuregui y Valentín Paz Andrade representarían a Cataluña, el País Vasco y Galicia; Felipe González al PSOE, Enrique Tierno Galván al PSP y al PCE Santiago Carrillo que, al residir clandestinamente en España, fue sustituido por Simón Sánchez Montero. Por su parte, los liberales estaban representados por Joaquín Satrústegui, los socialdemócratas por Francisco Fernández Ordóñez y los demócratas-cristianos por Anton Cañellas. Se acordó también que las organizaciones sindicales pudieran participar como observadores; sus representantes fueron Marcelino Camacho (CCOO), Nicolás Redondo (UGT) y Manuel Zaguirre (USO). Poco después, el 19 de enero, la representación sindical pasó de tener estatus de observador al de miembro de pleno derecho, estableciéndose un turno rotativo entre las tres organizaciones para hacer oír la voz sindical;¹ desde entonces, se trató de la Comisión de los Diez aunque, en muchas ocasiones, la prensa continuó utilizando la denominación Comisión de los Nueve.

Así, eran dos los catalanes que formaban parte de la Comisión; los demócratas-cristianos habían pretendido que Cañellas fuera elegido como representante de la oposición catalana pero, al no ser posible, lo eligieron como representante de dicha corriente. La decisión sobre el representante catalán, Jordi Pujol, no fue fácil. Como se ha visto anteriormente, en la oposición catalana se había manifestado en los meses anteriores una clara divergencia entre las fuerzas que optaban por implicarse a fondo en la política unitaria española o aquellas otras que propugnaban una negociación separada encabezada por Tarradellas, cuya actuación contraria a la acción unitaria se veía favorecida por la duda latente sobre la posibilidad de que la Comisión de los Nueve defendiera un nivel de autogobierno de las nacionalidades menor del que en Cataluña se reivindicaba. Algunas fuerzas, como el PSUC, no tenían dudas pero otras, como CDC, sí.

El programa común de la oposición no pudo ser presentado al Gobierno hasta casi un mes después ya que la estrategia de Suárez pasaba por conseguir que toda la atención pública estuviera centrada en el Referéndum del 15 de diciembre. El presidente del Gobierno quería dejar claro que él controlaba el tiempo político y que sus interlocutores eran diversos. Era, sin embargo, una actitud diseñada de cara a la opinión pública pues Suárez sabía que, sin la oposición democrática, no conseguiría que se celebraran unas elecciones con la legitimidad mínima imprescindible, lo que le obligaba a negociar. Así, después del éxito conseguido en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, decidió convocar a una delegación muy restringida de la Comisión de los Nueve, que formaron Enrique Tierno Galván y Jordi Pujol, que entregaron a Suárez el programa acordado por la oposición, conocido como las «siete condiciones» que no eran otras que:

(1) Reconocimiento de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales. (2) Reconocimiento, protección y garantía de las libertades políticas y sindicales. (3) Urgente disolución del aparato político del Movimiento Nacional y efectiva neutralidad política de la Administración pública. (4) La verdadera amnistía política que el país necesita. (5) Utilización equitativa de los medios de comunicación de masas propiedad del Estado y, por tanto, de la comunidad, hoy monopolizados por el gobierno. (6) Negociación de las normas de procedimiento a las que se deben ajustar ambas consultas [referéndum, ya celebrado, y elecciones a Cortes]. Control democrático de la neutralidad y libertad de éstas a todos los niveles. (7) Reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente los países y las regiones que integran el Estado español y que los órganos de control de los procesos electorales se refieran también a cada uno de sus ámbitos territoriales.²

El contenido del programa muestra que la oposición se situaba ante una nueva etapa en el proceso que debía conducir a la instauración de la democracia, una etapa en la que las elecciones a unas nuevas Cortes aparecían como la cuestión fundamental. Ello significaba que, al margen de las posiciones particulares sostenidas por los diferentes grupos, el objetivo del gobierno provisional o de amplio consenso desaparecía definitivamente de la agenda política de la oposición, y la legalización de todas las fuerzas políticas y sindicales, así como de las condiciones de celebración de las elecciones, se convertían en los puntos centrales de la negociación con el Gobierno.

Adolfo Suárez, personalmente, pero también su Gobierno, salieron muy reforzados con los resultados del referéndum, pero los acontecimientos de los primeros meses de 1977 mostraron que era imprescindible la negociación con la oposición. La cuestión fundamental era si el Gobierno estaba dispuesto a aceptar que el final del proceso de cambios, y a corto plazo, comportaría el establecimiento de una democracia plenamente homologable a las del mundo occidental y particularmente a las de la Europa cercana, y en consecuencia, una ruptura completa con el orden franquista, o si continuaba pensando en una democracia sui generis, con restricciones y exclusiones importantes, en definitiva en una pseudo-democracia. Si se decidía por la primera opción, inevitablemente se encontraría con la hostilidad frontal y abierta de los que continuaban defendiendo una opción continuista, y con la oposición de aquellos que solo querían una reforma del régimen y no su desaparición.

La reunión de Tierno y Pujol con Suárez tuvo lugar el 23 de diciembre, al día siguiente a la detención de Santiago Carrillo. El secretario general del PCE, que vivía clandestinamente en Madrid desde febrero de 1976, había decidido que no debía prolongarse por más tiempo el forcejeo con el que pretendía empujar la presencia pública de los comunistas y asegurar la actuación abierta de sus dirigentes más significados. Su percepción era que la posición socialista era flexible en cuanto a la exigencia de legalidad de todas las fuerzas políticas, y ello le llevaba a considerar que el pulso con el Gobierno lo debería sostener el propio PCE. Para forzar la situación, convocó una rueda de prensa el 10 de diciembre con medios de comunicación nacionales e internacionales. Tras la orden de busca y captura a la que se vio obligado el Gobierno, el secretario general del PCE fue detenido el 22 de diciembre junto con siete de los principales dirigentes de la organización.

Enrique Tierno y Jordi Pujol se reunieron con Suárez, tal como estaba previsto antes de la detención, para iniciar la negociación de los siete puntos programáticos. Enrique Tierno, después de mostrar el rechazo a las detenciones, señaló que la cuestión era o «seguir o romper»³ y que la oposición no podía desaprovechar la oportunidad que se abría; después la pelota se trasladaba al tejado gubernamental. En aquella reunión, Adolfo Suárez desplegó nuevamente su capacidad de seducción, pues el viejo profesor calificó de excelente la entrevista, añadiendo que «la voluntad negociadora del señor Suárez no solo la habían visto clara, sino apremiante». Jordi Pujol afirmó por su parte que habían visto a Suárez muy abierto y muy deseoso de que la nueva situación política que se avecinaba fuera resultado, no solo de la iniciativa del Gobierno, sino también de la colaboración de la oposición.⁴ En sus memorias, Pujol afirma que Adolfo Suárez no se abstuvo de admitir que «Yo, señores, tengo el poder. Ustedes tienen legitimidad. De lo que se trata en estos momentos es de unir poder y legitimidad».⁵

Ya entonces, como ocurrió en los meses siguientes, los contactos entre Gobierno y oposición se convirtieron en una partida de ajedrez, muy complicada para ésta porque, por un lado, en su seno coexistían posiciones diversas y, por otro, entre sus integrantes sobrevolaba el miedo a dar pasos en falso. Así, en el comunicado hecho público al término de la reunión de la comisión negociadora, convocada para recibir la información de Tierno y Pujol sobre su entrevista con el presidente Suárez, se destacaba exclusivamente la voluntad de negociación, a la vez que la preocupación ante las últimas detenciones, sin señalar tan solo los nombres propios de los dirigentes comunistas. De la diversidad de posiciones ya fue una muestra el tiempo requerido para la redacción del comunicado, cuyas palabras fueron sopesadas cuidadosamente una a una. En las declaraciones individuales posteriores, Felipe González —que asistía por primera vez a las reuniones de la Comisión— señaló que «la gente tiene verdaderos deseos de trabajar en una negociación con el Gobierno», mientras que Enrique Tierno puso especial énfasis en la preocupación por las consecuencias que la persistencia de las detenciones pudiera traer no solo para la oposición y para el Gobierno sino, sobre todo, para el país.⁶

En la reunión de la Comisión de los Nueve del 4 de enero, bajo la presidencia de Enrique Tierno, Jordi Pujol informó que el presidente del Gobierno había sido taxativo en su negativa a recibir a ningún representante comunista. Pero, al mismo tiempo, les había apremiado a que le hicieran llegar propuestas en torno a la ley electoral, pues pretendía tenerla preparada para febrero, con el objeto de que las elecciones se realizaran en mayo. En esa primera reunión ya apareció «el problema de las nacionalidades y regiones», que Suárez no consideraba urgente y respecto al cual «no puede utilizarse otro término que el de región».⁷

Ante la actitud de Suárez sobre la presencia de representantes comunistas en las negociaciones, las posiciones fueron diversas: Joaquín Satrústegui, por ejemplo, propuso la no asistencia del PCE con lo que se soslayaría el problema; el representante vasco, Julio Jáuregui, fue el más contundente en proponer la no aceptación de vetos, mientras que Pujol mostró indecisión.⁸ Según Santiago Carrillo, Felipe González señaló que si la Comisión se negaba a entrevistarse con Adolfo Suárez por esta cuestión, el PSOE negociaría por su cuenta, ante lo que Carrillo planteó que él no sería obstáculo para la negociación porque «al final, el Gobierno tendría que negociar conmigo, quisiera o no, y lo importante es que no se rompiera la posibilidad del cambio político».⁹ Aunque la conclusión es la misma, en el acta disponible de la reunión aparece que Santiago Carrillo señaló, antes de lo que hubiera querido pues se pidió su opinión rápidamente, que no aceptaba discriminaciones y que consideraba que su no presencia era mala para el PCE, pero todavía peor para el Gobierno;¹⁰ con ello el secretario general comunista trasladaba a los presentes la determinación de su partido de ocupar el espacio que le correspondía en un futuro democrático. Y, efectivamente, la mayoría de dirigentes políticos eran conscientes de que «la cuestión comunista» era piedra de toque en el camino a la democracia.

Por otra parte, tanto la oposición como el Gobierno eran conscientes de que debían tomarse una serie de decisiones en breve tiempo. El funcionamiento de la Comisión se diseñó con un carácter muy operativo, lo que facilitó que no se produjeran debates políticos. En la reunión del 4 de enero se acordaron los temas que aparecían como fundamentales y urgentes: «amnistía, ley electoral, ley de asociaciones y regionalismo».¹¹ Para elaborar las propuestas se formarían distintas subcomisiones, cuyos integrantes se convertirían en negociadores con el Gobierno. Para negociar la amnistía y el reconocimiento de todos los partidos políticos se designó a Anton Cañellas, Felipe González, Julio Jáuregui y Joaquín Satrústegui.¹²

Para elaborar las bases de negociación respecto al reconocimiento de las nacionalidades, se formó una subcomisión que estuvo formada por Jordi Pujol, Valentín Paz Andrade, Julio Jáuregui, Anton Cañellas, Felipe González y Santiago Carrillo.¹³ La subcomisión se reunió el 21 de enero y trabajó con el documento¹⁴ que Jordi Pujol había presentado en diciembre en representación de las doce organizaciones catalanas que, en aquel momento, apoyaban la participación en la Comisión de los Nueve.¹⁵ Dos semanas antes, Jordi Pujol había escrito a Joaquín Satrústegui que la oposición debía estar preparada para avanzar en ese ámbito pues «Suárez nos ha dicho siempre —nos dijo a Tierno y a mí, y me lo ha dicho a mí personalmente a principios de diciembre— que desea establecer con nosotros algunos puntos de acuerdo firme, de concordancia respecto a todos los problemas con que España se va a enfrontar enseguida después de las elecciones».¹⁶

El documento de la «Comisión de los Nueve» sobre las nacionalidades merece ser reproducido íntegramente porque fijó una posición que estaría muy presente en el debate constitucional:¹⁷

«En la reunión celebrada el 21/1/77, la Comisión Negociadora inició el debate interno sobre el punto séptimo de las bases de negociación con el Gobierno.

Se ha constatado la existencia de amplios márgenes de coincidencia en el seno de la comisión, tanto respecto del tratamiento del problema en sí mismo, cuanto en relación con el método a seguir en la negociación con el Gobierno.

Una breve síntesis de lo debatido y de las aportaciones enviadas por escrito por algunos miembros de la comisión puede ser la siguiente:

1. La descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias que plantean el carácter plurinacional y plurirregional de España es una necesidad urgente impuesta por el propio proceso democrático, a fin de que su curso llegue a cubrir los mínimos de credibilidad a que aspira esta negociación.

2. La Comisión Negociadora debe asumir este tema, teniendo en cuenta la realidad de todo el Estado, tanto la de las nacionalidades como de las regiones, ya que los intereses que trata de representar se proyectan sobre el proceso de cambio en su globalidad.

3. Las fuerzas representativas de las nacionalidades podrán y deberán realizar una negociación paralela y complementaria con el Gobierno, a fin de desarrollar con mayor amplitud y profundidad las exigencias que le son propias.

4. La Comisión Negociadora propiciará la realización de contactos y negociaciones con los poderes públicos de las fuerzas políticas y sociales democráticas de otros países y regiones del Estado que deseen abordar su propia problemática, por entender que su realidad así lo exige.

5. La Comisión Negociadora urgirá del Gobierno el restablecimiento de las instituciones emanadas del consensus popular en las nacionalidades catalana, gallega y vasca, o la creación inmediata de organismos que garanticen la recuperación o consecución de autonomías, en la confianza de que ello servirá para normalizar la convivencia ciudadana.

6. Asimismo, la Comisión Negociadora se esforzará por conseguir cauces de expresión representativos de los intereses y aspiraciones de otros países y regiones en los que la problemática autonómica se haya planteado por fuerzas políticas y sociales de carácter democrático.

7. Las nacionalidades presentes en la comisión han planteado en el seno de la misma sus exigencias en un doble plano:

a) El pleno restablecimiento de los estatutos de autonomía y la eficacia de las instituciones emanadas de los mismos.

b) Alternativamente, la inmediata creación, entre otros, de mecanismos institucionales tales como la Diputación General de Euskadi, la Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, con tradición histórica y arraigo popular, como medios para garantizar el proceso de recuperación plena de las autonomías.

8. La Comisión Negociadora, valorando la importancia del tema que afecta a la estructura del futuro Estado democrático, ha decidido continuar los trabajos de discusión en los ámbitos que correspondan, sin perjuicio de plantear al Gobierno las exigencias mínimas que gozan de general consenso.

La justicia y la estabilidad democrática pasan por una solución adecuada al grave problema de la construcción de un Estado que asuma la pluralidad nacional y regional de España, que es una realidad histórica que las fuerzas democráticas se comprometen a mantener y defender».¹⁸

Ciertamente, en la reunión del 3 de febrero se constató el acuerdo en torno a la necesaria «descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias que plantean el carácter plurinacional y plurirregional de España». Los puntos, síntesis de las discusiones, vienen a mostrar que existía acuerdo en torno a la urgencia de actuar en relación a las comunidades históricas; así se apremiaba al Gobierno al «restablecimiento de las instituciones emanadas del consensus popular en las nacionalidades catalana, gallega y vasca, o la creación inmediata de organismos que garanticen la recuperación o consecución de autonomías, en la confianza que ello servirá para normalizar la convivencia ciudadana».¹⁹

El documento sobre las nacionalidades reforzó la posición de las fuerzas políticas catalanas que priorizaban la negociación a nivel español. Jordi Solé Tura, desde las páginas de Mundo Diario, argumentaba que Cataluña necesitaba «un órgano representativo propio», pero no «marginado de la lucha de la oposición democrática a nivel de todo el Estado, sino estrechamente vinculado a sus esfuerzos». Y se preguntaba: «¿cuándo ha sido mayor que ahora la posibilidad de vincular la causa de las libertades nacionales de Cataluña con la lucha por la libertad y la democracia en toda España?», por lo que sentenciaba que negar el apoyo a la Comisión de los Diez era debilitar a la oposición y favorecer, en cambio, «el proyecto restrictivo del Gobierno y, en consecuencia, dejar un gran terreno de maniobra para unos sectores de la derecha que, de otra manera, tendrían muy poco».²⁰ Aunque Adolfo Suárez se negó a negociar la cuestión de las nacionalidades, la influencia del contenido del documento es nítida en la Constitución de 1978.

Una relación mucho más directa se puede establecer entre las «siete condiciones» de la oposición y las medidas que fue tomando el Gobierno. Como se ha visto, en primer lugar aparecía la reivindicación de la amnistía y la legalización de los partidos. El 8 de febrero, después de reunirse con la representación de la Comisión de los Diez, el Gobierno aprobó un decreto-ley que modificaba la Ley de Asociaciones, estableciendo un simple registro para la inscripción de las organizaciones políticas, lo que implicaba que los partidos no solicitaban su legalización sino que tan solo se inscribían oficialmente. El cambio era una victoria de la oposición pues era resultado del hecho que ninguna fuerza relevante había «pasado por la ventanilla»,²¹ y así lo puso de relieve el PSOE: «La Comisión negociadora de la oposición, en la estrategia alternativa de presión y negociación, ha conquistado una fórmula de legalización de los partidos que arranca al Gobierno la capacidad sancionadora de cada organización, remitiéndose la decisión al Tribunal Supremo. Esta conquista de la Comisión de los Nueve ha posibilitado la legalización de nuestro Partido y otras organizaciones democráticas».²² Sin embargo, el Gobierno se reservaba el recurso de remitir la decisión definitiva de legalización al Tribunal Supremo, un procedimiento destinado a impedir la legalización de los comunistas, de la que se hablará después.

Mientras la legalización del PCE quedaba pendiente, el Gobierno continuó dando pasos en la dirección de dar satisfacción a las condiciones de comisión negociadora de la oposición, pasos que habitualmente se producían después de que ésta se mostrara firme en pocas cuestiones pero esenciales. En relación a la amnistía, el comunicado de la Comisión de los Diez del 24 de febrero «constataba, con preocupación, que la puesta en práctica de la liberación de los presos políticos lleva una marcha sumamente lenta», y manifestaba que era «urgente que se ponga en libertad estos presos y que no se puede abrir el período electoral sin la total liquidación de este grave problema».²³ Aunque ya no tenía la centralidad en la movilización que había alcanzado en los primeros meses de 1976, la demanda de la amnistía había continuado y, finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el 14 de marzo un decreto-ley que ampliaba los supuestos amnistiados por el decreto-ley de 30 de julio de 1976, que permitía la salida de las cárceles de condenados por actos de violencia, manteniendo la exclusión de los que hubiesen provocado víctimas mortales. Además se aprobó un indulto.

Los cambios se aceleraron en el mes de marzo. El día 4 el Gobierno aprobó un decreto-ley que regulaba restrictivamente el ejercicio del derecho de huelga, así como el cierre patronal, pero sin establecer la libertad sindical. Pocos días después, el día 23, la comisión negociadora de la oposición hizo público un comunicado que exponía los puntos relativos a la libertad sindical que se reclamarían al Gobierno, entre ellos «el reconocimiento del libre derecho de asociación sindical», el reconocimiento «de la capacidad jurídica de negociación colectiva de las centrales sindicales en todos los ámbitos superiores a la empresa», la «disolución de la Organización Sindical, pasando sus funciones a la competencia de las centrales sindicales», o el «pleno reconocimiento del derecho de huelga, con la derogación de la actual normativa sobre ésta y la consiguiente reforma del Código Penal».²⁴ Poco después, las Cortes franquistas aprobaban, el 30 de marzo, una Ley Sindical que abría paso a la legalización de las organizaciones obreras, y se creaba un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno para hacerse cargo del patrimonio y de los funcionarios de la OSE, que dejaba de existir de hecho. A primeros de junio un decreto-ley suprimía la cuota sindical vinculada a la sindicación obligatoria.

La Comisión de los Diez había manifestado también, en el comunicado del 24 de febrero, la necesaria «disolución del aparato político del Movimiento Nacional».²⁵ Justamente el 1 de abril —el «Día de la Victoria» franquista—, el Gobierno aprobó mediante otro decreto-ley una «reestructuración» de la Secretaría General del Movimiento que en la práctica suponía su disolución, y traspasó sus funcionarios a otros organismos estatales. La fecha de aprobación del decreto-ley correspondía, obviamente, a la de la celebración del Consejo de Ministros, pero no por ello dejó de provocar algunos recelos.²⁶ Por último, el 18 de marzo, también por decreto-ley, el Gobierno aprobó la convocatoria de las elecciones y las normas electorales.

Así, en aquellos primeros meses de 1977 la actuación de la Comisión de los Nueve —o de los Diez contando con la representación sindical— fue decisiva para forzar que se tomaran las medidas imprescindibles para celebrar unas elecciones libres. Asumiendo una parte de las exigencias rupturistas, Suárez había conseguido desdibujar el perfil de la ruptura —que era nítido en relación al continuismo del Gobierno Arias-Fraga—, pero ello había supuesto acelerar el proceso a la democracia, imparable desde los inicios de 1977. En buena medida, el programa acordado en la Comisión de los Nueve determinó las decisiones gubernamentales. Francisco Fernández Ordóñez escribió después que «la lectura de este documento con la perspectiva que el tiempo procura y el hecho de haberse cumplido en su integridad demuestra el acierto de su planteamiento».²⁷

En marzo, sin embargo, la Comisión de los Nueve empezó a perder empuje. Aunque a aquellas alturas la legalización de parte de la izquierda era todavía dudosa, una parte significativa de las fuerzas políticas de la Comisión consideraba que se había avanzado de forma decisiva en la agenda de lo que, para la mayoría de fuerzas, era lo fundamental: la ley electoral. Es decir, el mínimo exigible de cara a la participación en las elecciones ya se había conseguido y, desde entonces, distintos grupos priorizaron la dialéctica de corto alcance. El PSOE, por ejemplo, decidió abandonar la Comisión a raíz de la decisión del Gobierno de legalizar el PSOE-Histórico; Felipe González se sintió traicionado por Adolfo Suárez, quien le había asegurado que solamente su partido ostentaría esas siglas.²⁸ El PSC-C pidió por su parte la retirada de la representación catalana de la Comisión con el argumento de que «en estos últimos tiempos se ha hecho evidente, de una parte, la inexistencia de posibilidades de negociación con el Gobierno, y de otra parte, la necesidad de agrupar a todas las corrientes de la política catalana en un organismo consultivo en torno a la presidencia de la Generalidad».²⁹

En ese escenario, Jordi Pujol anunció que abandonaría la Comisión, formalmente por el frenazo dado por el presidente Suárez al tema de las nacionalidades. Sin embargo, Pujol no ocultaba que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho y que, específicamente, el documento consensuado sobre las nacionalidades, de conformidad con el resto de la comisión negociadora, había sido entregado oficiosamente a Suárez por Anton Cañellas y él mismo, e incluso en varios aspectos lo había discutido con aquél. Llegaba la hora de hacer balance de la actuación de la Comisión y, para Pujol, era muy positivo ya que, desde la discreción, había conseguido acuerdos concretos, además de que a través de la Comisión «el papel y la imagen de las fuerzas democráticas ante el país han resultado beneficiados y ha progresado la habituación de la opinión pública a hechos contra los cuales todo el aparato informativo del Estado ha actuado durante cuarenta años —caso del PCE y de las nacionalidades».³⁰

EL GOBIERNO, LA OPOSICIÓN Y LA CUESTIÓN COMUNISTA

Los comunistas, sin embargo, eran los más críticos ante la dilución de la acción unitaria que habían mimado durante años. La necesitaban, por otra parte, porque era un mecanismo de presión sobre unas fuerzas que podían estar dispuestas con facilidad a mirar hacia otro lado si el Gobierno perseveraba en su negativa a la legalización de los comunistas. Por ello se manifestaban irritados ante la nueva situación, más cuando la justificación de algunos para abandonar la acción unitaria se apoyaba en argumentos de purismo reivindicativo. Antoni Gutiérrez Díaz escribía en Treball que, si bien «mientras no hayamos obtenido la amnistía, las libertades y el Estatuto de Autonomía, cualquier lucha, gestión o negociación podrá ser calificada de insuficiente», resultaba «denunciable y, a veces, sospechoso, aprovechar anhelosamente los resultados positivos, obtenidos por los demás, desde posiciones de inactividad, de testimonio marginal, como es el caso de algunos partidos que han presentado su documentación para la legalización y se preparan para participar en el proceso electoral».³¹

Situados en el mes de marzo, todavía quedaban pendientes cuestiones trascendentales para que el proceso electoral tuviera una legitimidad incuestionable; la más trascendental entre ellas era la legalización de los partidos, fundamentalmente las del PCE y del PSUC, que abriría el camino más pronto que tarde a la de los grupos de izquierda radical. El mismo Adolfo Suárez escribiría, años después, que la «clave de la credibilidad interna y externa del proceso político [de la transición] era el reconocimiento del PCE».³²

Sin embargo, no pensaba lo mismo seis meses antes de tomar aquella trascendental decisión, no porque ello no fuera evidente en el otoño de 1976 sino porque su marco de referencia estaba muy acotado por las coordenadas franquistas. El anticomunismo había sido uno de los rasgos identificadores del régimen del 18 de Julio y, por lo tanto, la «cuestión comunista» se había convertido en la prueba definitiva de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno de la monarquía para hacer realidad su discurso de establecer un régimen democrático. En los medios conservadores, la pregunta clave siempre era si el PCE sería legalizado; el 17 de agosto, Adolfo Suárez, molesto por la duda, garantizó a Laureano López Rodó que mientras él fuera presidente del Gobierno, el PCE no lo sería.³³ Tres semanas después, en una reunión con altos mandos militares, Suárez vino a garantizarles lo mismo, aunque con las expresiones ambiguas que caracterizaron al personaje y que los interlocutores interpretaron en ese mismo sentido.

Los comunistas, por su parte, sabían que no podían dejar de presionar tanto al Gobierno como al resto de la oposición si no querían quedar marginados en la nueva etapa. Al Gobierno con la movilización, pero su mayor preocupación la constituía la actitud del PSOE porque, aunque dicho partido supo mantener las distancias respecto a los proyectos gubernamentales, siendo muy consciente de lo mucho que éstos le necesitaban para dar legitimidad a cualquier cambio, los comunistas tenían la percepción de que en cualquier momento los socialistas podían cambiar de posición. Tiempo atrás, Felipe González había hecho saber a Willy Brandt que rechazaba, por peligroso, el experimento rupturista promovido por la Junta Democrática, que confiaba en los reformistas del régimen y sobre todo en el príncipe don Juan Carlos como parteros de la democracia, y aspiraba a arrebatar al Partido Comunista de Santiago Carrillo su papel hegemónico en la izquierda.³⁴ Por su parte, distintas cancillerías europeas y el Departamento de Estado norteamericano trasladaron al Gobierno la conveniencia de que la legalización del PCE se produjera después de las elecciones.³⁵

Como es sabido, algunos acontecimientos influyeron decisivamente en la toma de decisiones. En enero, la violencia de la ultraderecha tuvo su principal expresión en el atentado de Atocha: tres individuos irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE asesinando a cinco personas. El Gobierno percibió, por primera vez, que el proceso de cambio se podía ir al traste así como que era ya indispensable llegar a acuerdos con la oposición; ésta, y en particular el Partido Comunista, realizó un esfuerzo de contención extraordinario que se visualizó de forma transparente cuando el día 26 se instaló la capilla ardiente en el Colegio de Abogados de Madrid y, sobre todo, cuando el cortejo fúnebre que acompañaba los féretros de los asesinados realizó una parte del trayecto a pie por el centro de la capital, para hacer posible el homenaje de miles de personas. El servicio de orden y la disciplina de los participantes convirtieron el acto en una elocuente manifestación de fuerza.

La concatenación de aquellos acontecimientos influyó decisivamente en el ánimo de muchos de los actores políticos e institucionales, particularmente en el de Adolfo Suárez, que había quedado muy impresionado por la capacidad de movilización y de disciplina de la militancia comunista durante la semana trágica de enero y empezó a pensar si era posible llegar a las elecciones generales con el PCE fuera de la ley. La sociedad española pudo fijar en su retina la imagen de una organización que había y estaba luchando contra la dictadura que se negaba a morir, y a favor de la democracia. Aunque, inicialmente, todo continuó como estaba previsto.

Así, el 22 de febrero, la Dirección General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación comunicó tanto al PCE como al PSUC que, examinada la documentación por la asesoría jurídica, «y atendiendo que de los antecedentes y fines que concurren en la citada Asociación se deduce la existencia de razones bastantes para presumir la concurrencia de ilicitud penal por vulnerarse cuanto se dispone en el artículo 172 y demás aplicables del Código Penal», el Ministerio había resuelto suspender su inscripción en el registro de Asociaciones Políticas y remitir la competencia al Tribunal Supremo que tenía treinta días para pronunciarse.³⁶ Dos días después, la Comisión de los Diez declaró que «la decisión del gobierno de prolongar la ilegalidad de los citados partidos, prácticamente en vísperas de las elecciones, pone en duda la sinceridad democrática de todo el proceso electoral y puede llevar a las fuerzas democráticas a reconsiderar seriamente su actitud ante éste».³⁷

En definitiva, la «cuestión comunista» se convertía en un tema capital porque era, en el fondo, y dado el contexto español, la «cuestión de la democracia». Para Suárez, el problema era que el Partido Comunista había sido la principal fuerza del antifranquismo, que disponía de una militancia presente en los principales movimientos sociales del país, a menudo con una influencia determinante —en especial en Comisiones Obreras— y con numerosos intelectuales y profesionales en sus filas, además de disponer de notables complicidades sociales —el PSUC especialmente—, tejidas justamente durante su activismo contra la dictadura. En estas condiciones, ¿era posible para el Gobierno estabilizar la situación política y alcanzar la legitimidad de unas elecciones que, según había proclamado, debían permitir la expresión libre de la voluntad popular con la exclusión comunista? Y aunque otras fuerzas aceptaran participar en unas elecciones en estas condiciones —lo que preocupaba lógicamente al PCE—, la presión de la militancia comunista, con su creciente salida a la luz, ponía al Gobierno ante disyuntivas muy incómodas: ¿qué hacer ante la actividad de los comunistas que actuaban como si fuesen legales?, ¿incrementar la represión dañando la imagen democratizadora gubernamental y poniendo en una posición difícil a los grupos políticos que eran indispensables para celebrar unas elecciones que no se convirtieran en inútiles?, ¿tolerar la ilegalidad transmitiendo una imagen de debilidad e inconsecuencia?³⁸ El PSUC y el PCE eran muy conscientes de que la legitimidad de la democracia estaba unida a la legalización comunista y actuaron en consecuencia, movilizando todos sus militantes y simpatizantes.

El presidente del Gobierno pensó que debía arriesgar y el domingo 27 de febrero, después de una reunión de seis horas entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, se desbloqueó la situación. Antoni Gutiérrez Díaz, alguien muy próximo a Carrillo y secretario general del PSUC de facto, consideró que toda la operación fue resultado de «la habilidad e inteligencia por parte de Suárez y de una táctica admirable por parte de Santiago Carrillo», quien había llegado a la conclusión de que la ruptura, tal como la habían pensado con un gobierno provisional, no era posible.³⁹ Allí se dio luz verde a la «cumbre eurocomunista» que tuvo lugar el 3 de marzo en Madrid; en realidad, para el Gobierno hubiera sido un auténtico quebradero de cabeza oponerse a la llegada de Enrico Berlinguer y Georges Marchais, secretarios generales de los partidos comunistas más importantes de la Europa occidental, el italiano y el francés, pues hubiera provocado un incidente internacional. En cualquier caso, la cumbre eurocomunista suponía «un claro espaldarazo internacional a la legalización» del partido, al tiempo que presionaba al Tribunal Supremo y mejoraba su imagen «adoptando un talante europeo y moderado» según un informe del Ministerio de Gobernación».⁴⁰ La decisión firme de Suárez de facilitar la legalización del PCE se vehiculó, después de la inhibición del Tribunal Supremo, mediante la solicitud de un dictamen a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que el 9 de abril lo emitió en el sentido de que no había indicios para considerar el PCE asociación ilícita, con lo que se procedió a su inscripción. El PSUC tuvo que esperar hasta el 3 de mayo.

La legalización del PCE el 9 de abril abrió definitivamente la carrera hacia las elecciones y la política unitaria quedó paralizada. En la reunión de la Comisión de los Diez del 20 de abril, la UGT comunicó su decisión irrevocable de abandonar definitivamente dicha Comisión al considerar que la actividad de la Comisión había tocado techo, no por el pleno cumplimiento de sus objetivos, sino por el agotamiento de las posibilidades de diálogo con el Gobierno de Suárez, como demostraba su negativa a recibir a las sub-comisiones de nacionalidades y de temas sindicales.⁴¹

Se cerraba la fase de la Comisión de los Nueve; de su papel, Francisco Fernández Ordóñez hizo una valoración que conviene tener en cuenta:

Prácticamente, la Comisión era el resultado de la situación de bloqueo político a la que se había llegado. Ni la oposición podía aspirar a dirigir unilateralmente el proceso de ruptura, sin afrontar graves costes sociales, ni Suárez podía llevar adelante la reforma, sin negociar sus contenidos con la oposición. La Comisión fue un instrumento contradictorio e indispensable para solventar los problemas básicos, desde el reconocimiento de partidos hasta la ley electoral, con lo que fue posible la experiencia casi irrepetible de transición sin aparente ruptura. En realidad lo que se estaba negociando era una ruptura construida a través de sucesivas reformas.⁴²

CATALUÑA ANTE LAS ELECCIONES

La constitución de la Comisión de los Nueve supuso un nuevo episodio de tensión en el seno de la oposición catalana y entre ésta y Tarradellas. Encauzar la acción unitaria se había hecho cada vez más difícil; por un lado, se había producido un enrarecimiento de las relaciones entre los grupos pertenecientes al Consell y a la Assemblea de Catalunya pues, al fuego cruzado entorno de la figura de Tarradellas y de la Comisión de los Nueve se añadía la visión que los grupos de centro-derecha presentes en la AC tenían de ésta: para ellos la AC cumplía una función exclusivamente movilizadora y, por lo tanto, subordinada, mientras que el PSUC y el PSC-C la consideraban una plataforma de plena representatividad política, aunque contemplaban con disgusto la instrumentalización paralizadora impulsada con su maximalismo por los representantes de la izquierda radical. Finalmente, el 19 de diciembre de 1976 estas organizaciones, junto con Convergència Democràtica, ganaron las votaciones que ratificaban la presencia de la Assemblea en la Comisión Negociadora y proponían a Josep Benet y Jordi Marsal como sus representantes con capacidad negociadora, quienes actuarían como tándem con Jordi Pujol, que actuaba como representante de la oposición catalana en la Comisión de los Nueve.⁴³ Las tensiones fueron, sin embargo, muy notables aunque se relajaron, al menos en el ámbito local, después de que en la siguiente reunión de la Permanente de la AC se aprobara el manifiesto para la campaña Volem l’Estatut, propuesta por el PSUC. Dicha campaña tuvo un impacto extraordinario por cuanto posibilitó que amplios sectores de la población, no particularmente politizados, conectaran con una reivindicación esencial de las fuerzas políticas catalanas.

De hecho, se estaba produciendo una nueva división en dos bloques aunque con posiciones dubitativas del PSC-Congrés;⁴⁴ así, potenciaron la Comisión de los Nueve, PSUC, CDC, UDC y PSC-Congrés, por otro lado PSC-Reagrupament y ERC se posicionaban al lado de Tarradellas. El cambio era significativo pues aquella división ya no podía leerse en términos de izquierda/derecha o, más importante todavía, en términos de más/ menos catalanismo. El PSUC, por su parte, ya no estaba solo en su rechazo al personalismo de Tarradellas; los comunistas catalanes no negaban la necesidad de una negociación directa entre representantes catalanes y el Gobierno, pero consideraban que era a las fuerzas políticas catalanas a quienes correspondía hablar en nombre de Cataluña.⁴⁵

A pesar de mantener una posición cada vez más clara, Jordi Pujol fue a visitar al presidente de la Generalitat para explicarle las razones de fondo de su aceptación de formar parte de la Comisión; como era de esperar, encontró el rechazo más rotundo a sus argumentos, exigiéndole el presidente de la Generalitat en el exilio su retirada de la Comisión, lo que fue rechazado por el dirigente nacionalista.⁴⁶ El dirigente de CDC explicitó de forma muy clara su posición en la reunión congresual celebrada a principios de 1977. Su presencia en la Comisión de los Nueve respondía especialmente a la necesidad de asegurar que se aprobara una ley electoral que no jugara en contra de los grupos nacionalistas que solo tenían presencia en algunas circunscripciones; consideraba imprescindible evitar que se estableciesen porcentajes mínimos de votos a escala estatal para obtener representantes parlamentarios; así Pujol no ocultó en ningún momento una razón que realmente pesaba mucho en su actuación y que no era otra que: «según y cómo el Gobierno español de ahora y la oposición española de ahora podrían tomar acuerdos que fuesen contrarios a nuestro interés nacional»: la propia ley electoral. Igualmente, pretendía establecer una relación eficaz con el Gobierno español, «es decir, con el poder». Por otro lado, los convergentes querían mantener un buen entendimiento con la oposición española, no solo por la coincidencia de posiciones que en muchos aspectos tenían con ella, sino también porque era el contrapoder. En el congreso del partido, Pujol encaró igualmente de forma abierta las relaciones con el presidente de la Generalitat en el exilio, afirmando con contundencia que el respeto a la institución no comportaba «ceder ni al terrorismo intelectual ni al espíritu de ultimátum», porque la reivindicación de la Generalitat y del retorno del presidente no conllevaba estar siempre de acuerdo con él. Y añadió: «supongo que no escandalizaré a nadie diciendo que la Generalitat, es decir, el gobierno autónomo catalán, es más importante que Tarradellas». Más claro todavía: «La Generalitat no es para nosotros un instrumento para hacer contrapeso a otros partidos políticos».⁴⁷

Jordi Pujol dejaba escrito sobre papel lo que el PSUC venía denunciando desde hacía meses. Ciertamente, es imprescindible discernir entre la textualidad de los discursos de apoyo a la institución de la Generalitat, general en aquel momento, y la realidad subyacente; ésta mostraba que algunas fuerzas pretendían apuntalar un espacio en la democracia que ellos mismos percibían que, quizás, no obtendrían en competencia abierta, por lo que consideraron que el apoyo inquebrantable a Tarradellas era una medida de autoprotección. Manuel Vázquez Moltalbán denunciaba con ironía las múltiples lecturas que era imprescindible realizar para entender muchas de las posiciones de las fuerzas catalanas cuando en esas fechas señalaba que «el puntillismo aparentemente inconexo de la política española» comportaría al historiador del futuro un trabajo mucho menor que «tratar de poner orden y concierto en el disperso material de la vida política catalana».⁴⁸ Ello no obstante, no dejaba de tener razón Josep Tarradellas cuando, años después, escribió que si bien Jordi Pujol no podía atacarlo, sin entrar en contradicción flagrante, «yo era para él un estorbo tremendo»; en su esquema interpretativo de la realidad, Tarradellas llegó a la conclusión de que solo Pujol representaba un competidor para él; quizás por ello afirmó que «ningún político catalán ha librado una lucha tan constante y tan metódica como Jordi Pujol para impedir mi regreso a Cataluña».⁴⁹

El congreso de CDC había tenido lugar una semana después de que, el día de Reyes, el presidente en el exilio propusiera la creación de un Órgano Consultivo que, encargado formalmente de asesorarle en el proceso de negociación con el Gobierno español para el restablecimiento del autogobierno en Cataluña, se convirtiese en el instrumento que le permitiera alcanzar su objetivo de aparecer como la única «voz pactante» en Cataluña.⁵⁰ Para conseguir su objetivo principal, utilizó la misma táctica que meses después le dio tan buenos resultados: dar por supuesta la voluntad gubernamental de satisfacer la reivindicación catalana de autogobierno; así, refiriéndose a la monarquía dijo: «Sé que a la Monarquía le preocupa encontrar una solución en Cataluña, pero debe aceptarse una solución que implique la Generalidad, es decir, el Gobierno autónomo de los catalanes».⁵¹

Josep Tarradellas no consiguió en aquellos meses que las fuerzas políticas catalanas más importantes rompieran con la plataforma unitaria española. El 2 de marzo estaba prevista la constitución en Perpiñán del Organismo Consultivo de la Generalitat, pero ya estaba claro que no contaría con la participación de Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), ni del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Miquel Roca visitó al presidente en el exilio el día 1 y Tarradellas decidió aplazar la constitución del organismo sine die, pues entre las fuerzas más destacadas solo había conseguido el apoyo de los socialistas; por otro lado, cada vez eran más frecuentes informaciones poco favorecedoras de las actuaciones del presidente de la Generalitat en el exilio contra distintas entidades catalanas, como las que se recogían en un dossier titulado Josep Tarradellas. Cartas confidenciales y otros textos;⁵² el nombramiento de Frederic Rahola como su representante en el interior no hizo más que agravar el rechazo a las posiciones del President.⁵³

Un mes después, a principios de abril de 1977, nacía la coalición Socialistes de Catalunya, fruto del pacto entre el PSC (Congrés) y el PSOE. La fórmula fue única para el PSOE en toda España y era producto, fundamentalmente aunque no exclusivamente, de la conciencia de los socialistas españoles de la escasa influencia histórica del partido, no del socialismo, en Cataluña. En realidad, la organización del PSOE era muy reciente en toda la península, apenas un par de años; desde los años sesenta y con mayor entidad en la primera mitad de la década, en distintas zonas de España habían crecido partidos socialistas que venían definidos por la territorialidad: Convergència Socialista del País Valencià, el Partido Socialista Galego, el Partit Socialista de les Illes Balears y un conjunto de grupos en proceso de convergencia en diversos territorios.⁵⁴ Todos ellos junto al PSP, liderado por Enrique Tierno Galván, y Convergència Socialista de Catalunya habían impulsado la Conferencia Socialista Ibérica —CSI—, en la que, inicialmente, también participó el PSOE. Sin embargo, en 1975, éste la abandonó pues no estaba dispuesto a convertirse en un partido socialista más; al contrario, pretendía que esos grupos se integraran dentro del PSOE. CSC, como el resto de la CSI, proponía una federación de partidos socialistas mientras que el PSOE proponía su modelo, un partido socialista formalmente federal pero en realidad muy unitario.

En 1976, los grupos integrantes de la CSI apostaron por reconstruir un movimiento socialista con un programa de transformación revolucionario de la sociedad, que propugnaba el «reconocimiento y potenciación de la realidad plurinacional del Estado español así como el hecho regional, y consiguiente articulación de una Federación de Partidos Socialistas».⁵⁵ Convergència Socialista de Catalunya había optado claramente por la Conferencia, pero sus dirigentes eran conscientes de la necesidad de un acuerdo con el PSOE. Atendiendo a la buena relación que los socialistas catalanes, y Joan Reventós en particular, tenían con los jóvenes dirigentes del PSOE, aquéllos intentaron realizar una tarea de intermediación. Bajo el pseudónimo de Martí Rizal, José Antonio González Casanova escribió que los socialistas españoles debían clarificar su posición respecto a la cuestión nacional. Recordaba que en noviembre de 1918 el PSOE había aprobado una propuesta de la delegación de Reus —defendida por Julián Besteiro— favorable a la «confederación republicana de nacionalidades ibéricas»; también que Luis Araquistain escribía hacia 1921 a favor de la autonomía catalana con frases como «un Estado moderno no debe negarse a oír, como principio, ninguna pretensión de libertad autonómica».⁵⁶ En los años setenta la reivindicación de reconocimiento de la identidad y de la autonomía era mucho más amplia que décadas antes, por lo que debían clarificar su posición.

La lejanía entre esos grupos y el PSOE era política pero no ideológica, incluso en lo que afectaba a la cuestión de las nacionalidades. Desde que en 1974 el grupo encabezado por Felipe González se había hecho con el control del partido en Suresnes, la nueva dirección basó su estrategia en armonizar la custodia férrea de las siglas históricas con una combinación de radicalismo discursivo y pragmatismo político. Poco después de la celebración del XXVII Congreso, un editorial de El Socialista sintetizó claramente la estrategia política que se desarrollaría a lo largo de toda la transición: «El Partido Socialista actuará, en la legalidad, con una estrategia tan radical como exigen nuestros principios y tan moderada como aconsejan las circunstancias objetivas de nuestra realidad».⁵⁷ Esta dicotomía permitía a los dirigentes del PSOE aparecer, por una parte, como socialistas fieles a la tradición de su partido, que no renunciaban a los principios ni, por tanto, a las metas últimas; y por otra, como una fuerza realista, dispuesta a conquistar aquello que en cada momento permitía una cambiante relación de fuerzas.⁵⁸

Se podría decir que la estrategia política del grupo dirigente del PSOE pasaba por la intransigencia en la estructura del partido y la flexibilidad en los planteamientos programáticos. La excepción organizativa se produjo en Cataluña, aunque el proceso hacia la unidad no fue fácil. En febrero de 1977, el PSOE rechazó la alianza electoral propuesta por Tierno Galván. En el comunicado del Comité Federal se afirmaba que «nuestra propia ideología socialista excluye el cuestionar la existencia de un solo partido socialista de todos los trabajadores del país, así como nuestra concepción de la democracia nos lleva a entender de forma federal ese partido, con toda la autonomía precisa de las organizaciones federadas». En la rueda de prensa organizada para dar a conocer la decisión, Felipe González declaró en relación a Cataluña que «la fórmula más viable para el PSOE es la presentación de candidatos bajo las siglas PSC-PSOE (Partido Socialista de Cataluña-Partido Socialista Obrero Español); esto implica que la Federación Catalana del PSOE quede subsumida en el Partit Socialista de Catalunya, y éste, a su vez, se subsumirá en la organización federal de los socialistas a nivel de todo el Estado español».⁵⁹ Las reacciones negativas ante la propuesta fueron notables en Cataluña pero, finalmente, el acuerdo llegó sobre otras bases.

Los contactos entre CSC —después PSC-C— y el PSOE se habían formalizado en julio de 1976, cuando constituyeron una Comisión de Enlace,⁶⁰ pero fue en la primavera de 1977, ante la proximidad de las elecciones, cuando se precipitó el acuerdo. El 3 de abril, se reunió el Consell General del PSC-C, máximo órgano de dirección del PSC-Congrés,⁶¹ y del informe del secretariado destaca el clima de confusión que afectaba a las fuerzas políticas. El objetivo fundamental de la reunión era aprobar el documento sobre la política de alianzas. Para tomar la decisión última, los asistentes tuvieron en cuenta, fundamentalmente, las encuestas que tenían disponibles, que venían a mostrar que el PSC-C podría obtener un resultado electoral muy pobre si no llegaba a acuerdos con otras formaciones políticas. Es significativo que ninguna encuesta era propia, las tres que tuvieron eran de Convergència Democràtica de Catalunya, de la Presidencia del Gobierno y de la FSC-PSOE,⁶² y se utilizaron para favorecer que la decisión fuera justamente llegar a acuerdos con el PSOE y contrarrestar los resultados que pudiera obtener el PSUC. Este objetivo era particularmente explícito en el caso del sondeo que les filtró el gobernador civil, Sánchez-Terán.

En la reunión del Consell General, la mayor parte de las intervenciones coincidieron en la explicitación de objeciones al posible acuerdo y se realizó una primera votación «aproximativa» sobre la firma del acuerdo de unidad socialista, cuyo resultado fue una aprobación ajustada: 35 sí, 31 no y 33 abstenciones. Cuando a continuación se realizó la votación nominal se amplió notablemente el acuerdo: 88 votos a favor y 6 en contra.⁶³ Deseos y necesidades no coincidían pero se impusieron las segundas. Los dirigentes de la organización catalana del PSOE también facilitaron el acuerdo, pues ellos eran especialmente conscientes de la debilidad del partido en Cataluña. Según Josep Maria Triginer, dado que las encuestas disponibles en aquel momento mostraban que separados los resultados serían muy pobres, era necesario favorecer la alianza; veinte años después, escribió que «del examen de las distintas posiciones se deducía que poco había en común en las dos formaciones políticas. Pero si examinaban las respectivas identidades, se podía deducir que era posible una síntesis si ésta se basara más en la complementariedad que en la exclusión».⁶⁴ Entre las «finalidades indeclinables» de la candidatura aparecía:

la exigencia constitucional de una estructura del Estado que garantice a Cataluña la profundización de su autonomía, más allá de los niveles previstos en el Estatut de 1932 y de acuerdo con las necesidades reales de este momento, y abone el proceso de autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones diferenciadas del Estado español. Por eso expresan su voluntad de trabajar en común con todas las otras fuerzas democráticas catalanas presentes en el Congreso de Diputados.⁶⁵

El PSC-C, la FSC (PSOE) más algunos socialistas no adscritos acordaron constituir más adelante un único partido en Cataluña que sería plenamente soberano, pero que se articularía con el PSOE en una perspectiva de unidad de todos los socialistas del Estado. El «Pacte d’Abril» tenía dos partes diferenciadas: la primera estaba dedicada a la integración de los dos partidos en uno solo y la segunda se refería a la candidatura para las inmediatas elecciones, aunque no se concretaban sus componentes. El acuerdo resultó de importancia trascendental para sus dos integrantes. Los socialistas procedentes del PSC-C pudieron comprobar en junio que los resultados electorales de los grupos integrados en la Federación de Partidos Socialistas no habían sido buenos, a pesar de tener una presencia mayor en los movimientos sociales y unos cuadros de más larga trayectoria; los del PSC-C hubieran sido probablemente mejores que aquéllos, pero el peso de la inmigración en Cataluña hubiera permitido al PSOE obtener un resultado menor pero significativo. Para el PSOE, el acuerdo era, en aquel momento, imprescindible y así lo señalaron sus dirigentes en Cataluña: «a partir de entonces, la relación entre el socialismo catalán y el español se perfilaba como contractual, de tal suerte que no podía ser alterada unilateralmente. Para los propósitos de mantener una estrategia socialista común en toda España, éste era el [un] modelo más sólido que el representado por una federación del PSOE».⁶⁶

El gobernador civil de Barcelona también lo vio así; en su opinión, el acuerdo PSC-PSOE fue «uno de los hechos esenciales en la configuración del nuevo sistema democrático español» y para las partes fue igualmente importante: el PSOE hacía «la más brillante y rentable operación política de la transición» pues pasaba de ser un partido cuasi inexistente «a ser el presunto vencedor, logrando un bastión catalán para la izquierda». Por su parte, los socialistas catalanes lograban un decidido apoyo del PSOE al Estatuto del 32, que tuvo la ratificación pública del propio Felipe González.⁶⁷

Después del Pacto de Abril entre los socialistas, el 18 de mayo se constituyó oficialmente el Organisme Consultiu de la Generalitat con un decreto aparecido en el Diari Oficial de la Generalitat en el exilio. Dicho organismo tuvo un fuerte componente testimonial, teniendo en cuenta que en él no se integraron PSUC, UDC ni CDC.⁶⁸ Los socialistas jugaron en aquellos días un papel ambivalente. La víspera de las elecciones, el 14 de junio, una delegación socialista, encabezada por Joan Reventós, se desplazó a París para explicar al presidente en el exilio su propuesta de actuación para el día después de los comicios. Proponían la formación de un Consejo, encabezado por el cabeza de lista más votado, en quien el presidente de la Generalitat delegaría las funciones; paralelamente, se constituiría una asamblea de parlamentarios, se solicitaría el retorno del presidente y se abriría la negociación con el Gobierno para recuperar el Estatuto. Josep Tarradellas no acogió la propuesta con excesivo entusiasmo y dijo a sus interlocutores «que no quería aventurismos de ningún tipo, ni ocupaciones del Palau, ni manifestaciones estridentes, nada que nos pudiese llevar al fracaso, como otras veces había pasado en nuestra historia».⁶⁹ Además de reiterar al PSC-C cuál era su posición, Tarradellas se manifestaba con rotundidad en contra de la Assemblea de Catalunya, un organismo que, desde su creación en 1971, había sido capaz de articular un amplio movimiento político y social y de representar la voluntad de autogobierno de la sociedad catalana.

El espíritu unitario que, con mayor o menor intensidad, influyó en las culturas políticas del antifranquismo durante casi una década, se vio reflejado en la propuesta de candidatura unitaria para el Senado, la Entesa dels Catalans. Aunque dicha candidatura inicialmente se pretendió muy amplia, al final agrupó a la izquierda socialista y comunista, más los republicanos y un amplio abanico de figuras independientes, bajo el lema «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia», la síntesis popularizada del programa de la Assemblea de Catalunya.

EL AUTOGOBIERNO Y LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL

Salvador Sánchez-Terán escribió que mientras fue gobernador civil de Barcelona percibió «una gran incomunicación política y social entre los núcleos dirigentes de Madrid y Barcelona», lo que «crearía problemas políticos cuando los catalanes plantearan su reivindicación de la Generalitat, tras las elecciones generales».⁷⁰ Ya antes, el Gobierno intentó no quedarse sin espacio en lo que afectaba a la aceptada como necesaria «regionalización», aunque no siguió los consejos de aquellos que, como Manuel Ortínez, desde finales de 1976 insistían repetidamente en que con el restablecimiento de la Generalitat el Gobierno y la monarquía podían resolver lo que acostumbraban a calificar de «problema catalán».⁷¹ Alfonso Osorio escribió que Manuel Ortínez le hizo ver que la vía del Régimen Especial «es querer no llegar a ningún sitio y es necesario llegar pronto y bien si queremos consolidar la Monarquía y con ella la convivencia nacional; por eso, si Cataluña acepta, a través de la Generalidad, la Monarquía, en España será todo posible».⁷²

Efectivamente, el 17 de febrero de 1977, Ortínez escribió a Adolfo Suárez —con copia a Osorio— que, si bien el Gobierno «domina la situación y las elecciones podrán hacerse sin excesivo riesgo», en Cataluña la situación tendía a deteriorarse para sus intereses. En ese contexto su propuesta era «una nueva “Generalidad” recreada, sin funciones ni contenido, y con una presidencia provisional, como contrapartida al acatamiento de la Monarquía y su aceptación como régimen de futuro». Ortínez añadía que era «una ocasión histórica que permitía salir del impasse en el que nos encontramos con Pujol y los comunistas defendiendo las “nacionalidades”, término en opinión de muchos catalanes absurdo, y que complica innecesariamente la política nacional».⁷³

Pero, en aquella coyuntura, el Gobierno ni por asomo contemplaba una decisión de connotaciones rupturistas, a pesar de las garantías recibidas. En febrero de 1977, el Consejo de Ministros decidió crear por decreto el Consejo General de Cataluña de acuerdo con las propuestas de la Comisión para el Estudio del Régimen Administrativo Especial de las cuatro provincias catalanas. Pero, tal como evolucionaba la situación política, tal decisión no consiguió despertar ningún interés en los medios políticos catalanes. La prensa reseñaba, por otra parte, el escepticismo de las organizaciones políticas ante la decisión del Gobierno, más considerando que la virtualidad del Consejo General estaba en función de las elecciones, y que, sin ellas, carecía de significado. En realidad, la creación del Consejo solo obedecía a la intención de tener presencia en la dinámica política catalana, de la que el Gobierno empezaba a ser consciente que podía quedar desplazado. Una gran diversidad de artículos de prensa ponía en evidencia que el tema central del momento era el pulso que se estaba sosteniendo sobre la opción Tarradellas de negociación directa con el Gobierno, o la opción unitaria con el conjunto de la oposición democrática. Y es que, por primera vez, el debate sobre el autogobierno tenía visibilidad continuada en la sociedad catalana a través de mesas redondas, conferencias u otros soportes públicos. Las posiciones no eran unánimes aunque era ampliamente mayoritaria la reivindicación del Estatuto de 1932, no tanto en su contenido como en sus principios e instituciones. Lo que sí era evidente, a la altura del mes de marzo, era que las propuestas gubernamentales no tenían apoyos significativos.⁷⁴

Esta constatación no evitó que, en junio de 1977, los reformistas procedentes de las instituciones franquistas continuaran planteando sus propuestas para Cataluña como una descentralización regional, aunque abiertos a la negociación. Pocos días antes de celebrarse las elecciones, Adolfo Suárez se trasladó a Barcelona, donde sugirió claramente la posibilidad de que se produjera un replanteamiento con relación a la existencia del Consejo General de Cataluña. Al serle preguntada su posición personal ante la cuestión, no dudó en condicionarla al resultado electoral: según éste fuera «se podrá ir desde el reconocimiento del hecho regional a las más amplias autonomías».⁷⁵ En las siguientes semanas el acelerón sería radical pues, como señaló Salvador Sánchez-Terán, tras las elecciones del 15 de junio «el tema regional y autonómico se planteó como una cuestión capital y condicionante de la nueva democracia».⁷⁶

Poco a poco, se hizo evidente que el mapa político tendría características particulares en Cataluña; las encuestas disponibles en abril otorgaban poca significación a los núcleos políticos identificados con el franquismo, hasta el extremo que, conscientes de su marginalidad creciente, los impulsores de Reforma Democrática de Cataluña —el partido de Manuel Fraga— se intentaban distanciar de la dictadura, particularmente de la política cultural anticatalana desarrollada durante cuarenta años.⁷⁷ Después del desplazamiento a la extrema derecha que supuso la formación de Alianza Popular, a Manuel Fraga le costó mantener el apoyo de aquellos que desde el Club Ágora habían sido su base de actuación en Cataluña en su etapa «reformista», más cuando el candidato por Barcelona sería el opusdeísta Laureano López Rodó, figura de referencia del «porciolismo» barcelonés al que estaban radicalmente enfrentados. Alianza Popular quiso envolver su perfil españolista bajo el rótulo de Convivencia Catalana.

A pesar de disponer de todos los resortes del aparato del Estado, en términos relativos, tampoco eran buenas las expectativas de la recién creada coalición UCD, pues la competencia en el espacio de «centro» era importante a diferencia de lo que sucedía en el resto de España. La figura de referencia en Cataluña era Juan Antonio Samaranch, que había llevado el timón en la elaboración del Régimen Especial para las cuatro provincias catalanas. El presidente de la Diputación de Barcelona se dejaba querer y, durante un tiempo, parecía que iba a articular la fuerza progubernamental Concòrdia Catalana, de claras connotaciones cambonianas; sin embargo la concreción organizativa no llegaba e, incluso, Samaranch afirmó que no sería un partido sino «un pacto de todos los que no quieran romper totalmente con el pasado, para construir un futuro a partir de lo bueno efectuado».⁷⁸ Para UCD, las decisiones barcelonesas se retrasaban a la espera de los resultados de las encuestas preelectorales; al final, Samaranch optó por proyectar su futuro vinculado al Comité Olímpico Internacional, previo paso por la embajada de España en Moscú.

El Gobierno quedó, así, a la intemperie pues confiaba en Samaranch para articular el equivalente a UCD en Cataluña. Era la figura con más prestigio entre quienes tenían las conexiones con los ayuntamientos y contaban con que habría podido dar fuerza viva a la presencia gubernamental, que estaba asegurada a través de la televisión. La improvisación se adueñó entonces del círculo gubernamental en Cataluña porque, además, Salvador Sánchez-Terán abandonó el gobierno civil para presentarse como candidato por Salamanca al Congreso de los Diputados. Para sustituirlo, Adolfo Suárez nombró a Manuel Ortiz, pues necesitaba para un cargo fundamental a alguien de su máxima confianza, que pudiera «aterrizar» en Barcelona conociendo el terreno. Ortiz había sido delegado de Información y Turismo en la capital catalana a mitad de los años sesenta, cuando Rodolfo Martín Villa lo era de Sindicatos; igualmente, había formado parte de la Comisión del Régimen Especial para las cuatro provincias catalanas. Seguramente era una de las personas del círculo más cercano a Suárez, con más contactos en la Ciudad Condal.

La comisión electoral que se formó en Presidencia, cuyo responsable fue Leopoldo Calvo Sotelo, recomendó los nombres de Manuel Jiménez de Parga y de Carles Sentís para encabezar la candidatura por Barcelona y ellos se encargaron de gestionar lo demás.⁷⁹ La formación no tenía programa pero sí unos referentes básicos con los que los candidatos debían comprometerse. Tenían, eso sí, un arma poderosa, el BOE. Algunos potenciales candidatos, que no se acababan de decidir a aceptar la participación en sus listas electorales supieron que, en caso de no hacerlo, serían tratados como adversarios políticos, de manera que no tendrían fácil el acceso a un cargo público.

Cuatro días antes de las elecciones, El País publicaba un artículo que, para el lector interesado, perfilaba muy claramente las singularidades políticas a las que el régimen democrático debería hacer frente si quería encarar la influencia y transversalidad del catalanismo, uno de los «problemas» que el franquismo había querido hacer desaparecer por aplastamiento pero que, cuarenta años después, continuaba más o menos donde estaba en 1936. Decía que en la inmensa mayoría de las circunscripciones provinciales, el panorama electoral se estructuraba exclusivamente en torno a las propuestas ideológicas y de clase que formulan los grandes partidos. Con sus lógicas peculiaridades, las opciones electorales eran las mismas en Asturias y en Castilla; incluso en aquellas regiones donde había comenzado a despuntar la conciencia de identidad no era esperable que ese fenómeno se reflejara en los resultados electorales. Había solo dos verdaderas excepciones, «Cataluña y Euskadi, unidas en la reivindicación de la autonomía, aunque divergentes en otros importantes aspectos».⁸⁰

Ciertamente, además de que incluso la derecha más centralista había buscado en Cataluña fórmulas como la de Convivencia Catalana, los representantes locales de UCD rápidamente introdujeron las reivindicaciones de autogobierno en sus discursos. Así, en el borrador de programa electoral de la Unión del Centro Democrático se afirmaba: «Queremos la autonomía de Cataluña. Reivindicamos los principios del Estatuto de 1932 y propugnaremos, tanto en las instituciones representativas catalanas como en las Cortes, la actualización de sus normas».⁸¹ Y el alcalde de Barcelona, José María Socías Humbert, aprobó —sin previa votación— en sesión extraordinaria del 4 de abril, elevar al Gobierno la petición del retorno de las instituciones catalanas: la Generalitat, el Parlamento y el Estatuto de Autonomía porque recogía «el amplio sentir ciudadano, expresado por sus instituciones, partidos y fuerzas sindicales».⁸²

El centrista fue, en efecto, un espacio especialmente disputado. UCD tuvo que competir con otras dos candidaturas, con posibilidades de obtener un apoyo electoral importante, que al menos en parte se presentaban como centristas: Unió de Centre-Unió Democràtica de Catalunya y Pacte Democràtic per Catalunya. La primera tenía como figura principal al democristiano Anton Cañellas, pero en ella se integraban los prohombres del Centre Català provenientes del Círculo de Economía, distantes de los dirigentes franquistas.

Mayor potencia tenía la candidatura nacionalista encabezada por Jordi Pujol, sometida también su formación a vaivenes de última hora. Ya convocadas las elecciones, al comprobar que no era posible constituir una amplia opción catalanista de centro, Jordi Pujol optó por acentuar el discurso socialdemócrata, haciendo referencias al «modelo sueco». Ello derivó también de la convicción de que la mayoría del electorado catalán se ubicaba en el centro-izquierda. El Pacte Democràtic per Catalunya integró, además de CDC, al PSC-Reagrupament, al núcleo liberal encabezado por Ramon Trias Fargas (EDC) y el Front Nacional de Catalunya.⁸³ La debilidad electoral del Gobierno venía de que competía con esta fuerza «inabsorbible por el Poder central, porque dispone de un proyecto político propio y de fuerza suficiente para hacerlo llegar a los votantes».⁸⁴ El PDC procedía de las filas de la oposición antifranquista y articulaba su proyecto político a partir del catalanismo, defendiendo la restauración de la Generalitat y los principios e instituciones del Estatuto de 1932.

Y otra diferencia fundamental del escenario catalán era la fortaleza de la izquierda. Algunas encuestas previas a las elecciones detectaban que la candidatura socialista sería la que obtendría el mayor número de escaños.⁸⁵ La propuesta electoral socialista explicitaba que, celebradas las elecciones, debería negociarse de inmediato con el Gobierno el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio, el restablecimiento de la Generalitat y debía formarse un Consell Executiu bajo la presidencia del cabeza de lista de la candidatura más votada y una Asamblea de Parlamentarios, integrada por todos los diputados y senadores electos, que sería la encargada de redactar un Proyecto de Estatuto de Autonomía.⁸⁶ Por su parte, el PSUC propuso que todas las candidaturas incorporaran en sus programas unos puntos mínimos de restauración de la democracia, incluyendo «la restitución de los principios e instituciones configurados en el Estatuto de 1932», así como la formación de un Consell Provisional de la Generalitat que, tras las elecciones, convocara elecciones al Parlamento de Cataluña.⁸⁷

A pesar de la coincidencia en la demandas de restauración de la Generalitat y de retorno de su presidente en el exilio, el papel que se asignaba a Tarradellas difería del que él reclamaba. Joan Reventós sostuvo públicamente lo mismo que transmitió personalmente al presidente exiliado: que en opinión de los socialistas catalanes, el presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio debería regresar inmediatamente después de las elecciones para, acto seguido, delegar sus funciones ejecutivas en el número uno de la candidatura catalana que más votos consiguiera el día 15.⁸⁸ El mismo 15 de junio, Le Monde publicó unas declaraciones de Jordi Pujol según las que «el president Tarradellas ha de regresar a Barcelona y presentar su dimisión, hasta que la Asamblea de Parlamentarios no acabe sus negociaciones con el Gobierno, a fin de que las nuevas Cortes nos reconozcan las atribuciones que teníamos en 1932». Pujol señalaba a continuación: «Tarradellas, en realidad, no es más que un símbolo de continuidad. Tarradellas es una ilusión».⁸⁹ Pero tanto Tarradellas como Suárez supieron jugar sus cartas y la voluntad de Tarradellas de ocupar la Presidencia de la Generalitat coincidiría con la voluntad de la UCD de impedir la formación de un gobierno de izquierdas en Cataluña con la repercusión que ello tendría a nivel español.

SEGUNDA PARTE

5

La restauración de la Generalitat

LAS ELECCIONES GENERALES del 15 de junio determinaron un nuevo escenario político y situaron la «cuestión catalana» en un lugar muy relevante de la agenda política española. Los resultados electorales en Cataluña, como los del País Vasco, diferían sustancialmente de los del resto de España.¹ Una parte de los dirigentes de la UCD había confiado en la victoria en las circunscripciones catalanas de las candidaturas encabezadas en Barcelona por el camaleónico periodista Carles Sentís y el catedrático antifranquista Manuel Jiménez de Parga, y algunas encuestas habían alimentado tal expectativa. La realizada por Metra-Seis y publicada por La Vanguardia el día 10 de junio otorgaba la victoria en Cataluña a la UCD con el 19,9 % de los votos, seguida del Pacte Democràtic per Catalunya (PDC), integrado por Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Democràtica de Catalunya y PSC (ex Reagrupament), con el 19,3 %; a la coalición Socialistes de Catalunya se le pronosticaba un 16 % de los sufragios.²

Los resultados catalanes fueron notablemente distintos y, en mayor o menor grado, sorprendieron a casi todos los actores y observadores políticos, a pesar de que otras encuestas, en particular la de Sofemasa efectuada para El País y publicada el 12 de junio, pronosticaban una clara victoria de la izquierda en Cataluña.³ La coalición socialista formada por el PSC (Congrés) y la Federación Socialista de Cataluña del PSOE obtuvo el 28,4 % de los votos y 15 escaños, seguida del PSUC con el 18,2 % y 8 escaños. El PDC quedó en tercera posición, con el 16,8 % de los sufragios y 11 diputados, con pocos votos más que UCD que, con el mismo porcentaje, logró 9 escaños. Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana (UCDCC) obtuvo dos diputados con el 5,6 % de los votos, Esquerra de Catalunya uno, con el 4,5 % y AP también uno, con un ajustado 3,5 % que a punto estuvo de dejarle sin representación. En las elecciones al Senado, la victoria de los candidatos de la Entesa dels Catalans fue arrolladora; todos sus candidatos fueron elegidos, 12 sobre el total de 16 escaños. La coalición nacionalista Democràcia i Catalunya tuvo que conformarse con dos escaños y UCD con uno solo, ninguno de ellos en Barcelona, cuyo cuarto escaño lo obtuvo el independiente Lluís Maria Xirinacs.⁴

La coalición socialista formada en abril se convirtió en la primera fuerza política catalana seguida de los comunistas del PSUC; ambas candidaturas sumaban más del 46 % de los votos. El PDC, que aspiraba a convertirse en el pal de paller, en el eje de la política catalana desde una posición de centro-izquierda considerada mayoritaria en la sociedad catalana, tuvo que contentarse con la tercera posición con una derrota muy severa de la coalición que había impulsado para el Senado, lo que comportó que el Pacte entrara en crisis inmediatamente. UCD, por último, lograba en Cataluña un porcentaje muy inferior al del conjunto de España, contribuyendo así a la corta victoria de la coalición liderada por Adolfo Suárez, aunque el sistema electoral que beneficiaba a las provincias menos pobladas convirtió el 34,5 % de los votos obtenidos en toda España en el 47 % de los escaños del Congreso de los Diputados. Ahí radicaba y radica la distorsión de la proporcionalidad del sistema electoral español y no, como se ha repetido hasta la saciedad durante 35 años, en la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas periféricos, cuyos escaños se corresponden con bastante fidelidad con los votos obtenidos.

Conviene detenerse un momento en los resultados electorales catalanes porque con frecuencia han sido mal interpretados. Por una parte, se ha visto en ellos la expresión de la fortaleza del nacionalismo, sin apreciar que la reivindicación de autogobierno —uno de los elementos definidores del catalanismo, junto con la identidad y la lengua— era casi unánime en las formaciones políticas catalanas. Contrariamente, algunos observadores, y después determinados autores, han considerado que la mayoría de la izquierda en las elecciones mostraba que la «cuestión nacional» no constituía un problema acuciante en Cataluña, desconociendo que sí lo era en la agenda socialista y comunista, las fuerzas que ostentaban en aquel momento la hegemonía en el catalanismo, lograda en la lucha contra la dictadura franquista. A diferencia de muchos otros observadores, el editorial de El País del 29 de junio señalaba la «errónea conclusión de que los medianos resultados electorales obtenidos por el Pacte Democràtic per Catalunya y el débil respaldo de sufragios de Esquerra Republicana significaban el ocaso del autonomismo en Cataluña». Y añadía que el «modesto éxito del señor Pujol y la derrota del señor Barrera» solo indicaban «la relativa decadencia de una determinada forma de interpretar el catalanismo», en tanto que «la alianza electoral del Partido Socialista de Cataluña y el PSOE, y la interpenetración del PSUC y el PCE, han permitido que los inmigrantes —que representan casi el 50 % de la población activa en el Principado— hayan hecho suya la reivindicación de la autonomía».⁵

En efecto, la mayoría de fuerzas políticas catalanas, desde democratacristianos y liberales hasta los comunistas, había concurrido a las elecciones compartiendo la reivindicación de autogobierno concretada en el restablecimiento de los principios e instituciones del Estatuto de Autonomía de 1932, la restauración de la Generalitat y el regreso de su presidente en el exilio. Cinco días después de las elecciones, el día 20 de junio, una delegación socialista formada por Joan Reventós, Josep M. Triginer y Eduardo Martín Toval se entrevistó con Adolfo Suárez y al día siguiente con el rey Juan Carlos para plantearles las reivindicaciones básicas que habían apoyado el 75 % de los electores catalanes.

El día 25 se reunió en el hemiciclo del Parlamento de Cataluña, clausurado desde 1939, la Asamblea de Parlamentarios formada por todos los diputados y senadores electos en las cuatro circunscripciones catalanas; en dicha sesión, se aprobó una declaración que afirmaba que dicha Asamblea trabajaría para la recuperación, en el plazo más breve posible, «de la Generalitat y el retorno de su Presidente, honorable Josep Tarradellas», y por el «restablecimiento de los principios e instituciones configurados en el Estatuto de Autonomía de 1932». Los parlamentarios manifestaron también su voluntad de «trabajar en el Congreso de los Diputados y en el Senado por la elaboración de una Constitución democrática para España», la cual debía tener como requisito previo «la amnistía total» y como elementos esenciales «las libertades individuales y colectivas», la legalización de todos los partidos políticos, la garantía de los derechos individuales y «el derecho a la autonomía de todas las nacionalidades y regiones del Estado español». Los parlamentarios catalanes impulsarían, por último, la adopción de «medidas inmediatas para hacer frente a la crisis económica y para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares».⁶ La Asamblea eligió una Comisión Permanente formada por los dirigentes de los principales partidos políticos catalanes y presidida por el líder socialista Joan Reventós.⁷

La declaración fue aprobada por todos los parlamentarios, incluidos los de UCD, y con la única reserva relativa al retorno de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat del diputado de AP, el ex ministro franquista Laureano López Rodó, que igualmente había sido el único parlamentario en oponerse al ofrecimiento de la presidencia de la Asamblea de Parlamentarios a Tarradellas. Menos de 48 horas después, el presidente de la Generalitat en el exilio llegaba a Madrid. Se iniciaba así una operación política activada fulminantemente ante los resultados electorales en Cataluña.

El amplísimo apoyo del electorado catalán a la reivindicación de autogobierno y la victoria de la izquierda socialista y comunista había exigido al Gobierno una reacción rápida. Lo que Ramon Trias Fargas denominó «tremenda victoria socialista y comunista»⁸ preocupó también de inmediato a toda la derecha catalana, nacionalista o no nacionalista. Según Salvador Sánchez-Terán, futuro negociador por parte gubernamental del restablecimiento de la Generalitat, «la victoria socialista y la importante votación comunista parecen configurar un “país catalán rojo”, lo que resulta muy inquietante para la burguesía catalana y para el Gobierno de Madrid». El ex gobernador de Barcelona y recién elegido diputado reproduce en su testimonio sobre aquel momento una nota que le envió «una destacada personalidad catalana», que no identifica, alertando sobre las consecuencias imprevisibles de un Estatuto «administrado por socialistas y comunistas, mayoritariamente inmigrantes a mayor abundamiento». Relata también una entrevista con Jordi Pujol el 21 de junio en la que éste, además de ofrecer su colaboración a Suárez porque creía que era necesario «un gobierno fuerte y estable», le instó a «que la concesión de la autonomía no se realice a través de los socialistas y comunistas (PSCPSOE y PSUC), aunque éstos sean los partidos mayoritarios después de las elecciones», argumentando que «si la autonomía llega a través de ellos, habrá mayoría de izquierdas durante muchos años en Cataluña, y esto debe evitarse». Pujol propugnaba «una solución de reconocimiento de la institución de la Generalitat aunque no tenga contenido ni atribuciones hasta que las Cortes aprueben la ley de autonomía».⁹ Jordi Pujol afirma en sus memorias que Adolfo Suárez «supo leer los resultados [electorales]. Si, como todas las fuerzas políticas catalanas pedíamos, la Generalitat finalmente se debía restaurar, su presidente sería Joan Reventós. Y entonces, para evitar un Frente Popular en Cataluña, Suárez llamó a Tarradellas, el “Viejo”, y, por eso mismo, moderado Tarradellas».¹⁰

Manuel Ortínez explicó que, a la vista de los resultados electorales, el vicepresidente Alfonso Osorio propuso retomar el contacto con Tarradellas aunque ahora debería hacerse de tal modo que el Gobierno y la UCD capitalizaran la operación, lo que exigía que Carles Sentís tuviera un particular protagonismo.¹¹ Para Sánchez-Terán, en el nuevo contexto y «ante el dinamismo de los parlamentarios catalanes», se planteó la cuestión «¿Qué hacer en Cataluña? ¿Y con quién hacerlo?». El Gobierno, consciente de que antes o después habría de «ser restablecida la Generalitat», hubiera «deseado negociar con Carlos Sentís o con Jordi Pujol, pero resultaba evidente y destacada la ventaja electoral del PSC-PSOE, e ineludible, por tanto, la adjudicación de un liderazgo a Reventós». Ante tal perspectiva, «ante la alternativa Reventós o Tarradellas, es cuando en la Presidencia del Gobierno comienzan a considerarse con seriedad las posibilidades de retorno del exiliado presidente».¹² El 22 de junio, Suárez, tras conversaciones con Rodolfo Martín Villa y con el gobernador civil de Barcelona, Manuel Ortiz, encargó a Carles Sentís que se pusiera en contacto con Tarradellas, con quien el veterano periodista mantenía una cierta relación desde los años treinta, así como con Manuel Ortínez para transmitirle la invitación de celebrar una entrevista y para organizar el viaje a Madrid.

El presidente exiliado manifestó de inmediato su entera disposición. La decisión del Gobierno Suárez de buscar un interlocutor previsiblemente menos incómodo, a la vista de la información disponible, que una representación parlamentaria con mayoría de la izquierda ofrecía a Tarradellas la oportunidad de desempeñar el papel que siempre, y particularmente durante los meses anteriores, había reivindicado. Más adelante sostuvo que las entrevistas de los dirigentes socialistas con Juan Carlos y con Suárez fueron un fracaso y que, por lo tanto, le correspondía a él reconducir la situación.¹³

TARRADELLAS EN MADRID

La llegada de Tarradellas a Madrid el 27 de junio, acompañado por Carles Sentís y Manuel Ortínez, dejó a los parlamentarios en una incómoda situación: el presidente exiliado desplazaba a los líderes políticos catalanes en la interlocución con el Gobierno y además les forzaba a darle un apoyo casi incondicional. No todos se dieron cuenta en un primer momento de lo que implicaba el protagonismo del presidente exiliado, en particular algunos de los máximos dirigentes socialistas;¹⁴ otros, en cambio, apreciaron de inmediato lo que significaba.¹⁵ En todo caso, la primacía de la denominada «legitimidad histórica» representada por Tarradellas frente a la «legitimidad democrática» encarnada por los representantes elegidos por la ciudadanía favorecía al Gobierno y a las fuerzas políticas catalanas con apoyos electorales más modestos. La tensión entre ambas legitimidades resultaría finalmente inevitable, fundamentalmente porque Tarradellas no aceptaría el papel simbólico que parecía razonable que fuera el único que debería desempeñar tras 38 años de exilio sino que aspiraba a ejercer plenamente los poderes propios de su cargo,¹⁶ a pesar de haber dicho anteriormente a diversos dirigentes políticos que delegaría las funciones ejecutivas.¹⁷

Las entrevistas de Tarradellas en Madrid, en particular la primera con Adolfo Suárez, han sido explicadas en numerosas ocasiones.¹⁸ De la reunión con el presidente del Gobierno lo más relevante fue la negativa de Tarradellas a aceptar cualquier acuerdo que no supusiera el reconocimiento de su condición de presidente de la Generalitat y su retorno como tal. Adolfo Suárez puso sobre la mesa diversas opciones para establecer una fórmula provisional de autonomía —Mancomunidad, Consejo Provisional—, pero se encontró con el firme rechazo de Tarradellas. Probablemente, Suárez pensó que se había sobreestimado la buena disposición del anciano exiliado para alcanzar un acuerdo y que para lograrlo se debería ir más lejos de lo que consideraba conveniente, algo, por otra parte, a lo que se había visto abocado recurrentemente en los meses anteriores.¹⁹ Sin embargo, a pesar del desacuerdo en el primer encuentro Suárez-Tarradellas, los interlocutores del presidente de la Generalitat pudieron pronto confirmar la favorable impresión plasmada ya en el informe de Cassinello. Tarradellas aceptaba la monarquía sin reservas así como la unidad de España y estaba dispuesto a aceptar una Generalitat con limitados poderes —básicamente en forma de mancomunidad de diputaciones— con tal de regresar a Cataluña como presidente de la institución. Ante tal expectativa, si finalmente la «operación Tarradellas» fracasaba por la negativa del Gobierno a aceptar el restablecimiento de la Generalitat tras haber invitado a su presidente a Madrid, el coste sería elevado para Suárez y la situación resultante mucho más delicada.

Con Tarradellas recién llegado a Madrid, la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios acordó dar pleno apoyo a la negociación iniciada por el presidente y que culminó el 2 de julio con un comunicado que abría las puertas a la restauración de la Generalitat. El texto, obra fundamentalmente de Rodolfo Martín Villa, que había jugado un papel clave para desbloquear el desencuentro inicial,²⁰ afirmaba que en las conversaciones entre el presidente Suárez y «el honorable don Josep Tarradellas» se habían abordado «cuantos temas afectan a la situación política y a las soluciones posibles para dotar a Cataluña de la necesaria autonomía en el marco de las instituciones históricas acomodadas al tiempo presente». El régimen definitivo de autonomía debería «ser establecido por las Cortes españolas», pero se había «tratado en las conversaciones la necesidad de constituir, en el marco de la vida local, una fórmula transitoria que, apoyada en la legalidad vigente, permita ir avanzando en la solución, desde ahora, de la voluntad de recuperar las instituciones seculares del pueblo catalán». El comunicado señalaba que la ley de Bases del Estatuto del Régimen Local posibilitaba la creación de «divisiones territoriales distintas de la provincial, con lo que se puede restablecer la unidad institucional de Cataluña»; añadía que sería necesaria «la decisión asociativa de las cuatro provincias catalanas y la voluntad decidida del Gobierno» y señalaba que el articulado de la ley de Bases estaría concluido antes de finales de julio. La «institución representativa de Cataluña» asumiría competencias atribuidas a las diputaciones o al Estado, lo que permitiría —y aquí aparecía lo fundamental del acuerdo objeto de negociación hasta el último momento— «restaurar la Generalidad como representante legal y reglamentar el régimen transitorio de la misma». En el último punto se afirmaba que «se precisó por parte del presidente del Gobierno, en lo que mostró su conformidad el honorable señor Tarradellas, que las autonomías deben ofrecerse a todas las regiones españolas, sin que las formas concretas de las mismas hayan de ser uniformes, pues, en todo caso, han de respetarse las peculiaridades sociológicas e históricas de todos los pueblos españoles, dentro de la irrenunciable unidad de España».²¹

Sánchez-Terán destacó los límites del acuerdo: el propósito del Gobierno de restaurar «las instituciones históricas» de Cataluña, pero «sin precisar la forma, el tiempo ni el proceso»; la fundamentación de cualquier decisión en la legalidad vigente, en concreto en la Ley de Bases de Régimen Local; la ausencia de cualquier referencia al Estatuto de 1932; el no reconocimiento de Tarradellas como presidente de la Generalitat y el ofrecimiento de autonomía a todas las regiones.²² Pero Tarradellas había logrado que se aludiera explícitamente a la futura restauración de la Generalitat, algo a lo que el Gobierno se resistió hasta el último momento.

En los términos del comunicado, la perspectiva de restauración de la Generalitat fue en general aplaudida, si bien con matices y aún con ciertos recelos en la derecha, con la excepción de los sectores ultraderechistas siempre dispuestos a denunciar la ruptura de la unidad de España. La posición del diario Ya partía de una crítica a la actitud de los parlamentarios, que presentaba como radical y rupturista, por su decisión «de constituirse en asamblea permanente hasta que la Generalitat sea restablecida y el señor Tarradellas, elegido en el exilio presidente de la misma, vuelva a Barcelona con ese carácter», añadiendo que, «y por qué no, puestos a eso, del Gobierno de la República en el exilio».²³ Para el editorialista del periódico de la Editorial Católica, si «estamos liquidando el pasado de los últimos cuarenta años, ¿vamos a resucitar el pasado anterior a esos cuarenta años? ¿Y con qué base? Porque la mayoría de los votos que han dado el triunfo a los parlamentarios catalanes no proceden de los partidos específicamente catalanistas, sino del socialismo». Sin embargo, destacaba también que se había conjurado el peligro que habría comportado otro episodio como «el auténtico chantaje de abril de 1931, cuando Macià se adelantó a proclamar la República catalana y, aunque ésta no prosperó, sí consiguió el forzado reconocimiento de la Generalitat por el recién constituido Gobierno de la República española», y alababa el buen sentido del presidente del Gobierno y de Tarradellas, el cual había visitado al rey «y declarado que la Generalitat que él defiende puede coexistir con la Monaquía. ¡Naturalmente!».²⁴ Por tanto, aprobación de la acción gubernamental pero, de paso, referencia a la particular «memoria histórica» de la derecha española sobre los años treinta, incluso en su versión nítidamente franquista.

Por su parte, un editorial de El País anterior al comunicado consideraba que se ponía en marcha «el mecanismo que devolverá a Cataluña sus instituciones de autogobierno», facilitado además por «la súbita conversión a las tesis autonomistas de la UCD, espectacularmente puesta de relieve por el decisivo papel desempeñado por el señor Sentís en el viaje del señor Tarradellas», lo que «si bien puede despertar recelos o dar lugar a reproches, es la más clara prueba de que en Cataluña existe un amplio e irresistible consenso».²⁵ Otro editorial del mismo periódico del 3 de julio sostenía que «nunca se insistirá lo bastante en que en España no habrá democracia sin autonomía para Cataluña y Euskadi; y es conveniente no demorar formas provisionales de autogobierno», pero apuntaba también que «cabe la sospecha de que en esta negociación el señor Tarradellas, explicablemente obsesionado por ... obtener un resultado concreto de su viaje, haya caído en un doble error, a largo plazo: el de aceptar estas Mancomunidades como solución provisional de las autonomías, por una parte, y el de equiparar, después, el problema planteado por las “nacionalidades históricas” con la descentralización administrativa». Una mancomunidad de diputaciones, «si bien en Cataluña puede asumir las funciones, de hecho, de la antigua Generalitat, es un método pensado como pieza clave de la futura Ley General de Regiones y puede interferir seriamente la discusión de los futuros Estatutos de Autonomía». Y era evidente «que las instituciones de autogobierno en Cataluña y Euskadi no pueden limitarse a ser mecanismos de una reforma regional generalizada». Por otra parte, el editorial criticaba sin ambages el papel secundario de los representantes elegidos, así como el carácter de operación política también en interés del partido del Gobierno.²⁶

En el principal diario conservador español, ABC, José Mario Armero se esforzó en presentar de forma muy positiva a Tarradellas a los lectores no catalanes y al mismo tiempo en tranquilizar a quienes podían estar más sorprendidos e inquietos. «La unidad de España no está en juego por la autonomía catalana. Así ha querido demostrarlo Josep Tarradellas al visitar al rey y al negociar con el presidente del gobierno.» Además, ejerciendo una pedagogía política poco frecuente, afirmaba que «todos los partidos políticos catalanes piden la reinstauración de la Generalitat ... Allí saben que no están pidiendo la luna sino algo normal que quizá choque a quienes no están familiarizados con la Historia y la manera de ser catalana. La democracia en Cataluña pasa por la Generalitat. Y nuestra recién estrenada democracia debe devolver a Cataluña esa que es su fundamental Institución».²⁷

Aunque el viaje de Tarradellas y sus entrevistas con Suárez y Juan Carlos causaron una nueva expresión privada de malestar y disgusto por parte de mandos militares,²⁸ sus reuniones durante la estancia en Madrid con dirigentes de los partidos políticos, desde Santiago Carrillo hasta Manuel Fraga, con el trasfondo de la amplitud de la reivindicación catalana de autogobierno y en una situación política muy fluida, facilitaron la amplia aceptación de los acuerdos en dirección al restablecimiento de la Generalitat. Por otra parte, el viaje de Tarradellas y las conversaciones sostenidas tuvieron lugar antes de la formación de un nuevo gobierno, cuya composición fue dada a conocer el 4 de julio, y obviamente antes de las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado. En aquellos días, como mostraban las portadas y las páginas de información política de los diarios y de otras publicaciones periódicas, la atención pública estaba puesta en diversos aspectos, todos muy relevantes, de la situación política —la composición del nuevo gobierno, la constitución de las Cortes, la situación en el País Vasco—, lo que también evitaba una elevada concentración en una sola de las múltiples cuestiones que configuraban la densa agenda política.

UNA NEGOCIACIÓN A TRES BANDAS

El 7 de julio, en París, tuvo lugar una reunión de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios con Tarradellas. El comunicado hecho público, redactado por Jordi Solé Tura, Eduardo Martín Toval, Ramon Trias Fargas y Pere Portabella, decía que la Comisión Permanente había reiterado su valoración «plenamente positiva» de las gestiones y negociaciones llevadas a cabo por el presidente Tarradellas, y consideraba que el comunicado resultante de ellas representaba un paso importante «sobre todo porque supone el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de restaurar la Generalitat».²⁹ Parlamentarios y presidente manifestaban que el proceso iniciado debía culminar «con la obtención del Estatuto de Autonomía de Cataluña» y acordaron proseguir, «de común acuerdo, las negociaciones con el Gobierno del Estado con el fin de conseguir sin demora los siguientes objetivos: A) Restablecimiento efectivo de la Generalitat de Cataluña. B) Retorno del Honorable señor Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat. C) Creación de un Consell Provisional de la Generalitat como órgano de Gobierno de la misma». Para hacer efectiva la acción negociadora en común, el presidente y los parlamentarios «establecerían inmediatamente las normas y los medios concretos de relación».³⁰

En resumen, los parlamentarios, después de manifestar nuevamente su apoyo a Tarradellas, exigían participar directamente en las negociaciones abiertas y reafirmaban los objetivos que debían alcanzarse «sin demora». Para dejarlo bien claro, la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, reunida el 9 de julio, decidió enviar a Rodolfo Martín Villa un telegrama comunicándole el acuerdo de los parlamentarios y Tarradellas, y otro a Suárez solicitando una entrevista, lo que causó un gran enfado al presidente exiliado.³¹ En el telegrama a Martín Villa se le instaba a tener en cuenta dicho acuerdo «antes de instrumentar los pasos legales para el establecimiento del régimen transitorio de la autonomía de Cataluña».³²

En un clima de recelo poco encubierto en ambas partes, Tarradellas envió el 11 de julio a Reventós una carta en la que manifestaba que debían «evitarse malentendidos y gestiones paralelas que pueden resultar nocivas para nuestros anhelos», adjuntando una propuesta sobre el procedimiento para nombrar a la comisión negociadora con el Gobierno, asegurándose de que ésta estuviera bajo su autoridad; en concreto defendía una comisión reducida cuyos miembros «diputados, senadores o técnicos de mi confianza deben ser designados por decreto para que cuando hayan de negociar directamente con el Gobierno en representación mía tengan toda la autoridad necesaria para hacerlo».³³ Es decir, Tarradellas se situaba como el titular único de la negociación por parte catalana, inequívocamente por encima de la Asamblea de Parlamentarios cuya subordinación quería asegurar utilizando incluso formalismos. El presidente, elegido en el exilio en 1954 por un número exiguo de diputados del Parlamento de Cataluña formado en 1932, se consideraba, una vez más, el único legítimo representante de Cataluña, en tanto que los diputados y senadores elegidos el 15 de junio no eran más que parlamentarios en las Cortes; ésa era su función representativa y ése era su único mandato.³⁴ En definitiva, Tarradellas aceptaba que los acuerdos con el Gobierno para restablecer la Generalitat deberían contar con la aprobación de los parlamentarios, pero consideraba que la negociación debía estar fundamentalmente en sus manos. En sus propias palabras: los parlamentarios deberían intervenir en la negociación, «pero bajo mi dirección, puesto que el gobierno había pactado conmigo».³⁵ Aquí radicaba una desavenencia esencial, pero pronto afloraría otra: Tarradellas consideraba que lo fundamental era el restablecimiento de la Generalitat, sin importarle que inicialmente tuviera escaso contenido, dando por descontado que ya se iría ampliando gradualmente; además no tenía prisa. Por el contrario, las fuerzas políticas, basándose en el mandato de las urnas, querían obtener una Generalitat con el máximo poder posible en esta etapa transitoria y, además, de forma rápida.

El mismo 11 de julio se celebró la segunda sesión plenaria de la Asamblea de Parlamentarios en la que, en primer lugar, se examinó la labor de la Comisión Permanente durante las semanas anteriores. Tienen notable interés algunas intervenciones, como la de Lluís M. Xirinacs, que explicitó cómo entendía el ejercicio del derecho de autodeterminación: en el marco de las instituciones y los principios del Estatuto de 1932, el ejercicio del derecho a autodeterminación consistiría en elaborar un «Estatuto nuevo adaptado a las circunstancias actuales».³⁶

Por su parte, Laureano López Rodó, en una sorprendente conversión en parlamentario exigente, criticó que en el acuerdo de la Comisión Permanente con Tarradellas del 7 de julio no figurara ninguna referencia al Parlamento. Para el diputado de AP, «la primera de las instituciones» del Estatuto «se nos ha quedado en el tintero»; «se ha olvidado el Parlamento de Cataluña, con lo que tendremos al Presidente Tarradellas en Barcelona, tendremos un Consell Executiu provisional, pero no tendremos un Parlamento Provisional». Por ello, proponía «el restablecimiento también de un Parlamento provisional en Cataluña, que podría ser esta misma Asamblea de Parlamentarios».³⁷ Paradójicamente, el ex ministro franquista ponía sobre la mesa una de las cuestiones que enfrentarían a los parlamentarios a la vez con el Gobierno y con el presidente de la Generalitat. Pero iba más allá: atendiendo a la literalidad del denominado «acuerdo Suárez-Tarradellas» del 2 de julio, que preveía una fórmula transitoria que «bajo el nombre de Generalitat» restableciera «alguna de sus instituciones», manifestaba su duda sobre «si es adecuado o no que aceptemos que de lo que no es Generalitat se llame Generalitat».³⁸ El resto de diputados, sin embargo, interpretó que la fórmula «el restablecimiento efectivo de la Generalitat de Cataluña» que figuraba al inicio del texto del acuerdo entre Tarradellas y los parlamentarios del 7 de julio incluía también el Parlamento, aprobándose por unanimidad dicho documento.

Merece también atención la intervención de Jordi Pujol alertando sobre el excesivo optimismo que a su entender los grupos políticos habían trasladado a buena parte de la sociedad, extendiendo la percepción de que la consecución de todos los objetivos estaba al alcance de la mano. «Hemos de decir —afirmó— que todos estos planteamientos que hemos hecho nosotros mismos diciendo que pasado mañana tendríamos una Generalitat, que pasado mañana tendríamos una Autonomía magnífica, estupenda, que la tendríamos mejor que nunca y que todo estaba a la vuelta de la esquina no es verdad.» Era hora de «decirlo al pueblo de Cataluña, porque hay una parte del pueblo de Cataluña que diciéndole aquello se lo había creído». En este sentido añadió que si alguno de los planteamientos que había hecho el presidente Tarradellas «los hubiéramos hecho los políticos, los diputados aquí presentes, no habrían sido aceptados precisamente como consecuencia del mismo clima que nosotros en parte habríamos creado». Y si «algún mérito tienen la gestión y los acuerdos del señor Tarradellas en Madrid con su, si se quiere, y no doy ningún tono peyorativo a la palabra, moderación, es, simplemente, hacer entender que las cosas son éstas», es decir, que en todo caso se estaba solo al principio de un «largo, larguísimo camino y muy difícil».³⁹

La Asamblea de Parlamentarios se ocupó, en segundo lugar, del proceso de negociación que debía abrirse con el Gobierno y de su participación en él. Después de un largo debate a raíz de la propuesta socialista de que la UCD no formara parte de la Comisión Negociadora Parlamentaria que, junto con el presidente Tarradellas, debía negociar con el Gobierno puesto que ello implicaría su presencia en ambos lados de la mesa negociadora, fue elegida una comisión presidida por Joan Reventós en tanto que presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios e integrada, tal como había propuesto Jordi Solé Tura, por representantes de las cuatro formaciones políticas más votadas —Josep M. Triginer, Antoni Gutiérrez Díaz, Jordi Pujol y Carles Sentís— y el senador Josep Benet. Como veremos inmediatamente, las relaciones de dicha Comisión con Tarradellas fueron muy poco plácidas.

En la misma reunión plenaria, dos diputados, Josep Verde Aldea y Anton Cañellas, plantearon la conveniencia de formar en las Cortes un único grupo parlamentario con todos los diputados catalanes hasta la recuperación plena de la autonomía. La misma propuesta fue formalmente planteada por Jordi Pujol en una reunión de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Madrid el 14 de julio. Anton Cañellas y Heribert Barrera se mostraron de acuerdo pero rechazaron la propuesta los representantes de UCD y de la coalición socialista. Aun sin ser favorables a la propuesta, los comunistas manifestaron su disposición a integrarse en el grupo propuesto si era posible un acuerdo unánime al respecto.⁴⁰

Las semanas siguientes se caracterizaron por una tensión latente, que se convirtió en explícita en algún momento, entre los parlamentarios y Tarradellas. Éste, rodeado de un grupo de asesores de su estricta confianza —Frederic Rahola, Manuel Ortínez, Josep Lluís Sureda—, quería llevar el peso de la negociación, dejando a la Comisión Negociadora elegida por los parlamentarios en un discreto segundo plano. Además, una notable confusión sobre el proceso negociador empezó a instalarse en la opinión pública propiciada por la opacidad de las negociaciones, la ocultación de las divergencias entre Tarradellas y los partidos políticos, las filtraciones a los medios de comunicación de informaciones y de documentos sobre los que existía un compromiso de reserva y, con frecuencia, por especulaciones a veces poco fundamentadas e incluso contradictorias. Ante tal situación, que estaba causando una creciente perplejidad en parte de la ciudadanía, la comisión de informadores políticos de la Asociación de la Prensa de Barcelona acordó dirigirse al presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, Joan Reventós, protestando por la falta de transparencia informativa «que caracteriza muy marcadamente a la labor de los parlamentarios catalanes, creando —en opinión de todos los informadores políticos barceloneses integrados en la mencionada comisión— la lógica confusión informativa».⁴¹

El 14 de julio, la Comisión Negociadora Parlamentaria se reunió con Rodolfo Martín Villa, que había sido confirmado al frente del ministerio ahora denominado del Interior, para reiterarle la demanda del restablecimiento del conjunto de instituciones que conformaban la Generalitat. Para los parlamentarios, la posición del Gobierno sobre el restablecimiento de la Generalitat era inaceptable por su alcance muy limitado. Se trataba, en síntesis, de la creación de una simple mancomunidad de diputaciones con el nombre de Generalitat. Los grupos políticos rechazaron de plano tal propuesta que, sin embargo, Tarradellas consideraba positiva; además, éste atribuía el rechazo de los parlamentarios a la inexperiencia, o a «la falta de sentido de Estado que se sustituía por un sentido de la clandestinidad».⁴² Para Tarradellas, la «integración de las cuatro diputaciones, conjuntamente con un reconocimiento político de la Generalitat y de su presidente como institución, habría sido la mejor vía para dar un poder progresivo a la Generalitat restablecida, hasta la aprobación del nuevo Estatuto».⁴³ La respuesta de los grupos políticos fue encargar la elaboración de una propuesta alternativa para fundamentar y acelerar el restablecimiento de la Generalitat conforme a sus planteamientos.

El día 20, Joan Reventós se entrevistó con Tarradellas para informarle de las gestiones y propuestas de los parlamentarios y se encontró con la abierta discrepancia del presidente exiliado; además, según el propio Tarradellas, «no podía admitir que los parlamentarios, haciendo gala de una irresponsable alegría, acabaran cada entrevista negociadora con un alud de críticas con el gobierno, como fue el caso el 14 después de su entrevista con Martín Villa. Éste era el camino para no sacar nada en claro».⁴⁴ En uno de sus característicos gestos de signo autoritario, Tarradellas se negó a entrevistarse con la Comisión Negociadora Parlamentaria el 23 de julio, tal como estaba previsto, al no haberse establecido formalmente las normas relativas a la relación entre ambas partes. Según Sentís, Tarradellas «quería coger las riendas de la negociación».⁴⁵

Dos días después, la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios aprobó, tras refundir tres textos previos elaborados por los socialistas, el PSUC y CDC,⁴⁶ un ambicioso proyecto de real decreto ley que derogaba la ley de 5 de abril de 1938 que había suprimido la Generalitat y establecía un régimen provisional de la institución —formada por el presidente, el Consell provisional y la Diputación provisional— que asumiría de inmediato las competencias de las diputaciones provinciales y las que le traspasara la Administración central del Estado, y que otorgaba un relevante papel a la Diputación provisional formada por los diputados y senadores electos en las cuatro provincias, desde la elaboración y aprobación de las normas de régimen interior de la Generalitat restaurada hasta la elaboración del Estatuto de Autonomía.⁴⁷

El desencuentro entre Tarradellas y la Asamblea de Parlamentarios intentó superarse en la reunión celebrada en Sant Cebrià del Rosselló el día 29 de julio. En el fondo, como planteó Pujol en el seno de la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, se trataba de aclarar si habría una colaboración entre la Comisión Negociadora Parlamentaria y el presidente en pie de igualdad, si la negociación la realizaría Tarradellas asistido por los parlamentarios o si serían éstos quienes tuvieran el papel principal.⁴⁸ A pesar de la tensión acumulada y de una discusión entre Tarradellas y el senador Josep Benet,⁴⁹ la reunión concluyó con un acuerdo que establecía la constitución, «bajo la Presidencia del presidente de la Generalitat o de la persona en que delegue, de una comisión negociadora del restablecimiento inmediato de la Generalitat y de la regulación de su régimen transitorio». La Comisión estaría formada por su presidente y seis representantes de los parlamentarios, elegidos entre sus miembros por la Asamblea. Para que dicha Comisión «pudiera actuar en nombre de la Generalitat» sería nombrada por el presidente con la correspondiente publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Huelga decir que la elección estaba ya efectuada y que la Comisión Negociadora Parlamentaria había actuado en las semanas anteriores. Tarradellas lo aceptaba pero ahora se expresaba como fruto del acuerdo y, sobre todo, se seguía un procedimiento formal de nombramiento que reforzaba su autoridad. Además, el presidente, directamente o delegando en algún o algunos miembros de la Comisión, realizaría «todas aquellas gestiones que por su alto cargo le pertenezcan, que tengan como finalidad hacer avanzar la negociación común». El acuerdo incluía también el estudio de la propuesta de decreto ley para restablecer la Generalitat elaborada por los parlamentarios a fin de presentar al Gobierno una «propuesta conjunta».⁵⁰ El documento aprobado en Sant Cebrià era fruto de la imperiosa necesidad de acuerdo y ponía de manifiesto la difícil relación entre ambas partes. Joan Reventós quedó apartado de la presidencia de la Comisión Negociadora y Tarradellas nombró a uno de sus colaboradores más próximos, Frederic Rahola, pero no pudo incluir a otras personas de su confianza como había sido su pretensión.

El Gobierno, por su parte, decidió nombrar a Salvador Sánchez-Terán como interlocutor gubernamental. El ex gobernador civil de Barcelona ha explicado que, cuando se hizo cargo de la negociación, «no había ningún acuerdo en firme y todas las posibilidades estaban abiertas». Existía «la voluntad de restablecer provisionalmente la Generalitat, pero sin prejuzgar nada el desarrollo futuro de la autonomía». El encargo de Suárez era elaborar «una propuesta razonable para el Gobierno y aceptable para Tarradellas y los parlamentarios catalanes».⁵¹ Con un proyecto de decreto ley que contaba con la conformidad del presidente del Gobierno y de Martín Villa, Sánchez-Terán se trasladó a París para entrevistarse con Tarradellas.

En la reunión celebrada el día 10 de agosto, el presidente entregó al representante del Gobierno un documento con las bases «para un real decreto ley de restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña». Dicho documento difería considerablemente de la propuesta aprobada por la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios el 25 de julio; por una parte, desaparecía la Diputación provisional y las funciones que tenía asignadas; por otra, las atribuciones de la Generalitat provisional estaban menos detalladas, aunque en el punto 3 se establecía que «El Gobierno y la administración de Cataluña durante el período transitorio corresponde al presidente de la Generalitat y a su Consejo de Gobierno».⁵²

Salvador Sánchez-Terán ha relatado con cierto detalle el desarrollo de las reuniones y, puesto que no hubo otros participantes, constituye la única fuente existente. Para el delegado gubernamental, el citado punto 3 trataba de «un tema de nivel constitucional» que el Gobierno no podía abordar por decreto-ley; igualmente, tampoco podía admitir la supresión de las diputaciones, lo que Tarradellas aceptó a lo largo de la conversación, como también aceptó que «sus presidentes podían ser miembros del Consell de la Generalitat». En cuanto a dicho organismo, Tarradellas quería asegurar su competencia para nombrar a los consejeros «y no aceptaba que el Consell fuera el estricto reflejo proporcional de los resultados electorales de cada partido, aunque evidentemente había que tenerlos en cuenta». Por otra parte, rechazaba una presidencia simbólica, con un conseller en cap encargado de la dirección efectiva del Consell, posición que era plenamente compartida por el Gobierno. Igual coincidencia existía en relación al papel de los parlamentarios; Tarradellas consideraba que «su misión básica estaba en las Cortes y en la lucha por el Estatuto de Autonomía», por ello, señala Sánchez-Terán, «ni en su nota escrita ni de palabra propuso Tarradellas dar rango legal a la Asamblea de Parlamentarios, ni bajo forma de Parlamento ni de Diputación Provisional de Cataluña». Como Sánchez-Terán pensaba lo mismo, «es decir, que el decreto ley no debía constituir a la Asamblea de Parlamentarios como órgano legal, hubo en esta decisiva cuestión un pacto implícito». Así, «Tarradellas y yo estábamos, por tanto, configurando para la Generalitat provisional un régimen esencialmente presidencialista». Al finalizar la reunión, Sánchez-Terán consideraba que se había avanzado «en el sincero y realista planteamiento de los problemas».⁵³

Sin embargo, de lo relatado por Sánchez-Terán puede concluirse que, más allá del acuerdo de dejar sin papel a los parlamentarios y en ese perfil «presidencialista» de la Generalitat restaurada, no había avance alguno en la fijación de las competencias del órgano provisional de autogobierno.

Salvador Sánchez-Terán dio cuenta el 19 de agosto de las conversaciones con Tarradellas a Adolfo Suárez, Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno, Rodolfo Martín Villa y Manuel Clavero Arévalo, ministro de relaciones con las Regiones. Este último expresó una serie de preocupaciones que llegaban a su ministerio, entre ellas, la agitación realizada por sectores derechistas y la inquietud despertada en otras regiones. Suárez planteó la disyuntiva fundamental: restaurar la Generalitat provisional o negarse y esperar a la aprobación de la Constitución. Todos los presentes se pronunciaron a favor de la primera opción. No cabe duda de que paralizar el proceso abierto en espera del texto constitucional habría supuesto volver a la situación anterior al viaje de Tarradellas a Madrid, pero sustancialmente agravada por el rechazo que tal decisión causaría e incluso por la imagen de incapacidad para resolver la cuestión que transmitiría el ejecutivo y su presidente. Como señala Sánchez-Terán, «políticamente no debía demorarse el afrontar el hecho catalán», aunque en su opinión «tal vez jurídicamente» hubiera sido más correcto esperar al texto constitucional. Los acuerdos de la reunión fueron que debía rechazarse un parlamento provisional, de manera que la Generalitat provisional estaría formada solamente por el presidente y el Consejo de gobierno; las diputaciones no podían ni suprimirse ni integrarse en la Generalitat, aunque ésta podía coordinarlas. Tampoco podía aceptarse atribuir a la Generalitat la elaboración del Estatuto de Autonomía, puesto que debía ser la Constitución quien fijara este tema. La Generalitat, por último, tampoco podría asumir en exclusiva la representación de Cataluña.⁵⁴ A propuesta de Clavero, el decreto ley de restablecimiento de la Generalitat debía precisar que los actos y acuerdos de dicha institución serían recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa y podrían ser suspendidos por el Gobierno, y que los órganos de gobierno de la Generalitat podrían ser disueltos por el Gobierno «por razones de seguridad del Estado».

Más allá de las consideraciones jurídicas, la posición gubernamental era de naturaleza estrictamente política. Como explica Sánchez-Terán, «no debe ocultarse que el Gobierno estaba hondamente preocupado por la posible constitución de una mayoría socialista-comunista en la Asamblea de parlamentarios catalanes, con la repercusión política que ello comportaría para la Generalitat y para el futuro de Cataluña, por el eco internacional que tendría y por la indudable incidencia en el delicado proceso de transición a la democracia que España estaba viviendo». Los reunidos se ocuparon también de los efectos negativos que la decisión de restablecer la Generalitat podría tener en las Fuerzas Armadas, en otras regiones y en la propia UCD.⁵⁵

Poco antes de la reunión citada, los días 16 y 17 de agosto tuvo lugar en Saint-Martin-le-Beau la de la Comisión Negociadora para el restablecimiento de la Generalitat, en la que Tarradellas informó a los parlamentarios de sus conversaciones con Sánchez-Terán. El comunicado hecho público, pese a la intención de disimularlo, dejaba entrever los desacuerdos existentes. Por una parte, afirmaba que los parlamentarios «habían examinado el documento de trabajo fruto de las ... conversaciones», lo «habían valorado positivamente» y lo habían «estudiado conjuntamente con el Presidente». Por otra, y como resultado de dicho estudio, se había procedido a «la incorporación, hecha de común acuerdo, de algunos elementos», de manera que el texto contemplaba «el establecimiento provisional —en tanto no sea aprobado el Estatuto de Autonomía— de la Generalitat con sus instituciones: Presidencia y, consecuentemente el regreso del Honorable Josep Tarradellas como presidente, un Consell de Govern y la Asamblea Provisional. Entre las funciones de la Generalitat figura la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía».⁵⁶ Es decir, se modificaba el texto del documento presentado por Tarradellas incorporando las posiciones defendidas por los parlamentarios y que el presidente de la Generalitat ni siquiera había planteado a Sánchez-Terán. Quedaba claro que los parlamentarios no estaban dispuestos a aceptar el acuerdo Tarradellas-Sánchez-Terán sobre su ausencia de papel en la Generalitat provisional. El documento presentado por el presidente a la Comisión Negociadora era el mismo texto que entregó a Sánchez-Terán,⁵⁷ lo que indica que Tarradellas presentó a los parlamentarios no un texto fruto de las conversaciones sino el documento que expresaba su posición en ellas.⁵⁸

En todo caso, al punto 3 del documento entregado a Sánchez-Terán que señalaba que el gobierno de Cataluña correspondería al presidente de la Generalitat y al Consell de gobierno, se añadía ahora la frase «asistidos por la Asamblea provisional», y que dicha Asamblea estaría «formada por el conjunto de los Diputados y Senadores de las cuatro circunscripciones de Cataluña». Del mismo modo, al punto 5, que decía «El Presidente de la Generalitat designará a los miembros del Consejo de Gobierno y fijará sus respectivas atribuciones», se añadía «con la aprobación de la Asamblea provisional». Además de estos relevantes añadidos, se incorporaba un nuevo punto, el que establecía que «corresponderá a la Generalitat provisional la elaboración del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña».⁵⁹ Para Sánchez-Terán, «de Saint-Martin-le-Beau salía un régimen parlamentario, en el que diputados y senadores se erigían en el Parlamento provisional de Cataluña y controlaban así al presidente de la Generalitat y a su Consejo de Gobierno». Así, «otorgar o no a los parlamentarios un estatuto legal de Asamblea provisional, para la que no habían sido elegidos, pero para la que podían argüir una legitimidad de hecho, se convertía en tema capital del decreto ley».⁶⁰

Pocos días después, el 23 de julio, se reunió en Lleida el pleno de la Asamblea de Parlamentarios. El punto más importante fue, obviamente, el desarrollo de las negociaciones para el restablecimiento de la Generalitat; el informe presentado por Joan Reventós fue aprobado por unanimidad pero el debate suscitado permitió apreciar con mayor nitidez las diversas posiciones de las formaciones políticas, ocultas en los comunicados resultantes de entrevistas y reuniones y entre las reiteradas proclamas sobre la unidad de las fuerzas políticas catalanas y de éstas con Tarradellas. Para Heribert Barrera, el desarrollo de los acontecimientos había dado la razón a quienes habían defendido en los meses anteriores que «era el Presidente de la Generalitat, único representante legítimo del conjunto de Cataluña, y no los Partidos, quien podía negociar con mayores probabilidades de éxito con el Gobierno Central». Además, el secretario general de ERC quiso resaltar que, en su opinión, partidos y parlamentarios habían dado una prueba de patriotismo «aceptando finalmente el papel preeminente que el Presidente debía tener y ha tenido en las negociaciones». Y, por último, apelando a la «regla democrática de la separación de poderes», señaló que, aunque la futura Asamblea Provisional ejerciera un papel importante, las facultades de gobierno eran «privilegio del poder ejecutivo».⁶¹

Jordi Solé Tura fue el primer encargado de replicar a Barrera. Para el diputado del PSUC, a la hora de valorar el avance en el proceso de restablecimiento de la Generalitat, no debía olvidarse en ningún momento el papel decisivo de los resultados de las elecciones del 15 de junio, así como «todo el proceso político que lo había precedido, el que explica los resultados concretos de este 15 de junio», al igual que el triunfo de las fuerzas políticas que tuvieron «una participación concreta y clara en el proceso de lucha contra el franquismo en Cataluña» y en toda España, «porque hemos partido siempre del principio de que aquí no tendríamos libertad ni amnistía ni estatuto de autonomía si no era en el marco conjunto de la democracia en toda España». Solé Tura quiso recordar también «que el centro de gravedad de todo sistema político democrático se sitúa en los órganos elegidos», en el Parlamento, que no solo es «un órgano de control, sino de orientación, de impulso y de Gobierno».

El contraste entre ambas posiciones era claro, pese a estar expresado en una forma muy contenida. Por otra parte, frente a la visión centrada exclusivamente en Cataluña, el portavoz comunista afirmó que «de la forma como consigamos reconquistar las instituciones y los principios configurados en el Estatuto de 1932, depende, entre otras cosas, y no es poca cosa, la configuración del sistema de las autonomías en la futura Constitución». La restauración de la Generalitat supondría también «una vitoria de la democracia en toda España» y debería ser «una gran ocasión de reafirmar nuestra solidaridad con las aspiraciones y las conquistas democráticas de todos los pueblos de España». Cataluña haría «con su autonomía una contribución decisiva a la causa histórica de la conquista y la consolidación de la democracia en todo el país».⁶²

Igualmente, para el portavoz socialista, Eduardo Martín Toval, la unidad alcanzada había sido posible porque «ha habido un reconocimiento explícito de que el resultado de las elecciones del 15 de junio ha significado un impulso definitivo para la reivindicación autonómica de Cataluña». El contenido del acuerdo de Saint-Martin-le-Beau expresaba la reivindicación esencial de las fuerzas políticas, «la recuperación de los principios y las instituciones del Estatuto de 1932», es decir la presidencia, el consejo de gobierno y el parlamento, asegurando el funcionamiento democrático de dichas instituciones, «con preeminencia, por tanto de los cargos elegidos ..., de la Asamblea Provisional de la Generalitat provisional». Por otra parte, el diputado socialista se refirió a los importantes retos que la Generalitat provisional tendría planteados —políticos, institucionales, administrativos, sociales y económicos—, lo que exigía un Consejo de unidad que reflejara en su composición el resultado de las elecciones de junio, nombrado por el presidente Tarradellas «previo acuerdo con las fuerzas políticas» y con la aprobación de la Asamblea de Parlamentarios en funciones de Asamblea provisional; un Consejo con un conseller en cap en el que el presidente de la Generalitat «delegue sus funciones ejecutivas».⁶³

Jordi Pujol, por su parte, quiso enfatizar que lo que consideraba fundamental del proceso que se estaba desarrollando, más allá de las competencias que pudiera tener la Generalitat provisional y sin ni siquiera mencionar su composición, era el «reconocimiento político de la realidad cultural y lingüística, de la realidad de conciencia histórica, de la realidad de voluntad de ser nación, de la realidad de la conciencia nacional de Cataluña y de su voluntad de seguir manteniendo viva, firme y sólida esta entidad de poder [la Generalitat], este órgano de reconocimiento político». Ramon Trias Fargas destacó en su intervención como algo conseguido de suma importancia el hecho de que no hubiera en ese momento «ningún partido político español de la más mínima importancia en el Parlamento español que no crea que hay que restablecer los derechos de Cataluña». Sin embargo, advertía al mismo tiempo que junto a esa favorable realidad política existía una «larga tradición burocrática, de realidades sociales, de instituciones que constituyen el Estado centralista español», forjado durante siglos, que constituía un peligro que sería iluso ignorar. Y, como habían insistido otros diputados, realizó una llamada a la moderación y al realismo, no pretendiendo «objetivos imposibles» y, en coincidencia con Pujol, destacó la importancia fundamental del «reconocimiento simbólico de la personalidad política de Cataluña». Por último, expresó la voluntad de «construir una España moderna, democrática y justa y libre y necesitamos a todos los pueblos de España».⁶⁴

En concordancia con su intervención en la segunda reunión plenaria de la Asamblea de Parlamentarios, Laureano López Rodó insistió en el papel fundamental que debía desempeñar la Asamblea de Parlamentarios apoyando la intervención del portavoz comunista que, frente a la posición de Heribert Barrera, había afirmado que «el órgano importante, el decisorio, es la Asamblea, es el Parlamento»; además pidió que la Comisión Negociadora aclarara la posición de Tarradellas, puesto que en una entrevista publicada por el diario Informaciones justo el día anterior había manifestado que Cataluña tendría un régimen presidencialista.⁶⁵

CRISIS EN LA NEGOCIACIÓN

El 26 de agosto, Salvador Sánchez-Terán se reunió de nuevo con Tarradellas en París para presentarle el proyecto de decreto ley elaborado por el Gobierno para restablecer la Generalitat y el decreto de nombramiento de presidente. El artículo primero del proyecto de decreto ley restablecía «con carácter provisional la Generalitat de Cataluña, hasta la entrada en vigor del régimen de autonomía que pueda aprobarse en las Cortes». El segundo definía la personalidad jurídica de la Generalitat y su ámbito de actuación —las cuatro provincias— y el tercero establecía como órganos de gobierno durante el período transitorio el presidente y el Consejo Ejecutivo. El nombramiento del presidente de la Generalitat se efectuaría por decreto a propuesta del presidente del Gobierno. El presidente de la Generalitat nombraría a los miembros del Consejo Ejecutivo, del que formarían parte los presidentes de las diputaciones provinciales catalanas. El artículo sexto establecía las atribuciones de la Generalitat, «dentro del régimen jurídico general y local vigente»: la elaboración y aprobación de las normas de régimen interior; la coordinación de la actuación de las cuatro diputaciones provinciales, «en cuanto afecte al interés general de Cataluña»; la gestión y administración de las funciones y servicios que le transfiera la Administración del Estado y las diputaciones, y la propuesta al Gobierno «de cuantas medidas afecten a los intereses de Cataluña». El proyecto incluía las propuestas de Clavero Arévalo sobre el recurso de los actos y acuerdos de la Generalitat y sobre su disolución «por razones de seguridad del Estado».⁶⁶

Conforme a la posición gubernamental —y de Tarradellas— el proyecto no contemplaba establecer una Asamblea provisional y tampoco fijaba la intervención de los parlamentarios en la composición del Consell Executiu. La segunda reunión se celebró al día siguiente, después de que Tarradellas consultara el documento con sus asesores. El presidente de la Generalitat valoró positivamente el proyecto de real decreto ley y sus discrepancias se centraron en las competencias de la institución y su relación con las diputaciones. En concreto proponía que la Generalitat, en tanto que órgano territorial supraprovincial, integrara a las instituciones provinciales definidas como «órganos administrativos de la Generalitat». Sánchez-Terán reiteró la posición gubernamental de no poder modificar en dicho decreto ley la naturaleza de las diputaciones, pero al final se llegó a un texto consensuado que decía que la Generalitat podría «integrar las actuaciones de las Diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, en cuanto afecte al interés general de Cataluña y coordinar sus funciones en el ámbito de la Generalidad, manteniendo dichas diputaciones su personalidad jurídica». Sin embargo, el acuerdo no pudo cerrarse puesto que el Gobierno comunicó a Sánchez-Terán que quería estudiarlo con más detenimiento, lo que enfureció a Tarradellas, que incluso se ausentó de la rueda de prensa que se había convocado para dar cuenta de las negociaciones al poco de iniciarse.⁶⁷ La negociación debía prolongarse.

El comunicado hecho público afirmaba que «se ha llegado a acuerdos básicos en temas esenciales» y que se continuarían estudiando «ciertos aspectos técnicos y jurídicos» y, al mismo tiempo, se informaría al Gobierno y a los parlamentarios. Sánchez-Terán ha explicado otros extremos de sus conversaciones con Tarradellas, algunos de indudable interés, más allá de la negociación para el restablecimiento de la Generalitat. Así, por ejemplo, la opinión del presidente de la Generalitat de que se podría formar un «centroizquierda que abarcara desde UCD hasta Heribert Barrera, incluyendo a los nacionalistas de Pujol y a los socialdemócratas de Pallach y que esa coalición tendría el voto mayoritario del pueblo catalán», aunque no se definió sobre «si estaría dispuesto a encabezar ese conglomerado». También manifestó su incomodidad con la próxima Diada del 11 de septiembre, puesto que —el entrecomillado es de Sánchez-Terán— «se le ha dado un carácter de fiesta antiespañola y hay que acabar con eso».⁶⁸

Una vez examinada la propuesta por el Gobierno, Sánchez-Terán transmitió a Tarradellas la conformidad con el acuerdo que habían alcanzado en París. Quedaban, sin embargo, cuestiones menores que fueron tratadas en una reunión, de la que no se informó a la prensa, en el domicilio en Madrid del negociador gubernamental con los asesores de Tarradellas, Rahola, Sureda y Ortínez el día 1 de septiembre. Allí se precisaron aspectos relativos a la forma de asumir transitoriamente la presidencia de la Diputación de Barcelona por parte de Tarradellas, a las normas de régimen interior de la Generalitat y a la representación legal de su presidente. Al día siguiente, 2 de septiembre, el delegado del presidente de la Generalitat, Frederic Rahola, hizo público un comunicado informando que se había alcanzado «una conclusión aceptable para ambas partes». Por su parte, el Consejo de Ministros dio su conformidad a los decretos preparados; para el Gobierno el acuerdo estaba concluido.⁶⁹

Todo lo anterior se había desarrollado sin trasladar ninguna información precisa a los parlamentarios de la Comisión Negociadora; la nota de Rahola señalaba simplemente que se había convocado dicha Comisión «a fin de exponerle el contenido de esta conclusión». El malestar de los parlamentarios estaba, pues, más que justificado y quien lo expresó con claridad fue el senador Josep Benet en unas declaraciones a Mundo Diario el día 30 de agosto. El senador más votado el 15 de junio declaró abiertamente que «no sabemos nada oficialmente», y que la situación era «preocupante» ya que la negociación «se alarga mucho», añadiendo que «es imposible que una negociación se lleve por una parte en Madrid y la otra en Saint-Martin-le Beau».⁷⁰ Paralelamente, la coalición Socialistes de Catalunya hizo pública una declaración en la que, tras apuntar al Gobierno denunciando la «gravedad de la tardanza del reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña y su institucionalización política con la Generalitat», dirigiéndose a Tarradellas recordaba «el compromiso, constantemente reiterado, de que la presidencia no tomará decisiones sin el acuerdo de los diputados y senadores democráticos del pueblo de Cataluña, y ésta mantendrá unitariamente la negociación». La declaración exigía que «el Consell Provisional de la Generalitat de Catalunya sea un Consell de unidad catalana y, por tanto, que esté constituido atendiendo el resultado de las elecciones del 15 de junio», y reivindicaba un consejo ejecutivo con «delegación de funciones en un conseller en cap» y una asamblea provisional que «en estos momentos no podía ser otra que la Asamblea de Parlamentarios, hasta el día que se constituya legítimamente el Parlamento de Cataluña».⁷¹

La reacción de Tarradellas, que no podía enfrentarse abiertamente a la fuerza política ganadora de las elecciones, se centró en Benet. El mismo día 30 hizo pública una orden cesando al senador de la Comisión Negociadora, lo que fue rechazado de inmediato por los parlamentarios en una reunión de la Comisión Permanente, puesto que había sido la Asamblea la que había elegido los miembros de la Comisión y no el presidente, que solamente había realizado el nombramiento formal. Además, decidieron suspender la reunión que debía celebrarse con Tarradellas. La crisis estaba servida. El choque de la legitimidad democrática representada por los parlamentarios y el presidente en el exilio afectaba a las formas y a los contenidos. Las culturas políticas de los grupos políticos mayoritarios se habían forjado en la acción antifranquista, en las prácticas unitarias y en las decisiones consensuadas y, a marchas forzadas, estaban integrando formalidades institucionales. Tarradellas, que había permanecido aislado del antifranquismo realmente existente que había impulsado y encauzado la acción contra la dictadura, cuyas iniciativas con frecuencia había criticado ferozmente, era totalmente ajeno a las formas de relación y a las complicidades tejidas en la clandestinidad. Por otra parte, tenía una concepción formalista y personalista del ejercicio del poder, además con una dosis no insignificante de autoritarismo, que era completamente extraña a los grupos políticos. Más allá de las formas, existían dos discrepancias de calado entre Tarradellas y los parlamentarios que ahora se manifestaban de forma más clara todavía: por una parte, el papel de cada uno de los actores en el proceso de negociación; por otra, la composición del futuro Consell de la Generalitat. En ambos puntos, la posición del Gobierno y de Tarradellas era coincidente, lo que constituía un formidable obstáculo para los objetivos de quienes disponían de la legitimidad democrática.

Además, Tarradellas disponía del apoyo incondicional de un grupo reducido pero significativo de personas del ámbito cultural y profesional que, aunque carecían de cualquier representatividad política, lograron hacer oír su voz en una situación desconcertante para buena parte de la ciudadanía. En esta tensa situación y con sorprendente celeridad se hizo pública una declaración de apoyo a Tarradellas⁷² que contenía un ataque frontal a Josep Benet y en la que se pedía que se respetara la «autoridad» del presidente, al tiempo que se afirmaba que «la negociación con el Gobierno de Madrid para recuperar la Generalitat es una negociación que pertenece al presidente». Además, dicho documento afirmaba que «el presidente sabe muy bien que será necesario sacrificar alguna cosa para salvar lo esencial; pero solo él, que ha encarnado en un largo exilio lo esencial, puede sacrificar lo que no es esencial».⁷³ Es decir, debía dejarse todo en manos de un solo hombre —claro está que asesorado por personas de su confianza pero igualmente carentes de cualquier representatividad— que podía tomar decisiones trascendentales dejando en un más que discreto segundo plano a los representantes que los ciudadanos habían podido elegir tras cuarenta años de amordazamiento.

El mismo día que se hizo público el anterior documento, el 1 de septiembre, el dirigente socialista Joan Reventós se trasladó a Saint-Martinle-Beau para manifestar al presidente el rechazo parlamentario a la decisión de destituir a Josep Benet y para conocer de primera mano el punto en el que se hallaban las negociaciones con Sánchez-Terán.⁷⁴ Al día siguiente, se reunió la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios y expresó su profundo malestar por la actuación de Tarradellas, acordando dejar en suspenso la actividad de la Comisión Negociadora. La posibilidad de celebrar una reunión entre Tarradellas y la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios —de la que formaba parte Benet— fue rechazada telefónicamente por el presidente. La situación quedaba bloqueada: Tarradellas no podía confirmar el acuerdo con el Gobierno sin el apoyo de los parlamentarios; éstos, por su parte, no podían romper con el presidente exiliado, lo que, además, habría comportado una fractura interna.

El 3 de septiembre, Convergència Democràtica de Catalunya manifestó también públicamente su posición sobre el proceso negociador y la situación que se había creado. Frente a las críticas del entorno de Tarradellas a los grupos políticos, para CDC era necesario «defender y potenciar el prestigio de los partidos políticos y los parlamentarios», porque no solo debía «respetarse la expresión de la voluntad popular del 15 de junio, y consecuentemente a los representantes designados por el pueblo, sino también porque sin partidos políticos sólidos y prestigiosos no será viable la democracia». La «conflictividad interna» que se estaba produciendo «podía privar a la futura Generalitat provisional de carácter de conquista colectiva que evidentemente tiene, y deteriorar gravemente el clima de unidad y de patriotismo que necesita». Ante tal panorama, el partido nacionalista advertía que si no se reconducía de inmediato la situación podría iniciar una actuación propia.⁷⁵

Ese mismo día, Antoni Gutiérrez, en la reunión del Comité Central del PSUC, describió muy críticamente todo el proceso para restablecer la Generalitat. Por una parte, Tarradellas, que «es quien, fundamentalmente, ha tenido la negociación en las manos, nos ha informado muy pobremente», y además «nos ha hecho caso de una forma también muy limitada». Por otra, el Gobierno había optado por «distanciar a los parlamentarios», esforzándose en colocarlos en «una segunda o tercera línea en la negociación». El Gobierno Suárez, «coincidiendo objetivamente con las fuerzas minoritarias» como ERC y UDC que obtuvieron en las elecciones «unos resultados muy modestos», quería alcanzar acuerdos «que hagan olvidar hasta donde sea posible los resultados del 15 de junio». Para el dirigente comunista, la ausencia de una Asamblea de Parlamentarios situaba la figura del presidente de la Generalitat «en una posición presidencialista o más que presidencialista» y le otorgaba una posición de «omnipotencia para nombrar al Consell de Govern». Contrariamente, un órgano parlamentario y «la aceptación que el gobierno habría de ser aprobado por la Asamblea de Parlamentarios» significaba «trasladar el centro de gravedad de las decisiones políticas al Parlamento provisional y, en consecuencia, democratizar el funcionamiento del organismo transitorio hasta la obtención del nuevo Estatuto de Autonomía».⁷⁶

Finalmente, a petición de Tarradellas, el 6 de septiembre se celebró, en el aeropuerto de Orly, una reunión del presidente de la Generalitat con los dirigentes de los partidos políticos representados en la Comisión Permanente —Joan Reventós, Josep M. Triginer, Gregorio López Raimundo, Jordi Pujol, Ramon Trias Fargas, Josep Verde, Anton Cañellas, Carles Sentís y Heribert Barrera—, una fórmula que evitaba la participación del senador Benet sin que ninguna de las partes tuviera que ceder en sus posiciones. El presidente informó del acuerdo con el Gobierno, y los líderes políticos, en especial socialistas y comunistas,⁷⁷ manifestaron su insatisfacción por su contenido, en particular en lo relativo a la ausencia de la representación parlamentaria y a la presencia en el Consell de los presidentes de las diputaciones provinciales. Tarradellas se negó a plantear al Gobierno una renegociación del acuerdo, pero manifestó que no se opondría a los cambios que pudieran introducirse en una nueva negociación entre los líderes políticos y el Gobierno.⁷⁸

El día siguiente, los líderes de las formaciones políticas se reunieron en Madrid con el vicepresidente Abril Martorell, los ministros Martín Villa, Manuel Clavero y el negociador Salvador Sánchez-Terán; los dos asuntos centrales fueron la presencia de los presidentes franquistas de las diputaciones en el Consell y el reconocimiento del papel de la Asamblea de Parlamentarios con funciones no legislativas pero sí de control del Consell Executiu. En dicha reunión, los representantes del Gobierno se opusieron a las demandas planteadas; Abril Martorell afirmó que estaban en el límite de las concesiones. En la impresión que anotó Ramon Trias Fargas, los representantes gubernamentales reforzaban a Tarradellas, «pues se ve que es él quien no quería nuestra Asamblea».⁷⁹ Dos días después tuvo lugar una segunda reunión en el Palacio de la Moncloa con la participación de Adolfo Suárez, quien, según Joan Reventós, se mostró más receptivo a los argumentos de los líderes políticos.⁸⁰ Entre ambas reuniones, la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios ratificó el día 8, esencialmente por la posición de socialistas y comunistas, el rechazo a la presencia de los presidentes de las diputaciones en el Consell Executiu, la necesidad de establecer un mecanismo de control sobre dicho organismo así como el papel de los parlamentarios, titulares de la legitimidad democrática, en la Generalitat provisional.

HACIA EL ACUERDO

Durante las semanas anteriores, se había confiado en que antes de la Diada del 11 de septiembre se hubiera restablecido la Generalitat y Tarradellas habría regresado a Barcelona. Sin embargo, desde el estallido del conflicto entre los parlamentarios y Tarradellas estaba claro que ello no sería posible y, al mismo tiempo, que la manifestación tendría un fuerte carácter reivindicativo.

En palabras de alguien tan poco sospechoso de parcialidad como Salvador Sánchez-Terán, «la manifestación fue verdaderamente impresionante y demostró ante toda España y ante el mundo la realidad política de Cataluña: la adhesión abrumadoramente mayoritaria de los catalanes a las instituciones que son expresión de su personalidad histórica». El Gobierno «siguió con atención máxima la marcha y respiró con alivio al concluirse sin ningún contratiempo». Por su parte, el gobernador civil de Barcelona, José M.ª Belloch, tuvo que «contribuir a serenar la preocupación de los mandos de las fuerzas de seguridad».⁸¹ Según Carles Sentís, la masiva manifestación —se cifró entre un millón y un millón y medio el número de asistentes— resultó favorable para todos los principales actores políticos; para los partidos políticos al demostrarse de nuevo su capacidad de convocatoria, para Tarradellas, porque su retorno fue reclamado unánimemente, y para Suárez, porque le «daba fuerza de cara a las reticencias que el proceso de autonomía de Cataluña levantaba entre los sectores militares», que según el líder de la UCD catalana «bien mirado era la única cosa que daba miedo a Suárez»,⁸² aunque debe tenerse en cuenta que Alianza Popular, a través de su líder Manuel Fraga, había manifestado su oposición al restablecimiento de la Generalitat por decreto.⁸³

Después de un nuevo encuentro infructuoso entre Sánchez-Terán y Reventós, Triginer y López Raimundo, el 15 de septiembre se reunió nuevamente la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios en una sesión de cierta tensión y en la que afloraron más claramente las divergencias existentes en su seno. Eduardo Martín Toval, en nombre de los socialistas, Antoni Gutiérrez del PSUC, y Josep Benet de los senadores de la Entesa criticaron duramente el texto del proyecto de real decreto ley, sobre el que este último afirmó que no veía en él «ni autogobierno ni autonomía, sino el nombramiento de un presidente por decreto ley a propuesta del presidente del Gobierno de Madrid». En cambio, Jordi Pujol mostró su disposición a apoyar la propuesta gubernamental «porque si la Generalitat no era recibida de manera positiva por parte de todos, se erosionaría y destruiría en cuatro días».⁸⁴

Según el relato de Sánchez-Terán, para intentar salir del punto muerto al que se había llegado, propuso a Suárez que los presidentes de las diputaciones no se incorporaran al Consell hasta después de celebradas las elecciones municipales, atendiendo así al argumento de su falta de legitimidad democrática, pero asegurando así que se mantuviera la presencia de un «representante» de cada una de ellas. Esta fórmula «institucionaliza la presencia de las diputaciones en el Consejo y no la vincula necesariamente a sus presidentes». Sería preciso, añadía, «un acuerdo político posterior —básicamente entre el Pacte y UCD para Gerona, Lérida y Tarragona— sobre la persona de este representante». En relación al segundo problema, el representante gubernamental reafirmaba los argumentos contra el establecimiento en la Generalitat provisional de un órgano de carácter parlamentario: se trataba de «un tema de nivel constitucional», los diputados y senadores «no tienen ningún mandato para el Parlamento catalán», el reconocimiento de la Asamblea de Parlamentarios «implicaría un grave problema político, pues plantearía el conceder un status parecido a las catorce Asambleas de Parlamentarios que de facto se están reuniendo en las diversas regiones de España, lo cual es ilegal e inaceptable». Sin embargo, proponía que se aceptara la que definía como «la última propuesta de los dirigentes políticos», consistente en que se estableciera que las normas de régimen interior de la Generalitat deberían ser aprobadas «conjuntamente —o de común acuerdo— con los parlamentarios»,⁸⁵ aunque ello no debía figurar en el decreto ley sino en un posterior decreto de desarrollo.

Por otra parte, la presión desde el entorno de Tarradellas se incrementó, sumando el apoyo de personas de alguna relevancia pública a quienes sin duda los resultados electorales habían desagradado y que compartían un notable menosprecio hacia los representantes electos. Así, la Comisión del Manifiesto para el Restablecimiento de la Generalitat, de la que formaban parte entre otros Josep M. Bricall, Ricard Lobo y Josep Dalmau, divulgó un comunicado en defensa de Tarradellas, quien —se afirmaba— «había seguido y seguía, por encima de todo, una política clara al servicio de Cataluña», y se responsabilizaba a los partidos incluso de que el restablecimiento de la Generalitat no se hubiera logrado antes de las elecciones, a partir de la primera entrevista del presidente con un representante del Gobierno en noviembre de 1976.⁸⁶

En este momento había aparecido en las conversaciones entre los representantes gubernamentales y de los parlamentarios otra cuestión capital, la composición del Consell Executiu de la Generalitat provisional. Según Sánchez-Terán, Tarradellas quería resolver esta cuestión en Barcelona, después del restablecimiento de la Generalitat y ejerciendo plenamente sus funciones de presidente. Pero, en este punto, la divergencia entre el presidente exiliado y los grupos políticos, en especial los vencedores en las elecciones de junio, era también nítida. Ello obligó a entrar a fondo en el tema, cosa que el Gobierno no se había planteado. Para Sánchez-Terán, «no podía ignorarse ... la repercusión que la presencia de uno o varios miembros del PSUC en el Consejo Ejecutivo de la Generalitat, podía tener en la opinión pública nacional, en sectores de la derecha, en las Fuerzas Armadas e incluso en el ámbito internacional». En una reunión del negociador gubernamental con el vicepresidente Abril Martorell se contemplaron las diversas opciones de composición del Consell Executiu: 1.ª con socialistas, PDC y UCD, excluyendo a los comunistas; 2.ª proporcional a los resultados electorales y, por tanto, con «una mayoría socialista y comunista ... y subordinación, de hecho, de Tarradellas a dicha mayoría»; 3.ª con presencia de consejeros políticos de todos los partidos con mayor representación y con consejeros de perfil técnico; y 4.ª un consejo como el anterior pero sin el PSUC, que estaría representado por un independiente próximo al partido. Para el Gobierno la mejor opción era claramente la primera pero, consciente de su difícil viabilidad, consideró que la que podía tener más aceptación era la última, siendo la peor la segunda. Suárez dio su conformidad a la propuesta.⁸⁷

Tarradellas y Sánchez-Terán volvieron a reunirse el 20 de septiembre, en esta ocasión en la modesta residencia del presidente de la Generalitat. Tarradellas aceptó la posición del Gobierno en relación a la composición del Consell Executiu, pero quiso dejar claro que únicamente a él le correspondía hacer los nombramientos y que no delegaría ninguna función, pese a que las voces favorables a un conseller en cap socialista continuaban manifestándose. Ambos interlocutores, a la vista de lo sucedido con anterioridad, eran conscientes de que no podía cerrarse definitivamente ningún acuerdo sin el pronunciamiento de los parlamentarios, por lo que acordaron mantener contactos con los dirigentes de las formaciones políticas a fin de alcanzar el acuerdo definitivo. El comunicado hecho público tras la entrevista afirmaba que era precisa «una clarificación sobre las propuestas de los parlamentarios antes de presentar al Gobierno un texto normativo, así como sobre el proceso de implantación y desarrollo de la Generalitat».⁸⁸ Los diversos encuentros celebrados tuvieron su culminación en la reunión en Perpiñán de todas las partes el día 28 de septiembre, una vez asegurado que habría acuerdo. La última entrevista entre Sánchez-Terán, Reventós y Triginer resolvió los últimos escollos, entre ellos el incremento de la presencia socialista en el Consell Executiu como fuerza más votada, con los líderes de las dos fuerzas de la coalición, PSC-C y FSC del PSOE.

El 27 de septiembre se reunieron los dirigentes políticos de los principales partidos con Tarradellas y al día siguiente con Sánchez-Terán, incorporándose a la reunión representantes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.⁸⁹ Es revelador que, según Sánchez-Terán, Tarradellas le planteara que prefería que el acuerdo final fuera solo entre los parlamentarios y el Gobierno, obviamente con su aceptación, aunque no se resistió a los argumentos en sentido contrario del delegado gubernamental. El acuerdo final era agridulce para todos. El Gobierno tuvo que ceder mucho más de lo que había contemplado en ningún momento e incluso, cuando finalmente se constituyó el Consell Executiu, tuvo que aceptar que no figuraran en él representantes de las diputaciones y que existiera una mayoría de izquierda, con cuatro consejeros socialistas y dos comunistas. Tarradellas vio como los parlamentarios habían logrado introducir modificaciones sustanciales a su acuerdo inicial con el Gobierno que le otorgaba todo el poder en la Generalitat provisional. Por último, los grupos políticos tuvieron que aceptar que no se institucionalizara la Asamblea de Parlamentarios, y los socialistas, además, que no existiera la figura de conseller en cap que aspiraban a tener en sus manos.

El acuerdo dado a conocer a última hora del día 28, después de una larga reunión y tras diversas llamadas de Sánchez-Terán a Madrid, hacía constar la conformidad de todos los presentes con el contenido de los proyectos de disposiciones sobre el restablecimiento de la Generalitat, y comprometía a todos los partidos firmantes que estaban integrados o directamente relacionados con partidos de ámbito español a garantizar el pleno apoyo de éstos a dichos proyectos. El Consell Executiu sería presidido por el presidente de la Generalitat, quien «podría delegar únicamente funciones ejecutivas específicas», lo que excluía el nombramiento de un conseller en cap. Dicho Consell estaría formado por los dirigentes de los cinco partidos con mayor representación parlamentaria⁹⁰ —lo que implicaba dos socialistas— sin funciones ejecutivas específicas, «con el objetivo de expresar el respaldo político de los partidos y su participación en la Generalitat» en la fase transitoria; por siete consejeros «elegidos entre personas de reconocida competencia en cada materia» designados por el presidente de la Generalitat, «de acuerdo con los diputados y senadores de Cataluña»; y por cuatro representantes de las diputaciones provinciales. Los parlamentarios se aseguraban, pues, la participación en la designación del Consell y aceptaban la fórmula sobre las diputaciones propuesta por el Gobierno.

Las normas de régimen interior de la Generalitat provisional reafirmaban «la participación de los parlamentarios en el nombramiento y cese de los doce consejeros», de manera que «el nombramiento de los doce consejeros» lo efectuaría el presidente de la Generalitat provisional «de acuerdo con los diputados y senadores de Cataluña». Además, los parlamentarios serían «informados y consultados periódicamente sobre la marcha de los trabajos y actuaciones de la Generalitat provisional». Según Jaume Sobrequés, se incorporó también al acuerdo que la Generalitat prepararía «los trabajos conducentes a la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía de conformidad con lo que establezca la Constitución».⁹¹ Finalmente, el acuerdo refrendaba «los principios básicos que han presidido esta negociación» y que eran: «a) el principio de la unidad de España y la solidaridad de todos los pueblos que la integran; b) el reconocimiento de la personalidad de Cataluña simbolizada en el restablecimiento de la Generalitat provisional; c) el proceso de restablecimiento y desarrollo de la Generalitat provisional, de conformidad con la legislación vigente y sin condicionar la futura Constitución».⁹²

Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que restablecía la Generalitat, a continuación se efectuó el trámite de audiencia en la Comisión de urgencia legislativa de las Cortes y el 5 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado. El preámbulo, redactado fundamentalmente por Sánchez-Terán, empezaba afirmando que «La Generalitat de Cataluña es una institución secular en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica, dentro de la unidad de España»; la gran mayoría de fuerzas políticas «que concurrieron a las elecciones del 15 de junio coincidieron en la necesidad del restablecimiento de la Generalitat», y el Gobierno «proclamó en su declaración programática la necesidad de la institucionalización de las autonomías, anunciando la posibilidad de acudir a fórmulas de transición, desde la legalidad vigente», que permitieran «realizar transferencias de actividades de la Administración del Estado y de las diputaciones a entidades de distinto ámbito territorial» hasta la promulgación de la Constitución que permitiría «el establecimiento estatutario de las autonomías». El restablecimiento de la Generalitat «no prejuzga ni condiciona el contenido de la futura Constitución en materia de autonomías», ni suponía «un privilegio» ni impedía que «fórmulas parecidas puedan emplearse en supuestos análogos en otras regiones de España». Por otra parte, la institucionalización de las regiones debía «basarse principalmente en el principio de la solidaridad entre todos los pueblos de España, cuya indisoluble unidad debe fortalecerse con el reconocimiento de la capacidad de autogobierno en las materias que determine la constitución». Por último, el preámbulo constataba que «la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias han reconocido también la conveniencia de proceder urgentemente a dicho restablecimiento».⁹³

El articulado del real decreto ley respondía al acuerdo político alcanzado, aunque no contenía todas las precisiones fijadas en aquél respecto al nombramiento del Consell Executiu y al papel de los parlamentarios. La segunda disposición final derogaba la ley franquista de 5 de abril de 1938 que suprimió el Estatuto de Autonomía de 1932, lo que, para Carles Sentís, exageradamente, suponía «que la situación jurídica de Cataluña volvía al punto en que había quedado situada durante todo el período republicano, y que el franquismo no había sido sino un larguísimo paréntesis».⁹⁴ Otra disposición final derogaba también el real decreto ley del 18 de febrero de 1977 que creaba el Consejo General de Cataluña. Una disposición transitoria estableció que, mientras estuviera en vigor el régimen provisional de la Generalitat, su presidente lo sería también de la Diputación de Barcelona.

El 30 de septiembre, otro real decreto ley disponía que las normas reglamentarias de régimen interior de la Generalitat provisional serían aprobadas «previo acuerdo con los diputados y senadores de Cataluña», y establecía la creación de dos comisiones mixtas, una para proponer al Gobierno la transferencia a la Generalitat de la gestión de funciones, actividades y servicios de la competencia de la administración del Estado, y otra para las transferencias de funciones de las diputaciones a la Generalitat.⁹⁵ Finalmente, el 17 de octubre, otro real decreto ley nombraba a Tarradellas presidente de la Generalitat provisional.

La Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, reunida el 30 de septiembre, tras un cierto debate aprobó una propuesta para ser sometida al plenario de la Asamblea. Reventós informó que, a pesar de que en real decreto ley se mantenía la presencia de representantes de las diputaciones en el Consell Executiu, Sánchez-Terán se había comprometido a que no se integrarían hasta después de las elecciones municipales.⁹⁶ Resultó curioso que, alcanzado el acuerdo, las voces más críticas fueran las de los representantes de fuerzas minoritarias que más se habían distinguido por su apoyo a Tarradellas en momentos anteriores, cuando lo conseguido estaba a todas luces a mayor distancia de los objetivos fijados por los parlamentarios, como Heribert Barrera lamentando la ausencia de la Asamblea de Parlamentarios en la Generalitat. Por el contrario, Gregorio López Raimundo y Josep M.ª Triginer destacaron las mejoras logradas en relación con los acuerdos iniciales de Tarradellas, y Eduardo Martín Toval destacó el esfuerzo para ello llevado a cabo por socialistas y comunistas. Jordi Pujol, por su parte, valoró favorablemente el real decreto ley y el acuerdo unánime alcanzado.⁹⁷

La propuesta de resolución, aprobada también por unanimidad por la Comisión Permanente, para ser sometida al pleno de la Asamblea de Parlamentarios, destacaba el «hecho trascendental» que suponía «el reconocimiento jurídico de la personalidad histórica y política de Cataluña». El marco institucional, afirmaba, haría posible «el ejercicio progresivo de nuestras libertades» y sin ser todavía «la plena autonomía» constituía «un primer paso decisivo para elaborar y obtener el Estatuto que queremos para Cataluña». Además, «queremos que la experiencia de nuestra autonomía pueda representar una aportación útil para la consecución de otros afanes y sirva para consolidar la democracia. Para nosotros autonomía y democracia son inseparables».⁹⁸ La propuesta fue aprobada igualmente por unanimidad en la Asamblea de Parlamentarios celebrada el 1 de octubre.

Al inicio de la sesión, caracterizada por su tono solemne, el presidente de la Asamblea, Josep Andreu Abelló, se dirigió a «todos los pueblos y regiones del Estado español» para manifestarles que «no queremos nuestra autonomía como un privilegio» y que «estamos dispuestos a ayudar a todos los pueblos y a todas las regiones de España» a conseguir su autonomía si así lo querían. La autonomía catalana no tenía un «sentimiento disgregador del Estado español, al revés, nosotros queremos que nuestra libertad y el reconocimiento de nuestra nacionalidad sea un factor de unidad de todos los pueblos y regiones de España». Las intervenciones de los parlamentarios tuvieron el mismo carácter solemne aunque no faltaron referencias políticas distintivas de las concepciones y prioridades de las distintas formaciones políticas.

Gregorio López Raimundo destacó el papel de una clase obrera «constituida en gran parte por inmigrantes» para lograr el restablecimiento de la Generalitat y de la democracia, y afirmó que la autonomía sería el fundamento de una verdadera «unidad de los pueblos de España» que nunca había existido, al tiempo que expresó su visión de una Generalitat y una autonomía al servicio «no de las clases que siempre han dominado hasta aquí» sino de todos los catalanes. Jordi Pujol quiso remarcar que la restauración de la Generalitat «nos sitúa en una posición avanzada de cara al momento en que habremos de iniciar dentro del conjunto del Estado la negociación de nuestro Estatuto de Autonomía»; al mismo tiempo destacó «la unidad profunda de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales de Cataluña». Pujol valoró el momento como la superación de la derrota de 1939, de manera que si «Nuestro Presidente fue fusilado en 1940» ahora, «después de 40 años, no solamente se ha restablecido nuestra Institución sino que aquel que según nuestra legalidad lo debía suceder volverá a presidir la Generalitat, volverá a presidir nuestro país». Josep Benet, compartiendo la aprobación general y la valoración del gran paso dado, quiso insistir en que «el combate por la autonomía continuará, la movilización de nuestro pueblo para conseguir la autonomía ha de continuar», y que ello exigía el mantenimiento de una «auténtica unidad nacional catalana». Para Joan Reventós, «el hecho trascendental era el reconocimiento jurídico de la personalidad política, histórica, cultural de la personalidad nacional de Cataluña», el punto de partida «hacia el auténtico autogobierno catalán» que debería culminar en la aprobación del Estatuto de Autonomía; al mismo tiempo, era necesario iniciar una acción de gobierno «partiendo de los resultados de hoy con la corresponsabilización de todos reflejando los resultados electorales del 15 de junio para organizar la Institución, para conseguir el inmediato traspaso de servicios y recursos para emprender esta gran acción de reordenación de Cataluña que nuestro pueblo necesita y exige».⁹⁹

Dos días después, el 3 de octubre, el presidente Tarradellas se reunió de nuevo en Perpiñán con los dirigentes de los partidos parlamentarios para tratar de su regreso a Cataluña y a continuación se acordó con el Gobierno el programa al que todas las partes coincidieron en darle la máxima solemnidad. El restablecimiento de la Generalitat y el retorno del exilio de su presidente fueron presentados como un acontecimiento histórico de máxima importancia. Tarradellas llegó a Madrid el día 20 donde se entrevistó con las principales autoridades del Estado —el rey Juan Carlos, el presidente Suárez, los presidentes de las Cortes, del Congreso y del Senado, el vicepresidente y ministro de Defensa Manuel Gutiérrez Mellado— así como con los dirigentes de los principales partidos políticos. No todas fueron protocolarias, con Suárez y con Gutiérrez Mellado las conversaciones fueron largas. El clima político de todos los actos lo sintetizó el propio Tarradellas a los medios de comunicación: «el Madrid de ahora, en comparación con el de 1932, es fantástico; antes no existía ni el ambiente ni la comprensión que hay ahora hacia los catalanes y su autonomía».¹⁰⁰

El domingo 23 de octubre, Tarradellas llegó a Barcelona y fue objeto de un masivo recibimiento popular, al día siguiente tendría lugar la toma de posesión, en la que Suárez sintetizó la posición del Gobierno respecto a la «cuestión catalana». El «hecho catalán» era, en definitiva, «el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España». Por primera vez «desde hace siglos, el hecho catalán se aborda desde el Gobierno de la Monarquía y desde Cataluña, sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencias, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza». La recuperación de la Generalitat suponía «la victoria de un pueblo», y el retorno de su presidente «una operación de Estado que servirá para consolidar el proceso de democratización de la vida española». La autonomía no suponía «romper la unidad de España, ni del Estado español», por el contrario, era «un fenómeno de profundo sentido político que puede y debe superar el carácter centralista y uniforme de la organización de nuestra vida política». Para el presidente del Gobierno, la autonomía suponía «la responsabilidad y la capacidad de un pueblo para autogobernarse en las materias que determine la Constitución». Pero, «antes de llegar a la Constitución, hemos querido dar respuesta a los deseos de Cataluña. Y al hacerlo no prejuzgamos más que la realidad de su existencia y de sus factores diferenciales. Prejuzgar esa realidad y esos factores es algo tan indiscutible y justo que cualquier constitución que no lo hiciera causaría un grave perjuicio para España».¹⁰¹ Una obviedad, sin embargo, siempre difícil de aceptar por una parte no desdeñable de la sociedad española: la existencia de una comunidad con una bien definida identidad con sólidas raíces históricas.

El día anterior, desde el balcón del Palacio de la Generalitat, Tarradellas pronunció el famoso «Ja sóc aquí» y ante la reivindicación coreada por los miles de personas que abarrotaban la plaza de Sant Jaume —«Volem l’Estatut!»— respondió de inmediato «jo també vull l’Estatut!». El estatuto de autonomía en el nuevo marco constitucional aún sin definir sería, efectivamente, la gran cuestión a resolver en los siguientes casi dos años. Permitiría apreciar también hasta qué punto la realidad y los factores diferenciales a los que aludió Suárez tendrían acogida.

EL RESTABLECIMIENTO DE LA GENERALITAT EN LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

El proceso que culminó en el restablecimiento de la Generalitat se desarrolló paralelamente a una apretada y compleja agenda política que incluía la formación de un nuevo gobierno, la constitución del Congreso de los Diputados y del Senado y los primeros pasos de las nuevas instituciones, el inicio de la redacción de la Constitución y la elaboración y aprobación de los Pactos de la Moncloa.

En este contexto hay que situar la recepción de la restauración de la Generalitat, precedida por el impacto de la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre. La aceptación del «regionalismo» pero la defensa de la «intocable unidad nacional» predominaba en la prensa conservadora. ABC se congratulaba, por una parte, de la «madurez cívica y política demostrada por el pueblo barcelonés», pero al mismo tiempo se creía «en la obligación de reiterar nuestra postura ante el hecho de la posible concesión de autonomías político-administrativas a distintas regiones del país». No las rechazaba, pero «siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo como imprescindibles tres puntos sin los cuales cualquier intento autonómico produciría antes que un bien nacional, la disgregación misma del concepto de nación. Nos estamos refiriendo a la intocable unidad de España; a la necesaria solidaridad entre todas las regiones que la configuran y a la necesidad de toda modificación constitucional, y más aún en estos momentos en los cuales la nueva Constitución se está gestando en unas Cortes elegidas democráticamente, sean debatidas y, en su caso, aprobadas por esas mismas Cortes soberanas». Ésa era la síntesis de «nuestro pensamiento ante uno de los temas que juzgamos entre los más preocupantes del momento político actual».¹⁰²

El mismo periódico publicaba en su principal página de opinión, como expresión fiel de una parte de los sectores más conservadores, un duro artículo del abogado y miembro de Alianza Popular —y futuro defensor del general Alfonso Armada en el juicio por el golpe de estado del 23-F— Ramón Hermosilla, que rechazaba frontalmente el restablecimiento de la Generalitat antes de la definición del marco constitucional y, al mismo tiempo, defendía, desde un nacionalismo esencialista, una concepción de España incompatible con su real pluralidad de identidades que un régimen democrático no podía ignorar ni subyugar. Para el abogado popular, «lo que no es opinable es el concepto mismo de Patria». En España «la Patria no es la Península Ibérica, como tampoco lo es un trozo de ésta al que nos sintamos particularmente incardinados por haber nacido en él. Al decir Patria y al decir España estamos definiendo, explicando y sintiendo visceralmente, entrañablemente, un contorno específico, geográfico histórico, afectivo, temperamental, un vínculo común real, no un artificio». Este concepto de Patria, que calificaba de «tradicional», «ante los hechos nuevos que están sucediéndose, frente a las confusiones y a los equívocos puede que sí necesite reafirmaciones. Y no reafirmaciones líricas, sino de actitud. Y no solo afirmaciones individuales, sino de nivel gubernamental». En primer lugar, y contrariamente a lo que había hecho el Gobierno anteponiendo «el restablecimiento de la Generalitat a la resolución de otros problemas», debían afrontarse y resolverse «las cuestiones generales, globales, de la nación entera, antes que las peculiares de cualquier región», porque «cuando se resuelven los problemas de un todo se resuelven también en proporcional y equitativa medida los problemas de las partes».

Hermosilla acusaba al Gobierno de un «hecho consumado» presenciado por unos «atónitos e impotentes ... españoles todos»; había «prejuzgado a su capricho, en lo que tiene que ver con la cuestión autonómica, el contenido de ese texto constitucional que está aún escribiéndose; ha ignorado a las Cortes que han de discutirle; se ha anticipado al veredicto de la soberanía popular que ha de aprobarle o rechazarle, dando por supuesto que va a decir “sí”», había invocado «algo así como facultades “adivinatorias” por muy fundadas que crea tener las presunciones acerca de los términos que finalmente configurarán el texto constitucional». Además, no se había «definido la diferencia entre descentralización administrativa y autogobierno», no se había determinado «el carácter específico, intrínseco, de la autonomía, ni sus límites», no se había clarificado «con la necesaria meridiana exactitud cómo entiende cada cual, dentro de las definiciones semánticas al uso, conceptos trascendentes, lo que puede dar lugar a tremendos equívocos»; por el contrario, «la indefinición, la indeterminación, la imprecisión, el equívoco en fin, han constituido el eje del hecho consumado» que llevaba latente «el germen de una discordia futura». Para esa «discordia futura se ha obsequiado a los discordantes con una plataforma adelantada, de problemática revocación. Esto se ha hecho sin contrapartida razonable y constituye, sin lugar a dudas, un error político imperdonable»; el error ponía «en riesgo de indefinición y de discusión, algo tan concreto, definido e indiscutible como el concepto de Patria».¹⁰³

En cambio, para el editorial de Ya del 13 de septiembre, el «hecho catalán, no partidista», que había tenido el respaldo «de la inmensa mayoría del pueblo catalán» hacía «improcedentes los reparos legalistas» y, aunque atendiendo a criterios de tal naturaleza, «habría hecho falta esperar a la regulación constitucional de las autonomías», cuando «el asentamiento popular se produce tan avasalladoramente, retrasar su reconocimiento no solo carece de sentido, sino que se puede convertir en un peligro». En política había «que llegar a tiempo. Y nos atrevemos a asegurar que el momento preciso era éste».¹⁰⁴ En el mismo periódico, el periodista y diputado de UCD Luis Apostúa, tras destacar la masividad y orden de la manifestación del 11 de septiembre, advertía, sin embargo, que también «había sonado el primer timbre de alarma para las propias autoridades catalanas, que dentro de poco tendrán la responsabilidad en sus manos», puesto que «piquetes de anarquistas —empleamos la palabra en un sentido muy genérico— hicieron su aparición y han provocado algunos incidentes».¹⁰⁵ En el imaginario conservador, el separatismo y el anarquismo —el papel del PCE hacía difícil la inclusión del comunismo— aparecían con una facilidad extraordinaria.

La lectura que del restablecimiento de la Generalitat realizaba en el mismo periódico el demócrata-cristiano José Luis de Simón Tobalina consideraba que el régimen de preautonomía significaba en realidad «poner de nuevo en funcionamiento, no el régimen autonómico del estatuto de 1932, sino la mancomunidad creada en 1914, aunque con la mayor profundidad que tenía en el proyecto de mancomunidades de 1912», con la única diferencia del nombre, algo que consideraba igualmente acertado, «pues lo sentimental también juega en la vida de los pueblos como en la de los hombres».¹⁰⁶ Por su parte, el historiador Javier Tusell afirmaba que «la derecha tendría que pensar que el restablecimiento de la Generalitat provisional ha sido, de parte del presidente Suárez, ante todo y sobre todo, un acto de realismo». No se había concedido un privilegio sino aplicado una solución «solamente distinta por el momento a una situación que, por supuesto, lo es»; además, no implicaba «desigualdad a la larga, pues las concesiones autonómicas han de hacerse para todas las regiones españolas», y si bien era cierto que «en términos ideales hubiera sido deseable una intervención de las Cortes», no lo era menos que la legislación vigente permitía una decisión más rápida y evitaba «un estéril y probablemente durísimo enfrentamiento verbal entre quienes exigían inmediatamente el Estatuto de 1932 y quienes practicaban de hecho unas doctrinas identificables con el más férreo centralismo». Para Tusell, parecía «un milagro que Tarradellas haga las manifestaciones de amor a España que hace, que un Borbón contribuya a restablecer la institución multisecular que uno de sus antecesores hizo desaparecer y que un ex secretario general del Movimiento haya jugado un papel tan decisivo en todo el proceso». Toda la sociedad española estaba dando «un paso más hacia un futuro democrático».¹⁰⁷

Para El País, el restablecimiento de la Generalitat tenía «una significación histórica, cuya trascendencia sería difícil exagerar». Lo que calificaba como «el contencioso quizá más cargado de peligros de los que ha legado el franquismo a la naciente democracia española» era, precisamente, «el conflicto entre las reivindicaciones autonómicas de las “nacionalidades históricas” y las resistencias de diferente signo que se dan en el resto del territorio español a aceptar su cumplimiento». Porque lo que confería «esa potencialidad explosiva al litigio» era la «mezcla de intereses materiales, actitudes emocionales y sentimientos patrióticos, que le convierte en objetivo de fácil manejo para quienes desean su enconamiento en vez de su solución». Leídos a la luz de la situación española del momento, «los acuerdos de Perpiñán constituían, un documento que debe devolver la confianza a todos los ciudadanos en las posibilidades de los mecanismos de negociación democrática para resolver los más difíciles problemas». Además, «el acuerdo de Perpiñán, por lo demás, es un contundente desmentido de aquellas posiciones que sostienen, contra toda evidencia, que la conquista por Cataluña de sus justas reivindicaciones equivale a la disgregación y a la ruptura de la comunidad histórica española». Así, el documento subrayaba que «el reconocimiento de la personalidad de Cataluña» era la otra cara del «principio de la unidad de España». La referencia a «la solidaridad de todo los pueblos que la integran» parecía «un mensaje enviado por los catalanes a los españoles, a quienes una política económica incoherente y desordenada ha condenado a la emigración o a la permanencia en su tierra natal en desesperadas condiciones de subdesarrollo, desempleo y hambre». Por último, para el que se estaba convirtiendo en el diario más influyente de España, la solución provisional de la «cuestión catalana» —solo las Cortes y la futura Constitución podrían establecer la definitiva— marcaba «la línea a seguir para resolver la “cuestión vasca”».¹⁰⁸

Cuando semanas después Tarradellas se instaló en Barcelona, El País quiso destacar del discurso de toma de posesión del presidente de la Generalitat que había subrayado que «la autonomía de Cataluña y el arraigo de la democracia en toda España son dos momentos indisociables de un mismo proyecto histórico»; y, «con gran sentido de la responsabilidad» había indicado «que Cataluña debe contribuir con su esfuerzo a las profundas transformaciones sociales y económicas que permitan la consolidación en nuestro país del sistema pluralista» porque, añadía el editorialista, «sin un equilibrio en el desarrollo y una nueva política de ordenación del territorio, las ya enormes desigualdades de renta, educación y empleo entre las zonas industrializadas del Norte y el Noreste y las regiones agrarias azotadas por el paro y despobladas por la emigración, podrían convertirse en un polvorín cuya mecha no dudaría en encender la derecha autoritaria española».

El editorial incluía también algunas consideraciones generales sobre el proceso autonómico abierto. «La súbita conversión de los neodemócratas —tanto en UCD como en AP— al autonomismo indiscriminado no deja de producir recelo entre quienes recuerdan cómo se aferraban, en un pasado cercano, al más rígido centralismo.» En todo caso, «la agilidad y buen sentido demostrados por el Gobierno para el restablecimiento de la Generalitat en Cataluña han sido la correcta respuesta a una situación llena de urgencias y peligros». Lo que calificaba como «plebiscito electoral de junio en favor de la autonomía» hacía «indispensable la negociación de un modus vivendi que descartara cualquier riesgo de que una frustración colectiva desembocase en situaciones de conflicto e incluso violencia». En el resto de España, las autonomías eran «una necesidad para la futura estructuración del Estado: no solo para el buen funcionamiento de esas comunidades, sino también para dotar de contenido y funciones al Senado». Sin embargo, el régimen provisional de autonomía, que cubriría el período que transcurriera hasta la aprobación de la Constitución, «solo se justifica allí donde sea una exigencia popular mayoritaria y la solución de una situación potencialmente explosiva». Canarias era, tal vez, fuera de Cataluña y Euskadi, «la zona más conflictiva y más necesitada de una fórmula provisional de urgencia». Aunque, por otra parte, «la celebración de la Diada en el País Valenciano mostró el apoyo popular de la reivindicación de autonomía», y Galicia era «una de las tres “nacionalidades históricas” que recibió de la República un Estatuto, que nunca llegó a aplicarse». En cualquier caso, «la provisionalidad de los regímenes autonómicos» solo estaría justificada hasta la promulgación de la Constitución y la aprobación por las Cortes de los definitivos estatutos, por lo que no se debía «abusar del sistema». Y apuntaba que «tal vez en el frenesí de autonomismo provisional del Gobierno operen, además de la furia del converso, dos motivaciones igualmente criticables: el deseo de protagonizar, directamente o a través de UCD, esas negociaciones, y la convicción última de que las autonomías son nombres a la moda para simples medidas de descentralización administrativa». O «incluso una tercera razón que sería aún más lamentable: la voluntad de negar a Cataluña y Euskadi la singularidad de sus reivindicaciones mediante la proliferación de Instituciones de Gobierno de igual contenido en el resto de las regiones».¹⁰⁹ Como veremos en el siguiente capítulo, buena parte de las cuestiones planteadas en las consideraciones anteriores estarían muy presentes en la elaboración del texto constitucional.

Las difíciles relaciones entre Tarradellas y los partidos políticos, con momentos de notable tensión y polémicas afirmaciones de autoridad del presidente, que habían caracterizado los casi tres meses de negociaciones para el restablecimiento de la Generalitat, constituirían una constante en los treinta meses posteriores, en los que también se manifestarían divergencias entre las formaciones políticas, si bien se mantuvieron coincidencias básicas y la colaboración necesaria para lograr una Constitución que asegurara la democracia y un Estatuto de Autonomía que consagrara el autogobierno.

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Cataluña y la Constitución

EL 1 DE AGOSTO DE 1977, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, en su primera reunión, eligió a los siete ponentes encargados de redactar el anteproyecto de Constitución, entre ellos dos diputados catalanes, Jordi Solé Tura, del PSUC, en representación del Grupo Parlamentario Comunista, y Miquel Roca Junyent, de Convergència Democràtica de Catalunya, en representación de los nacionalistas catalanes y vascos. Los otros ponentes fueron Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, de la UCD, Gregorio Peces-Barba, del PSOE, y Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular. En la elaboración del texto constitucional colaboraron con el ponente socialista constitucionalistas miembros o próximos al PSC-PSOE, como José Antonio González Casanova, y el diputado del grupo Socialistes de Catalunya Eduardo Martín Toval.

La inclusión del concepto «nacionalidades» en el texto constitucional fue objeto de un largo y apasionado debate, tanto dentro como fuera del parlamento. Tres posiciones se manifestaron al respecto, con matices en el interior de cada una de ellas: la de quienes sostenían la existencia de una única nación, la española, definida en términos esencialistas; la de quienes consideraban que España no era una nación sino un Estado en el que existían distintas naciones, compartiendo con la posición anterior una misma idea de nación; por último, la de quienes defendían que en España coexistían distintas naciones o nacionalidades pero que España no era solamente un Estado sino una «nación de naciones», una fórmula mucho más compleja pero probablemente más acorde con la realidad social española.¹

Contrariamente, no fue objeto de debate por parte de las principales formaciones políticas que la soberanía residía en el «pueblo español», es decir en el conjunto de los ciudadanos españoles. Solamente el representante de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendia, posteriormente incorporado a Herri Batasuna, y los diputados del PNV defendieron que el texto constitucional estableciera que la soberanía residía en «los pueblos» del Estado español, propuesta que contó con el apoyo del único diputado de ERC, aunque tanto Xavier Arzallus como Heribert Barrera señalaron que no ponían en cuestión la unidad de dichos pueblos en el Estado español sino solamente que debía reconocerse la existencia de una soberanía originaria de esos diversos pueblos.

Francisco Letamendia propuso, en solitario, que la Constitución reconociera el derecho a la autodeterminación y un procedimiento para la eventual separación futura de una comunidad autónoma. Los representantes de las principales formaciones políticas catalanas negaron su apoyo a dicha propuesta. En el debate del proyecto de Constitución en el pleno del Congreso, Ramon Trias Fargas, en nombre del grupo parlamentario de Minoría Catalana, manifestó que la autodeterminación era un método y no un fin y que «nosotros ya nos hemos autodeterminado». «Nosotros —añadió— somos partidarios de esta Constitución, que hemos votado y votaremos hasta el final, y somos partidarios de la autonomía y de los estatutos que este Parlamento, en su momento, votará, y de nada más, absolutamente nada más. Y nuestra autodeterminación nos lleva a este resultado y solo a este resultado.» Aun compartiendo el principio del derecho a la autodeterminación, el nacionalismo catalán rechazaba la propuesta de Letamendia porque «su autodeterminación llevaba un objetivo final separatista, que evidentemente no es el nuestro». Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de los Socialistes de Catalunya, Eduardo Martín Toval, manifestó que «los ciudadanos de todas las nacionalidades y regiones de España, a través de nosotros —y en su momento podrán hacerlo directamente a través del referéndum— están autodeterminando ... el futuro propio del pueblo español, de los ciudadanos de las nacionalidades y regiones de España». Y el diputado del PSUC Jordi Solé Tura se refirió al derecho de autodeterminación como un método que no implicaba un camino unidireccional hacia la separación, que los comunistas rechazaban claramente, puesto que defendían el modelo autonómico configurado en el texto constitucional en debate.²

NACIÓN Y NACIONALIDADES EN EL ANTEPROYECTO DE CONSTITUCIÓN

Cuando a finales de noviembre de 1977, la revista Cuadernos para el Diálogo publicó el borrador de los primeros 39 artículos del anteproyecto elaborado por la ponencia constitucional,³ todavía sin estar redactados definitivamente, una de las cuestiones que provocó un mayor debate, con opiniones abiertamente encontradas, fue la inclusión de la expresión «nacionalidades», intensificándose la discusión cuando se dio a conocer el texto completo y acabado del anteproyecto.⁴ El artículo segundo del anteproyecto de Constitución establecía que «la Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran».⁵ Obsérvese que el texto obviaba la palabra «nación», un concepto que tenía una significación diversa para las fuerzas políticas representadas en la ponencia constitucional. Pero, pese a su inicial ausencia, el concepto de nación —aplicado a España, a Cataluña o a Euskadi— fue objeto de intensa discusión en el debate parlamentario, con la introducción por parte de los diputados de amplias referencias doctrinales e históricas. El problema central era cómo conjugar la existencia de una nación española, para el nacionalismo español la única nación existente, con otras comunidades que afirmaban igualmente su condición nacional. La fórmula de España «nación de naciones» obtuvo una aparente amplia aceptación, pero también rechazos radicales, como los suscitados por el concepto de nacionalidades identificado con el de nación y aplicado al menos a Cataluña y Euskadi.⁶

Para la inmensa mayoría de partidos catalanes, Cataluña era una nación integrante de una España plurinacional, una España considerada por la izquierda y por buena parte del nacionalismo como una comunidad política identificada con el Estado, aunque para algunos no era solamente un Estado, a pesar del uso habitual de la fórmula «Estado español». Otro sector del nacionalismo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, consideraba simplemente que España no era una nación sino solo un Estado.

Para la que había sido la principal formación política del antifranquismo, el PSUC, Cataluña constituía «un pueblo cultural y políticamente diferenciado desde la Edad Media», que conservó «sus instituciones económicas, jurídicas y políticas después de unirse al reino de Castilla bajo una monarquía única» hasta los decretos de Nueva Planta de 1716. Pero, más allá de sus orígenes históricos y de acuerdo con referentes teóricos del marxismo y del leninismo sobre la «cuestión nacional», para los comunistas catalanes la «nacionalidad catalana moderna» se había forjado a partir de un espacio económico diferenciado y una determinada estructura de clases, de la persistencia de una cultura popular basada fundamentalmente en la lengua pero también en formas de una «psicología colectiva» que provenían del pasado histórico, y de las relaciones de las diversas clases sociales con el Estado español, «el cual se configuró como un Estado centralista y burocrático, dominado por la nueva oligarquía capitalista y latifundista y a la que un sector importante de la burguesía catalana supeditó los intereses nacionales de Cataluña, para contar con una garantía represiva sólida ante la lucha política y reivindicativa creciente de los trabajadores catalanes». Sin embargo, la existencia de la «comunidad española» no había sido un «accidente de la historia» y constituía «una realidad viva, formada por diversos pueblos, por culturas diversas, pero también por múltiples vínculos culturales y materiales» lo que conformaba una «comunidad de pueblos dentro de un Estado único».⁷

Formulaciones no muy distintas las podemos encontrar en los documentos del PSC-Congrés y, más adelante, en la Declaración de Constitución del partido fruto de la unificación socialista, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).⁸ Por su parte, para la principal formación nacionalista, Convergència Democràtica de Catalunya, su nacionalismo significaba, en primer lugar, «reivindicar el pleno reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña»,⁹ lo que debía implicar «plena libertad lingüística y cultural, y, en general, de todo lo que conforma la identidad colectiva catalana y que garantiza su viabilidad»,¹⁰ todo ello en un «clima de entendimiento con los otros pueblos del Estado Español que reafirme nuestra solidaridad»,¹¹ en un nuevo marco constitucional democrático.

En la elaboración del texto constitucional, la izquierda comunista y socialista, con una importante influencia de PSUC y del PSC-PSOE, defendió la consideración plurinacional de España, aunque defendiendo al mismo tiempo de forma inequívoca su unidad. Obviamente los nacionalistas catalanes y vascos defendieron igualmente la plurinacionalidad española y no cuestionaron la unidad, salvo el diputado de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendia. El texto del artículo segundo del anteproyecto constitucional afirmaba clara y rotundamente dicha unidad y reconocía a la vez a las «nacionalidades y regiones» que integraban España. Por otra parte, el artículo 1 en su apartado segundo establecía que «los poderes de todos los órganos del Estado emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía», es decir se reconocía una única soberanía de la que era titular el pueblo español.¹²

Tal como estaba formulado el artículo 2, España y las «nacionalidades y regiones» eran realidades anteriores a la Constitución, algo que para Miquel Roca era muy importante: España era una realidad anterior a la Constitución pero Cataluña también. En una propuesta a la que se opuso la izquierda pero que inicialmente se incorporó al redactado del artículo en cuestión con el apoyo de UCD, el ponente representante de los nacionalistas catalanes y vascos había defendido que el artículo incluyera también la expresión «y la Monarquía garantiza» junto al reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Gregorio Peces-Barba argumentó tal rechazo aduciendo que dicha formulación implicaba una «monarquía con prerrogativa», es decir, con poder propio, incompatible con una «monarquía parlamentaria, que no era un poder del Estado, sino solo un órgano del mismo».¹³

Miquel Roca ha explicado que era fundamental que figurara en el texto constitucional el término «nacionalidades» como reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña, lo que en definitiva significaba el reconocimiento de la singularidad catalana —y vasca y tal vez gallega— y su distinción de las regiones sin afirmación de identidad nacional y sin una larga trayectoria histórica de reivindicación del autogobierno.¹⁴ En una entrevista publicada por Cuadernos para el Diálogo en enero de 1978, el diputado de CDC explicaba con más precisión lo que entendía que significaba la inclusión del término «nacionalidades»: aceptar «toda una realidad: que España es un Estado plurinacional y por tanto estas nacionalidades que integran España tienen una soberanía originaria y que en la cesión de parte de su soberanía se define la soberanía del Estado. No es el proceso a la inversa».¹⁵

Para Jordi Solé Tura, el artículo 2 tenía una enorme carga política «en la medida que significaba una nueva definición de España como nación», y además establecía la «base conceptual del Estado de las Autonomías». Para el ponente comunista estaba en juego «el concepto mismo de España y la posibilidad de que la unidad de España se pudiese conciliar con la realidad multiforme de diversas nacionalidades y regiones». El escueto texto del artículo 2 intentaba definir España como «una entidad única basada en una gran diversidad de pueblos —con grados diversos de conciencia de colectividad—». El vínculo que unía a esos pueblos y cimentaba la unidad de España «era la solidaridad entre todos ellos». Se trataba de «un concepto federalizante de España, en consonancia con el modelo federalizante del Estado de las Autonomías del propio anteproyecto».¹⁶

El ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, explicó que no tuvo objeción a la inclusión del término nacionalidades, que figuraba ya en el anteproyecto elaborado por el PSOE y que defendían especialmente los socialistas catalanes. Además, para Peces-Barba, «respondía a la realidad histórica de que España era una Nación de naciones —al fin y al cabo la nacionalidad no es sino sinónimo de nación— y de regiones diferenciadas».¹⁷ Para el dirigente socialista, ello de ninguna manera implicaba, a partir de una «torcida aplicación del principio romántico de que cada nación tiene derecho a ser un estado independiente», cuestionar la existencia de «una única soberanía residente en el pueblo español»,¹⁸ que, como ya hemos visto, quedaba claramente establecida en el artículo 1 de la Constitución.

La posición de UCD sobre la palabra nacionalidades fue más imprecisa e incluso en algún momento cambiante. Para explicarlo debe tenerse en cuenta que sobre ella y sobre el Gobierno se ejercieron presiones continuadas respecto a esta cuestión;¹⁹ por otra parte, y como en otros aspectos relevantes del texto constitucional, la diversidad de posiciones en el seno de la todavía coalición²⁰ y la poca elaboración de sus posiciones ideológicas y políticas implicaron una cierta indeterminación. De hecho, cuando se celebró el I Congreso de UCD convertida en partido, en octubre de 1978, sus posiciones eran ya mucho más definidas, en parte influidas por las formulaciones constitucionales, lo que permite plantear la hipótesis de que, si bien sus ponentes aportaron ideas, conceptos y formulaciones a la Constitución, el propio ideario del partido se forjó en parte a partir de las formulaciones acordadas en la Carta Magna. En todo caso, el ponente ucedista José Pedro Pérez Llorca no consideraba que el artículo 2 implicara la más mínima amenaza para la unidad de España puesto que era «la más tajante y fuerte definición de unidad que jamás se haya escrito en una Constitución».²¹ Respecto a la cuestión del término nacionalidades, el Documento Ideológico de UCD lo definía del siguiente modo: «significa un mayor y un más intenso sentido de la autoidentificación, de una amplia conciencia del hecho diferencial, detectable por lo general por el sentimiento reivindicativo y restitutorio de instituciones propias, por la existencia de una cultura y de una lengua de la Comunidad». Para UCD, España era la única nación, pero dando a tal concepto un contenido esencialmente político; la nación era la comunidad política y su atribución fundamental era la soberanía. Así, «el principio de unidad, considerado en el aspecto político de la soberanía nacional, no sufre alteración alguna como consecuencia de la autonomía, ya que ésta es respetuosa con la unidad de soberanía del pueblo español».²²

Pero para la derecha conservadora representada por Alianza Popular, la única nación era España, sin matices de ninguna clase, lo que, en consecuencia, iba acompañado de la negación radical de otras identidades nacionales, de otras naciones o de nacionalidades. Cuando concluyó la elaboración del anteproyecto de Constitución, AP presentó un voto particular al artículo segundo para suprimir la expresión «nacionalidades», dejando exclusivamente la palabra «regiones». Tal propuesta de supresión era extensible a los otros artículos que incluyeran tal expresión.

En la justificación del voto, se argumentaba que «región» o «región autónoma» —la fórmula que figuraba en la Constitución de 1931, lo que se subrayaba explícitamente en el voto particular— era suficiente «para describir la base geográfica e histórica de las autonomías». La palabra «nacionalidades» era, en cambio, «equívoca y llena de posibles complicaciones». Para AP no podía aceptarse más que una nación, España, «ni más que una nacionalidad: la española». Otra cosa llevaría a «planteamientos tan complejos, delicados y cargados de dificultades de futuro como el “principio de las nacionalidades”, el derecho de autodeterminación, etc.», lo que debería evitarse «al servicio de la sagrada e indestructible unidad de España».²³

El voto particular presentado por AP sintetizaba los argumentos contrarios a la palabra «nacionalidades» que habían aparecido desde la publicación de los primeros artículos del anteproyecto. Pero el rechazo a la inclusión de tal concepto no procedía exclusivamente de AP. Desde otros ámbitos se habían producido manifestaciones de malestar, entre ellos en algunos sectores militares.²⁴ Por distintos medios se hizo llegar tal rechazo al rey Juan Carlos; Laureano López Rodó en una entrevista con el Jefe del Estado el 12 de abril de 1978 le transmitió que «era inadmisible la introducción de la palabra “nacionalidades” en el texto constitucional». Tal fórmula era «un engañabobos porque la palabra “nacionalidades” o no dice nada o quiere decir nación». Si no decía nada, debía suprimirse, y «si quiere decir nación, también, porque en este caso se incurre en una flagrante contradicción puesto que se habla a la vez de “la unidad de la nación española” y de la pluralidad de las “nacionalidades”». Además, era evidente «que los que propugnan el término “nacionalidades” no se recatan en decir que es sinónimo de nación». López Rodó argumentó al rey que «una serie de personalidades de prestigio y nada sospechosas de retrógradas, como son Julián Marías y Salvador de Madariaga, se han opuesto abiertamente a las “nacionalidades” y han reafirmado la unidad de España». Por último, con la distinción entre nacionalidades y regiones se establecía una discriminación entre los españoles, «los que pertenecen a una región serán españoles de segunda».²⁵

Tampoco en el ámbito académico faltaron voces críticas. En un texto publicado en el diario El País con el título «Estado federal o estado regional», Juan Ferrando Badía criticaba lo que a su entender era una imprecisa utilización de los conceptos nación, nacionalismo, nacionalidades, región y regionalismo en el debate político del momento, lo que impedía conocer «qué significado político y contenido real» se daba «a cada uno de estos vocablos, cuyo uso y abuso —especialmente algunos de ellos— puede acarrear, a nuestro entender, graves consecuencias jurídico-políticas, amén de fomentar todavía más la “ceremonia de la confusión” que, en todos los sentidos, vivimos, pero más acentuada a nivel político».

Para el catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, «la realidad socio-política subyacente en el Estado unitario, así como en el Estado-miembro de un Estado federal es la nación, el principio de las nacionalidades, como fuerza actuante de la nación hacia la consecuencia de “su” propio “Estado”». La realidad nacional «sentida como un todo compacto, y coherente, es la base legitimadora del Estado unitario, y del Estado miembro de un Estado federal». De forma bien distinta, «mientras que la nación subyace como realidad sustentora de las citadas formas de Estado, la región lo es del Estado regional, en cualesquiera de sus clases». La región no era «un área política con unas fronteras perfectamente definidas»; en realidad, «las regiones se complementan unas con otras, formando unidades interdependientes dentro de una comunidad superior, y sus márgenes forman áreas variables o zonas intermedias». Cada una de las regiones era, en cierto grado, «una unidad de vida comunitaria, que no es autosuficiente, claro está, pero sí una zona característica dentro de la superior interdependencia nacional y mundial».

A partir de aquí, formulaba una serie de preguntas dirigidas a la ponencia constitucional: ¿qué entendían los ponentes por nacionalidades y qué por regiones? «¿Acaso la ponencia constitucional, cuando utiliza el término nacionalidades, está pensando en las regiones especiales italianas?» «¿Qué “cuadrantes” de la geografía española serían considerados como nacionalidades y cuáles como regiones?» Se preguntaba también si tendrían iguales o diferentes atribuciones. Teniendo en cuenta que el término nacionalidad apuntaba a «que cada nación tenga su Estado, el hecho de utilizar el término nacionalidades parece que implique que se está apuntando a que la estructura del futuro Estado español será federal o federable»; y, teniendo en cuenta que el término región era la base del Estado regional, al usar la ponencia constitucional dicho término «parece, por el contrario, que está apuntando a que el futuro Estado, que surgirá de la Constitución, será un Estado regional o regionalizado o regionalizable». Entonces, «¿qué tipo de Estado nos van a fabricar los constituyentes para nuestra España?». Además, «la citada y desdichada terminología» una vez usada en los artículos segundo citado, y en el tercero referente a las lenguas oficiales, no cobraba importancia ni relieve constitucional. Concluía que «no sabemos qué forma de Estado tendremos en el futuro, de continuar las cosas así...».²⁶

En el mismo influyente periódico, el diputado de AP y ex ministro franquista Licinio de la Fuente sostenía que la consagración de que España era «un conjunto de nacionalidades y regiones» dejaba en el aire «si España es en sí misma» una nación, y hacía problemático «qué es y qué comprende la nación o nacionalidad española». Señalando que se iba mucho más allá de la Constitución de 1931, recurría al discurso franquista sobre la amenaza del separatismo en el período republicano al afirmar que era necesario recordar «lo que ocurrió entonces», porque «creo que la historia nos dice con toda claridad hasta dónde se llegó en la ruptura de la unidad de España». ¿Hasta dónde se llegaría ahora?, se preguntaba. Porque «hay fenómenos que una vez desencadenados producen consecuencias más allá de lo querido o propuesto, tienen vida propia». Eran «como los personajes que a veces acaban imponiendo su personalidad a la concepción inicial de los autores de una obra literaria». Según el texto constitucional, «Euskadi sería una nación y España otra diferente (si es que hay una nación llamada España), y por tanto si el Estado es la forma jurídica de la nación debe haber un Estado vasco independiente del Estado español». Tal vez se aceptara después, añadía, «algún tipo de federación o relación interestatal, pero la unidad nacional de España no existiría». El diputado destacaba que el artículo 2 del anteproyecto constitucional, si bien afirmaba que la Constitución se fundamentaba en la unidad de España, omitía el concepto «nación» al hablar de España. ¿Qué era entonces España? Si Cataluña era una nación, si el País Vasco era una nación, «España, no. ¿O sí? ¿Qué es lo que opina al respecto la ponencia constitucional?». Los debates en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso deberían aclararlo, como también «la diferencia entre nación y nacionalidad». De la Fuente rechazaba que se tratara de una «cuestión semántica» por la que no valía la pena librar una batalla, ni siquiera dialéctica. Contrariamente, consideraba que los españoles deberían decidir consciente y responsablemente si aceptaban «que España no es propiamente una nación, sino un conjunto de nacionalidades y regiones».²⁷

El País publicó algunos días después un artículo del filósofo y senador de designación real Julián Marías con el título «Nación y “nacionalidades”», que tuvo un notable impacto y que constituía un durísimo ataque al anteproyecto de Constitución y a sus autores, fundamentalmente por la ausencia en el texto de toda referencia a la «nación española» y por la introducción, a su parecer absurda, del término «nacionalidades». Por una parte, desde un muy consolidado discurso nacionalista español, afirmaba que España había sido «la primera nación que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra»; había sido nada menos que «la creadora de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política, hace un poco más de quinientos años —si se quiere dar una fecha representativa, sería 1474», es decir desde la unión dinástica de los Reyes Católicos. Antes no había habido naciones; «ni en la Antigüedad, ni en la Edad Media habían existido; ni fuera de Europa». Habían existido «ciudades, imperios, reinos, condados, señoríos, califatos» pero no naciones. Según Marías, después de España, fueron nación Portugal, Francia, Inglaterra y, más adelante, Holanda, Suecia, Prusia y otras. Italia y Alemania no habrían llegado a ser naciones hasta mucho más tarde. La expresión «nación española» había precedido a «España», y acudiendo al Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias, de 1611, encontraba la definición de nación «del nombre latino natio, is, vale reyno o provincia entendida como la nación española».

Para Marías, el anteproyecto de Constitución elaborado «arroja por la borda, sin pestañear, la denominación cinco veces centenaria de nuestro país», y se preguntaba «hasta dónde puede llegar la soberbia —o la inconsciencia— de un pequeño grupo de hombres, que se atreven, por sí y ante sí, a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante generaciones y generaciones, a través de diversos regímenes y formas de gobierno». Cuando el término nación se usaba universal y abusivamente, resultaba «que la más vieja nación del mundo parece dispuesta a dejar de llamarse —y entenderse— así». El anteproyecto recurría a «cualquier arbitrio imaginable con tal de escamotear el nombre “Nación”: “sociedad”, “pueblo”, “pueblos” y, sobre todo, “Estado español” —la denominación que puso en circulación el franquismo por no saber bien cómo llamarse, que ha ocupado tantos años los membretes de los impresos oficiales—». Pero dichos conceptos no eran sinónimos, y «usarlos como si lo fueran significa una falta de claridad sobre las realidades colectivas, disculpable en la mayoría de los hombres, pero no en los autores de una Constitución».

No afirmar en el texto del anteproyecto que España era una nación equivalía a decir «que España no es una nación». Pero no era solo eso: «la idea nacional se cuela en el anteproyecto, como de pasada, en el artículo dos». Marías decía no saber qué quería decir que la Constitución se fundamentaba en la unidad de España, aunque ello no era demasiado grave, pero sí lo era decir que integraban España «nacionalidades y regiones». Contrariamente, afirmaba, no había nacionalidades «ni en España ni en parte alguna, porque “nacionalidad” no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición». Para ello recurría al Diccionario de Autoridades de 1734 que en la definición de nacionalidad decía «afección particular de alguna nación, o propiedad de ella», y al Diccionario de la Real Academia Española cuya definición era «condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación» y «Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación».

La descalificación histórico-lingüística concluía con una más estrictamente política al denunciar que el texto constitucional introducía «una arbitraria desigualdad» entre los españoles y ponía en peligro «la articulación inteligente y fecunda de un sistema de autonomías eficaces, fundadas en la realidad, no en oscuros rencores o en la confusión mental».²⁸

Algunos días después, el también senador Joaquín Satrústegui afirmaba que no participaba de «la alarma que en amplios sectores» había sembrado «la importante crítica» que Julián Marías había formulado al proyecto de Constitución, por emplearse en él la palabra nacionalidades. En primer lugar, recordaba que la palabra nación tenía en el diccionario de la Real Academia diferentes significados, entre ellos el de «conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno», o el de «conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común». A nivel internacional, la palabra nación se aplicaba exclusivamente a estados independientes, pero aunque Escocia, Gales o Inglaterra no eran naciones «en el sentido internacional de la palabra», nadie negaba «la existencia de las nacionalidades escocesa, galesa e inglesa en el seno de la nación o Estado denominado Reino Unido de la Gran Bretaña». Otro tanto cabría decir «de las nacionalidades alemana, italiana y francesa, integradas en la Confederación Helvética, que, como tal, es la nación o Estado que conocemos por Suiza».

El senador liberal recordaba que la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento atribuían a la palabra «nacionalidades» el significado «limitado y correcto que refleja un documento elaborado en su día por la Comisión Negociadora de la Oposición Democrática, la famosa “Comisión de los nueve”)», suscrito el 3 de febrero de 1977,²⁹ «cuyas ideas han influido, sin duda, en la redacción del proyecto de Constitución». En dicho documento se afirmaba que «la descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias que plantean el carácter plurinacional y plurirregional de España» era «una necesidad urgente impuesta por el propio proceso democrático», y que «la justicia y la estabilidad democrática pasan por una solución adecuada al grave problema de la construcción de un Estado que asuma la pluralidad nacional y regional de España, que es una realidad histórica que las fuerzas democráticas se comprometen a mantener y defender».³⁰

Los anteriores argumentos, de uno u otro signo, estuvieron presentes en los meses siguientes en foros públicos de distinto carácter: artículos en los medios de comunicación, escritos, ciclos de conferencias, seminarios académicos, publicaciones, etc.

Como era previsible, las enmiendas presentadas al artículo 2 del proyecto de Constitución fueron numerosas. Las de los diputados de Alianza Popular proponían la eliminación sin más del término «nacionalidades» y la introducción de la expresión «nación española». Alberto Jarabo Payá proponía dicha supresión argumentando que «tal concepto puede abrir la posibilidad del reconocimiento a diversas naciones dentro del territorio español, lo que resultaría atentatorio contra la unidad de España, que en el mismo artículo se considera fundamento de la Constitución».³¹ Por su parte, el ex ministro Antonio Carro proponía cambiar el texto del anteproyecto por el siguiente: «España es una nación integrada por diversos pueblos que tienen derecho a gobernarse autónomamente».³² La enmienda de Licinio de la Fuente proponía igualmente la eliminación del concepto «nacionalidades» y que el inicio del artículo fuera: «La Constitución se fundamenta en la unidad nacional de España». Además, el mismo diputado de AP proponía que el artículo 1.1 empezara proclamando que España era «una nación que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho»,³³ señalando que el concepto de nación debía figurar desde el principio «porque lo consideramos estrictamente necesario, y, además da su verdadero sentido a la frase, porque es la nación la que se constituye en Estado».³⁴ Otro ex ministro franquista y diputado de AP, Gonzalo Fernández de la Mora, planteaba el redactado siguiente: «España es un Estado unitario que reconoce el derecho a la autonomía de las regiones, y afirma el principio de solidaridad interregional».³⁵ Por su parte, Laureano López Rodó proponía sustituir «la Constitución se fundamenta en...» por «la Constitución proclama y reafirma la unidad de España...».³⁶

Algunos diputados de UCD también presentaron enmiendas al artículo 2 con el mismo objetivo de eliminar el término «nacionalidades», aunque con cierta diversidad de argumentos. Para Antonio Rosón Pérez, que aportaba un texto alternativo, la motivación era eludir «el empleo de la palabra “nacionalidades”, porque en su acepción natural se refiere al vínculo que liga a la persona con la nación a que pertenece o al vínculo de ciudadanía que se crea entre el Estado y los ciudadanos».³⁷ Igualmente, el ex vicesecretario general del Movimiento y ex subsecretario de Gobernación José Miguel Ortí Bordás, elegido en una candidatura independiente pero integrado posteriormente en UCD, proponía sustituir el texto completo del artículo por la siguiente redacción: «El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual y de la solidaridad entre los pueblos de España, reconoce el derecho a la autonomía de los municipios y regiones que la integran».³⁸ Por su parte, el diputado Manuel Jesús García Garrido justificó el mismo objetivo con otros argumentos, también utilizados posteriormente en los debates parlamentarios, concretamente que la distinción entre nacionalidades y regiones, «aparte de las razones históricas que se puedan aducir», era «claramente discriminatoria», y podía prestarse a «consagrar determinados privilegios a favor de las llamadas “nacionalidades”, en perjuicio de las regiones».³⁹ El mismo argumento de la supuesta discriminación fue el utilizado por el diputado del Partido Aragonés Regionalista, Hipólito Gómez de las Roces, quien denunciaba que «las regiones no pueden ser abocadas a un tratamiento jurídico y económico distinto, con base a tan discriminatorio título».⁴⁰

Los también diputados ucedistas José Manuel García Margallo y Antonio Domínguez, sin cuestionar la palabra nacionalidades, proponían introducir la expresión «nación española», añadiendo el siguiente párrafo al artículo en cuestión del anteproyecto: «La nación española no enajena ninguna parte de su territorio, único e indivisible, ni ninguno de los derechos de soberanía que en él ejerce». La motivación era «consagrar la unidad e indivisibilidad del territorio nacional», principio, añadían, «que figura en la Constitución de la República de 1931», y «el carácter unitario de la nación española sin perjuicio del reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones reguladas por la Constitución».⁴¹

UCD presentó también una enmienda proponiendo un preámbulo al texto constitucional que diría: «La Nación española, una e indivisible, en ejercicio de su soberanía, ha adoptado mediante el referéndum ... la siguiente Constitución». Según el texto de justificación, debía «precisarse el sujeto constituyente que según la expresión más tradicional lo constituye la Nación española».⁴²

También los demás grupos parlamentarios presentaron enmiendas al artículo segundo. La enmienda del Grupo Parlamentario Minoría Catalana —apréciese lo inapropiado de la denominación cuando el grupo más numeroso formado por diputados catalanes era el de los Socialistes de Catalunya—, idéntica a la presentada por el Grupo Parlamentario Comunista, proponía que la Constitución se fundamentara tanto «en la unidad de España» y en «la solidaridad entre sus pueblos», como en «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». El texto de justificación comunista aducía solamente a que así se expresaba mejor «el espíritu que anima dicho artículo».⁴³ La argumentación de la Minoría Catalana planteaba que «carece de sentido el que se haga fundamentar a la Constitución únicamente en la unidad de España y la solidaridad de sus pueblos, calificándose el derecho a la autonomía como un mero reconocimiento distinto de la solidez que supone la propia condición de fundamentar la Constitución». Tal como estaba formulado dicho artículo, se minimizaba «el sentido final que quiere suponer todo este artículo 2.º en cuanto a que la trilogía de la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía constituyen una auténtica fundamentación de la Constitución y de toda la estructura del ordenamiento jurídico institucional del Estado».⁴⁴ En la misma línea argumental, el Grupo Parlamentario Vasco proponía una nueva redacción en los siguientes términos: «La Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España».⁴⁵

Los socialistas presentaron dos enmiendas cuya principal diferencia era la expresión «nación española». El grupo parlamentario Socialistes de Catalunya proponía, aduciendo exclusivamente una mayor coherencia y rigor jurídico y político la siguiente redacción: «La Constitución fundamenta y garantiza la unidad de España, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Por su parte, el Grupo Socialista del Congreso propuso la misma redacción pero introduciendo la expresión «nación española» mediante la sustitución de «unidad de España» por la «unidad de la nación española».⁴⁶ En ambas enmiendas se proponía también sustituir la fórmula «la Constitución se fundamenta» por la de «la Constitución fundamenta».⁴⁷ Desde luego no era una cuestión menor; para los socialistas la unidad española preexistente era ajena a la soberanía popular, por lo que era la Constitución la que fundamentaba una nueva unidad, «a partir de la diversidad reconocida de nacionalidades y regiones»; era la Constitución «la base jurídica del Estado, fruto de la soberanía nacional del pueblo español». Para José A. González Casanova, era un sinsentido jurídico que la Constitución se fundamentara en algo puesto que era ella «el fundamento jurídico del Estado».⁴⁸

La totalidad de las enmiendas presentadas al anteproyecto de Constitución —3.100— fueron estudiadas por la ponencia, que emitió un informe sobre las mismas y, cuando lo consideró oportuno, presentó un nuevo redactado de los artículos en cuestión. En relación al artículo 2, la mayoría de los miembros de la ponencia, con la oposición de Alianza Popular, decidió mantener la expresión «nacionalidades» pero introduciendo sensibles modificaciones en el texto. La nueva y redundante redacción decía que «la Constitución se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española». Por tanto, por una parte se mantenía la palabra «nacionalidades» pero se introducía tanto las expresiones «nación española» como «patria común e indivisible» e «indivisible unidad» y desaparecía la referencia a la solidaridad.

Tal redactado había sido fruto de una tensa situación que Jordi Solé Tura explicó con cierto detalle. A medida que la ponencia se acercaba al final de su trabajo, las presiones sobre UCD para eliminar la palabra «nacionalidades» se intensificaron al igual que sus divergencias internas sobre la cuestión. El término fue eliminado del resto de artículos en los que aparecía pero, cuando se planteó su supresión en el artículo 2, los ponentes comunista y nacionalista —en aquel momento el ponente socialista se había retirado de la ponencia— «hicieron un auténtico casus belli, amenazando con romper el consenso constitucional si el término desaparecía totalmente». Justo antes de la conclusión de los trabajos de la ponencia, dirigentes de la UCD comunicaron a Roca y a Solé Tura «que no podían aguantar las presiones y se veían obligados a retirar totalmente el término nacionalidades de la Constitución».⁴⁹ Sin embargo, en la reunión de la ponencia, Miguel Herrero de Miñón negó su apoyo a la posición de su grupo por lo que tuvo lugar un insólito empate a tres votos —Pérez-Llorca, Cisneros y Fraga, por una parte, y Roca, Solé Tura y Herrero de Miñón, por otra—. Ello dio lugar a una serie de reuniones en la Moncloa, en primer lugar de los ponentes de UCD con Suárez,⁵⁰ y después a reuniones del presidente del Gobierno, entre otros, con Jordi Pujol y Santiago Carrillo. Miquel Roca ha explicado que negoció personalmente con Suárez el redactado del artículo en cuestión en el palacio de la Moncloa y en un escenario que incluía la presencia de altos mandos militares en una habitación contigua.⁵¹

A Jordi Solé Tura, que presidía la sesión de la ponencia suspendida para dar tiempo a las conversaciones entre los máximos dirigentes políticos, le llegó finalmente a través de ponentes de la UCD un papel escrito a mano procedente de la Moncloa con la nueva formulación del artículo. Más allá de la reiteración sobre la «indisoluble unidad de la nación española», el texto adolecía de deficiencias de redacción; sin embargo, los representantes de UCD manifestaron que no se podía variar ni una coma «porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados», que no se especificaron pero que para Solé Tura no era «difícil adivinarlo»⁵² en concordancia con el testimonio de Roca.

EL DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los días 5, 8 y 9 de mayo de 1978 se celebró en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas el debate general del proyecto de Constitución; una parte de todas las intervenciones estuvo dedicada a la cuestión de las «nacionalidades» y al carácter de la «nación española». Así lo hizo el representante de UCD, Miguel Herrero, quien definió a España como «una Gran Nación», tan grande «como para poder contener, sin destruirla, una pluralidad de nacionalidades y regiones capaces de autogobierno». Y planteando frontalmente uno de los puntos fundamentales de la polémica, se preguntó ¿qué es una nación?, respondiendo a continuación que, «ante todo y sobre todo», era la «voluntad de vivir juntos»; pero vivir juntos voluntariamente exigía antes «estar cómodos para convivir». De dicha definición de nación, «la única capaz a través de la historia de soportar la prueba de sangre de la revolución y de la guerra», se deducían dos consecuencias fundamentales. Por una parte, «existe un principio nacional allí donde existe una conciencia de la propia e infungible peculiaridad»; por otra, «la voluntad de vivir juntos no es excluyente: puede articularse o graduarse en círculos concéntricos y no es precisamente la menor de las características de la Gran Nación española el que haya podido afirmarse como tal». Para Herrero, el proyecto presentado por la ponencia reconocía a España «como tal nación de manera taxativa» y, al atribuir al pueblo español en su conjunto la soberanía nacional, excluía «toda posibilidad de separación legal» puesto que reconocía «un solo sujeto de autodeterminación». Pero, «al lado de este principio de autodeterminación, el proyecto de Constitución reconoce un principio de autoidentificación de aquellos hechos diferenciales con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad». A esa autoidentificación era «a lo que, a nuestro juicio, corresponde la expresión de “nacionalidades”», y «la España que de esta articulación surja será, como decía hace muchos decenios Prat de la Riba, la resultante viva y vigorosa de todos los pueblos españoles».⁵³

Santiago Carrillo, sin detenerse en disquisiciones conceptuales, destacó en su intervención la importancia del reconocimiento de la personalidad de las «nacionalidades y regiones, con sus características propias políticas, económicas y culturales», y lo calificó como «un gran avance hacia la transformación de España en un Estado moderno». Por otra parte, se refirió críticamente a las «incomprensiones y recelos de una mentalidad tradicional, en el peor sentido, que no concibe la unidad de la patria más que como el aplastamiento de toda diversidad, como la gris uniformidad obtenida por el peso de un centralismo burocrático y autoritario». La autonomía de nacionalidades y regiones no pondría en peligro la unidad de España sino que sería «el único camino para lograr su fortalecimiento», poniendo en sus manos «las cuestiones de su propio desarrollo y, al mismo tiempo, la solidaridad económica entre unas y otras, asegurada a través del Estado».⁵⁴

Como no podía ser de otro modo, Manuel Fraga dedicó una amplia referencia al artículo segundo del proyecto de Constitución. El líder de AP reiteró el rechazo, «con toda energía y con plena conciencia de la trascendencia histórica de su gesto», a la introducción de la expresión nacionalidades en la Constitución. Para su formación política no existía «más nación que la española», en la que se integraban, «con su tradición y riqueza cultural, castellanos, gallegos, asturianos, leoneses, etc.». Para Fraga, el concepto de nación no podía «acuñarse a voluntad»; no bastaba «una particularidad lingüística, étnica o administrativa», solo la suma de «un gran territorio compacto, de tradición cultural común y con proyección universal; una viabilidad económica; una organización política global, probada por siglos de Historia, solo eso constituye una nación». Nación y nacionalidad era lo mismo, por lo que aludía de nuevo a «los riesgos gravísimos de abrir cauces a la aplicación del llamado principio de las nacionalidades, con las inevitables consecuencias de un pretendido derecho a la autodeterminación y a un Estado propio». La historia, concluía, «no puede, como los ríos, caminar hacia atrás; hagámosla avanzar hacia un porvenir de grandes empresas comunes, y no hacia la vieja querencia a la desunión y a los Reinos de Taifas».⁵⁵ El líder de Alianza Popular reiteró también su rechazo al título VIII del proyecto constitucional relativo al estado autonómico.

Los grupos catalanes afirmaron el carácter de nación de Cataluña en el marco de una España plurinacional y, con la excepción de ERC, defendieron la expresión nacionalidades. Para Joan Reventós, primer secretario del PSC (PSC-PSOE), la Constitución debía construir un «estado común basado en la autonomía política de las nacionalidades y regiones» que integraban España y en la solidaridad entre ellas. Una nacionalidad basada en una «comunidad histórica», en «un pueblo» y en una «tradición cultural» era perfectamente compatible con la nación española entendida, «como hay que entenderla jurídicamente» precisaba, como «el conjunto de todos los ciudadanos del Estado». Una nacionalidad no debía recibir privilegios por serlo, «sino que ha de compartir con todas las regiones españolas el mismo derecho fundamental a la autonomía política». En este sentido, los socialistas catalanes no consideraban las autonomías como excepción sino un modelo alternativo a una «estructura centralizada de Estado» que consideraban incompatible con la «soberanía popular y con la democracia».⁵⁶

En nombre del grupo Minoría Catalana, Miquel Roca afirmó que los catalanes habían roto, finalmente, lo que denominó «el dramático cerco de la singularidad» que había estado presente en los procesos constituyentes anteriores. Es decir, «hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un estado centralista; coincidimos todos en alcanzar, por la vía de la autonomía, un nuevo sentido de la unidad de España; y coincidimos casi todos en dar al reconocimiento de la realidad plurinacional de la nación española el sentido de un punto final a viejas querellas internas, que solo han servido a los enemigos de la democracia y la libertad». Roca, además, se refirió abiertamente a la crítica a la ambigüedad de ciertos preceptos del proyecto de Constitución para defender que «el consenso también es eso; es aceptar esa misma ambigüedad», una ambigüedad que también haría posible «el gobierno de todas las opciones democráticas, sin abrir peligrosas crisis constitucionales». El diputado de CDC hizo también una extensa referencia a los intentos realizados a lo largo de más de un siglo para hacer posible «la capacidad de vivir democráticamente de todas las nacionalidades, regiones y hombres de España».⁵⁷

Para el democristiano Anton Cañellas, en nombre de la coalición Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya, la redacción del artículo segundo presentada por la ponencia era «poco afortunada», no por afirmar la unidad de España sino «porque reitera tal concepto de forma innecesaria y recelosa». Reconocer la existencia de unas nacionalidades «no debiera haber dado pie a un amasijo sintáctico, expresión del temor que las nacionalidades todavía provocan». Apoyándose en el pensador católico francés Jacques Maritain, Cañellas definió la nacionalidad como «una comunidad humana que se da cuenta de que la historia la hizo tal, que valora su propio pasado y que se quiere a sí misma como es o como se imagina ser». La nacionalidad se distinguía perfectamente del Estado, «en el cual pueden confluir nacionalidades diversas», y era a partir del reconocimiento y la distinción «que aspiramos a construir con los pueblos hermanos, por primera vez, una auténtica solidaridad hispánica con asentamiento popular». Solo así «podremos construir todos, realmente todos, esa España fiel a sí misma, fuerte y soberana que necesitamos». Porque, frente a quienes afirmaban que plantear «una organización del Estado en la cual las diversas nacionalidades que lo componen puedan sentirse plenamente libres» significaba descomponer «algo laboriosamente conseguido», de lo que se trataba era de «forjar lo que todavía no ha sido realizado», es decir «un Estado arraigado en la realidad cultural y popular de todos los pueblos de España».⁵⁸

La única voz catalana contra la globalidad del proyecto constitucional fue la del diputado Heribert Barrera. Su rechazo, junto con otras objeciones, se fundamentaba en que el texto ignoraba «la verdadera naturaleza del Estado español» y persistía «en el grave error de no restituir lo esencial de su soberanía a cada una de las naciones que lo integran». Tales formulaciones obedecían al mismo concepto de nación, en su caso aplicado a Cataluña, de quienes consideraban a España la nación más antigua del mundo, lo que el propio secretario general de ERC reconoció afirmando que «los que estamos aquí en posiciones más alejadas coincidimos en el valor semántico que en la Constitución hay que dar a estas dos palabras», nación y nacionalidad, la segunda de las cuales le parecía «puro artificio verbal».

Para Barrera, era absolutamente erróneo aplicar «a España entera los conceptos de Nación y de Patria»; si «España comprende todo el actual territorio del Estado, España no es una nación, sino un Estado formado por un conjunto de naciones». Si España no era una nación tampoco era una Patria, y nuestra «única Patria es Cataluña». Para el diputado de ERC, con el fin de la dictadura era posible «edificar un Estado nuevo sobre la base de las realidades profundas existentes y no de las viejas y carcomidas superestructuras que las ahogan y las disfrazan» y, aunque reconocía el valor del reconocimiento de nacionalidades, le parecía del todo insuficiente. Las «victorias militares antiguas», o la «victoria militar de 1939», no eran suficientes para «crear una Nación española». Sin embargo, Barrera quiso también dejar claro que todo lo anterior no significaba que «la mayoría de los catalanes seamos separatistas, que queremos destruir el Estado español», consolidado por siglos de historia. Formar parte de él era para Barrera «perfectamente compatible con nuestros sentimientos y nuestras aspiraciones de catalanes», al tiempo que manifestaba la solidaridad con los otros pueblos de España. En definitiva, «si la Constitución hubiese sido realmente hecha a la medida de España» debería decir que la soberanía residía en los pueblos de las naciones de España y que dichos pueblos «separadamente soberanos, se asocian en un Estado común para el mayor beneficio de todos». Las libertades de las nacionalidades no deberían ser «solicitadas ni autorizadas, sino que deberían haber sido reconocidas de entrada como realidades previas», y era el Estado «el que debería haber visto legitimadas sus funciones a través de cesiones parciales y expresas de soberanía por parte de cada una de las naciones que lo integran».⁵⁹

El representante del PNV, Xavier Arzallus, manifestó que la inclusión en el texto constitucional de la palabra nacionalidades suponía «la legitimación de nuestra denominación y del fin que perseguimos: la defensa del ser y de los derechos de una nacionalidad concreta que forma parte, aunque no de forma satisfactoria, del Reino o del Estado». Sin embargo, la redacción del artículo 2, aun considerando el espíritu transaccional y el delicado equilibrio que reflejaba, con su reiteración y énfasis en la «unidad nacional», «ni encona ni resuelve nada, simplemente resulta innecesaria y causa sorpresa», porque la unidad «no es el resultado de afirmaciones enfáticas y reiteradas, sino de una integración satisfactoria de las diferentes comunidades o pueblos que componen muy frecuentemente todo ámbito estatal». Arzallus criticó también la afirmación de que la Constitución se fundamentaba en la unidad de España, puesto que debería más bien ser que la Constitución, fijando «unas bases correctas, satisfactorias y mutuamente aceptadas», conformaría y aseguraría «la unidad del Estado».

Para el dirigente nacionalista vasco, era «enormemente peligroso ligar la unidad a su mantenimiento por la fuerza», porque «nadie puede asegurar que si la insolidaridad existe, si la animosidad aumenta y la reconciliación se hace imposible, pueden surgir ... momentos en los que, si no existe esa solidaridad voluntaria, esa afección mutua, determinados cataclismos que están por encima de las fuerzas interiores puedan producir rupturas dolorosas». No obstante, para Arzallus, si el sistema político foral no había impedido «la integración en la Corona», tampoco el principio de las nacionalidades se oponía «a la convivencia plurinacional en una entidad superior». Además, «por encima de las denominaciones» debía encontrarse «el encaje exacto de las realidades sin discutirlas, ensamblándolas convenientemente», porque ello era posible. Por otra parte, argumentó la propuesta del PNV de pacto con la Corona entendiéndolo como «el punto de confluencia y el lazo de unión de pueblos libres que autolimitan su soberanía, cediendo aquella parte que consideran necesaria para potenciarse a sí mismos en la unión y solidaridad de los demás».⁶⁰

Enrique Tierno Galván, en una intervención muy académica, se refirió también al «tema tan discutido de “nación” y “nacionalidades”», afirmando que «nación es una de esas palabras que están sujetas a significados polisémicos», por lo que debía evitarse un debate por «no entender que las palabras tienen su propia historia y dinámica interna», o por temores sobre la «aplicación de un significado prevalentemente en relación a otro significado».⁶¹

En el debate parlamentario, la expresión «nación de naciones» en relación a España fue utilizada por quienes a la vez defendían el término nacionalidades, explicitando la concepción de una nación española claramente diferente a la predominante hasta entonces. El ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, frente a quienes negaban «la existencia de una nación de naciones o de nacionalidades», afirmó que la existencia de «diversas naciones o nacionalidades» no excluía «sino todo lo contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa nación que para nosotros es fundamental, que es el conjunto y la absorción de todas las demás y que se llama España». Jordi Solé Tura, por su parte, tras afirmar en réplica a Barrera que «España no es una invención, no es un artificio histórico; es una realidad forjada por la historia», una «realidad multiforme», sostuvo que «se abre aquí un ámbito nuevo de reflexión sobre qué es una nación; qué es una nación integrada por nacionalidades y por regiones», intentando explicar «una nueva realidad de un país que no se puede ignorar». Miquel Roca se refirió también a la «configuración de España como una nación de naciones», una «nueva configuración de una España democrática, de una España respetuosa con sus diferentes nacionalidades y regiones» sin para ello «herir sentimientos de nadie».⁶²

En los días siguientes fueron sometidas a debate las enmiendas al articulado del anteproyecto constitucional. En las relativas al artículo 2 y, en parte, al artículo 1 se presentaron de nuevo propuestas y argumentaciones ya conocidas. Así, Heribert Barrera presentó una enmienda al primer artículo que suponía iniciarlo con la fórmula «El Estado español, formado por una comunidad de pueblos»; proponía pueblos y no naciones porque consideraba que el «verdadero consenso constitucional» debía obtenerse «a base de utilizar las expresiones aceptables para todo el mundo», y una definición más precisa introducía unas discrepancias que deberían evitarse «en un texto constitucional que debe ser el máximo común denominador, pero no ... lo que puede imponer una mayoría, aunque sea muy amplia». Por su parte, el diputado de UCD José Manuel Ortí Bordas planteó que debía resolverse la cuestión de si se optaba por un Estado «basado en una única nación, en un único territorio y en una única soberanía», es decir, un Estado unitario que no era sinónimo de centralizado, lo que era su posición personal, o bien por «un Estado federal, que no es otra cosa que una unión permanente y libremente pactada entre Estados preexistentes para conseguir un fin común».⁶³

El portavoz de UCD, Rafael Arias Salgado, anunció que su grupo se opondría a cualquier cambio del texto acordado en la ponencia, excepto si se trataba de una mejora formal. Reconoció que dicho artículo había sido uno de los más polémicos «y de más difícil elaboración consensual», y debía permitir la resolución de un problema real y que históricamente había sido fuente de conflictos: «que la Nación española forjada a lo largo de los siglos tiene una perdurable y manifiesta diversidad interna que está en el origen de su propia unidad política y que trasciende el mero pluralismo de raíz feudal de la sociedad medieval». Dirigiéndose especialmente a los críticos en la derecha conservadora y nacionalista, Arias Salgado afirmó que el precepto era también necesario «para poder encauzar la presión anticentralista, antes latente y hoy expresa y potencialmente conflictiva, que se extiende por todo el país»; si las nacionalidades valoraban la autonomía «en función del reconocimiento de su personalidad singular», las regiones veían en la organización autónoma «un instrumento eficaz para su propio desarrollo socioeconómico». La democracia y la libertad eran «inconcebibles e inviables» si no se ofrecía «una satisfacción racional a las reivindicaciones de aquellos colectivos, algunos de ellos cuantitativamente y cualitativamente importantes que desean afirmar su identidad con recurso al vocablo nacionalidad».

Para Arias Salgado, el artículo 2 respondía también a la necesidad de lograr una Constitución aceptada «por una abrumadora mayoría de españoles». En este sentido, un texto constitucional que fuese rechazado o escasamente votado en Cataluña o en el País Vasco nacería con un «delicado vicio de origen aun cuando fuese mayoritariamente aprobado en el resto de España». Tal como había quedado redactado, el compromiso que expresaba el artículo era «susceptible de dar satisfacción bastante a las nacionalidades y a las regiones», marcando los límites infranqueables de su derecho a la autonomía. Por ello, no cabían «ni restricciones o supresiones que excluirían a quienes defienden su singularidad como nacionalidad», ni tampoco «extensiones susceptibles de desembocar en una estructura política federal inasimilable», o capaces de «engendrar una dinámica disgregadora a la que nos opondremos siempre y que daría sin duda al traste con nuestra incipiente democracia».

En la España de 1978, a las palabras nación y nacionalidades se les debía dar una significación «forzosamente distinta de la que tradicionalmente se ha dado». En primer lugar, por exigencia de la «realidad sociohistórica» de España y, en segundo lugar, porque el texto constitucional utilizaba el término nacionalidad en un doble sentido y debía armonizarse la «nacionalidad como fundamento de un derecho a la autonomía con la existencia de la nación española y con la nacionalidad que de ella se desprende», una tentativa lícita y necesaria porque «los conceptos varían o pueden variar de contenido con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias, adquiriendo una nueva dimensión y llegando a expresar, simultáneamente o no, realidades distintas». En esta densa intervención, Arias Salgado recordaba que nación y nacionalidad no eran lo mismo para el pensamiento liberal, el marxista o para la ideología fascista. Por otra parte, el sentimiento nacional era «empíricamente multívoco»; la experiencia demostraba la variedad de sus fundamentos y significados y la subsiguiente diversidad de sus consecuencias históricas y de su proyección en términos de poder». El concepto de nación era «variable para cada pueblo, cuya cohesión y singularidad, de intensidad desigual, resultan de factores distintos». El término nacionalidades del artículo 2 implicaba «el reconocimiento de la existencia de formaciones sociohistóricas a las que se confiere un derecho a la autonomía, cuyo límite de principio infranqueable reside precisamente en la soberanía de la unidad política que las comprende».⁶⁴

Aun valorando favorablemente los cambios introducidos en el primer redactado, los argumentos de Arias Salgado no convencieron a AP, que mantuvo su oposición radical al término nacionalidades. Para Licinio de la Fuente, tal expresión oscurecía el «sentido de la unidad nacional de España» y, por otra parte, no añadía nada «a la posibilidad de una organización territorial» que permitiera la creación de «las autonomías territoriales dentro de esa unidad nacional». El diputado popular negaba que fuera posible la existencia de la unidad nacional desde la pluralidad nacional, y afirmaba que podían hacerse las interpretaciones doctrinales que se quisieran pero la consecuencia que se derivaba del reconocimiento de una nación era «el principio de autodeterminación, el principio de autogobierno y el principio de una organización política propia». En este sentido consideraba más coherentes la posición de los diputados de ERC y de EE que la de las demás formaciones políticas. Por otra parte, insistió en el argumento de que la distinción entre nacionalidades y regiones rompía el principio de igualdad que la propia Constitución consagraba; a su entender habría «dos clases de territorios en España y, por tanto, también dos clases de españoles, aquellos que tengan el derecho de constituirse en nacionalidades y aquellos que queden relegados ... a la simple consideración de regiones»; el concepto de nacionalidades comportaría un «contenido político-jurídico distinto del concepto de regiones». Y todo ello sin olvidar el riesgo más grave de todos, el de la «desintegración de la unidad nacional», una unidad que era un patrimonio común que había costado «muchos esfuerzos y siglos» y del que «una generación no tiene derecho a disponer», una formulación que evocaba la conocida sentencia de José Antonio Primo de Rivera sobre que «los españoles podrán decidir acerca de cosas secundarias; pero acerca de la esencia misma de España no tienen nada que decir».⁶⁵ La «autonomías nacionalistas», concluía, crearían «la punta de lanza permanente tratando de avanzar en la progresiva desintegración de la unidad de los aparatos de acción política del Estado».⁶⁶

Miquel Roca coincidió con el diputado de AP que nacionalidad y nación querían decir lo mismo, pero señalando la mutabilidad de los conceptos; sobre nación destacó, por una parte, el concepto de nación-Estado procedente de la Revolución Francesa, pero señaló la existencia de naciones sin Estado, naciones que «lo que siguen siendo es, fundamentalmente, una identidad colectiva, una identidad histórica, una identidad cultural, una personalidad propia en su contexto superior»; esas naciones sin estado «es lo que modernamente ha venido en llamarse “nacionalidades”». Roca acudía de nuevo a la expresión «nación de naciones» y a la afirmación de la realidad plurinacional española, frente a la cual solo cabían dos actitudes, aceptarla con todas sus consecuencias o intentar destruirla; lo segundo ya se había hecho y había fracasado. La oportunidad presente era construir una España integradora, «una nación española compatible con dicha realidad plurinacional».⁶⁷

Dicho argumento fue también expuesto por Jordi Solé Tura, quien además criticó las visiones restrictivas del concepto de nación y la «visión muy mecánica de la relación entre nación y poder político». Para el diputado del PSUC, la expresión nacionalidades reflejaba «una situación concreta en nuestro país», de forma más o menos exacta, pero una situación real, y era exacta «por lo menos en un sentido concreto, y es que ha sido la forma de expresión de peculiaridades nacionales existentes en nuestro país, en casos muy concretos como los de Cataluña, Euskadi y Galicia». En definitiva, para Solé Tura, el debate obedecía a la existencia de dos concepciones y de dos visiones «de lo que es España y de lo que es unidad»; una España identificada con un Estado centralista y burocrático al servicio de una clase social defensora de unos «intereses cerrados y oligárquicos», y una España fruto de la «unidad real de sus pueblos». Para el representante comunista, el concepto de nación española del texto constitucional se basaba en tres pilares, «el de la unidad, el de la solidaridad entre los pueblos y el derecho a la autonomía de estos pueblos, de estas nacionalidades, de estas regiones», y que solo si se mantenía esa triple columna «llegaremos a un concepto de nación española que sea real y que sea aceptado por todos».⁶⁸

Joan Reventós y Gregorio Peces-Barba, en la defensa de las enmiendas socialistas, no eludieron el debate; para Reventós los constituyentes estaban preocupados por la palabra nacionalidades y «en vez de quedarse tranquilos pues tal palabra no es incompatible con la de “España” ni con las de “nación española” aplicadas a España en sentido jurídico-político» acumulaban los de «patria común e indivisible» y lo de «indisoluble unidad de la nación española», pretendiendo conjurar «unas posibilidades secesionistas que no existen detrás de la introducción de la palabra “nacionalidades”». Peces-Barba, por su parte, afirmó que los argumentos de los partidarios de suprimir el término nacionalidades se apoyaban, en gran parte, «en argumentos de aquellos que eran partidarios de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de las nacionalidades», y, al revés, los partidarios de llevar hasta sus últimas consecuencias dicho principio se apoyaban en «las posiciones de aquellos que querían suprimir el término nacionalidades». Así, muchas veces se contribuía, «desde posiciones aparentemente defensoras de la unidad, a interpretaciones disgregadoras», y desde tales posiciones «se están dando argumentos para las interpretaciones conservadoras». El representante socialista insistió en la defensa del término nacionalidad, «sinónimo de nación», y en la consideración de España como «nación de naciones». Ambos diputados señalaron además la necesidad de introducir de nuevo en el artículo 2 la referencia expresa a la solidaridad, tal como figuraba en el anteproyecto constitucional.⁶⁹

Al final del debate, la ponencia formuló una propuesta in voce de texto que decía así: «La Constitución se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Dicho texto, que ya no sería objeto de modificación en el resto del debate parlamentario del proyecto constitucional, obtuvo los votos afirmativos de los diputados de los grupos parlamentarios de UCD, Socialistas del Congreso, Socialistes de Catalunya, Comunista, Minoría Catalana y Grupo Vasco; votaron en contra los diputados de AP y se abstuvieron el representante de Euskadiko Ezkerra y el del Partido Socialista de Aragón. La redacción definitiva mejoraba el segundo texto de la ponencia, mantenía el término nacionalidades y el énfasis en la unidad de la nación española y garantizaba el derecho a la autonomía y reintroducía la solidaridad entre las nacionalidades y regiones.

El diario El País dedicó su editorial del día 14 de mayo a la aprobación por la Comisión de Asuntos Constitucionales del artículo 2 del proyecto de Constitución. En primer lugar, consideró que el acuerdo alcanzado probaba «que la voluntad negociadora y el espíritu de consenso de las diferentes formaciones políticas eran actitudes sinceras y consecuentes». El artículo relativo a la «articulación entre la unidad de la nación española y el reconocimiento de los derechos de las “nacionalidades históricas”, constituía piedra de toque para comprobar si las protestas de buena voluntad eran simple propaganda o posiciones de principio». En una dura referencia a Alianza Popular, el editorial afirmaba que su voto negativo mostraba que, «aunque las manifestaciones de los nostálgicos del franquismo puedan hacer creer a veces que su derrota en las elecciones les ha obligado a poner su reloj en hora, siguen siendo incapaces de reconciliarse con los hechos y de comprender los fenómenos históricos y sociales a cuya represión contribuyeron durante largos años».

El reconocimiento y la garantía del «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» integrantes de «nuestra nación común» era una fórmula que no solo consagraba «principios generales de descentralización administrativa», sino que distinguía entre dos tipos diferentes de comunidades dentro de España. Los argumentos filológicos sobre el término nacionalidades «pertenecen al campo de la discusión académica y carecen de relevancia a la hora de debatir cuestiones políticas» porque, con independencia de los orígenes del vocablo, lo cierto era que «catalanes y vascos vienen utilizándolo para designar a sus propias comunidades históricas, caracterizadas por un idioma, una cultura, un sentimiento de identidad colectiva y una voluntad de lucha para hacer valer sus reivindicaciones». Pero, en cualquier caso, la historia pasada y reciente de Cataluña y del País Vasco, y la conciencia colectiva expresada en las elecciones generales de junio de 1977, hacía «incluso enfadosa la discusión sobre su evidente diferencia respecto a las demás divisiones administrativas y sobre la necesidad de que dispongan de instituciones de autogobierno peculiares», lo que no significaba, sin embargo, que la autonomía para Cataluña y el País Vasco sirviera «para aumentar la considerable brecha que separa ya a estos territorios, en niveles de ingreso y en equipamientos colectivos de sanidad y educación, del resto de España».

La referencia en el artículo segundo del proyecto de Constitución al reconocimiento y garantía de la solidaridad entre nacionalidades y regiones daría en el futuro «plena legitimidad a los planes de ordenación del territorio y de ayuda a las zonas subdesarrolladas, destinados a eliminar las lamentables desigualdades de renta y de oportunidades entre las diferentes zonas geográficas de nuestro país». Los recelos y las susceptibilidades explicaban que «la obvia descripción de la unidad española» fuera acompañada de «adjetivos y enfáticas redundancias» que parecía indicar que a «los abogados de los términos “indisoluble” e “indivisible” les faltó seguridad y convencimiento en la causa que defienden». La unidad de España era un hecho que no necesitaba «retórica para mostrar su evidencia; siglos de convivencia en común, la existencia de un mercado que proporciona salidas protegidas arancelariamente a la producción de la periferia y mano de obra barata a sus industrias, y la constante acción unificadora de la Administración en todas las áreas de la vida ciudadana valen más que un millón de palabras». Con todo, el editorial finalizaba advirtiendo que reconocer el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones era «bastante menos complicado que negociar los instrumentos que garanticen los ámbitos de competencias y las instituciones de autogobierno de unas y otras».⁷⁰

En el debate del proyecto de Constitución en el pleno del Congreso de los Diputados se esgrimieron nuevamente los argumentos expuestos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en los medios de comunicación. El ex ministro Federico Silva Muñoz, desde el nacionalismo esencialista, fue el encargado de defender el voto particular de Alianza Popular contra el concepto nacionalidades, a su entender absolutamente contradictorio con el de nación española. Para Silva Muñoz, una nación era, en esencia, «una comunidad de sentimiento» que se manifestaba «de modo adecuado en un Estado propio» y, «en virtud del principio de las nacionalidades, toda nación tiene derecho a convertirse en Estado». Por tanto, la redacción del artículo 2 contenía una contradicción irresoluble, «de un lado, la de que existen unas nacionalidades, y, de otro, que éstas integran la indivisible unidad de otra nación, que es España». En definitiva, el texto era la manifestación del mantenimiento «simultáneo y contradictorio de dos posiciones irreductibles: la de quienes defendemos, por encima de todo la unidad nacional de España y la de quienes mantienen férreamente su criterio de una pluralidad nacional en el seno de lo que entendemos que hasta ahora ha sido España». El diputado de AP consideraba que en la «barroca redacción» latía «un temor, ciertamente fundado, al principio de las nacionalidades y un afán de arroparlo o de ocultarlo ante un extenso sector del país que intuitivamente piensa en las consecuencias de su consagración constitucional». Por ello, AP insistía en «poner de relieve los riesgos que comporta y las responsabilidades que contraemos al votarlo». Por otra parte, afirmaba que el concepto de nación cultural no era más «que un primer paso para constituir una nación estatal»; por tanto, no podía haber otra nación que España, rechazando cualquier otra identidad nacional y cualquier fórmula que alimentara un separatismo que, según el diputado popular, durante la I y la II República había amenazado la unidad nacional española.⁷¹

La primera réplica a Silva Muñoz corrió a cargo del socialista Gregorio Peces-Barba, quien afirmó que el centralismo era el viento que había «sembrado las tempestades que ahora vivimos», y que quienes hablaban de separatistas silenciaban la existencia de separadores. Por otra parte, insistió en que nación era un concepto histórico que tenía significados diversos y que por ello había que «desmitificar esta permanencia y esta eternidad de la idea de nación»; además rechazó la identidad entre nación y estado, apelando tanto a la historia como a realidades nacionales y estatales en el mundo, como la británica. Cuando se afirmaba «que no hay más que una nación, que es España, se está partiendo de la misma miopía que el franquismo», porque las comunidades «no se construyen por la fuerza, sino por el libre asentimiento». Para Peces-Barba, estaban «haciendo más por la comunidad España los que defendemos esta tesis que los nacionalistas a ultranza, que desconocen la realidad de las agrupaciones humanas y que son ... más separadores que los separatistas», con un nacionalismo exacerbado que había alcanzado «su hito máximo, y su ruina, con los fascismos y los nacional-socialismos, y en España con el franquismo». A su entender, «hoy vivimos en España y en Europa una nueva andadura colectiva que pretende superar la idea perniciosa de que toda nación tiene que ser, necesariamente, un Estado independiente, y la contraria, tan perniciosa como ella, de que no caben naciones de naciones en un Estado único».⁷²

En el mismo sentido intervinieron Jordi Solé Tura y el representante de Socialistes de Catalunya, Eduardo Martín Toval. Para este último, algunos luchaban contra fantasmas: «se pretenden conjurar unas posibilidades secesionistas que no existen detrás, en absoluto, de la introducción de la palabra nacionalidades», término «en absoluto incompatible con el de España, ni con el de nación española, aplicados ... en sentido jurídico-político, equivalentes, por tanto a Estado español y a nación de naciones».⁷³

Jordi Pujol intervino también para explicar su apoyo al artículo 2, fruto de la política de consenso, que «nosotros asumimos plenamente», y para pedir a la Cámara «que dé a ese voto a favor de la palabra “nacionalidades” todo el sentido profundo de cambio histórico, todo el sentido de obra de gran entendimiento colectivo». Según el máximo dirigente de CDC, para los nacionalistas catalanes, lo fundamental era el reconocimiento pleno de la identidad nacional catalana; «es lo único que pedimos los nacionalistas catalanes; y lo que (lo digo con agradecimiento) piden los grandes partidos políticos españoles de hoy, ... y es que se produzca el reconocimiento de esa realidad, que no es ficticia, que tiene arraigo profundo, y que es una realidad auténticamente popular». Y la afirmación de dicha realidad era «perfectamente compatible con una actitud de colaboración, con una actitud de auténtica voluntad de entendimiento y de auténtica voluntad de integración en el quehacer del conjunto español», aunque reconoció que «ya no sabemos cómo explicarlo» para acabar con tantos recelos e incomprensiones.⁷⁴

El representante de UCD, José María Martín Oviedo, defendió igualmente el texto del artículo 2 y frente a la posición de AP afirmó que «digámoslo con toda claridad, en la hipótesis de que un pueblo de España pretendiera ciertamente su supuesto derecho constitucional a la autodeterminación, ninguna constitución podrá impedírselo, por más que evite un término [nacionalidades] que, desde luego, mi Grupo coincide con la mayoría en negar que lleve dentro de sí mismo tal derecho».⁷⁵ Es decir, o existía lo que Miguel Herrero había denominado la «voluntad de vivir juntos», y para ello se aseguraba una situación de comodidad para convivir, o la amenaza a la unidad podía ser una realidad independientemente de los textos legales.

Cuando el artículo segundo fue sometido a votación en el pleno del Congreso, el voto particular de AP obtuvo solo el apoyo de sus 16 diputados; la votación al conjunto del artículo obtuvo 278 votos favorables, 20 en contra y 13 abstenciones.

Para Jordi Solé Tura la redacción final del artículo era una verdadera síntesis «de todas las contradicciones existentes en el período constituyente». En él «confluyeron los diversos proyectos políticos y en él se expresaron todas las resistencias, en él se muestra con claridad cuál fue la correlación efectiva de las fuerzas en presencia». El texto constituía «un auténtico empate entre concepciones diferentes de la nación española»; en él se daban cita, de manera desordenada, «las dos concepciones de España, enfrentadas no solo en el terrero de las ideas, sino también en el de las armas; la concepción de España como una nación única e indivisible y la concepción de España como un conjunto articulado de pueblos diversos, de nacionalidades históricamente formadas y de regiones». Las dos concepciones se fundían «para servir de base no ya al Estado centralista tradicional vinculado al concepto de nación única, sino a un Estado de las Autonomías que debe superar las viejas y anquilosadas estructuras del centralismo». Las autonomías no surgían de ninguna «decisión arbitrista» sino que expresaban «un derecho anterior a la propia Constitución, puesto que ésta “reconoce” tal derecho y lo “garantiza”». La nación de naciones quedaba unida por «el vínculo de la solidaridad, concepto difícil de plasmar jurídicamente, pero que constituye un imperativo, una obligación constitucional para todos los ciudadanos y todos los poderes públicos». Naturalmente el artículo, como cualquier otro, no resolvía los problemas pero sentaba «las bases para la superación del enfrentamiento».⁷⁶

LAS LENGUAS EN LA CONSTITUCIÓN

Para el catalanismo, la lengua constituía uno de los elementos fundamentales de la identidad catalana, y las prohibiciones y persecuciones que había sufrido era uno de los indicadores más significativos de la opresión nacional soportada. Por ello, el gobierno de la Generalitat provisional adoptó de inmediato algunas iniciativas para normalizar la situación de la lengua catalana. El tratamiento de las lenguas en la Constitución en elaboración constituía, por tanto, un tema especialmente sensible para los partidos políticos catalanes, aunque sus posiciones no eran plenamente coincidentes.

El artículo tercero del anteproyecto de Constitución establecía el castellano como lengua oficial del Estado, que «todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo», así como la oficialidad de las «demás lenguas de España» en los «Territorios Autónomos de acuerdo con sus Estatutos». Se afirmaba, además, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España era «un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».⁷⁷ Uno de los principales puntos de divergencia en el debate parlamentario fue la desigualdad que comportaba el deber de conocer el castellano y el derecho de usarlo frente a la inexistencia del doble derecho/deber respecto a las otras lenguas españolas.

Dicho artículo no tuvo votos particulares de los ponentes aunque sí diversas enmiendas. Los diputados de AP Licinio de la Fuente y Antonio Carro propusieron que el texto se limitara a decir que las demás lenguas de España «podrán ser también oficiales», argumentando que no debía prejuzgarse «lo que digan los respectivos Estatutos, ni imponerles condición inicial». La enmienda de UCD proponía cambiar la palabra oficialidad de las demás lenguas de España por la de cooficialidad: «Las demás lenguas de España serán cooficiales en los términos en que se asuman como tales en los respectivos estatutos de autonomía».⁷⁸ José Miguel Ortí Bordás propuso un texto alternativo al conjunto del artículo 3, pero lo más destacable era la adición de un cuarto apartado para garantizar que a «ningún español se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional».⁷⁹

El Grupo Comunista presentó dos enmiendas «para completar el espíritu de igualación entre las diversas lenguas de España y el respeto a cada una de ellas», y para precisar «la plena igualdad de que deben disfrutar todas las lenguas de España». Para ello, proponía añadir al primer apartado del artículo que establecía la oficialidad del castellano y la obligación de conocerlo y el derecho de usarlo la formulación «sin prejuicio de lo dispuesto en el número 2 de presente artículo». Para dicho segundo apartado proponía añadir «igualmente» a su redactado: «las demás lenguas de España serán igualmente oficiales en los territorios autónomos, de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos estatutos».⁸⁰

El grupo parlamentario Minoría Catalana presentó una redacción alternativa a todo el artículo. Para el apartado primero se proponía el siguiente texto: «Todas las lenguas nacionales serán oficiales en sus respectivos territorios. El castellano será la lengua oficial de los órganos del Estado, sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de autonomía que se establezcan». En el segundo apartado, la enmienda de Minoría Catalana establecía que en los territorios autónomos de España de lengua distinta al castellano cada Estatuto de Autonomía determinaría «el carácter oficial exclusivo o transitoriamente cooficial con el castellano de la respectiva lengua». Por último, respecto al punto tercero, se remarcaba la riqueza lingüística española y se enfatizaba su respeto y protección «que vendrán concretadas en su uso efectivo en la estructura administrativa y de educación». En la justificación de la enmienda, se argumentaba que el reconocimiento del carácter oficial de todas «las lenguas nacionales de España» no contradecía «la continuidad de la oficialidad de la lengua castellana como la oficial del Estado a efectos de comunicación entre éste y los territorios autónomos». Por otra parte, se cumplía mejor la «vieja aspiración de todos los territorios que mantienen en su patrimonio cultural una lengua viva, como vehículo de comunicación entre todos los habitantes del mismo».⁸¹

La enmienda anterior fue retirada al iniciarse el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y la actuación de los nacionalistas catalanes se centró en la defensa de una segunda enmienda de carácter alternativo a la primera, presentada inicialmente por si aquélla no prosperaba, relativa exclusivamente al apartado segundo con la siguiente formulación: «Las demás lenguas de España serán también oficiales en los territorios autónomos de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Todos los residentes en dichos territorios tienen el deber de conocer y el derecho a usar aquellas lenguas». En la justificación de la enmienda se argumentaba que el reconocimiento de la oficialidad «quedaría absolutamente minimizado si no se correspondiera con la obligación que tienen cuantos residen en territorios autónomos, con lenguas también oficiales», de conocerlas.⁸² El diputado de UCDCC, Carles Güell de Sentmenat, propuso un añadido al apartado tercero, de manera que, además de respeto y protección, la riqueza lingüística fuera objeto de enseñanza.⁸³

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vasco proponía fundir los dos primeros apartados del artículo mediante un texto único que eliminaría la referencia a deberes y derechos en relación con el castellano y que escuetamente diría que «el castellano es la lengua oficial del Estado» y que «las demás lenguas de España son también oficiales en los territorios autónomos, de acuerdo con sus respectivos Estatutos». Para el PNV, la proclamación como oficial de una lengua «conlleva la necesidad de conocerla sin establecer situaciones de imperatividad, que en ocasiones pueden ser de muy difícil cumplimiento». Francisco Letamendia de EE presentó una enmienda muy similar.⁸⁴

Emilio Gastón, diputado del Partido Socialista de Aragón, propuso que debía preverse la cooficialidad y la libertad de utilización de las lenguas «con independencia del autonomismo y de la existencia de los Estatutos», puesto que consideraba que el texto constitucional establecía notables dificultades para obtener la autonomía y que todo español debía tener derecho a utilizar su lengua materna. Por ello defendió que el apartado tercero afirmara que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España era un patrimonio cultural que sería objeto de especial respeto y protección, «adquiriendo también carácter de cooficialidad en los municipios, comarcas o ámbitos que se utilice normalmente y lo soliciten los órganos representativos correspondientes a cada ámbito».⁸⁵

En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso se debatió tanto sobre la literalidad del texto como sobre temores de diverso signo y desde posiciones claramente contrapuestas sobre el tema. Para las formaciones políticas catalanas (y vascas) la declaración de oficialidad del catalán, el euskera (y obviamente el gallego) era un logro indiscutible pero insuficiente si dichas lenguas recibían un trato sensiblemente distinto al otorgado al castellano, aceptando en cualquier caso que ésta era la lengua oficial del Estado. Por ello, o todas las lenguas eran o podían ser de obligado conocimiento y tener reconocido el derecho a su uso en sus respectivos ámbitos o ello no debía explicitarse para ninguna. Para UCD y AP, en forma más discreta en la primera y más clara y directa en la segunda, debía consagrarse una clara desigualdad entre el castellano y las demás lenguas, con argumentos que iban desde la universalidad de la lengua de Cervantes a la protección de los castellanoparlantes residentes en territorios con lenguas propias que podían ver amenazado el uso de su lengua materna.

La ponencia decidió mantener sin modificaciones el texto del anteproyecto. En el debate en la Comisión, Ramon Trias Fragas realizó una apasionada defensa de la enmienda de Minoría Catalana. Afirmó, en primer lugar, que los catalanes aceptaban el bilingüismo, pero que la desigualdad entre el castellano y el catalán hacía necesarias medidas para alcanzar la igualdad, destacadamente que «el conocimiento del catalán sea obligatorio en Cataluña y que se den ciertas ventajas al catalán en Cataluña en cuanto a su oficialidad». Ello era imprescindible para «restablecer esa paridad y ese equilibrio entre las dos lenguas» que a su juicio entrañaba el bilingüismo. El núcleo argumental de Trias Fargas se situaba en el «derecho a la lengua materna», un derecho que consideraba universal y que estaba por encima de la política. El bilingüismo debía empezar en la enseñanza en la lengua materna «catalana y castellana, que cada uno de los sujetos pasivos de esta enseñanza haya decidido adoptar según la realidad». Consideró que debía destacar la afirmación de que «no vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar idiomático castellano a estudiar en catalán» precisamente porque la lengua materna debía respetarse, pero el bilingüismo exigía «que el conocimiento de castellano y del catalán sea obligatorio para todos los niños que después serán mayores y deberán convivir en una sociedad bilingüe»; ello, además, facilitaría «la integración y la convivencia entre las dos Comunidades lingüísticas que cohabitan en nuestra tierra».

Por otra parte, e igualmente en aras a la igualdad real de ambas lenguas, el idioma del ámbito territorial de un organismo autonómico debía ser el único oficial, «lo que no quiere decir que no pueda ser cooficial con el castellano en los Órganos del Estado que actúen en el territorio autónomo y que no puedan idearse fórmulas prácticas en ayuda de los castellanoparlantes». Porque debía distinguirse entre «el derecho individual de los castellanoparlantes residentes en Cataluña a utilizar ante organismos del Gobierno catalán su idioma de origen y el derecho colectivo de Cataluña a que el catalán sea considerado el idioma oficial de su Gobierno». La centralidad de la cuestión de la lengua significaba para el ex líder de Esquerra Democràtica de Catalunya, formación ya fusionada con CDC, que «mientras el idioma catalán sea postergado en la escuela y en la vida civil y pública, nosotros nos sentiremos humillados y nos consideraremos postergados y despreciados, y en tal estado de ánimo nada positivo se puede producir entre nosotros». Concluyó su intervención con una referencia a la represión del franquismo contra la lengua y la cultura catalanas afirmando que «estamos dispuestos a hablar en castellano, pero no como Franco», «hablaremos castellano como demócratas».⁸⁶

Jordi Solé Tura valoró positivamente el texto de la ponencia comparándola con la Constitución republicana, pero defendió las enmiendas comunistas para evitar que en el futuro, por parte de personas o grupos, se pretendiera sostener que la única lengua de obligado conocimiento y con derecho de utilización era el castellano, en detrimento de las otras lenguas oficiales. Mediante la primera enmienda, se trataba de asegurar que no existieran dificultades para «instrumentar la necesaria igualdad de lenguas en las comunidades autónomas que tienen lenguas propias». La segunda enmienda comunista pretendía remarcar la igualdad jurídica de las lenguas oficiales; se trataba de dejar bien claro que «la obligación de todos los españoles de conocer el castellano y el derecho de todos a usarlo es sin perjuicio de las obligaciones y derechos que se establezcan en los respectivos Estatutos de autonomía y que la afirmación de que serán también oficiales las demás lenguas del Estado tiene que entenderse ... en el sentido de la plena igualdad jurídica».

Para el portavoz comunista la cooficialidad era «un gran paso adelante», pero tenía que resolver «problemas de fondo muy serios», partiendo de las consecuencias del franquismo, que habían comportado que catalanes, vascos y gallegos fueran «analfabetos en su propia lengua». Por ello, era necesario actuar en distintos niveles, en primer lugar en la escuela, para que «enseñándose a los niños de lengua castellana en castellano y en catalán ... o a los niños de lengua catalana en catalán y en castellano, se llegue al final del ciclo educativo obligatorio a un pleno dominio de ambas lenguas». Había que institucionalizar también la presencia de las lenguas distintas al castellano en los medios de comunicación de masas y, especialmente en la radio y la televisión; se trataba de llegar a «la igualdad de las lenguas en el plano jurídico y en el social», y para ello era indispensable que no se estableciera ningún obstáculo jurídico que pudiera «frenar o que pueda escindir las comunidades lingüísticas».⁸⁷

Para el diputado del PNV Iñigo Aguirre Querexeta, la oficialidad del castellano en todo el territorio español suponía ya su necesario conocimiento y utilización de manera que «la reiteración puede interpretarse como una imposición de una lengua sobre otra, en un claro atentado contra el espíritu de igualdad y respeto que el reconocimiento del hecho cultural de las nacionalidades y regiones del Estado debe inspirar», a no ser que precisamente se pretendiera una «cláusula defensiva para el castellano». Contrariamente, consideraba que la Constitución debía propiciar una política reparadora de situaciones «de prolongada injusticia y prolongada discriminación».⁸⁸

Los representantes de UCD y AP rechazaron las enmiendas que pretendían reforzar la posición de las lenguas catalana, vasca o gallega y, particularmente en los argumentos expuestos por los diputados de AP, quedó claro que se oponían a la igualdad entre las diversas lenguas españolas que, en sus enmiendas, proponían que no se declararan oficiales en el texto constitucional. Para Manuel Fraga, era una «realidad consustancial con el Estado nacional» que «una lengua se ha expandido más que las otras, por las razones que sean». Había pues «una lengua principal y dominante» hablada por todos; una «lengua universal que hemos creado entre todos», que «hemos llevado por los siete mares» y que «tenemos el derecho y el deber de conocerla, y ningún funcionario, en ningún Estatuto autónomo, podrá decir que no sabe el idioma, y que no tiene obligación de contestar en ese idioma cuando se plantea alguna cuestión». Según el dirigente de Alianza Popular, en la cuestión de las lenguas había que distinguir tres niveles, en primer lugar, el «nivel claramente de una lengua oficial del Estado y una lengua nacional por excelencia, la de la nación española ... y que corresponde de hecho a una lengua hablada por más de 200 millones de habitantes ..., con una Academia de la Lengua, con Academias en todos los países que hablan lo que ellos llaman con razón ... el español». Un segundo nivel era el «regional, un nivel estatutario ... sin perjuicio de esa primacía absoluta de la lengua general, y un derecho perfectamente claro de oficializarlo», y finalmente un tercer nivel para el aranés o el bable.⁸⁹ La jerarquía de las lenguas estaba así de clara, el «español» debía gozar de una «primacía absoluta».

Licinio de la Fuente vinculó directamente la cuestión de las lenguas con el artículo segundo del texto constitucional, con el concepto nacionalidades y con las amenazas disgregadoras que consideraba evidentes. Así, establecidas las nacionalidades, «la consecuencia natural es ahora la cooficialidad de las lenguas y ya vendrán otras [consecuencias] que contribuirán sin duda a modernizar a este viejo país por el extraño camino de hacerle retroceder lo que ha costado siglos avanzar». Previamente había afirmado que la historia de España y del mundo era «un proceso de unificación y de superación constantes, de integración en ámbitos cada vez mayores en lo político, lo económico y en lo cultural»; eso era «lo progresista: no volver a los Reinos de Taifas o a las estructuras medievales». Cómo casaban tales afirmaciones con su proclama de respeto a las «diversas lenguas de España» resultaba difícil de apreciar. De la Fuente denunciaba que siendo una «de las naciones más antiguas del mundo», y contando con «uno de los idiomas auténticamente universales», se iba a introducir «como un elemento más de la posible división de una nación que se ha quedado pequeña en otras cuentas», unas cuantas «lenguas oficiales en nuestras relaciones internacionales». Por ello defendió que no figurara en el texto constitucional la oficialidad de las lenguas distintas al castellano, dejando la cuestión para los estatutos de autonomía; sería entonces cuando se vería «qué es lo que puede haber a favor y en contra de la declaración de cooficialidad de cada una de las lenguas».

Si como sostenía el diputado popular, «los autonomismos nacionalistas» eran un «elemento contrario ... al proceso de hacer a los españoles más iguales en lo político, en lo económico y en lo social», el establecimiento de la cooficialidad de las lenguas en los territorios autónomos «puede ser un elemento discriminatorio en perjuicio de los sectores sociales más modestos», porque éstos eran los que tenían más dificultades para «aprender y dominar dos o tres idiomas». La emigración interior aparecía así en el discurso con particular énfasis; para el diputado popular, la cooficialidad implicaría en Cataluña y en el País Vasco que a «cientos de miles de españoles» se les aumentaran «tremendamente las dificultades de promoción social y política». Además, para Licinio de la Fuente, puesto que a muchos otros se les privaría de ir a trabajar a dichas comunidades en tanto que sus habitantes no sufrirían la misma restricción, «los territorios con lengua propia van a ser casi coto cerrado para ellos, mientras a la inversa, el resto de España estará abierto a todas las posibilidades de los oriundos de esos territorios». En definitiva, consideraba ineludible «pelear por que no haya en España más lengua oficial que la lengua española que hablan más de veinte naciones».⁹⁰

La intervención de Licinio de la Fuente fue replicada por Jordi Solé Tura. Para el diputado comunista, los argumentos esgrimidos contra otra oficialidad que no fuera la de la lengua castellana, o española, denominación que De la Fuente había remarcado preferir, mostraban «una radical incomprensión del problema» lingüístico en Cataluña, Euskadi y Galicia. Por una parte, que «millones de españoles que hablan normalmente una lengua que no saben escribir (y no saben escribirla porque desde hace cuarenta años se les ha prácticamente prohibido el aprendizaje en condiciones normales de esta lengua y eso es algo que hay que corregir inmediatamente)» y, por otra, la existencia en dichas nacionalidades de dos comunidades lingüísticas, lo que planteaba el dilema de impedir «la fusión de esas dos comunidades» —lo que correspondería a la posición de AP— o bien propiciar su fusión. De lo que se trataba en última instancia era que «las actuales discriminaciones desaparezcan y que las dos lenguas puedan llegar a manejarse en buenas condiciones en todos y para todos».⁹¹

Para el diputado de UCD José Manuel Paredes Grosso, el castellano no podía asumir «la responsabilidad histórica de haber sido perseguidor de ninguna otra lengua», ya que habían sido los «hombres los que han utilizado el castellano para perseguir otras lenguas». Sin explicitarlo, rechazaba la posibilidad de establecer la obligatoriedad de conocer las lenguas distintas al castellano en sus respectivos territorios, recurriendo, como lo había hecho De la Fuente, a los «millones de personas que viven en los territorios autónomos con lengua propia y que, lógicamente, deber ver respetados sus derechos», porque si el derecho a la lengua propia era un derecho humano y de ello se infería «conservar el catalán, el gallego y el euskera», también era un derecho «conservar el castellano». Por tanto, sería «injusto obligar y forzar a abandonar su lengua castellana a aquellos que residen en Cataluña o en el País Vasco y que son de habla castellana».⁹²

Ramon Trias Fargas insistió a lo largo del debate que sin una solución aceptable de la cuestión de la lengua, las relaciones entre Cataluña y España difícilmente podían avanzar por un «camino positivo». Que en Cataluña se debiera conocer el catalán no creía que fuera «tan terrible», ni que fuera «un sacrificio tan espantoso». Se pedía que se estudiara el francés o el inglés e incluso era obligatorio su estudio, «¿por qué no va a ser obligatorio estudiar catalán? ¿Es que son de mejor condición las lenguas extranjeras en nuestro país que la lengua catalana, que es española?».⁹³

En pleno debate, el diputado del grupo Socialistes de Catalunya, Felip Lorda, propuso una enmienda in voce para que se añadiera al apartado segundo del texto de la ponencia la siguiente frase: «los poderes públicos pondrán los medios para que todos los residentes en los territorios autónomos conozcan la lengua respectiva y garantizarán el derecho a usarla». A la vista de los argumentos que se estaban esgrimiendo por AP y por UCD, el grupo catalán mayoritario decidió adoptar una posición que permitiera asegurar la efectividad de la oficialidad de las lenguas distintas al castellano y, al mismo tiempo, que evitara los temores subyacentes en algunas intervenciones. Para Lorda, no se podrían «satisfacer los deseos de los catalanes, si no aseguramos desde la Constitución unas condiciones de existencia y desarrollo iguales para el catalán y el castellano en Cataluña»; por otra parte, el texto propuesto, «en modo alguno contiene elementos de coacción para los incorporados a las comunidades autónomas procedentes de otras áreas lingüísticas, a los que se asegura, en cambio, el aprendizaje y uso de la lengua de la comunidad de adopción, si libremente deciden aprenderla y usarla».⁹⁴

La mayoría de la Comisión rechazó todas las enmiendas presentadas y aprobó el artículo de la ponencia sin votos en contra y con tres abstenciones —de Minoría Catalana, grupo mixto y PNV—. Socialistas y comunistas se apoyaron en sus respectivas enmiendas y Minoría Catalana votó la presentada in voce por Socialistes de Catalunya.

En el debate del proyecto de Constitución en el pleno del Congreso de los Diputados, se defendieron nuevamente las posiciones expresadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con igual resultado final, es decir con el rechazo de todas las enmiendas. Sin embargo, la votación de la enmienda de Socialistes de Catalunya dio lugar a un empate, con 156 votos a favor, los mismos en contra y una abstención; la repetición de la votación comportó un nuevo empate con una segunda abstención, desplazando la votación del artículo tercero a la siguiente sesión. Finalmente, en tercera votación, la enmienda fue rechazada por 154 votos a favor y 167 en contra. La enmienda comunista fue rechazada por solo dos votos de diferencia —156 contra 154—, lo que muestra el equilibrio existente en la cámara sobre esta cuestión tan sensible. La votación global del artículo tuvo 3 votos en contra y 17 abstenciones, la mayoría de AP.

Aunque no era objeto de enmienda, en el debate sobre el artículo 3 se introdujo, facilitado por una toma de posición al respecto de la Real Academia de la Lengua, la cuestión de si no debería sustituirse la denominación lengua castellana por lengua española. Para Licinio de la Fuente, debía haber una lengua oficial del Estado y común para todos los españoles «y esa lengua debía llamarse español mejor que castellano». Y debía llamarse español «porque es la lengua de España como nación; la lengua que hablan todos los españoles y no solo los castellanos ... la lengua que nos distingue en el contexto internacional y nos da dimensión internacional». El español era la lengua que hacía «al pueblo uno», era «la lengua de nuestro pueblo». En cambio, para el diputado de UCD José Manuel Paredes, por respetables que fueran las instancias que entendían «que una sola de las lenguas de España» debía ser llamada el español, debía rechazarse porque «todas son lenguas españolas». Igualmente, para Gregorio Peces-Barba, la denominación de español en la Constitución produciría una «politización de la lengua» y desvirtuaría «la existencia de otras lenguas» en España.⁹⁵

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

El título VIII del proyecto de Constitución estaba dedicado a los «Territorios Autónomos». Según Jordi Solé Tura, el aislamiento de Alianza Popular, que rechazaba un modelo de autonomía política amplia y apostaba por una mera descentralización administrativa, la notable indefinición de UCD y el posibilismo de CDC, interesada en la máxima autonomía para Cataluña (y Euskadi) pero relativamente indiferente en relación al resto de España, determinó que el modelo autonómico del primer anteproyecto de Constitución reflejase en gran parte los posiciones federalistas de socialistas y comunistas.⁹⁶

El artículo 128 del anteproyecto constitucional decía que, «para el ejercicio del derecho a la autonomía ... las diferentes nacionalidades y regiones que integran España podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Territorios Autónomos», conforme al procedimiento que establecían los artículos siguientes. La iniciativa del proceso autonómico recaía en los ayuntamientos de las provincias que formaban una región o nacionalidad, la elaboración del proyecto de Estatuto se atribuía a los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretendía acceder a la autonomía, y el proyecto definitivo debería ser fruto del acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso y de una delegación de la asamblea de parlamentarios proponente. A continuación se sometería a referéndum en el ámbito territorial del proyectado Estatuto, con un voto posterior de ratificación del Congreso y Senado. Una disposición transitoria, la tercera, establecía que la iniciativa para iniciar el proceso correspondería también a los órganos autonómicos provisionales establecidos antes de la aprobación de la Constitución.⁹⁷

En los artículos siguientes se establecían las instituciones de autogobierno, basadas en una Asamblea, cuyas normas se denominarían «leyes territoriales», un Consejo de Gobierno y un Presidente, y las competencias que podrían ejercer los Territorios Autónomos. La regulación y administración de las materias, «no atribuidas expresamente al Estado» por la Constitución, podrían corresponder a los Territorios Autónomos. El artículo 138 establecía las competencias exclusivas del Estado, entendiendo por tal exclusivamente las Cortes, el Gobierno y la Administración Central, aunque también se contemplaba la gestión o ejecución de competencias estatales por parte de los Territorios Autónomos así como la legislación derivada de leyes de bases. El artículo 139.4 establecía que el Estado podría «crear y mantener directamente, con independencia de las competencias que puedan asumir los Territorios Autónomos, cualquier tipo de centros docentes».⁹⁸

El anteproyecto de Constitución establecía también que el Senado sería una cámara formada por representantes de los Territorios Autónomos elegidos por sus asambleas legislativas, lo que resultaba coherente con el carácter parcialmente federal del propio anteproyecto.

Alianza Popular presentó un voto particular a la totalidad del título VIII con un texto alternativo que, en primer lugar, establecía un procedimiento más exigente en el ejercicio de la iniciativa para dar comienzo al proceso de acceso a la autonomía, preveía la elaboración de una Ley Orgánica de Autonomías Regionales, que sería la que las regularía, y enumeraba unas mínimas competencias de las «regiones autónomas», entre las que, por ejemplo, figuraba la educación preescolar pero no todos los demás niveles educativos. Además, la aprobación definitiva de una norma por la Asamblea legislativa requeriría la conformidad del Gobierno. Por otra parte, los proyectos de estatutos de autonomía se tramitarían por las Cortes como proyectos de ley ordinarios, si bien serían sometidos a referéndum una vez aprobados por ambas cámaras.⁹⁹

UCD no formuló votos particulares al título VIII aunque manifestó «reservas de índole técnica» que serían planteadas en trámites ulteriores. Por su parte, el PSOE presentó un voto particular en el que, conforme a la posición ya defendida por su ponente, consideraba «órganos del Estado» tanto los «centrales» como los de los «territorios autónomos» y proponía varias listas de competencias: las exclusivas de los órganos centrales y las compartidas, distinguiendo en éstas las de competencia legislativa exclusiva de las Cortes pero con ejecución tanto de la Administración Central como de los Territorios Autónomos, las de competencia exclusiva legislativa de las Cortes y ejecución por las instituciones territoriales, las de legislación y ejecución por los órganos de los Territorios Autónomos en el marco de las leyes de bases y, finalmente, las exclusivas de los Territorios Autónomos. En cuanto al proceso de aprobación de los estatutos de autonomía, el grupo socialista proponía que la Comisión Constitucional del Congreso examinara estrictamente su constitucionalidad, el Pleno los votara en su totalidad, y que únicamente pudieran rechazarse con el argumento de su inconstitucionalidad, que debería ser confirmada por el Tribunal Constitucional si la Asamblea de Parlamentarios proponente optaba por presentar recurso en lugar de modificar el texto rechazado.

Minoría Catalana formuló también un amplio voto particular al título VIII, que además proponía que pasara a constituir el título III, tal como defendía también el voto particular del Grupo Comunista y las enmiendas de Socialistes de Catalunya y del Grupo Vasco. En primer lugar, los nacionalistas catalanes proponían que el referéndum del proyecto estatutario fuera previo a su envío a las Cortes, que solamente podrían aprobarlo o rechazarlo en su totalidad, fundamentando la no aprobación exclusivamente en la inconstitucionalidad, con la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.¹⁰⁰ La facultad que el anteproyecto asignaba al Estado de promulgar leyes de bases incluso sobre materias de competencia autonómica atendiendo al interés general debía incluir que quien apreciara tal necesidad fuera la mayoría absoluta del Senado. El voto particular incluía también la supresión del apartado relativo a la reserva de creación de centros docentes por parte del Estado en toda España.¹⁰¹

Las enmiendas presentadas al título VIII fueron muy numerosas y las divergencias en la propia ponencia muy relevantes. Ello implicó un trabajo particularmente laborioso y con momentos de notable tensión en la elaboración del Informe de la Ponencia. Por otra parte, el título VIII fue discutido cuando el ponente socialista se había retirado como protesta ante la ruptura del consenso y la formación de la denominada «mayoría mecánica» (UCD y AP). Así, con el voto en contra de Solé Tura y Roca, fue reelaborado buena parte del articulado, lo que comportó que el texto del primer anteproyecto sufriera notables modificaciones. Conforme al voto particular y a las enmiendas de AP se endurecieron las exigencias para desarrollar la iniciativa autonómica, la elaboración del Estatuto quedaba en manos de los diputados y senadores junto a miembros de las Diputaciones Provinciales, y sería tramitado en las Cortes como un proyecto de ley. Por otra parte, la regulación de las instituciones autonómicas se realizaría en el Estatuto y se reforzaban los mecanismos de control de las ahora denominadas Comunidades Autónomas.

En cuanto a las competencias, en el articulado se fijaban las exclusivas del Estado y en una disposición adicional se establecía un reducido número de materias en las que podrían asumir competencias las Comunidades Autónomas, ampliables transcurridos cinco años. Sin embargo, esta restricción no regiría para aquellas Comunidades que hubieran aprobado «legalmente estatutos de autonomía mediante sufragio universal» y que así lo decidieran sus organismos preautonómicos, y las que hubieran seguido un procedimiento más exigente en cuanto al inicio del proceso autonómico. En ambos casos, también en la disposición adicional, se establecía un procedimiento distinto de elaboración y de tramitación del Estatuto de Autonomía, con elaboración exclusivamente parlamentaria, tramitación especial en las Cortes y referéndum. Se establecían así, de forma notablemente inadecuada, en un caso en el articulado del título VIII y en el otro en una disposición adicional, dos vías de acceso a la autonomía y dos tipos de Comunidades.¹⁰²

Cuando el título VIII fue objeto de debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se había restablecido el acuerdo entre UCD y PSOE, lo que rompió la mayoría UCD y AP que se conformó en la ponencia en el examen de los votos particulares y de las enmiendas. Ante la amenaza de ruptura definitiva del consenso si el texto aprobado en la Comisión respondía fundamentalmente a dicha mayoría, UCD había modificado su posición optando por alcanzar acuerdos con el PSOE. Para los socialistas, en palabras de Peces-Barba, debía darse un vuelco de 180 grados al proceso y llegar «a una especie de acuerdo nuclear PSOE-UCD, extensible luego a todos los demás».¹⁰³ Así, en una serie de reuniones paralelas al debate en la Comisión, delegaciones de ambas formaciones, encabezadas por el vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell y el vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra, se fueron alcanzando acuerdos después trasladados a los trabajos parlamentarios. Buena parte del articulado del título VIII fue reelaborado a través de enmiendas in voce presentadas por UCD, el Grupo Socialista, Socialistes de Catalunya, Grupo Comunista y Minoría Catalana, lo que Peces-Barba denomina «el grupo del consenso en pleno». Miquel Roca, Solé Tura, Eduardo Martín Toval y, por UCD, José Luis Meilán, formaron un grupo de trabajo, autor en buena medida del articulado, aunque en algunos casos la redacción final tuvo cambios sustanciales.¹⁰⁴

Para el ponente socialista fue el título que «más trabajo nos produjo y el que exigió equilibrios más delicados de toda la Constitución».¹⁰⁵ Jordi Solé Tura, por su parte, escribió que el título VIII, incluso en su versión final, no era «un modelo de rigor jurídico»; era desordenado y algunos de los problemas fundamentales, como el de la distribución de competencias, estaban resueltos de manera deficiente. Era así porque «ningún otro título de la Constitución se elaboró en medio de tantas tensiones, de tantos intereses contrapuestos, de tantas reservas y, en definitiva, de tantos obstáculos». El consenso «peligró en muchas ocasiones, pero en ninguna como en el caso de las autonomías».¹⁰⁶

El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales mostró con claridad la importancia capital que todos los grupos otorgaban a la cuestión autonómica. Manuel Fraga, en su defensa del voto particular presentado al título VIII, afirmó que de cómo resultara el texto final dependería el criterio que AP adoptaría respecto «a la aceptabilidad del total de la Constitución». Para el dirigente de Alianza Popular, las Comunidades Autónomas debían establecerse optando entre dos concepciones antagónicas; la de España como «una nación que, a través de un Estado creado por su soberanía popular, procede a ordenar su territorio con arreglo a criterios de mayor o menor autonomía a diferentes niveles, municipal, comarcal, provincial, regional, pero siempre ... a partir de la idea de una nación única e indivisible y de un Estado también único y fuerte que conservaba la soberanía y las funciones fundamentales», o bien la de España como «una nación de naciones; como un Estado plurinacional».¹⁰⁷

Obviamente, la primera era la concepción de AP y ello implicaba unas Comunidades con limitadas competencias y claramente subordinadas a los órganos centrales del Estado. Licinio de la Fuente lo argumentó de manera muy clara. Para el diputado de AP, los «grandes problemas son fundamentalmente problemas nacionales, que tienen que resolverse desde la nación en su conjunto y, por tanto, desde el Estado nacional». Atribuir funciones «a las distintas partes del territorio nacional» para dar satisfacción a la «individualidad» o a la «personalidad» de las distintas comunidades podría comportar que no fueran «capaces de resolver los grandes problemas de su pueblo que, o se resuelven a nivel nacional, o difícilmente pueden ser resueltos».¹⁰⁸ Es decir, a los argumentos ideológicos derivados de la concepción de España, AP añadía otros de naturaleza funcional, sosteniendo que la distribución del poder en detrimento de los órganos centrales redundaría en una limitada capacidad de las instituciones autonómicas para resolver buena parte de los problemas de los ciudadanos.

En contraposición con los argumentos de AP, Miquel Roca defendió la necesidad de un Estado fuerte y eficaz, sin el cual no habría posibilidad de consolidar la democracia y sin ella no sería posible la autonomía. Solo en democracia «las nacionalidades del Estado español han encontrado una vía hacia el reconocimiento de sus derechos». Pero dicho estado fuerte y eficaz era compatible con la máxima autonomía posible, que para los nacionalistas catalanes, y más ampliamente para las fuerzas políticas catalanas, suponía poder construir en Cataluña, «a través del instrumento estatutario, un país sólido, capaz, eficaz y ... fortalecido».¹⁰⁹ El amplio acuerdo alcanzado en el artículo relativo a las competencias exclusivas del Estado fue objeto de una especial valoración positiva por los diputados catalanes. Para el socialista Eduardo Martín Toval, con el límite de la unidad del Estado, las Comunidades Autónomas podrían asumir progresivamente amplias competencias, «desde el Estatuto, o después del Estatuto». Para Jordi Solé Tura, la fijación de las competencias exclusivas del Estado abría al mismo tiempo las posibilidades de delegación a nivel legislativo, reglamentario y ejecutivo, lo que implicaría en el futuro «un sistema flexible» que daría respuesta a muchas de las «inquietudes actuales».¹¹⁰

El texto aprobado por la Comisión Constitucional no sería en términos generales objeto de modificaciones sustanciales. Se establecían en el articulado dos vías de acceso a la autonomía; la primera mediante la iniciativa de las diputaciones de las provincias que pretendían dotarse de un estatuto y de las dos terceras partes de los municipios de cada provincia cuya población supusiera la mayoría absoluta de la población provincial. En este caso, el proyecto de estatuto sería elaborado por representantes de las diputaciones y por los diputados y senadores, tramitado en la Cortes como proyecto de ley, y se establecían las competencias que podrían asumir las Comunidades Autónomas, ampliables transcurridos cinco años.

La segunda vía contemplaba la iniciativa de las tres cuartas partes de los municipios que supusieran, al menos, la mayoría absoluta del censo provincial y su ratificación mediante referéndum con el voto favorable de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. En este caso, la elaboración del estatuto sería obra de diputados y senadores, negociado en la Comisión Constitucional, sometido a referéndum y finalmente ratificado por las Cortes Generales. Una disposición transitoria contemplaba que la iniciativa de las diputaciones podría ser ejercida por los órganos provisionales de autonomía allí donde existieran. Mucho más importante era la disposición que establecía que «los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de autonomía» y contaran en el momento de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de autonomía, no necesitarían un referéndum previo sobre la iniciativa autonómica y podrían acceder inmediatamente al máximo nivel de competencias. En definitiva, se establecía una autonomía política pensada fundamentalmente para Cataluña, País Vasco y, probablemente, Galicia, y para aquellas comunidades en las que se expresara una firme demanda de autogobierno, y una fórmula más próxima a la descentralización administrativa para el resto de España.

El texto establecía las competencias exclusivas del Estado en una lista única, pero contemplando en numerosos casos competencias normativas, reglamentarias o de ejecución de las Comunidades Autónomas.¹¹¹ El rechazo simultáneo de UCD y de Minoría Catalana a diversas listas competenciales, de lógica federal, comportó una fórmula que pronto se revelaría como un importante foco de conflictividad, aunque, por otra parte, también se vio pronto que de dicha conflictividad podían obtenerse réditos políticos y electorales. Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrían corresponder a las Comunidades si así figuraba en sus estatutos. Además, las Cortes Generales podrían atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de aprobar normas legislativas en el marco de las leyes de bases; también el Estado podría transferir mediante ley orgánica algunas facultades de titularidad estatal. De esta forma, serían los estatutos los que determinarían las competencias de cada Comunidad Autónoma, que además podrían incrementarse más allá de lo establecido en ellos.

En los estatutos aprobados conforme a la segunda de las vías de acceso a la autonomía, la organización institucional se basaría en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal mediante un sistema de representación proporcional, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y un presidente, elegido por la Asamblea entre sus miembros. Un Tribunal Superior de Justicia culminaría la organización judicial en el ámbito de la Comunidad.

En el título III dedicado a las Cortes Generales, el texto constitucional aprobado por la Comisión introdujo un cambio muy relevante en la configuración del Senado respecto al anteproyecto de Constitución. De la cámara de representación de los entonces denominados Territorios Autónomos se pasó a un Senado formado por senadores elegidos a razón de cuatro por provincia y con una presencia simbólica de senadores designados por las Comunidades Autónomas. Dicha modificación fue obra de UCD, con el apoyo del PSOE, que a cambio logró que se aceptara su propuesta en relación al Congreso de los Diputados. Gregorio Peces-Barba reconoció posteriormente la incongruencia que significaba un Senado ajeno al estado autonómico. Para el ponente socialista, la composición del Senado producto del acuerdo UCD-PSOE sobre ambas cámaras quizás podía considerarse «el principal fallo de la Constitución».¹¹²

El tema del Senado fue objeto de un vivo debate en la Comisión Constitucional, con Jordi Solé Tura como principal defensor de su carácter de cámara de representación territorial, tesis compartida por Peces-Barba aunque no defendida por el compromiso alcanzado con UCD,¹¹³ y que contó con el apoyo de nacionalistas catalanes y vascos. Para el diputado del PSUC, un Senado como cámara de las Comunidades Autónomas era el único que tenía sentido en el marco de la Constitución elaborada. «Si realmente vamos a construir un sistema político basado en las autonomías, en la generalización de estas autonomías», y si las autonomías eran la expresión del «derecho que se le reconoce a la autonomía en el artículo 2.º», el Senado solo «tiene sentido como Cámara representativa de las autonomías, esto es como Cámara representativa de nacionalidades y regiones». Tal Senado permitiría que «los órganos legislativos de los territorios autónomos» encontraran «al mismo tiempo un vínculo a la hora de tomar las grandes decisiones colectivas que afectan a la totalidad de España». Si no era así, el Senado carecía de sentido, «porque una segunda Cámara que sea una duplicación de las labores de la Cámara Baja» era pura y simplemente «una pérdida de tiempo en el terreno legislativo», a no ser que lo que se pretendiera fuera «establecer frenos y contrapesos a la actividad del Congreso de los Diputados, que es, según reza el texto, el que representa la soberanía del pueblo, a través del sufragio universal».¹¹⁴

La réplica de UCD y la defensa de su propuesta corrió a cargo de Óscar Alzaga, que sostuvo que una segunda Cámara era «un contrapeso eficaz de la Cámara Baja», que permitía «una reconsideración de las tareas legislativas», argumento que facilitó la insistencia de Solé Tura: para el diputado comunista, además de desvirtuar el Senado como cámara de representación de «nacionalidades y regiones», la fórmula de UCD implicaba «una sobrerrepresentación de las áreas rurales y, en definitiva, el establecimiento de un correctivo de representación mayoritaria».¹¹⁵ A pesar de que el Grupo Comunista reiteró un vehemente rechazo a tal configuración del Senado, no habría modificaciones del texto aprobado por la Comisión Constitucional.

Naturalmente, en el debate en el pleno del Congreso, el título VIII fue objeto de particular atención, especialmente en la discusión del voto particular de AP, que rechazaron de nuevo todos los demás grupos. En la defensa de su posición, Manuel Fraga advirtió que «en este asunto nos lo vamos a jugar todo», y que la «Constitución será juzgada y la Historia nos juzgará a todos por lo que hagamos en relación con este título». Para el líder de AP, tal como había sido aprobado en la Comisión Constitucional el título VIII, junto al artículo 2 y a las disposiciones adicionales y transitorias, se ponía en cuestión la unidad nacional española y el Estado,¹¹⁶ por lo que acabó su intervención con tintes muy dramáticos: «pienso en la Madre España a quien me debo, y quisiera tener la voz de Demóstenes, la inteligencia de Cicerón, la capacidad de convicción de Vicente Ferrer, la elegancia sublime de Castelar, la candidez de un apóstol. Porque estamos hablando de la Patria inmortal». Tal era la posición de «un grupo de hombres preocupados de buena fe por la gravedad y la trascendencia de la decisión que vamos a tomar para el futuro de nuestra España».¹¹⁷

Para Miquel Roca las dos ideas de España confrontadas no se correspondían con la presentación que hacía AP sino «con una idea de un Estado monolítico, centralista, despersonalizador, jacobino» y con «otra idea de un Estado respetuoso con las personalidades colectivas que lo integran, con esta realidad de pueblos». Si en el artículo 2 ya se había aceptado el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones —lo que continuaba combatiendo AP— se debía ser coherente y dar contenido efectivo a tal derecho, lo que quedaba absolutamente en entredicho en el voto particular defendido por Fraga, que incluso contemplaba que un Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma pudiera suspender acuerdos del Consejo de Gobierno y vetar los de la Asamblea legislativa. Por su parte, el portavoz de Socialistes de Catalunya, Eduardo Martín Toval, realizó una cerrada defensa del texto aprobado por la Comisión, al igual que el diputado del PSUC, Gregorio López Raimundo. Para el portavoz del Grupo Comunista, los artículos comprendidos en el título VIII del texto del dictamen «figuran entre los que determinan el carácter democrático del texto constitucional ... y entre los que fundamentan nuestra decisión de llamar a los trabajadores, y a los ciudadanos en general, a votar “sí” cuando dicho texto se someta a referéndum».¹¹⁸

En contra del voto particular de AP intervinieron también el socialista vasco Txiki Benegas y Enrique Tierno Galván. Para el primero, AP contraponía la libertad de los pueblos de España y la unidad del Estado, cuando «la máxima libertad de los pueblos de España es la máxima garantía de unidad del Estado», única vía para resolver «un problema en España permanentemente mal resuelto, una realidad inexorable que, surgiendo de lo más profundo de los pueblos de España, plantea permanentemente la cuestión de la estructuración del Estado».¹¹⁹ Tierno, por su parte, afirmó que la nueva estructura del Estado español no nacía «del capricho ni de la arbitrariedad»; había nacido «digámoslo honradamente, por la presión de las circunstancias del país vasco, del país catalán, del país gallego y de otra clase de peticiones que han surgido al calor de las primeras en distintas regiones de España». Tierno confesó que había carecido «de capacidad y de sensibilidad para los problemas de las regiones o nacionalidades», y que tuvo que hacer «un gran esfuerzo porque estaba embriagado de la identificación de la Historia de España con la Historia de Castilla», por lo que tuvo que leer «la historia de las distintas regiones o nacionalidades para comprender que había también que rectificar en muchas cosas». A su parecer, era lo que sin duda no habían hecho los dirigentes de AP a quienes apelaba con un argumento muy caro para ellos: «Aunque no sea más que por amor a España, en este momento hay que ser partidario de la transformación estructural del Estado y partidario de las nacionalidades, porque es la única manera de conseguir que España, en el futuro, viva en paz». También les daba un consejo para superar sus «criterios anticuados»: «Por mucho que duela a algunos —si es que les duele— en su propia educación, en su psicología, en el resultado de la educación primaria, en el proceso de la formación de su personalidad, yo les diría que entiendan que eso es caducable, que eso es perecedero y que eso es de inferior calidad y grado que las necesidades nacionales».¹²⁰

En el debate, y para reafirmar la posición socialista, intervino también el líder socialista Felipe González, que afirmó que la estructuración del Estado era tal vez «el tema clave con que se enfrenta la Constitución, y probablemente va a ser el tema por el cual se defina esta Constitución». Para el máximo dirigente del PSOE, debía quedar claro que el Estado no era solo el Gobierno, o las Cortes, el Estado «eran también las entidades autónomas». El portavoz de UCD, José Luis Meilán Gil, quien coincidió en afirmar que el título VIII era «una de las piezas claves de la Constitución», que cerraba el ciclo del Estado centralista, defendió igualmente el texto tal como había sido aprobado en la Comisión Constitucional.¹²¹

El voto particular de AP obtuvo el apoyo de 17 diputados, el rechazo de 284 y la abstención de dos. Tres días después se procedió a la aprobación de la globalidad del texto constitucional. Todos los diputados catalanes, excepto Heribert Barrera, dieron su apoyo a la Constitución y los portavoces de los dos grupos parlamentarios formados exclusivamente por diputados catalanes, Joan Reventós y Jordi Pujol, en la intervención final de explicación del voto, mostraron su inequívoca aprobación. Para Pujol, la Constitución que acababa de aprobarse «podría ser llamada la Constitución de las autonomías», y consideraba evidente el juicio positivo sobre ella así como evidente la importancia de su grupo en su elaboración. Y situaba el éxito de la Constitución en la solidaridad: «difícilmente España va a ser nada realmente importante si la Constitución, y sobre todo, el país entero no son, además, el país y la Constitución de la solidaridad». Por su parte, Reventós afirmó su satisfacción por ver en el texto constitucional «recogido el espíritu de nuestra concepción sobre la estructura del Estado español y sobre el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España», al fundir «un Estado común de todos los españoles, basado a su vez en la autonomía política de todos sus pueblos, unidos por la solidaridad y no por la fuerza de un poder represor o explotador».¹²²

El resultado del referéndum sobre la Constitución en Cataluña ratificó la aprobación ciudadana tal como pidieron casi todas las formaciones políticas y el Consell Executiu de la Generalitat. En una declaración del 20 de noviembre, el presidente Tarradellas y todos los consejeros manifestaron que «la Constitución elaborada por las primeras Cortes democráticas elegidas en España después de tantos años de dictadura, representa el marco que permite el Estatuto de Cataluña y una amplia y sólida autonomía». La Constitución representaba también «la consolidación de la democracia» y era «la mejor garantía de convivencia»; además acababa «con los trágicos enfrentamientos y abre una nueva era para todo nuestro pueblo».¹²³

La participación en Cataluña en el referéndum sobre la Constitución (68 %) fue ligeramente superior a la del conjunto de España (67,7 %), los votos favorables (90,5 %) fueron superiores a los de todo el territorio español (87,8 %) y significativamente inferiores los negativos (4,6 % frente a 7,9 %). El Estatuto de Autonomía ocuparía, en los meses siguientes, el centro de la agenda política catalana y, en parte, de la española.

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El Estatuto de Autonomía

EL 15 DE JUNIO DE 1978, al cumplirse un año de la celebración de las elecciones generales que habían abierto las puertas a la restauración de la Generalitat e iniciado el proceso constituyente, el grupo de senadores de la Entesa dels Catalans convocó a todos los parlamentarios catalanes electos con el propósito de iniciar el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía. En ese momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba debatiendo el proyecto de Constitución y pocas semanas más tarde lo haría el pleno del Congreso de los Diputados. El texto de la Carta Magna no era todavía el definitivo, pero existía ya un amplio acuerdo que permitía conocer bien el marco en el que debería inscribirse el Estatuto.

La Entesa dels Catalans, que agrupaba a la mayoría de los senadores catalanes, había iniciado en enero una campaña pública con el lema «Por una Cataluña democrática, ganemos la Constitución, ganemos el Estatuto». Su objetivo fundamental era mantener la movilización popular combatiendo los primeros signos de distanciamiento del proceso político, que estaban apareciendo en sectores significativos de la sociedad, después del tortuoso camino de negociaciones, tensiones y desacuerdos que precedió a la restauración de la Generalitat, así como a la inicial opacidad en la elaboración del texto constitucional, todo ello en un escenario de crisis económica que estaba golpeando duramente a la mayoría de la población. En el manifiesto que abría la campaña, se afirmaba que «la conquista del Estatuto pasa por la conquista de una Constitución democrática», de manera que «había que ganar antes la Constitución» para evitar que se aprobara un texto que restringiera «los derechos de las nacionalidades». Sin democracia en España no habría autonomía, pero «los ciudadanos de los demás pueblos han de darse cuenta, al mismo tiempo, que no puede haber constitución democrática ni vida democrática en España sin un reconocimiento de la personalidad nacional —y, por tanto, de derecho a la autonomía— de Cataluña y de las otras nacionalidades históricas».¹

La iniciativa de los senadores obtuvo de inmediato el recelo del presidente Tarradellas, hostil a toda acción que no estuviera bajo su control. Un portavoz del presidente de la Generalitat arguyó que la campaña podía dificultar las relaciones con el gobierno de Madrid, lo que coincidía además con la conocida animadversión del presidente hacia las movilizaciones en la calle.² Precisamente, la principal expresión masiva de la campaña fue la concentración celebrada el 23 de abril, festividad de Sant Jordi, que reunió a miles de personas en la plaza de Sant Jaume, a las que se dirigió Tarradellas con una breve alocución.³

LA COMISIÓN DE LOS VEINTE

En la reunión del 15 de junio, celebrada en la sede del Senado en Madrid, se debatió la propuesta de iniciar la elaboración de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía para que, una vez promulgada la Constitución, se pudiera proceder de inmediato a su tramitación parlamentaria y evitar así cualquier retraso en su aprobación.⁴ La justificación de la celebración de la reunión en Madrid fue la necesaria presencia de los parlamentarios en las Cortes en pleno debate constitucional,⁵ aunque resultó evidente que así se quiso evitar un nuevo roce con Tarradellas al no tener el carácter de sesión de la Asamblea de Parlamentarios, congelada desde la constitución del gobierno de la Generalitat. Por otra parte, no podía convocarse oficialmente la Asamblea de Parlamentarios para proceder a la elaboración y aprobación del Estatuto hasta estar en vigor el texto constitucional, y además quien debería hacerlo sería la Generalitat.⁶

La reunión de diputados y senadores continuó el 3 de julio en el Ayuntamiento de Barcelona, acordándose el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Estatuto y la elección de la comisión redactora. Por unanimidad se decidió formar una comisión de 20 parlamentarios —sería pronto conocida como la Comisión de los Veinte— integrada por cuatro representantes de Socialistes de Catalunya, tres del PSUC, tres de UCDUCC,⁷ tres de CDC, uno de UDC, ERC y AP, respectivamente, y cuatro de la Entesa dels Catalans. Los parlamentarios designados fueron los socialistas Josep Andreu Abelló, Josep M. Triginer, Josep Verde Aldea y Eduardo Martín Toval, los comunistas Jordi Solé Tura, Josep Solé Barberà y Maria Dolors Calvet; Miquel Roca, Macià Alavedra y Josep Cendra por CDC; Carles Güell de Setmenat, Marcel·lí Moreta y Manuel de Sárraga, por UCD-UCC; Anton Cañellas por UDC, Joaquim Arana por ERC, Laureano López Rodó, por AP, y por la Entesa, Josep Benet, Jaume Sobrequés, Felip Solé Sabarís y Josep Subirats. Conforme al resultado electoral, socialistas y comunistas eran mayoría en la Comisión.

La Comisión de los Veinte inició sus trabajos el 1 de agosto en el Ayuntamiento de Barcelona. La primera decisión, tomada no sin debate, fue que el pleno de la Comisión actuaría a la vez como ponencia al descartarse formar una ponencia reducida que elaborara el primer texto de Estatuto. De esta forma la Comisión tendría una doble actuación: como ponencia redactora y como comisión para debatir los votos particulares y las enmiendas; como ponencia sus sesiones no serían públicas pero sí tendrían ese carácter cuando posteriormente actuara propiamente como Comisión.⁸ La redacción del anteproyecto se aceleró cuando la Comisión se reunió durante cuatro días a mediados de septiembre en el parador de turismo de Vic, junto al pantano de Sau, encierro repetido a primeros de noviembre para concluir la redacción, lo que acabaría dando lugar a que el texto se conociera como Estatuto de Sau.

El anteproyecto elaborado por la Comisión de los Veinte establecía en su artículo primero que «Cataluña, como expresión de su realidad nacional y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, el cual es su norma institucional básica». La Generalitat era definida como «la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña»; sus poderes emanaban del pueblo. Según el artículo tercero, «la lengua propia de Cataluña es el catalán» que sería oficial junto al castellano, añadiendo que «todos tienen el derecho de utilizarlos». La Generalitat garantizaría «el uso oficial del catalán y del castellano» y adoptaría «las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de ambas lenguas». El habla aranesa sería objeto «de especial respeto y protección». A efectos del Estatuto, gozarían «de la condición política de catalanes» quienes tuvieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cataluña (artículo 7) y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de Cataluña serían los establecidos en la Constitución (artículo 9).⁹

El título primero fijaba las competencias de la Generalitat, empezando por las exclusivas, con un listado de 32 materias, desde la «organización de sus instituciones de autogobierno» y la «conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio» hasta la ordenación del territorio y urbanismo y vivienda; régimen local; cooperativas; turismo; cultura, patrimonio histórico, investigación; deportes y espectáculos; así como obras públicas, carreteras, ferrocarriles y transportes terrestres dentro del territorio catalán (artículo 10).

Sobre otras nueve materias correspondería a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, entre ellas, la ordenación del crédito, banca y seguros, el régimen minero y energético, protección del medio ambiente, y comunicaciones y prensa, radio y televisión (artículo 11). La ejecución de la legislación del Estado afectaba a materias como trabajo, expropiación forzosa o propiedad intelectual e industrial (artículo 12).

Correspondería también a la Generalitat, «en el marco de las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica general», la competencia exclusiva sobre planificación de la actividad económica en Cataluña, industria, agricultura y ganadería, comercio interior, cajas de ahorro y el sector público económico de la Generalitat (artículo 13). Se asignaba también a la Generalitat la materia de seguridad pública, excepto todos los servicios de carácter extracomunitario o supracomunitario, incluyendo la posibilidad de crear «una policía propia en el marco de lo que disponga al respecto una ley orgánica» (artículo 14).

En la cuestión clave de la educación, el artículo 16 del anteproyecto establecía la competencia exclusiva de la Generalitat, «de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto». En materia de seguridad social y sanidad, se establecía el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado por parte de la Generalitat (artículo 17). En relación con la justicia, exceptuando la militar, corresponderían a la Generalitat las «facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al poder ejecutivo» (artículo 18). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sería el órgano jurisdiccional que culminaría la organización judicial en su ámbito territorial (artículo 19).

En el título segundo, dedicado a la Generalitat, establecía que estaba integrada por Parlamento, Presidente de la Generalitat y Consejo Ejecutivo o Gobierno y que las leyes interiores de Cataluña ordenarían el funcionamiento de estas instituciones, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto (artículo 29), y regulaba un típico régimen parlamentario. El Parlamento sería elegido «con un sistema de representación proporcional que asegure, además, la adecuada representación de todo el territorio de Cataluña» (artículo 31). El presidente de la Generalitat, elegido por el Parlamento entre sus miembros, podría delegar funciones ejecutivas en uno de los consejeros (artículo 36).

En el tercer título, dedicado a las finanzas y a la economía, se enumeraba el patrimonio de la Generalitat y la hacienda de la institución, fundamentada en los rendimientos de los impuestos propios, de los cedidos por el Estado —sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones y actos jurídicos documentales, impuestos especiales—, de un porcentaje de la recaudación en Cataluña de los principales impuestos estatales —sobre la renta de las personas físicas, de sociedades, monopolios—, de los recargos sobre los impuestos estatales, de los ingresos del fondo de compensación territorial, de los rendimientos del patrimonio y de la emisión de deuda y del recurso al crédito (artículo 43). Sobre la participación en los grandes impuestos estatales, se establecía que se fijaría «un tanto por ciento que garantice que los ingresos totales de la Generalitat representen, como mínimo, la cifra que resulte de aplicar al valor total de los ingresos del Estado la media de los coeficientes de población y recaudación fiscal en Cataluña, y de deducir las cantidades equivalentes al coste proporcional que corresponda a Cataluña de los servicios que el Estado continúe asumiendo por no haber sido traspasados» (artículo 44). La gestión tributaria, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos estatales en Cataluña se asignaba a la Generalitat, que actuaría por delegación del Estado. Igualmente, se asignaba a la Generalitat la gestión de los tributos locales relativos a contribución territorial rústica y urbana y licencias fiscales del impuesto industrial y sobre rendimientos del trabajo personal (artículo 46).

El título cuatro, por último, regulaba la reforma del Estatuto, que exigiría su aprobación por una mayoría de dos tercios del Parlamento, por referéndum y por las Cortes.

La disposición transitoria tercera establecía que «en las materias en que corresponda a la Generalitat la competencia relativa al desarrollo de la legislación básica del Estado y mientras éste no la dicte de manera específica, las disposiciones legislativas de la Generalitat señalarán en una disposición final la parte de la legislación del Estado considerada como básica», correspondiendo al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia que pudieran derivar de la aplicación de tal disposición. Se trataba de una cuestión capital, puesto que si el Estatuto era aprobado en los meses siguientes a la entrada en vigor de la Constitución resultaba evidente que apenas existiría legislación básica derivada de ella.

Finalmente, las últimas disposiciones se ocupaban de las elecciones al primer Parlamento. Las circunscripciones electorales serían las provincias, que elegirían un diputado por cada 40.000 habitantes, excepto Barcelona, que lo elegiría por cada 50.000, en detrimento por tanto de la estricta proporcionalidad. Se fijaba también el procedimiento para la elección del presidente de la Generalitat entre los miembros del Parlamento, lo que enfureció al presidente Tarradellas,¹⁰ que lo interpretó inequívocamente como una decisión destinada a excluirle.

El anteproyecto era fruto de un amplio acuerdo en la mayoría del articulado, aunque en algunas cuestiones relevantes las discrepancias habían sido notables. Para la elaboración del anteproyecto, en primer lugar, las principales formaciones políticas habían presentado textos notablemente desarrollados para contribuir a la redacción y, a la vez, para fijar su posición y sus propuestas. La Comisión había recibido también las propuestas de los partidos no parlamentarios, que además podrían aportar posteriormente enmiendas al texto del anteproyecto, junto con las de organizaciones sindicales, patronales, profesionales y asociaciones de diverso carácter.¹¹

La propuesta inicial del PSUC contemplaba un presidente de la Generalitat con funciones esencialmente representativas, elegido por tres quintas partes de los diputados y con un mandato de seis años, es decir, superior a los cuatro años previstos para las legislaturas del Parlamento. El Consell Executiu estaría encabezado por un conseller en cap, investido por la mayoría de la cámara y nombrado por el presidente de la Generalitat. Esta fórmula, rechazada de inmediato por los socialistas, fue mayoritariamente interpretada en función de la previsible mayoría de izquierdas en el futuro Parlamento y a la distribución de responsabilidades en un previsible gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. El extenso documento del PSUC incluía también la previsión de la planificación por la Generalitat, mediante leyes y conforme al texto constitucional, de la «actividad económica de Cataluña para atender el interés general y las necesidades colectivas de sus ciudadanos», así como la participación de la institución «en la planificación central y en consecuencia en la actividad del sector público estatal, especialmente en el radicado en Cataluña». También se establecía que la Generalitat promovería la intervención o la propiedad pública de «aquellas empresas, recursos o servicios esenciales» en función del «interés general».¹²

En el documento de CDC destacaba un artículo en el título dedicado a la Hacienda que establecía que los impuestos del Estado recaudados en Cataluña se distribuirían en tres partes: una destinada a atender los servicios públicos en manos del Estado, «de acuerdo con la capacidad contributiva de Cataluña»; otra parte establecería la cantidad con la que Cataluña contribuiría al fondo de compensación interterritorial; el resto de la recaudación quedaría «a disposición del Gobierno de la Generalitat para atender a la financiación de las funciones que le hayan sido transferidas», previendo inicialmente para la Generalitat un porcentaje sobre el total de los impuestos estatales recaudados en Cataluña.¹³ Obviamente, se trataba de asegurar un sistema de financiación que, siendo distinto del concierto económico, comportara los máximos recursos para la Generalitat.

Por su parte, en el documento de UCD-UCC se proponía que el parlamento fuera bicameral, con una Cámara de los Diputados, con un papel preeminente, y una Cámara de las Comarcas. En la primera, las circunscripciones electorales serían cinco, las cuatro provincias y el municipio de Barcelona, con un mínimo de escaños atribuido a cada una, distribuyéndose los demás en proporción a la población, y mediante una elección por el sistema proporcional. La Cámara de las Comarcas estaría formada por entre dos y cuatro representantes por demarcación —todas las comarcas, excepto el Barcelonés que se dividiría en dos: la ciudad de Barcelona y el resto de la circunscripción—. Dicha propuesta fue interpretada, especialmente por la izquierda, como una tentativa de compensar el gran peso demográfico de la conurbación barcelonesa, donde socialistas y comunistas tenían los mayores apoyos. Por otra parte, tenía difícil si no imposible encaje en el proyecto de texto constitucional, que establecía una única cámara en las Comunidades Autónomas. La propuesta centrista contemplaba la posibilidad de un conseller en cap, designado por el presidente y con una delegación de funciones ejecutivas.¹⁴

Un buen número de artículos del anteproyecto de Estatuto fue aprobado por unanimidad en la ponencia; sin embargo, en algunos aspectos se manifestaron divergencias importantes que se expresaron en las votaciones en la ponencia y, posteriormente, en los votos particulares y en las enmiendas. En el artículo tercero, CDC y ERC defendieron establecer la obligatoriedad de conocer el catalán por parte de los ciudadanos residentes en Cataluña, en contra de la posición de los demás grupos. En el título segundo relativo a la Generalitat, y especialmente los artículos sobre el Parlamento, CDC y UCD-UCC se abstuvieron sistemáticamente; los convergentes por considerar que muchos aspectos deberían ser abordados por el primer Parlamento y no en el Estatuto, y los centristas por discrepar de buena parte de su contenido. Además, CDC formuló un voto particular sobre el título tercero dedicado a Economía y Finanzas al haberse adoptado por la ponencia la propuesta presentada por los socialistas, que obtuvo el apoyo del PSUC, de UCD-UCC y de los senadores de la Entesa, absteniéndose en la votación de diversos artículos. Finalmente, en la disposición transitoria quinta, que regulaba las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, se manifestó una clara división entre socialistas y comunistas, por una parte, y nacionalistas, centristas y conservadores, por otra. Para la izquierda era fundamental la máxima proporcionalidad en tanto que para la derecha era imprescindible asegurar la representación de las comarcas, lo que comportaba disminuir el peso de Barcelona y las comarcas industriales de su entorno.

Esta última cuestión fue objeto de un enconado debate público, aunque también otras temáticas se discutieron en los medios de comunicación. Así, el dirigente del PSUC, Rafael Ribó, defendió en Treball la oportunidad de un presidente de la Generalitat con funciones representativas, elegido por una mayoría calificada, lo que exigiría una personalidad que obtuviera un amplio consenso, una figura que presidiría «toda la nación catalana» y que reforzaría el «peso y la presencia de Cataluña en todo el Estado español».¹⁵

Pero, como ha sido apuntado anteriormente, la configuración de la representación en el primer Parlamento ocupó un lugar claramente destacado. Apenas iniciada la elaboración del Estatuto, Miquel Roca, en un artículo que sintetizaba la posición de CDC sobre las principales cuestiones, afirmaba que «no eran pensables en Cataluña unas elecciones a nuestro Parlamento que no aseguren la representación de las comarcas». Consideraba que no era suficiente «dar a cada provincia una representación amplia» porque por esa vía «muchas comarcas se quedarán sin participación en el Parlamento, cuando muchas veces —por sus problemas de despoblamiento— serían las más necesitadas de estar en él». CDC rechazaba la fórmula bicameral que proponía UCD-UCC, porque consideraba que daba a las comarcas una representación de segundo orden. «Mal comenzaríamos —concluía— si no asumiésemos desde un principio que una política superadora de los desequilibrios territoriales internos necesita una estructura política que potencie la representación de las comarcas.»¹⁶ El problema, como había apuntado pocos días antes Jordi Borja, del PSUC, en otro artículo de prensa, era que las comarcas tenían poblaciones extremadamente desiguales y, además, su número —38— «no permite un funcionamiento correcto del sistema proporcional», aunque admitía que la representación de las «realidades socio-territoriales de una país gravemente desequilibrado que hay que corregir, nos debe hacer tener en cuenta, de alguna forma, a las comarcas». Una de las opciones contempladas por Borja era la que se adoptó en el anteproyecto de Estatuto, primar a las tres provincias menos pobladas;¹⁷ una prima que se incrementó más en el texto definitivo del Estatuto.

Para Josep Miró i Ardèvol, de UCC, existía un innegable problema de desequilibrio territorial, con cinco comarcas —Barcelonès, Vallès Occidental y Oriental, Baix Llobregat y Maresme— que reunían al 70 % de la población catalana y con menos de una cuarta parte de dicha población residiendo fuera de la provincia de Barcelona. Por ello, sostenía, «si construimos una Cataluña que a la concentración actual se añada la concentración política de un Parlamento elegido por el único criterio del peso demográfico, el resultado será uno y nefasto: la continuación del proceso de aglomeración y la creación de condiciones objetivas para que se produzca un verdadero centralismo». La propuesta de dos cámaras, con poderes no simétricos, era para los centristas la que permitía una solución a la necesidad de una participación efectiva de las comarcas en el Parlamento.¹⁸

La cuestión comarcal también dio lugar a la celebración de reuniones en distintos municipios y a la elaboración de manifiestos. Una asamblea de ciudadanos de la comarca de la Segarra reunida en Cervera aprobó dirigirse al presidente de la Generalitat y a los parlamentarios para solicitar «la rectificación de la disposición transitoria quinta del Proyecto de Estatuto de Cataluña, de manera que todas la comarcas catalanas se encuentren plenamente representadas en el Parlamento de Cataluña, con un diputado para cada una de ellas como mínimo». Igualmente el denominado Manifiesto de Balaguer, elaborado después de una reunión en la que participaron ciudadanos de diversos territorios, reclamaba que «todas las comarcas, según la división establecida en 1936, deberían estar directamente representadas en el próximo Parlamento de Cataluña, adecuando las circunscripciones electorales para hacerlo posible».¹⁹ Dicho manifiesto fue entregado al presidente de la Asamblea de Parlamentarios, Josep Andreu i Abelló, con el apoyo de 5.000 firmas.

El debate sobre esta cuestión continuó durante los meses siguientes, incluso subiendo de tono en el tramo final de elaboración del proyecto de Estatuto. Un buen ejemplo fue el artículo de Joan Vidal Gayolà, de CDC, con el explícito título de «Los partidos sucursalistas y l’Entesa dels Catalans (?) contra la representación comarcal», en el que arremetía contra los partidos que estaban subordinados a «Madrid» —obviamente se refería a socialistas y comunistas, a los que añadía los centristas por haber aceptado en la ponencia la circunscripción provincial— porque «querían hacer la política que más convenga a Cataluña, siempre que no contradiga los intereses del partido español del que dependen». Constataba que dichos partidos tenían concentrada su fuerza en Barcelona y su cinturón industrial, y les acusaba de considerar que era «más importante ganar las elecciones que hacer posible la vertebración real del país». Y dirigiéndose a los senadores de la Entesa, se preguntaba a «qué intereses servían sus representantes —teóricamente independientes— cuando votaban, apoyando a socialistas y comunistas, contra la legítima aspiración de los ciudadanos de las comarcas a tener representantes directos en el Parlamento de Cataluña».²⁰ Con un tono más comedido, el también convergente Ramon Pla consideraba que «socialistas y comunistas han favorecido excesivamente a Barcelona y han disminuido —asimismo— la representación del resto del país», y señalaba que «Convergència ha defendido y defenderá la representación comarcal como alternativa que pretende combinar el sistema proporcional con la incorporación física de las comarcas, buscando con esta medida aportar un elemento corrector al gran desnivel que se produce entre Barcelona y el resto de Cataluña».²¹

Para el socialista Lluís M.ª de Puig, la institucionalización de las comarcas era una cuestión bien distinta a las circunscripciones electorales. La comarca como circunscripción electoral era «desde una perspectiva democrática inaceptable», y calificaba de aberrante «que las comarcas más pobladas tengan casi los mismos diputados que las medianas o muy pocos más que las menos pobladas». Si se aplicaba el principio de «un hombre un voto», afirmaba el diputado socialista, «la derecha y los partidos de centro pueden perder las elecciones al Parlamento», y ello era lo que había desatado la campaña comarcalista que tenía defensores tan insólitos como el diputado de AP Laureano López Rodó.²²

Incluso participó en el debate el ex alcalde de Barcelona José M.ª de Porcioles, que en un artículo defendió que «la presencia electiva de las comarcas catalanas en los órganos que han de dirigir la Generalitat, es imprescindible». Sin ella, «Cataluña no estaría debidamente representada, porque un pueblo no es solo suma de hombres, sino de comunidades».²³ Para el socialista Joaquim Ferrer, resultaba «sospechoso el interés de aquellos que querrían la simple aplicación de aquella división [comarcal de 1936] y pretenden ignorar los lógicos cambios que cuarenta años han imprimido en el panorama comarcal», y concluía que «defienden la división comarcal de 1936 porque les parece que puede favorecerles electoralmente; de otro modo, muchos de ellos continuarían ignorando las comarcas como habían hecho siempre».²⁴ El también socialista Josep M.ª Triginer sostenía que «la elección de un diputado por comarca solo asegura la representatividad del partido más votado y anula la opinión de los demás» y ello no resolvía «ninguno de los problemas importantes que tienen algunas comarcas».²⁵

Jordi Solé Tura, por su parte, denunció la demagogia que se estaba utilizando en el debate sobre la elección del primer Parlamento al presentarlo como un «enfrentamiento entre el centralismo barcelonés y las comarcas»; criticaba también que se hubiera propagado que la fórmula establecida en el anteproyecto de Estatuto constituía una discriminación hacia aquéllas, incluso, afirmaba, «se ha llegado a insinuar que esto es primar a los inmigrantes contra los catalanes “auténticos”», lo cual constituía una «auténtica barbaridad», o «¿es que no son catalanes todos los que viven y trabajan en Cataluña?». Para el diputado comunista, propugnar que las primeras elecciones se hicieran por circunscripciones comarcales era técnicamente inviable a corto plazo, al no existir la infraestructura administrativa necesaria, además, las demarcaciones comarcales creadas por la Generalitat republicana no respondían a la realidad actual y no se disponía de los recursos para proceder a una nueva ordenación a corto plazo. Por otra parte, «la elección por circunscripción comarcal desfiguraría totalmente el sistema electoral, que todos hemos convenido que ha de ser proporcional», puesto que «un porcentaje muy elevado de los diputados sería elegido por sistema mayoritario»; además, «aumentarían las posibilidades de supervivencia del caciquismo, incluso en sus formas modernas». La solución a los problemas de las comarcas no procedería de que cada comarca tuviera un diputado que la representara en exclusiva, sino «del tipo de política que se haga, de la orientación que se dé a la política de la Generalitat en cuestiones decisivas como la orientación de las inversiones, la ordenación del territorio» y un largo etcétera.²⁶

Como veremos a continuación, ésta fue una de las cuestiones relevantes del debate en el Pleno de los parlamentarios del anteproyecto de Estatuto.

EL DEBATE DEL ANTEPROYECTO DE ESTATUTO

Una vez concluida la labor de la Comisión de los Veinte, los grupos políticos y los diputados y senadores presentaron votos particulares y enmiendas al anteproyecto de Estatuto, una de ellas a la totalidad, la del senador Lluís M. Xirinacs. Una parte considerable de dichas enmiendas tenían un carácter técnico o de mejora de la redacción del proyecto; otras plasmaban las divergencias que habían ya aparecido en el proceso de elaboración del texto.

Así, sobre el artículo dedicado a la lengua presentaron enmiendas la mayoría de grupos. AP proponía eliminar la consideración del catalán como lengua propia de Cataluña y establecer que catalán y castellano fueran las lenguas oficiales, añadiendo que «dentro del territorio catalán los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán el derecho a escoger el idioma oficial que prefieran». Además, quería añadir también un apartado especificando que «las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano», y otro mediante el cual la Generalitat garantizaría «a todos los ciudadanos que lo soliciten los medios necesarios para el conocimiento de ambas lenguas». Todo ello implicaba consagrar una clara desigualdad entre catalán y castellano, al configurar la primera como una lengua optativa. Objetivo contrario al del voto particular de CDC, coincidente con una enmienda de ERC, que proponía que dicho artículo estableciera simplemente que «el idioma catalán tiene en Cataluña el mismo trato oficial que la Constitución reconoce al castellano en toda España». Por su parte, el PSC y el PSUC proponían añadir al texto del anteproyecto que la Generalitat, además de tomar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de ambas lenguas, crearía «las condiciones para llegar a la igualdad plena en el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña». Para la izquierda se trataba de alcanzar el mismo objetivo que pretendían CDC y ERC pero evitando violentar a una parte considerable de la población de Cataluña, procedente de una inmigración reciente, a la que rechazaban imponer de inmediato la obligación legal de conocer el catalán.²⁷

Respecto al Parlamento, UCD-UCC mantuvo mediante un voto particular su propuesta de Cámara de las Comarcas junto a la Cámara de los Diputados. CDC, ERC y AP presentaron enmiendas sobre la elección del Parlamento coincidentes en la pretensión de que se garantizara la «adecuada representación de todas las comarcas de Cataluña». Igualmente, CDC y ERC presentaron enmiendas de supresión de determinados artículos o partes de artículos sobre la regulación del Parlamento conforme a su posición de dejar dichas decisiones a la futura Cámara.²⁸

Sobre el título tercero, dedicado a las Finanzas y a la Economía, CDC presentó un voto particular que establecía que la cuota de participación en los impuestos estatales no cedidos se determinaría «atendiendo al deber de la Generalitat de asegurar a los ciudadanos de Cataluña una situación de trato igual, en la provisión de bienes y servicios públicos, a la existente en el conjunto del Estado». Para garantizarlo, la cifra resultante de las cuotas de participación establecidas se ajustaría a la que resultara de aplicar al total de la recaudación del Estado por los mencionados impuestos «la media de los coeficientes de población y del que resulte de la media de los de renta y de recaudación fiscal en Cataluña». De la cifra resultante se deducirían a favor del Estado, «las cantidades equivalentes a la aportación proporcional que corresponda a Cataluña de los créditos que anualmente determinen las Cortes Generales para llevar a cabo las competencias reconocidas —como exclusivas o compartidas— del Estado».²⁹ En definitiva, se trataba de un planteamiento basado en la aportación de la Generalitat al Estado por los servicios comunes y prestados en Cataluña y no en la asignación por el Estado de los recursos para los servicios prestados por la Generalitat.

La disposición transitoria que regulaba las primeras elecciones al Parlamento fue objeto igualmente de un voto particular de CDC para que las circunscripciones electorales fueran «las comarcas resultantes de la división territorial de Cataluña, aprobada por el Decreto de la Generalitat de 17 de agosto de 1936», a razón de un diputado por cada 50.000 habitantes, más otro por cada fracción de 25.000 y con un mínimo de un diputado por comarca. Complementariamente, presentó también una enmienda, con el mismo procedimiento pero con una fórmula ligeramente distinta.³⁰

Los demás grupos presentaron también enmiendas. ERC propuso crear 40 circunscripciones; todas la comarcas excepto el Barcelonés, dividiendo esta última en tres circunscripciones, el municipio de Barcelona, el Barcelonés oriental —Badalona, Sant Adrià del Besòs y Santa Coloma de Gramanet— y el Barcelonés occidental —Esplugues de Llobregat y Sant Just Desvern—, con una doble lista con un candidato por comarca y una lista de 120 candidatos ordenados por orden de preferencia que debería asegurar la proporcionalidad. AP, por su parte, partiendo de la circunscripción provincial del proyecto, propuso la fórmula más simple: 20 diputados por circunscripción y uno más por cada 100.000 habitantes o fracción. El PSUC propuso que Cataluña constituyese una circunscripción electoral única y la elección de un diputado por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.000. Las listas de candidatos serían presentadas en nueve demarcaciones formadas agrupando partidos judiciales, el número de escaños que obtendría cada candidatura correspondería al porcentaje total de votos obtenidos, distribuidos por las listas de las circunscripciones.³¹ Por su parte, el PSC propuso que las circunscripciones electorales fueran las regiones de la división territorial de 1936, con un diputado por cada 40.000 habitantes más otro por cada fracción superior a 20.000, con un mínimo de 2 diputados por región.³²

El 29 de noviembre se inició el debate del anteproyecto de Estatuto por el Pleno de los Parlamentarios —denominación utilizada para diferenciarlo de la Asamblea de Parlamentarios— con intervenciones generales sobre la totalidad del proyecto y con la discusión y votación de la enmienda a la totalidad del senador Xirinacs, que fue rechazada con un solo voto a favor y dos abstenciones, de Heribert Barrera y Joaquim Arana, de ERC.

Joan Reventós recordó en su intervención el papel determinante de los parlamentarios catalanes en la redacción del título preliminar y del título VIII de la Constitución, aunque considerando exagerada la afirmación, propagada en Madrid, de que era «la Constitución de los catalanes». En todo caso, la relevante participación catalana en la elaboración de la Carta Magna había permitido —a diferencia de lo ocurrido con el Estatuto de Núria, elaborado antes que la Constitución republicana, por lo que tuvo que adaptarse posteriormente a ella— «trasladar al texto constitucional una buena parte de nuestras reivindicaciones autonómicas». Así, «hemos situado bajo la protección y garantía de la máxima ley del Estado un buen número de competencias»; quedaban abiertas posibilidades «para futuras descentralizaciones y ampliaciones de las facultades autonómicas; y, finalmente, nos hemos asegurado, sin ningún tipo de privilegio, un inmediato y relativamente rápido proceso autonómico». Para el líder socialista, el proyecto de Estatuto se había elaborado en unas circunstancias favorables, además, y a diferencia del año 1931, habían participado «todos los partidos parlamentarios y participan también con su voz, siempre escuchada, partidos que aspiran legítimamente a sentarse en el Parlamento de Cataluña». El texto se había redactado con espíritu de acuerdo, de pacto; no era pues obra de un partido o de una coalición. Lo más relevante era en todo caso que el anteproyecto «consagra las más vitales y fundamentales reivindicaciones seculares de nuestra tierra»: la realidad nacional, el catalán como lengua propia, y «las principales competencias autonómicas que la Constitución permite», yendo más allá de las que históricamente había disfrutado Cataluña, ya que la misma complejidad del Estado moderno, «haciendo más interdependientes las comunidades, da más funciones y poderes a las autonomías cuando éstas son verdaderas». Mostrándose abierto a las mejoras que pudieran introducirse durante el debate parlamentario sin alterar su fisonomía, Reventós dio todo su apoyo al texto de la Comisión de los Veinte.³³

La intervención en nombre del PSUC estuvo a cargo del veterano dirigente Josep Solé Barberà. Para el parlamentario comunista, en el anteproyecto sometido a debate Cataluña recuperaba, «íntegramente, todas aquellas instituciones que eran las que configuraban el Estatuto de 1932», lo que había constituido un elemento esencial de unidad y de movilización antifranquista; además era un texto que «no tendrá absolutamente nada que envidiar a aquel, confeccionado el año 1932, que rigió la vida de Cataluña durante cinco años azarosos, puntiagudos y difíciles». Para el dirigente del PSUC, el Estatuto propuesto era un texto «fiel a los catalanes nacidos en Cataluña y a aquellos otros que no»; era, además, un Estatuto solidario «con todos aquellos otros españoles que en el ámbito de sus respectivas nacionalidades aspiran a una configuración nueva del Estado»; un Estado nuevo en el cual «la manera de afrontar los grandes problemas vitales de nuestra sociedad tenga unas posibilidades que nos eran negadas». Y no quiso dejar de aludir al debate comarcal: «Nadie supera al PSUC en su preocupación por las comarcas», un partido incluso orgánicamente organizado sobre «una concepción comarcalista de Cataluña» y que había estado como nadie en las luchas por la defensa de los intereses de sus habitantes, básicamente campesinos.³⁴

El senador Felip Solé Sabarís intervino en nombre de la Entesa dels Catalans e hizo un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas, acorde con la naturaleza de la propia coalición senatorial. Mirando fundamentalmente hacia la negociación del Estatuto en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados, Solé Sabarís llamó a la responsabilidad para no caer «en la tentación de introducir alguna enmienda anticonstitucional, que, por qué no decirlo, muchos de nosotros compartiríamos», pero obviamente no sería aceptada en Madrid «y que los partidos populares españoles pensarían en la necesidad de votar en contra», y no «sería un juego político limpio aprovechar tal situación para presentarlos como enemigos de Cataluña, porque por otra parte sabemos de sobra que son nuestros aliados naturales».³⁵

La de Jordi Pujol fue la intervención del líder de una formación partícipe del consenso estatutario pero insatisfecha con algunos aspectos del anteproyecto de notable importancia desde su posición. Afirmó, en primer lugar, que el texto sometido a debate debía ser plenamente constitucional, pero procurando «llegar al límite de lo que la Constitución permite»; por otra parte, afirmó en respuesta a la intervención de Heribert Barrera, a la que se aludirá más adelante, que «las interpretaciones restrictivas de la Constitución no nos corresponde a nosotros formularlas»; en todo caso, debía evitarse un enfrentamiento con la Constitución que en nada beneficiaría a los objetivos de autogobierno. El líder de CDC hizo una declaración solemne sobre el texto que aprobaría la Asamblea de Parlamentarios y de acatamiento de la soberanía de dicha Asamblea: «sea el que sea el resultado de las discusiones que aquí tendremos, nosotros lo defenderemos en Madrid, y esto es una razón más para que se haga el gran esfuerzo de entendimiento, de consenso». Dicho de otro modo, «nosotros renunciamos ya desde ahora a todo intento de hacer prosperar en Madrid tesis nuestras que aquí no hayan sido aceptadas por la mayoría de los parlamentarios y deseamos que esto también lo haga todo el mundo».

Pujol se refirió a aquellos aspectos que para CDC eran esenciales; en primer lugar, la lengua, que debía ser reforzada así como rechazarse que quedara en una posición de inferioridad, si bien teniendo bien presente que «si salvásemos la lengua, pero se produjera una fractura profunda de Cataluña, habríamos salvado la lengua pero perdido Cataluña». En segundo lugar, la hacienda, porque la Cataluña autónoma debería disponer de recursos suficientes sin los cuales la autonomía no tendría contenido, pero no solo como resultado de las transferencias vinculadas a unas funciones determinadas; Cataluña debería poder llevar a cabo una política económica adecuada a su realidad y, por tanto, con un presupuesto no determinado exclusivamente por los servicios y funciones traspasados. En tercer lugar, la representación comarcal. Apeló, por último, al patriotismo, y a una especie de alma catalana, al hecho de una Cataluña «de gran hondura espiritual y mental, un hecho que nos ha hecho lo que somos, que nos ofrece la posibilidad de seguirnos ayudando a tener una estructura interior a todos los que en ella vivimos».³⁶

En representación de UCD y UCC, Marcel·lí Moreta y Carles Güell de Sentmenat expresaron su apoyo al anteproyecto de Estatuto pero también sus desacuerdos. Con una intervención alejada de apelaciones al espíritu nacional, Güell expresó su apoyo global al anteproyecto pero anunciando la defensa de su voto particular y de sus enmiendas. Por su parte, Moreta insistió en el respeto a la Constitución para evitar obstáculos en el camino del Estatuto, pero también afirmó que «cuando la Constitución española habla del reconocimiento de las nacionalidades, quiere decir que reconoce algo más que una simple descentralización administrativa»; hay el «reconocimiento de una gran personalidad histórica» y «el reconocimiento de las grandes personalidades históricas ... es lo que realmente configurará un nuevo Estado, un nuevo Estado que ya no será el simple artificio centralista, sino que será la expresión del auténtico ser de los países españoles».³⁷

El diputado de AP Laureano López Rodó hizo una defensa del autonomismo que la mayoría de quienes lo escuchaban hubieran considerado insólita apenas dos años antes. El influyente dirigente del franquismo tardío afirmó que «el centralismo uniformista es una gran equivocación política, porque no se corresponde con la realidad de España». La autonomía «no solo nos permite resolver cerca, pronto y bien, lo que hasta ahora se resolvía lejos, tarde y mal, sino que sobre todo restablecerá la verdadera imagen de España, el conjunto armonioso de sus diversos pueblos». No se trataba, pues, tan solo de una descentralización, sino de una autonomía: «No se trata de una reforma administrativa, sino de una reforma política que afecta a la estructura del Estado». López Rodó apeló también al respeto a la Constitución para evitar una futura gran frustración y a no considerar que «todo aquello que no se reserva el Estado, por esta misma razón, ha de corresponder a la Generalitat». Había que hacer el Estatuto de una comunidad autónoma, «no la parodia de un Estado». AP, afirmó, haría todo lo posible para que la redacción final del Estatuto fuera fruto del más amplio acuerdo posible.³⁸

Las intervenciones críticas con el anteproyecto corrieron a cargo de Heribert Barrera y del senador Xirinacs. El secretario general de ERC, desde su posición de rechazo a la Constitución, anunció que no votaría a favor de determinados artículos del anteproyecto de Estatuto —en concreto, los referidos a la justicia y al orden público—, porque estaban «en contradicción con el texto constitucional», y no quería que «el pueblo de Cataluña tenga después una decepción» cuando en el debate del Estatuto en las Cortes esos artículos del proyecto de Estatuto quedaran «seriamente recortados». Además, consideró que no se podía invocar al artículo 150 del proyecto de Constitución,³⁹ sosteniendo que dicho artículo era una posibilidad de futuro.⁴⁰ En definitiva, Barrera rechazaba lo que denominaba «demagogia fácil de hacer creer al pueblo de Cataluña que realmente puede tener un Estatuto de Autonomía tan bueno como el de 1932».También rechazó la inclusión de numerosos artículos sobre determinadas cuestiones, como el ordenamiento institucional, que a su entender deberían quedar en manos del futuro Parlamento. Con tal proceder, se hacía un «cesión gratuita de nuestra soberanía, de las migajas de soberanía que nos deja esta Constitución, dejando en manos de diputados de Orense, de Jaén o de Segovia ... la potestad de decidir sobre cuestiones que son específicamente nuestras».⁴¹

Naturalmente, crítica también fue la intervención de Lluís M. Xirinacs en la defensa de su enmienda a la totalidad con un texto completo alternativo elaborado por el PSAN. Desde una posición de rechazo a la Constitución, Xirinacs se opuso al anteproyecto de Estatuto «por su contenido, por su forma y por el espíritu que lo mueve», afirmando que olvidaba «el espíritu, el talante político y las reivindicaciones del pueblo catalán». El texto alternativo propuesto no era, en su opinión, maximalista, «porque el pueblo catalán no puede ejercer todavía el derecho de autodeterminación», y además «no sería prudente hacerlo hoy mismo, aunque nos lo permitiesen después de tantos años de alienación». La enmienda no fue objeto de debate, aunque hubo intervenciones para justificar el voto negativo. Miquel Roca lamentó la presentación de una enmienda a la totalidad, ya que «hemos renunciado a hacer un Estatuto de partido» y una enmienda de tal naturaleza «rompe en principio con este espíritu, porque evidentemente nadie, por sí mismo, se puede considerar representante del pueblo». Para Jordi Solé Tura, la cuestión básica era «qué tipo de Estatuto estamos haciendo, en qué país vivimos», y si se trataba de hacer un Estatuto o «queremos hacer una cosa abstracta que solo tiene la virtualidad de ir de cara a la tribuna». Para Eduardo Martín Toval, el texto alternativo presentado no tenía nada que ver con el marco constitucional.⁴²

El debate del texto del anteproyecto, de las enmiendas y de los votos particulares se desarrolló del 30 de noviembre al 16 de diciembre. Buena parte del articulado fue aprobado por unanimidad o por mayorías muy amplias, pero hubo también largos debates sobre las cuestiones más controvertidas y votaciones que pusieron de manifiesto la mayoría parlamentaria existente. Como era previsible considerando las enmiendas presentadas, el artículo 3 relativo a la lengua fue objeto de un extenso debate. Laureano López Rodó se opuso al primer apartado que establecía que el catalán era la lengua «propia» de Cataluña con el argumento de que suponía una «apropiación» puesto que también era la lengua de las Islas Baleares, del País Valenciano, de Andorra y de Alguer;⁴³ para el diputado de AP lo procedente era la declaración de oficialidad ya incorporada al texto del anteproyecto. El rechazo a la enmienda se fundamentó en que, aunque el catalán era lengua de otras regiones, lo era también de Cataluña.

El voto particular de CDC para establecer que el catalán tuviera «en Cataluña el mismo trato oficial que la Constitución reconoce al castellano en todo el Estado español» fue defendido por la senadora Maria Rúbies, quien afirmó que no existía ningún motivo para que la lengua catalana tuviera «menos atribuciones, menos garantías, menos contenido que el que todos reconocemos al castellano en toda España». CDC aceptaba la coexistencia oficial en Cataluña de castellano y catalán, pero «de ninguna manera podemos admitir ... que una de estas lenguas tenga dentro del mismo ámbito territorial más atribuciones que la otra». Heribert Barrera defendió su voto particular en el mismo sentido, negando que se pretendiera una imposición a «los ciudadanos de Cataluña que no son en estos momentos de habla catalana», y argumentando que «cuando se habla de deberes, se entiende que son deberes morales», que no comportaban deberes en forma jurídica que implicasen que pudiera imponerse «ningún tipo de penalidad a quien no sea capaz de hacerlo».

Para Josep Solé Barberà (PSUC), en cambio, convertir el catalán en obligatorio en ese momento, cuando era una realidad la existencia de dos comunidades lingüísticas, era «introducir un elemento extraordinariamente peligroso en la dinámica de recuperación de nuestras libertades»; en todo caso, dicha obligatoriedad debía proceder «de una dinámica y de una forma completamente diferentes a la que en este momento estamos estudiando». Por su parte, Raimon Obiols (PSC) señaló que si en el propio hemiciclo existía un cierto recelo sobre las posibilidades de interpretación futura de este artículo del Estatuto si fuera aprobada la propuesta de CDC y de ERC, «¿que no sucederá en las calles...?». Porque, no había ninguna garantía para que en el futuro, incluso por fuerzas políticas distintas a las que participaban en la elaboración del Estatuto, «pudiesen instrumentar este texto ... para tratar de exigir, de manera legal, el deber de todos los ciudadanos de Cataluña de conocer, de entender, de hablar la lengua catalana». Votadas conjuntamente la enmienda de ERC y el voto particular de CDC fueron rechazados por 25 votos frente a 14 a favor y una abstención.⁴⁴

Sin embargo, el debate prosiguió en las explicaciones del voto. Ramon Trias Fragas recriminó a PSC y PSUC imponer, junto con UCD y AP, «unas restricciones al uso de la lengua catalana», lo que motivó una dura réplica de Raimon Obiols recordando que, frente a la actitud de abandono del catalán por parte de importantes sectores de la burguesía, habían sido las organizaciones de los trabajadores las que habían realizado una labor de «la catalanización de masas en una sociedad donde se produce el hecho bien conocido de la existencia de centenares de miles, de millones de hombres y mujeres que tienen como lengua materna el castellano, que viven entre nosotros y que se sienten catalanes». Los socialistas no permitirían nunca, afirmó, que el catalán fuera una lengua impuesta a nadie; «nosotros no traduciremos al catalán aquella frase nefasta de hable usted en castellano».

Diversos parlamentarios pidieron aplazar la decisión definitiva sobre tan sensible cuestión para buscar el máximo acuerdo posible. En nombre de los senadores de la Entesa, Josep Benet se sumó a dicha petición no sin recordar que si en los escaños de CDC había personas que habían luchado en defensa de la lengua catalana, también en los escaños del PSC, del PSUC y de la Entesa «hay personas que han luchado, como mínimo, de manera idéntica», y que el Estatuto se estaba haciendo «para la Cataluña de hoy, no para una Cataluña eterna que, como la Cataluña ideal, no existe». El Estatuto era para el pueblo catalán «tal como está configurado hoy», y no «podemos exigir a este pueblo catalán ... deberes que sabemos que una gran parte de este pueblo no podrá cumplir». Benet rechazaba «imponer a tantos y tantos centenares de miles de ciudadanos que han venido de otras tierras el catalán», porque habían llegado a «esta tierra adultos y porque sabemos que no podemos imponer lo que no se puede cumplir, y eso no lo haremos nunca». Lo cual no significaba que no existiera la voluntad de que todo el mundo «llegue a aprender catalán en esta tierra, pero por otros medios, no imponiéndolo por procesos legales».⁴⁵

El debate sobre el artículo 3 prosiguió en la sesión del 15 de diciembre, sometiendo a votación una enmienda fruto del previo acuerdo alcanzado sobre los puntos segundo y tercero del artículo en cuestión, y que procedían de las propuestas de socialistas y comunistas. La enmienda fue aprobada por 54 votos favorables y una sola abstención, la de Lluís M. Xirinacs. El segundo apartado decía que «El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español», y el tercero establecía que «la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña».

Para Ramon Trias Fargas se había encontrado una formulación «que podemos votar todos», aunque alejada de la posición sostenida inicialmente por CDC. El diputado convergente interpretaba la enmienda, en el marco del artículo 3 en conjunto, como la afirmación de que «la igualdad entre todos los que vivimos en Cataluña, entre las dos comunidades lingüísticas» se refería «a la igualdad de los hombres, a la igualdad de los derechos culturales y de los derechos humanos que tienen los hombres de estas dos comunidades», pero no a la igualdad de las lenguas, «porque la lengua de Cataluña es solo y exclusivamente el catalán». En todo caso, reconocía que Cataluña, «después de tantos años está en una situación compleja, que si no se enfoca con seny, con habilidad, con tacto y con generosidad puede llevarnos a la ruina, pero que, en cambio, si lo enfocamos bien, puede dar el resultado de una Cataluña nueva que renazca como ave fénix para construir algo mejor, como ha pasado muchas veces en nuestra historia». Queremos, añadió, que en Cataluña todos «se sientan a gusto, que todos nos respetemos mutuamente, que tengamos derecho a utilizar nuestra personalidad, nuestra lengua, nuestra cultura, pero que tengamos la obligación de respetar la de los otros».⁴⁶

Heribert Barrera consideró también aceptable la enmienda consensuada, porque «en una cuestión de esta naturaleza forma y fondo forman un conjunto inseparable», y «muchas veces la manera de decir las cosas es tan importante como las cosas que se dicen». Para ERC lo esencial era garantizar que de dos lenguas, «oficiales las dos en Cataluña —porque sobre eso no podemos hacer nada, porque lo dice la Constitución— una no fuera menos oficial que la otra». Barrera compartía la afirmación de que «para nada habría servido establecer de una manera absoluta un deber» sin posibilidad alguna de «que este deber moral fuera respetado», por lo que habían aceptado el texto que establecía «una progresividad, una dinámica» para alcanzar la efectiva igualdad de derechos y deberes respecto a ambas lenguas.⁴⁷

Marta Mata, en nombre del PSC, y Jordi Solé Tura, del PSUC, defendieron igualmente el acuerdo alcanzado. Para la diputada socialista, la dificultad en la aprobación del artículo sobre la lengua expresaba la importancia del tema; remarcó a continuación todos los puntos de pleno acuerdo, como el carácter de lengua propia, la oficialidad de catalán y castellano y la diferente naturaleza de dicha oficialidad, la del catalán, oficial «de» Cataluña, la del castellano por su condición de oficial «en» todo el Estado español.

Para Solé Tura, la larga etapa franquista, en todas sus dimensiones, había dejado en herencia el peligro de la división de Cataluña en dos comunidades, ambas deformadas: «una, la de los catalanes de origen reducidos al analfabetismo en su propia lengua por la política de opresión cultural practicada por el franquismo, y la otra, obligada a vivir en “ghettos” geográficos y en “ghettos” urbanos de los cuales difícilmente pueden salir, que no solo no pueden aprender el catalán por esta situación de aislamiento, sino también por la misma discriminación que ha sido objeto nuestra lengua...». Para Solé Tura, se trataba de que la lengua «propia de Cataluña lo sea en la práctica, y que lo sea no porque lo afirmemos, sino porque lo sea de todos los que viven y trabajan en Cataluña, y para eso hay que crear las condiciones para que puedan llegar a conocerla, no en la teoría, sino porque alguien se lo garantice y este alguien es el poder público que nosotros creamos, es decir, la Generalitat». Por eso, se otorgaba mandato a la Generalitat para que adoptara las medidas necesarias para asegurar el conocimiento del catalán; los futuros gobiernos de la Generalitat serían quienes deberían encontrar las formas para asegurar la normalidad en el uso y para que la igualdad se alcanzara en todos los terrenos —administración, enseñanza, medios de comunicación de masas, etc.—.⁴⁸ Con la excepción ya señalada de Xirinacs, los portavoces de los demás grupos dieron su apoyo a la enmienda.

Un debate intenso se desarrolló en torno al artículo 14 referido a la seguridad pública. En este artículo se produjo una coincidencia curiosa entre Laureano López Rodó y Heribert Barrera. Ambos sostuvieron que dicho artículo entraba en abierta contradicción con el texto constitucional. López Rodó afirmó que, según la Constitución, la seguridad pública era una competencia exclusiva del Estado, y, aunque las Comunidades Autónomas podían crear una policía propia, era imposible que la Generalitat tuviera competencia «sobre otros servicios de policía que no sean esta policía propia». Jordi Solé Tura, por su parte, defendió la constitucionalidad del texto puesto que la propia Constitución remitía a los Estatutos y a una futura ley orgánica que aún no existía; por tanto, «lo que hacemos es atenernos estrictamente al texto de la Constitución, un texto que no cierra nada y sobre el cual hacemos una propuesta de solución específica del problema que la Constitución plantea». La enmienda de AP fue rechazada con un solo voto a favor y 6 abstenciones, entre ellas las de Barrera.⁴⁹

El diputado de ERC argumentó su abstención por la contradicción del artículo 14 con el texto constitucional, sobre el que nuevamente manifestó su rechazo. Consideraba inútil introducir en el anteproyecto de Estatuto «cosas que ya sabemos que no serán aceptadas por las Cortes», lo que fue replicado por Eduardo Martín Toval, manifestando su sorpresa al ver «que las interpretaciones restrictivas de la Constitución vengan de donde vienen». Según el diputado socialista, el anteproyecto de Estatuto no hacía otra cosa que fijar «un margen de competencias amplio en materia de seguridad» que tuviera cabida dentro «del marco de una ley que todavía no hemos hecho». Puesto que la Constitución decía que a los Estatutos correspondía establecer la policía autonómica, lo que hacía el artículo en cuestión era regular el marco de esta policía. Barrera argumentó también, en la línea de considerar el anteproyecto muy inferior en cuanto a competencias al Estatuto de 1932, que aunque se creara una policía autónoma que administrativamente dependiera de la Generalitat, desde el punto de vista de la responsabilidad del mantenimiento del orden público este cuerpo de policía debería estar bajo el mando del Estado.

El debate se agrió con el lanzamiento de acusaciones de «abandonismo», a Barrera por lo que sus críticos consideraban una interpretación restrictiva de la Constitución que implicaba renunciar a intentar obtener las máximas competencias en la materia, y del dirigente de ERC a Solé Tura y a quienes habían votado el texto constitucional. El diputado comunista afirmó que el debate tenía otra implicación, «la diferencia que hay entre hacer política y hacer testimonialismo». Se puede hacer testimonialismo, añadió, «cuando otros hemos resuelto el problema de base que permite que aquí, hoy, estemos haciendo un Estatuto; es entonces cuando otros se pueden permitir el lujo de decir: “os habéis quedado cortos, habríais podido ir más lejos”». El testimonialismo, concluyó, «se puede hacer cuando el problema está ya resuelto», si no era así «hoy nadie podría hacer testimonialismo».⁵⁰

Los artículos relativos a las competencias de la Generalitat fueron aprobados por amplias mayorías y derrotadas sucesivas enmiendas de AP, en general tendentes a su limitación. En el título dedicado a las instituciones, la propuesta de parlamento bicameral defendida por UCD-UCC fue definitivamente rechazada por 35 votos frente a 5 a favor y una abstención; también fueron rechazadas las enmiendas de CDC y AP para establecer la comarcas como circunscripciones electorales pero, en cambio, fue presentada por el PSC una enmienda in voce que establecía la «adecuada representación de todas las zonas del territorio de Cataluña», que obtuvo 31 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.⁵¹ El resto del articulado fue aprobado por mayorías muy amplias, con la derrota habitual de enmiendas del diputado de AP.

En el título dedicado a las Finanzas y a la Economía, se evidenció la divergencia entre la mayoría de izquierda, a la que se sumó en algunos casos UCD-UCC, y CDC. No obstante, hubo un notable esfuerzo para lograr el acuerdo más amplio en bastantes artículos del título en cuestión. Ramon Trias Fargas defendió el voto particular de Convergència argumentando que consideraban que «todo el dinero recaudado en Cataluña era de Cataluña y que solamente se debía transferir a Madrid el dinero que correspondiera para financiar los servicios públicos indivisibles y, al mismo tiempo, para un fondo de igualación de oportunidades regionales». Este planteamiento, «no estudiar lo que Madrid nos ha de dar, sino lo que nosotros hemos de dar a Madrid», tenía para el diputado convergente notables ventajas, e incluso apuntaba la posibilidad de que en «Madrid este criterio acabe triunfando» por lo que quería dejar claro que los diputados de CDC no se «sentirían definitivamente ligados» con la decisión que se adoptara por los parlamentarios, «si en Madrid fuese posible una fórmula mejor a nuestro juicio». Tal afirmación casaba mal con el solemne compromiso de Jordi Pujol de defender el texto que aprobara la Asamblea de Parlamentarios renunciando a intentar modificarlo en la Comisión Constitucional.

Para el prestigioso catedrático de Hacienda Pública, el voto particular tenía un carácter «puramente técnico» para «retener para Cataluña, dentro del anteproyecto de Sau, la máxima participación posible del dinero recaudado en Cataluña que sea compatible con las técnicas de política fiscal y con la igualdad de oportunidades interregional». De los tres objetivos de la Hacienda pública, debía corresponder al Estado la política de estabilización de las macromagnitudes, que solo era posible «a nivel de todo el Estado o con grandes dosis de coordinación de los Entes Autonómicos». También correspondía al Estado la política de equidad fiscal, «la más justa redistribución de rentas y riquezas». En cambio, a las «Entidades Autónomas» debía corresponder «la libre designación de las cantidades, calidades, clase y orientación de los servicios públicos».⁵²

A solicitud de CDC el voto particular no fue sometido a votación en su integridad sino desglosado en cada uno de los artículos afectados por su contenido. Ello dio lugar a que los debates adquirieran un carácter muy técnico. Los argumentos utilizados contra el voto particular de CDC hacían referencia, para el diputado socialista y economista Ernest Lluch, a las peligrosas implicaciones de la falta de concreción con respecto a los impuestos cedidos y a las ventajas que comportaba la fórmula establecida en el anteproyecto, ya que «los porcentajes parciales [sobre la recaudación de los impuestos no cedidos] dan una gran flexibilidad a la política tributaria y a la política económica general, con una serie de ventajas notables para Cataluña», como que «de esta manera ya se tendrá seguro todo un montante muy considerable».

Un buen ejemplo del esfuerzo para alcanzar el máximo acuerdo lo constituyó la redacción del artículo 44, que estableció que la participación de la Generalitat en los impuestos estatales sobre renta, sociedades, tráfico de empresas y otros sobre los que en el futuro las Cortes pudieran acordar la cesión de un porcentaje, más los impuestos cedidos por el Estado, no podrían dar lugar a una cifra inferior a la resultante de «aplicar al valor de los ingresos impositivos del Estado la media de los coeficientes de población y renta de Cataluña», deduciendo la cantidad equivalente «a la aportación proporcional correspondiente a Cataluña para los servicios del Estado que continúe asumiendo como propios», con una actualización de dicho porcentaje cada 5 años.⁵³ El artículo fue aprobado por unanimidad.

En la última sesión del Pleno de los Parlamentarios fue debatida la disposición transitoria quinta relativa a las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, apareciendo de nuevo las notables divergencias existentes sobre la cuestión cuyo punto central era la de la proporcionalidad. El voto particular de CDC para establecer las comarcas como circunscripción electoral fue derrotado por 33 votos en contra, 14 a favor y 6 abstenciones. El argumento del diputado que la defendió, Josep Sendra, reiteraba la necesidad de que cada comarca tuviera un representante en el Parlamento para que todos los catalanes pudieran sentirse representados. En el turno en contra, el socialista Joan Paredes desvinculó una vez más los problemas de las comarcas menos pobladas de las circunscripciones electorales y rechazó el voto particular con el contundente argumento de que en 20 comarcas, con una población menor de 50.000 habitantes, el sistema electoral operaría como mayoritario. En la explicación de voto, Heribert Barrera y Lluís M. Xirinacs manifestaron su rechazo al voto particular por no respetar la proporcionalidad; para el diputado de ERC con la propuesta de CDC el voto de un habitante de la comarca del Pallars Sobirà tendría el mismo valor que el de siete habitantes del Baix Llobregat.⁵⁴

CDC presentó también una enmienda, defendida por la senadora Maria Rúbies, con otra fórmula para la representación comarcal pero igualmente incompatible con el respeto a la proporcionalidad. El turno de réplica corrió a cargo de Jordi Solé Tura, que recordó que el tema de las comarcas estaba ya resuelto puesto que el artículo 6 del Anteproyecto de Estatuto establecía que la Generalitat se organizaría en municipios, comarcas y agrupaciones supracomarcales y que una ley del Parlamento regularía la organización territorial de Cataluña. El debate era, pues, exclusivamente sobre la elección del primer Parlamento y la enmienda era contradictoria con el principio de representación proporcional. La votación de la enmienda dio el resultado de 33 votos en contra, 15 a favor y 6 abstenciones.⁵⁵ Igualmente fue rechazada una enmienda del diputado de CDC Ramon Sala.

La enmienda de ERC, que intentaba conjugar la estricta proporcionalidad con la representación comarcal, fue también rechazada, en este caso por 33 votos contrarios, 19 a favor y 2 abstenciones. Eduardo Martín, admitiendo las virtudes de la propuesta, argumentó que atribuir un escaño en representación de la comarca con listas que no superaban el 30 % de los votos —considerando los resultados de las elecciones del 15 de junio— implicaba una distorsión de la representatividad, aunque la fórmula de una lista para todo el territorio asegurara la proporcionalidad. Igualmente tampoco prosperó la enmienda de UCD-UCC, que obtuvo 9 votos a favor, 34 en contra y 11 abstenciones, que establecía una combinación entre una elección mayoritaria por comarca y una distribución proporcional por listas provinciales (dos en el caso de Barcelona), pero con una notable desigualdad determinada por la asignación de un diputado por cada 25.000 habitantes para Girona, Tarragona y Lleida frente a un diputado por cada 40.000 en Barcelona-ciudad y Barcelona-provincia. Una alusión del senador de UCD-UCC Emili Casals a los catalanes de pura cepa de las comarcas provocó una intervención del comunista Josep Solé Barberà afirmando que el Estatuto que se estaba elaborando era de todos los catalanes.⁵⁶

El texto finalmente aprobado, por 34 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención, fue el de una enmienda in voce presentada por el PSC y el PSUC, que retiraron sus dos enmiendas propias, que intentaron negociar con otros grupos para ampliar el acuerdo pero sin éxito.⁵⁷ Las circunscripciones electorales serían las regiones establecidas en la división territorial aprobada por la Generalitat republicana en 1936, y se elegiría en cada circunscripción un diputado por cada 40.000 habitantes más otro por cada fracción superior a los 20.000, con un mínimo de dos diputados por región. Para Eduardo Martín Toval, que insistió nuevamente en el carácter transitorio de la regulación de las primeras elecciones al Parlamento, la propuesta era respetuosa con la proporcionalidad y con la representación territorial, mediante una circunscripción más amplia que la comarca que permitiría la expresión de la pluralidad.⁵⁸ En el debate de las diversas enmiendas intervino un buen número de parlamentarios y en algunos momentos hubo cierta tensión que, al final de la sesión, algunos diputados quisieron rebajar.

Para José Antonio González Casanova, la izquierda había acudido a la fórmula de las veguerías «en vista de la demagogia comarcalista de la derecha», a pesar de que, a su parecer, la provincia como «mera circunscripción electoral» era mejor que la veguería ya que permitía una «mejor representación (más amplia y democrática) a la población de las comarcas». Pese a la renuncia del PSUC a la circunscripción única y de los socialistas a la «gran circunscripción provincial, preferida en la II República por Macià y Companys», la derecha no había cedido «en su vital interés por unas circunscripciones pequeñas revestidas demagógicamente de interés por las comarcas», por lo que ha habido en este tema ... todo el consenso que la derecha ha permitido».⁵⁹

Concluido el debate sobre el Anteproyecto, el siguiente paso era su aprobación por parte de la Asamblea de Parlamentarios que debía ser convocada por el Consell Executiu de la Generalitat. Rápidamente se fijó la fecha del 29 de diciembre, justo cuando debía entra en vigor la Constitución aprobada en referéndum el día 6. Sin embargo, un conjunto de factores introdujeron dudas sobre la celebración de la Asamblea y sobre la aprobación del Proyecto de Estatuto: la información que empezó a difundirse sobre la probable disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, la protesta organizada por quienes continuaban reclamando que las comarcas fueran la circunscripción electoral en las primeras elecciones al Parlamento,⁶⁰ y la opinión de Tarradellas de que, si el Estatuto no podía tramitarse de inmediato, se debería retrasar su aprobación hasta después de las elecciones legislativas y, así, los diputados electos podrían modificar el texto y superar las divergencias sobre la controvertida disposición transitoria quinta. Ante la incertidumbre que estaba extendiéndose, el 26 de diciembre un numeroso grupo de intelectuales y profesionales de diversas tendencias políticas hizo público un manifiesto dirigido al presidente de la Generalitat y al Consell Executiu para que «tal como ha sido anunciado y el país espera, sea convocada la Asamblea de Parlamentarios catalanes el día 29 de diciembre», de manera que el proyecto de Estatuto «pueda ser aprobado por los parlamentarios y presentado el mismo día a las Cortes generales de Madrid».⁶¹ Entre los firmantes estaban Antoni M. Badia i Margarit, Jordi Carbonell, Pere Calders, Oriol Bohigas, Josep Fontana, Xavier Folch, Jordi Llimona, Miquel Martí i Pol, Miquel Tarradell, Antoni Tàpies, Joan Brossa y un largo etcétera.

El 28 de diciembre se reunió el Consell Executiu de la Generalitat que, pese a la posición de Tarradellas que contó con el apoyo de UCDUCC, decidió que el Proyecto debía aprobarse tal como había sido previsto; se acordó también que Tarradellas redactaría una declaración introductoria.

La sesión de la Asamblea de Parlamentarios celebrada el día 29 de diciembre aprobó el Proyecto de Estatuto por 58 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la del senador Xirinacs; cuatro parlamentarios estuvieron ausentes, dos de ellos radicalmente opuestos a la disposición transitoria quinta —Manuel de Sárraga, de UCD, y Joaquim Arana, de ERC—. En las explicaciones de voto, Xirinacs justificó su abstención en el no reconocimiento de la soberanía de los Países Catalanes; López Rodó anunció que, pese a su voto favorable, presentaría 7 votos particulares cuando el proyecto fuera discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados, y Heribert Barrera expresó sus puntos de desacuerdo pero al mismo tiempo su apoyo al proyecto aprobado.

Los portavoces de las principales formaciones políticas manifestaron igualmente su apoyo sin fisuras al Proyecto de Estatuto, si bien el enfrentamiento sobre la elección del primer Parlamento estuvo presente en todas las intervenciones. Para Carles Sentís «hubo más consenso en torno a la Constitución del que ha habido ahora en el Estatuto», una afirmación difícil de justificar y que mostraba el descontento de UCD por no haber logrado que algunas de sus posiciones prevalecieran al no ser en Cataluña la fuerza mayoritaria como lo era en el conjunto de España. Sobre la polémica disposición transitoria quinta, Sentís manifestó que esperaba que «en el curso del trámite del Proyecto se encontrará una fórmula mejor que dé satisfacción a todos los catalanes y a todas las comarcas».⁶²

Jordi Pujol, que intervino en nombre de CDC y UDC, indicó también que algunos apartados del Proyecto no respondían a sus posiciones —entre ellos, la disposición transitoria quinta— pero afirmó que lo recordaba para «tener más fuerza ahora al decir que nuestro partido y UDC damos un apoyo total, damos un apoyo pleno y absoluto, sin ningún tipo de duda ni de ambigüedad, al texto que acabamos de aprobar». Y además, añadió, quería que su posición la conociera toda Cataluña, «y, especialmente, aquellos sectores del país que habrían querido que algún punto concreto, como por ejemplo el de las comarcas, hubiera sido resuelto de otra manera». Pujol quiso también destacar el amplio acuerdo alcanzado en el artículo dedicado a la lengua y la referencia a la realidad nacional, a la realidad de lengua, de historia, de mentalidad colectiva, lo que determinaba que «no seamos un conjunto de eso que llaman “peculiaridades”, sino que seamos realmente una entidad, una realidad nacional».⁶³

Para el presidente del PSUC, Gregorio López Raimundo, el Estatuto aprobado tenía para los diputados de su partido «una significación aún más profunda y emotiva, en virtud de que la reconquista de un Estatuto equivalente al de 1932 presidió la lucha clandestina de nuestro partido, por lo que el Estatuto que acabamos de aprobar representará el triunfo del esfuerzo y sacrificio de millares de comunistas catalanes perseguidos, encarcelados, torturados o fusilados a lo largo de los 40 años de poder dictatorial». López Raimundo llamó a los demás partidos a «procurar que el Proyecto de Estatuto se tramite lo antes posible en las Cortes, salga de ellas sin recortes sensibles y sea masivamente ratificado por el pueblo catalán» con lo que se alcanzaría la «plena vigencia de la autonomía catalana». Y en relación a la polémica sobre las comarcas, afirmó que esperaba coincidir con quienes habían puesto tanto empeño en su defensa a la hora de hacer realidad «el poder comarcal que prevé el Estatuto, a la hora de propiciar una política de desarrollo, distinta a la que imperó hasta ahora», una política construida sobre «bases que no respondan únicamente a la ley del beneficio máximo del capital, sino que se propongan alcanzar una vida mejor para todos los catalanes».⁶⁴

Joan Reventós quiso remarcar que el Estatuto no era obra «de un partido, ni obra de un sector, sino obra de Cataluña, de todos los catalanes para todos los que viven y trabajan en Cataluña». El líder socialista puso un particular énfasis en la constitucionalidad del Proyecto aprobado; «que nadie dude de la constitucionalidad de nuestro Estatuto», afirmó. Nadie, desde la perspectiva jurídica más rigurosa, podría encontrar «ninguna contradicción entre el Estatuto y la Ley fundamental del Estado». Nadie, prudente y responsable, debería pretender «recortar injustificadamente la expresión de nuestra voluntad».⁶⁵

La Asamblea de Parlamentarios, de una breve intervención del presidente Tarradellas, quien recordó la larga trayectoria de la Generalitat desde 1359 y apeló a la unidad de las fuerzas políticas catalanas, concluyó con un viva Cataluña y viva España.⁶⁶

Aquel 29 de diciembre, el presidente Suárez decidió la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el día 1 de marzo de 1979 —y también municipales para el 3 de abril—. Para que el Proyecto de Estatuto quedara registrado en las Cortes antes de la entrada en vigor de la disolución de las cámaras, el mismo día 29, a última hora de la tarde, fue depositado en el palacio de la carrera de San Jerónimo; una hora antes fue entregado el Proyecto de Estatuto del País Vasco. No obstante, la decisión del presidente del Gobierno implicaba que se retrasaría como mínimo unos seis meses la aprobación de ambos Estatutos, algo que no disgustó de ninguna manera a Tarradellas y que impuso un tiempo de espera.

EL ESTATUTO EN MADRID

Cuando se convocaron las elecciones generales y municipales, se habían producido en los grupos políticos catalanes una serie de cambios importantes con respecto a cómo habían concurrido a las elecciones del 15 de junio de 1977. El éxito de la coalición Socialistes de Catalunya empujó decisivamente el proceso de unidad que culminó en julio de 1978 con la creación del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), integrando también a la mayor parte de militantes del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament que había formado parte de la coalición Pacte Democràtic per Catalunya.⁶⁷

La ruptura del PDC comportó a su vez la recomposición de la alianza nacionalista y su reorientación desde el centro-izquierda al centro-derecha.⁶⁸ Con un partido socialista fuerte y con un partido comunista particularmente potente, la construcción de la opción nacionalista en el centroizquierda era inviable, de manera que se decidió buscar un amplio espacio con posibilidades de convertirse en mayoritario en el centro-derecha. En primer lugar, CDC y EDC se fusionaron en junio de 1978, aunque de hecho lo que se produjo fue la integración del pequeño partido dirigido por Ramon Trias Fargas en CDC.⁶⁹ Paralelamente, CDC inició contactos con UDC y ERC, y, aunque con este segundo partido no prosperaron, el acuerdo fue posible con Unió, formalizándose en noviembre de 1978 la coalición electoral Convergència i Unió (CiU).

El partido demócrata-cristiano había vivido fuertes tensiones internas al defender una parte de sus militantes, encabezada por Anton Cañellas, la aproximación a UCD para formar un gran partido centrista que pudiera aspirar igualmente a convertirse en fuerza mayoritaria en Cataluña. Pero dicha propuesta fue rechazada por la mayor parte de la militancia, lo que determinó la salida de UDC de dirigentes y cuadros del partido que participaron poco después en la creación de la coalición Centristes de Catalunya-UCD, que contó también con una parte de Unió del Centre Català, que en 1977 se habían presentado a las elecciones en coalición con UDC, y con otros pequeños grupos liberales.

A pesar de la importante recomposición que se había producido en el sistema de partidos, los resultados de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 difirieron poco de los comicios celebrados 21 meses antes. Con una participación sensiblemente menor, el PSC obtuvo el 29,2 % de los votos y 17 diputados, dos más que en junio de 1977. Sin embargo, fueron las candidaturas de Centristes de Catalunya-UCD las que lograron mejorar más significativamente sus resultados —las únicas que ganaron votos en términos absolutos—, convirtiéndose en la segunda formación política catalana, tanto en número de votos (19 %) como en diputados, 12. El PSUC tuvo un leve retroceso (17,1 %) pero mantuvo sus 8 diputados, en tanto que CiU quedó en cuarta posición, también con un leve retroceso (16,1 %) y ocho diputados frente a los 11 obtenidos por el PDC. ERC conservó, con el 4,1 % de los votos, su diputado; AP se presentó en la Coalición Democrática, que obtuvo igualmente un escaño con el 3,6 % de los votos.

En las elecciones al Senado, no se reeditó la coalición Entesa dels Catalans, básicamente por la posición de los socialistas que quisieron imponer una candidatura con sus siglas, lo que fue rechazado por el PSUC. Al final, la candidatura del PSC con la denominación Nova Entesa per Catalunya, la Democràcia i el Socialisme incorporó a candidatos de ERC y obtuvo 10 senadores; CC-UCD logró 4, uno CiU y fue reelegido también el independiente Josep Benet con el apoyo del PSUC.

A pesar de todos los cambios, la representación parlamentaria catalana no se modificó significativamente: se mantenía la mayoría de izquierda, incrementada por dos nuevos escaños socialistas, con 25 de los 47 diputados elegidos en Cataluña, CiU no lograba los resultados del PDC, pero era una coalición más reducida, y CC-UCD obtenían un mejor resultado, pero que no modificaba el equilibrio de fuerzas. Tampoco en el conjunto de España los resultados electorales dieron lugar a una composición distinta de las Cortes.⁷⁰

Las elecciones municipales celebradas pocas semanas después reflejaron la desigual implantación local de las formaciones políticas y un mayor peso de los candidatos en los resultados. El PSC fue también el partido más votado, pero con un retroceso significativo —26,7 % de los votos—, en tanto que el PSUC logró su mejor resultado electoral, con el 20,2 %. CiU recuperó la tercera posición, con un 18,6 %, y CC-UCD sufrió un notable descenso —13,3 %—, ERC y CD obtuvieron el 3,8 % y el 1,3 % de los votos, respectivamente.

En las campañas electorales, en particular en la de las elecciones generales, la defensa del Proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado por la Asamblea de Parlamentarios estuvo muy presente; en especial PSC, PSUC y CiU se comprometieron a promover su aprobación lo más rápidamente posible en cuanto se iniciara la legislatura.

El 20 de abril se constituyó la nueva Asamblea de Parlamentarios y se procedió a la elección de los miembros de la delegación que negociaría el Proyecto de Estatuto con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Por unanimidad fueron elegidos ocho miembros en representación del PSC, cinco de CC-UCD, tres del PSUC, tres de CiU, y uno de ERC y de CD, respectivamente.⁷¹ Sin embargo, la prisa de los diputados catalanes no era compartida por el Gobierno, lo que empujó a los ayuntamientos y a las diputaciones constituidas después de los comicios locales a la aprobación de mociones a favor del Estatuto. Además, para el domingo 22 de abril, víspera del día de Sant Jordi, PSC y PSUC convocaron una manifestación en el Parque de la Ciutadella con el mismo objetivo, a la que se sumaron los otros grupos políticos, excepto CC-UCD y CD, y las organizaciones sindicales, y que reunió a miles de personas.

Pocos días después, el 27 de abril, se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión de Asuntos Constitucionales, con 17 parlamentarios de UCD, nueve del PSOE más dos del PSC y uno del PSE, dos del Grupo Comunista, y uno de CiU, PNV, PSA, CD y grupo mixto, pero hasta el 30 de mayo no se aprobaron por el pleno del Congreso las «Normas reglamentarias para la elaboración de los Estatutos de Autonomía». Entre tanto, distintas voces tanto en UCD como en CD defendieron que antes de proceder a la aprobación de los Estatutos de Autonomía debían aprobarse una serie de leyes orgánicas.

El 2 de mayo, Manuel Fraga, en nombre del grupo parlamentario de Coalición Democrática, presentó una proposición no de ley solicitando que el Gobierno enviara a la cámara siete proyectos de leyes orgánicas que consideraba que debían ser aprobadas antes que los Estatutos. La proposición de CD argumentaba que constituía una «ineludible exigencia» que «los Estatutos de Autonomía se sitúen en el marco de las Leyes Orgánicas previstas en la Constitución», por lo que solicitaba al Gobierno «la urgente remisión a las Cortes», para que pudieran ser aprobadas, antes de iniciarse el debate sobre los Estatutos de Cataluña y del País Vasco, las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, de Financiación de las Comunidades Autónomas, del Poder Judicial, de Policía de las Comunidades Autónomas, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, y sobre el Referéndum.⁷² Se trataba, obviamente, de un intento de limitar las competencias autonómicas.

Por otra parte, la cuestión del orden de discusión de los dos proyectos de Estatuto de Autonomía que habían llegado al Congreso en diciembre, el catalán y el vasco, era un problema que debía resolverse previamente. El proyecto vasco había sido registrado en primer lugar, por lo que si se seguía el orden de entrada en el Congreso el proyecto catalán debería esperar la resolución del trámite del vasco, lo que irremediablemente supondría retrasar la aprobación del Estatuto de Cataluña. Pero, por otra parte, los parlamentarios catalanes habían elegido antes que los vascos la delegación que debía participar en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la negociación del Estatuto. Por ello, los partidos catalanes defendieron que los dos Estatutos se debatieran simultáneamente, obviamente en sesiones diferenciadas, pero con el mismo calendario.

Al final, se estableció una fórmula que implicaba que se iniciaría el estudio del proyecto vasco en primer lugar, pero que el trámite sobre el Estatuto catalán podría empezar cuando la ponencia⁷³ del primero hubiera concluido, sin esperar a que acabara el debate en la Comisión. En todo caso, ello implicaba que los acuerdos sobre el Estatuto vasco podrían influir en la negociación del texto catalán. En cuanto a las propuestas de aprobar previamente leyes orgánicas, finalmente no prosperaron.

Según las normas reglamentarias establecidas, los grupos parlamentarios formularon sus «motivos de desacuerdo» con el Proyecto de Estatuto de Cataluña. Los presentados por Blas Piñar, único diputado de la ultraderechista Unión Nacional, expresaban el rechazo total al Proyecto de Estatuto empezando por el preámbulo, cuyo párrafo tercero consideraba inadmisible porque «al decir que “en esta hora solemne ... Cataluña recupera su libertad”, se tiene por cierto que Cataluña ha estado aherrojada hasta la “hora solemne” del Estatuto, lo que es, sin duda, falso».⁷⁴

Coalición Democrática⁷⁵ presentó seis motivos de desacuerdo aun reconociendo que «el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene un planteamiento general que es aceptado por este Grupo Parlamentario, ya que hay que destacar, entre otras cosas, su armonía con la unidad de la nación española y, en general, con la Constitución». Sin embargo, si bien «puede deducirse de los redactores una voluntad loable de llegar hasta el límite de competencias para la Generalitat, tal límite es rebasado en diversas ocasiones, en contra de las previsiones constitucionales». Por ello, CD formulaba desacuerdos sobre numerosas competencias que el Proyecto atribuía a la Generalitat, algunas por «su formulación poco clara» y otras «por hallarse en contradicción con los preceptos constitucionales»; en concreto se cuestionaba el artículo relativo a la lengua para evitar, se afirmaba, que pudiera interpretarse que existía la obligatoriedad del conocimiento del catalán. De igual forma se rechazaba la exclusividad de competencias de la Generalitat en determinadas materias, en particular en educación, y se pretendían enmendar aspectos relevantes del régimen económico y financiero, de la Administración Local, en especial sobre las provincias, de la Administración de Justicia, y de la seguridad pública.

Una de las propuestas especialmente reveladoras de la concepción restrictiva de la autonomía de CD-AP era establecer que, en el supuesto de reforma del Estatuto a iniciativa de las Cortes, se tramitaría como Ley Orgánica y, una vez aprobada, sería sometida a referéndum. Si tal reforma era rechazada por el electorado catalán, las Cortes subsiguientes a las que lo hubieran aprobado podrían ratificarla y así quedaría aprobada definitivamente. Ello implicaba que las Cortes podrían imponer de forma unilateral una modificación del Estatuto que había sido rechazada por la ciudadanía. Todo ello, «porque el Parlamento de Cataluña no puede colocarse por encima de las Cortes Generales, ni impedir que éstas procedan a la reforma del Estatuto».⁷⁶ En definitiva, la autonomía quedaría subordinada a la voluntad de las Cortes. Por último, se presentaba una propuesta alternativa a la elección del primer Parlamento, coincidente con la enmienda defendida en su día por Laureano López Rodó, para evitar que «la región de Barcelona tenga aproximadamente los dos tercios de los diputados de toda Cataluña».⁷⁷

Si los desacuerdos de CD se correspondían en líneas generales con las posiciones defendidas por el diputado de AP en el proceso de elaboración del Estatuto, los extensos e importantes motivos de desacuerdo de UCD entraban en abierta contradicción en muchos aspectos con la posición sostenida por los diputados catalanes del partido centrista. UCD apelaba también a la imprescindible concordancia del Estatuto con el texto constitucional, pero introducía otras consideraciones a partir de la «trascendencia de las normas estatutarias de cara a la organización territorial del Estado». Por una parte, debía «quedar garantizado el que puedan satisfacerse las justas demandas de nuestros pueblos a través de una distribución eficaz de los distintos niveles de poder», por lo que la distribución de competencias debía ser «idónea para que puedan salvaguardarse los legítimos intereses particulares y de los grupos sociales; los de carácter municipal y provincial, los propios de cada Comunidad Autónoma, y, en primer término, los que atañen con carácter general a la comunidad general española». Por otra parte, UCD basaba sus desacuerdos en que debía garantizarse «la realización efectiva del principio de solidaridad entre los diversos pueblos de España, velando por el logro de un equilibrio adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español».

En definitiva, no se trataba solamente de asegurar el respeto a la Constitución, sino que UCD quería defender su propio modelo de organización territorial. De hecho, unos meses antes, el ministro de Administración Territorial, Manuel Clavero Arévalo, había defendido que las Cortes Generales, al aprobar los Estatutos autonómicos, podían considerar no conveniente atribuir a las Comunidades Autónomas alguna de las materias no mencionadas entre las exclusivas del Estado, porque «el debate parlamentario de los Estatutos no es solo de constitucionalidad sino también de conveniencia y oportunidad».⁷⁸ Por último, en los desacuerdos de UCD se señalaba también que «la funcionalidad de los esquemas de cooperación de los distintos ámbitos de poder, aconsejan formular observaciones y reparos a distintos extremos de la configuración de competencias que se diseña en el Estatuto proyecto».⁷⁹

A partir de tales planteamientos, UCD presentaba su larga lista de desacuerdos que afectaban a buena parte del Proyecto de Estatuto y que comportaban una severa limitación de la autonomía de Cataluña. En primer lugar, en todo lo relativo a derechos y deberes fundamentales y a su desarrollo, el Estatuto debía simplemente «remitirse a la propia Constitución», a fin de evitar «cualquier formulación estatutaria que pudiera ser interpretada como una discriminación entre los catalanes y el resto de los españoles en general». En cuanto a la organización territorial, se consideraba que «parece oportuno mantener la provincia, no solo como circunscripción electoral y demarcación administrativa de los servicios del propio Estado, sino también como entidad local». Se objetaba de manera concreta el artículo tercero relativo a la lengua, señalando que debería modificarse para que «no pudiera dar lugar a interpretaciones equívocas o contradictorias con las que directamente se extraen de la Constitución».

También se objetaban las formulaciones de buena parte de los artículos relativos a las competencias, tanto en su contenido como en su expresión, siempre con el objetivo de preservar el máximo papel de las instituciones y organismos centrales del Estado. Ello afectaba particularmente a educación y cultura, seguridad ciudadana, justicia, política económica y Seguridad Social. El título tercero del Proyecto dedicado a Finanzas y Economía era impugnado en su totalidad. Igualmente, los desacuerdos de UCD afectaban a la organización de la Generalitat, rechazando la inviolabilidad de los diputados del Parlamento, a la figura del Síndic de Greuges y al Tribunal de Cuentas de Cataluña, argumentando que, dadas la previsiones constitucionales sobre la figura del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, «la duplicación de estos órganos a escala de la Comunidad Autónoma plantea problemas de compatibilidad y, eventualmente, de colisión de facultades, por lo que no parece justificada su creación». Igualmente, se formulaba desacuerdo con la fórmula para la elección del primer Parlamento de Cataluña, en este caso con un argumento que mostraba con claridad el interés exclusivamente partidista aunque se argumentaba que «pudiera ser necesario que el Estatuto recoja dicho principio [representación proporcional y representación de las diversas zonas del territorio], especialmente en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, y fije unas circunscripciones electorales acordes con el mismo».⁸⁰

Otros grupos parlamentarios también presentaron «motivos de desacuerdo». El Partido Socialista de Andalucía lo hizo «en defensa específica de los intereses del pueblo andaluz», incluyendo a las «grandes masas de andaluces que se han visto obligadas a emigrar, entre otros lugares de España y del extranjero, a Cataluña, constituyendo una importante minoría por cuyos derechos y los de sus hijos menores debe velar el Grupo Andalucista». Dicho grupo se oponía a la definición de condición política de catalanes en función de la vecindad administrativa, lo que a su entender significaba una «integración, por ley, del emigrante», en tanto que consideraba que los andaluces «que mantengan su voluntad de retorno a Andalucía deben seguir siendo andaluces». Por otra parte, proponía que se garantizara en el texto del Estatuto «la educación, aprendizaje y tutela de la lengua de origen —el habla andaluza—, así como la cultura andaluza en general». Respecto a hacienda, el Grupo Andalucista rechazaba frontalmente los criterios relativos a la cifra mínima que debía alcanzar el total de los impuestos cedidos por el Estado y el porcentaje sobre la recaudación en Cataluña de los grandes impuestos estatales. Tales criterios, en función de los coeficientes de renta y de población, no harían más que «consagrar y hasta profundizar el desarrollo desigual de los pueblos de España y en primer lugar de Andalucía»; además «tanto la renta como la población catalana se han formado en los últimos cuarenta años en base a la inmigración de grandes masas de fuerza de trabajo, precisamente de los pueblos menos desarrollados del Estado».⁸¹

No presentaron «motivos de desacuerdo» el Grupo Parlamentario Comunista ni los nacionalistas vascos. Por su parte, el Grupo Socialista presentó un documento de «consideraciones» en el que manifestaba su «abierta voluntad de contribuir a la aprobación del Estatuto de Cataluña, participando en su perfeccionamiento tanto desde la profundización progresista de sus competencias en defensa de los intereses de los trabajadores, cuanto desde las cautelas necesarias para que el mismo sea compatible con la Constitución y con una visión solidaria y no discriminatoria del desarrollo de otras autonomías». El documento destacaba que el Proyecto de Estatuto había sido elaborado «en un clima social y político de serenidad» y había concitado «el apoyo unánime de las fuerzas políticas que en el ámbito catalán intervinieron en su redacción», por lo que los socialistas habían optado por «no hacer una enumeración rigorista de motivos de discusión o desacuerdo» sino a expresar el deseo de «contribuir, tanto en la negociación global como pormenorizada, a encontrar las fórmulas que satisfagan los legítimos derechos autonómicos y las necesidades contenidas en los principios expuestos».⁸² En definitiva, el Grupo Socialista tenía discrepancias con aspectos del Proyecto, pero iba a participar en el examen en profundidad del texto con el objetivo de lograr el acuerdo más amplio posible.

La amplitud de los desacuerdos de UCD causó inmediatamente una notable preocupación entre las formaciones políticas catalanas. Y respondieron con contundencia a un posicionamiento en el que habían tenido muy poca influencia los diputados catalanes del partido gubernamental que habían votado favorablemente el Estatuto de Sau. Para Jordi Solé Tura, los desacuerdos de UCD atendían a los «criterios del más rancio centralismo» y ponían «por delante los intereses de la burocracia central, de los grupos que dominan a través del estado centralizado y de los sectores más reacios a una reconstrucción democrática del Estado español». Para el diputado del PSUC, UCD en lugar de situar el debate «en el terreno abierto por la Constitución», lo hacía en «el de la simple descentralización administrativa hecha y decidida desde arriba», desde un poder político que pretendía seguir funcionando en lo fundamental «más o menos como hasta ahora». Por ello, consideraba «más necesario que nunca que las fuerzas auténticamente democráticas y autonomistas refuercen su unidad, concuerden sus criterios de acción y busquen el apoyo activo de la población», puesto que lo que estaba en juego era «el ser o no ser de nuestra democracia y la posibilidad misma de que esta democracia dé solución a las grandes aspiraciones de los pueblos de España».⁸³

El artículo de Solé Tura exponía unos argumentos compartidos por la mayoría de fuerzas políticas catalanas, como manifestarían sus máximos dirigentes en diversas intervenciones públicas. La primera formación catalana, el PSC, hizo pública una declaración el 3 de julio que afirmaba que si los «motivos de desacuerdo» prosperaban «llevarían a todo el pueblo de Cataluña a sentirse realmente traicionado en sus profundas aspiraciones autonómicas». El Estatuto era «una pieza decisiva para determinar la existencia de una verdadera democracia en España, de acuerdo con lo que prevé la Constitución», y por ello «el auténtico carácter de piedra de toque que tiene el Estatuto en relación a la existencia de una verdadera democracia en todo el Estado».⁸⁴ Tres días después, PSC, PSUC, CiU y ERC decidían iniciar una movilización gradual en defensa del Proyecto de Estatuto, que se iniciaría con una reunión de los alcaldes de las poblaciones cabeza de comarca y de los municipios de más de 20.000 habitantes.⁸⁵

Por su parte, desde la incómoda e incluso contradictoria posición en la que los desacuerdos de UCD colocaban a la organización catalana, el dirigente de CC-UCD Anton Cañellas defendió que lo que debía hacerse, en lugar de llamar a la movilización popular en defensa del Proyecto de Estatuto, era «explicar qué queremos decir cuando afirmamos que el catalán es la “lengua propia” de Cataluña», o «cuando pedimos los diversos poderes políticos y administrativos que nuestro país reclama». Por tanto, demandaba que los demás partidos abandonaran la actitud crítica hacia UCD —la calificaba de «irritada», «agria», «amarga», «ofendida», «triste» y «dolida»— y centraran los esfuerzos en «hacer ver a nuestros interlocutores que el proyecto de Estatuto de Sau no representa ningún peligro para la unidad o la operatividad del Estado, que no comporta “privilegios” para nadie, y que acepta plenamente las formulaciones constitucionales».⁸⁶

El día 26 de junio se constituyeron en el Congreso de los Diputados las ponencias que debían estudiar los proyectos del Estatuto vasco y catalán.⁸⁷ Tal como se había establecido, la ponencia sobre el Estatuto de Sau se reuniría a partir del 15 de julio, cuando el proyecto vasco empezara a ser debatido en la Comisión Constitucional. A medida que se conocían los acuerdos alcanzados en el Estatuto vasco se fue extendiendo la percepción de que la dureza inicial de UCD obedecía fundamentalmente a una táctica negociadora. En todo caso, el Proyecto de Estatuto de Galicia, aprobado el 28 de junio por una Asamblea de Parlamentarios en la que UCD era la formación política mayoritaria, presentaba muchas similitudes con el proyecto catalán, lo que indicaba que una parte significativa de los miembros del partido no compartía la visión que había inspirado los desacuerdos con el Estatuto de Sau.

Sin embargo, algunos acuerdos alcanzados en el Estatuto vasco causaron preocupación en los grupos catalanes al considerar que UCD podía pretender trasladarlos al texto catalán, prescindiendo de las distintas realidades sociales en el País Vasco y Cataluña y, por otra parte, sin alcanzar los máximos techos competenciales contemplados en la Constitución. En un artículo publicado en Mundo Diario, Eduardo Martín Toval advertía sobre «uno de los graves riesgos que amenazan al proyecto catalán»: «verse sometido a los condicionamientos que le impongan el texto que se acuerde en la Comisión Constitucional para el Estatuto vasco». Para el dirigente socialista, el marco constitucional era el mismo para todos pero «la realidad cultural, social, económica y política de cada nacionalidad y región de España es diversa», y los sucesivos estatutos no podían consistir en una «simple mímesis del primero en negociarse». En concreto, parecía que los parlamentarios vascos ponían un especial énfasis en su propuesta de conciertos y en las competencias en materia de seguridad pública y no tanto en temas como enseñanza, justicia, cultura o economía, por lo que trasladar los acuerdos sobre estas materias al Estatuto catalán sería en detrimento del Proyecto de Sau.⁸⁸ En el mismo sentido se expresó Miquel Roca, para quien del Estatuto vasco «pocas cosas nos sirven»; primero, porque «muchas de las modificaciones introducidas lo han sido para acomodar el Proyecto a la redacción presentada en nuestro Estatut de Sau», en segundo lugar, «porque los aspectos positivos de la negociación se dan en el campo de la regulación del concierto económico», y en tercer lugar, «porque las demás son rebajas que nosotros deberemos discutir porque no son aceptables».⁸⁹

El 20 de julio celebró su primera reunión la ponencia que debía examinar el Proyecto de Estatuto de Cataluña. A dicha reunión acudieron los representantes de los parlamentarios catalanes con una serie de acuerdos previos aprobados por la delegación de parlamentarios catalanes denominada la Comisión de los Veintiuno.⁹⁰ Entre ellos, a propuesta de los socialistas, que las eventuales conversaciones entre diputados catalanes y miembros de la Comisión Constitucional al margen de la ponencia deberían celebrarse en sede parlamentaria. De esta forma, se pretendía evitar la fórmula que se había seguido en la negociación del Estatuto vasco, con un papel principal del presidente Suárez y del lendakari Carlos Garaikoetxea y con reuniones en el palacio de la Moncloa. El mapa político catalán, con cuatro grandes formaciones políticas —PSC, PSUC, CiU y CC-UCD— era muy diferente al vasco —con un PNV mayoritario—; por otra parte, el presidente de la Generalitat no podía ni quería convertirse en el interlocutor del Gobierno, pese al interés y a la insistencia del propio Suárez.

Sin embargo, UCD estaba decidida a forzar que el Estatuto fuera negociado en la Presidencia del Gobierno. Para ello adoptó una táctica dilatoria que comportó un escaso avance de los trabajos de la ponencia en los días siguientes a su constitución, lo que hacía peligrar que concluyera su trabajo en el plazo establecido, el 7 de agosto. Favoreció el propósito de UCD, el papel en la ponencia de Fraga y de Piñar, rechazando las formulaciones del Proyecto. Finalmente, los dirigentes políticos catalanes aceptaron entrevistarse con Adolfo Suárez y el establecimiento de una negociación paralela, previa al avance de la ponencia.⁹¹ En sucesivas reuniones, Suárez y los líderes de los principales partidos catalanes —Joan Reventós (PSC), Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC), Jordi Pujol (CDC)— establecieron los acuerdos globales. La concreción de los acuerdos fue fruto de largas sesiones de trabajo; por parte gubernamental, el ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez Llorca, se convirtió en el interlocutor principal, junto a ministros de los distintos departamentos —Rafael Arias Salgado, Jaime García Añoveros— y a diputados de UCD —Rodolfo Martín Villa, Óscar Alzaga, Francisco Fernández Ordóñez, Alberto Oliart—; por parte catalana se formaron dos grupos negociadores, el que se ocuparía de la totalidad del texto excepto la parte financiera, formado por Eduardo Martín Toval, Jordi Solé Tura y Miquel Roca, y el grupo que negociaría aquella fundamental cuestión formado por Ernest Lluch y Ramon Trias Fargas.

Puntos especialmente conflictivos, que incluso paralizaron las sesiones de la ponencia, fueron los relativos a educación, cultura y finanzas. El día 7 de agosto concluyó el trabajo de la ponencia con el acuerdo sobre las últimas discrepancias sobre finanzas, elecciones al primer Parlamento y sobre la expresión «realidad nacional» en el artículo 1. En la votación del texto reformulado por la ponencia solo hubo dos abstenciones, la de Heribert Barrera y la del representante del PSA Miguel Ángel Arredonda, obviamente por motivos contrapuestos. Manuel Fraga —que el día 3 de agosto se había retirado de la Ponencia en protesta por la negociación paralela en la que su grupo no participaba—⁹² y Blas Piñar —que también había protestado «por el traslado a la Moncloa de las deliberaciones»—⁹³ no asistieron a la sesión.

En el artículo primero del Estatuto se sustituyó la expresión «realidad nacional» que figuraba en el Proyecto por «nacionalidad», cambio argumentado por el diputado Alberto Oliart, en nombre de UCD, para hacer concordar la fórmula del Estatuto con la de la Constitución.⁹⁴ En el apartado 3 del mismo artículo, se amplió a la fórmula que «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo» por la de que emanaban «de la Constitución, del presente Estatuto y del pueblo».

El artículo tercero, sobre la lengua, no fue modificado, pese a las objeciones y al recelo de UCD, compartidos por AP. Para los diputados catalanes, dicho texto había sido fruto de un especial esfuerzo para alcanzar el acuerdo en el Proyecto y su eventual modificación podía cuestionar la aprobación del Estatuto por los parlamentarios catalanes.⁹⁵

Al artículo 5, sobre la organización territorial, se le añadió un apartado, el 4.º, que introducía una fórmula que sería reiteradamente utilizada para alcanzar acuerdos, la de «sin perjuicio de»; en este caso para precisar que «lo establecido en los apartados anteriores —la estructuración en municipios y comarcas y otras demarcaciones supracomarcales— se entenderá sin prejuicio de la organización de la provincia como entidad local y como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado» conforme al texto constitucional. En el artículo 6, relativo a la condición política de catalanes, se introdujo una precisión que constituye otro ejemplo significativo de las referencias a la legislación general que UCD quiso introducir sistemáticamente; en este caso, al disfrute de dicha condición a los ciudadanos españoles con vecindad administrativa en cualquier municipio de Cataluña se añadía «de acuerdo con las leyes generales del Estado».

El título primero dedicado a las competencias de la Generalitat fue objeto de una ardua negociación. El artículo 9, que enumeraba las competencias exclusivas de la Generalitat, fue objeto de muy pocas modificaciones, la más importante la supresión de la «regulación y ejecución de referéndums». Tampoco el artículo 10, sobre las competencias de desarrollo legislativo y ejecución, sufrió cambios significativos, al igual que el artículo 11, relativo a la ejecución por la Generalitat de la legislación del Estado. El artículo 12, que regulaba las materias en la que la Generalitat tendría competencia exclusiva «de acuerdo con las bases de la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado», fue objeto de una redacción más detallada y precisa.

Sin embargo, en materia de seguridad hubo una notable modificación de los artículos 13 y 14 del Proyecto. El nuevo redactado, mucho más detallado, establecía que la Generalitat podría crear una Policía Autónoma, ejerciendo sobre ella «el mando supremo» —desmintiendo así el rotundo pronóstico en sentido contrario formulado por Heribert Barrera—, así como ejercer la coordinación de la actuación de las policías locales, de acuerdo a la Ley Orgánica sobre la materia prevista por la Constitución, en todo caso con las funciones de «protección de las personas y los bienes y el mantenimiento del orden público». Tal como ya preveía el Proyecto, se reservaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado bajo dependencia del Gobierno los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, así como la vigilancia de fronteras, emigración e inmigración, etc. Por otra parte, se establecía que las actuaciones de los cuerpos policiales en funciones de Policía Judicial dependerían de los jueces, tribunales y de la fiscalía. Sobre la Junta de Seguridad prevista en el Proyecto, formada por representantes del Gobierno y de la Generalitat, se detallaban sus funciones, entre ellas el establecimiento del reglamento, dotaciones, composición numérica, estructura y reclutamiento de la policía autonómica, fijando que sus mandos serían designados entre Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se modificaron sustancialmente los artículos sobre la justicia, fijando con precisión las competencias de la Generalitat y las del Consejo General del Poder Judicial. Desapareció del texto de la Ponencia la acreditación del conocimiento del catalán en los concursos y oposiciones para cubrir plazas de la Administración de Justicia, introduciéndose en cambio que sería mérito preferente la especialización en Derecho catalán.

Un punto sobre el que la discrepancia de UCD —y CD— con el Estatuto de Sau era muy profunda era el relativo a la enseñanza. Finalmente, la competencia «exclusiva» del Proyecto se convirtió en «competencia plena» de la Generalitat en la «regulación y la administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades», «sin perjuicio» de lo establecido en la Constitución.

Todo el título II, sobre las instituciones de la Generalitat, se mantuvo prácticamente intacto. En cambio, el título III dedicado a Finanzas y Economía fue modificado sustancialmente. Si el Estatuto de Sau preveía que correspondería a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos estatales, el texto final atribuía tales funciones solamente sobre los tributos propios y sobre los impuestos estatales cuyos rendimientos hubieran sido cedidos, en tanto que todos los demás impuestos del Estado serían gestionados por su Administración Tributaria, que podría delegar en la Generalitat. En cuanto a la participación de la Generalitat en los principales impuestos estatales, se estableció que, una vez completado el traspaso de servicios, o a los seis años de vigencia del Estatuto, se podría negociar dicha participación sobre la base de la media de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de Cataluña, de la aportación proporcional que correspondiera a Cataluña por los servicios que el Estado siguiera asumiendo y del principio de solidaridad interterritorial. Cada cinco años podría ser objeto de negociación un nuevo porcentaje de participación.

Sobre la reforma del Estatuto, el cambio más significativo fue que el referéndum para su aprobación debería realizarse después del voto favorable de las Cortes, y no antes, como figuraba en el Proyecto. Por otra parte, se establecía un procedimiento más simple para reformas que afectaran exclusivamente a los poderes de la Generalitat y no a las relaciones con el Estado.

Por último, la disposición transitoria sobre las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña fue también modificada. Las circunscripciones electorales serían las cuatro provincias; Barcelona elegiría un diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85; las otras tres provincias elegirían un mínimo de seis representantes más uno por cada 40.000 habitantes, lo que suponía 17 en Girona, 15 en Lleida y 18 en Tarragona. La cámara tendría un total de 135 diputados, con una clara infrarrepresentación de Barcelona.

El 13 de agosto se celebró la reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y de la delegación de la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña para proceder al debate del Estatuto. En dicha sesión se debatieron los votos particulares presentados por Heribert Barrera y por los diputados del PSA, siendo todos ellos rechazados. Los numerosos votos particulares formulados por Manuel Fraga, 27 en total, fueron retirados por José M.ª de Areilza, que fue el diputado que participó en la sesión en representación de Coalición Democrática.

El secretario general de ERC, en una actitud que fue objeto de severa crítica por parte de los demás parlamentarios catalanes, defendió en diversos artículos el texto del proyecto de Sau, argumentando que en el texto de la ponencia conjunta algunas de las competencias de la Generalitat se sometían a restricciones sin que la Constitución obligara a ello y que en otras se fijaban por debajo del techo constitucional. Pero fueron pronósticos catastrofistas sobre el futuro de Cataluña a partir del Estatuto que se iba a aprobar, como, por ejemplo, que «la lengua catalana acabará desapareciendo», y la acusación al resto de fuerzas políticas catalanas de estar dando «gato por liebre», lo que motivó duras réplicas, como la de Miquel Roca, afirmando que «no podemos aceptar que unos asuman el papel glorioso de defensores de algo y otros seamos los que cacemos el gato por la liebre», puesto que «estamos intentando encontrar un texto que suponga un acuerdo definitivo».⁹⁶

De signo obviamente contradictorio con los votos particulares de Barrera, los defendidos por Alejandro Rojas-Marcos se presentaron en nombre de un partido, el PSA, que se erigió en defensor, por una parte, de los andaluces que residían en Cataluña, y, por otra, de una región «pobre y subdesarrollada» como Andalucía frente a lo que consideraba el establecimiento de privilegios para una comunidad rica y desarrollada como Cataluña, lo que fue replicado por los representantes de la izquierda catalana. El debate en la Comisión se tensó también después de una intervención de Alfonso Guerra en la que, sorprendiendo a los diputados socialistas, calificó repetidamente el Estatuto de Sau de «regresivo» y algunas de sus disposiciones de «insolidarias», cuando se estaban debatiendo los contrapuestos votos particulares de ERC y del PSA sobre los artículos relativos a las finanzas de la Generalitat. Jordi Solé Tura y Miquel Roca replicaron a Guerra rechazando tales afirmaciones, el segundo preguntándose si se quería «convencer a otros auditorios o no quedarse rezagados en no sé qué extraña carrera», aludiendo a la proclamada defensa de los intereses de Andalucía frente a Cataluña de Rojas-Marcos.⁹⁷

En la votación final del texto, se pronunciaron a favor 34 diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solo uno votó en contra —Blas Piñar— y se abstuvo Alejandro Rojas-Marcos. Los diputados y senadores de la Asamblea de Parlamentarios votaron todos a favor —20— excepto Heribert Barrera, que se abstuvo. Antes de la votación final, intervinieron los portavoces de los grupos parlamentarios para fijar su posición. Alejandro Rojas-Marcos felicitó al «pueblo catalán» por la consecución de su autonomía, pero afirmando que la suya era la felicitación del «vencido al vencedor», que rechazaba «las cotas de quiebra, de desequilibrios territoriales» que el Estatuto de Cataluña consagraba, y advertía del error de «no haber sabido incluir el respeto y el desarrollo a la cultura andaluza, tan presente en Cataluña». De error calificaba también «el imponer como obligatorio el carácter y la condición de catalanes, sin respeto a quienes quizá quieran o quizá no quieran», así como en «no haber avanzado más en la corrección de los desequilibrios territoriales presentes en el Estado español».⁹⁸

Blas Piñar no dudó en considerar que el Estatuto violaba la Constitución, puesto que solo cuando las leyes orgánicas que debían desarrollarla estuviesen aprobadas debía procederse a la elaboración y aprobación de estatutos de autonomía. El Estatuto era un «tremendo error histórico», que negaba los principios de igualdad y de solidaridad y que ponía «en tela de juicio la unidad de España».⁹⁹

En nombre de Coalición Democrática, José M.ª de Areilza se vio obligado, en primer lugar, a explicar su presencia en la Comisión después de la retirada de Fraga de la ponencia, una posición del dirigente de AP que era «absolutamente respetable, aunque sea discutible y algunos de los miembros de Coalición Democrática podamos no compartirla». Según el líder de Acción Ciudadana Liberal, su grupo no quería estar ausente de la discusión final de la Comisión y de la aprobación del Estatuto de Cataluña en una sesión que calificaba de «histórica», porque «pensamos que por primera vez en muchos años en nuestra política contemporánea va a haber un cambio esencial» en «la relación entre los pueblos de España». En una intervención de contenido y forma apreciablemente distintos a las de los parlamentarios de AP en la legislatura constituyente, afirmó que «hemos votado la Constitución» y «queremos que la Constitución se complete, se ponga en marcha y que sus rodajes más importantes empiecen a funcionar». En este sentido, y en contradicción con la posición sostenida por Fraga, Areilza afirmó que su grupo era partidario «no solamente de que estos Estatutos [de Euskadi y Cataluña] se pongan en marcha» sino de tal como se había hecho, rápidamente, porque en caso contrario se podía haber puesto «en grave riesgo nada menos que la supervivencia en España del sistema democrático recién instaurado». Y aún añadió que la unidad no era un punto de partida sino de llegada: «no creemos que la unidad es un dogmatismo “a priori”, sino que es un resultado».¹⁰⁰

En nombre de UCD intervino Rodolfo Martín Villa, que justificó los motivos de desacuerdo presentados inicialmente —calificados ahora de simples «observaciones»— por la obligación, como grupo mayoritario y que además sustentaba al Gobierno, de «tener siempre puesta la mira en [la] política de Estado»; ello había comportado que se expresaran preocupaciones relativas a «planteamientos estrictamente políticos», al «respeto de otras autonomías» —de las personas, de la justicia, de las corporaciones locales, de la universidad— y al «reparto funcional de competencias». Para Martín Villa era evidente que «entendemos a España de forma distinta los distintos españoles, y una forma de entender a esta España es aquella que tiene su asiento en Cataluña» y que convertía «la solidaridad en la garantía de la unidad de todos los pueblos de España». Para el portavoz de UCD, el Estatuto no otorgaba privilegios y era muy superior al de 1932, como «la Constitución actual es muy superior a aquella [la de 1931] en todo lo que se refiere al tratamiento de la organización territorial del estado y al tratamiento de las autonomías».¹⁰¹

Alfonso Guerra se refirió a la historia reciente afirmando que la dictadura no solo no logró «arrancar, como era el objetivo del imperialismo centralista, aquella identidad [catalana], aquella aspiración autonómica del pueblo catalán», sino que hizo crecer «esa aspiración, esa identidad, y hoy, aquí, estamos dando un paso importante para la concreción, la realización de Cataluña como identidad nacional». Con la aprobación del Estatuto, «no se hace más que devolver un derecho al pueblo catalán, reparar una injusticia de tantos años de falta de libertad, y, por tanto, de falta de realidad nacional que pertenece, de una manera irrenunciable, al pueblo catalán». Guerra consideró que la más importante aportación socialista al texto había sido la solidaridad así como la defensa de los derechos de toda la población de Cataluña, con una referencia al «millón y medio de andaluces» allí residentes.¹⁰²

Para los comunistas, en palabras de Ramón Tamames, la aprobación del Estatuto de Cataluña, como la del Estatuto Vasco, constituía un paso importante «para ir configurando el Estado democrático y de las autonomías previsto en la Constitución», en esa Constitución que era «el renacer de una Constitución que se empezó a arrebatarnos a todos los españoles en 1936 y que en Cataluña tuvo la secuela adicional de que se le secuestró su Estatuto en marzo de 1938». Para Tamames, el Estatuto que se iba a aprobar era claramente superior al de 1932 y, además, presentaba una «fórmula de validez que, sin necesidad de caer en mimetismos», suponía un «cauce abierto ya para otras Comunidades Autónomas cuando presentaran sus estatutos». Si había algún vencido, concluyó el diputado comunista, era «el centralismo y la autocracia».¹⁰³ Los portavoces del PNV y del PS de Euskadi intervinieron también para expresar su apoyo al Estatuto de Cataluña.

Miquel Roca destacó en su intervención el apacible clima político que había caracterizado la discusión parlamentaria a punto de concluir con el que acompañó el debate del Estatuto de 1932. Pero, para el diputado nacionalista, la aprobación del Estatuto era «un hecho histórico pero no suficiente»; no suficiente «para desvanecer, seamos sinceros, márgenes importantes de incredulidad en el pueblo catalán», y «márgenes importantes de desconfianza en el resto de los pueblos de España, como hoy mismo hemos tenido ocasión de ver», en alusión a Rojas Marcos. Además, señaló que ni el Estatuto ni la autonomía eran la solución a los problemas, eran el cauce para su solución; por otra parte, destacó el compromiso de «contribuir con todas nuestras fuerzas a hacer posible no únicamente que la Generalitat funcione, sino que España en su conjunto como Estado funcione», puesto que la «lucha contra un sistema centralista no se hace simplemente con la obtención de la autonomía, sino que se hace precisamente en la lucha por dotar de contenido a un nuevo Estado desde las propias estructuras de poder del Estado Central».¹⁰⁴

Para Gregorio López Raimundo, el Estatuto representaba «una síntesis afortunada de las aspiraciones autonómicas y de los progresos que a escala española se han producido durante los últimos años en la comprensión del carácter plurinacional de nuestro país». Su aprobación por la casi totalidad de diputados, tanto de Cataluña como del resto de España, constituía «un acontecimiento de dimensiones históricas» que erradicaba «el peligro de que puedan volver a repetirse los enfrentamientos que durante la República se produjeron en torno al Estatuto de Cataluña, que constituyeron una de las fuentes originarias de la sublevación franquista y de la Guerra Civil». Sin embargo, advirtió que la interpretación del texto sería «controvertida, dado el carácter plural de nuestra sociedad y de las fuerzas políticas presentes», por lo que sería necesario «mantener el espíritu de entendimiento» que había presidido la elaboración del texto y «desplegar nuevos esfuerzos para que el Estatuto de Cataluña y el régimen general de autonomías se hagan realidad». Por otra parte, el diputado comunista señaló que resultaba evidente que se mantenían recelos y desconfianzas fuera de Cataluña, especialmente en relación a la lengua y la cultura catalana, a veces en defensa de la población de origen inmigrante, desconociendo su condición de ciudadanos catalanes que ejercían sus derechos en igualdad de condiciones con los nacidos en Cataluña. Y en este sentido, y probablemente considerándose especialmente autorizado por su propio origen aragonés y su condición de castellanohablante, denunció la discriminación que todavía sufría la lengua catalana frente a las afirmaciones que «el castellano y la cultura castellana corren el riesgo de ser exterminados». Por último, auguró que la autonomía de las nacionalidades y regiones no debilitaría la solidaridad y la colaboración entre los pueblos de España, pero para ello debería cumplirse «el compromiso que entraña este Estatuto», traduciendo a la realidad el texto que iba a aprobarse.¹⁰⁵

Joan Reventós rememoró la larga lucha de los catalanes por su «identidad y por su libertad», que expresaba la naturaleza de Cataluña como «un pueblo claramente diferenciado y semejante a cualquier otro pueblo del mundo no solo por hechos diferenciales de tipo cultural y lingüístico, sino por la conciencia y la voluntad de ser de sus hombres y mujeres a lo largo de los siglos»; también aludió a los largos años de «resistencia contra la dictadura» que habían dado lugar a «una más estrecha fraternidad y unidad de los pueblos de España», unidad no impuesta sino forjada en la «lucha por la libertad», la «unidad de la esperanza, la unidad en la victoria del combate y en la de la democracia». El Estatuto que iba a someterse a votación era fruto de la voluntad de acuerdo y los socialistas le darían su pleno apoyo porque significaba «un hecho de desagravio y reparación histórica hacia Cataluña», porque expresaba «una sólida voluntad de entendimiento entre Cataluña y el Estado español» y porque constituía «una herramienta de trabajo colectiva y valiosa para poner en marcha la reconstrucción nacional de Cataluña, de acuerdo con las necesidades de hoy y a partir de la realidad de la Cataluña actual». Sin embargo, no dejó de advertir que el retraso en el traspaso de competencias a la Generalitat sería tanto como «negar con los hechos lo que estamos firmando en el papel; constituiría una estafa al pueblo de Cataluña».¹⁰⁶ El final de la intervención de Reventós fue especialmente significativo:

En Cataluña han existido en el pasado dos gritos que parecían antagónicos, con poquísimas excepciones: «Viva España» y «Visca Catalunya». El primero ha significado la dominación política, genocidio cultural, intereses plutocráticos, vejaciones y tiranía, mientras el segundo ha sido un grito de resistencia ... un grito de combate por el propio ser, por la libertad y, por tanto, un grito de esperanza.

Hoy estamos viviendo una de esas situaciones históricas excepcionales que esperamos tengan norma a partir de ahora; una situación en la que «viva España» quiere decir democracia, libertad; y aquí la novedad de hoy: autonomía para Cataluña. De esta nueva situación no es difícil distinguir la nueva y profunda significación de la palabra España. Por ello hoy y aquí quiero gritar por primera vez y sin contradicción: «Viva Cataluña», «Visca Espanya».¹⁰⁷

En representación de CC-UCD, Anton Cañellas, quiso destacar el papel de Adolfo Suárez en el restablecimiento de la Generalitat y en su contribución a configurar un interlocutor para las fuerzas políticas catalanas que hiciera posible el acuerdo, y el diputado de CD, Antoni de Senillosa, atribuyó a la monarquía parlamentaria haber «hecho posible que tengamos el mejor Estatuto que ha tenido nunca Cataluña». Por su parte, Heribert Barrera, pese a su posición crítica al texto, anunció que no votaría en contra sino que se abstendría y que si la Comisión lo aprobaba finalmente «haría personalmente todo lo que pueda para que el pueblo de Cataluña lo vote unánimemente en el referéndum», y si así sucedía «lo votaré en el momento del voto de ratificación final por parte del Congreso de los Diputados, y lo votaré, me satisfaga del todo o no, porque es el Estatuto que ha querido la gran mayoría de los parlamentarios catalanes» y porque, a pesar de ser a su parecer inferior al de 1932, era «una herramienta que nos permitirá a los catalanes trabajar para reconstruir nuestro país, para obtener en el futuro mayores libertades y, también, para hacer que todos los pueblos de España sean más fraternalmente solidarios».¹⁰⁸

La aprobación del Estatuto fue valorada, en general, positivamente por la opinión pública española. Para el diario más influyente, El País, con el acuerdo sobre el Proyecto de Estatuto de Cataluña se daban los primeros pasos para «devolver a los catalanes un autogobierno» del que en el siglo XX «habían disfrutado durante quince años en las etapas, siempre frustradas, de la Mancomunitat del 14 y del Estatuto republicano del 32». El editorialista consideraba oportuno recordar «ahora la larga necedad histórica derramada por un cerril centralismo sobre Cataluña, quizá con más insistencia y encono que sobre el País Vasco, y soportado por los catalanes con una paciencia histórica digna de encomio».¹⁰⁹

Tras la aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, El País rechazaba la «obcecación legitimista del diputado Barrera, tan apegado a las nostalgias que saborea como liebre el Estatuto de 1932 y rechaza como gato al texto de Sau», la «compulsiva demagogia oportunista del señor Rojas Marcos, seguramente ya convencido en su fuero interno de que el auténtico móvil de su carrera política es la defensa de los parados andaluces», y el «patriotismo de cartón-piedra y emociones infantiles de don Blas Piñar, cada vez más ignorante de esa historia de España de la que tanto grita», y señalaba que la aprobación del Estatuto catalán y del vasco sentaba las bases para «el arreglo pacífico de uno de los más serios problemas, tal vez el más grave de todos, con el que se enfrentó la reforma política iniciada hace tres años y sin cuya solución hubiera sido impensable la consolidación de la democracia en nuestro país». El editorialista se preguntaba: «¿Qué hubiera ocurrido si el PNV no hubiera llegado a un acuerdo satisfactorio con el Gobierno y si los parlamentarios catalanes se hubiesen vuelto con las manos vacías a su tierra? ¿Acaso se hubiera podido pensar, en tal circunstancia, en un futuro pacífico y democrático para nuestro país?». Los Estatutos aprobados no eran «la autonomía ya realizada, sino tan solo la condición legal que la hará posible», por lo que «constituiría un error tomar el comienzo de un largo camino, que se tardará muchos años en recorrer, como un mágico final que soluciona, de una vez por todas, las cuestiones vasca y catalana». Se entraba «en el inicio de una tarea de reconstrucción del Estado y de reacomodo de la sensibilidad ciudadana y moral a un nuevo marco de convivencia entre los pueblos de España». El esfuerzo de entendimiento y negociación que había hecho posible los Estatutos de Guernica y de Sau «tendrá forzosamente que prolongarse a lo largo de los próximos años para que las instituciones de autogobierno, dentro del marco común de la Constitución democrática, se afiancen y desarrollen sin conflictos dramáticos ni tensiones insuperables».¹¹⁰

Por su parte, el diario Ya destacaba que los catalanes tendrían por «primera vez en dos siglos y medio la sensación de haber logrado un equilibrio provechoso en su situación española», habiendo resuelto «por la vía de la negociación un problema histórico de identidad nacional y de acomodo en una nación globalizada como es España». Con todo, el periódico de la Editorial Católica llamaba a los dirigentes catalanes que surgieran de las elecciones a «mirar detenidamente su propia historia de hace menos de medio siglo, en que tuvieron a su alcance una situación similar, para no incurrir en la fortísima salida partidista que entonces tuvieron»,¹¹¹ una nueva muestra de la particular memoria de la experiencia republicana en buena parte de la derecha española.

La valoración del Estatuto aprobado en comparación con el de 1932 fue objeto de controversia política pero, con la excepción de ERC, las principales fuerzas políticas coincidieron en considerarlo en muchos puntos como un instrumento mejor para el ejercicio del autogobierno, obviamente en un contexto social, económico y político muy distinto. Una conclusión en líneas generales compartida por los estudios posteriores de carácter académico.¹¹²

DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO A LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO

Aprobado el Estatuto por los miembros de la Comisión Constitucional y por la delegación de la Asamblea de Parlamentarios, y conforme a lo establecido por la Constitución, debía procederse a la convocatoria del referéndum para que se pronunciaran los ciudadanos catalanes. La totalidad de fuerzas políticas parlamentarias propugnaron el Sí al Estatuto, incluida ERC. También propugnaron el voto afirmativo otros grupos, aunque desde posiciones críticas con el texto, como el Front Nacional de Catalunya (FNC) y el Partit del Treball de Catalunya (PTC). Igualmente, el Consell Executiu de la Generalitat, aunque con reticencias por parte del presidente Tarradellas, hizo un llamamiento a favor de la aprobación del Estatuto.¹¹³ Por su parte, la mayoría de grupos independentistas y de la extrema izquierda, como LCR y MCC, optaron por la abstención. El PSAN rechazó el Estatuto con una larga lista de argumentos que iban desde el no reconocimiento del derecho de autodeterminación y de la personalidad nacional de los Países Catalanes hasta la cooficialidad del catalán y el castellano pasando por el mantenimiento de provincias y diputaciones.¹¹⁴

El referéndum se celebró el día 25 de octubre, con una participación del 59,7 % del censo electoral y, por tanto, con una abstención superior a la del referéndum de la Constitución y a la de las elecciones generales, en especial las de 1977, pero inferior a la de los comicios municipales celebrados en abril de aquel mismo año. El voto afirmativo obtuvo el 88,14 % de sufragios que suponía el 52,62 % del censo electoral, el negativo quedó reducido al 7,76 % (4,63 % del censo) y el 3,55 % de los electores (0,47 % del censo) votó en blanco.

La relativamente baja participación desencadenó un debate sobre sus causas, con lecturas políticas interesadas de diverso signo. En todo caso, los veinte puntos de distancia entre las comarcas menos abstencionistas, como el Ripollès, con el 30,56 % de abstención, y el Alt Penedès, con el 32,26 %, y las comarcas con menor participación, con porcentajes de abstención que alcanzaban el 55,27 % en el Baix Ebre, el 53,69 % en el Solsonès y 52,11 % en el Montsià, y que en las cinco comarcas barcelonesas que concentraban el 68 % de la población catalana la abstención oscilara entre el 34,40 % del Maresme y el 41,19 % del Barcelonès, indicaban una diversidad de factores que impedía las explicaciones simples. La segura victoria del Sí, el cansancio por las sucesivas convocatorias electorales, la dureza del debate sobre la representación comarcal en el Parlamento, las críticas sobre las limitaciones del Estatuto o, contrariamente, el poco entusiasmo autonomista de un sector no despreciable de la población, e incluso la meteorología de una jornada de lluvia continua e intensa, fueron las causas más repetidas por políticos y analistas.

Para Rafael Ribó, del PSUC, la abstención más preocupante era la que denominaba «social», presente ya en anteriores comicios y que expresaba una «insatisfacción o un desinterés social genérico por la política», un fenómeno presente en muchas otras sociedades pero «agravado en el Estado español por las peculiares consecuencias de la crisis económica y de un proceso político de reforma en el cual hay que situar también el excesivo triunfalismo practicado por los partidos, sobre todo después del 15 de junio hasta hace muy poco».¹¹⁵ El socialista Eduardo Martín Toval señalaba también la actitud de quienes, «con toda la razón del mundo, lo que reclaman de la política es que solucione los problemas de cada día, el paro, los precios, la vivienda, la escuela, la sanidad, y pensaban —no sin razón— que el Estatut no suponía una alternativa inmediata a esas inquietudes». Apuntaba también otros factores como «el cansancio de ciertos sectores ante una democracia que no acaba de agradarles; una democracia pluralista que para llegar adonde estamos ha debido pactar y consensuar mucho, ha limado muchas asperezas y ha englobado quizá de forma excesiva en un mismo saco unitario a posiciones ideológica y políticamente diferenciadas».¹¹⁶

Desde la extrema derecha española, Licinio de la Fuente sostuvo que la abstención registrada en el referéndum catalán, similar a la del vasco, era la prueba de que lo que denominaba «el problema autonómico» estaba «mal planteado desde el principio», y se había convertido en un «fantástico globo artificiosamente hinchado por los políticos». Reafirmando la posición que había defendido en el debate constitucional, afirmaba que «la Constitución no debió nunca regular, ni con tanta amplitud ni con tanta ambigüedad, las funciones de las llamadas “nacionalidades”, despojando al Estado de facultades esenciales». Y la arremetida contra la Constitución continuaba aún: «Sin exageración se puede decir que la Constitución institucionaliza una sorda, fría o caliente, guerra civil permanente entre las “nacionalidades” y la nación española. Y una fuente de intolerables discriminaciones, privilegios e insolidaridades entre todos los españoles, que es otra causa larvada de lucha civil». Las referencias al Estatuto catalán y al vasco no eran más amables; dichos textos no eran «fruto de una participación del pueblo español» sino del «acuerdo de unos cuantos políticos que muchas veces a duermevela decidieron en unas frases o en unas palabras cuestiones capitales para el futuro de España».¹¹⁷

El 29 de noviembre, el Congreso de los Diputados y el Senado emitieron el voto de ratificación del Estatuto de Cataluña, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Trescientos tres diputados votaron a favor de la ratificación, uno —Blas Piñar—, en contra y trece se abstuvieron. A pesar de las conocidas críticas al texto de Heribert Barrera, y tal como había anunciado previamente, el secretario general de ERC votó a favor, al igual que el diputado de EE Juan María Bandrés. Por su parte, Manuel Fraga anunció que su grupo había acordado la libertad de voto de sus diputados, de manera que dos, que no eran miembros de AP, —José M.ª de Areilza y Antoni de Senillosa— votarían a favor en tanto que los demás se abstendrían. En la sesión del pleno del Senado la votación arrojó ciento sesenta y ocho votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.

La entrada en vigor del Estatuto comportó la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Cataluña, que se celebraron el 20 de marzo de 1980 y que tuvieron un resultado imprevisto.¹¹⁸ La coalición nacionalista CiU, con Jordi Pujol como candidato a la presidencia de la Generalitat, logró el 27,7 % de los sufragios —unos diez puntos más que en las dos elecciones generales de 1977 y 1979— y 43 diputados de los 135 que formarían la cámara. El PSC, que había considerado la victoria asegurada, obtuvo el 22,3 % de los votos y 33 escaños, con lo que la presidencia de la Generalitat escapaba de las manos de su líder Joan Reventós; el PSUC, con Josep Benet como candidato a la presidencia, mantuvo sus buenos resultados anteriores, con el 18,7 % y 25 diputados. Por su parte, CCUCD retrocedió hasta el 10,5 % de los votos, logrando 18 escaños, en tanto que ERC alcanzaba el 8,9 % de los sufragios y 14 diputados. AP, con el 2,3 % de los votos, no obtuvo representación parlamentaria, pero el PSA, con el 2,6 %, logró dos diputados.

La reubicación de CiU en el centro-derecha había resultado exitosa y además facilitada por la incipiente crisis de UCD. El PSC resultó claramente perjudicado por las candidaturas del PSA, por una fuga de votos hacia ERC y, probablemente el factor más importante, por el abstencionismo de una parte de sus electores. En efecto, la participación electoral se incrementó poco más de dos puntos respecto al referéndum estatutario —62,1 %—, con una mayor abstención en los municipios de la región metropolitana de Barcelona que reunían a buena parte de la población procedente de la inmigración y donde los socialistas habían obtenido sus mejores resultados en las elecciones de 1977 y 1979.

Durante la campaña electoral, el PSUC había propuesto un «gobierno de progreso» PSC-PSUC-CiU, una fórmula que se había establecido el año anterior en numerosos ayuntamientos, o bien un gobierno de unidad para conducir el despliegue del Estatuto. CiU, que se benefició como CCUCD, AP y ERC de generosas ayudas económicas de la patronal Fomento del Trabajo que denunció el peligro de un «gobierno marxista» en Cataluña, rechazó toda futura alianza con el PSUC; por su parte, los socialistas, confiando en una victoria que daban por segura, no se pronunciaron sobre las futuras alianzas. El descarte también de un gobierno de izquierdas, posible si ERC sumaba sus diputados a socialistas y comunistas, así como una coalición PSC-CiU inicialmente propuesta por Pujol, condujo a la formación de un gobierno nacionalista en minoría, necesitado del apoyo simultáneo de CC-UCD y de ERC, que obtuvo para Heribert Barrera la presidencia del Parlamento. Se iniciaba así el largo mandato de CiU que le permitiría el despliegue del Estatuto e instalarse sólidamente en el Gobierno de la Generalitat durante más de veinte años.

Conclusión

LA UNIDAD POLÍTICA de la oposición catalana a la dictadura franquista se convirtió a mediados de los años sesenta en un rasgo de diferenciación respecto al conjunto del antifranquismo español y en uno de los factores más destacados para explicar la extensión de las actitudes de disentimiento entre amplios sectores de la población. La unidad antifranquista se vio favorecida por la presencia transversal del catalanismo —cuyo núcleo definidor puede sintetizarse en la afirmación de la identidad catalana, la defensa de la lengua y de la cultura propia y la reivindicación del autogobierno— que era concurrente en los distintos grupos políticos y que, en parte a través de ellos, estaba también presente en los diversos movimientos sociales. Un ejemplo especialmente significativo lo encontramos en el movimiento obrero; en 1967 se formó la Comissió Obrera Nacional de Catalunya como culminación de la articulación de las Comisiones Obreras catalanas. Su constitución y denominación indicaba la atención que el movimiento sociopolítico de los trabajadores otorgaba a la cuestión nacional.

Por otra parte, la movilización social antifranquista operó como un potente estímulo para la unidad política. En este sentido, es también muy significativo lo ocurrido en el espacio universitario; la capacidad de autoorganización al margen del franquismo que mostraron los universitarios al constituir el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, en 1966, impulsó decisivamente los contactos y la colaboración entre grupos políticos mediante la formación de la Taula Rodona de Forces Polítiques, el primer organismo realmente unitario que se creó en Cataluña tras la guerra civil. El avance de la acción unitaria se plasmó definitivamente en 1971, con la formación de la Assemblea de Catalunya, una plataforma que fue capaz de plantear un programa democrático articulador de grandes mayorías. Se podría decir que la conexión entre política, sociedad y cultura fue fundamental en Cataluña.

En el catalanismo hegemónico en los años sesenta y setenta, el objetivo de autogobierno se conjugaba con el de un modelo de Estado democrático y federal, de manera que los proyectos políticos catalanistas que se habían afianzado implicaban que la acción política requería unidad en Cataluña y alianzas con el resto de la oposición española. Ese proceso se veía facilitado por el denominador común en los planteamientos básicos y así se podría decir que del lema extendido por la Assemblea de Catalunya «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia» participaba buena parte de la oposición española. En realidad la palabra libertad expresaba la voluntad de establecer la democracia en España; amnistía era sinónimo tanto de la liberación de los presos políticos como de la ilegitimidad de una legislación represora de los derechos fundamentales. La voluntad de autogobierno se había extendido en buena parte de la España periférica y no eran solo Cataluña, Euskadi o Galicia los territorios que asociaban democracia a autonomía sino que el mismo vínculo se extendía, por ejemplo, en el País Valenciano, Baleares, Andalucía o Canarias. Así, la incorporación de la reivindicación de la autonomía de «nacionalidades y regiones» a los programas de las sucesivas plataformas unitarias de la oposición antifranquista de toda España —Junta Democrática, Plataforma de Convergencia, Coordinación Democrática, Plataforma de Organismos Democráticos y Comisión de los Nueve—, y el reconocimiento de la Generalitat y del Estatuto de 1932 por parte de las principales formaciones políticas de ámbito español, fue la manifestación clara de la importancia que habían adquirido las posiciones del antifranquismo catalán en torno del autogobierno en el espacio antifranquista. Llegar a acuerdos en torno a esta cuestión no fue fácil, pero su necesidad siempre estuvo presente.

La constitución de Coordinación Democrática en marzo de 1976, a partir de la fusión de la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, aumentó notablemente la visibilidad de la oposición y le permitió mantener la iniciativa política en aquel decisivo semestre, durante el que Manuel Fraga, como vicepresidente del Gobierno para Asuntos Políticos, intentó sacar adelante el proyecto reformista gubernamental. No lo consiguió porque era de alcance tan limitado que el Gobierno no logró ensanchar sus apoyos sociales ni convencer a ningún sector de la oposición democrática, particularmente después de la brutal represión policial en Vitoria. La formación de Coordinación Democrática —que supuso la creación de un organismo unitario a escala española por primera vez desde la posguerra civil— comportó un paso decisivo en el avance hacia la democracia y generó una significativa preocupación en el seno del Gobierno, incrementada cuando a ella se incorporaron grupos políticos muy moderados.

La reacción airada y represiva, emprendida por Manuel Fraga contra la oposición en general y la comunista en particular, que tuvo consecuencias nefastas para la imagen gubernamental, no fue incompatible con un esfuerzo continuado del vicepresidente para, por un lado, mantener activos los circuitos de comunicación con los sectores más moderados de la oposición, incluida la catalana; tampoco lo fue para visibilizar la atención gubernamental a «una posible institucionalización de la región», que se plasmó en la creación de la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial para las Cuatro Provincias Catalanas, paralela a la creada para el País Vasco.

La caída del Gobierno Arias-Fraga fue leída a nivel interno e internacional como la imposibilidad de superar la crisis política si no se abría un proceso hacia una democracia homologable en el espacio europeo. Para la oposición fue fundamental no dar ninguna oportunidad al reformismo continuista, pues solo así la opción de ruptura democrática conseguiría abrirse camino. Por eso mismo, el nuevo presidente, Adolfo Suárez, y sus asesores tuvieron entre sus prioridades romper con la dinámica de los meses anteriores por la vía de utilizar una retórica de diálogo y adoptar algunas medidas —como una amnistía parcial— que formaban parte de las propuestas que la oposición había utilizado como estandarte. El objetivo no era otro que trasladar a la opinión pública que se iniciaba una fase de cambios y poder desactivar así la movilización social y política.

En relación a Cataluña, después de las duras reacciones a la entrevista de Suárez publicada por Paris Match, el Gobierno se vio obligado a realizar un esfuerzo adicional para mostrar su voluntad de ofrecer respuestas a las demandas catalanas de autonomía. Por otra parte, en noviembre, el presidente del Gobierno envió a una persona de su confianza, el coronel Andrés Cassinello, a entrevistarse con el presidente de la Generalitat en el exilio en una reunión de carácter exploratorio. El contenido del informe del jefe de los Servicios de Información de Presidencia del Gobierno muestra que Josep Tarradellas fue explícito en su defensa de la institución que presidía y de su papel como legítimo interlocutor en nombre de Cataluña y, al mismo tiempo, mostró su disponibilidad para reconocer la monarquía y la unidad de España. El informe quedó guardado durante unos meses porque, a finales de 1976, el Gobierno creía tener bien controlada la situación después del éxito alcanzado en el referéndum de la Ley para la Reforma Política. Su apuesta fue continuar con la reforma del régimen, y en ese contexto concedió mayor importancia a la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial, que permitió al Gobierno mostrar su dedicación al «problema catalán». Las conclusiones de la Comisión intentaban aunar la legalidad vigente con el reconocimiento del fet diferencial catalán. La creación de un Consejo General de Cataluña, la cooficialidad de la lengua catalana y el fomento de la cultura «regional» fueron las propuestas destacables con las que Adolfo Suárez esperaba poder generar actitudes posibilistas en sectores moderados de la oposición. La presentación de las conclusiones y propuestas de la Comisión se realizó con una puesta en escena a la altura de las expectativas en el Palau —que volvía a denominarse nuevamente— de la Generalitat. La oposición entendió que la función de la propuesta del Gobierno era hacer promesas sin concreciones y que todo quedaba al albur de la correlación de fuerzas que surgiera de las elecciones comprometidas.

En estos meses, mantener la unidad en el seno de la oposición no fue fácil, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Las tensiones entre las fuerzas catalanas, derivadas de la distinta visión del escenario político y de la voluntad de posicionarse de la mejor manera en él, se plasmaron con especial intensidad en torno al papel de Josep Tarradellas, que estaba aprovechando el espacio simbólico en el que le había situado la oposición en Cataluña. Para los partidos catalanes, la Generalitat en el exilio era la continuadora de la abolida por la fuerza en 1938 y, por lo tanto, depositaria de su legitimidad histórica. Después de varias décadas de dictadura, el desconocimiento entre la población de la figura del presidente en el exilio era muy grande pero los partidos catalanes presentaron el retorno de Josep Tarradellas como la forma de visibilizar la restauración de la Generalitat y del autogobierno. Él consideró, sin embargo, que ello le situaba en una posición de preeminencia y no dudó en intervenir cuanto y cuando fue necesario para reforzar su papel.

Las divergencias en el seno de la oposición catalana también giraron en torno a la relación con Coordinación Democrática. A lo largo de 1976, en el seno de la Assemblea de Catalunya siguió siendo mayoritaria la posición que sostenía que los partidos y las instancias unitarias catalanas debían convertirse en promotores activos de la unidad de la oposición española para así acelerar el proceso rupturista. Contrariamente, en el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, en el que tenía el mismo peso un partido de la dimensión del PSUC que otros pequeños como podían ser Reagrupament o ERC, predominaron las actitudes de recelo, e incluso de rechazo, a la relación con Coordinación Democrática, en contra de la posición defendida por la izquierda comunista y socialista. En el último trimestre del año, el Consell dejó de actuar como plataforma unitaria de la política catalana y la Assemblea de Catalunya se convirtió nuevamente en la única voz colectiva. Ello no significaba que el pulso se hubiera decantado a favor de la izquierda, al contrario, porque en un escenario de relativa libertad en la prensa como el existente en 1976, los medios de comunicación adquirieron un gran protagonismo y, en ese marco, determinados dirigentes políticos de minúsculos grupos lograron tener una muy notable proyección pública. Sin embargo, la presión de la calle continuó siendo el arma fundamental de la izquierda para hacer oír su voz.

En Coordinación Democrática las tensiones fueron menores. Durante la segunda mitad del año, lo más urgente fue hacer visible en la sociedad y en los medios de comunicación la alternativa democrática. Coordinación Democrática manifestó en todo momento su voluntad de negociar con el Gobierno; no podía ser de otra manera dada la correlación de fuerzas entre el poder y la oposición, así como en el seno de la propia oposición, entre las plurales izquierdas y los grupos de centro y centro-derecha. Desde la perspectiva de las organizaciones de izquierdas, la incorporación de tendencias que, durante muchos años, habían actuado en los márgenes de la estrecha permisividad franquista había sido decisiva para transmitir una imagen de unidad. Como las presiones a favor del posibilismo eran muy potentes, las fuerzas que durante años habían luchado por la democracia debieron ser perseverantes para mantener el horizonte rupturista, pero no hay duda de que el nuevo escenario era difícil de gestionar: sabían que la continuada movilización social en el espacio público era la única manera de evitar que algunos grupos y personajes destacados de la oposición atendiesen a los cantos de sirena gubernamentales, pero, por otro lado, también eran conscientes de que, aunque los sectores movilizados eran cada vez más amplios, todavía lo eran más aquellos de clase media y popular que, deseando la democracia, rechazaban potenciales escenarios de inestabilidad. El fantasma de la guerra civil, tan cultivado durante décadas por el franquismo, estaba presente en el imaginario colectivo.

El Gobierno, y particularmente su presidente, salieron muy reforzados con los resultados del referéndum de diciembre, pero, desde principios de 1977, resultó evidente que unas elecciones sin la participación de la oposición carecerían de legitimidad, por lo que la negociación resultaba indispensable, más aún después de los acontecimientos de enero. En síntesis, el Gobierno tuvo que aceptar que si el final del proceso de cambios debía llevar a una democracia plenamente homologable a las del mundo occidental debía producirse una ruptura completa con el orden franquista. Los contactos entre Gobierno y la oposición se convirtieron en una partida de ajedrez, muy complicada para ésta porque, por un lado, en su seno coexistían posiciones diversas y, por otro, entre sus integrantes sobrevolaba el miedo a dar pasos en falso. La Comisión de los Nueve fue la encargada de negociar con el Gobierno las «siete condiciones» básicas e irrenunciables y que se podían sintetizar en cuatro puntos: la amnistía, la ley electoral, la legalización de los partidos políticos y la cuestión de las nacionalidades. La observación de la actuación del Gobierno desde el mes de febrero muestra que se puede establecer una relación directa entre las «siete condiciones» de la oposición y las medidas que aquél fue tomando, medidas imprescindibles para celebrar unas elecciones que no fueran cuestionadas ni interna ni internacionalmente. Ello implicó que Adolfo Suárez tuvo que aceptar que debería llegar a acuerdos en relación a la legalización de los partidos políticos o respecto a las normas electorales, aunque pudo evitar negociar respecto al tema de las nacionalidades. Sin embargo, la influencia del contenido del documento de la Comisión de los Nueve sobre éstas es nítida en la Constitución de 1978.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 dibujaron un mapa político catalán sensiblemente distinto al general español y situaron la «cuestión catalana» en el centro de la agenda política. En efecto, la victoria de la izquierda socialista y comunista con un programa coincidente con el de las otras formaciones antifranquistas que obtuvieron representación parlamentaria en lo relativo al restablecimiento de la Generalitat y de los principios e instituciones del Estatuto de 1932, al que incluso se sumaron la UCD catalana y el único diputado de AP, comportó que el Gobierno tuviera que actuar de inmediato. Y ante la necesaria interlocución con las formaciones políticas catalanas vencedoras en las urnas, recuperó la posibilidad de hacerlo con el presidente de la Generalitat en el exilio. El viaje de Josep Tarradellas a Madrid abrió una negociación a tres bandas —Gobierno, presidente de la Generalitat y grupos políticos catalanes— que se reveló pronto difícil por las diferencias de posición entre dichos actores, a pesar de que con frecuencia se ocultó a la opinión pública el alcance de los desacuerdos.

Sin embargo, la única alternativa aceptable para todas las partes era alcanzar un acuerdo mínimamente satisfactorio para cada una de ellas y para las demás. El Gobierno pronto se dio cuenta de que no podría haber acuerdo con Tarradellas sin la restauración de la Generalitat, pues el presidente exiliado no admitió en su estancia en Madrid ninguna fórmula que no incluyera explícitamente el restablecimiento de la histórica institución. El primer movimiento gubernamental se saldó, pues, con una decisión que desbordaba los límites previstos, aunque ello había sido muy frecuente en la actuación gubernamental durante los meses previos a las elecciones, cuando, contrariamente a la imagen de una firme conducción del proceso político por parte del Gobierno Suárez y especialmente de su presidente, éste había ido adoptando decisiones imprevistas hasta poco antes en función de la situación política y de las exigencias de cada momento. Pero, por otra parte, el Gobierno pudo confirmar la buena disposición de Tarradellas al acuerdo aunque las atribuciones de la Generalitat restaurada provisionalmente apenas alcanzaran a las de una Mancomunidad de Diputaciones.

Pero era evidente que un acuerdo Gobierno-Tarradellas no era viable al margen de los parlamentarios que, frente a la legitimidad histórica representada por un presidente de la Generalitat elegido en 1954 por un reducido grupo de diputados del Parlamento de Cataluña formado en 1932, tenían la legitimidad democrática aportada por las elecciones recién celebradas. El papel en la negociación del presidente y de la Asamblea de Parlamentarios fue objeto de una pugna continuada durante tres meses, con episodios de tensión que llegaron a paralizar el avance de las conversaciones en diversos momentos. Tarradellas, como había proclamado insistentemente antes de las elecciones, se consideraba la única voz autorizada para negociar y pactar con el Gobierno en nombre de Cataluña, si bien, en el nuevo escenario postelectoral, no tenía otra opción que someter un eventual acuerdo al consentimiento de los parlamentarios. Éstos, por su parte, tuvieron que aceptar el papel de interlocutor que el Gobierno había otorgado a Tarradellas, pero no estuvieron dispuestos a renunciar a jugar el papel que consideraban que los ciudadanos les habían confiado, participando activamente en la negociación y defendiendo lo que figuraba en sus programas. Más allá de esta disputa, las divergencias tenían que ver también con los contenidos del eventual acuerdo, en especial sobre la propia Generalitat provisional. Los grupos políticos querían avanzar lo más posible en el objetivo de restaurar los principios y las instituciones del Estatuto de 1932, en tanto que para Tarradellas lo fundamental era la presidencia de la Generalitat y un Consell Executiu sometido a su autoridad, posición que coincidía con la del Gobierno Suárez, pero que chocaba con el objetivo de los parlamentarios, especialmente de la izquierda que quería un gobierno que reflejara los resultados electorales, con los socialistas defendiendo hasta el último momento la figura de un conseller en cap naturalmente en sus manos.

Con una negociación complicada porque tuvo que llevarse a cabo efectivamente a tres bandas, el acuerdo final comportó cesiones de las tres partes. El Gobierno tuvo que aceptar, además de la restauración de la Generalitat con toda la carga simbólica que tenía y sus implicaciones, un papel de los parlamentarios en la institución restaurada y un gobierno con mayoría de la izquierda y además con destacada presencia comunista. Tarradellas, por su parte, tuvo que aceptar un Consell Executiu no subordinado de manera absoluta a su autoridad y ante el que tuvo que ceder en algunos momentos, en especial en diciembre de 1978, cuando quiso retrasar la aprobación del proyecto de Estatuto de Autonomía. Los grupos políticos, por último, debieron aceptar la no institucionalización de la Asamblea de Parlamentarios, aunque se aseguraron la presencia en el Gobierno como consejeros políticos sin cartera de los líderes de las cinco formaciones más importantes, los socialistas Joan Reventós y Josep M. Triginer, el comunista Antoni Gutiérrez Díaz, el nacionalista Jordi Pujol y el ucedista Carles Sentís.

La restauración de la Generalitat fue valorada favorablemente por la mayoría de los grupos políticos españoles y por la opinión pública, y la posibilidad de abrir procesos hacia la autonomía en otras nacionalidades y regiones se tradujo en el establecimiento de consejos y juntas «preautonómicas», en un contexto de identificación de democracia con autonomía. Tal realidad condicionó, sin duda, la elaboración de la Constitución en cuanto a la estructura territorial del Estado.

Paralelamente a las negociaciones para la restauración de la Generalitat, el Congreso de los Diputados inició la elaboración de la Constitución, con la participación en la ponencia redactora del anteproyecto de dos diputados catalanes, uno en representación del grupo comunista, Jordi Solé Tura, y otro, Miquel Roca Junyent, en representación de los nacionalistas catalanes y vascos. Naturalmente, el futuro estatuto de autonomía de Cataluña —y el de las otras comunidades— dependería del marco constitucional que se aprobara y, por ello, conseguir una Constitución que permitiera el autogobierno deseado era un objetivo esencial de los partidos políticos catalanes. Contrariamente a algunas explicaciones sobre la elaboración de la Carta Magna presentes hoy en distintos sectores de la sociedad, que la presentan como fruto de un casi espontáneo consenso o, contrariamente, casi de una imposición militar, la Constitución fue aprobada después de un amplio debate en el que todo fue sometido a discusión, empezando por conceptos como nación o nacionalidad. Como hemos visto en las páginas anteriores, una de las cuestiones más controvertidas del texto constitucional fue la introducción del concepto «nacionalidades» aplicado implícitamente a Cataluña, Euskadi y Galicia, lo que determinó un debate abierto sobre la propia concepción de España.

El acuerdo muy ampliamente mayoritario cristalizó en la fórmula «nación de naciones» aplicada a España, que aunque no se incorporó al texto constitucional, fue defendida por los representantes de las principales formaciones políticas, desde UCD a los nacionalistas catalanes, pasando por socialistas y comunistas, como la fundamentación de la nueva comunidad, algo que algunos de los actuales supuestos defensores más intransigentes del texto constitucional y de su espíritu han olvidado por completo. En efecto, la única vía para alcanzar un amplio acuerdo fue una reformulación de la propia idea de España para permitir la acomodación de las distintas identidades y realidades presentes en la sociedad española. Para UCD, PSOE y PCE, España era indudablemente una nación, entendida fundamentalmente aunque no exclusivamente como una comunidad política titular de la soberanía. Pero ello era compatible con otras identidades nacionales, que en Cataluña y en el País Vasco se traducían en la afirmación del carácter de realidad nacional, o simplemente de nación, y la voluntad de autogobierno. La mayoría de fuerzas políticas catalanas consideraban a España fundamentalmente como un estado plurinacional compatible a su vez con la unidad política y con la soberanía radicada en el conjunto del pueblo español. La palabra «nacionalidades» implicaba el reconocimiento de dicha pluralidad nacional en el marco de una idea de España contrapuesta a la de un nacionalismo español esencialista, negador de otras identidades nacionales. En definitiva, la formulación constitucional era compleja y de mal encaje con las formulaciones doctrinales simples, pero no lo era menos que la propia realidad de la sociedad española.

Pero si el acuerdo fue amplio, no fue unánime. Alianza Popular se erigió en la representación del nacionalismo español esencialista, afirmando que existía una única nación, la española, con sus atributos indiscutibles, desde su carácter de nación más antigua del mundo y su «compacto» territorio a su lengua universal, rechazando frontalmente la aceptación de otras identidades nacionales. La inclusión en el texto constitucional del concepto nacionalidades, cuyos defensores consideraban sinónimo de nación, suponía para AP la ruptura de la «sagrada e indestructible» unidad de la nación española. Por su parte, desde el nacionalismo catalán y vasco esencialista, igualmente la única nación era Cataluña o Euskadi, con las mismas características de origen milenario, lengua, etc. y España era simplemente un estado, cuya unidad no obstante no cuestionaron ni ERC ni el PNV.

En este estudio se ha dedicado atención al debate sobre las lenguas en el texto de la Constitución, porque fue revelador de las posiciones políticas vinculadas a la discusión sobre las nacionalidades, pero también de los límites del consenso. En el debate sobre el artículo 3 de la Constitución en el pleno del Congreso de los Diputados, una enmienda de Socialistes de Catalunya fue rechazada por un margen estrecho de votos después de dos votaciones que arrojaron un empate, y otra enmienda comunista fue rechazada por solo dos votos. Las posiciones en este punto se dividieron entre UCD y AP, por una parte, y la demás fuerzas políticas, por otra. Socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos defendieron la estricta igualdad de las distintas lenguas españolas, además de la oficialidad de todas ellas en sus territorios, también aceptada por UCD. Por su parte, AP defendió vehementemente la jerarquía de las lenguas, lo que debía comportar el establecimiento inequívoco de la preeminencia del castellano sobre todas las demás; incluso intentó evitar que el texto constitucional estableciera la oficialidad de las demás lenguas en sus territorios, remitiendo tal posibilidad a los futuros estatutos de autonomía.

La consagración del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones en el marco de la unidad de España, en la forma redundante del artículo 2 de la Constitución, implicaba una profunda transformación de la estructura territorial, que consagró el título VIII. Junto con el artículo 2, dicho título fue el de más difícil elaboración, como han coincidido en apuntar los ponentes del anteproyecto y cuantos intervinieron más directamente en su elaboración. De nuevo, el acuerdo amplio se alcanzó entre UCD, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos. Por su parte, Alianza Popular presentó un voto particular a la totalidad del título. El debate contrapuso a quienes optaron inequívocamente por prever la posibilidad de unos estatutos de autonomía que permitieran un amplio autogobierno a aquellas nacionalidades y regiones que lo demandaran y quienes —AP— defendieron un modelo de autonomía extraordinariamente limitada y controlada por el poder central y una descentralización administrativa. Como apareció repetidamente en los debates, el título VIII se relacionaba directamente con el artículo 2; el rechazo de AP a la palabra «nacionalidades» comportaba igual rechazo a una autonomía amplia, a unas instituciones con poder político y con amplias competencias.

Cuando el debate de la Constitución se estaba desarrollando en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, los senadores de la Entesa dels Catalans propusieron a los grupos políticos catalanes iniciar la elaboración del Estatuto de Autonomía. Contrariamente a lo sucedido en 1931, cuando se redactó el proyecto de estatuto antes de la aprobación de la Constitución republicana, en 1978 se iniciaron los trabajos del anteproyecto cuando se conocía de forma directa cómo avanzaba el texto constitucional. Los dos diputados catalanes ponentes de la Constitución, así como otros parlamentarios que participaron muy directamente en su elaboración, formaron parte de la Comisión de los Veinte parlamentarios que redactaron el anteproyecto. El objetivo compartido era la más amplia autonomía posible en el marco del texto constitucional y la aprobación del Estatuto en un plazo de tiempo breve, lo que comportaba no esperar al desarrollo constitucional mediante las leyes orgánicas previstas. Esto último implicaba situarse en la línea interpretativa de la Carta Magna más favorable al máximo autogobierno.

El proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado por la Asamblea de Parlamentarios convocada justo después de la entrada en vigor de la Constitución fue fruto de un amplio acuerdo articulado en torno a las cuatro fuerzas políticas más importantes, PSC (PSC-PSOE), PSUC, CDC y CC-UCD. Esta última, sin embargo, se quejó de los límites del consenso, expresando que no siempre sus posiciones se habían tenido suficientemente en cuenta, pero prescindiendo de que su representación en Cataluña no era equiparable a la que tenía en el conjunto de España. No obstante, el amplio acuerdo no supuso la inexistencia de divergencias notables ni el debate sobre ellas, incluso más allá del ámbito parlamentario. El artículo relativo a la lengua exigió una elaboración muy laboriosa que permitió finalmente un acuerdo casi unánime. Acuerdo que no se alcanzó en la disposición transitoria que reguló las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña con una fórmula provisional que, sin embargo, treinta y cinco años después aún sigue en vigor.

La disolución de las Cortes después de la promulgación de la Constitución supuso que el proyecto de Estatuto quedara a la espera de la formación de las nuevas cámaras. Los resultados de las elecciones generales de marzo de 1979 no modificaron la representación de los grupos políticos catalanes, a pesar de los considerables movimientos que se produjeron en partidos y coaliciones después de junio de 1977. Tampoco hubo cambios importantes en las Cortes, especialmente en las principales formaciones con excepción del significativo retroceso de AP. Este grupo, que se presentó en una nueva coalición, Coalición Democrática, trató de impedir que los estatutos de autonomía presentados en las Cortes, el vasco y el catalán, se tramitaran antes de la aprobación de una serie de leyes orgánicas, con el indisimulado objetivo de limitar las competencias autonómicas.

El proyecto de Estatuto fue aprobado finalmente por la Comisión de Asuntos Constitucionales el 13 de agosto de 1979, después de intensas negociaciones que se desarrollaron en el palacio de la Moncloa y en las que participaron el presidente Suárez y los dirigentes de los principales partidos catalanes, y tras los debates parlamentarios en los que el PSA quiso erigirse en defensor de los andaluces residentes en Cataluña y de los intereses de la «subdesarrollada» Andalucía frente a la «rica» Cataluña. El texto final del Estatuto fue valorado muy positivamente por todas las partes, con la excepción de ERC, que consideró que quedaba por debajo del Estatuto de 1932 y que no se obtenía el máximo nivel competencial que permitía la Constitución, pero que le dio su voto favorable cuando se sometió a la ratificación del pleno del Congreso. En dicha votación un solo diputado votó en contra, el ultraderechista Blas Piñar, y trece se abstuvieron, entre ellos todos los de CD, excepto José M.ª de Areilza y Antoni de Senillosa, que no eran miembros de AP. Previamente el Estatuto fue aprobado en referéndum, con una abstención relativamente elevada del 40 % de los electores. Para El País, la aprobación del Estatuto de Cataluña, y del Estatuto Vasco, sentaban las bases «para el arreglo pacífico de uno de los más serios problemas, tal vez el más grave de todos», de la transición de la dictadura a la democracia.

Situados en 1980, la «cuestión catalana» parecía razonablemente resuelta en el marco de la democracia española en fase de consolidación; ciertamente el Estatuto no era la autonomía pero sí la condición para hacerla posible. Y, atendiendo a la opinión de los ciudadanos catalanes, hasta el inicio del siglo xxi la satisfacción con el autogobierno establecido prevaleció ampliamente sobre los cuestionamientos que siempre existieron. También el modelo autonómico gozó de general aceptación en toda España.

Sin embargo, para comprender la crisis catalana actual más allá de los acontecimientos más cercanos, debería atenderse a factores que pronto entraron en escena. Por una parte, los resultados de las sucesivas elecciones al Parlamento de Cataluña desde 1984, siempre con una abstención sensiblemente superior a la registrada en las elecciones generales, asentaron en el gobierno de la Generalitat hasta 2003 una mayoría nacionalista con un programa que difería sensiblemente del de la izquierda hegemónica durante el proceso de cambio político —y que continuaría siendo mayoritaria en elecciones generales y municipales—. Por otra parte, las actitudes predominantes en las formaciones políticas mayoritarias en España desde 1982 mostrarían pronto el alcance limitado que para ellas significaba el reconocimiento de las «nacionalidades» así como la consideración de España como una «nación de naciones». Si el PSOE, instalado sólidamente en el poder durante tres lustros, mostró, en contradicción con sus proclamas, una débil cultura federal y muchos de sus dirigentes una escasa impregnación de una concepción de España distinta a la tradicional, AP/PP, a pesar de sucesivos giros al centro, se mantuvo en el rechazo a la España que había plasmado la Constitución, rearmó un discurso nacionalista español no exento de agresividad desde 1993, y desde 2012 gobierna mucho más desde la concepción del voto particular de AP al título VIII de la Constitución que del texto constitucional en vigor.

Probablemente la «cuestión catalana» ocupa hoy una posición tan central en la vida política española como lo ocupó en el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Que una nueva solución fruto de un amplio acuerdo sea hoy posible dependerá no solo, aunque también, de que los distintos actores políticos, en el ámbito catalán y en el general español, sean capaces de analizar adecuadamente la historia de las últimas décadas, empezando por el proceso de cambio político que con sus limitaciones y contradicciones abrió la etapa más larga de democracia en toda España y de autogobierno en Cataluña. Una etapa, por otra parte, con una notable conflictividad derivada de los márgenes interpretativos del texto constitucional, pero agravada con la no infrecuente utilización con fines político-electorales por parte de todos los nacionalismos, y no en último lugar del español, de sentimientos y emociones en torno a banderas y patrias, y a supuestos privilegios y supuestos expolios.

Sin un gran acuerdo que parta de la aceptación real y con todas las consecuencias de la realidad plurinacional española, proclamada por las fuerzas democráticas antifranquistas hace cuatro décadas, la «cuestión catalana» puede acabar con la comunidad política española, aceptada sin reservas por los grupos políticos catalanes durante el proceso de construcción de la democracia. Porque, como expresaron con claridad en el debate constitucional diversos portavoces del grupo entonces mayoritario en las Cortes, o existía lo que Miguel Herrero denominó la «voluntad de vivir juntos», y para ello se aseguraba la comodidad para convivir, o la amenaza a la unidad podía ser una realidad, con independencia de lo proclamado en los textos legales.

Bibliografía citada

AA.DD., Les Terceres vies a Europa, Nova Terra, Barcelona, 1976 (2.ª ed.).

—, Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero Blanco a la integración europea, El País, Madrid, 1996.

—, Memoria de Cataluña, El País, Barcelona, 1997.

—, La trobada del Lluçanès. Anticipació de la transició, 1972, Nostrum, Barcelona, 1997.

—, Vint anys d’història del PSC, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 1998.

Abella, Carlos, Adolfo Suárez, Espasa Calpe, Madrid, 1997.

Álvarez Cobelas, José, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Siglo XXI, Madrid, 2004.

Amat, Jordi, Els laberints de la llibertat. Vida de Ramon Trias Fargas, La Magrana, Barcelona, 2009.

Areilza, José M.ª de, Diario de un ministro de la monarquía, Planeta, Barcelona, 1977.

—, Cuadernos de la Transición, Planeta, Barcelona, 1983.

Babiano, José, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (1951-1977), Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 315.

Balfour, Sebastian, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona (1939-1988), Alfons el Magnànim, Valencia, 1994.

Ballester, David y Risques, Manel, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 2001.

Baón, Rogelio, Historia del Partido Popular. I Del Franquismo a la refundación, Ibersaf Editores, Madrid, 2001.

Barón, Enrique, Federación de Partidos Socialistas, Avance, Madrid, 1979.

Batista, Antoni y Playà, Josep, La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, Empúries, Barcelona, 1991.

Bayona, Antoni, «Els estatuts de 1932 i 1979: anàlisi comparada de competències», en Idees, n.º 4, 1999.

Benet, Josep, El president Tarradellas en els seus textos (1954-1988), Empúries, Barcelona, 1992.

Blas, Andrés de, «El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y del PCE», Revista de Estudios Políticos, n.º4, 1978.

Carnicero, Carlos, La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2007.

Clavero Arévalo, Manuel, La España de las Autonomías, Madrid, 1978.

Colomé, Gabriel, El Partit dels Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978-1984), Barcelona, Edicions 62, 1989.

Colomer, Josep Maria, Assemblea de Catalunya, L’Avenç, Barcelona, 1976.

—, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, Curial, Barcelona, 1978.

—, Cataluña como cuestión de estado. La idea de nación en el pensamiento político catalán (1939-1979), Tecnos, Madrid, 1986.

Constitución Española. Trabajos parlamentarios, 4 vols., Cortes Generales, Madrid, 1980.

Crexell, Joan, La Caputxinada, Edicions 62, Barcelona, 1987.

Culla, Joan B. (coord.), El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000), Pòrtic, Barcelona, 2001.

Culla, Joan B., La dreta espanyola a Catalunya, 1975-2008, La Campana, Barcelona, 2009.

Domènech, Xavier, Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002.

Domínguez García, Fernando, Más allá de la nación. La idea de España como «Nación de naciones», Barcelona, FRC Llibres, 2006.

Fernández Ordóñez, Francisco, La España necesaria, Taurus, Madrid, 1980.

Fraga, Manuel, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987.

Gallego, Ferran, El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Crítica, Barcelona, 2008.

Giménez Caballero, Ernesto, Ante la tumba del catalanismo: notas de un viaje con Franco a Cataluña, Vértice, Madrid, 1942.

GODSA, Llamamiento para una reforma democrática, Barcelona, 1976.

González Casanova, José Antonio, La lucha por la democracia en España, Avance, Barcelona, 1975.

—, El cambio inacabable (1975-1985), Anthropos, Barcelona, 1986.

—, Fulgor y sombras del socialismo en España, La Lluvia, Barcelona, 2012.

Guerra, Alfonso (ed.), XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Avance, Madrid, 1977.

Hernández, Francesc y Mercadé, Francesc, Estructuras sociales y cuestión nacional, Ariel, Barcelona, 1986.

Herrero de Miñón, Miguel, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993.

Juliá, Santos, Los socialistas en la política española 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997.

Loff, Manuel y Molinero, Carme (eds.), Societats en canvi: España i Portugal als anys setanta, CEFID/IHC, Bellaterra, 2012.

López Rodó, Laureano, Claves de la Transición. Memorias IV, Plaza & Janés, Barcelona, 1993.

Lorés, Jaume, La Transició a Catalunya (1977-1984), Empúries, Barcelona, 1985.

Marcet, Joan, Convergència Democràtica de Catalunya. El partit i el moviment polític, Barcelona, Edicions 62, 1984.

Marín, Martí, Catalanisme, clientelisme i franquisme. Josep Maria de Porcioles, Base, Barcelona, 2005.

Martí Gómez, José, Joan Reventós, Barcelona, Planeta, 1980.

Martín Villa, Rodolfo, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984.

Mayayo, Andreu, La ruptura catalana, Afers, Catarroja, 2002.

Milián Mestre, Manuel, Nihil Obstat. El bosque político, Ed. Cinctorres Club, Tarragona, 2008.

Molinero, Carme, La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista, Cátedra, Madrid, 2005.

Molinero, Carme e Ysàs, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998.

—, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 19451977, Crítica, Barcelona, 2008.

—, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), L’Avenç, Barcelona, 2010.

Molinero, Carme e Ysàs, Pere (dirs.), De la dictadura a la democràcia, 1960-1980, volumen 11 de Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998.

Morán, Gregorio, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Planeta, Barcelona, 1986.

Morodo, Raúl, La transición política, Tecnos, Madrid, 1984.

Muntaner, Maria et al. (eds.), Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2010.

Muñoz, Antonio, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, RBA, Barcelona, 2012.

Muñoz Soro, Javier, «El discurso del antifranquismo sobre la cuestión regional-nacional en la revista Cuadernos para el Diálogo», Spagna Contemporanea n.º 22, 2002.

O’Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C., Whitehead, Laurence (eds.), Transitions from Authoritarian Rule. Southern Europe, Johns Hopfins University Press, Londres, 1986.

Obiols, Raimon, El mínim que es pot dir. Memòries polítiques, RBA, Barcelona, 2013.

Ortínez, Manuel, Una vida entre burgesos. Memòries, Edicions 62, Barcelona, 1993.

Ortiz, Manuel, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso, Planeta, Barcelona, 2006.

Osorio, Alfonso, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980.

Pala, Giaime, El PSUC. L’antifranquisme i la política d’aliances a Catalunya (1956-1977), Base, Barcelona, 2011.

Partido Socialista Popular, Por un socialismo responsable. El PSP ante el futuro español, Tucar Ediciones, Madrid, 1977.

Peces-Barba, Gregorio, La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

Penella, Manuel, Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP, 1973-1989, Caja Duero, Salamanca, 2005.

Powell, Charles, El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia, Planeta, Barcelona, 1991.

Pujol, Jordi, L’opció política de CDC, Convergència Democràtica de Catalunya, Barcelona, 1977.

—, Una política per a Catalunya, Nova Terra, Barcelona, 1976.

—, Memòries. Història d’una convicció (1930-1980), Proa, Barcelona, 2010.

Ridruejo, Dionisio, Escrito en España, Losada, Buenos Aires, 1964.

Riquer, Borja de, La Catalunya autonómica, 1975-2003, Edicions 62, Barcelona, 2003.

Riquer, Borja de (dir.), Història de la Diputació de Barcelona, vol. III, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1988.

Roca Junyent, Miquel, ¿Por qué no? Una propuesta catalana para la modernización del Estado, Mezquita, Madrid, 1982.

Rubiol, Glòria, Josep Pallach i el Reagrupament, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995.

Sánchez-Terán, Salvador, De Franco a la Generalitat, Planeta, Barcelona, 1988.

Santacana, Carles, El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento (1962-1971), Afers, Catarroja, 2000.

Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, Temas de Hoy, Madrid, 2007.

Sentís, Carles, I de sobte, Tarradellas, Barcelona, La Campana, 2002.

Sobrequés, Jaume, La fi del silenci. La recuperació de la Generalitat i el retorn de Tarradellas, Barcelona, Base, 2002.

Sobrequés, Jaume (ed.), El restabliment de la Generalitat de Catalunya. Diari de sessions de l’Assemblea de Parlamentaris de Catalunya (1977), Barcelona, 1981.

Sobrequés, Jaume y Riera, Sebastià, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l’estudi del procés polític d’elaboració de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979. 4 Vol., Edicions 62, Barcelona, 1982.

Solé Tura, Jordi, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

—, Una història optimista. Memòries, Edicions 62, Barcelona, 1999.

Suárez, Adolfo, «Consideraciones sobre la Transición Española», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual n.º 41, 1988.

Tarradellas, Josep, Ja sóc aquí. Record d’un retorn, Planeta, Barcelona, 1989.

Tuñón de Lara, Manuel et al., Transición y democracia (1973-1985), Barcelona, Labor, 1991.

Tusell, Javier y Queipo de Llano, Genoveva, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (19731976), Crítica, Barcelona, 2003.

Vilanova, Francesc, Una burgesia sense ànima. El franquisme i la traïció catalana, Empúries, Barcelona, 2010.

Listado de siglas

AC: Assemblea de Catalunya

ACL: Acción Ciudadana Liberal

ANP: Assemblea Nacional Provisional

AP: Alianza Popular

CC: Centre Català

CC-UCD: Centristes de Catalunya-UCD

Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya

CCOO: Comisiones Obreras

CD: Coalición Democrática

CD: Coordinación Democrática

CDC: Convergència Democràtica de Catalunya

CFPC: Consell de Forces Polítiques de Catalunya

CiU: Convergència i Unió

COE: Comité Olímpico Español

COI: Comité Olímpico Internacional

CONC: Comissió Obrera Nacional de Catalunya

COS: Coordinadora de Organizaciones Sindicales

CSC: Convergència Socialista de Catalunya

CSI: Conferencia Socialista Ibérica

CSPV: Convergència Socialista del País Valencià

CUD: Candidaturas Unitarias y Democráticas

EDC: Esquerra Democrática de Catalunya

EE: Euskadiko Ezkerra

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

ETA: Euskadi Ta Askatasuna

FNC: Front Nacional de Catalunya

FPS: Federación de Partidos Socialistas

FSC: Federación Socialista Catalana-PSOE

HB: Herri Batasuna

ID: Izquierda Democrática

JDE: Junta Democrática de España

LCR: Liga Comunista Revolucionaria

MC: Movimiento Comunista

MCC: Moviment Comunista de Catalunya

MSC: Moviment Socialista de Catalunya

OSE: Organización Sindical Española

PAR: Partido Aragonés Regionalista

PC: Partido Carlista

PC (y PCE): Partido Comunista de España

PCC: Partit Carlí de Catalunya

PCD: Plataforma de Convergencia Democrática

PCE (y PC): Partido Comunista de España

PDC: Pacte Democràtic per Catalunya

PNV: Partido Nacionalista Vasco

POD: Plataforma de Organismos Democráticos

PPC: Partit Popular de Catalunya

PSA: Partido Socialista de Andalucía

PSA: Partido Socialista de Aragón

PSAN: Partit Socialista d’Alliberament Nacional

PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

PSC-C: Partit Socialista de Catalunya-Congrés

PSC-PSOE: Partit dels Socialistes de Catalunya-Partido Socialista Obrero Español (coalición)

PSC-R: Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament

PSE: Partido Socialista de Euskadi

PSG: Partido Socialista Galego

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PSOE-Histórico: Partido Socialista Obrero Español-Histórico

PSP: Partido Socialista Popular

PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya

PTC: Partit del Treball de Catalunya

RSDC: Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya

SDE: Sindicatos Democráticos de Estudiantes

SDEUB: Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona

SPD: Partido Socialdemócrata de Alemania

TOP: Tribunal de Orden Público

TVE: Televisión Española

UCC: Unió del Centre Català

UCD: Unión del Centro Democrático

UC-DCC: Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya

UDC: Unió Democràtica de Catalunya

UDE: Unión Democrática Española

UDPE: Unión del Pueblo Español

UGT: Unión General de Trabajadores

UMD: Unión Militar Democrática

UN: Unión Nacional

USO: Unión Sindical Obrera

Notas

1. Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 105-106.

2. José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Siglo XXI, Madrid, 2004, pp. 143-161.

3. Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, Curial, Barcelona, 1978, vol. I, pp. 215-246.

4. La reunión constitutiva del SDEUB se celebró en el convento de los capuchinos del barrio barcelonés de Sarriá, por lo que el acontecimiento es denominado habitualmente como «Caputxinada».

5. Joan Crexell, La Caputxinada, Edicions 62, Barcelona, 1987, pp. 113-117.

6. Ricardo de la Cierva, «El régimen está de retorno a sus orígenes», Tele/eXprés, 5 de julio de 1975.

7. Josep M. Colomer, Cataluña como cuestión de estado. La idea de nación en el pensamiento político catalán (1939-1979), Tecnos, Madrid, 1986.

8. Ibid., pp. 273-277.

9. Ibid., pp. 278-282.

10. Jordi Solé Tura, «La qüestió de l’estat i el concepte de nacionalitat», Taula de Canvi n.º 1, 1976. Todos los textos escritos en lengua catalana han sido traducidos al castellano.

11. Josep M. Colomer, Cataluña como cuestión de estado, p. 275.

12. Francesc Hernández, «El nacionalismo catalán», Francesc Hernández, Francesc Mercadé, Estructuras sociales y cuestión nacional, Ariel, Barcelona, 1986, pág. 73.

13. Giaime Pala, El PSUC. L’antifranquisme i la política d’aliances a Catalunya (1956-1977), Ed. Base, Barcelona, 2011, pp. 31-32.

14. Ibid., pp. 37-95.

15. Raimon Obiols, El mínim que es pot dir. Memòries polítiques, RBA, Barcelona, 2013, p. 152.

16. Josep Maria Colomer, Assemblea de Catalunya, L’Avenç, Barcelona, 1976, pp. 35-36.

17. Jordi Solé Tura, Una història optimista. Memòries, Edicions 62, Barcelona, 1999, p. 312.

18. Acudieron a Montserrat más de 250 intelectuales, artistas y profesionales, entre los que se encontraban la mayor parte de las figuras más representativas de la cultura catalana.

19. La «Declaració de Montserrat» a Nous Horitzons n.º 21, 1970.

20. Archivo Histórico del PCE —AHPCE—, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Grupo Democrático de la Magistratura, Sobre la Asamblea de Cataluña, 17-5-71, jacq. 2238.

21. Josep M. Colomer. L’Assemblea de Catalunya, Barcelona, L’Avenç, 1976; Antoni Batista, Josep Playà Maset. La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, Barcelona, Empúries, 1991.

22. Una explicación detallada de la detención en Antoni Batista, Josep Playà, La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, pp. 35-45.

23. Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), L’Avenç, Barcelona, 2010, pp. 134-135. La cita en la p. 135.

24. Borja de Riquer, La Catalunya autonòmica, 1975-2003, Edicions 62, Barcelona, 2003, p. 76.

25. Jaume Lorés, La Transició a Catalunya (1977-1984), Empúries, Barcelona, 1985, p. 30.

26. Entrevista con José Antonio González Casanova, 18 de julio de 2012.

27. Jordi Amat, Els laberints de la llibertat. Vida de Ramon Trias Fargas, La Magrana, Barcelona, 2009, p. 217.

28. Les Terceres vies a Europa, Nova Terra, Barcelona, 1976 (2.ª ed.), pp. 203-204.

29. Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC, pp. 51-181.

30. Jordi Font, «Gestació i vida del PSC de cognom “Congrés”» en AA.DD., Vint anys d’història del PSC, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 1998, p. 27.

31. Jordi Pujol, Memòries. Història d’una convicció (1930-1980), Proa, Barcelona, 2010, pp. 262-272.

32. Miquel Caminal, «El pujolisme i la ideologia nacionalista de Convergència Democràtica de Catalunya» en Joan B. Culla (coord.), El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000), Pòrtic, Barcelona, 2001, pp. 127-129.

33. Los 11 puntos restantes se referían a: gobierno provisional, amnistía, legalización de los partidos políticos, libertad sindical y restitución del patrimonio, derecho de huelga, libertad de información y opinión, independencia de la función judicial, neutralidad política y profesionalidad de las Fuerzas Armadas; los tres últimos puntos trataban sobre la separación de la Iglesia y el Estado, la celebración de una consulta popular para escoger la forma definitiva del Estado y la integración de España en la Comunidad Económica Europea.

34. Francesc Mercadé, «España como problema. Reflexiones sobre identidad», en Francesc Hernández, Francesc Mercadé, Estructuras sociales y cuestión nacional, p. 20

35. AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Nota verbal de la Comissió d’Enllaç al Secretariat de la CP de l’Assemblea de Catalunya, marzo de 1975, c. 64, carp. 4.

36. Treball, n.º 416, 10 de junio de 1975.

37. Giaime Pala, El PSUC. L’antifranquisme i la política d’aliances a Catalunya, p. 150.

38. «Cap a una àmplia coalició democràtica», Treball, n.º 422, 30 de septiembre de 1975.

39. Dionisio Ridruejo, Escrito en España, Losada, Buenos Aires, 1964, p. 176.

40. Declaraciones a La Vanguardia Española, 5 de agosto de 1939. Sobre el papel de los intelectuales catalanes en dicha «reespañolización» véase, Francesc Vilanova, Una burgesia sense ànima. El franquisme i la traïció catalana, Empúries, Barcelona, 2010.

41. Sobre la polisemia del viaje de Franco a Cataluña en 1942 véase Carme Molinero, La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista, Cátedra, Madrid, 2005, pp. 55-70.

42. Crónica de Ismael Herráiz, enviado especial, Arriba, 27 de enero de 1942.

43. Ernesto Giménez Caballero, «Se ha roto el frente. La estrategia del Caudillo en la guerra, antecedente de su táctica en la paz», Solidaridad Nacional, 28-1-1942, p. 3.

44. Ernesto Giménez Caballero, Ante la tumba del catalanismo: notas de un viaje con Franco a Cataluña, Vértice, Madrid, 1942.

45. Un análisis de los referentes a Cataluña en Carles Santacana, El franquisme i els catalans. Els informes del Consejo Nacional del Movimiento (1962-1971), Afers, Catarroja, 2000.

46. Se puede comprobar la utilidad de las actas de las reuniones del Consejo Nacional del Movimiento para conocer los debates políticos en el seno del franquismo en Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008.

47. Martí Marín, Catalanisme, clientelisme i franquisme. Josep Maria de Porcioles, Base, Barcelona, 2005.

48. Martí Marín, «El regionalisme instrumental: franquisme i catalanisme entre el tardofranquisme i la Transició» en M. Muntaner, M. Picornell, M. Pons, J. A. Reynés, (eds.), Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà, Publicacions de la Universitat de València, València, 2010.

49. Borja de Riquer, La Catalunya autonòmica, 1975-2003, pp. 76-77.

50. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, Planeta, Barcelona, 1988, p. 41.

51. Rodolfo Martín Villa, que ocupó diversos cargos a lo largo de la dictadura, estuvo al frente de la Delegación Provincial de Sindicatos en 1965-1966, y del Gobierno Civil de Barcelona en 1974-1975.

52. Entrevista con Rodolfo Martín Villa, 9 de julio de 2012.

53. Manuel Milián, «D’un temps, d’un país...» en AA.DD., La trobada del Lluçanès. Anticipació de la transició, 1972, Nostrum, Barcelona, 1997, p. 41.

54. Manuel Milián, «De una a otra orilla veinticinco años después...» en AA.DD., La trobada del Lluçanès, p. 13. «Laureanismo» en referencia a Laureano López Rodó.

55. Ibid., p. 13.

56. Archivo de la Diputació de Barcelona —ADB—, Documento sin firma ni encabezamiento, marzo de 1976, E-115, exp. 10.

57. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 65.

58. Philippe C. Schmitter, «Introduction» en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule. Southern Europe, Johns Hopkins University Press, Londres, 1986, p. 6.

59. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 65.

60. Véase Javier Muñoz Soro, «El discurso del antifranquismo sobre la cuestión regional-nacional en la revista Cuadernos para el Diálogo», Spagna Contemporanea n.º 22, 2002, p. 44.

61. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí. Record d’un retorn, Planeta, Barcelona, 1989, p. 29.

62. Manuel Milián Mestre, Nihil Obstat. El bosque político, Ed. Cinctorres Club, Tarragona, 2008, p. 378.

63. Sobre la trayectoria del fraguismo en Barcelona hasta 1976 véase Joan B. Culla, La dreta espanyola a Catalunya, 1975-2008, La Campana, Barcelona, 2009, capítulo 1.

64. La lista de participantes en AA.DD, La trobada del Lluçanès...

65. Intervención de Eduardo Moreno en AA.DD, La trobada del Lluçanès..., p. 55.

66. Manuel Milián Mestre, Nihil Obstat. El bosque político, pp. 378-379.

67. «Señor Fraga: el país tiene que enfrentarse con una serie de reformas inaplazables», La Vanguardia, 6 de diciembre de 1975.

1. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 34.

2. Ibid. p. 69.

3. Manuel Milián Mestre, Nihil Obstat..., p. 201.

4. José Antonio González Casanova, «El nuevo gobierno y las tareas de la oposición», Tele/eXprés, 19 de diciembre de 1975.

5. Ibid.

6. Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, p. 29.

7. Laureano López Rodó, Claves de la Transición. Memorias IV, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, pp. 205-206.

8. Citado en Javier Tusell, Genoveva Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Crítica, Barcelona, 2003, pp. 302-303.

9. Miguel Ángel del Río, «Manuel Fraga y el primer Gobierno de la Monarquía (1975-1976)» en Manuel Loff y Carme Molinero (eds.), Sociedades en cambio: España y Portugal en los años setenta, UAB, 2012.

10. A mediados de 1973 el Gabinete de Orientación y Documentación aparecía como una empresa de servicios «para cualquier empresa política que, dentro de los marcos constitucionales, deseara llevar adelante un programa de acción» [es decir, dentro de la legalidad franquista]. Entre sus objetivos aparecía confeccionar un «fichero actualizado de la clase política y sus relaciones», «un modelo dinámico ponderado de la estructura del poder real», «informes sobre los acontecimientos más significativos del momento, las vulnerabilidades del sistema, los estados de opinión». Oficialmente GODSA nació en julio de 1974 ya al servicio del proyecto de Manuel Fraga. Manuel Penella, Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP, 1973-1989, vol I, Caja Duero, Salamanca, 2005, p. 44.

11. GODSA, Llamamiento para una reforma democrática, Barcelona, 1976, p. 9.

12. José M.ª de Areilza, Cuadernos de la Transición, Planeta, Barcelona, 1983, p. 154.

13. Josep Maria Sòria, «La agenda del gobernador del tránsito», Tele/eXprés, 12 de enero de 1976.

14. Josep Maria Sòria, «Benvingut, señor Sánchez-Terán», Tele/eXprés, 10 de enero de 1976.

15. La lista completa de los 160 firmantes de la solicitud de manifestación en David Ballester i Manel Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 2001, pp.166-172.

16. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 32.

17. David Ballester i Manel Risques, Temps d’amnistia..., p. 48.

18. Ibid., p. 69.

19. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 32.

20. «Le défi catalán», Le Monde, 10 de febrero de 1976.

21. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 34.

22. Ibid., p. 34.

23. Ibid., p. 106.

24. Ibid., p. 20.

25. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., pp. 34-35.

26. Entrevista con Rodolfo Martín Villa, 9 de julio de 2012.

27. «El primer viaje oficial de los reyes», ABC, 17 de febrero de 1976.

28. Decreto 405/1976, de 20 de febrero. En la elaboración del decreto intervinieron el Gobierno Civil de Barcelona y miembros del Club Catalonia. Archivo Biblioteca Federico Mayor Zaragoza —ABFMZ—, 637.4/9.

29. Decreto 405/1976 de 20 de febrero.

30. ADB, Temas a tratar con el Excmo. Sr. Vicepresidente, 6 de marzo de 1976, E-106, exp. 11.

31. Orden del Ministerio de Gobernación de 9 de abril de 1976. La Comisión estaba formada por veinticuatro miembros, la mitad en representación del Ministerio, entre los que se encontraban Joan Sardà, Manuel Ortiz y Carles Sentís. Cada una de las diputaciones catalanas nombró a tres representantes; los de mayor peso político fueron los tres nombrados por la Diputación de Barcelona: Juan A. Samaranch —uno de los máximos inspiradores de la operación—, Joaquín Viola —alcalde de Barcelona— y Andrés Ribera Rovira, en aquel momento presidente del Consejo Económico Social de Cataluña pero, en realidad, la persona clave del empresariado catalán en la estructura verticalista y en la Cámara de Comercio y de la Industria a lo largo de los años sesenta y setenta. Es decir, en la Comisión estaban presentes figuras muy destacadas del franquismo catalán; al mismo tiempo buena parte de los designados formaban parte del Club Catalònia y del fraguismo de Reforma Democrática.

32. ADB, Carta al Vicepresidente para Asuntos del Interior y Ministro de la Gobernación, 11 de abril de 1976, E-117, exp. 15.

33. ADB, Discurso de Manuel Fraga Iribarne, Carta al Vicepresidente para Asuntos del Interior y Ministro de la Gobernación al abrir los trabajos de la Comisión para el estudio de un régimen administrativo especial para Cataluña, Barcelona, abril de 1976, E-115, exp. 10.

34. Mundo Diario, 28 de abril de 1976.

35. «Un régimen especial para Cataluña», Tele/eXprés, 28 de abril de 1976.

36. Encuesta «La Comisión no es democrática», Destino n.º 2014, 6 de mayo de 1976.

37. El Tribunal de Casación de Cataluña fue creado en 1934 conforme al Estatuto de 1932 que, en el artículo 11, establecía que este tribunal tendría jurisdicción sobre las materias civiles y administrativas la legislación exclusiva de las cuales estuviese atribuida a la Generalitat.

38. Jordi Solé Tura, «¿Régimen Especial para Cataluña?», Mundo Diario, 5 de mayo de 1976.

39. Jordi Solé Tura «Estatut o Mancomunitat?», Avui, 8 de mayo de 1976.

40. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 108.

41. Ibid., p. 108.

42. Ibid., p. 106.

43. Sin embargo, el gobernador civil tuvo en cuenta la advertencia y prohibió todos los actos que el PSUC pretendió celebrar a lo largo del verano para conmemorar el cuarenta aniversario de la fundación del partido.

44. ADB, Carta al Vicepresidente para Asuntos del Interior y Ministro de la Gobernación, 11 de abril de 1976, E-117, exp. 15.

45. Jordi Amat, Els laberints de la llibertat..., p. 222.

46. Ibid., pp. 224-225. Según recogen estas notas, a Fraga tampoco le importó amenazar a su interlocutor diciéndole que desde Felipe IV todos los estados mayores [del Ejército], incluido el actual, habían tenido un plan para «la toma de Barcelona», que se tuvo que poner en práctica por Olivares, Felipe V y Franco y que él no dudaría en repetirlo si fuera necesario.

47. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Salvador Sánchez-Terán, 6 de mayo de 1976, EB/7.

48. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Salvador Sánchez-Terán, 8 de junio de 1976, 637.2/7.

49. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Jordi Pujol, 6 de mayo de 1976, EB/8.

50. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Jordi Pujol, 21 de mayo de 1976, EB/12/2.

51. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Pere Duran Farell, 6 de mayo de 1976, EB/9.

52. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Joaquín García Castany, 8 de mayo de 1976, 637.1/0.

53. ABFMZ, Notas sobre la reunión con Raúl Morodo, Carlos Moya, Luis González Seara y Juan Díez Nicolás, 11 de junio de 1976, 637.4/9.

54. ABFMZ, Nota, 637.4/9.

55. ADB, Carta al Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, 26 de mayo de 1976, E-117, exp. 15.

56. Arxiu Nacional de Catalunya —ANC—, Fondo Antoni Gutiérrez Díaz, PCD, Propuesta de Organismo Democrático Unitario, 17 de octubre de 1975. Documento reservado.

57. II Conferencia del Partido Comunista de España, Manifiesto Programa del PCE, Comité Ejecutivo del PSUC, Barcelona, 1975, p. 53.

58. Ibid., p. 118.

59. Federación de Partidos Socialistas, Acuerdo del Consejo Federal, 24 de abril de 1976, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 2811-006.

60. Enrique Barón, Federación de Partidos Socialistas, Avance, Madrid, 1979.

61. Ibid., p. 11.

62. Santos Juliá, Los socialistas en la política española 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997, p. 413.

63. Reproducido en Andrés De Blas, «El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y del PCE», Revista de Estudios Políticos n.º 4, 1978, p. 161.

64. Alfonso Guerra (ed.), XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Avance, Madrid, 1977, pp. 126-128. XXVII es el resultado de sumar la numeración de los congresos celebrados antes de la guerra civil a los que tuvieron lugar en el exilio.

65. Partido Socialista Popular, Por un socialismo responsable. El PSP ante el futuro español, Tucar Ediciones, Madrid, 1977, pp. 69 y 72.

66. Véase Carme Molinero, Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas..., pp. 104-105, 233-242.

67. José Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (1951-1977), Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 315.

68. Sebastian Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona (1939-1988), Alfons el Magnànim, Valencia, 1994, pp. 220-225.

69. Xavier Domènech, Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002.

70. Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, p. 38.

71. Carlos Carnicero, La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2007.

72. El 5 de abril lo hizo la Federación de Partidos Socialistas y el 9 del mismo mes la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Comité Central de la ORT, A Coordinación Democrática, 9 de abril de 1976, Fundación Largo Caballero —FLC—, Fondo UGTCEC, sign. 2811-006.

73. Las otras dos condiciones eran que «no se excluya a ningún partido o federación de partidos socialistas, socialdemócratas o liberales que lo deseen» y que «se renuncie a la utilización de métodos violentos para obtener la ruptura democrática». José M.ª Gil Robles, Carta al Secretariado de Coordinación Democrática, 10 de mayo de 1976, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 2811-006.

74. «Un pas crucial cap l’alternativa de poder», Treball, n.º 439, 12 de abril de 1976.

75. Manuel Azcárate, «El laberinto español», El País, 14 de mayo de 1976.

76. Carlos Abella, Adolfo Suárez, Espasa Calpe, Madrid, 1997, p. 68.

77. José M.ª de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 119-120.

78. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 87.

79. Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, p. 42.

80. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 87.

81. José M.ª de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, p. 126.

82. Ibid., p. 122.

83. Antonio Muñoz, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, RBA, Barcelona, 2012, pp. 307-310.

84. José Antonio González Casanova, «Las lecciones del Primero de Mayo», artículo reproducido en El cambio inacabable (1975-1985), Anthropos, Barcelona, 1986, pp. 54-55.

85. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 26

86. José Antonio González Casanova, El cambio inacabable (1975-1985), pp. 221222.

87. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 32-33.

88. Ibid., pp. 53 y 81.

89. El Consell de Forces Polítiques de Catalunya sustituía a la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, creada en 1967. Estaba integrado por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Convergència Socialista de Catalunya (CSC), Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Front Nacional de Catalunya (FNC), Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), Partit Popular de Catalunya (PPC), Partit Carlí de Catalunya (PCC) y Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC).

90. Glòria Rubiol, Josep Pallach i el Reagrupament, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995, p. 144.

91. Llamamiento del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Al poble de Catalunya, 23 de diciembre de 1975.

92. Jordi Pujol, Memòries. Història d’una convicció..., p. 288.

93. ANC, Fondo AGD, Josep Tarradellas, «Carta enviada el 16 d’agost de 1973 a un Membre de l’Assemblea de Catalunya resident a l’interior», c. 12.

94. AHPCE, Carta al Honorable Josep Tarradellas, President de la Generalitat de Catalunya, junio de 1975.

95. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 26.

96. Ibid., p. 27.

97. Ibid., p. 48.

98. «López Raimundo comenta la reunió Consell-Tarradellas», Treball, n.º 440, 26 de abril de 1976.

99. Jordi Solé Tura, «Cataluña y la unidad de la oposición», Mundo Diario, 14 de abril de 1976.

100. Jordi Pujol, L’opció política de CDC, Convergència Democràtica de Catalunya, Barcelona, 1977, p. 18.

101. Comunicado de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Democrática y del secretariado de la Comisión Permanente de l’Assemblea de Catalunya, 21 de mayo de 1976.

102. Antoni Batista, J. Playà, La gran conspiració..., p. 220.

103. «Comunicado Coordinació-Consell», en Treball, n.º 442, 24 de mayo de 1976.

104. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 57.

105. Glòria Rubiol, Josep Pallach i el Reagrupament, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995, p. 145.

106. Rodolf Guerra, «Para no ser excluidos del socialismo, cambiamos de nombre», El Correo Catalán, 6 de junio de 1976.

107. «El Consell, dividido por el tema del socialismo», El País, 26 de mayo de 1976.

108. Jordi Solé Tura «La ruptura pactada», Cuadernos para el Diálogo, n.º 159, 15 de mayo de 1976.

109. «Coordinación Democrática dispuesta a “pactar la ruptura”», El País, 29 de mayo de 1976.

110. Manuel Azcárate, «El laberinto español», El País, 14 de mayo de 1976.

111. «Convergencia Democrática apoya la ruptura negociada», El País, 5 de junio de 1976.

112. Felipe González, «El Gobierno actual no es interlocutor válido para un compromiso con el poder», El País, 12 de junio de 1976.

113. José Antonio González Casanova, «La bomba Suárez», reproducido en José Antonio González Casanova, El cambio inacabable (1975-1985), pp. 157-158.

1. Ricardo de la Cierva, «¡Qué error, qué inmenso error!», El País, 8 de julio de 1976.

2. José Antonio González Casanova, «Del fraguismo al silvismo», artículo publicado en Tele/eXprés, en agosto de 1976, reproducido en José Antonio González Casanova, El cambio inacabable (1975-1985)..., p. 159.

3. José Antonio González Casanova, «La derecha ha de pactar», artículo publicado en Tele/eXprés, en agosto de 1976, reproducido en José Antonio González Casanova, El cambio inacabable (1975-1985), p. 160.

4. Manuel Vicent, El azar de la mujer rubia, Alfaguara, Madrid, 2013, p. 66.

5. «Juego político abierto a todos, reconocimiento de la realidad del país y diálogos al descubierto», El País, 7 de julio de 1976. Sobre los proyectos reformistas gubernamentales véase Ferran Gallego, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Crítica, Barcelona, 2008.

6. El País, 17 de julio de 1976.

7. «El Gobierno pedirá amnistía al Rey», El País, 17 de julio de 1976.

8. El artículo 172 del Código Penal establecía la prohibición de los partidos que «sometidos a una disciplina internacional pretendan instaurar un régimen totalitario». 175 procuradores votaron en contra y 57 se abstuvieron porque querían que la prohibición del PCE figurase de manera más explícita.

9. FLC, Fondo UGT-CEC, Reunión de Coordinación Democrática del 9 de julio de 1976, sign. 2811-006.

10. Ibid.

11. Coordinación Democrática, A los pueblos de España, 21 de julio de 1976.

12. Manuel Ortiz, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso..., p. 96.

13. «La oposición ante la reforma», El País, 27 de julio de 1976.

14. ANC, Fondo PSUC, «Notas manuscritas de los miembros del Comitè Executiu del PSUC», 30 de marzo de 1976, c. 9. Probablemente corresponden a Antoni Gutiérrez Díaz.

15. «Los documentos de “Coordinación” recibidos con moderada satisfacción», El País, 12 de agosto de 1976.

16. El PSOE juzgó no conveniente asistir a ella «ante el anuncio reflejado por la prensa de que la cena perseguía un “pacto sobre la constitución”». FLC, Fondo UGTCEC, Informe sobre las reuniones de C.D. celebradas los días 2 y 7 de agosto de 1976, sign. 2811-006.

17. «Contactos en la oposición tras la segunda cena de Aravaca», El País, 7 de agosto de 1976.

18. «Un primer paso para futuras negociaciones Gobierno-oposición», El País, 12 de agosto de 1976.

19. Manuel Ortiz, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso, p. 112.

20. Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, p. 162.

21. Carlos Abella, Adolfo Suárez..., p. 130.

22. Adolfo Suárez, «Consideraciones sobre la Transición Española», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual n.º 41, 1988.

23. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 148.

24. «Continúa el diálogo entre el Gobierno y los partidos catalanes», El País, 18 de agosto de 1976.

25. La Ejecutiva de CD solicitó a los delegados de Andalucía, Aragón, Asturias, Madrid, Castilla-León, Extremadura, La Rioja, La Mancha y Murcia que aceptaran ser representados por ella. FLC, Fondo UGT-CEC, Informe sobre la reunión de C.D. (27 de agosto de 1976), sign. 2811-006.

26. La composición de la Mesa fue la siguiente: Félix Pons (Assemblea Democràtica de Mallorca), Jesús Vega (Consello de Forzas Políticas Galegas), Laura Pastor (Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià), Miquel Sellarés (Assemblea de Catalunya), Mariano Zufia (Coordinación Democrática), José Joaquín Díez de Aguilar (Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias), Alejandro Otero (Táboa Democrática de Galiza), Antonio Casero (Assemblea Democràtica de Menorca), Jaume Ribas (Assemblea Democràtica d’Eivissa) y Valentín Solagaistua (Fuerzas Políticas de Euskadi).

27. «En este instante de quiebra del Estado, la unidad de la oposición es fundamental», El País, 5 de septiembre de 1976.

28. «Unidad de la oposición y reconocimiento de las autonomías», El País, 5 de septiembre de 1976.

29. «Coordinación Democrática rechaza el proyecto y reitera su voluntad negociadora», El País, 17 de septiembre de 1976.

30. «La oposición aprueba un programa político común», El País, 26 de septiembre de 1976.

31. En el Manifiesto de Alianza Popular se criticaba al Gobierno por las «excesivas concesiones a actividades revanchistas, erosionantes de la paz y el orden, y disgregadoras de la integridad nacional», y se denunciaba la «crisis de autoridad a todos los niveles», el «deterioro del orden público», la «innecesaria aceptación de ideas rupturistas» y el «predominio de actitudes permisivas y en exceso preocupadas por opiniones internas o externas más aparentes que reales». El Manifiesto en El País, 10 de octubre de 1976.

32. Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 54-57.

33. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, Temas de Hoy, Madrid, 2007, pp. 117-118.

34. «Informe de la Asamblea de la oposición española del 27 de noviembre de 1976», FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 2811-005.

35. «Propuesta de creación de la Plataforma de Organismos Democráticos y su programa político», 25 de septiembre de 1976, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

36. Los nueve puntos del programa político eran: 1 – Formación inmediata de un Gobierno de amplio consenso democrático que abra, presida y garantice el proceso constituyente del Estado, como única vía que pueda permitir unas elecciones auténticamente libres. 2 – Legalización simultánea de partidos políticos y organizaciones sindicales sin exclusiones. 3 – Reconocimiento del pleno ejercicio de las libertades de expresión, reunión, manifestación y huelga. 4 – Adopción de las medidas necesarias para asegurar la unidad jurisdiccional y la organización y funcionamiento de un poder judicial independiente, de acuerdo con las exigencias de una sociedad democrática. 5 – Completa amnistía para los presos políticos, libre retorno de los exiliados y amnistía laboral. 6 – Reconocimiento de las aspiraciones a Estatutos de autonomía de las nacionalidades y regiones que los reivindiquen y que se doten de la organización política adecuada para garantizar su propio proceso autonómico durante el período constituyente del Estado, restableciéndose provisionalmente, para los casos más específicos de Cataluña, Euskadi y Galicia, los principios e instituciones configurados en sus Estatutos, aprobados o plebiscitados y formando sus respectivos Gobiernos de autonomía, con las funciones, que en su territorio, les confieren dichos Estatutos. 7 – Aplicación de un programa económico concertado contra la inflación y el paro y de reactivación del proceso productivo, que permita la superación de la crisis con la participación de los sectores sociales más afectados por la misma, y respetando los intereses de los trabajadores. 8 – Después del establecimiento y ejercicio efectivo de todas las libertades públicas, mediante consulta popular y convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente, la soberanía popular determinará libremente la nueva constitución del Estado. 9 – Derogación de todas las leyes e instituciones que se oponen a estos principios de liberación política. «Programa político de la Plataforma de Organismos Democráticos», FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 2811-006. Reproducido también en Josep Benet, El president Tarradellas en els seus textos (1954-1988), Empúries, Barcelona, 1992, pp. 351-352.

37. AHPCE, Fondo Dirigentes, Comité Ejecutivo, diciembre 1976, sig. 2/1.2.1.

38. Ibid.

39. FLC, Fondo UGT-CEC, Declaración de la Comisión Ejecutiva de la UGT ante el referéndum convocado por el Gobierno, sign. 2684-004.

40. Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 19391985, Planeta, Barcelona, 1986, pp. 529-531.

41. AHPCE, Fondo Dirigentes, Comité Ejecutivo, diciembre 1976, sig. 2/1.2.1.

42. ANC, Fondo PSUC, Antoni Gutiérrez Díaz «Notas manuscritas», 20 de diciembre de 1976, c. 9.

43. ANC, Fondo PSUC, Declaración del Comité Central del PSUC, Barcelona, 9 de enero de 1977, carp. 73.

44. Entrevista con Miquel Roca, 7 de febrero de 2012.

45. «Intervención de Miquel Roca», IV Congreso de Convergència Democràtica de Catalunya, 15 de enero de 1977, p. 6.

46. «Sobre unes declaracions del senyor Tarradellas. La unitat de l’oposició democràtica espanyola és vital per a Catalunya», Treball, n.º 446, 19 de julio de 1976.

47. Avui, 7 de julio de 1976.

48. En el cuarto punto de la Assemblea se proponía «la coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática», y en las bases del Consell se afirmaba que «participará de una manera activa en la búsqueda de un acuerdo democrático a nivel de todo el Estado español y propiciará la constitución de un solo organismo con el que poder pactar en nombre de Cataluña».

49. Antoni Batista, Josep Playà, La gran conspiració..., p. 223.

50. Josep Maria Colomer, Assemblea de Catalunya, pp. 101-102.

51. ANC, Fondo PSUC, «Informe de conjuntura», 21 de julio de 1976, c. 9.

52. «Per què no aprovem l’Assemblea Nacional Provisional que suggereix el Sr. Tarradellas», Treball, n.º 447, 30 de agosto. Las declaraciones del presidente de la Generalitat se publicaron en El Correo Catalán de 18 de agosto de 1976.

53. «No estamos de acuerdo con la creación de la Assemblea Nacional de Catalunya propuesta por el señor Tarradellas», El Noticiero Universal, 16 de agosto de 1976.

54. Jordi Amat, Els laberints de la llibertat, p. 238.

55. «Declaració del Comitè Executiu del PSUC. La via de la negociació per separat no pot dur a la ruptura», Treball, n.º 448, 13 de septiembre de 1976.

56. «Autonomías y nacionalidades», El País, 1 de septiembre de 1976.

57. «Los catalanes dolidos», Ya, 3 de septiembre de 1976.

58. José Antonio González Casanova, «En este país». Reproducido en El cambio inacabable..., pp. 207-209.

59. José Antonio González Casanova, «Jordi Pujol en Madrid». Reproducido en El cambio inacabable..., p. 210.

60. Josep Benet, «Desde Cataluña, con preocupación y tristeza», El País, 4 de septiembre de 1976.

61. Eduardo García de Enterría, «El problema», El País, 21 de septiembre de 1976.

62. Eduardo García de Enterría, «Autodeterminación y separatismo», El País, 26 de septiembre de 1976.

63. Plataforma de Organismos Democráticos, La alternativa para la democracia, 25 de septiembre de 1976.

64. Ibid.

65. Antoni Batista, La gran conspiració..., p. 236. Recoge el artículo de Jaume Fabre «Ni sardana idíl·lica ni xotis reformista», Avui, 31 de octubre de 1976.

66. La posición comunista ante el protagonismo reclamado por Josep Tarradellas se ha tratado más ampliamente en Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC..., pp. 209-226.

67. Declaraciones reproducidas en Treball, n.º 435, 15 de noviembre de 1976.

68. Josep Tarradellas, «Solo hay una democracia», Destino n.º 2044, 25 de noviembre de 1976. El artículo no lo escribió Tarradellas sino Baltasar Porcel, según éste afirmó en La Vanguardia de 14 de junio de 1988.

69. Josep Benet, El president Tarradellas..., p. 353.

70. Aunque respondía a un desconocimiento notable de la realidad catalana, es significativo que, pasado el tiempo, una parte de la derecha española haya analizado el retorno del presidente de la Generalitat en el exilio de la siguiente manera: «Josep Tarradellas pudo ser la solución moderada y realista de los nacionalismos si en vez de retornar a España después de las elecciones de junio de 1977 hubiese venido, desde su exilio francés de Saint-Martin-le-Beau, medio año antes, con tiempo para inspirar o inducir una fuerza política con la que contender en el proceso electoral. El mapa político de Cataluña hubiese cambiado significativamente dado que aquella presencia, que representaba la legitimidad de la Generalitat, habría bastado para concentrar el nacionalismo catalán sobre el Estatuto de 1932. Hubiese sido un marco razonable, histórico y cerrado que colmara apetencias ciertas y que, al reponer derechos arrebatados, habría desincentivado a otras regiones en emular al caso catalán», Rogelio Baón, Historia del Partido Popular. I Del Franquismo a la refundación, Ibersaf Editores, Madrid, 2001, p. 207.

71. Antoni Batista y Josep Playà, La gran conspiració..., p. 237.

72. «Per la negociació i l’Estatut», Arreu, n.º 9, enero de 1977.

73. El resultado de la votación fue de 45 votos a favor de la participación catalana en los órganos de coordinación española, 15 en contra y 25 abstenciones.

74. Jordi Pujol, L’opció política de CDC, pp. 11-13.

75. Ibid., p. 17.

76. Ibid., p. 18.

77. Ibid., p. 19.

78. «Declaraciones de Jordi Pujol a La Vanguardia: La negociación es necesaria», La Vanguardia, 5 de diciembre de 1976.

79. «Mesa redonda en Madrid sobre el regionalismo», La Vanguardia, 10 de diciembre de 1976.

80. El País, 17 de julio de 1976.

81. Manuel Ortiz, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso, pp. 101-102.

82. Reproducido en Carlos Abella, Adolfo Suárez, pp. 191-192.

83. Ya, 3 de septiembre de 1976.

84. «Malestar por unas declaraciones del señor Suárez sobre la lengua catalana», El País, 31 de agosto de 1976.

85. «Martín Villa, con representantes de la oposición catalana», El País, 7 de septiembre de 1976. Salvador Sánchez-Terán obvió la cuestión y en sus memorias escribió: «al llegar a los socialistas, el ministro dijo: “De momento, Reventós, no”». Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 163.

86. Ibid., p. 151.

87. Ibid, p. 156.

88. Ibid., pp. 156-158.

89. Carlos Abella, Adolfo Suárez, p. 197.

90. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 148-149.

91. Manuel Ortínez, Una vida entre burgesos. Memòries, Edicions 62, Barcelona, 1993. Ortínez había sido consejero director en el Consorcio de Industriales Textiles Algodoneros —CITA— en los años cincuenta, director de distintas entidades bancarias en los años sesenta y del Instituto Español de Moneda Extranjera y muy vinculado a dirigentes gubernamentales de la tecnocracia cercana al Opus Dei. Persona próxima a Josep Tarradellas, en 1978 éste le nombró conseller de Gobernación de su gobierno.

92. Ibid., p. 134.

93. Documento reproducido en Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona..., pp. 321-322.

94. Manuel Ortínez, Una vida entre burgesos..., p. 145.

95. ABFMZ, Carta al ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, 26 de agosto de 1976.

96. El 18 de mayo se celebró una reunión en Madrid y el 7 de junio en Lleida.

97. Se celebraron tres reuniones más: 14 de septiembre en Tarragona, 12 de noviembre en Girona y, nuevamente, el 30 de noviembre.

98. Ferran Mascarell, «La Diputació durant l’etapa Tarradellas, 1977-1980» en Borja de Riquer (dir.), Història de la Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1988, p. 105.

99. No deja de ser significativo que, en la recopilación de documentos que preparó el Servicio de Documentación del Instituto de Estudios de la Administración Local, el primero correspondiera a la Derogación de los Fueros de Aragón y Valencia y su reducción a las leyes y Gobierno de Castilla de 29 de junio de 1707.

100. Archivo de Presidencia de Gobierno, Anteproyecto de Ley Regional, septiembre de 1976, leg. 1951/120.

101. Ello no fue obstáculo para que el 11 de noviembre, un día antes del pleno de la Comisión, Federico Mayor se reuniera colectivamente con la oposición «aceptable» para el Gobierno, es decir excluyendo a los comunistas. Así se entrevistó con Jordi Pujol, Anton Cañellas, Josep Pi-Sunyer, Josep Pallach, Joan Reventós, Heribert Barrera, Josep Andreu, Joan Mas Cantí. ABFMZ. Federico Mayor realizó un informe que fue expuesto verbalmente al presidente del Gobierno.

102. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 212.

103. ADB, Propuesta de Régimen especial para Cataluña, 30 de noviembre de 1976, E-115, exp. 10.

104. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 216.

105. «Contactos gobierno-oposición catalana», La Vanguardia Española, 7 de diciembre de 1976.

106. «La entrevista Adolfo Suárez-Reventós», La Vanguardia Española, 8 de diciembre de 1976.

107. Jordi Amat, Els laberints de la llibertat..., pp. 244-245.

108. Ibid., p. 245.

109. «Cataluña: un Consejo General sustituirá a la Comisión del Régimen Especial», El País, 2 de diciembre de 1976.

110. Archivo de Presidencia de Gobierno, Discurso del Presidente de la Diputación de Barcelona, diciembre de 1976, leg. 1950/9.

111. «Las propuestas, ni demagógicas ni centralistas», Mundo Diario, 21 de diciembre de 1976.

112. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 219.

113. ADB, Intervención de D. Alfonso Suárez, presidente del Gobierno, Barcelona, 20 de diciembre de 1976, E-115, exp. 11.

114. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 219.

115. «El Gobierno asume la cooficialidad del catalán», Mundo Diario, 21 de diciembre de 1976.

116. «Las propuestas, ni demagógicas ni centralistas», Mundo Diario, 21 de diciembre de 1976.

117. Carlos Abella, Adolfo Suárez, p. 200.

118. ADB, Carta del 12 de enero de 1977, E-117, exp. 15.

119. Fondo Documental Federico Mayor Zaragoza, nota manuscrita.

120. Real Decreto 382/1977 de 18 de febrero.

1. Unión Sindical Obrera, Sobre la entrada en la Comisión Negociadora con el Gobierno, s/f [enero de 1977], FLC, Fondo UGT-CEC, 3894-007. Asistirían los tres representantes sindicales cuando se trataran los temas sindicales y su negociación con el Gobierno. «Consenso de la Oposición sobre los temas fundamentales», El País, 20 de enero de 1977.

2. Mundo Obrero, n.º 48, 1 de diciembre de 1976.

3. César Alonso de los Ríos, «Negociar con o sin Carrillo», Triunfo, n.º 727, enero de 1977.

4. «Tierno y Pujol se entrevistaron con Suárez», El País, 24 de diciembre de 1976.

5. Jordi Pujol, Memòries. Història d’una convicció (1930-1980), Labutxaca/Edicions 62, Barcelona, 2010, p. 302.

6. «La Oposición, preocupada por las recientes detenciones», El País, 29 de diciembre de 1976.

7. PSOE, Información de Jordi Pujol sobre la reunión de él y de Tierno con Suárez, s/f pero referida a la reunión de la Comisión de los Nueve de 4 de enero de 1977, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008. «Suárez no negociará directamente con ningún representante comunista», El País, 28 de diciembre de 1976.

8. Reunión Comisión Negociadora, 4 de enero de 1977, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

9. Entrevista con Santiago Carrillo, 24 de enero de 2012.

10. Reunión Comisión Negociadora, 4 de enero de 1977, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

11. Resúmenes de la reunión Comisión Negociadora, 4 de enero de 1977, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

12. «Cañellas, González, Jáuregui y Satrústegui, primeros interlocutores de Suárez», El País, 5 de enero de 1977.

13. «Carrillo, elegido para negociar el tema de las nacionalidades», Pueblo, 4 de febrero de 1977.

14. El documento se estructuraba en dos partes; la primera, de carácter general, afirmaba la realidad del hecho regional en España, de manera que el regionalismo «no es una teoría sino sobre todo una forma eficaz de aproximación y de solución de los problemas auténticos»; también afirmaba que, en sí mismo «el centralismo ha producido un modelo político y social antidemocrático», de manera que «el regionalismo no es solo una exigencia de recuperación y defensa de la personalidad de las colectividades regionales, es también una exigencia, lisa y llanamente, de democracia». La segunda parte se refería específicamente a Cataluña en el marco de las tres «entidades nacionales indiscutibles» que requerían «un reconocimiento distinto que el de las regiones y, por ende, una institucionalización política también distinta», ya que «necesitan un poder colectivo que sea la expresión política de su realidad nacional». En la reunión de 21 de enero hubo unanimidad en aceptar que la reivindicación nacional catalana se concretaba en el restablecimiento provisional de las instituciones y principios configurados en el Estatuto de 1932. Documentación adjunta a la carta de Jordi Pujol a Felipe González, 31 de enero de 1977. FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

15. En el boletín interno de CDC Informacions, se había afirmado que Pujol estaba en aquella comisión «para negociar con el Gobierno en representación de Cataluña». Dicha información había indignado a las organizaciones que priorizaban en la negociación la figura de Tarradellas; «La oposición catalana buscará mañana una línea política común», El País, 3 de febrero de 1977. Josep Maria Trias de Bes, como portavoz de CDC, tuvo que escribir una carta a El País precisando que «Pujol no actúa en la “comisión de los nueve” como “representante de Cataluña”, sino como “impulsor de la negociación desde Cataluña”. Las doce organizaciones que le han designado entienden que no pueden asumir o hacer asumir representación global de Cataluña, pero que sí pueden aportar a la negociación una positiva e impulsora presencia catalana. ... Las doce organizaciones hicieron constar en su momento, y lo han reiterado recientemente, que esta presencia catalana en la negociación general responde a la voluntad de colaborar al establecimiento de una situación democrática en España, pero que no excluye en modo alguno su decisión de conseguir además una negociación directa con el poder para la defensa de los específicos intereses catalanes». Las doce organizaciones eran: Assemblea de Catalunya, Centre Català, Confederació Sindical de la CONC, Convergència Democràtica, Esquerra Democràtica, Lliga de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya, Partit Socialdemòcrata de Catalunya, PSOE (Federació catalana), PSUC, Unió Democràtica y UGT, «Josep Maria Trias de Bes, Pujol representa a doce organizaciones catalanas», El País, 6 de enero de 1977.

16. Carta de Jordi Pujol a Joaquín Satrústegui, 4 de enero de 1977, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

17. Véase el artículo de Joaquín Satrústegui «Nacionalidades y regiones», El País, 24 de enero de 1978, donde se reproduce el documento.

18. El 3 de febrero de 1977 el acta de la reunión del día 21 fue suscrita por: Anton Cañellas (Democracia Cristiana), Santiago Carrillo (PCE), Felipe González (PSOE), Francisco Fernández Ordóñez (Socialdemocracia), Julio Jáuregui (País Vasco), Valentín Paz Andrade (Galicia), Jordi Pujol (Cataluña), Enrique Tierno (PSP) y Joaquín Satrústegui (Liberales). Ibid.

19. Acta de la reunión de la Comisión Negociadora del 3 de febrero de 1977, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

20. Jordi Solé Tura, «Cataluña y la Comisión de los Diez», Mundo Diario, 13 de febrero de 1977.

21. Expresión habitual en los medios de comunicación que sintetizaba el procedimiento de legalización de las asociaciones políticas mediante autorización explícita del Gobierno, establecido en la Ley de Asociación Política de 9 de junio de 1976.

22. «La legalidad del PSOE», El Socialista, 15 de febrero de 1977.

23. Comunicado de la Comisión de los Diez, 24 de febrero de 1977, Treball, n.º 470, 28 de febrero de 1977.

24. «Declaración de la Comisión de los Nueve. Por la libertad sindical», Treball, n.º 474, 28 de marzo de 1977.

25. Comunicado de la Comisión de los Diez, Treball, n.º 470, 28 de febrero de 1977.

26. Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 285.

27. Francisco Fernández Ordóñez, La España necesaria, p. 72.

28. Charles Powell, El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, p. 215.

29. «Piden a Pujol que abandone la comisión negociadora», El País, 11 de marzo de 1977.

30. «Jordi Pujol. He hecho, si no todo, sí la parte principal de mi trabajo», El País, 17 de marzo de 1977. La renuncia se produjo tres días después. «Jordi Pujol se retira de la “comisión de los diez”», El País, 20 de marzo de 1977.

31. Antoni Gutiérrez Díaz, «Catalunya, l’Assemblea i la Comissió dels Nou», Treball, n.º 28, marzo de 1977.

32. Adolfo Suárez, «Consideraciones sobre la Transición Española», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual, n.º 41, 1988.

33. Laureano López Rodó, Claves de la Transición. Memorias IV, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, p. 266.

34. Antonio Muñoz, «La Fundación Friedrich Ebert y la reconstrucción del socialismo español durante la Transición» en Manuel Loff y Carme Molinero, Societats en canvi: España i Portugal als anys setanta, CEFID/IHC, Bellaterra, 2012, cd.

35. Alfonso Osorio, Trayectoria política..., pp. 277-281; Raúl Morodo, La transición política, Tecnos, Madrid, 1984, p. 115; Nativel Preciado, «Fernando Abril Martorell», Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero Blanco a la integración europea, El País, Madrid, 1996, p. 138.

36. AHPCE, Documentos PCE, Notificación del jefe del Registro de Asociaciones Políticas, Madrid, 22 de febrero de 1977, c. 58.

37. «Comunicado de la Comisión de los Diez», 24 de febrero de 1977, Treball, n.º 470, 28 de febrero de 1977.

38. Alfonso Osorio explicó que, desde febrero, Suárez se interrogaba a sí mismo en voz alta sobre qué pasaría si los comunistas ocupaban las calles: «¿les disolvemos por la violencia? y si insisten ¿les ametrallamos?»; «y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿les detenemos a todos?», Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 277.

39. Francesc Pascual, «Entrevista Antoni Gutiérrez Díaz», Memoria de Catalunya, El País, Barcelona, 1997, p. 28.

40. Ministerio de la Gobernación, Gabinete Técnico de S.E. Informe sobre la reunión celebrada en Madrid los días 2 y 3 de marzo de 1977 por los dirigentes de los Partidos Comunistas de España, Francia e Italia (cumbre eurocomunista).

41. Comisión Ejecutiva de UGT, Comunicado de prensa, 21 de abril de 1977.

42. Francisco Fernández Ordóñez, La España necesaria, p. 73.

43. Antoni Batista, J. Playà, La gran conspiració..., p. 242.

44. «Divergencias estratégicas entre los socialistas catalanes», El País, 29 de diciembre de 1976.

45. «Tarradellas, projecte inviable», Treball, n.º 468, 14 de febrero de 1977.

46. «Jordi Pujol continúa en la comisión negociadora con el Gobierno», El País, 15 de diciembre de 1976.

47. «Intervención de Jordi Pujol», IV Congreso de Convergència Democràtica de Catalunya, 15 de enero de 1977, pp. 26-30 y 34.

48. Reproducido en Antoni Batista, J. Playà, La gran conspiració..., pp. 247.

49. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 168.

50. «Tarradellas pide diálogo directo de Cataluña con Madrid», El País, 7 de enero de 1977.

51. «Tarradellas propone pactar con Madrid el Gobierno autónomo de Cataluña», El País, 7 de enero de 1977.

52. «La imagen política de Tarradellas, en entredicho», El País, 8 de marzo de 1977.

53. «Declive de Tarradellas como aglutinador de la oposición catalana», El País, 6 de marzo de 1977.

54. Enrique Barón, Federación de Partidos Socialistas, Avance, Madrid, 1979.

55. Ibid., p. 11.

56. Artículo publicado en el Diario de Barcelona, 13 de febrero de 1975. Reproducido en José Antonio González Casanova, Fulgor y sombras del socialismo en España, La Lluvia, Barcelona, 2012, pp. 73-76.

57. «La legalidad del PSOE», El Socialista (Madrid), 15 de febrero de 1977.

58. Santos Juliá, Los socialistas en la política española 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997, p. 428.

59. «El PSOE insiste en candidaturas únicas bajo sus siglas», El País, 15 de febrero de 1977.

60. Josep M. Triginer, «El projecte polític de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)» en AA.DD., Vint anys d’història del PSC, p. 58.

61. Agradecemos a José Luis Martín Ramos que nos haya facilitado una copia de sus notas de esta importante reunión.

62. Archivo particular de José Luis Martín Ramos, «Notas del Consell General», 3 de abril de 1977.

63. Las abstenciones fueron 4, 1 en blanco y 2 personas se ausentaron. Archivo particular de José Luis Martín Ramos, «Notas del Consell General», 3 de abril de 1977.

64. Josep M. Triginer, «El projecte polític de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)», en AA.DD., Vint anys d’història del PSC, p. 61.

65. Ibid.

66. Josep M. Triginer, «El projecte polític de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)» en AA.DD., Vint anys d’història del PSC, p. 63.

67. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 269-270. «Felipe González apoya el restablecimiento del Estatuto de Autonomía», El País, 1 de mayo de 1977.

68. Antoni Batista, Josep Playà, La gran conspiració..., pp. 251-252.

69. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí, p. 72.

70. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 252.

71. Manuel Ortínez, Una vida entre burgesos..., p. 137.

72. Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 320.

73. Ibid., p. 324; Manuel Ortínez, Una vida entre burgesos..., pp. 247-248.

74. «La oposición catalana propone elecciones con autonomía», El País, 11 de marzo de 1977.

75. «Replanteamiento del Consejo General de Cataluña», El País, 12 de junio de 1977.

76. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 278.

77. Joan B. Culla, La dreta espanyola a Catalunya, 1975-2008, La Campana, Barcelona, 2009, pp. 36-37.

78. Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 57.

79. Entrevista con Manuel Ortiz, 5 de noviembre de 2012.

80. «Las elecciones en Cataluña», El País, 11 de junio de 1977.

81. «La UCD, por la autonomía de Cataluña», El País, 14 de mayo de 1977.

82. «El Ayuntamiento, por la autonomía», Diario de Barcelona, 5 de abril de 1977.

83. Borja de Riquer, La Catalunya autonòmica, 1975-2003, Edicions 62, Barcelona, 2003, p. 107.

84. «Las elecciones en Cataluña», El País, 11 de junio de 1977.

85. «Posible reparto de escaños en Barcelona», El País, 1 de junio de 1977.

86. Una explicación amplia de las propuestas socialistas en José A. González Casanova, La lucha por la democracia en Cataluña..., pp. 148-154.

87. ANC, Fons PSUC, Manifest Electoral del PSUC, car. 75.

88. «Tarradellas debe delegar sus funciones en el ganador de las próximas elecciones electorales», El País, 10 de junio de 1977.

89. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí. Records d’un retorn, pp. 68-69.

1. En toda España, UCD obtuvo el 34,44 % de los votos y 165 escaños; PSOE (y Socialistes de Catalunya) el 29,32 % y 118 diputados; PCE (y PSUC), el 9,33 % y 20 escaños; AP, el 8 % y 16 diputados; Unidad Socialista-PSP, el 4 % y 6 escaños. En el País Vasco, el PNV obtuvo 8 escaños, y Euskadico Ezkerra, 1. La Candidatura Aragonesa Independiente de Centro logró un diputado y la Candidatura Independiente de Centro de Castellón, otro.

2. La Vanguardia Española, 10 de junio de 1977.

3. El País, 12 de junio de 1977.

4. Sobre las elecciones del 15 de junio en Cataluña, Andreu Mayayo, La ruptura catalana, Catarroja, Afers, 2002.

5. Editorial, «El viaje de Tarradellas», El País, 29 de junio de 1977. Contrariamente, para el articulista del diario Informaciones, Abel Hernández, las elecciones «han sido un fuerte antitérmico para la “fiebre de las nacionalidades”. Los deseos autonómicos, por voluntad popular, han quedado en su lugar. El señor Tarradellas tiene poco que hacer en Cataluña. La izquierda triunfante —comunistas y socialistas— tiene un fuerte componente centralista. Han vencido “los otros catalanes”». Citado en Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 85.

6. Acta de la I Asamblea de Parlamentarios, en Jaume Sobrequés (ed.), El restabliment de la Generalitat de Catalunya. Diari de sessions de l’Assemblea de Parlamentaris de Catalunya (1977), Barcelona, 1981, p. 23. Ver también del mismo autor La fi del silenci. La recuperació de la Generalitat i el retorn de Tarradellas, Barcelona, Base, 2002.

7. Según Tarradellas, fue Jordi Pujol quien, tras una reunión con Rodolfo Martín Villa en la que también participó Miquel Roca, logró que la propuesta socialista de crear en la Asamblea de Parlamentarios un Consell Provisional de la Generalitat se convirtiera en formar una Comisión Permanente. «Comisión Permanente es un término parlamentario que no sobrepasa el nivel del vocabulario político deliberativo. La palabra Consejo representa otra cosa, implica facultades ejecutivas. Esta modificación salió de Madrid, del despacho de Martín Villa». Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 102. Carles Sentís, en cambio, explica que la creación de un Consejo Provisional de la Generalitat «habría supuesto una especie de ruptura con la legalidad vigente y que habría podido provocar muchos problemas», de manera que «en las conversaciones previas a la reunión de la asamblea, todos los líderes políticos catalanes así lo habían visto». Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, Barcelona, La Campana, 2002, p. 40.

8. Jordi Amat, Els laberints de la llibertat..., p. 255.

9. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 279-280.

10. Jordi Pujol, Memòries..., p. 318.

11. Manuel Ortínez, Una vida entre burgesos..., p. 15.

12. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat..., pp. 284-286.

13. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., pp. 163-164.

14. Entrevista con Eduardo Martín Toval, 16 de febrero de 2012 y con José Antonio González Casanova, 18 de julio de 2012. No obstante, otros dirigentes del PSC, como Raimon Obiols, sí apreciaron lo que podía suponer que el Gobierno otorgara a Tarradellas la condición de interlocutor. Según Obiols, la forma en que se produjo el regreso de Tarradellas había que contemplarla «como una gran operación de la derecha». José Martí Gómez, Joan Reventós, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 242 y 246.

15. Según Ramon Trias Fargas, «como decía Pujol, nos han dejado panza arriba a los parlamentarios». Jordi Amat, Els laberints de la llibertat..., p. 262.

16. En la primera entrevista en Madrid con Rodolfo Martín Villa y el gobernador de Barcelona, Manuel Ortiz, Tarradellas afirmó que «que conste que yo no vengo aquí a ser una figura decorativa ... No, no, yo vengo a mandar, a nombrar alcaldes». A lo que sus intercolutores respondieron: «Honorable, los alcaldes no se nombran, no se nombran ya, se eligen». Manuel Ortiz, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso, p. 217.

17. Ramon Trias Fargas explica que en una entrevista le había manifestado a Tarradellas que no debía «seguir mandando» a partir del momento que existieran unos representantes elegidos, a lo que el presidente había replicado que «delegaría sus funciones ejecutivas». Jordi Amat, Els laberints de la llibertat..., p. 262.

18. La versión del propio Josep Tarradellas en Ja sóc aquí..., pp. 115-118.

19. Según Carles Sentís, el acuerdo finalmente alcanzado estaría «muy probablemente por encima de las expectativas que el propio Suárez se había marcado». Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p. 12.

20. Ver Josep Tarradelllas, Ja sóc aquí..., pp. 130-132. Según Tarradellas, resultó determinante hacer ver al ministro que la Generalitat no era una institución republicana y que sus orígenes estaban en una «vieja institución monárquica». Ver también, Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, pp. 59-60. Entrevista con Rodolfo Martín Villa, 9 de julio de 2012.

21. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 286-287.

22. Ibid., p. 287.

23. El Gobierno de la República en el exilio se disolvió el 21 de junio de 1977 considerando acabada su misión ante el proceso de restablecimiento de la democracia.

24. «Regionalismo: respeto a la voluntad popular», Ya , 30 de junio de 1977.

25. Editorial, «El viaje de Tarradellas», El País, 29 de junio de 1977.

26. Editorial, «Autonomía y Democracia», El País, 3 de julio de 1977. Las cursivas son nuestras.

27. José Mario Armero, «Mi conversación con Tarradellas», ABC, 3 de julio de 1977.

28. Según Sentís, el propio Suárez aludió a la cuestión en la segunda entrevista con Tarradellas. Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas..., p. 82.

29. No todos los parlamentarios valoraban tan positivamente la actuación de Tarradellas. El senador Josep Benet había manifestado al diario Avui que el organismo provisional tendría atribuciones parecidas a las que se preveían para el «Consejo General» que todas las fuerzas políticas catalanas habían rechazado. Por tanto, «la negociación para conseguir una auténtica autonomía para Cataluña habría que hacerla en las Cortes de Madrid, con la ayuda de la movilización constante del pueblo de Cataluña». Avui, 3 de julio de 1977.

30. El texto completo en Jaume Sobrequés, La fi del silenci, p. 45-46.También en Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., pp. 182-186.

31. Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p. 93.

32. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, p. 47,

33. «Tarradellas desea protagonizar la negociación con el Gobierno», El País, 24 de julio de 1977.

34. Para Tarradellas debía evitarse que los parlamentarios se creyesen depositarios de una representatividad diferente «de la que ostentaban, que pretendiesen comportarse en Madrid como parlamentarios españoles y en Barcelona como sustitutos del Parlamento de Cataluña». «No podía imaginarse que los diputados se atribuyesen derechos o funciones que el pueblo no les había otorgado.» Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 104. El libro citado está lleno de comentarios críticos, cuando no simplemente descalificadores de los líderes políticos. Un ejemplo: muchos parlamentarios «vivían en las nubes, creían que todo lo que no fuera restablecer el Estatuto de 1932 sería un derrota para Cataluña. Y además, con unas prisas y unas exigencias típicas del tiempo de la clandestinidad», p. 188.

35. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 172.

36. Acta de la II Asamblea de Parlamentarios en Jaume Sobrequés (ed.), El restabliment de la Generalitat de Catalunya. Diari de sessions..., p. 49.

37. Ibid., p. 51.

38. Ibid., p. 51.

39. Ibid., p. 52. Según Tarradellas, él fue quien expuso a Pujol, en una entrevista celebrada el 6 de julio, tales argumentos. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., pp. 170-171.

40. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, p. 55.

41. «Los periodistas catalanes piden transparencia informativa a los parlamentarios», El País, 23 de julio de 1977.

42. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 201.

43. Ibid., p. 203.

44. Ibid., p. 214. En realidad, no existió tal «alud de críticas» sino simplemente la constatación de la existencia de discrepancias, por otra parte expresadas en forma muy discreta. Ver, por ejemplo, «Discrepancias entre Martín Villa y los parlamentarios catalanes», La Vanguardia, 15 de julio de 1977.

45. Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p. 93.

46. «Tres proyectos de autonomía, debatidos por los parlamentarios catalanes», El País, 20 de julio de 1977.

47. El texto completo del proyecto de real decreto ley en Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 178-181; también en el El País, 27 de julio de 1977. El texto fue elaborado por los diputados Gutiérrez Díaz y Solé Tura (PSUC), Benet (Entesa dels Catalans), Sentís y Espinet (UCD), con la colaboración de Molas (Socialistes de Catalunya), Ribó (PSUC), Roca (CDC) y Barrera (ERC). Se aprobó en la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios con la ausencia de los representantes de UCD (Sentís, Espinet y Faura) y del de UDC (Cañellas).

48. Ibid., p. 62.

49. Según Sentís, «durante la reunión se produjo un choque entre Tarradellas y Benet, a propósito de la legitimidad democrática de los diputados y senadores y del papel del presidente de la Generalitat». Carles Sentís, I de sobte..., p. 95. Probablemente Benet expresó abiertamente que la legitimidad democrática debía primar sin por ello dejar de lado la «legitimidad histórica», lo que, por otra parte, era compartido por las fuerzas políticas mayoritarias.

50. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 62-63.

51. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 288.

52. Ibid., p. 291.

53. Ibid., pp. 291-292.

54. Ibid., pp. 295-296.

55. Ibid., p. 296.

56. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 187-189; Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, pp. 102-104.

57. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 241; Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 69-70.

58. En la reunión plenaria de la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Lleida el 23 de agosto, Joan Reventós se refirió al texto como el «documento sugerido por el señor Tarradellas al enviado del Presidente Suárez». Acta de la tercera sesión plenaria de la Asamblea de Parlamentarios reproducida por Jaume Sobrequés, El restabliment de la Generalitat..., p. 89.

59. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 69-70. En su informe al pleno de la Asamblea de Parlamentarios, Joan Reventós señaló que el acuerdo con Tarradellas incluía que el Consejo de Gobierno reflejara los resultados electorales. Acta de la III Asamblea de Parlamentarios, reproducida por Jaume Sobrequés, El restabliment de la Generalitat..., p. 90.

60. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 293.

61. Acta de la III Asamblea de Parlamentarios, en Jaume Sobrequés (ed.), El restabliment de la Generalitat de Catalunya. Diari de sessions..., pp. 90-91.

62. Ibid., pp. 91-93.

63. Ibid., pp. 98-99.

64. Ibid., pp. 94-98.

65. Ibid., pp. 101-102.

66. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 296-297. Nuevamente, el relato de Sánchez-Terán constituye la fuente sobre dichas reuniones. Cuando Tarradellas leyó el artículo relativo a la disolución de la Generalitat dijo: «Esto es consecuencia del error de la Generalitat en el 34».

67. Ibid., p. 298.

68. Ibid., p. 299. Dicho carácter «antiespañol» no se correspondía en absoluto con la realidad.

69. Ibid., p. 300.

70. Mundo Diario, 30 de agosto de 1977.

71. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 190-192.

72. Firmaron el documento Eduard Bonet, Josep M. Bricall, Josep M. Castellet, Jordi Petit Fontseré, Jaume Ros, Francesc Vicens, Ramon Viladàs, Josep M. Ordoval, Joan Cornudella, Ricard Lobo, Ignasi Pontí y Ramon Vila-Abadal. Tarradellas recibió privadamente otras adhesiones, como la de Josep Pla, quien, en una carta enviada desde su residencia de Llofriu, afirmaba que «si la Generalitat se convierte en un asunto socialistacomunista o de Frente Popular, etc. muchos catalanes se desinteresarán totalmente», a lo que añadía que «la clase política salida de las elecciones, no vale nada de nada», por lo que le recomendaba «una Generalitat como una enorme empresa» dirigida por «quienes entieden: el Sr. Ortínez primero». Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 223.

73. El texto completo del documento en Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 194197.

74. «Joan Reventós reconoce públicamente las diferencias con Tarradellas», El País, 3 de septiembre de 1977.

75. La declaración de CDC en Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 202-204.

76. Antoni Gutiérrez Díaz, Generalitat Democràtica. Informe sobre la situación política. Pleno ampliado del Comité Central del PSUC celebrado los días 3 y 4 de septiembre. Editado por el C.E. del PSUC.

77. Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p. 113.

78. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 302.

79. Jordi Amat, Els laberints de la llibertat..., p. 268.

80. Ibid., p. 269. Según las anotaciones de Trias Fargas, Suárez afirmó que la «presencia de los parlamentarios es clarísima». Ver también, Jaume Sobrequés, La fi del silenci, p. 93, y Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p. 114.

81. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 304.

82. Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p. 114.

83. «Fraga, contrario al restablecimiento por decreto de la Generalitat», El País, 10 de septiembre de 1977.

84. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, pp. 95-96.

85. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 303.

86. Josep Tarradellas, Ja sóc aquí..., p. 227. En realidad, y pese a que Tarradellas se refirió en muchas ocasiones de forma inconcreta a sus contactos con el Gobierno desde noviembre de 1976, como si hubiera habido una interlocución continuada, la única entrevista fue la explicada en el capítulo 3 con la visita a Saint-Martin-le-Beau del coronel Cassinello.

87. Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 305-306.

88. Ibid., p. 307.

89. Laureano López Rodó no viajó a Perpiñán pero comunicó a Sánchez-Terán que «Alianza Popular de Cataluña apoya el restablecimiento provisional de la Generalitat». Ibid., p. 308.

90. En la reunión hubo una tentativa, que no prosperó, de designar un consejero en representación de los partidos minoritarios.

91. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, p. 100.

92. El texto íntegro del acuerdo en Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 309-310. El «Comunicado conjunto» en El País, 29 de septiembre de 1977.

93. Real Decreto Ley 41/1977 de 29 de septiembre.

94. Carles Sentís, I de sobte, Tarradellas, p.125.

95. Real Decreto Ley de 30 de septiembre.

96. Después de la celebración de dichas elecciones, en abril de 1979, tampoco se produjo tal integración. Sus resultados no modificaron la relación de fuerzas más allá de la confirmación de la mayoría de izquierdas, con un particular fortalecimiento del PSUC y un sensible retroceso de CC-UCD.

97. Jaume Sobrequés, La fi del silenci, p. 101.

98. Acta de la IV Asamblea de Parlamentarios, en Jaume Sobrequés (ed.), El restabliment de la Generalitat de Catalunya..., pp. 146-147.

99. Ibid., p. 154.

100. Declaración reproducida por Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 316.

101. Texto de la intervención del presidente del Gobierno en La Vanguardia, 25 de octubre de 1977. Las cursivas son nuestras.

102. «Después de la Diada», ABC, 13 de septiembre de 1977.

103. Ramón Hermosilla, «La política de los hechos consumados», ABC, 25 de octubre de 1977. Las cursivas son nuestras.

104. «Cataluña y el País Vasco», Ya, 13 de septiembre de 1977.

105. «Seny 77», Ya, 13 de septiembre de 1977.

106. Juan Luis de Simón Tobalina, «Cataluña, prudencia política», Ya, 21 de octubre de 1977.

107. Javier Tusell, «Tarradellas», Ya, 25 de octubre de 1977.

108. Editorial, «Un pacto histórico», El País, 30 de septiembre de 1977.

109. Editorial, «Cataluña y el proceso de las autonomías», El País, 25 de octubre de 1977.

1. Las encuestas que preguntaban por la identidad de los ciudadanos en los distintos territorios muestran con claridad dicha complejidad. En 1979, en Cataluña, el 35,8 % de los encuestados se consideraba tan catalán como español, el 31 % exclusivamente español, el 14,8 % exclusivamente catalán, el 6,6 % más español que catalán y el 11,8 % más catalán que español. En el País Vasco, el 36,8 % de los encuestados se definía como exclusivamente vasco y el 25,5 % como solo español, el 23,9 % tan vasco como español, el 10,9 % más vasco que español y el 2,8 % más español que vasco. Estudio citado por Santos Juliá, «Sociedad y política» en Manuel Tuñón de Lara et al., Transición y democracia (1973-1985), Barcelona, Labor, 1991.

2. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen II, Cortes Generales, Madrid, 1980. Sesión plenaria del 21 de julio de 1978, pp. 2527-2536.

3. Cuadernos para el Diálogo, n.º 239, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1977. El País y La Vanguardia publicaron también el borrador de los 39 artículos.

4. Cuando se conoció el texto final del anteproyecto elaborado por la ponencia, El País tituló significativamente «Las nacionalidades, primera piedra de toque para el debate constitucional», 27 de diciembre de 1977.

5. Anteproyecto de Constitución. Boletín Oficial de las Cortes, n.º 44, 5 de enero de 1978. En el primer texto publicado por Cuadernos para el Diálogo, la redacción del citado artículo era la siguiente: «La Constitución reconoce y la Monarquía garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España, la unidad del Estado y la solidaridad entre sus pueblos».

6. Ver Fernando Domínguez García, Más allá de la nación. La idea de España como ‘Nación de naciones’, Barcelona, FRC Llibres, 2006.

7. PSUC, Programa del Partit Socialista Unificat de Catalunya. IV Congrés, Barcelona, 1977.

8. Ver, por ejemplo, PSC: II Congreso. Por la unidad de todos los socialistas de Cataluña. Ponencias, Barcelona, 1977.

9. Convergència Democràtica de Catalunya, 1977.

10. Jordi Pujol, «Un programa polític per a Catalunya», en Una política per a Catalunya, Barcelona, Nova Terra, 1976, p. 159.

11. Manifiesto Electoral del Pacte Democràtic per Catalunya, 1977.

12. «Anteproyecto de Constitución...». La ponencia modificó dicha redacción a partir de las enmiendas presentadas en su Informe a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas previo al inicio del debate parlamentario. La nueva redacción no fue ya modificada: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

13. Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 49.

14. Entrevista a Miquel Roca, 7 de febrero de 2012. Sin embargo, para los nacionalistas vascos el término «nacionalidades» no fue inicialmente considerado relevante al tratarse de un concepto ajeno a su lenguaje político que tenía en el «pueblo vasco» y en sus «derechos históricos» los referentes fundamentales. Entrevista a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, 23 de enero de 2012.

15. Entrevista a Miquel Roca en Cuadernos para el Diálogo, n.º 246, del 14 al 20 de enero de 1978.

16. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 97.

17. Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución..., p. 44.

18. Ibid., p. 48.

19. Entrevista a Miguel Herrero de Miñón, 23 de enero de 2012.

20. Sobre la posición de Herrero, partidario del reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ver Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993, pp. 98-99 y 149-154.

21. Entrevista a José Pedro Pérez Llorca en Cuadernos para el Diálogo, n.º 244, del 31 de diciembre de 1977 al 6 de enero de 1978.

22. Unión del Centro Democrático, Documento Ideológico de la UCD, 1978.

23. Votos particulares del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, en Constitución Española.Trabajos parlamentarios, Volumen I, p. 36.

24. Así se afirma, por ejemplo, en la información titulada «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». El País, 23 de noviembre de 1977.

25. Laureano López Rodó, Claves de la Transición..., p. 368.

26. Juan Ferrando Badía, «¿Estado federal o estado regional?», El País, 11 de diciembre de 1977. En 1965, el Instituto de Estudios Políticos había publicado el libro de Ferrando Badía, Formas de Estado desde la perspectiva del Estado Regional, en el marco del debate franquista sobre el regionalismo «bien entendido».

27. Licinio de la Fuente: «Nacionalidades: algo más que una cuestión semántica», El País, 8 de enero de 1978.

28. Julián Marías, «Nación y “nacionalidades”», El País, 15 de enero de 1978.

29. Ver cap. 4, pp. 141-143.

30. Joaquín Satrústegui, «Nacionalidades y regiones», El País, 24 de enero de1978.

31. Todas las enmiendas en Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, Madrid, Cortes Generales, 1980, pp. 65-500. Las de Jarabo Payá en p. 135.

32. Ibid., p. 122.

33. El artículo 1.1 del anteproyecto decía: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo político». Dicha redacción quedó intacta en el debate parlamentario y es la que figura en el texto definitivo de la Constitución.

34. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, p. 147.

35. Ibid., p. 162.

36. Ibid., p. 394.

37. Ibid., p. 358.

38. Ibid., p. 451.

39. Ibid., p. 452.

40. Ibid., p. 135.

41. Ibid., pp. 469-470.

42. Ibid., p. 482.

43. Ibid., p. 424.

44. Ibid., p. 194.

45. Ibid., p. 365.

46. En una concurrida reunión organizada por el PSOE con juristas y profesores de Derecho, celebrada en Madrid el 17 de enero, varios participantes insistieron en la «conveniencia de definir a España como Nación, puesto que el artículo 2.º hablaba de las nacionalidades, lo que podría abrir la puerta injustificadamente al llamado derecho de autodeterminación». Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución, p. 97.

47. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, pp. 244 y 272.

48. José A. González Casanova, La lucha por la democracia en España, Avance, Barcelona, 1975, p. 184. Para el catedrático socialista fue muy significativo el rechazo de tal fórmula por UCD y Minoría Catalana «por lo que tienen en común, el nacionalismo místico e iusnaturalista de UCD con el no menos místico e iusnaturalista nacionalismo de Roca».

49. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos..., pp. 98-99.

50. Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, pp. 157-158. Para el ponente centrista, antes que la disciplina de un partido estaba «salvar el trabajo de la ponencia, el fundamento del consenso constitucional y el derecho a las autonomías que, en conciencia, creía era parte de nuestra Constitución histórica». Herrero de Miñón ofreció a la dirección de UCD su dimisión pero no fue aceptada.

51. Entrevista de Carles Pastor a Miquel Roca en Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero Blanco..., p. 217. Entrevista a Miquel Roca, 7 de febrero de 2012.

52. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos..., pp. 99-100.

53. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 5 de mayo de 1978, en Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, p. 639. Miguel Herrero había defendido ya, concretamente en una conferencia en enero de 1977 en el Club Siglo XXI, que «nada se opone ... a considerar España una nación de naciones puesto que nuestra voluntad de vivir juntos se articula en la voluntad de ser íntegramente catalanes, castellanos, vascos o mallorquines. Una vez más, la monarquía española puede ser un Estado plurinacional». Citado en Miquel Roca Junyent, ¿Por qué no? Una propuesta catalana para la modernización del Estado, Ed. Mezquita, Madrid, 1982, p. 14.

54. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, pp. 652-653.

55. Ibid., p. 658.

56. Ibid., p. 663.

57. Ibid., pp. 664-669.

58. Ibid., p. 685.

59. Ibid., pp. 693-695. Sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 8 de mayo de 1978.

60. Ibid., pp. 677-679. Sesión del 8 de mayo de 1978.

61. Ibid., p. 675. Sesión del 5 de mayo de 1978.

62. Ibid., pp. 720-727. Sesión del 9 de mayo de 1978.

63. Ibid., pp. 739 y 743. Sesión del 11 de mayo de 1978.

64. Constitución Española. Trabajos parlamentarios. Sesión del 12 de mayo de 1978, pp. 808-811.

65. José Antonio Primo de Rivera, «La unidad de destino», FE, n.º 15, 19 de julio de 1934.

66. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, pp. 812-815. Sesión del 12 de mayo de 1978.

67. Ibid., pp. 816-817.

68. Ibid., pp. 833-835; 855.

69. Ibid., pp. 841-842 y 846-848. Las enmiendas de ambos grupos socialistas pretendían la sustitución de la fórmula «la Constitución se fundamenta en la unidad de España» por la de «la Constitución fundamenta la unidad de España». Para Reventós, la «actual unidad de España» era fruto de un «unitarismo centralista», en tanto que Peces-Barba señalaba que la nación española que organizaba la Constitución no tenía «la misma estructura o el mismo sentido para el Derecho que la que tenía en las Leyes Fundamentales de la etapa franquista o la que tenía con anterioridad». España y las nacionalidades eran anteriores a la Constitución pero, «desde el punto de vista normativo, no hay nada antes ni por encima de la Constitución».

70. Editorial, «Nación, nacionalidades y regiones». El País, 14 de mayo de 1978.

71. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión Plenaria del 4 de julio de 1978, en Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen II, pp. 1896-1899.

72. Ibid., pp. 1902-1904.

73. Ibid., p. 1909.

74. Ibid., pp. 1911-1913.

75. Ibid., p. 1906.

76. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España, pp. 100-102.

77. Anteproyecto de Constitución, Boletín Oficial de las Cortes.

78. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I. Enmiendas presentadas al Anteproyecto de Constitución. La enmienda de De la Fuente en p. 147, la de Carro en p. 122 y la de UCD en p. 483.

79. Ibid., p. 451.

80. Ibid., p. 424.

81. Ibid., pp. 194-195.

82. Ibid., p. 195.

83. Ibid., p. 312.

84. Ibid., p. 365. La enmienda de Letamendia en pp. 165-166.

85. Ibid., p. 182.

86. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, Sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 12 de mayo de 1978, pp. 863867.

87. Ibid. Sesión del 16 de mayo de 1978, pp. 875-877.

88. Ibid., p. 873.

89. Ibid., pp. 875, 877-878.

90. Ibid., pp. 882-884.

91. Ibid., p. 885.

92. Ibid., p. 881.

93. Ibid., p. 888.

94. Ibid., pp. 891-892.

95. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen II, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria celebrada el 5 de julio de 1978, en pp. 1931-1932, 1934, 1938.

96. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos..., pp. 92-94.

97. En el momento de aprobarse el anteproyecto de Constitución eran la Generalitat de Cataluña y el Consejo General Vasco.

98. «Anteproyecto de Constitución...»

99. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I. Votos particulares del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, pp. 37-41.

100. Una enmienda del diputado y secretario general del PSUC, Antoni Gutiérrez Díaz, proponía la misma fórmula. Constitución Española. Trabajos parlamentarios. Enmiendas al Anteproyecto de Constitución, p. 418.

101. Constitución Española. Trabajos parlamentarios. Votos particulares del Grupo Parlamentario de Minoría Catalana, pp. 49-50.

102. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen I, Anteproyecto de Constitución: Informe de la Ponencia. Anexo al Informe de la Ponencia, pp. 622-626.

103. Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución, p. 173.

104. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos..., p. 107.

105. Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución, p. 191.

106. Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos..., p. 89.

107. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen II. Sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 13 de junio de 1978, pp. 1495.

108. Ibid., Sesión del 16 de junio de 1978, p. 1655.

109. Ibid., p. 1649.

110. Ibid., pp. 1640 y 1653.

111. En esta lista desapareció la reserva que el anteproyecto había realizado respecto a la creación por el Estado de todo tipo de centros docentes en las Comunidades Autónomas.

112. Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución, p. 205.

113. Ibid., p. 196.

114. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen II, Sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 20 de junio de 1978, pp. 1790-1791.

115. Ibid., pp. 1791-1796; la réplica de Solé Tura en las pp. 1794-1795.

116. En una segunda intervención, Fraga afirmó que no se había demostrado en ninguna de las intervenciones de réplica que «no haya una clara ruptura del Estado actual». Ibid. Volumen III, Sesión del Pleno del Congreso de los Diputados del 18 de julio de 1978, p. 2393.

117. Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Volumen II, Sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 18 de julio de 1978, pp. 2366-2371.

118. Ibid., pp. 2391-2393.

119. Ibid., p. 2372.

120. Ibid., pp. 2381-2393.

121. Ibid., pp. 2396, 2401-2404.

122. Ibid. Sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 21 de julio de 1978, pp. 2557-2563.

123. Declaración del Consell Executiu de la Generalitat de Cataluña, 20 de noviembre de 1978.

1. «Crida unitària de l’Entesa dels Catalans», en Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l’estudi del procés polític d’elaboració de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, Volum II Documents 1, Barcelona, Edicions 62, 1982, pp. 21-22.

2. Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., Volum I, Introducció, pp. 83-84; «Tarradellas desconfía de la campaña pro Estatuto», El País, 17 de febrero de 1978.

3. La campaña obtuvo la adhesión de la práctica totalidad de partidos políticos, organizaciones sindicales, así como de numerosas asociaciones, entidades e instituciones y se celebraron actos públicos en muchos municipios.

4. En un artículo de prensa cuando ya se estaba elaborando el texto estatutario, Miquel Roca sintetizaba con claridad los argumentos para conseguir la aprobación del Estatuto en el mínimo plazo posible: «Hay que pensar que a partir de la aprobación de la Constitución la distribución de competencias entre el Estado y la Generalitat actuará, de hecho, como freno de la actuación administrativa en Cataluña, porque la legislación del Estado en muchos aspectos no nos será aceptable y, en cambio, no tendremos Parlamento propio para legislar en los asuntos de nuestra competencia». «Un Estatut per a Catalunya», Avui, 8 de septiembre de 1978.

5. No obstante, no asistieron a la reunión por sus obligaciones parlamentarias, entre otros, Jordi Solé Tura, Miquel Roca, Eduardo Martín Toval y Heribert Barrera.

6. El presidente Tarradellas manifestó en reiteradas ocasiones que el plazo para la elaboración del Estatuto sería de unos dos años, lo que implicaba prolongar su mandato al frente de la Generalitat. «Cataluña no tendrá Estatuto antes de dos años, según Tarradellas», El País, 27 de junio de 1978.

7. Unió del Centre Català (UCC), que concurrió a las elecciones en coalición con Unió Democràtica de Catalunya, había iniciado un proceso de aproximación a UCD que culminó en fusión. Durante estos meses, con un comité de enlace entre ambas formaciones, los parlamentarios de ambos partidos actuaron como un único grupo.

8. Finalmente, el debate tuvo lugar solamente en el pleno de la Asamblea de Parlamentarios.

9. «Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña elaborado por la Comisión de los Veinte», en el Volum II, Documents 1, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 253-271.

10. Entrevista con Miquel Roca Junyent, 7 de febrero de 2012.

11. Toda esta documentación está recopilada en el Volum II Documents 1 de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomía de Catalunya...

12. Ibid., pp. 184-186 y 193.

13. Ibid., pp. 161-162.

14. Ibid., pp. 203-207.

15. Rafael Ribó, «President dels Catalans», Treball, n.º 540, 1 de septiembre de 1978.

16. Miquel Roca i Junyent, «Un Estatut per a Catalunya», Avui, 8 de septiembre de 1978.

17. Jordi Borja, «Las comarcas en el Estatut y ante las elecciones», Tele/eXprés, 31 de agosto de 1978.

18. Josep Miró i Ardèvol, «Les comarques i el Parlament de Catalunya», Avui, 15 de septiembre de 1978.

19. Los textos citados en el Volum II Documents 1 de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 452-453.

20. Joan Vidal i Gayolà, «Los partidos sucursalistas y l’Entesa (?) contra la representación comarcal», Los Sitios, 21 de noviembre de 1978.

21. Ramon Pla i Nadal, «Por un poder comarcal», Avui, 3 de noviembre de 1978.

22. Lluís M.ª de Puig i Oliver, «Socialistas y comarcas», Los Sitios, 6 de diciembre de 1978.

23. José M.ª de Porcioles, «El anteproyecto de Estatuto y las comarcas», El Noticiero Universal, 16 de noviembre de 1978.

24. Joaquim Ferrer, «Evitar la manipulación de las comarcas», Avui, 9 de noviembre de 1978.

25. Josep M. Triginer, «Los socialistas y las comarcas», L’Opinió Socialista, 25 de noviembre de 1978.

26. Jordi Solé Tura, «El Estatut y la defensa de las comarcas», Mundo Diario, 15 de noviembre de 1978.

27. Las enmiendas y votos particulares en el Volum III Documents 2 de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia... Las relativas al artículo 3 en las pp. 561-564.

28. Ibid. El voto particular de UCD-CC en pp. 609-611; las enmiendas de CDC, ERC y AP en pp. 613-618.

29. Ibid., pp. 626-628.

30. Ibid., p. 653.

31. Ibid., pp. 652-656.

32. Ibid., pp. 654-655. La organización territorial de 1936, junto a las 38 comarcas, creó 9 regiones o veguerías.

33. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña, celebrada en el Salón de la Reina Regente del Ayuntamiento de Barcelona, con el debate general sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía», 29 de noviembre de 1978, en el Volum III Documents 2 de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera; L’Estatut d’Autonomia..., pp. 693-695.

34. Ibid., pp. 734-735.

35. Ibid., p. 691.

36. Ibid., pp. 678-682.

37. Ibid., pp. 687-689.

38. Ibid., pp. 673-674.

39. El artículo 150.2 establece la posibilidad de que el Estado transfiera o delegue en la Comunidades Autónomas mediante una ley orgánica «facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

40. Joan Reventós aludió a la posición de Barrera con el argumento de que «era curioso que un nacionalista, para justificar su posición contraria a la Constitución, se permita proclamar el carácter anticonstitucional de buena parte de este anteproyecto. Es una posición demagógica cuando todos los técnicos constitucionales de una y otra ideología han reconocido la constitucionalidad del anteproyecto de Estatuto. Resulta curioso que la denuncia de inconstitucionalidad la tenga que escuchar de un parlamentario catalán». Ibid., p. 694.

41. Ibid., pp. 675-677.

42. Ibid., pp. 695-702.

43. Cabe destacar la naturalidad con la que el ex ministro franquista se refería al catalán como lengua propia de diversos territorios en contraste con el rechazo actual en buena parte del PP.

44. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 30 de noviembre de 1978» en el Volum III, Documents 2 de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 705-723.

45. Ibid., pp. 724-735.

46. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 15 de diciembre de 1978», en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 1074-1076.

47. Ibid., pp. 1071-1074.

48. Ibid., p. 1058 y pp. 1066-1068.

49. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 5 de diciembre de 1978», en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 854-855.

50. Ibid., pp. 856-862.

51. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 5 de diciembre de 1978» , en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 903-916.

52. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 11 de diciembre de 1978», en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 961-963.

53. Ibid., p. 1224.

54. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 16 de diciembre de 1978», en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp.1104-1108.

55. Ibid., pp. 1109-1112.

56. Ibid., pp. 1122-1142 y 1145-1146.

57. Jaume Sobrequés y Sebastià Riera explican que, según Miquel Roca, Trias Fargas impidió un acuerdo más beneficioso para CDC que el texto finalmente aprobado, debido a su descontento «con la política de acuerdos con la izquierda que había mantenido CDC en la mayor Parte del Estatuto». Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya... Volum. I. Introducció, p. 249.

58. «Sesión del Pleno de Parlamentarios de Cataluña del 16 de diciembre de 1978», en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp.1151-1158.

59. José Antonio González Casanova, «Elección por veguerías», Mundo Diario, 20 de diciembre de 1978.

60. La campaña fue impulsada con particular virulencia por la UCD de Lleida, que llegó incluso a amenazar con promover el voto negativo al Estatuto cuando se sometiera a referéndum.

61. «Crida al President de la Generalitat i al Consell Executiu» en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 1185-1186.

62. «Acta de la Sesión de la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña del 29 de diciembre de 1978», en el Volum III, Documents 2, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 1202-1203.

63. Ibid., pp. 1198-1200.

64. Ibid., pp. 1200-1202.

65. Ibid., pp. 1205-1206.

66. Ibid., pp. 1207-1208.

67. Sobre el PSC, ver Gabriel Colomé, El Partit Socialista de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978-1984), Barcelona, Edicions 62, 1989.

68. Borja de Riquer, La Catalunya autonòmica..., p. 118.

69. Joan Marcet, Convergència Democràtica de Catalunya. El partit i el moviment polític, Barcelona, Edicions 62, 1984; Joan B. Culla (coord.), El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000), Barcelona, Pòrtic, 2001.

70. UCD, PSC y PSOE, PCE y PSUC incrementaron en tres los diputados cada grupo; Coalición Democrática perdió 7 de los 16 diputados que había logrado AP en 1977. El número de partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados creció: el Partido Socialista de Andalucía logró 5 escaños, Herri Batasuna 3, Unión del Pueblo Canario y Fuerza Nueva 1 respectivamente.

71. Los parlamentarios del PSC elegidos fueron Joan Reventós, Josep Andreu i Abelló, Josep Verde i Aldea, Raimon Obiols, Carlos Cigarrán, Josep Pau, Jaume Sobrequés y Josep Subirats; de CC-UCD, Anton Cañellas, Manuel de Sárraga, Marcel·lí Moreta, Emili Casals y Josep Arnau; del PSUC, Gregorio López Raimundo, Josep Solé Barberà y el senador independiente Josep Benet; de CiU, Ramon Trias Fargas, Macià Alavedra y Llibert Cuatrecasas; de ERC, Heribert Barrera, y de CD Antoni de Senillosa.

72. Proposición no de ley de CD, en el Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 1335-1338.

73. El procedimiento establecido para la aprobación de los estatutos de autonomía consistía en la formación de una ponencia conjunta de la Comisión Constitucional y de la delegación de la Asamblea de Parlamentarios, que elaboraría un Informe con una propuesta de texto que sería debatido y sometido a votación en la Comisión.

74. «Motivos de desacuerdo presentados por los grupos parlamentarios» en el Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., p. 1340.

75. Coalición Democrática estaba formada por Alianza Popular, Acción Ciudadana Liberal (José M.ª de Areilza) y Partido Democrático Progresista (Alfonso Osorio), además de Renovación Española y Partido Popular de Cataluña. El Estatuto de Cataluña y el del País Vasco causaron divergencias en la coalición.

76. «Motivos de desacuerdo presentados por los grupos parlamentarios» en el Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 1347-1357. El Proyecto de Estatuto establecía que la reforma debería ser aprobada por dos tercios del Parlamento de Cataluña en todos los supuestos así como por los ciudadanos catalanes en referéndum.

77. Ver p. 287.

78. Manuel Clavero Arévalo, La España de las Autonomías, Madrid, 1978, p. 17.

79. «Motivos de desacuerdo presentados por los grupos parlamentarios», Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., p. 1359.

80. Ibid., pp. 1357-1370.

81. Ibid., pp. 1371-1372. También presentó «motivos de desacuerdo» el diputado del Partido Aragonés Regionalista Hipólito Goméz de las Roces.

82. Ibid., pp. 1374-1375.

83. Jordi Solé Tura, «Los desacuerdos de UCD», Mundo Diario, 29 de junio de 1979.

84. Declaración reproducida en Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., Introducció, p. 312.

85. Ibid., p. 313. Dicha reunión se celebró el 12 de julio en el Ayuntamiento de Barcelona, y entre el 20 y 26 de julio se celebraron asambleas comarcales de alcaldes y concejales.

86. Anton Cañellas, «De la irritació a la negociació», Avui, 8 de julio de 1979.

87. La ponencia, presidida por el centrista Emilio Attard, estaba formada por los diputados de UCD: Óscar Alzaga, Francisco Fernández Ordóñez, José M.ª Gil-Albert y Rodolfo Martín Villa, por los del PSOE: Alfonso Guerra y Gregorio Peces-Barba, por Eduardo Martín Toval en representación de los socialistas catalanes y José María Maturana de los vascos, por Jordi Solé Tura por el grupo comunista, Manuel Fraga por CD, Miquel Roca por CiU, Xavier Arzallus por los nacionalistas vascos, Miguel Ángel Arredonda por el PSA y Blas Piñar por el grupo mixto.

88. Eduardo Martín Toval, «Estatuto Vasco y Estatuto Catalán», Mundo Diario, 14 de julio de 1979.

89. Miquel Roca Junyent, «A Cavall dels dos Estatuts», Avui, 15 de julio de 1979.

90. Representaron a los parlamentarios catalanes en la ponencia, Joan Reventós, Gregorio López Raimundo, Jordi Pujol, Anton Cañellas, Heribert Barrera y Antoni de Senillosa.

91. La reunión de la Comisión de los Veintiuno del 31 de julio aprobó la celebración de «contactos a todos los niveles» para hacer «avanzar el trabajo de la Ponencia». Citado en Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., Introducció, p. 327.

92. Archivo del Congreso de los Diputados (ACD). Serie General. Borradores de las sesiones de la Ponencia, Leg. 1824, n.º 23.

93. Ibid.

94. Ibid.

95. Tanto Miquel Roca, entrevista del 7 de febrero de 2012, como Eduardo Martín Toval, entrevista del 16 de febrero de 2012, coinciden en la capital importancia del mantenimiento sin ninguna modificación del texto del artículo 3 para asegurar el acuerdo sobre el Estatuto.

96. La cita de Heribert Barrera en la p. 1413; la de Miquel Roca en la p. 1417, en «Comisión Constitucional. Sesión plenaria del 13 de agosto de 1979», en el Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya...

97. «Comisión Constitucional. Sesión extraordinaria del 13 de agosto de 1979», en en el Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., p. 1459.

98. Ibid., p. 1487.

99. Ibid., pp. 1493-1494.

100. Ibid., pp. 1494-1495.

101. Ibid., pp. 1503-1505.

102. Ibid., pp. 1500-1502.

103. Ibid., pp. 1498-1499.

104. Ibid., pp. 1489-1491.

105. Ibid., pp. 1509-1512.

106. Las referencias de los diputados catalanes a los traspasos de competencias eran consecuencia de la experiencia de las dificultades en el despliegue del Estatuto de 1932 y de la situación de paralización de traspasos a la Generalitat provisional.

107. «Comisión Constitucional. Sesión extraordinaria del 13 de agosto de 1979», en el Volumen IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 1515-1517.

108. Ibid., pp. 1506-1507.

109. Editorial «El Estado Autonómico», El País, 9 de agosto de 1979.

110. Editorial «Hacia la reacomodación del Estado», El País, 15 de agosto de 1979.

111. Editorial «Estatuto de Cataluña: desarrollo no partidista», Ya, 8 de agosto de 1979.

112. Ver, entre otros, Joan Botella, «1932 i 1979: comparació de dos estatuts», en Carme Molinero y Pere Ysàs (dirs.), De la dictadura a la democràcia, 1960-1980, volumen 11 de Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998; Antoni Bayona, «Els estatuts de 1932 i 1979: anàlisi comparada de competències», en Idees, n.º 4, 1999.

113. Tarradellas quiso impedir que el pleno de la Diputación de Barcelona, institución que seguía presidiendo, aprobara una propuesta del PSUC llamando al voto afirmativo, con una intervención crítica con el Estatuto esgrimiendo argumentos como que no se le había consultado y que tampoco se habían tenido en cuenta las opiniones de diversas instituciones. Al final se aprobó una propuesta del PSC llamando a la participación en el referéndum. Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., Introducció, p. 359.

114. «Anàlisi de l’Estatut d’Autonomia feta pel PSAN» en Volum IV, Documents 3, de Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, L’Estatut d’Autonomia de Catalunya..., pp. 16651667.

115. Rafael Ribó, «Abstenció i autonomia», Avui, 28 de octubre de 1979.

116. Eduardo Martín Toval, «¿Quién refrendó el Estatuto?», Mundo Diario, 3 de noviembre de 1979.

117. Licinio de la Fuente, «La gran decepción», Informaciones, 7 de noviembre de 1979.

118. Meses antes de la convocatoria electoral habían fracasado los intentos de que Tarradellas encabezara una candidatura centrista, con el apoyo de diversos partidos, capaz de derrotar a la izquierda socialista y comunista. «Fracasa el intento de articular el centrismo catalán entorno a Tarradellas», El País, 17 de diciembre de 1978.