A lo largo de la historia, los ciudadanos se han negado a pagar impuestos en muchas ocasiones. En parte por ello, los Estados siempre han sido conscientes de que, más allá de cierto umbral, los impuestos se volvían peligrosos para los recaudadores. Sin embargo, hoy en día es raro ver reuniones multitudinarias en las que se reclamen menos impuestos y Estados más pequeños que los actuales. De hecho, en los últimos tiempos hemos presenciado manifestaciones de indignación contra el Estado precisamente por lo contrario, a pesar de que los Estados actuales, empezando por el español, son enormes en comparación con cualquier coyuntura pasada. ¿Qué ha sucedido?

Este libro reconstruye la propaganda del Estado en España durante los últimos años del franquismo y la democracia, y advierte cómo en ella se apela una y otra vez a los valores antiliberales que finalmente se han convertido en hegemónicos. Desde las campañas con el célebre lema «Hacienda somos todos» hasta la machacona transmisión de la equívoca idea de que, en democracia, las actividades del Estado son la simple decisión consensuada de los ciudadanos. Así, el pago de impuestos desmesurados se ha convertido en la norma, lo cual ha provocado un debilitamiento de los ciudadanos y una merma de su libertad.

Apoyados en la historia y la teoría, los autores presentan un análisis enormemente ilustrativo de la propaganda fiscal española, y un amplio abanico de argumentos liberales que revisan con amenidad e inteligencia el proceso mediante el cual el Estado se ha fortalecido a nuestras expensas. Pero también anuncian que esto no es irreversible.

Carlos Rodríguez Braun, María Blanco González y Luis Daniel Ávila

Hacienda somos todos, cariño

Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien

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Titivillus 02.08.2021

Título original: Hacienda somos todos, cariño

Carlos Rodríguez Braun & María Blanco González & Luis Daniel Ávila, 2021

Editor digital: Titivillus

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Introducción

Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda y pregunta:

—Oiga, ¿es aquí donde se hace la declaración?

—Sí, señor.

—Pues ahí va:

«Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser,

y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer».

EUGENIO

Le dijo Tayllerand a Napoleón: «Se puede hacer de todo con las bayonetas, menos sentarse encima de ellas». El poder, en efecto, incluso el menos democrático, necesita apoyo popular. Y para ello debe legitimarse constantemente. Necesita desactivar nuestra resistencia para que, si no amamos al Gran Hermano, al menos no lo desafiemos hasta el punto de ponerlo en riesgo.

Por eso la fuerza bruta jamás es el único artificio político y siempre se combina con la propaganda. De eso va este libro, de cómo el Estado ha procurado que los ciudadanos veamos y valoremos sobre todo sus aspectos positivos, a la vez que intenta ocultar, disfrazar o justificar sus aspectos negativos. A menudo, asimismo, el poder político intenta ocultar su propia esencia, el hecho de que es el monopolista de la violencia que él presume que es legítima; lo hace mediante la estrategia del calamar, es decir, confundiéndose con la sociedad civil, como si el Estado fuera una comunidad de vecinos.

Los impuestos, cuya coacción aparece ya en el propio nombre, alcanzan en nuestro tiempo unos niveles históricamente elevados, con lo que el poder no puede conseguir que los paguemos sin disimular su coerción. Rara vez o nunca los pagaremos con gusto, pero el poder debe lograr que los paguemos sin hacerle frente masivamente, y para ello nunca puede limitarse a la intimidación. Debe intentar persuadirnos para que no protestemos. Tiene que conseguir presentarse como un ente amable y cariñoso, justo merecedor de nuestro aprecio.

Esta imagen ha de proyectarse mezclada con las otras que consolidan la noción de la inevitabilidad del Estado, una institución sin cuya existencia, se nos asegura, no habría futuro, comunidad, seguridad física y jurídica, progreso económico y social, medio ambiente cuidado, infraestructuras, sanidad, educación o pensiones.

En las páginas que siguen, el protagonista es el Estado, y procuramos reproducir con suficiente extensión sus propias palabras, tomadas de las campañas públicas de Hacienda, para poder analizar los matices más relevantes de su mensaje y su retórica. Hemos intentado facilitar al máximo la lectura, evitando el lenguaje técnico, e incluso las referencias detalladas a autores concretos, salvo cuando nos resulta imprescindible. No hay notas a pie de página, pero sí referencias bibliográficas recogidas en la bibliografía que se halla al final.

El libro se divide en cinco capítulos, en los que damos cuenta de la forma en la que el poder político intenta legitimar la presión fiscal a través de una sucesión de pasos que acaban por envolver y acosar al contribuyente para neutralizar su eventual reacción de rechazo y protesta.

El capítulo 1, «Somos todos», subraya un punto fundamental de la retórica política: el solapamiento que identifica Estado y sociedad. Sobre esta falacia se monta la propaganda del fisco, y es una falacia literalmente totalitaria. En efecto, si «Hacienda somos todos», entonces nada malo puede derivar de la presión tributaria. Si somos todos, ¿qué sentido tiene poner límites a los impuestos?

Avanza sobre esta idea el capítulo 2, y le añade otro aspecto: «Somos todos y lo aceptamos». Aquí abordamos una antigua ficción que contribuye a legitimar el poder político quizá como ninguna otra: el contrato social.

El capítulo 3 incorpora un nuevo escalón: «Somos todos, lo aceptamos y es siempre para bien». La publicidad política en general, y la fiscal en particular, ponen el foco exclusivamente en todo lo bueno que los ciudadanos reciben del Estado. No por casualidad se trata de un Estado de bienestar.

Pero si el Estado somos todos, lo aceptamos y sólo se ocupa de nuestro bienestar, resulta evidente que los villanos más perversos serán las personas que rechazan sufragar los gastos de una institución tan benemérita. Es el tema del capítulo 4: «Lo peor de lo peor: no pagar». Examinamos allí las trampas del llamado «fraude fiscal».

Hablando de trampas, el capítulo 5, «La propaganda esconde», revisa las que el poder político tiende a los ciudadanos en torno a los impuestos, los gastos y la deuda pública. En particular, cuestionamos el extendido dogma según el cual es inconcebible que los ciudadanos padezcamos en el futuro una opresión fiscal relativamente menor a la actual.

Por fin, presentamos unas páginas de conclusiones en las que sintetizamos las ideas expuestas en este volumen.

Capítulo 1
Somos todos

En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos.

BENJAMIN FRANKLIN

1972

TODOS CONFÍAN EN USTED.

34 MILLONES DE ESPAÑOLES ESPERAN SU VERDAD.

En usted y en todo aquel que sienta la gran responsabilidad nacional que supone dar una respuesta sincera en su declaración por el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas.

1974

EL INTERÉS DE TODOS ES TAMBIÉN DE USTED.

1978

AHORA, HACIENDA SOMOS TODOS. NO NOS ENGAÑEMOS.

¡DEBEMOS CUMPLIR LO ACORDADO!

Ahora, el control fiscal del país está en nuestras manos, en las de nuestros representantes en las Cortes. Ellos son los encargados de que los presupuestos se distribuyan con justicia, de que se obtengan resultados palpables y eficaces. Y de que el esfuerzo de los contribuyentes sirva realmente para el bien común. A todos nos corresponde contribuir. Si no es así, estamos engañando al país. A nosotros mismos. Porque, ahora, Hacienda somos todos.

1979

Con nuestro esfuerzo y trabajo todos estamos llamados no sólo a resolver nuestras realizaciones personales, sino que, además, estamos obligados a participar en las realizaciones colectivas.

1983

DE TODOS Y PARA TODOS.

NUNCA LE IMPONDRÁN NADA MÁS JUSTO.

El impuesto sobre la renta es de todos y para todos. Grava progresivamente las rentas para que cada uno contribuya en la medida de su capacidad. Y es justo que pague más quien más tiene. Por solidaridad. Por el deseo de participación en la tarea de todos. Por eso nadie debe quedar al margen. Nadie debe ni puede.

La Hacienda Pública es de todos. Sus recursos revierten en todos. Y eso implica la necesidad de que todos colaboremos. El que tiene más debe, lógica y justamente, pagar más. De ahí el impuesto sobre la renta. Un auténtico impuesto personal y progresivo, que tiene en cuenta todas sus circunstancias. Por eso pensamos que su declaración es siempre positiva. Porque con ella ha mostrado su solidaridad, su sentido de la participación.

1986

Hacienda se pone en su lugar. Es la mejor forma de corresponder a los contribuyentes que, año tras año, se ponen en el lugar de Hacienda. Aportando su esfuerzo. Comprendiendo que sin la colaboración de todos, nada es posible.

2017

Es importante que todos paguemos los impuestos que determinan las leyes, porque cuanto mejor cumplamos con nuestras obligaciones como ciudadanos, mejores servicios públicos tendremos y mejor será nuestra forma de vida.

No sólo existen las necesidades individuales, también existen las colectivas (educativas, sanitarias, de acción social, policiales, ambientales, judiciales y otras muchas), es decir, aquellas que por separado cada persona no podría pagar por sí sola, pero que, en cambio, se pueden atender con las aportaciones de todos.

Los dos primeros textos que presentamos de la publicidad de Hacienda son de los años 1972 y 1974, es decir, aún durante la dictadura franquista. El objetivo principal de nuestro libro es observar la fiscalidad en democracia, pero prestaremos atención también a los mensajes publicitarios fiscales bajo el franquismo. Dichos mensajes tienen interés en la medida en que ilustran la continuidad y transversalidad de la lógica del fisco. En este caso, ilustran hasta qué punto la noción de totalidad es clave para la legitimación del poder, cualquiera que sea la forma de éste.

Hacienda proclama que es toda la comunidad la que observa a cada ciudadano, confiando en él, pero en caso de que no sea de fiar, le aclara que todos los ciudadanos de España «esperan su verdad». No vaya a ser que no la diga, que no sea sincero, que no cumpla con su «gran responsabilidad nacional»; nacional, nada menos. Cada persona está comprometida con la nación, y la nación no le habla de su propio interés individual, sino que lo sumerge y disuelve en el interés de todos: «El interés de todos es también de usted».

Se dirá que esta retórica colectivista, que doblega a la persona ante la sociedad, ante toda la comunidad, se corresponde con la naturaleza de un sistema autoritario, pero chocaría con uno que no lo fuese. La realidad, empero, como veremos enseguida, es más compleja, y las democracias del mundo han sometido a sus súbditos a muy elevadas presiones fiscales. En el caso de España, Francisco Franco encabezó un régimen autoritario y antidemocrático durante cuatro décadas, pero aplicó a los españoles una presión fiscal moderada.

Más aún, al final de su gobierno, y de su vida, en 1973, Franco tuvo la oportunidad de aprobar una reforma fiscal que comportaba una apreciable subida de impuestos. Había sido elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales, que dirigía entonces Enrique Fuentes Quintana. La argumentación de la reforma recogía varias ideas que iban a revelarse perdurables en el futuro, tales como la necesaria equiparación de la presión tributaria española con la media europea, la justicia social o distributiva, o la demanda social de más y mejores servicios públicos. Todas estas consignas son más que dudosas, como tendremos oportunidad de discutir más adelante. Pero lo interesante fue la reacción del dictador: cesó de manera fulminante al ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque. Esa gran subida de impuestos debió esperar hasta la llegada de la democracia, con el propio Fuentes Quintana como vicepresidente y ministro de Economía y Francisco Fernández Ordóñez de Hacienda; bajo la gestión de este ministro se lanzó en 1978 la campaña con un eslogan que llegaría a ser célebre: «Hacienda somos todos» (Rodríguez Braun, 2018a).

Ahora sí que somos todos, y pagamos más

Luego de los dos mensajes que presentamos, y que fueron lanzados por el régimen franquista, incluimos uno de 1978, que ya corresponde al periodo posterior a la dictadura, porque las primeras elecciones generales democráticas se celebraron en España el 15 de junio de 1977. Se mantiene el mensaje totalizador, pero aparecen, además de la consigna «Hacienda somos todos», varios aspectos fundamentales que caracterizan a los impuestos, y que iremos viendo con detalle a lo largo del libro.

Una de las regularidades más claras de la política y la fiscalidad es que a más democracia, más impuestos. Hay diversas interpretaciones sobre este fenómeno, que iremos repasando, pero resulta incuestionable que la generalización de la democracia ha venido acompañada del aumento en la presión fiscal.

No es un aumento uniforme ni los niveles son idénticos en el mundo, por supuesto, pero esa asociación es patente, independientemente de épocas y lugares. En pocos países esta regularidad se manifestó de modo más diáfano que en España, donde la presión fiscal, medida por el gasto público en porcentaje del PIB, apenas llegaba al 25 por ciento cuando murió Franco en 1975, y en menos de veinte años alcanzó casi el 50 por ciento. Desde entonces, ha oscilado por debajo de esa cifra, pero prácticamente nunca fue inferior al 40 por ciento del PIB; ese rango es bastante habitual en la mayoría de las naciones, donde el gasto total de las Administraciones Públicas rara vez supera el 50 por ciento del PIB, otra regularidad que también analizaremos después.

Por qué pagamos más y protestamos menos

¿Cómo pudo producirse este fenómeno sin demasiadas protestas? Hay numerosos testimonios a lo largo de la historia que prueban el rechazo del pueblo a pagar impuestos, un rechazo que en no pocas ocasiones adoptó formas violentas. Los Estados eran conscientes de que, más allá de un cierto umbral, los impuestos se volvían peligrosos para los recaudadores. Por cierto, aunque siempre resultó difícil fijar ese umbral, el rechazo a los gravámenes era considerado justo, como enseñó Adam Smith a sus alumnos en el siglo XVIII:

Es indudable que la recaudación de un impuesto exorbitante, como podría ser recaudar en tiempos de paz, o incluso de guerra, una suma equivalente a la mitad o incluso una quinta parte de la riqueza de la nación, justificaría la resistencia del pueblo, tanto como cualquier otro flagrante abuso de poder. (Smith, 1982, p. 324)

Esa misma idea la recogió Hayek doscientos años después en su clásico Camino de servidumbre:

No podemos extender indefinidamente la esfera de la acción común y mantener, sin embargo, la libertad de cada individuo en su propia esfera. Cuando el sector comunal, en el que el Estado domina todos los medios, llega a sobrepasar una cierta proporción de la totalidad, los efectos de sus acciones dominan el sistema entero. Si el Estado domina directamente el uso de una gran parte de los recursos disponibles, los efectos de sus decisiones sobre el resto del sistema económico se hacen tan grandes que indirectamente lo domina casi todo. Donde, como aconteció, por ejemplo, en Alemania ya desde 1928, las autoridades centrales y locales dominan directamente el uso de más de la mitad de la renta nacional (según una estimación oficial alemana de entonces, el 53 por ciento), dominan indirectamente casi la vida económica entera de la nación. Apenas hay entonces un fin individual que para su logro no dependa de la acción del Estado, y la «escala social de valores» que guía la acción del Estado tiene que abarcar prácticamente todos los fines individuales. (Hayek, 2017, p. 149)

Desde nuestra perspectiva de hoy, está claro que un pensador de la profundidad y percepción de Hayek se equivocó, porque identificó una presión fiscal equivalente a la mitad de la economía con una dictadura política en la cual el Estado «lo domina casi todo». Pero, como hemos visto, muchos países del mundo están próximos a ese porcentaje y son democracias en donde los ciudadanos disfrutan no sólo de un elevado nivel de vida, sino también de un abanico de libertades políticas, civiles y también económicas, que la mayoría juzgaría incompatible con un sistema político parecido a una tiranía.

La explicación estriba en que Hayek escribía en 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y en esa época se pensaba que el límite de la presión fiscal que encendía las alarmas sobre el eventual e incluso inminente establecimiento de un Estado totalitario se situaba en torno al 25 por ciento, un porcentaje que pocas naciones alcanzaban antes del conflicto (Rodríguez Braun, 2017). Es evidente que ese umbral fue elevándose, porque en las décadas que siguieron, el peso del sector público en la economía se expandió en todo el mundo, sin que se produjeran episodios ni remotamente semejantes a las revueltas fiscales que habían tenido lugar a menudo antes de la llegada del Estado moderno. Es cierto que los ciudadanos reaccionaron y protestaron de otra manera, típicamente, engañando al fisco, asunto del que nos ocuparemos en el capítulo 4. Pero es sumamente raro ver reuniones multitudinarias reclamando Estados más pequeños que los actuales. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto manifestaciones de indignación contra el Estado precisamente por lo contrario, por sus «recortes» o «austeridad», o incluso por un «desmantelamiento del Estado», cuando nada de esto se ha producido en un grado significativo en ningún momento ni en ningún lugar. Los Estados siguen siendo enormes en comparación con cualquier coyuntura pasada.

El Estado social, democrático y fiscal

Este notable apego al poder tiene que ver con el tema del presente libro, porque jamás se habría producido sin la generalización del llamado «Estado social y democrático de derecho», consagrado en nuestra Constitución de 1978, y en el del grueso de las demás naciones. Fue un proceso prolongado, a lo largo del cual se fue quebrantando el principio liberal del respeto al derecho de propiedad, fundamento del Estado limitado, y se produjo el auge de los llamados «derechos sociales», que, como veremos, necesariamente comportan la violación de ese derecho. Y dicha generalización no se habría producido sin el convencimiento de que el Estado que tenemos, al ser democrático, es el reflejo de nuestros deseos, aspiraciones y anhelos más nobles y más justos. Y son deseos, aspiraciones y anhelos de todos. Difícilmente habríamos arribado a dicho convencimiento sin la creciente hegemonía de los valores antiliberales, a los que apela metódicamente la propaganda que estudiamos en estas páginas.

El cambio se observa desde la primera línea de la primera de las campañas del fisco en el periodo democrático que mencionamos: «Ahora, Hacienda somos todos». Antes, no. En realidad, el poder ha procurado legitimarse recurriendo a la comunidad desde los tiempos más remotos. Y, como vimos, Hacienda lo había hecho muy poco antes, durante la dictadura franquista. Esta estrategia totalizadora se repite indefinidamente. ¿Por qué subrayaba Hacienda en 1978 que ahora sí los impuestos eran cosa de todos?

Evidentemente, porque se había producido la transición democrática. Curiosamente, democracia significa elegir, pero el pueblo, tanto en democracia como fuera de ella, nunca ha elegido los impuestos que desea pagar. En verdad, no desea pagarlos. En su práctica totalidad, las encuestas señalan que los ciudadanos preferirían pagar menos impuestos. Otra cosa es que puedan aprobar que les suban los impuestos a los demás, «los ricos», un importante asunto sobre el que volveremos. Pero si se trata de cada uno de nosotros, así como la mayoría preferimos la democracia a cualquier otro sistema político, también la mayoría preferimos individualmente pagar menos impuestos. Y, sin embargo, en democracia, y en todo el mundo, la gente ha terminado pagando mucho más que en cualquier otro momento de la historia.

Estado consensuado y controlado

Como intuyó Adam Smith, esa gran subida de la presión fiscal habría desatado seguramente la resistencia popular en el pasado. Para prevenirla, el público debió ser profunda y profusamente adoctrinado con dos ideas interconectadas de la misma campaña de 1978 que estamos comentando, y que trataremos más en detalle en el capítulo 2. La primera idea es que, con la llegada de la democracia, el Estado pasa a ser fruto del consenso popular; y la segunda idea es que el Estado ya no controla a los ciudadanos, sino que éstos lo controlan a él.

La campaña subraya que los impuestos, como cualquier otra cosa que haga el Estado, son algo que hemos aceptado todos, son «lo acordado». Se trata de la muy vidriosa noción del contrato social, combinada con la noción de que el Estado es una reproducción poco menos que fidedigna de la sociedad. De ahí que Hacienda proclame: «El control fiscal del país está en nuestras manos, en las de nuestros representantes en las Cortes». Se trata de una falacia patente, incluso totalitaria, pero de cualquier forma reveladora de la necesidad de legitimar el poder mediante su solapamiento con la comunidad. Si el poder somos nosotros, entonces obviamente no podremos causarnos ningún daño, ni violarnos ningún derecho. La clave de la libertad individual, que es la limitación del poder, salta por los aires: ¿por qué vamos a limitar un poder que en realidad somos nosotros? ¿Puede acaso la sociedad actuar contra sí misma?

Este equívoco, que notaremos repetido en otras campañas, ilustra la modificación de la naturaleza del Estado una vez que dejó de ser personal, como había sido con los reyes durante milenios, y pasó a ser un ente virtual, que encarna la nación, y expresa puntual y fielmente su voluntad.

El peligro que este fenómeno representa para la libertad del pueblo no pasó desapercibido por algunos pensadores de la ciencia política, que señalaron que, si la soberanía del pueblo es ilimitada, sus propios derechos habrían de sufrir una merma, empezando por el derecho de cada persona a elegir qué hace con su vida y sus bienes. Podríamos encaminarnos hacia el paradójico escenario político de unas naciones fuertes con unos ciudadanos débiles.

Ésta no fue, sin embargo, la opinión de la mayoría, que no sólo aceptó el crecimiento del Estado, de sus gastos y sus impuestos, sino que los saludó como un gran paso adelante en la libertad y los derechos humanos.

Tuvo lugar un largo proceso en el cual el poder fue debilitando, condicionando, incorporando, reemplazando o sometiendo a todas las instituciones que se interponían entre él y los ciudadanos, empezando por la Iglesia y el derecho.

Crecimiento del Leviatán

El gigante que preside la portada del Leviatán de Hobbes empuña en una mano la espada y en la otra el báculo del pastor. No era casualidad. Se empezó a considerar que el poder no podía tener rivales, y la Iglesia había sido un rival sobresaliente durante siglos. Se fue imponiendo la idea, que dura hasta hoy, de que el cristianismo constituía un obstáculo al progreso, precisamente un valor que empezó a generalizarse en los siglos XVII y XVIII. La expulsión de los jesuitas de España fue uno de sus símbolos, como lo serían después la expropiación de los bienes eclesiásticos y los de la nobleza, otra institución considerada paradigma del atraso.

Pocos percibieron que había una relación directa y potencialmente riesgosa entre la expropiación y el debilitamiento de la Iglesia y la aristocracia, por un lado, y la expansión del poder político, por otro. Los demás poderes sociales, que las personas habían respetado durante milenios, fueron socavados, y el Estado pudo ampliarse con cada vez menos cortapisas.

En nombre de la Ilustración, la razón, los derechos humanos e incluso el liberalismo, el Estado avanzó sobre el derecho de propiedad y la libertad de contratar, ocupando áreas crecientes de la vida social en nombre del progreso, un progreso considerado incompatible con cualquier peso apreciable de la religión en la vida de las personas. El laicismo, considerado universalmente un avance, hasta hoy, no comportó principalmente una separación entre Iglesia y Estado, sino la remoción de un obstáculo y el fomento de las ideas antiliberales, a menudo en nombre del liberalismo. Hace dos siglos, uno de los grandes logros de la Francia posrevolucionaria fue la educación pública, gracias a la cual los niños franceses aprendían muy pronto a obedecer al Estado: «Entre los nueve y los once años de edad, eran instruidos sobre la obligación de pagar impuestos y prestar servicio en el ejército» (Rosenblatt, 2020, p. 166).

En general, eso fue, como acabamos de señalar, bienvenido por gran parte de la sociedad, como también lo fue el cambio fundamental que empezó a desarrollarse paralelamente en el mundo del derecho. Así como las revoluciones, amparadas todas bajo la consigna de la libertad, animaron sistemáticamente el socavamiento de ésta por el Estado, otro tanto sucedió con el derecho, que fue dejando de ser algo individual, permanente, previo y superior a la política, para pasar a ser algo colectivo, inconsistente, derivado de y subordinado a la política.

Concluye Bertrand de Jouvenel:

La supremacía del derecho debe ser la gran idea central de toda ciencia política. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta idea supone y necesita la existencia de un derecho anterior al Estado y mentor del mismo. Pues si el derecho es algo que el Poder elabora, ¿cómo podría jamás ser para él un obstáculo, una guía o un juez? (Jouvenel, 1998, p. 397)

La clave de este proceso es que no se le hizo frente. Más aún, se aplaudió la extensión del poder como si fuera la extensión de la libertad, y se saludaron en nombre del progreso sus incursiones contra la propiedad privada, con las subidas de impuestos, y contra la vida y la libertad, en particular mediante la generalización del servicio militar obligatorio.

Esas incursiones políticas y legislativas se extendieron también contra la familia, las tradiciones y las costumbres. No afirmamos, por supuesto, que todas las tradiciones y conductas deban ser siempre y en cualquier caso conservadas porque son necesariamente buenas por ser antiguas. Al contrario, es bien sabido que puede haber costumbres aberrantes contra la moral, como la de los relativamente civilizados antiguos griegos que practicaban el infanticidio (Smith, 2019, pp. 362-363). Lo que señalamos es el peligro que para la libertad de las personas representa un poder político cuya legitimidad es considerada anterior y superior a todo. Anterior y superior a toda institución, todo derecho, toda creencia, toda moral.

Cuando la política accede a ese estadio, su crecimiento no tropieza con impedimento alguno, y por eso puede crecer hasta los extremos inéditos que ha alcanzado en los tiempos modernos. Ningún aspecto de la vida de las personas quedó al margen de la intervención del Estado, desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por su matrimonio; desde su salud hasta su educación; desde su trabajo hasta su pensión. ¿Cómo pudo suceder esto sin que una fracción significativa de la población ofreciera una resistencia mínimamente apreciable?

Una excepción célebre fue, sin duda, el estadounidense Henry David Thoreau, que se negó a pagar la contribución que adeudaba desde hacía seis años y pasó, por esa razón, un día en la prisión de Concord. A raíz de esa experiencia, escribió y publicó, en 1848, el ensayo Del deber de la desobediencia civil, donde explica: «El dólar es inocente, pero me preocupa conocer los efectos de mi contribución al erario» (Thoreau, 1848, p. 39). Contrario a la esclavitud y a la guerra emprendida por Estados Unidos contra México, Thoreau estaba convencido de la inmoralidad de pagar impuestos que alimentaran ambas causas.

Amable poder democrático

Sospechamos que la explicación radica en la potencia legitimadora de estas ideas: el poder no es peligroso cuando es democrático, porque resulta contenido al ser un reflejo de la sociedad, y al ser una suerte de servidor de ésta.

El problema es que nada de esto parece ser cierto. Por un lado, la democracia no sólo no contuvo al poder, sino que lo animó como ningún otro sistema de gobierno. Por otro lado, creer que, como dice Hacienda, en democracia «el control fiscal del país está en nuestras manos» es evidentemente falso; e identificar «nuestras manos» con «nuestros representantes en las Cortes» es profundamente antiliberal, porque nubla la distinción entre Estado y sociedad, y deja la libertad de las personas expuesta al albur político.

Para disfrazar esta coacción, el poder recurre a la noción de participación, que siempre está presente en las justificaciones políticas de nuestro tiempo democrático y supuestamente liberal, y que es un puro señuelo. Ya hace dos siglos, Benjamin Constant señaló que la libertad de los antiguos se fundaba en la participación en las decisiones del poder, pero la libertad de nuestro tiempo se basa en que el poder no interfiera en las decisiones de los individuos (Constant, 1874).

La añagaza de la participación es jaleada en los asuntos tributarios hasta extremos ridículos, llegando incluso a los «presupuestos participativos», como si el pueblo de verdad pudiera decidir los impuestos que va a pagar. Entraremos en los próximos capítulos más en profundidad en los problemas y contradicciones de los procesos de elección colectiva en regímenes democráticos. Aquí podemos dejar sentada la duda sobre la pretendida identificación del pueblo con el poder, y el peligro que esta noción de que «el pueblo manda» comporta para la libertad del propio pueblo. Es evidentemente imposible que toda la gente mande, y lo que sucede es que unos poderes llamados públicos, en nombre de la soberanía popular, imponen sus decisiones al conjunto de la nación.

Para hacerlo, se amparan en la noción más elemental de la coacción: está bien si es justa, como dice la campaña: «Nunca le impondrán nada más justo». Aquí ya se presenta la gran legitimación de la coacción que, asombrosamente, no se basa en la igualdad ante la ley, sino en lo contrario: la desigualdad ante la ley, o una igualdad impuesta mediante la ley. La coacción fiscal es justa si nos trata de manera desigual, en una confusión perdurable entre renta y patrimonio. La campaña defiende la desigualdad para que pague cada uno «en la medida de su capacidad». Pero no está claro qué significa, porque en el mismo párrafo se defiende la progresividad en la tributación de los ingresos y también que «es justo que pague más quien más tiene», es decir, el patrimonio. La confusión aparece subrayada: «El que tiene más debe, lógica y justamente, pagar más. De ahí el impuesto sobre la renta». Son, con toda claridad, dos cosas diferentes, y es el poder mismo quien las confunde.

Esta confusión se extiende mediante la ocultación de la distinción entre la sociedad y la política, entre lo voluntario y lo coercitivo, a veces en la misma frase: «El deseo de participación es la tarea de todos», como si la voluntariedad fuera obligatoria. Se habla de «deseo de participación» y de «solidaridad», como si los impuestos no fueran, como su propio nombre indica, impuestos. Y como si tuviéramos que saludar el control absoluto del poder sobre nuestra vida personal: el impuesto «tiene en cuenta todas sus circunstancias». Y el solapamiento entre el poder y la gente es pleno: «Hacienda se pone en su lugar» y «los contribuyentes se ponen en el lugar de Hacienda», como si fueran idénticos, como si el Estado fuera una persona más, igual a todas las otras, como si no tuviera la fuerza única, exclusiva y monopólica, de la coacción dentro de la ley.

El fundamento de la coacción es, como decimos, la desigualdad ante la ley; profundizaremos en ello en el capítulo 3, donde veremos a Hacienda proclamar: «Contribuir para repartir. Es necesario. Es justo». Pero no es una contribución genuina, porque es forzada, es muy cuestionable que sea justo, aunque lo parezca, y sólo es necesario para que el poder desactive su cuestionamiento. Repartir a la fuerza los bienes de la gente, por cierto, es algo que el poder ha hecho siempre, y siempre para legitimarse, desde los subsidios al trigo y a los espectáculos públicos en la Roma antigua (Ferrer Maestro, 2019, cap. 4). Esta redistribución legitimadora del poder se mantuvo durante toda su historia y en todas sus variantes. Los españoles que recuerdan la dictadura franquista recuerdan que ese régimen también procuró legitimarse mediante recortes de la propiedad privada e interferencias en los contratos voluntarios. Así sucedió, por ejemplo, con la Seguridad Social, que entonces incluía la sanidad pública, y con la vivienda, tanto con la llamada de «protección oficial» como con el control de los precios de los alquileres, una medida característica del franquismo que la izquierda populista pretendidamente progresista pretende reinstaurar en nuestros días. Efectivamente, Franco disponía de otros instrumentos de control que no eran los impuestos como, por ejemplo, el monopolio de la tenencia y comercio de divisas o un abanico de regulaciones que afectaron negativamente, en especial a la industria y al mercado de factores. Esta exuberancia regulatoria generó, además, una cascada de arbitrariedades y corruptelas empresariales (Comín, Hernández, y Llopis, 2002, pp. 387-394).

El nuevo Estado de todos

Con la democracia, el Estado, tanto en España como en el resto del mundo, pretende ser radicalmente distinto a lo que fue en toda su historia precedente, alegando, por volver al título del presente capítulo, que ahora sí, el poder es el pueblo, y no ninguna persona o entidad diferente de él. Y como es, por fin, un poder genuinamente popular, entonces no sólo refleja las preferencias de la gente, sino que en su afán redistribuidor jamás puede constituir peligro alguno para ella. Porque ahora sí, Hacienda somos todos.

De entrada, resulta evidente que esto no es cierto, y no solamente por el hecho del fraude, que revisaremos en el capítulo 4, sino también por las amnistías o regularizaciones tributarias que el Estado democrático acometió por primera vez muy poco después de superada la dictadura franquista, en 1978 —con el lema de «Borrón y cuenta nueva»—, y repitió varias veces en los años subsiguientes.

Está claro, pues, que en la vida real, y a pesar de la propaganda, Hacienda no somos todos. No es ella «de todos» y tampoco es «para todos», porque el trato que dispensa realmente a los ciudadanos puede ser hostil, como lo es de forma habitual con los púdicamente llamados «contribuyentes», como si fueran socios voluntarios de un club o personas que aportan de buena gana a una causa benéfica o solidaria. Es revelador que en nuestra lengua «contribuir» tenga dos significados contradictorios según el Diccionario de la Lengua Española; uno es: «Concurrir voluntariamente con una cantidad para determinado fin», y el otro: «Pagar la cuota que le cabe por un impuesto». Los defensores de los impuestos han explotado esta contradicción que confunde lo obligatorio con lo voluntario.

Y cuando el trato del fisco es amigable, a menudo lo es por razones que poco tienen que ver con las necesidades genuinas de la población, sino por el propio interés del Estado, y también por las maniobras de los grupos de interés, como veremos más adelante.

Por añadidura, tampoco los ciudadanos que cumplen con Hacienda creen realmente que es el espejo fiel de la sociedad en su conjunto, como lo prueba el rechazo creciente de la ciudadanía al fisco, y sospechan asimismo que la redistribución coactiva de los bienes privados no solamente no constituye salvaguarda alguna para la libertad individual, sino que tiende a socavarla:

El pueblo debe ser soberano absoluto en el momento de nombrar a sus representantes, pues sólo así pueden éstos recibir de él unos derechos ilimitados. Pero una vez que el pueblo ha transferido estos derechos, cesa su papel, ya no es nadie, es súbdito, y sólo la Asamblea es soberana […] y la consulta popular no es más que una especie de cocción lenta que reduce toda la nación a un microcosmos de seiscientas personas que, por medio de la más osada de las ficciones, se considera que son la misma nación reunida. (Jouvenel, 1998, p. 307)

La soberanía popular, por tanto, deviene paradójicamente en su contrario, porque el poder ejercido en nombre del pueblo resulta incomparablemente superior y más relevante que el de cualquier persona individual, cuya soberanía en verdad es no sólo minúscula, sino cada vez más reducida en comparación con los poderes públicos. Esta misma expresión resulta equívoca, porque el poder no es en verdad de todos, sino de él principalmente. La llamada «división de poderes» fue y es ingenuamente esgrimida como un freno, cuando hemos visto una y otra vez que no ha funcionado, puesto que los Estados, en España y en el resto del mundo, han crecido hasta niveles extraordinarios, sin encontrar ningún freno más allá de las contradicciones que su propia dinámica le impone, como indicaremos al discutir el llamado «modelo nórdico» en el capítulo 5.

Hemos dicho que el poder es suyo principalmente, pero no lo es exclusivamente, como señalamos al principio del libro. Su legitimación lo fuerza a presentarse como cariñoso, y no sólo como autoritario. En su retórica, el poder va a reiterar esta dimensión afectuosa, procurando presentarse como si fuera una familia más, una familia mucho más grande.

Sin embargo, como decía Ortega, la familia no es el germen del Estado, sino «una formación contra el Estado» (Ortega y Gasset, 2014, p. 37). La hostilidad es recíproca y, como vimos, el poder político ha sometido a repetidos ataques a la familia, las tradiciones, las costumbres, la propiedad privada e incluso la moral y el lenguaje, todo en nombre del progreso.

Mensajes equívocos del poder

Es una ingenuidad pensar que, como este proceso se hizo democráticamente y dentro de marcos legales, entonces la ley siempre libera y la tradición siempre esclaviza. Pero para detectar el impulso antiliberal de la política y la legislación conviene subrayar los equívocos de los mensajes del poder, en su contenido y en su forma. Hemos indicado algunos en este capítulo, en el que cuestionamos el mensaje totalizador del poder y su lenguaje, y profundizaremos en ellos en los capítulos siguientes. Hasta aquí hemos visto que el Estado aparenta ser lo que no es: aparenta ser una institución más de la sociedad civil, como una empresa, una comunidad de vecinos o creyentes, o un club, aunque «de todos». A esas instituciones les cuadran los términos que hemos repasado, como participación, solidaridad y esfuerzo, pero a la política no.

Un alto cargo del Partido Popular en los tiempos de Mariano Rajoy describió hace unos años los impuestos de la siguiente manera: «El Gobierno ha pedido un esfuerzo adicional». Tiempo después, otro alto cargo, esta vez del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, repitió, a propósito de un nuevo gravamen, que se trataba de un «esfuerzo que se pide a los ciudadanos».

En las recientes recomendaciones del Portal de Educación Cívico-Tributaria de la Agencia Tributaria, desarrollado en 2003 y relanzado en 2017, veremos repetidos los equívocos que hemos apuntado en este capítulo. Se identifica el Estado con la comunidad en su conjunto, es decir, cuanto más obedezcamos sus órdenes fiscales, «mejor será nuestra forma de vida». Nuestras necesidades serán satisfechas, pero, eso sí, «con las aportaciones de todos».

Pero así como el Estado nunca puede ser solidario ni generoso, porque la virtud es incompatible con la coacción, y nunca somos realmente generosos con lo que no es nuestro, tampoco el Estado pide esfuerzos ni aportaciones a los ciudadanos. Si así fuera, no habría ninguna diferencia entre la Madre Teresa de Calcuta y la Agencia Tributaria. Y las hay. La primera pide esfuerzos, la segunda los exige bajo pena de multa e incluso prisión. En realidad, por eso mismo es que Hacienda somos todos, pero lo somos en un sentido peculiar: lo somos porque es muy peligroso no serlo.

Capítulo 2
Somos todos y lo aceptamos

No hay nada en el mundo más difícil de entender que el impuesto sobre la renta.

ALBERT EINSTEIN

1967

CONTRIBUIR ES RECIBIR.

Pague sus impuestos, pues con ellos se financian los beneficios que recibe usted de la comunidad. Por eso… contribuir es recibir.

Para ella su futuro es un juego… para usted una grave responsabilidad. Es una responsabilidad ayudar a preparar el futuro de esta niña. Ella crece y con ella también sus necesidades. A España le ocurre igual. Si declara y paga en conciencia sus impuestos, dará al país la posibilidad de financiar su crecimiento, brindará entonces mejores condiciones a quienes están creciendo junto con él. Por eso… contribuir es recibir.

Usted no puede vivir aislado… necesita del país y el país necesita de usted. No cumplir con el deber fiscal es síntoma de egoísmo. Demuestre solidaridad y sentido social pagando sus impuestos. Contribuir es recibir.

1980

CONTRIBUIR DA DERECHO A EXIGIR.

A USTED SÓLO LE PREOCUPA CUÁNTO DEBE DAR. HACIENDA DA A TODOS MUCHO MÁS.

USTED DEBE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN. HACIENDA PODRÁ CUMPLIR MEJOR CON TODOS.

USTED PIENSA EN HACIENDA UNA VEZ AL AÑO. HACIENDA VELA POR USTED TODO EL AÑO.

HACIENDA TAMBIÉN DECLARA.

DESGRAVACIONES FISCALES. LOS DESCUENTOS DE HACIENDA.

¿Cuánto tengo que pagar? Cuando parece mucho y se busca la manera para no tener que pagar nada o muy poco, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tal vez nos empeñemos en ver sólo el lado poco grato de la Hacienda Pública, quizá porque ésa sea la única forma de justificar el egoísmo personal y la falta de sentido cívico.

Reconozca el otro lado de la Hacienda Pública. Ese lado del que se beneficia usted y toda la colectividad. Porque Hacienda es la administradora que mira cómo emplear, hasta el último céntimo de su presupuesto, en el bien de usted y de los suyos. Y lo que tiene que atender Hacienda es a toda España y los suyos son 36 millones de españoles.

Si le corresponde pagar, no le pese, siéntase satisfecho de haber cumplido con su deber de ciudadano y de estar ayudando a hacer posible una mayor justicia social. Además, contribuyendo podrá exigir cuentas claras a la Administración sobre cómo se gasta y adónde va a parar cada peseta que sale del Tesoro Público. Hacienda tiene el deber de darle cumplida cuenta. Este año entra en funcionamiento el nuevo impuesto sobre la renta. Es un buen momento para comenzar a crear una nueva y limpia conciencia fiscal. A la hora de hacer su declaración por el impuesto sobre la renta, usted comprobará que no todo es sumar y sumar, también puede restar muchos miles por una amplia variedad de conceptos.

Hacienda sólo es la administradora rigurosa y fiel del dinero recaudado a todos los españoles. Un dinero que, a través del gasto público, se reinvierte de nuevo cada año en numerosas actividades que contribuyen al progreso del país. Gracias a los impuestos, habrá dinero para que los niños vayan a la escuela y los jóvenes a la universidad. Para que se desarrollen programas de investigación. Para que se pongan al día nuevas técnicas y fuentes de energía. Para que el paro se mitigue. Cada uno de esos renglones es objeto de un cuidadoso análisis. Porque si los contribuyentes piensan una vez al año en Hacienda, ésta vela por ellos continuamente. Hacienda también se siente obligada a declarar.

1988

AVANZAMOS JUNTOS.

CONTRIBUYE LO JUSTO.

CONTRIBUYE AL RITMO DEL PAÍS.

Escucha el latido de una sociedad que funciona. Escucha el ritmo que marca el futuro.

Gracias a la responsabilidad de todos los ciudadanos, se distribuye energía vital por todo el país. La Agencia Tributaria, gestionando y administrando los impuestos, contribuye al desarrollo económico y social de España. Escucha el latido de un país en marcha.

Ya puedes presentar tu declaración de la renta y patrimonio. En la Agencia Tributaria, solucionamos las dudas que tengas y te hacemos la declaración gratis. Incluso puedes hacerla utilizando un disquete (Programa PADRE) o por teléfono. Sólo tienes que llamarnos. Te atenderemos mañanas, tardes y sábados. Benefíciate de una Agencia al servicio de todos. Sólo pagarás lo justo.

La misión de la Agencia Tributaria, y su compromiso, es trabajar en beneficio de todos los ciudadanos que, en una actitud solidaria y responsable, pagan sus impuestos y, por otra parte, prevenir y corregir el fraude fiscal. Por eso, se esfuerza día a día para proporcionar más y mejores servicios a los contribuyentes.

2017

Con cuatro o cinco compañeros de clase, realizad una encuesta en la que se pregunte si preferirían pagar menos impuestos a cambio de tener menos servicios públicos y, en este caso, a qué servicios se estaría dispuesto a renunciar. También se preguntará si, por el contrario, no les importaría pagar más para tener más servicios.

2019

AVANZANDO CONTIGO.

Volvemos a traer a colación una publicidad fiscal de la dictadura franquista, porque es una nítida demostración de la continuidad y transversalidad de la lógica del poder político. En realidad, si le quitáramos la fecha al primer grupo de mensajes, correspondientes al año de 1967, podría dar la impresión de que es de cualquier tiempo. La retórica del fisco franquista es muy similar a la del fisco democrático, como también los trucos propagandísticos, como el uso de los niños. Y en el reproche moral a quienes no pagan impuestos, que desarrollaremos en el capítulo 4, las campañas bajo la dictadura y la democracia emplean incluso la misma palabra: egoísmo.

En este capítulo pondremos énfasis en el mensaje fundamental de la voluntariedad del Estado, que sigue lógicamente al de su solapamiento con la comunidad, que apuntamos en el capítulo anterior, y que es análogamente falaz.

La legitimación del poder se vería gravemente cuestionada si se extendiera la idea de que los impuestos son lo que son, es decir, una imposición sin el consenso de aquellos a los que Hacienda, muy gráficamente, suele calificar en sus impresos como «sujetos pasivos». Para evitar en todo lo posible potenciar el resentimiento de los ciudadanos ante las exacciones tributarias, el poder, todo poder, ha tendido a explotar una teoría que busca ocultar dicha imposición disfrazándola, precisamente, de consenso.

En las relaciones sociales, desde la Antigüedad más remota, las personas hemos generado derechos y obligaciones mediante el consenso privado, a través de acuerdos que evolutivamente dieron forma al derecho contractual. En las relaciones políticas, la coacción ha sido presentada como si derivase de un compromiso análogo, de un contrato social mediante el cual las personas nos pusimos voluntariamente de acuerdo para crear el Estado. De la misma manera que los contratos privados generan derechos y obligaciones, otro tanto sucedería en la política, que lleva mucho tiempo insistiendo en la identificación entre el Estado y la sociedad, hurtando así la característica fundamental del Estado: su monopolio de la violencia ejercida con amparo legal.

Los Estados crecen explotando esa imagen del consenso social, generalmente con una Constitución, como veremos en este capítulo, y con la sistemática sobrevaloración de unos acuerdos presentados como sociales y que, como las constituciones, son fundamentalmente políticos, y también fundamentalmente estratagemas para extender el peso de la política y ocultar sus deficiencias y sus costes. Los Pactos de la Moncloa, por ejemplo, son saludados como grandes conquistas de la sociedad, cuando inauguraron una subida histórica de la presión fiscal en España. Otro tanto sucede con el Pacto de Toledo, saludado como la solución razonable y progresista del problema de las pensiones en nuestro país, cuando ha estado, como es evidente, lejos de serlo.

El empeño en presentar al Estado como si fuera una expresión más de los tratos y contratos de la gente libre en la sociedad civil se observa en los mensajes de Hacienda que recogemos en este capítulo, empezando por el primero, en tiempos del franquismo: «Contribuir es recibir». Así, como suena, parece como si se tratara de un contrato privado. En efecto, cuando firmamos o establecemos una relación contractual, digamos, para adquirir un bien o un servicio, entregamos una suma de dinero y esperamos recibir en contraprestación el objeto o el servicio en cuestión.

Los impuestos como precio

Oliver Wendell Holmes, Jr., juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, es autor de una de las frases más famosas a propósito de los impuestos, que ilustra esta cuestión. Dijo: «Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización».

Si son un precio, es algo que en condiciones de mercado pagamos voluntariamente a cambio de aquello que apreciamos; según el juez Holmes, es a cambio de la civilización, nada menos.

La brillantez de la frase no debería ocultar sus múltiples deficiencias a la hora de contrastar esa teoría con la práctica. Incluso aceptando que los impuestos fueran eso, la frase debería incluir la posibilidad de que la presión tributaria puede crecer hasta ser destructiva de la propia civilización (Wagner, 2018). Pero no cabe aceptar que los impuestos sean eso, porque evidentemente no son un precio de mercado, porque no han sido establecidos por los tratos libres de las personas, y desde luego no los pagamos a cambio de la civilización, ni a cambio de nada: los pagamos porque son obligatorios.

En la guía didáctica para profesores del Portal de Educación Cívico-Tributaria de la Agencia Tributaria se plantea el interesante ejercicio para estudiantes de enseñanza secundaria de preguntar a los alumnos «si preferirían pagar menos impuestos a cambio de tener menos servicios públicos y, en ese caso, a qué servicios se estaría dispuesto a renunciar. También se preguntará si, por el contrario, no les importaría pagar más para tener más servicios». Es una completa falacia, porque los impuestos no son lo que cada persona preferiría pagar «a cambio» de determinados bienes o servicios: eso es el mercado. Los impuestos son lo que cada persona está forzada a pagar «a cambio» de severos castigos, que incluyen la cárcel si no paga.

En su libro sobre las ideologías de la imposición, Louis Eisenstein afirma que la fiscalidad es una forma legal de apropiarse de los bienes de la gente sin justa compensación: «El poder tributario es el poder para confiscar». La etimología de

confiscar

viene directamente del latín confiscare, que significa incorporar al fiscus o Tesoro Público. La historia de la reacción de los pueblos contra la opresión de los impuestos está claramente marcada no sólo por las protestas, incluso violentas, sino también por desigualdades, injusticias y trucos de todo tipo para no pagar (Garzón Pareja, 1984).

La indignación contra los impuestos, y la ponderación de las autoridades ante la misma, tienen miles de años:

Octavio y Antonio, en el momento de declarar la guerra a Sexto Pompeyo, intentaron establecer un impuesto sobre la herencia, pero tuvieron que renunciar a su propósito ante la resistencia opuesta por el pueblo. (Puviani, 1972, 161 n)

Es sabido que los 8.000 guerreros de terracota de Xi’An, encargados por Qin Shi Huang en el siglo III a. C., constituyen una de las maravillas de la humanidad. Pero no surgieron de la nada, sino de la opresión del emperador, plasmada en tributos y trabajos forzados:

Una consecuencia de estos impuestos tan altos fue el incremento significativo de las revueltas populares, que poco después de la muerte de Qin Shi Huang llevaron al derrocamiento de la dinastía Qin. (Acemoglu y Robinson, 2019, p. 264)

Parece que, por decirlo en términos de una campaña del fisco, las personas nos empeñamos en ver el lado poco grato de la Hacienda Pública. Desde luego, no es una historia que tenga nada que ver con el consenso de los seres humanos para hacer frente voluntariamente a los costes que entraña el ser civilizado, ni nada parecido. Eisenstein habla así de «el aforismo de Holmes sobre la civilización, más digno de cita que lleno de sentido» (Eisenstein, 1983, pp. 9-10).

El Estado insiste en la idea del contrato, como si la política lo reflejara: «Contribuir da derecho a exigir», lo que sólo es válido en los contratos privados. Pero si pagamos impuestos, no tenemos en verdad derecho a exigir nada. Igual que si no los pagamos.

La confusión entre Estado y nación es tan característica como la que se intenta establecer entre Estado y sociedad, y las vemos en la campaña franquista de 1967. Asegura que no podría haber vida social sin Estado: «Usted no puede vivir aislado». A continuación, se dice: «Usted necesita del país y el país necesita de usted», con ecos del presidente Kennedy, que había muerto pocos años antes, y su célebre frase: «No preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país».

Del contrato privado al social

La frase de Kennedy apunta a la reiterada superposición entre la política y la comunidad, como si de ambas brotaran obligaciones análogas, como si el Estado fuera una familia que sí obliga, o una sociedad que también obliga a la atención del prójimo, éticamente, no mediante la coacción legal. Ya en el franquismo se establecía esta confusión. Los contratos obligan a las partes y se firman porque benefician a ambas partes: «Está usted cumpliendo una obligación de ciudadanía y, al tiempo, colabora en el desarrollo del país: eso quiere decir que usted se beneficia de su aportación».

Pero esta descripción se ajusta a los contratos privados de las personas en la sociedad civil, contratos cuyo cumplimiento es obligatorio, porque nos comprometemos al firmarlos, y que naturalmente benefician a todas las partes, porque en caso contrario no los firmaríamos. Ahora bien, no es diáfano cómo trasladamos esa antiquísima noción contractual individual y voluntaria a una dimensión política, donde el contrato es colectivo, no es individual y no es voluntario. Resulta indudablemente anómalo un contrato cuyas cláusulas no son acordadas libremente, como resulta insostenible la noción de un contrato que toda la comunidad se ve obligada a firmar (Rodríguez Braun, 2012). Al revés de lo que proclama Hacienda, la gente no paga en impuestos «lo justo», sino lo que la fuerzan a pagar.

Asimismo, y precisamente porque la política no deriva de contrato alguno, no cabe aducir que procederá a garantizar la libertad, porque no puede garantizar la libertad lo que es coactivo por definición, y no brota del consenso de las personas. Nunca podrá garantizar nuestros derechos quien los confiere, puesto que por esa misma razón puede violarlos; es más, dada la distorsión perpetrada en la noción de derecho a través de los llamados derechos sociales, esa violación es imperativa, como analizaremos enseguida.

Esto permite refutar un argumento clásico en favor de la coacción, que ya apuntamos antes: la justicia. Un Estado justo es un Estado benéfico, cuyo ejercicio de la fuerza es en principio inobjetable. Es la justicia social, que destaca la campaña de 1980. Pero esta noción de justicia es dudosa, en la medida en que viola un principio básico de la justicia, que es la salvaguarda de la propiedad de cada persona. Paradójicamente, esa defensa de la propiedad es supuestamente una razón de ser del Estado, el mismo que ha crecido de manera notable apoyándose en su violación.

Esta paradoja se plasma en los extraños derechos y obligaciones asociados al salto de los contratos privados al contrato social. Los primeros son claros, detallados y precisos. El segundo, no. Todo contrato comporta la sanción de la parte incumplidora. Pero si el Estado es fruto de un contrato, ¿cuál es la pena que ha de sufrir por no cumplir con lo pactado? Se supone que los ciudadanos creamos el Estado porque preferimos hacerlo, y éste nos fuerza a pagar unos determinados impuestos en bien de la comunidad; nosotros delegamos en la Administración nuestro altruismo, y si no le pagamos caerá sobre nosotros el peso de la ley, un peso muy determinado y claramente estipulado. Pero las responsabilidades de la parte contratante política están del todo difuminadas, y no resulta en absoluto claro el castigo que ha de merecer y recibir si viola sus compromisos. El llamado contrato social es, por tanto, un contrato espurio y asimétrico (Jasay, 2010a).

Derechos sociales, igualdad, desigualdad y justicia

La noción de derecho ha experimentado un cambio radical. Tradicionalmente, había derechos individuales, de cada uno de los seres humanos, y la obligación del Estado era protegerlos dentro de la igualdad ante la ley. Ahora, en cambio, el derecho es colectivo y está en manos del Estado, que lo impone a los seres humanos, quebrantando los derechos individuales de éstos para alcanzar la igualdad mediante la ley.

El salto de unos derechos a otros representó un cambio fundamental en el papel del Estado. Antes, la libertad, la justicia y el derecho conminaban a que estuviera claramente limitado. Ahora, la libertad, la justicia y el derecho se traducen en que crezca sin límites claros. O, más bien, que se expanda sin límites exteriores o superiores a él mismo.

Si examinamos cualquiera de los múltiples campos en donde el Estado ha crecido a expensas de los bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, comprobaremos que los planteamientos que justifican ese proceso son similares. Un ejemplo podría ser el derecho a la vivienda. La propiedad de la tierra y de las casas ha sido objeto de contratos desde hace siglos en la sociedad civil. Cualquier persona que, pongamos por caso, adquiera una vivienda, tiene derecho a ella siempre que satisfaga las condiciones del correspondiente contrato, típicamente, siempre que le pague al anterior propietario la suma estipulada en el contrato privado. Estamos ante una transacción marcada por una serie de características que conviene reseñar.

Las partes interesadas realizan la transacción voluntariamente, y el contrato en cuestión suele ser muy detallado a la hora de definir y describir las características del bien objeto de la transacción, y los derechos y las obligaciones de las partes contratantes. El resto de la comunidad no participa, no cumple ningún papel, ni tiene por qué intervenir en esa transacción, que en principio no afecta a sus intereses. Ese derecho privado a la vivienda es en realidad una libertad, digamos, como la libertad de prensa o de religión, en el sentido de que podemos ejercerlas con un amplio margen de discrecionalidad, siempre que no quebrantemos esas mismas libertades en los demás. Ese quebrantamiento rara vez tiene lugar, porque nuestra libertad de leer un periódico que se ajuste a nuestros valores y convicciones no interfiere con la libertad de otros de inclinarse por medios de comunicación con valores y convicciones diferentes. Lo mismo sucede con el derecho que tenemos a ir a una iglesia: no interfiere y no debe interferir con la libertad de otras personas de concurrir a una sinagoga, una mezquita o a cualquier otro templo.

El Estado en el derecho privado a la vivienda, como a cualquier otra cosa, tiene un papel no desdeñable, pero sí muy contenido, que se basa en la prevención del fraude, o en su castigo si éste es cometido, y en el registro de la propiedad que ha cambiado de manos. En esta transacción marcada por la igualdad ante la ley no se necesita un aparato burocrático significativo.

Ahora veamos el cambio que se produce cuando entran en acción los llamados derechos sociales. En ese marco jurídico, el derecho a la vivienda pasa a ser algo muy diferente. Se trata ahora del derecho que un individuo tiene a poseer o alquilar una vivienda sin pagar todo el coste o el precio de mercado de ésta. Si el Estado cobrara a cada persona el coste o precio de mercado de los bienes y servicios que le brinda, sería prescindible. Pero si el individuo en cuestión, para ver satisfecho su derecho a la vivienda, ha de recibir una y no pagarla, o pagando menos que el precio de mercado, es evidente que el poder forzará a otra persona a que pague la diferencia. El derecho de propiedad de esa otra persona es necesariamente violado.

En este nuevo derecho no hay voluntariedad, ni contratos, ni especificaciones. El conjunto de la sociedad participa bien porque, como acabamos de ver, es obligada a pagar, bien porque con sus votos condiciona en alguna medida la llamada «política de vivienda», que no es más que el nombre que se adjudica a ese marco de interferencias redistributivas en la propiedad de las personas.

Si el Estado antes no tenía más que un papel contenido, ahora su papel es fundamental. En el mundo de los nuevos derechos sociales, un Estado que no discrimine entre nosotros, que nos trate por igual y que no pretenda igualarnos a la fuerza mediante la ley, un Estado que, por tanto, represente un peso pequeño sobre la comunidad, parece bastante improbable.

Es verdad que, como hemos dicho, el Estado moderno justifica su enorme coste sobre la base de la justicia social, que identifica con la igualdad. Pero recordemos que ahora los derechos no son precisos. En los contratos privados se sabe quién paga, quién cobra y por qué concepto. Pero la definición de nuestros derechos sociales a la vivienda, o a la salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, etc., es notablemente vaga. Y, en realidad, como no brotan de ningún contrato, al final son determinados sólo por las autoridades y por los grupos de presión que influyen sobre ellas y medran gracias a ellas. Esos grupos, por cierto, han adquirido en nuestra época, supuestamente igualitaria, una dimensión muy considerable, pero nunca actúan para frenar los avances del poder sobre los derechos del ciudadano, sino al contrario (Rodríguez Braun y Rallo, 2011, cap. 5).

Ante esa expansión del poder, se nos tranquiliza aduciendo que nuestra libertad no corre peligro porque está amparada por leyes supremas, presentes en todas las naciones: las constituciones. Se trata de textos que son mirados con simpatía por la mayoría de la población, y en cierto sentido con razón, porque el sentimiento de pertenencia a una comunidad y, más aún, a una patria, es un sentimiento noble que, en principio, no debería abrir la puerta a la limitación de los derechos de las personas.

Sin embargo, es un asunto con matices, sobre los que volveremos en este libro. De momento, podemos dejar constancia de algo: con sus innumerables llamamientos a la libertad y la justicia, ningún texto constitucional realmente ha conseguido limitar el poder político. Un caso ilustrativo ocurrió hace algo más de un siglo, cuando el Gobierno de Estados Unidos pretendió establecer un impuesto federal sobre la renta, y se comprobó que era anticonstitucional. El resultado fue que se introdujo una enmienda a la Constitución, y los estadounidenses empezaron a pagar ese impuesto, y lo siguen pagando hoy.

Con el paso del tiempo, las constituciones no sólo siguieron siendo ineficaces a la hora de controlar el poder, sino que de hecho animaron su crecimiento. En pocos países han subido tanto los impuestos en tan poco tiempo como en España una vez llegada la democracia y superada la dictadura franquista.

Esa importante subida de la presión fiscal fue plenamente constitucional, y las fuerzas más antiliberales han recurrido una y otra vez a la Constitución de 1978 para reclamar, y a menudo conseguir, más gasto público y más impuestos. No han debido vulnerar nuestra Carta Magna para hacerlo, puesto que tiene varios artículos que podrían figurar en el catálogo de las grandes aspiraciones socialistas, como el 128: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Pero esa misma Constitución, en su artículo 33.1, «reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia», y en su artículo 31.1, establece que el sistema tributario «en ningún caso tendrá alcance confiscatorio». Estas contradicciones son habituales en el derecho constitucional y, a la postre, abandonan a los ciudadanos en la inseguridad jurídica con respecto a los derechos fundamentales que supuestamente deben amparar.

La visión contractual del Estado tiene una larga tradición en el pensamiento liberal, y no es, a primera vista, obvio el peligro que acarrea para las libertades. Anthony de Jasay lo señala quizá con más claridad que ninguna otra figura del liberalismo, subrayando siempre que la clave del Estado es su carácter coactivo. Así, toda noción que pretenda vestirlo con los ropajes del consentimiento conlleva el riesgo de desembocar en la legitimación de dicha coacción. De ahí que aconseje no confiar demasiado en las constituciones, por más que haya motivos para que los amigos de la libertad las saluden y aplaudan, porque, como hemos dicho, ninguna de ellas ha sido capaz de contener el crecimiento de Estado alguno. Su teoría del Estado no parte de cartas magnas ni tampoco de ningún derecho natural preexistente, sino de la evolución de las convenciones sociales que desembocan en el derecho (la argumentación está sintéticamente expuesta en Jasay, 2010b).

Los impuestos y la dificultad de la libertad

En este libro no sostenemos la tesis de que los impuestos y el gasto público deban necesariamente desaparecer, ni que el Estado sea un mal absoluto. Advertimos, en cambio, del peligro que representa la situación opuesta, es decir, una situación en donde no se plantean límites, ni remotamente precisos, ante el desarrollo del poder y su capacidad de vulnerar derechos y libertades de sus súbditos. Ese peligro deriva de que no puede haber personas realmente libres si el poder no está realmente limitado. Y vemos que, en la práctica, no podrá estar limitado cuando crece de modo, al parecer, imparable, alimentado por la idea que ponderamos en el presente capítulo: el Estado somos todos, y lo aceptamos.

Esa aceptación comporta el sacrificio masivo de nuestros derechos. Se dirá que este sacrificio es normal si no queremos vivir aislados, como indica la campaña de Hacienda que recordamos antes. Pero no es lo mismo la sociedad que el Estado. En la sociedad, las personas condicionan el ejercicio de sus derechos a la circunstancia de que no están solas. Pero no renuncian a esos derechos. Digamos, usted tiene derecho a tocar la trompeta, pero es un derecho limitado si resulta que son las tres de la mañana y vive en una ciudad o un bloque rodeado de vecinos con derecho al descanso. Dada la vida en sociedad, todos limitamos un amplio abanico de nuestros derechos, y lo aceptamos, entre otras razones, porque tenemos la oportunidad, en la medida de nuestras posibilidades, de tocar la trompeta en otra parte o en otro momento. O, incluso, de irnos a vivir en solitario al campo.

Con el Estado la situación es muy diferente, y no es, para nada, evidente que aceptemos voluntariamente la entrega de nuestra libertad y nuestros bienes, que el Estado nos impone por la fuerza, y mucho menos que tengamos la opción de evitar dicha entrega. El pensador estadounidense decimonónico, Simon Newcomb, al observar que los impuestos sí comportan una entrega de los derechos de las personas a la sociedad, rechaza la noción de que esto sea algo optativo, merced a un contrato social que para él resulta una pura ficción:

Es patente que el individuo jamás es consultado para que consienta al contrato, y no se le brinda ninguna oportunidad para que lo haga. El consenso se da por sentado. Cabría argumentar que está implícito en la aquiescencia. Pero a menudo vemos a personas que rehúsan la aquiescencia y son por ello encarceladas, o privadas de una parte de sus propiedades de modo de satisfacer los derechos de la sociedad […] [el individuo] pagará, con consenso o sin él. (Newcomb, 1870, pp. 4-5)

El argumento democrático es, sin duda, válido, como válido resulta pensar que un Gobierno deriva de un cierto consenso popular. El problema, como casi siempre, está en los detalles y condiciones. Podemos elegir democráticamente a unos representantes políticos, pero no es evidente que de ahí se deduzca que esos representantes pueden usurpar la propiedad de la gente sin frenos ni contrapesos definidos. Incluso si los expropiados son una minoría, eso no significa que no tengan derechos, o que éstos puedan ser violados por la mayoría sin cortapisa alguna. En puridad, si los derechos de cualquier ser humano son violados por la mitad más uno de sus vecinos, en términos conceptuales eso no es muy distinto a que si fuera un único ladrón el que los violase.

Newcomb también apuntó a dos asuntos cruciales para la legitimación del poder. De una parte, si todos tenemos deberes con respecto a la comunidad, no está claro que esos deberes deban ser diferentes, y de que el poder tenga derecho a discriminar entre nosotros, asignándonos deberes distintos según sea nuestra distinta condición. De otra parte, no resulta evidente que el poder deba, pueda y sepa cuidar a la gente mejor que lo que la propia gente debe, puede y sabe hacer por sí misma (Ibídem, pp. 6, 10).

Una de las muestras de la dificultad de la libertad es, precisamente, este último tema, puesto que el Estado ha crecido sobre la base de que debe, puede y sabe sustituir a sus súbditos a la hora de diferentes cuidados y atenciones. Y no lo puede hacer, claro, sin quitarles a sus súbditos parte de sus bienes. Aquí los impuestos se revisten de una doble legitimidad: la de la justicia social y la de la indispensabilidad. Se nos dice que los impuestos están justificados siempre que no se trate a la gente por igual, y siempre que se traduzcan en un gasto público que brinde servicios que en su ausencia no existirían.

Ninguna de estas razones es convincente para justificar el recorte de la libertad de la gente. La justicia social carece de una definición precisa y, a pesar de la campaña de Hacienda de 1998, «Contribuye lo justo», en realidad las personas no pagamos en impuestos lo que es justo, sino lo que el poder nos fuerza a pagar. No es evidente que si el Estado no suministrara servicios públicos, digamos, por ejemplo, educación, entonces no habría educación. Y la idea de que los impuestos se pagan para redistribuir, de modo que cumplen una misión fundamental, que es la de dar servicios a personas sin recursos, que en otro caso se hundirían en la miseria y en grandes privaciones, está por completo fuera de la realidad. Los Estados no hacen eso, ni en España ni en ningún país del mundo. No se limitan a quitarles a los ricos para darles a los pobres, sino de quitarles a todos y montar gigantescas Administraciones Públicas con el ostensible propósito de atender a todos los ciudadanos. Lógicamente, ello no se puede lograr sin la intervención activa de una enorme burocracia, también presente en todos los países.

En este proceso, el Estado se carga de un contenido moral creciente: todo son ahora derechos, ayudas, prestaciones, subvenciones, etc., motivados por la solidaridad, la tolerancia y la igualdad, que incluso tiene hasta un ministerio propio.

Y se nos repite que todo lo hemos aceptado, más aún, que nos hemos comprometido con ello. De ahí la consigna de que el llamado Estado de bienestar, o los derechos sociales, son «conquistas» del pueblo, son algo «por los que tanto hemos luchado». Esto no parece ser cierto, porque las luchas del pueblo para pagar cada vez más impuestos no han existido jamás, y mucho menos se puede considerar una valerosa conquista el que cada uno de nosotros consiga algo y no lo pague, es decir, que obligue a otra persona a pagar en su lugar.

Incluso suponiendo que fuera sencillo traducir las preferencias populares en normas legales aprobadas por los parlamentos, que no lo es, incluso en ese caso, los pueblos afrontan riesgos que conviene no despreciar. Uno de ellos fue mencionado antes: la inseguridad jurídica. La expansión del Estado viene acompañada de una notable multiplicación de las leyes, que no sólo son capaces de quebrantar cualquier principio, norma o institución, sino que ellas mismas son susceptibles de cambios continuos. Al revés de lo que se piensa, eso no es una señal inequívoca de progreso, porque deja al ciudadano a los pies de los caballos del poder. Como decía Montaigne: «El pueblo no tarda en despreciar las leyes que ve cambiar todos los días». Hasta el propio Rousseau se dio cuenta de ello y propuso restringir el número de leyes, y limitar lo que llamó «voluntad general» de modo que no fuera simplemente la voluntad de todos, sino una voluntad abstracta, no subjetiva, que tendiese por ello al bien común. Pero si se va a convertir en ley todo lo que deseamos, ello no nos conducirá al paraíso, sino a un escenario opuesto, en el que la libertad habrá sido recortada hasta su mínima expresión, porque perderá toda precisión y se convertirá en sumisión a los arbitrios de los poderosos (Jouvenel, 1998, pp. 326 y ss.).

El abanico de impuestos que supuestamente aceptamos

Aunque prestaremos más atención a la diversidad fiscal, y al ocultamiento de la presión tributaria real, en el siguiente capítulo, podemos resumir aquí que esa diversidad, junto con su peso total y su variabilidad en el tiempo, demuestran que la sociedad está lejos de aceptar los impuestos que se ve obligada a pagar.

Dichos impuestos obedecen a cálculos políticos y no a ninguna demanda social. Si el Estado pone unos tipos muy elevados en la fiscalidad sobre la gasolina es porque puede hacerlo, porque sus súbditos no pueden evadir esos impuestos. Y si en ningún país el IVA alcanza unos tipos tan altos como en el caso de los combustibles, ello se debe a que un IVA del 50 por ciento arrojaría a una porción significativa de la población al mercado negro y al contrabando.

Esta misma lógica explica que el impuesto sobre patrimonio sea siempre mucho más reducido que el de la renta, o incluso que en muchos países haya desaparecido. Es evidente que si el Estado nos quitara en un año el 30 por ciento, el 40 por ciento o incluso más de nuestro patrimonio, lo que sucedería es que al año siguiente no habría patrimonio: ninguno de nosotros se compraría una vivienda, sabiendo que deberá entregar un tercio de la misma al fisco durante el siguiente ejercicio fiscal. En cambio, la mayoría de nosotros seguimos trabajando, aunque la fiscalidad sobre la renta se torne sumamente progresiva.

Se dirá que cuando el Estado planifica su estrategia fiscal, lo hace teniendo en cuenta a sus súbditos. Sin duda que es así, y la política da reiteradas muestras de estudiar la opinión pública para anticiparse a su reacción, lograr su apoyo y evitar su rechazo. Pero eso, claro está, no significa que aceptemos el Estado que tenemos.

Una ilustración reveladora de que el Estado es plenamente consciente de que no lo aceptamos son sus esfuerzos en ocultar los impuestos, que analizaremos cuando hablemos de la ilusión fiscal. Si los ciudadanos pagamos tantos impuestos sin desatar protestas violentas es, entre otras razones, porque el poder nos quita el dinero por muchas vías, y procura, asimismo, que no percibamos la sangría. Lo hace, por ejemplo, mediante los mencionados impuestos especiales, y también mediante los impuestos indirectos que, al estar incluidos en el precio de los bienes y servicios que compramos, no resultan siempre visibles, y en muchos casos solemos pasarlos por alto. En todos estos casos, además, las empresas actúan como agentes del Tesoro, que recaudan el dinero y después lo entregan a Hacienda.

Otro artificio particularmente sutil e inteligente de Hacienda son las retenciones. Mediante esa estratagema, sumada a la imposición indirecta y especial, las personas se habitúan a fijarse sólo en el monto neto de lo que cobran y en el monto bruto de lo que pagan, y dejan de ser plenamente conscientes de la suma total que al fin y a la postre se lleva la Agencia Tributaria.

¿Aceptamos porque necesitamos? Los bienes públicos

Aunque la mayoría de las personas, cuando son conscientes de ello, se muestran reacias a pagar más impuestos, y especialmente a pagar cada vez más impuestos, también es indudable que las personas recibimos beneficios del Estado, como detallaremos en el siguiente capítulo. Esto tiene que ser así, o el Estado no podría sobrevivir: no duraría mucho un Estado que únicamente se limitara a usurpar los bienes de sus súbditos.

Además, y éste es el objetivo del presente apartado, cabe argumentar que, aunque no aceptemos abiertamente la coacción política y legislativa, dicha coacción es necesaria porque sin el Estado los individuos no recibiríamos los bienes y servicios que las Administraciones Públicas suministran. Se denominan «fallos del mercado» aquellas características de las relaciones sociales voluntarias que resultan en la imposibilidad de que consigamos bienes en la cantidad y la calidad que demandamos.

El argumento más antiguo es la preservación de nuestra vida. Desde el Leviatán de Hobbes del siglo XVII, los pensadores políticos han reflexionado sobre la idea de que en ausencia del Estado las personas seríamos incapaces de relacionarnos pacíficamente, y tenderíamos a adoptar de manera sistemática unos comportamientos agresivos. La imagen de esa sociedad «natural» o «estado de naturaleza», en donde cada persona no tiene otra seguridad que la que es capaz de proveerse ella sola a sí misma, era para Hobbes una situación terrible de guerra de todos contra todos. Su lúgubre descripción de ese mundo sin Estado se volvió célebre:

En tal condición no hay lugar para la industria; porque el fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra; ni navegación, ni uso de los bienes que pueden ser importados por mar, ni construcción confortable; ni instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha fuerza; ni conocimiento de la faz de la tierra; ni cómputo del tiempo; ni artes; ni letras; ni sociedad; sino, lo que es peor que todo, miedo continuo, y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. (Hobbes, 2018, p. 96)

El caso de la paz, por tanto, sería lo que llaman los economistas un «bien público», que reviste unas características tan notables que las personas libres no serían capaces de proveerlo en condiciones adecuadas. Típicamente, no se puede excluir a nadie de su disfrute: sería absurdo que, digamos, ante la invasión de un enemigo exterior a nuestro país, el Estado nacional decidiera defender solamente a unos ciudadanos y a otros no. El Estado nos defiende a todos, y, además, el hecho de que defienda a unas personas no significa que deje de hacerlo con otras. Por fin, el coste de defender a un individuo no se duplica si se trata de defender a dos. La suma de todas estas condiciones especiales es que existe un incentivo poderoso a que el ciudadano consuma o utilice ese bien y no lo pague, actuando como un polizón. Estaríamos ante un fallo del mercado porque, en libertad, los ciudadanos quedaríamos desguarnecidos. La única forma de evitarlo es que ese mismo Estado que nos protege nos obligue a pagar impuestos para financiar el gasto en la defensa nacional que garantice la paz.

El otro gran servicio público, indispensable para la vida en sociedad, comparable con la defensa, es la justicia, que asegura el orden social en convivencia: allí también se argumenta que no podría haber justicia en ausencia de un Estado que la administre y ejerza.

Aunque todo esto parece obvio, en realidad no lo es. No es evidente que una sociedad sin Estado se precipite, necesariamente, en la anarquía, por la falta de bienes públicos como la defensa (Friedman, 2012; de mayor complejidad son Jasay, 1993, y Hirshleifer, 1995). Tampoco es indiscutible que el Estado sea el garante de la paz mediante el gasto público en defensa. No sólo porque hay una treintena de países con Estado, pero sin ejército, sino fundamentalmente porque los países con Estado han sido incapaces de evitar las guerras; más bien, al contrario, provocaron hasta las más letales que haya padecido la humanidad, en la primera mitad del siglo XX . Asimismo, hay numerosos ejemplos de que puede haber justicia sin Estado (Benson, 2000).

Sin embargo, la idea de los bienes públicos no sólo no ha sido cuestionada, sino que se extendió más en el ámbito de la economía, y no pocos especialistas insisten en la necesidad de que el Estado intervenga para suministrarlos adecuadamente. Un ejemplo típico son los faros, que son un ejemplo de bien público en apariencia casi perfecto. Se trata indudablemente de bienes muy útiles, pero que, por su propia naturaleza, impiden excluir a los beneficiarios o discriminar entre ellos: ningún faro podría seleccionar entre los barcos y dejar de iluminar a los que no paguen. Al mismo tiempo, el coste de iluminar a un barco es el mismo que el de iluminar a cien. Se comprende que el incentivo a no pagar y actuar como gorrón sea tan poderoso como para, de hecho, impedir que haya faros en el mercado libre: nadie los pagaría y, por eso, deben ser suministrados por el Estado y financiados con impuestos. Pero Ronald Coase investigó la historia real de los faros en Gran Bretaña y comprobó que muchos de ellos habían sido privados, y se financiaban con tasas que pagaban los barcos que atracaban en los puertos cercanos (Coase, 1974).

En suma, aunque los economistas, desde Adam Smith, han señalado que la sociedad no podrá producir en libertad unos bienes públicos importantes y necesarios, porque no le resultarían rentables a ningún inversor particular, esa idea es cuestionable (Smith, 2017, p. 660; Jasay, 1989).

Fallos del mercado y del Estado

Los bienes públicos son una muestra de los fallos del mercado que, al parecer, demostrarían que, aunque rechacemos los impuestos, en realidad los aceptamos porque con ellos conseguimos bienes que no conseguiríamos si el Estado no existiera. Hay también otros fallos, que numerosos economistas exponen para demostrar que la intervención pública es imprescindible, y que son tan dudosos como los bienes públicos (Pennington, 2011).

Un caso interesante, porque tiene que ver con una reciente bandera que el Estado esgrime para justificar su coacción, es el medio ambiente. Se supone que la contaminación es lo que llaman los economistas una externalidad negativa, es decir, un coste de la producción de algún bien que no aparece reflejado en el precio de mercado, y, en consecuencia, se produce en exceso. Como es un fallo del mercado, la conclusión es que el Estado debe intervenir, cobrar un impuesto o incluso prohibir la actividad en cuestión, lo que equivaldría a un impuesto infinito (Rodríguez Braun, 2001). Sin embargo, como demostró Coase, las externalidades no son necesariamente fallos del mercado, porque bastantes de ellas pueden ser resueltas desde el propio mercado; puede que fallen otras cosas, como por ejemplo el marco institucional, en concreto los derechos de propiedad. Digamos que si se trata de limpiar la contaminación del aire de una ciudad, la cuestión es más difícil de resolver que si se trata de limpiar una parcela de tierra con unos propietarios definidos (Coase, 1994).

Obsérvese que no estamos diciendo que el Estado no deba intervenir nunca en nada, ni que no pueda ni deba cobrar ningún impuesto, ni que los mercados sean perfectos. A menudo se recurre al argumento de que los mercados sólo funcionan bien si se ajustan a lo que los economistas llaman competencia perfecta, que es un modelo idealizado, donde hay numerosos oferentes y demandantes, los mercados no tienen barreras, la información es completa, etc. Como es fácil demostrar que esa abstracción no tiene nada que ver con la realidad, resulta tentador concluir que el Estado debe intervenir y cobrar impuestos para resolver dichos fallos y ajustar el interés de los ciudadanos con el interés de la sociedad. He aquí una muestra de esta forma de razonar:

Siempre que exista una actividad económica en la que la renta privada exceda a la social, un impuesto servirá para aumentar el bienestar. (Stiglitz, 2020, p. 271)

Pero nadie ha dicho nunca que la libertad de las personas en sus negocios tenga que ser perfecta, para que la gente pueda ejercerla de modo beneficioso para los individuos y para la comunidad, sin otro obstáculo que la misma libertad ejercida por otros. El propio Adam Smith lo expresó con claridad y sentido común:

Si ninguna nación pudiese desarrollarse salvo con el disfrute de una libertad y una justicia perfectas, entonces en el mundo ninguna nación podría haberse desarrollado jamás. (Smith, 2017, pp. 655-656)

Apuntemos, asimismo, que Smith nunca negó la existencia de fallos del mercado, a pesar de la extendida equivocación que identifica su «mano invisible» con la competencia perfecta de los modelos de la teoría económica moderna (Rodríguez Braun, 2019).

En cambio, lo que sí detectó Smith es algo que a menudo resulta oscurecido en nuestro tiempo, y es que las personas procuramos promover nuestro propio interés en todas partes, y no sólo cuando negociamos en la sociedad civil. La diferencia es que en la sociedad civil la norma es que no podamos promover nuestro interés sin hacer lo propio con el interés de los demás. Digamos, a Amancio Ortega le conviene vender muchas camisas, pero jamás podrá venderlas si los compradores no obtienen un beneficio a cambio del dinero que le entregan al comprar las camisas. Ortega se ha vuelto multimillonario precisamente porque consiguió que una multitud de personas pensaran que les convenía a ellas entregarle su dinero a cambio de camisas.

En el mundo de la política, la situación es muy diferente, porque allí la gente no elige comprar nada libremente, sino que se limita a votar, y después los políticos eligen, entre otras cosas importantes, cuánto dinero van a quitar a los ciudadanos para gastarlo en su nombre.

Siendo esto así, es llamativo que haya tantas sospechas en torno al mercado, que parten de la base de que el propio interés, que nos mueve a las personas, resulta perjudicial. Más aún, se supone que los fallos del mercado son inherentes a cualquier sociedad civil, mientras que la política se supone que funciona conforme al interés general, no al individual. De esta forma, cuando los políticos hacen lo que hacen, desde los que roban descaradamente hasta los que colocan en puestos diversos a los amiguetes del partido, se piensa que estamos ante conductas aberrantes, y que la política mejoraría con políticos honrados, es decir, desinteresados. Y eso a pesar de que, una y otra vez, con cualquier partido en el Gobierno, vemos que los políticos no atienden al interés general, sino al propio de sus partidos, cuando no al propio de ellos mismos. En cambio, en el mercado, las conductas deshonestas no parecen aberraciones, sino resultados normales de un sistema al que es necesario poner coto. Este prejuicio opera en sentido contrario en el caso del Estado: si su intervención parece tener fallos, la solución generalmente aceptada es aumentar la intervención aún más (Lee y Clark, 2013, p. 296).

Es evidentemente pueril razonar como si los fallos públicos fueran de algunos individuos, pero los fallos del mercado sean inherentes a la naturaleza misma del mercado. En realidad, hay fallos en todos los ámbitos, porque los hay en todas las personas; la clave es pensar en su origen, su funcionamiento y sus posibles soluciones, comparando los costes y alternativas en cada circunstancia. Sin embargo, no pocos economistas tienden a pensar que la intervención del Estado, por ejemplo, en el dinero y la banca, es imprescindible porque existen externalidades, como si no las tuviera el sector público, y como si el fenómeno no fuera conocido desde hace varios siglos (Smith, 2017, pp. 416-417).

Roland McKean ironizó sobre el hábito de considerar al mercado siempre como lo peor, independientemente de cualquier circunstancia, y al Estado siempre como preferible, también independientemente de cualquier circunstancia:

No se debe argumentar que el Estado debe controlar una actividad porque el sector privado no produce un óptimo, y después considerar irrelevante que el control del Estado tampoco alcanza dicho óptimo. (McKean, 1965, p. 505)

La conveniencia del Estado y la democracia

Independientemente de nuestras opiniones personales con respecto al Estado, es un hecho que los Estados existen, que no han brotado de amplios acuerdos sociales, y que la gente parece aceptarlos. Un motivo evidente es que antes de derribar al Estado, las personas ponderan los costes de hacerlo, como enseñaba Adam Smith a sus alumnos, no fuera a ser que dichos costes superaran a los beneficios de su derribo (Smith, 1982, p. 324).

Es evidente que si el Estado sólo tuviera facetas negativas, no habría podido establecerse, ni perdurar. Su propia lógica de supervivencia debe impulsarlo a promover las facetas positivas y a contener las negativas, o, como detallaremos más adelante, a ocultarlas mientras airea con insistencia las positivas.

Entre sus facetas positivas, la más sobresaliente es la seguridad jurídica, a la que cabe sumar, con la extensión de la democracia, el recambio pacífico de los gobernantes y la posibilidad de que padezcan —y, por tanto, tengan en cuenta— las consecuencias de sus políticas más funestas mediante el juego combinado de las elecciones periódicas y la manifestación de la opinión pública.

Hemos apuntado ya que los Estados desencadenaron guerras mundiales mortíferas durante el pasado siglo, pero no puede ser casualidad que no se hayan reproducido a ninguna escala comparable después de 1945, a pesar de (algunos dirán debido a) que las armas son mucho más letales que nunca antes.

Algunos autores, como Mancur Olson, nos invitan a pensar en el Estado atendiendo a sus propios intereses, interactuando con los de sus súbditos, con la idea de que ambos pueden salir beneficiados de dicha interacción. Por ejemplo, y por su propio interés, los Estados pondrán fin a las guerras, no porque sean angelicales, sino porque temen activar la resistencia de los pueblos, no contra los Estados de otros pueblos, sino contra el suyo propio.

Algo parecido sucede en economía. A pesar de las críticas económicas de muchos liberales en contra del Estado, lo cierto es que los países ricos tienen Estados grandes. ¿Cómo es eso posible si el Estado es negativo para la economía? Pues precisamente porque la seguridad jurídica, potenciada por la democracia, hace que las energías de los ciudadanos se puedan aplicar a la generación de una enorme riqueza a pesar de las detracciones que las autoridades realizan sobre la misma. Por decirlo crudamente, los ciudadanos producen mucha más riqueza si saben que únicamente se la quitará el Estado, en una suma previsible, que si están en manos de ladrones tradicionales, cuyas incursiones y usurpaciones son altamente inciertas. Por eso, los europeos tienden a ser más ricos que los ciudadanos de muchos otros países del mundo con Estados más pequeños y, por consiguiente, con presiones fiscales menores.

Dice Olson que es equívoco utilizar la expresión Estado predatorio para designar el de las democracias consolidadas; más que un lobo que depreda el ganado, sería como un campesino que lo cuida para que no se extinga. Esto puede indudablemente dar lugar a una pérdida de libertades más o menos considerable, como intuyó Tocqueville, y analizaremos en la parte final de este libro, pero la opinión pública y la participación popular en los regímenes democráticos impulsan la acción de frenos al crecimiento de los impuestos, como ha sucedido en la práctica en algunas naciones con muy elevada presión fiscal, como los países nórdicos. Concluye Olson:

Las democracias tienen la gran ventaja de prevenir que sus líderes extraigan una parte significativa del excedente social. Poseen también la notable virtud de que la misma insistencia en los derechos individuales, que es necesaria para una democracia perdurable, también es necesaria para garantizar tanto el derecho de propiedad como el cumplimiento de los contratos. El atractivo moral de la democracia es hoy valorado casi universalmente, pero sus ventajas económicas son escasamente comprendidas. (Olson, 1993, pp. 574-575)

Lo que va de aceptar a pagar

Si consideramos que el Estado y sus impuestos ya no son un campo caracterizado por el absolutismo sino, en condiciones democráticas, por un cierto grado de interacción con la sociedad, enfrentamos el problema de que esa interacción, a primera vista, no sería muy distinta de la que es propia del mercado en la sociedad civil. En el mercado existen demandas ciudadanas muy variadas, algunas de las cuales corresponden claramente a servicios colectivos. Como, de hecho, varios de esos servicios demandados por la sociedad son suministrados por el Estado, podríamos concluir que el Estado es, como el mercado, un mecanismo mediante el cual las personas conseguimos, y pagamos, lo que necesitamos. ¿Es legítima esta comparación? Por volver a una cuestión que mencionamos antes: ¿no serían entonces los impuestos los precios que pagamos por lo que necesitamos?

En busca de los principios de un sistema fiscal justo, Knut Wicksell observó, a finales del siglo XIX, que para llegar a esa conclusión de que aceptamos los impuestos como lo hacemos con los precios de aquello que pagamos, porque lo necesitamos y nos conviene pagarlo, el sistema político debería funcionar con unas reglas tales que lo aproximaran a la unanimidad (Wicksell, 1967). Se dirá que en el mercado no hay unanimidad nunca, pero en el mercado cada persona paga voluntariamente con sus propios bienes. En nuestras transacciones podemos cumplir con las normas de la justicia si los contratos que establecemos son legales, en ausencia de fraude o violencia, y sin ninguna discriminación, ni participación, ni impugnación por parte de terceros. Ellos no forman parte de nuestros tratos y contratos mercantiles en la sociedad civil, que, por eso mismo, en la medida en que no hay significativas discrepancias, se asemejan a una situación de unanimidad.

Las diferencias entre las interacciones políticas y las del mercado saltan a la vista. En la política no pagamos voluntariamente por lo que deseamos, y no recibimos exactamente lo que deseamos. En ambos casos, en lo que pagamos y en lo que recibimos, el resultado deriva de un proceso de elección colectiva cuya característica crucial es la contraria de la que defendió Wicksell, porque en democracia basta la mayoría para imponer cualquier decisión colectiva sobre la sociedad.

Esta regla mayoritaria abre la puerta a unas posibilidades de discriminación virtualmente ilimitadas, porque en tanto y en cuanto todos podemos obtener un beneficio de manos del Estado, y al mismo tiempo conseguir no pagarlo, o no pagarlo en su totalidad, habrá un impulso a incrementar la presión fiscal y a complicar el sistema tributario ilimitadamente. Incluso, dejando de lado la cuestión de la unanimidad, si el Estado no pudiera discriminar entre las personas, la fiscalidad podría ser elevada, pero nunca complicada. Se ha dicho que, si el poder no fuese capaz de discriminar entre sus súbditos, las leyes fiscales cabrían en una carpetilla con una docena de folios, y nos bastaría una tarjeta postal para rellenar nuestra declaración de Hacienda. En vez de ello, hay decenas de miles de páginas de legislación, y toda una industria que ha surgido para ayudar a los contribuyentes a no perderse en los laberintos de Hacienda. Todo ello se debe a que la democracia mayoritaria anima la competencia política y la acción de los grupos de presión para que la discriminación fiscal les favorezca, y la realidad de los impuestos quede oculta en una densa humareda de la que casi todos somos en realidad cómplices. Porque casi todos estamos dispuestos a aplaudir los impuestos, pero muy particularmente, y a menudo exclusivamente, si los paga otro (Hebert y Wagner, 2013). Sobre la queja de que la imposición castiga a unos para beneficiar a otros, Eisenstein cita la réplica tajante del mencionado juez Holmes: «Gran parte de la legislación, si no toda, hace exactamente eso» (Eisenstein, 1983, p. 9).

Ahora bien, cabría plantearse que esta diferencia entre, por un lado, aceptar el Estado, porque es indudable que en alguna medida nos beneficia, y, por otro lado, aceptar pagarle, es una suerte de fallo del mercado. Es decir, en condiciones de libertad, las personas seguiríamos nuestro propio interés, que es pagar lo menos posible y conseguir que paguen otros, con lo cual no habría suficiente financiación para todos los servicios públicos que demandamos, con lo cual la coerción del Estado sería indispensable para satisfacer nuestras necesidades. Esto pulverizaría la noción de libertad, y animaría un abanico de teorías antiliberales que sostienen que sólo somos realmente libres, sólo estamos realmente satisfechos y sólo vivimos verdaderamente en una sociedad justa bajo un alto grado de coacción política.

Sin embargo, esto no resulta evidente, porque es claro que las personas actuamos libremente para obtener bienes colectivos, organizándonos de numerosas maneras en la sociedad. Cierto es que eso resulta tanto más sencillo cuanto más pequeña sea la sociedad. Pero, en términos puramente teóricos, podíamos admitir que, incluso si la sociedad se extiende, esa capacidad de las personas de resolver los fallos del mercado se mantendría: seguiríamos siendo personas interesadas en nosotras mismas, pero a la vez estaríamos dispuestas a pagar para obtener bienes colectivos.

Ante esto, la objeción que surge es que las personas no nos comportamos de la misma manera en la política que en la sociedad civil. Digamos, no nos comportamos ante el Estado como lo hacemos ante una empresa, una Iglesia, una comunidad de vecinos o un club. En todas estas últimas instituciones nuestra conducta, aunque no se aparta de la promoción de nuestro propio interés, suele estar marcada por la contribución voluntaria y el respeto a normas éticas, empezando por el respeto al prójimo. Dichas instituciones padecen fallos —pensemos, por ejemplo, en la gente que no paga las cuotas del club o de la comunidad—, pero en la mayoría de los casos, los integrantes de las mismas son capaces de superarlos sin necesidad de la intervención política, ni del dinero de terceros.

Ante el Estado, nuestro comportamiento es distinto y estamos dispuestos a relajar principios morales, empezando, precisamente, por el respeto al prójimo, cuya propiedad privada estamos preparados a aceptar que sea violada mediante la fiscalidad, siempre que no nos afecte a nosotros. De ahí que autores como James Buchanan hayan sostenido que la única forma de lograr que en el ámbito político nos comportemos con la moralidad que nos caracteriza fuera de él, y que aceptemos no sólo el Estado, sino también su coste y su pago, es que cambie el marco fundamental de las reglas de juego, expresado en la ley suprema: la Constitución (Buchanan, 1960; Marciano, 2016).

La complejidad del Estado aceptado

Buchanan subraya la complejidad del moderno Estado democrático, para intentar explicar el problema que nos ocupa en este capítulo, a saber, cómo encajar la coacción que representan los impuestos en un marco democrático donde se supone que las mujeres y los hombres eligen su destino y no son coaccionados.

No se plantearían problemas demasiado arduos si el Estado fuera realmente como el mercado, es decir, si cada persona pagara al Estado una suma equivalente al valor de los servicios que de él recibe. Por supuesto, la realidad es muy diferente, y muchas personas reciben de las Administraciones Públicas unas veces más y otras menos del valor de lo que pagan al fisco. El Estado moderno se legitima precisamente sobre eso, a saber, cobra relativamente más de los más ricos con una fiscalidad progresiva y gasta redistribuyendo con el llamado gasto social.

Uno de los méritos de Buchanan fue presentar en el mundo anglosajón a los grandes teóricos italianos de la Hacienda, que eran, y en buena medida siguen siendo, unos desconocidos, no en España, por cierto, dado que hubo traducciones a nuestra lengua de varios de estos autores, como Amilcare Puviani, gracias especialmente al Instituto de Estudios Fiscales, y a los que prestaremos atención en este capítulo y en el siguiente.

Estos pensadores italianos de finales del siglo XIX y principios del XX tenían una visión crudamente realista de la fiscalidad, analizaban los impuestos como su propio nombre indica, como una imposición del poder, no como un acuerdo social a través del cual la sociedad consiente voluntariamente en entregar sus bienes al poder y éste se los devuelve a través del gasto público, sin que la sociedad padezca por ello pérdida alguna. Alguno de estos autores sostuvo que si los impuestos que cualquier persona paga son mayores de lo que ella estaría dispuesta a pagar por los servicios públicos, entonces eso es, lisa y llanamente, un saqueo.

Cuestionaron fundamentos cruciales de la teoría tradicional, como que es posible establecer un sistema fiscal justo y no arbitrario comparando la situación de cada persona y su grado de satisfacción subjetiva con relación a los bienes que posee o al ingreso que gana. Tampoco creían que la elección política colectiva fuera puramente democrática, en el sentido de que resultara de las decisiones individuales; más bien al contrario, las decisiones políticas siempre son adoptadas en el seno de grupos mucho más reducidos que la ciudadanía en su conjunto. Esto podrá gustar o no, pero es bastante más realista que el supuesto tantas veces formulado de que los políticos tienen en cuenta nuestras necesidades y, aunque nos privan de nuestros bienes, piensan siempre antes en nosotros que en ellos mismos, y ejercen sobre los ciudadanos una suerte de despotismo ilustrado, paternalista y benévolo.

Otra muestra de realismo, que permite cuestionar o matizar nuestra supuesta aceptación del Estado, es el ingente esfuerzo que realiza el poder político para ocultar sus incursiones en las haciendas privadas. Ya señalamos el papel de las retenciones, un ejemplo muy notable de «anestesia fiscal», porque sería fácil concluir que si los ingresos de la gente fueran todos en bruto, y la gente tuviera después que acudir personalmente a la Agencia Tributaria a pagar sus impuestos, su irritación contra el Estado sería considerable.

Aquí, la figura más importante es el mencionado Puviani, con su libro Teoría de la ilusión financiera, de 1903, en el que destaca las estrategias políticas para disfrazar el peso de los impuestos, a la vez que se magnifican las ventajas de los diversos capítulos del gasto público. Puviani no afirma con total certeza que el Estado actúa deliberadamente, procurando engañar a sus súbditos, pero sí dice que si suponemos que lo hace, entonces podemos explicar mejor sus acciones en la práctica.

Y los Estados reales, no las fantasías candorosas con las que a menudo se les rodea, ocultan sus costes, mediante retenciones, impuestos indirectos, empresas públicas, inflación, etc. Hay que incluir también la deuda pública, que no suele ser percibida adecuadamente por la opinión pública, que puede ser distraída con la noción de que un flujo de pagos futuros le cuesta al contribuyente menos que si ese flujo se convirtiera en impuesto a pagar hoy. Considerando que cobrar impuestos, por más que se los disfrace, siempre tienen algún coste político para el gobernante, se comprende que tantos Estados hayan preferido financiarse con deuda antes que con impuestos.

Otros trucos son cobrar impuestos cuando al contribuyente le suceden cosas buenas o infrecuentes, como cuando recibe regalos, herencias o premios de la lotería; o dividir los impuestos en muchos tributos pequeños, antes que cobrar uno solo y grande; o enfrentar a grupos sociales, típicamente, justificar la imposición porque castiga más a los más ricos, a las grandes empresas, a las multinacionales extranjeras, etc. Y una antigua y perdurable estrategia es presentar el cobro de impuestos como algo imprescindible para evitar grandes catástrofes, como antes fue la guerra y hoy es el apocalipsis climático; y siempre para alcanzar objetivos incuestionables, como antes eran la victoria militar y la grandeza de los imperios, y ahora son los derechos sociales, las pensiones y las luchas contra las desigualdades en numerosos ámbitos, singularmente en el femenino.

A comienzos del año 2020 tuvimos un nuevo ejemplo, con una situación que es la única capaz de rivalizar en pie de igualdad con la guerra a la hora de consolidar el poder del Estado y desactivar la resistencia popular ante las violaciones políticas y legislativas de sus derechos y libertades: la pandemia del coronavirus. Afloraron, como era de esperar, las mayores justificaciones para la intervención masiva de las autoridades en todos los ámbitos de la vida social, y se insistió desde la izquierda, como es habitual, en que la crisis misma demostraba los males del capitalismo y las empresas. La conclusión general fue la urgencia de un gasto público elevado. Y, naturalmente, se proclamó que era inevitable subir los impuestos.

La forma de entender cómo funciona el Estado realmente, dice Puviani, es pensar que se maneja con un doble objetivo. Por un lado, conseguir que el contribuyente crea que paga menos de lo que en verdad paga, y, por otro, que crea que recibe del Estado más de lo que en verdad recibe. Para el logro de ambos objetivos, el Estado necesita emprender una labor de ocultación que es justo la contraria de lo que presume: la transparencia. La realidad es que las cuentas públicas son cada vez más complicadas, y lo mismo sucede, como hemos dicho, con los trámites para pagar los impuestos. Esa creciente complejidad contrasta con los intentos de presentar a Hacienda como si fuera otra institución más de la sociedad civil. En esa campaña de difuminación de los contornos precisos del Estado, figura un intento relativamente reciente, y particularmente pueril, que son los «presupuestos participativos», que fomentan la leyenda de que el pueblo efectivamente participa en el control de los impuestos y del gasto público (Puviani, 1972; Fasiani, 1962, cap. 3).

En realidad, salvo que nos acerquemos a la unanimidad señalada por Wicksell, no hay garantía alguna de que las transferencias de rentas desde la ciudadanía a las Administraciones Públicas fomenten la prosperidad conforme al consenso del pueblo.

Las decisiones mayoritarias pueden ser, por supuesto, ineficientes, arbitrarias e injustas, o incluso tiránicas. Pero Buchanan observa que en democracia los procesos de elección colectiva son provisionales o experimentales, y nunca son irrevocables. Según su punto de vista, las contradicciones en la acción fiscal del Estado, sumadas al hecho de que en democracia debe haber comicios cada cierto tiempo, representan una importante salvaguarda frente a los abusos del poder (Buchanan, 1960, cap. 2).

Dudas razonables

Podemos, en suma, plantear dudas razonables sobre la reivindicación fundamental del Estado contemplada en el presente capítulo, a saber, la idea de que el Estado somos todos y, además, lo aceptamos.

No parece incuestionable que el contrato social sea necesario para la provisión adecuada de los bienes públicos, que pueden ser producidos por la cooperación voluntaria en un grado seguramente superior al reconocido por el pensamiento predominante. Incluso cabría postular que si un contrato social unánime fuera posible para crear el Estado, no resulta patente la forma en que dicho Estado sería limitado, sin incurrir en el mismo mecanismo que lo ha hecho crecer en todos los países: explotar a algunos de sus súbditos en beneficio de otros. Como vimos, ninguna Constitución ha podido impedirlo (Azevedo Alves, 2015, p. 36).

Este proceso es claro sólo en algunos casos, singularmente en la redistribución, porque la progresividad, como apuntó el juez Holmes, ayuda «a embellecer lo que es desagradable para las víctimas» (Eisenstein, 1983, p. 35).

La redistribución cuenta en principio con el respaldo de importantes mayorías de votantes, al menos mientras crean que se realiza en su favor y que, fundamentalmente, el coste es soportado por otras personas. Esto permite al Estado crecer con legitimidad en un proceso prolongado pero también extraño, por dos razones: una es que la redistribución no es de ricos a pobres, sino de la mayoría de la población a la mayoría de la población, lo que se suele llamar la clase media, aunque siempre con privilegios para determinados grupos organizados y premiados por el poder político; y la otra razón es lo que Peter Lindert llama la paradoja de Robin Hood, y es que la redistribución de ricos a pobres es menor cuanto más se necesita: el gasto social en los países de la OCDE es muy superior al de los países pobres (Lindert, 2004, pp. 15 y 20).

En consecuencia, el Estado puede pretender que su misión es cuidar de los menos favorecidos, pero esta imagen al estilo de la madre Teresa de Calcuta no se corresponde con la realidad. La acción concreta de los Estados parece ajustarse más a otros patrones, como el tamaño de la economía, la estructura de edad de la población y la extensión de la democracia. Y lo que, sin duda, sucede es que, con la excusa de la redistribución de los ricos a los pobres, se desarrolla un proceso de redistribución del poder, desde las personas hacia el Estado (Jouvenel, 2009).

En la medida en que la gente aplauda la subida del gasto y confíe en que el grueso de su financiación será afrontado por otros, el crecimiento de los impuestos parece que no tendrá fin. Al mismo tiempo, el Estado bombardea a la población con mensajes sobre consensos y valores que se supone que todos debemos compartir, en un amplio abanico que va desde la igualdad de oportunidades hasta la lucha contra la hecatombe climática. Todos esos consensos y valores apuntan siempre en la dirección de facilitar la expansión del poder político y legislativo. No encontrará más obstáculo que las instituciones privadas, como la propiedad, la religión o la familia, y por eso no es nada casual que las hostigue. Cabría apuntar que incluso aspira a sustituirlas. Los mensajes de Hacienda han sido tan paternalistas que durante muchos años el programa para cumplimentar el impuesto sobre la renta se llamó, precisamente, PADRE.

Pero sería un error pensar en los impuestos y en el Estado como en perfiles petrificados. Muy al contrario, van cambiando y van ajustando sus mensajes conforme el poder juzgue que van perdiendo fuerza. Así, por ejemplo, el programa PADRE, nacido en 1988, fue suprimido en la campaña de la renta de 2016.

Destacaremos en este libro varios ejemplos de estos cambios y ajustes, que ilustran la lógica y la capacidad de adaptación de la Hacienda Pública a las opiniones también cambiantes de la gente. Uno de ellos aparece en las campañas comentadas en este capítulo, que son las desgravaciones. El poder político y legislativo ha dado sobre ellas unos bandazos muy notables.

Hace cuarenta años, Hacienda se enorgullecía de rebajarle la factura al contribuyente: «Desgravaciones fiscales. Los descuentos de Hacienda», como si el Estado fuera una tienda en rebajas. E insistía: «Usted comprobará que no todo es sumar y sumar, también puede restar muchos miles por una amplia variedad de conceptos». Pocas décadas después, la historia fue justo la contraria, y las deducciones fueron suprimidas gradualmente, hasta que quedaron muy pocas, y se extendió el consenso de que eran unas figuras poco convenientes. Es tentador concluir, sin embargo, que las deducciones siempre han obedecido a la conveniencia de las autoridades, porque tanto cuando las aplican como cuando las eliminan, la impresión que le queda a la persona contribuyente es que le están bajando los impuestos o no se los están subiendo.

De la misma forma, el lenguaje del Estado hacia sus súbditos también fue cambiando. Al principio, como hemos dicho, el paternalismo era patente: «Usted piensa en Hacienda una vez al año. Hacienda vela por usted todo el año». O la retórica antropomórfica que equipara el Estado con la nación: «Contribuye al ritmo del país. Escucha el latido de una sociedad que funciona». O con una empresa, que «se esfuerza día a día para proporcionar más y mejores servicios». Estas groseras simplificaciones se fueron afinando con el paso del tiempo, pero a mediados de los años ochenta, como señalaremos en el próximo capítulo, a nadie le escandalizó que una artista famosa pudiera pregonar en un programa de televisión de máxima audiencia: «¡Que viva el IVA!».

En 1980, Hacienda subrayó que «la conciencia fiscal se va imponiendo en nuestro país», algo que después dejó de proclamar, a medida que los impuestos crecieron considerablemente y empezaron a generar una creciente resistencia. Como veremos en el capítulo 4, en el pasado, Hacienda llegó incluso a animar a los ciudadanos a que fumaran, siempre que no fuera tabaco de contrabando.

Pero lo que no ha cambiado es el mensaje básico que revisamos en este capítulo, y una y otra vez el poder insiste en que no es algo que se nos imponga, sino que aceptamos. En la política, la academia y los medios de comunicación se repite la idea del contrato social, a veces con la vieja falacia de que ese contrato es importante para que el Estado proteja nuestra propiedad y contenga los ímpetus revolucionarios de las masas. En el próximo capítulo, revelaremos una muestra de este engaño en una campaña de Hacienda.

El Estado se esfuerza en presentarse como si fuera una institución más de la sociedad, de hecho, igual que nosotros: «Hacienda también declara», «Hacienda también se siente obligada a declarar». Pero nunca es así, ni puede serlo. La clave es el grado de percepción de la sociedad sobre el papel redistribuidor del Estado y su peso. Cuanto más suban los impuestos, en principio, más probable es que la gente los rechace. Más difícil es, sin duda, que la gente perciba el coste de las redistribuciones implícitas en los costes que el Estado impone a la sociedad. Hace poco la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estableció la obligación de que todas las construcciones privadas de la ciudad reservasen un 30 por ciento para viviendas «sociales», es decir, con un precio inferior al del mercado. Los políticos de todos los partidos siempre se felicitan ante este tipo de medidas. Sin embargo, lo que en realidad va a suceder en Barcelona, como ha sucedido siempre, es que la subvención va a ser pagada indirectamente por quienes compren el 70 por ciento restante de cada edificio, porque las viviendas libres se encarecerán. Es decir, la izquierda forzará a la mayoría de la población de Barcelona a pagar más por sus viviendas, aunque ningún político, ni de izquierdas ni de derechas, exhibe de manera tan cruda el resultado de las intervenciones de las Administraciones Públicas.

Es posible, desde luego, que la comprensión mayoritaria de los costes reales de estos fenómenos redistributivos se retrase en el tiempo. Pero, sea como fuere, lo que está claro es que en la medida en que no ayuda a unos si no es a expensas de otros, «el Estado nunca puede ser el Estado de todos» (Lemieux, 2015, p. 16).

Capítulo 3
Somos todos, lo aceptamos y es siempre para bien

Señor, es más que probable que muy pronto usted pueda aplicarle un impuesto.

MICHAEL FARADAY,

cuando William Gladstone le preguntó

qué utilidad tendría la electricidad.

1973

CONTRIBUIR ES RECIBIR.

Cuando al hacer su declaración, usted refleja limpiamente, con la verdad, las prósperas circunstancias que rodean su posición, usted está contribuyendo a la justicia social. A que algo suyo revierta en beneficio de los demás. A que su prosperidad, sus bienes, les sean simpáticos a todos.

2017

¿Qué te parecería si no hubiera colegios públicos, ni hospitales, ni bomberos, ni policías, ni pensiones? ¿Qué te parecería si no hubiera luz en las calles o no se recogiera la basura? Los gastos públicos son para beneficio de todos y, por tanto, entre todos debemos pagarlos.

Con más de cuarenta años de distancia, estos dos textos de Hacienda reflejan un aspecto fundamental de su propaganda, y es que Hacienda somos todos, lo aceptamos y es siempre para bien.

Ya en la dictadura franquista se asociaban los impuestos a la justicia social, idea que se repetirá a menudo en democracia, eludiendo cualquier reconocimiento de la complejidad de esa noción. El Estado sólo insistirá en que es el administrador de dicha justicia para legitimar la presión fiscal.

En 1973 se añaden dos mensajes más. El primero es que la intervención del Estado actúa en favor de la sociedad mediante la redistribución: «que algo suyo revierta en beneficio de los demás». El trasfondo equívoco de esto es que en nuestros tratos y contratos de la sociedad civil beneficiamos siempre a los demás, que en caso contrario no los entablarían con nosotros; y, por añadidura, el que la redistribución forzada por el poder beneficie a «los demás», así, sin más precisión ni añadidos, es cuestionable, aunque sin duda beneficia y legitima al propio poder.

Ese mismo poder declara que es imprescindible a la hora de organizar la sociedad pacíficamente. Esta dudosa reivindicación es expuesta sin recato al final del primer texto, donde Hacienda le asegura al ciudadano que los impuestos que paga contribuyen «a que su prosperidad, sus bienes, les sean simpáticos a todos».

Ésta es una ficción largamente cultivada por los Estados del mundo. No siempre es presentada con tanta claridad como en esta campaña del régimen franquista, pero está, de todos modos, muy generalizada. Sus raíces provienen seguramente de la noción hobbesiana de que gracias al Estado prevalece la calma social y que sin él nos precipitaríamos a matarnos salvajemente los unos a los otros. Nunca hubo fundamento para esta leyenda, pero los Estados la promovieron de diversas maneras. Con la extensión de la democracia, del sindicalismo y el socialismo, y, especialmente con la llegada del comunismo a Rusia en 1917, la fábula adquirió un nuevo impulso con el mensaje que transmite esta campaña de 1973 con nitidez: si pagamos impuestos, entonces nuestra prosperidad está más sólidamente garantizada, porque gracias al Estado nuestros bienes no serán expropiados por las masas revolucionarias, sino que serán «simpáticos», neutralizando así el peligro que podría acechar a nuestros derechos y propiedades.

El franquismo defendió esta idea abiertamente, pero a menudo es defendida implícitamente por muchas personas con bienes y propiedades, y empresas y ahorros. Cuando lo hacen de viva voz, el Estado y los medios de comunicación los jalean sin cesar: todos conocemos declaraciones de grandes empresarios apoyando el pago de impuestos, e incluso recomendando que se los suban a ellos; esto ignora el hecho de que cualquiera puede entregar su dinero al Estado; lo importante no es que Warren Buffett o cualquier millonario reclame pagar más impuestos, sino que suban para el conjunto de la sociedad.

En todo esto hay numerosos equívocos, el primero de los cuales es la idea de que nuestros bienes están en riesgo por culpa del pueblo revolucionario comunista. Pero ningún pueblo ha emprendido ninguna revolución comunista. Esas revoluciones han sido siempre obra de un grupo muy reducido de personas de clase media y alta, a menudo intelectuales, arrebatados por la fatal arrogancia de creer que se puede cambiar la sociedad de arriba abajo mediante la violencia, y acabar con la propiedad privada, todo en favor del pueblo y a costa exclusivamente de que padezca una pequeña minoría. Nunca ha sido así. Una vez que la élite comunista se ha hecho con el poder —en Moscú, Pekín o La Habana—, el resultado práctico del socialismo real ha sido siempre que la mayoría del pueblo ha padecido un enorme sufrimiento y ha sido masivamente expropiado en beneficio de un reducido grupúsculo de jerarcas comunistas. No es, por tanto, el pueblo el enemigo de la libertad, sino una privilegiada élite de antiliberales.

Otro equívoco fundamental es que el Estado va a proteger nuestros bienes gracias a los impuestos, que han subido en todo el mundo haciendo exactamente lo contrario, a saber, violando la propiedad de la mayoría de los ciudadanos y recortando sus derechos.

Si en 1973 la Hacienda de la dictadura engañaba a los españoles con sus mensajes, en 2017 el Portal de Educación Cívico-Tributaria de la Agencia Tributaria hacía lo propio con una falacia también muy extendida, a saber, que las cosas que el Estado hace no se harían en su ausencia. Así, se recomienda a los profesores que transmitan a los estudiantes que si no hubiera Estado no habría educación, ni sanidad, ni seguridad de ningún tipo, y que viviríamos en ciudades sucias y oscuras, y que los ancianos no tendrían pensión.

La falacia estriba en que se confunde el gasto público con sus objetivos. El economista liberal francés, Frédéric Bastiat, fue pionero en denunciar esta confusión, ya a mediados del siglo XIX, argumentando que una cosa es oponerse a los subsidios a las empresas y otra distinta hacerlo a las propias empresas (Bastiat, 2005, pp. 83, 124-125; Rodríguez Braun y Blanco, 2011, p. 437). Volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 5.

Conviene recordar que el Estado no tiene recursos propios: todo lo que tiene se lo quita antes a la gente. Por lo tanto, para concluir que sin Estado no habría hospitales, hay que partir del supuesto de que la gente es totalmente irracional, e incluso que propende a suicidarse en masa. Asimismo, la conclusión exige el olvido de la historia, un olvido revelador, porque es incuestionable que mucho antes de que existiera el Estado moderno, con su sanidad pública, hubo hospitales a cargo de una institución milenaria, que, como vimos, en muchas ocasiones el Estado procura marginar o reemplazar: la Iglesia.

Por tanto, sólo desde las hipótesis de la irracionalidad o la amnesia podríamos deducir que, si la gente no pagara impuestos, y por tanto conservara sus ingresos, no gastaría ni una fracción de éstos en preservar su salud, y, por tanto, perecería en proporciones calamitosas. El supuesto es tan absurdo que únicamente cabe concluir lo contrario, a saber, que si los ciudadanos retuviésemos el dinero que el Estado nos arrebata, lo gastaríamos, precisamente, en los capítulos que estos textos de la Agencia Tributaria de 2017 sugieren que sólo existen gracias a los impuestos. Es decir, lo gastaríamos en sanidad, educación, pensiones y toda clase de servicios sociales y urbanos. Sabemos, asimismo, que todos estos servicios podrían ser prestados por la sociedad civil porque así sucedió en el pasado. Era muy frecuente, por ejemplo, antes del establecimiento del Estado de bienestar, que los trabajadores se organizaran en mutualidades, sindicatos y otras asociaciones para obtener mediante aportaciones voluntarias precisamente algunos de esos servicios (Beito, 2000).

Cabe añadir, además, que la sociedad civil promovería la provisión de esos servicios de modo más eficiente, más barato y más honesto, porque tendría incentivos para hacerlo, mientras que la politización y burocratización asociadas al crecimiento del Estado socavan dichos incentivos, como lo prueba una amplia experiencia.

Por fin, un argumento que se plantea para defender los impuestos y los gastos públicos acepta lo que estamos razonando en este apartado, pero lo matiza apuntando que el Estado permite que accedan a esos servicios personas sin medios, y que, por tanto, en ausencia de la intervención pública se verían privados de ellos. Sin embargo, como ya hemos señalado con anterioridad, el Estado no es la madre Teresa de Calcuta, y su objetivo, a pesar de la propaganda que abordaremos en el apartado siguiente, no es cuidar a las personas más pobres y marginadas de la sociedad. Si así fuera, bastaría con una presión fiscal mínima. Si el Estado verdaderamente buscara cumplir con los objetivos que movilizaron a la santa de Calcuta, sería un Estado muy pequeño y, efectivamente, podría financiarse con una suma reducida, recaudada solamente de los individuos más opulentos de la comunidad. Pero no es así. El Estado no se dedica a eso. En efecto, basta una mirada superficial a lo que el Estado hace realmente para comprobar que la atención que presta a los marginados representa una proporción mínima del presupuesto. El Estado, en la realidad, emprende enormes campañas redistributivas para «cuidarnos» a todos, lo que, obviamente, no puede hacer si no nos quita el dinero a todos.

Pagar impuestos para repartir es justo y necesario

En ocasiones, el Estado lleva tan lejos su ambición de sustituir a la Iglesia que copia literalmente sus mensajes. Los mensajes que abordamos en este apartado ilustran este ímpetu benéfico y redentor.

1981

Atender las necesidades de la comunidad nacional, sentidas en todos y cada uno de sus ciudadanos, supone un presupuesto muy grande. Es el Presupuesto General del Estado, el presupuesto de todos porque se hace en beneficio de todos. Una forma importante de financiar ese presupuesto es a través de la recaudación del impuesto sobre la renta. Que es, justamente, la medida con la que todos nosotros contribuimos, en la proporción que nos corresponde, a repartir equilibradamente las cargas y los beneficios sociales. Por esto es imprescindible que cuando declaremos, lo hagamos con honradez, porque lo hacemos en beneficio de todos.

1988

Los españoles, como ciudadanos de un país democrático y moderno, cada día exigimos más y mejores prestaciones sociales. Los Presupuestos Generales del Estado para 1988 ascienden a más de 14 billones de pesetas. Es dinero que Hacienda necesita obtener con la colaboración de todos.

En 1981, el Estado se envuelve con entusiasmo en la noción de totalidad: el presupuesto responde a las necesidades de todos y se hace en beneficio de todos. Claro, como las necesidades de todos son muchas, entonces el Presupuesto es muy grande. Y, además, porque así lo queremos los españoles, que, «ciudadanos de un país democrático y moderno, cada día exigimos más y mejores prestaciones sociales», como decía la campaña de 1988.

Aquí, naturalmente, la falacia estriba en que el Estado no satisface, sino que viola, una necesidad sentida por todos y cada uno de los ciudadanos: proteger el fruto de su trabajo y conservar lo que es suyo. Cualquiera sabe que los ciudadanos exigimos que nadie nos quite lo que es nuestro. Sin embargo, el Estado ignora totalmente esas importantes necesidades y exigencias de sus súbditos, escudándose en que los ciudadanos debemos ser «honrados», lo que significa que paguemos lo que «nos corresponde», es decir, lo que el propio Estado decida que nos corresponde. Eso sí, «en beneficio de todos». Y, por supuesto, asumiendo para sí el papel de árbitro que designa la proporción adecuada que le corresponde a cada cual en el reparto de cargas y beneficios sociales.

Una de las muestras más notables de la contradicción en los mensajes fiscales del Estado es que asevera al mismo tiempo que su acción opera en beneficio de todos y que no lo hace. Así sucede con la gran justificación del Estado moderno: la redistribución de la renta.

1988

CONTRIBUIR PARA REPARTIR

Algunos contribuyentes pagan más de lo que reciben a cambio. Es normal. En todas las sociedades avanzadas pagan más los que más tienen y menos los que menos. Eso es solidaridad. Justicia social, base de cualquier sistema tributario. Por eso, en su próxima declaración del impuesto sobre la renta, declare y contribuya de acuerdo con la Ley. Contribuir para repartir. Es necesario. Es justo.

Este año muchos españoles no tienen obligación de presentar la declaración de la renta. Casi un millón de españoles con rentas más bajas están exentos de su deber fiscal. Y todo gracias a la colaboración de todos. Porque ya son mayoría los españoles que cumplen con los demás contribuyendo en función de su renta y su riqueza. Para, entre otras cosas, dispensar de contribuir a los que tienen menos.

En simbólica alusión a la rivalidad entre Estado e Iglesia, que recordamos en el capítulo 1, vemos en esta campaña de 1988 el empleo desembozado de la justificación fiscal fundada en el perjuicio de algunos en beneficio de otros, pero nunca de todos. Y esta discriminación, defendida en aras de la modernidad y la justicia, es sancionada parafraseando nada menos que el prefacio litúrgico de la Santa Misa: «Contribuir para repartir. Es necesario. Es justo».

En realidad, nada de lo que sostiene ahí Hacienda es evidente. Aparte de la confusión entre las dos acepciones de la palabra contribuyente, que subrayamos en el capítulo 1, la gente no paga impuestos para repartir, sino porque la fuerzan a ello. El reparto es sólo una excusa que esgrime el poder para recaudar. Tampoco la redistribución forzada es una necesidad de las personas, en el sentido de que no necesitan ser obligadas a ello. Y, como hemos apuntado, su justicia es cuestionable.

Vimos en el capítulo 2 que la redistribución coactiva de la renta es algo complejo desde el punto de vista de la justicia social y la preservación de la libertad de los ciudadanos (Jasay, 2002). Aunque a menudo son identificadas, la justicia y la solidaridad no son la misma cosa. Decía Adam Smith que la beneficencia embellece a la sociedad, pero que la justicia es su pilar:

La beneficencia, por tanto, es menos esencial para la existencia de la sociedad que la justicia. La sociedad puede mantenerse sin beneficencia, aunque no en la situación más confortable; pero si prevalece la injusticia, su destrucción será completa. (Smith, 2019, p. 183)

La justicia, por tanto, no configura necesariamente una sociedad ideal, sino que garantiza la solidez imprescindible de la estructura del edificio social. Pero el Estado moderno no pretende ser sólo justo, sino también bueno, porque garantiza el bienestar, y todo esto, aparte de la confusión que ya hemos citado entre tener y ganar, lo mezcla con la idea de la justicia social y la igualdad mediante la ley. Shakespeare expuso con percepción y belleza el solapamiento y el contraste entre justicia y beneficencia en El mercader de Venecia (Rodríguez Braun, 2009). Hacienda recogió en varios mensajes esta mezcla, por ejemplo, en 1985: «El impuesto sobre la renta actúa contra la desigualdad social» y «Nuestros impuestos son el instrumento de nuestra solidaridad».

Hablando de la Iglesia, ella misma promovió, desde hace mucho tiempo, la equívoca noción de justicia social en su doctrina social, fuente de contradicciones incluso en la visión más clara y liberal que representó Juan Pablo II (Rodríguez Braun, 2011). Por supuesto, tiene sentido celebrar la justicia como virtud de una sociedad cuyos integrantes cuidan de sus congéneres. Pero en cuanto la justicia pasa a ser social, en el sentido de amparar la acción del Estado en aras de la justicia, ello abre una puerta tentadora para el crecimiento del poder con el argumento redistribuidor. Dicho crecimiento se potencia con la interacción entre el Estado y los grupos mejor posicionados para obtener beneficios particulares de su intervención. La retórica predominante ya ha instalado un nombre para muchos de ellos, «colectivos», grupos que se supone que es correcto favorecer, y un nombre que, no por casualidad, jamás se concede a los contribuyentes, que son la gran masa de la población. Y, lo más peligroso, nunca se reconoce que un Estado benéfico redistribuidor puede ser enorme, pero al mismo tiempo un Estado sin límites definidos no puede ser justo (Stoner, 2019, p. 93).

Favorecidos por la igualdad

El escritor Anatole France sentenció con sarcasmo: «Sumamente preocupada por la igualdad, la ley prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir debajo de los puentes, mendigar en las calles y robar pan».

Es una idea muy atractiva y ha sido a menudo utilizada por los amigos del poder. Parece denunciar, en efecto, que la igualdad ante la ley es injusta. Hace poco, un político español preguntó retóricamente: «¿El hijo de un reponedor puede llevar a sus hijos al Colegio Británico?», y concluyó: «Las libertades que están mediadas por el dinero no son libertades, son privilegios».

Nuestro instinto justiciero se rebela contra ambas circunstancias. La imagen del rico que no puede ir a dormir bajo un puente, porque la ley se lo prohíbe, y todos somos iguales ante la ley, retrata esa igualdad como una burla inicua. Otro tanto sucede con el modesto trabajador que no puede enviar a sus hijos a un excelente colegio privado. Apenas media un breve paso entre ese instinto y el aplauso a la violación de la libertad y los derechos individuales en aras de la justicia, para alcanzar el ideal estatista y antiliberal, que ya no es la igualdad ante la ley, sino la desigualdad ante la ley o la igualdad mediante la ley. Hay que impedir esas realidades tan injustas, que derivan del igualitarismo liberal. Es imprescindible que el Estado intervenga y condicione o quebrante los derechos individuales, de modo que garantice e imponga la igualdad de todos con la fuerza de la ley. Esa igualdad será necesariamente justa.

Pero ¿lo será de verdad? La práctica lo refuta. Los antiliberales siempre han recurrido a la llamada falacia del Nirvana, es decir, comparar la realidad con una alternativa que ellos proponen concretar, pero que resulta imposible, porque es imposible establecer o regresar en la Tierra a un paraíso donde todo abunda, nada escasea y ningún esfuerzo es necesario para nada. Ante ello podemos argumentar con datos que los intentos de realizar el paraíso igualitario socialista se han traducido, como hemos dicho, en todos los casos comunistas en sanguinarias tiranías. En los casos del llamado socialismo democrático, también la práctica es cuestionable, porque los modernos Estados de bienestar imponen onerosas facturas tributarias a las personas corrientes, funcionan con un grado apreciable de privilegios para los grupos de presión, y en ocasiones con una manifiesta ineficacia, como sucede, por ejemplo, con el intervencionismo en el mercado de trabajo que da lugar a un paro tan alto en España.

La contrastación empírica, en efecto, demuestra que la pobreza no es erradicada mediante intervenciones políticas, sino mediante el esfuerzo de los pobres, si cuentan con instituciones que protejan precisamente lo que los antiliberales anhelan vulnerar: la propiedad, los contratos, el mercado. Son los procesos del mercado los que han permitido y facilitado que cientos de millones de personas hayan podido dejar atrás la pobreza extrema. En cambio, los sistemas que buscan limitar o aniquilar esos procesos liberales para lograr el resultado de la superación de la pobreza, a menudo la multiplican y acaban con la justicia, la igualdad y la libertad.

En términos teóricos, el error de observaciones como la de Anatole France estriba en dar por supuesto que la igualdad liberal, que es la igualdad ante la ley, no es justa porque produce resultados que rechazamos. Como explica Thomas Sowell en Conflicto de visiones, el pensamiento antiliberal juzga los procesos exclusivamente por lo que cree que son o deberían ser sus resultados, y condena los procesos si interpreta la realidad como un desenlace insatisfactorio de los mismos. De ahí concluye que la libertad es cuestionable porque resulta que hay pobres. La existencia misma de los pobres le demuestra al antiliberal que el mercado libre, ante el cual somos todos iguales, es un proceso malo y que debe ser intervenido y quebrantado por razones de equidad y también de eficiencia, para erradicar la pobreza (Sowell, 1990).

Es evidente que si vamos a juzgar una regla por sus resultados, ninguna regla será completamente segura, lo que nos conduce al mundo en el que vivimos, con un gran intervencionismo, costoso en términos económicos y morales, y que, al revés de lo que se nos dice, pone en riesgo nuestros derechos.

En el Palacio de Justicia de Bogotá campea esta inscripción del general Santander: «Colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad». Esta bella frase, plasmación del pensamiento jurídico moderno, utilitarista y positivista, es, en realidad, muy peligrosa porque transmite la noción de que la libertad no es de las personas, sino que la reciben de alguien.

Lógicamente, como ya hemos dicho, si nuestros derechos y libertades no son nuestros, porque son creados por las leyes, por el Estado, es decir, porque alguien nos los entrega, entonces ese alguien nos los puede quitar. Para que esa usurpación sea legal, a finales del siglo XIX, el jurista y político inglés sir William Harcourt habló, cándidamente, de que el derecho del Estado a cobrar impuestos era superior al derecho de los ciudadanos a conservar lo que es suyo.

Así ha sucedido, en efecto, en nuestro tiempo, donde los políticos presumen de conceder más y más derechos a los ciudadanos, al mismo tiempo que la redistribución mina el derecho de propiedad de cada uno, empezando por el derecho a nuestros ingresos. Cuando, con el argumento de que la igualdad es injusta, el Estado procede a hacernos iguales, sus límites se desdibujan tanto como nuestra libertad. El Estado no puede cuidarnos a todos sin expropiarnos a todos. Para bloquear nuestra resistencia, es crucial que aprobemos su igualitarismo, es decir, que creamos que lo está haciendo bien porque está expropiando más a nuestra vecina.

La verdad y el Estado

1977

Si usted está dispuesto a votar por la verdad y la justicia, el primer paso está en la declaración. Su declaración, sincera, significa estar con España. Es empezar a hacer un futuro de equidad social y progreso… cumpla como buen español.

Ya hemos visto repetidamente en este libro que la política fiscal descansa sobre la idea de la verdad. Pero es una idea asimétrica, porque el Estado es el que advierte a los ciudadanos, les amonesta para que digan la verdad, un aviso que, lógicamente, supone que no la van a decir y, al revés, supone que él sí la dice. Esta asimetría, que alcanza su máxima expresión a propósito del fraude fiscal, que repasaremos en el capítulo siguiente, es una clamorosa falsedad, como es bien sabido: el Estado es tan mentiroso como cualquier persona, y en realidad, más, mucho más. El fisco miente masivamente, y no sólo sin propósito alguno de enmienda, sino con alevosa reiteración.

El fin de la dictadura en nuestro país no modificó esta característica en absoluto, como vemos en esta temprana campaña democrática de 1977, que mezcla urnas con impuestos, e invita a pagar impuestos como si fuera «votar por la verdad y la justicia». Pero, como es evidente, una persona no paga impuestos ni por una cosa ni por la otra, ni mucho menos por «un futuro de equidad social y progreso», sino porque está forzada a hacerlo.

Tampoco es cierto que pagar impuestos signifique «estar con España» y ser un «buen español», porque ello representa un engaño totalitario que identifica el Estado con la nación.

1985

IVA. EL IMPUESTO COMÚN EUROPEO. NO SE TRATA DE RECAUDAR MÁS, SINO MEJOR.

Otra antigua trampa de Hacienda es pretender que el objetivo del ente recaudador por excelencia no es recaudar más. Nunca ha sido verdad, y desde luego no lo fue con el IVA, como veremos enseguida. Sin embargo, la mendacidad se ha repetido hasta nuestros días. En 2019, cuando el Gobierno socialista planteó una subida del impuesto al diésel, se apresuró a aclarar que dicho incremento no tenía un objetivo recaudatorio. Era mentira, y es siempre mentira, como lo prueba el hecho de que, cuando las autoridades prometen que una subida fiscal no pretende recaudar, nunca reducen los demás impuestos para que la recaudación se mantenga igual que antes, y no aumente.

1992

LE INFORMAMOS AL INSTANTE Y POR ESCRITO.

LE HACEMOS LA DECLARACIÓN DE FORMA ANÓNIMA Y GRATUITA.

1997

DEFENDEMOS SUS INTERESES.

PARA PAGAR SÓLO LO QUE LE CORRESPONDE.

ESTAMOS PARA AYUDARLE.

En la Agencia Tributaria gestionamos sus impuestos para que la sociedad avance. Por eso ponemos a su disposición asesoramiento para cumplimentar su declaración.

Una variante particularmente amable del Estado mentiroso es cuando se presenta cual servicial agente del ciudadano, como se ve en estas campañas de los años noventa.

Pretende ser un socio de la gente, que defiende nuestros intereses, lo que es una clara falsedad porque viola un interés crucial de las personas: salvaguardar sus bienes. Intenta que creamos que solamente gestiona nuestro dinero, en lugar de quitárnoslo, y que su objetivo es únicamente ayudarnos «para que la sociedad avance», como si la sociedad no avanzara cuando somos libres para decidir por nuestra cuenta qué hacemos con nuestros recursos. Y añade que pagaremos sólo lo que nos «corresponde», cuando el pago de impuestos es una decisión política, y no tiene nada que ver con «pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente, afectos, beneficios o agasajos», que es lo que significa corresponder en nuestra lengua, según constata la Real Academia Española.

Pero, además, estas campañas expresan la idea de la facilidad del pago de impuestos, como si el Estado respetara tanto nuestra libertad y nuestros derechos que se afanara en que pagar impuestos no tuviera coste alguno, aparte de la suma recaudada. Se insistió repetidamente en esta idea, por ejemplo, en 2007: «Contribuir sigue siendo tu obligación, y la nuestra es ponértelo más fácil»; y también en 2008: «Todo son facilidades». Eran notables mentiras, porque pagar impuestos es muy complicado para millones de ciudadanos corrientes que, de hecho, no son capaces de rellenar adecuadamente los impresos que la Agencia Tributaria exige presentar en tiempo y forma. Según un estudio reciente, el 44,3 por ciento de los declarantes debió recurrir a una gestoría para cumplimentar su declaración (Instituto de Estudios Fiscales, 2018, p. 49).

1999

AVANZAMOS JUNTOS.

CON EL NUEVO IMPUESTO DE LA RENTA, VERÁS TODO LO QUE GANAS (MÁS SERVICIO, MENOS IMPUESTOS).

Con la reforma del impuesto verás que contribuir es más fácil para todos porque pagarás menos y tendrás una Agencia Tributaria que cada día hace más por ti.

Indicaremos con posterioridad otras muestras de falsedades proclamadas por el fisco, pero podemos cerrar este apartado con el increíble descaro de la campaña de 1999, que aseguraba a los españoles que iban a pagar menos impuestos gracias a «una Agencia Tributaria que cada día hace más por ti».

Famosos por Hacienda

El uso de personajes famosos para promover el pago de los impuestos empezó temprano tras la dictadura franquista. En 1976, la presentadora Isabel Tenaille, apareció en un anuncio de TVE diciendo: «Aunque se nos haga cuesta arriba en el momento de pagar, es el camino para llegar a una sociedad equitativa»; insiste en «que paguen los que más tienen y menos el que menos posee»; y el eslogan era: «Declara en beneficio de todos».

Vemos aquí la identificación entre imposición y equidad, que está lejos de ser obvia, como tampoco lo es la afirmación que iguala la fiscalidad con el beneficio de todos. Se añade, además, la confusión ya citada entre renta y patrimonio: no es lo mismo tener que ganar.

En ese mismo año, antes de las primeras elecciones, salió en las pantallas de la televisión pública monseñor Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, una importante figura de la Iglesia antifranquista, que era llamado «el obispo rojo de Vallecas». Y dijo lo siguiente:

Pagar el impuesto sobre la renta es un deber cívico claro, para colaborar en los gastos comunes de la nación, así como a una más justa redistribución de los ingresos. Y, si bien es verdad que muchas veces la Administración Pública no da buen ejemplo ni de austeridad, ni de transparencia, ni de buena gestión, como se ve por tantos altos cargos con varios y grandes sueldos, o la resistencia a una ley de incompatibilidades, o el mal funcionamiento de la Seguridad Social, a mí personalmente no me justifica para no cumplir con mi deber. Por lo que pienso pagar lo que me corresponde, religiosamente.

Monseñor Iniesta introduce un argumento que, aunque parece desfavorable, es crucial para promover la legitimidad del fisco: hay que pagarle al Estado, aunque el Estado no haga buen uso del dinero público. Es tan importante el beneficio que todos obtenemos gracias a los impuestos, desde sufragar «los gastos comunes de la nación» hasta lograr «una más justa redistribución de los ingresos», que debemos cumplir con ese «deber cívico claro», independientemente de la calidad o eficiencia de la gestión de las Administraciones Públicas. Vemos repetido este argumento innumerables veces, cuando la gente acepta que le quiten su dinero, y sólo añade «si al menos lo gastaran bien». Es una expresión de deseos que en realidad equivale a no cuestionar los impuestos y a «pagar religiosamente», aunque mucho más que el antiguo diezmo, del que se supone proviene esta expresión.

Hablando de pagar, Hacienda presumía de hacerlo. En 1979, el popular actor Julio Núñez representó en un anuncio en televisión a un buen vecino, padre de familia, que se encuentra con un vecino mayor en la entrada de la casa, y le ayuda porque el hombre está abrumado: hay dos modelos de declaración de Hacienda y no sabe qué hacer. El buen vecino le explica con sencillez en qué casos corresponde cada modelo, y le anima contándole la cantidad de deducciones que hay: «Declarar no siempre significa pagar», porque hay declaraciones con derecho a devolución. Aquí el anzuelo era que el Estado es tan beneficioso que hasta nos paga él a nosotros. Obviamente, es una trampa, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos debemos pagar y pagamos impuestos: en caso contrario el Estado no podría financiar sus cuantiosos gastos. Y, además, porque nos «devuelve» lo que antes nos quitó, y lo hace, por cierto, sin intereses. Cabe sospechar que el paulatino abandono de la práctica de las devoluciones tuvo que ver con la reducción de la inflación, que redujo el beneficio que se embolsaba Hacienda por recaudar primero y devolver al cabo de varios meses.

El recurso a protagonistas célebres duró muchos años, e incluyó a personajes de historietas, como Mortadelo y Filemón en 1995, como veremos en el capítulo siguiente. En la década anterior, Rosa María Mateo y Ramón Sánchez Ocaña aplaudieron las virtudes de la deuda pública, y el afamado actor Fernando Rey explicó en televisión el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto. Hizo hincapié en que su discusión y aprobación por las Cortes hacía de los Presupuestos Generales del Estado, ahora sí, los presupuestos «de todos». Los impuestos financian el gasto público, subrayó, y «es algo decidido por los representantes de todos para satisfacer las necesidades de todos». Varias caras conocidas se asomaron también a la entonces llamada «pequeña pantalla», acaso porque nadie concebía la posibilidad de que su tamaño, como el de los impuestos, pudiera crecer considerablemente en el futuro:

1981

TV

BÁRBARA REY: «Hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz, hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda». Declare en beneficio de todos.

GONZALO TORRENTE BALLESTER: «Soy autor de ficciones, me llamo Gonzalo Torrente Ballester, y creo que conozco mi país. Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca». Declare en beneficio de todos.

Los textos difieren conforme a los caracteres de sus protagonistas. La actriz Bárbara Rey y su marido, el domador y empresario circense Ángel Cristo, destacan los valores familiares, y el escritor Gonzalo Torrente Ballester la picaresca española, pero los tres transmiten el mensaje fundamental: declarar bien, y, por tanto, pagar lo que el poder ha establecido es algo que va «en beneficio de todos». Como ya hemos visto, en los Estados modernos, grandes y redistributivos, esto es sencillamente imposible.

Independientemente de las contradicciones de sus mensajes, Hacienda continuó utilizando famosos durante mucho tiempo, aunque la forma en que recurrió a ellos cambió de manera muy notable. En efecto, de ser las caras ejemplares, personajes didácticos y jaleadores de Hacienda, pasaron a ser enemigos a batir, modelos de conductas fraudulentas que las autoridades se dedicaban a perseguir en nombre de la moral y la justicia.

La lista es copiosa, e incluye celebridades del deporte, la cultura y los medios de comunicación, entre otras actividades, como Leo Messi, Rafa Nadal, Joaquín Sabina, Luis Figo, Montserrat Caballé, Ana Torroja, Arancha Sánchez Vicario, Sergi Arola, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Pedro Ruiz, Bertín Osborne, Teresa Campos, Joaquín Cortés y muchos otros. Alguno terminó en la cárcel, como la cantante Isabel Pantoja, y varios debieron pagar cuantiosas sumas al fisco. Recientemente, la actriz Bibiana Fernández se vio obligada a vender todo su patrimonio para saldar sus deudas fiscales: «Hacienda va más allá de la muerte», explicaba en su cuenta de Instagram. Pero, por si hubiera dudas, añadía: «No me quejo de pagar, sino de los intereses cuando no puedes afrontar la deuda».

Hablando de pagar, quizá el caso más conocido, y desde luego el primero de la serie, fue el de Lola Flores a finales de los años ochenta, que pasó por diversos avatares y se zanjó, finalmente, con una condena por varios delitos fiscales en 1991. Mujer talentosa y exitosa, conocida como La Faraona, dijo en el juicio: «No sabía que esto podía tener tanto castigo para una persona que no tiene dinero». Se equivocaba la señora Flores: el Estado no la perseguía por rica, sino porque le interesaba hacerlo para que sirviese de ejemplo, y para que los ciudadanos pensáramos que si una figura popular como ella podía ser perseguida, entonces todos podíamos serlo. Y, al revés de lo que muchos piensan, Hacienda no obtiene el grueso de su recaudación de los ricos y famosos, sino de la gran masa de la población que llamamos la clase media.

La caza fiscal de famosos del mundo del arte, el cine y la música no es, por supuesto, un fenómeno exclusivamente español, aunque aquí haya empezado temprano y haya registrado nombres tan célebres como Julio Iglesias. La lista de los llamados «exiliados fiscales» es nutrida, y he llegado a incluir a nombres como Ingmar Bergman, Shirley Bassey, David Bowie, Michael Caine, Noël Coward, Gérard Depardieu, Guy Hamilton, Cat Stevens, Rod Stewart, Tom Jones, Roger Moore, y hasta grupos, como Jethro Tull, Pink Floyd y los Rolling Stones.

Sin embargo, esta estrategia de las autoridades de lanzar grandes campañas de persecución de personajes célebres no está exenta de riesgos y contraindicaciones. Por ejemplo, «la apariencia de que el comportamiento es muy común puede incentivar las conductas defraudatorias» (Grande Serrano, 2019, p. 15). Quizá por este motivo, la reacción del Estado ha sido en ocasiones acentuar considerablemente la represión: en marzo de 2020 se supo que la fiscalía había pedido nada menos que 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias, en el juicio al que se someten ambos por fraude fiscal. Y eso que los protagonistas de la exitosa serie de Televisión Española, Cuéntame cómo pasó, ya habían devuelto a Hacienda parte del dinero defraudado. El riesgo para las autoridades de que el público reaccione negativamente ante una petición de penas, que equivalen a tratar a Duato y a Arias como peligrosos asesinos en serie, parece claro. Asimismo, los famosos han aprendido la lección, como muchos otros, y, los que cuentan con medios suficientes, contratan a expertos abogados fiscalistas y paulatinamente han ido ganando batallas judiciales contra la Agencia Tributaria, lo que constituye, como es lógico, una pésima publicidad para la misma.

Las fluctuaciones en la celebración de los impuestos por parte del mundo de la cultura han sido muy marcadas, conforme la presión fiscal iba subiendo. En España ya hubo conatos contrarios a la fiscalidad en la segunda mitad de los años ochenta, con Señor inspector», del grupo de rock Barón Rojo.

En el mundo anglosajón sucedió algo parecido. En la década de 1940, el Gobierno de Estados Unidos logró el apoyo de Walt Disney, que utilizó al Pato Donald en un film de 1943, destinado a servir de propaganda para animar a los contribuyentes a pagar impuestos. Y otra figura célebre, Irving Berlin, compuso e interpretó I paid my income tax today, donde se felicitaba por haber pagado el impuesto sobre la renta: «Nunca me he sentido tan orgulloso».

Un cuarto de siglo después, el grupo musical más famoso de todos los tiempos, Los Beatles, cantaba Taxman, compuesta por George Harrison, en protesta por la onerosa fiscalidad progresiva. El recaudador de impuestos protagoniza la canción y dice: «Es uno para ti y diecinueve para mí». No era una exageración, sino un cálculo exacto. El Gobierno laborista de Harold Wilson había introducido un tipo especial marginal del 95 por ciento para los más ricos, con lo que Harrison aludía a que, de la última libra esterlina que él ganaba, el Estado se quedaba con diecinueve de los veinte chelines que entonces la integraban.

¡Que viva el IVA!

Visto con la perspectiva del tiempo, uno de los momentos más bochornosos, pero también más reveladores, de la propaganda del fisco en nuestro país tuvo lugar el 31 de diciembre de 1985, en la gala de Nochevieja de Televisión Española.

Se trataba de celebrar por todo lo alto el ingreso de España en Europa, o en lo que entonces se llamaba «el mercado común» o «las comunidades europeas». La popular actriz y cantante Concha Velasco, que brindó con un escasamente sonriente exministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, cantó:

Señoras y señores,

alcemos nuestras copas,

con todos los honores,

brindemos por Europa.

Todo es unión de norte a sur,

ya está completo el mercado común.

Por obra y arte de un compromiso

ya somos parte del paraíso.

Se proyectó un vídeo del presidente del Gobierno, Felipe González, que saludó la entrada de España «de pleno derecho» en Europa. Y Concha Velasco se alejó repitiendo varias veces con mucha alegría lo siguiente:

Que viva el IVA,

ay que viva el IVA,

que viva y viva,

ay que voy que voy.

Como se vio poco después, el compromiso no dio lugar al paraíso, sino a una acusada subida de la presión fiscal, empezando por el propio impuesto. Hacienda certificó que se limitaba a sustituir varios gravámenes existentes por uno nuevo, como hemos visto: «No se trata de recaudar más, sino mejor». El IVA empezó siendo del 12 por ciento. Hacienda, una vez más, iba a violar su compromiso. El impuesto subió considerablemente con los años, y su tipo general pasó de ese 12 por ciento al 15 por ciento en 1992, al 16 por ciento en 1995, al 18 por ciento en 2010, y al 21 por ciento en 2012.

Además, otro compromiso de las autoridades en 1985 —que varios bienes de consumo se abaratarían gracias al IVA, por gozar de una fiscalidad más favorable— fue incumplido. Para colmo, el reclamo de su sencillez fue muy pronto desmentido en la práctica, como denunció humorísticamente el grupo La Trinca apenas un año más tarde, con su canción El IVA hecho fácil, y que señalaba las complicaciones que padecían los contribuyentes, obligados a llevar a Hacienda «dos camiones de facturas y recibos».

Los españoles hemos seguido recordando ese programa especial por el desopilante sketch de Martes y Trece sobre la empanadilla, que fue sin duda alguna lo mejor de la gala. Pero junto a Millán Salcedo aparecía un biombo de dos hojas con la inscripción «IVA 86».

La fiscalidad brindó momentos muy amargos a la propia Concha Velasco, también perseguida por la Agencia Tributaria. La popular artista terminó vendiendo su propia casa para pagar las deudas con Hacienda, y declaró: «A mí el IVA me ha destrozado la vida».

Numerosos artistas, asimismo, batallaron contra la subida del IVA cuando les afectó a ellos mismos, porque en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy se lo subió del 10 al 21 por ciento. Hubo muchas movilizaciones y protestas contra el llamado «IVA cultural». Finalmente, en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez bajó el IVA aplicado a la creación artística y cinematográfica, otra vez al 10 por ciento. El propio presidente aseguró que el objetivo era garantizar que los trabajadores del sector cultural tuvieran unas condiciones laborales «dignas».

Nadie pareció pensar que la «dignidad» del resto de los trabajadores también requería una bajada de impuestos. Igual que nadie pareció pensar que los impuestos no tienen tanto que ver con las preferencias de las personas expresadas democráticamente como con la capacidad de presión de grupos concretos sobre el poder.

Sea como fuere, es altamente improbable que ningún artista vaya a cantar nunca más eso de «¡Que viva el IVA!».

Oda al IVA

En 2019, la Agencia Tributaria convocó un premio de redacción dirigido a escolares para, como dijo la prensa, «concienciar a los jóvenes del sentido social que tiene el pago de impuestos».

La periodista Elena Berberana, en Libertad Digital, denunció esta campaña de adoctrinamiento, mediante la cual, el fisco se cuela en las aulas para hacer propaganda. Siempre cabe argumentar que, dado lo que acabamos de contar, no era fácil utilizar a personajes del mundo de la cultura como herramientas publicitarias. Y, por tanto, el Estado, el mismo que dicta normas estrictas para proteger a la infancia, empleó su poder para adoctrinar a niños con la idea de que todo en los impuestos es bueno.

El caso más sangrante fue el de una niña gallega que ganó el concurso con una «Oda al IVA», nada menos. El texto fue colgado en la página oficial de la Agencia Tributaria, y en él, la madre de la niña afirma, sin matices ni ambages, que sin impuestos no habría servicios públicos, y la propia niña dice que habían venido a su colegio «dos chicas de la Agencia Tributaria a darnos una charla». La niña comprende que todo en los impuestos es bueno, y concluye así su redacción: «Ahora vivo junto a un gran amigo llamado IVA del que nunca me separaré».

El adoctrinamiento de la Agencia Tributaria está expuesto en su página web, que detalla los criterios y contenidos de su Programa de Educación Cívico-Tributaria para alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda España.

Como apuntó Gloria Berberana: «El Programa Cívico-Tributario da por sentados los dogmas socialistas». Efectivamente, según este programa no hay más opción que pagar impuestos si queremos el bien de la sociedad. Alude la Agencia a las «desigualdades que el mercado por sí mismo no resuelve», y de ahí la necesidad de los impuestos, sin consideración alguna ni al altruismo de las personas ni a los servicios ofrecidos por las empresas en la sociedad civil —cuando es bien sabido, por ejemplo, que los funcionarios públicos, que tienen la opción de recibir sanidad pública o privada, optan mayoritariamente por esta última—. Para colmo, asocia el pago de impuestos a la solución del hambre en el mundo e invita a los alumnos a que vigilen y reprochen a los infractores fiscales. Ningún aspecto negativo de los impuestos y de la intervención del Estado es señalado. Concluye la periodista de Libertad Digital que esta supuesta «Educación Cívico-Tributaria mucho tiene de tributaria y poco de cívica».

Lírica fiscal

Es muy poco frecuente que los poetas dediquen sus esfuerzos a los impuestos. Lo hizo recientemente el español Antonio Jiménez Millán en un poema titulado, precisamente, «Agencia Tributaria» (Rosales, 2019, p. 205):

Si no fuera por tantos

políticos corruptos,

que roban a mansalva.

Si no fuera por tantos

paraísos fiscales

en la zona de nadie.

Si no se mantuvieran

las cuentas en Suiza

o en Andorra.

Si no fuera por tantos

chorizos y banqueros protegidos,

todo iría mejor,

mucho mejor incluso.

Nos lo presentan

como un país idílico.

Pero siempre pagamos

los de siempre,

y así nos va.

Este poema condensa una antigua y reiterada falacia propagada por las autoridades fiscales a propósito de los impuestos, a saber: los impuestos realmente malos son los que no se pagan. A veces lo han expresado descaradamente, asegurando que pagamos injustamente y pagamos demasiado sólo porque hay indeseables que todavía no pagan, y, por tanto, si todos pagaran, la presión fiscal sería más baja. De ahí, las incesantes campañas contra los empresarios y banqueros, supuestamente responsables de que los demás paguemos muchos impuestos, y sobre la perversidad de los paraísos fiscales, que revisaremos en el capítulo 4.

Por extendida que esté esta imagen, no deja de ser engañosa. No pagamos muchos impuestos porque haya defraudadores, ni porque haya paraísos fiscales, ni porque los políticos sean corruptos. Los países nórdicos, que analizaremos en el capítulo 5, tienen una evasión fiscal relativamente baja, y sus gobernantes y funcionarios gozan de una justificada fama de honradez acrisolada. Y no solamente los impuestos son allí relativamente elevados, sino que prueban la falsedad de la idea fundamental tan extendida que recoge el poema de Jiménez Millán. En efecto, en los países nórdicos los impuestos son pagados por «los de siempre», es decir, por la gran masa del pueblo. Y no puede ser de otra manera. Cuando los Estados son tan grandes como los actuales, no hay manera de financiarlos sin descargar su peso sobre la mayoría de los ciudadanos.

La lógica del engaño

Podemos aplaudir o deplorar que el Estado nos mienta sobre los impuestos, pero no podemos acusarlo de absurdo, porque sus campañas tienen un objetivo perfectamente lógico, que es conseguir que la gente obedezca.

Para lograrlo, el poder se difumina con la comunidad, estrategia de la que hemos dado pruebas en este libro. Aquí una más:

1980

Empezar a sentir la Hacienda como algo nuestro que debemos cuidar y vigilar, ya que nos interesa a todos.

Y aquí otras dos muestras, con ecos marxistas:

1979

Debemos pagar todos, cada uno según sus posibilidades.

1983

Es necesario que cada uno contribuya en la medida de su capacidad económica. Y que todos seamos conscientes de que es un auténtico deber ciudadano, una tarea y un esfuerzo común.

Es crucial engañar al ciudadano para que no distinga entre nación y Estado, para que identifique los intereses de ambos, y participe de buena gana, o al menos no proteste demasiado ruidosamente, en los esfuerzos en pro de los plausibles objetivos comunes de la sociedad, que sólo el Estado es capaz de liderar. Ya hemos mencionado el clásico ejemplo de la guerra, y también el de las epidemias, que volvió a aparecer en 2020 como gran herramienta colectivizadora en la que, no por casualidad, floreció la retórica bélica. Pero incluso en condiciones normales, la propaganda antiliberal hegemónica convoca constantemente a los ciudadanos para que «luchen» contra toda clase de males y amenazas, supuestos o reales, y cuya derrota siempre significa menos dinero y menos libertad para la gente, y más para los políticos, los burócratas y los numerosos grupos de presión que a su socaire medran. Durante la crisis económica de 2007 se escucharon también los mismos mensajes alarmados por parte de los gobernantes de la virtual totalidad de los países y adscripciones ideológicas: siempre se nos aseguraba falazmente que la crisis se debía a la libertad y que sería superada sólo con más gastos, más impuestos y más deuda (Rodríguez Braun y Rallo, 2009). En 2020 hemos vuelto a escuchar mensajes análogos, que atribuyeron nuestras dificultades a las fábulas predominantes sobre los males del capitalismo, el neoliberalismo, la austeridad, etcétera.

El mensaje constante es que la gente está en peligro si es libre, y que, por tanto, debe «luchar» para «salvar el estado de bienestar», como si fuera una conquista social, y no una imposición frente a la cual no tuvo la opción de resistir y, mucho menos, de negarse. Otra estratagema reiterada en la cuestión de los impuestos es que si suben, lo hacen por buenos motivos, o que dañan sólo a una minoría, o que su montante es pequeño o temporal, como si David Hume no hubiera avisado en el siglo XVIII: «Ninguna clase de libertad suele perderse bruscamente» (Hume, 2005, p. 23). Pero, precisamente, la libertad es siempre distorsionada de modo que se concentre en ella una desconfianza sistemática.

El economista italiano Amilcare Puviani, cuyo libro Teoría de la ilusión financiera ya hemos citado en el capítulo anterior, subrayó que los súbditos del Estado suelen tener un elevado nivel de tolerancia frente los fallos del Estado —y una actitud opuesta frente a los defectos de las empresas en el mercado—. Esto se debe a un ejercicio constante de engaño por parte del Estado que, en la realidad, es justo lo contrario de lo que pretende ser. En la realidad no es transparente, no explica quién termina realmente de soportar el pago de los impuestos, lo que se denomina «incidencia», y quien termina realmente de beneficiarse del gasto público (Buchanan, 1999, p. 135). La gente es consciente de los servicios públicos, y puede estar muy satisfecha con ellos —desde la sanidad hasta los trenes de alta velocidad—, pero no es consciente de su coste real.

Otros recursos a falseamientos, que ya señaló Puviani, son el empleo de la deuda pública en vez de los impuestos o de un tipo de impuestos en lugar de otros (directos, indirectos, especiales), las subvenciones, la profusión de normas y reglas fiscales ininteligibles para cualquier ciudadano corriente, la inflación, la influencia en los medios de comunicación, etc. Y todo hace bastante más de un siglo: obviamente, el Estado ha mejorado considerablemente su labor a la hora de ocultar a sus súbditos la carga fiscal que soportan o la desigualdad que la fiscalidad fomenta en el pretendido intento de reducirla, o la injusticia de proclamar que tal o cual gasto obedece al interés general, cuando en la práctica propicia descaradamente uno particular. Entre todo esto y la comprensible falta de información de la ciudadanía, se extiende en ésta la actitud ante los impuestos que justamente más conviene a los poderosos, a saber, una mezcla de indiferencia y resignación. El objetivo fundamental es deslegitimar cualquier movimiento en pro de una fiscalidad menor, pretensión asociada a actitudes morales reprochables, como el egoísmo, o ideologías insolidarias, como el llamado neoliberalismo, nombre que los propagandistas antiliberales dieron al capitalismo después de la caída del Muro de Berlín, para desviar la atención de los horrores incuestionables del anticapitalismo. El neoliberalismo, como antes el capitalismo, es un supuesto enemigo del pueblo a quien, según se nos adoctrina para que pensemos, nunca le conviene que bajen los impuestos, porque sólo se beneficiarán los ricos, apenas el 1 por ciento de la población, y siempre le convendrá que suban (Puviani, 1972, p. 75; Boaz, 2007; Pasqual i Rocabert, 1999).

Las autoridades proclaman que resuelven las externalidades negativas que perjudican a la población, pero también las producen, por ejemplo, cuando adoptan medidas que benefician a los votantes y grupos de interés actuales, trasladando los costes a contribuyentes futuros. Es la ilusión fiscal que denunció Puviani:

Cuando los costes del Estado están ocultos o son oscuros, los contribuyentes y los votantes piensan que el gasto público es menos costoso de lo que es en realidad, y por tanto demandan que aumente […]. Las mayorías seleccionan políticas sin tener en cuenta los costes que impactan sobre las minorías; los representantes compran votos para su electorado y le encajan los costes a toda la sociedad; los reguladores arbitran políticas que imponen costes sobre empresas y sobre sus clientes. Por esos problemas de externalidad, los resultados políticos siempre generan externalidades. (Mitchell y Boettke, 2017, pp. 66 y 73)

Conviene tener esto presente para refutar los razonamientos simplistas, como el de Stiglitz que vimos en el capítulo anterior, según el cual, basta con que haya una diferencia entre costes privados y sociales para que un impuesto resuelva la cuestión, y da lo mismo cualquier problema: pensemos en la naturalidad con que se piensa que es bueno subir los impuestos a las chucherías que consumen los niños o a las bebidas azucaradas, para luchar contra la «epidemia» de la obesidad. El hecho de que haya fallos del mercado o externalidades no significa, de por sí, que el impuesto esté justificado para reducir los costes sociales, porque, precisamente, el impuesto y todas las intervenciones con coacción política también tienen costes sociales. Y no es evidente que esos costes sean siempre menores que los beneficios que la intervención produce para la comunidad.

Hemos hablado antes de la falta de información fiscal de los ciudadanos, que se combina con la publicidad engañosa, para dar lugar a la ilusión fiscal. Anthony Downs planteó la noción de la ignorancia racional del votante: dada la información imperfecta, es decir, dados los costes de conseguir información sobre la realidad del sector público, resulta razonable postular que el ciudadano, al ser impotente a la hora de determinar los desenlaces de las decisiones políticas, prefiere no tomarse el trabajo de enterarse, cosa que sí haría, y hace, con sus decisiones privadas de compra, venta, ahorro e inversión (Downs, 1973). En el caso concreto de los impuestos, Oates matiza:

La información imperfecta no es sinónimo de ilusión fiscal: es una condición necesaria para que exista, pero no suficiente. Más concretamente, la ilusión fiscal se refiere a una percepción sistemáticamente errónea de los parámetros fiscales —por ejemplo, una propensión recurrente a subestimar el coste impositivo que determinados gastos públicos nos representan—. La información imperfecta puede, por su cuenta, generar un patrón aleatorio de sobre o subestimación de dichos pasivos tributarios. Pero la ilusión fiscal, por el contrario, supone una conducta persistente y coherente. Como tal, dará lugar a sesgos recurrentes y, presumiblemente, predecibles en las decisiones presupuestarias. (Oates, 1988, p. 67)

Cabría concebir la posibilidad de que los sesgos de la percepción popular fueran dobles, es decir, no sólo nos equivocaríamos pidiendo más y más gasto público, cuando ello nos perjudica, sino que también podríamos equivocarnos no pidiendo un gasto público suficiente, lo que podría beneficiarnos. Sin embargo, la realidad es que son los costes del gasto público, y no sus beneficios, los que la gente tiende a subestimar, lo que puede deberse a las campañas estatales en favor del gasto, disfrazando sus costes totales y exagerando sus beneficios (Niskanen, 1973 y 1993). Esto está relacionado con las retenciones y otras formas tributarias con patrones de incidencia oscuros que disimulan el coste real del gasto público, con lo que la ilusión fiscal no opera en un doble sentido, sino que propicia un sector público de un tamaño excesivo.

La ilusión fiscal es una noción relevante para el tema que analizamos en el presente libro, porque no tiene que ver con la ignorancia, sino con el engaño o el autoengaño. Hay sutiles diferencias entre la ignorancia o la incertidumbre y la ilusión: ésta se parece más a un espejismo. En un espejismo, las personas ven agua en el desierto y ésta no está. Pero si las personas la ven, y creen que la ven, no es que sean estúpidas o irracionales. Se trata de una dimensión subjetiva, que conduce a errores en la conducta de la gente, por ejemplo, a la hora de votar o apoyar determinadas medidas políticas, como la subida del gasto público o la deuda pública, o incluso los impuestos, en la confianza de que su peso recaerá sobre otras personas (Buchanan, 1999, pp. 126-127; Alvira Martín et al., 2000, p. 51).

El engaño del Estado es lógico con los impuestos. Es tan lógico como el fraude de los ciudadanos, que abordaremos en el capítulo siguiente. Pero, en el caso del Estado, jamás se denomina «fraude», lo que revela la potencia del poder en el mundo de la propaganda. Su engaño deriva de que, como reza el viejo dicho, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sabemos, en efecto, que hay límites a la tolerancia fiscal, y esa frontera es la que el poder debe tener cuidado de no cruzar. Se trata de encontrar, en palabras de Puviani:

Las razones en virtud de las cuales las grandes masas humanas son inducidas a pagar grandes sumas impositivas y a someterse a enormes sacrificios en casos en que los beneficios obtenidos o esperados a cambio del Estado no parezcan remuneradores. (Puviani, 1972, p. xi)

Como dice el profesor Rodríguez Bereijo:

No se trata ya del sometimiento bárbaro del Estado feudal o de la sociedad esclavista, sino de la explotación y dominación más sutil y refinada a través de la manipulación del fenómeno financiero en provecho de los intereses de la clase dominante, pero buscando siempre, al propio tiempo, la mayor aquiescencia de los dominados. Y esta mayor aquiescencia se logra mediante la ocultación de los verdaderos fines perseguidos; mediante el engaño, haciendo creer a los dominados que son sus intereses (el bien común) y no los intereses de la élite dominante los que serán tutelados por la actividad financiera; mediante el error, provocando o utilizando ilusiones en los dominados acerca de los ingresos y de los gastos públicos que les alejan del conocimiento real del fenómeno financiero y de los efectos injustos sobre los que se asienta. (Ibídem, p. xix)

Engaño y Estado democrático

No hay, por tanto, Estado fiscal sin engaño. Esto resulta a primera vista más asombroso en un Estado democrático, pero, en realidad, no es asombroso, sino perfectamente lógico: la propia democracia, como vimos, tiende a expandir el Estado. En ese proceso, el Estado debe redoblar sus esfuerzos para entrar en «la conciencia de los sujetos», como decía Puviani, y lograr que éstos se sometan.

Un típico artificio para ello es la división de la presión fiscal en muchos impuestos:

Cuanto más aumenta el gasto del Estado, más es menester fraccionar la imposición para vencer el contraimpulso contributivo. (Ibídem, p. 228)

Es interesante que Puviani lo haya advertido hace tanto tiempo, porque incluso en su época se mantenía viva la antigua idea del impuesto único, es decir, que haya un solo gravamen, sobre la tierra, para financiar el conjunto del gasto público. Fue planteada ya en el siglo XVI, estuvo en auge en Europa, sobre todo en Francia, y se popularizó en muchos países europeos y americanos durante el siglo XIX gracias a la obra de Henry George. Este economista estadounidense, que alcanzó gran popularidad en su tiempo, fue uno de los antecesores del llamado «liberalismo social», extendida y perdurable fantasía que consiste en creer que el Estado puede violar un derecho de propiedad, en este caso, el de la tierra, y después quedarse apaciblemente contenido sin violar ningún otro derecho, en un marco de libre comercio.

Esto es un disparate, porque está probado que el Estado no se contuvo en absoluto, sino que creció de manera considerable. Sin embargo, es cierto que puede haber combinaciones variables dentro del intervencionismo. Lo vimos en España con la llegada de los socialistas al poder en 1982, de la mano de Felipe González. En sus casi catorce años de gobierno, el PSOE liberalizó los horarios comerciales y los alquileres, y privatizó empresas públicas, para enorme indignación de los sindicatos y de sus propios afiliados más radicales. Pero González ganó cuatro elecciones generales seguidas, porque tuvo el talento fundamental para engañar a los ciudadanos prometiéndoles derechos sociales y Estado de bienestar, y los ciudadanos le siguieron votando, aunque él les subió los impuestos como nunca en la historia de nuestro país.

Estos engaños se mantienen hasta nuestros días, cuando hay varios partidos «liberales», en Europa y América, que jamás dicen nada de bajar los impuestos, sino más bien al contrario, pero tampoco apoyan el intervencionismo microeconómico, con medidas tales como el proteccionismo o el control de los precios.

La confusión, que en realidad es antiliberal pretendiendo no serlo, puede rastrearse hasta la mencionada noción del impuesto único, que atrajo a grandes economistas. Fue el caso del francés Léon Walras, que propuso nacionalizar la tierra y arrendarla después a los particulares, y creyó que así se podría financiar todo el gasto público. Los dislates a propósito del Estado, así, han afectado a las mejores mentes de la profesión: no se les ocurrió pensar que el Estado podía crecer y superar un límite más allá del cual su financiación mediante un solo impuesto resultaría imposible. Por cierto, la excepcionalidad de la tierra fue subrayada por algunos destacados liberales, desde John Locke hasta Herbert Spencer, pasando por los fisiócratas, que apoyaron el impuesto único en el siglo XVIII, y los economistas clásicos. O sea, que muchos liberales atacaron la propiedad privada de la tierra y al mismo tiempo defendieron el mercado libre, como si fuera compatible una cosa con la otra: así sucedió en España con el destacado liberal asturiano Álvaro Flórez Estrada (Rodríguez Braun, 2008a).

El Estado democrático ha hipertrofiado el engaño, porque no sólo oculta sus costes, sino también la máxima expresión de su supuesta solidaridad, el sistema de pensiones, a menudo calificado de «solidaridad intergeneracional». No hay tal cosa, porque la solidaridad es voluntaria, mientras que el sistema de pensiones público se financia forzadamente con cotizaciones a la Seguridad Social, que son impuestos. Es revelador que la gente haya sido engañada en masa y muchos pensionistas sigan creyendo que su pensión brota de sus cotizaciones. En realidad, las pensiones de cada momento se cobran de los ingresos que la Seguridad Social recauda en cada momento: es lo que se llama un sistema de reparto, porque el Estado reparte y él decide todo el régimen: las prestaciones, las cotizaciones, etc. Se presenta como el paradigma del progreso, cuando, en verdad, es un notable atraso, porque se desanima el ahorro individual, de modo que la gran mayoría de los ciudadanos quedan al final de su vida indignamente atrapados en un sistema que los vuelve dependientes del poder.

Para colmo, como el Estado funciona con criterios políticos de corto plazo, él mismo se ocupa de desequilibrar las finanzas de la Seguridad Social, y volverlas insostenibles, tras lo cual se presenta como quien va a resolver el problema, con más impuestos. Un Estado que, supuestamente, garantiza la cohesión social da como resultado la fractura de la sociedad, abocándola a un enfrentamiento entre pensionistas y trabajadores, que jamás se habría producido si cada persona pudiese ahorrar libremente para su jubilación.

Los modernos Estados redistribuidores actúan de forma sistemática arrojando a los ciudadanos a la confusión y al conflicto, en

un extraño juego de luces y de sombras que ocultan la verdad. No se ve lo que existe y se ve lo que no existe; adquieren entidad vanas apariencias y cosas verdaderas adquieren el aspecto de sombras y desaparecen. (Ibídem, p. 23)

Sea mediante empresas públicas ineficientes y onerosas, o mediante subvenciones y mecanismos clientelares de todo tipo, el Estado se ocupa de mantener al pueblo en una situación de servidumbre, pretendiendo que es el pueblo el que manda. Uno de los mayores engaños es el fiscal, porque la gente ignora que una parte importante de los impuestos que teóricamente recae sobre empresarios o individuos acaudalados, en realidad recae sobre la gran masa de los ciudadanos.

Lo extraño de todo esto es que tenga lugar en democracia, un régimen en donde el pueblo debería poder elegir. En una época presidida por la idea del individualismo y la libertad, el desenlace fue paradójicamente el contrario, como apuntó el mismo Puviani en un trabajo previo, de 1901. La tradición anterior basaba la fiscalidad en que no se preguntaba por qué había que pagar impuestos: era cuestión de simple obediencia a Dios o al rey.

Pero cuando el moderno Estado soberano se presentó como representación popular, aunque parecía pertinente preguntarse qué pensaban las personas sobre los impuestos, tampoco se hizo: eran buenos para el pueblo, el Estado lo sabía, y aseguraba además por las constituciones que habría límites «naturales» a su expansión. Siguió sin prestarse atención a lo que pensaba la gente. Era el apogeo del individualismo, pero se siguió perdiendo de vista al individuo. Todo estaba organizado bien por la política, y además la ciencia todo lo rodeaba con su seguridad. (Ibídem, 1986, p. 239)

El Estado rodeó a las personas con un mensaje totalizador. Ya no se limitaba a impartir justicia, sino que actuaba con motivaciones propias, morales y benévolas. Es una especie de nuevo dios, al que nadie puede objetar, porque encarna la voluntad popular: es imposible, por tanto, que perpetre acciones contrarias a los intereses populares quien los refleja de modo genuino. Además, tiene la legitimidad de la ciencia y los conocimientos, que nadie atesora como él. Todo esto se aplicó a la fiscalidad, que

se presentó a los contribuyentes con refinamientos tales que la ocultasen o atenuasen su carácter gravoso, mientras con otras astucias se exageraba en el pensamiento de los ciudadanos el valor de los servicios públicos (Ibídem, p. 243).

Sin embargo, a pesar de las incesantes campañas destinadas a convencernos, es claro que Hacienda no somos todos, que no lo aceptamos y que no es siempre para nuestro bien. De ahí que haya habido resistencia frente a los impuestos, incluso en el aparentemente más benévolo de todos los Estados: el democrático. Es el tema del siguiente capítulo.

Capítulo 4
Lo peor de lo peor: no pagar

El primer impulso de un ser humano sano cuando es amenazado por un impuesto es resistir.

THOMAS S. ADAMS

Si los impuestos reflejan lo que todos somos y todos aceptamos y, además, son siempre para bien, no sólo resulta que la obligación de pagar impuestos está totalmente justificada, sino que el incumplimiento de dicha obligación debe ser siempre lo peor de lo peor.

Y así ha sido el mensaje de los recaudadores, y lo siguió siendo bajo el llamado Estado liberal, que generalizó el sistema democrático al tiempo que elevó la presión tributaria hasta cotas nunca vistas. Por eso, en democracia, el fisco en todo el mundo acomete vastas campañas de propaganda que persiguen un doble objetivo. Por un lado, se busca retratar a los que no pagan impuestos (a menudo se añade «sus impuestos») con los colores más siniestros. Y, por otro, aunque menos explícitamente, se pretende justificar la sanción que pueda descargarse contra personas tan repudiables y antisociales.

A principio de la década de 1960, Enrique Fuentes Quintana publicaba un extenso estudio titulado Los principios del reparto de la carga tributaria en España, en el que, entre otras cosas, se hacía eco de la dificultad para contener el fraude fiscal en España, en ocasiones con la connivencia de la propia Administración, que miraba para otro lado cuando defraudaban empresarios afectos al régimen. Para dar una idea de este problema enraizado casi en la cultura del país, Fuentes Quintana citaba a Cambó, quien, en 1921, afirmaba en el Senado que, en materia impositiva, en España había que partir de dos supuestos:

Primero, que España es un país de contribuyentes defraudadores; segundo, que es un país que tiene una Administración rudimentaria […]. La transformación de estas realidades es una labor ímproba. (Fuentes Quintana, 1990, p. 122)

Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo el Estado subraya la identificación de la fiscalidad con el conjunto de la sociedad: «El impuesto sobre la renta es de todos y para todos» y «Nunca le impondrán nada más justo», afirmaba Hacienda en 1983. La publicidad oficial siguió en esa línea, reprobando siempre a los ciudadanos que no pagan y no permitiendo nunca la consideración sobre la posibilidad de que exista algún justo respaldo a la conducta de la gente que se niega a pagar lo que le «corresponde», es decir, como hemos visto, lo que el Estado decida imponer a sus súbditos.

Es muy poco frecuente, en efecto, que se considere que la evasión fiscal tiene motivos justificados. En cambio, la unanimidad de todos los partidos de todos los países en torno a lo que se denomina épicamente «la lucha contra el fraude fiscal» es prácticamente total, como lo es la demonización del evasor y su caracterización como individuo egoísta e insolidario.

Entre los economistas, asimismo, tampoco es habitual reconocer públicamente con el realismo de Puviani la lógica de la evasión: «Además de la emigración, hay otro medio para evitar el impuesto: la rebelión» (Puviani, 1972, p. 196). Esta rebelión, al revés de lo que se piensa que ha ocurrido en el pasado, hoy se condena como injusta, y quienes la practican no se sienten orgullosos de ella, y mucho menos la vocean para que todos nos enteremos. La Hacienda Pública, incluidos muchos de sus especialistas más insignes, ha rehuido el debate sobre la relación entre la presión fiscal y el fraude. Bajo un sistema democrático, sostienen, el gasto público es decidido por los representantes del pueblo, y ésa es la presión fiscal que el pueblo desea, puesto que ha votado por políticos que la propugnan, y, por lo tanto, es la presión fiscal a la que dicho pueblo deberá hacer frente. Y si no le hace frente, habrá que perseguirlo, multarlo e incluso detenerlo, juzgarlo, condenarlo y encerrarlo en prisión, por su bien (Rodríguez Braun, 2012).

Volveremos más adelante sobre ello, pero lo visto hasta aquí invita a dudar sobre las traslaciones mecánicas que convierten los impuestos en genuinos anhelos populares. Más bien los datos sugieren lo contrario: el pueblo rechaza los impuestos, salvo que los pague otro, y desconfía de los grupos sociales relacionados con el Estado recaudador, como los políticos o los burócratas.

Estado defraudador

Muchos ciudadanos, en efecto, perciben que el mismo Estado que abomina del fraude fiscal comete fraude, es decir: «acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete». Hemos visto, y veremos, ejemplos de esta conducta engañosa por parte del Estado en perjuicio de sus súbditos, a quienes priva de sus bienes alegando argumentos endebles, cuando no mendaces.

Aunque los ciudadanos sean conscientes del fraude que comete Hacienda con ellos, las dos opciones que planteaba Puviani parecen demasiado extremas. Como dice Reid:

Los ciudadanos descontentos no siempre se rebelan. En la misma medida en que la emigración es una solución demasiado costosa para su insatisfacción, también la revuelta puede resultar demasiado cara. Realmente, la indignación política no va, por lo general, más allá de la expresión de quejas y votos concedidos a los candidatos alternativos. (Reid, 1986, pp. 342-343)

Este diagnóstico resultará, sin embargo, poco satisfactorio para los ciudadanos de muchos países que, como España, han visto sucederse Gobiernos de izquierdas y de derechas que no han representado en términos fiscales cambios demasiado significativos.

Ante este panorama, parece que los ciudadanos que deciden no pagar «sus» impuestos, en su mayoría, no optan ni por rebelarse ni por emigrar, sino por una combinación de ambas estrategias: se rebelan porque no pagan, pero no lo hacen abiertamente, como tantas otras veces en la historia, sino que emigran, dentro de su propio país, hacia la evasión y la llamada economía sumergida. Esto no quiere decir que desdeñen la política, ni la cuestión fiscal, al contrario, parece razonable suponer que una razón importante de la sangría de votos que sufrió en España el Partido Popular bajo la gestión de Mariano Rajoy fue, precisamente, la gran subida de impuestos que perpetró su Gobierno.

El impago de impuestos es habitualmente dividido en dos categorías: la elusión y la evasión fiscal. La primera se refiere a cuando las personas no pagan, o pagan una suma menor a la obligada por Hacienda, pero dentro de la ley, es decir, recurriendo a las propias normas tributarias. La profusión y complejidad de las mismas brindan estas oportunidades, aunque habitualmente son aprovechadas por las personas y empresas con más medios, que pueden pagar un asesoramiento legal para este objetivo. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de empresas multinacionales que sitúan sus sedes en países con una fiscalidad más favorable, incluidos los llamados paraísos fiscales —por cierto, una denominación equívoca, derivada de una mala traducción del inglés tax haven o refugio fiscal, y no heaven, que es cielo o paraíso—. Los Estados llevan a cabo enérgicas campañas para impedir que empresas y particulares puedan pagar menos impuestos en ningún país: de ahí los intentos de «armonización» fiscal que, dentro de cada nación y a escala europea o internacional, jamás significa armonizar a la baja.

La evasión fiscal sería propiamente un fraude fiscal, porque se refiere al impago de impuestos violando las leyes, ocultando información sobre rentas o beneficios, utilizando testaferros, sociedades interpuestas, etc. En puridad, empero, la evasión es más amplia que el fraude fiscal, porque abarca también actividades ilícitas, tales como el tráfico de divisas o el contrabando.

Tanto la elusión como la evasión son universalmente condenadas e identificadas como el comportamiento más reprobable de los ciudadanos. Nadie, como acabamos de indicar, las relaciona con la presión fiscal, como si no tuvieran nada que ver, igual que nadie denuncia que el primero que engaña es el propio Estado, que descaradamente procura quitarle a la gente su dinero mediante tributos que no pueden dejar de consumir, porque gravan bienes no sustituibles, placenteros o adictivos.

Delito y fraude

Los defraudadores, se dirá, son delincuentes, y esto es indudable, pero su delito no puede ser asimilado a los demás, a los delitos tipificados desde hace siglos, y que tienen que ver con las normas, en principio, propias de una sociedad de mujeres y hombres libres. Estas normas tienen un origen moral, y evolutivamente se han ido plasmando en el derecho, que es condición para la preservación de la sociedad. Por eso se persigue desde siempre a los violadores, los asesinos y los ladrones: porque son incompatibles con esa preservación de la sociedad. Se dirá: los defraudadores fiscales no son violadores ni asesinos, pero sí son ladrones. Esto no es cierto, porque un ladrón se define por la apropiación definida de lo definiblemente ajeno. Ha de haber sustracción de una propiedad privada concreta, de personas concretas, para que hablemos de hurto o robo. Se dirá: los defraudadores fiscales roban a la sociedad. Pero, en ese caso, estaríamos identificando al Estado con la sociedad, lo que no es correcto: el Estado no es la sociedad ni sus instituciones. Por lo tanto, quien no paga impuestos no es identificable con quien roba a una persona, a una organización benéfica, a una comunidad de vecinos, a una empresa o a un club. El Estado es otra cosa, una cosa que, curiosamente, sí puede, como define el robo nuestra lengua, «quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno».

Por lo tanto, quien defrauda delinque, sin duda, pero comete un delito muy peculiar, porque no es un delito contra ninguno de sus congéneres específicamente, ni contra la naturaleza humana. Es un delito creado por la ley. Históricamente, ha habido casos de este tipo. Por ejemplo, el contrabando, que es simplemente la producción y el comercio de algo que el legislador decide prohibir.

Hemos señalado que el Estado moderno ha crecido sobre la base de multiplicar artificialmente las leyes creando más y más «derechos» que sólo pueden cumplirse mediante la violación de derechos de terceros. Hay, asimismo, un aspecto importante del fraude fiscal que prueba que no es un fraude genuino, y que tiene que ver con su existencia y extensión.

Si quienes defraudan a Hacienda son muchos o casi todos de los que pueden hacerlo, es claro que no se trata de una falta o un delito como los demás conocidos y tradicionales, porque no todo el que puede violar viola, ni el que puede matar mata, ni el que puede robar roba. Si esto fuera así, no habría sociedad ni tampoco Estado. La extensión del fraude fiscal, que es elevada en casi todos los países, indica que no es un fraude en sentido estricto, porque no podría perdurar ninguna comunidad de seres humanos con millones de estafadores, como no podría perdurar con millones de violadores, de asesinos o de ladrones. Y, sin embargo, las sociedades con millones de defraudadores fiscales no sólo existen y perduran, sino que además prosperan.

Cabría protestar alegando que los que pagan también disfrutan con lo que el Estado les entrega. Sin duda, muchos lo hacen, pero, en este caso, también se produce una extraña peculiaridad: a menudo sucede que, los que pueden evitar recibir los beneficios del Estado, los evitan. Una y otra vez, hemos visto casos de políticos de izquierdas que envían a sus hijos a colegios privados, o de artistas e intelectuales de izquierda que deciden rechazar la sanidad pública y acudir a curarse o a dar a luz en clínicas privadas, en ocasiones, hasta de los odiados y capitalistas Estados Unidos.

Esto no es una perversión, sino una conducta perfectamente racional y comprensible y, por supuesto, no es exclusiva de la izquierda, sino que está extendida a lo largo del arco político. Lo que sí revela, y nos orienta a concluir, es que la retahíla de argumentos políticamente correctos que se vierten sobre el Estado, como si fuera expresión solidaria de la sociedad, choca abiertamente con la realidad y con la comprobación efectiva y reiterada de que quien puede se escapa del Estado, y no sólo de sus costes, sino también de sus beneficios.

El que el fraude a la Hacienda Pública sea un delito especial, que lo es, no le quita su carácter de infracción legal, lo que nos permite subrayar la degradación moral que el Estado desencadena con su intervención, creando delitos, fomentando el incumplimiento de la ley y generalizando incentivos perversos que socavan la convivencia y difunden un espíritu depredador, opuesto al que brota en comunidades cuya normativa deriva de acuerdos voluntarios, y no de imposiciones del poder. Esto se observa no sólo en la elusión fiscal y los quebrantamientos de las abundantes regulaciones de la vida de los ciudadanos en múltiples campos, sino también en las trampas que el Estado propicia entre sus supuestos beneficiarios. Otra vez, protagonizan estas violaciones de la ley millones de ciudadanos que engañan a las autoridades en las prestaciones de diverso tipo, a las que tienen acceso en esquemas ampliamente redistributivos, desde los seguros de desempleo hasta los gastos farmacéuticos de los pensionistas. Pretendido baluarte de la ética, habitualmente receloso de la moralidad de la gente en sus tratos y contratos libres, el Estado incentiva conductas que las personas no llevan a cabo de modo masivo en los ámbitos propios de la sociedad civil (Rodríguez Braun y Rallo, 2011, cap. 5).

El propio Estado no cumple lo que él mismo ordena. Ya hemos visto que la Constitución Española prohíbe que la fiscalidad sea confiscatoria, y sin embargo lo es para una parte de los contribuyentes, cuya presión tributaria alcanza o supera el 50 por ciento. Rápidamente se nos aclara que esas personas son una minoría de la población, como si ese argumento justificara la violación de sus derechos.

También se arguye que el dinero que el Estado arrebata a sus súbditos después lo gasta en esos mismos súbditos, lo que es absurdamente evidente; pensemos en qué sucedería si no fuera así: los ciudadanos se rebelarían contra esa patente opresión. Precisamente, la redistribución es lo que legitima al moderno Estado redistribuidor para seguir incursionando contra los derechos de sus súbditos. Como apunta Juan Ramón Rallo: «El Estado jamás podría haber expandido su fiscalidad hasta los límites actuales de no haber sido bajo el argumento de que aquello que nos quita con una mano nos lo termina devolviendo con la otra. Que yo le arrebate la mitad de sus ingresos a mi vecino y luego los utilice para pagarle la sanidad o la educación a sus hijos (por supuesto, en aquellos hospitales y en aquellos colegios que yo escoja), no cambia que estemos ante una confiscación con vocación clientelar» (Rallo, 2018).

Evasión justa

Durante la larga historia de la resistencia contra los impuestos, se ha visto que vino alimentada por una doble noción, porque el pueblo se alzaba contra la fiscalidad cuando se extendía la idea de que los impuestos, en primer lugar, eran elevados, y en segundo lugar, injustos.

Es interesante el contraste que señala Paul Gaudemet entre la obligación que el Estado impone de extraer bienes de sus súbditos y extraerles la vida misma:

El ciudadano nunca ha vaciado su bolsillo con entusiasmo en las manos del recaudador, mientras que por el contrario sí ha ido cantando al campo de batalla en el que iba a arriesgar su propia vida. Carente de la aureola de gloria que rodea al impuesto de la sangre, el deber fiscal suele ser mucho peor soportado. El contribuyente ve en él una servidumbre sin atisbar ningún tipo de grandeza. A partir de esto, no es sorprendente que las revueltas fiscales sean en la historia más numerosas que los motines; el fraude, más generalizado que la deserción. El ciudadano tiene tendencia a defenderse del impuesto antes que aceptarlo. (Gaudemet, 1986, pp. 569-570)

Pero la letalidad de las guerras llevó a una creciente deslegitimación de esa excusa histórica para la extensión del poder, al tiempo que la democracia generalizó la legitimación de los Estados redistribuidores, cuya dinámica desemboca en impuestos crecientes, que a su vez los deslegitiman.

La reacción a este dilema ha sido doble. Por un lado, los contribuyentes han procurado eludir el pago de impuestos. Y, por otro, el Estado ha replicado su propia retórica belicista, aplicándola para justificar el mayor gasto público. En los años sesenta el presidente estadounidense Lyndon Johnson lanzó la «Guerra contra la pobreza», y los políticos de todo el mundo lo siguieron. Una y otra vez hemos visto cómo los políticos y los grupos de interés que viven de la política convocan a la población a guerras o luchas contra todo tipo de males: la retórica bélica es tanto más explícita cuanto más obvio sea el mal y cuanto más fácil resulte la identificación entre dicho mal y la extensión del poder político, como se vio con la pandemia del coronavirus en 2020.

Estamos lejos de afirmar que los Estados no deban tener papel alguno cuando se desata una emergencia sanitaria, pero resultó ilustrativo que el virus haya sido empleado universalmente para justificar que el gasto público anterior al mismo sea petrificado en el nivel que tenía, y, por consiguiente, deba aumentarse en el montante necesario para «luchar» contra la enfermedad. Es decir, que los impuestos inevitablemente tienen que subir, y, además, por una razón que nadie podrá cuestionar. Los Estados han recurrido sistemáticamente a esta estrategia.

Sin embargo, es patente que la ciudadanía no está de acuerdo con dicha estrategia, porque no desea pagar más impuestos. Por razones obvias, no hay forma de saber con precisión cuál es la cifra exacta del llamado fraude, pero el propio Estado, los políticos y los medios de comunicación que airean la cuestión, han dejado siempre claro que se trata de una cantidad apreciable. La denominada economía sumergida ha sido estimada en España en un 18 por ciento del PIB, cifra, por cierto, que coincide con el promedio de la Unión Europea. Ese promedio oculta casos diferentes, porque la cifra es más elevada en los países centroeuropeos y bálticos, y más reducida en los países nórdicos. Pero incluso en estos últimos, habitualmente considerados ejemplos de cumplimiento tributario, la economía sumergida puede superar el 10 por ciento del PIB.

Como ya hemos señalado, estos datos permiten cuestionar que el fraude fiscal sea realmente un delito como los demás, y cuestionar, asimismo, que la gente no se rebele contra los impuestos. Claro que lo hace, aunque no abiertamente:

La negativa de los contribuyentes a pagar el impuesto no es el ejercicio de un derecho legal. Es el rechazo al cumplimiento de una obligación jurídica que nace sin el consentimiento del contribuyente. (Jèze, 1986, p. 279)

Cabe argumentar, asimismo, que el volumen del llamado fraude fiscal es mucho mayor que el que consideran las estimaciones habituales, que a menudo olvidan tomar en cuenta que algunos importantes impuestos son difícilmente eludibles, al ser, por ejemplo, retenciones, y que por ello deberían en puridad estar excluidos de las estimaciones. Sea ello como fuere, sigue siendo cierto que la evasión y la elusión son muy elevadas, y que no son habitualmente asociadas con la acción del propio Estado, desde las opacidades del sistema político hasta la misma presión fiscal, pasando por mentiras que el poder político repite mientras reprocha a sus súbditos que no sean sinceros.

Verdad y fidelidad

1972

Cada peseta gastada en adquirir tabaco de contrabando no deja ni cinco céntimos al Tesoro Público.

Si usted lo que busca es placer, buen placer de fumar, compre cigarrillos buenos. Legales. Y sabrosos.

1975

DECLARE LA VERDAD. DINERO DE IDA Y VUELTA.

DELE NUEVOS BRÍOS AL DESARROLLO.

Si tiene que hacer la declaración, declare la verdad. Está usted cumpliendo una obligación de ciudadanía y, al tiempo, colabora en el desarrollo del país: eso quiere decir que usted se beneficia de su aportación.

La declaración sobre la renta es invertir en España.

1976

AL DECLARAR, SEA FIEL A SÍ MISMO Y A ESPAÑA.

2017

Piensa en un lema para una campaña anual de impuestos. ¿En qué pondrías el acento: en los servicios necesarios o en la insolidaridad de los que defraudan? Relaciona ambas cosas.

Haz una carta de reproche a una persona que utiliza distintos servicios públicos y que luego no paga sus impuestos. Argumenta, pero no insultes.

La primera campaña que citamos en este apartado ilustra que el Estado, a la hora de recaudar, es capaz de quebrantar la verdad en asuntos tan importantes como la salud. En 1972, la dictadura franquista animaba a los españoles a fumar, aunque, eso sí, no de contrabando, porque, en ese caso, las arcas públicas no recaudaban dinero de la gente. En esos años se sabía perfectamente que el tabaco no era precisamente saludable: de hecho, en Estados Unidos, las advertencias en este sentido publicadas en las cajetillas habían comenzado en la década anterior.

También faltó a la verdad el régimen de Franco en 1975, cuando, siempre insistiendo a sus súbditos para que fueran sinceros, subrayó que los impuestos son un juego de suma positiva, es un «dinero de ida y vuelta», que anima «el desarrollo del país», que es «invertir en España», y que el contribuyente debe ser consciente de que «usted se beneficia de su aportación». Nada de esto resulta evidente, porque los impuestos no pueden ser identificados con las transacciones voluntarias de la sociedad civil, que sí cabe sostener que son de ida y vuelta, que promueven el crecimiento del país, que son invertir en España, y que benefician a todas las partes, porque en caso contrario esas transacciones no se llevarían a la práctica. Los impuestos no son eso, sino que son otra cosa. No son una transacción, sino una exacción, porque se extraen a la fuerza. Por lo tanto, es una identificación engañosa, como lo fue también el mensaje de la campaña de 1976, ya muerto el dictador, asociando el pago de impuestos a la fidelidad con uno mismo y con España. Aquí la trampa estriba en que el Estado no es la patria, ni la nación, y solaparlos, como señalamos en el capítulo anterior, nos remite a sistemas totalitarios.

Es de notar que los políticos de numerosos países, empezando por la Francia revolucionaria, han abusado de la noción de patria para legitimar la coacción política, la presión fiscal y la deuda pública, desde los «empréstitos patrióticos» hasta exacciones de todo tipo. En 2020 el régimen populista de Argentina planteó la necesidad de implantar un nuevo impuesto y lo llamó, cómo no, «Impuesto Patria», asegurando, cómo no, que sólo lo pagarían los ricos.

En España, una consigna reiterada del populismo de Podemos es insistir en que la patria son los servicios públicos, es decir, identifican la patria con los impuestos. Presumen de antifascistas, pero Mussolini no lo habría dicho mejor. De hecho, especificó claramente que el fascismo estriba en la defensa primordial de lo público, es decir, del Estado, y en el rechazo a los derechos y libertades individuales: para el dictador italiano el fascismo era «la negación misma del liberalismo», mientras que, en palabras del propio Hitler, el nazismo aspiraba a «abolir el concepto liberal del individuo» (Rosenblatt, 2020, p. 207). Pero esta idea ha calado en parte de la población. Así, el exseleccionador de fútbol, Vicente del Bosque, declaraba en junio de 2020: «Ser patriota es pagar los impuestos en España», lo que implica no sólo pagar, sino no hacerlo fuera de España, aunque sea en tu propio perjuicio, como sacrificio de amor por tu país.

En el año 2017, el Portal de Educación Cívico-Tributaria persistía en la falacia de relacionar simplemente los impuestos con los «servicios necesarios», y la obligación de su pago con la «solidaridad». Ambas nociones son capciosas y brotan, otra vez, de tratar al Estado como si fuera lo mismo que la sociedad civil.

Pero no existe una relación clara entre los impuestos que pagamos y el hecho de recibir los bienes y servicios que necesitamos, porque no somos los que pagamos quienes lo decidimos. En la sociedad, en cambio, sí: pagamos por lo que necesitamos. Sin embargo, el pensamiento antiliberal nos predica siempre lo contrario, y declara que, cuando somos libres, en la sociedad civil, en el mercado, allí nos dejamos llevar por el consumismo y terminamos comprando lo que no necesitamos. Como si los políticos, los burócratas, los sindicalistas y demás grupos de interés supieran lo que la gente necesita de verdad, mejor que la propia gente.

Es evidente que no es así, como lo es también que la relación que pretende anudar la Agencia Tributaria entre lo que pagamos y lo que necesitamos está lejos de ser diáfana, por más que el poder la afirme una y otra vez. Durante la reciente pandemia del coronavirus lo volvimos a comprobar, cuando los poderosos y sus terminales mediáticas aseveraron que quienes no pagan impuestos eran los que impedían que hubiera suficientes respiradores en los hospitales. La mentira era patente, porque el pago de impuestos no se realiza para la compra de material hospitalario, sino porque las Administraciones Públicas así lo conminan con mandato legal.

Esta misma falsedad afecta a toda la retórica referida al impago de impuestos. Se habla así de «la factura del fraude fiscal», cuando los impuestos no forman parte de transacción comercial alguna y no dan lugar, por tanto, a ninguna factura. También se lamenta que el fraude representa una «pérdida» o que «resta» tantos millones a las arcas públicas, como si se tratara de una contribución genuina, es decir, voluntaria, a cualquier iniciativa libre de la sociedad civil.

Precisamente, como no se trata de la sociedad civil, no cabe propiamente reprochar al llamado fraude fiscal, o a los paraísos fiscales, su carácter «insolidario», porque los impuestos no son aportaciones voluntariamente aceptadas.

También es artificioso, en este sentido, el Portal de Educación Cívico-Tributario cuando aconseja a los profesores que instruyan a los niños en el reproche a los defraudadores, como si su modelo fuera una «persona que utiliza distintos servicios públicos y que luego no paga sus impuestos». Exactamente como si fuera lo mismo el Estado que la sociedad civil, como si fuera igual no pagar a Hacienda que no pagar los gastos de nuestra comunidad de vecinos, comunidad en la que hemos decidido libre y voluntariamente vivir con nuestra familia, o no pagar la cuota del club al que libremente hemos decidido apuntarnos.

Es reveladora asimismo la conclusión de la instrucción de la Agencia Tributaria al estudiante que va a reprochar al defraudador: «Argumenta, pero no insultes». Como si lo lógico fuera insultar al llamado defraudador, como si el instinto natural y lógico fuera denigrar a quien defrauda, como si el Estado fuera por definición el paradigma de la honradez y la transparencia, como si fuera la antítesis misma de la mentira y el fraude.

La apoteosis del fraude

La ciudadanía cuenta con innumerables ejemplos de que el mismo Estado que le exige la verdad le miente y le ha mentido siempre, con descaro, una y otra vez. Quizá uno de los ejemplos más escandalosos de nuestra historia reciente lo brindó el Gobierno socialista durante los años de Felipe González, cuando las autoridades prometieron seriamente a los contribuyentes de España que, en el futuro, iban a pagar menos impuestos, precisamente cuando iba a suceder justo lo contrario, y los ciudadanos españoles, sin saberlo, nos preparábamos para una de las mayores subidas de impuestos que hemos padecido.

1984

LOS QUE DEFRAUDAN SÓLO CONTRIBUYEN A QUE USTED PAGUE MÁS.

Es necesario que declaremos todos para que el reparto sea justo. Evadir impuestos no es sólo defraudar a Hacienda. Es perjudicar a todos los que cumplen con su deber fiscal. Porque el dinero que no ingresan los que defraudan acaba siendo pagado por todos.

1985

SI TODOS PAGAMOS, PAGAREMOS MENOS.

SIEMPRE LE DEVOLVEMOS SU DINERO.

LA DIFERENCIA ENTRE QUE USTED DECLARE O NO, PUEDE SER UN CENTRO ESCOLAR.

LA DIFERENCIA ENTRE QUE USTED DECLARE O NO, PUEDE SER UNA PLAZA HOSPITALARIA.

Los impuestos son el pago por los servicios públicos que recibimos. Si todos los pagaran, todos pagaríamos menos.

1987

HACIENDA YA CASI SOMOS TODOS.

SI TODOS DECLARAMOS, PAGAREMOS MENOS.

> 1991

LAS CUENTAS CLARAS LA AMISTAD ALARGAN.

EL QUE ALGO QUIERE, ALGO LE CUESTA.

Los que han defraudado, los poseedores de dinero negro, tienen una última oportunidad para ponerse al día. Después será demasiado tarde. Regularización tributaria. Hasta el 31 de diciembre.

1995

Una plaza de instituto cuesta 300.000 pesetas al año.

Cuando alguien no paga sus impuestos ¿A quién está defraudando? A todos. Porque el dinero del contribuyente sirve para mejorar el bienestar general.

2011

Un esfuerzo común.

El engaño fundamental es que pagamos muchos impuestos porque otros no pagan: «Los que defraudan sólo contribuyen a que usted pague más». Es manifiestamente falso, porque pagamos lo que nos obliga a pagar el poder, y en absoluto es cierto que «es necesario que declaremos todos para que el reparto sea justo». Esto simplemente obedece a la extraña lógica política conforme a la cual el criterio del Estado es idéntico a la justicia. Ya vimos en los capítulos 2 y 3 los matices y complejidades de la noción de justicia social.

Hacienda siempre procura disolver el Estado en la sociedad civil. Hemos puesto ya el ejemplo de la comunidad de vecinos. En ese caso sí que sería cierto que quienes no pagan perjudican esencialmente a los demás: «El dinero que no ingresan los que defraudan acaba siendo pagado por todos». La diferencia crucial estriba en que una comunidad de vecinos es una asociación voluntaria, cuyos objetivos son decididos con una participación tan amplia de los copropietarios que, a menudo, el mecanismo se aproxima al criterio de unanimidad de Wicksell que vimos en el capítulo 2. Un Estado es algo muy diferente de una comunidad de vecinos, entre otras cosas por eso, porque los mecanismos de decisión colectiva están muy lejos de cualquier noción ni siquiera próxima a la unanimidad. Por tanto, la campaña de 2011 no tiene razón, y los sistemas fiscales no son «un esfuerzo común», sino unas imposiciones del Estado al conjunto de la comunidad, sin su aquiescencia.

Ahora bien, si lo que afirmaba Hacienda en 1984 no era cierto, lo que sostenía en 1985 y 1987 era una falsedad flagrante, aunque sin duda derivada de la estratagema anterior, la de afirmar que nuestros impuestos dependen del grado de cumplimiento de los demás, como si no dependieran de mandatos legislativos.

La continuación lógica de esa artimaña es proclamar seriamente: «Si todos pagamos, pagaremos menos»; o «si todos declaramos, pagaremos menos»; o «Los impuestos son el pago por los servicios públicos que recibimos. Si todos los pagaran, todos pagaríamos menos».

Hacienda dejó de utilizar estos mensajes en los años que siguieron, y en los que la presión fiscal aumentó considerablemente, al tiempo que se producía precisamente lo que Hacienda reclamaba para bajar los impuestos, porque se incrementaron las declaraciones.

Esta apoteosis del fraude perpetrado por el propio Estado deriva del falaz solapamiento entre el Estado y la sociedad. Repite la Hacienda Pública que, si usted no paga, entonces no habrá un centro escolar o una plaza hospitalaria o de instituto. Es una falacia, porque los impuestos no son como las transacciones en la sociedad civil, donde se paga para lograr o conseguir una cosa: al Estado se le paga porque es obligatorio, y después el Estado decide qué hacer con nuestro dinero. En un oblicuo homenaje a los grandes almacenes, el Estado anunció: «Siempre le devolvemos su dinero», lo que nunca es cierto, porque el Estado no es un sistema de puertas giratorias donde sale lo mismo que ha entrado. Por otro lado, en esa frase queda implícito que el dinero no devuelto de los impuestos en realidad no es tu dinero, sino que es dinero del Estado.

Por eso, también es una trampa tratar a la fiscalidad con frases que son reflejos típicos de la sociedad civil, como «Las cuentas claras la amistad alargan» o «El que algo quiere, algo le cuesta». En ambos casos se trata de afirmaciones verdaderas en la sociedad y falsas en el Estado. Con los políticos y burócratas no se entablan relaciones de amistad, porque no hay amistad genuina si no hay libertad, si no hay opción de buscarse otro «amigo». Más bien es al revés, cuando hay amistad o compadreo con el poder o la burocracia, suele indicar corrupción. Porque, con el poder, al revés de lo que sucede en el mercado, no vale lo de «el que algo quiere, algo le cuesta». Con el poder se pueden conseguir jugosos beneficios en el caso de grupos de presión empresariales o sindicales, o de cualquier otro tipo, que no «cuestan» realmente a los beneficiarios, porque el coste se reparte entre el conjunto de la comunidad, en forma de más impuestos o de precios más elevados por los bienes y servicios consumidos.

En estas campañas vemos otras dos muestras de engaño por parte del poder. En primer lugar, no es evidente que «el dinero del contribuyente sirve para mejorar el bienestar general». Esto puede ser cierto, pero también puede no serlo, al revés que los intercambios voluntarios en el mercado, que precisamente por serlo, benefician a las partes contratantes y a la sociedad en general. En segundo lugar, vemos una nueva muestra de una mentira repetida de Hacienda: que por motivos recaudatorios, emprende de cuando en cuando regularizaciones o amnistías, como vimos en el capítulo 1. Lógicamente, siempre jura que la amnistía en cuestión es la «última oportunidad para ponerse al día. Después será demasiado tarde». Hasta la próxima vez, claro.

Las facturas de Mortadelo y Filemón

1996

TV

MORTADELO Y FILEMÓN (La factura es la garantía de un trabajo bien hecho. Las facturas que usted no pide las pagamos todos).

Texto : No se lo tome a broma… la factura es la garantía de que quien le ha realizado el servicio es un profesional serio, competente y legal. Alguien que en caso de tener algún problema le responderá responsablemente. Una persona que le cobrará lo justo, ni más ni menos. Por todo esto y por su seguridad, la factura es la garantía de un trabajo bien hecho. Exija sus facturas, es un consejo de la Agencia Tributaria.

Texto : Si quiere ahorrarse disgustos, tener las cuentas claras y hacer valer sus derechos como consumidor, recuerde que la factura es su mejor garantía. Ahórrese problemas. Exija sus facturas, es un consejo de la Agencia Tributaria.

En estos spots publicitarios para la televisión, contratados por la Agencia Tributaria en 1996, Mortadelo y Filemón, los famosos personajes creados por Francisco Ibáñez, fueron utilizados para engañar a la población haciéndole creer, una vez más, que el Estado y la sociedad son idénticos.

En la sociedad no es el cliente el que pide la factura, sino el suministrador el que se la da. El propósito de la factura es presentar un documento mercantil, o, como dice el Diccionario de la Lengua Española, una «cuenta en que se detallan con su precio los artículos vendidos o los servicios realizados y que se entrega al cliente para exigir su pago». Como queda allí constancia de lo que ha recibido, la persona compradora revisa la factura para comprobar que lo que va a pagar se ajusta efectivamente a lo que ha demandado, adquirido o consumido. Si es así, paga la factura.

Pero esa factura no es indispensable como garantía del trabajo bien hecho, porque la persona pagadora lo pudo comprobar con anterioridad, o porque ella sabe lo que ha pedido, o porque conoce al suministrador. Y, lo más importante, la presencia del Estado no es necesaria en lo más mínimo para garantizar nada y mucho menos que el vendedor «cobrará lo justo, ni más ni menos». Esto es algo que oferente y demandante ya saben, puesto que lo han pactado libremente. El primero confía en que el segundo hará frente al pago, y el segundo en que el primero brindará el bien o servicio solicitado de forma responsable.

Se dirá que, siendo esto cierto, la existencia misma de la factura, en tanto que acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la adquisición del mismo, sí constituye una garantía para el comprador. Pero entonces ¿a qué viene que el Estado aconseje a las personas que pidan algo que, probablemente, conservarían ellas, en cualquier caso, por motivos de precaución, al constituir la factura una prueba de que una determinada operación se ha realizado satisfactoriamente? Todo indica que, en principio, las facturas serían emitidas y conservadas por ambas partes. Del mismo modo, ambas partes conservarían los recibos que certificarían la realización de pagos concretos por la entrega de bienes o servicios concretos —por esa razón se emiten normalmente por duplicado—. Para tener «las cuentas claras» y «hacer valer sus derechos», las personas normalmente emitirán y conservarán facturas y recibos de forma habitual y natural, como han hecho siempre.

Por lo tanto, si el Estado se toma la molestia o, más bien, fuerza a sus súbditos a que le entreguen dinero para financiar campañas publicitarias para aconsejar a esos mismos súbditos que pidan unas facturas que normalmente recibirían, hay un elemento que está faltando en este retrato. Y ese elemento, por supuesto, es el propio Estado.

Lo que está, en efecto, oculto en estas campañas de Mortadelo y Filemón es que la factura comporta una obligación fiscal, y dicha obligación puede llevar a la persona oferente y a la persona demandante a considerar, libre y voluntariamente, que a ambas les conviene realizar la transacción, pagarla, pero ocultarla a las autoridades. Mientras el Estado se ocupó de demonizar lo de «¿con IVA o sin IVA?», casi nadie subrayó que esa ocultación no provenía de la maldad insolidaria de sujetos sin escrúpulos, sino de un encarecimiento artificial de una transacción, encarecimiento debido exclusivamente a la acción política y legislativa.

El Estado, por tanto, se presenta como el que ayuda a los ciudadanos, cuando, en realidad, su objetivo no es garantizarles nada, sino garantizarse él mismo el cobro de determinados tributos. Por eso amenaza a los ciudadanos para que cumplan con Hacienda, faciliten su trabajo de comprobación exigiendo facturas y así se ahorren «disgustos».

Algo parecido sucedió durante la pandemia de 2020, cuando debido a la necesidad de evitar la transmisión del virus a través de monedas y billetes, se promovió el pago generalizado con tarjetas de crédito o digitalmente a través del móvil. Se llegó a hablar de prohibir el uso de dinero efectivo por razones sanitarias. Pero ese enfoque sin duda contemplaba también el aumento de la recaudación del IVA. Al estar todas las transacciones registradas en las cuentas corrientes de los individuos que pagaban con tarjeta, solamente era necesario volcar en la plataforma digital de la Hacienda Pública los datos, de manera que el cálculo y cobro del IVA por el Estado fuera automático. Siempre con el objetivo, señalado por Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, a principios de marzo de 2020, «de lograr que los impuestos sean más fáciles para los contribuyentes y hacer la vida más difícil a los tramposos».

Nótese, una vez más, que no estamos aplaudiendo ni justificando el fraude: lo que hacemos es señalar la notable característica de que la explicación del mismo sea, metódicamente, hurtada a los ciudadanos, y distorsionada en sus causas y consecuencias. Se trata, en realidad, de un fraude, de un engaño, un disfraz que, como se recordará, era la especialidad de Filemón.

Rico = empresario = culpable

En una campaña de publicidad por televisión aparece un hombre vestido de forma suntuosa; todo sugiere que es un hombre de negocios. Se comporta con desdén y despreocupación hacia todo el mundo, incluso hacia sus seres queridos, mostrando una actitud de superioridad y sarcasmo. Mientras una voz en off hace el relato, suena un tema de rock del grupo Gravity Kills, que ese año había sido un gran éxito: Guilty, o sea, culpable.

1996

TV

Este hombre engaña a sus compañeros de trabajo. Estafa a sus mejores amigos. A sus familiares. Incluso a millones de personas que jamás ha conocido. Porque cuando alguien no paga sus impuestos está defraudando a todos y cada uno de los que sí cumplen con sus obligaciones. Una buena razón para que sigamos luchando contra el fraude.

El texto repite equívocos que ya hemos señalado. En efecto, al no ser el Estado identificable con las instituciones libres y voluntarias de la sociedad civil, no pagarle no es igual a engañar a nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, familiares o a personas desconocidas. Es algo distinto, porque no brota de consenso alguno, sino de la coerción política y legislativa.

Lo interesante de este caso es que se señala con reproche a una persona rica y, como hemos indicado, con la apariencia de que es una persona que se dedica al mundo de los negocios. En efecto, una antigua propensión antiliberal invita a la desconfianza hacia los empresarios y hacia su retribución, el beneficio, a menudo considerada una retribución injusta, cuando no fruto de la explotación más inicua. El Estado se está aprovechando en este anuncio de esa imagen falaz, añadiendo una distorsión adicional. Porque, en efecto, no es evidente que el fraude fiscal esté asociado con exclusividad a los empresarios, ni mucho menos a los ricos, puesto que sabemos que lo practican millones de personas corrientes cuando tienen la oportunidad de hacerlo.

Familia, felicidad y verdad fiscal

Este anuncio repite el que ya vimos en el capítulo anterior, de 1981, en el que Bárbara Rey declaraba que la suya era una familia feliz porque no engañaban a Hacienda.

1982

TV

FAMILIA FELIZ. Y han hecho la declaración del impuesto sobre la renta. NO SE PUEDE SER FELIZ ENGAÑANDO. Y por eso dicen la verdad, también a Hacienda. Como declaran diciendo la verdad, no engañan, y como no engañan, son una familia feliz.

El eslogan general es: «Declare en beneficio de todos». Pero el mensaje subliminal es: declare para tener una familia feliz por más complicada que sea su vida.

No presentan al ama de casa convencional, sino a una mujer que trabaja, de origen humilde, que ascendió en su carrera y cuya historia de amor con Ángel Cristo, que la alejó de las cámaras, del llamado destape y las revistas musicales durante casi una década, empezando precisamente en 1980, conmocionó al país.

Ése es el activo que se presenta: una historia verdadera de gente auténtica. Fue toda una sorpresa el cambio de vida de Bárbara Rey, que pasó a dedicarse al circo de su marido, pero es totalmente comprensible que Hacienda la utilizara. En efecto, el circo es un espectáculo típicamente familiar, enfocado a los niños, que implica muchos sacrificios para llenar de ilusión unas pocas horas de los más pequeños. Se trata de una profesión compleja, vulnerable, sufrida y, a la vez, apreciada porque nos retrotrae, en segundos, a nuestra infancia. Si a pesar de todo ello esta familia es feliz, se debe a que no mienten. Y la clave es que no mienten a Hacienda. La razón de fondo no es económica, sino emocional: no se puede ser feliz mintiendo, tampoco a Hacienda.

Se siembra en el imaginario colectivo la idea de que si usted puede mentir al Estado, entonces puede mentir a cualquiera, incluida su familia. Tenemos aquí, nuevamente, la asimilación entre Estado y comunidad, entre el Estado y lo que todos apreciamos, o debemos apreciar, porque a todos nos interesa. Igual que nuestra familia.

Impuestos y los que se burlan

En una oportunidad, la Diputación Foral de Navarra lanzó una campaña contra el fraude fiscal asimilándolo a una burla:

2008

Diputación Foral de Navarra

Quienes burlan el pago de sus impuestos se ríen de ti y de todos nosotros, que sí cumplimos con nuestra obligación. Por eso, hemos reforzado las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Y ahora pedimos tu colaboración. Si quieres realizar alguna consulta o sugerencia, o tienes conocimiento de un posible fraude, contacta con el Servicio de Participación Ciudadana, 902 100 040. Ayúdanos a luchar contra el fraude fiscal. No nos defraudes.

Se utiliza el verbo burlar en el sentido de engañar a una persona y también de reírse de ella. Pero la campaña es, a su vez, engañosa, porque quien habla alega inicialmente que lo hace en nombre del conjunto de la sociedad: «todos nosotros».

A continuación, se desmiente a sí mismo, y aclara que no es así: el «nosotros» es, primero, exclusivamente los que pagan impuestos y, después, solamente la Administración: «hemos reforzado», eso no lo hace la sociedad, sino sólo el poder político. Y también «pedimos tu colaboración». Es el poder el que lo hace. La retórica es comparable a un llamamiento de las autoridades ante una invasión extraterrestre, algo parecido a lo que hacen siempre los Estados ante las guerras, y que volvieron a hacer en 2020 con la pandemia del coronavirus, durante la cual, y no por azar, refloreció la retórica política bélica.

En este caso, la Diputación Foral invita a arrimar el hombro, pero no sólo pagando, eso se da por supuesto, sino delatando. Existe la obligación legal, pero también moral, de perseguir a los criminales y de denunciar sus atropellos, pero aquí el poder nos insiste en que denunciemos a nuestra vecina si pensamos que, quizá, no paga impuestos. Llaman a eso «participación ciudadana». No es la policía. Es verdad que se habla de «consulta» o «sugerencia», pero es evidente, por todo el contexto de la campaña, que no se trata fundamentalmente de eso, sino de «un posible fraude». Basta con «posible». Posible ya es suficiente. Le cuentan al ciudadano que se burlan de él y de todos, y después lo ponen entre la espada y la pared, reclamándole que sea un delator. Ahora está claro que es el poder el que habla, no la sociedad. «No nos defraudes»: ese «nos» es el Estado, no la comunidad. Y el chantaje es diáfano: si usted no delata, es un cómplice, es otro más que se burla de quienes sí cumplimos. Y se ve una foto de un hombre que señala mientras se ríe.

En este caso, el malo no es un rico. Es la vecina.

Se trata de un engaño porque, como hemos dicho, el llamado fraude fiscal no es equiparable a los demás delitos. Efectivamente, jamás se considera la posibilidad de que la gente reaccione, y lo haga en masa, frente a una presión fiscal que pueden legítimamente considerar abusiva. Es decir, que se burle, pero en el sentido en que se usa la expresión en tauromaquia: «Esquivar la acometida del toro».

Papá accionista y la magia de los impuestos

Hemos señalado reiteradamente que el Estado, en sus esfuerzos por nublar su naturaleza esencialmente coactiva, busca identificarse falazmente con la sociedad civil. Por eso recurre una y otra vez, para procurar brindar una imagen de cercanía, a las familias. Lo vemos, por ejemplo, en unas campañas que recurrieron como música de fondo a la pegadiza canción Groenlandia, de Los Zombies, un grupo de rock español muy popular en la llamada Movida madrileña de los años ochenta.

2008

TV

Había una cosa que los niños de los ochenta hacíamos muy bien, preguntar: «Papá, ¿quién ha hecho esta carretera, y mi colegio, y el hospital?». Mi padre me decía que él. Yo no le entendía muy bien. ¿Mi padre hacía todo? Hacía magia. Hoy sé a qué se refería. Hoy sabes que tu bienestar no se ha hecho solo, sino entre todos, pagando impuestos, y que si alguien defrauda perdemos todos. Por eso la Agencia Tributaria actúa con más decisión que nunca. Para que nadie defraude tu futuro. Agencia Tributaria: así mejoramos todos.

En la primera parte del anuncio, aparecen imágenes de la época, donde se hacen coincidir palabras del texto con imágenes: «preguntar» con un niño preguntando, «carreteras» con carreteras, «mi padre hacía todo» con un padre cambiando una rueda.

El truco aparece en la segunda parte. Se escucha la misma melodía con un aire moderno, y los personajes pretenden ser esos niños, que ahora son adultos profesionales, y que, por fin, comprenden la profunda verdad que les enseñaron sus mayores: todo aquello de lo que disfrutamos es obra del Estado, una obra pagada con los impuestos. Si no hubiese impuestos, no habría carreteras, ni colegios, ni hospitales. Y como Hacienda somos todos, también lo eran nuestros padres, lo era ese padre del anuncio, que responde como si fuera «accionista» de una «empresa» que fuera la propietaria de las carreteras, los hospitales y las escuelas. Es la «magia» de los impuestos, que logra que, gracias a todos, usted tenga bienestar. Por tanto, quien defrauda a Hacienda, defrauda concretamente a cada persona que paga. Más aún: defrauda el futuro de cada persona, que debería estar en las sabias manos del Estado.

Nada de esto se sostiene, porque es la sociedad la que crea la riqueza y el bienestar, no la política. De hecho, sin la sociedad civil y la economía de mercado no habría prosperidad, ni impuestos que el Estado pudiese recaudar para gastar. Todo lo que el Estado hace, desde las carreteras hasta los hospitales, se podría hacer sin él, puesto que lo hace con el dinero que les arrebata a sus súbditos, contra su voluntad y con la fuerza de la ley. Es cierto que en la sociedad y el mercado conseguimos nuestro bienestar gracias a los demás, pero precisamente eso demuestra que el Estado es contingente y no necesario. Y que no pagarle impuestos es defraudarle a él, en primerísimo lugar, y no a la comunidad. Con los impuestos podemos mejorar todos o la mayoría, o no: dependerá de cómo sean, y no es verdad necesariamente la generalización en la que incurre sistemáticamente la Agencia Tributaria, proclamando como en este caso: «así mejoramos todos».

En una línea similar, aunque más personalizada, argumenta otra campaña que evoca el pasado de muchas familias españolas, que recuerdan su emigración del pueblo a la ciudad y mantienen, en su mayoría, vivo el recuerdo y la querencia de la vida en los pueblos.

2008

TV

En los años ochenta o vivías en un pueblo o en un barrio. Y, claro, nos sabíamos la vida de todos. De don Matías se decía que era muy listo, engañaba a Hacienda, se hacía rico a costa de los demás. Pero hoy cuando miro lo que me rodea, me alegro de no parecerme a don Matías. Y de que haya menos gente como él. Hoy somos más solidarios y sólo una minoría defrauda. La Hacienda Tributaria actúa decididamente contra esos pocos insolidarios. Para que nadie pueda defraudarnos a todos. Agencia Tributaria: así mejoramos todos.

Con la misma música de fondo de Los Zombies, desfilan imágenes de la época, pero aparece en concreto un defraudador, don Matías. Es un sujeto desagradable, vestido con traje marrón con chaleco y pelo engominado. Prepotente, palillo en la boca, tiene éxito con las mujeres, juega al billar mientras mira libidinosamente a la chica, se prepara un cóctel y transmite la sensación de que es capaz de hacer cualquier cosa, menos trabajar. Es un tipo sin empatía, socarrón, se diría que vive del aire. O de los demás. Contrasta vivamente con la imagen del protagonista, que afirma: «Hoy cuando miro lo que me rodea, me alegro de no parecerme a don Matías». Quien habla es un muchacho mucho más joven que don Matías, con camiseta, cazadora vaquera y aspecto moderno.

A partir de entonces, las imágenes se corresponden con un país actual, casi futurista, y la manera de diferenciar a los «pocos defraudadores» es ocultar sus ojos. Les tapan los ojos con una especie de luz blanca. De esta forma, tienen aspecto de extraterrestres sin mirada, incapaces de ver a los que tienen alrededor. Están entre nosotros, mas no podemos reconocerlos. Menos mal que la Agencia Tributaria actúa decididamente contra ellos. Menos mal, porque nuestro mundo —lo que me rodea— se debe a la Agencia Tributaria, es fruto de los impuestos. Por eso el joven proclama: «me alegro de no parecerme a don Matías», un ser detestable que impide que llegue el futuro.

Esta campaña es un fraude por partida triple. En efecto, comienza por repetir dos mentiras, porque identifica Estado y sociedad, y asocia el impago de impuestos al robo liso y llano, que es lo que practican quienes se enriquecen «a costa de los demás». Hemos visto ya que son solapamientos más que cuestionables. En tercer lugar, aquí claramente se equipara al defraudador con el rico. No es casual que se llame a este personaje indeseable «don». Todos sabemos, y la Agencia Tributaria también lo sabe ahora y lo sabía entonces, que tal equiparación es profundamente mendaz. Ya entonces efectivamente era moneda corriente la constatación de lo contrario y la plena consciencia, por ejemplo, de las numerosas peonadas que comportaban un cuantioso fraude realizado por individuos normales y corrientes, animados por políticos, sindicatos y burócratas, en varios lugares de España, a la vista de todos.

Quizá de modo inconsciente la música de fondo revelaba la propensión persecutoria que, tras tales argumentos engañosos, animaba y anima a la propia Agencia Tributaria. Éste es el estribillo: «Yo te buscaré en Groenlandia / En Perú, en el Tíbet / En Japón, en la isla de Pascua / Y yo te buscaré en las selvas / De Borneo en los cráteres de Marte / En los anillos de Saturno».

Los pícaros y los que pagan

Así como en 2008 las autoridades habían recurrido en Navarra a la idea de la burla para estigmatizar a los evasores de impuestos, diez años más tarde utilizaron la picardía:

2018

TV

En 2017, Hacienda Navarra logró recuperar 139 millones de euros de lo defraudado. 139 millones es mucho dinero. Y da para más de lo que imaginas. Por ejemplo, equivale a la suma de: 22.000 complementos de las pensiones, más de 3.000 operaciones de cadera, más de 5.000 ordenadores para el alumnado, 289 kilómetros de conservación de carreteras, y más de 3.000 ayudas para la dependencia. Defraudar no es picardía, sino más bien una actitud insolidaria y egoísta que nos sale muy cara a toda la ciudadanía navarra. Por eso, no engañan a Hacienda, te perjudican a ti. Fraude fiscal: tú también lo pagas.

Esta campaña fue titulada con la idea de que «tú también pagas» el fraude fiscal, asociando falazmente, como vimos, la presión fiscal con el grado de cumplimiento de las normas tributarias.

En este spot televisivo aparece el escudo de Navarra sobre fondo blanco y, a medida que la cámara se aleja, comprobamos que se trata de un escudo pintado en un plato que está cayendo y que, finalmente, se rompe al chocar contra el suelo. Seguramente, una alusión a lo que acabamos de apuntar, es decir, a la idea de que el contribuyente paga injustamente los platos rotos por los evasores.

Los protagonistas del vídeo, que es una infografía, son un hombre y una mujer que representan al ciudadano medio. Van preguntando cuestiones y reaccionando con asombro, tristeza o claro enfado, ante las respuestas del locutor. La mujer, enfrentada al eslogan, pregunta: «¿Yo? ¿Por qué?». Las explicaciones les dejan primero asombrados y luego enfadados. Se cuestionan con interrogantes —«¿insolidario?, ¿egoísta?»— y se muestran enojados también por eso. Es claro que la emoción atribuida con más frecuencia e insistencia al ciudadano es la indignación, incitando así a una actitud análoga por parte de los telespectadores. El mensaje de Hacienda viene a ser: esto no le preocupa a usted, porque no sabe, pero deje que le cuente, y ya verá cómo se irrita y le entrarán ganas de «colaborar» con el Estado.

Sabido es que la picardía tiene una acepción loable en nuestra lengua: «listo, espabilado». Esto es, precisamente, lo que la campaña quiere desmontar, para centrarse en la segunda acepción: «tramposo y desvergonzado». Pero la propia campaña contiene un claro componente engañoso, además del clásico, según el cual pagamos muchos impuestos porque otros no pagan.

En efecto, el anuncio insiste, sobre todo, en destacar que con el dinero de los impuestos, en este caso el dinero «recuperado» de los evasores, que es «mucho dinero», se pueden hacer muchas cosas, «más de lo que imaginas». Y, a continuación, viene la típica traducción de la recaudación fiscal, en términos de cosas indiscutiblemente buenas para los ciudadanos. El truco es la ignorancia de que ese dinero, que está en manos del Estado y que con él hace cosas buenas, si hubiese permanecido en las carteras de las personas, no se habría despilfarrado, sino que esas personas lo habrían gastado en satisfacer sus necesidades y las de sus familias.

«Hacienda somos casi todos»

En 1987, para celebrar el avance en el cumplimiento del pago de los impuestos, las autoridades lanzaron una campaña titulada: «Hacienda ya somos casi todos». Un año más tarde se estrenó la comedia Hacienda somos casi todos, una película escrita y dirigida por Mariano Ozores, y protagonizada en los papeles principales por Antonio Ozores y Ricardo Merino.

Cuenta la historia de Fausto Camarilla —ni el nombre ni el apellido parecen casuales—, un médico que es presentado como un mal padre, porque no se ocupa de su familia, un mal marido, porque se acuesta con la enfermera, a la que mantiene en un pisito-picadero pero a la que no ama, y un mal profesional, porque es muy poco responsable.

Las declaraciones de la renta le salen siempre negativas, porque amaña los papeles. Un día recibe la visita imprevista de Adrián, un inspector fiscal a quien él ya conocía, porque era compañero de colegio. Las rencillas infantiles afloran y llevan a Adrián a intentar demostrar el fraude que ya intuye. Su jefe le explica que si hay algo personal debe retirarse del caso, y así lo hace. Y le dice: «En realidad, es sólo un evasor de impuestos, ¿no le tendrás envidia?». Pero Adrián no tira la toalla y pide un mes de permiso para dedicarse, de manera privada, a investigar a Fausto. Para ello, emplea todos los recursos posibles, por ejemplo, ciudadanos que cometen fraude y a los que promete perdonar la deuda con Hacienda por diez años. Él también tiene una amante, y lejos de luchar contra la corrupción por nobles razones, se deja llevar por el rencor. La situación se complica cuando entran en juego las amantes y las esposas de ambos. Es una comedia ligera, que tiene interés, desde nuestra perspectiva, no sólo por el retrato deshonesto del defraudador, pintado con los peores colores, sino también del recaudador, lo que no suele ser habitual.

El humor a propósito de los impuestos, y en concreto de la evasión fiscal, empezó temprano en la España democrática. Ya en agosto de 1978, Mingote publicó una viñeta en ABC en la que aparecían dos hombres junto a una valla con la consigna que acababa de lanzar Hacienda, y que comentamos en el capítulo 1: «Ahora, Hacienda somos todos». Uno de los hombres dice: «Yo obedecí esta consigna y no veas el cachondeo». Y el otro responde: «Una cosa es predicar…».

Por qué hay que pagar

Hacienda presentó en 1986 un documental titulado: Por qué hay que pagar impuestos. El eje es una familia de clase media y el documental va ilustrando con imágenes de archivo diferentes temas.

Sostiene que el progreso social estriba en una distribución «equitativa» de la renta, algo que, naturalmente, es algo que ignoramos exactamente en qué consiste, pero que sabemos que es algo que establece y lleva a cabo el Estado. Por supuesto, no se explica por qué esto es así, y por qué debe ser así, pero lo importante es que ha de quedarle claro al espectador que el Estado necesita mucho dinero para realizar su labor bienhechora.

Se muestra la vida de la familia en forma de oda a los bienes y servicios públicos. El padre va en bus, saluda al agente de tráfico, la madre visita al médico y va a correos a mandar una carta, el niño va a la escuela pública y después visita la biblioteca pública. Cuando salen de compras se sienten seguros porque «nadie va a engañarlos». Van de vacaciones a la playa en un coche que transita por carreteras y autopistas.

Tras esta minihistoria se explica que, históricamente, en los países occidentales, el Estado se ocupaba de la defensa, la justicia y el orden público, pero esas funciones resultaron insuficientes: nadie brinda ninguna explicación de por qué resultaron insuficientes y para quién resultaron insuficientes. El hecho es que el Estado amplió sus funciones a las carreteras y los transportes marítimos y aéreos para comunicar a las personas, que al parecer no se podían comunicar sin él. Siempre se pone el énfasis en lugares poco poblados, para trasmitir la sensación de que el Estado se ocupa de los débiles sin recursos, una antigua y repetida falsedad. La idea es que el espectador concluya que no puede haber iniciativa privada para que nos comuniquemos todos.

También se transmite la noción de que fue necesario nacionalizar los servicios públicos, como Correos, para que las cartas y paquetes llegaran a todos los ciudadanos. Pero, también la sanidad, otra vez, con el mendaz argumento de que sin Estado no habría sanidad más que para una minoría: ya indicamos que antes del Estado de bienestar, la sociedad civil se organizaba para brindar servicios públicos a la gran masa de la población a través de sindicatos, mutualidades y otras organizaciones. El documental ignora todo esto porque le interesa insistir en la indispensabilidad del Estado para brindar «derechos», como la sanidad. Otro tanto sucede con la educación, que también es un derecho, y el Estado tiene el deber de suministrarla de forma «gratuita», aunque su coste es considerable. Lo mismo vale para la vivienda, que ha de ser digna y adecuada, y como la renta de las personas es insuficiente, entonces el Estado interviene, ayudando directamente al ciudadano, o indirectamente, ayudando a empresas privadas para que construyan y vendan a un precio asequible. Incluso el Estado se ocupa de resolver el paro, mediante un seguro obligatorio del retiro obrero ampliado a la situación de despido involuntario.

Además de estos servicios y bienes, el Estado ha de llegar allí donde considere que puede beneficiar a la sociedad. Por ejemplo, el turismo, el patrimonio cultural y artístico, el deporte (exigencia del mundo moderno que implica costes de instalaciones), la conservación del medio ambiente, los disminuidos físicos y mentales (los llama así, no había llegado aún el lenguaje políticamente correcto), la suficiencia económica de la tercera edad, la investigación científica, etcétera.

Es tan descaradamente falsa esta idea del Estado como ente puramente benéfico, que el documental se ve obligado a sugerir de dónde sale el dinero para que tantas obras magníficas puedan ser acometidas. Y es, sorpresa, otra buena labor del Estado: la distribución de la renta. Así, el Estado alcanza sus loables objetivos quitando a unos y entregando a otros, sea directamente (pensiones, ayudas, subvenciones) o indirectamente (subvencionando la producción de bienes). Por otro lado, las regiones menos desarrolladas reciben ayudas para desarrollar regadíos o industrias que crean empleo y mejoran el desarrollo.

Independientemente de los patentes fallos reales del Estado, desde la ineficiencia hasta la corrupción, lo que parece claro es que el documental defrauda en su propósito, porque realmente no explica por qué hay que pagar impuestos. No queda claro que lo que hace el Estado no se haría en su ausencia, ni tampoco que sea justo ni necesario. Mucho menos queda claro que si no se pagan impuestos, entonces no hay becas, no se cultivan las tierras y las fábricas se cierran.

Hay que reconocer, sin embargo, que quizá resultaría difícil realizar un documental explicando que hay que pagar impuestos porque el Estado obliga a las personas a pagarlos.

Fraude fiscal: héroes y villanos

En la retórica del poder, los grandes villanos son los que no pagan impuestos. La elusión y la evasión son lo peor de lo peor. Se las identifica con el robo. Sin embargo, como no lo son, el poder se esmera en presentar a los defraudadores como si fueran estafadores o ladrones en sentido estricto, es decir, con víctimas definidas; de ahí la reiteración de mensajes del estilo: «te perjudican a ti».

En ese sentido, y como en cualquier otro delito, se insta al ciudadano a participar en su persecución, como lo haría con un criminal que lo asaltase a él mismo por la calle o en su casa. Y así como se habla siempre de que al Estado lo defraudan, pero él nunca defrauda, se repite que la persecución que lleva a cabo el poder es reflejo del interés general, como con cualquier otro quebrantamiento de la normativa. Por ejemplo, en 1985 decía Hacienda: «Usted que paga sus impuestos tiene derecho a exigir […] que se persiga y sancione a quien defraude».

Es un peculiar sarcasmo que fuera, precisamente, en esa época cuando Hacienda perpetró la fabulosa mentira, ya mencionada, prometiendo: «Si todos pagamos, pagaremos menos».

Resulta difícil, si no imposible, encontrar personas que aplaudan la evasión fiscal, a pesar de que sabemos que millones la practican. En cambio, son frecuentes los equívocos a propósito de la fiscalidad, que nublan la distinción entre héroes y villanos. Por ejemplo, cuando se nos dice: «Está bien que cobren impuestos, pero si los gastan bien». Incluso: «A mí no me importa pagar más impuestos». O la afirmación de Bibiana Fernández, tal y como vimos en el capítulo 3, que no se quejaba del pago de los impuestos, sino de los intereses de demora.

El truco del primer ejemplo, naturalmente, estriba en que la sociedad no decide el gasto público, ni su monto ni su destino; lo hace un mecanismo político en el cual la participación de las personas está más que mediada. En el segundo ejemplo, el truco consiste en que la cuestión determinante no es la voluntad de una persona a la hora de entregarle más bienes al Estado, algo que, por cierto, cualquiera puede hacer, incluso puede entregarle todo lo que posee. La cuestión determinante, por supuesto, como ya hemos indicado, es si una persona, o varias, partidarias de pagar más van a poder obligar al conjunto de las personas de una comunidad a hacer lo propio.

La historia de la fiscalidad es paradójica a la hora de calificar a los héroes y los villanos, porque a menudo los que se negaban a pagar impuestos eran los primeros, y no los segundos.

Con el Estado moderno, en cambio, el impago de impuestos:

Lejos de ser la heroica actitud rebelde frente a la arbitrariedad señorial, será considerado como una conducta irresponsable en relación con los deberes de esa «gran hacienda» que representa los intereses de la comunidad estatal […] [el impuesto genera] una suerte de solidaridad obligada entre los contribuyentes, donde cada uno está dispuesto a pagar con la condición de que los demás también lo hagan […] se basa en una coacción libremente aceptada por el conjunto de los ciudadanos. (Delgado Lobo y Gutiérrez Lousa, 2004, p. 147)

Esta visión, pueril pero muy generalizada, consiste en considerar que lo que el Estado dice es verdad porque él lo dice o los teóricos de la política lo ratifican. Por tanto, se supone que vivimos en un «Estado liberal» y en una «democracia liberal» y, al haber dejado atrás «la arbitrariedad señorial», la obligación de pagar impuestos es una muestra de responsabilidad con la sociedad, que se plasma en (estas expresiones son particularmente entrañables) «solidaridad obligada» y «coacción libremente aceptada».

Nada de esto, por supuesto, tiene ningún fundamento, ni teórico ni empírico. Simplemente se da por sentado lo que debería demostrarse, a saber, que el ciudadano es idéntico al contribuyente y que debe aceptar pagar los gravámenes que se le impongan, como contrapartida a los servicios que el ciudadano «necesita». Como ya hemos apuntado, entre las «necesidades» de las personas jamás se considera la de conservar lo que es suyo.

Las ficciones más extendidas a este respecto suelen incluir la clásica de que hay cosas demasiado importantes como para dejarlas «al albur del mercado», o las ya mencionadas y clamorosas mentiras de que debemos dar gracias al Estado porque neutralizó el furor revolucionario de las clases populares, o de que podríamos pagar menos impuestos «si todos pagaran lo que les corresponde». Otros lugares comunes consisten en revestir al Estado de un marco ético conforme a objetivos incuestionables, incluyendo la igualdad de oportunidades, de tal modo que resulte vedado el cuestionamiento del propio Estado y de su coacción. Se ha perdido por completo de vista que el Estado nos puede proteger, sí, pero nunca de él. Al contrario, el Estado es, como diría Octavio Paz, un ogro filantrópico:

Administración tributaria y contribuyentes ya no deben percibirse a sí mismos como antagonistas […] nadie discute ya la necesidad de pagar impuestos […] [sino sólo] cuánto gastará el Estado y para quién. (Ibídem, pp. 151 y 160)

Los argumentos convencionales tropiezan con la patente contradicción de que se supone al mismo tiempo que las personas queremos voluntariamente el Estado y que nos debe perseguir para que le paguemos, porque evidentemente no deseamos hacerlo.

Cabría argumentar que hay realmente necesidades colectivas, no sólo individuales. En ese caso, cada persona preferiría que todos paguen menos ella, lo que no es practicable. Entonces, se abren dos opciones: que nadie sea obligado a pagar o que todos lo sean. Podemos suponer legítimamente que las personas elegirán esto último, y concluir, por tanto, que el Estado viene a ser algo voluntario. Rothbard sostiene que esto es absurdo: «Si la decisión fuera realmente voluntaria, ninguna coerción impositiva sería necesaria: la gente, voluntaria y públicamente, acordaría pagar su cuota de contribución al proyecto común». Esto sería así porque se supone que todos prefieren tener determinados bienes o servicios públicos antes de no pagarlos y no tenerlos. La idea es que dichos bienes o servicios no pueden ser suministrados por el mercado: deben serlo por el Estado, porque individualmente la gente se escaquearía del pago. Pero Rothbard advierte de que esto es razonar en círculos, porque la gente se escaquea del pago precisamente porque es el Estado y no el mercado el que provee los servicios. El hecho mismo de que el Estado provea un servicio significa que éste queda desvinculado de su pago, es decir, lo contrario de lo que sucede en el mercado (Rothbard, 1956, pp. 256-257).

Bagus y otros autores subrayan que la coerción quiebra el vínculo entre el pago y lo que se recibe, que es la característica del mercado. El gasto público no refleja la preferencia de los contribuyentes. Tampoco en democracia.

Para que la evasión fiscal sea de verdad la villana, para que sea no sólo legal, sino legítima y éticamente punible, debe existir una obligación moral de pagar impuestos. Y su existencia es cualquier cosa menos evidente. El que haya que financiar bienes públicos no es ninguna prueba, porque no se puede determinar qué bienes públicos son necesarios y en qué cantidad, y cuáles son las necesidades sociales que suponen el deber de una persona concreta a financiarlas. En ausencia de criterio objetivo alguno, la supuesta ética fiscal se desvanece y también la lógica. En efecto, nunca arribaremos a ninguna conclusión si decimos que podemos recurrir a la fuerza para sacarle el dinero a la gente, porque pensamos que así satisfacemos una necesidad que creemos debe satisfacerse así, etc. Pero esto no es moral, porque la moral especialmente prohíbe algunas acciones, es más negativa que positiva, y al contrario, lo que sí veta la moral es usar la fuerza para imponer una moral sobre la gente. La coerción sobre inocentes es injusta, aunque pueda ser legal, como lo fue la esclavitud. La defensa de la propiedad, en cambio, es justa, y así podría defenderse la evasión como una especie de voto en contra de la legitimidad del Estado, una suerte de derecho de secesión ejercido sin violencia (Bagus et al., 2011, pp. 379-382).

Y al revés:

Quien considere que el sistema tributario es justo, estará más predispuesto a cumplir voluntariamente. (Grande Serrano, 2019, p. 5)

Se comprende el interés del Estado en promover entre sus súbditos esa impresión, recurriendo a la psicología económica. El problema, como suele suceder, son las contradicciones que el propio Estado imprime a su dinámica. Mientras que, en principio, parece que la gente debería percibir que los impuestos son justos si está conforme con los servicios públicos, la mayoría de la población «considera que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica poco o nada el pago de los impuestos» (Ibídem, p. 12). Y al final, la forma que el Estado, después de muchas elucubraciones, considera más pertinente a la hora de extraer dinero de las personas no es convencerlas de que la tributación es justa y los servicios públicos magníficos, sino cobrarles sin que se enteren y sin que tengan la opción de decidir si desean pagar o no, mediante retenciones o impuestos indirectos o especiales.

A pesar de todas las campañas para estigmatizar al evasor como el villano y canonizar al contribuyente cumplidor como el héroe, el Estado no ha conseguido persuadir a la población de su propia necesidad:

Menos de la mitad de los entrevistados en 2017 (el 45,2 por ciento) considera que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica bastante o mucho el pago de los impuestos, frente a alrededor de seis de cada diez que opinan lo contrario —poco o nada—. […] La mayoría de los entrevistados ha venido manifestando que los impuestos que se pagan son poco o nada adecuados en relación con los servicios y prestaciones que se reciben. (Instituto de Estudios Fiscales, 2018, pp. 19-20)

Una y otra vez queda claro que los ciudadanos españoles consideran que pagan muchos impuestos.

Asimismo, la población tiende a desconfiar de las Administraciones Públicas a la hora de la fiscalidad, por ejemplo cuando nos aseguran que los impuestos son justos porque castigan más a los más ricos o cuando alegan que los impuestos pueden subir en España porque son más altos en otros países de Europa. A pesar de ello, y tras seis victorias electorales socialistas de la democracia española, casi veinte años al frente del gobierno, aún hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno socialista, juega con la idea de un impuesto sobre los ricos, esta vez sí que sí.

Se nos dice que la imposición es progresiva, pero toda la imposición indirecta es regresiva, en el sentido de que grava en particular a las familias más pobres y que gastan una proporción mayor de su renta en consumo. Esto afecta también a los llamados «impuestos pecado», cuyo pretendido objetivo es desanimar el consumo de sustancias consideradas no saludables, como el tabaco o el alcohol. Parece que castigan especialmente a las personas más pobres, no sólo porque puede que ellas consuman una cantidad relativamente mayor de estos bienes como porcentaje de su renta, sino porque además su demanda es inelástica, o sea, no se reduce en proporción al aumento de su precio, sino en una proporción mucho menor:

Si las cantidades adquiridas de bebidas alcohólicas, tabaco y la mayoría de los bienes gravados de forma selectiva sólo descienden modestamente cuando suben sus precios debido a los mayores impuestos, entonces la justificación de gravarlos selectivamente para modificar la conducta de la gente resulta debilitada. En tales casos, el objetivo político declarado de establecer esos impuestos para regular un consumo socialmente indeseable o malsano no es más que una cortina de humo para desviar la atención del objetivo real de las autoridades, a saber, generar ingresos fiscales con un coste político relativamente bajo. (Hoffer y Shughart, 2018, pp. 65-66)

Un engaño análogo es cuando se dice que el impuesto sobre esas sustancias se destina a financiar los costes sanitarios derivados de su consumo, lo que claramente no es así, porque los ingresos nutren la caja general de Hacienda. Otro tanto se puede decir de los nuevos impuestos planteados en tiempos más recientes sobre el consumo de sustancias consideradas desaconsejables por el poder y diversos grupos de presión, como las bebidas azucaradas o las chucherías de los niños. No está claro que realmente modifique la conducta de las personas: parece que la gente no deja de fumar ni de beber porque suban los impuestos, sino por otras razones; no dejó de beber durante la Ley Seca en Estados Unidos, ni tampoco de consumir drogas en nuestro tiempo, a pesar de que están prohibidas, es decir, se les aplica algo equivalente a un impuesto infinito.

Como hemos dicho, los impuestos no son establecidos por ángeles, sino por políticos que desean legitimarse con diferentes excusas o por grupos de presión que pretenden más beneficios o influencia, y la población parece percibir que el objetivo de los tributos no es tanto el laudatorio de sus objetivos explícitos, sino la lisa, llana y creciente recaudación. Estos y otros engaños por parte del poder deberían ser incorporados en el análisis. En vez de simplificar la cuestión en términos de héroes y villanos, convendría pensar en el paternalismo de las autoridades y la reacción que las personas pueden emprender para neutralizar la acción estatal. Por ejemplo, defraudar.

Capítulo 5
La propaganda esconde

El arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznidos.

JEAN BAPTISTE COLBERT

A lo largo del presente libro hemos apuntado que el Estado, una de cuyas declaradas virtudes es la transparencia, ha escondido a menudo la realidad de la Hacienda Pública. Revisaremos en este último capítulo diversas muestras de este encubrimiento, llevado a cabo sistemáticamente tanto por el poder como por los grupos de interés y los intelectuales, ganados desde hace tiempo para la causa antiliberal:

Los pensadores liberales empezaron a descuidar el desarrollo de la filosofía general del liberalismo. Durante algo más de medio siglo, sólo los socialistas han ofrecido algo parecido a un programa explícito de desarrollo social, una imagen del futuro de la sociedad que ambicionaban, y un conjunto de principios generales para conducir las decisiones sobre temas concretos. Aun cuando sus ideales padecen intrínsecas contradicciones, y cualquier intento de llevarlos a la práctica debe producir algo totalmente diferente de lo que ellos esperan, eso no cambia el hecho de que su programa de cambio sea el único que ha influido en el desarrollo de las instituciones sociales. (Hayek, 1998a, p. 276)

Un escamoteo primigenio remite al hecho mismo de la fiscalidad, precisamente por lo que ya en el siglo XVII intuyó Colbert, el ministro de Luis XIV, y que la realidad se ha encargado de ratificar a lo largo de la historia: la abrumadora mayoría de la gente sencillamente no quiere pagar impuestos, sino conservar lo que es suyo. Es verdad que, en tiempos modernos, no abunda el descaro con que Colbert explicó la fiscalidad, y el pensamiento mayoritario deambula entre fuegos de artificio para negarse a reconocer esa verdad.

La historia de la fiscalidad no sólo prueba que el poder ha intentado siempre desplumar al contribuyente y, al mismo tiempo, que no proteste, sino que, además, ha procurado, y conseguido, que se acostumbre a ser desprovisto de una cantidad creciente de plumas.

Ya vimos en el capítulo 1 que ilustres pensadores se equivocaron, en gran medida, a la hora de precisar cuál es el umbral más allá del cual el pueblo se niega, a veces con violencia, a respetar las normas fiscales, contra las que plantea numerosas quejas (García López, 1975, p. 57). Tal vez, la excepción es Paul Leroy-Beaulieu, quien, en 1906, explicaba:

El nivel de los impuestos puede calificarse de moderado si la relación de todos los tributos a la producción nacional alcanza el valor del 5-6 por ciento. Los impuestos son gravosos si la expresada relación sube al 10-12 por ciento. Más allá de esta última cifra, los impuestos son exorbitantes, acarreando muy graves consecuencias para el desarrollo del país y para la libertad de los ciudadanos. (Leroy-Beaulieu, 1906, p. 170)

Desde luego, parece claro que, en principio, la presión fiscal ha de tener límites, como decía Schumpeter:

Cuanto más se acerca el Estado fiscal a estos límites, tanto mayor es la resistencia y la pérdida de energías con que opera. Un ejército cada vez mayor de burócratas para hacer cumplir las leyes fiscales, la investigación fiscal, se hace cada vez más impertinente, la trapacería fiscal cada vez es más insoportable. El cuadro del absurdo despilfarro de energías muestra que el significado de la organización del Estado fiscal descansa sobre la autonomía de la economía privada y que esta significación se pierde cuando el Estado no puede respetar por más tiempo esta autonomía. (Schumpeter, 1970, p. 159)

¿A qué se debe que los economistas y los hacendistas no hayan sabido precisar la ubicación de ese umbral? Posiblemente a que ignoraron el sabio aviso de Hume que citamos en el capítulo 3: la libertad casi nunca se pierde de repente y de una sola vez.

La historia de los impuestos lo prueba, porque, a pesar de las protestas populares, la gente se va acostumbrando a unos niveles de opresión fiscal que, vistos desde la perspectiva del presente, resultan increíbles:

En nuestros días no podemos hacernos ni siquiera una remota idea de la penosidad inicial, de la alarma pública, de la resistencia obstinada, que provocaron impuestos que hoy se pagan pacíficamente. (Puviani, 1972, p. 173)

Cantidad y forma

El Estado no sólo esconde la realidad de una presión fiscal creciente, sino que también disimula que las formas de la fiscalidad han ido cambiando en la dirección de crecientes recortes de la libertad de las personas. Podemos recordar que cuando Adam Smith estudia los impuestos, tiende a favorecer la tributación directa. No lo hace exclusivamente por razones económicas —por ejemplo, porque favorece el ahorro—, sino también por razones morales, que subraya especialmente. Sostiene, con acierto, que el Estado no puede recaudar eficazmente impuestos directos sin inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos. Y tal entrometimiento le parecía del todo incompatible con la libertad de la gente:

Una inspección de la vida privada de las personas sería una fuente de vejaciones tan continuas e interminables que ningún pueblo sería capaz de soportar. (Smith, 2017, p. 757)

Sólo cabe esbozar una sonrisa si comparamos este diagnóstico alarmado de Smith con la realidad fiscal de nuestro tiempo, en el que hemos llegado a aceptar sin rechistar un fisgoneo inquisitorial del Estado, hasta en los últimos rincones de nuestros ingresos, ahorros, inversiones y propiedades.

Este fenómeno de pérdida de hábitos de libertad ha sido hábilmente explotado por las autoridades, que han convertido el engaño en el fundamento de la fiscalidad, especialmente bajo el sistema democrático, en el cual la ocultación es más urgente que nunca debido al aumento de la presión fiscal que la democracia, como ya hemos explicado, suele producir. Para ello, el Estado despliega un abanico de excusas que apelan a las emociones, la justicia, la lealtad, el patriotismo y el temor:

Para mejorar el sentimiento hacia los impuestos propuestos, así como hacia cualquier otro producto político, se pone énfasis en la equidad y los incentivos. Para mejorar la opinión hacia los impuestos aprobados (lealtad), las normas fiscales se insertan en la bandera, por decirlo así, como se hace en la guerra con los bonos. Para conquistar ese sentimiento mínimo necesario para conseguir el consentimiento a los impuestos, se afina la recaudación y la disconformidad se vuelve más costosa (como es el empeño en que los patronos retengan los impuestos sobre la renta) […]. Los Gobiernos se han esforzado por mantener unos beneficios [del gasto público] nítidos y concretos e impuestos distintos y difusos. Incluso en el colmo del cinismo, al mismo tiempo que se cargan los sistemas existentes, los Gobiernos prometen que la reforma está precisamente a la vuelta de la esquina y así alientan al vulnerable a permanecer en este estado. (Reid, 1986, pp. 347 y 360)

Fisco confuso

Incluso si aceptamos que el Estado es capaz de engañar a la población, aumentando la presión fiscal sin que ésta se subleve, cabría preguntarse: ¿por qué no suben los impuestos indefinidamente?

Para despejar estas cuestiones parecería razonable incorporar la propia lógica del poder político, que es lo que intentamos hacer en este libro, aunque conviene subrayar que la visión tradicional de la Hacienda Pública tiene dificultades para plantear este tipo de enfoque, quizá porque parte de la base de nociones maleables de equidad y de justicia, como si fueran fácilmente trasladables a esquemas concretos de tributación, como si pudiese realmente establecerse cuál es el impuesto justo. Asimismo, es arduo incardinar la ética, que por definición es libre, en la fiscalidad, que por definición es coactiva.

La escena está preparada para la confusión, y normalmente abunda. Se emprenden vericuetos, como que el impuesto ha de sufragar el bien común o que debe ser proporcional a la capacidad de pago, etc. Algunos ingenuos se declaran satisfechos argumentando que, como el gasto público representa una ganancia social, dicha ganancia compensa la pérdida de capacidad económica soportada por los contribuyentes. Se afina la cuestión de la equidad horizontal (tratar igual a los iguales) y la equidad vertical (tratar desigual a los desiguales), con lo que, naturalmente, no puede llegarse a ninguna conclusión sólida, y muchos terminan aferrándose, con más o menos desparpajo, a la vidriosa noción de que un impuesto es justo si es legal, lo que es más que dudoso, como vimos cuando citamos las ideas de Wicksell sobre la tributación justa, en el capítulo 2.

Estos asuntos, y sus complejidades y contradicciones, no son expuestos a la opinión pública y son habitualmente ignorados por la política y los medios. Incluso parecen ignorarlos los expertos en Hacienda Pública, que, de cuando en cuando, son convocados por las autoridades para que brinden sus eruditos consejos, pero después no reflexionan sobre por qué no se les hace caso.

Abundan, en efecto, los hacendistas que se afanan en asesorar a los Gobiernos para que mejoren la gestión fiscal, siempre bajo la restricción de no reducir ni un euro el gasto público. Al mismo tiempo, lamentan que la imposición sea lo que es: muy elevada o directamente confiscatoria, injusta, arbitraria, impredecible, etc. Curiosamente, no parecen percibir la simetría de ambas circunstancias. Pareciera que se empeñaran en buscar un león vegetariano en vez de ponderar los instintos de las fieras reales.

En mayo de 2018, la prensa se hizo eco de la llamada Declaración de Granada. En ella, una treintena de catedráticos criticó el fraude fiscal y «la utilización torticera por parte de los poderes públicos de los recursos allegados». Los profesores se confesaron perplejos ante «el desvalimiento de la Ley», cuando «se ha ido consolidando la primacía del poder ejecutivo frente al legislativo». Objetaron que la Hacienda Pública se haya convertido en agente de la razón de Estado, que descansa en un único pilar: la recaudación. En los márgenes del camino se han ido quedando la ley, la seguridad jurídica, y las garantías y los derechos de los contribuyentes, no tratados ya como ciudadanos, sino como súbditos. Estos profesores se habían dado de bruces con la realidad, como si no hubiera habido antes probados testimonios de la lógica del poder político que lo conducirían hacia esos derroteros. Parecía que habían descubierto el despilfarro, las inversiones improductivas, los intereses creados, la normativa fiscal indescifrable, el afán recaudatorio, la fijación de impuestos según la conveniencia del poder, el empleo ordinario de la deuda pública, otrora «un recurso excepcional», e incluso que, en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno consigue votos afirmativos a cambio de «determinadas concesiones». Más vale tarde que nunca, podríamos decir, y en todo caso, saludar que los expertos adviertan que la Hacienda Pública puede desembocar en «un ordenamiento pro fisco que, en no pocas ocasiones, nada tiene que ver con el que demanda el interés público».

No traemos en absoluto a estos grandes expertos a colación para cuestionar su valía, sino al contrario, para subrayar su relevancia y para ilustrar el argumento del presente capítulo: el Estado realmente esconde su realidad con una destreza suficiente como para que incluso quienes se dedican a investigarlo con profundidad y erudición, no lo perciban con nitidez. Y si los catedráticos de Hacienda Púbica no lo hacen, no hay por qué pretender, ni mucho menos exigir, que lo percibamos los demás profesores, los políticos, los burócratas, los medios de comunicación, los artistas, los intelectuales o los ciudadanos de a pie.

Es imposible bajar los impuestos

Una muestra reiterada de la confusión que esconde la propaganda antiliberal es la idea de que los impuestos y el gasto público nunca pueden bajar, sino que su destino ineluctable siempre es subir.

Se nos insiste en que el gasto público está petrificado en su nivel actual, cualquiera que sea, y lo está porque se supone que su nivel refleja las preferencias del pueblo. Reveladora y sistemáticamente, como hemos dicho, jamás se incluye entre tales preferencias la de soportar una presión tributaria más baja. Considerado, pues, el nivel actual del gasto como irreductible, cualquier contratiempo que pueda padecer la Hacienda Pública deberá ser resuelto siempre con más ingresos. Ya hemos señalado la apetencia de las autoridades por un mayor endeudamiento, que permite eludir el coste político presente de una subida de impuestos, que se ha reflejado en los últimos tiempos en una espectacular subida de la deuda pública en todo el mundo. En nuestro país, a la muerte de Franco no llegaba al 10 por ciento del PIB. En años recientes, ha rozado el ciento por ciento, y la crisis del coronavirus, nuevamente, nos coloca ante una perspectiva de un inevitable incremento de la misma. Esto ha conducido a debates sobre su sostenibilidad, que normalmente eluden reconocer la sostenibilidad que primordialmente cuenta para el Estado, a saber, la suya propia. En un determinado momento, en efecto, la deuda ejerce impactos políticos, porque su servicio drena recursos para el gasto, que es el instrumento de la Hacienda mediante el cual el poder se legitima. De ahí, la urgencia con la que los políticos plantean la necesidad de subir los impuestos, apresurándose a aclarar que únicamente lo harán sobre los ricos, otra ficción que la propaganda esconde.

Ahora bien, si la presión fiscal, en última instancia, viene determinada por el gasto público, conviene analizar la argumentación de quienes manifiestan que el crecimiento del gasto público nunca puede revertirse, y ni siquiera frenarse. Repiten, como si fueran unas pruebas evidentes, preguntas como: ¿es que acaso quieren ustedes que bajen las pensiones o que cobren menos los funcionarios?, ¿cómo pretenden ustedes que se reduzca el gasto público?

Habitualmente, dicha argumentación adolece de tres deficiencias: la lógica, la teoría y la contrastación empírica.

El fallo lógico es que, quienes pretenden acorralar a los liberales con la idea de que el gasto público no puede bajar, actúan como la Reina de Corazones, el famoso personaje de Alicia en el país de las maravillas,, que, en el transcurso del juicio, al final de la obra, protesta así: «Primero, la sentencia. El veredicto, después».

Esta absurda reivindicación la replican quienes exigen que se les notifique cómo bajar el gasto público sin haber acordado antes si hay que recortarlo o no. Es evidente que la forma de recortarlo ha de ser acordada y establecida con posterioridad a dicha decisión, y no antes.

El fallo en la teoría económica estriba en que los que se niegan a considerar la desaceleración o la disminución del gasto público, sólo atienden a los efectos negativos que, en tal caso, experimentarían quienes cobran del gasto público, y jamás ponderan las consecuencias perjudiciales que, si dicho gasto aumenta, padecerán quienes lo pagan. Es, por tanto, una teoría deficiente, no porque sea del todo falsa, sino porque es incompleta.

Por fin, la imposibilidad de que el gasto público deje de crecer choca con los datos, que prueban que sí puede hacerlo, como detallaremos un poco más adelante en este mismo capítulo.

Los que quieren pagar

Ya hemos mencionado en el capítulo 3 que hay personas que no sólo aprueban cualquier subida de impuestos, sino que, de hecho, quieren pagar más. Esto es muy celebrado en la política y los medios de comunicación, que nunca dejan pasar la oportunidad de insistir en que los impuestos deben subir, porque hasta el célebre y millonario inversor estadounidense Warren Buffett quiere pagar más, y ha denunciado que es escandaloso que él pague relativamente menos impuestos que su secretaria.

Éste es un ejemplo más de la ilusión fiscal, que abordamos en el mismo capítulo, y que es una herramienta fundamental de la coacción política y legislativa sobre la ciudadanía. En efecto, la cuestión no estriba en querer pagar más impuestos, porque esto está totalmente permitido, e incluso es bienvenido, como observamos en el capítulo 4. Cualquier persona puede entregar todos sus bienes al Estado, sin dificultad alguna. La cuestión no es ésa, sino el derecho que reclama el poder para arrebatar a sus súbditos los bienes que ellos no desean que les sean usurpados. Y la mayoría del pueblo no quiere pagar más impuestos, sino menos.

Allí es cuando arrecian otros argumentos cuestionables, como que las empresas pagan pocos impuestos o que hay otros países en donde los impuestos son aún más elevados que en España, como si eso justificara cualquier incremento de la presión tributaria. Una antigua falacia del fisco, en efecto, y que ya vimos en el capítulo 3, consiste en concentrar la argumentación solamente en los impuestos que no se pagan, bien porque hay fraude, bien porque podrían subir, dado que otros Estados castigan a sus súbditos incluso más que en nuestro país. Esto es un flagrante error lógico, porque ninguna mayor presión tributaria fuera de nuestras fronteras justifica de por sí que deba aumentar dentro de las mismas.

Otro error lógico es el que cometió Warren Buffett: si le parece mal que él pague relativamente menos impuestos que su secretaria, ¿por qué resulta tan obvio que la «solución» es subirle los impuestos a él, en vez de bajárselos a ella?

A estas confusiones se añaden otras, que ya hemos subrayado, como la proverbial advertencia de que los impuestos deben subir para que el pueblo no estalle en revoluciones, siendo así que son las élites las revolucionarias, y rara vez o nunca la gente corriente, que, al contrario, las suele padecer. Otro error habitual es ampararse en que la subida de impuestos es recomendada por países, políticos o instituciones «no sospechosos». Aquí los candidatos habituales son las burocracias globales, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco Mundial. Se trata de organismos políticos, gobernados por políticos y nutridos con copiosos fondos de los contribuyentes, y que jamás han recomendado que bajen los impuestos que pagan los ciudadanos. A pesar de ello, son calificados de paradigma del liberalismo, lo que no han sido nunca, como tampoco lo han sido el Foro de Davos y numerosas otras instancias y burocracias político-empresariales. Conviene sumar aquí los medios de comunicación, nacionales e internacionales, metódicamente partidarios del pensamiento hegemónico antiliberal, y que rara vez o nunca recomiendan un achicamiento apreciable de la coacción política y una expansión consiguiente de la libertad individual. Al contrario, sirven de excusa al pensamiento único, que suele recurrir como argumento irrefutable a que los impuestos deben subir porque así lo sugieren tal o cual burocracia internacional o tal o cual organismo o periódico, supuestamente «no sospechoso» por ser ejemplo de liberalismo, lo que nunca es verdad.

Tampoco es verdad otro cántico que entona el pensamiento único antiliberal, según el cual la reducción de los impuestos pone en riesgo la democracia. Este equívoco se asocia con otra reivindicación que abordaremos a continuación: la supuesta imposibilidad de reducir el gasto público y la supuesta urgencia de aumentarlo. Veremos que no es verdad, apoyándonos en uno de los más populares modelos del intervencionismo contemporáneo: los países nórdicos.

El modélico modelo nórdico

Desde hace muchos años, pero con aún más énfasis desde la caída del Muro de Berlín, los países nórdicos son repetidamente citados como ejemplo de la viabilidad de los Estados grandes, onerosos e intervencionistas. Se trataría, en efecto, de pruebas de una mágica y abnegada tercera vía, que desde hace casi un siglo pretende cohonestar el dinamismo económico del capitalismo con la supuesta justicia social del anticapitalismo. Se nos pretende convencer de que, al combinar lo mejor de los dos mundos, son naciones que generan economías prósperas y socialmente justas y cohesionadas, que demuestran que la expansión del Estado sobre las vidas y haciendas de sus súbditos no produce necesariamente los efectos nocivos que los liberales predicen. Los altos impuestos, por lo tanto, darían lugar a sociedades ricas.

La realidad, empero, es justo la contraria: primero las sociedades son ricas y después pueden pagar impuestos elevados:

Muchos han creído durante mucho tiempo que los países escandinavos son la prueba viviente de que los impuestos altos y los Estados de bienestar generosos se combinan para generar el sistema económico y político óptimo […], sin embargo, el éxito de los países escandinavos es el éxito del mercado libre durante el periodo anterior a los años setenta, y nuevamente en años más recientes. (Sanandaji, 2015, pp. 115 y 118)

En efecto, los países no son ricos porque tengan Estados grandes, sino que pueden tener Estados grandes cuando son ricos. Y cuando los tienen, eso no carece de consecuencias nocivas.

Los países nórdicos no se hicieron ricos gracias al socialismo, sino que se hicieron ricos antes, gracias al capitalismo. Sus economías crecieron considerablemente, con una presión fiscal relativamente baja: en 1960 era similar a la de los países desarrollados, desde un 25 por ciento del PIB en Dinamarca hasta un 32 por ciento en Noruega. Tenían entonces unos indicadores excelentes en salud y esperanza de vida. Sus grandes conquistas en bienestar e igualdad precedieron al incremento del gasto público y los impuestos.

Dicho incremento tuvo como resultado un freno en el crecimiento, por los incentivos negativos a que dieron lugar los mayores impuestos y las políticas redistributivas del Estado de bienestar (Tanzi, 2011, p. 286).

La tradicional ética del trabajo y la responsabilidad individual, fundamento de la prosperidad de esas naciones, fue socavada, al tiempo que proliferaron las consecuencias nocivas del intervencionismo, desde la cultura del subsidio y el fraude en las prestaciones, hasta la deficiente integración de los inmigrantes, con elevadas tasas de desempleo.

Al revés de lo que se piensa, el supuesto paraíso socialista nórdico fue una catástrofe económica y empresarial:

Ninguna de las cien mayores empresas por número de empleados fue fundada en Suecia después de 1970. Y entre 1950 y 2000, aunque la población del país pasó de 7 a casi 9 millones, la creación de empleo neta en el sector privado fue prácticamente cero. (Sanandaji, 2015, p. 120)

Otro equívoco es el que relaciona automáticamente el bienestar con el gasto social. Como explica Vito Tanzi, la diferencia en el gasto social de los países nórdicos con el resto resulta mucho menor una vez que dicho gasto es considerado en términos netos, es decir, una vez que se descuentan los impuestos que pagan los ciudadanos beneficiarios del gasto social. Y cuando se incluye todo el gasto social, no sólo el público, sino también el privado, se obtienen resultados notables: de pronto, los supuestamente rácanos Estados Unidos alcanzan un nivel de gasto social similar al de los países nórdicos (Tanzi, 2011, pp. 255-258).

A partir de la década de 1990, el llamado modelo nórdico fue perdiendo características que para el antiliberalismo lo habían hecho y lo hacen modélico. Se acometieron profundas reformas liberalizadoras y privatizadoras en ámbitos de la importancia de la educación, las pensiones y el mercado de trabajo; una liberalización que fue más rápida y profunda que la del resto del mundo desarrollado.

Lo que se nos asegura que no puede suceder, sucedió: bajaron los impuestos y se frenó el aumento del gasto público. El modélico modelo del redistribuidor puede ir, y efectivamente fue, demasiado lejos (Acemoglu y Robinson, 2019, p. 589).

Como resultado del conjunto de estas liberalizaciones, desregulaciones y privatizaciones, la relativa decadencia nórdica ha sido revertida en las décadas recientes.

Nada en estos resultados resulta realmente chocante: «los periodos 1900-1960, 1960-1990 y de 1990 en adelante han sido más o menos como los economistas podrían haber predicho» (Sanandaji, 2015, p. 120).

Por fin, el supuestamente modélico modelo nórdico esconde no sólo la prueba de que el gasto público puede frenarse, y de que esa desaceleración impulsa el crecimiento de la economía, la prosperidad y el empleo, sino que además la reforma fiscal de estos paradigmas progresistas consistió fundamentalmente en recortar los impuestos sobre la renta y sobre el capital, generalizando en cambio la imposición sobre el consumo (Lindert, 2004, p. 291).

Austeridad expansiva

Por lo tanto, la contención del gasto público, y por ende la posibilidad de hacerlo con la presión fiscal, es buena para la economía y el bienestar de los ciudadanos (Tanzi, 2011, p. 287). Hay evidencias empíricas de que los impuestos han conspirado contra el desarrollo económico incluso en épocas muy lejanas, como la España imperial (Prados de la Escosura et al., 2020). Un estudio cuantitativo para una veintena de países industrializados apuntó a la existencia de una relación decreciente entre el gasto público y su productividad, de modo que los Estados podrían reducirse y ser más eficientes. Hasta un 35 por ciento podría recortarse el gasto logrando un mismo rendimiento (Afonso et al., 2003).

En los últimos tiempos se ha identificado la «austeridad» como el principal obstáculo para el bienestar popular. A menudo es presentada junto con el neoliberalismo, que al parecer ha desmantelado los modernos Estados redistribuidores. Es una completa falsedad, como saben los sufridos contribuyentes de todo el planeta, cuyos sacrificios fiscales perduran, lo que no podría suceder si de verdad los Estados hubiesen desaparecido. En realidad, tanto la austeridad como el neoliberalismo no son más que espantajos, instrumentos de propaganda que esconden la frustración antiliberal asociada al derrumbe del comunismo y a los problemas que aquejan a los crecientes Estados democráticos.

Ahora bien, sabemos que la dinámica del gasto público y los impuestos no es neutral con respecto al crecimiento de las economías, y que sus aceleraciones y desaceleraciones tienen consecuencias. Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi han estudiado dichas consecuencias en doscientas crisis de las finanzas públicas en dieciséis países de la OCDE desde finales de los años setenta. Su conclusión desafía los dogmas habituales:

La austeridad basada en subir los impuestos genera las profundas recesiones temidas por los críticos de la austeridad. Por el contrario, la austeridad basada en la reducción del gasto público no lo hace. (Alesina et al., 2019, p. 95)

En efecto, sostienen que los planes basados en menos gasto tienen un efecto recesivo relativamente pequeño y que se agota al cabo de dos años, mientras que los basados en más impuestos tienen un impacto negativo prolongado y profundo, estimado en 2 puntos porcentuales del PIB.

Si España hubiese optado en la última crisis a partir de 2007 por un plan sólo de reducción del gasto, en vez de por menos gasto y más impuestos, el crecimiento de su economía habría sido cuatro puntos más elevado en 2014:

Nos parece llamativo que los enemigos de toda austeridad estén tan seguros de que todo habría funcionado bien con más gasto público y más deuda en países como Italia, Irlanda, España y Portugal. (Ibídem, pp. 201 y 202)

Alesina y sus colegas, igual que Vito Tanzi y otros, no son liberales radicales en absoluto, y su objetivo es defender un Estado grande y oneroso, aunque más reducido que el actual, por el propio bien del Estado, que podría enfrentarse a un escenario de insostenibilidad económica y política.

Una forma clásica de retrasar dicho escenario es mediante la deuda pública, que afecta a personas —y, lo más importante, a votantes— no en el presente, sino en el futuro. Esto influye en la acción de los gobernantes democráticos a la hora de elaborar las cuentas públicas. Ellos reciben innumerables presiones para favorecer esta actividad o esta otra, o para promover los intereses de tal o cual sector. Ya sostuvo Richard A. Musgrave que con la democracia, la política presupuestaria sustituyó a «las barricadas como campo de lucha de los intereses de grupos y clases» (Musgrave, 1990, p. 299).

La democracia tiene un aspecto liberal incuestionable, dado que permite sustituir periódicamente a los gobernantes de forma incruenta. De ahí que para los liberales las convocatorias electorales hayan sido motivo de celebración desde Adam Smith:

La frecuencia de las elecciones es asimismo un notable amparo de la libertad del pueblo, porque sus representantes deben ser cuidadosos y servir a su país, o al menos a sus electores, porque en caso contrario correrán el peligro de perder sus puestos en las siguientes elecciones […]. Por el mismo motivo, la voz del pueblo es menos importante al principio de la legislatura que al final. (Smith, 1982, p. 273)

Por eso es razonable esperar que escaseen las reformas del Estado que comporten un coste político relevante para sus protagonistas. Un caso típico son las pensiones, que constituyeron un acto de usurpación mediante el cual, como vimos en el capítulo 3, el Estado procuró liquidar el ahorro libre individual y establecer un esquema de ahorro forzoso, el llamado sistema de reparto, conforme al cual el Estado decide por su cuenta la cuantía de las cotizaciones y las prestaciones. Esto imprime al sistema una tendencia al desequilibrio y la insostenibilidad, porque las reformas que lo harían más sostenible son políticamente costosas. De ahí los reiterados fracasos del Pacto de Toledo, pretendidamente destinado a resolver y despolitizar el llamado «agujero de las pensiones». Como los votantes del futuro no participan en las siguientes elecciones, es más cómodo para las autoridades subir las prestaciones, endeudar a la Seguridad Social y dejar a las autoridades de tiempos ulteriores que arreglen el desaguisado, y a sus votantes que las castiguen.

A esto se suma una regularidad clásica del intervencionismo: fomenta la movilización y desmovilización social, de modo que cuando dicho intervencionismo se expande, los beneficios aparecen primero y son visibles porque están concentrados, mientras que los costes aparecen más tarde y son menos visibles porque están dispersos. De ahí que últimamente, con los desequilibrios de la Seguridad Social, haya habido manifestaciones públicas de pensionistas y promesas por parte de los políticos más demagogos del «blindaje» de las pensiones a través de una serie de mecanismos legales, e incluso constitucionales. El objetivo es, a través de una reivindicación visible, acumular capital político. Naturalmente, quienes pagan, los contribuyentes, no se manifiestan en un grado mínimamente comparable, ni son visibles, ni son entrevistados en los medios de comunicación, ni ningún político piensa en ellos, puesto que su perjuicio está más oculto.

Reducir el intervencionismo es difícil porque la dinámica es la contraria. Ha sido comparado con una borrachera, cuyos efectos buenos aparecen primero y los malos después; pero en la resaca son los efectos malos los que aparecen primero, y los buenos después. Cada vez que aumenta el gasto público, sus beneficiarios son visibles, están concentrados y son fáciles de utilizar como capital político, mientras que sus perjudicados, los contribuyentes, están dispersos y son menos visibles, y menos utilizables políticamente. Pero si se reduce el gasto público en cualquier capítulo, sus perjudicados estarán concentrados y visibles, y muy dispuestos a protestar pública y ruidosamente, lo que concitará evidentes apoyos políticos, mientras que sus beneficiarios estarán dispersos y serán menos visibles, y por tanto menos susceptibles de atraer el respaldo de los partidos políticos.

Conviene notar que esto no siempre es así. En principio, el cinismo del político luxemburgués de derechas, Jean-Claude Juncker, parece irrefutable: «Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo». Sin embargo, la realidad es más compleja, y la austeridad en el gasto público no necesariamente genera derrotas electorales, con lo cual puede resultar no sólo económica, sino también políticamente rentable (Alesina et al., 2019, pp. 175 y 188).

Recordemos, finalmente, que la pretensión de los partidarios de Estados aún más amplios y costosos, financiados exclusivamente por medio de una austeridad forzada sobre los más ricos, no está avalada por la evidencia. Desde hace tiempo se sabe que la subida de los tipos marginales del impuesto sobre la renta no aumenta apreciablemente los ingresos tributarios, e incluso puede reducirlos. Subirles los impuestos a los ricos resulta popular, sin duda, pero esconde la probabilidad de que ejerzan un impacto negativo sobre el conjunto de la población, como comprobó el presidente socialista François Hollande cuando, tras hacerlo, bajó el crecimiento de la economía francesa y aumentó el paro. Al final, su idea de un tipo del 75 por ciento para rentas superiores al millón de euros fue abandonada, entre otras razones porque expulsó a sus víctimas a otros países. A pesar de la retórica, en Francia y la mayoría de los países, la recaudación se extrae en buena medida de los asalariados medios y del conjunto de la población mediante el IVA. El demagógico ataque al malvado 1 por ciento más rico de la población oculta que la fiscalidad genera conductas que tienden a neutralizarla, y de ahí que los cálculos y estimaciones sobre lo mucho que podrían acumular las arcas públicas si tan sólo se persiguiera más a los más ricos fallen sistemáticamente (Reynolds, 2019).

Reducir el Estado por su bien

En el capítulo 3 evocamos la confusión entre el gasto público y sus objetivos, que ya denunció Bastiat a mediados del siglo XIX . La clarificación en amplias capas de la población de esa realidad que la propaganda esconde podría abrir la puerta a una reducción apreciable del gasto público y los impuestos, que no se ha producido todavía, a pesar de las alarmas que suenan regularmente alertando ante un supuesto neoliberalismo estaticida. El realismo nos invita a concluir que esa reducción sólo se va a producir cuando se alineen los intereses de los ciudadanos con los del propio Estado. Así, el Estado se reduciría porque le conviene, en la medida en que sus súbditos vayan comprendiendo las verdades que la propaganda les ha ocultado. Una de ellas es la ficción sobre una pretendida justicia fiscal que quita al rico para entregarle al pobre, dado que, en realidad, durante el último siglo, la presión tributaria se ha descargado especialmente sobre la clase media. Pero, además, porque abundan los testimonios de que el gasto no va directamente de los contribuyentes a los contribuyentes, sino que está mediado por una nutrida burocracia y por sindicatos, todos sumamente locuaces en defensa de lo público, ocultando que están defendiendo su propio interés privado:

El gasto público puede a veces ayudar muy poco a sus supuestos beneficiarios, pero ayudar mucho a los que suministran los servicios públicos. (Tanzi, 2011, p. 30)

Como ya hemos dicho, este autor no es partidario de un Estado pequeño, sino de uno grande. Su virtud es señalar que si es tan grande como el actual no podrá mantenerse, porque la presión fiscal ya es muy elevada y la financiación de la deuda afrontará crecientes dificultades.

El tamaño de los Estados del mundo hace apenas un siglo resulta inconcebible desde los parámetros actuales, porque rara vez superaba el gasto público el 10 por ciento del PIB. Su crecimiento ulterior fue financiable porque creció la riqueza y además se generalizó en numerosas capas de la población, que pasaron a ser susceptibles de ser utilizadas como fuente fiscal. Ese gran salto en la usurpación política de los recursos de la gente pudo legitimarse mediante el ingenioso artificio de convencer al pueblo, primero de que todo era en su beneficio y segundo, y crucialmente, de que la cuenta sería pagada de una manera inversamente proporcional a los bienes de cada individuo: cuanto más rico fuera, más pagaría y menos se beneficiaría; cuanto más pobre fuera, menos pagaría y más se beneficiaría.

La democracia moderna y el sufragio universal habrían tenido menos popularidad de la que han gozado, si la mayoría de la población hubiera sido tempranamente consciente de que todo lo que el Estado le daba, se lo había quitado antes a ella misma, y no a una minoría de acaudalados. Fue clave que esta conclusión resultara nublada por la propia evolución del Estado, que fue creciendo de manera paulatina, de modo que sus costes fueron asumidos con lentitud, y el paso del tiempo dificultó la comprensión de la mencionada falacia fundamental del intervencionismo, que asegura que lo que el Estado hace no se haría en su ausencia. En realidad, el Estado no creó el bienestar,

sino que sustituyó, con programas públicos formales, la red informal de ayuda que había existido antes de su intervención y que había sido aportada por diversas fuentes privadas y religiosas. (Ibídem, 2011, p. 108)

Los programas de gasto fueron creciendo al tiempo que la noción de su justicia se fue desvaneciendo y los efectos perjudiciales de todo tipo aparecían con mayor claridad, empezando por la subida de los impuestos.

Otra constatación tiene que ver con la escasa eficacia del gasto público, más allá de un cierto umbral, a la hora de garantizar el bienestar social. Según los datos de gasto público y el índice de desarrollo humano de la ONU, los países que lo encabezan (Noruega, Australia, Canadá e Irlanda) tenían en 2005 un gasto público medio del 37,6 por ciento del PIB, mientras que los que más gastaban (Suecia, Francia, Dinamarca y Finlandia) tenían una media del 53,5 por ciento del PIB, pero no tenían los mayores índices. Varios países con un excelente desarrollo humano habían recortado el gasto público desde comienzo de los años noventa sin disminuir el IDH. Para Tanzi y otros, el gasto público podría ser del 35 por ciento del PIB, y el Estado alcanzar sus objetivos: más allá de ese límite el gasto no mejora el bienestar social, sino más bien el de grupos concretos, y podría reducirse en beneficio de la mayoría de la población (Ibídem, 2011, pp. 235-236). Alesina y sus coautores aducen que el campo de posibles ganancias en términos de menos despilfarro y más eficiencia del gasto público es tan extenso que «la reforma del Estado de bienestar puede lograr una mayor cobertura de los verdaderamente pobres sin siquiera aumentar el gasto» (Alesina et al., 2019, pp. 189-190).

La trampa del «nuevo contrato social»

La política y los medios de comunicación confluyen en tiempos recientes en torno a la idea de que nuestros males, derivados del capitalismo, el mercado y la libertad, sólo pueden resolverse mediante un nuevo contrato social. La difusa noción del contrato social sirvió, como vimos en el capítulo 2, para consolidar el Estado, brindándole la legitimidad que siempre han tenido los contratos privados a la hora de sancionar derechos y obligaciones. Su actual reflorecimiento esconde la pretensión análoga de neutralizar la resistencia ante el poder, apoyándose en la misma vieja ficción:

La teoría del contrato social nos halaga haciéndonos creer que hemos hecho aparecer el Estado, no como una distraída, despistada e involuntaria rendición, sino como una perspicaz decisión. Es posiblemente innecesario detallar que la idea de que todo un pueblo confluye unánimemente en un contrato que lo fuerza a obedecer cualquier cosa, y más aún para entregarse y someterse a un poder superior, es, en el mejor de los casos, apenas una alegoría. Suponer que la gente lo hará y comprometerá irrevocablemente a todas las generaciones futuras, habiendo calculado todas las ventajas que de él cabe anticipar, equivale a atribuir al pueblo una temeraria aceptación de un enorme riesgo o una incapacidad total de percibir que dicho riesgo existe. (Jasay, 2010a, p. 9)

Sin embargo, eso mismo es lo que se pregona por doquier en la actualidad. Nunca se reconoce abiertamente, claro está, que la cuestión radica en que el propio Estado, por su propia dinámica, que lo conduce a subir los impuestos cada vez más sobre cada vez más gente, ha generado o puede generar resistencia entre la población. Lo que se nos dice es que el capitalismo, o sus nuevas denominaciones, como la globalización o el neoliberalismo, están descontrolados y han dado lugar a graves problemas, desde la desigualdad hasta el apocalipsis ecológico, que amenazan la democracia. Así, reclaman con urgencia un nuevo contrato social que, como siempre, el pueblo no podrá optar por no firmar, a pesar de que dicho nuevo contrato comportará, precisamente, lo que el pueblo una y otra vez ha manifestado que no quiere hacer: pagar más impuestos.

No es frecuente que esto último sea confesado paladinamente. En la política nunca es así, y rara vez lo es en el ámbito académico, intelectual o de los medios de comunicación. De ahí la importancia de que una de las mayores estrellas contemporáneas del pensamiento antiliberal, el economista francés Thomas Piketty, haya manifestado con toda nitidez que el nuevo contrato social consiste precisamente en eso, en forzar a la gente a pagar, y menciona específicamente a la mayoría de los ciudadanos, no a una minoría de opulentos, que serán, como siempre, un mero señuelo para incrementar la presión fiscal sobre la masa del pueblo:

El hecho de que las clases populares y medias paguen impuestos significativos no es ciertamente un problema en sí mismo. Mientras queramos financiar un alto nivel de gasto social y de inversión en educación, es inevitable que todo el mundo participe. Pero para que se mantenga el consentimiento fiscal, es esencial que el sistema fiscal sea transparente y justo. Si las clases populares y medias tienen la impresión de que se les está urgiendo a contribuir más que a los más ricos, entonces existe un claro riesgo de que el consentimiento fiscal y el contrato social que sustentan las sociedades socialdemócratas se desmoronen gradualmente. En este sentido, la incapacidad de estas últimas para trascender el Estado-nación y promover formas transnacionales de justicia fiscal es la principal fragilidad que los socava desde dentro. (Piketty, 2019, p. 668)

Es difícil expresar con mayor nitidez el consenso progresista. En efecto, aquí se trata de recortar los derechos de las mayorías, con la excusa de que éstas quieren mucho gasto «social», ignorando que al mismo tiempo no quieren pagarlo, pero con la estratagema de que pueden estar tranquilas porque la expropiación se concentrará en los más ricos. Todo «el consentimiento fiscal y el contrato social», reveladoramente identificados, descansa en que haya un porcentaje apreciable del pueblo que consienta la artimaña sin votar a partidos que propongan reducir los impuestos, y sin protestar ni defraudar a Hacienda demasiado.

El desafío es considerable y, por eso, viene habitualmente rodeado de falacias, como que los países ricos lo son porque tienen impuestos elevados, o que los impuestos deben subir porque en otras naciones son aún más opresivos, o que las empresas no son de sus dueños, sino de la sociedad, a la que deben «devolver» cosas, o sea, pagar más impuestos, etc. Y, naturalmente, es indispensable educar a los contribuyentes para que crean que sólo son libres si el poder los fuerza a pagar (Sainz de Bujanda, 1967, p. 41).

La capacidad del Estado para esconder la realidad y convertir la coacción en un consenso es realmente notable, como lo prueba el hecho de que seguimos hablando de sociedades democráticas y liberales cuando entre el 40 y el 50 por ciento de la actividad económica de la mayoría de los países no es decidida individualmente por los ciudadanos que pagan, como sucede en el mercado, sino que depende de organizaciones políticas. No podría haberlo hecho el Estado sin la ilusión financiera, que descubrió Puviani hace más de un siglo, merced a la cual la política exagera los beneficios de sus medidas y subestima los costes (Puviani, 1972), y sin la combinación de conocimiento y propaganda ideológica que caracterizan a la moderna Hacienda Pública (Eisenstein, 1983).

Un elemento fundamental de dicha propaganda es que el Estado nos quiere porque en realidad hace lo que siempre dice que está mal, a saber, discriminar. El cariño de la Agencia Tributaria descansa fundamentalmente en esa noción: puede que nos castigue, pero podemos estar seguros de que a otros los castigará aún más. Esto, cuya moralidad y justicia cabe cuestionar, y que priva a las personas de la opción de organizar su propia felicidad y dispensar su propio cariño, subyace en el análisis de lo que llaman los economistas la imposición óptima, y que parte de la base de que existe un bienestar social que el Estado puede maximizar reorganizando los derechos de propiedad y los contratos voluntarios de cada uno de nosotros. Los impuestos suben porque el Estado propaga imágenes ideológicas que apelan a nuestros valores, pero que, al mismo tiempo, socavan nuestra libertad, de manera que neutralizan la resistencia que naturalmente todos tenemos ante quienes, pretendiendo que nos manifiestan cariño, nos arrebatan lo que es nuestro (Wagner, 2018).

La imagen de un Estado cariñoso y cercano, pero también firme y represor, puede asimilarse al de unos padres benevolentes, que deciden cómo distribuir los recursos de la familia entre todos sus integrantes. Eso es precisamente lo que temieron los antiguos liberales, conscientes del peligro que representa nublar la distinción entre la política y la sociedad civil, y conscientes también de la capacidad de crecimiento que podría tener un Estado democrático paternalista. Reflexionando sobre el despotismo que deberían temer las naciones democráticas, Tocqueville concluyó:

Después de haber tomado así alternativamente entre sus poderosas manos a cada individuo y de haberlo formado a su antojo, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera y cubre su superficie de un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales los espíritus más raros y las almas más vigorosas no pueden abrirse paso y adelantarse a la muchedumbre: no destruye las voluntades, pero las ablanda, las somete y dirige; obliga raras veces a obrar, pero se opone incesantemente a que se obre; no destruye, pero impide crear; no tiraniza, pero oprime; mortifica, embrutece, apaga, debilita y reduce, en fin, a cada nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante. (Tocqueville, 2010, vol. 4, p. 1.252)

Y Kant ya había advertido de que un gobierno paternalista, que forzara a sus súbditos a ser felices según el criterio del gobernante, sería «el mayor despotismo concebible», porque la libertad consiste en que cada persona busque su propia felicidad como crea conveniente, sin infringir los derechos ajenos. El pensador prusiano defendía un gobierno «patriótico», pero identificaba correctamente la patria no con la coacción, como vimos en el capítulo 4 que hacen los líderes populistas, sino con la libertad (Kant, 1891, pp. 36-37).

Naturalmente, estos peligros jamás son advertidos por quienes nos aleccionan sobre la urgencia de establecer un nuevo contrato social, por cierto, sin que nadie nos haya explicado todavía qué sucedió con el antiguo, y por qué es realmente imprescindible recortar aún más los derechos y libertades de las personas (Jasay, 1993, cap. 5; para una aplicación moderna de Tocqueville, puede consultarse Peacock, 1995).

En efecto, el nuevo contrato social es una nueva treta para legitimar una mayor opresión en ámbitos importantes de la vida de los ciudadanos, singularmente para justificar una subida de impuestos. Como hemos señalado, esto rara vez es confesado paladinamente, pero la retórica del nuevo contrato social es inequívoca, porque todo lo que la rodea es aparentemente benévolo, y recoge las consignas más atractivas mediante las cuales el poder legitima su expansión en los tiempos modernos.

Así, cuando alguien habla del nuevo contrato social, así como en ningún caso habla de un contrato para reducir la coerción política y legislativa, suele sumar las banderas predilectas del pensamiento antiliberal hegemónico: el crecimiento justo e inclusivo, la lucha contra las desigualdades, el medio ambiente, la solidaridad o justicia social (no la caridad, denostada porque es libre), la responsabilidad social e incluso el viejo proteccionismo, disfrazado ahora de «autosuficiencia».

Este discurso es tan transversal que, si lo escuchamos o leemos ignorando quién lo pronuncia o emite, no seremos capaces de distinguir si es un político de izquierdas o de derechas, si el mensaje proviene de la jerarquía de la Iglesia católica o de un periódico progresista, ni si lo proclama un sindicalista o un banquero. Rara vez o nunca hablan de exterminar el capitalismo o la globalización, sino de corregir sus defectos o sus excesos, en realidad para salvarlo. A esta antigua engañifa se suma otra regularidad: rara vez o nunca se ocuparán de la gente corriente que ya paga muchos impuestos y que corre el peligro de pagar aún más, en este extraño «nuevo» contrato social que, como el antiguo, el poder y sus acólitos impondrán a la mayoría del pueblo, pese a la más que evidente voluntad de éste de no querer pagarlo.

Los liberales del siglo XX avisaron, siguiendo a Tocqueville, de que el socialismo en todas sus variantes representaba una errónea aplicación de categorías propias de órdenes primitivos a una sociedad moderna (Hayek, 2010), y de que la expansión del Estado no es onerosa exclusivamente en términos económicos, sino también morales y políticos:

Si el Estado no pretende tan sólo facilitar que un determinado sector de la población alcance cierto nivel de vida, sino que aspira a que todos lo consigan, únicamente verá convertido en realidad su deseo si priva a los interesados de las posibilidades de elección. De esta manera, el Estado benefactor se convierte en un Estado hogareño, donde un poder paternalista gobierna la mayoría de los ingresos de la comunidad y los distribuye en la forma y cantidades que, según el criterio de la autoridad, los individuos necesitan o merecen. (Hayek, 1998b, p. 350)

El solapamiento entre el Estado y la familia fue uno de los puntos de partida de las teorías sobre la Hacienda Pública, importante en la tradición alemana, que recogió Musgrave en su influyente tratado, durante muchos años el texto de referencia de los profesores de Hacienda (Musgrave, 1969). De hecho, empezó hablando de «familia pública», presentando al Estado como alguien benevolente, que cuida de la comunidad, aunque más tarde pasó a hablar de «sector público», que fue la denominación que iba a perdurar hasta nuestros días. En todo caso, el componente paternalista del moderno Estado democrático y redistribuidor resulta claro, como también el proceso mediante el cual la política fue copando las responsabilidades de las personas y las familias (como la ayuda a los demás), generalizando las dimensiones más pueriles de los individuos, y tratando cada vez más a los adultos como si fueran niños (Desmarais-Tremblay, 2017).

Se cierra el círculo del paternalismo temido por Tocqueville de una forma sólo aparentemente paradójica. La trampa del nuevo contrato social comporta infantilizar a la sociedad, pero también recuperar la imagen misma del pastor. El recorte y hasta el desprecio de los derechos y libertades de los seres humanos individuales, como si fueran miembros de especies no racionales, y en todo caso necesariamente incapaces de diseñar su propia vida al margen de los poderosos, viene acompañado de un creciente respeto hacia los «derechos» de los animales.

Discriminar y expropiar

Resulta patente que el pensamiento predominante de nuestro tiempo está lejos de exhibir con orgullo ninguno de los impulsos totalitarios de las dictaduras anticapitalistas del último siglo. De hecho, la idea más generalizada entre la corrección política no es la urgencia de implantar el comunismo, sino la de salvaguardar el capitalismo reformándolo. Esta pretensión esconde un hecho revelador: todas las propuestas para reformar el capitalismo estriban en socializarlo aún más. En efecto, siempre se trata de expandir el Estado y de socavar las dos instituciones de la libertad que pueden contenerlo: el derecho de propiedad y los contratos voluntarios.

Dicha expansión que, como vimos en capítulos anteriores, descansa sobre la idea de discriminación, ratifica que los Estados modernos, llamados liberales o neoliberales, son realmente socialistas o socialdemócratas.

Por tanto, hoy el Estado ataca la propiedad privada, pero no la arrasa manu militari,

no expropia revolucionariamente, masivamente, de una vez: procede pausadamente, como para que no se note, sin utilizar la violencia física, no sea que se le ocurra a alguien invocar el derecho de resistencia. (Negro, 2019, p. 93)

La clave es expropiar mediante los impuestos a una gran parte de la sociedad, la llamada clase media, a la que se le esconde el hecho con toda suerte de cebos, empezando por la insistencia en que vivimos en una democracia liberal en la que, por definición, elegimos libremente. Los impuestos prueban muy a las claras que no lo hacemos, y el predominio de la visión del Estado como ente justo y benevolente ha conducido a una muestra paradójica de narcisismo, que pregona de nuestro tiempo grandes logros en términos de derechos y libertades, de tolerancia y apertura, de pluralismo y diversidad, de autonomía personal y seguridad jurídica, que, en realidad, son más que discutibles (Kaiser, 2020).

Este proceso expropiador descansó sobre ideas fiscales, en particular la de que es socialmente bueno que el Estado discrimine entre los ciudadanos a la hora de pagar impuestos. Como ya hemos visto, le habría resultado difícil crecer en caso contrario. Y la maniobra se corona llamando neoliberales a unos Estados que propician más impuestos, más gasto público y más deuda; no pocas veces aumentan los tres a la vez, exactamente lo contrario de lo que el liberalismo defiende.

La gravedad del recorte de derechos y libertades no es sólo que sea revestido de lo contrario, sino que es aceptado socialmente, del mismo modo que se acepta el deterioro de las instituciones como la familia, el mercado, la moral o incluso la nación. Observamos con anterioridad que el Estado procuró sustituir o someter a la Iglesia, que representaba un obstáculo a su crecimiento. A la postre, tenemos Estados divinizados, y amplias fuerzas antiliberales han conseguido que la proclamación de «defensa de lo público» sea considerada mucho más valiosa que la defensa de la propiedad de las mujeres y los hombres concretos. El profesor Dalmacio Negro subraya que en esta divinización es precisamente la dignidad de la persona la que sucumbe, y ya por fin el poder debe protegernos de nosotros mismos, y carecemos de toda opción ni refugio:

La crisis de la religión conlleva la de la moral, la política y el Derecho […]. A consecuencia de la crisis religiosa y la pasividad de las iglesias, no resulta ya fácil distinguir en la Europa decadente entre lo legítimo y lo ilegítimo, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo recto y lo incorrecto, en definitiva, los límites que debe tener el poder […], el problema es que la Iglesia no comprende, se niega a reconocer o teme reconocerlo, que su gran enemigo en este mundo es el Estado. Ahora bien, cuando no se reconoce o no se sabe reconocer al enemigo, la batalla está perdida de antemano. Y la Iglesia ha perdido muchas batallas desde que se asentó el Estado. (Ibídem, 2019, pp. 113-114 y 117)

Si realmente estuviéramos todos presos del mito de la justicia social, que es una distorsión política de la justicia, si realmente ninguno se mostrara capaz de protestar ante la discriminación y la expropiación, por miedo a ser expulsado del paraíso progresista, los esfuerzos de los amigos de la libertad serían inútiles, incluyendo el presente libro. El panorama, sin embargo, no es tan lúgubre.

Sombras, pero también luces

El peso hegemónico de los dogmas antiliberales no ha representado la extinción de la resistencia. De entrada, en la fiscalidad misma, porque es incuestionablemente falsa la creencia de que se pueden aumentar los impuestos sin que la gente reaccione (Sanz-Sanz et al., 2015). No es evidente tampoco que haya que subir los impuestos en España por el mero hecho de que la presión fiscal sea mayor en otros países, ni que unos impuestos más altos sean iguales a más bienestar social.

También es dudosa la idea de la aceptación de los impuestos. En el mundo académico se arguye que hay una relación entre dicha aceptación y la eficiencia de las Administraciones Públicas porque parece que los Estados más eficientes imponen una presión fiscal mayor. En realidad, esa eficiencia los legitima para imponerla, pero no significa que haya una preferencia social por pagar más impuestos.

Se enlazan apresuradamente Estado y sociedad: así, se dice que cuando el Estado propone gastar en sanidad y lo hace bien, entonces el sector privado coopera y paga impuestos. Pero si el Estado es ineficiente o corrupto, entonces la gente se molesta, desconfía e incluso evade. Esta noción convencional de que la presión fiscal es llamada endógena, porque depende de la eficiencia del Estado y la calidad de las instituciones, elude toda consideración sobre los contribuyentes. Eso sí, a numerosos analistas les agrada porque les permite fomentar la idea, presente también en la opinión pública, de que la cuestión no es cuánto dinero extraiga el poder a sus súbditos, sino lo bien que lo gaste, diestro ardid mediante el cual se desplaza el eje de la discusión a un nivel estrictamente técnico.

Cuando se sostiene que los impuestos nunca pueden bajar, se da por sentado que la opinión pública está a favor de que el Estado viole aún más la propiedad privada, aunque sea la del prójimo. Sin embargo, esto no es evidente, y algunos estudios revelan que la gente puede respaldar la protección de dicha propiedad, incluso si es ajena (Lowery y Sigelman, 1986, p. 478). El respeto a lo que es de los demás es pieza fundamental de cualquier sociedad de mujeres y hombres libres.

Es cierto que a menudo se plantea la alternativa impuestos/servicios como si fuera tajante. Una frase muy repetida por los antiliberales es: «No podemos tener un Estado de bienestar de primera con impuestos de tercera». Aquí la trampa estriba en el verbo, porque la palabra «podemos» sugiere que la población quiere que le suban los impuestos para tener unos servicios públicos de primera. Las encuestas recientes en nuestro país, sin embargo, lo refutan:

Un 70 por ciento no está de acuerdo en pagar más para acceder a mejores servicios públicos […]. La mayoría de los individuos (58 por ciento) cree que el Estado le da, en forma de servicios públicos, menos de lo que paga por impuestos. (Alvira Martín et al., 2000, pp. 66 y 81)

No se trata de postular que el Estado lo hace todo mal, hipótesis totalmente absurda: si así fuera, hace tiempo que los ciudadanos nos habríamos librado de él. El Estado no sólo sirve, evidentemente, a los que cobran directamente sueldos, prestaciones o contratos varios del gasto público, sino también a los que se benefician de él en un doble sentido. Por un lado, los que consumen servicios públicos pagando menos de su coste real. Y, por otro, porque un Estado, aunque sea grande, puede contribuir a la prosperidad si no es arbitrario y brinda seguridad física y jurídica, como vimos en el capítulo 2.

Se trata de reconocer que los vicios del Estado son ponderados por los ciudadanos, empezando por los impuestos, y siguiendo por otras de sus características, como la llamada captura del regulador, conforma a la cual los grupos de interés pueden reorientar la regulación en su beneficio, o la búsqueda de rentas, mediante la cual dichos grupos pueden conseguir mediante el Estado privilegios injustos que no conseguirían en el mercado libre y que termina pagando el pueblo en forma de precios o impuestos más elevados. Mancur Olson estudió la lógica de la acción colectiva, de la cual se podría deducir que los grupos organizados siempre explotarán a la mayoría desorganizada, típicamente a los consumidores y los contribuyentes (Olson, 1965). Sin embargo, el mismo autor señala que el descubrimiento de estas maniobras puede animar el debate sobre las mismas en el ámbito intelectual, el de las autoridades o el de los medios de comunicación:

Las ideas académicas influyen en el clima de opinión, aumentando los costes políticos de las medidas dañinas y bajando los costes de las medidas beneficiosas. (Olson, 1993, p. 80)

Tampoco se trata de negar que los objetivos del Estado suelen ser más que loables, y que eso es valorado por los ciudadanos. Se trata de reconocer que la dinámica del Estado puede ser cuestionada más ampliamente de lo que es ahora y de lo que ha sido desde hace mucho tiempo:

A finales del siglo XIX, la ideología de la libertad fue desplazada por la ideología del progresismo, que cree que el papel adecuado del Estado no es sólo el de proteger los derechos de los ciudadanos, sino también el de procurar su bienestar. La ideología del progresismo fue explícitamente redistributiva desde el principio, justificando la imposición de costes sobre algunos en beneficio de algunos otros. La ideología de la democracia concibe el Estado democrático como el que cumple con la voluntad de la gente, tal como es revelada en los procesos democráticos de toma de decisiones. Así, la ideología del progresismo democrático legitima las acciones del Estado que imponen costes sobre algunos en beneficio de otros, basándose en la noción de que cuando lo hace está actuando en pro del interés público, expresado por las instituciones democráticas. (Holcombe, 2020, p. 290)

El problema es que esto tiene contradicciones en su funcionamiento, que se reflejan típicamente en que el Estado castiga siempre a grandes masas de la población y tiende a beneficiar a grupos relativamente pequeños. En el momento y en el grado en que los ciudadanos lo perciban, la legitimidad del poder entra en un proceso de erosión, que puede llevar a que grupos crecientes de personas empiecen a dudar cada vez más de la clásica receta intervencionista, que, ante cualquier problema generado por el intervencionismo, recomienda aumentarlo en vez de disminuirlo. La obsesión por cobrarles más impuestos a las empresas, con la excusa de que no pagan lo suficiente, puede perder eco entre la gente, que puede empezar a pensar en que es necesario ponderar las muy difundidas y aplaudidas defensas del Estado con una consideración por los bienes de las personas que a la fuerza lo financian. Lo comprobamos en 2020, cuando el plan de rescate europeo fue presentado a bombo y platillo como una suerte de obsequio que nuestras autoridades iban a conseguir que pagaran las malvadas empresas multinacionales, pero tardaron poco en dejar de disimular y en reconocer que, efectivamente, su idea era aumentarles los impuestos a millones de ciudadanos corrientes de la Unión.

Destacados autores marxistas estudiaron la fiscalidad y el Estado desde esta misma perspectiva, como la opresión de los pobres a cargo de los privilegiados, que éstos procuran esconder en todo lo posible:

Las clases dominantes generalmente intentan ocultar, justificar o racionalizar ideológicamente la explotación impositiva. (O’Connor, 1974, p. 280)

Un destacado hacendista marxista, Rudolph Goldscheid, detectó ya en 1925 que la presión fiscal sobre los trabajadores tendía a subir con la extensión de la democracia, y subrayó:

Las luchas fiscales han sido la forma más antigua de la lucha de clases […]. La explotación fiscal es la forma más antigua de explotación, aparte de la esclavitud […]. La explotación fiscal era el destino de los países derrotados en las guerras, y la explotación fiscal es el inicio del proceso por el que se esclaviza a los hombres libres. (Goldscheid, 1967, pp. 202 y 204)

Y el propio Marx denunció que la imposición descarga su peso sobre la clase media industrial y comercial, no sobre los capitalistas. Escribió lo siguiente en 1850, pero sigue siendo válido en nuestros días:

Los impuestos pueden beneficiar a algunas clases y oprimir a otras cruelmente, como lo observamos, por ejemplo, bajo las reglas de la aristocracia financiera. La imposición es ruinosa sólo para las secciones intermedias de la sociedad, que están entre la burguesía y el proletariado. La posición de dichas secciones no les permite trasladar la carga de los impuestos hacia otra clase. (Marx y Engels, 2010, vol. 10, p. 331)

Los autores que, al revés que Marx, apreciaron el socialismo pero lo combinaron con un claro aprecio por la libertad, como John Stuart Mill, padecieron sin duda contradicciones, como iba a ser característico de la socialdemocracia hasta hoy (Rodríguez Braun, 2010). Sin embargo, pudieron relacionar acertadamente la libertad con una presión fiscal que minimizara el sacrificio del conjunto de la sociedad; que fuera relativamente igualitaria y, por eso mismo, reducida; y que, para ser justa, dejara el ahorro de todos completamente libre de impuestos (Mill, 1965, vol. II, pp. 806-819).

Los pioneros del socialismo fueron capaces de defender enérgicamente la estabilidad de precios, argumentando correctamente que la inflación es un impuesto que pagan especialmente las clases trabajadoras, cuyos intereses estaban mejor salvaguardados por unas cuentas públicas equilibradas, una fiscalidad baja, un comercio libre y una economía competitiva (Rodríguez Braun, 2008b). No cayeron, por tanto, en las trampas con que el intervencionismo esconde su opresión. A continuación, veremos una que versa sobre la competencia fiscal. Y en el último apartado repasaremos la posibilidad de que el Estado efectivamente se reduzca, y de que la consigna según la cual «el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos», que no tiene por qué ser patrimonio de la derecha ni de la izquierda, pueda ser más ampliamente compartida.

Competencia para todo menos para la fiscalidad

Hemos reflexionado ya en este libro sobre el engaño que perpetran los admiradores del Estado cuando lo presentan como una réplica de la sociedad, como un reflejo simple de la comunidad y sus instituciones. La falsedad de esta reivindicación es aún más clamorosa en el caso de la competencia. Resulta, en efecto, sumamente llamativo el contraste entre la defensa enérgica de la competencia que acometen todos los Estados del mundo con la negativa aún más enérgica de esos mismos Estados a competir entre sí.

En el capítulo 4 vimos la confusión del origen de los paraísos fiscales, que en realidad son refugios, es decir, lugares cuya existencia se explica por la persecución. La imagen que se pretende dar de ellos como reductos exclusivos de terroristas no tiene ningún fundamento, porque quienes allí acuden trascienden con mucho la categoría de criminales. A ellos cabe aplicarles el mismo análisis que hicimos sobre los defraudadores, también retratados equivocadamente como peligrosos subversivos del orden social.

Una confusión análoga afecta al tema de la competencia, porque, si es buena entre las personas y entre las empresas, ¿por qué va a ser mala entre los Estados?

A esta pregunta, el pensamiento predominante tiene una rápida respuesta, que al parecer zanja definitivamente la cuestión: la competencia fiscal dará como resultado una menor recaudación. A partir de ahí, prolifera la retórica que acusa a los países, o regiones dentro de los países, de «deslealtad» y de «insolidaridad». Hay un acuerdo generalizado en el sentido de que si un país cobra menos impuestos, atraerá más inversiones y empresas, y eso hará «perder recaudación» a las naciones con mayor presión tributaria. Se da por sentado que todo esto es malo, y que debe evitarse mediante una normativa fiscal que a escala de cada país, de Europa y del mundo, establezca un sistema impositivo de colaboración entre las autoridades, nunca de competencia, y que venga marcado por tres líneas fundamentales para las personas y las empresas: deben pagar impuestos allí donde realicen su actividad, los países deben tener una fiscalidad similar y los impuestos, en particular los de las empresas, deben tener un tipo mínimo. El objetivo de aumentar la recaudación no puede ser más nítido.

La descentralización política, dentro de España y de Europa, puede llevar sin duda a contradicciones y riesgos de que una región o un país decida rebajar su presión fiscal, pero al mismo tiempo reclamar fondos de otras regiones o países. No estamos diciendo que estos problemas no existan. Lo que apuntamos es el notable mensaje fundamental contra la competencia fiscal: su principal defecto es que las personas y las empresas tienden gracias a ella a pagar menos impuestos. Sesudos catedráticos de Economía han advertido sobre el agudo inconveniente que esto representa y que incluso podría desembocar en que algunos impuestos llegaran a desaparecer.

Ya hemos criticado el error de hablar de solidaridad o insolidaridad en el caso de los impuestos, que no son aportaciones voluntariamente aceptadas. Pero ese error empalidece, a nuestro juicio, frente a esta enorme alarma que se extiende entre tantos profesores, políticos y medios de comunicación ante la posibilidad de que la competencia genere, en el caso de los Estados, los mismos resultados benéficos que genera en el caso de los mercados, a saber, bienes y servicios demandados por los ciudadanos a un precio ajustado.

Los cánticos en contra de la competencia fiscal ignoran asombrosamente que la gran mayoría de la población, a la que se supone que los Estados sirven, no quiere pagar más impuestos, sino menos.

Los enemigos de la competencia fiscal no parecen sospechar que actúan en contra de las demandas sociales y populares cuando insisten en la urgencia de la «armonización fiscal», que, como apuntamos con anterioridad, nunca es a la baja.

El Estado contenido

Uno de los grandes economistas liberales del siglo XX, el austriaco Ludwig von Mises, sin duda partidario de la reducción de los impuestos y del tamaño del Estado, parece arrojar un decepcionante jarro de agua fría sobre la posibilidad de que el poder adelgace:

Jamás ha habido un poder político que haya desistido voluntariamente de impedir el desarrollo y el funcionamiento libres de la institución de la propiedad privada de los medios de producción. Los Estados toleran la propiedad privada cuando son forzados a hacerlo, pero no la reconocen voluntariamente debido a su necesidad. Incluso los políticos liberales, cuando acceden al poder, habitualmente relegan sus principios liberales más o menos al abandono. La tendencia a imponer restricciones opresivas a la propiedad privada, a abusar del poder político y a rehusar respetar o reconocer cualquier esfera de libertad, fuera de más allá de los dominios del Estado, está enraizada demasiado profundamente en la mentalidad de quienes controlan el aparato estatal de compulsión y coerción como para que, voluntariamente, se resistan a ella. Un Estado liberal es una contradicción en sus términos. Los Estados deben ser obligados a adoptar el liberalismo por la fuerza de la opinión unánime de la gente; no cabe esperar que se vuelvan voluntariamente liberales. (Mises, 2005, p. 44)

Los españoles, que hemos padecido subidas de impuestos perpetradas por Gobiernos de derechas, de izquierdas, nacionalistas, etc., estaremos tentados de coincidir con Mises, como lo estarán los ciudadanos de muchos otros países. Si el Estado nunca puede reducir su peso, si el Estado liberal es realmente una contradicción en sus términos, no cabe esperar que su peso se reduzca. El panorama es, por tanto, sombrío.

Sin embargo, observemos que el razonamiento del economista austriaco, como el de muchos otros liberales, no apunta a que el peso del Estado no pueda en modo alguno reducirse jamás, sino que ese escenario no es algo que, por así decirlo, brote natural o espontáneamente de la propia dinámica política sin más. Al contrario, debe ser algo impuesto al Estado desde el exterior, y debe ser forzado sobre dicha dinámica.

En ese proceso, interactúan el mundo de las ideas y el mundo de los resultados concretos de la evolución estatal. Ya hemos apuntado antes la posibilidad de que al propio Estado le interese adelgazar, por su propio bien. Éste sería el desenlace de la mencionada interacción entre ideas y hechos.

Parece claro, por ejemplo, que cuando más se respeten la propiedad privada y los contratos voluntarios, cuanto más y más abiertamente protesten los ciudadanos contra sus violaciones, más dificultosa será la expansión del poder político. Para que ello suceda es crucial despejar la sistemática y nada casual demonización de la propiedad privada:

Si la culpa de todos los males que desaprueben sus críticos, en especial aquellos males cuyo origen estriba en que la propiedad privada ha sido obstruida y restringida en diversos sentidos, de modo que sus plenas capacidades sociales no hayan podido concretarse. (Ibídem, p. 40)

Y es menester, además, subrayar que los resultados de las incursiones políticas contra la propiedad y los contratos son los contrarios a los previstos. En ese sentido, el colapso del comunismo representó un espectacular progreso. La asociación entre el llamado socialismo real y la tiranía política, por un lado, y la miseria económica, por otro, quedó firmemente establecida. Ello desató una frenética carrera en la cual los comunistas han pretendido tanto apartarse de las consecuencias genocidas de su doctrina, como acercarse a otras banderas, consignas y movimientos políticos antiliberales que antes habían desdeñado e incluso combatido. De ahí la conversión que hemos visto de los comunistas en socialdemócratas, feministas, indigenistas, ecologistas, populistas, comunitaristas, cooperativistas, igualitaristas, etcétera.

No cabe duda de que todas las crisis animan a las fuerzas antiliberales. La Gran Depresión de la década de 1930 propició el intervencionismo en muchas naciones democráticas, y dio alas a los fascistas, los nazis y, por supuesto, a los comunistas, que llegaron incluso a sentenciar el fracaso del capitalismo, porque la Unión Soviética había quedado al margen de la sacudida financiera. Ensayarían esta mentira varias veces en varios países, hasta la caída del Muro, e incluso después, porque en la crisis de 2007 y, otra vez ahora, ante la del coronavirus, hemos vuelto a escuchar proclamas sobre el final del capitalismo y la necesidad de recomponerlo y reconstituirlo mediante el contrato social, etc., maniobras todas ellas destinadas a negar el fracaso socialista en todas sus variantes, y a establecer un nuevo contrato social, que, como acabamos de ver, se parece poco a un contrato, y es más socialista que social.

Los avances del Estado sobre los derechos de las personas han sido disfrazados siempre precisamente de lo contrario, de conquistas sociales que, como intuyó Puviani, exageran los beneficios del gasto público y minusvaloran los costes de los impuestos. Pero la estrategia no siempre funciona y, sobre todo, es más arduo para el propio Estado cuanto más se expanda. La combinación de ideas y resultados prácticos es, en todo caso, imprescindible para la contención del crecimiento del Estado:

Para que un movimiento de limitación fiscal tenga éxito en la actualidad, exigiría varios prerrequisitos esenciales: un resurgimiento de la creencia popular en el capitalismo de mercado; el nacimiento de serias dudas acerca de los beneficios del gasto público; un aumento de la hostilidad republicana hacia los privilegios especiales implicados en las estructuras burocráticas; una reducción importante del coste de la información sobre los impuestos para el ciudadano medio y el desarrollo de una estrategia política que fuera capaz de reunir a los contribuyentes pasando por encima de las divisiones clasistas. (Brownlee, 1986, p. 383)

Desde luego, esos prerrequisitos son cualquier cosa menos sencillos, pero la clave es que no sean inconcebibles. Y para ello debería poder extenderse la duda de que la política es un reflejo sencillo de lo que la gente realmente desea:

Pretender que las preferencias pueden ser reveladas y operadas por los Estados, independientemente del consenso de las personas, es presuponer que los Estados y sus funcionarios siempre actuarán de una forma ilustrada y totalmente desinteresada. (Peacock, 1993, p. 16)

La realidad, empero, no funciona así, es mucho más complicada: el Estado puede cumplir con numerosas funciones sin necesidad de crecer ilimitadamente, y las personas amigas de la libertad pueden defender la democracia y al mismo tiempo negarse a respaldar las decisiones gubernamentales que recorten sus derechos. Esto puede verse alimentado por los efectos contraproducentes de las políticas antiliberales cuando producen resultados opuestos a los pretendidos, por ejemplo, cuando defienden la competencia y fortalecen los monopolios, cuando controlan los precios y promueven la escasez, o cuando intervienen en el llamado mercado laboral y aumentan el paro. No es evidente que los pretendidos fallos del mercado, como las asimetrías de la información y otros, deriven necesariamente en la urgencia de subir los impuestos (Rodríguez Braun y Rallo, 2011, cap. 1). Otro tanto vale para la cuestión de la desigualdad, un destacado baluarte de la extensión del poder político, y que reiteradamente ignora los recortes de la libertad que comporta la desigualdad creciente entre el Estado y sus súbditos (Rodríguez Braun, 2018b).

Algunos economistas relevantes sostienen que la sociedad puede poner freno al crecimiento del Estado. Lo problemático resulta que lo haga mientras al mismo tiempo se lo alimenta con fantasías como que es gratis o lo pagan otros.

Es difícil que el Estado se limite mientras una proporción apreciable de la población crea al mismo tiempo que el Estado debe satisfacer necesidades sociales, ignorando que una de esas necesidades es que no crezca.

Esta cuestión fue, por regla general, ignorada por los antiliberales y, paradójicamente, en nombre de la libertad. Traemos a colación, precisamente, dos citas en ese mismo sentido de sendas personalidades muy destacadas, William Beveridge y Franklin Roosevelt, que promovieron el Estado de bienestar en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial el primero, y, el otro, el intervencionismo a gran escala en Estados Unidos a raíz de la Gran Depresión de los años treinta:

La libertad significa algo más que autonomía frente al poder arbitrario del gobierno. Significa autonomía frente a la servidumbre económica de la carencia y la miseria y otros males sociales; significa autonomía frente al poder arbitrario en cualquier forma. Un hombre que se muere de hambre no es libre.

La verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Los hombres necesitados no son libres. La gente que tiene hambre y está desempleada son el material con el que se hacen las dictaduras. (Citados en Acemoglu y Robinson, 2019, pp. 612 y 613)

Observamos aquí un argumento importante, cuya versión más brutal es la respuesta que en 1920 le dio Lenin a Fernando de los Ríos, cuando el socialista español le preguntó por la libertad en la Rusia comunista:

El problema para nosotros no es de libertad, pues respecto de ésta siempre preguntamos: ¿libertad para qué? (Ríos, 1997, tomo II, pp. 52-53)

La frase es sin duda siniestra, pero hay que señalar que los intervencionistas de todos los partidos han presentado una noción análoga, aunque disfrazada de modo finalista, con lo que puede ser asimilable no a una sanguinaria dictadura comunista, sino a un régimen democrático. Y ésa es la idea que presentan Beveridge y Roosevelt, y muchos otros desde entonces hasta nuestros días. A saber, el hambriento no es libre, el parado no es libre, el explotado no es libre, etc. La libertad no significa que el Estado no intervenga, como vimos recordando a Benjamín Constant en el capítulo 1, sino al contrario: significa que intervenga para que no padezcamos hambre ni carencias severas.

Una realidad resulta evidente: la explotación de los trabajadores y las hambrunas masivas no están asociadas a la libertad, sino a su ausencia. La gran mayoría de los muertos de hambre en el último siglo murieron en países comunistas. Mientras que, al contrario, la prosperidad de la clase trabajadora, como innumerables otros beneficios, desde la democracia hasta el cuidado del medio ambiente y la desigualdad social, están asociados al capitalismo, al respeto al mercado y sus instituciones, empezando por la propiedad privada y los contratos voluntarios. Como dice el premio Nobel de Economía, Amartya Sen, el hambre en nuestro tiempo no es consecuencia de la falta de comida, sino de la falta de libertad.

Como es natural, los intervencionistas interpolan en este punto un argumento claro: nadie está recomendando (ahora) el establecimiento de regímenes comunistas, sino de, por evocar el título del presente libro, Estados cariñosos, Estados que no aniquilan la propiedad privada ni quebrantan masivamente todos los contratos, sino que sólo lo hacen parcialmente. Se trata de amables Estados democráticos, únicamente interesados en la justicia social, los derechos, las ayudas, etcétera.

A menudo, este argumento se complementa con un desafío: ¿es que acaso desea usted la desaparición del Estado, la anarquía, la ley de la selva?

La libertad no es la ley de la selva, porque dicha ley es más cercana, precisamente, a su ausencia. Pero está claro que el Estado plantea un dilema: al parecer, lo necesitamos para eludir el caos y, al mismo tiempo, es un peligro que debe ser contenido por razones económicas, políticas y morales. Es menester frenar su coste en términos materiales, de libertades y de corrupción.

Dijo Jefferson: primero hay que permitir al Estado que controle a los ciudadanos, y después hay que forzarlo a que se controle a sí mismo. Pero ¿cómo se hace eso? Se ha pensado, por ejemplo, en que la descentralización del poder es capaz de frenar su crecimiento (Brennan y Buchanan, 1980, p. 185), aunque la explosión del gasto público en la España de las autonomías invita a tomar esta teoría con matices.

Boettke y Leeson resumen el problema irónicamente:

A pesar de sus importantes diferencias, la economía política, desde Smith hasta Samuelson y Buchanan, ha exhibido una visión bastante pesimista sobre la posibilidad de contener la depredación privada por medios privados, y una visión bastante optimista sobre la posibilidad de contener la depredación pública por medios públicos. (Boettke y Leeson, 2015, p. xxiii)

A esta dificultad, digamos, conceptual, se le unen las características de nuestro sistema democrático, que, como hemos analizado a lo largo de este libro, facilitan la expansión del poder a expensas de las libertades y los derechos de la gente. El Estado puede seducirnos para que creamos que es realmente solidario y desinteresado, aunque con notable regularidad su funcionamiento es prueba patente de lo contrario (Clark y Lee, 2017, p. 12). Sobre esa distorsión se montan las falacias económicas habituales, como el rechazo a las empresas que venden barato, o compran o fabrican barato en el extranjero para después importarlo, o que «especulan», como si la especulación fuera siempre dañina y pudiese contenerse benéficamente mediante la intervención política, por ejemplo, controlando los precios.

Los argumentos económicos, sin embargo, probablemente no sean los fundamentales. Pueden en realidad esconder la clave de una sociedad de mujeres y hombres libres, que es la defensa de los derechos ajenos y no exclusivamente de los propios:

Un régimen de libertad, es decir, un régimen en el que los derechos subjetivos son inviolables, no puede mantenerse si la mayoría de los miembros de la sociedad, dotados de capacidad política, no se preocupan de mantener intangibles esos derechos. (Jouvenel, 1998, p. 429)

Ésa es la cuestión fundamental y no tiene que ver con la eficiencia de los mercados, aunque, sin duda, suelen ser bastante más eficientes que su alternativa, sino con los valores éticos. Si nos centramos sólo en la eficiencia, entregaremos un amplio terreno discutible a los antiliberales de todos los partidos, que presumirán de que siempre es mejor que el Estado haga antes de que deje de hacer, y siempre es mejor que actúe fijándose en el corto plazo más que en el largo, que es lo que suelen hacer los políticos. O nos quedaremos arrinconados en un supuesto mérito del realismo, conforme al cual debemos aceptar o incluso aplaudir medidas o estrategias políticas que no son buenas, meramente porque su aplicabilidad es más probable que la de las otras, que sí son buenas. La clave debería ser más el sentido de las políticas que su probabilidad de éxito, y el genuino realismo estriba en decidir lo inmediato en función del objetivo final (Philbrook, 1953, pp. 858-859).

Con todo, cabe detectar en la opinión pública en décadas recientes un ánimo cada vez más hostil a las usurpaciones, que puede derivar de diferentes causas, desde la deslegitimación de los gobernantes ineficientes y corruptos hasta la insatisfacción con los servicios y prestaciones públicos, desde el mayor aprecio por los empresarios al mayor rechazo ante la intrusión de las autoridades en nuestros derechos y libertades, como comprobamos en la crisis del coronavirus (Rodríguez Braun y Rallo, 2011, cap. 5). Y, desde luego, el rechazo social a los impuestos es claramente mayor ahora que antes, llevando incluso a espectáculos realmente insólitos como el que se hayan organizado en España manifestaciones callejeras contra la presión fiscal, de las que se hicieron eco todos los medios de comunicación en el caso del impuesto de sucesiones. Ya hemos subrayado que estas manifestaciones son numéricamente inferiores a las que claman por más impuestos, disfrazando esta reivindicación de peticiones de un mayor gasto público. Pero son un fenómeno novedoso y plausible a la hora de concebir un Estado menor que el actual, como lo es también el que la cuestión fiscal esté hoy en el centro de los debates políticos y que algunos partidos de relevancia hayan convertido la consigna de bajar los impuestos en una bandera electoral atractiva, reconocida y apreciada por el público.

Conclusiones

¿Qué diferencia hay entre un taxidermista y un recaudador de impuestos? Que el taxidermista sólo te quita la piel.

MARK TWAIN.

El Estado presume de querernos. Su retórica está repleta de palabras amables, desde ayuda hasta empleo, desde justicia hasta solidaridad, desde progreso hasta servicios públicos y desde igualdad hasta libertad.

Se dirá, de entrada, que el cariño es una cuestión secundaria cuando se habla de política y de sistemas coercitivos. Después de todo, un señor feudal quizá pudo abrigar genuinos sentimientos de afecto hacia sus siervos, o el dueño de una plantación sentir lo propio hacia sus esclavos, o el director de un campo de trabajos forzados soviético hacia sus internos, y eso no significa que debamos aplaudir la servidumbre, ni la esclavitud, ni el comunismo.

La diferencia fundamental entre esos sistemas y el mundo en que vivimos es que nuestras democracias son incompatibles con el servilismo feudal, las plantaciones de esclavos y el genocidio de los comunistas o los nazis.

El problema estriba en que no es evidentemente cierto que el moderno Estado democrático se resuma en ayuda, empleo, justicia, igualdad, libertad y otras bellas palabras que constantemente cacarea. Y eso es lo que hemos examinado en este libro: sus palabras, en concreto sus palabras a propósito de una de sus características esenciales, la coerción fiscal.

Y hemos visto que al Estado se le puede aplicar la dura advertencia bíblica: «El desaprensivo se dedica a inventar maquinaciones para sorprender a los pobres con palabras engañosas» (Is 32, 7). En efecto, Hacienda no somos todos, ni lo aceptamos, ni es siempre para bien. El Estado reiterada y manifiestamente nos miente, insistiendo en que sus usurpaciones son lo mejor que nos puede suceder, y que en ausencia de éstas reinaría, por seguir con las Escrituras, el llanto y el crujir de dientes.

No es cierto que la mayoría del pueblo sea feliz pagando impuestos, ni que éstos deban subir porque hay «necesidad», «margen» o «consenso».

El derecho de resistencia a la opresión no sólo está reconocido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sino que venía siendo ejercido desde mucho antes, especialmente en contra de la fiscalidad. Las Constituciones, y en particular la española de 1978, distinguen entre el derecho a gravar y el derecho a confiscar, negándole este último a los Estados. Es claro que la democracia tiende, como hemos visto, a desactivar las protestas de los contribuyentes, pero no cabe duda de que el rechazo a los impuestos sigue existiendo y, paulatinamente, se ha ido extendiendo, en todos los grupos sociales y franjas de edad. Incluso hemos visto hace poco a un ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, del Partido Popular, caracterizado como un vampiro por viñetistas de izquierdas y de derechas, ante el regocijo general.

Es posible, sólo posible, que lo que esté en crisis no sea el capitalismo o el liberalismo, como siempre se asegura, y lo hemos vuelto a comprobar con la pandemia del coronavirus. Es posible que la crisis afecte al oneroso Estado redistribuidor de nuestro tiempo, y que brote de las mentiras que el propio Estado propaga con insistencia, y que hemos denunciado en este libro.

En tal caso, los ciudadanos estaremos más dispuestos que antes a señalar dichas mentiras, y a castigar con nuestra voz y nuestro voto a quienes nos prometen que nunca les subirán los impuestos a las personas corrientes, ni a las pequeñas y medianas empresas, ni a los ahorradores, si, como suele suceder, no dicen la verdad.

Si aumenta el número de quienes desconfían del cariño de Hacienda, puede que se rompa el círculo vicioso en el que los poderosos nos animan a permanecer, obedeciendo, callando y pagando por nuestro bien.

El poeta chileno Nicanor Parra (Rosales, 2019, p. 153) utilizó, a propósito del impuesto de la inflación, una alegoría que vale en realidad para todos, porque imaginó a los ciudadanos encerrados:

Dentro de la jaula hay alimento.

Poco, pero hay.

Fuera de ella sólo se ven enormes extensiones de la libertad.

Bibliografía

Acemoglu, D., y Robinson, J. A., El pasillo estrecho. Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad, Deusto, Barcelona, 2019.

Adams, T. S., «Ideales e idealismo en la imposición», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, pp. 261-275, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986.

Afonso, A., Schuknecht, L. y Tanzi, V., «Public Sector Efficiency: An International Comparison», documento de trabajo n.º 242, Banco Central Europeo, julio, 2003.

Alesina, A., Favero, C. y Giavazzi, F., Austerity. When it Works and When it Doesn’t, Princeton University Press, Princeton y Oxford, 2019. Traducción al español en Deusto.

Alvira Martín, F., García López, J. y Delgado Lobo, M. L., Sociedad, impuestos y gasto público. La perspectiva del contribuyente, CIS/Siglo XXI, Madrid, 2000.

Azevedo Alves, A., «No Salvation through Constitutions. Jasay versus Buchanan and Rawls», The Independent Review, 20, 1 (2015), pp. 33-46.

Bagus, P., Block, W. E., Eabrasu, M., Howden, D., y Rostan, J., «The Ethics of Tax Evasion», Business and Society Review, 116, 3 (2011), pp. 375-401.

Bastiat, F., La Ley, Alianza, Madrid, 2005.

Beito, D. T., From Mutual Aid to the Welfare State. Fraternal Societies and Social Services, 1890-1967, The University of North Carolina Press, Chapel Hill y Londres, 2000.

Benson, B., Justicia sin Estado, Unión Editorial, Madrid, 2000.

Boaz, D., Liberalismo: una aproximación, Gota a Gota, Madrid, 2007.

Boettke, P. J., y Leeson, P. T., «Introduction», en Peter J. Boettke y Peter T. Leeson, eds., The Economic Role of the State, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2015.

Brennan, G., y Buchanan, J. M., The Power to Tax. Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Nueva York, 1980.

Brownlee, W. E., «La transformación del sistema tributario y los expertos, 1870-1930», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 363-386.

Buchanan, J. M., Fiscal Theory and Political Economy. Selected Essays, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1960.

—, «Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice», The Collected Works of James M. Buchanan, vol. 4, Liberty Fund, Indianápolis, 1999.

Clark, J. R., y Lee, D. R., «Econ 101 Morality: The Amiable, the Mundane, and the Market», Econ Journal Watch, 14, 1 (2017), pp. 61-76.

Coase, Ronald H., «The Lighthouse in Economics», Journal of Law and Economics, 17, 2 (1974), pp. 357-376.

— «El problema del coste social», en La empresa, el mercado y la ley, Alianza, Madrid, 1994.

Constant, B., «De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes», en Œuvres politiques de Benjamin Constant, Charpentier, París, 1874, pp. 258-286.

Comín, F., Hernández, M., y Llopis, E., eds., Historia Económica de España. Siglos X-XX, Crítica, Barcelona, 2002.

Delgado Lobo, M. L., y Gutiérrez Lousa, M., «La utopía del cumplimiento fiscal voluntario», en Santiago Álvarez García y Pedro M. Herrero Molina, eds., La ética en el diseño y aplicación de los sistemas tributarios, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004, pp. 145-161.

Desmarais-Tremblay, M., «Paternalism and the Public Household. On the Domestic Origins of Public Economics», Documents de Travail du Centre d'Économie de la Sorbonne, n.º 32, París, 2017.

Downs, A., Teoría económica de la democracia, Aguilar, Madrid, 1973.

Eisenstein, L., Las ideologías de la imposición, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983.

Fasiani, M., Principios de la ciencia de la Hacienda, Aguilar, Madrid, 1962.

Fernández Cainzos, J. J., ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986.

Ferrer Maestro, J. J., Economía de la Antigua Roma: guerra, comercio y finanzas, Editorial Síntesis, Madrid, 2019.

Friedman, D., La maquinaria de la libertad, Innisfree, Madrid, 2012. Prólogo de Albert Esplugas.

Fuentes Quintana, E., Las reformas tributarias en España. Teoría, historia y propuestas, Crítica, Barcelona, 1990. Editado por Francisco Comín.

García López, J., «Crítica popular al sistema tributario español», Hacienda Pública Española, 34 (1975), pp. 55-100.

Garzón Pareja, M., Historia de la Hacienda en España, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1984.

Gaudemet, P. M., «Las relaciones entre el fisco y el contribuyente», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 569-585.

Goldscheid, R., «A sociological approach to problems of public finance», en Richard, A. M. y Peacock, A. T., eds., Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan y St Martin’s Press, Londres y Nueva York, 1967, pp. 202-213.

Grande Serrano, P., «La psicología económica como herramienta para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias», Revista de Contabilidad y Tributación, 439 (2019), pp. 5-36.

Hayek, F. A., «Los intelectuales y el socialismo», en Socialismo y guerra, Unión Editorial, Madrid, 1998a, pp. 263-281.

—, Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1998b.

—, La fatal arrogancia, Unión Editorial, Madrid, 2010.

—, Camino de servidumbre, Unión Editorial, Madrid, 2017.

Hebert, D., y Wagner, R. E., «Taxation as a Quasi-Market Process: Explanation, Exhortation, and the Choice of Analytical Windows», GMU Working Paper in Economics, n.º 13-34, 2013.

Hirshleifer, J., «Anarchy and Its Breakdown», Journal of Political Economy, 103, 1 (1995), pp. 26-52.

Hobbes, T., Leviatán, traducción al español de Antonio Escohotado, Deusto, Barcelona, 2018.

Hoffer, A. J., y Shughart, W. F. II, «The Theory and Practice of Selective Consumption Taxation», en Adam Hoffer y Todd Nisbit, eds., For Your Own Good: Taxes, Paternalism, and Fiscal Discrimination in the Twenty-First Century, Mercatus, Arlington, VA, 2018, pp. 59-76.

Holcombe, R. G., «Progressive Democracy: the ideology of the modern predatory state», Public Choice, 182, 3 (2020), pp. 287-301.

Hume, D., Ensayos Políticos, traducción e introducción de César Armando Gómez (Guatemala, Universidad Francisco Marroquín), Unión Editorial, Madrid, 2005.

Instituto de Estudios Fiscales, Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017, documento de trabajo n.º 13, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2018.

Jasay, A. de, Social Contract, Free Ride. A Study of the Public Goods Problem, Clarendon Press, Oxford, 1989.

—, El Estado, Alianza, Madrid, 1993.

—, Justice and its Surroundings, Liberty Fund, Indianápolis, 2002.

—, The Maximizing State, The Independent Review, 15, 1 (2010a), pp. 5-18.

—, Inspecting the Foundations of Liberalism, Economic Affairs, 30, 1 (2010b), pp. 6-12.

Jèze, G., «La negativa concertada a pagar el impuesto», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 277-282.

Jouvenel, B. de, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Unión Editorial, Madrid, 1998.

—, La ética de la redistribución, Encuentro, Madrid, 2009.

Kaiser, A., La neoinquisición. Persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI, Deusto, Barcelona, 2020.

Kant, I., Principles of Politics, including his essay on Perpetual Peace. A Contribution to Political Science, Clark, Edimburgo, 1891.

Lee, D. R., y Clark, J. R., «Market Failures, Government Solutions, and Moral Perceptions», Cato Journal, 33, 2 (2013), pp. 287-297.

Lemieux, P., «The State and Public Choice», The Independent Review, 20, 1 (2015), pp. 23-31.

Leroy-Beaulieu, P., Traité de la Science des Finances, Guillaumin, París, 1906.

Lindert, P. H., Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Lowery, D., y Sigelman, L., «Ocho explicaciones para entender la revuelta fiscal», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 421-457.

Marciano, A., «Buchanan’s Non-Coercive Economics for Self-Interested Individuals: Ethics, Small Groups, and the Social Contract», Journal of the History of Economic Thought, 38, 1 (2016), pp. 1-20.

Marx, K., y Engels, F., Collected Works, Lawrence & Wishart, Londres, 2010.

McKean, R. N., «The Unseen Hand in Government», American Economic Review, 55, 3 (1965), pp. 496-506.

Mill, J. S., Principles of Political Economy, University of Toronto Press/Routledge & Kegan Paul, Toronto, 1965. Traducción al español en FCE.

Mises, L. von, Liberalism. The Classical Tradition, Indianápolis, Liberty Fund, Indianápolis, 2005. Traducción al español en Unión Editorial.

Mitchell, M. D., y Boettke, P. J., Applied Mainline Economics. Bridging the Gap between Theory and Public Policy, Mercatus Center, George Mason University, Arlington, VA, 2017.

Musgrave, R. A., Teoría de la Hacienda Pública, Aguilar, Madrid, 1969.

—, «Una breve historia de la doctrina fiscal», Hacienda Pública Española, 115, 2 (1990), pp. 299-334.

Musgrave, R. A., y Peacock, A. T., eds., Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan y St Martin’s Press, Londres y Nueva York, 1967.

Negro, D., La tradición de la libertad, Unión Editorial/Centro Diego de Covarrubias, Madrid, 2019.

Newcomb, S., «The Let-Alone Principle», North American Review, 110, 226 (1870), pp. 1-33.

Niskanen, W. A., Bureaucracy: Servant or Master?, Institute of Economic Affairs. Londres, 1973. Traducción al español en Espasa Calpe.

—, Bureaucracy and Public Economics, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 1994.

Oates, W. E., «On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey», en Geoffrey Brennan, Bhajan S. Grewel y Peter Groenewegen, eds., Taxation and Fiscal Federalism: Essays in Honour of Russell Matthews, Australian National University Press, Sídney, 1988, pp. 65-82.

O’Connor, J., Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana, Periferia, Buenos Aires, 1974.

Olson, M., The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge, 1965. Traducción al español en Limusa.

—, «Dictatorship, democracy, and development», American Political Science Review, 83, 3 (1993), pp. 567-576.

Ortega y Gasset, J., España invertebrada, Alianza Editorial, Madrid, 2014.

Pasqual i Rocabert, J., «La Ilusión Fiscal», Laissez-Faire, 11 (1999), pp. 15-28.

Peacock, A., «Keynes and the Role of the State», en Derek Crabtree y A. P. Thirlwall, eds., Keynes and the Role of the State, Palgrave Macmillan, Londres, 1993, pp. 3-32.

—, Elección pública: una perspectiva histórica, Alianza, Madrid, 1995.

Pennington, M., Robust Political Economy, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2011.

Philbrook, C., «Realism in Policy Espousal», American Economic Review, 43, 5 (1953), pp. 846-859.

Piketty, T., Capital e ideología, Deusto, Barcelona, 2019.

Prados de la Escosura, L., Álvarez-Nogal, C., y Santiago-Caballero, C., «Growth Recurring in Preindustrial Spain: Half a Millennium Perspective», EHES Working Paper, n.º 177, 2020.

Puviani, A., Teoría de la ilusión financiera, traducción, estudio preliminar y notas de Álvaro Rodríguez Bereijo, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1972.

—, «Sobre la razón del impuesto», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 235-259.

Rallo, J. R., «La confiscación tributaria sí existe», El Confidencial, 24 de septiembre de 2018.

Reid, J. D. Jr., «Las revueltas fiscales desde una perspectiva histórica», en Juan J. Fernández Cainzos, ed., El Estado y los contribuyentes: la resistencia fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1986, pp. 339-362.

Reynolds, A., «Optimal Top Tax Rates: A Review and Critique», Cato Journal, 39, 3 (2019), pp. 635-665.

Ríos, F. de los, «Mi viaje a la Rusia sovietista», en Obras Completas, Anthropos, Barcelona, y Fundación Caja de Madrid, Madrid, 1997.

Rodríguez Braun, C., «El pensamiento económico en el siglo XX», Anales, 46 (2001), Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, pp. 11-34.

—, «Álvaro Flórez Estrada. Compromised Liberalism in Nineteenth-Century Spain», The Independent Review, 1, 1 (2008a), pp. 81-98.

—, «Early Liberal Socialism in Latin America. Juan B. Justo and the Argentine Socialist Party», The American Journal of Economics and Sociology, 67, 4 (2008b), pp. 567-603.

—, «Money and Contract in The Merchant of Venice », Journal des Économistes et des Études Humaines, 15, 1 (2009), pp. 1-23.

—, «On Liberty’s Liberty», The Independent Review, 14, 4 (2010), pp. 599-612.

—, «Tensión económica en la Centesimus Annus », en Economía de los no economistas, LID Editorial, Madrid, 2011, pp. 93-110.

—, «Los impuestos», en Francisco J. Delgado Rivero y Roberto Fernández Llera, eds., Impuestos para todos los públicos, Editorial Pirámide, Madrid, 2012, pp. 293-296.

—, «Prólogo a Hayek, Friedrich A.», Camino de servidumbre, Unión Editorial, Madrid, 2017.

—, «Francisco Franco ante una subida de impuestos», en Panfletos Liberales IV, LID Editorial, Madrid, 2018a, pp. 309-310.

—, «De Procusto a Podemos. Ensayo sobre la desigualdad», Revista de Occidente, 442 (2018b), pp. 67-105.

—, «Adam Smith’s Liberalism», The Review of Austrian Economics, 2019. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11138-019-00474-9>.

Rodríguez Braun, C. y Blanco, M., «Bastiat as an economist», The Independent Review, 15, 3 (2011), pp. 421-445.

Rodríguez Braun, C. y Rallo, J. R., Una crisis y cinco errores, LID Editorial, Madrid, 2009.

—, El liberalismo no es pecado. La economía en cinco lecciones, Deusto, Barcelona, 2011.

Rosales, J. C., ed., A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, Vaso Roto Ediciones, Madrid, 2019.

Rosenblatt, H., La historia olvidada del liberalismo, Crítica, Barcelona, 2020.

Rothbard, M. N., «Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics», en Mary Sennholz, ed., On Freedom and Free Enterprise. Essays in Honor of Ludwig von Mises, Princeton, NJ, D. Van Nostrand, 1956, pp. 224-262.

Sainz de Bujanda, F., «Teoría de la educación tributaria», Revista de la Facultad de Derecho, 9, 24 (1967), pp. 343-490.

Sanandaji, N., Scandinavian Unexceptionalism. Culture, Markets and the Failure of Third-way Socialism, Institute of Economic Affairs, Londres, 2015.

Sanz-Sanz, J. F., Arrazola-Vacas, M., Rueda-López, N. y Romero-Jordán, D., «Reported gross income and marginal tax rates: estimation of the behavioural reactions of Spanish taxpayers», Applied Economics, 47, 5 (2015), pp. 466-484.

Schumpeter, J. A., «La crisis del Estado fiscal», Hacienda Pública Española, 2 (1970), pp. 145-169.

Smith, A., «Lectures on Jurisprudence», en R. L. Meek, D. D. Raphael y P. G. Stein, eds., Liberty Fund, Indianápolis, 1982. Traducción al español en Comares.

—, La riqueza de las naciones, Alianza, Madrid, 2017.

—, La teoría de los sentimientos morales, Alianza, Madrid, 2019.

Sowell, T., Conflicto de visiones: orígenes ideológicos de las luchas políticas, Gedisa, Buenos Aires, 1990.

Stiglitz, J. E., Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar, Taurus, Barcelona, 2020.

Stoner, J. R. Jr., «Civil Society and Social Justice. A Prospectus», The Independent Review, 24, 1 (2019), pp. 85-94.

Tanzi, V., Government versus Markets. The Changing Economic Role of the State, Cambridge University Press, Nueva York, 2011.

Tocqueville, A. de, Democracy in America, Liberty Fund, Indianápolis, 2010. Traducción al español en Alianza, editado por Eduardo Nolla.

Wagner, R. E., «The Language of Taxation: Ideology Masquerading as Science», en Adam Hoffer y Todd Nisbit, eds., For Your Own Good: Taxes, Paternalism, and Fiscal Discrimination in the Twenty-First Century, Mercatus, Arlington, VA, 2018, pp. 77-96.

Wicksell, K., «A new principle of just taxation, en Richard», A. Musgrave y Alan T. Peacock, eds., Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan y St Martin’s Press, Londres y Nueva York, 1967, pp. 72-118.

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN (Buenos Aires, 1948) es economista, periodista y profesor. Catedrático retirado de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina. Es autor de una veintena de libros, entre ellos El liberalismo no es pecado (2011), junto a Juan Ramón Rallo, y las series Tonterías económicas, Diez ensayos liberales y Panfletos liberales.

MARÍA BLANCO GONZÁLEZ es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad CEU-San Pablo. Compagina la docencia y la investigación académicas con la difusión del liberalismo en diversos medios de comunicación. Es autora de los libros Las Tribus Liberales (2014) y Afrodita desenmascarada (2016), y coautora de Hacienda somos todos, cariño (2021).

LUIS DANIEL ÁVILA es licenciado en Periodismo y máster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado como consultor de comunicación, productor audiovisual, fotógrafo y diseñador gráfico. Como especialista en Economía de la cultura, ha emprendido diversas iniciativas para promover la educación financiera entre la comunidad creativa. Actualmente reside en Salzburgo, donde combina la gestión de su empresa de management artístico con la práctica de una vida estoica y minimalista dedicada a la divulgación de los principios de una sociedad libre.