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Per Júnia, el futur

Introducción

HASTA FINALES DE LOS AÑOS OCHENTA no entró definitivamente en crisis el marco interpretativo de la realidad que los partidos comunistas occidentales habían desarrollado a lo largo del siglo XX, incluidos los últimos años setenta. En 1977, el dirigente del PCI Pietro Ingrao planteaba que, como décadas antes, el reto continuaba siendo ser «el “partido nuevo” que lucha por la hegemonía de la clase obrera en las condiciones del pluralismo».[1] Sin embargo, los estudios realizados en los últimos veinticinco años muestran que los años setenta tuvieron dos vertientes, una perteneciente a un mundo que se acababa, otra que engendraba uno nuevo en el que vivimos. El movimiento comunista fue un actor importante del primero.[2]

De la crisis económica iniciada en 1973, y de los cambios que la acompañaron, el capitalismo salió reforzado a partir de la utilización masiva de nueva tecnología y de la movilidad de los factores de producción. Contrariamente, en Europa se extendió el paro masivo, y las sociedades industriales y fordistas entraron en declive; ello afectó directamente a la base social de los partidos comunistas, particularmente a los jóvenes. En el ámbito de las ideologías, el pensamiento de izquierda entró en crisis mientras se afirmaron las corrientes liberales tanto en el ámbito económico como político. Desde la década de los ochenta, y de forma decisiva en los noventa, los partidos comunistas no fueron capaces de superar los grandes retos a los que se enfrentaban las sociedades europeas de finales del siglo XX.

Pero, desde la Segunda Guerra Mundial, el PCI y el PCF habían jugado un papel esencial en las sociedades italiana y francesa. En España, el PCE tuvo que hacer frente a una realidad distinta por la existencia del franquismo y la persecución a la que la dictadura sometió a sus militantes. Pero sus referentes eran los mismos que los del PCI o del PCF y, en parte, el proceso de autodestrucción «avanzado» que experimentó en la década de los ochenta en relación al declive de otros partidos comunistas estuvo relacionado con procesos propios, pero también con los mismos cambios que las sociedades europeas estaban experimentando en la década de los setenta, que rompían con el modelo europeo de los decenios anteriores.

Este libro tiene el objetivo de analizar la trayectoria del PCE desde finales de los años cincuenta hasta inicios de los ochenta en el marco de la sociedad española y del contexto europeo e internacional. No se trata de una historia interna del partido, aunque sus debates, tensiones y crisis están presentes a lo largo de todo el volumen, sino sobre todo de un estudio de su papel en la sociedad española en unos años de profundos cambios económicos, sociales, culturales y, finalmente, políticos con la desaparición de una dictadura que, hasta su último aliento, negó el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, y el establecimiento de una democracia homologable a las de la Europa próxima. El PCE se convirtió en el partido del antifranquismo. En el marco de una dictadura que había desarticulado durante la guerra y la inmediata posguerra el tejido asociativo del que se habían dotado las clases populares y las clases medias progresistas, el PCE diseñó una estrategia de oposición política a través de la movilización social. Una actuación continuada y abierta con este horizonte posibilitó que, pese al intenso anticomunismo, los militantes comunistas se convirtieran en foco de atracción para amplios sectores dispuestos a movilizarse por reivindicaciones propias y a favor de la democracia. Hasta tal punto los militantes comunistas se identificaron con la democracia que podría afirmarse que llegaron a idealizarla, lo que a la postre facilitó la decepción con la democracia que realmente se consolidó después de 1977, lo que indudablemente generó dificultades en el proceso de adaptación del partido a la nueva realidad, más allá de los resultados electorales.

Hasta hoy la historiografía no se ha acercado al PCE con un planteamiento de estas características, es decir, analizando sobre todo lo que los comunistas hacían más que las formulaciones propagandísticas, las querellas internas o los debates ideológicos, aunque no se pueda prescindir de todo ello. El estudio pretende, al mismo tiempo, contribuir a la superación definitiva de visiones simplistas, de lugares comunes y de interpretaciones interesadas, sea desde posiciones apologéticas, ciertamente muy minoritarias, o desde anticomunismos de distintas procedencias mucho más numerosas.

El volumen está estructurado en dos partes. La primera está dividida en cuatro capítulos de diversa amplitud cronológica y temática. En el primero se analiza la década larga que va de la aprobación de la Declaración de Reconciliación Nacional al estado de excepción de 1969. Fue en aquellos años en los que el PCE desplegó su estrategia de oposición a la dictadura a través de la movilización social. Sus militantes jugaron un papel esencial en la articulación y crecimiento de los principales movimientos sociales —obrero, estudiantil— que en aquellos años mostraron que una parte de la sociedad estaba dispuesta a combatir la paralización por el miedo que había impuesto la dictadura. Fueron años de una creatividad sociopolítica destacada que permitió poner las bases para el desarrollo ulterior, particularmente en el movimiento obrero. Las tensiones que experimentó la dirección en el exilio no llegaron a afectar de forma significativa a aquel activismo, que se apoyaba en cambios sociales notables y se sostenía en una militancia abnegada que priorizaba los objetivos últimos.

El segundo capítulo parte de la reacción del régimen a la incipiente rearticulación de la sociedad civil y al crecimiento de la oposición política. En él se analiza, además de la confirmación en el VIII Congreso de las líneas estratégicas perfiladas en los años anteriores, el crecimiento y diversificación de la militancia del partido. A obreros, intelectuales y estudiantes se sumaban profesionales que ampliaban notablemente el área de influencia del partido. La revitalización fue suficientemente destacada como para que el PCE se convirtiera definitivamente en el «partido del antifranquismo».

El contenido del tercer capítulo es transversal a todo el período franquista analizado en el libro. Su primera parte está dedicada a las políticas de alianzas, uno de los dos ejes de la política del PCE. La política de mano tendida formulada con la Declaración de Reconciliación Nacional llevó a la propuesta de Pacto para la Libertad en 1969, cuando la crisis del régimen empezó a ser real. Sin embargo, el mantenimiento del clima de guerra fría y la apatía política de otras corrientes de oposición a la dictadura hacía muy difícil su concreción. La segunda parte del capítulo está dedicada al modelo de socialismo en libertad que propugnó el PCE ya desde la década de los sesenta. Si en el primer capítulo se hace referencia a la inequívoca posición de rechazo de la dirección del PCE a la invasión soviética de Checoslovaquia, en el tercero se analiza el modelo de socialismo pluripartidista que propugnaba el PCE así como a la confluencia con otros partidos comunistas, particularmente con el PCI, que se vio plasmado en lo que se denominó «eurocomunismo».[3]

El cuarto capítulo está dedicado al trascendental año y medio que va de la muerte de Franco a las elecciones generales de 1977. El PCE tensó el conjunto de la organización para impedir que triunfara el proyecto de mantener el franquismo tras la muerte del dictador y en las páginas dedicadas a aquellos meses se podrá comprobar que la dirección del PCE confiaba en conseguirlo, al menos en la misma proporción que en los años anteriores se había luchado para cambiar la correlación de fuerzas. La segunda parte del capítulo está dedicada al análisis de cómo el PCE estuvo dispuesto a salir plenamente a la superficie en la reunión de su Comité Central celebrada en Roma y de cómo encaró la nueva dinámica que el nombramiento de Adolfo Suárez supuso en la situación política española. Desde noviembre la composición de lugar que se hizo Santiago Carrillo, y con él el Comité Ejecutivo, llevó a que asegurar la legalización se convirtiera en la prioridad del partido durante los primeros meses de 1977.

La segunda parte del volumen se inicia con las elecciones del 15 de junio de 1977, que cerraron una primera etapa del proceso de transición a la democracia y establecieron un nuevo escenario político. El análisis sobre ese escenario, con el PCE convertido en tercera fuerza parlamentaria, a distancia de UCD y PSOE, determinó la adopción de la línea a seguir por el partido, que tuvo su concreción en la denominada política de «concentración democrática», que mantenía la absoluta subordinación de todos los objetivos del partido al considerado principal: el establecimiento de una democracia homologable a las europeas. Así, el capítulo quinto se ocupa de la actuación del PCE en las nuevas instituciones durante el período constituyente y dedica una especial atención a su papel en la elaboración de la Carta Magna, aprobada en diciembre de 1978, así como en la elaboración y aplicación de los Pactos de la Moncloa suscritos en octubre de 1977.

El sexto capítulo examina las continuidades y los cambios de la política comunista en relación con los movimientos sociales y desmiente lugares comunes muy repetidos, como el abandono por el PCE de dichos movimientos e incluso su deliberada desactivación. Contrariamente, la dirección comunista consideró indispensable mantener e incluso incrementar la presencia de los militantes en los movimientos ciudadanos, dando una relevancia especial a las asociaciones de vecinos, y profundizar en el papel de dichos movimientos para configurar formas de «democracia de base» no contrapuestas a la democracia representativa para lograr una sociedad organizada y movilizada. Por otro lado, una parte muy considerable de la militancia comunista dedicó su actividad al movimiento sindical, aportando numerosos cuadros a las estructuras de CC. OO. a todos los niveles, así como miles de delegados y miembros de los comités de empresa.

Al IX Congreso, el primero en la legalidad desde 1932, está dedicado el séptimo capítulo. En sus páginas se analiza la realidad del partido en abril de 1978, justo un año después de su legalización. Un partido con una numerosa militancia, bien implantado en la sociedad y sensible a los cambios que estaba experimentando, y con una notable vitalidad que el congreso pondría de manifiesto, aunque haya quedado en parte al menos oscurecida por el estéril debate sobre la supresión del leninismo de la definición del partido. En efecto, el congreso generó un muy notable debate en el conjunto de organizaciones del partido que tuvo como resultado que las iniciales tesis elaboradas por el Comité Central fueran sensiblemente modificadas, incluso a partir de enmiendas a la totalidad, algo insólito en la tradición comunista.

El último capítulo se ocupa de la crisis del partido, abierta desde finales de 1980. La aparición en el propio Comité Ejecutivo y en el Comité Central de divergencias notables a finales de 1980, la creciente relación conflictiva entre el PCE y el PSUC, el V Congreso del partido catalán en enero de 1981, el debate del X Congreso celebrado en julio de 1981 y la cristalización de posiciones enfrentadas, no sobre los aspectos sustanciales de la política del partido y de su estrategia hacia el socialismo, pero sí sobre la aplicación de dicha política y sobre las formas de dirección y organización, el estallido de la crisis en el Partido Comunista de Euskadi-EPK y, a continuación, en la organización de Madrid y en otros territorios, son objeto de atento examen para evitar simplificaciones o la simple adjudicación de responsabilidades. En todo caso, la catástrofe electoral de octubre de 1982, precedida por los malos resultados de las elecciones andaluzas de mayo, fue fruto de la crisis del partido y no la crisis resultado del hundimiento electoral.

Este libro es uno de los resultados principales del proyecto HAR2012-31431 «La izquierda en la transición española», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Queremos agradecer la colaboración de los responsables de las principales instituciones que conservan documentación imprescindible para este estudio, en especial el Archivo Histórico del Comité Central del PCE, el Arxiu Històric Municipal de Mollet, que conserva el Fondo Documental Jordi Solé Tura, y la Red de Archivos de CC. OO., en particular la Fundación 1.º de Mayo. Nuestro agradecimiento a los valiosos testimonios de Carlos Alonso Zaldívar, Víctor Díaz Cardiel, Francisco Frutos, Fernando Pérez Royo, Javier Pérez Royo y Eduardo Saborido, que han permitido completar la consulta efectuada en los fondos orales de distintas instituciones. Han sido también utilizados testimonios recogidos por los autores en anteriores trabajos, pero que queremos nuevamente agradecer, como los de Santiago Carrillo y Joaquim Sempere. Naturalmente, solo los autores somos responsables de cuanto aquí se afirma.

Abril de 2016

PRIMERA PARTE

1

De la resistencia al despliegue
del activismo social

La experiencia nos ha enseñado a nosotros, comunistas españoles, ha enseñado al movimiento comunista mundial, que bajo las condiciones del fascismo no es posible defender a los trabajadores desarrollando organizaciones de masa ilegales, de oposición. El régimen policiaco y terrorista impide su desarrollo y actividad. Esa misma experiencia nos ha enseñado que tratar de crear tales organizaciones de masa, de oposición, conduce a aislar los elementos de vanguardia del conjunto de los obreros y los trabajadores.

Santiago Carrillo,
«Sobre las experiencias
de dos años de lucha», 1948

La razón principal para utilizar el término «sindicato» cuando creamos el SDEUB era la oposición y el contraste con el «sindicato» realmente existente, el del régimen franquista: frente a este sindicato, de origen fascista, antidemocrático, queríamos una organización libre y democrática, propia de los estudiantes... frente a SEU, SDE. Para un estudiante de entonces, y creo que esto se puede decir lo mismo para Barcelona que para Madrid, el peso de la diferencia recaía en la «D», no en la «S». Pudo haber en las cabezas de los estudiantes que conocían la historia de la FENEC y la FUE una razón adicional: tampoco se quería volver al pasado.

Francisco Fernández Buey,
Memoria personal de la fundación
del SDEUB (1965-1966), 2006

Cuando en los últimos años de la década de los cuarenta se consolidó plenamente la guerra fría, los comunistas llegaron al convencimiento de que la dictadura franquista sólo podría ser derrocada a través de la oposición interior, una percepción que la firma de los pactos con Estados Unidos en 1953 no hizo más que confirmar. Era claro igualmente que la vía insurreccional y la lucha guerrillera llevaban a un callejón sin salida al margen de los altísimos costes humanos que tenía.[1] De esa constatación y, al parecer, de los consejos de Stalin, derivó un cambio estratégico fundamental que, sin embargo, fue bautizado como cambio táctico en 1948. El «cambio táctico», que implicaba el abandono de la lucha armada y la perspectiva insurreccional, partía de la base de que el derrocamiento del régimen exigía que la lucha política se vinculase a las masas, que en aquellos años eran sinónimo de obreros, para lo cual se optaba por utilizar las posibilidades legales que ofrecían las organizaciones de masas franquistas,[2] en particular la Organización Sindical Española y las elecciones de «enlaces sindicales», como terreno en el que impulsar la lucha antifranquista mediante la atención a las necesidades de los trabajadores y, dadas las características de las políticas franquistas, conseguir su movilización también por objetivos políticos.

Quizá por el aislamiento, quizá porque el rechazo visceral al contacto con las organizaciones de la dictadura era profundo entre los escasos militantes comunistas, la cuestión es que la dirección del partido tuvo que emplearse a fondo para convencerles de la necesidad de presentarse a las elecciones sindicales si querían conseguir la movilización de los trabajadores. Santiago Carrillo sostuvo en el artículo citado de Nuestra Bandera:

La experiencia nos ha enseñado a nosotros, comunistas españoles, ha enseñado al movimiento comunista mundial, que bajo las condiciones del fascismo no es posible defender a los trabajadores desarrollando organizaciones de masa ilegales, de oposición. El régimen policiaco y terrorista impide su desarrollo y actividad. Esa misma experiencia nos ha enseñado que tratar de crear tales organizaciones de masa, de oposición, conduce a aislar los elementos de vanguardia del conjunto de los obreros y los trabajadores.

Era la única fórmula para no continuar aislados lo que, por otro lado, comportaría quedar «en medio del campo de batalla solos, descubiertos».[3]

Santiago Carrillo argumentaba que si se atendían prioritariamente las necesidades de los trabajadores en el día a día no sería difícil encontrar argumentos para la protesta. Incluso los dirigentes franquistas eran conscientes de que las políticas desarrolladas habían sido decisivas para el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Así, al iniciarse los años cincuenta, el racionamiento y el mercado negro continuaban siendo el símbolo de la miseria cotidiana y, como había señalado la Policía de Oviedo hacía ya algunos años, la «aparente normalidad no refleja el sentir de la clase trabajadora, que con salarios bajos considerando la carestía de la vida, y con las grandes dificultades que encuentran para abastecerse de los artículos de primera necesidad, estraperlados entre gente de posición, ven en el nuevo Régimen la continuación del sistema político imperante en España antes del Glorioso Movimiento, en que se hacía labor de partido y no nacional, condenando una clase social al sacrificio, en beneficio de otra que disfrutaba de su privilegio». Como consecuencia, «los descontentos enemigos que integran la masa trabajadora especialmente [...] han llegado actualmente a formar una masa, lo suficientemente preparada y abonada, para que sirva de medio al desarrollo de las doctrinas disolventes y anti-españolas, que no encuentran otro obstáculo a su afianzamiento que el temor a la represión».[4]

Efectivamente, el malestar acumulado durante más de una década era amplísimo y solo era necesario que se dieran las condiciones mínimas necesarias para que el rechazo a una situación insoportable estallara en las zonas más industrializadas y de mayor concentración obrera. Ello ocurrió en Barcelona a partir de un hecho puntual —el aumento del precio del tranvía en un 40%, confirmado a diferencia de lo que sucedió en Madrid, donde las protestas falangistas llevaron al Gobierno a retrotraer el incremento—. Ante unas autoridades atónitas, el boicot a los tranvías empezó antes de la fecha prevista y en él participaron sectores sociales diversos. Después de cinco días de boicot, durante los cuales se sucedieron las actuaciones represivas gubernamentales, el aumento de tarifas fue anulado.[5] Al éxito de la protesta sucedió la convocatoria de una huelga estrictamente obrera por parte de los enlaces sindicales. Según la prensa extranjera, en ella participaron entre 250.000 y 500.000 trabajadores barceloneses y de las comarcas industriales de su entorno. Más allá de las cifras, de la magnitud de los acontecimientos es ilustrativa la exclamación del gobernador civil, Eduardo Baeza Alegría: «La masa se había hecho dueña de la calle».[6]

El éxito del boicot a los tranvías y la huelga posterior de marzo de 1951 en Barcelona confirmaron el acierto de la táctica de intentar que salieran elegidos como enlaces sindicales militantes comunistas y, a través de su influencia, trabajadores sin compromiso político pero dispuestos a luchar en defensa de sus compañeros y, por lo tanto, en contra de la Organización Sindical Española (OSE). Se estaban poniendo las bases para la reorganización del movimiento obrero. En los meses siguientes se produjeron movilizaciones en otros territorios: el País Vasco, Navarra e intentos en ciudades como Madrid.[7]

No fue, sin embargo, hasta la primavera de 1956 cuando se produjo una nueva oleada de protestas obreras; habían pasado veinte años desde el final de la guerra civil y el poder adquisitivo de los asalariados todavía no había alcanzado el nivel de preguerra. Las movilizaciones pretendían compensar una inflación galopante, pero lo que es significativo es que los militantes clandestinos jugaron un papel esencial a la hora de extender la reivindicación salarial en distintas zonas al mismo tiempo. Efectivamente, si bien las huelgas fueron en buena media espontáneas, en su sincronización jugaron un destacado papel los enlaces sindicales ajenos al verticalismo, con lo cual los militantes comunistas pudieron comprobar los primeros resultados del cambio táctico decidido en 1948 e impulsado definitivamente desde el V Congreso, celebrado en 1954. Además, en algunos de estos conflictos aparecieron ya «comisiones» de trabajadores para coordinar las acciones y para negociar con la patronal, como había sucedido ya en años anteriores, aunque de forma muy dispersa.

NUEVA DIRECCIÓN Y NUEVA POLÍTICA

A mitad de los años cincuenta el escenario cambió de forma significativa para los partidos comunistas de la Europa Occidental. En enero de aquel año se celebró el XX Congreso del PCUS que, inesperadamente, supuso el cuestionamiento de la etapa estaliniana. En particular, el «informe secreto» —que revelaba la extensión de la represión y denunciaba los crímenes cometidos— comportó un trauma para los militantes comunistas. El XX Congreso del PCUS y el informe secreto, así como la desestalinización, representaron indudablemente un momento de ruptura decisivo en la definición del universo simbólico comunista. Otros acontecimientos intervinieron también en el cambio de escenario: la crisis polaca y la invasión soviética de Hungría. La subordinación del movimiento comunista internacional a la política de la URSS, mantenida hasta entonces en nombre del internacionalismo proletario, empezó a debilitarse. Si siempre la identidad comunista se caracterizó por dos rasgos singulares, la dimensión teleológica de un proyecto universalista y la actuación en el seno de la realidad de sociedades singulares,[8] la fecha de 1956 significó una línea divisoria a partir de la cual la dimensión nacional del comunismo ocupó el centro de la escena, aunque ello no implicara crítica al modelo soviético.

El PCE limitó el impacto de las revelaciones del informe secreto pero, a nivel interno, la dirección parisina articulada en torno a Santiago Carrillo y Fernando Claudín pudo aprovechar la coyuntura para hacerse con la dirección del partido.[9] Efectivamente, Dolores Ibárruri —y la vieja dirección política del PCE, residente en la Europa Oriental y formada durante la guerra civil— dudó sobre cuáles eran sus apoyos en el nuevo escenario moscovita y en la reunión plenaria del Buró Político, celebrada en Bucarest desde abril a mayo de 1956. Pasionaria aceptó traspasar el liderazgo a la generación de las Juventudes Socialistas Unificadas, con lo que se consolidó definitivamente el núcleo de París, que conocía mucho mejor que los dirigentes residentes en la Europa del Este la situación en España y estaba mucho mejor preparado para incidir sobre ella. Meses antes, en septiembre de 1954, se celebró en Checoslovaquia el V Congreso, el primero tras la guerra civil. A juicio de Santiago Carrillo, su resultado más destacado había sido el comienzo de la renovación de la dirección del partido con jóvenes que, en una proporción significativa, habían vivido en España durante la posguerra y pasado por la cárcel; también era notable la incorporación de intelectuales.[10] Fernando Claudín e Ignacio Gallego se integraron como miembros de pleno derecho al Buró Político y también se incorporaron en él Gregorio López Raimundo, Simón Sánchez Montero, Santiago Álvarez, Jorge Semprún, Francisco Romero Marín y Tomás García. Simón Sánchez Montero, junto con Juan Soler y Luis Lucio Lobato, fueron encargados de la dirección en Madrid,[11] y a ellos se uniría poco después Francisco Romero Marín, Aurelio, quien se convertirá en pieza clave de la continuidad del aparato clandestino en Madrid, pues conseguirá no ser detenido hasta 1974.[12] Al margen, Jorge Semprún se encargaba de la relación y organización de intelectuales y estudiantes, pero no formaba parte del Comité de Madrid.

Uno de los puntos de acuerdo en la nueva dirección era la necesidad de superar definitivamente los estragos de la guerra civil, presentando un programa mínimo para el establecimiento de un régimen democrático al que pudieran sumarse distintos sectores sociales y políticos. Era la estrategia de Reconciliación Nacional, una propuesta en la que también influyó la incorporación de España a la ONU a finales de 1955, símbolo de la aceptación internacional de la dictadura franquista y, por tanto, también de la inutilidad de cualquier política de futuro basada exclusivamente en la ilegitimidad de origen del régimen.

La declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», fue aprobada en junio de 1956[13] y ratificada en el Comité Central de agosto, pero la mayor parte de las ideas directrices de los documentos de 1956 habían sido expresadas con anterioridad, reflejando la gestación progresiva de una política en modo alguno improvisada al calor de los acontecimientos de ese año crucial.[14] En ese sentido es significativa la alocución de Dolores Ibárruri del 18 de julio de 1955 que proclamaba la necesidad de «atraer al campo de la democracia a aquellos que están deseando abandonar las banderas franquistas, sin preguntarles cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy y qué quieren para España».[15] Igualmente, ya en marzo de 1956, Santiago Carrillo había enunciado en un editorial de la revista España «la idea de superar la línea divisoria de la guerra civil, la necesidad de concebir una perspectiva política sin venganzas ni segundas vueltas».[16] A destacar el contenido de estas dos líneas pues, contra la presentación que a finales del siglo XX se hizo de la Declaración de Reconciliación Nacional, ellas sintetizan su sentido político: el rechazo de la idea de venganza y establecer un horizonte de futuro. No se propugnaba una reconciliación en abstracto sino una voluntad de no mirar atrás, de aunar fuerzas con quienes rechazaban la dictadura y estaban dispuestos a luchar por la democracia.

La declaración es reflejo de la voluntad del PCE de reaccionar con premura al nuevo marco internacional y, sobre todo, nacional, que los dirigentes comunistas percibían como muy dinámico; en este sentido, la declaración permite observar nuevamente la disponibilidad del PCE para adaptarse a nuevas condiciones y para aprovechar cualquier pequeño cambio que se diera en la sociedad española, aunque en muchas ocasiones las conclusiones a las que llegaba se caracterizaran por altos niveles de irrealismo político en relación sobre todo con la crisis del régimen. Así, después de afirmar que «un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles va ganando a las fuerzas político-sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra civil», y ante la inminencia del XX aniversario del comienzo de la guerra civil, «el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco».

La nueva formulación se apoyaba en un análisis catastrofista de la realidad.[17] Lejos de lo que se presuponía, la dictadura conseguiría superar la crisis económica en la que estaba inmersa en 1956. Tampoco se ajustaba a los hechos el análisis de la evolución política de los apoyos del régimen. Sin embargo, en poco tiempo, se fue evidenciando que el discurso de mano tendida sin mirar atrás para acabar con la dictadura era atractivo para sectores inquietos políticamente: en el espacio obrero resultaban esenciales los cambios que habían experimentado los movimientos apostólicos por su propia evolución, pero también porque en ellos se habían refugiado jóvenes procedentes de familias identificadas con los «vencidos», que habían enviado allí a sus hijos como mecanismo de protección. No solamente los activistas católicos y jóvenes obreros; a mediados de los cincuenta se estaba produciendo el despertar de estudiantes e individuos con inquietudes vitales que consideraban despreciable el entorno que les rodeaba. Una parte de estos sectores, que se convirtieron en poco tiempo en nuevos sujetos políticos, procedían de familias identificadas con el régimen. Javier Pradera, uno de los jóvenes protagonistas de la conmoción universitaria de 1956, puso el énfasis en la relectura de la guerra civil que hizo una parte de los jóvenes hijos de los vencedores para explicar el paso a las filas antifranquistas. Para los círculos estudiantiles madrileños fueron importantes las reflexiones de Dionisio Ridruejo, quien afirmaba que la lucha de clases fue la clave para el desencadenamiento de la guerra civil, pero que lo que dio fuerza a la insurrección fueron las creencias de los que apoyaron el golpe de Estado.[18] Para los jóvenes de familias franquistas, que habían sufrido también la violencia desatada en la zona republicana, fue importante la actitud de discernir entre la guerra como vivencia subjetiva y la conspiración oligárquica que pretendía acabar con los avances sociales republicanos. Esta distinción fue esencial para luchar por una nueva España, rechazando el franquismo pero sin romper con los orígenes familiares.[19]

También se estaba produciendo una reflexión entre los cuadros del partido. Un informe del interior, fechado en julio de 1963,[20] es bien ilustrativo de la sensibilidad ante el componente humano de la actividad política que se fue abriendo paso. Aunque el informe iba dirigido a la dirección, su redacción parece destinada a esclarecer para sí mismos cuál era la esencia de la política de reconciliación: la unión del pueblo para la lucha y la derrota de la dictadura. Así, después de sintetizar cómo se inscribía la nueva política en la estrategia del partido, señalaba:

Más a ras de tierra, la política de reconciliación nacional tiene en cuenta que si bien nuestro Ejército y la República representaban en general la causa y los intereses del pueblo, por una serie de razones, una parte del pueblo luchaba en las filas de Franco. Los campesinos de Castilla, de Navarra, de Galicia, de parte de Extremadura y Andalucía que estaban en las filas de Franco, ¿no eran acaso pueblo? ¿No lo eran también las gentes de la clase media que estaban en el mismo campo? ¿Se puede concebir una política popular, en la España de hoy, sin contar con esas partes tan importantes de nuestro pueblo? ¿Se puede concebir tal política sin contar con la juventud, que es hija de los que lucharon tanto en un bando como en el otro? Pues justamente por eso es necesario abolir la división del 36-39 y sustituirla por la verdadera división de hoy, entre pueblo y dictadura. [...] la reconciliación no tiene nada de “pacto” con los que oprimen al país, es una política revolucionaria enderezada directamente contra ellos.

Fijar la mirada en el futuro y asegurar la conexión con las nuevas generaciones era la cuestión nuclear. Como se informaba desde Andalucía en 1966, «los hijos de uno y otro lado se han casado sin tener en cuenta “la divisoria de la guerra”, de tal forma que la sociedad es hoy esa realidad de reconciliación y eso se ve en todos los aspectos de la vida».[21]

Hay que resaltar que en la declaración de 1956 también aparecían casi todos los elementos guía de la etapa posterior: acciones reivindicativas que afectaban a la cotidianidad, utilización de la legalidad, la lucha contra la dictadura como eje prioritario del activismo, etc. Se inauguraba así una nueva etapa en que las grandes proclamas políticas iban acompañadas de actuaciones de «baja intensidad» destinadas a ampliar lo que después se denominará «espacios de libertad». En este sentido, se afirmaba:

Los comunistas estamos dispuestos a establecer los acuerdos, pactos, alianzas y compromisos necesarios para lograr reivindicaciones parciales, políticas y económicas, de sentido democrático, en cualquier sector de la vida nacional, incluso con fuerzas que no se plantean aún luchas por la abolición de la dictadura, y que por el momento solo propugnan demandas de carácter parcial. Los comunistas estamos dispuestos a apoyar todo lo que represente un paso adelante en el mejoramiento de la situación del pueblo y a marchar con cuantos vayan por ese camino aunque discrepemos en otros aspectos.

Romper el aislamiento era, igualmente, un objetivo fundamental por lo que, también en ese terreno, en la declaración el PCE se mostraba abierto a avanzar lentamente:

La perspectiva del cambio pacífico, de la supresión de la dictadura sin guerra civil, presupone un cierto período durante el cual las fuerzas de izquierda y de derecha, al mismo tiempo que actúan contra la política de la dictadura en diferentes terrenos, van reagrupando sus fuerzas, relacionándose entre sí, al principio con objetivos parciales, mientras no maduren las condiciones para realizar acuerdos sobre objetivos más amplios.

Fueron estos principios los que se enfatizaron un año después, en el Comité Central celebrado en septiembre de 1957: la nueva política trataba de ser «el comienzo de toda una transformación de hábitos y costumbres arraigados en la vida política española durante más de un siglo» para permitir «el día de mañana contender en el Parlamento, en los Municipios, en las organizaciones sociales, en la Prensa, en la tribuna, a través de la actividad democrática en las masas del pueblo, y no en el campo de batalla de la guerra civil».[22]

Aunque no inmediatamente, la adopción de la política de Reconciliación Nacional fue determinante para abrir nuevas posibilidades para la lucha antifranquista y para el propio crecimiento del PCE, aunque eso se podrá observar una década después, cuando la ruptura generacional se convierta en un elemento decisivo del activismo político.

Ya antes, sin embargo, la política de Reconciliación Nacional despertó la preocupación en las filas del régimen, como muestra un documento de 1958 que, aun sin ir firmado, es posible atribuir por sus características al entorno de Manuel Fraga, o directamente a él, quien en 1956 había sido nombrado subdirector del Instituto de Estudios Políticos y, al año siguiente, delegado nacional de Asociaciones. El documento trataba de la necesidad de modificar la propaganda política y, en ese marco, propugnaba impulsar un plan de contrapropaganda para neutralizar los efectos de las propuestas del antifranquismo. Específicamente se refería a la política de Reconciliación Nacional, una idea que debía «combatirse con la propaganda no oficial y sobre la base de aparentar la existencia de otros grupos de oposición disconformes con la idea de reconciliación». Para conseguirlo, se debía preconizar la «depuración de responsabilidad de todos cuantos hayan colaborado con el Régimen, en cualquier aspecto o desde cualquier puesto político, electivo, municipal, etc.».[23]

LA HUELGA NACIONAL POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA ANTIFRANQUISTA

En la disponibilidad para las huelgas de 1956 habían influido de forma destacada las actitudes de una nueva generación obrera que, si bien no había podido recibir la cultura sindicalista de sus mayores —muertos, exiliados o represaliados—, en sentido contrario, no sentía con la misma intensidad los traumas de la guerra y la posguerra y, por lo tanto, podía superar la pasividad algo más fácilmente. Ese cambio generacional fue mucho más visible en la universidad y en 1956 apareció un nuevo sujeto político que preocupó extraordinariamente a los dirigentes franquistas desde entonces: el movimiento estudiantil. Desde el inicio de la década de los cincuenta empezó a manifestarse entre la juventud universitaria una inquietud cultural, que inicialmente no era política, pero que con facilidad podía politizarse. Jorge Semprún, instalado en Madrid desde 1953 como responsable de la política cultural del partido, encontró en un grupo de universitarios —entre los que destacaba Javier Pradera— a activistas capaces de articular propuestas concretas con las que dinamizar la vida universitaria y a la vez hostigar a la dictadura.

Las protestas obreras y, sobre todo, estudiantiles de 1956 hicieron pensar a la dirección del PCE en el exilio que las condiciones habían madurado rápidamente y era posible forzar la máquina de la movilización. Así, en 1957 la presión sobre los militantes para que se presentaran a las elecciones sindicales verticalistas fue importante y, en enero, en Madrid y Barcelona se intentó reproducir el boicot a los transportes que tanto impacto tuvo en 1951 en la capital catalana. Según distintos testimonios, la «huelga de tranvías» de enero fue de mayor alcance y duración que la de 1951;[24] en Barcelona, durante más de diez días, los tranvías circularon vacíos para regocijo de una parte de la ciudadanía que, disciplinadamente, se dirigía a pie a sus ocupaciones.[25] Sin embargo, la repercusión fue menor que en 1951, porque el marco general había cambiado y, sobre todo, el régimen había aprendido de la experiencia y tomó las medidas necesarias para evitar su impacto. Un año después, se impulsó también un movimiento huelguístico que tuvo éxito en Asturias, País Vasco y Cataluña,[26] al que la dictadura respondió con una represión durísima que, en el caso barcelonés, logró desarticular los núcleos de militantes obreros que se habían formado desde 1951 y atemorizar al resto de trabajadores.[27]

A pesar de la represión desatada en 1958, la dirección comunista no desistió de convocar movilizaciones de carácter estrictamente político para provocar el derrumbamiento inmediato del régimen. La primera —Jornada de Reconciliación Nacional—, el 5 de mayo de 1958, y la segunda —Huelga Nacional Pacífica—, el 18 de junio de 1959, que además contó con la participación de grupos socialistas como el FLP, el MSC, la ASU y otros núcleos clandestinos todavía más reducidos, pero que con su firma visualizaban una pluralidad del antifranquismo, que existía poco más que en el papel pero que era fundamental para el desarrollo de las tácticas unitarias comunistas.

Estas convocatorias deben inscribirse en la convicción comunista de que un régimen como el franquista no podía ser derrocado sin más. Abandonada la lucha armada, consideraban imprescindible presentar otras formas de acciones de masas que pudieran sustituir el levantamiento armado y, en ese contexto, apareció como alternativa la huelga nacional.[28] El voluntarismo comunista enraizaba en la determinación de influir sobre los acontecimientos. Antonio Gramsci ya señaló que «se “prevé” en la medida en que se actúa».[29] Desde la perspectiva estratégica, este tipo de convocatorias respondían a una lógica: exigían poner en tensión la parte más dinámica del antifranquismo y observar hasta dónde se podía llegar;[30] la propia demostración de que «se actuaba» atraía a las filas de la organización a los «espíritus inquietos» que siempre existen en cualquier sociedad. No debe olvidarse tampoco que estas convocatorias forzaban a la dictadura —en un momento de apertura al exterior— a realizar un gran despliegue represivo, que en sí mismo recordaba las características del régimen. Por otro lado, esas convocatorias permitían ponerse en contacto con otros núcleos opositores e intentar así desarrollar una política de alianzas, sumamente necesaria para los comunistas, que podían ser el núcleo clandestino antifranquista más importante, pero que se encontraba permanentemente aislado por el contexto de guerra fría; las convocatorias en sí también eran un factor de propaganda eficaz, aunque su seguimiento fuera muy reducido.[31]

Todo ello no está en contradicción con los altísimos costes humanos que tuvieron dichas acciones. Al subjetivismo imperante en la dirección[32] en el exilio —según el cual la disponibilidad para la movilización era extraordinaria— cabe añadir la necesidad de la dirección parisina encabezada por Santiago Carrillo de transmitir ante los veteranos dirigentes instalados en la Europa Oriental una decidida estrategia de enfrentamiento con la dictadura.[33] Si bien la huelga de 1959 puede ser considerada como la primera gran acción de propaganda en España, de forma inmediata la organización en el interior se resintió. Lucha Obrera, órgano de expresión de la Oposición Sindical Obrera, admitió que «es verdad que los obreros de grandes empresas de Madrid, Vizcaya, Barcelona, Asturias, Valencia y Sevilla, no hicieron huelga en la medida de sus deseos».[34] Dichos fracasos comportaron centenares de detenciones —por ejemplo, Simón Sánchez Montero—, muchas de ellas preventivas, y volvieron a demostrar que la mayoría de los trabajadores no secundaban convocatorias lanzadas por directorios políticos, desvinculadas de reivindicaciones concretas sobre condiciones de vida y de trabajo que, además, eran altamente peligrosas. Aunque la consigna de huelga general permaneció, no se volvió a repetir una experiencia como aquélla, pues la convocatoria de octubre de 1967 tuvo un carácter más sindical y fue un llamamiento de Comisiones Obreras.

En su informe al VI Congreso, Santiago Carrillo casi pasó por alto el fracaso de aquellas jornadas,[35] poniendo el énfasis en la estrategia a medio plazo a la vez que reafirmando la política de movilización de masas ante los más veteranos dirigentes procedentes de la guerra civil:

El V Congreso había proclamado, frente a la incredulidad y las dudas de ciertos elementos, que lo que decidiría el curso de la situación en España sería la lucha de las masas y que la tarea esencial del Partido era promover, organizar, desarrollar esa lucha. El V Congreso subrayó la necesidad de prestar suma atención a las pequeñas acciones, a las pequeñas luchas; tras ellas vendrían las grandes.[36]

Así, el fracaso de 1958 y 1959 redundó en la práctica en la apuesta por el activismo social.

Por otra parte, el VI Congreso del Partido celebrado en los últimos días de 1959 y primero de 1960 significó la confirmación definitiva del cambio generacional en la dirección, iniciado ya en 1956. Santiago Carrillo fue nombrado secretario general y Dolores Ibárruri se convirtió en presidenta. Con Santiago Carrillo se consolidó en la dirección el grupo emergente formado por Fernando Claudín, Jorge Semprún, Tomás García, Ignacio Gallego, Francisco Romero Marín, Simón Sánchez Montero y Santiago Álvarez, entre los más destacados. Se incorporaron al Comité Ejecutivo Ramón Ormazábal, José Benítez Rufo y Horacio Fernández Inguanzo.[37] Años más tarde, Jordi Solé Tura calificó de bueno el programa que allí presentó Claudín y que fue aprobado: bajo la etiqueta de «política de reconciliación nacional» se apostaba por la unidad antifranquista que, culminando con una huelga general pacífica, acabaría con la dictadura; restablecimiento de las libertades políticas sin discriminación; amnistía general para los dos bandos de la guerra civil;[38] mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general; política exterior favorable a la coexistencia pacífica y elecciones constituyentes con plenas garantías democráticas para escoger libremente entre monarquía y república.[39]

El programa aprobado era muy moderado. En realidad, en el corto plazo, no se distinguía de los propugnados por la socialdemocracia. Se podría decir incluso que, dado que la socialdemocracia había abandonado su voluntad de sustituir al capitalismo, los comunistas desempeñaban en la segunda mitad del siglo XX el papel que los socialdemócratas habían detentado durante décadas. Como ha señalado Santos Juliá, la concepción del futuro en grandes etapas dará lugar a un programa con objetivos inmediatos y objetivos finales: la concepción de la llegada al socialismo como un desarrollo de la democracia que ocurre por una acumulación progresiva de reformas, sin derramamiento de sangre, sin violencia, por medios democráticos y parlamentarios se convirtió en el programa comunista. Así, en la segunda mitad del siglo XX el militante comunista era un revolucionario que no hacía la revolución, aunque la esperaba, y por eso combatía y arriesgaba y, si era de la madera de los Sánchez Montero, soportaba las torturas sin delatar a sus compañeros.[40]

LA CRISIS DE 1964

Sin embargo, este programa moderado se acompañaba de un análisis imbuido de euforia por el impacto de los procesos de descolonización y, en particular, de la revolución cubana. Ese nuevo escenario impulsó nuevamente la denuncia del imperialismo. Igualmente, los documentos del Congreso, y de los años inmediatos posteriores, reflejaban una visión absolutamente distorsionada de la realidad que no respondía exclusivamente a la voluntad de espolear las protestas. Aquel triunfalismo también correspondía a un análisis equivocado de la coyuntura político-económica por la que atravesaba el régimen. La situación económica era tan difícil en los últimos cincuenta, cuando las consecuencias de las medidas estabilizadoras estaban provocando la crisis industrial y una salida masiva de emigrantes al extranjero, que la dirección comunista creyó que el estallido social era probable, olvidando o minusvalorando el grado de desarticulación social que había conseguido la dictadura y el miedo extendido entre los trabajadores a las consecuencias de las protestas reivindicativas.

La represión continuaba siendo radical y, además, se aprobaron nuevas normas.[41] Casi en paralelo a la puesta en marcha del Plan de Estabilización, el Gobierno aprobó la Ley de Orden Público en julio de 1959, que en su artículo segundo tipificaba como delito cualquier acto «que atente a la unidad espiritual, nacional, política y social de España»; el ámbito de aplicación de la ley era, así, amplísimo. Mención explícita se hacía a la penalización de los paros obreros y de las reuniones públicas ilegales, o a cualquier acto «que alterase la convivencia social». Además, continuaba vigente la mayor parte de la legislación represiva que ponía en manos de la jurisdicción militar a los opositores políticos. En los años sesenta la represión fue más selectiva que en la década anterior, pero igualmente extraordinaria, y los comunistas continuaron siendo los más afectados por ella.

Particular resonancia tuvo la condena a muerte y ejecución de Julián Grimau[42] con acusaciones vinculadas a hechos de la guerra civil.[43] En los meses que transcurrieron entre la detención —noviembre de 1962— y el fusilamiento del dirigente comunista —abril de 1963— se desarrolló una intensa campaña internacional, coordinada por Marcos Ana, que había sido liberado el año anterior después de 23 años en la cárcel. La campaña se centró en la denuncia de la indefensión que sufrían los detenidos políticos en España, especialmente los procesados por la jurisdicción militar, y las múltiples irregularidades que se producían, entre ellas —como sucedió en el caso de Grimau— que el fiscal no tuviera ni titulación jurídica para ejercer como tal, hecho que fue conocido posteriormente. A pesar de las consecuencias en términos de imagen internacional y no obstante las gestiones internas de distintas personalidades, la dictadura —y Franco en particular— quiso transmitir un mensaje de dureza como aviso a navegantes. El Gobierno aprobó por unanimidad la ejecución de Julián Grimau, que se produjo el día 20. Dionisio Ridruejo escribió en Le Monde que Grimau había muerto «representando» al enemigo [del régimen]. Había muerto «porque se trata de devolverle a esa guerra —ya apagada y conclusa para los españoles— toda su vivacidad. [...] Matarle ahora, a los veinticinco años, es como volver a matar a todos los muertos».[44]

La centralidad de la represión para el mantenimiento del «orden» franquista era incuestionable para el conjunto de la clase política de la dictadura. Ahora bien, situados ya en los sesenta, algunos dirigentes intentaron combinar cierta «apertura» en distintos ámbitos con el control político, y esos cambios, más el intenso crecimiento económico que se produjo a partir de 1962, intervinieron en el duro debate que se desarrolló en el seno de la dirección comunista.

La crisis franquista de 1956-1957, provocada por la confluencia de distintos factores, había tenido graves consecuencias para el régimen porque había puesto en evidencia la lucha por el poder en su seno y, desde entonces, las divergencias entre falangistas y «tecnócratas» se agudizaron, incubando tensiones internas que no desaparecerían nunca. En 1964 Franco ya tenía 72 años y la pregunta ¿después de Franco, qué? parecía necesitar una respuesta urgente atendiendo a la esperanza de vida de aquel momento. Tecnócratas y falangistas coincidían en lo fundamental: todos perseguían el mantenimiento de la dictadura, pero diferían en las propuestas para conseguirlo. Laureano López Rodó encabezaba la corriente tecnócrata, aunque su ascendencia estaba estrechamente vinculada a la figura de Luis Carrero Blanco. Su apuesta se centraba en asegurar el crecimiento económico con el que, argumentaban, se asegurarían los apoyos sociales.

Para un sector del falangismo, como mejor se aseguraba la permanencia del régimen era dotando sus instituciones de mayor «autenticidad». Eso era lo que defendía José Solís Ruiz, que quería revitalizar la Organización Sindical Española (OSE) y establecer unas asociaciones políticas en el seno del partido único para canalizar la participación política. Manuel Fraga coincidía en lo fundamental con estos planteamientos y propugnaba una legislación más flexible en el ámbito informativo y cultural; también Fernando María Castiella quería aprobar una ley de libertad religiosa que tuvo que superar el rechazo de Carrero Blanco.[45] En la década de los setenta, cuando el régimen entró en crisis, se pudo comprobar que era mucho más fuerte lo que unía a ambos sectores del personal político franquista que lo que les separaba, pero durante los años sesenta podía parecer que se abría una vía evolutiva, especialmente a partir del cambio de gobierno de 1962. Los comunistas lo negaban, pero siempre estuvieron pendientes de cada movimiento que se producía en las instituciones franquistas.

Ciertamente, 1962 puede ser considerado como un año importante en la historia de la España franquista; en aquel momento se estaban redefiniendo los parámetros de la evolución del período, tanto en lo que afecta a la vida social como al ámbito político, y dentro de éste, tanto en lo que se refiere a la oposición como al propio régimen. Se extendía la percepción de que la situación podía cambiar, lo que no estaba claro era en qué dirección. Una vez confirmado el nuevo ciclo de crecimiento económico, una parte de la dirección comunista consideró que la dictadura sería incapaz de gestionar el cambio social que se iniciaba y la conflictividad obrera que había resurgido con fuerza.

En este escenario de una realidad cambiante se produjo la crisis comunista de 1964. Entre el 19 de julio y el 5 de agosto de 1963 la dirección convocó una reunión amplia de los cuadros no obreros, tanto de los residentes en España como en el exilio, que tuvo lugar en Arrás. El objetivo era, según la documentación conservada, discutir sobre el partido y la organización del Estado democrático en España.[46] En la referencia que Gregorio Morán hace de la reunión señala que la finalidad del seminario era «homogeneizar a los intelectuales y discutir genéricamente sobre marxismo y línea política del partido».[47] Y, ciertamente, hubo de todo un poco porque, a partir de la constatación de los cambios que se estaban produciendo en España, existió la voluntad de debatir abiertamente sobre un conjunto de cuestiones trascendentales para unificar posturas en la nueva etapa en la que la irrupción de CC. OO. adquirió una gran trascendencia desde la perspectiva comunista. Como ha destacado Serge Buj, la reunión tuvo una importancia excepcional por las características y volumen de sus participantes[48] y por la libertad con que éstos intervinieron. De la excepcionalidad del formato era buena muestra que el debate se realizara sin informe previo para que, en palabras de Santiago Carrillo, la discusión fuera «viva, directa, entre nosotros sobre esos problemas».[49]

El seminario de Arrás debía convertirse en un semillero de ideas a partir de las cuales generar nuevas propuestas. Sin embargo, allí aparecieron disensiones en el núcleo dirigente que se fueron haciendo más evidentes en los meses siguientes. Ante la redefinición de parámetros y el optimismo de Santiago Carrillo, Fernando Claudín defendió que «no vamos a una situación revolucionaria de ese género. Vamos hacia un cambio de las formas políticas de dominación del capital monopolista, cambio que, a través de una serie de fases podrá llegar a ser más o menos democrático y que abrirá una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo español». Teniendo en cuenta la política de alianzas que el PCE propugnaba, para Claudín «la tarea de la revolución española que hoy está a la orden del día ... es la liquidación de la forma fascista, franquista, del poder político del capital monopolista».[50] La posición de la dirección del PCE se plasmó en la declaración del mes de junio[51] que, como señaló Jordi Solé Tura, equivalía «a una definición taxativa de la línea política del partido en la etapa actual y la futura». El todavía dirigente comunista sintetizó su contenido señalando que la tesis central de la declaración podría resumirse en la afirmación de la pronta liquidación de las formas fascistas de poder de la oligarquía por la presión de la lucha popular, liquidación que abriría paso a «un proceso revolucionario en el que una coalición de fuerzas antimonopolistas dirigidas por la clase obrera puede tomar el poder e imponer una serie de medidas democráticas que lleven directamente al socialismo en un plazo relativamente breve». El dirigente catalán ponía como ejemplo de lo equivocado del planteamiento que las huelgas de Asturias no se hubieran extendido a todo el país cuando, según las conclusiones a las que la dirección había llegado después de la huelga nacional pacífica, «la conciencia de las masas había llegado a un grado tal que la huelga era perfectamente realizable y que una chispa, como la de Asturias, pongamos por caso, bastaría a extenderla».[52]

Sin embargo, no parece que las discrepancias entre ambos sectores radicaran tanto en un análisis distinto de la realidad española sino en cómo se presentaba aquella realidad, es decir, utilizando términos actuales, en el relato de la situación española sobre el que se apoyaban las propuestas políticas para la acción inmediata. Claudín defendía que el régimen franquista no estaba en crisis y que tenía capacidad de adaptación al nuevo escenario interior que comportaba una nueva etapa de desarrollo del capitalismo español. El análisis de Claudín se ajustaba notablemente a la realidad de la situación española, mucho más que el catastrofista que defendía públicamente Carrillo, aunque la discusión obligó a éste a sistematizar el esqueleto conceptual sobre el que sostenía sus propuestas políticas. Más que por el análisis de la realidad, es probable que el rechazo de las tesis de Claudín viniera determinado en buena medida por la interpretación que pudiera hacerse del papel que debía jugar el propio partido, pues aplazando la posibilidad de la revolución a un futuro lejano, el PCE corría el riesgo de convertirse bien en un partido «sectario», irrelevante en el escenario español, bien en un partido «reformista».[53]

Esta vino a ser una de las argumentaciones del secretario general, casi veinte años después. Carrillo arguyó que en 1964 no podían renunciar a la perspectiva de una revolución democrática, pues todas las puertas debían estar abiertas en caso de que la correlación de fuerzas fuera favorable: o es que en 1964 «¿se imaginaba seriamente alguien en Portugal lo que sucedió diez años después, con la revolución de los claveles? [...] la experiencia demostró que cuando el cambio se produjo en España quien desplegó mayor iniciativa política fue el PCE, que no quedó fuera de juego a pesar de los esfuerzos que hubo para aislarlo».[54]

Tampoco fue la confrontación de posiciones —al menos entre los interlocutores principales— lo que provocó la crisis que culminó con la expulsión de Claudín y Semprún, sino más posiblemente la dinámica interna de control del poder en el seno del Comité Ejecutivo.[55] En la larga y variada biografía de Santiago Carrillo[56] dos principios guía aparecerán de forma continuada, constituyendo una especie de debe y haber de su gestión: uno, su voluntad de control absoluto de la dirección del partido, que ejercía manu militari;[57] otro, asegurar al PCE y con él «a la clase obrera» que no sería marginado en el futuro democrático de España. En la crisis de mediados de los años sesenta, el secretario general creía que podía perder el control del partido si, de golpe, se cambiaba radicalmente de discurso. En un documento policial de 1965 se hace un análisis que aporta elementos en esta dirección; según éste, las disensiones estaban minando la organización y en muchas ocasiones «se colorean con argumentos tomados de la disputa ruso-china, por más que sus causas sean originales y emanen de la situación en España». Tal era el caso del cuestionamiento en un sector del partido de la política de reconciliación nacional, que «data de hace más de diez años y sus adversarios no han esperado al conflicto ruso-chino para presentarla como una maniobra de capitulación». Como más peligrosa se presentaba la crítica de Fernando Claudín, pues para Santiago Carrillo, renunciar a la consigna de huelga general equivaldría, a la vez, a capitular ante los «revolucionarios», que pretenden la insurrección al estilo de Fidel Castro y ante los mantenedores de la «oligarquía monopolista», que tienen dispuesta «una solución pseudo-democrática propia únicamente para perpetuar su poder y riquezas».[58]

Son muchos los testimonios que apuntan en esta dirección de fondo. Como ya se ha dicho, uno de los ejes de las propuestas —y también de los virajes— que impulsó Santiago Carrillo tenía como norte asegurar que los comunistas no se convirtieran en un partido marginal cuando el franquismo desapareciese. Así lo expresó Rossana Rossanda: «El PCE estaba aún menos dispuesto [que el PCI] a pensar una democratización posible sin él, e incluso contra él. Solo el hecho de suponer que podía tener lugar parecía una capitulación: y en cierto sentido lo era, lo desarmaba, porque no tenía otras armas».[59] El secretario general consideraba imprescindible no poner en riesgo la unidad de la organización en torno a lo que, desde su perspectiva, significaba una vía intermedia a partir de la cual ir introduciendo cambios. En ese sentido, Jordi Solé Tura, alejado desde entonces durante una década del PSUC y del PCE, también dejó escrito en sus memorias que para Carrillo las propuestas de Fernando Claudín eran prematuras y podían llevar a la escisión del PCE, porque en aquel momento las nuevas líneas de actuación todavía no habían madurado y era evidente que el proceso de cambio en España sería lento y largo.[60] Su análisis coincide con la posición que defendió Manuel Sacristán, quien siempre fue muy crítico con la falta de debate interno en el partido. Según relató Javier Pradera, a quien Sacristán intentaba convencer para que no abandonara el PCE, el dirigente del PSUC le decía que «en el fondo tenéis razón, incluso habría que ir más allá de las cosas que decís [...]. Pero no se trata de eso, de lo que se trata es de mantener la unidad del partido y en este momento hay que cerrar filas», una vieja postura presente en la cultura comunista: el partido se reforma desde dentro.[61]

Santiago Carrillo fue capaz de mantener el control,[62] pero con un coste alto en términos de imagen interna entre quienes conocieron el proceso, acentuado por la campaña de descrédito de Claudín y Semprún que la dirección comunista protagonizó.[63] A Javier Pradera, a través de Armando López Salinas, la dirección del partido le dio todas las facilidades para abandonarlo, lo que contrarió enormemente a Manuel Sacristán y otros militantes madrileños destacados, como Manolo López.[64]

A pesar de la indudable significación de la crisis «claudinista» como nueva muestra de los métodos estalinistas que impregnaban las prácticas del PCE y de los costes personales que tuvo para los expulsados y cuantos se solidarizaron con ellos —Francesc Vicens y, después, Jordi Solé Tura—,[65] la crisis quedó circunscrita a la dirección y, sobre todo, a la dirección en el exilio; una dirección que demostró —en palabras de Francesc Vicens— una escasa estatura intelectual a excepción de Carrillo, Tomás García y Manuel Azcárate.[66] Aunque las ansias de saber qué había ocurrido y la exigencia de una explicación clara se extendieron particularmente entre las células estudiantiles y universitarias, en las preocupaciones de los militantes ocupaban un espacio marginal los debates del exilio, más cuando los cuadros con los que tenían contacto los aislaron de la cuestión. Las expulsiones no provocaron pérdida de militantes, quienes mayoritariamente consideraban que las tensiones teóricas eran irrelevantes ante la realidad de la dictadura. En el caso de Barcelona, además, en las células universitarias algunos coincidían en el diagnóstico de la situación de los expulsados pero no en las propuestas de Fernando Claudín, que interpretaban «moderadas» para la acción política.[67]

En buena medida ello se debía a que, con intensidad creciente desde mediados de los años cincuenta, en España estaba surgiendo un partido nuevo. En los focos más activos, la juventud tenía una presencia destacada y ello llevaba a que el conjunto de la militancia respondiera ya a parámetros distintos a los que dominaban entre la JSU de la guerra. Era la de los últimos años cincuenta y primeros sesenta una juventud con grandes expectativas: la revolución cubana, la revolución argelina, los avances de la izquierda en la Europa occidental, la consolidación de la coexistencia pacífica, el comienzo de las luchas de liberación en América Latina. Era una «época en la que contaba la ética de los resultados en vez de la ética de las convicciones; teníamos una versión shakesperiana de la historia con la diferencia de que creíamos que todo iba a terminar bien».[68] Y, sobre todo, una juventud que rechazaba la realidad que la rodeaba: la omnipresencia de la desigualdad social, el encorsetamiento al que régimen y la Iglesia sometía a la población. Si el gran enemigo del régimen franquista era el comunismo, esa debía ser la opción para luchar contra el presente que rechazaban, la esperanza de un futuro alternativo.[69]

Así, la crisis no afectó a la práctica social de los militantes; es decir, la crisis en la dirección no comportó la crisis en el partido y eso fue así porque la discusión pareció lejana a las necesidades del interior.

Con grandes medidas de seguridad tras la experiencia del VI Congreso, que comportó el encarcelamiento de muchos delegados cuando regresaron a España como consecuencia de la presencia de un infiltrado, en 1965 se celebró el VII Congreso en el que se incorporaron al Comité Ejecutivo Luis Lucio Lobato, Marcelino Camacho y Jaime Ballesteros; previamente, en 1962, lo hizo Manuel Azcárate.[70] El informe de Santiago Carrillo se publicó bajo el título de la pregunta que sintetizaba los retos de aquel momento, «Después de Franco, ¿qué?». El informe tenía dos partes que enfatizaban la distinción entre dos planos estratégicos. Por un lado, los objetivos a corto plazo —«la lucha por las libertades, por una democracia política y social»—; por otro, las metas finales —«la conquista del poder por las masas laboriosas a fin de realizar el socialismo»—.[71] Los primeros fueron los que permitieron a los comunistas influir en los acontecimientos que se desarrollaban en España, siempre a partir de la aplicación por parte de los militantes del principio de que los objetivos políticos debían acompasarse a las condiciones en las que se desarrollaba la acción militante; la lucha forzosamente clandestina se combinaba con una voluntad de extensión del activismo político que si bien otorgaba autonomía relativa a los militantes en los movimientos sociales,[72] comportaba una escasa presencia de los aspectos ideológicos en el activismo cotidiano.

LA RENOVACIÓN DE LA MILITANCIA Y EL ACTIVISMO COMUNISTA EN CC. OO.

En la renovación de la militancia de la primera mitad de la década de los sesenta influyeron factores de distinta naturaleza. Además de los jóvenes que se incorporaban al partido desde los propios ámbitos de influencia, o los provenientes de los movimientos apostólicos, también fue destacable la incorporación de activistas procedentes de otras fuerzas como el Frente de Liberación Popular (FLP) en el conjunto de España y el correspondiente Front Obrer en Cataluña, unas organizaciones que, en proporciones significativas, se habían nutrido de miembros del apostolado católico. Efectivamente, en los años cincuenta, la búsqueda de respuestas a la intensa insatisfacción que generaba la observación de la realidad circundante influyó decisivamente en la vitalización de un espacio católico al margen de la jerarquía eclesiástica. En 1951 había nacido El Ciervo, producto de la sensibilidad católica ajena al nacional-catolicismo, una revista que se dirigía principalmente a los universitarios con la voluntad de aportar un testimonio de catolicismo exigente, antibeato, inconformista y abierto a los problemas del momento.[73] Más allá de las revistas, el proceso tuvo mucho de experiencia vivida y fue destacado entre los jóvenes católicos inquietos que, por su posición social, tenían la posibilidad de conocer otros países, lo que aumentaba su distancia crítica respecto a la realidad española. Pero, en la práctica, fue su contacto con la dura existencia de las clases populares la que en muchos casos desencadenó su ruptura con el régimen. En este sentido, el Servicio Universitario de Trabajo se convirtió en un espacio central donde abrir los ojos a la realidad oculta.

El SUT fue creado en 1952 a propuesta del jesuita José María de Llanos, que, al mismo tiempo, era un falangista de primera hora, consejero de Franco en los primeros años cuarenta. Aquella iniciativa con la que, inicialmente, Llanos pretendía llevar hasta sus últimas consecuencias lo que él consideraba la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento social de Falange, en la práctica le llevó a la intervención directa en el Pozo del Tío Raimundo y a la militancia en el PCE. El SUT, como tantas otras experiencias de aquellos años, pretendía la aproximación entre el trabajo manual e intelectual: los estudiantes trabajaban en el campo o en la construcción y después colaboraban en la alfabetización de los obreros. También organizaban en aquellos barrios, con frecuencia de barracas, debates de un contenido impensable en otros espacios.[74] La mayoría de los jóvenes que pasaron por aquella experiencia descubrieron unas condiciones de vida miserables para miles de personas, silenciadas durante años. Este conocimiento les llevó, utilizando un lenguaje existencialista propio de la época, a asumir su responsabilidad buscando el encuentro con la clase obrera como el sujeto histórico capaz de luchar por la igualdad y la justicia.

Por otro lado, los militantes del FLP «querían arrebatarle al Partido Comunista lo que era suyo por definición: ser el “partido de la clase obrera”». Con ese objetivo muchos de sus cuadros crearon despachos laboralistas: Nicolás Sartorius se incorporó inicialmente al de Manuel Jiménez de Parga en Madrid y, poco antes de las huelgas de 1962, creó uno propio en colaboración con José Manuel Peláez en la cuenca de Langreo; Alfonso Carlos Comín lo hizo en Málaga; Montserrat Avilés y Albert Fina, en Barcelona. Los bufetes, además de resolver problemas laborales, eran centros de proselitismo, aunque resultaba que buena parte de los obreros que creían convencer se integraban en las filas comunistas. Ese mismo camino siguió una parte de los propios militantes del FLP:[75] Nicolás Sartorius, Ángel Abad, Tomás Chicharro y Manuel Vázquez Montalbán, entre muchos otros. Las conversaciones y la reflexión en las cárceles fueron importantes en este proceso de acercamiento dado el activismo que caracterizaba a esta generación formada por militantes activistas, no diletantes, que buscaban «una organización más eficaz y ligada a la clase obrera». Ángel Abad sintetizó ese proceso afirmando que si bien entonces consideraban al PCE poco revolucionario, observaban que la práctica del FLP y del FOC era muy similar a la comunista y que, sin embargo, ese partido era el único «que había con entidad suficiente en todo el país» para luchar contra la dictadura.[76] La diversidad de procedencias y el activismo característico de la generación que irrumpió en el espacio público en la década de los sesenta estaba cambiando el PCE del y desde el interior.

Por otra parte, a pesar de que la dirección comunista continuó otorgando un gran protagonismo teórico a la huelga general, en la práctica cotidiana el eje de la estrategia se situaba en el activismo en los emergentes movimientos sociales que desarrollaban los militantes. En ello había puesto el énfasis Jorge Semprún —Federico Sánchez— en su intervención en el VI Congreso: «Nuestro partido comunista debe transformarse, en la perspectiva de las acciones de masas que se avecinan, en un partido de decenas de miles de militantes, cuya presencia activa y dirigente se haga notar en todas partes, que sea capaz de organizar y de orientar, en cada caso, a la clase obrera y a todas las capas populares».[77]

En la historia del movimiento obrero durante el franquismo, 1962 supuso el inicio de una etapa de movilizaciones impulsadas por la transformación socioeconómica y el nuevo activismo obrero. Aquel año fue el primero en que se produjo un importante crecimiento económico después de superar la etapa de estabilización abierta en 1957, de una dureza extraordinaria para los trabajadores, que estimuló el inicio de la ola emigratoria hacia Europa. El malestar acumulado por las condiciones materiales de existencia, más el inicio de la negociación colectiva después de la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos, todo ello en un contexto de crecimiento económico que era pregonado por el poder político con objetivos propagandísticos, facilitó el estallido de una importante protesta obrera reivindicando la mejora de los salarios. Particular impacto tuvieron las huelgas mineras asturianas que, aunque en su caso eran más defensivas que ofensivas,[78] en aquel momento no fueron interpretadas así; tuvieron tal eco en el ánimo de la oposición que se convirtieron en un referente a lo largo del franquismo.[79] Si la protesta obrera empezó en abril en la minería asturiana, se amplió después a otras zonas mineras; en el mes de mayo los conflictos se extendieron a Vizcaya y Guipúzcoa, donde miles de trabajadores metalúrgicos exigieron incrementos salariales. Ante aquel panorama, y en un intento de abortar las protestas, el Gobierno estableció el estado de excepción en el País Vasco y Asturias, aunque no consiguió que se extinguieran; contrariamente, las huelgas aparecieron en Cataluña. La importante movilización obrera de la primavera tuvo consecuencias políticas y, desde la perspectiva que aquí importa, comportó la confirmación definitiva de la apuesta de ampliar la oposición política a través de la movilización social. Para ese objetivo la consolidación de Comisiones Obreras resultó esencial y ésta fue de la mano de los activistas jóvenes en colaboración con los militantes veteranos.

El nacimiento de las CC. OO. —con mayúsculas— debe situarse en los primeros años sesenta. Nicolás Sartorius, principal teórico del movimiento de CC. OO., reiteró en diversas ocasiones que éstas nacieron en torno a 1962, no antes ni después porque, aunque ya antes los militantes clandestinos utilizaban los cargos de enlace sindical para mantener el contacto directo con los trabajadores, y también habían aparecido comisiones obreras, sin embargo habían sido necesarias las nuevas condiciones de los sesenta —crecimiento económico, convenios colectivos...— y una nueva actitud de los militantes clandestinos para poder combinar en un solo proceso el activismo legal y el ilegal.[80]

En su esfuerzo por la extensión del movimiento, las CC. OO. pudieron beneficiarse del intento aperturista impulsado en el seno del régimen. José Solís, como ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, concentraba un gran poder en sus manos. Cuando en 1962 emergieron propuestas «aperturistas», después de unos años en que lo fundamental fue asegurar el éxito de la estabilización económica, José Solís se dispuso a impulsar un nuevo proyecto de institucionalización del Movimiento, que supliera al fracasado de José Luis de Arrese, y fue en el ámbito sindical donde los falangistas estuvieron dispuestos a desarrollar más contundentemente sus propuestas «aperturistas».

Así, en la primera mitad de los sesenta confluyeron distintos factores que permitieron que la situación del movimiento obrero cambiara desde entonces. El salto cualitativo fue producto de la estrategia de combinar el activismo a través de las plataformas legales de la OSE, ya señalado, con la mínima e imprescindible organización y acción clandestina. Efectivamente, tras las elecciones sindicales de 1963 en las que los mayoritariamente jóvenes enlaces sindicales vinculados a Comisiones Obreras consiguieron buenos resultados, José Solís quiso reunirse con algunos de ellos —Marcelino Camacho y Julián Ariza, entre otros—. El delegado nacional de Sindicatos afirmaba que le parecía bien autentificar la vida sindical e insistió en ofrecer ventajas a los representantes de los trabajadores para conseguir residencias en verano y otras actividades de Educación y Descanso. No dejaba de ser una toma de contacto por parte de Solís y una forma de tantearlos y calibrar la posibilidad de que sus componentes fueran absorbibles por la OSE.[81] Aunque los resultados fueran poco alentadores para la Secretaría General del Movimiento, el aumento de la conflictividad obrera y la instauración de la negociación colectiva condujeron a los dirigentes falangistas a considerar la necesidad de ampliar los mecanismos de participación en la OSE para poder controlar la contestación obrera e intentar revitalizar la estructura sindical. Aquel podía ser el mejor ejemplo de sus propuestas de ampliar la democracia orgánica, lo que, si se consolidaba, comportaría un reforzamiento de los dirigentes de esas instituciones.

La estrategia falangista fue clara, las del antifranquismo también, y el papel de los militantes comunistas en captar primero, y extender después, las potencialidades de esa estrategia fue fundamental. Como todas las organizaciones que se reclamaban de la clase obrera, el PCE y el PSUC pretendían alcanzar la hegemonía en el movimiento obrero; si consiguieron convertirse en el punto de referencia predominante de los activistas de CC. OO. fue porque fueron capaces de definir una estrategia adecuada a un escenario radicalmente transformado, muy alejado del de los años treinta. En 1962, Santiago Carrillo, dirigiéndose particularmente «a los medios de la emigración», hacía referencia a la inutilidad de mirar atrás: «La Oposición Sindical Obrera, las comisiones de empresa[82] ni las hemos imaginado ni las hemos inventado los comunistas; son una creación de los trabajadores» y solo a partir de la realidad de España «puede concebirse el futuro del movimiento sindical, y posiblemente, el futuro de muchas otras cosas».[83] Efectivamente, el mérito comunista radicó en «haber sabido captar, analizando la experiencia de las acciones de los trabajadores en un momento más atrasado, cuáles eran las formas que correspondían mejor a las condiciones actuales; en haber elaborado y generalizado esa experiencia, devolviéndosela a los trabajadores y ayudándoles a asimilarla».[84] Como afirmó Fernando Soto, «asamblea participativa y reivindicaciones sentidas [fueron] los dos pilares fundamentales en los que se apoyó el naciente movimiento de comisiones obreras».[85]

Efectivamente, son muchos los dirigentes de Comisiones que han dejado constancia de su convencimiento de que lograban ser «mejores comunistas en tanto en cuanto, con más independencia y finura, insuflábamos ideas y organización propia al renaciente movimiento sindical».[86] La adecuación de las propuestas estratégicas y organizativas a las condiciones de la lucha antifranquista y la prioridad conferida a la movilización comportaron que el PCE emergiera como principal referente para aquellos que mostraban inquietudes que los predisponían a la acción, incluso cuando sus esquemas no se ajustaban a las proclamas del Partido.[87] En ese sentido, se produjo un círculo virtuoso entre el viejo acervo cultural de la clase obrera y los nuevos activistas que protagonizaron su desarrollo durante los años sesenta.[88]

Desde muy pronto, los comunistas fueron firmes defensores de la necesidad de asegurar la autonomía de CC. OO. Así, en 1965, el secretario general del PSUC, Gregorio López Raimundo, refiriéndose a la ASO y a cualquier intento de incubar una futura división del movimiento sindical, explicitó que los comunistas veían las Comisiones Obreras como «un movimiento unitario de todos los trabajadores, con igualdad de derechos para todos sus miembros, que adopta por sí mismo las decisiones que cree convenientes, que eligen democráticamente como dirigentes los obreros más firmes, abnegados y combativos, haciendo abstracción de su tendencia política».[89] Para los militantes comunistas en el ámbito obrero, CC. OO. supuso «respirar aire fresco»; el riesgo era mayor, pero «salían del gueto».[90] Para la mayoría, la experiencia militante de CC. OO. fue muy positiva y, en poco tiempo, se configuró una actitud muy favorable a la estrategia de oposición política a través del estímulo a los movimientos sociales: «Podías hablar con muchos otros. ... Encontramos allí una gran satisfacción porque era fructífero, porque el Partido prosperaba, las reuniones eran cada vez más grandes, había más gente, era gratificante».[91] En buena medida, cuando el proceso estuvo en marcha, fue más frecuente que al activismo en CC. OO. se sumara la militancia en el PCE que no al revés.

Las CC. OO. se expandieron desde el inicio de la década y se consolidaron con el éxito obtenido en las elecciones sindicales de 1966, las de mayor trascendencia a lo largo de la dictadura hasta 1975. Aplicando la estrategia desarrollada desde 1962, los dirigentes de la OSE apostaron decididamente por abrir las estructuras representativas a los trabajadores y obtener el apoyo obrero; fue la única ocasión. Justamente el éxito participativo acabó con la experiencia de «democracia sindical». Con el lema «votar al mejor», la Organización Sindical afirmaba implícitamente que las elecciones serían limpias y no habría restricciones para los candidatos no oficialistas. La participación fue, ciertamente, muy alta, pero no como resultado de la campaña verticalista; ésta la favoreció, pero el elemento decisivo fue la capacidad que las Comisiones Obreras mostraron para aprovechar la oportunidad que tenían sus militantes y simpatizantes de ocupar los cargos de enlaces sindicales y desde ellos poder establecer e impulsar la organización obrera y la acción reivindicativa. El experimento aperturista se volvió contra los intereses oficialistas, ya que los resultados de los candidatos vinculados a CC. OO. fueron excelentes en las zonas industriales y urbanas.

El régimen franquista no se quedó impasible y, en marzo de 1967, el Tribunal Supremo declaró ilegales a las alegales Comisiones Obreras con el propósito de acabar con ellas, y si ello no era posible, obligarlas a actuar en la estricta clandestinidad, con lo que su influencia sería mucho menor. Pero a aquellas alturas, a pesar de los costes represivos, el modelo ya estaba plenamente asentado. Así se reconocía en un informe oficial previo a la ilegalización; en él se decía que las Comisiones Obreras se habían consolidado «en bastantes centros de trabajo, pero especialmente en la calle, con el conocimiento de su real existencia».[92] El informe insistía en el peligro que podía suponer un movimiento en el que el componente social se mezclara con el político y para ello citaba a Mundo Obrero, donde —afirmaba— se podía leer:

Los elegidos [en las elecciones sindicales] lo han sido para luchar, para encabezar las próximas acciones de combate de las masas trabajadoras, que tras estas jornadas se anuncian plenas de energía y madurez ... De estas jornadas los trabajadores saldrán poseyendo un instrumento de unidad y organización muy poderoso en el que se combinen las formas legales y extralegales. Con ese instrumento elevarán a un nuevo nivel desconocido hasta ahora las luchas por sus reivindicaciones, que se identifican plenamente con la causa de la libertad y de democracia para España.[93]

En la consolidación de CC. OO. como referente del nuevo movimiento obrero habían influido decisivamente los activistas católicos. Desde la creación de la HOAC en 1946, el espíritu de recristianización del movimiento apostólico había llevado a la denuncia de las miserables condiciones de vida en que vivía una parte amplísima de la clase obrera, pero fue en la década de los cincuenta cuando el activismo católico alcanzó nuevo brío con la incorporación de jóvenes universitarios al compromiso con la causa de la clase obrera. En las elecciones sindicales de 1963 la presencia de miembros de la HOAC y la JOC fue destacada y, así, la policía de Barcelona informaba de que «por la intervención y actuación de elementos de la JOC y de la HOAC se observa ... que cada vez son más frecuentes y audaces sus intervenciones [siendo] la primera finalidad que tienen ... la libertad sindical».[94] Ciertamente, los movimientos apostólicos estaban impulsados por los cambios que experimentaba la Iglesia. La encíclica de Juan XXIII Pacem in Terris de 1963 fue fundamental para el diálogo entre católicos y marxistas al diferenciar entre doctrinas y movimientos sociales. Juan XXIII sostuvo que se podía «distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas».[95] La ilegalización de CC. OO. en 1967 comportó que, momentáneamente, una parte significativa de los trabajadores sin ningún tipo de militancia o bien abandonaran el activismo o, contrariamente, se comprometieran más. En el caso del apostolado católico la crisis de la HOAC, provocada por la intervención prohibicionista de la jerarquía española, que coincidió en el tiempo con un proceso de radicalización izquierdista de sus bases, llevó a que muchos de sus integrantes mantuvieran su militancia en el movimiento obrero pero ya no como católicos, sino como miembros de distintas organizaciones políticas. Buena parte de ellos se fueron integrando en el PCE y en el PSUC.

Justamente, que el repliegue que comportó la ofensiva represiva contra CC. OO.[96] no acabara con el movimiento se convirtió desde 1967 en uno de los objetivos de la dirección comunista. Un movimiento que no debía ser clandestino pues, argumentaba, la mejor protección era la fortaleza del movimiento obrero; éste no podría desarrollarse sin salir de la clandestinidad y de esta manera superar el diseño represivo franquista y la impotencia que lo acompañaba. Ello tenía costes para los militantes, evidentemente, porque la actuación pública y abierta facilitaba la represión. Este debate tuvo en Cataluña un peso mayor que en cualquier otro punto de España, quizás porque el FOC tuvo en el ámbito obrero un peso superior al que el FLP tuvo en otras zonas.[97] Así, los alegatos del Felipe a favor de un trabajo más clandestino para proteger a los cuadros obreros se vieron favorecidos ya en 1966, cuando varias manifestaciones en Barcelona convocadas por CC. OO. comportaron la detención de los miembros de éstas empresas importantes como la Hispano Olivetti o la Maquinista Terrestre y Marítima.[98]

Pero en el fondo el debate sobre el repliegue a una actuación exclusivamente clandestina, que en la terminología del partido se sintetizaba en la expresión clandestinización, no estaba vinculado exclusivamente a los costes represivos, sino a los planteamientos políticos globales y a la política de alianzas del movimiento obrero que, en las condiciones españolas, se veía forzado a tirar del conjunto de sectores dispuestos a enfrentarse a la dictadura franquista.[99] En septiembre de 1967, la Coordinadora General de CC. OO. hizo un llamamiento a una jornada de lucha que, como las anteriores, pretendía además dar visibilidad al movimiento obrero en la dinámica sociopolítica general. Para Santiago Carrillo, el interés y la misión de vanguardia de la clase obrera demandaban que fuera capaz de actuar «como la punta de lanza de todas las fuerzas que están en contradicción con el sistema fascista y de defender un programa que, abriendo para ella los caminos de su porvenir, refleje los anhelos comunes en la actualidad a la gran mayoría de los españoles». El secretario general del PCE vinculaba la posibilidad de atraer a amplias masas a establecer «los objetivos políticos democráticos que corresponden al momento presente, sin retrasarse ni adelantarse», y ligar a éstos las diversas reivindicaciones parciales que pudieran movilizar a sectores menos politizados.[100]

El PCE puso todo el empeño en evitar que el movimiento obrero, ya consolidado, volviera a las catacumbas «porque lo que no se ve, no existe».[101] Actuando a la luz del día —argumentaba— era como las CC. OO. ganaban la confianza de los trabajadores y «el respeto y la simpatía de otros sectores sociales». Santiago Carrillo, para ofrecer a los militantes argumentos que justificaran la necesidad de asumir el riesgo que implicaba la acción abierta, añadía que a los grupos «que en nombre de un falso revolucionarismo, o de oportunismo miedoso, incitan a las Comisiones Obreras a retroceder a la clandestinidad, hay que hacerles ver que ese y no otro es el objetivo de Solís y los jerarcas franquistas». La importancia que la dirección del PCE daba a la cuestión, en un momento de crisis de crecimiento, explica que se dedicara atención a la conexión entre estrategia y «lucha revolucionaria»: «Lo que estamos forjando día a día, es nuestra propia revolución, la revolución española. Estamos abriéndole el camino, ninguno de los pasos que damos hoy es ajeno a nuestra ruta hacia ese objetivo».[102]

La disputa que sostuvieron los militantes comunistas contra la “clandestinización” se resolvió a su favor y ello permitió mantener el modelo abierto que propugnaban. En la 3.ª Reunión General de CC. OO., celebrada en Madrid en julio de 1968, se reafirmó la necesidad, que se calificaba de imperiosa, de fortalecer la lucha en las empresas y, ante el endurecimiento de la represión, evitar a cualquier precio volver a la clandestinidad, lo que obligaba a convertir las fábricas en «fortalezas del movimiento obrero». Para desarrollarlo se debía superar continuadamente la legislación represiva de la dictadura, un corsé creado con el objetivo de que el movimiento obrero «no salga de su impotencia».[103] El movimiento obrero no podía ser clandestino si quería ser de masas.

En realidad, hasta 1973, una de las directrices fundamentales del PCE fue empujar a sus militantes a que perseveraran en el crecimiento de CC. OO., más que dibujar políticas concretas.[104] Si bien en CC. OO. ninguna organización política pudo hacer lo que determinaron sus dirigentes, porque una de sus innovaciones más importantes era su indefinición ideológica —más allá del anticapitalismo genérico— y su voluntad unitaria respecto al conjunto de la clase obrera, que permitía que se acercasen a ellas trabajadores de muy distinta procedencia, es evidente que, de forma diversa según las zonas y los tiempos, el PCE constituyó la fuerza hegemónica; la consistencia de su aparato clandestino[105] y la temprana definición de una estrategia coherente le otorgaron una primacía por la que, sin embargo, tuvo que batallar intensamente.

Así, desde 1968 y, superados los efectos de la nueva ola represiva de 1969, las bases del modelo organizativo de CC. OO. estuvieron plenamente asentadas. Su originalidad se encontraba en la combinación de tres planos distintos y en ser capaz de moverse de uno a otro de forma dinámica: con los trabajadores en la empresa —asambleas, acciones...—, la actuación legal mediante los cargos de enlaces sindicales y jurados, y las comisiones clandestinas de empresa, de zona, etc. En este modelo, la empresa era el eje de la organización y en ella la asamblea representaba un espacio y un tiempo esencial.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ENTRA EN ESCENA

Si el movimiento obrero había sido hasta mediados de los años cincuenta el campo natural de actuación comunista, desde entonces el papel público de los intelectuales y el movimiento estudiantil adquirió una gran importancia.

El activismo de los sectores intelectuales vinculados al PCE se puso de relieve a mitad de la década de los cincuenta, cuando Jorge Semprún, que había llegado a Madrid en 1953, articuló un pequeño grupo del que formaban parte Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángela Figuera, José Ortega, Juan Antonio Bardem y Ricardo Muñoz Suay,[106] este último responsable de las relaciones del partido con el mundo de la cultura hasta que lo abandonó —provocando tensiones notables— en 1961. Eran intelectuales que tenían en común el sentirse convocados por «un empeño por la reconstrucción de la razón frente a todos los irracionalismos que sostenían la quimera de la cultura autárquica. Recuperar la memoria heterodoxa y vencida; reconstruir una vanguardia crítica asesinada, exiliada o atemorizada como consecuencia de la guerra».[107] Esa tarea permitía, además, establecer una conexión con franjas cultas no movilizadas políticamente e, incluso en el ámbito universitario, con algunas personalidades vinculadas al franquismo.

A principios de 1959, a la organización universitaria del PCE llegó la sugerencia de organizar un homenaje a Antonio Machado en el vigésimo aniversario de su muerte. En menos de un mes, Manolo López y Emilio Sanz Hurtado organizaron el homenaje para el que pudieron contar con el economista liberal Valentín Andrés, el ex jonsista y filósofo Santiago Montero, además de con Ángela Figuera —del grupo de poetas del realismo social— y con Gabriel Celaya.[108] Poco después, y de cara al aniversario del final de la guerra civil, Jorge Semprún propuso la redacción de un manifiesto a favor de la amnistía que, una vez elaborado, presentaron a Ramón Menéndez Pidal con la propuesta de que encabezara las firmas. El primer pliego de firmas era deslumbrante para aquel momento, pues entre éstas aparecían las de Gregorio Marañón, Julio Casares, Valentín Andrés o Azorín. Aquella campaña por la amnistía de 1959 fue una de las primeras de lo que en la década de los sesenta se llamó «lucha firmada», que tendría un punto destacado en el documento de denuncia de las torturas a los mineros asturianos y las vejaciones a algunas mujeres durante las huelgas de 1963; fue el inicio de una sucesión de escritos dirigidos y respondidos por el ministro Fraga Iribarne.[109]

Ya en 1962 Manuel Sacristán pudo informar a París de la posible constitución de un provisionalmente denominado Comité de Intelectuales Democráticos Españoles. Si bien la iniciativa partió de la organización de Madrid, el comité estuvo formado mayoritariamente por intelectuales catalanes de izquierdas pero sin identificación partidista y —alguno— procedente de círculos católicos, lo que se explicaba —utilizando la argumentación de Sacristán— porque la radicalización «pequeño burguesa» antifranquista era mayor en Barcelona.[110]

Pero la capacidad para generar empatía y solidaridad entre los intelectuales no se vio acompañada de un crecimiento notable de la organización. En 1956, Francesc Vicens y Manuel Sacristán habían participado en París en el I Congreso del PSUC y eran los primeros intelectuales de la generación posterior a la guerra civil que entraban en el partido. Manuel Sacristán, quien fuera figura de referencia de la intelectualidad comunista a lo largo de la década de los sesenta, ya formuló las dificultades de la militancia de los intelectuales en el partido en un documento de 1963[111] que mantenía su vigencia a final de la década, cuando la organización de este sector entró definitivamente en crisis.[112] Para Sacristán, una dificultad fundamental provenía de la «visión obrerista» y meramente auxiliar del trabajo intelectual que había dominado en el partido hasta bien avanzados los años sesenta.[113]

Desde la perspectiva del activismo político, mayor peso adquirirían los jóvenes universitarios que se incorporaron a la militancia, algunos de ellos con gran relevancia pública en los años sesenta y setenta. Ese proceso se dio en paralelo en Barcelona y Madrid. En la capital catalana, el primer núcleo universitario del PSUC había nacido en 1955 entorno a los seminarios «Juan Boscán» que organizaba Josep Maria Castellet.[114] En aquel primer núcleo estudiantil jugó un papel central Octavi Pellissa y, con él, Luis Goytisolo, Joaquim Jordà y Salvador Giner. Antes de las protestas estudiantiles y de la Asamblea del Paraninfo de la Universidad de Barcelona de febrero de 1957, en la organización universitaria del PSUC militaban ocho personas, pero tras ellas, de forma rápida llegaron a medio centenar.[115]

La presencia comunista en la Universidad de Madrid es mucho más conocida dada su conexión con la primera crisis universitaria franquista. Como en Barcelona, para el crecimiento de la organización, el PCE pudo contar para la atracción de militantes con la actitud de los jóvenes universitarios ante los problemas de su tiempo. Pedro Laín, rector de la Universidad de Madrid en la primera mitad de los años cincuenta, escribió que «la actual juventud universitaria, en fin, tiende a cierto peligroso mesianismo de sí misma; esto es, a la creencia de que ella y sólo ella es la llamada a resolver en el futuro todos los problemas que hoy descubre en la vida nacional».[116] También había escrito Dionisio Ridruejo, a raíz de los acontecimientos universitarios de 1956, que «la tesis preconizada [por el régimen] de “conformismo o comunismo” es la más peligrosa, la más subversiva, la más desdichada de las consignas posibles».[117] Efectivamente, en un informe reservado que presentaba las conclusiones de una encuesta sobre las actitudes sociales y políticas de los estudiantes de la Universidad de Madrid, de octubre de 1955 y firmado por José Luis Pinillos, se afirmaba que de los resultados de la encuesta se concluía que alrededor de un 70% de los estudiantes tenían «una idea negativa de la estructura socioeconómica que se está dando en la actualidad en España» y que «un 82% declara terminantemente que no tiene confianza en las minorías rectoras actuales». En ese sentido, tres cuartas partes de los encuestados acusaba a los dirigentes políticos de incompetencia y un 67% se consideraba una generación sin maestros.[118]

Así, nada tiene de extraño que, desde el inicio de la década de los cincuenta, entre la juventud universitaria empezara a manifestarse una inquietud cultural, que inicialmente no era política, pero que se politizó con facilidad. En los ambientes intelectuales había un desasosiego moral y vital al mismo tiempo, un desprecio por la mezquindad del ambiente, un rechazo del provincianismo y una profunda convicción de una minoría de que debía «responsabilizarse» ante la injusticia social. Las novelas del realismo social muestran que había, sobre todo entre los jóvenes, un afán de autenticidad física y moral y una profunda simpatía por los que vivían en condiciones miserables,[119] acompañados de mucha perplejidad. Así, aquella generación se caracterizaba por una alta disponibilidad para la política que venía determinada por la voluntad «de integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con nosotros mismos».[120]

Los acontecimientos de 1956 tuvieron un carácter emblemático, pero fue en los años sesenta cuando es posible hablar con rigor de movimiento estudiantil, ya que fue entonces cuando la participación de los estudiantes representó una porción amplia del conjunto y superó ampliamente la minoría politizada. A mediados de la década de los sesenta, en las universidades se había logrado ya que, como en la OSE, los representantes de los estudiantes en el SEU fueran elegidos por ellos mismos.[121] Esta situación permitía que, para tratar ciertos temas —sobre todo académicos o culturales—, pudieran ser convocadas asambleas que formalmente eran «del SEU». Para el resto de los temas, las asambleas se debían hacer al margen de los canales oficiales. Hacia 1965 estas otras asambleas eran ya más, y más frecuentes, que las reuniones del SEU, particularmente en el caso de Barcelona. Se discutía en ellas preferentemente: 1.º, la autoorganización de los estudiantes fuera del SEU; 2.º, la solidaridad con sectores sociales represaliados por la dictadura; y 3.º, la configuración de una universidad y de una cultura alternativas a la universidad y a la cultura franquistas. Esto último incluía la organización de actividades culturales (o político-culturales) que chocaban con el estricto corsé que entonces imponía el régimen de Franco.[122]

En los años 1965 y 1966 culminó el proceso de rechazo estudiantil al franquismo iniciado en 1956 y en su impulso los militantes comunistas jugaron un papel fundamental. En palabras de Manuel Sacristán:

En el trascurso de aquella modesta larga marcha ... nadie perdió los nervios, promociones de estudiantes se sucedieron una tras otra buscando lo mismo, la liquidación de un aparato opresor, el SEU, y su sustitución por algo. Es cierto que la sustitución no duró gran cosa (ni podía durar), pero como modelo de destrucción de un aparato tiránico no creo que la labor de aquel movimiento tenga muchos ejemplos equivalentes».[123]

A inicios de los sesenta, la organización universitaria del PCE en Madrid era reducida, pero creció significativamente desde inicios de la década de la mano de Ignacio Romero de Solís y Jaime Ballesteros, alcanzando a finales de 1963 la cifra de cien personas entre militantes y simpatizantes.[124] En 1964, dirigida por Jaime Ballesteros, estaba integrada por 125 personas.[125] La militancia se resintió momentáneamente de la crisis claudinista, pero cuando Ballesteros, tras dos años encarcelado, se reincorporó a la dirección, se recuperó el nivel de actividad. Así, cuando se produjeron los acontecimientos de febrero de 1965, las células del PCE estaban en plena recomposición.

Efectivamente, a principios de 1965 estalló en la universidad madrileña el enfrentamiento, que se estaba convirtiendo en endémico, entre las estructuras académicas y la masa estudiantil que a su vez estaba en plena transformación.[126] En los cursos anteriores y en las universidades más activas, la fórmula de «asambleas libres» se había convertido en uno de los elementos más dinámicos del proceso de autoorganización; en febrero, los estudiantes constituyeron la IV Asamblea Libre que aprobó una declaración de rechazo a la política represiva gubernamental. Finalmente, el día 24, tras sucesivas prohibiciones de diversos actos, una asamblea de más de 5.000 estudiantes, a la que asistieron por primera vez los catedráticos José Luis Aranguren, Santiago Montero Díaz y Agustín García Calvo, decidió llevar al Rectorado los acuerdos adoptados. Como en tantas otras ocasiones, la marcha fue reprimida con la diferencia de que la actuación policial en esta ocasión no tan solo afectó a un buen número de estudiantes, sino que también fueron detenidos los catedráticos que se solidarizaron con ellos, todos ellos expedientados por el rector; la reacción fue la convocatoria de una huelga indefinida y el avance en la organización de un sindicato libre de los estudiantes.[127]

Desde la perspectiva estrictamente universitaria, la represión consiguió paralizar la movilización estudiantil de manera que en Madrid no se dieron las condiciones para plantear la lucha a partir de un marco «paralegal». Sólo en Barcelona se logró convocar unas elecciones libres en aquel curso.[128] Durante el otoño de 1965, los mismos delegados de curso elegidos por los estudiantes el año anterior, todavía dentro del SEU, convocaron las primeras elecciones libres. El impulso definitivo de aquel proceso surgió de la organización universitaria del PSUC, de la que Manuel Sacristán —expulsado de la universidad— era pieza central. Para la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) se planteó celebrar una asamblea fundacional en la que participaran todos o la gran mayoría de los representantes estudiantiles recientemente elegidos, redactar una Declaración de Principios con la que pudiera estar de acuerdo la mayoría de los estudiantes universitarios, promover un Manifiesto —que redactó Sacristán— a favor de una universidad democrática, que desarrollara la declaración de principios, y discutir unos Estatutos para garantizar el funcionamiento democrático de la organización.[129]

El proceso preparatorio de la constitución del sindicato se convirtió en un momento de politización y cohesión estudiantil destacado pues, efectivamente, en él participaron centenares de estudiantes que discutían los documentos en asambleas. En las grandes asambleas participaron aproximadamente el 50% de los estudiantes matriculados.[130] El 9 de marzo de 1966, en el convento de los capuchinos de Sarriá —rápidamente cercado por la policía—, tuvo lugar la asamblea constituyente del sindicato estudiantil, un éxito que reflejaba su eficacia organizativa, pues consiguieron reunir a 450 personas sin que la policía conociera previamente el lugar de la reunión. De allí surgió una organización propia de los estudiantes y una idea de universidad alternativa.

Los militantes comunistas, redactores de los documentos, estaban ejerciendo un papel de suplencia para la democracia, algo que es necesario tener presente para entender el contenido y el lenguaje de esos documentos, y «por qué aquella mayoría de universitarios (hijos, en gran parte, de la burguesía acomodada) los aprobaron y los hicieron suyos con entusiasmo».[131] Los documentos leídos y aprobados en Sarriá marcaron un hito en la definición de la democracia que los sectores movilizados propugnaban. En este sentido, es necesario destacar que la cultura política de los militantes estaba cambiando. Para los jóvenes que se inscribían en las filas comunistas en los años sesenta, la libertad era un concepto consustancial al socialismo. Los estudiantes comunistas fueron los principales activistas del SDEUB no sólo porque eran los más dispuestos a arriesgarse y porque estaban organizados, sino también por otras dos circunstancias importantes en aquel momento: en general, eran los mejores estudiantes de cada facultad (con expedientes académicos brillantes, como quedó de relieve en el juicio que se hizo en el TOP contra la Junta de Delegados de Barcelona, en mayo de 1967) y esto les otorgaba la confianza de la mayoría (incluidos los profesores); también por su comportamiento respetuoso respecto a lo que se decidía en las asambleas. Este segundo punto ayuda a explicar que, a pesar de la feroz propaganda anticomunista del régimen, buena parte de los estudiantes universitarios barceloneses de aquella época, con independencia de sus ideas políticas, identificara comunismo y lucha en favor de la libertad.

Y es que, en buena medida, la influencia que obtuvieron los militantes comunistas estuvo relacionada con hacer propuestas eficientes con relación a lo que la mayoría de estudiantes movilizados esperaba: democracia participativa. Manuel Sacristán escribió que la autenticidad democrática que se vivió en torno al SDEUB no se repitió nunca más después. En una población estudiantil que rebasaba las diez mil personas, «al menos ocho mil fueron activos en aquella especie de epifanía democrática, de rara vivencia común». Sacristán suponía que entre la población estudiantil de París debió de ocurrir algo parecido en mayo de 1968, pero dudaba «que con los altos porcentajes del SDEUB».[132] Para Fernández Buey, el orden del proceso fue: 1.º, la voluntad democrática de la mayoría de los estudiantes; 2.º, la práctica realmente democrática de estudiantes y delegados; y 3.º, el espíritu de sacrificio de una minoría de estudiantes y profesores universitarios comunistas.[133] Como el mismo autor señaló en otro momento, si bien la reflexión teórica sobre el nexo entre democracia y socialismo antes de 1968 fue escasa, en cambio, en el activismo cotidiano en el seno de los movimientos sociales, la práctica de procedimientos democráticos impulsada por los militantes comunistas fue incuestionable.[134]

Igualmente tiene interés la reflexión de Francisco Fernández Buey sobre el nombre que los estudiantes movilizados dieron a su organización: Sindicato Democrático de Estudiantes. Con la honestidad que le caracterizó —y ante la ola memorialista del inicio del siglo XXI—, Fernández Buey argumentó que la organización libre se llamó «sindicato» porque en aquellos años no pensaron en la posibilidad de llamarlo de manera que pudiera conectar con el pasado: «La razón principal para utilizar el término “sindicato” cuando creamos el SDEUB era la oposición y el contraste con el “sindicato” realmente existente, el del régimen franquista: frente a este sindicato, de origen fascista, antidemocrático, queríamos una organización libre y democrática, propia de los estudiantes ... frente a SEU, SDE. Para un estudiante de entonces, y creo que esto se puede decir lo mismo para Barcelona que para Madrid, el peso de la diferencia recaía en la “D”, no en la “S”. Pudo haber en las cabezas de los estudiantes que conocían la historia de la FENEC [Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya] y la FUE [Federación Universitaria Escolar] una razón adicional: tampoco se quería volver al pasado».[135] He aquí un excelente ejemplo de los referentes cambiantes de las culturas políticas: voluntariamente, las generaciones de los años sesenta no miraban hacia el pasado.

La creación del SDEUB significó un desafío de primera magnitud para la dictadura y sus dirigentes fueron conscientes de las consecuencias que podía tener. En este sentido, es necesario insistir en que la decisión de avanzar en aquel proceso fue fundamentalmente de la organización universitaria del PSUC, una buena muestra de la autonomía con que actuaban los militantes. Durante la dictadura, aunque la dirección del partido tuviera dudas sobre alguna iniciativa, no podía no darle su aprobación, sobre todo cuando procedía de militantes como Manuel Sacristán[136] y el brillante núcleo de estudiantes que le rodeaba. Éstos, siendo conscientes del desafío, también consideraron que la fuerza que había alcanzado el movimiento y la violencia represiva del rector García Valdecasas, como cabeza visible de la política gubernamental, no dejaba margen a otras opciones que no significaran un retroceso. Se trataba de una acción política que, como tal, debía mover a otros sectores antifranquistas. Según Jordi Solé Tura, Manuel Sacristán se mostró eufórico por la significación de la Caputxinada, que obligaría a otras fuerzas a avanzar hacia la unidad si no querían retroceder.[137] Ciertamente, así fue; el Gobierno no fue capaz de encerrar la movilización estudiantil entre los muros de la universidad y el éxito del SDEUB favoreció que, a partir del movimiento de solidaridad con los estudiantes represaliados, se formara la Taula Rodona de Forces Polítiques,[138] el primer organismo realmente unitario que se creó en Cataluña tras la guerra civil, en el que se integraron organizaciones políticas de todo el espectro político, desde la democracia cristiana a los comunistas. La influencia de los intelectuales vinculados al PSUC creció entonces de forma significativa.

El PCE llamó a sus militantes universitarios a intentar avanzar en el proceso de autoorganización que presentaba como paralelo al empuje de Comisiones Obreras. Conscientes de las distintas condiciones de los diversos distritos universitarios, el llamamiento era a impulsar las elecciones, aunque adaptándose a las circunstancias locales: en algunos distritos universitarios podrían convocarse elecciones libres, que servirían para consolidar las estructuras del Sindicato Democrático; en la mayoría de los casos, solo sería posible presentar candidatos en las elecciones oficiales para ganar espacios de actuación.[139]

Los universitarios de Valencia fueron, junto con los de Barcelona, los que apostaron decididamente por la autoorganización al margen de las estructuras oficiales. En su impulso habían tenido un papel esencial los estudiantes comunistas cuya organización se había vitalizado tras la llegada a la ciudad de Antonio Palomares, sustituyendo a la dirección anterior, desarticulada por la policía en mayo de 1964. Dadas las dificultades de articulación de CC. OO., que en Valencia no quedaron constituidas hasta diciembre de 1966, la organización estudiantil adquirió una importancia estratégica añadida.[140]

Fue en Valencia, a principios de 1967, donde se celebró la I Reunión Coordinadora y Preparatoria de representantes del conjunto de universidades españolas, tanto los que habían constituido sindicatos democráticos como los participantes en las oficialistas Asociaciones Profesionales de Estudiantes[141] o los que ni habían formado SD ni participado en las elecciones de la APE. Los delegados reunidos aprobaron una declaración que llamaba a la autoorganización y expresaba la voluntad de coordinación de cara a la celebración de un Congreso de Estudiantes de España.[142] Las propuestas coincidían con las publicadas en Nuestra Bandera en el mes de abril.[143]

Si desde la perspectiva de la oposición política, efectivamente la Caputxinada representó un salto cualitativo, la trayectoria de los SDE fue efímera. En octubre de 1967 se reunieron en Madrid delegados de las universidades de Barcelona, Madrid, Oviedo, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Bilbao y Málaga[144] y en el curso 1967-1968 se crearon sindicatos democráticos de estudiantes en la mayoría de las universidades. Dos factores resultaron definitivos para su corta existencia, aunque en distinta medida: la represión y la radicalización de una parte de la militancia estudiantil. En el curso 1966-1967 la represión se precipitó sobre la Universidad de Barcelona[145] y en el curso siguiente sobre la de Madrid. Pero la rígida política de orden público con una constante actuación policial en todos los recintos universitarios alimentó continuadamente la protesta estudiantil. Aunque no se atendió al general Iniesta Cano, quien declaró que él «acabaría con el problema universitario en veinticuatro horas, sacando los tanques a la calle»,[146] en enero de 1968 la cuestión universitaria estuvo presente de forma permanente en la mesa del Consejo de Ministros, llegándose a proponer una especie de estado de excepción en los recintos universitarios.[147] En cualquier caso, la represión consiguió determinar la evolución del movimiento, pues aproximadamente quinientas personas —entre estudiantes y profesores— sufrieron la represión franquista entre 1966 y 1968, una cifra muy considerable para la universidad de entonces y absolutamente insoportable para una organización ilegal condenada a la semiclandestinidad.

Evidentemente, a ello es necesario sumar otros factores, como las diferencias de criterio en torno a la estrategia a seguir. En pocos meses esas diferencias se fueron agrandando particularmente ante dos cuestiones fundamentales: cómo hacer frente a la represión que les atenazaba y cómo vincularse al movimiento obrero. Las tensiones fueron relevantes en Barcelona, donde tuvo lugar un intenso debate sobre la conveniencia de acelerar los ritmos de movilización. La propuesta de unidad obrero-estudiantil, creando un frente contra la dictadura, predominaba entre los estudiantes, mientras que en el seno de Comisiones Obreras era mayoritaria la posición, sostenida por ejemplo por Ángel Abad, que defendía la necesidad de hacer crecer la organización sin malograr el objetivo por una acción precipitada.[148] En Madrid eran Simón Sánchez Montero y Marcelino Camacho quienes defendían la necesidad de «un crecimiento sostenido de la lucha “sin pegar tirones”».[149]

En la primavera de 1967, la organización universitaria del PSUC vivió una crisis provocada por la escisión del grupo Unidad, encabezado por Manuel Valverde, Miguel, que intentó atraer a todos los descontentos con la estrategia del partido, sin reparar demasiado en qué posiciones concretas habían disentido. A comienzos del verano la escisión había fracasado en su objetivo de arrastrar a la mayoría del PSUC y, en particular, a los cuadros obreros en CC. OO., de manera que los escindidos, la mayoría estudiantes, se constituyeron en el Partido Comunista de España (internacional) en diciembre de 1967. A partir de los contactos estudiantiles, muy lentamente al inicio, el PCE (i) obtuvo algunos apoyos, particularmente en Sevilla y Madrid, y entre 1967 y 1969 consiguió convertirse en referencia para las disidencias del PSUC.[150] El conflicto chino-soviético, a su vez, ofreció argumentos a la división de «la vanguardia».[151] Este proceso forzosamente debe inscribirse en el marco de los cambios que se estaban experimentando en la segunda mitad de los años sesenta, un tiempo en que la economía exigía un volumen mayor de personal cualificado entre el que, por la cultura del momento, se extendió una conciencia anticapitalista que, sin embargo, no se reconocía en las estrategias de los partidos obreros.

En definitiva, a mitad de los años sesenta los militantes comunistas fueron el eje del movimiento estudiantil centrado en el objetivo de autoorganización y fueron capaces de formular unos objetivos claros de alternativa a la universidad franquista al tiempo que elaboraron un método de actuación que se apoyaba en las reivindicaciones concretas y en la implicación plena de los estudiantes en la organización. Pero ese diseño, tan adecuado y adaptado al mundo laboral, resultó a medio plazo en exceso formalista en el marco universitario y, sobre todo, su incapacidad para afianzarse y expandirse derivaba fundamental de que la universidad era un marco muy específico que quedaba aislado con facilidad del contexto general. Allí el movimiento estudiantil había conseguido acabar con las APE antes de que nacieran pero, alcanzados los máximos objetivos dentro del marco universitario y topando de frente con la dictadura, el movimiento estudiantil no podía obtener negociadamente victorias parciales que transmitieran a los universitarios la utilidad de tal movimiento. El éxito conseguido supuso el principio del fin, pues su existencia representaba un desafío que el régimen no podía tolerar, y con el que podía acabar fácilmente pues, dado el marco represivo, constituía una especie de batalla a cuerpo descubierto contra la dictadura, sin ninguna cobertura suficientemente sólida y sin posibilidades de mantener de manera estable un movimiento de masas en una universidad que empezaba a notar los efectos del crecimiento económico de aquellos años.[152]

Así las cosas, la represión fue capaz de desarbolar el movimiento a partir de 1968. A la consecuente disminución de efectivos provocados por la represión se sumó la derivada del repliegue a la actividad estrictamente clandestina; por otra parte, y en ese contexto, se adaptaron muchas de las experiencias radicales de los movimientos estudiantiles del 68: las vanguardias estudiantiles ocuparon rectorados y efectuaron juicios críticos a las cátedras. Muchas de aquellas actuaciones tenían un sentido político claro, pero la mayoría de los estudiantes lo observaron como algo ajeno, que no incidía en sus problemas y que, contrariamente, podía ser presentado como acciones nihilistas de las que amplios sectores se inhibían. En la VI Asamblea de los SDE, celebrada en Sevilla a finales de febrero de 1968, se decidió abandonar la idea de la convocatoria de un Congreso Universitario Democrático, que venía a ser el reconocimiento de la imposibilidad de mantener una actividad regular paralela a la legalidad establecida por la dictadura.[153] Se cerraba el período más productivo políticamente del movimiento universitario en España.[154]

POR UN PARTIDO DE MASAS. LA ALIANZA DE FUERZAS DEL TRABAJO Y DE LA CULTURA

Las expectativas de crecimiento del movimiento obrero y del estudiantil, tan altas en 1966, podían desaparecer ante la reacción gubernamental, que puso en marcha todos los mecanismos represivos a su alcance. En poco tiempo se pudo comprobar que el peligro de repliegue era cierto, ya que una parte de quienes se habían movilizado estaba dispuesta a reivindicar derechos básicos y democráticos, pero no a enfrentarse a las consecuencias de la represión. También, como se ha visto, una parte de la militancia era sensible a los argumentos de otras organizaciones sobre la conveniencia de la estricta clandestinidad. La dirección comunista insistió en lo contrario, en la necesidad de moverse decididamente, exigiéndoles «actuar en el movimiento de masas como los más firmes combatientes por los objetivos específicos» de los diferentes movimientos, asumiendo «la responsabilidad por las acciones que el citado movimiento organice, arrostrando los riesgos que puedan derivarse de ello».[155]

No solo eso; la dirección del PCE se impuso como objetivo ampliar al máximo el espacio de intervención política ensanchando los límites de la legalidad. En abril de 1967, y todavía como reflejo de la impresión que había causado en la dirección el aumento de actitudes contestatarias, aunque ya bajo la represión creciente que desató el Gobierno, se aprobó un documento en el que se instaba a los militantes a que mantuvieran la actuación abierta como instrumento de ampliación de la contestación. La experiencia mostraba que la lucha legal era condición sine qua non para ampliar los apoyos sociales de las acciones reivindicativas al tiempo que, en la práctica, también incrementaba para el régimen los costes de la represión: «Los riesgos serán menores si sabemos utilizar a fondo toda clase de medios y posibilidades legales, de modo que las autoridades se encuentren constantemente ante la disyuntiva de negar la legalidad franquista o ceder ante las demandas populares».[156] El partido no podía resignarse a la clandestinidad, una afirmación que parece fuera de contexto pero que los militantes entendían como huir de la secta.

Por otro lado, desde la segunda mitad de los años sesenta se vislumbraba la perspectiva de ampliación de la base social del partido y en su consolidación la experiencia italiana podía convertirse en el espejo en el que mirarse. Palmiro Togliatti fue el artífice del «partido de nuevo tipo» que convirtió al PCI en modelo para otros partidos comunistas occidentales y, desde luego, para el español. El dirigente italiano afirmó en 1944 que «el PCI, animado por un nuevo espíritu, debe convertirse en un gran partido de masas y del pueblo capaz de encuadrar en las propias filas los elementos necesarios para establecer contacto con todas las categorías sociales». Togliatti fue capaz de traducir en instituciones y comportamientos concretos el análisis teórico de Gramsci quien, siendo consciente de la imposibilidad de instaurar los ideales socialistas en un proceso rápido «como en Rusia», había formulado la «estrategia de desgaste del enemigo» como vía para superar el callejón sin salida al que podrían verse abocados quienes compartían los ideales comunistas. Se trataba de erosionar desde el seno de la sociedad el orden burgués hasta sustraer a las clases dirigentes el apoyo de las clases subalternas.[157]

Se trataba, en definitiva, de «la conquista del Estado a través de la “ocupación cultural” de la sociedad civil». Antonio Gramsci, con la formulación de la estrategia de «guerra de posiciones» como modelo alternativo a la «guerra de movimientos», había puesto las bases de los proyectos comunistas de la segunda mitad del siglo XX en la Europa Occidental.[158] En un marco de transformaciones sociales como el de los años sesenta y setenta, superar el callejón sin salida exigía —como había afirmado Palmiro Togliatti en 1961— alianzas interclasistas, aunque también una conciencia clara de ser «una fuerza antagónica irreductible, imposible de suprimir, arraigada en la clase obrera y en el pueblo y segura del propio futuro».[159] Por tanto, en el partido de masas debían confluir «diversos grados de conciencia de clase: masas que reclamaban la tutela de necesidades elementales de pan, de trabajo, de libertad, y masas en las cuales la reivindicación del socialismo se había arraigado a través de años de luchas ... De la fusión de estos dos componentes podía surgir un partido capaz de incidir inmediatamente en la vida y en las estructuras del país, y de ser así “partido de gobierno”».[160]

La posibilidad de aspirar a los objetivos teóricos y de aplicar en España los esquemas organizativos que hicieron del PCI un partido único y sui generis en su tiempo no estaba al alcance del PCE; los comunistas españoles estaban siempre sometidos a una represión feroz y a la consecuente clandestinidad estricta. Pero más allá de las condiciones en las que debían actuar, no hubo en la dirección en el exilio los líderes con la capacidad de análisis teórico que se dio particularmente en Italia. Sin embargo, es comúnmente aceptado que Santiago Carrillo fue durante los veinte últimos años del franquismo un dirigente tenaz, abierto a escuchar y capaz de integrar en un único proyecto las múltiples e innovadoras experiencias que los militantes comunistas impulsaron en España, un hombre especialmente dotado para la táctica, aunque no destacara en el ámbito de la elaboración teórica. Sin embargo, dado el marco de la dictadura, los textos de Santiago Carrillo eran leídos con el máximo interés, no tan solo por los militantes comunistas, sino también en sus áreas de influencia.

Ya se ha señalado que a mitad de los años sesenta el principal atractivo del PCE era su activismo político y sus propuestas políticas. Estaban creciendo entonces distintas plataformas intelectuales y profesionales, resultado de la sensibilidad social y política en algunos casos y del crecimiento numérico de profesionales en otros. La segunda mitad de los sesenta fueron años de una gran vitalidad intelectual en el ámbito de la izquierda. En 1968 se publicó en checo el libro de Radovan Richta La civilización en la encrucijada, un libro de gran impacto que fue traducido a diversos idiomas.[161] El estudio, en el que habían participado científicos de la Academia Checoslovaca de Ciencias, mostraba la necesidad de adaptar las propuestas del socialismo del futuro a los cambios producidos en la segunda mitad del siglo XX. Partiendo del principio de que, después de 1945, la ciencia se había convertido en una fuerza productiva directa, la obra proponía las líneas nodales que debían configurar la sociedad radicalmente nueva que correspondiera de lleno a la implantación y desarrollo de las conquistas de la revolución científico-técnica, a la vez que señalaba los elementos necesarios para construirla. Sus autores defendían que las relaciones sociales y las superestructuras derivadas de la industrialización y la mecanización ya no eran válidas y debían crearse otras acordes con la era atómica y la automatización. Partiendo de una actitud de confianza, característica de los años sesenta, consideraban que las fuerzas democráticas y socialistas podrían conseguir que el crecimiento de la productividad repercutiera en beneficio colectivo y no en el particular de la minoría. Para ello era necesaria la cualificación de la mayoría de la población y «la participación consciente y entusiasta de todos los componentes de la sociedad».[162]

En ese contexto, Santiago Carrillo intentó formular propuestas programáticas para hacer frente a los cambios que estaba viviendo la sociedad española, muchos del mismo carácter que el que experimentaban otras sociedades europeas. Ya en el libro Un futuro para España[163] aparecía por primera vez una formulación de gran difusión posterior, «la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura», como síntesis del motor de cambio social que debía conducir al socialismo.

La formulación de fuerzas del trabajo y de la cultura fue una gran aportación del momento que también resultaba estratégica para integrar a los sectores más activos contrarios a la dictadura. Carrillo conocía la literatura que se estaba generando e intentaba introducirla en sus propuestas políticas, y así, escribió que la «alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura [refleja] las fuerzas más dinámicas y progresistas del desarrollo social. Esta alianza tiene aún que desarrollarse y estructurarse más ampliamente, pero se presenta ya como una realidad naciente de gran porvenir».[164] Hay que decir, sin embargo, que el secretario general se fijaba más en la potencialidad de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura como frente común de carácter social y político que en lo que implicaba de modificación para la concepción del propio partido:

«Un rasgo característico de la situación actual son las múltiples conexiones que, de manera natural, van estableciéndose entre los diversos movimientos, y que tienden a convertirse en un solo frente de acción ... Las Comisiones Obreras, la oposición campesina, el sindicato democrático estudiantil, los diversos núcleos intelectuales y profesionales, los movimientos juveniles y femeninos, y los sectores católicos progresistas van ligándose por vínculos a veces todavía informales, pero efectivos. Se está marchando hacia una coordinación cada vez más consciente y articulada. SURGE UNA ALIANZA DE LAS FUERZAS MÁS AMPLIAS DEL TRABAJO Y DE LA CULTURA».[165]

Ciertamente, el empuje del movimiento universitario había conseguido ampliar la audiencia del PCE entre los sectores intelectuales y profesionales y en muchas ciudades se crearon Comisiones Cívicas para articularlos. Paralelamente, y tras la aprobación de la nueva ley de prensa impulsada por Manuel Fraga, militantes y compañeros de viaje se esforzaron en tejer un nuevo clima cultural a partir de la creación de editoriales. Muchas no pudieron sostenerse, pero otras sí, y editoriales como Fondo de Cultura Económica, Alianza Editorial, Grijalbo y Ariel, entre otras, jugaron un papel esencial en la formación de los sectores más inquietos intelectualmente de las nuevas generaciones, además de dar trabajo a una parte de los intelectuales y profesionales jóvenes. Manuel Vázquez Montalbán explicó aquel compromiso de la siguiente manera: «La lucha contra el franquismo desde el estamento intelectual fue un empeño por la reconstrucción de la razón frente a todos los irracionalismos que sostenían la quimera de la cultura autárquica... Se intentaba publicar un libro con el mínimo de cortes posibles, recoger firmas en favor de un derecho humano, aunque fuera pequeñito, publicar un artículo clandestino con nombre supuesto, crear una aliada alianza de intelectuales aliados, agrupar a los nuevos profesionales afranquistas o antifranquistas que la Universidad española empezó a producir en cantidades apreciables a partir de los años sesenta y conectar con una sociedad civil que cada vez se sentía menos identificada con la liturgia del régimen».[166]

El problema para muchos militantes, particularmente en el ámbito intelectual, era que el hiperactivismo al que forzaba el partido iba en detrimento de su actividad profesional. Así lo señalaba Manuel Sacristán, quien en 1967 consideraba que los buenos resultados solo se conseguirían si los militantes no perdían el tiempo en reuniones inútiles: «Para un abogado, por ejemplo, puede considerarse que el preparar bien las defensas es ya suficiente trabajo de partido para justificar su militancia; si a eso se le añade el trabajo en el Colegio de Abogados, debe en mi opinión prohibírsele que haga más cosas».[167] En 1969 Sacristán presentó la dimisión de todos los cargos que ocupaba, aunque no le fue aceptada hasta el año siguiente; era particularmente crítico con la forma que la dirección enfocaba la militancia de los intelectuales que, en cuanto tales, cada vez tenían menor presencia. En realidad, el problema organizativo tenía distintos niveles; por un lado, la distancia creciente entre los intelectuales que generaban conocimiento y los profesionales; sus preocupaciones y sus ámbitos de influencia social eran muy diferentes.

Desde finales de los sesenta y durante los últimos años de la dictadura, los intelectuales desarrollaron la crítica al franquismo desde el ámbito cultural facilitada por el mantenimiento de una censura a veces simplemente estúpida o por las tensiones provocadas por la aplicación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. La reacción ante las actuaciones represivas violentas de la dictadura convirtió a un sector amplio de intelectuales y de artistas en voces contra la dictadura. Ésta fue su aportación política más importante, pues el PCE otorgaba total centralidad a la movilización de los intelectuales como parte integrante de los sectores activos, pero escasa relevancia a su aportación como tales intelectuales, impidiendo que el partido aprovechara el capital humano integrado en sus filas».[168]

Los profesionales tenían una autopercepción de su papel distinta a la de los intelectuales y los cambios sociales y el crecimiento económico habían ensanchado notablemente su presencia social. En realidad, el activismo entre los profesionales, con frecuencia altamente cualificados, se alimentaba del cambio generacional y de la salarización y tenía objetivos políticos concretos. Para los responsables de la célula de intelectuales en Barcelona eran destacables los éxitos que, por ejemplo, estaban consiguiendo en el Colegio de Médicos. Así, en 1966 los «sectores demócratas» habían ganado la batalla de la nueva reglamentación colegial, que recogió sus reivindicaciones; el éxito era muy significativo teniendo en cuenta que la Junta del Colegio había intentado impedirlo. En el PSUC se consideró que, por primera vez, los sectores oficialistas debían esforzarse para aprobar sus propuestas: «Terminó la asamblea en un clima muy bueno, de confianza entre los médicos demócratas, y comentándose que por primera vez en treinta años se había podido hacer y ganar una votación democrática».[169] Los informes eran cada vez más optimistas: «Hoy se dan las condiciones para una politización muy rápida y muy viva de los movimientos de profesionales, tanto por las condiciones internas (fascismo por un lado y por otro prestigio de los movimientos obreros y estudiantes) como por la influencia exterior (mayo francés, etc.)». A finales de la década de los sesenta, no tan solo se esperaba de los militantes que perfilasen un programa para los profesionales, de contenido económico y cultural, que debía «no limitar la perspectiva política a la democracia formal, sino señalar concretamente cómo y en qué sentido la democracia formal es un paso necesario para ir a la solución racional de los problemas de los movimientos de los profesionales».[170] Es decir, el objetivo del activismo político era tanto la democratización de las organizaciones corporativas como cuestionar y debatir sobre las formas y objetivos del trabajo social. Un buen ejemplo era el de la medicina; no se trataba solo de exigir la extensión de la seguridad social sino, también, de discutir cuáles debían ser los objetivos y las formas de organización de un servicio médico eficaz.

Ya al inicio de la década de los setenta, las posibilidades de movilizar a los profesionales influyeron en la organización. Hasta ese momento, una de las dificultades para el mantenimiento de la militancia era que ésta absorbía tantas energías que dificultaba seriamente las posibilidades de desarrollo profesional, pero desde el momento en que los distintos grupos se articularon en su propio espacio era más fácil captar nuevos activistas, además de hacer mucho más visible su presencia.

EL DISTANCIAMIENTO PÚBLICO DE LA URSS Y LA VÍA NACIONAL AL SOCIALISMO

El XX Congreso del PCUS y el informe secreto, así como el proceso de desestalinización, representaron indudablemente un momento de ruptura decisivo en la definición del universo simbólico comunista. Desde entonces, el impulso a la coexistencia pacífica y la pluralidad de vías nacionales al socialismo se convirtieron en el marco de referencia para la política del PCE. Años después, en un texto ambicioso ampliamente difundido entre la militancia, Santiago Carrillo dedicó especial atención a argumentar que, contra lo que ellos mismos habían compartido, las formas concretas de la dictadura del proletariado en la URSS no eran universalizables, pues respondían a las características de la sociedad rusa.[171]

La voluntad de desarrollar vías propias para avanzar hacia el socialismo tuvo que enfrentarse pronto a una crisis en el espacio de influencia soviética: Checoslovaquia. Es importante tener presente que el año 1968 fue particularmente denso en acontecimientos en el escenario internacional. En Asia, la ofensiva del Tet impulsada por el Viet Cong puso al ejército norteamericano a la defensiva, con la carga simbólica que ello tuvo. Los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy en abril y junio, respectivamente, también convulsionaron el escenario americano. En octubre se produjo la masacre de decenas de estudiantes en la plaza de Las Tres Culturas en México. En Europa el dirigente socialdemócrata alemán Willy Brandt lanzó la Ostpolitik anunciando un cambio en el seno del sistema de guerra fría europeo. Por otra parte, el del 68 fue uno de aquellos raros movimientos que cruzaron los océanos y las fronteras de los sistemas sociales, y que produjo movimientos simultáneos, de base estudiantil en su mayoría, desde California y México hasta Polonia y Yugoslavia.[172] En Europa, de la misma manera que el mayo francés afectaría de una u otra forma a los partidos comunistas y a los movimientos sociales, el agosto checoslovaco pondría a prueba la coherencia y las fidelidades del movimiento comunista internacional.

En Checoslovaquia la primavera había empezado en enero, cuando Alexander Dubček fue nombrado secretario general del PC e inició una serie de medidas democratizadoras recogidas posteriormente en el Programa de Acción. Era un intento de reforma desde dentro con el objetivo de dotar al socialismo de «un rostro humano». Las noticias de aquel proceso fueron acogidas muy positivamente entre los comunistas occidentales, una actitud explícita en el caso español.[173] Sin embargo, la inseguridad de la URSS en su capacidad de controlar el bloque soviético llevó a las tropas del Pacto de Varsovia a ocupar Praga para acabar con el experimento democratizador. Fue el principio del fin del movimiento comunista internacional con centro en Moscú, que ya se había resquebrajado con la crisis de 1956.[174]

Cuando se produjo la intervención soviética, la casi totalidad de los partidos comunistas de la Europa Occidental condenaron la actuación del PCUS, con la excepción del portugués entre los partidos importantes. La manifestación de la discrepancia tenía un gran alcance político, pero también teórico; se trataba de dilucidar si la naturaleza del socialismo, en un país dado, dependía de la elaboración que en él se producía o de unos «sedicentes principios que la URSS detentaba».[175] En la dirección del PCE se manifestaron pocas dudas respecto a la postura a tomar: aunque una minoría discrepó, se impuso la opinión de que la intervención de fuerzas del Pacto de Varsovia para aniquilar la «primavera de Praga» debía rechazarse,[176] tanto por lo que significaba de violación de la soberanía de un Estado socialista como por la asfixia de una experiencia de socialismo «con rostro humano» muy próxima a los planteamientos del propio PCE y de otros partidos comunistas.

En el informe que Francisco Antón presentó al Comité Central en nombre del Comité Ejecutivo se enfatizaba que jamás se había visto en Checoslovaquia una actividad «político-práctica del Partido con las masas» con la compenetración de aquel momento. El informe señalaba que la calma era total en el país, donde se intentaba impulsar el socialismo a través de la extensión de las libertades, la práctica del convencimiento y el respeto de las opiniones.[177] Ya el día anterior, el 22 de agosto, el Comité Ejecutivo había enviado una carta al Buró Político del PCUS en la que afirmaba que no podía aprobar la intervención militar en Checoslovaquia, al tiempo que expresaba su temor a que dicha intervención repercutiera negativamente en el prestigio de la causa del comunismo.[178] Después, el PCE publicó una declaración pública en la que se hacía referencia a la carta y se reiteraba la necesidad de respetar la independencia y soberanía de Checoslovaquia en el reforzamiento del sistema socialista.[179] Mundo Obrero hizo llegar a la militancia la declaración[180] que había de comportar una transformación irreversible en la relación con la URSS.

En un marco de clandestinidad era difícil que se manifestaran las opiniones militantes, pero es posible afirmar que la valoración de la democracia se había extendido con suficiente fuerza como para que el rechazo de la intervención fuese amplio. En particular, los militantes jóvenes, impulsores y a la vez socializados en los nuevos movimientos sociales, compartían el ansia de libertad que marcó las décadas de los años sesenta y setenta. También buena parte de los cuadros intelectuales; Manuel Sacristán expresó de forma contundente la frustración que comportó la invasión cuando escribió a Xavier Folch —referente también de los intelectuales comunistas catalanes— que «el asunto me parece lo más grave ocurrido en muchos años, tanto por su significación hacia el futuro por cuanto lo que tiene respecto de cosas pasadas. Por lo que hace al futuro, me parece síntoma de la incapacidad de aprender. Por lo que hace al pasado, me parece confirmación de las peores hipótesis acerca de esa gentuza, confirmación de las hipótesis que siempre me resistí a considerar. La cosa, en suma, me parece final de acto, si no ya final de tragedia».[181]

Si la mayor parte de la militancia apoyó la posición de la dirección del partido, ello no implicaba que aquella declaración no resultase dolorosa para la parte más ortodoxa de la base militante, pues la admiración y apoyo incondicional hacia la URSS se mantenía entre esos sectores. Éste era un fenómeno general, pues no en vano buena parte de los comunistas de Europa occidental que se sentían identificados con la URSS, mayoritariamente no conocían la realidad soviética y atribuían muchas de las informaciones que les llegaban a la guerra sucia ideológica, propia de la etapa de guerra fría. Para ellos, la URSS venía a ser, como ha señalado Adriano Ballone para el caso italiano, como un catalizador de utopías autóctonas, endógenas, más que no un modelo o guía.[182] Para muchos veteranos comunistas, la Unión Soviética adquiría «el aspecto de un enorme contenedor, donde cada uno abocaba sueños, deseos, fantasías: una especie de ventana interior abierta al mañana, capaz de hacer olvidar las asperezas de la realidad cotidiana».[183] Para ellos, la URSS era un capital simbólico en el que invertir los propios sueños y proyectos de un mundo nuevo. En este fenómeno, autores como Marco Fincardi invitan a redescubrir elementos de continuidad histórica con las formas de politización laica desde 1848 y no con la tradición católica, como con frecuencia se ha hecho.[184]

Para la dirección soviética, la posición reiterada sin vacilación por Santiago Carrillo, y con él la del PCE, que fue quien hizo declaraciones más críticas,[185] era intolerable y frente a ella adoptó una doble línea de actuación: por una parte, apoyó a la minoría disidente, encabezada por Eduardo García y Agustín Gómez, que acabarían expulsados del partido y encabezando un grupúsculo sin futuro, el PCE-VIII Congreso;[186] por otra, sometió a una dura y continuada presión a la dirección que había optado por una posición «desviada», aunque combinada dicha presión con ofertas de reconciliación. La Conferencia de Partidos Comunistas, celebrada en junio de 1969 en Moscú, fue escenario propicio para las presiones soviéticas, pero también para la afirmación de la posición independiente del PCE, lo que en aquellas circunstancias significaba la manifestación abierta de importantes divergencias con el PCUS y con los partidos comunistas que seguían fielmente a los soviéticos.[187]

Así, la crisis con relación a Checoslovaquia comportó un cambio de gran calado en las relaciones del PCE con el PCUS.[188] Ya nada volvería a ser igual; la dirección soviética miraría con creciente hostilidad las actitudes y posiciones de Santiago Carrillo, lo que serviría a éste para reforzar la imagen de independencia del PCE e incluso para intentar jugar un papel de mayor protagonismo en el seno del movimiento comunista europeo. En cuanto a la política española, la imagen de independencia del PCE servía tanto de desmentido de la habitual propaganda anticomunista del régimen presentando a los comunistas españoles como agentes de Moscú, como de atractivo para quienes se acercaban al PCE como principal instrumento de lucha contra la dictadura pero eran críticos con el régimen soviético.

Los acontecimientos en Checoslovaquia favorecieron también las relaciones de los comunistas españoles con el PCI. Durante los años sesenta, los dirigentes en París observaron atentamente la política italiana en la que destacaba el hecho de que los socialistas se habían incorporado en 1962-1963 al gobierno dirigido por la democracia-cristiana con un programa de reformas. Ello había obligado al PCI a intentar mantener un delicado equilibrio entre «preservar su imagen radical como antagonista principal del “sistema”, al tiempo que desplegaba una amplia gestualidad de “oposición leal”». Su objetivo era convertirse en un «partido de lucha y un partido de poder».[189] En el plano internacional, la defensa del «socialismo de rostro humano» se vinculó a una elección estratégica que tendencialmente modificaba la tradición del internacionalismo, liquidando la pertenencia incondicionada al sistema soviético de relaciones internacionales.[190]

Así, a finales de los años sesenta, el PCI empezaba a ser un modelo para el PCE, y todavía más para el PSUC, pues desarrollaba un tipo de actuación adaptable a la sociedad española, permeable a la influencia de los movimientos sociales y a su impacto sociocultural. Las relaciones con el PCI empezaron a ser realmente importantes a partir de 1969; fue entonces cuando el partido italiano comenzó a considerar a los comunistas españoles como interlocutores relevantes, más allá de las relaciones formales y solidarias, alimentadas por el recuerdo de la guerra civil española. Antes, la crisis checoslovaca había empujado a Berlinguer y su equipo dirigente a una reflexión estratégica que situó en el horizonte la necesidad de una reforma del sistema soviético en el marco de un diseño global de regeneración del comunismo como alternativa radical a la sociedad capitalista.[191] En enero de 1970 una delegación del PCE se reunió en Roma con el PCI y aprobaron un comunicado en el que se afirmaba que

de acuerdo con las posiciones adoptadas por ambos partidos en relación con los acontecimientos checoslovacos, las delegaciones del PCE y del PCI han reafirmado que la independencia y la igualdad entre Estados socialistas, así como el respeto a la autonomía y a la unidad de los partidos comunistas, y la no injerencia en la vida interna constituyen los fundamentos sobre los cuales se puede y se debe construir la unidad real del movimiento comunista, unidad adecuada a la profunda diversidad de situaciones en que los diferentes partidos tienen que actuar, lo que es consecuencia también de la expansión y las victorias a escala mundial del socialismo y el comunismo.[192]

Se ponían las bases de una relación importante para el PCE que se desarrollaría ampliamente en la década de los setenta.

2

Una sociedad en ebullición,
un partido en transformación

A través de las zonas de libertad y de democracia que están creándose en todos los ámbitos sociales ... se está desarrollando un amplio y denso tejido democrático que poco a poco rodea, cerca, estrecha el terreno ocupado por la dictadura y va creándole una situación de asfixia.

Santiago Carrillo, Informe central,
Segunda Conferencia del Partido Comunista
de España, 1975

EN «ESTADO DE EXCEPCIÓN»

A pesar de la represión, la contestación social a la dictadura no había parado de crecer desde mediada la década de los sesenta y, aunque ésta estaba lejos de suponer un peligro inminente para el régimen, ello suponía un desafío que el franquismo no estaba dispuesto a tolerar. La extensión de la movilización había favorecido la manifestación de actitudes de disenso, en algunos casos muy moderado, que sin embargo eran percibidas por los dirigentes del régimen como potencialmente peligrosas, ya que podían expandirse más o menos rápidamente. La preocupación de los dirigentes franquistas por la contestación social y política llevó ya, en agosto de 1968, a la aprobación de un decreto ley sobre delitos de «bandidaje y terrorismo», que ponía nuevamente en vigor artículos derogados previamente relativos a la figura de «rebelión militar», y en noviembre del mismo año se había formado una comisión del Gobierno para asuntos del orden público. Paralelamente, una unidad militar empezó a colaborar con el Ministerio de Educación para luchar contra la «subversión» en la universidad. Este fue el origen del Servicio Especial dirigido por el coronel José Ignacio San Martín, que se transformó en 1972 en Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED). Así, la intensificación de la represión que marcó los últimos años sesenta fue producto, por un lado, de la constatación de que se estaban tejiendo complicidades entre núcleos de militantes antifranquistas y sectores sociales que hasta aquel momento se habían mantenido pasivos; por otro, esas mismas empatías dificultaban sostener la iniciativa política gubernamental.[1]

Los incidentes del día 17 de enero de 1969 en el Rectorado de la Universidad de Barcelona —donde un grupo de estudiantes tiró un busto de Franco a la calle desde el despacho del rector—[2] y la muerte del estudiante Enrique Ruano a manos de la policía en Madrid,[3] hicieron prever al Gobierno que en los meses siguientes las protestas podían ser incluso más amplias que las que se habían desarrollado en 1968, cuando las huelgas obreras y, por primera vez la acción de ETA, habían impactado en la opinión pública. El 24 de enero el Gobierno declaró el estado de excepción en toda España durante tres meses, dejando en suspenso varios artículos del Fuero de los Españoles. Pero el objetivo del estado de excepción no era solo desactivar la movilización estudiantil, sino intentar decapitar la oposición al régimen. El Gobierno aprovechaba la visibilidad de la contestación universitaria para presentar la suspensión de los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españoles como un intento de frenar las «acciones minoritarias [que] sistemáticamente dirigidas a turbar la paz de España y su orden público, han venido produciéndose en los últimos meses, [y que están] claramente en relación con una estrategia internacional, que ha llegado a numerosos países».[4] En esa idea insistió Manuel Fraga después de presentar el decreto a la prensa: «Repito que se trata de acciones claramente concertadas para meter al país en una ola de confusión y de subversión mundial ... una estrategia en la que se utiliza la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobediencia», por lo que «quiero hacer aquí, en nombre del Gobierno, una seria advertencia a los incitadores y a quienes les sigan a partir de este momento, porque caerá sobre ellos (y no son palabras) todo el peso de la ley».[5]

La amenaza represiva fue efectiva y muchos opositores huyeron de sus hogares. Los datos reservados conservados entre la documentación del Ministerio de Información y Turismo señalan que a 18 de marzo de 1969, después de sucesivas operaciones policiales, estaban detenidas o en arresto domiciliario 735 personas, de las cuales 315 eran estudiantes y 420 tenían otras profesiones. De los 735, aparecían como «domiciliados» 159, mientras que de los restantes, 196 estaban a disposición de la autoridad militar, 212 de la jurisdicción civil y 168 de la autoridad gubernativa.[6]

La organización más afectada fue la comunista y, particularmente, el PSUC. Más de setenta militantes fueron detenidos y otros cincuenta tuvieron que abandonar trabajo y domicilio. El Comité de Barcelona y los principales cuadros de la organización evitaron, sin embargo, ser capturados, lo que permitió que, pasado el primer impacto, toda la militancia se dispusiera a demostrar que las proclamas gubernamentales según las cuales la organización del PSUC había sido desmantelada no respondían a la realidad. El sobreesfuerzo militante tuvo que ser muy importante.[7]

Para calibrar lo que el término «sobreesfuerzo» podía significar habrá que tener en cuenta que buena parte de la fuerza comunista procedía de las características de sus bases: hombres y mujeres con un profundo sentido del sacrificio personal materializado en forma de renuncias en la carrera profesional, en la vida privada e incluso a la libertad personal en forma de años de prisión. La militancia condicionaba por completo la vida de los militantes, convirtiéndose en el eje de su existencia.[8] Hasta los años setenta, la clandestinidad obligaba a los militantes a una doble vida, pues solo su entorno más cercano —y no siempre— conocía su militancia. El miedo era el compañero más íntimo y, casi desde el momento del ingreso en el partido, aquel individuo debía prepararse psicológicamente para la detención. Y hay que añadir que la represión tenía más consecuencias que la detención y tortura de los militantes por un lado, y la necesidad de reconstruir la organización colectiva por otro. Afectaba a la propia autoestima de los militantes. Cuando se producía una «caída», el sistema de control de la situación por parte de la dirección se basaba en analizar quién había sido el primer detenido, qué había declarado, etc.; a partir de aquí se depuraban las «responsabilidades». Ello significaba hacer caer la «responsabilidad» en los propios detenidos[9] quienes, además de sufrir las consecuencias en sus propias vidas, pagaban en muchas ocasiones debido a los problemas organizativos, no por su negligencia, o simplemente a causa de los mayores recursos del franquismo para reprimir a sus enemigos.

A pesar de los altos costes represivos —que ponían nuevamente en evidencia la alta calidad humana de la base militante— es incuestionable que desde la perspectiva política el estado de excepción debilitó más al régimen que a la oposición,[10] por lo que en poco tiempo la movilización social alcanzó nueva intensidad. Ello llevó al PCE a considerar que «las condiciones en que se mueven los movimientos de masas han variado cualitativamente con el Estado de Excepción. Todos los cambios que éstos experimentan en la primera etapa del curso: aumento de la politización, participación masiva de nuevos sectores (abogados, sacerdotes, profesionales en general), desarrollo de la lucha antirrepresiva, y en general, aumento del nivel de lucha cristalizan en una situación política al intentar el Régimen una prueba de fuerza con el Estado de Excepción, y fracasar con ello».[11]

En ese marco, el juicio de Burgos se convirtió en un acontecimiento central, pues la dictadura franquista tuvo que hacer frente a una importante movilización interior e internacional en contra del consejo de guerra sumarísimo celebrado en la capital de la Sexta Región Militar, con la petición por parte del fiscal de la pena de muerte para seis de los dieciséis procesados acusados de formar parte de ETA.

El 3 de noviembre de 1970, CC. OO. había llamado a una jornada por la amnistía que tuvo poca repercusión, pero un mes después volvió a llamar a la movilización contra la represión ahora ejemplificada en el proceso de Burgos, y entonces sí que obtuvo un importante eco, lo que es una buena muestra de que las causas concretas continuaban teniendo mayor capacidad de convocatoria que las abstractas.

En efecto, la movilización fue general. Ya a finales de noviembre la intervención de la Iglesia vasca ante el proceso, que sentaba en el banquillo de los acusados a dos sacerdotes, fue firme y consiguió que la Secretaría de Estado del Vaticano hiciera pública su petición de clemencia al Gobierno español, «en el caso de que fueran impuestas condenas a muerte para que las mismas no sean ejecutadas».[12] También el 1 de diciembre, a punto ya de iniciarse el juicio, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó dirigirse al Gobierno pidiendo la máxima clemencia. Desde el inicio del proceso, los abogados defensores, entre los que se encontraban prestigiosos letrados vinculados al antifranquismo —entre ellos, el miembro del PSUC Josep Solé Barberà, él mismo condenado a muerte en 1941—,[13] pusieron en evidencia las actuaciones contrarias a la ley a las que habían sido sometidos los acusados, entre ellas las torturas, así como las numerosas irregularidades del proceso, lo que comportó una notable tensión con el tribunal militar, ante la mirada de observadores extranjeros y de la prensa internacional.

Paralelamente, arreciaban las protestas de intelectuales, estudiantes y obreros en toda España, particularmente en el País Vasco. Especial trascendencia adquirió el encierro que la Asamblea de Intelectuales catalanes convocó el 12 de diciembre en Montserrat. El éxito de la convocatoria superó todas las previsiones: allí se reunieron más de trescientos intelectuales, artistas y profesionales, algunos de ellos tan conocidos como Núria Espert, Antoni Tàpies o Jaime Camino. En la tancada se aprobó una declaración, cuya significación no está tanto en el contenido como en la relevancia de los firmantes y en el eco internacional que tuvo el documento, al que no fue ajeno el lugar de celebración de la Asamblea —el monasterio de Montserrat—, en un momento de tensión entre la Iglesia y el régimen franquista.[14] En Madrid, fueron detenidos intelectuales y profesionales antifranquistas que participaban en una reunión ilegal, entre ellos Enrique Tierno Galván y los comunistas Armando López Salinas, Jaime Sartorius y Juan Antonio Bardem. Incluso algunos sectores del establishment fueron conscientes de las consecuencias que el juicio podía tener. Simón Sánchez Montero se entrevistó con José María de Areilza, quien coincidió con él en que «el consejo de guerra había sido un gran error del Gobierno pues había querido demostrar al mundo que aquí se aplicaba la justicia con todas las garantías y lo que ha conseguido es mostrar plenamente su verdadero carácter. Ha sido el proceso del régimen».[15]

Pero esas no eran las coordenadas que guiaban la acción gubernamental. Ante el cuestionamiento del régimen, Carrero Blanco propugnó siempre que su defensa debía hacerse sin contemplaciones. El 21 de diciembre de 1970, en un discurso pronunciado en las Cortes, el vicepresidente Carrero Blanco afirmaba que «todos estén seguros de que cualquier foco de subversión será totalmente desarticulado». Las palabras del vicepresidente del gobierno indicaban claramente que la represión continuaría siendo el principal instrumento utilizado por las autoridades franquistas para responder a cualquier forma de conflictividad social o de disentimiento político. Si, como se ha visto, la creciente preocupación de los dirigentes franquistas por la contestación social y política había llevado, ya en 1968 y 1969, a la aprobación de distintas medidas represivas con el objetivo de intentar romper la articulación no solo de la oposición sino también de la disidencia, los acontecimientos de 1970 visibilizaron ante el país la violencia extrema en la que se apoyaba la dictadura.[16]

Sin embargo, la presión interna e internacional consiguió que si bien el 28 de diciembre el tribunal militar comunicó las sentencias de nueve penas de muerte para seis acusados, y condenas de largos años de cárcel a los demás encausados, dos días después, Franco, con el acuerdo unánime del Gobierno, decidió ejercer el derecho de gracia, conmutando la totalidad de las penas de muerte. La «crisis de diciembre» mostró que el franquismo, pese a continuar disponiendo de un aparato coercitivo capaz de restaurar el orden y de continuar ejerciendo una presión disuasoria extraordinaria, mostraba graves debilidades que lo amenazaban. Ante ello, el PCE declaró que «el proceso de Burgos ha sido incontestablemente la batalla y la victoria política más importante, hasta hoy, contra el régimen franquista ... La conciencia mundial, vibrando al unísono, con España, ha evidenciado el aislamiento internacional del régimen fascista de Franco».[17]

Sin lugar a dudas, la crisis política desencadenada por el consejo de Burgos supuso, utilizando las palabras del embajador británico Russell, «la crisis política más seria desde la guerra civil».[18] La crisis continuó agudizándose dado que la represión, si bien resultaba imprescindible para contener la movilización sociopolítica, se convirtió en un problema porque la acción represiva provocaba un amplio rechazo social y ampliaba la legitimidad de las denuncias del antifranquismo que, al mismo tiempo, fue capaz de generar notables movimientos de solidaridad contra la represión.

SALIR A LA SUPERFICIE PARA CREAR ESPACIOS DE LIBERTAD

Ya se ha señalado que, desde 1967, la dirección comunista enfatizaba a sus militantes la necesidad de evitar el repliegue a una actuación exclusivamente clandestina, única manera de extender los movimientos de masas. En 1970, superados los efectos del estado de excepción decretado en enero de 1969, la dirección del PCE consideró que era el momento oportuno de dar un salto cualitativo para hacer visible la alternativa democrática. Contra lo que el discurso oficial mantenía, la etapa «aperturista» se había acabado justamente con el cambio de gobierno de 1969. Durante siete años, desde 1962, se había mantenido un pulso entre dirigentes franquistas «aperturistas» e «inmovilistas», aunque el PCE —como buena parte de la publicística de entonces y la posterior— se equivocaba al identificar reformistas con tecnócratas y falangistas con inmovilistas, pues durante los años sesenta las propuestas políticas más ambiciosas en el ámbito oficial procedieron del falangismo. Por otro lado, falangistas y tecnócratas tenían el mismo objetivo prioritario: el mantenimiento del régimen después de Franco, aunque pretendían hacerlo por vías distintas.

Los profundos cambios económicos, sociales y culturales que experimentó la sociedad española durante la década de los años sesenta comportaron la extensión en su seno de la consideración de la legitimidad democrática como una condición indispensable del poder político. El régimen franquista no pudo permanecer ajeno a las consecuencias de los cambios que estaban operando en la sociedad, incluido el no menos importante de carácter generacional. Por ello, buena parte de la clase política franquista, más allá del núcleo dirigente del Movimiento, coincidió en la necesidad de un «desarrollo político», que algunos consideraron incluso absolutamente indispensable para asegurar el futuro del régimen. Pero eso mismo comportaba la aceptación de que el sistema político no tenía futuro si no se introducían cambios, y las propuestas formuladas en tal sentido generaron importantes tensiones políticas. En 1969, Luis Carrero Blanco consiguió desembarazarse de los ministros «aperturistas».[19]

En lo que no se equivocaba el PCE era en el origen de la «liberalización» franquista, que había sido una respuesta tanto a la necesidad de ampliar la legitimidad más allá de la «victoria» de la guerra civil como al ensanchamiento de la contestación social. Tanto el régimen como el PCE eran conscientes de que la batalla central se situaba en la conexión con la mayoría social. Así lo reconocía José Ignacio San Martín, responsable del Servicio Central de Documentación (SECED), quien en la memoria correspondiente al curso 1968-1969, refiriéndose concretamente a las universidades, afirmaba que «de poco servirán las medidas de desarticulación de los grupos hostiles, ni la creación de grupos antagónicos, si no se gana a la opinión estudiantil general».[20]

Para ampliar la contestación, el PCE propugnaba establecer «zonas de libertad», «es decir, de crear en la realidad, frente a las instituciones y a la legalidad franquista, que subsisten formalmente tal como eran, zonas de libertad en las que la batalla contra el régimen se plantea desde un terreno sólido y concreto. En cierto modo se trata de levantar, frente al poder del Estado franquista, bases que pudiéramos llamar de poder y de lucha democrática».[21] Con la consigna de «salir a la superficie» y conformar «zonas de libertad» se pretendía actuar abiertamente para demostrar a amplios sectores sociales «que es posible vivir de otra forma, que ellas [las masas] pueden jugar un papel social y político activo que el franquismo les niega».[22] Ambas propuestas eran en sí una sola. La estrategia contenida en el lema «salir a la superficie» significaba «mantener el secreto de la organización y menos el de los militantes. Esta aparente contradicción se resolvía por la aplicación de los conceptos políticos de “espacios de libertad”... Se trataba, por tanto, de una actividad que empujaba mucho más a acercarse a los problemas de la actividad política diaria que a las tareas más administrativas», es decir, organizativas.[23]

Desde la perspectiva de los militantes, esta política aportaba aire fresco a la organización que, siguiendo el modelo del PCI, pretendía ser un «partido leninista de masas».[24] La lucha política ligada a la movilización social exigía que las células comunistas en cada espacio de actuación intentasen conocer los problemas existentes; por otro lado, la voluntad de ensanchar la presencia social del partido estimulaba a sus militantes a buscar alternativas, tanto para resolver problemas cotidianos, lo que generaba apoyos entre los sectores populares, como impulsando propuestas de democratización social, que ampliaba el contacto con algunas franjas de las clases medias. Efectivamente, el crecimiento de los movimientos sociales permitió que la represión ya no hiciera retroceder la movilización, de manera que ésta se transformaba en causa de debilidad de la dictadura; que desde 1970 el franquismo estuviera ya permanentemente a la defensiva.

La estrategia de espacios de libertad estimuló la implicación de los militantes en todos los frentes. Al mismo tiempo, la imbricación en el tejido social incidió en las características, prácticas y cultura política de la militancia comunista joven.

En lo que afecta a la estrategia, los militantes comunistas en el movimiento obrero fueron los artífices de que las CC. OO. fueran verdaderamente un movimiento sociopolítico que, además de responder a los problemas específicos de los trabajadores de cada empresa, fueran una pieza clave de las movilizaciones políticas. Desde el inicio de la década de los setenta, el movimiento obrero consiguió proyectar las movilizaciones obreras fuera de las fábricas, articulándolas con las que se desarrollaban en el espacio urbano.

La conflictividad obrera tendió a extenderse y 1970 fue el año más conflictivo hasta aquel momento. Los conflictos también se radicalizaban, lo que dio lugar a violentas intervenciones policiales que, a su vez, provocaron movilizaciones de protesta y solidaridad, a veces masivas, así como críticas y condenas al régimen desde sectores cada vez más amplios de la sociedad española. El protagonismo de las CC. OO. y de los militantes comunistas fue esencial en el impulso de las movilizaciones obreras y éstas constituyeron el mejor escenario para la captación de nuevos militantes, lo que reforzó las estructuras organizativas del PCE y sus posibilidades de actuación, en especial en los núcleos industriales y urbanos más dinámicos, pero también en zonas menos desarrolladas.

En ese escenario, las elecciones sindicales adquirieron particular importancia. Después de la experiencia de 1966, los dirigentes de la OSE retrasaron tanto como pudieron la celebración de nuevos comicios por miedo a perder el control de la estructura verticalista. Ello perjudicaba de forma notable las posibilidades de defensa de las reivindicaciones obreras al tiempo que la contestación al régimen, pues habían sido desposeídos de su cargo de enlaces y jurados de empresa muchos de los trabajadores elegidos en 1966. Sin embargo, la propia expansión de CC. OO. desde 1969 impidió al régimen aplazar más las elecciones, que se convocaron en 1971, aunque solo se renovaría la mitad de los cargos.

El PCE llamó a los trabajadores a aprovechar «las elecciones sindicales para conquistar posiciones que nos permitan impulsar toda la lucha obrera y destruir los sindicatos verticales».[25] Era fundamental, porque en el seno de CC. OO. se produjo un pulso importante entre aquellos que propugnaban la participación y los que optaban por el abstencionismo. Los militantes comunistas —junto con muchos otros que compartían sus tesis— tuvieron que emplearse a fondo en algunas empresas para contrarrestar los argumentos de retórica izquierdista de algunos grupos —maoístas y trotskistas, fundamentalmente— que, casi siempre, situaban al PCE en el epicentro de sus críticas. Así, Mundo Obrero argüía que la abstención significaba dejar al Gobierno y a los jerarcas verticalistas «el campo libre para el intento de recomponer su tinglado sindical» y que «lo “radical” de verdad es hacer que las masas obreras puedan luchar con la máxima eficacia contra sus enemigos, y en defensa de sus reivindicaciones sociales y políticas».[26]

Los grupos izquierdistas tuvieron mayor presencia en el ámbito universitario, donde los efectos del Mayo del 68 fueron lógicamente mayores. La posición de Santiago Carrillo ante el fenómeno del 68 era poliédrica. Por una parte, la actitud era abierta. En la reunión del Comité Central de septiembre de 1970, el secretario general volvió a poner el énfasis en que en la Europa Occidental los partidos comunistas debían ser «profundamente nacionales» y, en ese sentido, propugnaba estudiar seriamente los acontecimientos del mayo-junio francés de 1968, y el otoño caliente italiano que, afirmaba, presentaban muchos de los rasgos que podía adquirir una crisis revolucionaria en esta parte del mundo. La vía nacional al socialismo debía pasar forzosamente por la democratización de la sociedad a todos los niveles; en particular, por la democratización radical del aparato del Estado y de todas las instituciones de la sociedad.[27] Solo así se alcanzaría la mayoría necesaria para hacer los cambios irreversibles.

Pero, ya en los inicios de los setenta, no pudo por menos que combatir ante los militantes las posiciones de la izquierda radical que estaban consiguiendo una visibilidad notable. En aquel momento no resultó fácil para el PCE mantener su estrategia para la movilización social, pues se encontró con el cuestionamiento de otros grupos que se definían como comunistas —maoístas y trotskistas— y que convirtieron la crítica a su actuación en uno de los focos principales de su discurso político. Ese cuestionamiento obtuvo mayor eco en el movimiento estudiantil. En el mundo universitario, particularmente estudiantil, el PCE se encontró con crecientes dificultades a partir de 1968. El partido llamaba a sus militantes a actuar abiertamente, por un lado, y por otro, a no dejarse arrebatar la iniciativa por la extrema izquierda, que resultaba atractiva para un sector amplio de jóvenes dispuestos al activismo clandestino, que optaron por opciones de planteamientos más radicales. Para estos sectores, la táctica era más importante que la estrategia pues la finalidad era una revolución que no necesitaba adjetivos.

Sin embargo, la crisis en el movimiento estudiantil tenía raíces propias. En 1971 los dirigentes universitarios comunistas afirmaron que el hundimiento de los SDE a partir de 1968 había mostrado «la inadecuación de unas formas cuyo funcionamiento estatutario absorbía casi todo el trabajo político, y que, de hecho, permitían solo una escasa participación real de los estudiantes». Por ello, en los años setenta, aquéllos buscaron nuevas fórmulas de organización que asegurasen la conexión con las inquietudes del conjunto de los estudiantes, teniendo claro que las fórmulas de organización debían ser diversas pero que tenían que desembocar en una acción abierta, «nunca ni la de las camarillas clandestinas, ni la de la burocracia de los despachos, sino la constituida en base a las asambleas ... Las asambleas son la forma de democracia más directa con que cuentan las masas y que se están desarrollando».[28] El movimiento estudiantil consiguió ampliar sus apoyos vinculado ahora ya a la dinámica de la estricta lucha política; desde entonces, la contestación universitaria a la dictadura fue continuada, aunque su protagonismo social fue relativamente menor al de la segunda mitad de los años sesenta. Así, las más importantes movilizaciones estudiantiles fueron en protesta por acontecimientos extrauniversitarios, muchas veces acciones en respuesta a la violencia policial contra los trabajadores. No obstante, el rechazo a la Ley General de Educación, aprobada en 1971, provocó también movilizaciones masivas que afectaron a toda la enseñanza, e iniciaron la extensión de la conflictividad a la educación secundaria, en tanto que en la universidad emergía el movimiento de profesores no numerarios, también con un importante papel de los militantes comunistas.[29]

Los militantes del PCE, junto con activistas de otros grupos, tuvieron también una actuación decisiva en la aparición y extensión durante la primera mitad de los años setenta de un movimiento vecinal que se convirtió muy pronto en un nuevo ámbito de movilización antifranquista, y que alcanzaría su madurez en los años de la transición.[30] El emergente movimiento vecinal ofreció rápidamente nuevas oportunidades para la extensión y penetración social del partido.

La presencia en todos los movimientos sociales y en todos los ámbitos posibles a través de la acción continuada de los militantes, a pesar de los riesgos y de los golpes represivos, constituyeron los elementos esenciales que posibilitaron el reforzamiento del PCE y su liderazgo en la oposición a la dictadura franquista.

EL VIII CONGRESO Y EL DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA COMUNISTA EN LA CRISIS DEL FRANQUISMO

Tras el distanciamiento de la URSS y atendiendo a la evolución interna del país, en la reunión del Comité Central del PCE celebrada en septiembre de 1970 se aceleró el proceso de renovación interna y se puso el énfasis en la necesidad de ampliación de las alianzas políticas y sociales. La renovación se vio favorecida por la actitud de Enrique Líster quien, siendo contrario a la posición mayoritaria de rechazo a la invasión de Checoslovaquia, exigía discutir la política de distanciamiento respecto a la URSS y la convocatoria de un congreso que, por otra parte, debía celebrarse ya dado el tiempo transcurrido desde el anterior. Finalmente, Líster y otros cuatro miembros del Comité Central que le apoyaban fueron expulsados. Pero la prevista renovación del Comité Central fue mucho más amplia y encarada a reforzar la presencia en la dirección de los cuadros más activos del interior: fueron 29 los nuevos miembros del Comité Central, entre ellos Pilar Brabo, Antoni Gutiérrez Díaz, Vicente Cazcarra, Nicolás Sartorius, Dulcinea Bellido y Eduardo Saborido. También se produjeron cinco incorporaciones al Comité Ejecutivo, entre ellos los tres primeros citados y Fernando Soto. En la dirección del PCE ya eran mayoría quienes habían nacido después de la guerra civil y procedían de la lucha clandestina en España.[31]

En aquel mismo Comité Central, Santiago Carrillo planteó que quizás el problema más importante de la organización en aquel momento era armonizar las fuerzas veteranas con las nuevas, no tanto por cuestión de edad como de mentalidad. Así, destacó que la línea fronteriza venía marcada principalmente por los referentes políticos y simbólicos: para los «veteranos» la revolución de los soviets y la «guerra nacional revolucionaria» de 1936 eran los referentes fundamentales, mientras que la generación nueva había surgido bajo la dictadura franquista «en el período de la lucha por salir de las catacumbas, por emerger a la superficie; en una situación en que los problemas ... han cambiado considerablemente». Un tiempo en el que habían entrado en crisis las viejas organizaciones y en el que «ha pasado a ser nuestro aliado principal una corriente católica renovadora». Carrillo reconocía que, al mismo tiempo, había diferencias de formación que influían no solo en la mentalidad, sino también en los hábitos de reflexión y enfoque de los problemas. Unas generaciones —las nuevas— que, por otra parte, habían conocido experiencias revolucionarias más allá de la rusa y que participaban de una lucha ideológica más viva en el campo de la izquierda. No dejó de citar en su informe otros retos como, por ejemplo, el derivado del hecho de que aunque la fuerza de la organización estaba en España, el núcleo de la dirección estaba en París.[32] El contraste entre el tipo de dirigentes del exilio y del interior también se trasladó a España cuando, progresivamente, muchos de ellos volvieron al país.[33] En los años siguientes, las tensiones latentes entre ambos componentes fueron en aumento.

Cuando en julio de 1972 en las afueras de París se celebró el VIII Congreso del partido, el proceso de renovación y rejuvenecimiento del máximo órgano de dirección aún se profundizó más y de los 118 miembros del Comité Central un elevado número eran militantes jóvenes del interior.[34] En los debates del Congreso, la cuestión de la democracia interna estuvo presente, siendo el primer elemento destacado por Mundo Obrero al iniciarse el año 1973.[35]

En efecto, algunos participantes manifestaron el malestar propio y de sus camaradas por no haber podido discutir previamente el borrador de tesis que se presentaba, así como por el hecho de que los delegados no hubieran sido elegidos democráticamente por sus compañeros. Santiago Carrillo respondió, como reiteró en febrero en el III Congreso del PSUC, señalando que la cuestión no se podía abordar prescindiendo de la falta de libertad que comportaba la persecución franquista: sin la concentración de autoridad política dentro del partido en las condiciones de la clandestinidad no habría partido. Dicho eso, Santiago Carrillo vino a afirmar que no había democracia formal pero sí real, porque cuando un dirigente del partido presentaba un informe condensaba o intentaba condensar la experiencia colectiva del partido.[36] Meses después, en la reunión que el Comité Ejecutivo celebró en el mes de febrero, Santiago Carrillo fue menos condescendiente y pasó al ataque viniendo a afirmar que buena parte de la reclamación de mayor democracia interna estaba asociada a la mayor presencia en sus filas de militantes procedentes de las «fuerzas de la cultura». Se felicitaba de que el partido hubiera sido capaz de atraer a sus filas a tantos intelectuales y profesionales, sólo superado por el PCI en este sentido, pero nadie debía olvidar que aquel era «el partido de la clase obrera», de manera que la nueva composición obligaba a «velar por la composición predominantemente proletaria del P., porque así como no puede haber un partido de masas ... en las condiciones históricas de hoy sin una gran aportación de las fuerzas de la cultura», existía el peligro de que un predominio «exagerado» de esas fuerzas le alejara de la clase obrera.[37] El secretario general no había dudado en utilizar la retórica obrerista para reforzar su posición.

Indudablemente, la propia forma de funcionamiento de los comités central o ejecutivo favorecía la verticalidad y las tensiones cuando no había plena sintonía entre la posición del secretario general y la mayoría o parte de los miembros de los distintos órganos. Así, el protocolo establecía que las reuniones comenzaban con la presentación de un informe del secretario general, que era seguido de las intervenciones de los miembros bien del Comité Central, bien del Comité Ejecutivo; el punto tratado o la reunión concluía con una nueva intervención del secretario general, que formalmente sintetizaba las posiciones presentadas en la reunión pero, en la práctica, le otorgaba la última palabra, siendo habitual que prescindiera de cuanto se distanciara de su propia posición. Hipotéticamente, los miembros del Comité Central podrían manifestar su desacuerdo con la síntesis presentada por el secretario general, pero eso no sucedía, por cuanto comportaba una desautorización y un enfrentamiento con él. Era la práctica habitual a lo largo de décadas, y la propia manera de ejercer el cargo de Santiago Carrillo, lo que convertía el centralismo democrático en mucho de centralismo y poco de democracia.

En la misma reunión del Comité Ejecutivo, Carrillo manifestó la preocupación de la dirección «con la situación del P. en Madrid», que calificaba de estancada. Era su manera de hacer referencia a las tensiones crecientes que se estaban dando en su seno. Tras el VIII Congreso tomó cierta consistencia la corriente de opinión interna conocida como Oposición de Izquierdas (OPI),[38] con Javier Sauquillo y Héctor Maravall como figuras destacadas, que criticaban la escasa democracia interna y, desde la izquierda, principalmente la política de alianzas que consideraban derechista. Este intento de constituir una corriente fraccional dentro del PCE no obtuvo apenas apoyos y, finalmente, sus impulsores fueron sancionados con una separación del partido de varios meses,[39] pero continuaron militando en él. Es significativo, no obstante, que la creación de la corriente se viera favorecida por el desplazamiento de los dirigentes de la organización estudiantil madrileña y algunos del movimiento obrero a causa de la voluntad de París de controlar la organización del interior.[40]

También surgieron tensiones, aunque fuera de forma latente, con los cuadros del partido abocados al desarrollo de CC. OO. En su informe del VIII Congreso, el secretario general había dedicado una atención remarcable al desarrollo de CC. OO., siendo lo suficientemente crítico como para que, posteriormente, una parte de sus cuadros interpretara sus palabras como una llamada de orden, en el sentido de que CC. OO. debía centrarse en las cuestiones sociales dejando el espacio político al propio partido. Los cuadros comunistas se habían constituido en el núcleo central de la construcción de un sindicalismo de nuevo tipo y pretendían que la formulación no quedara en retórica. En junio de 1972, en la reunión en que fueron detenidos los que después fueron denominados los «diez de Carabanchel», se debía discutir un borrador de documento programático elaborado por Nicolás Sartorius con la colaboración de Eduardo Saborido. Dado que entre los cuadros comunistas había una percepción clara de que la crisis de la dictadura se aceleraba, en la Coordinadora General se plantearon la necesidad de que Comisiones Obreras fijara su posición de cara al futuro respondiendo a la cuestión ¿qué hacer para que el movimiento obrero y las Comisiones jugaran un papel decisivo?[41] El documento ponía el énfasis en la unidad, no tanto de siglas como de las «propias masas en su movimiento», y así, se decía que la clase obrera estaba cumpliendo una «tarea nacional» en la fase de liquidación de la dictadura que permitiría la conquista de la libertad y la democracia.

Los cuadros de CC. OO. tenían una visión globalmente política de la acción del movimiento obrero, que partía del presupuesto de que la consecución de las aspiraciones de los trabajadores dependía del marco político, lo que no estaba en contradicción, al contrario, con la implicación absoluta en la defensa de las reivindicaciones obreras en las realidades concretas de los centros de trabajo. Así, eran mayoría en CC. OO. quienes propugnaban mantener una participación constante en la movilización antifranquista a partir del argumento de que sólo con la democracia los trabajadores tendrían instrumentos para defender sus intereses. Estos planteamientos se ven claramente reflejados en El sindicalismo de nuevo tipo que después publicará Nicolás Sartorius, donde se defiende el componente político del movimiento sindical, el cual no competía con los partidos pero que, como organizador de los trabajadores que era, tenía «cosas que decir y defender a esos niveles y su presencia es una garantía de que se dirán y se defenderán». CC. OO., decía, «no reivindica el derecho a tener soluciones previas a todos los problemas políticos, ni una línea de gobierno, etc., como debe poseer un partido, sino a tomar posiciones concretas ante problemas concretos que interesan directamente a los trabajadores en cuanto tales, al margen de sus ideas políticas particulares».[42] En línea con las experiencias de los consejos de fábrica en Italia, CC. OO. reivindicaba un espacio en las propuestas políticas que afectaban a los trabajadores.[43] Estas ideas de organización sociopolítica estaban prefiguradas en el documento que se debía debatir en Pozuelo de Alarcón.[44]

Es indudable que la fuerza que adquirieron los comunistas no venía de su organización, sino de la capacidad de liderazgo en forma de iniciativas, y también lo es que incluso antes de formularse, y sobre todo en los años setenta, el concepto de espacios de libertad aplicado al movimiento obrero dio un gran impulso a la autoorganización de los trabajadores. Una autonomía ejercida por los trabajadores pero que, sin lugar a dudas, impulsaban los comunistas.

El VIII Congreso se celebró poco después de la detención de los dirigentes de CC. OO. en Pozuelo de Alarcón y, de alguna manera, Santiago Carrillo puso en cuestión aquellos planteamientos. Por un lado, vino a reconocer el peso de los militantes obreros hasta el extremo de que, en algunos casos, «puede darse más bien el riesgo no ya de instrumentalización de las CC. OO. por los órganos partidarios, sino de ver surgir en nuestras filas al “sindicalista” que antepone la lucha laboral a todo lo demás». Pero, sobre todo, Carrillo enfatizó que la solución a los problemas de desarrollo del movimiento obrero no estaba «en la transformación de CC. OO., que son un movimiento socio-político, en una especie de nuevo partido político». Es más, «sin inhibirse, las CC. OO. no necesitan y no deben situarse en primera línea en la lucha política ... La actividad principal de CC. OO. debe desenvolverse en el campo social, esa es su primera línea».[45] Sin embargo, Santiago Carrillo también afirmó en su informe que «el despegue de CC. OO. es ya un hecho. ¡Que vuelen ahora con sus propias alas!».[46] La afirmación reconocía la realidad, pero la interpretación de su sentido puede ser diversa. Retrospectivamente, algunos cuadros jóvenes analizaron aquella afirmación como la voluntad del secretario general de «tapar su falta de control».[47] Otros, más vinculados afectivamente a él, aunque igualmente celosos de una actuación autónoma que consideraban imprescindible para la acción obrera, consideraron que cuando Carrillo afirmó «CC. OO., a volar» no hizo más que reconocer lo que hacía tiempo que había sucedido.[48]

El magma líquido que confluía en CC. OO. había cobrado cuerpo más allá de lo que nunca pensó el PCE. Existió entre sus miembros la voluntad de diferenciar la militancia de CC. OO. de la que tenían en el PCE, incluso porque consideraban que sólo con el crecimiento de movimientos como el de CC. OO. sería posible que la política que preconizaba el PCE fuera realidad viva. Defender la autonomía no era experimentado ni como conflicto ni como aggiornamento, sino como la forma de llevar a la práctica la propia estrategia. Ello era importante incluso en el lenguaje: «Nada de tratamiento de camaradas para evitar la diferenciación entre los activistas». Cuando en la célula del partido se discutían temas sindicales siempre quedaba claro que las cuestiones concretas se desarrollarían en la comisión obrera.[49] Éstas fueron algunas de las bases que hicieron que los militantes comunistas en CC. OO. alcanzaran en los años siguientes un liderazgo y una influencia social incuestionable.

Por lo demás, otro de los aspectos que centraron la atención del VIII Congreso fue la ratificación del «pacto para la libertad», es decir, el objetivo de lograr un gran acuerdo de todas las fuerzas opuestas al continuismo franquista para establecer un régimen democrático en España. En relación con la política unitaria solo cabe señalar aquí[50] que para reforzar los argumentos en torno al «pacto para la libertad», Santiago Carrillo dedicó especial atención a la crítica a la izquierda radical que estaba aprovechando bien la insatisfacción que producía entre sectores jóvenes de izquierdas la política comunista tildada de «reformista» y, particularmente, la política unitaria de apertura a la derecha para acabar con el franquismo. Los comunistas aplicaban el concepto de iniciativa política desarrollado por el PCI, según el cual se trataba de «conquistar, orientar, movilizar y organizar nuestras fuerzas de clase y actuar sobre todas las fuerzas políticas y de clase amigas, neutrales o enemigas, obligándolas a entrar en juego e induciéndolas a cambiar su actitud de tal manera que, como consecuencia de la iniciativa misma, la correlación de fuerzas actuales resulte en general más favorable que la existente anteriormente».[51]

Santiago Carrillo dedicó un apartado de su informe a «los problemas de táctica en el movimiento de masas», apoyándose, como era habitual, en el texto de Lenin «la enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo», y vinculando la lucha por la democracia con la posterior lucha por el socialismo. Carrillo quería transmitir la idea de que el final del franquismo era inminente y, para ello, supo introducir una expresión de Manuel Fraga, sobre el «poco tiempo» que tenían los dirigentes franquistas para controlar la situación. Por ello, los comunistas no podían dudar sobre la estrategia a seguir, en un momento en que se trataba de dilucidar «quién alcanza un papel hegemónico, la clase obrera y las masas populares, o la derecha social».[52] Para el pulso dialéctico con la extrema izquierda, los militantes debían ser capaces de argumentar a favor de la utilización de las plataformas legales y la lucha por reivindicaciones básicas. Los grupos que se ubicaban a la izquierda del PCE consideraban que la disponibilidad para acciones estrictamente políticas anticapitalistas era grande y tan solo era necesario canalizarla. Contrariamente, en las filas comunistas constataban cotidianamente que las reivindicaciones materiales inmediatas resultaban imprescindibles para «movilizar a las grandes masas», por lo que aquéllas eran la argamasa de la movilización popular. Por consiguiente, era necesario «salir al paso de ciertas ideas consistentes en considerar la lucha reivindicativa casi como un pecado contrarrevolucionario».[53]

El PCE apostaba inequívocamente por conseguir apoyos lo más amplios posibles, por lo que debía aprovecharse al máximo «el campo de posibilidades legales, o más bien de las posibilidades que la práctica —aunque no las leyes— ha legalizado». Al margen de este convencimiento, «la experiencia del movimiento revolucionario y democrático de esta época, sin hablar del pasado, ha confirmado que el elitismo y el terrorismo individual no pueden asegurar el papel determinante de las fuerzas revolucionarias en el proceso actual de cambios». Contrariamente, «este tipo de acciones despierta a lo sumo una simpatía pasiva de parte de las masas, no las impulsa a ser ellas mismas las protagonistas de la lucha político-social». Además, y más importante, Carrillo se preguntaba retóricamente si, utilizando su terminología, la vanguardia revolucionaria debía esforzarse para dirigir las masas en la lucha contra la dictadura o «marginarse en el aislamiento, haciendo una labor de propaganda socialista entre una minoría, reservándose para mañana y abandonando la dirección de la lucha democrática a la burguesía».[54]

En las palabras de resumen, Carrillo reivindicó la importancia de la táctica, en la que él era maestro: «La táctica es la política del Partido. Y si no somos capaces de maniobrar tácticamente, de hacer en cada momento los cambios necesarios ... no haremos política. Y un partido que no hace política no es un partido. Puede ser un grupo de teóricos, de sabios, de propagandistas, pero no un partido político revolucionario».[55]

Si la concepción táctica del PCE era clara, también era firme la estratégica: impulsar una alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura como vía de avance hacia el socialismo, un socialismo bien distinto del denominado «real». El nuevo lenguaje de la democracia adquiría mayor coherencia, un lenguaje propio de las nuevas generaciones que alcanzaron un peso notable en el nuevo Comité Central. Ciertamente, en el VIII Congreso el PCE reivindicó la diversidad de formas políticas del socialismo, propugnando para España «donde la revolución socialista no se encuentra al orden del día» un socialismo pluripartidista, «con libertades políticas, con libertad de creación, con confrontación ideológica abierta ... para situar la perspectiva socialista en el terreno de la realidad histórica, para sacarla del de la utopía». La dirección del PCE se dirigía particularmente a sus militantes para ofrecer a sus miembros un proyecto adecuado «en la región del mundo en que estamos inmersos».[56]

El año 1972 fue un momento importante en la fijación de la democracia como componente esencial del programa comunista y de la consecuente empatía entre el PCI, que también realizó su XIII Congreso, y el PCE. Los documentos aprobados en ambos congresos hicieron a estos partidos más parecidos entre sí tanto por su esqueleto teórico como por las políticas aprobadas: del énfasis en la democracia a la relevancia asignada a los temas europeos; todo apuntaba a que las relaciones entre ellos aumentarían, así como a la relevancia que otorgaban a las políticas unitarias con otras fuerzas obreras y de izquierdas para avanzar en los programas de democracia política y social.[57]

También fue destacado el cambio de actitud respecto a la Comunidad Económica Europea. La atención a la cuestión europea no se puede entender sin la maduración que el partido italiano había hecho a lo largo de los años sesenta. Cuando el Tratado de Roma creó la Comunidad Económica Europea, los partidos comunistas de la Europa Occidental mostraron un claro rechazo, que no era tanto a la cooperación económica europea como a sus implicaciones políticas. Desde 1962, sin embargo, el análisis del PCI se fue haciendo más profundo y consciente de que sus conclusiones eran extrapolables al resto de los países implicados, pues Europa Occidental era definida como sector «regional» de un mundo policéntrico. Es más, a mediados de los años sesenta, la CEE se había afianzado de tal manera que era necesario organizar la lucha a nivel europeo. La tarea de los comunistas consistía, pues, en intervenir en los procesos en curso a fin de favorecer el desarrollo de una «alternativa democrática». Ello tenía consecuencias estratégicas, pues implicaba que las «vías nacionales al socialismo» debían ser sustituidas por planteamientos a escala europea.[58]

El VIII Congreso, profundizando en el proceso de distanciamiento respecto a la URSS, se manifestó por primera vez a favor de la integración europea. Fue Manuel Azcárate, el responsable de las relaciones internacionales del partido, el encargado de defender el cambio de la posición oficial del PCE; sus argumentos coincidían con el planteamiento hecho por Enrico Berlinguer, para quien Europa aparecía como un terreno que podía permitir la convergencia de la iniciativa de los partidos comunistas en una «posición distinta, pero no antagónica, respecto a la socialdemócrata».[59] Santiago Carrillo se centró en los aspectos tácticos señalando que el interés del desarrollo español pasaba por un acercamiento al Mercado Común Europeo y que quien se opusiera a él sería arrollado.[60]

Unos meses después, en el III Congreso del PSUC, Carrillo adujo, sin embargo, que el cambio que se había producido en la política comunista respecto al Mercado Común obedecía a elementos de tipo táctico pero sobre todo, estratégico. Los tácticos estaban relacionados con la voluntad de distanciarse de los sectores «ultras» del régimen «que tiene en sus manos las palancas fundamentales del poder». También intentaba combatir las posiciones del «centrismo», un término que entonces se utilizaba para referirse a «la derecha social española», interesada —decían— «en liquidar las estructuras fascistas que obstaculizan el desarrollo capitalista en nuestro país», pero también interesada en dejar al margen de la democracia a la clase obrera y con ella, también, al Partido Comunista. Ese fue uno de los ejes fundamentales de la política de Carrillo a lo largo de los años setenta. El componente estratégico correspondía al reconocimiento de la inserción de la economía española en la europea. Se aceptaba que más pronto que tarde España se asociaría al Mercado Común, por lo que un partido que pretendía jugar un papel político determinante no podía eludir la cuestión. Solo los partidos pequeños, decía el secretario general, podían parapetarse en una fraseología de clase. Contrariamente, la perspectiva de construir el socialismo en libertad exigía no rehuir la cuestión.[61]

UNA MOVILIZACIÓN IN CRESCENDO

Desde 1972 se produjo un crecimiento notable de la conflictividad laboral, que al mismo tiempo se extendió territorialmente. Por su impacto, especial relevancia tuvieron los conflictos gallegos que, por otra parte, siguieron unas pautas muy parecidas a muchos otros conflictos en otras regiones. La Empresa Nacional Bazán se había negado a atender la reivindicación de los obreros ferrolanos de tener convenio propio. El 10 de marzo de 1972, los trabajadores se manifestaron y en los enfrentamientos con la policía murieron dos de ellos: Amador Rey y Daniel Niebla.[62] Era el tercer año consecutivo en que se producían muertes de trabajadores como consecuencia de la represión policial; sin embargo, fue la primera vez que se produjo una gran reacción popular, con el consiguiente desconcierto entre los dirigentes franquistas. Los conflictos de Vigo también comportaron la incorporación definitiva de Galicia a la movilización contra la dictadura. Al año siguiente, la represión volvió a manifestarse de forma sangrienta en el mes de abril, cuando en Barcelona Manuel Fernández Márquez, trabajador de la Térmica del Besós, murió como consecuencia de los disparos de la policía.

En los años setenta se hicieron frecuentes en los documentos del PCE expresiones como «creación de una situación nueva», pues los cuadros comunistas observaban con cierta excitación cómo se extendía la implicación social en las movilizaciones de solidaridad, algo impensable pocos años antes. Así, Simón Sánchez Montero afirmaba en relación con las muertes de El Ferrol que «la respuesta fulminante y masiva de los trabajadores y la población ferrolana, primero, y después de toda Galicia, a la que ha seguido la que se ha dado aquí [Madrid] y en los centros principales del país, constituyen una serie de hechos de excepcional importancia, que han creado en el país una situación nueva».[63]

La agudización de la violencia gubernamental tenía una explicación clara: para frenar la movilización social el régimen necesitaba extremar el arma represiva; pero ésta era cada vez más ineficaz, al tiempo que ampliaba la desafección social, de manera que si bien la represión visibilizaba la fuerza de la dictadura, al mismo tiempo era la expresión de su debilidad, manifestada sobre todo en la forma y en la intensidad con la que se utilizaba. Así, la batalla contra la represión era transcendental y, en aquel contexto, la exigencia de libertad para los dirigentes obreros incluidos en el Proceso 1001 adquirió un carácter emblemático.

El Proceso 1001 se convirtió en un proceso al régimen.[64] La defensa de los dirigentes de CC. OO. detenidos en Pozuelo en 1972 fue coordinada por Jaime Sartorius y organizada en sí misma como un acto de denuncia de la dictadura. En ella participó un elenco amplio de juristas: Alfonso Cossío y Alfonso Cuéllar, de Sevilla, Guillermo García Lacunza, de Bilbao, más algunos de los abogados que en Madrid actuaban habitualmente ante el TOP, como Cristina Almeida, Paquita Sauquillo, Manolo López y Enrique Barón. A Nicolás Sartorius lo defendió Marcial Fernández Montes, a Marcelino Camacho, Joaquín Ruiz-Giménez, y a Francisco García Salve, José María Gil-Robles. El juicio captó la atención internacional.

Comisiones Obreras convocó una Jornada General de Lucha para el 12 de diciembre bajo el lema «por el aumento general de salarios, por la libertad de los detenidos». En el año y medio transcurrido desde la detención, Marcelino Camacho y el resto de los detenidos de la Coordinadora General se habían convertido en sindicalistas conocidos por el conjunto de los trabajadores y también en amplios sectores de la sociedad. El juicio oral estaba marcado para el 20 de diciembre de 1973, día en que murió asesinado Luis Carrero Blanco, por lo que se celebró en medio de una gran tensión incrementada por la presencia de miembros de la extrema derecha. Justamente los abogados que recibieron más abucheos de los vociferantes franquistas congregados fueron Ruiz-Giménez y Gil-Robles: dichos abogados, con su presencia, daban legitimidad a la acción sindical que la dictadura perseguía. Los diez dirigentes obreros fueron condenados en total a 162 años de cárcel. La durísima sentencia por defender los derechos de los trabajadores reafirmaba a los ojos de amplios sectores populares las señas de identidad de la dictadura.

Paralelamente, durante 1973 se produjo una aceleración de los acontecimientos. La extensión de la conflictividad se explica porque muchos conflictos estallaban sin necesidad de organización previa, por voluntad de emulación respecto a lo que había sucedido en aquellas empresas que, con las protestas, habían conseguido mejoras notorias. En aquel marco, se manifestaron tensiones entre líderes obreros que, a la vez, eran militantes comunistas y la dirección del partido en torno a las líneas a seguir en el movimiento obrero que, en aquella coyuntura de aceleración de los acontecimientos no tuvieron consecuencias, porque la actitud generalizada de los cuadros militantes era postergar los debates para etapas de menores urgencias, pero que permitían vislumbrar discrepancias de entidad en distintas direcciones.

Como ya se ha dicho, un punto de desencuentro se situaba en torno a la prioridad de organizar la estructura de CC. OO. en los centros de trabajo y en las coordinadoras, que requería un tiempo inexistente si todo el esfuerzo se centraba en alimentar la conflictividad. Hasta aquel momento la situación era muy diferente en cada uno de los territorios pues, de hecho, el grado de autonomía de los militantes en el movimiento obrero era muy grande y, en consecuencia, sus prácticas y planteamientos muy diversos.

Después de la detención de la mayor parte de los miembros de la Coordinadora General de CC. OO. en 1972, los militantes comunistas tuvieron que batallar por mantener la independencia de criterio que siempre habían practicado. Hasta aquel momento los militantes comunistas habían actuado con gran autonomía pero percibían que la dirección en el exilio cada vez era más intervencionista y no estaban de acuerdo con algunos de sus planteamientos. Sin embargo, nadie quería plantear abiertamente la cuestión por distintas razones, entre las que destacaban tres: la prioridad de la lucha contra la dictadura, que marginaba cualquier debate que pudiera dificultarla; el rígido sentido de la disciplina, propio de la cultura política comunista; y el respeto reverencial de los jóvenes y de algunos que no lo eran tanto por la dirección exiliada, que se había enfrentado a lo largo del tiempo a situaciones de gran dureza.[65]

Después de junio de 1972, Cipriano García asumió la responsabilidad de asegurar el funcionamiento de la Coordinadora General de CC. OO. Él, como el resto de la delegación catalana, formada también por José Luis López Bulla y Armando Varo, se libraron de la detención al llegar tarde a la reunión. Cipriano García estableció como uno de los objetivos prioritarios de CC. OO. extender el movimiento a zonas de menor implantación hasta aquel momento, lo que comportaba forzosamente que algunos activistas debían desplazarse desde las zonas más consolidadas; él mismo recorrió el país recuperando pequeños núcleos y tejiendo su coordinación. Tuvo éxito y la Coordinadora pasó de 11 a 24 miembros. También centró su atención en dar estabilidad a la Coordinadora General,[66] para lo que era imprescindible tomar medidas para dificultar la represión.[67] También lo consiguió y no se produjo ni una sola detención de los máximos responsables de la Coordinadora estatal en los años siguientes.

Un nuevo factor apareció en el horizonte a finales de 1973, la crisis económica, que se fue convirtiendo en un factor fundamental del contexto, que generaba preocupación aunque, en sentido contrario, amplios sectores de trabajadores estaban dispuestos a movilizarse. Lo mismo en 1974 que en 1976 el movimiento obrero se dispuso a impedir que los trabajadores pagasen el precio de la crisis, lo que explica que el Sindicato Provincial del Metal de Barcelona, al hacer balance de 1974, señalase que había sido «uno de los períodos más politizados por los que ha atravesado nuestra provincia, con ... situaciones conflictivas de larga duración con bases de muy dudosa naturaleza laboral y, lo que es más concluyente, con excesiva radicalización de difícil negociación».[68] En aquella coyuntura en que, además, los sectores empresariales vivían en una gran incertidumbre por la conjunción de crisis económica y crisis política, los trabajadores que no sentían la amenaza del desempleo conseguían que las empresas superasen el estrecho marco salarial aprobado por el Gobierno.[69] Las empresas amenazadas por la crisis empezaron a utilizar los expedientes de regulación de empleo, pero se encontraron con una oposición obrera frontal.

Desde el inicio de la década, la movilización obrera se sostenía en la proliferación de asambleas obreras y la combinación de reivindicaciones económicas, la acción solidaria y las reivindicaciones políticas. Los dirigentes comunistas, tan acostumbrados a que la realidad fuese por detrás de sus expectativas, podían constatar que, finalmente, el régimen ya no conseguía uno de sus objetivos: convencer a amplios sectores sociales de que el disentimiento activo era prácticamente imposible por los altos costes represivos que tenía. Con todas las limitaciones, el movimiento obrero se había consolidado y el modelo de acción colectiva de las CC. OO. repercutió en la capacidad organizativa de otros sectores sociales.

El carácter mundial de la crisis favoreció los contactos internacionales a partir de 1973, particularmente en el sector automovilístico, que empleaba a miles de trabajadores. Los comunistas catalanes pudieron comprobar con satisfacción que ellos tenían más influencia en la SEAT que los comunistas franceses en la Citroën. Los contactos estrictamente políticos también se hicieron frecuentes. Santiago Carrillo escribió a Jaime Ballesteros, Francisco Romero Marín y Pilar Brabo explicándoles la visita de dirigentes turineses del PCI a Barcelona. Los visitantes fueron alojados en casas particulares y se entrevistaron con la dirección del PSUC, con algún comité del partido, así como «con algunas personalidades aliadas. Todo esto ha causado una enorme impresión entre los camaradas de Torino que han visto en la práctica la fuerza del [partido]». Carrillo les preguntaba si no habría posibilidad de que una delegación de la Federación de París hiciese una visita parecida a Madrid, que «ayudaría a que [los franceses] tengan una idea más clara también de nuestra fuerza».[70] Pero Francisco Romero Marín, responsable del PCE en Madrid en ese momento, fue detenido poco después, como también Pilar Brabo y Carlos Sáenz de Santamaría. Le sustituyó Jaime Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo desde 1965 y persona de absoluta confianza del secretario general.

UNA MILITANCIA HETEROGÉNEA

En la década de los setenta, el componente obrero continuaba siendo el esencial de la militancia, tanto cuantitativamente como en el imaginario colectivo del partido, pero ello no estaba en contradicción con el hecho de que sus filas fueran cada vez más diversificadas, como ocurría en todos los partidos comunistas. Los sectores profesionales adquirieron una gran importancia para el partido porque le permitían, además de superar la imagen/cliché obrerista, obtener colaboraciones y complicidades de sectores muy significativos de la sociedad que, por otra parte, se estaban expandiendo muy rápidamente como resultado del cambio social. No era un fenómeno exclusivamente español. Así, por ejemplo, en el caso francés el porcentaje de obreros entre los militantes todavía era superior en los años sesenta al peso de éstos en la sociedad —57 y 38%, respectivamente—, mientras que al acabarse la década de los setenta la relación se había invertido y el peso obrero en la militancia era menor que en la población activa —31 y 35%, respectivamente—. Destaca el peso de los profesores en el partido, que entre 1966 y 1979 doblaron su peso, del 5 al 10%.[71] El trabajo intelectual había llegado a ser determinante para la producción directa de los sectores más avanzados de la economía e indispensable para los nuevos productos que se desarrollarán masivamente en las décadas siguientes. Consecuentemente, se produjo una fuerte expansión de los sectores asalariados con ingresos medios y altos.

La atracción que ejercían los partidos comunistas en los primeros años setenta también se explica porque la cultura dominante entre los sectores activos conectaba con la de los años sesenta en la importancia que se daba a la movilización colectiva para conseguir cambios.[72] Es evidente que en aquellos años también aparecieron movimientos inéditos que mostraban los cambios culturales que estaban en marcha: aspiraciones más individuales, libertarias y permisivas, nuevas reivindicaciones feministas, ecológicas y a favor de los derechos para grupos o minorías,[73] pero particularmente en la primera mitad de la década, no eran todavía masivos.

Específicamente en España, la organización parapolítica de los profesionales se había ido extendiendo y, a la altura de 1971, había alcanzado una madurez destacable. Se habían producido huelgas en la Educación Media y Primaria, huelgas de los profesores no numerarios (PNN) en las universidades de Barcelona y Madrid; huelgas entre los médicos internos y residentes (MIR), huelgas de periodistas, pronunciamientos de los colegios profesionales a favor de reivindicaciones políticas. En este terreno, las dificultades iniciales eran importantes: la influencia que tenía el partido entre los sectores profesionales era mayor que la estructura organizativa, pero sin la red militante el ascendente del partido se estancaría. Para superar la situación, se intentó que en cada ámbito profesional surgieran grupos autoorganizados con un denominador común tan básico como compartir una clara conciencia democrática y «una inquietud respecto al presente y porvenir del país, un grupo que contempla con preocupación la ausencia de alternativas que permitan resolver los grandes retos que tiene el país».[74]

En relación con los profesionales, en el VIII Congreso se constató que continuaban los mismos problemas detectados en años anteriores: «No puede ignorarse la contradicción que se presenta a la mayoría de camaradas entre su dedicación a la actividad revolucionaria y la realización, siquiera parcial, de la vocación profesional».[75] Sin embargo, los partidos comunistas occidentales ejercieron una atracción notable sobre sectores que ocupaban posiciones intermedias en la sociedad, que se explica por una suma de factores; entre ellos destacan los cambios de valores culturales que inducían a cuestionar el «sistema», una cultura de la que participaban franjas más amplias que las influidas por el marxismo. En el caso español hay que añadir a este marco general el hecho de que, en los años setenta, los comunistas se habían convertido en el «partido del antifranquismo». En realidad, la atracción que el PCE ejercía en personas radicalmente antifranquistas de procedencias sociales y experiencias personales muy diversas radicaba precisamente en la posibilidad que el partido les ofrecía de sentirse parte de un proyecto eficaz de lucha contra la dictadura, que necesitaba de un amplio compromiso en un marco de iniciativa civil. La proliferación de entidades culturales —nuevas o renovadas—, de asociaciones, etc., en los primeros años setenta no se puede explicar sin el dinamismo de tantas personas convertidas en activistas.

Tampoco ese fue un fenómeno exclusivamente español. En buena parte de Europa, emergió un nuevo asociacionismo y movimientos que intentaban conjugar política y cultura al tiempo que desarrollaban el nexo entre compromiso profesional y compromiso político. Eran impulsados en parte por los estudiantes radicalizados que se habían convertido en profesionales. Si en otros países se constituyeron como asociaciones profesionales «democráticas», en el sentido de democratizar profesiones muy elitistas hasta aquel momento, en España el calificativo de democrático era doble, ya que al objetivo anterior se añadía la acepción literal de asociaciones que cuestionaban la dictadura franquista.

El propio clima de movilización social, que de forma ininterrumpida vivió España en los años finales de la dictadura, provocó una serie de tensiones que tuvieron como resultado la ampliación de la contestación social hasta ámbitos impensables poco tiempo antes. Un buen ejemplo de este fenómeno fue la evolución de los colegios profesionales, en particular el de abogados, entre los que destacaba el de Madrid dada su significación en relación con las instituciones políticas. El 1967 se había constituido la Asociación de Abogados Jóvenes, presidida por Gregorio Peces-Barba; de la misma manera, la extensión de las actuaciones de los despachos de abogados laboralistas fue fundamental para articular la respuesta legal a la represión, convirtiéndose en ocasiones en centros de coordinación, así como también de dirección de los conflictos.

La declaración del estado de excepción en enero de 1969 aceleró la necesidad de dar una respuesta en este terreno y la convocatoria de una Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Madrid tuvo un gran éxito. A pesar del esfuerzo realizado por los colegiados adictos al régimen, se aprobaron las propuestas unitarias de la oposición: petición de derogación de las jurisdicciones especiales, denuncia de la Ley de Bandidaje y Terrorismo, entre ellas. La represión generalizada del año 1969, que afectó incluso a sectores opositores moderados, provocó que determinados sectores distantes del régimen, pero no antifranquistas, se solidarizaran con estos últimos e incluso que buscaran algunas plataformas de manifestación de la disidencia.

El Colegio de Abogados de Madrid se convirtió a partir de entonces en un pulso entre Gobierno y oposición. Si inicialmente la movilización del aparato del régimen impidió que se eligiera como decano a Joaquín Ruiz-Giménez, que junto a otros abogados «cristianos» había establecido una conexión —preocupante para el régimen— con la oposición clandestina a través de la defensa jurídica de detenidos políticos, a mediados de 1970 el Gobierno tuvo que enfrentarse a las reivindicaciones de distintos sectores profesionales; así, el Congreso de la Abogacía, celebrado en León en el mes de junio, aprobó unas conclusiones en las que aparecían, entre otras cuestiones, la reivindicación de la amnistía general, la supresión de las jurisdicciones especiales y de las leyes de rebelión militar y de bandidaje y terrorismo. Los expedientes y las suspensiones en el ejercicio profesional con los que hasta aquel momento la dictadura había pretendido frenar la actuación de los abogados ya no servían para paralizar la actuación en este campo.

Se había producido un cambio radical y los colegios se implicaban, con menos frecuencia de la que los opositores querían, pero mucha más de la que el régimen podía soportar, en la defensa de reivindicaciones sociales democráticas. Tal fue el caso del Colegio de Licenciados de Barcelona contra la Ley de Educación, o el de Arquitectos, que con frecuencia impugnaba las actuaciones urbanísticas de las autoridades. En diciembre de 1972, la convocatoria de elecciones a la Junta del Colegio de Abogados de Madrid puso en alerta al Gobierno, preocupado por el peligro de que se convirtiera en un foco constante de cuestionamiento de las políticas del régimen. El Ministerio de Justicia vetó las candidaturas de la oposición, entre ellas las de Enrique Tierno Galván y José María Gil-Robles.

Hasta tal extremo llegaba la preocupación gubernamental por los cambios que se estaban operando entre los sectores profesionales que el Consejo de Ministros del 23 de marzo de 1973 decidió enviar a las Cortes un proyecto de ley para restringir la actuación de los colegios a los asuntos «propios de la profesión», además de limitar el perfil de las juntas obligando a los candidatos a jurar los Principios Fundamentales del Movimiento. La intervención continuada de las autoridades para impedir el proceso democratizador en los colegios tuvo como consecuencia un incremento del descrédito gubernamental. En 1973 diversas candidaturas impulsadas por las fuerzas democráticas tuvieron éxito en Barcelona: en los Colegios de Arquitectos, de Aparejadores, de Médicos, de Abogados y de Doctores y Licenciados, donde se celebraron elecciones después de que el Tribunal Supremo no refrendase la posición del Gobierno, que quiso prohibirlas. El resultado en el Colegio de Licenciados fue contundente: 959 votos a favor de la candidatura democrática frente a los 275 conseguidos por la candidatura más oficialista.[76]

Los colegios profesionales establecieron así una conexión con la sociedad que no era habitual en otros países europeos, ejerciendo un papel de suplencia ante la falta de libertad. El proceso fue una muestra del salto cualitativo en la articulación contra la dictadura de la sociedad civil. Una buena prueba de ello es que, en el mes de mayo de 1974, Jaime Ballesteros enviaba un informe en el que se manifestaba eufórico por los resultados de las elecciones a distintas juntas directivas de Colegios, como el de Arquitectos, y las posibilidades existentes en otros como el Colegio de Médicos, afirmando que «si se lograse esta victoria las consecuencias serían muy serias por la importancia, de número y de influencia en la opinión pública que tiene el Colegio de Médicos». Teniendo en cuenta las posibilidades de actuación contestataria legal que abría esa presencia institucional, Ballesteros proponía abrir más la actuación del partido, tomando como ejemplo «que en Barcelona treinta y tantas asociaciones legales, en torno a los Colegios Profesionales, hayan tomado posición común sobre el problema de la selectividad». Su informe concluía considerando que «lograr avanzar en la coordinación de asociaciones legales (heterogéneas como ésas lo que tiene más mérito) para definirse sobre problemas importantes es, creo, caminar hacia la democracia».[77] Los colegios profesionales ejercían claramente una función de suplencia.

En vísperas de la muerte de Franco, las organizaciones del partido en Madrid que agrupaban a los profesionales contaban con numerosos miembros, con una presencia destacable de economistas e ingenieros. Desde 1971 dos ingenieros, Eugenio Triana y Daniel Lacalle, estaban jugando un papel esencial tanto en la elaboración del partido en relación con la revolución científico-técnica como en la organización del colectivo, pudiéndose afirmar que el PCE alcanzó en la década de los setenta una clara influencia entre los ingenieros, no numéricamente, pero sí por su intenso activismo, su presencia representativa y su capacidad de elaboración.[78] En la primavera de 1977, cuando el partido fue legalizado, la organización de abogados en Madrid estaba formada por 153 personas.[79] La agrupación que los organizaba estaba dirigida por una comisión de doce personas, de las que seis eran elegidas por la asamblea general y dos por cada uno de los tres frentes de actividad en que se repartían: laboralistas —que conformaban casi la mitad del grupo—, movimiento ciudadano y penalistas.[80] Igualmente, en vísperas de la legalización, los economistas madrileños vinculados al PCE celebraron una reunión clandestina en la sede del Colegio de Doctores y Licenciados a la que asistieron unas 130 personas. El sector sanitario contaba en 1976 con cuatrocientos adheridos en Madrid.[81] Los profesionales de la Sanidad habían sido capaces de elaborar —siempre en procesos participativos— alternativas a la situación existente que se convertían en un factor de atracción hacia las filas del partido.

Así, la conflictividad social, especialmente la obrera, no sólo constituía la más eficaz forma de acción contra la dictadura, a la que provocaba una profunda erosión, crecientes tensiones internas y una continuada pérdida de apoyos. La conflictividad social también comportó el crecimiento de las actitudes críticas hacia la dictadura en sectores profesionales, lo que facilitó el incremento de las disidencias y finalmente de la militancia en el PCE de aquellos más propensos al compromiso antifranquista. Además, la actividad de dichos profesionales constituyó un apoyo esencial para sostener la movilización social.

EL FORTALECIMIENTO DEL PARTIDO

La clara hegemonía comunista entre los sectores profesionales movilizados se vio reforzada por la incorporación de cuadros procedentes de otras organizaciones, particularmente de Bandera Roja, un proceso que tuvo su epicentro en Cataluña.

El colectivo que tomó el nombre de Organización Comunista de España Bandera Roja puede ser considerado uno de los resultados del clima político de finales de los años sesenta, en el que confluyeron tanto elementos de la situación interna como de los acontecimientos internacionales en el espacio de la izquierda a los que ya se ha hecho referencia. En Barcelona, algunos miembros del grupo Unidad, escindido del PSUC tras la crisis del SDEUB, fueron a parar a Bandera Roja (BR). Entre 1969 y 1972, en el clima posterior al 68 de radicalización discursiva y fascinación por el movimentismo, Bandera Roja fue capaz de captar, particularmente entre los estudiantes, jóvenes con disponibilidad para la movilización pero con un cierto recelo hacia la organización comunista madre, que percibían como más rígida. Y justamente el hecho de ser una estructura descentralizada que impulsaba la iniciativa de los distintos colectivos sectoriales —la mayoría muy cualificados— le permitió convertirse en escuela de cuadros políticos y sindicales.

En dos ámbitos destacaron sus militantes: el de los movimientos urbanos, donde de la mano de Jordi Borja fueron capaces de desarrollar planteamientos teóricos y prácticos innovadores, y el de los cristianos progresistas, de la mano de Alfonso Carlos Comín, a quien se hará referencia más adelante, pues acercarse a este sector se convirtió en el punto de mayor interés de Santiago Carrillo respecto a Bandera Roja. Un tercer ámbito, de menor importancia política que los anteriores pero de gran trascendencia social, era la actividad que los militantes de BR desarrollaron entre los enseñantes, que estaban experimentando un gran crecimiento en los años setenta y entre los que se extendían rápidamente las iniciativas renovadoras.

A lo largo de su existencia, los principales dirigentes de Bandera siempre tuvieron en el retrovisor al PSUC, hasta el extremo de que Miguel Núñez, que —en el contexto de la clandestinidad— siempre mantuvo una relación fluida con el ahora dirigente de BR Jordi Solé Tura, informaba a la dirección en París de que dicho grupo parecía «hablar desde dentro del Partido con un sentido de crítica interna, como si fuesen una fracción legalizada dentro del Partido». Ello ha llevado a algunos autores a considerar que «uno de los rasgos quizá más característicos de este grupo era un hipercriticismo de izquierdas que, en el fondo, denotaba un cierto complejo de subalternidad. Porque sobre todo la teoría de la OCE(BR) venía confeccionada frecuentemente con arreglo a lo que hacía y postulaba el PSU de Catalunya».[82] El mejor ejemplo puede considerarse la respuesta de Bandera Roja a la iniciativa de los militantes del PSUC en CC. OO. de crear la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, con carácter abierto y articulada por industrias; a ello, la OCE(BR) respondió con la creación de una Coordinadora de Sectores de CC. OO. con vocación clandestina y estructurada por zonas.

No es extraño, así, que la evolución de los acontecimientos a partir de 1973 llevara a buena parte de los dirigentes de Bandera a plantearse la integración en el partido, que denominaban PCE-PSUC, dado que el franquismo entraba en la fase final, incapaz de resolver las contradicciones provocadas por la distancia creciente entre la evolución de la sociedad y el inmovilismo del régimen. En palabras de Jordi Solé Tura, «la oposición clandestina tenía que orientarse hacia la organización de una salida democrática que no sería revolucionaria pero que debía ser una auténtica ruptura con el franquismo».[83] Para ello, en los primeros meses de 1974 desarrollaron un importante debate interno del que tiene interés el repaso que hicieron de los postulados mantenidos hasta entonces. En un largo documento en el que los dirigentes de Bandera Roja sintetizaban su reflexión sobre la coyuntura que vivía el país, afirmaban que el concepto «revisionismo» era inadecuado para referirse al PCE-PSUC, por ser un término con «una carga ideologista demasiado grande [que] liquida los problemas reales sin proceder a un estudio de éstos». Y añadía:

El PCE-PSUC es hoy la organización más representativa del movimiento obrero y no de un movimiento obrero cualquiera, sino de un movimiento obrero que se ha formado y se define por su lucha reivindicativa y política.

En consecuencia, no tiene el más mínimo sentido decir que el Pce-Psuc ya es hoy un partido revisionista y que ha dejado un vacío en lo que a la dirección de las masas se refiere. El PCE-PSUC está muy presente y aplica una determinada política. No hay ningún vacío. Lo que hay que ver en todo caso si es que esta política es válida o no.

La conclusión que presentaba era que en aquel momento no era posible «desarrollar una política obrera y democrática distinta a la del PCE-PSUC». En el documento se criticaba la insuficiencia del análisis político del partido, que reducía su capacidad de dirección y la formación de cuadros, aunque ello no afectaba a la movilización. Si a esto se añadía que «el Pce-Psuc es la organización más representativa del MOP [Movimiento Obrero y Popular], la que desempeña el papel más general en el movimiento democrático, la que puede tener una presencia más eficaz en la escena política», según los dirigentes de BR, la mejor opción era la integración en el PCE-PSUC.[84]

La iniciativa del proceso de incorporación estuvo en Barcelona, dado el peso catalán en la organización,[85] y las conversaciones para la adhesión del grupo al PSUC las llevaron Jordi Solé Tura, Jordi Borja y Josep Maria Maymó y, en nombre del PSUC, Miguel Núñez e Isidor Boix.[86] Núñez conocía personalmente a una parte de los «Bandera», a quienes consideraba miembros de la «familia», ya que pertenecían al grupo originario «cuadros comunistas que abandonaron las filas del nuestro Partido durante la crisis del año 1964».[87] El proceso culminó a finales de noviembre de 1974. En el comunicado que el Comité Ejecutivo del PSUC dirigió a la organización se señalaba que «la experiencia adquirida por los luchadores que entrarán ahora en el PSUC debe ser considerada por nosotros como un capital propio y, desde el momento de su ingreso, debemos darles, en las organizaciones y comités del PSUC, las responsabilidades que correspondan, en condiciones de completa igualdad con el resto de militantes del Partido».[88] El acuerdo comportó la incorporación de entre 300 y 400 militantes; varios dirigentes fueron cooptados para el Comité Central del PSUC y, entre ellos, Jordi Solé Tura y Alfonso Carlos Comín también para el Comité Ejecutivo.

Lógicamente, también Santiago Carrillo siguió con atención el proceso. Tras Mayo del 68, el secretario general había mostrado una actitud abierta ante las oportunidades que pudieran darse de captación de militantes radicales. Él mismo se había preguntado en La lucha por el socialismo hoy (1969) «si ciertas manifestaciones de “izquierdismo” en algunos países no son objetivamente un producto de la insatisfacción»[89] producida por la falta de respuesta del comunismo internacional a los nuevos retos que aparecían en el horizonte. Cuando a finales de octubre de 1974 tanteaba la posibilidad de extender los acuerdos a que se habían llegado en Cataluña a Madrid, a pesar de que el peso de Bandera Roja era mucho más reducido, Carrillo vino a plantear el mismo argumento; pedía a los dirigentes madrileños que facilitaran el paso, ya que «en este momento en que la crisis del izquierdismo es evidente, como lo es también el éxito de la política del Partido, debemos aprovechar todas las posibilidades para integrar aquellos elementos que en un momento dado, bajo la influencia de la división en el movimiento comunista internacional, del fenómeno del mayo francés e, incluso, de las debilidades en algunos lugares de nuestro trabajo, tomaron actitudes izquierdistas».[90]

Más allá de esta predisposición general, la atención de Santiago Carrillo estaba centrada de forma inmediata en la repercusión que tendría la incorporación de miembros del grupo de Cristianos por el Socialismo y, particularmente, de Alfonso Carlos Comín, quien se había convertido en un referente internacional.

La atención al mundo católico venía de lejos y ya se ha remarcado que la declaración «Por la Reconciliación Nacional» de 1956 tenía como uno de los destinatarios principales a los católicos. Con aquella declaración, el PCE extendía la mano a todos los colectivos dispuestos a dar grandes o pequeñas batallas contra la dictadura, ya fueran obreros, estudiantes que despertaban a la vida social o activistas de los movimientos apostólicos. En 1963, Santiago Carrillo propuso al Comité Central buscar la colaboración con los católicos no sólo de forma puntual en la lucha contra la dictadura, sino también en la construcción del socialismo.

Por otro lado, desde mitad de la década de los sesenta, a través de los movimientos sociales se había extendido una concepción del humanismo cristiano, influenciada por los planteamientos de Jacques Maritain y, sobre todo, de Emmanuel Mounier, en la que se valorizaban los componentes humanistas creativos por encima de los pasivos, lo que se contraponía claramente con las prácticas católicas imperantes hasta entonces de forma particular en las relaciones entre capital y trabajo. Se podría decir con Javier Domínguez que el Concilio Vaticano II tuvo cuatro consecuencias destacables que favorecieron el activismo antifranquista: ayudó a deslegitimar el régimen desde dentro, impidiendo que éste se pudiera presentar como una forma de gobierno conforme a la doctrina de la Iglesia; facilitó la evolución de muchos creyentes; dificultó el apoyo masivo de los obispos a la dictadura; y dio apoyo a los militantes de los movimientos apostólicos, que pudieron afirmar tranquilamente que «los herejes son ellos».[91] Ese proceso se producía en un clima de secularización destacada que, en lo que afectaba estrictamente al personal eclesiástico, se veía reflejado en el número de ordenaciones, que pasó de una media de mil anuales en los años cincuenta a tan solo doscientas en los años setenta.[92]

Desde el inicio de los años setenta, la influencia de los sectores católicos progresistas había aumentado cuantitativamente y cualitativamente. Ciertamente, las posiciones de estos sectores católicos tenían una influencia sobre la sociedad española incomparablemente mayor que en cualquier momento anterior. Por ejemplo, Laureano López Rodó, que fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno que Luis Carrero Blanco formó en junio de 1973, se planteó entre sus objetivos prioritarios mejorar las relaciones con el Vaticano. El ministro consiguió que el secretario de Estado vaticano, M. Agostino Casaroli, visitara España; ante la noticia, los curas encarcelados en Zamora iniciaron una huelga de hambre y un grupo de militantes católicos se «encerró» en la nunciatura en solidaridad con los huelguistas y reclamó el cierre de la cárcel concordataria. Estos dos hechos, más otros encierros en iglesias del País Vasco, generaron nuevamente una gran tensión en las relaciones Iglesia-Estado, que no mejoraron.

Por otra parte, los cambios experimentados por una parte del catolicismo mundial llevaron a la fundación de Cristianos por el Socialismo en Santiago de Chile en 1972. A aquella reunión asistieron Josep M. Rovira Belloso y Pep Ribera. Según Jordi Solé Tura, el informe que presentaron a su regreso impresionó a Alfonso Carlos Comín, que se decidió a impulsar la organización en España. En poco tiempo se convirtió en uno de los principales teóricos del movimiento a nivel mundial.[93] El grupo de Cristianos por el Socialismo, formado en 1973 y al frente del cual estaban Alfonso Carlos Comín y Joan García Nieto, tenía una presencia destacada en Bandera Roja y ésta era una vertiente de especial interés para el PSUC y para el PCE. Desde su creación, el PCE dedicó una atención particular al grupo Cristianos por el Socialismo y a sus textos, donde se proclamaba el derecho de los católicos a militar en los partidos marxistas sin dejar de ser católicos, así como a las críticas radicales que manifestaban en relación con la jerarquía eclesiástica, que aceptaban pero a la que no se sometían.[94] La opción de los cristianos militantes que ingresaron en el partido se sostenía desde la vivencia, y no eran pocos los que venían a afirmar que eran comunistas porque eran cristianos, por un imperativo de justicia.[95]

Santiago Carrillo se entrevistó con Alfonso Carlos Comín en diversas ocasiones. La influencia de Manuel Azcárate —que había participado en diversos fórums de debate cristiano-marxista— parece significativa en este acercamiento. Ambos —Azcárate y Carrillo— coincidían en que el espectro social y cultural que la incorporación de este grupo abría al partido en el espacio de influencia católica era grande. Por este motivo la dirección comunista dio especial visibilidad a la incorporación de cristianos significados a sus filas, particularmente a Comín, por el importante efecto que podía tener en un país donde el peso cultural del catolicismo era tan importante. En octubre de 1974 la dirección del partido en París se reunió con algunos de aquellos cuadros que, a su vez, eran católicos activos, acordando la necesidad de hacer explícita la posición del partido sobre la militancia de cristianos. La autonomía de éstos era absoluta en las cuestiones internas de la Iglesia, así como en su práctica de la fe; la posición del partido sobre la Iglesia se refería exclusivamente a su relación con la sociedad, y en el partido desarrollarían su militancia como comunistas.[96] Los acuerdos de dicha reunión fueron la base de la declaración del Comité Ejecutivo del PCE de 1975 en torno a la «Militancia de Cristianos en el Partido», que tuvo un eco extraordinario.

La declaración se inscribía en el contexto de la construcción del partido de masas y fue resultado del largo proceso de evolución de amplios sectores progresistas católicos con una participación activa en la movilización sociopolítica: «Tales cristianos luchan por la construcción de la sociedad socialista, convencidos de que una misma fidelidad identifica su creencia con su lucha por el pueblo, en un único combate». Así, se podría decir que el origen de la declaración se hallaba en la convergencia a partir de la práctica: «El encuentro entre fuerzas que tienen su raíz en el primer movimiento igualitario ... y el socialismo científico moderno es un hecho de importancia histórica, que viene a reforzar el frente de la lucha de clases y a abrir perspectivas más claras de victoria a los oprimidos».[97]

Indudablemente, el diálogo cristiano-marxista entendido como confrontación intelectual tuvo gran trascendencia para un cambio cultural de tanta trascendencia pues suponía aceptar «cierta inseguridad teórica que nos coloca, aparentemente, en una posición más débil ante la historia» aunque, en la práctica, era vivida como una muestra de madurez, dado que el «militante que lucha lo hace siempre desde cierta creencia» de construir una sociedad nueva. Al fin y al cabo, «comunistas cristianos y comunistas agnósticos constituimos fuerzas que creemos en la posibilidad de construcción del mundo» unidos en «la esperanza histórica de una nueva sociedad, socialista, igualitaria».[98]

Aunque territorialmente acotada, la diversificación de la militancia a partir de personas procedentes de otras organizaciones también fue destacada en el País Vasco con la incorporación de activistas procedentes de ETA. La organización del partido había crecido de forma importante a partir de 1962, cuando Ramón Ormazábal llegó del exilio. A pesar de ser detenido ya en 1963, su impronta fue decisiva para la difusión de la política de reconciliación nacional y la apuesta por la colaboración con otras fuerzas políticas y sectores opuestos a Franco.[99] Desde mitad de la década, la implicación de líderes del movimiento obrero como Tomás Tueros o David Morín relanzó la presencia del partido en el interior. Sin la participación de los comunistas sería imposible comprender la reorganización del movimiento obrero vasco durante aquellos años, ni la creciente conflictividad laboral que tuvo en la Huelga de Bandas (1966-1967) su máximo exponente.[100]

El juicio de Burgos contribuyó a radicalizar la lucha de la oposición antifranquista en el País Vasco, y sobre todo, la protagonizada por los sectores más activos y organizados en aquellos momentos, el PCE y las Comisiones Obreras de Euskadi. Por otra parte, las profundas transformaciones sociales que se produjeron durante los años sesenta afectaron profundamente a ETA, que vivió durante esa época una serie de crisis y escisiones de carácter obrerista. Como consecuencia de uno de esos procesos, entre 1973 y 1974 se incorporó al PC de Euskadi un importante grupo de militantes de aquella organización,[101] a partir del análisis de su propia experiencia, de su acercamiento al marxismo y de una actitud positiva hacia el movimiento obrero. El ingreso de este colectivo permitió impulsar la actividad del partido en medios euskaldunes.[102]

ANTE LOS ÚLTIMOS LATIDOS DE FRANCO

A partir de 1973, la movilización alcanzó unas cotas desconocidas hasta el momento, sobre todo por la incorporación a la protesta de amplios sectores de la población que hasta entonces se habían mantenido pasivos. A punto de acabar 1973, el 20 de diciembre, Luis Carrero Blanco fue asesinado por ETA. Su muerte sacudió a la oposición casi tanto como al propio régimen. Nombrar un nuevo presidente del Gobierno no resultó fácil para Franco. Las tensiones en torno a su nombramiento reflejaban la profunda crisis que se respiraba en los círculos gubernamentales, que afectaban incluso al núcleo duro del poder franquista. Al conjunto de problemas acumulados se sumaba el impacto de la crisis económica internacional que complicaba la toma de decisiones. Tal como había propuesto Carmen Polo, la «señora del Pardo», el elegido como presidente del Gobierno fue Carlos Arias Navarro, quien, aunque presentó un programa político «aperturista», conocido como el «espíritu del 12 de febrero» —por la fecha en que se presentó a las Cortes—, en realidad desde el primer momento estuvo prisionero de sus convicciones políticas más hondas y de las necesidades de los sectores más inmovilistas, como se demostró ante el «caso Añoveros» y la decisión de ejecutar a garrote vil al militante libertario Salvador Puig Antich.[103] Una nueva ola de protestas a nivel europeo tiró por tierra los esfuerzos gubernamentales en pos de transmitir una imagen «reformista». El 14 de marzo, el Parlamento Europeo condenó de forma rotunda —a pesar del rechazo de los parlamentarios más conservadores— «las repetidas violaciones por el gobierno español de los derechos humanos y civiles básicos» que impedían «la admisión de España en la Comunidad Europea». Pocos días después, Santiago Carrillo escribía que su percepción era que el Gobierno había salido de la crisis «terriblemente quebrantado», además de que, según sus informaciones, en el seno del Gobierno los ministros militares se habían opuesto tanto a la aplicación de la sentencia como al conflicto con el obispo Añoveros.[104]

La aceleración de la crisis de la dictadura impulsó la actuación del PCE, que constataba, como señalaba su secretario general, que «nos encontramos en un momento en que todo es posible».[105] En el mes de abril se reunió el Pleno del Comité Central, un organismo que habitualmente se había reunido una vez al año, para definir las tareas políticas del momento pero que, en los años setenta, con frecuencia era ampliado, dada la urgencia de tener toda la organización «preparada» para los acontecimientos.[106]

En su informe, Santiago Carrillo afirmó que la primera tarea de aquel momento no era «el socialismo, ni la democracia popular, ni siquiera un gobierno de izquierda. Es la liquidación de la dictadura, un gobierno provisional de amplia coalición democrática, que dicte la amnistía, restablezca las libertades políticas y sindicales y convoque elecciones libres a una Asamblea Constituyente». En otros contextos, dicho objetivo «no sería revolucionario ni realista. Pero estamos en España, un país de régimen fascista». Así, el PCE explicitaba que su objetivo era forzar, con la movilización de masas, la opción por la democracia de los sectores que denominaba «centristas», para que «siendo preocupación social suya salvaguardar el sistema social, acepten más decididamente la necesidad de liquidar el régimen político». En este marco, el secretario general apostaba prioritariamente por hacer realidad el Pacto para la Libertad, que no era «un matrimonio por amor», sino «un acuerdo de circunstancias y conveniencias». Para Santiago Carrillo, la cosa era bien simple: «Si el cambio político se produce en nuestro país con nuestra presencia entre las fuerzas que lo encabezan, habrá libertades democráticas y la clase obrera, con los comunistas al frente, se situará en línea de partida, de cara a las etapas que posteriormente habremos de recorrer». La alternativa —argumentaba— era la marginación y, posiblemente, incluso la prolongación de la dictadura.[107]

La prioridad que debía tener la política unitaria llevó a Carrillo a poner al PSUC como ejemplo de la política a seguir, viniendo a señalar que en otras zonas de España no se le daba a este ámbito la importancia que tenía. Así, afirmaba que el quid de la cuestión radicaba en que los dirigentes del PSUC, valorando la importancia de este frente, le habían dedicado «hombres dotados de inteligencia política, agilidad y profunda voluntad unitaria», descartando el sectarismo y actuando con paciencia infinita para superar los obstáculos, haciendo sentir a los aliados que «la unidad nos convenía y reforzaba a todos».[108] El problema principal de la acción unitaria no era, sin embargo, formar las plataformas, sino transformarlas en movimiento vivo, pues mientras los programas no fueran el punto de partida de una acción masiva, «las mesas y las plataformas no serán el centro de una alternativa real y ofensiva».[109]

Carrillo se refirió también a lo que calificaba de problemas de desarrollo del partido. Aun afirmando que ya se había formado una nueva generación de cuadros jóvenes que se sentían responsables de la suerte del PCE, el nivel de progreso —decía— no era uniforme. Volvía a poner como modelo el PSUC, que había alcanzado un nivel de articulación de sus órganos dirigentes, de utilización de sus cuadros y de desarrollo de su propaganda «que podrían envidiar ciertos partidos legales».[110] El secretario general afirmaba que la actuación de los cuadros del partido estaba por debajo de las posibilidades del momento, particularmente en el ámbito obrero, de manera que debían esforzarse más; una nueva muestra de las tensiones latentes con los dirigentes de CC. OO. Ello no significaba que Carrillo no reconociera que, situados en el último trimestre de 1974, en la aceleración de los acontecimientos que comportaba que en aquel momento todo fuera «posible», un factor de peso estaban siendo las luchas obreras, que estaban teniendo una repercusión en la imagen española en la prensa europea. El PCE venía a reforzar en aquella coyuntura decisiva su apuesta básica desde hacía casi veinte años: el impulso a las luchas sociales que «junto al de las relaciones de unidad debían ser el eje de la actividad del partido».[111]

La estrategia de desarrollar la oposición política a través de la movilización social por fin conseguía sus objetivos. No se equivocaba el PCE cuando en 1975 afirmaba que «a través de las zonas de libertad y de democracia que están creándose en todos los ámbitos sociales ... se está desarrollando un amplio y denso tejido democrático que poco a poco rodea, cerca, estrecha el terreno ocupado por la dictadura y va creándole una situación de asfixia».[112] Ciertamente, el franquismo se ahogaba antes de la muerte del dictador y la crisis del régimen era una realidad que sus dirigentes no podían frenar y menos revertir a pesar de que el control de los aparatos de coerción del Estado transmitiera una imagen de fortaleza. Los comunistas habían sido capaces de desarrollar una versión de la «guerra de posiciones» gramsciana que había conseguido debilitar la estabilidad del sistema franquista, penetrando y desarrollando la sociedad civil a través de sus propuestas para el mundo laboral, urbano, universitario, etc., de forma que la resistencia del régimen del «18 de julio» desde las instituciones del Estado fue cada vez más difícil, pues la dictadura no se enfrentaba ya con grupos clandestinos, sino con los sectores más dinámicos de la sociedad.

3

La política de alianzas
y el «eurocomunismo»

Lo esencial para el partido del proletariado no es mantenerse al margen, no es conservar la «virginidad» y la «pureza ideológica» lejos de todo «peligro de contaminación», sino intervenir, maniobrar a su vez para aprovechar las contradicciones sociales y políticas en favor de los intereses fundamentales de la clase obrera y las masas populares.

Santiago Carrillo, Libertad y socialismo,
Éditions Sociales, París, 1971, p. 27

El socialismo puede afirmarse solamente, en nuestros países, a través del desarrollo y de la plena actividad democrática.

Declaración de Livorno,
12 de julio de 1975

DEL PACTO PARA LA LIBERTAD A LA JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA

A lo largo de los años sesenta el Partido Comunista no consiguió resultados de su propuesta de una política de alianzas de amplia base que permitiera acabar con el franquismo, uno de los ejes fundamentales de la Declaración de Reconciliación Nacional.

En 1963, Santiago Carrillo, para enfatizar la importancia de la cuestión a pesar de las dificultades, repasó lo que había sido la política del partido en los últimos años: en primer lugar, la atención puesta en la consecución de la huelga general política como fórmula de solución de la «cuestión angustiosa» desde hacía veinticinco años: «¿Cómo salir de la dictadura?». Por otro lado, no habían sido pocos los cuadros comunistas que para el objetivo de acabar con la dictadura ponían el énfasis en el sobreesfuerzo para mejorar la organización del partido. El secretario general, aunque sin quitar importancia a la cuestión —algo que sería gravemente contraproducente para el activismo militante—, insistía en la necesidad de «establecer lazos con otras fuerzas que tienen una gran influencia social», pues «podemos organizar mucho mejor nuestro Partido y no conseguir resultado. Debemos combinar ambas cosas».[1]

Desde que en 1964 la formulación «después de Franco, ¿qué?» situara en la escena política la urgencia de plantear los escenarios de futuro tras la muerte de Franco, particularmente el secretario general dedicó una gran atención a las tensiones internas en el seno de la clase política franquista, cayendo en el apriorismo, como ya se ha dicho, de identificar a los falangistas con los «ultras» y a los «tecnócratas», vinculados habitualmente con el Opus Dei pero en realidad de procedencias diversas, con los «evolucionistas»,[2] una simplificación muy extendida y poco ajustada a la dinámica interna del poder político franquista, ya que ambos sectores coincidían en la defensa sin fisuras del mantenimiento de la dictadura. En cualquier caso, el discurso del PCE ponía el énfasis en la crisis del franquismo y, en ese marco, la política de alianzas era perentoria pues, sin ésta, no era posible establecer un régimen democrático.

En 1966, al cumplirse una década de la Declaración de Reconciliación Nacional, el PCE enfatizó nuevamente sus argumentos tendentes a crear un amplio frente democrático, actualizándolos con las referencias del momento: «Nuestra política de reconciliación nacional tendía a aislar a los “ultras” de la dictadura y la reacción y a facilitar la evolución de la inmensa mayoría de los españoles hacia posiciones democráticas activas. Sólo por ese camino era y es posible, en las condiciones históricas concretas de los últimos años —y del momento presente— que España se desembarace de la dictadura, que la democracia se instaure, y se abra vía al progreso de nuestro país». Para que ello fuera posible era «indispensable una amplia y potente lucha de masas, una formidable movilización combativa de todo el pueblo para forzar a los “ultras” a abandonar el Poder y a los indecisos y vacilantes a decidirse por retirar su apoyo al régimen».[3] Así, la declaración continuaba teniendo una carga de voluntarismo extraordinaria pero, a la vez, era un llamamiento a la acción pues, contra quienes estaban a la espera de que la dictadura se agotara, se hacía hincapié en que ésta no desaparecería por sí sola. La nota de realismo se hacía presente también al señalar que la política de unidad no se podía aislar del establecimiento de una nueva correlación de fuerzas, pues la cuestión de quién se impondrá a quién «depende de quién será capaz en la práctica de agrupar en torno a sí el número más considerable de aliados».[4]

Si a lo largo de los años sesenta la tantas veces proclamada crisis del régimen correspondía más al ámbito de los anhelos que al de la realidad, como se ha dicho, la situación empezó a cambiar en 1969. Si la declaración del estado de excepción fue un intento por parte de la dictadura de frenar el activismo sociopolítico que estaba alcanzando un gran impulso, así como un aviso al conjunto de la sociedad sobre la voluntad del régimen de no contemplar ninguna alteración del rumbo escogido, ya se ha dicho que el resultado fue el contrario: la represión redujo momentáneamente los efectivos contestatarios, pero el Gobierno no consiguió sus objetivos y en poco tiempo la movilización social alcanzó nueva intensidad. Justamente por entender que el régimen franquista estaba perdiendo el control de la situación interna que había tenido hasta entonces, considerando además la edad de Franco —que había superado los setenta y cinco años— y teniendo en cuenta las tensiones en la clase política franquista, que aunque vinieran de lejos se estaban agudizando al final de la década, la dirección del PCE optó por dar un paso más en la formulación de alternativas y reformuló la política de reconciliación nacional como «pacto para la libertad», para explicitar el tipo de acuerdo que permitiría acabar con la dictadura.[5]

En enero de 1970, el Comité Ejecutivo volvía a insistir en la preeminencia del Pacto para la Libertad pues, considerando que el franquismo estaba políticamente agotado, se iniciaba «el posfranquismo».[6] La argumentación era siempre la misma: los trabajadores debían asegurar su protagonismo a través del movimiento contestatario de masas, del que dependía que la dictadura desapareciese pero, a la vez, la democracia no sería posible sin una alianza de fuerzas políticas «capaz de realizar un programa mínimo basado en las libertades políticas, democráticas y democrático-nacionales,[7] que defina esa alianza, que dé seguridades al pueblo y que, por su amplitud, constituya en sí misma la garantía de que el tránsito a la democracia se produzca sin choques sangrientos, sin guerra civil, sin represalias». De la misma manera, se argumentaba lo que era uno de los hilos conductores de la estrategia política: «Los comunistas decimos a todas las fuerzas revolucionarias que, a través de la vía democrática, pueden ser creadas las condiciones reales para una alternativa que asegure con la libertad, el socialismo».

En la conferencia que reunió el Comité Central ampliado del PCE en el verano de 1970, Carrillo puso el énfasis en la centralidad de la política unitaria que guio la política comunista hasta la muerte de Franco. La formulación «pacto para la libertad» tenía dos implicaciones de importancia transcendental: por un lado, que la libertad aparecía en primer plano de la política comunista, algo a lo que contribuyó de forma decisiva la consolidación de la posición crítica respecto a la URSS, que se hizo explícita. Por otro lado, la formulación de «pacto para la libertad» reconocía expresamente la debilidad relativa de la oposición al aceptar que sin la suma de todas las fuerzas antifranquistas no habría ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos democráticos. Un tercer factor igual de importante para el PCE lo constituía la voluntad de no quedar descolgado de un pacto entre otras fuerzas. Así, Santiago Carrillo afirmaba:

Lo esencial para el partido del proletariado no es mantenerse al margen, no es conservar la «virginidad» y la «pureza ideológica» lejos de todo «peligro de contaminación», sino intervenir, maniobrar a su vez para aprovechar las contradicciones sociales y políticas en favor de los intereses fundamentales de la clase obrera y las masas populares.

Si nosotros, el partido de la clase obrera y los grupos más ligados a las clases populares, hubiéramos poseído la organización, la potencia y las condiciones para presentar una lucha frontal por la conquista de un poder socialista, en tal caso propugnar la convergencia habría sido una capitulación oportunista.

Pero ¿hay alguien que sostenga en serio que hoy, en España, la clase obrera está en condiciones —organizativas, políticas, de conciencia, de fuerza— para lanzarse frontalmente a la conquista del poder?[8]

De cara a la propia militancia, el énfasis se debería poner, sin embargo, en la necesidad de la movilización, como muestra el texto de Joaquim Sempere para el Comité Ejecutivo del PSUC:

El pacto por la libertad no se firmará jamás si no se consigue un movimiento de masas tan potente, decidido y estructurado, con unos objetivos tan claros que los evolucionistas sientan que toda traición a un movimiento así equivale a un suicidio político. La experiencia del mayo francés prueba que no es tan fácil vencer las vacilaciones de los aliados (mutatis mutandis) ni siquiera en pleno desarrollo de una huelga nacional de gran envergadura. Para ello es preciso que el movimiento de masas mismo —y no sólo su Estado Mayor político— tenga claridad de objetivos, que esté mínimamente organizado para autodirigirse para llevar siempre la iniciativa, que sepa ganar la calle y mantener su dominio en ella, etc. Todo lo cual exige en los militantes del P[artido] una gran claridad de ideas y una determinación neta de enfrentarse con situaciones de gran dureza. El movimiento de masas no puede ir a la zaga de las vacilaciones evolucionistas: debe plantearse como fin incondicional su propio incremento cuantitativo y cualitativo ... El centro de gravedad del Pacto por la Libertad está en los lugares de trabajo y en la calle. No queremos el Pacto por la Libertad principalmente para desencadenar un gran movimiento de masas, sino para garantizar el mejor desenlace posible a un movimiento que ya está en marcha.[9]

Es decir, se trataba de asegurar que la capacidad de movilización se traduciría en fuerza política. Carrillo afirmaba: «Movimiento de masas, convergencias políticas y pacto para la libertad no son cosas distintas; son aspectos de un mismo proceso dialéctico que se intercondicionaban mutuamente ... [porque] la dificultad esencial, lo que retiene a amplias masas de lanzarse a la acción decidida y resueltamente, es que, salvo una vanguardia muy consciente, el resto no ve clara la salida a la situación».[10]

En el esquema mental de los dirigentes comunistas, los acontecimientos se aceleraron en 1971, pues no dudaron en considerar que «el proceso de Burgos ha sido incontestablemente la batalla y la victoria política más importante, hasta hoy, contra el régimen franquista».[11] Fue en noviembre de aquel año cuando se produjo la plasmación más acabada de la propuesta de Pacto para la Libertad: la constitución de la Assemblea de Catalunya. En diciembre de 1970, en el marco de movilizaciones en toda España contra la posibilidad de que el tribunal militar sentenciase las penas de muerte solicitadas, se creó una Assemblea d’Intel·lectuals que decidió encerrarse en Montserrat obteniendo un éxito de convocatoria que sorprendió a los mismos organizadores».[12]

La fórmula de la asamblea de los intelectuales precipitó la constitución de la Assemblea de Catalunya, aunque la trascendencia de ésta no es comprensible sin la maduración del proceso unitario que se había dado en Cataluña desde 1966. La historiografía ha puesto de relieve que el desarrollo de la política unitaria en Cataluña se vio favorecido por un conjunto de factores, entre ellos por el peso de la cuestión nacional, que ampliaba el distanciamiento respecto al régimen franquista de amplias capas de la sociedad, incluidas algunas franjas burguesas que en otras zonas de España constituían un apoyo del franquismo. Ahora bien, favorecer no es equivalente a explicar. En particular, el anticomunismo era tan intenso en Cataluña como entre las fuerzas políticas de la oposición española, aunque se pueden destacar dos diferencias destacadas: que el socialismo activo —el Moviment Socialista de Catalunya (MSC)— no tenía recelos respecto a la colaboración con los comunistas y, por otro lado, que el peso de los sectores movilizados en la sociedad era mucho más importante en Cataluña que en el conjunto de España. El hecho es que ya desde mediados de los años sesenta es posible hablar de acción unitaria en Cataluña. Después de la formación de la Taula Rodona en 1966, la organización unitaria alcanzó un punto destacado con la constitución de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC), en febrero de 1968.[13]

Antoni Gutiérrez Díaz, responsable de la política unitaria del PSUC, se convirtió en el estratega clave que llevó a la Assemblea de Catalunya.[14] El Guti señalaba que en la lucha contra la dictadura ya era posible acumular fuerzas en un ámbito mucho más amplio que el de los partidos políticos y el movimiento sindical, si se conformaban formas flexibles y amplias de organización.[15] El objetivo principal debía ser conseguir «el máximo de acuerdos, en el mínimo tiempo y con plena corresponsabilización».[16] La propuesta de formar «una gran asamblea de Cataluña» contó con un apoyo inmediato, más allá de los partidos y de CC. OO., de diversos grupos y entidades que habían convertido la reivindicación de los derechos democráticos en uno de los ejes de su actuación. Por ejemplo, el creado en el seno de la Magistratura. El grupo participó en el impulso a la Assemblea de Catalunya al considerar que ésta «puede y debe ser una muestra viva y de grandes posibilidades de que a despecho de la falta de libertades democráticas y de la represión, las fuerzas progresistas de Cataluña manifiestan su audacia conquistando, estableciendo y ejerciendo la libertad, dentro de las limitaciones de la dictadura. La represión ya no puede contener el avance hacia la democracia».[17]

La visión catalana de los acontecimientos permitía a Antoni Gutiérrez considerar que era posible «apretar el acelerador» en los diferentes niveles de la política unitaria, para que todos ellos se potenciaran y complementaran entre sí. El PSUC tuvo que jugar permanentemente dos partidas, una en el escenario catalán y otra en el general español. De cara a las fuerzas catalanas, el PSUC se esforzaba en implicarlas en la dinámica española y así, en el mes de mayo de 1972, la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) se dirigió a las fuerzas opositoras españolas, llamando a la unidad por un cambio democrático al tiempo que se denunciaba el discurso político impulsado por distintas personalidades del ámbito oficial, una operación destinada a difundir el mensaje de que se estaban produciendo cambios en el seno del régimen. Pero de cara al PCE también tuvo que reclamar que se hiciera un esfuerzo para poner de relieve la experiencia catalana. Antoni Gutiérrez escribía a París enfatizando que, al lado de las potencialidades positivas del momento también existían otras negativas destacables: «El retraso de Madrid, el auge de las corrientes evolucionistas, las debilidades en algunos movimientos de masas, la impaciencia de la vanguardia y las presiones izquierdistas, pueden dificultar una visión clara de dónde estamos aun entre nuestros mismos camaradas. Es por ello que la experiencia de Cataluña y desde Cataluña, sin que hiciéramos de ella una gran publicidad hacia fuera, debería ser muy bien conocida por los camaradas, para que contasen con datos concretos sobre la viabilidad de nuestra política y experiencias sobre la forma de llevarla a la práctica».[18]

Efectivamente, existía una gran diferencia de clima político entre Barcelona y Madrid. En la capital catalana la hegemonía de la izquierda en el antifranquismo se plasmaba en que sus propuestas avanzaban. Contrariamente, en Madrid, lo que se denominaba «centrismo» de quienes querían situarse entre el régimen y la oposición hacía más difícil la acción unitaria opositora, para exasperación de los cuadros del PCE. Así, en el verano de 1971, se había formado la Mesa Democrática de Madrid pero, un tiempo después, algunos de sus componentes «centristas» la abandonaron, presos de sus vacilaciones y dudas. En este caso, la paralización no era tanto producto del miedo como de una quimera: algunos de ellos querían el apoyo de la oposición para presentarse como alternativa al régimen. Es por ello que, en 1972, Antoni Gutiérrez propugnaba «cercar Madrid» en el sentido de evitar que la paralización de la acción unitaria en la capital del Estado comportase la paralización en otras zonas. En este sentido constataba que, atendiendo al protagonismo de la periferia, el contenido de la ruptura democrática debía tener una carga anticentralista importante, que favoreciera la implicación de una serie de regiones —utilizaba el ejemplo de Canarias—, donde existía una percepción de marginación por parte del poder central. También por eso «hay que felicitarse de haber incluido el problema de la España multinacional en el último pleno».[19] Efectivamente, en la intervención de Dolores Ibárruri en el pleno del Comité Central, celebrado en septiembre de 1970, se hacía un llamamiento a la militancia para que se comprometiese «en la defensa del derecho de las nacionalidades existentes en nuestro país a la autodeterminación».[20]

Poco después, posiblemente fue en el marco del VIII Congreso, se atendió la propuesta de Gutiérrez Díaz. Viñals[21] presentó un informe sobre los avances que el «Pacto para la Libertad» estaba consiguiendo «desde Canarias hasta el País Valencià, desde Andalucía hasta Asturias, desde Galicia hasta las Islas Baleares». En esa España «variada y convergente a la vez», la mayor diferencia apuntaba al «Madrid centro de poder; no, claro está, al Madrid democrático y luchador de los Pedro Patiño». Viñals recorría los concretos y diversos avances que se habían producido en aquellos territorios, llamando la atención particularmente sobre la necesidad de «una gran inteligencia táctica» dado que a nivel regional «la actividad política se da, en general, muy ligada a la problemática concreta y ésta plantea a diario la exigencia de la unidad de acción y a través de ella la necesidad en la práctica de libertades para todo y para todos». De la misma manera, llamaba la atención sobre la necesidad de evitar todo protagonismo, algo esencial en relación, por ejemplo, con los núcleos socialistas que, tímidamente, participaban en actividades unitarias contrariando las consignas de la dirección en el exilio. En ese sentido, el informe tomaba un tono didáctico, precisando que «tácticamente deberíamos procurar que fueran nuestros aliados quienes en el momento oportuno de la discusión sacaran las consecuencias lógicas e incluso les dieran expresión formal [pues] el hecho de que la única salida posible la vengamos preconizando los comunistas no deja de ser para aquellos que han debido recorrer un largo camino un peso suplementario a la hora del compromiso». Todo ello era imprescindible para conseguir, como había logrado la Assemblea de Catalunya, dar «presencia plástica, visión material de los núcleos del nuevo poder democrático, y va definiendo también en cierta forma una red estructurada capaz de dar soporte en el momento oportuno a la forma de acción unitaria y generalizada que es la huelga nacional y que ha de ser respuesta al “cómo” acabar con el régimen».[22]

En 1973 se avanzó por el camino preconizado en el congreso y tuvieron lugar dos reuniones de las mesas o coordinadoras existentes a nivel español, en la preparación de las cuales el impulso de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya fue decisivo. Simón Sánchez Montero destacó la influencia de «la riquísima experiencia del proceso unitario en Cataluña, experiencia que está sirviendo de ejemplo y estímulo, de ayuda valiosa a todas las provincias, regiones y nacionalidades de nuestro país».[23] Volvió a dar relevancia al ejemplo catalán en la reunión extraordinaria del Comité Central, celebrada en abril de 1974.[24] Sin embargo, a medida que pasaban los meses, el PCE pudo comprobar que, a pesar de los esfuerzos, el modelo de la Assemblea de Catalunya no era reproducible en el conjunto de España, lo que era un indicio de que la ruptura tal como la habían pensado sería muy difícil.

En cualquier caso, el esfuerzo de precisión del programa político había sido importante. La política unitaria comunista no era original, se guiaba por el concepto de iniciativa política que había desarrollado particularmente el PCI. Esta estrategia se basaba en dos pilares fundamentales: por un lado, movilizar y organizar sus propias fuerzas, las vinculadas a los trabajadores; por otro y al mismo tiempo, se trataba de influir sobre el conjunto de fuerzas políticas a través de la presentación de alternativas políticas que, si eran puestas en práctica, por sí mismas conseguirían mejorar la correlación de fuerzas entre franquismo y antifranquismo.[25] Así, el PCE afirmaba que para que los sectores políticos que representaban a la burguesía tomasen conciencia de que «la alternativa democrática es la única salida», «un factor decisivo es el desarrollo de la lucha de masas y la materialización de la convergencia a todos los niveles».[26]

El éxito de esta política fue distinto a nivel español que en Cataluña, donde el PSUC logró articular una política unitaria que expresaba, en última instancia, la extensión que el antifranquismo social y cultural había alcanzado en Cataluña y la singularidad de esa amplitud en el conjunto de España. El PCE tuvo muchas más dificultades para conseguir la unidad antifranquista: buscaba interlocutores en una ansiada más que real «derecha democrática», apenas existente políticamente y poco propensa a relacionarse con los comunistas; también eran distintas las posibilidades de llegar a acuerdos con el PSOE porque, a diferencia del MSC, en la organización en el exilio predominaba una actitud beligerantemente anticomunista, y los jóvenes renovadores del interior, más pragmáticos, miraban con desconfianza a un PCE que constituía la fuerza hegemónica de la izquierda y del antifranquismo. No había, sin embargo, diferencias con relación a muchos de los pequeños pero muy activos grupos de la izquierda radical, que rechazaban las propuestas comunistas que calificaban de «revisionistas» y de «pacto con la burguesía».

A pesar de las dificultades, en 1974 los acontecimientos se aceleraban. La «revolución de los claveles» portuguesa levantó «un auténtico entusiasmo» no sólo en los sectores movilizados activamente a favor de la democracia, sino que también fue bien recibida por la prensa, diarios y revistas que «han publicado crónicas entusiasmadas sobre Portugal, crónicas en las que todo el mundo leía directísimas alusiones al régimen español», algo que Jaime Ballesteros calificaba como un buen «índice de lo que es hoy este país».[27]

Finalmente, los voluntaristas esfuerzos unitarios de la dirección del PCE acabaron logrando la creación de la Junta Democrática de España que, se presentó simultáneamente en Madrid y París el 30 de julio, pocos días después del traspaso de poderes entre Franco y Juan Carlos de Borbón por enfermedad del Caudillo. Junto al PCE, la Junta Democrática de España estaba integrada por el PSP dirigido por Enrique Tierno Galván, el Partido del Trabajo de España, el Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón-Parma, la Federación de Independientes Demócratas, la Alianza Socialista de Andalucía, el Partido Socialista de Aragón y Comisiones Obreras; también se sumó Justicia Democrática. Hay que destacar la presencia de «independientes» como José Vidal Beneyto, Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano, quien se convirtió en coordinador de la Junta Democrática gracias al PCE. Santiago Carrillo encontró en Antonio García Trevijano una personalidad idónea para la acción unitaria, pues su fuerte personalidad política se combinaba con la fluidez de sus contactos en los medios burgueses. En poco tiempo se convirtió en coordinador de un grupo de personalidades de diverso perfil ideológico y distintas procedencias geográficas, que tenían en común la relevancia profesional, en algunos casos reconocida públicamente. Desde la perspectiva del PCE, esa era una aportación fundamental porque, más allá de Cataluña, la movilización contra la dictadura tenía un nítido perfil de izquierdas. Carrillo, que en sus memorias sólo dedicó atención a las cuestiones sobre las que quería dejar constancia de su pensamiento, contrastó las dificultades con las que, a diferencia del PSUC, se encontraba el PCE para la acción unitaria: «En Madrid todo era más complicado. No se manifestaba la existencia de una burguesía antifranquista» y «algunos de los que se movían en la conspiración eran más bien cabezas de ratón, sin nada consistente detrás de ellos. Otros respondían a vagos estados de opinión de sectores corporativos». Unos y otros «se arrogaban papeles para los que carecían de título alguno».[28] Por su parte, García Trevijano, un hombre brillante y ambicioso, que posiblemente aspiraba a la presidencia de un hipotético gobierno provisional y que desde los años sesenta había colaborado con la oposición,[29] encontraba en el PCE la fuerza movilizadora imprescindible para incidir en el marco político.

En los meses siguientes se crearon quince juntas regionales, la de Madrid a finales de noviembre de 1974, lo que permitió un avance notable en la presencia política de la JDE.[30] Las juntas locales, como las asambleas democráticas territoriales en Cataluña, tenían un amplio margen de autonomía y una composición diversa, lo que supuso que muchos individuos y colectivos de distinto tamaño y significación se incorporasen plenamente a la acción política sin necesidad de identificarse con ningún partido. Desde la perspectiva de la militancia, no obstante, generó algunas tensiones. La dirección del PCE impulsó la formación de la Junta Democrática, tan pronto como se dieron las condiciones para hacerlo, dadas las crecientes expresiones de la crisis de la dictadura. Ese proceso se hizo sin suficiente información previa a las organizaciones del partido y sin considerar suficientemente los esfuerzos unitarios realizados en el interior, lo que provocó algunos problemas en lugares donde se habían logrado formar Mesas Democráticas, como por ejemplo en Asturias o en Baleares,[31] e incluso en Cataluña, donde finalmente la creación de una Junta fue descartada.[32] Sin mayores consecuencias en aquel momento, aquella manera de proceder puso en evidencia formas de la dirección del PCE y particularmente de su secretario general, que no eran nuevas, pero que empezaron a afectar a las organizaciones del interior y que acabarían provocando tensiones importantes en el futuro, e incluso constituiría uno de los componentes de la crisis del partido al final del proceso de transición.

El programa de la JDE se concretaba en doce puntos. La Junta Democrática propugnaba la formación de un gobierno provisional «para restablecer las libertades, los derechos y los deberes democráticos», la amnistía «de todas las responsabilidades de naturaleza política» y la «liberación de todos los detenidos por razones políticas y sindicales», la «legalización de los partidos políticos sin exclusiones», la libertad sindical y el derecho de huelga, así como el resto de derechos políticos de expresión, manifestación, etc. La Junta propugnaba también el reconocimiento «bajo la unidad del Estado español de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente», así como la celebración de una consulta para que los españoles se pronunciaran sobre la forma de Estado.[33]

De aquella síntesis programática de la Junta, el PCE dedicó particular atención a la explicación del punto noveno, relacionado con la cuestión nacional, uno de los grandes retos para la democracia española dado que «España es de hecho, aunque no lo sea aún de derecho, un Estado multinacional».[34] El PCE afirmaba que el problema no era la diversidad nacional con derechos iguales, sino su negación. Santiago Álvarez —secretario general del PC de Galicia— fue claro, sin embargo, en poner de relieve dos vertientes de la cuestión nacional en aquella coyuntura, pues si, por un lado, las fuerzas que desde las nacionalidades y regiones luchaban contra la dictadura tenían un peso decisivo en la lucha contra ésta, destacando el peso que tenía la clase obrera dentro de ellas, por otro, era imprescindible afirmar la unidad del futuro Estado democrático. Y lo era porque ésta era una cuestión muy sensible para otras fuerzas políticas presentes en la Junta, también imprescindibles para conquistar la libertad. Era la primera vez que un organismo tan heterogéneo como la Junta asumía el derecho al autogobierno como un principio de la democracia y ello era muy importante «porque además de cortar de raíz con la línea centralista represiva del franquismo, supera la posición tradicional de la derecha española y establece un claro principio de que estos problemas deben resolverse de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo».[35]

El punto noveno fue motivo de un debate político notable en las conversaciones bilaterales que el PCE mantenía con distintos representantes de grupos políticos y personalidades. Joaquín Ruiz-Giménez manifestó a Jaime Ballesteros que José María Gil-Robles aceptaba más fácilmente hablar de un estado federal «como algo de futuro» que de gobiernos autónomos desde el mismo momento en que se creara un gobierno provisional en Madrid.[36] Ésta era la propuesta de la Junta.

La constitución de la JDE fue un gran éxito y tuvo un notable impacto por el momento preciso en que se creó y por su programa, incuestionable desde la perspectiva democrática. No obstante, el proceso unitario se enfrentaba a obstáculos de primera magnitud. Algunas gestiones, como las efectuadas ante Juan de Borbón para que realizara unas declaraciones al periódico Le Monde de apoyo a una alternativa democrática para España, fueron infructuosas; sin embargo, lo realmente importante era que en la Junta no figuraban grupos que, aunque débiles orgánicamente, podían representar en un marco democrático a una parte amplia de la sociedad española. En ese sentido, los esfuerzos para incorporar a Joaquín Ruiz-Giménez fueron continuados. Armando López Salinas fue a visitarlo después de que aquél se quejara a Simón Sánchez Montero y Marcelino Camacho por que no se hubiera contado con él para la formación de la JDE y de que manifestara abiertamente en una reunión del consejo de la revista Cuadernos para el Diálogo que debían apoyarse los doce puntos de la declaración de la Junta.[37] Sin embargo, como ya era previsible, el mar de dudas que aquejaban al demócrata-cristiano, más la posición del PSOE y personalidades como José María Gil-Robles, impidieron avanzar en la unidad de la oposición.

En un clima de crisis aguda, el 13 de septiembre ETA hizo estallar una potente bomba en una cafetería de la calle Correo, que era frecuentada por policías y personal del Ministerio de la Gobernación. El PCE condenó el atentado con la misma vehemencia que empleó para combatir la maniobra franquista de vincularlo con la matanza. Fueron nueve los detenidos acusados de pertenecer al PCE y de complicidad con ETA, una tentativa de involucrar el Partido Comunista en actos de terrorismo para hacer naufragar en particular la Junta Democrática de España. En palabras de Carrillo, se trataba de «impedir la convergencia nacional necesaria para realizar un cambio democrático sin violencia, convergencia personificada cada vez más en la Junta Democrática de España».[38] En el mismo mes de septiembre y en relación con la Junta, Carrillo escribía en Nuestra Bandera que «presentarnos como un Partido que hace el doble juego, que por un lado busca la reconciliación nacional mientras que por otro lado alienta el terrorismo y es capaz de participar en crimen tan condenable como ése, tiende a hacer imposible la unidad de la oposición».[39]

No obstante, la necesidad de contrarrestar cualquier sombra de indefinición respecto al futuro democrático acentuó todavía más la voluntad de impedir que la acción unitaria naufragase, para lo que los acuerdos con los sectores más moderados eran fundamentales. En el mismo artículo, el secretario general explicaba el proceso que había llevado a la constitución de la Junta, señalando que desde el primer momento tuvieron lugar los contactos con dirigentes de la Democracia Cristiana y del PSOE que «no consintieron en unirse a la Junta». También «con personalidades del Partido Nacionalista Vasco», que alegaron estar a la espera de la decisión de aquéllos.[40] Desde la perspectiva del PCE, la unidad no se produciría sin la concreción de un organismo como el que fue la Junta, llamada a desencadenar la dinámica unitaria a partir de un programa concreto. Ciertamente, parece poco cuestionable que la ausencia del PSOE y de grupos democrata-cristianos y liberales tuvo que ver, más que con diferencias programáticas, con las propias decisiones e indecisiones de esas fuerzas políticas, que todavía no habían dilucidado el camino a seguir. El PSOE recelaba del liderazgo del PCE y, además, estaba especialmente preocupado por el crecimiento de otros grupos socialistas; por su parte, a liberales y demócrata-cristianos les preocupaba aparecer junto a organizaciones con una imagen radical.

Una carta de Santiago Carrillo a la dirección madrileña de octubre de 1974 constataba que la «provocación» de intentar vincular el atentado de la calle Correo con el PCE estaba remitiendo y no había conseguido «aislarnos como pretendían y romper la Junta». En ese sentido, el secretario general valoraba como positivas las conclusiones del congreso del PSOE, celebrado en París, que superando muchas resistencias había estimado necesario «concertar acuerdos con los partidos y organizaciones antifranquistas, fundamentalmente con las fuerzas de izquierda, como instrumento para restituir las libertades al pueblo español». Carrillo no se equivocó cuando señalaba que, en su opinión, «el PSOE se orienta a darse un baño de izquierda» y que era posible llegar a acuerdos. Partiendo de la constatación de que la turbación presidía la acción gubernamental, consideraba que «nos encontramos en un momento en que todo es posible [porque] los acontecimientos se aceleran», de manera que en las conversaciones que tenían con los otros grupos debían transmitir la idea de que debían estar «preparados para que no nos sorprendan y preparados quiere decir unidos».[41]

Sin embargo, las dificultades se mantuvieron en los meses siguientes, aunque el PCE perseveró en la defensa del modelo de la Junta que, como mostraba la Assemblea de Catalunya, permitía aglutinar sectores e individuos al margen de las estructuras partidistas. En un documento sin encabezamiento pero que simulaba una entrevista, Carrillo sostenía que pensar que la unidad antifranquista se realizaba simplemente con un acuerdo entre cuatro o cinco partidos y organizaciones antifranquistas ilegales estaba lejos de corresponder a la realidad: «Hoy en las Juntas Democráticas a niveles regionales hay grupos y organizaciones que, sin definirse como partidos ni organizaciones sindicales, tienen más miembros organizados y activos que la mayor parte de los partidos políticos a escala del Estado español». De la misma manera, abogaba por la presencia de «personalidades que, por sus relaciones con medios económicos importantes o con determinados sectores sociales y hasta de la administración poseen un peso político efectivo que no se puede desdeñar».[42] En este sentido, Santiago Carrillo consideraba que la figura de Ruiz-Giménez era muy importante por su ascendente entre los sectores que decían apostar por la democracia, pero que estaban expectantes ante un hipotético proceso reformista promovido desde el poder. El mismo Ruiz-Giménez no se comprometió abiertamente con la oposición hasta que, muerto Franco, fue evidente que tal proceso reformista no se produciría. Pero durante 1975, el secretario general del PCE apostó por no dar aquella opción por definitiva y defendía que incluso se podrían «hacer concesiones» para facilitar la incorporación de los sectores más moderados, tales como la modificación del nombre o del programa de la JDE, brindarle la presidencia o reorganizar su estructura para que los partidos políticos y las «regiones» tuvieran mayor peso.[43]

En abril de 1975 se presentó públicamente —simultáneamente en París, Madrid, Barcelona y Valencia—, el Manifiesto de la Reconciliación, elaborado por la Junta Democrática de España con ocasión de la fecha simbólica del 1 de abril —tal como el PCE había hecho diecinueve años antes—. El manifiesto, en realidad, era un llamamiento a la incorporación a las filas antifranquistas de los «centenares de miles, millones de personas, partidarias de la democracia y de las libertades, hasta ahora inhibidas de las cuestiones públicas por la inercia defensiva frente a un régimen represivo, por el efecto adormecedor de la demagogia oficial que proclama la evolución del sistema hacia la democracia y por la ausencia de incitaciones originales y eficaces por parte de la oposición».[44] En definitiva, la declaración se dirigía a los sectores posibilistas, que no se habían atrevido o que no habían querido comprometerse hasta aquel momento en el rechazo a la dictadura.

El activismo a nivel local y regional de distintos núcleos de la Junta, y la propia aparición de ésta obligó al PSOE y a la democracia cristiana vinculada a Joaquín Ruiz-Giménez a desarrollar una mayor actividad e iniciativa, lo que comportó, casi un año después, la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática. Carrillo fue duro en sus apreciaciones, pues consideró que, al margen de la voluntad de algunos de sus miembros, la Plataforma constituía «un intento de romper el amplio acuerdo nacional democrático y de reemplazarlo por una especie de coalición de centro-izquierda que se proponía heredar tranquilamente el régimen fascista».[45]

Sin embargo, los esfuerzos para alcanzar la unidad entre la Junta y la Plataforma se iniciaron de inmediato aunque, finalmente, solo la muerte de Franco aceleró la confluencia de las dos plataformas.

UNIDAD DE LA IZQUIERDA Y SOCIALISMO EN LIBERTAD

En los años sesenta, después de la afirmación de la coexistencia pacífica y la distensión entre los bloques y, sobre todo, de las grandes movilizaciones sociales de la década, los partidos comunistas, particularmente en Italia, empezaron a desempeñar papeles más relevantes en el sistema político. El PCI, como el resto de los partidos comunistas de la Europa Occidental, había quedado marginado de las instituciones gubernamentales, aunque su influencia en la clase obrera y sectores intelectuales le aseguraba una presencia social destacable, también en la Administración local. Desde el inicio de los setenta, los partidos comunistas aspiraban a gobernar sin renunciar a los objetivos de transformación social.

Al mismo tiempo, los comunistas continuaban representando un componente esencial de la utopía emancipadora y mantenían vivo el potencial de proyectos contenido en la idea de «partido revolucionario», es decir, la capacidad de hablar en nombre del mañana, en nombre de las generaciones futuras y de la voluntad de transformación social.[46] Así, todos los partidos comunistas de la Europa Occidental mantenían en los años setenta un discurso revolucionario en el que, sin duda, la mayoría de sus miembros creía y que, además, daba cohesión e identidad política a sus integrantes. A la vez, en el contexto de guerra fría que condicionaba la política europea, desarrollaban una práctica política de avances pequeños pero continuados y una presencia social capilar para intentar influir en la sociedad de la que formaban parte.[47]

Unas sociedades que habían experimentado cambios radicales particularmente desde la segunda mitad de los años sesenta. Fue entonces cuando el volumen de estudiantes universitarios creció significativamente, procediendo una parte de ellos de la misma clase obrera, lo que en poco tiempo afectó a las características de la propia clase; también se produjo un aumento relevante del trabajo asalariado de alta cualificación además de cambios culturales muy relevantes.[48] No obstante, las mutaciones en marcha no estaban en contradicción con el hecho de que los años setenta conectaban con los sesenta en la importancia que se daba a la movilización colectiva para conseguir las reivindicaciones sociales. Así, la primera mitad de los años setenta estuvo caracterizada por la importancia de las grandes luchas colectivas, obreras y estudiantiles, en la línea de los años sesenta. Estos movimientos estaban vinculados en gran medida a las sociedades industriales. Sus modos de acción y las formulaciones ideológicas que las impulsaban eran las propias de la izquierda.

Para explicar los cambios que se produjeron en el ámbito de la izquierda también debe tenerse en cuenta la evolución que habían experimentado los partidos socialistas, de la Europa meridional. A finales de los sesenta fueron ampliamente cuestionadas las políticas socialdemócratas basadas en la gestión del capitalismo, considerado el mejor de los sistemas económicos aunque con el añadido de que una parte de la riqueza se debía dedicar a políticas sociales. La movilización del 68 sacudió también el espacio socialista, que intentó adaptarse a la nueva situación con desigual fortuna. En Francia, el descalabro electoral de 1969 acabó con el viejo partido socialista (SFIO), que fue disuelto y sustituido aquel mismo año por un renovado Partido Socialista. Éste a su vez, en el congreso de Epinay de 1971, se fusionó con diversos grupos de izquierdas entre los que destacaba la Convención de Instituciones Republicanas. Como secretario general fue elegido François Mitterrand, que no había pertenecido al SFIO.

Desde entonces, dos tipos de socialismo se configuran en el espacio europeo, el del norte y el del sur: Bad Godesberg y Epinay. Los tres puntos en torno a los cuales las posiciones de ambos eran radicalmente distintas eran la actitud ante el capitalismo, ante los comunistas y ante los bloques militares. El programa del PSF propugnaba el socialismo autogestionario y en el Buró Ejecutivo del 14 de mayo de 1975 se aprobó una resolución en la que se afirmaba la necesidad de «pasar del predominio del gran capitalismo al predominio de las capas populares agrupadas en un frente de clase».[49]

Igualmente, el nuevo socialismo francés rompía con la posición de la Internacional Socialista y en junio de 1972 firmó el «programa común de la izquierda» con el PCF. Con dicha estrategia los socialistas pretendían no sólo superar el bache en que se habían colocado sino, también, convertirse en el primer partido de la izquierda, y los hechos pronto confirmaron su visión de la escena. En las elecciones legislativas de 1973 el PS obtuvo casi tantos votos como el PCF en la primera vuelta y lo superó en la segunda. Quedaba claro que las nuevas capas profesionales y de trabajadores del sector terciario se acercaban más fácilmente a un partido que, teniendo un discurso de transformación de la sociedad, percibían alejado de la imagen dogmática extendida sobre el PCF.

La firma del programa común de socialistas y comunistas fue valorada como la explicitación de la voluntad de la izquierda de gobernar unida, abandonando los socialistas los acuerdos con la derecha y los comunistas la tendencia al resistencialismo. El horizonte común del programa acordado era el de la «democracia avanzada» en la que prevalecerían los intereses colectivos sobre los de los grandes grupos económicos; en ese sentido, se consideraba que el programa de nacionalizaciones garantizaría la hegemonía del sector público.

El PCF se implicó de lleno en ese programa común. En 1964, tras la muerte de Georges Thorez, había sido elegido secretario general Waldeck Rochet, que emprendió un proceso de aggiornamento del partido.[50] En Francia, el PC actuaría de forma parecida a como lo hacían los comunistas españoles en el marco de la clandestinidad: eran los mejor organizados y con mayor influencia, pero entre las fuerzas políticas continuaban marginados en un gueto. Así, en el seno de la unión los comunistas eran los que mantenían la iniciativa pero los socialistas aparecían en el primer plano. Ello reportó excelentes resultados al PS, que consiguió ampliar su base electoral, también entre la clase obrera.[51]

El PCF compartía con el PCI el gran dilema de dilucidar su papel en las sociedades europeas: ¿cómo concretar su identidad revolucionaria y a la vez no quedar reducidos a partidos antisistema y de protesta?[52] Ambos tenían un amplio apoyo electoral, aunque la capacidad de influencia social de los italianos era bastante más amplia. Sin embargo, la democracia italiana sufría una profunda crisis en los primeros años setenta. La estrategia de la tensión impulsada por sectores de extrema derecha con conexiones en el aparato del Estado se combinaba con la acción de las Brigadas Rojas. Mientras los comunistas denunciaban la amenaza para la democracia procedente de la derecha italiana, esa amenaza se hizo realidad a miles de kilómetros de distancia. El golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, en septiembre de 1973, llevó a Enrico Berlinguer a instar al consenso democrático, pues lo ocurrido en Chile era una muestra del peligro de la polarización de un país en dos bloques.[53] Además, la implicación norteamericana en el golpe de estado ponía en evidencia la voluntad de impedir cualquier alteración del status quo en el mundo. Era necesario volver al pacto fundacional de la República y atraer al consenso a la DC para impedir la confrontación: «A tenor de las señales existentes —el crecimiento del MSI, el terrorismo derechista, la “estrategia de la tensión de la derecha”—, un bloque socialista [con el PSI] podía estar seguro de que sería víctima de sabotaje como en Chile». Para Berlinguer, el problema político central en Italia era evitar ese final[54] y, para ello, el objetivo socialista no se debía precipitar, al contrario, se trataba de asegurar los avances a ritmo lento y atendiendo a los problemas coyunturales, como era en aquel momento la crisis económica capitalista.

La trayectoria del PCI en la posguerra estuvo marcada por la experiencia de la derrota ante el fascismo en los años veinte. Los distintos equipos dirigentes, empezando por Palmiro Togliatti, ante la constatación de la imposibilidad del establecimiento del «poder obrero», propugnaron una «democracia progresiva», un concepto alejado de la simple restauración de la democracia preconizada por los socialistas. Alcanzar el objetivo de sustraer a las clases dirigentes el apoyo de las clases subalternas[55] exigía al movimiento obrero convertirse en una fuerza constructiva —según la expresión de Togliatti— para crear una democracia capaz de grandes reformas sociales y no presentarse como el «enterrador de la burguesía».[56]

Situados en los años setenta, las diferencias programáticas entre socialistas y comunistas no radicaban en la gradualidad, sino en el énfasis en la necesidad de la democracia participativa y en el papel del Estado con el objetivo de alcanzar cambios sustanciales en las relaciones de poder entre las clases sociales.[57] La propuesta de «compromiso histórico» implicaba un programa en el que el referente de una sociedad justa e igualitaria se combinase con un respeto escrupuloso de las reglas de gobierno democráticas. Así, los comunistas italianos afirmaron con contundencia que, en el contexto de la Europa Occidental, las transformaciones revolucionarias que propugnaban no sólo debían contemplar las libertades democráticas como un rasgo esencial de la vida política sino, también, plantearse en el marco de una revolución de la mayoría y no sobre la base de la acción de minorías radicalizadas.[58] Ese mismo era el planteamiento del PCE.[59] Se trataba de evitar la escisión del país en bloques antagónicos, por la vía de la transformación social y la movilización de masas, reforzando al mismo tiempo el marco de las libertades democráticas.

Más allá del policentrismo preconizado por Togliatti, el primer paso destacado en la confluencia de partidos comunistas de la Europa capitalista se produjo en la Conferencia de Bruselas de finales de enero de 1974 tras la cual, según Santiago Carrillo, latía la preocupación por definir el socialismo apropiado a las sociedades europeas occidentales.[60] En aquel momento, el PCF era un firme partidario de un polo comunista europeo objetivamente diferente del moscovita que debía ser complementario a su apuesta por la alianza con los socialistas para llegar al poder e iniciar un camino de transformación de la sociedad francesa.[61] No obstante, los grandes impulsores de la conferencia fueron los comunistas italianos, quienes querían hacer explícito, en un momento de crisis monetaria y energética en el mundo capitalista, su convencimiento de que el avance hacia el socialismo exigía la búsqueda de vías apropiadas a los rasgos comunes de la Europa Occidental. De la importancia que se dio a la conferencia era una buena muestra que en ella participaron Enrico Berlinguer, George Marchais y Santiago Carrillo.

La prensa acogió con gran interés el encuentro, y es que los temas debatidos fueron muy amplios y se trataron con una franqueza nada frecuente en aquel tipo de reuniones, aunque las posiciones de cada partido estaban muy condicionadas por los intereses de los respectivos países, por ejemplo, en relación con la CEE. Contrariamente, el consenso era general en torno a los objetivos de renovación democrática y la cooperación de todas las fuerzas representativas de las clases populares y las capas medias. Así, un acuerdo de la conferencia fue organizar reuniones sectoriales para intercambiar propuestas y experiencias sobre un conjunto de temas de interés común. Hay que destacar las que posteriormente se celebrarían en Roma sobre la liberación de la mujer, en Ginebra sobre los problemas de la cultura o en Londres sobre los monopolios y las empresas multinacionales.[62]

Pasado el tiempo, Carrillo consideró que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de lo posible pues, en su opinión, la Conferencia de Bruselas podía haber puesto las bases de una coordinación independiente de los partidos comunistas de Europa Occidental. Desde su punto de vista, ello no fue posible por la voluntad del PCI, y sobre todo del PCF, de no enfrentarse abierta y públicamente al PCUS.[63] Si bien pronto se vio que las diferencias entre los distintos partidos comunistas difícilmente permitían un patrón de actuación común y que los recelos del PCF ante tal posibilidad eran grandes, posiblemente la opinión de Carrillo estaba condicionada por su obsesión de evitar la presentación que hacían los medios de comunicación de la derecha, quienes los representaban como agentes extranjeros cuando aparecían al lado de los partidos comunistas que gobernaban en la Europa Oriental.

La Conferencia de Bruselas constituyó un momento importante de la articulación de las propuestas políticas que presentaron los comunistas en la Europa Occidental, particularmente entre el PCI y el PCE. Aquel mismo año de 1974, Jordi Solé Tura, iniciando su faceta de difusor de los planteamientos comunistas ante la opinión pública, escribió un artículo en el que, sintetizando las propuestas comunes de franceses e italianos —no era conveniente ni necesario precisar que eran también las de los comunistas españoles—, enfatizaba que aquéllos partían de la base de la imposibilidad de avanzar hacia el socialismo con una simple mayoría electoral, por lo que era imprescindible «unir a la mayoría del pueblo», entendiendo éste por el conjunto de las clases populares, «y hasta sectores de la burguesía media». Dada la diversidad de dicho bloque, el pluralismo político e ideológico era indispensable, lo que suponía «un replanteamiento de la relación tradicional entre lucha por la democracia y lucha por el socialismo», haciendo «de la consolidación y ampliación de las estructuras democráticas del Estado actual la vía específica de avance hacia el socialismo».[64] Era lo mismo que explicitaba Santiago Carrillo en reuniones internas: «En nuestra concepción la marcha hacia el socialismo tiene que ser un desarrollo y una profundización de la democracia en todos los terrenos».[65]

En 1975 continuaron las reuniones del PCE tanto con el PCI como con el PCF. El 12 de julio se reunieron en Roma delegaciones del PCI y del PCE en un ambiente que reflejaba la creciente sintonía entre ambos partidos y marcado por la euforia del éxito comunista en las elecciones regionales y locales italianas. Ambos partidos aprobaron la Declaración de Livorno,[66] que puede considerarse un punto de referencia para la fijación de la vía democrática al socialismo y del socialismo en democracia, ya que el objetivo fundamental de la reunión era reafirmar públicamente la convicción, que se formulaba como estratégica y no táctica, de que «el socialismo puede afirmarse solamente, en nuestros países, a través del desarrollo y de la plena actividad democrática». Ambos partidos tuvieron interés en concretar algunos de los componentes que consideraban esenciales de todo sistema democrático: «La afirmación del valor de las libertades personales y colectivas y de su garantía, la no oficialización de una ideología de Estado, de su articulación democrática, de la pluralidad de partidos en una dialéctica libre, de la autonomía del sindicato, de las libertades religiosas, de la libertad de expresión, de la cultura, del arte y de las ciencias».[67] Es decir, valores que las democracias liberales habían hecho suyos a lo largo del siglo. Con Franco agonizante, para los comunistas españoles fue esencial visualizar, al lado del PCI, que la democracia se situaba en su horizonte prioritario.

Dado que para el PCI las confluencias en Europa debían ser lo más amplias posibles, el 15 de noviembre firmó en Roma con el PC francés una declaración conjunta donde se ratificaba que la construcción de la sociedad socialista «debe realizarse dentro del marco de una democratización de la vida económica, social y política ... Dentro de ese espíritu, todas las libertades, tanto si son frutos de las grandes revoluciones democrático-burguesas, como de las grandes luchas populares de este siglo, que han tenido a la cabeza a la clase obrera, deberán garantizarse y desarrollarse».[68] En el mismo mes de noviembre el PCE y el PCF firmaron una declaración con contenido similar a las realizadas por ambos partidos con el PCI, de manera que se fue perfilando claramente en el marco europeo occidental la existencia de unos partidos comunistas con importante influencia social y que reafirmaban continuadamente su apuesta por la democracia.

EL MANIFIESTO PROGRAMA. LA ETIQUETA «EUROCOMUNISTA»

En el VIII Congreso de 1972 se había elegido una comisión para la elaboración de un Manifiesto Programa. Un año después, en octubre de 1973, el Pleno del Comité Central dio luz verde a la publicación de sus líneas maestras para que fueran sometidas a la discusión del conjunto del partido. Tan importante como ese debate era recopilar, con lenguaje asequible, las propuestas del PCE para la sociedad española. El Manifiesto Programa se aprobó en la Segunda Conferencia, que se celebró en julio de 1975 cerca de Arrás, en el norte francés, que reunió un número elevado de cuadros con el objetivo, a decir de Jordi Solé Tura, de impulsar la política de unidad que comportaba la creación de la JDE y, sobre todo, de empezar a plantear la necesidad de dar un salto en la actuación política dada la previsible proximidad de la muerte de Franco.

En el plano interior, en un contexto de agudización de la represión franquista ante la incontenible contestación pero, al mismo tiempo, de creciente crisis del régimen, el Manifiesto Programa de 1975 confirmó y desarrolló la línea política aplicada en los últimos años. Democracia, unidad antifranquista y huelga nacional eran las piezas esenciales de la política comunista: democracia como objetivo, amplia unidad antifranquista como condición para hacerla posible, huelga nacional como instrumento para alcanzarla.

El concepto de huelga nacional había evolucionado a lo largo de los años. Si a finales de los años cincuenta era concebida como una acción única que provocaría la caída del régimen, en el crepúsculo de la dictadura era interpretada como «la movilización y el enfrentamiento de las más amplias capas antifranquistas encabezadas por la clase obrera contra el poder actual. Por eso el detonante natural de la Huelga Nacional habría de ser la huelga general política de la clase obrera y, desde luego, está claro que será su columna vertebral». Las «luchas de la clase obrera, de los campesinos, los estudiantes y los intelectuales; de amplios sectores profesionales; las posiciones de la Iglesia; los progresos de la unidad; la actividad firme y resuelta de los comunistas y otras fuerzas democráticas, todo ello, en contraste con el proceso de descomposición de las fuerzas dominantes, es el camino seguro que nos conducirá a la Huelga Nacional».[69] La retórica, sin embargo, continuaba siendo revolucionaria, y así, se decía que «el Partido Comunista de España ha elaborado la tesis de la Huelga Nacional como forma del levantamiento popular que puede conducir al triunfo de una revolución política en España, y abrir la vía hacia la democracia política y social y el socialismo».[70] El lenguaje era resultado de una cultura política marcada por una identidad en la que la matriz bolchevique continuaba viva. Es evidente que la práctica del partido era inequívoca en cuanto a los objetivos inmediatos y finales, pero la formulación podía favorecer las lecturas maximalistas que influirían en las distancias entre discurso y práctica política dos años después.

En lo que podría considerarse sentido inverso, el Manifiesto Programa confirmaba también la política de «pacto para la libertad», preconizando «una alternativa democrática que dé a la actual situación una salida en interés de las masas populares y facilite, a la vez, una convergencia entre las fuerzas de diverso signo interesadas en poner fin a la dictadura, sobre bases muy amplias, que no prejuzgue ni el régimen político ni las transformaciones sociales futuras, dejando estas cuestiones para su solución en un marco democrático». Recuperadas las libertades, el PCE defendería una «democracia política y social», como etapa intermedia hacia el socialismo, un socialismo que «sólo podrá triunfar y consolidarse en esta zona de Europa a través del desarrollo pleno de la democracia, afirmando el valor de las libertades personales y colectivas, la no oficialización de una ideología de Estado, la articulación democrática y descentralizada del mismo, la pluralidad de partidos, la autonomía sindical, las libertades religiosas, la libertad de expresión, de la cultura, del arte y de las ciencias»,[71] en síntesis, como se había afirmado en la Declaración de Livorno, el socialismo estaría asociado a la democracia.

El Manifiesto Programa, el documento más importante de cara al futuro que se abría entonces, necesita ser contextualizado también en el marco internacional. A mitad de la década de los setenta el optimismo en la izquierda europea continuaba siendo tan notable que se llegaba a afirmar que el camino para la construcción de un socialismo democrático estaba abierto por la combinación de la crisis capitalista, la fuerza del movimiento obrero y popular y de los partidos de izquierda y la vitalidad de las instituciones democráticas.[72] Algunos acontecimientos parecían dar crédito a tales afirmaciones. Así, las expectativas de cambio se habían concretado en diversos países de la Europa Occidental: programa común de la izquierda en Francia, la propuesta de «compromiso histórico» en Italia, la presencia de socialistas y comunistas en el gobierno portugués surgido de la «revolución de los claveles» y la influencia de la izquierda laborista en el programa de Wilson, entre los procesos más destacables.[73]

La primera parte del Manifiesto estaba dedicada al escenario internacional, valorado de forma muy optimista tras la retirada norteamericana de Vietnam y cuando eran aún imprevisibles todas las consecuencias de la crisis económica internacional: «La victoria del pueblo de Vietnam —donde el Partido de los Trabajadores ha fundido ejemplarmente la lucha nacional y la lucha revolucionaria—, así como de los pueblos de Laos y Camboya, sobre los agresores imperialistas norteamericanos es uno de los grandes virajes de la historia mundial. Sus repercusiones son profundas en toda la situación internacional. Se ha modificado la correlación de fuerzas surgida después de la Segunda Guerra Mundial. La posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo capitalista ha sufrido un serio quebranto».[74]

El documento dedicaba un apartado a las «nuevas formas del internacionalismo proletario» en el que afirmaba que el PCE, «consecuente defensor de los países socialistas frente al imperialismo», entendía que su política «ya no puede estar determinada por la necesidades de un país socialista como sucedía cuando la Unión Soviética era el único que existía con ese régimen social». La forma en que «el proletariado de los países capitalistas desarrollados puede ayudar realmente a los pueblos de los países socialistas consiste, ante todo, en hacer triunfar la revolución». Y para el triunfo de nuevas revoluciones «hace falta que cada Partido Comunista se funda estrechamente con su pueblo, con el momento concreto que éste vive», en definitiva, que los partidos comunistas «sean, y así lo vean las masas de su país, totalmente independientes de cualquier otro Estado, incluso socialista». Las nuevas formas de internacionalismo exigían «la unidad en la diversidad; la compatibilidad de la ayuda mutua con la crítica de camaradas; el respeto a la existencia de diferencias de opinión sobre el enfoque de unos u otros problemas; la aceptación de la diversidad de formas y modelos de socialismo; la exclusión de todo método de presión o de injerencia en las relaciones entre partidos; la más amplia democracia en la actividad de nuestro movimiento». Sobre estas bases «observadas efectivamente, el movimiento comunista mundial consolidará su fuerza y su unidad real, y conquistará mayor influencia y poder para avanzar en su obra de crear una Humanidad socialista».[75]

Las posiciones reflejadas en el Manifiesto Programa fueron las defendidas por la delegación del PCE en la Conferencia de Partidos Comunistas europeos celebrada en Berlín en junio de 1976, en un momento de creciente aproximación entre diversos partidos comunistas de Europa Occidental en defensa de un modelo de socialismo y de una vía al socialismo que situaba la democracia como característica fundamental tanto del proceso de cambio como del objetivo final. A pesar de que los cambios fueran lentos, en esta conferencia aparecieron claramente perfilados los presupuestos de los tres partidos englobados en la categoría eurocomunista, consagrados en la reunión de Madrid del 2 y 3 de marzo de 1977. Dado el carácter fundamentalmente mediático de la reunión de Madrid, convocada con el objetivo de apoyar al PCE en un momento en que su legalización todavía no era clara, la Conferencia de Berlín puede ser considerada el punto culminante en el proceso de confluencia entre los partidos comunistas de Italia, Francia y España.[76]

En Berlín, el PCI y el PCE se presentaron con la voluntad de hacer emerger las diferencias entre las distintas opciones comunistas, aunque se esforzaron en poner de relieve que la constatación de las diferencias podía ser un punto de partida para un debate constructivo y que no existía ningún tipo de vocación secesionista. En sus discursos, Carrillo fue más incisivo retóricamente que Berlinguer, pero éste, con un lenguaje más diplomático, hizo similares planteamientos. No en vano la Conferencia de Berlín se convirtió en un momento clave de la relación entre italianos y españoles, con discursos realmente confluentes.[77] Berlín supuso un momento estelar del llamado «eurocomunismo» pero, dada la evolución posterior de los acontecimientos, también el inicio de su declive.

El término «eurocomunismo» no lo impulsaron los partidos comunistas a los que hacía referencia, sino los medios de comunicación, aunque finalmente aquéllos lo hicieron suyo dada la capacidad que tenía el neologismo de sintetizar una propuesta de socialismo en libertad alejada sin embargo del modelo socialdemócrata. Enrico Berlinguer ya lo utilizó tras entrevistarse con Georges Marchais a inicios de junio de 1976 y después el PCI lo hizo presente en la Conferencia de Berlín. Meses más tarde, Georges Marchais escribía que aunque la palabra «eurocomunismo» estaba mal elegida, designaba algo existente: «Un esfuerzo de búsqueda genuina, la elección de una vía pacífica y democrática al socialismo, el pluralismo de partidos y de corrientes de pensamiento, la unión de todas las fuerzas populares en un movimiento ampliamente mayoritario».[78] En definitiva, se trataba de sintetizar en un solo término la formulación de un comunismo distinto del existente en la URSS y en la Europa del Este.

El eurocomunismo aparecía como la actualización de los referentes comunistas adaptados a las necesidades y potencialidades de la Europa industrializada del último tercio del siglo XX, donde la democracia política había conseguido un gran desarrollo y donde el movimiento obrero había alcanzado importantes cotas de presencia social y política. No obstante, podría decirse con Eley que el eurocomunismo era inseparable de los legados del fascismo, porque las derrotas de la izquierda en Italia y España durante el período de entreguerras inspiraron esta nueva estrategia antimaximalista de amplia alianza democrática. Con Franco ya muerto, los comunistas españoles albergaban la esperanza de repetir la experiencia del PCI en 1944-1947, cuando el antifascismo trajo un éxito popular duradero. Los arquitectos del eurocomunismo, Berlinguer y Carrillo, evocaron las heroicidades del antifascismo al tiempo que guiaban sus respectivos partidos hacia un futuro político distinto.[79] Marc Lazar presenta el eurocomunismo como una estrategia de los partidos comunistas que, en el caso francés e italiano, querían salir de la oposición a la que habían quedado relegados desde 1947, y en el caso del PCE buscaba un papel preeminente en la España posfranquista.[80]

El eurocomunismo se desarrolló en una etapa de relajación del clima de guerra fría y en amplios sectores europeos fue percibido como un factor positivo de contestación a ella. Sin embargo, no contó para su desarrollo con el impulso de ninguna de las potencias afectadas, al contrario. En las cancillerías europeas, la posibilidad de que el PCI llegase al gobierno generó una profunda preocupación.[81] Tanta o más que en la Administración norteamericana: en diciembre de 1975 Henry Kissinger subrayó ante los embajadores americanos en Europa que «la progresión de la política de izquierda [en el sur de Europa] amenaza con socavar las relaciones que conciernen a la seguridad y a las políticas de defensa sobre las que ha sido edificada la Alianza [atlántica]»,[82] aunque lo verdaderamente inaceptable era su protagonismo político «y eso nada tiene que ver con la moderación de estos partidos o con el grado de independencia respecto a Moscú».[83] Por otro lado, la involución soviética ayudó también al distanciamiento. Los dirigentes franceses veían con mucha preocupación el resurgimiento del culto a la personalidad y el olvido de las conclusiones del XX Congreso en la potencia del Este. Jean Kanapa, responsable de la política exterior del PCF, afirmaba en una sesión del Comité Central de marzo de 1977: «No es posible que, sesenta años después de la instauración del socialismo, formas estereotipadas de vida política, ideológica e incluso social se sigan manteniendo de forma artificial sin que se vaya hacia crisis que pueden presentar rasgos graves y preocupantes».[84]

El compromiso histórico no era sólo, pero era también, un acuerdo entre distintas fuerzas sociales y la vía democrática y pluralista implicaba la desaparición del concepto leninista del partido-guía convirtiendo a los partidos comunistas en «una» de las piezas del conglomerado de la izquierda, en competencia entre sí. En el planteamiento de Berlinguer, Europa aparecía como un terreno que podía permitir la convergencia de la iniciativa de los partidos comunistas en una «posición distinta, pero no antagónica, respecto a la socialdemócrata».[85]

Podría decirse que el eurocomunismo pretendía ser la fórmula para cambiar el mundo desde la democracia. Como bien ha sintetizado Antonio Elorza, el llamado «eurocomunismo» aspiraba a construir una vía democrática al socialismo, fundiendo la voluntad de transformación heredada de octubre de 1917 —si bien eliminando el contenido represivo de la dictadura del proletariado— y el respeto a las libertades propias de la socialdemocracia que sería preciso profundizar. Ese proyecto se inscribía en un contexto marcado por la confianza en el mantenimiento del crecimiento económico que había caracterizado el último cuarto de siglo y que la crisis económica de 1973 no había conseguido ensombrecer. Así, «era posible soñar con consumar la transformación del proletariado mísero de los años treinta en un protagonista histórico que generalizase la figura del que ya era llamado the affluent worker, el trabajador opulento».[86]

El modelo «eurocomunista» se había ido definiendo a lo largo de más de una década, pero cuando se difundió e identificó entre la opinión pública a mitad de los setenta ya tenía escaso recorrido. Nunca llegó a desarrollarse como una estrategia común, dado que los tres partidos no compartieron una línea política única e identificable. Por otro lado, en los pocos años que quedaban hasta la década de los ochenta se produjeron en Europa cambios radicales imprevisibles hasta poco antes. Carrillo afirmó después de su salida de la secretaría general que fue la crisis económica y la tensión internacional las que impidieron que el llamado «eurocomunismo» pudiera responder a las esperanzas que había despertado en una parte de la izquierda.[87] Ahora bien, también se podría observar, como hizo Fernando Claudín, que si el eurocomunismo se convirtió en un foco de atención general fue porque la crisis del capitalismo a mitad de los setenta puso al orden del día la alternativa democrático-socialista.[88] La recomposición del capitalismo a través de cambios productivos con gran impacto social y cultural fue determinante para la crisis posterior.

En el caso español, la conversión del programa eurocomunista en la doctrina oficial del partido significó en la práctica alinear la política real de los comunistas, en la que la lucha por la democracia era el eje central, con la programática. La democracia política y social que se propugnaba implicaba que «el papel esencial del sufragio y la soberanía del Parlamento se complementa con mecanismos diversos de control democrático que van incorporando a la gran mayoría de la población a un papel activo y protagonista en la política de todos los días ... Es el contenido de la práctica del eurocomunismo».[89] Sin embargo, cuando se inició la crisis comunista en Cataluña a inicios de los ochenta, su secretario general, Antoni Gutiérrez Díaz, reconoció que no se había hecho un esfuerzo explicativo sobre el contenido transformador del eurocomunismo, lo que había facilitado que una parte de la militancia interpretara la centralidad otorgada a las instituciones como un abandono de las políticas transformadoras. No obstante, antes de 1977, cuando las elaboraciones teóricas no se contrastaban con las prácticas políticas, existía un gran consenso entre los comunistas en el sentido de «ver las instituciones no sólo como la representación de la voluntad democrática que se expresa en un momento de la votación, sino como vías de participación constante, y por tanto de lucha. De ahí la importancia de la consecución de parcelas de poder en las instituciones para poder avanzar en la práctica hacia una actividad profundamente transformadora».[90]

En síntesis, el desarrollo del eurocomunismo en el que el PCE se implicó de forma destacada[91] coincidió con el proceso de transición de la dictadura a la democracia y ello se convertía en una fuente de oportunidades pero también de peligros de los que el PCE no supo ni pudo escapar. La base teórico-política del eurocomunismo no era otra que aceptar la democracia política de matriz liberal para conquistar grandes mayorías que permitieran desarrollar procesos de transformación social más o menos irreversibles. Pero esa formulación, que se hacía equivalente a revolución de la mayoría y era asumida por los comunistas de forma muy mayoritaria antes de 1977, no anunciaba ninguna de las grandes dificultades que hubiera implicado su desarrollo. Más allá de los planteamientos teóricos, la evolución de los acontecimientos posteriores a las elecciones de junio y la gestión de la dirección encabezada por Santiago Carrillo, comportaron la fragmentación interna de la militancia, que se analizará en la segunda parte de este volumen.

4

Del franquismo sin Franco
a las elecciones generales

Las elecciones sindicales han sido la victoria política más seria obtenida por la oposición contra la dictadura, desde que ésta existe. Las elecciones sindicales son un plebiscito obrero contra la dictadura. Después de ellas nadie puede ignorar qué quiere y con quién está la clase obrera.

Santiago Carrillo, Comité Central
de septiembre de 1975

La batalla de la democracia, de la que la legalización del P.C.E. es hoy un componente esencial ... hay que librarla ante la opinión pública y con su participación directa.

Santiago Carrillo, Comité Central
de Roma, julio de 1976

EL DEBATE EN TORNO A CC. OO.

Desde 1973 los efectos de la crisis económica se extendían en las sociedades capitalistas y provocaron que el paro apareciera en el horizonte como una amenaza concreta para miles de personas. En España, en aquel contexto, la disponibilidad de los trabajadores para la movilización era muy elevada y cuando las empresas empezaron a utilizar frecuentemente los expedientes de regulación de empleo, se encontraron con una oposición obrera frontal. El año 1974 se caracterizó por una elevada conflictividad laboral con un muy notable impacto político. Así lo analizaba Santiago Carrillo quien, en el otoño de aquel año, consideraba que las luchas obreras estaban influyendo en que «todo fuera posible», hasta el punto de que la conflictividad laboral en España estaba consiguiendo un amplio eco a nivel europeo; así, se podía leer en Le Monde del 12 de octubre que «las inquietudes de los asalariados por la deteriorización [sic] de su nivel de vida no carece de fundamento, pero la multiplicación de las huelgas en los sectores de punta traduce en primer lugar una combatividad nueva de la clase obrera».[1] Efectivamente, el movimiento obrero alcanzó éxitos de trascendencia fundamental en la lucha contra la dictadura.

En relación con el Proceso 1001, el Tribunal Supremo redujo la condena de los dirigentes de CC. OO. de 162 a 38 años de cárcel a inicios de 1975. En diciembre de 1973, el TOP había impuesto a cada uno de los diez dirigentes penas elevadísimas, que iban de un mínimo de doce años a un máximo de veinte y que se explican, más allá del contexto de crispación en las instituciones franquistas por el asesinato de Carrero Blanco, porque el Gobierno pretendía anular la dirección del movimiento obrero con la esperanza de frenar la movilización. Consiguió lo contrario y, como en tantos otros ámbitos, más que contener las protestas, la visibilidad de la represión las alimentó, tanto a nivel interno como internacional. Si desde el inicio de la década de los setenta CC. OO. se había convertido en el símbolo nacional de oposición obrera a la dictadura,[2] a lo largo de 1974 Marcelino Camacho y sus compañeros detenidos se convirtieron en el referente de la ausencia de libertad sindical en España. Cuando el 11 de febrero de 1975 se realizó la vista del recurso, en la sala estaban presentes diversas delegaciones sindicales internacionales, así como la prensa española y extranjera.

La presión tuvo éxito, y el caso puede considerarse un ejemplo de la dinámica característica del momento: intensificación de la represión, movilizaciones de solidaridad, incapacidad del régimen para mantener aquélla si quería evitar consecuencias negativas de diferente naturaleza. Lo anterior no significa que la actuación gubernamental no tuviera costes elevados también para el movimiento obrero; los encausados más afortunados del proceso 1001 que con la nueva sentencia obtuvieron la libertad, habían pasado dos años y medio en la cárcel. A Marcelino Camacho, que se había convertido en el icono de Comisiones, le correspondió la mayor condena (seis años) y no obtuvo la libertad hasta después de la muerte de Franco. En definitiva, la dialéctica de los acontecimientos era intensa. En una nueva muestra del círculo movilización-represión-movilización, los sindicatos italianos propusieron recoger firmas para proponer a Marcelino Camacho al Premio Nobel de la Paz, al tiempo que en mayo de 1975 el Congreso Mundial de la Paz le concedió una medalla.[3] Más allá de los hechos en sí, desde la perspectiva política, tales acontecimientos recordaron internacionalmente el carácter dictatorial del franquismo a pesar de todos sus esfuerzos por negarlo.

En ese marco, en la primavera se celebraron las preceptivas elecciones sindicales, que la OSE intentó retrasar tanto como pudo, pues los dirigentes verticalistas eran conscientes de que podían perder el control de la más importante de las organizaciones de masas del régimen. CC. OO. preparó las elecciones de forma concienzuda y con unos planteamientos muy abiertos.

El triunfo del «equipo colorao», como tituló la revista Cambio 16, estuvo a la altura de las expectativas, sobre todo desde la perspectiva cualitativa, pues el proceso de preparación se había realizado en el marco de una movilización abierta, asumida por amplios colectivos, lo que, tras las elecciones, se tradujo en la incorporación de nuevos cuadros obreros a CC. OO. Los titulares de la prensa de mediados del mes de junio dan fe de lo extendida que estaba la percepción de que aquellas elecciones tenían una importancia capital; para los comunistas suponían la afirmación de la clase obrera como fuerza dirigente de la lucha general por el cambio democrático.[4] En el discurso al Comité Central de septiembre de 1975, convocado para aprobar el Manifiesto Programa, Santiago Carrillo exclamó que las elecciones sindicales habían sido «la victoria política más seria obtenida por la oposición contra la dictadura, desde que ésta existe. Las elecciones sindicales son un plebiscito obrero contra la dictadura. Después de ellas nadie puede ignorar qué quiere y con quién está la clase obrera».[5]

Se podría considerar que el triunfo en las elecciones sindicales era un primer paso para la ruptura democrática. En el PSUC principalmente, pero con ramificaciones en el PCE,[6] se produjo entonces un momento de tensión destacable. Isidor Boix —responsable del PSUC de las cuestiones relacionadas con el movimiento obrero— propugnó la apertura inmediata del proceso de construcción del sindicato unitario sobre la base de los cargos sindicales electos, lo que, consideraba, podía ser un elemento dinamizador de la ruptura democrática. Para entender la propuesta hay que tener en cuenta que en el área industrial barcelonesa el éxito de CC. OO. en las elecciones sindicales había sido espectacular: de los casi 63.000 enlaces elegidos en la provincia de Barcelona, más de dos tercios pertenecían a las Candidaturas Unitarias y Democráticas impulsadas por CC. OO., en algunos casos en colaboración con USO. El apoyo obtenido no tan sólo permitió copar el primer nivel del organigrama verticalista sino, también, penetrar en estructuras superiores del Sindicato Vertical, las Uniones de Técnicos y Trabajadores (UTT), a pesar de que el régimen había impuesto una normativa muy restrictiva con el claro objetivo de que ello no sucediera. Pero el éxito logrado no significaba que el aparato verticalista no tuviera capacidad de resistencia pues, incluso en aquellas condiciones, mediante la oportuna utilización de la legislación, consiguió que fueran reelegidos 21 de los 27 presidentes de las UTT.[7]

Frente a la posición de Boix se situaba la de Cipriano García, apoyado por José Luis López Bulla; su posición también correspondía a la de la Coordinadora General de CC. OO. Para los dirigentes de CC. OO., la victoria electoral de 1975 abría el camino al hundimiento de un pilar esencial del régimen y, consecuentemente, a la crisis definitiva de la dictadura. Ello permitiría el establecimiento de la democracia y, con ella, la construcción de un sindicato de clase porque entonces, como durante los años sesenta, la estrategia de CC. OO. no pasaba por apoderarse del Sindicato Vertical, sino por anularlo. A diferencia del sindicalismo corporativo portugués, que tenía entidad propia, la OSE era un aparato del Estado, imposible de reformar.

Cipriano García estaba convencido de que tras la propuesta de Isidor Boix estaba Santiago Carrillo, por lo que, con José Luis López Bulla, se trasladó a París para hablar con el secretario general del PCE.[8] Al margen de que Carrillo se implicaba en todo aquello que consideraba importante, algunas intervenciones del secretario general podían llevar a aquella conclusión. Así, en abril de 1974, Carrillo había afirmado que, en la situación que se estaba configurando, era posible instalarse en los sindicatos ocupándolos como estaban, ya que «el objetivo del nuevo movimiento obrero no puede ser sólo combinar las formas legales e ilegales, sino ir a la conquista de una nueva legalidad, de hecho y de derecho». A lo largo de su trayectoria, Carrillo mostró siempre un particular apego a la utilización de la legalidad que consideraba muy útil, quizás por la lectura optimista de los acontecimientos en España, mirada con las lentes de décadas de exilio. Partiendo de aquel presupuesto, el secretario general añadió: «La finalidad, cada vez más inmediata, no es sólo la conquista de los puestos de jurados y enlaces ... Los trabajadores deben tener ya en vista el momento en que se apoderarán del actual tinglado de los Sindicatos Verticales para convertirlos en una auténtica Confederación de clase, unitaria, democrática e independiente».[9] Por otro lado, en el mes de octubre, confiado en que las posibilidades del momento eran extraordinarias, Carrillo también había escrito a los dirigentes clandestinos madrileños que era necesario «iniciar ya el asalto a los sindicatos, llegando a acuerdos con los funcionarios que se muestren propicios y la masa de los enlaces y jurados hasta ahora amorfos. En Cataluña se está avanzando seriamente en esta dirección. Gracias a los contactos con [Socías Humbert] se ha podido arrancar las resoluciones del sindicato del Metal en la asamblea contra el convenio». También afirmaba que «al mismo tiempo que se desarrolla la lucha de clases de las empresas, [hay que] saber establecer relaciones políticas con los empresarios para conseguir el mayor apoyo de éstos para preparar esa gran acción [la Huelga General]».[10]

En este punto se había ido configurando una diferencia de criterios, no en cuanto a objetivos, pero sí procedimentales. Para los principales dirigentes de CC. OO., los cargos de los enlaces sindicales representaban el brazo legal que permitía llegar al conjunto de los trabajadores, pero mantener la organización autónoma era imprescindible para impedir quedar a merced del aparato del Estado.[11] Fue aquel un momento importante en las tensiones latentes entre la dirección en el exilio y los líderes que dirigían CC. OO. siendo al mismo tiempo comunistas, aunque muchos de ellos las relativizaran. Santiago Carrillo hizo explícitas sus críticas a lo que consideraba una falta de atención de los dirigentes de CC. OO. a las posiciones de la dirección del partido. Así, en aquella misma reunión del Comité Central de abril de 1974, había afirmado que «la idea justa de que las Comisiones Obreras son un movimiento de clase, independiente, democrático, termina a veces transformándose en la concepción que el militante comunista en el movimiento obrero es también independiente del partido».[12]

Visto en perspectiva, el malestar latente de algunos dirigentes comunistas de CC. OO. con la dirección en el exilio venía de lejos, aunque no se plasmara en posiciones políticas. Dos de ellos, especialmente significativos, fueron exponentes de ello: Marcelino Camacho en Madrid y Cipriano García en Barcelona. Camacho defendió siempre que a la dictadura no se le podía dar tregua y que la lucha podía darse en cualquier momento y lugar. El activismo debía ser total, incluso en las cárceles, pues si «Franco y su Gobierno se empeñaban en ocultarnos ante la opinión pública interna e internacional..., nosotros con nuestra lucha se lo impedíamos». Camacho utilizó este caso como ejemplo de la distinta actitud de los dirigentes en el exilio y en el interior; él se enfrentó a las directrices de pasividad en las cárceles que, en su opinión, llegaban desde París, lo que llevó a que algunos de los compañeros presos propusieran incluso su expulsión, que no fue aceptada. Años después, sin embargo, el incidente le permitió afirmar que «los hombres del PCE que trabajábamos en los movimientos de masas, como Comisiones Obreras, teníamos comportamientos diferentes a los de aquellos cuya experiencia se limitaba al propio aparato del partido y, en ese momento, a la clandestinidad».[13]

Ante el reproche de Carrillo sobre la excesiva autonomía de los militantes obreros, Camacho escribió que los dirigentes de Comisiones «nunca pensamos que fuera el hermano menor del partido ... Los comunistas debían andar sueltos, sin amarras o esquematismos. Debían innovar cuando fuera necesario, aun a riesgo de equivocarse, sin esperar que la luz humana o extraterrestre, viniera de lo “alto” como una “verdad” incuestionable que siempre había que aplicar. Ese grado de autonomía e innovación, de independencia del sindicato, era necesario para avanzar».[14] Camacho reivindicaba la idea de que, habitualmente, lo que se había producido era que, a partir de experiencias concretas de sus militantes, el PCE había elaborado y extendido su orientación política. Ciertamente, parece bastante incuestionable que las CC. OO. jugaron un papel fundamental en la extensión del campo de atracción hacia el PCE. Se podría decir, utilizando la expresión de Eduardo Saborido, que si hubiera existido correa de transmisión ésta hubiera tenido sentido inverso.[15]

Aquel mar de fondo estuvo presente en el debate posterior a las elecciones sindicales. En septiembre, en las afueras de París, un centenar de militantes obreros del PCE celebraron la que sería la última reunión en Francia con Santiago Carrillo; entre las cuestiones a tratar estaba el debate sobre la creación inmediata de un sindicato unitario a partir de las estructuras representativas de la OSE. Un elemento destacado de aquella reunión fue que, por primera vez, la representación territorial fue muy amplia: no tan sólo los militantes procedían de las áreas fuertemente industrializadas o con gran tradición del movimiento obrero, sino también de otros territorios como Castilla, León, Extremadura o Murcia.[16] El «orden del día» previsto giraba alrededor del papel de las Comisiones Obreras ante la agudización de la crisis de la dictadura y el deterioro progresivo de la mayoría de las instituciones del régimen. Las distintas posiciones se pusieron sobre la mesa: fundamentalmente la de quienes avalaban la ocupación del Sindicato Vertical y la de quienes defendían la celebración de un Congreso Sindical Constituyente.

Esta última fue la posición mayoritaria. Una operación como la promovida por Boix mostraba una extraordinaria confianza en las propias fuerzas, pero también un análisis de la realidad que menospreciaba el peso de factores internos y externos fundamentales. En relación con los argumentos internos al propio movimiento, la propuesta no tenía en cuenta que el objetivo de CC. OO. no pasaba por apoderarse del Sindicato Vertical, sino por destruirlo. Este objetivo estaba relacionado, al mismo tiempo, con el hecho de que los dirigentes de CC. OO. consideraban que la metamorfosis del vertical era imposible, ya que era un aparato fundamental del Estado franquista que éste no permitiría nunca que perdiese ese carácter. La propuesta impulsada por Isidor Boix implicaba la negociación con el verticalismo, su reconocimiento. La posición de los militantes obreros convocados en París fue firme: su opción nunca había sido el entrismo, aunque a veces se haya presentado así. Su objetivo no había sido nunca “ocupar” la OSE como una opción posibilista para ir modificando la política oficial, sino que habían utilizado los cargos legales para denunciar al Sindicato Vertical y minarlo desde dentro, contribuyendo así a la derrota del franquismo y a la creación de sindicatos al margen del Estado[17].

Santiago Carrillo hizo un discurso de clausura de la reunión inicialmente halagador y, refiriéndose a las elecciones sindicales, afirmó que «la clase obrera tiene en este momento un arma formidable en las manos con esas posiciones que ha conquistado», aunque ello no impidió que, a continuación, de forma retórica se preguntara si «seremos» capaces de utilizarla bien. En ese sentido, debían ser conscientes de que la lucha que tenía ante sí el movimiento obrero era ante todo una lucha de carácter político cuyo objetivo debía ser «aprovechar el desequilibrio que provoca la desaparición de Franco para derribar, para destruir el conjunto del régimen franquista» y allanar el terreno a la construcción del régimen democrático.[18]

Con relación al debate interno, se mostró contemporizador con las posiciones mayoritarias y afirmó que tenían razón cuando se oponían a renunciar a CC. OO., «que no sería un parto, camaradas, que sería más bien una especie de infanticidio». Sin embargo, al mismo tiempo, cuestionó abiertamente sus órganos de dirección al afirmar que «CC. OO. es todo el conjunto del movimiento que va desde las Asambleas de fábrica hasta las estructuras extralegales pasando por los representantes legalmente elegidos». Más explícitamente, «¿podría negarse que los órganos extralegales, comenzando por el Secretariado y la Coordinadora Nacional y siguiendo a otros niveles, son totalmente insuficientes hoy para dirigir lo que tienen en sus manos?». Para Carrillo, los miles de elegidos tenían un papel fundamental en la nueva etapa, con lo que sería más fácil «crear, de verdad, condiciones más favorables para preparar un sindicato unitario, con futuro, mucho más que las consignas anticipadas del “congreso constituyente sindical” que a mí me parece que, hoy por hoy, están fuera de lugar».[19]

En las mentes de muchos de los participantes en la reunión podía aparecer la imagen de la unidad sindical portuguesa cuando Carrillo afirmó que «incautarse de los sindicatos, camaradas, es coger en las manos del movimiento obrero la fuerza que le va a permitir dirigir todavía más plenamente todo el conjunto del movimiento democrático. ¿Qué pasos, qué momentos habrá? Hay que estudiarlo y decidir en cada lugar y momento».[20] Carrillo, sin embargo, no podía desconocer que la OSE era un aparato del Estado, que controlaba su patrimonio, mientras que en Portugal los sindicatos tradicionales, con patrimonio propio, habían estado en manos de direcciones corporativas controladas por el Estado. La oposición clandestina había ido copando las direcciones corporativas poco a poco y, ya antes de la revolución del 25 de abril, controlaban una quincena desde la organización intersindical creada al efecto.[21]

La única conclusión de la reunión fue la necesaria disolución del Sindicato Vertical. Había quedado abortada la operación, que muchos calificaban de derechista; la mayoría de los militantes comunistas en CC. OO. se había manifestado muy firme en esta cuestión. Sin embargo, no fueron pocos los que dedujeron que Carrillo había puesto en cuestión la dirección ejercida por Cipriano García,[22] que no citó ni una sola vez, contrariamente a lo que hizo con relación a otros importantes dirigentes de CC. OO.

Afirmada una vez más la plena autonomía de CC. OO. y, más allá de las tensiones internas de algunos de sus cuadros con el PCE, la cuestión de la ocupación del Sindicato Vertical no se volvió a discutir. El 18 de diciembre, el Comité Ejecutivo del PSUC se reunió de urgencia y decidió destituir provisionalmente a Boix de sus cargos, al tiempo que le requería para que pasara a otro «frente de trabajo» que no fuera el movimiento obrero. Boix rechazó tal posibilidad afirmando que proseguiría «sus actividades en el movimiento obrero, aunque ello comportara su expulsión del Partido», lo que sucedió el 2 de enero de 1976.[23]

Mientras estos debates se producían, el escenario español estaba condicionado por las decisiones del Gobierno para sortear la crisis galopante a la que debía hacer frente. En pleno mes de agosto, Carlos Arias Navarro cumplió la amenaza formulada el 24 de junio en las Cortes donde, después de exclamar que «España y su régimen no están en almoneda», afirmó que «ante el reto que ha lanzado a nuestro país el comunismo, solo o aliado con otros elementos disolventes, no regatearemos esfuerzos y os anuncio que, además de emplear a fondo todos los resortes con que cuenta el poder, el gobierno enviará a las Cortes antes de fin de año un proyecto de ley especial sobre la materia».[24] El decreto ley sobre prevención del terrorismo —Decreto Ley 10/1975 de 26 de agosto— comportaba la instauración de un estado de excepción permanente.[25]

El impacto de la medida fue extraordinario. Organizaciones como Justicia y Paz, implicadas activamente en la defensa de propuestas vinculadas a valores humanísticos como los recogidos en su propio nombre, que habían participado en campañas en demanda de la amnistía y que habían extendido entre una parte de la población los valores sociales y democráticos antitéticos con la existencia de la dictadura, aprobaron documentos afirmando que «el tantas veces aludido Decreto Ley 10/1975, de 26 de agosto, no obedece a una fundamentación jurídica, sino meramente política, y que no es tanto un Decreto “para la prevención del terrorismo” —como dice su rótulo— sino mucho más un “estado de excepción global” y un medio de obstaculizar el ejercicio de libertades y de derechos humanos fundamentales».[26]

Los efectos del decreto ley fueron inmediatos: centenares de detenciones y encarcelamientos, y la celebración de los consejos de guerra previstos con la aplicación retroactiva del decreto ley. En pocas semanas se acumularon once sentencias de muerte, tres para miembros de ETA y ocho para integrantes del ultraizquierdista FRAP. El miedo se extendió nuevamente por el país de manera que en el marco de la legalidad española sólo pudo ser contundente la protesta de la Conferencia Episcopal, que solicitó la conmutación de las penas de muerte. Contrariamente, la reacción internacional mostró hasta qué extremo la dictadura estaba aislada. El Parlamento Europeo, los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE y el papa Pablo VI en tres ocasiones pidieron la conmutación de las penas capitales. Sin embargo, la decisión era inamovible y producto de la necesidad del régimen de mostrar su determinación de utilizar todos los recursos para su defensa: el 26 de septiembre, el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Franco decidió que serían indultados seis de los condenados, pero que otros cinco serían ejecutados: los etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes y los miembros del FRAP Ramón García, Alberto Baena y José Luis Sánchez. Como acto de repulsa, los embajadores de catorce gobiernos europeos salieron inmediatamente de Madrid; el único aval significativo que obtuvo el Gobierno fue el que le proporcionaron los Estados Unidos a través de la firma de la renovación de los acuerdos bilaterales el mismo 27 de septiembre.

En las semanas siguientes, el estupor fue extremo, extendiéndose la percepción de que «la dictadura incita la histeria y la traslada a la calle con las concentraciones y manifestaciones como la de la plaza de Oriente [1 de octubre], las de otros lugares de España y la del viernes pasado en Barcelona». En ese contexto de violencia, alimentada por las bandas parapoliciales y los atentados terroristas, el nerviosismo de las fuerzas de orden público era muy peligroso y se produjeron numerosos incidentes. A pesar de denunciar que el Gobierno estaba provocando la creación de «un clima de guerra civil», los comunistas llamaron a las fuerzas del antifranquismo a convocar movilizaciones masivas «para cerrar el paso a la violencia e imponer el cambio democrático».[27] La prensa, que también había sido uno de los objetivos predilectos de la represión desde el verano, manifestó su rechazo a aquella política, incluso los rotativos conservadores, lo que evidenciaba que el Gobierno carecía de apoyos sociales y políticos más allá del denominado «búnker».

Franco murió el 20 de noviembre y la situación del régimen se parecía más a la agonía que había padecido su titular durante más de un mes que a la fortaleza que transmite la frase «Franco murió en la cama». Mundo Obrero saludó la muerte de Franco con un antiguo poema de Pablo Neruda dedicado al dictador —el general Franco en los infiernos— y con una portada de la revista de IG Metal alemana, donde se reproducía la imagen de una cara que correspondía mitad a Franco, mitad a Juan Carlos con el título «Francarlos I (y último)». La portada reclamaba libertad y amnistía total.[28] Aunque en el país se produjeron muchísimas celebraciones íntimas, las calles permanecieron tranquilas, expectantes, quizás paralizadas por la violencia desatada en los últimos meses.

Juan Carlos de Borbón, sucesor de Franco a «título de rey», se convirtió en el nuevo jefe del Estado español el 22 de noviembre de 1975. Las expectativas que generó el discurso de la coronación entre una parte de la población duraron pocos días: el continuismo quedó representado por Carlos Arias Navarro, quien siguió al frente del Ejecutivo aunque, en contrapartida, el presidente del Gobierno tuvo que formar un gabinete de composición heterogénea. La figura central del gabinete fue Manuel Fraga que, a pesar de ver frustradas sus esperanzas de presidirlo, consiguió imponer a Arias Navarro su presencia en la cartera de Gobernación, y además desempeñó la Vicepresidencia para Asuntos Políticos. La otra figura destacada fue José María de Areilza, que había ocupado destacados cargos públicos desde 1939, pero que se había alejado gradualmente del régimen y, tras la coronación de Juan Carlos, consideraba indispensable dotar a la institución monárquica de una nueva legitimidad que sólo podía obtener si impulsaba un cambio político de signo democratizador. El discurso reformista era diverso en el ámbito gubernamental, pero tenía en común su carácter extremadamente limitado e indefinido en cuestiones esenciales; mientras tanto, continuaban en pie y en plena actividad los instrumentos de la dictadura.

ANTE EL FRANQUISMO SIN FRANCO

Justo había empezado 1976 cuando se reunió el Comité Ejecutivo que decidió el traslado de la dirección, con Carrillo a la cabeza, al interior de España, donde los acontecimientos empezaban a acelerarse. La intervención del secretario general se centró en poner de relieve la escasa voluntad de reforma del nuevo Gobierno, cuyo programa caracterizó como una concesión de cara a Europa y Estados Unidos, pero poco más. En opinión de Carrillo, Fraga podía ser tan brutal ante el movimiento obrero o la movilización en la calle como cualquiera de los anteriores ministros: «La calle es mía» y «El timing lo marco yo» son dos expresiones de Manuel Fraga en conversación telefónica con Ramón Tamames, que éste divulgó en una rueda de prensa convocada por la Junta Democrática a finales de diciembre de 1975.[29] Tampoco cabía hacerse ilusiones sobre el moderantismo de los militares que habían entrado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, como se afirmó posteriormente en la Declaración Política del PCE, la situación no era la misma que antes del 20 de noviembre: había desaparecido el jefe del Estado durante 39 años, desde el inicio de la guerra civil, y «parece como si con la losa que se cerró en el Valle de los Caídos se hubiera destapado la realidad político social de España».[30] La evolución de los acontecimientos era, sin embargo, incierta: el Gobierno era débil y contradictorio, de manera que si frente a él se producía la movilización de masas, si se daba la unidad en la oposición, entonces se le podría arrinconar. Si no se daban ambas condiciones, contrariamente, podía darse la continuidad pura.[31]

Movilización y consecución de la unidad serían los dos ejes de la actuación comunista en los meses siguientes. La política de unidad debía servir para una movilización popular amplia, pues si se conseguía el proceso unitario por arriba, éste iba a ayudar a la movilización por abajo. La cadena de argumentos era clara: la movilización, a su vez, haría ver a las fuerzas que «dudaban» de que el discurso de la democracia, que tanto blandían, debía ir acompañado de un compromiso factual con ella. Ahora bien, justamente para que los sectores que «dudaban» entre situarse al lado del Gobierno o de la oposición se decantaran al lado de ésta, tácticamente lo más inmediato era reafirmar un programa democrático para atraerlos definitivamente. El objetivo de la reunión del Comité Ejecutivo era tomar la iniciativa frente a las propuestas del Gobierno. El programa de «ruptura democrática» era muy elemental: libertad política, sindical, de prensa; «autonomía para las nacionalidades que componen el Estado español»; sufragio universal; «asamblea constituyente para elaborar una Constitución», entendiendo que «la forma política definitiva del Estado tendrá que ser sometida a la decisión del sufragio universal». Como se enfatizaba continuadamente para contrarrestar el discurso del régimen, la ruptura democrática no comportaba ningún tipo de violencia o desorden; es más, podía realizarse a través de «un simple decreto» y la ruptura no afectaría «ni a las Fuerzas Armadas, ni a los funcionarios del Estado ni al sistema social existente».[32]

Más allá de las declaraciones, la amnistía sin límites aparecía como el objetivo clave para la suma de fuerzas, pues esta reivindicación concitaba un gran consenso político y social. Santiago Carrillo se permitió ironizar sobre el hecho que quien más iba a necesitar la amnistía era «Girón y las bandas fascistas que están actuando». Aunque después de la broma enfatizó la necesidad de ser precisos en los eslóganes y, en ese sentido, no convenía mezclar la consigna «Juan Carlos abajo» con la amnistía porque ello podía disminuir la disponibilidad para la movilización. Juan Carlos debía continuar siendo presentado «como es», pero lo importante era «minar antes a Juan Carlos que gritar abajo Juan Carlos». Al mismo tiempo, Carrillo propuso que el PCE planteara propuestas que sirvieran para constatar la escasa voluntad reformista del Gobierno, tales como disolver las Cortes, el Consejo Nacional del Movimiento y el Consejo del Reino, tres piedras angulares del régimen franquista.

El Comité Ejecutivo dedicó atención al ámbito sindical. Era la primera vez que Marcelino Camacho pudo asistir a una reunión del Comité Ejecutivo, aprovechando los tres meses que estuvo en libertad después de que en diciembre de 1975 se le aplicara el indulto con motivo de la coronación de Juan Carlos de Borbón. Marcelino Camacho dedicó buena parte de su intervención a dos cuestiones fundamentales: por un lado, la lentitud con la que se avanzaba en la concreción de la alternativa sindical, retrasada en relación con la que se iba configurando en el ámbito político. Por otro lado y al mismo tiempo, la dificultad de hacer realidad el modelo sindical que propugnaban, pues el congreso constituyente, para serlo, exigía establecer relaciones con el resto de las organizaciones sindicales. En ese sentido consideraba imprescindible dibujar las reglas de juego para este nuevo sindicalismo, garantizando el respeto a las tendencias y a las minorías que pudieran existir, así como la representación proporcional. Una cuestión esencial para la etapa constituyente era el modelo de toma de decisiones, que Camacho proponía que cuando afectara a factores de carácter general debía exigir voto cualificado, por ejemplo de 2/3, ya que «si no, las minorías se sentirían estimuladas a crear nuevas fuerzas sindicales».[33]

En 1976, los cuadros de CC. OO. defendieron con ahínco que libertad sindical no era incompatible, al contrario, con la unidad sindical. La reivindicación de la libertad —tout court— era una exigencia, y la unidad, un objetivo. La libertad sindical era la condición previa y la unidad sindical el instrumento esencial de los trabajadores. La unidad era imprescindible para que los trabajadores pudieran defender eficazmente sus intereses y, al mismo tiempo, para que tuvieran capacidad de influencia en el complejo proceso social, económico y político que se estaba viviendo a mitad de la década de los setenta.

Los dirigentes de CC. OO. estaban convencidos de que la propuesta de sindicato unitario era plausible, pues la prohibición de las organizaciones sindicales durante la dictadura había generado una situación nueva que daba una oportunidad a la unidad sindical que, en la práctica, se había materializado. Consideraban que esa alternativa debía surgir de las experiencias de los trabajadores desde abajo y de las estructuras sindicales existentes a partir de arriba. El movimiento obrero salía unido de una prolongada situación de dictadura, como había sucedido treinta años antes en Italia o, recientemente, en Portugal. Sin embargo, las coordenadas generales evolucionaron en una dirección no prevista por los dirigentes obreros comunistas.

También la evolución de los acontecimientos en el campo de la unidad de la oposición fue objetivo de análisis pormenorizado por la dirección comunista. Tres días después de las ejecuciones de septiembre, la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática habían aprobado una declaración conjunta en la que, después de denunciar el decreto ley antiterrorista y las penas de muerte, rechazaban la continuidad del régimen, se comprometían ante la opinión pública a realizar un esfuerzo unitario que hiciera posible la formación de una amplia coalición democrática, y al tiempo manifestaban su voluntad de emprender acciones políticas en torno a cuatro objetivos prioritarios: libertad para los presos políticos y sindicales y retorno de los exiliados; ejercicio de los derechos humanos y de las libertades políticas y sindicales, sin exclusión; inmediato ejercicio de los derechos y libertades políticas de las naciones y regiones del Estado español; apertura de un período constituyente a partir del cual realizar una consulta popular sobre la forma de Estado y de Gobierno.[34] Nuevamente, el 30 de octubre, hicieron una declaración conjunta en la que convocaban a todas las fuerzas democráticas y a todos los ciudadanos a participar en las movilizaciones necesarias para «la efectiva conquista de los derechos y libertades fundamentales, y para el establecimiento de órganos de Poder Ejecutivo de amplia coalición, sin exclusiones ni obligatoriedades, que garantice el pleno uso de dichos derechos y libertades y la apertura y desarrollo del proceso constituyente, hasta la transmisión de poderes a los órganos de Gobierno que resulten constitucionalmente elegidos».[35]

Poco después, Santiago Carrillo había calificado de «importancia histórica» el acuerdo entre la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática porque «se puede deducir que la alternativa democrática es más fuerte potencialmente que la perspectiva de recomposición oligárquica, de derecha, con un matiz u otro, en torno a Juan Carlos».[36] Después, se sucedieron las reuniones para llegar a acuerdos en torno a la creación de un único organismo democrático unitario. En octubre, la Plataforma elaboró una propuesta en la que aparecían dos cuestiones fundamentales: por un lado, la composición del propio organismo que, a diferencia de la Junta Democrática, debería estar formado exclusivamente por partidos políticos y organizaciones sindicales; por otro, dado que «la existencia de nacionalidades o Pueblos, y la connotación militante que ello implica plantea problemas cuya solución es fundamental para poner en marcha y desarrollar el organismo unitario», la Plataforma de Convergencia Democrática entendía que el organismo unitario debía constituirse a nivel estatal y, simultáneamente, «vincularse federativamente con las distintas instancias unitarias de las diversas nacionalidades».[37]

A finales de 1975, asentar la unidad exigía esfuerzos al PCE, empezando por reconocer a los socialistas un espacio que todavía no tenían entre los sectores movilizados, pero que era imprescindible para sumar a la movilización a sectores hasta aquel momento pasivos. También para evitar que algunas personalidades demócratas-cristianas, muy sensibles a los llamamientos gubernamentales, se decantaran a favor de éstos. En realidad, en aquellos días cercanos a la muerte de Franco se pudieron observar las consecuencias de que la oposición no apareciera unida: la imagen de impasse se impuso y ello dio un respiro al Gobierno. Finalmente, el 12 de diciembre se formó la Comisión de Coordinación de la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España. Fue después de que el 27 de noviembre y el 7 de diciembre se convocaran con gran éxito concentraciones por la amnistía.

La movilización popular continuó en los meses siguientes y el 20 de enero, en Madrid, con un potente movimiento huelguístico, más de 30.000 personas respondieron a la convocatoria de una manifestación «pacífica y silenciosa» a favor de las libertades democráticas. La abultada cifra de participantes adquiere toda la significación si se tiene en cuenta que, para impedirla, el Gobierno había decretado el cierre del metro e incluso de los bares, al tiempo que realizó el mayor despliegue de fuerzas conocido hasta el momento.[38] El PCE estaba haciendo el máximo esfuerzo movilizador pues consideraba, como había afirmado su secretario general, que «en este momento hay que aprovechar la coyuntura para derribar, y yo he insistido en ese término que no significa violencia, guerra civil, pero que da la idea de que este régimen no puede transformarse por sí mismo, y que sin ponerle fin no se puede construir una democracia en España».[39] En el Comité Ejecutivo de enero precisó que se trataba de «liquidar el régimen sin producir traumas en la sociedad española de hoy».

El movimiento obrero estaba actuando nuevamente como punta de lanza. Respecto a la conflictividad laboral, unas solas cifras reflejan la magnitud de la movilización: si en 1975 fueron algo más de medio millón los trabajadores implicados en conflictos y algo más de diez millones las horas no trabajadas, en 1976 esas cifras se multiplicaron por siete y por once: más de tres millones seiscientos mil huelguistas y ciento diez millones de horas no trabajadas, según las cifras de la Organización Sindical Española.[40] El fenómeno sólo puede ser explicado teniendo en cuenta una suma de factores que impulsaron decididamente la eclosión huelguística: en diciembre de 1975 habían vencido dos tercios de los convenios colectivos, por lo que la negociación laboral sería muy amplia. Al mismo tiempo, los trabajadores se sentían fuertes y los activistas obreros más, teniendo en cuenta el éxito alcanzado durante los meses anteriores en las elecciones sindicales, de manera que también muchas empresas se sumaron a la huelga para mejorar las condiciones laborales en un contexto de fuerte inflación. El efecto contagio llegó hasta sectores escasamente movilizados hasta aquel momento pero que aspiraban igualmente a participar del progreso colectivo. La voluntad del PCE de avanzar en la consecución de la huelga general parecía tener el contexto adecuado.

En enero, Madrid fue escenario de un movimiento huelguístico de una magnitud desconocida. Por su visibilidad y afectación pública destacaron las huelgas en los servicios públicos —como Correos— y, en particular en el metro, con el impacto ciudadano y político que ello tuvo; pero el grueso de la movilización la protagonizó la industria y afectó a los principales núcleos urbanos de la provincia. Globalmente, los huelguistas se calcularon entre los 400.000 y 500.000.[41] Por el contexto en el que se produjeron, las huelgas tuvieron desde el primer momento el doble componente laboral y político. Los trabajadores luchaban, como en los años anteriores, por aumentos salariales superiores a la inflación, que crecía con rapidez en aquellos años. Pero, como se señalaba en una obra escrita por militantes comunistas en el mismo año de 1976, posiblemente los centenares de miles de participantes no tuvieron una idea acabada del proceso, pero «prácticamente para ninguno de ellos estaba velado el significado político de su acción».[42]

Sin embargo, pasadas varias semanas, tanto la mayor parte de los trabajadores movilizados como los activistas comunistas optaron por cerrar aquel ciclo de intensa movilización. Con ella los trabajadores consiguieron importantes incrementos salariales pero, al mismo tiempo, el Gobierno había adoptado una actitud de gran intransigencia ante los conflictos obreros, pues los percibieron como un reto político. Fueron detenidos 250 trabajadores, la mayoría dirigentes sindicales, pero también fueron miles los despedidos y sancionados.[43] Ante esa realidad, los militantes de CC. OO. debieron buscar las salidas que les reclamaban los trabajadores en las fábricas para no poner en peligro la capacidad de presión acumulada. La coordinación de miles de trabajadores y sectores en huelga requería un organismo unitario capaz de llevarla a cabo de forma efectiva. Sin embargo, en un marco de organizaciones sindicales ilegales, el Gobierno fue capaz de impedir la constitución de un único vehículo negociador, por lo que la salida de los conflictos volvía al ámbito de la empresa. Adolfo Piñedo, destacado dirigente de CC. OO., escribió entonces que «el final de la mayoría de las huelgas ha sido el despido sistemático de las vanguardias ... Ante la disyuntiva de retirarse en orden hoy o huir a la desbandada mañana, ningún dirigente obrero puede permitirse el lujo de la duda».[44]

Desde la perspectiva de los dirigentes obreros comunistas, la movilización tenía además del componente laboral, el componente político. La movilización obrera podía convertirse en el motor de arranque de una movilización ciudadana contra la dictadura. Por otro lado, se pretendía acelerar el proceso de unidad de la oposición que estaba en marcha desde el mes de septiembre. Sin embargo, aunque las protestas se estaban generalizando, el proceso avanzaba muy lentamente. También desde esta óptica, y ante la evidencia de que los trabajadores podían quedar aislados, al ser una movilización exclusivamente obrera, facilitando la represión de la que al movimiento obrero le costaría recuperarse, los dirigentes de CC. OO. decidieron retirarse para mantener incólume la fuerza:

Así, cuando ven claro que no va a producirse de inmediato ningún nuevo aporte decisivo, comprenden casi unánimemente la necesidad de un repliegue, porque el carácter político de sus objetivos exige una lucha capaz de vencer, para cuya continuación, aunque necesariamente tuviera que ser a otro nivel, es imprescindible mantener intactas las fuerzas implicadas en la huelga. De ahí el carácter casi de maniobra militar que tiene la vuelta al trabajo con todos los esfuerzos centrados en la readmisión de los despedidos.[45]

Si importantes fueron las huelgas en Madrid, en Barcelona en 1976 hubo más trabajadores en conflicto y horas no trabajadas que en el conjunto de España en cualquier otro año anterior. Por su trascendencia política cabe destacar las huelgas generales de la segunda quincena de enero en el Baix Llobregat[46] y la de final de febrero en Sabadell,[47] desencadenada por la brutal acción represiva de la policía contra una concentración de trabajadores de la enseñanza, padres y escolares que se había desarrollado en un clima de confluencia de conflictos laborales y vecinales que el ministro Fraga calificó con la desmesura propia del personaje como «una ocupación de la ciudad como la de Petrogrado en 1917».[48] Valladolid, Sevilla, Málaga, el País Valenciano, Asturias, País Vasco, Galicia, toda la España industrializada se movilizó masivamente en los primeros meses de 1976.[49] Otras zonas de menor tradición organizativa y experiencias conflictivas también se sumaron progresivamente a la movilización a partir de la metabolización de la información que sobre la conflictividad, sus objetivos y sus éxitos llegaba de fuera. La interpretación de la realidad estaba cambiando.[50]

El PCE había llamado a todos sus militantes a la movilización general porque había llegado el momento de la verdad y estaban «ante la prueba de fuego», y estos hicieron todo lo que estuvo en su mano para afianzar la opción rupturista.

LA UNIDAD OPOSITORA Y LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Para que la ruptura, tal como se concebía a la muerte de Franco, se impusiera, la unidad de la oposición resultaba fundamental. Mientras tanto, era necesario avanzar en la extensión de la JDE, en torno de la cual estaban apareciendo distintos tipos de problemas. Algunos tenían que ver con la adaptación de las formulaciones movilizadoras a la fluidez de los acontecimientos. En ese sentido, Carrillo expresó en el Comité Ejecutivo de enero que en su opinión la Junta debía plantear las estrategias del movimiento unitario de forma distinta a como se había hecho hasta entonces. En particular, no le parecía adecuado que se siguiera hablando de la Acción Democrática Nacional, como hacía la Junta, como si se tratara de un acontecimiento en el día H, porque eso era «poner el carro delante de los bueyes». La movilización de aquellas semanas —«lo que está ocurriendo»— formaba ya parte del proceso. Desde su perspectiva, se trataba de que la huelga del metro en Madrid se convirtiera en huelga general, que en las manifestaciones, que se producían en prácticamente todas las provincias, los participantes pasaran de miles a decenas de miles. La coyuntura había cambiado y el objetivo de la Acción Democrática Nacional —la formulación de la Junta— se podía producir en 1976 a través de la movilización por la amnistía, los cambios en la prensa, etc., es decir, por cambios cotidianos, no por una acción concreta. Carrillo señaló que la acción unitaria debía situar en su punto de mira el ir aumentando las inseguridades que estaban apareciendo entre los apoyos del régimen para conseguir que se formara un «gobierno provisional en el que estuviera la clase obrera». Es decir, a inicios de 1976 las expectativas de poder vencer de forma contundente a la dictadura eran grandes.[51]

Por otro lado, eran diversos los dirigentes comunistas que consideraban que el funcionamiento de la Junta distaba de ser el deseable, siendo necesario debatir sobre la cuestión. En particular, estimaban que con demasiada frecuencia la propia estructura «asamblearia» de la Junta frenaba la toma de decisiones. También observaban que grupos con poca implantación militante o territorial utilizaban las juntas locales para amplificar sus propuestas, lo que exigía autocrítica por parte del partido, ya que, en un momento de cambio tan intenso se estaban haciendo evidentes las consecuencias de desatender el contacto cotidiano con las bases de la organización. Era una manera de decir que se estaban produciendo interrupciones en el contacto de arriba-abajo y de abajo-arriba, como había sido habitual hasta entonces.

En este sentido, no habían sido pocos los casos en que en las juntas democráticas locales se aprobaban resoluciones contrarias a la posición del PCE porque principalmente los militantes del PTE presentaban sus propuestas en ellas —después de que previamente no fueran aprobadas en la Permanente, donde eran minoritarios—, consiguiendo que fueran aceptadas cuando no encontraban contraargumentos. Tampoco era infrecuente que en la Junta Permanente de la JDE los activistas sin filiación partidista modificaran los acuerdos que habían adoptado las juntas locales y que los habían escogido para que las representara; en este caso, lo que sucedía algunas veces es que estos representantes independientes en las reuniones decisivas se agrupaban en torno a García Trevijano, con lo que su voto podía cambiar respecto al aprobado en la junta local. En realidad, ocurría que el funcionamiento asambleario de las juntas no favorecía el factor representatividad, lo que alteraba la operatividad. Finalmente, Calvo Serer y García Trevijano formaron un grupo independiente para superar el problema de las «personalidades» en la Junta.

También era motivo de preocupación para el Comité Ejecutivo que, en expresión de Simón Sánchez Montero, la Junta se veía afectada por una «explosión regional». Algunos representantes regionales no aceptaban lo que consideraban discriminación en relación con las nacionalidades. Estos representantes argüían que si las regiones no tenían estatuto era sencillamente porque durante la Segunda República no había dado tiempo, un argumento que en realidad era una buena muestra de la legitimidad que había alcanzado la reivindicación de autonomía. Esta cuestión había alcanzado particular relevancia en Andalucía, donde Alejandro Rojas Marcos, que siempre había destacado por su actitud abierta a la colaboración con los comunistas y sumamente partidario de alcanzar la unidad opositora, tenía «ideas extremistas» que menospreciaban la complejidad de la situación. Simón Sánchez Montero propuso «encauzar esta cuestión adecuadamente porque si no tendrían serios problemas en el futuro». También consideró que los grupos minoritarios —PSP, Alianza Socialista de Andalucía, el propio García Trevijano— además estaban exacerbando la cuestión porque, si bien comprendían que la unidad de la oposición era necesaria, eran conscientes de que en un órgano realmente unitario su peso político se reduciría.

Ante ello, en el Comité Ejecutivo del PCE algunos dirigentes propusieron un acuerdo de partidos que, en la práctica, comportaba el abandono de la Junta. Carrillo consideró poco adecuada dicha propuesta; en su opinión, el problema en el funcionamiento de la Junta se condensaba en la figura de Trevijano por la influencia que éste ejercía en grupos independientes. Esta cuestión no podía enturbiar el análisis del papel extraordinariamente positivo que la Junta había jugado desde su nacimiento, pues había permitido que la movilización se extendiera a las ciudades donde el partido no tenía presencia y que en las zonas menos movilizadas el PCE pudiera salir de su aislamiento. Carrillo estaba convencido de que cualquier crisis en la Junta debilitaría la capacidad de movilización popular, ya que la Junta era también un paraguas y una protección para el PCE; cualquier crisis en la Junta sería aprovechada por el PSOE para debilitar la posición comunista.

La lástima —continuó diciendo Carrillo— era que Antonio García Trevijano «no había conseguido atraer a la burguesía», por lo que este objetivo, que era prioritario para la Junta, habría de conseguirse con el acuerdo con la Plataforma. Éste se había convertido en el principal objetivo inmediato, pues sólo sería posible hacer fracasar los proyectos del franquismo sin Franco alcanzando la unidad con la Plataforma de Convergencia Democrática en un organismo en el que las regiones tuvieran una representación. De estos acuerdos, lo que cabía esperar era la asunción por parte de la Plataforma de planteamientos políticos generales como la amnistía o la disolución de las Cortes; no podía esperarse, en cambio, que las organizaciones que componían la Plataforma participasen en las movilizaciones, «porque no lo iban a hacer». La unidad era igualmente imprescindible para conseguir que la propuesta de gobierno provisional, que tanto preocupaba a muchos cuadros comunistas, dejara de ser sólo una consigna movilizadora para avanzar en la posibilidad de que fuera algo a negociar.[52]

Dos meses después, con las conversaciones entre ambas organizaciones muy avanzadas y en un clima político-social muy tenso, el Comité Ejecutivo aprobó una declaración con los cuatro puntos que consideraba imprescindibles para avanzar hacia la ruptura democrática que en ese momento se planteaba, ya que debería ser pactada: culminación de las relaciones de unidad, pues «la oposición sólo podrá pactar la ruptura si actúa unida»; concitar en torno a ese pacto los apoyos más amplios posibles; a partir de ese pacto, proponer públicamente la apertura de una negociación «a fin de un acuerdo sobre la posible composición, programa y forma de instalar en el poder a un gobierno provisional o transitorio auténticamente representativo de los más amplios sectores sociales, capaz de presidir, con garantías para todos, un proceso constituyente; mientras tanto, exigir la aplicación de derechos democráticos básicos».[53]

Finalmente, el 26 de marzo de 1976 se constituyó Coordinación Democrática como resultado de la fusión de la JDE y la PCD, la Platajunta. Su creación fue esencial para transmitir una imagen unitaria que permitiera visibilizar una alternativa democrática. Así lo reconoció el vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga, para quien significaba un golpe muy destacado a su estrategia política respecto a la oposición, consistente en aislar a los comunistas y permitir discrecionalmente la actuación de la mayoría de los grupos de forma controlada. Ciertamente, la Junta y la Plataforma se complementaban. La Junta Democrática de España, con toda su diversidad, representaba a los sectores más movilizados contra la dictadura; la Plataforma de Convergencia Democrática lo hacía con los sectores moderados de la oposición. En realidad, nada podían hacer la una sin la otra. Las organizaciones de la PCD tenían apoyos internacionales, pero no facultad de movilización en España; la JDE, con su potencial de movilización popular, estaba siendo capaz de impedir la consolidación de la opción reformista, pero no conseguiría provocar el vacío de poder al menos sin aliarse con los integrantes de la PCD. Desde la perspectiva del PCE, la creación de Coordinación Democrática constituyó un hito: su estrategia parecía llegar a la meta: movilización y pacto para la libertad.

Manuel Fraga no dudó en ordenar la detención de los dirigentes de Coordinación Democrática con motivo de su presentación pública, prevista para el día 29.[54] Ese mismo día se celebraron reuniones precipitadas en las que se trazó un plan de contraataque gubernamental en el que se incluían secuestro de periódicos, alertas y amenazas a corresponsales extranjeros y telegramas a las embajadas, como en los mejores tiempos franquistas frente al «contubernio» de Múnich en 1962. En los círculos gubernamentales se produjeron distintos movimientos tendentes a impedir las detenciones, pero fueron inútiles. El día 29, la policía se presentó en el despacho de Antonio García Trevijano y detuvo a los dirigentes de CD que estaban entregando el manifiesto a la prensa. Tras muchas gestiones de personalidades políticas, incluidos algunos ministros, las detenciones se redujeron a Marcelino Camacho, Nazario Aguado, José Álvarez Dorronsoro y Antonio García Trevijano.

Desde su detención en 1972, Marcelino Camacho se había convertido en un símbolo internacional de la represión sobre el movimiento obrero en España, dada su significación como sindicalista y comunista, un emblema para calibrar el talante reformista gubernamental. Camacho tan sólo había estado tres meses en libertad tras el indulto de diciembre de 1975. La repercusión de la detención forzó a Fraga a dar explicaciones a la prensa internacional y no dudó en hacerlo utilizando los parámetros de la dictadura franquista. Así, señaló que cumplía una pena de larga duración, la del 1001, y fue agraciado en diciembre, «pero entonces se puso a hacer provocación y a mezclarse con todas las formas de agitación, a hacer todo lo posible para que las huelgas tomen un carácter de delito político. Llegó a tal punto que se le detuvo».[55] Aquí no acabó la vía represiva. Pocos días después, Fraga dio orden terminante de impedir una manifestación pro amnistía en Madrid. Como aquella tarde llovía torrencialmente, antes de dirigirse a la cabecera de la manifestación los organizadores se refugiaron en el Hotel Palace y allí mismo la policía detuvo a Ramón Tamames, Eugenio Triana, Juan Antonio Bardem y Enrique Curiel, entre otros. El Gobierno impuso arrestos gubernativos de hasta dos meses sustituibles por multas de un millón de pesetas, que los detenidos no pagaron.[56]

El mes de marzo se convirtió en el punto final del proyecto «reformista» ensayado por el primer Gobierno de la monarquía y el punto álgido de la fuerza de la oposición. Desde enero se había producido una alteración continuada del orden público que, como se ha dicho, era fruto tanto de los conflictos laborales como de las reivindicaciones políticas, que a su vez se radicalizaban por la dureza represiva. La imagen de una movilización política desconocida estuvo asociada a la movilización estrictamente política reclamando amnistía y libertad en las grandes ciudades españolas, aunque las más importantes se produjeron en Barcelona, en febrero de 1976, convocadas por la Assamblea de Catalunya. La misma Jefatura Superior de Policía de Barcelona señaló que, aunque era muy difícil efectuar un cálculo del número de participantes en la manifestación, «creemos que pasaron de los treinta mil», y que «por el número de asistentes y ámbito de la manifestación en sus diversas y escalonadas apariciones, se considera como la de mayor trascendencia de cuantas se han producido en estos últimos años».[57] En otro informe del día siguiente la misma Jefatura afirmaba que el éxito de la manifestación revestía «una gravedad muy considerable, ya que es evidente que nunca la oposición al régimen hizo un alarde de fuerza tal como el desplegado el día de ayer».[58] Las fotografías de la represión policial publicadas por la prensa internacional tuvieron un impacto tan destacado que Le Monde describió las manifestaciones como «el desafío catalán».[59] Aunque de magnitud diversa, la movilización social y política de los primeros meses de 1976 se extendió por toda España. Ésta fue multiforme, su intensidad multiplicó la de años anteriores y en ella la reivindicación de la amnistía tuvo un protagonismo estelar.

A pesar de la contundencia con la que el Gobierno había actuado en prácticamente todos los conflictos, particularmente en los obreros, indudablemente la imagen represiva del primer Gobierno de la monarquía quedó fijada en las muertes de Vitoria en el mes de marzo, cuando cinco trabajadores murieron al disolver las fuerzas de orden público una asamblea obrera.[60] Vitoria supuso un punto y aparte. Durante dos días las autoridades no sabían cómo salir de aquel atolladero. A nivel local, éstas tuvieron que recurrir a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de la oposición, para intentar salir de aquella situación que no controlaban y que los tenía aterrados. Las calles estaban tomadas por la policía, sí, pero debían negociar para evitar más muertos y centenares de detenidos. El golpe de Vitoria puso «la carne de gallina en el gobierno de Madrid»: se habían producido muertos y si no cedían —no tomando represalias, por ejemplo—, se podían producir más.[61] Por otro lado, si la huelga general había ocurrido en Vitoria —antes en Sabadell—, si se daban determinadas condiciones, ¿qué podía pasar en España? Los hechos de Montejurra[62] en el mes de mayo instalaron de forma contundente en el imaginario colectivo una imagen de descontrol por parte del Estado, con lo que el proyecto Fraga estaba definitivamente desacreditado.

Después de la sacudida de Vitoria se reunió el Comité Ejecutivo del PSUC y las notas de Antoni Gutiérrez Díaz —que en buena medida ejercía como secretario general y que también era miembro del Comité Ejecutivo del PCE— permiten acercarnos al análisis que hacía la dirección comunista de la coyuntura, calificada de muy compleja al confluir distintos problemas al mismo tiempo. La reacción generalizada entre todos los sectores influyentes en la opinión pública había sido la de propugnar la necesidad de avanzar en firme a la democracia. Ello significaba que Vitoria había sido la ocasión perdida de los «ultras». Para el dirigente catalán, ya estaba claro que el enemigo principal en el plano político no era el búnker y que la confrontación principal se producía entre la opción reformista-continuista y la opción democrática rupturista.[63] Gutiérrez Díaz insistía en que para que la ruptura fuera posible, era imprescindible ganar la «masa» para la acción, ya que hasta aquel momento sólo la minoría movilizada apostaba claramente por la ruptura, mientras que la mayoría se mantenía influenciada por el discurso que vinculaba ésta al caos y a la anarquía. Teniendo en cuenta esta realidad, sería necesario actuar de forma moderada pero firme, tomando la iniciativa para negociar con los «reformistas» la ruptura pactada que exigía la formación de un gobierno provisional, un gobierno de reconciliación cuyas características estaban por definir.

Así, el PCE calificó la reforma Arias-Fraga de fracaso estrepitoso. La oposición democrática no aceptó la reforma impuesta, «y el violento señor Fraga se crispó de tal forma que llegó a enviar a la cárcel a buen número de miembros de la oposición. El resultado de todo ello no se hizo esperar; el “gobierno de la reforma” perdió el rumbo incluso antes de haber llegado a presentar su proyecto global».[64] Para que el «proyecto Fraga» hubiera podido avanzar habrían sido necesarias como mínimo tres condiciones que la oposición antifranquista —con particular protagonismo de los comunistas— consiguió evitar: que la población se hubiese mantenido pasiva y la ausencia de conflictos hubiera permitido que los ritmos marcados por el Gobierno se hubiesen impuesto; que la oposición democrática se hubiese dividido, marginando a los comunistas y aceptando el terreno de juego marcado por el Gobierno; en tercer lugar, que éste hubiese conseguido el apoyo internacional necesario para asegurar la integración europea del régimen resultante.[65] Ninguna de esas tres condiciones se dio. Es más, la oposición había alcanzado un programa de mínimos —la «ruptura pactada»— con el que podría disputar al ámbito gubernamental el apoyo de la mayoría de la población, que quería cambios democráticos, pero también paz y orden.

Sin embargo, aunque en el mes de junio era notorio que el Gobierno Arias-Fraga estaba contra las cuerdas, no había indicios de que faltaran pocas semanas para su caída, y así se explica que, a mitad de junio, el Comité Ejecutivo del PCE difundiera una declaración centrada particularmente en la llamada «ley de asociaciones», de la que había hecho bandera el Gobierno. A pesar de que la ley había sido rechazada hasta el momento por la oposición, la dirección comunista la denunciaba enfáticamente porque podía convertirse en el mecanismo de marginación de los comunistas si otros grupos aceptaban utilizarla finalmente como pasarela para su legalización. Manuel Fraga había explicitado en muchísimas ocasiones que los comunistas no serían legalizados, añadiendo en las formulaciones más positivas que, como mínimo, hasta pasado un año del momento en que se celebraran unas elecciones generales. Aunque retóricamente también se refiriera al Gobierno, la declaración del Comité Ejecutivo de junio iba dirigida al resto de las fuerzas opositoras recordándoles que sólo con la unidad se garantizaría que «este proyecto fracasará ... y se crearán las condiciones para una ruptura democrática pactada».[66]

Por su lado, el Gobierno Arias continuaba actuando como si su situación no fuera insostenible, haciéndose agudas las diferencias en las prioridades de sus principales componentes: mientras que Fraga continuaba obsesionado con evitar la ruptura, para Areilza el objetivo era consolidar la monarquía. Ambos objetivos se veían, sin embargo, seriamente en peligro dada la propia limitación del proyecto reformista del franquismo, desacreditado a nivel interno y crecientemente cuestionado en el ámbito internacional, pues la presión social a favor de la democracia —a la que se respondía cotidianamente con violencia represiva— ponía en evidencia las limitadas intenciones democratizadoras del Gobierno al mismo tiempo que mostraba su incapacidad para vencer las resistencias continuistas. Las élites económicas se manifestaban inquietas por la inestabilidad política y la intensa conflictividad social que hacían imposible la aceptación de medidas conducentes a combatir la crisis económica. Era urgente la reacción del poder.

ROMA, CAPITAL DE ESPAÑA

Juan Carlos de Borbón era muy consciente de que el tipo de reforma impulsada en los primeros meses de su reinado había llevado a un callejón sin salida. El 1 de julio, Arias aceptaba presentar la dimisión y abrir así la vía a la formación de un nuevo Gobierno. La experiencia del Gobierno Arias-Fraga mostraba también que la única alternativa para estabilizar el país pasaba por abrir desde el Gobierno un proceso formal hacia la democracia que generase expectativas. Por ello mismo, el nombramiento de Adolfo Suárez fue acogido con incredulidad. Si el Gobierno Arias había caído por su inmovilismo, ¿cómo es que se encargaba la modificación del ordenamiento político franquista precisamente al secretario general del Movimiento?

Pocos días después, el Comité Ejecutivo del PCE hizo pública una dura declaración en la que afirmaba que el país había contemplado «estupefacto» un cambio gubernamental que como solución a la crisis política era «aberrante», de manera que «la inviabilidad del intento reformista ha vuelto a quedar demostrada con la designación de Suárez», y el responsable de ello no era otro que Juan Carlos y «la camarilla de la que voluntariamente se ha rodeado». La declaración apuntaba también la responsabilidad de los «directamente perjudicados por la crisis, los ministros “reformistas” del anterior Gobierno»; Fraga y Areilza «han cosechado las consecuencias de su tremendo error de cálculo», con lo que «el desgaste de la Corona ha sido patente». Siguiendo la lógica del planteamiento, se pronosticaba que «Suárez intentará, de un modo u otro, llevar a la práctica un programa similar», con el agravante de ser un gobierno «dominado por la mediocridad» que no pasaría de ser «un Gobierno de verano».[67] La mayor parte de la oposición democrática compartía lo sustancial de la posición comunista; también los más destacados medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros, que recibieron el nombramiento de Suárez y a su gobierno con comentarios poco respetuosos.

Que Adolfo Suárez generase escasas expectativas era natural teniendo en cuenta su trayectoria. Sin embargo, es habitual que las declaraciones públicas no correspondan al análisis interno que hacen las organizaciones. Así, aunque el hostigamiento a los autoproclamados «reformistas del régimen» había sido continuado por parte de los comunistas, en realidad, con sus declaraciones, les otorgaban una voluntad auténticamente democratizadora de la que habían carecido. El discurso enfatizó que su «miopía» les había impedido romper con las instituciones franquistas y pactar con la oposición el proceso hacia el establecimiento de un régimen democrático cuando, en realidad, aquel gobierno nunca tuvo ese objetivo.

En relación con Adolfo Suárez las notas internas de algunas reuniones permiten conocer los matices respecto al nuevo Gobierno. Pasados quince días de la toma de posesión del nuevo presidente, Antoni Gutiérrez Díaz escribió que los comunistas, como el resto de la oposición, se encontraban inmersos en una doble batalla política: una inmediata, entre reformistas y rupturistas, y otra de fondo por la hegemonía política. El cambio de Gobierno sólo había significado un cambio en las actitudes, pues mientras Fraga quería imponer su reforma, Suárez quería transmitir la imagen de que iba a negociar, aunque sólo se reunía con líderes de la oposición —sin negociar nada—, excluyendo, claro está, al PCE. Ahora bien, eso en sí mismo ya comportaba un cambio. Para Antoni Gutiérrez Díaz no había duda sobre la actitud a tomar si el Gobierno ofrecía seriamente una negociación, pero el problema radicaba en qué negociar, pues mientras los comunistas pretendían negociar la ruptura —no la reforma—, tenían dudas de que algunos grupos políticos y «personalidades» notables se mantuvieran firmes ante las maniobras gubernamentales.[68]

Por otro lado, el PCE estaba dispuesto a forzar su visibilidad pública para no ser marginado en aquella batalla de fondo por la hegemonía política. En un escenario en que la propia destitución de Arias había sido leída como un debilitamiento del «reformismo» y un reforzamiento de la oposición, se celebró la reunión del Comité Central en Roma. Desde que, en febrero, los socialistas reunieran en Madrid su comité federal con gran despliegue mediático y después de que, en el mes de abril, tuviera lugar el congreso de la UGT, el PCE estaba decidido a forzar su presencia pública con la celebración de una reunión de su Comité Central ampliado. El 14 de junio el Comité Ejecutivo acordó convocar en Madrid un pleno del Comité Central que si, como era previsible, no era autorizado por el Gobierno, se celebraría «en un país europeo y a él sería invitada la prensa y otros medios de comunicación de masas».[69] A tres semanas de la caída del Gobierno Arias-Fraga, el PCE todavía tenía más empeño que antes en «normalizar» su actividad política.

El pleno se celebró en Roma; el impacto de la sesión inaugural fue notable y el PCE consiguió situarse en medio de la escena en un momento en que el nuevo presidente, Adolfo Suárez, intentaba dar los primeros pasos para transmitir la idea de que con él la «reforma» avanzaría de forma decidida. Si el Gobierno no había autorizado la reunión en Madrid, en Roma los dirigentes del PCE estuvieron rodeados por representantes tanto de la oposición democrática española como del arco constitucional italiano al completo, lo que confería al acto un halo de gran trascendencia.

Santiago Carrillo afirmó en la sesión inaugural que el Comité Central se celebraba en un momento histórico por la oportunidad de tiempo y de lugar. Contra lo que pretendía el Gobierno, los comunistas habían decidido abandonar la clandestinidad «para mostrar al país, incluso a los más furiosos anticomunistas, nuestra voluntad de jugar a plena luz; de desenvolvernos según las reglas de la democracia, de someternos a la fiscalización de la opinión pública, como deben hacer, en condiciones de igualdad, todos los partidos democráticos». Ése fue el leitmotiv de toda la sesión pública; el secretario general construyó un discurso con el que, inicialmente, se encaraba con el anticomunismo, alimentado tanto por la propaganda franquista como por el clima de guerra fría, al que tanto ayudaba además el descrédito soviético. Así, Carrillo afirmaba que «la batalla de la democracia, de la que la legalización del P.C.E. es hoy un componente esencial ... hay que librarla ante la opinión pública y con su participación directa», y siendo consciente de que «gran parte de la opinión pública no se identifica con nuestras ideas, que no votaría hoy por nuestros candidatos en unas hipotéticas elecciones», el PCE pedía tener «las mismas oportunidades que los otros partidos, igual que nosotros sostenemos el derecho de todas las familias ideológicas —incluso las que nos son más adversas— a gozar de los derechos democráticos sin excepciones».[70] El secretario general valoró el salto que significaba aquella sesión para la presencia pública del partido —rodeados de la oposición democrática española y del arco constitucional italiano completo—, pues esta puesta en escena fue acogida con simpatía en la prensa y, en ese marco, destacó que TVE prefirió no presentar la reunión como una provocación e, incluso, hizo referencia al comentario de Arriba, que tituló «Roma, capital de España».[71]

La audacia de Roma fue evidente. Tal como Carrillo había afirmado, la batalla de la democracia —de la que la legalización del PCE se convertiría en un componente esencial— se libraba ante la opinión pública. Y la libraban tanto el Gobierno como la oposición. A decir del secretario general, la oposición había conseguido durante la primera mitad del año atraer a una parte de los sectores con los que contaba el Gobierno. Su tesis era que en aquellos meses la opinión pública estaba «dividida en dos corrientes principales: una vanguardia más consciente, numerosa, importante, que había hecho ya su opción por la ruptura democrática y lo demostraba en huelgas y manifestaciones que conmovieron al país. Y otro sector, menos avanzado que, deseando la democracia, estaba aún bajo la influencia de las propagandas que presentaban la ruptura democrática como el equivalente al caos y a la guerra civil. De hecho este sector dio al principio una cierta base de masas al reformismo», pero el inmovilismo del Gobierno y «la voluntad de la oposición de llegar a un pacto con los poderes fácticos para realizar esa ruptura sin traumas sociales ha contribuido a realizar este acercamiento de las dos corrientes populares, [lo que] ha dejado a los reformistas sin sostén popular importante». En ese sentido, señaló que la declaración programática que tuvo que hacer Suárez hubiera sido impensable meses atrás. Claro que —reconoció Carrillo— las palabras se las podía llevar el viento pero, si no era así, Suárez se vería obligado a «prescindir de las Cortes y del Consejo Nacional».

El secretario general sostuvo que se debía tener una posición abierta y negociadora ante el nuevo Gobierno, no porque se pudiera esperar nada, sino para atraer a la democracia a grandes masas que todavía podían tener miedo de cualquier conflicto que recordara a los años treinta. En ese sentido, Santiago Carrillo reafirmó, una vez más, la voluntad de superación de la guerra civil y el rechazo a planteamientos y formas que activasen la percepción de peligro de una confrontación cruenta. Por otro lado, consideró un gran acierto no haber planteado una campaña pro legalización del partido, sino por el restablecimiento de la democracia, pues «la democracia es indivisible» y, por tanto, la legalización de los comunistas debía ser una cuestión sine qua non para el resto de las fuerzas políticas. Con esa postura pública «hemos abierto las condiciones para la negociación, planteando un programa para la negociación, probablemente con el gobierno actual», como también había señalado Tierno Galván.[72]

Siguiendo lo que había sido una constante en su trayectoria, Carrillo reivindicó en su informe la acción política cotidiana: «A veces se nos reprocha a los comunistas que parecemos no pensar en el mañana, que hablamos mucho de democracia y poco de socialismo». Era éste un «reproche injustificado, pero formalmente responde a algo real». Si el PCE no pusiese el acento en «la transformación democrática, en la táctica para lograrla, en muchos casos las discusiones de la oposición se evadirían hacia los limbos ideales del futuro, y la política de hoy la haría sólo la derecha». A veces, añadía, «la evasión hacia los problemas del futuro es la forma de no hacer frente a los de hoy, cuando hay que poner fin a un régimen dictatorial, con una lucha directa en la que hay que comprometerse hasta el cuello y afrontar concretos e inmediatos riesgos».[73]

En el informe presentado por Santiago Carrillo habían estado presentes todos los frentes de actuación de los comunistas y en las sesiones de trabajo se produjeron más de sesenta intervenciones de miembros del Comité Central. En las sesiones las intervenciones tuvieron un carácter amplio, con un notable contenido analítico muchas de ellas, en el que destacaba el conocimiento de las cuestiones tratadas. El debate fue, no obstante, particularmente vivo en torno a los retos que se le planteaban a CC. OO., la preocupación de una parte significativa de los participantes en torno a la desaparición de la reivindicación del gobierno provisional y la importancia de la cuestión de las «nacionalidades» y «regiones», además de la necesidad de incrementar la democracia interna en el partido. En relación con esta última cuestión, en el informe inicial Carrillo no evitó encarar un punto que le afectaba particularmente: la demanda de renovación del equipo dirigente, una cuestión que ya se había expresado en el VIII Congreso. Ante lo que interpretaba como un cuestionamiento de la dirección en el exilio, el secretario general relató los logros del PCE, prácticamente desde que él se hizo con el control del partido en los años cincuenta: la consolidación y el crecimiento organizativo, la política de reconciliación nacional y de unidad democrática, y la influencia social alcanzada por el PCE.[74] Sin embargo, ello no evitó que en la sesión plenaria distintos intervinientes utilizaran un tono crítico al referirse a la necesidad de desarrollar la democracia interna.

Desde el VIII Congreso, cuando el Comité Central incorporó muchos de los cuadros emergentes del interior, se fue haciendo evidente a los ojos de buena parte de sus integrantes la forma autoritaria —que algunos consideraban manipuladora— que el secretario general tenía de dirigir el partido. La mayoría no dudaba de su superioridad en elaboración política. Tampoco de su capacidad para escuchar y detectar los cambios y las posibilidades movilizadoras que ofrecía la situación interna en España. Tenía grandes aptitudes para metabolizar experiencias positivas más o menos espontáneas, captar el sentido general que podían tener y convertirlas en directrices políticas, algo que había resultado fundamental para el ensanchamiento de la presencia social comunista. Sin embargo, como ya se ha dicho en relación con la crisis de 1964, Carrillo tenía una concepción «militarista» de la militancia, poco respetuosa con las facultades intelectuales críticas de los militantes, como si éstos necesitaran creer para actuar y no fueran capaces de actos voluntaristas al margen de las posibilidades de éxito de su acción. Convencido como estaba de actuar en beneficio del partido, su cultura autoritaria le conducía a no dar explicaciones sobre sus propuestas y, contrariamente, a esperar disciplina de la «tropa». No pasarían muchos meses antes de comprobar que los giros provocados por la coyuntura, pero no explicados, generarían un malestar que se manifestaría ya tras junio de 1977.

Intervenciones con un fuerte contenido crítico también se produjeron en torno a otras cuestiones. Ante la inquietud de distintos miembros del Comité Central que se preguntaban si después de la muerte de Franco no se había abandonado la propuesta de gobierno provisional, Santiago Carrillo argumentó que la táctica del partido pasaba por un escalonamiento cuyo primer nivel era la movilización por la amnistía, por razones humanas y políticas. Consideró que el Gobierno cometía un grave error no avanzando en el tema de la amnistía plena, pues hasta que los presos vascos no salieran de la cárcel la movilización no cesaría, al contrario, sería una gran palanca de movilización. Según su argumentación, a medida que el proceso avanzase se plantearía la consigna de formación de un gobierno de reconciliación nacional que debía aparecer junto a la exigencia de una asamblea constituyente. Como se verá, este planteamiento cambiará definitivamente en el mes de noviembre.

Por su trascendencia social y política, especialmente importante fue el debate en torno a CC. OO. Éstas se habían conformado como un movimiento sociopolítico, no como un sindicato con un organigrama bien definido, y los condicionantes impuestos por la dictadura influyeron en que fuera un movimiento muy flexible dado que sus militantes, que no querían ser clandestinos en su actuación, además de hacer frente a la represión, tenían que vencer la desconfianza hacia cualquier tipo de organización partidista. Dado que la base de actuación era la empresa, las estructuras organizativas como tales apenas estaban desarrolladas y todavía en los primeros años setenta, incluso en las grandes empresas, se daba una gran desigualdad entre la capacidad movilizadora y la estructura organizativa de las CC. OO.[75] Por otro lado, el movimiento era unitario y, por tanto, diverso, representaba en muy buena medida al conjunto de los trabajadores movilizados, era la síntesis de los activistas y de aquellos que tenían menor compromiso, pero todos pretendían lograr mejoras sustanciales en las condiciones de vida y de trabajo al tiempo que la mayoría empujaba para alcanzar las libertades sindicales y políticas.

Este modelo, ¿se podía mantener en democracia? En 1975 Nicolás Sartorius todavía reafirmaba el carácter movimentista que se había consolidado en los años anteriores: a las CC. OO. no se pertenecía, en las CC. OO. se participaba, o se salía elegido para la comisión a distintos niveles.[76] La gran opción para el futuro era la creación de un sindicato que integrara las características que identificaban al movimiento: de clase, unitario e independiente. Para CC. OO., la unidad era sinónimo de fuerza sindical: «Todos los trabajadores, sin excepción, estén o no afiliados a la Confederación unitaria resultante, tienen derecho a elegir y ser elegidos como delegados o representantes y participar en las asambleas de sección o generales de empresa; a discutir los programas y los planes de lucha, pues el movimiento son los propios trabajadores en cuanto tales». Sería el «sindicato renovado y unitario, independiente y democrático que todos queremos».[77]

A principios de 1976, el Secretariado de la Coordinadora General de CC. OO. publicó un anteproyecto de Manifiesto de la Unidad Sindical,[78] y en el mes de mayo un texto más sintético donde se propugnaba la celebración de un Congreso Sindical Constituyente para definir las características de la estructura sindical, abogándose por la organización unitaria del sindicalismo.[79] La propuesta tenía como referencia externa la experiencia italiana a partir de los consejos de empresa[80] y el ejemplo portugués, donde después de la «revolución de los claveles» se instauró la unidad sindical.

Más allá de su modelo histórico, la necesidad de UGT de afianzar un espacio sindical diferenciado de CC. OO. fue decisiva para impedir la unidad sindical en aquel momento. La UGT consideraba que un proceso constituyente de unidad sindical la colocaría en una posición subalterna respecto a CC. OO., dada la implantación de éstas en las empresas. Tanto el Gobierno Arias como el Gobierno Suárez vieron la oportunidad de aprovechar la rivalidad entre ambas organizaciones para debilitar la fuerza sindical y, en el mes de abril, el Gobierno legalizó de facto a la UGT cuando autorizó la celebración de su XXX Congreso en Madrid, dotándole, además, de cobertura informativa en los medios de comunicación oficiales para favorecerla en su pugna con CC. OO., así como para poder transmitir la idea de que la situación política estaba cambiando en España.

Antes de celebrarse la Asamblea de Barcelona de CC. OO. y también el congreso de UGT, la dirección del PCE había reunido a los dirigentes de CC. OO. que a su vez eran militantes comunistas para hacerles ver que la opción del Congreso Constituyente constituiría un error de gravísimas consecuencias. A la reunión en la sierra de Guadarrama, a la que acudieron entre setenta y ochenta personas,[81] no asistió el secretario general —que todavía era clandestino—, pero en la intervención de Ignacio Gallego todos los participantes percibieron el aliento de Santiago Carrillo. El debate fue intenso porque la dirección defendía que en democracia un movimiento como era CC. OO. se «evaporaba» y el riesgo era que UGT ocupase todo el espacio sindical. Ignacio Gallego, que como la vieja guardia tenía muy presente la experiencia republicana, intentó ser persuasivo y afirmó que, aunque la UGT no era nada, en cuanto pudiera actuar libremente se recuperaría y que no podían quedarse impasibles ante esa realidad.

Los participantes apoyaron mayoritariamente la posición defendida hasta entonces en CC. OO. Muchos cuadros confiaban en sus fuerzas porque, si bien la UGT estaba desarrollando un rápido proceso de afiliación, CC. OO. tenía a su favor el poder dirigirse directamente a los trabajadores de las empresas donde tenía presencia sindical. A pesar de ser líderes muy experimentados, en aquella coyuntura pesó más la voluntad que el análisis de la realidad, pues en la nueva situación la presencia en las empresas no era suficiente, dada la amplitud del espacio ajeno a la negociación colectiva. La resistencia a abandonar la opción por el sindicato unitario era enorme; particularmente entre los más reacios a dar el salto a la constitución como sindicato se encontraban el propio Marcelino Camacho y otros muchos líderes, como Eduardo Saborido. Si bien los cuadros de CC. OO. consideraban evidente la necesidad de construir unas estructuras organizativas, inexistentes hasta ese momento, y proceder rápidamente al proceso de afiliación, no eran pocos los que asociaban esa transformación con el fracaso de una propuesta que se había convertido en un elemento de identidad. En consecuencia, se produjeron agrios debates.

Los argumentos de Carrillo se vieron corroborados por dirigentes como Luciano Lama, secretario general de la CGIL, quien aconsejó en el verano de 1976 que no se demorara la regulación de su estructura organizativa si CC. OO. no quería encontrarse, cuando lo hiciera, con que muchos trabajadores ya se habían afiliado a distintos sindicatos. Todo ello más la constatación de la consolidación de la UGT, que se negaba a cualquier proceso unitario, hizo mella entre los líderes de CC. OO. que, aunque no variaron formalmente su posición, mostraron dudas sobre el camino a seguir. Muchos militantes comunistas en CC. OO., ajenos al núcleo dirigente, no entendieron que se hubiera llegado a la Asamblea de Barcelona sin una posición inequívoca.

Aunque pasado el tiempo, la mayoría de cuadros obreros han señalado que Santiago Carrillo tenía razón en sus apreciaciones sobre la inviabilidad de un proceso constituyente, al mismo tiempo han valorado aquella experiencia como muy negativa, una muestra de intervencionismo autoritario. Efectivamente, las tensiones manifestadas en los meses anteriores entre los dirigentes de CC. OO. que eran militantes comunistas y la dirección del partido continuaron después. Para aquéllos, la defensa de la autonomía no era vivida ni como conflicto ni como aggiornamento, sino como la forma de llevar a la práctica la propia estrategia, prestando atención incluso a los elementos formales. Por otro lado, en los años anteriores, a veces como elemento de seguridad, importantes dirigentes de CC. OO. habían dejado de tener presencia en los comités del partido.[82] Todo ello favoreció que, en muchos casos, y posteriormente, muchos comunistas se dedicaran plenamente al sindicato, dejando de lado la militancia política.

Los comunistas salieron divididos de la Asamblea de Barcelona, lo que en Roma permitió a Carrillo llamar la atención sobre la poca disciplina de los militantes en cuanto tales. Marcelino Camacho hizo suya la crítica y pidió mayor presencia como comunistas en CC. OO. ya que, con la voluntad de evitar cualquier tentación de correa de transmisión, los comunistas no se reunían como tales en Comisiones. En ese punto abundó también Julián Ariza, quien, con contundencia, planteó que los militantes comunistas habían pasado de un extremo a otro: eran los únicos que llegaban a reuniones decisivas de los órganos de CC. OO. sin una reflexión colectiva previa, cosa que no ocurría con los activistas de otras militancias. Y la realidad era que los militantes comunistas tenían planteamientos muy diversos entre sí, lo cual tenía especial importancia dado que la política sindical del PCE la hacían ellos.[83]

La cuestión había adquirido mayor relieve porque dirigentes de CC. OO. que a la vez eran militantes del PTE o de la ORT, se habían hecho con la dirección de la coordinadora de Villaverde en Madrid, de Navarra y de Lleida. La posición del PTE y de la ORT de convertir de forma inmediata a CC. OO. en un «sindicato unitario» generó sobresalto. Ante la sorpresa de muchos comunistas por la fuerte y organizada irrupción de la izquierda radical, Cipriano García prefirió poner el énfasis en el factor de dinamización que podía suponer porque, vino a decir, así «no se dormirían», ya que los militantes de estos grupos no dejarían de dar batalla en CC. OO. a partir de aquel momento.[84] Fueron, por tanto, diversos factores los que favorecieron el convencimiento de que era necesario avanzar en la creación del sindicato.

Otro tema al que el pleno de Roma dedicó especial atención fue a la cuestión nacional y regional que, a decir de Antoni Gutiérrez Díaz, estaba ejerciendo una gran presión a mediados de 1976. Las tensiones eran importantes en distintos territorios. En Cataluña, la política unitaria se encontraba en dificultades, particularmente por las posiciones del presidente de la Generalitat en el exilio que, para su objetivo de convertirse en interlocutor privilegiado del Gobierno, contaba con el apoyo de algunos grupos nacionalistas, como el PSC-Reagrupament de Josep Pallach, y entonces también con la ambigüedad calculada de Jordi Pujol. El 7 de julio, cinco días después de que la Assemblea de Catalunya participase en la reunión de Coordinación Democrática con otras instancias unitarias, Tarradellas hizo unas declaraciones sobre las relaciones entre la oposición catalana y la del resto de España que fueron contestadas públicamente por el PSUC. Tarradellas consideraba que los partidos catalanes «no deben dialogar ni con los partidos españoles ni con los organismos unitarios españoles, porque ellos tienen sus problemas, pero no tienen los nuestros».[85]

Las opiniones del presidente exiliado entraban en contradicción con las bases programáticas tanto del Consell de Forces Polítiques —constituido en diciembre de 1975 y en el que se integraron grupos políticos hasta entonces pasivos— como de la Assemblea de Catalunya.[86] Para el PSUC, Tarradellas se estaba convirtiendo en «un factor de distorsión y de freno para la actividad de la oposición catalana», pues sin ruptura, añadía, «no habrá restauración del Estatut de 1932 ni autogobierno del pueblo catalán», una ruptura que sólo alcanzarían «luchando conjuntamente con otros pueblos de España».[87] La divergencia pública alcanzó la máxima visibilidad cuando Tarradellas propuso crear una Assemblea Nacional Provisional —que comportaría la desaparición de la Assemblea y el Consell de Forces Polítiques— subordinada al presidente de la Generalitat, que sería quien designaría sus miembros «a partir de una terna presentada por las organizaciones». Con meridiana claridad, Tarradellas llegó a afirmar que «no nombraré a nadie que no tenga mi confianza personal ni mi confianza política».[88]

Las tensiones en la política unitaria catalana estaban muy presentes, pero en Roma fue objeto de deliberación especial lo que ocurría en otros territorios como Navarra y Valencia. Por ejemplo, el debate fue intenso ante la propuesta de integración del Partido Comunista de Navarra en el PC de Euskadi. Antoni Gutiérrez Díaz consideraba que se debía analizar la cuestión en una perspectiva amplia, no estrictamente organizativa, porque afectaba al modelo territorial que proponían los comunistas y éstos debían tener en cuenta lo que la oposición en su conjunto podía asumir. La propuesta de la dirección comunista era que la cuestión territorial se abordara en dos fases: el restablecimiento de los estatutos históricos y la constitución de gobiernos provisionales en Cataluña, Euskadi y Galicia «desde el mismo momento de la ruptura» y elaboración de estatutos de autonomía en todas las regiones que lo propusieran durante el período constituyente. Así, dado que en 1976 el PCE-EPK reivindicaba el Estatuto de 1936, esta opción no se contemplaba de forma inmediata en Navarra. Tomás Tueros señaló que el Partido Comunista de Euskadi haría frente a las presiones para la integración de Navarra en el País Vasco, pues aunque desde su perspectiva esa sería la mejor opción, esa decisión correspondía a Navarra y no debía ser forzada.[89]

Otra cuestión debatida y que provocó notables problemas para el PCE, pero también para el PSUC, fue la reivindicación de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià de formar un gobierno provisional de la Generalitat valenciana «desde el momento de la ruptura democrática», reivindicación que fue apoyada por grupos catalanistas. Santiago Carrillo enfatizó en Roma que los meses siguientes serían decisivos para el futuro democrático español, por lo que el PCE debía cuidar los aspectos tácticos, ya que era un partido «que hace política, no propaganda». Para el secretario general, el proceso de cambio político no produciría soluciones ideales que permitieran inmediatamente una articulación de nacionalidades y regiones. Si el PCE acumulaba fuerza en el proceso constituyente sería posible «resolver el problema de las nacionalidades y regiones», por lo que «no podemos hacer concesiones a ciertas posiciones extremistas».[90]

El PCE consideraba que reproducir miméticamente la reivindicación de gobiernos provisionales más allá de Cataluña, el País Vasco o Galicia introducía una cuestión que difícilmente sería aceptada por el conjunto de la oposición española y, por lo tanto, dificultaba la unidad e incluso podía debilitar la reivindicación de las tres nacionalidades. A nivel público, la posición comunista la sintetizó el PSUC, para quien «el avance hacia la autonomía del País Valenciano pasa por la consecución de la ruptura y no la ruptura por la autonomía. La inversión de los términos puede colocar las instancias unitarias que lo hagan al margen de la realidad política».[91]

La cuestión era suficientemente importante para trasladar a la opinión pública la posición de los comunistas. Pocos días después de la celebración de la reunión del Comité Central, Jordi Solé Tura, en tono didáctico, escribió que la cuestión de las nacionalidades y regiones era una de las más difíciles de resolver para la democracia que se quería instaurar, lo que no impedía que fuera urgente hacerlo, ya que las expresiones de las identidades nacionales existentes en España habían estado silenciadas durante cuarenta años, pero no habían podido ser suprimidas. Contrariamente, en la crisis del franquismo, éstas se habían convertido en factor fundamental en la exigencia de libertades democráticas, lo que no era óbice para que los impulsores del cambio político debieran tener presente que, dado el peso del nacionalismo español, fuera necesario «actuar paso a paso ya que la lucha por la democracia en España todavía no se había decidido». Solé Tura argumentaba que sin las libertades democráticas en toda España no sería posible resolver la cuestión en favor de las nacionalidades y regiones. Los programas de todas las fuerzas incluidas en Coordinación Democrática reconocían la necesidad de ir hacia una organización federal del Estado. Pero la oposición no estaba en condiciones de imponer la totalidad de su programa y menos lo estaría —y aquí quería llegar— si actuaba desunida: plantear que en todas las regiones debían constituirse gobiernos provisionales en el momento mismo de la ruptura «es un objetivo que no sólo no corresponde a la correlación de fuerzas en presencia», sino que podía provocar un retroceso, pues los «inmovilistas» podrían blandir la «bandera de la unidad amenazada», y con ello alejar del terreno de la democracia a colectivos que debían estar «si queremos que la democracia sea una conquista pacífica».[92]

La actitud de contención no significaba que los comunistas no se implicaran de forma decidida en el avance de las propuestas que se podrían considerar federalistas. Así, el 4 de septiembre se celebró en Madrid una reunión de las instancias unitarias de toda España con el objetivo de crear un único organismo representante del conjunto de la oposición. En la reunión, a la que asistieron 96 delegados, se puso de manifiesto la imperiosa necesidad de la unidad de la oposición; de la trascendencia de la cuestión territorial es buena muestra el hecho de que la reunión se planteara como «autoconvocada» por cada uno de los asistentes y que fuera presidida por una mesa integrada por un miembro de cada una de las instancias unitarias presentes.[93] Antes de comenzar las sesiones de trabajo propiamente dichas, Joaquín Ruiz-Giménez analizó ante la prensa el momento político, señalando que

se yuxtaponen en este instante de la transformación de España el tránsito de un Estado autocrático a un Estado genuinamente democrático; de un Estado centralista, a otro que recoja las legítimas aspiraciones a la autonomía de los pueblos del Estado español; y el tránsito de una sociedad con graves injusticias sociales, a otra donde predominen los criterios de igualdad y equidad.[94]

En dicha reunión se aprobó la creación de la Plataforma de Organismos Democráticos (POD), que se formalizó el 27 de octubre, encargada de elaborar un programa político que recogiera los puntos básicos de la ruptura democrática y de negociar con el gobierno de Suárez las condiciones de la transición hacia la democracia. Los comunistas valoraron muy positivamente la reunión, ya que «ha sido fundamental para pasar a la ofensiva y recortar al máximo el espacio político en el que se mueve el reformismo del gobierno y el oportunismo de algunos partidos y personalidades».[95]

También el grupo de intelectuales comunistas dedicó especial atención a las reivindicaciones de autonomía. Después de un encuentro en junio de 1976, durante el otoño se preparó la reunión convocada para el 30 de octubre al 1 de noviembre en la que se discutió y aprobó un manifiesto que pretendía asumir y extender las reivindicaciones de autogobierno. En él se afirmaba que la dictadura no sólo había reprimido las diversas naciones y regiones con características propias que formaban el Estado español, sino que el régimen también había «tergiversado la información para conducir a cada pueblo a ignorar la personalidad de los demás pueblos del Estado». El documento de «intelectuales, profesionales y artistas» concluía que «no puede haber democracia en el Estado español sin que se consigan las reivindicaciones de autogobierno de las naciones y regiones que hoy forman parte de él».[96]

La reunión del Comité Central en Roma concluyó con la aprobación de una resolución que se centró en los tres puntos que sintetizaban el mensaje que el PCE quería transmitir al resto de la oposición, al Gobierno y a la opinión pública. El primer punto giraba en torno a las condiciones mínimas de cualquier negociación con el Gobierno: la promulgación de una amnistía general, la congelación de la ley de asociaciones y la constitución de un «Gobierno Provisional, de reconciliación nacional, en el que estén representados todos los grupos de derecha, centro e izquierda coincidentes en el restablecimiento de la soberanía popular». El segundo punto enfatizaba el apoyo a Coordinación Democrática, que debía estrechar su relación con las instancias unitarias de nacionalidades y regiones; el tercero era de carácter interno: se editaría un carnet de partido que sería entregado a todos los militantes.[97]

Efectivamente, la reunión del Comité Central en Roma significó la salida a la luz de todos los dirigentes del partido y del conjunto de las organizaciones clandestinas del interior. En Roma, el Comité Central quedó constituido por 142 miembros, de los que sólo 17 eran mujeres. La edad media era de 45 años. Como obreros aparecían 57 miembros, otros 54 procedían de los sectores profesionales e intelectuales, 22 eran empleados y 6 aparecían como campesinos.[98] Los datos que el PCE presentó en el registro de Asociaciones Políticas en mayo de 1977 para su legalización reflejaban un Comité Central algo más reducido, 131 miembros, de los que sólo 14 eran mujeres.[99] Los militantes del interior constituían una amplia mayoría del Comité y la revisión de sus nombres muestra que en Roma se habían producido incorporaciones llamadas a ofrecer una imagen fiel de la diversidad de la militancia, entre ellas alguna simbólica, como la del sacerdote Paco García Salve, que hacía sólo tres meses que se había incorporado al partido. Igualmente, de los 34 miembros que componían el Comité Ejecutivo sólo diez, entre ellos la presidenta y el secretario general, habían vivido hasta entonces en el exilio. Sólo dos mujeres, además de Dolores Ibárruri, formaban parte del Ejecutivo: Leonor Bornao y Pilar Brabo. En 1976 se incorporaron al Comité Ejecutivo Carlos Alonso Zaldívar, Manuel Benítez Rufo, Víctor Díaz Cardiel, Rafael Pillado, Ramón Tamames y Tomás Tueros.[100]

El Comité Central de Roma supuso un cambio organizativo fundamental: se crearon las agrupaciones territoriales como base de la organización, sustituyendo a las organizaciones sectoriales, una modificación que se presentaba como la necesaria adaptación de las estructuras del partido a la nueva situación política y más adecuada al modelo de partido de masas. Santiago Carrillo afirmó que la sustitución de las células —nombre que evocaba «la clandestinidad extrema, las organizaciones minúsculas, casi invisibles, misteriosas»— por las agrupaciones «permitirían un intercambio político más rico que el de las células», dando lugar a «un diálogo más vivo entre dirigentes y militantes, que repercutiría en la calidad de la vida política»; enfatizó que con las nuevas estructuras, cada organización del partido se vería en la necesidad de «desplegar la mayor iniciativa política en el trabajo de masas», estar muy atenta a «lo que las masas piensan y sienten», y a no escuchar sólo «lo que viene de arriba, de los órganos superiores, sino también lo que viene de abajo»; las organizaciones del partido debían ser la vanguardia recogiendo las «aspiraciones profundas de las masas», porque «sienten crecer la hierba».[101] El objetivo era alcanzar los 300.000 afiliados con distintos «niveles de actividad», pero para ello era imprescindible concentrar todos los activistas en el desarrollo de las agrupaciones.

Las agrupaciones pretendían, por otro lado, fundir obreros y profesionales con el objetivo de visibilizar el partido en la sociedad, además de que, en democracia, al hacerse necesario enfrentar campañas electorales, la territorialización era indispensable. Se consideró que, hasta entonces, el PCE había sido dos partidos: el de los obreros y el de los profesionales/intelectuales. Estaban separados orgánicamente y ello debía superarse. Pero lejos de los planteamientos teóricos, la territorialización pronto tuvo efectos negativos visibles, de manera muy particular en el ámbito profesional y cultural. Las organizaciones comunistas de profesionales —entre ellas, algunas tan importantes como la de abogados o arquitectos— fueron disueltas, con lo que desapareció el canal fundamental de influencia comunista a través de la experiencia en unas franjas de gran ascendencia social.

EL ÉXITO DE SUÁREZ Y EL CAMBIO DE ESCENARIO

En septiembre se conoció el proyecto gubernamental de Ley para la Reforma Política, elaborado durante el mes de agosto, mientras Suárez se entrevistaba discretamente con diversos dirigentes de la oposición, entre ellos Felipe González, Raúl Morodo y Jordi Pujol, después de hacerlo en el mes de julio con representantes de la derecha antifranquista como José M. Gil-Robles, Joaquín Ruiz-Giménez o Fernando Álvarez de Miranda,[102] claros exponentes de aquellos sectores que, aun buscando la democracia, podían aceptar la reforma. El gobierno Suárez, a la vista de la experiencia de los seis primeros meses del año, y siguiendo los consejos de Torcuato Fernández-Miranda, cambió radicalmente el planteamiento de reforma de las Leyes Fundamentales del Gobierno anterior. Si el proyecto auspiciado por Fraga pretendía realizar una reforma que definiera un marco político en el que se mezclaban las continuidades del ordenamiento franquista con los elementos nuevos de matriz liberal, todo bajo el estricto control del Ejecutivo, ahora no se elaboraría una ley de reforma política, sino para la reforma política. Se trataba, en definitiva, de aprobar una norma, casi transitoria, que se sometería a referéndum, que posibilitara la continuación de las reformas por parte de unas cámaras legitimadas democráticamente. El texto del proyecto apelaba al pueblo para que, a partir de la formación de un Parlamento representativo, pudiera decidirse el futuro del país. Toda la retórica sobre la democracia orgánica o sobre la democracia española desaparecía de un plumazo y parecía que los conceptos políticos utilizados empezaban a serlo según su significación universal y no según un peculiar y diferente diccionario político español.

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto, Jordi Solé Tura escribió que el Gobierno Suárez había tenido que aceptar los planteamientos de la oposición democrática, pero que intentaba conducir el proceso él solo.[103] Poco después, el día 15, el PCE hizo público su rechazo frontal al proyecto gubernamental, pues «el Gobierno Suárez ha negado en los hechos la intención que se atribuyó de negociar con la oposición», ya que las «condiciones mínimas de cualquier consulta son la libertad de todos los partidos, el control democrático de la radio y televisión y del conjunto de las operaciones electorales». El proyecto era calificado de «caetanista»,[104] y se advertía a continuación que «quien se halla detrás de este Gobierno no debiera ignorar que intento similar hubo en la historia contemporánea de España, cuando el general Berenguer, proyectando salvar a la Corona, no hizo sino acelerar el advenimiento de la República». El PCE se reafirmaba, una vez más, en la ruptura pactada, la unidad de la oposición y la movilización ciudadana.[105]

Pero el texto del proyecto gubernamental aceptaba, por primera vez, la «soberanía del pueblo» y era suficientemente ambiguo como para que los sectores más moderados e incorporados recientemente a la oposición se inclinaran por algún tipo de acuerdo. Como resultado, tal como pasaban los meses, en lugar de hacerse más fuertes las posiciones unitarias —como había sucedido en la primera mitad del año— las tensiones se manifestaban abiertamente. Fue entonces cuando empezó a percibirse claramente que el escenario estaba mutando, dados los cambios que se estaban produciendo en los dos bloques en presencia: la oposición estaba unida y era más amplia, pero también más moderada. Al mismo tiempo que rechazaba el proyecto de reforma, la oposición reiteraba su voluntad de negociar. Pero, como fue habitual en aquellos meses, el Gobierno prescindió de su existencia de cara a la opinión pública. Aunque Adolfo Suárez dedicaba una parte de su tiempo a reunirse con los líderes opositores y, por otra parte, estaba atento a las propuestas de la oposición, su manejo de las prioridades y de los tiempos hacía que su actitud pública fuera de ignorancia de la oposición; tiempo después argumentó que ello era imprescindible para desactivar las resistencias del búnker franquista. Para la oposición, el problema era que esa desatención provocaba nerviosismo en sus filas y, dada su diversidad interna y en contra de lo que había sucedido durante la primavera, las tensiones se manifestaban abiertamente debilitando la acción unitaria.

Por otro lado, el Gobierno abría un verdadero proceso reformista desde el poder utilizando intensamente los medios de comunicación. Así, antes de seguir el protocolo preceptivo para la aprobación de la ley, Adolfo Suárez se dirigió directamente a la población a través de TVE, formalmente para presentar el proyecto de ley, aunque apenas hizo ninguna referencia concreta. Su objetivo era mantener la iniciativa pública y, de paso, presionar a la clase política franquista. El 8 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional del Movimiento aprobó el informe preceptivo sobre la Ley para la Reforma Política, proponiendo una serie de modificaciones restrictivas que la desvirtuaban. El Gobierno no las atendió y un mes después las Cortes aprobaron el proyecto de ley sin cambios significativos respecto al texto original, con lo que visibilizó ante la opinión pública una voluntad gubernamental de cambio. Al mismo tiempo, Manuel Fraga se decidió definitivamente por agruparse con otros dirigentes franquistas, con quienes formó Alianza Popular que, con un lenguaje catastrofista, afirmaba que el Gobierno estaba cediendo excesivamente a las exigencias de la oposición.[106] Su radicalidad no dejaba de favorecer al Gobierno, porque le permitía aparecer en el centro del espacio político.

Días antes de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las organizaciones sindicales convocaron una huelga general para el 12 de noviembre que comportó una recuperación del protagonismo de la oposición y de la calle en el proceso de cambio. La aprobación por el Gobierno de un conjunto de medidas económicas precipitó la reacción sindical. Carácter emblemático tenía la suspensión del artículo 25 de la Ley de Relaciones Laborales, que establecía que en caso de despido declarado improcedente, era el trabajador quien optaba entre recuperar el puesto de trabajo o recibir una indemnización. La oposición de izquierdas y, en especial los comunistas, apoyaron la huelga con todos sus recursos.

La movilización fue leída como un pulso entre la oposición de izquierdas y el Gobierno, hasta el extremo que, según Rodolfo Martín Villa, su éxito hubiera puesto en peligro el proyecto gubernamental. Por ello, el ministro de la Gobernación se impuso como objetivo limitar el impacto de la huelga, tanto para frustrar el reforzamiento de la oposición como para mantener la imagen de control sobre la situación política, imprescindible incluso a muy corto plazo, ya que se producía a cuatro días del debate en las Cortes sobre la Ley para la Reforma Política. Martín Villa explicó en sus memorias la preparación minuciosa que se hizo en el Ministerio para hacer fracasar la huelga, o al menos para que así lo pareciera. Se formó el equivalente a un gabinete de crisis, en el que estaban representados todos los departamentos ministeriales y todos los organismos significativos para la cuestión, desde Correos a Televisión Española. Ésta era importante porque el mismo Martín Villa había afirmado que lo que era imprescindible era que el Metro funcionase, porque del resto se ocuparía la televisión.[107]

El Gobierno afirmó que la huelga había fracasado y su discurso caló en la opinión pública, pero la realidad fue distinta; ciertamente, los sindicatos y con ellos los partidos antifranquistas no consiguieron que la huelga paralizara el país, pero los participantes han sido evaluados en más de un millón, una cifra indudablemente muy significativa que suponía que había sido la movilización más importante desde la instauración de la dictadura franquista. Pero el hecho de que los paros afectasen sobre todo a la industria y mucho menos a los servicios facilitó la labor minimizadora del Gobierno, aunque éste fuera consciente de la importancia de la huelga y de la necesidad de observar permanentemente la actuación de la oposición.

Paralelamente, la represión gubernamental no disminuyó. La rígida actitud represiva gubernamental quedaba bien reflejada en la circular del ministro de la Gobernación Martín Villa a los gobernadores civiles a finales de septiembre: «En lo que se refiere al Partido Comunista de España no se tolerará bajo ningún pretexto su actuación pública ni la del PSUC, ni la de cualquier otro partido comunista regional». La «activa y enérgica intolerancia abarcará ... tanto al aspecto institucional, como en lo que se refiere a la actuación pública de personas cuya afiliación al mismo sea notoria, sobre todo cuando pertenezcan a alguno de sus órganos directivos».[108] Globalmente, en la segunda mitad de 1976 se produjeron más de dos mil detenciones: 1.506 en el tercer trimestre y 1.263 en el último del año, además de pérdida de vidas humanas en actuaciones policiales.[109]

En cualquier caso, tras la jornada del 12 de noviembre, se abrió paso una situación determinada por un «equilibrio de fuerzas», que podía considerarse también como un «equilibrio de debilidades», que forzaba al compromiso.[110] Los objetivos políticos que habían resultado plenamente exitosos para impulsar una amplia movilización contra la dictadura ya no resultaban factibles, al menos tal como se habían formulado. El referente de la ruptura había aunado voluntades y la movilización había conseguido hacer fracasar el gobierno de Arias, pero era evidente que la oposición no estaba en condiciones de imponer un gobierno provisional que restaurase las libertades y condujese un proceso constituyente. Los análisis políticos de los años anteriores habían menospreciado la fortaleza del Estado. La propuesta de «ruptura pactada» fue el primer reconocimiento de que la secuencia política de cambios no se produciría tal como se esperaba y deseaba.

La dirección comunista, que había apostado por una continuada movilización social como única manera de presionar al Gobierno y a los sectores más moderados de la oposición, consideró que se entraba en una etapa nueva. Santiago Carrillo, fiel a su trayectoria de cambios tácticos, e incluso estratégicos, sin apenas debate, dio un giro al discurso político acorde con su visión de lo que estaba sucediendo. Él había llegado a la conclusión, según su testimonio muchos años después, de que había que «resolver por arriba porque no levantamos al pueblo español ni en el momento en que ha muerto Franco».[111] El clima había cambiado radicalmente con relación a la primera mitad del año. La constatación de que Suárez estaba haciendo suyas las reivindicaciones de la oposición que no afectaban al núcleo duro de su política, y que las distintas fuerzas estaban ya haciendo cálculos de cara a las elecciones anunciadas para los meses siguientes, apuntalando en la práctica la estrategia gubernamental, obligaba a cambiar el eje de la política comunista.

El 23 de noviembre, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió por primera vez en España en un molino semiabandonado de la provincia de Guadalajara.[112] Carrillo trazó las líneas maestras de la situación política sin explicitar para los miembros menos perspicaces que lo que iba a plantear significaba una actitud distinta respecto al proyecto gubernamental. El secretario general consideraba que Adolfo Suárez había conseguido consolidar su posición y crear un espacio en el que una parte de la oposición estaba dispuesta a jugar, lo que obligaba también al partido a transitar por el terreno de la reforma para conseguir la ruptura. Evidentemente, el nuevo escenario era resultado de que el presidente del Gobierno, después de la constatación de que la «vía Fraga» podía haber llevado al colapso al sistema político, había modificado sus posiciones iniciales y había sabido apoderarse de una parte del programa de la oposición, de manera que «la aprobación de la reforma Suárez aparenta un cierto principio de ruptura con el franquismo». En definitiva, la correlación de fuerzas existente hacía imposible la ruptura tal como se había ideado y, desde aquel momento la oposición, pero particularmente el PCE, tenían que contar con que Juan Carlos I y Adolfo Suárez habían conseguido realizar con éxito la primera parte de su plan: situarse en la cresta de la ola democratizadora y presentarse como principales actores en ella. Cuatro factores les habían ayudado a «triunfar»: lograr el apoyo del Ejército —donde el búnker había quedado debilitado—, lo que había influido decisivamente en el voto favorable a la ley de la mayoría de los procuradores franquistas. En segundo lugar, conseguir el apoyo de «las finanzas, que han pensado que la mejor manera de mantener su dominio era la reforma». También destacaba Carrillo el apoyo americano y europeo. Y, como no se le escapaba a nadie, el Gobierno había utilizado la corrupción para «sujetar a los procuradores».[113]

A decir de Carrillo, en el cambio en la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición no sólo habían influido los éxitos propios de Suárez; a éste también le había ayudado lo que calificaba de crisis de la oposición. En este ámbito, el secretario general distinguía factores positivos y negativos. Entre los primeros señalaba la reducción de la tensión en Coordinación Democrática primero y en la POD después al haber «remitido la fiebre cantonalista que ha contribuido a colocar a [una parte de] la oposición en actitud defensiva». También la «posición moderada de los grupos izquierdistas ante la situación del momento». De excelente noticia venía a calificar el anuncio de la Federación de Partidos Socialistas de adherirse a Coordinación Democrática. Y, sobre todo, destacaba la huelga del día 12, que había sido un gran éxito, remarcando que las cifras sobrepasaban los cálculos de los organizadores.

Entre los factores negativos destacaba el debate sobre la actitud ante el referéndum de la Ley para la Reforma Política, que había provocado el primer choque serio entre la izquierda y la derecha en el seno de Coordinación Democrática. José M. Gil-Robles quería desmarcarse abiertamente del PSOE y del PCE, para lo que alegaba que la estrategia de ruptura no pasaba por la celebración de elecciones constituyentes. El problema era que la disponibilidad de Gil-Robles para participar en la estrategia gubernamental hacía vacilar a Joaquín Ruiz-Giménez ya que, por otra parte, la democracia cristiana no quería crear problemas al Gobierno con motivo del referéndum, dando por hecho que lo ganaría; así que no querían presentar condiciones previas.

El PCE también daba por supuesto que el Gobierno obtendría buenos resultados, pero consideraba que la estrategia de la oposición debía estar orientada al día después y, en ese sentido, la denuncia del marco en que el referéndum se celebraba —sin libertades, con el control gubernamental de los medios públicos de comunicación— servía para poner en evidencia, tanto a nivel interior como internacional, los límites de la política gubernamental.[114] Sin embargo, para Carrillo era imprescindible no poner en primer plano la ilegitimidad del Gobierno; se debía poner el énfasis en que se oponían a aquel referéndum en concreto, ya que toda la campaña gubernamental se centraría en que «votar era ir hacia la libertad». Así, en el comunicado del Comité Ejecutivo se señalaba que «si el gobierno estableciese de un modo efectivo las libertades ... la oposición podría participar de un modo positivo en el referéndum. Pero ante un referéndum sin libertades, la única opción para las fuerzas democráticas es la abstención».[115]

Santiago Carrillo planteó a los miembros del Ejecutivo que la batalla a partir de aquel momento se situaba en torno a las libertades: «Tenemos que apretarles», porque «si dispusiéramos de dos o tres meses de libertades podemos dar un vuelco al amplio sector de la oposición que todavía tiene miedo a votar contra los que mandan. En ese sentido la denuncia del referéndum como no democrático tenía como objetivo obligar al Gobierno a ir más lejos en las concesiones de cara a las elecciones». Éstas se habían convertido en el objetivo inmediato: «Hoy toda la oposición está obsesionada por las elecciones. Nosotros no, pero no podemos ser indiferentes a ellas. Pujol está dispuesto a meterse en el bolsillo las reivindicaciones catalanas con tal de participar en las elecciones». En definitiva, desde su perspectiva, la posición del PCE debía ser «ensanchar la pista que ha situado el Gobierno. No hay otra pista, no tenemos fuerza para imponerla», de manera que el objetivo era «levantar obstáculos para lograr elecciones lo más democráticas [posible]».

En el resumen, tras las intervenciones de los miembros del Comité Ejecutivo, Santiago Carrillo fue todavía más explícito sobre la necesidad de imprimir un giro táctico a la actuación del partido: «No podemos seguir la lucha contra el régimen franquista tras la aprobación de la reforma. Y tenemos la inercia de la lucha antifranquista», a pesar de que «desde el momento en que se ha aprobado la reforma no hay régimen franquista, aunque tampoco [haya] democracia». No se le escapaba que el PCE podía correr un riesgo importante ante su base social abandonando «la inercia de la lucha antifranquista»; ante ello, argumentó que el objetivo era ganar las «fuerzas populares que hoy no están con nosotros y que necesitamos para la hegemonía», de manera que «hemos de correr el riesgo de cierta confusión en nuestras fuerzas y aliadas».[116]

La aprobación de la Ley para la Reforma Política reforzó al Gobierno que, hábilmente, permitió la campaña del «no» de la ultraderecha en televisión. Ello le resultaba de gran utilidad porque reforzaba ante buena parte de la opinión su carácter centrista con relación al resto de las corrientes legales, de marcados tintes antidemocráticos. La campaña televisiva a favor del «sí» fue abrumadora y aun así, a pesar de la prohibición de actos públicos a favor de la abstención y de la intervención policial cuando éstos se producían, en las provincias con mayores índices de conflictividad social la abstención, según las cifras oficiales, fue suficientemente significativa. Así, si la media española se situó por encima del 22%, en Barcelona se acercó al 28, en A Coruña por encima del 29, casi el 55 en Guipúzcoa, más del 26 en Navarra y Oviedo, el 28 en Pontevedra, cerca del 32 en Santa Cruz de Tenerife y casi el 46 en Vizcaya.[117]

Después del referéndum del 15 de diciembre, el PCE empezó a reformular qué era la reforma y qué era la ruptura. Santiago Carrillo publicó un breve libro donde reconocía que la experiencia del Gobierno Arias-Fraga ayudó a la monarquía y al presidente Suárez «a afinar la puntería», además de que habían tenido la habilidad para provocar serias fisuras entre la oposición.[118] Sin embargo, la reforma continuaba siendo sinónimo de un proyecto de democracia recortada en tanto que la ruptura lo era de democracia plena. Por su parte, el objetivo del gobierno provisional o de amplio consenso desaparecía definitivamente de la agenda política de la oposición, y la legalización de todas las fuerzas políticas y sindicales y las condiciones de celebración de las elecciones se convertían en los puntos centrales de una posible negociación con el Gobierno. Con estas premisas, la pelota se situaba en el tejado gubernamental y Adolfo Suárez tenía que demostrar que estaba dispuesto a sobrepasar los límites del proyecto reformista.

FORZANDO EL PASO

A finales de agosto de 1976, un enviado de Adolfo Suárez, José Mario Armero, director de la agencia Europa Press, se había entrevistado en Cannes con Santiago Carrillo con el objetivo de conocer de primera mano la posición del PCE.[119] Más allá de algunos relatos, las referencias documentales son escasas, pero todo parece indicar que el único acuerdo de aquella entrevista y de las posteriores entre Armero y Jaime Ballesteros —que se convirtió en el interlocutor permanente del PCE— fue el de mantener el contacto abierto. Según Alfonso Osorio, «Santiago Carrillo desde el momento que vio que la conversación con el Gobierno era posible, pero que nos negábamos en redondo a la legalización del Partido Comunista, nos empezó a forzar la mano».[120]

A pesar de que, como se ha dicho, las instrucciones de Martín Villa a los gobernadores civiles eran de tolerancia cero para el activismo comunista, fuera del tipo que fuera, y dada la voluntad comunista de salir a la superficie, la acción represiva forzosamente tuvo que modularse, pues la acción gubernamental era observada con atención tanto a nivel interno como internacional. Santiago Carrillo, como buena parte de la dirección en el exilio, se había trasladado a España a principios de año pero, llegado el mes de diciembre, decidió forzar su legalidad personal. Esta determinación se vio estimulada por el trato público preferente que el Gobierno estaba ofreciendo al PSOE. Entre los días 5 y 8 de diciembre éste pudo celebrar legalmente su congreso en Madrid siendo todavía un partido ilegal con la presencia de buena parte de los líderes del socialismo europeo, tales como Willy Brandt, François Mitterrand, Pietro Nenni, Olof Palme o Michael Foot.

Dos días después de la clausura del Congreso, y en palabras del vicepresidente Osorio, en «un alarde de audacia ante el gobierno y el Congreso del Partido Socialista»,[121] el PCE convocó también en Madrid una rueda de prensa con la presencia de Santiago Carrillo y la plana mayor del partido, que tuvo un amplio eco internacional y también en España, aunque el Gobierno intentó minimizar su difusión presionando directamente a los medios de comunicación. En su intervención, Carrillo defendió que «la libertad es indivisible», «o existe para todos o no es libertad».[122] Todo estuvo estudiado en aquella puesta en escena. En las imágenes reproducidas en España y en el extranjero, en la cabecera de la mesa acompañaban al secretario general los responsables del partido en Madrid: Pilar Brabo, Jaime Ballesteros y Víctor Díaz Cardiel. En una segunda fila aparecían los responsables de las «nacionalidades»: Gregorio López Raimundo, Santiago Álvarez, Ramón Ormazábal y también dos figuras de relevancia pública, Ramón Tamames y Manuel Azcárate. La síntesis que Mundo Obrero reprodujo de la rueda de prensa recogía todos los puntos sobre los que Santiago Carrillo quería transmitir un nítido mensaje, desde la crisis económica a la OTAN, desde los cristianos en el PCE a la posición respecto al Ejército.

A los pocos días, el 22 de diciembre, Santiago Carrillo fue detenido por la policía junto con otros dirigentes.[123] Rápidamente el partido puso en marcha su capacidad de movilización y varios miles de personas se concentraron frente a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol reclamando la libertad del secretario general del PCE.[124] También obtuvo el apoyo de la mayor parte de la oposición. Alfonso Osorio escribió que, en aquel momento, pensó que «Santiago Carrillo se dejó detener deliberadamente para provocar una decisión del Gobierno».[125] Aunque la operación policial para detener a Carrillo resultó laboriosa,[126] su detención era inevitable. Rodolfo Martín Villa ha explicado que «la imagen de Santiago Carrillo circulando por Madrid —difundida por diversas televisiones extranjeras— sin que la policía logre detenerle» era un desafío y ponía en ridículo a la policía y al Gobierno, por lo que ordenó acentuar los esfuerzos para lograr su detención.[127] Decidir cómo se resolvía el problema planteado era mucho más difícil. La primera opción contemplada fue su expulsión de España, pero se descartó no sólo porque el Código Penal lo impedía sino, sobre todo, por el perjuicio político que comportaría, además de ser ineficaz, pues Carrillo podría volver clandestinamente, como había hecho previamente. Carrillo, ante la propuesta de salir voluntariamente del país o ir a la cárcel optó rápidamente por la segunda opción, algo que en realidad tenía costes inasumibles para el Gobierno. El 30 de diciembre fue puesto en libertad provisional, lo que implicaba que podía residir legalmente en España.

Una semana después, en la reunión del Comité Ejecutivo del PSUC, se valoró la «victoria de la legalización de Santiago Carrillo» como un indicativo de la presencia insoslayable del partido, al tiempo de su importancia para asentar la salida de la clandestinidad. Una de las líneas rojas que Suárez había heredado de Fraga era que el PCE no podía ser legalizado. Sin embargo, el Gobierno tuvo que decantarse por la legalización del secretario general dada la movilización de la organización y de sus zonas de influencia; también por las declaraciones de la mayor parte de la oposición —condicionada por la movilización comunista— y, de forma significativa, por la movilización internacional. La conclusión era meridiana: el PCE pondría todos sus recursos en marcha para conseguir la legalización del partido. Y ésta era garantía de normalidad democrática que sólo el peso del franquismo podía impedir: «De ahí la importancia de legalizar a los comunistas».[128] Como concluía Manuel Vázquez Montalbán con su sentido del humor característico, cada vez que un comunista sale a la superficie, la losa de Cuelgamuros aumenta unos cuantos kilos de peso.[129]

Paralelamente a la batalla de la legalidad de los dirigentes comunistas, todavía estaba pendiente de comprobar si era posible una negociación real entre Gobierno y oposición. El Gobierno, y particularmente su presidente, habían salido muy reforzados con el referéndum de diciembre, y Adolfo Suárez se dispuso a desmontar una parte del andamiaje político-institucional franquista, un cometido sencillo para él dado que lo conocía perfectamente y sabía que sus columnas estaban huecas como resultado de su poca consistencia, minadas también por la movilización y la organización social que se había desarrollado en la década anterior más allá de sus estructuras y a las que no había sido capaz de hacer frente. Su otro gran objetivo era lograr que la oposición, o la mayor parte de ella, aceptara participar en las elecciones previstas, condición indispensable para que tuvieran suficiente legitimidad. En ese terreno la cuestión más difícil de resolver era el reto comunista, ya que Suárez continuaba sin contemplar la legalización del PCE. Jordi Solé Tura, en su papel de divulgador de las posiciones comunistas, insistía al empezar el año en que la cuestión central era que «frente a una política reformista que pretende controlar el proceso político con una serie de exclusiones y limitaciones, el combate por la democracia auténtica es el combate contra esas exclusiones y esas limitaciones».[130]

A pesar de la campaña propagandística impulsada por el Gobierno para convencer a la población y a los sectores más moderados de la oposición democrática de que la huelga del 12 de noviembre había sido un fracaso, estos sectores sabían que no era así y, además, que se corría un grave riesgo si no se forzaba al Gobierno a ir más allá de sus propuestas. Así, en la reunión de la Plataforma de Organismos Democráticos del 27 de noviembre,[131] en la que se había aprobado el programa político consensuado entre las organizaciones antifranquistas como base para la negociación con el Gobierno, también se decidió la constitución de la comisión encargada de llevarla a cabo, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 1976.[132]

Eliminados los obstáculos formales procedentes del búnker franquista, si el Gobierno quería obtener legitimidad democrática no tenía otra opción que iniciar conversaciones con la oposición: hasta entonces, haciendo propia una parte de las exigencias rupturistas, el Gobierno de Suárez había conseguido desdibujar los perfiles de la ruptura —perfectamente nítidos frente al continuismo—; al mismo tiempo, había acelerado el proceso de democratización del país.[133] Sin embargo, hasta entonces no había garantías firmes; por otro lado, como había formulado el PCE, la batalla entre reforma y ruptura en aquel momento se concretaba en el pulso entre democracia sin exclusiones o democracia recortada.[134]

La Comisión de los Nueve fue la encargada de negociar con el Gobierno las «siete condiciones» básicas e irrenunciables, que se podían sintetizar alrededor de cuatro puntos: la amnistía, la ley electoral, la legalización de los partidos políticos y la cuestión de las nacionalidades. Tierno y Pujol tuvieron una primera reunión con Suárez el 23 de diciembre, al día siguiente de la detención de Santiago Carrillo. En sus memorias, Pujol afirma que Adolfo Suárez no se abstuvo de admitir que «yo, señores, tengo el poder. Ustedes tienen legitimidad. De lo que se trata en estos momentos es de unir poder y legitimidad».[135]

En las conversaciones apareció desde el primer momento la «cuestión comunista». En la reunión de la Comisión de los Nueve del 4 de enero, Jordi Pujol informó que, aunque el presidente del Gobierno les había apremiado a que le hicieran llegar propuestas en torno a la ley electoral, pues pretendía tenerla preparada para febrero con el objeto de que las elecciones se realizaran en mayo, había sido taxativo en su negativa a recibir ningún representante comunista.[136]

Ante la actitud de Suárez respecto a la presencia de representantes comunistas en las reuniones, las posiciones fueron diversas: Joaquín Satrústegui, por ejemplo, propuso la no asistencia del PCE, con lo que se soslayaría el problema; el representante vasco, Julio Jáuregui, fue el más contundente en proponer la no aceptación de vetos, mientras que Pujol mostró indecisión.[137] Según Santiago Carrillo, Felipe González señaló que si la Comisión se negaba a entrevistarse con Adolfo Suárez por esta cuestión, el PSOE negociaría por su cuenta, ante lo que Carrillo planteó que él no sería obstáculo para la negociación porque «al final, el Gobierno tendría que negociar conmigo, quisiera o no y lo importante es que no se rompiera la posibilidad del cambio político».[138] Aunque la conclusión es la misma, en el acta disponible de la reunión aparece que Santiago Carrillo señaló que no aceptaba discriminaciones y que consideraba que su no presencia era mala para el PCE, pero todavía peor para el Gobierno;[139] con ello, el secretario general comunista trasladaba a los presentes la determinación de su partido de ocupar el espacio que le correspondía en un futuro democrático.

Desde enero, y pese a las incertidumbres, la preparación de las elecciones ocupó un lugar central para toda la oposición, y también para los comunistas, que daban por seguro que, si los resultados eran buenos para el Gobierno, su objetivo sería hacer una reforma que congelara la situación y perpetuara en el poder a la derecha. Contrariamente, si la izquierda conseguía buenos resultados las elecciones podían ser constituyentes. Así lo explicitaba un artículo del dirigente del PSUC, Joaquim Sempere, para quien sólo existían dos opciones ante la incertidumbre electoral: esperar a conocer las condiciones de la celebración, o iniciar «un combate político destinado a forzar la aplicación de las garantías democráticas plenas y, en particular, a forzar la legalización de los partidos comunistas». La primera actitud sería «una renuncia al combate, equivaldría a estar a remolque del gobierno y a aceptar su iniciativa y ritmos». La segunda era «la única posible hoy en un partido comunista, la única que permite disputar la iniciativa al poder». Sempere reconocía que algunos militantes recelaban de esta perspectiva y utilizaban como argumento que los comunistas no podrían ganar las elecciones. «Evidentemente sería completamente utópico esperar una mayoría comunista», pero recordaba que en aquel momento la cuestión no era «el contenido social del nuevo régimen, sino el contenido político democrático»; la batalla a ganar era «todavía la implantación de una democracia plena, de una amnistía total ... y de un inicio de solución satisfactoria para las exigencias autonómicas del pueblo de Cataluña y de otros pueblos de España», concluyendo que cuanto más fuerte fuese el conjunto de la izquierda «mejor se podrán alcanzar estos objetivos y más plenamente se podrá garantizar el carácter constituyente de las primeras Cortes posfranquistas».[140]

En febrero se publicó la sexta edición de la obra ¿A dónde vas España?;[141] Ramón Tamames, su autor, era otra de las figuras públicas que actuaban como altavoz del partido, todavía en la clandestinidad aunque fuera atenuada. En ella la ruptura democrática se define como el proceso de desmantelamiento de las instituciones franquistas que debía culminar en unas elecciones y remitía a la historia como indicativa de la importancia que éstas habían adquirido como momento de cambio democrático: el 12 de abril de 1931 y el 16 de febrero de 1936. Lo mismo debía suceder en 1977: «Todo el desmantelamiento del franquismo, con fuerte resistencia de los medios del gobierno y paraoficiales, no culminará sino en las elecciones generales, si éstas se celebran en plenas garantías y conforme a un pacto previo entre el gobierno y la oposición democrática».[142]

Por tanto, para los comunistas era importante plantearse cómo se situaban ante las elecciones. De ninguna manera sería de forma testimonial, esperando la legalización; contrariamente, los militantes debían situar en el centro del activismo la batalla por las elecciones libres, procediendo como si la organización fuera legal. La dirección comunista insistía a los militantes en que vieran el proceso electoral como un proceso de movilización que permitiría conquistar las libertades y con ellas ir construyendo la democracia. Es evidente que la dirección era consciente de que la nueva etapa requería un cambio en la cultura militante, por lo que se ponía en marcha un argumentario que conectaba el pasado con el futuro; así, Jordi Solé Tura ponía el énfasis en que todo período de transición era en definitiva un período de lucha y de paralela construcción democrática. El mismo hecho de haber conseguido el desmantelamiento del Movimiento comportaba un cambio respecto a la situación precedente.[143]

Pero los primeros meses del año fueron convulsos y, aunque las elecciones estuvieran en el horizonte, las incertidumbres continuaban siendo de peso. Desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política la extrema derecha tenía la percepción clara de que la evolución de los acontecimientos iba en sentido inverso a sus deseos y, desde finales de año, se lanzó a una ofensiva de terror, fundamentalmente en Madrid, para la que contó con la colaboración inestimable de los GRAPO, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.[144] El 11 de diciembre, pocos días antes de la celebración del referéndum sobre la Reforma Política, los GRAPO secuestraron a Antonio M. de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. En enero la situación se tornó de extrema gravedad; el día 23, los ultraderechistas Guerrilleros de Cristo Rey decidieron actuar y asesinaron a sangre fría con un tiro al estudiante Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación pro amnistía; un día después moría la también universitaria María Luz Nájera, al ser alcanzada por un bote de humo de la policía antidisturbios mientras participaba en una manifestación de protesta por la muerte del estudiante. En medio de ambos sucesos se supo que los GRAPO también habían secuestrado al general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Apenas doce horas más tarde, la ultraderecha intervino nuevamente con la intención de desatar el caos. Tres individuos irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de CC. OO. de la calle Atocha asesinando a los abogados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal; heridos de gravedad resultaron Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabia. El Gobierno percibió, por primera vez, que toda su estrategia política se podía ir al traste. La espiral de violencia no se detuvo y el viernes 28 los GRAPO asesinaron a dos miembros de la Policía Armada y a un guardia civil. Al día siguiente, en el acto religioso de homenaje que se les rindió, ultrafranquistas civiles y militares insultaron a los ministros presentes, Martín Villa y Gutiérrez Mellado, y exigieron la dimisión del Gobierno gritando «¡Ejército al poder!». La indignación, el temor, la preocupación, e incluso la alarma, se extendieron en grados variables según los sectores sociales y políticos.

La movilización comunista ante los asesinatos de Atocha fue impresionante, en especial durante el entierro de los abogados, con decenas de miles de personas ocupando la calle y un servicio de orden organizado por el propio partido formado por más de dos mil militantes. Hay que destacar que en aquella ocasión CC. OO. cedió todo el protagonismo al PCE, pues los abogados eran militantes del partido, pero fue CC. OO. quien atrajo a la manifestación de repulsa a miles de trabajadores sin vínculos partidistas pero solidarios con los abogados y defensores de la democracia. El Gobierno intentó evitar la masiva manifestación —incluso la instalación de la capilla ardiente en la sede del Colegio de Abogados—, pero finalmente se vio obligado a ceder pues, a instancias del PCE, los dirigentes de Coordinación Democrática hicieron ver al Gobierno que los comunistas no estaban dispuestos a permitir que los funerales y entierro fueran clandestinos, que los celebrarían sin autorización. También fue relevante para que el Gobierno cediera contar con el apoyo de Antonio Pedrol —decano del Colegio de Abogados de Madrid— y de personalidades como Joaquín Ruiz-Giménez e Íñigo Cavero.[145]

El PCE, a su vez, realizó un esfuerzo de contención extraordinario que se visualizó de forma transparente cuando el día 26 se instaló la capilla ardiente en el Colegio de Abogados y, sobre todo, cuando el cortejo fúnebre que acompañaba los féretros de los asesinados realizó una parte del trayecto a pie, para hacer posible el homenaje de miles de personas. El servicio de orden y la disciplina de los participantes convirtieron el acto en una elocuente manifestación de fuerza. La sociedad española pudo fijar en su retina la imagen de una organización que combatía el fascismo que se negaba a morir y luchaba a favor de la democracia. Ello se reflejó en las encuestas de opinión pública: mientras que en diciembre de 1976 los favorables y contrarios a la legalización coincidían en el 32%, en febrero se manifestaba a favor el 43% y en contra el 24%.[146]

LA LEGALIZACIÓN

No obstante, aparentemente, todo continuó como estaba previsto. El 8 de febrero, después de reunirse con la representación de la Comisión de los Diez, el Gobierno aprobó un decreto ley que modificaba la Ley de Asociaciones, estableciendo un simple registro para la inscripción de las organizaciones políticas que implicaba que los partidos no solicitaban su legalización, sino que tan sólo se inscribían oficialmente. El cambio suponía una victoria de la oposición pues era resultado del hecho de que ninguna fuerza relevante había «pasado por la ventanilla».[147]

El Gobierno tomó esa medida porque necesitaba con urgencia que el PSOE aceptara el procedimiento. Distintos testimonios coinciden en que el Gobierno había negociado con los socialistas que se abstuvieran de hacer críticas radicales, que no participaran en movilizaciones en la calle y así lo hicieron, pero lo que el Gobierno no consiguió es que aceptaran el procedimiento establecido para la legalización. Sin embargo, la modificación no alteraba la cuestión fundamental, que era que el Gobierno se reservaba el recurso de remitir la decisión definitiva de legalización al Tribunal Supremo, un procedimiento destinado a impedir la legalización de los comunistas.

El Gobierno tenía informes que le aconsejaban optar por la legalización de éstos, incluso sin pasar por el Tribunal Supremo, dado que la sentencia podía coincidir en el tiempo con la convocatoria de elecciones e incluso con la campaña electoral. En febrero, algunos de sus asesores consideraban que las ventajas de la legalización de los comunistas superaban ampliamente los inconvenientes, pues completaría el espectro político, se atendería «a la petición, más protocolaria que sincera, del socialismo» y respecto a Alianza Popular se les podía argumentar que ello les daría más votos. El informe destacaba que la legalización daría respaldo y credibilidad internacional al proceso de democratización y, sobre todo, posibilitaría que las elecciones se realizaran «con el mínimo de contestación laboral y estudiantil», pues no debía olvidarse que los «líderes de CC. OO. tienen hoy predicamento a nivel de empresa».[148]

Sin embargo, el Gobierno envió al Tribunal Supremo la solicitud de inscripción en el registro que el PCE había presentado el día 11 de febrero. El día 22, la Dirección General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación comunicó tanto al PCE como al PSUC que, examinada la documentación por la asesoría jurídica, «y atendiendo que de los antecedentes y fines que concurren en la citada Asociación se deduce la existencia de razones bastantes para presumir la concurrencia de ilicitud penal por vulnerarse cuanto se dispone en el artículo 172 y demás aplicables del Código Penal», el ministerio había resuelto suspender su inscripción en el registro de Asociaciones Políticas y remitir la competencia al Tribunal Supremo, que tenía treinta días para responder.[149] Dos días después, la Comisión de los Diez declaró que «la decisión del gobierno de prolongar la ilegalidad de los citados partidos, prácticamente en vísperas de las elecciones, pone en duda la sinceridad democrática de todo el proceso electoral y puede llevar a las fuerzas democráticas a reconsiderar seriamente su actitud ante éste».[150]

En ese marco, y un día antes de que Santiago Carrillo supiese que Adolfo Suárez estaba dispuesto a entrevistarse con él, se celebró una reunión ampliada del Comité Central, en el que la política unitaria aparecía en primer plano, ya que el resto de los partidos de la Comisión de los Diez estaban ya legalizados, pero los comunistas no.[151] Según las notas de Jordi Solé Tura, Carrillo inició su intervención refiriéndose a la incertidumbre —«situación cambiante»— que comportaba para el partido «la no-legalización, máxime siendo un partido tan grande al que le resulta difícil moverse en las condiciones de la clandestinidad». El secretario general consideró necesario recapitular «la relación existente entre lo que el partido hace hoy y el Pacto por la Libertad». Durante mucho tiempo se pensó que la convergencia entre las fuerzas de la oposición democrática y las fuerzas reformistas «se produciría en el momento crítico, en el último cuarto de hora de la desaparición del franquismo. La veíamos a través del desplazamiento de la dictadura de Franco». El proceso había sido distinto evidentemente, aunque aspectos esenciales se asemejaban a sus previsiones; así «la lucha de masas consiguió que el gobierno Arias-Fraga ... se desgastara en muy pocos meses».[152]

Tampoco se había ajustado a las previsiones el papel que estaba jugando la monarquía. Durante años, el PCE pensó que en el momento de la ruptura sería necesaria «una bisagra» como la Junta Democrática y en un momento creyeron incluso que esa función la podía jugar «Juan de Borbón con algunos generales de prestigio». Sin embargo, lo que había ocurrido —continuaba— era que el Gobierno de Suárez impulsó la reforma como oposición a la ruptura y al continuismo representado por la derecha neofranquista, con lo que estaba llevando una lucha en dos frentes, de manera que la monarquía del Movimiento se había alejado efectivamente del franquismo,

y tenemos la posibilidad, no la probabilidad, de que el actual rey pueda jugar, en situación democrática, ese papel de bisagra que antes asignábamos a su padre. Aunque estemos totalmente insatisfechos de lo realizado, el Rey ha dado unos pasos de los que es muy difícil dar marcha atrás. Porque una involución en este papel, de la que seríamos los más perjudicados, supondría para la Monarquía, lo que el régimen de los coroneles supuso para la monarquía griega y para Constantino.

Carrillo quería transmitir una imagen de coherencia a los cuadros del partido y afirmó que por eso «en el momento en que parece triunfar la reforma es cuando en realidad surgen posibilidades concretas de pactar la ruptura. La Comisión de los Diez marchaba en ese camino hacia la ruptura». Y enfatizaba: «Aunque no hablemos de ruptura debe ser evidente que no es posible pasar de la dictadura a la democracia sin ruptura».[153]

Según la explicación de Carrillo, era así como se había llegado a la situación de febrero, cuando Suárez dio marcha atrás en toda una serie de compromisos: «Al suprimir la ventanilla, sólo si algún particular recurría, el tema pasaría al Tribunal Supremo»; a aceptar que «antes del Aberri-Eguna estarían todos los presos políticos en libertad»; «a negociar los siete puntos de la oposición». Y se preguntaba retóricamente sobre las causas de la opción del presidente del Gobierno para señalar, como nuevos datos de la coyuntura, el desencadenamiento del terror derechista «y de esa otra cara del terrorismo que son los Grapo», que introdujeron un elemento de desestabilización y de impotencia en el Gobierno. Para Carrillo, los GRAPO, a pesar de su connotación izquierdista, estaban dirigidos desde un mismo centro y una misma voluntad. El problema era saber quién lo dirigía, aunque esta incógnita no era obstáculo para tener la certeza de que se trataba del «otro poder real, oculto, que amenaza al poder oficial y al proceso democrático».

En cualquier caso, distintos elementos le llevaban a considerar que el Gobierno estaba remodelando su estrategia. La legalización del PSOE (histórico) parecía indicarlo,[154] aunque había tenido resultados contraproducentes para él, pues había provocado una ruptura de la «luna de miel» con el PSOE. Por eso, en la reunión la Comisión de los Diez del 24 de febrero el PCE se solidarizó con el PSOE y le apoyó en su enfrentamiento con el Gobierno; a cambio, exigiría que el PSOE no abandonase la Comisión para no dividir a la oposición y reforzar las posiciones rupturistas en su seno.

En la reunión del Comité Central, Carrillo enfatizó que «si queremos que Suárez y la Monarquía rompan los acuerdos con el poder oculto, las fuerzas de la oposición tienen que mostrar que no están dispuestas a marchar por el camino impuesto por el Gobierno». De manera que no se estaba produciendo una crisis de la oposición, sino una crisis de la oposición en su relación con el Gobierno, que podía ser transformada en presión sobre él. En ese sentido volvió a hacer hincapié en que, pese a los vetos de Suárez, los comunistas no se habían retirado de la Comisión de los Diez «porque queríamos que apareciera públicamente que no era la Comisión sino el Gobierno quien nos vetaba, y por eso renunciamos ir a la Moncloa, para no dar pretexto al Gobierno para una discusión entre la oposición, y para obligar a la Comisión, por vez primera, a mostrar una solidaridad con el partido». En definitiva, la táctica debía consistir «en conseguir un rompimiento entre el poder gubernamental y el poder oculto»,[155] pues, como señalaría días después —y llamaba a ser bien conscientes de ello—, en España existía «una oposición puramente civil, que no disponía de más instrumentos de fuerza que la movilización de los sectores más avanzados de la ciudadanía ... Aquí no había la situación de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera la situación de Portugal».[156]

Carrillo insistió a lo largo de aquellos meses en que el camino hacia la democracia era un sendero estrecho y accidentado,[157] y en ese contexto tan contradictorio era evidente que la legalización del partido debería conquistarla él mismo, por lo que llamó a hacer una gran campaña por las libertades auténticas, imprescindible para la legalización.

A la vista de los acontecimientos posteriores, el análisis de Carrillo en aquella reunión del Comité Central de febrero no erraba, pero estaba condicionado por el miedo a que los tiempos se precipitaran y se convocaran las elecciones sin que se hubiera producido la legalización del PCE. Si bien la violencia de extrema derecha con apoyos en el aparato del Estado hizo más cauto al presidente del Gobierno, Suárez había quedado profundamente impresionado por la fuerza, disciplina y capacidad de movilización comunista tras los atentados de Atocha, que tuvieron un efecto fulminante y contrario a las intenciones de sus autores. El presidente del Gobierno empezó a pensar si era posible llegar a las elecciones generales con el PCE fuera de la ley sin poner en peligro la legitimidad de todo el proceso.[158] Éste era un planteamiento nuevo, pues su actuación a lo largo del más de medio año que llevaba al frente del Gobierno, particularmente durante los primeros meses, se había guiado por un universo mental muy acotado por las coordenadas franquistas.

Santiago Carrillo era perfectamente consciente de ello a partir de sus conversaciones con José M. de Areilza, quien le transmitía que, en septiembre de 1976, para los dirigentes gubernamentales, el cambio llegaba hasta el PSOE. Según Carrillo, ni Suárez ni el monarca tenían planteamientos distintos de los que se habían formulado públicamente pero, si hubiera sido así, tampoco hubieran podido hacer nada que lo indicara, pues los sectores franquistas más recalcitrantes no les hubieran dejado continuar.[159] Durante la dictadura franquista, los comunistas fueron presentados como los grandes enemigos del régimen y las cárceles franquistas así lo atestiguaban.[160] El anticomunismo había sido uno de los rasgos identificadores del régimen del 18 de julio y, por lo tanto, la prueba definitiva de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno de la monarquía en su voluntad de establecer un régimen democrático. En los medios conservadores, la pregunta clave siempre era si el PCE sería legalizado; el 17 de agosto, Adolfo Suárez, molesto por la duda, garantizó a Laureano López Rodó que mientras él fuera presidente del Gobierno, el PCE no sería legal.[161] Tres semanas después, en una reunión con altos mandos militares, Suárez vino a garantizarles lo mismo, aunque con las expresiones ambiguas que caracterizaron al personaje y que los interlocutores interpretaron como una reafirmación de una posición inamovible.

La legalización fue una verdadera obsesión para Santiago Carrillo. En 1976, Juan Carlos de Borbón se puso en contacto con él a través del líder comunista rumano Ceausescu, pidiéndole que esperase dos años para salir de la clandestinidad; la negativa fue categórica. Consideraba que los votos comunistas se hubieran ido al PSOE o al PSP y, después hubiera sido imposible recuperarlos.[162] Los comunistas sabían que no podían dejar de presionar, tanto al Gobierno como a la misma oposición, si no querían quedar marginados en la nueva etapa porque era el proceso en la calle lo que iba moviendo los límites de los cambios, y la fuerza negociadora de la oposición venía en buena parte de la movilización social. En ese escenario la «cuestión comunista» adquiría importancia capital para la oposición en su conjunto. Los comunistas habían sido los impulsores de las políticas unitarias pero, formalmente, los llamamientos a la movilización respondían a las plataformas unitarias en las que los comunistas quedaban diluidos, aunque fueran el núcleo movilizador fundamental. A la hora de la interlocución con el Gobierno, sin embargo, eran otros quienes aparecían ante la opinión pública y consolidaban una presencia social que no correspondía a la realidad.[163]

Los comunistas eran conscientes de lo mucho que estaba en juego y, en ese sentido, su mayor preocupación la constituía la actitud del PSOE porque, aunque dicho partido supo mantener las distancias respecto a los proyectos gubernamentales, siendo muy conscientes de lo mucho que los necesitaban para dar legitimidad a cualquier proyecto, los comunistas tenían la percepción de que en cualquier momento podían dejarlos descolgados. Tiempo atrás, Felipe González había hecho saber a Willy Brandt que rechazaba, por peligroso, el experimento rupturista promovido por la Junta Democrática, que confiaba en los reformistas del régimen y sobre todo en el príncipe don Juan Carlos como parteros de la democracia, y aspiraba a arrebatar al Partido Comunista su papel hegemónico en la izquierda.[164] Distintas cancillerías europeas y el Departamento de Estado norteamericano también trasladaron al Gobierno la conveniencia de que la legalización del PCE se produjera después de las elecciones.[165]

El PSOE no veía con buenos ojos su legalización simultánea con la del PCE y Alfonso Guerra lo explicitó en alguna ocasión. Según Ramón Tamames, Adolfo Suárez explicó en 1983 que los socialistas hubieran aceptado que la legalización comunista se produjera más tarde dado el rechazo del Ejército. La causa no era otra que su percepción de que los resultados socialistas serían mejores sin la competencia del PCE, lo que la realidad demostró equivocado.[166] Pero antes de las elecciones, el hecho era que, como en el resto de la Europa mediterránea, los socialistas, con apoyos diversos de sectores conservadores y mediáticos, mantenían un enfrentamiento larvado con los comunistas y no dudaban incluso en apoyar a las organizaciones de la izquierda radical para intentar minar la influencia comunista.[167] En definitiva, el PCE tenía la percepción clara en aquel momento de que no podía esperar del resto de organizaciones políticas más que declaraciones retóricas en apoyo a su legalización y que no conseguiría una movilización de masas para forzarla, de manera que debía forzar la negociación directa con el Gobierno.

Pero la pelota estaba en el tejado del Gobierno. En los primeros meses de 1977 Suárez estaba especialmente preocupado, por otro lado, por tener un croquis aproximado del panorama poselectoral, que las sucesivas encuestas no acababan de clarificar. Reconocían la fuerza de determinadas tradiciones, pero no sabían quién las iba a representar, pues había distintas opciones para cada una, en realidad «una sopa de letras». Adolfo Suárez habló repetidamente de la legalización del PCE, además de con el rey, con su círculo de colaboradores más próximo: Osorio, Martín Villa, Cassinello y Manuel Ortiz. Unos coincidían en argumentar que, como no podían impedir su existencia ni su actuación, mejor era legalizarlo pues, además, las encuestas señalaban que su representación no sería alta. Otros defendían que en la República Federal de Alemania era ilegal y que era la opción más conveniente. Osorio defendía que la legalización del Partido Comunista la debía tomar el Tribunal Supremo.

En definitiva, la «cuestión comunista» se convirtió en un tema capital porque era, en el fondo, y dado el contexto español, la «cuestión de la democracia». Para Suárez, el problema era que el Partido Comunista había sido la principal fuerza del antifranquismo, que disponía de una militancia presente en los principales movimientos sociales del país, a menudo con una influencia determinante —en especial en Comisiones Obreras— y con numerosos intelectuales y profesionales en sus filas, además de obtener notables complicidades sociales —el PSUC, especialmente— tejidas justamente en su activismo contra la dictadura. En estas condiciones, ¿era posible para el Gobierno estabilizar la situación política y alcanzar la legitimidad de unas elecciones que, según había proclamado, debían permitir la expresión libre de la voluntad popular con la exclusión comunista? Y aunque otras fuerzas aceptaran participar en unas elecciones en estas condiciones —lo que les preocupaba tremendamente—, la presión de la militancia comunista, con su creciente salida a la luz, ponía al gobierno ante disyuntivas muy incómodas: ¿qué hacer ante la actividad de los comunistas que actuaban como si fuesen legales a pesar del riesgo?: ¿incrementar la represión dañando la imagen democratizadora gubernamental y poniendo en una posición difícil a los grupos políticos que eran indispensables para celebrar unas elecciones que no se convirtieran en inútiles?, ¿tolerar la ilegalidad transmitiendo una imagen de debilidad e inconsecuencia?[168] Los comunistas eran muy conscientes de que la legitimidad de la democracia estaba unida a su legalización y actuaron en consecuencia, movilizando a todos sus militantes y simpatizantes. Al mismo tiempo, intentaron preservar la unidad de la oposición, a pesar de las divergencias y de las desconfianzas.

El presidente del Gobierno pensó que debía arriesgar. El domingo 27 de febrero, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se reunieron en la casa que José Mario Armero había puesto a su disposición.[169] La entrevista duró seis horas y hay diversas versiones sobre su contenido, entre ellas la del propio Santiago Carrillo. Al parecer, el secretario general argumentó que la no legalización de los comunistas amenazaría el éxito del proceso electoral, que el PCE no consideraba que la cuestión de monarquía o república fuese un punto clave del cambio político, por lo que podía aceptar la monarquía; también señaló que los comunistas eran contrarios a la ruptura de la unidad de España. Por su parte, Suárez expuso las dificultades de la legalización, especialmente por la actitud del Ejército. Sin embargo, al final de la reunión, se comprometió a hacer lo que estuviera en su mano para que la legalización se produjera, aunque sería imprescindible esperar a la resolución del Tribunal Supremo. En la reunión se generó un clima de confianza mutua y de lealtad personal que, posteriormente, incidió en alguna de las medidas que impulsó el secretario general del PCE.

También se dio luz verde a la «cumbre eurocomunista» que tuvo lugar el 2 y 3 de marzo en Madrid. La reunión se venía preparando desde el 8 de febrero y, dada la determinación de los secretarios generales del PCI y del PCF de viajar a Madrid, el Gobierno no podía en realidad oponerse a la reunión, pues hubiera provocado un incidente internacional. Carrillo manifestó que «éste puede ser el momento más importante para el PCE desde la muerte del anterior jefe del Estado». De la cumbre con Enrico Berlinguer y Georges Marchais, que culminó el proceso de aparición pública del PCE, se derivó un comunicado conjunto en el que los tres partidos manifestaban su confianza en el pleno establecimiento de la democracia en España y exhortaban a la legalización de todos los partidos, sin lo cual las elecciones no serían efectivamente libres. El objetivo de la cumbre se presentó vinculado a la cuestión de la libertad, y así en la declaración, después de hacer referencia a la alternativa a la crisis económica, se centró la atención en el programa común de socialismo en la democracia, distensión y acuerdos de Helsinki, y a la propuesta de construir una Europa pacífica, democrática e independiente.[170]

El Gobierno dedicó una atención notoria a la reunión. En la síntesis que el Ministerio de la Gobernación hizo del acto se puso el énfasis en que la celebración de la reunión había supuesto un claro espaldarazo internacional a la legalización del PCE y que, objetivamente, la reunión había servido para presionar sobre el Tribunal Supremo con objeto de conseguir su legalización. También se había elucubrado sobre la posibilidad de que la cumbre tuviera un objetivo de más largo alcance, consistente en la consolidación de lo que hasta aquel momento se había denominado «eurocomunismo», impulsando una actuación coordinada en el marco europeo; no obstante, el mismo informe señalaba que tras los resultados hechos públicos de la reunión difícilmente podía llegarse a esa conclusión. Ciertamente, la cumbre eurocomunista había tenido objetivos concretos e inmediatos, vinculados al proceso político en España y era indudable que «Berlinguer y Marchais han puesto en juego todo su capital político a favor del Partido Comunista de España».[171] La atención conseguida en la prensa fue notoria, lo mismo que destacable el hecho de que tanto José María de Areilza como Joaquín Ruiz-Giménez se acercaran a saludar a los líderes europeos y que a la cena posterior asistieran Enrique Tierno Galván, Luis Yáñez y Francisco Fernández Ordóñez; no así Felipe González, cuya ausencia fue destacada en el informe.

Posiblemente fue tras la reunión y la cumbre eurocomunista cuando Suárez acabó de decantarse por la legalización. Con aquella decisión mostraría definitivamente su compromiso de dar los pasos necesarios para la instauración de la democracia: «No era el Gobierno, al legalizar el PCE, el que certificaba el carácter democrático de este partido, sino a la inversa. Era el Gobierno el que obtenía con ello el certificado de su voluntad democratizadora».[172] El mismo Adolfo Suárez escribió, años después, que la clave de la credibilidad interna y externa del proceso político [de la transición] era el reconocimiento del PCE.[173]

La legalización del PCE era trascendental para los comunistas y simbólicamente una pieza clave de la ruptura con el franquismo. Sin embargo, paralelamente el Gobierno debía tomar muchas otras medidas para dar respuesta a las demandas de la Comisión de los Diez. Dicha Comisión había emitido un comunicado el 24 de febrero donde «constataba, con preocupación, que la puesta en práctica de la liberación de los presos políticos lleva una marcha sumamente lenta», y manifestaba que era «urgente que se ponga en libertad a estos presos y que no se puede abrir el período electoral sin la total liquidación de este grave problema».[174] Igualmente, a pesar de que ya no tenía la centralidad en la movilización que había alcanzado en los primeros meses de 1976, la demanda de amnistía había continuado y, finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el 14 de marzo un decreto ley que ampliaba los supuestos amnistiados por el decreto ley de 30 de julio de 1976, que permitía la salida de las cárceles de condenados por actos de violencia, manteniendo la exclusión de los que hubiesen provocado víctimas mortales. Además, se aprobó un indulto.

En el mes de marzo los cambios se aceleraron. El día 4 el Gobierno aprobó un decreto ley que regulaba, aunque restrictivamente, el ejercicio del derecho de huelga, así como el cierre patronal pero sin establecer la libertad sindical. Pocos días después, el día 23, la comisión negociadora de la oposición hizo público un comunicado donde exponía los puntos relativos a la libertad sindical que se reclamarían al Gobierno, entre ellos «el reconocimiento del libre derecho de asociación sindical», el reconocimiento «de la capacidad jurídica de negociación colectiva de las centrales sindicales en todos los ámbitos superiores a la empresa», la «disolución de la Organización Sindical, pasando sus funciones a la competencia de las centrales sindicales», o el «pleno reconocimiento del derecho de huelga, con la derogación de la actual normativa sobre ésta y la consiguiente reforma del Código Penal».[175] A la semana siguiente, las Cortes franquistas aprobaban, el 30 de marzo, una Ley Sindical que abría paso a la legalización de las organizaciones obreras, y se creaba un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno para hacerse cargo del patrimonio y de los funcionarios de la OSE, que dejaba de existir de hecho. La oposición iba marcando las decisiones gubernamentales en lo relativo a derechos democráticos básicos.

En ese contexto de cambios significativos, el 30 de marzo el Tribunal Supremo se declaraba incompetente y devolvía la documentación para la legalización del PCE, con lo que la decisión volvió a manos del Gobierno. Así las cosas, el lunes, 4 de abril, Suárez reunió a cinco de los ministros de su máxima confianza: Gutiérrez Mellado, Osorio, Lavilla, Martín Villa y García López; todos apoyaron su decisión de legalizar el PCE, excepto Alfonso Osorio que se inclinó por una actitud de prudencia. Para conseguirlo se pidió un dictamen de la Junta de Fiscales, que el 9 de abril emitió un informe en el sentido de que no había indicios para incriminar al PCE como asociación ilícita. Ese mismo día se produjo la legalización, con lo que pocos días separaron la decisión de la disolución del Movimiento, que tuvo lugar el 1 de abril, el Día de la Victoria en el calendario franquista.[176] Después de ese paso decisivo, el 16 de abril, el Consejo de Ministros decidió convocar las elecciones generales.

La legalización del PCE supuso un auténtico acto de ruptura no solo legal, sino también simbólico con el franquismo. También puede considerarse un buen exponente del proceso de transición en su conjunto, un proceso abierto, incierto y dinámico, un camino lleno de indefiniciones. La decisión final comportó para Suárez personalmente asumir un notable riesgo e importantes costes como, por ejemplo, la pérdida de la confianza de los militares. Asumiendo una parte de las exigencias rupturistas, Suárez había conseguido desdibujar el perfil de la ruptura —que era nítido en relación con el continuismo del Gobierno de Arias-Fraga—, pero ello había supuesto acelerar el proceso a la democracia, imparable desde los inicios de 1977.

Efectivamente, la reacción fue inmediata en la prensa franquista, y en la más conservadora, fueron particularmente destacables varios artículos de ABC. El mismo día 10 el rotativo conservador publicaba un editorial en el que se calificaba la legalización de preocupante resolución «porque el Gobierno no puede ignorar que con este paso se hiere la sensibilidad de gran parte del país, y no precisamente la menos sana, la menos leal o la menos patriótica». Una medida que «sólo servirá para encrespar las pasiones y los ánimos cara a unas elecciones demasiado próximas y que todos deseamos que, a pesar de esta decisión, sean pacíficas».[177] Cuatro días después Carlos Seco Serrano fue el responsable del artículo a toda página en el que afirmaba que la reconciliación nacional no pasaba por quitar «la razón a una de las partes responsables del enfrentamiento armado —la que ganó la guerra— para dársela a la otra —la que la perdió—». El autor, que era considerado partícipe de un conservadurismo moderado,[178] señalaba que si bien el reconocimiento del PC era «condición necesaria para que se tuviese por sincero el empeño del Gobierno en llegar a una reconciliación nacional», debía tenerse presente que el PCE no tenía verdadero empeño en la reconciliación, sino en la revancha.[179]

Torcuato Luca de Tena, un referente de los sectores monárquicos franquistas, escribía que «ni la buena fe ciudadana, ni la obediencia real, ni el perdón cristiano equivalen a una amputación de nuestra memoria ... Porque en España hubo una guerra ... Y la victoria entonces alcanzada no está en juego, ni se puso en juego en el referéndum [diciembre de 1976]. Esto es lo que el gobierno no debe olvidar».[180] Todavía el día 19, el diario publicaba un artículo titulado «Guerra civil mundial» que retrocedía hasta los años treinta, cuando «las tropas marxistas fueron vencidas en España».[181] La utilización de la memoria franquista de la guerra civil se utilizó intensamente durante el año y medio que transcurrió desde la muerte de Franco hasta las elecciones de junio de 1977.

La legalización del PCE provocó una notable convulsión entre los sectores franquistas. En el plano político, las declaraciones de Manuel Fraga no pudieron ser más incendiarias. El líder de Alianza Popular afirmó que «la legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado, que ha transformado la reforma en ruptura y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad».[182] Poco después, un centenar de procuradores adscritos a AP presentaron una petición de reunión del plenario de las Cortes para que el Gobierno informase sobre la legalización.

Y lo que es más importante, ese mismo día 12 se reunió el Consejo Superior del Ejército, que manifestó su repulsa a la medida, aunque «en consideración a intereses nacionales de orden superior [el Consejo Superior] admite disciplinadamente el hecho consumado». El documento acababa con una advertencia: «El Consejo estima debe informarse al gobierno que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas».[183] El ministro de Marina, Pita da Veiga, presentó su dimisión en una tentativa de provocar una crisis gubernamental.[184]

HACIA LAS ELECCIONES

Quizás por ello, al menos es lo que afirmó su secretario general, el PCE tomaría en los días siguientes medidas de gran calado simbólico para su militancia. Como se ha visto, la actitud comunista había sido de extraordinaria prudencia desde el inicio del año. En la segunda quincena de marzo se había celebrado una reunión del Comité Ejecutivo del PCE[185] en la que se acordó no tomar ninguna medida legal. Tampoco adoptar públicamente una actitud exageradamente crítica contra Suárez, porque podría contribuir a debilitarlo ante la extrema derecha. La razón fundamental de aquella actitud era que, a ojos del Comité Ejecutivo, no existía una alternativa que permitiese obviar el proyecto Suárez; de lo que se trataba era que las elecciones permitiesen, efectivamente, la expresión de la voluntad popular. Ahora bien, ello no significaba que el partido se quedara impasible; en ese sentido, el PCE había pedido una convocatoria urgente de la Comisión de los Nueve y propuesto emprender una campaña para enviar miles de telegramas y de cartas al Gobierno para que resolviese la legalización de todos los partidos. La situación se consideraba preocupante porque si no se producía la legalización podía saltar por los aires el proceso político que se estaba desarrollando. Gregorio López Raimundo se había mostrado optimista respecto a la legalización porque a aquellas alturas ya no era posible el retroceso contando con que el búnker tampoco tenía alternativa.[186]

Este análisis de la realidad es conveniente tenerlo en cuenta para contextualizar las reuniones de mitad de abril, aunque habrá de recordarse que la vitalidad y autonomía que caracterizaba la actuación de los comunistas en la sociedad no se manifestaba en las reuniones de la cúpula dirigente, mucho más teniendo en cuenta el escenario de incertidumbre que se había instalado en los meses anteriores. El 14 y 15 de abril se celebró la primera reunión del Comité Central en territorio español. Previamente se reunió el Comité Ejecutivo; en el informe político presentado por Santiago Carrillo y aprobado por el pleno del Comité Central se llamó la atención sobre la «crisis» que había provocado la legalización del partido, que venía a mostrar «que el camino es efectivamente estrecho y que cualquier acto impensado, cualquier actitud que no tenga en cuenta la realidad, puede provocar reacciones catastróficas para España y para la democracia». En ese sentido, Santiago Carrillo «recordó» los méritos de la política «moderada» seguida: mantener las alianzas con las otras fuerzas democráticas frente a la doble presión de quienes las acusaban de ser «compañeros de viaje» de los comunistas, y de quienes, tentados por el electoralismo, «han podido soñar un momento que, ilegales nosotros podrían atraer nuestro electorado natural hacia sus candidaturas».

En su argumento otra cuestión aparecía con fuerza: ¿tenía el PCE otra alternativa?, ¿podía «sacar las masas a la calle, batirnos frontalmente con el aparato del Estado?, ¿y a qué nos hubiera conducido eso sino a una derrota brutal que los primeros en reprocharnos serían quienes hoy nos critican la moderación? ... ¿No nos hubiéramos enfrentado así con masas trabajadoras, que simpatizan con nosotros, pero que desean por encima de todo que la esperanza que se ha abierto entre ellas no quede frustrada?». En realidad se estaba llevando a la práctica la política defendida durante mucho tiempo: «Nuestra voluntad de pasar de la dictadura a la democracia, pacíficamente, mediante el pacto para la libertad».[187]

Fue al día siguiente, reunido el Comité Central, cuando antes de abordar el orden del día establecido, Santiago Carrillo planteó como una cuestión previa la votación de adoptar la bandera española oficial. El secretario general, con voz trémula a decir de Gregorio Morán, dijo:

Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde la guerra ... En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va hacia la democracia o si se entra en una involución gravísima que afectaría no sólo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a los reformistas e institucionales.[188]

Todos los testimonios insisten en que Santiago Carrillo pintó un negro panorama. Según el secretario general, ni el Gobierno ni el Rey habían podido impedir la declaración militar, de manera que «necesitábamos dar un golpe de efecto, que causara una impresión profunda en el país, capaz de disminuir el efecto de la declaración militar». El golpe de efecto era «la adopción de la bandera nacional, que había sido tradicionalmente la de la monarquía y el franquismo, pero también la de la Primera República». Se trataba, escribía Carrillo años después, de un golpe de efecto, incluso «bastante teatral», que el Comité Central aceptó sin mucha dificultad —con la abstención de militantes catalanes y vascos—, así como la mayoría de la militancia.[189]

No es ése el recuerdo mayoritario. Para empezar, el golpe de efecto también lo fue para los dirigentes del partido, que no esperaban tener que decidir sobre un tema como aquél de forma precipitada. Debatir la cuestión es lo que planteó Joaquim Sempere, miembro del Ejecutivo del PSUC. La discusión, a favor y en contra, fue acalorada y «una mayoría clara pero no rotunda» aprobó la aceptación de la bandera rojigualda.[190] El apremio al que los sometía el secretario general también se pudo beneficiar del pragmatismo de los dirigentes obreros, para muchos de los cuales las banderas y la monarquía podían tener poca significación; lo importante eran los derechos de los trabajadores.[191]

La cuestión simbólica de la bandera golpeó intensamente los sentimientos de la mayor parte de los miembros del Comité Central, incluso si aprobaban la decisión. Distinto era el debate posterior sobre la aceptación de la monarquía; aunque se produjeron intervenciones de distinto signo, la posición mayoritaria coincidía con la del secretario general cuando afirmó que «la opción hoy no es entre Monarquía o República, hoy la opción es entre dictadura y democracia».[192] Al final del debate Carrillo forzó la votación, en la que una amplia mayoría aprobó su propuesta.[193] Aquel duro golpe para la identidad simbólica de una parte muy notable de la militancia comunista fue percibido como el precio a pagar por la legalización inmediata y, sobre todo, adquirió mayor trascendencia a la luz de algunas decisiones posteriores del secretario general.

Los mismos argumentos que Carrillo, pero sin sus expresiones de dramatismo, los aportó Gregorio López Raimundo en el Comité Central del PSUC de diez días después. La bandera bicolor en sentido estricto representaba el Estado español y «a partir del momento en que el PCE adoptó la política de reconciliación nacional y proclamó su voluntad de respetar las reglas del juego democrático y la soberanía popular, aceptó la posibilidad de tener que acatar en el futuro un régimen monárquico, es decir, de tener que hacer lo que el Pleno del Comité Central ha dicho que el PCE hará». Claro que desde el PSUC la cuestión se podía observar con mayor distancia, pues «desde sus orígenes, el PSUC ha unido a su propia bandera roja la bandera catalana». Pero, en definitiva, lo decisivo era si se avanzaba o no en la liquidación de la dictadura, si se avanzaba o no hacia la conquista de la soberanía popular. Dado que los peligros de involución eran altos, añadía, era imprescindible «proceder con gran serenidad e inteligencia, de modo que los nostálgicos del pasado queden aislados y se amplíe constantemente la convergencia de los que estamos a favor de llevar hasta el fin el proceso democrático».[194]

¿Eran imprescindibles tales gestos simbólicos para dar satisfacción al Gobierno y tranquilizar a los sectores que del continuismo habían pasado ya al involucionismo? No se pueden menospreciar los gestos en sí mismos, pues para muchos militantes los símbolos afectaban a su identidad; la adopción de la bandera —que para la mayoría era más franquista que española— fue percibida como una pérdida de identidad alternativa a lo existente. En realidad, la República no formaba parte de la cultura del antifranquismo, pero estaba asociada al mito; así lo expresó Manolo López, un firme militante desde los años cincuenta: «Pensaba yo que con la desaparición del franquismo España volvería a ser la “modernidad”, como según dice Pierre Vilar, lo era en 1936».[195] Aparecen así, ya antes de conocer el resultado de las elecciones, elementos de decepción que afectaban al «ánimo» militante.

Por otra parte, tuvo importancia la forma de tomar la decisión, que provocó el malestar de una militancia joven, formada políticamente en el seno de los movimientos sociales desarrollados desde los años sesenta, muchos de base asamblearia, y más acostumbrada al debate político que a la rígida disciplina de épocas anteriores. De golpe, apareció con fuerza la desconfianza que había ido surgiendo en el partido respecto al secretario general. Quizás por las circunstancias, quizás por el cambio de contexto, la realidad era que ya desde el Comité Ejecutivo de noviembre y la rueda de prensa posterior a su detención, que mostró la habilidad de Carrillo para relacionarse con los medios de comunicación, se agudizó hasta hacerse omnipresente el personalismo que siempre había caracterizado su liderazgo. Todo ello fue ampliando cada vez más las incomprensiones respecto a sus planteamientos, incluso entre los miembros del Comité Ejecutivo que más de una vez dudaron del fin último de algunas de las decisiones que se tomaron en aquellos acelerados meses.[196]

La inminencia de las elecciones dejó, sin embargo, poco tiempo para el análisis y el debate. El partido se volcó en una campaña electoral que fue vivida por casi toda la sociedad española como una auténtica fiesta democrática. En aquel Comité Central de mediados de abril, para que el optimismo no llevara a engaño a la militancia, Santiago Carrillo señaló que lo más que podían lograr era «una Cámara donde la mayoría sea de centro izquierda», incluyendo al PCE dentro de ella. Señalaba también que en muchas provincias no conseguirían representación, aunque había que «trabajar como si fuéramos a ganar en todas», pues se trataba de poner las bases para las siguientes campañas. Así, los dos meses que van de la legalización del PCE a las elecciones del 15 de junio fueron de actividad frenética, pero también de una gran euforia al dejar atrás años de persecución, estimulada por el contacto abierto con centenares de miles de personas que se acercaban a sus militantes y candidatos. Para el PSUC fue un período más breve, pues hasta el 3 de mayo no se convirtió en un partido legal; no eran pocos los que se autoanimaban afirmando que el retraso trataba de evitar que los comunistas ganaran las elecciones.

Uno de los puntos fundamentales de la reunión del Comité Central del 14 y 15 de abril era el debate y aprobación del programa general con el que el partido se presentaría a las elecciones, veintiocho puntos a los que en cada circunscripción se añadirían las reivindicaciones locales específicas. El programa intentaba recoger las grandes líneas de muchos años de trabajo reivindicativo, muy próximo a la realidad cotidiana, en la educación, la sanidad u otros ámbitos sensibles a las necesidades populares. Dedicaba particular atención a la necesidad de aprobar un código de derechos de los trabajadores y a establecer la igualdad de la mujer. En la coyuntura de crisis económica galopante del momento, propugnaba un plan de saneamiento de la economía y nuevas formas de desarrollo económico democrático. Enfatizaba que el voto comunista era un voto por la democracia, un partido que en «la lucha para que España sea libre» había perdido a miles de militantes y acumulado condenas de prisión. En definitiva, el PCE propugnaba un pacto constitucional para convertir aquellas Cortes generales en Cortes constituyentes que impulsara una Constitución que permitiera establecer una auténtica democracia.[197] El programa comunista podría ser catalogado de radicalidad democrática, y podía ser compartido por un amplio espectro de sectores «progresistas».

Las candidaturas presentadas fueron muy diversas en sus características según las circunscripciones, pero ha sido destacado reiteradamente la alta cualificación de muchos de sus miembros, personas en una proporción significativa conocidas entre sus conciudadanos por su implicación en la vida colectiva de los ámbitos de procedencia. Sin embargo, se ha señalado también en numerosas ocasiones —particularmente después de conocidos los resultados electorales— que el PCE no enfocó la campaña electoral como hubiera podido, pues favoreció la conexión mental de una parte de los potenciales electores con las convulsiones de la guerra civil.

Esta consideración está relacionada con la personalidad de muchos de los candidatos que encabezaron las listas electorales: exiliados que retornaban después de varias décadas, con los que no se identificaban los potenciales votantes y menos las nuevas generaciones que tenían un lenguaje distinto y unas expectativas de futuro en las que el pasado ocupaba poco espacio en aquel momento. El PCE, cuyo activo fundamental era la continuada lucha contra la dictadura en las condiciones más duras, que había formulado estrategias para que el antifranquismo creciera y que tenía un discurso que conectaba con éste en su más amplia dimensión, cuando llegaron las primeras elecciones situó en posiciones destacadas de las listas a figuras de la etapa republicana o del exilio en una proporción y, sobre todo relevancia, que tuvo el suficiente impacto como para diluir al resto de los cuadros jóvenes destacados y conocidos por su activismo contra la dictadura.

Además del efecto electoral de la imposición de candidatos desde la dirección, tampoco son desdeñables las consecuencias que tuvo en la vida interna la incorporación a responsabilidades orgánicas de militantes del exilio. Desde finales de los años sesenta, en el PCE convivían dos subculturas: una, la de los comunistas del exilio, con sus modos procedimentales y sus referencias clásicas, y otra, la que se fue construyendo en el interior que, en buena medida era joven, aunque no exclusivamente. Carrillo tuvo durante mucho tiempo la habilidad de saber conjugar una con la otra, aunque su fuerza creciente provenía de apoyarse en el interior. Eso cambió en 1976 y, particularmente en Madrid, donde Carrillo impuso a muchos de los que regresaban con él, quizás también como salvaguarda de su liderazgo ante los tiempos inciertos que se avecinaban.

Situados en la preparación de las elecciones, es ilustrativo, a modo de ejemplo, el caso de Asturias. El Comité Ejecutivo propuso al Comité Regional que Dolores Ibárruri encabezara la lista por el carácter emblemático de Asturias para el movimiento obrero, lo cual fue acogido con enorme satisfacción. Sin embargo, incluso antes de la presentación pública, algunos de sus representantes pudieron comprobar que Pasionaria, como era perfectamente lógico por su edad, ya no tenía las condiciones necesarias para tal responsabilidad. Inicialmente Carrillo estuvo dispuesto a atender la petición asturiana de otro cabeza de lista pero, como la prensa se hizo eco de la cuestión, se negó en redondo a atender las razones que el secretario general Vicente Álvarez Areces le planteaba. El hecho significativo, y al tiempo ilustrativo de este caso, fue que las organizaciones locales cuestionaron la decisión de Carrillo. Sus componentes eran mayoritariamente jóvenes, acostumbrados a discutir y dispuestos a seguir sólo las consignas que compartían. Quizás, como explica el histórico militante Manolo López, Carrillo percibió ya entonces el «fantasma de Suresnes» y en Asturias comenzó la sustitución de dirigentes jóvenes y capaces que tenían en común la falta de subordinación ciega al secretario general.[198]

SEGUNDA PARTE

5

En las instituciones

Aunque nos resistíamos a decirlo en voz alta, todos sabíamos que el problema principal era que íbamos a construir la democracia con los aparatos del Estado de una dictadura, con unos partidos que estaban saliendo de la clandestinidad o que todavía no existían y con una población que sin duda quería el cambio pero vivía con los temores y las cautelas del pasado inmediato.

Jordi Solé Tura,
Una historia optimista. Memorias

LAS ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO

1.711.906 fueron los votos obtenidos el 15 de junio por las candidaturas comunistas presentadas en todas las circunscripciones excepto en Ceuta, incluyendo los 561.132 del PSUC, lo que suponía el 9,3% de los sufragios.[1] La traducción de los votos en escaños redujo la representación parlamentaria comunista a veinte diputados en el Congreso, el 5,7% de la Cámara, a resultas de una normativa electoral que distorsionaba severamente la proporcionalidad como consecuencia del elevado número de circunscripciones poco pobladas en las que el sistema electoral operaba de hecho como mayoritario y con las grandes circunscripciones infrarrepresentadas. Con todo, las elecciones convirtieron al PCE en la tercera fuerza parlamentaria.

Los mejores resultados de las candidaturas comunistas correspondían a las circunscripciones catalanas, donde globalmente el PSUC logró el 18,2% de los votos, con un máximo del 19,8% en la provincia de Barcelona y un mínimo del 10% en Girona. En torno a ese mínimo del 10% se situaban los porcentajes máximos obtenidos por el PCE en las cuatro comunidades[2] donde logró mayores apoyos —Andalucía, 11,3%; Madrid, 10,7%; Asturias, 10,4%, y País Valenciano, 9,1%—. En Andalucía, los porcentajes más elevados los obtuvo en las provincias de Córdoba (16,5%), Sevilla (13,4%), Málaga (11,7%) y Cádiz (10,1%). Los diputados comunistas procedían, por tanto, de Barcelona (7), Madrid (4), Sevilla (2), y, con un diputado por cada circunscripción, de Tarragona, Valencia, Alicante, Oviedo, Córdoba, Málaga y Cádiz.[3]

Los peores resultados del PCE fueron los de Navarra (2,4%), La Rioja (2,8%) y Galicia (3%), seguidos de Canarias (3,3%), Castilla y León (3,7%), Baleares (4,4%), País Vasco (4,5%) y Aragón (4,9%). Por encima del 5% se situaron Melilla (5%), Cantabria y Extremadura (5,4%) —en los dos casos—, Murcia (6,7%) y Castilla-La Mancha (7,2%).

Dos factores explican la distribución territorial del voto comunista. Por una parte, y con la excepción del País Vasco y Navarra, los porcentajes más elevados los alcanzó el PCE en aquellos lugares donde se había producido una mayor movilización antifranquista y una más elevada conflictividad social y que, en líneas generales, coinciden con zonas de particular arraigo de unas culturas políticas de izquierda que presentan notables continuidades con la época de la Segunda República. Así, las provincias donde el PCE obtuvo mejores resultados coinciden en buena medida con las que también el PSOE los logró. Por otra parte, el apoyo al PCE se correspondió también con los territorios donde la organización comunista estaba más asentada orgánicamente y disponía de una mayor presencia social. Con todo, y nuevamente con la excepción catalana, se puede afirmar que las candidaturas comunistas lograron captar el voto de buena parte de los sectores más movilizados contra la dictadura franquista y de sus entornos más próximos, pero no consiguieron atraer a sectores significativos de una mucha más amplia izquierda sociológica.

En cierta medida, los resultados electorales sorprendieron a todo el mundo, entre otras cosas porque las encuestas preelectorales, todas ellas presentadas con muchas prevenciones, puesto que eran los primeros comicios libres desde 1936, aportaban datos dispares. Sin embargo, todas ellas indicaban un porcentaje de votos modesto para el PCE, en muchos casos inferior al finalmente obtenido. Así, la encuesta de Análisis y Alternativas para la agencia Europa Press, publicada el 12 de junio, otorgaba al PCE el 7,1% de los votos y 14 diputados.[4] Por su parte, el sondeo de Metra-Seis, publicado por La Vanguardia el 10 de junio, considerando los electores que tenían decidida su opción —el 37% del censo—, otorgaba al PCE el 9,7%, sin señalar los escaños que podría alcanzar.[5] El estudio de Sofemasa para El País, publicado tres días antes de las elecciones, indicaba un porcentaje de votos del 7,2% y 28 diputados.[6]

Por tanto, el resultado no pudo constituir una sorpresa excesiva para los dirigentes y militantes comunistas, aunque sin duda fue decepcionante después de una campaña electoral con actos multitudinarios que alimentaron el optimismo en buena parte de la militancia. Por otra parte, el éxito obtenido por el PSOE, convertido en el primer partido de la oposición y en la primera fuerza parlamentaria de la izquierda con el 29,3% de los votos y 118 diputados, fue considerado una «injusticia histórica» dado el indiscutible liderazgo del PCE en la lucha contra la dictadura. Pero, según diversos dirigentes comunistas, los cálculos del partido poco antes de las elecciones no eran excesivamente optimistas y preveían un máximo de 32 diputados.[7] Según el propio Carrillo, pocas semanas antes de las elecciones manifestó en privado que estaría contento con lograr el 10% de los votos.[8]

El PCE obtuvo, pues, un resultado modesto, como el que tuvieron otros partidos comunistas europeos al final de etapas dictatoriales a pesar de haber jugado, como el partido español, un importante papel en la oposición a las respectivas dictaduras. En las elecciones portuguesas del 25 de abril de 1975, en un contexto muy diferente al español y mucho más favorable para los comunistas, que participaron en los sucesivos gobiernos provisionales después de la «revolución de los claveles», el Partido Comunista Portugués obtuvo el 12,4% de los votos, a distancia también del Partido Socialista, que logró el 37,8% de los sufragios, aunque la proporcionalidad del sistema electoral luso aseguró una representación comunista acorde con los sufragios obtenidos.[9] En las primeras elecciones griegas tras la caída de la dictadura de los coroneles en 1974, la coalición de los dos partidos comunistas y sus aliados logró el 9,4% de los votos.[10]

La comparación con los resultados de los partidos comunistas francés e italiano tras finalizar la Segunda Guerra Mundial —PCF, el 26,2% de los votos en las elecciones de 1945, y el PCI el 18,9% en las de 1946— no pueden dejar de lado las características de una coyuntura muy distinta, la de la victoria sobre los fascismos, con una contribución decisiva de la Unión Soviética, con el movimiento comunista internacional en el cenit de su prestigio, y con dichos partidos en los gobiernos respectivos después de jugar un papel muy relevante en los movimientos de resistencia antifascista.

En junio de 1977, más allá de la valoración de los resultados electorales, el PCE tuvo que resituarse ante el nuevo escenario político. La heterogénea coalición UCD —formada por reformistas del franquismo, pero que integraba también a grupos moderados que se habían opuesto a la dictadura— se había convertido en la primera fuerza parlamentaria —34,4% de los votos y 165 diputados—, pero muy lejos de la mayoría absoluta deseada. Con Alianza Popular —8,3% y 16 escaños, la cuarta fuerza parlamentaria— sumaba el 42,7% de los votos y alcanzaba la mayoría absoluta del Congreso con 181 diputados, pero tal alianza resultaba prácticamente inviable dadas las importantes divergencias entre ambas formaciones y las posiciones sostenidas por AP, desde su rechazo a la apertura de un proceso constituyente hasta sus actitudes extremas en muchos temas.[11]

Por su parte, el PSOE había logrado un doble éxito. En primer lugar, se había convertido en la primera fuerza parlamentaria de la izquierda, a notable distancia del PCE. De hecho, se convirtió en el primer partido del país, puesto que UCD era una coalición que, aunque más adelante se transformó en partido, nunca logró consolidarse como tal. Por otra parte, las elecciones clarificaron definitivamente el espacio socialista, hasta aquel momento disputado por diversos grupos, en especial el Partido Socialista Popular y la Federación de Partidos Socialistas, que concurrieron a las elecciones en la coalición PSP-Unidad Socialista, que obtuvo el 4,4% de los votos y 6 diputados. En los meses siguientes, la mayoría de dichas formaciones se incorporarían al PSOE,[12] que muy pronto se definió como la «alternativa de poder», más precisamente como la alternativa al Gobierno de la UCD, y se dispuso a ejercer como principal partido de la oposición.

Con todos los datos en la mano, el PCE tuvo que decidir su actuación en un marco notablemente distinto al de cuando en años pasados no tan lejanos y antes de la reorganización del PSOE se veía a sí mismo como el principal partido de la izquierda en la imaginada futura democracia española.

Se habían celebrado unas elecciones y existían unas cámaras, en particular el Congreso de los Diputados, que a pesar de condicionamientos y limitaciones, podían considerarse expresión de la voluntad popular. Pero ello no significaba que existiera ya un régimen democrático porque, por un lado, buena parte de la legalidad franquista continuaba en vigor y algunas de sus instituciones seguían en pie, y por otro, no existía una nueva legalidad democrática. Así, el Gobierno formado tras las elecciones y la confirmación por parte de Juan Carlos de Adolfo Suárez como presidente no necesitó de un voto de confianza del Parlamento, aunque disponía del apoyo del grupo mayoritario y, por ello, fue considerado un gobierno legítimo. La primera gran cuestión, pues, era la constitucional, pero al mismo tiempo debía darse respuesta inmediata a demandas políticas que no podían esperar a la aprobación de una Constitución. Por otra parte, la crisis económica arreciaba con fuerza, con la inflación descontrolada, el aumento constante del paro y con todos los indicadores macroeconómicos mostrando una situación insostenible que exigía acciones inmediatas. La extensión del malestar social como consecuencia de la crisis podía convertirse en una amenaza para el proceso de construcción de la democracia. Significativamente, pronto empezó a extenderse el eslogan «Con Franco vivíamos mejor».

LA POLÍTICA DE CONCENTRACIÓN DEMOCRÁTICA

Los días 25 y 26 de junio se reunió el Comité Central del PCE, con la participación también de todos los secretarios generales de las organizaciones provinciales y regionales y los cabezas de lista de todas las circunscripciones —161 militantes en total— con el objetivo de analizar el resultado electoral y definir la posición y las propuestas del partido en esa nueva situación. En el informe presentado por Santiago Carrillo en nombre del Comité Ejecutivo se valoraba positivamente el resultado electoral de «las fuerzas democráticas y de izquierda» y el fracaso de quienes «reivindicaban el pasado dictatorial», algo que «no podía darse por descontado hace sólo dos meses». En este sentido, recordaba que en la reunión del máximo órgano de dirección comunista celebrada en abril se había considerado que Alianza Popular era «el peligro más serio de involución que podía cernirse sobre la incipiente y aún raquítica libertad española». En definitiva, en las Cortes elegidas podía haber «una mayoría que haga de ellas unas Cortes Constituyentes», lo que implicaría «la culminación de la ruptura democrática».[13]

Sobre los resultados electorales propios, Carrillo reconoció que eran inferiores a las últimas previsiones del partido, pero coincidentes con las de los últimos sondeos, sobrepasando «con mucho» las de los primeros. En primer lugar, realizó una descripción de la realidad social del país ostensiblemente alejada de las voluntaristas formulaciones habituales en los años anteriores. Si contra la dictadura había luchado «una minoría de la que éramos parte determinante», la «inmensa mayoría de españoles bajo el terror» había permanecido «pasiva soportando la situación», cuando no había estado influida «por los “slogans” del antiguo régimen», de lo que se derivaba una conclusión que estaría muy presente en la política seguida a partir de ahora: «El Partido no puede hacer política para la vanguardia de la vanguardia, es decir, para los revolucionarios más conscientes; tiene que hacerla para ganar a la gran masa que se acerca más lentamente y por caminos muy diversos a las posiciones de avanzada». Por otra parte, las elecciones no se habían celebrado tras «una ruptura del aparato del Estado —como sucedió en Portugal y antes en Italia y Francia— y con la participación de ministros comunistas en el Gobierno». Contrariamente, en España las elecciones se habían celebrado «con un aparato de poder del Estado que es el mismo de la dictadura; bajo un Gobierno de reformistas surgido del franquismo».

Además, el informe del secretario general se refirió al retraso en la legalización y a la discriminación sufrida por el partido en los meses anteriores, cuando eran autorizados actos de muchos grupos políticos aún sin estar legalizados y, contrariamente, sistemáticamente prohibidos los organizados por los comunistas. Especial atención dedicó a la declaración del Consejo Superior del Ejército de abril contra la legalización, lo que habría determinado que «muchos de los votos que hubiesen venido a nosotros, han ido a otras candidaturas, particularmente a las socialistas, por temor a que una fuerte representación comunista en las Cortes hoy provocase tentativas golpistas», de lo que se derivaba que «el miedo ha pesado enormemente sobre los resultados de nuestro Partido».[14] Carrillo también identificó como factores que habían limitado el volumen del voto comunista la negación del derecho al sufragio a los jóvenes entre 18 y 21 años, la «privación efectiva» del derecho al voto de los emigrantes, y las deficiencias del censo electoral y algunas irregularidades.

Si todo lo anterior, en proporciones no especificadas, explicaba el resultado electoral, Carrillo se refirió también a otros argumentos, que se afirmaba en el informe habían sido formulados por «comentaristas de prensa», pero que también fueron introducidos por algunos miembros del Comité Central en el debate que siguió a la intervención del secretario general.[15] En primer lugar, sobre la «moderación» de la política del PCE. Para su secretario general, lo que no había hecho el PCE eran «concesiones a la demagogia» o «electoralismo barato»; «no hemos prometido nada que no vayamos a hacer». A quienes afirmaban que la «moderación» había hecho perder votos, les aconsejaba «estudiar las tendencias generales de la elección», que a su entender resultaban inequívocas: «La gran mayoría del país ha votado precisamente la moderación. Ha votado a la derecha y a la izquierda moderadas. Es decir, al Centro y al PSOE». Y ello había afectado a los resultados del PCE: «Para la mayoría de la opinión pública somos, todavía, una opción extrema. La caricatura del “lobo con piel de cordero” aún consigue efectos». Por ello, si el partido «se hubiera escorado a posiciones izquierdistas se habrían obtenido menos votos», y recordaba que «los grupos izquierdistas han salido de las elecciones malparados, y no sólo por la injusta discriminación de que fueron objeto»,[16] sino por los factores antes apuntados. Si algo debía acentuar el PCE era «nuestro “eurocomunismo”, nuestra identificación de socialismo y democracia».

También apareció en el informe y en el debate la cuestión de la imagen proyectada por el partido, con veteranos dirigentes, algunos que rememoraban directamente la guerra civil y que, en algunos casos, desplazaron de la cabecera de las listas electorales a líderes más jóvenes con un papel relevante en los movimientos sociales antifranquistas. El informe presentado por Carrillo omitía la última cuestión y dedicaba la mínima atención a la primera, reivindicando el papel de los dirigentes «históricos» en la renovación —considerada mucho más importante— de su política, de su teoría y de su acción.[17] Por otra parte, para Carrillo la presencia en las listas de dirigentes «históricos» no había impedido el éxito electoral del PSUC, que debía explicarse en buena parte porque había estado «en la superficie mucho antes que el Partido en otras zonas del país, siendo motor y participante de diversos organismos y movimientos unitarios democráticos desde hace años mientras que, en otras zonas, órganos y movimientos de este género han surgido más tarde y no alcanzaron el mismo desarrollo y el Partido estuvo mucho más aislado y sumergido en las catacumbas por razones objetivas y subjetivas», amén del «tratamiento consecuente» por parte de los comunistas catalanes de la cuestión nacional.[18] Sin embargo, Carrillo pasó por alto la importante diferencia existente entre un dirigente «histórico» procedente del exilio y casi desconocido en España y un veterano pero conocido líder del partido del interior, como fue el caso de algunos de los candidatos del PSUC, como su secretario general Gregorio López Raimundo, a quien Raimon había dedicado su canción T’he conegut sempre igual, els cabells blancs, la bondad a la cara, o el cabeza de lista por Tarragona, el abogado Josep Solé Barberà, defensor de numerosos antifranquistas ante el Tribunal de Orden Público y ante Consejos de Guerra, con una importante trayectoria pública y una de las caras más conocidas del partido.[19]

Sobre el número de escaños obtenido —veinte, ocho aportados por el PSUC— Carrillo aludió al sistema electoral que distorsionaba la proporcionalidad, aunque pronosticó que en las nuevas Cortes «nuestra influencia cualitativa puede ser bastante mayor que nuestro número, por nuestra política, nuestra coherencia y el hecho de estar apoyados por los sectores más dinámicos de las fuerzas del trabajo y de la cultura»,[20] pronóstico que se confirmó en los meses siguientes, cuando el PCE jugó un papel muy relevante, especialmente en los Pactos de la Moncloa y en la elaboración de la Constitución.

En el análisis de la nueva situación política era necesario apreciar qué significaba la heterogénea coalición UCD, que no era simplemente la formación que integraba a una parte de los herederos del franquismo, como se afirmaba —y se sigue afirmando— con frecuencia, sino la unión de una parte del reformismo franquista que había aceptado finalmente romper con la dictadura con una parte del antifranquismo más moderado y con nuevos actores políticos hasta entonces al margen tanto de las instituciones dictatoriales como del campo antifranquista.[21] El informe presentado por Carrillo definía UCD como una «coalición de centro-derecha, que va a defender prioritariamente los intereses de la gran burguesía, con la que tendremos contradicciones profundas en el terreno económico y social que se reflejarán también en las Cortes, pero con la que podemos coincidir en cuanto a las líneas generales de la nueva Constitución». Con respecto al PSOE, el informe reconocía, como no podía ser de otra manera, que había recibido el voto de amplios sectores trabajadores, aunque se afirmaba que «el voto PSOE no es un voto militante más que en parte; es un voto disponible, viajero, que lo mismo puede asentarse en el PSOE, si éste justifica sus esperanzas, que emigrar hacia otras latitudes políticas»,[22] algo que seguramente podía afirmarse de todos los partidos políticos después de unas primeras elecciones libres después de 40 años.

Tras el relativamente complaciente análisis electoral, el informe del Comité Ejecutivo situaba los principales objetivos para el futuro inmediato. La elaboración de una Constitución era el primero que debía alcanzarse, una Constitución «que sea marco donde puedan desenvolverse todos los partidos políticos y todas las fuerzas sociales libremente, garantía de todos los derechos del hombre y del ciudadano y solución a las aspiraciones autonómicas de los pueblos de España»; una Constitución «que no cierre la posibilidad de transformar las estructuras económicas y sociales por la vía del voto popular». Al mismo tiempo, los graves problemas económicos y sociales exigían «soluciones que no pueden ser halladas si la clase obrera, si los trabajadores, no ocupan de una u otra forma el espacio de poder político que les corresponde».[23]

Para el PCE, ante los retos de una situación difícil, la solución ideal era un gobierno de «concentración democrática nacional», el mejor gobierno para conducir el proceso constituyente y para abordar la grave crisis económica. Se trataba de una propuesta coherente con la política unitaria sostenida por el partido y con la propuesta de un gobierno provisional, que además podía asegurarle una influencia política muy superior a los veinte diputados de Grupo Comunista en el Congreso, así como contribuir a combatir el anticomunismo y a obtener una mayor aceptación social. Carrillo argumentaría extensamente la propuesta comunista en su intervención en el primer pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 27 de julio. Para el PCE, los retos políticos y económicos planeados eran excesivos para un Gobierno monocolor y minoritario como el formado semanas antes; un Gobierno en el que era «tan evidente la presencia de hombres relacionados con la alta finanza y el empresariado como la ausencia de representantes de los trabajadores», por lo que carecía de «autoridad política ante el país para exigirle el sacrificio y los esfuerzos imprescindibles a fin de superar esta situación». Lo que proponía el Grupo Comunista era la formación de «un Gobierno de concentración democrática nacional, capaz de presidir la elaboración de una Constitución que consolide las instituciones democráticas, de llevar a cabo la reforma democrática del Estado y de preparar y realizar un amplio plan de recuperación y saneamiento de la economía» que, a su vez, comportara «una reforma de las estructuras económicas».[24]

En su intervención en el pleno del Congreso, Carrillo aludió a otros objetivos debatidos en el Comité Central de junio; en primer lugar la amnistía total para los presos y exiliados políticos, civiles y militares, la amnistía laboral y la legalización de todos los partidos políticos mediante la simple inscripción en el registro de asociaciones políticas. La amnistía daría «el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos en lo sucesivo, y a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos, maten, secuestren o roben en nombre de actitudes políticas a las que ya no podrá atribuirse legítimamente una intencionalidad política». La amnistía debía también aplicarse a los «delitos establecidos en el Código Penal para la mujer, con evidente discriminación, y que han dejado de serlo en la mayoría de países civilizados».[25] En consecuencia, las primeras proposiciones de ley presentada por el Grupo Comunista se referían a la amnistía.

En la reunión del Comité Central de junio se había establecido también la necesidad de que las Cortes aprobaran lo antes posible una Ley Municipal que permitiera la rápida convocatoria de elecciones locales para sustituir a las corporaciones franquistas que continuaban en funciones, definitivamente deslegitimadas, en particular en aquellos pueblos y ciudades gobernadas por alcaldes y concejales que formaban parte o simpatizaban con las formaciones políticas más identificadas con el franquismo que habían fracasado espectacularmente en las urnas. El PCE consideraba igualmente imprescindible una nueva ley electoral para lograr una proporcionalidad real, para establecer el derecho de voto a partir de los 18 años y para asegurar la efectividad del derecho al sufragio de los emigrantes. También, por último, la aprobación de un código de derechos de los trabajadores, conforme a su programa electoral.

La formación de un gobierno de concentración nacional fue reclamada insistentemente por el PCE en los meses siguientes, primero ante el deterioro continuado de la situación económica y el rechazo al programa de medidas económicas elaborado por el Gobierno; después de la firma de los Pactos de la Moncloa, para asegurar su adecuado e íntegro cumplimiento. El 14 de septiembre, en el pleno del Congreso de los Diputados, Santiago Carrillo propuso con vehemencia el gobierno de concentración, criticando tanto la actitud de UCD como la del PSOE, y calificando de surrealista una situación en la que «se obra políticamente como si estuviéramos ya en una democracia consolidada estilo Alemania Federal, Gran Bretaña, Francia u otra», y consideraba peligroso que tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición creyeran «que estamos ya en una democracia de verdad». Porque en España se estaba en un período excepcional, que no había sido resuelto «históricamente por un Gobierno minoritario». Un gobierno parlamentario minoritario no podía «fundar un nuevo sistema político y menos en las condiciones de crisis que existen hoy en el país».[26]

Si la propuesta comunista de gobierno de concentración obtuvo pocos apoyos, tanto dentro como fuera del Parlamento, sus propuestas sobre la amnistía convergieron con las de otras fuerzas políticas dando lugar a una proposición conjunta de los grupos de la oposición —comunistas, socialistas, nacionalistas vascos y catalanes y Grupo Mixto—. Se trataba de un texto de 10 artículos que establecía la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados como infracciones penales por la legislación vigente o derogada ejecutados hasta el 15 de junio, su alcance a civiles y militares (lo que comportaba la reincorporación al Ejército de los militares de la UMD) y la amnistía laboral.[27] UCD, que se había mostrado inicialmente muy reticente, se avino finalmente a la elaboración de un proyecto de ley con los demás grupos; Alianza Popular se autoexcluyó al rechazar radicalmente tal iniciativa. Pero la propuesta inicial de UCD era breve, con formulaciones muy generales pero a la vez muy restrictivas en todos los órdenes. Además, introducía la explicitación de la aplicación de la amnistía a «cualquier responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido las autoridades, funcionarios y agentes del Orden Público con motivo u ocasión de la investigación o persecución de delitos de intencionalidad política». Las divergencias entre la posición de UCD y la de los grupos de oposición dieron lugar a una intensa negociación, centrada en lo que faltaba en la propuesta centrista y no en lo que esta quería añadir. Para Mundo Obrero, la referencia a la amnistía a funcionarios y policías era «redundante», «una mención innecesaria, por otra parte, ya que cuando la oposición dice amnistía, lo dice en su sentido más profundo. Y ello, pese a haber sido sus militantes las personas sobre las que recayó en los últimos cuarenta años una de las más duras represiones y prácticas de tortura ejercitadas por los aparatos represivos».[28]

Tras laboriosas negociaciones hubo finalmente acuerdo. La Ley de Amnistía fue aprobada por el Congreso —y a continuación por el Senado— el 14 de octubre con el voto a favor de todos los diputados, excepto los de AP. La ley amnistiaba todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que hubiera sido su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados antes del 15 de diciembre de 1976, todos los de la misma naturaleza entre esa fecha y el 15 de junio de 1977 «cuando en su intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España», y todos los realizados hasta el 6 de octubre si no habían supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Además, se entendería por momento de la realización del acto «aquel en el que se inició la actividad criminal». Se aseguraba, pues, que saldrían de las cárceles todos los presos políticos que quedaran en ellas, incluso los que habían continuado ejecutando actos violentos hasta la misma fecha de la ley, con la excepción, a partir del 15 de diciembre de 1976, de la violencia ultraderechista que obviamente no podía apelar al móvil del restablecimiento de las libertades o de la reivindicación de la autonomía. La ley especificaba los delitos comprendidos en la amnistía —de la rebelión y sedición o los derivados del ejercicio de los derechos humanos fundamentales hasta los cometidos por funcionarios y agentes del orden público—. La ley incluía también a los funcionarios sancionados y la amnistía laboral.[29] Por el contrario, dejaba fuera a los militares de la UMD en cuanto a su reincorporación a las Fuerzas Armadas.[30]

Para Ignacio Gallego, el diputado comunista que participó en la elaboración del proyecto de ley, no lograr un acuerdo sobre los militares de la UMD —que debía continuar como un objetivo a alcanzar— «no podía significar que priváramos al país de esa amnistía general que viene a resolver muchas cosas, en cuestiones como la del País Vasco. Aunque haya habido que ceder en algo».[31] El rechazo a la exclusión de la amnistía —o de todos sus efectos— de determinados colectivos, empezando por los militares de la UMD, fue la principal crítica a la ley de los grupos de la izquierda extraparlamentaria.[32] Jordi Solé Tura, en un artículo publicado en Mundo Diario con el título de «La máxima amnistía posible», afirmaba que la ley aprobada era «la expresión más alta de lo que hoy se puede alcanzar» con la correlación de fuerzas existente. El caso de los militares de la UMD constituía a su parecer la limitación «más sangrante» de la ley, si bien también habían quedado fuera de la ley «la ancha categoría de los mal llamados “delitos de la mujer”», lo que debía ser resuelto de inmediato, y recordaba que el Grupo Comunista había presentado en julio una proposición de ley de amnistía referida a los delitos de adulterio, aborto y propaganda y difusión de los anticonceptivos.[33] Para el diputado del PSUC, la perduración de dichos delitos se debía a «siglos de concepción machista de la vida social», que el franquismo había acentuado, y sobre los que no era fácil el acuerdo entre las fuerzas políticas ni «encontrar una solución jurídica única que ligue la amnistía de esos “delitos” con la amnistía de los hechos políticos derivados de la guerra civil y del franquismo en sentido estricto». Y sobre la reivindicación de amnistía de los presos comunes o sociales, Solé Tura defendía que no podía equiparase con la amnistía política, si bien la situación de las cárceles y del sistema penitenciario así como la legislación penal debía ser abordada de inmediato por las instituciones democráticas.[34]

Según Mundo Obrero, con la ley de amnistía, «la reconciliación nacional entre los españoles se ha conseguido plenamente. La amnistía total cierra para siempre el capítulo amargo de la guerra civil de 1936-1939. Cuarenta años de odio sostenido desde la dictadura han muerto dialécticamente ante la voluntad de paz y libertad de todos los pueblos de España». La amnistía significaba, especialmente, «el fin de la guerra y el comienzo de la reconciliación nacional».[35] En el debate del proyecto de ley en el Congreso, Marcelino Camacho afirmó, en nombre del Grupo Comunista, que «tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas».[36]

LOS PACTOS DE LA MONCLOA

Poco después de la promulgación de la Ley de Amnistía, los días 25 y 27 de octubre, se firmaron los denominados Pactos de la Moncloa por parte de todos los grupos parlamentarios. El Gobierno presidido por Adolfo Suárez había intentado sin éxito alcanzar un acuerdo con sindicatos y organizaciones patronales, pero la debilidad de la recién creada CEOE y el rechazo de CC. OO. y UGT a lo que denominaban un «pacto social», entendido como un acuerdo exclusivamente sobre política de rentas dirigido a la limitación de los incrementos salariales, determinaron el fracaso de esta tentativa.[37] Previamente, el ejecutivo había presentado un «programa de urgencia económica» —que, entre otras medidas, establecía un límite del 17% al crecimiento de los salarios para 1978 frente a una previsión de incremento de los precios del 22%— que obtuvo un notable rechazo tanto por parte de las organizaciones sindicales como de la izquierda parlamentaria. En realidad, el Gobierno había optado por un plan de estabilización clásico sin contrapartida alguna.

En una situación de acentuación del deterioro de la economía, se iniciaron entonces conversaciones entre las principales fuerzas políticas, no sólo sobre medidas económicas, sino sobre posibles acuerdos de mucho mayor alcance tanto sobre cuestiones económicas como políticas. Según Ramón Tamames, «apenas entrado el otoño casi unánimemente se veía la dificultad de resolver los problemas, a menos que hubiera algún tipo de corresponsabilización de las fuerzas políticas interesadas en superar la crisis y consolidar la democracia».[38] Santiago Carrillo se entrevistó tanto con Adolfo Suárez como con Felipe González para tratar sobre unos posibles acuerdos con tales objetivos.[39]

Después de intensas negociaciones desarrolladas entre el 8 y el 26 de octubre, se formalizaron dos acuerdos. Por una parte, el «Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política», que no fue suscrito por Alianza Popular, contemplaba la regulación inmediata de los derechos fundamentales —de asociación política, de reunión, de manifestación, la libertad de expresión—, la reforma del Código Penal, del Código de Justicia Militar y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la modificación de la legislación de Orden Público y la reorganización de los cuerpos policiales. El Gobierno presentó unos documentos iniciales que sirvieron de base a los textos definitivos. En líneas generales, los textos finales ampliaron el ejercicio de derechos y precisaron o limitaron las restricciones formuladas en la propuesta gubernamental.[40] En el mismo sentido, en relación a la reforma del Código de Justicia Militar, se estableció con claridad el «sometimiento a los Tribunales ordinarios de las Fuerzas de Orden Público, cuando actúen en el mantenimiento del mismo».[41]

Uno de los apartados que fue notablemente modificado respecto al documento inicial del Gobierno fue el relativo al orden público. El texto definitivo señalaba que la revisión de la ley de Orden Público sería de vigencia temporal limitada, «dado que una nueva regulación global y sistemática deberá ser en su momento adoptada, en función de las previsiones que figuren en la Constitución». Los cambios a introducir de inmediato debían partir de una «nueva definición de orden público, depurándolo de contenidos no democráticos y asentando su fundamento esencial en el libre, pacífico y armónico disfrute de las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos». Sobre la tipificación del terrorismo, se establecía que «figurará en el Código Penal común, con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales y se operará con los criterios generalmente aceptados en los Convenios internacionales y en los países de Occidente».[42]

El acuerdo de naturaleza política incluyó un apartado dedicado a los medios de comunicación social de titularidad estatal. En él se establecía la creación de un consejo provisional integrado paritariamente por personas designadas por el Gobierno y por parlamentarios de los de los distintos grupos siguiendo el criterio de representación proporcional. Dicho consejo elaboraría un proyecto de estatuto jurídico de RTVE y asumiría provisionalmente «la vigilancia de la objetividad informativa y del funcionamiento general de RTVE». Por otra parte, la Comisión de Cultura del Congreso constituiría una subcomisión para, «conjuntamente con las personas designadas por el Gobierno», proponer «el tratamiento que debe darse a las agencias de noticias, a los demás medios de comunicación social del Estado y a los procedentes de la AISS,[43] incluyendo, respecto a las emisoras de radio, criterios y normas específicas sobre el tratamiento regional de los programas y, en su caso, de los servicios».[44]

Destacan, en relación a las reformas acordadas con carácter urgente, la del Código Penal y, de acuerdo con la proposición de ley presentada por el Grupo Comunista en cuanto se constituyeron las Cortes, las relativas a la despenalización del adulterio y del amancebamiento, la regulación de la expedición de anticonceptivos y la modificación de la edad de la mujer a efectos de la tipificación de los delitos de rapto y estupro. Igualmente, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se estableció la «asistencia letrada del inculpado desde el momento en que se adopte una medida restrictiva de la libertad» y el «restablecimiento de la libre decisión de los jueces respecto a la situación del procesado».[45]

Mucho más extenso era el «Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía», cuyo objetivo era «sanear y reformar la actividad económica» para combatir la crisis y lograr el relanzamiento de la economía, con la voluntad de que «los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales».[46] Los acuerdos fijaban una política de austeridad presupuestaria, de control del crecimiento de la masa monetaria y de contención de los precios y de los salarios. Al mismo tiempo se establecía el compromiso de abordar una serie de reformas en cuestiones de gran importancia como la fiscalidad, la seguridad social y el sistema financiero, y actuaciones de notable calado en las políticas educativas, de urbanismo, suelo y vivienda, agrícolas y energéticas, así como la aprobación de un estatuto de la empresa pública.[47]

La primera reunión sobre unos eventuales pactos se celebró los días 8 y 9 de octubre y en ella fue presentado por el Gobierno un extenso documento que fue objeto de análisis y debate y que dio lugar a un «Resumen de trabajo» elaborado por José Luis Leal, director general de Política Económica, y Ramón Tamames, aprobado por todos los grupos políticos.[48] Según dicho documento, se había alcanzado «una base de entendimiento» en el «diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis».[49] Durante las semanas siguientes se negoció intensamente hasta alcanzar el acuerdo final.

El acuerdo económico partía de la coincidencia en la existencia de tres problemas fundamentales: una aguda tasa de inflación, unas cifras de paro elevadas y un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero, todo ello en un contexto de crisis económica internacional. Y establecía dos grupos de acciones, las dirigidas a «equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo» y las «encaminadas a la realización de importantes reformas». Entre las primeras, se establecía que en 1978 el gasto público se orientaría preferentemente hacia el mantenimiento de la ocupación, con un incremento de los gastos estatales de inversión de un 30% y con transferencias del Estado al seguro de desempleo y a la Seguridad Social —con un aumento de las cuotas inferior a la inflación prevista—. Además, una emisión de deuda pública de 40.000 millones de pesetas se destinaría a la financiación de un plan de construcciones escolares, previendo también un aumento de los ingresos impositivos por la aplicación de la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.[50]

Uno de los puntos de efecto inmediato fue el relativo a la política salarial, con la previsión de un crecimiento máximo de la masa salarial en 1978 del 22% con una posible revisión a partir de junio de ese año si el incremento de los precios sobrepasaba el 11,5% desde diciembre de 1977. Se recomendaba que la distribución de la masa salarial en cada empresa se efectuara de modo que como mínimo la mitad del incremento se distribuyera linealmente. El límite al crecimiento de los salarios se convirtió inmediatamente en lo más visible de los pactos y en objeto de críticas considerando la elevada inflación alcanzada y la práctica consolidada de negociar los incrementos salariales a partir de la inflación pasada y no de la prevista.

Entre las medidas fiscales destacaba la creación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la armonización del impuesto sobre el patrimonio en su estructura al nuevo impuesto sobre la renta y la reestructuración del de sucesiones y donaciones.

Los pactos incluían el compromiso de importantes reformas, en algunos casos con actuaciones también a corto plazo. Así, en la política educativa, junto a la previsión de la creación durante 1978 de 400.000 plazas de EGB, 200.000 de preescolar y 100.000 de BUP,[51] y de la gratuidad de servicios de comedores y transportes escolares en 1979, se fijaba la «democratización del sistema educativo, buscando la participación de todos los sectores y elaborando un estatuto de los centros educativos y del profesorado». Respecto a los centros privados, se procedería a una «revisión profunda del sistema de financiación» con la previsión de la participación de profesores y padres en dichos centros y el control de los fondos públicos. Otro aspecto relevante se refería a la incorporación de «las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales, para todos los niveles educativos obligatorios».[52]

El acuerdo establecía también criterios y directrices en política de urbanismo, suelo y vivienda, partiendo de principios como «que el plusvalor sobre el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad», y que el sector público debía «asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano». En cuanto a la vivienda, se daría prioridad absoluta la construcción de viviendas con destino a la población de menor renta durante 1978 y 1979, aumentando las programadas en 1977, y se adoptarían medidas «para la utilización de viviendas desocupadas».[53]

Amplios capítulos se dedicaron a la reforma de la Seguridad Social conforme a criterios de «creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el funcionamiento de la misma», a la reforma del sistema financiero, y a políticas sectoriales sobre agricultura y pesca, con la «regulación del acceso a la propiedad de la tierra de los arrendatarios», y energía, con la remisión a las Cortes antes de final de 1977 de un «Nuevo Plan Energético, compatible con la necesaria conservación del medio ambiente». También se establecía el compromiso del Gobierno de remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre las empresas públicas, a partir de una serie de criterios entre los que figuraba «la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno ... fundamentalmente a través de sus sindicatos», y el establecimiento de «cauces de consulta a los consumidores o usuarios» para la elaboración de sus políticas.[54]

Los negociadores comunistas no lograron que se incluyera explícitamente en el acuerdo la elaboración de un Código de Derechos de los Trabajadores que estableciera los principios básicos de las relaciones laborales, en particular el derecho al trabajo, el derecho de organización y representación colectiva, el derecho a la negociación colectiva, los derechos sindicales y los derechos sociales.[55]

El anuncio de la firma de los pactos causó un cierto desconcierto entre la militancia comunista. Se trataba de la primera decisión de gran relevancia en la actuación del partido en las instituciones adoptada sin que los militantes dispusieran de una amplia información y sin debate, más allá de la cúpula de la organización. Era una primera y significativa expresión de los cambios que comportaba la actuación en un nuevo escenario político, en el que las instituciones tenían un papel central, más acusadamente al tratarse de una etapa constituyente. Además, era una clara expresión de que el PCE no quería ser solamente un partido testimonial o únicamente de oposición.

La dirección comunista no tuvo ninguna duda sobre la conveniencia de firmar los acuerdos de la Moncloa; al contrario, consideró que significaban el reconocimiento de lo adecuado de la política de concentración democrática y de la propuesta de formar un gobierno de tal carácter. En el mitin de clausura del IV Congreso del PSUC, Santiago Carrillo afirmó que «a los comunistas no nos ha costado ningún trabajo ir a la Moncloa», porque «nosotros hemos dicho que en este país hacía falta una política de amplio consenso democrático para garantizar las libertades, estabilizar la democracia y hacer frente a la crisis económica». Los Pactos de la Moncloa eran «la confirmación de que los comunistas teníamos razón». El PCE había sostenido desde las elecciones de junio «que el gobierno de la UCD minoritario en las Cortes y más todavía en el país, no podía hacer frente a los problemas de cambio de sistema político y de la crisis económica».[56] El Partido Comunista había firmado también los pactos porque, para su secretario general, el país atravesaba una situación de crisis, y si la economía se hundía, «los grandes capitalistas tendrían siempre reservas para vivir y salvarse», pero, en cambio, los trabajadores serían los primeros en sufrir esta situación; por ello «somos nosotros los primeros interesados en que la economía del país no se hunda».[57]

Pero la firma del pacto no se debía sólo a la gravedad de la crisis. Para Ramón Tamames, puesto que se iba «a seguir en una economía de mercado», ya que «la correlación de fuerzas, hoy por hoy, está a favor de un sistema capitalista», el PCE se proponía «democratizar la economía, las instituciones donde se adoptan las grandes decisiones que a todos nos afectan, y repartir justamente la carga tributaria, haciendo que cada uno contribuya en función de sus posibilidades». Y todo ello estaba «recogido en los acuerdos de la Moncloa», por lo cual al PCE no le inquietaba «en absoluto lo que algunos pretendidos extremistas de la izquierda puedan imputar a los pactos que han suscrito todas las fuerzas parlamentarias».[58]

Santiago Carrillo hacía una valoración aún más positiva de los pactos. En una entrevista publicada en Nuestra Bandera, afirmaba que contribuían a «crear las condiciones para el advenimiento de una democracia político-económica». Los Pactos de la Moncloa no eran «más que un principio de evolución en este sentido», pero ese principio podía crear «una dinámica política y económica en el país que permita avances mayores en esa dirección». En resumen, «si se parte del principio de que nuestra concepción de marcha hacia el socialismo es una concepción democrática, todo lo que sea desarrollar controles democráticos sobre aspectos fundamentales de la economía, objetivamente puede abrir el camino hacia esa primera etapa que hemos previsto de marcha hacia el socialismo y que hemos caracterizado como una democracia política y social». Era por todo ello que los acuerdos habían provocado «una reacción tan hostil en ciertos medios económicos y empresariales, lo que podríamos llamar el búnker económico».[59]

Pero algunas voces apuntaron muy pronto algunos problemas del texto de los acuerdos y realizaron valoraciones más matizadas. Así, Julio Segura, también en Nuestra Bandera, señaló que en el documento faltaba atención a la necesaria reestructuración global del sistema productivo español, puesto que «si se admite, como parece indiscutible, que el problema del paro va a pesar sobre la clase obrera española durante varios años, sólo una profunda reconversión productiva a medio y largo plazo puede tratar de hacer frente al mismo». Por otra parte, destacaba que «los calendarios de aplicación [de los Pactos] son escasísimos» y aunque el plazo final para todos los compromisos adquiridos en materia legislativa era diciembre de 1978, parecía también evidente «que haber señalado plazos más cortos y progresivos en los distintos temas habría constituido un apreciable instrumento de control en manos de la izquierda». Trascendiendo la cuestión, Segura apuntaba también una importante debilidad de los partidos de izquierda: «Su reciente paso a la legalidad no ha permitido todavía crear el aparato de apoyo y elaboración técnicas preciso para hacer frente a una situación en que hay que plantear alternativas, no sólo globales, sino fundamentalmente desagregadas y detalladas, en sus aspectos legislativos y de aplicación concreta».

En una valoración global, Julio Segura sostenía que «el pacto no garantiza la democracia, pero sí supone el aislamiento político de las fuerzas partidarias de una involución». El pacto tampoco era «un paso fundamental hacia la transformación socialista porque incluso la política de austeridad propugnada por el comunismo europeo,[60] no constituye un proyecto de transición hacia una sociedad socialista en las condiciones actuales del capitalismo europeo meridional, pero sí es una línea clara de desarrollo de la economía y la sociedad que tiene como fin la limitación de la injusticia y la irracionalidad». El pacto no repartía «favorablemente para la clase obrera la salida de la crisis, porque la economía española es capitalista», pero «sí garantiza logros económicos y políticos fundamentales para los trabajadores que pueden constituir el germen de cambios cualitativos en la formación social española». Por último, el pacto no garantizaba automáticamente la superación de la crisis, «pero, si se cumple, sí asegura un saneamiento trascendental de la economía que posibilite un desarrollo futuro de las fuerzas productivas, y que, adecuadamente encauzado, puede tener un gran poder de transformación». Y si el pacto no era «ninguna de las cuatro cosas señaladas, esto se debe a que la solución definitiva, el socialismo, no es viable aquí y ahora». Pero, para ser realmente «un importante logro político y económico de la izquierda en las condiciones actuales del país», era necesaria una labor de formación y movilización políticas tanto «para cerrar el paso a fáciles demagogias extraparlamentarias que debiliten al movimiento obrero planeándole reivindicaciones inalcanzables» como para «evitar que la oligarquía intente incumplir parte del pacto, dejándolo reducido a sus elementos puramente restrictivos».[61]

Los pactos contenían, por una parte, una política de contención salarial que chocaba frontalmente con la práctica sindical de los años anteriores, consistente en reivindicaciones superiores al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año precedente. Con una previsión de inflación para final de 1977 superior al 22%, era evidente que los pactos podían suponer una pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, aun considerando el cálculo de los incrementos sobre la masa salarial y con una distribución en parte lineal. Así, el primer y más importante efecto de los pactos se manifestó en la negociación de los convenios colectivos que debían renovarse, lo que determinó una notable incomodidad para una parte de la militancia y de los cuadros del partido, en especial los activistas del movimiento sindical, así como en determinadas organizaciones territoriales. Pero, para Julio Segura, lo más negativo para los trabajadores no era la limitación del crecimiento salarial, sino «la incidencia del plan económico sobre el nivel de empleo», porque, entre otras cosas, la restricción monetaria incidiría sobre «muchas empresas ineficientes creadas y mantenidas al calor de la protección pública de la Dictadura, y que han sobrevivido gracias a una financiación anormalmente barata, cuando no fraudulenta, por parte del Estado».[62]

Por otra parte, toda la extrema izquierda convirtió en bandera su rechazo a los Pactos de la Moncloa, denunciándolos como una traición a la clase obrera.[63] Además, inmediatamente se puso de relieve el limitado compromiso con los pactos de la mayor parte de las fuerzas firmantes de los mismos, en especial del PSOE, que los suscribió con desgana al considerar que diluían su política de presentarse como «alternativa de poder», aunque tampoco podía dejar de firmarlos para evitar que su posición fuera considerada excesivamente partidista. UGT, por su parte, los criticó inicialmente aunque, finalmente, les dio también su apoyo pero sin ningún entusiasmo.[64] En el fondo, como ha señalado José M. Marín, una parte importante de los dirigentes socialistas, tanto en el partido como en el sindicato, «pensaban que los pactos respondían a una operación urdida entre el Gobierno y los comunistas, a quienes calificaban de “extraños compañeros de viaje” con el objetivo de debilitar al socialismo en el terreno político y sindical».[65]

La influencia comunista en CC. OO. determinó que éstas dieran su apoyo no sin algunas tensiones internas. Para el Consejo Confederal de CC. OO., los pactos eran inequívocamente positivos y, además, eran fruto de la «firmeza de los sindicatos, especialmente de CC. OO., en su negativa a un pacto social, como pretendía en un primer momento el Gobierno, aunque a la vez se apuntaba la necesidad de exigir su estricto cumplimiento.[66]

En el cumplimiento íntegro de los acuerdos, en su calendario de aplicación y en la interpretación de algunas de sus formulaciones radicaban algunos de los problemas que pronto tuvo que encarar la dirección del PCE. Por una parte, las reformas de mayor calado no podían implementarse rápidamente y menos aún tener efectos a corto plazo. Por otra parte, y en muchos casos, el texto de los acuerdos establecía criterios generales para dichas reformas que podían tener concreciones distintas y, en todo caso, quedaba en manos del Gobierno su elaboración y presentación a las Cortes. Además, desde la patronal se formularon de inmediato críticas muy duras a los acuerdos y se presionó intensamente al Gobierno para que los intereses empresariales fueran tenidos más en cuenta, como interpretaban que correspondía a un gobierno de centro-derecha.[67] Por último, la propuesta comunista de crear una comisión de seguimiento de la aplicación de los acuerdos fue rechazada tanto por el Gobierno y la UCD, que no querían un órgano de fiscalización, como por el PSOE, preocupado por no dejar de ejercer su papel de primer partido de la oposición.

Durante los meses siguientes, la dirección comunista se empleó muy a fondo en la defensa de los pactos, en primer lugar ante la militancia, y pronto empezó a denunciar incumplimientos por parte del Gobierno. Los militantes actuaron conforme a las decisiones adoptadas por los órganos dirigentes, pero aparecieron algunas muestras de malestar que, si bien no tendrían consecuencias inmediatas, irían acumulándose hasta empezar a manifestarse abiertamente.

A un mes de la firma de los Pactos de la Moncloa, Simón Sánchez Montero escribía en Mundo Obrero que se estaba poniendo de relieve que «no todos los firmantes están de acuerdo con él, ni todos lo interpretan de la misma forma, ni todos parecen dispuestos a aplicarlo íntegramente, en todos los aspectos: no sólo aquellos que suponen sacrificios para los trabajadores, sino también los que tienen un acusado carácter democrático». A la crítica sobre la actuación del Gobierno, incluso al hecho de que «algún ministro del Gobierno ha expresado públicamente sus reservas hacia el Pacto», el veterano dirigente comunista añadía la dirigida a la actitud de los socialistas, cuya «teoría de la “alternativa” lleva a decir: hemos firmado el Pacto, pero su aplicación corresponde al Gobierno que es quien gobierna: el PSOE está en la oposición. Si el Gobierno fracasa, que se vaya, aquí estamos nosotros para sustituirle». Esa teoría podía llevar «a no hacer todo lo posible para lograr el triunfo del pacto, puesto que el fracaso del Pacto puede significar el fracaso del Gobierno».[68] Poco después, Sánchez Montero denunciaba una «ofensiva contra el Pacto de la Moncloa», que agrupaba desde «la gran finanza y la patronal» pasando por varios ministros hasta la extrema izquierda, e insistía en la crítica a la actitud de los socialistas y en la exigencia de su cumplimiento, «pero todo él, no sólo lo que limita las reivindicaciones obreras, sino los numerosos aspectos que benefician a los trabajadores, pensionistas, pequeños y medianos empresarios, etc.».[69]

El cumplimiento de los acuerdos era también objeto de una declaración del Comité Ejecutivo que empezaba denunciando «la maniobra política actualmente en curso encabezada por las fuerzas económicas y políticas más regresivas de dentro y fuera del Gobierno, encaminada a vaciar de contenido los acuerdos como forma de hacerlos inviables». Igualmente, la declaración de la dirección comunista criticaba «la forma unilateral en que el Gobierno ha interpretado y aplicado hasta ahora el Pacto de la Moncloa», consecuencia de «la contradicción existente entre el contenido unitario y democrático de los acuerdos y el carácter minoritario y monocolor del Gobierno». Por ello, el PCE insistía en la necesidad y en la urgencia de «institucionalización de unos órganos consultivos de carácter político, técnico y sindical, con participación del Gobierno, de las fuerzas políticas firmantes, centrales sindicales y organizaciones campesinas y asociaciones empresariales, con el fin de interpretar y aplicar fielmente dicho Pacto». La declaración finalizaba reclamando una reunión del Gobierno con las fuerzas firmantes de los acuerdos y llamando a una reunión conjunta de PCE y PSOE.[70]

En términos parecidos, una declaración conjunta del PCE y del PSUC reclamaba al Gobierno que, conforme a lo acordado, presentara los programas de inversión pública para 1978, las consignaciones definitivamente previstas para el seguro de desempleo y las demás medidas dirigidas a combatir el paro. Igualmente, se demandaba la especificación de «las consignaciones que se harán con destino a la ayuda comunitaria, a fin de empezar a resolver los problemas de desempleo especialmente acuciantes en algunas zonas rurales, por la falta de extensión de la Seguridad Social al campo en este importante aspecto». También se exigía la adopción de las decisiones necesarias para poder incrementar efectivamente la masa global de las pensiones en un 30% a partir del 1 de enero de 1978. Por otra parte, se pedían las fechas de emisión de los 40.000 millones de deuda pública destinados a financiar el programa de construcciones escolares, de publicación del programa de construcción de viviendas sociales para 1978 y 1979 así como el calendario «para hacer efectivos el control de la Seguridad Social, la participación de los beneficiarios en el mismo, y la presencia de los sindicatos en las entidades gestoras, así como en materia de censos de desempleo y oficinas de colocación».[71] En definitiva, el PCE, a la vista de los primeros efectos de los pactos en la negociación colectiva, agravados por decisiones gubernamentales de carácter unilateral sobre la retroactividad de la limitación del crecimiento de los salarios, e incluso de las interpretaciones patronales sobre el concepto de «masa salarial bruta», reclamaba la concreción de las medidas más favorables a los trabajadores.

Como veremos más adelante, la valoración de los pactos y del papel del partido en ellos estuvo continuadamente presente en el debate interno del PCE desde la preparación del IX Congreso hasta la celebración del X.

LA CONSTITUCIÓN

En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, celebrada el 1 de agosto de 1977, fue elegida la ponencia encargada de elaborar el anteproyecto de Constitución. Pero antes de esa elección, el Gobierno había intentado nombrar a un grupo de expertos para realizar dicha labor, lo que encontró el rechazo de toda la oposición obligando a UCD a aceptar que el anteproyecto fuera elaborado por el parlamento. A continuación, se propuso una ponencia de cinco miembros —tres de la UCD y dos del PSOE—, lo que obviamente no fue aceptado por los demás grupos, que reclamaban una ponencia de nueve miembros y con la presencia de todos los grupos parlamentarios. Jordi Solé Tura ha explicado el papel decisivo de Santiago Carrillo para convencer a los dirigentes de UCD y del PSOE del error que supondría dejar fuera de la ponencia a los partidos nacionalistas catalanes y vascos, que sería también un error que no tuviera representación AP, «porque se podría convertir en el punto de referencia de todos los descontentos y de todos los que se oponían al cambio democrático», y que no se podía excluir al PCE, que era el tercer grupo en número de diputados del Congreso. El PSOE admitió inmediatamente la conveniencia de la presencia de un representante de los grupos nacionalistas, cediendo uno de sus dos puestos en la ponencia, pero se resistió a la presencia de todos los grupos por la disputa todavía no concluida con el PSP y Enrique Tierno Galván. Para asegurar la ampliación de la ponencia, Carrillo tuvo que utilizar su capacidad de persuasión con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Rodolfo Martín Villa.[72] Al final, se acordó una ponencia de siete miembros en la que estarían representados UCD, PSOE, PCE, AP y los nacionalistas catalanes y vascos.[73] Dicha composición no reflejaba la proporcionalidad de los grupos del Congreso pero sí permitía, como en el pleno de la cámara, formar una mayoría UCD-Alianza Popular, algo «de importancia fundamental para la estrategia del debate posterior»,[74] según Jordi Solé Tura.

Ante el inminente inicio del trabajo de la ponencia, Jordi Solé Tura elaboró una Memoria que contenía la posición comunista, fruto de diversas reuniones[75] en las que participaron miembros de la dirección del PCE y del PSUC, diputados, juristas integrados en un Gabinete de Estudios que funcionó en Madrid y en Barcelona, y técnicos de distintas organizaciones territoriales.[76] Dicho documento reunía, en palabras del dirigente del PSUC, «nuestras previsiones y nuestras expectativas»,[77] y fue la base de su intervención en la reunión de la ponencia del 22 de agosto, cuando cada uno de sus miembros resumió las líneas principales de la posición de su grupo. Por ello, es un documento de sumo interés.

La Memoria[78] partía de la caracterización de la situación política, después de unas elecciones celebradas «en unas condiciones precarias, sin un pleno juego de las instituciones democráticas» y con los efectos de cuarenta años de dictadura. Por ello, la correlación de fuerzas expresada en las elecciones debía considerarse provisional; además, «en las zonas más desarrolladas de España los resultados han sido, pese a todos los condicionamientos, muy distintos a los de la España central subdesarrollada», de manera que «fuerzas que a nivel general tienen un peso escaso, son en cambio fundamentales a nivel de nacionalidad o región», lo cual sería decisivo «para la estructuración futura del Estado». Por otra parte, las Cortes elegidas no eran «más que una cuña democratizadora dentro de un sistema de aparatos e instituciones que siguen siendo las del régimen franquista», por lo que era necesario «emprender un desmantelamiento efectivo y eficaz de los restos institucionales del régimen franquista, tanto a nivel de la administración central como de la administración provincial y local, llevando a todos estos niveles un espíritu y un modus operandi realmente democráticos». Era también necesario redefinir el papel de los «poderes principales del Estado, colocándolos todos bajo el poder supremo de la soberanía del pueblo», así como «abordar la democratización de todos los aparatos del Estado, sin excepción, de manera que ninguno de ellos pueda sustraerse, por reminiscencias de hábitos pasados o por justificaciones tecnocráticas de nuevo cuño, al control supremo de los órganos emanados del sufragio universal».

Para alcanzar tales objetivos era fundamental la Constitución. Una Constitución que definiera un «marco flexible» en el que pudieran moverse «sin mayores obstáculos todas las fuerzas y todos los sectores que respeten el veredicto del sufragio universal»; unas fuerzas que defenderían «distintos proyectos de organización social y económica», unas a favor del «avance hacia el socialismo» y otras de «mantener las estructuras actuales». Por ello, no se debía pretender hacer «una Constitución de corte ideologista», pero sí una Constitución que «haga de la soberanía del pueblo el principio supremo de legitimidad y de referencia y que cree los mecanismos de control suficientes para que esa soberanía no se reduzca a una simple expresión verbal». Y ese «sentido profundo del concepto de soberanía del pueblo» debía permitir el «avance hacia una forma superior de organización social, hacia el socialismo»; este era el sentido que las expresiones «soberanía del pueblo» y «Constitución democrática» tenía para los comunistas.[79]

El PCE optó desde el primer momento por participar en la elaboración del texto constitucional con la voluntad de que los acuerdos que se alcanzaran entre fuerzas distintas se situaran lo más cerca posible de sus posiciones, pero renunciando a defender propuestas estrictamente testimoniales, sin ninguna posibilidad de prosperar dada la composición de la ponencia y, en definitiva, de las Cortes elegidas.

Veamos, a continuación, las propuestas del PCE en cuestiones de particular relevancia. Sobre la forma de gobierno, se mantenía la consideración de que, en el escenario político surgido de las elecciones, la cuestión fundamental no era monarquía o república, sino dictadura o democracia, y que la clave para adoptar una posición definitiva estaba en el papel que se otorgara a las distintas instituciones del Estado. El compromiso necesario respecto a la forma de gobierno sería posible sobre una monarquía parlamentaria, con un jefe del Estado sin otras atribuciones que las que le otorgara explícitamente la Constitución, fundamentalmente de carácter representativo. Si ello no era así, el grupo comunista se reservaría «la facultad de plantear la cuestión de la forma de gobierno y la defensa de la alternativa institucional republicana», tanto en las instituciones como en la sociedad, lo que implicaba que la aceptación de la monarquía realizada antes de las elecciones era condicionada y que podía ser reversible. Sobre la organización del Estado, se reafirmaba el federalismo, como «forma de satisfacer las aspiraciones autonómicas de las nacionalidades y regiones y, a la vez, de asegurar la unidad de estas mismas nacionalidades y regiones en el seno de un mismo Estado», pero, a la vez, se consideraba que el Estado federal era más un punto de llegada que un punto de partida, por lo que la Constitución debía establecer «un sistema amplio y flexible de autonomías que permita a las nacionalidades y regiones que componen el estado español acogerse a ellas de acuerdo con su situación específica y desarrollar ellas mismas su contenido con amplia capacidad de iniciativa».[80]

Especial atención dedicaba la Memoria a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. La propuesta comunista era abrir el título en cuestión —en su propuesta, el título II del texto constitucional— con una declaración general de recepción de los convenios y pactos internacionales ratificados por España, y especialmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y de la Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, considerándolas parte constitutiva de la legislación española. Además, consideraba que debían regularse los derechos y sus garantías de forma extensa y precisa, entre ellos el de huelga, sin limitaciones, el de sindicación, incluidos los funcionarios públicos, o el derecho de divorcio, así como la asistencia letrada al detenido. Debía establecerse claramente la igualdad jurídica entre mujeres y hombres con todas sus implicaciones, así como la mayoría de edad a los 18 años, la abolición de la pena de muerte, la aconfesionalidad del Estado y la libertad de cultos, y la enseñanza pública y gratuita junto al amparo de la libertad de enseñanza. La Memoria propugnaba la afirmación del «principio general de la autonomía y del autogobierno como eje de la dirección política a todos los niveles», de manera que las formas de «democracia de base que la iniciativa popular vaya creando en su práctica colectiva autónoma y descentralizada» pudieran insertarse en las instituciones de la democracia representativa sin necesidad de cambios constitucionales. Y proponía también el reconocimiento de la iniciativa popular, tanto la iniciativa legislativa como el veto popular por vía de referéndum.[81]

Sobre los aspectos socioeconómicos, se proponía el reconocimiento y regulación de la planificación democrática, la función pública de la propiedad, la previsión de los supuestos de expropiación y nacionalización «con el fin de potenciar el sector público en el desarrollo de la economía del país», así como el reforzamiento de derechos sociales.

En el título dedicado a los poderes del Estado, y conforme al modelo federal de organización territorial, la posición comunista era favorable a un Senado como cámara de representación de las nacionalidades y regiones. De no tener ese carácter, se defendería un parlamento unicameral al considerar superflua la existencia de una segunda cámara. Sobre el Congreso se proponía, por una parte, asegurar la proporcionalidad mediante un número suficiente de diputados y circunscripciones con un mínimo de 8-10 escaños para que la elección en muchos casos no se convirtiera en mayoritaria; por otra, reforzar el papel de la cámara en tanto que expresión de la soberanía popular.

Concluida la elaboración por la ponencia del anteproyecto de Constitución, Jordi Solé Tura presentó al Comité Central del PCE un amplio informe sobre el texto, que consideraba que reflejaba «de manera muy aproximada, la correlación de fuerzas real existente en el Parlamento», pero también «el peso enorme de la presión democrática» de la sociedad. Por ello, el proyecto era «más democrático, más avanzado de lo que permite el juego estricto de las fuerzas políticas existentes en las Cortes», por lo que se podía prever que sería «atacado en algunos puntos fundamentales desde la derecha»,[82] lo que obligaría a defender su globalidad sin por ello renunciar a intentar mejorar los aspectos considerados negativos. De hecho, después de la publicación por diversos periódicos y revistas de un primer borrador del anteproyecto de Constitución, se produjeron de inmediato presiones sobre la ponencia, entre ellas las de sectores católicos en defensa de su concepción de la «libertad de enseñanza».

La valoración del anteproyecto era especialmente positiva respecto a los Principios Generales y a la regulación de los derechos y libertades fundamentales. Por otra parte, Solé Tura destacaba la inclusión en el artículo 2 del concepto «nacionalidades», de manera que se abría «el camino para entender de otra manera la unidad de España».[83] En el texto del anteproyecto constitucional, España era definida como un conjunto de pueblos, como un conjunto de nacionalidades y regiones, solidarias entre sí, a las que no se otorgaba sino que se reconocía el derecho a la autonomía. Ello rompía el «centralismo burocrático y esterilizante», que había sido «el instrumento tradicional de poder de las clases más reaccionarias», y creaba «las bases para una convivencia pacífica, solidaria y voluntaria entre todos los pueblos de España». El ponente comunista también destacaba el reconocimiento de la cooficialidad de todas las lenguas españolas así como de las banderas. Igualmente, valoraba muy positivamente la definición del papel constitucional de partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales y asociaciones empresariales como instrumentos fundamentales de representación y ejercicio de las libertades democráticas. Y aunque consideraba que el lugar no era el apropiado, también valoraba favorablemente la definición y el papel asignado a las Fuerzas Armadas, especialmente en cuanto a la exclusión de las Fuerzas de Orden Público de su seno y a su deber de defender el ordenamiento constitucional.[84]

Respecto a los derechos y libertades fundamentales, y conforme a la posición sostenida por el PCE y otros grupos, se habían definido con precisión, lo que era valorado muy positivamente «en un país como el nuestro que no ha conocido nunca un sistema de libertades políticas consolidas y sólo ha podido saber lo que es la libertad en períodos breves que han terminado trágicamente». Por otra parte, se habían incluido nuevos derechos, aunque fuera en sentido genérico, como los relativos a la salud, sobre la tercera edad o relativos al medio ambiente. Pero, en cambio, no se había logrado la abolición de la pena de muerte por el rechazo frontal de UCD y AP; tampoco se reconocía el derecho al divorcio, a pesar de una ambigua referencia a la futura regulación del matrimonio en la legislación civil. Sobre estas cuestiones, Solé Tura formuló votos particulares al texto del anteproyecto. En relación con el aborto, que tampoco figuraba en el texto, el único voto particular fue el comunista; los demás ponentes, según Solé Tura, se habían negado a entrar en la cuestión, los de UCD y AP porque no querían «ni oír hablar» de ello, el ponente socialista y el de CDC porque creían que era algo muy controvertido que podría dividir el país en proabortistas y antiabortistas, desviando la atención de los considerados problemas fundamentales del momento. Aunque tal argumento tenía apoyos incluso en el seno del PCE, Solé Tura defendía que debía abordarse un problema tan grave con rigor y claridad.[85]

Para el ponente del Grupo Comunista era insatisfactoria la redacción del artículo dedicado a la enseñanza, especialmente por el establecimiento de la obligatoriedad de la subvención estatal a la enseñanza privada. También rechazaba la limitación al ejercicio del derecho de huelga, la no inclusión de una referencia explícita a la Organización Internacional del Trabajo, y advertía de presiones muy intensas por parte de la CEOE, que continuarían previsiblemente durante el debate parlamentario, en temas fundamentales como el despido o el lockout patronal.[86]

Respecto a las relaciones entre los poderes del Estado, la valoración del anteproyecto era muy crítica, en especial en lo relativo a la delimitación de las materias de las que entenderían las Cortes, a la regulación de la moción de censura, siguiendo las formas restrictivas de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, y al papel asignado al jefe del Estado en la designación del candidato a la presidencia del Gobierno. Para el ponente comunista, el anteproyecto establecía un predominio del Gobierno sobre las Cortes que seguía el «sistema gaullista francés». Mucho más positivo era el juicio sobre el título dedicado a las autonomías, aunque también aquí había aspectos valorados negativamente. Este título —el VIII— había sido «el principal caballo de batalla en la ponencia», con discusiones muy duras que llegaron a bloquear los trabajos y que llevaron a dejar la cuestión pendiente hasta que estuvieran resueltos los demás problemas del texto y que, finalmente, se aprobó con numerosas reservas y votos particulares. Para Solé Tura, era el título más amenazado del anteproyecto constitucional, por lo que proponía que, pese a sus aspectos negativos que se deberían intentar cambiar, la posición comunista debería partir de su defensa tal como estaba.

Mucho más positiva era la valoración del ponente comunista del articulado dedicado a Economía y Hacienda. Pese a apuntar insuficiencias, el título VI contenía una serie de principios que permitían llevar a cabo transformaciones económicas y sociales dentro del marco constitucional, como la subordinación de toda la riqueza del país, independientemente de su titularidad, a los intereses generales, la posibilidad de reservar al sector público los servicios públicos esenciales o la planificación democrática de la economía. Dichos principios permitían «avanzar hacia transformaciones fundamentales dentro del propio marco constitucional», pero previsiblemente serían también objeto de ataque desde las posiciones más conservadoras.[87]

En función de la opción inicial contraria a cualquier tipo de testimonialismo, el informe rechazaba la formulación de un voto particular sobre la forma de gobierno, considerando que «una batalla hoy por la República sería, pura y simplemente, un acto testimonial minoritario que no nos haría avanzar absolutamente nada» y que «nos desviaría de lo esencial».[88]

Si la valoración global del anteproyecto era inequívocamente positiva, la reserva en el proceso de elaboración y la opción prácticamente obligada a favor del consenso había tenido costes para el PCE, que seguía siendo un partido con una militancia muy numerosa y activa. Por una parte, la mayoría de los militantes, más allá de los órganos de dirección, habían tenido escasa información sobre el texto en elaboración que, en consecuencia, no había sido objeto de debate interno; por otra, la forma de elaborar el texto impedía en buena medida conocer las posiciones defendidas por el representante comunista. Por ello, ante el inicio del debate parlamentario, Solé Tura propuso en su informe al Comité Central que debía organizarse un gran debate público sobre proyecto de Constitución. Para el PCE no se debía limitar la discusión «a un simple debate parlamentario, por muy importante que éste sea y por grande que sea su repercusión», ni debía reducirse a un debate entre especialistas; por el contrario, debía propiciarse «un gran debate popular». Para ello debía empezarse por organizar reuniones de militantes, reuniones sectoriales para estudiar cuestiones parciales del texto, y reuniones públicas para explicar la posición y las propuestas comunistas sobre el texto constitucional. Al mismo tiempo, el partido debía mejorar el trabajo de sus equipos técnicos de cara al debate parlamentario.[89]

Además de los 44 votos particulares del ponente Solé Tura, el Grupo Comunista presentó 36 enmiendas al anteproyecto y otras 79 fueron presentadas individualmente por sus diputados. Entre otras cuestiones, los votos particulares y las enmiendas proponían asegurar la plena igualdad de las lenguas españolas, eliminar las restricciones establecidas para el ejercicio de determinados derechos, como los de reunión, huelga y asociación sindical, eliminar la obligación de subvencionar a la escuela privada, contemplando simplemente la posibilidad de hacerlo, establecer la abolición de la pena de muerte, regular el aborto, asegurar la proporcionalidad en las elecciones al Congreso de los Diputados, limitar los poderes del Gobierno en relación con las cámaras legislativas, suprimir la potestad del jefe del Estado para proponer presidente del Gobierno, y modificar, haciéndola más fácil, la presentación de una moción de censura, eliminar restricciones a las instituciones de los territorios autónomos, y derogar explícitamente todas las Leyes Fundamentales franquistas y aquellas que desarrollaran principios e instituciones de dichas leyes.[90]

Como había pronosticado Solé Tura, la publicación del anteproyecto de Constitución desató fuertes presiones de los sectores más conservadores sobre diversos aspectos sustanciales del texto, especialmente dirigidas al Gobierno y a la UCD, a través de acciones públicas —artículos en la prensa, manifiestos, etc.—, pero también mediante actuaciones fuera de los focos. En ese contexto, en la fase de estudio de las 3.100 enmiendas presentadas al anteproyecto, la ponencia introdujo numerosos cambios en el texto gracias a la suma de votos de los ponentes de UCD y AP, lo que acabó causando el abandono de la ponencia por parte del representante socialista, Gregorio Peces-Barba. Ello determinó que el proyecto final de la ponencia, si bien para el PCE introducía algunas mejoras, en otros muchos aspectos los cambios efectuados eran considerados claramente regresivos. Sin embargo, en el debate del proyecto de Constitución en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas se rompió la «mayoría mecánica» UCD-AP mediante los acuerdos UCD-PSOE, restableciéndose la fórmula que había caracterizado la elaboración del anteproyecto, es decir, intentar el acuerdo más amplio posible y si no podía alcanzarse que fuera AP quien quedara aislada, lo que Gregorio Peces-Barba denominaba «el grupo del consenso en pleno».[91]

El debate del proyecto de Constitución en el pleno del Congreso de los Diputados concluyó el 21 de julio de 1978. En el turno final de intervenciones de los principales dirigentes políticos, Santiago Carrillo afirmó que el valor de la Constitución era que «los ideales de unos y de otros podemos llevarlos a la realidad dentro de ella y respetándola», porque en ella cabían todas las fuerzas políticas democráticas. Y destacaba, por una parte, la construcción de un Estado que recogía «los anhelos profundos de los diversos pueblos de España», de tal manera que «en adelante, cuando hablemos del Estado, tendremos que acostumbrarnos a referirnos no sólo a las instituciones que tienen su sede en Madrid, sino también a las instituciones autonómicas que a partir de la aplicación de esta Constitución van a ser también el Estado en nuestro país». Por otra parte, Carrillo destacó que la Constitución tenía el carácter de un «programa político-social», por lo que sería necesario que «en el futuro los derechos políticos, económicos y sociales que se inscriben en esta Constitución vayan tomando cuerpo, vayan convirtiéndose en realidad», y ello quedaba condicionado a las correlaciones de fuerzas futuras. Y concluyó con una alusión a las calificaciones de moderación que se habían hecho de la posición comunista. Para el secretario general del PCE, «nuestra moderación ha sido, sobre todo, sentido de la responsabilidad; ha sido producto de que sabemos, de que conocemos los factores que están jugando en este país; de que somos conscientes de que el país está representado aquí, pero que el país está también fuera de aquí y que hay factores difíciles de controlar desde aquí»,[92] una alusión inequívoca a lo que se denominaba en aquel momento los «poderes fácticos» y al «ruido de sables».

La Constitución fue aprobada finalmente por el Congreso el 21 de octubre con el voto a favor de todos los diputados comunistas. Sólo se emitieron seis votos en contra —cinco de AP y el del diputado de Euskadiko Ezkerra— y 14 abstenciones —de AP, PNV y ERC—. El PCE realizó una intensa campaña para promover el voto afirmativo en el referéndum convocado para el 6 de diciembre. En ella explicó los motivos para votar favorablemente el proyecto constitucional así como sus contribuciones más destacadas, sin dejar de lado la crítica a los aspectos menos satisfactorios del texto. En la explicación pública, los dirigentes y militantes destacaron los derechos y libertades reconocidos, remarcando los cambios introducidos a partir de las enmiendas del Grupo Comunista —coincidentes en algunos casos con las de socialistas y nacionalistas—, entre ellas la eliminación de condicionantes y restricciones al ejercicio de derechos como el de huelga y el de asociación sindical —en estos dos casos singularmente por la insistencia de los diputados comunistas, puesto que el PSOE daba por buena la redacción del anteproyecto—. También se había logrado finalmente la fijación de la mayoría de edad a los 18 años y la abolición de la pena de muerte. La propuesta comunista sobre el aborto había sido rechazada por la oposición frontal de UCD y AP y la abstención de las demás formaciones, aunque la redacción final del texto no cerraba la puerta a la aprobación de una futura ley para regularlo. El divorcio quedaba a la espera de una ley futura, pero sin obstáculos constitucionales.

De la Constitución, el PCE también valoró favorablemente la creación de la figura del Defensor del Pueblo y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Igualmente valoró positivamente la forma como quedaban finalmente establecidos los poderes del Estado, con la eliminación de una lista cerrada de materias sobre las que podrían legislar las Cortes. Entre los aspectos considerados insatisfactorios, destacaba la composición del Congreso, que desfiguraba el sistema proporcional, y especialmente del Senado, que en el anteproyecto tenía el carácter de cámara de las nacionalidades y regiones, y que en el texto definitivo quedaba como una segunda cámara sin atribuciones específicas. Jordi Solé Tura batalló hasta el final para que mantuviera su primitivo carácter, el único que consideraba coherente con el Estado autonómico que diseñaba la Constitución, pero no tuvo en esta cuestión el apoyo socialista, aunque Gregorio Peces-Barba compartiera la posición del diputado del PSUC.[93] En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, Solé Tura argumentó que «si realmente vamos a construir un sistema político basado en las autonomías, en la generalización de las autonomías», sólo tenía sentido una cámara representativa de las Comunidades Autónomas. Una segunda cámara sin ese carácter o sería una duplicación del Congreso y «una pérdida de tiempo en el terreno legislativo», a no ser que lo que se pretendiera fuera «establecer frenos y contrapesos a la actividad del Congreso de los Diputados, que es, según reza el texto [constitucional], el que representa la soberanía del pueblo».[94]

Precisamente la valoración comunista era especialmente positiva en lo relativo al reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que iba más lejos que cualquier texto constitucional en la historia española. La redacción final del artículo 2 de la Constitución había sido especialmente difícil, pero la incorporación del concepto «nacionalidades», solamente con la oposición de AP, suponía un paso de «proporciones históricas para llegar a una nueva concepción de España y de su unidad». El título VIII, pese a sus deficiencias, establecía un nuevo modelo de organización del Estado español «basado en la autonomía y el autogobierno de todos los pueblos que forman España».[95]

Sobre la redacción final de los artículos relativos a la educación, la posición comunista era que el texto definitivo era fruto de un compromiso equilibrado, que sólo había sido rechazado por AP, y que aseguraba la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, así como el papel esencial de la escuela pública, si bien reconocía el derecho de creación de centros docentes por parte de personas físicas y jurídicas bajo el control de los poderes públicos, centros que podrían recibir subvenciones del Estado si reunían los requisitos que la ley establecería y en los que profesores y padres de alumnos intervendrían en su gestión. En la cuestión de las relaciones con la Iglesia católica, el PCE se había pronunciado contra la referencia explícita que figuraba en el texto constitucional,[96] pero sin hacer de ello una cuestión fundamental, puesto que consideraba más importante la separación del Estado y la Iglesia y el régimen de libertad religiosa.

La Constitución reconocía «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», si bien comunistas y socialistas habían logrado la desaparición en el texto final de la libertad de despido y del derecho al cierre patronal, defendido por AP y aceptado inicialmente por UCD. Por otra parte, el PCE insistió en la importancia del título VII, que contenía una serie de formulaciones que podrían amparar políticas socializadoras y de planificación económica, incluido el mandado a los poderes públicos para establecer «los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».[97]

Naturalmente, para el PCE la Constitución no era la que habrían hecho los comunistas en solitario o la que habría hecho la izquierda, pero en el escenario español e internacional, «el proyecto de Constitución que una mayoría de izquierdas hubiese hecho tampoco sería demasiado diferente del actual».[98] En definitiva, y utilizando la formulación de Javier Pérez Royo, existía «un modelo europeo de Estado constitucional democrático perfectamente definido».[99] A pesar de que hubiera sido posible una Constitución fruto de una mayoría UCD-AP, el texto aprobado se situaba «más a la izquierda que la correlación de fuerzas estricta surgida de las elecciones del 15 de junio»,[100] aunque no del peso que la izquierda tenía en la sociedad española.[101]

Aun ocupando la elaboración de la Constitución una parte muy sustancial de su actividad parlamentaria, el PCE presentó durante los escasos 18 meses de esa primera legislatura un buen número de proposiciones sobre cuestiones muy importantes que, aunque no prosperaron en muchos casos, como por ejemplo su propuesta sobre una ley de divorcio, contribuían a llevar al Parlamento demandas sociales ampliamente respaldadas y así introducir su debate en las instituciones. En algunos casos, las propuestas comunistas acabaron incorporadas a normas aprobadas por las Cortes. Un caso destacable es el relativo a las primeras elecciones municipales libres. En septiembre de 1977, el Grupo Parlamentario Comunista presentó una proposición de ley para convocar y regular las elecciones municipales que permitieran sustituir a las corporaciones locales franquistas que continuaban en activo. La proposición comunista fue rechazada, pero la ley finalmente aprobada incorporó aspectos esenciales de la propuesta que el PCE defendió con todos sus recursos, como el voto a los 18 años y la elección de los alcaldes por los concejales entre los candidatos que hubieran encabezado las listas presentadas. Esto último hizo posible, cuando se celebraron finalmente las elecciones que el Gobierno retrasó cuanto pudo, que en municipios donde la lista más votada fue la de UCD pero con una corporación con una mayoría de concejales de izquierda —como en Madrid— se eligieran alcaldes socialistas o comunistas.[102]

EN LAS INSTITUCIONES PREAUTONÓMICAS

Los resultados de las elecciones del 15 de junio en Cataluña y en el País Vasco exigieron del Gobierno actuaciones que respondieran a las demandas de autonomía expresadas de forma inequívoca en ambas sociedades y, además, con rapidez. El 25 de junio se constituyó la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña formada por todos los diputados y senadores elegidos por las cuatro provincias. Las candidaturas del PSUC habían quedado en segunda posición (18,2%) detrás de la coalición Socialistes de Catalunya (28,4%) y por delante de la coalición nacionalista Pacte Democràtic per Catalunya (16,8%) y UCD (16,8%).[103] De hecho, hasta la formación del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) en julio de 1978, el PSUC fue el primer partido de Cataluña en votos y diputados, y siguió siéndolo en militantes hasta la crisis de 1981 y, en consecuencia, jugando un papel muy relevante en la política catalana. Con los votos de todos los diputados y senadores, la Asamblea de Parlamentarios aprobó una resolución a favor «del restablecimiento de los principios e instituciones configurados en el Estatuto de Autonomía de 1932», la restauración inmediata de la Generalitat y el retorno de su presidente en el exilio.[104] Sólo sobre este último punto expresó su reserva el diputado de AP y ex ministro franquista Laureano López Rodó. Se aprobaron también por unanimidad otras resoluciones que reclamaban la legalización de todos los partidos, el respeto de los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. La propuesta de resolución que presentó el PSUC reclamaba la amnistía total, es decir, la libertad de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados, la restitución en sus puestos de trabajo de los funcionarios depurados y la readmisión de los trabajadores despedidos por motivos sindicales así como de los delitos «que afectan específicamente a la mujer y que suponen una clara discriminación contra ésta». La Asamblea eligió una Comisión Permanente formada por los dirigentes de los principales partidos políticos; Antoni Gutiérrez Díaz representó a los comunistas.

En respuesta a la iniciativa de las fuerzas políticas catalanas, Adolfo Suárez invitó al presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, a viajar a Madrid para iniciar conversaciones sobre la situación política en Cataluña. Ante la victoria electoral de la izquierda y ante la iniciativa de la Asamblea de Parlamentarios, el presidente del Gobierno buscó un interlocutor aparentemente más cómodo y, al mismo tiempo, trató de limitar el papel de socialistas y comunistas en cualquier solución provisional que pudiera adoptarse. La visita de Tarradellas a Madrid iniciada el 27 de junio abrió una larga, difícil y en diversos momentos tensa negociación, que se prolongó hasta finales de septiembre y que concluyó con los acuerdos que comportarían el restablecimiento provisional de la Generalitat y la derogación de la ley franquista de abril de 1938 que suprimió el Estatuto de Autonomía. Los representantes del PSUC, en ocasiones junto a los otros partidos, en particular los socialistas, pero a veces prácticamente en solitario, se opusieron tanto a las propuestas iniciales del Gobierno de Suárez, de alcance muy limitado, como a las pretensiones de Tarradellas, por una parte de actuar como único interlocutor catalán con el Gobierno, y por otra, de dejar en un muy discreto segundo plano a los representantes elegidos en junio.[105]

El acuerdo final exigió concesiones de todas las partes. El PSUC defendió hasta el último momento que la Asamblea de Parlamentarios ejerciera de parlamento provisional para que la presidencia de la Generalitat y el Consell Executiu estuvieran sujetos a los representantes legitimados por el voto popular. Finalmente, la Asamblea de Parlamentarios no formó parte de la institución restaurada, aunque se estableció que el Consell Executiu de la Generalitat sería designado «de acuerdo con los diputados y senadores de Cataluña», que además serían «informados y consultados periódicamente» sobre la actuación de la Generalitat provisional. Se estableció también la presencia en el Consell Executiu de los máximos dirigentes de las principales formaciones políticas.[106] Venciendo las últimas resistencias tanto del Gobierno como de Tarradellas, se acordó la formación de un Consejo de la Generalitat que reflejara los resultados electorales, por tanto, con una mayoría de izquierda y con una importante presencia comunista. Antoni Gutiérrez Díaz, recién elegido en octubre secretario general del PSUC, sería designado consejero político y Ramón Espasa ocuparía la consejería de Sanidad, donde protagonizó algunos episodios tensos con Tarradellas. La presencia comunista en el gobierno de la Generalitat provisional resultó inquietante para diversos actores políticos y sociales, pero la fortaleza del PSUC la hizo inevitable.

Muy distinto fue el papel del PC de Euskadi-EPK. Sin parlamentarios elegidos y con un porcentaje electoral muy reducido —4,5% de los votos en las tres provincias y el 2,4% en Navarra—, el Partido Comunista de Euskadi quedó fuera de la Asamblea de Parlamentarios, formada el 19 de junio, y no tuvo presencia en el Consejo General del País Vasco, constituido el 17 de febrero de 1978 bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial e integrado por representantes del PSE-PSOE, PNV y Euskadiko Ezkerra (EE).[107]

El restablecimiento de la Generalitat primero y la constitución del Consejo General Vasco meses después impulsaron decisivamente el autonomismo en el conjunto de España. Ya el comunicado del 2 de julio de 1977 que daba cuenta de las conversaciones entre Suárez y Tarradellas decía que la autonomía debía «ofrecerse a todas las regiones españolas, sin que las formas concretas de las mismas hayan de ser uniformes, pues, en todo caso, han de respetarse las peculiaridades sociológicas e históricas de todos los pueblos españoles, dentro de la irrenunciable unidad de España».[108]

Como hemos visto anteriormente, el PCE defendía una organización federal de España que garantizara la autonomía de las nacionalidades y regiones. Por otra parte, la identificación del centralismo con la dictadura y de la autonomía con la democracia se había consolidado en los años anteriores y la reivindicación de autogobierno figuraba destacadamente en los programas de los organismos unitarios del antifranquismo que convergieron en Coordinación Democrática, aunque con diferencias notables entre las distintas regiones. Por una parte, Galicia había refrendado un Estatuto de Autonomía en 1936 que el inicio de la guerra civil dejó sin posibilidad de aprobarse. Por otra parte, la reivindicación autonomista tenía raíces lejanas más o menos fuertes en muchas regiones y esa coyuntura propició que incrementara sus apoyos sociales, alimentados a veces por actitudes de mimetismo con respecto a Cataluña y el País Vasco o temerosas de que éstas obtuvieran un estatus privilegiado.

A lo largo de 1978 se establecieron instituciones preautónomicas en muchas regiones españolas a partir de los parlamentarios elegidos. El PCE estuvo presente en juntas y consejos en aquellas regiones donde había obtenido representación parlamentaria (Andalucía, 11,3% de los votos en las elecciones del 15 de junio, Asturias, 10,4%, y País Valenciano, 9,1%), coincidentes con las regiones con mayor implantación del partido.

El 6 de agosto de 1977 se constituyó el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano para avanzar en la consecución de la autonomía, lo que fue masivamente reivindicado en la manifestación del 9 de octubre en Valencia —en la tradicional conmemoración de la entrada en la ciudad de Jaume I—. El Plenario de Parlamentarios acordó iniciar negociaciones con el Gobierno para establecer un régimen preautonómico, lo que se materializó en marzo de 1978. El 10 de abril se formó el Consell del País Valencià como órgano preautonómico integrado por miembros de todos los partidos parlamentarios, presidido por José Luis Albiñana, del PSPV-PSOE, y del que formó parte el diputado comunista por Valencia Emerit Bono como consejero de Transportes y Bienestar Social, sustituido meses después por José Galán.

En Sevilla se constituyó la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía el 12 de octubre de 1977, acordando solicitar al Gobierno el establecimiento de un régimen de preautonomía, demanda respaldada por multitudinarias manifestaciones celebradas el 4 de diciembre, fecha de celebración del Día de Andalucía hasta su sustitución por el 28 de febrero, después de la aprobación del Estatuto de Autonomía. En abril de 1978 se aprobó la creación de la Junta de Andalucía y el 27 de mayo se constituyó su Consejo Permanente, presidido por el socialista Plácido Fernández Viagas, integrado por miembros de PSOE, UCD y PCE. Tomás García, diputado por Málaga, fue el representante comunista al que fue confiada la consejería de Industria.

Algunos meses después, en septiembre de 1978, se creó el Consejo Regional de Asturias y su constitución se formalizó el 10 de noviembre, presidido por el socialista Rafael Fernández. El histórico dirigente del PC asturiano Horacio Fernández Inguanzo ocupó, en sustitución de Dolores Ibárruri, la representación comunista en el Consejo al frente de la consejería de Sanidad y Seguridad Social.

En las demás regiones donde se constituyeron instituciones preautonómicas antes de la aprobación de la Constitución —Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, además de Galicia—, el PCE no tuvo representación en las nuevas instituciones por su reducido apoyo electoral, pero dio su apoyo a las demandas de autonomía y participó en actos y en manifestaciones. En el caso de Murcia, en el que se otorgó representación a los principales partidos que no habían obtenido escaños en la circunscripción, el PCE participó en el Consejo Regional con un representante, Agustín Sánchez Trigueros, líder regional del partido.

LAS ELECCIONES DE 1979

Aprobada la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 y disueltas las Cortes, se convocaron elecciones generales para el día 1 de marzo y municipales para el 3 de abril. En 1978 se habían celebrado dos elecciones parciales al Senado para elegir un senador en Alicante y otro en Asturias. En esta última comunidad, la renuncia del senador comunista Wenceslao Roces, elegido en la candidatura Por un Senado Democrático propiciada por socialistas, comunistas y demócrata-cristianos, y en Alicante el fallecimiento del senador socialista Julián Andújar, obligaron a la convocatoria de elecciones para ocupar los escaños vacantes. No se repitieron las coaliciones que proliferaron en las elecciones de junio de 1977 y cada partido presentó a su candidato. En Asturias, el PCE presentó a Horacio Fernández Inguanzo, su dirigente más emblemático, el Paisano, homenajeado en la canción de Víctor Manuel, que obtuvo el 23,2% de los votos; en Alicante, el candidato comunista Salvador Forner logró el 16,4% de los sufragios.[109] En ambos casos, el resultado comunista fue notablemente superior al obtenido en dichas circunscripciones por las candidaturas al Congreso diez meses antes, lo que fue valorado muy satisfactoriamente y además alimentó las expectativas de una mejora sensible del apoyo electoral en unas futuras elecciones generales. A la vista de dichos resultados algunos analistas consideraron que «el avance en términos absolutos del PCE y relativos de AP, tiende a dirigir la configuración del sistema de partidos hacia el multipartidismo, aunque quizá con carácter restringido puesto que prácticamente solo cuatro partidos dominan el panorama electoral».[110]

Sin embargo, ni el anterior pronóstico ni las expectativas comunistas de una mejora sustancial de los resultados electorales se cumplieron en las elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979, aunque tampoco el PSOE logró la victoria, en algunos momentos considerada muy probable, ni UCD incrementar su mayoría electoral y parlamentaria.

Para el PCE, les elecciones convocadas después de la aprobación de la Constitución habían de permitir apreciar si la política seguida, con un bajo perfil de oposición a la UCD en aras a la configuración y consolidación de la democracia, erosionaría los apoyos populares o, contrariamente, dicha política permitiría el crecimiento que Santiago Carrillo consideraba indispensable para poder jugar un papel mucho más decisivo en la política general. Lo primero no ocurrió, es decir, las virulentas críticas de la extrema izquierda, especialmente con relación a los Pactos de la Moncloa, y el malestar social en aumento por los efectos continuados y agravados de la crisis económica no se tradujo en una fuga de votos hacia opciones con planteamientos más radicales, aunque el avance logrado por las candidaturas del PCE fue modesto.

El Comité Central reunido en los días 13 y 14 de enero aprobó el programa con el que el PCE concurriría a la cita electoral. Con la Constitución en vigor, la nueva legislatura tendría entre sus más importantes tareas aprobar «las leyes imprescindibles para la aplicación efectiva de los principios constitucionales». Para ello, el PCE presentaba un completo programa que tenía sus piezas maestras en sus propuestas sobre la «reforma del Estado», para que «su estructura y funcionamiento» fueran «verdaderamente democráticos, al servicio del pueblo». Entre las reformas propuestas, figuraban las relativas a las Fuerzas Armadas y a la Policía. En el caso de las primeras, el programa comunista ponía el acento en que «el contenido de la Constitución impregne el trabajo de formación en sus Academias y en sus centros de actuación». Igualmente, la democratización del Estado exigía especialmente «la de sus servicios de seguridad, hasta lograr su plena identificación con el nuevo orden democrático para hacer posible su más entusiasta defensa». También se proponía la reforma de la función pública, para hacerla responsable y eficaz, y para «garantizar a los funcionarios, en materia de sindicación y negociación, los mismos derechos de los demás trabajadores». Era también imprescindible una profunda reforma del poder judicial, incluyendo la creación de la institución del jurado.[111]

El PCE defendía de forma clara el modelo de organización territorial del Estado consagrado en la Constitución y se comprometía a promover y defender en las Cortes los estatutos de autonomía que afirmaran «la personalidad de cada nacionalidad o región, dotándola de instituciones sólidamente democráticas», que acercaran a los ciudadanos «los centros de decisión», propiciaran «la participación popular en la vida política» y fomentaran «la solidaridad y la colaboración entre todos los pueblos de España, luchando contra las dificultades y desequilibrios económicos y respetando la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos».

Conforme a los anteriores criterios, el PCE se comprometía a defender los Estatutos de Cataluña y País Vasco ya presentados,[112] a promover, de acuerdo con todas las fuerzas democráticas, los estatutos de las distintas regiones, acelerando el de Galicia, y, al mismo tiempo, a apoyar los traspasos de competencias efectivas a los órganos preautonómicos. Por último, se comprometía también a promover la legislación necesaria para la financiación de las autonomías y sobre el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial, que debía plasmar eficazmente el principio de solidaridad entre los pueblos de España «y que ha de permitir la lucha más eficaz contra los desequilibrios económicos».[113]

Como hemos visto anteriormente, el PCE valoraba muy positivamente el conjunto de derechos y libertades que figuraban en la Constitución pero era muy consciente de que, en la nueva etapa que se abriría después de las elecciones a Cortes, habría que «convertir esos derechos y libertades en realidades concretas», que mejoraran efectivamente «las condiciones de vida de los trabajadores y la población en general». En este capítulo presentaba una batería de propuestas legislativas, desde la regulación de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a la del habeas corpus. También se comprometía, nuevamente, a promover una «regulación democrática del divorcio» de acuerdo con la proposición de ley ya presentada, que contemplaba el mutuo acuerdo, así como una política de planificación familiar y una ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

El programa electoral comunista dedicaba un apartado a la «liberación de la mujer» que iba más allá de formulaciones generales sobre la igualdad mediante propuestas de notable concreción. Así, además de la defensa del principio de igualdad en el salario y las condiciones de trabajo, proponía la promulgación de leyes que penalizaran «la discriminación por razón de sexo, en lo relativo a las condiciones de acceso, promoción y remuneración». En el ámbito educativo, las propuestas iban también más allá de una retórica defensa de la igualdad propugnando la transformación del «contenido y lenguaje de la enseñanza, para que no se inculque desde la infancia la falsa conciencia de la inferioridad de la mujer». El capítulo educativo proponía la prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años —algo que no se alcanzaría hasta más de una década después—, la creación de puestos de educación preescolar y la construcción de centros escolares, y se comprometía a promover la participación «como garantía de una escuela democrática y de mayor calidad». Por otro lado, y en consonancia con la posición de evitar un conflicto sobre la cuestión religiosa, consideraba que debía garantizarse el derecho a la enseñanza religiosa si los padres lo solicitaban y aceptaba subvencionar «a los centros privados que se comprometan a dar enseñanza totalmente gratuita y a aceptar el control democrático».[114]

En la parte del programa de contenido institucional, el PCE anunciaba la presentación de una proposición de ley para desarrollar las normas constitucionales sobre la composición del Congreso de los Diputados para asegurar la efectiva representación proporcional, desvirtuada por el decreto ley de marzo de 1977.[115]

Frente a la grave crisis económica y sus consecuencias sociales, el programa comunista proponía una política que configurara un «nuevo modelo de desarrollo», partiendo de nuevas funciones del sector público y de la «planificación democrática» de la economía. En síntesis, se proponían políticas keynesianas acompañadas de un reforzado papel del Estado. Así, el programa proponía una ampliación «sustancial» del sector público, la aplicación rigurosa de la reforma fiscal, un programa de inversiones públicas, planes integrales de reconversión de los sectores industriales en crisis, una «reforma democrática de la agricultura», el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y políticas para combatir el desempleo, que iban desde la «incautación de empresas con expediente de crisis fraudulento para pasar a un régimen tutelado por el Estado» a planes de empleo juvenil y a jubilaciones anticipadas.[116]

La reforma de la Seguridad Social, rechazando toda política privatizadora, la creación del Servicio Nacional de Salud, el incremento de las pensiones, y propuestas sobre la ordenación del territorio y vivienda completaban el programa presentado a los electores, junto con la propuesta de un Estatuto de los Trabajadores para que «la democracia penetre en las empresas», haciendo «efectivos los derechos básicos de los trabajadores y su ejercicio en los centros de trabajo» y a la vez «reconociendo y ampliando las competencias de los Comités de Empresa» y reconociendo las secciones sindicales. El PCE proponía también una Ley de Negociación Colectiva, que incluyera a los trabajadores de la Administración Pública, y daba apoyo a la reclamación del patrimonio sindical formulada por CC. OO.[117]

En política internacional, el programa comunista confirmaba la política de no alineamiento y, por tanto, la oposición al eventual ingreso español en la OTAN, así como el apoyo a los pueblos saharaui y palestino. En este último conflicto, el PCE defendía el no reconocimiento del Estado de Israel en tanto no cumpliera las resoluciones de las Naciones Unidas.[118]

Tanto el programa político del PCE como el socioeconómico deberían llevarse a cabo mediante «una política de concentración democrática y un gobierno de mayoría de signo progresista». Por tanto, no se propugnaba un gobierno de izquierda siguiendo el «programa común» francés, sino más bien un «compromiso histórico» a la española de muy improbable aceptación por los interlocutores fundamentales para llevarlo a cabo, el PSOE que se mantenía en su «alternativa de poder» y en su voluntad de reproducir en España el sistema de partidos más extendido en el norte de Europa, con la socialdemocracia como referente casi único de la izquierda, y una UCD que estaba moviéndose hacia posiciones más derechistas.

Con una participación electoral sensiblemente inferior a la registrada en las elecciones de 1977 (el 68,04% del censo frente al 78,83% el 15 de junio), las candidaturas comunistas fueron las que tuvieron un mayor incremento de votos, 226.581, logrando 1.938.487 en total, el 10,77% de los sufragios y 23 diputados. El PSOE también mejoró su resultado (30,40% de los votos), pero sin lograr sumar los sufragios obtenidos en las primeras elecciones por las candidaturas del PSP y otros grupos socialistas, ahora incorporados al PSOE.

Excepto en Cataluña, las candidaturas comunistas incrementaron sus votos en aquellas comunidades donde había obtenido los mejores resultados en 1977, en cuatro de ellas con porcentajes superiores al 12% de los votos: Asturias, 13,7%; Madrid, 13,4%; Andalucía, 13,3%; y País Valenciano, 12%. En Andalucía, los porcentajes más altos fueron los de Córdoba (19,1%, igualando el de Barcelona), Sevilla (16,2%), Jaén (12,9%), Málaga (12,8%), Granada (12,6%) y Cádiz (10,6%). Así, dos de los tres nuevos diputados comunistas procedían de Andalucía, de Jaén y Granada. El tercer diputado comunista lo aportó Valencia, con un segundo escaño logrado con el 13,4% de los votos. Los incrementos en las demás circunscripciones no fueron suficientes para aportar más escaños e incluso hubo algún leve retroceso. Los peores resultados fueron de nuevo los de Navarra (2,2%), La Rioja (3,5%), Canarias (3,7%), Galicia (4,1%), País Vasco (4,6%), Castilla y León (4,8%) y Melilla (4,5%). El crecimiento fue notable en Castilla-La Mancha (9,7%), Extremadura (7,7%), Murcia (7,9%) y Cantabria (6,6%), pero sin alcanzar escaño. Sin perder diputados, puesto que el PSUC mantuvo los ocho —siete por Barcelona y uno por Tarragona—, el porcentaje del partido de los comunistas catalanes retrocedió casi un punto (17,4%), con el 19% de los votos en Barcelona, el 14,2% en Tarragona, el 10,6% en Lleida y el 9,4% en Girona. Este retroceso, leve pero no insignificante, ocasionó un vivo debate al que se hará referencia más adelante.[119]

Pocas semanas después, el 3 de abril, se celebraron las esperadas elecciones municipales. El PCE presentó un programa electoral, aprobado en la Conferencia sobre Movimiento Ciudadano y Política Municipal celebrada en enero, en el que explicaba su concepción de la democracia municipal y sus propuestas generales más importantes. Para el PCE, la democracia en los ayuntamientos no debía «limitarse simplemente a que sus Concejales sean elegidos por sufragio universal cada cuatro años»; también debía significar que «todo el poder municipal» estuviera en el Pleno de la Corporación, que debería reunirse en sesiones frecuentes y públicas, «como máxima expresión representativa de los anhelos populares». Por otra parte, para que los ayuntamientos democráticos apreciaran de forma directa y sin intermediarios las aspiraciones de los ciudadanos, en todas las poblaciones a partir de cierto número de habitantes debía «existir la posibilidad de que haya Juntas Vecinales de distritos o de barrios, elegidas democráticamente, para que sea auténtica la descentralización de las funciones municipales, para que muchos aspectos de la vida cotidiana de los vecinos puedan resolverse en su inmediata proximidad con rapidez y flexibilidad». Y para «asegurar la plena y continua presencia de los intereses populares», los nuevos ayuntamientos tendrían que abrir un diálogo fructífero «con las organizaciones del movimiento ciudadano (asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, de jubilados y pensionistas, clubs juveniles, agrupaciones culturales, etc.) que tanto han trabajado y trabajan para mejorar la vida de cada día en los pueblos y ciudades».[120]

Pero para que todo ello fuera posible, los ayuntamientos debían ser autónomos y asumir todo un conjunto de funciones que estaban en manos de otras administraciones. Para ello, deberían «contar con facultades de vigilancia, gestión o participación en todas aquellas cuestiones que más vivamente preocupan a los ciudadanos: urbanismo y vivienda, sanidad, educación, medio ambiente». La asunción de facultades en todas esas áreas sería lo que haría posible «que el poder efectivo pase de los actuales grupos oligárquicos al nuevo poder municipal, como representante de los intereses generales». Todo ello exigía una reforma profunda tanto de la administración municipal como de las finanzas locales para asegurar su suficiencia. Para alcanzar dichos objetivos, el programa comunista propugnaba «la formación de mayorías municipales de concentración democrática» y «la conclusión de acuerdos para la elección del alcalde, en base a programas de gobiernos mayoritarios y de signo progresista».[121]

En las elecciones municipales, el PCE obtuvo los mejores resultados electorales de su historia, el 13,05% de los votos. En Cataluña, el PSUC obtuvo el 20,2% de los sufragios, convirtiéndose en el partido más votado en las comarcas del entorno metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat, Vallés Occidental y Barcelonés, exceptuando la ciudad de Barcelona). En Andalucía, las candidaturas comunistas lograron el 17,8% de los votos; en Madrid, el 16,8%; en Asturias, el 16,3%; en el País Valenciano, el 14,4%, y en Castilla-La Mancha, el 11,3%. Aunque en el programa electoral se proponían gobiernos locales de concentración, el resultado de los comicios determinó la firma de un acuerdo con el PSOE para lograr gobiernos de izquierda en numerosas ciudades de España, lo que permitió la elección de alcaldes socialistas en 23 capitales de provincia, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz, una alcaldía del PCE en una capital provincial, Córdoba, así como numerosas alcaldías comunistas en municipios de la región metropolitana de Barcelona y en municipios andaluces y madrileños. En todo caso, el acuerdo favoreció especialmente al PSOE, que no dudó en firmar un acuerdo indeseado pero necesario tanto para evitar que UCD obtuviera alcaldías importantes, como Madrid, como para gobernar en numerosas ciudades, reforzando su condición de «alternativa de poder».

El acuerdo PSOE-PCE establecía el gobierno conjunto y la elección como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada, lo que beneficiaba al PSOE, pues excepto en muchos municipios de la región metropolitana de Barcelona, en algunas zonas de Andalucía y en el entorno de Madrid, la candidatura de izquierda más votada en la mayoría de las poblaciones era la socialista. Algunos dirigentes comunistas, como Ramón Tamames, consideraron que el acuerdo firmado por Santiago Carrillo y Alfonso Guerra era desequilibrado, puesto que el criterio de dar en todos los casos la alcaldía a la candidatura más votada de la izquierda aseguraba a los socialistas un número muy elevado de alcaldías que debería haberse compensado con algunas excepciones a dicha regla general.[122]

Pero para la mayoría de los dirigentes del PCE, el acuerdo con el PSOE tenía un valor político en sí mismo. Por primera vez después de las elecciones de 1977, socialistas y comunistas alcanzaban un acuerdo político de indudable importancia como era gobernar conjuntamente numerosos municipios en toda España. Dicho acuerdo llegaba después de dos años de relaciones difíciles, con un PSOE que había apostado abiertamente por una dinámica política bipartidista y que había rechazado cualquier acuerdo con los comunistas afirmando continuadamente su opción autónoma. Por su parte, el PCE no había escatimado críticas a los socialistas por tales posiciones. Así, para Mundo Obrero Semanal, con un optimismo que pronto se reveló injustificado, el acuerdo abría «una dinámica unitaria por la base socialistas-comunistas-fuerzas progresistas, en general, por todo lo largo y ancho de España, pueblo a pueblo». Ello era especialmente importante para el PCE, cuya estrategia hacia el socialismo exigía «como paso previo necesario, esta colaboración abierta y pública comunistas-socialistas-otras fuerzas progresistas».[123]

En el informe presentado por Carlos Alonso Zaldívar en la reunión del Comité Central celebrada del 18 al 20 de mayo en Córdoba, se afirmaba que el primer efecto de los resultados de las elecciones municipales fue «romper la actitud que, desde junio de 1977 venía manteniendo el PSOE, empeñado en ignorar y marginar al PCE», actitud que «persistió en la propia campaña electoral, con ambigüedades sobre la necesidad o no de pactar con el PCE». Con el acuerdo PSOE-PCE quedaba demostrado «que todo paso de democratización y progreso requiere, como base, un entendimiento de socialistas y comunistas. Quedaban desautorizadas, pues, las “alternativas socialistas” que ignoran o marginan al PCE».[124]

En las elecciones municipales el PCE capitalizó el papel de muchos de sus militantes en los movimientos sociales, en particular en el movimiento ciudadano, y el factor proximidad favoreció el voto a las candidaturas comunistas.[125] El PCE logró representación en 1.691 municipios que sumaban el 73% de la población española, obtuvo la alcaldía en 326, que agrupaban al 8% de la población española, y participó en el gobierno de otros 604, que sumaban el 50% de la población; en 761 municipios que suponían el 15% de la población estuvo en la oposición.[126] En toda España, incluyendo al PSUC, el PCE obtuvo 4.604 concejales.

Los resultados del PSUC permitieron la obtención de numerosas alcaldías en grandes municipios de la región metropolitana de Barcelona, como Badalona, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Cornellà de Llobregat o Prat de Llobregat, pero también en municipios importantes de comarcas de Tarragona, Girona y Lleida, como Amposta, Flix, Balaguer, Palafrugell o la Seu d’Urgell.[127] En Andalucía, además de Córdoba, fueron elegidos alcaldes comunistas, entre otros municipios de más de 20.000 habitantes, en Puerto de Santamaría, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, Dos Hermanas, Camas, Los Palacios y Villafranca, Coria del Río y Montilla. En Madrid, el PCE logró la alcaldía en municipios del entorno metropolitano de la capital, como Coslada, Ciempozuelos, Mejorada del Campo, Paracuellos, Pinto y San Fernando de Henares. En el País Valenciano, los ayuntamientos de mayor población con alcalde comunista fueron Vall d’Uxó y Sueca. En Asturias, pese el destacado resultado global, la primera posición socialista determinó que el PCE accediera a pocas alcaldías y ninguna en una ciudad, aunque sí en poblaciones mineras como Teverga, Proaza y Quirol, así como en Grado. En el resto de España, el PCE obtuvo algunas alcaldías en municipios con una organización comunista particularmente potente, como en Villablino (León), Montijo y Alburquerque (Badajoz) o Monzón (Zaragoza).

La reunión del Comité Central del PCE celebrada del 18 al 20 de mayo en Córdoba analizó los resultados de las elecciones generales y municipales. El crecimiento electoral en las legislativas había sido modesto, pero significativo, y el peligro de una acentuación del bipartidismo se había alejado, especialmente por los resultados de las elecciones municipales. Carrillo incluso consideró de forma quimérica que «el proceso de socialdemocratización del PSOE, que tanto nos preocupaba con justa razón en todo el período hacia las elecciones generales y en la campaña electoral, ha sido frenado».[128]

Como las demás fuerzas políticas, el PCE daba por acabada la política de consenso y propugnaba «una nueva mayoría de gobierno», que debía fundamentarse en la unidad de la izquierda, pero que debía ir más allá de la izquierda, puesto que en palabras de Santiago Carrillo, «una política exclusiva de unidad de la izquierda hoy nos llevaría a un callejón sin salida».[129] Se propugnaba, por tanto, una mayoría de gobierno de centro-izquierda que necesitaba que UCD optara por una política centrista y de colaboración con la izquierda y que el PSOE abandonara su política de oposición como «alternativa de poder». La propuesta comunista no tenía, por tanto, ningún recorrido, puesto que el PSOE, al margen de los meses de provisionalidad abiertos después del XXVIII Congreso, se reafirmó en su posición y la UCD viró claramente hacia la derecha.

Desde el inicio de la legislatura, resultó evidente que el PCE debería realizar una labor de oposición tanto en las instituciones como en la sociedad a la vista de las políticas gubernamentales, aunque sin perder de vista la debilidad del incipiente sistema democrático, acosado por una violencia terrorista que en 1979 produciría el mayor número de víctimas mortales —118, 78 de ellas de ETA— y por un «ruido de sables» que había dado lugar ya a una primera conspiración golpista, la «operación Galaxia», en noviembre de 1978.

El Grupo Parlamentario Comunista presentó una batería de proposiciones de ley que fueron rechazadas por el pleno del Congreso y, por otra parte, se opuso a la mayoría de los proyectos gubernamentales. En la nueva legislatura, el grupo se vio reforzado por tres nuevos diputados y un gabinete técnico en el que Enrique Curiel ejerció de secretario y que contó, entre otros miembros, con José Luis Núñez, Eliseo Aja, Antonio Kindelán, Diego López Garrido y José Luis Buhigas.[130]

Poco después de constituirse las nuevas Cortes, el Grupo Comunista presentó su proyecto de Estatuto de los Trabajadores, retomando el proyecto de Código de Derechos de los Trabajadores que había defendido en la primera legislatura y que ahora debía aprobarse para desarrollar el texto constitucional. La proposición comunista fue nuevamente rechazada y, como veremos más adelante, el proyecto de Estatuto de los Trabajadores presentado por el Gobierno comportó un duro enfrentamiento del PCE con el ejecutivo —y no sólo en las Cortes— y finalmente también con el PSOE.

Entre las propuestas comunistas, también rechazada, destaca la relativa al aborto. El PCE elaboró un proyecto sólidamente fundamentado y argumentado que no rehuía que «la propuesta de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo levanta una ardua polémica de carácter fundamentalmente moral y religioso». Sin embargo, las opciones contrarias a la despenalización en esta materia, basadas en argumentos éticos y religiosos, «en sí absolutamente respetables», no debían «constituir óbice alguno para el legislador», pues el ordenamiento jurídico consagrado por la Constitución prohibía «la imposición por medio de la ley de pautas o concepciones morales o religiosas a los ciudadanos». Su cumplimiento debía relegarse, por el contrario, «a la conciencia e intimidad de las personas». Más aun, la Constitución vetaba «la imposición de tales pautas o concepciones morales a través de la conminación de la ley penal, por constituir la misma la más radical de las intervenciones del Estado en el ámbito de la libertad del individuo». Para el PCE, al legislador solamente le estaría vetado proceder a la despenalización de la interrupción del embarazo «si tal decisión legislativa comportara una violación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución». A este respecto, consideraba que podía servir de criterio interpretativo el comportamiento del legislador en los Estados miembros del Consejo de Europa, «en los cuales rigen constituciones que reconocen plenamente los derechos fundamentales, cuyos ordenamientos han inspirado la elaboración de nuestra Norma Fundamental y en cuyo ámbito jurídico aspiramos a integrarnos». La mayoría de dichos países, como Francia, Italia, República Federal de Alemania, Austria o Reino Unido habían considerado compatible la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo «no solamente con las normas constitucionales respectivas, sino con normas de carácter supranacionales que vinculan a todos ellos, incluida España, como es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950».[131] La proposición comunista rechazada preveía una ley de plazos, con aborto libre hasta los tres meses en los centros públicos. Una ley con un contenido en parte coincidente con la propuesta comunista no sería aprobada hasta treinta años después, en 2010. Igual suerte tuvo el proyecto comunista de ley de divorcio que, como el presentado por el PSOE, fue rechazado por UCD, apoyada por AP, con el argumento de que presentaría un proyecto propio. Cuando finalmente el Gobierno presentó su proyecto, el PCE, con otros grupos, presentó numerosas enmiendas dado su carácter restrictivo.

A ocho meses de las elecciones generales, la valoración del PCE sobre la situación política española era claramente negativa. En el informe presentado por Santiago Carrillo a la reunión del Comité Central celebrada los días 10 y 11 de noviembre se denunciaba que «desde las posiciones instaladas en los instrumentos de poder, la derecha involucionista ejerce una presión no desdeñable sobre la política general del país», de manera que «los poderes públicos cimentados en la Constitución y salidos de las urnas, pueden parecer a un observador distanciado, poderes en “libertad vigilada”». Para el secretario general del PCE, ello era resultado de un Gobierno débil por carecer de mayoría y de una UCD cuya «derivación hacia la derecha», en lugar de «reforzarla» y «consolidar el proceso de transición», la dejaba «más a merced de la presión de las fuerzas involucionistas». Donde se había manifestado de manera más clara la presión derechista había sido en la política económica y social, con el proyecto de Estatuto de los Trabajadores como ejemplo más significativo, pero la resolución política aprobada por el Comité Central señalaba destacadamente el riesgo de que «el desarrollo de la Constitución» se llevara a cabo «mediante una vía que, al no tener en cuenta suficientemente el pluralismo político de la sociedad española —donde aparte de los dos partidos mayoritarios en el Parlamento, existen fuerzas de la significación e influencia de nuestro Partido, así como los partidos nacionales o regionales—, acabe vaciando de algunos de sus contenidos esenciales a una Constitución cuyo principal valor es el haber nacido del acuerdo entre todas las fuerzas políticas del país».[132]

Carrillo alertó también de que «las mismas fuerzas que han atraído a UCD hacia posiciones de derechas influyeran también sobre el PSOE», puesto que tanto en España como fuera había quienes deseaban «desplazar la política interior y exterior de España hacia la derecha, aunque ello sea nocivo para la democracia, para la misma UCD y, por descontado, para el PSOE», así como «aislar al PCE en la oposición». La primera condición para impedir tal deriva era que «los logros de la unidad de la izquierda no se rompan y en la medida de lo posible se profundice a todos los niveles», lo que obligaba a «criticar internamente posiciones sectarias, actitudes dogmáticas, reflejos también viscerales que se dan en nuestras relaciones con los compañeros socialistas».[133]

Sin embargo, pese a preservarse el acuerdo municipal, las relaciones entre comunistas y socialistas se deterioraron de manera creciente, en particular por las divergencias sobre el Estatuto de los Trabajadores, agravadas por el acercamiento y acuerdo final del PSOE con UCD paralelo a los acuerdos entre la UGT y la CEOE.

Las enormes dificultades para que la política del PCE en todos los ámbitos se abriera camino llevaban a Carrillo a reconocer que ello sólo sería posible «si somos capaces de crear las condiciones de una gran presión social», aunque «una gran presión social no era una acción brillante de un día», sino «una acción permanente en el tiempo, a lo largo de un período que puede ser prolongado».[134]

En una reunión con militantes comunistas con responsabilidades sindicales celebrada algunos meses después, Santiago Carrillo admitió las enormes dificultades que encontraba la política del partido y los escasos resultados obtenidos, pero sosteniendo al mismo tiempo que más que dudar de ella lo que era necesario era «perseverancia y firmeza y una visión no sólo de inmediatez, sino a medio y largo plazo». Debía perseverarse en la búsqueda de acuerdos con el PSOE, porque sin unidad de la izquierda, afirmó, no habría ni democracia ni socialismo. La «revolución de la mayoría» era «un camino largo y duro, con zigzag», y los cuadros y militantes del partido tenían que asumirlo, «armados de paciencia revolucionaria, que no quiere decir resignación y pasividad, sino tenacidad, firmeza y consecuencia».[135]

En definitiva, el PCE estaba en un escenario político, socioeconómico e internacional notablemente desfavorable y con recursos limitados para impulsar sus propuestas, tanto en las instituciones como en la sociedad, todo ello agravado por una tensión interna que había tenido ya algunas expresiones pero que se manifestaría cada vez más intensamente en los meses siguientes.

6

En los movimientos sociales

Los comunistas que actúan en el movimiento sindical, ciudadano, juvenil, deben emplearse a fondo en la tarea de reforzarlos. Nuestra finalidad debe ser que no haya un solo miembro del Partido sin tareas, adaptadas a sus posibilidades y de preferencia, ligadas a un trabajo de masas.

Comité Central del PCE, 1977

Para nosotros, una sociedad democrática requiere no solamente instituciones representativas, sino también un alto grado de organización social en todos los niveles. España entra en la democracia con un capital considerable de movilización y organización sociales de base, que la democracia política representativa debe permitir desarrollar y en ningún caso suplantar.

IX Congreso del PCE, 1978

Se ha afirmado con cierta frecuencia que el PCE abandonó los movimientos sociales que habían impulsado la movilización antifranquista e, incluso, que los desactivó deliberadamente en beneficio de la política de consenso o de primacía de la política institucional. De hecho, se ha convertido en un lugar común la afirmación de que la movilización social de los años finales de la dictadura dio paso, con el establecimiento de la democracia, a la desmovilización.

Sin embargo, los datos disponibles no avalan tales afirmaciones aunque se hayan repetido hasta la saciedad. Ello se puede observar, en primer lugar, examinando la conflictividad laboral. Lejos de producirse la tan reiterada desmovilización después de los Pactos de la Moncloa, convertidos por algunos autores en la expresión más representativa de las renuncias o de las «traiciones» de la izquierda, y en particular del PCE, los datos muestran inequívocamente que la conflictividad se mantuvo elevada en 1978, el año de vigencia de los pactos, y alcanzó su máximo en 1979, y no disminuyó significativamente hasta el inicio de la década de los años ochenta. Otra cosa es que, en una coyuntura económica muy distinta a la de los años precedentes, la movilización obrera tuviera un carácter mucho más defensivo que ofensivo, defensivo en primer lugar de los puestos de trabajo y del poder adquisitivo de los salarios, y que, por otra parte, perdiera la naturaleza política antidictatorial.

Conflictividad laboral 1976-1980

Año

Huelguistas

Horas no trabajadas

1976

3.638.957

110.016.240

1977

2.317.026

92.572.050

1978

3.633.004

128.738.478

1979

5.752.304

171.067.049

1980

2.461.061

108.625.662

Fuente: Juan Antonio Sagardoy y David León Blanco, El poder sindical en España, Planeta, Barcelona, 1982.

No disponemos de datos similares para el movimiento ciudadano, pero no parece tampoco sostenible la explicación de una desmovilización general y, mucho menos, inducida por el PCE. Más bien al contrario, la definitiva deslegitimación de las corporaciones municipales franquistas después de las elecciones generales de junio de 1977, que tuvieron una lectura en clave local, comportó que allí donde el movimiento vecinal había alcanzado en los años anteriores una notable capacidad de movilización se mantuviera muy activo para evitar que los ayuntamientos franquistas tomaran decisiones que hipotecaran el futuro, o para exigir soluciones a graves problemas tanto relativos a déficits urbanísticos como de servicios sociales. Y allí donde el movimiento había sido muy incipiente, en el período posterior a las elecciones se desarrolló de forma más vigorosa. Por otra parte, en algunos grandes y medianos municipios se crearon comisiones municipales de partidos políticos, con objetivos al menos en parte coincidentes con los de las asociaciones de vecinos.

Las elecciones municipales de abril de 1979 supusieron el cambio político en el ámbito local. Dirigentes y activistas del movimiento vecinal formaron parte de candidaturas, en particular del PCE, aunque también del PSOE y de grupos de la izquierda radical, y muchos resultaron elegidos. Allí donde la izquierda obtuvo mayoría para gobernar, las demandas del movimiento vecinal estuvieron muy presentes en los programas de actuación de las nuevas corporaciones, lo que, en este caso, supuso ciertamente una caída de la movilización al empezar a resolverse muchos problemas que habían alimentado las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos.

Por otra parte, algunas decisiones gubernamentales fueron contestadas por el conjunto del movimiento ciudadano, como, por ejemplo, el proyecto de ley sobre el estatuto de los centros escolares, que dio lugar a una muy importante movilización impulsada por asociaciones de padres y de vecinos y por toda la izquierda.

EN EL MOVIMIENTO SINDICAL

Como en los años anteriores, los militantes comunistas tuvieron un papel muy destacado tanto en el movimiento sindical como en el ciudadano, aunque también fueron quienes experimentaron las dificultades derivadas de la voluntad del PCE de ser al mismo tiempo un partido de lucha y de gobierno.

Una parte considerable de los militantes comunistas, tanto los de más larga trayectoria como los incorporados después de la legalización, desarrollaban su actividad preferentemente y algunos exclusivamente en el movimiento sindical, en Comisiones Obreras. Con la conquista de la legalidad, dichos militantes, con el conjunto de activistas de CC. OO., debieron volcarse en la construcción de las estructuras de una organización sindical que pretendía ser de «nuevo tipo», conservando los principales rasgos del movimiento sociopolítico que había sido desde sus orígenes. Precisamente dado su origen y características, CC. OO. tenía unas estructuras orgánicas muy débiles —fundamentalmente comisiones coordinadoras— muy adecuadas para la acción ilegal en el marco de la dictadura, pero absolutamente insuficientes para vertebrar un sindicato. Así, a lo largo de 1977, buena parte de la militancia comunista en tanto que a la vez militantes de CC. OO. dedicó una parte muy importante de su actividad a la creación de uniones locales, provinciales y regionales, federaciones sectoriales en los distintos niveles territoriales, así como órganos directivos en los distintos ámbitos y niveles. Al mismo tiempo, debían abrirse los locales sindicales —995 hasta octubre de 1978—,[1] establecer unos mínimos servicios y realizar una continuada campaña de afiliación. Todo ello con medios muy limitados, ante la negativa gubernamental a la demanda de devolución a los trabajadores del patrimonio sindical, tanto del histórico como del «acumulado» durante el franquismo. Por si todo ello fuera poco, los activistas sindicales debieron negociar los convenios colectivos que debían renovarse, aunque en este punto disponían de mayor experiencia, pero acumulada en un contexto tanto político como económico muy distinto, asumiendo la plena responsabilidad una vez desaparecida la OSE. Además, CC. OO. se convirtió —junto con UGT— en interlocutora del Gobierno y de las organizaciones empresariales, añadiendo funciones hasta entonces inexistentes.[2]

El proceso de articulación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en la que los militantes comunistas tendrían un papel muy relevante, culminó con la celebración en julio de 1978 del I Congreso Confederal. Buena parte de los cargos directivos elegidos por el Congreso, como en los congresos de uniones locales, provinciales y regionales y federaciones de rama, recayeron en militantes del PCE. Marcelino Camacho fue elegido secretario general y muchos otros militantes comunistas formaron parte del Secretariado de la Confederación, como Julián Ariza, secretario de Organización; Carlos Elvira, responsable de Finanzas; Nicolás Sartorius, responsable de Relaciones Políticas y Unitarias; Francisco García Salve, responsable de Formación; Fidel Alonso, secretario general de la Unión Regional de Madrid; José Luis López Bulla, secretario general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya; Francisco Frutos, responsable de Organización de la CONC; Antonio Montalbán, secretario general de las CC. OO. del País Valenciano; Eduardo Saborido, secretario general de las CC. OO. de Andalucía; Javier Suárez, secretario general de la Unión Regional de Asturias; Manuel Amor Deus, secretario general de las CC. OO. de Galicia; Adolfo Piñedo, secretario general de la Federación del Metal, y Manuel Nevado, secretario general de la Federación Minera, entre otros.[3] Como veremos más adelante, en determinados momentos y como había sucedido anteriormente, aparecieron divergencias entre los militantes comunistas dedicados preferentemente o exclusivamente al sindicalismo y los órganos directivos del partido.

A los múltiples retos que la militancia comunista en las CC. OO. debió hacer frente debe añadirse, y no con menor importancia, la defensa de un modelo de representación sindical y de negociación colectiva acorde con la vocación unitaria que constituía una de las señas de identidad de las Comisiones. Disuelta la OSE y configurándose el nuevo régimen democrático, debía establecerse un nuevo marco legal sobre la representación de los trabajadores. En el debate que pronto se abrió por la divergencia de posiciones en el movimiento sindical, CC. OO. y el PCE defendieron el papel de unos comités de empresa elegidos por los trabajadores como órganos fundamentales de representación de carácter unitario. Por su parte, la UGT y el PSOE querían que la representación y la negociación con los patronos se realizaran exclusivamente por los sindicatos y las secciones sindicales de empresa.

La fundamental discrepancia, al margen de obedecer a la divergencia entre el modelo de articulación partido-sindicato característico de la socialdemocracia y el modelo forjado en la lucha antifranquista por unas CC. OO. con un proyecto de sindicato de carácter sociopolítico, vocación unitaria e independencia de partidos —a pesar de la militancia comunista de una parte notable de afiliados y mucho más de activistas y dirigentes—, tenía como trasfondo la pugna por la hegemonía sindical en la democracia en construcción. UGT, en clara desventaja frente a CC. OO. en cuanto a implantación en las empresas y en militancia, confió que el éxito electoral del PSOE fortalecería el sindicato socialista y permitiría que el modelo de representación sindical fuera acorde con su propuesta. Por su parte, el PSOE tenía el máximo interés en conseguir la hegemonía ugetista para reforzar su política de «opción autónoma» y de «alternativa de poder».

Cuando el Gobierno decidió finalmente convocar elecciones sindicales para sustituir a los enlaces sindicales y jurados de empresa elegidos en el marco de la suprimida OSE, se inclinó por una fórmula próxima a la posición de CC. OO. Por una parte, y en el ámbito de las empresas, se elegirían delegados de personal en las más pequeñas y comités de empresa en las medianas y grandes, que ostentarían la representación de todos los trabajadores. Ello coincidía básicamente con el modelo propuesto por CC. OO., aunque la norma electoral descartaba la fórmula de listas abiertas para la elección de comités que UGT rechazaba de plano al considerar que beneficiarían a Comisiones, con líderes conocidos y experimentados en los centros de trabajo. Fuera del ámbito de las empresas, la representación sería ejercida por los sindicatos en función de la representatividad obtenida en las elecciones a delegados y comités. UGT y el PSOE denunciaron vehementemente que la decisión gubernamental favorecía a CC. OO. Un documento interno de UGT, fechado en diciembre de 1978 y titulado «Conspiración contra el sindicato socialista», afirmaba que «las tesis de Lenin sobre sindicalismo, junto con el asambleísmo de Bakunin, fueron legalizadas en nuestro país por el ministro de Trabajo en su ley de elecciones sindicales. Aunque parezca paradójico, ha existido y sigue existiendo una coincidencia táctica entre comunistas y burguesía gobernante contra el socialismo democrático».[4]

La denuncia de un «contubernio entre la UCD y los comunistas» en contra del sindicato socialista derivó en un agrio enfrentamiento público. En las páginas de Mundo Obrero diversos artículos expresaron duramente el enojo comunista. Las declaraciones de Nicolás Redondo, secretario general de UGT, afirmando que CC. OO. era «una central reformista al servicio de la Unión del Centro Democrático y de la burguesía», desataron la indignación.[5]

En ese clima de confrontación se desarrollaron las elecciones sindicales a lo largo de los primeros meses de 1978, lo que ocupó la atención y requirió el esfuerzo de una parte muy extensa de los militantes del PCE y del conjunto de las organizaciones del partido. Los resultados electorales confirmaron la fortaleza de CC. OO. y su condición de primer sindicato del país. Miles de comunistas fueron elegidos delegados de personal y miembros de los comités de empresa, lo que constituiría su principal actividad militante. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el 34,57% de los delegados elegidos eran miembros de CC. OO.; UGT logró el 21,70%, un buen resultado considerando su extrema debilidad apenas dos años antes, pero sin lograr trasladar el éxito del PSOE en las elecciones generales al ámbito sindical, entre otras cosas porque en este último era condición necesaria la presencia de una extensa red de activistas en las empresas. La USO obtuvo la tercera posición, con un 3,77% de los delegados elegidos.

El proceso electoral se desarrolló paralelamente a la negociación de convenios colectivos y con una elevada conflictividad laboral. Como hemos visto, contrariamente al tópico tan extendido de la desmovilización obrera como consecuencia de los Pactos de la Moncloa, en 1978 se registró un elevado número de conflictos laborales que igualó el máximo alcanzado en 1976. En primer lugar, porque los pactos dejaban amplios márgenes a interpretaciones contradictorias entre las organizaciones obreras y las patronales, lo que constituía un foco potencial de conflictividad, agravado por la dura actitud patronal, muy crítica con tales acuerdos, en los que no había participado.[6] A ello se añadió el rechazo sindical a la decisión gubernamental unilateral de imponer a los convenios firmados con anterioridad a los acuerdos de la Moncloa la limitación del crecimiento de los salarios. También propició la conflictividad la existencia de un segmento amplio de trabajadores con una elevada predisposición a la movilización en defensa de sus intereses laborales y sociales, favorecida por la posibilidad de ejercer libremente el derecho de huelga, que además facilitó la participación en acciones colectivas de trabajadores hasta entonces pasivos ante el temor a la represión. La conflictividad fue también fruto de la acción de las organizaciones sindicales que tenían, por primera vez, la responsabilidad de negociar convenios colectivos y lograr mejoras en las condiciones laborales o defender las obtenidas en los años anteriores.

Todo lo anterior determinó una atención muy intensa de las organizaciones del PCE hacia la situación laboral y a la acción sindical. La principal organización comunista, el PSUC, se ocupó en la reunión de su Comité Central celebrada a finales de julio de 1977 de debatir un informe titulado «Tareas del movimiento obrero», que se iniciaba con la constatación de la intensidad de una crisis económica, que no era «pasajera, fácil de resolver y —mucho menos— de forma rápida», ocupándose extensamente de la política sindical. En primer lugar, el documento reafirmaba que los militantes comunistas debían participar en Comisiones Obreras y dar todo su apoyo para reforzarlas. Por otra parte, fijaba la política del partido en el nuevo escenario; se afirmaba que la asamblea debía continuar siendo el instrumento esencial para la acción colectiva de los trabajadores y señalaba que era indispensable que los líderes obreros valorasen en cada lugar y en cada momento la correlación de fuerzas existente. Debía evitarse la aparición de divisiones entre los trabajadores, y entre éstos y el conjunto de la población, impidiendo así una política pendular que se moviera «entre el radicalismo estéril y la pasividad no menos estéril». Por otra parte, el movimiento sindical en su conjunto debía comprender que «estaba en un nuevo estadio político», que la acción de propaganda y «ciertas formas de resistencialismo que eran —en buena medida— justificadas bajo la dictadura, ahora no tenían razón de ser».[7] En el Informe del Comité Central del PSUC al IV Congreso celebrado en octubre, presentado por Gregorio López Raimundo, se insistía en que «cada obrero, empleado o técnico comunista ha de considerar tarea primordial crear y fortalecer el Sindicato de CC. OO. en su lugar de trabajo, haciéndolo un instrumento eficaz y responsable de la lucha de los trabajadores».[8] Y en la II Conferencia Nacional del PSUC, celebrada en diciembre de 1978, se aprobó llamar a los militantes a reforzar las secciones sindicales de CC. OO. y a crear y reforzar agrupaciones del partido en las empresas, convirtiendo dichas agrupaciones en «el lugar preferente de militancia y de organización de los comunistas».[9]

Para todas las organizaciones del PCE, la construcción del sindicato de CC. OO. y su fortalecimiento constituyó un objetivo esencial. La ponencia sobre la política sindical del partido presentada en la conferencia provincial de Madrid partía del principio de que «un partido obrero tiene que comprender que el frente obrero no es una tarea más a abordar, sino su frente fundamental si quiere conservar su carácter de clase». Por ello, «buena parte del esfuerzo de los militantes» debía realizarse «en las tareas sindicales», y debía garantizarse que los militantes elegidos para cargos representativos de CC. OO. o de órganos unitarios de los trabajadores pudieran «dedicar el grueso de su actividad a las tareas para las que han resultado electos». Toda la militancia debía entender que el papel de los cuadros y dirigentes sindicales comunistas era fundamental, por lo que era lógico que no realizaran tareas «incompatibles con la atención debida a su cargo sindical». Al mismo tiempo, el documento insistía en la importancia de las agrupaciones del partido en las empresas, puesto que éste debía tener presencia en los espacios fundamentales de vida de los trabajadores y porque, además, «las luchas sociales tienen un indudable componente político y necesitan una orientación política para triunfar». Pero ello sin olvidar que debía respetarse la independencia de CC. OO.; «si ésta ha sido una constante del Partido, hoy, que CC. OO. es un sindicato de masas, debemos acentuar todavía más esa directriz». Las decisiones de CC. OO. correspondían a los órganos del sindicato a todos los niveles con plena independencia; «de no hacerlo así, no sólo contravendríamos una de las orientaciones básicas de nuestra política, sino que, además correríamos el riesgo de “sindicalizar” el Partido».[10] Sin embargo, la actividad como sindicalistas de Comisiones y la actuación como militantes del partido no podían dejar de generar fricciones y tensiones, inherentes a las características y condicionantes de ambos ámbitos.

El IX Congreso del PCE, celebrado en abril de 1978, dedicó una de sus tesis —la 7.ª— a la política sindical. En ella se explicitaba la concepción del PCE, elaborada en buena medida por los militantes comunistas que tenían responsabilidades directivas en CC. OO. En el Congreso, la comisión que debatió dicha tesis fue presidida por Marcelino Camacho y el ponente que la presentó al plenario, con los cambios fruto del debate, fue José Luis López Bulla. El texto final, aprobado con sólo diez votos en contra y 46 abstenciones del millar largo de congresistas, recordaba que el PCE había defendido la constitución de una central sindical unitaria, objetivo que no se había alcanzado, pero al que no renunciaba puesto que era el instrumento indispensable «para la mejor defensa de los intereses de la clase obrera». El PCE daba todo su apoyo a CC. OO. y explicitaba los rasgos del modelo de sindicato de los comunistas: de carácter sociopolítico, con un papel central de las asambleas de todos los trabajadores y de los comités de empresa elegidos democráticamente y dotados de capacidad negociadora, con el objetivo de alcanzar la unidad sindical a través de la unidad de acción de las centrales sindicales y de la unidad en las empresas.

La tesis exponía también lo que se definía como una nueva concepción de la relación partido-sindicato. CC. OO. era la central sindical «donde los miembros del Partido Comunista de España y de otros partidos, al lado de la gran masa de independientes sin partido, exponen y defienden sus puntos de vista», que podían ser aceptados o no «por la base y los órganos de dirección de CC. OO.». No se trataba, por tanto, de «una correa de transmisión, ni de una relación orgánica, sino de una relación real, compleja y en ocasiones contradictoria, entre los partidos políticos y la central sindical, basada en el respeto más estricto —por parte del Partido— a la independencia del Sindicato y de los movimientos de masas». El PCE apoyaba igualmente a las Uniones de Agricultores y Ganaderos, definidas como «auténticos sindicatos de carácter antimonopolista que agrupan a pequeños y medianos campesinos y ganaderos».[11]

En su intervención ante el pleno del congreso, López Bulla trasladó un acuerdo de la comisión que había discutido la política sindical y que hacía referencia a las dificultades de la militancia de los dirigentes sindicales. Según López Bulla, se acordó expresar «la preocupación de la comisión en el sentido de que el partido preste una especial atención a los dirigentes sindicales y viceversa, que los dirigentes sindicales hagan lo que nosotros llamamos vida política, vida de partido». Se debía encontrar «el equilibrio entre la ingente labor sindical y la fundamental de todo comunista de asumir su responsabilidad allá donde el partido le elige».[12] Se planteaba en este momento un problema de notable entidad que se manifestaría con intensidad en los meses siguientes y que, en parte, tenía su origen en que se estaba haciendo habitual el hecho de que los cuadros y dirigentes sindicales no participaran en la vida orgánica del partido, lo que podía agudizar visiones y posiciones diferentes.

El Estatuto de los Trabajadores, que dio lugar a un duro enfrentamiento del PCE con el gobierno y con el PSOE y, paralelamente de CC. OO. con UGT, causó también tensiones internas en el PCE, en particular entre la dirección del partido y militantes comunistas de CC. OO. Así, frente a la posición de Santiago Carrillo de intentar alcanzar acuerdos con la UCD y el PSOE a lo largo del trámite parlamentario, se impuso la posición defendida con particular vehemencia por Marcelino Camacho de rechazo frontal al proyecto de ley.[13] El malestar general en el sindicato ante el proyecto de Estatuto y por el desarrollo del trámite parlamentario llegó incluso a que militantes del partido y de Comisiones manifestaran la conveniencia de que el grupo parlamentario se retirara de la Comisión del Congreso que estaba debatiéndolo. Santiago Carrillo, en la reunión del Comité Central de noviembre de 1979, aludió en el informe presentado en nombre del Comité Ejecutivo a tales opiniones, rechazando que el partido se retirase de la comisión parlamentaria y de los órganos parlamentarios «por el hecho de estar en minoría», porque esto comportaría «retirarnos del Parlamento, de los municipios, de todas partes, porque estamos todavía en minoría en la inmensa mayoría de las instituciones del país», y, contrariamente se debía estar allí para «defender nuestras posiciones».[14] Posteriormente, la posibilidad de que CC. OO. convocara una huelga general en contra del Estatuto y como culminación de las movilizaciones desarrolladas preocupó a la dirección del partido y el Comité Ejecutivo consideró inadecuada una acción de esa naturaleza, actitud compartida por una parte de los militantes comunistas en CC. OO., aunque otros la veían necesaria para responder a la que todos calificaban de abierta agresión a los derechos de los trabajadores. Para la mayoría de la dirección del PCE, una huelga general que inevitablemente supondría una huelga contra la UGT habría ahondado hasta extremos difíciles de revertir la división sindical y habría permitido que se presentara a CC. OO. y al PCE como organizaciones radicalizadas e incluso sectarias, lo que inevitablemente podría tener consecuencias muy negativas para ambas organizaciones.[15] En sus memorias, Marcelino Camacho afirma que el rechazo a la convocatoria de huelga general obedecía a «los riesgos reales de golpe de los sectores involucionistas y por no poner dificultades a un posible Gobierno de Concentración Nacional», lo que, a su entender, suponía menospreciar «la importancia de una acción de masas para frenar a los ultras o conseguir ese Gobierno».[16] Sin embargo, a finales de 1979, dicho gobierno ya no formaba parte de los objetivos del PCE, al menos tal como se había formulado anteriormente.

No obstante las importantes divergencias entre CC. OO. y UGT y de las tensiones no menos importantes, ambas organizaciones actuaron conjuntamente a lo largo de 1978 en distintos momentos, como en la huelga del 5 de abril promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) contra el paro y la crisis, o rechazando el proyecto de ley gubernamental de Relaciones Laborales; además, concluidas las elecciones sindicales, la tensión entre ambas organizaciones fue disminuyendo. La aprobación por el Gobierno en diciembre de 1978 de un decreto ley que condicionaba severamente la negociación colectiva para 1979, con la imposición de una limitación al incremento de los salarios claramente inferior a la inflación, propició un acuerdo de unidad de acción entre CC. OO. y UGT, que dio lugar a una elevada conflictividad laboral, alcanzándose el máximo de huelguistas y de horas no trabajadas de la década. Comisiones consideró tal acuerdo «de una importancia excepcional», viéndolo voluntariosamente incluso como «un paso más en la vía de la Unidad»,[17] un objetivo al que no renunciaba. Pero tal actitud no era compartida por UGT, que mantuvo el recelo hacia CC. OO., viendo siempre los intereses del PCE detrás de sus posiciones y propuestas.[18]

Sin embargo, la unidad de acción entre CC. OO. y UGT fue efímera. En julio de 1979 el sindicato socialista firmó con la CEOE el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) y en enero de 1980 el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI). Ambos acuerdos reforzaron tanto a la organización patronal como a UGT, y contaron con el aplauso tanto del PSOE como del Gobierno. Para la patronal era un paso muy importante contar con un interlocutor que, a cambio de contrapartidas, aceptaba negociar cuestiones de su interés. Por su parte, UGT conseguía una posición de interlocutor privilegiado de la patronal en la negociación colectiva, marginando a CC. OO. pese a su mayor representatividad, así como que el proyecto de Estatuto de los Trabajadores recogiera buena parte de sus posiciones, en detrimento de las propuestas de CC. OO. UGT y CEOE lograban además disminuir el papel de CC. OO., temido por los empresarios y principal competidor del sindicato socialista.[19]

El rechazo frontal de CC. OO. a ambos acuerdos desató una durísima confrontación sindical, con huelgas promovidas por sus militantes en contra de convenios colectivos firmados exclusivamente por UGT y combatidas por el sindicato socialista y, por otra parte, con movilizaciones contra el Estatuto de los Trabajadores convocadas por CC. OO. y descalificadas por UGT. Esta dinámica generó una radicalización de muchos conflictos, causó un notable desgaste a CC. OO. e hizo emerger divergencias internas, y con frecuencia divergencias entre los propios militantes comunistas. Por otra parte, la pérdida por CC. OO. de las elecciones sindicales celebradas en algunas grandes empresas encendió las alarmas tanto en el sindicato como en el partido.

En este escenario, en un clima de preocupación y a la vez de cierta tensión, tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo de 1980 una reunión de los militantes comunistas con responsabilidades destacadas en CC. OO. En el fondo, más o menos abiertamente, se manifestaban cuatro problemas de notable calado y muy interrelacionados entre sí. Por una parte, cómo afrontar desde CC. OO. la dinámica derivada de los acuerdos de UGT con CEOE sin que el sindicato quedara marginado de la negociación colectiva y sin ahondar una división sindical claramente negativa para los trabajadores. En segundo lugar, cómo actuar en el marco de una agudización de la crisis económica que no paraba de incrementar el desempleo, que en 1979 sobrepasó la cifra de un millón doscientos mil parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y que exigía una acción sindical muy distinta a la practicada los años anteriores. Por otra parte, las elaboraciones anteriores sobre el carácter sociopolítico del sindicato y la relación del partido con un sindicato de vocación unitaria se revelaban insuficientes, a lo que se añadía la no participación en los órganos regulares del partido de muchos cuadros y dirigentes sindicales y el desarrollo en el sindicato de debates propios del partido.

Santiago Carrillo abrió la sesión con una reflexión crítica respecto a la situación sindical, fruto de diversos debates previos en el Comité Ejecutivo, en la Comisión Permanente del Comité Central y entre dirigentes del PCE y del PSUC. Su informe partía de constatar la sensación de indefensión de «amplios sectores de la clase obrera y de las capas medias» ante el crecimiento del paro y la reducción del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, lo que estaba llevando a que «una parte de la opinión pública tienda a culpar de la crisis a la democracia».[20] Por otra parte, una de las consecuencias más importantes de la crisis era «la fractura de las clases trabajadoras en compartimientos gremialistas, con el consiguiente debilitamiento de la solidaridad de clase» y el crecimiento del «conservadurismo”: «La conservación del puesto de trabajo, del pluriempleo, del nivel de rentas se sobrepone a la comprensión del interés colectivo de los trabajadores». Frente a tal situación, para el secretario general del PCE resultaba evidente que no se superarían las dificultades con «una fuga adelante, con una radicalización ultraizquierdista, que nos alejaría más de las grandes masas», una tentación que, «en épocas de crisis, como ésta», era el peligro que acechaba a una «minoría combativa» de la clase obrera. Además, debía tenerse muy presente la realidad de una clase obrera diversa, muy alejada de idealizaciones «obreristas». El sindicato debía «unir y organizar al conjunto de los trabajadores partiendo de esa realidad diversa, integrándola y tratando de superarla no sólo —y yo añadiría no tanto— por la labor ideológica como por la acción práctica».[21]

Entrando de lleno en la situación vivida en los meses anteriores, para Carrillo los dirigentes del PSOE y de la UGT «han hecho su opción por un acuerdo con los dirigentes de la CEOE y del Gobierno contra nosotros, en el tema del Estatuto de los Trabajadores y del Acuerdo Marco, contando con las tendencias “conservadoras” que la situación de crisis promueve en amplios sectores de los trabajadores», y los resultados de las elecciones en algunas grandes empresas mostraban que «su cálculo, independientemente del juicio moral que nos merezca, tenía en cuenta una cierta realidad». Carrillo consideraba correcta la posición que se había adoptado contra el Estatuto de los Trabajadores y que, además, debía levantarse la bandera de su reforma. Igualmente, consideraba adecuado el rechazo al AMI, pero no así la manifestación de una actitud contra la participación del sindicato en las negociaciones, porque no se debía estar en contra de la negociación. Carrillo recordó que la negociación y la movilización eran «dos componentes inseparables de la acción sindical»; cuando se optaba solamente por la negociación se caía en el reformismo, pero «cuando se limita todo a la movilización estamos a un paso del anarcosindicalismo». Y debía reconocerse que «hubo comunistas en CC. OO. que acogieron la ausencia de la Confederación en el Acuerdo Marco con un suspiro de alivio, como una victoria»; sin embargo, «con unas cuantas “victorias” así la Confederación correría el riesgo de perder su posición mayoritaria, con la que podría alzarse la UGT, y de ver los sindicatos amarillos prosperar amenazadoramente». Y había que «mirar la realidad de cara: la mayoría de CC. OO. no ... ha sido conquistada de una vez para siempre». Y para ello debía procederse a «una cierta corrección de posiciones extremas», consistente en «pegarnos más a la realidad, en acercarnos más a la gran masa de trabajadores; para decirlo gráficamente, en dar un paso atrás para ponernos en condiciones de dar dos adelante», porque «en el terreno sindical es fundamental saber medir lo posible en cada momento, y sobre todo en uno de crisis como el que vivimos», y porque «nosotros no luchamos porque la Confederación de CC. OO. sea el sindicato comunista, sino porque sea el sindicato de todos los trabajadores, el sindicato de la unidad».[22]

En la última parte de su intervención, Carrillo se ocupó de lo que denominó «confusión entre partido y sindicato». La crítica de Carrillo procedía de una realidad que se había ido conformando desde 1977: CC. OO. se había convertido en una potente organización, con líderes muy conocidos y prestigiosos y con una capacidad de influir en la sociedad muy superior a la del partido, lo que indudablemente inquietaba a algunos de los dirigentes de éste. Por otra parte, la propia condición de sindicato sociopolítico implicaba actitudes y posicionamientos de CC. OO. en cuestiones no estrictamente sindicales. Pero, para Carrillo, dicho carácter sociopolítico de CC. OO. no debía confundirse con que éstas actuaran como un partido político, lo que, por otra parte, haría inviable su condición de organización capaz de integrar a los trabajadores independientemente de sus creencias, ideología o adscripción o simpatía partidaria. Por ello, los debates políticos de partido «tenemos que ventilarlos en el Partido y no en el Sindicato, y menos aún utilizar el Sindicato ... sus estructuras dirigentes, para contrarrestar la orientación aprobada por el Partido».[23]

La confusión denunciada por Carrillo se manifestaba a su parecer mediante el traslado a CC. OO. de debates propios del partido e, incluso, mediante la utilización del sindicato como instrumento de presión sobre el partido, dándose la paradoja de que «nos hemos encontrado ante una campaña de inspiración empresarial y gubernamental que acusaba al Partido de imponer a Comisiones una línea de “activismo político para compensar la debilidad de nuestra representación parlamentaria”», cuando la realidad era «que los órganos del Partido se estaban esforzando, a veces con éxito a veces no, por lo que se podría llamar “sindicalizar” CC. OO.» para conseguir «que éstas se incrustaran más firmemente en lo que algún camarada ha denominado, con acierto, el nivel medio de conciencia de los trabajadores, como única manera de conseguir, en definitiva, la elevación de ese nivel».

La intervención de Santiago Carrillo dio lugar a un intenso debate, más allá de los problemas más inmediatos relacionados con la confrontación con UGT, que imposibilitaba cualquier forma de unidad de acción, y de la marginación de CC. OO. de la negociación colectiva. Julián Ariza planteó los límites de la influencia de los sindicatos en general, y de CC. OO. en particular, en un contexto de bajo porcentaje de afiliación sindical,[24] y afirmó que ante el AMI faltó «una discusión seria y profunda sobre las consecuencias de la marginación de Comisiones Obreras en esa firma, pese a ser conscientes de que el Gobierno, la CEOE y la UGT iban a concitar sus esfuerzos para aplicar ese Acuerdo Marco», y que la política adoptada era «demasiado defensiva y quizá demasiado simplista».[25] Por su parte, Nicolás Sartorius defendió la necesidad de un «golpe de timón» porque el movimiento obrero en España, y en toda Europa, no podía estar «a la ofensiva» dada la relación de fuerzas existente; contrariamente, estaba necesariamente «a la defensiva», pero se debía «estar a la defensiva combativamente» y, fundamentalmente, se debía «entroncar» con la mayoría de trabajadores, «por decirlo de alguna manera, que la locomotora enganche a los vagones y que no se vaya adelante y se deje vagones atrás». Así, si se conseguía enlazar con «esas masas de trabajadores que hoy nos ven excesivamente adelantados, obligaremos también a la UGT a modificar su posición y dar quizá también un “golpe de timón”, con lo cual podremos crear las condiciones de esa unidad de acción, que es fundamental si queremos avanzar». En cualquier caso, no se podía pretender que la unidad de acción se hiciera «sobre nuestras posiciones, porque entonces no habrá unidad de acción». Sartorius reconocía también que «tuvimos una cierta euforia al decir no al Acuerdo Marco, que estaba muy bien dicho, pero al mismo tiempo no hicimos una reflexión ... de lo que significaba, de las nuevas condiciones que creaba, de todo lo que se nos venía encima...». Además, «en las peleas que tenemos con UGT ... en lo fundamental tenemos razón, pero cuando UGT y Comisiones se pelean, los trabajadores no dan razón ni a uno ni a otro ..., lo que hacen es quedarse al margen».[26]

Para Manuel Nevado, se había ido frontalmente contra el Acuerdo Marco, «y eso significaba también ir contra UGT», y la central socialista tenía «una capa de trabajadores que la apoya y que la sienten, y que votan al PSOE, y nosotros, yendo frontalmente contra el Acuerdo Marco, hemos ido a ese ataque frontal que ha debilitado todavía más esa unidad que vemos necesaria». En opinión de Fidel Alonso, se habían convocado huelgas al margen de las formas habituales del sindicalismo de CC. OO.; las huelgas se debían convocar «como lo hemos venido haciendo siempre en Comisiones Obreras», a través de las asambleas de trabajadores y después de un amplio debate. Según Adolfo Piñedo, CC. OO. representaba «al sector más radicalizado de los trabajadores» y denunciaba que se estaban perdiendo numerosos cuadros y militantes, «a gente muy buena en el sindicato y en el Partido, precisamente porque, al teorizarse el que conservemos solamente el sector radicalizado de los trabajadores, lo que estamos haciendo es echar del sindicato y del Partido a un montón de gente».[27]

Algunas voces apuntaron a otros déficits de la política sindical comunista. Así, José María Rodríguez Rovira señaló que el PCE tenía una política insuficientemente elaborada sobre la crisis económica. Para Francisco Frutos, faltaba una política sindical «discutida y elaborada por el conjunto del Partido, que sirva al conjunto de los militantes cuando actúan dentro del movimiento sindical»; además, rechazaba la existencia de «fugas ultraizquierdistas» y consideraba más apropiado apuntar a «errores, insuficiencias en la elaboración de nuestra política, en nuestro trabajo sindical concreto».[28]

También apareció a lo largo del debate la necesidad de que los militantes comunistas en CC. OO. participaran en la actividad directamente del partido, en especial del debate en las agrupaciones y otras instancias. Precisamente el desarrollo en CC. OO. de debates propios del partido fue atribuido por algunos de los que intervinieron a esa falta de «militancia» en el partido de cuadros y dirigentes sindicales. Para Fidel Alonso, había que plantearse que todos los militantes del partido que tenían su actividad fundamental en el movimiento sindical participaran en la vida orgánica y política del partido. Por su parte, José M. Rodríguez Rovira apuntaba a lo que consideraba un «un mal reparto de papeles», puesto que se había producido «una cierta disociación en la actuación de los comunistas, atribuyendo o desarrollando el Partido básicamente su actividad a través de las instituciones y muy concretamente el Parlamento y ... relegando en el sindicato la lucha de masas, el desarrollo de la lucha de los trabajadores». Así, si el partido no tenía una acción «directa, propia, autónoma», el sindicato se convertía en «su expresión política en el terreno de la lucha de la clase obrera», y ello tenía como consecuencia «una tendencia natural a que el Partido requiera constantemente al sindicato la aplicación de su política», lo que iba «en detrimento de la propia independencia del sindicato».[29]

En una intervención con voluntad de sosegar el debate, Gregorio López Raimundo sostuvo que había existido una concepción «triunfalista» de la correlación de fuerzas, lo que implicaba que no se tenía suficientemente en cuenta la realidad y «a veces, cuando las cosas no van, nos volvemos contra nosotros mismos y buscamos causas de por qué no van las cosas a partir de una concepción “no realista”». Para el presidente del PSUC, muchas críticas, tanto formuladas desde fuera del partido como desde dentro, «dan la impresión de que fuéramos el partido mayoritario, que tuviéramos la mayoría en el Parlamento, que tuviéramos una capacidad, fuerzas para decidir en todos los terrenos».[30]

Como resultado de la reunión de mayo, el Comité Central aprobó en su sesión de los días 15 y 16 de junio una resolución, en concordancia con la mayoría de opiniones expresadas en el encuentro de militantes sindicales y especialmente con lo expuesto por Carrillo, que concretaba «algunas líneas básicas de la política sindical del PCE en las particulares condiciones de una crisis que se presenta larga y profunda». El acuerdo consideraba necesario adoptar cambios en aspectos significativos de la política y de la práctica sindical ante «fenómenos tan preocupantes» como el bajo nivel de sindicación, el aumento de independientes entre los delegados sindicales elegidos, la falta de unidad de acción entre CC. OO. y UGT y «las incomprensiones que aparecen sobre nuestra política sindical en sectores del propio Partido». La crisis económica y sus consecuencias sociales acrecentaban «el peligro de una fractura en el seno de la clase obrera entre los que trabajan y los parados, entre distintas categorías y territorios, las mujeres y los hombres, los jóvenes y los adultos, incluso entre los propios desempleados, entre los que cobran subsidio y los que no lo cobran». En esas condiciones existía un doble peligro: que una parte del movimiento obrero se instalara en la crisis y aceptara pasivamente «la lógica del gran empresariado (CEOE) para salir de ella», y que otra parte se radicalizara, «se separe de las amplias masas y pretenda, sin tener en cuenta la correlación de fuerzas real, chocar frontalmente y en solitario, cayendo en la impaciencia y el subjetivismo». «En nuestro campo», añadía el documento, «los peligros más inmediatos que acechan a la minoría combativa de la clase obrera son las fugas hacia adelante». Contrariamente, había que «pegarse más a la realidad» y tener bien presente que el sindicato debía serlo «de grandes masas, con vocación de unir al conjunto de la clase», que la clase obrera era plural en ideologías y heterogénea en su composición, por lo que el sindicato debía huir de tendencias «obreristas» y abrirse, «con el trabajo práctico más que con la “lucha ideológica”, al amplio espectro que hoy compone la clase trabajadora».

La resolución del Comité Central afirmaba que la lucha contra la crisis exigía una alternativa global a medio plazo y alternativas inmediatas ligadas a los convenios y a la acción cotidiana, e insistía en la combinación entre movilización y negociación como elementos indispensables y complementarios de la acción sindical. Para la movilización, debían medirse con realismo las acciones, evitando «huelgas indefinidas que terminan mal para los trabajadores», las «proyectadas de antemano con escalonamiento prefijado» y las «resueltas desde arriba sin la participación de los interesados». Se debía auscultar continuadamente «el estado de ánimo de los trabajadores en asambleas ordenadas», y la participación debía expresarse en «votaciones abiertas y, en algunos casos, con debate previo, por votación secreta». Las actitudes violentas debían rechazarse con firmeza.

Por último, el Comité Central consideraba necesaria la participación más activa de los cuadros sindicales comunistas en la vida interna del partido, así como «eliminar de raíz el que en los órganos de CC. OO. se diriman querellas de Partido y, lo que es más grave, que se utilice a CC. OO. como instrumento de presión para invertir, desde el sindicato, la política del Partido». Tales prácticas eran negativas tanto para el sindicato como para el partido; para el primero, por contradictorias con la independencia sindical, y para el segundo, porque trasladaba el debate interno fuera de sus órganos. La resolución también rechazaba el sectarismo y llamaba a los militantes del partido «para que sigan siendo los más firmes y pacientes defensores de la unidad sindical y de la unidad de acción entre CC. OO. y UGT», pues sin unidad no habría ni avances reivindicativos, «ni democracia, ni socialismo».[31]

Los resultados oficiales de las elecciones sindicales celebradas en 1980 dieron de nuevo la victoria a CC. OO., que obtuvo el 30,86% de los delegados, pero con UGT a muy escasa distancia, con el 29,27%, con una mejora notable de los resultados de dos años antes.

Coincidiendo con el incremento de divergencias internas en el PCE, que se examinan en el capítulo 8, se adoptaron en CC. OO. algunas decisiones para reforzar la independencia sindical y el pluralismo interno. Así, en febrero de 1981, Marcelino Camacho dimitió como diputado y en el II Congreso Confederal se modificaron los estatutos para establecer la incompatibilidad entre formar parte de los órganos ejecutivos de los partidos, o bien ocupar un escaño en el Parlamento, y formar parte de los órganos de dirección del sindicato; al mismo tiempo, se estableció la posibilidad de crear en el sindicato corrientes organizadas.

EN LOS MOVIMIENTOS CIUDADANOS

En la nueva situación de legalidad del partido, y una vez celebradas las elecciones generales de junio de 1977, las organizaciones comunistas, especialmente en las principales zonas urbanas, debieron replantearse el papel de los movimientos ciudadanos. En un informe al Comité Provincial de Madrid sobre política ciudadana y municipal en el nuevo escenario político, se afirmaba que las asociaciones ciudadanas tenían la posibilidad de «desarrollarse con mayor profundidad», superando las simples acciones de protesta y convirtiéndose en «un movimiento capaz de ofrecer soluciones y de participar junto a la futura Administración municipal, elegida democráticamente, y conservando su independencia, en la resolución de sus reivindicaciones» e, incluso, ejercer el «control vecinal de la gestión municipal, por medio de las entidades existentes y de las nuevas que el conjunto de los ciudadanos vaya articulando». Pero, para ello, debían superarse «criterios vanguardistas» para garantizar la participación real de los ciudadanos en las diferentes formas asociativas y debía combatirse la «instrumentalización política» de las asociaciones. Autocríticamente, se reconocía que la legalización del partido y su «nueva relación directa con las masas» había supuesto «una menor dedicación a las tareas del movimiento ciudadano», lo que debía corregirse, puesto que «la necesidad de desarrollar y potenciar los movimientos de masas en los barrios» era «un aspecto fundamental de nuestra política», que obligaba a «estar presentes en todos los ámbitos de la vida social, cultural y recreativa de todos los barrios y de toda la provincia». Para ello, militantes no organizados anteriormente o sin tareas específicas deberían incorporarse a las organizaciones vecinales, de padres de alumnos, culturales, etc.[32]

En la misma dirección, y por las mismas fechas, el Comité Central del PSUC debatió un documento sobre el movimiento popular que denotaba una considerable reflexión sobre los nuevos retos del partido en ese ámbito. Partía de la constatación de que, en los meses anteriores, con la legalización de los partidos políticos y especialmente durante la campaña electoral, se había producido una tendencia al abandono de «las organizaciones populares de tipo pluralista o a su monopolio por parte de algunas fuerzas políticas o ideológicas», que no identificaba, pero claramente ubicadas en la extrema izquierda. También constataba que habían desaparecido organismos y campañas unitarias que eran el marco de actuación sociopolítica de muchas entidades, pero «las asociaciones y organizaciones populares, de carácter pluralista y reivindicativo» continuaban siendo indispensables. La existencia de partidos y, en un futuro que se esperaba inmediato, de ayuntamientos democráticos, no excluía, antes al contrario, «la existencia de asociaciones de vecinos como organizaciones de base, de carácter reivindicativo y sociocultural especialmente», que debían convertirse en «interlocutores privilegiados de la Administración local».[33]

Para el PSUC, la consolidación de la democracia y la «progresiva transformación social» necesitaban el desarrollo de formas unitarias y pluralistas de «democracia de base»; más todavía: «en la perspectiva de construir el socialismo en democracia» era indispensable «tanto la organización de la sociedad a todos los niveles como estimular la dialéctica entre estado (descentralizado)-partidos políticos (de masas)-organizaciones sociales (pluralistas, representativas, independientes, unitarias si es posible, etc.)». Así, se podrían impulsar las transformaciones sociales, la democratización del Estado y la hegemonía de los valores igualitarios, colectivos y socialistas. Por todo ello, debía combatirse el peligro de un partido «cerrado sobre sí mismo», con una importante zona de influencia, pero separada del resto de la sociedad. Sería muy negativo «pensar que hemos de ampliar tanto como podamos nuestra sociedad particular y, así, sin darnos cuenta, poder prescindir del resto de sectores», y se apuntaba que «la insuficiente reflexión del Partido sobre el movimiento popular (a pesar de la importante experiencia práctica en la base), la nueva situación política y las posibilidades de crecimiento del Partido» podían llevar «sin quererlo, hacia este cierre». Contrariamente, uno de los objetivos del partido debía ser «desarrollar las organizaciones de base», asegurando «el funcionamiento democrático, la eficacia operativa en su propio campo, el pluralismo y la unidad, la independencia, el rechazo del ideologismo y de la intervención sectaria, etc.». La declaración aprobada por el Comité Central llamaba a todas las organizaciones y a los militantes «a estar todavía más presentes» en el movimiento popular, especialmente en las asociaciones de vecinos, y afirmaba que el partido debería profundizar en la reflexión sobre dicho movimiento y su papel en la democratización del Estado, la consecución de nuevos derechos sociales, la lucha contra las formas de explotación y de opresión fuera del ámbito laboral y en la vida cotidiana.[34]

En diciembre de 1977, un documento sobre el movimiento ciudadano y política municipal del Comité Provincial de Madrid insistía en la necesidad de promover desde el partido una amplia campaña para potenciar las asociaciones y entidades vecinales y que éste asegurara su presencia en «todas las reivindicaciones sociopolíticas y económicas de los ciudadanos». El partido debía apoyar tanto las formas espontáneas y momentáneas de organización, como grupos de inquilinos, asociaciones de afectados de un problema concreto o colectivos impulsores de una determinada reivindicación o protesta puntual, como movimientos organizados de creciente importancia, como los ecologistas, a los cuales se reconocía no haber prestado la suficiente atención. Pero, por otra parte, debían evitarse asociaciones con un elevado nivel reivindicativo pero con escasa participación popular, así como que las asociaciones ciudadanas descansasen excesivamente en los partidos políticos, en especial si se convertían en el «lugar de encuentro de grupos políticos extraparlamentarios y con fuertes planteamientos radicales» con voluntad de llevar al movimiento asociativo madrileño al terreno «de sus alternativas populistas, a la radicalización de los conflictos sociales y a la concepción de las asociaciones como “Ayuntamientos paralelos” desde donde proyectar sus alternativas ideológicas», lo que «sólo esteriliza la posibilidad de un desarrollo masivo del movimiento ciudadano y disminuye, por tanto, la acción reivindicativa de las masas populares».[35]

El IX Congreso del PCE dedicó la tesis 12.ª al movimiento ciudadano. El texto aprobado con 50 votos en contra y 69 abstenciones[36] era fruto de una enmienda a la totalidad al texto presentado por el Comité Central, lo que constituía indudablemente algo excepcional. La comisión del congreso que debatió la tesis y las enmiendas estuvo presidida por Jordi Borja, responsable de política municipal y movimiento popular del PSUC, y su portavoz ante el plenario, Manuel Colomina, destacó que era «la primera vez que comunistas de las distintas nacionalidades, regiones y provincias de España» discutían «en profundidad en torno a los problemas relacionados con el movimiento popular y ciudadano». La enmienda a la totalidad afirmaba que no había un desacuerdo de base con los planteamientos del texto inicial, pero consideraba que tenía «claras insuficiencias», como su deficiente estructuración y exposición, su carácter «restringido de la problemática abordada» y su carácter meramente descriptivo, así como por «la prácticamente nula explicación» que se ofrecía de «la vinculación entre el movimiento popular y ciudadano con nuestra visión del avance hacia el socialismo en democracia». Por ello, se había optado por la redacción de un texto alternativo a partir de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSUC y por las organizaciones de Madrid, Andalucía y Euskadi y de las propuestas del resto de las organizaciones.[37]

La tesis convertida en resolución partía de la afirmación de que el movimiento popular y ciudadano había sido «la respuesta de las clases populares a las condiciones de vida en barrios, ciudades, pueblos y comarcas derivadas del modelo de desarrollo económico y territorial del capitalismo monopolista, agravado por la naturaleza política del Estado franquista». El movimiento era la expresión de las demandas y reivindicaciones frente a ese modelo de desarrollo y sus enormes costes sociales, manifestados en forma de desequilibrios territoriales, de enormes déficits de equipamientos colectivos y de degradación del medio ambiente. También había sido la respuesta de las clases trabajadoras a la «opresión política a nivel local, comarcal y regional», por lo que había adquirido un fuerte carácter cívico-político, «pues ha sido una de las formas más importantes en la lucha por la democracia y las autonomías». El movimiento ciudadano era también una respuesta a los fenómenos de «desorganización social, de insolidaridad cívica, de violencia incluso, generados por la crisis territorial y urbana y por la falta de medios de participación política y organización social». En síntesis, el movimiento popular y ciudadano se había convertido en «uno de los ejes fundamentales de acción y organización de las clases trabajadoras y populares».[38]

Para el PCE, una sociedad democrática requería no solamente instituciones representativas, sino también «un alto grado de organización social en todos los niveles». La naciente democracia española contaba con «un capital considerable de movilización y organización sociales de base», que la democracia política representativa debía «permitir desarrollar y en ningún caso suplantar». El contenido político del movimiento ciudadano cambiaba de carácter con el final de la dictadura, pero no podía desaparecer ya que, en tal caso, «conduciría a movimientos limitados por la estrechez localista». Por otra parte, si bien las instituciones representativas y los partidos políticos eran «el mecanismo democrático para aplicar políticas globales», la «democracia directa, de base» era «un factor indispensable para garantizar el desarrollo democrático con un contenido avanzado hacia el socialismo». Para el PCE, «la articulación de la democracia representativa y de la democracia de base» era un «elemento clave del eurocomunismo y del avance hacia el socialismo en la democracia». Con tal perspectiva, el movimiento ciudadano debía cumplir tres funciones esenciales: de organización de la población haciendo posible plantear objetivos colectivos y desarrollar una conciencia solidaria; de «planteamientos y lucha por la satisfacción de necesidades sociales con la máxima fuerza y las menores mediaciones posibles»; y de transformación democrática del Estado, «en un sentido de descentralización y participación que facilite la irrupción de las masas en la vida política». En aquel momento político, la democratización del Estado se concretaba en la consecución efectiva de las autonomías y de los ayuntamientos democráticos, «a partir de aquí se podrá impulsar una amplia democracia de base, que reconozca institucionalmente los derechos del M.P.C. [Movimiento Popular y Ciudadano] a participar y a controlar la gestión político-administrativa del Estado en estos niveles».[39]

Para poder ejercer ese importante papel, el documento remarcaba que el movimiento debía afirmar su carácter unitario, pluralista, representativo y también eficaz, «con fines específicos e independientes del Estado y de los partidos». Debía darse una particular importancia a las asociaciones de vecinos «como organizaciones de carácter más global, especialmente en los barrios y ciudades», sin que ello supusiera desatender a otras entidades y organizaciones ciudadanas, como asociaciones de padres de alumnos, de jubilados y pensionistas, etc. El PCE era la fuerza política que podía dar impulso al MPC; los demás grandes partidos tendían a «una democracia electoralista», dominada por los aparatos partidistas, que «reduciría a la pasividad a la inmensa mayoría de la población». El planteamiento bipartidista era «por su naturaleza, profundamente conservador».[40]

A propuesta de la comisión que debatió la tesis 12.ª, el Congreso aprobó la celebración de una conferencia estatal sobre el movimiento popular y ciudadano y la política municipal. La propuesta, aprobada por unanimidad en la comisión, partía de las insuficiencias constadas en el trabajo del partido en ese terrero. Si bien la resolución fijaba la celebración de dicha conferencia antes del mes de agosto, finalmente tuvo lugar en enero de 1979, es decir, después de la aprobación de la Constitución y de la convocatoria de elecciones generales y municipales. Precisamente, la proximidad de las elecciones locales estuvo muy presente en los trabajos de la Conferencia, incluso condicionándolos.

El primer informe debatido en dicha conferencia sobre política municipal y movimiento ciudadano, presentado por Jordi Borja, realizaba una descripción de la crisis de los ayuntamientos franquistas, en cuya génesis el movimiento ciudadano había tenido un importante papel, prolongada y agudizada por el retraso en la convocatoria de elecciones municipales así como por la impotencia de las corporaciones locales por la falta de competencias y recursos, lo que exigiría reformas urgentes, entre ellas la de las haciendas locales. Respecto al movimiento popular y ciudadano, se afirmaba que había influido «decisivamente en el predominio de valores y contenidos progresistas en las propuestas que se hacen hoy de política urbana y de organización del poder municipal», pero que sin consolidar y extender un movimiento ciudadano potente no habría «una política municipal avanzada, de izquierda»; más aún, la consolidación y el desarrollo progresista de la democracia en España dependería en buena medida «del grado de participación y movilización sociales y políticas de las clases populares y por tanto, entre otros, del movimiento ciudadano». Sin embargo, también se identificaban problemas en el movimiento, destacadamente «el vanguardismo, el abandono y la competencia por parte de algunos grandes partidos políticos, la ausencia de interlocutores municipales válidos y las tendencias a la sectorialización y al gremialismo», y se reafirmaba que «los comunistas no tenemos una concepción coyuntural o instrumental del movimiento ciudadano», cuya existencia era «una necesidad imprescindible para el progreso de nuestra política», de avance democrático «y de la perspectiva del socialismo en libertad.[41]

A partir de aquí, el informe se dedicaba a las propuestas «para democratizar la vida municipal y desarrollar el movimiento ciudadano». La creación de ayuntamientos democráticos era una oportunidad para el movimiento ciudadano que podía contribuir a su desarrollo, aunque también era un riesgo. Por ello, se debía «impulsar decididamente el movimiento asociativo ciudadano, dando prioridad a las AA. VV. [asociaciones de vecinos] como organizaciones de carácter global, representativas e independientes con base territorial». Los militantes comunistas en el movimiento ciudadano debían impulsar campañas reivindicativas sobre los problemas más acuciantes, en especial los relacionados con la vivienda, el transporte o la sanidad, favoreciendo la participación en ellas de sindicatos, organizaciones profesionales y otras entidades. Esas campañas adquirían especial importancia «en la actual situación socioeconómica y en el proceso constituyente de las organizaciones locales».

Por otra parte, la acción del partido debía potenciar «organismos mixtos Administración-Asociaciones de Vecinos» para elaborar propuestas o controlar la ejecución de los programas de actuación, «manteniendo la distinción e independencia mutuas», así como impulsar la descentralización y la participación ciudadana, «sin confundir los ámbitos político-administrativos (relativamente amplios y heterogéneos, más parecidos a los distritos que a los barrios) con las áreas sociales, culturales y políticas (barrios en sentido estricto) y dar una gran importancia a una política de centros cívico-sociales». El movimiento ciudadano podría así contribuir a la realización de una «política municipal democrática», al arraigo de las instituciones representativas aportándoles apoyo popular, y al desarrollo de la democracia de base».[42]

El informe presentado por Jordi Borja se ocupaba en su última parte de la relación partido-ayuntamientos-movimiento ciudadano. El partido debía conjugar una política reivindicativa «en defensa de la clase obrera y de las clases populares» con un «trabajo sistemático de implantación y arraigo en todas las ciudades y comarcas y en todas sus áreas (no sólo en las industriales o periféricas)», y una política de gobierno que defendiera los intereses generales de los ciudadanos y permitiera acordar programas de amplia mayoría. El partido de masas que pretendía ser el PCE implicaba que debía estar presente en el conjunto del tejido social y, para ello, las agrupaciones comunistas en barrios y pueblos debían actuar como organizaciones abiertas a la población, evitando construir «su propio universo social y cultural cerrado». En zonas de escasas o nulas asociaciones, el partido debería actuar como «un impulsor de la vida asociativa», y allí donde ya existía un movimiento ciudadano y popular debía potenciarlo «procurando que sean las organizaciones ciudadanas y las entidades populares los promotores preferentes de las reivindicaciones locales y las actividades comunitarias». Pero el partido no debía «suplantar al movimiento popular y ciudadano, sino promover la participación activa de sus militantes en asociaciones y entidades independientes y pluralistas con fines específicos», una participación que en ningún caso debía entenderse como «un intento de convertir a estas entidades en correa de transmisión de la política del Partido». En todo caso, el informe admitía que la relación entre las agrupaciones del partido y las organizaciones populares en contextos muy diversos exigía un tratamiento muy flexible y planteaba problemas que no se resolverían con facilidad ni automáticamente pero que debían ser abordados de acuerdo con los criterios establecidos. El PCE aspiraba también a ser un partido de gobierno, pero su política municipal no se agotaba en la gestión que era «posible hacer en cada momento». Por ello, las organizaciones locales, comarcales y provinciales comunistas debían tener una política municipal que no debía confundirse con las propuestas defendidas y aplicadas en cada momento, así como unos organismos responsables que no debían quedar identificados con los alcaldes y concejales comunistas, que obviamente deberían seguir la política decidida por los comités directivos del partido, aunque de forma flexible.[43]

En la intervención dedicada a resumir el debate desarrollado en la conferencia, Manuel Castells destacó la importancia de la tesis 12.ª del IX Congreso, pero añadiendo que «los papeles no valen sino en la medida en que la práctica militante cotidiana del Partido los asume y los desarrolla» y que se debía avanzar en esa dirección. Por otra parte, era necesario lograr la institucionalización de las asociaciones populares para que en «todos los niveles del Estado, se abran cauces legales de participación para que realmente esas asociaciones no sean simples elementos de agitación, sino canales de decisión en términos de la democracia de base por la que tratamos de luchar». Pero debía reafirmarse que el movimiento popular y ciudadano sólo lograría fuerza si además de autónomo y reivindicativo era un movimiento pluralista y unitario, y si no lograba ser más pluralista que fuera «porque haya partidos que se nieguen a que lo sea», rechazando participar en él —una alusión al PSOE e incluso a la UCD—, pero no «porque el movimiento en sí no lo sea».

En la conferencia se habían discutido también los aspectos más delicados de la relación entre los futuros ayuntamientos democráticos y el movimiento asociativo, como, por ejemplo, la articulación entre democracia representativa y democracia de base. En este sentido, se señalaba que la participación no implicaba poder decisorio «porque eso sería de un cierto modo cortocircuitar la democracia representativa y no respetar el voto de los electores». La articulación de la democracia de base con la democracia representativa pasaba por el carácter consultivo de la participación ciudadana y por la articulación entre la descentralización municipal y la participación de las organizaciones sociales representativas, pero «sin interferir la toma de decisión que debe ser el legado de los representantes elegidos por el pueblo».

También se había debatido en la conferencia sobre el papel del movimiento sindical en las movilizaciones ciudadanas. Para Castells, «la presencia del movimiento sindical, la articulación de la lucha obrera y de la lucha ciudadana es uno de los ejes de la política del Partido que debe salir de esta Conferencia de forma absolutamente clara», a partir de la superación de la dualidad «ficticia» entre trabajador y ciudadano, de la falsa división entre el salario directo de la fábrica y el salario indirecto de los servicios públicos, de la necesaria participación de CC. OO. y de otros sindicatos en los municipios y del «trabajo de reivindicación y movilización ciudadana y popular dentro de las fábricas». Por último, la nueva etapa que se abriría con la celebración de las elecciones municipales ayudaría a superar el denominado «desencanto» que se había extendido entre sectores significativos de la sociedad, en la medida en que «consigamos poco a poco ligando concretamente la democracia política y la vida cotidiana, haciendo que estos instrumentos democráticos sirvan para resolver los problemas que se plantean hoy las masas, los problemas de sus condiciones de vida, los problemas del paro, los problemas de su influencia directa en los órganos de gestión y en los órganos de representación política».[44]

El nuevo escenario abierto con las elecciones municipales reveló las enormes dificultades para llevar a cabo la política comunista y para alcanzar los objetivos propuestos. Tal como ya hemos visto, la continuación y agravación de la crisis económica acentuó el difuso malestar social así como el «desencanto» político. La actuación de los ayuntamientos democráticos tendió, en general, a resolver los problemas más graves que habían alimentado la movilización anterior, lo que dio lugar a una cierta desmovilización que también se manifestó en la militancia comunista en los movimientos vecinales, pese a las directrices del partido y al activismo de los grupos de la izquierda radical, que por su parte empezaban a acusar los efectos de los sucesivos fracasos políticos y electorales. Por otra parte, el acuerdo PSOE-PCE para gobernar los municipios donde las elecciones habían dado a la izquierda la mayoría —pero, en general, con el PCE como aliado minoritario— no implicaba que la posición de ambos partidos fuera coincidente en algunos temas importantes, como por ejemplo la participación ciudadana, ante la que los socialistas eran muy reticentes, en parte por su escasa presencia en el movimiento vecinal y ciudadano.

Así, según un estudio del PCE, en los cincuenta municipios de más de 50.000 habitantes con la alcaldía en manos comunistas se habían aprobado reglamentos de participación o prácticas participativas y existía una relación positiva con el movimiento ciudadano, en tanto que en las 19 capitales de provincia con alcalde socialista se habían aprobado pocos reglamentos de participación y con el movimiento ciudadano existían relaciones en general positivas, pero con tensiones.[45] Además, el PCE experimentó las contradicciones inevitables de su presencia en gobiernos locales y en movimientos reivindicativos que desbordaban las posibilidades de los primeros. Por último, pero no menos importante, el partido no logró evitar que algunas asociaciones quedaran de hecho bajo el control de grupos extraparlamentarios muy críticos con la izquierda mayoritaria y predispuestos a alimentar la confrontación con los nuevos gobiernos locales.

A un año de distancia de las elecciones municipales, Carlos Alonso Zaldívar, responsable de política municipal del PCE, y Manuel Castells hicieron balance en las páginas de Nuestra Bandera de la actuación de la izquierda, y en particular del PCE, en los ayuntamientos. Carlos Alonso Zaldívar no ocultaba el peso de un clima político general «que es de retroceso» y de una crisis económica que continuaba empeorando las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, lo que se reflejaba en la vida municipal y «en el juicio que se emite sobre la gestión de los ayuntamientos de izquierda», aunque el balance de la actuación era a su parecer inequívocamente positivo, especialmente en el ámbito urbanístico, puesto que se habían conseguido frenar las dinámicas especulativas, imponer una disciplina urbanística, hacer respetar el principio de legalidad en materia de urbanismo, preservar y salvar cascos antiguos, en resumen, evitar que las ciudades continuaran «siendo motivo de especulación y de negocio en lugar de ámbito de convivencia de los seres humanos».

Por otra parte, se habían elaborado nuevos planes urbanísticos, se habían revisado otros existentes y se había obtenido suelo que permitía políticas de equipamientos sociales. Para Carlos Alonso Zaldívar, «los tiburones de la especulación urbanística hoy se tientan la ropa allí donde hay un concejal responsable del urbanismo comunista». En otros ámbitos, más dependientes de cambios legislativos o de los recursos aportados por la Administración central, el balance era menos positivo, por lo que, por ejemplo, los gobiernos locales estaban presionando para que las Cortes aprobaran una ley sobre el transporte público, pero no habían conseguido que la opinión pública fuera consciente de la responsabilidad del gobierno central. Con todo, se había logrado incrementar los recursos —en los mayores municipios con alcalde comunista los presupuestos de 1980 se habían incrementado entre el 50 y el 100% en relación a los de 1979—, tanto por la presión ejercida sobre el Gobierno como por una mejora de la recaudación combatiendo el fraude y revisando con criterios de progresividad las ordenanzas fiscales, aunque en las ciudades periféricas habitadas fundamentalmente por trabajadores era muy difícil incrementar los ingresos. También se habían desarrollado actuaciones muy positivas en el ámbito de las actividades culturales y se habían impulsado iniciativas sobre cuestiones hasta entonces ajenas a los gobiernos locales como, por ejemplo, la planificación familiar o las guarderías.

Manuel Castells, por su parte, planteaba la necesidad de una política informativa y de participación, porque la izquierda debía gobernar «sin temer que la gente sepa y pueda tomar decisiones» y, al mismo tiempo, se interrogaba sobre el papel del partido simultáneamente en gobiernos locales y en movimientos sociales. Alonso Zaldívar reconocía que el partido no había encontrado la fórmula adecuada a la nueva situación: «Somos un partido que está muy acostumbrado a trabajar en un contexto de oposición —y de hecho hoy seguimos haciéndolo en lo esencial porque somos un partido que no está en el poder—», pero «hay una parcela muy concreta en la cual nuestra función no es de oposición sino que es de gobierno». Esto implicaba nuevos métodos de trabajo que todavía no se habían incorporado al conjunto del partido, de manera que en unos sitios éste se «municipalizaba», y la asunción de las tareas de gestión municipal absorbía el 90% de la actividad de los órganos del partido, perdiendo otras dimensiones y limitando el nivel de autonomía que debían tener los cargos electos, pero también se podía encontrar la concepción que «ya hemos ganado el Ayuntamiento, ahí tenemos una excelente plantilla de camaradas, y que ellos se bandeen ese tema y el partido se dedica a otras cosas». Contrariamente, las directrices de la dirección comunista eran que la política municipal se llevaba a cabo a través de diversos instrumentos y no solamente de los representantes elegidos, también «con la presencia militante de comunistas en el movimiento ciudadano», y logrando que el militante comunista cuya actividad regular se desarrollaba en otros ámbitos tuviera «unos principios generales de política municipal» que le permitieran intervenir en el debate social, en el centro de trabajo y en la vida cotidiana sobre los temas municipales. No obstante, reconocía que los resultados eran muy desiguales.

Una cuestión muy relevante era la relación con el PSOE y ahí el responsable de la política municipal comunista reconocía dificultades importantes. Estimaba que solamente en el 30% de municipios donde gobernaban socialistas y comunistas se estaba desarrollando una política «comúnmente definida»; en los demás existía un «reparto» de responsabilidades entre ambas formaciones. El PCE rechazaba la fórmula del reparto, aunque Alonso Zaldívar reconocía que algunos comunistas se sentían cómodos con esa opción. En todo caso, si la política municipal socialista se inspiraba en principios de transformación, de transparencia y de participación podría avanzarse en una profunda convergencia y ello tendría una gran importancia, porque en el ámbito municipal «la izquierda puede demostrar que hay una política de las cosas capaz de avalar y generar confianza para una política general».[46]

Muy relacionado con el movimiento ciudadano, el PCE dedicó una notable atención a la enseñanza y a las asociaciones de padres de alumnos. En las Jornadas de Enseñanza celebradas en enero de 1980 se consideró que dichas asociaciones constituían un elemento esencial en la consecución de un sistema educativo de calidad, «acorde con la formación integral de la persona y dentro de las características de pluralismo, democracia y aconfesionalidad de la nueva sociedad». Por ello, los militantes del partido debían participar activamente en las APA (Asociaciones de Padres de Alumnos) y potenciar su papel, siempre teniendo bien presente su carácter pluralista, evitando «planteamientos partidistas en su seno que sólo conducirían al abandono de los padres no politizados» y asegurando su funcionamiento plenamente democrático. Por otra parte, dichas asociaciones debían combinar la acción reivindicativa con la colaboración con las instituciones educativas reclamando su participación desde el centro escolar a los organismos estatales.[47]

Desde la autocrítica por la limitada atención prestada en el pasado, el PCE se ocupó de forma creciente del movimiento feminista. El IX Congreso dedicó una tesis, la 8.ª, a «La liberación de la mujer», y en diciembre de 1978 organizó la II Conferencia de la Mujer.

Como sucedió en la tesis referida al movimiento ciudadano, el IX Congreso aprobó un texto notablemente modificado respecto al documento inicial del Comité Central. Maria Dolors Calvet, diputada y miembro del Comité Ejecutivo del PSUC, presentó ante el plenario del congreso el nuevo texto, que fue aprobado con sólo 16 votos en contra y sesenta abstenciones.[48] En primer lugar, era mucho más autocrítico que el texto inicial del Comité Central, puesto que a pesar de la definición del partido como un «partido feminista, el Partido de la liberación de la mujer» aprobada en la Segunda Conferencia del PCE celebrada en 1975, se afirmaba que no se había conseguido aún «que en nuestro partido se haya asumido responsablemente la problemática feminista, incluyéndola como una tarea fundamental del partido y como un grave problema que tiene planteada la sociedad actual», lo cual no había sido «comprendido por nuestros militantes y ni siquiera por la totalidad de las mujeres que militan en nuestras filas». Al analizar la situación de la mujer, junto a las contradicciones de clase, se remarcaba que «no hemos sabido valorar en toda su dimensión los factores ideológicos que han configurado y configuran el comportamiento de los individuos en la producción, en la familia, en la enseñanza, en los medios de comunicación de masas, etc.». El marxismo, se añadía, había adolecido durante mucho tiempo de concepciones economicistas al analizar el origen de la opresión femenina, «afirmando esquemáticamente que la liberación de la mujer vendría dada de forma automática con la socialización de los medios de producción», sin tener en cuenta la relación entre «individuos y sexos, y que esta relación forma parte también de la estructura que mantiene una sociedad injusta para la mayoría, y en especial para las mujeres».[49]

En segundo lugar, la resolución del Congreso destacaba la importancia de los movimientos feministas en la sociedad contemporánea y afirmaba que la lucha feminista era imprescindible para la conquista de una sociedad más justa y en la misma consecución del socialismo, por lo que era fundamental que el PCE comprendiera y fomentara dichos movimientos, «respetando totalmente» su independencia ideológica, colaborando con ellos «para conseguir la plena igualdad entre los sexos». La lucha feminista tenía un gran potencial revolucionario puesto que cuestionaba «todos los aparatos en que se apoya la sociedad actual» para discriminar a las mujeres, ideológicos, culturales, sociales y políticos.[50]

Por último, la resolución señalaba que había una serie de reivindicaciones, «que atañen a la mujer así como al conjunto de la sociedad», que el partido en su conjunto no había recogido y defendido suficientemente y que ahora debían convertirse en objetivos preferentes, desde los cambios legales necesarios para combatir la discriminación hasta el impulso a políticas de igualdad. La liberación de la mujer exigía una profunda «revolución cultural que los comunistas debemos impulsar para poner fin a prejuicios y privilegios plasmados ya en estructuras materiales y culturales que existen desde milenios». El partido debía llevar la lucha contra la discriminación de la mujer a todos los frentes, «impulsando su presencia en los movimientos de masas, contribuyendo al desarrollo de la lucha y de los movimientos feministas que abarquen al conjunto de las mujeres: obreras, campesinas, profesionales, amas de casa, etc.». En esa lucha, los movimientos feministas representaban «el nivel de conciencia más elevado de una vanguardia y las comunistas deben participar en ellos»; el PCE se pronunciaba explícitamente por la «doble militancia».[51] La resolución proponía también la celebración de una conferencia del partido antes de finalizar el año.

Así, el 17 y 18 de diciembre se celebró la II Conferencia de la Mujer del PCE, que concluyó con la aprobación del manifiesto «Por la liberación de la mujer», que incluía un apartado dedicado al movimiento feminista. El documento constataba una atomización del movimiento feminista originada por «las diversas maneras de entender las causas de la opresión femenina» y, en consecuencia, la estrategia a seguir para acabar con ella. Sin embargo, ello no debía impedir —y, en todo caso, esa era la posición comunista— la actividad conjunta y unitaria en la lucha por derechos y reivindicaciones que afectaban de una manera u otra a todas las mujeres. Para el PCE, todos los grupos feministas expresaban de forma diversa «la conciencia que las mujeres tienen de su opresión y explotación, su rebeldía y empeño por su liberación, en una época de crisis global de la sociedad capitalista».

El movimiento feminista era autónomo pero ello no debía entenderse como «separación de la lucha de las fuerzas sociales interesadas en el combate contra el sistema capitalista, especialmente de la clase obrera». Para el PCE no existía ninguna contradicción entre la militancia en un movimiento feminista y la militancia en un partido de clase y, en el interior de estos, las mujeres debían luchar contra «la ideología patriarcal, la división de tareas en su interior, el monopolio masculino del poder, del pensamiento y de la palabra». La doble militancia implicaba también el combate interno para que el partido «integre en su política global el feminismo como un componente fundamental de su alternativa global».[52]

Por otra parte, la experiencia de los países socialistas mostraba la necesidad de que el movimiento feminista siguiera actuando después de un cambio de las estructuras económicas; además, los avances conseguidos en educación, acceso al trabajo y servicios sociales no habían sido suficientes y no se podía alcanzar la liberación de las mujeres sin «democracia política verdadera y sin libertades públicas y sociales a todos los niveles».

El partido —y sus militantes— tenía tareas propias para ser consecuente con su asunción del feminismo, desde facilitar las formas más adecuadas para la militancia hasta la modificación de «las costumbres de los hombres comunistas, en el sentido de compartir las tareas domésticas y de crear así condiciones de mayor igualdad para la militancia política de los hombres y las mujeres», pasando por la presencia de mujeres en los comités, como mínimo de manera proporcional a su número en cada organización, acabando con «una serie de concepciones atrasadas y una discriminación que se refleja concretamente en el reducido porcentaje de mujeres en los Comités del Partido».[53]

El manifiesto «Por la liberación de la mujer» dedicaba una larga introducción al análisis de la opresión femenina a partir de las aportaciones realizadas por el propio movimiento feminista, con una particular atención al papel de la familia, la educación, la legislación, los medios de comunicación y la Iglesia, así como a la sexualidad, el trabajo doméstico y el asalariado, y detallaba una lista de objetivos en distintos ámbitos, en la mayoría de los casos, coincidentes con los de los distintos grupos que conformaban el movimiento feminista. Especial concreción tenían las propuestas en el ámbito educativo, desde la implantación obligatoria de la coeducación a la eliminación de «textos, imágenes, contenidos y conceptos que reflejen cualquier tipo de discriminación sexista», y en la legislación, con un nuevo derecho de familia, regulación del divorcio y del aborto, planificación familiar, etc.[54] Dichas propuestas serían incorporadas, como hemos visto en el capítulo 5, en el programa electoral de las elecciones generales de marzo de 1979.

De lo visto en las páginas anteriores, puede concluirse que el PCE realizó un notable esfuerzo para afirmar su presencia en los movimientos sociales, para redefinir en el nuevo escenario político su relación con dichos movimientos y el papel de sus militantes en ellos. Sin embargo, dicho esfuerzo no impidió que se manifestaran múltiples problemas, que se pusieran de relieve deficiencias de elaboración política y que se evidenciara la distancia entre formulaciones que comportaban la introducción de cambios de notable calado y las posibilidades reales de materializarlos.

7

Democracia y socialismo:
el IX Congreso

El IX Congreso suscitó un enorme interés en España y más allá de nuestras fronteras. Por el apasionado debate que le precedió y que desbordó el marco de las organizaciones del partido. Y por lo que tenía de piedra de toque del proceso de democratización interna.

A tan sólo doce meses de su legalización, el IX Congreso ha ofrecido la imagen real de un partido abierto al contraste de ideas y opiniones, de un partido que dejaba atrás, para siempre, el monolitismo. Un partido, en suma, que corresponde cabalmente a su definición de «marxista, revolucionario y democrático».

Prólogo a Noveno Congreso del PCE.
Informes, debates, actas y documentos.

Del 19 al 23 de abril de 1978, el PCE celebró su IX Congreso, el primero en España desde la guerra civil, y el segundo en la legalidad de toda su historia.[1] Había transcurrido un año desde la legalización del partido y diez meses desde las elecciones generales. Seis meses antes se habían firmado los Pactos de la Moncloa, la Constitución estaba todavía en proceso de elaboración y faltaban ocho meses para su aprobación. Los ayuntamientos y diputaciones seguían gobernados por las corporaciones franquistas y en muchas instituciones no se apreciaba cambio alguno. Por otra parte, las libertades democráticas empezaban a ser una realidad, si bien todavía sin cobertura constitucional, y se había iniciado el proceso de establecimiento de gobiernos preautonómicos. Este era el escenario político cuando se reunió el congreso.

En 1978 el PCE era un partido numeroso y heterogéneo. Una parte de su militancia estaba constituida por activistas que se habían formado en la lucha contra la dictadura, fundamentalmente en los movimientos sociales antifranquistas, especialmente en CC. OO., pero también en el movimiento estudiantil y en el vecinal, todos ellos con prácticas políticas muy participativas. Como se ha visto en páginas anteriores, eran militantes acostumbrados al debate y poco predispuestos a una rígida disciplina asociada a las necesidades de los años de estricta clandestinidad o a planteamientos considerados superados. El partido contaba también con veteranos militantes, formados en etapas anteriores, partícipes de la cultura política comunista tradicional y con un vínculo sentimental profundo con la URSS, aunque otros con la misma procedencia habían sido muy sensibles a los nuevos planteamientos asociados al proyecto de «socialismo en libertad». Algunos militantes de reciente incorporación, en especial en las zonas de mayor concentración obrera, con frecuencia con una cultura política muy elemental, se identificaban más con el comunismo tradicional que con las nuevas formulaciones, que aceptaban al asumir la rígida disciplina también tradicional. Por otro lado, una parte de la militancia, y numerosos cuadros y dirigentes, estaba formada por profesionales, muchos incorporados al partido porque era la vía más efectiva de participar en la lucha contra la dictadura, y aunque no se identificaran con el comunismo tradicional compartían el proyecto de socialismo en libertad que se había ido construyendo, así como el modelo de partido de masas con vocación de partido de lucha y de gobierno. Pero ser un partido de masas, como el PCI, sin duda el modelo de partido más atractivo para los comunistas españoles, exigía preservar esa diversidad interna y, especialmente, saber administrarla.

Según las cifras oficiales del partido, el PCE contaba con 201.740 miembros, incluidos los 40.000 militantes del PSUC. Las organizaciones con mayor número de afiliados eran las de Andalucía (39.373), Madrid (31.895), País Valenciano (22.060) y Asturias (10.940), que agrupaban a más de la mitad de la militancia, sobrepasando el 70% si se añaden los comunistas catalanes. El congreso reunió a 1.401 delegados, incluidos los miembros del Comité Central saliente. Naturalmente, las delegaciones más numerosas eran la del PSUC, con 267 congresistas, y las de las organizaciones de Andalucía (265), Madrid (213), País Valenciano (147) y Asturias (73). Las delegaciones eran de carácter regional, y provincial allí donde no había estructuras supraprovinciales, como en las dos Castillas y Extremadura.

Según los datos publicados en los documentos del Congreso, la edad media de los delegados era de 35 años; el 12,41% eran menores de 25 años, el 49,75% tenía entre 26 y 35 años, el 23,62%, entre 36 y 50, y el 14,20% superaba los 50. El 9,06% de los delegados había ingresado en el partido antes de 1939, el 4,28% entre 1939 y 1950, el 9,13% lo había hecho entre 1951 y 1960, el 32,04% entre 1961 y 1970, el 37,83% entre 1971 y 1976, y el 7,63% entre 1977 y 1978. Es decir, el 70% de los congresistas se había incorporado al partido en la fase de crecimiento de la movilización social antifranquista. El 86,72% de los delegados eran hombres y el 13,27% mujeres, una proporción ligeramente superior a la del total de mujeres militantes, el 11,15% frente al 88,85% hombres.

En cuanto al perfil sociolaboral de los congresistas, el 34,61% eran obreros industriales, el 31,11% profesionales y «fuerzas de la cultura», el 15,76% empleados y administrativos, el 6,02% obreros agrícolas y campesinos, el 3,76% estudiantes, el 3,01% trabajadores autónomos y empresarios y el 1,30% amas de casa. Aunque la clasificación de los congresistas no es idéntica a la del conjunto de la militancia, se puede apreciar una notable sobrerrepresentación en los primeros a favor de los profesionales y «fuerzas de la cultura» —que debía agrupar a intelectuales en sentido amplio y artistas—, puesto que «técnicos, profesionales y estudiantes» constituían el 9,60% del total de la militancia, en tanto que los obreros industriales eran el 60,63% y los obreros agrícolas el 11,67%. Agricultores y ganaderos suponían el 5,92%, empresarios, comerciantes y autónomos el 2,59% y un 9,56% se agrupaba en «varios».[2]

El congreso despertó un gran interés público y tuvo un muy notable seguimiento en los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros. Además, asistieron delegaciones procedentes de numerosos países, especialmente de partidos comunistas, pero también de partidos socialistas y de movimientos de liberación nacional. La supresión de la definición leninista del partido, la relación con el PCUS y la Unión Soviética y, especialmente, la reafirmación de la opción «eurocomunista» focalizaron la atención de buena parte de la prensa europea y, en los medios españoles, interesaron además las resoluciones sobre la política del partido y la elección de sus dirigentes.

La atención política y mediática hacia el PCE había crecido paralelamente al papel de Santiago Carrillo en la propagación de las propuestas «eurocomunistas». Poco antes de las elecciones de junio de 1977 había publicado el libro «Eurocomunismo» y Estado,[3] donde desarrollaba la propuesta de una vía al socialismo desde la democracia y de un socialismo en democracia, vía y modelo de socialismo considerados los únicos posibles en sociedades capitalistas desarrolladas. El libro contenía críticas implícitas, y también explícitas, al socialismo soviético, lo que contribuyó a desencadenar una dura condena de sus tesis por parte de la revista soviética Tiempos Nuevos y de otros medios comunistas de Europa Oriental, algunas de notable virulencia, como la del órgano oficial del Partido Comunista de Checoslovaquia, Rude Pravo, y la del semanario teórico de dicho partido, Tribuna.[4] El malestar de los dirigentes soviéticos con Carrillo se expresó también en el acto conmemorativo de la revolución de octubre, en Moscú, mediante la supresión del discurso que debía pronunciar el secretario general del PCE, lo que avanzó el regreso a España de la delegación que había acudido a la conmemoración del 70.º aniversario de la revolución rusa.

Poco después, el anuncio de Carrillo, durante un viaje a Estados Unidos en el mismo mes de noviembre, de la supresión en el próximo congreso del partido del leninismo de su definición —un anuncio desconocido incluso por los miembros de los órganos de dirección comunistas— intensificó la polémica. De hecho, Carrillo había escrito claramente en «Eurocomunismo» y Estado que las tesis de Lenin sobre el Estado «aplicables a Rusia y teóricamente al resto del mundo en aquella época» eran «inaplicables hoy, por rebasadas, en los países capitalistas desarrollados de Europa Occidental». Las había convertido en inaplicables «el cambio de las estructuras económicas y la ampliación objetiva de las fuerzas sociales progresistas, el desarrollo de las fuerzas productivas —entre ellas la energía nuclear—, los avances del socialismo y la descolonización, la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial». A quien considerara «blasfemo» afirmar que algunas tesis de Lenin estaban rebasadas, Carrillo se adelantaba en la réplica acusándole de ignorar que el líder revolucionario ruso «dijo lo mismo sobre Marx y que los continuadores soviéticos de Lenin revisaron abiertamente algunas de las tesis de éste».[5] En el libro, Carrillo insistía, por otra parte, en que debía afirmarse sin reservas que las libertades democráticas y los derechos humanos representaban un logro histórico irrenunciable del progreso humano.

EL PROCESO PRECONGRESUAL

El anuncio de Carrillo sobre el leninismo distorsionó notablemente el debate precongresual y el propio IX Congreso. Sin embargo, el debate de las 15 tesis aprobadas por el Comité Central en las organizaciones comunistas durante los meses que precedieron al congreso fue notable y su propio desarrollo mostró la vitalidad del partido.

Antes de iniciarse el debate precongresual en el PCE, el PSUC celebró su IV Congreso en los últimos días de octubre de 1977. El partido de los comunistas catalanes culminaba así su propio proceso congresual y el debate sobre su programa desarrollado en los meses anteriores pese a la gran densidad de acontecimientos políticos que exigieron una casi permanente movilización de los militantes. Con el lema «Amb la veu de tots», el congreso abrió las puertas de todas sus sesiones a los medios de comunicación, muy interesados por el partido, que continuaba siendo la principal formación política catalana. Las valoraciones de la mayoría de los medios reflejaban la imagen de solidez y cohesión que proyectó el congreso. Para el editorialista del diario Avui, el congreso había significado «un paso decisivo en el fortalecimiento del PSUC como primera formación política en la Cataluña actual»; además, había significado «el predominio de la democracia sobre el centralismo», y destacaba que «por primera vez, un partido comunista occidental» había elegido mediante voto secreto al nuevo comité central.[6] Por su parte, Tele/eXpres destacaba también en un editorial la democracia interna exhibida por el PSUC, así como la confirmación de su estrategia hacia el socialismo en libertad.[7]

El informe del Comité Central saliente, presentado por el secretario general, Gregorio López Raimundo, fue aprobado por una abrumadora mayoría de más de un millar de delegados, con sólo 22 votos en contra y 59 abstenciones, una mayoría semejante a la que aprobó el programa del partido, un documento que según Joaquim Sempere, portavoz de la comisión redactora, no era fruto de la elaboración de un pequeño núcleo de dirigentes, sino de un trabajo de meses en el que habían participado miles de militantes.[8] El programa aprobado reafirmaba y desarrollaba la política del partido, y expresaba con mucha claridad la vía al socialismo propugnada, la «revolución de la mayoría». En primer lugar, el documento reafirmaba que la concepción del socialismo en democracia correspondía «a una posición de principio» y no a una concepción táctica, reproduciendo algunos de los párrafos más significativos de la Declaración de Livorno del PCE y del PCI.[9] Pero, además, «el avance hacia el socialismo en unas sociedades tan complejas y articuladas como las sociedades de capitalismo desarrollado y en una zona geopolítica situada todavía bajo la hegemonía norteamericana», sólo podría darse «por la movilización activa del grueso de la población, por la revolución de la mayoría», una mayoría «plural y que está política e ideológicamente encuadrada en fuerzas diferentes». Ello exigía no sólo respetar y garantizar el marco de libertades existente, sino ampliarlo y defenderlo de los atentados autoritarios, y consolidarlo «con la introducción de nuevos elementos de democracia de base creados por las mismas masas populares en su práctica colectiva».[10]

Por otra parte, el documento programático afirmaba que el PSUC ponía «en revisión el concepto de “dictadura del proletariado”» porque el uso del término dictadura «para designar al Estado democrático de los trabajadores» que el PSUC proponía construir «no sería más que una fuente de confusiones».[11] El Congreso aprobó también unos nuevos estatutos del partido, igualmente con el voto a favor de una mayoría muy amplia, en los que se sustituía la definición del partido, basada en el «marxismo-leninismo», una expresión que se consideró de connotaciones estalinistas, por una nueva fórmula que remitía a los principios del «marxismo, del leninismo y de todas las demás aportaciones de la práctica y del pensamiento revolucionario». El PSUC no renunciaba, como tampoco lo haría el PCI, a la definición leninista al considerarla un signo de identidad que no era incompatible con las nuevas posiciones del partido.

El congreso eligió un nuevo secretario general, Antoni Gutiérrez Díaz, pasando Gregorio López Raimundo a ocupar la presidencia del partido. En su intervención en el acto de clausura, en un abarrotado Palacio de Deportes de Barcelona, el recién elegido secretario general sintetizó el mensaje del PSUC a la sociedad catalana en cuatro afirmaciones y en cuatro negaciones. Los «sí» eran a la historia del partido, a la democracia, al socialismo y a la solidaridad internacional. La primera negación era al sectarismo, seguida de la del dogmatismo, de la simple gestión del capitalismo y de la marginación para mantener purezas doctrinales estériles.[12] El mensaje era claro: se reafirmaba la identidad comunista, pero con un proyecto de socialismo en democracia inédito, al que debía llegarse a partir de la articulación de una amplia mayoría social y política que exigía una política de alianzas con las fuerzas obreras y progresistas incompatible con nociones como la del partido-guía de la revolución o, incluso, con la identificación del partido como «el partido de la clase obrera». Por otra parte, se reconocía que era un proyecto en construcción, pero que rechazaba nítidamente la política socialdemócrata de gestión del capitalismo. Se propugnaba la participación en las instituciones democráticas con propuestas de reforma y transformación política, social y económica. Y se afirmaba la solidaridad internacionalista, pero desde la plena independencia, rechazando explícitamente las formas de relación que habían caracterizado al movimiento comunista internacional. Se remarcaba, por último, el carácter heterogéneo del partido y se apuntaba el peligro de actitudes dogmáticas y sectarias.

Pero el balance tan positivo del IV Congreso del PSUC quedó en entredicho cuando, pocos meses después, en la conferencia previa al IX Congreso del PCE, apareció una importante divergencia sobre la supresión del leninismo en su definición, algo que formalmente no afectaba directamente al PSUC, dado su carácter de partido independiente.[13] En la conferencia celebrada a finales de marzo y principios de abril de 1978, todas las enmiendas a las tesis y al proyecto de estatutos fueron aprobadas por una amplísima mayoría e incluso algunas por unanimidad, con una sola excepción. En el debate, en las enmiendas aprobadas y en el propio informe del Comité Ejecutivo, presentado por Antoni Gutiérrez Díaz, se puede apreciar que el PSUC realizaba una lectura más crítica —y autocrítica— que el PCE del proceso de cambio político que se estaba desarrollando. También que consideraba que existían insuficiencias en la estrategia de avance hacia el socialismo, lo que debía obligar a un debate abierto y continuado. Sin embargo, la cuestión del leninismo dividió al partido catalán, incluido el propio Comité Ejecutivo. Por 97 votos a favor, 81 en contra y siete abstenciones fue aprobada una enmienda al proyecto de estatutos del PCE defendiendo la formulación adoptada por el IV Congreso del PSUC que mantenía la referencia al leninismo. Puesto que en el informe presentado por Gutiérrez Díaz, y aprobado por amplia mayoría, no se consideraban sustancialmente diferentes ambas definiciones, por lo que se defendía no cuestionar la propuesta del PCE, y algunos miembros del Comité Ejecutivo votaron a favor de la enmienda al decidirse que, dadas las discrepancias existentes, tendrían libertad de voto, el secretario general y el presidente del partido presentaron la dimisión al sentirse desautorizados. Aunque poco después fueron confirmados en sus cargos por el Comité Central, junto a todos los miembros del Comité Ejecutivo, y pudo darse la crisis por superada, la tensión vivida tuvo efectos importantes en el futuro inmediato, al dibujarse con cierta precisión unas tendencias informales en el partido.[14]

Joaquim Sempere, en un artículo publicado coincidiendo con la celebración del IX Congreso en El País, con el título «“Eurocomunismo” y leninismo», sostenía que la defensa del mantenimiento del leninismo en la definición del partido era fruto de la precipitación con que se había formulado la propuesta de supresión, de «la ligereza intelectual de un debate que exigía más estudio y reflexión», así como del temor que se había extendido entre muchos militantes de una derechización del partido. Así, la defensa del «leninismo» había servido, en no pocas ocasiones, «para expresar el temor a una evolución del partido hacia la derecha, sin poner por ello en duda la justeza del “eurocomunismo”». Para el dirigente del PSUC, el debate en torno al leninismo había sido mal planteado en el PCE, y recurría, además, a la posición del PCI, el principal referente del comunismo español: «“Nos encontramos frente a quien nos quiere hacer jurar sobre el leninismo y frente a quien nos pide que abjuremos de él”, dice Giorgio Napolitano, destacado dirigente del PC italiano. Y sigue diciendo: “Nosotros creemos que son inaceptables una y otra posición”».[15]

Si bien en la mayoría de las conferencias de las organizaciones territoriales del PCE hubo un debate intenso de las tesis, pero sin manifestarse tensiones graves, no fue así en el caso de Asturias, una de las más potentes organizaciones comunistas. La III Conferencia Regional, celebrada en Perlora del 24 al 26 de marzo de 1978, dio lugar a un duro enfrentamiento que, como ha afirmado Rubén Vega, no se resolvió «sino con la amputación de un sector» del partido en el que figuraban «algunos de los dirigentes de las fases finales del franquismo, incluidos los dos anteriores responsables políticos».[16] La denominada «crisis de Perlora» no fue fruto fundamentalmente del debate precongresual, sino de las tensiones que se habían ido acumulando en la organización comunista asturiana, muchas de las cuales afloraron en el conjunto del PCE tres años después. Por una parte, tensiones derivadas del crecimiento y de los cambios que había experimentado el partido en los años anteriores, cuando a una organización de perfil esencialmente obrero, con un gran peso de mineros y metalúrgicos, se habían incorporado intelectuales, estudiantes y profesionales que fueron ocupando responsabilidades en los comités directivos, y que además tenían planeamientos y actitudes distantes de los militantes obreros. Por otra, abiertas o soterradas, se habían conformado divergencias, que se solapaban con la diversidad de orígenes sociales, en torno a problemas organizativos, con la territorialización ocupando un lugar destacado, las formas de dirección de la cúpula del PCE y las decisiones súbitas y sin un proceso de maduración y debate —la cuestión del leninismo sería el ejemplo más significativo aunque no el único—, así como la relación de partido con CC. OO. Y, todo ello, con el trasfondo de una crisis económica que estaba golpeando duramente a la base obrera, incluida la militante, y que estaba generando un difuso malestar social. En todo caso, y con relación al IX Congreso, en las conferencias de Gijón, Oviedo, Avilés, además de las de Siero y la de la Universidad, se manifestó una notable crítica a las tesis presentadas por el Comité Central y se rechazó la propuesta la supresión del leninismo en la definición del partido.[17]

El abandono al iniciarse la conferencia de más de un centenar de delegados al serle denegada la palabra a José Ramón Herrero Merediz, miembro del Comité Central, en un clima de crispación y de enfrentamiento en el Comité Regional por la composición de la mesa que debía presidirla, desencadenó una dinámica de ruptura que debilitó al partido, sobre todo por la pérdida de una parte considerable de la militancia no obrera,[18] aunque ello no tendría consecuencias electorales al estar el voto comunista muy concentrado en las cuencas mineras y en las comarcas siderúrgicas. La conferencia eligió una nueva dirección regional que quedó en manos de cuadros sindicales de CC. OO., encabezada por Gerardo Iglesias, hasta ese momento secretario general del sindicato.

Como se ha dicho anteriormente, la propuesta sobre el leninismo polarizó una parte muy notable del proceso precongresual. Juan Antonio Andrade Blanco ha estudiado dicho debate sobre todo a partir, por una parte, de las cartas enviadas por los militantes a la sección de Mundo Obrero dedicada a las tesis del congreso y, por otra, de los artículos publicados en Nuestra Bandera y Nous Horitzonts, así como en Mientras Tanto.[19] Las cartas de los afiliados —unas doscientas en total, incluyendo tanto las publicadas como las no publicadas— muestran la diversidad de posiciones ante la propuesta de la dirección del partido, con el rechazo de una parte apreciable de la militancia a la supresión de la referencia al leninismo. Más del 40% de las cartas a la «Tribuna» de Mundo Obrero se ocupaban exclusivamente de esta cuestión y las demás también se referían a ella. La mayoría de dichas cartas defendían el mantenimiento de la definición leninista del partido, aunque con distintos argumentos, desde quienes consideraban que continuaban siendo plenamente válidos los análisis y las tesis de Lenin, hasta los que afirmaban que era un componente esencial de la identidad comunista y, especialmente, de la voluntad de construir una sociedad socialista, pasando por quienes expresaban la veneración de la figura de Lenin tan largamente alimentada. Hubo, incluso, quien aludió a la contradicción que suponía la constante utilización de Lenin en tiempos pasados no tan lejanos como fuente de autoridad para avalar los cambios que se habían ido introduciendo en la estrategia del partido y pasar súbitamente a considerar que sus tesis estaban superadas.[20] En todo caso, las cartas de los militantes indican que el debate, que en muchos aspectos trascendía la simple referencia al leninismo, podría haberse desarrollado de forma mucho más profunda y tranquila si la dirección del partido, y Santiago Carrillo en particular, lo hubieran planteado sin urgencias y en un contexto más adecuado, prescindiendo de cálculos de corto alcance sobre los réditos políticos de tal decisión.

Los textos fruto de los debates propiciados por las publicaciones teóricas del PCE y del PSUC, con la intervención, entre otros, de Paco Fernández Buey, Valeriano Bozal, Julio Segura, Juan Trías Vejarano, Antoni Domènech y Manuel Azcárate, iban mucho más allá de la definición del partido y planteaban la significación de la aportación de Lenin a la tradición marxista, qué podía considerarse esencial de dicha aportación, más allá de la vigencia o no de determinadas tesis del dirigente bolchevique, y qué podía significar identificarse como leninista en el presente. Obviamente, las posiciones fueron distintas, aunque todas ellas muy matizadas y dependieron de las respuestas dadas a dichas cuestiones.[21]

EL INFORME DEL COMITÉ CENTRAL AL IX CONGRESO

Como era habitual en los partidos comunistas, el congreso se inició con la presentación por el secretario general de un informe del Comité Central que acababa su mandato con el balance de su actuación desde el anterior congreso. Santiago Carrillo lo inició con una reivindicación de la historia del partido y, de manera destacada, de su papel en la lucha contra la dictadura, dedicando un recuerdo y homenaje a los que habían pagado con su vida su militancia comunista, pasando rápidamente a presentar un balance del cambio político que se estaba desarrollando. Admitiendo que el cambio iba despacio y que en muchas zonas de España, especialmente en las menos desarrolladas, podía existir la percepción de que apenas se apreciaba «contemplando los mismos alcaldes de siempre, los mismos caciques, las mismas estructuras, igual miseria y explotación», debía remarcarse que en poco tiempo se había «conquistado la libertad de prensa, la libertad de asociación, de manifestación y huelga»; se había «arrancado a los presos de las cárceles con la amnistía» y se iba consiguiendo, «aunque trabajosamente, la amnistía laboral». Donde antes se reunían las Cortes franquistas y el Consejo Nacional del Movimiento, ahora lo hacían diputados y senadores elegidos por sufragio universal, se estaba elaborando una Constitución y las nacionalidades y regiones empezaban a obtener regímenes preautonómicos. Sin embargo, «los residuos políticos de la dictadura» se movían «con demasiada libertad», el aparato del Estado debía ser profundamente reformado y la crisis económica y la «herencia lamentable» en sectores como la enseñanza, la sanidad y otros servicios públicos exacerbaban «el malestar y la impaciencia y complican seriamente la transición». En este marco, las prioridades del partido debían ser «movilizar al pueblo para que participe más y más activamente en el cambio; actuar de forma que tranquilice y cohesione en torno al proceso democrático a los más amplios sectores posibles; erradicar el terrorismo, aislar a los nostálgicos y recalcitrantes del pasado dictatorial para que no lleguen a constituir una amenaza grave».[22]

Para el secretario general comunista, el proceso de cambio tal como se estaba desarrollando estaba inquietando a la «oligarquía» y empezaba a expresarse el disgusto, con críticas cada vez más frecuentes a Suárez, de los sectores que habían visto los Pactos de la Moncloa y, «en general, la política de consenso, como un peligro», formulando incluso amenazas de promover una «gran derecha» frente a la gobernante UCD. Por ello, la coalición centrista se encontraba ante el dilema de «ser la derecha sin ambages, o tratar de actuar como un partido interclasista capaz de conservar apoyo popular».[23]

Carrillo efectuó en su informe una rotunda defensa de los Pactos de la Moncloa, en un momento en el que el malestar por el creciente impacto de la crisis económica estaba aumentando. A seis meses de su firma, afirmó que era una valoración ampliamente compartida en casi todo el espectro político que los acuerdos «constituyeron una iniciativa importante para enfrentar la crisis y consolidar el avance democrático», pero remarcó las posiciones de hostilidad hacia los pactos de los dirigentes patronales y criticó tanto al Gobierno como al PSOE, responsabilizándolos de los incumplimientos. Sobre los primeros recordó las catastrofistas declaraciones del presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, en Estados Unidos alertando sobre las graves amenazas que se cernían en España sobre la «libre empresa». Sobre los segundos, centró la crítica en su rechazo a la formación de un órgano de seguimiento de la aplicación de los pactos puesto que, en muchos aspectos, eran «un enunciado sucinto de soluciones que requerían no sólo ser aplicados, sino desarrollados con fidelidad al espíritu en que fueron concebidos». Y si «el gobierno no tenía demasiado interés en un órgano de seguimiento que iba a condicionarle», al PSOE le pareció que un órgano de tal naturaleza podría aparecer ante la opinión pública «como un sustituto del gobierno de concentración» propuesto por los comunistas, así como desdibujar su condición de «alternativa de poder».[24]

Carrillo también defendió la política de concentración democrática y rechazó «las tentativas de dividir de nuevo nuestro país en dos bloques, la izquierda y la derecha, sin mediaciones equilibradoras», al igual que «el bipartidismo más o menos “imperfecto” que algunos acarician». Contrariamente, para superar el «retraso histórico en el tiempo más breve posible» era indispensable la unión de todas las fuerzas «democráticas y progresistas».[25] Es decir, la política de concentración no era solamente propugnada para el período de configuración de la democracia, sino que se insinuaba su prolongación durante una etapa mucho más larga. No se trataba, por tanto, de una política coyuntural, sino que su objetivo era «proporcionar a la clase obrera el más amplio número de aliados», aunque con muchos de ellos sólo se coincidiera en ese momento en objetivos inmediatos muy limitados. Se estaba en el inicio de un cambio político democrático, pero ese cambio, se sostenía en el informe, «podía ir más allá y transformarse en un cambio político y social si los partidos y organizaciones representativas de la clase obrera hacen una política inteligente que vaya colocando a ésta a la cabeza de todas las fuerzas de progreso».[26]

Al parecer, Santiago Carrillo, y con él la dirección del partido que, formalmente, era responsable del informe, no percibía o no valoraba que tal política podía diluir en exceso los objetivos transformadores del proyecto comunista, lo que incomodaba a sectores de la militancia. Por otra parte, en todo el informe presentado por Carrillo no aparecieron ni las más leves autocríticas a los análisis y a la actuación de la dirección del partido, ni siquiera a las que se habían formulado en los propios órganos de expresión de la organización, por ejemplo con relación a los Pactos de la Moncloa.[27] En cambio, sí que hubo una explícita reivindicación del papel de la dirección con relación al partido que se había configurado en los años anteriores: «Si el equipo dirigente del partido, formado a lo largo de años de lucha, a través de una selección natural, hubiera querido crear en vez de este partido abierto, transparente y democrático, un partido hermético, cerrado, sin posibles contrastes, habría podido hacerlo, como lo indican otros precedentes», una afirmación que iba acompañada de una discreta consideración relativa a que, de haberse seguido la segunda opción, se estaría ante otro partido, menos enraizado e influyente en la sociedad. El secretario general remarcó también «la democracia que ha presidido la preparación del IX Congreso, pese a no ser nada simple pasar de las formas y los métodos de una larga y profunda clandestinidad a los propios de una situación de legalidad»; un reto, puede añadirse, inexistente para la mayor parte de las demás formaciones políticas. La dirección del partido había cumplido «la promesa que había hecho repetidamente en los tiempos de la clandestinidad y que consistía en que una vez conquistada la legalidad, el partido decidiría de la manera más democrática sobre su política y las reglas de su funcionamiento».[28]

Naturalmente, el informe presentado por Carrillo no podía obviar la cuestión de la desaparición del leninismo en la definición del partido. No se abandonaba el leninismo, afirmó, sino que se proponía una definición que consideraba que se correspondía mejor con la práctica política del partido y con sus elaboraciones teóricas desde hacía más de veinte años. Reconoció que había en el partido quienes temían que se cambiaran demasiadas cosas y que «en esos cambios se pierdan las señas de identidad del partido», así como quienes temían, al contrario, que no cambiasen «bastantes cosas y que el partido nuevo no sea tan nuevo y diferente al que ha sido históricamente». A los primeros les decía que el partido no perdía, con su cambio de definición, sus señas de identidad, seguía fiel a sus orígenes históricos, a su rechazo a la socialdemocracia y a su vínculo con la revolución de octubre, pero sin «dependencia de ningún Estado socialista concreto ni aceptación de un centro dirigente determinado». Y reafirmó la opción por un «partido obrero, marxista, revolucionario, ni socialdemócrata ni estaliniano».[29]

El informe presentado por Santiago Carrillo fue aprobado por 898 votos a favor, 37 en contra y 51 abstenciones después de ser debatido en las reuniones de las delegaciones territoriales y ser presentadas sus conclusiones ante el pleno del congreso.[30] Las intervenciones de los portavoces de las distintas delegaciones ante el pleno habían expresado la conformidad global con el informe, pero también numerosas observaciones críticas, a pesar de que las principales cuestiones del informe estaban presentes más ampliamente en las 15 tesis y en el proyecto de nuevos estatutos que debían debatirse a continuación. Así, el portavoz de la delegación de Andalucía, Mario Bilbao, señaló que en el informe se hacía referencia en diversos lugares a los aciertos y errores de la política seguida por el partido, pero que ni se explicitaban los errores ni, por tanto, se valoraban. Para los delegados de las Islas Baleares, el informe presentado por Carrillo no explicaba «el por qué no se produjo la ruptura tal como nosotros preveíamos», y el portavoz de la delegación de Murcia, Agustín Sánchez Trigueros, señaló que en la reunión de su delegación se habían expresado opiniones sobre la falta de un análisis más crítico sobre «nuestra apreciación en el proceso de cambio». Por otra parte, la delegación balear llamó la atención sobre la utilización equívoca de determinados conceptos o expresiones, en particular cuando se hablaba de «partido nacional». «¿Qué significa partido nacional?», preguntaba, «el concepto nacional se refiere a todo el Estado español, ¿o se refiere a Cataluña y a otras partes del Estado?». Dicho de otro modo, el portavoz de la delegación, Josep Ferrer, planteaba cómo se podía ser un partido nacional en un Estado que el partido definía como plurinacional.[31] Aparecía aquí una cuestión que estaría muy presente más adelante, cuando estalló la crisis del partido.

Los Pactos de la Moncloa fueron objeto de atención en muchas intervenciones, que expresaron preocupación por su incumplimiento, en particular en las «contrapartidas» que justificaban los «sacrificios» de los trabajadores. Cipriano García, en representación del PSUC, destacó la importancia de la movilización obrera: «No es suficiente ... con decir que los comunistas hemos de derrochar audacia» y que «hemos de tener toda la tenacidad» para lograr su cumplimiento, puesto que lo fundamental era desarrollar una política dirigida a «movilizar, a impulsar ese proceso de masas», que estaba presente en otros aspectos del informe, pero que consideraba «que también debería estar en esta parte».[32]

José Luis Malo, de la delegación de Madrid, coincidiendo con los portavoces de otras delegaciones, expuso que se consideraba desacertada la formulación relativa al papel del equipo dirigente en la apertura y democratización del partido. Aceptando mayoritariamente el reconocimiento a la actitud de la dirección del partido, remarcaba que «en cualquier caso, la obligación del equipo dirigente, su obligación como dirigentes revolucionarios era en esta hora asumir toda nuestra influencia en la sociedad, de plantearnos el nuevo partido que necesitábamos y el llevar adelante ese proceso de democratización», y que «la opción del partido monolítico, la opción del partido hermético hubiese significado también una renuncia a ser verdaderamente y auténticamente en este momento un partido revolucionario».[33] Dicho más claramente: que los dirigentes del partido habían hecho sencillamente lo que debían hacer, lo que no empañaba sus méritos, pero que tampoco debían magnificarse.

En las intervenciones de las distintas delegaciones se introdujeron consideraciones sobre la situación política general y sobre la del partido en particular en los diversos territorios. Hay que destacar la intervención del nuevo secretario general del Partido Comunista de Euskadi-EPK sobre la situación vasca y sobre los enormes obstáculos que allí encontraba el partido. Para Roberto Lertxundi, en el País Vasco se había desarrollado a lo largo de las dos décadas anteriores una estrategia de ruptura con el franquismo radicalmente opuesta a la propuesta por el Partido Comunista; una estrategia basada en «la actividad armada y en el terrorismo abierto» que había encontrado «su propio margen de justificación en la represión de la dictadura» y en la actuación de los primeros gobiernos de la monarquía. Por otra parte, pero directamente relacionado con lo anterior, en Euskadi era donde la política de concentración democrática era más débil, donde «la relación normal de las relaciones entre los partidos es el enfrentamiento», con el PNV y el PSOE en «una política exclusivamente dirigida a la potenciación de sus intereses particulares», y ello se debía también a la debilidad del partido. Considerando todo lo anterior, para el dirigente vasco se corría el riesgo de que Euskadi «sea un islote en constante problematización». Frente a tal situación, debía fortalecerse el Consejo General Vasco y que éste se inclinara por una política de concentración, debía aprobarse un Estatuto de Autonomía conforme a las aspiraciones del pueblo vasco y debía cambiarse la política de orden público. Y ésta debía ser una política de todas las principales fuerzas políticas del conjunto de España y, destacadamente, del PCE. Desde fuera del País Vasco «se puede ayudar enormemente a Euskadi», concluyó Lertxundi.[34]

Junto a los portavoces de las delegaciones intervinieron algunos miembros del Comité Central saliente. Los medios de comunicación destacaron las intervenciones de los dirigentes de CC. OO. y el prestigio del que éstos gozaban entre los congresistas. Marcelino Camacho y Julián Ariza resaltaron la victoria de Comisiones en las elecciones sindicales y la importancia que ello tenía para reforzar la unidad de los trabajadores, y Nicolás Sartorius llamó la atención sobre nuevas realidades y nuevos problemas, como la mayor complejidad de la definición de las clases por su relación con los medios de producción cuando había «amplísimos sectores que no ocupan ningún lugar en la producción y que de manera crónica no tienen posibilidades de ocupar ningún sitio en la producción». Y no eran el lumpen del que hablaba Marx, sino «masas enormes, sectores enormes, marginados de la producción y de la sociedad, que plantean problemas nuevos en la lucha de clases que tenemos que asumir», porque existía un «peligro real de que los partidos de la izquierda y los sindicatos de clase aparezcan como elementos del orden establecido para estos sectores marginados». Por su parte, Josep Palau, en nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España, llamaba la atención sobre el impasse en el que se encontraba la organización, puesto que era necesario «encontrar en esta nueva fase histórica los objetivos que configuren el sentido de una organización juvenil comunista con sus propias señas de identidad».[35]

En definitiva, el informe tuvo un apoyo muy amplio, pero no faltaron numerosas críticas de notable calado que, según un informe elaborado por la Secretaría General de Información de la UCD sobre el congreso y que coincidía con la valoración de muchos otros observadores, mostraban que «el partido se sitúa a la izquierda de su cúspide, pero la acata por disciplina y porque, probablemente, reconoce el papel superior al que podría esperarse de su escueto 9% electoral que está desempeñando el PCE en los momentos actuales».[36]

Pero donde el peso de las posiciones críticas se expresaría contundentemente sería en el debate de las tesis y con la modificación, en algunos casos sustancial, de los textos iniciales aprobados por el Comité Central.

EL «ACTUAL PROCESO DE CAMBIO»

En un artículo en Nuestra Bandera, Javier Pérez Royo explicaba el sentido de las 15 tesis elaboradas por el Comité Central, finalmente ampliadas hasta 17. Sostenía que lo adecuado habría sido revisar el Manifiesto Programa de 1975, pero la necesidad de celebrar un congreso ante la nueva realidad del partido tras la conquista de la legalidad y ante el nuevo escenario político español no permitía demorarlo y ello había impedido afrontar seriamente tal revisión. En su lugar, se habían elaborado unas tesis políticas, deliberadamente modestas «que no tenían otra finalidad que hacer posible la apertura de una discusión en torno a la política del partido y a su organización en esta fase de la transición», un debate que debería culminar en el futuro con la aprobación de un nuevo programa del PCE.[37]

Desde luego, el objetivo de propiciar la discusión no resultó fallido. Los congresistas debatieron en comisiones nuevos textos de las tesis reelaborados previamente por ponencias que habían examinado las numerosas enmiendas aprobadas por las organizaciones territoriales; los textos finalmente aprobados por dichas comisiones fueron presentados al plenario junto con las enmiendas que no habían sido aceptadas, pero que contaban con apoyo suficiente —un tercio de los votos de la comisión— para ser defendidas ante el pleno del Congreso. A la primera tesis, «Características del actual proceso de cambio», se habían presentado 45 enmiendas y había sido una de las que mayor debate había provocado en el proceso precongresual, pero la comisión logró un texto aprobado por unanimidad. En el pleno, la tesis fue aprobada con sólo cinco votos en contra y 22 abstenciones.[38] Para el portavoz de la comisión, el dirigente del PSUC Jordi Conill, el texto final huía de las frases generales «y de un optimismo excesivo en la redacción inicial», y ofrecía «mayor objetividad y rigor» al análisis del cambio político que se estaba produciendo en España, destacando que, si bien la política rupturista del partido había sido la adecuada, se debía reconocer con claridad «que la ruptura no se ha producido y que ello es fuente de los muchos problemas políticos y sociales que el país tiene hoy planteados». Tal reconocimiento debía permitir «poder explicar con mayor exactitud al conjunto de la población, el significado, las características del cambio político que se está produciendo hoy en el país».[39]

La afirmación que la ruptura no se había producido significaba un cambio notable con relación a los análisis anteriores, una afirmación que, al mismo tiempo y seguramente involuntariamente, contribuiría a reforzar la tesis del éxito de la «reforma» y a la capitalización política del establecimiento de la democracia por parte de los sectores reformistas procedentes del franquismo. Ciertamente, el proyecto de ruptura del PCE no se había materializado, aunque se estaba produciendo una ruptura real con la legalidad y las instituciones franquistas. Además, en el texto final de la tesis, se eliminaron afirmaciones que figuraban en el inicial, como la que sostenía que, «en sus líneas maestras», el proceso de cambio coincidía «con los análisis hechos por el Partido Comunista, aunque alguna de las formas transcurriera de manera diferente a como hubiéramos deseado», y la que defendía que la ruptura democrática no se había producido «de una vez, como consecuencia de una acción democrática nacional», sino que se iba realizando «a través de fases sucesivas, de la acumulación de reformas cuantitativas, que en definitiva conducen a un cambio político de cualidad, a la instauración de un sistema de libertades democráticas».[40]

En cambio, el texto finalmente aprobado señalaba que «la realidad del proceso histórico en una serie de aspectos importantes ha diferido de lo que habíamos previsto», y que, a pesar de la movilización popular y de la política unitaria del PCE, «las fuerzas de la oposición no fueron capaces de provocar la ruptura democrática». Coincidiendo con el texto inicial, la insuficiente fuerza del proyecto rupturista se explicaba, al menos en parte, porque «las posiciones rupturistas sostenidas por el Partido Comunista y otros sectores y recogidas en su esencia en el Programa de la Junta Democrática, no llegaron a ser compartidas por la totalidad de las fuerzas de la oposición», al inclinarse muchas por «soluciones de reforma, de evolución a partir del agotamiento del régimen dictatorial». La posición de tales fuerzas «influyó en que el movimiento de masas, a pesar de su amplitud e importancia, no alcanzase la fuerza necesaria para determinar la ruptura democrática». Y si bien la movilización popular impidió que triunfara una mera reforma del franquismo, la no existencia de un «Gobierno Provisional de amplia coalición que tomara por Decreto medidas de auténtica democratización antes de convocar elecciones, de manera que las nuevas instituciones comenzaran a actuar ya sobre un terrero limpio de obstáculos legales y estructurales», había determinado una situación en que las nuevas instituciones democráticas tenían el contrapunto de las «viejas estructuras dictatoriales». Así, lo nuevo y lo viejo se mezclaban y se confundían, «hasta ofrecer a amplios sectores la visión deformada de que “nada ha cambiado”», mientras que aquellos que sí percibían los cambios reales verificados tenían «la impresión de la suma fragilidad de éstos». Un escenario de ruptura con un gobierno provisional, además, habría permitido que «el papel de las fuerzas populares hubiese influido más aún en la profundidad del cambio».[41]

En definitiva, la tesis aprobada corregía el inveterado triunfalismo habitual a la hora de presentar el desarrollo de los acontecimientos, que ahora carecía incluso del carácter movilizador que había tenido en un pasado todavía reciente, y, en cambio, aportaba un análisis que explicaba mejor las dificultades que encontraba la política del PCE para abrirse camino.

La segunda tesis se ocupaba de la «política de reconciliación nacional» y fue aprobada por unanimidad en la comisión después de la introducción de modificaciones, en general de carácter menor. El pleno la aprobó con solo siete votos en contra y 25 abstenciones. La tesis sintetizaba la política desarrollada por el partido desde la formulación en 1956 de la política de «reconciliación nacional» y la posterior propuesta de «pacto para la libertad». De los cinco puntos esenciales recogidos en el Manifiesto Programa de 1975 —gobierno provisional, amnistía, libertades políticas, autonomía y elecciones a Cortes Constituyentes—, la tesis afirmaba que si se exceptuaba el gobierno provisional, «cuya no consecución está teniendo una influencia negativa considerable», los cuatro restantes «son los que están plasmándose hoy en nuestro país, aunque con ciertas limitaciones» que deberían ser superadas al promulgarse la futura Constitución.

De acuerdo con la política propugnada y desarrollada en los años anteriores por el PCE, y con el objetivo de «desterrar de nuestro país el clima de intolerancia y fanatismo que tan frecuentemente ha conducido nuestra historia por los derroteros de la guerra civil», el partido estaba adoptando «una nueva posición» sobre cuestiones que la tesis consideraba «tan manipuladas desde el punto de vista ideológico» como la monarquía, la bandera, el Ejército, las relaciones con la Iglesia o con la derecha. Sobre la monarquía, la tesis confirmaba el republicanismo del partido pero, en el proceso de cambio que se estaba desarrollando, reafirmaba que si la monarquía favorecía la consolidación de la democracia, el PCE «consideraría un grave error poner en peligro el proceso democrático, cuestionando la forma de gobierno». En relación con la bandera, la tesis afirmaba que la decisión de abril de 1977, que «ayudó a crear un nuevo clima de comprensión entre la izquierda y ciertas instituciones», había sido adoptada por «la inmensa mayoría de las fuerzas políticas» y figuraba en el proyecto constitucional sin ningún voto en contra. Sin esa decisión del PCE, «tan criticada en su momento», añadía, «hoy el tema se habría tornado inextricable y habría dado origen a no pocas contradicciones estériles y peligrosas para la democracia». En cuanto a las relaciones con otras fuerzas políticas, el PCE había tratado a los partidos políticos conservadores «como adversarios políticos, no como enemigos», contribuyendo a un clima de diálogo que reducía «el peligro de enfrentamientos civiles» y creaba las condiciones para la desaparición de la «mitología visceralmente anticomunista tan habitual en la derecha española». Igualmente, la política comunista hacia la Iglesia y el mundo católico había contribuido a «deshacer mitos irracionales y a crear un nuevo clima en las relaciones político-sociales». En este sentido, se reivindicaba que, desde los años cincuenta, el partido había impulsado el diálogo entre marxistas y cristianos, había valorado muy tempranamente los cambios experimentados por la Iglesia desde los años sesenta y había normalizado la militancia de cristianos en el partido.

Por último, la tesis destacaba que el PCE había realizado un esfuerzo particular para «lograr un clima de distensión política» con relación a «la actitud hacia el pasado», extrayendo «las lecciones de la guerra civil y de los 40 años de dictadura, como una enseñanza que el pueblo debe tener presente para evitar por todos los medios la involución política». Para ello, el partido había defendido «sin la menor ambigüedad la amnistía para todos los presos políticos de uno y otro signo, de modo que se pudiera asentar la convivencia futura de los españoles sobre bases no de revancha y venganza, sino de libertad y democracia». Por otra parte, los comunistas definían su posición ante los partidos y las personas «por su actitud presente y futura hacia la democracia, sin que las posturas que adoptaron en el pasado determinen nuestros juicios».

En definitiva, la tesis mostraba con claridad el peso de la experiencia de la guerra civil en la definición de la política del PCE y la determinación de superarla, la absoluta centralidad del objetivo de alcanzar y afianzar la democracia, y la clara opción de excluir el pasado del debate político sobre el presente y el futuro. Sin embargo, ello no significaba optar por el silencio sobre ese pasado traumático. Se propugnaba su estudio crítico situado «en el plano de los científicos e historiadores» para contribuir a la comprensión «del período pasado por parte de las nuevas generaciones»; el partido, además, promovería el estudio y análisis de las experiencias pasadas «como presupuesto para la elaboración de su política presente y futura».[42]

Las tesis 3.ª, 4.ª y 5.ª se ocupaban de la política de «concentración democrática», de los Pactos de la Moncloa y de la propuesta de gobierno de concentración democrática. Las tres tesis, muy interrelacionadas, fueron objeto de vivo debate en el proceso precongresual y, además, debieron ser actualizadas por los cambios que se iban produciendo en la situación política del país. A la tesis tercera se habían presentado 26 enmiendas; como en las demás tesis, hubo un gran esfuerzo para lograr la síntesis, por lo que el texto presentado ante el plenario fue aprobado por la comisión con un solo voto en contra y dos abstenciones; en el pleno fue aprobado con 15 votos en contra y 27 abstenciones. La tesis ratificaba la política de concentración democrática propugnada por el PCE después de las elecciones del 15 de junio, considerando la composición del Congreso de los Diputados que, para el PCE, no permitía ni una política «caracterizadamente derechista, como hubiera deseado parte de la UCD y más todavía AP; ni una política izquierdista, como en algunos momentos ha parecido propugnar el PSOE». La tesis exponía las acciones del partido, especialmente en el Parlamento, consecuentes con tal política, e insistía en las críticas a UCD y al PSOE por su rechazo a la propuesta comunista y, además, por sus actitudes favorecedoras del bipartidismo en detrimento de la pluralidad política del país. Al PSOE iba dirigida una dura crítica por tender a «forzar el establecimiento de un sistema bipartidista, dejando todo el poder en manos de la UCD, acantonándose en una oposición parlamentaria testimonial y propagandística, y presentándose como la alternativa de Gobierno». Sin cuestionar el derecho del PSOE «a encabezar en su día el Gobierno si logra votos para ello», para el PCE la política del Partido Socialista debilitaba «objetivamente las posibilidades de la clase obrera y, en general de las fuerzas del trabajo y de la cultura para ocupar en el período de transición un espacio de poder político mayor e influir así para la realización de una seria política de cambio democrático en todos los terrenos». No obstante lo anterior, los comunistas deseaban buscar «el máximo de coincidencias con el PSOE tanto en esta etapa como en otras posteriores».[43]

Era muy clara la divergencia de estrategias entre el PSOE y el PCE. Para los socialistas, se trataba de lograr un sistema de partidos similar al del centro y norte de Europa y de llegar cuanto antes al gobierno con un programa de corte socialdemócrata; los comunistas, en cambio, planteaban un proyecto de avance hacia el socialismo mediante transformaciones profundas, lo que exigía una amplia alianza de la izquierda. Por ello, mientras el PSOE excluía cualquier colaboración con el PCE, tanto en el presente como en el futuro,[44] para éste era indispensable la colaboración con los socialistas.

En un artículo publicado en el número de Nuestra Bandera dedicado al IX Congreso, José Luis Malo profundizaba en el sentido de la política de concentración democrática. Por una parte, afirmaba, suponía una continuación de la política de reconciliación nacional, pero «no se limitaba a aunar el máximo de fuerzas contra el enemigo común», como buscaba aquélla, sino que pretendía «abrir un marco político» que, en función de la correlación de fuerzas, permitiera a la izquierda ejercer «una influencia duradera», que asegurara «el mejor espacio político para los trabajadores», y abriera posibilidades «a la conquista de transformaciones económicas y sociales de carácter efectivo». Se trataba de «situar a la izquierda en el terreno de ejercer toda su fuerza y toda la representatividad de la clase obrera a la hora de configurar un nuevo orden democrático e incluso social», huyendo del testimonialismo que la marginaría de «decisiones de gran trascendencia para el futuro inmediato y para la propia perspectiva estratégica». Además, la política de concentración democrática daba un «marco preciso al carácter de la movilización de masas en el período constituyente».[45]

Los Pactos de la Moncloa habían sido presentados como la inequívoca expresión de la necesidad de la política de concentración democrática propugnada por el PCE. El texto de la tesis 4.ª fue reelaborado notablemente a partir de las 41 enmiendas planteadas. Algunas, como la del PSUC, planeaban que se redactara íntegramente de nuevo, porque se debía incorporar el balance del cumplimiento de los pactos; por su parte, la de la organización de Madrid consideraba que eran excesivamente optimistas las previsiones sobre dicho cumplimiento y, por otra parte, proponía que se recalcara «la necesidad de recurrir a las movilizaciones de masas» para que se cumplieran.[46] Por ello, el texto final se extendió en analizar los obstáculos al pleno despliegue de los acuerdos, pero sin llegar a incorporar lo que una parte de la militancia y de los mismos dirigentes empezaban a expresar: que la dirección, y muy especialmente Santiago Carrillo, habían sobrevalorado la capacidad del partido para asegurar el cumplimiento por el Gobierno de lo pactado y, más aún, conforme a su interpretación.

Según el texto definitivo de la tesis, la postura del Gobierno de la UCD a la hora de interpretar y aplicar los acuerdos reflejaba, entre otras cosas, las contradicciones y los distintos proyectos «que anidan tanto en la patronal como en el seno del propio partido», y por ello aparecían sectores de UCD más reacios «que el propio Gobierno a cumplir en su integridad los Pactos», debido «al profundo sentido transformador que tienen algunos de sus puntos». Ahí radicaba uno de los peligros más importantes para la aplicación de los Pactos que el partido había denunciado reiteradamente: que la aplicación unilateral de unos acuerdos suscritos por todas las fuerzas con representación parlamentaria comportara «una aplicación partidista y sesgada de los mismos», que podría hacer peligrar «no sólo su contenido transformador, sino incluso su propia viabilidad al no aplicarse de forma integral». Por otra parte, «la ambigüedad, e incluso la inhibición» de otras fuerzas —una alusión directa al PSOE— dificultaba su cumplimiento. Por todo ello, el texto reforzaba las referencias a la necesaria movilización: «Su cumplimiento requerirá una lucha política y social llevada con energía y responsabilidad», así como un «esfuerzo para mantener la necesaria cohesión entre las fuerzas pactantes».

La tesis aprobada rebajaba también las valoraciones más optimistas del propio contenido de los pactos que el partido, y en particular, algunos de sus dirigentes, como el propio Santiago Carrillo o Ramón Tamames, habían efectuado. Así, los acuerdos de la Moncloa no eran «ni una panacea para superar la crisis económica, ni un paso decisivo en la transformación socialista del país, ni una salida en la que los mayores costes de superación de la crisis recaigan sobre la oligarquía», porque todo ello era «imposible en un sistema capitalista en el estado de desarrollo del español». Los Pactos de la Moncloa eran, fundamentalmente, unos acuerdos que trataban de introducir «elementos de transparencia, control y racionalidad en la gestión de los fondos públicos y de eliminar los obstáculos más importantes para una transformación progresiva hacia la democracia política y social». En todo caso, puesto que los acuerdos tampoco eran «un filtro mágico que remedie los efectos de la crisis rápidamente», ésta continuaría golpeando a los trabajadores, especialmente mediante el paro.

El documento dedicaba también atención a reenfocar el debate sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, aunque las fórmulas eran muy voluntaristas. Entre los trabajadores, se afirmaba, se abría paso «la idea de que la lucha de clases tiene que adoptar hoy formas distintas de las que tuvo bajo la dictadura», que ya no se trataba sólo de conseguir «el mayor salario posible de unas empresas que se beneficiaban de los privilegios del anterior régimen», sino de conseguir mecanismos de «mayor participación de la clase trabajadora» en ámbitos que tomaban decisiones en cuestiones de gran relevancia —en definitiva, que afectaban al salario indirecto—, como las relativas a los servicios públicos, la seguridad social, la enseñanza, así como a las empresas públicas.[47] El plenario del congreso aprobó la tesis con nueve votos en contra y 66 abstenciones.

La tesis 5.ª, por último, se refería a la propuesta de gobierno de concentración democrática y no había sido modificado el texto inicial a pesar de debatirse 19 enmiendas. En el plenario fue aprobada con 47 votos en contra y 67 abstenciones, cifras que, aunque reducidas, eran sensiblemente superiores a las registradas en las tesis anteriores. La tesis sostenía que el país vivía una situación de «emergencia», que los Pactos de la Moncloa habían sido un importante paso adelante, y que cuando en un futuro que se preveía inmediato se hicieran «más ostensibles las dificultades, y cuando las resistencias de la oligarquía y las tensiones provocadas por los derechistas resulten más manifiestas», el gobierno de concentración podría ser «la solución necesaria para preservar la democracia», puesto que «no habría una alternativa “socialista”, como había sostenido el PSOE, sino que la única alternativa verosímil sería una vuelta a las formas autoritarias de poder», una inaceptable vuelta al pasado. Tales formulaciones del PCE aparecían cuando empezaban a conocerse los primeros movimientos subversivos en el seno de las Fuerzas Armadas y que tendrían su primera manifestación importante en la denominada «operación Galaxia» algunos meses después.

LA «DEMOCRACIA POLÍTICA Y SOCIAL», ETAPA HACIA EL SOCIALISMO

La tesis 6.ª, dedicada a la democracia política y social, había sido objeto de un intenso debate en las organizaciones territoriales y se había presentado una enmienda a la totalidad y 84 enmiendas parciales. La ponencia introdujo notables modificaciones, empezando por el título, cuya formulación inicial era «Hacia la democracia política y social, el socialismo y el comunismo», pero sin que se tratara sobre el socialismo y el comunismo, es decir, sin que el título correspondiera al contenido real de la tesis, centrada en la etapa previa de «democracia política y social». La noción «alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura» y el papel en ella de la clase obrera —impreciso en el texto inicial del Comité Central—, junto a la necesidad de analizar en profundidad el Estado y sus aparatos, así como las diversas realidades nacionales españolas, fueron las cuestiones sobre las que versaron muchas de las enmiendas, así como las que fueron objeto de mayor debate en la comisión del Congreso, presidida por Simón Sánchez Montero. Dos enmiendas del PSUC no asumidas por la ponencia obtuvieron los votos suficientes para ser defendidas en el plenario. Una, finalmente retirada, proponía sustituir la expresión «democracia directa» por «democracia de base», una fórmula que la Conferencia Nacional del PSUC había considerado más precisa y, además, alejada de interpretaciones asamblearias y «demagógicas».

La enmienda que sí fue defendida en el plenario se refería a la clase obrera y a la alianza de las «fuerzas del trabajo y de la cultura». Joaquim Sempere defendió la propuesta del PSUC, que contó con apoyos de delegados de otras organizaciones, para que el texto precisara que en el nuevo poder de la democracia política y social, dirigido por la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, la clase obrera debería ejercer la «hegemonía o dirección» de dicha alianza. Según Sempere, al hablar de hegemonía o papel dirigente de la clase obrera debía entenderse «no que queremos atribuir a la clase obrera un papel privilegiado que reduzca el protagonismo de las restantes clases y capas sociales», sino que el cambio político y social por el que luchaban los comunistas debía articularse en torno «a un proyecto de transformación social, el proyecto socialista», que se basaba y elaboraba «en las condiciones de existencia y de lucha de una clase de la sociedad, de la clase obrera, que se basa en los valores y en las aspiraciones de los cuales la clase obrera es portadora». Ese era el significado que se daba en la enmienda al concepto «hegemonía». Es decir, no se trataba de «arrastrar a las restantes clases y capas sociales en un proceso en el cual se les niega protagonismo», sino de «esforzarse para que la mayor parte de las masas populares, sea cual sea su condición, asuma y haga propio el proyecto socialista que expresa las aspiraciones históricas de la clase obrera». Frente a esta propuesta, la mayoría de la comisión del Congreso, que tuvo como portavoz a Federico Melchor, optó por otra fórmula: la clase obrera debía ser el «eje» de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura.[48]

Pero el relato en Nuestra Bandera del debate sobre la tesis 6.ª señalaba que el término «eje», con el que se pretendía definir el papel de la clase obrera en el seno de la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura no era sino una metáfora «que oculta más que aclara, suscitando un interrogante: ¿qué quiere decir que la clase obrera es el eje de un conjunto de fuerzas sociales y políticas, qué quiere decir social y políticamente?». Para los redactores de Nuestra Bandera, la «revolución de la mayoría», en que se sustentaba la línea política del PCE «frente a posiciones de maximalismo insurreccional», exigía la profundización de la función y lugar de la clase obrera en el seno de esa gran mayoría, «teniendo en cuenta que en ella figuran sectores sociales con adscripción de clase no proletaria y sectores en un rápido proceso de transformación (intelectuales y técnicos), con una progresiva salarización que plantea el alcance de la tendencia a la proletarización y, por tanto, su condición de clase».[49] En el mismo número de la revista teórica del PCE, Javier Pérez Royo apuntaba que el debate sobre esta cuestión se debía enmarcar en «la preocupación de que la democracia política y social no se convierta en una simple vía socialdemócrata, sino que sea una auténtica vía de transformación socialista».[50]

El resultado de la votación sobre la tesis fue el siguiente: 776 votos a favor del texto presentado por la comisión, 318 a favor de la enmienda y del resto del texto, 16 votos en contra de ambos textos y 78 abstenciones.

Más allá de este debate, profundizando formulaciones elaboradas en los años anteriores, la tesis definía la democracia política y social, que constituiría el nuevo objetivo central de la política comunista como «una democracia mucho más amplia y profunda, en el sentido político, de las que existen en los países capitalistas», puesto que tendería a resolver la contradicción entre un sistema político basado en la soberanía popular y un sistema económico basado en la propiedad capitalista y en la «dominación sobre la economía de un reducido grupo de oligarcas», haciendo que la democracia penetrara «más y más en el terreno económico y social» y que «el pueblo tome en sus manos también las grandes decisiones económicas».[51]

La democracia política y social se presentaba como la etapa de transición al socialismo, por tanto, no como una tercera vía ni capitalista ni socialista. Ante la larga sombra del denominado «socialismo real», el PCE quería dejar claro que el programa transformador propugnado se llevaría a cabo «no reduciendo las libertades de los ciudadanos, sino todo lo contrario», profundizando en todos los derechos y libertades fundamentales. Así, la democracia política y social supondría, en primer lugar, una extensión y una profundización de la democracia y, en ese sentido, todos los pasos que se dieran para «ampliar las libertades populares, garantizar los derechos humanos, reforzar el papel de los sindicatos, abrir un espacio a la clase obrera y a sus representantes en la dirección del país» supondrían avanzar hacia esa democracia. La democracia representativa alcanzaría «una efectividad superior, al no estar mediatizada por las presiones de los detentadores del poder económico» y, paralelamente, se establecerían nuevas formas de democracia directa en cuestiones relativas a las condiciones de vida de los trabajadores y a la población en general. Estas nuevas formas deberían surgir en los centros de trabajo a través de una ampliación de los derechos de participación y control de los trabajadores por medio de sus delegados, comités y sindicatos; también en la enseñanza, a través de la autonomía y de la gestión democrática de los centros, en la sanidad, así como en la «vida urbana», con ciudadanos organizados en los barrios en torno a cuestiones como la vivienda, el transporte público o la protección del medio ambiente. En resumen, la democracia política y social significaría «poner en marcha un sistema articulado de democracia» que tendría su cúspide en el Parlamento como representación de la voluntad del «conjunto del pueblo» pero que, al mismo tiempo, se apoyaría en un «tupido tejido de organismos profundamente enraizados en las masas populares». Esta articulación no debilitaría el papel de los partidos políticos, de las elecciones, del Parlamento, al contrario, los potenciaría porque existiría «una vida política intensa del conjunto del país».[52]

La democracia política y social se presentaba como un proceso que partía de la recuperación de las libertades y que contenía objetivos a alcanzar en la etapa constituyente que se estaba viviendo, tales como la garantía de los derechos y libertades fundamentales, la abolición de la pena de muerte, el fin de la discriminación de la mujer, la separación de la Iglesia y el Estado y un largo etcétera. Otros objetivos, aunque de forma imprecisa, quedaban para un momento posterior del proceso, como el establecimiento de un sistema federal que respetara «el derecho de autodeterminación» de las nacionalidades. Para el PCE, la larga dictadura centralista había potenciado las reivindicaciones de autogobierno de las nacionalidades y regiones españolas, lo que había puesto en crisis la tradicional estructura centralista del Estado español. La extensión de los regímenes autonómicos era «la base más sólida de una auténtica comunidad española, así como la mejor respuesta a las opciones separatistas».[53]

El programa socioeconómico de la democracia política y social combinaba características de un avanzado Estado del Bienestar, pero sin utilizar esta denominación, con una fuerte intervención del Estado en la economía. Así, contemplaba nacionalizaciones, entre ellas la de la banca, y la incorporación al sector público de «grandes empresas que hoy constituyen el armazón del poder económico y político del capitalismo monopolista». Un sector público que debería estar sometido al control democrático del Parlamento y, al mismo tiempo, disponer de un «sistema de participación y control obrero» para dotar a los representantes de los trabajadores de poderes efectivos. El programa contemplaba también la «planificación democrática», el «desarrollo económico apoyado en el sector público», la intervención de los trabajadores «con formas autogestionarias en las empresas monopolistas nacionalizadas», una fiscalidad progresiva, la «organización moderna de la sanidad como servicio social», la extensión de la Seguridad Social y la «transformación democrática» de la enseñanza.

La vía hacia el socialismo a través de la democracia política y social debía apoyarse en la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en el sufragio universal. Pero se advertía que el camino no sería lineal ni exento de problemas y obstáculos. Además, precisaba de la colaboración de todas las fuerzas partidarias de avanzar hacia el socialismo. La redacción final de la tesis remarcaba que «sería completamente erróneo ... presentar una imagen idílica de este proceso, como si el tener una mayoría electoral significase ya tener el poder». Con la experiencia de la Unidad Popular chilena muy presente, se advertía también que las fuerzas «más reaccionarias», con el apoyo de «los sectores más agresivos del imperialismo», podrían intentar impedir por la violencia las transformaciones sociales, lo que hacía imprescindible «la permanente movilización de las masas y su participación en la vida política y en la gestión económica de la sociedad», así como «el más amplio acuerdo de las fuerzas políticas y sociales» que coincidieran en la democratización de la sociedad y de los aparatos del Estado. Además, las fuerzas favorables al socialismo podrían sufrir derrotas electorales y, en ese caso, «respetando el veredicto popular, tendrían que dejar el Gobierno, pasar a la oposición para ganar de nuevo la confianza del país».[54]

La referencia en la tesis al sector energético y, en particular, a la energía nuclear fue objeto también de intensa discusión, lo que muestra el grado de permeabilidad del partido a los nuevos debates aparecidos en la sociedad y a los nuevos movimientos sociales. La tesis defendía la nacionalización del sector de la energía y proponía abrir de inmediato un debate público sobre la construcción de centrales nucleares, intensificar la participación del partido en los movimientos ecologistas e impulsar la elaboración de un plan de investigación y desarrollo de otras fuentes energéticas, como la solar o la eólica.

El camino hacia el socialismo a través de la democracia política y social, en el que se reconocía con claridad que habría importantes obstáculos, se vería facilitado, por el contrario, por las nuevas posibilidades abiertas por la revolución científico-técnica, por el aumento del nivel cultural de la población y por el «fenómeno de la aparición dentro de las estructuras e instituciones que ayer eran decisivas para reproducir la hegemonía ideológica de la burguesía, de corrientes de contestación, de oposición, de tendencias incluso que contribuyen a crear zonas de hegemonía de las ideas socialistas».[55]

A pesar de los cambios introducidos al primer texto de la tesis, mucho más optimista, resulta evidente que se mantenían todavía, tanto en el PCE como en buena parte de la izquierda tanto española como europea, unas expectativas de transformaciones socioeconómicas que empezarían a desvanecerse muy pocos años después.

El congreso debatió y aprobó, además de las que han sido objeto de atención en este capítulo y en el capítulo 6, tesis sobre la juventud, la política cultural y educativa, la política exterior, el campo, pesca y marina mercante, la pequeña y la mediana empresa y los trabajadores autónomos y la emigración. En ellas se analizaba la situación presente y se formulaban objetivos a corto y a medio y largo plazo, es decir, objetivos que deberían alcanzarse en la democracia en construcción y otros que deberían serlo en la vía hacia el socialismo a través de la democracia política y social, sin que, por otra parte, estuviera siempre definida la separación entre una y otra etapa. Todas ellas fueron aprobadas por mayorías muy amplias y no llegaron enmiendas al pleno del congreso. En muchos casos y como en las demás tesis, los textos iniciales fueron sustancialmente modificados por las ponencias y en las comisiones se alcanzaron acuerdos unánimes.

La tesis sobre la juventud fue notablemente reelaborada. Los problemas de los jóvenes se relacionaban directamente con la crisis económica que, a diferencia de los años precedentes, estaba comportando la creciente dificultad de acceder a un puesto de trabajo, tanto cualificado como no cualificado, lo que implicaba una tendencia «al distanciamiento de la juventud del aparato productivo, haciendo de ella un colectivo social marginado, sobre el que pesan, con especial gravedad, todas las consecuencias de la crisis capitalista». El nuevo escenario político y socioeconómico había llevado a la crisis a los movimientos juveniles, que en la última década habían participado activamente en la acción antifranquista, y a la extensión, por una parte, del absentismo y de la apatía, y, por otra, de «posiciones individualistas, ácratas, alejadas del compromiso social y político». Pero también se manifestaba una contestación que enlazaba con la rebelión juvenil iniciada en los años sesenta, con la crítica y el rechazo a la estructura familiar tradicional, a las relaciones sociales establecidas, al consumismo, etc. Frente a todo ello, la tesis no iba mucho más allá de la llamada a propiciar la incorporación de los jóvenes a la lucha por el socialismo, otorgando un papel esencial a la Unión de Juventudes Comunistas, y de reclamar políticas específicas en el ámbito educativo y laboral y de impulso al asociacionismo juvenil. Pero también se apuntaba la necesidad de una «actitud de apertura no dogmática a nuevos valores» y a la «comprensión de fenómenos y actitudes nuevas (antidogmatismo, antiautoritarismo, ansia de realización humana individual, rechazo de usos y costumbres tradicionales, búsqueda de nuevas formas de relación interpersonal y comunicativa a través del sexo, la música y el arte...)», muy presentes en amplios sectores juveniles «como elementos progresistas resultantes de la crisis moral y de valores del sistema burgués, como configuradores de una nueva moral». Se trataba, también, de lograr que la imagen de las organizaciones del PCE conectara «con la nueva sensibilidad vital y cultural de la juventud»,[56] algo que se reveló extraordinariamente difícil.

La tesis dedicada a la política cultural y educativa[57] partía de enunciar unos principios generales sobre los que se asentaba la política del PCE, como la libertad de todas las manifestaciones del pensamiento y de las artes, el derecho de «todos los pueblos de España al desarrollo autónomo de su vida cultural», así como la cooficialidad de todas las lenguas españolas, el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la cultura, y la «intervención democrática de la sociedad» en la gestión de los medios públicos de comunicación de masas y de las instituciones culturales y educativas del Estado. Objetivo primero y esencial de los comunistas debía ser facilitar el acceso de las clases trabajadoras a la educación superior y al disfrute de los todos los bienes culturales.

En el ámbito educativo, la política del PCE se dirigiría a lograr que fuera pronto una realidad un sistema educativo basado en la «Escuela Pública, científica, pluralista, financiada por la Administración y gestionada democráticamente», gratuita hasta los 16 años, ampliables a los 18 en cuanto ello fuera posible, en régimen de coeducación y con el objetivo de superar la «discriminación que desde niña sufre la mujer y que tiene también su base en muchos de los valores educativos que dominan en la escuela actual». La voluntad de evitar el conflicto con la Iglesia católica[58] quedaba clara en el reconocimiento del derecho de los padres a que en la escuela sus hijos recibieran «la formación religiosa y moral acorde con convicciones». Respecto a la educación superior y a la política científica se trazaba el objetivo de lograr una universidad «moderna, científica y democrática», y dotada de autonomía, pero sin mayores concreciones, así como una política científica capaz de superar una situación caracterizada por «el retraso científico junto a la dependencia tecnológica muy aguda del exterior».[59]

La tesis sobre política exterior y de defensa fue aprobada por unanimidad en la comisión y muy mayoritariamente en el pleno, aunque hubo un centenar de abstenciones. La tesis reafirmaba las posiciones sostenidas por el partido en el pasado reciente: la defensa para España de una política de no alineamiento, favorable a la coexistencia pacífica, a la distensión y al desarme, y a la superación de los bloques militares existentes mediante la disolución simultánea de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Ello implicaba, obviamente, el rechazo a la posibilidad de ingreso de España en la OTAN. Por otra parte, se proponía el establecimiento de una «relación específica» con el movimiento de países no alineados. El PCE ratificaba su apoyo a la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea, aunque con la voluntad de contribuir a la creación de una «Europa de los pueblos y de los trabajadores», en contraposición a la rechazada «Europa de los monopolios». Al mismo tiempo, se reafirmaba en su voluntad de contribuir al diálogo entre partidos comunistas, socialistas y socialdemócratas de Europa Occidental, «para buscar puntos de coincidencia que propicien la acción común por objetivos concretos, tendentes a buscar una salida progresista a la crisis del sistema capitalista», abriendo vías de avance hacia el socialismo y superando «las barreras levantadas en otras épocas».

Tales formulaciones obedecían a una valoración todavía muy optimista respecto a las posibilidades de transformaciones sociales a partir de la crisis económica y de la crisis de la política internacional de Estados Unidos, la crisis del «imperialismo» —téngase en cuenta el todavía reciente final de la guerra de Vietnam—, así como la desaparición de las dictaduras europeas meridionales y la nueva oleada de descolonizaciones socializantes en África. Pronto también entrarían en crisis tales expectativas.

La tesis fijaba la posición del PCE sobre los principales conflictos en el escenario internacional: solidaridad con la Organización para la Liberación de Palestina, con el Frente Polisario y con otros movimientos anticolonialistas, denuncia de las dictaduras latinoamericanas y del apartheid sudafricano, denuncia del orden económico internacional, etc.

Con relación al movimiento comunista internacional, el PCE manifestaba de nuevo su rechazo a la existencia de un centro dirigente, a la noción de Partido o de Estado guía, insistía en que el PCE no pertenecía a ninguna internacional que condicionara su política, y exigía «eliminar el método de las calumnias, los anatemas, las excomuniones» en el seno del movimiento comunista internacional. Ello no obstante, manifestaba la voluntad de mejorar las relaciones con el PCUS y de normalizar las relaciones con el Partido Comunista de China.

Por último, sobre la política de defensa, el PCE defendía unas Fuerzas Armadas modernas, adaptadas plenamente a un régimen democrático, con la función de «defender la soberanía e independencia de España», y rechazaba —compartiendo la posición generalizada en la izquierda y en los movimientos progresistas hasta entonces— la «idea de un ejército mercenario, basado en el voluntariado», defendiendo la necesidad de mantener el servicio militar obligatorio, «sin que ello sea obstáculo para que se encuentre una solución satisfactoria a la regulación de la objeción de conciencia».[60]

Las tesis sobre el campo, la pesca y la marina mercante, y la pequeña y mediana empresa y los autónomos, contenían un conjunto de propuestas, tanto económicas como sociales, para dichos sectores económicos y grupos sociales.

EL PARTIDO Y SU DIRECCIÓN

La tesis 15.ª, dedicada al partido, fue la que suscitó mayor debate antes del congreso y durante su celebración. La tesis definía el PCE como un partido «marxista, revolucionario y democrático, que se inspira en las teorías del desarrollo social elaboradas por los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels, y en su método de análisis». El texto añadía que la «aportación leninista, en cuanto sigue siendo válida, está integrada, como la de otros grandes revolucionarios, pero sobre la base que hoy no cabe mantener la idea restrictiva de que “el leninismo es el marxismo de nuestra época”». La tesis reclamaba también para el PCE la condición de heredero de quienes en la Rusia de 1917, «encabezados por Lenin, supieron dirigir la primera revolución socialista del mundo, que abrió un proceso revolucionario mundial en el que nos hallamos».

La tesis reafirmaba la crítica a la socialdemocracia, empezando por la tradicional denuncia de su abandono, en 1914, de las «posiciones internacionalistas para ponerse al servicio de la burguesía de cada país», continuando con la crítica de su «política de defensa del sistema capitalista y del imperialismo» y concluyendo con el argumento de que en el mundo no se conocía «ningún ejemplo de un gobierno socialdemócrata que haya intentado acabar con la explotación capitalista». Pero, junto al rechazo a la socialdemocracia, también se rechazaba el «burocratismo» y el «estalinismo», aunque imputando dichos fenómenos a todo aquello que había condicionado decisivamente la trayectoria de la Revolución de Octubre: el hecho de que la primera revolución socialista se hubiera realizado en un país atrasado, que la revolución no se extendiera por los países más desarrollados de Europa, y además que hubiera sido sometida desde el primer momento al ataque y al aislamiento internacional. El PCE, se afirmaba en la tesis, «había superado autocríticamente, en lo fundamental, el estalinismo»[61] y, por otra parte, rechazaba también «toda concepción dogmática del marxismo» y se esforzaba por elevar su capacidad para «asumir los cambios objetivos que se producen en la sociedad, las nuevas conquistas científicas, las experiencias de la práctica revolucionaria; por asimilar, con espíritu crítico, los nuevos desarrollos del marxismo».

El PCE valoraba la crítica a la socialdemocracia en algunos partidos socialistas —el PSOE se había definido como marxista en su XXVII Congreso de diciembre de 1976—, lo que le llevaba a considerar viable «la reconstrucción de la unidad del movimiento obrero mundial sobre bases marxistas». Reafirmada la identidad comunista, e independientemente de la crítica a la socialdemocracia, el PCE propugnaba la unidad de acción de marxistas y socialdemócratas, junto con otras fuerzas populares, para alcanzar objetivos compartidos como «la lucha por la paz, el desarme, la autodeterminación y la independencia de los pueblos, la cooperación entre éstos en un plano de igualdad, el progreso, la justicia social y la democracia», y también «la construcción del socialismo», aunque ello entraba en contradicción con la caracterización efectuada de la socialdemocracia. En todo caso, en España, el PCE insistiría en su política de colaboración con el PSOE y otros grupos socialistas, tanto para la consolidación y desarrollo de la democracia, junto a otras fuerzas que compartían tal objetivo, como «para los ideales comunes del socialismo en libertad». En este sentido, la tesis recordaba que el Manifiesto Programa del partido ya había propugnado «una nueva formación política», en la que participaran las organizaciones políticas y sociales favorables al socialismo, «respetando la personalidad, la independencia y la filosofía» de cada una de ellas, para lograr «una alternativa real de Gobierno a los partidos burgueses, capaz de llevar al socialismo en la democracia».[62]

La tesis fue aprobada por 968 votos favorables; la enmienda que defendía el mantenimiento del leninismo en la definición del partido obtuvo 248 votos, en tanto que seis congresistas votaron en contra de ambas propuestas y 40 se abstuvieron.[63] En la sesión plenaria, Simón Sánchez Montero fue el encargado de presentar el texto aprobado por la mayoría de la Comisión y Francisco Frutos el defensor de la enmienda que, aunque le faltaron dos votos en la Comisión para alcanzar el tercio necesario para poder ser defendida en el plenario, tanto la propia Comisión como la Mesa del Congreso consideraron que debía someterse al voto de todos los delegados.

Para Sánchez Montero, la tesis no cambiaba en nada la política del PCE, pero tenía una enorme trascendencia porque «ponía de acuerdo la definición teórica de lo que es el partido con la política que el partido está haciendo». La supresión de la definición leninista, que no tenía precedente en ningún partido comunista, sería expresión de la voluntad de «abrir caminos nuevos, de desarrollar la teoría, de enriquecer la práctica revolucionaria». Sin dicha adecuación, por una parte, «nuestra credibilidad, nuestra fiabilidad democrática sufriría bastante» y, por otra, «el desarrollo teórico de la línea política emprendida por el partido tropezaría también con el peso que la definición clásica de lo que es el Partido Comunista significaría para nosotros», porque la política llevada a cabo por el PCE y sus propuestas estratégicas no tenían cabida «dentro de las formulaciones esenciales de lo que se conoce por leninismo». En síntesis, la supresión del leninismo acrecentaría la credibilidad democrática del partido y era indispensable para ser coherentes con la práctica y con el proyecto político del PCE.

La enmienda defendida por el dirigente del PSUC Francisco Frutos proponía, como había aprobado la Conferencia del partido de los comunistas de Cataluña, que el PCE se basara «en el marxismo, el leninismo y en otras aportaciones del pensamiento y de la práctica revolucionaria». Para el portavoz de la minoría de la Comisión, la formulación defendida, manteniendo el leninismo en la definición del partido, «tal como la interpretamos y defendemos», no suponía ninguna contradicción con lo que «venimos llamando eurocomunismo». Lo que debía superarse era la fórmula hasta entonces vigente del «marxismo-leninismo», entendido como «un bloque doctrinal único, esclerotizado, con claras connotaciones estalinistas». En cambio, en la formulación alternativa propuesta, se mantenía el leninismo por lo que significaba «en la práctica revolucionaria, por el papel que ha jugado en la creación de los partidos comunistas, por la teoría y práctica de organización de que ha dotado a la clase obrera, por la insobornable defensa de esta clase y del pueblo contra el sistema capitalista». Frutos también se refirió la necesidad de debatir de forma pausada las decisiones de notable calado evitando la precipitación que, sin duda, apreciaba en la propuesta sobre el leninismo anunciada sorpresivamente pocos meses antes por Santiago Carrillo; también alertaba sobre la «excesiva audacia» en la introducción de cambios que no habían sido asumidos por el conjunto de la militancia, e implícitamente estaba presente en su intervención el malestar de muchos militantes ante decisiones adoptadas por la dirección del partido y por el estilo de dirección.[64] Se trataba, en definitiva, de mantener un signo de identidad y, al mismo tiempo, de reafirmar el inequívoco carácter revolucionario y anticapitalista del PCE. En su intervención, Frutos aludió también al mantenimiento del leninismo en la definición del PCI, el mayor partido comunista de Europa Occidental, con un gran apoyo social y electoral, con una larga tradición de elaboración y de debate político y a quien había mirado continuadamente el PCE en los últimos años.[65]

El IX Congreso concluyó con la elección de los órganos de dirección del partido, en primer lugar del Comité Central. El pleno del Congreso eligió a los miembros del máximo órgano de dirección comunista mediante el voto secreto de todos los congresistas a partir de dos listas de candidatos; la primera, elaborada por la Comisión de Candidaturas elegida en el mismo Congreso, y la segunda con el resto de los candidatos. La función asignada a la Comisión fue la de elaborar una lista para cubrir los 160 puestos del nuevo Comité Central, teniendo como criterios la capacidad de dirección política de los candidatos, pero también la adecuada composición social del Comité considerando la del conjunto del partido, la presencia de miembros de todas las organizaciones territoriales y la presencia de mujeres, todo ello con una combinación de continuidad y renovación. La segunda lista estaba formada por 155 candidatos e incluía a todos los propuestos por las organizaciones o individualmente que no formaban parte de la candidatura presentada por la comisión. Los congresistas podían votar a nombres de las dos listas, pero los 160 elegidos fueron los de la lista de la Comisión, con una sola excepción por renuncia de un candidato, lo que determinó la elección de una candidata de la segunda lista.

De los miembros del nuevo Comité Central —160 frente a 137 del anterior—, 141 eran hombres (88,12%) y 19 mujeres (11,87%), lo que para Nuestra Bandera constituía «uno de los puntos más débiles del nuevo órgano».[66] Su composición profesional era la siguiente: 67 (43,79%) eran obreros; 63 (41,17%), profesionales; 11 (7,18%), administrativos; 7 (4,57%), campesinos; 2 (1,30%), obreros agrícolas; 2 (1,30%), autónomos, y 1 (0,6%), empleado.[67] Hay que tener en cuenta que los «liberados» o profesionales del partido se contabilizaron en la ocupación que habían tenido, y que en algunos casos no ejercían desde hacía años o décadas, como el mismo Santiago Carrillo, cuya profesión era la de periodista. Como puede observarse, los «profesionales» estaban claramente sobrerrepresentados considerando su peso en la militancia, algo que no era inhabitual en casi todos los partidos que se definían como «obreros». Cincuenta y cuatro miembros del Comité accedían por primera vez a dicho órgano, entre ellos ocho mujeres. Entre los nuevos miembros del Comité figuraban líderes obreros, en general jóvenes en torno a los 30-35 años, como Francisco Acosta, Fidel Alonso, Antonio Gutiérrez Vegara, Juan Ramos Camarero, los profesores universitarios Fernando Pérez Royo, Javier Pérez Royo, Emerit Bono y Ernest García, la abogada Cristina Almeida o el economista Julio Segura. Continuaban en el Comité Central jóvenes dirigentes igualmente universitarios o profesionales como Carlos Alonso Zaldívar, Pilar Brabo, M. Dolors Calvet, Enrique Curiel o Joaquim Sempere; dirigentes obreros, tanto veteranos como jóvenes, como Marcelino Camacho, Julián Ariza, Nicolás Sartorius, Cipriano García, José Luis López Bulla, Manuel Amor Deus, y naturalmente los dirigentes históricos encabezados por Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo y los dirigentes veteranos pero más jóvenes, como Ramón Tamames.

En la primera reunión antes de la clausura del Congreso, el Comité Central reeligió por unanimidad a Santiago Carrillo como secretario general y a Dolores Ibárruri como presidenta del partido. En una sesión posterior eligió un Comité Ejecutivo formado por 45 miembros, sólo tres de ellos mujeres. Veinticuatro eran profesionales (54,54%), 18 obreros (40,90%), y dos campesinos (4,54%), con una edad media de 51,22 años.[68] Formaban parte de este órgano dirigentes veteranos como Santiago Álvarez, Manuel Azcárate, Jaime Ballesteros, Manuel Benítez Rufo, Ignacio Gallego, Tomás García, Horacio Fernández Inguanzo, Gregorio López Raimundo, Federico Melchor, Ramón Ormazábal, Simón Sánchez Montero o Marcelino Camacho, junto a los responsables de las principales organizaciones territoriales y dirigentes más jóvenes, como Carlos Alonso Zaldívar, Pilar Brabo, Carlos Alfonso Comín, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Jordi Solé Tura o Ramón Tamames. El Comité Ejecutivo eligió una Comisión Permanente de 17 miembros.[69] Igualmente, fue elegido un secretariado del Comité Central de diez miembros.[70] A lo largo de 1980, cuando las tensiones internas en el partido fueron creciendo, la idoneidad de estos órganos fue puesta en cuestión.

Como se indicaba al inicio de este capítulo, el Congreso del PCE fue seguido con mucho interés por los medios de comunicación españoles, por muchos extranjeros y por los principales partidos políticos. UCD elaboró un informe en el que se destacaba la buena organización del congreso. El documento contenía observaciones de diversa naturaleza, como «la importancia, decisiva en algunos aspectos, del PSUC en el PCE», así como el peso del PC de Euskadi a pesar de «su escaso respaldo electoral», aunque los principales pilares del partido eran las organizaciones de Madrid y de Andalucía. El autor del informe destacaba también que, con frecuencia, los mayores aplausos en las sesiones plenarias «iban dirigidos a los líderes de Comisiones Obreras», que gozaban de una gran popularidad, empezando por Marcelino Camacho, si bien remarcaba el ascenso de la figura de Nicolás Sartorius. El triunfo de CC. OO. en las elecciones sindicales había supuesto «sin duda un aumento de la influencia del sindicato en el partido, muy superior en estos momentos a la que puede tener UGT en el PSOE», y era un buen indicador de ella que la presidencia del congreso hubiera recaído en un líder de Comisiones, Adolfo Piñedo. Sobre los contenidos del congreso, el informe indicaba que «el problema de las nacionalidades y regiones es un problema irresuelto en el partido» y apuntaba que «conforme el sector joven vaya avanzando peones en la estructura del partido» los dirigentes tendrían «muchos quebraderos de cabeza».[71]

Por su parte, el periódico español más influyente y que habitualmente mantenía una actitud muy crítica con el PCE, El País, en un editorial destacaba sin explicitarlo la vitalidad del congreso, señalando que las tesis iniciales aprobadas por el Comité Central habían sido objeto de «debates, de negociaciones serias y de modificaciones a veces sustanciales antes de ser presentadas, aun sin propuestas alternativas, al plenario del congreso». Así, destacaba las modificaciones introducidas en las tesis dedicadas a la valoración del proceso de cambio político en general y de los Pactos de la Moncloa en particular. Por otra parte, el editorialista destacaba también el inicio de la renovación, aunque manifestaba no disponer de elementos de juicio suficientes para valorar la significación de los cambios en la composición de los órganos de dirección. En todo caso, consideraba que había «comenzado la transformación de las relaciones jerárquicas dentro del PCE orientada a limitar los poderes del secretario general». Como el informante de UCD, y como la prensa extranjera,[72] El País consideraba muy significativo el «crecimiento de la influencia de los dirigentes comunistas de CC. OO., consecuencia lógica de su éxito en las elecciones sindicales, así como la consolidación del PSUC como centro de poder relativamente independiente». Y sobre el proyecto político comunista, mostraba su escepticismo al afirmar que «el eurocomunismo no ha logrado aún unas claras señas de identidad en el terreno teórico», y que entre el «marxismo-leninismo» y la socialdemocracia aparecía «como un híbrido de sus dos rivales». Señalando que se trataba sobre todo de un intento de «generalización teórica» de la práctica del PCI, concluía que no era «probable que las contribuciones decisivas a esa nueva vía vengan de un partido que, como el español, se halla aún lejos de alcanzar los objetivos conquistados por los herederos de Gramsci y Togliatti».[73]

En cambio, para la publicación teórica del PCI, Rinascita, las discusiones y las tesis aprobadas por el congreso del PCE constituían una notable contribución al esfuerzo para consolidar en «sentido progresivo la transición democrática en curso». El artículo de Marco Calamai destacaba también el esfuerzo para profundizar en la compleja lucha por el socialismo en el contexto internacional y europeo mediante el debate abierto y la participación de todo el partido.[74]

El IX Congreso fue clausurado con un mitin en la plaza de toros de las Ventas de Madrid con la asistencia de decenas de miles de militantes y simpatizantes comunistas.

8

La crisis

No era fácil para un comunista español, en los últimos meses de 1980, encontrar motivos de estímulo o de satisfacción.

Manuel Azcárate,
Crisis del eurocomunismo

Yo creo que en este momento el Partido se encuentra en una situación difícil. Difícil porque las circunstancias generales, tanto internas como internacionales, no son precisamente las más favorables para el desarrollo de la política que hemos dado en llamar eurocomunista. Creo que más bien hay una serie de factores internacionales e internos que la obstaculizan y cuyo desbloqueo además en gran parte no depende de nosotros, y eso suele generar crispaciones en el seno del Partido y sobre todo puede generar una tendencia [a] mirar hacia dentro...

Jordi Solé Tura, intervención en el Comité
Central del PCE, noviembre de 1980

Nos hemos educado en el convencimiento, mezcla de esperanza y de voluntad, de que en España las libertades iban a ser una fuerza dinámica, que iban a llevar las cosas adelante... Pero nuestra realidad hoy ... es que a los tres años de tener libertad, donde nos encontramos es con unos movimientos sociales de masas en reflujo organizativo y de iniciativa, nos encontramos con un abstencionismo terrible.

Carlos Alonso Zaldívar, intervención en
el Comité Central del PCE, noviembre de 1980

Desde finales de 1979, los dirigentes del PCE eran muy conscientes de las grandes dificultades que encontraba la política del partido para abrirse camino, con una UCD virando claramente a la derecha y con el PSOE, superada en el congreso extraordinario de septiembre la crisis interna abierta en mayo en el XXVIII Congreso, reafirmando su «alternativa de poder» e inmerso en una operación de captación de apoyos en el electorado moderado que se autoubicaba en el centro del espectro político.[1] Por otra parte, la agravación de la crisis económica, con el impacto de una nueva alza generalizada del precio del petróleo, el aumento del paro y la extensión de un difuso malestar social acompañado del fenómeno del «desencanto», la presión del terrorismo etarra y la irritación militar y, además, las tensiones internas en el partido en el gobierno, dibujaban una situación de inestabilidad y de amenaza para una democracia todavía en proceso de construcción. Todo lo anterior tendió a agudizarse a lo largo de 1980, en un escenario internacional en el inicio de la denominada «segunda guerra fría».

En febrero de 1980, el Gobierno y la UCD sufrieron una severa derrota en el referéndum celebrado en Andalucía sobre el acceso a la autonomía por la vía del artículo 151.º de la Constitución, que permitía obtener un estatuto semejante al de Cataluña o el País Vasco, aprobados en octubre de 1979. El PCE participó, junto con el PSOE, el Partido Socialista de Andalucía (PSA) y otras fuerzas menores en la campaña a favor del voto afirmativo del electorado andaluz a la iniciativa autonómica por la vía antes indicada, frente a la posición abstencionista defendida por UCD y el Gobierno.[2]

En marzo se celebraron las primeras elecciones a los parlamentos de Cataluña y del País Vasco. En los comicios catalanes, el PSUC revalidó sus buenos resultados electorales, obteniendo el 18,7% de los votos y 25 diputados en una cámara de 135. Sin embargo, el retroceso del PSC-PSOE —22,3% y 33 escaños— impidió la formación de un gobierno sostenido por una mayoría de izquierdas en la Generalitat, como los anteriores resultados de elecciones generales y municipales habían hecho prever.[3] En todo caso, los comunistas catalanes lograron una sólida presencia en el Parlamento, pero quedaron fuera del gobierno y sin posibilidades de experimentar más allá del ámbito municipal una alianza entre socialistas y comunistas. En el País Vasco, el PC de Euskadi-EPK repitió también sus resultados, en este caso muy modestos, con el 4,02% de los votos y un único diputado, en unos comicios en los que los socialistas retrocedieron significativamente (14,5% de los sufragios) y el PNV obtuvo una clara victoria con el 37,9%.

En el mes de mayo, ante la deteriorada situación política y para reafirmar su condición de alternativa de gobierno, el PSOE presentó una moción de censura que contribuyó a debilitar al presidente del Gobierno. El PCE votó a favor de la moción, al igual que el PSA y cuatro diputados del Grupo Mixto, en total 152 frente al voto en contra de los 166 de UCD; el resto de los grupos parlamentarios se abstuvo.

En este escenario político notablemente enrarecido, estaban emergiendo en el PCE tensiones internas que acabarían desembocando en la crisis de la organización. Si la diversidad del partido constituía un valioso capital político, la dirección surgida del IX Congreso no tuvo demasiado éxito en administrarlo. De hecho, esa diversidad, aunque valorada positivamente, fue también percibida como una fuente de problemas. En la reunión del Comité Central celebrada en Córdoba del 18 al 20 de mayo de 1979, Santiago Carrillo planteó la necesidad de «homogeneizar» el partido, lo que no debía identificarse, afirmó, con volver al monolitismo.

Consideraba necesaria la homogenización porque el partido existente se había formado a partir de una diversidad de caminos y porque la clandestinidad había llevado a su desarrollo «por vías de sectorialización, muy compartimentadas», que habían dado lugar a una militancia con «diversos estilos y diversa formación». Una primera y fundamental vía de crecimiento del partido procedía del activismo en CC. OO.; de hecho, muchos militantes comunistas apenas habían participado en las organizaciones regulares del partido, por lo que «una gran parte del Partido» se había formado en Comisiones «con unas características muy precisas: con la costumbre de un trabajo abierto, de un trabajo de masas», porque Comisiones Obreras, a pesar de la represión, siempre había «tratado de desenvolverse en las condiciones de legalidad y semilegalidad». Los cuadros de CC. OO. tenían, pues, «una escuela y un estilo muy abiertos», factores positivos pero que podían «verse contrapesados por una cierta unilateralidad en su experiencia y la subestimación del trabajo propio del Partido».

La universidad y el ámbito profesional y cultural había sido otra de las vías de crecimiento del partido y en esos mismos espacios habían desarrollado su labor muchos militantes, igualmente con unas prácticas muy abiertas, como también había ocurrido en los movimientos asociativos ciudadanos. En todos esos espacios habían surgido liderazgos que constituían un importante capital político para el partido. Por último, una parte de la militancia se había dedicado directamente a la organización, con «camaradas que han demostrado cualidades de gran firmeza y de coraje», pero con menos «hábito de contacto con el trabajo de masas» y, en general, menos conocidos. Para Carrillo, esas distintas vías, esa «sectorialización del Partido impuesta por la ilegalidad», con su consecuencia de incomunicación, estaba presente «en los conflictos que surgen en unos y otros lugares, entre unos y otros militantes del Partido». Por otra parte, muchos nuevos militantes, en la medida que estaban ya en el entorno del partido, estaban acostumbrados a participar «no en las organizaciones del Partido como tales, sino en los movimientos de masas con su carácter asambleario, inconexo en muchos casos, con aspectos muy espontáneos, y a veces traen al Partido muchos de esos hábitos de trabajo».[4]

La homogenización propuesta consistía en dar a todos los militantes «una concepción unitaria» de lo que era el partido, «superando las concepciones sectoriales, los aislamientos, que subsisten actualmente, lo que no implica ni mucho menos el que queramos hacer un Partido en el que todo el mundo piense de la misma manera». Homogeneizar debía consistir en «habituar a trabajar juntos camaradas de formación y orígenes diferentes, con costumbres distintas; en crear una atmósfera de respeto entre unos y otros componentes del Partido, evitando sambenitos demasiado frecuentes, en que unos pasan por “estalinianos” y otros por “socialdemócratas”; unos por “bunkerianos” y otros por “innovadores”, cuando en la mayoría de los casos esto son caricaturas que no responden a la realidad». El partido de masas debía reconocer la diversidad y «considerarla un enriquecimiento y no como una desgracia».[5] Pero, como veremos más adelante, la afirmación anterior quedó cuestionada en la práctica y al concepto de homogenización se le acabó dando un significado notablemente diferente.

En realidad, en el planteamiento de Carrillo subyacían dos cuestiones relacionadas pero distintas. Por una parte, ciertamente la diversidad de procedencias en la numerosa militancia del partido, que implicaba también de orígenes sociales, de formación, de experiencias y de expectativas; por otra, la cultura política de una parte numerosa de dicha militancia reacia a la aceptación, a veces sin apenas debate, de las decisiones y directrices de la dirección del partido o, más exactamente, del núcleo en torno al secretario general.

PRIMERAS TENSIONES IMPORTANTES

La preparación del V Congreso del PSUC, convocado para enero de 1981, propició que resurgieran tensiones entre la dirección del partido de los comunistas catalanes y la del PCE, personificadas en el distanciamiento entre Antoni Gutiérrez Díaz y Santiago Carrillo. Este último no había dudado en criticar abiertamente al PSUC después de su leve retroceso electoral en las elecciones generales de marzo de 1979. En la reunión del Comité Central del PCE que examinó dichos resultados, Carrillo introdujo en su informe la pregunta de si «los camaradas catalanes no han subestimado la influencia de la política general española» en Cataluña y si su campaña no había sido «demasiado catalana y demasiado poco española». Por otra parte, también planteó si el PSUC no había subestimado la transformación del PSC, «que ya no es el partido unitario de izquierdas de Reventós, sino otra cosa después de la unificación con el PSOE y con Reagrupament». En su respuesta, Antoni Gutiérrez Díaz sostuvo que una campaña con menor atención a la política catalana hubiera tenido efectos más negativos, y respecto a la relación con los socialistas remarcó que el proyecto comunista no podría avanzar sin la unidad con los socialistas.[6] Ni Carrillo ni Gutiérrez Díaz lo expresaron en la discusión, pero era evidente que el diferente mapa político de Cataluña respecto al general español y su fundamentación en una sociedad con características políticas, pero también sociales y culturales, diferentes empujaba a ambos partidos hacia análisis y posiciones políticas no siempre coincidentes.

El análisis crítico en los documentos en elaboración para el V Congreso del PSUC sobre la política seguida en los años anteriores, ya formulado anteriormente, así como sobre las formas de dirección, irritó a Santiago Carrillo que, desde junio de 1977, había visto al PSUC convertido peligrosamente en una «doble dirección del PCE».[7] Sin embargo, la autocrítica del PSUC y la crítica que podía entenderse dirigida a la dirección del PCE era moderada; así, por ejemplo, sobre la política de concentración democrática se sostenía que si bien debía ser valorada positivamente porque había permitido alcanzar objetivos importantes, destacando particularmente la Constitución, había tenido «tal como la hemos practicado ... resultados también negativos», al haber «desdibujado la identidad revolucionaria del partido».[8] Para Carrillo, tal crítica era la confirmación de una «desviación izquierdista», peligrosa en la medida en que podía influir en otras organizaciones del PCE. Por otra parte, la peculiar relación de ambos partidos fue considerada por la dirección del PCE como cada vez más problemática, lo que decidió a Carrillo a plantear su revisión al considerarla muy desequilibrada: en efecto, el PSUC participaba plenamente en la elaboración de la política del PCE y en su dirección, en cambio, el PCE tenía una muy limitada capacidad de influir en la definición y aplicación de la política del PSUC. Tras diversas reuniones de la Comisión Permanente del PCE ocupándose de la cuestión, en octubre de 1980 se celebraron dos tensas reuniones entre el Comité Ejecutivo del PSUC y una delegación del Comité Ejecutivo del PCE en las que esta última planteó al partido catalán la disyuntiva de desvincularse del PCE o someterse plenamente a sus decisiones. Los dirigentes del PSUC rechazaron frontalmente ambas opciones y el acuerdo final fue dejar las cosas como estaban.[9]

Así las cosas, tuvo lugar una reunión del Comité Central del PCE que puso de manifiesto que el malestar y las crecientes divergencias internas empezaban a expresarse abiertamente. El 27 de octubre, Santiago Carrillo había presentado ante el Comité Ejecutivo una propuesta sobre el inicio de la preparación del X Congreso del partido y con los contenidos fundamentales del informe que debía presentar el Comité Ejecutivo. El informe de Carrillo, un texto ya escrito y aparentemente «cerrado», fue percibido por una parte de los miembros del Ejecutivo como un intento de condicionar el marco de debate del congreso.[10] Ello precipitó que se formularan diversas críticas al informe del secretario general, aunque al final se aprobó su presentación al Comité Central por 23 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, con el acuerdo de que los miembros del Ejecutivo podrían expresar libremente sus opiniones en la reunión de dicho órgano.[11] Si la votación reflejaba una situación con pocos antecedentes en el Comité Ejecutivo, el desarrollo de la reunión del Comité Central fue totalmente insólito.

La reunión se inició el día 1 de noviembre con el informe de Santiago Carrillo debatido en el Ejecutivo. Su intervención arrancó afirmando que el análisis de la situación política presente debía considerar la importancia de que el cambio no había sido realizado a través de la ruptura, sino de la reforma, y de que «no hubo ruptura porque las fuerzas que la querían, las fuerzas revolucionarias eran una minoría en el país», lo que comportó que no hubiera «ningún amplio acuerdo en las fuerzas políticas para conseguir la ruptura democrática», sin el cual «nos encontramos ante la imposibilidad de quebrar un aparato de Estado fuerte, compacto en lo esencial, contrariamente a lo que había sucedido ... en Portugal». En esas condiciones, el PCE «no sólo no participó en un gobierno provisional que no lo hubo, no lo conseguimos, sino que logró su legalización superando enormes dificultades en un ambiente en que fuerzas muy poderosas se oponían a ello».[12] Aunque la caracterización ahora realizada era sensiblemente distinta a la sostenida anteriormente, continuaba ausente la autocrítica, puesto que la responsabilidad de la no ruptura —en los términos formulados por el PCE— se atribuía íntegramente a quienes no la habían querido, obviando que la fortaleza del régimen era un factor clave que había sido sistemáticamente desconocido en los análisis comunistas a lo largo de la dictadura, aunque ello pudiera justificarse en aras a no debilitar la movilización antifranquista.

Carrillo defendió a continuación la política de concentración democrática seguida tras las elecciones de junio de 1977 y la firma de los Pactos de la Moncloa, cuya aplicación, afirmó, «hubiera cambiado de verdad la correlación de fuerzas, y hubiera producido reformas democráticas importantes —que no se hicieron—, con lo que ... nos colocaríamos hoy en otra situación». Pero los pactos «no se cumplieron», y no porque toda la izquierda no tuviera fuerza para imponer su aplicación, sino por la actitud de las otras fuerzas políticas. Aquí introducía una explícita autocrítica al señalar que «lo que nosotros no valoramos suficientemente en ese momento fue la posición del PSOE, su actitud, ante todo, de distanciamiento con nosotros, actitud, por así decir, no rupturista, lo que entonces empezaba a tomar cuerpo, la concepción bipartidista, la concepción del PSOE como una alternativa de gobierno». También fue un factor, «que quizás no tuvimos suficientemente en cuenta», que «aunque en ese primer momento UCD no era todavía el representante orgánico en política de la oligarquía, existían todas las posibilidades de que UCD frenase, diera marcha atrás y de hecho se saliese del acuerdo, como en la práctica sucedió». Carrillo apuntaba también que se subestimaron las consecuencias de la crisis económica que implicaba «el ahondamiento de las distancias entre los intereses de la clase obrera y de las capas laboriosas y los intereses del sistema económico dominante, y que creaba la base para una agudización del enfrentamiento, de las contradicciones».

Con todo, para el secretario general, la política seguida había sido la adecuada. Además negó que no hubiera voluntad de movilizar más, sino de que, en ese contexto, «no se trataba de movilizaciones testimoniales o de movilizaciones del tipo de las que habíamos hecho contra la dictadura»; hubieran sino necesarias movilizaciones «de otro tipo más amplio, más poderoso y ese tipo de movilizaciones, sin aliados —no nos hagamos ilusiones— no eran posibles». Por otra parte, y ello sin duda era especialmente relevante para Carrillo, dicha política «contribuyó a dar credibilidad democrática al PCE en un país en el que durante cuarenta años los comunistas habíamos sido presentados como un instrumento al servicio de Moscú».

En cualquier caso, para Carrillo, la política de concentración continuaba teniendo validez, junto a una estrategia de colaboración de la izquierda para lograr la aplicación de una política de progreso, al descartar a corto plazo la posibilidad de un gobierno de izquierda. Sin embargo, en última instancia, esa política dejaba su viabilidad en manos del PSOE, en un marco en el que si bien se había alcanzado el acuerdo municipal, también se había producido un duro enfrentamiento por el Estatuto de los Trabajadores. El informe se ocupaba también de la política autonómica y destacaba que la unidad de la izquierda en ese terreno, en Andalucía pero también en Galicia, había logrado imponerse a las posiciones gubernamentales y de la UCD, remarcando por tanto los resultados de la colaboración de socialistas y comunistas.

El informe de Carrillo contenía también formulaciones autocríticas, en general apenas desarrolladas, respecto a aspectos diversos de la política y de la organización del partido. Así, sobre la militancia de profesionales e intelectuales, Carrillo admitía que deberían recuperarse formas que permitieran una mayor participación de dichos colectivos, aunque «sin renunciar a la idea general que ha presidido la territorialización de que este Partido no puede ser un partido en el que por un lado estén los trabajadores y por otro lado estén los intelectuales, un partido dividido en dos».

Dejando al margen las relaciones del PCE con el PSUC, puesto que éste era un partido independiente, el informe planteaba como una cuestión esencial la adecuación del PCE al Estado de las Autonomías, iniciada con la creación de partidos nacionales y regionales autónomos. Ello no consistía «en que tomen el nombre de la nacionalidad, de la región, en que tengan un Comité Central formalmente», sino que debían tener una «real capacidad para dirigir creativamente la política del Partido en las nacionalidades y en las regiones en donde se actúa», lo que podía dar lugar a diferencias en algunos casos de cierta consideración. ¿Cómo armonizar «esa diversidad de políticas ligadas a realidades concretas, con la existencia del PCE»? Más allá de constatar que el PSUC obedecía a una experiencia singular y de afirmar que la fortaleza del partido catalán no procedía de ser un partido independiente del PCE, Carrillo no iba más allá de considerar la conveniencia de que un tercio de los miembros del Comité Central representaran a los partidos de las nacionalidades y regiones, y de afirmar que el PCE debía ser un partido con una política para el conjunto de España y no una «simple federación de partidos», gobernado conforme al centralismo democrático.

El informe reconocía también que los órganos de dirección del partido no habían funcionado de «manera totalmente satisfactoria», algo que Carrillo había apuntado en reuniones anteriores del Comité Central,[13] aunque tampoco era satisfactorio el balance de la actuación de las agrupaciones y de la relación entre las organizaciones de base y los órganos directivos. En especial, la Comisión Permanente, que se reunía semanalmente, no había actuado como un órgano de dirección política sino como un órgano de coordinación. Para el secretario general, la Permanente debía ser más reducida y «residir donde está el centro del Partido», para poder ejercer cotidianamente de órgano de dirección. Y no podía aspirar —como ocurría en la Permanente existente— a integrar a los secretarios generales de las organizaciones más importantes o incluso a los dirigentes de CC. OO., porque «tienen una tal acumulación de trabajo que no pueden participar en gran parte de esas reuniones». Desde el IX Congreso, afirmó, habían existido problemas para asegurar la celebración de la reunión semanal. «Una Permanente que sólo se puede reunir una tarde a la semana —y eso faltando buena parte de sus miembros— no está en condiciones de realizar ... un trabajo permanente de dirección del Partido». Por su parte, el Comité Ejecutivo no se había reunido con suficiente regularidad y además, con más de cuarenta miembros, era «prácticamente imposible un verdadero debate, una verdadera discusión en la que haya aportaciones serias», por lo que Carrillo proponía igualmente su reducción. No es difícil apreciar que tales propuestas podían dar lugar a un aumento del poder del secretario general y de su entorno más próximo. También el Comité Central debía repensarse, para que la participación de sus miembros fuera más allá de las reuniones plenarias, también faltas de regularidad. Dos propuestas más completaban esta parte del informe: en primer lugar, la creación de un vicesecretario general para asegurar «el funcionamiento más eficaz de los órganos dirigentes del Partido»; y, en segundo lugar, estudiar un régimen de incompatibilidades para acabar con la acumulación de cargos, lo que, además, permitiría «distribuir lo que ahora se llama “el poder” en el Partido de una manera más amplia si queremos que el Partido funcione como es debido». Se trataba de que, por ejemplo, «lo que ahora hacemos mil en el Partido ... hemos de hacerlo diez mil».

El informe de Carrillo concluía con una apelación al respeto al centralismo democrático en toda la organización, porque en el partido se podía pensar cómo se quisiera, pero «a la hora de las decisiones la mayoría decide, la minoría acepta las decisiones de la mayoría y los órganos superiores son los que dirigen entre Congreso y Congreso»[14]

La intervención de Carrillo dio paso a «algo completamente insólito», en palabras de Manuel Azcárate: el informe del secretario general empezó a «ser sometido a una crítica seria, en algunos casos dura, directa, en otros más matizada, por parte de un número considerable de miembros del CC, incluidas personas con mucho peso en la vida pública y en el propio partido».[15] En efecto, las discrepancias expresadas inmediatamente por miembros del propio Comité Ejecutivo abrieron una discusión, con 71 intervenciones, que obligó a prolongar un día la reunión del Comité Central. El análisis de las intervenciones de esta larga reunión permite apreciar claramente un notable malestar derivado de la situación política general, de la situación del partido y de la forma de liderazgo de Santiago Carrillo, aunque algunos de los argumentos esgrimidos parecen en algunos casos muy instrumentales y contienen procesos de intenciones en distintas direcciones. Pero, más allá de la crítica al informe de Carrillo, el debate permite apreciar las principales preocupaciones de los dirigentes —y, en general, de la militancia— y su percepción sobre los problemas a los que debía hacer frente el partido, y también sobre las causas de dichos problemas.

Antoni Gutiérrez Díaz había sido una de las voces más críticas con el informe presentado por Carrillo en el Comité Ejecutivo. Su intervención, que se inició recordando que el propio Carrillo había pedido a los miembros de Ejecutivo que expusieran sus posiciones en la reunión del Central, fue casi una enmienda a la totalidad al informe presentado. Para el secretario general del PSUC, el informe era heterogéneo y desigual; no podía ser todavía el balance a presentar al congreso, ni las tesis ni los estatutos, pero contenía un poco de todo ello. En su opinión, en una situación tan compleja, el congreso debía abrir un «período profundamente autocrítico, riguroso, participativo, jamás justificativo», y debía dedicar especial atención a tres grandes cuestiones: «la democratización del Partido, la readaptación de nuestra estrategia eurocomunista y nuestra concepción del Partido Comunista de España en la España de las autonomías». Si el partido no estaba funcionando de forma participativa, lo que implicaba que funcionaba «de una forma no satisfactoriamente democrática», en su opinión no era debido fundamentalmente al número de miembros de los órganos de dirección, sino a un «estilo de trabajo». Y cuando el trabajo «no es participativo lleva o a posiciones de fe o a posiciones de desconfianza, y a través de la fe y la desconfianza no se puede dirigir un partido colegiadamente de la importancia, de la trascendencia y de la misión histórica» del PCE.

En definitiva, se ponía sobre la mesa una característica fundamental del funcionamiento de los órganos de dirección y, en general, de todo el partido pero agudizada por la forma de liderazgo de Carrillo: el papel decisivo del secretario general, quien abría las reuniones con un informe que acotaba las cuestiones a tratar y lo cerraba con un resumen, con un gran margen para integrar o no las opiniones manifestadas. Con ese esquema, funcional pero muy rígido, o las discrepancias quedaban minimizadas o marginadas, o, si querían reafirmarse, la situación resultante podía derivar con facilidad en confrontación.

La segunda gran cuestión para Antoni Gutiérrez Díaz era la readaptación estratégica, puesto que no había continuidad entre la política de concentración democrática aprobada por el IX Congreso y la política de unidad de la izquierda que se estaba siguiendo. Y era necesario no sólo ver «qué había de objetivamente difícil en la aplicación de nuestra política, sino si nos equivocamos al analizar la realidad e infravalorar las dificultades objetivas que había». Debía analizarse también «qué errores concretos cometimos» y había que «ver y aprender de lo que nos enseña la realidad». Más aún, había que reorientar la estrategia «no diciendo que es la continuidad de lo que hicimos, sino enfrentándonos con toda claridad en la situación que se nos ha creado y que en parte hemos creado nosotros también porque somos un elemento de la realidad». Y debía plantearse una estrategia a largo plazo para no ser un partido que orientara su «táctica fundamentalmente a la maniobra en las instituciones».

Por último, la aparición del Estado de las Autonomías era uno de los cambios más importantes que había comportado el final de la dictadura y el PCE debía apostar claramente por «un desarrollo de las actividades autónomas de las organizaciones» del partido. Y sobre lo que denominó «miedo al PSUC», afirmó que no debía ser un ejemplo para seguir miméticamente, pero tampoco un contraejemplo. Los PC de las nacionalidades y regiones «no serán lo que tienen que ser» si no lo hacen «analizando la realidad de su pueblo, no analizando lo que ha hecho el PSUC».[16]

Globalmente, se puede decir que uno de los puntos centrales de las intervenciones más críticas fue sobre el método de dirección del partido, lo que aludía sin explicitarlo al desmesurado papel de Carrillo en la toma de decisiones. Para Jordi Solé Tura, eran necesarios nuevos métodos organizativos y, sobre todo, que «se redescubra el trabajo colectivo». Según Ramón Tamames, la desazón en el partido no apareció después de las elecciones del 15 de junio, tal como había afirmado Carrillo, sino tras el IX Congreso, «cuando fueron muchos los que apreciaron que la renovación no había sido suficiente», con «una estructura poco transformada en la organización del Partido, en consecuencia muy poco operativa». Frente a la propuesta de creación de la figura de un vicesecretario general, el diputado y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid creía más adecuada una «secretaría colegiada donde se potencien las nuevas fuerzas del Partido». También proponía la celebración de una conferencia anual que «desdramatiza el Congreso, da continuidad a los trabajos, permite una reflexión anual para corregir el rumbo en determinadas situaciones».

En la misma línea crítica se expresaron otros dirigentes como Javier Pérez Royo, que tomó como ejemplo el propio método de inicio de la preparación del X Congreso. Para el dirigente andaluz, era inadecuado «empezar un Congreso con la impresión que tiene un secretario general que se la transmite al Comité Ejecutivo y que, dos o tres días más tarde, se la transmite a un Comité Central». A su entender debería haber empezado con una reflexión «que tendría que ser del núcleo dirigente», ampliado, a partir del debate y de la experiencia colectiva. Igualmente, sobre las propuestas del informe relativas a la organización, Javier Pérez Royo rechazó la relativa a la creación de la figura de un vicesecretario general con el argumento de que lo que debía crearse era una «secretaría general colegiada en la cual el secretario general sea el primus inter pares». Para el dirigente del PSUC Jordi Conill, los problemas de método eran problemas de fondo, porque «malos métodos pueden hacer mala también una buena política».

Numerosos miembros del Comité Central salieron en defensa del informe presentado por Carrillo y del método seguido para el inicio de la preparación del X Congreso. Frente a los «catedráticos y profesores», en expresión de Víctor Díaz Cardiel, predominantes entre los más críticos, muchos dirigentes de extracción obrera se situaron junto al secretario general, aunque destacados líderes de CC. OO., como el propio Marcelino Camacho o José Luis López Bulla, realizaron también intervenciones muy críticas. El dirigente vasco Ignacio Latierro expresó su sorpresa porque «estos temas se planteen hoy de repente ... cuando no se han venido planteando en el resto de discusiones del Comité Central que hemos tenido». Santiago Álvarez, ex secretario general del Partido Comunista de Galicia, afirmó que el método era el que correspondía «si no nos dejamos llevar por el espontaneísmo, es decir, por el culto a la espontaneidad o por el asambleísmo», que consideraba «un defecto que sigue existiendo a veces en la vida del Partido», procedente «de una etapa pasada en los movimientos de masas», una afirmación que expresaba muy bien la amplia presencia en la militancia de una cultura política determinada por el activismo en los movimientos sociales. Para Damián Pretel, incluso, «en el Partido no hay falta de democracia sino exceso de democratitis», advirtiendo que «hay un cierto deseo de diezmar el centralismo democrático, y de ahí a las tendencias cristalizadas hay un solo paso». En opinión de Tomás Tueros, secretario general de CC. OO. de Euskadi, no había motivo para extrañarse de «que el Secretario General, en nombre de la mayoría del Ejecutivo», esbozara las bases de discusión del próximo congreso y que «dé algunos rasgos y profundice sobre algunos aspectos de nuestra política en este proceso que estamos dejando atrás».

Precisamente la política seguida en los años anteriores y la difícil situación del partido estuvo presente en la mayoría de las intervenciones y, muchas se refirieron a la distancia entre las expectativas de cambio y las realidades así como a los errores de análisis cometidos, aunque también se apuntó el peligro, en palabras de Santiago Álvarez, de «en lugar de pararnos a analizar los problemas reales de la sociedad ... las dificultades objetivas que encuentran nuestras ideas y nuestras posiciones políticas, nos volviéramos contra el Partido haciendo bueno aquel refrán castellano que dice “donde no hay harina, todo es mohína”». Luis Lucio Lobato formuló la siguiente pregunta: «¿Qué queremos hacer? ¿Abrir un juicio contra nosotros mismos por no haber sido capaces de producir la ruptura?». Por otra parte, para Lobato, uno de los dirigentes comunistas con más años de cárcel a sus espaldas, «lo peor que nos ha ocurrido en el período de transición» había sido pasar de ser «el partido dirigente de la lucha contra la dictadura» a tener el papel de «un partido secundario». De ahí procedían «un sinnúmero de quiebras que producen quemazón, que producen desazones, desencantos también».

Jordi Solé Tura apuntó claramente a las «circunstancias generales tanto internas como internacionales» desfavorables para la política que «hemos dado en llamar eurocomunista», añadiendo, además, que superar los obstáculos para su desarrollo «en gran parte no depende de nosotros». Carlos Alonso Zaldívar, por su parte, apuntó un factor decisivo en el desánimo instalado en una parte considerable de la militancia: «Nos hemos educado en el convencimiento, mezcla de esperanza y de voluntad, de que en España las libertades iban a ser una fuerza dinámica, que iban a llevar las cosas adelante». La realidad, en cambio, era que el establecimiento de la democracia, en un marco de una crisis económica con efectos sociales muy duros, lejos de mejorar las condiciones de vida de las clases populares, no conseguía ni siquiera evitar su empeoramiento. Carlos Alonso Zaldívar apuntó también dos cuestiones relacionadas con la cultura, con la acción y también con el malestar comunista. En primer lugar sobre la unidad: «Hemos sido un partido unitario siempre, pero hemos sido un partido unitario en un momento en que éramos la fuerza mayor de las que había que unir», pero la situación era ahora distinta y «no es lo mismo hacer la unidad cuando se es el grande que ser el pequeño». Y sobre la acción política, subrayaba que la del pasado inmediato había estado habitualmente dirigida a impedir que el Gobierno hiciera lo que pretendía en tanto que ahora, en concreto con los Pactos de la Moncloa, «tuvimos que luchar para que el Gobierno hiciera lo que había pactado», un cambio «difícil de asumir».

El dirigente asturiano Horacio Fernández Inguanzo consideró que en la lucha contra la dictadura estaba justificado no hacer hincapié «en los obstáculos para el desarrollo de nuestra política», en cambio, ahora debían explicarse las dificultades existentes, y el no haberlo hecho suficientemente había determinado «que no se comprenda el papel que el Partido ha jugado ... en este período de transición».

Ramón Tamames defendió «plantear ya la posibilidad de un gobierno de la izquierda y de los progresistas», porque era necesario como horizonte, «si no la gente se va a preguntar para qué tanto entendimiento, tanta cooperación, si no planteamos el objetivo concreto de ese entendimiento y de esa cooperación que es un gobierno de la izquierda». Para Tamames, el incremento de apoyo electoral al partido sólo podía proceder del abstencionismo, en el que «la proporción de juventud es verdaderamente impresionante». Para ello, el partido debía abrir un «horizonte utópico, porque si perdemos el horizonte utópico dejamos de ser comunistas»; ello haría posible, en primer lugar, la recuperación de militantes —«un militante que se pierde son tres que se dejan de ganar»— y el crecimiento del partido. También Cristina Almeida se refirió a la pérdida de atractivo del partido para muchos intelectuales, pero también para muchos trabajadores, y especialmente entre los jóvenes; la juventud había cambiado las formas de vida «y nosotros no las hemos cambiado», «no hemos cambiado nuestra mentalidad y eso hace que no seamos atractivos». Todo ello debía ser motivo de análisis. Además, era indiscutible —afirmó— que «sabemos luchar en la clandestinidad, pero no estamos demostrando que sabemos luchar en la legalidad». La abogada y concejala madrileña aludió también al problema que se estaba manifestando en muchos municipios con desavenencias entre los grupos municipales y las direcciones locales del partido; ello lo atribuía a que el doble carácter de partido de lucha y de gobierno no estaba suficientemente claro, además, «en este momento estamos gobernando en sitios y sin embargo no es asimilado ese gobierno por los propios camaradas del partido», lo que constituía también un problema serio. Roberto Lertxundi llamó la atención sobre los nuevos movimientos sociales que estaban apareciendo o desarrollándose al margen de los partidos políticos en general y también del PCE, «esa especie de izquierda social que va surgiendo ... en respuesta a la crisis propia del sistema capitalista».

Frente a las posiciones más críticas o más defensoras del informe de Carrillo, hubo también intervenciones que buscaron la conciliación y que valoraron positivamente el debate desarrollado. Para Jaime Ballesteros, «hacía tiempo que el Comité Central no tenía una discusión tan viva, una discusión con tal cantidad de elementos y tocando tal conjunto de problemas vitales para el futuro del Partido». En una intervención de apoyo al informe de Carrillo, Nicolás Sartorius, que destacó también la importancia de la crisis económica y del escenario internacional, sostuvo que la autocrítica a realizar no debía ser sobre la política seguida sino, fundamentalmente, sobre cómo se había aplicado. Por otra parte, en su opinión, no debía contraponerse la política de concentración democrática con la de unidad de la izquierda; lo fundamental era «cómo hacemos para que la izquierda entre en un camino de cooperación cada vez mayor» que permitiera una «alternativa de progreso en nuestro país».

Sobre la construcción del Estado de las Autonomías y sobre la adecuación del partido a ese nuevo modelo territorial se manifestaron con nitidez distintas sensibilidades, aun compartiendo todas el carácter plurinacional de España y la necesidad de adecuar las estructuras del PCE. Así, Solé Tura se pronunció claramente en favor de un partido federal, con «el máximo grado de descentralización y al mismo tiempo el máximo grado posible dentro de ella de centralización». Por otra parte, afirmó que deberían encontrarse «métodos muy nuevos» para que la política del partido lograra penetrar en Euskadi y en Galicia. Para Manuel Azcárate, el partido debía asumir plenamente el alcance histórico que suponía «poner fin al centralismo tradicional que ha sido una losa terrible sobre todo para las fuerzas progresistas en la historia de nuestro país». Además, apuntó que, como se había manifestado en ocasiones anteriores, podían repetirse en otras nacionalidades «experiencias del tipo de la que dio lugar al nacimiento del PSUC en el 36». Para Lertxundi, la unidad de la clase obrera exigía «el reconocimiento de marcos específicos de la acción de clase», que respondían «a características propias», y advertía que «si no somos capaces de reconocer esto no haremos la unidad de la clase obrera». Recordó, además, que el IX Congreso había aprobado la celebración de una conferencia del partido sobre el «hecho nacional» que no se había realizado.

Sin embargo, el también dirigente vasco Ignacio Latierro, aceptando la definición de España como nación de naciones y regiones, rechazó la consideración de España exclusivamente como Estado. Historia, cultura, economía «y muchas razones más hacen que España sea una comunidad», una nación. Y apuntaba que si la política autonómica, «si nuestra política de fortalecimiento de las nacionalidades y de las regiones» no iba acompañada de una política de «construcción democrática global, corremos el riesgo de que la política de las autonomías sea simplemente la política de las lamentaciones», y defendía «que todos los problemas regionales, nacionales, se integren en una política global, y dentro de esa política global es donde tienen solución y posibilidades de ser jerarquizada qué tipo de vía tomamos en relación con una cuestión o con otra cuestión». Sobre el partido, Latierro remarcó que los órganos de dirección no eran exclusiva ni principalmente órganos de representación; si, contrariamente, se fuera a un Comité Central «que fuese un órgano de representación territorial perderíamos el sentido de la dirección colectiva del Partido»; si «convirtiéramos al Comité Central en una coordinadora de nacionalidades y regiones, ... este comité no dirigiría el Partido». Sobre esta cuestión, se expresaron en sentido parecido otros dirigentes. Para Ignacio Gallego, el partido debía adaptarse a las autonomías, pero «el Partido Comunista o es el Partido de todos los comunistas o es el Partido de toda la clase obrera... o entones ya sería otra cosa».

Por su parte, Enrique Curiel destacó la importancia del momento para el desarrollo del estado autonómico, con dos opciones distintas. Por una parte, la sostenida por UCD, una opción que no pretendía «poner en cuestión la esencia del Estado centralista»; por otra, la opción que debía impulsar el PCE, «profundamente autonomista ligada a un proyecto de transformación del Estado, ligado a ese proyecto de transformación del Estado a un proceso de transformaciones sociales profundas en nuestro país».

En su intervención final, Santiago Carrillo se reafirmó en la adecuación del método seguido, que había permitido «la discusión más abierta, más amplia que ha habido hasta hoy en este Comité Central», y rechazó que el informe aprobado por la mayoría del Comité Ejecutivo tratara de condicionar el desarrollo del Congreso, insistiendo en que lo presentado eran «algunas ideas como punto de partida para una reflexión del Comité Central» para orientar el trabajo de las comisiones que deberían elaborar las tesis para el congreso. Por otra parte, a quienes habían criticado el funcionamiento de la dirección les decía que les había faltado «hacer una autocrítica de su propia participación en la dirección del Partido», pero ignoró las alusiones a la necesaria dirección colegiada. Y a las repetidas críticas a la territorialización respondió aceptando que se hizo precipitada y mecánicamente, pero señalando que allí donde se habían mantenido agrupaciones sectoriales la situación no era mejor, aunque el único ejemplo aportado fue el de la Universidad. Al mismo tiempo, insistió y amplió algunas afirmaciones del informe inicial y de algunas intervenciones.

En primer lugar, en la caracterización de «un período de reflujo no sólo en España, sino en Europa, del movimiento popular», lo que influía en sectores intelectuales pero también obreros. Y advertía que «si no vemos... que estamos en un período de reflujo y si pensamos que el Congreso del Partido va a procurarnos una transformación milagrosa que cambie esas condiciones objetivas automáticamente cometeríamos un error enorme y el Congreso del Partido podría ser una gran decepción». Igualmente, insistía en la inviabilidad de un gobierno de izquierda y en la conveniencia de «un Gobierno de progreso para el cual es necesaria una estrategia de la izquierda». Sobre el Estado de las Autonomías, sostuvo que «contra UCD o contra UCD y los socialistas está claro... que nosotros no haremos el Estado de autonomías que se asemeje, que vaya hacia un estado federal que es necesario en este país». Por otra parte, «frente a los que tratan de levantar la opinión de una parte del pueblo oponiendo España y el concepto de España a las autonomías, frente a esos, si queremos reducir su terreno de maniobra... cometeríamos un error político enorme no reivindicando el tema de España». Y sobre el partido en el marco autonómico, rechazó su conversión en una federación de partidos —algo que en realidad nadie planteaba—, aunque reconoció muchos interrogantes sobre la articulación del partido. Puesto a votación, el informe fue aprobado por 91 votos a favor, cuatro en contra y 19 abstenciones.

La propuesta que presentó sobre la preparación del congreso consistió en nombrar dos comisiones del Comité Central que trabajarían sobre la base del informe presentado y del debate desarrollado, elaborando un anteproyecto de tesis que serían discutidas y aprobadas en una próxima reunión de dicho órgano.[17] La Comisión encargada de elaborar las tesis estaría formada por Carrillo, Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Nicolás Sartorius, Ramón Tamames, Carlos Alonso Zaldívar, Jordi Solé Tura, Julio Segura, Marcelino Camacho, Julián Ariza, Simón Sánchez Montero, Enrique Curiel, José Sandoval y Anselmo Hoyos. Otra comisión, encabezada por Jaime Ballesteros e integrada por Francisco Romero Marín, Ignacio Gallego, Armando López Salinas, José M. González Jerez y Vicente Cazcarra, se encargaría de elaborar la tesis sobre el partido y los estatutos.

La reunión del Comité Central de noviembre mostró claramente la configuración de un sector de la dirección del partido, pronto denominado «renovador», que acabaría abiertamente enfrentado a Santiago Carrillo pese a no desearlo, a los sectores más identificados con el secretario general y a quienes defendían posiciones más tradicionales, entre ellos los más dogmáticos. Y una decisión mostró la diferencia de planteamientos y actitudes que entraban en conflicto, así como el peso de las opiniones de Carrillo ante muchos dirigentes: en ausencia del secretario general, que inició un viaje a China tras concluir la reunión del Comité Central, la Comisión Permanente decidió, sin ninguna voz en contra, publicar las actas completas de dicha reunión. Sin embargo, a su regreso, Carrillo manifestó su total oposición a dicha publicación. Ante tal posición, la Permanente revocó la primera decisión, sólo con el voto en contra de Manuel Azcárate —que fue quien propuso la publicación— y de Pilar Brabo.[18]

EL V CONGRESO DEL PSUC

Dos meses después de la reunión del Comité Central que inició la preparación del X Congreso del PCE, se celebró el V Congreso del PSUC. Dicho Congreso concluyó con el estallido de una virulenta crisis del partido que finalmente llevó a la ruptura de la organización y a un espectacular proceso de autodestrucción que preludió un proceso no menos autodestructivo en el PCE, aunque con características distintas.

El informe del Comité Central del PSUC presentado al Congreso por el secretario general, Antoni Gutiérrez Díaz, describía una situación política muy poco estimulante: el Congreso se celebraba en un contexto en el que las expresiones políticas, económicas y sociales de la crisis eran «brutalmente evidentes, con consecuencias negativas para la clase obrera, las fuerzas populares en general y los pueblos que luchan por su independencia y la construcción del socialismo». Rasgos fundamentales de la situación eran el aumento de la tensión internacional, la crisis del modelo de crecimiento «impuesto en el mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial», el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares, la «ofensiva política conservadora», la «falta de unidad de las fuerzas de la izquierda», el «desánimo» y la «desconfianza» en «amplias masas de la sociedad civil, con la penetración de la ideología del consumismo y del individualismo», y la «pérdida de militancia organizada y de participación activa de los militantes en los partidos de izquierda y en las organizaciones sociales de las masas». Ante tal panorama, habían aparecido en la clase obrera y en el partido «actitudes naturales defensivas contra las agresiones de la derecha, pero acompañadas de tendencias al repliegue en los propios límites». Por tanto, era necesario readaptar la estrategia del partido, «formulada en un período de ascenso de la lucha de masas, a las condiciones actuales, extrayendo lecciones autocríticas de los errores cometidos y de las insuficiencias de nuestros análisis de la realidad», pero reafirmando «la validez de los contenidos democráticos, participativos y de libertad de nuestra estrategia y elaborando propuestas de actuación que se correspondan con el avance hacia las transformaciones revolucionarias, encabezadas por la clase obrera con el conjunto mayoritario del pueblo».

Sobre la evolución de la política catalana y española desde el IV Congreso de octubre de 1977, el informe era muy autocrítico, empezando por el reconocimiento de que se había infravalorado la dimensión de la crisis económica, vista hasta entonces como «una causa de deterioro del franquismo», sin apreciar que «con la democracia podía suceder lo mismo». También se infravaloró «la capacidad de recomposición de las fuerzas conservadoras desde la dirección del proceso de reforma, instaladas en el aparato del Estado y con todos los resortes financieros en las manos». Además, no se previó «el incumplimiento, en aspectos fundamentales, de los Pactos de la Moncloa» y se infravaloraron «las repercusiones que eso tendría sobre la vanguardia del movimiento obrero». También se infravaloró «la inconsecuencia y el partidismo de nuestros aliados naturales», es decir, los socialistas, así como los contenidos derechistas de la política de CiU. No obstante, el Comité Central se había esforzado en poner al día la táctica y la estrategia, y se valoraba positivamente la acción institucional desarrollada y la consolidación de CC. OO. como primera fuerza sindical.[19]

Las intervenciones de los portavoces de las delegaciones expresaron el acuerdo mayoritario con el informe presentado, proponiendo sólo precisiones o matizaciones menores. Sin embargo, se manifestó un notable desacuerdo con la utilización oficial de la palabra «eurocomunismo» para denominar la estrategia del partido. Para una parte de los congresistas, «eurocomunismo» y «eurocomunista» no se identificaban con la vía democrática al socialismo y con el socialismo en libertad —que era compartido por la gran mayoría de la militancia— sino con «la adscripción a una determinada cultura dentro del partido», por lo que se pidió una votación separada sobre uso de tal palabra. Antoni Gutiérrez rechazó tal petición argumentando que la palabra eurocomunismo era ya «patrimonio de nuestro lenguaje común, pero también de nuestra proyección hacia fuera», y porque «más allá de esta sala», «desnormalizar la utilización de esta palabra en el partido» sería interpretado como el abandono de la estrategia de vía democrática al socialismo y de socialismo en libertad.[20] Sometido a votación, el informe fue aprobado por 419 votos a favor, 78 en contra y 282 abstenciones, estas últimas procedentes de quienes compartiendo el contenido del informe rechazaban el uso de la palabra «eurocomunismo».

Sin embargo, en el debate de la tesis dedicada a «La alternativa socialista», fue aprobada una enmienda que rechazaba tal denominación por 424 votos a favor, 350 en contra y 21 abstenciones. Pero, como ya se había expresado en el debate del informe del Comité Central, la mayoría de quienes rechazaban la denominación «eurocomunista» no cuestionaban los elementos fundamentales del proyecto político que se había ido construyendo en los años anteriores. Por otra parte, todas las tesis fueron aprobadas por mayorías muy amplias sin introducir modificaciones sustanciales en los textos originarios; en la tesis dedicada a la situación internacional se suavizó la crítica a la URSS, pero las enmiendas que diferían de la política seguida fueron rechazadas igualmente por mayorías muy amplias. La enmienda más polémica aprobada, y que después sería utilizada como ejemplo de un cambio radical en la política del PSUC, afirmaba que «la confrontación entre los países socialistas y el imperialismo es una de las principales manifestaciones de la lucha de clases a nivel internacional».[21]

En todo caso, la resolución política aprobada al final del Congreso reafirmaba explícitamente la validez de «nuestro proyecto de socialismo en libertad, de revolución de la mayoría, de vía democrática y pluralista al socialismo», así como que la «política de paz y distensión consubstancial al proyecto de los comunistas catalanes nos lleva a denunciar todo acto político de un Estado que contribuya a agudizar la tensión internacional», por lo que «criticamos cualquier injerencia de un país en otro, incluso cuando se trata de un país socialista, y ratificamos una vez más nuestra defensa de la plena soberanía de todos los pueblos».[22]

Pese a algunas formulaciones ambiguas o de interpretación contradictoria en las tesis, los documentos aprobados por el Congreso no permiten explicar la confrontación tan visceral que se abrió en el partido. Tampoco lo explica la elección de los órganos dirigentes. El Congreso votó masivamente por la continuidad de la dirección encabezada por Gregorio López Raimundo y Antoni Gutiérrez Díaz, los dos dirigentes que obtuvieron el mayor número de votos en la elección del nuevo Comité Central.

¿Qué ocurrió, pues, en el Congreso de la principal organización comunista española? Dejando al margen la teoría conspirativa que atribuyó lo sucedido a una maniobra soviética y sin ignorar la existencia de un reducido sector del partido fiel al comunismo tradicional y acrítico respecto a la URSS, para explicar el V Congreso hay que partir del malestar de una parte extensa de la militancia y de los cuadros del partido; un malestar que procedía fundamentalmente del adverso escenario sociopolítico, de la agudización de la crisis económica y de sus consecuencias sociales y, especialmente, de las desfavorables expectativas que generaba la situación internacional y española. Dicho malestar se dirigió nuevamente hacia la crítica a aspectos importantes de la política seguida en los años anteriores; además, muchos militantes, buscando más los propios errores que la correlación de fuerzas existente —algo habitual en la cultura de la izquierda comunista para explicar los resultados negativos de la acción desarrollada o la realidad existente— habían interiorizado que se había seguido una política innecesariamente moderada y, por otra parte, rechazaban el distanciamiento real y simbólico de la propia tradición; eso era lo que muchos identificaban con la palabra «eurocomunismo». En cambio, otros militantes y dirigentes consideraban que se debía acelerar tal distanciamiento para consolidar y ampliar la influencia social y el papel político del partido.

Lo sucedido en el Congreso no abocaba a la crisis catastrófica, pero los pasos siguientes fueron en esa dirección. En primer lugar, los máximos dirigentes del partido hasta entonces se consideraron desautorizados y se negaron a continuar en sus cargos, desde los cuales, con relativa facilidad, habrían podido reconducir la situación de crisis; a ellos se sumaron quienes habían defendido más vehementemente la palabra «eurocomunismo» que, además, denunciaron de inmediato e insistentemente que del Congreso había salido una política que cuestionaba «todo lo que ha hecho del PSUC un partido nacional arraigado en el conjunto de la sociedad catalana», como «la independencia, tolerancia, vocación democrática, defensa del pluralismo, rechazo del dogmatismo y del espíritu de secta, voluntad de poner el partido al servicio de los trabajadores y de las clases populares y no al servicio de una ideología cerrada»,[23] apropiándose así de un patrimonio que era de la inmensa mayoría de la militancia. Tal lectura del Congreso fue la realizada o asumida por la dirección del PCE, cuyo secretario general, por otra parte, no dejó de ver con satisfacción cómo los dirigentes del PSUC que habían sido muy críticos con su gestión en los meses anteriores debían reclamar ahora su auxilio.

La nueva dirección del PSUC se encontró, por una parte, con la hostilidad del denominado sector «euro», identificado con muchos militantes procedentes del grupo Bandera Roja, del que formaban parte numerosos cargos públicos que además tenían un fácil acceso a los medios de comunicación. Dicho sector se negó a aceptar los resultados del Congreso, reclamó inmediatamente la convocatoria de un congreso extraordinario y no dudó en actuar al margen de las estructuras regulares del partido. Por otra parte, los nuevos dirigentes del PSUC tuvieron en contra la presión de la dirección del PCE, que consideró que el PSUC había abandonado la política común, por lo que quedaba cuestionada la relación entre ambos partidos, e hizo públicos ocho puntos que definían la política eurocomunista que supuestamente había roto el partido catalán pero cuyo contenido figuraba inequívocamente en los documentos aprobados por el V Congreso.

El nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por Francisco Frutos al frente de la Secretaría General, rechazó la lectura que los «euros» y la dirección del PCE estaban propagando, pero con escaso éxito. En las páginas de Treball, Joaquim Sempere, una de las voces más lúcidas del partido, desmontaba con contundencia tal lectura: «¿Es que tal vez el PSUC ha dejado de ser eurocomunista? Si por eurocomunismo entendemos una política de vía democrática y pluripartidista al socialismo, de lucha por la paz y contra la política de bloques, y de independencia dentro del movimiento comunista mundial, es claro que el PSUC no ha dejado de ser eurocomunista. Quien lo dude, que lea las tesis aprobadas por el V Congreso». Para Sempere, lo que el Congreso había mostrado era la existencia de «una amplia mayoría del partido» a favor de una revisión autocrítica de la política seguida en los años pasados, en la línea de las tesis presentadas por el Comité Central saliente. «Ignorar este estado de opinión tan generalizado quiere decir ignorar una dimensión esencial del problema».[24]

El nuevo Comité Ejecutivo estaba formando por dirigentes identificados como «leninistas», una etiqueta, como las demás, que más bien propicia la confusión sobre las diversas actitudes y posiciones en el seno del partido. Tal denominación procedía de haber formado parte de la mayoría que había rechazado la supresión del leninismo en la definición del PCE. Dichos «leninistas» procedían tanto del ámbito obrero como del intelectual.[25] La presidencia del partido recayó en el veterano Pere Ardiaca, ubicado en el sector denominado —con ánimo descalificador— «prosoviético» o «afgano», en cuyo seno, aunque sólo eran una parte de él, figuraban quienes sostenían las actitudes más dogmáticas. A principios de febrero, en el informe del Comité Ejecutivo presentado al Central, se proponía abrir un debate riguroso sobre el congreso y los textos aprobados, distinguiéndolos de actitudes y formulaciones dogmáticas que se manifestaron en algunas sesiones, pero que sólo representaban a una minoría de los delegados y que, además, no se incorporaron a las resoluciones.[26] Pero el Comité Ejecutivo no logró contener la confrontación interna entre quienes demandaban la celebración de un congreso extraordinario y quienes, irritados por la no aceptación del resultado del V Congreso, lo defendían como la expresión democrática de la voluntad de la militancia.

La ruptura del partido se fue materializando durante los meses siguientes y fue el resultado de un conjunto de factores de diversa naturaleza, entre ellos la radicalización de las posturas, la dureza de las discusiones, la aceptación interna de denominaciones descalificadoras —la más destacable, la de «prosoviéticos» o «afganos» aplicada a una parte importante de la militancia obrera— y la desconfianza mutua que se había ido instalando y que agudizaba los demás factores. En las posiciones más extremas, para unos, una parte del partido quería sencillamente «liquidar» la identidad comunista convirtiendo el PSUC en un partido socialdemócrata; en el otro extremo, para otros, se pretendía volver a un partido dogmático, sectario y obediente a Moscú.

La recuperación de la denominación «eurocomunista» en un Comité Central celebrado en mayo, la ratificación de tal decisión en una Conferencia Nacional en julio, ambas decisiones adoptadas con numerosos votos en contra, la destitución del presidente del partido en ese mismo mes por 58 votos a favor, 33 en contra y una abstención, la expulsión de doce miembros del Comité Central[27] y la suspensión de militancia de otros catorce en diciembre, acusados de actividad fraccional, la suspensión de la actividad de los comités comarcales del Baix Llobregat, del Vallès Occidental y del intercomarcal de Lleida fueron jalones de un espectacular proceso autodestructivo.[28] Unos, pretendiendo depurar el partido de «prosoviéticos», otros, con la voluntad de apartar de él a socialdemócratas, y una dirección desbordada, que finalmente optó por un uso muy asimétrico de las medidas disciplinarias, determinaron la quiebra del partido. Cuando se celebró finalmente el VI Congreso extraordinario, en marzo de 1982, el PSUC apenas conservaba un tercio de los militantes de un año antes. Una parte se había integrado en el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) creado por los expulsados, muchos otros abandonaron la militancia política y algunos se incorporaron más adelante al PSC-PSOE. El hundimiento electoral de octubre no fue más que la constatación de que el PSUC había dejado de ser un actor político relevante en el escenario político catalán.

EL X CONGRESO

La crisis del PSUC comportó que la organización catalana tuviera un papel muy discreto en el X Congreso del PCE, a diferencia de lo sucedido en el IX.

La preparación del Congreso se realizó en un escenario político notablemente complejo, bajo el impacto del golpe de estado del 23 de febrero, que reforzó el prestigio de Santiago Carrillo por su actitud en el Congreso de los Diputados, y determinado por la formación del Gobierno presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo, que supuso una acentuación de la política derechista de una UCD que, sin embargo, no lograba desoír los cantos de sirena de la «mayoría natural» conservadora proferidos desde AP. Un escenario condicionado, además, por la persistencia de la crisis económica y por un notable malestar social, y por los atentados con voluntad desestabilizadora de ETA. A nivel interno, el X Congreso se preparó con unos «renovadores» decididos a defender sus propuestas, especialmente sobre el partido, y con un Santiago Carrillo que se apoyó fundamentalmente en dirigentes y cuadros de la organización central, del «aparato», en buena parte de los veteranos y en sectores obreros desconfiados respecto a los objetivos últimos de los renovadores.

En los meses que precedieron al Congreso se sucedieron diversos sobresaltos en el PCE. En el mes de mayo, después de ver rechazadas sus propuestas en las tesis que elaboraba el Comité Central, Ramón Tamames anunció que abandonaba el partido. Desde la reunión del Comité Central de noviembre, Tamames había expresado públicamente opiniones y formulado propuestas críticas con la dirección del partido de la que formaba parte y, especialmente, había insistido en la necesidad de una renovación de la dirección, incluyendo la jubilación de los más veteranos, reiterando su propuesta de una dirección colegiada.[29] Tamames era uno de los dirigentes más populares del PCE, una de sus voces más respetadas; economista prestigioso y parlamentario brillante, su marcha suponía un duro golpe para la imagen del partido. Poco antes, también había abandonado el partido Eugenio Triana —miembro del Comité Ejecutivo y del Secretariado, responsable del sector de técnicos y profesionales— siguiendo el camino de numerosos intelectuales y profesionales que habían constituido un capital especialmente valioso para el PCE en los quince años anteriores.[30]

La tensión en la elaboración de las tesis creció cuando Carrillo, con el apoyo de una parte de los miembros del Comité Central, propuso que, en la coyuntura política determinada por el golpe del 23 de febrero, debía optarse por unas tesis breves centradas en las cuestiones políticas esenciales, todo lo contrario de lo que estaba elaborando la comisión encargada de preparar los textos y de la posición de otra parte del Comité Central partidaria de un debate a fondo sobre la política aplicada, sobre la línea a seguir a partir del Congreso y de una renovación de los métodos de trabajo y de la dirección del partido. La tensión en el Comité Central se reprodujo en diversas organizaciones territoriales, mezclándose problemas locales con los debates más generales del partido. El aparato central, bajo la dirección de Carrillo, protagonizó diversas maniobras que comportaron la sustitución de dirigentes regionales, promoviendo líderes fieles al secretario general. Por otra parte, Mundo Obrero fue sistemáticamente utilizado en favor de las posiciones mayoritarias del Comité Central.

También se manifestaron tensiones en torno a la revista Nuestra Bandera, en especial después del editorial correspondiente al número de diciembre de 1980 dedicado al X Congreso. Dicho texto, fruto de la elaboración colectiva del consejo de redacción de la revista dirigida por Manuel Azcárate, recogía muchas de las formulaciones críticas expresadas en la reunión del Comité Central de noviembre, y provocó la cólera de Santiago Carrillo,[31] actitud más explicable por ver en dicho editorial otra expresión crítica con su liderazgo que por la literalidad del texto. Bajo el título «Hacia el X Congreso», el editorial sostenía que el Congreso no debería ocuparse tanto de cuestiones ideológicas como de «plasmar nuestra estrategia en una alternativa a la crisis social y económica actual, diseñar nuestro proyecto de sociedad civil; analizar las relaciones del PCE y de los partidos políticos con los movimientos sociales...». Se trataba, en definitiva, de diseñar «la respuesta de los comunistas españoles a la crisis actual, dejando claro que no existe solución a corto plazo a los problemas fundamentales, y que nuestra alternativa se inserta en un horizonte temporal dilatado en el que es fundamental conjugar de forma correcta las acciones puntuales a la solución a los problemas diarios, con una estrategia de progreso en el camino hacia el socialismo y el comunismo». Pero no bastaba «con tener la mejor estrategia» si no se disponía de un partido «capaz de aplicar en cada momento la línea política más adecuada, con capacidad de elaboración de alternativas, y donde todos los militantes participen en el debate colectivo y se sientan protagonistas de la acción política». Los problemas organizativos, que el propio Carrillo había expuesto ante el Comité Central, no eran de carácter «técnico-burocrático», sino que eran esencialmente problemas políticos, y sobre la dirección del partido, lo fundamental era elegir a los militantes «más adecuados para llevar a cabo la línea política que emane del X Congreso y reforzar el tipo de partido definido en el IX Congreso».[32]

El 5 de mayo, el Comité Central se reunió para aprobar las tesis y el proyecto de estatutos que se remitirían a todas las organizaciones para su discusión. La práctica totalidad de las tesis fueron aprobadas casi por unanimidad, excepto la dedicada al partido que, junto al proyecto de estatutos, concentró las principales discrepancias. En síntesis, se contrapusieron dos posiciones: una favorable a avanzar nítidamente en la democratización del partido, apoyada en general por los denominados «renovadores» y por otros dirigentes, y otra, de rechazo a tales propuestas que incluso retrocedía a posiciones anteriores al IX Congreso, encabezada por Santiago Carrillo. Las principales enmiendas, presentadas por Pilar Brabo, Julio Segura y Roberto Lertxundi, fueron rechazadas, aunque obtuvieron un notable apoyo. Una de las más significativas presentada por Pilar Brabo sobre los estatutos decía que, si bien los militantes debían «actuar acatando las directrices y decisiones adoptadas según el principio de subordinación de la minoría a la mayoría, de la organización inferior a la superior», las minorías, después de las decisiones o acuerdos, tendrían «derecho a dar a conocer y sostener sus opiniones en los órganos y niveles correspondientes del partido en que militen». Carrillo se opuso frontalmente argumentando que dicha enmienda buscaba legalizar las fracciones, lo que estaba en contradicción con principios fundamentales del partido.[33] La enmienda de Roberto Lertxundi proponía adoptar una estructura federal en el PCE.

Pocos días después se dio a conocer un documento firmado por 252 militantes madrileños, entre los que figuraban muchos de los principales cargos municipales del partido en la capital, como Eduardo Mangada, Luis Larroque, Cristina Almeida y Alfredo Tejero, junto a otros conocidos militantes como José Luis Malo de Molina, José Luis Martín Palacín y Pamela O’Malley, entre otros. El Secretariado del Comité Central, con la oposición de Carlos Alonso Zaldívar y Pilar Brabo, consideró el documento fruto de una práctica fraccional y prohibió la publicación del texto en Mundo Obrero, aunque obviamente ello no impidió su amplia difusión.[34]

Bajo el título «Por un eurocomunismo renovador», el documento comenzaba con un balance positivo de la actividad del partido hasta después de las elecciones generales y municipales de 1979: «Habíamos consolidado una buena posición desde la que poder desempeñar un papel determinante en el desarrollo de la democracia y forjar una alternativa de progreso, a partir de una práctica de oposición responsable, de la adquisición de una importante experiencia de gobierno en el terreno municipal, y de la creación de las bases para una amplia convergencia social y política entre los sectores progresistas de nuestra sociedad». Pero, finalizado el período constituyente, el partido pareció «quedar a la deriva». Para los firmantes del documento, la política municipal no ocupó «un punto central de la preocupación y de la reflexión colectiva de todo el equipo de dirección». Por otra parte, para los firmantes del documento, en el terreno sindical y «bajo una equivocada teoría de la independencia de CC. OO.», la dirección no había intervenido frente a una política de radicalización impulsada por buena parte de la dirección de CC. OO.; y en el ámbito profesional y cultural, el abandono de militantes se había traducido en una «situación de auténtica desbandada, sin que la dirección del partido pase de la entonación del “mea culpa” a los cambios radicales necesarios».[35]

Los firmantes del documento se desmarcaban claramente de aquellas voces críticas que consideraban que pretendían «afrontar la crisis arrojando por la borda gran parte del avance político realizado por el PCE, volviendo la mirada hacia los dogmas del pasado, la fraseología radical y la dócil dependencia del exterior», pero afirmando que esa opción encontraba «su caldo de cultivo en la desvirtuación y bloqueo que sufre el proyecto eurocomunista en nuestro país, producido por los graves errores en la gestión del partido, por una alarmante propensión a la ambigüedad y al tacticismo, y por una enorme falta de sensibilidad ante importantes aspectos de la lucha ideológica y política de la España de hoy».

La inadaptación de la política del partido en la «etapa postconstitucional» había ido acompañada de «una falta de adecuación de la estructura organizativa del PCE a su proyecto político». Ahí estaba el núcleo fundamental del documento; para resolver «el desajuste entre el funcionamiento del partido y sus presupuestos políticos», el PCE debía renovarse para lograr ser un partido distinto tanto de un partido socialista, «que puede tener objetivos correctos pero que no practica la movilización social», como de un partido comunista «de corte tradicional», que «se limite a la acción testimonial, escondiendo tras el radicalismo verbal las actitudes antiunitarias y el desentendimiento de la labor de construcción de un Estado democrático». La renovación exigía, en primer lugar, una reforma de los estatutos «que fomente la libertad de discusión y la formación de corrientes de opinión, que asegure el carácter democrático de la toma de decisiones, y que prime el funcionamiento colectivo sobre el individual y la responsabilidad de los órganos frente a la concentración de poderes». La constitución de los órganos de dirección debía hacerse «en función del papel del partido en la sociedad y no por criterios de eficacia burocrática», y las formas de militancia debían adaptarse «a las formas de participación de los ciudadanos en la lucha política y social». También era necesario «superar las concepciones rígidas sobre la organización territorial para conseguir la plena incorporación a la vida real del partido de los cuadros sindicales, los cargos públicos, los intelectuales, los artistas, los profesionales y todos los sectores con una especificidad social».

Pero más allá de cambios en los estatutos, debía modificarse «la manera de dirigir el partido y de hacer política eurocomunista en la sociedad española», por tanto, «la renovación significa el cambio del equipo dirigente del partido». El documento concluía señalando que la propuesta formulada pretendía «superar el falso dilema de dar nuestro refrendo al actual estado de cosas o de unir nuestra crítica a quienes, desde fuera o desde dentro, pretenden liquidar el eurocomunismo».[36] Tal afirmación quería desbaratar la interesada y, en buena medida, artificial confrontación presentada por el núcleo en torno a Carrillo, entre los «prosoviéticos», denominación que encubría desde formulaciones críticas sostenidas de posiciones más radicales hasta las actitudes más tradicionales y dogmáticas, y todos los demás «eurocomunistas» encabezados por el secretario general.

La conferencia provincial de Madrid fue escenario de un duro debate y la confluencia del voto entre los renovadores y los calificados de «prosoviéticos» comportó la aprobación de propuestas estatutarias en la línea de lo demandado por el documento de los 252, destacadamente la posibilidad de formar corrientes de opinión en el partido, lo que había sido rechazado rotundamente por Santiago Carrillo en la propia conferencia.

En esta situación interna, y con algunos episodios que acentuaron la tensión en los días previos a su inicio, el X Congreso comenzó el día 28 de julio, reuniendo a 1.213 delegados —incluyendo 148 miembros del Comité Central saliente— en representación de los 160.000 afiliados, más de 40.000 menos que en el IX Congreso.[37] La ya apreciable disminución de militantes del PSUC convirtió la delegación andaluza en la más numerosa, seguida de la catalana y de las de Madrid, País Valenciano, Asturias y Castilla-La Mancha. Con relación al IX Congreso, los datos oficiales registraron un incremento de la edad media de los delegados, próxima a los 40 años, y una disminución del porcentaje de mujeres al 9,43%, un significativo retroceso frente al 13,27% del IX Congreso, un porcentaje que en su momento había sido considerado claramente insatisfactorio. Respecto a la composición socioprofesional, no hubo variaciones significativas con el anterior congreso.

El informe del Comité Central presentado por Santiago Carrillo —aprobado en dicho órgano por 94 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones— tenía dos partes bien diferenciadas. La primera, dedicada a la situación política general, no contenía novedades significativas respecto a propuestas ya conocidas, aunque algunas partes tenían una mayor profundidad analítica. Abría el informe la situación política internacional, y en ella se ratificaba el rechazo del PCE a los bloques militares y, en consecuencia, al ingreso de España en la OTAN promovido por el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo. El panorama negativo que se ofrecía del escenario tenía, sin embargo, contrapuntos favorables, entre ellos la formación de un gobierno de izquierda en Francia: «La elección de Mitterrand, la victoria de la izquierda, la formación de un Gobierno con participación comunista, la adopción de un documento programático entre el PSF y el PCF, cuyo contenido podríamos suscribir, pueden ser significativos de un inicio de cambio».[38]

Al ocuparse de la situación política española, y ante el continuado debate en el partido sobre la transición, Santiago Carrillo introdujo en el informe algunas consideraciones poco tenidas en cuenta. La ruptura radical con las dictaduras fascistas, afirmó, «sólo se ha producido cuando ha habido el apoyo de Ejércitos extranjeros —caso europeo en la Segunda Guerra Mundial— o cuando la unidad del Ejército ha entrado en crisis y una parte de ese Ejército se ha lanzado contra la dictadura —ejemplo portugués—». En España, no había ocurrido ni lo uno ni lo otro, «ni era previsible». Por otra parte, cuando se hablaba de ruptura democrática, «nadie se refería a una ruptura radical del aparato del Estado, sino a la posibilidad de que un fuerte movimiento de masas permitiera formar un Gobierno provisional, que no actuase condicionado por la legislación anterior», lo que tampoco había sido posible. Tampoco «entraba en nuestras previsiones» que un gobierno provisional «significase la ruptura de la hegemonía de la burguesía», sólo posible «a través del proceso de consolidación del cambio democrático» y «cuando se alcanzara la democracia política y social». Por otra parte, con la ruptura propugnada, el partido hubiera tenido una posición más fuerte, pero los problemas a los que debería hacer frente, desde un aparato de Estado heredado de la dictadura a la crisis económica, serían los mismos. Apelando a su propia memoria de los años treinta, Carrillo recordó que al poco de proclamarse la República «se producían ya manifestaciones de descontento, y que el desencanto tras un cambio político no es un fenómeno único de este período y de este país». Quienes «vivimos también en aquel tiempo la desbandada y el abandono de quienes se sentían defraudados y vacilaban ante las incertidumbres del futuro ... quizá —y no por falta de sensibilidad— nos impresionamos menos ante ciertos fenómenos negativos de la actual coyuntura».[39]

La segunda parte del informe estaba dedicada al partido. Desde la valoración positiva de la política seguida, Carrillo admitía como error más destacable de la dirección que había encabezado «una marcada tendencia a hacer política por arriba y hacia arriba», fruto no de «ningún cambio de concepción sobre el carácter de masas del Partido», sino de «una práctica que ha ido adquiriendo carta de naturaleza y frente a la que no hemos sabido o podido reaccionar a tiempo». El origen de tal práctica lo situaba en el «cambio de tareas desde la clandestinidad a la legalidad», y en la «persistencia de ciertos métodos de dirección de la clandestinidad». El partido había necesitado «desplazar» a «miles de cuadros hasta entonces insertos en los movimientos de masas, hacia las labores parlamentarias, autonómicas, municipales, bien directamente, bien en un plano de asistencia y colaboración»; únicamente el movimiento sindical no había sufrido dicha «fuga» al tener «una personalidad y una tradición propias». No obstante, la pérdida de impulso de otros movimientos de masas también había sido fruto del «cambio de naturaleza del trabajo de los movimientos de masas al advenir la legalidad democrática».

Con todo, «lo más grave» había sido «el abandono de las Agrupaciones, provocado por esa huida hacia arriba», por lo que la organización de base del partido perdió «vitalidad, dinamismo, influencia política». Y esa organización de base era lo que distinguía a un partido comunista: «Si los Partidos Comunistas mantienen la militancia es por la existencia de un tipo de relación entre cuadros y militantes que se realiza al nivel de sus organizaciones y que permite que los militantes no sean simples seguidores, simples votantes sino copartícipes de la actividad del Partido en su conjunto»; ése era el «verdadero sentido de la democracia en el Partido, de la participación, mucho más que los duelos políticos entre grupos muy reducidos de cuadros, a los que a veces no se les ve la cara en las Agrupaciones». Aquí la crítica/autocrítica alcanzaba a diputados y concejales que actuaban sin vínculo directo con la militancia, y apuntaba inequívocamente a algunos de los críticos renovadores al denunciar a cargos públicos que «se consideran los portavoces del Partido sin contar con éste y terminan sintiéndose ungidos de una autoridad, en cierto modo, independiente de los órganos del Partido que los ha propuesto para los cargos que desempeñan», una deriva que de continuar llevaría a «un tipo de Partido de las características de la II Internacional».[40]

Como había planteado Carrillo en la reunión del Comité Central de noviembre, el informe al congreso proponía cambios en los órganos de dirección. Y cargaba con dureza contra quienes hablaban de «aparato» y de burocracia en el PCE, «como hacen demagógicamente ciertos camaradas que a veces forman parte —y hasta privilegiada— de ese aparato sin que, al parecer, se hayan enterado», porque el aparato estaba constituido por la totalidad de quienes trabajaban para la organización y de quienes ostentaban cargos públicos elegidos en candidaturas del partido. Para Carrillo, había que afirmar «dos verdades: una, que necesitamos un aparato más fuerte y mejor; otra, que hoy el aparato no es el apoyo incondicional de la dirección, que ahoga la democracia interna; es, en muchos casos, la oposición a la dirección, y tampoco es ésta la función de un aparato de Partido». Porque parte del aparato eran las voces críticas: «Donde está el enfrentamiento y la polémica en el Partido, más que en el conjunto de éste, es en el interior del aparato, entre los elegidos, los cuadros sindicales, los liberados y los colaboradores de la dirección», «en gran medida el debate político en el Partido es un debate en el seno del aparato».

Para Carrillo, la democratización interna del PCE había alcanzado cotas muy elevadas, mucho más si se le comparaba con los otros partidos políticos en general, así como con los partidos comunistas, pero debía rechazarse la creación de «corrientes, tendencias, fracciones o como se las quiera llamar», puesto que ello cambiaría el carácter del partido. El partido no debía ser «un reflejo de la sociedad», sino «una vanguardia de la sociedad; es decir, una parte sumamente activa, colectivamente activa, en el seno de ésta»; el partido era «ante todo, un instrumento de la clase obrera, de la intelectualidad marxista, de las masas laboriosas para transformar la sociedad». Profundizar la democracia en el partido suponía «que en los períodos de discusión no haya cortapisas para nadie en la emisión libre de sus opiniones, pero que a la hora de la acción exista unidad y la disciplina sea igual para todos». En el partido se había llegado a una situación en la que, en ciertos casos, «la unidad de acción y la disciplina se han roto, incluso en los órganos dirigentes»; si el congreso no servía «para poner orden en ese y otros terrenos» se entraría «en un proceso de crisis y de autodisgregación suicida». Para el secretario general, la democracia no tenía nada que ver con la «permisividad hacia los que atentan contra la concepción estratégica del Partido, la falta de firmeza frente a quienes intentan llevarle por otros caminos, la tolerancia hacia quienes al mismo tiempo que están en sus filas y hasta en sus órganos dirigentes se dedican a denigrar públicamente al Partido».

El informe acababa con un pronunciamiento claro a favor de la renovación de los órganos dirigentes, pero no sólo de los más veteranos «que ya no están en condiciones de seguir dirigiendo porque han perdido energías a causa de la edad», sino también de los todavía jóvenes «que no han mostrado estar a la altura de sus funciones»; también él rechazaba una «barrida indiscriminada» de la llamada «vieja guardia» del partido. Para el partido, añadió, no es «ningún baldón que al lado de los cuadros pertenecientes a generaciones posteriores haya todavía en sus filas, en su Dirección, hombres que lucharon con las armas contra el fascismo», «parece mentira que sea necesario decir esto en el Partido Comunista de España, pero es, lamentablemente, inevitable cuando hay gentes en nuestras propias filas que nos reprochan haber hecho la guerra, olvidando que si el PCE es el Partido de la política de reconciliación nacional y del eurocomunismo lo debe, en gran medida, a la apertura y al espíritu renovador demostrado por esa “vieja guardia”».[41]

No puede extrañar, a la vista de algunas de las afirmaciones anteriormente citadas, que si bien sobre la primera parte del informe no se formularon objeciones o críticas de entidad, la segunda parte fuera contestada por una parte de los congresistas y que la votación final reflejara justamente esas discrepancias. Así, el portavoz de la minoría de la delegación aragonesa, José Luis Martínez, afirmó que el partido no podía ser un reflejo pasivo de la sociedad, pero que «sería tener un concepto estrecho de vanguardia el deducir de ahí la imposibilidad de una cierta pluralidad y diversidad compatible con la unidad de acción». Para Fernando Pérez Royo, portavoz de la minoría de la delegación de Andalucía, sobraban del informe «el maniqueísmo y la caricaturización con que se presentan los planteamientos renovadores». Para el diputado por Sevilla, el principal problema del partido era «que tenemos ciertamente una política correcta en líneas generales, pero con un instrumento para su aplicación ... que no acaba de adecuarse a esa política». Muy críticas fueron también las intervenciones de Roberto Lertxundi, en nombre de la delegación del PC de Euskadi-EPK, quien afirmó que no se podía hacer «de la discrepancia herejía», la de Anxel Guerreiro, secretario general del PC de Galicia, y las intervenciones de las minorías de Madrid, de Cantabria y del PSUC. Para el portavoz madrileño, José Luis Malo, «en el informe se ataca frontalmente la existencia de corrientes de opinión, pero no se avanza ninguna propuesta que permita una racionalización del debate político, que garantice la unidad y el fortalecimiento del Partido, que permita la libre expresión individual y colectiva de las opiniones existentes»; contrariamente, se acentuaban «los aspectos de centralización, verticalidad, disciplina, uniformidad, lealtad a la dirección y patriotismo de partido». Por otra parte, sobre la renovación, el informe dejaba de lado su dimensión de «cambio en las formas y contenidos en la dirección del Partido».[42]

El informe fue aprobado por 689 votos a favor, 64 en contra y 266 abstenciones. En el resumen de la discusión previo a la votación, Santiago Carrillo insistió en la centralidad del modelo de partido, y frente a algunas alusiones relativas a que se pretendía mantener el modelo de partido de la III Internacional, no sin ironía, afirmó: «Cómo se ve, camaradas, que no habéis conocido el modelo tradicional de partido, o que si lo habéis conocido, os habéis olvidado de él». Para el secretario general, el propio desarrollo del Congreso era un modelo de democracia, de pleno ejercicio de los derechos de las minorías, pero «después que el debate se ha resuelto con acuerdos concretos, ¿pueden las minorías seguir defendiendo públicamente sus posiciones minoritarias frente a las de la mayoría? ... Si después del Congreso la minoría sigue defendiendo sus posiciones en la prensa y por la palabra al exterior del Partido, lo que está claro es que la minoría está haciendo una política que no es la que ha acordado el Congreso, y eso no es democracia». La democracia, sostuvo, era que la minoría se sometiera a la mayoría, con el derecho de defender sus posiciones internamente, pero cuando se tomaban las decisiones, todos debían aplicar la política decidida por la mayoría, si no no habría un partido sino dos, o varios. Y ello no impedía el debate permanente sobre la elaboración teórica del partido. Y sobre las críticas vertidas sobre el tono de su intervención, Carrillo afirmó que no era «una especie de presidente paternalista ... que se dedica a pasar la mano por la espalda a todos, a poner bálsamo en las heridas de todos, a tranquilizar a todos y a tratar de estar de acuerdo con todos», sino que tenía ideas y que las defendía: «Eso he hecho y eso haré toda mi vida, y en defenderlas pongo la pasión que inevitablemente tengo que poner».[43]

El Congreso debatió siete extensas tesis. Como había ocurrido en el proceso de elaboración en el Comité Central, todas ellas, excepto la dedicada al partido, la n.º VII, fueron aprobadas por mayorías muy amplias después de incorporar enmiendas en los debates de las respectivas comisiones. La primera tesis, dedicada a la política internacional, presentada al pleno del congreso por Manuel Azcárate, obtuvo el voto afirmativo de 561 delegados, 21 votos en contra y 24 abstenciones.[44] La tesis profundizaba en la crítica al «socialismo real»: «Es un hecho que esos sistemas políticos se apoyan en Estados autoritarios y burocráticos donde están limitadas o negadas las libertades de los ciudadanos, en la fusión del partido y del Estado, y por ello están lejos de los que los comunistas entendemos por un socialismo en libertad y democracia».[45] La tesis n.º II, dedicada al período de la transición y una de las que suscitó mayor debate, fue aprobada finalmente por 526 votos a favor, siete en contra y 18 abstenciones e incorporó una enmienda sobre el papel de las mujeres y del movimiento feminista en el proceso democrático. El texto aprobado profundizaba en la situación política posterior a las elecciones de 1979 hasta el golpe de Estado del 23 de febrero. «La progresiva derechización de UCD —afirmaba— ha sido funesta para España. Ha agravado todos sus problemas: crisis económica, paro, terrorismo, freno a las autonomías, no democratización del Estado, y aumento del riesgo de involución antidemocrática». Frente a esa situación, el PCE había insistido en su política de concentración democrática, estableciendo «una política de cooperación democrática capaz de imponer un nuevo Gobierno y una nueva política», pero ello sólo sería posible «con un entendimiento de la izquierda, del PSOE y del PCE, principalmente».[46]

Pilar Brabo presentó ante el plenario la tesis tercera, «La estrategia de la izquierda para una España de progreso», que obtuvo igualmente una aprobación muy amplia —704 votos a favor, ocho en contra y 24 abstenciones— tras incorporar numerosas enmiendas. Dedicaba una notable atención a los «nuevos» movimientos sociales e insistía en la unidad de la izquierda como base de un gobierno de cooperación democrática y para abrir una etapa de avance hacia el socialismo.

De igual modo, las tesis IV, V y VI, dedicadas a «La alternativa del PCE a la crisis económica de España» —presentada por Anselmo Hoyos y en cuya preparación había intervenido decisivamente Julio Segura—, a «La política sindical» y a «La transformación democrática del Estado», presentadas por Carlos Alonso Zaldívar y Jordi Solé Tura, fueron aprobadas por mayorías muy amplias, como las tres primeras tesis.[47]

Los amplios acuerdos sobre las tesis se rompieron ante la tesis n.º VII, dedicada al partido, y también en la reforma de sus estatutos. En la tesis dedicada al PCE se pusieron a votación dos textos; la tesis que contó con el apoyo mayoritario en la comisión y un texto alternativo de la minoría. El primero fue aprobado en el plenario del Congreso con 651 votos a favor, 273 en contra y 133 abstenciones, es decir sin el apoyo de más de cuatrocientos congresistas. La enmienda a la totalidad logró 225 votos favorables, 677 en contra y 109 abstenciones. Ambos textos compartían la valoración favorable del papel del partido durante los años anteriores así como buena parte del diagnóstico sobre los problemas que estaba atravesando, aunque con algunas divergencias apreciables. Así, el texto aprobado, presentado ante el plenario del Congreso por el dirigente aragonés Vicente Cazcarra, situaba entre los factores negativos, junto a la desafiliación, la «aplicación mecánica de la territorialización», la «débil relación con las masas», «hacer política por arriba», la «insatisfactoria relación de la Dirección con la base», la «aparición de tendencias», y la falta de «homogenización» que ya había sido apuntada con anterioridad por Carrillo ante el Comité Central. También denunciaba las presiones que «desde fuera de nuestro Partido se vienen ejerciendo para hacernos cambiar de política». Pero allí donde aparecían los desacuerdos con más nitidez era en las soluciones propuestas. La tesis aprobada hablaba de «la incorporación de elementos federales a la estructura y funcionamiento del Partido», de la necesidad de «avanzar en el proceso democratizador del Partido», pero también de «que la disciplina no se deteriore», rechazando «la actividad fraccional» y también «las tendencias organizadas, contrarias a la cohesión, disciplina y auténtica expresión democrática». También sostenía que debía procederse a una renovación, pero «buscando una homogenización política integradora» y «huyendo de improvisaciones». Los órganos de dirección debían unir la máxima democracia con una adecuada división del trabajo y «la lealtad entre sus miembros». Un aspecto «claramente negativo que se ha dado estos años, en algunas ocasiones», había sido «la exacerbación de la lucha personal y de grupos en el seno de los órganos de dirección y de parte de los cuadros».[48]

La enmienda a la totalidad fue defendida por el dirigente vizcaíno Sigfredo Domingo. En ella se sostenía que «el principal límite político interno que se opone hoy al desarrollo del PCE está constituido por la tendencia partidaria de abandonar el eurocomunismo, y secundariamente por la tendencia a mantenerlo verbalmente, bloqueándolo y desvirtuándolo en la práctica». Un partido eurocomunista «no se puede hacer por el método de que un reducido número de dirigentes innoven el marxismo, y a continuación se le pida al partido que practique las nuevas ideas, pero manteniendo la concepción tradicional de que la dirección del partido, por principio tiene razón y el comunista que tiene un desacuerdo con ella debe callarlo, de que las diferencias existentes en el partido deben ser disimuladas y silenciadas, como peligrosamente nocivas». Para el desarrollo del eurocomunismo, el modelo de partido era la cuestión crucial; así, no era casual que en el PCE, «que ha llevado hasta el límite el desarrollo de una política nueva en el marco de la vieja organización, la incompatibilidad entre ambas esté manifestándose con tanta fuerza en forma de tensiones internas». Si las diferencias existen, se decía más adelante, «trascienden: se trata tan sólo de elegir entre que trasciendan de modo normalizado y racional o de modo opaco, confuso, subterráneo». Y si de lo que se trataba era, «en el fondo, de que no existan diferencias de opinión, hay que decir que una organización monolítica jamás conseguirá inspirar confianza en una sociedad democrática».

Respecto a las minorías, el texto alternativo afirmaba que lo que debía admitirse era «la libre expresión de minorías para el debate, no la organización de minorías para la toma de decisiones de acción política, que es la esencia del trabajo fraccional». Ello suponía la aceptación «desdramatizada de corrientes de opinión no organizadas ni estables, es decir, el reconocimiento formal de que la pluralidad de opiniones no es un accidente desgraciado». Por otra parte, la enmienda optaba claramente por un partido federal. No había «razón alguna que imposibilite combinar el centralismo democrático con elementos federativos y autonómicos mucho más amplios que los que tradicionalmente hemos venido admitiendo, y por el contrario, poderosas razones políticas lo aconsejan»; fundamentalmente la necesidad de «enfrentarse y transformar un único Estado» obligaba al partido a «organizarse como un solo partido en España», pero un partido «organizado en su interior con carácter federal». En cambio, negarse a ello impediría «jugar un papel dirigente en uno de los componentes esenciales de la revolución española: la lucha por las libertades nacionales y regionales de sus pueblos». Si a lo largo de su historia el PCE había sido muy sensible a esta cuestión, se trataba ahora de «dotar a esta conformación ya existente [de partidos de las nacionalidades y regiones] de un contenido que vaya más allá de la multiplicidad de siglas ... que dé capacidad real de decisión a sus Congresos y organismos de dirección».

El documento también adoptaba una clara posición a favor de las agrupaciones sectoriales, sin cuestionar el criterio general de carácter territorial, puesto que había que tener en cuenta aspectos «derivados de la estructura social, que aconsejan combinar las agrupaciones territoriales con otras constituidas en base al centro de trabajo o a la actividad profesional». Por último, el texto se ocupaba también de la renovación del partido, que debía basarse en la democratización, en la adaptación federal, «en la mayor participación de las bases en las decisiones», y en una relación entre la dirección y las bases «en que la dirección se basa más en la capacidad real que en la confianza ciega». Renovar el partido debía implicar también «rejuvenecerlo políticamente a todos los niveles»; aunque no era tanto la edad como el «tipo de experiencia política personal» lo que podía «conllevar dificultades para una adaptación a las necesidades de la política de hoy».[49]

Del X Congreso salió una dirección ciertamente renovada, pero su elección desató fuertes tensiones. En la Comisión de Candidaturas, algunos de los delegados de la mayoría rechazaron, con actitudes muy sectarias, a candidatos del sector renovador, cuyos miembros se llegaron incluso a plantear la retirada de todos ellos de la candidatura, decisión que a título personal adoptó Fernando Pérez Royo.[50] El Congreso eligió un Comité Central notablemente más reducido —104 miembros, frente a los 160 del anterior—, incluyendo a los quince secretarios generales de los PC de nacionalidades y regiones. Los nombres más votados fueron los de Dolores Ibárruri, Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, seguidos de los dirigentes del PSUC Eulàlia Vintró, Jordi Solé Tura, Antoni Gutiérrez Díaz, Gregorio López Raimundo y Francisco Frutos. Santiago Carrillo quedó en el puesto decimoquinto, justo delante de Carlos Alonso Zaldívar. Otros renovadores como Julio Segura, Pilar Brabo y Manuel Azcárate obtuvieron también un elevado número de votos. El voto de los delegados parecía expresar una nítida voluntad de concordia. Dejaron de pertenecer al Comité Central un buen número de veteranos, entre ellos Tomás García, Federico Melchor, Horacio Fernández Inguanzo, José Sandoval y Luis Lucio Lobato. También quedaron fuera dirigentes obreros como Fidel Alonso, Antonio Montalbán o Fernando Soto. Para Manuel Azcárate, fue un retroceso político importante la disminución significativa del número de mujeres pese a la elección de Pilar Pérez Fuentes, que había sido responsable de la Comisión para la Liberación de la Mujer.[51]

Reunido el nuevo Comité Central, Dolores Ibárruri fue reelegida presidenta por unanimidad y Carrillo secretario general con un solo voto en contra. Mucho más conflictiva fue la elección del Secretariado y del Comité Ejecutivo, realizada en la reunión del Comité Central celebrada el día 8 de agosto. Para el Secretariado, la comisión encargada de presentar la candidatura, encabezada por el propio Carrillo, elaboró una candidatura que excluía a Manuel Azcárate, Pilar Brabo y Carlos Alonso Zaldívar, que habían formado parte de dicho órgano hasta entonces, que habían ejercido responsabilidades muy relevantes y habían participado muy activamente en la redacción de las tesis aprobadas por el Congreso. También quedaba fuera del Secretariado Leonor Bornau, con lo que ni una sola mujer formaría parte del organismo que, además, reforzaba sus funciones. El debate previo a la votación fue tenso y Carrillo argumentó que hacía falta un Secretariado «homogéneo», concepto que ahora implicaba apartar a las voces que habían sido críticas con el secretario general. Para Azcárate, si se aceptaba la exclusión de quienes habían sostenido opiniones críticas, «¿cómo podrá haber nunca un debate libre en los órganos de dirección del partido?».[52] El nuevo Secretariado quedó así formado casi íntegramente por dirigentes afines a Carrillo. El Comité Ejecutivo representaría más fielmente la mayoría, que era más heterogénea, pero mantuvo la exclusión de los dirigentes renovadores, con la excepción de Manuel Azcárate, aceptado tras una dura discusión en la comisión de candidaturas.[53]

Pocas semanas después, el 14 de septiembre, una nueva reunión del Comité Central eligió a Nicolás Sartorius y Jaime Ballesteros como vicesecretarios generales. En la misma reunión, que distribuyó responsabilidades, se cesó a Manuel Azcárate de la dirección de Nuestra Bandera y se designó como responsable de política municipal a Juan Francisco Pla, pese a las intervenciones favorables a la continuidad de Carlos Alonso Zaldívar. El cese de Azcárate comportó la dimisión de todos los componentes del consejo de redacción de Nuestra Bandera, y la salida de Carlos Alonso Zaldívar de la del gabinete de política municipal y movimiento ciudadano del Comité Central.[54]

Había quedado muy claro que Santiago Carrillo, con el apoyo de la mayoría del Comité Central, ciertamente con grados desiguales de entusiasmo, estaba decidido a restablecer lo que consideraba imprescindible disciplina en el partido, y que a su entender se había roto en los meses anteriores. Pero la actitud manifestada iba mucho más allá de una aplicación rígida del centralismo democrático; se iba a primar la fidelidad y la obediencia frente a la capacidad y el espíritu crítico y se iba a recurrir a medidas disciplinarias para resolver problemas políticos. Es lo que estaba sucediendo ya en el PSUC y que pronto alcanzaría a todo el PCE.

CRISIS EN EL PAÍS VASCO Y EN MADRID

Meses antes del X Congreso del PCE, el IV Congreso del PC de Euskadi-EPK decidió abrir un proceso de confluencia con otros grupos políticos, en particular con Euskadiko Ezkerra, para la constitución de una nueva formación de la izquierda vasca, posibilidad que había sido contemplada por la dirección del PCE desde 1970. Como explicó Santiago Carrillo, «desde los tiempos del proceso de Burgos, que había suscitado una reflexión en muchos miembros de ETA en torno a la conveniencia de abandonar el terrorismo y pasar a una lucha política de masas, el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de Euskadi habían previsto, sobre la base de que se produjese la reconversión política de ETA, la posibilidad de ir hacia una fusión y de crear un partido marxista vasco, renovando en cierto modo el precedente del PSUC».[55] Ello no tuvo lugar, pero sí se produjo la incorporación al partido de algunos centenares de jóvenes procedentes de ETA.[56] Para Manuel Azcárate, sólo se podría construir un potente partido comunista en el País Vasco si se llegaba a una fusión entre «la corriente histórica representada por los revolucionarios nacionalistas juzgados y condenados en Burgos, y lo que era específicamente entonces el PC de Euskadi».[57] El III Congreso del PCE-EPK, celebrado en octubre de 1977, eligió secretario general a uno de esos jóvenes, Roberto Lertxundi, quien encabezó en el IV Congreso la opción a favor de iniciar la aproximación a EE. No obstante, una parte de los comunistas vascos, especialmente los dirigentes y militantes de las agrupaciones con una composición predominantemente obrera, hostil al nacionalismo, manifestó su rechazo a tal proceso; entre ellos figuraban el dirigente histórico, ex secretario general y presidente del partido Ramón Ormazábal y líderes como Tomás Tueros, secretario general de las CC. OO. de Euskadi. La dirección del PCE intentó mediar entre ambos sectores, pero el alineamiento de Roberto Lertxundi con los renovadores y la proximidad a Carrillo de los críticos con el acercamiento a una parte de la denominada izquierda abertzale comportaron el posicionamiento de la dirección del PCE a favor de estos últimos.

Concluido el X Congreso, la dirección del PCE-EPK decidió abrir inmediatamente conversaciones con EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia), el principal grupo de la coalición Euskadiko Ezkerra —que a su vez había iniciado el camino para convertir la coalición en un partido— en vistas a la unificación de ambas formaciones políticas. Con un partido dividido y en tensión creciente, el Comité Central del PCE-EPK envió el 12 de septiembre una carta a la dirección de EIA para iniciar negociaciones, partiendo de la constatación de la voluntad de ambas organizaciones de «superar las divisiones en el seno del movimiento obrero, entre socialistas y comunistas, entre nacionalistas y no nacionalistas», así como de la existencia de amplias coincidencias «en la estrategia democrática al socialismo, en la concepción del papel de las libertades públicas, en la concepción de la libertad nacional vasca». Coincidencias que se extendían a la concepción del partido «como Partido democrático, de masas, y a la vez capaz de dirigir las corrientes progresistas y transformadoras de nuestra sociedad», aunque no se ocultaba que deberían superarse «las diferencias que en el terreno programático e ideológico hoy todavía nos separan o pueden separarnos». El PCE-EPK acudiría «con plena libertad y capacidad de decisión política propia» a unas negociaciones para crear una nueva organización política marxista y vasca, plenamente soberana «para establecer las necesarias relaciones con las fuerzas políticas afines del conjunto de España y de Europa».[58]

EIA respondió favorablemente la carta del PCE-EPK, valorando que ese partido, desde su IV Congreso, había experimentado un «importante avance en la asunción del hecho nacional vasco».[59] Por el contrario, se produjeron de inmediato tomas de posición en el PCE-EPK muy críticas con la dirección del partido. Así, una carta firmada en nombre del 45% de los asistentes a una reunión plenaria de la Agrupación de San Sebastián celebrada el día 15, manifestaba el total desacuerdo con la declaración del Comité Central de tres días antes, «ya que supone la liquidación pura y simple del Partido Comunista de Euskadi», lo que a su juicio desbordaba las competencias de dicho Comité. Para los firmantes, lo que se presentaba como un proceso de unidad de la clase obrera era una falacia, «comprensible únicamente desde la óptica nacionalista», puesto que lo que realmente suponía era «un proceso de división» que quería la separación de «nuestros camaradas de los demás pueblos de España». Por todo ello, se exigía la dimisión del Comité Central, el nombramiento por parte del presidente del partido, Ramón Ormazábal, de una comisión gestora, y la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario. Otras organizaciones adoptaron posiciones parecidas; el Comité de la Zona Minera denunció «la política de hechos consumados» y el «procedimiento irregular y personalista del Secretario General del PCE-EPK» por celebrar reuniones con EIA, «sin conocimiento de ningún órgano de dirección del Partido, hecho que transgrede las más elementales normas democráticas de funcionamiento del mismo». La petición de convocatoria de un congreso extraordinario fue suscrita por otras organizaciones, como los comités de Tolosa, Hernani y Alto Goierri.[60]

El Comité Central del PCE-EPK reunido el día 23 decidió «continuar el proceso emprendido, iniciando de inmediato la discusión de los temas políticos generales con los compañeros de EIA». Según la resolución aprobada, se valoraron «las reacciones contrarias al proyecto» por parte de 18 agrupaciones sobre un total de 83, que deberían tenerse en cuenta «en su auténtica dimensión», pero se rechazaba tajantemente la convocatoria de un congreso extraordinario «por entender que su único objetivo sería el de impedir el desarrollo del proceso en curso». Se convocaría un congreso extraordinario cuando el proceso hubiera culminado para adoptar una posición definitiva.[61]

Tres días después, el Comité Ejecutivo del PCE se pronunció por primera vez, después de una reunión con el Comité Ejecutivo del PCE-EPK en la que Roberto Lertxundi explicó el inicio del proceso y sus previsiones y en la que Ormazábal advirtió que se estaba dividiendo el partido.[62] La declaración aprobada por el Comité Ejecutivo del PCE manifestó su acuerdo con «las líneas generales del proceso unitario emprendido por el IV Congreso» del PCE-EPK, si bien consideraba que, para alcanzar la unidad orgánica, debía empezarse por la unidad de acción en los diversos ámbitos de actuación política, para que los militantes del PCE-EPK y de EIA «se conviertan en los protagonistas de la experiencia unitaria, superando las diferencias reales y los malentendidos que hoy los separan». Al mismo tiempo, la unidad de acción debía ir acompañada «de un debate ideológico y político abierto y público, mediante el cual se aclaren y superen las diferencias actuales». En el marco de ese debate, debía tratarse el proceso de transformación socialista en toda España, en el cual «se inserta la transformación socialista en Euskadi», así como las relaciones de la eventual nueva formación política vasca con el PCE, porque «la culminación del proceso unitario de convergencia no puede venir de la simple liquidación y desaparición del PCE-EPK». La declaración acababa llamando al Comité Central del PCE-EPK a profundizar en el proceso de discusión y afirmando que «sólo un Partido Comunista de Euskadi unido puede tener la fuerza necesaria para su culminación».[63]

En nada contribuyó a la distensión en el interior del PCE-EPK, y entre éste y el PCE, el comunicado del Comité Ejecutivo de EIA del 28 de septiembre criticando la declaración del PCE. EIA consideraba «inadmisible la injerencia de comité ejecutivo del PCE» por representar la violación de «una de las condiciones fundamentales para aceptar el inicio de las conversaciones», la relativa a que el PCE-EPK acudiría a las negociaciones «con plena libertad y capacidad de decisión propia». Por ello, EIA exigía al PCE-EPK «el compromiso público de no aceptar ninguna injerencia del PCE»; además, EIA rechazaba que el nuevo partido «se inscriba en las corrientes ideológicas eurocomunistas» y afirmaba que no debía tener «relación orgánica con ningún otro partido». Tales formulaciones obligaron a Roberto Lertxundi a criticar el comunicado de EIA en el que apreciaba «cierta inmadurez y cierta irresponsabilidad», si bien confiaba que lo que calificaba de incidente podría superarse.[64] En todo caso, para el sector del PCE-EPK reacio al acuerdo con quienes veían fundamentalmente como nacionalistas, el comunicado de EIA confirmaba sus posiciones; por otra parte, incrementaba la desconfianza de la dirección del PCE en un proceso que podría dar lugar a un partido que poco tuviera que ver con el PSUC.

El 2 de octubre se reunió el Comité Central del PCE-EPK y los dos sectores del partido se enfrentaron abiertamente. La mayoría aprobó una declaración que reafirmaba la voluntad de continuar el proceso emprendido «con plena libertad y capacidad de decisión propias» y que, al mismo tiempo, valoraba muy positivamente «los avances realizados por la Comisión Mixta PCE-EPK/EIA en la elaboración del borrador de las propuestas de acuerdos en el terreno estratégico, ideológico y de concepción del partido».[65] Al mismo tiempo, 19 miembros de dicho Comité Central, encabezados por Ramón Ormazábal, Tomás Tueros e Ignacio Latierro,[66] los tres miembros también del Comité Central del PCE, hicieron público un documento que se iniciaba afirmando que en la reunión citada se había impedido «la clarificación de las bases políticas, ideológicas y el estado actual de las negociaciones» entre el PCE-EPK y EIA, y que la mayoría del Comité había rechazado una propuesta de resolución en respuesta al comunicado de EIA, lo que reafirmaba «nuestro convencimiento de que, lejos de un auténtico proceso de convergencia, a lo que asistimos es a la simple creación de condiciones para llevar al PCE-EPK al proyecto de conversión de E.E. en partido político, de acuerdo a las concepciones y al proceso planeado por EIA». Por ello, los firmantes del documento manifestaban su apoyo «al amplio movimiento emprendido por las Agrupaciones del PCE-EPK, solicitando la celebración de un Congreso Extraordinario, en el que los comunistas vascos clarifiquemos las bases políticas y el proceso mediante el cual puede abrirse camino una auténtica posibilidad de unidad en la izquierda de Euskadi».[67]

A partir de este momento se precipitaron los acontecimientos. Para Manuel Azcárate se ponía en marcha «el proceso de ruptura» del PCE-EPK.[68] El 7 de octubre, el Secretariado del PCE, sin que el Comité Ejecutivo se hubiera reunido de nuevo, aprobó un comunicado en el que manifestaba que, en el proceso de creación de un nuevo partido, había «cuestiones esenciales» que debían respetarse y que no podían «ser sometidas a formulaciones confusas que, lejos de ayudar, dificultan cualquier proceso de convergencia y clarificación políticas», y formulaba cinco exigencias: 1) «aceptación plena de la estrategia eurocomunista tanto en los aspectos relativos a la política interior, como a los que se refieren a la política internacional»; 2) «aceptación y defensa de la Constitución[69] y del Estatuto de Autonomía del País Vasco, como marco político y jurídico para el ejercicio por el pueblo vasco de su derecho al autogobierno ... rechazando la noción independentista como objetivo político»; 3) «condena inequívoca y terminante de cualquier tipo de práctica terrorista»; 4) «solución positiva a la necesaria articulación con el PCE teniendo en cuenta que no es posible ni la consolidación del proceso autonómico de Euskadi ni su transformación socialista, si no es dentro de la consolidación de la democracia en España y de la realización del proyecto socialista en el conjunto del Estado»; y 5) «adopción de una actitud clara de apoyo a la opción sindical que representa la Confederación Sindical de Comisiones Obreras».[70] El Secretariado reclamaba, en consecuencia, una reconducción del proceso negociador iniciado «para que éste sea plenamente respetuoso con las resoluciones del IV Congreso del PCE-EPK».[71] Quedaba claro que la dirección del PCE desaprobaba la actuación de la dirección vasca y reforzaba la posición de sus críticos. Por otra parte, sus exigencias convertían en casi imposible la confluencia con EIA.

El Comité Ejecutivo del PCE-EPK respondió de inmediato rechazando la reconducción del proceso, afirmando que era el PCE-EPK quien negociaba con EIA, que no aceptaba otras interpretaciones del IV Congreso que las que efectuaba su Comité Central, y que las exigencias políticas planteadas «demuestran que el Secretariado del PCE no comprende el sentido político ni el alcance y la dimensión del proceso de unidad en curso».[72] Por su parte, el sector crítico del PCE-EPK decidió convocar una Asamblea Nacional del partido, obviamente al margen de los Estatutos, afirmando apoyarse en las decisiones de 41 agrupaciones que agrupaban a 2.864 militantes, que suponían el 50% del total de agrupaciones y el 65% de la militancia del partido.[73] La convocatoria se justificaba por el rechazo de la dirección a la celebración inmediata de un congreso extraordinario y por la negativa del Comité Provincial de Guipúzcoa a la convocatoria de una conferencia extraordinaria solicitada por siete agrupaciones, lo que se calificaba de «obstrucción antiestatutaria». El objetivo de la asamblea, se afirmaba, no era otro que «contribuir a vencer la oposición que muestra la mayoría del Comité Central» a la convocatoria del congreso exigida «por una gran parte del partido con el fin de restablecer las decisiones y mandatos del IV Congreso» que habían sido sistemáticamente vulnerados. Los firmantes de la convocatoria manifestaban estar a favor de «una verdadera convergencia», pero no de «la claudicación y la entrega que hoy “negocia” la dirección del PCE-EPK».[74]

El 13 de octubre se reunió el Comité Ejecutivo del PCE; se había convocado también al Comité Ejecutivo del PCE-EPK, pero sólo acudieron dos miembros de la dirección vasca que exigieron la condena de la convocatoria de la Asamblea de los calificados de «escisionistas» y, al no obtenerla, se retiraron de la reunión. El Comité Ejecutivo del PCE, con el único voto en contra de Manuel Azcárate, aprobó una declaración en la que consideraba «imprescindible la convocatoria de un Congreso Extraordinario del EPK», proponía al Ejecutivo del PCE-EPK que se suspendiera la reunión del Comité Central que debía celebrarse ese mismo día por la tarde, previsiblemente para adoptar medidas disciplinarias contra los convocantes de la Asamblea a celebrar en Sestao, y manifestando que si esta reunión tuviese lugar y se aprobaran sanciones, el PCE «no podría darles su aprobación y estudiaría en consecuencia las medidas a adoptar». El Comité Ejecutivo se dirigía también a los convocantes de la Asamblea de militantes «proponiéndoles su suspensión». El Comité Central del PCE era convocado para pocos días después, junto al Comité Ejecutivo del PCE-EPK, «para examinar, en espíritu unitario, la solución a dar al actual conflicto».[75]

Pero el Comité Central del PCE-EPK no suspendió su reunión, porque consideró que era preciso «sin más dilación restaurar la normalidad en el Partido y la unidad del funcionamiento orgánico hoy en pleno riesgo», y porque «los motivos por los que el Comité Ejecutivo del PCE pedía la suspensión son inexistentes».[76] En ella se acordó, considerando que se había abierto una «dinámica de escisión» y que se había creado «una organización dentro de la organización regular» del PCE-EPK, la apertura de un expediente y la suspensión de militancia de los tres firmantes de la convocatoria de la Asamblea que eran miembros del Comité Central; igualmente se acordó instar a los comités provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya a adoptar medidas semejantes con los otros ocho firmantes de la convocatoria. Al mismo tiempo, se decidió la disolución del Comité Provincial de Álava y se acordó pedir a los otros comités provinciales que aplicaran la misma medida a los comités bajo su jurisdicción. También se acordó destituir a Ramón Ormazábal de la presidencia del partido y de su condición de miembro del Comité Ejecutivo, al igual que a Tomás Tueros y Paco Martínez. Se decidió también incorporar nuevos miembros al Comité Ejecutivo y nombrar nuevos administradores.[77] El Secretariado del PCE manifestó de inmediato que «la mayoría del Comité Central del EPK se está colocando al margen de los Estatutos del PCE, del que el PC de Euskadi forma parte como organización nacional vasca»,[78] lo que fue replicado por Roberto Lertxundi denunciando que el PCE tenía «dos pesos y dos medidas», lo que sólo respondía a que «el PCE está contra el proceso de convergencia, y por tanto alienta y apoya a quienes desde posiciones minoritarias y fraccionales intentan romper el PCE-EPK».[79] Estaba claro que si se abría la vía a las medidas disciplinarias, la dirección del PCE no iba a quedarse atrás.

En este clima de confrontación se celebró la reunión del Pleno extraordinario del Comité Central del PCE con el Comité Ejecutivo del PCE-EPK. Después de un intenso debate, en el que los renovadores dieron apoyo a la dirección del PCE-EPK y dirigentes como Marcelino Camacho y Jordi Solé Tura insistieron en buscar soluciones que evitaran la ruptura, se aprobó mediante voto secreto una resolución —con 64 votos a favor, 15 en contra, cuatro abstenciones y cuatro votos en blanco— que establecía la suspensión de la asamblea de militantes, la anulación de todas las sanciones decididas por el Comité Central del PCE-EPK y la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario de la organización vasca; al mismo tiempo, se encomendaba al Secretariado «la adopción de todas las medidas políticas y orgánicas para asegurar la aplicación de estos acuerdos».[80] Una propuesta alternativa de resolución, presentada por Pilar Brabo, que apoyaba a la dirección del PCE-EPK, obtuvo 15 votos a favor, 64 en contra, cuatro abstenciones y cuatro votos en blanco. Al día siguiente, el Comité Central del PCE-EPK rechazaba las decisiones del Comité Central del PCE calificándolas de antiestatutarias, lo que daría lugar a una nueva resolución del Secretariado del PCE que acusaba al Comité Central del PCE-EPK de consumar la ruptura con el PCE, por lo que acordaba su disolución, la formación de un Comité Central provisional, formado por los 19 miembros firmantes de la carta del 2 de octubre, que tendría como primera misión la convocatoria de un congreso extraordinario.

El nuevo Comité Central del PCE-EPK declaró el 6 de noviembre que «los miembros del destituido anterior Comité Central, hoy constituidos en dirección fraccional», estaban definitivamente fuera del partido.[81] El día 1 se había celebrado finalmente en Sestao una Asamblea, con la asistencia de unos dos mil militantes, que contó con la participación de Santiago Carrillo, Nicolás Sartorius y Jaime Ballesteros. El 22 de noviembre se celebró el Congreso extraordinario convocado por la dirección del PCE, que eligió a Ramón Ormazábal presidente del partido y a Ignacio Latierro secretario general. Por su parte, el sector encabezado por Roberto Lertxundi continuó el proceso de unificación con EIA que culminaría en marzo de 1982 cuando se constituiría el nuevo partido conservando la denominación de Euskadiko Ezkerra.[82]

Las consecuencias de la crisis vasca fueron de gran alcance en el conjunto del PCE. Por una parte, algunas organizaciones territoriales, en especial en aquéllas donde los renovadores tenían una mayor presencia, criticaron las decisiones de la dirección del partido, en particular la del Secretariado de disolver el Comité Central del PCE-EPK, cuestionando incluso que fuera acorde con el Estatutos del partido; también dirigentes como Marcelino Camacho discreparon abiertamente. El Comité Provincial de Valladolid fue el primero en pronunciarse contra las decisiones de la dirección del PCE y lo mismo hizo el Comité Provincial de Zaragoza y varias agrupaciones de Madrid.[83] Pero la tensión interna se disparó cuando militantes identificados con las posiciones renovadoras organizaron un acto en Madrid el 5 de noviembre con el título «Hacia una nueva izquierda vasca», con la intervención de Roberto Lertxundi y del líder de EIA Mario Onaindía. Entre los convocantes del acto figuraban destacados renovadores, incluidos miembros del Comité Central, así como concejales del grupo comunista en el Ayuntamiento de Madrid y otros cargos públicos.

La reacción de los órganos de dirección del PCE fue muy contundente, al considerar que se trataba de un acto de intolerable deslealtad y de una vulneración flagrante de los estatutos. El día anterior al acto que se celebraría en la sede del CSIC, el Comité Provincial de Madrid, encabezado por Adolfo Piñedo, calificó la organización del mencionado acto como expresión relevante del «intento de demoler el Partido Comunista de España mediante actividad claramente fraccional» y de una «decidida voluntad de enfrentamiento y desacato hacia los órganos de dirección del Partido elegidos democráticamente en el proceso congresual». En consecuencia, decidió «destituir de su responsabilidad en las Corporaciones a todos los cargos públicos firmantes de la convocatoria, por retirada de la confianza que el Partido les había otorgado»; además, propuso a las distintas agrupaciones o comités donde militaban los firmantes la adopción de medidas disciplinarias; por último, acordó suspender a los comités de la Federación Oeste y de Getafe.[84] Al negarse los cargos públicos sancionados a dimitir, el Comité Provincial decidió iniciar el proceso para su expulsión del partido. Para Pedro Vega y Peru Erroteta, «parecía que un vértigo suicida se hubiese apoderado de la dirección madrileña del PCE».[85] La sangría de la organización madrileña fue espectacular; las expulsiones comportaron la salida del Ayuntamiento madrileño de buena parte de los concejales del grupo, de concejales de otros municipios y de diputados provinciales.[86] Además, se expulsó también a otros miembros de las listas electorales para asegurar que los sustitutos fueran de la plena confianza de la dirección provincial. Las expulsiones comportaron más críticas y sanciones en una espiral que agravaba cada vez más la situación del partido.

Por su parte, el Secretariado propuso la expulsión del Comité Central de los seis miembros firmantes de la convocatoria del acto del CSIC. El Comité Ejecutivo examinó la propuesta el 7 de noviembre y, pese a que hubo voces que aun considerando censurable la actuación de los dirigentes renovadores no secundaron la propuesta, como Nicolás Sartorius, Antoni Gutiérrez Díaz, Jordi Solé Tura y Marcelino Camacho, al final se aprobó someterla al Comité Central, después de una intervención final de Santiago Carrillo que llegó a amenazar con presentar la dimisión.[87]

El Comité Central se reunió los días 10 y 11 de noviembre. El debate fue notablemente confuso; tanto en el informe de Santiago Carrillo como en las intervenciones de quienes hicieron uso de la palabra se trató simultáneamente de la situación política general y de la del partido. Sobre la propuesta de expulsiones del Comité Central se manifestaron dos posiciones, al margen de la de los seis miembros que negaron inicialmente haber vulnerado los estatutos así como formar parte de una facción: la favorable a las expulsiones, y la de proponer abrir expedientes para poder examinar mejor las actitudes presuntamente sancionables pero evitando adoptar decisiones definitivas. Durante la reunión, los seis miembros a los que se pretendía expulsar del Comité presentaron un documento en el que manifestaban su aceptación de los estatutos así como de las resoluciones del X Congreso, y admitían que la convocatoria del acto con Lertxundi y Onaindía era un «acto antiestatutario», pero también apreciaban «un ambiente muy generalizado en el Partido contra las sanciones: destituciones de cargos públicos, disoluciones de Comités, etc.» y consideraban «imprescindible una actitud diferente que busque cauces políticos a la crisis del Partido».[88] Con Carrillo en una actitud totalmente intransigente, el Comité Ejecutivo, reunido durante cuatro horas interrumpiendo la sesión del Comité Central, consideró que no había una actitud de auténtica rectificación. Así, la propuesta de expulsión del Comité Central de Azcárate, Brabo, Zaldívar, Arroyo y Jaime Sartorius se puso a votación con la advertencia de que su rechazo implicaría la dimisión de Carrillo y del Ejecutivo, obteniendo 67 votos a favor, 24 en contra, dos abstenciones y otros dos votos en blanco.[89]

En las semanas y meses siguientes, la situación interna del partido no paró de deteriorarse:[90] críticas a los órganos directivos, suspensiones de comités, expulsiones, declaraciones de apoyo a los sancionados y abandonos se sucedieron vertiginosamente. Las expulsiones en el PSUC en diciembre tuvieron también consecuencias fuera de Cataluña, con iniciativas críticas de los sectores considerados «prosoviéticos».[91] La vía disciplinaria para resolver los conflictos, considerada la única posible por la mayoría de la dirección del partido, tenía como precio destruir el principal capital político del PCE, su todavía numerosa y heterogénea militancia.

1982, ANNUS HORRIBILIS

Las elecciones al Parlamento de Andalucía, celebradas el 23 de mayo de 1982, mostraron inequívocamente el castigo de los electores hacia el PCE, a pesar de que, en términos comparativos, la organización andaluza no había sufrido una convulsión tan intensa como muchas otras. Frente al 13,3% de los votos en las elecciones generales de marzo de 1979, o al 17,8% en las municipales de abril, las candidaturas comunistas obtuvieron ahora el 8,54% de los votos y ocho diputados, perdiendo unos 150.000 votos que mayoritariamente fueron a parar al PSOE, que obtuvo el 52,6% de los sufragios y 66 escaños. No se trataba de un hundimiento electoral, pero sí de un severo retroceso en la región en la que, en aquel momento, el partido estaba en mejor situación, a pesar de la aparición de tensiones importantes y de dimisiones recientes, siendo especialmente destacable la de Fernando Soto de la Secretaría General del Partido Comunista de Andalucía en enero de 1981 y su posterior abandono del partido en marzo de 1982.

Los resultados andaluces fueron examinados el 27 de mayo por el Secretariado del Comité Central y los días 7 y 8 de junio por el Comité Ejecutivo. En ambas reuniones, pero en particular en la del Ejecutivo, Nicolás Sartorius manifestó abiertamente la necesidad de realizar un «análisis autocrítico a fondo», que incluyera la política del partido desde 1979, y en especial desde el X Congreso, avanzando por su parte un balance que consideraba que no podía «ser más lamentable»: «Varias escisiones graves, dos derrotas electorales,[92] pérdida de afiliación, pérdida de influencia social en general». El partido estaba en una situación «delicadísima», puesto que estaba perdiendo credibilidad, se había producido una «quiebra profunda» de su imagen y una «pérdida de atractivo político-moral del partido». Por otra parte, continuaban abiertos conflictos internos e incluso se estaba extendiendo «la desconfianza en el grupo dirigente». Para el todavía vicesecretario general, tal vez la dirección del partido no había tenido otra manera de gestionar la crisis en el PSUC y en el PCE-EPK, pero «la forma como se resolvió el tema del Comité Central y de los concejales de Madrid fue desafortunada». Por ello, consideraba imprescindible para recuperar imagen, militancia e influencia realizar «un esfuerzo de imaginación y de audacia» para llevar a cabo una operación de «reconciliación» mediante medidas que permitiesen superar las sanciones. Sartorius se refirió también a «la desazón y el desconcierto que reinan en la base del partido», así como al «peligroso foso que se está abriendo entre camaradas que están en órganos de dirección de CC. OO. y del Partido». E insistió en las características deseables de partido de masas que presuponían «la variedad, la discrepancia, niveles de militancia y compromiso diversos, gran flexibilidad y paciencia, una inmensa capacidad de integración», lo que «últimamente no estamos demostrando». Por otra parte, rechazó la posición de que, partiendo de que la situación era muy difícil, consideraba que el camino era «seguir cerrando filas, unificar criterios al máximo, seguir poniendo orden, para una larga travesía del desierto» que probablemente sólo terminaría «cuando cambien las condiciones políticas». El resultado de las elecciones andaluzas había sorprendido a muchos, lo que indicaba «que no tenemos los auriculares bien puestos en la sociedad española, que no captamos correctamente lo que está sucediendo».[93]

La intervención de Sartorius tuvo el pleno apoyo de Marcelino Camacho quien, además, propuso cambios en la dirección del partido, situando al propio Sartorius al frente de la Secretaría General; Carrillo pasaría a la presidencia del partido y Dolores Ibárruri a una presidencia honoraria. La mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo discrepó de ambas intervenciones, considerando incluso que tales posiciones suponían reabrir la crisis en la dirección del partido. La tensa reunión del Comité Ejecutivo concluyó con la dimisión de Santiago Carrillo de la Secretaría General, así como de los demás órganos de dirección. También presentaron la dimisión Nicolás Sartorius de su cargo de vicesecretario general y Marcelino Camacho de su condición de miembro del Comité Ejecutivo.

En esa situación se reunió el Comité Central durante tres días, del 10 al 12 de junio. Santiago Carrillo manifestó que había dimitido porque la crisis había sido «reabierta en la dirección del Partido», y porque se había creado una situación «en la que no veo que yo pueda asegurar la unidad de la dirección del Partido y del conjunto del Partido en la batalla ... fundamental, de las próximas elecciones generales». De las opiniones manifestadas por Sartorius y Camacho, concluía que él era el principal obstáculo para el partido. En su intervención, Santiago Carrillo aludió a factores de carácter general que influían en la crisis del partido —algo, por otra parte, compartido por Sartorius en su intervención ante el Central—, como la crisis del movimiento comunista internacional, el incremento de la tensión mundial, la crisis económica y sus consecuencias, especialmente la «desmoralización» y la «exasperación» de sectores de los trabajadores, así como «la crisis de la estrategia de bloque democrático, de concentración democrática», lo que había llevado a una «cierta crisis también de la estrategia eurocomunista del Partido». Carrillo consideraba que su «responsabilidad mayor» estaba en «no haber sido capaz de convencer al conjunto del Partido de la necesidad de esa estrategia». Pero también afirmaba la responsabilidad de los «dirigentes llamados renovadores», que no habían «comprendido que en este partido la cuestión principal era luchar por consolidar y confirmar una estrategia eurocomunista». Y se preguntaba, a continuación, si no merecía reflexión «que el enfrentamiento de estos hombres con el Partido» se manifestara en «su solidaridad con un grupo que abandona nuestro Partido para ir a otro que condena el eurocomunismo», con la formación de ARI,[94] colaborando «con los dogmáticos» y con «tanta demagogia sobre el papel y el peso del aparato ... en un partido que desgraciadamente carece de todo aparato», un partido que trabajaba de «forma artesanal precisamente porque no tiene aparato».[95]

En resumen, para Santiago Carrillo, la crisis del partido era fruto de un conjunto de factores externos adversos —cuya importancia no negaban sus críticos—, de la incomprensión de una parte del partido de la estrategia que él había propugnado contra viento y marea, y de la actitud de deslealtad de los renovadores. La cuestión esencial del estilo y de las formas de dirección no existía para el dimitido secretario general. Su secuencia de la crisis era, en primer lugar, «las concesiones desde la dirección del PSUC a posiciones izquierdistas en el período de la transición», a continuación lo que denominó «crisis Lertxundi», haciendo aquí autocrítica de su apoyo a los cambios en el PCE-EPK pensando que «un secretario más joven, más dinámico, con un pasado nacionalista podía ayudar al EPK a superar sus cotas electorales anteriores», lo que ni siquiera se había logrado, y siguiendo por la actitud de los renovadores y su desafío «a los acuerdos del X Congreso». Por último, estaba la situación del partido en Andalucía, con la dimisión de Soto y de otros dirigentes. Todo lo anterior había ido acompañado de «una manipulación tremenda de la prensa, de la radio, de la televisión, que durante seis meses o más han estado bombardeando al Partido y contribuyendo a crear la imagen de un partido descompuesto, desorganizado, dividido por luchas de poder», algunos con clara voluntad de reforzar el bipartidismo.[96]

En todo caso, para Carrillo, «un partido político, no el Partido Comunista, cualquier partido político que no hace respetar sus reglas de juego entra en una fase de descomposición y de disgregación». Ello no debía impedir mantener una política de puertas abiertas «para el regreso al partido de todos los que quieran hacerlo», sin exigencias previas pero, al mismo tiempo, con una negativa absoluta a «negociar con los renovadores» y con «los dogmáticos».[97]

Después de tres días de debate, el Comité Central aprobó una resolución política que se iniciaba con la solicitud a Carrillo para que retirara la dimisión y continuara como secretario general del PCE, solicitaba igualmente la retirada de la dimisión de Sartorius como vicesecretario general, y aceptaba la dimisión de Camacho del Ejecutivo «atendiendo a sus deseos de una mayor dedicación a las tareas sindicales». La resolución ratificó «la voluntad de mantener las puertas del partido abiertas para lograr el regreso a él de todos los que quieran hacerlo, sin exigir ninguna declaración o actitud que pueda ser considerada lesiva, sin que ello pueda significar la negociación de la política del partido». Era la posición de Carrillo, como lo era «reiterar como condición necesaria para la aplicación de la política del partido el mantenimiento de la unidad y la corresponsabilidad en los órganos de dirección del mismo». Por otra parte, se reafirmaba la política de «colaboración democrática» considerando que la consolidación de la democracia en España exigía la superación de la «bipolarización política de nuestro país». El Comité Central acordó también crear una comisión electoral central para iniciar la preparación de las próximas elecciones generales que, en aquel momento, se preveían para la primavera de 1983, que todos eran conscientes de que serían muy difíciles para el partido.[98] La resolución fue aprobada con cuatro votos en contra y doce abstenciones, entre ellas las de Sartorius, Camacho, Eduardo Saborido, Emerit Bono, José Carlos Mauricio y Antonio Gutiérrez Vegara.[99] Ante tal resultado y «la calidad de ciertas abstenciones», Santiago Carrillo decidió mantener la dimisión, a la que se sumó entonces la totalidad del Comité Ejecutivo. Finalmente, Carrillo decidió retirar la dimisión al considerar que no tenía «derecho, ante la masa de militantes y cuatros del P., a abrir una crisis más profunda, de imprevisibles consecuencias»;[100] lo mismo hizo el conjunto del Ejecutivo, si bien Sartorius mantuvo su dimisión de la Vicesecretaría General. Evidentemente, el partido salía más debilitado del nuevo episodio de crisis. Además, se iba a encontrar tres meses después con la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ante una UCD en crisis tan profunda como el PCE, el PSOE aparecía como un partido unido, con un liderazgo indiscutible y popular y con un programa de «cambio» que podía atraer a buena parte del electorado de izquierdas penetrando a la vez en el espacio centrista.

El 28 de octubre de 1982, las candidaturas comunistas obtuvieron el 4,1% de los votos y cuatro diputados en total por las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla y Asturias. Si el resultado de las elecciones andaluzas había sido calificado por Nicolás Sartorius de descalabro, ahora se trataba de una auténtica debacle. El PSUC, que poco más de dos años antes, en las elecciones al Parlamento de Cataluña, había obtenido el 18,7% de los votos, sólo logró el 4,6% de los sufragios, en tanto que el PCC consiguió el 2,4%. El mejor resultado del PCE fue el de Asturias, con el 8,1% de los votos, y el de Andalucía, con el 6,2%. En Madrid, se alcanzó el 5% de los votos y en la Comunidad Valenciana el 4,6%. Con tal resultado no pudo formarse grupo parlamentario, con lo que los cuatro diputados comunistas debieron inscribirse en el Grupo Mixto del Congreso.

El Comité Ejecutivo se reunió el 2 de noviembre y los días siguientes y el Comité Central los días 6 y 7. El estado de ánimo general lo sintetizó Simón Sánchez Montero: «En el momento que el pueblo está enormemente contento, nosotros estamos enormemente tristes».[101] El resultado electoral comportó la dimisión, ahora irrevocable, de Santiago Carrillo, si bien manteniendo el puesto en el Comité Central y el acta de diputado. Gerardo Iglesias fue elegido nuevo secretario general con 65 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones. Algunos miembros se pronunciaron a favor de Nicolás Sartorius, pero la mayoría se manifestó claramente en contra.

Contrariamente a lo explicado a menudo, no fue el hundimiento electoral la causa del colapso del PCE, sino que su crisis interna fue la que le llevó al derrumbe electoral.

Conclusiones

Luigi Longo escribió: «Los comunistas no quieren limitarse a interpretar la historia, la quieren hacer con su propia acción y sus propios sacrificios».[1] Ciertamente, la trayectoria del PCE desde mediados de los años cincuenta responde a la voluntad de combatir hasta la extenuación la dictadura franquista, un régimen dictatorial construido en el marco de la Europa de los años treinta y consolidado de forma plena en el contexto de la guerra fría. El subjetivismo que, con facilidad, podía acompañar aquella voluntad, no fue óbice para que en los años cincuenta se impulsara una estrategia política que partía de la base de que la desaparición de la dictadura sería resultado de la extensión de la oposición política a través de la movilización social más amplia posible, y de la búsqueda de una articulación unitaria del antifranquismo que, en los años siguientes, se desarrolló en la línea de la declaración «Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y pacífica del problema español», aprobada en 1956. Desde entonces, si bien en el PCE continuaron preguntándose qué debemos hacer —y no qué pasará—, a partir del principio de que la batalla no librada siempre era una batalla perdida, los militantes aprendieron a inscribir su acción de pasos pequeños en un tiempo largo, que era el que conectaba con la utopía de la emancipación.

En los años sesenta, el escenario español se modificó notablemente y ese fue el marco donde pudo desarrollarse la estrategia comunista. Por un lado, los trabajadores empezaron a mostrar una significativa disponibilidad para la movilización, que ya se puso de manifiesto en 1962, año que puede ser considerado el de nacimiento de las CC. OO. como movimiento sociopolítico. Antes, había sido una fórmula espontánea con la que los trabajadores de distintos lugares y momentos intentaron resolver algunos de sus problemas básicos; el mérito del PCE fue metabolizar las experiencias obreras, elaborar una propuesta y devolvérsela a los trabajadores. Es decir, el PCE no inventó nada, pero fue capaz de captar que, en el marco del franquismo, aquella podía ser una plataforma adecuada para que el movimiento obrero pudiera crecer.

Hay que insistir en que desde el inicio, los comunistas fueron firmes defensores de la necesidad de asegurar la autonomía de CC. OO. y para la mayoría de los militantes, que en una proporción significativa eran jóvenes, la experiencia de la oposición política a través del impulso a los movimientos sociales era muy positiva. Evidentemente, en aquel proceso de prueba y error los costes represivos fueron elevados, pero ello no impidió continuar con una estrategia que pretendía colocar el movimiento obrero en el centro de la escena social y política.

También a mediados de los años sesenta alcanzó un protagonismo político destacado el movimiento estudiantil que, como el movimiento obrero, atendía a las preocupaciones cotidianas de su base social al tiempo que tenía la voluntad de enfrentarse a la dictadura en el espacio público académico. Durante más de una década el objetivo estuvo claro, acabar con el SEU, que era la representación de los aparatos opresores del franquismo. Los documentos de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes marcaron un hito en la definición de la democracia que los sectores movilizados propugnaban y fueron reflejo de los cambios que los jóvenes militantes habían experimentado en su cultura política. Para los jóvenes que se inscribían en las filas comunistas en los años sesenta, la libertad era un concepto consustancial al socialismo. El PCE, después de 1968 y el rechazo a la invasión de Checoslovaquia, profundizó en su discurso de la democracia como un componente fundamental del socialismo.

Durante los años sesenta, la militancia comunista experimentó no tan sólo una renovación generacional, sino también una ruptura cultural porque, como señalaba Pietro Ingrao, los movimientos sociales dan a sus participantes nuevos instrumentos de intervención y de lucha en la sociedad, es decir, instrumentos de poder de los que no disponen por otras vías.[2] El gran éxito de los comunistas radicó en, por un lado, tener la voluntad y la capacidad de encontrar fórmulas —y mantenerlas a pesar de las dificultades— que respondiesen a las necesidades e inquietudes de sectores amplios de la sociedad; por otro, y al mismo tiempo, en sostener un activismo continuado que consiguió ensanchar las grietas que el régimen no podía cerrar.

Ese activismo conectaba, por otro lado y ya en los años setenta, con conceptos importantes como «salir a la superficie» y conformar «zonas de libertad». Eran dos consignas que respondían a una sola estrategia, continuista de las prácticas anteriores, aunque los objetivos se ampliaban: los militantes comunistas, que como tales eran clandestinos, actuaban abiertamente como activistas en distintos ámbitos sociales y procuraban crear, frente a la legalidad franquista, espacios de libertad que demostraban a la mayoría social en disputa que era posible convivir de otra manera a la que la dictadura imponía. Para cambiar la realidad se trataba de aprovechar el campo de posibilidades que la práctica —aunque no las leyes— había normalizado. Formulaciones como éstas tuvieron tanta importancia de cara a la sociedad como internamente para el partido, pues la imbricación en el tejido social incidió en las características, prácticas y cultura política de la joven militancia comunista. La presencia en todos los movimientos sociales y en todos los ámbitos posibles a través de la acción continuada de los militantes, a pesar de los riesgos y de los golpes represivos, constituyeron los elementos esenciales que posibilitaron el reforzamiento del PCE y su liderazgo en la oposición a la dictadura franquista.

La incorporación de cuadros destacados del interior a la dirección del PCE fue notable, de manera que en el Comité Central elegido en el VIII Congreso de 1972 eran mayoría quienes habían nacido después de la guerra civil y procedían de la lucha clandestina en España. Ya entonces, el crecimiento del activismo y el lógico y consecuente protagonismo de los dirigentes de los movimientos sociales en el seno de la dirección comportó el surgimiento de tensiones latentes entre las fuerzas veteranas y las nuevas, en palabras de Santiago Carrillo. Es indudable que la propia forma de funcionamiento del Comité Central o del Ejecutivo favorecía la verticalidad y las tensiones cuando no había plena sintonía entre la posición del secretario general y la mayoría o parte de los miembros de los distintos órganos, más en un contexto de clandestinidad. Pero a ese fenómeno, en buena medida inevitable, se sumó la propia manera de ejercer el liderazgo de Santiago Carrillo, lo que hizo que las tensiones se fueran acumulando aunque se manifestaran ya en democracia.

La aceleración de la crisis de la dictadura a lo largo de los primeros años setenta, que el asesinato de Carrero Blanco no hizo más que profundizar, llevó al PCE a canalizar todo el esfuerzo militante hacia un objetivo concreto: el cambio político. En el importante Comité Central de abril de 1974, Santiago Carrillo reiteró un argumento que no era nuevo pero que desde entonces se convirtió en un leitmotiv de su actuación: si el PCE estaba entre las fuerzas de cabeza del cambio político que se avecinaba, habría libertades políticas y la clase obrera se situaría en la línea de partida para las etapas posteriores a recorrer; en caso contrario, tanto el partido como la clase obrera quedarían marginados e, incluso, se podía prolongar de distintas maneras la dictadura. De aquí la centralidad absoluta que adquiría la política unitaria, tanto desde la perspectiva de la constitución de las plataformas como de su conversión en movimiento vivo, como el PSUC había conseguido en Cataluña. No obstante, el PCE constató que, por mucha voluntad que pusieran sus militantes, no lograban reproducir la situación catalana. En ello influían diversos factores, pero particularmente el hecho de que el peso del antifranquismo era, en términos relativos, más fuerte en Cataluña que en el conjunto de España, también porque el franquismo era allí mucho más débil. El País Vasco era una excepción, porque si bien el antifranquismo era amplio, las divisiones políticas eran profundas, lo que imposibilitaba la acción unitaria, al margen del fenómeno de ETA.

A pesar de las dificultades, en 1974 los acontecimientos se estaban acelerando. En julio, el primer aviso de que la vida del dictador se extinguía aceleró la constitución de la Junta Democrática —presentada como la plasmación del Pacto para la Libertad, propugnado desde 1969—, que tuvo un notable impacto por el momento preciso en que se creó y su programa, incuestionable desde la perspectiva democrática. Sin embargo, la Junta no consiguió convertirse en la única plataforma opositora. La estrategia comunista era suficientemente global a la vez que flexible para incidir sobre la realidad política, pero necesitaba que otras fuerzas, desde sus programas y planteamientos, trabajaran también para acabar con la dictadura. Huelga general, pacto para la libertad eran propuestas susceptibles de múltiples combinaciones: si se hubiera dado una movilización general o si se hubiera dado una unidad decidida contra la dictadura, en la que no hubieran quedado sectores significativos fuera, el proceso de transición hubiera podido tener otras características, pero otros grupos no apostaron ni por lo uno ni por lo otro. El PCE, que fue la organización que más perseveró en favorecer la unidad, no consiguió su plasmación hasta que, en marzo de 1976, la hicieron perentoria la crisis del primer gobierno de la monarquía y habiendo aceptado requerimientos esenciales planteados por los partidos integrados en la Plataforma de Convergencia Democrática.

En aquellos primeros meses de 1976, el PCE movilizó todas las fuerzas y llamó a sus militantes para que hicieran un esfuerzo máximo para conseguir generar una movilización de masas que condicionara el proceso político. Aunque se ha afirmado en alguna ocasión que el PCE frenó la posibilidad de huelga general en enero de 1976 en Madrid, la documentación disponible muestra justo lo contrario. Santiago Carrillo se trasladó a España en las primeras semanas de 1976 para seguir de cerca los acontecimientos acelerados de aquellos meses en los que nada varió en la estrategia comunista: prioridad absoluta a la movilización y consecución de la unidad de la oposición, dos elementos encadenados. Si el proceso unitario por arriba avanzaba, éste ayudaría a la movilización por abajo. La movilización, a su vez, haría ver a las fuerzas que «dudaban» que el discurso de la democracia, que tanto blandían, debía ir acompañado de un compromiso factual con ella.

A mitad de aquel año de franquismo sin Franco, los comunistas tenían ante sí una doble batalla política: una inmediata, entre reformistas y rupturistas y otra de fondo en el seno de éstos por la hegemonía política. La batalla entre reformistas y rupturistas cambió después de que, en junio-julio de 1976, y tras la consistencia de la movilización opositora, entre los primeros se impusieran quienes consideraron que el fracaso estaba asegurado si no se lograba extender en la opinión pública la percepción de que realmente se pretendía avanzar hacia la democracia. El éxito de Adolfo Suárez en ese cometido reforzó la posición gubernamental con el consiguiente cambio de escenario para la oposición. Fue en noviembre de 1976 cuando se produjo un cambio destacado en el análisis comunista: Santiago Carrillo defendió que era imprescindible transitar por el terreno de juego que había impuesto el Gobierno para conseguir la ruptura, al tiempo que era necesario distinguir claramente entre reforma y ruptura: la primera continuaba siendo sinónimo de un proyecto de democracia recortada, en tanto que la segunda lo era de democracia plena.

En ese marco tomó toda su fuerza la «cuestión comunista», que se había convertido en un tema capital porque era, en el fondo, y dado el contexto español, la «cuestión de la democracia». La legalización del PCE supuso un auténtico acto de ruptura no sólo legal, sino también simbólica con el franquismo. También puede considerarse un buen exponente del proceso de transición en su conjunto, un proceso abierto, incierto y dinámico, un camino lleno de indefiniciones. Justamente en el terreno simbólico muchos comunistas percibieron que se dejaban un jirón de su identidad al tener que adoptar la bandera rojigualda en el Comité Central de abril de 1977, más con la precipitación que impuso el secretario general.

Las elecciones del 15 de junio 1977 convirtieron al PCE en la tercera fuerza parlamentaria, pero con un resultado muy modesto. En el nuevo escenario político, y en palabras de Luis Lucio Lobato, el PCE pasaba de ser «el partido dirigente de la lucha contra la dictadura» a tener el papel de «un partido secundario». Pero era un partido que tenía un elevado número de militantes, una importante presencia en los movimientos sociales, en particular en CC. OO, así como entre los sectores culturales y profesionales y que, en términos electorales, tenía representación en la mayoría de las principales circunscripciones del país.

Para decidir la política que debía adoptarse a partir de ese momento era fundamental el análisis de la nueva situación política. El que realizó el PCE fue notablemente acertado: se habían celebrado unas elecciones que, aun con limitaciones, habían permitido conocer la voluntad popular, pero la democracia era todavía inexistente en España. A partir de ese análisis se consideró, por tanto, que el objetivo fundamental debía continuar siendo el establecimiento de una democracia plenamente homologable a las del entorno europeo. Para el PCE, la vía para lograr dicho objetivo era una política de concentración democrática que, con un gobierno de tal carácter, asegurara la aprobación de una constitución democrática, estableciera unas nuevas instituciones capaces de hacer frente a las amenazas involucionistas y realizara una política frente a la crisis económica protegiendo a las clases populares. Con tal política y, eventualmente, con un gobierno de concentración, el PCE, además, podía tener un papel muy superior al de su representación parlamentaria.

Si bien el gobierno de concentración democrática fue rechazado frontalmente tanto por UCD como por el PSOE, los Pactos de la Moncloa fueron considerados por el PCE como la inequívoca expresión de la necesidad de colaboración de las principales formaciones políticas ante los múltiples retos planteados. Sin embargo, los Pactos, que tenían unos contenidos muy alejados de la caricatura en que los convirtieron sus críticos desde la izquierda extraparlamentaria, fueron presentados por algunos dirigentes comunistas con valoraciones positivas muy exageradas que, además, encubrían sus limitaciones e insuficiencias.

Es indiscutible que los acuerdos de naturaleza política permitieron cambios inmediatos democratizadores, avanzándose a la Constitución que cuando se firmaron estaba empezando a elaborarse. También lo es que los acuerdos económicos contenían compromisos de reformas de calado de signo progresista. Pero la dirección comunista subestimó las dificultades para el cumplimiento efectivo de los acuerdos, la falta de calendarios precisos para las diversas actuaciones gubernamentales, así como la ausencia de mecanismos para asegurar que su concreción respondiera plenamente a los criterios acordados. Todo ello fue objeto de crítica creciente en el interior del partido, con una dirección que se resistió a la aceptación de dicha crítica, en especial Santiago Carrillo, si bien finalmente tuvo que asumirla.

Contrariamente, la Constitución, en cuya elaboración el PCE tuvo un papel relevante, obtuvo una valoración netamente positiva en todo el partido. En efecto, si se contrastan los objetivos propuestos por el PCE para el texto constitucional con la Carta Magna finalmente aprobada puede apreciarse que mayoritariamente fueron alcanzados. Claro está que el PCE dejó de lado objetivos que consideró absolutamente inalcanzables y rechazó defenderlos testimonialmente. Ello implicó que parte de la militancia considerara que las posiciones del partido habían quedado con frecuencia desdibujadas, reforzando efectos no deseados, pero inevitables, de la política de consenso que presidió la elaboración de la Constitución.

En las elecciones generales de marzo de 1979, el PCE mejoró sus resultados electorales, pero sólo discretamente. Pocas semanas después, en las elecciones municipales de abril, el PCE obtuvo su mejor resultado electoral que, además, abrió las puertas a un pacto con el PSOE para el gobierno conjunto de municipios. Tal acuerdo, el primero de importancia alcanzado entre socialistas y comunistas desde 1977, aseguró que la izquierda gobernara en las principales capitales de provincia y en numerosos municipios, la mayoría con alcaldes socialistas pero con un buen número de alcaldías comunistas, especialmente en la región metropolitana de Barcelona y en municipios andaluces y madrileños.

Participando en el gobierno de municipios que agrupaban al 58% de la población española, el PCE tuvo la oportunidad de experimentar sus concepciones sobre los gobiernos locales así como de aplicar programas que en buena medida respondían a las demandas de los movimientos vecinales en los que había desempeñado un papel muy relevante. En todo caso, en la mayoría de los municipios gobernados conjuntamente con el PSOE, los comunistas eran el partido con menor representación, lo que obviamente condicionó los acuerdos de gobierno y la distribución de responsabilidades. Por otra parte, si bien en general los gobiernos de izquierda empezaron a resolver muchos de los más acuciantes problemas que se habían ido acumulando en años e incluso décadas anteriores, las posiciones del PCE y del PSOE, por ejemplo sobre la participación ciudadana, presentaban algunas divergencias importantes, lo que condicionó las actuaciones en esta dirección.

Con frecuencia se ha sostenido que el PCE abandonó los movimientos sociales que habían impulsado la movilización antifranquista e, incluso, que había contribuido decisivamente a su desactivación al primar la actuación en las instituciones y para facilitar la política de concentración democrática. Sin embargo, los datos disponibles no avalan tales tesis, ni con relación a la conflictividad obrera ni respecto a las movilizaciones ciudadanas. No obstante, respecto a los distintos movimientos ciudadanos, el PCE constató pronto que la legalización del partido y la celebración de las primeras elecciones habían comportado una cierta paralización de la acción en algunos de los principales movimientos asociativos. Lejos de estimular tal dinámica, aunque con éxito desigual, desde los órganos de dirección del PCE se insistió en la importancia capital para la organización, para su proyecto democratizador y para su estrategia de avance hacia el socialismo del mantenimiento y fortalecimiento del conjunto de movimientos ciudadanos, instando a los militantes comunistas a participar activamente en todos ellos desde la defensa de su independencia.

Buena parte de los militantes del PCE desarrollaban su actividad fundamentalmente en el movimiento sindical, en CC. OO. La conversión del movimiento sociopolítico en confederación sindical, y todo lo que ello comportó, fue realizada en muy buena medida por militantes comunistas. Cuando a lo largo de 1978 se celebraron las primeras elecciones sindicales después de la supresión de la Organización Sindical franquista, que confirmaron a CC. OO. como el primer sindicato del país, decenas de miles de militantes comunistas fueron elegidos delegados de personal y miembros de los comités de empresa.

Pero las elaboraciones anteriores sobre un sindicato de nuevo tipo, de carácter sociopolítico y de vocación unitaria, y su relación con los partidos, singularmente con el PCE, desde la afirmación de la independencia sindical, se revelaron insuficientes ante los problemas que fueron manifestándose, en especial sobre cómo actuar ante una crisis económica que no cesaba de aumentar el número de desempleados y que exigía una acción sindical distinta de la practicada en años anteriores, y sobre qué relaciones mantener con UGT, en especial tras el inicio de la política de acuerdos de la central socialista con la CEOE. Y todo ello, con militantes comunistas que actuaban exclusivamente en el ámbito sindical y que con frecuencia no participaban en las agrupaciones y comités del partido, lo que implicaba que algunos debates propios del partido se trasladaban al sindicato.

El IX Congreso del partido, celebrado en abril de 1978, aprobó un conjunto de tesis que habían dado lugar a un notable debate y que contenían elaboraciones que reflejaban un partido vivo, comprometido con un proyecto transformador, bien conectado con la sociedad y sensible a los cambios que ésta estaba experimentando. Hay que destacar, en primer lugar, que las tesis inicialmente aprobadas por el Comité Central fueron objeto de numerosas y significativas modificaciones, como la dedicada a «La liberación de la mujer»; incluso, en el caso del movimiento ciudadano, la tesis fue reescrita a partir de enmiendas a la totalidad. En general, los documentos aprobados sometieron a una notable crítica la actuación del partido, en particular desde el inicio del proceso de transición, corrigiendo, por ejemplo, el habitual triunfalismo y aportando análisis que explicaban las dificultades que encontraba la política del PCE para abrirse camino, aunque sin cuestionar los componentes fundamentales de la línea seguida ni las decisiones más importantes. Por otra parte, el congreso profundizó en el proyecto de democracia política y social como vía al socialismo en libertad a través de la revolución de la mayoría. El congreso se desarrolló con una insólita transparencia, con sus sesiones plenarias abiertas a todos los medios de comunicación y con la elección en votación secreta del Comité Central.

Los documentos aprobados se situaban en un escenario en el que, en toda Europa, se mantenía todavía el impulso de la izquierda surgido en los años finales de la década de los sesenta pero que pronto empezó a dar muestras de agotamiento ante el empuje de una «revolución conservadora» que estaba dando sus primeros pasos. Por otra parte, el proyecto del PCE de avance hacia el socialismo no analizaba suficientemente los grandes obstáculos que debería sortear ni la dificultad para encontrar los aliados necesarios. El proyecto exigía la unidad de comunistas y socialistas, superando la escisión del movimiento socialista materializada entre finales de la segunda década del siglo e inicios de la tercera, y la suma de otras fuerzas. Sin embargo, su necesario aliado, el PSOE, tenía una estrategia muy distinta, más allá de las coincidencias que podían encontrarse con su programa de «transición al socialismo» aprobado en su XXVII Congreso celebrado en 1976. Cuando el PCE afirmaba que no existían las condiciones para la formación de un gobierno de izquierda en España lo hacía con la consideración de que tal gobierno debería aplicar un programa de profundas transformaciones en dirección al socialismo, al socialismo en democracia, pero socialismo al fin y al cabo. Cuando el PSOE se presentaba como la alternativa de poder frente a UCD se miraba en las políticas de los gobiernos socialdemócratas europeos, más próximas a un capitalismo de «rostro humano» que a objetivos socialistas.

El giro a la derecha del Gobierno después de las elecciones generales de 1979, coincidiendo con el fortalecimiento en el interior de UCD de las posiciones que defendían una política más nítidamente conservadora, llevó al PCE a endurecer su oposición a las políticas gubernamentales, incluso a abrir una confrontación con el PSOE en una cuestión tan importante como el Estatuto de los Trabajadores, lo que comportó que la política de concentración democrática, ahora completada con la propuesta de un gobierno «progresista», resultara inviable y además presentara contradicciones.

Las enormes dificultades que encontraba la política del partido, el malestar de la militancia ante la progresiva desaparición de expectativas de cambios más profundos que se había esperado que con la democracia estarían al alcance de la mano, y la actitudes más críticas con la dirección del partido y con decisiones tomadas en los años anteriores fueron contribuyendo a incrementar tensiones internas que se manifestaron con fuerza desde mitad de 1980. En particular, se pusieron de manifiesto divergencias notables sobre las formas de dirección del partido, con líderes con notable peso en la organización reclamando una dirección más colegiada; los mismos que consideraban necesario un análisis más autocrítico de la situación del partido, así como abrir un importante debate sobre la adaptación de su estrategia a un escenario de reflujo de la izquierda, así como sobre la adaptación del partido al Estado de las Autonomías en construcción.

El X Congreso del PCE se celebró bajo el impacto de la crisis abierta en el PSUC en su V Congreso y con una notable tensión entre los denominados «renovadores», que concentraron sus esfuerzos en la profundización de la democracia interna en el partido, y una mayoría que, desde posiciones diversas, defendía la plena vigencia del centralismo democrático y recelaba de los objetivos últimos de dichos renovadores. Con todo, el Congreso aprobó por amplias mayorías las tesis presentadas, excepto la dedicada al partido, lo que mostraba que continuaba existiendo un amplio acuerdo en torno a las principales posiciones del partido y a su proyecto socialista.

Sin embargo, la crisis desencadenada en el PCE-EPK a partir del proceso de fusión con EIA, impulsado por la mayoría del Comité Central de la organización vasca pero con el rechazo de buena parte de la militancia, que dio rápidamente paso a la adopción de medidas disciplinarias tanto por el PCE-EPK como, a continuación, por la dirección del PCE, operó como detonante de la crisis del partido en Madrid y en otras organizaciones territoriales, alimentando una espiral de sanciones y abandonos que acabó proyectando la imagen de un espectacular proceso de autodestrucción del partido. Si para el PCE las elecciones andaluzas de mayo de 1982 supusieron un descalabro, las de octubre fueron una auténtica catástrofe.

A finales de 1982, el PCE cerraba una larga etapa en la que había sido el «partido del antifranquismo», el partido que había encabezado la movilización contra la dictadura y que había subordinado todos sus objetivos a la consecución de un régimen democrático. Cuando la democracia estaba ya configurada y en fase avanzada de consolidación, el PCE no logró convertirse en el partido que quería ser, un partido de lucha y de gobierno, un gran partido de masas; contrariamente, empezó a desaparecer como actor importante de la política española, avanzándose al declive del PCF y del PCI y al derrumbe del denominado «socialismo real» del que se había alejado nítidamente. Con la relevancia del PCE desaparecía también un inédito proyecto político, la vía al socialismo mediante la revolución de la mayoría y un no menos inédito modelo de socialismo en libertad.

Anexo

MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL VIII CONGRESO, 1972*

Agudo González, Sixto

Alabau Albors, Rosario

Alcaraz Redondo, Leopoldo

Alonso Zaldívar, Carlos

Álvarez Areces, Vicente

Álvarez de Miranda, J. Elicio

Álvarez Gómez, Santiago

Amor Deus, Manuel

Ardiaca Martí, Pere

Aristizábal Cerezo, Julio

Ariza Rico, Julián

Arrón Julía, Gabriel

Azcárate Diz, Manuel

Balaguer Sanchín, Isidoro

Ballesteros Pulido, Jaime

Bardem Muñoz, José Antonio

Barros Guimerans, Carlos

Bayón García, Víctor

Bellido Carvajal, Dulcinea

Benítez Rufo, José

Benítez Rufo, Manuel

Boix Lluch, Isidor

Bonifaci Mora, José

Bornao Rodríguez, Leonor

Bosch Bauzá, Francisca

Brabo Castells, Pilar

Caballero Baca, Miguel

Caballero Castillo, Ernesto

Cabral Rodríguez, Antonio

Calzada Iseru, Teresa

Calvet Puig, Maria Dolors

Camacho Abad, Marcelino

Carrillo Solares, Santiago

Cazcarra Cremalle, Vicente

Comabella Marcos de León, Mercedes

Comín Ros, Alfonso Carlos

Delicado Muñoz, Manuel

Díaz-Cardiel González, Víctor

Durán Lugo, Francisco

Elvira González, Carlos

Escobedo Quirce, Manuel

Fernández Inguanzo, Horacio

Galán Peláez, José

Galindo García, Miguel

Gallego Bezares, Ignacio

García García, Tomás

García Hernández, Lucía

García Meseguer, José

García Ortega, José

García Salve, Francisco

García Sánchez, Cipriano

Gil Prieto, Manuel

Gómez Puerta, Agustín

González Jerez, José María

Gros Carmino, Josep

Guardiola López, Antonio

Guerreiro Carreiras, Ángel

Gutiérrez Díaz, Antoni

Herrero Mérediz, José Ramón

Hoyos Saiz, Anselmo

Huerta García, Mario

Ibáñez Rozas, Luis Fidel

Ibárruri Gómez, Dolores

Idiáquez Sorasu, Francisco

Iglesias Argüelles, Gerardo

Iglesias Martínez, José Manuel

Iglesias Rodríguez, Antonio

Izcaray Cebriano, Jesús

Julián Gómez, Narciso

Largo Calvo, Francisco

Latierro Corta, Ignacio

León Camblor, Ángel

Lertxundi Barañano, Roberto

Lobato Espronceda, Luis Lucio

López Bulla, José Luis

López Carrasco, Enrique

López Raimundo, Gregorio

López Salinas, Armando

López Sánchez, Eugenio

Macarro Castillo, Fernando

Malagón Alea, Domingo

Martín Lillo, Antonio

Mauricio Rodríguez, José Carlos

Melchor Fernández, Federico

Menor Luque, Juan

Morín Salgado, David

Montalbán Gómez, Antonio

Montoya Pérez, Antonio

Muñoz Peña, María Jesús

Nieto Cicuéndez, José Luis

Núñez González, Miguel

Núñez Rodríguez, Carlos

Ormazábal Tife, Ramón

Palomares Vinuesa, Antonio

Pérez Carrasco, Félix

Pérez Garrido, Félix

Pérez de la Fuente, Julio

Pérez Lara, Luis

Pillado Lasta, Rafael

Pla López, Juan Francisco

Portillo Villena, Francisco

Pretel Martínez, Damián

Ramos Aparicio, Gabriel

Ranchal Sánchez, Basilisa

Roces Suárez, Wenceslao

Rodríguez Chaos, Melquisedec

Romero Marín, Francisco

Saborido Galán, Eduardo

Sacristán Luzón, Manuel

Sacristán Pérez, Dolores

Salas Vidilla, José

Sánchez Alvaredo, Tranquilino

Sánchez García, Fausto

Sánchez Montero, Simón

Sánchez Trigueros, Agustín

Sandoval Morís, José

San Sebastián Expósito, Ambrosio

Sartorius Álvarez, Nicolás

Sempere Carreras, Joaquim

Serradell Pérez, Josep

Serrán Delgado, José

Serrano Navazo, Antonio

Sirgo Suárez, Ana

Solé Tura, Jordi

Soto Martín, Fernando

Suárez Roldán, María Luisa

Tamames Gómez, Ramón

Tejero Casajús, Alfredo

Torre Arca, José Manuel

Triana García, Eugenio

Tueros Trueba, Tomás

MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL IX CONGRESO, 1978

Acosta Orge, Francisco

Alabau Albors, Rosario

Alcaraz Masats, Felipe

Alcaraz Redondo, Leopoldo

Aliaga Lledó, Serafín

Almeida Castro, Cristina

Alonso Plaza, Fidel

Alonso Zaldívar, Carlos

Álvarez Álvarez, Francisco

Álvarez Gómez, Santiago

Amor Deus, Manuel

Ardiaca Martí, Pere

Aristizábal Cerezo, Julio

Ariza Rico, Julián

Arrom Julià, Gabriel

Azcárate Diz, Manuel

Balaguer Sanchís, Isidoro

Ballesteros Pulido, Jaime

Bardem Muñoz, José Antonio

Barros Guimerans, Carlos

Bellido Carvajal, Dulcinea

Benítez Rufo, José

Benítez Rufo, Manuel

Bono Martínez, Emèrit

Bornao Rodríguez, Leonor

Bosch Bauzá, Francisca

Brabo Castells, Pilar

Caballero Castillo, Ernesto

Cabral Olivero, Francisco

Cabral Rodríguez, Antonio

Calvet Puig, Maria Dolors

Calzada Rivero, Teresa

Camacho Abad, Marcelino

Camacho García-Moreno, Natividad

Cámara Fernández, Manuel

Camio Machain, Mikel

Cañas Navarro, Juan

Carrillo Solares, Santiago

Cazcarra Cremalle, Vicente

Cervera Grajera, José Manuel

Comabella Marcos de León, Mercedes

Comín Ros, Alfonso Carlos

Conill Vall, Jordi

Corona Salcedo, José María

Cruz Menéndez, Octavio

Curiel Alonso, Enrique

Díaz-Cardiel González, Víctor

Domingo Rufino, Sigfredo

Durán Lugo, Francisco

Elvira González, Carlos

Escobedo Quirce, Manuel

Falcón, Irene

Fernández Inguanzo, Horacio

Fernández Pérez, José Manuel

Fernández Sánchez, Mariano

Fuster Furió, Salvador

Galán Peláez, José

Gallego Bezares, Ignacio

García García, Ernest

García García, Tomás

García Hernández, Lucía

García Meseguer, José

García Ortega, José

García Rubio, José Antonio

García Salve, Francisco

García Sánchez, Cipriano

González Jerez, José María

González Viétez, Antonio

Gros Carmino, Josep

Guerreiro Carreras, Ángel

Gutiérrez Díaz, Antoni

Gutiérrez Solís, Vicente

Gutiérrez Vergara, Antonio

Hoyos Saiz, Anselmo

Ibáñez Rozas, Luis Fidel

Ibárruri Gómez, Dolores

Iglesias Argüelles, Gerardo

Iglesias Martínez, José Manuel

Iglesias Rodríguez, Antonio

Infante Escudero, Juan

Largo Calvo, Francisco

Latierro Corta, Ignacio

Leal Martín-Ramos, Santiago

León Camblor, Ángel

Lertxundi Barañano, Roberto

Llorca Tello, César

Lobato Espronceda, Luis Lucio

López Bulla, José Luis

López Carrasco, Enrique

López Coterillo, José

López Raimundo, Gregorio

López Salinas, Armando

López Sánchez, Eugenio

Macarro Castillo, Fernando

Manrique, Emilio

Marset Campos, Pedro

Martín Lillo, Antonio

Martínez Fernández, Luis

Mauricio Rodríguez, José Carlos

Melchor Fernández, Federico

Mendezona Roldán, Ramón

Montalbán Gómez, Antonio

Montoya Pérez, Antonio

Morán Díez, Miguel

Nieto Cicuendes, José Luis

Nieto Martínez, Juan Antonio

Núñez Casado, José Luis

Núñez González, Miguel

Olivares Soler, Mercedes

Ormazábal Tife, Ramón

Palero Gómez, Francisco

Palomares Vinuesa, Antonio

Peral Pérez, Rosario

Pérez Carrasco, Félix

Pérez de la Fuente, Julio

Pérez Lara, Luis

Pérez Royo, Fernando

Pérez Royo, Javier

Pillado Lista, Rafael

Piñedo Simal, Adolfo

Pla López, Juan Francisco

Portillo Villena, Francisco

Prada Moraga, César

Pretel Martínez, Damián

Ramos Aparicio, Gabriel

Ramos Camarero, Juan

Ranchal Sánchez, Basilisa

Rodríguez Chaos, Melquisedec

Rodríguez Sánchez, Emilio Ramón

Romero Marín, Francisco

Romero Ruiz, Antonio

Rubiales Torrejón, Amparo

Saborido Galán, Eduardo

Salas Vidilla, José

San José, Begoña

Sánchez Alvaredo, Tranquilino

Sánchez García, Fausto

Sánchez Montero, Simón

Sánchez Trigueros, Agustín

Sandoval Morís, José

San Sebastián Expósito, Ambrosio

Sartorius Álvarez, Nicolás

Segura Sánchez, Julio

Sempere Carreras, Joaquim

Serradell Pérez, Josep

Serrano Navazo, Antonio

Solé Tura, Jordi

Soriano Barquero, José

Soto Martín, Fernando

Suárez Suárez, Javier

Tamames Gómez, Ramón

Tejero Casajús, Alfredo

Torregrosa Samper, Rafael

Triana García, Eugenio

Trives Meaguer, Francisco

Tueros Trueba, Tomás

Valdés Méndez, Conchita

Valero González, José

Zamora Suárez, Juan Pedro

Zapirain Aguinaga, Sebastián

MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL X CONGRESO, 1982

Alcaraz Masats, Felipe

Alcaraz Redondo, Leopoldo

Alonso Zaldívar, Carlos

Álvarez Gómez, Santiago

Amor Deus, Manuel

Anguita Peragón, Manuel

Ariza Rico, Julián

Arroyo, Pilar

Azcárate Diz, Manuel

Ballesteros Pulido, Jaime

Bolívar Reverte, Pedro

Bono Martínez, Emérit

Borja Sebastià, Jordi

Bornao Rodríguez, Leonor

Brabo Castells, Pilar

Buenache Moratil, Norberto

Burriel Borque, Adolfo

Caballero Castillo, Ernesto

Camacho Abad, Marcelino

Cámara Fernández, Manuel

Cantera, Txemi

Carrillo Menéndez, Santiago

Carrillo Solares, Santiago

Castaño, Juan Ignacio

Cazcarra Cremalle, Vicente

Claret Serra, Andreu

Corona Salcedo, José María

Curiel Alonso, Enrique

Díaz Urmeneta Muñoz, Juan Bosco

Diego García, Pedro de

Domingo Rufino, Sigfredo

Elvira Gómez, María Salce

Fernández Fausti, Mariano

Frutos Gras, Francisco

Galán Peláez, José

Gallego Bezares, Ignacio

García Meseguer, José

García Rubio, José Antonio

García Sánchez, Cipriano

Gómez Puerta, Agustín

Gómez Soria, Rafael

González Jerez, José María

González Viéitez, Antonio

Guerreiro Carreras, Ángel

Guillén Cuesta, Tina

Gutiérrez Díaz, Antoni

Gutiérrez Solís, Vicente

Gutiérrez Vergara, Antonio

Hoyos Saiz, Anselmo

Ibárruri Gómez, Dolores

Iglesias Argüelles, Gerardo

Intxausti Catón, José Luis

Jiménez Castillo, Antonio

Lara Palma, Horacio

Latierro Corta, Ignacio

Leal Martín-Romo, Santiago

León González, Aurora

Lertxundi Barañano, Roberto

Llorca Tello, César

López Bulla, José Luis

López Raimundo, Gregorio

López Salinas, Armando

Marset Campos, Pedro

Martín Lillo, Antonio

Martínez, Gabriel

Martínez Fernández, Luis

Mauricio Rodríguez, José Carlos

Morán Díez, Miguel

Núñez Casado, José Luis

Núñez González, Miguel

Ormazábal Tife, Ramón

Palero Gómez, Francisco

Palomares Vinuesa, Antonio

París Amador, Carlos

Pérez Carrasco, Félix

Pérez de la Fuente, Julio

Pérez Fuentes, Pilar

Pérez Placencia, Nicolás

Piñedo Simal, Adolfo

Pla López, Juan Francisco

Rodríguez Roy, José María

Romero Marín, Francisco

Romero Ruiz, Antonio

Roney Albareda, Carmen

Saborido Galán, Eduardo

Sánchez Montero, Simón

Sánchez Trigueros, Agustín

Sartorius Álvarez, Nicolás

Sartorius Bermúdez, Jaime

Segura Sánchez, Julio

Setién Martínez, Julio

Silván, Martín

Solé Tura, Jordi

Soriano Barquero, José

Suárez Suárez, Javier

Terriente Quesada, Javier

Tueros Trueba, Tomás

Valero González, José

Vallejo Benítez, Manuel

Vintró Castells, Eulàlia

Zamora Suárez, Juan Pedro

Zamoro, Joaquín

Zaragoza, Vicente

DIPUTADOS ELEGIDOS EL 15 DE JUNIO DE 1977

Alicante

Pilar Brabo Castells

Barcelona (PSUC)

Gregorio López Raimundo

Antoni Gutiérrez Díaz (sustituido en diciembre de 1978 por Miguel Núñez González)

Cipriano García Sánchez

Jordi Solé Tura

Juan Ramos Camarero

Josep M. Riera Mercader

Maria Dolors Calvet Puig

Cádiz

Rafael Alberti Merello (sustituido en septiembre de 1977 por Francisco Cabral Oliveros)

Córdoba

Ignacio Gallego Bezares

Madrid

Santiago Carrillo Solares

Marcelino Camacho Abad

Simón Sánchez Montero

Ramón Tamames Gómez

Málaga

Tomás García García

Oviedo

Dolores Ibárruri Gómez

Sevilla

Manuel Benítez Rufo

Fernando Soto Martín

Tarragona (PSUC)

Josep Solé Baberà

Valencia

Emèrit Bono Martínez

DIPUTADOS ELEGIDOS EL 1 DE MARZO DE 1979

Alicante

Pilar Brabo Castells (en junio de 1982 se incorporó al Grupo Mixto)

Barcelona (PSUC)

Gregorio López Raimundo

Cipriano García Sánchez

Jordi Solé Tura

Juan Ramos Camarero (sustituido en febrero de 1980 por Antoni Montserrat Solé)

Josep M. Riera Mercader

Eulàlia Vintró Castells

Miguel Núñez González

Cádiz

Francisco Cabral Oliveros

Córdoba

Ignacio Gallego Bezares

Granada

Jaime Ballesteros Pulido

Jaén

Felipe Alcaraz Masats

Madrid

Santiago Carrillo Solares

Marcelino Camacho Abad (sustituido en febrero de 1981 por Nicolás Sartorius Álvarez)

Simón Sánchez Montero

Ramón Tamames Gómez (en mayo de 1981 se incorporó al Grupo Mixto)

Málaga

Tomás García García

Oviedo

Horacio Fernández Inguanzo

Sevilla

Fernando Soto Martín

Eduardo Saborido Galán (sustituido en septiembre de 1979 por Fernando Pérez Royo)

Tarragona (PSUC)

Josep Solé Barberà

Valencia

Emèrit Bono Martínez

Antonio Palomares Vinuesa

DIPUTADOS ELEGIDOS EL 28 DE OCTUBRE DE 1982

Barcelona (PSUC)

Gregorio López Raimundo

Madrid

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Oviedo

Horacio Fernández Inguanzo

Sevilla

Fernando Pérez Royo

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Índice de siglas

AP

Alianza Popular

ASO

Alianza Sindical Obrera

ASU

Agrupación Socialista Universitaria

CCOO

Comisiones Obreras

CGIL

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

CiU

Convergència i Unió

CONC

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

EE

Euskadiko Ezkerra

EIA

Euskal Iraultzarako Alderdia

ERC

Esquerra Republicana de Catalunya

ETA

Euskadi Ta Askatasuna

FLP

Frente de Liberación Popular

FENEC

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya

FOC

Front Obrer de Catalunya

FRAP

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

FUE

Federación Universitaria Escolar

GRAPO

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

HOAC

Hermandad Obrera de Acción Católica

JOC

Juventud Obrera Católica

MSC

Moviment Socialista de Catalunya

OCE-BR

Organización Comunista de España-Bandeja Roja

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONU

Organización de Naciones Unidas (ONU)

OLP

Organización para la Liberación de Palestina

ORT

Organización Revolucionaria de Trabajadores

OSO

Oposición Sindical Obrera

OSE

Organización Sindical Española

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PCA

Partido Comunista de Andalucía

PCC

Partit dels Comunistes de Catalunya

PCE-EPK

Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko Partidu Komunista

PCE

Partido Comunista de España

PCF

Parti Communiste Français

PCG

Partido Comunista de Galicia

PCI

Partito Comunista Italiano

PCP

Partito Comunista Portoghese

PCUS

Partido Comunista de la Unión Soviética

PNV

Partido Nacionalista Vasco

PSA

Partido Socialista de Andalucía

PSC-R

Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament

PSF

Parti Socialiste Français

PSC-PSOE  

Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

PSP

Partido Socialista Popular

PSUC

Partit Socialista Unificat de Catalunya

PTE

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SDEUB

Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona

SEU

Sindicato Español Universitario

SFIO

Section Française de l’Internationale Ouvrière

SUT

Servicio Universitario de Trabajo

TOP

Tribunal de Orden Público

UCD

Unión de Centro Democrático

UMD

Unión Militar Democrática

UGT

Unión General de Trabajadores

UTT

Uniones de Técnicos y Trabajadores

USO

Unión Sindical Obrera

Notas

INTRODUCCIÓN

[1].  Pietro Ingrao, «El Partido Comunista Italiano en la actualidad: estrategia política y dialéctica social», en AA. VV., Gramsci y el «eurocomunismo», Ed. Materiales, Barcelona, 1978, pp. 142 y 152.

[2].  Marc Lazar, «El eurocomunismo, objeto de historia», Historia del Presente, n.º 18, 2011, p. 65.

[3].  Como se podrá comprobar, no se hace referencia en estos capítulos al impulso del movimiento de mujeres. La explicación no es otra que si bien el PCE fue el partido que dedicó mayor atención a la organización específica femenina ya desde los años cuarenta, el impulso a este movimiento no formó parte del núcleo central de su estrategia política. No fue hasta los años setenta, cuando el movimiento feminista irrumpió en el centro de la escena, que las militantes movilizadas en este ámbito consiguieron un apoyo decidido a sus propuestas.

1.  DE LA RESISTENCIA AL DESPLIEGUE DEL ACTIVISMO SOCIAL

[1].  Sobre el PCE en la posguerra, véase Fernando Hernández, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Crítica, Barcelona, 2015.

[2].  Togliatti había impulsado esta actuación en la Italia fascista: «Nuestro deber es entrar en estas organizaciones y organizar la lucha por nuestros principios». Palmiro Togliatti, Lezioni sul fascismo, Editori Reuniti, Roma, 1976, p. 111. Todos los textos citados escritos en lenguas distintas al castellano han sido traducidos por los autores.

[3].  Santiago Carrillo, «Sobre las experiencias de dos años de lucha», Nuestra Bandera, n.º 31, 1948, pp. 836-838. Véase Rubén Vega, «Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros, los comunistas. Memoria, identidad e historia social, FIM, Madrid, 2010, pp. 312-317.

[4].  «Informes de la Dirección General de Seguridad, 30-4-1942», en Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco, Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1993, vol. III, pp. 417-418.

[5].  Félix Fanés, La vaga de tramvies del 1951, Laia, Barcelona, 1977.

[6].  Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia, Secretaría General del Movimiento (SGM), Delegación Nacional de Información e Investigación, Telegrama del Gobierno Civil, 14 de marzo de 1951, c. 73.

[7].  Una síntesis en Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI, Madrid, 1998, pp. 37-39.

[8].  Marc Lazar, Maisons rouges. Les partis communistes français et italien de la Libération à nous jours, Aubier, París, 1992, pp. 322-323.

[9].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Planeta, Barcelona, 1986, pp. 266-276. Victor M. Santidrián, Historia do PCE en Galicia (1920-1968), Ediciós do Castro, A Coruña, 2002, pp. 431-436.

[10].  Santiago Carrillo, Memorias, Planeta, Barcelona, 1993, pp. 437-440.

[11].  Simón Sánchez Montero, Camino de libertad. Memorias, Temas de Hoy, Madrid, 1997, p. 223.

[12].  Francisco Romero Marín era conocido en el PCE como el Tanque, un sobrenombre asociado a su cargo de coronel de tanques en la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. En Madrid se mantuvo el sobrenombre por su solidez en la dirección clandestina. Véase José Luis Losa, Caza de rojos. Un relato urbano de la clandestinidad comunista, Espejo de Tinta, Madrid, 2005, pp. 83 y 148.

[13].  La Declaración se dio a conocer en Mundo Obrero, n.º 7, julio de 1956.

[14].  Francisco Erice, «Los condicionamientos del “giro táctico” en 1956: el contexto de la Política de Reconciliación Nacional», Papeles de la FIM, n.º 24, 2.ª época, 2006, p. 130.

[15].  «Alocución de Dolores Ibárruri», Mundo Obrero, n.º 16, 31 de julio de 1955.

[16].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 276-277.

[17].  De forma más amplia, véase Carme Molinero, «La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura en la Transición», Ayer, n.º 66, 2007.

[18].  Dionisio Ridruejo afirmó que «cualquiera que haya vivido la guerra civil sabe que junto a la cuestión religiosa, la cuestión del regionalismo, del anti-regionalismo para ser más precisos, fue elemento de numerosa eficacia para anexionar voluntades a la causa económico social que sin duda constituía el fondo del asunto». Dionisio Ridruejo, Escrito en España, Losada, Buenos Aires, 1964, p. 176.

[19].  Javier Pradera, «Una nueva visión de la guerra civil», en Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2013, p. 407.

[20].  Archivo Histórico del PCE (AHPCE), Fondo Represión Franquista, Carta a Santiago Carrillo sobre la situación política, codificada, julio de 1963, jacq. 726.

[21].  AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Informe de Castillo, septiembre de 1966, jacq. 378.

[22].  Reproducido en Resoluciones del IX Congreso, PCE, Madrid, 1978, pp. 3-4.

[23].  AGA, Presidencia, «Esquema de un plan de extensión de la propaganda política», 30 de abril de 1958, c. 51/1854. Reproducido en Carlos Fuertes, Legitimación, educación y actitudes sociales durante la dictadura franquista (Valencia, 1950-1975), tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, 2016, pp. 133-134.

[24].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista. Memorias, Edicions 62, Barcelona, 1999, p. 93. Miguel Núñez, La revolución y el deseo, Península, Barcelona, 2002, p. 264.

[25].  Testimonio de Francesc Vicens, en Salvador López Arnal y Pere de la Fuente, Acerca de Manuel Sacristán, Destino, Barcelona, 1996, p. 344.

[26].  Una visión de conjunto, en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Siglo XXI Editores, Madrid, 1993.

[27].  Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados..., pp. 41-42.

[28].  Fundación 1.º de Mayo, Archivo Histórico del Trabajo (AHT), entrevista a Santiago Carrillo, 17 de mayo de 2005. Carrillo también afirma que en 1958, antes de extender la consigna por la radio, varios dirigentes se desplazaron a España: Claudín a Madrid, Gallego a Asturias, entre otros, con el objetivo de contactar con los dirigentes locales y conocer las posibilidades de éxito de la convocatoria; todos volvieron diciendo que sí existían posibilidades; todos participaban del optimismo de la voluntad. Losa ofrece otra explicación de la presencia de estos dirigentes en España: se trataba de asegurar el éxito de la convocatoria. En este sentido, además de Claudín y Gallego, también Julián Grimau —que desde hacía unos meses estaba en Madrid— se desplazó a Sevilla, y al País Vasco se dirigió Agustín Gómez para respaldar a Enrique Múgica. José Luis Losa, Caza de rojos..., p. 246.

[29].  «Realmente, se “prevé” en la medida en que se actúa, en que se aplica el esfuerzo voluntario y con ello se contribuye concretamente a crear el resultado “previsto”. La previsión se revela, pues, no como un acto científico de conocimiento, sino como la expresión abstracta del esfuerzo que se hace, el modo práctico de crear una voluntad colectiva». Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Era, México, 1975, t. 4, p. 267. Citado en Francisco Erice, «Santiago Carrillo y el partido del antifranquismo (1955-1975)», Historia del Presente, n.º 24, 2014, p. 56.

[30].  Fernando Soto escribió en sus memorias que aunque la huelga de 1958 no cuajara, no fue un fracaso: «A nosotros nos dio ánimos, nos abrió perspectivas, señaló errores, corrigió el voluntarismo. Demostró que allí donde se trabajaba con acierto, sin estar por las nubes repitiendo consignas incomprendidas, se podía triunfar». Fernando Soto, Por el sendero de la izquierda, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1996, p. 33.

[31].  Carme Molinero y Pere Ysàs, «El Partido del antifranquismo (1956-1977)», en Manuel Bueno, Carmen García y José Hinojosa (coords.), Historia del PCE. I Congreso, 1920-1977, FIM, Madrid, 2007, vol. I, pp. 13-32.

[32].  Subjetivismo también en la actuación de los militantes aunque la responsabilidad política fuera del Comité Ejecutivo. Manolo López escribió que «lo que ahora parece evidente al memorialista, no lo fue en 1959. Los deseos y las ilusiones pesaban tanto sobre el entendimiento que oscurecían los análisis. Incluso encajé bastante bien la declaración del Buró Político del Partido sobre la H.N.P. que apareció poco después. Aunque se mixtificaba su resultado, yo la encontré relativamente razonable por cuanto subrayaba la gran labor de agitación de la sociedad española realizada en su preparación, lo cual era cierto. Además, el Partido, a pesar de las detenciones, había crecido con nuevas incorporaciones». En el mismo sentido, y para reafirmar la plena identificación de Jorge Semprún con el convencimiento que todos tenían entonces de la inmediata caída de la dictadura, López refiere el caso de Eduardo Punset. Éste sostenía que «con la vida que llevábamos no podríamos completar nuestra formación porque las actividades del Partido nos ocupaban demasiado tiempo» y, al final, «nos frustraríamos desde el punto de vista intelectual». Finalmente, Punset decidió marcharse al extranjero para completar su formación como economista. Al comunicar López a Semprún aquella decisión, éste le contestó: «Hombre, dile que espere un par de años o tres, y se podrá ir con una beca a la Unión Soviética a estudiar lo que quiera». Manolo López, Mañana a las once en la plaza de la Cebada, Editorial Bomarzo, Albacete, 2005, pp. 403-404 y 409, respectivamente.

[33].  Véase en este sentido la explicación de Jordi Solé Tura sobre la reunión del Comité Central realizada en Praga para analizar la huelga. Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., pp. 105-121.

[34].  Citado en José Babiano, «La política de reconciliación nacional y sus repercusiones en el movimiento obrero (breves notas)», en Políticas de alianza y estrategias unitarias en la historia del PCE, Papeles de la FIM, Madrid, 2006, p. 176.

[35].  Ello provocó un amplio malestar entre distintos sectores militantes. Véanse los argumentos de Javier Pradera y las respuestas displicentes de la dirección en boca de Jorge Semprún en Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, pp. 254-302.

[36].  VI Congreso del PCE, Informe del Comité Central, 28/31 de diciembre de 1959-1 de enero de 1960, pp. 44-45.

[37].  Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero, P.C.E., Ed. Albia, Bilbao, 1977, pp. 61-66.

[38].  Hay que resaltar esta opción dado el debate actual en torno a la Ley de Amnistía de octubre de 1977.

[39].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., p. 138. Un análisis amplio del programa, en Jesús Sánchez, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), FIM, Madrid, 2004, pp. 66-72.

[40].  Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, p. 111.

[41].  Borja de Riquer, La dictadura de Franco, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2010, pp. 427-431.

[42].  En la diáspora posterior a la guerra civil, Julián Grimau había estado casi siete años en La Habana trabajando para el PCE. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Grimau se trasladó a Francia estableciendo con Santiago Carrillo una relación estrecha aunque, a decir de José Luis Losa, poco respetuosa por parte de éste. Fue Julián Grimau quien solicitó trasladarse a España. Se instaló definitivamente en Madrid en 1958 bajo el nombre de Emilio, donde sustituyó a Simón Sánchez Montero cuando éste fue detenido. Véase José Luis Losa, Caza de rojos... Este trabajo sigue las trayectorias clandestinas de Jorge Semprún y Julián Grimau, particularmente en el período que coincidieron en Madrid, en 1957-1962, aunque en la obra tengan presencia todos los dirigentes destacables, tanto en la clandestinidad española como en París.

[43].  Véase Pedro Carvajal, Julián Grimau: el último muerto de la guerra civil, Aguilar, Madrid, 2003.

[44].  Dionisio Ridruejo, «La guerre continue», 24 de abril de 1963. Reproducido en José Luis Losa, Caza de rojos..., pp. 406-407.

[45].  Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía (1945-1977), Crítica, Barcelona, 2008, pp. 47-107.

[46].  AHPCE, Fondo Documentos, Seminario en el que se tratan dos puntos principalmente: el Partido y la organización del estado democrático en España, agosto 1963, c. 79/2. Un análisis del seminario desde la perspectiva institucional en Serge Buj, «Después de Franco, ¿qué? Los comunistas debaten sobre las instituciones del futuro estado español democrático», en Manuel Bueno, Carmen García y José Hinojosa (coords.), Historia del PCE..., pp. 227-242.

[47].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 369. Serge Buj, por su parte, destaca que entre los objetivos de la dirección también aparecía uno de carácter táctico: cohesionar el partido, tanto en el interior como en el exilio, en torno a sus dirigentes y sus estrategias. Véase Serge Buj, «Después de Franco, ¿qué?...», p. 230.

[48].  Nuestra Bandera, n.º 36, 1963, hace referencia a una cuarentena, mientras que Gregorio Morán aproxima la cifra al centenar. Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 368. Francesc Vicens calcula la cifra de intelectuales y estudiantes llegados de Madrid y Barcelona entre veinte y veinticinco. Véase el testimonio de Francesc Vicens en Salvador López Arnal y Pere de la Fuente, Acerca de Manuel Sacristán, p. 349.

[49].  Serge Buj, «Después de Franco, ¿qué?...», pp. 230-231.

[50].  El texto continuaba señalando, en cursiva para resaltarlo, que «la solución definitiva de esta tarea será una gran victoria popular y nacional, un gran paso hacia otras transformaciones democráticas y, en definitiva, hacia el socialismo». Véase Fernando Claudín, Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, El Viejo Topo, 1978, pp. 6 y 10.

[51].  «Declaración del Partido Comunista de España», Mundo Obrero, n.º 12, junio de 1964.

[52].  Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès (AHMM), Fondo Documental Jordi Solé Tura (FDJST), correspondencia, Para los miembros del Comité Ejecutivo, agosto de 1964.

[53].  Véase una referencia amplia a las distintas posiciones en Jesús Sánchez, Teoría y práctica..., pp. 87-102.

[54].  Santiago Carrillo, Memoria de la Transición. La vida política española y el PCE, Grijalbo, Barcelona, 1983, p. 90.

[55].  Gregorio Morán ofrece una amplia explicación de las tensiones políticas y, sobre todo, enfrentamientos y actitudes personales de los participantes en el conflicto. Véase Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 381-406.

[56].  Entre las semblanzas más recientes, véanse Paul Preston, El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Random House Mondadori, Barcelona, 2013, y Fernando Hernández (ed.), «La(s) vida(s) de Santiago Carrillo», Historia del Presente, n.º 24, 2014.

[57].  Fernando Claudín escribió que gracias a su capacidad de trabajo, Carrillo acumulaba múltiples tareas aunque en detrimento del tiempo de estudio y análisis. De ahí que su innegable inteligencia política derivara en subjetivismo que no podía ser contrarrestado, ya que «a Carrillo le era difícil soportar contradictores con juicio independiente ... Ceder ante ellos lo consideraba un menoscabo a su autoridad». Fernando Claudín, Documentos de una divergencia comunista, p. V.

[58].  Archivo del Gobierno Civil de Barcelona, Jefatura Superior de Policía de Barcelona, La crisis del Partido Comunista de España, 1965, c. 317.

[59].  Rossana Rossanda, Un viaje inútil o de la política como educación sentimental, Laia, Barcelona, 1984, p. 126.

[60].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., p. 210.

[61].  Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, p. 137.

[62].  Posiblemente el deseo de no abundar en un episodio del que no se sienten especialmente orgullosos Santiago Carrillo y otros dirigentes comunistas, al ser resuelto con métodos estalinistas, haya provocado que hasta ahora no hayan aportado, verdaderamente, las claves de su posición en el enfrentamiento. Desde luego en el caso de Santiago Carrillo ni el paso de los años le llevó a hacer autocrítica, tan importante en la cultura comunista, y a punto de acabar el siglo escribió que en Claudín pesó el desengaño y el cansancio ante «el interminable túnel al que no se veía salida» de la recuperación de las libertades en España. No obstante, también afirmó que releyendo la polémica, no había razones para la ruptura. Santiago Carrillo, Memorias, pp. 477-478.

[63].  Jordi Solé Tura escribió que lo peor de todo fue «el método utilizado [...] la táctica clásica de atribuir al adversario cosas que no ha dicho o que ha dicho de otra manera para rebatirlas triunfalmente a los ojos del espectador ingenuo». AHMM, FDJST, correspondencia, Para los miembros del Comité Ejecutivo, agosto de 1964.

[64].  Manolo López, Mañana a las once..., p. 575.

[65].  Tras las tensiones internas, Jordi Solé Tura decidió volver a Barcelona, a lo que se oponía la dirección del PSUC. Ante su negativa a permanecer en el exilio, fue expulsado. Véase Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., pp. 214-216.

[66].  Según el testimonio de Francesc Vicens, se trataba de un conjunto de dirigentes que se negaban a escuchar, que no querían debatir, que repetían las fórmulas más demagógicas de Lenin, para declararse «inmediatamente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago». En Salvador López Arnal y Pere de la Fuente, Acerca de Manuel Sacristán, p. 355.

[67].  CEFID, Fondo Movimiento Estudiantil, entrevistas a Francisco Fernández Buey y Joaquim Sempere.

[68].  José Martí Gómez y Josep Ramoneda, «Javier Pradera, en el balneario, ante la realidad desencantada», Por Favor, 16 de enero de 1978. Reproducido en Santos Juliá, Camarada Javier Pradera, p. 376.

[69].  Ramón Tamames, que tuvo ya un papel activo en la movilización estudiantil de 1956, al redactar sus memorias afirma: «¿Por qué me decidí a entrar formalmente en el PCE? Por varias razones. La primera, y tal vez la principal, porque todos mis juveniles amigos políticos de la universidad estaban en él» y «era el único que luchaba contra el franquismo, con la esforzada entrega y el riesgo de sus mejores militantes». Ramón Tamames, Más que unas memorias, RBA, Barcelona, 2013, p. 273.

[70].  Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero, P.C.E., pp. 61-66.

[71].  Ambos entrecomillados en Santiago Carrillo, Después de Franco, ¿qué?: la democracia política y social que preconizamos los comunistas, Editions Sociales, París, 1965, p. 147.

[72].  Por ejemplo, en las memorias de Marcelino Camacho se encuentran buenos ejemplos de la distancia entre las formulaciones políticas y la práctica militante. Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1990.

[73].  Véase José Antonio González Casanova, La Revista ‘El Ciervo’: historia y teoría de cuarenta años, Península, Barcelona, 1992.

[74].  No era la única iniciativa en ese sentido. También era habitual entre los jóvenes católicos el trabajo dominical que los llevaba a los suburbios de barracas que estaban creciendo rápidamente. Un buen ejemplo de ello se encuentra en la novela de Luis Martín Santos Tiempo de silencio, Seix Barral, Barcelona, 1962.

[75].  Eduardo G. Rico, Queríamos la revolución, Flor del Viento Ediciones, Barcelona, 1998, pp. 99-101.

[76].  Archivo Histórico de la CONC (AHCONC), Fondo Biografías Obreras, entrevista a Ángel Abad, 1998.

[77].  «Intervención de Federico Sánchez», Nuestra Bandera, n.º 25, 1960.

[78].  Rubén Vega (coord.), Las huelgas de 1962 en Asturias, Trea, Gijón, 2002.

[79].  Santiago Carrillo proclamó que «los mineros de Asturias siguen siendo el ejemplo más alto, la conciencia del proletariado español. Van por delante, marcando el camino, abriendo la ruta a sus hermanos de clase». Santiago Carrillo, «Los mineros de Asturias siguen siendo el ejemplo más alto», Mundo Obrero, n.º 15, 2.ª quincena de septiembre de 1963. Véase Rubén Vega (coord.), Las huelgas de Asturias y su repercusión internacional, Trea, Gijón, 2002.

[80].  Nuestra Bandera dedicó diversos artículos a la necesidad de abandonar las viejas estructuras sindicales clandestinas en las que solo participaban los militantes políticos y apostar por las comisiones obreras. Véase, por ejemplo, «De la oposición sindical de hoy a la central sindical única de mañana», Nuestra Bandera, n.º 34, 1962. Una síntesis de todo el proceso en Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa, 1999, pp. 172-175.

[81].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 8, entrevista a Julián Ariza, Madrid, junio-octubre de 2002.

[82].  A la altura de 1962, cuando los comunistas se referían a la oposición sindical obrera era como sinónimo de comisiones obreras. Véase Francisco Erice, «La política sindical del PCE en los orígenes de las Comisiones Obreras: las confusiones en torno a la OSO», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE... Eso mismo corroboró Carrillo en 2005; afirmaba que la OSO correspondía a la idea inicial de coordinar toda la acción que se hacía en el plano legal, pero el desarrollo de CC. OO. dejó obsoleto el planteamiento. En la dirección del PCE, la etapa de la OSO fue algo muy breve, otra cosa es que algunos militantes se quedaran con esa figura. Fundación 1.º de Mayo, entrevista a Santiago Carrillo.

[83].  Santiago Carrillo, «En torno a la encuesta sindical de Nuestra Bandera», Nuestra Bandera, n.º 35, 1962, p. 22.

[84].  «Los rasgos generales, los problemas y las perspectivas del nuevo movimiento obrero», Nuestra Bandera, n.º 42-43, 1965, pp. 173-176.

[85].  Fernando Soto, Por el sendero de la izquierda, p. 35.

[86].  Ibid., p. 68.

[87].  Rubén Vega, «Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros, los comunistas..., pp. 335-336.

[88].  Xavier Domènech, Clase obrera, antifranquismo y cambio político, Catarata, Madrid, 2008, pp. 95-138.

[89].  Gregorio López Raimundo, «Catalunya i la futura democracia política i social dels pobles d’Espanya (informe al II Congreso del PSUC)», Treball, 1965, p. 27.

[90].  AHCONC, Fondo Biografías Obreras, entrevista a Cipriano García, 1991.

[91].  AHCONC, Fondo Biografías Obreras, entrevista a Ángel Abad, 1998.

[92].  AGA, Presidencia, Secretaría General del Movimiento, Comisiones Obreras y Partido Comunista. Informe, febrero de 1967, c. 18820. La cursiva es nuestra.

[93].  Ibid.

[94].  Archivo del Gobierno Civil de Barcelona, Nota informativa de la Brigada Regional de Información, 5 de febrero de 1965, c. 1249-II.

[95].  Citado en Daniel F. Álvarez, Cristianos y marxistas contra Franco, Publicaciones Universitarias de Cádiz, Cádiz, 2003, p. 314.

[96].  Javier Tébar (ed.), «Resistencia ordinaria». La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977), PUV, Valencia, 2012, pp. 113-120.

[97].  Véase Xavier Domènech, Clase obrera..., pp. 276-289.

[98].  Julio A. García Alcalá, Historia del FELIPE (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 218.

[99].  Para el papel del movimiento obrero en una perspectiva comparada, véase Ruth Berins Collier y James Mahoney, «Adding Collective Actors to Collective Outcomes. Labor and Recent Democratizations in South America and Southern Europe», Comparative Politics, vol. 29, n.º 3, 1997.

[100].  Santiago Carrillo, Algunas experiencias de la jornada del 27 de octubre, PCE, 1967.

[101].  Sobre la política del PCE en el movimiento obrero, véase Emanuele Treglia, Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero, Eneida, Madrid, 2012.

[102].  Santiago Carrillo, Algunas experiencias de la jornada del 27 de octubre, PCE, 1967.

[103].  Luis Álvarez [Nicolás Sartorius], «Movimiento y organización», Nuestra Bandera, n.º 83, 1976, p. 47.

[104].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 24, entrevista a Juan Moreno, Madrid, septiembre-octubre 2003.

[105].  El PCE fue fundamental para dotar a las nacientes CC. OO. de infraestructuras básicas para la publicación de una prensa propia que ya fue una realidad a mediados de la década, antes de las elecciones sindicales de 1966. Véase Carlos Gordón, «Prensa clandestina y movimiento obrero en el franquismo», en José Babiano (coord.), Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clandestina y del exilio, Fundación 1.º de Mayo, Madrid, 2005, p. 271.

En 1965 se fundó el primer despacho laboralista militante de Madrid vinculado a CC. OO. Francisco Romero Marín comunicó a M. Luisa Suárez que el PCE se hacía cargo de los gastos del despacho hasta que fueran autosuficientes. Véase M. Luisa Suárez, «Cruz, 16, primer despacho laboralista», Mundo Obrero, 18 de octubre de 1985. Reproducido en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE..., vol. II, p. 645.

[106].  Véase un detallado informe sobre los contactos realizados ya en 1954 en AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, «Sobre diversos aspectos del trabajo del Partido entre los intelectuales», c. 126, carp. 1/9.1. Véase también Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 232-235.

[107].  Manuel Vázquez Montalbán, «Sobre la memoria de la oposición antifranquista», El País, 26 de octubre de 1988.

[108].  Manolo López, Mañana a las once..., pp. 383-384.

[109].  Ibid., pp. 386-389. Sobre la importancia de esta forma de denuncia, véase Santos Juliá, Nosotros, los abajo firmantes: una historia de España a través de manifiestos y protestas (1896-2013), Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014.

[110].  AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Carta de Andreu sobre constitución de un Comité de Intelectuales Demócratas Españoles, abril 1962, c. 126, carp. 1.5.

[111].  AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, «Sobre los problemas de las organizaciones de intelectuales especialmente la de Barcelona», carp. 9.

[112].  Sobre la militancia de los intelectuales y, particularmente, sobre la crisis organizativa, véase Giaime Pala, Cultura clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo, Comares, Granada, 2016.

[113].  Giaime Pala, «El intelectual y el partido. Notas sobre la trayectoria política de Manuel Sacristán en el PSUC», en Salvador López Arnal e Iñaki Vázquez Álvarez (eds.), El legado de un maestro, FIM, Madrid, 2007, pp. 232-233.

[114].  Carme Cebrián, Estimat PSUC, Empúries, Barcelona, 1997, p. 38.

[115].  Soledad Bengoechea y Antoni Montserrat, «Pensar i educar per canviar el món. Maria Rosa Borràs: Moral kantiana per a un marxisme viu», Social and Education History, n.º 3(3), 2014. Se incorporaron Jordi Solé Tura y, en fases sucesivas, Joaquim Marco, Joaquim Vilar, Marcel Plans, Maria Rosa Borràs y Juliana Joaniquet. También Josep Fontana, Josep Termes, Manuel Puig, Francesc Vallverdú, August Gil Matamala y Pilar Fibla.

[116].  Pedro Laín, «Informe respecto a la situación espiritual de la juventud española», diciembre de 1955. Reproducido en Roberto Mesa, Jaraneros y alborotadores: documentos sobre los sucesos estudiantiles de Febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Complutense, Madrid, 1982, pp. 45-53.

[117].  Dionisio Ridruejo, «Declaración personal e informe polémico sobre los sucesos universitarios de Madrid en febrero de 1956», en Roberto Mesa, Jaraneros y alborotadores..., pp. 296.

[118].  José Luis Pinillos, «Las actitudes sociales en la Universidad de Madrid», 1955, en Roberto Mesa, Jaraneros y alborotadores..., pp. 58-64.

[119].  Jordi Gracia, Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996, pp. 65-94.

[120].  Manifiesto que el 1 de abril de 1956 distribuyeron universitarios madrileños, un manifiesto cuya importancia radica en el sujeto que escribe: «Nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos». Jorge Semprún afirma que la redacción final del texto es suya, aunque previamente había consultado a Javier Pradera y Francisco Bustelo. Véase Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez, Planeta, Barcelona, 1978, p. 44. Reproducido en Giuliana Di Febo y Santos Juliá, El franquismo, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 158-160.

[121].  Miguel Ángel Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965, Siglo XXI, Madrid, 1996, p. 418.

[122].  Francisco Fernández Buey, «Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania Nova, n.º 6, 2006, p. 836.

[123].  Entrevista a Manuel Sacristán en Salvador López Arnal y Pere de la Fuente, Acerca de Manuel Sacristán, p. 73.

[124].  José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Siglo XXI, Madrid, 2004, p. 123.

[125].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 105, entrevista a Daniel Lacalle, Madrid, abril de 2012.

[126].  Elena Hernández Sandoica, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Marc Baldó, Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007, pp. 175-185.

[127].  José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma..., pp. 143-157.

[128].  Luciano Casali, «Per la democrazia o per la revoluzione? Studenti contro il franchismo a Barcellona», Spagna Contemporanea, n.º 44, 2013, p. 140.

[129].  Declaración, Estatutos y Manifiesto están reproducidos en Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, vol. I, Curial, Barcelona, 1978, pp. 215-229.

[130].  Muchos de los participantes en el proceso de constitución del SDEUB han coincidido en considerarlo el más libre y democrático de todos en los que se han visto implicados, tanto durante la dictadura como después en la democracia. Véase CEFID, Fondo Movimiento Estudiantil, entrevistas a Francisco Fernández Buey y Joaquim Sempere, 2006.

[131].  Francisco Fernández Buey, «Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania Nova, n.º 6, 2006, p. 840. Una explicación vívida de la experiencia que supuso para los estudiantes en Montserrat Roig, «La capuchinada», Triunfo, n.º 686, 20 de marzo de 1976.

[132].  Entrevista a Manuel Sacristán en Salvador López Arnal y Pere de la Fuente, Acerca de Manuel Sacristán, pp. 72-73.

[133].  Francisco Fernández Buey, «Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania Nova, n.º 6, 2006, pp. 840-841.

[134].  Francisco Fernández Buey, «¿Qué democracia queríamos los comunistas? Recuerdos y reflexiones», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros, los comunistas..., pp. 391-404.

[135].  Francisco Fernández Buey, «Memoria personal de la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania Nova, n.º 6, 2006, p. 837.

[136].  Véase Salvador López Arnal e Iñaki Vázquez Álvarez (eds.), El legado de un maestro.

[137].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., pp. 237-242.

[138].  Joan Crexell, La Caputxinada, Edicions 62, Barcelona, 1987, pp. 113-117.

[139].  «Las elecciones en la Universidad», Mundo Obrero, n.º 18, agosto de 1966.

[140].  Sergio Rodríguez Tejada, Zonas de libertad. Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia, vol. II (1965-1975), PUV, Valencia, 2009, pp. 45-47. Sobre los intentos de construir una organización comunista antes de 1965, véase del mismo autor «Entre la universidad y el partido: la organización universitaria del PCE en Valencia (1957-1975)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE..., vol. II, pp. 139-143.

[141].  El Gobierno creó las APE en abril de 1965 para sustituir al extinto SEU.

[142].  Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona..., p. 272.

[143].  «Carta del Comité Ejecutivo del PCE a las organizaciones comunistas de Estudiantes», Nuestra Bandera, n.º 54, abril de 1967.

[144].  Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona..., p. 294.

[145].  En junio, antes de los exámenes, el Gobierno respondió al éxito de la Caputxinada con la expulsión de la universidad de todos aquellos que consideraba responsables del acontecimiento; algunos estudiantes se vieron obligados al exilio, pues la prohibición de estudiar en cualquier universidad del país duraba tres años. Un grupo de 69 profesores fueron expulsados de la universidad por dos años. A intelectuales y profesores se les impusieron multas elevadísimas que fueron sufragadas con la recaudación de una gran exposición organizada en París.

[146].  Citado en Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona..., p. 311.

[147].  Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen por su supervivencia (1960-1975), Crítica, Barcelona, 2004, pp. 14-16.

[148].  José Luis Martín Ramos, «Los orígenes de una nueva formación», en José Luis Martín Ramos (coord.), Pan, Trabajo y Libertad. Historia del Partido del Trabajo de España, El Viejo Topo, Barcelona, 2011, p. 26.

[149].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 427.

[150].  Un detallado análisis de todo el proceso, en José Luis Martín Ramos, «Los orígenes de una nueva formación», en José Luis Martín Ramos (coord.), Pan, Trabajo y Libertad..., pp. 32-71.

[151].  Véase Pau Casanellas, «Los espejismos de 1968. Teorización de la violencia en la izquierda radical española», en María Encarna Nicolás y Carmen González (eds.), Ayeres en discusión: temas clave de Historia Contemporánea hoy [CD-ROM], Murcia, Universidad de Murcia, 2008.

[152].  Esta es también la tesis de Jordi Solé Tura en Una historia optimista..., pp. 237-242, que desarrolla más ampliamente en Bandera Roja: un capítol de la Historia del PSUC, texto inédito, AMM, FDJST.

[153].  Sergio Rodríguez Tejada dedica atención a los componentes más políticos de la movilización estudiantil en Zonas de libertad...

[154].  Francisco Fernández Buey, «La insólita, aunque breve, experiencia de un sindicato democrático bajo el fascismo (1965-1968)», Materiales, n.º 2, 1977, p. 72.

[155].  AHPCE, Comité Ejecutivo del PCE, Por un partido comunista de masas para acelerar la transición hacia la democracia, abril de 1967, c. 48. También reproducido como «Por un partido comunista de masas», Nuestra Bandera, n.º 54, 1967.

[156].  Ibid.

[157].  Discurso en Florencia. Reproducido en Luciano Pellicani, «La strategia del paguro», en Renato Mieli (ed.), Il Pci allo specchio, Milan, Rizzoli, 1983, pp. 254-256.

[158].  Véase AA. VV., Gramsci y el «eurocomunismo», Ed. Materiales, Barcelona, 1978.

[159].  Citado en Nous Horitzons, n.º 33, 1976, p. 16.

[160].  Pietro Ingrao, «Partido y movimiento de masas», Rinascita, enero de 1970. Reproducido en Boletín de Historia de la FIM, n.º 4, 2015.

[161].  Radovan Richta, La civilización en la encrucijada, Artiach Ed., Madrid, 1972.

[162].  Daniel Lacalle, prólogo en Radovan Richta, La civilización en la encrucijada, pp. 7-16.

[163].  Partido Comunista de España, Un futuro para España: la democracia económica y política, París, Colección Ebro, 1967.

[164].  Santiago Carrillo, Nuevos enfoques a problemas de hoy, Éditions Sociales, París, 1967, pp. 91-92. Una nueva edición ampliada en Santiago Carrillo, Después de Franco, ¿qué?: nuevos enfoques a problemas de hoy, más problemas actuales del socialismo, Fondo de Cultura Popular, México D. F., 1969.

[165].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Declaración política del Comité Ejecutivo del PCE, abril de 1967, c. 48. Mayúsculas en el original.

[166].  Manuel Vázquez Montalbán, «Sobre la memoria de la oposición antifranquista», El País, 26 de octubre de 1988.

[167].  AHPCE, Fondo PSUC, «Nota sobre la organización de intelectuales», 3 de julio de 1967, caja 58.

[168].  Véase Giame Pala, «El intelectual y el partido. Notas sobre la trayectoria política de Manuel Sacristán en el PSUC», en Salvador López Arnal e Iñaki Vázquez (eds.), El legado de un maestro, p. 235. También Juan A. Andrade, El PCE y el PSOE (en) la transición, Siglo XXI, Madrid, 2012, pp. 170-174.

[169].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Carta de Emilio, 25 de marzo de 1967, c. 57.

[170].  Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fondo PSUC, Comités d’Intel·lectuals, professionals i artistes del PSUC, Les condicions històriques de les forces de la cultura, s/d, c. 977.

[171].  Santiago Carrillo, Nuevos enfoques a problemas de hoy, Éditions Sociales, París, 1967, p. 141.

[172].  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995, p. 398.

[173].  Santiago Álvarez, «La renovación en Checoslovaquia», Mundo Obrero, 17 de mayo de 1968.

[174].  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, p. 398. Geoff Eley, Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Crítica, Barcelona, 2003, p. 358.

[175].  Manuel Azcárate, La izquierda europea, El País, Madrid, 1986, p. 230.

[176].  Giaime Pala y Tommaso Nencioni, «La nueva orientación de 1968. El PCE-PSUC ante la Primavera de Praga», en Giaime Pala y Tommaso Nencioni (eds.), El principio del fin del mito soviético, Barcelona, El Viejo Topo, 2008. Emanuele Treglia, «La elección de la vía nacional. La Primavera de Praga y la evolución política del PCE», Historia del Presente, n.º 16, 2010.

[177].  AHPCE, Fondo Documentos PCE, Reunión del Comité Ejecutivo con el Comité Central, 23 de julio de 1968, c. 49.

[178].  AHPCE, Fondo Documentos PCE, Al Bureau Político del PCUS, 22 de agosto de 1968, c. 49.

[179].  AHPCE, Fondo Documentos PCE, Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, 28 de agosto de 1968, c. 49.

[180].  «Resolución del Comité Central del PCE», Mundo Obrero, n.º 18, octubre de 1968.

[181].  Salvador López Arnal, «Del mayo parisino al agosto praguense. Manuel Sacristán y el PSUC-PCE: Apuntes para una aproximación», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE..., vol. II, p. 751.

[182].  Adriano Ballone, «Storiografia e storia del PCI», Passato e Presente, n.º 33, 1994, p. 139.

[183].  Véase Lodovico Testa, La vitta è lotta: storia di un comunista emiliano, Diabasis, Reggio Emilia, 2007.

[184].  Marco Fincardi, C’era una volta il mondo nuovo. La metafora sovietica dello sviluppo emiliano, Carocci, Roma, 2007, pp. 66-67.

[185].  El seguidismo de la dirección comunista con relación a Santiago Carrillo se explica en una parte notable por la escasa formación de buena parte de sus componentes, particularmente en el exilio. Véase un ejemplo de las posiciones iniciales en Manolo López, Mañana a las once..., pp. 602-603.

[186].  En 1970, la expulsión de Enrique Líster y otros cuatro dirigentes pro soviéticos completó la salida del partido de quienes rechazaban el nuevo rumbo del PCE en relación con el PCUS y la URSS. Véase Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 450-452 y 456-462.

[187].  Santiago Carrillo, Memorias, pp. 504-507.

[188].  Sobre las relaciones entre el PCE y la URSS, véase Jesús Sánchez Rodríguez, Teoría y práctica..., pp. 145-155.

[189].  Donald Sassoon, Cien años de socialismo, Edhasa, Barcelona, 2001, pp. 337-338.

[190].  Silvio Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, Einaudi, Turín, 2006, p. 5.

[191].  Michelangela Di Giacomo, «Propettive “eurocomuniste”. La strategia del Pci e i rapporti con Pce anni Settanta», Dimensioni e problemi della ricerca storica, n.º 2, 2011, p. 175.

[192].  AHPCE, Fondo Documentos, «Comunicado de la entrevista de las delegaciones de los Partidos Comunistas de Italia y España», 8 de enero de 1970, carpeta 51.

2.  UNA SOCIEDAD EN EBULLICIÓN, UN PARTIDO EN TRANSFORMACIÓN

[1].  Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo..., pp. 121-125.

[2].  Josep M. Colomer, Els estudiants de Barcelona..., v. II, pp. 28-32.

[3].  José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma..., pp. 273-275.

[4].  Decreto ley 1/1969 de 24 de enero.

[5].  La Vanguardia Española, 24 de enero de 1969.

[6].  AGA, Cultura, Ministerio de Información y Turismo, Detenidos y domiciliados en todo el territorio nacional, 24 de marzo de 1969, c. 671. El 6 de abril la cifra de detenidos alcanzaba los 1.221. AGA, Cultura, Ministerio de Información y Turismo, Consecuencias políticas de la suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles, 12 de abril de 1969, c. 671.

[7].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Situación del antifranquismo en Barcelona, febrero de 1969, jacq. 1893, y Carta de Saltor, marzo 1969, jacq. 1899.

[8].  Una síntesis de «cómo vive y trabaja un instructor del PCE en la clandestinidad» en Víctor Bayón, Crónica de una lucha. Mi actividad en el Partido Comunista de España, PCE, León, 2011, pp. 185-194.

[9].  La resistencia ante la tortura era uno de los principales mandamientos del militante comunista: «El comunista que se doblega ante la policía pierde, al menos temporalmente, su condición de miembro del Partido, defrauda la confianza de cuantos le conocen y se descalifica para jugar un papel dirigente». Gregorio López Raimundo, No vull parlar, Comité de Barcelona PSUC, diciembre de 1963.

[10].  Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, «La implantación del estado de excepción subraya la extrema debilidad del régimen», Mundo Obrero, n.º 3, 5 de febrero de 1969.

[11].  AHPCE, Perspectiva del movimiento estudiantil, septiembre de 1969, c. 50.

[12].  Fernando Díaz-Plaja, La España franquista en sus documentos, Plaza & Janés, Barcelona, 1976, p. 498.

[13].  Andreu Mayayo, La veu del PSUC. Josep Solé Barberà, advocat. L’Avenç, Barcelona, 2007, pp. 122-123.

[14].  «Declaració de Montserrat», Nous Horitzons, n.º 21, 1970.

[15].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Víctor, 12 de diciembre de 1970, caja 92.

[16].  Véase Pau Casanellas, Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, Catarata, Madrid, 2014.

[17].  Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, «Después de Burgos», Mundo Obrero, n.º 4, 19 de febrero de 1971.

[18].  Oscar J. Martín, «“Separatismo”, “subversión” y violencia política en el País Vasco (1968-1976)», Manuel Ortiz (coord.), Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición, La Catarata, Madrid, 2009, p. 16.

[19].  Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo..., pp. 124-125.

[20].  José Ignacio San Martín, Sevicio Especial, Planeta, Barcelona, 1983, p. 31.

[21].  Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, Éditions Sociales, París, 1971, p. 55.

[22].  Santiago Carrillo, «Salir a la superficie», Nuestra Bandera, n.º 65, 1970.

[23].  Isidor Boix, «La organización del PSUC en Barcelona de 1969 a 1976», en Miguel Núñez, La revolución y el deseo, pp. 283-284.

[24].  Adriano Ballone, «Storiografia e storia del PCI», Passato e Presente, n.º 33, 1994, p. 142.

[25].  «Primero de Mayo de 1971», Mundo Obrero, n.º 8, abril de 1971.

[26].  Ibid.

[27].  AHPCE, Fondo Documentos, Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, informe al Comité Central ampliado, septiembre de 1970, pp. 23-24, c. 51.

[28].  ANC, Fondo PSUC, El movimiento estudiantil en la lucha por la libertad y el socialismo. Resolución aprobada en reunión de dirigentes universitarios del PCE y el PSUC con el Comité Ejecutivo del PCE, octubre de 1971, carp. 978 (I). Subrayado en el original.

[29].  Sobre la contestación universitaria, además de la bibliografía ya citada, véanse Juan José Carreras y Miguel Ángel Ruiz Carnicer (eds.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991, y Benito Sanz Díaz, Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975, CCOO PV-FEIS-Albatros, Valencia, 2002.

[30].  Véanse, entre otros estudios, Manuel Castells, Crisis urbana y cambio social, Siglo XXI, Madrid, 1981; Vicente Pérez y Pablo Sánchez (eds.), Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008, La Catarata, Madrid, 2008; Carme Molinero y Pere Ysàs (coords.), Construint la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, Icària, Barcelona, 2010; Marc Andreu, Barris, veïns i democràcia: el moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986), L’Avenç, Barcelona, 2015.

[31].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 459-460.

[32].  AHPCE, Fondo Documentos PCE, Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, informe al Comité Central ampliado, septiembre de 1970, p. 19, c. 51.

[33].  Desde finales de la década de los sesenta fue notable el retorno continuado de militantes, particularmente desde Francia. Se trataba de personas relativamente jóvenes, de entre 30 y 40 años, pero con una cultura política distinta a la de los militantes del interior, pues habían crecido políticamente en el exilio. Las cifras disponibles señalan que entre 1968 y 1969 regresaron 162 afiliados, 128 en 1970, 105 en 1971, 89 en 1972, 50 en 1973, 37 en 1974 y 90 en 1975, Datos recopilados —también los posteriores a 1972— en AHPCE, Fondo Documentos, VIII Congreso 1972, c. 54.

[34].  Al Comité Ejecutivo se incorporaron Federico Melchor, José Sandoval y Armando López Salinas. Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero, P.C.E., pp. 61-66.

[35].  «Cuestiones debatidas», Mundo obrero, n.º 1, 2 de enero de 1973.

[36].  III Congreso del PSUC, Democracia en el partido, Mercado Común, Pacto por la Libertad, Barcelona, 1973.

[37].  AHPCE, Fondo Documentos, Comité Ejecutivo, Resumen del primer punto del orden del día, febrero de 1973, c. 54.

[38].  Véase Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 472-474.

[39].  Héctor Maravall, «Recordando a Lola González Ruiz», Nueva Tribuna, 1 de febrero de 2015.

[40].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 52, entrevista a Antonio Gutiérrez, Madrid, octubre 2005-marzo 2006.

[41].  Nicolás Sartorius, «El 1001: un documento para el debate», en José Babiano (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras, ¿quién juzgó a quién?, Fundación 1.º de Mayo, Madrid, 2013, p. 165.

[42].  Nicolás Sartorius, El sindicalismo de nuevo tipo, Laia, Barcelona, 1977, pp. 90-94. Sobre el papel del sindicato en la construcción de instrumentos de democracia obrera y en el cuadro de las relaciones entre la sociedad civil y el ámbito político, véase Pietro Ingrao, «Partito e movimenti di masse», Rinascita, 30 de enero de 1970.

[43].  Carme Molinero, «Nuevas formas de sindicalismo en un tiempo de contestación: CGIL y CCOO, 1966-1976», Historia Social, n.º 72, 2012.

[44].  Reproducido en José Babiano (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras..., pp. 283-295.

[45].  Santiago Carrillo, Hacia la libertad. Informe presentado al Comité Central, VIII Congreso del PCE, Éditions Sociales, París, 1972, pp. 88-91. La cursiva es del original.

[46].  Santiago Carrillo, Hacia la libertad..., p. 94.

[47].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 52, entrevista a Antonio Gutiérrez, Madrid, octubre 2005-marzo 2006.

[48].  Entrevista a Eduardo Saborido, 1 de julio de 2015.

[49].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 52, entrevista a Antonio Gutiérrez, Madrid, octubre 2005-marzo 2006.

[50].  Un apartado posterior analizará la política unitaria del PCE desde la propuesta del Pacto para la Libertad a la formación de la Junta Democrática de España.

[51].  «8è Congrés del PCE. Espanya i Europa: un exemple d’iniciativa política», Treball, n.º 357, 6 de diciembre de 1972.

[52].  Informe del Comité Central presentado por Santiago Carrillo, VIII Congreso del PCE, p. 59. La cursiva es del texto original. La referencia a Fraga Iribarne, en la p. 52.

[53].  Ibid.

[54].  Ibid., pp. 63-65. La cursiva es del texto original.

[55].  Santiago Carrillo, Hacia la libertad..., p. 107.

[56].  Ibid., p. 103.

[57].  Michelangela Di Giacomo: «Prospettive “eurocomuniste”...», p. 177.

[58].  Donald Sassoon, «Hacia el “eurocomunismo”: la estrategia europea del PCI», en AA. VV., Gramsci y el «eurocomunismo», Ed. Materiales, Barcelona, 1978, pp. 184-215.

[59].  Silvio Pons, Berlinguer e la fine del comunismo. Reproducido en Andrea Guiso, «La vía italiana al eurocomunismo. Una reflexión sobre PCI y cultura de gobierno», Historia del Presente, n.º 18, 2011, p. 44.

[60].  Santiago Carrillo, Hacia la libertad..., p. 109.

[61].  Santiago Carrillo, «Democracia en el partido, Mercado Común, Pacto por la Libertad», III Congreso del PSUC, febrero de 1973, sign. 5/2.3.1.

[62].  José Gómez Alén, As CC. OO. de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo, Xerais, Vigo, 1995, pp. 151-164.

[63].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Víctor, 6 de abril de 1972, c. 92.

[64].  Véase José Babiano (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras...

[65].  Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa..., pp. 187-189.

[66].  AHCONC, Fondo Biografies Obreres, entrevista a Cipriano García, 1991.

[67].  Cipriano García y Armando Varo se habían trasladado a Madrid para hacerse cargo de la dirección de Comisiones. Sólo estuvieron un par de semanas, ya que la infraestructura que se les ofreció no les dio confianza sobre su seguridad personal, así como tampoco vieron posibilidades de actuación. Carme Cebrià, Estimat PSUC, p. 134.

[68].  AGA, Sindicatos, Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona, 1974, M. 73.

[69].  ACA, Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona, 1975, c. 170.

[70].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 20 de marzo de 1974, c. 93, carp. 49/12.

[71].  Philippe Buton, «Les génerations communistes», Vingtième Siècle, n.º 22, 1989, p. 90.

[72].  Marc Lazar, «La gauche et le défi des changements dans les années 70-80. Les cas français et italien», dosier «Europeans Responses to the crisis of the 1970s and 1980s», Journal of Modern European History, n.º 9 (2), 2011.

[73].  Véase, entre otros, Jean-François Sirinelli, Les Vingt décisives. Le passé proche de notre avenir 1965-1985, París, 2007. También Guido Crainz, «Les transformations de la société italienne», Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n.º 100, 2008.

[74].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Informe del grupo de Juristas Demócratas de Barcelona, abril de 1971, jacq. 2201.

[75].  AHPCE, Fondo Dirigentes, VIII Congreso del PCE, informe de Adriano Beltrán, Los movimientos de los profesionales, c. 2, carp. 3.1.

[76].  «Any de victòries electorals democràtiques», Treball, n.º 380, 1 de enero de 1974.

[77].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Alejandro [J. Ballesteros] sobre la lucha por la democratización de los Colegios Profesionales, mayo de 1974, c. 93, carp. 27.

[78].  Ángel Requena, «Tiempos de hegemonía: el caso de los ingenieros del PCE durante la Transición», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE..., vol. II, pp. 336-339.

[79].  Jaime Sartorius, «Los abogados del 1001», en José Babiano (coord.), Proceso 1001 contra Comisiones Obreras..., p. 249.

[80].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, Planeta, Barcelona, 1982, p. 138. Los mismos autores cifran en más de ochenta los periodistas afiliados al PCE madrileño; también recogen unas palabras de Héctor Maravall quien, lamentando la disminución de profesionales en el PCE en 1981, hace referencia a la cifra de 3.000 en 1977; pp. 282 y 148, respectivamente.

[81].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 129-131.

[82].  Giaime Pala, «Una semilla de discordia. La entrada de Bandera Roja en el PSUC», Revista HMiC, n.º XI, 2011. La cita de Miguel Núñez está reproducida en este texto y corresponde a AHPCE, Fondo PSUC, Carta de Saltor, 13 de junio de 1970, c. 59.

[83].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., p. 319.

[84].  ANC, Fondo PSUC, Documento de Bandera Roja sobre el PSUC, s/d [1974], c. 214 I.

[85].  Jordi Borja cifra la organización catalana de BR en casi mil militantes; véase Jordi Borja, «1969-1974: presó, Bandera Roja, PSUC», Homenatge a C. A. Comín, Taula de Canvi, extra n.º 3, 1981, p. 60. La organización se había extendido por distintas regiones: Madrid, Valencia, Andalucía o el País Vasco; véase AHMM, FDJST, Jordi Solé Tura, Bandera Roja: un capítol de la Historia del PSUC, texto inédito.

[86].  Miquel Núñez, La revolución y el deseo, p. 401. Una explicación detallada de las múltiples reuniones celebradas entre los dirigentes del PSUC y el grupo de BR así como de las posteriores de la dirección del PSUC en Giaime Pala, «Una semilla de discordia», pp. 146-150.

[87].  ANC, Fondo PSUC, Carta del Comitè Executiu als membres del Comitè Central, noviembre de 1974, c. 195.

[88].  «Ingrés col·lectiu de Bandera Roja de Catalunya al PSUC», Treball, n.º 402, 26 de noviembre de 1974. La incorporación se hizo sin ningún tipo de debate en la base. Véase una referencia más amplia a este proceso en Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), L’Avenç, Barcelona, 2010, pp. 145-152.

[89].  ANC, Fondo PSUC, Carta del Comitè Executiu als membres del Comitè Central, noviembre de 1974, c. 195.

[90].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 30 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/23.

[91].  Javier Domínguez, Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo (1951-1975), Mensajero, Bilbao, 1985, p. 91.

[92].  Lo mismo ocurrió con relación al número de seminaristas, que descendió de 8.000 a 1.800 en el mismo período. Charles Powell, España en democracia 1975-2000, Plaza & Janés, Barcelona, 2001, p. 69.

[93].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., pp. 318-319.

[94].  ANC, Fondo PSUC, Víctor Suárez [S. Sánchez Montero], La lucha por la articulación de la alternativa democrática y el pacto para la libertad, Pleno del Comité Central del PCE, septiembre de 1973, p. 48, c. 394.

[95].  Jaume Botey, Converses amb Agustí de Semir, Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2005, p. 27.

[96].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 15 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/22.

[97].  Declaración del Comité Ejecutivo, «Militancia de cristianos en el Partido», Mundo Obrero, n.º 6, marzo de 1975.

[98].  Carles Riba [Alfonso Carlos Comín], «Els cristians i la militancia comunista», Nous Horitzons, n.º 30, 1975, pp. 39-41.

[99].  Norberto Ibáñez y José Antonio Pérez, Ramón Ormazábal: biografía de un comunista vasco (1910-1982), Madrid, Latorre Literaria, 2005.

[100].  Para todo este proceso, véase José Antonio Pérez, Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao, 1958-1977. Trabajadores, convenios y conflictos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 293-304.

[101].  José Ángel Etxániz, «La revitalización del Partido Comunista de Euskadi, 1970-1975. El ingreso de ETA VI Asamblea (Minos)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.), Historia del PCE..., pp. 313-334. Una visión de conjunto en José Antonio Pérez, «La izquierda vasca en la complicada transición hacia la democracia», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas en tiempos de transición, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2016, pp. 195-219.

[102].  Carlos Alonso Zaldívar, Notas sobre el Partido Comunista de Euskadi, Luis Haranburu Editor, San Sebastián, 1977, p. 30.

[103].  Sobre el Gobierno Arias, véase Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Crítica, Barcelona, 2003.

[104].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 20 de marzo de 1974, c. 93, carp. 49/12.

[105].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 15 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/22.

[106].  AHPCE, Fondo Documentos, Resolución de la IV reunión extraordinaria del Comité Central, 7 de abril de 1974, c. 55.

[107].  Ibid., pp. 50-52.

[108].  Sobre el peso que el impulso unitario tenía en la política del PSUC, véase Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC...

[109].  AHPCE, Fondo Documentos, Resolución de la IV reunión extraordinaria del Comité Central, 7 de abril de 1974, c. 55, p. 58.

[110].  Ibid., p. 80.

[111].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 15 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/22.

[112].  Santiago Carrillo, Informe central, Segunda Conferencia del Partido Comunista de España, PSUC, Barcelona, 1975, p. 49.

3.  LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y EL «EUROCOMUNISMO»

[1].  Arxiu Nacional de Catalunya, ANC, Fondo PSUC, PCE, Pleno ampliado del Comité Central, noviembre de 1963, c. 42.

[2].  AHPCE, Fondo Documentos PCE, Declaración del Comité Central del PCE, noviembre 1966, c. 47.

[3].  AHPCE, Fondo Documentos PCE, Declaración PCE ante el XXX aniversario de la guerra civil española, 1966, c. 47.

[4].  Santiago Carrillo, «¿Liberalización o democracia?», Nuestra Bandera, n.º 38, 1964.

[5].  Comité Ejecutivo del PCE, «Un pacto para la libertad que ponga en manos del pueblo el poder de decisión», Mundo Obrero, n.º 15, 2 de septiembre de 1969. La declaración del CE es del 24 de julio de 1969.

[6].  Declaración del CE del PCE, «Marchamos hacia el Pacto para la Libertad», Mundo Obrero, n.º 2, 23 de enero de 1970.

[7].  Previamente, en la misma declaración, se afirmaba que «en una futura plataforma de toda la oposición democrática habrá de reconocerse la realidad de Cataluña, Euzkadi y Galicia, sus derechos y sus libertades nacionales».

[8].  El informe en Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, Éditions Sociales, París, 1971, p. 27.

[9].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Trabajo de Ernest [Joaquim Sempere] para consideración del Comité Ejecutivo: El Pacto para la Libertad y sus implicaciones, septiembre 1970, jacq. 2103 y 2203. La expresión «evolucionistas» parece aplicarse a quienes se situaban en las fronteras de la disidencia.

[10].  Santiago Carrillo, Libertad y socialismo, pp. 35-36. En cursiva en el original.

[11].  Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, Mundo Obrero, n.º 4, 19 de febrero de 1971.

[12].  «Declaració de Montserrat», Nous Horitzons, n.º 21, 1970.

[13].  Carme Molinero y Pere Ysàs, La cuestión catalana. Cataluña en la Transición española, Crítica, Barcelona, 2014, pp. 21-32.

[14].  Sobre la centralidad de la política unitaria en el PSUC y el protagonismo de Antoni Gutiérrez Díaz en ella, véanse Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC..., pp. 103-175, y Giaime Pala, El PSUC. L’antifranquisme i la política d’aliances a Catalunya (1956-1977), Edit. Base, Barcelona, 2011.

[15].  Antoni Batista y Josep Playà Maset, La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, Empúries, Barcelona, 1991, p. 89.

[16].  ANC, Fondo PSUC, Cap a l’Assemblea de Catalunya (uso interno), febrero de 1971, carp. 1041. En la copia conservada aparece añadido a mano que no debía difundirse ni en la REI (Radio España Independiente) ni en la prensa.

[17].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Grupo Democrático de la Magistratura, Sobre la Asamblea de Cataluña, 17 de mayo de 1971, jacq. 2238.

[18].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Catalunya, Carta de Juliá, 25 de mayo de 1972, jacq. 2341. Subrayado en el original.

[19].  Ibid.

[20].  Dolores Ibárruri, España, Estado multinacional, Éditions Sociales, París, 1971, p. 7. La elaboración del documento se aprobó en el Comité Central celebrado en septiembre de 1968.

[21].  El documento no lleva ni cabecera ni fecha, pero por su contenido y localización entre las carpetas que recogen las actas del VIII Congreso, es posible afirmar que se trata de un informe de Antoni Gutiérrez Díaz al VIII Congreso. AHPCE, Fondo Documentos, Informe de Viñals, s/f, c. 54. En la cabecera y escrito a mano aparece «no publicar».

[22].  Ibid.

[23].  ANC, Fondo PSUC, Víctor Suárez [S. Sánchez Montero], La lucha por la articulación de la alternativa democrática y el pacto para la libertad, Pleno del Comité Central del PCE, septiembre de 1973, p. 40, c. 394.

[24].  AHPCE, Fondo Documentos, Resolución de la IV reunión extraordinaria del Comité Central, «El trabajo del partido en las plataformas democráticas. El ejemplo de Cataluña», pp. 54-64, c. 55.

[25].  «8è Congrés del PCE. Espanya i Europa: un exemple d’iniciativa política», Treball, n.º 357, 6 de diciembre de 1972.

[26].  «Para conquistar la democracia: Huelga nacional y Pacto para la libertad», Nuestra Bandera, n.º 68, 1972.

[27].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Alejandro, 11 de mayo de 1974, c. 93, carp. 49/12.

[28].  Santiago Carrillo, Memorias, p. 582.

[29].  Fundación 1.º de Mayo, Archivo Histórico, entrevista a Julián Ariza, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 8, Madrid, junio-octubre de 2002.

[30].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Alejandro [J. Ballesteros], 2 de diciembre de 1974, c. 93, carp. 49/26.

[31].  Rubén Vega, «El PCE asturiano en el tardofranquismo y la transición», en Francisco Erice (coord.), Los comunistas en Asturias, 1920-1982, Trea, Gijón, 1996, pp. 178-179. David Ginard, L’oposició antifranquista i els comunistes mallorquins (1939-1997), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pp. 259-260.

[32].  Carme Cebrián, Estimat PSUC, pp. 142-143.

[33].  Programa de la Junta Democrática de España, en Fernando Díaz-Plaja, La España franquista..., p. 551.

[34].  Santiago Álvarez, «El problema nacional en España y el punto 9 de la declaración de la Junta Democrática», Nuestra Bandera, n.º 76, septiembre de 1974.

[35].  Ibid., pp. 19 y 23.

[36].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Alejandro [J. Ballesteros], 23 de noviembre de 1974, c. 93, carp. 49/25.

[37].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Joaquín [A. López Salinas], 14 de septiembre de 1974, c. 4, carp. 4/18.

[38].  «Ante una provocación contra el PCE, declaración de Santiago Carrillo: la opinión condena la política del régimen y no concede ningún fundamento a las invenciones de la PIDE española», Mundo Obrero, n.º 17, 30 de septiembre de 1974.

[39].  Santiago Carrillo, «La situación política en España y la aparición de la Junta Democrática», Nuestra Bandera, n.º 76, septiembre de 1974.

[40].  Ibid.

[41].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Santiago Carrillo, 15 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/22.

[42].  AHPCE, Fondo Dirigentes, Escritos de Santiago Carrillo, Bobigny, abril de 1975, sign. 6/2.1.

[43].  AHPCE, Jaime Ballesteros, Notas y apuntes personales, [s/f] [1975] sign. 2/1.1.2. También Fondo Activistas, Carta de Alejandro, 10 de marzo de 1975, c. 93, carp. 49/33.

[44].  «Manifiesto de la Reconciliación de la Junta Democrática de España», 1 de abril de 1975.

[45].  AHPCE, Fondo Nacionalidades, Cataluña, Carta de Santiago Carrillo a Julià, 7 de julio de 1975, jacq. 2665.

[46].  Pietro Ingrao, «El Partido Comunista Italiano en la actualidad: estrategia política y dialéctica social», en AA. VV., Gramsci y el «eurocomunismo», Barcelona, Ed. Materiales, 1978, pp. 154-155.

[47].  Adriano Ballone, «Storiografia e storia del PCI», Passato e Presente, n.º 33, 1994, p. 141.

[48].  Véase Jean François Sirinelli, Les Vingt décisives. Le passé proche de notre avenir 1965-1985. También Guido Crainz, «Les transformations de la société italienne», pp. 103-113.

[49].  Una síntesis en Manuel Azcárate, La izquierda europea, pp. 247-258. La cita en la p. 251.

[50].  Serge Buj, «El ocaso del Partido Comunista Francés. Los años setenta», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas..., p. 39

[51].  Jordi Borja y Josep Ramoneda, «Socialistas y comunistas en Europa Occidental», Cuadernos para el Diálogo, n.º 140, mayo de 1975.

[52].  Marc Lazar, «El eurocomunismo, objeto de historia», p. 62.

[53].  Enrico Berlinguer publicó tres artículos consecutivos: «Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni», «Via democrática e violenza reazionaria» y «Alleanze sociali e schieramenti politici», Rinascita, n.º 38, 39 y 40, 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre de 1973.

[54].  Geoff Eley, Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, p. 406.

[55].  Discurso de Palmiro Togliatti en Florencia reproducido en Luciano Pellicani, «La strategia del paguro», en Renato Mieli (ed.), Il Pci allo specchio, p. 256.

[56].  Entrevista a Paolo Spriano, en Bernardo Valli, Los eurocomunistas. Historia, polémica y documentos, Dopesa, Barcelona, 1977, p. 105.

[57].  Giorgio Napolitano, La alternativa eurocomunista, Blume, Barcelona, 1977, pp. 50-51.

[58].  Un balance sobre la actuación del PCI en el período comprendido entre 1968 y 1978, en el que se ponen de relieve los aspectos poco atendidos por la dirección comunista, en Alfonso Botti, «El PCI y la izquierda en la Italia de los años setenta», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas..., pp. 29-32.

[59].  Santiago Carrillo, «Tras la experiencia de Chile», Nuestra Bandera, n.º 72, 4.º trimestre 1973.

[60].  «La Conferència europea de partits comunistes», Treball, n.º 383, 12 de febrero de 1974.

[61].  Philippe Buton, «El Partido Comunista Francés frente al eurocomunismo: un partido en la encrucijada», p. 11.

[62].  Manuel Azcárate, La izquierda europea, p. 267.

[63].  Lilly Marcou, Le communisme malgré tout. Entretiens avec Santiago Carrillo, PUF, París, 1984, p. 69.

[64].  Jordi Solé Tura, «Hacia nuevas estrategias comunistas en Occidente», El Noticiero Universal, 9 de noviembre de 1974.

[65].  AHPCE, Fondo Dirigentes, Escritos de Santiago Carrillo, Bobigny, abril de 1975, sign. 6/2.1.

[66].  La declaración se aprobó en Roma pero se refrendó públicamente en Livorno, ciudad que tenía un alto valor simbólico al haberse fundado allí el PCI. El ayuntamiento hacía muchos años que tenía dirección comunista, pero en aquellas elecciones el PCI alcanzó el 64% de los votos. Tras la aprobación de la declaración conjunta se celebró un gran acto en la plaza de la República que congregó a 70.000 personas —muchas llegadas de España—. De los balcones colgaban banderas rojas con la inscripción «Libertad para España». «El miting de Livorno», Treball, n.º 410, 22 de julio de 1975.

[67].  «La Declaración conjunta», Mundo Obrero, n.º 23, julio de 1975.

[68].  Reproducido en Bernardo Valli, Los eurocomunistas..., pp. 236-238. La Declaración de Livorno se encuentra reproducida en las pp. 233-236.

[69].  Manifiesto Programa del PCE..., p. 145.

[70].  II Conferencia del PCE, Manifiesto Programa del Partido Comunista de España, PSUC, Barcelona, 1975, p. 144.

[71].  Ibid., p. 103.

[72].  Jordi Borja, «Socialistes i comunistes davant la democràcia», Taula de Canvi, n.º 2, 1976, p. 43.

[73].  Jordi Borja y Josep Ramoneda, «Socialistas y comunistas en Europa Occidental», Cuadernos para el Diálogo, n.º 140, mayo de 1975.

[74].  Manifiesto Programa..., pp. 89-90.

[75].  Manifiesto Programa del Partido Comunista de España, Editado por el CE del PSUC, pp. 100-102.

[76].  La intervención de Santiago Carrillo reafirmando la vocación de gobierno de su partido —a semejanza del PCI, que obtuvo un gran éxito electoral aquel mismo año— y su apoyo al borrador de declaración que afirmaba la igualdad de derechos y la independencia soberana de cada partido, está reproducida en Santiago Carrillo, Escritos sobre eurocomunismo, Forma Ediciones, Madrid, 1977, pp. 103-114.

[77].  Michelangela Di Giacomo, «Propettive “eurocomuniste”...», pp. 475-476.

[78].  Philippe Buton, «El Partido Comunista Francés frente al eurocomunismo: un partido en la encrucijada», p. 9.

[79].  Geoff Eley, Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, p. 407.

[80].  Marc Lazar, «El eurocomunismo, objeto de historia», p. 62.

[81].  Antonio Varsori, «Puerto Rico (1976): le potenze occidentali e il problema comunista in Italia», Ventunesimo Secolo, n.º 16, 2008, pp. 89-121.

[82].  Le Monde, 14 de abril de 1976. Reproducido en Fernando Claudín, Eurocomunismo y socialismo, Siglo XXI, Madrid, 1977, p. 28.

[83].  Reproducido en Manuel Azcárate, La izquierda europea, p. 274.

[84].  Reproducido en Philippe Buton, «El Partido Comunista Francés frente al eurocomunismo: un partido en la encrucijada», p. 21.

[85].  Silvio Pons, Berlinguer e la fine del comunismo, pp. 30-41.

[86].  Antonio Elorza, «Comunismo y nacionalismo en la Transición (PCE y partidos comunistas de nacionalidad)», en Rafael Quirosa (ed.), Los partidos en la transición, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, p. 40.

[87].  Lilly Marcou, Le communisme malgré tout, p. 80.

[88].  Fernando Claudín, Eurocomunismo y socialismo, p. 3.

[89].  Eugenio Triana, «La práctica del eurocomunismo», El País, 10 de noviembre de 1977.

[90].  Gregorio López Raimundo y Antoni Gutiérrez Díaz, El PSUC y el eurocomunismo, Grijalbo, Barcelona, 1981, p. 127.

[91].  Santiago Carrillo, «Eurocomunismo» y Estado, Crítica, Barcelona, 1977, una obra en la que predominan los elementos de propuesta política sobre los analíticos.

4.  DEL FRANQUISMO SIN FRANCO A LAS ELECCIONES GENERALES

[1].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Carrillo, 15 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/22.

[2].  Eusebio Mujal-Leon, Communism and Political Change in Spain, Indiana U.P., Bloomington, 1983, p. 66.

[3].  Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, p. 381.

[4].  «El canvi ha començat», Treball, n.º 417, 24 de junio de 1975.

[5].  Manifiesto Programa..., p. 46.

[6].  En las diversas entrevistas realizadas a dirigentes de CC. OO. de distintos lugares de España aparece como denominador común la distancia con que vivieron —quizás sólo recuerdan— el proceso a que se hace referencia en este punto.

[7].  ACA, Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona, 1975, c. 170.

[8].  AHCONC, Fondo Biografías obreras, entrevista a Cipriano García, 1991.

[9].  Santiago Carrillo, Hacia el posfranquismo, texto del informe del Comité Ejecutivo al Pleno del Comité Central del PCE, 7 de abril de 1974, p. 24.

[10].  AHPCE, Fondo Activistas, Carta de Carrillo, 15 de octubre de 1974, c. 93, carp. 49/22. Socías Humbert era entonces delegado provincial de la OSE.

[11].  Entrevista a Eduardo Saborido, 1 de julio de 2015.

[12].  Santiago Carrillo, Hacia el posfranquismo, texto del informe del Comité Ejecutivo al Pleno del Comité Central del PCE, abril de 1974, Ed. Ebro, París, 1975, 2.ª edición, p. 73. Todo el apartado «La extensión y consolidación de comisiones obreras» tiene un tono crítico latente respecto a la Coordinadora General de CC. OO., pp. 70-79.

[13].  Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, pp. 303-305.

[14].  Ibid., pp. 373-374.

[15].  Entrevista con Eduardo Saborido, 1 de julio de 2015.

[16].  Agradecemos a Francisco Acosta sus notas sobre el contenido y características de la reunión.

[17].  Véase p. 79.

[18].  Santiago Carrillo, «Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también», Nuestra Bandera, n.º 82, 1975, p. 14.

[19].  Ibid., pp. 21 y 24-27.

[20].  Ibid., p. 31.

[21].  El énfasis en las diferencias en Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 24, entrevista a Juan Moreno, Madrid, septiembre-octubre de 2003.

[22].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 52, entrevista a Antonio Gutiérrez, Madrid, octubre 2005-marzo 2006.

[23].  Véase la cuestión más ampliamente en Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC..., pp. 158-163.

[24].  La Vanguardia, 25 de junio de 1975.

[25].  Pau Casanellas, Morir matando..., pp. 194-207.

[26].  Justicia y Paz, «Las medidas excepcionales, preventivas y sancionadoras en España», septiembre de 1975. Citado en Marc Zanon, Des de la legalitat. Entitats civils i oposició al franquisme, p. 193, tesis doctoral inédita, UPF, 2016.

[27].  «Mobilització de masses contra la violència institucionalitzada», Treball, n.º 423, 14 de octubre de 1975.

[28].  Mundo Obrero, n.º 38, 4.ª semana de noviembre de 1975.

[29].  Ramón Tamames, Más que unas memorias, p. 546.

[30].  AHPCE, Fondo Documentos, Declaración Política del PCE, enero de 1976, c. 57.

[31].  Grabación del Comité Ejecutivo del PCE, 9 de enero de 1976, DVD 157.

[32].  AHPCE, Fondo Documentos, Declaración Política del PCE, enero de 1976, c. 57.

[33].  Grabación del Comité Ejecutivo del PCE, 9 de enero de 1976, DVD 157.

[34].  «Junta y Plataforma han llegado a un acuerdo», Mundo Obrero, n.º 29, 4.ª semana de septiembre de 1975.

[35].  «Junta y Plataforma convocan a la efectiva conquista de las libertades», Mundo Obrero, n.º 35, 4 de noviembre de 1975.

[36].  Santiago Carrillo, «Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también», Nuestra Bandera, n.º 82, noviembre de 1975.

[37].  Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Fondo Antonio Gutiérrez Díaz, PCD, Propuesta de Organismo Democrático Unitario, 17 de octubre de 1975. Documento reservado.

[38].  Víctor Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga. Enero 1976, Ayuso, Madrid, 1976, pp. 25-26.

[39].  Santiago Carrillo, «Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también», Nuestra Bandera, n.º 82, noviembre de 1975.

[40].  Carme Molinero y Pere Ysàs, Productores disciplinados..., p. 104.

[41].  La primera de las cifras en Víctor Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga..., p. 26; la segunda, en José Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (1951-1977), Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 315.

[42].  Víctor Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga..., p. 33.

[43].  José Babiano, Emigrantes, cronómetros y huelgas..., p. 321. El número de despedidos, sancionados y expedientados al que se refiere José Babiano, corresponde al conjunto del año 1976, aunque los conflictos más importantes fueron los de enero. Este autor registra alrededor de 3.700 despedidos y 44.500 sancionados y expedientados, aunque la acción obrera consiguió que despidos y sanciones no tuvieran carácter definitivo.

[44].  José M. Marín, «La transición sindical y la conflictividad social», en Javier Tusell (coord.), Historia de España Menéndez Pidal (vol. XLII), La transición a la democracia y la España de Juan Carlos I, Espasa Calpe, Madrid, 2003, pp. 454-455.

[45].  Víctor Díaz Cardiel et al., Madrid en huelga..., p. 33. El éxito alcanzado en la readmisión de despedidos fue notable.

[46].  Sebastian Balfour, La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el Área Metropolitana de Barcelona (1939-1988), Alfons el Magnànim, Valencia, 1994, pp. 220-225.

[47].  Xavier Domènech, Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002.

[48].  Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, p. 38.

[49].  José M. Marín, «La transición sindical y la conflictividad social», pp. 450-461.

[50].  Véanse Oscar Martín, A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1977, Madrid, Catarata, 2008, y Manuel Ortiz (coord.), La transición se hizo en los pueblos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2016.

[51].  Grabación del Comité Ejecutivo del PCE, 9 de enero de 1976, DVD 157.

[52].  Grabación del Comité Ejecutivo del PCE, 9 de enero de 1976, DVD 157.

[53].  AHPCE, Fondo Documentos, Cuatro proposiciones del Partido Comunista para resolver el problema político, 20 de marzo de 1976, c. 57.

[54].  Carlos Abella, Adolfo Suárez, Espasa Calpe, Madrid, 1997, p. 68.

[55].  Reproducido en Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, p. 397.

[56].  Ramón Tamames, Más que unas memorias, p. 551.

[57].  Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, Planeta, Barcelona, 1988, p. 32.

[58].  David Ballester y Manel Risques, Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer a Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 2001, p. 69.

[59].  «Le défi catalán», Le Monde, 10 de febrero de 1976.

[60].  Carlos Carnicero, La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 2007.

[61].  Entrevista con Carlos Zaldívar, 9 de mayo de 2015.

[62].  En el tradicional acto carlista en Montejurra del 9 de mayo, grupos de la ultraderecha carlista atacaron a los militantes y simpatizantes del nuevo carlismo, que se declaraba democrático y socialista, causando dos muertos y numerosos heridos ante la pasividad de la Guardia Civil.

[63].  ANC, Fondo PSUC, Notas manuscritas sobre la situación política, 30 de marzo de 1976, c. 9.

[64].  Ramón Tamames, ¿A dónde vas, España?, Planeta, Barcelona, 1977, p. XXII.

[65].  Jordi Solé Tura, «La ruptura pactada», Cuadernos para el Diálogo, n.º 159, 15 de mayo de 1976.

[66].  «El PC rechaza el proyecto de [p]seudodemocracia otorgada”, Mundo Obrero, n.º 24, 16 de junio de 1976. La cursiva es del original.

[67].  AHPCE, Documentos PCE, Declaración del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, Madrid, 9 de julio de 1976, carpeta 27.

[68].  ANC, Fondo PSUC, Notas manuscritas sobre la situación política, 21 de julio de 1976, c. 9.

[69].  «El PC rechaza el proyecto de [p]seudodemocracia otorgada», Mundo Obrero, n.º 24, 16 de junio de 1976.

[70].  Santiago Carrillo, De la clandestinidad a la legalidad. Informe presentado al Pleno del Comité Central del Partido Comunista de España, celebrado en Roma los días 28, 29, 30 y 31 de julio de 1976, Comitè Executiu del PSUC, Barcelona, 1976.

[71].  AHPCE, registros sonoros, grabación de la intervención de Santiago Carrillo, Roma, 28 de julio de 1976.

[72].  AHPCE, registros sonoros, grabación de la intervención de Santiago Carrillo, Roma, 28 de julio de 1976.

[73].  Santiago Carrillo, De la clandestinidad a la legalidad, PSUC, Barcelona, 1976.

[74].  Ibid., pp. 40-41.

[75].  Fausto Miguélez, Seat: la empresa modelo del régimen, Barcelona, 1977, pp. 235-239.

[76].  Luis Álvarez [Nicolás Sartorius], «Movimiento y organización», Nuestra Bandera, n.º 83, 1976, p. 52.

[77].  Ibid., p. 54.

[78].  Reproducido en C.N. HOAC, CC. OO. en sus documentos, 1958-1976, HOAC, Madrid, 1977.

[79].  «El sindicato que proponemos», separata de Gaceta de Derecho Sindical, n.º 61, junio de 1976.

[80].  La relación entre la CGIL y CC. OO. se hizo más intensa aún durante el proceso de transición. Véase la entrevista a Bruno Trentin «Sobre la vía italiana a la unidad sindical», Gaceta de Derecho Sindical, n.º 60, 1976.

[81].  Fundación 1.º de Mayo, Archivo Histórico, entrevista a Víctor Díaz Cardiel, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 35, Madrid, octubre-diciembre de 2004.

[82].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO., Bio 52, entrevista a Antonio Gutiérrez, Madrid, octubre de 2005-marzo de 2006.

[83].  AHPCE, registros sonoros, grabación de las sesiones del Comité Central, Roma, 27 y 28 de julio de 1976.

[84].  AHPCE, registros sonoros, grabación de las sesiones del Comité Central, Roma, 27 y 28 de julio de 1976.

[85].  Avui, 7 de julio de 1976.

[86].  En el cuarto punto de la Assemblea, tras libertad, amnistía, estatuto de autonomía, se proponía «la coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática», y en las bases del Consell se afirmaba que «participará de una manera activa en la búsqueda de un entendimiento democrático a nivel de todo el Estado español y propiciará la constitución de un solo organismo con el que poder pactar en nombre de Cataluña».

[87].  «Sobre unes declaracions del senyor Tarradellas. La unitat de l’oposició democràtica espànyola és vital per a Catalunya», Treball, n.º 446, 19 de julio de 1976.

[88].  «Per què no aprovem l’Assemblea Nacional Provisional que suggereix el Sr. Tarradellas», Treball, nº 447, 30 de agosto de 1976.

[89].  AHPCE, registros sonoros, Roma, 27 de julio de 1976.

[90].  AHPCE, registros sonoros, grabación de la intervención de Santiago Carrillo, Roma, 28 de julio de 1976.

[91].  «Per l’autonomia del País Valencià», Treball, n.º 447, 30 de agosto de 1977.

[92].  Jordi Solé Tura, «Nacionalidades, regiones y democracia», Mundo Diario, 11 de agosto de 1976.

[93].  La mesa se constituyó con un representante de Coordinación Democrática, Assemblea Democrática de Mallorca, Consello de Forzas Politicas Galegas, Taula de Forces Politiques i Sindicals del País Valencià, Assemblea de Catalunya, Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias, Taboa Democrática de Galiza, Assemblea Democrática de Menorca, Assemblea Democrática de Ibiza y Fuerzas Políticas de Euzkadi.

[94].  «En este instante de quiebra del Estado, la unidad de la oposición es fundamental», El País, 5 de septiembre de 1976.

[95].  «Un pas decissiu. Editorial», Treball, n.º 448, 13 de septiembre de 1976.

[96].  AHPCE, Fondo Fuerzas de la Cultura, Primera reunión de intelectuales profesionales y artistas de las diversas naciones y regiones del Estado español, Barcelona, 30 de octubre de 1976, c. 126.

[97].  «Resolución del Pleno del Comité Central», 28 de julio de 1976, Mundo Obrero, n.º 30, 1 de septiembre de 1976.

[98].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 522.

[99].  PCE, Órganos de representación y de gobierno del PCE, 12 de mayo de 1977. En la documentación del VIII Congreso hay un listado con 107 nombres de los que 14 son mujeres. Sin embargo, en esta lista aparecen militantes de Bandera Roja incorporados en 1974. Podría considerarse, por tanto, que la relación corresponde a los miembros del Comité Central presentes en Roma. AHPCE, Fondo Documentos, Actas del VIII Congreso, c. 54.

[100].  Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero, P.C.E., pp. 61-66.

[101].  «Resolución del Pleno del Comité Central», 28 de julio de 1976, Mundo Obrero, n.º 30, 1 de septiembre de 1976.

[102].  Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, pp. 162-164.

[103].  Jordi Solé Tura, «El discurso del señor Suárez», Mundo Diario, 11 de septiembre de 1976.

[104].  Alusión al reformismo del primer ministro portugués Marcelo Caetano entre 1969 y 1974.

[105].  AHPCE, Documentos PCE, Declaración del P.C.E. ante la reforma Suárez, Madrid, 15 de septiembre de 1975, carpeta 57.

[106].  En el Manifiesto de Alianza Popular se criticaba al Gobierno por las «excesivas concesiones a actividades revanchistas, erosionantes de la paz y el orden, y disgregadoras de la integridad nacional», y se denunciaba la «crisis de autoridad a todos los niveles», el «deterioro del orden público», la «innecesaria aceptación de ideas rupturistas» y el «predominio de actitudes permisivas y en exceso preocupadas por opiniones internas o externas más aparentes que reales». El Manifiesto, en El País, 10 de octubre de 1976.

[107].  Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 54-57. La afirmación sobre las consecuencias que hubiera podido tener el éxito contundente de la huelga en Josep Carles Clemente, Historias de la transición, 1973-1981. El fin del apagón, Fundamentos, Madrid, 1994, p. 166.

[108].  Circular del Ministerio de la Gobernación citada por Alfonso Osorio, Trayectoria política..., pp. 206-207.

[109].  Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España, Temas de Hoy, Madrid, 2007, pp. 310-313.

[110].  Ibid., pp. 117-118.

[111].  Fundación 1.º de Mayo, entrevista con Santiago Carrillo, 17 de mayo de 2005.

[112].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., pp. 529-531.

[113].  AHPCE, Fondo Dirigentes, Jaime Ballesteros, Notas personales [de la intervención de Santiago Carrillo], sign. 2/1.2.1.

[114].  AHPCE, Fondo Dirigentes, Comité Ejecutivo, noviembre de 1976, sig. 2/1.2.1.

[115].  Comunicado del Pleno del Comité Ejecutivo del PCE, 23 de noviembre de 1976.

[116].  AHPCE, Fondo Dirigentes, Comité Ejecutivo, noviembre de 1976, sig. 2/1.2.1.

[117].  Datos de la Junta Central del Censo reproducidos en Ramón Tamames, ¿A dónde vas, España?, p. XL.

[118].  Santiago Carrillo, ¿Qué es la ruptura democrática?, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1976, pp. 10-11.

[119].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 522.

[120].  Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 167.

[121].  Ibid.

[122].  «Llegaremos a la ruptura democrática», Mundo Obrero, n.º 45, 20 de diciembre de 2015.

[123].  Fueron detenidos el resto de los miembros del Secretariado: Simón Sánchez Montero, Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Santiago Álvarez, Jaime Ballesteros, Víctor Díaz Cardiel y Julio Aristizábal. Gregorio López Raimundo, que había asistido a la reunión, fue el primero en salir, pero no fue interceptado para no alertarlos. Simón Sánchez Montero, Camino de libertad..., pp. 334-335.

[124].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, p. 24.

[125].  Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 255.

[126].  Una detallada explicación en Joaquín Bardavío, Sábado Santo rojo, Ed. Uve, Madrid, 1980, pp. 92-110.

[127].  Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, pp. 57-60.

[128].  FJST, Jordi Solé Tura, Notas de la reunión del Comité Ejecutivo del PSUC, 8 de enero de 1977.

[129].  M. Sánchez Molbatán [Manuel Vázquez Montalbán], «Los comunistas y la normalidad», Mundo Obrero, n.º 5, 7 de febrero de 1977.

[130].  Jordi Solé Tura, «La amnistía y la democracia sin exclusiones», Mundo Diario, 5 de enero de 1977.

[131].  Según Marcelino Camacho, las reuniones de finales de noviembre y diciembre eran multitudinarias, más de setenta personas en representación de más de cuarenta partidos, en las que el elemento de tensión más importante lo representaba la posición de los sectores liberales y democristianos conservadores encabezados por Joaquín Satrústegui y José M. Gil-Robles, que pretendían excluir a las organizaciones sindicales de la negociación política así como no convertir la legalización comunista en un punto de confrontación fundamental. Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, pp. 399-405.

[132].  La composición de la Comisión combinaba la representación de las grandes corrientes políticas con la representación territorial y estuvo formada por nueve miembros. Jordi Pujol, Julio Jáuregui y Valentín Paz Andrade representarían a Cataluña, el País Vasco y Galicia; Felipe González al PSOE, Enrique Tierno Galván al PSP y al PCE Santiago Carrillo que, al residir clandestinamente en España, fue sustituido por Simón Sánchez Montero. Los liberales estaban representados por Joaquín Satrústegui, los socialdemócratas por Francisco Fernández Ordoñez y los demócratas-cristianos por Antón Cañellas. Inicialmente, las organizaciones sindicales participaron como observadoras; sus representantes fueron Marcelino Camacho (CC. OO.), Nicolás Redondo (UGT) y Manuel Zaguirre (USO). En enero, la representación sindical pasó de tener estatus de observador al de miembro de pleno derecho, estableciéndose un turno rotativo entre las tres organizaciones para hacer oír la voz sindical; desde entonces, se trató de la Comisión de los Diez aunque, en muchas ocasiones, la prensa continuó utilizando la denominación Comisión de los Nueve.

[133].  Ignacio Sánchez-Cuenca, Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, Alianza Editorial, Madrid, 2014.

[134].  Declaración del Comité Central del PSUC, 9 de enero de 1977.

[135].  Jordi Pujol, Memòries. Història d’una convicció (1930-1980), Labutxaca/Edicions 62, Barcelona, 2010, p. 302.

[136].  Fundación Largo Caballero (FLC), Fondo UGT-CEC, PSOE, Información de Jordi Pujol sobre la reunión de él y de Tierno con Suárez, s/f, pero referida a la reunión de la Comisión de los Nueve de 4 de enero de 1977, sign. 3101-008. «Suárez no negociará directamente con ningún representante comunista», El País, 28 de diciembre de 1976.

[137].  FLC, Fondo UGT-CEC, Reunión Comisión Negociadora, 4 de enero de 1977, sign. 3101-008.

[138].  Entrevista con Santiago Carrillo, 24 de enero de 2012.

[139].  FLC, Fondo UGT-CEC, Reunión Comisión Negociadora, 4 de enero de 1977, sign. 3101-008.

[140].  Joaquim Sempere, «Les properes eleccions parlamentàries. Per què i com anar-hi», Treball, n.º 462, 3 de enero de 1977. Cursiva en el original.

[141].  Del interés que entonces despertaban este tipo de obras es buena muestra que, con la sexta edición, fueron más de 69.000 los ejemplares vendidos de este libro de Ramón Tamames.

[142].  Ramón Tamames, ¿A dónde vas, España?, pp. XVIII-XIX.

[143].  AHMM, FDJST, Jordi Solé Tura, El ple del Comité Central [del PSUC] i la situació política actual. Informe al ple d’Universitat, 15 de enero de 1977.

[144].  En el mismo Gobierno existían dudas sobre si detrás de las siglas del GRAPO podían ocultarse fuerzas políticas de la extrema derecha que trataban de desestabilizar el proceso político, como sostenía el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, tesis que atendió el mismo Suárez. Véase Alfonso Osorio, Trayectoria política..., pp. 248-249. Rodolfo Martín Villa afirmó posteriormente que «[Roberto] Conesa no estaba en la dirección de los GRAPO. Que procurara infiltraciones en los GRAPO entraba en sus obligaciones». Juan G. Ibáñez, «Rodolfo Martín Villa», Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero Blanco a la integración europea, El País, Madrid, 1996, p. 122. También tiene interés la interconexión de acontecimientos que destaca Simón Sánchez Montero, Camino de libertad..., pp. 336-337.

[145].  Fundación 1.º de Mayo, entrevista a Santiago Carrillo, 17 de mayo de 2005.

[146].  En abril los favorables aumentaron hasta el 55%, mientras que los contrarios se habían reducido al 12%. Cambio 16, 18 de abril de 1977. Reproducido en Helena Varela Guinot, La legalización del PCE: élites, opinión pública y símbolos en la Transición Española, Instituto Juan March, Madrid, 1990, p. 14. Con todo, bajo una dictadura —incluso cuando se encuentra en proceso de desmantelamiento— las encuestas de opinión deben leerse con suma prudencia.

[147].  Expresión habitual en los medios de comunicación que sintetizaba el procedimiento de legalización de las asociaciones políticas mediante autorización explícita del Gobierno, establecido en la Ley de Asociación Política de 9 de junio de 1976.

[148].  Archivo de Presidencia del Gobierno (Moncloa), Alcance del decreto ley 8-2-77 y vigencia de la ley 14-6-76, s/f [febrero 1977], legajo 957. El documento con referencia 288 (I) del mismo archivo fue dado a conocer por José M. Marín, «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en Carme Molinero (ed.), La Transición. Treinta años después, Península, Barcelona, 2006, pp. 92-93.

[149].  AHPCE, Documentos PCE, Notificación del jefe del Registro de Asociaciones Políticas, Madrid, 22 de febrero de 1977, c. 58.

[150].  Comunicado de la Comisión de los Diez, 24 de febrero de 1977, Treball, n.º 470, 28 de febrero de 1977.

[151].  La Comisión de Unidad, que en la etapa previa a la legalización se encargó de la relación del PCE con otras fuerzas políticas, estaba formada por Enrique Curiel, Jaime Sartorius, Eugenio Triana, Carlos Sáenz de Santamaría y Mario Trinidad. Véase Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, p. 30.

[152].  AHMM, FDJST, Jordi Solé Tura, Notas de la intervención de Santiago Carrillo, 25 de febrero de 1977, carp. 38.1.

[153].  Ibid., subrayado en el original.

[154].  Ibid. El PSOE (histórico) procedía del sector socialista minoritario que había rechazado la renovación encabezada por Felipe González. El Gobierno lo utilizó para presionar al PSOE.

[155].  Ibid.

[156].  AHMM, FDJST, Jordi Solé Tura, Notas de la intervención de S. Carrillo en el Comité Central del PSUC, 5-6 de marzo de 1977, carp. 38.2.28.

[157].  AHT, Fondo M. A. Zamora, Informe político del Comité Ejecutivo presentado por Santiago Carrillo y aprobado por el pleno del Comité Central del PCE, 14 y 15 de abril de 1977.

[158].  Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 277.

[159].  Entrevista con Santiago Carrillo, 24 de enero de 2012.

[160].  Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001.

[161].  Laureano López Rodó, Claves de la Transición. Memorias IV, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, p. 266.

[162].  Ibid.

[163].  Véase en este sentido Ferran Gallego, El mito de la Transición, Crítica, Barcelona, 2008, pp. 282-287.

[164].  Antonio Muñoz, «La Fundación Friedrich Ebert y la reconstrucción del socialismo español durante la Transición», en Manuel Loff y Carme Molinero (eds.), Societats en canvi: España i Portugal als anys setanta, CEFID/IHC, Bellaterra, 2012, cd. El trabajo pionero de este autor es El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, RBA, Barcelona, 2012, particularmente para la cuestión, pp. 265-277.

[165].  Alfonso Osorio, Trayectoria política..., pp. 277-281. Nativel Preciado, «Fernando Abril Martorell», Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero Blanco a la integración europea, El País, Madrid, 1996, p. 138.

[166].  Ramón Tamames, Más que unas memorias, pp. 576-577.

[167].  Una muestra de la intensa campaña anticomunista en la prensa durante la primera mitad de 1977 en Alfonso Pinilla, La transición de papel. El atentado contra Carrero Blanco, la legalización del PCE y el 23-F a través de la prensa, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008, pp. 158-181.

[168].  Alfonso Osorio explicó que, desde febrero, Suárez se interrogaba a sí mismo en voz alta sobre qué pasaría si los comunistas ocupaban las calles: ¿les disolvemos?, y si insisten, ¿les ametrallamos?; «y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿les detenemos a todos?», Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 277.

[169].  Un relato minucioso de la entrevista en Joaquín Bardavío, Sábado Santo rojo, pp. 162-170.

[170].  «La declaración de Madrid», Mundo Obrero, n.º 9, 7 de marzo de 1977.

[171].  Informe citado en Alfonso Osorio, Trayectoria política..., p. 283.

[172].  Javier Pérez Royo, «La legalización del PCE», en Memoria de la Transición..., p. 143.

[173].  Adolfo Suárez, «Consideraciones sobre la Transición Española», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual, n.º 41, 1988.

[174].  Comunicado de la Comisión de los Diez, 24 de febrero de 1977, Treball, n.º 470, 28 de febrero de 1977.

[175].  «Declaración de la Comisión de los Nueve. Por la libertad sindical», Treball, n.º 474, 28 de marzo de 1977.

[176].  El episodio ha sido relatado con detalle en distintos trabajos periodísticos y en libros de memorias. Véanse, entre otros, Joaquin Bardavío, Sabado Santo rojo; Victoria Prego, Así se hizo la transición, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, pp. 651-668; Alfonso Osorio, Trayectoria política..., pp. 285-290.

[177].  «Las razones de nuestra discrepancia», ABC, 10 de abril de 1977. El mismo día, y también en ABC, José M. Ruiz Gallardón publicó un artículo titulado «Error de derecho».

[178].  En la misma página 3 de aquel día se explicitaba que la línea de pensamiento de ABC no coincidía necesariamente con las de los autores de los artículos de opinión.

[179].  Carlos Seco Serrano, «La monarquía, la república y la reconciliación nacional», ABC, 14 de abril de 1977.

[180].  Torcuato Luca de Tena, «Imposición por decreto de amnesia colectiva», ABC, 13 de abril de 1977.

[181].  Juan Luis Calleja, «Guerra civil mundial», ABC, 19 de abril de 1977.

[182].  El País, 12 de abril de 1977.

[183].  «Repulsa del Ejército ante la legalización del Partido Comunista», ABC, 14 de abril de 1977.

[184].  Todos los periódicos, excepto ABC y El Alcázar, firmaron un editorial conjunto: «No frustrar una esperanza», 16 de abril de 1977.

[185].  La referencia a dicha reunión corresponde a las notas de Jordi Solé Tura de la reunión del Comité Ejecutivo del PSUC, celebrada el 1 de abril de 1977 (AHMM, FDJST, carp. 38.2.31). No se ha localizado documentación sobre esta reunión en el Archivo Histórico del PCE. Gregorio Morán puso de relieve la drástica disminución de documentación interna que generó el PCE entre enero de 1976 y abril de 1977. Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 517. Podría ser atribuida al traslado de la dirección desde París a Madrid.

[186].  AHMM, FDJST, Notas de Jordi Solé Tura, 1 de abril de 1977.

[187].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Fondo M. A. Zamora, Informe político del Comité Ejecutivo presentado por Santiago Carrillo y aprobado por el pleno del Comité Central del PCE, 14 y 15 de abril de 1977. Este larguísimo informe en el que se hace balance de la política desarrollada desde la muerte de Franco, así como la introducción de Santiago Carrillo en la conferencia de prensa del día 15, también se puede consultar en PCE en sus documentos 1920-1977, HOAC, Madrid, 1977, pp. 195-226.

[188].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 542.

[189].  Santiago Carrillo, Memorias, pp. 658-660.

[190].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., p. 390. El autor añade que «muchos salían de allí con la sensación de que alguien les había robado una parte de su historia personal y colectiva y que aquello era sólo el comienzo de una deriva imprevisible», pp. 391-392.

[191].  Entrevista con Eduardo Saborido, 1 de julio de 2015.

[192].  «La opción está entre dictadura y democracia», Mundo Obrero, n.º 16, 25 de abril de 1977.

[193].  Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, p. 411.

[194].  Gregorio López Raimundo, Pleno del Comité Central del PSUC, 24 de abril de 1977.

[195].  Manolo López, Mañana a las once..., p. 567.

[196].  Entrevista con Carlos Alonso Zaldívar, 9 de junio de 2015.

[197].  Las 11 garantías básicas que debía contemplar el texto constitucional eran: 1. El libre juego democrático sin exclusiones. 2. La supremacía del Parlamento, de los órganos elegidos y la independencia del Poder judicial. 3. Los derechos humanos. 4. Libertades políticas, sindicales, de prensa, de cultura, religión. 5. Igualdad de derechos de la mujer. 6. Derechos de los jóvenes, entre ellos el del voto a los 18 años. 7. Autonomía para las nacionalidades y regiones. 8. Plena democratización de la vida municipal. 9. Separación de la Iglesia y el Estado. 10. «Posibilidad de transformar las estructuras económicas y sociales, conforme a la voluntad expresada mayoritaria por el pueblo». 11. Renuncia a la guerra y afirmación de una política de paz y cooperación internacional. Véase Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero, P.C.E., pp. 47-60. Las bases para el pacto constitucional, en la p. 50.

[198].  Referencias al papel de M. López en la organización estudiantil, en el capítulo 1 de este mismo trabajo. La explicación del caso asturiano, en Manolo López, Mañana a las once..., pp. 652-654. Son muchos los autores que han insistido en este mismo punto. El autor que más énfasis ha puesto en la cuestión es Gregorio Morán, Miseria y grandeza...

5.  EN LAS INSTITUCIONES

[1].  El escrutinio oficial de las elecciones fue tan deficiente que comportó que no se proclamaran los resultados oficiales y definitivos. Ello explica que los datos utilizados habitualmente presenten diferencias según la fuente. El resultado global del PCE procede de los datos del Congreso de los Diputados: <http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha =15/06/1977>. Sobre esta cuestión, véase Andreu Mayayo, La ruptura catalana, Afers, Catarroja, 2002, pp. 147-155.

[2].  Los datos se refieren a las actuales comunidades autónomas.

[3].  Estos datos proceden de <http://www.historiaelectoral.com>.

[4].  Ya, 12 de junio de 1977.

[5].  La Vanguardia, 10 de junio de 1977.

[6].  El País, 12 de junio de 1977.

[7].  Fundación 1.º de Mayo, AHT, Biografías obreras y militancia sindical en CC. OO, Bio 8, entrevista a Julián Ariza, junio-octubre de 2002. Por otra parte, en octubre de 1975, Manuel Azcárate, responsable de relaciones internacionales del PCE, había manifestado en una entrevista con miembros del SPD que en unas futuras elecciones libres los comunistas podrían obtener sobre el 15% de los votos. Informe de Verónika Isemberg a Willy Brandt citado por Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, El final de la dictadura..., p. 664.

[8].  Según Santiago Carrillo, poco antes de las elecciones, confesó a Regis Debray y a Fernando Claudín que «si me guardáis el secreto, os diré que si obtenemos el 10% de los votos me daría por contento». Santiago Carrillo, Memorias, p. 668; también en Santiago Carrillo, Memoria de la Transición..., p. 48. Según ha explicado Jordi Borja, miembro del Comité Ejecutivo del PSUC, poco antes de las elecciones comentó a diversos dirigentes de Barcelona que «si el PCE se acercaba al 10% de los votos sería un éxito y esperaba que el PSUC llegara al 15%». El mismo Borja relata una entrevista con dirigentes del PCI en 1975 en la que Giorgio Amendola le comentó: «Será una injusticia histórica, pero cuando haya elecciones el PSOE tendrá muchos más votos que vosotros»; Jordi Borja, «Los comunistas y la democracia o los costes de no asumir las contradicciones», El Viejo Topo, n.º 277, 2011.

[9].  Josep Sánchez Cervelló, La Revolución de los Claveles en Portugal, Arco Libros, Madrid, 1997, p. 55. Sobre la izquierda portuguesa, véase Manuel Loff, «Comunistas y socialistas en el proceso portugués de democratización: radicalización, revolución, enfrentamiento, reflujo», en Carme Molinero y Pere Ysàs, (eds.), Las izquierdas...

[10].  George Th. Mavrogordatos, «El sistema griego de partidos», Revista de Estudios Políticos, n.º 27, 1982.

[11].  Para la caracterización de AP como un partido de extrema derecha, véase Miguel Ángel del Río Morillas, De la extrema derecha neofranquista a la derecha conservadora: los orígenes de Alianza Popular (1973-1979), tesis doctoral inédita, UAB, 2013.

[12].  Santos Juliá, Los socialistas en la política española 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997. Richard Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Alianza Editorial, Madrid, 1988. Enric Company y Francesc Arroyo, Historia del socialismo español, 5. 1977-1988, Conjunto, Barcelona, 1999.

[13].  Informe al Pleno ampliado del Comité Central del PCE (junio de 1977). Publicado en Santiago Carrillo, Escritos sobre eurocomunismo, tomo II, Forma Ediciones, Madrid, 1977, pp. 58-60. También en Mundo Obrero, n.º 26, 29 de junio de 1977.

[14].  Ibid., pp. 60-63.

[15].  Véase la crónica de la reunión, «El pleno del Comité Central. Sin pelos en la lengua», en Mundo Obrero, n.º 26, 29 de junio de 1977. También Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 547.

[16].  Los grupos de la izquierda radical todavía no habían sido legalizados, lo que no impidió que se presentaran bajo la forma de «agrupaciones de electores» o utilizando siglas que sí habían sido inscritas en el registro de partidos. Ninguno de ellos logró representación parlamentaria.

[17].  «Informe al Pleno ampliado del Comité Central del PCE (junio de 1977)», en Santiago Carrillo, Escritos..., pp. 65-69.

[18].  Ibid., p. 75.

[19].  Andreu Mayayo, La veu del PSUC...

[20].  «Informe al Pleno ampliado del Comité Central del PCE (junio de 1977)», en Santiago Carrillo, Escritos..., pp. 64-65.

[21].  Sobre UCD, véanse Carlos Huneeus, La Unión del Centro Democrático y la transición de la democracia en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1985; Silvia Alonso-Castrillo, La apuesta del centro. Historia de UCD, Alianza Editorial, Madrid, 1996, y Jonathan Hopkin, El partido de la Transición. Ascenso y caída de la UCD, Acento, Madrid, 2000.

[22].  «Informe al Pleno ampliado del Comité Central del PCE (junio de 1977)», en Santiago Carrillo, Escritos..., pp. 60 y 72-73.

[23].  Ibid., pp. 56 y 78-80.

[24].  Intervención de Santiago Carrillo en el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de julio de 1977, en Santiago Carrillo, Escritos..., pp. 91-93.

[25].  Ibid., p. 87.

[26].  Intervención de Santiago Carrillo en el pleno del Congreso de los Diputados el 14 de septiembre de 1977, en Santiago Carrillo, Escritos..., pp. 105 y 107-108.

[27].  «La propuesta de la oposición», Mundo Obrero, n.º 40, 6-12 de octubre de 1977.

[28].  Rodrigo Vázquez-Prada, «Amnistía: ¿Todos a una?», Mundo Obrero, n.º 40, 6-12 de octubre de 1977.

[29].  Ley 46/1977 de 15 de octubre de Amnistía.

[30].  El vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, el general Manuel Gutiérrez Mellado, transmitió personalmente, acompañado de una docena de generales, al dirigente de UCD Rafael Arias Salgado que la aplicación de la amnistía a los ex miembros de la UMD en cuanto a su reincorporación a las Fuerzas Armadas supondría que no podría garantizar el control «de la fuerte reacción que, con imprevisibles consecuencias, sin duda se produciría en el ejército». Felipe Agüero, Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva comparada, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 156-157.

[31].  «La amnistía, triunfo de la reconciliación», Mundo Obrero, n.º 41, 13-19 de octubre de 1977.

[32].  Véase, por ejemplo, «No es una amnistía total» en Combate, portavoz del Comité Central de la LCR, n.º 82, 19 de octubre de 1977, o «Amnistía y la de verdad, cuándo?», en Servir al Pueblo, órgano del Comité Central del MCE, n.º 85, noviembre de 1977. Destaca la ausencia de crítica a la amnistía a autoridades y funcionarios franquistas, lo que confirma que llevarlos ante los tribunales de justicia no figuraba en la agenda de la práctica totalidad de fuerzas políticas.

[33].  Un resumen de dicha proposición en «Amnistía también para la mujer», Mundo Obrero, n.º 31, 3 de agosto de 1977.

[34].  Jordi Solé Tura, «La máxima amnistía posible», Mundo Diario, 19 de octubre de 1977.

[35].  «Amnistía de todos», Mundo Obrero, n.º 41, 13-19 de octubre de 1977.

[36].  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión del 14 de octubre de 1977.

[37].  Una amplia explicación en José M. Marín: «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en Carme Molinero (ed.), La Transición..., p. 95. Véase también del mismo autor «La transición sindical y la conflictividad social», en Javier Tusell (coord.), La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I.

[38].  Ramón Tamames, «Los comunistas y los acuerdos de la Moncloa», Nuestra Bandera, n.º 90, 1977.

[39].  Santiago Carrillo, Memorias, pp. 677-680.

[40].  AHMM, Fondo Documental Jordi Solé Tura. Archivador 37, Documentos sobre los Pactos de la Moncloa. Por ejemplo, en relación con la regulación del derecho de manifestación, desapareció del texto del acuerdo la pretensión del Gobierno de poder limitar su ejercicio «a días y horas concretas».

[41].  Los Pactos de la Moncloa, Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del Gobierno, Madrid, 1977, p. 86.

[42].  Ibid., pp. 86-87.

[43].  La Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS) era el organismo creado para administrar los bienes de la disuelta Organización Sindical Española, incluidos sus medios de comunicación.

[44].  Los Pactos de la Moncloa..., pp. 78-79.

[45].  Ibid., p. 85.

[46].  Ibid., pp. 17-18.

[47].  Sobre los Pactos de la Moncloa en su vertiente económica, véase Joan Trullén, Fundamentos económicos de la Transición política española. La política económica de los Acuerdos de la Moncloa, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993. Véanse también José M. Marín, Los sindicatos y la reconversión industrial durante la Transición, Consejo Económico y Social, Madrid, 1997, y Ramón Tamames, Estructura Económica de España, Alianza Editorial, Madrid, 25.ª edición, 2008, pp. 836 y ss.

[48].  Ramón Tamames, Más que unas memorias, pp. 602-606.

[49].  Los Pactos de la Moncloa..., p. 17.

[50].  Ibid., pp. 27-28.

[51].  Un documento gubernamental que formaba parte de los utilizados en la negociación de los pactos cifraba en 800.000 los alumnos mal escolarizados en EGB, el mayor número en Madrid (64.000) y Barcelona (62.000). AHMM, Fondo Documental Jordi Solé Tura, Archivador 37, «Política educativa».

[52].  Los Pactos de la Moncloa..., pp. 39-41.

[53].  Ibid., pp. 42-45.

[54].  Ibid., pp. 47, 57, 66 y 70.

[55].  AHMM, Fondo Documental Jordi Solé Tura, Archivador 37, Documentos sobre los Pactos de la Moncloa.

[56].  «No ens ha costat anar a la Moncloa», Treball, n.º 502, 19-25 de septiembre de 1977.

[57].  Ibid.

[58].  Ramón Tamames, «Los comunistas y los acuerdos de la Moncloa», Nuestra Bandera, n.º 90, 1977.

[59].  «La Moncloa, el “Eurocomunismo”, el Partido Entrevista a Santiago Carrillo», Nuestra Bandera, n.º 90, 1977.

[60].  Referencia a la noción de «austeridad» formulada por el secretario general del PCI y que no tiene nada que ver con las actuales políticas de austeridad. Véase Enrico Berlinguer, Austeridad. Una ocasión para transformar Italia, Ed. Materiales, Barcelona, 1978.

[61].  Julio Segura, «Una valoración de los aspectos económicos del acuerdo Gobierno-partidos», Nuestra Bandera, n.º 50, 1977.

[62].  Ibid.

[63].  Los principales argumentos de la crítica a los pactos desde la extrema izquierda en Enrique González de Andrés, La economía franquista y su evolución. Los análisis económicos del Partido Comunista de España, La Catarata, Madrid, 2014, pp. 177 y ss.

[64].  Una declaración conjunta de UGT y el PSOE del 4 de noviembre afirmaba que ambas organizaciones valoraban «positivamente el conjunto de los acuerdos, teniendo en cuenta las contrapartidas conseguidas en el curso de la negociación», y estimaban que «de cumplirse constituyen un buen punto de partida para la superación de la crisis económica y para la consecución de un sistema económico más justo y progresivo». La declaración, en Rodrigo Araya, Del combate contra la dictadura a la preservación de la democracia. Movimiento sindical y políticas de concertación social. Los casos de Chile y España (1975-1994), tesis doctoral, UAB, 2012, p. 145.

[65].  José M. Marín, «Condicionantes económicos y sociales de la Transición», en Carme Molinero (ed.), La Transición, p. 95.

[66].  Gaceta del Derecho Social, n.º 79, noviembre de 1977. Sobre CC. OO. y los Pactos de la Moncloa, véase Rodrigo Araya, «“Asegurar el pan y la libertad”. La postura de Comisiones Obreras ante el Pacto de la Moncloa», Historia del Presente, n.º 14, 2009. Más ampliamente, en la tesis doctoral del mismo autor, Del combate contra la dictadura...

[67].  Para las organizaciones patronales, el pacto había sido elaborado «sin la participación del empresariado» y no recogía ninguno de «sus planteamientos y propuestas», por lo que no «puede contar con el apoyo del mismo». Joan Trullén, Fundamentos económicos de la Transición, p. 218. Sobre el papel de la CEOE, véase José M. Marín, «Les organitzacions socials durant la transició: sindicats i patronal», en Pere Ysàs (ed.), La configuració de la democràcia a Espanya, Eumo, Vic, 2009.

[68].  Simón Sánchez Montero, «Cumplir lo que se ha firmado», Mundo Obrero, n.º 47, 24-30 de noviembre de 1977.

[69].  Simón Sánchez Montero, «Ofensiva contra el Pacto de la Moncloa», Mundo Obrero, n.º 48, 1-7 de diciembre de 1977.

[70].  «Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, Para que el Pacto se cumpla», Mundo Obrero, n.º 48, 1-7 de diciembre de 1977.

[71].  «Una interpretación conjunta del Pacto de la Moncloa», en Mundo Obrero, n.º 47, 24-30 de noviembre de 1977.

[72].  Jordi Solé Tura, Una historia optimista..., pp. 401-402.

[73].  En representación de UCD, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca; de los grupos socialistas —Socialistas del Congreso y Socialistas de Cataluña—, Gregorio Peces-Barba; del Grupo Comunista, Jordi Solé Tura; de AP, Manuel Fraga, y de la Minoría Vasco Catalana, Miquel Roca Junyent.

[74].  Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, Forma Ediciones, Madrid, 1978, p. 17.

[75].  En la celebrada el 10 de agosto participaron Santiago Carrillo, Ramón Tamames, Carlos Alonso Zaldívar, Enrique Curiel, Pilar Brabo, Diego López Garrido, Javier Pérez Royo, Rafael Ribó, Francesc de Carreras y Eliseo Aja. AHMM, Fondo Documental Jordi Solé Tura, notas manuscritas, Archivador 13.

[76].  Participaron en dichas labores Eliseo Aja, Luis Arroyo, Francesc de Carreras, Enrique Curiel, Javier García Fernández, Antonio Kindelán, Diego López Garrido, José Luis Núñez, Javier Pérez Royo y Enrique Ximénez de Sandoval.

[77].  Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, p. 10.

[78].  «Memoria sobre el proyecto de Constitución», reproducida en Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, pp. 13-63.

[79].  Ibid., pp. 20-24.

[80].  Ibid., pp. 32-33 y 40.

[81].  Ibid., p. 38.

[82].  Informe sobre el anteproyecto de Constitución presentado al Comité Central del Partido Comunista de España (7 de enero de 1978), en Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, p. 75.

[83].  El texto del artículo 2 del anteproyecto decía: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derechos a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». El texto final, después de un intenso debate en el parlamento y fuera de él y de numerosas presiones para eliminar el concepto de nacionalidades, quedó así: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común en indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

[84].  Informe sobre el anteproyecto de Constitución presentado al Comité Central del Partido Comunista de España (7 de enero de 1978), en Jordi Solé Tura, Los comunistas y la Constitución, pp. 76-77.

[85].  Ibid., pp. 78-81.

[86].  Ibid., pp. 85-87.

[87].  Ibid., p. 103.

[88].  Ibid., p. 110.

[89].  Ibid., pp. 113-115.

[90].  Votos particulares y enmiendas presentadas por los diputados comunistas, en Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Cortes Generales, Madrid, 1980, vol. I, pp. 42-46 y 413-439.

[91].  Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 173.

[92].  Intervención de Santiago Carrillo en el Pleno del Congreso de los Diputados del 21 de junio de 1978, en Constitución Española. Trabajos..., vol. II, pp. 2564-2565.

[93].  Gregorio Peces-Barba, La elaboración de la Constitución de 1978, p. 205. Además, para Peces-Barba, la composición del Senado quizá podía considerarse «el principal fallo de la Constitución».

[94].  Intervención de Jordi Solé Tura en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, sesión del 20 de junio de 1978, en Constitución Española. Trabajos..., vol. II, pp. 1790-1991.

[95].  Explicación de la Constitución. Comité Ejecutivo del PSUC, p. 13.

[96].  El artículo 16.3 decía que los poderes públicos tendrían en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española «y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

[97].  Artículo 129 de la Constitución española.

[98].  Explicación de la Constitución..., p. 18.

[99].  Javier Pérez Royo, «L’elaboració de la Constitució i els seus condicionants», en Pere Ysàs (ed.), La configuració de la democracia..., p. 36.

[100].  Explicación de la Constitución..., p. 18.

[101].  UCD y AP sumaban 7.836.335 votos; PSOE, PCE y PSP, 7.898.274.

[102].  Ley 39/1978 de 17 de julio de elecciones locales.

[103].  Obtuvieron también representación parlamentaria Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana (5,6%), Esquerra de Catalunya —coalición de la que formaba parte ERC— (4,5%) y AP (3,5%).

[104].  Acta de la I Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, en Jaume Sobrequés (ed.), El restabliment de la Generalitat de Catalunya. Diari de sessions de l’Assemblea de Parlamentaris de Catalunya (1977), Barcelona, 1981, p. 23.

[105].  Carme Molinero y Pere Ysàs, La cuestión catalana..., pp. 170-215.

[106].  El texto íntegro del acuerdo entre el Gobierno, Tarradellas y los partidos catalanes, en Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 309-310.

[107].  No obstante, participó en la elaboración del Estatuto de Autonomía.

[108].  Salvador Sánchez-Terán, De Franco a la Generalitat, pp. 286-287.

[109].  En ambas circunscripciones la victoria fue para el candidato socialista; en Asturias, con el 32,57%, fue elegido Fernando Morán, seguido del candidato de UCD, con el 23,4% y unos cientos de votos más que el candidato comunista. En Alicante, el candidato socialista, Alberto Pérez, obtuvo el 34,6% de los sufragios, y el de UCD el 31,1%. Como el PCE, Alianza Popular también mejoró sus resultados; en Asturias su candidato logró el 10,3% de los votos, y en Alicante, el 14,7%.

[110].  Pilar del Castillo, «Elecciones al Senado en Alicante y Asturias», en <http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:DerechoPolitico-1978-1-13080&dsID=PDF>.

[111].  Partido Comunista de España, Programa Electoral del Partido Comunista de España, aprobado por el Comité Central del PCE en su reunión los días 13 y 14 de enero de 1979, PCE, Madrid, 1979, p. 7.

[112].  Inmediatamente después de la aprobación de la Constitución, las asambleas de parlamentarios de Cataluña y del País Vasco procedieron a la aprobación de los respectivos proyectos de estatutos de autonomía, elaborados en los meses anteriores, y a remitirlos a las Cortes. La disolución de las cámaras los dejó en espera del trámite parlamentario.

[113].  Partido Comunista de España, Programa Electoral..., pp. 8 y 9.

[114].  Ibid., pp. 12-14.

[115].  La propuesta consistía en incrementar hasta 400 el número de diputados y en establecer el mínimo de un diputado por provincia más uno por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 75.000. Así, «las grandes concentraciones urbanas e industriales pasarían a estar más equitativamente representadas». Ibid., p. 18.

[116].  Partido Comunista de España, Programa Electoral del Partido Comunista de España, aprobado por el Comité Central del PCE en su reunión los días 13 y 14 de enero de 1979, PCE, Madrid, 1979, pp. 19-27.

[117].  Ibid., pp. 24-25.

[118].  España estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1986.

[119].  Véase capítulo 8, p. 347.

[120].  Entra en el Ayuntamiento. Manifiesto del PCE para las elecciones municipales, enero de 1979. Acordado por la Conferencia sobre Movimiento Ciudadano y Política Municipal del PCE del 21 de enero de 1979.

[121].  Ibid. El programa sintetizaba en 14 puntos los objetivos prioritarios relativos a vivienda y lucha contra la especulación del suelo, equipamientos, transporte público, defensa del pequeño comercio, conservación y renovación de los cascos antiguos de las ciudades, protección del medio ambiente, reinserción social y ciudadana de los emigrantes retornados y lucha contra el paro.

[122].  Ramón Tamames, Más que unas memorias, pp. 649-650. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos municipios las distancias entre socialistas y comunistas eran muy cortas.

[123].  «Tras las municipales. Cambios en el marco político nacional», Mundo Obrero Semanal, n.º 19, abril de 1979.

[124].  «La actividad de los comunistas en los municipios», Partido Comunista de España, Desarrollo y cohesión del Partido. Nueva etapa del proceso democrático. Pleno del Comité Central del P.C.E. Córdoba 18-20 de mayo de 1979, PCE, Madrid, 1979.

[125].  Uno de los lemas centrales de la campaña electoral del PSUC fue «ja ens coneixes» (ya nos conoces).

[126].  «Gestión comunista en los ayuntamientos y diputaciones», Partido Comunista de España, Pleno del Comité Central del PCE, 10 y 11 de noviembre de 1979, PCE, Madrid, 1979, p. 31.

[127].  En total, el PSUC obtuvo 536 concejales y 34 alcaldías.

[128].  Desarrollo y cohesión del Partido. Nueva etapa del proceso democrático. Pleno del Comité Central del P.C.E. Córdoba, 18-20 de mayo de 1979, PCE, Madrid, 1979, p. 10.

[129].  Ibid., p. 11.

[130].  También formaban parte del gabinete técnico Manuel Domínguez, Luis Arroyo, Miguel Mora, Laureano Lázaro, Alejandro Rodríguez, Enrique Ximénez Sandoval, Manuel González de Chávez, Roberto Sancho, Pamela O’Malley, Javier García Fernández y Juan Infante.

[131].  Partido Comunista de España, Los comunistas en el Parlamento, Grupo Parlamentario Comunista, Madrid, 1979, p. 3.

[132].  «Resolución del Comité Central del Partido Comunista de España sobre la situación política», en Partido Comunista de España, Pleno del Comité Central del P.C.E., 10 y 11 de noviembre de 1979, PCE, Madrid, 1979, p. 64.

[133].  Partido Comunista de España, Pleno del Comité Central del P.C.E., 10 y 11 de noviembre de 1979, PCE, Madrid, 1979, pp. 12-16.

[134].  Ibid., p. 18.

[135].  Los comunistas en el movimiento obrero. Reunión de militantes obreros comunistas. Madrid 17-18 mayo 1980. Resumen de las intervenciones, Madrid, Comisión de Propaganda del PCE, 1980, p. 23.

6.  EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

[1].  «Informe de la Comisión de Organización», citado por Álvaro Soto, «Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática», en David Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), p. 489.

[2].  Entre los trabajos recientes sobre el movimiento sindical en la transición, véase Javier Tébar, «El movimiento obrero durante la transición y en democracia», en Carme Molinero y Pere Ysàs, Las izquierdas... También Carme Molinero y Pere Ysàs, «Sindicalismo y cambio político», en Santiago Castillo (coord.), El mundo del trabajo y el asociacionismo en España, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014.

[3].  Gaceta del Derecho Social, n.º 87, julio de 1978.

[4].  Documento citado por José M. Marín en «Les organitzacions socials durant la transició: sindicats y patronal», en Pere Ysàs (ed.), La configuració de la democràcia..., p. 118. En una circular de 27 de octubre, igualmente citada por José M. Marín, se acusaba directamente al ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga, de aliado del PCE.

[5].  «Los insultos de UGT», Mundo Obrero, n.º 45, 10-16 de noviembre de 1977.

[6].  Para la actitud de la CEOE ante los Pactos de la Moncloa, véase especialmente José M. Marín, «Les organitzacions socials...», pp. 116-117.

[7].  Tareas del movimiento obrero, PSUC, 1977.

[8].  IV Congrés del PSUC, Informe del Comitè Central presentat per Gregorio López Raimundo, PSUC, 1977.

[9].  II Conferència Nacional, PSUC, 1978.

[10].  Partido Comunista de España, Las tareas de los comunistas en el movimiento sindical de Madrid, PCE, Madrid, 1977.

[11].  Noveno Congreso del Partido Comunista de España, 19-23 de abril de 1978, Resoluciones, PCE, Madrid, 1978, pp. 18-19.

[12].  Noveno Congreso del Partido Comunista de España. Del 19 al 23 de abril de 1978. Informes, debates, actas y documentos, Ediciones PCE, Madrid, 1978, p. 153.

[13].  Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, p. 427.

[14].  Partido Comunista de España, Pleno del Comité Central del P.C.E., 10 y 11 de noviembre de 1979, PCE, Madrid, 1979, pp. 16-17.

[15].  En una reunión en mayo de 1980, Fidel Alonso afirmó que un llamamiento a la huelga general hubiera sido «una fuga adelante peligrosa». Los comunistas en el movimiento obrero..., p. 41.

[16].  Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, p. 424.

[17].  Documento del Secretariado Confederal de CC. OO. de enero de 1979, citado por Rodrigo Araya, Del combate contra la dictadura a la preservación de la democracia..., p. 177.

[18].  Un documento de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT de enero de 1979 afirmaba que CC. OO. había «estado buscando la conflictividad, el protagonismo, con el objetivo de demostrar al Gobierno y a la opinión pública que “mandan” en el campo laboral; también con el objeto de recuperar la imagen del PC de cara a las elecciones, después de un período de conchabeo con la UCD». Rodrigo Araya, Del combate contra la dictadura a la preservación de la democracia..., p. 179.

[19].  La preocupación patronal por la fuerza de CC. OO. y por la debilidad de UGT la expresó claramente Carlos Ferrer Salat, presidente de CEOE, en declaraciones a Cinco Días: «Si no firmamos el acuerdo-marco nos cargamos a la UGT, que no resiste, como CC. OO., una lucha convenio por convenio». La firma del ABI supuso para el dirigente patronal la ruptura del «frente sindical» y así «cuando hay una huelga, ya no es el capitalista-empresario-explotador, sino Nicolás Redondo quien denuncia a CC. OO. Entonces la central comunista se ve acorralada ante el país». José M. Marín, «Les organitzacions socials durant la transició: sindicats i patronal», en Pere Ysàs (ed.), La configuració de la democràcia, pp. 127-128.

[20].  Su expresión más clara era la extensión del eslogan «Con Franco vivíamos mejor».

[21].  Los comunistas en el movimiento obrero..., pp. 7 y 12-13.

[22].  Ibid., pp. 13-17.

[23].  Ibid., pp. 19-20 y 24.

[24].  Según Ariza, la afiliación a sindicatos se situaba en ese momento en torno al 18% de los trabajadores, del que un 10% correspondía a CC. OO. Ibid., p. 26.

[25].  Ibid., p. 27.

[26].  Ibid., pp. 48-50.

[27].  Ibid., pp. 39, 65 y 73.

[28].  Ibid., pp. 52, 54 y 67.

[29].  Ibid., pp. 42 y 68.

[30].  Ibid., p. 77.

[31].  Resolución del Comité Central (15-16 de junio de 1980), en Los comunistas en el movimiento obrero..., pp. 97-103.

[32].  Partido Comunista de España, Informe al Comité Provincial sobre política ciudadana y municipal, Madrid, 20 de julio de 1977.

[33].  Política municipal i moviment popular, PSUC, 1977.

[34].  Ibid.

[35].  Partido Comunista de España, Movimiento ciudadano y política municipal, Comité Provincial de Madrid, Madrid, diciembre de 1977.

[36].  No constan los votos favorables que no se contaron al resultar evidente su carácter muy mayoritario entre el millar largo de delegados. Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 165.

[37].  Ibid., pp. 163-164.

[38].  Ibid., pp. 402-403.

[39].  Ibid., pp. 404-405.

[40].  Ibid., pp. 406-407.

[41].  Partido Comunista de España, Política municipal y movimiento ciudadano. Conferencia del PCE, Madrid, 20 y 21 de enero de 1979, Comisión de Propaganda del PCE, Madrid, 1979, pp. 5-6 y 12.

[42].  Ibid., pp. 7-10.

[43].  Ibid., p. 11.

[44].  Ibid., pp. 32-34.

[45].  «Ayuntamientos: La izquierda cumplió un año», Nuestra Bandera, n.º 104, septiembre de 1980. En todo caso, se señalaba que «la experiencia del año indica que no es nada fácil organizar y hacer funcionar un plan de descentralización y participación» y que «las actuales circunstancias de recursos, legislación y aparato administrativo de los ayuntamientos, no permiten una gestión auténticamente nueva y transformadora si no se desarrolla la participación y colaboración activa entre ciudadanos y ayuntamientos». «Conclusiones de una evaluación», Nuestra Bandera, n.º 104, septiembre de 1980.

[46].  «Ayuntamientos: la izquierda cumplió...», Nuestra Bandera, n.º 104, septiembre de 1980.

[47].  Partido Comunista de España, Jornadas de Enseñanza del PCE, Madrid, 19 y 20 de enero de 1980, PCE, Madrid, 1980.

[48].  Tampoco en este caso se contaron los votos favorables de la inmensa mayoría de los congresistas.

[49].  Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 374. Las dificultades en el partido para asumir plenamente la cuestión feminista se reflejaron también en el debate en la comisión del congreso presidida por Armando López Salinas. Véase al respecto «La liberación de la mujer», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[50].  Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 376.

[51].  Ibid., p. 378.

[52].  Partido Comunista de España, Por la liberación de la mujer, PCE, Madrid, 1978, p. 19.

[53].  Ibid., pp. 19-20.

[54].  Ibid., pp. 16-17.

7.  DEMOCRACIA Y SOCIALISMO: EL IX CONGRESO

[1].  En 1932, el PCE celebró legalmente su IV Congreso.

[2].  Todos los datos proceden de Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 470-472. En algunos casos deben considerarse como datos aproximados, en especial los relativos al conjunto del partido; por ejemplo, el número total de militantes, ya que algunas cifras muestran claramente un redondeo que con facilidad podía ser al alza. Las clasificaciones socioprofesionales deben tomarse también como aproximadas.

[3].  Santiago Carrillo, «Eurocomunismo» y Estado.

[4].  Dicho semanario se refería al eurocomunismo como «ese hijo sin padre, engendro del anticomunismo que ha sido deslizado en los partidos comunistas de Occidente», que expresaba «el calculado intento de dividir al movimiento comunista internacional». Las citas y la réplica del PCE, en Mundo Obrero, n.º 31, 3 de agosto de 1977.

[5].  Santiago Carrillo, «Eurocomunismo» y Estado, p. 12.

[6].  Editorial de Avui, reproducido por Treball, n.º 502, del 11 al 17 de noviembre de 1977.

[7].  Editorial de Tele/eXpres, reproducido por Treball, n.º 502, del 11 al 17 de noviembre de 1977.

[8].  «La revolució de la majoria», Treball, n.º 501, del 4 al 10 de noviembre de 1977.

[9].  Véase cap. 3, p. 132.

[10].  Programa del Partit Socialista Unificat de Catalunya, IV Congrés, PSUC, Barcelona, 1977, p. 13.

[11].  Ibid., pp. 18-19.

[12].  «Quatre “si”, quatre “no”, quatre “visca”», Treball, n. º 501, del 4 al 10 de noviembre de 1977.

[13].  La relación del PCE y el PSUC establecía que aunque este último era un partido independiente, participaba en igualdad de condiciones en los congresos y en los órganos de dirección del PCE, lo que obviamente lo comprometía con sus resoluciones.

[14].  Véase una amplia explicación del IV Congreso y de la Conferencia Nacional del PSUC en Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC..., pp. 306-322.

[15].  Joaquim Sempere, «“Eurocomunismo” y leninismo», El País, 21 de abril de 1978.

[16].  Rubén Vega, «El PCE asturiano en el Tardofranquismo y la Transición», en Francisco Erice (coord.), Los comunistas en Asturias, 1920-1982, p. 185.

[17].  Ibid., p. 191.

[18].  Entre los que meses después fueron expulsados o abandonaron el partido se encontraban el citado Herrero Merediz y el ex secretario general del Comité Regional —y futuro presidente de la Comunidad— Vicente Álvarez Areces.

[19].  Juan A. Andrade, El PCE y el PSOE en [la] transición.

[20].  Ibid., pp. 292-300.

[21].  Véanse Nuestra Bandera, n.º 92, 1978; Nous Horitzons, n.º 41, 1978, y Juan A. Andrade, El PCE y el PSOE..., pp. 187-202.

[22].  Informe de Santiago Carrillo en nombre del Comité Central saliente, en Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 19-21.

[23].  Ibid., p. 27.

[24].  Ibid., pp. 30-31. La crítica al PSOE se extendió a su negativa a repetir el acuerdo para la elección de senadores en Asturias y Alicante, aunque concluyó con una apelación a la colaboración de ambas fuerzas de la izquierda.

[25].  Ibid., p. 39.

[26].  Ibid., p. 25.

[27].  Véase, por ejemplo, el artículo de Julio Segura en Nuestra Bandera, n.º 50, citado en las pp. 235-237.

[28].  Informe de Santiago Carrillo en nombre del Comité Central saliente, en Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 40.

[29].  Ibid, pp. 40-41.

[30].  Ibid., p. 48.

[31].  Ibid., pp. 57-59, 74 y 113.

[32].  Ibid., p. 93.

[33].  Ibid., p. 97.

[34].  Ibid., pp. 133-134.

[35].  Ibid., pp. 78 y 103.

[36].  AHPCE, Caja IX Congreso, UCD, Secretaría General de Información, «Observaciones sobre el IX Congreso del PCE».

[37].  Javier Pérez Royo, «Sobre el debate de las tesis 6 y 15», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[38].  En general, cuando la votación favorable era masiva sólo se contaban los votos en contra y las abstenciones.

[39].  Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 141.

[40].  AHPCE, Caja IX Congreso, Proyectos de Propuestas Políticas y de Estatutos al IX Congreso, p. 2.

[41].  «Resolución 1. Características del actual proceso de cambio», en Noveno Congreso del Partido Comunista de España, pp. 337-341.

[42].  «Resolución 2. La política de reconciliación nacional», Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 344-346.

[43].  «Resolución 3. La política de concentración demócrata», Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 348-351.

[44].  Como hemos visto en el capítulo 5, los resultados de las elecciones municipales celebradas en abril de 1979 obligaron al PSOE a alcanzar un acuerdo con el PCE.

[45].  José Luis Malo, «Concentración democrática o alternativa de poder», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[46].  Ricardo Lovelace, «Características del actual proceso de cambio. Comisión primera», en Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[47].  «Resolución 4. Significación de los acuerdos de la Moncloa», Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 357-360.

[48].  Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 149-152.

[49].  «La democracia política y social. Etapa hacia el socialismo y el comunismo», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[50].  Javier Pérez Royo, «Sobre el debate de las tesis 6 y 15», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[51].  «Resolución 6. La democracia política y social, etapa hacia el socialismo y el comunismo», en Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 363.

[52].  Ibid., pp. 363-367.

[53].  Ibid., p. 366.

[54].  Ibid., p. 365.

[55].  Ibid., pp. 364-36

[56].  «Resolución 10. La juventud», en Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 388-390.

[57].  Una tesis que fue definida como «un mosaico», puesto que «se yuxtaponen sin integrase en un cuerpo único» una gran variedad de temas, y cuya «extensión desmesurada» era el mayor síntoma de sus limitaciones. Miguel Bilbatua, «La política cultural y educativa», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[58].  Habría que considerar en este punto que se trataba de la Iglesia conciliar que todavía no había experimentado la involución iniciada tras la muerte de Pablo VI con el pontificado de Juan Pablo II.

[59].  «Resolución 11. Política cultural y educativa», Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 391-398.

[60].  «Resolución 13. Política exterior y de defensa», Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 409-417.

[61].  La matización sobre la superación del estalinismo, «en lo fundamental», fue introducida en el debate en la Comisión ante diversas enmiendas de organizaciones territoriales, que la ponencia afirmó compartir, que señalaban que «esa superación no ha sido completa todavía y que aún hay en el partido restos de viejos métodos y viejas formas que es necesario superar». Intervención de Simón Sánchez Montero, portavoz de la Comisión de la tesis 15.ª ante el pleno del Congreso, en Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 167.

[62].  «Resolución 15. El Partido Comunista de España», en Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., pp. 422-423.

[63].  Ibid., p. 166.

[64].  Ibid., pp. 171-174. A la audacia había apelado Carrillo en su intervención ante la I Conferencia Nacional del PSUC cuando se debatió la cuestión del leninismo: «Si no queremos estar treinta años esperando a ser una fuerza política que pueda influir de verdad en este país, si no queremos estar treinta años subiendo poco a poco, si queremos jugar el papel hegemónico ..., nos hace falta audacia política y teórica para apartar fórmulas que pueden retrasar la fusión con las amplias masas». «Carrillo: Conquistar las masas para el socialismo», Treball, n.º 523, del 7 al 13 de abril de 1978.

[65].  Enrico Berlinguer, secretario general del PCI, rechazó contundentemente el «abandono» del leninismo en diversas ocasiones. Entre ellas, en la entrevista publicada por el diario La Repubblica el 2 de agosto de 1978. Berlinguer sostenía que el leninismo constituía un «patrimonio muy rico y complejo, del que nos sentimos continuadores, pero también críticos e intérpretes». Y añadía que «quien nos pide que emitamos condenas o que adjuremos de la historia y, en concreto de nuestra historia, nos pide algo que es al mismo tiempo imposible y una tontería. No se reniega de la historia: ni de la propia, ni la de los demás. Se intenta comprenderla. Superarla, crecer, renovarse en la continuidad». En los documentos del PCI aprobados en su XV Congreso celebrado en marzo de 1979 se afirmaba: «Nosotros no concebimos el pensamiento de Marx, de Engels, de Lenin como un sistema doctrinal: por ello, desde hace tiempo pensamos que la fórmula “marxismo-leninismo” no expresa toda la riqueza de nuestro patrimonio teórico e ideológico. El pensamiento de los fundadores del socialismo científico, así como el de Lenin y de otros teóricos y dirigentes del movimiento obrero, entre los cuales la peculiar contribución de Gramsci y de Togliatti, ha constituido y constituye, para los comunistas italianos, una fuente de orientación para el análisis de las situaciones y para la elaboración política, un instrumento de investigación y base de orientaciones que intentan ser aprovechadas, verificadas críticamente y renovadas mediante la confrontación con la realidad, con la experiencia y con otras corrientes de pensamiento». En consecuencia, los estatutos afirmaban que el partido «se reconoce en la tradición ideal y cultural que tiene su matriz en el pensamiento de Marx y Engels que ha recibido un impulso de dimensión histórica de las ideas renovadoras y de la obra de Lenin». Sobre dicho congreso, véase Analisa Corti, «Algunes reflexions a l’entorn del XVè Congrés del PCI», Nous Horitzons, n.º 55, 1979.

[66].  «El método de elección del nuevo Comité Central en el IX Congreso del PCE», Nuestra Bandera, n.º 93, 1978. En el anterior Comité Central, el 89,05% eran hombres y el 10,95% mujeres. El incremento de presencia femenina era, pues, insignificante.

[67].  Los datos procedentes de Nuestra Bandera, n.º 93, 1978, corresponden a 153 de los 160 miembros del Comité Central.

[68].  Nuestra Bandera, n.º 93, 1978.

[69].  Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, Manuel Azcárate, Santiago Álvarez, Simón Sánchez Montero, Pilar Brabo, Jaime Ballesteros, Roberto Lertxundi, Antonio Gutiérrez Díaz, Marcelino Camacho, Ramón Tamames, Ignacio Gallego, Francisco Romero Marín, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Federico Melchor y Luis Lucio Lobato. Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 476.

[70].  Santiago Carrillo, Simón Sánchez Montero, Pilar Brabo, Jaime Ballesteros, Francisco Romero Marín, Enrique Curiel, José María González Jerez, José Sandoval, Leonor Bornao y Carlos Alonso Zaldívar. Noveno Congreso del Partido Comunista de España..., p. 477.

[71].  AHPCE, Caja IX Congreso, UCD, Secretaría General de Información, «Observaciones sobre el IX Congreso del PCE».

[72].  El creciente peso de los dirigentes de CC. OO. militantes del PCE fue destacado también por todos los medios internacionales. Véanse, por ejemplo, Le Matin, «La puissance des Comissions ouvrières», 20 de abril de 1978; Le Monde, «La “chemise propre” du PCE», 23 de abril de 1978; o L’Unità, «Un imponente comizio a Madrid ha concluso el Congresso del PCE», 24 de abril de 1978.

[73].  «Las transformaciones del PCE», El País, 23 de abril de 1978.

[74].  Marco Calamai, «Il partito nuovo dei comunista spagnoli», Rinascita, 28 de abril de 1978.

8.  LA CRISIS

[1].  Entre los recientes trabajos sobre el PSOE en esta coyuntura, véase José M. Marín Arce, «La oposición del PSOE al tercer gobierno Suárez», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas...

[2].  Para poder acceder a la autonomía por la vía del artículo 151.º era necesario el voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo electoral en todas las provincias de la futura comunidad autónoma.

[3].  La coalición Convergència i Unió (CiU) quedó en primera posición con el 27,7% de los votos. Para ser elegido presidente de la Generalitat, Jordi Pujol necesitó el apoyo simultáneo de UCD y ERC.

[4].  Desarrollo y cohesión del Partido, Nueva etapa del proceso democrático. Pleno del Comité Central del PCE, Córdoba, 18-20 de mayo de 1979.

[5].  Ibid.

[6].  Treball, n.º 570, del 15 al 25 de marzo de 1979.

[7].  Santiago Carrillo, Memorias, p. 671.

[8].  Projecte de Tesis. 5.è Congrès del PSUC, Comité Central, 1980, pp. 10-11.

[9].  Santiago Carrillo, Memoria de la Transición, pp. 101-104; Manuel Ázcarate, Crisis del Eurocomunismo, Argos Vergara, Barcelona, 1982, pp. 17-20 y 25-30; Carme Cebrián, Estimat PSUC, pp. 268-282.

[10].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, p. 43.

[11].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp.104-105. Votaron en contra Antoni Gutiérrez Díaz, secretario general del PSUC, y Roberto Lertxundi, secretario general del PC de Euskadi-EPK, y se abstuvieron Manuel Azcárate, Pilar Brabo, Marcelino Camacho, Ramón Tamames y Antonio Martín Lillo. Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 590.

[12].  AHPCE. Reunión del Comité Central de los días 1, 2 y 3 de noviembre de 1980, transcripción de las intervenciones. Caja Comité Central, 1976-1982.

[13].  Especialmente en la reunión celebrada en Córdoba en mayo de 1979. Véase Desarrollo y cohesión del Partido…

[14].  AHPCE. Reunión del Comité Central de los días 1, 2 y 3 de noviembre de 1980, transcripción de las intervenciones. Caja Comité Central, 1976-1982.

[15].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, p. 106. Para Vega y Erroteta, el Comité Central elegido en el IX Congreso «nunca conoció una sesión tan larga, tensa y tormentosa». Los herejes del PCE, p. 48.

[16].  AHPCE. Reunión del Comité Central de los días 1, 2 y 3 de noviembre de 1980, transcripción de las intervenciones. Caja Comité Central, 1976-1982.

[17].  Ibid.

[18].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 116-117. En dicha reunión de la Permanente no estaban presentes los dirigentes del PSUC ni los secretarios generales del PCE-EPK y del PC de Galicia.

[19].  5è Congrés. Informe del Comité Central. Intervencions dels portaveus. Resum de la discussió, PSUC, 1981.

[20].  Ibid.

[21].  5è Congrés. Tesis. PSUC, 1981.

[22].  «Resolució del Congrés», Treball, n.º 658, 22-28 de enero de 1981. Debe recordarse la entonces reciente intervención soviética en Afganistán y la crisis polaca.

[23].  «Continuarem lluitant per l’eurocomunisme», Diario de Barcelona, 9 de enero de 1981. Entre los firmantes del documento figuraban Jordi Borja, Jordi Solé Tura, Joan Busquets y Jordi Conill. Una argumentación más amplia y matizada en Jordi Borja, «El PSUC entre dos crisis. El fin de una política», Nuestra Bandera, n.º 106, 1981.

[24].  Joaquim Sempere, «El risc de les males interpretacions», Treball, n.º 658, 22-28 de enero de 1981. Más ampliamente en «Un malestar en busca de coordenadas», Nuestra Bandera, n.º 106, 1981.

[25].  Formaban parte del Comité Ejecutivo, entre otros, José Luis López Bulla, José M. Rodríguez Rovira, Cipriano García, Maria Dolors Calvet, Xavier Folch y Manuel Vázquez Montalbán.

[26].  Reunió del Comité Central, 7 y 8 de febrero de 1981. PSUC, 1981.

[27].  Entre ellos el ex presidente del partido Pere Ardiaca, los dirigentes de CC. OO. Joan Ramos y Alfred Clemente y el veterano Josep Serradell.

[28].  Carme Molinero y Pere Ysàs, Els anys del PSUC..., pp. 341-342.

[29].  Una síntesis de sus posiciones, en su artículo «Por la renovación del Partido Comunista de España», El País, 11 de enero de 1981. Para Tamames, «la discusión ya iniciada empezaba a transcurrir en términos bastante claros con el planteamiento, desde diversos ángulos, de la plena renovación del partido, frente a la posición de continuar básicamente en la misma línea anterior, de fuerte concentración de poder en unas estructuras de organización que no se adaptaron a las nuevas necesidades y aspiraciones de los trabajadores, de las clases populares». Después del V Congreso del PSUC, «el debate de cara al X Congreso del PCE puede pretender transformarse en dialéctica cerrada; de hecho, con una única y falsa disyuntiva: eurocomunismo o prosovietismo. La consecuencia inmediata sería un llamamiento a “cerrar filas”, en base a la idea de la prioridad del eurocomunismo, sin que éste se haya esbozado suficientemente, sin una valoración crítica de las experiencias habidas y, sobre todo, relegando de forma más o menos sutil la cuestión capital de la democratización y renovación del partido. Creo que sería muy sano y conveniente, para todos los comunistas, y para la misma democracia española, evitar esa actitud de simplificación y a la vez de confusión».

[30].  Una explicación muy completa sobre las agrupaciones de intelectuales y profesionales, en Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 123-148. Véase también Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 151-164.

[31].  Manuel Azcárate explicó la tormentosa conversación que sostuvo con Carrillo sobre dicho editorial. Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 168-171.

[32].  «Hacia el X Congreso», Nuestra Bandera, n.º 105, 1980. Para Azcárate, la indignación por el editorial era por «esa forma abierta, sin barreras, con que se presentaba la discusión del X Congreso; el hecho de que se hablase de la necesidad de ver los fallos de los órganos dirigentes, tanto del CC como del secretario general. Era una especie de levantamiento de “tabús” tradicionales. Eso era, en el fondo, lo intolerable». Crisis del Eurocomunismo, p. 173.

[33].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, p. 206.

[34].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 188-195. La publicación en Mundo Obrero del documento fue defendida en la redacción del periódico por Manuel Azcárate y, matizadamente, por Nicolás Sartorius. Simón Sánchez Montero, responsable del Comité Provincial de Madrid, también defendió la publicación.

[35].  «Por un eurocomunismo renovador», mayo de 1981, reproducido en Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 318-323, y en Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 310-314. La crítica a buena parte de la dirección de CC. OO. impidió que, pese a coincidir en muchos puntos, la posición renovadora contara con más amplios apoyos entre sectores obreros.

[36].  Ibid.

[37].  Todos los datos sobre el Congreso, en Mundo Obrero, n.º 137, 7-13 de agosto de 1981.

[38].  Informe del Comité Central al X Congreso, presentado por Santiago Carrillo, Mundo Obrero, n.º 136, 28 de julio de 1981.

[39].  Ibid.

[40].  Ibid.

[41].  Ibid.

[42].  Intervenciones sobre el informe del Comité Central, Mundo Obrero, n.º 136, 28 de julio de 1981.

[43].  Resumen de la discusión del informe, Mundo Obrero, n.º 137, 7-13 de agosto de 1981.

[44].  Resultado de las votaciones, Mundo Obrero, n.º 137, 7-13 de agosto de 1981.

[45].  «Tesis I. Política internacional», Mundo Obrero, n.º 137, 7-13 de agosto de 1981.

[46].  «Tesis II. El período de la transición», Mundo Obrero, n.º 137, 7-13 de agosto de 1981.

[47].  La tesis n.º IV obtuvo 674 votos a favor, cinco en contra y 39 abstenciones; la n.º V, 672 votos favorables, seis en contra y 25 abstenciones; y la n.º VI, 603 votos a favor, seis en contra y doce abstenciones.

[48].  «Tesis VII. El Partido Comunista de España», Mundo Obrero, n.º 137, 7-13 de agosto de 1981.

[49].  Enmienda a la totalidad de la tesis n.º VII, en Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 329-343.

[50].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 234-235.

[51].  Ibid., pp. 237-238.

[52].  Ibid., p. 245.

[53].  Ibid., pp. 245-246.

[54].  Pedro Vega y Per Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 230-231.

[55].  Santiago Carrillo, Memoria de la Transición..., p. 105.

[56].  Sobre el PCE-EPK en los años setenta, véase José Angel Etxaniz Ortúñez, «La revitalización del Partido Comunista de Euskadi...». Sobre el líder histórico Ramón Ormazábal, véase Norberto Ibáñez y José Antonio Pérez, Ramón Ormazábal... Una reciente visión general de la izquierda vasca en la transición, en José Antonio Pérez, «La izquierda vasca en la complicada transición hacia la democracia», en Carme Molinero y Pere Ysàs (eds.), Las izquierdas...

[57].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, p. 252.

[58].  AHPCE, Carta del Comité Central del PCE-EPK al Comité Central de EIA, Bilbao, 12 de septiembre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[59].  AHPCE, Respuesta del Biltzar Tipia de E.I.A., Caja Comité Central, 1976-1981.

[60].  AHPCE, Cartas y declaraciones de organizaciones del PCE-EPK, Caja Comité Central, 1976-1982.

[61].  AHPCE, Resolución del Comité Central del PCE-EPK, Bilbao, 23 de septiembre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[62].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, p. 255.

[63].  AHPCE, Declaración del Comité Ejecutivo del PCE, Madrid, 26 de septiembre de 1981. Comité Central, 1976-1981.

[64].  AHPCE, Las conversaciones EIA-EPK continúan, Caja Comité Central, 1976-1981.

[65].  AHPCE, Declaración del C.C. del PCE-EPK, Bilbao, 2 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[66].  Ignacio Latierro había sido elegido en el X Congreso miembro del Comité Ejecutivo del PCE y del Secretariado.

[67].  AHPCE, Carta de 19 miembros del Comité Central del PCE-EPK, Caja Comité Central, 1976-1981.

[68].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, p. 257.

[69].  Euskadiko Ezkerra había rechazado la Constitución defendiendo el voto negativo en el referéndum de diciembre de 1978, aunque posteriormente había dado su aprobación al Estatuto de Gernika.

[70].  Para Manuel Azcárate, desde una posición favorable a la unificación, ésta era la cuestión más compleja, dado que CC. OO. no era la opción sindical de EIA. Crisis del Eurocomunismo, p. 258.

[71].  AHPCE, Comunicado del Secretariado del Comité Central del PCE, Madrid, 7 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[72].  AHPCE, Comunicado del Comité Ejecutivo del PCE-EPK, Bilbao, 7 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[73].  Los convocantes eran los secretarios políticos de la Federación Provincial de Álava, de las secciones vizcaínas de la margen izquierda, de la Zona Minera y del Alto Nervión, y de las agrupaciones guipuzcoanas de Alto Goierri, Bajo Goierri, Tolosa, Andoain, Zarauz-Costa y Hernani-Lasarte.

[74].  AHPCE, Asamblea Nacional pro-Conferencias y Congreso Extraordinario del PCE-EPK, Bilbao, 10 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[75].  AHPCE, Declaración del Comité Ejecutivo del PCE en relación con los acontecimientos habidos desde la anterior reunión conjunta de los Comités Ejecutivos del PCE y el EPK, Madrid, 13 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[76].  AHPCE, Declaración del Comité Central del Partido Comunista de Euskadi, 13 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1986-1981.

[77].  AHPCE, Medidas adoptadas por el Comité Central del Partido Comunista de Euskadi en su reunión del 13 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[78].  AHPCE, Nota del Secretariado del Comité Central del PCE, en relación con las medidas adoptadas por el Comité Central del EPK, Madrid, 14 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[79].  Respuesta del PCE-EPK, Hermendik. Semanario comunista vasco, n.º 73, 16 de octubre de 1981.

[80].  AHPCE, Resolución del Comité Central del PCE, 22 de octubre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981.

[81].  AHPCE, Declaración del Comité Central del Partido Comunista de Euskadi, 23 de octubre de 1981; Resolución del Secretariado del Comité Central del PCE, 26 de octubre de 1981; Declaración del Comité Central Provisional del PCE-EPK, 6 de noviembre de 1981, Caja Comité Central, 1976-1981. El 10 de noviembre, el Comité Central del PCE decidió que «al estar fuera del partido» no podrían participar en la reunión los cuatro miembros del PCE-EPK que habían rechazado la decisión del Secretariado del 26 de octubre.

[82].  Para Santiago Carrillo, «en definitiva, la operación de Lertxundi ha significado la integración de sólo unos centenares de afiliados del EPK a EE». Memoria de la Transición..., p. 107. El nuevo partido quedó muy lejos de las expectativas que habían estado presentes en todo el proceso. Así, en las elecciones generales de octubre de 1982 obtuvo el mismo porcentaje de votos que EE en 1979 (0,48% en cómputo global), conservando el único diputado. En las elecciones al Parlamento vasco de 1984 retrocedió al 7,94% frente al 9,76% de los votos obtenidos en 1980.

[83].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, p. 250.

[84].  AHPCE, Resolución del Comité Provincial de Madrid sobre la situación política nacional y situación interna del partido, Mundo Obrero, edición extraordinaria para Madrid.

[85].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, p. 258.

[86].  Entre los que ejercían responsabilidades más destacadas, Luis Larroque, vicepresidente de la Diputación Provincial, y los regidores Eduardo Mangada, responsable de Urbanismo, José Luis Martín Palacín, concejal de Circulación y Transportes, Cristina Almeida e Isabel Villalonga.

[87].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, pp. 269-274.

[88].  AHPCE, «Propuesta que los seis miembros del Comité Central excluidos hicieron en respuesta a la rectificación que se les pedía», Mundo Obrero, edición extraordinaria para Madrid.

[89].  Manuel Azcárate, Crisis del Eurocomunismo, p. 280.

[90].  Pedro Vega y Peru Erroteta, Los herejes del PCE, pp. 264-266 y 274-278.

[91].  En enero de 1982, militantes madrileños, muchos de ellos dirigentes de CC. OO., convocaron un acto con el título «Por la recuperación del PSUC y del PCE» en el que intervinieron dirigentes del PSUC expulsados del Comité Central.

[92].  El 20 de octubre de 1981 se habían celebrado las primeras elecciones al Parlamento de Galicia y el PCG había empeorado sus modestos resultados anteriores: 2,9% de los votos y un único diputado. AP logró el 30,5% de los sufragios, UCD el 27,8% y el PSOE el 19,6%.

[93].  AHPCE, Reunión del Comité Central de los días 6 y 7 de junio de 1982, transcripción de las intervenciones, Caja Comité Central, 1982.

[94].  La Asociación para la Renovación de la Izquierda (ARI), que no tenía carácter de partido político, se formó en marzo de 1982; entre sus promotores estaban los expulsados del Comité Central.

[95].  AHPCE, Reunión del Comité Central de los días 10, 11 y 12 de junio, transcripción de las intervenciones, Caja Comité Central, 1982.

[96].  Ibid.

[97].  Ibid.

[98].  AHPCE, Resolución Política. Reunión del Comité Central de los días 10, 11 y 12 de junio de 1982, Caja Comité Central, 1982.

[99].  Ibid.

[100].  AHPCE, Reunión del Comité Central de los días 10, 11 y 12 de junio de 1982, transcripción de las intervenciones, Caja Comité Central, 1982.

[101].  Gregorio Morán, Miseria y grandeza..., p. 608.

CONCLUSIONES

[1].  Reproducido en Luciano Pellicani, «La strategia del paguro», en Renato Mieli (ed.), Il Pci allo specchio. El histórico dirigente antifascista y brigadista internacional en la guerra civil española fue secretario general del PCI entre 1964 y 1972.

[2].  Pietro Ingrao, Movimento operaio, movimento studentesco, Atti del convegno di Ariccia, 29 de noviembre-1 de diciembre de 1968.

ANEXO

*  La lista corresponde a la documentación presentada para la legalización del partido. Junto a los miembros elegidos en el VIII Congreso aparecen los nombres de los miembros cooptados posteriormente hasta mayo de 1977.

De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982)

Carme Molinero y Pere Ysàs

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