Carlos Taibo

Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus últimos libros se cuentan Repensar la anarquía (Los Libros de la Catarata, 2013), ¿Por qué el decrecimiento? (Del Lince, 2014) y Walter Benjamin. La vida que se cierra (Los Libros de la Catarata, 2015).

Carlos Taibo

Para entender el TTIP

una visión crítica del Acuerdo Transatlántico

de Comercio e Inversiones

Primera edición: enero 2016

Segunda edición: febrero 2016

TERCERA EDICIÓN: MAYO 2016

DiseñO de cubierta: Joaquín Gallego

© Carlos Taibo, 2016

©Los libros de la Catarata, 2016

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www.catarata.org

para entender el TTIP.

una visión crítica del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones

ISBN: 978-84-9097-096-6

e-ISBN: 978-84-9097-283-0

DEPÓSITO LEGAL: M-72-2016

IBIC: KCLT1

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Prólogo

Lo que ha dado en llamarse TTIP es, si así se quiere, la última vuelta de tuerca que las transnacionales de Estados Unidos y de la Unión Europea han decidido desplegar para apuntalar sus posiciones e intereses. Aunque en sí mismo el TTIP aporta pocos elementos genuinamente nuevos, explicar lo que significa en estas horas se antoja una tarea urgente siquiera sólo sea por una razón: el contenido del acuerdo que se prepara es desconocido para la mayoría de los afectados en un escenario en el que el establishment político y mediático, a ambos lados del Atlántico, ha puesto todo su empeño en cancelar cualquier debate, ni serio ni liviano, al respecto. Ello es así pese al encomiable esfuerzo de información y de denuncia realizado por movimientos y plataformas, que a principios de octubre de 2015 habían recogido más de tres millones de firmas para pedir la paralización del acuerdo que nos ocupa.

La sigla TTIP responde a las iniciales inglesas del nombre que comúnmente se da al acuerdo que nos ocupa —Transatlantic Trade and Investment Partnership (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, o Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones)—, en el que trabajan desde hace un tiempo los estamentos directores de Estados Unidos (EE UU) y de la Unión Europea (UE). Se ha conocido también como Transatlantic Free Trade Agreement (Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio, TAFTA), denominación y sigla que, ante todo en Francia, han sido empleadas con cierta frecuencia por los detractores del TTIP1. Parece que en su momento se desechó, sin embargo, la posibilidad de hablar de un acuerdo de libre comercio por cuanto se entendió que la imagen legada, años atrás, por el North American Free Trade Agreement (NAFTA, Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte), era inquietantemente negativa2. En ocasiones se ha hablado también, en suma, de un “Gran Mercado Transatlántico” (GMT)3.

A lo largo del último año he recibido muchas invitaciones para participar en actos que se proponían explicar y denunciar el significado del TTIP. En algunos casos quienes me invitaban agregaban que esperaban que de mis labios saliesen, por añadidura, observaciones relativas a la percepción —a los eventuales vicios, por decirlo mejor— que del acuerdo ha ido desarrollando buena parte de la izquierda que, entre nosotros, vive en las instituciones o coquetea con ellas. Como quiera que otros cometidos me acosaban, preferí dejar para mejor momento esas intervenciones públicas. Hoy, y de la mano de este breve texto, intento saldar parcialmente mis deudas al respecto y me propongo hacerlo con una doble vocación: la de dar cuenta de la manera más pedagógica y clara posible de lo que es el TTIP —éste constituye, ya lo anticipo, una materia singularmente árida— y la de aportar una lectura crítica, desde la lejanía con respecto a la institución Estado y a mitos como los del crecimiento y la industrialización, de muchas de las contestaciones que el acuerdo ha merecido. Por razones que me imagino son obvias, en esa doble tarea he puesto una mayor atención en la consideración de lo que el TTIP acarrea en relación con lo que, aquí, nos es más próximo —la Unión Europea—, en detrimento de lo que por fuerza nos tiene que resultar más lejano —Estados Unidos—. Las cosas como fueren, por estas páginas pasan un intento de descripción general del contenido y de los objetivos del TTIP, una discusión sobre sus presuntas virtudes y sus beneficiarios, un análisis de los problemas mayores que plantea, un recordatorio de lo que significan la opacidad en las negociaciones y la condición de “acuerdo vivo” que arrastra y, en suma, una consideración de la dimensión geopolítica que lo acompaña.

Parece obligado reconocer que hablar sobre el TTIP es una tarea delicada que nos invita a movernos por un terreno cenagoso. No olvidemos que estamos ante un acuerdo en relación con el cual las negociaciones prosiguen; en julio de 2015 el parlamento de la UE aprobó por franca mayoría, y ello pese a que en su seno se apreciaban disensiones importantes, la prosecución de esas negociaciones. Estas últimas se despliegan, por añadidura, pese a lo que reza la retórica esgrimida por las partes implicadas, en un escenario de manifiesta opacidad. En esas condiciones, y aun cuando no han faltado filtraciones de datos importantes, es difícil disponer de una información fiable y actualizada que permita conocer cómo se desarrollan las conversaciones y es imposible determinar, por otra parte, cuándo el acuerdo estará ultimado: de poco sirven los planes trazados al efecto en el pasado. Más allá de que la oposición al TTIP ha ido ganando peso, y ha provocado algunos cambios de actitud en los estamentos oficiales, hay capítulos, como el financiero, en los que las desavenencias entre EE UU y la UE anuncian negociaciones que bien pueden prolongarse en el tiempo, y otros, como el del arbitraje privado, que plantean problemas mayores de los inicialmente previstos. Téngase presente, por lo demás, que una vez ultimado el acuerdo, si tal cosa ocurre, será preciso que cobre cuerpo un procedimiento de ratificación que se anuncia tan complejo como polémico4. Para que nada falte, de por medio se hacen valer muchas incógnitas, como las vinculadas con el derrotero de la crisis griega, con el futuro del euro, con un posible abandono de la UE por el Reino Unido, con cambios en el marco comercial internacional o con imaginables derivas en las operaciones neoimperiales que EE UU y la propia UE acometen en el Oriente Próximo. Así las cosas, habrá que reconocer que buena parte de las reflexiones que se incluyen en este texto surge, sin más, de una inferencia de lo que cabe entender que se proponen hacer las transnacionales que están en la trastienda del TTIP. Que nos equivoquemos en ese ejercicio sería, por sí solo, una buena noticia.

Vayan aquí dos observaciones de carácter formal. La primera se refiere al hecho de que he procurado rehuir el empleo del equívoco adjetivo europeo para dar cuenta de hechos que remiten, en sentido estricto, a la condición de la Unión Europea. Aunque nuestros medios de incomunicación se empecinen en contarnos que el gobierno griego negocia con Europa, lo cierto es que lo hace, con toda evidencia, con una instancia política precisa llamada Unión Europea. En esas condiciones, a menudo echaré mano del adjetivo comunitario para referirme a realidades que se refieren a esta última. La segunda de esas observaciones invita a recordar que la imposibilidad de identificar la paginación primigenia de textos consultados a través de lectores de libro electrónico ha aconsejado citar esos trabajos, de manera un tanto heterodoxa, a través del número de los párrafos correspondientes.

Acabo con una confesión: creo que en la elaboración de esta modestísima obra he aprendido más, no sin paradoja, de los defensores del TTIP que de sus detractores. Los primeros son a menudo tan obscenos en su defensa de los intereses de las transnacionales que sus argumentos adquieren una iluminadora claridad. Espero que esta confesión no se vuelva contra este libro, que con toda evidencia no está redactado por uno de los partidarios del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones.

Carlos Taibo

Noviembre de 2015

CAPÍTULO 1

¿Qué ES EL TTIP?

En febrero de 2013 el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció la apertura de negociaciones encaminadas a establecer un “acuerdo transatlántico de comercio e inversiones” entre Estados Unidos y la Unión Europea5. En junio de ese mismo año todos los miembros de la UE otorgaron a la Comisión Europea, una institución de carácter particularmente opaco, un mandato para asumir las conversaciones correspondientes6. El acuerdo en cuestión se planteaba como el más importante relativo a comercio bilateral nunca negociado. Debía afectar a nada menos que 820 millones de personas7. EE UU y la UE configuraban —no se olvide— la principal arteria comercial del planeta, con algo así como el 50 por ciento del producto bruto del globo y el mercado más importante. Se hallaban, por lo demás, en cabeza de la investigación y el desarrollo, y eran responsables de los mayores flujos de inversión y de las más importantes operaciones de fusión y adquisición de empresas8.

Conviene recordar que el acuerdo que nos ocupa, el TTIP, se desplegaba en paralelo con el propósito, enunciado en octubre de 2013, de perfilar al tiempo un Acuerdo Económico y Comercial Global (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) que, entre la Unión Europea y Canadá, se proponía terminar con el 99 por ciento de los aranceles previamente existentes y abrir nuevas oportunidades en el ámbito de los servicios y las inversiones9. En relación con el CETA, y como cabía esperar, se formularon los mismos pronósticos, impregnados de optimismo, en lo que se refiere a su capacidad para acrecentar la riqueza, multiplicar los puestos de trabajo y promover los flujos de inversión mutuos10.

El fundamento declarado del acuerdo

El TTIP11 aspira, en primera instancia, a propiciar la desaparición de los aranceles, bien es verdad que reducidos, que gravan en EE UU los productos de la UE y en esta última los productos norteamericanos. Una estimación emplaza en un 3,5 por ciento los aranceles en vigor en EE UU y en un 5,2 por ciento los existentes en la UE12. Cierto es que en esta última son altos los que afectan a los vehículos de motor y a los alimentos elaborados, en tanto en EE UU lo son los que hacen lo propio con el material ferroviario y con algunos productos agrícolas como el tabaco13. En esta primera dimensión, el TTIP no es diferente de los acuerdos de libre comercio que la UE ha ido suscribiendo con numerosos países.

Pero el acuerdo que nos interesa obedece a un objetivo adicional que es aparentemente el principal: el de alentar la desaparición de los “obstáculos no tarifarios” que encarecen los costos indirectos de exportación de un bien o de un servicio, y que determinan significativamente el comercio transatlántico14. En este marco conviene recordar lo que debe antojarse obvio: cada una de las dos partes que negocian pretende defender sus intereses, de tal manera que si EE UU, por ejemplo, procura proteger el mercado de los vuelos internos, la UE muestra, sobre el papel, empeño en preservar sus denominaciones de origen para productos agrícolas15. Entre los obstáculos que se trataría de levantar se cuentan las exigencias burocráticas, las medidas proteccionistas y las eventuales divergencias existentes entre las normas jurídicas, contables, financieras, sanitarias o medioambientales aplicadas a uno y otro lado del Atlántico16. Según una percepción de los hechos, el costo derivado de estas divergencias es cada vez más alto en un escenario en el que las cadenas de producción son cada vez más interdependientes, de tal manera que un producto importado de un país A se manufactura en un país B y se vende en un país C17. De resultas se han ido abriendo camino lo que ha dado en llamarse “tratados de nueva generación”, que trascienden la mera consideración de los derechos de aduana. Según una estimación, un 80 por ciento de los beneficios presuntamente derivados de un futuro TTIP se vincularía con una convergencia de las regulaciones18.

Los fenómenos acompañantes

El designio de sacar adelante el TTIP guarda relación con varios fenómenos importantes. Mencionaremos al respecto cuatro de ellos: la existencia de una cooperación transatlántica previa, el sustancial incremento experimentado por el comercio mundial, el auge de las llamadas “economías emergentes” y, en suma, la crisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El primero de los elementos citados invoca una inercia histórica propiciatoria de un acuerdo como el TTIP: la aportada por la cooperación transatlántica que, durante la guerra fría, se orientó a hacer frente a la Unión Soviética. Lo suyo es subrayar que en 1990, de manera más cercana en el tiempo, EE UU, lo que hoy es la UE y Canadá aprobaron una “declaración transatlántica” que se hacía eco de otra declaración, la de “interdependencia”, formulada tres décadas antes por el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy19. En esa línea, en 1995 se completó una nueva agenda transatlántica a la que siguieron un acuerdo económico en 1998 y la creación de un consejo en 200720. En 2009 el parlamento de la UE aprobó, casi por unanimidad, una resolución en virtud de la cual se apostaba por la construcción de un verdadero mercado integrado, entre la UE y EE UU, en 201521.

Un segundo factor importante que despunta en la trastienda del TTIP es el notable incremento operado en el comercio internacional de bienes y de servicios, que junto a sus tradicionales modalidades Norte-Norte y Norte-Sur ha visto cómo en los últimos años se desarrollaba también, y de manera notable, un flujo Sur-Sur22. Hay que subrayar que desde 1950 el volumen del comercio mundial se ha multiplicado nada menos que por 32, mientras el producto interior bruto (PIB) planetario crecía ocho veces; hoy el comercio supone algo así como una tercera parte del PIB mundial23. Lo que algunos autores dieron en llamar “hiperglobalización” es un fenómeno que se vio marcado por un crecimiento del comercio mucho mayor que el exhibido por el producto interior bruto mundial, y ello pese a que no se produjeron retrocesos significativos en los costos del transporte (sí que se registraron, en cambio, en los correspondientes a información y comunicaciones)24. Cierto es que unas pocas empresas controlan hoy el comercio planetario. El 80 por ciento de las exportaciones estadounidenses corre a cargo del 1 por ciento de las empresas activas en el sector, en tanto el 85 por ciento de las exportaciones de la UE recae sobre el 10 por ciento de las empresas que a ello se dedican25.

Estrechamente relacionado con lo anterior, y en tercer lugar, está el asentamiento de las llamadas “economías emergentes” —China, la India, Brasil, Sudáfrica— en el inicio del siglo XXI26. No se olvide, en este orden de cosas, el papel que ha tocado desempeñar a China, cuya progresiva integración en el mercado mundial, con la OMC de por medio, ha transformado al país en el mayor exportador planetario; las importaciones y exportaciones de China suponen, por otra parte, más del 50 por ciento del PIB del país27. Cabe recordar que, en virtud de una excelsa paradoja, la progresiva configuración de China como gigante comercial fue conscientemente alentada, en su momento, por Estados Unidos, deseoso, a partir del decenio de 1970, de generar un escenario cada vez más hostil para la Unión Soviética28. Según una estimación, en 2020 la producción económica conjunta de China, la India y Brasil superará a la de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido considerados, también, de forma conjunta29. Según otro cálculo, en 2030 el 80 por ciento de las clases medias existentes en el planeta vivirá en países del Sur30 o, para decirlo tal vez de forma más apropiada, en lo que hoy llamamos economías emergentes.

La crisis de la OMC

Demos cuenta de un cuarto, y último, elemento relevante, que asume la forma de un bloqueo, bien que relativo, de la Organización Mundial del Comercio, incapaz de salir adelante, o al menos de hacerlo conforme a los intereses de EE UU y de la UE. Pareciera como si la OMC hubiese dejado de interesar a las dos instancias mencionadas, toda vez que no permite imponer a las economías emergentes reglas del juego de obligado cumplimiento. Si en algunos casos esto se reconoce francamente sobre la base de la idea de que la deriva de la globalización, por un lado, y la condición de organizaciones como la propia OMC, por el otro, han debilitado el “orden liberal”31, en otros prefiere ocultarse tras la afirmación de que, generosamente, tanto EE UU como la UE han hecho todo lo posible para salvar la OMC. Esta segunda perspectiva exige, claro, un ocultamiento paralelo de los intereses norteamericanos y comunitarios.

Cierto es que en paralelo se hace valer con alguna frecuencia la presunción de que acuerdos como el TTIP —y el TPP, por el que nos interesaremos más adelante— se proponen, en último término, relanzar el proyecto de la OMC32. Cabe suponer, claro, que sobre nuevas e interesadas bases como las que Kirişci vincula con un franco liderazgo de EE UU y la UE33. Hay quien confía, por añadidura, en que un eventual éxito del TTIP haga que países como China y la India acepten muchas de las reglas que las potencias occidentales deseaban imponer al calor de la OMC34. En esta misma línea argumental, el designio de presentar el TTIP como un proyecto vinculado con el objetivo de profundizar en los postulados de la OMC35 a menudo parece obedecer al propósito de evitar que los nuevos acuerdos se perciban como arietes dirigidos contra la propia OMC. Cierto es que no puede descartarse que el TTIP se traduzca en una fuente de controversias derivadas de las discusiones, inevitables, que están llamadas a surgir de los elementos comunes, y de las diferencias, entre una y otra instancia36.

Téngase presente, aun así, que desde su creación hasta diciembre de 2013 la OMC no consiguió sacar adelante ningún acuerdo nuevo, al calor de un bloqueo que ilustraba a la perfección la ineficacia del sistema comercial multilateral37. En diciembre de 2013 prosperó, con todo, el llamado “paquete de Bali”. Relativo a una pequeña parte del programa primitivo de la OMC, no parece, sin embargo, que el paquete en cuestión haya sacado convincentemente a ésta del callejón sin salida en el que, a día de hoy, se encuentra inmersa, y ello por mucho que sea cierto que las empresas transnacionales han recibido con alegría los progresos realizados38. Hay quien interpreta, de cualquier modo, que lo pactado en Bali abre el camino a nuevos acuerdos, bien que sectoriales y parciales, dentro de la OMC39. A la postre puede concluirse que EE UU y la UE juegan una doble carta: aunque no desdeñan la búsqueda de tratados de “multilateralismo global”, conscientes de la dificultad de alcanzarlos se han lanzado al tiempo a la tarea de ultimar acuerdos de carácter regional como el TTIP y el TPP40. No faltan los estudiosos que sugieren, en suma, que las potencias hegemónicas, y entendamos aquí que EE UU y la UE lo son, prefieren lidiar de manera secuencial con otros agentes, uno por uno, antes que enfrentarse a ellos de manera conjunta, que es lo que al cabo ofrece la OMC41.

Multilateralismo regional, multilateralismo global

Permítasenos hacer aquí un alto para glosar un debate de cariz fundamentalmente teórico. Conforme a determinada perspectiva, acuerdos como el TTIP acarrearían la búsqueda de un “multilateralismo regional” enfrentado al “multilateralismo global” anterior. Desde ese punto de vista, de lo que se trataría es de empezar a construir desde abajo, partiendo de instancias más pequeñas, un multilateralismo global42. Así las cosas, el TTIP sería una respuesta pragmática de EE UU —más que de la Unión Europea— ante los problemas que rodearían la construcción de un multilateralismo global43, claramente manifiestos en el proceso de asentamiento de la OMC. Ya hemos señalado que esta percepción ignora, ciertamente, los intereses de EE UU y de la UE, como ignora, también, la incapacidad de estas dos instancias para imponer esos intereses en el marco de estructuras globales como pretendía ser la propia Organización Mundial del Comercio.

Es verdad, con todo, que pese al auge, registrado en su momento, de organizaciones de carácter multilateral y global, en ningún caso puede afirmarse que hayan perdido fuelle los acuerdos de cariz bilateral y regional. Téngase presente lo que, al respecto, significaron en su momento el acuerdo de libre comercio suscrito entre EE UU y Canadá en 1987, o el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte ultimado en 199444. Acaso no está de más agregar que los acuerdos multilaterales que nos interesan ahora, regionales o globales, no los suscriben partes que exhiben capacidades iguales: los grandes suelen imponerse con claridad, como lo ilustran los casos del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y, en buena medida, pese a lo sugerido en estas páginas, de la propia OMC45.

TTIP y globalización

En la trastienda de estas disputas se revela un debate relativo a lo que ha ocurrido al amparo de la globalización. Entenderemos aquí que esta última ha permitido la radicalización de fenómenos que existían con anterioridad: ha disparado el peso de los flujos especulativos —a estos últimos corresponde un relieve significativamente mayor que el que arrastra el intercambio material, físico, de bienes y de servicios—, ha propiciado una aceleración de los procesos de fusión de capitales —y, a su amparo, una concentración de la riqueza en cada vez menos manos—, ha estimulado una activa deslocalización —empresas enteras se han trasladado a otros escenarios en busca de una mano de obra barata, de ventajas fiscales y de gobiernos represores que garanticen la obtención de pingües beneficios—, se ha traducido en una agresiva apuesta desreguladora y, en fin, ha hecho posible un auge significativo de las redes del crimen organizado.

La globalización no ha tenido, por lo demás, un carácter igualitario y uniforme, y ha abocado en una doble pulsión de retroceso de las funciones económicas y sociales en manos de los poderes estatales, por un lado, y de incremento, en cambio, de las de cariz represivo-militar, por el otro. Ha desnudado, en fin, las miserias de la democracia liberal, toda vez que se ha hecho más evidente que nunca que en ésta las decisiones importantes recaen en manos de significadas empresas que operan en la trastienda. Conforme a la percepción que aquí se defiende, y por servirnos de una metáfora audaz, la globalización se ha materializado en una apuesta descarnada en provecho de la creación de un paraíso fiscal de escala planetaria, en virtud del cual los capitales, y sólo los capitales, podrán moverse sin cortapisas a lo largo y ancho del planeta, arrinconando progresivamente, cuando conviene, a los poderes políticos tradicionales y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de carácter humano, social o medioambiental. Hay que concluir que la globalización ha permitido multiplicar, sí, los flujos comerciales y ha integrado en la economía mundial —no está claro que esto sea, ciertamente, saludable— a muchos de los habitantes de los países del Sur, pero lo ha hecho a costa de un incremento general postrero de las desigualdades, de un crecimiento irracional de las ciudades, de una crisis ecológica cada vez más visible, de un retroceso dramático, en todo el planeta, en las condiciones laborales y de un estímulo dispensado a espasmos militaristas que se sitúan en la línea del imperialismo más tradicional.

La crisis que se inició en 2007-2008 ha tenido, de cualquier modo, efectos indelebles sobre la globalización. Si uno de ellos ha sido una interesada operación mediática encaminada a retirar de la circulación la palabra correspondiente, acaso esperando que no se vea dañada por los estigmas negativos que genera la propia crisis, otro ha sido la multiplicación de las interpretaciones relativas a qué ha ocurrido con la propia globalización. Con vocación estrictamente pedagógica señalaremos que esas interpretaciones son en sustancia tres. La primera entiende, sin más, que la globalización, un proyecto fracasado y fuera de control, ha concluido, de tal manera que hemos asistido, en los últimos años, a un visible renacimiento de la lógica de los Estados-nación y de sus usos tradicionales. La segunda estima, por su parte, que la globalización se encontraría en una especie de stand by, en espera de que la crisis remita de manera definitiva para, en ese momento, reaparecer con todo esplendor. Una tercera percepción combina, en fin, elementos de las dos primeras y al cabo sugiere que el renacimiento de los Estados-nación se está verificando, a menudo de forma subterránea, y pese a las apariencias, en provecho de un proyecto globalizador como el que hemos tenido la oportunidad de padecer antes de la crisis mal llamada financiera. Esta tercera lectura de los hechos remitiría a la conclusión, fácilmente imaginable, de que acuerdos como el TTIP, pese a su dimensión regional y compartimentalizada, abocarían en el despliegue de una lógica globalizadora a duras penas distinta de la que hemos retratado.

CAPÍTULO 2

Propaganda y realidad

Como intentaremos demostrar inmediatamente, hay una distancia alarmante entre las promesas que incluye la propaganda oficial que rodea al TTIP y las realidades materiales que cabe augurar. Esto al margen, al calor del acuerdo es inevitable que se revelen ganadores y perdedores. Si nada lo evita, las grandes empresas transnacionales radicadas en Estados Unidos y en la Unión Europea se contarán, en lugar principal, entre los primeros. A duras penas cabía imaginar que los hechos discurriesen por un camino diferente cuando el TTIP —se ha dicho mil veces— no es sino una nueva, e indisimulada, vuelta de tuerca en la consolidación de la lógica neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas.

El optimismo de los pronósticos

Una primera consideración que es preciso afrontar en relación con el TTIP es la relativa al optimismo desmesurado, e interesado, que parece caracterizar a los pronósticos que, en los circuitos oficiales, se han formulado en lo que respecta a las presumibles consecuencias del acuerdo. Todo se presenta de color de rosa: la supresión de barreras acrecentará la actividad de las empresas, multiplicará los empleos y permitirá una mayor competencia que redundará, claro, en provecho de los consumidores. En el caso preciso de la UE, lo anterior se ve completado con una sugerencia omnipresente: el TTIP permitirá que la economía de la Unión abandone la senda de la crisis y recupere el aliento46. Pareciera como si de la noche a la mañana los problemas en la UE estuviesen llamados a evaporarse, y ello en un momento en el que —sabido es— esos problemas son singularmente enjundiosos. La propaganda oficial ignora, por lo demás, que la aparente bonanza de la economía estadounidense pende de dos burbujas: la del gas, vinculada con el fracking, y la de la especulación financiera47. Y eso que es verdad que la percepción más extendida sugiere que en esa economía la crisis, y con ella las políticas correspondientes, no tiene el mismo peso que en la UE48.

El ejercicio de propaganda barata al que se han entregado los defensores del TTIP tiene, de cualquier modo, numerosos y enjundiosos antecedentes. Recuérdese que en la dinámica de construcción de la UE se han empleado a menudo argumentos impregnados de un optimismo sin medida. El gran mercado que se auguraba en 1986 debía permitir, por ejemplo, la creación de millones de puestos de trabajo, con un crecimiento económico anual de nada menos que un 6,5 por ciento49. Ninguno de los elementos publicitarios que se vinculó con la configuración del mercado único adquirió, sin embargo, carta de naturaleza50. Conviene que no olvidemos que también en EE UU se han hecho valer pronósticos lastrados por lo que se antoja un injustificable optimismo. Al respecto no falta quien ha subrayado que al amparo del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte se habló inicialmente de la creación de decenas de miles, y de centenares de miles, de puestos de trabajo, cuando la realidad posterior aportó, de resultas de la competición ejercida por México, una pérdida de 700.000 empleos en Estados Unidos51, mientras la desigualdad se acrecentaba, los salarios se reducían y la presencia sindical menguaba. En estas condiciones a duras penas sorprenderá que sólo un 15 por ciento de los estadounidenses desee permanecer en el NAFTA52. Y todo ello sin que en México, en particular, los beneficios fuesen evidentes: antes bien, la protección social y el sistema bancario se han resentido al tiempo que los salarios reales se estancaban y la precariedad se extendía en un escenario en el que las autoridades se han visto obligadas con frecuencia a afrontar gruesas indemnizaciones en provecho de empresas estadounidenses53.

Examinemos, aun con ello, cuáles son algunos de los datos que la propaganda al uso ha manejado para legitimar la negociación del TTIP. El primero de ellos afecta a una materia tan cenagosa como es la del crecimiento económico. Según un informe del Center for Economic Policy Research de Londres, el acuerdo podría acrecentar la renta en la UE en 119.000 millones de euros anuales, unos 545 euros per cápita54. El cálculo mucho parece tener, no obstante, de ficción, o al menos parece tenerla si nos guiamos por otras estimaciones que, acaso más realistas, sugieren que el PIB se incrementaría sólo un 0,1 por ciento anual y la renta per cápita se elevaría unos escuetos 14 euros anuales, y eso en el caso más optimista55. Se ha hablado también, en segundo lugar, de la creación de numerosos puestos de trabajo: hasta dos millones según una investigación, con un crecimiento económico del 1 por ciento anual56. El estudio de la Fundación Bertelsmann y el Instituto Ifo emplaza, por su parte, en 1.400.000 los empleos que generaría el TTIP57. Ha sido, sin embargo, llamativamente desmentido por la propia Comisión Europea58, que ha reconocido que podrían perderse empleos en industrias como las de maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, y en los sectores de la madera y del papel, así como en las empresas de comunicación y servicios59, a lo que habría que añadir el mundo de la agricultura, los fertilizantes y los agrocombustibles60. Aun cuando el TTIP permitiese crear —ello está por demostrar— empleos, el fenómeno tendría un relieve limitado —tanto más cuanto que en la UE hay más de 25 millones de parados61— y sus concreciones tardarían en manifestarse en el tiempo —se ha hablado al efecto del año 202762—, de tal manera que presentar el acuerdo como una pócima mágica llamada a resolver los problemas presentes en materia de desempleo es un manifiesto sinsentido. No sólo eso: si bien es cierto que el comercio con EE UU podría acrecentarse, lo suyo sería que ese crecimiento lo fuese a costa de un retroceso del registrado entre los miembros de la propia UE63. Y es que, y por añadidura, no faltan los estudios que concluyen que, tal y como ha sucedido al amparo de acuerdos similares, el TTIP debería traducirse en retrocesos importantes en materia de actividad productiva y salarios reales. No es más venturoso, en fin, el panorama en lo que a los precios se refiere. Pareciera como si los publicistas del TTIP diesen por descontado que eventuales descensos en los precios de los bienes o de los servicios —supongamos, con generosidad, que tales descensos se van a verificar— son saludables, sin plantear preguntas mayores en lo que se refiere a la generación y a la condición de los bienes y de los servicios ofertados.

Empleando el Global Policy Model de Naciones Unidas, Jeronim Capaldo traza un panorama sombrío de las consecuencias del TTIP. Podemos resumir así sus conclusiones: reducciones, al cabo de una década, en cuanto a las exportaciones netas, del 2,1 por ciento en los países del norte de Europa, de un 1,9 por ciento en Francia, de un 1,1 por ciento en Alemania y de un 0,9 por ciento en el Reino Unido; pérdidas netas en términos del PIB, de un 0,5 por ciento en la Europa septentrional, un 0,5 por ciento en Francia y un 0,3 por ciento en Alemania; retrocesos en los ingresos salariales, de 5.500 euros por trabajador en Francia, 4.800 en el norte de Europa, 4.200 en el Reino Unido y 3.400 en Alemania, acompañadas de una reducción del papel de los salarios en el conjunto de las rentas; pérdidas en el número de empleos, del orden de 600.000 en el conjunto de la UE; mengua en cuanto a los ingresos públicos obtenidos vía impuestos, que en un caso como el de Francia podría situarse nada menos que en un 0,64 por ciento del PIB, con eventuales problemas en lo que atañe a la satisfacción de los criterios establecidos en Maastricht, y, en fin, una mayor inestabilidad financiera acompañada de notables desequilibrios64. Aunque en los estudios consultados apenas hay referencias expresas a España —si una estimación hiperoptimista, hilarante, se ha referido a la creación de 143.000 nuevos empleos y a un incremento del 6,5 por ciento en el PIB per cápita, otra, menos osada, ha hablado de la creación de 40.000 puestos de trabajo en un escenario de “liberalización profunda”; bien puede entenderse que esta segunda cifra poco aporta en un país con cinco millones de desempleados65— ni, en general, a la Europa mediterránea, la consideración de los problemas que el TTIP acarrea obliga a concluir que los efectos del acuerdo están llamados a ser muy negativos si tomamos en consideración principios básicos en el terreno social, en el laboral, en el alimentario o en el medioambiental. Por enunciar el argumento de otra manera, el TTIP sería la puntilla de las medidas que, al calor de la crisis, han desplegado gobiernos como el español en descarada aplicación de lo que se antoja una audaz lucha de clases desarrollada desde arriba.

Uno de los problemas mayores de las estimaciones “optimistas” es que prefieren ignorar, de forma significativa, los efectos negativos, que obviamente existen, del TTIP. Recordemos, por ejemplo, que este último tendría secuelas delicadas en determinados segmentos de la economía de la UE obviamente perjudicados por la competición de las empresas estadounidenses. “Las industrias europeas sólo piensan en las exportaciones, sin reflexionar en las consecuencias de las importaciones de productos estadounidenses registradas en el mercado europeo”66. Lo suyo es que muchas empresas que, radicadas en la UE, viven del mercado propio de esta última vean cómo se deterioran sus posiciones en provecho de competidores norteamericanos. Pero se ha hablado también de los desajustes provocados por la necesidad de transferir mano de obra de unos a otros sectores. Y se ha subrayado que, aunque el TTIP podría traducirse —acabamos de mencionarlo— en un descenso en los precios de determinados productos, en el caso de otros —así, y por ejemplo, los medicamentos— su efecto parece llamado a ser el contrario67. No olvidemos, en fin, que cualquier modelo relativo a las imaginables consecuencias de la aplicación de un acuerdo como el TTIP debería tomar en consideración escenarios muy complejos —así, y por citar uno entre muchos, el vinculado con la posible manifestación de fenómenos como los que, al amparo de la crisis de las subprimes, condujeron a la crisis financiera iniciada en 200768— que, genuinos frenos para el optimismo desmesurado, invitan a asumir una extrema prudencia.

Quién saldría ganando

Los efectos del TTIP están llamados a ser diferentes en unos y otros espacios geográficos, de la misma suerte que es inevitable que sean distintos en lo que respecta a las grandes empresas, por un lado, y a las medianas y pequeñas, por el otro. Como cabe esperar, los beneficios de las grandes empresas deben crecer visiblemente en un escenario marcado por una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Recordemos, en este sentido, que si es verdad que la liberalización financiera parece que es lógico que tenga, pese a todo, consecuencias saludables para el Reino Unido, no lo es menos que la producción agrícola de países como Francia, Polonia o Alemania se resentirá al amparo del TTIP69. Resulta obvio, por lo demás, que las economías de mayor vocación exportadora, como la alemana, sacarán una mayor tajada, también, del acuerdo70. No es sencillo imaginar, por lo demás, que las cosas vayan a ir mejor en el flanco sur de la UE, en donde economías como la portuguesa, la griega o la española tendrán que afrontar el peso de la competición de las empresas estadounidenses71. Son fáciles de intuir los perjuicios para los países más pobres de la Unión, dotados de empresas poco competitivas y de una mano de obra barata que vería ratificada su condición de tal.

Hay quien afirma, en un terreno próximo, que la UE se encuentra en posición de supremacía en comparación con EE UU. No se olvide que el PIB de la Unión es algo más alto que el norteamericano y que aquélla disfruta de una balanza comercial favorable72. Conviene subrayar, con todo, que la UE cuenta con más habitantes —más de 500 millones— que EE UU —un poco por encima de 300 millones—, con lo que su renta per cápita es del orden de un 40 por ciento inferior a la norteamericana73. Esto al margen, la Unión Europea arrastra un visible retraso en sectores como los de la electrónica, la informática y los servicios financieros, y está lejos de disfrutar de un poder político razonablemente homogéneo en un escenario en el que las disidencias menudean en su seno74. Para que nada falte, mientras en EE UU es posible recurrir a una política presupuestaria y monetaria de relativa eficacia, en la UE se han impuesto criterios estrictos en materia de equilibrio presupuestario y lucha contra la inflación que han trabado el despliegue de medidas que permitan corregir las disfunciones75.

En este marco, y según Porcher y Farah, “la manipulación del dólar acompañada de una uniformización de las normas otorgaría una ventaja enorme a las multinacionales norteamericanas porque, como quiera que el comercio Estados Unidos/Europa es un comercio entre sectores, sólo podría producirse en favor de EE UU, con un descenso del dólar que haría que los bienes estadounidenses fuesen menos caros que los europeos. Más aún: como la mayoría de los intercambios se verifica dentro de la UE, las exportaciones norteamericanas —menos caras y, en adelante, posibles de resultas de la uniformización de las normas estadounidenses y comunitarias— sustituirían a las de algunos países europeos, provocando una pérdida de expectativas para las empresas de esos países”76.

Los objetivos del acuerdo

Salta a la vista que el propósito mayor del TTIP es establecer normas que sean favorables a las empresas, y en singular a las grandes empresas. Aunque a menudo se interpreta, a tono con algo que acabamos de señalar, que los mayores beneficiarios habrán ser las grandes corporaciones estadounidenses, es evidente que las europeas, pese a todo, no irán a la zaga. Hay un acuerdo general entre unas y otras, de tal suerte que cualquier tipo de análisis que sugiera que la UE —maticemos: las grandes empresas que están por detrás de ésta— se va a plegar sin más a los intereses estadounidenses introduce un manifiesto equívoco.

El objetivo principal, por decirlo de otra manera, no es suprimir aranceles y cancelar duplicaciones y trámites burocráticos, como reza la retórica oficial, sino imprimir una nueva vuelta de tuerca a la dominación de las empresas transnacionales, generando un escenario político, económico, social y medioambiental aún más propicio para los intereses de éstas. Así las cosas, parece llevar la razón Susan George cuando afirma que, más que un tratado de libre comercio, el TTIP es una “carta de libertades para las transnacionales”77. El procedimiento maestro al respecto no es otro que el que pasa por una igualación a la baja de los escenarios propios de EE UU y de la UE: se trata de buscar un mínimo común denominador definido por los intereses de las transnacionales, en abierta desatención, no sólo de cualquier consideración de cariz humano, social o medioambiental, sino también del hecho de que a menudo las divergencias en las normas no remiten a meras, y solventables, cuestiones técnicas, sino a criterios que son el producto de opciones más o menos libres asumidas por la población78. Los ejemplos de los organismos genéticamente modificados o del fracking son suficientemente ilustrativos al respecto. El proceso general de liberalización y de mercantilización que se adivina fácilmente tras la propuesta del TTIP ha alcanzado en los últimos años, en particular desde la secretaría de Kofi Annan, al propio sistema de Naciones Unidas79.

No está de más que agreguemos que conviene que nos deshagamos de una superstición muy extendida: la de que la UE defiende valores sustancialmente preferibles a los que se postulan en Estados Unidos. Si ello puede ser verdad en algún terreno preciso, la deriva de las últimas décadas lo es hacia una manifiesta confluencia entre los modelos de capitalismo propios de unos y de otros, en franco provecho de la desregulación característica del norteamericano. Cuando, y si queremos añadir a esta disputa una dimensión temporal, Raoul-Marc Jennar señala, y es un ejemplo entre muchos, que en EE UU el Estado no es en modo alguno el garante del bien común, sino que esa tarea corresponde a los ciudadanos, y cuando subraya que, en cambio, la percepción europea, surgida de la revolución francesa, es muy diferente80, hay que preguntarse si no estará echando mano de una distinción que pudo tener su sentido en el pasado —cuesta trabajo creer, aun así, que el Estado es garantía del bien común— pero que, con toda evidencia, lo ha ido perdiendo con el transcurrir de los años al calor del auge neoliberal. Por recurrir a un argumento de vocación similar, aunque es razonable recordar que EE UU sólo ha suscrito 14 de los 190 acuerdos ultimados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha mantenido al margen de la convención sobre la diversidad cultural promovida por la Unesco y ha hecho otro tanto con las convenciones sobre los derechos del niño, con el protocolo de Kioto o con los fundamentos de la justicia penal internacional81, hay que preguntarse si las adhesiones a esos textos promovidas por la UE no tienen un carácter fundamentalmente retórico, de tal manera que esconden que la actitud de la Unión no es al respecto muy diferente de la de EE UU. Baste con señalar que las reducciones reales en la emisión de sustancias contaminantes asumidas por la UE dejan mucho que desear o que, cuando ha llegado el momento de acatar lo que significa la justicia penal internacional, la posición de Bruselas ha estado cargada —véase, si no, el caso de Afganistán— de equívocos.

¿Hay alguna dimensión filantrópica en el TTIP?

La maquinaria propagandística que acompaña al TTIP ha procurado relatarnos, como era preceptivo, un cuento de hadas en el que no tiene cabida ninguna invitación a la duda. Con arreglo a ese cuento, la UE se estaría adelantando para imponer normas severas que implicarían preservar las exigencias en materia, por ejemplo, de derechos sociales, derechos de los consumidores, derechos laborales o medio ambiente. Salta a la vista, sin embargo, que la realidad es bien diferente: la Unión Europea no es ningún modelo en terreno alguno y la pretensión de que postula criterios siempre respetables constituye una superstición. Lo que realmente temen sus estamentos directores no es que en las economías emergentes se mantengan patrones laborales, sociales o medioambientales lamentables, sino, antes bien, que esas economías apuesten por políticas más proteccionistas y menos liberalizadoras82. Esto al margen, lo suyo es recordar que, si se ajusta a la verdad la intuición de que la UE y EE UU desean establecer criterios social y ecológicamente respetables que deberán ser imitados por otras instancias, hay algún problema con un acuerdo, el TTIP, que se propone, precisamente, rebajar la condición social y ecológica de esos criterios. Ya hemos sugerido que el objetivo del acuerdo no es propiciar un mayor bienestar o generar más puestos de trabajo, sino mejorar la posición de las transnacionales. En semejantes condiciones, no pueden antojarse sino ingenuas las percepciones de algunos movimientos sociales estadounidenses que aprecian en el TTIP una oportunidad certera para introducir en EE UU normas más respetables en materia de sanidad o de derechos laborales.

Y es que, a la hora de evaluar la imaginaria condición filantrópica del acuerdo, lo más saludable es remarcar la visible supremacía que, en su negociación, corresponde a lobbies, a grupos de presión, que representan a grandes empresas. Según una estimación, de 127 reuniones preparatorias organizadas por la Comisión Europea con partes presuntamente afectadas por el TTIP, en el 93 por ciento de los casos esas partes se vinculaban con grandes empresas y sólo en un 7 por ciento remitían a “organizaciones de la sociedad civil” (y entre ellas a sindicatos y organizaciones no gubernamentales, ONG, de cuya apuesta resistente conviene recelar en muchas ocasiones)83. Aunque en el grupo de expertos que trabajan en el TTIP hay representantes sindicales, parece llamativa la presencia de responsables de organizaciones empresariales claramente empeñadas en la defensa de políticas de privatización y liberalización84. Conforme a otra estimación, mientras los lobbies empresariales comunitarios gastan en sus actividades 123 millones de euros anuales, los articulados por ONG y organizaciones de consumidores destinan a estos menesteres sólo 4 millones85. Susan George nos recuerda a qué se dedican muchos de los lobbies que nos ocupan: “Promueven la comida basura, los cultivos modificados genéticamente, el tabaco, los productos químicos peligrosos o los fármacos inseguros, y defienden los intereses de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y de los bancos de mayor tamaño, para procurar satisfacer cualquier objetivo que las transnacionales europeas pretendan conseguir”86. La propia George tiene a bien recordar, por añadidura, que seguimos sin saber cuál es el número real de lobistas que hay en la UE, con quién negocian y cuál es el volumen de recursos que manejan87. Es éste un ámbito en el que, por otra parte, las transnacionales norteamericanas reclaman una presencia mayor, toda vez que estiman que los mecanismos de presión en las instituciones comunitarias les están vedados en provecho de lobbies radicados en la UE88. Tampoco está de más que subrayemos que, en un terreno muy próximo, se revela, también aquí, un fenómeno conocido: el de las llamadas “puertas giratorias”, en virtud de las cuales un responsable político acaba trabajando al servicio de empresas privadas (o viceversa), con las secuelas esperables en materia de fusión/confusión de intereses.

La trastienda ideológica

Preguntémonos también por la apuesta ideológica que se halla por detrás del TTIP. Los propagandistas de este último señalan que es una iniciativa que pretende reflejar los fundamentos de sociedades democráticas como las de EE UU y la UE, marcadas por el imperio de la ley y por el respeto de los derechos humanos, cabe suponer que frente a la condición autoritaria y lamentable de todos los demás89. Es común que la aserción correspondiente se haga acompañar de otras que subrayan cómo en todos los acuerdos suscritos por EE UU y la UE hay una apuesta consistente —ya lo hemos anotado— por los derechos de los trabajadores y de los consumidores, y por el respeto del medio ambiente90. En la trastienda, y como hemos anticipado, uno de los objetivos fundamentales del TTIP sería conseguir que esta supuesta sensibilidad social y medioambiental se expanda por el planeta entero, de tal manera que en adelante los principios correspondientes se conviertan en una especie de canon insorteable91.

En la propaganda que nos ocupa menudean los esfuerzos encaminados a retratar al enemigo: si el denostado “capitalismo de Estado” estaría vivo en países como China, Rusia, Vietnam o Arabia Saudí, la democracia faltaría en muchos escenarios del Asia central, el Oriente Próximo o África. Esto al margen, la posición con respecto a Occidente de Estados que son “democracias liberales”, como la India o Brasil, plantearía dudas en materia de lealtad. Con este panorama no habría muchos motivos para concluir que las economías emergentes, democráticas o no, se van a sumar al carro del orden liberal que EE UU y la UE alientan generosamente92. No hay duda, en cualquier caso, en lo que se refiere a la superioridad del modelo propio y a la envidia que suscitaría en los ajenos. Tampoco la hay en lo que atañe a la bondad moral, y a la ausencia de cualquier suerte de problema en este terreno, del modelo correspondiente, alejado, entonces, de los intereses espurios, las malas artes, los negocios deleznables o la explotación de las personas.

El proyecto del que forma parte el TTIP se plasmaría, en suma, en una genuina comunidad transatlántica llamada a permitir que se asiente un horizonte de seguridad común como es el materializado en torno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)93. No está claro, eso sí, si es el comercio el que debe apuntalar la OTAN o si es ésta la que debe propiciar el fortalecimiento del primero. Algunos analistas, como Charles A. Kupchan, auguran que un acuerdo como el TTIP, al concentrar su impulso, al menos en apariencia, en materias comerciales, podría tener un efecto indeseable: el de sucumbir a la tentación de forjar sobre la base de aquéllas una política de seguridad, en franco olvido —ésta es, por supuesto, la percepción de Kupchan— de que para ello es vital una instancia como la OTAN94. Así las cosas, se hace evidente que para la abrumadora mayoría de los analistas estratégicos esta última es un compañero insorteable del TTIP.

En un terreno próximo, no deja de resultar llamativo que se siga empleando con descaro el discurso que subraya que los países que comercian entre sí ni hacen la guerra ni recurren a la violencia. Las armadas francesa y británica han sido vitales para ampliar las áreas comerciales de los imperios correspondientes en un escenario en el que, de forma general, el capitalismo ha destruido sociedades enteras, y con ellas activos procesos de cooperación y de preservación colectiva de bienes. La pulsión imperial que pervive, con singular fuerza, en Estados Unidos tiene en estas horas retoños en muchos lugares del planeta. Hoy, en fin, las transnacionales son responsables de agresiones sociales y ecológicas sin cuento, al amparo de un ejercicio de violencia sin contención95. Por detrás es fácil apreciar, naturalmente, el meollo de la superstición neoliberal, con la idea de que el beneficio privado no es sino el beneficio de todos, y con una voluntad expresa de cerrar los ojos ante lo que significan la explotación, la desigualdad y la especulación.

CAPÍTULO 3

Los terrenos conflictivos

Aunque lo común es que se subraye, sin más, que el TTIP debería permitir que muchas empresas comunitarias se abran camino en el mercado estadounidense, y que otro tanto ocurra con muchas empresas norteamericanas en el mercado de la UE, hay que poner sobre la mesa un buen puñado de circunstancias que remiten a situaciones delicadas. En este sentido se han escuchado muchas voces que han reclamado menos retórica en la defensa de las supuestas ventajas derivadas del TTIP y mayor atención a sus presumibles consecuencias negativas. Cierto es que, a tono con lo que afirmamos en el prólogo, y como quiera que no conocemos la versión definitiva del acuerdo, no nos queda más remedio que basarnos en intuiciones que las más de las veces toman como punto de partida los intereses de las transnacionales estadounidenses y comunitarias.

La agricultura

El de la agricultura y la ganadería es un sector en el que, a ambos lados del Atlántico, perviven derechos de aduanas relativamente importantes. Son, como media, de un 7 por ciento en Estados Unidos y de un 13 por ciento en la Unión Europea, que aplica aranceles altos sobre los cereales, el azúcar y la carne96. Según una versión de los hechos, si los aranceles de la UE desapareciesen, muchos agricultores quedarían a merced de sus competidores estadounidenses, marcados estos últimos por una agricultura más industrializada y más competitiva, y menos atenta a criterios sociales y ecológicos. Téngase presente que la explotación agrícola media en la UE cuenta con 13 hectáreas, frente a las 170 de EE UU, y que por cada 1.000 hectáreas se emplea a 57 personas en la UE y a sólo 6 en EE UU97. Según esta percepción, la desaparición, o la reducción, de los aranceles acarrearía la introducción, en la UE, de un modelo de alimentación animal basado en el maíz y la soja, en detrimento de lo que significan los prados y las proteínas propios de la Unión Europea. La reducción en los costos de producción supondría un debilitamiento de los patrones medioambientales, alimentarios y sociales, se traduciría en un proceso de concentración de explotaciones, en una progresiva especialización regional y en una pérdida significativa de puestos de trabajo. La agricultura de proximidad y la relocalización saldrían, obviamente, perdiendo98. No se olvide, en paralelo, que producir un kilo de carne es mucho más caro para un ganadero francés que para uno norteamericano, que acostumbra emplear técnicas de explotación intensiva mucho más competitivas99. Los perjudicados mayores serán, con toda probabilidad, los pequeños agricultores y ganaderos, circunstancia relevante toda vez que en la UE perviven, pese a los esfuerzos de los dirigentes comunitarios, muchas pequeñas explotaciones, claramente perjudicadas, por lo demás, por la Política Agraria Común (PAC)100. Cierto es, con todo, que también se verían en peligro iniciativas estadounidenses que, como la promovida por el Los Angeles Food Policy Council, procuran estimular una agricultura y una alimentación más sostenibles y sanas101.

Conviene subrayar, por otra parte, que en EE UU y en la UE rigen normas de actuación distintas: mientras en Estados Unidos un producto puede colocarse en el mercado de manera relativamente fácil y sólo es objeto de cuestionamiento cuando con posterioridad se revela alguna prueba científica de su peligrosidad, en la Unión Europea impera el principio de precaución, en virtud del cual se reclama del productor que aporte la certeza de que su mercancía no arrastra ningún problema102. Mientras en Estados Unidos sólo se toma en consideración el producto final, y apenas interesa el proceso previo, en la UE parece revelarse, al menos sobre el papel, una voluntad de controlar, en cambio, las características de ese proceso103. En este escenario es lógico que en la UE se hagan valer muchas dudas en lo que respecta a materias sensibles como el empleo de cloro en los pollos104, el de hormonas en la carne105 —la UE, que rechazó la importación de carne tratada con hormonas, fue sancionada en su momento de resultas de una demanda formulada por EE UU y Canadá106—, el uso de antibióticos y de pesticidas107, o los alimentos transgénicos. En relación con estos últimos lo suyo es recordar que la lista de productos genéticamente modificados que han sido autorizados en EE UU es mucho más amplia que la de la UE108. Según una estimación, un 70 por ciento de los alimentos que se hallan a la venta en los supermercados norteamericanos han sido modificados genéticamente109. Los transgénicos son mucho menos frecuentes, en cambio, en el caso de la UE, en donde, por añadidura, su condición debe mencionarse en el etiquetado110. Las grandes empresas del sector agrícola en EE UU desean propiciar, con toda evidencia, una relajación en lo que respecta a las normas comunitarias en materia de autorización de importaciones de transgénicos, quieren rebajar el peso de las pruebas que al efecto se hacen valer en la UE y aspiran a convertir en voluntario el etiquetado correspondiente111. Esas empresas son muy renuentes a proporcionar información en lo que respecta a los transgénicos, frente a las presiones de las organizaciones de consumidores112.

Pero son también inevitables las dudas en lo que respecta a la credibilidad de los portavoces de la UE que anuncian que en modo alguno se aceptarán en ésta prácticas muy extendidas en la industria alimentaria estadounidense. La perspectiva de que se produzca un retroceso en materia de seguridad alimentaria está ahí. Aunque, y por lo que parece, el mandato de la UE en lo que atañe a las negociaciones en este terreno no excluye, ciertamente, las medidas de seguridad alimentaria, las subordina al hecho de que no constituyan “barreras comerciales injustificadas”113. No es de desdeñar, con todo, que se manifiesten fórmulas intermedias que permitan sortear, interesadamente, los problemas. Hay quien anuncia, por ejemplo, que los productos norteamericanos deberán portar un etiquetaje especial que permita identificarlos con facilidad, de tal suerte que sea el consumidor europeo quien decida si desea adquirirlos o no114. Parece que la fórmula en cuestión, tanto más si se ve acompañada de precios más bajos para esos productos, facilitará sin más el acceso, a los mercados comunitarios, de bienes que no reúnen requisitos previa y conscientemente establecidos. Para cerrar el círculo, la posición oficial estadounidense es muy reacia a aceptar normas de etiquetado como las que permiten identificar los productos transgénicos115. Cierto es que no faltan tampoco los problemas, de nuevo, del lado estadounidense. Recordemos, por ejemplo, que en EE UU hay recelos, lógicos, ante los controles que la UE ha podido establecer en relación con las llamadas “vacas locas”116.

Los productos químicos

Aunque lo común es que los grupos ecologistas que trabajan en la UE consideren que la directiva sobre sustancias químicas que ésta aplica —REACH: siglas inglesas de regulación, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas— es visiblemente insuficiente y se está aplicando con injustificada lentitud, parece fuera de duda que, pese a ello, es preferible a lo que rezan las normativas estadounidenses. Y es que, en los hechos, en EE UU lo que se antoja difícil es conseguir que se prohíba una sustancia química117. Salta a la vista, en este ámbito, que el designio norteamericano en lo que hace al TTIP apunta a lograr que sean las normas propias, y no las de la UE, las que pasen a definir en el futuro un terreno que guarda una estrecha relación, por cierto, con la alimentación y con muchas tareas domésticas. En este sentido conviene recordar que EE UU no ha ratificado el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, acaso el más importante de los acuerdos relativos a productos químicos118.

Se trata, por decirlo de otro modo, de que también en este ámbito deje de operar el principio de precaución en provecho de la aplicación de otro principio, el estadounidense, que se asienta —ya lo hemos mencionado— en la exigencia de demostrar de forma expresa que una sustancia química es peligrosa para poder limitar o prohibir, en consecuencia, su uso119. No está de más agregar, en un orden de cosas distinto, pero paralelo, que la legislación estadounidense en materia de nanotecnología se antoja de nuevo muy laxa, con escasa consideración de los efectos que ésta puede tener sobre los seres humanos y sobre el medio ambiente120.

Energía/ecología

En el ámbito de la energía son evidentes los objetivos del TTIP: liberalizar las transacciones, suprimir las barreras comerciales y proteger a los inversores121. En esta estela, la principal promesa propagandística habla de reducciones en los precios de la energía sin plantear discusión alguna en lo que respecta a cómo están llamadas a conseguirse. Parece que, en un mercado caracterizado por una escasa elasticidad, con inversiones en infraestructuras que por definición tienen que ser cuantiosas, las ventajas derivadas del TTIP serán, sin embargo, limitadas y los inconvenientes, en cambio, grandes. No sólo eso: hay motivos para concluir que lo que al cabo será el TTIP fortalecerá las pulsiones oligopólicas, y la subida de los precios, a la manera de lo que ha terminado por suceder en el Reino Unido de resultas de la liberalización del mercado eléctrico122. Tampoco hay que dar mayor crédito a la perspectiva de que el incremento de las transacciones y la transferencia de tecnologías tengan efectos saludables en materia de desarrollo de las energías renovables. Tal y como lo señalan Porcher y Farah, la mayor parte de las innovaciones no se derivan de los entresijos del liberalismo económico, sino, antes bien, de políticas públicas de inversión en investigación123.

Pero, en un ámbito más concreto, una consecuencia previsible del TTIP bien puede ser, en la UE, una masiva importación de petróleo y de gas procedentes de EE UU, un país que hasta la irrupción estelar del fracking124 se mostró muy receloso en lo que hace a la exportación de sus materias primas energéticas. La crisis de Ucrania ha colocado este horizonte en un primer plano, con la franca complacencia, claro, de las grandes empresas norteamericanas del sector. Si esa importación ganase terreno, es evidente que se acrecentaría, y probablemente de manera sensible, la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles. Del lado norteamericano, y por otra parte, las organizaciones ecologistas temen que sirva de estímulo para un despliegue aún mayor de las prácticas de fracking125, de tal manera que la lucha contra el cambio climático experimente inequívocamente nuevos reveses. Las normativas estadounidenses sobre agrocombustibles son, por otra parte, más laxas que las de la Unión Europea, al tiempo que EE UU parece decidido a hacer lo posible para que se deroguen, o al menos se suavicen, las leyes comunitarias que prohíben la importación de petróleo procedente de las arenas bituminosas canadienses126. La lucha contra el cambio climático, recién mencionada, no se encuentra, de cualquier modo, entre las prioridades de la agenda que guía a los negociadores del TTIP. En general, las perspectivas de una transición energética que se intuye urgente están llamadas a degradarse, algo tanto más llamativo en el caso de una UE que en 2008 declaró su compromiso, con el horizonte de 2020, de reducir en un 20 por ciento sus emisiones de gas de efecto invernadero, acrecentar en un 20 por ciento su eficacia energética y situar en un 20 por ciento del total la contribución de las energías renovables127. Según la propia Comisión Europea, el crecimiento económico vinculado con el funcionamiento deseable del TTIP se traducirá en la emisión de 11 millones de toneladas adicionales de CO2128, circunstancia que obliga a poner seriamente en duda el compromiso de la UE con la lucha contra el cambio climático. Y es que llevado de su designio, elemento central de la propaganda, de propiciar un mayor crecimiento económico, el TTIP no parece plantear ninguna cautela en lo que se refiere a los efectos que tal crecimiento tendrá en términos de agresiones ecológicas y de acercamiento del colapso.

Se antoja sencillo concluir que el TTIP reducirá sensiblemente la capacidad de las diferentes instancias afectadas en lo que se refiere al despliegue de medidas vinculadas con la transición energética, en un escenario en el que el Derecho comercial tendrá clara primacía frente al medioambiental. Y ello sobre la base de un principio claramente instalado, por cierto, en la lógica de la OMC: el de que corresponde a los países promotores de medidas de protección del medio ambiente demostrar que sus acciones no causarán una “discriminación arbitraria o injustificable” y no ocasionarán una “restricción oculta del comercio internacional”129. A este respecto conviene recordar que, a la luz del premonitorio acuerdo de libre comercio suscrito entre EE UU y Canadá, las diferentes instancias públicas —en el caso de la UE hablamos tanto de esta última como de los Estados miembros o de los poderes regionales y municipales— no podrán adoptar, por ejemplo, medidas que impongan un mínimo de producción o de consumo locales a una empresa que se instale en su territorio, ni exigir que ésta se vincule con entidades del lugar, ni obligarla a emplear sabidurías populares autóctonas130.

No se olvide que en el ámbito de la ecología —en el que es fácil adivinar una franca marcha atrás en lo que se refiere al etiquetado ecológico de bienes y de procesos131— se revelan, por lo demás, antecedentes inquietantes. Uno de ellos lo aporta el hecho de que, al amparo de las normas de arbitraje privado que más adelante nos ocuparán, una empresa estadounidense, Lone Pine Resources, solicitó una importante indemnización de las autoridades de Quebec, en Canadá, por haber establecido éstas una moratoria sobre el fracking132. En nombre de las garantías de un “trato justo y equitativo”, la empresa norteamericana Tecmed contestó la decisión de una colectividad local mexicana en el sentido de rechazar la instalación de una planta de tratamiento de residuos, de tal suerte que México hubo de pagar cinco millones de dólares133. Por su parte, la empresa canadiense Gabriel Resources ha amenazado a Rumanía con exigir fuertes indemnizaciones en la eventualidad de que se vea obligada a renunciar a la explotación de una mina de oro y plata en Rosia Montana, donde buena parte de la población se opone a la iniciativa por razones ecológicas; proyectos similares se han hecho valer en Galicia —el caso de Corcoesto—, en Grecia y en Bulgaria134. El mensaje es fácil de interpretar: si se desea aprobar nuevas leyes que respondan a unas u otras inquietudes, es preferible que se calibre antes cuáles son las sumas, a menudo ingentes, que habrá que poner en manos de empresas eventualmente afectadas, y ello con independencia del buen criterio de esas leyes.

Los servicios

Hay que partir de la presunción de que el TTIP apuesta, no sólo por la privatización de todos los servicios, sino, más aún, por el despliegue de medidas que impidan la renacionalización de estos últimos, a tono con lo que parece se está negociando clandestinamente, desde 2012, al amparo del TiSA (Trade in Services Agreement, Acuerdo sobre el Comercio de los Servicios)135. Esta última iniciativa se hace valer en la línea del antiguo Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (AGCS). Las agresiones contra la sanidad y la educación públicas se hallan, por lógica, entre los objetivos del TiSA, que apunta también a acabar con servicios locales como, por ejemplo, los relativos al agua. Aunque acaso su mayor objetivo estriba en impedir el establecimiento de normas reguladoras serias en lo que se refiere al sector financiero. Los proyectos de liberalización afectan, de cualquier modo, a muchos ámbitos: finanzas, comunicaciones, construcción, turismo, medio ambiente, sanidad, educación, ocio, deporte…136, de tal suerte que parece que sólo deben quedar al margen los derechos y las reglas del tráfico aéreo, y servicios como los vinculados con la justicia, el orden público y la defensa137. El TiSA se propone, por lo demás, esquivar las regulaciones estatales y los controles parlamentarios. Llamativamente, las economías emergentes han quedado al margen de la negociación correspondiente.

Más allá de lo anterior, el TTIP introduce un elemento importante en provecho de los usos norteamericanos: si hasta su irrupción los acuerdos de liberalización auspiciados por la UE se asentaban en el principio de que había que identificar expresamente los sectores sometidos a la mentada liberalización, con el TTIP deberá abrirse camino una fórmula diferente, de tal manera que en principio todos los sectores son liberalizables, a menos que se señale expresamente lo contrario138. Al parecer, y con todo, la UE estaría pujando por un sistema mixto, al amparo de una compleja lista doble en la cual la Unión y los Estados que la integran incluirían los sectores susceptibles de liberalización y las excepciones139. En este mismo terreno conviene recordar que, aunque la Comisión Europea ha afirmado repetidas veces que protegerá los “servicios considerados de utilidad pública”, como es el caso de los relativos a la sanidad, la educación o el agua, no es menos cierto que las numerosas cláusulas secundarias que está previsto se apliquen permitirán que se registre una fragmentación de esos servicios en virtud de la cual la liberalización podrá afectarlos140, en un marco general en el que parecen llamadas a reaparecer muchas de las normas que incorporaba, años atrás, la al cabo retirada directiva Bolkenstein141. Esto aparte, lo más sencillo es que, tal y como acabamos de adelantar, se hagan valer otras cláusulas que acarreen que cuando un servicio ha sido objeto de alguna suerte de liberalización el proceso correspondiente no pueda revertirse; si estas cláusulas adquieren carta de naturaleza resultaría muy difícil, por ejemplo, remunicipalizar los servicios de agua142. El panorama se cierra con el hecho de que la propia decisión, general en la filosofía del TTIP, de hacer desaparecer los aranceles tendrá consecuencias en materia de servicios públicos, toda vez que la recaudación, por lógica, se reducirá. Lo esperable es, en fin, que muchos de los servicios, y los de la sanidad configuran un ejemplo entre otros, se encarezcan143.

Con estos mimbres, el futuro no parece precisamente halagüeño. Maxime Vaudano144 se pregunta, sin ir más lejos, qué estará llamado a ocurrir, en un escenario marcado por la regla de que todos los servicios son liberalizables en tanto en cuanto no se diga lo contrario, en ámbitos como los de la genética, la biotecnología o la inteligencia artificial, en los que por lógica hoy es imposible determinar sus perfiles venideros: ¿quedarán de oficio en el terreno de la liberalización pura? Como veremos, hay muchos motivos para concluir que quienes negocian el TTIP desean otorgar a éste un horizonte temporal muy amplio, de tal manera que contemplan la configuración de órganos encargados de garantizar la permanente compatibilidad entre las normas europeas y las estadounidenses. No puede sorprender que semejante horizonte haya suscitado un hondo recelo en quienes interpretan que se saldaría con una renuncia visible a la soberanía propia en provecho de instancias externas no democráticas145.

No hay que perder de vista que los mercados públicos representan una parte significativa, un 17 por ciento, del PIB en la Unión Europea, lo cual explica, por sí solo, el interés que en ellos han depositado las empresas transnacionales146. Pero también conviene tomar nota del hecho de que las transnacionales comunitarias pelean por la derogación de aquellas normas que, en EE UU, perfilan espacios públicos que quedan al margen de lo que ha ido acordándose en la OMC. Es el caso de la Buy American Act o de la Berry Amendment, que restringen las posibilidades de acceso de esas transnacionales a los mercados públicos estadounidenses147. Desde la perspectiva de los lobbies empresariales europeos, tales normas benefician a los empresarios locales en lo que se refiere al suministro de bienes y servicios al sector público estadounidense y configuran un orden discriminatorio, toda vez que el panorama de la UE se caracteriza en este terreno por una mayor apertura que el norteamericano148. Téngase presente que sólo un 32 por ciento de los mercados públicos están efectivamente abiertos a las empresas foráneas en EE UU, un porcentaje muy bajo en comparación con el europeo, que es de un 85 por ciento149. Ojo con lo que esto significa: con toda evidencia, la liberalización, o cierta modalidad de ésta, ha ido en este terreno mucho más allá en la UE que en Estados Unidos, en donde, por lo demás, el sector servicios aporta nada menos que las tres cuartas partes del PIB150.

Los servicios financieros

Particular atención merecen los servicios financieros. Los objetivos del TTIP en este ámbito son tres: la supresión de los obstáculos, arancelarios o no arancelarios, a las transacciones correspondientes, el despliegue de un “cuadro de cooperación en materia de reglamentación” y la protección de los inversores a través, ante todo, de un mecanismo de arbitraje privado que permita resolver las disputas entre éstos y los Estados151. Por detrás lo que se barrunta es una manifiesta obsesión por la liberalización financiera, en franco olvido de la estabilidad correspondiente152. El objetivo de los bancos no es garantizar la estabilidad y proteger a los ciudadanos, sino, antes bien, acrecentar, sin más, el beneficio, y parece que la lógica entera del TTIP fortalece la satisfacción de esa meta. Lo suyo es, en consecuencia, que la nueva ola de liberalización financiera estimule la competición en este terreno y, con ella, los riesgos, al amparo de procesos como los que condujeron a la crisis de 2007-2008153. Es verdad, aun así, que hay países de la UE, y en singular Alemania, preocupados por la deriva de unas normas que, en su vocación desreguladora, han sido extremadamente tolerantes con las prácticas especulativas154.

En este caso los recelos surgen fundamentalmente en Estados Unidos, en donde, y en virtud de la crisis generada en 2007-2008, se han aplicado normas más severas que las que la UE mantiene155. Conforme a esa percepción, los bancos europeos desearían operar en EE UU conforme a las reglas, más relajadas, características de la UE, menos exigentes en materia de fondos y más tolerantes con las prácticas especulativas, algo que les otorgaría visibles ventajas comparativas156. Pero en Estados Unidos preocupa también el peso que los grupos de presión han alcanzado en Bruselas. Parece, en suma, que la UE desearía acabar con el principio de extraterritorialidad imperante en el Derecho norteamericano, que en su momento permitió aplicar una multa millonaria al banco francés BNP Paribas, que había sorteado los embargos decretados por Estados Unidos contra países como Cuba, Irán y Sudán157. En un terreno más amplio son muchas las especulaciones sobre las consecuencias del TTIP en la eventualidad de que se produzca una quiebra de la zona del euro: ¿no podría aquél facilitar, por ejemplo, una rápida dolarización de la economía de la UE?158. Todas las medidas asumidas para hacer frente a una imaginable crisis financiera —y entre ellas las devaluaciones de monedas o la negativa a pagar la deuda que se entiende que es ilegítima— podrían ser contestadas, como lo han testimoniado ya los casos de Argentina y de Grecia159.

El trabajo

Al amparo del TTIP son de esperar nuevas agresiones contra los trabajadores. Hablamos de retrocesos salariales, de jornadas laborales más largas, de una mayor precariedad, de facilidades para el traslado a otros lugares o de ataques dirigidos contra la contratación colectiva, en un escenario en el que la deslocalización seguirá haciendo notar sus efectos. El TTIP debería traducirse, por añadidura, en un descenso del peso de los salarios en el reparto de las rentas, en unos menores ingresos fiscales —ya lo hemos señalado— y en crecientes desequilibrios financieros160. Son de esperar, en este contexto, y dentro ya del ámbito de los diferentes Estados que integran la UE, reformas laborales encaminadas a incorporar lo estipulado en el acuerdo161 y actitudes que, merced a las imaginables consecuencias de las fórmulas de arbitraje privado que parece contemplar el TTIP, abocan en políticas cada vez más agresivas en lo que atañe a los derechos de los trabajadores. Es éste un horizonte muy delicado en una Unión Europea en la cual los niveles de desempleo, y en particular los de desempleo juvenil, son singularmente altos. Y tampoco se antoja, por cierto, una iniciativa esperanzadora para la economía norteamericana.

Estados Unidos se ha mantenido orgullosamente al margen de los acuerdos, no precisamente ambiciosos, que se han ido gestando merced a la Organización Internacional del Trabajo, como es el caso de los relativos a la negociación colectiva, a la libertad sindical o al trabajo infantil. No se olvide que en EE UU no todos los trabajadores disfrutan del derecho de huelga y no están reguladas, en el ámbito federal, las bajas por enfermedad, las vacaciones o las indemnizaciones por despido162. En los últimos tiempos, y por si todo lo anterior fuera poco, el recorte de las posibilidades al alcance de los sindicatos es el pan nuestro de cada día. Como quiera que las normativas laborales internacionales lo son claramente a la baja, a duras penas sorprenderá que las transnacionales coqueteen con la perspectiva de servirse de esta circunstancia para quitarse de encima determinadas legislaciones existentes en la UE, que comúnmente se hallan, como es sabido, en franco proceso de erosión163. Esto último debe ser subrayado: aunque un criterio respetable sugiere que la legislación laboral estadounidense es más relajada que la comunitaria, de tal suerte que los negociadores aspirarían a introducir una homologación a la baja en provecho de la primera, los retrocesos verificados ya en este ámbito en la UE han allanado sensiblemente el camino. El tono del debate lo aporta acaso el hecho de que, en relación con el TPP —el acuerdo de libre comercio que quiere abrirse paso en el Pacífico—, se ha sugerido que Estados Unidos desea incluir en su articulado un compromiso de los firmantes en lo que respecta a la inclusión del derecho de sindicación y de la negociación colectiva. Llamativo resulta que estas dos perspectivas sean objeto, sin embargo, de un abierto desdén en el discurso político al uso en Estados Unidos164.

Las mujeres

El TTIP se antoja un acuerdo particularmente lesivo para las mujeres, encargadas de manera abrumadoramente mayoritaria del trabajo de cuidados y llamadas a hacer frente a los problemas que la acción “social” —seamos generosos con el adjetivo— de las instituciones públicas deje de encarar. Es de presumir que una de las secuelas insorteables del acuerdo será una agudización de la precariedad que, por lógica, castigará de manera singular, de nuevo, a las mujeres. No hay, sin embargo, o es muy débil, una movilización feminista específica contra el TTIP, como las que se desarrollaron en su momento en el continente americano contra el NAFTA o contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)165.

En este terreno es menester recordar que EE UU no se ha adherido a la convención sobre eliminación de las formas de discriminación de las mujeres ni a convenios como los que afectan a los trabajadores con responsabilidades familiares, a los trabajadores domésticos o a la protección de la maternidad166. Esto aparte, parece fuera de discusión la influencia que en la posición que defienden las autoridades norteamericanas en relación con el TTIP tienen sectores conservadores que estiman que el principio de salario igual para mujeres y hombres debe ser rechazado, que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, y, en general, a la libertad sexual, o que rechazan la coeducación167, todo ello, las más de las veces, desde posiciones vinculadas con el ultramontanismo religioso. Por detrás es fácil apreciar, por lo demás, el visible “sesgo androcéntrico” de quienes negocian el acuerdo, bien retratado, como lo subrayan María José Capellín y Amaia Pérez Orozco, de la mano del acrónimo BBVAh: blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales168.

Las normas de propiedad intelectual

Dos son las dimensiones que interesa rescatar en lo que hace a las presumibles consecuencias del TTIP en materia de propiedad intelectual. La primera subraya que la mayor prioridad del acuerdo parece ser, no ya el cacareado mercado libre, sino, por el contrario, la protección de la información patentada169, circunstancia particularmente relevante en el ámbito de los medicamentos farmacéuticos. “Los oligopolios y las corporaciones quieren evitar que medicamentos genéricos idénticos, pero mucho más baratos, puedan entrar al mercado. Actualmente los europeos pagan por los medicamentos cerca de la mitad de lo que abonan los estadounidenses; de ahí que la intención de las empresas farmacéuticas sea fortalecer y prolongar las patentes”170. Ni en el TTIP ni en el TPP hay, por lo demás, ningún designio de generar un entorno que permita abaratar los costos de los fármacos reclamados por poblaciones a menudo muy pobres. La aspiración mayor estriba, por el contrario, y tal y como ya hemos sugerido, en “perennizar” las patentes171. Otro ámbito que podría verse afectado es el de la difusión rápida y barata de las técnicas llamadas a facilitar una transición ecológica172. Hay quien considera, en suma, que el TTIP se propondría retomar los propósitos del proyecto ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), que contemplaba fortalecer los derechos de propiedad intelectual173.

La otra dimensión importante afecta a lo que llamaremos “libertad digital”. De lo que se trata en este terreno es de establecer controles más severos, y sanciones más duras, en lo que respecta al copyright, con el objetivo volcado en páginas de streaming, descargas gratuitas de música y de otros productos culturales o sistemas de archivo174. Téngase presente que en EE UU las empresas pueden acceder sin limitaciones, por otro lado, a la información privada de sus clientes175. A buen seguro que muchas transnacionales desean expandir ese modelo en la UE, de la mano de leyes que permitan, por ejemplo, que los proveedores de Internet entreguen información a gobiernos y empresas176. Internet se vería convertido, así, en lo que, por lo demás, y en buena medida, ya es: un instrumento decisivo en las tareas de vigilancia ejercidas sobre las personas177. No está claro, por lo demás, en qué medida los intereses de las transnacionales que nos ocupan se verán trabados por una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que, en octubre de 2015, consideró inválido el alojamiento online, en EE UU, de datos personales de ciudadanos de la UE178.

CAPÍTULO 4

El arbitraje privado entre inversores y Estados

El mecanismo previsto para encarar eventuales diferencias entre inversores y Estados —Investor-State Dispute Settlement (ISDS, Acuerdo sobre Diferencias entre Inversores y Estados)— es acaso la materia más polémica de cuantas afectan al TTIP, toda vez que plantea discusiones muy delicadas en lo que respecta al futuro de normas aprobadas por parlamentos “democráticos” y concede posibilidades ingentes de maniobra a las grandes empresas. Fórmulas de este cariz existen desde bastante tiempo atrás, las más de las veces ideadas para garantizar que las corporaciones occidentales que trabajaban en países con sistemas legales “dudosos” pudiesen hacer frente a situaciones delicadas. Al efecto acabó por perfilarse un sistema que evitaba recurrir al sistema legal del país en cuestión y echaba mano, en cambio, de un tribunal de arbitraje independiente, privado, aceptado —en apariencia sobre la base de una plena libertad en la toma de decisiones— por las partes firmantes del acuerdo correspondiente179. Esta práctica ha sido habitual en el pasado, y pervive hoy, en las relaciones de empresas norteamericanas con países de América Latina. Desde la perspectiva de los círculos dominantes en la UE y EE UU, el hecho de que los acuerdos sobre inversiones incorporen comúnmente este tipo de fórmula hacía inevitable su presencia en el TTIP180.

Tribunales privados al servicio de los intereses empresariales

En esencia, el ISDS contempla el establecimiento de una instancia arbitral privada —un tribunal de arbitraje comercial— encargada de examinar eventuales litigios en detrimento de los tribunales ordinarios y, también, de tribunales como los vinculados con la OMC o con la justicia internacional181. Esa instancia arbitral privada funcionará, pues, al margen del sistema legal propio de los Estados. La integrarán, por lo demás, tres magistrados: uno designado por el gobierno del país afectado, otro por la empresa litigante y un tercero resultante del acuerdo entre las dos partes enfrentadas182. Las deliberaciones habrán de serlo a puerta cerrada y, las más de las veces, confidenciales, al tiempo que no existirá la posibilidad de recurso183, y ello pese a que se intuye que serán numerosos los casos de aplicación errónea de la ley184 —no parece que esto vaya a tener mayor relieve— y de plegamiento a los intereses de las empresas. Agreguemos que para recurrir a estas instancias no será preciso haber agotado antes las vías judiciales ordinarias propias del Estado demandado185.

Aunque, ciertamente, hay motivos para recelar de la cordura y de la independencia de muchos sistemas judiciales, los hay también para hacer otro tanto con instancias como la que aquí nos ocupa. Los magistrados encargados de lidiar con eventuales demandas no tendrán que rendir cuentas a nadie y es fácilmente imaginable que se verán sometidos, como acabamos de sugerir, a presiones sin cuento. Un profesional del arbitraje dejó bien claras las cosas: “A tres individuos particulares se les ha concedido el poder de revisar, sin ninguna restricción o procedimiento de apelación, todos los actos de gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y regulaciones que emanan del parlamento”186. Para que nada falte, se impone recelar de la independencia de las personas encargadas de sacar adelante el arbitraje. Consta que algunos de los magistrados presentes en este tipo de instancias han formado parte de las juntas directivas de empresas transnacionales, como consta que a menudo han hecho suya la convicción de que es vital proteger los beneficios privados187. Con estos mimbres, a duras penas sorprenderá que sean muchos los analistas que estiman que en modo alguno puede justificarse un arbitraje como el previsto: no hay motivos para concluir, en particular, que las empresas estadounidenses recelan del rigor de los tribunales de la UE, de la misma manera que no parece que las empresas radicadas en esta última tengan mayores quejas en lo que respecta a los tribunales norteamericanos188. Del lado de EE UU es fácil encontrar, con todo, una explicación para la defensa de fórmulas de arbitraje privado: el designio de no recurrir a los tribunales ordinarios en la UE permite evitar que las empresas radicadas en ésta puedan plantear demandas contra el gobierno de Estados Unidos ante los tribunales norteamericanos189.

La norma general que guía la creación de este tipo de fórmulas la resumen bien Porcher y Farah: “Un empresario tiene derecho a un entorno jurídico económicamente estable, y toda modificación de ese entorno debe dar lugar a una compensación”190. El escenario parece fácil de retratar. Tal y como lo señalan, por su parte, Zoratti, Di Sisto y Bersani, “la seguridad de las inversiones privadas, y los beneficios por éstas generados, se considera un derecho fundamental y absoluto, en relación con el cual la justicia ordinaria, las legislaciones nacionales y las Constituciones de los diferentes países se estiman instrumentos inadecuados”191. Nos hallamos, en otras palabras, ante una suerte de privatización de la justicia acompañada de una agresión dirigida contra la autonomía de un poder político192 que, francamente connivente, y en virtud de una dramática merma de soberanía, habrá de quedar en un segundo plano193. Así las cosas, cabe suponer que en un esquema como el que nos ocupa muchas instancias, temerosas de eventuales denuncias ante los tribunales de arbitraje, se abstendrán de acometer iniciativas orientadas, por ejemplo, a remunicipalizar los servicios de agua194.

En un sentido más general, lo suyo es que se registre un visible retroceso en lo que respecta a la aprobación de nuevas leyes que —en materia, por ejemplo, de fiscalidad, de derechos sociales o de protección del medio ambiente— puedan dar pie a demandas por parte de los inversores. En la década de 1990 consta que los proyectos del gobierno canadiense encaminados a desarrollar campañas antitabaco se vieron frenados ante la amenaza de las grandes empresas estadounidenses del sector, decididas a invocar las normas establecidas por el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte195. Algunas de esas empresas han denunciado las legislaciones antitabaco de países como Uruguay y Australia196. Invocando el principio de “expropiación de futuros ingresos”, la firma sueca Vattenfall se ha enfrentado, por su parte, a la decisión de cancelar el programa nuclear germano197. Ecuador, por rescatar otro ejemplo, fue condenado a pagar una suma muy importante de resultas de la expropiación de la empresa estadounidense Occidental Petroleum198.

No se olvide que, al calor de fórmulas como la que nos interesa, las empresas podrían reclamar compensaciones económicas cuando estimen que el potencial de sus inversiones, y de los consiguientes beneficios, se verá afectado por eventuales modificaciones legales199. “¿Qué hay de la Asociación Nacional del Rifle estadounidense? ¿Podría exigir, junto con los fabricantes de armas ligeras de EE UU, que la UE permitiese la importación de pistolas, para armonizar con las vergonzosamente laxas leyes estadounidenses sobre esta cuestión? En el caso de que los europeos se negasen, ¿argumentarían ante los futuros comisarios de Comercio, el Consejo para la Cooperación Regulatoria [de él nos ocuparemos más adelante] y el Foro Europeo de Riesgos que se están ‘reduciendo las libertades personales’ mientras se imponen ‘restricciones a las preferencias del consumidor’?”200.

Connivencia de las instituciones

Importa subrayar que el ISDS reclama una ostentosa connivencia del lado de los poderes públicos. Al cabo, ¿por qué habrían de oponerse éstos a los tribunales de arbitraje, si su deseo es beneficiar a las grandes empresas? No se olvide, para hacer las cosas aún más irritantes, que estamos hablando de instancias a cuyo amparo se perfila una relación desigual: sólo los inversores pueden plantear reclamaciones ante los Estados; a estos últimos, privados del mismo derecho, no les queda otra posibilidad que la de responder ante esas reclamaciones201. A ello se agrega el hecho de que ante estos tribunales privados sólo pueden presentarse reclamaciones relativas a cuestiones comerciales, y no a materias vinculadas, por ejemplo, con los derechos humanos o el medio ambiente202. “No existe una reciprocidad”, afirma Susan George. “Los gobiernos no pueden demandar a las corporaciones extranjeras por daños vinculados con el medio ambiente o la salud, la seguridad o la propiedad públicas.”203 Para que nada falte, no parece que se contemple la posibilidad de exigir de los Estados afectados unos u otros cambios legales, o de regresar al escenario anterior a la posible infracción: el único camino que se toma en consideración es el que pasa por las compensaciones económicas204. Todo esto que reseñamos ahora obliga a concluir que el mecanismo de arbitraje no sólo es un peligro en términos del ordenamiento legal de los Estados miembros de la UE: pone en situación delicada el propio Derecho de esta última205. El escenario queda bien retratado, en fin, de la mano del hecho de que entre los gobiernos de los que hablamos, y en los propios estamentos directores de la UE, no parece que se hayan hecho sentir mayores temores en lo que respecta a quién habrá de hacerse cargo —¿la propia UE, los Estados miembros?— de las sanciones que podrían producirse206. Aunque, claro, y desde una perspectiva diferente, lo que hay que prever es una suculenta transferencia de recursos desde los erarios públicos a las empresas transnacionales207. Como bien puede intuirse, en suma, sólo estas últimas están en condiciones de hacer uso de las fórmulas que nos interesan, extremadamente costosas. Son los inversores occidentales, por lo demás, los que han puesto en marcha la mayoría de los litigios afectados por este tipo de tribunales: un 64 por ciento del total en 2012. Sus demandas, cada vez más frecuentes, han sido aceptadas, por otra parte, en el 70 por ciento de los casos, en el buen entendido de que en muchas ocasiones las decisiones de los tribunales no se han hecho públicas208.

Subrayemos, aun así, que no todos los acuerdos bilaterales de inversión incorporan el mecanismo de arbitraje. Brasil ha rechazado este último en todos los que ha firmado, y otro tanto han hecho países como Bolivia, Ecuador, la India, Indonesia, Sudáfrica o Venezuela209. Todos estos países parecen poco permeables a la idea de que, de no aceptar mecanismos de arbitraje como los que nos ocupan, las inversiones no llegarán210. El movimiento de oposición al TTIP consiguió frenar en su momento las negociaciones sobre este capítulo o, al menos, y seamos prudentes en el argumento, logró que la Comisión Europea aceptase el despliegue de un procedimiento de consulta pública. Claro es que esta última no obedece al propósito de discutir la presencia del ISDS en el TTIP, sino al de debatir las modalidades precisas que esa presencia debe adoptar211.

CAPÍTULO 5

Opacidad, ratificación, acuerdo vivo

Lo suyo es que abramos un hueco para discutir tres dimensiones del TTIP que merecen atención. La primera se refiere al carácter manifiestamente poco transparente de las negociaciones acometidas, claramente volcadas al servicio de los proyectos y de los intereses de las empresas transnacionales, con la anuencia de los estamentos directores en Estados Unidos y en la Unión Europea. La segunda da cuenta de procedimientos de ratificación que se subordinan con toda evidencia al objetivo de impedir una discusión pública de lo acordado y, más allá de ello, al de dejar la decisión final en manos de instituciones connotadas. La tercera, en fin, nos recuerda que, conforme a las previsiones, el TTIP será un “acuerdo vivo”, llamado a limitar en el futuro la posibilidad de que cobren cuerpo iniciativas diferentes de las contempladas por el texto que presumiblemente se aprobará.

La opacidad

Llamativo es que la Comisión Europea anunciase, en marzo de 2014, que “despliega esfuerzos constantes para hacer de sus negociaciones con Estados Unidos las negociaciones comerciales más abiertas y transparentes nunca desarrolladas”212. Y es que las críticas al TTIP no sólo remiten a su contenido: remiten también, con enorme frecuencia, a la falta de transparencia que sigue guiando, pese a la retórica oficial, las conversaciones.

Considérese, a este respecto, que las pocas personas que tienen acceso a los documentos no pueden hacerse con copias de los mismos ni pueden difundirlos. Disponen, por lo demás, de información comúnmente fragmentaria que dificulta hacerse una idea del sentido de fondo de lo que se va acordando. La propia multiplicación, y la complejidad, de los textos dificulta cualquier tarea de comprensión y de difusión. No soplan buenos vientos para el “grupo consultivo de expertos” creado por la Dirección General de Comercio de la Comisión: los siete “representantes de la sociedad civil” que tienen acceso a los documentos deben respetar cláusulas de confidencialidad y, ante la amenaza de posibles sanciones, no pueden transmitir ninguna información relevante, a lo que se agrega el hecho, llamativo, de que no están en disposición de consultar los textos estadounidenses213. Claro que la transparencia no es mayor en EE UU: el número de personas en condiciones de consultar la documentación es aún menor que el reconocido en la UE. Esto aparte, y por sorprendente que pueda parecer, no cabe descartar que en Estados Unidos los documentos sean secretos durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del acuerdo214.

No dejan de ser curiosos algunos de los argumentos esgrimidos para justificar todo lo anterior. Ahí está, por ejemplo, el que sugiere que la UE y EE UU no están interesados en revelar documentos que podrían dañar su posición en las negociaciones. A ello se agrega en ocasiones la afirmación de que no tiene sentido pronunciarse sobre un acuerdo que al cabo tardará en ultimarse, acompañada de la conclusión, insorteable, de que para opinar lo suyo es aguardar a que el proceso llegue a su fin, con lo cual la conclusión parece servida: deberemos permanecer callados hasta entonces215.

Las quejas tantas veces expresadas, y la certificación paralela de que se habían producido filtraciones del lado de ONG o de fuerzas políticas hostiles al TTIP216, provocaron una reacción —ya lo hemos anotado— de la Comisión Europea, obligada a mostrar su adhesión formal a una mayor transparencia. Cabe poner en duda, sin embargo, que ésta se haya abierto camino. Muchos de los materiales al cabo difundidos no son sino discursos y declaraciones en los que faltan datos e informaciones fiables. Las propias respuestas emitidas ante las preguntas formuladas por los ciudadanos dejan a menudo mucho que desear, perdidas como se hallan entre tópicos y generalidades. Nada obliga a dar crédito, por ejemplo, a las continuas aseveraciones que afirman que la UE no está llamada a ceder en nada217. Ni siquiera está previsto, por otra parte, el despliegue de ningún mecanismo encaminado a permitir que las dudas que plantean los ciudadanos puedan ejercer alguna influencia sobre los negociadores218. Pareciera como si, en esas condiciones, el aprestamiento de una consulta virtual respondiese sin más al objetivo de lavar un tanto la mala imagen que se deriva de la opacidad general de los procedimientos desplegados.

Más allá de lo anterior, el hecho de que negociaciones y documentos no sean públicos invita a recelar de la Comisión cuando ésta afirma que tal o cual aseveración sobre el acuerdo no se ajusta a la realidad219. Si nos dejásemos llevar por lo que invocan esos desmentidos, habría que preguntarse qué sentido tiene, entonces, promover un texto como el del TTIP. Salta a la vista qué es lo que las transnacionales, norteamericanas y comunitarias, defienden en relación, por ejemplo, con el principio de precaución o, de manera más general, con las normas reguladoras, y no está claro qué fundamento tendría el designio de seguir impulsando el acuerdo en ausencia de medidas firmes en esa dirección. Si se quiere ser, por lo demás, moderadamente generoso, habrá que rescatar lo que subraya Susan George cuando afirma que, aun en la eventualidad de que diésemos por cierto que la UE no desea en modo alguno sacrificar sus niveles actuales de protección, ello quiere decir, subterráneamente, que tampoco desea mejorarlos220. Así las cosas, se antoja evidente que no conviene hacer demasiado caso de los desmentidos que nos ocupan, tanto más cuanto que —repitámoslo— ven la luz en un teatro marcado por la manifiesta voluntad de ocultar los términos de las negociaciones.

A duras penas sorprenderá que, al amparo de un escenario como el descrito, y tal y como lo recordamos en el prólogo, los habitantes de los Estados miembros de la UE poco o nada sepan del TTIP (si algo saben de éste, ello es así, no por efecto de la acción de las instituciones comunitarias, sino, antes bien, de resultas de la iniciativa de los movimientos que contestan el acuerdo). No parece ser, con todo, mucho mejor la posición de los propios diputados del parlamento de la Unión, incapacitados para valorar cuál es el contenido de los acuerdos y sin otra posibilidad que la de refrendar, o rechazar, en bloque el TTIP. Por no hablar de la situación de los integrantes de los legislativos de los Estados miembros de la UE, que no disfrutan de ningún procedimiento que permita conocer, durante las negociaciones, lo que se está fraguando, y a merced entonces de las eventuales visiones de los hechos que puedan aportar un ministro o un portavoz de la Comisión. A lo anterior se suma el hecho de que, conforme a lo que reza el tratado de Lisboa, muchas de las materias vinculadas con los acuerdos relativos al comercio y a las inversiones no son ya jurisdicción de los Estados miembros, sino que recaen sobre las instituciones de la UE, y singularmente sobre la mentada Comisión, que puede adoptar decisiones por mayoría cualificada221.

La ratificación

La mecánica de ratificación del TTIP, y con ella la entrada en vigor correspondiente, ha suscitado dos visiones distintas en el seno de la UE. La primera nos recuerda que la Comisión Europea entiende que dispone de un mandato de negociación, de tal suerte que la versión final del acuerdo deberá ser refrendada por el Consejo —en donde será preciso el apoyo del 55 por ciento de los Estados miembros y del 65 por ciento de la población de la Unión— y por el Parlamento de esta última, en donde los eurodiputados no tendrán otra posibilidad que la de aceptar o rechazar, como un todo, el acuerdo222. Si en el Consejo parece demandarse una mayoría cualificada, en el Parlamento será suficiente con una simple223. Un eventual rechazo del TTIP por el parlamento de la UE podría ser anulado, sin embargo, y conforme a determinada visión de los hechos, por el Consejo224. Permanece abierta, con todo, una discusión derivada del hecho de que, en buena ley, muchos de los términos del acuerdo deberían reclamar, para su aprobación, unanimidad en el Consejo225 y un procedimiento de ratificación por los parlamentos de los diferentes Estados afectados226. En el caso, tal y como en algún momento se ha sugerido, de que el grupo socialista se opusiese al acuerdo por incorporar éste un principio de arbitraje privado, y en el de que los propios liberales se mostrasen reacios a aceptar determinadas reglas227, a lo que habría que agregar la presumible posición de fuerzas políticas viejas y nuevas, el TTIP podría verse en problemas.

Con toda evidencia se trata, desde esta primera percepción, de evitar lo que reclama el grueso de los partidarios de la segunda: la organización de referendos populares como los que se tradujeron en obstáculos sin cuento ante el Tratado Constitucional que se intentó sacar adelante en 2005. Muchos movimientos desean participar activamente, por lo demás, en las negociaciones en curso, que deberían ser, entonces, plenamente transparentes. Si a los ojos de algunos de esos movimientos se trata de reorientar el sentido del acuerdo, a los ojos de otros el objetivo es, simplemente, echarlo atrás.

A primera vista el procedimiento arbitrado en EE UU coloca la decisión final en manos del Congreso, que deberá decidir sobre el texto aprobándolo en bloque o rechazándolo, de nuevo, en bloque, sin posibilidad, por consiguiente, de introducir unos u otros cambios228. En un escenario en el que las disputas al respecto menudean229, los Estados que integran EE UU podrían denunciar, con todo, el TTIP ante el Tribunal Supremo. El mecanismo de ratificación se ve determinado, en cualquier caso, por el hecho de que el Senado ha decidido aplicar, en relación con el acuerdo, un procedimiento, el llamado fast track (vía rápida), que define los objetivos de la negociación y en los hechos parece cancelar la posibilidad, en las instancias legislativas, de un debate serio sobre el TTIP230.

Un acuerdo vivo

Importa sobremanera subrayar que el TTIP se concibe como un acuerdo vivo231, un living agreement, llamado a mantenerse en pie con el paso del tiempo. Aunque a primera vista, y luego de una ojeada superficial, esto pueda parecer una buena noticia, no lo es en modo alguno. Por detrás lo que despunta es el designio de que, una vez el acuerdo entre en vigor, las leyes que vayan a aprobarse sean revisadas para calibrar si entran en contradicción con aquél, dejando de resultas a los parlamentos con una capacidad muy limitada de acción. Al amparo del TTIP —no se olvide—, todas las instancias existentes en la UE, y en EE UU, quedan obligadas a adaptar su legislación a lo estipulado232. Quiere esto decir, por ejemplo, que ni comunidades autónomas ni ayuntamientos podrán negarse, entre nosotros, a aplicar las normas establecidas233. El procedimiento que nos ocupa, el de un acuerdo vivo, debe convertirse en un genuino cerrojo, impuesto por los poderes económicos y financieros, ante cualquier norma que ponga en peligro sus intereses234. Curioso sería que, mientras a los ciudadanos en los hechos no se les consulta sobre nada, las grandes empresas pasen a disponer, conforme a lo que se prevé, de una capacidad ingente de decisión y de veto.

A este respecto, y de forma más precisa, se contempla la creación de un Consejo para la Cooperación Regulatoria, encargado de garantizar la compatibilidad de las medidas presentes y futuras235. El consejo podría encargarse de hacer desaparecer, por añadidura, las barreras arancelarias que permanezcan en vigor una vez aprobado el acuerdo y de resolver los contenciosos que hayan podido pervivir, todo ello en un escenario de extrema opacidad236. En la interpretación de Susan George, tal consejo habrá de relevar al TTIP cuando éste no tenga jurisdicción y podrá beneficiarse del mismo peso coercitivo que corresponde al acuerdo237. Es fácil intuir cuáles serán las instancias que tendrán protagonismo en ese consejo, una nueva institución que “será presentada como ‘puramente técnica’ cuando, como es habitual, será profundamente política”238. Hay quien ha hablado al respecto de una “institucionalización surrealista de los lobbies”239. Guamán señala que, a la luz de lo que ya sabemos se ha pactado al amparo del CETA, parece inevitable que el consejo que nos ocupa vulnere el Derecho de la UE, toda vez que está llamado a violentar competencias de los Estados miembros y prescinde por completo de los parlamentos de la propia UE y de los miembros mencionados240.

Parece fuera de discusión que los responsables de la UE y de EE UU son conscientes de la necesidad de preparar otras opciones, o de manejar perspectivas distintas dentro del propio TTIP, para el caso de que éste, de resultas de la presión popular o de obstáculos en las instituciones, naufrague. Al efecto a buen seguro que recuerdan lo que ocurrió al amparo del Acuerdo Multilateral de Inversiones, que no pudo salir adelante en 1998241. A este respecto es posible que se eliminen del texto algunos elementos conflictivos como los relativos, por ejemplo, al fracking, a los transgénicos o a la carne con hormonas, para concentrar la atención en otros que, previas las preceptivas operaciones de manipulación y ocultamiento, se antojan menos controvertidos, como es el caso de los relativos a privatizaciones, regulación de las relaciones de trabajo o emisiones de CO2242. Lo suyo es que, en este esquema, los aspectos relegados reaparezcan sibilinamente al calor de nuevas componendas que se espera pasen inadvertidas, con el inapreciable concurso, probablemente, de las instancias encargadas de convertir el TTIP en un living agreement. Otra posibilidad será, ciertamente, que el acuerdo acoja normas de carácter muy general y que sea un consejo como el que ahora nos ocupa el encargado de perfilar su significado concreto243.

CAPÍTULO 6

La dimensión geopolítica

Varias de las observaciones que hemos realizado hasta ahora invitan a concluir que el TTIP exhibe una manifiesta dimensión internacional, de tal forma que a su amparo se espera, desde las potencias occidentales, remodelar en provecho propio las relaciones en muy diversos escenarios. Prestaremos aquí sucinta atención a cuatro claves de esa dimensión —las relativas al Pacífico, a China, a Rusia y, en general, a los países del Sur—, con la vista puesta en subrayar cómo el acuerdo tiene un inequívoco relieve en términos de una renovada estrategia imperial del lado de EE UU y la UE.

1. El Pacífico. Hay quien estima, de la mano de un argumento respetable, que el TTIP debe otorgar una posición de ventaja a EE UU, que a su amparo estaría procurando recuperar una posición central en el comercio y en las inversiones planetarios merced a los acuerdos que, con Washington en el centro, desea ultimar en el Pacífico y con la UE. Una de las secuelas de este argumento asume la forma de una admonición frecuente que, dirigida contra los detractores del TTIP, asevera que, si éste no cobra cuerpo, el impulso de los intercambios comerciales norteamericanos se orientará indefectiblemente hacia el Pacífico, en perjuicio de la Unión Europea.

Conviene recordar a este respecto que, desde hace un tiempo, EE UU se encuentra inmerso en la negociación del Acuerdo Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP), que cuenta como socios a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam244, con un total de más de 800 millones de personas afectadas245. Esa negociación llegó a buen puerto en octubre de 2015, cuando el acuerdo quedó pendiente de ratificación246. El TPP se halla mal que bien enfrentado a una iniciativa china en la que se daban cita Australia, Birmania, Brunéi, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, la India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam247. Aunque en 2014 se registró un intento de acercar los dos proyectos, con toda evidencia EE UU no estaba interesado en semejante horizonte248. Susan George subraya que, como quiera que Estados Unidos participa tanto del TTIP como del TPP, sus empresas transnacionales se hallan en la mejor de las posiciones imaginables249.

Es cierto, aun así, que mientras el TTIP se presenta como un acuerdo entre contrapartes más o menos iguales, en el TPP, en cambio, los desequilibrios son evidentes250. Al igual que sucede con el TTIP, y sin embargo, no están claras las ventajas que está llamado a deparar el TPP: en un escenario en el que muchas de las economías afectadas —y, en cualquier caso, las más importantes— ya han hecho desaparecer aranceles y políticas proteccionistas, una estimación concluye que en el año 2025 el PIB estadounidense podría haber crecido, gracias al acuerdo en cuestión, un escueto 0,4 por ciento251. No puede ponerse en duda, aun así, el relieve que la región de Asia-Pacífico tiene para la economía norteamericana. En 2011 absorbía un 60 por ciento de los bienes exportados por esa economía, con un 72 de las exportaciones de productos agrícolas y un 39 por ciento de las de servicios privados252. Agreguemos, en fin, que tiene un relieve limitado el hecho de que en la lista de los integrantes del TPP no aparezcan países como Corea del Sur, un aliado tradicional de Estados Unidos en la región: no debe olvidarse que la Corea meridional firmó en su momento acuerdos bilaterales con EE UU, con lo cual su incorporación al proyecto que nos ocupa parece, en los hechos, incuestionable.

2. China. Claro es que la política de EE UU en lo que al Pacífico respecta tiene un hito fundamental en las relaciones con China. Ya hemos sugerido en su momento que, en lo que a esta última respecta, a los ojos de Washington la OMC ha dejado de ser un instrumento adecuado, o al menos un instrumento prioritario, con lo que se impone la búsqueda de otras herramientas vinculadas, no ya con una perspectiva formalmente multilateral, sino con el asentamiento de bloques regionales.

Washington apuesta con toda evidencia por una progresiva erosión del papel comercial de Pekín, de la mano del establecimiento de obstáculos para la exportación de los productos chinos, y de dificultades para el acceso de las empresas correspondientes, a los mercados de Estados Unidos y de sus aliados, algo en lo que el TPP debe desempeñar un papel decisivo253. Otra dimensión de la política norteamericana es, con todo, el designio de conseguir que Pekín levante las numerosas medidas proteccionistas que se revelan en su economía, y que afectan a ámbitos tan dispares como las manufacturas, los servicios y, en general, el sector público254. Si una de las posibles respuestas chinas ante esa presión parece haber consistido en la búsqueda de acuerdos de libre comercio con países como Australia, Corea del Sur, Japón, la India o Nueva Zelanda255, una de las consecuencias imaginables de la política de EE UU bien puede consistir en una progresiva fragmentación de los mercados asiáticos, muy lejos, por cierto, de la pulsión que acarrea el multilateralismo regional256. Llamativo es, en cualquier caso, que Washington haya decidido mantener a China alejada de la negociación del TPP, y de una posible incorporación a éste257, y ello pese a que se han registrado intentos chinos encaminados a forjar en el Pacífico una zona de libre comercio que debería incluir —ya lo hemos adelantado— a miembros del propio TPP258. Obviamente, no es éste un proyecto interesante para EE UU, cuyos gobernantes acaso aprecian en él una repetición de lo ocurrido al calor de la OMC.

Hay que subrayar que el TPP acarrea también, de forma manifiesta, una apuesta por el asentamiento de un paraguas militar norteamericano para hacer frente a China en el Pacífico259. Al respecto hay quien ha hablado de una “securitización de la política comercial”, encaminada a contener a China260. No falta quien sostiene que las posiciones de la UE y de EE UU en relación con China son, aun así, distintas: mientras la primera apostaría por construir un contrapeso, Estados Unidos se inclinaría, antes bien, por la mentada contención261. Dejemos claro, de cualquier manera, que si sobran los motivos para concluir que la política norteamericana, y la de la UE, responde a intereses vinculados con atávicas pulsiones imperiales, no por ello debemos olvidar los términos de otra política, la china, en la que se dan cita despotismos burocráticos y capitalismos salvajes en una lamentable combinación.

3. Rusia. Pero el TTIP también tiene repercusiones en la relación de las potencias occidentales con Rusia. Si así se quiere, y conforme a determinada percepción, es, en manos de Estados Unidos, una herramienta vital para frenar cualquier tipo de aproximación equilibrada entre Moscú y la UE, y para desactivar la posible reaparición de una gran potencia en el oriente europeo y el norte de Asia. La retórica esgrimida al respecto sugiere que, mientras Rusia quiere dividir Europa, el TTIP, en cambio, se propone unirla262. Por detrás lo que se barrunta es, claro, un discurso maniqueo que da por descontada la bondad y la moralidad de lo propio y no aprecia sino tretas y malas artes en lo ajeno. Es curioso, por ejemplo, que Edward Lucas describa la Unión Económica Euroasiática que Moscú alienta como un proyecto cargado de secretismo, en el que todas las consideraciones económicas y comerciales se subordinan a objetivos políticos263. ¡Como si no pudiese hablarse en términos similares del TTIP!

Los desencuentros con Moscú al calor de la crisis ucraniana han propiciado apoyos al TTIP alimentados por unos Estados Unidos que se presentan —ya lo hemos sugerido— como una solución mágica ante los problemas de dependencia energética que muchos miembros de la UE arrastran con respecto a Rusia. Las cosas como fueren, lo suyo es recordar que, mientras el TPP margina a China, el TTIP hace lo propio con Rusia264. En la trastienda se revela, también, un encendido debate relativo a la conveniencia de abrir el TTIP a nuevos socios, la UE y EE UU al margen. Al efecto se han mencionado, en singular, los nombres de candidatos como México y Turquía265. En el caso de esta última, los adalides de su incorporación al acuerdo no sólo mencionan las esperables ventajas comerciales que éste depararía: no dudan en subrayar, al tiempo, las ganancias estratégicas que Turquía proporcionaría en provecho del bloque EE UU-UE266.

4. Los países del Sur. Es llamativo que los propios defensores del TTIP reconozcan que la irrupción de éste tendrá efectos muy negativos en lo que hace a los países del Sur267, cuyos productos se toparán con mayores dificultades de acceso a los mercados norteamericano y comunitario268. Algunos de los estudios realizados al efecto se refieren, en singular, a África y concluyen que, ante la presencia de empresas estadounidenses en el espacio de la UE, los exportadores africanos perderán, lógicamente, posibilidades en los mercados correspondientes269. El panorama se antoja poco halagüeño, y ello tanto si los flujos comerciales se expanden —no parece, como acabamos de adelantar, que es lo que vaya a ocurrir—, porque el expolio entonces proseguirá, como si se contraen, o al menos si este segundo horizonte no es el producto de la reconstrucción de muchos flujos de desconexión y reequilibrio en las economías africanas.

Encajonados entre los gigantes del Norte y las economías emergentes, son muchos los países del Sur que no pintan nada en un escenario en el que su futuro parece verse marcado por las mismas miserias —el intercambio desigual, el expolio de sus recursos humanos y materiales— que han determinado trágicamente el pasado. Si esos países disponen, por añadidura, de materias primas razonablemente golosas, no cabe esperar otra cosa que la codicia militarista de las potencias del Norte y, acaso, de algunas de las emergentes. Las cosas como fueren, está servida la conclusión de que el TTIP no aporta nada bueno para estas sociedades.

5. Una OTAN económica. Invitados estamos a extraer una conclusión general de lo que hemos señalado en este epígrafe. Uno de los cimientos de esa conclusión es la idea de que el TTIP parece un acuerdo expresamente diseñado con el propósito de acrecentar la confrontación comercial entre bloques económicos270. En este sentido es necesario rehuir la premisa de que el acuerdo constituye sin más una propuesta neutra que aspira a acrecentar el interés de todos. Su objetivo mayor, por no decir único, es, con toda evidencia, satisfacer los designios de EE UU y de la UE —de sus transnacionales—, o los que se suponen tales, aun cuando supongan un deterioro en las posiciones de los demás. Por eso es inevitable que, en singular, las llamadas economías emergentes contemplen con recelo la gestación del acuerdo transatlántico. Esos países —no se olvide— podrían reaccionar con medidas de respuesta271 que, por lo pronto, dificultarían el despliegue del proyecto que algunos siguen atribuyendo al TTIP: el de facilitar en un futuro próximo, vía expansión de las prácticas correspondientes, la reaparición de un multilateralismo global.

El escenario se completa con el recordatorio de algo que ya nos ha interesado: la perspectiva de que por detrás del TTIP no haya otra cosa que el deseo de apuntalar una especie de OTAN económica firmemente decidida a imponer, por los medios que sean, reglas de obligado cumplimiento a quien tenga la osadía de disentir. Releer a los críticos del imperialismo tradicional es, en este sentido, una tarea provechosa y urgente en estas horas.

CAPÍTULO 7

‘Izquierda’, instituciones, TTIP

En el prólogo ya hemos dado cuenta de uno de los propósitos de este libro: mantener las distancias con respecto a algunos de los términos del análisis que, en relación con el TTIP, alimenta la izquierda que vive en las instituciones y que, al cabo, cree en ellas. Inmediatamente se le hará evidente al lector, claro, que no todos los vicios de percepción que se atribuyen a esa izquierda son compartidos por todos los integrantes de ésta. Por lo demás, las diferencias que aquí se anotan no aciertan a ocultar que es inevitable la sintonía con esa izquierda en lo que respecta a muchas de las críticas que el TTIP suscita.

1. En algunos de los trabajos que se interesan por el TTIP se aprecia inmediatamente lo que cabe entender que es una visible idealización de la UE. “Este tratado es una disolución del proyecto específico europeo”, nos dice Yannick Jadot, eurodiputado ecologista272, quien al parecer da por descontado que ese proyecto existe y merece ser respaldado. Posiciones como ésta, impregnadas de ingenuidad, ignoran, en cualquier caso, en provecho de una comparación con el escenario norteamericano, cuáles son los cimientos de la UE y cuál ha sido la deriva de ésta al amparo de una manifiesta entronización de las prácticas neoliberales. Y es que sobran los motivos para concluir que “en materia económica la UE, lejos de ser un escudo protector, es la correa de transmisión de la globalización y de sus mortíferos efectos”273. Si en el seno de la Unión no hay ningún proyecto filantrópico —el euro no es una moneda vinculada con el comercio justo, anotemos con un punto de ironía—, con el concurso del TTIP no busca Bruselas otra cosa que apuntalar el derecho de las transnacionales comunitarias a invertir libremente en otros países y a beneficiarse de la apertura de los mercados públicos correspondientes274.

No se ha prestado mayor atención al respecto a la relación que existe entre lo que cabe suponer que preconiza el TTIP y el escándalo de la Volkswagen en Alemania. En este libro se ha subrayado a menudo que el acuerdo es un intento de unificar, a la baja, las legislaciones en vigor en Estados Unidos y en la Unión Europea. Si las normas de alguna de estas dos instancias son más favorables para los intereses de las transnacionales, tales normas habrán de imponerse en la contraparte que blandía leyes menos complacientes. Entre nosotros lo común es que, de lo anterior, se deduzca que el propósito principal del acuerdo es acabar con regulaciones de la UE que son más garantistas que las estadounidenses. Aunque a buen seguro eso ocurrirá en muchos casos, no faltan, sin embargo, los ejemplos de lo contrario, esto es, de normas norteamericanas que son venturosamente más severas que las de la UE. Que esta última haya sido manifiestamente incapaz de fiscalizar lo que hacía Volkswagen es un indicador cabal de que Bruselas no está en condiciones de dar lecciones a nadie. Ni siquiera a Estados Unidos… Que ya es decir.

2. Admitamos, aun con todo, que el vicio de análisis recién mencionado tiene una presencia limitada. Infelizmente no podemos decir lo mismo, en cambio, de una segunda percepción: la que da por descontado que las instituciones comunitarias tienen un carácter neutro, de tal manera que, si hoy genéricamente apoyan un acuerdo como el TTIP, pasado mañana podrían embarcarse en una franca contestación de este último. Frente a esta superstición lo suyo es oponer un argumento firme: las instituciones que nos interesan ahora han sido perfiladas para sacar adelante textos, e intereses, como los que con mucha probabilidad se reflejarán en el TTIP y se antoja muy cuesta arriba asumir que pueden adherirse a otros proyectos. Las herramientas de las que históricamente se han dotado —el euro, por ejemplo— obedecen también a intereses connotados, de tal manera que si queremos liberarnos de éstos tendremos que hacer otro tanto con aquéllas. La deriva reciente del experimento griego así lo invita a concluir, y otro tanto cabe decir de lo que sabemos que ocurrió hace una década al amparo de los esfuerzos oficiales para sacar adelante, con un sinfín de artimañas, el Tratado Constitucional de la UE.

3. Por lo demás, hay que guardar las distancias, asimismo, con respecto a la condición de muchas de las aparentes oposiciones que se hacen valer en el marco de las instituciones de la UE. La mayoría de las fuerzas políticas de la izquierda presentes en esas instituciones —y no hablamos ahora de la condición, evidente, de socialistas y socialdemócratas, en el mejor de los casos empeñados en gestionar civilizadamente el capitalismo— ha engullido la trama correspondiente y parece pensar que las instituciones que nos ocupan son felizmente reformables. La contestación que surge, por otra parte, del grueso de los sindicatos que tienen representación en instancias como las que negocian el acuerdo es muy liviana, y la aceptación del orden existente por esos sindicatos resulta desgraciadamente manifiesta. Tampoco soplan buenos vientos en lo que atañe a la posición de muchas organizaciones no gubernamentales incapaces de levantar ninguna crítica seria y sagaz de la miseria imperante. Importa subrayarlo: cuando se sobreentiende que instancias como las mencionadas son el fundamento de una contestación consecuente de lo que supone el TTIP se está dando la espalda a la realidad. La perspectiva de la autoorganización y de la autogestión, de la democracia y de la acción directas, del rechazo del capitalismo y de sus imposiciones imperiales, falta en el horizonte de la abrumadora mayoría de las organizaciones que ahora nos atraen.

4. Conviene recelar, también, de los análisis que otorgan un relieve desmesurado a los Estados —en su caso a los bloques de Estados— y a sus relaciones. Lo que hay por detrás del TTIP es un amasijo de intereses que comparten grandes empresas norteamericanas y comunitarias275. No nos hallamos ante una confrontación entre EE UU y la UE, sino ante una colisión entre las transnacionales y la gente de a pie276. Es el capitalismo en su versión más cruda y prepotente el que pretende apuntalar sus estrategias de explotación y dominación. Y en ese proyecto se dan cita las instancias de gobierno de EE UU y de la UE. Ninguna de las materias que debieran preocuparnos —la desigualdad, la especulación descarnada, la crisis ecológica, la sociedad patriarcal o los proyectos de cariz autoritario y militarista— parece formar parte de las inquietudes de quienes negocian un acuerdo como el TTIP.

En este mismo terreno hay que recelar de los análisis que otorgan un saludabilísimo peso contestatario a la posición de determinados países —Francia, en singular277— que en los hechos poco más han planteado que alguna disensión, mínima, en lo que respecta, en el mentado caso galo, a la singularidad cultural. No hay del lado de las autoridades francesas ninguna contestación del meollo del acuerdo, como lo atestiguaron las palabras de François Hollande en febrero de 2014, cuando expresó un apoyo decidido al TTIP278. Ya hemos sugerido, páginas atrás, que los argumentos que invitan al escepticismo en cuanto a la acción de los Estados debemos extenderlos fuera del ámbito que configuran EE UU y la UE. Si hablamos, en singular, de los dobleces de la posición de China, estamos obligados a hacer otro tanto con los que acompañan a la de Rusia. Quienes a estas alturas piensen que Vladímir Putin —el presidente de uno de los países del planeta que exhiben una mayor desigualdad en un escenario lastrado por el poder sin límites de los oligarcas— es una suerte de Che Guevara del siglo XXI tienen algún problema de percepción de hechos básicos.

5. A tono con lo que acabamos de anotar hay que huir, también, de los argumentos ingenuos que dan por descontado que, ontológicamente, los Estados son instancias que nos protegen. “Estamos ante un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los Estados. Éstos se ven cortocircuitados en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y con actividades que no son controladas por ningún parlamento, ni por ninguna institución representativa del interés colectivo”, afirmó en su momento Salvador Allende279. No hay, sin embargo, razones sólidas que inviten a concluir que los Estados han surgido para defendernos de la rapiña de las transnacionales y sobran, en cambio, los que sugieren que se hallan manifiestamente subordinados, pese a eventuales atrancos, a los intereses de éstas. La idea, en otras palabras, de que los Estados están, o pueden estar, al servicio de las clases populares se antoja una superstición más. Las cosas como fueren, quedémonos con la idea de que el TTIP está llamado a permitir que gane terreno una aberrante entronización de criterios económicos neoliberales, esto es, desreguladores, en lo que respecta a la adopción de las políticas gubernamentales280.

Si Susan George asevera, con buen criterio, que es ingenua la pretensión de convencer a las transnacionales de la conveniencia de modificar su línea de conducta281, habrá que concluir que no es más ingenua la de hacer otro tanto con los gobiernos. Al respecto lo suyo es recordar la dimensión represiva, militar, autoritaria y carcelaria que corresponde a la institución Estado y subrayar cómo los llamados Estados del bienestar son formas de organización económica y social propias, y exclusivas, del capitalismo, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas autogestionarias, que no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres, que tienen una condición ecológica difícilmente sostenible, que no muestran ninguna actitud solidaria en relación con muchos de los habitantes de los países del Sur y que beben, en fin, de los proyectos, mortecinos donde los haya, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Infelizmente, lo “público” por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco: sólo cuando se ve acompañado de la perspectiva de la autogestión y de la socialización nos situamos en un terreno afortunadamente distinto.

6. En muchos de los análisis al uso se olvida una dimensión importante: la de los agravios a terceros. Se hacen valer con demasiada frecuencia análisis que concluyen, sin más, que los pronósticos oficiales en lo que se refiere a las consecuencias del TTIP son puras especulaciones, como si el hecho de que se ajustasen a la verdad debiese, en cambio, llenarnos de contento. Y, sin embargo, es obligado subrayar que, de ser ciertos los cálculos relativos al crecimiento económico, o al incremento de la actividad comercial, que manejan las autoridades norteamericanas y comunitarias, nada aconseja concluir que las realidades que retratarían son saludables. Hay, en otras palabras, una aceptación demasiado complaciente de que es bueno todo aquello que apuntala nuestros intereses. En el caso de que el TTIP permita un mayor crecimiento económico, ¿a costa de quién sería? Lo que ganaríamos nosotros —no lo dejemos de lado— las más de las veces lo perderían otros. Y ello aun cuando hay que reconocer que los defensores del acuerdo son cristalinos: en modo alguno ocultan que éste tiene como objetivo mayor beneficiar a las economías de EE UU y de la UE282, en el buen entendido, claro, de que bien se ocupan de esconder que el consiguiente reparto de los beneficios sería cualquier cosa menos igualitario. De esto último mucho saben las mujeres, comúnmente ignoradas cuando llega el momento de considerar cuáles han de ser los efectos negativos del TTIP.

7. Cierto es que, dando un paso más, buena parte de la izquierda que vive en las instituciones sigue hechizada por los mitos del crecimiento, del desarrollo, de la productividad, de la competitividad, de las tecnologías liberadoras y de la industrialización. Volvamos al ejemplo que acabamos de glosar: ¿es razonable que a estas alturas se sigan evaluando las eventuales bondades de un acuerdo comercial sobre la base exclusiva de una consideración de si éste propicia o no el crecimiento económico, sin acometer, entonces, ninguna discusión sobre el propio crecimiento económico y sus presuntas virtudes? ¿Cómo es posible que el grueso de los sindicatos haya engullido ese formidable fiasco que es el mito de la competitividad? ¿Podemos permitirnos que muchas de las críticas vertidas contra el TTIP beban de un cortoplacismo aberrante que no toma en consideración, en grado alguno, el problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta, y, con él, la crisis ecológica y la inmediatez del colapso? ¿Es de recibo que se sigan planteando disensiones con respecto al TTIP sobre la base de que éste traba cualquier horizonte de industrialización, sin encarar antes en serio lo que esta última puede significar en un escenario en el que la huella ecológica se ha disparado? ¿Tiene sentido, en fin, plantear una defensa en regla de los derechos de los consumidores sin acometer antes una discusión sobre lo que han significado, en términos de integración dramática en la lógica del sistema, lo que hemos dado en llamar “sociedades de consumo”? ¿No será que muchas de las críticas que el TTIP ha recibido se desenvuelven también en el terreno de una contestación del régimen sin abordar en paralelo una inexcusable contestación del sistema, esto es, del capitalismo, del trabajo asalariado, de la mercancía, de la sociedad patriarcal, del militarismo, del imperialismo, de la crisis ecológica y del colapso?

8. No hay que perder de vista la posibilidad de que en los próximos años se produzcan lo que cabe entender que serán victorias pírricas de los detractores del TTIP. Éste podría verse frenado, así, porque las empresas transnacionales pierdan interés en el acuerdo, porque la oposición gane terreno o porque el proceso de ratificación naufrague. Nada de lo anterior significaría necesariamente, sin embargo, que las reglas, macabras, que rigen el comercio mundial vayan a entrar en crisis. Nos encontraríamos entonces ante noticias que, aunque halagüeñas, tendrían al cabo un relieve reducido. Tampoco parece que hubiese que lanzar las campanas al vuelo en el caso de que el TTIP saliese adelante con algunas correcciones venturosas. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que se cancelase la adopción de las fórmulas de arbitraje privado o que se mantuviesen reglas aceptables en el ámbito de la producción de alimentos. En la trastienda, el grueso de la filosofía del acuerdo, y en particular su lógica desreguladora, no se vería alterado283. Nuestra obligación no estriba, simplemente, en frenar el TTIP: reclama de un esfuerzo encaminado a cuestionar radicalmente un orden internacional indeleblemente marcado por la explotación de los seres humanos y por el olvido de las exigencias que el medio natural nos debe plantear.

CAPÍTULO 8

Conclusión

Bajo la cobertura retórica de un acuerdo que atiende al doble propósito de hacer desaparecer aranceles y duplicaciones, el TTIP es una jugada maestra al servicio de los intereses de las transnacionales y en abierta desatención de lo que, en buena ley, deben reclamar las comunidades humanas, los trabajadores y el medio natural284. Una aguda señal de que esto es así la aporta el hecho de que en el proceso de toma de decisiones vinculado con el acuerdo todas estas últimas instancias —y con ellas los problemas que arrastran— desempeñan un papel menor, por no decir que nulo. En semejantes condiciones difícilmente sorprenderá que en el contenido que cabe atribuir al TTIP no haya ningún espacio que permita augurar una mejora en lo que ya tenemos y, con ella, una superación de lo ya existente. Lo que se barrunta es, antes bien, el designio de propiciar un nuevo deterioro, uno más, en el terreno social, en el laboral y en el medioambiental.

Es difícil, aun con ello, predecir el futuro planetario derivado de una imaginable aplicación del acuerdo. En una de las lecturas posibles, Lamy identifica tres horizontes diferentes285. El primero lo aporta un choque entre “multilateralismos regionales”, con el norteamericano/europeo enfrentado al liderado por China, al amparo de una fragmentación general del comercio internacional. Una segunda posibilidad es que EE UU, la UE y Japón impongan su “multilateralismo regional” o, lo que es lo mismo, que reaparezca en plenitud la dominación que las potencias industriales tradicionales ejercieron en buena parte del siglo XX. El tercer horizonte habla, en fin, de un “multilateralismo global”, acatado por todas las partes, o al menos por todas las partes importantes. Las cosas como fueren, parece servida la conclusión de que la irrupción de acuerdos como el TTIP está llamada a tener un efecto de exacerbación de las tensiones, comerciales y no comerciales, entre el mundo occidental, por un lado, y las economías emergentes, por el otro286, con todos los demás como meros convidados de piedra que están a expensas de lo que hagan uno y otras.

El panorama en el espacio geográfico que nos es más próximo se ve marcado, antes que nada, por la certificación de algo que ya sabíamos: en el caso de la UE, y más allá de algunos matices, socialistas y socialdemócratas —incluidos, claro, los españoles— no dudan en respaldar un acuerdo como el TTIP, circunstancia que por sí sola obliga a preguntarse por la cordura de quienes no se paran en mientes a la hora de pactar con las fuerzas políticas correspondientes. Ya hemos señalado que en los estamentos oficiales se ha abierto camino el firme designio de evitar cualquier tipo de debate público sobre el acuerdo. Si ese debate ha ganado algún terreno, ha sido en virtud del esfuerzo de iniciativas de base varias que, en condiciones muy difíciles, han procurado explicar qué es lo que el TTIP está llamado a acarrear. No parece, de cualquier modo, que los resultados hayan sido, hasta este momento, estimulantes. A tono con algo que ya tuvimos la oportunidad de palpar al amparo de lo ocurrido con el Tratado Constitucional de la UE, una encuesta realizada en Francia en mayo de 2014 concluía que un 55 por ciento de los ciudadanos nunca había oído hablar del TTIP, lo cual no era óbice para que un 71 por ciento de aquéllos apoyase la armonización de regulaciones y un 68 por ciento respaldase la desaparición de las barreras arancelarias y la creación de un mercado común con EE UU287. Otra encuesta, en este caso desarrollada en España, señalaba que sólo un 30 por ciento de los ciudadanos españoles tenía algún conocimiento, siquiera mínimo, sobre el TTIP288; motivos hay, sin embargo, para recelar de un porcentaje como el señalado, que retrata una realidad moderadamente halagüeña, en el buen entendido, claro, de que “haber oído hablar de” se antoja un dato irrelevante en términos de un debate político abierto y vivo. Es bien conocido, en cualquier caso, el procedimiento: primero se esparcen unos cuantos tópicos y luego se vinculan con un texto que se protege de debates públicos y críticas serias. Cierto es que también se aprecia, al menos en algunos países, una percepción general que concluye que el TTIP será más beneficioso para EE UU que para la UE. Eso es, al parecer, lo que pensaba en Alemania, en julio de 2014, un 58 por ciento de los ciudadanos, en tanto sólo un 14 por ciento consideraba que la UE saldría más beneficiada289.

Debemos dar por descontado, en cualquier caso, algo importante a lo que ya nos hemos referido: en la eventualidad de que el TTIP se tope con problemas en el proceso de ratificación, lo esperable es que salga, pese a todo, adelante. La experiencia de lo ocurrido en 2005-2006 con la mal llamada “Constitución europea” invita a llegar a esa conclusión en virtud de la capacidad que los poderes comunitarios han demostrado en materia de trampas legales, distracciones, presiones y chantajes. Gracia tiene que quienes son genuinos maestros de la manipulación y de la imposición se quejen de lo que entienden que es una indeseable “politización” del debate que haría que éste perdiese sus esperables perfiles tecnocráticos y alejaría del primer plano a los expertos. Tanto más indignante les debe parecer esa politización cuanto que a menudo acarrea, por añadidura, impresentables sentimientos de repudio hacia una potencia, intocable, de nombre Estados Unidos. Por lo que a nosotros respecta, no podemos esperar noticias. Estamos obligados a movilizarnos con urgencia desde abajo, desde la autogestión y desde la solidaridad.

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Siglas empleadas

ACTAAcuerdo Comercial Anti-Falsificación

AGCSAcuerdo General sobre el Comercio y los Servicios

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

CETA Acuerdo Económico y Comercial Global (UE-Canadá)

EE UU Estados Unidos

GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio

GMT Gran Mercado Transatlántico

ISDS Acuerdo sobre Diferencias entre Inversores y Estados

NAFTA Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMC Organización Mundial del Comercio

ONG organización no gubernamental

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte

PAC Política Agraria Común

PIB producto interior bruto

REACH Regulación, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas

TAFTA Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio

TiSA Acuerdo sobre el Comercio de los Servicios

TPP Acuerdo Transpacífico

TTIP Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones

UE Unión Europea

Notas

1. Vaudano, 2015: 23.

2. George, 2015: 106.

3. Vaudano, 2015: 24; Porcher y Farah, 2014: 5.

4. Vaudano, 2015: 29.

5. Vaudano, 2015: 17.

6. Vaudano, 2015: 19.

7. Vaudano, 2015: 17.

8. Tellis, 2015: párrafo 40.

9. Robertson, 2014: 113; Klimenta, Strasser y Fuchs, 2015: 54-55.

10. Robertson, 2014: 122.

11. Berlin Forum on Global Politics, 2014; VV AA, 2015b; VV AA, 2015c.

12. Garzón y Cansino, 2014: 12.

13. El País (9 de marzo de 2015).

14. Vaudano, 2015: 26.

15. El País (9 de marzo de 2015).

16. Vaudano, 2015: 26.

17. Elvire Fabry, cit. en Vaudano, 2015: 26-27.

18. Vaudano, 2015: 27.

19. Vaudano, 2015: 18.

20. Vaudano, 2015: 18.

21. Porcher y Farah, 2014: 11.

22. Baru, 2015: párrafo 2.

23. VV AA, 2015a: capítulo 1, párrafo 2.

24. Subramanian, 2015: párrafos 3 y 4.

25. VV AA, 2015a: capítulo 1, párrafo 4.

26. Vaudano, 2015: 17-18.

27. Subramanian, 2015: párrafos 10 y 11.

28. Tellis, 2015: párrafos 5 y 7.

29. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 83.

30. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 83.

31. Véase, por ejemplo, Kupchan, 2014b: 22 y 26.

32. Hamilton, 2014b: XX.

33. Kirişci, 2014: 112.

34. Vaudano, 2015: 122.

35. Baru, 2015: párrafo 7.

36. Thorstensen y Ferraz, 2014: 138.

37. VV AA, 2015a: capítulo 1, párrafo 24.

38. VV AA, 2015a: capítulo 1, párrafos 26 y 29.

39. VV AA, 2015a: capítulo 2, párrafo 22.

40. VV AA, 2015a: capítulo 2, párrafo 23.

41. Bhagwati, Krishna y Panagariya, 2015: párrafo 23.

42. Straubhaar, 2014: 38-39.

43. Straubhaar, 2014: 45.

44. VV AA, 2015a: capítulo 2, párrafo 3.

45. Porcher y Farah, 2014: 16.

46. Véase, por ejemplo, Hamilton, 2014b: VIII.

47. VV AA, 2015a: introducción, párrafo 3.

48. De Ville y Siles-Brügge: 2016, 15.

49. Porcher y Farah, 2014: 42.

50. Porcher y Farah, 2014: 6.

51. Vaudano, 2015: 35; Bizzarri, 2013: 9.

52. Goldsmith, 2014.

53. Guamán, 2015: 41-42.

54. Vaudano, 2015: 33.

55. Vaudano, 2015: 33-34.

56. Garzón y Cansino, 2014: 13.

57. Bertelsmann e Ifo, 2013.

58. Vaudano, 2015: 34.

59. Kucharz y Rico, 2013.

60. Kucharz, 2013.

61. Jennar, 2013.

62. De Ville y Siles-Brügge: 2016, 35.

63. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 35.

64. Capaldo, 2014.

65. Cit. en Alcázar, 2015: 24 y 54.

66. Monique Goyens, cit. en Vaudano, 2015: 35.

67. Vaudano, 2015: 35.

68. Porcher y Farah, 2014: 46.

69. Vaudano, 2015: 38.

70. Montejo, 2015: 158.

71. Garzón y Cansino, 2014: 19.

72. Porcher y Farah, 2014: 25.

73. Porcher y Farah, 2014: 26.

74. Porcher y Farah, 2014: 26-27.

75. Porcher y Farah, 2014: 27.

76. Porcher y Farah, 2014: 28-29.

77. George, 2015: 106.

78. Vaudano, 2015: 46.

79. Véase George, 2015: 157 y ss.

80. Cit. en Favari, 2014: 21; Jennar, 2013.

81. Favari, 2014: 25.

82. Vaudano, 2015: 49.

83. Vaudano, 2015: 139; véase también VV AA, 2015a: capítulo 3, párrafo 14.

84. Favari, 2014: 87 y ss.

85. Porcher y Farah, 2014: 30.

86. George, 2015: 47.

87. George, 2015: 48.

88. George, 2015: 145.

89. Hamilton, 2014b: XIII.

90. Véase, por ejemplo, Hamilton, 2014b: XIII.

91. Kirişci, 2014: 76.

92. Kupchan, 2014a: párrafo 7.

93. Hamilton, 2014b: XIV.

94. Kupchan, 2014a: párrafo 5.

95. VV AA, 2015a: capítulo 1, párrafo 23.

96. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 11; Klimenta y Fisahn, 2014: 51 y ss.

97. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 11.

98. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 11; Jennar, 2013.

99. Vaudano, 2015: 39.

100. George, 2015: 119.

101. Institute for Agriculture and Trade Policy, 2013.

102. Vaudano, 2015: 52.

103. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 42.

104. Hilary, 2014: 70; Hilary, 2015.

105. Hilary, 2014: 69.

106. VV AA, 2015a: capítulo 1, párrafo 16.

107. Hilary 2014: 68.

108. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 10.

109. Hilary, 2014: 67.

110. Hilary, 2014: 68.

111. Friends of Earth Europe/Institute for Agriculture and Trade Policy, 2013: 4.

112. Friends of Earth Europe/Institute for Agriculture and Trade Policy, 2013: 5.

113. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 13.

114. Vaudano, 2015: 54.

115. George, 2015: 121.

116. Institute for Agriculture and Trade Policy, 2013.

117. George, 2015: 123; Klimenta y Fisahn, 2014: 43 y ss.

118. Guamán, 2015: 105.

119. Hilary, 2014: 73.

120. Institute for Agriculture and Trade Policy, 2013.

121. Porcher y Farah, 2014: 49.

122. Porcher y Farah, 2014: 50.

123. Porcher y Farah, 2014: 51.

124. Bizzarri, 2013: 12.

125. Vaudano, 2015: 58.

126. Hilary, 2014: 75.

127. Porcher y Farah, 2014: 53.

128. Hilary, 2014: 72.

129. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 18.

130. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 17.

131. Sierra Club, 2013: 9.

132. George, 2015: 124.

133. VV AA, 2015a: capítulo 6, párrafo 17.

134. VV AA, 2015a: capítulo 6, párrafo 20.

135. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 10-11; Klimenta, Strasser y Fuchs, 2015: 76-79.

136. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 52.

137. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 61.

138. Vaudano, 2015: 62.

139. Guamán, 2015: 78.

140. VV AA, 2015a: capítulo 6, párrafo 17.

141. Guamán, 2015: 89.

142. Vaudano, 2015: 64.

143. Bizzarri, 2013: 19.

144. Vaudano, 2015: 65.

145. Vaudano, 2015: 80.

146. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 3.

147. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 4.

148. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 5.

149. Vaudano, 2015: 40.

150. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 10.

151. VV AA, 2015a: capítulo 5, párrafo 2.

152. VV AA, 2015a: capítulo 5, párrafo 11.

153. VV AA, 2015a: capítulo 5, párrafo 13.

154. Véase Sparding, 2015.

155. Vaudano, 2015: 87.

156. Vaudano, 2015: 68.

157. Vaudano, 2015: 68.

158. Favari, 2014: 36.

159. Seattle to Brussels Network, CEO y TNI, 2013.

160. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 20.

161. Garzón y Cansino, 2014: 25.

162. Soutto, 2015.

163. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 19.

164. Bhagwati, Krishna y Panagariya, 2015: párrafo 37.

165. Rodero, 2014.

166. Rodero, 2014.

167. Rodero, 2014.

168. Rodero, 2014.

169. George, 2015: 127.

170. George, 2015: 127.

171. George, 2015: 128.

172. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 9.

173. VV AA, 2015a: capítulo 4, párrafo 8.

174. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 57.

175. Bizzarri, 2013: 18.

176. Garzón y Cansino, 2014: 32.

177. Bizzarri, 2013: 18; Klimenta y Fisahn, 2014: 57 y ss.

178. El País (7 de octubre de 2015).

179. Vaudano, 2015: 85.

180. Vaudano, 2015: 86.

181. Porcher y Farah, 2014: 55.

182. VV AA, 2015a: capítulo 6, párrafo 21.

183. Friends of the Earth Europe, 2013.

184. Hilary, 2014: 88.

185. Guamán, 2015: 125.

186. Cit. en George, 2015: 112.

187. George, 2015: 113.

188. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 37; Seattle to Brussels Network, CEO y TNI, 2013.

189. George, 2015: 134-135.

190. Porcher y Farah, 2014: 57.

191. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 70.

192. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 70-71.

193. Garzón y Cansino, 2014: 35.

194. Vaudano, 2015: 104.

195. Vaudano, 2015: 104.

196. Favari, 2014: 32.

197. Blanking, 2015: apartado 2.2, párrafo 2.

198. Favari, 2014: 32.

199. Favari, 2014: 30.

200. George, 2015: 153.

201. Friends of the Earth Europe, 2013.

202. Friends of the Earth Europe, 2013.

203. George, 2015: 111.

204. Guamán, 2015: 126.

205. Guamán, 2015: 135.

206. Kucharz y Rico, 2013.

207. Friends of the Earth Europe, 2013; Wallach, 2013.

208. Favari, 2014: 65.

209. VV AA, 2015a: capítulo 6, párrafo 27.

210. Blanking, 2015: apartado 2.1, párrafo 3.

211. Vaudano, 2015: 107.

212. Cit. en Vaudano, 2015: 132.

213. VV AA, 2015a: capítulo 3, párrafo 10.

214. Vaudano, 2015: 136.

215. Vaudano, 2015: 135.

216. Vaudano, 2015: 12.

217. Porcher y Farah, 2014: 22.

218. Porcher y Farah, 2014: 23.

219. Vaudano, 2015: 137.

220. George, 2015: 131-132.

221. VV AA, 2015a: capítulo 3, párrafos 8 y 20.

222. Vaudano, 2015: 147.

223. De Ville y Siles-Brügge: 2016, 8.

224. Porcher y Farah, 2014: 12.

225. Guamán, 2015: 59 y 150.

226. De Ville y Siles-Brügge: 2016, 8.

227. Vaudano, 2015: 147.

228. Vaudano, 2015: 145.

229. Véase, por ejemplo, https://www.dcbar.org/bar-resources/publications/washington-lawyer/articles/july-august-2014-transatlantic-trade.cfm.

230. Guamán, 2015: 61-62.

231. Porcher y Farah, 2014: 24.

232. Wallach, 2013.

233. Jennar, 2013.

234. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 28-29.

235. George, 2015: 147.

236. VV AA, 2015a: capítulo 6, párrafo 3.

237. George, 2015: 148.

238. George, 2015: 148.

239. Guamán, 2015: 107.

240. Guamán, 2015: 150.

241. George, 2015: 140.

242. George, 2015: 141.

243. George, 2015: 150.

244. Zoratti, Di Sisto y Bersani, 2015: 84.

245. Montejo, 2015: 149.

246. El País (6 de octubre de 2015).

247. Vaudano, 2015: 20.

248. Vaudano, 2015: 21.

249. George, 2015: 92.

250. Subramanian, 2015: párrafo 37.

251. Subramanian, 2015: párrafo 41.

252. Tellis, 2015: párrafo 44.

253. Subramanian, 2015: párrafo 35.

254. Subramanian, 2015: párrafo 46.

255. Subramanian, 2015: párrafo 51.

256. Subramanian, 2015: párrafo 62.

257. Tellis, 2015: párrafo 52.

258. Baracuhy, 2015: párrafo 37.

259. Subramanian, 2015: párrafo 36.

260. Tellis, 2015: párrafo 50.

261. Vaudano, 2015: 123.

262. Véase, por ejemplo, Lucas, 2014: 56.

263. Lucas, 2014: 56.

264. Montejo, 2015: 150.

265. Vaudano, 2015: 124.

266. Kirişci, 2014: 75.

267. Klimenta, Strasser y Fuchs, 2015: 40-41.

268. Herfkens, 2014: 154.

269. Herfkens, 2014: 152.

270. Klimenta, Strasser y Fuchs, 2015: 14-15.

271. Novák, 2014: 66.

272. Cit. en Vaudano, 2015: 16.

273. Porcher y Farah, 2014: 30.

274. VV AA, 2015a: capítulo 2, párrafo 13.

275. Vaudano, 2015: 117.

276. Porcher y Farah, 2014: 61.

277. Véase Xavier-Bender, 2014.

278. The Washington Post (10 de febrero de 2014).

279. Salvador Allende, cit. en Favari, 2014: 62.

280. De Ville y Siles-Brügge: 2016, 63.

281. George, 2015: 204.

282. Véase, por ejemplo, Ries, 2014: 6.

283. De Ville y Siles-Brügge: 2016, 139-140.

284. Sierra Club, 2013: 5.

285. Lamy, 2015: párrafo 51.

286. Kupchan, 2014a: párrafo 5.

287. Pew Research Center, 2014.

288. Alcázar, 2015: 23.

289. Stern (9 de julio de 2014).