Siglo XXI / Colección Hitos

Carme Molinero y Pere Ysàs

La Transición

Historia y relatos

De ser el hito fundacional de la democracia española y modelo de cambio político exportable a otras latitudes, la transición ha pasado a ser culpable de la impunidad de los crímenes del franquismo y del olvido de las víctimas de la represión, juzgada, igualmente, por haber originado una democracia defectuosa, una especie de franquismo blanqueado. Ambas visiones antagónicas de la construcción de la democracia española esconden, sin embargo, una elevada funcionalidad política.

En La transición. Historia y relatos, Carme Molinero y Pere Ysàs argumentan que tanto los enfoques descalificadores como las apologías más o menos laudatorias no constituyen sino meras instrumentalizaciones que subestiman la característica determinante del tránsito de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria. Todos estos relatos olvidan, voluntaria o involuntariamente, que se trató de un proceso incierto en el que nada estaba escrito de antemano, en el que sus actores y protagonistas fueron definiéndose al hilo de los acontecimientos y al albur de la dinámica correlación de fuerzas.

Un libro iluminador, necesario en estos tiempos de incertidumbre, sobre la realidad más cuestionada de nuestro pasado reciente.

«Cada vez que se anuncia un nuevo libro de Carme Molinero y Pere Ysàs anticipo un placer intelectual, algo bien escrito, bien pensado y basado en conocimientos profundos. Y siempre acierto. Esto es exactamente lo que recibe el lector con La transición. Historia y relatos, un libro ameno, original y totalmente de fiar.» Paul Preston

«Una excelente visión general del difícil camino desde la dictadura a la democracia, con un balance muy cuidado de las diversas y divergentes interpretaciones sobre esos años decisivos para nuestro pasado y presente. La complejidad de la historia frente a las preconcepciones ideológicas y las lecturas sesgadas, eso es lo que ofrecen Carme Molinero y Pere Ysàs. Y con el mismo rigor y erudición que en todos sus libros.» Julián Casanova

Carme Molinero y Pere Ysàs, catedráticos de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, se han especializado en la historia social y política de la dictadura franquista y del proceso de transición a la democracia. Carme Molinero es autora de La captación de las masas. Política y propaganda en el régimen franquista (2005) y Pere Ysàs de Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia (2004).) Han publicado en colaboración, entre otros libros, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista (Siglo XXI de España, 1998); La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977 (2008), Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme, 1956-1981 (2010); La cuestión catalana. Cataluña en la transición española (2014); y De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España, 1956-1982 (2017). Han participado, individualmente y también en colaboración, en más de un centenar de obras colectivas, algunas como directores o editores, la más reciente Las izquierdas en tiempos de transición (2016), y han publicado varias decenas de artículos en revistas especializadas.

INTRODUCCIÓN

La transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria configurada en la Constitución de 1978 ha sido objeto de una permanente atención desde el inicio de la década de los ochenta del siglo XX hasta la actualidad. Aplaudida y loada durante mucho tiempo, la transición ha sido también, en especial en los últimos años, denostada hasta el punto de presentarse como el origen de los males del pasado reciente y del presente de la sociedad española.

El capítulo de este libro titulado «Los relatos sobre la transición», el VI, está dedicado a someter a crítica los principales relatos que en la actualidad se confrontan en el debate público. Se trata de unas narraciones funcionales a los objetivos y a las conveniencias políticas de quienes las sostienen pero cuya fundamentación en el conocimiento histórico suele ser muy deficiente. En el relato de una exitosa transición conducida por la elite política instalada en las instituciones y que logró desmantelar la dictadura y establecer una democracia homologable internacionalmente, desaparecen del escenario muchos de los actores políticos, y especialmente sociales, que desempeñaron un papel determinante en el proceso, y se elimina la elevada conflictividad del mismo, remarcando el consenso, cierto en la construcción institucional de la democracia, pero silenciando las dificultades para alcanzarlo y los importantes disensos que se manifestaron. Por otra parte, en el relato de una transición que dio lugar a una democracia de ínfima calidad, casi fallida, se olvidan las características concretas del proceso de cambio político, los proyectos en presencia, las fortalezas y debilidades de los actores políticos y sociales que los impulsaron y los reales condicionamientos existentes. Las fórmulas acuñadas, la «Segunda Restauración» y el «Régimen del 78», establecen analogías insostenibles, con la Restauración de 1874, que dio lugar a un régimen liberal pero no democrático, o con un sistema político carente de legitimidad.

Pero, antes de centrar la atención en los relatos, el libro dedica atención a los hechos, desarrollando un análisis del proceso de transición a partir de lo aportado por la historiografía en los últimos veinticinco años. No se trata de una historia general de la transición, sino del examen de una serie de cuestiones decisivas para poder explicar satisfactoriamente el cambio político que vivió la sociedad española en la segunda mitad de los años setenta. La transición fue un proceso político cuyos inicios deben situarse en la crisis de la dictadura, aunque sin duda desempeñaron un papel relevante factores más lejanos en el tiempo, y cuyo final situamos a comienzos de los ochenta, con la consolidación del nuevo ordenamiento político, si bien ello no supuso ningún final de la historia. Un proceso esencialmente político, pero en el que influyeron factores económicos, sociales y culturales, así como un escenario internacional muy distinto al de la década de los treinta, cuando la democracia republicana española tuvo que coexistir con el ascenso de los fascismos en Europa.

En primer lugar, se explican los proyectos políticos existentes cuando, en 1975, a la crisis de la dictadura agravada desde el inicio de la década, se añadió la desaparición del dictador. Lejos de existir un pacto propiciado desde el poder político sobre cómo pasar de la dictadura a la democracia como a veces se sostiene, lo realmente existente era la preparación de las instituciones franquistas para asegurar la continuidad de la dictadura, del «franquismo sin Franco» mediante la «monarquía del 18 de Julio», una preparación que, en palabras del propio dictador, lo había dejado todo «atado y bien atado». Pero la crisis del régimen había llevado a una parte considerable de la clase política franquista a considerar que eran imprescindibles reformas precisamente para asegurar la continuidad, si bien las divergencias sobre el alcance de los cambios y sobre quienes debían conducirlos eran notables. Frente a ambas opciones –el estricto continuismo y el reformismo– estaba el proyecto impulsado por un antifranquismo en crecimiento, encabezado por el Partido Comunista, pero que tenía limitaciones importantes en cuanto a su capacidad para provocar el colapso del régimen. Su objetivo era la «ruptura democrática», es decir, la apertura inmediata de un proceso constituyente conducido por un gobierno provisional que estableciera una democracia homologable internacionalmente.

En segundo lugar, se estudia el proyecto y la actuación del primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, pero con Manuel Fraga Iribarne como principal artífice de una reforma que pretendía establecer una «democracia española» que conservara una parte del ordenamiento franquista introduciendo formas liberales, un híbrido que no convenció ni a los continuistas ni mucho menos a la oposición democrática, incluida la más moderada. Frente al reformismo gubernamental de corto alcance y al mantenimiento de las prácticas dictatoriales, en especial en la política de orden público, una parte no desdeñable de la sociedad respondió con una movilización que aunaba reivindicaciones sociales y demandas políticas conforme al programa rupturista de la oposición. Seis meses después de la formación del gabinete, el fracaso del Gobierno de Arias era evidente y ello había encendido las alarmas de la Jefatura del Estado puesto que dicho fracaso podía comprometer a la institución monárquica, necesitada además de una nueva legitimidad para consolidarse.

El capítulo III se ocupa del decisivo año transcurrido desde la formación del Gobierno presidido por Adolfo Suárez hasta la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977. El nuevo gabinete debía esforzarse en formular un proyecto reformista más ambicioso, desarrollarlo más rápidamente y, al mismo tiempo, ser capaz de neutralizar la presión rupturista mediante una política de gestos y concesiones. La Ley para la Reforma Política fue el instrumento principal del proyecto gubernamental, una ley que, pese a su nombre, no reformaba nada, sino que convocaba unas elecciones, pero sin asegurar que en ellas pudiera expresarse libremente la voluntad popular. La carta que jugó la oposición después del referéndum de diciembre de 1976 fue condicionar su participación electoral, imprescindible para dotar de legitimidad a los comicios, al cumplimiento por el Gobierno de un programa mínimo para asegurar la celebración de unas elecciones libres. La acción gubernamental en los primeros meses de 1977 estuvo directamente condicionada por los demandas de la oposición.

El resultado electoral, con la victoria corta de la Unión de Centro Democrático y la representación lograda por la izquierda, abrió un proceso constituyente que comportó finalmente la ruptura con la legalidad y con las instituciones franquistas. Pero lejos de explicaciones edulcoradas sobre el consenso o de su descalificación como conjunto de pactos vergonzantes, el capítulo IV explica el complejo proceso de elaboración de la Constitución, con los debates sobre los temas más controvertidos y la búsqueda de acuerdos de mínimos a partir de posiciones y propuestas distantes, imprescindibles para hacer posible el establecimiento de un nuevo marco político. El consenso fue necesidad, después presentada como virtud, pero se alcanzó muy laboriosamente, en un contexto en el que distintos actores presionaron de forma abierta u opaca en defensa de sus ideas, valores e intereses. Contrariamente a lo afirmado con frecuencia, todo estuvo en discusión, desde la concepción de la nación española, las nacionalidades, la forma de gobierno, la separación de la Iglesia y el Estado o la organización territorial de España.

La transición española tuvo lugar en el contexto internacional de crisis económica que ponía fin a una época, a los «treinta años gloriosos» de crecimiento de la economía y de desarrollo en el mundo occidental del Estado de bienestar, a la que con frecuencia se ha dedicado poca atención pese a su gran importancia también para explicar la España de la segunda mitad de la década de los setenta. El capítulo V dirige su atención a las consecuencias del cambio fundamental que comportó el impacto de la crisis y también a aspectos controvertidos como la supuesta desmovilización social inducida por la izquierda. Igualmente, se ocupa de las diversas violencias políticas en presencia y a sus efectos contradictorios sobre el proceso de cambio. El involucionismo y el golpismo militar constituyen otro objeto de atención dado su relevante papel hasta 1981.

La historiografía sobre la transición tiene todavía muchas carencias. No obstante, con limitaciones e insuficiencias, permite conocer un proceso real de cambio político notablemente alejado de los relatos más divulgados. La misión de los historiadores es analizar, comprender y explicar, huyendo de apriorismos, de simplificaciones, de maniqueísmos y de mitificaciones, para hacer imposible, o al menos dificultar, la instrumentalización de la historia para legitimar poderes, justificar trayectorias o fundamentar en falso proyectos políticos.

Este libro se inscribe en una línea de investigación de los autores, compartida con otros investigadores del Grup de Recerca sobre l’Época Franquista (GREF-CEDID), y se ha desarrollado en el marco del proyecto HAR2015-63657-P (MINECO/FEDER).

Diciembre de 2017

I. CONTINUISMO, REFORMISMO, RUPTURISMO

Cuando por ley natural mi Capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro.

Francisco Franco, julio de 1969[1] 

Es […] necio […] pretender una homologación absoluta y completa de nuestro sistema político al de otros países cuya historia, cuya cultura, cuya sociología y cuya situación económica y social son bien distintas de la nuestra.

Fernando Herrero Tejedor[2], mayo de 1975

Es absolutamente imprescindible un acto de ruptura democrática de las leyes políticas de la dictadura, que abra simultáneamente a todas las clases y categorías sociales el proceso constituyente del Estado democrático.

Junta Democrática de España. Manifiesto de la Reconciliación, abril de 1975

En la madrugada del jueves 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco, jefe del Estado, jefe Nacional del Movimiento, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y Caudillo de España, falleció en el Hospital La Paz de Madrid después de una prolongada agonía. Momento largamente esperado por una parte de la sociedad española, temido por otra, era la hora de la verdad para verificar las respuestas dadas a la pregunta formulada una década antes: «¿Después de Franco, qué?».

Pero, la muerte del dictador no significaba la simultánea muerte de la dictadura, como a veces se sostiene o como una cronología que da por finalizado el franquismo en 1975 da a entender. La legalidad y las instituciones franquistas permanecían intactas y el sucesor designado por el Caudillo «a título de rey», Juan Carlos de Borbón, en el acto de proclamación como jefe del Estado celebrado el día 22 –cuando todavía estaba abierta la capilla ardiente de Franco en el Palacio de Oriente, por la que desfilaron varios centenares de miles de personas– juró ante las Cortes «cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional».

Por determinante que hubiera sido el papel de un líder máximo en una dictadura contemporánea, no ha sido habitual que simplemente su desaparición comportara el final del régimen. Dos ejemplos bien distantes entre sí y bien distintos, entre muchos otros: en Portugal, la incapacidad y la posterior muerte de Antonio Oliveira Salazar no comportó el fin de la dictadura; tampoco la desaparición de Kim Il Sung puso fin al régimen norcoreano. Es decir, aunque una de las características de determinadas dictaduras sea la concentración de poder en un caudillo, es muy poco probable que desaparezca súbitamente si el régimen tiene una elevada capacidad de control de la sociedad y del Estado, dispone de sólidos apoyos sociales e institucionales, carece de una oposición interior relevante y no está amenazado desde el exterior.

En las instituciones franquistas, desde mitad de los años sesenta se había preparado la sucesión de Franco al frente del «Régimen del 18 de Julio», y se había proclamado, en palabras del propio dictador, que todo estaba «atado y bien atado». La Ley Orgánica del Estado (LOE), promulgada en enero de 1967, que completaba el edificio institucional franquista, y la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco en julio de 1969, debían asegurar el estricto continuismo. Esa era la opción de todo el ultrafranquismo –el denominado «búnker»–, de una parte considerablemente amplia del personal político, de las denominadas «bases militantes» del régimen y de la inmensa mayoría de los mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA); además contaba si no con la conformidad de la repetidamente invocada por la dictadura «mayoría silenciosa», sí con la aceptación pasiva de una parte no insignificante de la sociedad. Sin embargo, la opción continuista carecía de soluciones viables para superar la profunda crisis política que sufría el franquismo desde los primeros años de la década de los setenta.

En efecto, la muerte de Franco aconteció cuando el régimen estaba inmerso en una crisis que cuestionaba el proyecto de franquismo sin Franco tan laboriosamente preparado. Prescindir de la situación política española a mitad de los años setenta, o incluso describir una situación muy distante de la realidad, ha constituido un recurso utilizado con frecuencia para explicar la transición a la democracia como obra exclusiva, o casi exclusiva, de los líderes que estaban al frente de las instituciones franquistas.

Es lo que han hecho en sus memorias muchos de los reformistas del franquismo y, más matizadamente, una parte de la historiografía. Un buen ejemplo nos lo ofreció en 1988 Vicente Palacio Atard, quien en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, afirmó que el franquismo era un «aparato institucional consolidado, dispuesto a sucederse a sí mismo pero al que fallaba la pieza principal, la Corona», que no se sentía acosado puesto que «las movilizaciones en la calle de las oposiciones […] no ocasionaban grandes quebraderos de cabeza a los gobernantes». Para el nuevo académico, los movimientos estudiantiles «fueron por entonces explosiones románticas idealistas», y la conflictividad obrera «no está nada claro» que produjera «en la “burguesía dominante” un reflejo capaz de transmitirse a las esferas de gobierno». Además, «la oposición apenas era hostigada con energía en los últimos gobiernos del franquismo[, …] salvo en la versión comunista». Incluso la economía española «había soportado mejor que la de otros países más industrializados el impacto de los precios del petróleo y de las materias primas». Y las relaciones internacionales del régimen «eran frías, pero correctas, especialmente con los Estados Unidos y los países del Mercado Común europeo»[3]. En resumen, el continuismo era una opción plenamente viable si hubiera sido otra la actitud del nuevo jefe del Estado.

Es difícil reconocer la situación sociopolítica y económica de España en 1975 en tal descripción, aunque, ciertamente, el denominado por Palacio Atard «orden constitucional», es decir, el orden franquista, «estaba garantizado por las Fuerzas Armadas» y, por el contrario, en la Iglesia posconciliar se había extendido la «desafección» al régimen[4]. Pero, por ejemplo, respecto a las relaciones exteriores y a la economía la situación no era ni mucho menos tan plácida. Las ejecuciones del 27 de septiembre desencadenaron una ola de condenas internacionales de la dictadura española que desconcertó a los gobernantes. Algunos meses después, el exministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi recordaba de forma muy contenida en el Consejo Nacional del Movimiento, respecto a las relaciones exteriores, la situación «poco cómoda» que habían experimentado «quienes hemos participado en funciones de Gobierno, sumamente agravada desde Septiembre último»[5]. Y sobre la situación económica, solo cabe decir que los gobernantes franquistas decidieron aplazar la toma de decisiones que pudieran incrementar el malestar y la conflictividad social a costa de aumentar los desequilibrios de la economía española hasta el punto de su insostenibilidad, como quedó de manifiesto en el verano de 1977.

La situación sociopolítica en 1975 tampoco era plácida y no se trataba de una realidad nueva. En enero de 1969, el Gobierno había decretado el «estado de excepción» en toda España en respuesta a la agitación estudiantil universitaria y a una conflictividad obrera en crecimiento. En diciembre de 1970 había tenido que recurrir nuevamente al «estado de excepción» para hacer frente a la protesta contra el Consejo de Guerra de Burgos[6]. Y es que, desde el inicio de la década de los sesenta, la conflictividad social y el disentimiento político se habían extendido en la sociedad hasta encender las alarmas de un régimen que identificaba la paz con la ausencia de conflictos sociales y que quería imposibilitar cualquier expresión de oposición o de disentimiento activo. Para una dictadura como la franquista, cualquier vulneración del orden establecido –que negaba los derechos y libertades fundamentales– era percibida como un desafío intolerable y una potencial amenaza a su estabilidad.

CONTRA LA DICTADURA

Pese al formidable aparato represivo establecido, desde 1962, las acciones colectivas obreras transgresoras de la legalidad dictatorial crecieron continuadamente, aunque con fluctuaciones. Los conflictos tenían habitualmente un origen estrictamente laboral, con reivindicaciones relativas a incrementos salariales y a mejoras en las condiciones de trabajo, pero la represión que desencadenaban comportaba inevitablemente la confrontación de los trabajadores no solamente con los empresarios, sino con el poder político. La represión, además, evidenciaba la negación de derechos fundamentales, como los de asociación, manifestación y huelga, lo que determinó que reivindicaciones políticas se incorporaran cada vez con más fuerza en las demandas obreras. Por todo ello, al margen de sus motivaciones iniciales, los conflictos laborales eran siempre conflictos políticos, puesto que transgredir la legalidad mediante la huelga, la disminución del rendimiento, la asamblea y la manifestación en espacios públicos implicaba un desafío al régimen. Ello era bien claro tanto para los activistas obreros y para las autoridades franquistas como para el conjunto de los trabajadores, que sabían perfectamente lo que significaba –y lo que arriesgaban– deteniendo la actividad laboral o manifestándose por las calles, aunque lo consideraran absolutamente legítimo[7].

La conflictividad obrera creció paralelamente al movimiento de las Comisiones Obreras (CCOO). Configuradas como movimiento sociopolítico, unitario, democrático e independiente, impulsadas por la oposición más activa encabezada por el Partido Comunista de España (PCE), reforzadas después de las elecciones sindicales de 1966 celebradas bajo el lema lanzado por la Organización Sindical Española (OSE) de «votar al mejor», las CCOO se convirtieron en motor no único pero sí fundamental de la movilización obrera y su crecimiento alimentó la extensión del movimiento[8]. Sus formas de organización y de actuación se revelaron particularmente adecuadas a las condiciones políticas existentes, en especial la combinación de legalidad e ilegalidad: en el ámbito organizativo, los activistas actuaban siempre que era posible abierta y públicamente, convocaban e intervenían en las asambleas obreras y muchos ocupaban cargos de elección directa de los trabajadores en el seno de la OSE –enlaces sindicales y vocales de los jurados de empresa–, pero a la vez crearon una red clandestina de coordinación; en cuanto a la acción, utilizaban todos los escasos recursos disponibles en la legalidad franquista, pero la transgredían cuando consideraban que disponían de las condiciones favorables para la realización de acciones más contundentes y efectivas.

Los dirigentes franquistas pronto percibieron la peligrosidad de las CCOO para la estabilidad de la dictadura. Un informe de febrero de 1967, titulado Comisiones Obreras y Partido Comunista, presentaba las CCOO como una creación del PCE, por lo que servían «consciente o inconscientemente al comunismo los grupos, personas, instituciones y medios informativos que patrocinan y fomentan, de modo directo o indirecto, la creación, actuación y desarrollo de las “Comisiones Obreras”». En las recién celebradas elecciones sindicales, habían movilizado a los trabajadores para lograr el máximo número de cargos representativos «para eliminar desde dentro a los Mandos políticos del Sindicalismo y democratizar los Sindicatos». El informe consideraba que había existido excesiva tolerancia gubernamental y abogaba por una decidida acción represiva así como por una actuación contundente contra medios de comunicación que «vienen publicando cuanto hace referencia a anomalías, conflictos y resalte de defectos, deficiencias e incumplimientos, mientras calla cuando encierra éxitos sindicales de la Administración Pública»[9].

En mayo de 1967, el gobernador civil de Oviedo, una de las provincias con mayor conflictividad, afirmaba en un largo informe al secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz, que las CCOO, cuyo «matiz plenamente comunista» quería poner especialmente de relieve, «constituyen la base más amplia y peligrosa de la oposición al Régimen Español», y eran responsables de la conflictividad laboral y de las «alteraciones del orden público, producidas últimamente en provincias españolas». Su objetivo era «la huelga general política, como instrumento para derribar el Régimen vigente, impidiendo su propia evolución». Por ello, el gobernador José Manuel Mateu de Ros proponía una decidida actuación policial y judicial junto a una política de fortalecimiento de la OSE que evitase que «la Organización Sindical pueda convertirse […] en el bastión que legalmente se utilice, para derribar el sistema político español», por lo que «debía separarse la elección de representantes de los trabajadores en las empresas, donde dominaban las CCOO, de los cargos electivos de la OSE»[10].

La respuesta franquista no tardó en llegar; el Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad de las CCOO, consideradas una «filial del Partido Comunista de España tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado español», y la Policía realizó numerosas detenciones que comportaron procesamientos y condenas del Tribunal de Orden Público (TOP), habitualmente por los «delitos» de asociación, reunión y propaganda ilegales. El estado de excepción decretado en enero de 1969 golpeó a CCOO, como a todo el antifranquismo, así como el declarado en diciembre de 1970. En junio de 1972, la Policía logró detener en Pozuelo de Alarcón, en el convento de los Padres Oblatos, a la mayoría de miembros de la Coordinadora General de las CCOO, encabezados por Marcelino Camacho, lo que daría lugar al proceso 1.001 del TOP. Sin embargo, la represión no solo no logró eliminar a las CCOO, sino que generó importantes acciones de denuncia de la dictadura y de solidaridad con los represaliados[11]. Un nuevo documento gubernamental sobre las CCOO daba cuenta de la preocupación que generaban e indicaba una serie de propuestas para «cuantos participen en la acción estatal contra ellas», entre las que destacaban «impedir la celebración de asambleas a toda costa y en caso de no ser posible hacerlas abortar por los procedimientos usuales», es decir, mediante la intervención policial, para privar a las CCOO de lo que constituía un instrumento esencial para la acción colectiva, o realizar «acciones de todo tipo para desunir y sembrar la confusión entre las distintas tendencias que dominan las Comisiones Obreras (comunistas, marxista-leninistas, socialistas, católicos progresistas) empleando infiltraciones, propaganda…»[12].

No obstante, la conflictividad obrera aumentó significativamente desde el comienzo de la década de los setenta. En 1973 y 1974 se alcanzaron máximos en el número de huelgas, huelguistas y de horas de trabajo perdidas. La dictadura recurrió una vez más a la represión que, ante la creciente magnitud de las protestas obreras, comportó una mayor violencia policial en los espacios públicos, lo que dio lugar a graves incidentes, con trabajadores heridos e incluso muertos por disparos de la Policía Armada. En julio de 1970, una actuación policial en Granada contra un millar de trabajadores de la construcción en huelga, concentrados pacíficamente ante la Delegación Provincial de Sindicatos, causó la muerte de tres trabajadores y numerosos heridos. En octubre del siguiente año, la entrada de la Policía Armada en la factoría Seat de Barcelona para desalojar a los obreros derivó en una batalla campal en la que resultaron heridos de bala numerosos trabajadores con una víctima mortal. Pocos meses después, en marzo de 1972, la violenta dispersión por la Policía de la manifestación de los trabajadores en huelga de la Empresa Nacional Bazán, que el día anterior habían sido desalojados de la factoría, causó otras dos víctimas mortales. En abril de 1973, la actuación policial para dispersar a los trabajadores en huelga de las empresas constructoras de una central térmica en Sant Adrià del Besós, en Barcelona, tuvo como resultado una nueva víctima mortal. Todos los acontecimientos anteriores dieron lugar a denuncias de las actuaciones policiales, críticas al Gobierno y acciones de protesta y solidaridad, algunas de especial relieve como la huelga general que paralizó El Ferrol o las huelgas generales en diversos municipios del cinturón industrial de Barcelona en respuesta a los hechos de Sant Adrià.

Al margen de las movilizaciones obreras y ciudadanas en respuesta a intervenciones policiales con resultado de víctimas mortales, el crecimiento de la conflictividad obrera y su radicalización se manifestó también en huelgas generales locales o comarcales, como las del Bajo Llobregat de julio y diciembre de 1974, la de Guipúzcoa y Vizcaya de diciembre del mismo año o la de Pamplona en enero de 1975.

En las elecciones sindicales celebradas en 1975, las candidaturas «unitarias y democráticas» promovidas por las CCOO, en algunos centros de trabajo en colaboración con otros grupos como la Unión Sindical Obrera (USO), lograron una clara victoria en muchas de las grandes empresas, y en numerosas de las medianas, en las principales concentraciones industriales y urbanas. Y a pesar de las maniobras de los organismos superiores de la OSE, muchos miembros de dichas candidaturas fueron elegidos vocales de las Uniones de Técnicos y Trabajadores a escala local, comarcal y provincial. Incluso en algunos lugares, aunque pocos, toda la estructura representativa quedó en manos de los electos de dichas candidaturas. Aunque la OSE intentó ocultar o minimizar lo que había pasado, muchas informaciones periodísticas dieron cuenta del descalabro verticalista[13]. Años después, el antiguo secretario general de la OSE, en 1975 gobernador civil de Barcelona, reconocería que puesto que «se observaba una presencia numerosa de militantes y simpatizantes de CCOO», y que «este movimiento era animado preferentemente por el PCE, pudo dictaminarse […] que se había poblado de comunistas la estructura sindical en sus niveles inferiores». Así pues, las elecciones fueron para la dictadura «un fracaso político en la medida que se generalizó la impresión de que las había ganado una oposición sindical cuyo núcleo era el PCE, que se oponía frontalmente a su estructura». Aunque para Rodolfo Martín Villa ello era una «verdad a medias», en «sus efectos más importantes operó como una verdad entera». Incluso en la cúpula sindical se extendió «una sensación de “cerco” que pudo dar lugar a la expresión, tal vez injusta pero que hizo fortuna, de “búnker” sindical»[14].

El panorama laboral y sindical en 1975 no era precisamente plácido para el franquismo, agravado además por el impacto de la crisis económica internacional iniciada bruscamente en 1973. Además, en muchos dirigentes empresariales se había instalado una creciente inquietud ante la confluencia de la crisis política y de la crisis económica, hasta el punto de sostener la organización patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional que «mantener el nivel máximo de empleo aun a costa de hacer más irracional la economía de mercado […] es la única salida posible dentro del contexto institucional de nuestras estructuras laborales y políticas»[15]. Ante la intensa conflictividad laboral en julio de 1975, el Consejo Provincial de Empresarios de Barcelona reclamaba la implantación de unas reglas que fueran aceptadas por todas las partes y que dieran estabilidad al «sistema socioeconómico del país»[16]. Y en octubre de 1975, Fomento del Trabajo reclamaba un «pacto social» que sería «una especie de contrato por el cual las clases favorecidas hasta el presente, abdicaran conscientemente de algunos de sus privilegios y cedieran en sus posiciones de ventaja, para ser compartidos por las clases trabajadoras; estas a su vez considerarían el modelo neocapitalista como el campo de juego válido y aceptable, y se mantendrían prácticamente dentro de él»[17]. Además, para el Círculo de Economía, el pacto social solo sería posible en un marco de libertades[18].

En resumen, resulta evidente que la conflictividad obrera, a diferencia de lo sostenido por Vicente Palacio Atard, sí que ocasionaba quebraderos de cabeza tanto a los empresarios como a los dirigentes franquistas. De igual modo, y más allá del romanticismo al que aludía el académico de la Historia, la conflictividad estudiantil había supuesto la ruptura del orden franquista en las universidades y, con frecuencia, del orden público en las ciudades con centros de enseñanza superior.

Un informe confidencial del Ministerio de Educación de abril de 1974 describía a una mayoría, que cifraba en el 90 por 100 de los universitarios, que se movía «a remolque de las minorías interesadas o comprometidas en el desmontaje del sistema vigente», es decir, de un 10 por 100 de universitarios activos contra la dictadura[19]. El informe ministerial se refiere a una cuestión de particular relevancia: la movilización estudiantil fue impulsada y al mismo tiempo alimentó un activismo antifranquista que si bien constituía una minoría sintonizaba, si no con el 90 por 100 de los estudiantes sí con sectores notablemente amplios, dejando aparte las actitudes y acciones de los grupos muy radicalizados. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de diciembre de 1975 realizada en Madrid, Barcelona y Sevilla confirmaba el elevado grado de desafección al régimen de los universitarios indicando que el 64 por 100 de los estudiantes era partidario de un cambio político «que pusiera en marcha inmediatamente un sistema democrático como el de los países de Europa», frente a un 2 por 100 partidario de que nada cambiase y un 28 por 100 que se inclinaba por una opción gradual de «evolución hacia estructuras más democráticas»[20].

La «pérdida» de la universidad por el régimen había empezado mucho antes y a mitad de los años setenta parecía absolutamente irreversible. En 1962, Rodolfo Martín Villa, recién nombrado jefe nacional del SEU, constataba en un informe para el Consejo Nacional del Movimiento el fracaso del adoctrinamiento político de los universitarios y de los jóvenes en general, concluyendo literalmente que «la juventud se nos ha ido»[21], algo que, expresado con menor crudeza, ya se había observado desde las filas del régimen en 1956[22]. Un informe de junio de 1957 sobre la situación universitaria afirmaba que en las universidades de Madrid y Barcelona, «las que van en vanguardia y tienen más influencia», existían núcleos «integrados por los estudiantes más inquietos y vivaces en los que se observa una crisis grave: sus símbolos no son los del Movimiento Nacional, y su orientación es más bien hacia el tremendismo y el existencialismo, hasta caer muchas veces en una franca heterodoxia, o en una activa declaración de fe marxista». Más allá del riesgo de nuevas protestas estudiantiles, lo más grave era que la juventud universitaria se apartaba del régimen, dejando «a la política del Estado y del Gobierno en el puro vacío, sin el calor de la solidaridad popular»[23]. La amenaza para el futuro del franquismo estaba pues perfectamente identificada.

Los preocupantes presagios de 1956 y 1957 y la dura descripción de la realidad del jefe nacional del SEU en 1962 se verían confirmados por el presidente de la ponencia del Consejo Nacional del Movimiento titulada «La juventud española y sus inquietudes. Fórmulas de incorporación a las tareas colectivas». El exministro de Educación Joaquín Ruiz Giménez sostuvo, durante el debate de un primer documento sobre la cuestión, que «cualquiera que esté en contacto con los medios juveniles sabe que en el seno de la universidad, y no digamos en el seno de la clase obrera, hoy la ideología socialista tiene una enorme fuerza», por tanto, un sector de la juventud estaba abiertamente «en ruptura con nosotros, con nuestros principios». Ruiz Giménez, próximo ya a su propia ruptura con el régimen, afirmó que «es muy fácil decir que la ideología democrática está muerta, pero la verdad es que goza de tremenda salud en muchísimos pueblos y entre las gentes jóvenes, la democracia entendida como una participación del pueblo en la tarea del Gobierno, y como una posibilidad de fiscalización de la obra de Gobierno del pueblo, no solamente no está muerta sino más viva que nunca, y la gente joven así lo piensa». Pero, además de esos jóvenes en actitudes de «ruptura», había otra juventud, «la más próxima a nosotros, es decir la de nuestros hijos concretamente», que estaba «en actitud díscola, y posiblemente cada uno de nosotros tenemos el riesgo de que alguno de nuestros hijos un día se enfrente con lo que nosotros representamos»[24].

No puede decirse, por tanto, que a los dirigentes franquistas les cogiera por sorpresa la creciente conflictividad universitaria, a la que debieron prestar una permanente atención y a la que incluso, en determinados momentos, el Consejo de Ministros dedicó reuniones casi monográficas. A partir de la mitad de la década de los sesenta, las universidades de Madrid y Barcelona en primer lugar, y rápidamente las demás, entraron en una situación de conflicto permanente, quebrando irreparablemente el orden franquista. La creación de Sindicatos Democráticos de Estudiantes supuso la confrontación abierta y radical de buena parte de los universitarios con la dictadura, y esta respondió al desafío con tentativas de «integración» por una parte, y con la represión por otra, siendo esta última opción la que prevaleció ante el fracaso de la primera.

Los documentos fundacionales del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, aprobados por los delegados reunidos en el convento de los padres Capuchinos de Sarriá en marzo de 1966, con el apoyo de destacados intelectuales, reclamaban una universidad democrática, accesible a todas las clases sociales, promotora de la investigación científica y técnica, al servicio del bienestar de la sociedad y comprometida con la lucha por la libertad[25]. Cercado el convento por la Policía en cuanto tuvo noticia de la reunión, el Consejo de Ministros se ocupó de la situación y el propio Franco dio la orden de que fuese desalojado aun violando el Concordato[26].

En los meses siguientes se formaron Sindicatos Democráticos de Estudiantes en todas las universidades paralelamente al crecimiento de la agitación estudiantil[27]. El 12 de enero de 1968, el Gobierno examinó de nuevo la situación de las universidades donde, según el entonces ministro de Información, Manuel Fraga, «de momento hay “paz armada”, o sea, ocupación policial»[28]. Sobre qué debía hacerse surgieron discrepancias en el Consejo de Ministros; el titular de Educación, Manuel Lora Tamayo, era partidario de una política moderada y conciliadora en tanto que el de Gobernación, Camilo Alonso Vega, «quería mantener medidas enérgicas para mantener el orden en el campus de la Complutense»[29]. En las semanas siguientes, la universidad siguió entre las principales preocupaciones del Gobierno. El 22 de enero, Franco manifestó a su primo y ayudante, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, que deberían tomarse medidas excepcionales «si se quiere que esta situación anárquica termine y no sea un mal ejemplo para otros elementos del país»[30], y en la reunión del Consejo de Ministros del día 26, la situación universitaria fue, según Fraga, «el tema principal de preocupación», llegándose a estudiar la adopción de una especie de «estado de excepción» en los recintos universitarios, propuesta que no prosperó por ineficaz, aunque el Gobierno anunció su decisión de restablecer el orden y advirtió solemnemente que «aquellas personas que atenten contra el orden académico se enfrentarán con la ley y con las sanciones» establecidas en la legislación[31].

La alarma sobre la situación universitaria llevó a un grupo de procuradores en Cortes a solicitar la formación de una comisión de encuesta y a consejeros nacionales del Movimiento a pedir la celebración de una sesión secreta y extraordinaria del Consejo Nacional ante la situación de «desorden, subversión, crisis de autoridad […], atentado permanente contra el orden público y ofensa constante a los principios fundamentales del orden constitucional y de injurias a las más altas magistraturas del Estado, a que se ha llegado en la Universidad española»[32].

A lo largo de 1968, el Gobierno continuó muy pendiente de la agitación estudiantil y reforzó las medidas de carácter represivo. En noviembre se creó una comisión gubernamental para ocuparse de los problemas de orden público vinculados a la conflictividad estudiantil y, además, una unidad militar empezó a colaborar en el Ministerio de Educación en la actuación contra la «subversión»; ese fue el origen del denominado «Servicio Especial», transformado en marzo de 1972 en el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED), a las órdenes directas del vicepresidente Carrero Blanco[33]. El coronel José Ignacio San Martín, desde su experiencia en la dirección de dicho «Servicio Especial» ha explicado la extensión de la protesta universitaria en 1967 y 1968 a partir de la creación de Sindicatos Democráticos y de las reuniones de coordinación, lo que se tradujo en «los desórdenes de todo tipo […] que desembocaron en el estado de excepción decretado por el Gobierno en enero de 1969»[34].

Durante los tres meses que estuvo en vigor el estado de excepción aprobado por el Gobierno el 24 de enero fueron detenidos 315 estudiantes, lo que suponía el 42 por 100 del total de las 735 detenciones efectuadas por la Policía. Pero si la represión pudo destruir los Sindicatos Democráticos de Estudiantes no logró ni revertir la extensión del disentimiento ni evitar que las universidades se convirtieran en lo que la oposición a la dictadura y particularmente el PCE denominó «zonas de libertad», es decir, espacios donde se vulneraba constantemente la legalidad franquista mediante la celebración de asambleas estudiantiles para debatir sobre cuestiones académicas y políticas, la organización de manifestaciones y otras acciones de protesta, la pegada de carteles murales con propaganda antifranquista, la distribución de publicaciones ilegales, acciones de solidaridad, en especial con trabajadores huelguistas o víctimas de la represión, actos culturales realizados sin autorización, etc. En marzo de 1972, Carrero Blanco afirmó ante el Consejo Nacional del Movimiento que «para que la actividad universitaria sea lo que España necesita», era «absolutamente indispensable que salgan para siempre de la Universidad los profesores y los alumnos que llevan a cabo en ella la subversión»[35]. Era una afirmación tan contundente como reveladora del fracaso de la política gubernamental en la universidad en los años anteriores.

Desde el inicio de la década de los setenta, la conflictividad universitaria no fue solo estudiantil y la estudiantil no fue solamente universitaria. Por una parte, el crecimiento del número de estudiantes universitarios, fruto tanto de las necesidades del sistema productivo como de la presión social para acceder a la enseñanza superior, comportó la contratación de profesores precarios y mal pagados –los profesores no numerarios (PNN)–, muchos de ellos con experiencia militante en el movimiento estudiantil, que progresivamente se organizaron e impulsaron acciones reivindicativas con las inevitables connotaciones políticas. Por otra parte, apareció un movimiento estudiantil en los institutos de bachillerato que, como en otros ámbitos, fue impulsado por las organizaciones juveniles de los partidos antifranquistas que, a su vez, se extendieron a partir del crecimiento del movimiento.

La socialización antifranquista en la universidad de la década de los sesenta y los primeros años de la de los setenta tuvo importantes consecuencias. Más allá de los PNN antes citados, muchos jóvenes profesionales, con actitudes de disentimiento político adoptadas en los años estudiantiles, incorporarían sus experiencias a sus nuevos ámbitos de actividad, lo que constituiría un notable impulso a la extensión del antifranquismo. Por otra parte, jóvenes y no tan jóvenes profesionales desempeñaron un papel muy relevante en el movimiento obrero y en el movimiento vecinal; en el primero, particularmente los abogados laboralistas, cuyos despachos fueron con frecuencia espacios esenciales de organización y de coordinación de las acciones obreras[36]; en el segundo, también abogados, arquitectos, urbanistas y periodistas, que aportaron recursos técnicos y legales para combatir decisiones de las autoridades locales, asesoramiento a las reivindicaciones vecinales e incluso capacidad de elaboración de propuestas alternativas a las política locales franquistas.

Precisamente las protestas y reivindicaciones de los habitantes de las periferias de las ciudades en rápido crecimiento al calor de las profundas transformaciones económicas y sociales abrieron un nuevo ámbito de conflicto para la dictadura, para las autoridades locales en primera instancia. Dicho crecimiento, sin apenas políticas de planificación urbanística y de servicios básicos, empujó a los vecinos a organizarse, mediante muy diversas fórmulas en función de las posibilidades de cada momento y lugar, en centros sociales parroquiales, asociaciones de cabezas de familia y asociaciones creadas al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964; dichos núcleos de activistas conformaron las bases de un movimiento que tendría su principal expresión en las asociaciones de vecinos[37], y que daría lugar a que Manuel Castells calificara la movilización social de los barrios de muchas ciudades españolas como la más amplia y significativa de las existentes en Europa desde 1945[38]. A mitad de la década de los años setenta, dirigentes franquistas y servicios policiales observaban con creciente preocupación esa nueva conflictividad, impulsada igualmente por el activismo político antifranquista, que podía aprovechar la experiencia de las CCOO, combinando igualmente legalidad e ilegalidad en las formas de organización y de actuación, y con demandas tan básicas y legítimas que resultaba muy difícil desacreditarlas con el habitual recurso franquista de la denuncia de la «subversión». Un documento policial de enero de 1975 afirmaba que «la subversión en los barrios» era una de las «dos principales palancas» –junto a la desarrollada en «el ámbito laboral»– que empleaban los «grupos de oposición para derrocar al Régimen»[39].

Y siendo cierto el papel determinante de los militantes de los grupos antifranquistas y de activistas católicos en proceso de radicalización, las acciones vecinales no eran fruto de la agitación política, sino de los gravísimos déficits de los barrios periféricos, desde los más básicos, como el alcantarillado, el suministro de agua, la iluminacióno el asfaltado, a otros no menos importantes como el transporte público, las escuelas o los centros sanitarios. Además, la connivencia entre los beneficiarios de la especulación urbanística y la administración local propició proyectos que se encontraron con el rechazo frontal de unos vecinos movilizados y, como se ha apuntado anteriormente, con capacidad de elaborar alternativas que respondieran al bien público y a los intereses colectivos.

Con todo, la movilización rupturista tuvo importantes límites, minimizados cuando, frente a quienes la han ignorado, se ha descrito un escenario en el cual el derrocamiento del régimen era un objetivo a punto de alcanzarse, de manera que solo renuncias inexplicables, o la incapacidad o la traición de los dirigentes de la oposición no lo hizo posible. Ciertamente, la movilización antifranquista contribuyó decisivamente a la crisis de la dictadura, pero nunca alcanzó la extensión y la intensidad para abocarla al colapso. En primer lugar, porque el aparato represivo estuvo plenamente operativo hasta el fin del régimen, lo que contribuyó al mantenimiento en la sociedad de un miedo extenso, alimentado además por la memoria de la extrema violencia del primer franquismo. En segundo lugar, por la notable extensión de la pasividad en sectores diversos de la población, en unos casos con el miedo como factor determinante, pero también por las expectativas de mejora de las condiciones de vida en un contexto de intenso crecimiento económico y de cambios sociales, sin olvidar la apatía política o la simple aceptación del orden establecido por convicción o por interés. Por último, a pesar de la progresiva extensión de la conflictividad antifranquista, sus expresiones más intensas se encontraron con muchas dificultades para manifestarse fuera de las principales concentraciones industriales y urbanas del país.

EL CRECIMIENTO DEL DISENTIMIENTO

No obstante los límites señalados, la conflictividad social antifranquista también empujó el disentimiento en otros ámbitos, lo que se tradujo en otras expresiones críticas que contribuyeron de manera relevante a condicionar el futuro de la dictadura. En los años setenta, las actitudes antifranquistas en el mundo cultural y entre sectores amplios de profesionales no pararon de crecer, aunque las acciones más comprometidas siguieran siendo minoritarias. Tampoco este era un fenómeno nuevo; desde la década anterior, las manifestaciones críticas con el régimen y sus políticas, especialmente las de carácter represivo, habían contado con el apoyo de muchas de las figuras más relevantes de la cultura española, especialmente mediante cartas dirigidas a las autoridades, que si bien con frecuencia eran silenciadas en los medios de comunicación ello no evitaba que tuvieran una notable difusión y una repercusión en el exterior que resultaba particularmente negativa para el franquismo. El Ministerio de Información registró entre 1962 y 1969 más de treinta escritos con ilustres firmas del mundo de las letras, de las artes y de la universidad, como las de José Bergamín, Gabriel Celaya, Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Antonio Buero Vallejo, Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Juan García Hortelano, Jaime Gil de Biedma, Ana María Matute, Salvador Espriu, Antoni Tàpies, Juan Genovés, Antonio Saura, Juan Antonio Bardem, Víctor Erice, Vicente Aranda, Jaime Camino, José Luis Borau, Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Antonio Gades, José Manuel Blecua, José Antonio Maravall, Julián Marías, José Luis L. Aranguren, Pedro Lain Entralgo, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván, Manuel Giménez Fernández, Dionisio Ridruejo y un muy largo etcétera[40].

Sin duda, la dictadura no se sentía literalmente amenazada por el disenso de intelectuales, artistas y académicos, pero ello no implicaba que sus dirigentes no fueran conscientes de los efectos deslegitimadores de sus actitudes y del daño que ocasionaban a su imagen, tanto en el interior como en el exterior. Por otra parte, pese a los intentos efectuados, el régimen carecía de opciones efectivas para captar apoyos en ese mundo e incluso para neutralizar dichas actitudes, más allá de la represión que cada vez más tenía efectos muy contraproducentes. Como destacaba un consejero nacional del Movimiento en 1973, la imagen del régimen y su futuro dependían en gran medida de «los hombres de pensamiento», y consideraba que no se les podía recuperar «con decretos ni con medidas represivas», aunque las propuestas que formulaba eran de muy corto recorrido, como «la corrección de los defectos del sistema» o el estudio de «mecanismos a través de los que se podría incorporar a la vida pública activa dentro de los cauces legales a los marginales que por sus actividades humanas encierren mayores elementos aprovechables y se muestren dispuestos a aceptar la legalidad»[41]. La soledad del régimen en el mundo cultural era abrumadora. Sin duda, hubo numerosas actitudes de silencio y de ausencia de apoyo a iniciativas críticas, pero en los años setenta resultaba casi imposible encontrar nombres relevantes del mundo cultural que apoyaran abiertamente al franquismo.

En estos años, una parte notable de la actividad cultural fue adquiriendo un carácter de crítica social y política que comportó constantes forcejeos con la censura y, en general, con las autoridades políticas. Representaciones teatrales, sesiones de cine club, conferencias y exposiciones sirvieron para, explícita o implícitamente, denunciar la dictadura. Las frecuentes sanciones impuestas no hacían más que justificar la denuncia efectuada. Un fenómeno especialmente destacable por no tener el carácter minoritario que limitaba la influencia de muchas actividades culturales, como algunas de las anteriormente citadas, fue el de la «canción de protesta», en Cataluña la «nova cançó», en sintonía con un movimiento presente en todo el mundo occidental pero que en España cobraba una particular dimensión dada la naturaleza del régimen político establecido. Los recitales de cantautores como Raimon, Lluis Llach, Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, José Antonio Labordeta, Jaime Pastor o Elisa Serna se convirtieron con frecuencia en actos de carácter antifranquista, en los que los numerosos asistentes podían constatar que quienes querían acabar con la dictadura no eran la exigua «minoría subversiva» que denunciaba el régimen, sino sectores muy amplios de la sociedad española; en todo caso, como confirmaba la encuesta del IOP de diciembre de 1975 citada anteriormente, la parte más joven, culta, informada y activa. Las autoridades franquistas se encontraron sistemáticamente ante el dilema de prohibir, lo que agudizaba la imagen represiva del régimen, o permitir, lo que, de una forma u otra, acababa convirtiéndose en un acto de crítica, lo que alentaba las acciones transgresoras ante las que finalmente debían utilizar la vía de la sanción para reafirmar su autoridad. Oscilando entre cierta tolerancia y la prohibición, en función del momento y del lugar, los gobernantes intentaron gestionar una situación siempre adversa y fuente de erosión permanente.

En el ámbito profesional, algunos colegios ocasionaron también crecientes quebraderos de cabeza a los dirigentes del régimen, en especial los colegios de abogados, de doctores y licenciados y de arquitectos, con no pocos de sus miembros vinculados a los movimientos sociales antifranquistas. El Colegio de Abogados de Madrid fue motivo de particular preocupación, en especial con ocasión de iniciativas como las aprobadas en enero de 1969 por una junta general extraordinaria solicitando al Gobierno la abolición de las jurisdicciones especiales y reclamando un régimen penitenciario especial para los presos políticos[42]. Un año y medio después, en junio de 1970, el Congreso de la Abogacía celebrado en León se pronunció a favor de una amnistía general, la supresión de las jurisdicciones especiales, la derogación de la Ley de Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo y de la abolición de la pena de muerte, a pesar de la movilización por el Gobierno de los congresistas adictos para impedirlo[43].

Aunque no sea posible medir los efectos de los pronunciamientos denunciando actuaciones represivas y demandando respeto a los derechos humanos, o directamente el establecimiento de instituciones democráticas, no cabe duda que fortalecían las bases del rechazo a la dictadura, alentaban a los activistas en los distintos ámbitos, socavaban las convicciones de los adictos más tibios y hacían crecer las dudas entre quienes aceptaban sin entusiasmo el orden establecido.

Un muy notable impacto sobre la dictadura tuvo la extensión del disentimiento en el mundo católico, incluido una parte del clero que, desde comienzo de la década de los años setenta, se manifestó incluso en una parte de la jerarquía eclesiástica. Las primeras actitudes críticas con la realidad social y con el régimen político aparecieron en organizaciones como las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) o la Juventud Obrera Católica (JOC) ya en la década de los años cincuenta, y en los sesenta fue creciente la participación de activistas católicos en la conflictividad social emergente y en los movimientos antifranquistas, particularmente en las CCOO y en el movimiento vecinal, además incorporándose muchos a la militancia política[44]. Por otra parte, y también en forma creciente, miembros del clero regular y secular apoyaron a dichos movimientos y participaron directamente en su articulación, en acciones reivindicativas y algunos, incluso, en la militancia política[45]. Espacios eclesiásticos, formalmente protegidos por el Concordato, acogieron numerosas reuniones clandestinas, asambleas de trabajadores en huelga y otras acciones de protesta. No es un dato menor que fuera precisamente en un recinto religioso donde se constituyó el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en marzo de 1966, donde se reunieron más de 300 intelectuales, artistas y profesionales catalanes para protestar contra el Consejo de Guerra de Burgos en diciembre de 1970, o donde fueron detenidos los miembros de la Coordinadora General de CCOO en junio de 1972, por poner solo tres ejemplos particularmente relevantes. Por otra parte, fue cada vez más frecuente la crítica al régimen en celebraciones religiosas, especialmente la denuncia de la violación de los derechos humanos. Todo ello dio lugar a que la dictadura creara en 1968 una prisión especial para clérigos ubicada en Zamora.

La evolución del catolicismo español fue propiciada por el cambio generacional en el clero, por la penetración de corrientes renovadoras especialmente de procedencia francesa, por el pontificado de Juan XXII y, finalmente, por el Concilio Vaticano Segundo, y tuvo como consecuencia el alejamiento de la dictadura de sectores cada vez más extensos del mundo seglar católico y del clero, seguido de la crítica abierta, lo que acabó dando lugar a una creciente deslegitimación del franquismo por parte de unos de sus apoyos esenciales, lo que lo erosionó profundamente. Sorpresa, preocupación e irritación recorrieron las instituciones franquistas a medida que se extendían las críticas procedentes de la Iglesia, en particular cuando eran formuladas por miembros de la propia jerarquía eclesiástica que, hasta pocos años antes, había sido muy mayoritariamente adicta[46]. Al mismo tiempo, las quejas del Gobierno a la Santa Sede eran cada vez más desoídas, y no favorecía las buenas relaciones con el Vaticano la negativa de Franco a renunciar al «derecho de presentación» tal como le pidió Pablo VI[47].

Algunos acontecimientos determinaron la configuración de un insólito conflicto con la Iglesia del estado confesional católico creado por el franquismo. El Consejo de Guerra de Burgos en diciembre de 1970, en el que la acusación solicitó la pena de muerte para 6 de los 16 acusados de formar parte de ETA, entre ellos 2 sacerdotes, dio lugar a una tensa situación a raíz de la carta pastoral del obispo de San Sebastián y del administrador apostólico de Bilbao que, además de contribuir a dar a conocer el proceso, solicitaba que el juicio se celebrara ante la jurisdicción ordinaria y no ante la militar, afirmando que la primera permitía una más plena defensa de los inculpados y, además, se anticipaba a solicitar la conmutación de la pena de muerte si alguna fuera sentenciada, concluyendo con un rechazo «toda clase de violencias, las estructurales, las subversivas y las represivas»[48]. El Gobierno reaccionó de inmediato considerando inaceptable y especialmente grave equiparar «la violencia delictiva, penada por la Ley, con esta misma pena que la Ley impone a quien comete un delito previamente tipificado por el ordenamiento jurídico», y afirmando que «el pensamiento de condenar lo que ellos llaman violencia subversiva y la represiva es equivocado»[49]. Hechas públicas las sentencias de muerte, Pablo VI pidió personalmente su conmutación, como había hecho en anteriores ocasiones y como haría ante condenas futuras.

En septiembre de 1971, una mayoría de participantes en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes votó a favor de un documento, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación, que pedía perdón por el papel de la Iglesia durante la guerra civil, «porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de la reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos»[50], frase que pulverizaba la caracterización de la guerra como «cruzada» y que, en consecuencia, causó indignación en las filas franquistas[51] y permitió que los dirigentes de la dictadura apreciaran el grado que alcanzaba la desafección en el clero, incluida una parte creciente de la jerarquía. La XVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada en marzo de 1972, que eligió al cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente, confirmó lo lejos que se situaba la Iglesia respecto a un régimen que había apoyado sin reservas durante tres décadas. Diez meses después, el episcopado hizo público el documento titulado La Iglesia y la Comunidad Política que constituía una defensa del pluralismo político afirmando que «una efectiva pluralidad de opciones es parte integrante del bien común, el cual es norma de la acción de los hombres en el servicio a la sociedad y la razón de ser y el criterio de delimitación del ejercicio de la autoridad política». El documento proclamaba el compromiso de la Iglesia con la promoción de «la justicia social y el efectivo reconocimiento de los derechos humanos», y defendía la obligación del magisterio jerárquico de «pronunciarse sobre los principios sociopolíticos en cuanto afectan a la dignidad y a los derechos de la persona…»[52].

Pero el episodio de mayor tensión tuvo lugar a comienzos de 1974, recién formado el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, el denominado «caso Añoveros». El 24 de febrero, en las iglesias de la diócesis de Bilbao fue leída una homilía, titulada «El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos», que defendía el derecho del pueblo vasco, «lo mismo que los demás pueblos del Estado español», de «conservar su propia identidad», uno de cuyos componentes era su lengua milenaria, «cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual», lo que, sin embargo, tropezaba con «serios obstáculos», en especial por las restricciones en el uso de la lengua vasca, por lo que la Iglesia pedía los cambios necesarios[53]. Tales aseveraciones fueron consideradas por el Gobierno un gravísimo ataque a la unidad nacional, decidiendo el arresto domiciliario del obispo de la diócesis, Antonio Añoveros, y posteriormente, fracasada su tentativa de que abandonara voluntariamente el país, su expulsión de España. El prelado se negó a acatar la orden y advirtió que solo abandonaría su diócesis por la fuerza, amenazando con sanciones canónigas a los responsables de tal acción. La mayoría de la jerarquía católica, con Tarancón a la cabeza, apoyó al obispo de Bilbao y amenazó al Gobierno con la excomunión, algo que rebasaba todo lo imaginable en una España cuyos máximos dirigentes seguían instalados en el marco referencial del nacional-catolicismo. Al final, las conversaciones entre miembros del Gobierno y de la Conferencia Episcopal dieron lugar a la anulación de la orden de expulsión del obispo a cambio de una declaración de Añoveros relativa a la unidad de España, que evidentemente nunca había cuestionado[54].

LA ARTICULACIÓN DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

En la conformación de este escenario de creciente desafección, de su más abierta expresión y de conflictividad social en ascenso continuado, la oposición política desempeñó un papel capital. Porque fueron principalmente los militantes del PCE y los de los grupos a su izquierda[55] los que impulsaron los movimientos sociales antifranquistas y, en buena medida, su activismo empujó la adopción de actitudes más activas contra la dictadura en sectores ideológicamente más moderados y que hasta muy tardíamente se habían movido entre la espera de tiempos más propicios y el testimonialismo puntual.

El PCE había desarrollado una acción política que tenía como objetivo primero y fundamental el establecimiento de un régimen democrático homologable a los de la Europa occidental próxima. Obviamente tenía objetivos más allá de una democracia representativa, considerada el primer paso hacia lo que denominaba una «democracia política y social» concebida como el camino hacia el «socialismo en libertad», es decir, hacia un modelo de socialismo muy alejado del socialismo soviético[56]. La movilización social y la articulación de la más amplia unidad antifranquista eran los instrumentos que el PCE consideraba esenciales para lograr el final de la dictadura. Pero, situados en la primera mitad de los años setenta, si en la movilización el éxito había sido notable, considerando las condiciones existentes, en la unidad antifranquista los resultados habían sido muy escasos. Los militantes comunistas actuaban en CCOO, en el movimiento estudiantil o en el vecinal en colaboración con activistas católicos y con militantes de otros partidos y en el ámbito cultural y profesional coincidían igualmente con quienes impulsaban la denuncia de la dictadura. Pero las relaciones directas entre grupos políticos eran prácticamente nulas.

La situación era distinta en Cataluña. El PSUC, no sin grandes esfuerzos, logró que avanzara una política de unidad antifranquista que, iniciada en 1966, hizo posible la creación en 1971 de la Assemblea de Catalunya, una plataforma que agrupaba desde comunistas a democristianos pasando por socialistas y nacionalistas y que integraba no solo partidos políticos, sino también a las CCOO y a colectivos vinculados a movimientos vecinales, culturales, profesionales y cívicos en torno a cuatro puntos programáticos, que pronto quedaron sintetizados en el eslogan «libertad, amnistía, estatuto de autonomía»[57], que fijaban con claridad los objetivos a alcanzar. El PCE y el PSUC, en colaboración especialmente con el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), se dedicaron a explicar la experiencia unitaria catalana para propiciar la articulación de la oposición en toda España, aunque los acuerdos alcanzados no pasaron del ámbito local.

Sin embargo, en julio de 1974, con una cierta urgencia impulsada por la crisis del régimen agravada por la hospitalización de Franco a causa de una tromboflebitis, se constituyó en París –donde fue presentada por el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, y por el monárquico Rafael Calvo Serer– y en Madrid la Junta Democrática de España (JDE). La Junta hizo público un programa de 12 puntos para «promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política en España» que propugnaba, en primer lugar, «la formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, los derechos y los deberes democráticos». En segundo lugar, «la amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, y la liberación de todos los detenidos por razones políticas y sindicales». El programa contemplaba, la «legalización de todos los partidos políticos sin exclusiones» y el pleno ejercicio de la libertad sindical y los derechos de huelga, reunión y manifestación, la libertad de prensa y de opinión, la «independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial», así como «la neutralidad y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las fuerzas armadas» y la separación de la Iglesia y el Estado. También se reconocía «bajo la unidad del Estado español», «la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente». La Junta proponía la celebración de una consulta popular «para elegir la forma definitiva del Estado», y la «integración de España en las Comunidades europeas, el respeto a los acuerdos internacionales, y el reconocimiento del principio de coexistencia pacífica internacional». La declaración de la JDE concluía con un llamamiento a formar juntas regionales, provinciales y municipales y anunciaba «la convocatoria de una acción democrática nacional» que lanzaría «en el momento oportuno, convencida, como está, de que al pueblo español la libertad no le será regalada y tendrá que ser por él conquistada»[58]. Meses más tarde, en abril de 1975, la Junta presentó el «Manifiesto de la Reconciliación» donde se exponía la significación de la expresión «ruptura democrática»: no se trataba de una revolución violenta, sino del desmantelamiento pacífico de la legalidad y de las instituciones franquistas y la creación de un nuevo ordenamiento democrático[59].

La JDE agrupó a la mayor parte de la oposición más activa contra la dictadura; el PCE, las CCOO, el Partido Socialista Popular (PSP), la Alianza Socialista de Andalucía (ASA), el Partido Carlista, adherido en septiembre de 1974 pero solo durante unos meses, el Partido del Trabajo de España (PTE), incorporado en febrero de 1975, y personalidades independientes como José Vidal Beneyto, incluidos monárquicos próximos a Juan de Borbón como Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano. Pero, la JDE no logró incorporar a grupos que, aunque entonces fueran muy débiles orgánicamente y tuvieran una escasa presencia en los movimientos sociales antifranquistas, en un futuro en libertad podían representar a una parte considerable de la sociedad española. Sin embargo, su formación constituyó un impulso definitivo para avanzar en el proceso de articulación de la oposición a la dictadura.

En junio de 1975, el PSOE, la UGT, la Izquierda Democrática, la Unión Social Demócrata Española, el Consejo Consultivo Vasco, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el Movimiento Comunista de España (MCE), el Partido Carlista y diversos grupos regionales formaron la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD), con un programa que propugnaba el «restablecimiento de la soberanía popular» y la «apertura de un proceso constituyente» para establecer «un régimen democrático y pluralista con estructura federal de Estado». La PCD se comprometía a luchar por el restablecimiento de las libertades, por la liberación de los presos y el retorno de los exiliados, por la supresión de organismos e instituciones represivas «incompatibles con una sociedad democrática», por una forma de gobierno «sujeta a la decisión de la voluntad popular expresada en elecciones». También se comprometía, «consciente de la existencia de nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórica o cultural propia en el seno del Estado Español», al reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas y la formación de órganos de autogobierno en las nacionalidades del Estado desde el momento de la «ruptura democrática» propugnando «una estructura federal en la Constitución del Estado Español»[60].

La JDE y la PCD coincidían en lo fundamental, aunque la primera, con un programa aparentemente más moderado, apostaba por la movilización popular para alcanzar la democracia en tanto que la segunda, con formulaciones programáticas más radicales, parecía más predispuesta a una eventual negociación con reformistas del régimen. En todo caso, en septiembre de 1975, en un contexto de incremento de la represión, la JDE y la PCD firmaron un comunicado conjunto denunciado la «ilusión aperturista» y reafirmando el objetivo compartido de lograr «una verdadera ruptura con el Régimen y con su continuidad sucesoria» para conseguir el establecimiento de una democracia plena. El comunicado, además, comprometía a ambas entidades a laborar para conseguir la unidad de toda la oposición democrática[61].

Así pues, en el momento de la muerte de Franco, el antifranquismo había logrado articular un proyecto de cambio democrático que contaba con el apoyo de la práctica totalidad de la oposición a la dictadura, que estaba a punto de crear un único organismo que la agrupara, con el impulso de una movilización social que, si bien era insuficiente para causar el derrumbe del régimen, tenía la capacidad, sintonizando con una parte muy extensa de la sociedad, de impedir el continuismo franquista y el reformismo de corto alcance.

CONTINUISMO Y REFORMISMO

1975 fue el año en que murió Franco, pero también fue el año en que la crisis de la dictadura alcanzó cotas más elevadas. En efecto, en el momento crítico de la desaparición del dictador, el proyecto estrictamente continuista, es decir, el de mantener el ordenamiento franquista sin cambio alguno más allá de la sucesión en la Jefatura del Estado, era incapaz de asegurar el futuro del régimen, lo que explica que pronto quedara en vía muerta a pesar de tener numerosos partidarios bien instalados en las instituciones de la dictadura. Sin embargo, ello no debe llevar a ignorar o subestimar que, durante los diez años anteriores, se había preparado laboriosamente el franquismo sin Franco.

En enero de 1967 había sido promulgada la LOE, presentada como la coronación del edificio institucional franquista y sometida a referéndum en diciembre de 1966 para mostrar el abrumador apoyo popular a Franco, al régimen y a su continuidad. Según las cifras oficiales, la participación alcanzó el 89,5 por 100 del censo electoral, con un voto favorable del 95,9 por 100 de los sufragios y contrario del 1,79 por 100. Sin embargo, ni las colas de votantes en los colegios electorales, ni las urnas repletas de papeletas, podían ocultar la naturaleza de una consulta organizada y controlada para obtener el resultado predeterminado, después de una campaña en la que no pudo promoverse otra opción que el «sí» aprobatorio a la ley y de una notable presión sobre los electores. El análisis de los resultados permite apreciar que en algunos colegios electorales los votos emitidos superaron el 100 por 100 del censo electoral, y el gobernador civil de Barcelona y futuro ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, tuvo que advertir confidencialmente al ministro Camilo Alonso Vega que «convendrá afinar bien en los resultados definitivos» puesto que circulaba la noticia que «habían sobrado dos millones de votos»[62].

En todo caso, la dictadura pudo exhibir tanto hacia el exterior como interiormente la confirmación, por segunda vez en forma plebiscitaria, de un elevado consentimiento popular. La LOE establecía la separación de las funciones de jefe del Estado y de jefe del Gobierno, preceptiva en el momento de la sucesión de Franco, aunque este podía conservarlas mientras no decidiera designar un jefe de Gobierno, y fijaba el procedimiento para el nombramiento de este último. En la LOE quedaba establecida para el futuro una Jefatura del Estado con unos poderes delimitados e inferiores a los ejercidos por el Caudillo, y en consecuencia con unas instituciones reforzadas, tanto las Cortes y el Consejo del Reino como el Consejo Nacional del Movimiento convertido en la Cámara Alta del régimen. En las Cortes se añadía un nuevo grupo de procuradores, los de representación familiar, elegidos por los cabezas de familia y mujeres casadas a razón de dos por provincia, lo que permitía una escenificación democrática pese a que los candidatos debían superar unos exigentes requisitos para asegurar su condición «adicta». Por otra parte, y para reforzar el blindaje de la dictadura ya establecido en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, que los declaraba «permanentes e inalterables», la LOE establecía el «recurso de contrafuero», que tenía como objetivo la paralización de cualquier acto legislativo o disposición gubernamental que vulnerara aquellos principios[63], lo que debía asegurar la imposibilidad de modificar sustancialmente la legalidad y las instituciones franquistas.

Para que todo quedara «atado y bien atado», solo faltaba resolver la designación del sucesor del Caudillo. Finalmente, en julio de 1969, Franco tomó la decisión, prevista en la Ley de Sucesión de 1947, de nombrar sucesor. El 22 de julio, ante el pleno de las Cortes, el dictador presentó la proposición de designar a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey. En su discurso ante los procuradores, Franco reiteró que con la decisión propuesta se instauraba una monarquía nueva, porque «el Reino que nosotros, con el asentimiento de la Nación, hemos establecido, nada debe al pasado; nace de aquel acto decisivo del 18 de julio, que constituye un hecho histórico trascendente que no admite pactos ni condiciones»[64]. La proposición tuvo el voto favorable de 491 procuradores, el contrario de 19 y la abstención de 9. Al día siguiente, Juan Carlos juró solemnemente ante las Cortes lealtad a Franco, a los Principios del Movimiento y a las Leyes Fundamentales.

Pero, pese al continuismo previsto, en 1975 una parte del personal político franquista estaba convencida, y desde tiempo atrás que, para asegurar la supervivencia del régimen, era imprescindible la introducción de cambios en el ordenamiento político, aunque naturalmente sin cuestionar sus principios fundamentales.

Así, desde comienzos de los sesenta, se elaboraron propuestas para «abrir» o para «reformar» el orden franquista con el inequívoco objetivo de conservarlo. Y, contrariamente a la imagen fijada y reproducida de unos falangistas inmovilistas y unos «tecnócratas» aperturistas, era entre los primeros donde se elaboraron las principales propuestas para introducir cambios en la legalidad y en las instituciones franquistas, aunque siempre de alcance limitado. Como alertó Javier Tusell, el peculiar lenguaje político de esos años podía «tener el grave inconveniente de resultar ininteligible trascurrido el tiempo», porque en cierta manera «todos los miembros de la clase política dirigente de la época eran aperturistas y todos no lo eran en absoluto. Todos querían una institucionalización», pero «nadie quería sustituir el régimen vigente por otro»[65].

A toda la clase política franquista le preocupó cada vez más los retos que tenía ante sí el «Régimen del 18 de Julio» en una sociedad inmersa en un intenso proceso de transformaciones económicas, sociales y culturales de gran calado, con una imparable penetración de influencias del mundo occidental a resultas de la confluencia de un conjunto de fenómenos –emigración al exterior, turismo de masas, penetración de movimientos culturales y de formas de vida a través de los medios de comunicación y de contactos directos especialmente con la Europa próxima– que escapaban a las posibilidades de ejercer un control desde el poder político que permitiera separar aquello que consideraba favorable –en especial para el crecimiento económico– de lo que rechazaba por contradictorio con el orden franquista, sobre todo en el plano cultural y político. Y no era una fuente de preocupación menor para los franquistas el futuro del régimen, la pregunta «¿Después de Franco, qué?»[66].

Según los denominados «tecnócratas», para asegurar la estabilidad política y el futuro del régimen lo fundamental era mantener el crecimiento económico, puesto que este haría posible el incremento del bienestar de sectores cada vez más amplios de la población, y ello aseguraría el consentimiento de buena parte de la sociedad española. A la legitimidad de origen se sumaría así la legitimidad de ejercicio. Por otra parte, el Gobierno debía tener en sus manos todo el poder político, cuestión especialmente defendida por Carrero Blanco, evitando cualquier limitación o condicionamiento, lo que implicaba la absoluta subordinación de todas las organizaciones del Movimiento al Consejo de Ministros. Finalmente, la monarquía aportaría la estabilidad institucional futura, igualmente esencial, en el bien entendido que se trataría no de una restauración, sino de una instauración como expresaba la denominación «Monarquía del 18 de Julio». No obstante, algunos tecnócratas compartían la conveniencia de introducir algunos cambios menores en el plano institucional, pero rechazaban que ello redundara en el fortalecimiento del papel del Movimiento.

Para buena parte del falangismo, la respuesta a la pregunta «Después de Franco, ¿qué?», era «Después de Franco, las instituciones», pero unas instituciones que debían ser reforzadas para hacer frente a los retos del presente y para asegurar en el futuro la plena operatividad de la «democracia orgánica» española. Para ello, era necesario iniciar un «desarrollo político» paralelo al económico que, siempre dentro de los límites del orden franquista, posibilitara una mayor participación política de los españoles, lo que comportaría unas instituciones más representativas y, por tanto, dotadas de mayor legitimidad, lo que determinaría mayor aceptación y consentimiento popular. Al mismo tiempo, debía desarrollarse una potente política social de acuerdo con el inalcanzado objetivo falangista de la «justicia social». El proyecto falangista perseguía fortalecer al régimen pero al mismo tiempo también al propio Movimiento, cuyo papel quedaría extraordinariamente revalorizado y su posición en el sistema político alcanzaría una muy relevante centralidad.

Desde 1962, desde la Secretaría General del Movimiento, encabezada por José Solís Ruiz, y desde algunos ministerios, en especial desde el Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga Iribarne al frente, y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por Fernando María Castiella, se propuso y, en parte se materializó, la introducción de cambios en la legislación franquista, a veces tras notables forcejeos en el seno del Gobierno, que contribuyeron a una creciente división interna que culminó en el cambio gubernamental de octubre de 1969.

Manuel Fraga fue la cara más visible y activa del Gobierno formado en julio de 1962. En 1963 elaboró una propuesta reformista demasiado atrevida para la mayor parte del personal político gobernante, pero que guió su actuación. En ella, Fraga argumentaba la «conveniencia intrínseca de reunir en un solo cuerpo legal las instituciones políticas del país» y «la conveniencia hacia el exterior de adoptar una forma de presentación de las mismas, que no difiera en su aspecto de las más frecuentes en los países occidentales». Con ello se podría «cerrar el paso a maniobras y especulaciones de la oposición presente y futura» y «adelantarse a los cambios crecientes en sectores interesantes de opinión». El documento de Fraga consideraba necesario «revisar el lenguaje, adaptándolo a los enfoques de las nuevas generaciones», así como «evitar la sensación de provisionalidad o inseguridad a la gran mayoría de partidarios que el Régimen tiene»; igualmente era necesario «abrir un periodo de interés por la política, aumentando las posibilidades de fichaje de gentes nuevas» y, por último, «dar argumentos eficaces a nuestros amigos en el exterior»[67].

La Ley de Prensa e Imprenta, también conocida como «Ley Fraga», aprobada en marzo de 1966, fue la principal expresión del aperturismo impulsado por el ministro de Información y Turismo y una de las más relevantes de la política gubernamental de la década. Pero la elaboración y aprobación de la ley mostró la magnitud de recelos o directamente del rechazo a la introducción de cambios en el ordenamiento establecido que pudieran comportar el peligro de su «desnaturalización»[68]. La ley eliminaba la censura previa en las publicaciones –no así en teatro, cine, espectáculos y actos culturales–, pero el artículo segundo enumeraba las limitaciones a la libertad de expresión, entre ellas, «el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales», y «el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica a la acción política y administrativa»[69]. En la práctica establecía la discrecionalidad de las autoridades, que serían quienes interpretarían si se vulneraban los límites establecidos, y la autocensura de periodistas, autores y editores.

Pero, si la elaboración de la ley había mostrado las resistencias a cualquier cambio, su entrada en vigor generó muy pronto un notable malestar en buena parte del personal político franquista, y la conflictividad que generó es un buen ejemplo de las dificultades de una política de reformas limitadas cuando las demandas sociales van mucho más lejos de lo que el poder está dispuesto a conceder. En este caso, la actitud de periodistas, autores y editores, situándose en los límites de la tolerancia gubernamental y buscando ampliarlos, derivó en el recurso continuado de las autoridades a las sanciones establecidas en la propia ley y en el Código Penal, lo que, paradójicamente, hizo más visible la ausencia de libertad de expresión que en la situación anterior con una censura previa que la invisibilizaba. De manera que la Ley Fraga, por una parte, no logró el objetivo de ganar apoyos en el mundo de la información y de la cultura en tanto que agudizó las divergencias internas en el seno del régimen, con dirigentes que muy pronto elevaron su voz contra la ley y contra el ministro que la había propiciado. Carrero Blanco, ascendido a la Vicepresidencia del Gobierno en 1967, elaboró informes demoledores para Franco sobre la ley y sobre Fraga y, finalmente, logró su cese en octubre de 1969[70].

Desde la Secretaría General del Movimiento se impulsaron también iniciativas reformistas, en general con escaso éxito; unas corrieron la misma suerte que la Ley de Prensa, otras, en particular el asociacionismo en el seno del Movimiento, no prosperaron ante las resistencias insalvables que encontraron. En el ámbito sindical, y conforme al proyecto de «desarrollo político» encabezado por José Solís Ruiz, hubo una serie de iniciativas dirigidas a aumentar la participación y, por tanto, la representatividad de la OSE, y al mismo tiempo su autonomía respecto al Gobierno. Las tensiones internas que alimentaron dichas iniciativas fueron importantes y, en todo caso, su fracaso mostró, de nuevo, las dificultades del reformismo. Casi paralelamente, Solís propició el intento de atraer a la OSE a miembros de la inoperante Confederación Nacional del Trabajo (CNT) caracterizados por su profundo anticomunismo pero, después de varios meses de conversaciones e incluso de un principio de acuerdo, el Gobierno desautorizó la operación pese a la defensa de Solís, que argumentó que así se dividía al adversario y podía captarse a una parte del anarcosindicalismo[71]. Con todo, la operación no fue un fracaso absoluto para la OSE puesto que algunos cenetistas aceptaron integrarse ocupando cargos intermedios en los sindicatos verticales.

Sin duda, la iniciativa más ambiciosa, pero a la vez más arriesgada, fue la convocatoria en 1966 de las preceptivas elecciones a enlaces sindicales y vocales de los jurados de empresa eliminado las restricciones establecidas en las anteriores convocatorias y lanzando una gran campaña propagandística para lograr una elevada participación de los trabajadores, llamándoles a «votar al mejor». El objetivo era integrar al menos a una parte del activismo sindical emergente, vitalizar la OSE y fortalecerla dentro del entramado institucional franquista. Las elecciones fueron un éxito en cuanto a la participación, pero las CCOO las aprovecharon a fondo, en primer lugar para extenderse, y lograron notables éxitos en numerosas empresas grandes y medianas de las principales concentraciones industriales del país, lo que empujó a una notable agitación interna en la propia OSE y al aumento de las acciones reivindicativas obreras. Obviamente, los sectores franquistas más reacios a cualquier cambio y quienes eran contrarios al fortalecimiento del Movimiento aprovecharon los adversos resultados del «aperturismo» sindical.

Ello implicó la paralización, por la oposición de buena parte del Gobierno encabezada por Carrero Blanco, de la propuesta de aprobación de una Ley Sindical que actualizara las normas fundacionales de 1940, democratizara parcialmente la OSE y, sobre todo, le diera mayor autonomía[72]. En una de su notas dirigidas a Franco, Carrero afirmaba en mayo de 1969 nada menos que los dirigentes de la OSE pretendían el «asalto al poder», por lo que consideraba conveniente «cambiar toda la cabeza del sindicalismo que hoy está empecinada en esta táctica de asalto al poder»[73]. El vicepresidente del Gobierno y máximo apoyo de los tecnócratas estaba pidiendo ya a Franco un cambio en el Gobierno que apartara a Solís, Fraga y también al titular de Exteriores, Fernando María Castiella[74].

Por último, el asociacionismo político en el seno del Movimiento fue impulsado desde la Secretaría General como un paso esencial en el necesario «desarrollo político» del régimen, que a la vez debía fortalecer al propio Movimiento. Pero la iniciativa quedó también bloqueada por divergencias internas. Y ello a pesar que el «contraste de pareceres» que deberían encauzar las asociaciones se limitaba a los adictos al régimen, lo cual no evitó el rechazo de los más inmovilistas, que veían peligros de desnaturalización del franquismo en todas partes, en este caso al considerar que las asociaciones podrían convertirse en un primer paso hacia los denostados partidos políticos.

El Gobierno formado en octubre de 1969, con Carrero Blanco ejerciendo de hecho una Presidencia del Gobierno que ocuparía definitivamente en junio de 1973, puso punto final a las tentativas reformistas a pesar de que, en ningún caso, suponían el más mínimo cuestionamiento del orden franquista. A partir de este momento, la imagen que proyectó el nuevo Gobierno fue la de absoluto inmovilismo. La posición de Carrero Blanco era que simplemente debía «perfeccionarse» lo ya existente, y rechazaba no combatir frontalmente, «en nombre del aperturismo y de todas esas zarandajas», todo aquello que a su rígido entender era contrario al ideario y al orden franquista[75]. Por otra parte, los dos objetivos preferentes del nuevo gabinete serían, primero, asegurar la unidad interna, que Carrero consideraba rota por las divergencias de los años anteriores y, segundo, restaurar la autoridad, lo que implicaba un incremento de la represión para combatir más decididamente la «subversión». Sin embargo, ambos objetivos no se habían alcanzado en diciembre de 1973 cuando ETA acabó con la vida del, desde junio, presidente del Gobierno. Por una parte, si bien el Consejo de Ministros ganó en homogeneidad, las divergencias existentes se expresaron en otras instituciones, especialmente en el Consejo Nacional del Movimiento, donde el Gobierno fue objeto de críticas desconocidas hasta aquel momento, hasta el punto de tener que crearse en diciembre de 1972 una Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional para reconducir la situación, estableciendo al mismo tiempo la regulación de la relación entre ambas instituciones. En cuanto a la gran preocupación de Carrero sobre la «subversión» y a pesar de la severidad de la política represiva, de actuaciones con voluntad ejemplarizante como el Consejo de Guerra de Burgos y al establecimiento del «estado de excepción» en toda España en diciembre de 1970, ni se logró disminuir la conflictividad social, ni contener la extensión de la oposición política.

La muerte de Carrero dio paso a una nueva tentativa, aparentemente más ambiciosa, de reformismo franquista, pero que naufragó casi desde su inicio. Carlos Arias Navarro, un duro del régimen, tal como había demostrado a lo largo de su trayectoria política y como demostraría al frente del Gobierno, presentó casi por sorpresa un programa aperturista en su intervención en las Cortes el 12 de febrero de 1974. Era un gabinete del que habían sido excluidos los tecnócratas, lo que, por otra parte, no tuvo consecuencias relevantes, buena muestra de que dependían fundamentalmente del apoyo de Carrero y que carecían de una amplia presencia en el conjunto de instituciones del régimen y en sus «bases militantes», contrariamente a los falangistas. En el Gobierno encabezado por Arias, había una destacada presencia de falangistas y propagandistas católicos, en especial jóvenes del colectivo «Tácito», que desde 1972 difundía sus opiniones reformistas a través del diario de la editorial católica Ya y de otros periódicos[76].

El discurso del 12 de febrero explicitaba una propuesta reformista que proclamaba desde el inicio que tenía el objetivo de introducir algunos cambios en el orden franquista para conservarlo. Por ello fue denunciada desde el primer momento por todos quienes propugnaban el establecimiento inmediato de un régimen democrático. Pero el retórico aperturismo gubernamental, solo parcialmente materializado en el ámbito informativo y cultural, y pese a la dureza mostrada con la ejecución del joven libertario Salvador Puig Antich a principios de marzo, desoyendo todas las voces que pedían la conmutación de la pena de muerte, incluida la de Pablo VI, desencadenó una reacción de todo el ultrafranquismo –extremadamente excitado tras la portuguesa Revolución de los Claveles– que consideró que la política gubernamental contenía graves amenazas para el régimen. Solo quienes desde posiciones reformistas dieron crédito a los imprecisos propósitos gubernamentales, especialmente en los medios de comunicación, manifestaron su apoyo al Gobierno, aunque algunos de forma instrumental para lograr algún avance, por pequeño que fuera, en el ejercicio de libertades fundamentales.

En un discurso lleno de metáforas y con un tono poético en algunos pasajes[77], Carlos Arias afirmó que culminada la institucionalización del régimen con la LOE y resuelta la sucesión, el Gobierno se comprometía con el «desarrollo político» a fin de que «el consenso nacional en torno a Franco […] en forma de adhesión» se convirtiera en el futuro en «consenso nacional en torno al Régimen […] en forma de participación». Pero a la hora de la concreción, las medidas anunciadas eran escasas y de un alcance muy corto, la más destacada, la redacción de un estatuto del derecho de asociación «para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras Leyes Fundamentales»[78].

Pero, como se ha apuntado anteriormente, el aperturismo gubernamental pronto quedó en entredicho con el «caso Añoveros» y con la ejecución de Puig Antich, y en los meses siguientes no hubo ningún avance significativo en ninguna dirección, aunque la elevada conflictividad social, la acción opositora, las múltiples expresiones del disentimiento y el incremento de la violencia terrorista, llevaron a una intensa agitación ultrafranquista acompañada de una creciente violencia escuadrista de grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey o Fuerza Nueva[79], y a la adopción de actitudes muy defensivas en sectores mucho más extensos del personal político franquista. El propio Arias quiso dejar claro en un discurso en Barcelona que el denominado «espíritu del 12 de febrero» ni podía ni quería «ser nada distinto al espíritu permanente e inalterable del régimen de Franco desde su hora fundacional»[80]. El 29 de octubre, en el tradicional acto conmemorativo de la fundación de Falange presidido por Franco, acompañado del Gobierno en pleno y por Juan Carlos, el orador designado, Francisco Labadíe Otermín, llamó a la defensa a ultranza del régimen: «Yo proclamo aquí con energía dos verdades políticas que no estamos dispuestos a someter a debate ni a consideración electoral: que ganamos una guerra […] y que defenderemos con uñas y dientes la legitimidad de una victoria que es hoy patrimonio de todo el pueblo español», añadiendo que «no admitiremos deslealtades ni traiciones a la patria. O se está con el pueblo y su destino o se está contra el pueblo y contra España»[81].

En este clima político, el ministro de Información, Pio Cabanillas, fue destituido tras las continuas críticas ultras a la más tolerante política informativa practicada en los meses anteriores. El cese fue acompañado por una serie de dimisiones de altos cargos, entre ellos el vicepresidente y ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo. La crisis del franquismo se expresaba también en el abandono de reformistas que consideraban que la apertura estaba bloqueada.

Para combatir el desánimo de muchos y la imagen de incapacidad gubernamental, Carlos Arias decidió que debía aprobarse sin mayores dilaciones el prometido Estatuto de Asociaciones. Por encargo del ministro de la Presidencia, Antonio Carro, el Instituto de Estudios Políticos había elaborado un anteproyecto, en sintonía con las posiciones más decididamente aperturistas, que no prosperó, y que dejaba a las asociaciones políticas fuera del marco del Movimiento y del control del Consejo Nacional[82]. Por su parte, el Consejo Nacional había iniciado un nuevo estudio sobre la cuestión de las asociaciones en el mes de mayo con la formación de una ponencia al respecto que, como había sucedido en ocasiones anteriores, empleó semanas y meses sin concluir su trabajo hasta el empujón decidido por Arias.

Así, el 16 de diciembre, el Consejo Nacional del Movimiento aprobó en trámite de urgencia un documento estableciendo las bases del asociacionismo político que reconocía «dentro de la comunidad del Movimiento», el «pluralismo que siempre la ha nutrido», con la abstención de los consejeros que habían considerado que la normativa era excesivamente restrictiva y el voto favorable de quienes habían combatido continuadamente la creación de asociaciones desde la defensa de la ortodoxia del régimen y desde el temor que con ellas se iniciara el camino de la desnaturalización[83]. Para uno de los consejeros que defendieron el texto aprobado, el periodista Emilio Romero, director del diario Pueblo, el proyecto asociacionista era «nada menos que la barcaza más importante que asegura la continuidad política y nos lleva al futuro»[84].

El 21 de diciembre el Gobierno aprobó el Decreto-Ley del Estatuto del Derecho de Asociación Política. El texto aprobado posibilitaba la creación de asociaciones en el seno del Movimiento, que obviamente debían acatar sus Principios Fundamentales y estarían sometidas al control del Consejo Nacional. Se trataba, en definitiva, de permitir tendencias organizadas en el seno del antiguo partido único, sin que quedara fijada con suficiente claridad cuál sería su ámbito y sus posibilidades de actuación, y además debiendo cumplir unos requisitos muy exigentes para poder constituirse.

En septiembre de 1975, nueve meses después de la aprobación del Estatuto, solo una asociación había logrado el mínimo de 25.000 afiliados requerido, la Unión del Pueblo Español (UDPE), impulsada desde la propia Secretaría General del Movimiento y presidida por Adolfo Suárez. El fiasco era más que notable. A él contribuyó, además, el rechazo a participar en el asociacionismo creado de quienes propugnaban un aperturismo menos restrictivo, como Manuel Fraga, entonces embajador en Londres.

El fracaso del asociacionismo coincidió con una serie de reveses políticos que agudizaron la crisis de la dictadura a lo largo de 1975. Desde luego no fue una buena noticia para el régimen el proceso de unificación de la oposición con unos objetivos compartidos desde grupos liberales y democristianos hasta los comunistas y la extrema izquierda, pasando por los socialistas, socialdemócratas, regionalistas y nacionalistas subestatales. Anteriormente se ha hecho referencia al éxito de las «candidaturas unitarias y democráticas» en las elecciones sindicales que agudizaron la crisis de la OSE y pusieron de relieve la continuada pérdida de la capacidad de control del régimen respecto al orden laboral. Como había sucedido a mitad de los años sesenta con el SEU, la OSE estaba al borde del colapso, con la diferencia de que era una pieza fundamental del entramado institucional franquista. Además, los conflictos laborales continuaron trasgrediendo la legalidad a pesar de la aprobación en mayo de ese año, en el marco de la política aperturista del Gobierno de Arias, de una regulación del hasta entonces prohibido derecho de huelga que, por extremadamente restrictiva, fue ignorada por los trabajadores. Fracasado el intento de «encauzar» las protestas obreras, incapaz la política social del régimen de neutralizar las reivindicaciones de los trabajadores, no le quedaba a la dictadura más que una dura política de orden público que contribuía a su deslegitimación.

En el mes de marzo, un editorial de The New York Times, tras repasar la situación española, concluía que el país estaba políticamente a la deriva y pocas semanas después criticaba con dureza la visita del presidente Gerald Ford a Madrid, considerando que un gesto de apoyo a la dictadura en aquel momento podía afectar de manera negativa a las futuras relaciones entre ambos países[85].

A todo lo anterior debe añadirse que en el mes de julio fueron detenidos siete capitanes y un comandante del Ejército de Tierra y un capitán del Ejército del Aire. En agosto de 1974 se había formado clandestinamente la Unión Militar Democrática (UMD), que si bien reunía a un grupo no muy numeroso de oficiales jóvenes, constituía un acontecimiento particularmente grave y preocupante para los dirigentes franquistas: era la primera disidencia relevante que aparecía en unas FFAA consideradas el apoyo último y fundamental del régimen, y lo hacía poco después de la revolución de los «capitanes de abril» que había comportado el derrumbe súbito de la vecina dictadura portuguesa. En el manifiesto fundacional, la UMD afirmaba que «creemos debe superarse un sistema político que nació en una guerra civil», y que «posibilitar la creación de una nueva España en la que todos podamos convivir en paz sin que nadie pueda arrogarse el monopolio de la verdad ni del patriotismo, y siendo conscientes de que las Fuerzas Armadas deben colaborar en esta positiva y patriótica labor», era lo que había decidido a militares de las tres armas a formar la UMD, «con la esperanza de que todos unidos ayudemos a edificar una España en paz, justicia y libertad». El manifiesto se pronunciaba a favor de la ruptura democrática mediante la convocatoria de una «asamblea constituyente, que debería elaborar una Constitución nueva y semejante a las que existen en los demás países de la Europa occidental»[86].

Pocas semanas antes de las detenciones de los militares de la UMD, el Gobierno se encontró con una declaraciones de Juan de Borbón, efectuadas el 14 de junio, en las que afirmaba que «se acerca en nuestra patria el fin de un poder absoluto y se advierte con claridad que lo previsto oficialmente para el inmediato futuro, por haber sido concebido para garantizar la continuidad del régimen, no sirve para acometer el cambio democrático que demanda el interés de la nación y el pueblo está pidiendo»[87]. Irritado, el Gobierno decidió, ignorando la legalidad, prohibir la entrada en territorio español del padre del sucesor de Franco a la Jefatura del Estado, aunque posteriormente reconvirtió la decisión de prohibir en la de «desaconsejar».

Tampoco de la Iglesia llegaban al régimen noticias alentadoras. En el mes de abril, la Conferencia Episcopal aprobó la Carta Pastoral titulada «Sobre la Reconciliación en la Iglesia y en la sociedad»; en ella la jerarquía católica española afirmaba que «el esfuerzo progresivo por la creación de estructuras e instituciones políticas adecuadas ha de estar sostenido por la voluntad de superar los efectos nocivos de la contienda civil que dividió entonces a los ciudadanos en vencedores y vencidos, y que todavía constituye obstáculo serio para una plena reconciliación entre hermanos». El episcopado consideraba necesario «lograr un reconocimiento efectivo de todos los derechos de las personas y de los grupos sociales», urgía «la oportuna adaptación de las normas legales al avance progresivo de la conciencia cívico-social del país», y consideraba que «el desajuste en este campo es un factor permanente de desequilibrio, incompatible con una sincera voluntad de reconciliación política». El lenguaje de los obispos era moderado, pero las coincidencias con documentos opositores sobre la reconciliación nacional, desde el manifiesto del PCE de 1956 hasta el de la JDE de aquel mismo mes de abril, eran evidentes. Además, el documento tenía mayor concreción cuando reclamaba el libre ejercicio de los derechos de reunión, expresión y asociación así como, en correspondencia con la importancia alcanzada por la movilización obrera, cuando exigía que «los trabajadores puedan hacer valer eficazmente sus derechos y participar, con plena responsabilidad y sin temor a represalias, en la defensa de sus intereses y justas aspiraciones, tanto en la empresa como en la ordenación de la vida económica nacional». El documento demandaba también una mayor justicia social entre los diversos sectores sociales y entre las regiones así como «formas jurídicas adecuadas para las minorías»[88].

En los últimos meses de vida del dictador, la tensión entre la Iglesia y la dictadura volvió a acentuarse con motivo de la aprobación del Decreto-Ley formalmente de medidas antiterroristas pero que alcanzaba al conjunto de la oposición, y de las condenas de muerte dictadas por diversos consejos de guerra. El 10 de septiembre, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal hizo pública una nota solicitando la conmutación de las penas de muerte. Los obispos reiteraban la reprobación de «todo asesinato y de cualquier acto de violencia que conculque derechos fundamentales de la persona humana», condenaban «todo terrorismo empleado como arma política, cualquiera que sea la forma que adopte, aunque reivindique derechos que se estimen justos y aun cuando no hubiera víctimas humanas». Pero manifestaban también que «la conciencia cristiana no puede admitir un empleo legal de la fuerza que vaya más allá del necesario, y mucho menos empujar a él», porque «todo exceso en la fuerza de la represión es también violencia». La nota incluía, sin mencionarlo, una crítica al Decreto-Ley de 27 de agosto –al que se hará referencia más adelante–: «tanto la ley como su aplicación, para ser justas deben reunir aquellas condiciones esenciales que protegen derechos inalienables de la persona, como por ejemplo, tipificar con claridad los delitos, valorarlos en proporción con la exigencias del bien común, asegurar las debidas garantías procesales a los acusados y respetar su seguridad jurídica e integridad física y moral». La Comisión Permanente del episcopado manifestaba también que «una honesta y leal postura de oposición política o de crítica al Gobierno, aun realizada asociativamente o por los medios de comunicación social, no puede ser considerado legítimamente un acto delictivo». Se trataba, pues, de un cuestionamiento a la totalidad del orden franquista que solo la Iglesia podía formular abiertamente en una situación de aumento de la represión como la de aquellos meses. La nota concluía recordando «que la generosidad y la magnanimidad son virtudes de los fuertes y no claudicación de los débiles»[89], virtudes de las que dictadura no pensaba hacer gala.

El 27 de septiembre, horas después de la cinco ejecuciones aprobadas por el Consejo de Ministros el día anterior, Pablo VI pronunció unas duras y dolidas palabras en el marco de audiencia general extraordinaria celebrada ese día: «No podemos terminar […] sin confiaros el dolor que sentimos, en este día, por la dramática noticia que nos ha llegado de la ejecución realizada –esta mañana– de las personas condenadas a muerte en España». El papa condenó los atentados terroristas, «pero a esta condena debemos hacer seguir una vibrante condena de una represión, tan dura, que ha ignorado incluso los llamamientos que, de numerosas partes, se han levantado ante tales ejecuciones», y afirmó que «incluso Nos habíamos solicitado tres veces clemencia; y precisamente esta noche, después de haber conocido la noticia de la confirmación de las condenas, hemos suplicado nuevamente a quien compete, en nombre de Dios, para que se eligiese, en lugar de la mortífera vía de la represión, aquella de la magnanimidad y de la clemencia. Desgraciadamente no hemos sido escuchados»[90].

Las ejecuciones de septiembre fueron la respuesta de la dictadura al incremento de las acciones terroristas de ETA y a la entrada en escena del ultraizquierdista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)[91]. Ambos grupos realizaron una serie de atentados que añadieron tensión a la situación política, aumentando la irritación de los sectores ultrafranquistas, que exigían una acción represiva más contundente, lo que dio lugar a la aprobación del antes mencionado Decreto-Ley de 27 de agosto que suponía el establecimiento de un estado de excepción permanente y un endurecimiento extraordinario de la política represiva[92]. Ya en el mes de abril el Gobierno había establecido el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya en un clima de radicalización política y de intensificación de la represión. Como se ha señalado anteriormente, el objetivo de las medidas adoptadas en septiembre no eran solo los muy minoritarios grupos violentos, sino la mayoría de la oposición, con la explícita reiteración de «la declaración de ilegalidad de los grupos u organizaciones que están ya definidas como ilegales en disposiciones de no derogada vigencia», citando normas aprobadas entre 1936 y 1971, entre ellas la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, es decir, dirigía el foco también hacía partidos y sindicatos como el PCE, el PSOE, la UGT, o Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV), «grupos que se incluyen en el Decreto-Ley por tratarse de organizaciones cuyas ideologías propugnan la utilización de la violencia y del terrorismo como instrumentos de acción política»[93]. Con el Decreto-Ley de agosto y las ejecuciones de septiembre, el descrédito absoluto del aperturismo gubernamental era irreversible.

Además, las ejecuciones desencadenaron una condena internacional del franquismo desconocida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Manifestaciones en muchas ciudades europeas –en Lisboa con el asalto a la embajada española–, condenas de instituciones y organizaciones internacionales y durísimas declaraciones de líderes políticos y sociales mostraron que muchos dirigentes franquistas habían interpretado que las normalizadas relaciones con el exterior e incluso los mayores intercambios económicos excluían las condenas abiertas ante violaciones graves de los derechos humanos. Lo más duro para el régimen fue la salida de Madrid, convocados por sus respectivos gobiernos, de los embajadores de Francia, Italia, República Federal Alemana, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, República Democrática Alemana y Canadá. En un insólito mensaje al país a través de TVE el 30 de septiembre, Carlos Arias Navarro denunció «la intolerable actitud de aquellos países que, con olvido de las más elementales reglas de respeto a la independencia y a la soberanía nacional, han pretendido inmiscuirse en la vida interna de nuestra patria», y, en velada alusión al papa, dijo que «no necesitamos requerimientos, por altos que sean y muy revestidos de paternal preocupación que parezcan», concluyendo que «no deseamos estar solos, pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento»[94], frase que mostraba el grado de soledad del franquismo.

No contribuyó precisamente a mejorar la imagen del régimen la concentración organizada en la Plaza de Oriente de Madrid el 1 de octubre, conmemoración del trigésimo noveno aniversario de la «exaltación» de Franco a la Jefatura del Estado, que reunió a una masa adicta que exhibió saludos, himnos y consignas de inequívoca naturaleza fascista, profirió insultos a Europa y apenas pudo oír las palabras de Franco afirmando que los ataques «nos demuestran, una vez más, lo que podemos esperar de determinados países corrompidos, que aclara perfectamente su política constante contra nuestros intereses», concluyendo que «todo lo que en España y en Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica-izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra a ellos les envilece»[95].

El 21 de octubre, en el Consejo Nacional del Movimiento, tuvo lugar un significativo acto de cierre de filas en torno al Gobierno de la práctica totalidad de la clase política franquista, en el que coincidieron algunos de los más significados tecnócratas con veteranos y jóvenes falangistas con los que habían estado largamente enfrentados. Laureano López Rodó llegó a criticar abiertamente a quienes, incluso en las filas del régimen, «están entretenidos con el divertimento de plantear nuevas recetas constitucionales a cada paso», con lo que sembraban «un clima de inseguridad e incertidumbre» que acababa haciendo el juego, «aunque fuera involuntariamente[,] al terrorismo». La reunión concluyó con el acuerdo de convocar una sesión plenaria del Consejo para discutir una larga lista de problemas cuya sola enumeración mostraban con claridad la percepción prácticamente unánime de crisis general de la dictadura pese a conservar intacto un formidable aparato represivo[96].

* * *

Establecer una línea de continuidad entre las tentativas reformistas anteriores a 1975 y el proceso de cambio político que tuvo lugar en la segunda mitad de la década no tiene fundamento alguno. Todos los aperturismos y reformismos franquistas querían hacer posible la continuidad del régimen y no sustituirlo por una democracia homologable a las de la Europa próxima. Quienes sostuvieron las posiciones reformistas más decididas querían conseguir que las instituciones españolas aparentaran ser lo más semejantes posibles a las auténticamente democráticas, pero sin serlo en realidad.

El final de la vida de Franco tuvo lugar cuando la dictadura estaba inmersa en una profunda crisis. El continuismo estricto no ofrecía ninguna solución para estabilizar la situación política y para no dañar, tal vez irreversiblemente, a la institución monárquica. Las tentativas aperturistas y reformistas habían fracasado continuadamente por una combinación de la limitación de sus propuestas, su incapacidad para sumar apoyos amplios y por la hostilidad de quienes rechazaban todo cambio, por limitado que fuera, viéndolo como una amenaza de destrucción del régimen. Pero sería la opción intentada, eso sí, de forma más ambiciosa y decidida tras la muerte del Caudillo. Por su parte, el rupturismo, sostenido en una notable movilización, no disponía de fuerzas suficientes para provocar el derrumbe de la dictadura, pero sí para hacer inviable el continuismo y el reformismo. Esta era la compleja situación política española al final del otoño de 1975.

[1] Intervención de Franco en las Cortes el 22 de julio de 1969 proponiendo a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado.

[2] Fernando Herrero Tejedor fue secretario general del Movimiento desde marzo hasta junio de 1975, cuando murió en un accidente de tráfico, y era considerado uno de los principales exponentes del «aperturismo» franquista. Había desarrollado una intensa actividad política en el Movimiento iniciada en sus años de estudiante en el Sindicato Español Universitario (SEU). Hasta su fallecimiento fue el principal mentor político de Adolfo Suárez. En la intervención de la que procede la cita, afirmó también que la «Constitución» española –es decir, las Leyes Fundamentales– era abierta, «pero no abierta a quienes quieren entrar a saco en ella para alterar sus principios esenciales, modificar su equilibrio de fuerzas o derrumbar sus paredes maestras».

[3] V. Palacio Atard, Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia, Espasa Calpe, Madrid, 1989, pp. 48-56.

[4] Ibid., pp. 47-48.

[5] Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia, Consejo Nacional del Movimiento (CNM), Sugerencias de los Consejeros Nacional del Movimiento, c. 10033.

[6] La capitanía general de la Sexta Región Militar fue la sede del proceso sumarísimo contra 16 procesados acusados de formar parte de ETA con la petición de pena de muerte para 6 de ellos.

[7] Disponemos de una amplia bibliografía sobre la conflictividad obrera. Véanse, entre otros, S. Balfour, Los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Alfons el Magnànim, Valencia, 1994; J. Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977), Fundación 1.o de Mayo/Siglo XXI de España, Madrid, 1995; C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI de España, Madrid, 1998; J. A. Pérez, Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977), Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; X. Domènech, Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios, 1956-1969, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008.

[8] Sobre las CCOO véanse también, P. Gabriel (coord.), Comissions Obreres de Catalunya, 1964-1989. (Una aportació a la historia del moviment obrer), Empuries/Ceres, Barcelona, 1989; J. Foweraker, La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España, Arias Montano, Madrid, 1990; D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Siglo XXI de España, Madrid, 1993; J. Gómez Alén, As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo, Xerais, Vigo, 1995; A. Martínez Foronda (coord.), La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía, 1962-2000, Fundación de Estudios Sindicales/Archivo Histórico de CCOO de Antalucía, Puerto Real, 2003; J. A. Gómez Roda, Comisiones Obreras y represión franquista. Valencia 1958-1972, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2004; P. Lago Peñas, La construcción del movimiento sindical en los sistemas políticos autoritarios. Las Comisiones Obreas de Galicia (1966-1975), Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.

[9] AGA, Presidencia, Secretaría General del Movimiento (SGM), Comisiones Obreras y Partido Comunista. Informe, Madrid, febrero de 1967, c.18.820. La ley de prensa e imprenta, promulgada en marzo de 1966 y presentada como expresión de la voluntad aperturista del Gobierno, había eliminado la censura previa en las publicaciones periódicas, si bien establecía un listado de severas limitaciones a la supuesta libertad de expresión otorgada.

[10] AGA, Presidencia, Secretaría General del Movimiento (SGM), Informe sobre las llamadas «Comisiones Obreras», mayo de 1967, c.18.820.

[11] Véase J. Babiano (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras ¿Quién juzgó a quien?, Fundación Primero de Mayo, Madrid, 2013.

[12] Archivo Nacional de Cataluña (ANC), Inv. 07, 6.448, Comisiones Obreras, noviembre de 1971.

[13] «Ha ganado el equipo colorao» fue el título de la portada del número de la revista Cambio16 que informó de los resultados de las elecciones sindicales.

[14] R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 14-16.

[15] Economía 1.946, noviembre de 1974. Véase C. Molinero y P. Ysàs, Els industrials catalans durant el franquisme, Eumo, Vic, 1991, pp. 133-136.

[16] AGA, Delegación Nacional de Sindicatos (DNS), Informe del Consejo Provincial de Empresarios de Barcelona, julio de 1975, c.41.

[17] Economía 1.855, octubre de 1975.

[18] Círculo de Economía, El neocapitalismo, sistema económico de la Europa Occidental. Algunas ideas básicas, Opinión de Actualidad, 14, setiembre de 1975.

[19] AGA, Presidencia, SGM, Informe sobre la participación universitaria, c.18.871.

[20] AGA, Presidencia, Instituto de Opinión Pública, Sondeo de opinión sobre la declaración del gobierno de 15 de diciembre de 1975, c. 18.816.

[21] AGA, Presidencia, CNM, Incorporación al Movimiento de la juventud universitaria, 1962, c. 9.849. El texto completo del informe de R. Martín Villa en P. Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, Crítica, Barcelona, 2004. Sobre el SEU véase M. Á. Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud en el franquismo, Siglo XXI de España, Madrid, 1996.

[22] Sobre la contestación universitaria de 1956-1957 véanse P. Lizcano, La generación del 56. La Universidad contra Franco, Grijalbo, Barcelona, 1981; R. Mesa, Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, UCM, Madrid, 1982; J. Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo XXI de España, 2004; J. M. Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, Curial, Barcelona, 1978; E. Hernández Sandoica, M. Á. Ruiz Carnicer y M. Baldó Lacomba, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007. Sobre la universidad durante la dictadura, más allá del movimiento estudiantil, véase J. J. Carreras Ares, M. Á. Ruiz Carnicer (eds.), La Universidad española bajo el Régimen de Franco (1939-1975), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991.

[23] AGA, Presidencia, SGM, Nota sobre una acción coordinada para recuperar el ambiente en la universidad, c. 147.

[24] AGA. Presidencia, CNM, Libro de sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, sesión el 5 de marzo de 1963, libro 919. Una extensa explicación en C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Crítica, Barcelona, 2008, pp. 67-76.

[25] J. M. Colomer, Els estudiants de Barcelona…, pp. 215-229.

[26] Laureano López Rodó explicó esa reunión del Consejo de Ministros: cuando el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, estaba informando sobre la cuestión, Franco «interrumpió en el acto al ministro y ordenó: “¡Que se les desaloje inmediatamente!”. El General Alonso Vega se levantó de la mesa del Consejo y se dirigió al despacho de Ayudantes para llamar al Gobernador de Barcelona y ejecutar la orden». L. López Rodó, Memorias. Años decisivos, Plaza & Janés/Cambio16, Barcelona, 1991, p. 26.

[27] A los estudios citados en la nota 22, deben añadirse los de A. Carrillo-Linares, Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977), Universidad de Sevilla, Sevilla, 2008; S. Rodríguez Tejada, Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia, 1965-1975, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2009.

[28] M. Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Planeta, Barcelona, 1980, p. 216.

[29] L. López Rodó, Memorias…, p. 266.

[30] F. Franco-Salgado Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976, p. 517.

[31] M. Fraga Iribarne, Memoria breve…, p. 216; F. Díaz Plaja, La España franquista en sus documentos, Plaza & Janés, Barcelona, 1976, p. 517.

[32] AGA, Presidencia, CNM, Escrito de consejeros nacionales al Vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento, 21 de marzo de 1968, c. 9.922.

[33] J. I. San Martín, Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aaiún), Planeta, Barcelona, 1983.

[34] Ibid., p. 142.

[35] «Informe al Consejo Nacional del Movimiento en la sesión plenaria celebrada el 7 de marzo de 1972», en L. Carrero Blanco, Discursos y escritos 1943-1973, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, pp. 263-264.

[36] J. Gómez Alén y R. Vega García (coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, 2 vols., Ediciones GPS/Fundación Abogados de Atocha, Madrid, 2010-2011; C. Cabrero, I. Díaz, J. G. Alen, R. Vega, Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, Crítica, Barcelona, 2013.

[37] En los últimos años, el movimiento vecinal ha sido objeto de una creciente atención. Véanse, entre otros, V. Pérez Quintana, P. Sánchez-León (eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008; C. Molinero y P. Ysàs (coords.), Construint la ciutat democrática. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Icaria/UAB/Memorial Democràtic, Barcelona, 2010; C. Gonzalo, Democracia y barrio. El movimiento vecinal en Valladolid, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2013; M. Andreu Acebal, Barris, veïns i democracia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986), L’Avenç, Barcelona, 2015. También P. Radcliff, Making democratic citizens in Spain. Civil Society and the popular origins of the transition, 1960-1978, Palgrave Macmillan, New York, 2011.

[38] M. Castells, La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos, Alianza, Madrid, 1986, p. 299.

[39] Documento citado en R. Martínez Muntada, «El movimiento vecinal en el tardofranquismo: acción colectiva y cultura obrera. Propuestas y problemas de interpretación», en E. Nicolás y C. González (eds.), Ayeres en discusión. Temas clave de Historia Contemporánea hoy, Universidad de Murcia, Murcia, 2008.

[40] Sobre les citadas cartas véanse, P. Ysàs, Disidencia y subversión…, pp. 49-61; S. Juliá, Nosotros, los abajo firmantes. Una historia de España a través manifiestos y protestas (1896-2013), Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, Madrid, 2014.

[41] AGA, Presidencia, CNM, Sugerencias que formula el Consejero Nacional Carlos Iglesias Selgas a la ponencia especial que ha de estudiar el tema «Criterios operativos para una política que, desde nuestro tiempo, sirva a la unidad de los hombres y de las tierras de España. Estudio de los problemas actuales», c. 53.

[42] La Vanguardia española, 19 de enero de 1969.

[43] Cuadernos para el Diálogo 81-82, junio-julio de 1970.

[44] Sobre los movimientos apostólicos véanse B. López García, Aproximación a la historia de la HOAC, 1946-1981, Ediciones HOAC, Madrid, 1985; J. Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo, Mensajero, Bilbao, 1985. Una visión más global en F. Montero, La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975), Encuentro, Madrid, 2009. Véase también, R. Díaz-Salazar, Iglesia, dictadura y democracia. Catolicismo y sociedad en España (1953-1979), HOAC, Madrid, 1981, y Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, HOAC, Madrid, 2001.

[45] F. Blázquez, La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975), Trotta, Madrid, 1991; F. Montero, La Iglesia: de la colaboración…

[46] Las actitudes e iniciativas de la dictadura ante dicha desafección en P. Ysàs, Disidencia y subversión…, pp. 157-204.

[47] P. Martín de Santa Olalla, La Iglesia que se enfrentó a Franco. Pablo VI, la Conferencia Episcopal y el Concordato de 1953, Dilex, Paracuellos del Jarama, 2005.

[48] «Pastoral de los Prelados de San Sebastian y Bilbao», en F. Díaz-Plaja, La España franquista…, pp. 481-482.

[49] «Declaración del Ministerio de Justicia», en F. Díaz-Plaja, La España franquista…, pp. 482-483.

[50] F. Blázquez, La traición de los clérigos…, p. 200; F. Montero, La Iglesia: de la colaboración…, pp. 274-278.

[51] En diciembre de 1972, L. Carrero Blanco defendió en una intervención que «nuestra guerra no fue […] una guerra civil» y sí fue una «cruzada», porque eran «cruzadas las luchas en defensa de la fe». «Alocución en el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de El Pardo, el día 7 de diciembre de 1972», en L. Carrero Blanco, Discursos y escritos…, pp. 279-180.

[52] J. Iribarren (ed.), Documentos Colectivos del Episcopado español, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1974, pp. 520-554.

[53] El texto completo de la homilía en J. de las Heras, J. Villarín, El año Arias. Diario político español 1974, Sedmay, Madrid, 1975, pp. 140-145.

[54] J. Tusell, G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Crítica, Barcelona, 2003, pp. 82-92.

[55] El más reciente trabajo sobre dichos grupos, G. Wilhelmi, Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española, Siglo XXI de España, Madrid, 2016. Véanse también, entre otros, J. L. Martín Ramos (coord.), Pan, Trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, El Viejo Topo, Barcelona, 2011; M. Caussa y R. Martínez i Muntada (eds.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria, Viento del Sur, Madrid, 2014.

[56] C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Crítica, Barcelona, 2017. Sobre el PCE véase también, E. Treglia, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Eneida, Madrid, 2012.

[57] Sobre la política de alianzas del PSUC véase especialmente G. Pala, El PSUC. L’antifranquisme i la política d’aliances a Catalunya, Base, Barcelona 2011. Más en general sobre el PSUC, C. Molinero y P. Ysàs, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), L’Avenç, Barcelona, 2010. Sobre la Assemblea de Catalunya, entre otros, A. Batista, J. Playà, La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, Empúries, Barcelona, 1991.

[58] Declaración de la Junta Democrática de España, Madrid, 29 de julio de 1974.

[59] Manifiesto de la Reconciliación de la Junta Democrática de España, 12 de abril de 1975.

[60] Manifiesto de la Plataforma de Convergencia Democrática, junio de 1975.

[61] Treball 422, 30 de septiembre de 1975.

[62] Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona (ASGB), Archivo de Gobernadores (AG), Informe confidencial dirigido al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, diciembre de 1966, c. 1321.

[63] Sobre la elaboración y contenido de la LOE véanse, P. Hispán Iglesias de Ussel, La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos y luchas por el poder, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, pp. 406 y ss.; C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo…, pp. 109-117.

[64] Discurso de Franco en las Cortes el 22 de julio de 1969, La Vanguardia Española, 23 de julio de 1969.

[65] J. Tusell, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1993, p. 294.

[66] Sobre los proyectos, debates y políticas franquistas en la década de los sesenta véanse, entre otros, Á. Soto Carmona, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005; P. Hispán Iglesias de Ussel, La política en el régimen de Franco…; C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo…

[67] Anteproyecto de Constitución del Estado Español de Manuel Fraga, 1963, en L. López Rodó, Memorias…, pp. 732.

[68] Sobre la elaboración y contenido de la ley véase E. Chuliá, El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.

[69] Ley 14/1966 de 18 de marzo de Prensa e Imprenta.

[70] La extrema beligerancia de Carrero Blanco contra Fraga en J. Tusell, Carrero…, especialmente en pp. 329-330.

[71] Á. Herrerín López, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975), Siglo XXI de España, Madrid, 2004, pp. 268-278.

[72] Sobre el proyecto de Ley Sindical, véase C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía…, pp. 99-107. Finalmente, en 1971 fue aprobada una Ley Sindical que, sin embargo, a continuación no fue desarrollada normativamente.

[73] «Consideraciones sobre la situación política», 7 de mayo de 1969, en L. López Rodó, Memorias. Años decisivos…, pp. 674-677. También en J. Tusell, Carrero…, pp. 345-347.

[74] Carrero Blanco consideraba que la posición de Castiella sobre la renovación de los acuerdos con Estados Unidos y sobre la reclamación española de Gibraltar amenazaba la alianza considerada fundamental con Estados Unidos y las relaciones con Gran Bretaña. Además, la Ley de Libertad Religiosa patrocinada por Castiella conforme a la doctrina del Concilio Vaticano Segundo, finalmente aprobada en 1967, tuvo el rechazo de Carrero.

[75] Documento de mayo de 1970 titulado Introducción al estudio de una planificación de acción de gobierno, en J. Tusell, Carrero…, p. 370-375.

[76] Sobre «Tácito» véase D. Barba, La oposición durante el franquismo. La Democracia Cristiana, Madrid, Encuentro, 2001. Una recopilación de los artículos en Tácito, Iberico Europea de Ediciones, Madrid, 1975.

[77] El discurso fue elaborado por G. Cisneros, J. A. Ortega y Díaz Ambrona, L. Jaúdenes y A. Carro.

[78] Discurso del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, ante las Cortes el 12 de febrero de 1974, en F. Díaz-Plaja, La España franquista…, pp. 525 y ss.

[79] Sobre dichos grupos véase especialmente, F. Gallego, Una patria imaginaria. La extrema derecha española (1973-2005), Síntesis, Madrid, 2006. Sobre el primer gobierno Arias, F. Gallego, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia en España (1973-1977), Crítica, Barcelona, 2008.

[80] Discurso citado por V. Prego, Así se hizo la Transición, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, p. 140.

[81] «Discurso del Consejero Nacional Francisco Labadíe Otermín», Boletín Oficial del Consejo Nacional del Movimiento 82.

[82] J. Tusell, G. Queipo de Llano, Carlos Arias Navarro…, pp. 145.

[83] C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo…, pp. 209-215.

[84] AGA, CNM, Libro de sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, libro 946.

[85] M. A. López Zapico, «España en la encrucijada. El arranque de la Transición española contemplado desde las páginas del New York Times», en E. Nicolás y C. González (eds.), Ayeres en discusión. Temas clave de Historia Contemporánea hoy, Universidad de Murcia, Murcia, 2008.

[86] «Por la libertad hacia la justicia social», documento reproducido AAVV, Libro oficial de la UMD, Sevilla, 1976 y en F. Gómez Rosa, La Unión Militar Democrática en la Transición Política, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2007. Sobre la UMD véanse, también, J. Busquets, Militares y demócratas, Plaza & Janés, Barcelona, 1999; J. Fernández López, Militares contra Franco. Historia de la Unión Militar Democrática, Mira Editores, Zaragoza, 2002.

[87] Declaraciones de Juan de Borbón citadas por V. Prego, Así se hizo la Transición…, p. 226.

[88] AGA, Cultura, MIT, Resumen de la Carta Pastoral Colectiva del Episcopado español sobre La Reconciliación en la Iglesia y en la sociedad, 19 de abril de 1975, c. 557.

[89] AGA, Cultura, MIT, Nota final de la Comisión Permanente del Episcopado, c. 557.

[90] AGA, Cultura, MIT, Palabras del Papa sobre las penas de muerte en España, 27 de septiembre de 1975, c. 554.

[91] La actuación de la dictadura ante la violencia terrorista en P. Casanellas, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014.

[92] El franquismo fue siempre un régimen de excepción. La figura del «estado de excepción» fue introducida en la Ley de Orden Público de 1959 y comportaba la suspensión temporal de derechos formalmente reconocidos en el Fuero de los Españoles y una advertencia con fines disuasorios de una actuación más contundente del aparato represivo.

[93] Decreto-Ley 10/1975 de 27 de agosto, de medidas contra el terrorismo.

[94] La intervención de Carlos Arias en V. Prego, Así se hizo la Transición…, pp. 256-257.

[95] F. Díaz-Plaja, La España franquista…, pp. 610-611.

[96] AGA, Presidencia, CNM, Sesión de la Sección Primera del Consejo Nacional del 21 de octubre de 1975, c. 10059.

II. REFORMAR PARA CONSERVAR

Es prácticamente unánime la opinión de que debemos democratizar nuestra política, lo que no estoy tan seguro es que todos estemos de acuerdo en el significado «democracia».

Tomás Garicano Goñi, mayo de 1976[1] 

Solo se reforma lo que se desea conservar; solo se conserva lo que se estima. Continuidad y reforma son conceptos que se complementan, que se exigen recíprocamente. No hay reforma sin continuidad, ni sin reforma sería posible la continuidad.

Carlos Arias Navarro, abril de 1976

LA «DEMOCRACIA ESPAÑOLA»

Murió Franco pero no el franquismo y la imagen más ilustrativa del continuismo era la permanencia de Carlos Arias Navarro en la presidencia del primer gobierno de la monarquía. Y no lo era menos la designación de Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes. Este fue el primer nombramiento del nuevo jefe del Estado. Es habitual que la atención a la figura de Torcuato Fernández-Miranda se fije en julio de 1976, cuando el cese de Carlos Arias exigía que el Consejo del Reino, que él presidía, presentara una terna al rey para que este nombrara presidente del Gobierno. Pero Fernández-Miranda tenía una larga trayectoria franquista, además de una larga relación con el nuevo jefe del Estado, dos fidelidades que consideraba complementarias en 1976[2]. Siendo secretario general del Movimiento –entre 1969 y 1974– no se caracterizó precisamente por el espíritu reformista, siendo uno de los protagonistas de la paralización del ensayo aperturista que había representado la tentativa de crear asociaciones dentro del Movimiento[3]. De aquel tiempo procedía el enfrentamiento larvado con Manuel Fraga, quien consideraba que el régimen para sobrevivir debía mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, por lo que en aquella ocasión no dudó en afirmar en tono amargo que las instituciones debían revitalizarse porque «un canal por el que no pasa agua ni es canal ni es nada; solo cría ratas y podredumbre»[4]. Torcuato Fernández-Miranda apostó a lo largo de los setenta por la inflexibilidad frente a la «subversión» y así en 1972 manifestaba que: «¿Es que acaso se puede potenciar el Movimiento cuando un determinado periódico, de modo sistemático, a través del artículo, a través de la noticia, a través del chiste, erosiona sistemáticamente los valores del Movimiento? ¿No hemos creado ahí una esfera de impunidad?»[5].

Su paso por la Secretaría General del Movimiento no le procuró aliados políticos y durante los últimos años de la vida de Franco, Torcuato Fernández-Miranda no contaba con apoyos entre los dirigentes franquistas. Su carácter frío, cerrado y –a decir de muchos– calculador había impedido que se formara un grupo de seguidores, al tiempo que su voluntad de no desgastarse en un momento de intensa confrontación en el seno de la clase política franquista le había hecho depositar sus esperanzas en el futuro rey, a quien aconsejaba de forma constante, particularmente desde 1969; Juan Carlos de Borbón confiaba en él como estratega. Torcuato Fernández-Miranda tenía un dominio de los procedimientos en las instituciones franquistas como seguramente nadie más en el régimen y lo utilizó exhaustivamente desde el momento en que fue nombrado presidente de las Cortes[6]. En su toma de posesión, después de las primeras palabras protocolarias, recordó que había tenido el honor de servir a Franco, y también tuvo palabras de reconocimiento a Carrero Blanco; a continuación afirmó: «Me siento total y absolutamente responsable de todo mi pasado, soy fiel a él, pero no me ata, porque el servicio a la patria y al rey son una empresa de esperanza y de futuro»[7].

Pero el presidente del Gobierno era Arias Navarro, cuyo programa político tenía cuatro coordenadas «lealtad a la monarquía, unidad nacional, anticomunismo y garantía del orden público»[8], un programa que conectaba directamente con los principios fundamentales del franquismo. Era lógico: si Carlos Arias, una figura de escaso relieve político, era presidente del Gobierno se debía a la voluntad de una parte de los dirigentes del régimen y del círculo familiar de Franco de mantener el edificio franquista a cualquier precio. Cuando el 13 de diciembre de 1975 presentó su gabinete, afirmó que este encararía las dificultades a las que debería hacer frente priorizando la salvaguarda de los valores históricos depositados en sus manos: la unidad de la patria; «la libertad de sus hombres, lejos de toda amenaza totalitaria»; «la justicia social, que con el amor a España y en enfervorecidas palabras nos legaba el Caudillo». Era la retórica que durante más de tres décadas habían reiterado los dirigentes de la dictadura, prescindiendo de la autodefinición de estado totalitario que había hecho de sí mismo en el Fuero del Trabajo de 1938. En 1975, reafirmando la continuidad como lema, Carlos Arias insistió a sus ministros en que se les llamaba «para perseverar y continuar la gigantesca obra de Francisco Franco, perfeccionándola y adecuándola a las exigencias de cada momento»[9]. Desde entonces Arias se convirtió en el albacea de Franco. Según muchos de sus ministros, actuaba como si no fuera consciente de cuál era la realidad social española o que, desagradándole, quisiera ignorarla.

Arias fue el presidente, pero no se puede decir que aquel fuera su gobierno pues, como se pudo constatar rápidamente, el Consejo de Ministros no constituyó un equipo unificado en su dirección. Distintos miembros del gabinete tenían sus propias ideas sobre qué debía reformarse y cómo hacerlo; por otro lado, algunos de ellos se consideraban a sí mismos como los más adecuados conductores de los cambios. En el nuevo Consejo de Ministros se sentaban personajes de tan larga trayectoria como José Solís, delegado nacional de Sindicatos durante casi dos décadas (1951-1969) y ministro secretario general del Movimiento desde 1957 hasta que fue defenestrado por Carrero Blanco justamente en la crisis de 1969. Siendo ministro en el último gobierno de Franco, en diciembre fue desplazado desde la secretaría general del Movimiento a la cartera de Trabajo para así, y a indicación de Torcuato Fernández-Miranda, hacer hueco a Adolfo Suárez. El recién nombrado presidente de las Cortes tenía de esta manera un ministro en el Gobierno[10] aunque esa relación privilegiada adquirió significación a partir de julio. Rodolfo Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales. El hasta entonces gobernador civil de Barcelona y Adolfo Suárez, mucho más jóvenes y con gran capacidad de adaptación, como se vería meses después, eran con Solís la representación del núcleo falangista del franquismo. En el gabinete también había caras nuevas, como Alfonso Osorio, vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y al grupo «Tácito» –que agrupaba a católicos, especialmente jóvenes, con posiciones reformistas– o Antonio Garrigues, quien aun habiendo ocupado distintos cargos durante el franquismo, lo había hecho en el ámbito diplomático. Junto al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, representarían la cara amable de un Gobierno que rechazaba frontalmente toda ruptura o proceso constituyente y consideraba que la reforma era necesaria para asentar la monarquía.

Sin embargo, el peso pesado de aquel Gobierno fue Manuel Fraga, cuya presencia, junto a la de Areilza y Garrigues fue una imposición de Juan Carlos de Borbón. Fraga se había aplicado para dotarse de una imagen reformista y europeísta desde que fue expulsado del Gobierno en 1969 y, particularmente, desde que en 1973 ocupó la embajada en Londres, con el objetivo de aspirar a la presidencia del Gobierno una vez desaparecido Franco. En el nuevo gabinete dedicó importantes esfuerzos para ganarse la simpatía americana y cuidó la buena relación con los mandos del Ejército, desde el convencimiento de que la presidencia de Arias sería más breve que larga. En cualquier caso, el político gallego aspiraba a influir de forma determinante en las grandes decisiones políticas desde la Vicepresidencia para Asuntos Políticos y desde el Ministerio de la Gobernación. Fraga fue el principal redactor de la declaración gubernamental del 15 de diciembre, en la que aparecían expresiones tan genuinas como el propósito de alcanzar una «democracia española», mediante «perfeccionamientos y reformas» que ampliasen «las libertades y derechos ciudadanos, en especial el derecho de asociación», y modificasen «las instituciones representativas para ensanchar su base» con el objetivo de que el conjunto del ordenamiento jurídico-político tendiese «a una mayor homogeneidad con la comunidad occidental»[11].

Ya el 2 de enero de 1976 Fraga presentó el documento «La reforma constitucional: justificación y líneas generales», que partía no de la necesidad de dotar de bases democráticas al sistema político, sino de que el régimen había perdido el «consensus imprescindible para encauzar adecuadamente el proceso político», por lo que debía implantarse el principio de legitimidad democrática que, si bien implicaba la introducción de cambios importantes en el ordenamiento franquista, no suponía el establecimiento de un régimen democrático. Pero su concepción de legitimidad democrática era muy restringida y concordante con lo sostenido durante el franquismo. El núcleo de la propuesta elaborada por Fraga consistía en una reforma de las Cortes creando dos cámaras, un Congreso de los Diputados, que sería elegido por sufragio universal en representación de «las familias», y un Senado de carácter corporativo. Este estaría formado por representantes de provincias, sindicatos y de otras corporaciones y por senadores «permanentes», una fórmula para acomodar los 40 de Ayete, es decir, los 40 consejeros nacionales del Movimiento de carácter permanente; y por senadores de designación real[12].

La trilogía franquista de familia, municipio y sindicato continuaba siendo válida para Manuel Fraga. El vicepresidente reiteró que se debía «evitar toda idea de ruptura o simplemente de carácter constituyente general», por lo que su proyecto contemplaba la continuidad de la clase política franquista y, particularmente, la segunda cámara «englobaría los elementos representativos de las actuales Cortes»[13]. Precisamente en las Cortes reiteró, días después, que su voluntad era impedir la ruptura con la dictadura, aunque para ello era imprescindible hacer cambios. Afirmó: «En términos más simples continuidad y lealtad al pasado solo son compatibles con el cambio, con la reforma, pero solo se reforma aquello que quiere conservarse. Más íntimamente: solo se reforma aquello en lo que se cree»[14]. Posiblemente, la estrategia de Fraga, muy condicionado por cierta sobrevaloración del peso de los sectores inmovilistas, había sido concebida bajo los parámetros de 1974-1975[15]. En poco tiempo, además, se pudo comprobar que su perfil basculaba sistemáticamente hacia actitudes autoritarias.

Fue el 28 de enero cuando el presidente del Gobierno expuso ante las Cortes el programa del gabinete. Su contenido era paradigmático de lo que sería la acción gubernamental en aquellos seis meses: al lado de propuestas de reformas indefinidas, precisaba toda una serie de prevenciones y negaciones. Arias inició y concluyó su intervención con referencias a Franco, «Caudillo indiscutido e indiscutible de nuestro pueblo». Si al comienzo de su intervención alentó a los procuradores a no permitir que se intentara «hacer olvidar nuestra más reciente historia», la concluyó señalándoles que, «como integrantes de la última legislatura de Franco» habían recibido «el alto honor de ser los albaceas de su memoria y el excepcional privilegio de hacer operativo el mandato expresado en su último mensaje, de forma que no pueda perderse en el recuerdo sino que permanezca vivo en nuestro pueblo». Estuvieron igualmente presentes los demonios familiares del franquismo cuando afirmó que «ni los que usan la violencia terrorista para promover su causa, ni los que promueven la disolución social en todas las formas del anarquismo, ni los que atentan a la sagrada unidad de la patria, en una u otra forma de separatismo, ni aquellos que aspiran con la ayuda exterior y con métodos sin escrúpulos a establecer el comunismo totalitario y la dictadura de un partido, cualquiera que sea la careta con la que se presenten, pueden esperar que se les deje usar de las mismas libertades que ellos desean destruir para siempre». «Rechazado» el riesgo de una interpretación revisionista de la reforma, correspondía a los procuradores la tarea de actualizar las leyes e instituciones «¡como Franco hubiera deseado!, sincronizándolas con las exigencias de esta etapa histórica»[16].

Frente al proyecto de Fraga, Antonio Garrigues presentó una propuesta de reforma rápida, consistente en una ley breve, que debería someterse a aprobación antes del verano, facultando al Gobierno para efectuar cambios «constitucionales», que el rey promulgaría después, a partir de la afirmación de la soberanía nacional, la monarquía constitucional, un Parlamento bicameral, el respeto a los derechos humanos, la adecuación de la legislación sindical a los acuerdos internacionales y el reconocimiento de la autonomía de las regiones. La propuesta del ministro de Justicia fue rechazada e incluso Adolfo Suárez le acusó de querer la ruptura y no la reforma[17].

El camino hacia la democracia, por tanto, no había comenzado a inicios de 1976. Aunque en el Gobierno convivían «sensibilidades» y percepciones de la realidad distintas, la reforma impulsada se proponía provomer cambios en el régimen, no un cambio de régimen, por lo que la distancia entre la «democracia española» propuesta, un híbrido formado por una parte del ordenamiento franquista, que se mantenía, y algunas características de un régimen liberal, y una democracia plenamente homologable con las europeas era muy considerable.

El ordenamiento franquista, a priori, ofrecía a los sectores inmovilistas todas las garantías de que la reforma no se podría hacer contra su voluntad, pues sus instituciones debían desempeñar un papel central. Pero ni aun así la reforma del régimen avanzó de forma significativa y en aquel proceso se mezclaron elementos de fondo –la oposición a cambios significativos–, con otros de mayor o menor importancia como la incapacidad de romper círculos viciosos procedimentales y, también, las aspiraciones personales de algunos dirigentes. Así Adolfo Suárez, desde la Secretaría General del Movimiento que encabezaba, elaboró un documento muy crítico con el documento Fraga y abogaba «por un “Fuero de España” que compilara y refundara las Leyes Fundamentales y fuera “la Constitución de la Monarquía española”»[18].

Para el estudio de los proyectos legislativos de reforma, en febrero se formó de nuevo la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento, creada a finales de 1972, una buena muestra del destacado papel del Movimiento tanto en los años sesenta como en los setenta que, contrariamente a la visión más extendida, en caso de discrepancia había sido capaz de condicionar la acción gubernamental de Carrero Blanco. La iniciativa de revitalizar la Comisión fue de Adolfo Suárez que, al margen de sus posiciones, siempre mantuvo una actitud dialogante y colaboradora, tanto interna como externamente. La Comisión la presidiría Carlos Arias y Suárez, como secretario general del Movimiento, sería el vicepresidente. Se celebraron once reuniones, la primera el 11 de febrero[19] y la última el 21 de abril[20], cuando Carlos Arias, harto de especulaciones legislativas que no llevaban a ningún puerto, acabó con la Comisión[21]. Todavía antes de la última reunión, Manuel Fraga presentó a la Comisión Mixta dos propuestas para la reforma de las Cortes que, a decir de José María de Areilza, no eran capaces de generar expectativas por sus «absurdas concesiones al organicismo». Para el ministro de Asuntos Exteriores, su compañero de gabinete se esforzaba en «convencer –¿a quién?– de que por muchas vueltas que se den, no habrá nunca riesgo de que las izquierdas manden en España con esta reforma […] debido al gran número de cerrojos que el resto de las leyes fundamentales dejan en pie para evitarlo»[22].

Con organicismo o sin él, los planteamientos imperantes en el ámbito gubernamental eran que los cambios debían ser limitados. También en el mundo financiero[23]. Alfonso Osorio refiere una cena del 4 de mayo con los principales banqueros del país, durante la cual algunos de ellos se interesaron por la posición gubernamental sobre la participación socialista en un futuro escenario democrático. Ante el reconocimiento de que sin esta las reformas no tendrían credibilidad, Osorio solicitaba su ayuda para organizar a la derecha, que él –como en general los sectores progubernamentales «reformistas»– denominaba el centro, dado que para ellos la derecha estaba representada por los sectores inmovilistas del régimen. Adolfo Suárez –invitado a la cena ante la sorpresa de algún banquero– quiso tranquilizarles respecto a la amplitud de los cambios. El ministro secretario general del Movimiento afirmó, haciendo constar su cargo: «tendréis que reconocerme que no voy a permitir, ni a contemplar imperturbable, que desaparezcan aquellas fuerzas políticas que han sido leales y han jugado claramente dentro del sistema en los últimos cuarenta años. Soy partidario, por supuesto, de la reforma porque soy miembro de este Gobierno que la propugna, pero naturalmente también lo soy de que se mantengan todas aquellas esencias que políticamente hemos venido defendiendo a lo largo de ese tiempo. Ambas cosas son compatibles en un cambio prudente, en una reforma sin riesgo»[24]. Sus palabras son clarificadoras tanto de sus posiciones en aquel momento como de los recelos ante la democracia de algunos sectores económicos de relevancia.

De la misma manera, Suárez mostró el perfil propio del cargo que ostentaba cuando el 19 de junio aparecieron publicadas en The New York Times unas declaraciones de Manuel Fraga en las que, en una inusual muestra de flexibilidad, se había mostrado partidario de la legalización del PCE en un impreciso «algún día», en cualquier caso después de la celebración de unas primeras elecciones. Los cuatro ministros militares del Gobierno presionaron sin éxito para que Fraga corrigiese sus declaraciones. Según Osorio, Adolfo Suárez se puso en contacto con el ministro de Marina, Pita da Veiga, solidarizándose con ellos ante las declaraciones del vicepresidente e instando a Osorio a que actuara en el mismo sentido[25]. Suárez también se opuso frontalmente a la desaparición del Movimiento, que formaba parte de la propuesta de Antonio Garrigues, antes citada, para lo que dispuso del apoyo de Fernández-Miranda[26].

Pero al margen de las zancadillas que los protagonistas del escenario oficial se pusieran entre sí, la voluntad de mantener el franquismo sin Franco favoreció en los primeros meses de 1976 una intensa movilización social que fue capaz de arrebatar la iniciativa política al Gobierno.

LA OFENSIVA POR LA RUPTURA

La acción gubernamental no respondía a la voluntad de cambio democrático de una parte significativa de la sociedad española que revelaban las propias encuestas encargadas por el Gobierno. El IOP realizó un sondeo de opinión sobre la declaración gubernamental del 15 de diciembre en tres ciudades –Madrid, Barcelona y Sevilla– que se consideraron, en líneas generales, representativas de la población urbana española. Las encuestas de opinión deben utilizarse siempre con suma prudencia, más bajo un régimen dictatorial, ya que puede dudarse razonablemente de la sinceridad de las respuestas, al menos de las de aquellos entrevistados que tenían actitudes de disentimiento con el poder establecido, actitudes que, por supuesto, no revelaban. Por todo ello es especialmente significativo que en ese sondeo apareciera que solamente un 18 por 100 de los encuestados deseaba que nada cambiara políticamente, en tanto que un 30 por 100 era partidario de una «evolución hacia estructuras más democráticas» y un 29 por 100 se decantaba porque «se pusiera en marcha inmediatamente un sistema democrático como el de los países de Europa». Un 23 por 100 de los encuestados no respondió. Los menores de 34 años y las personas con estudios medios y superiores formaban el grupo más partidario de cambios, tanto inmediatos como graduales aunque predominaba la primera opción; también esa era la posición mayoritaria entre los encuestados con un nivel ocupacional medio-alto y alto, igual que entre los obreros especializados, «estos particularmente inclinados por el cambio democrático inmediato». Las personas más partidarias de que nada cambiara eran las amas de casa, los peones y aprendices y los pequeños propietarios. La conclusión del estudio era que existía una amplia mayoría «dispuesta a apoyar el cambio político democrático y las reformas institucionales necesarias para que el ámbito de la participación y las libertades se ensanche cada vez más», y que los sectores «más informados en general y más politizados tienen expectativas de cambios sustanciales inmediatos»[27].

Expectativa de cambio no implica, sin embargo, movilización. Ahora bien, como se afirmó en la Declaración Política del PCE de enero, la situación había cambiado respecto a la existente antes del 20 de noviembre: había desaparecido el jefe del Estado que había ocupado el cargo durante 39 años, desde el inicio de la guerra civil, de manera que «parece como si con la losa que se cerró en el Valle de los Caídos, se hubiera destapado la realidad político social de España»[28]. Pocas semanas después de la formación del Gobierno, apenas pasaron las fiestas de Navidad, la movilización se puso en marcha y una ola de conflictos laborales mantuvo en tensión la situación sociopolítica.

En los primeros meses de 1976 se produjo el más amplio movimiento huelguístico desde la instauración de la dictadura, unas protestas que se vieron favorecidas por una suma de factores. En primer lugar, por la renovación a principios de año de casi dos tercios de los convenios colectivos vigentes, casi 2.000, una cifra extraordinaria; en este punto, el ambiente lo había caldeado el propio Gobierno al haber fijado en el mes de octubre topes salariales para contener la inflación. Al mismo tiempo, en la práctica, aquella era la primera punta de negociación colectiva desde el estallido de la crisis económica, cuyos efectos habían alcanzado de lleno a las empresas y, por tanto, a los trabajadores. Sin embargo, los factores estrictamente laborales no explicaban completamente la magnitud de la conflictividad; algunos informes oficiales señalaban que también influía la imposibilidad de autoridades y patronos de aplicar una legalidad profundamente deslegitimada[29]. En este sentido, es destacable que la movilización afectó tanto a grandes como medianas y pequeñas empresas, y para explicar la magnitud que esta alcanzó es necesario tener en cuenta que fueron muchos los trabajadores que por primera vez superaban el miedo a las represalias patronales y policiales y se sumaban a las protestas. Indudablemente, el contexto político era decisivo: las expectativas de cambio alimentadas por el propio Gobierno contribuyeron a la movilización.

En ese marco de movilización extensa adquirieron particular relevancia tres escenarios conflictivos. En enero, Madrid se convirtió en centro de una movilización extraordinaria. Ya el 5 de enero los trabajadores del Metro se declararon en huelga lo que, dado su gran efecto en la vida ciudadana, contribuyó a la extensión de la conflictividad. El Gobierno ordenó que el Ejército se hiciera cargo del servicio; en otros conflictos posteriores –en RENFE y en Correos– se decretó la militarización de los trabajadores. Pero el Gobierno no logró detener la aparición de nuevas huelgas. Si bien la visibilidad y afectación pública dieron una gran fuerza a las protestas en los servicios públicos, hay que destacar que el peso de la movilización recayó en la industria, viéndose afectados los principales núcleos urbanos de la provincia. De hecho, la simultaneidad de conflictos a lo largo del mes de enero en sectores muy importantes, que se desarrollaron tanto en la capital como en su entorno industrial, llevó a que el Gobierno percibiera la amenaza de una huelga general[30]. La cifra de huelguistas se situó entre los 400.000 y 500.000[31]. Los trabajadores movilizados consiguieron importantes incrementos salariales pero, dado que el Gobierno adoptó una actitud de gran intransigencia ante los conflictos obreros, pues los percibió como un reto político, no pudieron evitar que hubiera numerosas detenciones, la mayoría dirigentes sindicales de las empresas, y también que fueran miles los despedidos y sancionados[32].

De la misma manera, Barcelona y su área industrial se convirtieron en otro escenario de alta conflictividad prácticamente a lo largo de todo el año, alcanzándose las cifras máximas españolas de huelguistas y horas de trabajo perdidas[33]. La inquietud entre los empresarios y entre los dirigentes de la Organización Sindical era muy alta porque, además, constataban que la legalidad franquista era transgredida sin que pudieran evitarlo. Según los dirigentes de la OSE, «en lugar de la huelga general revolucionaria de carácter político, surgen un sinfín de conflictos laborales que invocan un origen reivindicativo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, pero que se generalizan en forma alarmante por ramas de la producción y con carácter general en determinadas áreas territoriales»[34]. Por su trascendencia política cabe destacar las huelgas generales de la segunda quincena de enero en el Baix Llobregat[35] y la de finales de febrero en Sabadell[36], desencadenada por la brutal acción represiva de la Policía contra una concentración de trabajadores de la enseñanza, padres y escolares. El clima sabadellense de confluencia de conflictos laborales y vecinales llevó al ministro Fraga a calificarlo como «una ocupación de la ciudad como la de Petrogrado en 1917»[37].

El País Vasco fue también a lo largo de 1976 un foco permanente de tensión, laboral y política, porque se agudizó el fenómeno general de respuesta a la represión policial que era allí especialmente intensa. Siendo como en el resto de España los conflictos laborales continuados, en el País Vasco además se produjeron entre enero de 1976 y mayo de 1977 trece huelgas generales contra la represión[38]. A pesar de la contundencia con la que el Gobierno había actuado en prácticamente todos los conflictos, particularmente en los obreros, allí donde la violencia policial tuvo consecuencias más dramáticas fue en Vitoria; el día 3 de marzo, el desalojo por la Policía Armada de la iglesia de San Francisco, donde se encontraban reunidos trabajadores en huelga de numerosas empresas, provocó cinco víctimas mortales y numerosos heridos. La represión generó un movimiento de protesta y de solidaridad de notable amplitud, con una huelga general en el País Vasco ampliamente seguida[39]. El miedo sacudió también a las autoridades[40].

Al margen de estas tres zonas intensamente industrializadas y del hecho de que los sucesos de Vitoria supusieran un punto y aparte, otro fenómeno que agudizó la percepción de que la conflictividad podía poner en peligro al Gobierno fue la extensión de la movilización masiva en los primeros meses de 1976 en otros puntos de España: distintas ciudades del País Valenciano, Asturias y Galicia y también en Valladolid, Sevilla, Málaga y otras ciudades[41]. Incluso otras zonas de menor tradición sindical y experiencias conflictivas también se sumaron progresivamente a la movilización a partir de la metabolización de la información que sobre la conflictividad, sus objetivos y sus éxitos llegaba de fuera. Según cifras de la OSE, a lo largo del año 1976, 3.638.952 trabajadores participaron en huelgas y dejaron de trabajarse más de 110.000.000 de horas, una cifra muy parecida a la que reflejan los informes del Ministerio de Trabajo[42].

Más allá de la conflictividad laboral, durante los primeros meses de 1976, las manifestaciones que reclamaban abiertamente el cambio político se extendieron a la mayor parte de las grandes ciudades españolas. La reivindicación de la amnistía se convirtió en uno de los motores principales de la movilización y dio lugar a manifestaciones masivas desafiando el control franquista de la calle. En particular en el País Vasco, la demanda de amnistía aglutinaba en buena medida la movilización general por cuanto la represión, frecuentemente indiscriminada, había llevado a las cárceles a muchos jóvenes, y era elevado el número de familias que directa o indirectamente sentían la reivindicación de la amnistía como algo propio. Para la oposición democrática, como para una parte amplia de la sociedad española, la amnistía era una primera medida de justicia con todas las víctimas de la represión franquista e implicaba la libertad inmediata de los presos políticos, la anulación de los procesos abiertos y el libre retorno de los exiliados; pero a nadie se le escapaba que su concesión era también un reconocimiento del carácter ilegítimo de la legalidad franquista[43]. Por eso mismo la posición de Manuel Fraga ante tal reivindicación fue siempre de negación rotunda.

El 20 de enero en Madrid, más de 30.000 personas respondieron a la convocatoria de una manifestación «pacífica y silenciosa» a favor de las libertades democráticas. El volumen de participantes adquiere toda su relevancia si se tiene en cuenta que, para impedirla, el Gobierno había decretado el cierre de las estaciones de metro e incluso de los bares de la zona afectada por la manifestación, al tiempo que realizó el mayor despliegue de fuerzas conocido hasta el momento[44].

Días después tuvieron lugar en Barcelona dos manifestaciones de gran repercusión social –dada la cantidad y diversidad de participantes– e incluso internacional. De los cambios que se estaban produciendo es significativo que las convocantes de la manifestación del 1 de febrero a favor de la amnistía para los presos políticos fueran entidades cívicas y sociales barcelonesas, lo cual es una buena muestra de la asunción de las reivindicaciones políticas democráticas por el entramado sociocultural catalán[45]. La manifestación lógicamente fue prohibida, pero ello no impidió una movilización masiva; la Policía calculó que el número de manifestantes había superado los 30.000[46] y, lo que es más importante, la misma Jefatura destacó que el éxito de la manifestación revestía «una gravedad muy considerable, ya que es evidente que nunca la oposición al régimen hizo un alarde de fuerza tal como el desplegado el día de ayer»[47]. Como toda manifestación, esta fue duramente reprimida, pero en esta ocasión las fotografías de la Policía Armada cargando contra pacíficos manifestantes, publicadas por la prensa internacional, tuvieron un gran impacto.

La movilización no quedó ahí y, favorecida por el éxito, el domingo siguiente, día 8, se convocó otra manifestación; en este caso el llamamiento lo hacía directamente la Assemblea de Catalunya con el lema «Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia». Aunque el despliegue policial fue el mayor de los realizados hasta entonces en la ciudad, la movilización tuvo igualmente una alta participación. Dadas las expectativas de cambio, a los sectores activos en los años anteriores se estaban incorporando muchos ciudadanos que vencían el miedo a la represión policial. La prensa europea concedió una gran importancia a aquellas movilizaciones y quedó impactada por sus características. El parisino Le Monde lo describió como «el desafío catalán»[48]. No es extraño que Salvador Sánchez Terán encabezara el capítulo de su libro de memorias en que trata las semanas posteriores a su nombramiento como gobernador civil de Barcelona, con la frase «La batalla de la transición se da en la calle»[49]. Una evidencia de lo poco ajustadas al análisis de los acontecimientos que son afirmaciones como que «la transición española vino precedida de una sociedad predemocrática que estaba inmersa, y así se mantuvo en todo el proceso de cambio político, en un estado de apatía, moderación, conformismo y desmovilización política»[50].

Ello no obsta para que fuera evidente que la intensidad y los ritmos de la exigencia de democracia no eran homogéneos en el conjunto de España. En aquel momento, solo una parte del Gobierno era consciente y sensible ante otro gran problema para el proyecto gubernamental: la distancia entre las expectativas democráticas en distintas partes de España; pero esa era una realidad que en el año siguiente no pudo obviar. José María de Areilza anotó en junio de 1976: «Distinto tempo en la velocidad del clima democratizador en las diversas regiones: Cataluña en el kilómetro cien. El País Vasco, en el kilómetro diez»[51]. No hacía referencia a Madrid como sí lo hacía Salvador Sánchez Terán, gobernador civil de Barcelona en el año largo que va desde inicios de 1976 hasta la primavera de 1977, cuando dejó el cargo para presentarse a las elecciones. A pocas semanas de su llegada ya pudo constatar que «en Madrid y en Barcelona se estaba corriendo a dos velocidades políticas distintas»[52].

En cualquier caso, la movilización pro democrática estaba erosionando severamente al Gobierno y la mirada a la revolución portuguesa generaba temores, infundados porque los círculos conservadores se equivocaban cuando veían en el país vecino el modelo a seguir para el grueso de la oposición española. De cualquier manera, Fraga tenía la convicción de que el control de la «calle» debía ser absoluto para impedir la ruptura con la formación de un gobierno provisional. Por eso los gobernadores civiles continuaban siendo una pieza fundamental en la política gubernamental en las provincias. Ya en febrero-marzo de 1976, Fraga ordenó a José Manuel Otero Novas, de quien como director general de Política Interior dependían los gobernadores civiles, que «en lo sucesivo y hasta nueva orden le propusiera a los candidatos a gobernadores de una lista que [le] daría el coronel San Martín»[53]. Con ello se venía a marcar el perfil de los gobernadores.

Por otra parte, Manuel Fraga siempre contó con que difícilmente se formaría una única plataforma opositora que visualizase la alternativa democrática porque la unidad entre los grupos y personajes que se declaraban antifranquistas sería imposible. Su convicción se sostenía en la evolución de los acontecimientos durante la dictadura. Solo en Cataluña se había asentado la unidad opositora con la formación en 1971 de la Assemblea de Catalunya, en la gestación de la cual los comunistas catalanes, el PSUC, habían desempeñado un importante papel, siendo capaces de recoger y articular las aspiraciones democráticas de sectores antifranquistas amplios y diversos y, apoyados en su fortaleza organizativa, de tejer un espacio antifranquista amplio. El PCE lo había intentado igualmente en distintas ciudades españolas y a nivel centralizado, pero su política de presentar alternativas democráticas –que, de haberse plasmado, hubieran conseguido mejorar la correlación de fuerzas entre franquismo y antifranquismo– no alcanzó suficiente masa crítica.

Las causas eran diversas; por un lado el PCE buscaba interlocutores en una deseada derecha democrática, apenas existente políticamente y poco propensa a relacionarse con los comunistas. Por otro lado, a diferencia de lo que sucedía en Cataluña, las posibilidades de llegar a acuerdos con los socialistas eran escasas pues, aunque los jóvenes renovadores del PSOE no compartían la actitud beligerantemente anticomunista predominante en el exilio, igualmente miraban con desconfianza a un PCE que constituía la fuerza hegemónica de la izquierda y del antifranquismo. Desde que Felipe González se convirtió en el dirigente del nuevo socialismo, su estrategia intentó armonizar la custodia de las siglas históricas y la fidelidad a la tradición del partido –con sus principios y metas últimas– con el pragmatismo político de una fuerza dispuesta a conquistar aquello que en cada momento permitía una cambiante relación de fuerzas; ello no estaba en contradicción con el radicalismo discursivo[54]. En ese contexto de falta de unidad, los pequeños pero muy activos grupos de la extrema izquierda no se sentían forzados a participar de las estructuras unitarias, manteniendo su rechazo a las propuestas comunistas de «pacto con la burguesía».

Como se ha explicado en el anterior capítulo, cuando la enfermedad de Franco aceleró la percepción de que urgía disponer de una alternativa democrática se constituyó la JDE. Su constitución tuvo un notable impacto por la coyuntura precisa en que se creó y por la verosimilitud de su programa para la democracia. Sin embargo, no plasmaba una verdadera alternativa dado que en ella estaban ausentes partidos relevantes del potencial espectro político. No obstante, la propia aparición de la JDE obligó a otras fuerzas, en especial al PSOE y a la democracia cristiana vinculada a Joaquín Ruiz Giménez, a formar la PCD.

Tras las ejecuciones de septiembre de 1975 se aceleraron los contactos entre ambas plataformas opositoras, que hicieron una declaración conjunta de rechazo a las ejecuciones, a la que siguió otra un mes después de contenido político más amplio. El 30 de octubre, la JDE y la PCD convocaron a todas las fuerzas democráticas y a todos los ciudadanos a participar en las movilizaciones necesarias para «la efectiva conquista de los derechos y libertades fundamentales, y para el establecimiento de órganos de Poder Ejecutivo de amplia coalición, sin exclusiones ni obligatoriedades, que garantice el pleno uso de dichos derechos y libertades y la apertura y desarrollo del proceso constituyente, hasta la transmisión de poderes a los órganos de Gobierno que resulten constitucionalmente elegidos»[55].

Desde ese proceso de acercamiento, fue la extraordinaria movilización popular de los primeros meses de 1976 la que impulsó definitivamente la unidad opositora: el 26 de marzo de 1976 se creó la Coordinación Democrática (CD), fruto de la fusión de la JDE y la PCD. Su constitución tan tardía puede ser leída como una muestra de la debilidad opositora observada en su conjunto. Y ciertamente es así: es posible sostener que si las diversas corrientes de la potencial oposición hubieran mostrado el activismo que habían desarrollado los comunistas en los años anteriores, la crisis de la dictadura se hubiera dado antes o con otras características. Ahora bien, desde el momento en que la Platajunta entró en escena, la visibilidad de la oposición aumentó notablemente.

En la declaración programática de la CD aparecía la propuesta de «ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un periodo constituyente que conduzca a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del Estado y del Gobierno, así como la defensa de las libertades y derechos políticos durante este periodo». A la vez, la CD expresó su voluntad de conseguir la amnistía general, el retorno de los exiliados, el ejercicio pleno de las libertades políticas y sindicales –con la consiguiente desaparición del Sindicato Vertical– y el ejercicio efectivo «de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español».

El programa reflejaba las proposiciones básicas de la oposición. Pero, como se ha dicho, la creación de la CD adquiría trascendencia política dado que hacía visible ante la opinión pública la existencia de una alternativa política. Así lo señalaba la propia Declaración cuando afirmaba que la CD aparecía «como un medio indispensable para ofrecer a la sociedad española una real alternativa de poder capaz de transformar, por vía pacífica, el Estado actual en un Estado democrático». Así lo reconoció el vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga, para quien la constitución de la CD significaba un golpe muy destacado a su estrategia política respecto a la oposición, consistente en evitar su unificación, intentando incorporar a los más moderados al proyecto gubernamental así como aislar a los comunistas.

En definitiva, la constitución de la CD adquiría una gran importancia porque, al menos potencialmente, desaparecía una de las principales debilidades de la oposición: su falta de unidad frente al poder. En la práctica, la JDE y la PCD se complementaban. La JDE, de composición muy diversa, tanto políticamente como por la variedad de organizaciones y entidades que integraba, venía a representar a los sectores más movilizados contra la dictadura; la PCD, a los sectores moderados de la oposición. En realidad, nada podían hacer la una sin la otra. Las organizaciones de la PCD tenían apoyos internacionales, pero no facultad de movilización en España; la JDE, con su potencial de movilización popular, era capaz de contribuir decisivamente al bloqueo de la opción reformista inicial, pero no conseguiría provocar el vacío de poder al menos sin aliarse con los integrantes de la PCD.

La constitución de la CD comportó, por tanto, un paso decisivo en la plasmación de una alternativa democrática y era lógica la preocupación gubernamental, más cuando a ella se incorporaron otros grupos en las semanas siguientes[56]. De especial importancia para que el organismo se convirtiera en potencial representación de un «Gobierno provisional» fue que el 10 de mayo José M.a Gil Robles enviara una carta al Secretariado de la CD comunicando su voluntad de integrarse en el organismo unitario siempre que se asegurase «la incorporación a la misma de los colectivos de oposición de las Regiones»[57]. La presencia de los dos grupos democristianos, dirigidos por Joaquín Ruiz Giménez y por José M.a Gil Robles, fue especialmente valorada particularmente por los comunistas, para quienes el talón de Aquiles de la oposición siempre había residido en su dispersión, que impedía transmitir una imagen unitaria y responsable que permitiera ganar apoyos para la democracia[58]. En las semanas siguientes se enfatizó el significado de la constitución de la CD,

uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia española contemporánea. Que socialistas y comunistas se hayan puesto de acuerdo, después de 37 años de división, es ya en sí importante. Pero el encuentro en una misma coalición política, con el objetivo (concreto sí, pero decisivo) de restablecer la democracia, de las fuerzas obreras y de gran parte del mundo católico, de partidos de derecha y de izquierda, proletarios y capitalistas, es sencillamente un hecho sin precedente[59].

Por eso mismo la constitución de la CD había irritado profundamente al Gobierno y en cuanto Manuel Fraga supo de la formación del organismo opositor reaccionó de forma fulminante; en sábado y en una comida reunió a los ministros Antonio Garrigues, José Solís, Adolfo Suárez, Carlos Robles Piquer, Alfonso Osorio y Adolfo Martín Gamero para anunciarles que pensaba detener a los dirigentes de la Platajunta con motivo de su presentación pública, prevista para el día 29 de marzo[60]. El tema fue largamente discutido y todos los ministros presentes, sin ninguna excepción, aconsejaron a Fraga que actuase con prudencia[61].

El mismo sábado 27, Manuel Fraga llamó, en diversas ocasiones y con urgencia, a José María de Areilza para trasladarle su irritación al comprobar «que después de ofrecerles [a la oposición] un campo de juego con unas reglas fijadas con generosidad salgan ahora con el frente popular. ¡Se acabó la tolerancia; se acabó el autorizar reuniones y congresos!». Fraga se refería a la autorización del congreso de la UGT –con la cobertura legal de unas jornadas de estudios sindicales–, pero el vicepresidente del Gobierno tenía plena conciencia de que, ciertamente, la constitución de la CD torpedeaba toda su estrategia respecto a la oposición. Podía constatar que la actuación del Gobierno no generaba las expectativas democráticas que reclamaban importantes sectores del país por lo que, a pesar de las dudas de los sectores más moderados, estos no apoyarían al Gobierno. Ese mismo día, en los despachos gubernamentales, se celebraron reuniones precipitadas en las que se trazó un plan de contraataque en el que se incluían secuestros de periódicos, alertas y amenazas a corresponsales extranjeros y telegramas a las embajadas, como en los mejores tiempos franquistas frente al «contubernio» de Múnich en 1962. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores no se abstuvo de afirmar que «Fraga también es de los que cree a ratos que Franco está vivo todavía y que hay que considerar a la sociedad política española como algo que está esperando a que el Gobierno otorgue graciosamente sus reformas democráticas, a cuyo regalo se debe contestar con un diez de conducta»[62].

En los círculos gubernamentales se produjeron distintos movimientos tendentes a impedir las detenciones, pero fueron inútiles. A pesar de las advertencias que se le habían hecho sobre las consecuencias, Fraga no dudó ni un momento en seguir la vía represiva. El día 29, la Policía se presentó en el despacho de Antonio García Trevijano y detuvo a los dirigentes de la CD que estaban entregando el manifiesto a la prensa. Tras muchas llamadas de influyentes personalidades, las detenciones se redujeron a Marcelino Camacho, Antonio García Trevijano, Nazario Aguado y José Álvarez Dorronsoro, estos últimos representantes del PTE y del MCE. El caso de Camacho servía de termómetro para calibrar los límites de la política del Gobierno. Desde su detención en 1972, Marcelino Camacho se había convertido en un símbolo internacional de la represión sobre el movimiento obrero en España. Efectivamente, la repercusión de la detención fue notable, hasta el punto que forzó a Fraga a dar explicaciones a la prensa internacional y lo hizo con un lenguaje que recordaba al que había utilizado en 1962, cuando siendo él ministro, fue ejecutado el dirigente del PCE Julián Grimau. Así señaló que Camacho cumplía una pena de larga duración, la impuesta por el Tribunal de Orden Público en el Proceso 1001 y fue indultado en diciembre «pero entonces se puso a hacer provocación y a mezclarse con todas las formas de agitación, a hacer todo lo posible para que las huelgas tomen un carácter de delito político. Llegó a tal punto que se le detuvo»[63].

Pocos días después y con motivo de una manifestación pro amnistía en Madrid, la Policía detuvo a otros militantes comunistas, entre ellos a Ramón Tamames y Juan Antonio Bardem. En el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el día 2 de abril, presidido por el monarca, Fraga se refirió a las detenciones y ante los comentarios de otros ministros sobre las consecuencias negativas que el hecho podía tener, argumentó que «son comunistas y, por consiguiente, no los suelto»[64].

Días después de los funerales de los trabajadores muertos en Vitoria, en un ambiente de desasosiego entre los sectores conservadores por el miedo a que la situación se volviera incontrolable, Manuel Fraga se reunió con los ministros militares[65]. Les explicó los rasgos de su reforma, con sus límites y exclusiones; el vicepresidente confiaba en que los gestos de dureza ante la izquierda reforzarían su posición ante los militares en caso de que Arias se viera forzado a dimitir. Semanas después, mientras recibía presiones por el encarcelamiento de dirigentes opositores, Fraga argumentó ante José María de Areilza que no se producirían movimientos en el Ejército en tanto que se le garantizara orden público, antiterrorismo y exclusión del PCE, así que «necesito, por consiguiente –viene a decir– sacudir de vez en cuando al partido y meter en la cárcel a sus dirigentes. Ayer a Montero, hoy a Camacho. Mientras ese tono se mantenga, el Ejército no se opondrá a la reforma». Areilza concluía que «las detenciones eran otras tantas “buenas notas” de conducta que trata de obtener para reforzar su posición ante esa eventualidad» [66].

Manuel Fraga parecía prescindir de las consecuencias de la imagen represiva del Gobierno y, por otra parte, estaba convencido de que ganaría las elecciones cuando fueran convocadas[67]. Contrariamente, entre los sectores gubernamentales más moderados y reformistas creció la preocupación al comprobar que su proyecto de reforma hacía aguas, más después de constatar los escasos apoyos conseguidos tras las muertes provocadas por la represión en Vitoria.

En ese marco, el ámbito laboral constituía uno de los escenarios de mayor atención, desde el convencimiento de que el proyecto político gubernamental se podía dar por concluido si no se lograba rebajar la tensión laboral y social existente en amplias zonas del país y que tenía notables consecuencias económicas. Los dirigentes políticos y empresariales eran conscientes de que la situación económica continuaría empeorando, lo que agudizaría la conflictividad laboral. La experiencia sindical portuguesa estaba también muy presente en el mundo conservador y reforzó la posición de todos aquellos sectores que propugnaban la necesidad de abordar la cuestión sindical para impedir la consolidación de las CCOO como fuerza hegemónica[68].

Todo ello comportó que el Gobierno estuviera dispuesto a tantear distintas alternativas para evitar la hegemonía de las CCOO. En el mes de abril se celebró, en la práctica legalidad, el Congreso de la UGT. Días antes del congreso, Manuel Fraga había convocado una reunión en la Vicepresidencia para discutir sobre la política a desarrollar en el ámbito sindical; a ella asistieron, entre otros, José Solís y Rodolfo Martín Villa. Este último, como ministro de Relaciones Sindicales, dilató en el tiempo la anunciada reforma sindical. Cuando se publicó el texto en el mes de mayo se pudo comprobar que, como en el ámbito político, era inconsistente desde la perspectiva democrática pues mantenía la OSE y la estructura básica del sindicalismo vertical con algunas modificaciones. Efectivamente, en el texto de reforma sindical no se hablaba ni de sindicatos ni de libertad sindical, sino de cinco órganos, de los cuales solo se precisaba el contenido y características de dos. Por un lado, el Consejo Económico Social como órgano consultivo y de colaboración en materia de política económica y social, y en la planificación del desarrollo; por el otro, las asociaciones u organizaciones profesionales de empresarios y trabajadores que eran presentados como órganos de defensa de los respectivos intereses profesionales dentro de cada sector; es decir, sindicatos, aunque la expresión no se utilizaba.

El conjunto del texto estaba lleno de voluntarias imprecisiones que implicaban limitaciones. Lógicamente, el proyecto se encontró con la oposición radical del movimiento obrero. El caso de la reforma sindical es ilustrativo de las contradicciones que marcaban la acción del Gobierno. En mayo la línea prioritaria continuaba siendo impedir la actuación libre del sindicalismo pero un mes antes, en aquella reunión de abril presidida por Fraga, surgieron argumentos a favor del pluralismo sindical como opción de futuro, y no deja de ser significativo que el argumento de mayor peso fuera evitar la posibilidad de que los comunistas dominaran el sindicato unitario[69]. El Congreso de la UGT contó con cobertura informativa de los medios de comunicación oficiales, lo que también permitía al Gobierno transmitir la idea de que la situación política estaba cambiando en España.

Cuando del 15 al 18 de abril se celebró el XXX Congreso de la UGT, hacía dos años ya que el espacio socialista estaba experimentando una revitalización y un cambio importante[70]. La tensión interna entre el exilio –que impedía la participación en las prácticas unitarias en los movimientos sociales bajo el argumento de no colaborar con los comunistas– y el interior –que sufría la paralización si no participaba en ellos– se había empezado a modificar en el XII Congreso del PSOE[71], celebrado en el verano de 1972, cuando los militantes del interior consiguieron que se aprobaran sus propuestas. Era solo un primer paso, pues los núcleos militantes eran muy reducidos y la coordinación entre ellos escasa. El impulso para la UGT empezó en 1973, cuando Nicolás Redondo fue elegido secretario general, lo que supuso el triunfo de los sectores que querían activar la acción sindical en España sin esperar a la muerte de Franco. El salto definitivo tanto para el PSOE como para la UGT[72] se produjo, sin embargo, en el XIII Congreso, celebrado en Suresnes en 1974, cuando Felipe González se convirtió en el máximo dirigente del nuevo socialismo[73], bendecido ya por la socialdemocracia europea, que decidió apoyar esta organización en detrimento del sector del exilio que no admitió el resultado del XII Congreso y del grupo liderado por Enrique Tierno. Los socialdemócratas alemanes vieron con buenos ojos la posición de González, quien les había trasladado su opinión de que la estrategia por la que abogaban los comunistas, dirigida a acabar con el régimen mediante la presión de la calle «no solo era inviable sino incluso suicida», por lo que el PSOE mantendría una actitud constructiva, concentrando sus esfuerzos en reunificar el disperso socialismo español y en disputar al PCE la hegemonía de la izquierda[74].

La UGT convirtió en lema de su actuación el concepto de libertad sindical como sinónimo de pluralidad organizativa. Con esa base y convirtiendo su historia anterior a 1939 en fuente de legitimidad, intentó conquistar un espacio entre los trabajadores. Para ese objetivo contó con distintos tipos de ayudas. Destacable fue el papel que desempeñaron los medios de comunicación ya que, hasta las elecciones generales de 1977, tanto el Gobierno y sus medios como distintos periódicos potenciaron la presencia ugetista para contrarrestar la hegemonía de las CCOO[75]. Por otro lado, el apoyo económico y logístico que estaba recibiendo de las organizaciones socialistas europeas hizo posible dedicar recursos notables a dar visibilidad al sindicato[76].

Así, el escenario político estaba poblado por actores con objetivos en muchos puntos discordantes que podían ofrecer oportunidades al Gobierno. Pero a pesar de que en el seno de la CD una parte de sus componentes podían dar apoyo a propuestas reformistas, la imagen represiva e inmovilista que transmitía el Gobierno acabó con cualquier posibilidad de ampliación de los apoyos gubernamentales. Desde el mes de marzo el ensayo de proyecto «reformista» del primer gobierno de la monarquía estaba desacreditado. La oposición democrática rechazó frontalmente la reforma que llevaba a un sistema político alejado de una democracia homologable, al menos a corto plazo. Al mismo tiempo, la utilización continuada de la represión extendió la contestación y la deslegitimación de aquella propuesta. El resultado de todo ello fue que el «gobierno de la reforma» perdió el rumbo incluso antes de haber llegado a presentar su proyecto global.

PRIORIDAD: SALVAR LA MONARQUÍA

La desconfianza hacia el Gobierno era tan alta que este, en lugar de generar expectativas, provocaba con su actuación la disminución de las pocas que en él estaban depositadas. La preocupación, tanto en los espacios institucionales como en los económicos y en todos aquellos que apoyaban al Gobierno, se veía alimentada cotidianamente por la política de orden público, que comportaba violentas intervenciones policiales contra pacíficos huelguistas y manifestantes, la continuación de las torturas en dependencias policiales, las prohibiciones de todo tipo de actos. El efecto de la represión fue el contrario del que se perseguía pues la movilización social fue extraordinaria en los primeros meses de 1976. Las muertes de los cinco trabajadores de Vitoria a las que ya se ha hecho referencia, se convirtieron en el punto de no retorno para el Gobierno Arias-Fraga.

Afortunadamente para el Gobierno, a la contestación interna no se sumó la presión internacional. Aun en junio de 1976, Henry Kissinger aprovechó la visita del monarca a Estados Unidos para hacer llegar directamente al ministro de Asuntos Exteriores su preocupación ante la posibilidad de que los cambios en España fueran más allá de los imprescindibles; desde la perspectiva norteamericana, lo fundamental era no perder una pieza en el tablero europeo. Según las notas de Areilza, Kissinger señaló que «ahora son ustedes una pieza segura en el dispositivo general de Occidente. Esa seguridad puede aflojarse con un empuje de la izquierda hacia el Gobierno. Ese riesgo lo corremos también en Italia y en Francia en los próximos años electorales. Y Gran Bretaña pasa por momentos económicos y sociales sumamente difíciles. No tenemos otro apoyo sólido que el de la Alemania Federal». José María de Areilza no tenía dudas de que las palabras de Kissinger eran «una invitación sugestiva a imaginar nuevas fórmulas ajenas al europeísmo comunitario y al atlantismo tradicional», pues el secretario de Estado había añadido que los europeos «van sucumbiendo a la ineficacia parlamentaria de los principios democráticos a ultranza. No caigan ustedes en ese mimetismo». El secretario de Estado también le recomendó que no convocaran elecciones hasta que el Gobierno tuviera «un partido propio que logre la seguridad de ganarlas. Mientras eso no se haga, ganen tiempo»[77].

Pero en este proceso de transición de la dictadura a la democracia los factores exteriores nunca tuvieron importancia decisiva: pudieron favorecer a algunas fuerzas pero no decantaron los acontecimientos. El descrédito del gobierno Arias-Fraga se había convertido en una dificultad para la consolidación de la monarquía perseguida por Juan Carlos de Borbón, y una parte de la clase política franquista y el monarca se aprestaron a actuar en consecuencia. El 8 de abril, el rey recibió a Arnaud de Borchgrave, prestigioso periodista del semanario Newsweek; si bien no aceptó ser entrevistado, Juan Carlos mantuvo una larga conversación y le autorizó a que redactara un artículo en que se reflejara su preocupación por las resistencias al cambio; también podía afirmar que, en opinión del rey, Arias era «un desastre sin paliativos»[78]. Hacía tiempo que aquel Gobierno era un barco a la deriva y su presidente ya no tenía ni el respeto de los miembros del gabinete. Quien lo expresaba de forma más descarnada era José María de Areilza, cuya valoración sobre Carlos Arias no podía ser más negativa: «su talla de gobernante era cuestionable; su autoridad nula. No conocía a fondo los problemas políticos, económicos ni sociales del país. Su experiencia era esencialmente policiaca y represiva. Su pasión los servicios secretos»[79].

Una parte de los medios de comunicación reflejaban, al tiempo que reforzaban, aquel descrédito. En mayo apareció El País, un diario que se convirtió rápidamente en referente internacional de la prensa española. En su primer editorial afirmó que «las esperanzas de un tránsito lineal entre la dictadura de antaño y un sistema democrático han sido siempre pocas; resultaban no obstante plausibles por el deseo de los españoles. […] Pero para que la dialéctica de la reforma hubiera podido anular con convicción a la dialéctica de la ruptura, tenía que haber comenzado por el reconocimiento de que las metas de una y otra tienen que ser en cualquier caso parejas: la instauración de una democracia real en nuestro suelo». La reforma del Gobierno hablaba, sin embargo, de la continuidad de un pasado sin horizontes[80].

A la incapacidad de ampliar apoyos, incluso de conservarlos, se sumó la ineptitud gubernamental para sortear los obstáculos que los inmovilistas de la clase política franquista sembraban en su camino. El proyecto político fundamental, la Ley de Reforma de la Ley constitutiva de Cortes y otras Leyes Fundamentales, había pasado de la Comisión Mixta al Consejo Nacional del Movimiento, en cuyo seno las discusiones se eternizaban tanto por las diferencias entre sus miembros como por la voluntad de algunos de ralentizar su aprobación; en cualquier caso los consejeros realizaron la lectura más continuista posible de la propuesta[81], remarcando la vigencia de los Principios Fundamentales del Movimiento, la continuidad del Consejo Nacional en el nuevo Senado y la necesidad de mantener la organización del Movimiento. Por otra parte, aprovecharon las ambigüedades e indefiniciones del texto formulando propuestas tendentes a limitar el alcance de los cambios. El exministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, expresó con claridad uno de los problemas fundamentales de la clase política franquista; esta era muy consciente de que España había cambiado, pero se resistía a modificar sus planteamientos políticos y ceder el control del poder. Así, para Garicano era «prácticamente unánime la opinión de que debemos democratizar nuestra política, lo que no estoy tan seguro es que todos estemos de acuerdo en el significado “democracia”»[82].

En el mes de mayo, el Gobierno solo consiguió aprobar la muy restrictiva Ley Reguladora del Derecho de Reunión[83]. El día 9 de junio las Cortes aprobaron la Ley de Asociación Política, que posibilitaba la creación de asociaciones al margen del Movimiento, derogando el Estatuto de diciembre de 1974. Se establecía que las asociaciones presentarían la solicitud al Ministerio de la Gobernación, acompañada, entre otros documentos, de una declaración de acatamiento del ordenamiento vigente, que procedería a su autorización si no detectaba indicios de ilicitud; paralelamente desaparecían las funciones reservadas al Consejo Nacional así como los requisitos administrativos fijados por el Estatuto de 1974. Si el Ministerio denegaba la inscripción, los solicitantes podrían recurrir la decisión al Tribunal Supremo. La cuestión clave de las causas de ilicitud de una asociación se remitía al Código Penal.

El proyecto fue presentado en las Cortes por el ministro secretario general del Movimiento, quien construyó un eficaz discurso que venía a conjugar la reforma propuesta con la trayectoria supuestamente reformadora del régimen franquista a lo largo de toda su historia así como con la realidad social existente en la década de los setenta. Algunos párrafos del discurso contribuyeron a reforzar la imagen de Suárez, tales como la afirmación de que «vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal», y la de que «vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley»[84]. La Ley de Asociación Política obtuvo 337 votos favorables, 92 negativos y 25 abstenciones.

El respiro que dio al Gobierno la aprobación de la ley duró pocas horas. Por la tarde se presentaba a aprobación la imprescindible reforma del Código Penal en aquellos artículos que tipificaban como delito la afiliación a los partidos políticos, aunque introducía también una serie de tipificaciones para mantener fuera de la legalidad a determinados grupos políticos, y de manera muy especial al PCE. Los recelos de los procuradores encontraron el clima de malestar adecuado al conocerse la noticia de un atentado de ETA que costó la vida al jefe del Movimiento de Basauri. En aquel marco, el Gobierno se reunió de urgencia y decidió que solo se sometieran a votación unas bases generales sobre la cuestión y que el proyecto de reforma del Código Penal volviera a la Comisión de Justicia. El texto aprobado establecía que serían consideradas asociaciones ilícitas «las que por su objeto y circunstancia sean contrarias a la moral pública», «las que tengan por objeto la subversión violenta o la destrucción del orden jurídico, político, social y económico o el ataque por cualquier medio a la soberanía, a la unidad o independencia de la Patria, a la integridad en su territorio o a la seguridad nacional», y «las que sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario»[85].

La incapacidad para lograr la aprobación de la modificación del Código Penal fue interpretada de manera general como un claro indicador de la debilidad del Gobierno frente a los sectores más reacios al cambio, así como de la capacidad de estos para bloquear la reforma más importante que todavía no había llegado a las Cortes y que justamente dos días después tropezaba también en el Consejo Nacional.

El Gobierno se había situado en un callejón sin salida y a aquellas alturas no existía otra alternativa para consolidar la monarquía, estabilizar el país y hacer frente a los grandes problemas del momento –particularmente a la crisis económica y a la conflictividad social– que abrir un proceso hacia la democracia dotado de credibilidad, aunque fueran imprecisos sus límites. Como realmente ocurrió, el alcance del proceso dependería de la correlación de fuerzas y de circunstancias imprevisibles al iniciarse el verano de 1976.

[1] T. Garicano Goñi fue ministro de la Gobernación desde 1969 hasta 1973. Había ocupado diversos cargos desde 1940, entre otros los de gobernador civil de Guipúzcoa y de Barcelona. En 1972 fue nombrado por Franco consejero nacional del Movimiento.

[2] Torcuato Fernández-Miranda empezó su carrera política en 1951 cuando, al ser nombrado rector de la Universidad de Oviedo, se convirtió en procurador en Cortes. En 1960 fue nombrado director de Enseñanzas Medias y Universitarias, cargo que le llevó a presidir la comisión encargada de la educación de Juan Carlos de Borbón. El salto importante en su trayectoria se produjo en 1969 cuando fue nombrado secretario general del Movimiento, cerrando la fase aperturista de «desarrollo político» entre 1962 y 1969, impulsada por Manuel Fraga, José Solís y Fernando M.a Castiella, que había contado con la hostilidad permanente de Luis Carrero Blanco.

[3] El discurso con que Fernández-Miranda se dirigió al Pleno del Consejo Nacional del Movimiento en diciembre de 1969 es una buena muestra de que su actuación sintonizaría con Carrero Blanco quien, desde la Vicepresidencia del Gobierno, pretendía que la nueva fase de acción política se caracterizara por una reafirmación de las esencias del régimen acompañada de un abandono de las «reformas» frente a los retos sociales y políticos que se acumulaban en su agenda. Fernández-Miranda no hizo referencia a la necesidad de los cambios y sí reafirmó el tradicional discurso mixtificador del carácter del régimen. Así Fernández-Miranda presentó el Movimiento como comunión de los españoles y, cuando llegó al punto trascendental para el que había sido convocada la reunión –la nueva estructura de la Secretaría General del Movimiento–, propuso sustituir la Delegación Nacional de Asociaciones por unas etéreas delegaciones de Familia y de Acción Política y Participación. AGA, Presidencia, CNM, Libro de sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, 15 de diciembre de 1969, libro 940.

[4] C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo, pp. 133-137. La cita en p. 134.

[5] AGA, Presidencia, CNM, Libro de sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, libro 944.

[6] Véase en P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, pp. 91-112, una explicación detallada de las dudas de Juan Carlos durante los meses de octubre y noviembre de 1975 sobre la posibilidad de sustituir a Carlos Arias por Torcuato Fernández-Miranda como presidente del Gobierno.

[7] «Tomó posesión el señor Fernández-Miranda», La Vanguardia, 4 de diciembre de 1975.

[8] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, Planeta, Barcelona, 1977, p. 14.

[9] «La jura de los nuevos ministros», La Vanguardia Española, 14 de diciembre de 1975.

[10] En los manuscritos de Fernández-Miranda que utilizan los autores se explica que su único interés era tener «un ministro afecto, de su confianza, que pudiera sintonizar con las acciones que habría de ejecutar; capaz de ser más leal a él que a su presidente». P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, pp. 119-121.

[11] Declaración del gobierno del 15 de diciembre de 1975, citada por V. Prego, Así se hizo la transición…, p. 372.

[12] J. Tusell y G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Crítica, Barcelona, 2003, pp. 302-303. Sobre el primer texto del proyecto de Fraga véase J. M. Otero Novas, Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones, Prensa Ibérica, Madrid, 2015, p. 110. La esencia de la propuesta consistía en una reforma del artículo 2.o de la Ley de Cortes franquista, estableciendo que los procuradores elegidos por sufragio universal pasasen de 100 a 350-400 y constituirían la Cámara Baja; a su vez los representantes orgánicos pasaban a la Cámara Alta.

[13] Citado en J. Tusell, G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre, pp. 302-303.

[14] M. Á. del Río, «Manuel Fraga y el primer Gobierno de la Monarquía (1975-1976)», en M. Loff y C. Molinero (eds.), Sociedades en cambio: España y Portugal en los años setenta, CEFID-UAB/IHC, Bellaterra, 2012.

[15] Ch. T. Powell, «Crisis del franquismo, reformismo y transición a la democracia», en J. Tusell, F. Montero y J. M.a Marín (eds.), Las derechas en la España contemporánea, Anthropos, Barcelona, 1997, p. 266.

[16] Discurso de Carlos Arias en las Cortes el 28 de enero de 1976, en Á. J. Sánchez, La transición española en sus documentos, Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 196-207.

[17] J. Tusell y G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre…, pp. 299-302.

[18] J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, Planeta, Barcelona, 2009, p. 220.

[19] En aquella primera reunión de la Comisión Mixta Carlos Arias afirmó: «Es cierto. Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí o actúe en la vida pública no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos y lucharé contra los enemigos de España que han empezado a asomar su cabeza y son una minoría agazapada y clandestina en el país». J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, p. 84. La cita está entrecomillada.

[20] Por parte del Gobierno integraban la Comisión, Manuel Fraga, Fernando de Santiago, Juan Miguel Villar Mir, José M.a de Areilza, Antonio Garrigues, José Solís, Alfonso Osorio y Rodolfo Martín Villa. Por parte del Consejo Nacional integraron la Comisión Torcuato Fernández-Miranda, Jesús Fueyo, José Antonio Girón, Gregorio López Bravo, José García Hernández, Miguel Primo de Rivera, José Miguel Ortí Bordas y Enrique Sánchez de León. Baldomero Palomares, Carlos Jesús Álvarez y Eduardo Navarro Álvarez actuaron de secretarios. Según muchos de los asistentes, fueron semanas de debates y monólogos largos y, con frecuencia, tediosos y extemporáneos. Véanse, entre otros, J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía…; A. Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona…; M. Fraga, Memoria breve…; R. Martín Villa, Al servicio del Estado…

[21] J. Tusell y G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre, pp. 274-275. Según sus notas, Fernández-Miranda asistía a las reuniones con absoluto escepticismo y le resultaban divertidas las esperanzas que Suárez tenía en ellas. P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, p. 154.

[22] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, pp. 137-138.

[23] La relación entre algunos dirigentes del régimen y el mundo de las finanzas era muy fluida. Así, por ejemplo, en 1973 Eugenio Calderón, presidente de Sociedad Nacional de Industrias Aplicaciones Celulosa Española (SNIACE), empresa creada en 1944 en el marco de la política autárquica, había institucionalizado unos almuerzos en los que personalidades de la política y de las finanzas hablaban de la situación española con la mayor libertad. Nombres habituales de aquellos encuentros eran de banqueros que, la mayoría de ellos a la vez, eran presidentes de distintos consejos de administración como José M.a Aguirre, Alfonso Escámez, Pablo Garnica, Jaime de Argüelles; dirigentes del Movimiento –a la vez que consejeros a posteriori de bancos y empresas– como Alejandro Rodríguez de Valcárcel, José Solís, José García Hernández, Tomás Pelayo Ros, José Miguel Ortí Bordás, Federico Silva o el teniente general Ángel Campano, al mando de la Guardia Civil durante los sucesos de Montejurra de mayo de 1976. J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, Planeta, Barcelona, 2009, p. 149.

[24] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 110.

[25] Ibid., p. 124.

[26] J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, pp. 220-222.

[27] AGA, Presidencia, Instituto de Opinión Pública, Sondeo de opinión sobre la declaración del gobierno del 15 de diciembre de 1975, c. 18816. Entre los titulados universitarios el 51 por 100 era partidario de cambios inmediatos, un 43 por 100 de una gradual evolución y solo un 4 por 100 se pronunciaba a favor del continuismo. Entre los titulados de grado medio, los porcentajes respectivos eran del 40 por 100, 41 por 100 y 7 por 100. Por grupos socioprofesionales, los porcentajes más elevados en favor del cambio inmediato, superiores a la evolución, los aportaban los estudiantes –64 por 100–, los técnicos medios, maestros, cuadros medios y administrativos –44 por 100– y, los obreros especializados –42 por 100– Los porcentajes más elevados en favor del continuismo se registraban entre las «amas de casa» –26 por 100–, los jubilados y pensionistas –25 por 100–, los peones y aprendices –22 por 100– y los pequeños propietarios –19 por 100–. En Sevilla se registraba el mayor inmovilismo –el 26 por 100 de encuestados era favorable a que nada cambiase– en tanto que en Madrid y Barcelona el porcentaje de los favorables a esta opción era idéntico –17 por 100–, aunque en Barcelona predominaban los partidarios del cambio inmediato –33 por 100 frente al 28 por 100 inclinados por el cambio gradual– en tanto que en Madrid se invertían los resultados –28 por 100 frente a 32 por 100.

[28] AHPCE, Fondo Documentos, Declaración Política del PCE, enero de 1976, c. 57.

[29] OSE, Sindicato Provincial de Industrias Químicas: Memoria de actividades, Barcelona, 1976.

[30] J. Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas…, p. 315.

[31] La primera de las cifras en V. Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga. Enero 1976, Ayuso, Madrid, 1976, p. 26; la segunda en J. Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas, p. 315.

[32] J. Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas…, p. 321. El número de despedidos, sancionados y expedientados, al que se refiere José Babiano, corresponde al conjunto del año 1976, aunque los conflictos más importantes fueron los de enero. Este autor registra alrededor de 3.700 despedidos y 44.500 sancionados y expedientados aunque la acción obrera consiguió que despidos y sanciones no tuvieran carácter definitivo.

[33] C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas, p. 96.

[34] Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona. Memoria de Actividades del Sindicato Provincial de Industrias Químicas, 1976, c. 170B.

[35] S. Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad, pp. 220-225.

[36] X. Domènech, Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002.

[37] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, p. 38.

[38] J. Antonio Pérez, Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao, 1958-1977. Trabajadores, convenios y conflictos, Madird, Biblioteca Nueva, 2001.

[39] C. Carnicero, La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2007. Los hechos de Vitoria disponen, además, de un «Dictamen histórico sobre los acontecimientos del 3 de marzo en Vitoria», elaborado por el Instituto Universitario de Historia Social «Valentín de Foronda» de la Universidad del País Vasco, 2007.

[40] Véase el impacto en el ámbito gubernamental en A. Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, pp. 86-88; R. Martín Villa, Al servicio del Estado, pp. 26-30.

[41] J. M.a Marín, «La transición sindical y la conflictividad social», en J. Tusell, Historia de España Menéndez Pidal. Vol. XLII La transición a la democracia y la España de Juan Carlos I, Espasa Calpe, Madrid, 2003, pp. 450-461.

[42] C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas, p. 96.

[43] P. Aguilar, «La amnesia y la memoria. Las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Alianza, Madrid, 1997.

[44] V. Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga, pp. 25-26.

[45] Entre las organizaciones convocantes aparecían la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, con la firma de la solicitud de 22 presidentes o vicepresidentes de distintas asociaciones; también se comprometían con la solicitud representantes de colegios profesionales, asociaciones cívicas y culturales, entidades religiosas, así como sindicalistas, intelectuales y artistas, y dirigentes de las fuerzas políticas catalanas. La lista completa de los 160 firmantes de la solicitud de manifestación en D. Ballester y M. Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 2001, pp. 166-172.

[46] S. Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, Planeta, Barcelona, 1988, p. 32.

[47] D. Ballester y M. Risques, Temps d’amnistia, p. 69.

[48] «Le défi catalán», Le Monde, 10 de febrero de 1976.

[49] S. Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 34.

[50] C. Sastre, Transición y desmovilización política, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1997, p. 155.

[51] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, Planeta, Barcelona, 1977, p. 206.

[52] S. Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 34. Un análisis detallado de la cuestión en C. Molinero y P. Ysàs, La cuestión catalana. Cataluña en la transición española, Crítica, Barcelona, 2014.

[53] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 102. José Ignacio San Martín fue una figura clave en las actividades de inteligencia vinculadas a la represión de la oposición. Luis Carrero Blanco le nombró director general del Servicio Central de Documentación (SECED), precedente del CESID. Estuvo implicado en el intento de golpe de estado de febrero de 1981, por lo que fue condenado a diez años de cárcel.

[54] S. Juliá, Los socialistas en la política española, Taurus, Madrid, 1997, p. 428.

[55] «Junta y Plataforma convocan a la efectiva conquista de las libertades», Mundo Obrero 35, 4 de noviembre de 1975.

[56] El 5 de abril lo hizo la Federación de Partidos Socialistas y el 9 del mismo mes la ORT. Comité Central de la ORT, La Coordinación Democrática, 9 de abril de 1976, Fundación Largo Caballero –FLC–, Fondo UGT-CEC, sign. 2811-006.

[57] Las otras dos condiciones –retóricas dado su contenido– eran que «no se excluya a ningún partido o federación de partidos socialistas, socialdemócratas o liberales que lo deseen» y que «se renuncie a la utilización de métodos violentos para obtener la ruptura democrática». J. M.a Gil Robles, Carta al Secretariado de Coordinación Democrática, 10 de mayo de 1976, FLC, Fondo UGT-CEC, sign. 2811-006.

[58] Alfonso Osorio explica con cierto detalle los esfuerzos realizados a principios de 1976 por él mismo –en representación informal de los componentes del grupo «Tácito» que se presentaban como demócratas cristianos pero que habían participado en las estructuras franquistas– para que Gil Robles presidiera un congreso constituyente de la derecha cristiana. No consiguió atraerlo a su terreno pues el viejo dirigente de la CEDA argumentaba que tras la muerte de Franco el apoyo a la democracia había adquirido unas proporciones inusitadas con lo que el cambio se había hecho ya irreversible, y «era absolutamente necesario una ruptura no violenta con el pasado […] y que pensar que el proceso constituyente iba a detenerse donde se quisiese o era una ingenuidad o era una insinceridad». A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, pp. 103-108. La cita en la p. 104.

[59] M. Azcárate, «El laberinto español», El País, 14 de mayo de 1976.

[60] C. Abella, Adolfo Suárez, Espasa Calpe, Madrid, 1997, p. 68.

[61] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 91.

[62] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, pp. 119-120.

[63] Reproducido en M. Camacho, Confieso que he luchado, p. 397.

[64] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, p. 125.

[65] M. Fraga, En busca del tiempo servido, pp. 38-40.

[66] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, p. 126.

[67] Landelino Lavilla explica que en una cena con el vicepresidente, que se puede datar aproximadamente en el mes de abril, le habló de la creación de un partido con la denominación de Partido Popular, bajo el impulso de José María de Arielza y Pío Cabanillas. Fraga recabó el liderazgo de la operación y ante la respuesta de Lavilla, que defendía que quienes estaban en el Gobierno no podían encabezarlo para «asegurar la libertad de actuación» y «hacer una oferta creíble y aceptable en el esquema democrático de nuevo cuño», Fraga afirmó: «pues o reconocéis mi liderazgo o yo ganaré las elecciones al frente de la derecha, porque las elecciones las organizaré yo». L. Lavilla, Una historia para compartir. Al cambio por la reforma (1976-1977), Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017, p. 134.

[68] C. Molinero y P. Ysàs, «Sindicalismo y cambio político», en S. Castillo (coord.), Mundo del trabajo y asociacionismo en España, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014, p. 213.

[69] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones, pp. 71-72.

[70] A lo largo de los años sesenta y primeros setenta el activismo antifranquista identificado con el socialismo se habían articulado en pequeños grupos, con frecuencia de ámbito regional; así ocurrió en el País Valenciano, Aragón, Galicia, además del Moviment Socialista creado en Cataluña en 1945.

[71] Esta numeración corresponde al exilio. En 1976, como fórmula de reforzamiento de la continuidad histórica, se sumó la numeración de los congresos celebrados en España hasta la guerra civil a los realizados en el exilio francés.

[72] Como había sucedido históricamente la unidad de partido y sindicato continuaba siendo total, de manera que «cuando el Partido celebraba sus congresos, el sindicato aprovechaba que todos estábamos convocados para reunir su Comité Nacional». A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Espasa, Madrid, 2004, p. 133.

[73] Una sucinta pero clara explicación de cómo Felipe González se convirtió en secretario general en S. Juliá, Los socialistas en la política española, pp. 419-422.

[74] A. Muñoz, «La Fundación Friedrich Ebert y el socialismo español en la Transición», en A. Mateos y A. Muñoz (eds.), Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal, Pablo Iglesias, Madrid, 2015, pp. 79-80.

[75] A. Mateos, «Una transición dentro de la transición. Auge, unidad y “conversión” de los socialistas», en J. Tusell y Á. Soto (eds.), Historia de la Transición (1975-1986), Alianza, Madrid, 1996, p. 223.

[76] Según los cálculos de Abdón Mateos, el apoyo económico vinculado a la solidaridad internacional recibido por la UGT triplicó el que recibieron las CCOO. Véase A. Mateos, Exilio y clandestinidad. La reconstrucción de UGT, 1939-1977, UNED, Madrid, 2002, pp. 181-188, el dato específico en p. 185. También A. Muñoz, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, RBA, Barcelona, 2012, pp. 256-265.

[77] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, pp. 195-196.

[78] Newsweek, 26 de abril de 1976.

[79] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, p. 216.

[80] «Ante la “reforma”», El País, 4 de mayo de 1976. El contenido del editorial era significativo pues era reflejo de la falta de expectativas ante la evolución política de sectores que, inicialmente, no eran contrarios al Gobierno. Así cuando Jesús de Polanco, impulsor del proyecto editorial, pidió un crédito al oficial Banco de Crédito Industrial había afirmado a su presidente, Ortí Bordás, que «apoyaría desde el principio y de forma intensa los planes democratizadores de Fraga y los reformistas». Véase J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, p. 199.

[81] Sobre los debates en el Consejo Nacional del Movimiento véase C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo, pp. 237-249.

[82] AGA, Presidencia, CNM, Sugerencias de los Consejeros Nacionales del Movimiento, c. 10033. Ciertamente el concepto «democracia», convertido en habitual en el lenguaje político franquista, podía tener tantas significaciones que acabó por no tener ninguna concreta.

[83] Ley 17/1976 de 29 de mayo.

[84] Discurso de Adolfo Suárez en las Cortes el 9 de junio de 1976, reproducido en Á. J. Sánchez, La transición española en sus documentos, pp. 247-261. Sobre la elaboración del mismo a varias manos E. Navarro, La sombra de Suárez, Plaza & Janés, Barcelona, 2014, pp. 104-105. Según Fernando Onega, Suárez le encargo la elaboración de aquel discurso. F. Onega, Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez, Plaza & Janés, Barcelona, 2013, pp. 47-48.

[85] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, pp. 84-85.

III. ¿DE LA LEY A LA LEY?

Partimos de la base de que el Gobierno actual no desea ni el inmovilismo franquista –aunque sea enmascarado en fórmulas seudodemocráticas– ni la inmediata apertura de un periodo plenamente constituyente. […] en definitiva parece que el Gobierno desea agotar las posibilidades de una tercera vía utilizando la reforma. […] Pues bien, en el momento actual la única forma de que pueda utilizarse en el tránsito una vía media, es la de desvirtuar el significado doctrinal e históricamente genuino del concepto de reforma.

Carlos Ollero, Informe (requerido por el Gobierno), agosto de 1976.

Es evidente la inmensa ventaja que supuso hacer el cambio respetando la legalidad, aunque solo lo fuera «formalmente».

José Manuel Otero Novas, Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones.

UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO DIRIGIBLE[1]

El 1 de julio de 1976 Juan Carlos forzó la dimisión de Carlos Arias. Era un paso imprescindible para acabar con la paralización reinante y una medida sine qua non para intentar que la iniciativa política residiera en el ámbito gubernamental. Por eso provocó una general sorpresa que el elegido para tal cometido fuera el secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez.

Torcuato Fernández-Miranda desempeñó un papel decisivo en el nombramiento de Adolfo Suárez. El 3 de julio, eufórico en el marco de la circunspección que lo caracterizaba, el presidente de las Cortes afirmó que estaba en condiciones de «ofrecer al Rey lo que me ha pedido»[2]. Había necesitado cuarenta y ocho horas de debate inacabable, en la que los consejeros del Reino asistieron sin capacidad de reacción a sus maniobras y tejemanejes para que el nombre de Adolfo Suárez estuviera en la terna que se debía presentar al rey para nombrar al jefe del Gobierno; en la lista estuvo acompañado de los nombres de Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo. Que Suárez[3] fuera la elección respondía a la voluntad de Fernández-Miranda –quien logró convencer al rey Juan Carlos– de tener en la Presidencia alguien que se dejara guiar fácilmente.

El argumento fundamental que Fernández-Miranda esgrimió para convencer al monarca de que nombrase a Suárez fue que así sería su Gobierno en el sentido literal del término. En abril de 1976, cuando ya era evidente la zozobra del gobierno Arias, el presidente de las Cortes había escrito una nota en la que se relacionaban los posibles sustitutos de aquel, que eran «por este orden: Areilza, Fraga, Letona, Pérez Bricio, Federico Silva, López Bravo, Adolfo Suárez». Este último era la apuesta de Fernández-Miranda, quien insistía en que un presidente disponible era «mejor que un presidente cerrado desde su posición inicial», pero Juan Carlos consideraba entonces a Suárez todavía «muy verde». En junio de 1976, tras numerosas reuniones, el rey convino en que quien más se aproximaba al «retrato robot» de lo que necesitaba como presidente del Gobierno era Adolfo Suárez[4].

Efectivamente, aunque solo por poco tiempo, Suárez estaría dispuesto a seguir los pasos que inicialmente le vendrían marcados imprimiéndoles su impronta de buen comunicador[5]. El nuevo presidente atendió la voluntad de Juan Carlos de esforzarse para incorporar a Manuel Fraga y José María de Areilza, pero la negativa de estos, como la de Garrigues, al cabo resultó beneficiosa para que Suárez pudiera actuar con mayor libertad. Por otro lado, la desaparición de los pesos pesados del anterior gabinete facilitó la renovación gubernamental, que fue ostensible tanto por el número –diez de los veinte ministros– como por el relevo generacional que plasmaba –la edad media no alcanzaba los cuarenta y cinco años–. Al margen de los ministros militares, procedentes del gabinete de Arias, entre los ministros que continuaban en el Gobierno destacaban Leopoldo Calvo Sotelo, Rodolfo Martín Villa y Alfonso Osorio. Suárez dejó en manos de este último la confección del gabinete pues no tenía caladero propio si no era el del Movimiento y consideró que su pasado falangista y su trayectoria reciente desaconsejaban que le acompañaran muchos de la misma procedencia, lo que puede ser considerado una buena muestra de la conciencia de la necesidad de distanciarse del Régimen del 18 de Julio si aspiraba a obtener un margen de confianza. Alfonso Osorio transcribió esa voluntad de separarse del pasado señalando que, cuando empezaron a examinar nombres para la formación del Gobierno, Suárez le dijo: «Estos son mis amigos políticos –y me enseñó una lista de jóvenes neofalangistas como Noel Zapico, Enrique Sánchez de León, José Miguel Ortí Bordás, Jesús Sánchez Rof, Eduardo Navarro–, pero ninguno, salvo Fernando Abril va a ser ministro. No tienen, desgraciadamente, imagen para este momento»[6]. Osorio, que se convirtió en vicepresidente segundo, aprovechó a fondo la oportunidad para que miembros de la ACNP, como Landelino Lavilla y Marcelino Oreja, se situaran en la primera línea política. El gabinete se constituyó el 8 de julio y supuso una nueva sorpresa por su aparente inconsistencia: fue calificado de gobierno de penenes, en referencia a la figura de profesor no numerario universitario en situación precaria. Efectivamente, Adolfo Suárez no tendría a disposición figuras notables; contaría con gente nueva y joven, no consagrada aunque capaz y decidida[7]. La compenetración inicial entre Suárez y Osorio, y el perfil de buena parte de los nuevos ministros hizo que el nuevo Gobierno actuara con una coherencia y una eficacia remarcable.

Inicialmente una aportación fundamental de Suárez fue su capacidad de comunicación, algo esencial para el nuevo Gobierno que necesitaba perentoriamente generar expectativas. El que había sido director de TVE entre 1969 y 1973, todavía sin haber presentado su gabinete, utilizó las cámaras como medio para dirigirse directamente a la población desde su propia casa y transmitir así una imagen distendida, muy lejana de la que transmitían habitualmente los políticos franquistas. De su discurso, más que el contenido, lo importante era la forma cercana con que el presidente afirmaba tener las mismas preocupaciones que la mayor parte de la población: «No pretendo anunciar un programa. Esta es una tarea que corresponde al Gobierno. Solo decir que las preocupaciones de la nación son mis preocupaciones. Si a los españoles les preocupa encontrar un trabajo adecuado o que aumente el paro, a mí también. […] Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una fórmula ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados»[8].

El 16 de julio, el Gobierno hizo pública una declaración programática en la que expresaba «su convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real». Al mismo tiempo se comprometió a hacer las reformas necesarias para celebrar unas elecciones generales antes del 30 de junio de 1977, con un referéndum previo sobre la «reforma constitucional»[9].

El nuevo Gobierno pretendía, por tanto, transmitir una imagen de ruptura nítida con la etapa Arias. Con ese objetivo también fue utilizando expresiones relacionadas con algunos de los puntos emblemáticos que articulaban las reivindicaciones de la oposición. Es el caso de la amnistía, que había sido uno de los elementos movilizadores de la oposición que mayores apoyos había logrado y que se expresó de nuevo en grandes manifestaciones en las principales ciudades españolas en la primera semana de julio, la principal en Bilbao donde más de 100.000 personas reivindicaron la libertad para los presos. La promesa de una amnistía se convirtió en el punto de la declaración programática del nuevo Gobierno más destacado por la prensa[10]. Antes del Consejo de Ministros del 30 de julio, el Gobierno ya disponía de una encuesta elaborada por el IOP que señalaba que el 67 por 100 de la población era favorable a la amnistía. En aquel Consejo se aprobó el Decreto-Ley 10/1976 sobre amnistía que se aplicaba a delitos de motivación política excepto a los que hubieran «puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas».

Pero la medida en realidad era un indulto al que se llamaba amnistía[11]. Los opositores se veían beneficiados al ser excarcelados pero, como activistas, su situación no cambiaba y podían ser detenidos nuevamente por las mismas actividades políticas democráticas –asociación, reunión, manifestación–, ya que estas continuaban siendo ilegales y, por lo tanto, les podían llevar nuevamente a la cárcel. Además, en aquel mes de julio las Cortes aprobaron la reforma del Código Penal que pretendía asegurar la prohibición del PCE y cualquier otro grupo que pudiera ser considerado «totalitario». No dejaba de ser paradójico que quienes seguían ostentando cargos en el partido único juzgaran el supuesto «totalitarismo» de otros[12]. Así, proclamas y acciones políticas no iban de la mano, pero el cambio de lenguaje era evidente y las promesas eran amplísimas –democracia, pluralismo–, por lo que el Gobierno conseguía con medidas como el Decreto-Ley de amnistía algo fundamental: mostrar que las promesas del Gobierno no eran solo palabras.

Pocas semanas después de su nombramiento, Adolfo Suárez requirió a distintas personalidades del ámbito jurídico-político la elaboración de informes para definir el enfoque legal de la reforma. Entre los recibidos estaba el informe solicitado a Carlos Ollero, catedrático de Derecho Político, que por su contenido puede ser considerado determinante de la actuación del Gobierno. El jurista partía de considerar que se le requería «para ofrecer una posible actuación política que se encamine a efectuar el tránsito desde la situación actual a una plenamente democrática». A la muerte de Franco, continuaba, existían tres opciones: «continuismo, reforma y ruptura constituyente», pero el gobierno Arias-Fraga había provocado el descrédito de la vía reformista porque había tardado mucho en formularla y no cuidó de negociarla «ni con las propias fuerzas del Régimen» y menos con la oposición. Para Ollero «lo peor fue el talante autoritario y el aire triunfalista con que se condujo la operación, utilizando técnicas propagandísticas que recordaban demasiado a los dos referéndums anteriores» (de 1947 y 1966).

El análisis de Ollero partía del presupuesto de que «el Gobierno actual no desea ni el inmovilismo franquista –aunque sea enmascarado en fórmulas seudodemocráticas– ni la inmediata apertura de un periodo plenamente constituyente», sino que, «en definitiva parece que el Gobierno desea agotar las posibilidades de una tercera vía utilizando la reforma». Tiene interés resaltar que el documento venía a señalar que el concepto reforma en realidad no era adecuado por cuanto una reforma equivalía siempre a la salvación de la esencia del punto de partida. Por lo tanto, sería necesario desvirtuar el significado doctrinal del término para producir la transformación del sistema político, para lo cual sería imprescindible la negociación con la oposición: «la proximidad entre “cambio para la reforma” y la “ruptura pactada” que preconiza la oposición democrática, hace que las diferencias sean suficientemente lábiles como para que pueda ser aceptado el procedimiento a manera de base de una fructífera negociación»[13].

Adolfo Suárez entregó el conjunto de documentos recopilados a Fernández-Miranda quien, después de dos días de trabajo, el 23 de agosto devolvió al presidente un breve texto, que recogía distintas ideas de diversos autores, lo que le llevó a afirmar una frase labrada como tantas de las suyas: «aquí te entrego este proyecto, que no tiene padre»[14]. Su aportación podría ser calificada de procedimental, no de contenido, pues desde aquel momento se introdujeron cambios sustantivos bajo el control político de Adolfo Suárez y, en sintonía con este, jurídico-técnico de Landelino Lavilla[15].

El Consejo de Ministros celebrado el día 10 de septiembre aprobó el proyecto de ley sobre la reforma y acordó retirar del Consejo Nacional del Movimiento los proyectos presentados por el anterior gobierno. En el paso por la comisión gubernamental creada para el perfeccionamiento del texto, este experimentó variaciones de valor simbólico sustantivo, como pasar de ser un proyecto «de reforma» a un proyecto «para la reforma»[16]. Otras modificaciones eran realmente significativas como la que afectaba al Senado. En el documento entregado por Fernández-Miranda las reminiscencias orgánicas del Senado eran notables, de manera que teniendo en cuenta además la designación de senadores por el rey, tan solo 102 de los 250 senadores que conformarían la Cámara serían elegidos por sufragio universal; así en el artículo 2.o II se señalaba que de los 250 senadores 148 tendrían las siguientes procedencias: 40 de las Universidades y Corporaciones culturales, según se determinara por ley; 50 por las Corporaciones profesionales; 40 serían designados por el rey; 18 designados por el Gobierno para cada mandato entre los españoles que hubiesen sido presidentes o vicepresidentes del Gobierno, o prestado señalados servicios al Estado. Finalmente, en el proyecto presentado en las Cortes la única restricción al sufragio iría de la mano de los designados por el rey, cuya cifra no podría ser superior a la quinta parte de los elegidos[17].

Del texto definitivo de la ley, y como concesión a los sectores más reacios a su aprobación, desapareció el preámbulo que afirmaba que «la democracia exige como primer supuesto el imperio y supremacía de la Ley, única garantía para alcanzarla, y la Ley como expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo requiere que la representación en las Cortes esté basada en el sufragio universal a través de un sistema electoral imparcial y eficaz». Por lo tanto debía hacerse posible «que la mayoría popular se constituya en la instancia decisoria de la misma reforma, porque solo así, cuando el pueblo haya otorgado libremente su mandato a sus representantes, podrá acometerse democráticamente y con posibilidades de estabilidad y futuro la solución de los importantes temas nacionales», tales como «la institucionalización de las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de los pueblos que constituyen la unidad del Reino de España», el sistema de relaciones «entre el Gobierno y las Cámaras Legislativas», o «la más profunda y definitiva reforma sindical»[18]. No es extraño pues que el personal político de la dictadura se sintiera incómodo ya que se admitía abiertamente la falta de legitimidad de las instituciones franquistas para acometer reforma alguna, por lo que no había otra solución que apelar al pueblo para que, a partir de la formación de un Parlamento democrático, pudiera decidirse el futuro del país. Toda la retórica sobre la democracia orgánica desaparecía de un plumazo y parecía que los conceptos políticos utilizados empezaban a serlo según su significación universal y no según un peculiar y diferente diccionario político español.

El cambio desde el primer semestre era notable. Si el proyecto auspiciado por Fraga había pretendido realizar una reforma que definiera un marco político en el que se mezclaban las continuidades del ordenamiento franquista con los elementos nuevos de matriz liberal, todo bajo el estricto control del ejecutivo, el camino ahora tomado consistía en elaborar una ley no de reforma política sino para la reforma política; por tanto no se trataba de efectuar modificaciones con voluntad de permanencia en el ordenamiento político, sino de aprobar una norma, casi transitoria, que posibilitara la continuación de las reformas por parte de unas cámaras legitimadas democráticamente. Cambiaba igualmente el lenguaje y los conceptos básicos: se apelaba a la soberanía del pueblo que escogería un Parlamento representativo; desaparecía la retórica sobre una sui generis democracia española y el peculiar diccionario político franquista.

LA RESITUACIÓN OPOSITORA

En poco tiempo, la oposición pudo comprobar que el nombramiento de Suárez comportaba un cambio de escenario. No tan solo parecía haber encontrado el procedimiento para superar los obstáculos procedentes del inmovilismo franquista sino que, también, el nuevo presidente se estaba mostrando como un eficaz comunicador capaz de establecer una relación directa con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Así en octubre, Suárez utilizó nuevamente la televisión para dirigirse directamente a la población, teóricamente con motivo del paso del proyecto de Ley para la Reforma Política por la Cortes, aunque en su intervención apenas hizo referencia a ella; lo fundamental era mantener la iniciativa política con lo cual también presionaba tanto a los procuradores como a la oposición.

Poco después de ser nombrado, el presidente del Gobierno se entrevistó con representantes de la oposición democrática más moderada, como José M.a Gil Robles, Joaquín Ruiz Giménez o Fernando Álvarez de Miranda –claros exponentes de aquellos sectores que, aun propugnando un proceso constituyente, podían aceptar el proyecto gubernamental si daba garantías de avanzar hacia un régimen democrático–. A continuación, en agosto, se reunió con otros dirigentes de la oposición como Felipe González, Raúl Morodo o Jordi Pujol[19]. El dirigente del PSOE, refiriéndose al encuentro, afirmó que «el proyecto Suárez era el de negociar la reforma, no la ruptura», aunque señalaba que «por lo menos se admite que esa reforma debe ser negociada»[20]. Pero, contrariamente, los hechos demostraron que el presidente del Gobierno no tenía intención de negociar con la oposición de forma inmediata, lo cual no significaba que tanto él como parte de sus ministros no estuvieran pendientes de forma permanente de escudriñar cuál era el margen de maniobra de que disponían teniendo en cuenta qué posiciones sostenía la oposición.

No era un margen pequeño porque si bien la actuación del Gobierno Arias-Fraga había unificado a la oposición, el nuevo estilo de Suárez era capaz de atraer a los sectores que, si habían tenido alguna actividad política, esta se había situado en los aledaños de la legalidad. Los sectores que habían forzado con la movilización la crisis gubernamental debían perseverar para evitar que los sectores más moderados que se habían incorporado a la CD acabaran aproximándose al Gobierno[21]. En ese sentido se puede afirmar que la diversidad de grupos que componían la plataforma unitaria de la oposición impedía que los sectores más rupturistas pudieran hacer planteamientos maximalistas pero, a la vez, la observación de los acontecimientos muestra que el Gobierno no consiguió romper la unidad de la oposición, por lo que, al final, tendría que negociar con sus representantes. A inicios de agosto, en paralelo a las conversaciones de Suárez con algunos de los principales dirigentes de la oposición, esta se reunió en la que se conoció como segunda «cena de Aravaca»; en declaraciones a la prensa algunos de sus representantes insistieron en que las conversaciones no modificaban la propuesta de ruptura pactada que aglutinaba a la oposición y que en la reunión «se estudiaron los presupuestos previos sobre los que articular un Gobierno provisional capaz de dirigir el proceso constituyente»[22].

Unas semanas después, cuando el Gobierno dio a conocer el Proyecto de Ley para la Reforma Política, la CD hizo pública una declaración en la que reconocía que el Gobierno llegaba al límite de lo que era posible en las instituciones franquistas pero que, congruentemente, ello no era suficiente desde una perspectiva democrática. Para superar la crisis política, la oposición propugnaba un programa que se sintetizaba en:

Gobierno de amplio consenso democrático, reconocimiento de los derechos políticos de nacionalidades y regiones, libertades políticas y sindicales sin exclusiones, amnistía total, aplicación de un programa económico concertado contra la inflación y el paro, y, apertura de un proceso constituyente que, tras un plazo razonable de ejercicio de todas las libertades públicas, y mediante consulta popular y convocatoria de una Asamblea Constituyente, resuelva la forma de Estado, y la forma de Gobierno[23].

En dicho programa se puede observar que el reconocimiento del autogobierno de las nacionalidades y regiones aparecía en un espacio central de las reivindicaciones democráticas. Era el resultado de la trayectoria de las principales formaciones políticas de la oposición española a lo largo del franquismo, cuando muchas de ellas habían incorporado a sus programas el reconocimiento del derecho a la autonomía de las distintas «nacionalidades y regiones». Atendiendo a la evolución posterior de los acontecimientos debe ponerse el énfasis en esta cuestión. El nacionalismo españolista radical y excluyente propio del franquismo había influido en la afirmación de las reivindicaciones nacionales en distintos territorios, particularmente en Cataluña y el País Vasco. Desde la Segunda República democracia y autogobierno de las nacionalidades históricas eran términos asociados. Esta realidad era reconocida incluso entre algunos dirigentes franquistas. Así, a decir de Rodolfo Martín Villa –apoyando su afirmación en Torcuato Fernández-Miranda–, tras la muerte de Franco los gobernantes se encontraron con los mismos grandes retos que se plantearon ante la instauración de la Segunda República: lo que denominaban de forma explícita la «unidad nacional», el problema militar, la cuestión de la Iglesia y «la lucha de clases», siendo la estructura territorial del Estado la cuestión más problemática desde su perspectiva[24]. Esta era también una preocupación para la monarquía, por lo que el primer viaje oficial de los reyes en febrero tuvo como destino Cataluña. Para Juan Carlos de Borbón era imprescindible transmitir la idea que la monarquía no debía ser asimilada al centralismo franquista.

Por su lado, en el seno de las organizaciones de izquierda de ámbito estatal, la sensibilidad hacia la necesidad de reconocer las distintas identidades políticas y culturales existentes en España no fue resultado principalmente del tacticismo o de la búsqueda de apoyos en la lucha contra la dictadura. Se podría decir que la reivindicación de la autonomía se había convertido en punto fundamental de las reivindicaciones democráticas porque, en particular la «cuestión catalana» era sinónimo de la capacidad del Estado español de integrar en su seno realidades nacionales distintas. Situados en la segunda mitad del siglo XX, un Estado que negara el reconocimiento de rasgos históricos definidos que habían llevado a la reivindicación del autogobierno no alcanzaría legitimidad democrática en distintos territorios de España.

En septiembre de 1976 era imprescindible concretar las propuestas en torno de la estructura territorial del Estado para alcanzar la unidad de acción entre la CD y las plataformas unitarias de distintos territorios, algunos con una elevada movilización a favor de la democracia. A corto plazo, en las filas de la oposición, un caso que generaba particular preocupación entre quienes apostaban por salvaguardar la acción unitaria tenía que ver con el País Valenciano. La Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià proponía formar un gobierno provisional de la Generalitat valenciana «desde el momento de la ruptura democrática», reivindicación que fue apoyada por buena parte de la oposición catalana, no así por el PSUC, partido que fue el que presentó públicamente la posición comunista. Los comunistas argumentaban que «el avance hacia la autonomía del País Valenciano pasa por la consecución de la ruptura y no la ruptura por la autonomía. La inversión de los términos puede colocar las instancias unitarias que lo hagan al margen de la realidad política»[25]. El tema territorial era uno de los más sensibles en el seno de la CD y el PCE consideraba que reproducir miméticamente la reivindicación de gobiernos provisionales más allá de Cataluña, el País Vasco o Galicia introducía una cuestión que difícilmente sería aceptada por el conjunto de la oposición española y, por lo tanto, dificultaba la unidad e incluso podía debilitar la reivindicación de las tres nacionalidades.

La cuestión, que había provocado tensiones importantes en el seno de la oposición catalana, pudo ser reconducida y el 4 de septiembre se había celebrado en Madrid una reunión de las instancias unitarias de toda España con el objetivo de crear un único organismo representante del conjunto de la oposición. Además de la CD asistieron los organismos unitarios de Cataluña, Euskadi, Galicia, Valencia, Canarias y Baleares. Del peso de la cuestión territorial en la oposición es ilustrativo que la reunión se planteara como autoconvocada por cada uno de los asistentes y que fuera presidida por una mesa integrada por un miembro de cada una de las instancias unitarias presentes[26]. Joaquín Ruiz-Giménez, cuyo papel era cuidado en el marco de la oposición para dificultar las maniobras pro gubernamentales a su alrededor, analizó el momento político, que calificó de grave y difícil pues

se yuxtaponen en este instante de la transformación de España el tránsito de un Estado autocrático a un Estado genuinamente democrático; de un Estado centralista, a otro que recoja las legítimas aspiraciones a la autonomía de los pueblos del Estado español; y el tránsito de una sociedad con graves injusticias sociales, a otra donde predominen los criterios de igualdad y equidad[27].

Es interesante la cita pues muestra los ejes de la acción opositora. Sin embargo, detrás de la unidad mostrada por la oposición en sus declaraciones, se producían tensiones importantes puesto que existían divergencias tácticas y, además, una creciente competencia entre los diversos grupos para afirmar sus espacios políticos. Apareció también el cuestionamiento del papel de determinadas personas, en especial el de Antonio García Trevijano, un personaje destacado de la preexistente JDE. El PSOE amagó con dejar la CD si Trevijano se convertía en su representante en la reunión con las plataformas unitarias de las nacionalidades del 25 de septiembre. El contratiempo fue superado y en el encuentro se aprobó la constitución de la Plataforma de Organismos Democráticos, algo que se consiguió el 23 de octubre. No exageraba Suárez cuando admitió ante Ramón Trias Fargas que aunque reconocía el papel de la oposición, esta le daba muchas facilidades con sus errores[28].

Un punto de inflexión en el pulso político entre el Gobierno y la oposición se produjo el 12 de noviembre. Manteniendo la estrategia de movilización por objetivos laborales y políticos, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales –COS, el equivalente a la CD en el ámbito sindical– convocó una huelga general que tenía objetivos laborales y políticos. El Gobierno, sensible a la presión patronal, había aprobado un conjunto de medidas entre las que destacaba la suspensión del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales, aprobada en la primavera, y que permitía que en caso de despido improcedente fuese el trabajador quien optara entre la indemnización y la recuperación del puesto de trabajo. Pero, al margen de destacadas reivindicaciones laborales, la huelga intentaba mejorar la correlación de fuerzas a favor de la oposición y, por ello mismo, el Gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano para hacerla fracasar. El ministro de Gobernación creó una comisión ad hoc, presidida por José Miguel Ortí Bordás, que durante quince días y reunida a diario coordinó a directores generales y subsecretarios de distintos departamentos[29]. Para Rodolfo Martín Villa, el éxito de la huelga podía poner en peligro la posición y estrategia gubernamental a pocos días vista de la aprobación en las Cortes de la Ley para la Reforma, por lo que se actuó en consecuencia[30]. Si bien en la huelga participaron más de un millón de trabajadores, la mayor movilización hasta el momento, el Gobierno consiguió que no se paralizaran los servicios públicos y, tal como se había preparado, la televisión desplegó una actuación sin fisuras para transmitir una imagen de debilidad de la movilización opositora que el Gobierno presentó como una huelga general revolucionaria convocada por las organizaciones clandestinas. El éxito fue rotundo desde la perspectiva gubernamental.

LA AFIRMACIÓN POLÍTICA DE ADOLFO SUÁREZ

Sorteado el que podía haberse convertido en un obstáculo notable en su estrategia, Adolfo Suárez y sus colaboradores continuaron desarrollando una actividad frenética que mantuvieron hasta el 18 de noviembre, fecha en que se aprobó el texto de la Ley para la Reforma, para lo cual las maniobras procedimentales del presidente de las Cortes también fueron notables. La expresión «de la ley a la ley» de Fernández-Miranda se convirtió en una máxima del gobierno Suárez, pero las prácticas legislativas eran muy elásticas. Efectivamente, el presidente de las Cortes promovió el llamado «procedimiento de urgencia» que evitó, por ejemplo, que el proyecto de Ley para la Reforma Política pasara por la Comisión de Leyes Fundamentales, debatiéndose directamente en el pleno. Por otro lado, y de acuerdo con el Gobierno, favoreció que este pudiera gobernar y legislar mediante sucesivos Decretos-Leyes, recurriendo a la Comisión de Competencia Legislativa que aprobó por unanimidad y sin excepción todos los Decretos-Leyes enviados para su convalidación[31], de manera que la capacidad del Gobierno para actuar al ritmo de la evolución de los acontecimientos fue amplísima.

En la presentación de la Ley para la Reforma Política, el Gobierno cuidó todos los flancos. El 8 de septiembre Adolfo Suárez se había reunido con los más importantes mandos superiores del Ejército para asegurarles que el Gobierno controlaba el proceso político y tranquilizándolos ante su temor a que el PCE pudiera ser legalizado en el futuro. Por su lado, el Consejo Nacional del Movimiento se reunió para debatir y aprobar el informe preceptivo sobre el proyecto de Ley para la Reforma Política. En el discurso de defensa del proyecto por Adolfo Suárez en el pleno del Consejo no hubo referencias al pasado, aunque afirmó que el proyecto gubernamental se planteaba «desde la legitimidad del Estado, y dentro del mayor respeto a la legalidad fundamental vigente»; también sostuvo que arrancaba de la «constatación de los profundos cambios operados en la sociedad española, a lo largo de los últimos cuarenta años», por lo que era necesario «acomodar nuestras instituciones políticas a las necesidades de nuestra moderna sociedad y a los profundos deseos que laten en el ser mismo de nuestro pueblo»[32].

Contrariamente al discurso gubernamental, el informe preceptivo aprobado por el Consejo Nacional del Movimiento planteaba la lectura más continuista posible del proyecto de Ley para la Reforma, proponía una serie de modificaciones con el claro objetivo de limitar hasta donde fuera posible el alcance de los ya inevitables cambios, desde la fijación de cuestiones que debían quedar excluidas de cualquier posibilidad de reforma hasta el establecimiento del sistema electoral previsiblemente más beneficioso para la clase política franquista, pasando por un Senado con un mayor peso político[33]. Las intervenciones en la sesión plenaria del Consejo, no obstante, no fueron muchas dado el desánimo extendido entre los consejeros.

En las Cortes el proyecto fue debatido un mes más tarde sin que en él se hubieran incorporado las modificaciones propuestas por el Consejo Nacional, y lo hizo de forma relativamente rápida pues las modificaciones procedimentales introducidas por Fernández-Miranda permitieron reducir el paso por las Cortes a dos momentos: el estudio de la ponencia y el debate en el pleno. La enmienda a la totalidad presentada por Blas Piñar tiene interés por cuanto muestra que al menos una parte de la clase política franquista era consciente de que estaban a punto de aprobar una ley que podía abrir la puerta a la ruptura con el Régimen del 18 de Julio dada la dinámica sociopolítica existente en el país. En su defensa, el dirigente de Fuerza Nueva afirmó que «el proyecto de ley no perfecciona el ordenamiento constitucional vigente sino que se halla en contradicción con los principios doctrinales básicos». El sufragio universal, añadió, «como cauce de representación y la democracia inorgánica no tiene en absoluto nada que ver con el ordenamiento constitucional que descansa en la Ley de Principios del Movimiento»; por ello el proyecto de ley que se sometía a votación no significaba una reforma: «no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad». Además, no era exactamente una ruptura desde la legalidad, sino de la propia legalidad. Y en este caso, «lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal. La liquidación de la obra de Franco». Otro procurador radicalmente opuesto al cambio, José María Fernández de la Vega, dijo: «¿Qué tormenta ideológica, qué revolución solapada o qué golpe de Estado se ha producido para que, un año después de que las instituciones políticas españolas entronizaran la continuidad, estemos asistiendo ahora a sus funerales con el corpore insepulto del Régimen entre los cirios de este proyecto de ley?»[34].

El Gobierno, sin embargo, no estaba preocupado por intervenciones como las de Blas Piñar, no porque buena parte de los miembros de las Cortes no pensaran como él, sino porque durante dos meses había minado la capacidad de resistencia de los procuradores contrarios al proyecto de ley. Suárez y sus colaboradores conocían de primera mano la falta de articulación y de líderes que caracterizaba los sectores más inmovilistas; al mismo tiempo les argumentaron la inevitabilidad de los cambios y lo contraproducente de su oposición, que podía comportar abrir el paso a la ruptura; igualmente les garantizaron su posición personal –muchos de ellos ocupaban cargos en las administraciones y empresas públicas– y el control del proceso por los dirigentes del régimen si la ley era aprobada[35].

La aprobación del proyecto de ley se produjo sin cambios significativos respecto al texto gubernamental, con lo que visibilizó ante la opinión pública una voluntad gubernamental de cambio. Ello aceleró los movimientos en el interior de la clase política franquista, siendo el más destacado la formación de Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga, una coalición que aunque se autocalificaba de reformista rechazaba el reformismo gubernamental que, según sus argumentos, estaba cediendo excesivamente a las exigencias de la oposición en un escenario que AP teñía con tintes catastrofistas. Así, en el manifiesto de AP se criticaba al Gobierno per las «excesivas concesiones a actividades revanchistas, erosionantes de la paz y el orden, y disgregadoras de la integridad nacional», y se denunciaba la «crisis de autoridad a todos los niveles», el «deterioro del orden público», la «innecesaria aceptación de ideas rupturistas» y el «predominio de actitudes permisivas y en exceso preocupadas por opiniones internas o externas más aparentes que reales»[36]. La radicalidad de AP favorecía la posición gubernamental al permitirle aparecer en el centro del espacio político, pero debía tenerla presente; este grupo consiguió que se explicitara en la ley la limitación de la proporcionalidad en la elección de diputados, factor que consideraban imprescindible para conseguir buenos resultados electorales.

La votación, que fue nominal, reflejó la incapacidad de los sectores continuistas para oponerse a la reforma. Los votos a favor fueron 425, los contrarios 59 –significativamente entre ellos la mayor parte de los procuradores que eran militares– y hubo 13 abstenciones. Ciertamente, el resultado de la votación de la Ley para la Reforma Política reflejaba no la voluntad de los procuradores franquistas de transitar hacia un régimen democrático, sino la incapacidad de esa clase política –gris, acomodaticia y de edad media avanzada– para oponerse a las reivindicaciones democráticas de sectores sociales amplios, reivindicaciones que sí estaban condicionando –al margen de que pudiera existir coincidencia con la actitud personal– la opción democrática de buena parte de las clases dirigentes, entre la que se contaba una parte de la cúpula del Estado y en especial el rey Juan Carlos de Borbón. Por otro lado, al margen de negociaciones particulares, la capacidad de control gubernamental sobre los procuradores era, como se ha dicho anteriormente, altísima dado que muchos de ellos ocupaban altos cargos en la banca oficial y en las empresas públicas entre las que destacaban las vinculadas al Instituto Nacional de Industria, o grandes empresas como la Telefónica; igual que habían sido nombrados por el Gobierno, podían ser destituidos.

El texto aprobado era muy breve: cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Había desaparecido el preámbulo como concesión a los sectores más reacios a su aprobación pues la apelación al sufragio universal como instrumento para conocer la voluntad del pueblo comportaba admitir abiertamente la falta de legitimidad de las instituciones franquistas. Justamente, el objetivo de la Ley era establecer una legitimidad democrática a través del reconocimiento del principio de la soberanía popular y de la constitución de unas Cortes que podrían modificar las Leyes Fundamentales franquistas. Se establecía que las Cortes serían bicamerales: el Congreso de Diputados y el Senado serían elegidos por sufragio universal, el Senado sería al mismo tiempo representación de las entidades territoriales, y un máximo del 20 por 100 de los senadores podrían ser designados por el rey. La ley otorgaba la capacidad de iniciativa para la reforma de las leyes fundamentales al Gobierno y al Congreso de los Diputados, y determinaba que el rey debería someter a referéndum las iniciativas de reforma aprobadas por las Cortes. En las disposiciones transitorias se establecía que la regulación de las primeras elecciones generales correspondería al Gobierno, y que el Congreso constaría de 350 diputados elegidos por circunscripciones provinciales. Dado que la ley modificaba la Ley de Cortes –Ley Fundamental– forzosamente debía tener ese mismo rango de Ley Fundamental. Quedaba abierta la puerta a la celebración de unas elecciones, pero la Ley para la Reforma Política dejaba sin resolver cuestiones esenciales para la celebración de unas elecciones realmente libres.

El discurso oficial reiteró entonces y se repitió después que el cambio se producía dentro del marco legal vigente. Pero ¿de qué ley a qué ley?, ¿no se estaba incurriendo en un fraude de la ley franquista? Indudablemente, como afirmaba Blas Piñar, el proyecto del Gobierno de Suárez comportaba una ruptura con el régimen franquista, aunque quien posibilitaba que ese proceso se realizara sin romper aparentemente con la legalidad fueran los propios procuradores que habían jurado los Principios del Movimiento Nacional que eran «permanentes e inalterables». Había sido la experiencia de callejón sin salida en el que se había situado el primer Gobierno de la monarquía lo que había llevado a abrir un proceso de cambio controlado desde las instituciones del Estado. Sin embargo, a pesar del relato que los sectores gubernamentales hicieron de los acontecimientos, es indudable que estos tuvieron que ir adaptándose a las exigencias de las circunstancias, imprevisibles seis meses antes. En cualquier caso, para los sectores conservadores fue «evidente la inmensa ventaja que supuso hacer el cambio respetando la legalidad, aunque solo lo fuera “formalmente”»[37].

Pasado el trámite de las Cortes, la principal preocupación del Gobierno era la organización del referéndum, que debía celebrarse el 15 de diciembre. La movilización de recursos a favor del «Sí» fue total, y en el diseño estratégico que se hizo en el Ministerio de la Gobernación pesó el éxito conseguido frente a la huelga general de semanas antes, por lo que se actuó de la misma manera. Se formó una comisión específica para programar, coordinar y controlar todo lo relativo a la consulta. Hábilmente, el Gobierno permitió en televisión la campaña del «No» de la ultraderecha. Ello le resultaba de gran utilidad porque reforzaba ante buena parte de la opinión pública su carácter centrista en relación con el resto de asociaciones políticas legales, muy mayoritariamente de marcados tintes antidemocráticos. El principal objetivo gubernamental era asegurar la participación ya que la oposición había decidido propugnar la abstención. Para ello la campaña debía convencer a la población de que la consulta era crucial. Nuevamente la utilización intensiva de los medios de comunicación, tanto de la televisión, en el que el spot «Habla pueblo habla» consiguió penetrar en el imaginario popular, como las cuñas radiofónicas consiguieron crear el clima imprescindible para estimular la participación. Pero también fueron importantes los recursos de la Secretaría General del Movimiento, articulados por los gobernadores civiles que comprometieron a muchos cuadros provinciales.

La campaña televisiva a favor del «Sí» fue abrumadora y aun así, a pesar de la prohibición de actos públicos a favor de la abstención y de la intervención policial cuando estos se producían, en las provincias con mayores índices de conflictividad social la abstención, según las cifras oficiales, fue suficientemente significativa. El porcentaje más bajo de participación se produjo en el País Vasco –53,9 por 100–, seguido a bastante distancia por Galicia 69,8 por 100; en Cataluña la participación se situó en el 74,1 por 100. Globalmente, la participación fue superior al 77 por 100 y el 94,2 por 100 de los votantes optaron por el «Sí», un 2,6 por 100 por el «No» y el 3 por 100 fueron papeletas en blanco. En cuanto la proporción de votos afirmativos fue relativamente equilibrada, superando el 90 por 100 en todos los territorios. Los resultados del referéndum reforzaron la posición de Suárez tanto en el seno de las instituciones como ante la opinión pública pero el presidente del Gobierno entendió que debía interpretarlos no como un apoyo incondicional al Gobierno –el mismo Suárez los presentó como el triunfo del pueblo–, sino como un apoyo al cambio político.

LA OPOSICIÓN Y LA LEGITIMACIÓN DEL PROCESO

Después de que en noviembre las Cortes franquistas aprobaran la Ley, con el consiguiente respiro y ambiente eufórico en las filas gubernamentales, la oposición observaba con preocupación cómo el Gobierno iba avanzando en su estrategia; había conseguido desactivar la resistencia interna a los cambios propuestos y, a la vez, la oposición no era capaz de plantearle situaciones irresolubles al existir diferencias, puestas de manifiesto ante el referéndum, en el que la campaña abstencionista fue exclusivamente de la izquierda y, fundamentalmente, de los comunistas. Con todo, y pese a los cantos de sirena gubernamentales, se había preservado la unidad de la oposición.

Pero la realidad era que la oposición estaba dividida en dos campos, uno que podía aceptar ir a las elecciones sin las garantías suficientes –encabezado por la democracia cristiana– y otro que apostaba, con mayor o menor intensidad por la ruptura pactada y del cual tampoco quería distanciarse el primero, necesitado de un acuerdo con el PSOE y el PCE. Para estos, el gran reto era tirar de los sectores más moderados –también de los autodenominados socialdemócratas y liberales– para, con ellos, arrastrar al Gobierno hacia posiciones rupturistas[38].

En una reunión del Comité Ejecutivo del PCE, Carrillo planteó dar un golpe de timón en la táctica política del partido al constatar que Suárez estaba consolidando su posición, aunque fuera a base de hacer suyas las reivindicaciones de la oposición y siempre que conservara el control del aparato gubernamental; al mismo tiempo, pensaba que distintas fuerzas estaban ya haciendo cálculos de cara a las elecciones anunciadas para los meses siguientes, apuntalando en la práctica la estrategia gubernamental. En definitiva, consideraba que el escenario político había cambiado y que no había otra alternativa que negociar con el Gobierno para poder alcanzar la ruptura a través de las elecciones previstas[39]. En síntesis, Carrillo valoraba que la correlación de fuerzas existente hacía imposible la ruptura tal como se había ideado y, desde aquel momento era necesario aceptar que Juan Carlos I y Adolfo Suárez habían conseguido realizar con éxito la primera parte de su plan: situarse en la cresta de la ola democratizadora y aparecer como los actores protagonistas.

Al mismo tiempo, la oposición daba por supuesto que el Gobierno obtendría buenos resultados en el referéndum de diciembre, por lo que la estrategia debía estar orientada al día después. En ese sentido, la denuncia del marco en que el referéndum se celebraba –sin libertades, con el control gubernamental de los medios públicos de comunicación– servía para poner en evidencia, tanto a nivel interior como internacional, los límites de la política gubernamental. En definitiva, la batalla a partir de aquel momento se situaba en torno a las libertades para forzar que estas fueran lo más amplias posibles.

La estrategia socialista y comunista de estirar del conjunto de la oposición obtuvo un éxito importante el 27 de noviembre, cuando la Plataforma de Organismos Democráticos –un mes después de su constitución– aprobó el programa político que los partidos democráticos habían consensuado como base para la negociación con el Gobierno. Se sintetizaba en siete puntos, que en los meses siguientes se conocieron como las «siete condiciones» de la oposición:

1) Reconocimiento de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales.

2) Reconocimiento, protección y garantía de las libertades políticas y sindicales.

3) Urgente disolución del aparato político del Movimiento Nacional y efectiva neutralidad política de la Administración pública.

4) La verdadera amnistía política que el país necesita.

5) Utilización equitativa de los medios de comunicación de masas propiedad del Estado y, por tanto, de la comunidad, hoy monopolizados por el Gobierno.

6) Negociación de las normas de procedimiento a las que se deben ajustar ambas consultas [referéndum y elecciones a Cortes]. Control democrático de la neutralidad y libertad de estas a todos los niveles.

7) Reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente los países y las regiones que integran el Estado español y que los órganos de control de los procesos electorales se refieran también a cada uno de sus ámbitos territoriales[40].

Las «siete condiciones» reflejaban el programa básico opositor al que tuvieron que dar apoyo las fuerzas más moderadas y que el Gobierno tuvo que aceptar en los meses siguientes. Una sola modificación importante se había producido en relación con las propuestas tradicionales de la oposición al franquismo: la desaparición definitiva del gobierno provisional o de amplio consenso, pero dicho punto solo lo propugnaba realmente el PCE, que era consciente de la correlación de fuerzas, y algunos grupos menores. El PSOE, que consideraba muy débil a la oposición, no se sentía atado por los programas que habían movilizado a lo largo de más de una década a aquellos que habían corrido graves riesgos en la lucha contra la dictadura. El núcleo dirigente socialista –cuya media de edad se situaba alrededor de los 35 años a la muerte de Franco– no había participado en los hitos de la lucha contra el franquismo de las décadas anteriores. En él estaban mejor representados que en ninguna otra organización los sectores que siendo «progresistas» apenas habían participado en el activismo antifranquista.

Diciembre también fue un mes destacado por la clarificación del espacio socialista. En marzo de 1976 se había formado la Federación de Partidos Socialistas, integrada por un conjunto de organizaciones que venían definidas por la territorialidad; a destacar Convergència Socialista de Catalunya, Convergència Socialista del País Valencià, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista Galego, Partit Socialista de les Illes Balears y un conjunto de grupos en proceso de convergencia en distintos territorios[41]. Todos ellos compartían el objetivo de reconstruir un movimiento socialista encaminado a la transformación revolucionaria de la sociedad, que propugnaba el «reconocimiento y potenciación de la realidad plurinacional del Estado español así como el hecho regional, y consiguiente articulación de una Federación de Partidos Socialistas»[42]. La Federación venía a ser un paso adelante en relación con la Conferencia Socialista Ibérica (CSI) que inicialmente en 1974 había contado con la participación del PSOE, pero de la que rápidamente este partido se apartó pues lo que pretendía era que todas las corrientes se aglutinaran bajo las siglas del PSOE, a lo cual aquellas opusieron una gran resistencia que duró hasta que el resultado de las elecciones de 1977 les hicieron ver la dificultad de competir en el nuevo escenario político[43].

Cuando a principios de diciembre el PSOE celebró su Congreso, su posición estaba ya muy consolidada, en buena medida como resultado de haber conseguido convertirse en el referente de la socialdemocracia europea y de la deferencia con la que era tratado por el Gobierno. Este, a lo largo de 1976 pero particularmente desde que Adolfo Suárez ocupó la presidencia, convirtió en uno de sus objetivos prioritarios conseguir que el PSOE aceptase ser legalizado por los procedimientos restrictivos establecidos, con lo que el proyecto gubernamental obtendría el aval que no lograba alcanzar. Así lo reconocía Rodolfo Martín Villa, para quien «estaba claro como el agua que la reforma política carecería de viabilidad en tanto la oposición no accediese a legalizarse, y la oposición era […] el PSOE, aunque no tan solo este, como es lógico»[44]. La dirección del PSOE sabía que se había convertido en una pieza clave para la credibilidad de los proyectos gubernamentales porque disponía del apoyo de la Internacional Socialista, con partidos de gran influencia en la mayoría de países europeos[45].

A las puertas de la celebración del XXVII Congreso, por lo tanto, el PSOE había conseguido convertirse en el referente básico del espacio socialista y el mismo Congreso, celebrado en Madrid aun siendo el partido ilegal[46], tendría, más allá de cumplir con las exigencias estatutarias, el objetivo de celebrar «un acontecimiento que tuviera un impacto grande en la sociedad española» además de transmitir «la idea de que el PSOE sería un actor fundamental en el momento de la llegada de la democracia» y difundir las ideas del partido[47]. Una semana antes de la celebración del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, entre los días 5 y 8 de diciembre, se celebró el Congreso de importancia notable desde la perspectiva interna pero sobre todo, y tal como se pretendía, como plataforma de presentación pública de sus líderes, particularmente de Felipe González y de los avales internacionales que lo arropaban: la presencia de buena parte de los líderes del socialismo europeo, tales como Willy Brandt, François Mitterrand, Pietro Nenni, Olof Palme o Michael Foot tuvo un impacto político extraordinario[48].

Las resoluciones del Congreso que propugnaban un «socialismo autogestionario que no admite privilegios de minorías económicas ni políticas»[49] venían a fijar la posición oficial del partido, pero para la opinión pública era más trascendente el discurso realizado a través de los medios de comunicación, cuya gestión quedó en buena medida en manos de Felipe González, quien transmitía un mensaje moderado y contemporizador. Las líneas maestras de la política socialista eran en aquel momento las mismas que Felipe González había transmitido en agosto al recién nombrado presidente del Gobierno: lo importante era el objetivo a conseguir y no tanto el procedimiento; y entre lo que el Gobierno continuaba denominando «reforma» y lo que la oposición continuaba llamando «ruptura» existían diferencias. El PSOE era partidario de la legalización de todos los partidos, pero no vincularía su futuro al del PCE[50]. Poco después de la celebración del XXVII Congreso, un editorial de El Socialista sintetizó claramente la estrategia política que se desarrollaría a lo largo de toda la transición: «El Partido Socialista actuará, en la legalidad, con una estrategia tan radical como exigen nuestros principios y tan moderada como aconsejan las circunstancias objetivas de nuestra realidad»[51].

Mientras al PSOE se le trataba como a un partido legal, al PCE se le aplicaba la persecución policial. A finales de septiembre, el ministerio de la Gobernación había dado instrucciones a los gobernadores civiles sobre los criterios que debían aplicar en relación con los partidos políticos; el ministro señaló que «para los “nuestros”» debía ser plena la aceptación personal e institucional; respecto a los demás grupos políticos, «hasta el PSOE incluido, se aplicaría tolerancia personal e institucional». En cuanto al PCE, «la intolerancia sería tanto personal como institucional». Y ante los situados a la izquierda del PCE «se ejercería rabiosa intolerancia»[52]. En consecuencia, los cuerpos policiales no dejaron de actuar contra la izquierda comunista en toda la diversidad de corrientes; en la segunda mitad de 1976 se produjeron más de 2.000 detenciones: 1.506 en el tercer trimestre y 1.263 en el último del año, además de pérdida de vidas humanas en actuaciones policiales[53].

Santiago Carrillo, como otros dirigentes comunistas en el exilio, se había trasladado a España en febrero de 1976, pero había conseguido pasar desapercibido durante varios meses. Aparentando que mantenía su residencia en Francia buscó el contacto con el Gobierno a través de José Mario Armero, con quien se reunió en Cannes a finales de agosto. El secretario general del PCE perseguía la obtención del pasaporte, que le hubiera permitido moverse libremente por el país y, sobre todo, normalizar la actividad del partido[54]. Pero la respuesta del Gobierno fue cerradamente negativa: lejos de su voluntad estaba justamente facilitar que, quien era percibido como uno de sus principales enemigos, pudiera ser legalizado. Adolfo Suárez se movía entonces en las coordenadas del imaginario franquista en el que el anticomunismo ocupaba un espacio central. De la posición de Suárez respecto al PCE es buena muestra su reacción en junio de 1976. Siendo él ministro secretario general del Movimiento, Manuel Fraga había convocado una reunión para discutir el proyecto de campaña para el referéndum previsto sobre la reforma que él impulsaba; la redacción del texto que Fraga presentaba le suscitó una duda y Suárez exclamó: «¿Significa este párrafo que se piensa permitir la participación indirecta del PC?». Ante la respuesta negativa de Fraga, el futuro presidente del Gobierno añadió «es que ese es un límite que no podemos sobrepasar»[55]. Igualmente, en los primeros meses de su gobierno, Suárez era inquirido por la legalización del PCE con alguna frecuencia; el 17 de agosto, visiblemente molesto por la duda, garantizó a Laureano López Rodó que mientras él fuera presidente, el PCE no sería legalizado[56]. En agosto, y ante la interlocución de José Mario Armero, Alfonso Osorio zanjó la posición gubernamental afirmando que mientras estuviese vigente el artículo 172 del Código Penal no se podía legalizar el PCE. Ello no impedía que en el Gobierno fueran conscientes que lo que consideraban el «problema comunista» era real. El mismo Osorio reflejó en sus notas que desde el mismo verano, Santiago Carrillo «nos empezó a forzar la mano»[57].

En otoño, el rumor de que el dirigente comunista vivía en España estaba extendido en los círculos políticos y en las redacciones de los periódicos madrileños; sin embargo, en el Ministerio de la Gobernación no tenían noticia alguna, lo cual, al parecer, tampoco les provocaba gran preocupación mientras su presencia en España no fuese pública. El 18 de noviembre, después de que El País publicara en primera página que Carrillo se hallaba en Madrid[58], el subsecretario de Gobernación, José Miguel Ortí Bordás –es decir, la segunda autoridad del ministerio tras Rodolfo Martín Villa– se vio obligado a comparecer ante los medios de comunicación para declarar que «no sabemos nada sobre la estancia de Carrillo en España»[59].

Tras el congreso del PSOE, el secretario general del PCE decidió forzar su legalización personal que, cuando se produjera, inevitablemente habría de tener consecuencias positivas para la legalización del partido. El 10 de diciembre el PCE convocó en Madrid una rueda de prensa con la presencia de Santiago Carrillo y la plana mayor dirigente, y esta obtuvo un amplio eco internacional y también en España, aunque el Gobierno no dudó en presionar directamente a los medios de comunicación para intentar minimizar la difusión de la noticia. En su intervención ante la prensa, Carrillo defendió que «la libertad es indivisible», «o existe para todos o no es libertad»; también se pronunció sobre todas las cuestiones a cerca de las que quería transmitir un mensaje nítido[60]. Aquella rueda de prensa pretendía situar al PCE –y con él al propio Santiago Carrillo– en el centro de la atención mediática, un escenario con peso creciente en la vida política. El secretario general estaba decidido a utilizar la audacia que fuera imprescindible para impedir que se fuera perfilando una vía de salida de la dictadura en la que los comunistas, y lo que ellos representaban, fueran situados en la marginalidad. Al fin y al cabo la movilización social que los comunistas habían impulsado con mayor determinación que nadie había sido decisiva para que la dictadura entrara en crisis.

El ridículo policial era evidente y fue entonces cuando la orden de captura inmediata fue taxativa. Inevitablemente, en pocos días Santiago Carrillo fue detenido, situación que intentó evitar en todo momento aun siendo consciente de que con toda probabilidad sucedería[61]. Pero el «éxito» policial se convirtió en un problema para el Gobierno: ¿qué hacer con el detenido? Inicialmente Adolfo Suárez optó por la expulsión de España, pero otros miembros del gabinete le hicieron ver que la legislación no lo admitía, por lo que antes de tomar una decisión definitiva a Carrillo se le dio a escoger entre ser deportado a París o ser encarcelado. Este escogió lógicamente lo segundo con lo que consiguió residir legalmente en España al ser puesto en libertad el 30 de diciembre.

LA «CUESTIÓN COMUNISTA»

Aquella había sido una pequeña batalla al lado de la dificultad de conseguir la legalización del partido, algo que se convirtió en un objetivo prioritario del PCE a la luz del análisis que hacía de la evolución de los acontecimientos. Tan solo un día antes de que Carrillo supiese que Suárez quería entrevistarse con él, se reunió el Comité Central del partido. En el balance del año largo transcurrido desde la muerte de Franco afirmó que «la lucha de masas consiguió que el Gobierno Arias-Fraga […] se desgastara en muy pocos meses». Después, el Gobierno Suárez impulsó la reforma como oposición a la ruptura y al continuismo representado por la derecha neofranquista, con lo que estaba llevando una lucha en dos frentes; la monarquía del Movimiento se había tenido que alejar efectivamente del franquismo, «y tenemos la posibilidad, no la probabilidad, de que el actual rey pueda jugar, en situación democrática, ese papel de bisagra que antes asignábamos a su padre. […] Porque una involución en este papel, de la que seríamos los más perjudicados, supondría para la monarquía, lo que el régimen de los coroneles supuso para la monarquía griega y para Constantino»[62].

La observación de los acontecimientos muestra que Carrillo no se equivocaba en su análisis. El PCE era consciente de su fuerza pero también de que Adolfo Suárez y su equipo habían sido capaces de sacar del callejón sin salida en el que se encontraba hacía pocos meses la política gubernamental y, con ella, potencialmente, la monarquía. En contrapartida, todos eran conscientes de que el Gobierno necesitaba de la oposición si quería culminar el cambio con unas elecciones aceptadas como legítimas. Así, a inicios de 1977, eliminados ya los obstáculos formales procedentes del inmovilismo franquista, la batalla entre lo que el Gobierno seguía denominando «reforma» y lo que la oposición continuaba llamando «ruptura» se concretaba en el pulso entre democracia recortada y democracia sin exclusiones, y ello afectaba tanto a las condiciones en que se celebrarían las elecciones como al espectro de fuerzas que podrían participar abiertamente en ellas.

Fue entonces cuando Adolfo Suárez empezó a plantearse la legalización del PCE[63] pero, como en tantos otros terrenos, cuando la cuestión se convirtió en un problema para él, actuó rápidamente. Como se explicará más adelante, los contactos oficiales entre Gobierno y oposición se iniciaron tras el referéndum de la Ley para la Reforma; en la primera reunión del 4 de enero Suárez, al tiempo que apremiaba a que la oposición le hiciera llegar propuestas en torno a la ley electoral, era rotundo en su negativa a aceptar en la delegación negociadora representantes comunistas. Sin embargo, los acontecimientos de enero supusieron un cambio definitivo.

En enero la violencia política alcanzó una cota inusitada aunque, a diferencia de lo que ocurrió en la primavera anterior, esta no procedía de las fuerzas policiales, sino de grupos que intentaban interrumpir el proceso de cambio abierto, si bien con objetivos opuestos, como se explicará en un capítulo posterior. En ese marco, la ultraderecha protagonizó la matanza de Atocha, en la que perdieron la vida cinco personas, cuatro de ellas jóvenes abogados laboralistas vinculados a las CCOO y al PCE, y fueron heridas de gravedad cuatro más. El Gobierno percibió, por primera vez, que toda su estrategia política se podía ir al traste por una espiral de violencia incontrolada. El Gobierno intentó evitar la masiva manifestación del entierro, pero finalmente se vio obligado a ceder pues la actitud del PCE fue firme y los dirigentes opositores le hicieron ver que los comunistas no estaban dispuestos a permitir que los funerales y entierro fueran clandestinos, que estaban decididos a celebrarlos sin autorización; además se había desatado una fuerte ola de solidaridad, particularmente entre la abogacía. La movilización comunista ante los asesinatos de Atocha fue impresionante, en especial durante el entierro de los abogados, con decenas de miles de personas ocupando la calle y un servicio de orden organizado por el propio partido formado por más de 2.000 militantes; al mismo tiempo, la exhibición de fuerza se vio acrecentada por el esfuerzo de contención y disciplina de que hicieron gala.

Aquellos acontecimientos influyeron en la opinión pública. Las encuestas de opinión reflejaron un cambio de actitud en algunas franjas sociales: mientras que en diciembre de 1976 los favorables y contrarios a la legalización coincidían en el 32 por 100, en febrero se manifestaba a favor el 43 por 100 y en contra el 24 por 100[64]. Pero sobre todo fue decisivo su influjo en los dirigentes políticos y particularmente en el presidente del Gobierno. A aquellas alturas era imposible marginar la cuestión comunista pues se había convertido en el test de la democracia; para la estrategia de Suárez, los riesgos de dejar a los comunistas fuera del sistema político podían ser mayores que los potenciales beneficios. Esa era una actitud nueva, pues hasta entonces su universo mental había estado acotado por coordenadas franquistas por flexibles que para él fueran. Por otro lado, Suárez necesitaba acelerar el proceso hacia las elecciones y, en este sentido, la legalización del PCE podría ser interpretada como un salto cualitativo en la disposición del Gobierno al reconocimiento de todas las fuerzas democráticas.

Otros acontecimientos también hicieron ver al Gobierno que mantener el PCE en la ilegalidad le podría ocasionar serios problemas y descrédito para el proceso de democratización en marcha. El 8 de febrero se celebró en Madrid una reunión de altos representantes de los partidos comunistas de Italia, Francia y España con el objetivo de preparar la llamada «cumbre eurocomunista» con la que Enrico Berlinguer y Georges Marchais mostrarían todo su apoyo al PCE. Si no se producía la legalización, reconocían algunos ministros, el movimiento comunista internacional y sus cajas de resonancia «se dispararían contra el Gobierno, al que se calificaría de poco democrático, y a cuya reforma política se le negaría toda credibilidad»[65].

La legalización del PCE podía tener ventajas colaterales en un momento de incertidumbres y de juego de múltiples partidas de ajedrez entre los principales actores. En ese sentido, para Adolfo Suárez la legalización comunista podría permitir limitar el margen de maniobra socialista. La reacción de Felipe González a la legalización del PSOE-Histórico[66] había sido muy negativa. Los dirigentes socialistas también explicaron a quienes quisieran oírles que se plantearían seriamente si en aquellas condiciones se presentarían a las elecciones cuestionando su carácter democrático. En aquel marco, dos días antes de entrevistarse con Santiago Carrillo, Adolfo Suárez confió a Alfonso Osorio que estaba preparando una maniobra que si le salía bien resolvería el problema; no añadió más pero cuando el 26 de febrero le comunicó que al día siguiente se entrevistaría con el secretario general del PCE, el vicepresidente le preguntó que si aquella era «la maniobra eficacísima para fijar a Felipe González y al Partido Socialista. Se sonríe y no me contesta»[67] dando a entender que era así.

Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se reunieron el domingo 27 de febrero en la casa que José Mario Armero había puesto a su disposición[68] y en contra de la opinión tanto de Osorio como de Fernández-Miranda. La entrevista duró seis horas y hay diversas versiones sobre su contenido, entre ellas la del propio Santiago Carrillo[69]. Tal vez el presidente del Gobierno se decidió a dar los pasos definitivos para la legalización del PCE después de aquella reunión y la cumbre eurocomunista, pues en aquellos meses se había hecho muy consciente de que supondría el certificado definitivo de su voluntad democratizadora. Así lo escribió años después cuando afirmó que «la clave de la credibilidad interna y externa del proceso político [de la transición] era el reconocimiento del PCE»[70].

El Gobierno, en aplicación de la Ley de Asociación Política, había remitido en febrero al Tribunal Supremo la solicitud del PCE de inscribirse en el registro de partidos políticos. El 30 de marzo el Tribunal Supremo se inhibió respecto al caso y devolvió la documentación correspondiente, con lo que dejaba en las manos del Gobierno dar paso a la legalización del PCE. Y Suárez estaba ya plenamente decidido a buscar la manera de legalizarlo. Para salir del atolladero, la fiscalía del Tribunal Supremo emitió un informe en el que sostenía que no había nada que «determine de modo directo la incriminación del expresado partido en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal»[71] y el 9 de abril el PCE quedó legalizado. Fue ese un momento de distanciamiento del presidente respecto a las opciones de algunos actores que habían desempeñado un papel significativo hasta aquel momento, como Torcuato Fernández-Miranda. En realidad, el presidente de las Cortes dejó de tener protagonismo desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política, momento en el que, por otra parte, Suárez cogió plenamente las riendas de la actuación gubernamental, tomando medidas que no obtenían siempre el apoyo de su propio entorno.

El revuelo político fue extraordinario. La legalización del PCE tenía una carga simbólica tan destacada que la reacción fue inmediata en la prensa franquista y en la más conservadora, en particular ABC. En un editorial del día 10, el rotativo conservador consideró que dicha decisión «solo servirá para encrespar las pasiones y los ánimos cara a unas elecciones demasiado próximas y que todos deseamos que, a pesar de esta decisión sean pacíficas»[72]. Torcuato Luca de Tena, un referente de los sectores monárquicos franquistas, escribía que «ni la buena fe ciudadana, ni la obediencia real, ni el perdón cristiano equivalen a una amputación de nuestra memoria […] Porque en España hubo una guerra […] Y la victoria entonces alcanzada no está en juego, ni se puso en juego en el referéndum [diciembre de 1976]. Esto es lo que el gobierno no debe olvidar»[73].

La reacción política no fue menor y Manuel Fraga hizo unas declaraciones incendiarias, llegando a afirmar que «la legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado, que ha transformado la reforma en ruptura y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad»[74]. Mayor preocupación desató la reacción militar. El Consejo Superior del Ejército manifestó su repulsa a la medida aunque «en consideración a intereses nacionales de orden superior, [el Consejo Superior] admite disciplinadamente el hecho consumado», pero advertía: «El Consejo estima debe informarse al gobierno que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas»[75]. En una tentativa de provocar una crisis gubernamental, el ministro de Marina, Pita da Veiga, presentó su dimisión[76].

En ese marco, en el que los sectores más reacios a la instauración de la democracia sin adjetivos, habían encontrado un asidero para oponerse a la imprevista evolución del proceso político, el mismo 14 de abril, mientras estaba reunido el comité central del PCE, Suárez se puso en contacto con José Mario Armero, quien había sido siempre su intermediario en los contactos con el PCE, para que este «resuelva de la mejor manera el tema de la bandera que es un problema que excita al Ejército», además de que aceptase hacer una declaración sobre «unidad de España, monarquía y condena al terrorismo»[77]. Desde el Gobierno la presión sobre el PCE fue intensa pero lo decisivo para la aprobación de la declaración sobre la aceptación de la bandera bicolor, la monarquía y la unidad de España fue que Carrillo llegó a la conclusión de que debía ayudar a Suárez para resistir la presión y evitar que el proceso hacia la democracia pudiera descarrilar: «necesitábamos dar un golpe de efecto, que causara impresión profunda en el país, capaz de disminuir el efecto de la declaración militar»[78].

Ciertamente, la legalización del PCE supuso un auténtico acto de ruptura política y simbólica con el franquismo, al tiempo que es exponente del proceso de transición en su conjunto: un proceso incierto y dinámico, un camino lleno de indefiniciones. Un proceso en el que nada estaba escrito, en el que los actores tuvieron que definirse y adaptarse permanentemente. Aceptando una parte de las exigencias rupturistas, Suárez consiguió mantener la iniciativa política pero haciendo posible que la democracia que se instaurara en España tuviera poco que ver con la que imaginaron quienes le abrieron las puertas a la presidencia del Gobierno. Ello tuvo costes personales para Suárez que, ya desde el mismo 1977, despertó la hostilidad de una parte de las elites conservadoras. En particular, perdió la confianza de los militares.

REFORMA, RUPTURA, ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

En la Plataforma de Organismos Democráticos se formó una comisión encargada de negociar las siete condiciones básicas para que las fuerzas democráticas consideraran legítimas las elecciones a las que se había comprometido el Gobierno: la Comisión de los Nueve. Su composición es ilustrativa de la voluntad de reflejar un amplio espectro opositor; también del peso que había adquirido la reivindicación del autogobierno de las nacionalidades en el programa de la oposición democrática, aunque la inclusión de un representante de cada una de ellas en la Comisión exigió varios días de debate[79]. Así la izquierda estuvo representada por Felipe González, Enrique Tierno Galván y Santiago Carrillo, quien fue sustituido por Simón Sánchez Montero mientras aquel continuó en la clandestinidad. Por su parte, los liberales estaban representados por Joaquín Satrústegui, los socialdemócratas por Francisco Fernández Ordoñez y los democristianos por Antón Cañellas. En representación de las fuerzas políticas catalanas, vascas y gallegas formaron parte de la Comisión Jordi Pujol, Julio Jáuregui y Valentín Paz Andrade. Las organizaciones sindicales inicialmente estuvieron presentes a título de observadores, pero adquirieron pleno derecho en la Comisión ya en el mes de enero, rotando su participación; la Comisión se convirtió en la de los Diez.

Las conversaciones entre miembros del aparato gubernamental y de la oposición habían sido continuas y cada vez más frecuentes desde el mes de noviembre, pero Suárez controlaba bien los tiempos y hasta pasado el referéndum del 15 de diciembre no aceptó ningún contacto oficial con representantes de la oposición. Cuatro puntos sintetizaban el programa mínimo de la oposición: la amnistía, la ley electoral, la legalización de los partidos políticos y el reconocimiento de las nacionalidades. Distintas subcomisiones, cuyos integrantes se convertirían en negociadores con el Gobierno, elaboraron las propuestas correspondientes[80]. En el primer encuentro entre Adolfo Suárez y la delegación de la Comisión de los Nueve, formada por Enrique Tierno y Jordi Pujol, el presidente urgió la presentación de propuestas para la ley electoral, que quería tener preparada en pocas semanas pues, decía, las elecciones se celebrarían en mayo[81]. La oposición puso el énfasis particularmente en el sistema proporcional y en el cómputo por provincias para salvaguardar la representación de las fuerzas que solo se presentaban en algunos territorios. Con esos criterios en el Ministerio de Justicia, y con una participación destacada de Herrero de Miñón, se elaboró el decreto de convocatoria electoral[82].

Paralelamente, aunque en algunos casos no se formara una comisión formal de negociación con la oposición, el Gobierno mantuvo continuadas reuniones sectoriales y fue tomando las medidas que aparecían en el programa de las «siete condiciones». El 8 de febrero, después de reunirse con la representación de la Comisión de los Diez, el Gobierno aprobó un Decreto-Ley que modificaba la Ley de Asociaciones de junio de 1976, estableciendo un simple registro para la inscripción de las organizaciones políticas, lo que implicaba que los partidos no solicitaban su legalización, sino que tan solo se inscribían oficialmente. El cambio era una victoria de la oposición, un punto en el que la inflexibilidad del PSOE resultó decisiva: «La Comisión negociadora de la oposición, en la estrategia alternativa de presión y negociación, ha conquistado una fórmula de legalización de los partidos que arranca al Gobierno la capacidad sancionadora de cada organización, remitiéndose la decisión al Tribunal Supremo. Esta conquista de la Comisión de los Nueve ha posibilitado la legalización de nuestro Partido y otras organizaciones democráticas»[83].

Aunque la amnistía ya no tenía la centralidad en la movilización que había alcanzado en los primeros meses de 1976, su reivindicación continuaba teniendo una gran fuerza simbólica. El comunicado de la Comisión de los Diez del 24 de febrero «constataba, con preocupación, que la puesta en práctica de la liberación de los presos políticos lleva una marcha sumamente lenta», y manifestaba que era «urgente que se ponga en libertad estos presos y que no se puede abrir el periodo electoral sin la total liquidación de este grave problema»[84]. El 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto-Ley que ampliaba los supuestos amnistiados por el Decreto-Ley de 30 de julio de 1976, que permitía la salida de las cárceles de condenados por actos de violencia política, manteniendo la exclusión de los que hubiesen provocado víctimas mortales. Además se aprobó un indulto. Los cambios se estaban acelerando.

Por otra parte, el 4 de marzo, el Gobierno aprobó otro Decreto-Ley que regulaba el ejercicio del derecho de huelga, aunque restrictivamente, así como el cierre patronal, pero sin establecer la libertad sindical. Pocos días después, el día 23, la Comisión Negociadora de la oposición hizo público un comunicado que exponía los puntos relativos a la libertad sindical que se reclamarían al Gobierno, entre ellos «el reconocimiento del libre derecho de asociación sindical», el reconocimiento «de la capacidad jurídica de negociación colectiva de las centrales sindicales en todos los ámbitos superiores a la empresa», la «disolución de la Organización Sindical, pasando sus funciones a la competencia de las centrales sindicales», o el «pleno reconocimiento del derecho de huelga, con la derogación de la actual normativa sobre esta y la consiguiente reforma del Código Penal»[85]. Una semana después, las Cortes aprobaban una Ley Sindical que abría paso a la legalización de las organizaciones obreras, y se creaba un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno para hacerse cargo del patrimonio y de los funcionarios de la OSE. A primeros de junio, un Decreto-Ley suprimía la cuota sindical vinculada a la sindicación obligatoria.

Paralelamente se produjo el desmontaje de la estructura del Movimiento. Cuando Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno dejó la secretaría general en manos de Ignacio García López, persona de su absoluta confianza y dispuesto a realizar la tarea encomendada de asegurar que el Movimiento actuaría al servicio del Gobierno, al tiempo que traspasar sus funcionarios a las estructuras del Estado para que «los derechos que pudieran asistir a los funcionarios del Movimiento quedaran protegidos». Para alcanzar ese objetivo nombró como vicesecretario a Eduardo Navarro quien, a pesar de ser una persona de la máxima confianza de Suárez, en julio había quedado alejado del primer círculo de su confianza en el Gobierno[86]. Desde inicios de 1977 se fue produciendo la desactivación política del Movimiento a la vez que se engrasaba su maquinaria provincial y local de cara a las elecciones; por otra parte desde la secretaría general se utilizó intensamente la prensa del Movimiento a favor de la política gubernamental y se invisibilizó a los sectores ultras[87].

En el comunicado del 24 de febrero la Comisión de los Diez había manifestado también la necesaria «disolución del aparato político del Movimiento Nacional». El 1 de abril de 1977, después de treinta y ocho años de celebración del «día de la Victoria», se publicó el decreto de «reestructuración» de la Secretaría General del Movimiento que suponía en la práctica su disolución, traspasando sus funcionarios a otros organismos estatales. Aunque la fecha de aprobación del Decreto-Ley correspondía a la de la celebración del Consejo de Ministros, no por ello dejó de provocar algunos recelos[88]. Por último, el 18 de marzo, también por Decreto-Ley, el Gobierno aprobó la convocatoria de las elecciones y las normas electorales.

De manera que puede existir poca duda de que en aquellos primeros meses de 1977 la actuación de la Comisión de los Nueve –o de los Diez contando con la representación sindical– fue decisiva para forzar la toma de medidas claramente rupturistas. Asumiendo una parte del programa de la oposición, Suárez había conseguido desdibujar el perfil de la ruptura –que era nítido en relación con el continuismo del Gobierno Arias-Fraga– pero evidentemente ello había supuesto acelerar el proceso a la democracia, imparable desde los inicios de 1977. Francisco Fernández Ordóñez escribió después refiriéndose a las «siete condiciones» que «la lectura de este documento con la perspectiva que el tiempo procura y el hecho de haberse cumplido en su integridad demuestra el acierto de su planteamiento»[89].

Justamente la asunción gubernamental de buena parte de sus propuestas hizo que en el mes de marzo la oposición perdiera el activismo que había desarrollado en los dos meses anteriores, a pesar de que todavía no estaba dilucidado uno de los retos fundamentales: la indivisibilidad de la libertad o, lo que era lo mismo, la legalización o no del PCE y con él de una parte significativa de las izquierdas. Sin embargo, buena parte de las fuerzas políticas de la Comisión, ya legales, consideraban que, habiéndose conseguido los requisitos previos, también se había avanzado de forma decisiva en la agenda de lo que valoraban como fundamental: la ley electoral. Es decir, el mínimo exigible de cara a la participación en las elecciones ya se había conseguido y, desde entonces, la dialéctica de corto alcance se impuso entre distintos grupos.

A partir de abril, el proceso hacia las elecciones se aceleró. El número y características de las candidaturas electorales se habían ido perfilando desde el mes de febrero aunque no fue hasta el mismo mayo cuando culminó su elaboración. El PSOE tenía muy clara la política de alianzas: tal como se había aprobado en el XXVII Congreso de diciembre, el partido se presentaría a las elecciones con sus siglas. Este era el punto inamovible; por lo demás, dada la precariedad de sus cuadros en relación con otros grupos socialistas, el PSOE estaba dispuesto a negociar los programas y abierto a que dirigentes de otras formaciones se integraran en sus listas; ello implicaba el rechazo de la propuesta de Enrique Tierno de una coalición bajo el nombre de Unidad Electoral Socialista. En un comunicado del Comité Federal se afirmaba que «nuestra propia ideología socialista excluye el cuestionar la existencia de un solo partido socialista de todos los trabajadores del país, así como nuestra concepción de la democracia nos lleva a entender de forma federal ese partido, con toda la autonomía precisa de las organizaciones federadas»[90]. La única excepción se produjo en Cataluña y era producto en buena medida de la conciencia de los socialistas españoles de la escasa influencia histórica del partido, no del socialismo, en el Principado. Tampoco fue fácil el proceso hacia la unidad.

Convergència Socialista de Catalunya había optado claramente por la Conferencia Socialista Ibérica, pero sus dirigentes eran conscientes de la necesidad de un acuerdo con el PSOE. La buena relación que los socialistas catalanes, y Joan Reventós en particular, tenían con los jóvenes dirigentes del PSOE, llevó a aquellos a intentar realizar una tarea de intermediación entre todos los grupos, que fracasó. Los contactos entre Convergència Socialista de Catalunya –después Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC-C)– y el PSOE se habían formalizado en julio de 1976, cuando constituyeron una Comisión de Enlace[91], pero fue en la primavera de 1977, ante la proximidad de las elecciones, cuando se precipitó el entendimiento[92]. El PSC-C, la Federación Socialista Catalana (PSOE) y algunos socialistas no adscritos acordaron constituir en el futuro un único partido en Cataluña que sería plenamente soberano, pero que se articularía con el PSOE en una perspectiva de unidad de todos los socialistas en España.

El «Pacte d’Abril», con el que nacía la coalición Socialistes de Catalunya, resultó de importancia trascendental para sus dos integrantes. Los socialistas procedentes del PSC-C pudieron comprobar en junio que los resultados electorales de los grupos integrados en la Federación de Partidos Socialistas no habían sido buenos, a pesar de tener una presencia social mayor que la del PSOE y unos cuadros de más larga trayectoria; los del PSC-C hubieran sido probablemente mejores que aquellos, pero lejanos a los conseguidos. Para el PSOE, el acuerdo era, en aquel momento, imprescindible y así lo señalaron sus dirigentes en Cataluña: «a partir de entonces, la relación entre el socialismo catalán y el español se perfilaba como contractual, de tal suerte que no podía ser alterada unilateralmente. Para los propósitos de mantener una estrategia socialista común en toda España, este era el [un] modelo más sólido que el representado por una federación del PSOE»[93].

En los primeros meses de andadura, el Gobierno Suárez tuvo muy presente la sombra de AP pero su reformismo de muy limitado alcance y su valoración catastrofista de los cambios en curso le benefició. La salida del Gobierno de Manuel Fraga alteró profundamente sus planes y las posibilidades de que este desarrollara la «hoja de ruta» que, teóricamente, había diseñado desde 1973 y para la que se había dotado de un núcleo político articulado en torno al Gabinete de Orientación y Documentación, S. A. –GODSA–, desde principios de 1976; sin red institucional no era posible crear el marco adecuado para ganar las elecciones. En ese contexto, Fraga decidió acercarse definitivamente a otros pequeños núcleos encabezados por distintos personajes muy identificados con el franquismo al considerar que era necesario apostar por atraerse al franquismo sociológico, término con el que se designaban las bases sociales de la dictadura y que englobaba a la clase alta, la clase media católica, así como los trabajadores y campesinos de las zonas rurales conservadoras[94]. Fraga había llegado a la conclusión de que ese era el espacio político donde podía obtener mejores resultados electorales. El 9 de octubre de 1976 se creó AP en torno a los «siete magníficos»[95]. En las listas presentadas en junio de 1977 aparecían 183 procuradores franquistas y la inclusión en sus listas para el Senado de Carlos Arias Navarro, que continuaba ejerciendo de albacea del Caudillo, reflejaba las características de la coalición[96].

En paralelo a la formación de AP se habían ido creando pequeños grupos que se reclamaban de «centro». El más destacado era el Partido Popular que se podría considerar concreción de los planteamientos procedentes de «Tácito» pero que tenía una composición diversa. Las figuras más significativas eran José María de Areilza y Pío Cabanillas, quienes crearon el Centro Democrático a inicios de 1977[97]. Ya en el mes de febrero el Gobierno mostró su interés por el Centro Democrático para convertirlo en su base de actuación, pero sus componentes debían aceptar algunas condiciones. La principal descabalgar al impulsor de esas plataformas, José María de Areilza[98]. Osorio fue el encargado de aquella operación, argumentando a sus interlocutores que Suárez consideraba que Areilza quería ser «una alternativa de poder más que una opción de apoyo al Gobierno»[99], algo que Suárez no estaba dispuesto a tolerar, por considerar que Areilza era una de las pocas figuras que podían dañar su liderazgo.

Asegurada la retirada de Areilza, se buscaron alianzas con diversos grupos y personalidades del espectro político bisagra con la oposición democrática, lo que implicó que algunas personalidades del PP quedaran relegadas ante figuras para ellos distantes como Francisco Fernández Ordoñez. Lo mismo ocurrió en las filas del Movimiento. Algunos de sus cuadros, los que habían acabado apostando por el cambio democrático se sintieron sacrificados en aquel proceso. Rodolfo Martín Villa, a la vista del protagonismo que estaban adquiriendo en la formación de la coalición centrista los sectores democristianos e incluso de los autodenominados socialdemócratas –de la mano de Francisco Fernández Ordóñez–, convocó a sus viejos compañeros de la Secretaría General del Movimiento para tratar del «proyecto centro» e instarles a que buscaran la manera de inscribirse en la nueva clase política que surgiría de las elecciones. Les sugirió que formasen un partido, la Federación Social Independiente, que les permitiría el pacto con otros grupos. En pocos días consiguieron un listado de 1.000 personas. Pero Suárez consideró que era imprescindible separar su futuro del pasado[100]. Los miembros del Movimiento se pudieron integrar en las listas en posiciones secundarias y en este sentido fue importante el papel de Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación, quien rastreó en cada una de las provincias los potenciales candidatos[101].

En mayo, pocos días antes de que acabase el plazo de presentación de candidaturas, se constituyó la Unión de Centro Democrático (UCD)[102] como coalición de partidos aunque se trataba de una amalgama de personalidades. La elaboración de las listas electorales fue bastante improvisada, en forma de aluvión, pues muchos de los teóricos partidos apenas tenían implantación territorial y, en cualquier caso, más allá de los cabezas de lista, eran personas de escasa relevancia. No podía existir cohesión entre personas procedentes de quince grupos distintos y cuando el 46 por 100 de los candidatos aparecían como «independientes»[103]. En realidad el ideario del partido se fue fraguando después de las elecciones, condicionado en parte por las formulaciones constitucionales que se consensuaron con otros grupos. No es sorprendente que fuera así dado que sus miembros pertenecían a distintas culturas políticas: liberales, democristianos e, incluso, socialdemócratas aunque en realidad se trataba de liberales sensibles a la necesidad de crear un Estado de bienestar. Sí compartían un factor generacional que los distanciaba de AP. Salvador Sánchez Terán lo presentó así: «se trataba de personas en torno a los cuarenta y cinco años, por tanto en plena madurez vital, pero que no habían participado en la guerra civil y compartían la voluntad de priorizar el futuro sobre el pasado. En este punto coincidían con amplios sectores de las izquierdas»[104].

Las elecciones del 15 de junio se convirtieron en el punto final de un proceso y el inicio de otro, marcado por la ruptura con el franquismo, aunque se produjera por caminos distintos a los que había imaginado la oposición. Como también reconoció José Miguel Ortí Bordás, subsecretario con Martín Villa en el ministerio de la Gobernación hasta que dimitió para presentarse a las elecciones, cuando las Cortes resultantes de las elecciones se convirtieron en constituyentes, la ruptura era clara: «con reconciliación nacional, con pactos entre partidos y consenso parlamentarios, pero ruptura a fin de cuentas»[105].

[1] Expresión utilizada en las notas de Torcuato Fernández-Miranda sobre sus conversaciones con el rey del mes de abril, en el marco de prospecciones para la sustitución de Carlos Arias. P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, p. 194.

[2] P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, p. 212.

[3] La trayectoria política de Adolfo Suárez comenzó relativamente tarde para lo que era habitual entre los jóvenes que hicieron carrera desde las organizaciones del régimen, con 23 años. Fue en Ávila en 1955 a la sombra de Fernando Herrero Tejedor, que había sido nombrado gobernador civil de la provincia, cargo que ocupó menos de un año. A él recurrió nuevamente en 1958, cuando se encontraba sin trabajo. Herrero Tejedor, delegado nacional de Provincias, le ofreció un cargo y alojamiento en el Colegio Mayor Francisco Franco. Su estancia resultó relevante pues en el centro se concentraban los jóvenes de «provincias» llamados a engrasar la maquinaria del Movimiento. Allí conoció a jóvenes vinculados al SEU como Rodolfo Martín Villa, José Miguel Ortí Bordás, Juan José Rosón, Fernando Suárez o Eduardo Navarro. Desde entonces ocupó siempre cargos de decisión gubernamental, tanto en las instituciones como en empresas públicas.

[4] P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, pp. 191-192 y 202 respectivamente.

[5] Entre las obras más completas sobre Adolfo Suárez se pueden destacar G. Morán, Adolfo Suárez: Ambición y destino, Debate, Barcelona, 2009 y J. F. Fuentes, Adolfo Suárez. Biografía política, Planeta, Barcelona, 2011.

[6] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 132. La cursiva es de los autores; jóvenes lo eran en grados diversos pero neofalangistas puede ser considerado un término poco apropiado, pues todos habían crecido en las filas del Movimiento y habían ocupado cargos en sus estructuras desde muy jóvenes. Posiblemente Osorio utilizó el término como sinónimo de falangistas reformistas alejados del búnker.

[7] L. Lavilla, Una historia para compartir, p. 143.

[8] «Juego político abierto a todos, reconocimiento de la realidad del país y diálogos al descubierto», El País, 7 de julio de 1976.

[9] El País, 17 de julio de 1976.

[10] «El Gobierno pedirá amnistía al Rey», El País, 17 de julio de 1976.

[11] Una explicación con ejemplos de las limitaciones establecidas por el Decreto-Ley en A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, pp. 159-160.

[12] El artículo 172 del Código Penal establecía la prohibición de los partidos que «sometidos a una disciplina internacional pretendan instaurar un régimen totalitario». 175 procuradores votaron en contra y 57 se abstuvieron porque querían que la prohibición del PCE figurase de manera más explícita.

[13] El informe completo en A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, pp. 358-365; las citas en pp. 358-359.

[14] Una explicación no coincidente de dicho proceso en P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, pp. 222-234. Los autores diluyen el peso de los distintos borradores realizados, otorgando la paternidad casi en exclusiva al presidente de las Cortes. También minimizan las diferencias entre el texto librado el 23 de agosto y el que se aprobó en septiembre.

[15] L. Lavilla, Una historia para compartir, pp. 207-208.

[16] La trascendencia del cambio terminológico así como de otras modificaciones impulsadas desde el Ministerio de Justicia en M. Herrero de Miñón, Memorias de estío, pp. 85-92. Recientemente Landelino Lavilla ha vuelto a poner el énfasis en la importancia de la preposición para. L. Lavilla, Una historia para compartir, pp. 208-211.

[17] En el texto del proyecto entregado por Fernández-Miranda a Suárez el 23 de agosto de 1976, se señalaba que el mandato de los diputados sería de tres años y el de los senadores de cuatro. En el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes en el artículo 2.o se decía que «los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El rey podrá designar para cada legislatura senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos». P. Fernández-Miranda y A. Fernández-Miranda, Lo que el rey me ha pedido, pp. 365-373.

[18] Los textos del Proyecto de Ley y de la Ley para la Reforma Política, en Á. J. Sánchez, La transición española en sus documentos, pp. 314-318.

[19] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, pp. 162-164.

[20] Reproducido en E. Navarro, La sombra de Suárez, p. 130. Según Alfonso Guerra, la impresión que se causaron ambos dirigentes no pudo ser mejor. A decir de Alfonso Guerra «quedaron fascinados el uno del otro». A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, p. 173.

[21] El 6 de abril, poco después de la constitución de Coordinación Democrática, Otero Novas como responsable de Política Interior en el ministerio de la Gobernación, se había reunido con el dirigente socialista Enrique Múgica. Este le transmitió tranquilidad por la regla de unanimidad que habían establecido en la CD y que les facilitaba un derecho de veto. J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 113. Este, como tantos casos, ilustra la distancia con que deben tomarse las informaciones de los libros de memorias; tal regla de unanimidad era inexistente aunque la búsqueda del consenso era permanente. Otra cosa es que en los contactos informales entre algunos miembros del gobierno y de la oposición fuese muy frecuente que los interlocutores expresaran aquello que más podía beneficiar a los objetivos concretos de su contacto.

[22] «Contactos en la oposición tras la segunda cena de Aravaca», El País, 7 de agosto de 1976.

[23] «Coordinación Democrática rechaza el proyecto y reitera su voluntad negociadora», El País, 17 de septiembre de 1976.

[24] Entrevista a Rodolfo Martín Villa, 9 de julio de 2012, en C. Molinero y P. Ysàs, La cuestión catalana, p. 59.

[25] «Per l’autonomia del País Valencià», Treball 447, 30 de agosto de 1976.

[26] La mesa se formó con representantes de la Assemblea Democrática de Mallorca, Consello de Forzas Politicas Galegas, Taula de Forces Politiques i Sindicals del País Valencià, Assemblea de Catalunya, la Coordinación Democrática, la Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias, Taboa Democrática de Galiza, Assemblea Democràtica de Menorca, Assemblea Democràtica de Ibiza y Fuerzas Políticas de Euzkadi. El día anterior tuvo que celebrarse una reunión entre representantes de la CD en Andalucía, Aragón, Asturias, Madrid, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Mancha y Murcia en la que la Ejecutiva les solicitó que aceptaran ser representados por ella. Fundación Largo Caballero, Fondo UGT-CEC, Informe sobre la reunión de C.D.(27 de agosto de 1976), sign. 2811-006.

[27] «En este instante de quiebra del Estado, la unidad de la oposición es fundamental», El País, 5 de septiembre de 1976.

[28] J. Amat, Els laberints de la llibertat. Vida de Ramon Trias Fargas, La Magrana, Barcelona, 2009, pp. 244-245.

[29] Detalle de la composición y funcionamiento de la comisión en J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, pp. 279-282.

[30] R. Martín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 54-57. La afirmación de Martín Villa sobre las consecuencias que hubiera podido tener el éxito contundente de la huelga en J. C. Clemente, Historias de la transición, 1973-1981. El fin del apagón, Fundamentos, Madrid, 1994, p. 166.

[31] J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, pp. 265-270.

[32] AGA, Presidencia, CNM, Libro de sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, libro. 948.

[33] C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo…, pp. 251-257.

[34] Ibid., p. 258.

[35] Establecida la estrategia y los objetivos, el Gobierno podía maniobrar ampliamente para evitar que los procuradores pudieran impedir la aprobación de la Ley para la Reforma. En el caso que el proyecto encallara en las Cortes, el 20 de septiembre Otero Novas había propuesto al presidente que se disolvieran puesto que tenían su mandato prorrogado. El cambio de buena parte de su composición podía hacerse con facilidad ya que muchos procuradores debían tal condición al desempeño de un cargo de designación directa, con lo que podría conformarse una mayoría favorable. J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 132. Referencia a las gestiones individuales con los procuradores en pp. 133-135.

[36] El manifiesto de AP en El País, 10 de octubre de 1976.

[37] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 136.

[38] S. Carrillo, El año de la peluca, Ediciones B, Barcelona, 1987, p. 89.

[39] Véase más ampliamente el análisis comunista del nuevo escenario en C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción, pp. 185-187.

[40] Mundo Obrero 48, 1 de diciembre de 1976.

[41] E. Barón, Federación de Partidos Socialistas, Avance, Madrid, 1979.

[42] Ibid., p. 11.

[43] Sobre las vicisitudes de los distintos núcleos socialistas ajenos al PSOE renovado a lo largo de 1976 véase R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Alianza, Madrid, 1991, pp. 330-334.

[44] R. Martín Villa, Al servicio del Estado…, p. 68.

[45] José Manuel Otero Novas del grupo «Tácito», había sido nombrado en diciembre de 1975 director general de Política Interior por Manuel Fraga. Cuando Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno, lo convirtió en subsecretario técnico de la Presidencia. Otero explica con cierto detalle lo que presenta como visión gubernamental de la apuesta de Estados Unidos y de la República Federal Alemana por el PSOE como referente de la izquierda; también sus relaciones con el PSOE y la resistencia de este partido a la legalización, que le hubiera hecho perder legitimidad ante la opinión pública de izquierdas. J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, pp. 57 y 60-68.

[46] El Gobierno había prohibido su celebración en noviembre, pero la amenaza de celebrarlo en el exilio y en consecuencia de mostrar al extranjero la falta de libertad en España, llevó a su autorización para el mes de diciembre. R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, p. 327. La amenaza tenía mucho de mecanismo de presión pues no hubiera permitido al PSOE conseguir dar impulso a su presencia pública.

[47] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, pp. 175-176.

[48] R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, pp. 334-338.

[49] A. Guerra, XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Avance, Madrid, 1977, pp. 10-11. Cursiva en el original.

[50] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 162.

[51] «La legalidad del PSOE», El Socialista (Madrid), 15 de febrero de 1977.

[52] S. Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, p. 151. Es una síntesis de una larga circular dirigida a los gobernadores civiles reproducida por A. Osorio, Trayectoria política…, pp. 206-207.

[53] N. Sartorius y A. Sabio, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, Temas de Hoy, Madrid, Madrid, 2007, pp. 310-313.

[54] Recientemente se han publicado las notas que José Mario Armero tomaba de sus reuniones con Santiago Carrillo; en ellas aparecen unas posiciones de Carrillo que, en algunos puntos, chocaban en su literalidad con lo que el PCE discutía y practicaba a lo largo de 1976. Pero ello no debería ser sorprendente pues, como en la práctica estaban realizando casi todos los actores políticos, se trataba de ofrecer al interlocutor una visión de las posiciones y de las actividades propias acorde con lo que podía resultar más beneficioso para los objetivos perseguidos, en este caso la legalización. Las notas de Armero en A. Pinilla, La legalización del PCE. La historia no contada, 1974-1977, Alianza, Madrid, 2017; la síntesis de la reunión que, según José Mario Armero, reflejaba lo dicho por Carrillo en pp. 351-356.

[55] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 55.

[56] L. López Rodó, Claves de la Transición. Memorias IV, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, p. 266.

[57] A. Osorio, Trayectoria política…, p. 167.

[58] «Santiago Carrillo, en Madrid», El País, 18 de noviembre de 1976.

[59] J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, pp. 307-308.

[60] «Llegaremos a la ruptura democrática», Mundo Obrero 45, 20 de diciembre de 1976.

[61] Mucho se ha elucubrado sobre si la detención fue provocada. Alfonso Osorio, por ejemplo, escribió que, en aquel momento pensó que «Santiago Carrillo se dejó detener deliberadamente para provocar una decisión del Gobierno». A. Osorio, Trayectoria política…, p. 255. Contrariamente, Rodolfo Martín Villa afirmó que Carrillo hizo todo lo posible para no ser detenido –quizá para diluir la responsabilidad de su ministerio– y primó el componente de propaganda política. R. Martín Villa, Al servicio del Estado…, p. 58. Martín Villa estaba en lo cierto; Santiago Carrillo escribió años después que en noviembre, cuando se hizo pública su presencia en España, sintió que estaba «en el canto de un duro» y si bien la noticia podía imponer su presencia, el Gobierno –y hasta los ultras– podían sentirse provocados «y buscarme, lo que no me interesa mucho». En los días posteriores a la rueda de prensa del 10 de diciembre, el secretario general estuvo encerrado para evitar la detención y en las notas correspondientes a esos días hace referencia a todas las gestiones que se hicieron para que no fuera detenido y al seguimiento a que fueron sometidos diversos dirigentes del PCE. S. Carrillo, El año de la peluca, pp. 94 y 124-134 respectivamente.

[62] Arxiu Històric Municipal de Mollet, Fondo Documental Jordi Solé Tura; J. Solé Tura, Notas de la intervención de Santiago Carrillo, 25 de febrero de 1977, carp. 38.1. Destacado en el original.

[63] La posición de Suárez respecto la legalización del PCE no cambió hasta finales de 1976 y no fue proclive a la legalización hasta 1977, quizá porque en su desconocimiento de amplios espacios de la vida colectiva no era consciente, como sí lo eran otros como José Manuel Otero, de que si bien el PCE en su soledad «no consiguió tumbar al franquismo lo tenía siempre acosado». J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 53.

[64] En abril los favorables aumentaron hasta el 55 por 100 mientras los contrarios se habían reducido al 12 por 100. Cambio 16, 18 de abril de 1977. Reproducido en H. Varela Guinot, La legalización del PCE: elites, opinión pública y símbolos en la Transición Española, Instituto Juan March, Madrid, 1990, p. 14. Con todo, bajo una dictadura –incluso cuando se encuentra en proceso de desmantelamiento– las encuestas de opinión deben leerse con suma prudencia.

[65] R. Martín Villa, Al servicio del Estado…, p. 64.

[66] El PSOE-Histórico estaba formado por veteranos dirigentes que no aceptaron la celebración del XII Congreso del exilio, celebrado en 1972 y promovido por el sector renovador, que fue quien acabó obteniendo el aval de la Internacional Socialista. El gobierno Suárez utilizó la legalización del PSOE-Histórico para presionar al PSOE liderado por Felipe González.

[67] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 282.

[68] Un relato minucioso de la entrevista en J. Bardavío, Sábado santo rojo, Uve, Madrid, 1980, pp. 162-170.

[69] En la reunión se generó un clima de confianza mutua. Santiago Carrillo explicó las bases de su buena relación con Suárez de la siguiente manera: «En mis conversaciones con los líderes de la oposición democrática yo les veía fluctuar, guardarse siempre una carta en el bolsillo, reservarse para maniobrar según vieras las cosas. La conversación con Suárez, en cambio, es la más clara que he tenido en ese periodo». S. Carrillo, El año de la peluca, p. 147.

[70] A. Suárez, «Consideraciones sobre la Transición Española», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual 41, 1988.

[71] R. Martín Villa, Al servicio del Estado…, p. 66.

[72] «Las razones de nuestra discrepancia», ABC, 10 de abril de 1977. El mismo día y también en ABC J. M.a Ruiz Gallardón publicó un artículo titulado «Error de derecho».

[73] T. Luca de Tena, «Imposición por decreto de amnesia colectiva», ABC, 13 de abril de 1977.

[74] El País, 12 de abril de 1977.

[75] «Repulsa del Ejército ante la legalización del Partido Comunista», ABC, 14 de abril de 1977.

[76] Los periódicos de Madrid, excepto ABC y El Alcázar, firmaron un editorial conjunto: «No frustrar una esperanza», 16 de abril de 1977.

[77] A. Pinilla, La legalización del PCE…, p. 248. Reproducción de las notas manuscritas de Armero en pp. 387-388. Un detallado seguimiento de las negociaciones en torno a la cuestión entre Armero y Ballesteros así como del contexto en pp. 245-260.

[78] S. Carrillo, Memorias, Planeta, Barcelona, 1993, p. 721.

[79] S. Carrillo, El año de la peluca, pp. 107-108.

[80] Mención especial requiere el trabajo realizado en torno del reconocimiento de las nacionalidades. El documento elaborado por la Comisión de los Nueve sobre este punto favoreció las posiciones de las corrientes catalanistas favorables a unir esfuerzos con el resto de la oposición española. Su importancia también quedó reflejada en la presencia del documento en el debate constitucional. Véase C. Molinero y P. Ysàs, Cataluña en la Transición española, pp. 140-143.

[81] Información de Jordi Pujol sobre la reunión de él y de Tierno con Suárez, referida a la reunión de la Comisión de los Nueve de 4 de enero de 1977 elaborado por el representante del PSOE, Fundación Largo Caballero, Fondo UGT-CEC, sign. 3101-008.

[82] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, pp. 140-141.

[83] «La legalidad del PSOE», El Socialista, 15 de febrero de 1977.

[84] Comunicado de la Comisión de los Diez, 24 de febrero de 1977. Treball 470, 28 de febrero de 1977.

[85] «Declaración de la Comisión de los Nueve. Por la libertad sindical». Treball 474, 28 de marzo de 1977.

[86] Una explicación detallada de la voluntad de Suárez al ser nombrado presidente del Gobierno de oscurecer la presencia falangista en su entorno inmediato aunque contara con su colaboración estrecha en la sombra, en E. Navarro, La sombra de Suárez, pp. 115-122. Eduardo Navarro elaboró una parte destacada de los discursos que Adolfo Suárez hizo desde los años setenta. En 1976 Suárez le nombró vicesecretario general del Movimiento y le comunicó que en ningún caso le nombraría para un alto cargo ministerial pero, incluso entonces, el presidente le pidió apuntes para la declaración programática que debía hacer con motivo de su nombramiento.

[87] E. Navarro, La sombra de Suárez, pp. 132-136.

[88] A. Osorio, Trayectoria política…, p. 285.

[89] F. Fernández Ordóñez, La España necesaria, Taurus, Madrid, 1980, p. 72.

[90] «El PSOE insiste en candidaturas únicas bajo sus siglas», El País, 15 de febrero de 1977.

[91] J. M. Triginer, «El projecte polític de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)», en AADD, Vint anys d’història del PSC, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 1998, p. 58.

[92] Una síntesis sobre las tensiones en el PSC-C ante el acuerdo en C. Molinero y P. Ysàs, Cataluña en la Transición española, pp. 155-160.

[93] J. M. Triginer, «El projecte polític de la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)», en AADD, Vint anys d’història del PSC, p. 63.

[94] M. Penella, Los orígenes y evolución del Partido Popular. Una historia de AP, 1973-1989, Caja Duero, Salamanca, 2005, p. 155.

[95] Manuel Fraga, Reforma Democrática; Laureano López Rodó, Acción Regional; Federico Silva Muñoz, Acción Democrática Española; Cruz Martínez Esteruelas, Unión del Pueblo Español; Gonzalo Fernández de la Mora, Unión Nacional Española; Licinio de la Fuente, Democracia Social; Enrique Thomas de Carranza, Unión Social Popular. Manuel Fraga sería nombrado secretario general.

[96] Según M. Baena y J. García Madaria, «Elite franquista y burocracia en las Cortes actuales», Sistema 28, 1979 cuatro quintas partes de los diputados y senadores de AP eran exprocuradores mientras que en la UCD representaban una quinta parte.

[97] Sobre los intentos de crear un partido de centro al margen del Gobierno véase C. Huneeus, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, CIS, Madrid, 1985, pp. 151-162.

[98] J. F. Fuentes, Adolfo Suárez. Biografía política, Planeta, Barcelona, 2011, p. 198.

[99] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 301.

[100] Cuando Eduardo Navarro conversó con Adolfo Suárez sobre la lista, este le comentó que «debía comprender que muchos de tus amigos se han de quedar en la orilla sin cruzar el río». Véase E. Navarro, La sombra de Suárez, pp. 169-172.

[101] Sobre el papel de los jefes del Movimiento para completar las listas provinciales véase J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 142.

[102] Entre la bibliografía sobre UCD véanse los trabajos de S. Alonso-Castrillo, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Alianza, Madrid, 1996; J. Hopkin, El Partido de la transición: ascenso y caída de la UCD, Acento, Madrid, 2000.

[103] J. Tusell, «La política», en J. Tusell (coord.), La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I, vol. XLII de Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 2003, p. 102.

[104] S. Sánchez Terán, «Centro, Estado y Sociedad», en Club Siglo XXI, Perspectivas de una España democrática y constitucionalizada, Unión Editorial, Madrid, 1979, p. 373.

[105] J. M. Ortí Bordás, La Transición desde dentro, p. 362.

IV. NECESIDAD Y VIRTUD: EL CONSENSO

Todo lo que sea que el Partido Socialista obtenga más de noventa escaños es malo […] para hacer la Constitución que nosotros queremos.

Landelino Lavilla a Alfonso Osorio, junio de 1977

Pasadas las elecciones nos enfrentamos a la tarea de culminar la edificación de un sistema democrático, elaborando una Constitución que sea marco donde puedan desenvolverse todos los partidos políticos y fuerzas sociales libremente, garantía de todos los derechos del hombre y del ciudadano y solución a las aspiraciones autonómicas de los pueblos de España.

Santiago Carrillo, junio de 1977

Con reconciliación nacional, con pactos entre partidos y consenso parlamentarios, pero ruptura a fin de cuentas. Sin faltar gravemente a la verdad, a partir de ese momento ya no iba a ser posible hablar con propiedad de «reforma política». Ni invocar aquella fórmula […] «de la ley a la ley».

José Miguel Ortí Bordás, La transición desde dentro

Cuando llegaron al Palacio de la Moncloa los primeros resultados del escrutinio de las elecciones del 15 de junio, la preocupación se extendió entre los allí reunidos. Apenas unas semanas antes, algunos consejeros de Suárez estaban convencidos de una victoria espectacular de la UCD, con previsiones que sobrepasaban los 200 escaños sobre los 350 del nuevo Congreso de los Diputados[1], lo que le permitiría gobernar con una amplia mayoría absoluta así como configurar con comodidad el nuevo ordenamiento político. Y aunque los sondeos electorales no confirmaban tal optimismo, el número de indecisos era tan elevado que permitía alimentar la hipótesis que la mayoría de ellos acabaría dando su voto a la UCD. Según el testimonio de Alfonso Osorio, Adolfo Suárez mostró un exagerado optimismo durante la última reunión del Consejo de Ministros antes de las elecciones, celebrada el 10 de junio. Incluso con el escrutinio ya avanzado y en un ambiente tenso, Fernando Abril Martorell continuaba previendo la obtención de un mínimo de 190 diputados[2]. En el largo recuento y tras confirmarse que los resultados electorales de la UCD quedarían lejos de sus previsiones, Landelino Lavilla dijo a Alfonso Osorio que si el PSOE obtenía más de 90 escaños sería malo «para hacer la Constitución que nosotros queremos»[3].

Todo lo anterior revela que muchos dirigentes de la UCD, como también algunos observadores y comentaristas políticos, hicieron una lectura parcialmente errónea de los resultados del referéndum de diciembre sobre la Ley para la Reforma Política. El mayoritario voto de medio año antes a favor de la Ley llevó a la equivocada conclusión de que los electores apoyarían en una proporción muy elevada la opción política encabezada por Adolfo Suárez, lo que le habría de permitir disponer de una amplia mayoría parlamentaria y gobernar plenamente legitimado por el voto popular. En ese marco, la Constitución que se elaborara, aunque debería contar con las otras fuerzas políticas representadas en las Cortes, podría redactarse sobre las bases establecidas por UCD.

Los resultados electorales desbarataron tales previsiones. Las candidaturas de UCD fueron las más votadas, pero solo obtuvieron poco más de un tercio de los sufragios, el 34,44 por 100, aunque el sistema electoral permitió a la coalición obtener un porcentaje muy superior de escaños, el 47,1 por 100, 165. El PSOE –más la coalición Socialistes de Catalunya– logró el 29,32 por 100 de los votos y 118 diputados (el 33,7 por 100 de los escaños); el PCE –y el PSUC–, obtuvo el 9,33 por 100 de los sufragios y 20 escaños (5,71 por 100); AP, el 8,3 por 100 de los votos y 16 diputados (4,6 por 100); Unidad Socialista-PSP, el 4,5 por 100 de los votos y 6 escaños (1,71 por 100). En Cataluña –donde la victoria fue para socialistas y comunistas– la coalición nacionalista Pacte Democràtic per Catalunya obtuvo 11 escaños (3,1 por 100) con el 2,81 por 100 de los votos, Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana, 2 (0,57 por 100) con el 0,94 por 100 de los votos, y Esquerra de Catalunya –coalición de la que formaba parte ERC– 1 escaño (0,28 por 100) con el 0,79 por 100 de los sufragios. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) obtuvo el 1,62 de los votos y 8 escaños (2,2 por 100), y Euskadiko Ezkerra 1 diputado (0,28 por 100) con el 0,47 por 100 de los votos. La Candidatura Aragonesa Independiente de Centro logró 1 diputado, al igual que lo logró la Candidatura Independiente de Centro de Castellón[4].

Como puede apreciarse, el sistema electoral –que se ha mantenido hasta la actualidad– primó a las dos candidaturas más votadas, UCD y PSOE, penalizó las candidaturas que no sobrepasaron el 10 por 100 de los votos en toda España –PCE, AP, PSP– y permitió una representación bastante ajustada a sus votos a las candidaturas que solo se presentaban en determinadas circunscripciones si obtenían en ellas un notable apoyo –el caso de las candidaturas nacionalistas en Cataluña y el País Vasco y de candidaturas independientes en dos circunscripciones–, lo que invalida el recurrente argumento de la existencia de una sobrerrepresentación de las formaciones nacionalistas subestatales en el Congreso de los Diputados. Las distorsiones a la proporcionalidad del sistema electoral español proceden de la infrarrespresentación de las circunscripciones más pobladas y, sobre todo, del elevado número de circunscripciones con un limitado número de escaños por su escasa población en las que, sin apoyos muy elevados, resulta imposible obtener escaños a las candidaturas que quedan en tercer o cuarto lugar. Así pues, las elecciones conformaron un «bipartidismo imperfecto», con dos formaciones que reunían el 63,76 por 100 de los votos y otras dos a notable distancia. El mapa electoral español se reproducía en la mayoría de regiones, con variaciones derivadas de un voto más conservador o más progresista, pero en Cataluña y en el País Vasco se dibujaron mapas electorales propios.

Las elecciones configuraron un nuevo escenario político que obligó a todos los actores a reajustar sus posiciones. Resultaba evidente que tanto para gobernar como para establecer un nuevo ordenamiento institucional eran imprescindibles acuerdos entre fuerzas políticas con ideologías y programas notablemente alejados. Por tanto, la negociación y el acuerdo eran una necesidad inevitable que, más adelante, con los resultados alcanzados, se presentó como una virtud compartida.

Para analizar ese nuevo escenario debe partirse de que la democracia no era todavía una realidad ni existía una legalidad de tal naturaleza. Ciertamente se habían celebrado unas elecciones que, pese a sus insuficiencias y deficiencias, habían permitido la expresión de la voluntad popular, pero las nuevas Cortes, y más precisamente el Congreso de los Diputados, eran una isla democrática en el conjunto de instituciones del país. Por otro lado, buena parte de la legalidad franquista continuaba en vigor –incluidas las Leyes Fundamentales en aquellos aspectos no explícitamente invalidados por la Ley para la Reforma Política– y además continuaban prácticas bien instaladas incompatibles con la democracia, todo ello en unas instituciones con un personal –Policía, Judicatura, etc.– que había servido a la dictadura y, en muchos casos, con una adhesión militante. Problema singular por su importancia era el de las FFAA, en cuyo seno las actitudes predominantes habían sido las defensoras del continuismo franquista, con buena parte de sus miembros continuadamente sorprendidos por las decisiones gubernamentales adoptadas en los meses anteriores que desbordaban sus previsiones y que habían ido alimentado un malestar creciente, espoleado por los grupos ultrafranquistas y por el impacto de la violencia de ETA que no cesaba[5]. A todo lo anterior debe añadirse la gravedad de la crisis económica, con todos los indicadores macroeconómicos mostrando una situación insostenible, que exigía acciones inmediatas.

Obviamente, después de las elecciones no hubo investidura de Adolfo Suárez ni voto de confianza; continuó ejerciendo la presidencia del Gobierno al ser confirmado en el cargo por el rey, aunque contando ahora con el apoyo de la primera minoría parlamentaria. El nuevo Gobierno formado el 4 de julio respondía a la heterogénea coalición que era la UCD, con miembros que procedían unos del reformismo franquista, de la más moderada oposición democrática otros y de la ausencia de compromiso político anterior en algún caso, y que se definían como liberales, democristianos y socialdemócratas –es decir, casi todo el espectro político en muchos países europeos–. No era difícil pronosticar notables diferencias internas en la coalición y en el Gobierno, como así sucedió[6].

Con los resultados electorales podía formarse una mayoría parlamentaria entre la UCD y AP, que habría sumado 181 diputados. Ambas formaciones agrupaban el 42,7 por 100 de los votos, un porcentaje ligeramente inferior al resultante de la suma de la izquierda parlamentaria socialista y comunista –43,1 por 100–. Pero las divergencias entre la UCD y AP eran muy notables; en primer lugar, la formación liderada por Manuel Fraga seguía defendiendo una reforma de la legalidad y de las instituciones existentes, pero se negaba a la apertura de un proceso constituyente y sus posiciones en casi todos los temas la situaban inequívocamente en la extrema derecha[7]. Por otra parte, ¿podía estabilizarse la situación política española en un escenario de confrontación entre esas fuerzas y la izquierda socialista y comunista y los nacionalistas catalanes y vascos?, ¿podía configurarse un nuevo ordenamiento político sin un acuerdo que incluyera a todas las fuerzas que manifestaban su voluntad de establecer un sistema democrático, además en un contexto de enormes obstáculos?

LA PRIMERA LEY: LA AMNISTÍA

No ha sido infrecuente en los últimos años que la Ley de Amnistía de octubre de 1977 haya sido presentada como una «autoamnistía» obra de los franquistas. Nada más lejos de la realidad. La Ley de Amnistía fue la primera aprobada por las Cortes democráticas a iniciativa de los grupos políticos que procedían del antifranquismo, y los más genuinos representantes del franquismo en el Parlamento la rechazaron desde los escaños de AP. En efecto, todos los grupos parlamentarios de la oposición –socialistas, comunistas, nacionalistas vascos y catalanes y el Grupo Mixto– acordaron una proposición conjunta de Ley de Amnistía. Ciertamente la inmensa mayoría de presos políticos habían sido ya liberados, pero quedaban en las cárceles condenados por actos violentos, especialmente de ETA, y muchas situaciones derivadas de la acción represiva franquista no habían sido reparadas. La amnistía general había sido, por otra parte, uno de los ejes de la movilización antifranquista y había figurado como un objetivo esencial en todos los programas de la oposición[8]. En síntesis, el texto propuesto, ordenado en 10 artículos, establecía la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados como infracciones penales por la legislación vigente o derogada ejecutados hasta el 15 de junio, su alcance a civiles y militares y la amnistía laboral[9].

La UCD se mostró inicialmente muy reticente a la iniciativa de la oposición al considerar que el Decreto-Ley de julio de 1976 y los aprobados en marzo de 1977 ya habían comportado la amnistía, pero finalmente aceptó la elaboración de un proyecto de ley con los demás grupos. En cambio, AP lo rechazó frontalmente y se negó a participar en la ponencia conjunta. La UCD propuso un texto muy breve con formulaciones generales pero a la vez muy restrictivas en todos los ámbitos. Además, su propuesta introducía en el articulado la explicitación de la aplicación de la amnistía a «cualquier responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido las autoridades, funcionarios y agentes del Orden Público» en la investigación de «delitos de intencionalidad política».

Las divergencias existentes dieron lugar a una intensa negociación centrada en lo que los grupos de la oposición consideraban indispensable que la ley debía incluir y no en lo que la UCD quería añadir. De hecho, para Mundo Obrero, la principal publicación del PCE, la introducción de la referencia a autoridades, funcionarios y policías era «redundante», era «una mención innecesaria, por otra parte, ya que cuando la oposición dice amnistía, lo dice en su sentido más profundo. Y ello, pese a haber sido sus militantes las personas sobre las que recayó en los últimos cuarenta años una de las más duras represiones y prácticas de tortura ejercitadas por los aparatos represivos»[10]. En definitiva, la posición comunista, compartida por la inmensa mayoría de la oposición, muestra que la agenda política del antifranquismo no contemplaba llevar a autoridades y funcionarios franquistas ante los tribunales de justicia, independientemente de que ello hubiera sido absolutamente inviable en las condiciones políticas de aquel momento. Veintiún años antes, en junio de 1956, en la declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica al problema español», el PCE había manifestado con toda claridad que «Nosotros entendemos que la mayor justicia para todos los que han caído y han sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España»[11].

Después de laboriosas negociaciones, se acordó un proyecto de ley con el apoyo de todos los grupos, excepto AP. Se amnistiaban todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que hubiera sido su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados antes del 16 de diciembre de 1976, y todos los de la misma naturaleza entre esa fecha y el 15 de junio de 1977 «cuando en su intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España», y todos los realizados hasta el 6 de octubre si no habían supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas, considerando, además, que se entendería por el momento de la realización del acto «aquel en el que se inició la actividad criminal». Amnistiar los actos «cualquiera que hubiera sido el resultado» hasta diciembre de 1976, extender la amnistía hasta el 15 de junio cuando la intencionalidad hubiera sido restablecer las libertades o reivindicar la autonomía y considerar la fecha de inicio de la actividad y no la del acto ejecutado implicaba asegurarse que saldrían de las cárceles todos los presos políticos antifranquistas que quedaran en ellas, incluidos quienes habían continuado ejecutando actos violentos hasta el momento, particularmente los miembros de ETA. Pero, en cambio, quedaban excluidos de la amnistía los miembros de la extrema derecha que habían continuado actuando violentamente después de diciembre, puesto que obviamente no podían apelar al propósito de restablecer las libertades o reivindicar la autonomía[12]. La ley especificaba los «delitos» comprendidos en la amnistía e incluía la amnistía laboral[13]; por el contrario no establecía la reincorporación de los militares de la UMD a las FFAA.

Precisamente la posible reincorporación al Ejército de los militares que habían sido condenados por formar parte de la UMD dio lugar a una de las pocas acciones de presión directa de los militares que logró plenamente su objetivo. El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, a su vez presionado por la cúpula militar, transmitió a los parlamentarios de la UCD que si se aprobaba dicha reincorporación habría una fuerte reacción militar de imprevisibles consecuencias y que él dimitiría de su cargo[14].

Las críticas a la ley desde la izquierda se centraron precisamente en lo que continuaba faltando y no en la inclusión de funcionarios y policías. Para el dirigente comunista Jordi Solé Tura, la ley era «la expresión más alta de lo que hoy se puede alcanzar»[15] con la correlación de fuerzas existente. La no inclusión de la posibilidad de retorno a las FFAA de los militares de la UMD era para el PCE la principal insuficiencia de la ley, aunque ello no era suficiente motivo para no darle la aprobación. Para Ignacio Gallego, el diputado comunista que participó en la elaboración del proyecto, no llegar a un acuerdo sobre los militantes de la UMD no podía suponer impedir la aprobación de una amnistía general, especialmente necesaria en el País Vasco[16]. Desde el PCE también se criticó la exclusión de la ley de los denominados «delitos de la mujer», como el adulterio o el aborto, objeto de una proposición de ley comunista que no prosperó[17].

Las ausencias o insuficiencias de la ley y no la inclusión de funcionarios y policías fueron también las críticas desde las principales formaciones de la izquierda extraparlamentaria. Por ejemplo, la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) criticó que la ley dejara fuera de la amnistía a colectivos que consideraba que debían ser beneficiarios de ella[18]; el mismo argumento fue el utilizado por el MCE que calificaba la ley de indulto limitado, porque «deja fuera a los militares del Ejercito Republicano. Limitado porque olvida a los militares de la Unión Militar Democrática. Limitado porque sigue excluyendo a determinados presos políticos. Limitado porque no se acuerda de las mujeres condenadas por “delitos” específicamente femeninos. Limitado, en fin, porque discrimina abiertamente al conjunto de presos sociales»[19]. El no ser a su entender una amnistía «total» fue también la crítica a la ley formulada por el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE), Francisco Letamendia, en el debate de la ley en el pleno del Congreso, sin que realizara una sola alusión a los funcionarios y policías que podrían beneficiarse de ella[20]. En resumen, la crítica a la ley estuvo focalizada en que no era la «amnistía total» que se siguió reclamando desde la izquierda radical y desde el ultranacionalismo vasco.

Desde la extrema derecha, la ley fue rechazada radicalmente. El editorial que Fuerza Nueva dedicó a la amnistía afirmaba que el acuerdo sobre la ley entre el Gobierno y «la oposición marxista-separatista» consumaba «la gran traición por parte de quienes ahora ocupan el poder». Traición «a unos ideales que juraron defender, a unos muertos a los que se les dijo […] que su sangre no habría sido inútilmente derramada, a unos familiares a los que se les prometió que se haría justicia y a la misma Justicia escarnecida y conculcada desde una supuesta legalidad. Y a unos combatientes que todo lo dieron por devolver a España su unidad, grandeza y libertad». La amnistía agraciaba con la impunidad «a una serie de criminales autores de los más viles asesinatos cometidos contra la unidad de España, contra sus Fuerzas Armadas y contra aquellos ciudadanos, humildes en su mayoría, que fueron fieles a las mismas ideas y Régimen político que hicieron posible, entre otras cosas, la instauración de la actual Monarquía». Además, con la amnistía se justificaban y se sancionaban como buenas «las actitudes antipatrióticas, insolidarias y de violencia común bajo el simple pretexto de una “defensa de la democracia”, con lo cual esta, la democracia, por muy excelsa que sea como institucionalizadora de Estado, queda por encima de la misma Patria, por encima, por tanto, de la unidad de España»[21].

El debate parlamentario del proyecto de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados es especialmente interesante y revelador. Los parlamentarios procedentes del antifranquismo defendieron la amnistía como una medida de ruptura con el pasado, y además de reconciliación; para ellos se trataba de negar el orden franquista y avanzar decisivamente hacia un nuevo marco político que permitiera que todos los ciudadanos pudieran convivir en España libremente, defendiendo cada uno sus ideas.

El líder de las CCOO, Marcelino Camacho, con largos años de cárcel a sus espaldas y que en el debate de la ley en el Congreso de los Diputados intervino en nombre del grupo parlamentario comunista, lo expresó claramente: «Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas». Por su parte, el socialista catalán Josep M. Triginer manifestó que «el día de hoy cierra definitivamente una etapa histórica de nuestro país», aunque apuntó inmediatamente que debía «seguir el proceso democratizador con prontitud», pues no debía olvidarse que el Parlamento era «el único instrumento democrático […] en la actual estructura de poder». Para el también socialista José María Benegas, representante del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), la promulgación de la amnistía implicaba enterrar por fin la guerra civil, «la división entre los españoles y las responsabilidades derivadas de quienes, en defensa de la libertad, se opusieron a aquellos que pretendieron acallar la fuerza de la razón por la fuerza de la violencia y del ejercicio del poder». Y para el dirigente del PNV Xabier Arzallus, la amnistía era «el inicio del comienzo de la democracia»[22]. Cuando poco después la ley fue aprobada también en el Senado, el sacerdote y después activista del independentismo catalán Lluís Maria Xirinacs, quien había permanecido en pie en todas las sesiones de la cámara reivindicando la amnistía, decidió sentarse en su escaño dando por alcanzado ese fundamental objetivo que había sido el eje de su actuación política.

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso –y a continuación por el Senado– el 14 de octubre con el voto favorable de todos los diputados excepto los de AP y el de EE. Para el portavoz de AP en el debate parlamentario, el exministro Antonio Carro, la ley se traduciría en «un fermento de la inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la autoridad»; la aprobación de la ley de amnistía significaba deslizarse «por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y, en fin, de la anarquía», y ello en un escenario descrito de desorden público donde «raro es el día que no nos enteremos, con tristeza, de que se han producido nuevos atentados, robos, secuestros, explosiones y asesinatos», en un clima que rayaba «el presalvajismo, en el que la jungla del asfalto es la ley de los más osados y de los más violentos»[23]. Para Manuel Fraga, el efecto principal de la ley sería «dar ánimos a los terroristas»[24].

Por tanto, la ley de octubre de 1977 no tiene nada que ver con las autoamnistías aprobadas en los momentos finales de otras dictaduras para garantizar la impunidad de sus dirigentes; la Ley de Amnistía fue elaborada por la iniciativa de los parlamentarios de las formaciones políticas antifranquistas, y fue aprobada por el Congreso y el Senado con el voto favorable de la inmensa mayoría de sus miembros, aunque no de todos. La Ley de Amnistía encontró el rechazo de AP, es decir, de la formación política donde se encontraba el mayor número de dirigentes de la dictadura con una larga trayectoria y responsabilidad, dirigida por numerosos exministros de Franco –Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, etc.–. El 80 por 100 de los diputados de AP habían sido «procuradores» en las Cortes franquistas, y si dicha formación hubiera obtenido mejores resultados electorales habrían ocupado escaños en el Congreso y en el Senado muchos más altos dirigentes, empezando por el expresidente del gobierno Carlos Arias Navarro, candidato derrotado a senador por Madrid. ¿Cómo podría considerarse «autoamnistía» una ley cuyos supuestos máximos beneficiarios rechazaron?

Con una mirada desde casi cuatro décadas después, con la justicia transicional bien asentada desde la última década del siglo XX y con los principios de «verdad, justicia y reparación» fuera de discusión, pero también desde el desconocimiento de la historia española del siglo XX, pueden sorprender las actitudes predominantes en los principales actores políticos de la España de los años setenta. Pero está fuera de lugar pretender desde el presente dictaminar cómo deberían haber actuado en un contexto y bajo unos condicionantes muy distintos a los actuales.

LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

La elaboración de una Constitución era el primer gran objetivo de la mayoría de fuerzas políticas al que se acabaría sumando, para no quedar marginada, AP. El proceso de redacción de la Carta Magna fue notablemente complejo, desde luego muy alejado de afirmaciones que, pese a su inconsistencia e incluso en algunos casos su carácter descabellado, han logrado cierto eco en los últimos años en determinados ámbitos, como por ejemplo que fue escrita al diktat de los militares, que fue elaborada por «fascistas» o que fue fruto de pactos inconfesables alcanzados entre unos pocos con nocturnidad y alevosía[25].

El Gobierno intentó, en primer lugar, remitir a las Cortes un texto constitucional elaborado en el Ministerio de Justicia[26], pasando a continuación a proponer que un grupo de expertos en Derecho Constitucional redactara el anteproyecto de Carta Magna; ambas propuestas fueron rechazadas por toda la oposición, obligando a la UCD a aceptar la elaboración parlamentaria del texto constitucional. Establecido tal procedimiento, se propuso la formación de una ponencia de cinco miembros, tres de la UCD y dos del PSOE, lo que fue rechazado por las demás formaciones, que defendieron una ponencia en la que estuvieran representados todos los grupos parlamentarios. Santiago Carrillo argumentó tanto a los dirigentes del PSOE como de la UCD que constituiría un grave error político dejar fuera de la ponencia a los partidos nacionalistas catalanes y vascos, así como a AP porque esta «se podría convertir en el punto de referencia de todos los descontentos y de todos los que se oponían al cambio democrático». Obviamente, el líder comunista defendió también que no podía quedar fuera el PCE que era la tercera fuerza parlamentaria[27]. Al final se acordó la formación de una ponencia de siete miembros en la que estarían representados la UCD, el PSOE, el PCE, AP y los nacionalistas catalanes y vascos, y el 1 de agosto fueron elegidos sus miembros en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados[28].

El anteproyecto de Constitución fue elaborado desde agosto hasta diciembre. A continuación se abrió el periodo de presentación de enmiendas –más de 3.100– y de su estudio por parte de la ponencia, lo que dio lugar a la introducción de notables modificaciones en el anteproyecto. En esta fase del proceso de elaboración de la Carta Magna se manifestaron divergencias importantes que acabaron comportando el abandono de la ponencia del representante socialista. El inicio del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas a principios de mayo de 1978 evidenció la consolidación de lo que se denominó la «mayoría mecánica» entre la UCD y AP, que puso en peligro el grado de acuerdo alcanzado en el anteproyecto, lo que acabó dando lugar a negociaciones entre la UCD y el PSOE, a las que se añadieron los otros grupos excepto AP, recomponiendo el consenso que finalmente, después del debate en el pleno de Congreso en julio y tras el trámite del Senado, haría posible la aprobación de la Constitución en octubre.

Los ponentes encargados de elaborar el anteproyecto de Constitución iniciaron los trabajos el 22 de agosto y acordaron mantener la reserva sobre el contenido del anteproyecto hasta su culminación. Por ello, las reuniones de la ponencia fueron a puerta cerrada y la escueta información sobre la marcha de los trabajos fue comunicada en ruedas de prensa celebradas al finalizar cada sesión. Fue una decisión polémica, que debía facilitar el trabajo sin presiones y sin la necesidad de escenificar las posturas divergentes de cada grupo, pero que no evitó que, una vez conocido el texto, hubiera numerosas presiones, especialmente desde la derecha y desde poderosas instituciones, como las FFAA y la Iglesia católica, para modificar aspectos sustanciales y que, por otra parte, se transmitiera una imagen de secretismo y ocultación con efectos claramente negativos. Si bien el trabajo de la ponencia se realizó en un clima amistoso y culminó con acuerdos en aspectos sustanciales, el esfuerzo para alcanzarlos fue muy laborioso dada la distancia de las posiciones de las distintas formaciones políticas. Para el socialista Gregorio Peces-Barba, «el debate subsiguiente aún sería duro, pero era evidente que habíamos avanzado mucho, que se había creado un buen clima en la ponencia, y que el acuerdo para una Constitución de consenso no era imposible»[29]. En todo caso, los ponentes formularon numerosos votos particulares, que mostraban los importantes desacuerdos, y a ellos se añadieron los tres millares de enmiendas presentadas por diputados de todos los grupos parlamentarios.

Jordi Solé Tura explicó que en la redacción del anteproyecto buscó siempre que fue posible el acuerdo unánime y cuando no fue así procuró que quien quedara fuera del máximo acuerdo posible fuera Manuel Fraga, el ponente de AP. En todo caso, debe remarcarse que no hubo cuestiones excluidas de la discusión –como tampoco lo estuvieron en el debate público en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el Pleno del Congreso y posteriormente en el Senado–, incluyendo la monarquía, el concepto de España, el derecho de autodeterminación o las relaciones del Estado con la Iglesia católica. Cuando se conocieron los primeros artículos de la primera redacción del anteproyecto, a finales de noviembre, y en enero cuando se publicó el texto completo, se desencadenó un notable debate sobre puntos capitales, especialmente por la críticas formuladas, algunas muy radicales, desde los sectores conservadores, acompañadas de presiones dirigidas especialmente al Gobierno y a la UCD.

El anteproyecto, contrariamente a la posición inicial de la UCD, no era un texto breve que fijara el marco general y unas normas básicas, dejando su desarrollo a una futura legislación[30], sino que era un articulado extenso fruto del empeño especialmente de la izquierda en formular de manera precisa los derechos y libertades fundamentales, eliminando cualquier riesgo de posibles restricciones en el futuro. Al decir de Miquel Roca, la Constitución sueca «no necesitará hablar del derecho de reunión, por ejemplo, pero la española sí, porque en los últimos cuarenta años no lo hemos tenido»[31].

En el informe sobre el anteproyecto de Constitución que el ponente comunista presentó al Comité Central del PCE, Jordi Solé Tura afirmó que era «más avanzado de lo que permite el juego estricto de las fuerzas políticas existentes en las Cortes», por lo que preveía que sería «atacado en algunos puntos fundamentales desde la derecha»[32]. Y así fue. Desde que se conoció el primer borrador publicado por diversos periódicos y revistas, se desencadenó una reacción crítica desde distintos ámbitos: en AP y entre diputados de la UCD, en sectores académicos conservadores, en el empresariado, en la Iglesia y, de manera velada, en el Ejército. El concepto de «nacionalidades», los limitados poderes atribuidos al rey, el papel del Estado en la economía y la supuesta amenaza a la «libertad de enseñanza» fueron algunas de las cuestiones objeto de controversia y presión más o menos abierta.

Felipe Agüero ha destacado que «la marginación de los militares de un proceso constitucional sin límites prefijados contrasta fuertemente con la posición de las fuerzas armadas en otras transiciones», como las de Portugal, Chile, Perú o Brasil[33]. Al no poder participar directamente en la elaboración del texto constitucional, como sí ocurrió en otros procesos de transición, obligó a los militares españoles a recurrir a formas de presión, especialmente sobre el Gobierno, con resultados en general poco satisfactorios. Las escasas prerrogativas del rey, el reconocimiento de las «nacionalidades», con sus lenguas y símbolos oficiales, la abolición de la pena de muerte, el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en el servicio militar, entre otras cuestiones relevantes, causaron malestar en unas FFAA que observaban que se estaban sobrepasando todos los límites que hasta muy poco antes se consideraban infranqueables.

El anteproyecto, en su artículo primero, definía España como «un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo». Establecía una democracia parlamentaria fundamentada en la soberanía del conjunto de ciudadanos españoles con forma de gobierno monárquica, reconocía el derecho a la autonomía de las «nacionalidades» y regiones, detallaba los derechos y libertades fundamentales y contenía formulaciones progresistas en el plano económico y social. El artículo 9.2, inspirado en el artículo 3 de la Constitución italiana de 1947, establecía que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

La ausencia en el anteproyecto de toda mención a la «nación española» y la introducción del concepto «nacionalidades» fueron objeto de una vehemente denuncia desde sectores políticos y sociales conservadores y de intensas presiones al Gobierno y a la UCD, pese a que el artículo 2.o decía que «La Constitución se fundamenta en la unidad de España»[34].

Un gran impacto tuvo el artículo del filósofo y senador por designación real Julián Marías titulado «Nación y “nacionalidades”», publicado en el diario El País el 15 de enero de 1978. A Marías le resultaba inaceptable que en el texto no apareciera ni una sola referencia a la «nación española», «la primera nación que ha existido en el sentido moderno de la palabra» sostenía, surgida de la unión dinástica de los Reyes Católicos. No afirmar que España era una nación equivalía a decir «que España no es una nación», y ello suponía arrojar «por la borda, sin pestañear, la denominación cinco veces centenaria de nuestro país», por lo que atacaba sin contemplaciones a los miembros de la ponencia constitucional preguntándose «hasta dónde puede llegar la soberbia –o la inconsciencia– de un pequeño grupo de hombres, que se atreven, por sí y ante sí, a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante generaciones y generaciones, a través de diversos regímenes y formas de gobierno». Por otra parte, Marías consideraba absurda la introducción del término «nacionalidades», porque no había nacionalidades «ni en España ni en parte alguna, porque “nacionalidad” no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa propiedad, afección o condición» y, además, significaba introducir «una arbitraria desigualdad» entre los españoles[35].

En el Congreso de los Diputados, AP fue quien se opuso frontalmente al concepto de «nacionalidades». Manuel Fraga presentó un voto particular para suprimirlo en todos los artículos donde aparecía, dejando exclusivamente la expresión «regiones». Región o «región autónoma» era la fórmula que figuraba en la Constitución republicana de 1931 –remarcó el voto particular de AP– y era suficiente para describir la base geográfica e histórica de las autonomías. Por otra parte, argumentaba que «no puede aceptarse más que una “nación”: España, ni más que una “nacionalidad”: la española». La palabra nacionalidades, añadía la justificación del voto particular del ponente de AP, era «equívoca y llena de posibles complicaciones» y podía llevar a «planteamientos tan complejos, delicados y cargados de dificultades de futuro como el “principio de las nacionalidades”, el derecho de autodeterminación, etc., que sería deseable evitar, al servicio de la sagrada e indestructible unidad de España»[36].

Parlamentarios de AP defendieron en los medios de comunicación y en distintos foros su rechazo al término «nacionalidades» considerando que constituía una peligrosa amenaza a la unidad de España. Así, el diputado y exministro franquista Licinio de la Fuente afirmaba en un artículo publicado el 8 de enero que la consagración de que España era «un conjunto de nacionalidades y regiones» dejaba en el aire «si España es en sí misma» una nación, y hacía problemático «qué es y qué comprende la nación o nacionalidad española»[37].

El debate público sobre la cuestión se prolongó hasta la aprobación de la Constitución, y el rechazo desde el nacionalismo español esencialista al concepto «nacionalidades» se mantuvo a pesar de la introducción en el texto constitucional de la expresión «nación española» y de reducir la referencia a las nacionalidades al artículo segundo. Pero, como se ha dicho anteriormente, no hubo solo debate público, sino también expresiones privadas de profundo malestar y presiones de distinta naturaleza. Así, las primeras informaciones sobre el anteproyecto de Constitución daban cuenta de dicho malestar en sectores militares[38]. Y no pocos diputados de la UCD transmitieron su incomodidad e incluso Rodolfo Martín Villa advirtió del peligro de deserciones en el grupo parlamentario[39]. En abril de 1978, Laureano López Rodó transmitió al rey que «era inadmisible la introducción de la palabra “nacionalidades” en el texto constitucional». Para el diputado de AP y exministro franquista, «la palabra “nacionalidades” o no quiere decir nada o quiere decir nación. Si no decía nada debía suprimirse, «y si quiere decir nación, también, porque en este caso se incurre en una flagrante contradicción puesto que se habla a la vez de “la nación española” y de la pluralidad de las “nacionalidades”»; además quienes propugnaban el término «nacionalidades» no «se recatan de decir que es sinónimo de nación»[40].

El artículo de Julián Marías anteriormente citado tuvo diversas réplicas. El también senador Joaquín Satrústegui, miembro de la Alianza Liberal, elegido en la candidatura Senadores por la Democracia, después de afirmar que no participaba de «la alarma que en amplios sectores» había causado la crítica de Marías al proyecto constitucional por emplearse la palabra «nacionalidades», señalaba que la palabra «nación» tenía diferentes significados y recordaba que la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento atribuían a la palabra «nacionalidades» el significado que se le había dado en el documento de la Comisión de los Nueve de febrero de 1977 sobre las «nacionalidades». Satrústegui acudía a dicho documento que afirmaba que «la descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias que plantean el carácter plurinacional y plurirregional de España» era una «necesidad urgente impuesta por el propio proceso democrático», y que «la justicia y la estabilidad democrática pasan por una solución adecuada al grave problema de la construcción de un Estado que asuma la pluralidad nacional y regional de España, que es una realidad histórica que las fuerzas democráticas se comprometen a mantener y defender»[41]. En el mismo periódico, Josep Melià publicó un erudito artículo sobre los conceptos de nación y nacionalidad rechazando la argumentación de Marías y demostrando la utilización del concepto de nación referido a Cataluña a lo largo de la historia[42].

La inclusión en el texto constitucional del término «nacionalidades» fue defendida por la práctica totalidad de partidos catalanistas, por el PNV y por las principales formaciones políticas de ámbito estatal, junto a la concepción de España como una «nación de naciones», una formulación heterodoxa, pero probablemente más acorde con la diversidad de identidades existente en la sociedad española. Para los primeros, el término «nacionalidades» comportaba el reconocimiento de la personalidad nacional de Cataluña; en palabras del diputado de Convergència Democràtica de Catalunya Miquel Roca, significaba aceptar que España era un Estado plurinacional[43], aunque asumiendo que España no era solo un estado, sino una «nación de naciones» y que la soberanía residía en el conjunto de la ciudadanía española. Para Roca, el gran reto del proceso constituyente era construir una comunidad política, «una nación española compatible con dicha realidad plurinacional»[44].

Para el ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, la inclusión del concepto «nacionalidades» «respondía a la realidad de que España era una Nación de naciones –al fin y al cabo la nacionalidad no es sino sinónimo de nación– y de regiones diferenciadas», lo que no implicaba, a partir de una «torcida aplicación del principio romántico de que cada nación tiene derecho a ser un estado independiente», cuestionar la existencia de «una única soberanía residente en el pueblo español»[45]. Por su parte, el ponente comunista Jordi Solé Tura argumentó que el artículo 2.o significaba una nueva definición de España como nación y además establecía la «base conceptual del Estado de las Autonomías». Para el dirigente del PSUC se abría la posibilidad de «que la unidad de España se pudiese conciliar con la realidad multiforme de diversas nacionalidades y regiones»[46].

La posición de la UCD fue mucho más imprecisa, en parte por las múltiples presiones que recibió desde los sectores más conservadores, y también por las diferentes actitudes en su seno. En el debate del proyecto de Constitución en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, el portavoz centrista Rafael Arias-Salgado, dirigiéndose especialmente a AP y a los sectores más hostiles al artículo 2.o, precisó que el término «nacionalidades» implicaba «el reconocimiento de la existencia de formaciones sociohistóricas a las que se confiere un derecho a la autonomía, cuyo límite de principio infranqueable reside precisamente en la soberanía de la unidad política que las comprende»[47]. Explicitó también otros argumentos: para Arias-Salgado, la libertad y la democracia eran inviables si no se ofrecía «una satisfacción racional a las reivindicaciones de aquellos colectivos, algunos de ellos cuantitativamente y cualitativamente importantes, que desean afirmar su identidad con el recurso al vocablo nacionalidad». Por otra parte, era necesario que la Constitución fuera aceptada por una gran mayoría de la ciudadanía; un texto rechazado o escasamente votado en Cataluña nacería con un «delicado vicio de origen aun cuando fuese mayoritariamente aprobado en el resto de España»[48].

El texto del artículo 2.o finalmente aprobado enfatizaba las alusiones a la unidad, pero mantenía el término nacionalidades[49], lo que determinó el mantenimiento del rechazo de AP que acabó comportando, junto con su oposición al título VIII que, en la votación final del texto constitucional, una parte de sus diputados votara contra la Constitución, otra se abstuviera y la que votó a favor lo hiciera anunciando que la reformaría en cuanto pudiera. Para Jordi Solé Tura este artículo era «una verdadera síntesis de todas las contradicciones existentes en el periodo constituyente»; en él coincidían «la concepción de España como una nación única e indivisible y la concepción de España como un conjunto articulado de pueblos diversos, de nacionalidades históricamente formadas y de regiones». Las dos concepciones se fundían para servir de base «no ya al Estado centralista tradicionalmente vinculado al concepto de nación única, sino a un Estado de las Autonomías que debe superar las viejas y anquilosadas estructuras del centralismo»[50].

Menos apasionado que el debate sobre el artículo 2.o, la organización territorial del Estado, es decir, la prevista autonomía «de nacionalidades y regiones» también fue objeto de discusión y hubo notables críticas al título en cuestión, lo que mostró la extensión de actitudes entre el recelo y el rechazo al anteproyecto de Constitución en los ámbitos más conservadores y con mayor presencia de un nacionalismo español de raíz esencialista. El título VIII de la Constitución será abordado en el siguiente epígrafe.

La ausencia de referencias en el anteproyecto de Constitución a la Iglesia católica y algunos temas muy sensibles para ella, como la educación, determinaron la manifestación de divergencias y presiones de distinto carácter. Justo después de conocerse parcialmente el texto del anteproyecto, la Conferencia Episcopal hizo público un documento crítico el 26 de noviembre de 1977. Por una parte, los obispos reclamaban un reconocimiento explícito del papel de la Iglesia en la sociedad española; por otra, defendían que el texto constitucional incorporara los valores morales del catolicismo. Para el episcopado, la Constitución debía defender la vida humana, «desde el seno materno hasta el momento de la muerte, contra todo ataque, aunque venga disfrazado de amor compasivo, de ideales políticos o de fría ciencia». Igualmente, debía asegurar la estabilidad del matrimonio y la protección de la familia, el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, y debía garantizar «en todos los centros de enseñanza la educación de las nuevas generaciones de conformidad con las convicciones morales y religiosas de los padres y de los alumnos». Por otra parte, para el episcopado, «el derecho a la libertad de expresar y difundir las propias opiniones no puede invocarse para justificar las ofensas a los valores y sentimientos morales y religiosos de los ciudadanos», y «el servicio al bien de la comunidad cívica reclama, además, una especial defensa de la moralidad pública». Para los obispos, si prevalecían en el texto constitucional «formulaciones equívocas y de acento negativo que pudieran dar pie a interpretaciones “laicistas”, no se daría respuesta suficiente a la realidad religiosa de los españoles, con el peso indudable del catolicismo». Además, la libertad religiosa debería ir acompañada de «un tratamiento sobrio y constructivo de la significación de la Iglesia católica en España en términos de independencia recíproca en relación con el Estado, de respeto de competencias y de posibilidad de mantener acuerdos sobre materias de interés común»[51]. El documento episcopal tuvo el voto contrario de 9 obispos –49 votaron a favor y 1 se abstuvo– que consideraron su contenido excesivamente moderado. En la presentación del documento, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Vicente Enrique Tarancón, afirmó que «no pedimos ningún privilegio, sino que se nos reconozca como a todas las iglesias; pero debemos tener en cuenta que estamos en España, y en España los católicos somos mayoría»[52].

La presión de la jerarquía católica en cuanto a la mención explícita de la Iglesia en el texto constitucional tuvo efecto inmediato en la UCD y en AP. Tras sucesivos debates en la ponencia y en la Comisión de Asuntos Constitucionales se aprobó, con el voto en contra de los socialistas, la redacción definitiva del artículo 16 que en el apartado tercero mencionaba a la Iglesia católica: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». El PCE no apoyó a los socialistas en esta cuestión argumentando que era más importante la separación del Estado y la Iglesia y la libertad religiosa que el artículo establecía que la simple mención a la Iglesia[53].

El tema de la enseñanza fue mucho más conflictivo y difícil de acordar. Cuando la ponencia examinó las enmiendas presentadas al anteproyecto, el artículo sobre la educación se modificó parcialmente, con la oposición de socialistas y comunistas y el voto favorable de la UCD, AP y la Minoría Catalana, dando mayor satisfacción a las demandas de la Iglesia y de sectores conservadores. Así, por ejemplo, a la libertad de las personas físicas y jurídicas de establecer centros docentes se añadía la de dirigirlos. El cambio introducido en dicho artículo expresaba lo que estaba sucediendo en aquella fase del proceso parlamentario, la modificación de artículos del anteproyecto con los votos de la UCD y AP, lo que se denominó la «mayoría mecánica», y que acabó determinando el abandono de la ponencia del socialista Gregorio Peces-Barba[54].

Sin embargo, en el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, ante la amenaza de la ruptura definitiva del consenso, con lo que podría alumbrase una Constitución con apoyos limitados y cuestionada desde su promulgación, la UCD decidió un viraje sustancial en su posición. En aras de recuperar el acuerdo más amplio posible, muchos de los cambios introducidos fueron eliminados volviéndose a la redacción del anteproyecto o a formulaciones que lograban un amplio acuerdo, con frecuencia con la única oposición de AP. El artículo sobre la educación volvió, con pequeños retoques, al texto del anteproyecto que, en todo caso, garantizaba el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus convicciones, la libertad de creación de centros y las ayudas públicas a centros privados que cumplieran los requisitos que la ley estableciera, pero que también consagraba el derecho general a la educación, la programación de los poderes públicos para garantizarlo, la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza básica, la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos, y que la educación tendría por objeto «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». A pesar de ello, los intentos de modificar el artículo en cuestión para asegurar mejor la posición de la Iglesia continuaron, infructuosamente, hasta el final de la elaboración de la Constitución, especialmente por parte de diputados de AP, que insistieron en asegurar la subvención a los centros docentes privados y en que su dirección no debiera contar con la intervención de profesores, padres y alumnos[55].

Como la Iglesia, las organizaciones patronales manifestaron su insatisfacción respecto al anteproyecto de Constitución, en un contexto de notable malestar de los empresarios con la política del Gobierno de la UCD, que consideraban excesivamente inclinada hacia la izquierda y poco respetuosa con sus intereses[56]. De forma muy exagerada, dirigentes empresariales manifestaron que el texto ponía en cuestión la libre empresa, establecía un elevado intervencionismo del Estado y tenía, en definitiva, un carácter socializante. Las protestas empresariales tuvieron una inmediata acogida en AP y en la UCD, especialmente en su sector liberal. Pero, por otra parte, tanto socialistas como comunistas también rechazaban algunas restricciones en algunos derechos así como determinadas formulaciones del articulado de la «constitución económica» y presentaron votos particulares y enmiendas para modificarlas. Uno de los artículos que la izquierda rechazó con mayor firmeza –y que desapareció del texto final de la Constitución– fue el 32.2 que establecía que «el empresario tiene derecho a establecer las condiciones de empleo de acuerdo con criterios de productividad y a adoptar medidas de conflicto colectivo, sin perjuicio de las limitaciones expresas que al ejercicio de estos derechos pueda establecer la ley».

El anteproyecto reconocía el derecho a la propiedad privada y a la herencia, si bien «la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes»[57], así como el derecho a la libre iniciativa económica privada. También el derecho a la libre sindicación, si bien con restricciones, que desaparecieron del texto final, y el derecho de huelga, ambos incluidos en el apartado de derechos fundamentales en el texto definitivo. Igualmente, reconocía el derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

En el título dedicado a Economía y Hacienda del anteproyecto constitucional se establecía que los poderes públicos podrían intervenir conforme a la ley «en la dirección, coordinación y explotación de las empresas cuando así lo exigieran los intereses generales», uno de los artículos (118.2) que mayor rechazo patronal desencadenó. También establecía la subordinación de la riqueza del país al interés general, la posibilidad de reservar al sector público los servicios esenciales, la explotación de las fuentes de energía o las actividades que constituyeran monopolio, así como la posibilidad del Estado de planificar la actividad económica. Se asignaba a los poderes públicos la promoción de las diversas formas de participación en la empresa y la obligación de facilitar un marco adecuado para las empresas cooperativas.

Poco después de conocerse una parte del borrador del anteproyecto de Constitución, se inició una campaña de «afirmación empresarial» que movilizó a miles de empresarios en actos celebrados en distintas ciudades españolas denunciando que un gobierno «salido de unos votos de derecha» realizaba una «política de izquierdas», y reclamando el establecimiento de una «completa economía de mercado»[58]. En última instancia, lo que la CEOE y otras organizaciones de empresarios pretendían era la constitucionalización de una economía de libre mercado sin restricciones que excluyera la posibilidad de modelos económicos diversos, en función de los proyectos políticos y de las mayorías que pudieran conformarse en el futuro. A pesar de que la UCD ya había presentado una enmienda para constitucionalizar la economía de mercado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebró una multitudinaria asamblea en el Palacio de Deportes de Madrid a principios de febrero de 1978 bajo el lema «Reaccionemos» en la que se formularon propuestas radicales, como la insumisión ante la Administración, o la apelación «a las más altas instancias de la Nación»[59], en inequívoca alusión al jefe del Estado.

En la fase de estudio de las enmiendas y de actuación de la «mayoría mecánica» entre la UCD y AP, en ocasiones con el apoyo de la Minoría Catalana, se introdujeron cambios en el anteproyecto, como el derecho al cierre patronal, con el rechazo frontal del PSOE y del PCE. Pero, como en el tema educativo, la recomposición del acuerdo en el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales comportó la desaparición de muchos de los cambios introducidos. En todo caso, los empresarios lograron la desaparición del artículo 118.2 antes citado así como el reconocimiento de «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», pero no pudieron evitar un conjunto de preceptos que dejaba abierta la puerta a modelos y políticas económicas que consideraban una amenaza para sus intereses, como el mantenimiento de la posible planificación por el Estado de la actividad económica general con el añadido de que debería estimular el crecimiento de la renta y «su más justa distribución». También se mantuvo el mandato a los poderes públicos de promover las «diversas formas de participación en las empresas», añadiendo además, a partir de una sorprendente enmienda del diputado de AP Licinio de la Fuente, el establecimiento de «los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».

Miguel Herrero de Miñón ha dejado testimonio de los muchos esfuerzos que tuvo que dedicar, tanto durante la elaboración de la Constitución como después de su aprobación, para tranquilizar a los empresarios asegurándoles que la Carta Magna no amenazaba sus intereses[60], aunque ciertamente dejaba, como afirma Ángeles González, «un orden abierto a una pluralidad de modelos económicos y sociales»[61].

La Jefatura del Estado fue también objeto de controversia, aunque no tanto la forma de gobierno como las competencias que se asignaban al titular de la institución. El PSOE presentó un voto particular a favor de la forma republicana de gobierno que no tenía ninguna posibilidad de prosperar, en primer lugar por la inexistencia de una mayoría republicana en las Cortes elegidas. Hubo otras enmiendas del mismo signo, como la presentada por Heribert Barrera, de ERC. Por su parte, el PCE, de acuerdo con su posición de no defender propuestas que a su entender tenían un carácter estrictamente testimonial, consideró aceptable la forma monárquica de gobierno siempre y cuando el jefe del Estado tuviera solo una función representativa, posición que a la postre adoptó el PSOE cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó su enmienda republicana.

El anteproyecto de Constitución estableció unas funciones muy limitadas al titular de la Corona, lo que comportó que, cuando el texto fue conocido, desde posiciones conservadoras se criticara con dureza el reducido papel asignado al rey. Julián Marías fue una de las primeras voces que expresaron su rechazo también en esta cuestión. En un artículo publicado por El País el 26 de enero, sostenía que para ejercer su magistratura, el rey debía «disponer de recursos legales, el primero de los cuales el de poder expresar la aprobación o la desaprobación, el de poder oponerse a toda violación de la Constitución, venga de donde venga». Contrariamente, el anteproyecto constitucional parecía guiado por el propósito de establecer «un mínimo de Monarquía –aunque sea ineficaz–, tal vez como precio de que haya Monarquía, sin advertir de que para ello probablemente no hay que pagar ningún precio, sino simplemente consultar al pueblo español»[62]. El senador consideraba que el texto ofrecía «una reducción extrema del Poder que suele llamarse “moderador”» y, al mismo tiempo estaba aquejado de un «desequilibrio parlamentarista», es decir, un exceso de poder del Parlamento[63].

Fortalecer el papel asignado al rey fue un objetivo perseguido por Miguel Herrero de Miñón, a veces sin el concurso de su propia formación política y con el inesperado rechazo de Manuel Fraga[64]. En el primer borrador del anteproyecto de Constitución, el rey ni siquiera proponía al Congreso el candidato a la presidencia del gobierno. Atribuirle tal facultad, después de consultar a los grupos parlamentarios, fue uno de los aspectos del anteproyecto valorados negativamente por Jordi Solé Tura, lo que indica claramente el objetivo de la izquierda de reducir sus funciones a la mínima expresión[65]. Herrero de Miñón defendió que el rey debía tener competencias moderadoras y arbitrales, en concreto defendió cuatro potestades: junto a la designación del presidente del gobierno, la disolución de las Cortes, el recurso al referéndum y la remisión de una ley al Tribunal Constitucional antes de su sanción[66]. De las cuatro, solo la primera quedó claramente establecida en el texto definitivo de la Constitución; en cuanto a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de un referéndum, el texto fijó las condiciones imposibilitando la discrecionalidad del jefe del Estado, al que tampoco se le asignó la posibilidad de enviar una ley al Tribunal Constitucional. Todas las enmiendas defendidas en el Congreso por el diputado de AP Laureano López Rodó para ampliar los poderes del monarca fueron rechazadas, entre ellas la atribución de poderes especiales en casos de emergencia, igual que las que presentaron en el Senado, entre otros, el exvicepresidente del gobierno y senador por designación real Alfonso Osorio, que defendió nuevamente que el rey pudiera devolver a las Cortes o someter a referéndum leyes antes de su promulgación[67].

En todo caso, el debate sobre el papel del monarca no tuvo la trascendencia pública que tuvieron otros aspectos controvertidos del texto constitucional. Como tampoco lo tuvieron, pese a su relevancia, el debate sobre el Senado y sobre la composición del Congreso, dos importantes cuestiones sobre las que defendió infructuosamente sus propuestas el PCE. Sobre el Congreso de los Diputados, el PSOE y el PCE presentaron votos particulares coincidentes sobre su composición, con el objetivo de asegurar la representación proporcional y evitar una futura norma electoral que sobrerrepresentara las zonas rurales, previsiblemente más conservadoras, así como la supresión de una lista cerrada de materias sobre las que podría legislar el Congreso. Esta lista restrictiva desapareció del texto final de la Constitución, y sobre la composición del Congreso, pese al rechazo del PCE, se remitió a la futura ley electoral, fijando la provincia como circunscripción, un mínimo y un máximo de diputados, entre 300 y 400, con una referencia general a criterios de representación proporcional. Ello impidió que la Constitución asegurara una representación proporcional sin las distorsiones al voto popular que se habían producido en las elecciones de junio de 1977 y que la ley electoral posterior consagró.

En cuanto al Senado, el anteproyecto estableció una cámara de representación territorial formada por senadores elegidos por las asambleas legislativas de la Comunidades Autónomas (CCAA) entre sus miembros –en el texto del anteproyecto denominadas Territorios Autónomos–. Sin embargo, tal configuración del Senado fue radicalmente cambiada en la fase posterior del proceso constituyente, con la elección de cuatro senadores por provincia y la de un número limitado de senadores por los parlamentos autónomos.

Jordi Solé Tura defendió con vehemencia y hasta el final del debate parlamentario un Senado como cámara territorial. Para el ponente comunista, tal carácter era el único coherente con el Estado autonómico diseñado en la Constitución, argumento compartido por Gregorio Peces-Barba pero que el PSOE decidió no defender[68]. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, Solé Tura argumentó que «si realmente vamos a construir un sistema político basado en las autonomías, en la generalización de las autonomías, solo tenía sentido una cámara representativa de las Comunidades Autónomas». Ese Senado permitiría que «los órganos legislativos de los territorios autónomos» encontraran «al mismo tiempo un vínculo a la hora de tomar las grandes decisiones colectivas que afectan a la totalidad de España». Una segunda cámara sin ese carácter sería una duplicación del Congreso a no ser que lo que se pretendiera fuera «establecer frenos y contrapesos» a la cámara que representaba la «soberanía del pueblo»[69].

Mayor eco público y mayor atención social tuvieron otros puntos de desacuerdo de las fuerzas políticas, como la supresión de la pena de muerte, la regulación del divorcio y de la interrupción del embarazo y la mayoría de edad a los 18 años.

Socialistas, comunistas y nacionalistas vascos y catalanes defendieron que el texto constitucional estableciera la abolición de la pena de muerte. Tanto en la ponencia como en la Comisión de Asuntos Constitucionales, AP y la UCD rechazaron la abolición, si bien con argumentos distintos. Los portavoces de la UCD se declararon inequívocamente abolicionistas, pero defendieron que la abolición se realizara mediante una ley posterior y de forma paulatina y gradual. Notable efecto tuvo la argumentación de Miquel Roca advirtiendo del importante desgaste que comportaría para el jefe del Estado el mantenimiento de la pena de muerte al tener asignada la función de ejercer el derecho de gracia. Considerando un extenso estado de opinión contrario a la pena de muerte, en el debate en el pleno del Congreso, la UCD formuló una enmienda que constitucionalizaba la abolición pero excluyendo a los militares sometidos al fuero castrense, propuesta aceptada por la izquierda y los nacionalistas, aunque criticando dicha exclusión. Finalmente, se acordó una fórmula que restringía la aplicación de la pena de muerte en el ámbito militar a «lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra»[70].

Vinculado al derecho a la vida apareció en el debate constitucional la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. La UCD y AP se declararon antiabortistas en tanto que el PCE defendió la regulación del aborto. El PSOE y la Minoría Catalana no se alinearon con los comunistas al considerar inconveniente introducir un debate que dividiría a la sociedad en pro abortistas y antiabortistas. El voto particular presentado por Solé Tura al artículo 34.o del anteproyecto proponía añadir un apartado estableciendo que «con el fin de conseguir una maternidad y una paternidad responsables, los poderes públicos tomarán a su cargo, a través de la Seguridad Social, la realización de programas de planificación familiar. Entre los métodos de dicha planificación podrá incluirse la interrupción del embarazo, en las condiciones fijadas por la ley». Falta de apoyos, la propuesta comunista no prosperó, como tampoco una proposición de ley en la misma dirección presentada por el grupo parlamentario comunista. Pero las consideraciones sobre una posible legislación futura estuvieron presentes en la redacción del comienzo del artículo 15.o sobre el derecho a la vida. Frente al «todos tienen derecho a la vida» del anteproyecto y del texto definitivo, la izquierda prefería la fórmula «la persona tiene derecho a la vida», puesto que para los contrarios a la regulación del aborto el «todos» protegería al feto. En todo caso, quedaba una importante cuestión a la interpretación futura del texto constitucional.

El derecho al divorcio también señaló una clara divergencia entre derecha e izquierda, aunque con diferencias notables en la primera. AP fue nuevamente quien se opuso con mayor vehemencia a la posibilidad de constitucionalizar el derecho al divorcio o a formulaciones que dejaran abierta su posibilidad. En el anteproyecto elaborado por la ponencia, se fijaba que el derecho civil regularía las formas de matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, «las causas de separación y disolución, y sus efectos». Comunistas y socialistas presentaron votos particulares casi idénticos para introducir en el artículo en cuestión que el matrimonio podría disolverse «por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, si concurre justa causa en la forma que se establezca por ley de divorcio». El texto final mantuvo la fórmula del anteproyecto con modificaciones que dejaban en manos de una futura ley la regulación del matrimonio y de su disolución, tras la afirmación de que el hombre y la mujer «tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica»[71].

La Constitución aprobada fijó la mayoría de edad en los 18 años. El anteproyecto de Constitución también lo había establecido pero en el trámite parlamentario la UCD y AP, con el voto en contra de las demás formaciones políticas, aprobaron una enmienda que cambiaba la mayoría de edad por la «plenitud de derechos políticos». La denuncia de las paradojas que podían derivarse de la plenitud de derechos políticos a esa edad pero no de derechos civiles[72] acabaron convenciendo a la UCD que debía modificar su posición, quedando sola AP, como tantas otras veces.

Arduas e infructuosas negociaciones tuvieron por objeto el reconocimiento de los «derechos históricos» vascos. La disposición adicional primera del texto definitivo de la Constitución «reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales» y establecía que la actualización del régimen foral se llevaría a cabo «en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía». Por otra parte, una disposición derogatoria decía que «en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley del 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya», y que «en los mismos términos» se consideraba definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876, leyes que a su vez habían suprimido el régimen foral. Sin embargo, el PNV consideró insatisfactorias dichas formulaciones.

Tras hacerse público el anteproyecto en enero de 1978 en el que no había ninguna alusión a derechos históricos y territorios forales, el PNV presentó una enmienda que establecía la devolución a las regiones forales –Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra– de «sus instituciones y poderes políticos originarios», renovaba «el Pacto Foral con la Corona, manteniendo el rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores» y atribuía al Consejo General Vasco o al organismo foral competente «la iniciativa y la capacidad necesarias para llevar a cabo la negociación con el Gobierno de la Corona, constitutiva de su régimen, funcionamiento y traspaso de facultades, cuyo resultado se someterá a referéndum popular». La enmienda fue rechazada de plano al considerar la mayoría de grupos inaceptable el reconocimiento de «poderes originarios» y, especialmente por la izquierda, de un pacto con la Corona y, en definitiva, unas instituciones y funciones ajenas al marco constitucional[73]. En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, la UCD, el PSOE, el PCE y la Minoría Catalana acordaron el texto de la disposición adicional anteriormente citada, acuerdo al que se sumó AP. El dirigente peneuvista Xabier Arzallus manifestó que defendería su enmienda pero que, si no era aceptada, votaría favorablemente el texto presentado por los demás grupos. Sin embargo, pese al voto favorable a la disposición, que hizo posible su aprobación por unanimidad, el PNV consideró insuficiente el texto. A partir de aquí hubo continuados intentos para encontrar una fórmula que el PNV aceptara plenamente, pero el acuerdo no llegó. Aún hubo un último intento en el Senado, con un particular esfuerzo del PSOE, también fracasado[74]. Las divergencias internas en la UCD[75] y el tacticismo del PNV llevaron a ese resultado[76].

La Constitución fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1978 por 325 votos a favor, 6 en contra –5 diputados de AP y 1 diputado de EE– y 14 abstenciones –3 diputados de AP, 7 del PNV, el diputado de ERC, 1 diputado de UCD y 2 del Grupo Mixto. En el Senado, fue aprobado por 226 votos favorables, 5 en contra –de senadores del grupo vasco, del grupo mixto y de 1 senador de designación real, almirante de la Armada– y 8 abstenciones –del grupo vasco, del senador de ERC y de 2 senadores de designación real, tenientes generales del Ejército. A destacar que los 3 militares que por designación real formaban parte de las Cortes no votaron favorablemente la Constitución[77]. En el referéndum del 6 de diciembre, el voto favorable al texto constitucional alcanzó el 88,54 por 100 frente al 7,89 por 100 de votos negativos. La participación fue del 67,11 por 100 del censo electoral. En el País Vasco, la abstención fue sustancialmente superior a la del conjunto de España –55 por 100–, respondiendo en buena medida a la posición del PNV, así como los votos negativos –23 por 100–. En cambio, en Cataluña tanto la participación como los votos afirmativos fueron ligeramente superiores a los de toda España, y las papeletas negativas, inferiores.

El texto definitivo de la Constitución incorporó una disposición final que derogaba, enumerándolas una a una, todas las Leyes Fundamentales de la dictadura, dando así por definitivamente acabado el orden franquista.

La Constitución era fruto del acuerdo entre las principales formaciones políticas de ámbito estatal y del nacionalismo catalán mayoritario. Por la izquierda, el texto constitucional fue rechazado por algunos grupos extraparlamentarios, entre ellos la LCR y el MCE, pero los más importantes pidieron el voto afirmativo, como el PTE y la ORT, aunque desde posiciones críticas. Así, el secretario general de esta última formación política, José Sanroma, defendiendo el voto afirmativo en el referéndum, se dirigió a «quienes dicen que aquí no ha cambiado nada y que las condiciones de lucha siguen siendo las mismas», reprochándoles que «han olvidado muy pronto lo que era la vida y la lucha del pueblo bajo el fascismo». La Constitución, afirmó, «reconoce a la clase obrera y a los pueblos de España derechos que el fascismo negó siempre, derechos que el fascismo pudo durante mucho tiempo impedir que ejerciéramos, derechos que hemos podido comenzar a usarlos cuando con una larguísima y masiva lucha de todos los hemos impuesto»[78].

La Constitución fue también rechazada por grupos nacionalistas minoritarios vascos y catalanes, esencialmente porque no reconocía el derecho de autodeterminación. El diputado de EE Francisco Letamendia –posteriormente integrado en Herri Batasuna– defendió una enmienda que reconocía tal derecho y que establecía un exigente procedimiento para la eventual separación futura de una Comunidad Autónoma[79], pero que no fue votada favorablemente por la mayoría de los grupos del Congreso, incluido el de la Minoría Catalana.

Por la derecha, el rechazo a la Constitución fue radical en todos los grupos franquistas y neofranquistas. Para Fuerza Nueva, el pacto constitucional daba por buena «la labor destructora, demoledora de un pasado de siglos; de traición a una vida noble y de honor colectivo, de fervor patriótico, de sentido constructivo del presente y de fundamento firme hacia el futuro». Se constitucionalizaba «el vicio, la pornografía, el crimen, el terrorismo, el separatismo, la amoralidad administrativa, la ambición innoble de poder a toda costa, los ataques destructores a las FAS y a las FOP. Se da patente de corso, en definitiva, con este nombre para la total y definitiva destrucción de España»[80]. En otro editorial de la publicación del grupo ultraderechista, se afirmaba que la Constitución era fruto de la unión de «unas fuerzas internacionales y siempre enemigas» y de «unos partidos o grupos que solo piensan en la destrucción de todo lo tradicional y positivo, conjugando con ello un retroceso en la Historia y una amenaza clara para el porvenir de la Patria»[81]. Y en el artículo titulado «De “La Pepa” a “La Destrozona”», se calificaba a la Carta Marga de «anticristiana, antiespañola y antifamiliar» y cúmulo de «todas las excrecencias sociales y morales, de todas las lacras, que ya parecían enterradas en el pasado»[82].

Como se expresó en la división del voto en el Congreso de los Diputados, una parte considerable de AP rechazó la Constitución. Federico Silva Muñoz ha explicado que en la Junta Nacional de AP celebrada el 30 de octubre de 1978, los representantes provinciales manifestaron claramente su rechazo a la Constitución, si bien afirmaron que «votarían afirmativamente, porque así se lo habían pedido en Madrid». Con todo, en la votación sobre la posición del grupo, hubo 48 votos a favor del voto afirmativo a la Constitución, 44 en contra y muchas ausencias[83].

Más allá de las posiciones de los partidos políticos, el rechazo a la Constitución fue apreciable en un sector de la sociedad, nacionalista español, conservador y católico, que había vivido cómodamente bajo el franquismo y que asistió al desmoronamiento de sus certidumbres y seguridades y al cuestionamiento abierto de sus valores y costumbres. Para dicha franja de la sociedad española, las libertades –de huelga, de manifestación, de asociación, de expresión, etc.– eran sinónimo de desorden, caos, violencia e inmoralidad; la democracia parlamentaria era equivalente a división, partidocracia y amenaza de gobiernos de izquierda; la autonomía de nacionalidades y regiones era la ruptura de la unidad nacional española. El impacto de la crisis económica y la violencia terrorista contribuyeron en los más radicalizados a dibujar un escenario como el de 1936.

También rechazó la Constitución una parte minoritaria pero no insignificante de la Iglesia católica. Los obispos de diversas diócesis –Vitoria, Burgos, Orense, Cuenca, Tenerife, Sigüenza, Orihuela, Burgo de Osma y Ciudad Rodrigo– expresaron su rechazo al texto constitucional por «la omisión real y no solo nominal de toda referencia a Dios; la falta de referencia a los principios supremos de la ley natural o divina», y porque consideraban que la libertad de enseñanza estaba insuficientemente garantizada. También el arzobispo de Toledo y cardenal primado, Marcelo González, criticó el texto constitucional con argumentos similares[84].

En determinados ambientes sociales, en medios de comunicación y en instituciones, como singularmente en las FFAA, muchas voces manifestaron que había que «hacer algo» para reconducir la situación. Fracasadas las presiones abiertas y encubiertas para evitar la aprobación de un texto constitucional como el que fue conformándose, en determinados medios militares se empezaron a contemplar opciones de fuerza.

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, ¿CAFÉ PARA TODOS?

La organización territorial del Estado fue establecida en el título VIII de la Constitución, pero durante el debate parlamentario se formaron a lo largo de la geografía española juntas y consejos preautonómicos que prefiguraban lo que acabaría siendo el Estado de las Autonomías.

Las elecciones de junio de 1977 dibujaron un mapa político general que se reproducía en cada región, con una mayor inclinación a la derecha en unas –Galicia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares y Canarias– y a la izquierda en otras –Madrid, Andalucía, País Valenciano, Asturias–. Sin embargo, en Cataluña y en el País Vasco se configuraron mapas diferenciados. En Cataluña, la izquierda socialista y comunista obtuvo un triunfo contundente y, con el nacionalismo moderado, sumó una mayoría catalanista que alcanzaba el 75 por 100 de los votos. En el País Vasco, con el 29,3 por 100 de los sufragios, el PNV se convirtió en el primer partido, seguido a escasa distancia por el PSE-PSOE. En ambos casos, la UCD obtuvo una representación muy inferior a la del conjunto de España –en Cataluña el 16,8 por 100 y en el País Vasco el 12,8 por 100–. Más allá de los resultados electorales, la formación de Asambleas de Parlamentarios en ambas comunidades para avanzar rápidamente hacia la recuperación de instituciones de autogobierno obligó a Adolfo Suárez a actuar inmediatamente.

La invitación al presidente de la Generalitat en el exilio para que viajara a Madrid fue la respuesta gubernamental a la «cuestión catalana» tal como estaba planteaba en aquel momento, con una mayoría socialista y comunista que también preocupaba a la derecha catalana. En las reuniones de Josep Tarradellas con Suárez y otros miembros del Gobierno se alcanzó un acuerdo consistente en buscar «una fórmula transitoria» que hiciera posible avanzar en la recuperación de «las instituciones seculares del pueblo catalán», permitiendo «restaurar la Generalidad como representante legal y reglamentar el régimen transitorio de la misma». El acuerdo afirmaba también que «se precisó por parte del presidente del Gobierno, en lo que mostró su conformidad el honorable señor Tarradellas, que las autonomías deben ofrecerse a todas las regiones españolas»[85]. Tarradellas no había sido un interlocutor tan cómodo como esperaba inicialmente el Gobierno, y el precio para evitar el fracaso de la iniciativa gubernamental fue abrir la puerta al restablecimiento de la Generalitat, algo que no figuraba en ninguna previsión de Suárez[86].

Durante los meses siguientes se desarrolló una compleja y, en algunos momentos, muy tensa negociación con tres interlocutores sosteniendo posiciones iniciales notablemente alejadas: el Gobierno, Tarradellas y los grupos políticos catalanes. A finales de septiembre llegó el acuerdo que permitiría el restablecimiento de la Generalitat, uno de los objetivos fundamentales que compartía la inmensa mayoría de fuerzas políticas catalanas y que tenía un amplísimo apoyo tanto en las urnas como en la calle, como mostró la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña. El acuerdo incluía la derogación de la ley franquista de 1938 que suprimió el Estatuto de Autonomía, el regreso de Tarradellas y la formación de un Consejo provisional de gobierno –con mayoría de socialistas y comunistas– aunque con competencias reducidas a la espera de la elaboración de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

En su intervención en el acto de toma de posesión de Tarradellas en Barcelona, Adolfo Suárez manifestó que la recuperación de la Generalitat suponía «la victoria de un pueblo», y el retorno del presidente «una operación de Estado» que serviría para «consolidar el proceso de democratización de la vida española». Para el presidente del Gobierno, antes de la aprobación de un nuevo ordenamiento político, se había dado respuesta a Cataluña reconociendo «la realidad de su existencia y de sus factores diferenciales». Suárez rechazaba el argumento que no debía adoptarse una decisión de tal naturaleza sin contar todavía con un nuevo marco político, porque reconocer la realidad catalana, afirmó, era «algo tan indiscutible y justo que cualquier constitución que no lo hiciera causaría un grave perjuicio para España»[87].

El restablecimiento de la Generalitat tuvo el respaldo de las principales formaciones políticas españolas y, con matices, de los más importantes medios de comunicación. Pero también tuvo el recelo, en unos casos, y la crítica abierta, en otros, de los sectores más conservadores. En la extrema derecha, siempre presta a denunciar la ruptura de la unidad de España, el rechazo fue radical. La visita de Tarradellas a Madrid ya había sido motivo de escándalo para Fuerza Nueva, que calificó al presidente exiliado de «representante claro de la Anti-España», y «momia del ayer nefando para España»[88]. Pero más significativo fue el malestar en sectores más amplios del mundo conservador, que fue notorio. Así, se criticó especialmente al Gobierno por tomar una decisión de tal envergadura antes de que estuviera definido el nuevo marco político. Se le acusó incluso de un «hecho consumado» presenciado por unos «atónitos e impotentes […] españoles todos». El Gobierno había «prejuzgado a su capricho, en lo que tiene que ver con la cuestión autonómica, el contenido de ese texto constitucional que está aún escribiéndose», había «ignorado a las Cortes que han de discutirle», y se había «anticipado al veredicto de la soberanía popular que ha de aprobarle o rechazarle, dando por supuesto que va a decir “sí”»; en definitiva, había cometido «un error político imperdonable»[89].

La restauración de la Generalitat suponía el reconocimiento por parte del Gobierno y de la UCD que democracia y autonomía en Cataluña, así como en el País Vasco, eran inseparables. También significaba que el nuevo régimen democrático debería dar solución a la organización territorial del Estado y, especialmente, dar acomodo a la sociedad catalana y a la vasca en una nueva España.

Al restablecimiento de la Generalitat siguió en diciembre la creación del Consejo General Vasco y en los meses posteriores se formaron juntas y consejos, a partir de los parlamentarios elegidos, en Galicia, País Valenciano, Aragón, Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Tal proceso fue fruto de la confluencia de factores de diversa naturaleza: la identificación entre democracia y autonomía que se había consolidado en la lucha contra el centralismo extremo de la dictadura franquista, el crecimiento de movimientos regionalistas en buena parte de España, los proyectos federalistas de la izquierda comunista y socialista, el mimetismo respecto a Cataluña y el País Vasco, e incluso, aunque sin ser determinante, la voluntad de diluir las reivindicaciones catalanas y vascas, siempre vistas como amenazas a la unidad de España desde el nacionalismo español más conservador.

Pero, frente a las explicaciones que han privilegiado este último factor, y al margen de las discrepancias en el interior de la UCD, donde la extensión de las denominadas preautonomías fue impulsada por el ministro de Relaciones con las Regiones Manuel Clavero Arévalo en contra de la opinión de otros dirigentes, hay que recordar que bajo la Segunda República la reivindicación de autonomía no quedó limitada a Cataluña, País Vasco y Galicia, que en el País Valenciano y en Andalucía se elaboraron proyectos de estatutos de autonomía que solo la guerra civil evitó que siguieran su curso, y que en otras regiones, aunque con apoyos e intensidad desiguales, surgieron y se desarrollaron proyectos autonomistas[90]. La demanda de autonomía, junto a la de libertad y amnistía, había estado presente en las movilizaciones antidictatoriales en buena parte de la geografía española y, en 1977, el establecimiento de instituciones preautonómicas fue el objeto de masivas manifestaciones populares, destacando la del 9 de octubre en Valencia, en la conmemoración de la entrada en la ciudad de Jaume I, y el 4 de diciembre en Sevilla, fecha de celebración del Día de Andalucía hasta su sustitución por el 28 de febrero, después de la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Por tanto, la elaboración de la Constitución se realizó paralelamente al establecimiento de instituciones provisionales de autogobierno y con soluciones igualmente provisionales a las demandas de Cataluña y del País Vasco[91]. Todos cuantos intervinieron en la elaboración de la Constitución reconocieron que la solución de la «cuestión catalana» y de la vasca y el modelo de organización territorial constituyeron lo más difícil y donde más laborioso fue alcanzar acuerdos[92]. Y cuando se alcanzaron tuvieron el rechazo radical de AP.

Si el artículo 2.o de la Constitución establecía la base conceptual del Estado de las Autonomías, el título VIII le daba forma. La elaboración y el debate parlamentario de dicho título mostraron la contraposición de dos modelos de organización territorial. Los partidos catalanistas y el PNV querían asegurar que la Constitución permitiera la máxima autonomía política; los principales partidos estatales, aún con notables diferencias entre ellos, apostaban también por un modelo que estableciera instituciones de autogobierno, para la izquierda comunista y socialista de carácter federal o federalizante.

Por su parte, AP defendió una mínima autonomía y una simple descentralización administrativa, considerando que una real autonomía de nacionalidades y regiones supondría una ruptura de la unidad de España. Adicionalmente, utilizó argumentos de carácter funcional para negar la atribución de competencias importantes a las futuras CCAA. Como había sucedido con el artículo 2.o de la Constitución, el acuerdo se estableció entre la UCD, el PSOE, el PCE y nacionalistas catalanes y vascos, y en el debate parlamentario AP manifestó su absoluto rechazo.

En el voto particular de Manuel Fraga a la totalidad del título VIII y en las enmiendas de los diputados de AP se proponían unas CCAA con limitadas competencias y claramente subordinadas a los órganos centrales del Estado. Así, en educación, se asignaban competencias a las CCAA en el nivel preescolar, pero no en los demás niveles educativos. Por otra parte, la aprobación definitiva de una norma por la Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma requeriría la conformidad del Gobierno.

En palabras del socialista vasco Txiki Benegas, AP contraponía la libertad de los pueblos de España y la unidad del Estado cuando «la máxima libertad de los pueblos de España» era «la máxima garantía de la unidad del Estado», única vía para resolver «un problema en España permanentemente mal resuelto, una realidad inexorable que, surgiendo de los más profundo de los pueblos de España, plantea permanentemente la cuestión de la estructura del Estado»[93].

El voto particular de AP al conjunto del título VIII fue rechazado por una abrumadora mayoría del pleno del Congreso a pesar de una dramática intervención de Manuel Fraga en la que, insistiendo en que se ponía en cuestión la «unidad nacional española y el Estado», para lograr convencer a los diputados, y pensando «en la madre España a quien me debo», afirmó querer «tener la voz de Demóstenes, la inteligencia de Cicerón, la capacidad de convicción de Vicente Ferrer, la elegancia sublime de Castelar, la candidez de un apóstol. Porque estamos hablando de la Patria inmortal»[94].

El título VIII tenía notables deficiencias. Según Peces-Barba fue el título que «más trabajo nos produjo y el que exigió equilibrios más delicados de toda la Constitución»[95]. Para Solé Tura era desordenado y algunos de los problemas fundamentales, como la distribución de competencias entre administraciones, estaban mal resueltos. La explicación de las disfunciones era clara: «ningún otro Título de la Constitución se elaboró en medio de tantos intereses contrapuestos, de tantas reservas y, en definitiva, de tantos obstáculos. El consenso peligró en muchas ocasiones, pero en ninguna como en el caso de las autonomías»[96]. Desde una posición muy distinta, para Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, se habría podido lograr «un más satisfactorio ordenamiento constitucional de las autonomías, y si no se alcanzó fue única y exclusivamente porque UCD se encontraba […] en minoría, y, por tanto, sin posibilidad real de imponer unos criterios racionales en asunto de tanta trascendencia». Además, «por si fuera poco, los socialistas hacían gala de un furor nacionalista[97] a todas luces impropio, perturbador e injustificado, actitud esta en la que no le iba a la zaga el PCE. Atrapada entre los dos fuegos de unos nacionalismos vasco y catalán con planteamientos maximalistas y proclives al ultimátum y de unas izquierdas prestas a emular las exigencias nacionalistas, la UCD, que también tenía sus complejos[98], no tuvo otra opción que intentar mantener el tipo, supeditándolo todo a la consecución del gran objetivo de aquel momento, que no era otro que el alumbrar la Constitución. Así se explica el triunfo de determinadas tesis en el texto constitucional»[99].

La redacción final del título VIII estableció dos vías de acceso a la autonomía; la primera, regulada por el artículo 143, partía de la iniciativa de las diputaciones de las provincias –que podía ser ejercida también por las juntas o consejos preautonómicos– que querían dotarse de un estatuto de autonomía y exigía el acuerdo de las dos terceras partes de los municipios de cada provincia cuya población supusiera la mayoría absoluta de la población provincial. En este caso, el proyecto de estatuto sería elaborado por representantes de las diputaciones y por los diputados y senadores, tramitado en la Cortes como proyecto de ley, y se establecían las competencias que podrían asumir inicialmente las CCAA, ampliables transcurridos cinco años.

La segunda vía –la del artículo 151 de la Constitución– establecía la iniciativa de las diputaciones –o de los órganos provisionales de autogobierno– y de las tres cuartas partes de los municipios que supusieran, al menos, la mayoría absoluta del censo provincial y su ratificación mediante referéndum con el voto favorable de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. En este caso, la elaboración del estatuto sería obra de diputados y senadores, negociado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, sometido a referéndum y finalmente ratificado por las Cortes Generales. Una disposición transitoria establecía que «los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de autonomía» y contaran en el momento de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de autonomía, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia, no necesitarían un referéndum previo sobre la iniciativa autonómica y podrían acceder inmediatamente al máximo nivel de competencias.

En definitiva, se establecía una autonomía política pensada fundamentalmente para Cataluña, País Vasco y Galicia, y una fórmula más próxima a la descentralización administrativa para el resto de España, si bien se dejaba abierta la posibilidad de que aquellas comunidades en las que se expresara una firme demanda de autogobierno pudieran acceder en el futuro a la máxima autonomía.

El texto establecía las competencias exclusivas del Estado en una lista única, pero contemplando en numerosos casos competencias compartidas con las CCAA en el ámbito normativo, reglamentario o de ejecución[100]. El rechazo simultáneo de la UCD y de la Minoría Catalana a diversas listas competenciales, de lógica federal, comportó una fórmula que pronto se revelaría como un importante foco de conflictividad, aunque, por otra parte, también se vio pronto que de dicha conflictividad podían obtenerse réditos políticos y electorales. Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrían corresponder a las Comunidades si así figuraba en sus estatutos. Además, las Cortes Generales podrían atribuir a todas o a algunas Comunidades la facultad de aprobar normas legislativas en el marco de las leyes de bases; también el Estado podría transferir mediante ley orgánica algunas facultades de titularidad estatal. De esta forma, serían los estatutos los que determinarían las competencias de cada Comunidad Autónoma, que además podrían incrementarse más allá de lo establecido en ellos.

Sin embargo, la pretensión de la UCD, después de la aprobación de los estatutos catalán, vasco y gallego, de que las demás regiones se acogieran a la vía del artículo 143.o, saltó por los aires con la movilización del andalucismo y de toda la izquierda a favor del acceso a la máxima autonomía por la vía del artículo 151, que obtuvo un gran éxito en el referéndum del 28 de febrero de 1980. El País Valenciano y Canarias lograron igualmente un estatuto con las máximas competencias a través del artículo 150.2 de la Constitución, que establecía la posibilidad de que el Estado transfiriera o delegara a las CCAA mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. En Navarra no se elaboró un estatuto de autonomía, sino una Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral. Por otra parte, la Constitución estableció en una disposición transitoria, que Navarra podría incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca si lo decidía por mayoría el «órgano foral competente» y si así se aprobaba en referéndum.

La organización territorial del Estado, el Estado de las Autonomías, no fue fruto de un diseño previo al proceso de transición, sino resultado de dicho proceso. Obviamente tampoco fue fruto de una malévola operación para desvirtuar las autonomías catalana y la vasca. El acuerdo político entre la izquierda, los nacionalismos subestatales y una UCD «acomplejada», según Martín Villa, y con grupos regionalistas en su seno, determinó el modelo de organización territorial consagrado en la Constitución. Un modelo rechazado por AP, la formación política que con el hundimiento de la UCD en 1982 se convertiría en el partido mayoritario en el centro-derecha.

La aprobación de la Constitución supuso el final de consenso, es decir, de la política de acuerdos extensos sobre la configuración del nuevo ordenamiento político. Necesidad del consenso a la vista de la composición de las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, convertida en virtud después, hasta el punto de dejar en la sombra las divergencias y tensiones de un proceso constituyente en el que, contra los tópicos y lugares comunes tan extendidos, todo estuvo en discusión. Aunque, sin duda, lo más llamativo fue la sorprendente sacralización del consenso efectuada con el paso del tiempo por quienes no solo estuvieron al margen de él, sino que combatieron frontalmente aspectos esenciales del nuevo orden democrático.

[1] A. Osorio, Trayectoria política de un ministro…, p. 313. Otros testimonios confirman la misma convicción. Según Miguel Herrero de Miñón, Suárez confió en la obtención de la mayoría absoluta hasta la «víspera de las elecciones». Memorias…, p. 92.

[2] A. Osorio, Trayectoria política…, pp. 314 y 318.

[3] Ibid., p. 316.

[4] Todos los datos electorales proceden de [www.historiaelectoral.com].

[5] Véase F. Agüero, Militares, Civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva comparada, Alianza, Madrid, 1995, en especial el capítulo 4 «La democratización como sorpresa».

[6] Véanse, entre otros, C. Huneeus, La Unión del Centro Democrático…; S. Alonso-Castrillo, La apuesta del centro…; J. Hopkin, El partido de la Transición…

[7] M. Á. del Río Morillas, De la extrema derecha neofranquista a la derecha conservadora: los orígenes de Alianza Popular (1973-1979), Tesis Doctoral, UAB, 2013.

[8] Véase el amplio apartado dedicado a la amnistía en el reciente libro de S. Juliá, Transición. Historia de una política española (1937-2017), Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017, pp. 409-451.

[9] «La propuesta de la oposición», Mundo Obrero 40, 6-12 de octubre de 1977.

[10] R. Vázquez-Prada, «Amnistía: ¿Todos a una?», Mundo Obrero 40, 6-12 de octubre de 1977.

[11] Declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español». PCE, junio de 1956.

[12] Por ello no pudieron acogerse a la amnistía, por ejemplo, los condenados por los asesinatos del despacho de abogados laboralistas de Atocha en enero de 1977.

[13] Ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía.

[14] F. Agüero, Militares, civiles…, pp. 156-157.

[15] J. Solé Tura «La máxima amnistía posible», Mundo Diario, 19 de octubre de 1977.

[16] «La amnistía, triunfo de la reconciliación», Mundo Obrero 41, 13-19 de octubre de 1977.

[17] Véase C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía…, pp. 228-229.

[18] Véase Combate, portavoz del Comité Central de la LCR, 82, 19 de octubre de 1977.

[19] Servir al Pueblo, órgano del Comité Central del MCE, 85, noviembre de 1977. Los presos comunes, considerándose presos sociales, reclamaron también la amnistía. Sobre el importante movimiento que crearon véase C. Lorenzo Rubio, Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición, Virus, Barcelona, 2013.

[20] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria del 14 de octubre de 1977.

[21] Fuerza Nueva, Editorial, 15 de octubre de 1977. Por otra parte, el editorial criticaba la exclusión de la amnistía de los ultraderechistas que «equivocados, y en acción que no aprobamos» causaron víctimas creyendo que con ello «defendían los mismos principios y valores políticos y morales que aún se encuentran contenidos en la constitucionalidad del Estado», es decir, en las Leyes Fundamentales, «y que don Juan Carlos I se comprometió a defender y hacer que fuesen defendidos» al aceptar su designación como sucesor de Franco.

[22] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria del 14 de octubre de 1977.

[23] Ibid.

[24] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, p. 96.

[25] Un ejemplo reciente de tales afirmaciones lo ofreció un diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en un debate en una cadena pública de televisión afirmando literalmente que la Carta Marga fue elaborada por «fascistas».

[26] Se trataba de un proyecto de solo 34 artículos que dejaba para leyes orgánicas posteriores la regulación de numerosas cuestiones, algunas de tanta importancia como la organización territorial del Estado. B. de la Cuadra y S. Gallego-Díaz, Del consenso al desencanto, Saltés, Madrid, 1981, p. 39.

[27] J. Solé Tura, Una historia optimista. Memorias, Edicions 62, Barcelona, 1999, p. 401-402.

[28] En representación de la UCD, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, de los dos grupos parlamentarios socialistas –PSOE y Socialistes de Catalunya– Gregorio Peces-Barba, del grupo comunista Jordi Solé Tura, de AP Manuel Fraga y Miquel Roca en representación de la Minoría Vasco Catalana.

[29] G. Peces-Barba, La elaboración de la Constitución de 1978, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 86.

[30] Miguel Herrero de Miñón defendió con insistencia remitir el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales al texto de la Convención Europea de Derechos del Hombre y además dejar fuera del texto constitucional la que denomina «Constitución económica». M. Herrero de Miñón, Memorias…, pp 139-148.

[31] B. de la Cuadra y S. Gallego-Díaz, Del consenso…, p. 27.

[32] Informe sobre el anteproyecto de Constitución presentado al Comité Central del Partido Comunista de España (7 de enero de 1978), en J. Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Forma Ediciones, Madrid, 1978, pp. 76-77.

[33] F. Agüero, Militares, Civiles…, p. 159.

[34] El texto completo del artículo 2.o del anteproyecto decía: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran».

[35] J. Marías, «Nación y “nacionalidades”», El País, 15 de enero de 1978.

[36] Votos particulares del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, Boletín Oficial de las Cortes 44, 5 de enero de 1978.

[37] L. de la Fuente, «Nacionalidades: algo más que una cuestión semántica», El País, 8 de enero de 1978.

[38] Véase El País, 23 de noviembre de 1977.

[39] J. M.a de Peñaranda, Desde el corazón del CESID, Espasa Libros, Barcelona 2012, pp. 273-274.

[40] L. López Rodó, Claves de la Transición…, p. 368. Cuando tuvo lugar la entrevista relatada, el 12 de abril de 1978, el Informe de la Ponencia con las modificaciones derivadas de las enmiendas presentadas ya había incorporado al texto constitucional menciones a la «nación española».

[41] J. Satrústegui, «Nacionalidades y regiones», El País, 24 de enero de 1978.

[42] J. Melià, «Julián Marías y el concepto de nación», El País, 31 de enero de 1978.

[43] Entrevista a Miquel Roca en Cuadernos para el Diálogo, 326, enero de 1978.

[44] Constitución Española. Trabajos Parlamentarios. Vol. I. Sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 12 de mayo de 1978, pp. 816-817.

[45] G. Peces-Barba, La elaboración de la Constitución…, pp. 44 y 48.

[46] J. Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación, Alianza, Madrid, 1985, p. 97.

[47] Constitución Española…, Vol. I. Sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 12 de mayo de 1978, pp. 808-811.

[48] Ibid.

[49] El texto de dicho artículo dice: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». El énfasis en la unidad pretendía tranquilizar las inquietudes de los militares.

[50] J. Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos…, pp. 100-101.

[51] Los valores morales y religiosos ante la Constitución. Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, 26 de noviembre de 1977.

[52] «El Estado debe reconocer que los católicos somos mayoría en España», El País, 27 de noviembre de 1977.

[53] Comité Ejecutivo del PSUC, Explicación de la Constitución, 1978.

[54] G. Peces-Barba, La elaboración de la Constitución…, pp. 125-126.

[55] B. de la Cuadra y S. Gallego-Díaz, Del consenso…, pp. 82-83 y 117-118.

[56] Véanse las páginas en relación con el rechazo patronal de los Pactos de La Moncloa.

[57] Estas formulaciones pasaron intactas del artículo 29.o del anteproyecto al 33.o del texto definitivo.

[58] Á. González, «“Una sociedad con libertades”. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Constitución de 1978», Collection Individu et Nation, vol. 6, 2015, disponible en [https://revuesshs.u-bourgogne.fr/individu&nation/document.php?id=950].

[59] Ibid.

[60] M. Herrero de Miñón, Memorias…, p. 142.

[61] Á. González, «Una sociedad con libertades…».

[62] Obviamente, Marías compartía la mayoritaria opinión que una consulta popular sobre la monarquía mostraría un apoyo muy amplio a la institución. Según una encuesta encargado por el Gobierno, el 44 por 100 de los ciudadanos consideraba la monarquía como el sistema de gobierno más adecuado a la realidad española frente a un 16 por 100 que consideraba que lo era la república. Un 53 por 100 opinaba que no debía cuestionarse en aquel momento la forma de gobierno. «La Monarquía es la forma de Estado de mayor aceptación», El País, 30 de abril de 1978.

[63] J. Marías, «El equilibrio de poderes», El País, 26 de enero de 1978. Dos días antes, el 24 de enero, había publicado en el mismo periódico otro artículo, titulado «El Rey», en el que, desde su condición de «viejo republicano», rechazaba «una Monarquía inerte, puramente ornamental, sin originalidad, imitación desteñida de formas residuales incapaces de suscitar entusiasmo».

[64] M. Herrero de Miñón, Memorias…, pp. 129-134.

[65] J. Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Forma Ediciones, Madrid, 1978, pp. 90-92.

[66] M. Herrero de Miñón, Memorias…, pp. 135-138.

[67] El ejemplo utilizado por Osorio de devolución al Parlamento o convocatoria de un referéndum fue el de una posible ley regulando el aborto. B. de la Cuadra y S. Gallego-Díaz, Del consenso al…, p. 97 y 100.

[68] G. Peces-Barba, La elaboración de la Constitución…, p. 205. Posteriormente, la composición del Senado ha sido considerada uno de los errores de la Constitución; para Peces-Barba, «el principal fallo de la Constitución».

[69] Constitución Española. Trabajos…, Vol. II, pp. 1790-1791.

[70] Artículo 15.o de la Constitución Española que afirmaba el «derecho a la vida y a la integridad física y moral». En 1995 también se abolió la pena de muerte en tiempo de guerra del Código Penal Militar con la ley orgánica 11/1995 de 27 de noviembre.

[71] Artículo 32.o de la Constitución Española.

[72] Por ejemplo, tal como argumentó Miquel Roca, que un cargo público podía decidir sobre cuestiones de gran responsabilidad y trascendencia y, en cambio, debería obtener autorización paterna para poder simplemente comprar un vehículo. B. de la Cuadra y S. Gallego-Díaz, Del consenso…, p. 128.

[73] Para Miguel Herrero de Miñón, la demanda del PNV era esencialmente «el reconocimiento de la identidad vasca como cuerpo separado dentro del Estado, sin negar en absoluto que este ejerciera cuantas competencias fueran necesarias. A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria». M. Herrero de Miñón, Memorias…, p. 160.

[74] Una detallada explicación en B. de la Cuadra y S. Gallego-Díaz, Del consenso…, pp. 144-162.

[75] M. Herrero de Miñón, Memorias…, pp. 160-168.

[76] Para G. Peces-Barba, la intervención de Xabier Arzallus en el inicio del debate del proyecto de Constitución en el Congreso le convenció de que «no iban a sumarse a ningún acuerdo general sobre la política española, aunque se acomodarían pragmáticamente si era razonable y suficiente». G. Peces-Barba, La elaboración…, p. 160.

[77] El almirante Marcial Gamboa votó en contra y los tenientes generales Luís Díez-Alegría y Ángel Salas Larrazabal se abstuvieron.

[78] J. Sanroma, «Sí a la constitución y seguir avanzando. Mitin celebrado en el pabellón de deportes de Anaitasuna de Pamplona», noviembre de 1978.

[79] El procedimiento propuesto era muy exigente: a petición del Parlamento de una Comunidad Autónoma se podría someter a referéndum una propuesta de separación que, para ser aprobada, debería obtener el voto favorable de la mayoría absoluta del censo electoral en todas las circunscripciones integrantes de la Comunidad.

[80] Editorial de Fuerza Nueva, «El consenso de la muerte», citada por F. Gallego, Una patria imaginaria…, pp. 164-165.

[81] Fuerza Nueva, editorial «La Constitución nace muerta», 16 de diciembre de 1978.

[82] «De “La Pepa” a “La Destrozona”», Fuerza Nueva, 11 de noviembre de 1978.

[83] F. Silva Muñoz, Memorias políticas, Planeta, Barcelona, 1993, p. 410.

[84] Ibid., p. 411.

[85] El texto completo del comunicado oficial en S. Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat…, pp. 286-287.

[86] C. Molinero y P. Ysàs, La cuestión catalana…, pp. 175-177.

[87] El texto de la intervención de Suárez en La Vanguardia, 25 de octubre de 1977.

[88] Fuerza Nueva, «Más momias», 9 de julio de 1977.

[89] R. Hermosilla, «La política de los hechos consumados», ABC, 25 de octubre de 1977. El abogado Ramón Hermosilla era miembro de AP.

[90] Véanse, entre otros trabajos, A. Cucó, El valencianisme polític, 1874-1936, Afers, Valencia, 1999; J. Antonio Lacomba, Regionalismo y autonomía en la Andalucía contemporánea, 1835-1936, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, Granada, 1988; J. P. Fusi (dir.), España. Autonomías, Espasa Cale, Madrid, 1989.

[91] J. P. Fusi y G. Gómez-Ferrer (coords.), La España de las Autonomías, vol. XLIII de la Historia de España Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, Madrid, 2007.

[92] J. Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación, Alianza, Madrid, 1985; G. Peces-Barba, La elaboración de la Constitución…; M. Herrero de Miñón, Memorias…

[93] Constitución Española. Trabajos…, Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados del 18 de julio de 1978, Vol. II, p. 2372.

[94] Ibid., pp. 2366-2371.

[95] G. Peces-Barba, La elaboración…, p. 191.

[96] J. Solé Tura, Nacionalidades…, p. 89.

[97] Como buena parte de la derecha nacionalista española, Martín Villa calificaba de nacionalistas exclusivamente a los partidos vascos y catalanes. Por otra parte, la posición del PSOE y del PCE a favor de una real autonomía política llevaba a considerar que tenían un «furor nacionalista» subestatal.

[98] Los «complejos» constituyen una de las escasas y veladas alusiones al pasado político de una parte de los miembros de la UCD formulada por uno de sus dirigentes.

[99] R. Martín Villa, Al servicio…, p. 180.

[100] En esta lista desapareció la reserva que el anteproyecto había realizado respecto a la creación por el Estado de todo tipo de centros docentes en las Comunidades Autónomas.

V. CRISIS ECONÓMICA, ¿DESMOVILIZACIÓN SOCIAL?, GOLPISMO

Nuestro objetivo fundamental, en este proceso que vivimos es instalar las libertades democráticas fundamentales, ensancharlas, consolidarlas y hacer posible a corto plazo que la democracia entre en los centros de trabajo.

Comisiones Obreras, «Algunas consideraciones sobre la situación actual y las elecciones sindicales», febrero de 1978

El Rey me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré; si me hubiera ordenado asaltar las Cortes, las asalto.

Guillermo Quintana Lacaci[1]

En una parte de los relatos sobre la transición de la dictadura a la democracia uno de los lugares comunes de mayor peso es su destacado carácter pacífico, pero quizá esta caracterización esté condicionada, más allá de la voluntad política, también por el peso de la memoria de la guerra civil que el franquismo alimentó a lo largo de varias décadas y el consiguiente miedo al inicio de una fase de inestabilidad o de enfrentamientos violentos que no se produjeron. Aunque en términos globales el carácter pacífico fue un rasgo dominante de la transición, ello no es óbice para que se preste atención a dos fenómenos influyentes en el proceso político de aquellos años: la violencia política que jalonó el proceso hasta 1982 y el peligro que suponían las conspiraciones y las tentativas golpistas que se sucedieron hasta el fracasado golpe de estado de 1981.

Por otra parte, si bien la transición fue un proceso fundamentalmente político de paso de la dictadura a la democracia, estuvo condicionado por los cambios acelerados del contexto social, económico y cultural. A su vez, y ello se olvida con mayor frecuencia, el cambio político influyó decisivamente en casi todos los planos de la vida social. Dos aspectos de especial importancia serán tratados a continuación: el impacto de la crisis económica en la vida social y el efecto que aquella, junto con los cambios asociados a la instauración de la democracia, tuvo en los movimientos sociales que se habían desarrollado en la primera mitad de la década.

¿UNA TRANSICIÓN PACÍFICA? VIOLENCIAS EN PLURAL

Según los datos elaborados por Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez-Cuenca, la violencia política ocasionó 665 víctimas mortales entre 1975 y 1982. De ellas, 162 eran atribuibles a la acción represiva del Estado, lo que supone el 24 por 100 del total; el resto, 503, en su mayor parte fueron víctimas de la violencia terrorista. La cifra global, por lo tanto, no es nada desdeñable y mucho más abultada que la correspondiente a otros dos procesos de transición casi paralelos, el griego y el portugués. En este último solo cabe destacar que en una campaña de atentados protagonizados por la extrema derecha perdieron la vida 9 personas. Más tarde, en 1980, surgió un grupo terrorista de extrema izquierda que provocó 20 víctimas mortales. Las cifras griegas fueron todavía más bajas[2].

Los datos utilizados por Sánchez-Cuenca cifran en 18 las muertes causadas por la violencia urbana más o menos espontánea en refriegas callejeras; las provocadas por la extrema derecha fueron 57, mientras que 67 personas fueron víctimas de actuaciones de la extrema izquierda, en su mayor parte –64– a manos del Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO); muchas más –361– fueron las víctimas del terrorismo etarra, de las cuales 308 murieron como consecuencia de atentados de Euskadi Ta Askatasuna militar (ETA-m) y 24 de Euskadi Ta Askatasuna político-militar (ETA-pm)[3]. La violencia ejercida por cada uno de estos grupos respondía a una lógica distinta y ello se vio reflejado en la cronología.

En términos globales, la autodenominada izquierda revolucionaria no optó por la violencia como instrumento de acción política aunque en sus programas tal posibilidad no se descartara. Entre los grupos que se ubicaban en ese espacio, el que causó más víctimas mortales fue el GRAPO. El 11 de diciembre de 1976 secuestró a Antonio M.a de Oriol, presidente del Consejo de Estado. De la extrañeza que provocaba su proceder es buena muestra que, al parecer, Adolfo Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado estuvieran persuadidos de que los GRAPO «eran una creación de la extrema derecha por aquello de “a quién favorece”»[4]. Aparecido en 1975 con varios atentados a policías y guardias civiles, con el secuestro de Oriol este grupo captó la atención mediática y más lo hizo cuando, un mes después, secuestró al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. El terrorismo de extrema derecha había dado nuevos argumentos a la creencia de los militantes del GRAPO de que nada cambiaría respecto al franquismo. Su convicción se vio reafirmada cuando el 23 de enero de 1977 el estudiante Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación en pro de la amnistía, murió como consecuencia de los disparos de un militante de la organización ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey; al día siguiente murió la también estudiante M.a Luz Nájera al impactarle un bote de humo de la Policía que reprimía la manifestación de protesta por la muerte de Arturo Ruiz. El viernes 28, el GRAPO asesinó a dos miembros de la Policía Armada y a un guardia civil.

El GRAPO era un minúsculo colectivo que utilizaba una retórica revolucionaria, pero que no formuló nunca un programa definido. De tendencia maoísta, sus miembros procedían mayoritariamente de medios obreros y de zonas donde la conflictividad había alcanzado una intensa radicalidad en poco tiempo. Organizados en grupos cerrados, en los que los vínculos personales eran muy intensos[5], sus recursos fueron siempre muy escasos, de manera que en buena medida las armas las conseguían sustrayéndolas a las propias fuerzas de orden público. El desconocimiento que existía sobre el grupo fue capaz de generar confusión y el GRAPO consiguió que, a pesar de las declaraciones públicas, el Gobierno estuviera dispuesto a hablar con él[6]; sin embargo, los dirigentes del grupo consideraron que la oferta correspondía a una trampa del Ejecutivo[7]. Finalmente, el 11 de febrero funcionarios de Policía dirigidos por el comisario Roberto Conesa[8], llamado especialmente para la operación, liberaron a los secuestrados Oriol y Villaescusa. Más allá de estos casos, el asesinato indiscriminado por el GRAPO de miembros de los cuerpos policiales alimentó una «estrategia de tensión» que daba argumentos a los sectores franquistas que rechazaban frontalmente el desmantelamiento de la dictadura.

Por su parte, el terrorismo practicado por la extrema derecha fue siempre controlable desde el poder hasta enero de 1977. Xavier Casals señala que en él se entrelazaban tres dinámicas a menudo entrecruzadas: iniciativas espontáneas con uso de las armas, actos instigados por individuos con conexiones con círculos de la seguridad del Estado y episodios planificados de violencia armada que fueron marginales en relación con los dos anteriores[9]. Siguiendo ese esquema, especial relevancia podían tener las operaciones urdidas en los aledaños del aparato del Estado. A destacar por su impacto la intervención de la extrema derecha en los sucesos de Montejurra en mayo de 1976 y en la llamada Semana Trágica de enero de 1977. El primer caso representó la plasmación de la «Operación Reconquista» promovida por los sectores tradicionalistas del carlismo, entre los cuales destacaba Antonio M.a de Oriol, para arrebatar a Carlos Hugo de Borbón el liderazgo del movimiento que, en aquella coyuntura, apostaba por el socialismo autogestionario y estaba integrado en la CD. El ultraderechista Sixto-Enrique, hermano del anterior, debía convertirse en el representante oficial del carlismo y contribuir al reforzamiento del sector tradicionalista. El general Sáenz de Santamaría, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, señaló que la operación había contado con el beneplácito del presidente del Gobierno y del ministro de la Gobernación[10]. Sin embargo, la operación fue un rotundo fracaso pues, en lugar de fortalecer a los sectores ultraderechistas, el enfrentamiento –que provocó la muerte de dos seguidores de Carlos Hugo y decenas de heridos– extendió una imagen de complicidad del Gobierno con dicha violencia, lo que aumentó su descrédito.

La violencia ultraderechista fue particularmente intensa en enero de 1977. Ya se ha hecho referencia al asesinato de Arturo Ruiz en Madrid. Al día siguiente, en la misma tarde en que moría María Luz Nájera a manos de la Policía, en el asalto al despacho laboralista de la calle de Atocha, un comando ultraderechista asesinó a cinco personas –cuatro abogados y un administrativo[11]– de las nueve presentes que fueron tiroteadas a sangre fría. La investigación posterior mostró que en aquel acto terrorista estuvieron implicadas personas vinculadas con el Sindicato Provincial de Transportes, Fuerza Nueva, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, con la Policía, así como con militares[12]; era una muestra de la confluencia de distintos sectores de ultraderecha. Como actuación política, el atentado tuvo nefastas consecuencias para sus autores porque, contrariamente a lo que pretendían, los atentados reforzaron la voluntad general de avanzar hacia la democracia y ayudaron a legitimar a los comunistas ante sectores democráticos distantes de la movilización a favor de aquella.

En el caso etarra, el salto cualitativo en su actuación se produjo a partir de 1977. En el año de la muerte de Franco ETA había provocado la muerte de 26 personas, 21 en 1976 y 28 en 1977[13]; en 1978 ya fueron 68, al año siguiente 78 y 91 en 1980[14]. Dado que el mayor número de asesinatos se concentró entre 1978 y 1980, una vez la primera fase del establecimiento de la democracia estuvo culminada, tiene interés preguntarse por las causas de ese incremento. En este punto existe acuerdo sobre dos puntos fundamentales; por un lado, la voluntad etarra de dificultar, cuando no impedir, el proceso de cambio político para así reafirmar su opción por la lucha armada. En ETA estaba pesando más el componente antiespañol que el antifranquista[15]; su proyecto era de «liberación nacional» de un País Vasco sometido al dominio colonial español.

Por otro lado, es mayoritaria la tesis que vincula la espiral terrorista a la necesidad de ETA-m de afirmarse dentro del espacio nacionalista. En el pasado reciente, ETA se había convertido en un referente simbólico para un conjunto de grupos políticos, organizaciones de los movimientos sociales, sindicales, culturales y a favor de la euskaldunización de la órbita del nacionalismo vasco radical[16]. En 1977 las distintas corrientes nacionalistas efectuaron apuestas políticas de futuro distintas. Entre abril y mayo, previamente a las elecciones del 15 de junio, se celebraron distintas reuniones en Bayona en las que Telesforo Monzón –todavía militante del PNV– fue un perseverante abanderado de la constitución de un frente nacionalista. En dichas reuniones pudieron comprobarse, sin embargo, las divergencias y recelos entre las fuerzas nacionalistas principales; así, mientras el PNV estaba decidido a participar en las elecciones, ETA-m intentaba imponer tanto su postura abstencionista como su liderazgo sobre el conjunto del nacionalismo vasco[17]. Cuando ETA-m comprobó la dispersión de opciones entre las corrientes nacionalistas quiso reforzar su posición por la vía de los hechos, más cuando la aprobación de la Constitución asentaba el sistema político que se desarrollaría desde entonces.

Por otra parte, es plausible la tesis de que la violencia política ejercida durante la transición, salvo en el caso de ETA, se volviera contra sus promotores y actores, contribuyendo a su derrota. Ello no implica menospreciar su importancia, al contrario, pues además del sufrimiento que causó, contribuyó a estabilizar el proceso a la democracia aunque pretendiera lo contrario[18].

Tampoco es insignificante la cifra de muertes provocadas por la violencia policial, notablemente concentrada geográficamente. Debe recordarse que en España y entre 1974 y 1975 murieron a manos de la Policía 36 personas, de las que dos tercios eran vascos[19]. Fueron 32 las personas fallecidas a resultas de la brutalidad policial principalmente en la disolución de manifestaciones, un tercio de ellas en 1976 y 1977. Pero también es significativo que fueron 7 las víctimas de la tortura policial[20]. En operaciones policiales murieron 35 miembros de ETA y 13 del GRAPO; no murió ningún miembro de grupos de la extrema derecha[21].

LOS MILITARES Y LA DEMOCRACIA

Uno de los errores extendidos sobre las características del franquismo es que fue una dictadura militar; esta idea tan repetida, no tan solo en la publicística sino también en algunos estudios históricos, no corresponde a la realidad. Es indudable que en el aparato del Estado los militares tenían una presencia amplísima, pero la cuestión clave es si los militares controlaban el poder político en su condición de militares. Ciertamente que no. Desde 1939 Francisco Franco unificó en su figura todos los poderes del Estado, pero no compartió ninguno de ellos con sus compañeros de armas; desde septiembre de 1936 nunca hubo una Junta militar que tomara decisiones políticas, ni Franco reunió a la cúpula de las FFAA para tomar decisiones políticas. En términos reales, los militares no tuvieron capacidad de presión sobre el Gobierno durante el franquismo y ello se hizo claramente perceptible durante la transición: los militares estuvieron al margen del núcleo dirigente de las instituciones franquistas y se encontraron ante un proceso de hechos consumados que llevaría, dadas la presión sociopolítica y las fuerzas en presencia, a la institucionalización de la democracia.

Que los militares no tuvieran en sus manos el poder político no significa que no representaran un poder fáctico clave por múltiples razones más allá de la trascendental que disponían de la fuerza de las armas. Conviene tener presente que en la escenografía franquista ocupaban un papel destacado y los militares aparecían como los garantes del orden establecido. En el discurso del Régimen del 18 de Julio, los militares eran presentados como los salvadores de la patria y durante las cuatro décadas de su existencia ocuparon significativos cargos civiles, dada la macrocefalia castrense y los limitados ingresos característicos de la carrera militar. Un Ejército fuertemente ideologizado en los valores franquistas era una amenaza potencial a cualquier transición a la democracia.

En efecto, las actitudes contrarias a la democracia eran amplias en los ejércitos, particularmente en la cúpula militar, no en vano todos los generales, coroneles y tenientes coroneles eran veteranos de la guerra civil, muchos, además, habían combatido en las filas de la División Azul[22]. También en las escalas de oficiales inferiores aunque, situados en los años setenta, los ejércitos no constituían ya un cuerpo unificado en sus actitudes políticas y, en este terreno, las distancias generacionales eran destacadas casi tanto como en el conjunto de la sociedad. Las escalas de los tres ejércitos, incluidos los mandos de la Guardia Civil y la Policía Armada, estaban integradas por alrededor de 65.000 generales, jefes, oficiales y suboficiales. De ellos 10.000 eran excombatientes de la guerra civil y otros 15.000 se habían graduado en las Academias. Estos últimos eran los más heterogéneos internamente ya que el adoctrinamiento experimentado en ellas fue diverso a lo largo del tiempo; de alguna manera estuvo en relación con la evolución del régimen en otros terrenos: así, si bien las promociones salidas de la Academia General de Zaragoza entre 1942 y 1951 se acercaban al perfil ideológico de los excombatientes, entre 1952 y 1963 tuvieron un perfil más técnico y, nuevamente desde 1964, cuando el general Iniesta Cano pasó a dirigir la Academia, fueron rígidamente instruidos en los valores franquistas[23]. En palabras de Manuel Gutiérrez Mellado en el Ejército «siempre ha habido una minoría muy pequeña de gente muy liberal, una mayoría mayor de extremismo de derechas, y una gran masa muy quieta, aunque le preocupan cosas como el terrorismo»[24].

Como ya se ha dicho, tras la constatación del fracaso del primer gobierno de la monarquía en imponer su proyecto de reforma de limitado alcance, con fuertes componentes continuistas, Adolfo Suárez tuvo desde el primer momento la voluntad de generar claras expectativas democráticas. Pero ello no fue un obstáculo para la sintonía entre el nuevo presidente del Gobierno y los militares, que depositaron en él un crédito notable dado que era un hombre inequívocamente del Movimiento y disfrutaba de la confianza del rey. La cúpula militar era consciente de la necesidad de superar el impasse en que se había situado el gobierno Arias aunque, posiblemente, algunos de sus miembros hubieran querido que estuvieran muy claros y que fueran explícitos los límites de los cambios que querían efectuarse; pero nunca fue así.

Adolfo Suárez convocó una reunión con los altos mandos de las FFAA el 2 de septiembre, que ya ha sido citada. José Luis Rodríguez hace referencia a un documento emanado de la Vicepresidencia del Gobierno para la Defensa, encabezada por el general De Santiago, muy clarificador de las características del Ejército franquista. En él se señalaba que, una vez se hubiera producido la reunión, se consideraría que el proyecto de reforma que el presidente presentara en ella contaba con el beneplácito de las FFAA; por ello sería aconsejable que «algún Capitán General formule algunas preguntas que obliguen al Presidente a exponer con concreción la política a seguir por el Gobierno». El redactor del documento venía a decir que era necesario forzar esa intervención «dada la limitada preparación política y el arraigado concepto de la subordinación de nuestros Mandos militares», por lo que era posible que no expresasen opinión alguna aunque existiera «la inquietud de que con la política de diálogo y tolerancia con la oposición se está propiciando un cambio de Régimen»[25].

Fuera por falta de «preparación política», fuera porque las reformas propuestas eran muy difusas, fuera porque de las palabras de Suárez se deducía que los cambios no llegarían hasta la legalización del PCE[26], el caso es que, inicialmente, los militares no consideraron que la reforma a la que se refería el exsecretario general del Movimiento pudiera romper con las esencias del franquismo, por lo que nadie intervino pidiendo la concreción formulada en el documento antes citado. Por otro lado, el discurso de Suárez no resultaba desconocido, no en vano desde los años sesenta la dictadura se había visto en la necesidad de introducir un lenguaje político encubridor que escondiera su carácter y le acercara al propio de la Europa democrática.

Sin embargo, los acontecimientos fueron muy acelerados en los meses que pasaron entre el nombramiento de Adolfo Suárez y las elecciones de junio de 1977 de manera que, aunque en los primeros días de septiembre los mandos militares respondieron con satisfacción a las palabras del presidente del Gobierno, en poco tiempo, una parte de la cúpula militar se hizo consciente de que algunos de los hechos sucedidos, que por sí solos no tenían trascendencia, la adquirían secuencialmente, comprobando que el camino emprendido podía llevar a cambios realmente significativos. Según ha publicado recientemente Landelino Lavilla, ministro de Justicia en aquel Gobierno, ya fue perceptible el desasosiego del vicepresidente primero, teniente general De Santiago, con motivo de la declaración gubernamental del 16 de julio en aquellos puntos referentes «a los pueblos de España, al principio de soberanía popular o a la propia amnistía que se anunciaba»[27]. Pero el malestar se hizo público después de la reunión citada, coincidiendo con la remisión por parte del ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, a los miembros del Gobierno de un anteproyecto que preveía la legalización de las organizaciones sindicales.

Fernando De Santiago quiso dar un toque de atención presentando su dimisión que, ante su sorpresa, fue rápidamente aceptada por el presidente. Previamente, Suárez y De Santiago mantuvieron una conversación, cuyo contenido ejemplifica que en la cúpula militar se mantenía incólume la versión franquista de la guerra civil y que esta era justificación suficiente de la negación de los derechos democráticos. De Santiago señaló a Adolfo Suárez que, a su juicio, los problemas más graves durante la Segunda República se habían producido de la mano de las organizaciones sindicales y no de las políticas, por lo que no se debía simultanear la reforma política y la sindical[28]. El mismo De Santiago reconoció, años después, que la cuestión sindical era una justificación instrumental siendo el fondo de la cuestión su actitud crítica ante el proyecto de reforma que suponía de hecho una ruptura con el régimen[29]. La dimisión de De Santiago, con quien el general Iniesta se solidarizó, fue aprovechada por la extrema derecha para desatar una campaña contra el Gobierno al que acusaba de pretender hacer tabla rasa con el franquismo. El nombramiento del teniente general Gutiérrez Mellado para ocupar la vicepresidencia del Gobierno para Asuntos de la Defensa no hizo más que radicalizar el rechazo de la extrema derecha al nuevo Gobierno, pero aquel nombramiento fue importante para que no se produjeran interferencias militares en las iniciativas gubernamentales.

Meses después, cuando se produjo la legalización del PCE, una parte significativa del Ejército se sintió traicionada. El Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que, si bien admitía disciplinariamente la medida, expresaba la «unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización» y su preocupación por «la Unidad de la Patria, el honor y respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas», haciendo sinónimo la legalización de aquel partido del cuestionamiento del cuadro simbólico del franquismo. Según Amadeo Martínez Inglés, si la reacción militar no tuvo mayores consecuencias, fue por la ausencia de un líder reconocible y por la firme respuesta gubernamental[30]. Los militares se vieron sorprendidos por la ruptura que el proceso emprendido estaba comportando.

Entre los múltiples problemas a los que el gobierno ucedista y el conjunto de fuerzas políticas democráticas tuvieron que hacer frente desde las elecciones de junio de 1977 y, especialmente a lo largo de 1978, se encontraban el recrudecimiento del terrorismo, al que se ha hecho referencia, y los peligros de involución propiciados por sectores franquistas, especialmente en las FFAA. Contrariamente a lo que muchos esperaban, la creación de un régimen democrático, y la aprobación de la Ley de Amnistía en octubre de 1977, no supuso el fin del terrorismo etarra, al contrario. En 1978 los atentados de ETA provocaron 68 víctimas mortales, que afectaron especialmente a los militares, con el claro objetivo de provocar una intervención involucionista. Los análisis de la organización terrorista negaban el carácter democrático del cambio político y una involución hubiera legitimado su posición, que veía en la monarquía parlamentaria la continuidad del franquismo. Como ya se ha dicho, también el GRAPO mantuvo su actividad terrorista, así como diversos grupos ultraderechistas que en el pasado reciente habían mantenido sólidas conexiones en los propios aparatos del Estado, especialmente en los policiales donde, por otra parte, continuaban bien instalados funcionarios de la policía política franquista, incluidos responsables de brutalidades y torturas.

Así, el malestar de los militares se vio alimentado por la violencia etarra que alcanzó en 1979 y 1980 cotas más elevadas que en los años anteriores, amenazando la estabilidad política. En 1979 fueron asesinadas 118 personas como resultado de atentados de ETA y del GRAPO. Esa cifra aún fue superada al año siguiente, cuando se alcanzó el macabro récord de 124 víctimas mortales en 91 atentados, la mayoría obra del terrorismo etarra, ya que la operación policial que logró la detención de los principales dirigentes del GRAPO supuso su desaparición de la escena política. Paralelamente, cobró de nuevo protagonismo el terrorismo ultraderechista, que provocó 20 víctimas. Aunque en los dos siguientes años el número total de víctimas mortales se redujo notablemente, 38 en 1981 y 44 en 1982, su efecto no fue menor debido a la acumulación de los años previos. La alarma ciudadana fue especialmente intensa con los atentados indiscriminados en establecimientos públicos muy concurridos o en los centros turísticos. La repetición de manifestaciones de condena ante los atentados terroristas era paralela a la extensión de la impotencia y la frustración; los funerales, especialmente los de víctimas militares, tensaron enormemente la vida política de esos años.

El terrorismo etarra fue, sin duda, uno de los más eficaces aliados del golpismo porque, al tiempo que alimentaba el malestar militar, desalentaba a la población, y obstaculizaba la consolidación de las nuevas instituciones. Los asesinatos de miembros de las FFAA buscaban la desestabilización, e incluso la participación del Ejército en la lucha antiterrorista, con lo que se reforzaría el espejismo de una Euskadi ocupada, tan importante en la formación de ETA en plena dictadura[31]. Esta buscaba la involución, no en cambio la implantación de una dictadura militar, que hubiera sido contraproducente para sus objetivos[32].

El malestar de los militares tenía así diversos orígenes además del propio proceso político, que a lo largo de toda la transición los había situado ante hechos consumados –como por ejemplo la legalización del PCE–, ante los que carecían de alternativas viables. La disminución simbólica de su protagonismo político quedó claramente plasmada en la reducción de su presencia en el Gobierno que se formó tras las elecciones de junio de 1977: solo un militar se sentaría en el Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Defensa. Ello derivó en una creciente crítica militar hacia al Gobierno, e incluso en incidentes provocados por actos de indisciplina, en varias ocasiones ante el vicepresidente Gutiérrez Mellado. Estos militares contaban con el respaldo de los sectores ultrafranquistas, así como de personas que se habían visto desplazadas en el nuevo marco político.

Pero en septiembre de 1977 el malestar castrense estaba focalizado principalmente en el cambio político que los resultados electorales anunciaban muy profundo. Un grupo de altos mandos militares, encabezado por el general De Santiago, se dirigió a Juan Carlos proponiéndole la formación de «un gobierno de salvación nacional». Era el resultado de la reunión celebrada en Játiva en la que, además de aquel, habían participado los generales Álvarez-Arenas, Coloma, Milans del Bosch, Prada y el almirante Pita da Veiga. No estaban solos; los grupos de extrema derecha estaban muy activos, a punto para apoyar cualquier golpe militar. Y lo más destacable en términos políticos era que también existían sectores civiles favorables a lo que podría considerarse un franquismo «evolucionado» o una democracia autoritaria, contrarios en cualquier caso al establecimiento de la democracia sin adjetivos que podía vislumbrarse, por lo que empezaron a confabular para encorsetar la potencialidad de los cambios.

Efectivamente, los resultados electorales de junio de 1977 sorprendieron a los sectores conservadores que no esperaban que la izquierda y los grupos nacionalistas subestatales obtuvieran tan altos porcentajes de votos. Pronto, ya desde el otoño de 1977, cuando se pudo comprobar que las elecciones habían abierto un escenario político que no era controlable, algunos personajes con amplios contactos, a través de la prensa particularmente y entre los que destacaba Luis María Anson –presidente de la Agencia EFE–, empezaron a pergeñar planes de un golpe aunque incruento[33]. Según explicaría también Anson a algunos jefes destinados en el Alto Estado Mayor, había que proponer al rey «una solución razonable […] que habría que preparar con la minuciosidad de un plan de Estado Mayor», con el objetivo de forzar la dimisión de Adolfo Suárez, declarar «el estado de excepción –que se mantendría durante un par de años, hasta convocar nuevas elecciones–, con la finalidad fundamental de salir del marasmo político, restablecer la autoridad y resolver la crisis económica» [34].

Tal descripción del escenario político solo se puede explicar por el carácter siempre subjetivo de las percepciones; también por el hecho de que en estos círculos destacaban personas que procedían del aparato del Estado en escalones diversos, de manera que habían participado de las estructuras del poder durante años, lo que les daba cierto sentido de apropiación. Muchos de ellos, en años recientes, podían haber compartido el convencimiento de que era imprescindible superar el régimen franquista pero ello no implicaba compartir una cultura democrática plena. Por otro lado, para entender la actuación de estos círculos, muy conectados a los aparatos del Estado, hay que constatar que la mayoría de sus miembros no se consideraban conspiradores, «tan solo» pretendían sugerir «un amago militar» que facilitara la intervención del monarca y permitiera, finalmente, remodelar el marco institucional. Para ello consideraban necesario fabricar el detonante, «la Argelia que tuvo De Gaulle», para llevar a un nuevo presidente –un civil– a La Moncloa[35].

La subjetividad, sin embargo, con frecuencia está alejada de la realidad. Contra el relato construido y extendido desde la década de los ochenta según el cual la derecha mayoritariamente, como mínimo desde las elecciones de junio de 1977, había optado por la democracia, es posible afirmar que, más allá de la embestida terrorista de ETA –cuyos efectos ya han sido analizados–, en la percepción de «caos» que se extendió en los entornos del poder hasta 1982 influía decisivamente la extensión en su seno de una cultura antidemocrática que estimulaba a su vez la voluntad de impedir cambios democráticos más profundos. Una parte de la prensa desempeñó un papel clave en la extensión de este clima de inestabilidad.

En ese contexto, aunque sin conexión directa, en noviembre de 1978, poco antes de la celebración del referéndum sobre la Constitución, se descubrió la denominada «operación Galaxia». Dos militares golpistas, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas planearon asaltar el Palacio de la Moncloa para secuestrar al Gobierno e imponer un cambio en el rumbo político. Descubierto el complot y detenidos sus responsables, el tribunal militar que los juzgó los condenó a levísimas penas: siete y seis meses frente a los seis y cinco años solicitados por el fiscal militar para los dos procesados, acusados de un delito de conspiración y proposición para la rebelión. Obviamente unas penas tan exiguas no contribuyeron a disuadir a conspiradores del presente y del futuro.

En 1978 el centro de atención política estuvo situado en la elaboración del texto constitucional. La desazón militar se fue incrementando tal como se iban conociendo las características del texto, especialmente las relativas a la introducción del concepto «nacionalidades» y la previsión de estatutos de autonomía, sin olvidar que la presión terrorista alimentaba un clima de crispación notable. En realidad, como hemos examinado ya, en torno del texto constitucional las presiones fueron continuadas y de múltiples procedencias pero si algún aspecto aglutinaba especialmente a los sectores políticos conservadores, tanto periodísticos, como políticos o militares, era el rechazo al concepto nacionalidades y sus consecuencias para el imaginario nacionalista español. El CESID recogía opiniones diversas de ese entorno en el que estaba extendida la percepción de que «Suárez había perdido el norte; no paraba de ceder ante la izquierda y de llevarnos de cabeza al federalismo; el contenido del Estatut resultaba de “broma”, pero el problema serio era el vasco»[36].

La aprobación de la Constitución no significó por tanto una disminución de movimientos políticos, algunos contra la democracia, otros contra la política del Gobierno y, particularmente, contra su presidente. Como se ha visto, las tentativas de eliminación política del presidente Suárez, que habían comenzado ya en el otoño de 1977, se aceleraron a partir de marzo de 1979. Un documento de noviembre de 1980, que era denominado entonces «documento del CESID» y titulado «Panorámica de las operaciones en marcha»[37] da cuenta de los movimientos que tenían lugar en esas fechas y que buscaban, desde distintas posiciones ideológicas, encontrar una salida para la situación existente. El informe fue remitido al Gobierno y al rey y en él se señalaba que existían tres tipos de operaciones en marcha: civiles, militares y de ámbito cívico-militar, pero todas compartían «el deseo de derribar a Suárez y –desde las respectivas ideologías y estrategias– reconducir la situación actual de España a otros parámetros subjetivamente más propicios»[38]. Sin embargo, el contenido del informe permite apreciar las notables diferencias entre lo que denomina «operaciones en marcha» y que, en algunos casos, no implicaban cuestionar la democracia recién estrenada.

Entre las operaciones civiles, el documento[39] diferenciaba entre las de ideología democristiana, en la que distinguía el nombre de Miguel Herrero de Miñón; de ideología mixta –destacando el nombre de Rodolfo Martín Villa–, la socialista[40] y la liberal en torno a Antonio Garrigues. En relación con las operaciones militares el autor tomaba la precaución de no señalar nombres propios pero distinguía entre tres corrientes principales: la de «los tenientes generales», la de «los coroneles» y la de los «espontáneos», que era calificada también con múltiples epítetos. Si la primera no llegó a concreción alguna, la operación de «los coroneles», cuya alma mater era el coronel José Ignacio San Martín, fue mucho más definida. Sin embargo, la mayor atención se prestaba a la operación de ámbito cívico-militar que, mediante presiones concéntricas, tenía como objetivo forzar la dimisión de Suárez, para lo que se contemplaba también la intervención del rey y el imprescindible apoyo de la UCD y del PSOE. El nuevo presidente del Gobierno «sería un general con respaldo pero no protagonismo público»; el gabinete por su parte estaría formado al menos en un 50 por 100 por civiles independientes «y de reconocida solvencia personal» y el resto serían elegidos entre los propuestos por la UCD, el PSOE y la Coalición Democrática, formada por AP y otros grupos menores, aunque el Ejército se reservaría el derecho de veto a esos candidatos.

El Gobierno así configurado sería de «salvación nacional». Especialmente significativo era el programa que los impulsores de esta operación se planteaban. En primer lugar presionar a la UCD –previamente depurada de sus sectores «progresistas»– y a AP para que se unificaran en un único partido de «derecha nacional»; al mismo tiempo, presionar al PSOE para que se transformara en un «partido socialdemócrata adecuado». El tercer objetivo era bien ilustrativo del perfil de los diseñadores de la operación: estimular a las denominadas «fuerzas nacionales» para que, renovándose, fueran el «tercer gran partido», nacional y social[41], capaz de ser árbitro de las otras tendencias. Por lo demás el imaginario franquista, aunque no exclusivamente, resurgía en los otros dos objetivos fundamentales de la operación: erradicar legalmente y de hecho el comunismo y «legislar para impedir la existencia de la mayor parte de los partidos regionales y de todos los de ideología nacionalista»[42].

Así, la creciente debilidad de Suárez y las tensiones internas en la UCD favorecieron especulaciones sobre la formación de un gobierno extraconstitucional para reconducir la situación política hacia posiciones menos «izquierdistas» que las que, según los conspiradores, dominaban la escena. Dichas especulaciones se vieron facilitadas por diversos contactos entre militares y políticos de diferentes tendencias. Un documento que ha salido a la luz recientemente y fechado en enero de 1981 permite adentrarse en el clima político que precedió a la dimisión de Adolfo Suárez y proporciona nuevos elementos para el análisis de la «ciclogénesis explosiva» en la que pareció adentrarse el escenario político español entre el preludio de la dimisión presidencial y el golpe de estado del 23F[43]. El malestar que existía en determinados sectores de marcada orientación conservadora ante la deriva que estaba tomando el proceso de transición hacia la democracia, y la política impulsada por el presidente del Gobierno llevaron a que se elaboraran distintas «hojas de ruta» para forzar la caída de Suárez. Por tanto, por motivos distintos, eran muchos quienes querían desembarazarse del presidente. Consiguieron su objetivo pero, en el entreacto, se habían abierto tantas oportunidades que, finalmente, algunas resultaron incontrolables.

El artículo 8.o de la Constitución establecía que las FFAA tenían «como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional»[44]. Dada la centralidad del tema territorial y de la ofensiva terrorista adquirió gran importancia el hecho de que fueran muchas las voces que otorgaban a los militares un papel especial en el ordenamiento del Estado. Entre diciembre de 1980 y febrero de 1981, un colectivo de militares y civiles franquistas empezó a publicar, con el seudónimo «Almendros», una serie de artículos en el diario El Alcázar, que constituían una continuada incitación a la ruptura de la legalidad democrática.

Los nacionalistas radicales vascos contribuyeron también a la crispación política, con acciones callejeras y de otra naturaleza, como la tentativa de boicot a la sesión parlamentaria en la Casa de Juntas de Gernika con motivo de la visita del rey a principios de febrero de 1981. En este escenario la dimisión de Suárez el 29 de enero precipitó la tentativa golpista.

El 23 de febrero de 1981, mientras se procedía a la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, asaltó el Congreso secuestrando a los miembros del Gobierno y a los parlamentarios. A la acción de Tejero siguió la declaración del estado de excepción por parte del capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, acompañada de la salida de las tropas de los cuarteles, esperando que los demás capitanes generales se sumaran al golpe y que este fuera aceptado por el rey. Por su parte, el general Alfonso Armada maniobraba en Madrid con su propia propuesta de reconducción de la situación, mientras otros golpistas intentaban sacar a la calle a la División Acorazada Brunete, la unidad más potente del Ejército. Tras algunas horas de incertidumbre, durante las cuales muy pocos capitanes generales se opusieron con firmeza a la tentativa golpista, la declaración explícita de defensa de la legalidad constitucional por parte de rey Juan Carlos logró el aislamiento de los sediciosos y su fracaso[45].

En realidad, el 23 de febrero confluyeron en el Congreso de los Diputados dos tipos de conspiraciones, la estrictamente militar –encabezada por el coronel Tejero– y otra con ramificaciones civiles, patrocinada por el general Armada[46]. Aunque hay todavía zonas oscuras en este episodio, es claro que los golpistas cometieron errores de gran calibre, así como que no tenían un proyecto único, puesto que Armada proponía un «golpe de timón» con la colaboración de las fuerzas parlamentarias, algo del todo ajeno a los planteamientos de Tejero y Milans del Bosch. También parece claro que si aquella noche el Ejército no se movió de los cuarteles de forma significativa fue porque la continuidad de la democracia coincidía con los intereses de la Corona. Así el teniente general Quintana Lacaci, que tuvo un papel esencial en el fracaso del golpe del 23 de febrero desde la Capitanía general de la I Región Militar, le dijo a Alberto Oliart, ministro de Defensa del gobierno de Calvo Sotelo, que era franquista pero que el Caudillo había ordenado obedecer al rey; este «me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré; si me hubiera ordenado asaltar las Cortes, las asalto»[47]. La experiencia histórica y familiar debió influir de forma sustancial en las decisiones del monarca y de su entorno en un momento tan crítico.

Mientras tanto, en la larga noche del 23 de febrero fueron reveladoras muchas actitudes: así buena parte de los medios de comunicación se comprometieron sin vacilaciones con la defensa de la legalidad democrática, y las organizaciones sindicales obreras llamaron a una prudente movilización. Por su parte, la jerarquía eclesiástica guardó un cauteloso silencio y el secretario de Estado norteamericano, el «halcón» Alexander Haig, declaró que los hechos constituían un «asunto interno» español sobre el que el gobierno de Estados Unidos no iba a pronunciarse.

El 27 de febrero multitudinarias manifestaciones en defensa de la democracia recorrieron las calles de las principales ciudades españolas. Pero a pesar del fracaso del intento golpista de febrero de 1981, tales tentativas aun no cesaron, aunque fueron abortadas con éxito. Treinta y dos militares y un solo civil, el exdirigente de la OSE, Juan García Carrés, fueron juzgados por la tentativa golpista del 23F por el Consejo Supremo de Justicia Militar, que se mostró benévolo con los acusados –las condenas mayores fueron para Tejero y Milans del Boch con 30 años de prisión–. El expresidente Adolfo Suárez publicó un artículo con el explícito título de «Yo disiento» en el que afirmaba que «nunca puede ser aceptable que quede un amplio margen de irresponsabilidad para quienes intervienen en un golpe de Estado y con su actuación provocan amenazas que ponen en crisis la democracia en España», extendiendo el miedo y con él «la involución de la vida española»[48]. Las penas fueron recurridas ante el Tribunal Supremo, que las elevó sustancialmente al rechazar como atenuante la «obediencia debida», imponiendo también la pena de 30 años a Armada.

Juli Busquets, un militar represaliado por su pertenencia a la UMD, señaló que las causas del golpe de 1981 fueron diversas[49]; algunas remotas como el peso de la memoria de la guerra civil –respecto a la cual los militares reclamaban la victoria y el mantenimiento de los valores franquistas de los que se sentían depositarios– y otras más cercanas como el aislamiento social de los militares durante el franquismo. Entre las causas inmediatas, destacaban la debilidad e inoperancia de la UCD para encarar el reforzamiento de los sectores ultraderechistas dentro del Ejército. Todo ello sin olvidar la continuada presión de la violencia terrorista. En consecuencia, la ultraderecha militar se afianzó y esta tenía como característica distintiva respecto a otros sectores del Ejército la disponibilidad para «desafiar las decisiones de las autoridades gubernamentales y a traspasar los límites impuestos tanto por la disciplina como por la ley»[50].

CRISIS ECONÓMICA, PACTOS DE LA MONCLOA Y TRANSICIÓN SINDICAL

¿Tuvo costes económicos notorios la transición española? Ernest Lluch defendió que sí porque esta «tuvo que pagar las facturas de la “dictablanda económica” de 1973 a 1977, las insuficiencias de los acuerdos de La Moncloa, los bloqueos y rechazos de los “dinerotenientes” y las desconfianzas e insuficiencias del Banco de España sobre el costo de la factura aplazada». En este sentido, Lluch señaló que la «huelga bancaria», las incapacidades del Banco de España y la factura dejada por la dictadura fueron elementos de notable importancia para explicar la recesión económica del final de la década de los setenta, un proceso que tuvo un extraordinario impacto social[51].

El análisis de Lluch tiene interés porque pone el foco en aspectos muchas veces olvidados de la responsabilidad gubernamental en el empeoramiento de la primera fase de la crisis. Sin embargo, ello no implica disminuir la importancia de las políticas gubernamentales posteriores ya que, desde el inicio de la década de los ochenta, las graves consecuencias sociales de la crisis no se explican fundamentalmente por las decisiones tomadas coyunturalmente, sino que, en buena medida, estuvieron vinculadas al modelo económico que se fue configurando.

Efectivamente, desde la perspectiva económica la cronología ajustada de la crisis es amplia; cubriría la década que va de 1974 a 1984 y en ella deben distinguirse varias etapas, vinculadas al escenario político. Durante los dos primeros años, la crisis política en la que estaba sumida la dictadura franquista incapacitó al Gobierno para actuar con rapidez ante los efectos del incremento del precio del petróleo. Así, entre 1973 y 1974 estos se cuadriplicaron, pero el Gobierno quiso amortiguar el incremento para los consumidores, lo que le obligó a gastar una parte significativa de las divisas acumuladas. Por otra parte, la política industrial franquista continuó siendo claramente expansiva, también en producciones que sufrirían la crisis de forma intensa en los años siguientes. Así, en el III Plan de Desarrollo (1972-1975) figuraban la construcción de astilleros en Cádiz –cuando desde finales de la década de los sesenta se vislumbraba la crisis del sector naval– y el mantenimiento de otros proyectos, como la IV Planta de Siderurgia Integral en Sagunto y las centrales nucleares de Almaraz y Lemóniz[52].

Al mismo tiempo, el sector público socorría al sector privado. Especialmente durante 1976, con cargo al presupuesto público se compensaron las pérdidas que empezaban a sufrir importantes empresas, en particular las siderúrgicas, propiedad de sectores empresariales influyentes o de la gran banca; es más, dados los cambios que estaba experimentando el mercado mundial y el encarecimiento del petróleo, el Estado nacionalizó empresas que se preveía que generarían pérdidas en el futuro inmediato, aunque habían proporcionado grandes beneficios en el pasado. Más tarde esas empresas supusieron un tercio de las pérdidas de las empresas públicas y tuvieron que sufrir un radical proceso de reconversión industrial.

Igualmente la inflación crecía aceleradamente, también porque los empresarios trasladaban directamente a los precios el aumento de los costes productivos. Un componente importante de esos costes eran los laborales, que estaban aumentando de forma destacada no solo como resultado de las reivindicaciones salariales, sino también por el aumento de las cotizaciones sociales para hacer frente a las necesidades de la Seguridad Social. Paralelamente, el incremento de la presión impositiva sobre los trabajadores, que todavía hacía más regresivo el sistema fiscal, les impulsaba a exigir nuevos aumentos salariales para no ver reducida su capacidad adquisitiva; y dado que los empresarios no tenían en aquella coyuntura capacidad para resistir la presión obrera, el incremento de los salarios se trasladaba directamente a los precios.

Para los trabajadores, desde el estallido de la crisis económica en 1973 hasta las elecciones generales de 1977 la situación también fue difícil pero la evolución tuvo rasgos contradictorios. El protagonismo de la clase obrera en el inicio de la transición no solo fue importante en la crisis del franquismo, sino también en el mantenimiento de unas condiciones laborables favorables a los trabajadores. Durante la primera mitad de 1976 la presión de la movilización había sido esencial para que en abril de 1976 se aprobara la Ley de Relaciones Laborales, que sustituía a la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y que consagraba un conjunto de mejoras en las condiciones de trabajo –jornada laboral de cuarenta y cuatro horas semanales, veintiún días de vacaciones– y, especialmente, ampliaba las garantías frente a la arbitrariedad patronal; así, por ejemplo, se establecía en el artículo 35.o que, en caso de despido declarado improcedente sería el trabajador –y no el empresario como hasta entonces– quien podría optar entre la reincorporación a su puesto de trabajo o cobrar una indemnización. A la ley se habían opuesto de forma acérrima los empresarios, aunque no obtuvieron éxito, a diferencia de lo que pasaría meses después. También a principios de 1976, el ministro de Relaciones Laborales, Rodolfo Martín Villa, había presentado un proyecto de reforma sindical que partía de la legalidad franquista. La firme oposición de las organizaciones obreras lo hizo inviable.

Los trabajadores consiguieron a su vez incrementos salariales notables y de forma generalizada. Ahora bien, sus ingresos no aumentaron por distintas causas. Por un lado, la reducción de la actividad productiva estaba limitando las horas extraordinarias y la probabilidad de estar «pluriempleado», dos componentes destacados en los ingresos globales de los asalariados en la década anterior. La historiografía no ha destacado suficientemente que el incremento del poder adquisitivo, particularmente de los sectores de cualificación baja y media se había producido en una proporción significativa a costa de largas jornadas laborales. Por otro lado y mucho más importante, el paro creció de forma muy notable, particularmente entre los jóvenes. Si a mediados de 1973 el desempleo apenas llegaba al 2 por 100 y hasta 1976 se situaba en España por debajo de la cota media de la OCDE, en 1977 ya superó la tasa media de esta[53].

La segunda crisis del petróleo entre 1979 y 1980 comportó que en unos meses los precios del crudo se triplicaran; por otro lado, su incremento fue todavía mayor porque la revalorización del dólar –la moneda de pago internacional– que había sido forzada por el gobierno norteamericano en 1980, encareció la factura energética. El efecto de la subida del crudo fue más importante en España que en otros países porque, mientras en la mayoría de los industrializados la dependencia del petróleo se había reducido desde 1973, en España el consumo de petróleo aumentó hasta 1979. En consecuencia, el incremento de la factura energética llegó a absorber casi el 4 por 100 del Producto Interior Bruto influyendo decisivamente en la profundización de la crisis.

En los estudios de historia social y política no se destaca como corresponde que si ese conjunto de factores coyunturales tuvo importantes consecuencias, mucho más la tuvo el hecho de que en el cambio de década se estaba produciendo ya una restructuración productiva notable atendiendo a las prioridades empresariales y a las posibilidades que abrían las nuevas tecnologías. La industria –el sector más afectado por la recesión– se hallaba en una situación de recomposición, tanto en lo que afectaba a productos como a instalaciones y formas de organización de la producción. Los cierres de fábricas fueron continuados, sobre todo de las productoras de bienes de consumo –por ejemplo, de electrodomésticos–. Las fábricas de automóviles también sufrieron una disminución de la actividad muy importante, pues sus directivos aprovecharon la coyuntura para renovar la maquinaria: se trataba de producir coches de menor consumo de combustible al tiempo que se robotizaban muchas tareas de manera que los operarios necesarios disminuían drásticamente.

Por otro lado se produjo un descenso de las inversiones provocado, además de por la incertidumbre existente, por el malestar empresarial ante las reformas que se estaban realizando desde 1977; en especial la reforma fiscal y el reconocimiento de las funciones institucionales de los sindicatos despertaron el rechazo empresarial, al considerar que condicionaban gravemente sus márgenes de maniobra. También hay que tener presente la disminución de la inversión extranjera como resultado de la crisis internacional y de la amenaza de sobreproducción, así como de la disminución de la demanda de servicios –sobre todo turismo– provocada en buena medida por la caída del poder adquisitivo de los asalariados europeos. Al mismo tiempo, la nueva crisis económica coincidió con la crisis política que iba de la mano de la voluntad de una parte destacada del partido gobernante, la UCD, de desplazar a su presidente, Adolfo Suárez. En síntesis, el frenazo productivo global del inicio de la década de los ochenta tuvo efectos económicos y sociales más agudos que la crisis del periodo entre 1974 y 1977.

Evolución del desempleo entre 1976 y 1982 (en miles)

Población ocupada

Población desocupada

Tasa de paro

Tasa de actividad

1976

12.161,4

632,0

4,9

50,3*

1978

11.824,5

998,6

7,8

49,8

1980

11.135,8

1.620,3

12,7

48,7

1982

10.777,9

2.234,8

17,2

48,1

* Corresponde a 1977.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (4.o trimestre del año).

Los datos de tasa de actividad en De los Pactos de La Moncloa al AES, CCOO, Madrid, 1989, p. 233.

Hay que destacar, desde una perspectiva social, que una de las consecuencias más trascendentes de la restructuración en marcha fue, como se verá, el debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores con más arraigada cultura de clase. Un primer dato que se debe considerar es que el empleo asalariado disminuyó globalmente en un 14 por 100 entre 1977 y 1983, y además se recompuso la proporción entre empleo en el sector público y en el privado: mientras que este perdió el 21 por 100 del empleo asalariado, el sector público aumentó en un 23 por 100. También cambió la estructura de la población asalariada en las empresas privadas pues mientras los asalariados en la industria, el campo y la construcción disminuyeron un 20, 25 y 32 por 100 respectivamente, el empleo en los servicios creció un 2 por 100[54].

Al final de la década de los setenta el desempleo se convirtió en el principal problema de la sociedad española. De la trascendencia del fenómeno es una buena muestra el hecho de que entre 1978 y 1982 se perdió casi uno de cada ocho empleos existentes, un proceso de magnitud desconocida. La pérdida de puestos de trabajo adquirió significación añadida si se tiene en cuenta que afectó particularmente a la industria; nada menos que 700.000 ocupados dejaron de estarlo en este sector y 300.000 en la construcción[55]. La clase obrera industrial, protagonista de la movilización social en la década anterior, estaba sufriendo un retroceso extraordinario y los trabajadores que continuaban ocupados vivían con el temor permanente de perder su empleo. En ese contexto, el proceso de reconversión industrial, que encontró en la Ley de 1984 un punto culminante, tuvo más trascendencia política que social ya que se produjo en sectores de gran concentración en pocas factorías pero con muchos trabajadores y donde el capital público y la fuerza sindical eran decisivos[56]. Quizá por ello no suscitó importantes movilizaciones de solidaridad: para la mayoría, los trabajadores afectados podrían obtener compensaciones significativas.

La pérdida de empleos netos también tuvo como consecuencia sustancial el hecho de que los aproximadamente 300.000 jóvenes que en circunstancias normales se habrían incorporado a la actividad laboral no lo consiguieron. Al no obtener un primer empleo, los jóvenes ni siquiera aparecían registrados como desocupados; este colectivo aumentó en 500.000 personas entre 1978 y 1982[57].

Así, un gran problema social –además de económico– que emergía a final de la década de los setenta era el sesgo generacional de las tasas de desempleo; tomando como referencia 1982, las Encuestas de Población Activa –EPA– mostraban que el paro juvenil era de un tercio entre los jóvenes de 20 a 24 años y superior al 46 por 100 entre aquellos que tenían entre 16 y 19 años. Los altos niveles de desempleo empezaron a tener consecuencias globales: no solo económicas y sociales, sino también culturales y vitales: la incertidumbre y la precariedad se asentaron, igual que la dificultad de prever el futuro. Se interrumpió el hilo que hacía del trabajo el eje de la vida de los trabajadores. Por su carga simbólica merece destacarse que la década de los ochenta quedó asociada a la drogadicción como epidemia.

En aquel contexto, el escenario se fue haciendo más angosto para los trabajadores. Los empresarios que debían concretar su estructura organizativa –poco articulada corporativamente dadas las diversas fórmulas utilizadas durante el franquismo para defender sus intereses–[58] fueron encontrando el apoyo creciente del Gobierno. Así, los empresarios consiguieron que el gobierno Suárez aprobara el 8 de octubre de 1976 un Decreto-Ley de medidas económicas que restringía extraordinariamente la negociación colectiva, congelaba salarios, establecía contratos eventuales y suspendía el artículo 35.o de la Ley de Relaciones Laborales que se había aprobado en primavera. Las organizaciones sindicales, agrupadas temporalmente en la COS, respondieron con la convocatoria de huelga general del 12 de noviembre que, como se ha dicho, también tenía intencionalidad política dado el pulso entre gobierno y oposición que se estaba desarrollado en aquel momento.

Paralelamente, en las empresas se introducían innovaciones tecnológicas encaminadas a aumentar la productividad pero que, al mismo tiempo, venían a marginar mejoras conseguidas anteriormente por los trabajadores y a imponer peores condiciones de trabajo. En sectores como el textil era frecuente el cierre de fábricas y talleres que, en poco tiempo, eran sustituidos por otros distintos con nueva maquinaria y empleados que ya no tenían los derechos adquiridos en los años anteriores. Es decir, los empresarios se apresuraron a eliminar la incertidumbre que les generaba la legalización de los sindicatos, además de buscar mayores beneficios a costa de los salarios, por la vía de experimentar nuevas formas de organización del trabajo que favorecía la nueva tecnología[59].

Así y globalmente, entre 1974 y 1985 la productividad y la inflación crecieron más en España que en la Comunidad Europea de los 15, contrariamente a lo que sucedió con el empleo, que disminuyó en España mientras que en Europa solo se estancó[60]. En ese marco, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980 con el rechazo del PCE y las CCOO, supuso una redefinición del marco de relaciones laborales con retrocesos en derechos de los trabajadores en relación con los conseguidos en los años inmediatamente anteriores. En particular abrió la posibilidad de futuras modificaciones de las normas relativas al mercado de trabajo que permitieran reforzar el poder empresarial[61].

Los trabajadores y sus organizaciones fueron quienes contribuyeron de forma más decidida a los acuerdos políticos con implicaciones sociales. Pasadas las elecciones de junio de 1977, el Gobierno tuvo que hacer frente al agravamiento de la crisis económica, a tensiones sociales, al recrudecimiento del terrorismo etarra, que se negaba a aceptar la legitimidad democrática de las instituciones nacientes, a las expresiones de malestar de sectores franquistas, espoleados por el terrorismo, y a tentativas involucionistas, todo ello asegurando la estabilidad política. La situación económica también había empeorado notablemente. Mientras se iniciaba la elaboración del texto constitucional, el Gobierno intentó conseguir un acuerdo sobre política de rentas encaminado a limitar los incrementos salariales, lo que se denominaba pacto social, algo que ya había intentado arrancar en 1976 para hacer frente al agravamiento de la situación económica. Del mismo modo que había fracasado entonces, el Gobierno tampoco lo consiguió tras las elecciones, de manera que se vio forzado a buscar un amplio acuerdo político en torno a las medidas de política económica necesarias para hacer frente a la crisis.

Los partidos políticos con mayor representación parlamentaria coincidían en considerar que la instauración de la democracia exigía generar un marco de estabilidad para el que eran imprescindibles acuerdos. Si bien existía un entendimiento generalizado entre los grandes partidos sobre el diagnóstico de la crisis y sobre las medidas necesarias para hacerle frente, el conflicto aparecía, no obstante, en la distribución de los costes sociales de las medidas de ajuste. En este sentido fue determinante la posición comunista. El PCE propugnaba un gobierno de concentración o, como mínimo, grandes acuerdos entre las formaciones políticas para resolver los grandes problemas que tenía planteados el país. Contrariamente, el PSOE, preocupado por afianzarse como la alternativa al gobierno centrista, se mostró poco dispuesto a cualquier fórmula que pudiera beneficiar a la UCD.

En el ámbito sindical, la posición de la UGT y de las CCOO fue diferente. Los dirigentes de las CCOO consideraron que, sin salir de la crisis, no sería posible ni consolidar la democracia ni avanzar en la consecución de los derechos de los trabajadores. Para los dirigentes de las CCOO el problema no era pactar o no pactar, sino proteger la posición de los trabajadores de los duros efectos de la crisis, por lo cual era necesario establecer estrategias y prioridades. La UGT, en cambio, inicialmente mostró una actitud en consonancia con el PSOE, contraria a corresponsabilizarse de las medidas que se aprobaran, por el aval que otorgaba al Gobierno y el consiguiente debilitamiento de la visualización del partido hermano como «alternativa de poder».

No obstante, en el mes de octubre, las principales formaciones políticas firmaron los Pactos de La Moncloa con el objetivo de sanear y reformar la economía[62]. En realidad se trataba de dos acuerdos, el primero sobre «el programa de reforma y saneamiento de la economía», y el segundo «sobre el programa de actuación jurídica y política». Este último establecía una serie de compromisos, que básicamente debía cumplir el Gobierno, relativos al respeto de la libertad de expresión y a la regulación de los medios de comunicación de titularidad estatal, al ejercicio del derecho de reunión y del derecho de asociación, a las reformas urgentes del Código Penal –por ejemplo despenalizando el adulterio y la expedición de anticonceptivos–, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código de Justicia Militar, a la definición de una nueva política de orden público basada en una concepción depurada de «contenidos no democráticos y asentando su fundamento esencial en el libre, pacífico y armónico disfrute de las libertades públicas y el respeto de los derechos humanos», y a la reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público. En definitiva, se trataba de que los principios democráticos que inspiraban la elaboración del texto constitucional se hicieran realidad rápidamente.

El primer acuerdo, de naturaleza económica, contemplaba una política de rentas, un conjunto de reformas estructurales y una serie de medidas de estabilización.

Entre los más graves y urgentes problemas económicos aparecía la inflación anual en el 30 por 100 y el déficit exterior, que se estaba financiando con endeudamiento, dado que en los años anteriores se habían consumido las reservas. Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue la devaluación de la peseta en un 20 por 100 respecto al dólar pero, para la mayoría de la población, la medida de efecto inmediato era la vinculación de los incrementos salariales a la inflación prevista y no a la inflación pasada, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo estaba asegurada: en 1978 la masa salarial de las empresas no podría sobrepasar el 22 por 100 –inflación prevista– y aunque se recomendaba que su distribución en cada empresa se efectuara de modo que como mínimo la mitad del incremento se distribuyera linealmente, ello comportó una pérdida de poder adquisitivo. Los acuerdos contemplaban la creación del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas con la previsión de un aumento de los ingresos fiscales mediante la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Fiscal; a la vez que se instrumentalizaban las primeras medidas efectivas para luchar contra el fraude fiscal.

Los Pactos establecían medidas compensatorias a la disminución del poder adquisitivo de los asalariados como la extensión del seguro de desempleo, la revalorización de las pensiones y un incremento de la financiación pública del sistema de Seguridad Social. Los acuerdos incluían el compromiso de importantes reformas estructurales y de actuación coyuntural en relación con el sistema financiero, con la política agraria, con la política educativa, de vivienda y urbanismo, etc. En política educativa, por ejemplo, se establecía la creación de 400.000 plazas de EGB, 200.000 de educación preescolar y 100.000 de BUP durante 1978[63]. Sin embargo, muchas de las actuaciones gubernamentales se implementaron muy lentamente y algunos compromisos se incumplieron.

Los Pactos de La Moncloa fueron rechazados por la CEOE y por la izquierda extraparlamentaria, y la lentitud a la que se ha aludido y los incumplimientos alimentaron una crítica más extensa, con el trasfondo del malestar por el impacto del crecimiento del desempleo.

En la profundización de la crisis económica, a nivel interno, intervino de forma decisiva la denominada «huelga de inversiones» que realizaron amplios sectores empresariales, para los cuales la consolidación de la democracia no era un bien superior al que supeditar los intereses inmediatos; esa huelga de capitales se vio compensada solo parcialmente por la llegada sustancial de capital extranjero entre 1977 y 1979. Es relevante destacar que los Pactos de La Moncloa desataron una reacción patronal de gran dureza, no por algunas cláusulas estrictamente económicas: las salariales eran claramente beneficiosas y, por otro lado, la patronal estaba acostumbrada a trasladar esos incrementos a los precios; no así la reforma fiscal. Su rechazo era al mismo tiempo sociopolítico: consideraban que se aprobaba un programa claramente socialdemócrata, con componentes sociales que podían entrar en contradicción con sus intereses. Los Pactos fueron, sin embargo, fundamentales para poner las bases de la estabilidad democrática y de la ampliación de las bases del Estado asistencial. La CEOE organizó una campaña de acoso y derribo contra el equipo económico del Gobierno, encabezado por Enrique Fuentes Quintana y tuvo éxito pues en febrero de 1978 Fuentes Quintana abandonó el gabinete, siendo sustituido por Fernando Abril Martorell, aunque ello no dio satisfacción a las reivindicaciones patronales.

Contrariamente, las organizaciones sindicales apoyaron los acuerdos, aunque la UGT de forma vacilante, «con reparos» en palabras de Nicolás Redondo[64]. Por su parte, aun con un notable debate, un sector importante de las CCOO consideró que apoyar externamente los acuerdos era una obligación de responsabilidad social y política, siendo consciente de los límites a que se veían sometidos. Atendiendo a su razonamiento, explicitado en diversas ocasiones, de que cabían dos formas de salida de la crisis, «la autoritaria, que beneficiaría a los sectores oligárquicos, y la progresista, esto es al servicio de los intereses de los trabajadores», se entendía que los acuerdos de La Moncloa respondían «a una determinada relación de fuerzas en nuestro país. [Eran] la salida intermedia para intentar cerrar el paso a la posible “salida autoritaria” de la crisis»[65]. En el balance realizado por la Comisión Ejecutiva de las CCOO se señalaba que

los acuerdos de La Moncloa han permitido el equilibrio y la base social de apoyo al periodo constituyente. Sin este equilibrio, sin la solidez que ha dado a las principales fuerzas, hubiera sido difícil elaborar una Constitución de consenso que en general es considerada por todos como la más progresiva de las habidas en nuestro país[66].

Desde la perspectiva del movimiento obrero la instauración de la democracia había de permitir que este ejerciera influencia sobre la evolución política: «nuestro objetivo fundamental, en este proceso que vivimos es instalar las libertades democráticas fundamentales, ensancharlas, consolidarlas y hacer posible a corto plazo que la democracia entre en los centros de trabajo»[67]. Asentar la democracia continuaba siendo considerado un objetivo propio; en palabras de Antonio Gutiérrez, secretario general de las CCOO entre 1987 y 2000,

el movimiento sindical asumió los pactos como su contribución para avanzar hacia un objetivo mucho más importante para ellos, para los trabajadores y para la sociedad en general, cual era la elaboración consensuada de la Constitución en un clima de paz social y de estabilidad política frente a los ruidos involucionistas que no cesaban de sonar[68].

Paralelamente a la toma de decisiones de gran calibre, en el ámbito organizativo se estaban produciendo grandes cambios. El movimiento obrero, que había tenido un protagonismo estelar en la lucha contra la dictadura, vivió dificultades crecientes desde 1976 debido a múltiples causas. Como recordaba Javier Tébar recientemente, cualquier examen de la relación entre movimiento obrero y transición política aconseja examinar no solo los efectos de la acción obrera sobre el cambio político general; también deben observarse los efectos que el cambio de contexto político provocó en el propio movimiento obrero[69]. Como se ha dicho, la movilización obrera en la España de los años sesenta y setenta desempeñó un papel esencial. Desde la perspectiva política contribuyó decisivamente a la crisis de la dictadura; desde la perspectiva social, fue el agente principal para asegurar mejoras significativas en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. En la coyuntura clave de 1976, la movilización consiguió hacer inviable el proyecto reformista del Gobierno Arias y, después, fue decisiva para empujar al Gobierno Suárez a atravesar la línea que separaba la reforma respecto al cambio de régimen, lo que abrió la puerta al establecimiento de la democracia, aunque no a través de la vía propugnada por el antifranquismo más activo, lo que sin duda permitió continuidades que no estaban previstas en el proceso de cambio esperado.

Sin embargo, con el creciente impacto de la crisis económica, el contexto se fue haciendo cada vez más desfavorable para las reivindicaciones de los trabajadores. Ya se ha hecho referencia a que en la primera mitad del año 1976 los trabajadores consiguieron incrementos salariales notables aunque, al mismo tiempo, la situación de muchos trabajadores empeoró por el aumento del paro. También la movilización obrera consiguió paralizar la reforma sindical que impulsaba Rodolfo Martín Villa. En enero, el ministro de Relaciones Sindicales presentó un proyecto de reforma sindical al que el Consejo de Ministros dio luz verde en el mes de mayo. Como todos los proyectos significativos de aquel Gobierno, la reforma se situaba en el marco de la legalidad franquista, manteniendo la Organización Sindical y previendo, como se ha dicho, que solo se permitiría la actuación de «asociaciones» obreras en la base de la estructura oficial. La firme oposición de las organizaciones obreras hizo inviable aquel proyecto.

No obstante, en la segunda mitad de 1976 la fuerza de la movilización se vio condicionada por el escenario político que se fue configurando y también por la división sindical que emergió con fuerza en los meses previos. Como se ha visto, hasta 1975, el movimiento obrero había sido casi sinónimo de las CCOO pues la USO tenía presencia solo en algunas zonas, sectores y empresas, y la UGT apenas había iniciado su reorganización dos años antes, cuando Nicolás Redondo fue elegido sectario general. Las CCOO, que se habían definido como movimiento sociopolítico, propugnaban la unidad sindical y tenían como espacio clave de actuación el centro de trabajo[70]. En 1975, los resultados de las elecciones sindicales, en que las candidaturas impulsadas por las CCOO obtuvieron un gran éxito, parecían hacer posible la conformación de un sindicato unitario; sin embargo, este objetivo se encontró con el rechazo del resto de organizaciones sindicales en proceso de afirmación.

La UGT se opuso radicalmente a un proceso de unidad sindical por dos razones fundamentales; por un lado, por la fortaleza de su modelo socialdemócrata histórico con la relación entre partido y sindicato; pero además, y era algo fundamental, la UGT consideró que un proceso constituyente de unidad sindical la colocaría en una posición subalterna respecto a las CCOO, dada la implantación de estas en las empresas[71]. La implantación de cualquiera de los dos modelos impedía el éxito del otro y, en aquel contexto, tanto el Gobierno Arias como después el presidido por Suárez vieron la oportunidad de aprovechar la rivalidad entre ambas organizaciones para debilitar la fuerza sindical. El caso fue que mientras continuaba persiguiendo a los activistas de las CCOO, el Gobierno autorizó la celebración en abril de 1976 en Madrid del XXX Congreso de la UGT bajo la cobertura de unas jornadas de estudio. Para la rápida visibilización de la presencia ugetista también tuvo indudable trascendencia el apoyo económico exterior que recibió[72].

Más allá de un contexto favorable, se podría decir que el resurgir de la UGT se asentó en el éxito de una fórmula que combinaba identidad y memoria histórica, recursos materiales, homologación internacional y oferta de un modelo de moderación sindical que contaba, sin embargo, con la legitimidad de sindicato de clase y proporcionaba de ese modo refugio a sectores asalariados recelosos de las estrategias más movilizadoras y asamblearias o frente la desconfianza que suscitaba la presencia de militantes comunistas en las CCOO[73]. En este sentido es destacable que la UGT, bajo la dirección de Nicolás Redondo, no experimentó la radicalización discursiva que caracterizó al PSOE y, desde el primer momento, ofreció moderación. La influencia de sus referentes europeos y la tutela de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres –que no se caracterizaba precisamente por apoyar programas radicales– influyeron también en su apuesta por la moderación; la influencia del exilio sobre la dirección nacional por su lado contribuyó a contrarrestar la tendencia a la radicalización que en ocasiones surgía de la base que participaba del clima asambleario propio de los últimos años de la dictadura[74]. Su estructura organizativa se vio favorecida particularmente por la incorporación de una parte de los cuadros de la USO en octubre de 1977.

El afianzamiento de la UGT como organización sindical bien definida llevó a las CCOO a acelerar también el proceso de conversión en sindicato, proceso que se inició en Barcelona en la Asamblea General, celebrada en julio de 1976, y que culminó en el primer congreso estatal celebrado en junio de 1978. Fue un proceso lento por la existencia de potentes resistencias internas a abandonar el objetivo del sindicato unitario, un proceso que, por una parte, significó la pérdida de un tiempo precioso para el asentamiento organizativo; por otra, dificultó centrar toda la atención en los envites de la reorganización capitalista que se estaban produciendo.

La división sindical mostró la peor de sus caras entre 1978 y 1982. Desde el momento en que la unidad orgánica fue imposible, cada organización necesitó saber con qué apoyo contaba y, en ese marco, los resultados de las elecciones sindicales adquirieron una gran trascendencia. Las primeras elecciones para delegados de personal y comités de empresa se celebraron durante los primeros meses de 1978 y llevaron la competencia sindical a su máximo nivel. Las CCOO se convirtieron en la primera fuerza sindical con el 34 por 100 de los delegados, mientras que la UGT obtuvo el 21 por 100. Hay que constatar, sin embargo, que el enfrentamiento continuado entre ambas organizaciones respecto al modelo sindical, que tanto una como otra consideraban un signo de identidad y afirmación, desanimó a muchos trabajadores, que leían el enfrentamiento en clave partidista y contrario a los intereses de los asalariados.

Las diferencias respecto al modelo sindical entre ambas organizaciones afloraron con fuerza con la elaboración del Estatuto de los Trabajadores; si las CCOO continuaban proponiendo el reforzamiento de los organismos unitarios de los trabajadores –especialmente los comités de empresa–, la UGT quería potenciar las secciones sindicales y el papel de los sindicatos fuera de los centros de trabajo. El modelo asentado finalmente puede calificarse de mixto: a nivel de empresa se consolidó el comité, organismo de representación de todos los trabajadores, y fuera de ella se otorgó todo el protagonismo a los sindicatos más representativos, según los delegados obtenidos en las elecciones.

Dicho modelo no favoreció la afiliación sindical. En la primavera de 1977, en un clima de euforia, centenares de miles de trabajadores se sindicaron respondiendo a la llamada de las organizaciones sindicales pero en los años siguientes la afiliación bajó y en 1982 se situaba entorno del 20 por 100[75]. Este dato no implicaba desafección y existe un acuerdo generalizado sobre el hecho de que, en aquellos años, la opinión de los trabajadores sobre los sindicatos era claramente favorable. Sin embargo, su apoyo no era tan firme como para ayudar a su sostenimiento, sobre todo teniendo en cuenta que el modelo sindical mixto permitía a los no afiliados beneficiarse de la negociación colectiva de igual manera que los afiliados.

La competencia entre los dos grandes sindicatos también dificultó su colaboración. Esta se mantuvo, aunque con dificultades, hasta 1979: en abril de 1978 ambas organizaciones impulsaron una huelga general contra el paro y la crisis en el marco de una movilización europea impulsada por la Confederación Europea de Sindicatos. En los meses siguientes acordaron la unidad de acción contra la política gubernamental que limitaba nuevamente el crecimiento de los salarios en relación con la inflación. Pero la ruptura de la colaboración se hizo prácticamente total cuando, desde junio de 1979, la UGT decidió firmar una serie de pactos con la CEOE, el primero de ellos el Acuerdo Básico Interconfederal, inaugurando la política de concertación centralizada, que continuó con la firma en enero de 1980 del Acuerdo Marco Interconfederal para aquel año y el siguiente. Dicho acuerdo tuvo como trasfondo, por un lado, la hostilidad de la CEOE hacia el Gobierno de la UCD, pues ya apoyaba abiertamente a la derecha que representaba AP; por otro lado, las necesidades de afirmación del modelo de la UGT[76].

Los acuerdos entre la UGT y la CEOE situaron a las CCOO en una difícil tesitura desde 1979, ya que esta debía hacer frente a varios retos al mismo tiempo. Finalmente, y acusando el aislamiento en que la situaban los acuerdos anteriores entre la CEOE y la UGT y bajo el impacto del golpe de estado fracasado del 23F, las CCOO decidieron participar en junio de 1981 en el Acuerdo Nacional de Empleo –ANE.

Así, es claramente perceptible que desde 1977 la acción sindical apareció en un segundo plano de la escena política por un conjunto de factores que, sin embargo, tienen poco que ver con el relato extendido que enfatiza la voluntaria subordinación de los objetivos de «clase» de los sindicatos a los programas de las distintas fuerzas políticas de la izquierda. Seguramente, como ha destacado Robert Fishman, la debilidad relativa de los sindicatos tuvo mucho que ver con la herencia franquista y su impacto negativo sobre las capacidades organizativas del movimiento obrero[77] aunque, al mismo tiempo, los sindicatos fueron las más potentes organizaciones sociales del momento.

LA CONFLICTIVIDAD Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN UN NUEVO ESCENARIO

Más allá de los estudios especializados, un lugar común en referencia al periodo de la transición es considerar que las organizaciones sindicales contuvieron la movilización de los trabajadores para evitar que el sistema político sufriera inestabilidad. Es más, se ha convertido en un tópico afirmar que, con el establecimiento de la democracia, la movilización social de los años finales de la dictadura dio paso a la desmovilización, ya que los partidos políticos –particularmente los militantes comunistas, que eran los de mayor presencia social– abandonaron los movimientos sociales. Sin embargo, no existe base empírica que permita sostener esta afirmación.

En el ámbito laboral, las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que la cifra de trabajadores implicados en conflictos fue siempre muy elevada entre 1976 y 1979. Como ya se ha visto, el número de participantes en conflictos en 1976 fue muy elevado, seis veces y media superior al registrado en 1975[78]. Fue un incremento excepcional en relación con el pasado pero no respecto al futuro inmediato pues las cifras de 1978 fueron semejantes y en 1979 aumentaron en un 60 por 100 respecto a 1976.

Conflictividad laboral entre 1976 y 1980

Año

Huelguistas

Horas no trabajadas

1976

3.638.957

110.016.240

1977

2.317.026

92.572.050

1978

3.633.004

128.738.478

1979

5.752.304

171.067.049

1980

2.461.061

108.625.662

Fuente: Juan Antonio Sagardoy y David León Blanco, El poder sindical en España, Planeta, Barcelona, 1982.

Hasta 1977 las organizaciones sindicales fueron ilegales aunque eran tratadas de forma desigual por el Gobierno. A pesar de las dificultades para la acción sindical, en junio de 1976 se formó la COS integrada por las CCOO, la UGT y la USO. Venía a ser la plataforma unitaria que, en el plano político, representaba la CD. En pleno pulso entre el gobierno Suárez y la oposición, en el mes de noviembre, la COS convocó una huelga general que otorgó nuevamente protagonismo a la movilización obrera. Sin embargo, esta no alcanzó el impacto que la suma de conflictos había tenido en los primeros meses del año. Como se ha dicho, tras la experiencia de enero el Gobierno se volcó en asegurar el funcionamiento de los servicios públicos y en transmitir desde los medios de comunicación –principalmente de la televisión– una imagen de normalidad. A pesar de que en la movilización de noviembre participaron más de un millón de trabajadores, el Gobierno tuvo éxito en su estrategia de minimizar las protestas porque los paros afectaron sobre todo a la industria y mucho menos a los servicios[79].

En 1978, el año de vigencia de los Pactos de La Moncloa y desmintiendo el tan extendido tópico de la desmovilización, la conflictividad alcanzó el nivel del máximo de 1976, un año excepcional por la movilización rupturista. A un amplio segmento de trabajadores con una elevada predisposición a la movilización en defensa de sus intereses sociales, se unieron muchos trabajadores de sectores hasta entonces pasivos por el temor a las represalias patronales y la represión policial, que ahora podían ejercer libremente los derechos recién conquistados de asociación y de huelga.

La movilización se vio favorecida también por la actitud patronal, muy crítica con los Pactos de La Moncloa que, por otra parte, contenían formulaciones que permitían interpretaciones divergentes entre empresarios y trabajadores, lo que dejaba abiertos márgenes para el conflicto. También influyeron en el incremento de la conflictividad las necesidades movilizadoras de los sindicatos, que por primera vez tenían la responsabilidad plena de la negociación de los convenios colectivos, y debían lograr triunfos que facilitasen su consolidación.

Los dirigentes obreros eran conscientes de la necesidad de obtener victorias a corto plazo pues «hay algunos sectores del pueblo español que están relacionando los graves problemas económicos y sociales con los primeros pasos en nuestro país de la democracia, y esta opinión es alimentada por aquellos que están interesados en que no avance su implantación [de la democracia]»[80]. Y es que la crisis económica amenazaba cotidianamente las condiciones de vida de los trabajadores que «no disfrutan de la democracia en concreto si no es en función de la resolución de sus problemas más cotidianos que son, por otra parte, los más agobiantes, los que no admiten espera»[81].

En consecuencia, a pesar de las divergencias y tensiones entre las CCOO y la UGT, ambas organizaciones actuaron conjuntamente a lo largo de 1978 en distintos momentos, como en la huelga del 5 de abril promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) contra el paro y la crisis, citada anteriormente, o rechazando el proyecto de ley gubernamental de Relaciones Laborales; además, concluidas las elecciones sindicales, la tensión entre ambas organizaciones fue disminuyendo. Nuevamente, en diciembre de 1978, la aprobación por el Gobierno de un Decreto-Ley que condicionaba marcadamente la negociación colectiva para 1979, ya que imponía una limitación al incremento de los salarios claramente inferior a la inflación –13 por 100 y 16,6 por 100 respectivamente–, propició un acuerdo de unidad de acción entre las CCOO y la UGT, que dio lugar a una elevada conflictividad laboral, alcanzándose entonces el máximo de huelguistas y de horas no trabajadas de la década. Es decir, en 1979 los trabajadores que participaron en huelgas se incrementaron notablemente en relación con 1978, un año en el que la conflictividad volvió a recuperar la cota de 1976.

Quizá para explicar que durante muchos años el discurso de una parte de las izquierdas insistiera en la existencia de una desmovilización que no se produjo en realidad debería atenderse más a las características que al número de conflictos. El volumen de conflictos no se redujo y con frecuencia fueron de mayor radicalidad, pero cualitativamente fueron muy distintos a los de años anteriores. Desde 1978 las movilizaciones de los trabajadores tuvieron un carácter defensivo y no reivindicativo; en una proporción significativa tenían como objetivo la defensa del puesto de trabajo y, en el mejor de los casos, el mantenimiento del poder adquisitivo. A pesar de ello, muchos de aquellos conflictos acabaron con la derrota de las posiciones obreras. No es extraño así que, a partir de 1980, el efecto acumulativo de movilizaciones infructuosas produjera un fuerte proceso de desgaste que se vio reflejado, entonces sí, en la caída de las cifras de conflictividad laboral.

Al mismo tiempo, el desgaste de los sectores afectados directamente por la crisis se vio acompañado por la frustración de expectativas de buena parte de los asalariados. Un elemento de fondo de aquella situación estribaba en el empeoramiento progresivo de la protección del trabajo respecto al del capital. Como se ha dicho y ocurrió en todos los países occidentales en esos años, empezó a extenderse también en España un discurso neoliberal que vinculaba la posibilidad de recuperación económica a la pérdida de derechos laborales. Dado el impacto del paro y el debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores, durante los años siguientes el Gobierno impuso una política de rentas que repercutió tanto en la reducción de los salarios reales de los trabajadores, como en el empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Paralelamente, el presupuesto público se utilizaba para sanear las grandes empresas privadas y ponerlas en condiciones de generar nuevamente beneficios para sus propietarios.

Desde 1979, la agudización de la crisis y las nuevas estrategias a escala mundial para combatirla, más las presiones de potentes sectores empresariales, comportaron el incumplimiento de algunas medidas sociopolíticas a las que se había comprometido el Gobierno. Todo ello contribuyó al «desencanto» popular, un término que empezó a utilizarse a finales de la década de los setenta para hacer referencia a la distancia de amplios sectores sociales respecto a la política, un clima opuesto al entusiasmo característico de los años 1976 y 1977.

En las filas de las organizaciones políticas y sindicales, especialmente en el seno del PCE crecieron las tensiones internas; algunos sectores eran partidarios de radicalizar las acciones llamando a la conciencia «obrerista» mientras que otros consideraban que la radicalización no haría más que alejar las minorías combativas de la mayoría de los trabajadores. Esta era la posición de la dirección comunista. En 1980 constataba que la crisis económica y sus consecuencias sociales acrecentaban «el peligro de una fractura en el seno de la clase obrera entre los que trabajan y los parados, entre distintas categorías y territorios, las mujeres y los hombres, los jóvenes y los adultos, incluso entre los propios desempleados –entre los que cobran subsidio y los que no lo cobran–». Dadas esas condiciones tan peligroso era que una parte del movimiento obrero se instalara en la crisis y aceptara pasivamente «la lógica del gran empresariado (CEOE) para salir de ella», como que otra parte se radicalizara, «se separe de las amplias masas y pretenda, sin tener en cuenta la correlación de fuerzas real, chocar frontalmente y en solitario, cayendo en la impaciencia y el subjetivismo». Para el sindicalismo «los peligros más inmediatos que acechan a la minoría combativa de la clase obrera son las fugas hacia adelante» olvidando que el sindicato debía serlo «de grandes masas, con vocación de unir al conjunto de la clase», que la clase obrera era plural en ideologías y heterogénea en su composición, por lo que el sindicato debía huir de tendencias «obreristas» para abrirse, «con el trabajo práctico más que con la “lucha ideológica”, al amplio espectro que hoy compone la clase trabajadora»[82].

En el imaginario colectivo de los sectores «progresistas» estaba extendida la idea de que la democracia actuaría como factor dinámico que impulsaría los avances populares. La realidad no fue así. La instauración de la democracia se produjo en paralelo a la profundización de la crisis económica y esta, mucho más que la voluntad política e incluso las capacidades para dirigir la movilización en un contexto adverso, fue la que impuso la incertidumbre entre los trabajadores, particularmente entre los más jóvenes que no podían acceder a un puesto de trabajo. De aquí el «desencanto».

Efectivamente, como se ha visto, el contexto no fue otro que el fin del modelo de crecimiento de la posguerra y la desestructuración de la clase obrera desde los años ochenta, a partir de la progresiva y profunda fragmentación de la situación laboral de los trabajadores, lo que comportó el debilitamiento de la clase obrera como sujeto social identificable con capacidad de influencia sobre la realidad política y social. La hegemonía del modelo keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial había vislumbrado la posibilidad de un capitalismo reformable en el sentido de que el crecimiento económico había sido compatible con la intervención del Estado en su gestión y esta había favorecido la influencia sindical en todos los países capitalistas de la Europa occidental. Sin embargo, el proceso de recomposición capitalista a partir de 1973 supuso el inicio de la ruptura con aquel modelo.

El modelo franquista no fue en ningún momento asimilable al keynesiano tanto por sus implicaciones sociales como políticas: ni existió Estado de bienestar antes de 1977 ni los trabajadores pudieron organizarse sindicalmente, al contrario tuvieron que enfrentarse al encorsetamiento que implicaba la OSE. Solo durante el periodo de transición de los años setenta, el recetario keynesiano planeó como una posibilidad de desarrollo, ya que existía un cierto consenso sobre una serie de principios: el papel del Estado en la regulación económica, la importancia del sector público como agente creador de empleo, la prioridad de la lucha contra el desempleo, la necesidad de reactivar la demanda, el crecimiento del Estado asistencial, etc.[83]. Sin embargo, dado el contexto internacional, su impronta duró poco, pues en la década de los ochenta el triunfo del modelo social del liberalismo económico comportó que el relanzamiento del beneficio empresarial se convirtiera en objetivo prioritario de la política económica. Esta evolución, en el contexto español de baja productividad y en el marco de recomposición del capitalismo español, llevó a los sectores gubernamentales, primero de la UCD y después del PSOE, a priorizar la reducción del coste salarial, para lo cual era imprescindible establecer un marco legal que redujera en buena medida la capacidad de presión de los trabajadores.

La evolución del caso español durante este periodo constituiría así un contra-ritmo europeo en comparación con otros países de su entorno. Su incorporación llegó a destiempo para integrarse plenamente al modelo que caracterizó los años dorados del capitalismo occidental, con la rúbrica del pacto social de posguerra. De la misma forma, y a diferencia de otros países, se llegó con suma rapidez a la asunción de una relectura del liberalismo económico, presentada a la sociedad como única alternativa[84].

En el cambio de contexto, que es el que explica en proporción significativa la tardía disminución de la movilización y el «desencanto» político, también debe considerarse que, más allá de la acción sindical, la capacidad de resistencia de los trabajadores a las nuevas dinámicas sociales y políticas era escasa. Algunos de los elementos básicos que en las dos décadas anteriores habían ayudado al crecimiento del movimiento obrero, como la extensión de la solidaridad entre los trabajadores, se vieron quebrados por la presión de las circunstancias. La primera manifestación solidaria en romperse fue la siempre limitada de los hombres, mayoritarios en el ámbito laboral, con las mujeres. Ya en las primeras manifestaciones de la crisis económica de mediados de los setenta fue frecuente que cuando ambos miembros de un matrimonio trabajaban en la misma empresa, las trabajadoras fueran las primeras expulsadas de la actividad asalariada para proteger así, teóricamente, el empleo masculino. Aunque es necesario hacer referencia a esta fragmentación de género como una manifestación de las tensiones que se desarrollaron en el espacio laboral, en términos globales este no supuso un cambio notable pues hasta entonces el reconocimiento de los derechos individuales de las mujeres no había avanzado como lo hizo desde entonces.

En términos globales, el verdadero cambio se produjo en la función de la solidaridad en la cultura obrera. Las huelgas de solidaridad siempre habían tenido una importancia notable en la consecución de mejoras generales y en la expansión del movimiento obrero porque la mayor parte de los trabajadores comprobaba que todos salían beneficiados con la acción conjunta. Esto cambió desde los años ochenta, cuando la crisis económica implicó que cuando los empresarios se veían forzados a negociar, uno de los puntos clave sine qua non para ellos era la reducción de una parte de la plantilla; en esas condiciones la solidaridad interna se quebró porque con el acuerdo el beneficio de una parte de los trabajadores iría acompañado de la desesperanza para otros.

En definitiva, en sentido contrario a lo que había sucedido hasta la década de los setenta, cuando el movimiento obrero continuaba apareciendo como sujeto social colectivo capaz de poner límites a la desigualdad derivada de la lógica del beneficio, la evolución del capitalismo consiguió que se reforzara la lógica del interés individual frente a la del interés colectivo. En ese contexto, la capacidad de representación y presión de las organizaciones existentes –léase básicamente sindicatos– se redujo. Eso ya fue en los años ochenta, aunque, por otra parte, los sindicatos protagonizaron movilizaciones masivas –a destacar la huelga general del 14 de diciembre de 1988– que lograron un gran impacto y resultados favorables para los trabajadores.

Por su lado, el movimiento vecinal se convirtió en sujeto político a la altura de 1974 y su desarrollo y expansión fueron muy intensos en los cinco años siguientes. En la historiografía existe un acuerdo relativamente amplio sobre el origen, características y auge del movimiento vecinal hasta 1977, no así sobre su evolución en los primeros años de la etapa democrática, respecto a la cual existen discrepancias interpretativas.

Desde inicios de los años setenta en determinados barrios obreros se fue manifestando una importante conflictividad urbana en la que se plasmaba de forma nítida la relación entre cambio socio-económico y conflictividad social característica del franquismo tardío. Una parte de la población obrera, tras un movimiento migratorio interregional e intrarregional de magnitud desconocida, vivía en barrios que habían crecido sin los servicios mínimos básicos. Durante los años sesenta, para la mayoría de la población lo más urgente había sido asegurar una situación laboral que mantuviese las condiciones materiales mínimas de las sociedades industrializadas pero, en los setenta, la dinamización social en las ciudades fue muy rápida y las propias experiencias reivindicativas del movimiento obrero y la mejora del consumo privado hizo que las condiciones de habitabilidad impulsaran la movilización de sectores populares cada vez más amplios[85]. Se podría decir que la expansión del movimiento social urbano se sostuvo en buena medida en el desequilibrio entre el acelerado crecimiento urbano y el consumo individual, por un lado, y los insustanciales servicios colectivos, por otro, una situación que era resultado de las políticas franquistas y de la especulación desbocada que las autoridades consintieron y en la que, con frecuencia, participaron.

Esta infradotación de bienes colectivos provocó conflictos crecientes a los que el régimen respondía con represión que, a su vez, extendía los conflictos. Como en todos los casos, para que ese proceso adquiriera relevancia política, fue imprescindible la conformación de un movimiento social que creció a partir de la denuncia que, primero, entidades diversas y, después, las asociaciones de vecinos hicieron de las precarias condiciones de las viviendas y de la inexistencia o insuficiencia de infraestructuras y de servicios públicos. Las asociaciones se convirtieron en la plataforma fundamental del movimiento vecinal cuando la presencia de activistas obreros y profesionales facilitó la elaboración de estrategias de actuación y la dinamización de aquellas.

Es conveniente explicitar que en el vecinal, como en el resto de movimientos sociales, los activistas políticos desempeñaban un papel central pues, en la práctica, se encargaban de socializar las experiencias de otros movimientos y, en muchas ocasiones, de impulsar la solidaridad entre todos ellos; los activistas también se responsabilizaron de unificar los programas reivindicativos, algo esencial para incrementar la fuerza de los movimientos, también del urbano. Todo ello permitía que se ensanchase su base social, que aumentasen las posibilidades de conseguir las reivindicaciones y que fuera más difícil la represión de los participantes en el movimiento. Además, los militantes antifranquistas, como los activistas sin militancia orgánica, concebían el movimiento vecinal como un espacio donde practicar la democracia política y social, propugnando el funcionamiento abierto, y la asamblea como el marco adecuado para la toma de decisiones importantes[86].

El movimiento vecinal experimentó un salto cualitativo a mitad de la década y si en la década de los sesenta las protestas estaban vinculadas a reivindicaciones relativas a las condiciones materiales existentes, en pocos años, también fue cuestionada la propia lógica urbana dominante, lo que puede ser considerado una manifestación clara del grado de articulación sociopolítica al que habían llegado sectores significativos de la sociedad en algunas zonas del país. El movimiento urbano era el que presentaba la imagen más amplia tanto por su composición heterogénea como por la mezcla de procedencias culturales diversas y, desde esa perspectiva, desempeñó un papel esencial en la crisis del régimen, pues esta era difícilmente reversible desde el momento que el control social que había conseguido ejercer a lo largo de varias décadas, asegurando la atomización social, fue puesto en cuestión por la reconstrucción de la vida colectiva[87]. El movimiento ciudadano se había convertido en uno de los ejes fundamentales de organización de las clases populares[88].

Si entre los estudiosos de los movimientos sociales existe un amplio consenso sobre el papel que desempeñó durante el franquismo y hasta las elecciones de 1977, existe mayor debate sobre su trayectoria en los años siguientes, afirmándose en algunas ocasiones que las organizaciones políticas recientemente legalizadas desactivaron el potente movimiento vecinal tras las elecciones de 1977 y, particularmente, tras las elecciones municipales de 1979. Esta afirmación en la práctica se circunscribe al PCE ya que, si bien los movimientos urbanos habían adquirido protagonismo colectivo cuando consiguieron que franjas significativas de la población se movilizaran por los problemas de la ciudad, y la mayoría de los movilizados no tenía militancia política, la hipotética desmovilización solo hubiera podido proceder de su seno por distintas razones: los activistas de matriz socialista habían sido reducidos antes de 1977; los integrables bajo el paraguas de la izquierda radical eran poco sospechosos de cercenar un espacio que les otorgaba visibilidad política; y, en tercer lugar, los comunistas del PCE eran los activistas más numerosos, con una estrategia de articulación del movimiento y un «programa» de actuación madurado a lo largo de los años precedentes. Sin embargo, los datos disponibles desmienten la desmovilización.

La crisis del movimiento vecinal de finales de la década de los años setenta se explica por diversas causas. Las elecciones del 15 de junio de 1977 cambiaron, ciertamente, el escenario político. Por un lado, la convocatoria electoral comportó que los militantes políticos, abocados intensamente al movimiento, especialmente en 1976, dedicasen a partir de la primavera de 1977 una parte notable de su tiempo a la campaña electoral y a sus actividades públicas. Además, con los partidos actuando libremente, no era necesario que los movimientos tuvieran entre sus funciones ejercer una función sustitutiva de la actuación abierta de las organizaciones políticas. Esta actuación sustitutoria podría ser observada como una desviación de sus funciones pero, en sentido contrario, hay que considerar que durante un tiempo había dado al movimiento vecinal una gran visibilidad social, y a algunos de sus participantes, una percepción de ser depositario de una fuerza política que desapareció después. Algunas interpretaciones sobre la trayectoria del movimiento vecinal tienen más en cuenta el análisis y las percepciones de las minorías militantes que el cambio radical que suponía para la mayoría la desaparición de la dictadura.

Los planteamientos de las izquierdas no cambiaron y sus propuestas tuvieron un protagonismo esencial en los programas de los primeros ayuntamientos democráticos surgidos de las elecciones de abril de 1979 que posibilitaron la formación de gobiernos de coalición entre el PSOE y el PCE. En términos históricos puede considerarse un hito que cuadros dirigentes de los movimientos sociales se hiciesen cargo del gobierno en muchos municipios. En aquellas zonas donde había tenido un notable desarrollo, el movimiento vecinal se convirtió en centro de extracción de los nuevos cuadros, llamados a gestionar políticas de especial relevancia para la ciudadanía.

El PSOE y el PCE firmaron un acuerdo para impulsar «gobiernos de progreso», por el cual ambos partidos se comprometían a convertir en alcalde al cabeza de lista más votado de ambas fuerzas. El pacto permitió a los socialistas hacerse con el gobierno de las principales capitales españolas. Conviene tener presente la configuración de los consistorios porque las afirmaciones genéricas que señalan que los partidos fueron el origen de la desmovilización prescinden de distintos factores que ayudan a explicar que el movimiento vecinal dejara de tener el protagonismo que había tenido en los años inmediatamente anteriores. Por un lado, la correlación de fuerzas dentro de la izquierda. En la mayoría de los ayuntamientos la fuerza más votada de la izquierda fue la socialista, muy reticente a establecer mecanismos potentes de participación ciudadana[89].

Por otro lado, se pudo constatar que, rápidamente, los ayuntamientos democráticos tendieron a resolver los problemas más urgentes que había canalizado la movilización ciudadana, lo cual en sí mismo ya redujo la disponibilidad para la movilización de amplios sectores. En 1979 había más de 5.000 asociaciones de vecinos en España[90]. El movimiento vecinal había crecido en un escenario de negación de derechos y libertades de manera que su fuerza procedía de la consecución de mejoras mediante el conflicto que no obtenía apoyo social sin una justificación clara: la tenía durante la dictadura que reprimía a los vecinos por reclamar derechos básicos; no la obtenía en democracia, cuando la mayoría comprobaba que estaban en vía de solución los problemas más urgentes.

La movilización vecinal o su ausencia tampoco se puede desvincular del contexto en que las actitudes y las actuaciones de los ciudadanos se conforman. La imagen de una sociedad fuertemente movilizada en 1976-1977, que fue real, prescinde del hecho de que aquellos años correspondieron a un ciclo de protesta claramente identificado. A los sectores obreros y populares, que venían de una creciente movilización previa en los años anteriores, se sumaron entonces sectores que se habían mantenido pasivos. Como sintetizó Manuel Pérez Ledesma, «el relativo “vacío de poder” que la muerte de Franco trajo consigo abría nuevas oportunidades a la acción colectiva; y los primeros éxitos cosechados por los movimientos “madrugadores” [es decir, por aquellos que contaban con organización y experiencias previas] actuaron como una “bola de nieve” impulsando la actuación de los más débiles o menos organizados»[91].

Más allá de los dos movimientos sociales con mayor presencia social en la década de los setenta, el obrero y el vecinal, el proceso de cambio político favoreció la eclosión y diversidad de movimientos característica del mundo occidental en los años setenta.

En los primeros años de la década la presencia de grupos autónomos de mujeres había alcanzado una cierta relevancia y, en el plano político, destacaba el Movimiento Democrático de Mujeres, que se convirtió en una organización donde se encontraron varias generaciones de mujeres que lucharon contra la dictadura: las que se enfrentaron al franquismo desde la defensa de sus familiares encarcelados y las que rechazaron la legitimidad de un sistema político que restringía las libertades y discriminaba a las mujeres[92]. Mediada la década, el movimiento se iba decantando en sus planteamientos feministas[93] y, al calor del Año Internacional de la Mujer de 1975[94] se celebraron en Madrid las I Jornadas por la Liberación de la Mujer, que tuvieron continuación en las Jornades Catalanes de la Dona, celebradas en Barcelona en mayo de 1976, y que alcanzaron una amplio eco en la opinión pública, siendo consideradas uno de los acontecimientos más rupturistas de aquel año.

La ausencia de los derechos ciudadanos más elementales para las mujeres durante el franquismo hizo que la reivindicación de derechos como el divorcio o el aborto fueran percibidos como saltos cualitativos[95]. De la alta movilización por reivindicaciones de aquella naturaleza fueron muestra las grandes manifestaciones de julio de 1977 y mayo de 1978 y el éxito conseguido y que ya antes incluso de que se aprobara la Constitución, se derogaron, conforme a los Pactos de La Moncloa, los artículos del Código Penal relativos al adulterio y se modificaron los que penalizaban la propaganda de métodos anticonceptivos[96].

De igual manera fue en la segunda mitad de los años setena que eclosionaron otros movimientos como el pacifista o el ecologista aunque los estudios sobre dichos movimientos sean escasos todavía[97]. Estos movimientos, como el feminista, alcanzaron gran relieve entre las capas medias ilustradas de procedencia universitaria y tenían un componente antiautoritario notorio. Por ello sus características en la Europa del sur, con fuertes organizaciones de clase en los años setenta y un contenido anticapitalista notorio, no tuvieron el carácter contracultural que caracterizó particularmente dichos movimientos en el mundo anglosajón[98]. Y tomaron forma movimientos llamados a desarrollarse con fuerza desde los años ochenta. Entre los movimientos identitarios sin duda destacó el movimiento homosexual que obtuvo un notable impacto cultural e incluso cambios legislativos al inicio del siglo XXI, impensables veinticinco años antes[99].

Los años de la transición de la dictadura a la democracia correspondieron a un tiempo de intensa movilización política y social, en el que a muchos de sus protagonistas les parecía que «otro mundo era posible». La evolución de los acontecimientos no fue en la dirección a la que muchos aspiraban, pero esa misma trayectoria se produjo a escala mundial.

[1] El teniente general Quintana Lacaci fue capitán general de la I Región militar desde 1979 hasta 1982, asesinado por ETA en 1984.

[2] Véase I. Sánchez-Cuenca, «La violencia terrorista en la transición española a la democracia», Historia del Presente 14, 2009, p. 9.

[3] Ibid., p. 11. En el texto el autor ofrece un cuadro en el que se desglosa el número de víctimas provocado por las distintas organizaciones.

[4] J. M.a de Peñaranda, Desde el corazón del CESID, p. 141.

[5] En una obra escrita en la cárcel, y después de un proceso de reflexión personal que le llevó a la conclusión de que tenía que volver a empezar, reconciliándose para ello con la realidad de la que había estado al margen durante sus años de militancia, Félix Novales, militante del GRAPO, explica el ambiente en que algunos individuos fueron carne de cañón del fanatismo en nombre de la «liberación del pueblo». Pasó siete años de cárcel en contacto estrecho con sus compañeros, con los que formaba una comunidad –el tazón de hierro–. En ese marco, Novales afirma que el GRAPO no tenía ninguna línea política sino «“constructos imaginarios”, amalgamados y hechos expresión política por el “camarada Arenas”, el principal dirigente del grupo que se había hecho mesías de un grupo de mesiánicos». F. Novales, El tazón de hierro. Memoria personal de un militante de los GRAPO, Crítica, Barcelona, 1989, pp. 192-193.

[6] Eduardo Navarro explica que, ante el peligro de desbordamiento, Adolfo Suárez se reunió con José Mario Armero –que estaba actuando como contacto gubernamental con el PCE–, quien le sugirió recibir a Eliseo Bayo, alguien que conocía bien aquel tipo de grupos de ultraizquierda. Aunque Suárez no aceptó la reunión, ante el secuestro de Villaescusa ordenó que su directora de gabinete, Carmen Díez de Rivera, recibiera al periodista, quien le entregó fotos de Oriol vivo y cintas con el registro de su voz, obtenidas en París tras buscar el contacto con los secuestradores. El Gobierno comprobó que eran auténticas. El autor no explica si esos contactos tuvieron alguna relevancia para la resolución de los secuestros por parte del comisario Conesa y su equipo. E. Navarro, La sombra de Suárez, pp. 162-173.

[7] X. Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, Pasado & Presente, Barcelona, 2016, pp. 263-268.

[8] Roberto Conesa había sido jefe de la Brigada de Investigación Social.

[9] X. Casals, «¿Existió una “estrategia de la tensión” en España?», Historia del Presente 14, 2009, p. 26.

[10] D. Carcedo, Sáenz de Santamaría. El general que cambió de bando, Temas de Hoy, Madrid, 2003, pp. 148-155.

[11] Los asesinados fueron Luis J. Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira.

[12] X. Casals, «¿Existió una «estrategia de la tensión», en España?», pp. 31-32.

[13] J. Tusell, «La política», en J. Tusell (coord.), La transición a la democracia…, p. 92. En algunas ocasiones no son coincidentes las cifras que ofrecen distintos autores.

[14] A. Rivera, «La transición en el País Vasco: un caso particular», en J. Ugarte (ed.), La transición en el País Vasco y España. Historia y memoria, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996, p. 87.

[15] Véanse, entre una relativa abundante bibliografía, G. Jáuregui, Entre la tragedia y la esperanza. Vasconia ante el nuevo milenio, Ariel, Barcelona, 1996; A. Elorza (coord.), Historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

[16] J. Antonio Pérez «La izquierda vasca en la complicada transición hacia la democracia», en C. Molinero y P. Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempo de transición, PUV, Valencia, 2016, p. 219.

[17] S. de Pablo, L. Mees y J. A. Rodríguez, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, Crítica, Barcelona, 1999, vol. II, pp. 341-346. Una explicación detallada de la reuniones de Bayona en G. Fernández Soldevilla, «Ellos y nosotros. La cumbre de Chiberta y otros intentos de crear un frente abertzale en la Transición», Historia del Presente 13, 2009, pp. 97-114.

[18] X. Casals, La Transición española. El voto ignorado de las armas, p. 562.

[19] A. Rivera, «La transición en el País Vasco: un caso particular», p. 82.

[20] S. Baby, «Estado y violencia en la transición española», en S. Baby et al., Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX, Casa de Velázquez, Madrid, 2009, pp. 184-193.

[21] I. Sánchez-Cuenca, «La violencia terrorista en la transición española a la democracia», p. 15.

[22] G. Cardona, «La transición militar antes del 23-F», en R. Quirosa-Cheyrouze (ed.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, p. 211.

[23] F. Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995), Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, pp. 195-196.

[24] Citado en F. Agüero, Militares, civiles y democracia, p. 187.

[25] J. L. Rodríguez, La extrema derecha en el siglo XX, Alianza, Madrid, 1997, pp. 434-436. Según el autor, el documento puede ser atribuible a Gonzalo Fernández de la Mora a quien el general De Santiago pidió que le redactara una nota para llevarla a la reunión. El documento procede del Archivo de Juan García Carrés.

[26] Según Alfonso Osorio, al preguntar a Suárez si los militares habían planteado algún problema a la legalización de partidos políticos, el presidente del Gobierno respondió: «Ninguno, porque desde el primer momento he dado por supuesto que las modificaciones introducidas recientemente en el Código Penal no autorizan la legalización del Partido Comunista». A. Osorio, Trayectoria política…, p. 184.

[27] L. Lavilla, Una historia para compartir, p. 170.

[28] A. Osorio, Trayectoria política…, p. 185.

[29] J. Palacios, 23-F, el Rey y su secreto, Libros Libres, Madrid, 2010, p. 91.

[30] A. Martínez Inglés, 23-F. El golpe que nunca existió, Foca, Madrid, 2001, pp. 33-34.

[31] La tesis de que el franquismo consiguió con sus prácticas represivas casi hacer realidad el postulado sabiniano de una Euskadi ocupada por España en G. Jáuregui, Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 1968, Siglo XXI de España, Madrid, 1981.

[32] Ch. Powell, España en democracia, 1975-2000, Plaza & Janés, Barcelona, Barcelona, 2001, p. 262.

[33] En diferentes almuerzos, en torno a Luis María Anson, miembros de las elites financiera y de la derecha moderada empezaron a elaborar planes que permitieran «darle la vuelta a la tortilla…, pero por el camino de la política». Entre los comensales se encontraban Carlos March y Carlos Ferrer Salat. En el almuerzo del 10 de octubre, Anson expresó su decepción ante los resultados de las elecciones de junio y la presencia, que calificaba de demasiado importante, de la izquierda. Ante sus invitados, entre los cuales se hallaban militares, trazó a grandes rasgos un programa destinado a poner orden en el Gobierno. Se trataba de que «el Rey, entonces aún con todos los poderes heredados de Franco […] recib[ier]a la presión suficiente como para darse cuenta de la necesidad de ponerse en marcha con este fin [dar estabilidad al Estado]». P.-P. Grégorio, «Los inicios del cerco a Adolfo Suárez y sus primeras repercusiones en la prensa madrileña», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine 3, 2008. El autor utiliza el trabajo de Francisco Medina como base de documentación de esta relación entre tramas golpistas y sectores civiles. F. Medina, 23-F. La verdad, Barcelona, Plaza y Janés, 2006, pp. 90-105.

[34] J. M.a de Peñaranda, Desde el corazón del CESID, pp. 301-302. Sobre la operación «golpe de timón», en general pp. 301-320. Este libro es de especial relevancia para observar que determinados personajes –el caso de Luis María Anson es bien ilustrativo– podían llegar a influir en los acontecimientos colectivos representándose solo a sí mismos.

[35] F. Medina, 23-F. La verdad, p. 105. Peñaranda hace referencia a la reseña que el CESID redactó en relación con el almuerzo que Anson organizó el 20 de abril de 1979 con miembros del Centro, un documento de trece páginas y diez temas del que el 3.o se dedicaba a la operación «golpe de timón». La premisa era que «la operación hay que hacerla contando con el Gobierno»; a partir de ahí se trataba de que «el rey convocase a los dirigentes de los partidos para que votasen en el Parlamento una «situación de excepción», sin que pareciera un golpe de Estado. Igual que De Gaulle lo logró en 1958 en Francia. A juicio de Anson el 50 por 100 de la batalla era convencer a la «primera persona» (Su Majestad)». J. M.a de Peñaranda, Desde el corazón del CESID, p. 327.

[36] J. M.a de Peñaranda, Desde el corazón del CESID, p. 277. La elaboración del Estatut de Catalunya se realizó casi en paralelo al debate del texto constitucional por lo que, aunque se aprobara después, eran conocidas algunas de sus características.

[37] Su autor fue Manuel Fernández Monzón de Altolaguirre, antiguo oficial del Alto Estado Mayor que empezó a escribir en 1977 un informe de análisis de la actualidad por el que pagaban empresarios y líderes políticos. Según su testimonio, él «se limitó a poner en papel, utilizando el sentido común, los poquísimos hechos y los muchos rumores» que circulaban sobre las múltiples operaciones que se proyectaban para acabar con la presidencia de Adolfo Suárez. F. Medina, Memoria oculta del Ejército, Espasa Calpe, Madrid, 2004, p. 354.

[38] R. Pardo Zancada, 23-F. La pieza que falta, Plaza & Janés, Barcelona, 1998, p. 403. Pardo, participante en el golpe del 23-F, reproduce el documento completo en el apéndice. Alfonso Pinilla también analiza sintéticamente las operaciones en marcha más destacables, El laberinto del 23F. Lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe, Biblioteca Nueva, Madrid, 2010, pp. 32-36.

[39] Se sigue en este punto la síntesis realizada por F. Medina, Memoria oculta del Ejército, pp. 355-379.

[40] Sobre las conversaciones de Enrique Múgica con Sabino Fernández Campo o Alfonso Armada en el verano de 1980 véase P. Urbano, La gran desmemoria, pp. 497-505.

[41] La cursiva es nuestra. Estos son los rasgos de autodefinición de Falange-Movimiento durante el franquismo.

[42] F. Medina, Memoria oculta del Ejército, pp. 377-378.

[43] G. García Crespo, «Enero de 1981: entre el “golpe de timón” y el golpe de Estado. Un documento revelador», Historia del Presente 28, 2016.

[44] Sin embargo, el artículo 97.o establecía claramente que la dirección de la Administración civil y militar y la Defensa del Estado correspondía al Gobierno, de manera que en ningún caso las Fuerzas Armadas podían actuar autónomamente.

[45] D. Carcedo, Sáenz de Santamaría, pp. 308-316.

[46] Véanse J. Fernández López, Diecisiete horas y media: el enigma del 23-F, Taurus, Madrid, 2000; J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «elefante»: la conspiración del 23-F, El País-Aguilar, Madrid, 1991; R. Muñoz Bolaños, 23-F. Los golpes de Estado, Última Línea, Madrid, 2015. Una síntesis de los acontecimientos en Ch. Powell, España en democracia…, pp. 292-299.

[47] A. Pinilla, El laberinto del 23F, p. 175. Las manifestaciones de Quintana Lacaci proceden de S. Alonso, La apuesta del centro, p. 437.

[48] A. Suárez «Yo disiento», El País, 4 de junio de 1982.

[49] J. Busquets, «Las causas del golpe», en J. Busquets et al., El golpe. Anatomía y claves del asalto al Congreso, Ariel, Barcelona, 1981, pp. 9-21.

[50] F. Agüero, Militares, civiles y democracia, p. 190.

[51] E. Lluch, «Transición económica y transición política: la anomalía 1978-1980», en J. Tusell y Á. Soto (eds.), Historia de la Transición, 1975-1986, Alianza, Madrid, 1996, p. 259.

[52] J. M.a Marín, «Crisis industrial y reconversión (1976-1982)», en J. Tusell y Á. Soto (eds.), Historia de la Transición, p. 317.

[53] J. M.a Serrano, «Crisis económica y transición política», Ayer 15, 1994, p. 145.

[54] A. Bilbao, Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera, Trotta, Madrid, 1993, p. 73.

[55] J. M.a Serrano, «Crisis económica y transición política», Ayer 15, 1994, p. 158.

[56] Véase J. M.a Marín, Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, Centro de Estudios Sociales, Madrid, 1997.

[57] Ibid., p. 159.

[58] Á. González, «La estrategia del pacto social: la CEOE ante la transición española a la democracia», en R. Quirosa-Cheyrouze, La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, pp. 193-206.

[59] A. Recio, «La segmentación del mercado de trabajo en España», en F. Miguélez y C. Prieto (coords.), Las relaciones laborales en España, Siglo XXI de España, Madrid, 1995, p. 102.

[60] La productividad aumentó a una media anual de un 3,4 y un 2 por 100 respectivamente; la inflación de un 15,4 y un 10,7 por 100; el empleo se redujo de media en España en un 1,4 por 100 entre 1974 y 1985 mientras que en la Europa de los 15 se mantuvo igual. Datos recogidos en J. L. García Delgado y J. C. Jiménez, «La economía», en J. Tusell, La Transición a la democracia y la monarquía de Juan Carlos I, vol. XLII de Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 2003, p. 387.

[61] A. Bilbao, Obreros y ciudadanos, pp. 60-61.

[62] Véase J. Trullén, Fundamentos económicos de la transición española. La política económica de los acuerdos de la Moncloa, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1993.

[63] Los Pactos de la Moncloa, Servicio Central de Publicaciones, Presidencia del Gobierno, Madrid, 1977.

[64] J. M.a Marín, «Les organitzacions socials durant la transició: sindicats i patronal», en P. Ysàs (ed.), La configuració de la democràcia a Espanya, Eumo, Barcelona, 2009, p. 115.

[65] Reproducido en C. Molinero, «Comisiones Obreras: de la lucha antifranquista a la acción sindical en un nuevo escenario económico y político», en R. Quirosa-Cheyrouze, La sociedad española en la Transición…, p. 157.

[66] Citado en José M.a Marín, «Les organitzacions socials durant la Transició», p. 116. Véase el análisis de las posiciones sindicales sobre los Pactos de La Moncloa en pp. 114-116.

[67] Archivo de Historia del Trabajo, Secretariado de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, «Algunas consideraciones sobre la situación actual y las elecciones sindicales», 17 de febrero de 1978, doc. 1/16.

[68] A. Gutiérrez, «Comisiones obreras y la transición democrática: una contribución infravalorada», Gaceta Sindical. Reflexión y debate 1, 2001, pp. 70-71.

[69] J. Tébar, «El movimiento obrero durante la Transición y en democracia», en C. Molinero y P. Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempos de transición, PUV, Valencia, 2016, p. 178.

[70] C. Molinero, «Comisiones Obreras: de la lucha antifranquista a la acción sindical en un nuevo escenario económico y político», en R. Quirosa-Cheyrouze, La sociedad española en la Transición…, pp. 149-150.

[71] M. Redero, «La difícil apuesta de la UGT por un sindicalismo de corte socialdemócrata (1975-1985)», en R. Quirosa-Cheyrouze, La sociedad española en la Transición…, p. 164.

[72] Sobre la UGT en la transición véase R. Vega, Historia de la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994, Siglo XXI de España, Madrid, 2011.

[73] R. Vega, «Tradición e identidad: 125 años de la UGT», en S. Castillo (coord.), Mundo del trabajo…, p. 261.

[74] M. Aroca, «El combate sindical de la Unión General de Trabajadores», en A. Mateos y A. Muñoz (eds.), Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal, Pablo Iglesias, Madrid, 2015, pp. 65-66.

[75] J. A. Sagardoy y D. León Blanco, El poder sindical en España, Planeta, Barcelona, 1982, pp. 130-131.

[76] J. M.a Marín, «Les organitzacions socials durant la Transició…», p. 127. Flaco favor hizo Carlos Ferrer Salat a la UGT cuando el 18 de diciembre de 1979 declaró a Cinco Días: «Si no firmamos el acuerdo-marco nos cargamos a la UGT, que no resiste, como CCOO, una lucha convenio a convenio».

[77] R. Fishman, Organización obrera y retorno de la democracia, Madrid, CIS/Siglo XXI de España, 1996, p. 297.

[78] C. Molinero y P. Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas…, p. 96.

[79] Un análisis detallado de la huelga del 12 de noviembre en J. M.a Marín, «La transición sindical y la conflictividad social», en J. Tusell (coord.), La transición a la democracia, pp. 469-472.

[80] «La democracia y sus problemas», Gaceta de Derecho Sindical 79, 1977, p. 24.

[81] J. L. López Bulla, «Crisi econòmica, acció sindical i Pacte de la Moncloa», Nous Horitzons 38, 1977, p. 41. Traducido del catalán.

[82] Resolución del Comité Central del PCE (15-16 de junio 1980), en Los comunistas en el movimiento obrero. Reunión de militantes obreros comunistas. Madrid 17-18 mayo 1980. Resumen de las intervenciones, Madrid, Comisión de Propaganda del PCE, 1980, pp. 97-100.

[83] A. Bilbao, Obreros y ciudadanos, pp. 9-12. Este es un trabajo fundamental sobre los condicionantes que hicieron posible la disminución del peso político del movimiento obrero a partir de los años ochenta.

[84] J. Tébar, «El movimiento obrero en transición y en democracia», en C. Molinero y P. Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempos de transición, p. 193.

[85] M. Castells, Crisis urbana y cambio social, Siglo XXI de España, Madrid, 1981.

[86] Véanse los distintos textos del libro colectivo C. Molinero y P. Ysàs (coords.), Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Icaria, Barcelona, 2010.

[87] J. Borja, Por unos municipios democráticos. Diez años de reflexión política y movimiento ciudadano, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1986, p. 20.

[88] Véanse entre los trabajos más destacados, V. Pérez y P. Sánchez (eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008; Iván Bordetas, Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad. Autoorganización y movimiento vecinal durante el franquismo y el proceso de cambio político, Tesis doctoral, UAB; M. Andreu, Barris, veïns i democràcia: el moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986), L’Avenç, Barcelona, 2015.

[89] En 1980, en los 50 municipios de más de 50.000 habitantes con la alcaldía en manos comunistas se aprobaron reglamentos de participación o prácticas participativas en tanto que en las 19 capitales de provincia con alcalde socialista se aprobaron pocos reglamentos de participación. «Ayuntamientos: La izquierda cumplió un año», Nuestra Bandera 104, septiembre de 1980. Sobre el análisis y propuestas del PCE respectos al movimiento ciudadano en la segunda mitad de los años setenta véase más ampliamente C. Molinero y P. Ysàs, De la hegemonía a la autodestrucción, pp. 287-298.

[90] M. Pérez Ledesma, «“Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la Transición», en C. Molinero (ed.), La Transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación de la democracia, p. 133.

[91] M. Pérez Ledesma, «“Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la Transición», p. 147. Una comparación entre el caso español y portugués en R. Durán, Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2000.

[92] F. Arriero, El Movimiento Democrático de Mujeres: de la lucha contra Franco al feminismo (1965-1985), Los Libros de la Catarata, Madrid, 2016.

[93] C. Martínez Ten, P. Gutiérrez y P. González Ruiz (coords.), El movimiento feminista en España en los años 70, Cátedra, Madrid, 2009.

[94] E. Díaz, «El Año Internacional de la Mujer en España: 1975», Cuadernos de Historia Contemporánea, 31, 2009.

[95] AAVV, Españolas en la transición, de excluidas a protagonistas. 1973-1982, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999.

[96] M. Pérez Ledesma, «“Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la Transición», p. 143.

[97] P. Oliver, «El movimiento pacifista en la transición democrática española», en R. Quirosa-Cheyrouze La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales, pp. 271-286. Sobre el movimiento antimilitarista C. Ordás García, De objetores a insumisos. Surgimiento, expansión y desarrollo del movimiento antimilitarista en Catalunya, 1971-1989, UAB, Barcelona, 2016, tesis doctoral. Una aproximación al movimiento ecologista en J. Pastor, «El movimiento ecologista. Notas sobre su evolución y diversidad», Sistema 162-163, 2001 y M. González de Molina, D. Soto y A. Herrera, «Crisis ecológica y movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX», en M.a D. de la Calle y M. Redero, Movimientos sociales en la España del siglo XX, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2008.

[98] F. Fernández Buey, «Els moviments socials alternatius: un balanç», en E. Prat (coord.), Els moviments socials a la Catalunya contemporània, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2004, pp. 21-23.

[99] J. Monferrer, Identidad y cambio social. El movimiento gay/lesbiano en España como agente promotor de procesos de cambio (1971-2006), UNED, 2006, tesis doctoral.

VI. LOS RELATOS SOBRE LA TRANSICIÓN

La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos.

Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado

La Transición fue la gran Traición. De los que estaban en el exilio, como Carrillo, y de los que habían estado en la cárcel, como Camacho. Solé Tura y otros redactores de la Constitución ni habían estado en la cárcel ni en el exilio, y pronto se vio el beneficio que obtuvieron[1]. Por supuesto los grandes beneficiados fueron los que estaban en el poder y que no lo abandonaron.

Lidia Falcón, La Transición fue una traición

La transición ha estado permanentemente presente en la vida política española desde la configuración del sistema democrático. El momento fundacional del actual orden político ha sido fuente de legitimación para actores políticos e instituciones, y desde la década de los años ochenta la transición se ha presentado como modelo de cambio exportable así como motivo de orgullo nacional por la reconciliación lograda. Pero se ha dicho también que la transición es el origen de muchos –para algunos de casi todos– los males de la sociedad española, responsable de la impunidad de los crímenes del franquismo y del olvido de sus víctimas, origen de una democracia defectuosa o de baja calidad o, peor aún, de una falsa democracia, de un franquismo disfrazado. La crítica a la transición ha ido acompañada de propuestas, a veces desde posiciones políticas incluso antagónicas, de una «segunda transición» y, más recientemente, de una ruptura con el denominado «régimen del 78».

Los relatos sobre la transición con una elevada funcionalidad política, por dispares e incluso antagónicos que sean, tienen en común prescindir de qué fue exactamente la transición, es decir, el proceso de tránsito de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, y cómo tuvo lugar. También coinciden en la deliberada instrumentalización para así fundamentar posiciones políticas para las que la apología o la descalificación de la transición resultan de especial utilidad.

En las páginas siguientes se van a someter a examen los argumentos fundamentales de los dos relatos con mayor presencia pública, dedicando atención a los aspectos centrales de cada uno, aunque debe tenerse en cuenta que, en ambos, hay versiones con diferencias que pueden ser incluso apreciables.

El relato más extendido sobre la transición, en particular por los grandes medios de comunicación, parte de la afirmación de la inequívoca voluntad de establecer un régimen democrático, en primer lugar del rey Juan Carlos, y con él de unos políticos reformistas encabezados por Adolfo Suárez, entre los que desempeñaría un papel muy relevante Torcuato Fernández-Miranda, y de una gradual acción política –la reforma– que daría lugar al desmantelamiento de la dictadura y al establecimiento de una democracia semejante a las del mundo occidental, en especial a las de la Europa próxima. Por tanto, la democracia española sería una democracia otorgada, fruto de la voluntad y de la habilidad de las elites gobernantes. Este relato se ha completado, cuando ha sido conveniente para remarcar el acuerdo alcanzado en torno al nuevo ordenamiento político, reconociendo la colaboración subordinada, ya avanzada la operación política, de las principales formaciones antifranquistas, todo ello en un contexto en el que el pueblo español habría dado pruebas de una gran madurez mediante una extensa pasividad política.

Las piezas fundamentales de este relato lo son también de un segundo relato descalificador de la transición, si bien obviamente con una presentación y unas conclusiones radicalmente distintas: la transición habría sido una operación diseñada y ejecutada desde las instituciones franquistas para cambiar algunas cosas, pero con el objetivo de que todo continuase igual. Se habría cumplido así la aseveración franquista de que todo estaba «atado y bien atado», con el despliegue de un proyecto en el que el papel fundamental sería efectivamente del rey y de los franquistas reformistas, con la oposición de simple comparsa, en una actuación plagada de renuncias e incluso traiciones.

MOTOR O PILOTO DEL CAMBIO

En el primer relato sobre la transición, en especial en la versión difundida por una parte de los actores políticos de aquel proceso, por las instituciones y por los grandes medios de comunicación, Juan Carlos de Borbón es uno de los artífices, sino el principal, de la democracia española. Como hemos visto en páginas anteriores, para Emilio Palacio Atard el proyecto franquista continuista era plenamente viable y solo la actuación pro democrática de la Corona lo malogró. Así, el papel del rey ha sido loado hasta la saciedad, a veces otorgándole la condición de motor del cambio, otras de piloto, y siempre considerando que el papel que desempeñó fue absolutamente decisivo.

Más allá de lo adecuado de tales afirmaciones, que pueden ser contrastadas en los capítulos anteriores donde se analiza la complejidad del proceso de cambio, el relato sobre el rey que restauró la democracia en España prescinde con frecuencia de preguntarse por qué alguien que había sido formado por el franquismo y preparado para encabezar la «Monarquía del 18 de julio», y que juró fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales, impulsó desde su proclamación como jefe del Estado una reforma democratizadora que pronto entraría en contradicción con las bases doctrinales, políticas e institucionales del régimen.

Pero dicha pregunta es muy relevante. Y debe responderse. Para hacerlo satisfactoriamente, en primer lugar se debe señalar que para la Corona y para su titular el primer objetivo a alcanzar una vez materializada la sucesión fue la consolidación de la monarquía, forma de gobierno que había sido cuestionada a lo largo de la historia contemporánea española. Y aquí reside la clave fundamental para explicar las decisiones de Juan Carlos, más allá de sus opiniones personales necesariamente subordinadas a las necesidades e intereses de la institución que encabezaba. Y para consolidar la monarquía se debía partir de la constatación de que, a mitad de los setenta, la dictadura franquista estaba inmersa en una profunda crisis, aunque conservara intacto un formidable aparato represivo, contara con apoyos no desdeñables y se beneficiara de la pasividad de una parte de la sociedad. Que la monarquía apareciera como parte esencial del régimen en crisis era la forma más segura de ligar inevitablemente su suerte a la del franquismo. Contrariamente, si la monarquía y el titular de la Corona se presentaban como impulsores de cambios democratizadores, deseados por una parte notable de la sociedad española, como indicaban los estudios demoscópicos la más joven, culta, informada y activa[2], la institución podía tener un futuro mucho más prometedor. José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la monarquía, tenía muy claro que la viabilidad de la monarquía exigía una «reforma democrática urgente»[3].

Sin embargo, una reforma democratizadora no significaba el establecimiento a corto plazo de una democracia plenamente homologable internacionalmente. Dicho de otra forma, la democracia configurada en la Constitución de 1978 no era el objetivo de la reforma política impulsada desde la Jefatura del Estado en diciembre de 1975. Es muy dudoso, por ejemplo, que Torcuato Fernández-Miranda, uno de los principales consejeros del Juan Carlos en los primeros meses que ejerció la Jefatura del Estado, tuviera ese objetivo[4]. Y tampoco era el objetivo de muchos otros dirigentes reformistas, incluidos la mayor parte de miembros del Gobierno. Ni del general Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey hasta octubre de 1977 y una de las personas con mayor influencia sobre Juan Carlos.

José María de Areilza relata en su Diario de un ministro de la monarquía que en su entrevista con Carlos Arias a principios de diciembre de 1975, antes de la formación del nuevo Gobierno, cuando condicionó su incorporación al gabinete a la evolución inequívoca hacia un sistema democrático, el presidente le dijo que este sería el objetivo del Gobierno. Pero justo a continuación le habló de «los planes subversivos de la izquierda» y, además con indignación, de un documento que le habían hecho llegar un grupo de personalidades liberales y democristianas[5]. Y en su intervención en la primera sesión de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento, Arias afirmó que «los enemigos de España pululaban en plena impunidad», que «había que acabar con ellos», «metiendo en el mismo saco a Carrillo, a Felipe González y a Llopis, excomulgándolos de la convivencia política». Además, se comprometió a luchar sin vacilaciones contra «los enemigos de España que han empezado a asomar la cabeza y son una minoría agazapada y clandestina en el país»[6]. ¿Qué entendía Arias por democracia? ¿Qué entendía Areilza por una evolución hacia un sistema democrático con un presidente del Gobierno con tales actitudes? Como afirmaría poco después, y ya se ha señalado anteriormente, el exministro de Gobernación Tomás Garicano Goñi, casi todo el mundo en el interior del régimen hablaba de democratizar pero no estaba seguro «que todos estemos de acuerdo en el significado de “democracia”»[7]. Probablemente para muchos más o menos reformistas se trataba de crear una «democracia para franquistas», que admitiría además a sectores conservadores y muy moderados más allá del Movimiento a través de un marco asociativo, electoral y representativo, que dejaría fuera a buena parte de las corrientes políticas existentes en la sociedad española y en las democracias europeas.

Todos los datos disponibles apuntan a que la actitud de Juan Carlos a lo largo del proceso de transición estuvo determinada por la evolución de la situación política general. El proyecto de «democracia española» de Fraga fue en esos meses la reforma avalada por la Corona. Y fue la creciente convicción de que el Gobierno Arias estaba fracasando y que se estaba comprometiendo el fututo de la monarquía lo que determinó que Juan Carlos pidiera la dimisión al presidente del Gobierno y que impulsara el inicio de un proyecto reformista más ambicioso y que además debía ser desplegado con mayor rapidez.

Es bien conocido por qué Juan Carlos optó en diciembre de 1975 por mantener a Arias en la presidencia del Gobierno, pese a sus malas relaciones personales y a considerar que no era quien mejor podía conducir el inicio de las reformas, puesto que apartarle podía tener un elevado coste político, alimentando el recelo de los sectores más inmovilistas amén de que, formalmente, el mandato de cinco años de Arias no finalizaba con el cambio en la Jefatura del Estado. Pero los nombres de los posibles candidatos para sustituir a Arias que se barajaron en la Zarzuela, al margen de mantener una mejor relación personal con el rey, no eran conocidos por sus posiciones a favor de la democracia[8]. El final del mandado de Alejandro Rodríguez de Valcárcel permitió a Juan Carlos, en cambio, promover a Torcuato Fernández-Miranda a la Presidencia de las Cortes, y por tanto del Consejo del Reino, un cargo clave en el entramado institucional franquista.

Pero, como hemos visto en el capítulo II, el proyecto de reforma encabezado por Fraga sufrió en poco tiempo un tremendo desgaste por la movilización social antifranquista y la continuista política de orden público aplicada, la unificación de la oposición democrática y la incapacidad del Gobierno de conseguir apoyos significativos más allá de los iniciales sin tampoco poder evitar la creciente desconfianza de los sectores estrictamente continuistas. En este escenario, era indispensable la formación de un nuevo Gobierno capaz de romper el impasse y la incertidumbre política que afectaba a la Corona y a su titular[9].

Juan Carlos, pues, con la intervención esencial de Torcuato Fernández-Miranda desde la Presidencia del Consejo del Reino, logró dar un giro en la situación política que permitiría recuperar la iniciativa al Gobierno y generar expectativas a pesar de la pésima recepción que tuvo el nuevo gabinete entre sectores amplios de la sociedad y en toda la oposición democrática. El jefe del Estado estuvo en los meses siguientes arropando al Gobierno, desde la prudencia, y en algún momento con dudas sobre si debía limitarse la velocidad de los cambios emprendidos. Así, según un informe del embajador norteamericano Wells Stabler, el rey veía con buenos ojos un número elevado de votos negativos en el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política porque «podría permitir al Gobierno explicar al país que sería sensato no acelerar demasiado el programa reformista»[10]. Pero, por otra parte, apoyó con firmeza al Gobierno cuando tuvo que tomar decisiones que sobrepasaban las líneas rojas que establecía la legalidad vigente, por mucha retórica «de la ley a la ley» que se empleara, y que desnaturalizaban una reforma que abría la puerta a la ruptura con el orden franquista. Por otra parte, el rey desempeñó un importante papel en la obtención de apoyos internacionales para el proyecto reformista gubernamental.

El apoyo de Juan Carlos a las decisiones más comprometidas de Suárez, obviamente tomadas con su aprobación, fue esencial para el Gobierno. En especial, sus reuniones periódicas con los mandos militares sirvieron para contener el creciente malestar que estos mostraban, para tranquilizar sus inquietudes y también para recordarles su deber de obediencia a los superiores jerárquicos. En la celebración de la Pascua Militar en enero de 1977, Juan Carlos afirmó que «el camino difícil a seguir, cuando recibamos una orden contraria a nuestro sentir, se recorrerá con satisfacción interior si pensamos que lo que estamos realizando lo hacemos, de forma despersonalizada, por una causa superior, por el bien de la Patria». Y el ministro del Ejército, el general Félix Álvarez Arenas, afirmó en su discurso que «los militares tienen que cumplir con su deber sin pedir explicaciones, aunque algunas de las órdenes no las comprendamos»[11].

Sin embargo, la legalización del PCE en abril fue considerada por muchos militares como la ruptura de los últimos límites que consideraban infranqueables. Además se sintieron engañados por el Gobierno, y en particular por Adolfo Suárez. La situación de especial tensión en el Ejército podría haber derivado en una crisis seria sin el efecto disuasorio de la condición del rey de jefe supremo de las FFAA. Juan Carlos, aunque había expresado dudas sobre la legalización por temor a la reacción del Ejército, intervino para contener la reacción militar, en primer lugar para evitar la dimisión del general Álvarez Arenas apelando a su patriotismo y lealtad personal[12], una dimisión que sumada a la del almirante Pita da Veiga habría agravado extraordinariamente la situación. El rey habló con altos mandos militares y repitió en esos días a sus interlocutores que debía legalizarse al PCE porque no había otra solución[13].

Pero, si legalizar al PCE era indispensable para que las elecciones fueran consideradas legítimas, el nombramiento de senadores reales mostró que la visión del jefe del Estado sobre la plural sociedad española dejaba mucho que desear. Tal vez ello era consecuencia de que, según el testimonio del propio Adolfo Suárez, Juan Carlos subestimaba las posibilidades electorales de la izquierda[14] y, en consecuencia, de la identificación con ella de una parte muy extensa de la sociedad española. No dejó de llamar la atención que la mayor parte de los senadores designados estuvieran muy alejados de las formaciones políticas de inequívoca trayectoria democrática y que, en conjunto, obtendrían más de la mitad de los sufragios en las elecciones. Cuando se conocieron los nombramientos, el PSOE no se abstuvo de señalar que «apenas había entre los designados personas que brillasen por sus credenciales democráticas»[15].

Las elecciones del 15 de junio de 1977 dibujaron un nuevo escenario político en el cual el papel del rey cambió muy notablemente. De hecho, la relación entre Suárez y Juan Carlos empezó a modificarse después del referéndum de la Ley para la Reforma Política, del que el primero salió muy reforzado, lo que le hizo menos dependiente del segundo. El presidente del Gobierno seguía siéndolo por designación del rey en un contexto de vigencia de las Leyes Fundamentales que otorgaban al jefe del Estado poderes extraordinarios, aunque no los que había disfrutado Franco. Pero las elecciones, sin suponer ya la existencia de un régimen democrático, dieron lugar a unas nuevas Cortes, en especial el Congreso de los Diputados, legitimadas por el voto popular, y a la formación de un gobierno que tenía el apoyo de la primera minoría parlamentaria. Suárez, por tanto, ya no debía la presidencia al nombramiento del rey, sino a su condición de líder de la coalición que había logrado la primera posición en las urnas. Por tanto, Suárez fue actuando cada vez más como el presidente de una democracia parlamentaria, todavía inexistente pero en proceso de construcción, y asumiendo la plena responsabilidad de la actuación gubernamental, lo que, por otra parte, también debía evitar el desgaste del jefe del Estado[16]. No obstante, Juan Carlos siguió con la máxima atención el proceso de elaboración de la Constitución e instó tanto a Suárez como a los demás líderes de las principales formaciones políticas a buscar el acuerdo más amplio posible y, por tanto, que el nuevo ordenamiento político contara con la máxima aceptación.

La Constitución promulgada en diciembre de 1978 supuso la supresión de la mayoría de las funciones que hasta ese momento tenía Juan Carlos como jefe del Estado. Como hemos visto en el capítulo IV, a pesar de las tentativas realizadas durante la elaboración de la Carta Magna de otorgar al rey más funciones y más importantes, el texto finalmente aprobado las redujo a la mínima expresión. Y aunque algunas de dichas iniciativas no contaron, al menos explícitamente, con el apoyo de Juan Carlos, parece que no dejó de intentar que sus funciones no fueran exclusivamente simbólicas. José Manuel Otero Novas, por ejemplo, relata una visita que recibió de Sabino Fernández Campos en la que el secretario general de la Casa del Rey le manifestó que se corría «el riesgo de dejar a la Corona como figura decorativa», y pese a presentar tal consideración como de carácter estrictamente personal, el entonces ministro de la Presidencia lo interpretó como «un mensaje indirecto de S[u] M[ajestad]», por lo que lo trasladó a Adolfo Suárez[17]. Las funciones del jefe del Estado en la Constitución aprobada eran esencialmente representativas y formales, desprovistas de poder real. Incluso la condición de comandante supremo de las FFAA estaba limitada por la atribución al Gobierno de la dirección de la administración militar y la defensa del Estado. En definitiva, incluso la atribución al rey de la comandancia militar tenía un carácter esencialmente simbólico[18].

Unas cartas de Juan Carlos a Suárez, de las que da cuenta Pilar Urbano, permitirían conocer sus opiniones sobre determinados aspectos del texto constitucional en elaboración y que, en general, no fueron tenidas en cuenta. Fuera su opinión personal, o la que le transmitían algunos de sus interlocutores, parece que el rey se mostró muy crítico con, por ejemplo, la aconfesionalidad del Estado –«me dicen que se está haciendo una Constitución atea» con lo que «ponéis en grave riesgo la Corona»–, o con la configuración del Estado de las Autonomías –le decían también que se estaba haciendo «una Constitución contra España»[19].

Juan Carlos, por tanto, dejó gradualmente de ejercer una función política de primer orden a partir de junio de 1977, y especialmente tras la aprobación de la Constitución. Y tuvo que hacer el aprendizaje de jefe del Estado de una monarquía parlamentaria, lo que no fue fácil en el marco de una situación política que continuó siendo especialmente compleja.

Las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 dieron lugar a una composición del Congreso muy parecida a la de la legislatura constituyente[20], lo que condujo a la formación de un nuevo gobierno de la UCD en minoría. En las elecciones municipales del 3 de abril, que confirmaron al partido gubernamental como la fuerza más votada, el acuerdo entre el PSOE y el PCE –que logró en estos comicios sus mejores resultados electorales– permitió la formación de gobiernos locales de izquierda en numeras capitales, incluidas Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Málaga, en muchas ciudades grandes y medianas y también en municipios de menor tamaño. Los elevados votos obtenidos por la izquierda en las sucesivas convocatorias electorales se traducían ahora en poder institucional en detrimento de la UCD.

A lo largo de 1979 y 1980 un conjunto de factores dieron lugar a que Juan Carlos tuviera un notable papel político, especialmente importante frente a la crispación creciente de un sector del Ejército, pero también, perturbador, por activa y por pasiva, por las crecientes críticas vertidas al Gobierno y en particular a su presidente. Por una parte, el nuevo incremento del precio del petróleo agravó la crisis económica internacional y algunos de sus efectos fueron especialmente acusados por una economía española con graves problemas estructurales. El empeoramiento de la situación económica y el incremento del paro alimentaron, además, un malestar social difuso, pero también una elevada conflictividad, lo que contribuyó a dar oxígeno a cuantos atribuían al cambio político la responsabilidad de la situación socioeconómica. Si desde la extrema derecha se puso en circulación el eslogan «con Franco vivíamos mejor», es decir, con la dictadura la economía crecía, también los salarios y el paro era prácticamente inexistente –todo ello, claro está, mirando únicamente a la los años sesenta y primeros setenta e ignorando los cuarenta y cincuenta– desde sectores conservadores más respetables crecieron las quejas hacia un Gobierno que continuaban considerando excesivamente inclinado a la izquierda.

Por otra parte, la violencia terrorista, y especialmente la acción de ETA, tuvo un muy notable impacto que alimentó directamente la irritación militar y el golpismo. Desde los sectores más golpeados por dicha violencia, y desde otros sectores conservadores, se puso crecientemente en cuestión la capacidad y el acierto del Gobierno en el combate contra el terrorismo. Para algunos, la no adopción de medidas excepcionales era un claro indicador de la debilidad gubernamental. El catastrofismo se instaló en el discurso de dirigentes conservadores, tanto dentro como fuera del Parlamento. También en esta cuestión, algunos apuntaron a la responsabilidad del cambio político o de cómo se había realizado. En octubre de 1979, Manuel Fraga declaraba que «a la vista está que por no haber hecho una reforma, sino por haberse hecho las cosas como se han hecho, a base de amnistías, de declaraciones mal pensadas, pues el resultado es que ahora mismo se ha hundido la autoridad […] todo esto se podría haber evitado»[21].

Por último, la elaboración, negociación y aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña inquietaron a todos cuantos, desde el nacionalismo español esencialista, consideraban que una real autonomía política –no una mera descentralización administrativa– comportaba la ruptura de la unidad de España.

A todo lo anterior deben añadirse las crecientes divergencias internas en la UCD y sus efectos sobre el Gobierno. Desde el comienzo de 1980 la sucesión de reveses políticos –referéndum sobre la iniciativa autonómica en Andalucía, las elecciones vascas y catalanas– y la acumulación de problemas debilitó a Adolfo Suárez. En mayo, la moción de censura presentada por el PSOE erosionó la figura del presidente del Gobierno y reforzó la de Felipe González. Pocas semanas después, en una reunión de la Comisión Permanente de la UCD, el liderazgo de Suárez fue abiertamente discutido por los dirigentes de los grupos –los denominados «barones»– que se habían disuelto en el partido centrista. De dicha reunión salió una amplia remodelación gubernamental en septiembre, que, sin embargo, no evitó la creciente articulación de un sector «crítico», de tendencia esencialmente democristiana, uno de cuyos más destacados dirigentes, Miguel Herrero de Miñón, fue elegido portavoz del grupo parlamentario en el Congreso frente al candidato de la dirección del partido.

En el clima político que fue gestándose a partir de todo lo anterior, Juan Carlos fue el receptor de quejas y propuestas de cuantos consideraban que la situación era cada vez más insostenible y que era necesario un cambio en el Gobierno, con la salida de Suárez de la presidencia, una modificación de las políticas seguidas, tanto ante la crisis económica como frente al terrorismo, e incluso para algunos, una revisión de la Constitución. En la presentación de una situación sociopolítica muy negativa coincidían, por tanto, quienes pretendían fundamentalmente un cambio de Gobierno y de políticas y aquellos que consideraban que tal situación era consecuencia directa del cambio político, en definitiva de la democracia recién estrenada, y pretendían una modificación de carácter involutivo del marco constitucional establecido.

En esa coyuntura, el rey continuó desempeñando un relevante papel para asegurar que las FFAA acataran la nueva legalidad y la autoridad del Gobierno, especialmente cuando la crispación militar ante la violencia terrorista derivó en algunos actos de indisciplina, en particular en funerales de miembros de las FFAA o de las Fuerzas de Orden Público asesinados. En la celebración de la Pascua Militar, en enero de 1979, Juan Carlos afirmó que «el espectáculo de una indisciplina, de una actitud irrespetuosa originada por exaltaciones momentáneas, en que los nervios se desatan, con olvido de la serenidad necesaria, es francamente bochornoso»; recordó que era el Gobierno a quien constitucionalmente correspondía dirigir «la administración civil y militar del Estado» y felicitó al general Gutiérrez Mellado –abiertamente criticado por buena parte de los militares– por su labor al frente del Ministerio de Defensa[22].

Pero a medida que crecía la tensión política y que proliferaban las descripciones catastrofistas de la situación, Juan Carlos también escuchó comprensivamente a cuantos le trasladaban que la situación era insostenible y que era necesario lo que algunos denominaron, siguiendo a Josep Tarradellas, un «golpe de timón», y manifestó con frecuencia de forma imprudente sus opiniones críticas sobre la situación del país, sobre la actuación gubernamental y sobre un presidente del Gobierno que había dejado desde hacía tiempo de actuar como un subordinado del jefe del Estado. Tal actitud de Juan Carlos reforzó las posiciones de cuantos le trasladaban su visión catastrófica de la situación del país y alimentó especulaciones sobre el papel que estaría dispuesto a desempeñar para salir de la crisis y, en primer lugar, sobre su voluntad de apartar a Suárez de la presidencia del Gobierno.

A finales de 1980 la relación entre Juan Carlos y Suárez había sufrido un gran deterioro y algunas actitudes del primero se alejaban de sus estrictas funciones constitucionales. Todo ello fue lo que permitió que el nombre del rey fuera utilizado incluso por los golpistas del 23 de febrero de 1981, aunque no existe ninguna evidencia de la implicación de Juan Carlos en el golpe de estado, a pesar de los relatos conspirativos difundidos, en primer lugar por los artífices de dicho golpe. Contrariamente, el golpe fracasó por la actitud del rey, puesto que si le hubiera dado su apoyo, los mandos militares lo habrían secundado sin apenas fisuras[23]. Pero ante una ruptura de la legalidad constitucional, Juan Carlos no tenía otra opción que su inequívoca defensa si no quería poner en riesgo a la monarquía y toda su actuación anterior para consolidarla. Precisamente la defensa de la legalidad constitucional afianzó la figura de Juan Carlos y le aportó un suplemento de legitimidad. Pero, aunque hubiera sido involuntariamente, su actitud en los meses anteriores había contribuido a generar la crisis y el propio golpe que tuvo que neutralizar.

En los últimos meses de 1980 y al comienzo de 1981 hasta el 23 de febrero, la agitación fue muy notable en buena parte del mundo conservador. El objetivo de conversaciones, propuestas y planes, con grados muy diversos de elaboración y con partícipes también distintos, era apartar a Suárez del Gobierno y formar un gabinete que, para Manuel Fraga, debía representar a la «mayoría natural» conservadora que consideraba que existía en el Parlamento y en el país, en tanto que para otros, siguiendo una línea ya formulada anteriormente, debía tener más el carácter de un gobierno de «salvación nacional». Además, el nombramiento de un militar para presidir un nuevo gabinete formó parte de los conciliábulos que proliferaron. En cualquier caso, los diversos actores coincidían en que debían adoptarse políticas distintas ante los principales problemas del país. Por su parte, el general Alfonso Armada tuvo múltiples contactos con militares y civiles, en los que propugnó, con frecuencia con ambigüedades y sobreentendidos, un cambio de Gobierno postulándose para presidirlo. Y utilizó a fondo con sus interlocutores el malestar del jefe del Estado por la actuación gubernamental, su bien conocida relación con Juan Carlos e incluso el argumento del apoyo del rey a la solución que propugnaba. Por otra parte, un golpe de estado militar era reclamado con vehemencia por toda la extrema derecha y por los oficiales más radicalizados del Ejército, que no paraban de conspirar.

En esos meses, circularon entre dirigentes políticos, empresariales y de medios de comunicación, y llegaron al palacio de la Zarzuela, diversos informes cuyo objetivo era fundamentar una posible actuación política del rey de dudosa constitucionalidad. El documento dado a conocer recientemente por Guillermo García Crespo al que se ha hecho referencia en el capítulo V, fechado en enero de 1981, intentaba justificar, a partir de una interpretación muy forzada del papel de «arbitrar y moderar» el funcionamiento regular de las instituciones que el artículo 56.o de Constitución otorgaba al rey, una intervención del jefe del Estado que permitiera la formación de un Gobierno que tuviera la confianza del Parlamento, pero que a la vez tuviera también la de las FFAA, por lo que, si fuera necesario, debería estar presidido por un militar, y que su programa contemplara la «reconducción de las Autonomías», el saneamiento de la economía, la lucha contra el terrorismo y la «reforma constitucional»[24]. Con la información disponible, no parece que desde la Jefatura del Estado se rechazaran claramente las propuestas de forzar un cambio de Gobierno con un papel relevante del rey, y que iban desde promover una posible moción de censura contra Suárez con suficiente respaldo parlamentario hasta que las FFAA desencadenaran una situación de conflicto institucional con el Gobierno.

La tensión entre Juan Carlos y Suárez alcanzó un nivel máximo en enero de 1981. El día 4, horas después de que el rey se entrevistara en Baqueira Beret con el general Armada, quien le insistió en la necesidad de un Gobierno con un presidente militar, Juan Carlos se reunió con a Adolfo Suárez. Tras presentarle un panorama crítico del país y alineándose con soluciones tales como adoptar medidas extraordinarias contra el terrorismo, revertir el proceso autonómico o incluso reformar la Constitución[25], le planteó claramente la conveniencia de un nuevo presidente del Gobierno. Pocos días después, Adolfo Suárez se opuso tajantemente a la pretensión del rey de nombrar al general Armada segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, pese a la insistencia de este. El 22 de enero, en una nueva reunión entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, discutieron abiertamente y, al parecer, Suárez se refirió a la posibilidad de convocar elecciones y Juan Carlos a la de negarse a firmar el decreto de disolución de las Cámaras[26]. Siete días después, Adolfo Suárez anunció públicamente su dimisión. Un párrafo del mensaje anunciándola –«no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España»– dio pie durante años a la especulación de que quiso así evitar un inminente golpe de estado, algo que desmintió reiteradamente[27]. Según el testimonio de personas muy próximas a Suárez, lo que realmente le habría decidido a dimitir fue el propósito de desbaratar la presentación de una moción de censura que podría lograr los suficientes apoyos parlamentarios y que colocaría a Alfonso Armada en la presidencia del Gobierno, una operación con el beneplácito del rey[28].

Pero, hasta qué punto existió una bien articulada operación para llevar a la presidencia del Gobierno al general Armada mediante una moción de censura con el apoyo de la mayoría de los diputados y hasta qué punto el rey impulsó o favoreció dicha operación plantea muchas dudas. En primer lugar, porque los testimonios que la avalan no son concluyentes y, en segundo lugar, porque dejan sin responder algunas preguntas relevantes, especialmente ¿por qué, si existía un amplio acuerdo, con Suárez dimitido no se convirtió Armada en el candidato propuesto para la presidencia del Gobierno por parte de los grupos que, supuestamente, le daban apoyo? La imposibilidad de contestar satisfactoriamente esta pregunta proyecta dudas más que razonables, no de las conversaciones sobre una moción de censura contra Suárez y con Armada de candidato, pero sí tanto sobre el grado de articulación de la operación como sobre sus apoyos reales.

En resumen, la posición de Juan Carlos a lo largo del proceso de transición estuvo siempre determinada por la consolidación y defensa de la institución monárquica, desde la clara opción por una democratización que la legitimara hasta la defensa del orden constitucional el 23 de febrero de 1981, pero pasando por actitudes vacilantes en determinados momentos sobre la velocidad o el alcance de los cambios y temerosas de la reacción de los militares ante determinadas decisiones que consideró que podían poner en peligro la monarquía. En sus relaciones con las FFAA, apeló al acatamiento de la legalidad y a la disciplina, pero combinándolo con expresiones muy comprensivas y de camaradería con las actitudes y los valores predominantes en la oficialidad y, desde luego, nunca formuló la menor atisbo de crítica al régimen dictatorial que le había situado en la Jefatura del Estado.

«NOSOTROS TRAJIMOS LA DEMOCRACIA»

En unas memorias publicadas tempranamente, en 1984, con el significativo título de Al servicio del Estado, Rodolfo Martín Villa, que desde 1962 había desempeñado relevantes cargos en las instituciones franquistas, desde la Jefatura Nacional del SEU a la dirección del Ministerio de la Gobernación, pasando por la secretaría general de la Organización Sindical y por el Gobierno Civil de Barcelona, afirmaba que «sin los reformistas del franquismo, la reforma política y el cambio no hubieran sido posibles», concluyendo que si la izquierda era quien enarbolaba la bandera de la democracia, «nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos»[29]. Es la misma posición defendida por otros muchos reformistas del franquismo y reproducida en su relato sobre la transición.

Sin embargo, dar por bueno que los reformistas tenían como objetivo la democracia configurada en la Constitución de 1978 resulta imposible si se analiza rigurosamente el proceso de cambio político y los proyectos que guiaron la actuación de dichos reformistas, al menos hasta bien avanzado el proceso. En capítulos anteriores se ha explicado el proyecto de «democracia española» del primer gobierno de la monarquía, en el que Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales y Adolfo Suárez ministro-secretario general del Movimiento, y su lejanía respecto a las características de una democracia homologable internacionalmente. Igualmente, se han explicado los límites –ciertamente continuadamente rebasados– del proyecto encabezado por Suárez tras la dimisión forzada de Carlos Arias.

Pero, por qué unos miembros de la clase política franquista, que habían servido fielmente a la dictadura hasta la muerte de Franco, y que no habían manifestado jamás la menor crítica, ni siquiera ante decisiones que recrudecían la violencia represiva y la negación de los derechos humanos, como las tomadas por el Gobierno en el verano y el otoño de 1975, se decidieron a «traer» la democracia, o más exactamente a iniciar una democratización del régimen.

Está claro que la voluntad de Juan Carlos de impulsar un proceso democratizador para afianzar la monarquía fue determinante. Como lo fue también la percepción de la profundidad de la crisis política que vivía el país a mitad de la década de los años setenta y el grado de deslegitimación que sufría el orden franquista. Pero pasar de manifestar continuadamente la adhesión inquebrantable a Franco y la fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales a abrazar los valores y los fundamentos de la democracia no era una operación fácil. De hecho, el paso del franquismo a la democracia lo habían realizado con anterioridad algunos intelectuales y políticos, pero ello había sido fruto de una evolución personal gradual y dilatada en el tiempo. Y, por otra parte, no fueron muchos. Entre quienes habían tenido responsabilidades de Gobierno, el caso más relevante pero absolutamente excepcional fue el de Joaquín Ruiz Giménez, ubicado inequívocamente en el campo de la oposición democrática mucho antes de la desaparición del dictador. Otro caso, también relevante pero no menos excepcional fue el de Dionisio Ridruejo. Pero el trayecto de la dictadura a la democracia de Ruiz Giménez, Ridruejo y pocos más, no tiene nada que ver con el de los reformistas del franquismo.

Si no puede acudirse a una evolución ideológica y política fruto de la reflexión y de la reformulación de valores y convicciones, ¿cómo justificar dicho tránsito, efectuado además sin la mínima autocrítica ni personal ni respecto a la dictadura en general? Buscar la respuesta a esta pregunta lleva a un relato que contaría con múltiples altavoces; un relato que, en algunas de sus formulaciones, retuerce la realidad pasada hasta hacerla irreconocible.

Dicho relato contenía diversos componentes fundamentales. En primer lugar, presentaba al franquismo como un régimen dotado de una legitimidad de origen, reproduciendo así buena parte del discurso de la propia dictadura sobre la guerra civil y que ya en democracia sería sostenido beligerantemente por la extrema derecha y, más tardíamente, por unos revisionismos, de distinto carácter pero con notables coincidencias. Y aunque una parte del reformismo optó por minimizar las referencias a la parte más traumática del pasado y acentuar la voluntad de su superación, otra parte, la más derechista, reivindicó sin ningún recato el franquismo. En 1979, Manuel Fraga afirmaba que la victoria electoral de las izquierdas en 1936 dio lugar a la guerra civil[30], y casi veinte años después, convertido ya en un «padre de la Constitución», en una entrevista publicada en El País, el presidente de honor del PP seguía afirmando que «toda la responsabilidad» de la guerra civil «fue de los políticos de la Segunda República. ¡Toda!»[31].

Un segundo componente fundamental del relato que evitaba el cuestionamiento de la trayectoria de los reformistas consistió en afirmar que el franquismo había evolucionado notablemente, en especial desde la década de los sesenta, que se habían introducido ya cambios de notable calado en las leyes, entre las que habitualmente se destacaba la Ley de Prensa de 1966, que habían permitido disfrutar de mayores libertades y derechos y que se había ampliado la participación política de los españoles, desde la elección por sufragio universal de los procuradores a Cortes por representación familiar conforme a la LOE de 1967 al Estatuto de Asociación Política de diciembre de 1974. Además, habían existido sucesivas propuestas de «apertura» y de «reforma» que aunque no habían tenido un gran éxito mostraban la voluntad de democratización de algunos sectores del personal político. Por otra parte, tal evolución política había sido paralela a los profundos cambios económicos, sociales y culturales que experimentó la sociedad española –según la propaganda franquista, bajo la conducción del régimen, pero en realidad a pesar del régimen–, todo lo cual tenía como desembocadura natural una final modernización política que se adecuara a la modernización socioeconómica y cultural. En definitiva, se afirmaba que la sociedad española había evolucionado en todos los órdenes y los reformistas lo habían hecho con ella. Si la demandas de más participación política y de mayores libertades se expresaban más claramente en la sociedad –por ejemplo, en las encuestas de opinión– los reformistas se presentaban partícipes de ellas. Tal actitud proyectaba hacia el pasado la imagen de una sociedad mayoritariamente identificada con el franquismo en sus primeras décadas, silenciando obviamente el miedo paralizador que la violencia franquista había logrado inocular a una parte extensa de la población.

Pero, como hemos visto en el capítulo I, si bien hubo ciertamente algunos cambios en el ordenamiento franquista, en general de alcance muy limitado, en modo alguno suponían una gradual democratización del régimen; como tampoco los diversos proyectos aperturistas o reformistas pretendían otra cosa que adecuar la dictadura a una sociedad en transformación, asegurando su futuro y, para ello, ampliando sus apoyos sociales o, al menos, impidiendo que se continuaran debilitando los existentes.

Hay un componente muy interesante del relato, especialmente en su versión más conservadora, que tiene una destacada presencia en las memorias y testimonios de los reformistas que fueron miembros o bien ocuparon altos cargos en el gobierno Arias[32]. Frente a unos reformistas que según afirman retrospectivamente pretendían desde el primer momento el camino hacia la democracia –aunque ni sus formulaciones entonces ni sus actos se correspondían con tal objetivo– la oposición de izquierdas habría desencadenado lo que presentan como una ofensiva revolucionaria para la toma del poder, que nada tiene que ver con la real movilización social ni con el programa rupturista que, por otra parte, era compartido por toda la oposición más allá de la izquierda. La movilización en favor de la democracia la convierten así en un obstáculo que los reformistas tuvieron que sortear y que, para algunos dirigentes como Fraga, obligó a una «firme» política de orden público, que en nada se diferenció de la seguida los años anteriores, con violentas intervenciones policiales contra pacíficos manifestantes, detenciones y torturas que constituían el más claro desmentido de cualquier voluntad de avanzar hacia una democracia que garantizara el ejercicio de esos derechos que eran duramente reprimidos cotidianamente. Masivas y pacíficas movilizaciones como la huelga general de Sabadell en febrero de 1976 fueron, para Fraga, nada menos que «una ocupación de la ciudad como la de Petrogrado en 1917»[33].

En el camino por las instituciones franquistas de los proyectos del Gobierno Arias, y posteriormente de la Ley para la Reforma Política, para justificar su carácter no contradictorio con los Principios del Movimiento, se elaboró un argumentario que sería incorporado al relato de los reformistas sobre su papel en la transición. Por una parte, se defendió que los cambios propuestos eran compatibles con el ordenamiento franquista, lo que, además, permitía a los reformistas combatir las posiciones de los continuistas y ganarse a los indecisos. De hecho, tal presentación era indispensable para neutralizar el rechazo de los más intransigentes. Por otra parte, ese discurso de evolución desde el régimen y dentro del régimen evitaba tener que explicar y justificar decisiones que entraban en contradicción con toda la trayectoria política anterior.

Pese a su farragoso lenguaje, son de particular interés tres documentos del Consejo Nacional del Movimiento elaborados a lo largo de 1976. En primer lugar, el informe de la primera ponencia de la Sección Primera del Consejo sobre el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de Cortes y otras Leyes Fundamentales, la pieza esencial del proyecto reformista del Gobierno Arias. Este documento constituye uno de los primeros textos que contiene el relato construido para ocultar que los cambios propuestos eran abiertamente contradictorios con principios y con características del régimen franquista, presentándolos, en cambio, como si fueran resultado de su natural desarrollo y evolución. Según el informe, los cambios propuestos exigían necesariamente, «una interpretación amplia y progresiva» de los Principios del Movimiento Nacional –que debe recordarse que con el objetivo de blindar el régimen se había establecido que eran «permanentes e inalterables»– porque sin una interpretación flexible –que de hecho los desnaturalizaba– «no podría darse cabida a las exigencias crecientes de pluralismo político y social latentes ya en las últimas etapas» y que se habían convertido «en postulados condicionantes de la actualización del orden político»[34]. Es decir, debían respetarse los Principios Fundamentales del Movimiento, pero forzando su interpretación cuanto fuera necesario.

En el informe de una segunda ponencia sobre el mismo proyecto, más ortodoxo, se apelaba a la «ingente creación de un régimen político, surgido en la fecha histórica del 18 de julio de 1936, que por obra de Francisco Franco, Caudillo de España», había seguido a través de las Leyes Fundamentales «un proceso constitucional permanente». En el momento presente, la instauración de la monarquía imponía «una prudente actualización de las exigencias de una etapa de transición», de manera que «en las actuales circunstancias del desarrollo del Estado nacido el 18 de julio» era conveniente y oportuna una reforma que contemplaba «la aparición en la acción política de las Asociaciones y su participación en los procesos electorales», estableciendo «los necesarios controles intraorgánicos tras la aceptación en dichos procesos de sufragios de naturaleza universal»[35].

El tercer documento se redactó tras la aprobación por las Cortes, en el mes de junio de 1976, de la Ley de Asociación Política, que dio lugar a una petición al Consejo Nacional del Movimiento para que interpusiera un «recurso de contrafuero» por considerar que vulneraba abiertamente la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y la LOE, al autorizar asociaciones políticas al margen del Movimiento. La Comisión Permanente del Consejo rechazó la petición, pero tuvo que elaborar un extenso texto justificando por qué consideraba que no existía tal contrafuero. A partir de una interpretación insólita de las normas franquistas, se afirmaba que los partidos políticos no tenían una prohibición expresa en las Leyes Fundamentales, de lo que se deducía que no había existido la voluntad de fijar su exclusión en las normas del máximo rango «constitucional». Por otra parte, considerando los documentos favorables al «desarrollo político» aprobados por el propio Consejo Nacional en los años anteriores, se afirmaba que la nueva ley de Asociación Política respondía, en esencia, «a un decidido intento de perfeccionamiento democrático de la convivencia española». Finalmente, si existían «normas en contradicción o proposiciones jurídicas divergentes para un mismo caso», la labor interpretativa debía primar las de carácter fundamental. Así, considerando que el Fuero de los Españoles en su artículo 16.o establecía que «los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo a lo establecido en las leyes»[36], pero prescindiendo del artículo 33.o que decía que «el ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España», la Comisión Permanente del Consejo Nacional afirmaba que podía considerarse que había existido «una prolongada laguna legal técnica, por falta de regulación de una de las formas de asociacionismo, el político», pero ello había sido simplemente una «cuestión de oportunidad o de política legislativa». Es decir, la negación del pluralismo político expresado a través del ejercicio del derecho de asociación política en el marco de un régimen de partido único se debía simplemente a una «prolongada laguna legal técnica». El informe concluía señalando que la convalidación que se establecía para las asociaciones del Movimiento acogidas al Estatuto de 1974 suponía que no había «habido una innovación creadora en el derecho asociativo, sino una simple reforma para darle el sentido pleno, que como tal derecho ha de tener»[37].

Así, las mismas normas que habían servido reiteradamente para negar los derechos civiles básicos y el pluralismo político ahora se convertían en sustentadoras de todo lo contrario. Por otra parte, la progresiva utilización en el franquismo de un lenguaje democrático –Constitución, para referirse a las Leyes Fundamentales, pero también Estado de Derecho, libertades, democracia–, que falseaba la realidad sociopolítica, ahora servía para ubicar las reformas propuestas en el marco de un larguísimo proceso de democratización que empezaría casi en los albores del régimen.

En definitiva, se trataba de utilizar el discurso del propio franquismo, que negó siempre su condición dictatorial, convirtiéndolo en un régimen que reconocía las libertades y derechos fundamentales, pero que había restringido temporalmente su ejercicio, que ahora finalmente se ampliaba.

Otra pieza fundamental del relato de y sobre los reformistas consiste en presentar que en cada momento del proceso de cambio hicieron lo que querían hacer, es decir, sus decisiones no estuvieron condicionadas por otros actores políticos y sociales. Con respecto al primer Gobierno de la monarquía, en el capítulo II se ha dado cuenta de la importante movilización social que contribuyó decisivamente al fracaso de su proyecto de «democracia española». Un proyecto que podría haber tenido éxito en determinadas condiciones, en primer lugar si la sociedad española hubiera sido una sociedad pasiva y desmovilizada, dispuesta a aceptar silenciosamente lo que se decidiera desde el poder. También hubiera tenido más probabilidades de éxito si hubiera logrado la aceptación y la colaboración de una parte de la oposición, la más conservadora. Pero si, por una parte, la movilización democrática en el primer semestre de 1976 alcanzó una gran extensión que mostró el amplio rechazo de sectores sociales muy amplios a la reforma gubernamental, por otra, el Gobierno no logró el apoyo de ningún sector de la oposición, dada la limitación de sus propuestas, ni pudo impedir su articulación en la CD, lo que desató la ira del ministro Fraga, consciente que la unidad de la oposición afectaba a la línea de flotación de la política gubernamental.

La actuación del Gobierno presidido por Adolfo Suárez partió del fracaso del gabinete Arias y Fraga, y de la necesidad de adoptar decisiones –por ejemplo el Decreto-Ley de Amnistía aprobado en julio– y de presentar un proyecto –la Ley para la Reforma Política– capaces de desactivar, o contribuir a desactivar, la movilización social y a la vez generar expectativas de cambio y con ello ganar apoyos sociales y políticos. Pero, como hemos visto en el capítulo III, las decisiones clave adoptadas por el Gobierno Suárez a partir de enero de 1977 y hasta la celebración de los comicios no pueden explicarse prescindiendo de la evolución de la situación sociopolítica y de la acción de los demás actores. En primer lugar, la aprobación de la Ley para la Reforma Política no determinaba inequívocamente la celebración de una elecciones que permitieran la libre expresión de la voluntad popular, y si la actuación gubernamental en la campaña del referéndum de la ley indicaba cómo el Gobierno entendía la democracia, las dudas sobre las características de las futuras elecciones más bien se incrementaban. Además, la Ley para la Reforma no aseguraba que pudieran concurrir a los comicios todas las fuerzas políticas, ni establecía las condiciones y las garantías respecto a la campaña electoral y a la transparencia del escrutinio.

En todo caso, celebrado el referéndum, el Gobierno Suárez se encontró reforzado, pero también obligado a tomar decisiones esenciales y comprometidas. Fijadas por la oposición las condiciones para participar en unas elecciones generales –las siete condiciones aprobadas el 27 de noviembre– y constituida la Comisión de los Nueve, el Gobierno debía decidir si estaba dispuesto a dar satisfacción a las demandas de la oposición y, con ello, ir a unas elecciones libres, lo que comportaba la pérdida del control sobre el proceso de cambio y que lo que había empezado como una reforma del régimen acabara con un cambio de régimen, o bien optaba por la celebración de unas elecciones con restricciones y exclusiones importantes que difícilmente estabilizarían la situación política. Si se inclinaba por la primera opción, se iniciaba la desnaturalización de la reforma y el acuerdo con la oposición era posible, pero se encontraría con la abierta hostilidad de quienes continuaban defendiendo el continuismo y de aquellos que querían una reforma del régimen, pero no su desaparición.

Como ha explicado con precisión Ignacio Sánchez-Cuenca[38], en rigor no hubo una negociación y unos acuerdos entre el Gobierno y la oposición democrática en los primeros meses de 1977, pero las decisiones gubernamentales –modificación de la Ley de Asociación Política, ampliación de la amnistía, etc.– estuvieron directamente condicionadas por las demandas de la oposición que, en algunos momentos, debió elevar la presión para que el Gobierno se decidiera a dar determinados pasos. En definitiva, las decisiones gubernamentales clave que llevaron a unas elecciones que se consideró que cumplían los requisitos mínimos para permitir la expresión de la voluntad popular fueron adoptadas no tanto en aplicación de plan gubernamental previamente trazado, sino de las condiciones de la oposición.

Mención aparte merece la legalización del PCE. No se trataba de un partido más sino que, por una parte, era la encarnación de los «rojos», el principal enemigo –junto con el separatismo– que el franquismo había combatido en la guerra civil y tras ella. Por otra parte, el PCE había sido desde los años cincuenta la principal formación antifranquista, había liderado la oposición activa, tenía una decisiva influencia en los principales movimientos sociales, en especial en las CCOO y en los movimientos ciudadanos, y contaba con notables apoyos en el mundo de la cultura y con amplias complicidades tejidas en la lucha contra la dictadura. La exclusión de la participación del PCE en las elecciones podía tener efectos deslegitimadores de los comicios.

Todos los datos disponibles apuntan a que, hasta enero de 1977, el Gobierno en ningún momento contempló que los comunistas pudieran participar en el proceso electoral comprometido. Por tanto, tiene poco crédito lo expresado con posterioridad por dirigentes reformistas sobre su posición favorable a la legalización del PCE casi desde el primer momento, incluidas las manifestaciones del propio Adolfo Suárez cuando, en respuesta en 1995 a una periodista, afirmó que él tenía prevista dicha legalización desde el mismo momento que fue nombrado presidente del Gobierno[39]. Contrariamente, tampoco hay ninguna evidencia para considerar que mintiera a la cúpula militar cuando en septiembre de 1976 les aseguró que el PCE quedaría fuera de la legalidad.

La explicación aportada por Suárez y por otros reformistas sobre el cambio de actitud ante la «cuestión comunista» carece de toda consistencia. Según el relato de los reformistas, la clave fue que el PCE cambió sus estatutos lo que permitiría su inscripción en el registro de asociaciones. En efecto, el PCE presentó un texto estatutario adaptado a las necesidades del trámite de inscripción, pero ello no evitó que el Gobierno considerara que, atendiendo a «los antecedentes y fines que concurren en la citada Asociación», se deducía la existencia «de razones bastantes para presumir la concurrencia de ilicitud penal por vulnerar cuanto se dispone en el artículo 172.o y demás aplicables del Código Penal», por lo que debía suspender su inscripción en el registro de partidos y remitir la documentación al Tribunal Supremo. Casi dos meses más tarde, después, de la inhibición de dicho Tribunal y con la decisión política de la legalización ya tomada, el Gobierno ordenó la inscripción después de que la Junta de Fiscales del Reino emitiera un informe favorable. Sin duda, tenía razón Suárez cuando afirmaba que la clave de la credibilidad interna y externa del proceso político [de transición] era el reconocimiento del PCE[40], pero esa fue una conclusión tardía, no la aplicación tardía de una conclusión temprana.

En todo caso, si bien el argumento de los estatutos pudo ser útil en su momento ante los sectores más hostiles a la legalización del PCE, y después para justificar el cambio de posición de los reformistas, poco tiene que ver con una decisión tan trascendente en el proceso de transición. Al margen de los estatutos, el PCE fue legalizado con el Manifiesto-Programa que había aprobado la Segunda Conferencia celebrada en septiembre de 1975, que sintetizaba de corto a largo plazo el proyecto del PCE, con el primer objetivo de la democracia y el último del «socialismo en libertad» alcanzado a través de la «revolución de la mayoría», y con una definición del partido que afirmaba su inspiración «en los principios del marxismo y del leninismo»[41]. En definitiva, no fue el PCE quien cambió, sino que lo hicieron, con muy justificados motivos, los reformistas.

Todo lo anterior no reduce un ápice el papel del Gobierno encabezado por Adolfo Suárez y, en particular el de su presidente, en el proceso de transición, ni la valentía de algunas de las decisiones tomadas conociendo los rechazos en sectores influyentes, pero desmiente el relato que los presenta como los artífices de la democracia. Celebradas las elecciones, sus resultados forzarían, como hemos visto en el capítulo IV, un proceso constituyente –rechazado hasta el último momento por el sector reformista fuera del gobierno encabezado por Manuel Fraga– que para llegar a buen puerto necesitaba de amplios acuerdos, al menos en torno a los fundamentos del nuevo ordenamiento político.

PACTOS, RENUNCIAS Y TRAICIONES

Frente al relato que otorga el principal cuando no el único papel relevante en el establecimiento de la democracia al personal político instalado en las instituciones, y que celebra el éxito del proceso de transición y su ejemplaridad, existe otro relato, igualmente con diversas versiones, con conclusiones de signo opuesto, según el cual la transición sería la causa de todos o casi todos los males del pasado reciente y del presente de España, desde una democracia con graves deficiencias hasta la corrupción más rampante, y, en las versiones más extremas, el denominado «régimen del 78» no sería más que una especie de franquismo disfrazado. Paradójicamente, este relato coincide con el más apologético de la transición al considerar el cambio político obra de la elite gobernante. Al mismo tiempo, tiende a explicarlo todo en función del «pacto» o de los «pactos» de la transición, pero sin detenerse a dar cuenta de ellos[42], y a considerar casi vergonzante el papel de la izquierda, especialmente del PCE, que estaría plagado de renuncias cuando no traiciones de las que solo se salva, y en algunos casos solo parcialmente, la autodenominada «izquierda revolucionaria».

No faltan, por otra parte, teorías conspirativas que, hay que admitirlo, tienen una elevada capacidad de fascinación, y desde luego están presentes en algunos relatos sobre la transición. Especialmente en los que presentan el cambio político como una operación diseñada y conducida desde Estados Unidos. Aquí encontramos, en primer lugar, la tesis conspirativa sobre el atentado que costó la vida al almirante Luis Carrero Blanco. A partir de especulaciones de distinto carácter pero sin ninguna evidencia empírica, y desconociendo el papel del almirante como firme defensor de la máxima colaboración entre el Gobierno español y Estados Unidos, el atentado de ETA del 20 de diciembre de 1974 se convierte en el resultado de un plan urdido o propiciado por los norteamericanos, obviamente con la CIA de por medio, que tenía el objetivo de eliminar el principal obstáculo para el futuro establecimiento de una democracia occidental en España, dando por sentado que ese era un objetivo de la política exterior estadounidense[43]. Poco efecto tienen sobre los defensores de tal teoría todos los datos disponibles, desde el recientemente conocido primer informe de la CIA tras el atentado informando que lo que había acabado con la vida de Carrero era una explosión de gas[44], hasta los documentados estudios sobre la política de Estados Unidos ante la transición, que muestran con absoluta claridad el escaso entusiasmo democratizador de las administraciones Nixon y Ford y, en especial, del secretario de Estado Henry Kissinger[45]. Para Estados Unidos lo fundamental en su relación con el Estado español había sido y seguía siendo la utilización de las bases militares instaladas conforme a los Pactos de Madrid de 1953. Y si bien el gobierno norteamericano consideraba que era preferible de cara al futuro, y siempre asegurando la estabilidad política, que existieran en España instituciones representativas que le evitaran la incomodidad de aparecer como aliado de una dictadura que no tenía reparos en continuar vulnerando los derechos humanos y mostrando su rostro más brutal si lo consideraba indispensable, no estaba dispuesto a promover de forma decidida el establecimiento de un régimen democrático. Como ha destacado Encarnación Lemus, Henry Kissinger reiteró «hasta el final su opción por un rey que gobierne, una monarquía autoritaria que impida la natural tendencia de los españoles hacia la anarquía»[46]. Nada que ver, por tanto, con la democracia parlamentaria consagrada en la Constitución de 1978.

Estados Unidos no fue el artífice de la democracia española, de igual manera que esta no fue el objetivo del propio franquismo reformista, tesis que implícita o explícitamente forma parte del relato que, desde un balance inequívocamente negativo de la transición, otorga el papel fundamental en dicho proceso a la elite política instalada en las instituciones del régimen.

Una parte fundamental de este relato está formado por la descalificación de los dirigentes de la oposición a la dictadura, especialmente de los del PCE. Su actuación habría estado jalonada por una cadena de pactos que comportaban renuncias que habrían desvirtuado completamente el programa rupturista y que, puesto que no se acompañan de argumentos que las expliquen, pueden ser calificadas de oportunistas para obtener un lugar al sol en el nuevo escenario político, o más radicalmente de traiciones a unas bases puras e incontaminadas. Los pactos vergonzantes y la desmovilización constituyen dos de los argumentos centrales del relato.

Pero, el análisis de las supuestas renuncias, traiciones y de la supuesta desmovilización, revela su inconsistencia, con independencia de la valoración estrictamente política que pueda hacerse del papel de los diversos actores en el proceso de transición. Es necesario referirse, en primer lugar, a la inexistencia de un «pacto de la transición», o sobre la forma o el modelo de transición, formulaciones muy presentes en el relato aludido. En efecto, no hubo ningún acuerdo entre los principales actores políticos sobre cómo desmantelar la dictadura y sustituirla por unas nuevas instituciones democráticas. Al contrario, los proyectos de los principales actores políticos a mitad de los años setenta no solo eran distintos, sino que eran antagónicos y solo la oposición tenía el objetivo de establecer una democracia que asegurara la soberanía popular y el pleno ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. Los cambios que fueron materializándose no fueron consecuencia de ningún pacto previo, sino fruto de un proceso abierto, lleno de incertidumbres, en el que se midieron continuadamente los apoyos de los distintos actores políticos, en una situación sociopolítica en dinámica evolución, lo que obligó a la reformulación de posiciones y propuestas. En última instancia, la correlación de fuerzas fue el factor determinante del proceso de cambio. Por ello, las tentativas de aplicar en otros escenarios el supuesto modelo pactado de transición española han estado abocadas al fracaso. Las condiciones sociopolíticas españolas no pueden reproducirse mecánicamente en otros países, lo cual no significa que algunas experiencias no puedan ser de utilidad.

Es necesario detenerse también en la movilización social antifranquista y en la supuesta desmovilización inducida durante la transición. Como se ha expuesto en el capítulo I, la movilización contra la dictadura desempeñó un papel esencial en la configuración de la crisis del franquismo y durante el proceso de cambio. Pero hay que recordar que la movilización tuvo unos claros límites y que en ningún momento la oposición alcanzó la capacidad para desencadenar una acción masiva en toda España –una huelga general– que pusiera a la dictadura al borde del colapso. No solo no fue posible una acción de esa entidad, sino que la conflictividad social estuvo siempre concentrada en las principales áreas industriales y urbanas, y apenas tuvo presencia en una parte del país. Sin duda, el formidable aparato represivo franquista logró contener la extensión de los conflictos sociopolíticos y mantener atemorizada a una parte considerable de la población.

La muerte del dictador dio lugar a que el antifranquismo movilizara todas sus fuerzas, lo que se vio favorecido por las expectativas de cambio propiciadas desde las instituciones. A la amplia movilización de los primeros meses de 1976 contribuyó decisivamente la preceptiva renovación de un elevado número de convenios colectivos, pero nunca estuvo al alcance de la oposición lograr una acción masiva de carácter general. En este punto, conviene detenerse en las huelgas madrileñas de enero, un foco de atención recurrente en algunos relatos, según los cuales el PCE habría impedido una huelga general en una de sus primeras renuncias, traicionando a los miles de trabajadores en huelga. Es evidente que la política del PCE difería de la de los grupos de la extrema izquierda, la mayoría de reciente formación y con una militancia muy joven, que intentaron habitualmente la máxima radicalización de los conflictos. Contrariamente, el PCE consideraba imprescindible –después de experiencias que habían comportado elevados costes– medir muy bien las fuerzas, preservar la capacidad movilizadora acumulada y los apoyos que había sido muy laborioso lograr y evitar fracasos que implicasen la desmoralización de los trabajadores menos propensos a la acción colectiva o incluso de los activistas. Los militantes del PCE, en el seno de las CCOO, estuvieron a la cabeza de las huelgas madrileñas de enero, junto con miembros de otros grupos de menor implantación y fue, en función de la valoración de las fuerzas y de las condiciones existentes que decidieron en un momento crítico el repliegue, con la consecución de importantes mejoras laborales pero en un contexto de una represión que había comportado un elevado número de detenciones de activistas y miles de sanciones. En palabras de un líder metalúrgico, «ante la disyuntiva de retirarse en orden hoy o huir a la desbandada mañana, ningún dirigente obrero puede permitirse el lujo de la duda»[47]. Desde luego no se abortó ninguna huelga general, ni hubo renuncias o traiciones sino, en todo caso, divergencias entre diversas formaciones políticas con planteamientos tácticos y estratégicos distintos y con una muy desigual capacidad de movilización.

La huelga del 12 de noviembre de 1976, convocada por la COS creada en julio por las CCOO, la UGT y la USO, mostró tanto la capacidad de movilización de la izquierda política y sindical como sus límites. Convocada para rechazar las medidas económicas y laborales aprobadas por el Gobierno el 8 de octubre, la movilización tenía un evidente trasfondo político, lo que determinó que el Gobierno utilizara todos los medios a su alcance para minimizar su impacto. Rodolfo Martín Villa, entonces al frente del Ministerio de la Gobernación, ha explicado la preparación gubernamental ante la huelga, con la formación de una especie de gabinete de crisis que debía asegurar el funcionamiento de los servicios públicos y la transmisión a través de los medios de comunicación del mensaje que la huelga había fracasado[48]. Salvador Sánchez Terán, gobernador civil de Barcelona, ha explicado también las minuciosas instrucciones que recibieron quienes estaban dirigiendo dichas instituciones[49]. La huelga tuvo un amplio seguimiento especialmente en las industrias de las principales concentraciones urbanas y ha sido considerada la más importante movilización desde el final de la guerra civil, pero no logró una paralización generalizada de la actividad laboral. A pesar de que la conflictividad se mantuvo elevada en los últimos meses del año, la convocatoria del 12 de noviembre constituye otra muestra de la inconsistencia del relato que presenta una movilización imparable que tenía a su alcance forzar el colapso del régimen, y que solo la incapacidad, las renuncias o las traiciones de los líderes de la izquierda mayoritaria impidieron que se lograra.

Este relato contiene también otro componente que los datos y la investigación existente no avala. Se trata de una sobrevaloración del PCE, de sus recursos y de sus posibilidades. Ciertamente, era la principal formación política de la izquierda y del antifranquismo en su conjunto, tenía un número de militantes muy superior a cualquier otro partido y una influencia igualmente destacable en sectores importantes de la sociedad. Pero sus efectivos no dejaban de ser limitados, su implantación territorial era notablemente desigual –aunque mucho menos que la de los demás grupos– y desde luego no disponía ni muchísimo menos de la capacidad para movilizar o desmovilizar según sus conveniencias de cada momento. Si las propuestas de sus militantes lograban obtener apoyos extensos era porque sintonizaban con las demandas y aspiraciones de sectores amplios –en empresas, universidades, entidades vecinales o de otra naturaleza– y porque las acciones planteadas eran aceptadas. Cuando así era, las convocatorias a la acción podían ser exitosas, pero en caso contrario podían fracasar estrepitosamente. De manera que la presentación de un PCE con capacidad para hacer y deshacer, y en consecuencia, responsable de casi todo, carece de fundamentación. Por otra parte, la entrada en escena del PSOE, especialmente desde 1975, modificaría de forma creciente el margen de maniobra del PCE, por lo que su actuación estaría cada vez más condicionada por la disputa por la hegemonía en la izquierda, que acabaría resolviéndose a favor de los socialistas.

Otro de los lugares comunes del relato en cuestión es el de la desmovilización, igualmente imputada principalmente al PCE aunque también, con un papel más tardío, al PSOE. Los Pactos de La Moncloa ocupan aquí un lugar destacado. Sin embargo, lejos de disminuir como sostiene el relato de la desmovilización, durante la vigencia de los acuerdos de La Moncloa, que han sido objeto de atención en el capítulo V, desmintiendo la caricatura que se ha hecho de ellos, la conflictividad obrera aumentó en 1978 y todavía más en 1979. Por tanto, no puede sostenerse que con los Pactos se desmovilizara a los trabajadores. El incremento de huelgas, huelguistas y horas no trabajadas durante la vigencia de los Pactos se explica, en primer lugar, porque los acuerdos dejaban amplios márgenes para interpretaciones contradictorias entre las organizaciones patronales –que fueron extremadamente críticas con los Pactos– y las obreras, por ejemplo sobre la masa salarial y su distribución, lo que se convirtió en motivo de conflicto, en un escenario en el que los sindicatos, que por primera vez tenían la responsabilidad de negociar los convenios colectivos, debían mostrar su efectividad en la defensa de los intereses de los trabajadores. Además, la decisión gubernamental de imponer la limitación del crecimiento de los salarios a los convenios firmados con anterioridad motivó el rechazo frontal de las organizaciones sindicales, añadiendo un factor más de conflictividad. Por otra parte, muchos trabajadores pasivos hasta entonces por temor a las sanciones patronales y a la represión policial, utilizaron el derecho de huelga recién reconocido y la libertad sindical conquistada para presionar a favor de demandas de mejoras laborales que en muchos casos no afectaban a los límites salariales. Por último, también el activismo de toda la izquierda extraparlamentaria, en especial contra la limitación del crecimiento de los salarios, contribuyó a la elevada conflictividad. En definitiva, el año de vigencia de los Pactos de La Moncloa fue un año particularmente conflictivo, igualando el máximo de 1976, y la desmovilización brilló por su ausencia. Y en 1979 se alcanzó el máximo de conflictividad obrera de la década y, por tanto, desde la guerra civil. Ello fue consecuencia de la imposición unilateral por el Gobierno de una nueva limitación del crecimiento de los salarios, lo que facilitó un acuerdo de unidad de acción entre las CCOO y la UGT que a su vez determinó un elevado volumen de conflictos.

Tampoco es sostenible el relato de la desmovilización del movimiento ciudadano. Desde luego no hubo desmovilización antes de las elecciones municipales de abril de 1979, más bien al contrario. La deslegitimación de las corporaciones locales franquistas después de las elecciones del 15 de junio de 1977, que tuvieron obviamente una lectura en clave local, comportó que allí donde el movimiento vecinal había alcanzado en los años anteriores una notable capacidad de movilización se mantuviera muy activo, tanto para evitar que los ayuntamientos franquistas tomaran decisiones que pudieran hipotecar el futuro como para exigir soluciones inmediatas a los graves problemas derivados de la ausencia de planificación urbanística, la primacía de la especulación y de la falta de servicios básicos. Y allí donde el movimiento había sido muy incipiente, después de las elecciones, aprovechando las nuevas condiciones de libertad, se desarrolló vigorosamente. Es cierto, en cambio, que tras las elecciones municipales, con la izquierda socialista y comunista en el gobiernos de municipios que sumaban en torno al 60 por 100 de la población española, hubo una notable desmovilización, pero su explicación radica fundamentalmente en que los programas de actuación de las nuevas instituciones locales empezaron a dar solución a muchos de los problemas que habían alimentado las reivindicaciones de los movimientos vecinales.

Retomando el argumento de las renuncias: no llevar al franquismo ante los tribunales de justicia y la aprobación de la Ley de Amnistía, a veces incluso definida como una autoamnistía, se han presentado con frecuencia como pruebas inequívocas de una actuación claudicante. Pero solo se puede renunciar a aquello que se pretende obtener; si no es así no hay renuncia. Y aunque desde el siglo XXI y prescindiendo de los conocimientos históricos pueda sorprender, hay que remarcar que no figuraba entre los objetivos de la oposición llevar al franquismo ante los tribunales de justicia. Para explicarlo adecuadamente hay que remontarse treinta años antes. Desde la década de los cuarenta, el antifranquismo consideró que la restauración de la democracia en España solo sería posible a partir de la superación de las profundas fracturas provocadas por la guerra civil, incluyendo las derivadas de la violencia política que también había ensangrentado la retaguardia republicana y que también había dejado heridas difíciles de restañar.

De hecho, sin una sólida elaboración teórica y con un componente fundamentalmente posibilista, las conversaciones en 1946 de dirigentes de la CNT con militares monárquicos –militares que tenían responsabilidades directas en la subversión antirrepublicana y en el establecimiento de la dictadura– suponía optar por buscar una salida del franquismo a través del acuerdo con una parte de aquellos que habían provocado la guerra y asentado la dictadura, dejando de lado cualquier exigencia de responsabilidades[50]. De la misma manera, aunque con unos interlocutores menos comprometidos con la brutalidad franquista, el acuerdo de San Juan de Luz de 1948 de los socialistas con monárquicos disidentes implicaba la reconciliación de actores que durante la guerra se habían enfrentado. De hecho, desde algunos años antes, el dirigente del PSOE Indalecio Prieto había propugnado una política de reconciliación desde una posición autocrítica con la propia trayectoria, «confesando la verdad completa y avergonzándonos de los crímenes propios y de los ajenos»[51].

Incluso el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), en marzo de 1947, hizo público un manifiesto donde rechazaba frontalmente la restauración de la democracia por la vía de la guerra civil y consideraba justamente que «el problema fundamental para España es liquidar la guerra civil». Esta formación comunista antiestalinista afirmaba que «cualquier régimen que sucediera al actual, que, por espíritu de desquite fuera incapaz de superar la guerra civil, que pretendiera realizar a la inversa la misma política de Franco, colocando al margen de la comunidad nacional a todos los que en el curso de la contienda no estuvieron a nuestro lado, no correría distinta suerte de la que aguarda al que todavía sufrimos». Para el POUM se trataba de hacer posible la convivencia entre los españoles, llevando la lucha política del «terreno del choque armado y de la imposición por la violencia al de la polémica y el contraste de las opiniones, al de la libre discusión de las ideas y de las conductas, y a la conquista de la mayoría y del poder por el juego de las instituciones democráticas»[52].

Pero la formulación más elaborada de una política de «reconciliación nacional» la presentaría el PCE en 1956. El franquismo acababa de lograr un nuevo éxito internacional, después de los pactos con Estados Unidos y el Concordato con el Vaticano en 1953: el ingreso en las Naciones Unidas. Sin embargo, la situación interior se le había complicado: quiebra económica, protestas obreras y estudiantiles, divergencias políticas internas. El día 1 de abril de 1956 un colectivo de estudiantes universitarios madrileños denunciaba la dictadura franquista en un manifiesto en el que se presentaban como «hijos de los vencedores y de los vencidos»[53]. Dos meses después, en junio, el PCE hizo pública la declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español». El texto, aprobado a punto de cumplirse el vigésimo aniversario del inicio de la guerra civil, y cuando comenzaba a llegar a la edad adulta una generación que no había participado en el conflicto, afirmaba que «un estado de espíritu favorable a la reconciliación de los españoles va ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra civil». Era por eso que el PCE declaraba «estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco». Pero, sobre todo, estaba creciendo «una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos», de manera que «no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte». Para el PCE lo fundamental era que la guerra civil estaba dejando de ser «una línea divisoria entre los españoles», y, en cambio, la división fundamental podía situarse entre el poder franquista y todos aquellos sectores de la sociedad que querían poner fin a la dictadura y establecer en España una democracia. Si se cambiaba la línea de división definida por la guerra por la línea de división entre los defensores de la dictadura y los partidarios de la democracia, esta opción podía fortalecerse y abrirse camino con mejores perspectivas[54].

La política de «reconciliación nacional» no consistía, por tanto, en buscar un punto intermedio de encuentro entre el franquismo y el antifranquismo, sino en agrupar a todas las fuerzas opuestas a la dictadura, prescindiendo de su pasado, para lograr su desaparición. Pero, propugnar «el establecimiento de las libertades y la supresión de la dictadura por vía pacífica» para evitar «nuevos sufrimientos al pueblo, nuevos quebrantos al país» exigía sacrificios y generosidad. «Nosotros entendemos –afirmaba la declaración– que la mayor justicia para todos los que han caído y han sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España»[55].

Reconciliación entendida como superación de la guerra civil, y democracia como punto de confluencia de fuerzas políticas con idearios y proyectos diferentes, fueron también las piezas básicas del denominado por el franquismo «contubernio de Múnich», poco después del movimiento huelguista de la primavera de 1962, el más importante desarrollado en España desde 1936. En el mes de junio, en el marco del IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en la capital bávara, se reunieron 118 miembros de la oposición de diversas tendencias políticas –principalmente socialistas, democristianos y liberales– tanto del exilio como del interior, incluidos históricos dirigentes republicanos y disidentes del franquismo, y elaboraron una resolución, aprobada posteriormente por el Congreso, que exigía como condición previa a cualquier forma de asociación o de adhesión de España a las instituciones europeas la instauración de un orden democrático que garantizara que el gobierno se basaba en el consentimiento de los gobernados, el pleno respeto a los derechos humanos y civiles, y el reconocimiento de la personalidad de las distintas «comunidades naturales»[56].

Así, pues, desde la década de los cincuenta, mientras el franquismo seguía rechazando la introducción del menor cambio político que suavizara el régimen dictatorial establecido, y mientras seguía presentándose como el «Régimen de la Victoria», el antifranquismo levantó la bandera de la superación de la guerra civil y de la reconciliación sobre la base del establecimiento de una democracia homologable a las del entorno europeo. Por tanto, carece de todo sentido hablar de una –otra– renuncia; la Ley de Amnistía, objeto de atención en el capítulo IV, fue absolutamente coherente con la trayectoria del antifranquismo.

¿A qué más renunció supuestamente la izquierda antifranquista? ¿A la república, a la revolución socialista? Sobre la república hay que distinguir, en primer lugar, la reivindicación de la restauración de la legalidad y de las instituciones de la Segunda República del objetivo de la república como forma de gobierno. La restauración de la legalidad y de las instituciones de la Segunda República desapareció de los programas antifranquistas durante la segunda mitad de los años cuarenta, cuando la mayoría de grupos consideró que no lograba sumar los apoyos necesarios para acabar con la dictadura, tanto interiores como internacionales. Y el propio Gobierno de la república en el exilio, que había mantenido una existencia puramente testimonial, decidió su disolución justo después de la celebración de las elecciones, el 21 de junio de 1977, al considerar que se iban a formar unas Cortes legitimadas democráticamente, que se abrían las puertas para establecimiento de una democracia y que la existencia de las instituciones republicanas en el exilio dejaba de tener sentido.

En cuanto a la república como forma de gobierno, estaba explícita o implícitamente presente en los programas de la izquierda antifranquista, aunque no descartaba que la recuperación de la democracia podría producirse con la forma monárquica de gobierno, en función de cómo se acabara con la dictadura. En todo caso, el objetivo fundamental era la democracia. En las Cortes elegidas en junio de 1977 no había una mayoría republicana, ni una mayoría favorable a someter la forma de gobierno a una consulta separada, y lo que fue objeto de negociación fueron las características de la monarquía parlamentaria. Se puede especular sobre qué habría pasado si las urnas hubieran instalado en el Parlamento una mayoría republicana, pero ello no ocurrió. No debe olvidarse, sin embargo, la presencia de unas FFAA que respetaron la nueva legalidad no por convicción democrática, sino por obediencia al rey en su condición de jefe supremo de ellas y, según muchos de sus miembros, porque este había sido el mandato final de Franco.

¿Abandonó la izquierda sus objetivos socialistas? La izquierda que obtuvo representación parlamentaria, pero también los partidos más importantes entre los que quedaron fuera de las Cortes, no tenía como objetivo inmediato el socialismo, sino la democracia. Desde ella, debía transitarse hacia el socialismo. Cada formación política había elaborado un proyecto propio. El comunista, confirmado en su IX Congreso celebrado en abril de 1978, contemplaba, tras la recuperación de las libertades y el establecimiento de una democracia que permitiera la libre actuación de todas las fuerzas y el desarrollo de sus proyectos, un proceso de avance hacia una «democracia política y social» como vía hacia el «socialismo en libertad», es decir, hacia un modelo de socialismo claramente diferenciado del soviético, que no solo conservara, sino que profundizara las libertades y derechos de los ciudadanos. La democracia política y social era concebida como la etapa de transición al socialismo que debía profundizar en los derechos, incrementar las formas de participación e iniciar trasformaciones socioeconómicas en la dirección de construir una sociedad más igualitaria. Pero todo ello solo sería posible con el apoyo de la mayoría de la población, mediante la «revolución de la mayoría». El fracaso de este proyecto tiene poco que ver con el proceso de transición, sino que fue consecuencia de la crisis del partido en 1982, su hundimiento electoral y su desaparición como actor importante en el escenario político[57].

El PSOE, por su parte, aprobó en su XXVII Congreso celebrado en diciembre de 1976 un programa de «transición al socialismo» que distinguía tres etapas; la primera, un «Estado de libertades públicas de democracia formal» era la que se correspondía con el objetivo que debía alcanzarse en el proceso de transición, una democracia como las existentes en la Comunidad Europea de la que se quería formar parte. Una segunda fase, era definida como un «Estado en el que la hegemonía corresponda a la clase trabajadora manteniendo y profundizando las libertades» y que debería dar paso finalmente a «una sociedad sin clases, de socialismo pleno, en la que la totalidad de los aparatos de poder sea sustituida por la autogestión a todos los niveles»[58]. El programa de los socialistas contemplaba, establecido un régimen democrático, la combinación de la lucha parlamentaria con la movilización popular para profundizar la democracia, afirmando la imposibilidad de socialismo sin libertad y de libertad sin socialismo[59]. El progresivo abandono de dicho programa no tiene nada que ver con el proceso de transición, sino con la reformulación de la política del partido con el objetivo, en primer lugar, de alcanzar el poder, y de asentarse en los parámetros del discurso y de la acción de la socialdemocracia europea[60].

La crisis del PCE, la crisis y desaparición de buena parte de la izquierda extraparlamentaria y la reconversión del ideario y del programa del PSOE deben explicarse considerando los cambios en el escenario internacional a finales de los años setenta y principios de los ochenta, que nada tienen que ver con la transición española, especialmente el agotamiento del impulso transformador surgido a finales de los sesenta, el desvanecimiento a escala internacional de las expectativas de cambios sociales profundos y, por el contrario, el inicio de la «revolución conservadora» con las significativas victorias de Margaret Thatcher en las elecciones parlamentarias británicas de 1979 y la de Ronald Reagan en las presidenciales norteamericanas de 1980, la salida del gobierno de la RFA del SPD en 1982 o el fracaso de la política económica del primer gobierno de la presidencia de François Miterrand en Francia, todo ello en un contexto de una crisis económica que estaba extendiendo el desánimo y la desmovilización en sectores amplios de las clases trabajadoras.

UNA NOTA FINAL

¿Son los problemas actuales de la democracia española consecuencia de unas taras genéticas procedentes de las características del proceso de transición y del papel que desempeñaron los principales actores de aquel proceso? ¿Hasta qué punto son sustancialmente distintos de los de muchas otras democracias, empezando por las de la Europa más próxima?

No parece que exista fundamentación para relacionar la profunda crisis económica iniciada en 2009 y sus devastadoras consecuencias sociales con los orígenes y características de la democracia establecida en la Constitución de 1978. Más bien hay que dirigir la mirada a las políticas económicas aplicadas por gobiernos sostenidos por mayorías parlamentarias de distinto signo, que no eran las únicas posibles, aunque las propuestas alternativas existentes obtuvieron un muy limitado apoyo popular. Tampoco la respuesta a la crisis derivaba del marco institucional establecido, sino, igualmente, de las opciones de los gobiernos, ciertamente condicionados por las decisiones de las instituciones comunitarias.

La crisis política que se extendió paralelamente a la crisis económica, y que difícilmente se explica sin ella, mostró el alejamiento de los partidos políticos de una parte notable de la población, singularmente de la más joven, que ha sido además especialmente golpeada por los efectos de la crisis. El funcionamiento de muchas instituciones, colonizadas por una incontenible dinámica partidista, ha alimentado la desconfianza y la desafección, y la corrupción en proporciones descomunales ha completado un cuadro que en algún momento se ha presentado casi como de fin de época.

Sin embargo, todo lo anterior difícilmente puede explicarse por el proceso de transición de los años setenta o por el marco institucional en sí mismo, aunque no cabe duda que los problemas aparecidos ponen en evidencia deficiencias y erosiones que seguramente exigen cambios de distinto carácter. Es cierto que la transición comportó continuidades importantes y que la democratización de algunas instituciones estatales fue lenta. Y la falta de cultura democrática persistió en el seno de algunas instituciones, pero también en sectores importantes de la sociedad española. En 1980, según los estudios de opinión del CIS, el 50 por 100 de los encuestados consideraba que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 9 por 100 estaba de acuerdo con que «en algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible», el 8 por 100 se mostraba indiferente y un elevado 33 por 100 no se pronunciaba. Cinco años más tarde, quienes consideraban que la democracia era la mejor opción de gobierno alcanzaban el 70 por 100 con una drástica reducción al 11 por 100 de los encuestados que no opinaban[61]. Pero los estudios demoscópicos mostraban que el apoyo a la democracia presentaba una clara relación con la ideología. Así, el porcentaje de apoyo incondicional a la democracia era, en 1980, de un 95 por 100 entre quienes se ubicaban a la «izquierda», de un 75 por 100 entre los que lo hacían en el «centro» y de solo un 33 por 100 entre los que se situaban en la «derecha». Veinte años después, los porcentajes respectivos eran del 94, del 90 y del 80 por 100[62].

En todo caso, no debe ignorarse que en términos generales el funcionamiento de las instituciones durante sus primeros veinte años de existencia fue significativamente mejor que en los años siguientes, empezando por algunas tan importantes y significativas como el Tribunal Constitucional, que gozó de un indiscutido prestigio hasta el bloqueo del PP a su renovación durante el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Y también hay que considerar que la valoración de los ciudadanos en esos mismos años fue claramente favorable a dichas instituciones y, en conjunto, a la democracia establecida.

Las actitudes y los comportamientos de los actores políticos, y los programas y las políticas desarrolladas nos ofrecen muchas más claves explicativas de la crisis que emergió con fuerza al inicio de la segunda década del siglo XXI que las deficiencias del marco político establecido tres décadas antes. No hay que olvidar tampoco, que la propia Constitución de 1978 dejaba abierta la posibilidad de que, en función de los votos de los ciudadanos y de las mayorías resultantes, pudieran desarrollarse políticas no solo muy diferentes, sino incluso antagónicas, entre ellas las que pudieran introducir mejoras en las deficiencias apreciadas, fueran resultado de errores de diseño o de la experiencia de su funcionamiento.

* * *

El fin de la dictadura franquista no fue fruto de su derrota en un conflicto bélico internacional, como la dictadura nazi o la fascista italiana, ni de un golpe de estado militar, como la portuguesa. Aunque la lucha por la democracia en España contó con solidaridades exteriores, estas no fueron determinantes. La transición española a la democracia fue un proceso complejo, en el que estuvo muy presente la memoria de la guerra civil y el peso, en todos los órdenes, de cuarenta años de dictadura. No dio lugar a una democracia modélica, pero tampoco a una continuación del franquismo con otro ropaje ni a una democracia tan imperfecta que ni merecería tal nombre. La transición no fue fruto de un plan preestablecido ni de una vergonzante transacción. En definitiva, los indudables problemas de la democracia española a casi cuatro décadas de su configuración no son de origen genético y, por tanto, hay que buscarlos fundamentalmente, unos más lejos y otros más cerca, en las opciones, políticas, actitudes y comportamientos desarrolladas en las etapas posteriores al final de la transición.

[1] Jordi Solé Tura estuvo exiliado en Francia y Rumanía entre 1960 y 1964. En enero de 1969 fue detenido y encarcelado poco después de declararse el estado de excepción.

[2] Archivo General de la Administración (AGA). Presidencia, Instituto de Opinión Pública. Sondeo de opinión sobre la declaración del gobierno del 15 de diciembre de 1975, c. 18816.

[3] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro…, p. 84.

[4] Según el editorial de El País del 30 de mayo de 1977 con motivo de la dimisión de Fernández-Miranda de la presidencia de las Cortes, este «patrocinaba doctrinalmente una Monarquía distinta de la que las normas de la democracia exigen». Citado por Ch. Powell, El piloto del cambio…, p. 234. Para Powell ese juicio era tal vez excesivamente duro pero, en cualquier caso, también da cuenta la extendida opinión de que Fernández-Miranda tenía diferencias importantes sobre el ritmo y el alcance de las futuras reformas.

[5] J. M.a de Areilza, Diario de un ministro…, p. 14.

[6] Ibid.

[7] AGA, Presidencia, CNM, Sugerencias de los Consejeros Nacionales del Movimiento, c. 10033.

[8] Por ejemplo, uno de los más firmes candidatos para sustituir a Arias, el exministro de Industria José María López de Letona había defendido en 1973 una actuación más dura del Gobierno ante las actitudes del clero católico crítico con la dictadura. Véase P. Ysàs, Disidencia y subversión…, p. 192.

[9] P. Preston, Juan Carlos. El Rey de un pueblo, Plaza & Janés, Barcelona, 2003, pp. 393-394.

[10] Informe citado por N. Sartorius y A. Sabio, El final de la dictadura…, p. 587.

[11] Ch. Powell, El piloto del cambio…, p. 220.

[12] Ibid.

[13] A la pregunta directa a Suárez por parte de Alfonso Osorio de la opinión del rey sobre la legalización del PCE, el presidente del Gobierno respondió que «está de acuerdo porque no hay otra solución». A. Osorio, Trayectoria política…, p. 287.

[14] Ch. Powell, El piloto…, p. 235.

[15] Ibid., p. 237.

[16] P. Preston, Juan Carlos…, p. 441.

[17] J. M. Otero Novas, Lo que yo viví…, p. 45.

[18] C. Navajas Zubeldía, «Els militars i la democracia», en P. Ysàs (ed.), La configuració…, pp. 232-233.

[19] P. Urbano, La gran desmemoria…, pp. 798-799.

[20] A destacar el mal resultado de Coalición Democrática –integrada por AP y otros grupos conservadores– que solo logró 9 escaños. En cambio, la ultraderechista Unión Nacional logró un acta de diputado por Madrid para Blas Piñar.

[21] Entrevista a Manuel Fraga en Cambio 16, 14 de octubre de 1979.

[22] Ch. Powell, El piloto…, p. 280.

[23] El teniente general Guillermo Quintana Lacaci fue quien lo manifestó con mayor claridad. S. Alonso-Castrillo, La apuesta del centro…, p. 437.

[24] G. García Crespo, «Enero de 1981…».

[25] P. Urbano, La gran desmemoria…, pp. 534-537, basado en el relato de Adolfo Suárez a Aurelio Delgado, su cuñado y secretario, y a su amigo Antonio Navalón. Las dudas de estos relatos no proceden de los testimonios, sino directamente de la fuente. Suárez, afirma uno de sus más destacados biógrafos, «solía ser más fiable hablando del futuro que del pasado y […], por tanto, cualquier reconstrucción suya de hechos pretéritos debe tomarse con suma cautela». J. F. Fuentes, Adolfo Suárez…, p. 395.

[26] P. Urbano, La gran desmemoria…, pp. 556-559. Su relato se basa de nuevo en el testimonio Aurelio Delgado y Antonio Navalón.

[27] Cuando Suárez comunicó a los dirigentes de la UCD su dimisión, enumerando el amplio abanico de rechazos y hostilidades que se habían manifestado en su contra, afirmó que «solo había podido reducir a sus justos términos y a su verdadero papel a los militares». R. Martín Villa, Al servicio…, p. 116. Otros testimonios lo confirman. Véase, J. F. Fuentes, Adolfo Suárez…, p. 394.

[28] P. Urbano, La gran desmemoria…, pp. 570 y ss.

[29] R. Martín Villa, Al servicio del Estado…, p. 50.

[30] Conferencia reproducida en M. Fraga, Ideas para la reconstrucción de una España con futuro, Planeta, Barcelona, 1980, p. 129.

[31] El País, 12 de agosto de 2007.

[32] Véase R. Vega, «Demócratas sobrevenidos y razón de Estado», en Historia del Presente 12, 2008.

[33] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo…, p. 38.

[34] AGA, Presidencia, CNM, Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitutiva de las Cortes y otras Leyes Fundamentales, c. 10029; más ampliamente en C. Molinero y P. Ysàs, La anatomía del franquismo…, pp. 237-246.

[35] Ibid.

[36] El mismo artículo decía también que «El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de ley, coordinarán el ejercicio de este derecho con el reconocido en el párrafo anterior», es decir, el derecho de asociación.

[37] Boletín Oficial del Consejo Nacional del Movimiento 84.

[38] I. Sánchez Cuenca, Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, Alianza, Madrid, 2014.

[39] Entrevista a Adolfo Suárez por Sol Alameda en Memoria de la Transición, El País, 1995.

[40] A. Suárez, «Consideraciones sobre la Transición Española», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual 41, 1988.

[41] Manifiesto-Programa del Partido Comunista de España, septiembre de 1975, p. 138.

[42] En palabras de Santos Juliá, «en lugar de ser explicado, el pacto se ha convertido en explicación de todo lo ocurrido y de lo no ocurrido en esos años». S. Juliá, «En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados», en C. Molinero (ed.), La transición, treinta años después…, p. 60.

[43] Una amplia referencia crítica a las diversas teorías conspirativas sobre el asesinato de Carrero Blanco en X. Casals, La transición española…, pp. 49-62.

[44] Documento reproducido en «¿Conocía la CIA el asesinato de Carrero Blanco?», disponible en [http://www.elespanol.com/espana/politica/20170118/186981923_0.html].

[45] Véanse, especialmente, Ch. Powell, El amigo americano. España y los Estados Unidos: de la dictadura a la democracia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011; E. Lemus, Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde, Sílex/Universidad de Cadiz, Madrid, 2011.

[46] E. Lemus, Estados Unidos y la Transición…, p. 309.

[47] La afirmación es de Adolfo Piñeiro, destacado dirigente de las CCOO y secretario del Jurado de Empresa de Stándar Eléctrica, citada por J. M.a Marín Arce, «La transición sindical y la conflictividad social»…, pp. 455.

[48] R. Martín Villa, Al servicio…, pp. 54-57.

[49] S. Sánchez Terán, De Franco a la Generalitat…, p. 187.

[50] Véanse H. Heine, La oposición política al franquismo, Crítica, Barcelona, 1983; Á. Herrerín, La CNT durante el franquismo…

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[53] S. Juliá, Historias de las dos Españas…, pp. 437-445.

[54] Declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», junio de 1956.

[55] Ibid.

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