La delimitación de los ámbitos respectivos del Estado y el mercado se ha convertido en la principal cuestión económica de nuestro tiempo y en un problema político insoslayable. Las privatizaciones y desregulaciones, el medio ambiente y la desigualdad, las tensiones en diversos capítulos de la sociedad del bienestar, como la sanidad y las pensiones, están hoy más que nunca sobre el tapete.

Carlos Rodríguez Braun

Estado contra mercado

ePub r1.0

Sibelius 02.09.13

Carlos Rodríguez Braun, 2000

Editor digital: Sibelius

ePub base r1.0

A los progresistas

Prólogo

Una de las burlas más difundidas de entre las muchas que estigmatizan a los economistas subraya nuestra notoria capacidad para el desacuerdo. Y el tema de este libro parece ratificar el retrato que nos pinta como sujetos indeseables, siempre renuentes a tener el buen gusto de brindar una misma solución a un mismo problema.

La crítica deriva de una distorsión metodológica. Lejos de mi ánimo emprender una defensa corporativa de mi profesión, pero como los economistas somos discordes en lo tocante al Estado y al mercado, reivindico el derecho a situarnos a liberales y a intervencionistas fuera de la imagen que ridiculiza el disenso entre nosotros como prueba de inanidad científica. No pretendo hacer ostentación del rigor ni relevancia de nuestra disciplina, pero sí apartarla de cualquier asomo de charlatanería con dos explicaciones.

En primer lugar, quien subraya el desencuentro de las explicaciones científicas ignora sus fundamentos y su historia. La evolución del conocimiento humano es cualquier cosa menos cohesivamente lineal o plácidamente acumulativa. En las ciencias exactas y naturales las hipótesis diferentes y aun contradictorias son la regla, no la excepción. Esto no quiere decir que no sepamos nada, ni que seamos incapaces de mejorar nuestras explicaciones sobre el mundo, pero sí expresa que avanzamos a tientas, contrastando y descartando argumentos a lo largo de intensas discusiones de incierto desenlace. Y si la discrepancia es frecuente entre los físicos, los astrónomos e incluso los matemáticos, ¿cómo no va a serlo entre quienes estudian a los seres humanos? Y si difieren quienes investigan a los individuos aisladamente, como los médicos que no coinciden en diagnosticar la enfermedad de un paciente, ¿cómo no van a diferir los que estudian a las personas colectivamente, sus tratos y contratos recíprocos, su historia o su organización social?

Hay, en segundo lugar, un aspecto sociológico que quizá explique el incorrecto énfasis peyorativo en los desacuerdos de los economistas. Sucede que la economía es algo cotidiano e importante para nuestra vida más inmediata. Todos solemos hablar más de la cuenta sobre lo que ignoramos (hay, con perdón, una explicación económica: los costes de información no son nulos, mientras que hablar es gratificante y barato), pero las incógnitas de la física nuclear nos parecen vastamente más lejanas que el paro o la inflación. La mayoría de las personas titubearíamos antes de exponer la teoría de la relatividad, pero muy pocas se contienen a la hora de opinar sobre los impuestos, las empresas o las finanzas.

Quede claro que esta invasión no me molesta ni agravia; ha sido una constante acompañante de la teoría económica desde sus más remotos inicios. Lo único que apunto es que la cotidianeidad de los asuntos económicos no sólo no garantiza su mejor comprensión sino que además sirve para explicar el que se carguen erróneamente las tintas sobre las divisiones entre los economistas.

Esto dicho, no asombrará la ausencia de unanimidad ante la principal cuestión económica de nuestro tiempo: el establecimiento de los ámbitos respectivos del Estado y el mercado. Cabe matizar, asimismo, la divergencia, puesto que quien se asome al debate profesional comprobará que no plantea una polémica maniquea ni extremista sino que más bien analiza los criterios de convivencia entre un Estado y un mercado a los que ningún economista solvente desea ver aniquilados.

He escrito este libro pensando en un público amplio, con lo cual he eludido en todo lo posible la jerga técnica de la profesión, y cuando la utilizo no he dado ningún concepto económico por supuesto. Pretendo abordar todos los aspectos cruciales de la cuestión, y aunque habría sido ilusorio pretender exponer con prolijidad programas detallados de reformas concretas, sí trato el problema de modo que el lector pueda apreciar y ponderar las reformas que habitualmente se plantean y las que yo mismo sugiero.

Conste mi reconocimiento a Julio Segura, con quien planificamos este libro como un amigable duelo entre un economista más liberal y uno menos. Por desgracia, Julio no pudo escribir su parte y me dejó no solo ante el peligro, pero sí solo ante el lector. Y conste, como siempre, mi gratitud a María Cifuentes, editora y amiga, por su apoyo, confianza y paciencia.

C. R. B.

Madrid, diciembre de 1999

I

Introducción

La tesis de este ensayo es que el Estado ha crecido excesivamente a expensas del mercado y ha usurpado derechos y libertades de los ciudadanos no sólo más allá de lo económicamente conveniente sino también de lo políticamente lícito y lo moralmente admisible.

No me interesa combatir contra molinos de viento ni hacer leña del árbol caído. En los virtuales albores del siglo XXI existe entre las opciones ideológicas relevantes un amplio acuerdo en el sentido de que algunas cosas ya no se pueden discutir. Sería fácil para mí, y poco deportivo, ensañarme con lo que ha significado la desastrosa experiencia del régimen que suprimió el mercado: una inicua mezcla de ineficacia económica y tiranía política que no sólo empobreció medio planeta sino que lo regó con la sangre inocente de millones de trabajadores. Voy a dar, pues, por sentado que el mercado ha sido incorporado al acervo doctrinal y es aceptado como ingrediente indispensable de la convivencia humana, aunque las dosis recomendadas del mismo puedan variar considerablemente. No hay “terceras vías” entre el mercado y su eliminación: esta última alternativa ha desaparecido.

El Estado, en el sentido de un orden derivado del imperio de la ley, es necesario. A pesar de algunas visiones distorsionadas del liberalismo, que lo identifican con la anarquía, creo que hay fronteras claras al progreso en una comunidad libre sin un orden, sin un grado de coacción, aunque, otra vez, dicho grado es objeto de interpretaciones y preferencias muy dispares; desde el punto de vista liberal, toda coacción más allá de la justicia es en principio cuestionable y su necesidad debe ser demostrada.

Pretendo combatir frente a un adversario más difícil, pero también más trascendental: no el agresivo Estado comunista sino el benévolo Estado democrático, que no comporta la aniquilación del mercado sino que lo admite, aunque lo condiciona y limita en aras del emprendimiento de costosas políticas económicas, principalmente de carácter redistributivo.

Mi objetivo es demostrar que es preciso un nuevo equilibrio entre Estado y mercado, a favor de los ciudadanos en éste y en desmedro de los políticos en aquél, que en el peor de los casos no quebrante y en el mejor restaure y afiance los componentes más progresivos de nuestra civilización: la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, los derechos humanos, la solidaridad y el crecimiento del nivel de vida y el bienestar de todos.

Presento primero un elogio del mercado y después una crítica del Estado. En ambos apartados intento abordar los problemas que se plantean habitualmente sobre este asunto, sin duda la gran cuestión política de nuestro tiempo, y expongo un marco para la formulación y la crítica de propuestas concretas. A continuación figuran las conclusiones del ensayo y una breve lista de lecturas, sólo en idioma español, que incluye las fuentes principales de estas páginas y que quizá pueda servir al lector interesado en proseguir el estudio del mercado y el Estado desde la perspectiva liberal.

En las páginas que siguen el lector no hallará conceptos complicados, o no los hallará sin una definición clara y accesible, y tampoco encontrará notas al pie, ni cifras, ni nombres propios. Hay pocas referencias y ejemplos, porque mi reflexión es más general; no está supeditada a circunstancias peculiares de ningún país en particular sino que, como ya he indicado, alude en especial a las democracias económicamente intervenidas, características de nuestro tiempo en España, pero también en Europa y otros lugares. No soy prolijo en la ilustración de mi exposición, trato de circunscribirme a la evidencia empírica más fácilmente reconocible por quienes no comparten mi visión de las cosas, y he procurado, sin comprometer vitalmente el rigor, no distraer la atención del lector con aspectos no fundamentales de la argumentación.

II

Elogio del mercado

El mercado ha concitado desde siempre la sospecha y el desdén, cuando no la ira, de políticos, empresarios, sindicalistas, intelectuales, periodistas, religiosos y artistas, grupos todos ellos poderosos e influyentes. Quizá la imagen más repetida de estos críticos acerca del mercado sea la de su crueldad. El capitalismo es salvaje; el mercado, nos dicen, es la selva. Ahora bien, como sabe cualquiera sin necesidad de salir del salón de su casa, porque basta con ver documentales por televisión, en la selva no hay capitalismo. No hay capitalismo, ni mercados, ni empresas, ni ciudades, ni casas, ni calles, ni gente, ni nada.

Quienes vivimos en democracia solemos dar por supuestas muchas cosas que no son tan obvias. Si hay golpes militares en África, como antes los había en América Latina, no siempre reflexionamos en que lo más lógico es que los militares golpeen. Nada es más fácil que la toma del poder por quien tiene el virtual monopolio de la fuerza. La cuestión interesante, por tanto, y como observó precisamente un gran economista afronorteamericano, no es por qué hay golpes militares: lo asombroso es por qué no hay golpes militares en algunos países.

Esta línea de reflexión nos conduce al fundamento mismo de la vida social: las normas. La civilización depende de que haya garantías de que algunas conductas no son admisibles. Por ejemplo, no es aceptable que el ejército conquiste el gobierno civil, porque en las sociedades modernas el ejército sirve más que manda; no equivale a un poder sino a un servicio público: la defensa nacional.

La condición de la libertad es la restricción, paradójicamente justo lo contrario de lo que a primera vista parece. La complejidad de esta idea, de que necesitamos reglas para ser libres, subyace también en la incomprensión generalizada del mercado.

Si en la selva, pues, no hay mercados ni nada, la explicación es bien sencilla: eso sucede porque allí no hay derechos y sólo rige la ley de la selva, la ley del más fuerte, la inseguridad total.

Los mercados, en cambio, florecen en contextos diferentes, donde lo que impera es la libertad, la justicia, la seguridad personal, la protección de los derechos y la garantía del cumplimiento de los contratos. Por eso la economía de mercado y la civilización y el progreso van de la mano: sus condiciones de existencia y desarrollo son las mismas reglas. Esto sorprenderá a los intervencionistas que separan dicha unión y favorecen sólo las libertades y la justicia que no atañen a la economía; sin embargo, la separación es inválida. No puede ser casualidad que allí donde reina la libertad económica suele reinar también la política, y donde los poderosos eliminaron la libertad de mercado también suprimieron las demás libertades. Otro aspecto llamativo es que las reglas que salvaguardan la civilización y el mercado parecen exigir alguien que las aplique. No hay, pues, mercado sin un orden, el del Estado de Derecho. Se dirá que esto no es cierto, puesto que existen transacciones fuera de dicho Estado; después de todo, hubo en tiempos pasados mercados de esclavos, y en la actualidad hay mercados de asesinatos. Pero es claro que utilizamos en esos casos la palabra mercado en un sentido diferente del mercado que asociamos con el desarrollo civilizado, del mismo modo que hablamos de ley de la selva o de reglas de las sociedades criminales en un sentido totalmente opuesto al uso habitual de expresiones como ley, regla o sociedad. Lo que caracteriza a dicho uso habitual es la existencia de restricciones, el imperio de la ley y la severa limitación al recurso a la violencia para satisfacer nuestras necesidades o garantizar nuestros derechos.

Ese conjunto de restricciones surgió tras una larga evolución, y no tiene inventor conocido. Nadie concluyó racionalmente que había que instaurar la propiedad privada o el mercado o el dinero. La propia acción humana, con sus aciertos y desaciertos, sus marchas y contramarchas, fue creando en las personas la impresión de que era más eficaz la adopción de conductas pautadas, que se fueron plasmando en valores morales e instituciones jurídicas y políticas.

La no racionalidad de las reglas es importante, pero no quiere decir que sean arbitrarias y mucho menos irracionales, sino que surgen evolutivamente, por ensayo y error, a lo largo de un curso complejo que no responde a un designio de la inteligencia humana. Corolarios de esta idea son la modestia y la cautela: modestia porque no sabemos bien cuál es el origen y cómo es el funcionamiento de estas instituciones básicas, y cautela, por tanto, a la hora de intentar reformarlas o incluso destruirlas a partir de postulados intelectuales. En esta cautela late un principio de la acción humana, largamente reconocido: el de las consecuencias no previstas ni deseadas. La complejidad de la vida social hace que estas consecuencias existan en todos los órdenes, para bien y para mal. Ni la modestia ni la cautela caracterizan al rechazo intervencionista del mercado: éste se basa en la soberbia de que es posible comprender intelectualmente a la sociedad de modo cabal, y en la imprudencia de creer que se puede jugar con esas reglas e instituciones gratuitamente.

El mercado ha sido amplia y tradicionalmente tratado por la ciencia económica desde la perspectiva de la asignación de recursos. Este enfoque parcial y desafortunado ha dado pie a las críticas intervencionistas que pintan al mercado como un frío artefacto autoritario, un déspota materialista, obsesionado con el (no por azar llamado) vil metal, que no titubea en dejar a los débiles a la intemperie. La propia noción de eficiencia asignativa brindó múltiples oportunidades a los intervencionistas para acusar a los liberales de engañar a la opinión pública, mostrando sólo un paraíso donde la “mano invisible” lo pinta todo de color de rosa y tapa numerosos fallos del mercado libre. Esta visión ha sido extremadamente eficaz y ha animado la conclusión de que la intervención del poder político resulta irreemplazable para corregir tan abusivo estado de cosas. Además, la concepción meramente asignativa del mercado propició la falsedad que sostiene que las virtudes del mercado se limitan a quienes ya tienen recursos, y son inútiles, por tanto, para los pobres.

El énfasis en estas presuntas debilidades del mercado no debe ocultar la presente admisión de su eficiencia. Esto no ha sido siempre así. Hubo un tiempo donde además de todo ello se insistía seriamente en que el mercado no era eficiente a la hora de asignar recursos, y que el Estado lo podría hacer igual o incluso mejor. No es necesario que perdamos tiempo refutando esta falacia, porque sus propios defensores ya han abdicado de ella. Hoy las tesis intervencionistas van dejando de pivotar sobre la eficiencia y se inclinan más y más por la equidad. Subsisten las críticas a los fallos del mercado, como veremos, pero antes de ello abordaremos un error muy generalizado acerca del mercado y es la mencionada idea de que asigna los recursos eficientemente pero deja fuera a quienes carecen de ellos.

Esta aseveración parece verosímil porque la palabra mercado nos sugiere exclusivamente los mercados organizados, instituciones visibles con transacciones normalizadas. Reciben, además, ese nombre: mercado de valores o divisas o mercado de petróleo o materias primas. Para una persona corriente los mercados son lugares físicos adonde ella acude con su dinero a comprar unas mercancías conocidas a precios generalmente dados.

Pero el mercado no es sólo eso. Es mucho más. El mercado es el conjunto de relaciones que mantienen los seres humanos entre sí y que se concretan en las transacciones que llevamos a cabo para satisfacer nuestras necesidades. El mercado, así, es difícil de definir, pero desde luego no es un sitio ni una tienda. Es un marco institucional caracterizado, digámoslo una vez más, por reglas. Estas reglas del funcionamiento de una economía de mercado son también, y no por casualidad, las del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley, la justicia y el cumplimiento de los contratos, la libertad de comercio, la limitación del poder político y la defensa de los derechos humanos, en especial la seguridad personal y la propiedad privada.

La cuestión de los pobres

Para comprender por qué es un error pensar que los mercados sólo sirven si uno no es pobre, lo más ilustrativo es observar que el principal recurso con el que las personas nos ganamos la vida, nuestro trabajo, presenta una faceta sobresaliente: la especialización.

En realidad, todos participamos del mercado mundial por una razón elemental, y es que sólo trabajamos en una actividad, o a lo sumo en dos o tres, nunca en más, y con el fruto de esa actividad compramos lo que necesitamos. Esta división del trabajo, que depende de la extensión del mercado y sus derechos y deberes, ha dado lugar a un incremento de la productividad que no tiene parangón en la historia. Cuanto más primitiva es una sociedad más actividades distintas tienen que ejecutar sus integrantes y más pobres son en su mayoría. En la sociedad moderna de mercado, en cambio, los individuos se especializan con una minuciosidad insospechada y gracias a ello pueden llegar mediante el intercambio a cotas de bienestar para un porcentaje inédito de personas.

Pero no se trata sólo de intercambiar, porque en tal caso valdría la objeción: ¿y si no tengo nada para dar, de qué me sirve el mercado? Lo que sucede en realidad es que los recursos y las necesidades se van descubriendo. Por eso la imagen teórica del mercado como un ámbito claro y perfecto con todo ya dado y conocido es sesgada e insuficiente. El mercado no es así, no es una máquina sino un complejo proceso social de descubrimiento y transmisión de información sobre oportunidades.

Estas oportunidades llaman la atención cuando se transforman en grandes compañías, que surgen casi de la nada, normalmente con más inteligencia e iniciativa que dinero, y llegan a ser en poco tiempo gigantes multinacionales. Esto es efectivamente un ejemplo de espectacular creación de valor visible gracias al talento empresarial para descubrir medios con los que satisfacer necesidades. Pero fijarse sólo en las empresas en este desarrollo equivale a perderse buena parte del mismo. Porque todos somos empresarios, en el sentido de que compramos y vendemos bienes o servicios. El proceso también nos sirve a quienes vivimos sólo de nuestro trabajo y no vendemos más que eso. A nosotros, igual que a cualquier otro empresario, el mercado nos proporciona una información crucialmente útil: nos indica aquello para lo que servimos.

Se dirá que esto puede ser indeseable porque, primero, aquello para lo que servimos acaso no sea lo que más nos apetezca hacer, y segundo, el mercado nos señala también con claridad cuánto valemos en cada actividad que realizamos, y esa suma quizá tampoco nos agrade.

El mercado es un sistema de reglas que no se pliega necesariamente a los deseos individuales. Sólo obliga a seguir el veredicto de la colectividad, porque el mercado es la colectividad, que refleja sus restricciones y necesidades en los precios, que marcan el valor de lo que ofrecemos y demandamos. Esas reglas son notablemente productivas, son lo que ha permitido la civilización y el progreso, y el hecho de que, con todos sus numerosos defectos, el nivel de vida en la Tierra sea hoy más alto de lo que nunca ha sido.

Esas reglas ignoran a los pobres. Es verdad, y también a los ricos. No ayudan al pobre por serlo, ni respetan al rico por serlo. Conforman un orden que permite la cooperación de las personas sin preguntas ni condiciones ni exigencias ni barreras. La competencia es ciega, igual que la justicia —y no por casualidad—. Las normas no discriminan. Esto no quiere decir que se apliquen a todos por igual en el sentido de no discriminar nunca entre las personas; lo que sí quiere decir es que son generales en el sentido de que no se dirigen hacia las personas sino hacia las circunstancias en donde los individuos podemos encontrarnos. La generalidad de las normas no significa identidad. Por ejemplo, en un juicio nunca se nos trata por igual; una faceta fundamental, la carga de la prueba, no está equitativamente repartida entre la acusación y la defensa: al contrario, está totalmente concentrada en el fiscal, que es quien debe probar que es culpable un acusado que en principio siempre es inocente. Las reglas, por tanto, no nos tratan por igual sino que lo hacen con las situaciones en las que caemos, las cuales pueden ser muy diferentes, como lo ilustra la prolijidad de los códigos legales, pero en cada una de ellas seremos tratados de la misma manera.

La no discriminación en este sentido es lo que hace que las reglas generales resulten especialmente provechosas para los pobres. El hablar de los pobres como resultado del mercado es un error, porque lo son porque el mercado no puede funcionar adecuadamente. La pobreza, como es sabido, no está lejos de nosotros; lo que suele estar lejos es la comprensión de los fenómenos que tenemos más cerca. Pensemos en unas personas modestas que se dedican a la venta callejera. Los marginados que en España venden La Farola en los semáforos podrían ganar más si en vez de pedir ayuda prestaran un servicio, lo que podrían hacer si en vez de La Farola vendieran Expansión o El País. No lo hacen porque la regulación escrita y no escrita de la distribución de la prensa en España se lo impide. No es el mercado lo que los sitúa en tan desventajosa posición, sino una traba al funcionamiento del mercado. Estos bloqueos suelen ser particularmente perjudiciales para los más pobres, precisamente porque no son igualitarios sino que discriminan en su contra.

El proceso de creación y difusión de la riqueza mediante el descubrimiento de oportunidades para profundizar la división del trabajo es tan complejo que no hay forma de contemplarlo con un solo golpe de vista. Hasta el objeto más sencillo que nos rodea ha sido producido gracias a la cooperación de numerosas personas, con frecuencia distantes y desconocidas entre sí.

La más famosa metáfora sobre el mercado, la de la mano invisible, hace referencia a esta característica complejidad. Por desgracia, y tal como suele suceder con las metáforas en las ciencias sociales, ha transmitido una noción equivocada, al haberse puesto énfasis en la imagen de una mano, de algo o alguien que maneja y coordina el sistema económico. En la metáfora, en realidad, lo importante es el adjetivo, no el sustantivo; lo relevante es percibir que el orden económico moderno es inextricable: su visión, y, por tanto, su control, son imposibles.

Pero si el mercado, que es la elección de los demás, premia y castiga, cabría argumentar que ni premia ni castiga bien. Aunque se comprenda que el mercado no es una selva brutal, hay quien cree que no por ser ordenado es justo, en el sentido de que los fuertes prevalecen sobre los débiles, las empresas grandes sobre las pequeñas, etcétera. Esto no es cierto, porque lo que castiga el mercado no es la debilidad sino la ineficiencia. Ambas expresiones no son en absoluto sinónimas. Es una historia repetida la de empresas pequeñas y débiles que fueron capaces de derrotar a empresas grandes y poderosas; y otro tanto sucede con los incontables pobres aparentemente sin recursos que se las han ingeniado para prosperar a veces con ritmos astronómicos. El ejemplo de David ocurre a menudo si se deja actuar a la competencia. De ahí que sea fraudulento el razonamiento según el cual sólo se puede competir cuando es entre iguales, o la teoría de que en la competencia entre grandes y chicos siempre ganan los primeros; esto no sólo es falso sino que en realidad suele representar una suerte de conspiración contra los pobres, a quienes con esta excusa falsamente humanitaria no se les deja competir y desafiar a los grandes y a los ricos.

En la competencia cumple un papel fundamental la especialización. Pero ¿cómo llegamos a saber en qué bien o servicio o actividad debemos especializarnos? Es evidente que no nacemos con un sello indeleble y la obligación de ser abogados o albañiles. La asignación laboral o profesional por nacimiento corresponde a edades primitivas, cuando la libertad individual era inexistente.

El mercado nos revela el campo y el vigor de nuestras habilidades, y esa indicación está en relación con nuestra capacidad de servir a los demás. No somos nosotros los que decidimos a la vez qué vamos a hacer y cuánto vamos a cobrar. El mercado es un proceso de descubrimiento de nuestras capacidades y nuestros recursos, cuya existencia y detalles no son obvios desde el principio para nosotros o para los demás. Los vamos descubriendo, y los utilizamos igual que ejercemos nuestros derechos, es decir, en equilibrio con los demás miembros de la sociedad. Y son ellos los que dictaminan nuestro éxito o fracaso, en la medida en que satisfagamos sus necesidades, no las nuestras.

En esta evolución no hay jerarquías predeterminadas, como las impuestas en buena parte de la historia de la humanidad. Los pobres no están condenados a la pobreza por el hecho de serlo. Lo seguirán siendo si no hay un mercado que les permita sondear sus recursos y descubrir qué pueden hacer y cómo pueden servir a la comunidad. Con esta perspectiva se observa que las personas de verdad condenadas en el mercado, las que no tienen ningún recurso ni pueden tenerlo, son una ínfima minoría de enfermos y minusválidos profundos que pueden ser protegidos a un coste pequeño. Para el resto, el mercado es una oportunidad, nunca una amenaza.

El miedo a la dependencia comercial es otro fraude: si fuéramos totalmente autosuficientes, si no dependiéramos en nada de los demás, el mundo se mantendría en el estadio salvaje de su evolución. Y así como para cada uno de nosotros es bueno dividir el trabajo y especializarnos y comerciar, también es bueno para las agrupaciones. Así como la autarquía es mala para un individuo, también lo es para cualquier número de individuos. La interdependencia es buena porque aumenta la productividad, la renta, el empleo, el bienestar, porque provee más bienes y servicios más baratos.

Durante años, en los países desarrollados se lanzaron costosas “guerras contra la pobreza” fundadas en un prejuicio engañosamente simple: como a los pobres les faltan bienes, hay que darles bienes y ya no habrá pobres. Los gobernantes y burócratas se olvidaron de que los pobres pueden necesitar otras cosas, y estar envueltos en graves problemas políticos, psicológicos y morales, desde la violencia y la ausencia de libertad y justicia hasta la falta de responsabilidad, iniciativa y confianza en sí mismos, sin cuya eliminación nunca habrá transferencias suficientes.

Otro aspecto de la pobreza, que también invita a la intervención del Estado, es la urgencia de resolverla: ya que es tan fácil, ya que sólo se trata de quitarle bienes a unas personas para dárselos a los pobres, ¿por qué no hacerlo de inmediato? Es un imperativo moral, y sólo un insolidario se negaría. Este mensaje, muy popular en nuestro tiempo, confunde tanto las causas de la pobreza como las consecuencias no previstas de ignorarlas al intentar solucionarla.

Por modernos que podamos parecer los seres humanos, en economía padecemos frecuentemente prejuicios ancestrales, que nos impiden comprender las causas de la riqueza, y que nos remiten una y otra vez a criterios que sólo son válidos en el mundo primitivo: donde no hay intercambios ni propiedad privada cabe sostener que la riqueza es la causa de la pobreza y que la economía es lo que se denomina un juego de suma cero, es decir, lo que gana uno lo pierde otro. Es posible que de allí se derive el recelo frente al comercio, al dinero, al mercado y al capital. Pero cuando todos ellos están presentes, entonces la economía ya no es un juego de suma cero sino de suma positiva, o sea, un juego donde todos pueden ganar simultáneamente, y donde la ganancia de uno no es necesariamente la pérdida de otro.

La diferencia entre un escenario primitivo y otro moderno es que en el primero el enriquecimiento es nítidamente a costa de los demás, mientras que en el segundo no está claro que no lo es, no se percibe la manera en que el respeto a las mismas reglas por parte de personas que persiguen diferentes objetivos da lugar a cuantiosas oportunidades para cosechar ventajas mutuas. Y de ahí el rechazo al mercado desde la religión hasta la literatura y el arte, y la idea de que el mercado sigue siendo como en épocas remotas, cuando uno sólo podía enriquecerse a expensas del prójimo, no colaborando con él. Este atavismo subsiste en nuestros días, y se observa también en otras nociones muy extendidas, como el pensar que el beneficio del empresario es robado al trabajador, o que los intermediarios no crean riqueza, o que la tecnología genera paro. En esta imagen primitiva, en esta urgencia para hacer algo frente a una pobreza y a otros males que son concebidos como subproductos de la riqueza, late un peligro muy grande, y es pasar rápidamente del hecho de la pobreza a pensar que la han ocasionado el capitalismo, la propiedad privada o el mercado, y, por consiguiente, procurar limitarlos, con lo que se mata la gallina de los huevos de oro. El peor de los escenarios, por supuesto, es pasar de esa ofuscación a la proclamación, a veces con la mejor de las intenciones, de la necesidad de la revolución izquierdista, el “hombre nuevo” y la aniquilación de un capitalismo considerado injusto. En tal caso, por supuesto, los ilusionados revolucionarios socialistas, tal como testimonia el siglo XX, no sólo acaban con la prosperidad económica sino también con la libertad y con la vida misma de millones de personas.

En realidad, la división del trabajo en el mercado ha provocado, gracias al comercio y a la acumulación del capital, un salto sin precedentes en el nivel de vida que ha alcanzado por vez primera en la historia a grandes masas de la población. No era ése el objetivo de cada uno de los individuos que pudo insertarse en la compleja red de dicha división, que lo hizo buscando satisfacer una demanda potencial ajena en beneficio propio y de sus clientes o socios más inmediatos; pero al hacerlo propició el interés del conjunto; se trató, pues, de un ejemplo notable de consecuencia no deseada ni prevista. Para referirse a los efectos de las transacciones del mercado sobre el bienestar de las personas que no forman parte de dichas transacciones los economistas acuñaron el término de “externalidad”, refiriéndose especialmente a las externalidades negativas, como veremos, pero el aumento en el bienestar de millones de personas es un caso patente de externalidad positiva derivada del mercado. O de la libertad en un sentido amplio. Un reciente premio Nobel de economía, de origen indio, observó que el fenómeno del hambre, que la humanidad ha dominado por primera vez en casi todo el mundo, no tiene que ver tanto con la producción, con la economía o los recursos alimentarios, sino con la libertad en general: por eso un país donde hay libertades, como India, no ha registrado hambrunas masivas desde que estableció la democracia hace más de medio siglo, mientras que su vecina comunista, China, padeció a comienzos de los años sesenta la peor hambruna de la historia, que se cobró treinta millones de víctimas.

Mercado y moral

Las virtudes asignativas y en general económicas del mercado son hoy más reconocidas que antes. Sin embargo, fuera del campo económico, el mercado es habitualmente censurado por motivos morales; esta censura es en realidad un engaño que opera como justificación añadida de la intervención del poder político para cercenar la libertad económica.

Se dice que el mercado es egoísta, que cada persona va a su aire y no se preocupa por los demás, que fomenta el individualismo en vez de la solidaridad, la agresividad en vez de la cooperación, el materialismo en vez del espíritu, la vulgaridad en vez de la cultura, los privilegios en vez de la igualdad, el engaño artero en vez del respeto cordial.

Empecemos por el egoísmo. Es interesante que se reproche al mercado el fomentar el egoísmo, cuando lo que remunera es lo contrario: el egoísta no atiende a los intereses de los demás, mientras que el mercado obliga a atenderlos. No hay forma de sobrevivir en el mercado si no ofrecemos algo que los demás necesiten o aprecien. No podemos ser individualistas e ignorar al prójimo; al contrario, debemos cooperar con él, a través de la tupida trama de la división del trabajo.

Las virtudes sociales son promovidas por el mercado: el trato que reciben las personas en las tiendas es siempre mejor que el que reciben en las oficinas públicas (o en las empresas monopólicas). El mercado no retribuye el engaño; al contrario, pruebe usted a engañar en un mercado y verá cuán difícil le resultará volver a trabajar en él.

El mercado no impulsa el materialismo y la vulgaridad: ofrece como resultado de la división del trabajo un abanico de bienes y servicios, que va desde lo más abyecto hasta lo más sublime, pero no premia lo primero. Al menos, la experiencia prueba que los países que más límites imponen a los mercados no se destacan por su espiritualidad y elevación moral.

En cuanto a los privilegios, nunca están más inseguros que cuando la economía es libre, puesto que ella facilita la entrada de cualquier competidor en cualquier actividad, de modo tal que se garantiza que quienes tienen éxito se lo deben exclusivamente a su servicio al público, es decir, a que ofrecen productos buenos y baratos. La competencia es, en rigor, el gran disolvente de los privilegios, y por eso son legión los grupos de presión que intentan, y muchas veces consiguen, limitarla. Esto también explica la aparente paradoja de que haya capitalistas que no crean en el capitalismo, y que con mucha frecuencia los que defendemos la libertad tengamos que batallar contra grupos que no quieren competencia sino protección, aranceles, subvenciones, licencias, prohibiciones y controles.

Es verdad que el mercado no opera directamente por sentimientos, como las comunidades primitivas. La cooperación con nuestros semejantes no tiene ya lugar sólo de modo limitado y claramente visible sino de modo ilimitado y escasamente visible. Esta cooperación es mucho más compleja pero a la vez es lo que ha permitido el progreso; de ahí lo absurdo que resultan los llamamientos a volver a una suerte de edad de oro sin mercados ni comercio ni dinero. Si mañana mágicamente todo ello desapareciera, también lo haría, por inanición, el grueso de la humanidad.

Economía, sociedad, libertad

Si la libertad es un valor moral, habrá que responder a los críticos del mercado que sostienen que la libertad puede ser “formal”, con lo que quieren decir que no vale si las personas no ven satisfechas sus necesidades más apremiantes. Así, la libertad individual sin alivio económico no sería una libertad plena y, por tanto, el liberalismo económico sería contradictorio con el liberalismo político. Amparándose en el atávico rechazo al mercado, al comercio y al dinero se fue abriendo camino la idea de que la sociedad es opuesta a la economía.

Es interesante recordar que algunos de los antiguos liberales habían manifestado una clara prevención contra el socialismo, pero no por razones fundamentalmente económicas sino morales: porque esclavizaba al ser humano. Los intervencionistas, empero, sostuvieron que lo que en realidad esclavizaba era el mercado y que lo liberador era que la sociedad primase sobre la economía. La libertad se tornó capitulación ante la sociedad, expresada democráticamente en el Estado, cuya misión es proteger a los individuos frente al mercado por medio de la coacción política.

No voy ahora a criticar al Estado, que es el objeto de la segunda parte de este ensayo, donde desmontaré este engañoso razonamiento que opone la economía a la sociedad, y que en realidad termina siempre por arrojar a ambas a los brazos del poder político; pero es pertinente preguntarse cómo pudo triunfar esta visión del mercado. Es absurdo oponer el mercado a la sociedad. El mercado, como vimos, no puede ser sino social; es social por definición, y sus resultados, si se respetan las normas de la justicia y el derecho, son justos también por definición, y no requieren de corrección alguna que los aproxime a ningún óptimo de carácter social. El mercado es más social que cualquier dimensión política, puesto que la política siempre excluye; aunque gobierne la mayoría, habrá una minoría excluida. En el mercado las minorías pueden encontrar su sitio, sobrevivir y florecer. Tampoco se entiende la oposición entre libertades. Ya apuntamos que las libertades económicas y políticas van de la mano. Los países más prósperos son los más libres, los que más disfrutan de esas libertades formales que desdeñan los intervencionistas. Truncar las libertades económicas socava las políticas, entorpece las instituciones y vicia la democracia.

La explicación de la aceptación, incluso el aplauso, ante el recorte de la libertad económica estriba en que las virtudes del mercado quedaron eclipsadas por sus defectos. Un análisis de estos defectos, que justificaron y justifican la expansión del Estado a expensas del mercado, nos ocupará a continuación.

El monopolio

Los críticos del mercado alegan que sus ventajas sólo existen en la mente de los liberales, porque en realidad lo que hay son empresas que crecen ilimitadamente y controlan o monopolizan sus mercados. Si es tal la tendencia, es evidente que la economía libre no funciona y que el Estado debe hacer algo al respecto.

El argumento es falso, pero refleja de todos modos esa poderosa concepción predatoria del mercado a la que ya hemos hecho referencia: el mercado como ley de la selva, como explotación del débil, etcétera. Esto sirve de excusa para la intervención política, que se realizará con dos metas al parecer inobjetables: salvaguardar la competencia y compensar políticamente el poder exagerado de las empresas.

No es verdad que las firmas tiendan a crecer sin límite y a controlar o monopolizar el mercado. Siempre hay una pluralidad de tamaños en las empresas y no es cierto que el pez grande siempre se coma al chico; dicha pluralidad depende de muchas consideraciones, razón por la cual es peligroso intervenir para determinarla políticamente. En todo caso, sí cabe decir que la reducción en los costes de transacción derivada del progreso técnico puede ampliar las posibilidades de todas las empresas de cualquier tamaño en la presente economía globalizada.

El temor a los gigantes empresariales, agitado entre otros por los empresarios no competitivos, se sostiene porque tendemos a ver a la economía como si fuera una foto fija. Allí aparecen organizaciones muy grandes y poderosas, monopólicas o pretendiendo el monopolio. Con una perspectiva dinámica veríamos que individuos y empresas se afanan por abrise camino, y no disfrutan de privilegios eternos si las barreras de entrada están levantadas. En ese caso, las firmas servirán a los consumidores, labor que también puede hacer una empresa grande, porque grande no es sinónimo de monopolista.

No es fácil que los monopolios se mantengan. El elevado tipo de beneficio que por definición disfruta el monopolista opera como un acicate para que la competencia de otros empresarios acabe con el monopolio. Esto ha sucedido siempre en la historia, con una sola y sobresaliente excepción: los monopolios asegurados por el Estado, que sí pueden perdurar indefinidamente, imponiendo graves costes a contribuyentes y consumidores. La misma advertencia vale para el tamaño de las empresas, porque los políticos pueden distorsionar la variedad del mercado y fomentar procesos de fusiones y concentraciones más allá de lo que lo haría la libre competencia.

En el caso del sector privado, desde hace mucho tiempo existe una legislación antimonopólica, que procura impedir la formación de cárteles o cualquier convenio para limitar la competencia. La utilidad de esa legislación es menos evidente de lo que parece, puesto que ha sido utilizada por los hombres de negocios precisamente para impedir la competencia. Un ejemplo famoso es el de los fabricantes de automóviles en Estados Unidos, que pretendieron que el gobierno impidiera la importación de coches japoneses más baratos, con el falaz argumento de que si entraban libremente se harían dueños del mercado y se convertirían en monopolistas.

Hay que tener, por tanto, mucho cuidado con los argumentos que enfatizan los costes de la liberalización, porque esos costes sólo atañen a los productores ineficientes, no al conjunto de la sociedad. Por fortuna, los empresarios automotrices norteamericanos no se salieron con la suya, y el resultado es que hoy los ciudadanos de ese país disfrutan de coches mejores y más baratos precisamente porque la industria local se vio forzada a competir con las importaciones japonesas y también europeas; el proteccionismo no sólo daña a consumidores sino también a productores. Asimismo, las estrategias que buscan cerrar los mercados se van renovando con el tiempo, y llegan incluso a cotas notables de hipocresía, como cuando los países ricos pretenden obstaculizar las importaciones desde los países pobres pretendiendo proteger el medio ambiente o defender los derechos humanos o “sociales” en esos países. Hay que rechazar este fariseísmo porque la principal razón por la que se teme a la competencia no es la aversión al monopolio sino la defensa de empresarios y trabajadores ineficaces, que desean obligar a ciudadanos cautivos a consumir productos caros.

Los mercados rinden amplias ventajas sociales, aunque para ello impulsan a todos los agentes a competir, es decir, a brindar bienes y servicios buenos y baratos. Con frecuencia estas ventajas resultan oscurecidas, por ejemplo cuando se insiste en liberalizar de manera recíproca, tal como es la norma en el comercio internacional; esta norma transmite la impresión de que sólo hay que liberalizar a cambio de algo, es decir, que la apertura de los mercados es costosa, y que los gobiernos sólo la deben admitir a cambio de alguna otra ventaja. Es una impresión equivocada: los mercados abiertos son beneficiosos siempre, incluso cuando los gobiernos de algunos países cierran los suyos.

De ahí que muchos economistas se inclinen por la supresión de las barreras de entrada al mercado más que por asegurar un número suficiente de competidores en el mismo. Este punto es importante porque, al igual que la variedad de grandes y pequeñas empresas, no hay forma de saber cuál es el número suficiente para que haya de verdad competencia en el mercado. La pretensión de los políticos en varios países de limitar, por ejemplo, la instalación de hipermercados, supuestamente para proteger a los pequeños comerciantes y a la vez salvaguardar la competencia, no sólo es ridícula porque en realidad está amparando a empresarios ineficientes y obstruyendo la competencia, sino porque supone una sabiduría inexistente: la del número de participantes que garantiza que un mercado sea competitivo. En realidad, puede haber muy pocas compañías y seguir habiendo competencia; en teoría puede haber sólo una y seguirla habiendo, en la medida en que siempre pueda entrar un competidor.

Veamos este último caso, que en economía se llama monopolio natural, el que tiene lugar cuando una sola empresa es tan eficiente que produce toda la escala de su actividad a un coste menor que cualquier otro número de empresas. Algunos argumentan que en tal caso esa actividad tiene que ser estatal, y se preguntan: ¿qué sentido tiene la apropiación privada del beneficio de un monopolio natural? Con este argumento se estatalizaron bajo la forma monopólica las infraestructuras, el transporte ferroviario, las telecomunicaciones, etcétera. Con el tiempo se complicó el análisis y se admitió la posibilidad de competencia en los límites del monopolio natural, o bien mucho más allá, como en la telefonía. Aunque no está claro que el argumento distributivo siempre será favorable a la titularidad pública, lo cierto es que en todas las privatizaciones de los servicios públicos con características de monopolio natural el papel del Estado siguió siendo decisivo a la hora de fijar los precios o tarifas, las subvenciones a determinados grupos de consumidores o las regulaciones de las firmas productoras. En algunos mercados puede ser necesario re-regular a la vez que se privatiza y liberaliza; con alguna frecuencia, empero, estas privatizaciones fueron encaradas erróneamente, la re-regulación sirvió de excusa para un renovado y permanente intervencionismo, y a veces incluso se pensó que la clave estribaba exclusivamente en la titularidad de esas empresas, lo que es evidentemente incorrecto puesto que la eficiencia de los mercados depende de que sean competitivos: no es eficaz pasar de un monopolio público a un monopolio privado, garantizados ambos por la ley.

Bienes públicos y externalidades

Se sostiene que hay bienes que el mercado no puede producir eficientemente, bienes llamados públicos o bienes con externalidades.

Los bienes públicos se caracterizan por lo que en el lenguaje económico se denomina no rivalidad y no exclusión. No rivalidad, porque el consumo de una persona no disminuye la cantidad disponible para otra, una vez que el bien ha sido producido. Y no exclusión porque no se puede impedir que alguien disfrute de ellos y no cuesta nada añadir una persona más. Pensemos en un faro: una vez que su luz se enciende, cualquier barco puede verla sin impedir que la vea otro; el que un barco adicional divise el faro tendría un coste nulo y obstaculizar que uno en concreto se beneficie de su luz sería prohibitivo.

La defensa nacional es un ejemplo de bien público: si un país extranjero invade España el ejército me defenderá a mí sin que ello comporte dejar de defender a otra persona, y nos defenderá por igual aunque yo sea un evasor fiscal y la otra persona no. Algo similar sucede con las ideas (el teorema de Pitágoras es un bien público), o con Internet y las radios y algunas televisiones (las que emiten en abierto).

Los economistas han observado que los bienes públicos incentivan tanto la sobreexplotación como la elusión de su pago, lo que se llama el problema del gorrón o free-rider. Los individuos tenderemos a ocultar nuestras preferencias, para que sea otro el que pague, con lo que habrá una oferta inferior a la que tendría lugar si todos revelásemos nuestras demandas de manera genuina. Si estamos hablando de bienes o servicios tan trascendentales como la defensa nacional, es evidente que si el mercado no la produce en cantidad suficiente, esta deficiencia no es baladí.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, dos aspectos del asunto. En primer lugar, un bien público no es necesariamente un bien gratuito. Una cosa es, en efecto, que no operen plenamente los precios como instrumento de racionamiento del bien, que es lo que ocurre con los bienes privados, y otra distinta es que no cueste nada. Una vez construido el faro, éste tendrá las condiciones de bien público, pero antes hubo que decidir construirlo y establecer cómo pagarlo. En segundo lugar, que un bien sea público no quiere decir en absoluto que deba ser producido por el Estado, y menos en régimen de monopolio. Muchas veces se pasa con demasiada ligereza a esta conclusión. Destacados economistas han estudiado el problema con creciente elegancia analítica y han pretendido resolver por optimización los impuestos que hay que cobrar y el precio artificial que hay que fijar para producir los bienes públicos. La realidad es, sin embargo, que no se ha probado que el Estado sea la solución a la incógnita de qué bienes públicos y cuánto de cada uno hay que producir.

No se trata sólo de que la producción de estos bienes a cargo del Estado afronte también obstáculos, como el de la revelación de la demanda o el free-rider. Además, las posibilidades del mercado a la hora de suministrar bienes públicos son más grandes de lo que muchas veces se piensa, y crecientes con el progreso técnico. Un famoso economista clásico inglés del siglo XIX sostuvo que los faros debían ser estatales, porque no se podía ir a alta mar a cobrarles a los barcos que de ellos se beneficiaban; en realidad, en su propio tiempo los faros eran mayoritariamente privados y su coste se sufragaba con unas tasas que pagaban los barcos al atracar en los puertos cercanos, que también eran privados. Producción pública no es lo mismo que provisión pública, y es perfectamente concebible que empresas privadas proporcionen bienes públicos, desde las infraestructuras hasta la seguridad e incluso la justicia (hay tribunales de arbitraje privados). El ámbito de las transacciones voluntarias es mucho mayor de lo que incluso algunos pensadores liberales han estado dispuestos a reconocer. Ni la ausencia de rivalidad ni la de exclusión bastan para determinar que los bienes públicos no puedan ser suministrados por el mercado.

El papel de la tecnología en la disolución de monopolios y supresión de bienes públicos es patente. El abaratamiento de las comunicaciones y el progreso técnico han hecho que la televisión se haya vuelto sumamente divisible y no tenga hoy las características de bien público que durante años se supuso que tenía. Es verdad que sigue en manos del Estado en buena parte del mundo, pero eso no tiene nada que ver con ningún defecto del mercado y más bien responde a la necesidad de propaganda política. El éxito en haber predicado que su papel es insustituible en la televisión es lo que explica la permanencia del Estado en dicho medio, cuando es probable que si mañana el gobierno decidiera crear un periódico se levantaría un clamor unánime de indignación.

En la práctica, la excusa del bien público para suprimir el mercado es endeble y muy pocos de los bienes que produce el Estado son públicos en sentido más o menos riguroso; quizá sólo uno: el imperio de la ley. Y por otro lado parece que los bienes son hechos públicos por el Estado; es él quien decide cuáles bienes son públicos y cuáles no, y hasta cuándo.

Una distorsión parecida afecta a quienes abordan desde una perspectiva intervencionista las ya mencionadas externalidades. En el mercado las transacciones son voluntarias; cuando hay efectos no voluntarios de las transacciones sobre el bienestar de personas que no forman parte de las mismas, esos efectos no computados ni compensados sobre terceros se denominan efectos externos o externalidades. Hace tiempo que los economistas que investigaban los fallos del mercado se dieron cuenta de que el medio ambiente era un campo fértil para las externalidades.

Veamos un ejemplo célebre, analizado a principios del siglo XX, mucho antes de que la ecología se pusiera tan de moda como en nuestros días: si hay una fábrica junto a una población y sus humos manchan las camisas tendidas en los patios de las casas, allí hay una externalidad negativa: el empresario está produciendo algo (humo) cuyo coste paga un tercero (los vecinos). El mercado, así, estaría operando ineficientemente; en este caso la producción de la fábrica resulta superior a la óptima.

Dado este fallo del mercado, los economistas tendieron a coincidir en que la única solución posible era la intervención pública, con controles, multas, impuestos y subvenciones. Esto es lo que apasiona a los ecologistas: en su aplastante mayoría creen que el mercado es letal para el medio ambiente, y que la salida es la acción política, con más regulaciones y más impuestos.

Pero algunos estudiosos empezaron a enfocar el asunto desde otro ángulo y se preguntaron por qué en el caso de algunas externalidades no había soluciones de mercado y en otras, en cambio, sí las había, y los productores y consumidores de efectos externos podían llegar a acuerdos que resolvían el conflicto. Por ejemplo, los agricultores en América del Norte y otros lugares consiguieron indemnizaciones de los primeros ferrocarriles, los cuales atravesaban sus campos y a veces incendiaban los sembrados con sus chispas.

Y así, dentro de un amplio movimiento de la teoría económica, que fue dejando atrás en áreas muy diversas los enfoques meramente asignativos del mercado, surgió el llamado neoinstitucionalismo, que colocó el énfasis en las instituciones más que en el engañosamente fácil silogismo que iba del fallo del mercado a la imperiosa necesidad de bloquearlo mediante la intervención pública.

Estos economistas observaron que normalmente los denominados fallos del mercado, como las externalidades, no eran en realidad del mercado sino de los costes de transacción o de la indefinición de los derechos de propiedad. En el caso de los humos no falla el mercado sino el marco institucional, porque el aire no es de nadie y sería quizá demasiado costoso que una población entera negociara con el empresario para que contaminara menos. Es la indefinición del derecho de propiedad, no el mercado, lo que provoca el problema denominado “tragedia de los comunes”, es decir, la tendencia a sobreexplotar los recursos cuya propiedad no es privada. Se dirá que esto último no es correcto, y que sólo es necesario que la propiedad esté claramente establecida, sea privada o pública. Sin embargo, los estímulos para el cuidado del medio ambiente parecen ser disímiles en ambos casos. A pesar del habitual entusiasmo de los ecologistas por la propiedad pública y sus críticas al capitalismo, es bastante evidente que la propiedad pública es atendida por políticos y usuarios con más negligencia que la privada, y también es indiscutible que si el capitalismo padece problemas ecológicos, los atentados socialistas contra el medio natural han sido y son de una agresividad espectacular.

Esto quiere decir que lo mejor no siempre es actuar contra el causante de la externalidad, y que las soluciones de mercado son concebibles, aunque no siempre sean practicables. Cabe reflexionar antes de concluir que es indispensable clausurar la fábrica con impuestos y multas: hay que tener en cuenta que no se trata en sentido estricto de un fallo del mercado, que no exige su destrucción, que no supone que la intervención coactiva en el mismo elimine el problema y que una eventual negociación entre el fabricante y los damnificados por sus humos no llevaría al cierre de la fábrica y a la contaminación nula. Otra forma de ver este último punto es la siguiente: la tesis de que hay que cobrarle un impuesto al empresario con objeto de que pague el coste social de lo que produce, y no sólo el coste privado, enfrenta la dificultad de que hay que conocer de antemano cuál es el nivel óptimo de contaminación. No va de suyo que las autoridades, ni los ecologistas, lo conozcan siempre mejor que otros.

Por tanto, en este caso, como en el de los bienes públicos, no es correcto deducir automáticamente de una externalidad la necesidad de suprimir los mercados. Este freno analítico es tanto más importante cuanto menos clara esté la definición de externalidad, porque virtualmente no habrá ningún bien ni ningún servicio que carezca por completo de efectos externos.

La posibilidad de que no fallen los mercados sino las instituciones abre también vastas posibilidades de reforma que permitan aprovechar la energía innovadora de los individuos en el mercado para conseguir neutralizar las externalidades.

Nótese que todas estas advertencias no equivalen a recomendar que no se haga nada, sino a tener cuidado con lo que se hace; por ejemplo, procurar que la defensa del medio natural no sea sinónima de proteccionismo y cierre de los mercados. En realidad, es imposible que no se haga nada, aunque más no sea porque el medio ambiente limpio es lo que llaman los economistas un bien superior, es decir, un bien cuya demanda aumenta más que proporcionalmente con la renta; por eso preocupa relativamente menos en los países pobres. Pero hay algo más, resulta claro que las negociaciones para resolver las externalidades son difíciles y con frecuencia imposibles. En tales condiciones, como ha observado un juez y economista estadounidense, la concesión de derechos exclusivos puede ser ineficiente. Si la fábrica tiene un derecho absoluto a contaminar, lo hará sin límites, incluso si el coste de frenar la contaminación es mucho menor que el coste que ella impone sobre los vecinos. Por eso la solución en todos los países tiende a pasar por la regulación legal. De lo que se trata, pues, es de orientar esta regulación para que tenga en cuenta los aspectos que hemos señalado en este apartado, a la hora de procurar la ardua comparación entre el coste para el contaminador de dejar de contaminar o contaminar menos, y el coste para las víctimas de soportar la contaminación o suprimirla, cerrando la fábrica o mudándose, o mudándola, a otro lugar.

Equidad y macroeconomía

Pero no sólo se adujo que el mercado se autoanulaba en monopolios o era ineficiente en la provisión de bienes públicos o con efectos externos, sino que se le añadieron otros dos graves defectos: es injusto y provoca perturbaciones macroeconómicas. En ambos casos, asimismo, se concluyó que la interposición del Estado era imprescindible.

El argumento de la justicia es en extremo delicado, porque quebranta una de sus condiciones clásicas: la no discriminación. La justicia tiene los ojos vendados, y no puede haber un tratamiento diferente de los individuos según sus condiciones particulares. Ya hemos visto que las normas son generales y nunca se refieren a personas sino a circunstancias específicas en las que podemos encontrarnos. Esta no discriminación parece haberse perdido casi por completo, y se interpreta que la justicia es la igualdad. Así, se dice que países ricos son injustos no porque su renta per cápita sea baja sino porque hay mucha desigualdad; no cuenta el nivel de vida de los pobres sino sólo ese nivel con relación al nivel de vida de los ricos.

La desigualdad puede verse como un fallo del mercado, en el sentido de aceptar teóricamente la distribución según la productividad, que es lo que hace el mercado, alegando que como el mercado no funciona a la perfección entonces la distribución resultante no es la mejor posible. Generalmente, sin embargo, se suele ir más allá y se sostiene que el hecho mismo de que las retribuciones dependan de la productividad es injusto, porque no es igualitario.

No hay, empero, manera de eliminar la desigualdad humana: es inerradicable, somos diferentes en nuestros talentos y circunstancias, y en el esfuerzo que desplegamos para aprovecharlos. Si el mercado produce desigualdad, también produce riqueza para todos, incluidos los más pobres, y éste es el efecto importante. Cuanto más primitivos son los hombres, más iguales son. Hoy la relación entre las rentas por persona de los países ricos y los países pobres es de 400 a uno; hace dos siglos era de cinco a uno, y la desigualdad disminuye hacia atrás, precisamente cuando se generaliza la pobreza. De ahí que el buscar suprimir la desigualdad castigando a los ricos suela crear efectivamente más pobreza y menos libertad.

La intervención en el mercado pretendidamente aspira a liquidar la desigualdad, pero en la práctica lo que suele suceder es que el Estado sustituya una desigualdad por otra y no haya forma de determinar cuál desigualdad es más justa. Volveremos sobre esta cuestión en la crítica al Estado, pero conviene retener la idea de que el intervencionismo ha escogido la desigualdad como arma contra la libertad económica y que no tiene base: no es patente que la distribución derivada del mercado sea injusta. Por añadidura, el mercado reduce la desigualdad e impide la perpetuación de los privilegios; el mercado no sólo propicia el crecimiento sino que tiende a incrementar la participación del trabajo en la renta nacional, porque el capital que crece proporcionalmente más es el capital humano, y éste se halla mucho más igualitariamente distribuido que el capital físico.

Una de las armas con las que se critica al mercado son las cifras sobre riqueza y pobreza. En general las estadísticas son elaboradas por el sector público, y facilitan su intervencionismo o sancionan la necesidad del mismo para “hacer algo” sobre una serie de contratiempos reales o ficticios. Lo normal es que estas estadísticas adolezcan de múltiples distorsiones. Una muy evidente es que ignoran el gasto público; pero resulta claro que no tiene sentido alguno estudiar ingresos de los ciudadanos sin tener en cuenta que una parte creciente de los mismos ya no aparece integrada en las cifras de salarios o pensiones, puesto que es recibida en especie, en forma de sanidad gratuita, o en dinero pero con precios subvencionados, como sucede, por ejemplo, con los medicamentos. Otro aspecto que a veces se pasa por alto es que en países con alta fiscalidad y Estados redistribuidores existen poderosos incentivos para ocultar la riqueza y exhibir la pobreza, que necesariamente afectarán a la veracidad de las estadísticas. En todo caso, la desigualdad no es consecuencia del mercado libre sino de otros factores, como el progreso técnico que puede haber acelerado la obsolescencia del capital humano de los trabajadores menos capacitados. Este fenómeno fue estimulado por los gobiernos a través de los salarios mínimos y otros costes laborales, que fomentan artificialmente la tecnología de sustitución de mano de obra, que lo que busca es eludir unos costes que el propio Estado crea, y cuyo resultado ha sido, como vimos en España, un agravamiento del paro entre jóvenes, mujeres y personas sin cualificación.

La desigualdad en el mercado puede beneficiar a todos, siempre que, primero, todos podamos ser ricos, es decir, que nadie nos impida trabajar o montar una empresa porque hay un monopolio o un privilegio individual o corporativo, o porque somos mujeres o judíos o negros; y segundo, el salario de los más pobres resulte mayor que el que tendrían en una economía sin mercado.

Dado el hecho de que las personas somos desiguales, incluso llevamos una carga genética distinta, de lo que se trata es de sacar partido de esas diferencias, no suprimirlas por decreto; se trata de dar la oportunidad para que cada uno desarrolle sus distintas capacidades. El mercado facilita esta igualdad de oportunidades, mientras que el intervencionismo puede dificultarla en aras de una presunta igualdad inalcanzable.

Los intervencionistas nos abruman con comparaciones estadísticas que blanden a guisa de argumento; dicen, por ejemplo, que con los helados saboreados en Europa se podría alimentar a todo Burundi. Ejércitos de burócratas internacionales (que ganan espléndidos sueldos, generalmente libres de impuestos) se encargan periódicamente de denunciar la desigualdad, ante el regocijo de políticos, periodistas, intelectuales, artistas y religiosos. Se extraen indignadas conclusiones porque la energía consumida en Estados Unidos equivale a la de docenas de otras naciones. Una y otra vez los medios de comunicación se hacen eco de informes sobre “líneas de la pobreza”, “desarrollos humanos” y otras categorías análogas. De ahí se pasa rápidamente a la necesidad de la intervención política y la redistribución solidaria para corregir las injusticias.

Nada de esto tiene relieve analítico. Los pobres de Burundi no son pobres porque los europeos comamos helados, sino porque en Burundi no existen las condiciones para que funcione el mercado. Mientras no existan, de poco servirán las ONG, porque los países no se vuelven masivamente ricos con la caridad, sino con el comercio. La caridad es muy valiosa (siempre que sea libre, volveré sobre ello), pero el mercado es lo que asegura el bienestar de la mayoría. En cuanto a las comparaciones entre los países ricos y pobres, son igualmente absurdas: Europa o Estados Unidos consumen más energía, y más de todo, que África, por la sencilla razón de que producen más que África.

Cabe concluir a propósito de la desigualdad con cinco advertencias. Primera, la desigualdad, siempre que todos los pobres puedan mejorar su condición, puede ser buena, porque anima la especialización, la división del trabajo, el intercambio y la creación de riqueza. Segunda, es mala si es producto de interferencias en el mercado que cierran la puerta a la iniciativa de los pobres. Tercera, es verdad que la desigualdad en los países desarrollados se acentuó en las últimas tres décadas, coincidiendo con el mayor gasto público que presumiblemente iba a resolverla. Hay diversas razones que explican este fenómeno, como la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo y la mayor demanda de empleos vinculados con tareas domésticas, no bien pagadas, en establecimientos de alimentación, o limpieza o cuidado de niños, junto a una demanda mucho mejor pagada para la mano de obra cualificada. Otro dato importante es la inmigración. Un economista norteamericano ha dicho que una forma de “resolver” la mayor desigualdad es prohibir la inmigración, una medida por supuesto inmoral e improductiva, que posiblemente tenga algo que ver con que la dispersión salarial es menor en Europa que en Estados Unidos. Cuarta, a pesar de todo el coro anticapitalista igualitario, los datos parecen indicar que la creciente desigualdad de los últimos treinta años se ha interrumpido en nuestros días, y posiblemente esté invirtiéndose. Y quinta, la intervención del Estado para resolver las desigualdades no ha sido neutral sino perjudicial, como veremos.

Otro capítulo importante dentro del nutrido catálogo de defectos del mercado no tuvo que ver con la equidad redistributiva sino con la macroeconomía, con los grandes equilibrios de la economía entendida en el conjunto de un país o grupo de países. Se pensó que esos defectos exigían la intervención estatal puesto que el mercado libre no garantizaba ni el crecimiento, ni la estabilidad, ni el pleno empleo.

Las fluctuaciones económicas cuentan con una larga historia, desde que José interpretó los sueños del faraón. Pero el centro de la discusión moderna que nos ocupa tuvo lugar durante el siglo XX, porque los economistas se convencieron de que esas fluctuaciones no tenían que ver con la naturaleza o el clima o la legislación o el sistema bancario o la política sino con el mercado, que era inherentemente inestable. La solución era limitarlo y conseguir así una moderación de los ciclos económicos y una solución al paro y la inflación. Los criterios pasaban por una expansión del Estado y una supresión de los límites que lo habían contenido hasta entonces. Así, la meta del presupuesto contenido y equilibrado fue arrojada al desván de los recuerdos, y otro tanto sucedió con el patrón oro, una regla monetaria objetiva, al margen de los gobiernos, que fue reemplazada por los bancos centrales, estatales y monopólicos, que empezaron a emitir moneda sin límite establecido —una moneda que se llama fiduciaria porque descansa sólo en la fe, en la confianza en que las autoridades no la van a emitir en exceso.

Este optimismo duró hasta los años setenta, cuando la crisis del petróleo vino acompañada de un fenómeno inédito, bautizado como estanflación, la combinación de estancamiento económico e inflación, y por el descalabro en 1971 del sistema monetario internacional creado en Bretton Woods en 1944, que dio al traste con la última regla objetiva que quedaba: el compromiso de Estados Unidos de mantener un tipo de cambio fijo entre el oro y el dólar.

La inestabilidad monetaria y el paro se volvieron protagonistas permanentes de la vida económica, que con el colapso del comunismo recibió el nombre de globalización. Se mantuvo la teoría de que los males habían sido causados por el mercado, y que se requería su control. En realidad, la intervención del Estado produjo costes y rigideces de todo tipo que ejercieron su impacto en la reducción del ahorro privado, la inversión, el crecimiento y el empleo. Al revés de lo que sostuvieron los intervencionistas, el Estado no cumplió ninguno de los objetivos que pretendía.

El caso de la banca es interesante, porque la opinión no profesional la considera habitualmente el paradigma del mercado libre. No lo es en absoluto. Es un sector por un lado privilegiado, porque puede prestar una parte apreciable del dinero que recibe de los depositantes, que lo confían despreocupadamente porque están protegidos por un seguro obligatorio establecido por las autoridades; y por el otro controlado, como lo prueba la existencia de poderosos y vigilantes bancos centrales. Por supuesto, no sólo esta vigilancia puede ser y es mal realizada, sino que además, si la banca no está institucionalmente restringida, se vale de su extraordinario e injustificado privilegio para expandirse ilimitadamente, tal como sucede en España. En todo caso, y aparte de las fundadas críticas que pueden lanzarse al sistema bancario y su efecto amplificador de los ciclos económicos, hay que subrayar que la idea de que los mercados ganan terreno puede haberse extendido, pero desde luego no en la moneda. Por doquier hay productos y servicios privados compitiendo en mercados con entradas relativamente libres. Pero en todo el mundo el sistema bancario es similar, y la moneda es un monopolio público, y la única cuestión que parece debatirse es cómo debe conducirse dicho monopolio: nadie discute su carácter monopólico ni su carácter público.

La intervención del Estado en la banca central ha ocasionado graves perjuicios, como por ejemplo la inflación, equivocadamente atribuida a los salarios y otros costes, cuando sólo se debe a los gobernantes, que han introducido en la economía una perturbación fundamental, algo parecido a lo que sucedería si el kilogramo o el metro cambiasen de peso o dimensión. La falta de conciencia sobre esta perturbación es lo que explica que se siga pensando que los mercados son los responsables de las crisis financieras, o que la culpa es de los “especuladores”. Más bien parece que las reglas del propio sistema bancario nacional e internacional fomentan su volatilidad y que obstaculizar o encarecer el movimiento de los capitales no es la solución; si ésta debería pasar teóricamente por la recuperación de un patrón monetario internacional, en la práctica los criterios que se imponen actualmente pasan por un mayor rigor en los coeficientes de solvencia de los bancos, y por algo que los gobernantes no han podido impedir: la competencia entre monedas, que va señalando las debilidades macroeconómicas de los distintos países o zonas monetarias.

Con un problema diferente, pero muy grave, el del desempleo, también sucede que se reclama la acción de las autoridades como mejor respuesta. Se busca la intervención de los políticos para terminar con el paro, cuando en realidad el paro es culpa de los propios políticos, por los costes y distorsiones que imponen sobre los mercados laborales y otros en términos de impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, legislación laboral, subsidios de desempleo, negociaciones salariales colectivas centralizadas, etcétera. Todo esto o bien produce desempleo o bien empuja a los ciudadanos hacia la muy poco eficiente solución de la economía sumergida, pero no tiene nada que ver con el mercado libre.

Información incompleta

Ocurre asiduamente que en las transacciones del mercado la información no sea suficiente ni esté equitativamente repartida entre los agentes. Se habla, así, de información incompleta o asimétrica como otro fallo del mercado, y se la esgrime como justificación de la intervención política en el mismo. Se trata de un fallo genuino, que existiría incluso en el caso de una total ausencia de efectos externos o bienes públicos. Veamos dos ejemplos típicos: cuando un individuo va a comprar un coche de segunda mano o acude a la consulta de un médico, la información sobre lo que compra es muy escasa para él y está prácticamente monopolizada por los vendedores. Puede demostrarse teóricamente que el equilibrio competitivo en estos casos no es eficiente y el precio será mayor y la calidad menor que en condiciones abstractas óptimas.

Este argumento ha sido utilizado para significativas invasiones del Estado sobre los recursos de los ciudadanos, en el llamado Estado del bienestar. Se alegó que en el caso de la salud, ésta debía ser estatal, porque las personas carecen de la información precisa para cuidarse adecuadamente. También se dijo que las pensiones debían ser manejadas por el Estado, porque la falta de información conduciría a la llamada “miopía de los ahorradores”: la gente no prevé bien el futuro y no iba a ahorrar lo suficiente. Con este tipo de razonamiento unos bienes privados que estaban organizados libremente, en cooperativas y mutualidades y otras instituciones, fueron colectivizados por la fuerza.

En realidad, todos los mercados tienen problemas de información, y ella afecta a la virtual totalidad de nuestras transacciones. ¿Deberían ser por ello clausurados los mercados? Eso sería una locura. Es equivocado creer que la información es sólo un dato o un insumo del mercado; es fundamentalmente un producto del mismo, y el mercado crea información igual que crea recursos, que nunca están dados. El cumplimiento de las reglas y del Estado de Derecho es lo que garantiza que las informaciones asimétricas no den lugar a inmensas conspiraciones de explotación y fraude, sino todo lo contrario. El mercado resuelve la escasez informativa y no depreda debido a sus asimetrías.

La conclusión, pues, fue otra vez en extremo apresurada. Ni siquiera aunque fuera cierto que hay problemas insolubles de información asimétrica ello conduce necesariamente a unos sistemas públicos; por ejemplo, en Chile las pensiones son privadas, pero todos los chilenos están obligados a depositar en los fondos de pensiones al menos un 10 por ciento de su salario todos los meses. Hay quien añade al obstáculo informativo otro fallo del mercado: los activos en que se invierte el dinero de los futuros pensionistas no son seguros. Pero para justificar la supresión del mercado en las pensiones habría que demostrar que la rentabilidad del dinero recaudado y administrado por el Estado es superior a la del dinero obtenido e invertido por los ciudadanos, y que las deficiencias informativas de éstos son superiores a las de aquél.

Ni la salud, ni las pensiones, ni la educación son bienes esencialmente públicos sino esencialmente privados y no son convincentes los argumentos informativos y de otro tipo que los intervencionistas han planteado para excluirlas del mercado total o parcialmente. Se ha recurrido entonces a la teoría de que son bienes “preferentes”, es decir, en principio son privados pero el Estado debe intervenir en su mercado porque su producción tiene costes y beneficios sociales que no aconsejan su intercambio exclusivo a través del mercado. El caso inverso serían los bienes indeseables, como el tabaco o el alcohol o las drogas, que también requerirían por razones simétricas el control de su mercado. Pero si la definición de bienes públicos es ardua, la de bienes preferentes lo es quizá aún más, y de hecho ha amparado una vasta colección de intervenciones públicas; y además, como veremos, la acción del Estado en la práctica está lejos de la eficacia y del criterio del bienestar general.

La perfección y otros dislates

El argumento a favor del mercado no requiere en absoluto que se trate de una entidad divina y perfecta, habitada por seres angelicales y superdotados. Lo que ocurre es que sus adversarios lo suelen ver como un cruel mecanismo de explotación de los desfavorecidos, a los que la libertad petrificaría en una posición subordinada. Así, el Estado tiene que intervenir en los mercados para proteger a los débiles: los trabajadores, los consumidores, los inquilinos, etcétera. En la segunda parte de este ensayo explicaremos que esta intervención no es neutral, ni mucho menos lógicamente preferible a su ausencia.

Hay fallos del mercado, pero su corrección no exige el recorte de la libertad: puede haber soluciones de mercado. Es el Estado el que provoca o agrava muchos fallos del mercado, que pueden ser resueltos mediante reglas o instituciones que den pie a una cooperación más eficaz. La idea de que hay que intervenir en los mercados porque éstos no son perfectos, como si algo humano lo fuera, no sólo es equivocada sino que la realidad es la contraria: la utilidad de los mercados deriva de la imperfección humana. No sabemos lo que va a pasar, y en verdad tampoco lo que pasa: nadie posee una visión cabal del proceso económico. El mercado no presupone ninguna sabiduría, pero en cambio sí retribuye las soluciones acertadas y anima la iniciativa individual para abordar los problemas sociales.

Es interesante que los partidarios del mercado seamos considerados a veces como fundamentalistas y se atribuya al liberalismo una faceta religiosa. En la práctica, las religiones y el liberalismo han entablado a menudo relaciones más bien hostiles. Donde sí cabe detectar una vinculación entre el liberalismo y la religión no es en el fanatismo ni en la fe ciega en fuerzas mágicas celestiales, sino en la modestia y en la conciencia de nuestra falibilidad. En el mundo operan efectivamente manos invisibles, cuya lógica y alcance se nos escapan.

Esta confesión de ignorancia y deficiencia en la economía y las ciencias sociales, dada la complejidad y radical imprevisibilidad de la acción humana, se halla en total consonancia con lo que ha sido la evolución de las ciencias exactas durante el siglo XX. Podrá parecer llamativo, en esta época que tantos asombrosos adelantos científicos ha prodigado, pero lo cierto es que un gran salto de la ciencia contemporánea ha sido la demostración de la imposibilidad de la existencia de sistemas completos y cerrados, capaces de explicarlo todo; en cualquier sistema siempre habrá cosas que no se pueden demostrar dentro del mismo.

Esto vale para las matemáticas y la física, que en principio parecen lo menos vulnerable a esta clase de limitaciones. Una de las facetas de esta humildad demostrada, por así decirlo, es que no hay evidencia tajante de que el universo debió ser como es, y que las cosas en la naturaleza no pudieron pasar de otra manera. Si esto es cierto para las ciencias exactas y naturales, ¿qué decir de la política, la economía, la sociedad?

Es posible que esta básica imperfección humana, junto al carácter contraintuitivo de los mercados, haya motivado el rechazo de la libertad económica a todos los niveles, destacadamente en el intelectual y el artístico: no hay artistas que canten al mercado, pero miles de ellos cantaron las alabanzas de su eliminación, que empobreció y tiranizó a media humanidad. Esta opinión llegó a imponerse también entre los economistas, en particular después de la crisis de 1929. Varias décadas y muchos fracasos después, en nuestro tiempo empieza lentamente a extenderse la duda sobre si el intervencionismo que explotó desde entonces fue una buena idea, o más bien potenció la inevitable debilidad humana.

Así, desde los sectores tradicionalmente más intervencionistas, tanto de la derecha como de la izquierda, en el último cuarto del siglo XX, fueron muchas las voces que se alzaron pidiendo una mayor y mejor consideración de las virtudes de la libertad. Por ejemplo, un premio Nobel de economía, que se define como izquierdista, insistió en que la izquierda debía abandonar dos prejuicios: “Uno es la desconfianza básica contra el mercado, la creencia de que las instituciones que llevan a que la gente actúe a través del mercado deben ser en cierto modo instituciones antisociales. Pero no hay razón para suponer esto: el mercado integra la tradición de respeto por la libertad individual. El otro prejuicio es pensar que la prudencia fiscal es una idea extraña a la izquierda. El Estado puede gastar sin preocuparse de cuán voluminoso resulta el déficit. Ésta es también una gran equivocación. La moderación fiscal debe ser también parte de una posición responsable de izquierdas”.

Ahora bien, es un disparate pensar que la doctrina que apoya el mercado ha conquistado ya la victoria definitiva: el “fin de la historia” o el “pensamiento único” o la generalización de consignas hostiles a lo público y favorecedoras de lo privado. La idea del pensamiento único es un completo dislate, y la gran fortuna que ha tenido probablemente se deba a la urgente necesidad que sienten amplios sectores intelectualmente más estériles de la izquierda tanto de lavarse la cara como de incorporar elementos liberales sin sentir que traicionan sus principios más queridos. Nuestro tiempo ha sido testigo de la caída del comunismo y de la demostración irrefutable de la cruel catástrofe a que conduce la supresión de las libertades, económicas y no económicas. Sigue siendo doloroso, y revelador del poder de las ideologías, el que aún haya personas que justifiquen el comunismo en términos de una igualdad y un bienestar más bien imaginarios, y que empleen excusas del estilo “en Cuba no tienen libertad pero tampoco hambre”, aunque por fortuna cada vez son menos los que creen en la indispensabilidad de tan indigna y falsa transacción. Dejando aparte esta versión extrema de la hostilidad a la libertad, nuestra época también ha sido testigo del fracaso del intervencionismo moderado y democrático, en términos de impuestos, paro y proliferación de incentivos perversos, ineficaces y antisociales. Ante este escenario, la izquierda ha inventado el espantajo del pensamiento único no sólo para disimular dicho fracaso sino también, y esto es muy importante, para poder asumir consignas liberales. De modo que lo normal en nuestros días es que, tras la histeria izquierdista que pretende que nos acosa un ciego y vesánico liberalismo estaticida, esa misma izquierda incorpore valores de respeto a ciertos grados de libertad económica que antes consideraba inaceptables.

Ha habido reformas liberalizadoras, y la simpatía hacia el liberalismo en varios campos, sobre todo entre los economistas, es mayor que antes, pero en la opinión pública y publicada prevalece aún la visión ingenua y primitiva del mercado, la aplicación de criterios de puro sentido común instintivo a una materia que es altamente compleja, y la distorsión que separa al mercado del liberalismo, lo acusa de un rudo economicismo y le niega sus fundamentales facetas morales. El liberalismo, por el contrario, es un humanismo que no se limita a respaldar al mercado sino que defiende la libertad de elección y la responsabilidad de las personas. En la práctica, el predominio de la libertad está lejos de ser una realidad: el gasto público no se ha reducido apreciablemente, a la vez que han proliferado nuevos campos para la intervención pública en los mercados. El miedo a la libertad, y muy particularmente a la libertad económica, no ha sido despejado, ni mucho menos.

En suma, el mercado ha sido restringido excesivamente y los argumentos esgrimidos para justificar la restricción no son tan poderosos como se pensó en un principio. Procederemos ahora a analizar esos argumentos desde la otra perspectiva, y comprobaremos que así como no es cierto que los fallos del mercado son tan clamorosos, los del Estado han sido con frecuencia mal interpretados, cuando no abiertamente ignorados.

III

Crítica del Estado

A menudo se utilizan metáforas colectivas para aludir al Estado. Se dice que el Estado es como una familia o una comunidad de vecinos o un club. Hace años, una consigna publicitaria del Ministerio de Hacienda de España proclamó: “Hacienda somos todos”. Este tipo de lenguaje es simpático y toca posiblemente cuerdas atávicas y entrañables del ser humano, con evocaciones tribales y presociales, pero es confuso. El Estado se separa y distingue de todas las demás instituciones por un signo único: la coacción. Por eso no es una familia ni una comunidad de vecinos ni un club. Y si es verdad que Hacienda somos todos, la consigna elude el aspecto crucial de que pagar impuestos es obligatorio. Sí, Hacienda somos todos, pero no podemos ser de otra manera.

Cómo se llegó a esta situación es un capítulo central de la teoría política. Un componente básico de dicha teoría es que el Estado nació de un acuerdo, de un pacto por el que los seres humanos renunciaron a sus armas y las cedieron a un nuevo ente, que ellos crearon con objeto de que los protegiera, custodiara sus derechos e impidiera que se mataran los unos a los otros. La coacción, así, devino monopolio de una institución benéfica surgida de la libre voluntad de los hombres.

El argumento según el cual como los hombres se mataban unos a otros se pusieron de acuerdo para crear el Estado es mucho menos obvio de lo que parece. Entre otras cosas, es contradictorio desde su misma base, porque si las personas son capaces de llegar a un acuerdo para crear un ente coercitivo, ¿por qué no lo son de llegar a otros acuerdos pacíficos y libres sin necesidad de ninguna coerción? No estoy criticando de momento la acción del Estado, incluso puedo aceptar que la imposición del Estado pueda ser algo bueno, algo mejor que lo que las personas puedan acordar libremente; lo que desde luego no es aceptable es que dicha imposición pueda ser denominada el único contrato social racionalmente concebible en libertad.

Un gran filósofo escocés del siglo XVIII imaginó la situación de un grupo de agricultores ante la tarea de drenar una pradera, lo que los beneficiaría a todos, sea que colaborasen en la labor o no; el problema que se plantea es que si pensamos en el acuerdo de los agricultores como inserto en el conjunto de acuerdos que conforman la vida social cabe postular que ellos efectivamente acordarán las obras de drenaje y participarán en su realización o pago. Pero si tendemos a ver estos fenómenos de forma aislada, la conclusión que obtendremos será que la estrategia dominante en cualquier agricultor será la de ser un gorrón y no participar, puesto que individualmente se beneficia en cualquier caso, intervenga o no. De ahí es fácil concluir que no habrá ningún drenaje ni ninguna obra pública o acción colectiva, y que, por tanto, será mejor para los individuos que exista un ente que los fuerce a colaborar. A saber, el Estado. De esta idea surge la teoría de que los individuos voluntariamente aceptamos el Estado en un contrato social.

Todo esto es altamente discutible y ha sido objeto de incontables análisis. Pero la idea de que tenemos el Estado porque así lo hemos querido, y que el Estado que tenemos es el Estado que queremos, ha sobrevivido hasta hoy, aunque las teorías sobre lo que “queremos” han cambiado. Siempre el Estado ha sido interpretado como el garante de la seguridad, la libertad y la justicia, pero en un principio: 1) la seguridad era física ante los delincuentes y los enemigos foráneos; 2) la libertad comportaba que el poder se abstenía de inmiscuirse en las vidas y propiedades de sus súbditos; y 3) la justicia consistía en que a cada uno debía dársele lo que era suyo.

La situación se modificó después de forma dramática. Así, en la actualidad: 1) la seguridad es interpretada en el más amplio de los sentidos: el Estado debe asegurar a sus súbditos mucho más que su mera integridad física, y a ella debe añadir la salud, la educación, el retiro, la vivienda, etcétera; 2) la libertad ya no constituye un freno ante el poder, puesto que la propiedad privada debe complementarse con otros factores para conseguir un óptimo social; y 3) la justicia ya no es dar a cada uno lo suyo sino darle lo que “merece” según unos criterios de difícil definición y que estipula el poder.

En este contexto, el Estado ha llegado a ocupar la mitad de la riqueza nacional. En vista de que la forma de la administración del Estado es, cada vez en más países, la democrática, el viejo argumento del acuerdo se refuerza. Así, todo lo que rodea al Estado se supone que es fruto del pacto; de hecho, según la teoría clásica la autoridad gobierna conforme al consentimiento de los ciudadanos, en quienes reside en última instancia la soberanía. Pero algo debe haber fallado para que todo esto, pensado inicialmente para limitar el poder, haya terminado alimentándolo; cuando en nuestros días oímos la palabra consenso, probablemente el asunto de que se trata pasa por un incremento del gasto público o del poder de los políticos sobre los ciudadanos. Se supone que la democracia hace que la política sea una fiel reproducción de la voluntad popular, y por ello la visión habitual es que la notable expansión del Estado registrada en las últimas décadas ha tenido lugar porque así lo hemos deseado los ciudadanos. Se llega a la audacia notable de postular que el Welfare State no sólo es un convenio firmado por todos los ciudadanos, sino que además es un contrato intergeneracional; así, lo que ha sucedido con las pensiones, que simplemente fueron arrebatadas por los políticos de las manos de los trabajadores, se disfraza como una benevolente alianza entre generaciones, nada menos.

En todo el proceso se confundieron conceptos, transgredieron normas y subvirtieron reglas de todo tipo, y el desenlace lógico fue el crecimiento excesivo de un Estado que ha pasado de ser la gran solución social a ser el principal problema de nuestro tiempo.

Los nuevos derechos

Los derechos tradicionales sobre los que se edificó el Estado cedieron el protagonismo a la llamada “segunda generación de los derechos del hombre”, proclamados por las Naciones Unidas en 1948. Estos nuevos derechos son fundamentalmente distintos de los anteriores y subyacen a la gran expansión del Estado que sobrevino a continuación.

El énfasis antes no radicaba en los derechos, sino en las libertades. La diferencia semántica podrá apreciarse recurriendo al diccionario; cabe argüir que tenemos derechos que preceden al Estado, y así se entendió en las primeras constituciones, mas en la acepción habitual los derechos son “principios, preceptos y normas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza”, mientras que la libertad es la “facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres”. Reflexionemos ahora sobre la dinámica que los derechos y libertades clásicos y modernos imprimen al Estado.

Las libertades clásicas, como la religiosa o de opinión o de prensa, tienen en común tres características:

1) son iguales para todos;

2) su ejercicio por parte de un individuo no requiere la usurpación de la libertad de ningún otro individuo, ni la violación de ningún derecho de nadie; y 3)el papel del Estado resulta necesariamente contenido, porque esas libertades demandan que no intervenga.

Esto armonizaba con tres principios fundamentales del liberalismo: 

1) la limitación del poder;

2) el respeto a los derechos y libertades individuales; y 

3) la no discriminación entre los ciudadanos.

En cambio, el derecho a la salud, la educación y la vivienda, si quieren decir algo, es que yo, si cumplo con determinadas condiciones, tengo derecho a que “alguien” me dé salud, educación y vivienda sin conminarme a que las pague. Éste es el punto decisivo, puesto que el “derecho a la vivienda” no puede referirse a algo tan obvio como que yo tengo derecho a una vivienda si pago por ella.

Ni la vivienda ni la salud ni la educación serán suministradas si su coste no es pagado. Si yo debo recibirlas, sin pagarlas o pagando menos de lo que cuestan, entonces tienen que invertirse las tres características de las libertades clásicas: 1) el derecho no es igual para todos; 2) mi disfrute de ese derecho requiere que otra persona sea obligada a pagar por mí, con lo que se quebranta su derecho a la propiedad del fruto de su trabajo; y 3) el papel del Estado resulta necesariamente expandido, porque esos derechos exigen que intervenga; sólo él puede ejercer la coacción sobre los ciudadanos para conseguir los ingresos necesarios.

Esto contradice los tres principios fundamentales del liberalismo: 1) el poder ya no está limitado; 2) los derechos y libertades individuales están condicionados a la satisfacción de estos nuevos derechos; y 3) el Estado está obligado a discriminar entre los ciudadanos, tanto para recaudar impuestos como para brindar prestaciones.

Es llamativo que los nuevos derechos, como casi todo en nuestro tiempo, se llamen “sociales”, como si la sociedad fuera la protagonista de este giro, cuando en realidad el gran protagonista es el Estado. Es conveniente observar que estos derechos nuevos son también diferentes de los antiguos en un punto fundamental que se refiere a la responsabilidad individual. Si yo compro una casa tengo un derecho sobre ella. Pero en esta transacción hay dos partes cuyos derechos y responsabilidades están claros: yo tengo el derecho a mi casa si cumplo con mi responsabilidad de pagarla, mientras que simétricamente el vendedor tiene la responsabilidad de entregarme la casa y el derecho a cobrar por ello. Nótese que la convivencia civilizada en libertad se basa en este juego de derechos y responsabilidades, y nótese también que el Estado es imprescindible para salvaguardarlos: no habría relaciones sociales en un marco de violencia generalizado y de masivo incumplimiento de los contratos y la palabra dada.

Los derechos nuevos, en cambio, son radicalmente distintos, porque no requieren ninguna obligación específica correspondiente por parte de quienes los disfrutan. Esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque en los orígenes del Estado del bienestar se pensó siempre que las personas que recibirían ayuda pública harían algo a cambio, por ejemplo, los parados se esforzarían en encontrar un empleo. Estas dosis de responsabilidad han llegado a esfumarse. Buena prueba de este desconcierto es que son muchos los políticos e intelectuales que defienden abiertamente al movimiento okupa, máxima expresión de irresponsabilidad, puesto que lo que reivindica es que el llamado derecho a la vivienda justifica la total negación del derecho de propiedad.

El Estado democrático benefactor

El principio fundamental de la intervención pública cambió con los nuevos derechos. Antes el poder intervenía con objeto de impedir el daño a los individuos. Después pasó a intervenir para asegurarles su bienestar. Una relevante razón para limitar el poder desapareció porque ¿qué sentido tiene limitar un Estado que procura el bienestar del pueblo y que además es un Estado democrático, elegido y controlado por el pueblo?

No estoy sugiriendo que en los derechos clásicos el Estado es innecesario, aunque existe un discurso liberal extremo, más anarquista que liberal, que así lo sostiene, pero no abundaré aquí en él, porque lo que me interesa destacar es que la protección de los derechos no es gratis. Los derechos clásicos también demandan un Estado que obtenga los fondos precisos para garantizarlos: un mundo liberal necesita jueces, policías y soldados. La diferencia entre las dos clases de derechos no es que unos sean gratuitos y los otros onerosos, sino que imprimen al Estado una dinámica extremadamente diferente, controlada en un caso, expansiva en el otro.

Incluso los textos básicos del Estado de Derecho, las constituciones ponen un énfasis creciente en los nuevos derechos, sin que los legisladores hayan percibido la ilicitud política plasmada en la contradicción insoluble de pretender limitar el poder al mismo tiempo que se le pide que satisfaga cada vez más derechos de los ciudadanos, lo cual es imposible sin quebrantar otros derechos, singularmente el derecho al fruto del propio trabajo. Cabe constatar que en el caso de España, con un texto constitucional relativamente reciente y bastante intervencionista en economía, no haya habido prácticamente ningún político, de ningún partido, que se haya atrevido a sugerir que existe un problema como el señalado en este párrafo; es en este sentido revelador y grotesco que quienes con más denuedo proclaman la necesidad de expandir aún más el Estado suelen esgrimir en su apoyo la Constitución de 1978. La Carta Magna española demuestra hasta qué punto la política es la que hace las constituciones, y no al revés.

Otro efecto de la nueva situación se refiere al propio Estado, que en un principio fue concebido dividido en tres poderes independientes y de análoga relevancia. Esto ha dejado de ser así, y sus consecuencias apenas pueden entreverse. Tradicionalmente, el poder legislativo instruía al ejecutivo sobre qué hacer y también cómo hacerlo. Los nuevos marcos constitucionales, que lastran al Estado con toda clase de deberes, no le indican cómo cumplirlos. A esto se une que las actividades del Estado son ahora de tal complejidad que el legislador se ve constreñido gradualmente a reconocer que para que el ejecutivo pueda cumplir con lo que se le pide necesariamente hay que concederle dosis crecientes de autoridad y de discrecionalidad. Es la semilla del fin de la división de poderes y los “frenos y contrapesos” clásicos. El ejecutivo incrementó su importancia considerablemente, el legislativo perdió prestigio y se convirtió en réplica del primero, mientras que el judicial se mantuvo en un último plano hasta recientemente, cuando en algunos países adquirió un protagonismo “estelar” que ha causado no poca inquietud.

La democracia se convierte en algo fundamentalmente nuevo, porque ya no se limita a ser un mecanismo de sustitución incruenta de gobernantes con participación popular sino una presión sobre el poder para que redistribuya rentas con objeto de conseguir la “justicia social”, que se interpreta como supresión de las desigualdades. Ya observamos en la primera parte de este ensayo que lo desigual es considerado injusto; en este contexto, la justicia debe quitarse la venda e inspeccionar cuidadosamente a la sociedad en busca de desequilibrios que deberá reparar castigando a fuertes y premiando a débiles. La igualdad y la justicia han dejado de referirse a reglas para referirse a resultados. Dada la insuperable desigualdad humana, y el hecho de que virtualmente no hay actividad de la que no puedan derivar consecuencias que eventualmente perjudiquen a alguna persona, el campo de acción política ahora no tiene fronteras. La democracia pasa de ser un límite al poder a ser un estímulo para su intervención y para una politización siempre creciente. Así, cuando se habla de democratizar tal o cual cosa, nunca se pretende que pase a la libre competencia del mercado sino a manos de las autoridades; cuando en España durante los años noventa se proclamó la necesidad de democratizar las cajas de ahorro, el significado era muy claro: que mandaran allí los políticos.

Paradójicamente, democracia significa elegir, pero también poder elegir cada uno, no votar a un tercero para que sea él exclusivamente el que elija sin límites, salvo que se crea en la transmutación perfecta de la sociedad en la política. En tal caso, la propia noción de democracia representativa pierde sentido y se establece una noción asamblearia y tribal del Parlamento, una visión especular: el Parlamento ya no representa al pueblo sino que es el pueblo o lo refleja como un espejo. El interés público se identifica directamente con el interés político y se impone la idea de que no puede ser de otra manera si el poder es y hace lo que la sociedad quiere que sea y haga. El modelo del Estado de Derecho, por el cual las libertades y los derechos humanos requieren la abstención del poder, desaparece. Ahora los derechos sólo se cumplen mediante una intervención política muy activa, plenamente justificada porque el poder ahora es “la sociedad”. Como resultado, la libre actividad de los ciudadanos en el mercado, tal cual vimos antes, es motivo de absurdo recelo porque no es “social”.

No hemos estudiado aún el funcionamiento del Estado, pero lo dicho hasta aquí basta para afirmar que incluso aunque su acción fuera impecable y sus funcionarios y administradores fueran ángeles, el moderno Estado democrático benefactor debe ser grande y carecer de frenos.

Estado y moral

Los defensores del intervencionismo suelen argumentar a favor de la moral de lo público y en contra de la moral de lo privado. Pero si esto último ya se vio que no tiene base, porque mercado y egoísmo no son sinónimos, ahora veremos que lo primero tampoco la tiene.

La clave del Estado moderno son esos derechos nuevos que no requieren obligaciones concretas y que exigen violar derechos de terceros. Este esquema alienta conductas inmorales, porque devalúa la responsabilidad individual: cada uno se cree en condiciones de requerir que otros le alivien de sus contrariedades. El primer deber de cada uno ya no es luchar y esforzarse por sí mismo y los suyos, sino reclamar sus “derechos” al poder político. Vivimos en un mundo donde los seres humanos no están unidos por una civilizada red de derechos y deberes recíprocos, sino en una sociedad donde el principal mandamiento es la obediencia al poder, al que debemos entregar nuestro dinero para que lo redistribuya. Pero no hay deberes específicos hacia nuestros semejantes específicos, que son los que caracterizan la moral.

Una sociedad donde prevalece un orden ético de responsabilidad individual y respeto a los demás demandará un Estado contenido, pero en nuestro tiempo se demanda más y más Estado, mientras se desdeña la moral. Cuanto menos papel tenga la moral en la restricción del comportamiento humano más tendrá el Estado. No debe asombrarnos, pues, que en nuestros días la moral esté mal considerada y que predomine un vago relativismo. Es ilustrativo que la expresión de moda de la ética actual sea “tolerancia”.

Otro incentivo desmoralizador del intervencionismo nace del propio hecho de la redistribución, que animará a los ciudadanos a vocear sus reclamaciones a la hora de cobrar, pero a esconderse a la hora de pagar. Asimismo, a la hora de cobrar, se pretenderá ocultar el beneficio propio y se lo disfrazará de justas reivindicaciones o de interés general. En el mercado la situación es bien diferente, dado que el beneficio de todas las partes contratantes es claro y es un presupuesto, porque en caso contrario no habría tratos.

En el siglo XIX muchos de los que se preocupaban por la justicia y los pobres pedían más libertad y un Estado más pequeño; en nuestros días el desvelo por los pobres es reivindicado por las personas intervencionistas. Pero no está claro que el Estado proteja a los pobres especialmente, o especialmente bien. Más bien parece que existe una mano invisible reversible. En el mercado la preocupación por el propio interés propicia el interés general; en el Estado, la mano invisible de ese peculiarísimo mercado que es el mercado político hace que el propio interés propicie el interés particular. Dijo un gran mandatario europeo que en la economía de la puja redistributiva “todo el mundo termina con la mano metida en el bolsillo de otro”. En el mercado hay que procurar servir a los demás; en el Estado se rompe esa lógica y uno puede prosperar mucho sin servir a nadie en absoluto, sino al contrario, sirviéndose del público. Por eso la expansión del Estado produce un extraño resultado y es que la convivencia pacífica, objetivo para el cual presuntamente fue inventado, resulta difícil de lograr y lo que se impone es la lucha por obtener recursos coactivamente extraídos por el Estado a otras personas o grupos.

La atenuación de la responsabilidad individual y la lógica de la puja redistributiva desembocan en graves daños morales. Dentro de estos daños hay uno muy destacado, que hace referencia a las condiciones de la convivencia: el fomento de la envidia. De todos los pecados capitales, la envidia es el más antisocial y el más degradante; la envidia emponzoña las relaciones sociales, humilla y nos humilla. Cabe concebir que las personas se enorgullezcan de algunos pecados, pero nadie jamás se ufana de su envidia. Al contrario, tratamos en la medida de lo posible de encubrirla. Cuando hablamos de “sana” envidia nos estamos refiriendo a una cosa bien distinta: a la admiración, que es un sentimiento noble que impulsa actitudes plausibles, como la emulación. La envidia no es eso, la envidia es pura destrucción, puro daño. El mercado y la competencia, que tan mala prensa tienen, cuentan entre sus virtudes morales el que contienen la envidia: si en una competencia libre yo pierdo, estaré quizá molesto, pero nunca estaré legitimado para dar rienda suelta a mi envidia, porque he sido derrotado en buena ley. En cambio, en un mundo donde la competencia es suprimida o sumamente condicionada por la intervención política, la situación cambia radicalmente. No está claro que los ganadores se lo merezcan: pueden haber obtenido un subsidio, un favor. Tales condiciones desbloquean los mecanismos de contención de la envidia. Si en una economía intervenida yo pierdo, me sentiré legitimado para expresar mi envidia incluso con violencia, tanto porque yo no seré responsable de mi derrota como porque podré desconfiar de la justicia por la que personas más beneficiadas que yo han accedido a tan ventajosa situación. El Estado, así, justo al revés de lo que claman sus apologistas, no sólo no constituye la apoteosis de la convivencia en un marco de principios éticos, sino que socava las bases mismas de dicha convivencia.

La devaluación de la responsabilidad individual se refleja también en cómo es concebido el individuo en nuestro tiempo: se le supone explotado, manipulado y desinformado por unos siniestros poderes económicos que el Estado democrático debe neutralizar o compensar. Este paternalismo es indispensable para la expansión del Estado y se complementa con otra línea de argumentación que es la negación de la libertad: el ser humano no es libre, no decide libremente, etcétera.

Aparte de que el poder económico y el político sean conceptos muy diferentes —un premio Nobel dijo que el primero era el deseable control sobre las cosas y el segundo el indeseable control sobre las personas— la sociedad abierta no es una compensación de poderes. La libertad no exige un poder que compense a otro, sino la imposibilidad de ejercer determinados poderes. Por ejemplo, el que el poder para condenarme sin juicio simplemente no exista es un pilar del Estado de Derecho. En todo caso, el ya citado argumento de que como hay grandes empresas multinacionales o globalizadas se necesita un poder también gigantesco es una falacia. La globalización es una oportunidad, no una amenaza de la cual los políticos deben rescatar a sus súbditos, a cambio de más poder; argumentos del estilo “la globalización pone en peligro a la democracia” no son más que engañosas réplicas del atávico miedo a la libertad. La globalización económica no exige una globalización política sino un marco legal, lo que no es lo mismo. La competencia, y no un ministerio, es lo que controla el funcionamiento de las empresas, y la justicia impide que estafen; otra vez, la base es una moral de responsabilidad (en el mercado somos responsables), y nada de eso requiere que el Estado usurpe la mitad de la riqueza.

Hemos visto hasta aquí, pues, sin haber entrado en detalle en la actuación del Estado, que su dinámica actual no sólo tiende a expandirlo sino también a que propicie conductas inmorales. Tendremos ocasión de comprobar que estas tendencias se hallan presentes en su funcionamiento real.

De lo ideal a lo real

El Estado reivindica que la legitimidad de las vastas incursiones que emprende contra las libertades y haciendas de sus súbditos estriba en su carácter democrático. Pero en realidad, la democracia actual no es un idílico gobierno del pueblo sino una lucha cruda por el poder protagonizada fundamentalmente por los políticos, una lucha en la que parece convenirles la demagogia, el engaño, las medias verdades y las promesas irrealizables. Del lado de los votantes, el peso de cada uno en el resultado final es tan pequeño que para ellos lo racional es despreocuparse, descansar en ideologías y abstenerse de cualquier tipo de contacto desinteresado con la política. El mercado de la política, estudiado por otra nueva y fértil rama de la ciencia económica, la “elección pública”, tiene también fallos, y muy considerables. Los votantes, por ejemplo, no podemos discriminar entre las decisiones de nuestros gobernantes que nos parecen acertadas y las otras. Votamos y estamos encadenados a nuestro voto hasta las próximas elecciones. En el mercado económico solemos discriminar, y no nos vemos forzados a adquirir lo que no deseamos.

La posibilidad de expansión del Estado deriva de que ha trasladado a campos económicos un criterio fundamental de su funcionamiento político, el de la mayoría. Hoy no sólo se decide por mayoría quién va a gobernar sino también cuántos impuestos nos va a cobrar. Esto abre muchas posibilidades de crecimiento y abuso del poder, de modo que los políticos jueguen con los ganadores y los perdedores a que dicho sistema inevitablemente da lugar, destacando a los primeros y ocultando a los segundos.

Así sucede con la dinámica habitual del Estado que consiste en “ayudar” a diferentes grupos de la población. Aparte del sarcasmo que comportan esas ayudas en los casos de reducciones de impuestos, con lo que se llama “ayuda” a la mera mitigación de un castigo, y de la ironía de denominar así a lo que es una redistribución coactiva de dinero ajeno, ello tiende a extender ilimitadamente el contorno del poder político. Aunque el ideal proclamado sea la defensa de la libertad individual, la realidad es que sistemáticamente se la amputa, porque tiende a valorarse más el beneficio del mayor poder de decisión público que la pérdida del menor poder de decisión privado.

La lógica de los grupos de presión contribuye a este fenómeno: estos grupos son pequeños en número, están bien organizados y cuentan con alicientes para movilizarse, a veces violentamente, y llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Tratan siempre de identificar sus intereses con el interés general, y alegan que lo mejor para el país es la protección pública, los monopolios, las barreras de entrada y los subsidios para numerosos sectores, desde la agricultura hasta el cine. El proteccionismo recurre a banderas falsas pero atractivas, como el reciente clamor para el cierre de los mercados agrícolas con la excusa de proteger el medio ambiente, o incluso la hipocresía ya mencionada de diversos sectores económicos en los países ricos que quieren obstaculizar las importaciones desde los países pobres para presuntamente fomentar en ellos los derechos sociales. Esos sectores, junto con la política, son lo único que parece contar: los que pagan el coste de esa protección en términos de pobreza, o de bienes y servicios más caros y de peor calidad, o en términos de más impuestos, no aparecen. La coincidencia de intereses entre esos grupos y el propio Estado conforma un amplio convenio que es replicado por los medios de comunicación, que hablarán siempre de la lucha de tal o cual sector para obtener dinero público, pero jamás de la derrota de los contribuyentes, una derrota en toda regla porque la necesaria contrapartida del Estado benefactor es un crecimiento de las finanzas públicas.

Aparte de los problemas que provoca este crecimiento, y que abordaremos en el apartado siguiente, hay una dimensión política: el intervencionismo actual requiere un alto grado de acuerdo para poder funcionar. La facilidad de arbitrar el consenso es mayor cuando el Estado funciona con los clásicos derechos individuales limitativos que cuando lo hace con los nuevos derechos sociales. Puede ser concebible la articulación de un pacto con objeto de que el Estado no obstruya la libertad religiosa, pero ¿cómo acordar socialmente qué sectores subvencionar y con cuánto?, ¿cómo acordar socialmente subir los impuestos para pagar la sanidad o las pensiones?, ¿cuál es la licitud y cuáles son los límites de un acuerdo que estriba en la distribución de premios y castigos para terceros? En la realidad, el acuerdo es laborioso incluso cuando se trata de apenas unos pocos cientos de personas en un Parlamento, y por eso la ya citada palabra de moda en nuestro tiempo es consenso. Pero indica un fenómeno nuevo y muy peligroso, porque el consenso del que suele hablarse estriba en acuerdos que comprometen crucialmente las libertades y los bienes de otras personas, los ciudadanos.

Así, aunque se pretenda que la democracia actual se refiere a un ideal de la sociedad que conversa y pacta, en realidad quienes lo hacen son los políticos, y el lubricante de sus acuerdos es el dinero de los contribuyentes, que al pasar de lo ideal a lo real resultan ser los auténticos convidados de piedra en este extraño banquete.

El desenlace de esta interpretación del consentimiento es que los principios acaban por desdibujarse, en la medida en que puedan interferir en el feliz término de los pactos. Es muy ilustrativo que hoy en día los buenos dirigentes ya no son las personas con principios sino las “dialogantes”. Y, al contrario, una mujer o un hombre con ideas claras y principios firmes fácilmente caerá en el descrédito y será objeto del calificativo de ultra o de su sinónimo: no dialogante. Obsérvese que el objetivo del diálogo y el consenso ya no es limitar el poder para resguardar la libertad, sino expandirlo para garantizar otros valores, como la “cohesión”. La democracia se desnaturaliza porque, como vimos, no parece haber ninguna diferencia entre la política y la sociedad. Si las administraciones públicas difícilmente podrían tener periódicos pero sí pueden contar con canales de televisión, extraordinariamente onerosos, que no despiertan grandes protestas, ello obedece a que todos los políticos están de acuerdo en que debe haber televisiones públicas, con lo que el tema es extraído de la discusión. Si los políticos están de acuerdo, se supone que todo el mundo lo está.

Gastos, impuestos y deuda pública

El mercado es la libre decisión individual, mientras que el Estado representa decisiones de carácter colectivo. Una señal del mundo contemporáneo es la tendencia de la esfera colectiva a crecer y a hacerlo de forma asimétrica, de modo que los gastos, los impuestos y la deuda pública aumentan con facilidad pero disminuyen con notoria dificultad.

Esta asimetría deriva de los principios de funcionamiento del Estado democrático: si la sociedad elige a los que mandan, en el marco de un Estado que se preocupa de conseguir la igualdad y la justicia social, no tiene sentido que se reduzca. Todos los objetivos del intervencionismo son buenos, todos responden a necesidades “sociales”.

La existencia misma del Estado, además, ofusca su comprensión, porque insinúa que las cosas que hace no se harían sin él. Sistemáticamente, se nos asegura que sin Estado no habría empleo, ni agricultura, ni industria, ni educación, ni sanidad, ni pensiones, ni cultura. Esto es falso, porque el Estado no tiene medios: se los quita al ciudadano, y nada autoriza a pensar que si el ciudadano los mantuviera no los gastaría en esos capítulos y en otros de forma socialmente eficiente.

La defensa del gasto público contra el privado tiene que recurrir a hipótesis audaces, como que los políticos saben mejor que el pueblo lo que es mejor para el pueblo, o que son más eficaces y honrados que el común de los mortales. Todo esto no parece cierto. Más bien resulta que los políticos son como los demás seres humanos, buscan su propio interés e intentan ganar las elecciones antes que salvar a la patria.

El funcionamiento del Estado en esas condiciones no es asimilable a otras instituciones. Si una empresa, por ejemplo, debe ajustar gastos, lo hará de forma racional, procurando no dañar su actividad esencial, lo que produce y vende a los demás. Pero en el Estado la situación es distinta, porque carece de criterio racional de satisfacción del consumidor o usuario. Los políticos intentarán maximizar el número de votos, lo que los llevará a ceder ante determinados grupos de presión si creen que haciéndolo el saldo de votos les será favorable.

Si el Estado fuera de verdad el reflejo de la sociedad, si el Estado que tenemos fuera de verdad el Estado que queremos, entonces no ocultaría sus costes; y, sin embargo, hace todo lo posible por enmascararlos, entre otros mediante los expedientes, las retenciones y la deuda pública. Las retenciones producen anestesia fiscal, es decir, el contribuyente no se da cuenta del dinero que le quitan. Incluso puede que al presentar su declaración Hacienda le “devuelva” algo. El caso es similar en lo referido a la deuda pública. Como consiste en un diferimiento del pago tributario, el Estado tiene muchos estímulos para endeudarse; en culturas antiinflacionarias, como la actual, no se puede monetizar la deuda (pagarla con un aumento en la cantidad de dinero), pero como hay que pagarla, el único camino posible es aumentar la presión fiscal explícita. Al final, como deben abonarse los intereses, el Estado cobra más impuestos nominales que los que decidió eludir originalmente al recurrir a la deuda. Por cierto, el crecimiento de la deuda junto con el gasto permite poner sordina a la reivindicación intervencionista de que el gasto público propicia la justicia social, porque la realidad es que el Estado está cobrando impuestos a los ciudadanos para pagar la deuda pública, a cuyos tenedores no podría calificárselos como “necesitados”. En la actualidad hay bastantes países que tienen superávit primarios en el presupuesto (el saldo antes de pagar la deuda). Esto quiere decir que el Estado ahoga el gasto real de sus súbditos, les quita más dinero que el que les devuelve en términos de servicios sociales. La deuda, pues, no sólo comporta pagos por intereses sino una redistribución regresiva de la renta y un recorte de los fondos disponibles para la actividad privada y también para otros campos de lo público.

El moderno Estado del bienestar cobra impuestos y brinda prestaciones: en ninguno de los casos su actividad es neutral. La fiscalidad ha provocado distorsiones en la oferta de trabajo y de ahorro, en la intensidad y la movilidad laboral, en la inversión en capital humano y en la asignación de recursos (porque se asignaron a eludirla); fomentó las irregularidades y hasta los delitos fiscales.

Por el lado de las prestaciones, el Estado extendió el “riesgo moral”, es decir, los incentivos de las personas a ser elegibles para los diferentes servicios y prestaciones (paro, vivienda, enfermedad, etcétera) cuando en realidad no lo son; estimuló el engaño. En España existe una vieja tradición: la subvención a los medicamentos de los jubilados ha promovido el fraude de modo que éstos compran medicamentos para otros miembros de su familia; también se generan desenlaces injustos, típicos del intervencionismo, como el hecho de que un joven con un sueldo bajo paga mucho por sus medicinas, pero una persona mayor con una buena pensión paga poco o nada.

Una muestra conocida de la falta de neutralidad del gasto público es que cuanto más se pague por estar enfermo más enfermos hay, como ocurre en los países nórdicos. Pero también cuanto más se pague a las madres solteras más madres solteras habrá, tal cual testimonian países catalogados de liberales como Estados Unidos. Y cuanto más dure el subsidio de desempleo más durará el desempleo, como se comprobó en varios países europeos.

Apuntamos antes que la intervención pública a la hora de corregir la desigualdad en la distribución de la renta no había estado exenta de fallos. Uno muy notable tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, y es la reducción del tiempo de trabajo, pero no una reducción general sino concentrada en los tramos más bajos de renta. Esto se ha producido porque el trabajo y el salario ya no son indispensables para vivir: muchos pueden vivir de las prestaciones públicas, que se vuelven crecientemente atractivas a medida que los salarios son más bajos. Es un triste ejemplo de la regularidad del intervencionismo, que tiende a perjudicar a los grupos más débiles de la población.

El Welfare State crea sus propios clientes, pero también sus propios escollos. Las finanzas públicas entran en desequilibrio, porque sus capítulos tienden a crecer sin freno; los ciudadanos, lógicamente, consumirán exageradamente todo lo que tenga, gracias a la intervención política, un coste inferior al precio de mercado, tanto da que sea sanidad o agua de riego. Como el sector público suele ser menos productivo que el privado, su crecimiento requiere más y más recursos. Si cabe decir que el Estado aumenta la inversión de la sociedad en capital humano (por la educación), al mismo tiempo los altos tipos marginales de la imposición necesarios para financiarlo reducen el retorno de esa inversión, y lo mismo sucede con la inversión llamada real o física.

Tanto los impuestos como las prestaciones tienen, pues, un importante y no siempre bien ponderado efecto ético. Un economista sueco, que comprobó el fracaso del Estado del bienestar en la versión desaforada de su tierra natal, afirmó que ese Estado “encarece la honradez”, es decir, las personas comprueban que si mienten y hacen trampas tanto a la hora de pagar impuestos como a la de cobrar o recibir servicios o prestaciones pueden mejorar mucho su situación. El Estado anima al free-rider o gorrón, lo que tiene también graves consecuencias financieras para la estabilidad del sistema.

Es verdad que la fiscalidad no liquidó ni el ahorro ni la inversión, pero los contuvo y distorsionó. Con una adecuada combinación de deducciones en las inversiones empresariales, un proyecto de valor agregado reducido o incluso nulo puede resultar fiscalmente rentable y, por tanto, ser llevado adelante. Hay muchos recursos que las personas invierten no en busca de oportunidades para satisfacer las necesidades de los demás, sino para eludir impuestos.

Esta expansión estatal tampoco ha sido neutral con respecto a un gran defecto de Europa, el paro. No puede ser neutral el hecho de que un porcentaje elevado de lo que paga un empresario por un empleado no sea cobrado por éste, sino que vaya directamente a impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social. Una de las consecuencias de este fenómeno de la imposición laboral, además de reducir la contratación porque encarece el factor trabajo, es estimular la tecnología ahorradora de mano de obra. Hay inversiones, como vimos, que se desarrollan con el único objetivo de reducir el empleo, más que crearlo, y no para impulsar la productividad dentro de las reglas naturales de la competencia sino exclusivamente para esquivar un coste artificialmente impuesto por el Estado.

Las propias autoridades de la Unión Europea identificaron un círculo vicioso: los costes laborales llevan a que las empresas despidan trabajadores; esto aumenta los impuestos para pagar los subsidios de paro, los cuales a su vez fuerzan a otras compañías a despedir trabajadores, y así siguiendo. Los trabajadores pueden ser contratados por el sector público, como ha sucedido en España, pero en cualquier caso hay que cobrar más impuestos para ellos.

Los intervencionistas defienden la imposición no simplemente porque así se obtienen recursos para los saludables objetivos del Estado del bienestar, sino también por la redistribución de la renta. En el mercado, la justicia son las reglas por las que se llega a una distribución determinada, y no la comparación entre esa distribución y otra, que guste más o menos; en cambio una clave del Estado es precisamente cambiar la distribución vigente; uno de sus grandes pretextos es la necesidad de resolver las desigualdades, y de ahí el peso de la imposición sobre la renta, considerada emblema de la justicia social porque permite tratar desigualmente a las personas y cobrarles más a los más ricos. Esto es analíticamente impugnable, porque la comparación de utilidades o satisfacciones personales, aunque no imposible, ha sido reconocida como difícil e imprecisa por los principales expertos de la llamada economía del bienestar; y ha dado lugar en la práctica a un curioso resultado. Así como el Estado a la hora de “ayudar” con el gasto público con frecuencia no se dirige a quienes necesitan la ayuda sino a quienes la consiguen, por confluencia de intereses de grupos de presión y burocracias y dirigentes, a la hora de cobrar impuestos no incursiona en particular contra las personas más ricas sino contra las más accesibles fiscalmente. El Estado, como fue indicado antes, más que solucionar la desigualdad, sustituye la desigualdad del mercado por la desigualdad de la política. Como en realidad es imposible que el Estado nos iguale, cuando intenta hacerlo deberá apoyarse en algunas variables y estrategias que inevitablemente provocarán más desigualdad juzgadas desde otras variables y otras estrategias. La intervención en aras de la justicia social crea nuevas injusticias y es sólo un ofuscado optimismo el que lleva a pensar que el poder político es cariñoso o solidario. Como dijo un prócer americano: “El Estado no es la razón ni la elocuencia, sino la fuerza. Como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible”.

Ya no se trata de respetar el viejo principio de la igualdad ante la ley, sino de reemplazarlo por un principio radicalmente nuevo: la igualdad mediante la ley, es decir, una igualdad forzada por la intervención política. Nada permite concluir que con esta sustitución la sociedad sea más justa. El resultado real y concreto de esta extraordinaria situación es que los impuestos sobre la renta, al parecer justos porque castigan a los ricos, en la práctica son pagados por los trabajadores y las clases medias asalariadas.

Los intervencionistas suelen razonar como si la acción pública fuera siempre neutral, en el sentido de que no genera en los ciudadanos comportamientos condicionados por dicha acción. Es como si se hubiesen creído su propia extravagante visión del Estado como espejo del pueblo, incapaz de actuar contra sí mismo. La realidad es, sin embargo, que los ciudadanos reaccionan siempre ante las intervenciones y en pocas áreas queda tan claramente ratificado como en la fiscalidad. Las propias estadísticas oficiales prueban que en la mayoría de los países donde ha aumentado la tributación hasta límites confiscatorios ha sucedido algo sólo aparentemente extraño: los ricos tienden a desaparecer. La cifra oficial de ricos en países como España es sencillamente ridícula. Cuando en 1999 se denunció que el ministro portavoz del gobierno español había cobrado ingresos mediante una sociedad se levantó un hipócrita clamor de protesta que ignoró que tal práctica se halla vastamente extendida: así, entre la existencia de tipos máximos, la evasión lisa y llana, y los mecanismos de elusión legal, resulta que la progresividad tributaria se descarga con especial rigor sobre las rentas medias de los trabajadores asalariados. Es llamativo que algunos consideren que esta caza y captura de ciudadanos indefensos tiene algo que ver con la justicia social.

Los economistas albergan cada vez más dudas sobre la virtualidad de los impuestos para influir sobre la distribución de la renta porque tal como están organizados esos gravámenes carecen de equidad vertical (hay gente que no gana lo mismo pero paga lo mismo) y de equidad horizontal (hay gente que gana lo mismo pero no paga lo mismo). De ahí que se tienda más a apoyar la redistribución igualitaria a partir del gasto, y se identifique más gasto público con más igualdad, y menos gasto público con más desigualdad.

Pero esta caracterización es también discutible, y no sólo por razones macroeconómicas, como el efecto de los impuestos sobre el aumento del paro o la desaceleración del crecimiento. Está probado que los grupos de presión pueden secuestrar en su beneficio una parte apreciable del gasto: sólo con falta de rigor se concluye que más gasto público equivale a más justicia.

Cuando el gasto público no fluye directamente hacia el beneficiario sino que pasa por una burocracia administrativa intermedia, la cuestión se complica aún más. Por ejemplo, superficialmente parecería obvio que más gasto en educación es igual a más educación. Pero esto no está claro (y quien escribe este ensayo cumplirá pronto treinta años de profesor universitario): el gasto en educación es gasto en educadores; por tanto, puede que beneficie a los estudiantes, o no, pero desde luego nos beneficia a los catedráticos. Aunque la educación sea sin duda importante, entre otras cosas porque extiende la igualdad de oportunidades, no es evidente que deba ser provista por una burocracia pública. No hay argumentos solventes para justificar el papel actual del Estado en el ámbito de la educación, que estriba en protagonizar directa y masivamente toda la enseñanza, hasta la universitaria, y por medio de cuerpos de funcionarios públicos. El inmenso gasto público en educación no va seguido sistemáticamente de una mejora proporcional en los niveles educativos de la población.

El Estado pretende que ha cumplido con una misión de justicia al hacer toda la educación gratuita. Bien mirado, sin embargo, el asunto es más complejo. La hipertrofia de la población universitaria es algo difícilmente defendible más allá de la demagogia. La universidad gratuita o fuertemente subvencionada significa que los contribuyentes, trabajadores en su mayoría, están subvencionando a jóvenes de clase media y alta, que podrían perfectamente pagar los costes de su enseñanza. Además, como el sistema reduce el precio de la educación universitaria, anima considerablemente a consumirla, muy por encima de la demanda social de licenciados, con el consiguiente paro de jóvenes con titulación superior: un resultado ineficiente y frustrante. Desde el punto de vista académico, el sistema tendrá incentivos orientados a la docencia, dada la exagerada población universitaria y la titulitis fomentada por el gasto público educativo, y en contra de la investigación, algo que necesariamente conspira contra la excelencia universitaria. Muy superficial ha de ser la opinión de quien juzgue que todo esto responde a algún criterio de justicia o equidad.

Los políticos insisten en que su única meta es “resolver los problemas de los ciudadanos”. Aparte de que no suelen pensar que uno de esos problemas es la elevada presión fiscal, y que es manifiestamente incompatible resolverlo con más gasto público, tampoco reflexionan sobre una norma del gasto público, y es que promete lo que no puede dar. Ese mundo idílico donde todos recibimos una ilimitada atención del Estado del bienestar es imposible. Son interesantes los caminos por los cuales se oculta este fracaso, además de la ingenuidad habitual de creer que cualquier problema que permanezca sin arreglar puede solucionarse aún con más impuestos. Veamos el caso de la sanidad, un ejemplo de gasto explosivo en España y Europa. El argumento intervencionista insiste en que así se logra la universalización de las prestaciones sanitarias. La trampa estriba en que, como el Estado no puede terminar mágicamente con la escasez, si la oculta por un lado aparecerá por otro. En la sanidad aparece con frecuencia bajo la forma de restricciones en el tiempo y la calidad. Es decir, sí, es verdad que la sanidad es universal, pero la escasez de recursos se revela en la calidad de la atención o, típicamente, en las listas de espera. Obviamente, no es lo mismo ser atendido hoy que el año próximo, aunque estas demoras no cuestionan el hecho de que la sanidad sea, en efecto, universal. Lo único que ocurre es que en muchos países el riesgo de morir en una lista de espera, por ejemplo, para cirugía cardiaca, es muy superior al que representa la propia operación.

Estado justo y regulador

Es posible que el énfasis en la necesidad de un Estado justo que suprima la desigualdad ocasionada por el mercado derive de que ya tiene poco sentido argumentar contra el mercado en términos de eficiencia. La ideología intervencionista, presente en todos los partidos y burocracias nacionales e internacionales y sostenida irreflexivamente por los medios de comunicación y los que en ellos opinan, agita sin cesar el fantasma de la pobreza en el mundo, pero cada vez es más complicado negar que la pobreza puede ser vencida más expeditivamente con libertad política y económica que con ninguna otra estrategia. Por eso el intervencionismo ha cambiado algo el objetivo de sus proclamas: ahora es más el medio ambiente o la desigualdad o la regulación de múltiples actividades privadas, y no tanto ni tan exclusivamente la pobreza o el subdesarrollo, los que exigen la intervención del poder y de esas mismas burocracias, de utilidad más que dudosa. El campo para su acción sigue siendo en principio ilimitado.

Ahora bien, la intervención recorta la acción del mercado, y eso tiene consecuencias. Si hay riesgos de contaminación en el mercado, que los hay, los intervencionistas suelen ignorar que la intervención pública no es por necesidad ecológicamente eficiente. Otros ejemplos: si el Estado controla excesivamente la producción de medicamentos, puede retrasar las innovaciones, con lo que es posible que aumenten los enfermos e incluso los fallecimientos; los airbags en los coches disminuyen la posibilidad de muerte por accidente de las personas adultas, pero aumentan la de los niños; la compulsión a introducirlos en los coches está redistribuyendo la esperanza de vida entre grupos de edades. ¿Qué derecho tiene el Estado para ejecutar esta redistribución?

La intervención pública afecta no sólo a los recursos económicos sino a toda la responsabilidad individual. Siempre, recuérdese, por razones plausibles. Fumar es malo; por tanto, se supone que el Estado puede efectuar costosas campañas de control y prohibición del tabaco (aunque a la vez lo fabrique o lo explote como mecanismo recaudatorio). En todo esto se pierde algo básico, y es por qué unos individuos adultos no pueden fumar, bajo su responsabilidad. Igual que no se nos permite ser responsables de nuestra salud, se nos subvenciona para comprar una casa, o se atiende a nuestros hijos “gratis”, con lo que se drenan potentes fuentes de responsabilidad humana. Otro tanto sucedió con las pensiones públicas, principales causantes de la degradación económica y social de los ancianos. Las regulaciones son el caldo de cultivo de la irresponsabilidad: se trata de trabajar menos, de cobrar pensiones sin haber ahorrado, de subvencionar todo, es decir, de impedir que sepamos y sintamos lo que cuestan las cosas, y que seamos responsables de nuestro destino. Y todo esto lo pagan los trabajadores y las clases medias, castigados no sólo con impuestos, como vimos, sino también por el sistema previsional.

El caso de las personas mayores y las pensiones será analizado después más en detalle, pero podemos dedicarle aquí una primera reflexión en la línea de cuestionar que la expansión del Estado del bienestar represente, como aseguran los intervencionistas, una sucesión de “conquistas sociales”. La desvalorización de los ancianos es una característica peculiar de nuestro tiempo, y quizá en un grado más intenso que nunca en la historia, lo que por cierto permite cuestionar la solidez moral contemporánea. Pero esta desvalorización no se debe sólo a la idolatría de la juventud, tema que abordaremos a continuación, sino al hecho de que las pensiones son bajas, y este hecho extraordinario, es decir, que ciudadanos que trabajan toda su vida no se encuentren al final de ella con una pensión digna, no es culpa de los ciudadanos sino del Estado, que les arrebató la responsabilidad de ahorrar y les aseguró que él se ocuparía de su vejez. En vez de ello, el Estado ha conducido a la Seguridad Social a gravísimos desequilibrios financieros, de problemático desenlace, como veremos.

¿Cómo puede ser esto seriamente considerado una conquista social? En realidad es justo lo contrario, es el Estado el que avanza sobre la sociedad y conquista secciones crecientes de las libertades de los ciudadanos. Si éstos hubiesen podido mantener su capacidad de ahorrar, si no les hubiesen desprovisto de su dinero y anestesiado de sus responsabilidades, no habría ninguna crisis de las pensiones ni de la sanidad.

Otra vez, aquí no hubo ningún pacto social sino político: los políticos convinieron en aumentar los impuestos y reducir la libertad. En esta confluencia la primacía del poder prevaleció sobre cualquier distingo ideológico, y así fue como partidos políticos socialdemócratas, conservadores, democristianos, centristas y nacionalistas moderados no sólo abrazaron el intervencionismo sino que incluso le confirieron otra vez la antigua virtualidad de haber garantizado la paz y el orden, por frenar la expansión del comunismo en el mundo. Este argumento, sumamente dudoso, reunió en torno al Estado una aquiescencia extraordinaria, puesta en cuestión sólo hace muy poco, y sólo relativamente.

Es curioso que la izquierda, asimismo, reivindique no sólo el Estado del bienestar sino su propio protagonismo en su edificación y consolidación. Esto no tiene ninguna base histórica. El Welfare State, cuyo origen cabe remontar a gobiernos autoritarios de la Alemania finisecular, fue calurosamente extendido sobre todos los países durante el siglo XX, en un proceso liderado por políticos de todas las tendencias y características, desde mandatarios respetuosos de los derechos humanos hasta dictadores de diverso pelaje.

Resulta altamente cuestionable que dicha extensión estatal promueva la justicia. Y, al contrario, guarda vinculación con consecuencias muy negativas, como la marginalidad, con la droga y la violencia, con la pérdida de iniciativa individual, con la descomposición de la familia, con el paro. Y para colmo no están los malos efectos igualitariamente repartidos, sino concentrados en las secciones más débiles de la sociedad, los trabajadores sin cualificación, los jóvenes, los mayores, las mujeres.

Es revelador que este Estado que se vanagloria de encarnar la justicia social termine siendo hostil hacia tres componentes básicos de una sociedad libre: la familia, la propiedad y el ahorro. Desde la fiscalidad hasta la relativización del contrato matrimonial y los deberes recíprocos entre esposos, padres e hijos, la familia ha visto drenadas a favor del Estado facetas cruciales de la ética social, y ésta es una de las razones por las cuales el intervencionismo deviene moralmente devastador.

La propiedad privada es un fundamento de la libertad y la dignidad humana no por la angosta interpretación moderna que la confina a los derechos de propiedad básicamente inmobiliarios o patrimoniales. Cuando los liberales clásicos concibieron el Estado de Derecho la expresión “propiedad” no se refería sólo a cosas sino también a personas: “Yo soy propietario de mí mismo”, sentenció un famoso pensador. Y el Estado debía proteger la propiedad en ese amplio sentido. En cambio, como ya vimos, la política actual deslavaza la propiedad, atribuyéndole de entrada características morales peyorativas y supeditándola después a una aparente “función social” que típicamente nunca define la sociedad sino el Estado. El proceso desemboca en que las autoridades, en vez de proteger la propiedad, la van limitando cada vez más y, para colmo, en el sentido clásico, porque los recortes a los derechos de propiedad no se reducen a las cosas sino que atacan también a las personas y quebrantan el derecho fundamental a la propiedad del fruto de su trabajo.

Con esto encaja también la hostilidad hacia el ahorro, que suele ser además denominado con una palabra que suscita ecos siempre condenables: el capital. No es extraño, así, que los políticos intervencionistas que se plantean subir los impuestos recurran al argumento de que es malo gravar exageradamente las rentas del trabajo, pero no lo es el hacerlo con las rentas del capital, como si el capital no tuviera nada que ver con el esfuerzo de las personas, en su mayoría modestas, como si no derivara de decisiones libres de ahorro e inversión.

Otra forma de ver este problema es considerar al Estado como un ente fundamentalmente preocupado por privar a sus súbditos de responsabilidad a la hora de planificar su vida y su futuro. Pretende asegurarnos el bienestar, pero de hecho combate nuestra independencia y nuestra capacidad de previsión. Y en esta aversión del Estado hacia el largo plazo y la autonomía adulta de sus súbditos cabe situar otro extraordinario fenómeno social, simétrico al ya mencionado desdén hacia los ancianos: es la cultura de la juventud, aparentemente más mimada por todos que nunca antes. Hoy se es joven o no se es nada. Este disparate es menos inofensivo de lo que parece y enlaza con el referido problema de la conquista de la sociedad a cargo del poder político, un poder que parece preferir que los ciudadanos queden capturados en el corto plazo, que siempre sean jóvenes en un doble y negativo sentido: que sean inmaduros y dependientes.

Un gran liberal francés del siglo XIX aludió al “poder inmenso y tutelar” del Estado, que “podría ser como la autoridad de un padre, si su objetivo fuera, como el del padre, el preparar a los hombres para la vida adulta; pero, por el contrario, lo que busca es mantenerlos en una perpetua infancia”. Y en una admirable previsión del moderno Estado del bienestar concluyó: “Siempre he pensado que la servidumbre del tipo apacible, regular y gentil que acabo de describir puede ser combinada más fácilmente de lo que habitualmente se piensa con algunas de las formas aparentes de libertad, y que incluso puede ser impuesta al amparo de la soberanía del pueblo”.

Las drogas son un ejemplo particularmente dramático de los efectos perjudiciales provocados por la intervención pública, en especial entre la juventud. Criticar dicha intervención no equivale a afirmar, por supuesto, que las drogas sean buenas; al contrario, igual que el tabaco y el alcohol, son sustancias peligrosísimas, insalubres y adictivas. De lo que se trata es que el Estado empeora lo que ya está mal. La prohibición, en efecto, no ha disminuido el consumo de las drogas. Lo que sí ha hecho es aumentar su precio y ensanchar considerablemente la brecha entre ese precio y el coste de producción, es decir, ha ampliado el beneficio del narcotráfico, volviéndolo una actividad copiosamente rentable. Este hecho, unido a la particularidad de que hay personas que desean consumir drogas, convierte a dicho negocio en inerradicable. Y el resultado final es que no sólo se invierten cuantiosos recursos de los contribuyentes en un combate inútil, sino que ese combate estimula el delito y la inseguridad ciudadana, corrompe instituciones y gobiernos, arrasa países enteros y atiborra las cárceles de todo el mundo. Y todo esto es debido no a las drogas en sí, que ya son malas, sino a la prohibición, que es peor. Se han repetido, multiplicadas, las consecuencias de la famosa Ley Seca de Estados Unidos, que no acabó con el consumo de alcohol, pero creó la mafia y fomentó sus actividades criminales. Un antiguo liberal del siglo XVIII distinguió entre los delitos clásicos o naturales y los delitos que, como el contrabando, sólo lo son porque el Estado así lo determina unilateralmente, al interesarle monopolizar alguna actividad, o utilizarla para cobrar tributos, o también porque provoca el delito indirectamente. Por ejemplo, el contrabando de tabaco sólo se debe a los impuestos; de modo análogo a la prohibición del comercio de drogas, la elevadísima presión fiscal sobre los fumadores hace que sea muy atractivo y rentable violar la ley, dada la amplia y artificial brecha entre el coste del tabaco y su precio final.

Aunque los intervencionistas hablan del “coste social” que impondría el mercado en términos de una creciente desigualdad, lo cierto es que la intervención y regulación por razones de justicia tiene muchos más problemas de lo que parece a simple vista. En las sociedades civilizadas la característica es la diversidad, no la igualdad. La posibilidad de que una persona o grupo de personas, los gobernantes, definan el bien común o el interés general es estrecha, como lo prueban las ridículas contradicciones en que incurren cuando de hecho pretenden saber cómo se llega a ese interés general; y la realidad demuestra que no son capaces de hacerlo, ni siquiera en materias tan sencillas o irrelevantes como la selección de encuentros deportivos a ser retransmitidos por televisión en abierto.

Y así como no hay forma de definir el interés general más que mediante el respeto a unas normas iguales para todos, tampoco es capaz nadie de lograr ninguna justicia social igualando las rentas. El Estado, cuando pretende lograrla y justificar así su propia existencia y crecimiento, no se apoya sólo en el amor atávico a la uniformidad, que acaso sea el más primitivo de los recelos reaccionarios ante la innovación, sino también en que se trata de una igualdad que al parecer el Estado puede alcanzar. En cambio, que nos iguale en talento, belleza o virtud es inconcebible. Pero en realidad, la misión recaudadora del Estado, como vimos, está muy lejos de ser justa, con lo que la justicia social ni es justa ni es social.

La labor reguladora del Estado, al igual que la recaudadora, se ve afectada también por el riesgo usual del intervencionismo: lograr lo contrario de lo pretendido. En casos como el ya citado de los empresarios que emplean la legislación antimonopólica para obstruir la competencia, tiene lugar una “captura del regulador”, es decir, que las personas físicas o jurídicas objeto de la regulación se sirven de ella en su provecho. Las democracias se vuelven pasto para los grupos de presión que utilizan el Estado en su beneficio y que consiguen expoliar a las mayorías, inconscientes de sus exacciones, con frecuencia disfrazadas de justicia social, cohesión, defensa del empleo, protección de sectores “estratégicos”, etcétera. La lógica de estos grupos, con mucho que ganar con la intervención y mucho que perder con la libertad, se enfrenta a millones de consumidores y contribuyentes, desorganizados, con poco que perder individualmente con la intervención y con poco que ganar individualmente con la libertad. La redistribución no es de ricos a pobres sino de grupos desorganizados a grupos organizados, y de todos a favor del Estado.

El Estado tiene unas normas de estilo que conspiran contra la iniciativa individual del mercado: el funcionariado, el conservadurismo, la aversión al riesgo, la burocratización o el igualitarismo. La representación democrática padece lo que llaman los economistas el problema de la agencia, es decir, que nuestro representante no coincida con nuestros intereses, especialmente cuando hay numerosas y diversas cuestiones en las que el Estado debe definirse. La extensión de la democracia a toda suerte de campos merced a la intervención pública genera el peligro de la explotación no sólo de las mayorías desorganizadas, como los consumidores y los contribuyentes, sino también de las minorías, que en el mercado, como sabemos, pueden sobrevivir.

A pesar de todo ello, el pensamiento prevaleciente sigue siendo mayoritariamente intervencionista. Así como el mercado es considerado equivocadamente, como vimos, el epítome del egoísmo, el Estado es visto como el ejemplo de la solidaridad. Es muy interesante que la expresión más clara de la solidaridad en nuestro tiempo sean las organizaciones no gubernamentales y su propuesta de que los gobiernos asignen a labores humanitarias el 0,7 por ciento del PIB. Esto es confuso. Se llama solidaridad a lo que es obligatorio, puesto que las ONG no le piden a la gente que entregue libremente el 0,7 por ciento de su renta sino que le piden al gobierno que extraiga ese porcentaje coactivamente de los ciudadanos. Para más desorientación, las llamadas ONG no lo son casi nunca, puesto que en su mayoría son financiadas por el Estado, con lo que se trata de instituciones cada vez más poderosas y que obtienen cada vez más dinero de los contribuyentes, pero que al mismo tiempo no son elegidas ni controladas por nadie. Su poder e ideología pudo verificarse a finales de 1999, cuando boicotearon con éxito la reunión en Seattle de la Organización Mundial del Comercio y retrasaron una mayor apertura de los mercados, en contra de los intereses y las peticiones explícitas de los países pobres. Se sumaron así a la hipocresía de los políticos y burócratas de los países ricos, que aplauden el 0,7 por ciento pero a la vez les cierran la puerta a los países pobres cuando éstos quieren vender aquí sus mercancías, o sus trabajadores quieren vivir en nuestros países.

Así como está probado que la libertad favorece el crecimiento económico, no lo está el que haya que restringir la libertad para que los frutos del crecimiento puedan ser más equitativamente repartidos. Los países más liberales no sólo disfrutan de un mayor nivel de vida sino que además tienen la renta más equitativamente distribuida, entre otras razones porque los mercados más libres fomentan el empleo. En este sentido, llamar modelo solidario al impuesto en España y en Europa, con elevadas tasas de paro, resulta irrisorio. Parece, más bien, que el mercado es en sí mismo la mejor “política social”.

Pero los intervencionistas sostienen que el mercado condena a los pobres a la caridad, que hay que reemplazar por la justicia. Por un lado resulta asombroso que cuando ayudamos a nuestros semejantes libre y voluntariamente, es decir, cuando hacemos caridad, esa benevolente actitud resulte condenable; mientras que, por otro lado, cuando la ayuda es coactivamente extraída por el poder, ello resulte virtuoso. Esta confusión es una buena muestra de la degeneracion moral del intervencionismo.

La ayuda caritativa hacia los necesitados es virtuosa porque es libre y responsable, requiere un compromiso personal, como el de incontables mujeres y hombres que incluso en estos tiempos de invasión de lo público sobre lo privado siguen ayudando libremente a los demás. El Estado, en cambio, tiende a funcionar de manera corporativa hacia adentro e impersonal y uniforme hacia fuera. Esto puede ser recomendable si se trata de las funciones clásicas del Estado, pero el cuidado de las personas requiere algo más, y puede argumentarse que el Estado desmoraliza la cooperación, porque aunque aporta el bien, difumina al benefactor, que es el contribuyente.

Una sociedad justa, compasiva y solidaria no puede basarse en que el Estado empuje a sus integrantes a ayudarse mutuamente, sino en que las personas se ocupen de sus congéneres más necesitados porque una fuerza moral las impulse a hacerlo. Esa fuerza moral requiere libertad y responsabilidad, y se ve degradada cuando el intervencionismo estatal las limita a ambas. En realidad la justicia llamada social sólo tiene sentido cuando se refiere a conductas individuales y libres de ayuda al prójimo, mandatos de la moral, que sólo es plena cuando pivota sobre deberes, no sobre derechos, cuando se trata de dar y no de recibir; pero libre y no coercitivamente.

Tenemos, pues, a un Estado que es francamente imperfecto y costoso, que promueve conductas inmorales y actitudes antisociales, y que alimenta los intereses particulares de políticos, funcionarios y grupos que medran a su socaire, gracias a gastos, subsidios, aranceles, monopolios y protecciones varias. ¿Cómo reformarlo?

Las reformas

Una antigua falacia sostiene que los economistas no podemos decir nada sobre el tamaño del Estado en tanto que economistas, porque los debates sobre el Estado son cuestiones morales, políticas e ideológicas que dependen de las preferencias de cada uno. Esto no es correcto, porque presume que la economía es una mera relación mecánica sin sujetos, y no es verdad empíricamente, porque los economistas sí han abordado el tema desde la perspectiva de su profesión. Tanto el fracaso del comunismo como los problemas crecientes del Estado del bienestar llevaron a un nuevo consenso sobre la conveniencia de modificarlo, pero casi nunca las reformas propuestas han partido de una genuina comprensión de la dinámica del propio Estado y la necesidad de limitarlo.

Ahora es habitual aceptar el liberalismo como norma organizativa, y apoyar la racionalización, el control de la burocracia y del gasto, etcétera, pero al mismo tiempo afirmar cosas como ésta: “La reducción del sector público no se deriva de ningún posible razonamiento en cuanto a su eficacia… hacer eficaz al sector público no pasa necesariamente por reducirlo… el tamaño del sector público nada tiene que ver con su eficacia sino con las funciones que debe cumplir”. Esto es equívoco, primero porque alguna relación hay entre hipertrofia y eficacia, y segundo porque las funciones que el Estado moderno se ha fijado impulsan su crecimiento, no lo contienen. En este sentido cabe denunciar la falsedad con la que se pretendió históricamente justificar a la empresa pública, alegando que contribuía a maximizar el bienestar social o la justicia, a fomentar la productividad del sector privado, a resolver fallos del mercado o divergencias entre objetivos privados y sociales. Toda la experiencia prueba, por el contrario, que las empresas públicas no sólo son muy ineficientes y costosas, sino que además lo son precisamente por ser públicas.

No está claro que se pueda cimentar el Estado actual sólo sobre la base de un barniz de la economía de mercado, y, sin embargo, tal es el criterio más generalmente aceptado. Por ejemplo, se aplaude la descentralización, y ella debe ser en principio siempre bienvenida, pero no es necesariamente una garantía: el Estado español se descentralizó en autonomías y renunció a parte de su soberanía en favor de la Unión Europea, y no ha resuelto sus problemas. El caso de Europa es destacable porque conforma un claro convenio intervencionista en lo que ya es una de las zonas más colectivizadas del mundo no comunista, y cuya integración se funda más en una glorificación del poder centralizado que en la competencia y la libertad individual. El lenguaje que rodea a la UE pasa por la solidaridad y la cohesión, y por la condena de “la Europa de los mercaderes” o la afirmación de que Europa debe ser “algo más que un simple mercado”, expresiones reveladoras del menosprecio intervencionista hacia las libertades individuales, porque los mercaderes satisfacen nuestras necesidades, que expresamos libremente en los mercados: quien los desdeña nos desdeña.

La cultura intervencionista en Europa preparó el camino para la invasión de la política y la sustitución de las transacciones voluntarias de los ciudadanos por un anegamiento de controles y subsidios y toda suerte de distorsiones provocadas por la intervención política. Al no haber cambios en los criterios que informan la acción pública, tanto da que el Estado sea el de siempre o se fracture en algo más pequeño y autonómico o algo más grande y europeo: en ambos casos se repetirán sus vicios y se expandirán sus costes, junto a burocracias ensimismadas, corruptas, incontroladas y privilegiadas. Si el propósito era democratizar el Estado o acercarlo a la sociedad, el resultado fue el inverso.

Se habla de modernizar la gestión pública o “introducir el mercado en el sector público”, metas complicadas y acaso inalcanzables. No estamos ante un mero problema de gestión, que se resuelve cambiando gestores y métodos. El mimetismo a la hora de aplicar el mercado al Estado se observa en propuestas de fundaciones públicas, cuasi-mercados o “mercados internos” u otras concepciones de eficacia incierta.

La privatización de empresas públicas se ha extendido como guía general, aunque con grados de interferencias políticas que en muchas ocasiones son bastante elevados. Asimismo, esa estrategia no se acepta en lo tocante a la sanidad o la educación o las pensiones. Esto es visto como una amenaza. Es interesante porque los mismos argumentos que avalan una privatización avalan la otra: se privatiza porque el mercado lo puede hacer mejor, y así como vale para los teléfonos, cabe argumentar que un sistema de educación o salud o pensiones privado será más eficiente que el público, costará menos y dará mejores servicios. En cambio, es dudoso que la solución consista en aplicar métodos privados de administración de empresas a funcionarios y burócratas, con el puesto de trabajo asegurado para toda la vida, y con una remuneración que virtualmente será la misma tanto si trabajan bien como si lo hacen mal o no lo hacen en absoluto.

El mercado es rechazado para el caso del Estado del bienestar, y aceptado sólo de manera amputada para la gestión. Pero en el mercado, si una compañía quiebra, desaparece. Eso no ocurre en el sector público: pensemos en Hunosa o en las televisiones públicas. Es absurdo pretender que los ciudadanos son clientes del Estado igual que lo son de una empresa: la clave del mercado es que si a los clientes no les gusta la empresa no están compelidos a comprar sus productos. En el Estado sucede justo lo contrario.

Se ha dicho que los mayores enemigos del Estado no son sus críticos sino sus partidarios, los que radicalmente rechazan la existencia de obstáculos. En efecto, en tiempos recientes se ha extendido un consenso cada vez mayor en el sentido de que esa presunta criatura benéfica de la sociedad afronta riesgos apreciables. En general, la norma ha sido abordarlos de forma superficial. Un ejemplo es el llamado Pacto de Toledo para las pensiones españolas, por el cual los partidos acordaron mantener el sistema pero resolver su desequilibrio financiero bajando las prestaciones y aumentando las cotizaciones, mejorando la gestión, descentralizando, etcétera. Todavía son pocos los países, casi una docena en América Latina y uno en Europa, Polonia, donde a partir del ejemplo chileno se ha cambiado el sistema llamado de reparto por uno de capitalización, es decir, uno donde cada trabajador es responsable del ahorro para su pensión, y donde las pensiones no dependen de que los gobernantes recauden en cada momento para pagar a los pensionistas de cada momento.

Otra línea de propuesta es lo que podríamos llamar el aumento del malestar disuasorio. Se trata de tomar conciencia de los incentivos perversos que el Estado del bienestar inyecta en los ciudadanos, e invertirlos. Ello requiere una reducción de las prestaciones y un endurecimiento de las condiciones necesarias para percibirlas. Esto es menos sencillo de lo que parece, porque si no hay discusión sobre los objetivos del Estado, si se pretende que estos objetivos sigan siendo los mismos, no habrá motivo para endurecer el sistema. Además, el endurecimiento de los requisitos puede traer aparejado un reforzamiento de la llamada “trampa de la pobreza”: el estímulo a quedarse en el sistema, para no perder su protección.

Se comprende la lógica del endurecimiento: el Estado transmite la noción de que sus bienes y servicios son gratis, con lo que su demanda es infinita. Así como la pura teoría de los bienes públicos vimos que predice que estos bienes serán producidos insuficientemente en el mercado, parece que si pasan a ser provistos por el Estado serán producidos en exceso. No se puede olvidar que la intervención del Estado no es neutral; por ejemplo, no tiene sentido evaluar la sanidad o las universidades privadas olvidando el hecho de que existe una enorme provisión pública de esos servicios, que inevitablemente condicionará a los proveedores privados. Y quien dice sanidad o universidades dice televisión, transporte, etcétera.

Es sugerente que a pesar de la gratuidad, o más bien debido a ella, la gente suele estar más insatisfecha con lo que el Estado provee que con lo que compra en los grandes almacenes. Parece que los precios transmiten señales incoherentes cuando los manipula el poder. En el mercado, en cambio, las transmiten correctamente: si la gente paga es porque a cambio obtiene bienes y servicios aceptablemente buenos y baratos. En caso contrario, no los pagarán y las empresas o las personas deberán cambiar de actividad. Por eso el mercado tiende a no desperdiciar recursos. En el Estado no es así: el correo puede ser deficiente, pero no quiebra. Las televisiones públicas pierden cantidades inconmensurables de dinero de los contribuyentes y ningún político quiere cerrarlas.

Y si no se hará nada con algo tan frívolo como las televisiones, ¿qué esperar del Estado del bienestar? El problema estriba en que en España y en la mayoría de los países desarrollados las prestaciones básicas del Welfare State —pensiones, salud, educación y desempleo— han aumentado en las últimas décadas claramente por encima del crecimiento de la economía en su conjunto. Es cierto que el seguro de paro es cíclico, es un capítulo que sube durante las recesiones y baja durante las expansiones, pero las otras prestaciones han aumentado sin cesar. El caso de las pensiones y la salud presenta un cuadro de insostenibilidad y no ha sido afrontado más que con pactos o medicamentazos apenas cosméticos.

Muestra de inconsistencia es la alegación habitual de que el Estado del bienestar se sostiene siempre que no haya paro; pero lo que sucede es que los costes y regulaciones que él mismo impone causan paro. Con frecuencia los políticos intervencionistas abandonan toda esperanza de resolver el paro y esgrimen el curioso e indigno argumento según el cual, ya que el modelo del Estado del bienestar genera parados, al menos que los proteja con el subsidio de desempleo. Se establece así en ocasiones un juego peligroso según el cual la intervención estatal produce tres resultados, un extremo positivo, de más eficiencia y distribución más igualitaria, un extremo negativo, de menos eficiencia y peor redistribución (por los fallos del Estado), y una posición intermedia de mejor redistribución y menor eficiencia, o viceversa, sobre la cual “la sociedad” deberá decidir a través de la democracia. Como vimos, es utópico pensar que el conjunto de la sociedad puede arbitrar consensos de esta envergadura, y que lo más probable es que los políticos confluyan en situaciones parecidas al segundo resultado: ineficiencia e inequidad redistributiva. El énfasis que los intervencionistas ponen en los problemas de la marginalidad y la exclusión social debería tomar muy en cuenta hasta qué punto esos males no son producto del mercado libre sino de una letal combinación de ineficiencia económica e incentivos perversos derivada exclusivamente de la intervención política en los mercados.

Las reformas de las pensiones y la sanidad deberían subrayar el aspecto más atractivo de la privatización, y es que no suspende la provisión de los servicios y mejora su calidad. Esto no quiere decir que no vaya a pasar nada si se privatizan; al contrario, lo que sucederá es que serán provistas de forma más eficiente. El principal problema con la privatización de las pensiones pasa precisamente por ahí, por las dificultades de la transición, para que no se interrumpan las prestaciones. Pero esas dificultades no hacen más que expresar un problema que de hecho existe y que desequilibra las cuentas de la Seguridad Social; si los políticos no se han atrevido a una reforma genuina de las pensiones es fundamentalmente por temores electorales, no porque sea técnicamente imposible.

En realidad, cualquier cosa puede privatizarse siempre que se respeten los principios tradicionales del derecho, que son la base de la convivencia civilizada. Los presuntos peligros de la privatización se resuelven con las reglas de la justicia. Por ejemplo, no es justo privatizar un monopolio, además de no ser eficiente. El riesgo de que las empresas privatizadas hagan de su capa un sayo también queda así neutralizado; se ha alegado, por ejemplo, que si se privatiza un servicio público, como el transporte ferroviario, entonces las empresas descuidarán la seguridad de los pasajeros, cegadas por la avidez del beneficio. Esto no sólo es absurdo, porque comporta que las empresas son suicidas y van a dedicarse a castigar a sus clientes, sino que es incompatible con la conducta observada de las empresas en el sector privado. La presencia de la justicia equivale a que a cualquier gran almacén le puede costar, en todos los sentidos, carísimo un mantenimiento negligente de sus ascensores, que dé lugar a accidentes sistemáticos. Por eso los ascensores de los grandes almacenes funcionan bien. Y esto vale para trenes y aviones y cualquier otra cosa. Digamos, de paso, que el mantenimiento es precisamente un punto donde las administraciones públicas suelen ser muy débiles, porque la búsqueda de rentabilidad política hace que todos los mandatarios, en cualquier régimen, aprecien mucho más el construir que el mantener. La construcción es la apoteosis de la legitimación, mientras que el mantenimiento es una actividad modesta, de rentabilidad política escasa.

Cuando se habla de la dificultad o imposibilidad de privatizar tal o cual sector o entidad hay que recordar que todos los bienes y servicios cuya producción y suministro supuestamente no se pueden privatizar fueron privados. Todos. Desde los ferrocarriles hasta las pensiones. Lo único que sucedió fue que el Estado ocupó esas actividades, con argumentos pretendidamente incuestionables, provocó enormes costes y creó problemas allí donde no existían.

Veamos el ilustrativo caso de las pensiones, porque en principio no debería haber ningún inconveniente con ellas: ahorramos durante nuestra vida activa y después cobramos nuestra jubilación. ¿Dónde está el problema?

No hace mucho que la Seguridad Social recibía el nombre de “seguro”, porque en su origen tenía esa forma. Pero con los seguros no hay ningún impedimento. Estamos rodeados de estos mecanismos financieros que responden todos a una misma lógica: el tomador del seguro paga unas cantidades, o primas, y cobra unas prestaciones ante determinados sucesos, como accidentes o enfermedades o muerte. La lógica económica es nítida y las responsabilidades también. Y los precios: si queremos más cobertura, pagaremos más prima. Esto es lo que se llama capitalización, porque lo que vamos construyendo con nuestras primas es precisamente eso, un capital. Ese capital, habitualmente, y no por casualidad, mal considerado, es justamente lo que garantiza el cobro de las prestaciones.

Las pensiones públicas hoy no tienen nada que ver con esto: no ahorramos para nuestra pensión, ni acumulamos ningún capital propio, no somos responsables de nuestro dinero y lo que cotizamos no guarda proporción alguna con nuestra pensión futura, que no está garantizada. ¿Cómo pudo suceder esto? Porque el Estado, tal como vimos antes, arrebató a los trabajadores sus pensiones, muchas veces con políticas inflacionistas que arruinaron las viejas mutualidades obreras, e impuso el sistema actual, llamado de reparto porque es el Estado el que reparte: cobra cotizaciones a los trabajadores y los empresarios, y con ese dinero paga las pensiones. Es decir, lo que pagamos a la Seguridad Social no es ya nuestro ahorro, y nuestra futura pensión no está garantizada por ningún fondo sino sólo por el compromiso de los políticos de cobrarles en el futuro a nuestros descendientes para pagar nuestras pensiones. Las pensiones, así, están totalmente politizadas, y por eso los pensionistas se convierten en apetecible presa electoral.

Esta incursión del Estado en el ahorro de los trabajadores no sólo puede ser catalogada de inmoral sino que además ha terminado por arruinar el sistema, porque el juego irresponsable de los políticos sólo funciona mientras haya muchos cotizantes y pocos pensionistas. Cuando la pirámide demográfica se invierte, como lo está haciendo ahora y lo hará más en el futuro, la quiebra se cierne sobre el sistema. Por cierto, argumentar que como la economía va bien se pueden aumentar las pensiones es una locura, porque esos derechos de los pensionistas se consolidan y agravarán aún más el desequilibrio futuro de la Seguridad Social.

Los partidarios del modelo de reparto alegan que es justo, pero hay razones para dudarlo. Muchos de los sistemas modernos ocultan perversas transferencias de rentas, de grupos menos privilegiados a otros, como burócratas, funcionarios, o políticos, que cobran jugosas jubilaciones. Y en esencia no puede ser justo que los trabajadores no sean ellos mismos los propietarios de sus ahorros. Pero eso, que es la capitalización, es considerada por los políticos y la opinión pública como una amenaza, con lo que nadie se atreve a tomar medidas de fondo.

Con el bloqueo ideológico intervencionista, de amplias posibilidades demagógicas, con la idea de que si se privatizan la sanidad y las pensiones no habrá más pensiones ni sanidad que para los millonarios, la privatización es imposible y la situación desemboca en un callejón sin salida, porque los políticos, que temen el desapego popular más que nada, terminan paradójicamente alimentándolo, puesto que transmiten el mensaje de que los problemas sólo se pueden resolver recortando los gastos o aumentando los impuestos o las cotizaciones, pero manteniendo el Estado del bienestar en su esencia tal cual. Es un escenario donde los ciudadanos no parecen ganar nada.

El intervencionismo se basa en la triple falacia de que el Estado sabe más que la gente, tiene derecho a intervenir para corregir sus errores y nunca crea al intervenir un mal mayor que el que pretendía despejar. Esta visión se acompaña habitualmente de la crítica al mercado, de la idea de que la competencia beneficia sólo al empresario, no al trabajador; sólo al propietario, no al inquilino; sólo al productor, no al consumidor. Esto subyace a la dificultad de reducción real del Estado. Incluso, como ya hemos mencionado, tras bastantes años de lo que algunos se han atrevido a llamar “pensamiento único liberal”, tenemos un gasto público muy elevado, e incluso un intervencionismo renovado, puesto que aparecen entes reguladores muy poderosos que antes no existían: así, las labores de re-regulación de mercados presuntamente libres han dado lugar a instituciones cada vez más grandes y con clara vocación de permanencia, siendo ambas características muy discutibles.

La síntesis de las dificultades de las reformas se refleja en la parálisis política: los gobernantes se resisten a subir los impuestos, porque pierden las elecciones, y anuncian que los bajarán, para ganarlas, pero al mismo tiempo se resisten a bajar el gasto público, porque pierden las elecciones, y tienden a subirlo, para ganarlas.

La única salida de este círculo vicioso es pasar del Estado del bienestar al bienestar del Estado, es decir, conseguir que los objetivos públicos no demanden el triunfo desilusionante de un Estado al que se le exigen objetivos contradictorios simultáneamente.

El Estado tiene importantes funciones que cumplir, pero en realidad sólo puede hacerlo si está limitado, y esta noción es la base de la doctrina liberal. De ahí su defensa de los derechos humanos, del mercado, de la libertad de comercio, de un sistema monetario no manipulado políticamente, de la igualdad ante la ley, de la limitación del gasto público. La forma concreta que adopte el Estado no puede servir de excusa para violentar esos principios, ni aunque esa forma sea la democrática.

Un filósofo norteamericano dijo que en el fondo todos somos liberales clásicos, en la medida en que, por ejemplo, afirmaremos enfáticamente que la violación y la esclavitud y el robo están mal. No admitiremos en esos casos argumentos utilitarios (que se compare el dolor del individuo violado con el placer del individuo violador), ni democráticos (que una mayoría del Parlamento apruebe esclavizar a un grupo de personas), ni redistributivos (que robar está bien si el ladrón es más pobre que su víctima). Las tres posiciones indicadas entre paréntesis en la última oración serían rechazadas por una cuestión de principios. Ahora bien, cuando pasamos al Estado intervencionista y redistribuidor esos principios ya no parecen tan firmemente asentados, y de ahí la importancia de mantenerlos en todos los casos, incluso cuando el poder pretenda quebrantarlos en aras de la solidaridad o la justicia social.

La referida insatisfacción ante el Estado es sorprendente si se supone que tenemos el Estado que queremos, y que lo que hace es aumentar nuestra felicidad. Es verdad que los ciudadanos han votado para redistribuir y para limitar la libertad de otros, cada vez que han apoyado el aumento del gasto público; lo han hecho confiando en beneficiarse de ello. Pero como todo el mundo hace lo mismo, puede que todos aspiren a ganar, pero es imposible que todos ganen. Y así llegamos a la extraña situación actual, con un Estado enorme, pero que suscita desencanto, en manos de unos políticos poderosos, pero que suscitan desdén. Es revelador el que a pesar de la visión especular del Parlamento, y de la fantasía de que allí está toda la sociedad, sistemáticamente hay grupos que protestan en torno a estas asambleas: o bien no representan de verdad a todos, o bien hay un miedo característico del Estado redistribuidor, el miedo a que no haya para todos. Este miedo no sólo es un combustible para un conflicto constante entre grupos de la sociedad sino también frente a los extranjeros: así, la inmigración, que siempre fue considerada un bien, puesto que aceleraba la acumulación de capital humano y el crecimiento económico, de pronto es vista como una plaga a la que hay que poner coto.

La noción de protección del ciudadano, y de todos por igual, se fue restringiendo cada vez más y dejó su lugar a la protección específica de grupos específicos; ya no hay reglas generales, todo son reglas particulares. Esto creó el triángulo de hierro, la alianza entre dirigentes, funcionarios y grupos de presión. Finalmente, la redistribución a cargo del Estado deja de ser ni siquiera discrecional y pasa a ser crudamente arbitraria. Es sugestivo que este Estado presuntamente benefactor no sea transparente sobre lo que hace; la democracia, que presumiblemente iba a limitar el poder y exhibirlo a la luz pública, termina por expandirlo sin límites y soterrarlo en burocracias y reglamentos impenetrables.

Se responderá que el funcionamiento típico del Estado es conceder subvenciones abiertamente, al campo, la industria o la cultura, lo que hace además ufanándose de haber logrado consensos y haber negociado con todas las partes. Pero esto no es verdad, por dos razones. En primer lugar, los grupos que consiguen protección no son los que la necesitan sino los que mejor presionan. En segundo lugar, entre las partes que negocian jamás están los que pagan las subvenciones, los contribuyentes. Hay lobbies de asociaciones minoritarias, nunca de las masas. Todos los ministros de Agricultura se pavonean porque han protegido al sector; ninguno ha explicado jamás en cuánto se han encarecido gracias a ello los alimentos. Las autoridades se felicitan por el empleo creado gracias a las subvenciones, pero nunca hablan del empleo destruido por los impuestos que hubo que recaudar para pagarlas.

Al abordar cualquier reforma del Estado hay que tener siempre presente la vieja advertencia de la mano invisible, es decir, que la complejidad del proceso económico en los mercados avanzados implica el riesgo constante de pretender interferir en ellos sin tener un panorama de la economía en su conjunto, y, por tanto, con toda la probabilidad de que se desencadenen consecuencias no previstas ni deseadas. Por ejemplo, las autoridades congelan los alquileres, una medida considerada justa porque premia al débil, el inquilino, y castiga al fuerte, el propietario. Aparte de que esta división entre fuertes y débiles es una monstruosa distorsión, derivada de la mencionada hostilidad del Estado hacia la propiedad, porque es la fuente de la libertad individual, dicha congelación ha dado lugar en todo el mundo a tres consecuencias muy importantes, aunque no consideradas por la legislación del control de alquileres. En primer lugar, desaparece el mercado de viviendas en alquiler, con lo que se perjudica especialmente a quienes se pretendía proteger: los jóvenes que buscan su primera vivienda. En segundo lugar, se fuerza a la constitución de un porcentaje de propietarios de viviendas mucho más elevado del que se registraría en otras circunstancias, lo que ocasiona distorsiones en la asignación del ahorro y problemas de ineficiencia porque se dificulta la movilidad geográfica de los trabajadores. Y en tercer lugar, la baja o nula rentabilidad de las viviendas con alquileres congelados provoca una lógica falta de mantenimiento, que a su turno desemboca en el deterioro de los centros de las grandes ciudades, que incluso da lugar a derrumbes y accidentes con víctimas mortales.

Otro ejemplo es el de quienes pretenden proteger a la clase obrera obstaculizando el funcionamiento del mercado de trabajo. Un caso particularmente dramático es España, porque la dictadura franquista dificultó mucho el despido, con la idea de que así se amparaba a la parte más débil, al trabajador. La consecuencia fue la contraria a la prevista. En vez de ayudar al trabajador, el paternalismo de la legislación laboral desanimó la contratación y aumentó el paro. Así, el despido caro sirve a los trabajadores visibles mientras mantengan su empleo visible; cuando lo pierden, representa una barrera casi infranqueable a su recontratación y los arroja a la masa indistinguible de los desocupados o a la economía sumergida. Algo similar sucede con las cotizaciones laborales y empresariales a la Seguridad Social, un verdadero impuesto contra el empleo, o con los privilegios sindicales a la hora de la negociación colectiva, cuya acusada centralización dificulta la flexibilidad del mercado y le inyecta una dosis de paro muy superior a la que se registraría en otras circunstancias.

La brecha entre lo que se ve y lo que no se ve propicia el intervencionismo de los políticos y la labor subversiva de los grupos de presión. Las colocaciones creadas por el gasto público en cualquier empresa o entidad son siempre visibles, y su ajuste es difícil por la resistencia de sus protagonistas y el temor de las autoridades; pero los empleos destruidos merced a los impuestos que hay que cobrar para sostener los puestos de trabajo del sector público son invisibles, están dispersos a lo largo y ancho de la economía, aunque son por desgracia muy reales. Lo mismo sucede, pero al revés, cuando los políticos o sindicalistas o los medios de comunicación hablan con temor de que en tal empresa pública o tal sector protegido hay tantos empleos en juego o amenazados si la empresa se privatiza o el sector se liberaliza; sucede que lo que se ven son esos empleos, pero lo que no se ve son los empleos destruidos o que no se han podido crear en algún rincón de la economía por culpa de la ineficiencia y los costes artificiales que esa empresa o ese sector han inyectado al conjunto del sistema económico. Este juego de creación y destrucción de empleo, por cierto, no es neutral; no cabe argumentar que da lo mismo quién gaste, el Estado o el sector privado, y que los empleos generados y liquidados se compensan, porque para demostrarlo, y dejando de lado otras dimensiones del problema, hay que probar que la eficiencia y productividad de esos dos gastos son idénticas, lo que obviamente no es el caso.

Los intervencionistas suelen vanagloriarse por la modernidad de sus puntos de vista, pero cabe conjeturar que el modelo de Estado actual con derechos diferentes según los colectivos y desiguales para los individuos guarda un cierto paralelismo con tiempos remotos. Un economista ha subrayado que se remite a la Edad Media, porque allí sí había derechos para grupos; sólo que entonces el poder era algo más misterioso y más despótico, ante el cual para conseguir favores se suplicaba, no protestaba. Aceptado el matiz, parece que hoy, tras la máscara del progreso y la solidaridad, se ha pasado del capitalismo al feudalismo.

Estos cambios son tan profundos que es absurdo pretender corregirlos superficialmente. Veamos, por ejemplo, la cuestión de la corrupción, un mal generalizado que ha provocado un mal adicional: la idea de que los problemas del Estado son ocasionados sólo por individuos aislados sin escrúpulos. Así, en vez de vincular la corrupción con el poder, se termina relacionándola con su ausencia, y se postula como solución aún más poder, en términos de vigilancia, controles, etcétera.

Pero lo que ha sucedido con el Estado es que ha perdido la capacidad de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, para lo cual se supone que fue inventado. Una muestra extraordinaria de esta perversión es nada menos que la ley, que ha pasado de ser el refugio del ciudadano a ser una espada de Damocles. Hay innumerables leyes, de imposible cumplimiento: su propia multiplicidad, complejidad y severidad estimulan su violación. La picardía de funcionar al margen de la ley es en ocasiones irresponsablemente festejada, sin percibir la gravedad que comporta, al dejar de ser la ley amparo del pueblo y convertirse en herramienta de eventual represión por parte del poder. Cabe afirmar que no habrá reforma perdurable y liberal del Estado si no se aproxima a las viejas condiciones que deben cumplir las leyes en el Estado de Derecho: generalidad, abstracción, claridad y justicia.

Un punto crítico para la reforma del Estado es percibir las limitaciones de la democracia. La teoría de la elección colectiva demuestra que escenarios y normas razonables pueden desembocar en situaciones paradójicas, imposibles o indeseables. Es importante por ello no aceptar la identificación automática entre mecanismos democráticos y preferencias sociales. Se abre en realidad un amplio campo de posibilidades a los límites que cabe imponer a cualquier criterio de decisión social, en particular al democrático. Por ejemplo, es razonable extender el campo de las decisiones de tipo constitucional, es decir, que requieran amplias mayorías y limitar lo que puedan hacer las mayorías simples o mínimas (no pretendo compararlas con el Estado, pero si las comunidades de vecinos suelen ser austeras es precisamente por eso, porque no es fácil obligar a todo el mundo a que acepte pagar onerosas derramas sistemáticamente).

El objetivo, por supuesto, nunca puede ser debilitar y mucho menos eliminar la democracia, sino fortalecerla y protegerla contra los intervencionistas, que procuran hipertrofiarla escudados tras el viejo lema utilitarista, “la mayor felicidad para el mayor número”. Lo cierto es que las modernas sociedades abiertas no pueden ser unificadas en torno a muchos objetivos comunes, tal como sucede con las dictaduras o las hordas primitivas. Cabe censurar en este sentido el uso constante del término cohesión para justificar una mayor interferencia pública; las tribus son cohesionadas, las sociedades abiertas no.

El criterio de la mayoría no sólo no basta para custodiar la libertad, sino que bien puede contribuir a suprimirla. Por tanto, la consigna habitual de pedir una mayor participación ciudadana a la hora de reformar al Estado es un caramelo envenenado, porque el crecimiento del Estado democrático hace que los ciudadanos fundamentalmente “participen” obedeciendo y pagando, pero arrastrados por decisiones colectivas, no como en el mercado, donde pagan voluntariamente por decisiones individuales.

La expansión del Estado en aras de la justicia y la igualdad limita la libertad y amplía el mando de los políticos. Entramos en un curioso mundo, donde el poder nos bombardea con ideales que es imposible no compartir ¡porque son “sociales”, o sea, buenos! La pasión por la igualdad de resultados, que mina la responsabilidad y garantiza que todos obtengamos lo mismo independientemente de nuestros méritos y nuestro esfuerzo, ha animado el crecimiento estatal y ha fundamentado la mediocridad contemporánea, y la sustitución de la competencia por la presión al poder.

Es arriesgado y simplista sostener, por tanto, como ha hecho un destacado economista español, que bastan los mecanismos democráticos para que se cumplan las “preferencias políticas no individualistas de la sociedad”, y que los mecanismos redistributivos son los que “la sociedad prefiere mayoritariamente”.

Otra razón para limitar el poder proviene de los avances de la teoría económica, que han probado que la política económica es mucho menos efectiva de lo que se creía, en especial la política discrecional. Esto es relevante porque una de las claves del crecimiento del Estado ha sido la discrecionalidad: un Estado no discrecional incorpora una barrera necesaria para su crecimiento, aunque acaso no suficiente. Intelectuales intervencionistas de primera línea en nuestros días están elaborando esquemas estatistas de intervención no discrecional; el más audaz de los cuales es el “ingreso básico”, una reformulación del “impuesto negativo” planteado hace años por algunos economistas liberales, que propone la desaparición de toda la burocracia del Welfare State y su reemplazo por un mero mecanismo redistributivo de dinero, en una suma igual para todos.

Es en todo caso posible que buena parte del debate político quede ocupado por propuestas de reforma del Estado que no incorporen una nueva lógica para su contención, con lo que no permitirán salir de la situación actual de desasosegante parálisis.

IV

Conclusiones

La tesis de este ensayo, el crecimiento excesivo del Estado y la necesidad de su control por razones económicas, políticas y morales, es empíricamente contrastable e intelectualmente aprensible. Sin embargo, el problema estará con nosotros durante mucho tiempo, porque el poder del Estado es considerable y ha demostrado ser capaz de diseñar estrategias eficaces para legitimar sus usurpaciones de las libertades ciudadanas. Muestra cabal de su destreza es que ni el colapso del comunismo ni los visibles costes y fracasos del Estado del bienestar han significado una puesta en cuestión radical del intervencionismo. Se imponen en cambio acomodaticias “terceras vías” que aspiran a mantener las mal llamadas conquistas sociales. Una catedrática española habló dramáticamente de “tratar de morir en el intento para que el propósito público reconcilie los intereses individuales y los colectivos”, y evitar así “la catástrofe”. Es un lenguaje inquietante. ¿Por qué es tan ardua esa reconciliación si reina la democracia y el Estado es reflejo de la sociedad?

Los argumentos expuestos en las páginas anteriores sugieren que las consignas confiadamente proclamadas en nuestros días acerca de “la sociedad civil” son más bien entelequias que revelan el desconcertante hecho de que el Estado, una vez que crece extraordinariamente pretendiendo reflejar así la voluntad de la sociedad, ahora resulta que es distinto de ella, sin que nadie haya explicado qué ha sucedido.

El mismo desconcierto afecta a quienes invocan la necesidad de “recuperar la política”, de superar una aparente hegemonía de la economía sobre la política, una imaginaria sacralización social de un mercado omnipresente y acosador. En opinión de un escritor izquierdista: “El control economicista de la política ha dejado casi sin función a los políticos”; lanza este juicio en España, un país donde los políticos, tras el fin de la dictadura franquista, multiplicaron por dos el peso del gasto público sobre la economía en apenas veinte años, llevándolo hasta la mitad de la renta nacional. Si tras esta espectacular invasión por el poder político de las vidas y haciendas de sus súbditos —una auténtica “conquista social”: la sociedad fue conquistada por el Estado— lo que exigen los llamados progresistas es nada menos que “recuperar la política”, cabe preguntarse qué insignificante ha de ser la porción de la libertad ciudadana que están dispuestos a admitir estos presuntos amigos del pueblo. A pesar de ello, se insiste en desdeñar el individualismo y en reprochar un materialismo que al parecer degrada a nuestro tiempo. Ha escrito un profesor, porque hay tonterías que sólo las puede escribir un profesor: “El reinado del dinero y el individualismo posesivo son los rasgos que mejor caracterizan esta civilización”. Tras estas falacias, por supuesto, emerge el Estado, que al parecer repara todos los males del individualismo posesivo simplemente impidiendo que los individuos posean, en un módico trueque que apenas exige cederle la mitad del Producto Interior Bruto… de momento.

Análoga ceguera es la actitud melancólica que estima que nuestro tiempo es el peor de la historia, cuando en realidad es comparativamente el mejor que ha conocido una humanidad habituada durante siglos y siglos a la pobreza, la enfermedad y la opresión masivas y generalizadas en todos los rincones de la tierra para prácticamente todos sus habitantes. Y la mejoría se ha debido a la libertad y la justicia características del Estado de Derecho, una libertad y una justicia que requieren un amplio juego de los mercados y una firme defensa de la propiedad privada, muy particularmente de la propiedad privada del fruto de nuestro trabajo, que no puede ser quebrantada con ninguna excusa, por solidaria y progresista que parezca.

Así, no es aceptable recortar la libertad con argumentos tales como “sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado” o “sí al liberalismo político, no al liberalismo económico”. Con estos argumentos, el Estado, erigiéndose en réplica de una suerte de sociedad abstracta, cercena las libertades de individuos concretos.

Tampoco es admisible el razonamiento que subraya el “control democrático” de la economía, porque sugiere la noción de que si es democrático, tal control no puede ser dañino. Y esto es un error. Los impuestos elevados y los reglamentos prolijos y opresivos son perjudiciales e injustos, tanto si los recauda e impone un monarca absoluto como si lo hace el más representativo de los parlamentos. La libertad pasa en un ineludible primer lugar por la limitación del poder y no por la mutación de sus formas. Así, la descentralización en provincias o autonomías es inútil si no se revisa la dinámica creciente del sector público. Otro tanto sucede con las grandes burocracias internacionales, que tampoco representan solución alguna si sólo reproducen a mayor escala el funcionamiento expansivo del Estado. Por ejemplo, es vano en tal sentido el optimismo de quienes creen que la clave estriba sencillamente en que el poder lo ejerzan en mayor grado las Naciones Unidas o la Unión Europea.

Otra equivocación generalizada es la identificación de progreso, solidaridad y sensibilidad con el intervencionismo. En cuanto al progreso, es ilustrativa la definición de progresista según el Diccionario de nuestra lengua: “Aplícase a un partido liberal de España, que tenía por mira principal el más rápido desenvolvimiento de las libertades públicas”. Efectivamente, el origen de la noción misma de progreso está indisolublemente unido a la noción de libertad. Es paradójico y revelador de la ofuscación intervencionista, el que haya terminado por transformarse en una idea opuesta: hoy los autodenominados progresistas son los enemigos de la libertad. Otro tanto, naturalmente, vale para quienes presumen de solidarios y socialmente sensibles cuando lo que propugnan es un mayor gasto público, es decir, que los ciudadanos se vean privados aún más del derecho a disfrutar del producto de su trabajo. Eso no es solidaridad ni sensibilidad, sino coacción. Y el que sea democrática no sólo no le priva de su carácter coactivo sino que obliga a reflexionar acerca de la perturbación que ha podido torcer la democracia y empujarla hacia un desenlace extraño, en el que el pueblo no puede elegir.

Es verdad que, a pesar de todo, hoy hay más simpatía por el mercado; pero el Estado no se ha reducido apreciablemente porque su propia lógica no ha sido en realidad cuestionada. Se sigue pensando que su existencia prueba su necesidad: si el Estado presta un servicio cualquiera, educación, por ejemplo, ello presuntamente prueba que sin Estado no habría educación, o no estaría justamente distribuida. Este error metodológico de tomar lo contingente como inevitable es paralelo a las demás fantasías antiliberales que pueblan el pensamiento contemporáneo, como el sostener que el liberalismo proyecta aniquilar el Estado y dejar a las personas a la cruda intemperie del mercado cruel e insolidario.

El Estado busca constantemente legitimarse, por ejemplo mediante la urgencia, de modo que la necesidad de su intervención caiga por su propio peso —piénsese en las llamadas intervenciones humanitarias, que transmiten una vez más la doble sensación de que antes de que el Estado las protagonizase los seres humanos ignoraban las tragedias que tenían lugar fuera de sus fronteras, y de que si el Estado no interviene, nada podrán hacer las personas libremente, ambas cosas demostrablemente falsas—. Es importante por ello no perder nunca de vista que el Estado no tiene recursos y todo lo que tiene se lo ha quitado antes a los ciudadanos. Por tanto, para justificar la exacción debe quedar absolutamente claro que los ciudadanos, en caso de conservar sus bienes, no los asignarían mejor que como lo hacen las autoridades. Es conveniente aplicar esta cautela a cualquier intervención de las múltiples que el Estado plantea como urgentes e indispensables por cualquier razón, desde la carrera espacial hasta los subsidios a las empresas y sectores más variados.

También es ilegítimo el argumento según el cual el Estado debe recortar la libertad para orientar al mercado en beneficio social. Esta idea, presente también en la antigua noción de la “función social de la propiedad”, ya mencionada, es equívoca porque, como vimos en la primera parte de este ensayo, el mercado y la propiedad ya están orientados en beneficio social. No hay que redirigirlos hacia ningún lado, aunque sí cuidar que prevalezca la justicia. Si se admite que el Estado es más “social” que el mercado no habrá límites para su crecimiento.

Otro tanto vale para una teoría muy popular, y avalada por el enorme peso de la doctrina social de la Iglesia: el principio de la subsidiariedad, es decir, el que el Estado sólo intervenga cuando los particulares no puedan hacerlo, y que sólo intervenga un nivel administrativo superior cuando no pueda hacerlo uno inferior. Con este argumento, aparentemente tan eficaz para frenar las exigencias del poder político, se ha edificado el mayor Estado de la historia del mundo libre, el Welfare State europeo y las enormes y onerosísimas empresas públicas que han lastrado las economías en nuestro continente y en muchos otros lugares. Es muy inquietante que la Unión Europea, ese Estado de Estados, atraviese en el momento presente una fase de nacimiento y desarrollo explícitamente fundada en el principio de subsidiariedad, un principio que en realidad es incapaz de frenar la expansión de las administraciones públicas; incluso puede animarla, porque es demostrablemente ilimitado el campo de acción de las autoridades con la excusa de complementar al sector privado o llenar aparentes vacíos que éste no puede cubrir. Un combustible eficaz para dicha expansión es la bandera de la colectividad, que desde siempre han esgrimido las autoridades como excusa para recortar las libertades individuales. Un reciente titular de prensa rezaba: “Europa reivindica su propia imagen”; tras esta declaración impresionante, y difícilmente rebatible —¿quién será el malvado que le niegue su imagen nada menos que a toda Europa?—, el contenido de la noticia era de un crudo mercantilismo: había que prohibir la entrada de películas norteamericanas y obligar a los consumidores y contribuyentes europeos a financiar la industria local. Como siempre, las bellas consignas patrióticas sólo buscan utilizar a políticos y burócratas para amparar a productores ineficientes a expensas del público en general.

Hay que subrayar también que el argumento de la marginación, habitualmente empleado para defender al Estado, puede ser invertido y lanzado en contra de los enemigos de la libertad. En efecto, si la discusión se centra en que el Estado debe intervenir para impedir la marginación, presuntamente ocasionada por el mercado, ello en realidad quiere decir que el Estado sólo debería actuar allí; pero la marginación, como su propio nombre indica, se limita a los márgenes de la sociedad, a secciones muy reducidas de la misma. Digamos, unas administraciones públicas que cuidaran de los marginados en ningún caso organizarían una enorme burocracia del Estado del bienestar destinada a proteger a todos y cada uno de los ciudadanos. Y, de paso, naturalmente que no dedicaría el dinero de los contribuyentes a financiar capítulos tales como los onerosos canales de televisión públicos y tantos otros rubros del gasto público cuya relación con los marginados y excluidos es, por decirlo de algún modo, lejana.

No se trata de desmantelar el Estado; ya vimos al comienzo de este ensayo que las condiciones de la civilización y el progreso económico reclaman el Estado de Derecho: la igualdad ante la ley, la justicia y el cumplimiento de los contratos, la libertad de comercio, la limitación del poder político y la defensa de los derechos humanos, en especial la seguridad personal y la propiedad privada. Es verdad que el moderno Estado intervencionista ha vulnerado algunos de estos principios fundamentales, pero no todos. Esto es muy importante y permite explicar la aparente paradoja de que economías muy intervenidas, como las europeas, hayan podido crecer y mejorar sus niveles de vida y bienestar, mientras que países con administraciones públicas relativamente más pequeñas se cuenten por docenas en el mundo subdesarrollado. Es evidente que no es lo mismo un Estado que otro, y que los elementos negativos del intervencionismo europeo, como los controles y los impuestos, han podido ser compensados porque sus laboriosos ciudadanos se han aprovechado también de sus ingredientes positivos, tales como la justicia y la defensa de los derechos humanos; en cambio, sucede con cierta frecuencia que ni esa justicia ni esos derechos son defendidos por los Estados de los países pobres, que a veces incluso conspiran descaradamente contra ambos.

De lo que se trata, pues, es de apuntar las debilidades del Estado, aclarar que es imposible reconciliar lo privado y lo público si éste sólo tiende a usurpar el terreno de aquél, y al mismo tiempo darle a sus administradores, los políticos, herramientas atractivas que empiecen a imprimirle una dinámica diferente, sujeta y no contradictoria. Una es la bajada de impuestos, otra es la posibilidad de que los bienes y servicios que el Estado ofrece los pueda prestar en mejores condiciones el mercado, otra es la demostración práctica de que los percances que pretende arreglar el Estado no son atenuados por él sino agravados; y otra es la denuncia de los intereses privados de los políticos, los funcionarios y los grupos de presión beneficiados por la intervención pública. Se trata, en resumen, de que la libertad sea políticamente rentable.

Para ello cabe subrayar también las contradicciones en las que incurre siempre el intervencionismo. Por poner un par de ejemplos muy diferentes, pensemos en lo curioso que resulta que un mismo Estado haya estimulado la industria y hoy la combata por razones ecológicas, o en la paradoja de los periodistas, acérrimos defensores de la libertad de prensa, pero no de la libertad económica. Y, finalmente, por supuesto, la principal contradicción del intervencionismo: no puede cumplir lo que promete. Uno de los políticos más sanguinarios de la sanguinaria Revolución Francesa —tomada equivocadamente como símbolo del progreso— afirmó que para hacer una tortilla había que romper huevos. Quería decir que los excelentes objetivos de la Revolución requerían algunos sacrificios en términos de las vidas y las libertades de ciudadanos concretos. El problema es que en todas las variantes del intervencionismo que el mundo ha padecido desde entonces, más y menos crueles, ha habido vastamente más sacrificios que resultados plausibles reseñables. Son muchos, por tanto, los que se han preguntado y pueden seguir haciéndolo: los huevos están rotos, pero ¿dónde están las tortillas?

La lógica del liberalismo es la limitación de todo poder. Los intervencionistas ponen acertadamente el dedo en la llaga cuando señalan que hay fuerzas que se presentan como liberales y que en cuanto tienen la oportunidad piden más gasto público, financiación barata, infraestructuras, protección frente a la competencia, subvenciones de todo tipo, etcétera, con lo que da la impresión de que los liberales sólo quieren que se reduzca el Estado en sus funciones asistenciales y redistributivas, lo que es inaceptable.

La dinámica contenida del Estado es hoy apenas un objetivo incierto en el horizonte. La libertad y el mercado no están ganando la batalla porque no han cambiado las creencias compartidas en el sentido de frenar al poder. Esto no puede lograrse rápidamente y tampoco puede imponerse. Un sabio de la antigua Grecia sentenció que el mejor sistema político e institucional no era el mejor sistema posible sino el mejor que el pueblo fuese capaz de asumir. Para conseguirlo es indispensable desmontar las falacias intervencionistas y probar que el mercado es enriquecedora cooperación humana, no egoísta economicismo materialista, y que no es progresista ni solidario ni humanitario recortar la autonomía de las personas, quitarles su dinero y colocarlas en un mundo donde más que libertades hay permisos.

En todo caso, con el siglo XX que termina, también acaba la fraudulenta inferencia según la cual, como el mercado no es perfecto, entonces debe intervenir el Estado para corregirlo. Un distinguido economista español, no liberal, resumió así el terreno ganado por los liberales y la debilidad del pensamiento económico y las doctrinas intervencionistas predominantes: “El mercado funciona mejor en la práctica que en la teoría, y el Estado funciona mejor en la teoría que en la práctica”.

Lecturas

BANCO MUNDIAL: El Estado en un mundo en transformación, Washington, 1997.

BUCHANAN, James, y TULLOCK, Gordon: El cálculo del consenso, Madrid, Espasa-Calpe, 1980.

EGGERTSON, Thráinn: El comportamiento económico y las instituciones, Madrid, Alianza, 1995.

FRIEDMAN, Milton y Rose: Libertad de elegir, Barcelona, Grijalbo, 1980.

HAYEK, Friedrich A.: Camino de servidumbre, Madrid, Alianza, 1995.

—Los fundamentos de la libertad, Madrid, Unión Editorial, 1998.

—Derecho, legislación y libertad, Madrid, Unión Editorial, 3 vols., 1982, 1988 y 1994.

—La fatal arrogancia, Madrid, Unión Editorial, 1990.

HAZLITT, Henry: La economía en una lección, Madrid, Unión Editorial, 1996.

JASAY, Anthony de: El Estado, Madrid, Alianza, 1993.

NOZICK, Robert: Anarquía, Estado y utopía, México, FCE, 1990.

PEACOCK, Alan: Elección pública, Madrid, Alianza, 1995.

POPPER, Karl: La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, Paidós, 1994.

RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos: “El bienestar del Estado”, en R. Casilda Béjar y J. M. Tortosa (eds.), Pros y contras del Estado del bienestar, Madrid, Tecnos, 1996.

—“Estado social y envidia antisocial”, Claves, Nº 81, abril 1998.

—“Del buen samaritano a Robin Hood”, Nueva Revista, Nº 58, agosto 1998.

—A pesar del Gobierno, Madrid, Unión Editorial, 1999.

SCHWARTZ, Pedro: Nuevos ensayos liberales, Madrid, Espasa, 1998.

SMITH, Adam: La riqueza de las naciones, Madrid, Alianza, 1994.

—La teoría de los sentimientos morales, Madrid, Alianza, 1997.

TERMES, Rafael (ed.): Libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española, Madrid, Instituto Superior de Estudios Empresariales, 1996.

Carlos Rodríguez Braun es catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense. Ha publicado artículos académicos en España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y otros países. Es autor de La cuestión colonial y la economía clásica (Alianza, 1989), Grandes economistas (Pirámide, 1997), La Economía en sus textos (Madrid, 1988) junto con Julio Segura y A pesar del Gobierno (Unión Editorial, 1999). Es co-editor de Argentina 1946-1982. The Economy Ministers Speak (Macmillan, 1990) y Encuentro con Karl Popper (Alianza, 1992). Ha traducido a relevantes figuras de la ciencia económica, como Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich von Hayek y John Maynard Keynes. Miembro de la Sociedad Mont Pélerin, el profesor Rodríguez Braun ha ejercido también una intensa actividad periodística y de divulgación de la economía. Fue director de España Económica y subdirector de Cambio 16 y del programa El valor del dinero en RTVE, y ha publicado cerca de tres mil artículos en la prensa de España, Europa y América.