¿Por qué sube la gasolina? ¿Son de fiar las empresas que nos ofrecen refinanciar nuestras deudas? ¿Cómo me afecta la reforma laboral? ¿Qué son los fondos de inversión? ¿A qué edad es recomendable hacer un plan de pensiones?

Cada día desde que nos levantamos nos enfrentamos a un sinfín de cuestiones que tienen un trasfondo económico: desde la luz que ilumina nuestro hogar hasta el combustible que utilizamos para desplazarnos, los impuestos que pagamos y los servicios que contratamos con los bancos.

Un afamado economista y tres reconocidos periodistas han hecho el ejercicio de sintetizar las dudas más comunes que afectan a cualquier ciudadano para convertirlas en preguntas que se responden de forma sencilla y clara, aclarando conceptos y desmontando tópicos. El resultado es una obra de lectura obligada para todos aquellos que quieran saber qué ocurre con su dinero y cómo funciona la economía.

AA. VV.

Economía para andar por casa

ePub r1.0

Banshee 18.06.14

Título original: Economía de andar por casa

AA. VV., 2012

(Olvido Macías Valle, Carlos Rodríguez Braun, Ignacio Rodríguez Burgos, Pedro Pablo González Vicente)

Imagen de cubierta: Michael Hieber

Diseño de cubierta: El Laboratorio

Editor digital: Banshee

ePub base r1.1

Prólogo

Las cuatro personas que firman este trabajo tienen más que acreditada su solvencia profesional y su autoridad para hablar de economía doméstica que, al fin y al cabo, es la que de verdad nos interesa a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Carlos Rodríguez Braun es catedrático, pero sobre todo es de los pocos economistas que conozco al que se le entiende todo, incluso cuando canta en el programa de Carlos Herrera o recita en La brújula de Carlos Alsina sus recreaciones que, si bien no creo que consigan nunca un premio Adonais, nos arrancan una sonrisa cuando llegamos a casa después de un día de primas de riesgo, Ibex 35 (que no se hunde como el Titanic pero que cada día se parece más al Costa Concordia) y demás datos de la economía de la que hablan los políticos mientras los ciudadanos nos preguntamos, al estilo herreriano: «¿esto qués lo que é?» y, sobre todo, si este mes podremos sobrevivir a la hipoteca, el colegio de los niños, el copago de los medicamentos, la gasolina, el recibo de la luz y ese sinfín de gastos que llegan cada treinta días, como un tsunami, a nuestra casa.

Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro hombre en el déficit, que no en La Habana como le gustaría a él, tiene más mili en esto del periodismo especializado en economía que el palo de la bandera y es quien cada mañana, a eso de las 9 horas y algunos minutos, nos revela cómo empieza el día en eso que llamamos mercados financieros y que no son otra cosa que inversores que compran aquello que les ofrece confianza, como usted querido lector cuando elige el mejor puesto para comprar el chóped nuestro de cada día. Ignacio, además de bueno en lo suyo, es bueno sin más adjetivos. Y esto se agradece mucho en estos tiempos de mediocres que quieren medrar a toda costa y tontos con pretensiones.

Pedro Pablo González Vicente es un currante que lleva picando en la mina de la información casi más años que los que marca su carné de identidad y, como Ignacio, es en el buen sentido de la palabra, bueno. Además, sabe de lo que habla, lo que le convierte en rara avis no solo en el mundo del periodismo, sino en el de la vida política y social de España.

He querido dejar para el final a Olvido Macías con toda la intención. Luego no ha sido un olvido ni un despiste. Olvido ha encontrado la piedra filosofal del ahorro familiar en las mil y una formas de tragarse unas acelgas de lunes a domingo. Olvido, la verdadera inventora de la indignación que está tan de moda, es quien ha puesto firmes a esos tres encantadores zánganos que junto a ella firman este trabajo.

Léanlo y aprendan. Háganles caso porque, aunque no valga para nada, saben de lo que hablan. Y, sobre todo, tomen al pie de la letra el título del libro y preserven su economía andando por casa. Fuera hay escaparates y es mejor evitar la tentación.

Os quiero a los cuatro, canallas, aunque juntos me recordéis mucho a los jinetes del Apocalipsis.

Javier González Ferrari

Advertencia de los autores

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a varios coprotagonistas de la presente obra. Al presidente de Onda Cero, Javier González Ferrari, por el prólogo. A Carlos Alsina, por las conclusiones. A Carlos Herrera, por la presentación en público. Y a Begoña Gómez de la Fuente y José María Rabaneda García por su ayuda en todo el proceso de preparación y redacción del libro.

O. M. V.

C. R. B.

I. R. B.

P. P. G. V.

01

Familia

¿Es cierto que el consumo es vital para activar la economía? Entonces, ¿por qué no cuidan más la capacidad adquisitiva del ciudadano?

Parece de sentido común que necesitamos consumir más para que la economía crezca: si el consumo aumenta, las empresas venderán más, contratarán más empleados, pagarán más salarios, y todo el mundo será más rico. Pero no es tan sencillo. Si miramos lo que sucedió en España en los años anteriores a la crisis veremos que fue exactamente eso. El consumo aumentó, las empresas vendieron mucho, contrataron a más empleados, pagaron más salarios, y todo el mundo era más rico, hasta que estalló la crisis y se vio que el consumo había sido excesivo, el ahorro insuficiente y, sobre todo, las inversiones equivocadas. Esto se refleja muy claro en el millón largo de pisos que se han quedado sin vender, pero las inversiones equivocadas se hicieron también en otras empresas y actividades, que al final debieron recortarse, reciclarse o desaparecer, con grave daño para trabajadores y empresarios. Por lo tanto, es verdad que hay que cuidar la capacidad adquisitiva del ciudadano, algo que los políticos casi nunca hacen, pero no para que el ciudadano consuma más y todos los problemas se resuelvan de forma mágica con más consumo. La solución no es consumir más sino tener una economía sana y fuerte, para lo cual el consumo es menos importante que el ahorro sólido y la inversión acertada. Para eso lo mejor sería que los gobernantes bajasen los impuestos y no pusiesen tantos obstáculos a trabajadores y empresarios.

¿Qué cantidad de ahorro sería el ideal del total de nuestro sueldo?

No hay una regla universal. Podemos pensar en un ahorro próximo al 10% de los ingresos familiares. De esta manera es difícil que pueda haber algún imprevisto que deje las arcas familiares vacías o, en el peor de los casos, con saldo negativo. Es cierto que para muchos ahorrar es imposible. No olvidemos que en España aproximadamente uno de cada tres ciudadanos no cuenta con ningún tipo de ahorro para hacer frente a emergencias y solo un 18% tiene ahorrada una cantidad suficiente para financiar sus gastos durante un año. Pero hay ahorro, aunque la crisis lo vaya menguando.

A finales de 2011 el ahorro medio de las familias españolas según el Instituto Nacional de Estadística era del 11,6% de su renta disponible, la tasa más baja desde 2007. Pero hay varias maneras de ahorrar. Conviene recordar que, aparte de los planes de pensiones, que gozan de creciente popularidad, en España hay un abultado porcentaje de personas que ahorra comprándose una vivienda. Y algunos, más de una.

¿Cómo se puede estimular el ahorro si los precios de los productos están caros y los sueldos bajan?

El estímulo debería partir de arriba, de los gobernantes, empezando con medidas para no castigar el ahorro, como las subidas de impuestos. Los ciclos económicos de bonanza no duran para siempre.

El ahorro no es algo que surja de un día para otro, sino que es una decisión que da sus frutos a medio y largo plazo. Si los sueldos se estancan o bajan, la única salida para ahorrar es reducir el gasto: esto es algo que, sin demasiadas alharacas, los ciudadanos hacen mejor y más rápido que las Administraciones Públicas.

Hay una caza de brujas respecto al ahorro en billetes de 500 euros. ¿Qué billete es mejor para este fin?

El billete morado, el «Bin Laden», que muchos no han visto nunca, existe. Según datos del Banco de España, a comienzos de 2012 el número de billetes de 500 euros en circulación en nuestro país había subido hasta unos 100 millones de unidades. El hecho de que haya más o menos cantidad de estos billetes responde a las peticiones de las entidades financieras, que a su vez atienden la demanda de sus clientes. Pero, y de esto sabe la Agencia Tributaria, su proliferación también se atribuye a la existencia de pagos en dinero negro, blanqueados a través de los bancos. Cualquier ciudadano puede ahorrar en este tipo de billetes, pero tiene varios peligros, empezando por que nos los pueden robar y siguiendo por dos riesgos típicos del ahorro debajo del colchón, como veremos: uno es la inflación y otro el coste de oportunidad, es decir, la rentabilidad que podríamos obtener con ese dinero si lo invirtiésemos.

¿Por qué sube la gasolina y otros combustibles?

La respuesta más directa es porque sube el precio del petróleo, pero esto no es del todo cierto ya que hay muchos otros factores. España importa más del 98% de los hidrocarburos, que están sometidos a mucha intervención por los diferentes Gobiernos, ya sean las naciones exportadoras, que intentan ponerse de acuerdo en los precios y producciones, ya sean los Gobiernos compradores, que utilizan esta materia prima esencial para la economía como fuente generadora de ingresos fiscales. La mayor parte de los países exportadores pertenecen a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), comandada por Arabia Saudí y sus aliados, los diferentes sultanatos y emiratos del Golfo Pérsico. También pertenecen a este conglomerado Irán, Irak, Venezuela o Nigeria, entre otros.

Su objetivo es que el precio del oro negro no descienda y se mantenga estable y alto, pero no tanto que haga atractivas las inversiones en otro tipo de energías. Existen países exportadores que no pertenecen a la OPEP, como Rusia, Noruega o México, pero que en la práctica se benefician de su política de precios. Hay otro factor importante, la moneda de pago. El petróleo se abona habitualmente en dólares y, por lo tanto, en el precio de los carburantes interviene también el tipo de cambio entre la divisa estadounidense y el euro. El barril de petróleo superó los 146 dólares en 2008, en la actualidad se mueve alrededor de los 125 dólares. Pero en 2008 un euro valía 1,60 dólares y ahora 1,30. Es decir, el euro se ha devaluado y al cambiar en dólares para pagar el petróleo, este nos cuesta más. La prueba es que el barril de crudo de tipo Brent se ha acercado a los 100 euros. Por cierto, cada barril contiene 159 litros y el Brent es uno de los tipos de crudo de referencia en los mercados, en este caso el europeo. También existen el tipo Texas de Estados Unidos o Arabia ligero, entre otros, y se clasifican por su lugar de origen y su densidad. Un factor más en la composición de los precios es la falta de competencia entre las diferentes compañías petrolíferas y distribuidoras existentes en España según ha denunciado en diversas ocasiones la Comisión Nacional de Energía (CNE). También el parque automovilístico ya que en España predominan los vehículos de gasóleo, cuando la mayor parte de las refinerías en Europa producen gasolina por lo tanto esto genera tensiones en los costes. Y, por último, lo que más influye en el precio del litro de combustible son los impuestos. En un litro de gasolina los tributos estatales y autonómicos rozan el 47% y en el caso del gasóleo de automoción algo más del 41%.

¿Los impuestos en España sobre los combustibles son más altos que en el resto de Europa?

España está en la parte baja de la tabla impositiva sobre los hidrocarburos. El coste impositivo total sobre el litro de gasolina está en el 47%, muy por debajo de Reino Unido, Alemania, Suecia, Holanda o Luxemburgo, Reino Unido o Suecia que se mueve en el entorno del 60%. Tanto es así, que la Comisión Europea presiona para que se eleven. En Bruselas utilizan el término eufemístico de armonización para aludir a la equiparación de los impuestos en Europa. Pero ojo, casi nunca hay armonización fiscal a la baja. Ya el 1 de enero de 2012, por orden de una directiva de la Comisión Europea, hubo que retirar el gasóleo profesional para transportistas, una subvención que les devolvía parte del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos. Pero si la comparación tributaria se hace de acuerdo al esfuerzo que debe realizar cada ciudadano para comprar un litro de combustible a razón de su sueldo vemos que España cuenta con una de las gasolinas más caras de Europa, solo por detrás de Portugal, Grecia e Italia.

¿Cuáles son los tipos de gravamen en los impuestos sobre los carburantes?

En España, a falta de uno, hay cuatro tributos sobre los carburantes:

—Primero, el IVA, situado en el 18%.

—Segundo, los Impuestos Especiales sobre los Hidrocarburos, de titularidad estatal. Es una cantidad fija por cada litro. Hacienda lo calcula cada 1.000 litros. Así que para la gasolina sin plomo de 97 octanos o superior el impuesto alcanza los 431,92 euros, o 0,432 euros por litro. Para las demás gasolinas sin plomo, como la de 95, Hacienda se queda con 400,69 euros por cada 1.000 litros, es decir 0,401 euros por litro. En el caso del gasóleo de automoción el impuesto llega a los 307 euros por cada 1.000 litros, o lo que es lo mismo 0,307 euros por litro. En el caso del gasóleo, el que tiene uso agrícola o pesquero está exento de esta carga fiscal.

—Tercero, el Impuesto sobre Ventas Minoristas del Estado que supone 2,4 céntimos de euro por cada litro de combustible.

—Cuarto, el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos de las comunidades autónomas, el famoso céntimo sanitario, que no es un céntimo sino varios, entre los 1,7 céntimos por litro en Madrid y el máximo, situado en los 4,8 céntimos, depende de cada región. Hoy solo cinco autonomías no lo cobran: País Vasco, Navarra, Aragón, Canarias y La Rioja, aunque alguna ya se lo está pensando. Se creó para financiar, supuestamente, la Sanidad Pública. La Comisión Europea ha denunciado que este tributo no respeta la normativa comunitaria, y el Gobierno español quizá lo sustituirá por un tipo impositivo autonómico.

¿Por qué es tan cara la electricidad? ¿El Estado controla el precio?

En España la electricidad es la octava más cara de Europa después de impuestos detrás de países como Dinamarca, Alemania, Italia, Suecia, Bélgica o Austria. Esta comparación debe hacerse con impuestos, puesto que en diversos países europeos las ayudas a las renovables se consideran tributos o tasas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde están incluidas en el precio del suministro. En Europa, el precio medio del megavatio/hora, antes de impuestos, está en los 178 euros. En nuestro país ronda los 194 euros en 2011, según Eurostat, la oficina de estadística de la Comisión Europea.

Hay muchas consideraciones que habría que tener en cuenta. La primera es que España es un país que debe importar el 80% de la energía que consume. La energía propia se concentra en el carbón, de escasa calidad y costosa explotación, la energía hidráulica, barata pero inestable por los períodos de sequía, y las energías renovables que son, con diferencia, las tecnologías más costosas. El sistema eléctrico está muy intervenido por el Estado que utiliza el recibo de la luz para cobrar impuestos y para ingresar dinero que después destina a distintas subvenciones más o menos relacionadas con la energía. El coste de la energía consumida, sumando los usuarios industriales y domésticos, alcanzaría el 32,4%. A esto hay que añadir el coste del transporte que es de un 3,7% y la distribución, un promedio del 14%. Y aquí acaba con lo que en realidad tiene que ver con la electricidad.

Entramos en el capítulo de impuestos. En el recibo de la luz se abona el 18% por IVA e Impuesto Especial sobre la Electricidad, que es un 5,113%. El otro plato fuerte son las subvenciones a las energías renovables como la eólica, solar o la termosolar. En estas subvenciones, que se llaman primas, se va casi el 19% de la factura eléctrica mensual. También hay que añadir que cerca del 5% del recibo de la luz se dedica a amortizar la deuda acumulada, el déficit de tarifa. Este apartado costará a los españoles unos 2.200 millones de euros en 2012. En España, durante décadas, el Estado ha establecido el precio de la luz. A la hora de liberalizar el sistema eléctrico se creó la tarifa de último recurso (TUR). La mayoría de los hogares españoles se acogieron a este tipo de tarifa y rechazaron entrar en el mercado libre. En la TUR están unos 22 millones de consumidores. El Gobierno, cada tres meses, decide el precio del recibo correspondiente a la TUR. Esto es así porque cada trimestre se realiza una subasta de electricidad y esta es la referencia para calcular el precio energético. Pero este precio supone solo la mitad de lo que paga el cliente (excluidos los impuestos). La otra mitad son los denominados peajes de acceso, que es el pago por el uso de las redes de distribución de la energía eléctrica. Los Gobiernos muchas veces deciden congelar los peajes, retrasar su incremento o aprobar uno menor a lo que exigiría la cobertura de todos los costes regulados.

¿Qué es el déficit de tarifa eléctrico?

Es el desfase entre la tarifa de la luz y su coste real. Los diferentes Gobiernos, desde 2002 han ido subiendo la luz por debajo de lo que cuesta generarla y distribuirla. Este desfase se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y es lo que se conoce como déficit de tarifa. Este desequilibrio se disparó en los años del Gobierno de Rodríguez Zapatero al crecer de forma descontrolada las primas, las ayudas a las energías renovables. En 2012 el déficit acumulado puede llegar a los 24.000 millones de euros. Esta es la cantidad que debemos todos los usuarios a las compañías eléctricas porque los Gobiernos fijaron el recibo de la luz por debajo del coste real. Para hacernos una idea, esta deuda se acerca a la cantidad que dedica el Ministerio de Empleo a pagar las prestaciones y ayudas a los parados. Cada año aumenta este descuadre en unos 5.000 millones de euros y podría tocar los 60.000 millones de euros en el año 2020. Para reducir el déficit de tarifa las compañías eléctricas defienden subidas de la luz que oscilan entre el 15 y el 20%. El Gobierno no quiere trasladar todo el incremento a los consumidores. Asegura que son la parte débil de este mercado, pero además, y esto no lo dice, son los que votan, y una subida del recibo de la luz siempre es impopular. Por eso se buscan otras fórmulas, como la reducción de las diferentes subvenciones, por ejemplo a las energías renovables, o introducir más competencia entre las diferentes compañías del sector. Otros defienden más impuestos a las centrales nucleares que prolonguen su vida útil por encima del período previsto al inicio. El sistema eléctrico se ha convertido en una maraña de intereses contrapuestos y poco transparentes. Para saber cómo se distribuyen los diferentes costes, subvenciones y ayudas públicas en el recibo de la luz se puede acudir a la página web de la patronal de la electricidad, UNESA. Cuenta con una calculadora digital para conocer las tripas del recibo (www.unesa.es). Las organizaciones de consumidores también han elaborado infinidad de estudios monográficos sobre la cuestión eléctrica.

¿Son de fiar las empresas que se ofrecen para gestionar las deudas?

Hay que tener cuidado con ellas. En esta época de crisis, de reducción de ingresos y de mantenimiento de deudas contraídas, son muchos los ciudadanos que acuden a las empresas que facilitan la reunificación de deudas. Lo que hacen es unificar bajo un solo préstamo, un solo pago mensual, todas las deudas que tiene el individuo con diferentes entidades. Así se aúna el crédito personal, hipotecario, el del automóvil, los gastos de tarjetas retrasados, etc. La reunificación supone pagar menos al mes, pero a un plazo mucho más largo. Detrás de esto existe la ampliación de una hipoteca o la apertura de una nueva, con una sola cuota, una cuota inferior que se pagará durante un plazo de tiempo superior. El ciudadano pasa de pagar un vehículo, unas tarjetas, un préstamo de 4 o 5 años, a un pago durante 30 años. Un peligro es acostumbrarse a disponer de más dinero, cuando en realidad estamos más endeudados. Hay que fijarse en las condiciones de la reunificación, en especial los gastos totales, pues estas operaciones tienen costes de tramitación y formalización; los créditos que se cancelan suelen aplicar comisiones o penalizaciones por pago anticipado; las modificaciones en las hipotecas acarrean gastos de notario, registro e impuestos, y la apertura de una nueva conlleva otras comisiones y desembolsos.

¿Qué es más barato, pagar a plazos con tarjeta de crédito o pedir un préstamo personal o de consumo?

Todo es cuestión del tipo de interés. En las tarjetas el tipo suele ser fijo (aunque algunas entidades establecen en el contrato la posibilidad de modificarlo) y oscila entre el 1 y el 2% nominal mensual. Para compararlo con un préstamo hay que consultar los tipos llamados Tasa Anual Equivalente (TAE), que incluye el tipo de interés nominal, las comisiones y los plazos en los que se realizan las operaciones. Si el aplazamiento del pago de una tarjeta se abona en un solo mes, aunque hay un TAE, más elevado puede ser más interesante, porque puede abonarse de una vez. Cuidado con ir aplazando pagos de tarjetas de crédito o acumular una cantidad para pagarla en próximos meses. Si la cantidad sobrepasa lo estipulado con la tarjeta se puede llegar a pagar un 16,17 o hasta un 19% TAE. El interés siempre es más alto.

Hay personas que mantienen una cartilla de ahorro en función de su seguridad y fácil disponibilidad. ¿Se pierde mucha rentabilidad?

Una cartilla sin interés es la moderna fórmula de guardar el dinero bajo un colchón, si no se desea utilizar. España es un país con poca mentalidad financiera. Estamos acostumbrados a estar en un mismo banco durante casi toda la vida. Si cuesta cambiar de banco, más por pereza y miedo ilógico, mucho más difícil es sacar el dinero aparcado que no renta nada de una cartilla y situarlo en algún producto financiero que da rentabilidad. Dirá usted: la bolsa no para de caer. Ante esto hay que recordar que a plazos más largos la bolsa suele subir, y además hay otras posibilidades con poco o ningún riesgo. Los bancos ofrecen depósitos a un plazo de uno, dos o tres años con un interés del 3 o 4%, y hay letras y bonos del Tesoro, de los que hablaremos más adelante. También están las empresas de inversión, que no tienen que ver con algunos productos financieros de complicado mecanismo que ofrecen en ocasiones los propios bancos. Estas empresas de inversión privadas no son tiburones ni monstruos que nos quitan el dinero. Se trata de profesionales que ponen las condiciones del interés por escrito, si es fijo, y si es variable hay una serie de seguros para el inversor.

Podría ahorrar, pero ¿merece la pena si la inflación se come nuestro dinero?

La inflación es una amenaza constante a nuestros ahorros, porque equivale a una reducción en el valor del dinero. De hecho, el jesuita español Juan de Mariana dijo, a principios del siglo XVII, que la inflación era un impuesto que pagaban todos aquellos que tuvieran alguna o muchas monedas. Sigue siendo un impuesto ahora, con la peculiaridad de que es el único impuesto que no se vota ni se aprueba en el Parlamento. ¡Quizá podríamos considerarlo un impuesto inconstitucional! Sea como fuere, la inflación es un aspecto fundamental a considerar cuando ahorramos. En efecto, si un depósito en un banco nos renta un 3% anual, y en ese año la inflación es del 3%, la rentabilidad de nuestro ahorro resultaría nula. Mucho peor sería, claro está, que la inflación fuera mayor que el interés que nos dan por nuestros ahorros, porque en ese caso perderíamos dinero. Por cierto, si ahorramos debajo del colchón perdemos si los precios suben, y más cuanto mayor sea la inflación.

¿Cuándo una persona es considerada rica? ¿A partir de qué cifra?

No existe una cifra aceptada de manera universal para definir a una persona rica, del mismo modo que tampoco hay una noción precisa de lo que es un pobre —aunque se habla de los que ganan uno o dos dólares diarios, el dato es menos claro de lo que parece, como explicaremos más adelante—. Esta indefinición es lógica porque es difícil trazar una línea para separar a los ricos de quienes no lo son. De entrada, y dejando de lado todos los aspectos psicológicos (los ricos también lloran, el dinero no da la felicidad, etc.), nuestra riqueza proviene de dos fuentes principales: la renta, es decir, lo que ganamos todos los años a partir de nuestro trabajo o nuestros ahorros e inversiones; y el patrimonio, es decir, el conjunto de los bienes que poseemos. Cuando los políticos quieren cargarse de razón para subir los impuestos siempre dicen: «que pague más el que gane más» o «que pague más el que tenga más», que son dos cosas muy distintas. Por cierto, los impuestos tienen mucho que ver con la cuestión de los ricos y los pobres, porque, en efecto, las autoridades siempre sostienen que los impuestos son buenos porque castigan más a los ricos y protegen a los pobres. Como veremos, esto es una cortina de humo que utiliza el señuelo del rechazo al rico (como si ser rico fuera igual a ser ladrón), para ocultar una dura realidad: los impuestos suben y suben para millones de personas que en absoluto son ricas.

¿Qué futuro económico se puede esperar? ¿Cómo se sabe que se están dando los pasos correctos?

No lo sabemos, nadie conoce el futuro. Esta verdad elemental es a menudo olvidada por la incesante propaganda, en especial por parte de burócratas y poderosos que aseguran que ellos sí saben el futuro, y que por eso tienen la responsabilidad de gobernarnos y quitarnos el dinero. ¡Y después llenan España de aeropuertos sin aviones ni pasajeros! Al ser el futuro económico algo desconocido, tanto para los políticos como para los demás, aparece el riesgo, que es inherente a todo lo que hacemos, a nuestros actos y decisiones. Pero una cosa es que el riesgo sea inevitable, y otra que todos queramos afrontarlo con el mismo entusiasmo.

Las personas somos diferentes en muchas cosas, y también en nuestra actitud hacia el riesgo. Aunque, en general, podemos estar seguros de que nos gusta más bien poco, es lo que se llama aversión al riesgo. Por eso en la economía hay menos empresarios que trabajadores, porque los trabajadores se arriesgan menos. Una persona que invierta su capital en una empresa puede perderlo en su totalidad. Un trabajador nunca pierde su capital, puede perder su empleo, por supuesto, pero su capital, aquello que utiliza para ganarse la vida, su talento, su capacidad y su formación, siguen ahí, preparados para ser puestos de nuevo en marcha cuando pueda volver a trabajar. Por eso todos sabemos que es muy importante que nuestros hijos se eduquen, aprendan idiomas o se instruyan en cualquier oficio, ese es su capital humano, y corren menos peligro de perderlo que los empresarios (por cierto, y entre paréntesis, esa es una razón que explica por qué los empresarios, cuando ganan, suelen obtener más beneficio que los trabajadores porque cuando pierden, también lo hacen más que ellos). Entonces, aunque no sabemos que estamos dando los pasos correctos porque no conocemos el futuro económico, tomamos decisiones estimando el futuro probable y las ventajas y desventajas de los pasos que damos.

Alguien dirá que también los políticos lo hacen cuando nos gobiernan, y por tanto, como alguien tiene que gobernar, es bueno que tomen decisiones y se arriesguen. Es verdad que alguien tiene que gobernar pero los políticos no son ciudadanos privados, no son trabajadores ni empresarios, por una razón fundamental: no arriesgan su capital, sino el dinero de los contribuyentes. Si su empresa va mal porque toman decisiones estúpidas o corren riesgos absurdos, los que pagamos somos los ciudadanos. Es un motivo muy importante para pedirles moderación, austeridad y que procuren, en la medida de lo posible, dejar en paz a la gente.

¿Cómo se puede educar a los hijos en la cultura del ahorro?

Haciéndoles ver lo que cuesta ganar un euro. Muchos padres, en su afán de proteger a sus hijos, practican una política de darles todo. Es un error. Igual que con la educación que brinda el colegio, la familia también debe educar a los niños en el ahorro. Niños consentidos pueden ser adolescentes problemáticos y adultos derrochadores. El niño debe conocer la realidad del entorno en el que vive, saber que no puede comprar todo, como tampoco lo hacen sus padres, y aprender la cultura del sacrificio, del ahorro y la paciencia.

¿Con qué edad es bueno comenzar a dar una paga a los hijos?

Según la Asociación Mundial de Educadores, en 2008 los más pequeños recibían una paga de media de unos tres euros a la semana, mientras que los adolescentes percibían unos 20 euros para sus gastos propios. Esto es clave, son sus gastos propios. La familia les paga la comida, la ropa, etc. Pero los caprichos, sobre todo de adolescentes, deben pagarlos ellos. Y si no hay, pues que ahorren o gasten menos. La paga debería empezar, según esta asociación, cuando los más pequeños empiezan a comprar cosas con sus amigos de colegio, localidad o barrio. Un dinero que les sirve para adquirir y tomar algo fuera del domicilio familiar. La edad la sitúan en torno a los 10 años. A partir de los siete los niños ya aprenden en el colegio a sumar y a restar, de manera que se hallan en condiciones de manejar dinero para sus pequeños gastos semanales, aunque es posible que no aprecien bien los conceptos caro y barato. Otras nociones relevantes, que se incorporan a partir de los 10 años, son deseable o necesario. Un consejo habitual para los padres que optan por este sistema es tener claro que se trata de un acto voluntario, no obligatorio, y se recomienda que reflexionen sobre los valores que quieren fomentar y transmitir a sus hijos en relación con el dinero.

¿Es buena idea un copago sanitario o, por el contario, perjudica a la gente con menor poder adquisitivo?

El copago, es decir, que los ciudadanos paguen una suma determinada por recibir servicios públicos que hasta hoy han sido aparentemente gratuitos, es presentado a veces como una forma de resolver los problemas de estos servicios. Sin embargo, la cuestión no está clara.

Es verdad que cuando las cosas son o parecen gratis tendemos a consumirlas en exceso: casi siempre comemos y bebemos más si la barra es libre. Así, la gratuidad de la sanidad lleva a que los ciudadanos la utilicemos más de lo que deberíamos si tuviésemos que pagar por ella. Si se implanta el copago, por tanto, se nos dice que lograríamos racionalizar el servicio, no recurriríamos a él salvo cuando lo necesitáramos de verdad, y al mismo tiempo la sanidad pública recibiría unos ingresos que le servirían para hacer frente a sus gastos, que son muchos y crecientes. Pero, primero, la sanidad no es gratis ya que todo lo que el Estado parece que brinda sin coste alguno es pagado siempre por los ciudadanos. ¡Los políticos nunca nos regalan nada! Lo que sucede es que no lo pagamos como en el mercado, donde cada cual en la medida de sus posibilidades compra lo que desea y entrega a cambio un dinero que es suyo. En los servicios públicos sucede lo contrario: el producto que nos dan es decidido por los políticos, y nunca es pagado directa y claramente por los que lo reciben. Esa es otra de las razones por las cuales los ciudadanos solemos pedir más y más gasto público, porque confiamos en que sea otro el que pague la cuenta (esto puede ser verdad para algunos ciudadanos, pero es imposible que sea verdad para todos).

O sea que el famoso copago no es en realidad copago sino repago, porque los servicios públicos ya han sido pagados con el dinero de nuestros impuestos, y el copago significa que las autoridades quieren forzarnos a pagar todavía más en una segunda ronda. Como los políticos saben esto, se inventan en algunos casos trucos para colar el copago: uno de ellos es que no paguemos la misma suma todos los ciudadanos sino que paguen más los que más tienen o ganen —ya hemos visto los problemas de la definición de riqueza—. Tanto desde la izquierda como desde la derecha se han lanzado propuestas para que en la sanidad se aplique el copago, pero solo para los más ricos. Alguien podría argumentar que esto es justo porque en caso contrario el copago perjudicaría a la gente con menor poder adquisitivo. Pero, aparte de las complicaciones sobre la definición de justicia, y de que los más ricos ya pagan muchos más impuestos, hay que recordar que la gente que gana menos, como todos los demás que pagan impuestos, ya está entregando dinero para financiar los servicios públicos. ¿Por qué va a ser justo que paguen aún más? Y hablando de pagar, hay una última complicación, si la suma del copago es pequeña, es posible que no sirva para recortar la demanda de servicios públicos; y si es grande, quizás los ciudadanos nos neguemos a pagar.

¿Qué garantías ofrecen los sitios web que brindan créditos al consumo?

Tienen sus garantías jurídicas, salvo webs ilegales. El problema son los intereses. El crédito se otorga de manera inmediata, pero estos créditos rápidos pueden cargar intereses del 17%, y llegar incluso al 25% TAE. Los préstamos on-line son de escaso importe, no suelen ser mayor de 15.000 euros, con un plazo de amortización que no sobrepasa los cinco años. Las financieras pueden dar respuesta a nuestra solicitud dentro de la misma llamada e ingresarnos el dinero incluso en 24 horas sin que tengamos que facilitar documentación ni dar explicaciones sobre el destino de los fondos. Los bancos y cajas están incluyendo cada vez más en su cartera de productos este tipo de préstamos on-line, llamados préstamos preconcedidos que son solo para sus clientes, mientras que hay instituciones financieras que dan este tipo de préstamos a cualquier persona, sea cliente suyo o no. Se paga más interés pero en algunos casos no importa que el cliente esté en los registros de morosos RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas), o en el ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Créditos), que gestiona un fichero que incluye los impagados de un deudor y la evolución de ese impago, sean préstamos, hipotecas, recibos de luz, teléfono, gas, etc. Si estamos ante un préstamo preconcedido de un banco será fundamental no figurar en ninguno de esos registros puesto que, si estamos incluidos, casi con toda seguridad nos denegarán el préstamo.

¿Qué trampas hay en los créditos a través de una web financiera?

Hay estafadores que se hacen pasar por tramitadores de préstamos, pero intentan robar a quien los solicita. La trampa aparece cuando el interesado presenta la solicitud para conseguir un préstamo o una tarjeta de crédito y descubre que tiene que pagar un cargo por adelantado. Si le piden a usted que pague un cargo a cambio de la promesa del préstamo, puede estar seguro de que está tratando con un estafador oportunista. Lo más probable es que en lugar de conseguir un préstamo lo único que obtenga sea un formulario de solicitud para ingresar el dinero vía su cuenta bancaria o su tarjeta de crédito o débito. No pague de forma directa a ninguna persona para obtener un préstamo.

¿Es fácil salir de un fichero moroso?

Según la normativa de protección de datos de carácter personal, la permanencia en un archivo de morosidad es de seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico. En el caso de obligaciones de vencimiento periódico (cuotas) cada uno de los vencimientos o plazos concretos deberá eliminarse del fichero cuando vayan cumpliendo los seis años, pudiendo mantenerse el resto de la deuda. Para saber si uno está en algún fichero no olvidemos que la ley obliga a notificar a los interesados los datos registrados, informándoles asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todos los datos relativos a la misma. La única forma de salir de los ficheros de morosos es cumpliendo con la deuda, demostrando que esta no existe, una vez concluido el plazo legal máximo de permanencia de seis años. Uno de los problemas es que es el acreedor quien está obligado a comunicar la cancelación de la deuda, y después el interesado deberá acreditar la inexistencia de la misma. Uno de los problemas derivados de haber estado en uno de estos ficheros es que algunos guardan datos de sus clientes. Es una forma de reflejar que en su día esa persona no fue solvente. Sin embargo esto es ilegal.

¿Conviene hacer testamento? ¿Cuándo?

Conviene siempre hacer testamento para evitar quebraderos de cabeza a nuestros familiares. El testamento es el escrito en el que una persona indica cómo se van a repartir sus bienes tras su fallecimiento, siguiendo lo establecido en la ley. En caso de estar casado, con el testamento podemos dejar en mejor posición de lo que establece la ley básica a nuestro cónyuge. La situación del cónyuge no es privilegiada en la legislación española y esta es una de las buenas razones para establecer un testamento. Ante la falta de testamento, la ley establece cómo se hace el reparto de bienes del difunto, y los hijos y nietos tienen preferencia. En su defecto, los padres y ascendientes. Solo después tiene derecho a heredar el cónyuge viudo. La legislación española permite hacer testamento a partir de los 14 años. Se debe estar en plena capacidad jurídica y siempre debe ser individual, no se permite efectuar el testamento en pareja o grupo. El testamento no solo sirve para repartir los bienes entre los herederos. Se puede utilizar para reconocer hijos, nombrar tutores o administradores de los bienes de los hijos o disposiciones de las exequias, entre otras cuestiones.

¿Cuántas clases de testamento hay?

Hay tres clases comunes: en primer lugar, el ológrafo, cuando es manuscrito, de puño y letra del testador, con fecha y firma. En este caso se debe ser mayor de edad y se debe expresar claramente la voluntad de testar; en segundo lugar, el testamento más común es el abierto ante notario y lo puede efectuar cualquier persona en su plena capacidad desde una edad tan temprana como los 14 años. No son necesarios testigos, salvo excepciones. Se expresan las últimas voluntades a un notario que las recoge en un escrito, con firma del interesado. El testamento original se guarda en la notaría. El notario debe comunicar que se ha otorgado testamento al Registro General de Actos de Última Voluntad. Solo se comunica su existencia y la fecha de escritura, pero nunca el contenido del mismo. En tercer lugar, es el cerrado ante notario. Se escribe el testamento, se firma y se coloca dentro de un sobre que se cierra y sella. El notario levantará acta de la entrega del testamento. El depositario debe presentar el sobre en el juzgado en cuanto sepa de la existencia del fallecimiento del testador. No es muy común utilizar este sistema. Con él se busca mayor secretismo, pero es engorroso, pues hay que certificar la autenticidad del documento. En caso de fallecimiento sin testamento y de que no existan familiares, los bienes del finado terminan en manos del Estado. Hay comunidades autónomas, como Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y el País Vasco (Guipúzcoa y Vizcaya) que cuentan con variaciones específicas en la legislación que regula el testamento.

¿Se puede dejar una herencia a quien se quiera o se está obligado a legarla a familiares en caso de no tener pareja ni hijos?

No se puede excluir a los denominados herederos forzosos. Estos son los hijos y descendientes a los cuales hay que dejarles dos tercios de la herencia: un tercio de la herencia hay que dejárselo por partes iguales a los hijos, y otro tercio, el llamado de mejora, a los hijos y nietos, pero este tercio se puede distribuir libremente entre ellos o dejárselo a uno solo de los descendientes. Si no se tienen hijos ni descendientes, hay que dejar un tercio de la herencia a los ascendientes que sobrevivan. Si el que hace la herencia es viudo o viuda y tiene hijos o descendientes, debe dejarles un tercio de la herencia en usufructo. Esto es obligatorio para el que reparte su herencia. Solo se puede privar a estas personas de sus derechos en casos de desheredación, regulados en el Código Civil y muy poco frecuentes en la práctica. Fuera de estos límites se puede dejar la herencia como se quiera. Si lo que se desea es que la herencia se distribuya entre varias personas, se les nombrará herederos. A ellos les corresponden todos los bienes que no se hayan legado, y tienen que pagar las deudas que haya dejado el que ha distribuido la herencia.

¿Es válido un testamento en el que se deja la herencia a un solo hijo? ¿A qué porcentaje tendrían derecho los demás descendientes?

Como acabamos de señalar, siempre que se cumpla la ley en lo que concierne al reparto de la herencia no habrá problema. Según el Código Civil la herencia se constituye por tres tercios: el tercio de legítima, que afecta a todos los herederos forzosos de manera igualitaria; el de mejora, que se podría dar a hijos o nietos, y el tercer tercio de libre disposición. Este último puede repartirse como se desee y a quien se desee, incluso aunque no sea de la familia. Sin embargo, los otros dos tercios son distintos. El tercio de legítima debe repartirse entre los herederos a partes iguales, mientras que el de mejora tiene que repartirse también entre los herederos pero la parte que corresponda a cada uno la determina el testador. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Que el testador puede dejar un tercio de su patrimonio a quien desee, y los otros dos tercios solo a sus herederos repartiendo como considere oportuno siempre que respete la legítima estricta, esto es, la parte mínima de la herencia que le corresponde a cualquier heredero. Otra cosa es que los demás hijos rechacen su parte, ante notario, en el caso de una vivienda, por ejemplo, a favor de uno de sus hermanos, a quien el padre o madre deseaban dejarle el inmueble. Si no hay renuncia, será difícil dejar una vivienda, siguiendo con este caso, salvo que se tase la casa y se entregue el porcentaje correspondiente a sus hermanos, los otros herederos forzosos.

02

Vivienda

¿Es más aconsejable vivir de alquiler hasta ahorrar una cantidad considerable de dinero para comprar una vivienda o lanzarse a adquirirla?

Un porcentaje de españoles muy elevado tiene vivienda en propiedad. Esto no significa que sea la mejor decisión frente a la opción de alquilar, sino por otros factores, desde la desgravación por la compra hasta los impuestos sobre el ahorro, pasando por circunstancias que dependen también de las autoridades, desde el control de las rentas, que han desanimado durante muchos años la inversión en viviendas para alquilarlas, hasta un mercado laboral rígido que desanimaba la movilidad geográfica de los trabajadores. Si estas circunstancias cambian es posible que el porcentaje de personas que alquila aumente, a lo que también contribuirá el final del largo boom inmobiliario y de las grandes facilidades crediticias que lo alimentaron.

Pero además de la situación de la economía, empleo, hipotecas y precios del metro cuadrado de la vivienda para alquilar o comprar, esta decisión también depende de una vieja noción de la economía popular que parece clara y no lo es tanto: es la idea de que siempre conviene comprar ya que al cabo de 30 años de una hipoteca tenemos una casa, y si la alquilamos durante esos 30 años al final no la tenemos. En algunos bienes llamados duraderos, además, los precios resultan disuasorios, en general es más barato comprarse un coche que alquilarlo (por no hablar de ir toda la vida en taxi). El economista Juan Ramón Rallo advierte: «pedir prestado el dinero para adquirir una vivienda es una operación muy parecida a alquilar el dinero que usted necesita para comprar la casa. Con ello quiero decir que quienes están hipotecados no son los más adecuados para afirmar que alquilar es tirar el dinero, pues ellos alquilan no una casa, pero sí la suma de dinero que han necesitado para comprar la casa.

No se lance a comprar una vivienda por creer que está tirando el dinero en el alquiler. No es así o, al menos, no siempre es así. Habrá que comparar la rentabilidad de ahorrarse el alquiler con el coste financiero de pedir prestado el capital necesario y, sobre todo, con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos».

¿Qué es más recomendable contratar un préstamo hipotecario fijo o variable?

El préstamo hipotecario fijo supone contratar una hipoteca y pagar un tipo de interés estable. El interés es más alto, pero evita posibles sorpresas en el caso de subidas a medio/largo plazo. Se toma como referencia el euribor al que se suma el interés aplicado por la entidad financiera con la que se firma.

En marzo de 2012 el euribor estaba en torno al 1,5%, y el interés fijo habitual en el mercado era del 6,50 o el 7%, es decir, entre 5 y 5,50 puntos porcentuales por encima. El préstamo hipotecario variable se suele renovar cada 6 o 12 meses. La referencia es el euribor también más el interés que aplique en ese momento la entidad financiera. En marzo de 2012 la hipoteca variable estaba en euribor más 2,5%, o sea, un 4%. Lo adecuado es valorar las posibilidades de pago, las necesidades familiares a largo plazo y la aversión al riesgo de los titulares de los préstamos. Si todavía no se quiere entrar en una hipoteca fija, una opción es recurrir a las hipotecas mixtas, que combinan un porcentaje de interés fijo y otro variable. Nadie puede decir con certeza a 30 años cuál será la referencia de la hipoteca que pagaremos, pero hasta ahora los tipos de interés han sido relativamente bajos y sobre todo estables; eso explica que más del 90% de las hipotecas sean a interés variable.

¿Es recomendable contratar una hipoteca en una moneda extranjera, por ejemplo, en yenes?

Las hipotecas en yenes tuvieron éxito en su día en España por una razón: mientras que los tipos de interés crecían aquí, en Japón se mantenían bajos. Como la tendencia que predominaba fue contratar hipotecas a tipo variable, estaba claro que convenían las hipotecas en yenes, porque en euros resultaban más caras y además cada vez más. Pero, como dice el refrán: «la avaricia rompe el saco», sobre todo si es una ambición poco informada o poco pensada. Una hipoteca en moneda extranjera ofrece una oportunidad que no brindan los préstamos en euros, en efecto, porque permite aprovecharse de los bajos tipos de interés que pueden cobrarse en otros países donde se conceden créditos en otras monedas. Sin embargo, la hipoteca en yenes (o en cualquier otra divisa) comporta un riesgo adicional que no existe cuando la contratamos en euros. Ese riesgo consiste en que tenemos que pagar el crédito en yenes, cuando en España y en otros países europeos no ganamos en esa moneda sino en euros. El riesgo radica en que la relación entre el euro y el yen, lo que llamamos el tipo de cambio, puede fluctuar, y puede hacerlo en dos direcciones y con dos consecuencias: si el euro se fortalece frente al yen, pagaremos menos euros por nuestra hipoteca todos los meses, pero si el euro se debilita frente al yen pagaremos más. Esto último es lo que ha sucedido en tiempos recientes, perjudicando a muchos ciudadanos españoles. Es verdad que ellos se habían beneficiado cuando el euro estaba más fuerte, pero después ocurrió lo contrario. Por lo tanto, solo es recomendable contratar una hipoteca en moneda extranjera si estamos dispuestos a correr el riesgo de que se revalúe con respecto a la moneda en la que cobramos nuestros sueldos o rentas. Y no conviene olvidar que las hipotecas son contratos a muy largo plazo, en el que pueden pasar muchas cosas imprevistas, y no todas a nuestro favor.

¿Qué es una hipoteca inversa?

La hipoteca inversa es un producto financiero que supone lo contrario de una hipoteca normal, donde el comprador paga a un banco. En este caso, el dueño de una vivienda cobra de un banco. Es decir, se concede un crédito con una renta mensual acordada a personas mayores con la garantía de la vivienda en la que viven, respetando la propiedad del titular hasta su fallecimiento, tras el cual los herederos deben restituir el crédito o bien vender la propiedad. O se paga el dinero adelantado a los propietarios fallecidos o los herederos venden esta vivienda, menos el dinero que han cobrado los dueños fallecidos con la hipoteca inversa. Este producto financiero está diseñado para personas de, al menos, 62 años de edad, como forma de ampliar la pensión, y es imprescindible que la hipoteca sobre la vivienda haya sido pagada por completo. La hipoteca inversa es una posible solución, en un momento en el que los inmuebles representan el 80% del patrimonio de las familias. Siempre dependerá de la pensión que se cobre. La media que abonó la Seguridad Social en 2011 fue de 917,53 euros al mes. Cada jubilado debería hacer cuentas para saber lo que alcanza o no para cubrir todas sus necesidades que, no olvidemos, pueden aumentar con la edad.

¿Qué son las cédulas hipotecarias?

Las cédulas hipotecarias son unos bonos emitidos por una entidad financiera, con la garantía de cobro cubierta por préstamos hipotecarios concedidos por esa misma entidad. Las cédulas pagan en teoría intereses mensuales, superiores a los de los depósitos, y se pueden vender para recuperar el dinero. Pero hay que tener cuidado. Los intereses no son fijos, no es un depósito contratado y cerrado, del que se cobra una cantidad ya fijada.

Además, la venta de cédulas se realiza en mercados llamados secundarios y depende, por tanto, de la oferta y la demanda: puede suceder que cuando las vendamos nos den menos del valor nominal y perdamos dinero. Desde 2009, el mercado inmobiliario ha caído, las hipotecas de calidad no son tantas, y antes de invertir en cédulas habría que saber qué tipo de hipotecas las cubren y cómo son las condiciones de los mercados secundarios.

¿Qué porción del sueldo es aconsejable emplear en el pago de un préstamo hipotecario?

Hasta 2005-2006 había ciudadanos que llegaban a destinar hasta el 70% de su sueldo a pagar la hipoteca de su vivienda principal. En esos años el Banco de España recomendaba no superar el 40%; y estimaba que el 65% de los españoles destinaban más del 55% de sus ingresos a pagar sus préstamos hipotecarios. En 2012 los préstamos hipotecarios que se conceden buscan no sobrepasar el 35% de los ingresos, algo menos de lo recomendado al final del boom inmobiliario. Parece un límite razonable.

La rebaja del IVA de la vivienda del 8 al 4%. ¿A quién beneficia, a los ciudadanos o a los bancos?

En teoría a ambos, y así lo defendió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando entró en vigor en agosto de 2011 para operaciones de compra de vivienda nueva realizadas hasta el 31 diciembre de ese año. La vicepresidenta Elena Salgado afirmó entonces que la medida ayudaría a los bancos a reducir su stock de pisos y a facilitar el crédito, con un efecto fiscal positivo, porque la reducción del IVA se compensaría con el aumento de las compraventas de viviendas. Era un negocio para la banca, pero también para los ciudadanos que podían conseguir pisos más baratos. El consumidor, en general, no podía acudir a otro banco debido a la fuerte restricción del crédito y al hecho de que todos los bancos tenían en cartera pisos nuevos a ofrecer. La reducción del IVA quizá supuso un cierto freno en la caída de ventas de pisos, pero no la evitó. El problema no eran los pisos, sino el empobrecimiento y las malas expectativas de los compradores, junto a la reducción y endurecimiento de las condiciones de los préstamos hipotecarios ante la situación financiera que atravesaban muchos bancos con procesos de limpieza de balances y operaciones de fusión que aún no han terminado.

¿El descenso del IVA de la vivienda no es un privilegio para clases acomodadas que disponen de más capital para comprar?

El descenso del IVA beneficia a todos los ciudadanos que lo pagan. Es una reducción de un impuesto que grava un producto. Y el ahorro no es sinónimo de una clase social. Es cierto que podría pensarse que las personas con mayor poder adquisitivo disponen de mayor liquidez para acceder a viviendas. Pero sin embargo, el fuerte almacenaje inmobiliario en manos de entidades financieras no está ubicado en zonas residenciales. Más del 80%, según datos facilitados por un informe de Idealista.com en primavera de 2011, están en zonas consideradas de clase media, media-baja, con ingresos medios que no superan los 30.000 euros anuales brutos. Las llamadas clases acomodadas no adquieren estos pisos.

¿Permite una cuenta vivienda sacar parte del dinero aunque no sea para la adquisición de un piso o casa?

No. La principal ventaja de una cuenta vivienda es que el dinero que hemos ingresado tiene las mismas deducciones que las destinadas a la compra de vivienda habitual. Es decir, se puede desgravar en la declaración de la Renta el 15% de las cantidades aportadas hasta un máximo de 9.015 euros, siempre y cuando la base imponible no supere los 24.000 euros. Esta deducción se aplica durante cuatro años. Tras este período, habrá que comprar la vivienda habitual o devolver las deducciones practicadas, más un recargo. Una de las ideas más extendidas es que se puede retirar el dinero de la cuenta ahorro vivienda e invertirlo durante el año porque solo importa el saldo al final del ejercicio. Hay que tener en cuenta que según la Agencia Tributaria «cuando el contribuyente disponga de cantidades depositadas en la cuenta vivienda para fines diferentes de la primera adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual, se entenderá que las cantidades dispuestas son las primeras depositadas». El dinero de la cuenta vivienda no se puede tocar. Es decir, no se puede retirar a mitad de año para devolverlo a finales, justo a tiempo para cuadrar las cuentas respecto al ejercicio anterior, una práctica habitual. Hay sanción, hay paralela (una declaración alternativa que elabora Hacienda si detecta datos incorrectos), y no hay deducción. Si se saca todo el dinero y se destina a otro fin hay que devolver las deducciones cobradas. Solo se puede utilizar para la compra o reforma de la vivienda habitual. Para Hacienda, en caso de reforma, vivienda habitual es la que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, tres años y que el contribuyente la habite de manera efectiva y con carácter permanente en un plazo no superior a 12 meses contados desde la adquisición.

¿Qué es una ejecución hipotecaria?

Es el procedimiento por el cual el acreedor hipotecario (suele ser una entidad financiera) pueda cobrar su deuda mediante la ejecución de la garantía (la vivienda hipotecada) si el deudor no cumple con su obligación de pagar las cuotas. Si solo se han dejado sin pagar dos mensualidades, no hay problema. Si los impagos son de entre tres y seis cuotas mensuales, el banco inicia un proceso de ejecución hipotecaria con el que no reclama solo esas mensualidades atrasadas sino el monto total del crédito pendiente a un interés que ronda entre el 20 y el 25%, por penalización. Las costas judiciales van a cargo del deudor. Si no se puede pagar lo estipulado en la ejecución, ni tampoco los avalistas del préstamo, si es que existen, se pasa a la subasta del inmueble. Hay ejecución hipotecaria, te quitan el piso, proceso que dura entre seis y ocho meses. Esto si la casa no es vivienda habitual. Si lo es, hay la rehabilitación del préstamo si el dueño paga las cuotas pendientes más los gastos. Eso quiere decir que hasta el día señalado para la subasta se puede entregar lo que se debe y evitar que se ejecute la vivienda, siempre que sea la vivienda principal de la familia. A partir de entonces el propietario/deudor podrá seguir pagando la hipoteca como si no hubiese pasado nada. Esta posibilidad solo se puede ejercer una vez cada cinco años. Cuando se produce la subasta, y no hay comprador, el banco la puede adquirir por el 60% del valor de tasación. El antiguo propietario, después de perder su casa, debe abonar lo que resta entre el precio al que el banco se ha adjudicado la vivienda y el importe total del crédito, además de las costas judiciales y los intereses de demora, que rondan cerca del 8% anual. Si con ese 60%, o con la subasta, se cubre toda la deuda, esta queda saldada. Este aspecto queda reflejado en el Real Decreto-Ley 8/2011.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de firmar un contrato hipotecario? ¿Es mejor asesorarse ante la letra pequeña, ilegible para un profano? ¿Tiene el banco obligación de explicarnos esa letra pequeña?

El banco ofrece unas condiciones escritas, letra pequeña o grande. En ocasiones el notario avisa de las condiciones que hay, pero la responsabilidad es de los firmantes. Es verdad que por prisas, necesidad de financiación, el apuro por comprar, y las palabras del director de la entidad que da la hipoteca, han llevado a que muchos firmen apurados y sin ver las posibles trampas que se esconden en los contratos hipotecarios. Hay que mirar la TAE, los intereses que abonaremos siempre, y pensar en la posible evolución de estos intereses. También fijarnos que algunas veces los intereses bajos son para cubrir el 80% del precio del inmueble. Cuando se amplía este porcentaje, suben los intereses. Hipotecas por el 125% del valor del piso son decisiones de alto riesgo tomadas en un pasado no muy lejano. Fijarnos de manera detenida que no hay suelo en la hipoteca y que el préstamo no esté sujeto a un tipo de interés mínimo. En un contexto de tipos de interés a la baja, esta cláusula nos impediría beneficiarnos con reducciones. Y, por supuesto, mirar que no nos obliguen a firmar seguros, planes de pensiones, planes de inversión, etc. No son obligatorios, diga lo que diga la entidad financiera. Pero hay un problema: si no se firman estos seguros, las entidades no dan préstamos. Aquí entra el margen de maniobra del cliente. Si hay posibilidades de acceder a un préstamo de otro banco, se puede evitar. En caso contrario, tal y como está la situación, se tienen que aceptar. Si se tiene alguna duda, es mejor posponer una firma y asesorarse. Es como ir a una charcutería. ¿Compraríamos queso al ir a comprar jamón si no nos gusta?

¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato?

La cláusula abusiva supone un daño para un consumidor y cuenta con una legislación que lo protege. Los artículos 82 y siguientes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece el concepto de cláusula abusiva y ofrece un listado de supuestos que se consideran abusivos. Las empresas se cuidan mucho de incluir en sus contratos la cláusula en la que se eximen de responsabilidad. El consumidor debe saber que puede estar ante una práctica abusiva, y aunque firme el contrato y la cláusula, tiene derecho a reclamar. Se consideran abusivas las cláusulas que impongan al consumidor algunos gastos de documentación y tramitación, como por ejemplo la estipulación por parte del promotor de que el comprador de un inmueble cargue con los gastos de preparación de la titulación (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o división y cancelación). O las cláusulas de obligatoriedad de permanencia en el caso de telefonía. Existen cláusulas, insertas también en contratos no negociables, que imponen al consumidor no dar de baja el servicio durante un determinado período de tiempo, con la imposición de una penalización o sanción. Pues bien, siempre que el consumidor mantenga la buena fe y no aproveche dichas ofertas en perjuicio de la empresa prestadora del servicio, más todavía cuando se esté descontento con el servicio o se considere que no se ha prestado de forma correcta, no será necesario cumplir fielmente los plazos de permanencia.

¿Qué hay que considerar después de rubricar un contrato si se nos ha pasado una cláusula abusiva? ¿Se puede anular?

Sí. Todavía actuamos con bastante miedo a la hora de intentar anular un contrato. Si consideramos que hay cláusula abusiva, se avisa a la otra parte firmante de que deseamos obtener un nuevo contrato sin esa cláusula. Si no acceden y amenazan con imponer sanciones, pues a juicio. Con la nueva Ley de mejora de consumidores y usuarios, las cosas están más claras.

Ser avalista de un préstamo. ¿A qué compromete?

Ser avalista implica ser fiador solidario, garantizar con nuestros propios bienes, presentes y futuros, la obligación de pago de otra persona. Significa que si en algún momento deja que pagar esa persona, porque no puede o porque se muere, el avalista responderá de la deuda, y la otra parte recurre a la justicia para embargarnos la nómina, en la parte que sea embargable según la cuantía y lo que marca la ley, la casa, la cuenta bancaria, el coche, etc. Ser avalista es ser codeudor solidario por el total de la deuda y sin que sea un requisito para el titular del crédito demandar primero al deudor original. El demandante, antes de iniciar un juicio ejecutivo para el cobro del crédito, puede decidir dirigirse contra el avalista, sin que este pueda excusarse del pago por el hecho de no haber sido demandado primero el deudor original. Si la situación económica del avalista es mejor que la del deudor original, la institución que otorgó el crédito no dudará en demandarlo. Si el avalista no paga, se producirán los efectos normales de cualquier juicio ejecutivo en contra de este, es decir, embargo de bienes y remate judicial. Eso sí, una vez que el avalista haya pagado la deuda, ya sea de manera voluntaria o forzosa, puede demandar al deudor original para que este le reintegre lo pagado.

Ante el problema de un embargo de una vivienda. ¿Es conveniente venderla antes de que salga a subasta?

Es posible. Si hay aviso de posible embargo, el proceso puede durar seis meses de media. Si tememos no poder hacer frente al pago, para evitar el embargo es mejor vender la casa cuanto antes, incluso si es por menos del valor de nuestra deuda. Tal y como está el mercado inmobiliario actual, si el banco se entera de nuestra intención de vender, aumentan las posibilidades de que se muestre dispuesto a negociar una reducción de la cuota o ganar unos meses más de tiempo. Si lo vendemos al final, puede pasar que cubramos la deuda que aún queda. Si es así, partimos de cero o de lo que podamos ganar con la diferencia entre lo que queda por pagar y el total de deuda. Pero conseguiremos no estar en ningún fichero de morosos, y buscar una hipoteca para un piso más barato y asequible con la situación económica que atravesamos. Y si con la venta del piso seguimos debiendo dinero, siempre será mejor deber 5.000 o 10.000 euros en vez de 50.000 o 100.000. No hacer nada y esperar el embargo y la posterior subasta será peor.

¿Qué es una hipoteca a la americana?

Es la dación del piso para cancelar una deuda: dar las llaves de la casa al banco y olvidarse de la deuda. Pero no todo es tan sencillo, ni allí. Las hipotecas a la americana tienen letra pequeña. La banca se blinda con unos intereses para los préstamos hipotecarios que son más altos. Los seguros de vivienda e impuestos son mayores que los nuestros. Y esta dación de llaves por deuda solo se da en algunos estados. Antes, el banco intenta cobrar la deuda revisando los ingresos de la persona que no puede pagar, si tiene propiedades, las embarga, caso de automóvil, muebles, bicicleta, etc. E intenta buscar un comprador para esa vivienda, cubriéndose de posibles pérdidas. Solo en pocos casos se da la dación del piso por la hipoteca. Pero la deuda queda registrada en un fichero por si en un futuro se puede pagar. Y este registro dificulta, y mucho, conseguir nuevos préstamos.

¿Es verdad que la Ley Hipotecaria española recoge la posibilidad de saldar la deuda con el banco entregando la vivienda pero ellos no quieren?

Es algo que ya permitía nuestra Ley Hipotecaria, cuyo artículo 140 dice: «podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solo efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor». Hay que recordar que en España los bancos pueden vender la vivienda del embargado al 50% de su valor de tasación, dejando que la otra mitad corra a cargo del ejecutado que, además de quedarse sin casa, acumula una deuda que puede acabar en embargo de todos sus bienes y hasta de la nómina. Por lo tanto, no es cuestión de querer o no por parte de la entidad financiera. Es cuestión de haberlo acordado en la firma de la escritura para constituir la hipoteca. El 9 de marzo de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una modificación para los casos de dación de inmuebles. Para ello, los bancos y entidades financieras deben aceptar un Código de Buenas Prácticas. Pero pese a que lo acepten, la dación no es tan fácil. Es necesario cumplir seis requisitos: todos los miembros de la familia han de estar en paro y carecer de otros bienes o derechos patrimoniales; ha de tratarse de la única vivienda en propiedad; la vivienda no ha de superar los 200.000 euros; la hipoteca no ha de tener avalista, en caso de tenerlo, el avalista se mantiene como garante del préstamo, y si el avalista tiene ingresos o propiedades, el decreto no se aplica; el caso no debe estar en procedimiento de ejecución; y la vivienda no puede estar gravada con cargas posteriores.

¿Es cierto que para evitar un desahucio se puede poner la vivienda a nombre de otra persona que figure como alquilado?

Puede haber problemas. Bien es cierto, y la ley lo avala, que si se firma un contrato de alquiler antes de dejar de pagar las cuotas hipotecarias, hay que respetar este acuerdo. Pero siempre que no existan indicios de que ese contrato sea para cometer fraude. Por ejemplo, no se podría alquilar por una cantidad ridícula la vivienda a una persona muy cercana al propietario, ya que esto será entendido como fraude. Aun aceptando la nueva situación de la casa, el nuevo propietario, el banco que se ha hecho con el inmueble tras solicitar el pago de las cuotas no abonadas, deberá respetar los primeros cinco años de ese contrato. Solo cinco años. Cuidado porque si el alquiler es por una cantidad ridícula, si la fecha del contrato es posterior a dejar de pagar la hipoteca o si los años de duración son 50, 100 o indefinido, hay indicios suficientes para que el juez anule ese contrato de alquiler por considerarlo fraudulento. Otra cosa es que el mismo banco acepte alquilar el piso a sus antiguos propietarios antes de iniciar el proceso de desahucio, y ante el volumen de viviendas que hay en el mercado. La opción de alquilar el piso, además de ahorrar a las entidades los costes de un desahucio, les garantiza un ingreso y la seguridad de que nadie va a destrozar la vivienda.

¿Por qué cuando se compra una vivienda hay que pagar a un notario si cuando entran okupas los papeles del notario no sirven para sacarlos de la casa?

La okupación es una variante moderna de un fenómeno muy antiguo y legal que es apropiarse de algo que no es de nadie en concreto mediante el procedimiento de instalarse allí y quedarse. Este fenómeno ha sido reconocido en el derecho desde hace siglos: se trata de hecho de uno de los métodos para acceder a la propiedad legítima. En los tiempos modernos se presenta bajo dos características diferentes. Por un lado, los asentamientos donde viven personas en suelo de propiedad pública: es el caso de los poblados que hay en las zonas suburbanas en muchos países del mundo, que suelen evolucionar desde una situación ilegal, o más bien alegal (lo que hacen no está regulado pero tampoco está prohibido), a una situación de legalización, sea porque son expulsados de esas zonas o porque se les concede un derecho de propiedad sobre la vivienda o el suelo que están ocupando. Ahora bien, la llamada okupación es algo que parece similar pero que en realidad es distinto, porque no pretende ante todo conseguir la propiedad privada, sino aglutinar un movimiento social con objetivos políticos, llamado derecho a la vivienda o la vivienda social, ideas que entrañan la violación de derechos de terceros, a los que el Estado obliga a pagar. Dos aspectos son interesantes de este movimiento. En primer lugar, el abierto respaldo que reciben por parte de la izquierda y otras formaciones políticas. En segundo lugar, la relativa suavidad con que son tratados en muchos países por las autoridades, los legisladores, los jueces y la policía. En efecto, los okupas pueden en muchos casos violar la propiedad privada y la pública sin que las Administraciones actúen de inmediato para proteger esas propiedades y castigar a los que las infringen. La explicación puede que pase por la mencionada simpatía política que suscitan los okupas, y quizá también porque en la sociedad moderna el respeto a la propiedad ha sido muchas veces cuestionado y matizado por una abundante legislación que permite que las autoridades condicionen y limiten ese derecho según su conveniencia y para conseguir diversos objetivos considerados equivalentes o, incluso, más importantes que la protección de la propiedad de los ciudadanos.

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Empleo

¿Qué es una reforma laboral?

Se llama reforma laboral al cambio en las condiciones de trabajo cuando no es algo pactado de manera libre entre el empleado y el empleador, sino impuesto desde el poder. El llamado mercado de trabajo, como muchos otros en las economías modernas mal llamadas liberales o de mercado, no es en realidad un mercado libre, porque está intervenido, controlado, inspeccionado y regulado por las autoridades. En efecto, desde el salario mínimo hasta la negociación colectiva, desde los costes de contratación y despido hasta la jornada laboral, los días festivos, las vacaciones, y las cuotas de la Seguridad Social, todo está fijado y establecido por leyes, decretos, normas y regulaciones oficiales. Cuando el poder político, con la complicidad mayor o menor de los grupos de presión más importantes, como las organizaciones empresariales y sindicales, organiza desde arriba todas las condiciones del mercado de trabajo y el resultado es el increíble paro que hay en nuestro país, es evidente que no pueden mirar hacia otro lado y pretender que el problema no va con ellos. A veces, es verdad, lo hacen, y sindicalistas y políticos se quejan de lo mal que está el empleo, como si ellos no tuvieran nada que ver. Pero, por regla general, los políticos españoles han intentado reformar de forma ocasional el mercado de trabajo, y lo han hecho por regla general en la buena dirección, porque tanto el PSOE como el PP, aunque después se tiren los trastos a la cabeza, han procurado flexibilizar la rígida normativa laboral que nuestra democracia heredó de tiempos de Franco. Algunos puntos, sin embargo, provocan en políticos y sindicalistas más resistencia que otros, típicamente el coste del despido, interpretado de forma equívoca como protección del trabajador: los millones de despidos que se produjeron a partir de 2007 con la crisis económica, y mucho antes de la reforma laboral de 2012, sugieren que esa protección es más de boquilla que de verdad.

Si la reforma laboral no crea empleo, ¿para qué sirve?

La reforma laboral no crea empleo, pero sí puede facilitar que lo creen los únicos que pueden crearlo: los empresarios. Para ello es necesario que el coste de contratar a un trabajador no sea prohibitivo, y la reforma laboral, aunque no es ninguna varita mágica, puede aliviar este problema. Aunque parezca paradójico, el coste de despedir a un trabajador también forma parte del coste de contratarlo, porque el empresario está obligado a prever el futuro y es lógico que, si le cuesta mucho despedir a un trabajador, procurará contratar al número mínimo posible.

Las antiguas reformas laborales, empezando por las de los socialistas en tiempos de Felipe González (1982-1996), intentaron resolver el problema del paro dividiendo a los trabajadores en dos grupos: los que tenían empleo fijo y los temporales. El resultado fue una explosión en la contratación temporal y, cuando vino la crisis, la gran mayoría de los trabajadores despedidos fueron los temporales, lo que no parece demasiado justo y desde luego tampoco es eficiente. El objetivo de la reforma de 2012 —resistida, como todas ellas, por los sindicatos— es intentar superar esta división reduciendo el coste del despido de los trabajadores fijos y permitiendo que las empresas puedan ajustarse a una situación negativa bajando los salarios o la jornada laboral antes que despidiendo a parte de la plantilla. Si consigue hacer eso y que los salarios y demás condiciones de trabajo puedan ajustarse mejor a la situación de cada empresa en cada momento de su evolución, entonces la reforma laboral habrá servido y será una ayuda para trabajadores y empresarios tanto durante los años de expansión como los de depresión.

La reforma laboral pretende que los salarios se acerquen más a la realidad de las empresas. Entonces, ¿por qué cuando había beneficios a nadie se le ocurrió adecuar los salarios a la bonanza empresarial?

Eso fue lo que sucedió. En los períodos de expansión económica no pueden subir los beneficios empresariales sin que repercuta de manera positiva en la situación de los trabajadores. La explicación de esto es que los empresarios, al contrario de lo que suele decirse, no ganan dinero despidiendo a trabajadores o pagándoles salarios de hambre. El beneficio lo obtienen contratando trabajadores y pagándoles el salario en función de su productividad y de las condiciones de la economía y los mercados. En los países ricos los salarios son más elevados que en los pobres, y esto no se debe a que los empresarios de los países ricos sean buenos y los de los pobres sean malos, sino a que todos, empresarios y trabajadores, son más productivos en los países ricos. El empresario no puede pagar al trabajador lo que le dé la gana, porque, salvo que estemos en una dictadura, el trabajador puede marcharse a otro sitio donde le paguen lo que por su productividad le corresponde. Durante la larga expansión económica que empezó en 1993-1994 y acabó en 2007-2008, los beneficios empresariales subieron y los salarios también. Y sobre todo subió el empleo, tanto que España pudo acoger a millones de inmigrantes, algo que no había sucedido nunca. De tal manera que los salarios se adecúan a la bonanza empresarial; de hecho se adecuan mejor que cuando vienen muy mal dadas. Esa es una de las razones por las que el mercado debe flexibilizarse, porque si no lo hace cuando vienen mal dadas los empresarios no pueden bajar los salarios, y todo o casi todo el ajuste se hace en términos de empleo.

¿Cómo se calcula el dinero recibido por despido con la nueva reforma?

Si un trabajador cuenta con una antigüedad anterior a la entrada en vigencia de la ley, hasta entonces se le aplicará, en el caso del despido improcedente, los 45 días de indemnización por año trabajado. A partir de la entrada en vigor de la ley solo serán 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 meses. En el caso de despido procedente, cuando hay causas objetivas, como es el caso de las económicas, la indemnización se reduce a 20 días por año trabajado con 12 mensualidades como máximo. Las causas económicas son pérdidas de la empresa, pérdidas previstas o cuando la compañía sufra una caída persistente de ingresos durante al menos nueve meses consecutivos.

La reforma parece pensada para mercados laborales dinámicos donde el trabajador puede elegir al empleador. ¿No sucede lo contrario en España, no será un desastre?

Es demasiado pronto para conocer los efectos de la reforma laboral. En una sociedad donde hay más de cinco millones de desempleados, las posibilidades de que el trabajador pueda elegir empleador se reducen, pero con reforma laboral o sin ella. La filosofía de la reforma laboral, según el Gobierno, es dar mayor capacidad de adaptación a las empresas ante la crisis y evitar sus cierres. La desaparición de las empresas se lleva por delante no solo los puestos de trabajo, sino un tejido productivo difícil de reemplazar a corto plazo y, por lo tanto, también la posibilidad inmediata de conseguir nuevas ofertas de empleo. De cualquier manera, las mejores reformas laborales son aquellas que se hacen antes de la llegada de una crisis tan profunda como esta. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, si la actual reforma se hubiera elaborado antes, es posible que hubiéramos evitado un millón de parados. En Alemania el grueso de la reforma laboral se aprobó y se puso en marcha durante el anterior Gobierno socialdemócrata, antes de la llegada de la crisis financiera de 2008. La reforma laboral germana pivotaba sobre la adaptabilidad a la reducción de empleo, se fomentaban los expedientes de regulación de empleo y la reducción de las jornadas de trabajo antes que la extinción de los contratos. La ventaja es que el trabajador mantiene el empleo, aunque sea con menor horario y sueldo, no pierde el vínculo con la empresa y el empresario, en caso de necesitar más mano de obra por un aumento de producción, cuenta con trabajadores formados y experimentados a los que poder recurrir.

El problema empresarial en España. ¿Es la concepción de negocio (ganar a corto plazo a costa de todo)? No se piensa en el medio o largo plazo, algo que favorecería la estabilidad, el desarrollo y la competitividad. ¿No está olvidada esta filosofía empresarial en la reforma laboral?

Pensar que los empresarios están obsesionados con ganar dinero a corto plazo a costa de todo es una fantasía. Los empresarios no hacen eso, sino más bien lo contrario. El empresario se define porque arriesga recursos hoy con la esperanza de obtener un beneficio en el futuro, es decir, tiene que pensar en el medio o largo plazo por pura necesidad. Es más, si solo pensara en el corto plazo nunca sería un empresario porque lo normal es que en el corto plazo casi todas las empresas que nacen pierdan dinero. Y también lo hacen muchas en el plazo medio y largo, todo al revés que los trabajadores, como vimos al hablar del capital humano. Por lo tanto, la estabilidad, el desarrollo y la competitividad requieren, si no el apoyo a los empresarios, al menos que los gobernantes no los fastidien demasiado. Si se los deja en paz, buscarán su rentabilidad y al hacerlo beneficiarán al entorno, a los trabajadores, a los accionistas y a la sociedad. Las reformas laborales en teoría deberían ir destinadas a facilitar la labor de los empresarios, pero no siempre lo hacen, entre otras cosas porque pueden estar combinadas con subidas de impuestos y otras medidas contrarias a la prosperidad. Por cierto, el reproche a los empresarios por su falta de horizontes y por su obsesión por el corto plazo choca con la arrogancia de los políticos, que a menudo presumen de cuidar nuestro futuro a largo plazo cuando en realidad el único plazo que les preocupa es el que llega hasta las próximas elecciones.

¿Cómo va España a pagar la deuda privada más alta de la Unión Europea si los sueldos continúan bajando?

Es evidente que si los ingresos de las personas bajan sin cesar, entonces no serán capaces de pagar sus deudas, y en última instancia no podrán abonar las cuentas de sus gastos más elementales. Pero en este tema, como en tantos otros, hay que tener cuidado de no confundirnos cuando se habla de cosas privadas, porque a menudo no lo son, y a veces el grado de intervención pública en lo que supuestamente es privado resulta muy considerable. Pensemos en las dos variables económicas mencionadas en la pregunta: la deuda y los sueldos. Cuando se habla de deuda privada hay que recordar que la moneda y las finanzas están intervenidas, de tal modo que las autoridades pueden abaratar de forma artificial el crédito y dar lugar a una burbuja, subiendo el valor de algunos activos a toda velocidad, y engañando a los ciudadanos con la imagen de un paraíso totalmente irreal. Si el banco central rebaja los tipos de interés casi hasta cero, no se puede decir que el endeudamiento excesivo sea solo culpa de la gente. Además, la intervención pública es tan profunda en el dinero y las finanzas, que se sabe o al menos se sospecha que casi todos los bancos serán rescatados por los políticos con dinero de los ciudadanos si entran en dificultades. Al final, el papel del poder político y legislativo en estos asuntos es tan grande que no se puede hablar de un sector bancario privado. Algo parecido sucede con los sueldos, porque al hablar de sueldos bajos solemos olvidar el intervencionismo en el mercado de trabajo. Estamos acostumbrados a calcular en neto, a mirar en nuestra nómina solo el recuadro que indica lo que cobramos. Y en realidad esa suma neta ha sufrido importantes recortes en términos de impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y otras cargas.

¿La reforma laboral afecta a todos los trabajadores o solo a los que estén contratados en empresas privadas?

La reforma laboral afecta a todos los trabajadores incluidos a aquellos que trabajan en empresas públicas y también a los que prestan sus servicios en la Administración. La reforma laboral abre la vía, por ejemplo, del expediente de empleo de extinción para los empleados públicos, para los contratados laborales. Otra cosa son los funcionarios que se rigen por el estatuto de la función pública. En la Administración no se puede aducir pérdidas, como sucede en las empresas, en la extinción de contratos. Para la Administración, en este supuesto de causas económicas, la norma habla de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente durante tres meses consecutivos. El Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 2012 recoge el plan de reestructuración del sector público empresarial. En este documento se ordena de manera expresa a las sociedades de titularidad estatal a acogerse a la reforma laboral, que permite el despido del personal con una indemnización de 20 días por año trabajado cuando existan razones objetivas de índole económica.

¿Tiene carácter retroactivo?

De forma oficial no tiene carácter retroactivo pero sí que limita algunos de los derechos adquiridos como por ejemplo la indemnización de despido improcedente a 45 días por año trabajado. Aunque el contrato sea anterior a la reforma, la norma limita la acumulación de este tipo de indemnización hasta el día anterior a la entrada en vigor de la reforma. Con lo cual modifica situaciones contractuales de forma retroactiva, según algunos expertos laborales.

Los empresarios parecen los grandes beneficiados de la reforma laboral. Podrán despedir cuando rebajen sus ingresos, incluso sin tener pérdidas. ¿Quién vigilará que no se cometan abusos?

La idea de que la reforma laboral beneficia a los empresarios porque facilita el despido es equivocada. A los empresarios les interesa contratar, no despedir, porque ganan dinero contratando y no despidiendo. Lo que la reforma laboral en teoría facilita es que el empresario no tenga que cerrar la empresa si necesita hacer un ajuste laboral, y que en cambio pueda recortar salarios o plantilla pero con su empresa en marcha. Esto no es algo que beneficie solo a los empresarios, porque es evidente que si la empresa se mantiene abierta los trabajadores que continúen en ella resultarán beneficiados. Asimismo, prohibirle al empresario que despida cuando su negocio va bien, y facilitando el despido solo cuando hay crisis, no es algo que favorezca a los trabajadores, porque puede suceder que las empresas deban reajustarse también durante la expansión y, si se les dificulta el ajuste, se encuentren en peor posición para hacer frente a una crisis futura. En cuanto a los abusos, la ley y los tribunales vigilan que no se cometan en todos los campos, incluido sobre todo el mercado laboral. Y en todo caso, como ya hemos observado, no hay que olvidar que los despidos se han producido ya, porque la legislación anterior a la reforma no ha impedido ni los millones de nuevos parados ni los cientos de miles de empresas que han cerrado en los últimos años.

La mayoría de las empresas argumentan pérdidas y despiden por causas objetivas con 20 días trabajados que luego paga el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) con las correspondientes limitaciones que aplica. ¿Cuál es la novedad de la reforma laboral si ya se puede despedir por causas objetivas?

La anterior legislación ya recogía las causas objetivas para poder despedir de manera procedente con 20 días de indemnización por año trabajado, pero no eran claras. Primero había que demostrar ante un juez que la empresa se encontraba en pérdidas. En el segundo supuesto había que demostrar que había posibilidad de entrar en pérdidas en un futuro inmediato. Y aquí la compañía tenía más dificultades de poder probarlo ante un juez, con lo cual los trabajadores solían ganar en los pleitos laborales. Las empresas para evitar disputas judiciales interminables, con costes indeterminados, lo que hacían era recurrir al despido exprés. Este consistía en evitar al juez aceptando de entrada que era un despido improcedente y pagando la indemnización correspondiente, ya fuera de 45 o de 33 días por año trabajado, dependiendo del contrato. En el año 2011 dos de cada tres despidos se realizaron por el método exprés, sin pasar por el juez. Ahora, con la nueva norma, se establece otro supuesto de causa objetiva económica: nueve meses consecutivos de caída de ventas o de ingresos. Esta es una causa más fácil de demostrar por la compañía y que deja poco margen a la interpretación judicial. La ley quiere acabar con el despido exprés, mucho más caro. Todas las extinciones de contrato deben estar justificadas y pueden elevarse al juzgado. La experiencia de estos años ha demostrado que el encarecimiento del despido no ha evitado la sangría del paro.

¿Qué sucede si se trata de menos ganancias y no de pérdidas? ¿Se podrá despedir también por esa misma regla?

L as causas objetivas económicas de despido procedente son la existencia de pérdidas, la posibilidad de pérdidas y la caída persistente de ingresos. La ley dice que se entiende como caídas persistentes nueve meses consecutivos de descenso de ventas o ingresos. El despido procedente por estas causas lleva aparejada una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope máximo de una anualidad.

¿Por qué luchan tanto los sindicatos por el pago por despido? ¿No están para buscar trabajo?

Esa lucha tiene una doble explicación: las ideas equivocadas y los intereses creados. La idea de que si se encarece el despido se favorece al trabajador ya hemos visto que es equivocada, un verdadero caramelo envenenado, porque ese encarecimiento puede llevar a frenar la contratación. Sin embargo, los sindicatos siempre están, erre que erre, con el argumento de que si se rebaja el despido se daña a los trabajadores, cuando la realidad es que en otros países con despidos más fáciles y baratos el paro es muy bajo. Ahora bien, es verdad que los sindicatos siempre han cuidado de forma especial el sector de los trabajadores fijos, quizá porque de ellos depende su afiliación, aunque es bastante reducida. Así, les interesa que no disminuya el número de trabajadores fijos, porque allí pueden encontrar un respaldo mayor que el que cosechan entre los trabajadores con contrato temporal y un despido mucho más barato. En cuanto a lo de buscar trabajo, los sindicatos no están para eso, no son una agencia de colocación que facilita la búsqueda de empleo, ni son una empresa que crea puestos de trabajo, aunque las políticas que los sindicatos apoyan pueden ayudar a crear empleo o, como sucede por desgracia en muchos casos, a no crearlo o incluso a destruirlo.

Si la reforma laboral da el poder a las empresas en la organización y en la toma de decisiones sobre sus trabajadores, ¿tiene sentido afiliarse a un sindicato o a una patronal si las relaciones laborales van a ser bilaterales entre empleador y empleado?

Cuando se habla del poder en una empresa no quiere decir que el empresario pueda hacer lo que le venga en gana, porque estamos en un Estado de Derecho y los empresarios deben cumplir las leyes como todos los demás. Ahora bien, lo que sí quiere decir es que en un contrato de trabajo con obligaciones para el empleador también hay obligaciones para el empleado, como cumplir un horario y obedecer las órdenes de sus jefes. Esto es así porque una empresa es una organización jerárquica, donde se dan órdenes que deben ser obedecidas. Y ¿por qué? Porque una empresa no es una selva, donde nadie nos manda ni tampoco mandamos a nadie. Una empresa está presidida por un derecho primordial, que es la propiedad: los dueños de la empresa son los que mandan porque han puesto su dinero en ella, un dinero que, como vimos, pueden perder. Con lo cual es lógico que en las empresas los propietarios y los directivos que ellos designen ordenen las tareas de los trabajadores. Esto es compatible con la afiliación a un sindicato, que puede representar bien los intereses de los trabajadores que no deseen negociar siempre de manera directa con los empleadores. La reforma laboral no impone las relaciones bilaterales, aunque sí disminuye la fuerza de los convenios colectivos, de modo que en las empresas lo que importará en realidad será la situación concreta de cada una de ellas, y no la del conjunto del sector.

¿Por qué en España se apuesta más por recortar el déficit público que por crear empleo?

Los dos objetivos no son contradictorios. El recorte del déficit se debe a que los políticos aumentaron el gasto antes, y lo hicieron muy por encima de los ingresos públicos. Eso significa que aumenta el déficit, que a su vez hay que financiar aumentando la deuda pública. Llega un momento en que esa financiación es difícil porque la gente solo presta a Estados poco fiables si le aseguran a cambio unos tipos de interés elevados, o a veces directamente imposible, cuando la confianza se derrumba y no hay forma de que los Estados consigan que nadie les preste. Esa es, por tanto, la razón de los recortes del déficit: los políticos se comportaron de manera irresponsable, gastando mucho más de lo que tenían. Cuando llega la hora de los ajustes, se dice: «en vez de bajar el déficit hay que aumentar el empleo». Es verdad que un mayor empleo resulta muy beneficioso no solo para los ciudadanos sino también para los gobernantes, porque gastan menos dinero en el subsidio de paro, y a la vez aumentan los ingresos en concepto de impuestos y de cotizaciones sociales. Pero aumentar el empleo no significa renunciar a controlar el déficit; al contrario, ese control puede ser muy bueno para el empleo, si se limita a reducir el gasto público, empezando por acabar con el despilfarro de los políticos. Y al revés, si el déficit se dispara, su impacto sobre el crecimiento y el empleo puede ser muy negativo. Asimismo, el empleo puede verse beneficiado si el Gobierno facilita la labor de los empresarios en el mercado de trabajo.

¿Es cierto que sin reformas económicas un país no consigue colocar su deuda?

Como acabamos de señalar, la gente que presta su dinero tiene que tener alguna garantía de que se lo van a devolver. Si esa garantía no existe, entonces o bien la gente no presta o bien exige a cambio una rentabilidad muy alta. Por eso hay muchas personas dispuestas a invertir sus ahorros en deuda alemana, a pesar de que renta muy poco, y sin embargo al Estado griego casi no le presta nadie y ha de ser rescatado con dinero de los contribuyentes de otros países europeos. Las reformas económicas pueden contribuir a facilitar la colocación de deuda por un doble camino. Por un lado, el saneamiento de la Hacienda Pública garantiza a los inversores que el Estado no va a subir los impuestos para cuadrar sus cuentas, y que con sus ingresos puede hacer frente a sus obligaciones, en primer lugar el pago de la deuda pública. Por otro lado, si las reformas económicas consiguen quitar los obstáculos que frenan el desarrollo económico, la prosperidad estará garantizada y con ella el pago de los compromisos tanto de los ciudadanos y las empresas como de las Administraciones Públicas. Asimismo, si esas reformas incluyen el saneamiento del sector financiero y bancario, entonces las garantías serán aún mayores, porque se despejará la incógnita de si el Estado deberá utilizar dinero de los contribuyentes para rescatar a la banca. En consecuencia, no es casualidad que los gobernantes de todos los países, empezando por España, intenten las reformas en esos tres campos: la Hacienda, la economía y la banca.

¿Se puede despedir a alguien que sufra una enfermedad crónica?

Si se sufre una enfermedad crónica que impida trabajar entonces habrá una baja permanente tras pasar por un tribunal médico. Pero en esto de las enfermedades y el trabajo hay toda una casuística que puede ser casi infinita. Aunque sí puede haber despidos de trabajadores con enfermedades crónicas, incluso cuando están de baja médica.

¿Por qué es tan complicado crear una empresa en España?

Cuando los empresarios invierten deben pagar una serie de costes. Algunos son obvios e inevitables, y hacen la propia labor que van a desarrollar, como los salarios de los trabajadores que contraten, las materias primas que van a utilizar, los edificios que necesitan para su actividad, las comunicaciones, etc. Pero otros costes son establecidos por las autoridades, empezando por los impuestos y otros gravámenes, como las cotizaciones a la Seguridad Social, y terminando por muchas otras intervenciones en los mercados, mediante las cuales la Administración influye en el coste de crear una empresa y mantenerla, desde las regulaciones y normas laborales hasta el precio de la electricidad. Dentro de todos esos costes figuran los trámites necesarios para crear una empresa, un asunto que ha atraído bastante interés en las últimas décadas, y que se remonta al viejo lamento de los ciudadanos contra la irritante burocracia estatal, que no resolvía problemas sino que los creaba o demoraba con la clásica consigna de «vuelva usted mañana». Como, además de ser un incordio, esa burocracia tiene un efecto económico perjudicial, en la medida en que dificulta la creación de empresas, desde hace tiempo se hacen estudios nacionales y comparativos sobre cuántos días y cuánto dinero cuesta poner en marcha una empresa en términos de tramitaciones ante las diferentes administraciones. Hace tiempo, un economista peruano, Hernando de Soto, realizó una investigación práctica sobre esto y concluyó que crear una empresa en Perú sin sobornar al menos a un funcionario era ¡imposible! Pero el problema no depende solo de la honradez de los burócratas sino del hecho mismo de los trámites y regulaciones, razón por la cual los políticos de todo el mundo se han puesto en campaña para resolver esas complicaciones y lo cierto es que se ha avanzado en ese terreno, incluso en España donde el papeleo para crear una empresa se ha ido reduciendo, aunque todavía es bastante elevado. Estos avances son lógicos. Después de todo, debería ser fácil para los políticos resolver un problema que ellos mismos han creado.

¿Por qué una pequeña empresa que crece y fomenta el empleo no tiene facilidades crediticias? ¿No sería mejor facilitar préstamos antes que acometer una reforma laboral?

No hay que elegir entre una reforma laboral y unas mayores facilidades para los préstamos. Se trata de dos aspectos complementarios en la vida de las empresas. Una empresa que tuviera acceso al crédito pero que enfrentara costes altísimos para contratar o despedir estaría en mala situación, como le sucedería a otra empresa que pudiera contratar o despedir con costes asequibles pero a la que nadie prestara un euro. Pensándolo bien, la empresa que no pudiese contratar o despedir estaría bastante peor. Se ha hablado tanto de la necesidad de que fluya el crédito que hemos terminado por pensar que el crédito es fundamental y completamente imprescindible para que una empresa sobreviva y tenga éxito. Esto no es así. Lo más importante para que una empresa obtenga éxito es que el empresario tenga una idea buena e invierta correctamente el poco o mucho capital del que disponga para poner la empresa en marcha. Ese capital puede incluir el crédito pero no es imprescindible que lo contenga. De hecho, muchas pequeñas y medianas empresas, incluso algunas grandes empresas, nacieron con muy poco capital y crédito o, incluso, sin él. Y, al revés, si vemos las numerosas empresas que han quebrado y cerrado, comprobaremos que no lo hicieron porque no tuvieran crédito; a veces su quiebra se ha debido a que tuvieron demasiado crédito, a un precio demasiado bajo, y eso las llevó a invertir demasiado dinero en proyecto de inversión que al final se vio que no tenían futuro.

¿Por qué no se exige a las empresas públicas las mismas responsabilidades que a las privadas?

Porque en realidad las empresas públicas no son empresas, en el sentido de que no son creadas por ningún ciudadano o ningún grupo de ciudadanos que de forma libre deciden aportar capital para poner en marcha una actividad. En una empresa privada las responsabilidades están bien determinadas, y sus propietarios, así como reciben beneficios en proporción al capital que han invertido si el negocio marcha bien, pagan las consecuencias si marcha mal, e incluso pueden perder todo su capital, como ya hemos explicado. En las empresas públicas, en cambio, no hay capitalistas que inviertan voluntariamente, porque el dinero con el que se crean proviene de los impuestos de los ciudadanos, los mismos que son también forzados a hacer frente a las pérdidas de esas empresas, que suelen ser muy cuantiosas. En esto actúa una fuerza muy importante en economía, que son los incentivos. En efecto, por la cuenta que les trae, los empresarios privados, y también los directivos y todos los trabajadores, tienen incentivos para hacer bien las cosas. En las empresas públicas esto no sucede de forma tan clara, porque los costes y las pérdidas los pagan otros: al final los responsables de lo que suceda en las empresas públicas son los contribuyentes. De ahí que esas empresas no sean muy eficientes y también el peso que tienen en ellas los políticos y los sindicatos, que se benefician de ellas cuando todo va bien pero no afrontan costes y responsabilidades en caso contrario. Dicho esto, sin embargo, hay que notar que la línea divisoria entre lo público y lo privado no es tajante porque, dado el gran intervencionismo que ejercen las Administraciones Públicas, y el cúmulo de sus regulaciones, hay una amplia zona gris donde empresas llamadas privadas están en realidad muy vigiladas y controladas por las autoridades. Pensemos en sectores tan importantes como la banca o la energía. Entonces, aunque las empresas públicas tienen responsabilidades, en el sentido de que no pueden hacer cualquier cosa sin que a sus directivos o a las autoridades les pase nada, lo cierto es que son capaces de eludir buena parte de esas responsabilidades, lo que además contrasta con el hecho de que el llamado sector privado está supervisado por esas mismas autoridades. Un economista español, Lucas Beltrán, dijo irónicamente en una ocasión: «se llama sector privado a lo que es controlado por el sector público, y se llama sector público a lo que no es controlado por nadie».

Al ritmo actual todo lo fabricarán los chinos. ¿No sería mucho más razonable que el Estado aprobara leyes para proteger nuestra producción frente a las importaciones?

El más antiguo temor económico es el miedo a la competencia y, en particular, a la competencia exterior. Ese miedo deriva del error de pensar que en el comercio solo gana una de las partes, que suele ser la parte vendedora. Esto quizá tenga que ver con que pensamos que quien se queda con dinero gana más que quien se queda con una cosa. Pero es un absurdo, en todo contrato voluntario ganan las dos partes, porque en caso contrario no lo aceptarían. Si los chinos exportan ahora mucho es porque hay muchas personas fuera de China interesadas en importar productos chinos. Tanto los exportadores como los importadores se benefician, ya que si no fuera así no intercambiarían. ¿Por qué el miedo, pues? Por dos razones: a) porque la competencia causa daño a los empresarios no competitivos, de hecho puede llevarlos al cierre o a la quiebra; b) por el vértigo ante el vacío puesto que si los chinos lo fabrican todo ¿qué haremos los demás? La primera razón está equivocada porque el hecho de que una empresa cierre no es de por sí malo, todos los días cierran empresas y se abren otras nuevas. Lo malo es mantener de forma artificial empresas no competitivas, algo que, por cierto, solo puede lograrse si esas empresas convencen al Gobierno para que obligue a los ciudadanos a pagar sus elevados costes. La segunda razón también es cuestionable: es imposible que en un país se fabrique todo y que en los demás no se fabrique nada. De hecho, si eso fuera así, significaría que los chinos tendrían todas las cosas para vender y los demás tendríamos el dinero necesario para comprarlas, lo que no estaría mal. La verdad es que las producciones van cambiando y los países se van especializando en actividades diversas, a menudo de manera asombrosa. La mayoría de los economistas aseguraban hace 30 años que el textil no tenía ningún futuro en España y sobre todo no lo tenía en Galicia ¡y estaba naciendo nada menos que Zara! No es cierto que la competencia represente la destrucción de todo; más bien, como decía el economista austríaco J. A. Schumpeter, representa la destrucción creativa, donde hay actividades que nacen y otras que mueren en un proceso en el que, si hay competencia, la suerte del conjunto mejora. No es cierto que si un sector protegido se liberaliza, entonces desaparece. Lo que hace es cambiar, y a mejor, pero rara vez desaparece por completo. Por último, cuando se habla de que hay que proteger artificialmente nuestra producción de cualquier cosa, nunca se piensa que el dinero con el que el Gobierno financia esa protección también es nuestro.

¿Es una buena idea reformar los horarios laborales y hacer jornadas continuas?

A menudo se sostiene que los horarios en España son irracionales, que tenemos jornadas laborales muy largas o repartidas de forma absurda, con demasiado tiempo para comer, etc. Se nos compara con la mayoría de los demás países, que tienen jornadas continuas, destinan poco tiempo al almuerzo y terminan bastante temprano por la tarde, el famoso horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A primera vista, parecería lógico imponer ese horario y acabar con las jornadas tan prolongadas: la gente trabajaría las mismas horas pero con una productividad mayor porque no se cansaría tanto, tendría más tiempo para la familia o para practicar deporte, etc. Pero también hay que tener en cuenta los usos y las costumbres, y en última instancia los deseos de la gente. Asimismo, no hay que olvidar que, sin necesidad de leyes y reglamentos, la jornada continua se ha ido extendiendo en nuestro país en las empresas privadas, por no hablar del sector público. Es posible que la mejor solución sea dejar que los trabajadores, individualmente o con los comités de empresa o los sindicatos que ellos elijan, negocien con sus empleadores la jornada laboral, algo que muchos en la práctica ya hacen.

¿Sería acertado eliminar el salario mínimo?

En principio no parece una buena idea. El salario mínimo es una importante conquista social que tiene más de un siglo de existencia, y se aplica en todo el mundo. Su razón de ser es proteger al trabajador e impedir que sea explotado por el empresario. Fijando una retribución mínima por ley, el Estado impide esa explotación, sobre todo en el caso de los que tienden a cobrar menos, que son los jóvenes y los trabajadores no cualificados. No tiene en principio ninguna lógica privar al trabajador de esa protección. Pero en economía las cosas no siempre son lo que parecen, de hecho pueden ser mucho más complicadas. Ya hemos visto que el encarecimiento del despido, por ejemplo, no ha impedido que millones de personas hayan sido despedidas en esta última crisis. En este caso cabe preguntarse: ¿puede el Estado fijar el salario mínimo que él quiera o que le parezca justo? No está claro que pueda. Los salarios tienen que estar más o menos en línea con la productividad del trabajador. Si una empresa paga a sus empleados por encima de su productividad, es muy probable que quiebre; y si les paga muy por debajo, se quedará sin empleados, que se marcharán porque no les será difícil encontrar otro sitio donde les paguen más.

Lo mismo vale para el salario mínimo. Si el Gobierno lo fija por debajo de la productividad, resulta inútil, porque los trabajadores por su cuenta ya cobrarán más que el mínimo; y si lo fija por encima puede estar fomentando el desempleo, porque los empresarios preferirán pagar ese salario mínimo a un trabajador más productivo, con lo cual se estaría perjudicando a los colectivos más débiles que se pretende proteger. Los Estados saben esto, y por eso lo habitual es que fijen el salario mínimo a un nivel reducido.

Pero muchos salarios no están sujetos a la productividad sino al Estado (empresas públicas, pensionistas, parados).

Esto es cierto, y complica el análisis que hacíamos en la respuesta anterior, que vale solo para el sector privado. En las Administraciones Públicas la situación es diferente, y no olvidemos que representan un gran porcentaje del conjunto de nuestra economía. En efecto, allí hay que matizar los criterios de productividad, porque las retribuciones de los empleados y funcionarios públicos, como la de los pensionistas y los parados, no son fijadas por ningún criterio objetivo, sino por consideraciones de carácter político. Esto tiene muchas consecuencias y no todas positivas. Por ejemplo, las pensiones, al no depender de una capitalización del ahorro individual (como sucede con las pensiones privadas), pueden disminuir con el tiempo, o aumentar las mínimas y disminuir las máximas, que es lo que ha sucedido en España. Otro tanto cabe decir sobre el seguro de desempleo, cuyo montante tampoco depende del ahorro que el trabajador realice libremente para prever esta circunstancia, y sobre el sueldo de los funcionarios, que puede ser recortado por decisiones políticas tal y como ha sucedido recientemente.

Antes que bajar los sueldos, ¿no es mejor bajar las cotizaciones sociales, dejar de dar pensiones no contributivas o pagar bajas laborales cuando no lo sean?

Una de las reclamaciones de varios institutos de análisis económico fue precisamente la rebaja de las cotizaciones sociales, lo que la empresa paga a la Seguridad Social por el trabajador. Consideran que en España la cotización social, que no deja de ser un impuesto para pagar las pensiones, es más alta que en el resto de Europa y esto dificulta la competitividad de las empresas españolas. No olvidemos que de cada 100 euros de nuestro sueldo bruto 37,8 los paga la empresa al Estado de media. En cuanto a las bajas laborales fraudulentas como cualquier fraude hay que perseguirlo; en la reforma laboral se da más poder a las mutuas para esta función.

¿Es legal bajar el sueldo de forma unilateral al personal laboral del Estado aunque se tenga convenio colectivo en vigor?

La norma laboral recoge, en el artículo 41, las materias que pueden ser objeto de modificación sustancial, como la jornada laboral, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, los turnos, el sistema de trabajo, el rendimiento y el sistema de remuneración. Todo esto ya existía en la anterior legislación. La novedad es que se incluye por primera vez, como materia susceptible de modificación, la cuantía salarial, es decir, la reducción de salarios. Antes, cualquier modificación de las condiciones de trabajo debía ser colectiva, ahora no es necesario, puede ser unilateral por parte del empresario cuando afecten como máximo a 10 trabajadores en empresas menores de 100, y al 10% del número de trabajadores en aquellas compañías con una plantilla entre 100 y 300 empleados. Y cuando sean más de 300 trabajadores, a partir de 30 trabajadores no se podrán realizar modificaciones unilaterales, deberán ser objeto de negociación colectiva. Nunca se podrá bajar la cuantía por debajo de lo que estipule el convenio colectivo en vigor o del salario mínimo interprofesional. En cuanto a los funcionarios, estos se rigen por el Estatuto de la Función Pública, el anterior Gobierno ya les bajó el sueldo y el actual se lo ha congelado. Además, ha aumentado para los empleados públicos la jornada laboral semanal a 37,5 horas. En la reforma laboral, en la disposición segunda, se recoge la cláusula de falta de disponibilidad presupuestaria para que las Administraciones puedan llevar a cabo reducciones de plantilla entre el personal contratado. En la solicitud de reestructuración pública el Gobierno ha preguntado a los ayuntamientos si van a reducir o despedir cargos de confianza, entre otras cuestiones laborales. Algunos municipios han presentado ya expedientes de regulación de empleo y varias comunidades autónomas han aprobado leyes que establecen modificaciones en las condiciones de trabajo de sus empleados ante las dificultades financieras por las que atraviesan.

Hay un término que se usa mucho en esta crisis: salarios flexibles. ¿En qué consiste?

Consiste en que los salarios se ajusten mejor a las condiciones del mercado, y el objetivo es evitar en todo lo posible que las circunstancias adversas se traduzcan sobre todo en un aumento del paro. Así, se trataría de que las empresas, al enfrentar una crisis tan grave como la actual, tengan siempre alternativas mejores para los trabajadores que el despido. Si en condiciones críticas tuvieran menos dificultades para reducir los salarios o los costes laborales en general (reduciendo la jornada, por ejemplo) las empresas podrían mantener las plantillas o recortarlas mucho menos que si se les impidiera hacerlo.

Mientras que la mayoría de los trabajadores españoles son mileuristas, el presidente de Inditex, Pablo Isla, ha cobrado 20 millones de euros. ¿Cómo es posible que existan esas diferencias de sueldos tan escandalosas?

Las diferencias son enormes, pero también hay bastante confusión sobre ellas. Ante todo no están relacionadas unas cosas con las otras: no es que una persona gane 1.000 euros porque otra persona gane 1.000.000. Además, Inditex es una empresa privada, tiene propietarios que si deciden pagar muy bien a sus directivos lo hacen de manera libre y con su dinero, y no porque sean tontos, sino porque los mejores ejecutivos, la gente que es capaz de manejar nada menos que una gran empresa multinacional como Inditex, son tan escasos como los futbolistas que marcan muchos goles, y también cobran sumas millonarias. Un asunto importante es el mercado donde están las empresas. En efecto, los ejecutivos que ganan fortunas en la banca o las eléctricas, por ejemplo, están en sectores muy intervenidos y regulados. Allí sí que podríamos argumentar que el sueldo que cobran es objetable porque no depende solo de las condiciones del mercado libre sino de la regulación. Pero Inditex funciona libremente en una actividad no solo privada sino además no regulada y muy competitiva. Sus beneficios no los marca ningún Gobierno ni ningún Parlamento. No hay nada que objetar si sus dueños o accionistas aprueban una escala de remuneraciones que comporta sueldos muy elevados para los altos directivos. Por cierto, estos directivos cobran sumas jugosas pero transparentes, y pagan muchos impuestos. Los impuestos, y en general la acción de los políticos, también tienen que ver con el otro lado de la cuestión: ¿por qué hay tantos mileuristas? Si miramos lo que a la empresa le cuesta un trabajador mileurista, veremos que la empresa paga por contratarlo mucho más de lo que el trabajador se embolsa todos los meses: ahí están los impuestos, las cotizaciones a la Seguridad Social y otras cargas y regulaciones. Asimismo, si miramos lo que le cuesta vivir al trabajador, veremos que en muchas de las cosas que paga, desde la luz hasta el tabaco, pasando por la vivienda y la gasolina, esos precios no son los precios del mercado sino que están distorsionados, y a veces muy incrementados, por la acción de los políticos.

¿Por qué hay que destruir empleo para crear empleo?

No hay que destruir empleo. Solo en una sociedad estancada la gente seguiría haciendo lo mismo y de la misma forma durante siglos y siglos. En el mundo real, gracias a Dios, las cosas no son así, porque el progreso técnico y la competencia hacen que las cosas producidas y demandadas sean diferentes y mejores, lo que contribuye al crecimiento de la economía y la prosperidad de todos. Pero el progreso no puede tener lugar sin que algunas actividades sean recortadas o suprimidas. Cuando se nos dice que el Estado debe intervenir para impedir que desaparezcan sectores denominados estratégicos hay que pensar en el coste que eso representa, en términos de dinero y de avance social. ¡Imaginemos el desastre que habría representado para la humanidad si los productores de diligencias hubiesen conseguido que las autoridades prohibiesen la fabricación de trenes o automóviles! Hemos hablado antes de la destrucción creativa: el reemplazo de los coches de caballos por los modernos medios de transporte destruyó muchas empresas y puestos de trabajo que se habían dedicado a producir esos coches y a criar y cuidar de los caballos que los tiraban, pero fue una destrucción claramente creativa que dio lugar a un mundo no solo mejor en comodidades, sino también en riqueza y, aunque parezca asombroso, en empleo. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX hubo un movimiento de los llamados luditas, grupos violentos que se dedicaban a destrozar las máquinas, a las que responsabilizaban del aumento del paro. Pero la tecnología no ha hecho más que progresar, y si ha ido destruyendo puestos de trabajo en los sectores que quedaban atrás, ha creado muchos más empleos en las nuevas actividades. El balance ha sido positivo. Otra cosa, claro está, es que se diga que el empleo es destruido por las malas políticas de los gobernantes, en ese caso sí podemos decir que es una destrucción mala e innecesaria.

¿Sería posible que un parado que cobra el subsidio por desempleo trabajara unas horas para su ayuntamiento?

A esto se le llama trabajo social. La nueva norma dice que los ayuntamientos podrán reclamar trabajadores que estén cobrando prestaciones por desempleo para labores sociales muy específicas. Esta figura ya existe en Europa con remuneraciones simbólicas de apenas un euro diario y, por supuesto, la prestación por desempleo. Hay críticos de esta fórmula que consideran que su extensión más allá de labores sociales muy específicas puede acarrear más paro al desplazar a los trabajadores de esas actividades.

¿Por qué un ciudadano ha de cotizar 35 o 40 años para percibir una jubilación, a los diputados o senadores les vale con 7 y a los miembros del Gobierno solo con tomar posesión del cargo?

La respuesta es porque pueden hacerlo, y los ciudadanos no. Y como pueden hacerlo, van y lo hacen. La historia de los privilegios debidos al poder es tan antigua como el poder mismo. Es verdad que esos privilegios no son iguales de forma constante, porque los políticos no pueden permanecer siempre al margen de la opinión desfavorable de los ciudadanos. Por eso, de cuando en cuando, esos privilegios se van recortando o más bien van siendo sustituidos por otros. No está claro que esos privilegios puedan ser suprimidos del todo, salvo quizá que el poder de los gobernantes sea mucho menor que el actual.

¿Por qué un empresario con pérdidas ha de indemnizar a un empleado si lo despide? Cuando un cliente deja de trabajar con una empresa nadie le da una indemnización.

Porque existe una legislación laboral específica que cubre esa clase de contratos. Hay que tener en cuenta lo que comentamos a propósito de la reforma laboral, porque uno de sus objetivos es abaratar el despido en los casos de pérdidas en las empresas. Las indemnizaciones, además, no son exclusivas del mundo laboral, sino que se extienden a muchas otras relaciones contractuales, donde las partes las pactan libremente. Los clientes de una empresa pueden tener un contrato con ella o no. En este último caso, la interrupción de la relación no da lugar a indemnización alguna.

¿Por qué además de indemnización por despido se cobra el paro? ¿No sería más consecuente la elección de una de las dos modalidades?

Son dos mecanismos distintos destinados a proteger al trabajador. En ambos casos esa protección puede ser ilusoria o tener efectos nocivos. Si es muy elevada, la indemnización por despido puede desanimar la contratación o llevar a la empresa a la ruina. El seguro de desempleo, por su parte, es a primera vista bueno para el que lo cobra porque le brinda una indudable tranquilidad, pero es malo para el conjunto de contribuyentes y cotizantes, que lo financian, e incluso puede serlo para el propio trabajador, si lo impulsa a no buscar un nuevo empleo hasta que se le agote la prestación, lo que parece que sucede en la práctica. Este retraso conlleva el riesgo de que el trabajador se descapitalice en lo más importante que tiene para conseguir un empleo: su capital humano. Por fin, recordemos que tanto la indemnización por despido como el seguro de paro no son debidos a la libre negociación entre trabajador y empresario (como sucede en el caso de las indemnizaciones de los ejecutivos), ni a la libre decisión del trabajador que, probablemente, si no existiese el seguro ahorraría previendo la eventualidad de su despido. En ambos casos se trata de decisiones políticas o legislativas impuestas desde arriba.

¿Qué ocurre con el absentismo laboral? ¿Hay modificaciones para reducirlo?

El absentismo es uno de los problemas más relevantes del sistema laboral español, según las organizaciones empresariales. Estas afirman que cada día en España deja de acudir al trabajo alrededor de 1.000.000 de trabajadores, de los cuales, 400.000 son habituales o profesionales, como denuncia la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Los sindicatos rechazan estas cifras por exageradas pero sí reconocen que hay que luchar contra el alto absentismo. Una práctica que incrementa los costes laborales de las empresas y también supone un fraude para el Estado, una pérdida de eficiencia del sistema económico y una discriminación para los empleados que acuden todos los días a su puesto de trabajo. La nueva legislación ha entrado de lleno en esta cuestión. Hasta ahora para establecer el absentismo de un trabajador se vinculaba con el registrado en toda la plantilla del centro de trabajo. Con la reforma laboral la responsabilidad del absentismo es individual y directa sobre cada trabajador, no se relaciona con lo que hagan sus compañeros. Se podrá despedir al trabajador que falte de forma intermitente el 20% de su jornada en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos durante un año.

¿Podemos perder el empleo por razones de movilidad geográfica?

Sí. La ley indica que las causas del traslado están relacionadas con la competitividad, la productividad o la organización técnica y del trabajo de la empresa. En caso de movilidad geográfica, el traslado a otra localidad, provincia o región, debe darse un preaviso de 30 días por parte del empresario. Se elimina la posibilidad de paralizar, durante seis meses el traslado por parte de la autoridad laboral, como ocurría antes. El trabajador, cuando no esté de acuerdo con este traslado, puede exigir la extinción laboral. Será considerado despido procedente con una indemnización de 20 días por año trabajado.

En Europa muchos proponen reducir la jornada para combatir el paro. ¿Es la solución?

No es ninguna solución, y puede terminar agravando el problema. La idea de que si trabajamos menos horas podremos trabajar más personas, y así resolver el problema del desempleo es una vieja falacia, que se utiliza en muchos otros casos, y que sostiene que las cosas están dadas de antemano. Así, el empleo sería como una tarta, que está allí y que podemos repartir como queramos, en trozos grandes o pequeños. Obviamente, si los trozos son pequeños, entonces tocaremos a más. La falacia es que el empleo no es una tarta, porque es una realidad mucho más variada y compleja, y no se puede repartir, porque cambia, puede aumentar y disminuir, y en ese aumento o disminución puede actuar el Gobierno desde fuera, y hacerlo mal. Por ejemplo, si reduce la jornada laboral por la fuerza puede impedir que las empresas y los trabajadores se ajusten a las posibilidades de su productividad máxima; si la productividad disminuye puede bajar la riqueza, el ahorro, el capital y la inversión, y al final el conjunto del empleo disminuye también. Ninguna fórmula artificial de reducción de jornada ha funcionado para crear puestos de trabajo: los franceses la probaron hace poco, con las 35 horas semanales, y fue un fracaso. Ahora bien, otra cosa muy diferente es que la jornada se reduzca por incremento de la productividad y por la negociación entre empleadores y empleados. Que es lo que se ha llevado a la práctica muchas veces en la realidad.

¿Ganan las mujeres menos que los hombres?

Sí. Las mujeres ganan un 16,1% menos que los hombres en España, según datos del Parlamento Europeo, a febrero de 2012. La diferencia media en la Unión Europea es del 17%, ha bajado tres puntos respecto a 2010. Sin embargo, y aunque parezca paradójico, esto no quiere decir que estén discriminadas. La distinción es muy importante porque todo el gran movimiento político dirigido a luchar contra la desigualdad se apoya en la idea de la discriminación, idea que se centra no en el hecho de que las mujeres tienen un salario medio inferior a los hombres sino en que cobran menos por hacer el mismo trabajo. Esto último, que se repite sin cesar y que de ser cierto sería una discriminación, en realidad no puede ser verídico. Si las mujeres cobraran un 17% menos que los hombres por hacer lo mismo, entonces no habría paro femenino: los empresarios contratarían a todas las mujeres disponibles; después de todo, una plantilla exclusivamente femenina produciría lo mismo que una masculina a un coste un 17% menor. Pero entonces, si esto no es así, si las mujeres no están discriminadas, ¿por qué cobran menos?, o ¿por qué no están sentadas en los Consejos de Administración igual que los hombres? Una posible explicación es que eso es algo que sucederá con el tiempo. En efecto, las mujeres se han incorporado de manera masiva al mercado de trabajo hace poco tiempo. Apenas medio siglo atrás, no era frecuente que las mujeres estudiaran en la universidad, ahora las chicas están a la par que los chicos, y a veces los superan, pero esto quiere decir que las mujeres que hoy están en la madurez profesional con titulaciones universitarias son menos numerosas que los hombres, y por eso tenderán a cobrar menos, pero no por ser discriminadas. Dentro de poco esa diferencia tenderá a disminuir: en países como Polonia la brecha salarial es ya de solo el 2%. ¿Podrá desaparecer? No lo sabemos, pero es posible que no. La razón tampoco tiene que ver con la discriminación sino con las preferencias de las propias mujeres. Aunque el reparto de tareas en el hogar es hoy más igualitario que antes, es posible que las mujeres tiendan a preferir más tiempo para estar con sus hijos en casa antes que más salario y menos tiempo para la familia. Eso explicaría un fenómeno que se da en muchos países, incluso en países que llevan años practicando políticas de igualdad, como los nórdicos: y es que las mujeres manifiestan una clara predilección por el sector público antes que por el privado, las nuevas camadas de oposiciones en casi todos los cuerpos de la Administración incluyen un número creciente de mujeres, superando a menudo al de los hombres. La Administración, en efecto, además de brindar seguridad en el empleo, tiene jornadas laborales más cortas que el sector privado. Pero también paga menos.

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Seguros

VIDA

¿Para qué sirve un seguro de vida? ¿A partir de qué edad conviene asegurarse?

El objetivo de un seguro de vida es servir como forma de ingreso para los herederos de una persona tras su fallecimiento. Este seguro de vida dará ingresos a los beneficiarios, sustituyendo así los que antes aportaba la persona. La cantidad del seguro dependerá de las aportaciones, normalmente mensuales, que haya ido pagando a la compañía de seguros elegida. Cuanto más tiempo y más cantidad haya estado pagando, mayor póliza y cobro quedará para los beneficiarios. Si la persona empieza a asegurarse a los 35 años, puede mantener el seguro de por vida a un precio atractivo u optar por una póliza que otorgue un ahorro con ganancias para asegurar una buena calidad de vida también durante la jubilación. Sería recomendable contratarlo a partir de los 35 años. Hay que recordar que pasados los 60 o 65 algunas compañías no lo realizan. Este seguro puede ser utilizado para pagar el saldo de la hipoteca u otras deudas existentes en el momento de la muerte, contar con fondos para la educación de los hijos, pagar los impuestos de sucesión sin que los herederos se vean en la necesidad de vender activos o pagar los gastos del sepelio, si no se tiene contratado un seguro de deceso y entierro.

¿Qué prestaciones económicas tiene un seguro de vida o de invalidez?

En un contrato de seguro de vida el asegurador se obliga, previo cobro de una prima, al abono de unas cantidades. En lo que se refiere a seguros de invalidez, se trata de aquellos en los que la prestación se satisface por la situación de invalidez del asegurado, ya sea como consecuencia de la cobertura de un riesgo complementario en un seguro de vida o por la cobertura de un riesgo autónomo en un seguro de accidentes o enfermedad. Las prestaciones de un contrato de seguro pueden ser objeto de diferentes impuestos. Cuando el tomador del seguro no es la misma persona que el beneficiario, la tributación corresponde al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Cuando el tomador del seguro es la misma persona que el beneficiario, la tributación corresponde al IRPF. Si uno recibe la cantidad de un seguro de vida en dinero, se considera, para Hacienda, como un rendimiento de capital mobiliario que se integrará en la base imponible del ahorro, tributando los primeros 6.000 euros al 19% y a partir de 6.000 euros al 21%. El importe del rendimiento será la diferencia entre el capital percibido y la totalidad de las primas satisfechas. La aseguradora ya practica una retención del 19% sobre el rendimiento. El rendimiento generado por la prima no paga impuestos.

¿Se exige reconocimiento médico para estos seguros?

En general dependerá de la edad de la persona que va a contratar la póliza, de la cantidad a asegurar y de la política de la compañía de seguros. Si contratamos la póliza a través de un agente de seguros que ya nos conoce, con el que tenemos contratados otros seguros, como el de hogar, puede que con contestar un cuestionario sea suficiente. Lo normal es que la empresa aseguradora exija una revisión médica para asegurarse de que no padecemos una enfermedad que nos pueda producir la muerte, invalidez o lesiones irreversibles a corto o medio plazo —los gastos médicos del control serán a cargo de la compañía aseguradora—. Si hay que rellenar un cuestionario, se debe contestar con veracidad: la aseguradora comprobará siempre las respuestas con el historial médico y, en caso de que la persona mienta, la compañía de seguros podrá negarse a pagar la indemnización correspondiente en el momento de su fallecimiento.

VEHÍCULOS

¿Qué es lo mínimo que se debe asegurar en un vehículo?

El seguro de responsabilidad civil obligatoria está destinado a cubrir los daños que podamos ocasionar a terceros como conductores de nuestro vehículo. Es equivalente a un seguro de coches a terceros, el mínimo y obligatorio que es posible contratar para circular de manera segura. No disponer de este seguro supone la inmovilización del vehículo y la multa correspondiente. Al contratarlo la compañía se hace cargo de los daños que se producen a terceros, es decir, los que provocamos a los demás cuando la culpa del siniestro es nuestra. Daños materiales a las cosas y los animales. Por ejemplo, los daños causados a otro coche, una farola, un escaparate, el perro del vecino, etc.; daños físicos a las personas, en el caso de atropellar a un peatón.

Los daños tienen un límite impuesto por ley tanto para daños corporales como para daños en los bienes, con independencia del número de vehículos o bienes afectados. Hay que tener en cuenta que en ningún caso cubre los daños propios del vehículo. A partir del 1 de enero de 2008 por cada siniestro que suceda, y cuando el propio usuario sea culpable, lo máximo que cubre la compañía por daños corporales es hasta 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas. Y por daños en los bienes hasta 15 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de vehículos o bienes afectados. Para evitar la picaresca, la ley contempla una situación en la cual el seguro de responsabilidad civil obligatoria no cubre ciertos daños a terceros como son los daños a los bienes cuyos titulares son el propietario, tomador o conductor del seguro, sus cónyuges o familiares de estos hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Es decir que si atropella usted a un primo, choca con el coche de su padre o se empotra en la vivienda de su hermana, no está cubierto.

¿Qué es contratar un seguro a terceros ampliado?

Es el seguro calificado como intermedio entre el básico y el más completo, el de todo riesgo. Incluye, además de todo lo que la compañía considere digno de componer un seguro a terceros, los casos de incendio, robo y rotura de lunas. Estos son los tres casos más habituales, sobre todo rotura de lunas o robo, que puede afectar la vida útil del vehículo. Eso sí, dependiendo de la compañía aseguradora se incluirán otras coberturas, como el vehículo de sustitución, defensa jurídica, etc. En el caso de las lunas, este tipo de seguros cubrirá la rotura del parabrisas, la luneta trasera y las ventanillas laterales. A veces, incluso, entrará también el techo solar. Si hay un incendio y el coche queda siniestro total, lo habitual es que durante los dos primeros años de vida del coche se devuelva el 100% del importe. Si es más viejo se pagará el valor venal o el llamado venal mejorado. El valor venal es la indemnización por la tasación de venta en el momento del siniestro. Es decir, el dinero que obtendría usted en caso de vender su coche en el momento del percance. Esta tasación se hace en función de unos baremos que respetan las características y antigüedad de su coche y no incluyen los procesos de reparación del coche siniestrado. No es lo habitual, pero hay pólizas que pagan el valor venal del coche desde el primer día. Lo más habitual es que durante los dos primeros años de vida del automóvil las compañías indemnicen por el valor de nuevo, el tercer y cuarto año por un valor venal mejorado, incrementado en un 30%, y a partir del quinto solo por el valor venal de su coche. Pero depende de la compañía. Si el incendio es parcial y ha habido algunas partes dañadas, se pagará por esas partes concretas. Y el último de los tres casos que suelen cubrir estos seguros es el de robo. Hay que diferenciar entre robo y hurto. El primero considera que ha habido fuerza y el segundo no. Algunas pólizas cubren ambos supuestos y otras solo los robos. También es normal cubrir en estos casos los daños ocasionados en caso de intento de robo.

¿Qué incluye un seguro a todo riesgo?

Todas las pólizas de coches son una suma de coberturas, o lo que se llama pólizas combinadas, que podrán adaptarse a las necesidades del asegurado. Si incluimos todas las posibilidades que nos ofrece la aseguradora sería una póliza de seguro a todo riesgo. Puede incluir la cobertura a los ocupantes de vehículos. De esta manera se aseguraría una cobertura en caso de fallecimiento, invalidez o lesiones a raíz de un siniestro durante la circulación del vehículo. Incluye los gastos sanitarios, hospitalarios y traslados de ambulancia, tanto en España como en el extranjero. Estas modalidades ya dependen de la compañía. Cubre los daños propios del vehículo hasta los límites fijados en la póliza y puede cubrir la totalidad de los daños o por sistema de franquicia, donde, por ejemplo, los primeros 200 o 300 euros los paga el asegurado y el resto la compañía. Esta cobertura también contempla el traslado del vehículo al taller de reparaciones. Y aquí se ofrecen hasta noches de hotel si no es posible el traslado en el día al domicilio, cuando se está de viaje. Como en el caso del seguro a terceros ampliado se cubre robo, incendio y rotura de lunas. Y además, todas las coberturas complementarias: defensa en multas, defensa jurídica para evitar la retirada de carnet, préstamos de reparaciones, vehículo de sustitución, etc., tanto en España como si estamos de viaje por países de la Unión Europea. Ante la fuerte competencia del sector ahora, mediante el sistema de bonos bueno/malo, si no se dan partes con culpa del tomador del seguro se llega a bonificar hasta un 50%. Varias compañías, además, ofrecen pintar el vehículo a los cuatro o cinco años. Las compañías se esfuerzan por ser competitivas en el precio, y sobre todo, ofrecer algo más que sus competidoras. Porque a la hora de renovar, usted puede irse a la compañía de seguros que desee.

Si se viaja al extranjero, ¿hay que contratar otro seguro de coche?

No hay por qué cambiar o contratar un nuevo seguro. Si viaja al extranjero con un vehículo es preciso que tenga en cuenta el país de destino y los países que atravesará. Conviene mirar la póliza o consultar con la compañía para comprobar si todas las coberturas tienen validez o no, si alguna va a ser cambiada, o si es preciso pagar un suplemento. El seguro de responsabilidad civil obligatoria, el seguro a terceros básico, tiene validez en todos los países de la Unión Europea y en los países pertenecientes al Convenio Multilateral de Garantía, que es un convenio firmado para dar mayor cobertura y seguridad al cliente en sus desplazamientos fuera de nuestro país. En cuanto a las coberturas voluntarias, cada compañía decide si las ofrece o no; y, en caso de ofrecerlas, si van a tener vigencia fuera de nuestro país. Normalmente, las aseguradoras dan cobertura en todo el ámbito de la Unión Europea y en algunos otros países cercanos como Marruecos o Túnez.

Si un vehículo ha sido adquirido en otro país, ¿puede asegurarse en España?

Solo se pueden asegurar en España vehículos con matrícula española. Aunque hay una Unión Europea, aunque hay libertad de movimiento de bienes y personas, no se permite asegurar un vehículo comprado en el exterior. Por temas fiscales, que no de tráfico, se dispone de un mes para realizar el cambio de la placa de matrícula a la española desde que se fija la residencia habitual en España. Entre papeleos y trámites, ITV e impuestos varios, la homologación de un vehículo importado puede costar 1.500 euros.

HOGAR

¿Por qué es conveniente contratar un seguro de hogar?

Porque nos cubre ante cualquier desperfecto o contingencia cuya reparación afecte tanto a nuestra vivienda como a las colindantes. En España, por ley, el propietario de una vivienda está obligado a contratar un seguro mínimo de hogar por lo que pueda ocurrir y afectar a los vecinos o demás personas que también vivan en el edificio. Al igual que los pisos en propiedad, los pisos en alquiler están también obligados a contratar un seguro de hogar mínimo que cubra las necesidades y los desperfectos que puedan suceder, ya sea en el propio inmueble o con los vecinos. Además de este seguro, las compañías cuentan con muchas más opciones.

¿Qué daños cubre un seguro de hogar?

Depende de lo que se contrate y de la compañía. En el caso de un seguro multirriesgo, el más habitual, cubre el pago de una indemnización, el coste de reparación o reposición de bienes por los daños que pueda sufrir la estructura de la vivienda. A esto se le llama continente. Los daños a su contenido: muebles, ropas, electrodomésticos, joyas, etc., en definitiva todo lo que hay dentro de la casa. También respalda con un capital por la responsabilidad civil que puedan reclamar terceras personas. Si se incendia la casa repararán las estructuras dañadas, acondicionarán las paredes y pagarán una cantidad para comprar nuevos muebles y ropa. Si nos roban reparan los daños en puertas o ventanas y abonan una cantidad por las cosas robadas. La indemnización que paguen dependerá de los capitales que contratemos.

El seguro también cubre desperfectos relacionados con la climatología. En caso de una lluvia superior a 40 litros por metro cuadrado, viento con velocidades mayores a 90km/h, habrá que acreditar estos valores acudiendo al Instituto Meteorológico Nacional y solicitar un certificado, para que el seguro cubra los desperfectos. En principio con granizo, pedrisco o nieve, en un seguro multirriesgo no hay que presentar ningún documento, ya que el daño es evidente. Si los daños climatológicos son debidos a hechos excepcionales, caso de movimientos sísmicos o inundaciones, las autoridades locales, autonómicas y nacionales también facilitarán la reconstrucción de los daños, a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

¿Qué son el continente y el contenido?

Continente son todos aquellos elementos que definen y conforman la vivienda vacía y sus dependencias anexas. La componen la estructura y todos los elementos necesarios para crearla, como cimientos, paredes, ventanas, puertas, etc. Las instalaciones que van fijas a la construcción como los sistemas eléctricos, las cañerías, etc. Los elementos decorativos fijos a la estructura como pisos, persianas, entre otros. Los lugares de servicios como garajes o trasteros. Si la vivienda es de nuestra propiedad convendrá asegurar el continente. Contenido es el conjunto de todos los bienes muebles que conforman el interior de la casa, las librerías o elementos fijos de madera o material y los bienes personales del propietario y de las personas que convivan en esa vivienda de forma permanente. Los bienes a asegurar deben estar dentro de la vivienda o en sus dependencias anexas bajo llave. Su valor se estima en función de su coste de reposición o sustitución por otro nuevo de iguales características. Los contenidos se dividen en mobiliario normal, joyas y dinero y objetos de valor especial. Todo deberá estar detallado en la póliza. Aquí pueden surgir problemas, ya que la valoración del contenido es subjetiva. Para la valoración del continente no hay inconveniente porque las aseguradoras utilizan unas tablas para obtener el valor del metro cuadrado construido en función de la calidad de construcción, ubicación geográfica, etc. En una póliza del hogar estándar, para una vivienda de 90 metros cuadrados, con un continente valorado en 81.000 euros y un contenido de 32.000 euros, los asegurados tendrían que abonar una cuota anual entre 240 y 280 euros.

¿Qué cubre el Consorcio de Compensación de Seguros?

Cubre los daños producidos a personas y bienes por determinados fenómenos. Depende del Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros. Cubre como asegurador directo una serie de riesgos de los que no se ocupan las aseguradoras. Ejerce labores de coaseguro y reaseguro en asuntos relacionados con producciones agrícolas, medio ambiente y elementos que no abarca un seguro del hogar, como terremotos, inundaciones o accidentes nucleares. Refuerza a las compañías privadas para que no admitan determinados riesgos, difíciles de asumir en solitario. Sus fondos proceden de un patrimonio propio, porque con cada seguro una parte se destina a este consorcio.

¿Es necesario tener seguro de hogar si la comunidad de vecinos en la que vive ya tiene suscrito uno?

Sí. Una cosa es el seguro que tiene la comunidad de vecinos, el edificio en el que vivimos, y otra el seguro individual de la vivienda. Incluso en caso de comunidades compuestas por chalés, también conviene tener clara la distinción. El seguro de la comunidad cubre los daños y desperfectos que se producen en los elementos comunes a todos los vecinos. Sin embargo, los que se producen en nuestra vivienda los cubre el seguro individual. Tanto si el daño es solo a nuestra casa como si afecta a una colindante, el seguro del hogar lo cubre. No olvidemos que si por un escape de agua se viene abajo una zona de azulejos en la pared de un vecino, solo su reparación es un montante elevado en ocasiones. El seguro lo cubre, e incluso en numerosas aseguradoras, se establece el llamado daño estético por lo que su reposición no cuesta nada al asegurado.

¿En caso de cambio de mobiliario es necesario renovar los bienes asegurados?

En el capítulo de asegurar el continente, la compañía de seguros no repone el mismo sofá, televisión, mueble o bicicleta afectada, sino que se cubre un montante de dinero. Por lo tanto, si cambiamos el mobiliario, si modificamos el contenido de una casa y consideramos que su valor es superior al que teníamos antes, sería conveniente comunicárselo a nuestra compañía de seguros. En este caso, el agente de la compañía podrá recomendarnos la mejor opción posible. Si aumentamos el contenido, esto supondrá un pequeño incremento en la cuota anual, pero estaremos más protegidos. Si por el contrario no consideramos necesario aumentar nuestro seguro, se puede seguir con la valoración del contenido como lo teníamos al inicio. No es obligatorio modificarlo. Solo saber que en caso de incidente que afecte al mobiliario, se dará menos dinero para su reposición.

¿Las joyas y el dinero están incluidos en el mismo seguro de hogar?

En los seguros de hogar hay apartados, que se pueden contratar o no, donde se incluye una suma relacionada con la valoración de las joyas o dinero que se disponga en casa. Como es lógico, la existencia o no de caja fuerte o de medidas de prevención de robos contribuyen a reducir o aumentar la parte proporcional que se abonará en el pago anual del seguro. Es frecuente que las compañías de seguros establezcan un límite a partir del cual hay cosas que no se pueden asegurar, por su excesivo valor, o se penalizará con una elevada cuota anual.

¿Qué son bienes con valor especial?

Además del seguro del hogar, con el continente y contenido, además de valorar y asegurar joyas y dinero, existe la posibilidad de asegurar bienes con valor especial. Nos referimos a casas donde existan obras de arte, libros antiguos, muebles de colección o colecciones en general de gran valor. En estos casos es necesario detallarlo a la compañía de seguros para evitar sorpresas, como ha sucedido en casos de robos en viviendas. Cuando se ha acudido al seguro, no lo ha cubierto al no estar detallado este valor especial. En el mercado existen varias pólizas de seguros especiales del hogar donde se cubren joyas de alto valor, obras de arte tasadas por expertos, o colecciones antiguas así como libros de gran valor. Pero es obvio que esto encarece la prima.

Si durante unas obras de la comunidad de vecinos se producen desperfectos en algunas viviendas, ¿qué aseguradora tiene obligación de pagar, la de la comunidad, la del propietario o ambas?

Si las obras son realizadas por la comunidad de vecinos deberá contar con el visto bueno de la misma, compuesta por todos los vecinos, con la correspondiente reunión informativa. En ella debe quedar claro que es el seguro de la comunidad el que debería cubrir los posibles desperfectos que se produzcan en las viviendas individuales. Lo que sucede en ocasiones es que el seguro de la comunidad cubre lo básico, y la rapidez de solución de la incidencia no es la deseada por el propietario de la vivienda afectada. En este caso, el seguro de la vivienda particular tras notificarle lo que sucede, que el culpable es la comunidad, suele realizar la reparación mucho más rápido. Para el propietario está arreglado, y luego es su compañía la que pasa la factura a la compañía aseguradora de la comunidad.

¿En régimen de alquiler es necesario un seguro de hogar?

Un seguro de hogar se contrata para cubrir las pérdidas que se puedan producir en aquellos bienes sobre los que se tenga un interés asegurable. Al estar en alquiler, al ser la vivienda propiedad de otra persona, en principio no habría que asegurarla. Pero un seguro de hogar no consiste solo en asegurar la vivienda entendida como construcción, el continente que hemos explicado antes, sino que también puede abarcar el mobiliario y los enseres que se encuentran dentro de la misma, el contenido. Si se está de alquiler en una vivienda propiedad de un tercero pero el mobiliario es propio se puede contratar una póliza de hogar que asegure solo los bienes que se encuentran dentro del domicilio. Pero no hay que olvidar que los desperfectos ocurridos por una tubería, una cerradura en mal estado, la calefacción, etc., lo debe cubrir el seguro de la vivienda que debe tener el propietario que nos ha alquilado la vivienda. Para finalizar, hay que tener en cuenta que el dueño de la vivienda puede reclamar por los desperfectos que pueda haber sufrido su propiedad. La garantía de responsabilidad civil, incluida en casi todas las pólizas de hogar asegurando el contenido del inmueble, da cobertura a estas demandas. Por lo que es conveniente tener un seguro aunque estemos en alquiler.

VIAJES

¿Qué debe tener un buen seguro de viaje?

Un seguro básico es el que ofrece una cobertura mínima y suele estar incluido en los viajes contratados a través de las agencias de viajes. Los seguros mínimos ofrecen cobertura ante determinadas situaciones. Una de ellas es el overbooking. En este caso las indemnizaciones varían en función del precio abonado por el billete. El seguro incluye la posibilidad de buscar alternativas para llegar al destino lo más rápido posible, la devolución del precio del billete o el cambio de la fecha de viaje de acuerdo con las posibilidades del titular. No hay que olvidar que en la Unión Europea, si se produce un retraso en el vuelo de más de tres horas y supone la pérdida de la conexión con otro vuelo, el seguro obliga a la compañía aérea a buscar un vuelo alternativo y hospedaje en un hotel, si fuese necesario. Además se puede reclamar una indemnización a la aerolínea de entre 250 y 600 euros. En caso de no haber conexiones, la aerolínea debe reembolsar la totalidad del importe del billete en un plazo máximo de 7 días, si el retraso es superior a cinco horas. En cuanto a los seguros médicos mientras viajamos, la cobertura sanitaria está incluida durante toda la estancia, aunque conviene informarse bien ya que no todas las medicinas y atenciones están cubiertas en su totalidad. Y cada vez es más frecuente contratar un viaje con varios meses de antelación para beneficiarse de los descuentos que ofrecen las agencias de viajes. Por este motivo es conveniente contratar un seguro de cancelación que evite disgustos de última hora y gastos innecesarios si al final tenemos que cancelar el viaje contratado.

¿Qué es más aconsejable contratar el seguro con la agencia de viajes o hacerlo por nuestra cuenta?

Todo dependerá del destino de nuestro viaje. Si vamos de vacaciones a Fuengirola, por ejemplo, con el seguro de cobertura mínimo de la agencia de viajes, o de la web donde lo contratamos sirve. La Seguridad Social y cobertura médica es igual, y solo nos preocupamos por si cancelamos o hay problemas con el bono del hotel, o apartamento que hemos reservado. Si el destino es más exótico, es conveniente estar bien informados. Hay agencias de viajes especializadas en viajes al Lejano Oriente, Asia, África o América del Sur, que además de ofrecer paquetes muy completos nos ofrecen unos seguros especiales, sobre todo en cobertura médica, por si hay problemas. Si somos más aventureros y contratamos hoteles, vuelos y alojamientos por Internet, en países terceros deberíamos tener un seguro privado en caso de algún tipo de incidencia durante el viaje. Además de aspectos médicos, conviene saber si una póliza de seguro privado tiene coberturas para el contratante, enfocadas a riesgos imprevistos, derivables en accidentes difíciles de resolver. Por ejemplo, el overbooking. Esta situación se presenta cuando existe un exceso de ventas para un servicio que rebasa la capacidad de la compañía que lo ofrece. En el caso de los hoteles esta circunstancia acontece cuando un hotel ha superado sus límites de ocupación y cuenta con un exceso de clientes a los que no puede proporcionarles servicio de hospedaje.

Si se viaja a otro país de la Unión Europea, ¿es válido el carnet de la Seguridad Social para recibir atención médica o hay que hacerse otro específico?

Si viajamos a un estado extranjero fuera de la Unión Europea, sin convenio con la Seguridad Social española, y necesitamos asistencia sanitaria por una urgencia vital, podemos utilizar los servicios sanitarios y solicitar el abono de los gastos ocasionados cuando volvamos a España. Pero en muchas ocasiones hay dificultad para reembolsarlo. En estos casos es básico contar con un seguro médico que cubra la estancia en estos países. Dentro de la Unión Europea existe la tarjeta médica sanitaria que se solicita a la Seguridad Social antes de realizar tu viaje y que desde 2011 tiene una duración de dos años. Esto permite la cobertura como un residente en el país en que nos encontremos. Pero cuidado porque si en ese país está impuesto el copago deberemos abonar el coste de la consulta y de la farmacia con independencia de la tarjeta sanitaria necesaria para que nos atiendan. Sin esta tarjeta, el coste de la atención médica se dispara.

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Impuestos

¿Cuántos impuestos hay y cómo afectan a la economía de un país?

Los impuestos son el principal capítulo de los ingresos del conjunto del Estado, aunque no el único. En efecto, la Administración también ingresa dinero mediante tasas (que se refieren a la prestación de servicios o actividades concretas), cuando privatiza empresas públicas o cuando emite deuda. Hablando de emitir, el Estado también recoge unos abultados ingresos a través del banco central, porque, al ser el monopolista de la emisión de billetes, se embolsa la diferencia que media entre el valor de los billetes y monedas (o sea, el valor de lo que pueden comprar) y lo que cuesta producirlos —esa diferencia se llama señoriaje—. En cuanto a los impuestos, suelen dividirse en dos categorías: los directos, que dependen de la capacidad de pago de los contribuyentes concretos y que estos no pueden trasladar (los tienen que pagar y fastidiarse), y los indirectos que recaen sobre actos de las personas, como por ejemplo las compras o las ventas, y que se cargan en los precios de esos actos y se trasladan así hasta el consumidor final. Los dos impuestos directos más importantes son el IRPF, y el Impuesto de Sociedades, que grava el beneficio de las empresas. Y los dos impuestos indirectos más importantes son el IVA, y los impuestos especiales sobre los combustibles, el alcohol o el tabaco. Pero las diferentes Administraciones Públicas cobran además impuestos como las contribuciones urbanas, los de matriculación de vehículos o sobre actividades económicas, sobre el patrimonio, sobre sucesiones, sobre transmisiones patrimoniales, y muchos más, sin olvidar las importantes cotizaciones a la Seguridad Social, que también son impuestos. El impacto de los impuestos sobre la economía de un país es enorme. Pensemos en el gasto público total, que es una forma de medir lo que cuesta la Administración, porque todo su gasto lo tienen que pagar los ciudadanos de una u otra forma, hoy o en el futuro (por la deuda pública). Pues bien, ese gasto público total en España y la mayoría de los países del mundo está cerca de la mitad de lo que llamamos Producto Interior Bruto (PIB), que es la riqueza total que generamos; es decir, a pesar de que nos dicen que vivimos en una economía de mercado o capitalista o incluso liberal, lo cierto es que el sector público es muy grande, y eso que estamos hablando solo de impuestos y gastos, a lo que habría que añadir el conjunto de regulaciones que establecen las autoridades. El impacto del Estado sobre la economía no solo es grande sino también múltiple y contradictorio, porque algunas cosas las hace bien y otras mal. Hay un debate permanente sobre qué cosas debería hacer y cómo debería hacerlas.

¿Qué es el hecho imponible?

Está regulado en el artículo 20 de la Ley General Tributaria, que dice que el hecho imponible «es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal». Es decir, el hecho que genera la obligación de pagar un impuesto. Aquí van unos ejemplos: la compra de un litro de gasolina genera la obligación de pagar al Estado los denominados tributos especiales sobre los carburantes. Otro hecho imponible es cuando adquirimos cigarrillos y hay que abonar el tributo especial de labores del tabaco. El impuesto de matriculación nace en el hecho imponible de comprar un coche. Hay hechos imponibles algo más difusos como son la renta o la herencia. En cualquier caso, la Administración es muy astuta e intenta no dejar nada al azar y por eso cada impuesto cuenta con su propia normativa que, por cierto, es indefinida para que cada Gobierno de turno pueda modificarla sin trabas anteriores.

¿Qué es la base imponible?

Es la medición o la valoración del hecho imponible. En el artículo 50 de la Ley General Tributaria se dice que «es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible». Para no liarnos, en el IRPF la base imponible es la suma de todos los ingresos, de todas las rentas, ya sea en dinero o en especie (el pago del colegio de los niños, transporte, etc.) que logra una persona. A estos ingresos después se les aplicará un gravamen determinado para calcular cuánto tiene que pagar en el impuesto correspondiente. En la declaración de la Renta de las Personas Físicas, por ejemplo, la base imponible más común está conformada por el salario, los denominados rendimientos del trabajo, menos el pago que se hace a la Seguridad Social, que es un 6-7% sobre el salario bruto. El resultado es la base imponible. Si hay más rentas salariales se suman. Hay que tener en cuenta que en el impuesto de la renta hay dos bases imponibles dependiendo del origen de las rentas. Está la base imponible general donde hay que incluir los rendimientos de trabajo o actividades económicas y algunos rendimientos del capital mobiliario, como por ejemplo el alquiler de un piso. En la base del ahorro del IRPF usted debe hacer constar los rendimientos del capital mobiliario, es decir los intereses que nos da el depósito en el banco; las rentabilidades que se logren por participar en fondos de inversión, los dividendos o las ganancias o pérdidas generadas por la transmisión o venta de bienes. Cada base imponible tributa de manera diferenciada. En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la base imponible de forma general está constituida por el importe total de la operación realizada.

¿Cómo se calculan las cotizaciones a la Seguridad Social?

Para calcular las cotizaciones de la empresa por cada uno de sus empleados, se toma como base de cálculo la base de cotización mensual del trabajador. Las bases de cotización están acotadas por un mínimo y un máximo y se fundamentan en la retribución mensual del trabajador. A pesar de las pagas extraordinarias, la Seguridad Social se paga 12 veces al año. Lo que abona la empresa a la Seguridad Social por cada trabajador está alrededor de un tercio de la base de cotización, viene a oscilar entre el 32 y el 38%. Depende del puesto y de la función que desempeñe el trabajador. La Seguridad Social cuenta con un enlace digital que establece todos los supuestos, que son bastantes. Se puede consultar tipos y bases de cotización en la página web: www.seg-social.es. El trabajador abona alrededor del 5% de su sueldo para contingencias comunes a la Seguridad Social, un 1,55% para el desempleo y un 0,1% para formación profesional. El pago del trabajador a la Seguridad Social ronda entre el 6 y el 7% de su salario, dependiendo del sector y del convenio.

¿Qué es la base liquidable?

Es el resultado de practicar en la base imponible las reducciones establecidas por las leyes que regulan cada impuesto. Su definición se recoge en el artículo 54 de la Ley General Tributaria. La base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el resultado de aplicar en la base imponible las reducciones correspondientes a los rendimientos de su trabajo, la reducción por prolongación de la actividad laboral, por movilidad geográfica o por el cuidado de los hijos; se pueden practicar reducciones por edad y por ascendientes. También hay reducciones por discapacidad, aportaciones a planes de pensiones o sistemas similares de previsión, o por pensiones complementarias.

¿Qué es el IRPF?

Es un tributo personal y directo. Grava la renta de cada individuo. Se calcula sobre la totalidad de sus ganancias, rendimientos, atribución de rentas, así como sobre sus ganancias y pérdidas patrimoniales. La Constitución Española dice que debe ser progresivo y se instaura, además, sobre los principios de igualdad y generalidad. En España, el actual IRPF grava lo que considera que es la renta del contribuyente tras haber restado los mínimos personales y familiares. Hay rentas que están exentas de pagar este impuesto. En nuestro país los premios de las loterías y apuestas del Estado no pagan tributos a la Hacienda Pública ni hay que abonar tributos por los premios de la ONCE o la Cruz Roja. Otras rentas exentas son las becas por estudio, las ayudas económicas a los deportistas de elevado nivel o las pensiones alimenticias que dan los padres a los hijos cuando hay una decisión judicial por medio, como en el caso de divorcio. Por las indemnizaciones por despido tampoco hay que pagar el IRPF en la cuantía obligatoria que fije el Estatuto de los Trabajadores. También se está exento en el caso de recibir prestaciones públicas al ser víctima de actos terroristas. Las exenciones al impuesto de la renta están recogidas en el artículo 7 de la ley que regula este impuesto. En nuestro país el IRPF es un tributo cedido de forma parcial a las comunidades autónomas. En España están exentas de la declaración de la renta todas las personas que ganen menos de 22.000 euros al año o cuando ingresen 11.200 euros de varios pagadores. El IRPF en España consta de siete tramos a partir del 1 de enero de 2012 y van de manera progresiva elevándose desde el 24,75% en la base liquidable hasta 17.707,20 euros al 52% para aquellos contribuyentes con una base liquidable superior a los 300.000 euros. En general este esquema de tramos se utiliza también para calcular las retenciones previas del IRPF en la nómina. Puede haber ligeras modificaciones por la clase de contrato. Las rentas por ahorro cuentan con otros tipos desde el 1 de enero de 2012. Hasta 6.000 euros en la base liquidable del ahorro se abonará el 21%, el 25 hasta los 18.000 euros y, de aquí en adelante, se alcanza el 27% de tributación.

¿Se paga lo mismo de IRPF en toda España?

Pues no. Existen cada vez más diferencias que aumentan según los ingresos del contribuyente. Para empezar, en España no hay una uniformidad fiscal. Por un lado están las comunidades autónomas de régimen foral, el País Vasco y Navarra, y por otro, las de Régimen Común, que son todas las demás. Pero el sistema de financiación autonómico, a través de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), permite a cada región establecer modificaciones normativas en el IRPF. Solo hay dos limitaciones: el IRPF debe seguir siendo progresivo y debe contar con los mismos tramos de tarifa que el general. Los Gobiernos y Parlamentos autonómicos pueden establecer, por lo tanto, mayores o menores gravámenes para las rentas. Hay comunidades autónomas como Cataluña, Asturias, Cantabria y Andalucía donde los contribuyentes soportan una mayor tributación. A la hora de abonar el IRPF las diferencias más acusadas se producen en los tramos de renta más altas. Quien gane más de 300.000 euros donde más tributará por IRPF será en Cataluña y después en Asturias, Cantabria y Andalucía. Un contribuyente que cobre 300.000 euros pagará un 17% más de IRPF en Cataluña que en Navarra y un 12% más que en el País Vasco. No solo hay diferencias con las comunidades de régimen foral, también con las denominadas de régimen común, ya que ese contribuyente pagará un 5% más que otro con el mismo salario en Madrid o La Rioja.

¿Es cierto que en España las grandes empresas pagan menos por el Impuesto de Sociedades que las pequeñas y medianas?

En la práctica, las grandes empresas españolas abonan menos impuestos que las pymes. La norma establece que las empresas consideradas de reducida dimensión, las pymes, soportarán un tipo del 25% gravado sobre sus beneficios en el Impuesto de Sociedades. Las grandes compañías verán aumentado el tipo oficial de este impuesto hasta el 30%. Pero esto es sobre el papel. En realidad, el tipo efectivo medio, el que pagan las grandes empresas, se sitúa entre el 16 y 17% mientras que el de las pymes se mueve en el entorno del 20%. Incluso, algunas multinacionales han conseguido un tipo efectivo por debajo del 10%. Esto ha sido así por varias causas: la primera es que las grandes compañías puede contratar a los mejores expertos tributaros, los mejores abogados y economistas, que estudian las leyes fiscales hasta el mínimo resquicio para sacar la mayor ventaja y ahorro tributario posible —esto no es fraude, es eficiencia fiscal—; la segunda razón hay que buscarla en la existencia de deducciones de las que se benefician sobre todo las grandes empresas. Algunas de estas deducciones fiscales son, por ejemplo, las inversiones en I+D+i, es decir, en investigación tecnológica, algo que es complicado para las pymes ante las grandes cantidades de dinero que se necesita. Además, otra causa por la que las grandes pagan menos impuestos son los ajustes contables en la internacionalización de los gastos financieros que beneficiaba sobre todo a los conglomerados empresariales con filiales en el exterior. Aquí, el Gobierno ha introducido importantes cambios en la Ley de Presupuestos. Ha puesto un tope máximo a la aplicación de deducciones y ha establecido un gravamen especial por el cual las empresas solo deberán pagar un 8% de impuestos en la repatriación de dividendos, beneficios, logrados en el extranjero. Son medidas que buscan una mayor recaudación. En el año 2011, los ingresos del Estado por el Impuesto de Sociedades apenas superaron los 16.600 millones de euros, un 68% menos que en 2007 y evidencia la intensidad de la crisis. El Impuesto de Sociedades viene a representar un 10% del total de los ingresos impositivos del Estado. Para hacernos una idea, los ingresos por el IRPF suponen alrededor del 43%.

¿Por qué hay sectores que tienen el gasóleo subvencionado y otros no, como el del transporte?

España ha eliminado el denominado gasóleo profesional, en realidad una subvención, el pasado 1 de enero al trasponer una directiva europea. La cuestión es dónde se pone el límite a la subvención. Se subvenciona el gasóleo pesquero, el agrícola, después el del transporte y más tarde ¿por qué no el de los taxis, autobuses o coches de agentes de comercio? Mejor que la subvención particular, sería que bajaran los impuestos sobre los combustibles.

¿Qué es el Impuesto de Bienes Inmuebles?

Es el principal tributo que llena las arcas de los ayuntamientos, hace un tiempo se le conocía como contribución. Se articula sobre la propiedad de un bien inmueble, ya sea una casa, una finca, un solar, una nave, un local u oficina. Se calcula en función del valor catastral asignado a ese bien. Los municipios suelen cobrarlo todos los años aunque últimamente intentan que los contribuyentes domicilien el pago en sus bancos para poder ingresarlo todos los meses y así, con el argumento de la comodidad, ingresar el dinero antes. Cada ayuntamiento establece el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que considera conveniente. Otros municipios sumaron el coste de los servicios de basura al IBI y años después lo volvieron a desgajar sin rebajar la cuantía del tributo, como por ejemplo hizo Madrid, lo que supone un aumento de la presión fiscal municipal.

¿Qué es el valor catastral?

El valor catastral es la valoración del bien inmueble que realiza la Dirección General del Catastro que depende del Ministerio de Hacienda. Para calcular el valor catastral de una casa o de una finca se tiene en cuenta la localización del inmueble, la antigüedad del edificio, la calidad de la construcción, los gastos y aptitud para la producción, el coste del suelo o si tiene carácter histórico-artístico, entre otras cuestiones. El valor catastral no puede superar el precio del mercado, normalmente se sitúa en la mitad. Los valores catastrales se pueden actualizar todos los años por medio de un coeficiente. También se puede actualizar de manera general el valor catastral de todos los inmuebles de un municipio. Esta revisión la lleva a cabo la Dirección General del Catastro tras una petición previa del municipio en cuestión.

¿Hay bienes inmuebles que no pagan IBI?

Sí, bastantes. Para empezar todos los inmuebles propiedad del Estado o de las comunidades autónomas. Los bienes comunales de los municipios. Los bienes de culto de las diferentes creencias religiosas reconocidas de forma legal en España. Los edificios de la Cruz Roja y los inmuebles locales relacionados con la defensa, centros penitenciarios o educativos.

¿Sería menos traumático para los ciudadanos subir el IVA en lugar del IRPF?

Desde hace siglos se discute sobre la conveniencia de los diferentes impuestos. Así, por ejemplo, se sostiene que los impuestos directos, como el IRPF, tienen la ventaja de que son justos y la desventaja de que desaniman el ahorro; mientras que los impuestos indirectos, como el IVA, que se trasladan porque los paga por ejemplo el consumidor final, tienen la ventaja de que animan el ahorro pero son injustos porque no distinguen entre los ciudadanos. Sin embargo, esto es muy discutible, ya que no está nada claro que la justicia quiera decir que se trata a las personas de manera diferente, como vimos. Además, también cabe analizar los impuestos según otros traumas de los ciudadanos. Por ejemplo, en el siglo XIX un argumento común entre los economistas era considerar que era muy injusto gravar los salarios, y además era intolerable permitir que el Estado inspeccionara la vida de sus súbditos, algo indispensable en el caso de los impuestos directos. En nuestro tiempo, en cambio, el salario soporta muchas cargas, y nadie protesta porque el Estado se inmiscuya hasta en los detalles más íntimos de nuestra vida, nuestra riqueza y nuestro patrimonio. Todo indica que los impuestos nunca se deciden según la conveniencia de los ciudadanos sino de las autoridades. Eso es lo que explica que haya tantos y tan variados, y también explica su nivel. Digamos que si el IVA muy rara vez supera el 25% es porque las autoridades temen, con razón, que si fuera más alto animaría la economía sumergida y el dinero negro. En cambio, los impuestos especiales sobre los combustibles pueden representar el 50% de su precio, y no sucede nada. Lo normal, pues, es que los impuestos cambien según los políticos vayan viendo la capacidad y resistencia de la gente a la hora de pagarlos y su propia capacidad de venderlos ante la opinión pública como algo justo, necesario y muy conveniente para todos.

¿Qué es la economía sumergida? ¿Cómo altera los datos del PIB?

La economía sumergida es toda actividad económica que escapa al control de Hacienda y al de la Agencia Tributaria. Como es lógico, esta actividad no contabiliza directamente en el PIB de un país. Esta economía sumergida supone actividades que realizan potenciales contribuyentes de un país para no pagar impuestos, por lo que su actividad sale más barata, produciendo una competencia desleal e ilegal respecto a empresas que realizan su actividad económica en regla. A su vez, al no pagar impuestos, realizan fraude laboral, al contratar trabajadores a los que se paga en negro, es decir, sin control de la Administración. El pagador se ahorra tributos, el trabajador puede realizar actividades paralelas ya que este dinero abonado no se contabiliza en ningún lado. Con altos volúmenes de desempleo muchos empresarios se aprovechan de esta práctica para contratar trabajadores que siguen con el subsidio de paro, trabajadores que también se benefician de este doble cobro. La economía sumergida también incluye el mundo de la corrupción y el delito. En España, según un reciente estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), la economía sumergida suponía el 21,5% del PIB a comienzos de 2011; entre 1980 y 1985 se situó en una media del 12,5%; entre 2005 y 2008 llegó hasta el 23,7%. En instituto británico Tax Research estimó en abril de 2012 que estaba en el 22,5%. En enero de 2012, los técnicos del Ministerio de Hacienda calcularon que rebajando la tasa de fraude en 10 puntos el Estado recaudaría 38.000 millones de euros adicionales al año, más del doble de lo que prevé ahorrar el Gobierno de Mariano Rajoy con los recortes y la subida de impuestos aprobadas a finales de diciembre de 2011. Pero no se puede aplicar esta regla de tres tan fácil. Con más control, es verdad que algunas empresas se regularizarían, pero eso no significa que estas actividades ilegales pasarían a ser legales y a tributar de manera directa. Muchas de ellas desaparecerían, al no poder competir en el mundo legal, por lo que no habría ingresos extra para el Estado. ¿Cuál sería la fórmula correcta? Quizá abaratar la contratación para hacerla más atractiva, facilitar al máximo la creación de empresas, y hacer atractivo el pago de los impuestos bajándolos.

¿Qué es una amnistía fiscal?

Es una fórmula para que aflore dinero negro de la economía sumergida, para que salga a la luz un dinero no declarado a Hacienda. En la práctica consiste en perdonar a los defraudadores, a los que no pagaron los impuestos correspondientes en el momento legalmente establecido. Se les impone un gravamen especial, pero no se les sanciona ni multa. Es decir, la infracción cometida no se castiga. Es la política de la zanahoria y la amenaza del palo después. Esto se hace por un motivo: las cuentas públicas necesitan dinero de forma urgente y se intenta convencer así a los que esquivaron al fisco. El Gobierno español lo ha hecho recientemente. Ha establecido un gravamen especial del 10% para la declaración de activos no declarados a la Agencia Tributaria. Normalmente, en estas operaciones se da un margen de tiempo para que los malos contribuyentes cumplan con el fisco y amenaza con impulsar más medidas y planes más rigurosos contra el fraude fiscal. En España se han proporcionado 10 meses de margen para regularizar y normalizar la situación con Hacienda. Además, España también ha establecido otro gravamen especial, en este caso del 8%, para la repatriación de dividendos o rentas derivadas de la venta de participaciones, venta de acciones, en el extranjero. Cuando ocurre esto, los expertos fiscales, en especial los inspectores, creen que puede generarse un sentimiento de frustración, enfado y relajación de los contribuyentes que sí cumplen con Hacienda por sentirse discriminados y burlados. Los inspectores temen un incremento del fraude fiscal a largo plazo. Una amnistía fiscal también significa una impotencia del Estado para controlar, vigilar y hacer cumplir la ley por parte de un grupo de ciudadanos, lo que también indica que los organismos de represión del fraude no funcionaron bien en ejercicios pasados. A la vez, es un reconocimiento de la existencia de una importante economía sumergida. Con la regularización-amnistía fiscal de 2012 el Gobierno español espera que afloren, que salgan a la luz y se reincorporen al sistema, unos 25.000 millones de euros, con los que Hacienda, al cobrar el 10%, ingresaría unos 2.500 millones de euros de impuestos. Este dinero queda ya insertado en el sistema económico legal y generaría más tributos e ingresos para el Estado en los años siguientes.

¿Han existido amnistías fiscales en el pasado? ¿Y en Europa?

Las amnistías fiscales no son algo extraño en nuestro país, se han dado en el pasado y no tan lejano. Miguel Boyer en 1984, cuando era ministro de Economía y Hacienda en el primer Gobierno de Felipe González, decretó la más importante de la democracia. Con el afloramiento de aquel dinero negro se pudo financiar buena parte de la reconversión industrial. En el año 1991 llegó la segunda, firmada por Carlos Solchaga, ministro entonces de Hacienda, que en realidad era una continuidad de la primera, pues lo que hizo fue legalizar algunos de los instrumentos financieros generados en la anterior amnistía para burlar al fisco. En el año 2010 en el Gobierno de Zapatero se produjo una regularización especial para los titulares de las numerosas cuentas secretas descubiertas en Suiza. En otros países de nuestro alrededor también se han dado amnistías fiscales o regularizaciones de impuestos especiales en los últimos años. La más famosa es la de Italia de Berlusconi, donde afloraron más de 100.000 millones de euros, pero ha habido operaciones con el mismo objetivo, lograr ingresos, en Alemania, Reino Unido o Portugal. Incluso la OCDE ha recomendado en varias ocasiones a España la realización de una amnistía fiscal. Y es que en una situación como la actual, muchos países han decidido competir con la política fiscal, aunque sea heterodoxa, para atraer recursos tributarios.

¿No sería conveniente crear un impuesto para ricos?

Los ricos son un antiguo señuelo del fisco. De hecho, cuando empezaron los modernos impuestos sobre la renta de las personas físicas, hace un siglo, los pagaba muy poca gente con altos ingresos. Sin embargo, con el tiempo y con la voracidad recaudatoria de los estados se han convertido en lo que son: impuestos sobre la mayoría de los trabajadores asalariados, la llamada clase media, que se cobran mediante retenciones de modo que nadie pueda escapar. Todavía mantienen el truco de que los pagan los ricos, porque son impuestos progresivos, es decir, que quien más gana paga no solo más sino mucho más que quien gana menos. De todas maneras, el asunto de los ricos florece de cuando en cuando, y sobre todo en tiempos de crisis, cuando los gobernantes se esmeran en condenar a los ricos, como si ser rico fuera delito, y recurren a ellos para tapar lo que en realidad hacen, que es, como ya vimos, castigar con impuestos y todo tipo de gravámenes a millones de ciudadanos que no son ricos en absoluto.

Si los ricos que evaden al fisco pagaran lo que deben, ¿bajarían los impuestos a los demás?

Una antigua propaganda oficial gira en torno a la idea de que pagamos muchos impuestos porque hay unos ricos malvados que no pagan. Es pura ficción, por tres razones. Primero, los que evaden al fisco no son los ricos, sino ¡todos los que pueden! Los ricos, los pobres, los medio pensionistas, casi todo el que puede se escaquea, como es bien sabido, y sobre todo es conocido por las autoridades, que se ocupan de perseguir y atrapar a cuantos más, mejor. Pero de alguna forma, si se transmite la idea de que solo los ricos evaden, las autoridades pueden presentarse con una excusa más sólida para arremeter contra el conjunto. La segunda razón es que incluso aunque Hacienda cobrara a los ricos, es más aunque les quitara todo el dinero, no alcanzaría para financiar el gasto público, que en las sociedades modernas puede rondar el 50% del PIB, una suma gigantesca que no hay manera de pagar con el dinero de los ricos que, por definición, son una minoría. Y la tercera razón es que los ricos que pagan, en realidad pagan mucho más que antes y mucho más que los pobres. Hace años un anuncio de Hacienda decía: «paguemos más para pagar menos». Era una bonita forma de resumir la consigna: si pagan los que ahora no pagan, entonces pagaremos menos los que ahora sí pagamos. La verdad ha sido la contraria, el número de personas que pagamos somos cada vez más, y los impuestos no han dejado nunca de subir.

¿Por qué existen los paraísos fiscales?

Porque los gobernantes no son capaces de controlar al conjunto de la población mundial y cobrarles todos los impuestos que desean cobrarles. A menudo se habla de los paraísos fiscales como si fueran reductos exclusivos de peligrosos criminales y bandas mafiosas. No es así. Todo indica que en los paraísos fiscales se refugian millones de ciudadanos honrados que quieren pagar menos impuestos aprovechando la legalidad vigente, aunque también hay muchos otros que lo hacen de modo ilegal. Todos los Gobiernos dicen que quieren acabar con los paraísos fiscales. No es probable que lo logren porque para conseguirlo habría que hacer alguna de estas tres cosas: convertir al mundo entero en una cárcel, o en una tiranía con un policía detrás de cada persona, o ¡bajar los impuestos!

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Banca

¿Qué significa salvar la banca? ¿Por qué no pueden quebrar los bancos como las demás empresas?

Algunos bancos y cajas de ahorro sí han quebrado, han desaparecido o se han fusionado con otras entidades. Además, no solo la banca ha sido salvada; también ha sucedido lo mismo con otras empresas o sectores que tienen peso suficiente como para presionar a las autoridades, como ha sucedido con las empresas de automóviles y algunas aseguradoras en Estados Unidos durante esta última crisis (allí el dinero se ha devuelto tras salir del bache, es el caso de los grandes del automóvil y la banca, aunque han desaparecido decenas de bancos medianos). Pero, en general, la banca es un sector que goza de privilegios: obtiene beneficios cuando las cosas van bien y es rescatada con dinero de los ciudadanos cuando las cosas van mal. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, pero en particular desde hace un siglo, los Estados decidieron apropiarse de la moneda y entregarle a un solo banco la capacidad de organizarla a cambio de quedarse con los beneficios y de actuar como prestamista de los Gobiernos. Ese banco es el banco central, que existe en todos los países y a veces es un banco plurinacional, como el Banco Central Europeo. Como la moneda es ahora fiduciaria, es decir, no está respaldada en última instancia más que por la fe, la confianza de los ciudadanos en la solidez de los activos de la banca y en su capacidad de cuidar del dinero ajeno, ningún banco podría atraer los depósitos de la gente si no ofreciera garantías, y eso es lo que ofrece el banco central: asegura los depósitos y facilita mucho la vida de los bancos, que reciben el dinero de unos ciudadanos que no tienen que preocuparse demasiado. A cambio de esta seguridad para los ciudadanos, las autoridades utilizan el dinero público para rescatar a la banca cuando vienen mal dadas. Se dice a menudo que es el único sistema posible, y que si no hubiera bancos centrales entonces la caída de un banco arrastraría a todos los demás, y al final no habría bancos, ni crédito, ni dinero, y volveríamos al trueque, empobreciéndonos masivamente. No lo sabemos, aunque sí conocemos dos cosas: una es que hubo en el pasado sistemas monetarios y bancarios diferentes al actual; y la otra es que ninguna crisis ha puesto en cuestión este sistema durante el último siglo, de hecho la profunda crisis de estos últimos años ha dado lugar a más controles y más poder de la banca central y los organismos reguladores, de modo que todo indica que en la próxima crisis también los ciudadanos acabaremos rescatando a la banca.

¿La vuelta al patrón oro traería más estabilidad financiera?

No está claro. El patrón oro es un sistema de reglas fijas que prohíbe a las autoridades emitir mucho dinero y, por tanto, reducir su valor mediante la inflación. Bajo el patrón oro la cantidad de dinero que circula en una economía no depende de la voluntad de un político, o de un banquero central, sino de la cantidad de reservas de oro existentes en el sistema financiero. Esa restricción sí podemos pensar que traería una mayor estabilidad. Ahora bien, las cosas son más complicadas de lo que parecen, porque el patrón oro ya existió. Los patrones metálicos tuvieron su auge durante el siglo XIX, y muchos países, España entre ellos, regularon su moneda según el patrón oro, patrón plata, o alguna combinación de ambos. Y, sin embargo, las crisis financieras no desaparecieron. Por lo tanto, no es evidente que el patrón oro en solitario sea una garantía de estabilidad, una estabilidad que requeriría además algunas reglas para el funcionamiento de la banca, en especial en lo tocante a los depósitos y los créditos que la banca puede conceder a partir de los depósitos que recibe. Pero como eso es algo que en nuestro tiempo regulan los bancos centrales, se podría decir que el patrón oro es innecesario si los banqueros centrales hacen las cosas bien. Esto último es materia de mucho debate, porque está lejos de ser evidente. En un aspecto, sin embargo, la cuestión está clara: como el patrón oro limita las posibilidades de una expansión de la cantidad de dinero, tenderá a producir una inflación reducida. El siglo XX dio abundantes testimonios de grandes explosiones inflacionarias orquestadas por los bancos centrales. Esto no ocurrió así en el siglo XIX. Y el propio Keynes, el gran enemigo del patrón oro, en el mismo libro donde, como veremos, lo condenó por ser «una reliquia bárbara», tuvo que reconocer que en los 100 años que transcurrieron desde el fin de las Guerras Napoleónicas en 1815 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, los precios ¡prácticamente no habían subido!

¿Qué riesgos existen en España de sufrir un corralito como el que padeció Argentina?

En Argentina a finales de 2001 sucedieron cuatro cosas: una fue el corralito, es decir, se prohibió a los ciudadanos que sacaran el dinero que tenían en sus cuentas bancarias; la segunda fue la inflación, contra la cual los ciudadanos que tenían sus depósitos bloqueados no pudieron defenderse; la tercera fue la devaluación, porque quienes tenían depósitos en dólares los pudieron retirar no solo más tarde sino a un tercio del valor que habían depositado; y la cuarta fue el impago, o default, es decir, el Estado decidió no pagar la deuda pública. Las autoridades, así, perpetraron un cuádruple ataque contra sus súbditos y también contra los ciudadanos extranjeros que habían invertido sus ahorros en deuda pública argentina. El resultado fue una terrible recesión en el año 2002, cuando el PIB cayó más de un 10%, algo extraordinario que está asociado a las peores catástrofes, que, al contrario de lo que se piensa, no son provocadas por la naturaleza sino por los gobernantes, como las guerras. No parece que esas cuatro tragedias puedan darse a la vez en España, y menos aún con la gravedad que registraron en Argentina. Sin embargo, no cabe descartar dos agresiones de las autoridades contra sus súbditos: la inflación y los impuestos, o más bien cabría decir la inflación y los otros impuestos, porque la inflación también es un impuesto.

¿Por qué el Banco Central Europeo afirma que no presta dinero a los países? ¿Por qué presta entonces dinero a la banca que es señalada como una de las responsables de la crisis actual?

Aunque la relación de los bancos centrales con el poder político es, como hemos visto, muy cercana, en tiempos recientes se ha generalizado la idea de que es mejor que esos bancos sean cada vez más independientes de los Gobiernos, para que gocen de una mayor credibilidad. Es obvio que esa credibilidad disminuye si los bancos centrales se dedican a hacer lo que han hecho toda la vida, es decir, sacarle las castañas del fuego a los Estados, financiándolos con emisión de dinero o facilitando la colocación de su deuda. De ahí que el Banco Central Europeo no pueda prestar dinero de manera oficial a los países miembros de la eurozona. Lo que sucede es que al final ha terminado haciéndolo extraoficialmente, a través de los bancos. La banca privada, por cierto, ha sido una de las responsables de la crisis, pero no la principal, porque el sistema bancario está muy regulado por una autoridad pública, precisamente, los bancos centrales.

Los bancos compran deuda al 4% con el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1%. ¿No era ese dinero para que fluyera el crédito a empresas y particulares?

Recordemos que la consigna de que fluya el crédito no es una receta mágica contra la crisis, como hemos visto. Pero ¿es cierto que ahora los bancos prestan menos que antes? La respuesta, por asombroso que parezca, es: depende. Porque si estamos hablando del sector privado, entonces es evidente que el crédito se ha derrumbado. Pero en cambio en el caso del sector público ha sucedido lo contrario, tanto que ahora el miedo que existe es que vayamos a pasar de una burbuja de deuda privada a otra burbuja esta vez de deuda pública. La inversión en esta deuda es rentable para los bancos, es una buena oportunidad dada la caída en la demanda de crédito de empresas y particulares derivada de la crisis, y es segura mientras los Estados paguen sus deudas. De ahí el miedo que se extiende cuando se sospecha que pueden no hacerlo.

¿Qué es la tasa Tobin sobre la banca?

La tasa Tobin sobre la banca no es una tasa, ni es de Tobin, ni es sobre la banca. No es una tasa porque las tasas se refieren a una prestación de un servicio público en concreto o a la realización de una actividad o a un gasto o destino específico. Por ejemplo, el llamado céntimo sanitario se parece a una tasa: es una suma, que puede ser en realidad de varios céntimos, que el consumidor debe pagar por cada litro de combustible y que se supone que se destina a financiar la sanidad. En la práctica, por supuesto, la Administración recauda y hace de su capa un sayo, pero el nombre de sanitario permite endulzar el tributo; el nuevo tramo impositivo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos que posiblemente lo remplazará ya no es una tasa porque su recaudación no tiene un destino específico.

La llamada tasa Tobin no es una tasa porque se trata de un impuesto sobre el flujo de capitales o sobre los ingresos o beneficios de la banca. No tiene ningún destino en particular ni responde a ninguna contraprestación. Además, no es de Tobin, porque el propio James Tobin, el premio Nobel de Economía al que se le ocurrió la idea, la concibió para frenar los movimientos especulativos de capitales a corto plazo, o sea, nada que ver con lo que se llama tasa Tobin. Y para finalizar no es sobre la banca, porque si se aplicara la banca la trasladaría a los usuarios de los servicios financieros en forma de encarecimiento de créditos o abaratamiento en la remuneración de los depósitos. Curiosamente, la tasa Tobin, que hace unos años era una propuesta limitada a los radicales de izquierdas para luchar contra la pobreza, ahora es compartida por políticos de todos los partidos, incluidos los de la derecha, como Sarkozy o Rajoy. ¿Por qué tiene tanto respaldo político una medida que no pagarán los banqueros sino millones de modestos ciudadanos? Por dos razones: la primera es que la suma en la que esos ciudadanos se verán empobrecidos es pequeña y, por tanto, no la percibirán, igual que no perciben el céntimo sanitario u otros gravámenes de tipo indirecto; la segunda es que la crisis económica ha reavivado el antiguo odio a los banqueros (¡aunque no a los banqueros centrales!), y los políticos, siempre dispuestos a empuñar banderas que creen que cuentan con respaldo popular, se han apuntado a la idea de que la banca pague por la crisis o devuelva el dinero de los rescates, y así venden la idea de que la mal llamada tasa Tobin sobre la banca la pagarán los ricos banqueros y no la mayoría del pueblo.

¿Cuántos miles de millones de euros tendrían que pagar los bancos a Hacienda?

Los bancos son empresas, y están obligados a pagar, entre otros, el Impuesto de Sociedades, como todas las empresas. Se podría argumentar que ese impuesto es injusto porque no hay en realidad sociedades sino personas, es decir, todo lo que pagan los bancos y las demás empresas en concepto de Impuesto de Sociedades lo acaban pagando personas físicas concretas, o acaba repercutiendo de una u otra forma sobre ellas. De tal manera que lo que los bancos tendrían que abonar a Hacienda es lo que ya pagan. Y ante planteamientos, como acabamos de ver con la tasa Tobin, que sostienen que hay que gravar al sector financiero con un impuesto adicional, conviene reflexionar sobre quién va a pagar en realidad esos impuestos, que pueden ser, por ejemplo, los trabajadores.

Otra cosa muy distinta es si la banca es un sector privilegiado o no. Y lo es, sin duda ya que cualquiera de nosotros puede crear un pequeño negocio con más o menos dificultad, pero casi nadie puede montar un banco, porque la banca es una actividad muy controlada y regulada por el Estado, en la forma de una institución pública y monopólica que se llama banco central. Este sistema de intervención pública sí que concede grandes privilegios a la banca, desde la capacidad de creación de dinero multiplicando el que reciben en depósito, hasta la posibilidad de ser rescatados con dinero de los ciudadanos cuando hay una crisis. Alguien podrá decir: bueno, si tienen más privilegios que los demás ¡que paguen más impuestos! Pero también alguien podrá preguntarse: ¿y si en lugar de subirles los impuestos no les quitamos esos privilegios?

07

Inversión

¿Qué consejos son adecuados para invertir dinero?

La primera máxima es que nunca se dan duros a peseta. La rentabilidad de la inversión va en aumento a medida que se incrementa el riesgo de la misma, es decir, la posibilidad de perder el dinero. A mayor riesgo, mayor interés. La otra cuestión clave es no poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar las inversiones. No hay que colocar todo en el mismo producto, tampoco en los mismos sectores o instrumentos. Se puede invertir en bolsa, comprando acciones de las empresas que cotizan en ese mercado. Los que saben de este negocio siempre dicen que en bolsa hay que invertir el dinero que no vamos a necesitar y establecer límites a las pérdidas. No hay que casarse con un valor que comience a bajar porque cuando queramos salir de él, desinvertir, puede que entonces sea demasiado tarde. Durante mucho tiempo la vivienda atrajo la mayor parte del ahorro de los españoles. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de vivienda en propiedad. Pero ahora es un mercado con mucho riesgo. El precio de las casas ha bajado sin parar desde el inicio de la crisis. Depende de las zonas, pero la pérdida de valor de los bienes inmuebles supera el 25% y los expertos aseguran que seguirá cayendo hasta un 50% de media. Otra posibilidad es invertir en deuda pública. Esto es comprar letras, bonos y obligaciones del Tesoro que nos ofrecerán una rentabilidad determinada, nos pagarán unos intereses al año. También existe la posibilidad de invertir en deuda corporativa, es decir, bonos y obligaciones de las empresas. Esta es una inversión a largo plazo. El ahorrador más prudente dejará el dinero en depósitos bancarios. Hay todo un universo de ofertas, muchas acompañadas de regalos. Cuidado, hay que fijarse en el interés que nos dan, si es a plazo fijo o no, las condiciones, etc., y no tanto en el ordenador o televisor que nos ofrecen como gancho. Si uno no quiere complicarse la vida puede elegir uno de los innumerables fondos de inversión. Hay casi uno para cada persona y carácter. Existen de renta fija, de renta variable, mixtos, nacionales, internacionales, de un sector determinado, con más o menos riesgo, etc. Pero si somos personas previsoras puede que pensemos en la jubilación y decidamos ahorrar en un fondo de pensiones. En este caso ocurre lo mismo, los hay para todos los gustos. Ojo con las comisiones. Un gran enemigo del ahorro, como ya hemos visto, aparte del riesgo, es la inflación, que se come la rentabilidad. En todos los casos hay que estar muy pendientes de la letra pequeña, las cláusulas y la capacidad de liquidez, la posibilidad de salirse de la inversión y si hay penalizaciones por hacerlo antes de lo estipulado en el contrato.

¿Qué es la rentabilidad?

Es la consecución de beneficios, la obtención de ganancias en cualquier actividad económica. La rentabilidad en un depósito bancario es el tipo de interés que nos da la entidad por dejar nuestros ahorros durante un determinado tiempo en sus manos. La renta fija es cuando nos ofrecen una rentabilidad determinada que conocemos desde el inicio de la operación, desde que ingresamos el dinero. Con la renta fija sabemos el tipo de interés que nos van a pagar de manera regular durante el plazo de tiempo acordado. Los más comunes son los depósitos a plazo fijo de los bancos y cajas de ahorro. Suelen presentar un riesgo bajo y por lo tanto una rentabilidad menor. Es la herramienta de ahorro más utilizada por los inversores más cautelosos. La renta variable es cuando la ganancia de la inversión depende de factores diversos y no está predeterminada. Por ejemplo, en la compra y venta de acciones la rentabilidad viene establecida por la diferencia entre el precio de compra y de venta de estos títulos. La rentabilidad la marcará la marcha del mercado que es siempre imprevisible, incluso en vez de ganancias puede que nos encontremos pérdidas. Se invierte en renta variable porque se busca un mayor beneficio, aunque también hay que ser consciente que, por lo tanto, debemos asumir un mayor riesgo.

¿Qué moneda es más ventajosa para invertir en ella?

Para un ciudadano normal lo habitual es invertir en la moneda en la que tiene el grueso de sus ingresos. Esto es una regla general tanto para la inversión en mercados de renta variable como para los préstamos hipotecarios. En este caso más aún, por los amplios plazos que duran este tipo de créditos. Una hipoteca suele amortizarse en unos 20 años y en este período el valor de una moneda puede sufrir muchas oscilaciones, como ya comentamos al responder a la pregunta sobre las hipotecas en yenes. Pero si se desea invertir en este mercado se puede abrir una cuenta en el banco o en un intermediario financiero, incluso on-line. Se suele comenzar con cantidades relativamente pequeñas pero hay que fijarse en las comisiones que cobra la entidad, si hay comisiones fijas y el tanto por ciento que se debe abonar en cada operación. El mercado de divisas exige una dedicación y conocimientos adecuados y profundos. El mercado está abierto de forma continua: cuando termina en Europa se siguen comprando y vendiendo monedas en los mercados de América y según avanza el día en Asia. Obliga a estar muy atento porque cualquier noticia o decisión de las autoridades del país emisor de esa moneda puede provocar, en algunos casos, intensas oscilaciones. Por ejemplo, cuando el banco central que sustenta esa divisa modifica los tipos de interés oficiales o el Gobierno de turno toma decisiones de política económica que afecten al tipo de cambio, una de las más radicales es una devaluación. Se recomienda siempre, como ocurre con el mercado de acciones, establecer un límite a las pérdidas a partir del cual se vende, para no acumular más descensos en la inversión, o también determinar a partir de qué nivel se quieren recoger los beneficios. Las monedas más interesantes para invertir son las de aquellos países con una economía fuerte e instituciones políticas y sociales estables. Estas monedas suelen ser el dólar estadounidense, la principal divisa del planeta, el euro, la libra británica, el dólar canadiense, el franco suizo, el yen japonés y, ahora, con la crisis de la deuda de los países de la eurozona, en las monedas de Suecia, Noruega o Dinamarca, las denominadas tres coronas que se han convertido en divisas refugio.

¿Qué factores personales hay que tener en cuenta antes de invertir dinero?

Los expertos dividen a los inversores en agresivos o prudentes. Cada uno debe conocerse y elegir qué quiere ser. Los inversores más agresivos querrán rentabilidades más elevadas y, por lo tanto, deberán afrontar más riesgos. La cuestión es establecer el límite de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Además, para un inversor cuyo mayor ingreso es su salario, antes de invertir debe tener cubiertos sus gastos habituales, letra del piso, del coche, alimentación, etc. Hay que separar el dinero que necesitamos para nuestra vida, para el día a día, del dinero que vamos a invertir. No podemos entrar en un depósito a plazo fijo y después intentar recuperar el dinero antes del fin del período. Habrá costes. Tampoco es buena cosa comprar acciones y de repente, en mitad de una caída del mercado, en el momento más inoportuno, vernos en la necesidad de vender perdiendo rentabilidad o incluso parte del capital inicial porque nos llega el recibo del seguro del automóvil. Por eso, antes de invertir debemos hacer un cálculo de nuestras necesidades y de lo que buscamos. Los analistas de inversión lo llaman plan financiero. Otra cosa fundamental es tener paciencia, los nervios nunca son buenos consejeros. Y si uno no quiere pasarse la vida delante de una pantalla de ordenador viendo cómo suben y bajan los precios de las acciones o cómo evoluciona la prima de riesgo de la deuda pública lo mejor es dejar la inversión en manos de expertos o participar en fondos de inversión.

¿Qué parte de unos ahorros se debe invertir? ¿Hay un porcentaje ideal?

Hay que invertir desde el primer momento. No se gana con el dinero inmovilizado en una cuenta corriente. Todo lo contrario, se termina perdiendo dinero. Las entidades financieras no ofrecen casi ninguna rentabilidad por el dinero que tenemos en las libretas, a la vista. Lo normal es que tengamos muchas comisiones. La cuestión no es qué porcentaje de los ahorros hay que invertir, la cuestión es dónde hay mayor rentabilidad y no colocar todo el ahorro en el mismo lugar ni con el mismo tipo de riesgo.

¿Es buena elección invertir en oro? ¿Es más estable que las monedas?

Si se tratara de invertir en monedas, el oro es mucho más estable porque los Gobiernos y los bancos centrales, que también son autoridades públicas, han degradado el valor de las monedas a lo largo de los años mediante la inflación. En cambio, el oro, cuya cantidad no puede ser manipulada por ningún político y cuya producción es bastante pequeña con respecto a la cantidad ya producida existente en el mundo, ha incrementado su valor con los años: es un valor seguro y rentable a largo plazo. Pero, claro, nadie invierte en monedas, salvo que las guarde debajo del colchón, y quien allí invierte sufre dos pérdidas: una es la inflación; y otra es la rentabilidad que podríamos obtener con ese dinero si no estuviera inmovilizado. No invertimos, pues, en monedas sino que las utilizamos para invertir en activos, es decir, en algo que nos dé una renta o alguna otra contrapartida, como por ejemplo cuando invertimos en una casa para vivir en ella. Por lo tanto, la cuestión es si conviene más invertir en oro o en esos otros activos. Y los expertos suelen recomendar diversificar nuestras inversiones, y no es habitual que aconsejen apostar demasiado por el oro, salvo ante coyunturas de máxima incertidumbre o perspectivas de alta inflación.

¿Por qué el famoso economista John Maynard Keynes llamaba al oro «reliquia bárbara»?

Porque Keynes rechazaba las reglas del patrón oro por ser restrictivas y apostaba por un sistema de bancos centrales públicos que tuvieran libertad para manejar la cantidad de dinero en una economía. En cambio, el patrón oro fue un sistema más rígido donde las autoridades no tenían tanta libertad porque estaban sometidas al compromiso de que los billetes de papel podían ser canjeados por oro, y por tanto no podían ser emitidos en exceso. Esto limitaba la acción de los gobernantes, sobre todo a la hora de aumentar el gasto público. El propio Keynes habló del patrón oro como un sistema que «maniata a los ministros de Hacienda». Los políticos, a partir de la primera mitad del siglo XX, acabaron con esa reliquia y establecieron en todo el mundo los bancos centrales que quería Keynes. Hay bastante discusión sobre si fue una buena medida, entre otras razones porque que una vez que los bancos centrales empezaron a expandir el dinero y el crédito, o a darle a la maquinita como suele decirse popularmente, generalizaron la inflación; y porque los Gobiernos, al no estar maniatados, aumentaron el gasto público y los impuestos sin cesar.

¿Qué es la Comisión Nacional del Mercado de Valores?

Es el organismo encargado de la supervisión e inspección de las bolsas y los mercados de valores españoles, y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. Fue creada por la Ley 24/1988. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene como objetivo vigilar y mantener la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios de los mismos, así como defender y evitar estafas que afecten a los inversores. Promueve la difusión de cuanta información sea necesaria para el cumplimento de estos fines, sean de empresas, hechos relevantes, avisos sobre irregularidades y «chiringuitos» financieros que suponen algún tipo de estafa. La Comisión supervisa las sociedades que emiten valores para ser colocados de forma pública, en las bolsas, los mercados secundarios de valores y las empresas que ofrecen todo tipo de servicios a los inversionistas.

¿Qué es la bolsa? ¿Cuál fue su origen y función?

Las bolsas son antiquísimas, y sus orígenes se remontan a Grecia y Roma. Las más cercanas a las actuales nacieron en la Edad Media cuando se van extendiendo los pagarés y las letras de cambio. Se dice que su nombre proviene del Mesón Van der Bürse, donde se reunían comerciantes en Brujas (Bélgica). La primera bolsa, en sentido moderno, la de Amberes, fue creada en 1460. En España, las lonjas fueron el precedente de las bolsas. La primera bolsa en nuestro país fue la de Madrid, creada en 1831. En la ley que dio origen a la Bolsa de Madrid se definía la misma como un lugar de reunión para comerciantes donde se realizan las operaciones de contratación de activos mobiliarios. De forma práctica, se crea una empresa, se inscribe en un registro de comercio, hacen la escritura, etc. Estas empresas privadas poseen acciones que representan la propiedad de la empresa. Si Javier Pérez y María García fundan una empresa, son los dueños y se reparten el 50% de las acciones cada uno. Su empresa privada, por necesidad de adquirir dinero, ofreciendo su gestión, sus beneficios, puede acudir a la bolsa de valores y vender acciones que cualquiera puede comprar y tener, así, parte de la propiedad y de la capacidad de decisión en dicha empresa. La bolsa, pues, es una organización privada que facilita las negociaciones de compra y venta de valores de las empresas allí presentes. Valores como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. Las acciones fluctúan dependiendo de la oferta y demanda. Si se prevé que el Banco Santander ganará más dinero, habrá demanda de sus valores, y estos subirán de precio. Si por el contrario se teme una reducción de beneficios o pérdidas, las acciones se venderán, y su cotización caerá. Hay una máxima que afirma que la bolsa se anticipa a los ciclos económicos. Si cae es porque considera que vienen malos tiempos. Si sube es porque las perspectivas son optimistas y se apuesta por el crecimiento económico. Pero, ojo, ¡las apuestas se pueden perder!

¿Qué son las posiciones a corto?

En los últimos años hemos oído hablar bastante de las posiciones a corto, y generalmente mal, porque las noticias han subrayado sobre todo los peligros de esas posiciones cortas y las medidas que las autoridades, desde la Unión Europea hasta la CNMV han tomado para restringirlas o prohibirlas. Estas posiciones cortas son una forma de apostar, pero en vez de las inversiones normales, las llamadas posiciones largas, que significan la compra de un activo esperando que su precio suba, para poder venderlo en el futuro con un beneficio, las posiciones cortas actúan justo al revés, porque esperan beneficiarse no porque el precio de los activos aumente sino porque disminuya. La operativa es la siguiente: si creemos que la cotización de la acción de la empresa X va a bajar, pedimos prestadas las acciones con el compromiso de devolverlas al cabo de un cierto tiempo. A continuación, las vendemos y cuando venza el plazo las volvemos a comprar y las devolvemos. Como es obvio ganamos si el precio de las acciones baja, y perdemos si sube. Aunque ha habido bastante lío con este asunto, la verdad es que no se trata de operaciones tan extrañas (no son nuevas en absoluto), y de hecho en la mayor parte de los países ya han vuelto a ser permitidas. Es posible que la reacción negativa que han suscitado tenga que ver con las propias empresas objeto de esta especulación que rechazan que se especule en su contra.

¿Invertir en bolsa es recomendable para gente inquieta que quiere beneficios rápidos?

Lo primero es reflexionar si la bolsa es el mercado más adecuado para nosotros. La inversión no es cosa de inquietudes, sino de rentabilidades. Hay gente muy tranquila que ha ganado ingentes cantidades de dinero en bolsa, por ejemplo, Warren Buffett. Es el tercer hombre más rico del mundo, y la mayor parte de su fortuna la ha conseguido comprando y vendiendo acciones. Buffett no suele estar muy inquieto y si lo está lo disimula muy bien. En bolsa se puede uno presentar como un inversor a corto plazo, que busca rentabilidades rápidas, incluso en el mismo día, o ser un inversor que busca rentabilidades a medio o largo plazo.

¿En qué hay que fijarse para invertir en bolsa?

Si uno es un pequeño inversor no conviene comprar acciones con créditos. Es cierto que ha habido inversores que han ganado mucho dinero con este sistema, pero son gente experimentada, en general con grandes fortunas o empresas detrás. La bolsa es imprevisible y puede ocurrir que cegados por el brillo del dinero terminemos sin ganancias pero con un préstamo al que hacer frente. Pero este es un país libre y cada uno debe decidir lo que quiere hacer. Eso sí, con la actual restricción del crédito esta fórmula es todavía más complicada. Hay que diversificar. Invertir solo en uno o dos valores incrementa el riesgo. Cuidado con las empresas o los sectores de moda que están en el escaparate. En la bolsa pueden dar lugar a burbujas, a grandes subidas de las cotizaciones que no tienen fundamento real y que estallan sin previo aviso. Es lo que ocurrió con la llamada burbuja tecnológica a principios de siglo. Se dispararon las compras de acciones relacionadas con Internet y no todas las empresas sobrevivieron. Ha vuelto a ocurrir con las inmobiliarias y con las empresas de energía renovable, aunque en menor medida. A la hora de invertir en acciones de una empresa determinada lo más conveniente es estudiar su negocio, cómo van sus ventas, cuánto dinero ha ganado, cómo evoluciona el sector al que pertenece, sus controles de gasto, sus proyectos y su deuda, su política de reparto de beneficios, el dividendo y su grado de liquidez en el mercado, entre otra infinidad de cosas. Por último, insistimos, a la hora de invertir en bolsa hay que establecer un límite de pérdida a partir del cual se vende el título de forma automática para no acumular más descensos. Y, por supuesto, no invertir en algo de lo que no se entienda, tener cuidado con los rumores y no pensar que en la bolsa siempre se gana.

¿Qué son los bonos y las letras del Tesoro?

Son valores emitidos por el Tesoro Público, por el Estado español. Los bonos son emitidos con un vencimiento superior a dos años. Tras ese período ese bono, ese dinero adquirido por usted se le entrega más el interés fijado en la colocación. Bonos y obligaciones del Estado son iguales salvo el plazo. Los bonos se emiten a tres y cinco años, mientras que las obligaciones tienen un vencimiento superior a los cinco años. Las letras del Tesoro, por el contrario se emiten a corto plazo, menor a dos años, y suelen ser a 3, 6, 12 o 18 meses. Los bonos y obligaciones tienen un interés periódico, normalmente anual, que se va abonando, salvo las letras del Tesoro cuyo interés se paga de forma unitaria al final del período contratado. El valor nominal mínimo de un bono es de 1.000 euros, y las peticiones deben ser múltiplos de 1.000. A primeros de año el Boletín Oficial del Estado publica las fechas para conocer los días que se emitirán las subastas de bonos, fechas en las que se pueden comprar, así como las de peticiones y desembolso. Se pueden adquirir en el Banco de España, en su propio banco, si tiene este servicio, por Internet e, incluso, por teléfono.

¿Es rentable invertir en energías renovables ahora que tanto se habla de apostar por un futuro más limpio?

La inversión en energías renovables en España se encuentra afectada por los últimos cambios normativos. La energía renovable no es rentable hoy día sin ayudas y subvenciones públicas. El Estado abona a los inversores de este tipo de energías lo que se denominan primas. Para el ejercicio 2012 está previsto que superen los 7.000 millones de euros. El nuevo Gobierno decidió frenar este proceso ascendente que iba multiplicando el dinero del Estado dedicado a subvencionar las inversiones en energías renovables. Por eso, el Gobierno, a instancias del Ministerio de Industria, aprobó a principios de 2012 un Real Decreto-Ley para suspender de forma temporal las primas que deberían cobrar las nuevas instalaciones de generación eléctrica que se consideran renovables. Estas energías son la solar, termosolar, eólica, la que usa biomasa o las de origen hidráulico, entre otras. Estas ayudas las pagan los consumidores con un porcentaje específico en el recibo de la luz que se suma al coste real de la electricidad consumida, como vimos cuando tocamos el tema del precio de la luz. Es decir, los consumidores son los que están financiando con su dinero estas inversiones. La suspensión de las primas a las nuevas instalaciones es una medida temporal hasta que se ponga en marcha una reforma de todo el sistema eléctrico español.

¿Qué son los fondos de inversión?

Son instituciones de ahorro colectivo que se forman con unas cantidades de dinero o de patrimonio aportadas por cada uno de sus inversores. Los fondos de inversión los administra una sociedad gestora que tiene que dar cuenta a los partícipes de la evolución de las inversiones. El objetivo de los fondos es lograr la mayor rentabilidad posible y para ello pueden invertir en acciones, en letras del Tesoro, en bonos, en productos derivados o bienes inmuebles, entre otros. La sociedad gestora cobra una comisión por su trabajo: administrar la inversión.

¿Cuántas clases de fondos de inversión existen?

Encontramos una infinidad de fondos de inversión. La clasificación más fácil es según el objeto de la inversión. Están los fondos de renta variable y los de renta fija. Estos últimos invierten en obligaciones o bonos de empresas o de deuda pública, donde también hay letras del Tesoro. Antes de la crisis se suponía que la deuda pública de los países era la inversión con menos riesgo pues la garantía la ofrecía el Estado. Tras lo ocurrido en Grecia esto ya no está tan claro y es la razón por la cual muchos inversores buscan seguridad en los bonos de Alemania que se consideran más estables. Por eso se dice que el bund alemán es un valor refugio.

¿Dónde invierten los fondos de renta variable?

Estos fondos son los que invierten la mayor parte de su capital en renta variable, como las acciones. Pueden ser nacionales, que solo compren títulos de empresas que cotizan en la bolsa española, internacionales, europeos o de países emergentes (las naciones que se desarrollan muy rápido, como China o Brasil). También pueden clasificarse por el sector en el que invierten, tecnológicos, telecomunicaciones, banca, energéticos, etc.

¿Hay más tipos de fondos de inversión?

Podemos encontrar diferentes fondos de inversión. Existen los fondos mixtos que son los que invierten un porcentaje en renta variable y otro en renta fija. El porcentaje en una cosa u otra varía según los fondos. Están los fondos garantizados que prometen mantener el capital y ofrecen una rentabilidad en una fecha determinada. También los inmobiliarios, que invierten en edificios, oficinas o casas. En este caso la liquidez suele ser limitada, solo se puede comprar y vender en determinadas fechas. Están los fondos de fondos, que son aquellos que invierten en otros fondos. Además hay que tener en cuenta a los llamados ETF, que son fondos cotizados, cestas de valores que cotizan en un mercado y que se pueden comprar y vender como si fueran acciones. Los fondos globales, que tienen libertad de inversión, no tienen un objetivo definido, aprovechan cualquier oportunidad, empresa, divisa, sector o país. No cuentan con la obligación de establecer previamente los activos elegidos para sus inversiones.

¿Qué son los hedge funds?

Son los fondos de inversión libre, más conocidos como fondos de alto riesgo. Intentan acumular altísimas rentabilidades y, en consecuencia, se arriesgan más que los demás. Utilizan técnicas y sistemas de inversión financieras prohibidas a los fondos tradicionales como llamadas operaciones a corto, que, como ya hemos visto, es apostar por la caída de precio de una acción concreta. Pueden utilizar derivados financieros, etc. Además, no están obligados a dar una información tan detallada como el resto de los fondos. Muchos analistas consideran que las actuaciones de este tipo de instituciones fueron la chispa que prendió la crisis financiera en 2007.

¿Qué son los fondos soberanos?

Estos fondos existen desde hace tiempo pero con la crisis están ganando gran notoriedad. En pocas palabras, son aquellos que se constituyen con dinero de un Estado y forman parte de su propiedad. Mueven grandes cantidades de dinero y son, en realidad, los vehículos de inversión de algunos Estados que han logrado acumular enormes sumas de dinero. Los fondos más importantes suelen pertenecer a naciones exportadoras de petróleo. Parte de los beneficios conseguidos con la venta de los hidrocarburos los dedican a este tipo de fondos que invierten en todo el planeta y en todos los sectores. El más grande es el de Abu Dhabi. También destacan los de Noruega, que es un fondo gubernamental de pensiones conformado con parte de los ingresos petrolíferos del Mar del Norte, el de Arabia Saudí, China, Singapur y Kuwait, el KIA, que fue el primero de todos, se creó en los años cincuenta del siglo XX. Los fondos soberanos compraron buena parte de las acciones de la banca estadounidense tras la quiebra de Lehman Brothers. Acudieron al rescate de entidades estadounidenses como Merrill Lynch o Citigroup. Antes, ya llevaban años invirtiendo en Europa e incluso en España. Por ejemplo, los kuwaitíes de KIO. En la actualidad, uno de los más activos en nuestro país ha sido el fondo noruego de pensiones.

¿Qué es una Sicav?

Es una Sociedad de Inversión de Capital Variable. Se crearon como instrumento de captación del ahorro de inversores. En España se han convertido en una de las principales herramientas de las grandes fortunas para gestionar su dinero. A diferencia de los fondos, las Sicav sí que tienen forma societaria. Deben contar como mínimo con 100 accionistas. Lo que sucede es que, en muchos casos, el verdadero dueño controla casi todo el capital y los 99 restantes suelen ser empleados del banco o del propio inversor principal. A estas 99 personas, en el argot financiero, se las conoce como «mariachis», porque van de acompañamiento. Las Sicav deben presentar un capital mínimo de 2,4 millones de euros y pueden invertir en cualquier activo. El gran atractivo es su régimen fiscal. Solo tributan al 1% por los beneficios conseguidos. Esto genera una enorme polémica, pues cualquier otra empresa sufre un gravamen oficial del 30% en el Impuesto de Sociedades. Los defensores de las Sicav aducen que el capital que conforman estas sociedades ya pagó antes esos tributos. El capital total que movieron las Sicav en España superó los 23.000 millones de euros en 2011. La Sicav más grande del país, Morinvest, es propiedad de Alicia Koplowitz.

¿A qué edad es recomendable hacerse un fondo de pensiones?

No hay una edad determinada pero se recomienda que cuanto antes mejor. El primer gobernante que lanzó de manera pública una recomendación general a favor de abrir fondos de pensiones fue Pedro Solbes, cuando era ministro de Economía, por primera vez, en el Gobierno de Felipe González en la legislatura de 1993 a 1996. Solbes defendía la necesidad de complementar la pensión pública de la Seguridad Social con un fondo de pensiones. Aquella recomendación no era altruista, sencillamente el sistema público de protección social atravesaba uno de sus peores momentos al deteriorarse financieramente por la crisis de principios de los noventa que disparó, como ahora, el número de parados y redujo el volumen de cotizantes a la Seguridad Social. En la actualidad, estamos en mitad de una reforma del sistema de pensiones que trae de la mano un retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Los fondos de pensiones son una manera de ahorrar para cuando dejemos de trabajar y nos jubilemos. Su función en España es completar la pensión pública al recuperar el valor de lo invertido más la rentabilidad acumulada durante el tiempo de inversión. Con lo cual, cuanto más amplio sea el período de ahorro mejor. La realidad indica que los españoles suelen abrir un fondo de pensiones a partir de los 40 años, como muy pronto, y es que antes es difícil conseguir ahorrar lo suficiente. En buena parte de los casos se está pagando todavía el préstamo hipotecario de la casa.

Nadie conoce el futuro. Entonces ¿por qué tienen trabajo los analistas de bolsa?

Porque los ciudadanos demandamos sus servicios, y no lo hacemos porque creamos que son unos adivinos. Ya hemos hablado antes del inevitable desconocimiento que todos padecemos a propósito del futuro. Los analistas de bolsa no son una excepción. Entonces, la razón por la que solicitamos sus servicios, y por la que ellos tienen trabajo y cobran un dinero, es que pensamos que el futuro igual tiene alguna relación con el pasado y el presente, que sí podemos conocer más o menos, y que los pronósticos tienen alguna relación positiva con la formación y la información de quienes los formulan. Si esto no fuera así, los analistas habrían desaparecido, y los inversores nos limitaríamos a jugar a la lotería o a invertir en activos según lo que nos recomendara un hechicero, una echadora de cartas o lo que saliera al arrojar unos dados. No lo hacemos, claro, a pesar de lo que cuentan sarcásticamente en Estados Unidos, donde dicen que da lo mismo invertir siguiendo los consejos de un experto que hacerlo siguiendo a un chimpancé que lanzara unos dardos contra la página de bolsa del diario económico The Wall Street Journal. No conocemos a nadie que asigne así sus ahorros. Ahora bien, dicho esto, y aunque recomendamos dejarse aconsejar por los analistas, también advertimos que el desconocimiento del futuro es inevitable y que no hay posibilidad de superarlo aunque acumulemos montañas de información. Un libro muy famoso titulado El cisne negro de Nassim Nicholas Taleb subraya este problema. Como todo el mundo había visto en Europa desde hacía milenios unas aves llamadas cisnes con un único color, el blanco, concluyeron que los cisnes solo podían ser blancos. ¡Hasta que apareció un cisne negro en Australia! Es decir, lo que pensamos que no puede pasar, puede suceder. Que se lo digan, sin ir más lejos, a todos los que invirtieron en suelo y viviendas pensando que sus precios solo podían subir.

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Economía

¿Para qué sirve un economista? Mucha gente compara a este profesional con un aficionado al fútbol: conoce el juego perfecto en teoría, pero no salta al campo de juego. El economista, tampoco.

Esto es cierto en el sentido de que los economistas, como el resto de las personas, no lo saben todo, unas veces son bastante ignorantes y otras son tan arrogantes que no reconocen su propia ignorancia. Sin embargo, no es verdad que los economistas tengan teorías perfectas y tampoco que no salten al campo de juego. Al contrario, saltan bastante, y con alguna frecuencia los resultados de ese salto de la teoría a la práctica no son todo lo buenos que cabría esperar a tenor de la buena opinión que algunos economistas tienen de sí mismos. Un economista es una persona que estudia la acción humana desde el punto de vista de los recursos que utilizamos para mejorar nuestra propia condición, que es algo que hacemos todos; por eso el economista está todo el rato fijándose en precios y costes, en valores y en productos. Sus teorías no son perfectas, como tampoco lo son las de ninguna otra disciplina, en particular las que se ocupan de la conducta de los seres humanos. Esa imperfección es lo que debería sustentar la modestia de los economistas, virtud que por desgracia no todos ostentan. Si son arrogantes y además pasan por así decirlo de las musas al teatro, o de la teoría a la práctica, los economistas pueden ser peligrosos. Si vemos dónde están los economistas, comprobaremos que en un porcentaje nada despreciable están en la Administración y en la política. ¡Hasta hay un Ministerio que lleva su nombre! Un economista ignorante y arrogante que haga tonterías en su casa con su dinero causará daño a su familia y a pocas personas más. Pero un economista ignorante y arrogante que intervenga en la economía de un país entero puede causar un daño enorme a mucha gente. En el medio está el caso del economista que asesora a empresas o a inversionistas. Él también puede perjudicar a la gente, pero en este caso se trata de gente que se juega su propio dinero, y por eso mismo tenderá a ser cuidadosa con él, y a no creerle al economista todo lo que dice.

¿Qué son la micro y la macroeconomía?

La microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto, y analiza agregados. Fijándose en la oferta, la demanda, los precios y los costes, la microeconomía analiza la asignación de recursos por parte de individuos y empresas, buscando los primeros la utilidad y las segundas los beneficios, alcanzando diferentes situaciones de equilibrio. Las variables que suele estudiar la macroeconomía son el nivel de renta nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. La macroeconomía está asociada al nombre de John Maynard Keynes, cuyo famoso libro de 1936, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, es considerado el punto de partida de esta nueva rama. Keynes pensaba que el ajuste de los mercados, que estudia la microeconomía, no se daba a escala macro, con lo que los mercados no funcionaban y era necesario una política macroeconómica para resolver el problema del paro a través de medidas que impulsaran la demanda global. Los críticos de Keynes, por su parte, intentaron defender el buen funcionamiento de los mercados y sostuvieron que los fundamentos de la macroeconomía no eran diferentes de los de la microeconomía. Después de todo, la macro está en realidad compuesta por elementos individuales.

¿Qué es un ciclo económico? ¿Duran todos lo mismo?

Un ciclo económico es una fluctuación regular en la actividad económica, que en teoría tiene cuatro fases que se van repitiendo: la expansión, la crisis, la depresión y la recuperación. Hay muchas teorías sobre el ciclo, y varias de ellas sostienen que su origen no es económico, puesto que es claro que hay factores no económicos que influyen sobre la actividad. Pensemos por ejemplo en la meteorología, que fue importantísima durante casi toda la historia económica mundial, puesto que durante miles de años el sector económico más importante, con diferencia, fue la agricultura. Pero también influye sobre la economía el cambio tecnológico, la demografía, la salud de la población, la expansión de los mercados (pensemos en el descubrimiento de América) y, por supuesto, la política (pensemos en las guerras). Entre las teorías que se fijan en las razones estrictamente económicas para los ciclos, los economistas han prestado atención sobre todo al dinero y al crédito, al ahorro y a la inversión. No hay ciclos de la misma duración, y hay diversas teorías sobre cuánto duran: un economista ruso llamado Kondrátiev llegó incluso a plantear la idea de que los ciclos son muy prolongados y habló de unas ondas largas con fluctuaciones que duraban 50 años.

¿Qué es el crecimiento económico y de qué depende?

El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el PIB por persona de un país o una región o un grupo de países, como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo. Lo más habitual es medirlo de forma anual, para comparar cómo ha crecido o no cada año. Hacerlo por persona o per cápita sirve para poder establecer comparaciones razonables entre países, porque si nos limitáramos a la renta total o el PIB en su conjunto, entonces resultaría que China es el país más rico del mundo, no porque sus habitantes sean ricos sino porque son muchísimos. ¿Por qué crecen los países? Lo primero es constatar que lo hacen, y lo han hecho de modo muy acentuado desde la llamada Revolución Industrial del siglo XIX. Los datos del economista Angus Maddison indican que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular: la población mundial se multiplicó por cinco, la renta por persona lo hizo por ocho, el PIB mundial por 40 y el comercio mundial por 540. En todo este período los mejores años son los que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en la década de 1970. El segundo mejor período para el crecimiento fue de 1870 a 1913, y, el tercero, el período actual hasta la crisis. Las cifras de los últimos dos siglos son muy superiores a toda la historia anterior. Los países que más crecen son los de Europa Occidental y sobre todo algunas de las antiguas colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Algunos continentes cambian de ritmo de crecimiento. Por ejemplo, Asia ha crecido mucho más rápido que África en el último medio siglo (esto explica por qué África es ahora el continente de la pobreza). Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico como humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco institucional: en esencia el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica, paz y libertad.

¿Qué significa economía del bienestar?

La economía del bienestar, que está asociada al título de un libro del economista inglés A. C. Pigou de 1920, estudia la forma de organizar la economía de modo que resulte socialmente deseable. Se dirá: esto no es necesario, basta con dejar que cada individuo actúe de forma libre. Pero lo que sucede es que un individuo puede perjudicar a otro actuando de esa manera. Un ejemplo clásico es la contaminación, un caso de lo que llaman los economistas efectos externos o externalidades, que se producen cuando las acciones de un agente económico afectan a las decisiones de otro. También están los llamados bienes públicos o bienes preferentes, que tienen características especiales (por ejemplo, se brindan para todos sin distinción, como la defensa nacional, o tienen general aceptación social, como la educación), que se considera que o bien los individuos y las empresas no van a suministrar libremente en absoluto, o bien que no lo harán en la cantidad deseable. El lado práctico de esta teoría de la economía del bienestar, por supuesto, es el Estado del bienestar, que pretende ser una organización socialmente deseable de la economía. Todo esto ha sido sometido a mucho debate y cuestionamiento, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico y político, y ha habido críticas y defensas tanto de la labor y la eficacia del Estado moderno en la provisión de servicios y prestaciones de toda índole, como del inevitable peso que todo ello hace recaer sobre los bolsillos de los contribuyentes.

¿Qué es el Producto Interior Bruto? ¿Y el Nacional? ¿Y el Neto?

El PIB, es la medida más conocida de la riqueza de un país. Es la suma del valor de los bienes y servicios producidos en una economía durante un período determinado, en general un año o un trimestre. Pero no suma todos los bienes y servicios sino los llamados finales, porque considera que el valor de los llamados bienes intermedios, como las materias primas, por ejemplo, están incluidos en el valor o en los precios de los productos finales. El Producto Nacional Bruto (PNB), es el PIB más las rentas de las inversiones de los españoles en el exterior, y menos las rentas que los extranjeros obtienen en el mercado español. El Producto Nacional Neto (PNN) es el PNB menos el gasto destinado a cubrir la depreciación de los activos de capital utilizados en la producción. La idea de excluir el valor de los bienes intermedios parece en principio razonable: si sumamos el precio de la harina y el del pan estamos sumando dos veces, porque el precio de la harina ya está incluido en el precio del pan. Ahora bien, algunos economistas han sugerido que si excluimos los bienes intermedios estaremos dando mayor importancia al consumo y menor importancia a la inversión, porque después de todo la inversión se concreta sobre todo en bienes intermedios, como en la maquinaria, y así estaremos dando una imagen quizá distorsionada de la economía real, cuyo dinamismo en realidad depende sobre todo de la inversión y no del consumo.

¿Qué es la inversión y de qué depende?

La inversión es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de capital, es decir el acto de no consumir esos recursos ahora para satisfacer necesidades en el presente, sino de destinarlos a satisfacer necesidades en el futuro. Por eso la inversión está relacionada con el ahorro, que es la postergación del consumo presente en aras del futuro. Toda inversión, por tanto, se hace con la aspiración de beneficios que no existen en el presente. La inversión es la clave del crecimiento económico y el progreso. Imaginemos que no hubiese habido nunca inversión: en ese caso seguiríamos en las cavernas. Hemos progresado porque alguien en el pasado decidió no consumir lo que tenía y dedicarlo a crear un capital que pudiese darle un rendimiento mayor con posterioridad. La inversión puede ser en objetos físicos, en maquinaria o edificios para vivir o para producir, o en materias primas o bienes que sirven para producir otros bienes, y también puede ser financiera, como cuando sacrificamos el consumo para comprar acciones o bonos. Podemos decir que cuanto más invirtamos más ricos seremos nosotros y nuestro país. Sin embargo, así como podemos consumir mal, también podemos invertir mal, y entonces…

¿Qué es la crisis? ¿Por qué se produce y por qué acaba?

Una crisis es un proceso de inversión excesiva y equivocada. Si las inversiones fueran ajustadas al ahorro y a la demanda de los ciudadanos, serían inversiones acertadas, y todo lo que fuese producido sería vendido y no habría problemas. Si los hay, y claro que los hay, es porque no todo lo producido puede ser vendido, o no puede ser vendido a precios que cubran sus costes. Un ejemplo muy gráfico lo hemos visto en España y otros países en el caso de la vivienda, con millones de pisos que están ahí, que están construidos (algunos se han dejado a medio terminar) pero que nadie quiere comprar o no quiere salvo que los precios bajen mucho. Esto que se ve en los pisos también pasa en otras inversiones, porque muchos empresarios han expandido su actividad y después se han encontrado con que no pueden colocar lo que han producido. Eso es una crisis. Pero ¿por qué se produce? Seguro que actúan muchos factores, que además no son los mismos en todas las crisis: por ejemplo, en los años setenta un factor muy importante fue el súbito encarecimiento del petróleo. Pero un factor que suele repetirse es el crédito barato, que tiene una doble consecuencia. Por un lado, anima la inversión, pero puede animarla en exceso y llevar a conclusiones equivocadas. Por otro lado, desanima el ahorro. En efecto, ¿para qué ahorrar si los tipos de interés son bajos? Más bien conviene consumir y endeudarse para comprar, por ejemplo, viviendas, que además suben de precio, con lo cual la inversión es segura y siempre podremos vender la vivienda en el futuro a un precio mayor que el que hemos pagado para comprarla. Todo esto lleva a un desajuste que al final estalla cuando se comprueba que la inversión ha sido excesiva y equivocada. Conviene recordar que la crisis no empieza cuando estalla; digamos, si la actual surgió en 2007 o 2008 (¡a pesar de lo que nos decía el Gobierno!), eso quiere decir que se gestó antes, precisamente cuando se fueron realizando las inversiones que al final se vio que eran desacertadas. Y ¿por qué acaba la crisis? Acaba cuando esas inversiones han sido pagadas o absorbidas, y han sido reemplazadas por otras nuevas, más acertadas. Ese proceso es muy duro, porque comporta millones de empleos perdidos y cientos de miles de empresas que deben cerrar, como ha sucedido en nuestro país en estos últimos años. De ahí la importancia crucial del Go bierno que puede facilitar ese ajuste bajando los impuestos y flexibilizando los mercados, para que el ahorro se fortalezca y pueda financiar la inversión, las nuevas empresas puedan ser creadas y los trabajadores puedan pasar de un empleo a otro sin estar mucho tiempo parados. Si el Gobierno no lo hace, entonces contribuye a retrasar la recuperación. Esto dicho, sin embargo, esa recuperación tendrá lugar de todas maneras, tarde o temprano, y, lo mismo que la crisis se gestó mucho antes de su explosión, también la recuperación se origina mucho antes de que la veamos con claridad. De hecho, se gesta precisamente en los años del duro ajuste, en los que solo parece que hay malas noticias.

¿Qué es la balanza de pagos?

La balanza de pagos es el registro de las transacciones de un país, región o conjunto de países, como la Unión Europea, con el resto del mundo en un período determinado, generalmente un año. La balanza se basa en una contabilidad de partida doble, toda operación de entrega o recepción de un valor económico con el exterior se hace a cambio de otra operación. Si vendemos vehículos a un tercer país, este los pagará. Si España adquiere aviones de otra nación, tendrá que abonarlos. La balanza de pagos, cuyos datos facilita el Banco de España de manera trimestral y anual tiene dos cuentas principales: la balanza por cuenta corriente y la balanza de capital, o de movimiento de capitales. La balanza por cuenta corriente incluye las exportaciones e importaciones de bienes (que es lo que llama balanza comercial), y también los cobros y pagos por servicios y transferencias, como el turismo y las remesas de los emigrantes y los inmigrantes y los fondos europeos.

¿Qué significa exportar o importar?

Exportar es vender bienes o servicios producidos o generados en un país a compradores del exterior. Importar es lo contrario, comprar en un país bienes o servicios producidos y vendidos por un país diferente. Muchas naciones ponen barreras de diverso tipo a las importaciones, en general con el propósito de resguardar a los productores locales —aunque estas medidas siempre perjudican a los consumidores—. Son las llamadas medidas proteccionistas, que la Organización Mundial del Comercio intenta evitar para permitir un libre comercio igualatorio entre las naciones. Además del daño que el proteccionismo inflige a los ciudadanos del país que pone las trabas, forzándolos a pagar más por aquellos bienes objeto de la protección, al final el proteccionismo tiene una consecuencia paradójica, y es que pretendiendo dañar a los importadores acaba perjudicando a los exportadores, por dos vías. La primera, el proteccionismo encarece la producción local y vuelve a las exportaciones menos competitivas. La segunda, el proteccionismo suele provocar reacciones análogas en los países que ven dificultadas sus exportaciones en mayor o menor grado, y lo que hacen es poner las mismas trabas que ellos sufren en el exterior, lo que da lugar a una espiral o un círculo vicioso donde más protección lleva a más protección, en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos. Allí es cuando entran los equilibrios políticos y las negociaciones diplomáticas y económicas para evitar las llamadas guerras comerciales.

¿Qué es el tipo de cambio?

Es el precio de una unidad monetaria nacional, como el dólar estadounidense, en términos de otra unidad monetaria nacional o plurinacional, por ejemplo el euro. Así, decimos que el tipo de cambio del dólar con respecto al euro es de 0,74 euros por dólar, y podemos decirlo al revés y hablar de 1,35 dólares por euro. Como es lógico, este ejemplo dólar/euro se aplica al resto de divisas del mundo, porque los tipos de cambio son clave para las transacciones internacionales de todo tipo y para todos aquellos que viajen al extranjero por turismo o negocios y que deban cambiar la moneda de su país por la moneda de curso legal en la nación a la que se desplazan. Dada la importancia del tipo de cambio para las exportaciones y las importaciones muchas a veces los Gobiernos deciden manipularlo de manera artificial, en lugar de dejar que ese precio se establezca en los mercados cambiarios a través de la oferta y la demanda. Esta tentación es comprensible ya que si la moneda de nuestro país se devalúa, baja su valor con respecto al valor de las divisas extranjeras, con lo cual los productos que importamos nos saldrán más caros pero los que exportamos serán más baratos para nuestros compradores extranjeros porque la devaluación nos habría vuelto más competitivos internacionalmente. Pero por mucho que se hayan practicado, estos trucos no funcionan, puesto que la devaluación de la moneda suele terminar en un encarecimiento de los precios nacionales, es decir, en una mayor inflación, con lo cual la ventaja competitiva que provoca la devaluación desaparece. Si vemos los grandes países exportadores del mundo no son precisamente aquellos cuyas monedas son más débiles y se devalúan más.

¿Qué es la renta nacional? ¿Qué factores la forman?

La renta nacional es la suma de lo que la gente de un país cobra. Es decir, es el conjunto de retribuciones de todos los factores de producción de un país. Viene a ser la contrapartida del producto nacional; después de todo, lo que se produce y vende, también se cobra ¿no? Pues la renta nacional suma todo eso que se cobra: los salarios de los trabajadores, los beneficios de los empresarios, los alquileres, los intereses y dividendos que se obtienen por el dinero invertido en títulos de deuda pública o privada, acciones, depósitos bancarios, fondos de inversión, etc. Igual que en el producto nacional, se suman los cobros de los españoles por sus inversiones en el exterior, y se restan los cobros de los extranjeros por sus inversiones en España.

¿Qué es la inflación y la deflación? ¿Son fiables los datos? ¿El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la inflación?

La inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Y la deflación es lo contrario, es decir, la disminución sostenida de los precios. Si las vemos desde el punto de vista del valor del dinero, con la inflación el dinero vale menos, y con la deflación aumenta su valor. Curiosamente, la inflación tiene mejor prensa que la deflación; se dice que la deflación es lo peor de todo, y que la inflación es menos mala; de hecho, se acepta que una inflación del 2% anual es algo bueno. Esto puede tener que ver con el hecho de que asociamos la deflación con la recesión económica, pero no está claro, porque la recesión puede producirse con inflación (es lo que se llama estanflación) mientras que una economía puede prosperar sin que suban los precios. Hablando de prosperar, si usted tiene dinero la deflación resultará buena para usted, porque su dinero valdrá más, mientras que la inflación será mala porque su dinero perderá valor —un pensador español, Juan de Mariana, fue el que primero observó que la inflación es en realidad un impuesto, y lo hizo ¡hace 400 años!—. Una inflación del 2% puede que sea buena para las autoridades que recaudan ese impuesto, pero no para los ciudadanos. Es lógico que cuanto mayor sea la inflación también lo será el daño que sufra la población. En cuanto a los datos, todo el mundo identifica el nivel de precios con el IPC, que se elabora a partir de una cesta de bienes de consumo que representan la compra habitual de un hogar promedio en cada país. Este índice, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), está bien hecho, lo ajusta de forma periódica para que refleje con fidelidad lo que los españoles consumimos, que es algo que varía con el tiempo. Pero siempre cabe argumentar que el consumo no es el único destino de nuestro dinero, porque también compramos activos diversos. Aquí observamos una característica muy importante de los precios, y es que nunca cambian todos en la misma dirección y mucho menos en la misma proporción. Es decir, la inflación es el cambio en el nivel de precios pero ese nivel puede ocultar otros cambios en los precios de unas cosas con respecto a otras, que es lo que se denomina precios relativos. En la última burbuja lo hemos comprobado con toda claridad, porque la inflación medida por el IPC subió muy poco, pero en cambio los precios de los activos, desde las acciones de la bolsa hasta el suelo y las viviendas, aumentaron muchísimo.

¿Bajaría la inflación si no hubiera intermediarios?

La sospecha contra los comerciantes o intermediarios es muy antigua, y no tiene base alguna. Sin embargo, esta falacia se sigue repitiendo porque tiene mucho atractivo político, y de ahí que los políticos, los sindicatos y los grupos de presión arremetan de cuando en cuando contra los comerciantes, sobre todo los grandes supermercados (en especial los extranjeros), y lleguen a proponer el control de precios y márgenes, que en su larga historia nunca ha dado resultado. El comercio es una actividad muy útil tanto para los consumidores como para los productores. Lo primero es evidente, imaginemos lo que sucedería si los consumidores tuviésemos que ir a comprar directamente a los productores, nos pasaríamos la vida yendo de aquí para allí. Y lo segundo también, si no hubiese comercios ni mercados los productores tendrían que ir casa por casa ofreciendo sus bienes. Si lo que pagamos los consumidores es caro, que muchas veces lo es, no hay que buscar a los culpables en los intermediarios sino en las diferentes intervenciones de las autoridades que encarecen las cosas, como por ejemplo los impuestos, las regulaciones y otros costes.

¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado?

Son las cuentas de la Administración central, es la predicción del conjunto de ingresos y gastos previstos para dicha Administración en un año natural dado. Estos presupuestos, según establece la Ley General Presupuestaria de 1988, deben recoger todas las obligaciones que tienen que atender, como máximo, el Estado y sus organismos autónomos, las sociedades estatales, todos los entes del sector público estatal, y la Seguridad Social, y asimismo recogen la previsión de lo que la Administración prevé cobrar durante ese año. En consecuencia, los presupuestos resumen por escrito la política fiscal del Estado en todos sus ámbitos. Como afirma el artículo 134 de la Constitución Española, el Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado, y las Cortes los aprueban.

¿A qué se llama déficit público?

Es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos presupuestados por las Administraciones Públicas, que tienen tres niveles: la Administración del Estado, o el Estado central (que incluye la Seguridad Social), las comunidades autónomas y los ayuntamientos, o corporaciones locales. Esa diferencia puede ser positiva, en cuyo caso hablamos de superávit público. Pero puede haber situaciones diferentes según los distintos niveles de la Administración: así, puede existir déficit en las autonomías, por ejemplo, pero superávit en las cuentas de la Seguridad Social.

¿Qué es el gasto público?

El gasto público es el que realizan la Administración por todos los conceptos, desde los gastos de personal y corrientes hasta los de inversión. Sobre el gasto público, igual que sobre el gasto en general, se dice a menudo que un aumento del mismo producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Pero esto está lejos de ser evidente, por varias razones. La primera es que el gasto público no cae gratis del cielo como el maná: todo lo que los políticos gastan se lo quitan a los ciudadanos y, por tanto, el supuesto efecto positivo de un mayor gasto público debe ser compensado por el efecto negativo que tienen sobre familias y empresas los impuestos que han de pagar para financiar ese gasto público mayor. Además, si el gasto de las Administraciones Públicas es superior a lo que recauda, significa que aumentará el déficit y la deuda, que se financia con la emisión de letras y bonos. Como estamos viendo casi a diario en todos los medios, esta financiación tiene un coste y actualmente España debe pagar un alto tipo de interés, la famosa prima de riesgo, debido en parte a su deuda pública que, aunque no es muy grande en comparación con la media europea, sí ha crecido bastante en los últimos años. Y la deuda pública, no se olvide, hay que pagarla, y la pagan los ciudadanos a lo largo del tiempo, en el presente y también en el futuro. Por último, no cualquier gasto es necesariamente productivo e impulsa la economía. No es verdad que las personas y las naciones se vuelvan ricas invirtiendo, lo consiguen invirtiendo bien, que no es lo mismo. Y los políticos de todos los países tienen una larga tradición a la hora de no utilizar bien el dinero de los contribuyentes. En España hemos visto durante años unas inversiones públicas ridículas e inútiles. ¿Alguien se cree que el gasto público en unos aeropuertos sin aviones ni pasajeros ha aumentado de verdad la riqueza nacional?

¿Qué significa mercado de trabajo?

El mercado de trabajo, o mercado laboral, refleja las oportunidades de empleo y el conjunto de recursos humanos disponible en una nación, región o ciudad, tanto para las actividades privadas como para las públicas. El mercado de trabajo es la unión de la oferta y demanda de empleo, y su equilibrio marca el nivel de empleo y de paro de un país. A mayor demanda de trabajo por parte de los empresarios, menos paro. En algunos momentos puede suceder que esa demanda supere a la oferta disponible, y sea necesario importar trabajadores del exterior, como hemos visto en España en la última expansión económica, con la llegada de muchos inmigrantes. Por el contrario, si los trabajadores se ofrecen pero no hay demanda, entonces sube el paro. Los datos de este paro los conocemos de dos formas, mediante el servicio público de empleo, el antiguo INEM, y la encuesta de población activa (EPA). El primero refleja el número de ciudadanos inscritos para intentar buscar un puesto de trabajo, unos datos que se facilitan todos los meses. La EPA, que no es un registro sino una encuesta, informa sobre la población total en relación con el mercado de trabajo: los ocupados, activos, parados e inactivos. La EPA aparece trimestralmente, y su cifra no siempre coincide con la de los parados del servicio público de empleo, de hecho, en estos últimos años suele ser mayor.

¿Cuáles son los elementos básicos de una política de empleo?

Cabe de entrada dudar de su eficacia, a tenor de los datos del paro, pero esa política es lo que hacen las autoridades para promover el empleo. Esto dice la Ley 56/2003, de 16 de diciembre: «la política de empleo es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo». Una medida que pueden adoptar es aprobar subvenciones para la contratación de colectivos de personas con alto porcentaje de paro. El problema es que estas ayudas pueden generar déficit público, que puede contrarrestarse si se produce la deseada colocación de los parados. Si están trabajando, cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos, y devuelven el dinero al Estado. También pueden aplicar medidas para facilitar la creación de empresas, como la tan traída y llevada ventanilla única, que aún no existe.

¿El desempleo es un mal colateral de las sociedades modernas?

La modernidad no tendría por qué haber producido un mayor desempleo como efecto secundario del progreso. Más bien debería haber sucedido lo contrario, puesto que el progreso tecnológico y la expansión del comercio dieron lugar a una notable creación y difusión de la riqueza que llegó a niveles inéditos y a poblaciones muy numerosas. Y, sin embargo, es verdad que hay paro en casi todos los países, y en algunos, como España, alcanza unas cifras intolerables y escandalosas, con tasas que superan el 20% de la población activa, y que trepan hasta el 50% en el caso de los jóvenes. ¿Cómo puede ser esto una consecuencia de que vivimos en sociedades modernas? No es posible. La explicación tiene que ser otra, pero ¿cuál? Hay mucho debate sobre el tema, pero es inevitable pensar que, dada la profunda intervención política y legislativa en este mercado, alguna responsabilidad debe tener.

¿Qué son el paro estructural, cíclico, estacional y encubierto?

El paro estructural es el que depende de cambios profundos en la estructura de la economía, por ejemplo cuando desaparece un sector productivo por cambios en la tecnología o en los gustos de los consumidores. El paro cíclico es el que está asociado con las fluctuaciones del ciclo económico, disminuyendo en las épocas de prosperidad y aumentando en las crisis y recesiones. El paro estacional tiene que ver con las subidas y bajadas que registra la demanda de empleo, y que se producen de modo más o menos regular en un determinado período del año, por ejemplo, en las cosechas en la agricultura o en la hostelería de las poblaciones costeras. Y el paro encubierto significa que hay más personas disponibles para trabajar que lo que indican las estadísticas de población y desempleo. Pensemos, por ejemplo, en jóvenes estudiantes o en amas de casa que no tienen empleo pero que no lo buscan porque están desanimados o creen que no hay oportunidades para ellos; al no solicitar empleo no entran en las estadísticas de la población activa, que mide la población que está en edad y en condiciones de trabajar, pero que además quiere hacerlo y lo busca.

¿Qué quiere decir sistema financiero y cuál es su función?

El sistema financiero de una nación, región o conjunto de Estados, los organismos supranacionales como la Unión Europea, está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados cuya finalidad es canalizar el ahorro de los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas, y dirigirlo hacia la demanda de préstamos para el consumo y la inversión. Las distintas instituciones financieras facilitan así la conexión entre ahorradores e inversores. Como en todo mercado, los deseos de los oferentes no tienen por qué coincidir con los de los demandantes. En este caso, ahorradores e inversores pueden no coincidir en nada, ni en el precio, ni en la seguridad, ni en la liquidez, ni en el tiempo a la hora de ofrecer o demandar dinero. Una gran complicación típica del sistema financiero moderno es que las cuentas de los bancos y demás entidades de crédito padecen un grave desequilibrio. Sus pasivos, es decir, lo que deben, se caracterizan por ser líquidos y de corto plazo; cuando usted deposita su dinero en una cuenta bancaria quiere que ese dinero esté disponible en cualquier momento si desea retirarlo, y además que sea totalmente seguro y, dentro de ciertos límites, quiere poder sacar el dinero en billetes físicos y no en talones o promesas de pago.

Ahora vamos a ver el activo de los bancos, aquello por lo cual obtienen su rentabilidad; son, por supuesto, los préstamos que han concedido. Pero esos préstamos son justo lo contrario de los depósitos, porque se devuelven a muy largo plazo (pensemos en una hipoteca, por ejemplo), su liquidez puede ser baja o incluso nula, y su seguridad también puede resquebrajarse, como hemos visto en la crisis. A eso hay que añadir lo que se llama encaje o reserva fraccionaria, es decir que el banco solo conserva en billetes un porcentaje pequeño de nuestros depósitos, y presta el resto, confiando en que no vayamos todos al mismo tiempo a retirar el dinero. El sistema financiero en esas condiciones resulta delicado y frágil; por eso existen los bancos centrales en todo el mundo. En efecto, si las condiciones no cambian, y no parece que vayan a hacerlo ni siquiera tras la grave crisis que hemos padecido, el sistema no puede funcionar sin la intervención de esos organismos públicos que pretenden impedir que la inestabilidad inherente al esquema se traduzca en cierres masivos de bancos, carreras de la gente para retirar su dinero si no estuviesen garantizados los depósitos, colapsos financieros, etc.

¿Qué son activos financieros y para qué se utilizan?

Un activo es algo que tiene valor o puede generar ingresos. Un activo financiero es un documento o título emitido por una empresa, o banco, o institución privada o pública, cuyo comprador o propietario espera que le produzca un rendimiento. Así como para el comprador el título representa un activo porque es un derecho a cobrar alguna suma, para el emisor es un pasivo que representa una obligación de carácter económico con quien adquiere el activo y espera recibir una renta o un retorno por la inversión realizada. Vamos a pensar en los bonos o las acciones que una empresa emite para financiarse; en el primer caso la obligación del emisor es pagar un tipo de interés determinado y abonarlos al final de su plazo; en el caso de las acciones, que no tienen una rentabilidad asegurada, representan la propiedad de parte del capital de una empresa, y por tanto el derecho a esperar el cobro de unos dividendos. Los activos financieros, tanto privados como públicos, tienen también mercados donde se pueden negociar, y donde sus compradores originales pueden venderlos, o intentar hacerlo, como la bolsa y otros mercados.

¿Qué es el mercado interbancario? ¿Influye en el euribor?

Es el mercado donde los bancos se ofrecen y prestan dinero mutuamente para mantener equilibradas sus cuentas, hacer frente a necesidades inmediatas de liquidez u ofrecer liquidez si tienen demasiada. El tipo de interés promedio al que las entidades se prestan dinero en el mercado interbancario del euro se denomina euribor, y es muy importante porque el 91% de las hipotecas en España lo tienen como referencia en sus tipos a un año, y se contratan a «euribor más…» una diferencia que puede ser mayor o menor según sean las condiciones del mercado monetario, la evolución económica y la confianza o la desconfianza. En el mercado interbancario solo operan las entidades de crédito, no las otras empresas, ni los particulares, ni el Estado. Además de este mercado, los bancos se relacionan con la autoridad monetaria, que es el Banco Central Europeo, que organiza la política monetaria en la eurozona y para ello también utiliza un tipo de interés, llamado oficial, al que presta dinero a los bancos. Lo habitual es que el tipo del Banco Central Europeo y el euribor se muevan a la par, con este último siempre por encima.

¿El fondo de garantía de depósitos qué es y para qué sirve?

Es parte esencial del sistema financiero moderno y representa un seguro que protege a los depositantes en caso de que su banco quiebre. Existe en todos los países y siempre tiene un límite, en el caso de España son 100.000 euros para los depósitos en dinero y la misma suma también para las inversiones que los ciudadanos confíen a su banco en términos de acciones y otros instrumentos. El fondo se nutre de las aportaciones que hacen las entidades financieras anualmente aunque puede recibir también de modo excepcional aportaciones del Banco de España.

¿Qué es el FROB?

Son las siglas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Fue creado en 2009, después de la intervención del Banco de España en Caja Castilla-La Mancha, para reforzar los fondos propios de bancos y cajas, y gestionar la reestructuración del sistema financiero. Su capital inicial sumó 9.000 millones de euros, que aportaron el Estado (6.750 millones) y el fondo de garantía de depósitos (2.250). También hay que sumar los avales otorgados por el Estado. El FROB puede asumir la gestión de las entidades financieras, sustituir a su consejo de administración de forma provisional hasta que la entidad intervenida sea adquirida por otra, como sucedió por ejemplo con Unnim, en poder del BBVA desde marzo de 2012. El FROB también puede recapitalizar bancos utilizando diversos procedimientos, y prestar dinero a los bancos a los que ayuda, aunque son préstamos que esos deben devolver, y no a un interés reducido, en 2012 es del 7,90% anual.

¿Qué es un banco malo?

Esta expresión, que se ha difundido bastante en los últimos años, parece absurda. Si es malo ¿para qué crearlo? La idea es la siguiente: con la crisis los bancos han visto que en sus balances hay activos que no valen en absoluto su valor original, ¿qué valor tiene una hipoteca de una persona que no puede devolverla? ¿Cuánto vale una vivienda en un contexto de depresión inmobiliaria? Estos son los llamados activos tóxicos. Pues bien, un banco malo es un banco que agrupa los activos problemáticos de las entidades financieras. Si estas entidades se liberan de esos activos, entonces sus cuentas presentan un aspecto mucho mejor, más saneado, y están en mejores condiciones de volver a dar crédito. El problema, por supuesto, es que los activos tóxicos han sido extraídos de los balances de los bancos pero no han desaparecido: están todos en el banco malo, que es un banco que no puede funcionar de ninguna manera, salvo que reciba dinero público. A veces se justifica esto alegando que el Estado puede aguantar con esas malas inversiones a la espera de que la economía se recupere y los activos aumenten otra vez de valor, en cuyo caso podrían ser vendidos, recuperando su coste.

¿Qué es un banco central nacional?

Es el banco que regula la moneda y el crédito y supervisa el funcionamiento y la solvencia del sistema financiero. En el caso de España la introducción del euro como moneda única ha cambiado algunas tareas del Banco de España, que ya no fija la política monetaria de nuestro país sino que ejecuta la política de la zona euro, que tiene como objetivo mantener la inflación por debajo del 2% anual. Esa política se decide en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el que participa el gobernador del Banco de España. El banco central de cualquier nación es depositario de las reservas del Estado, emite billetes de curso legal y sirve a la Tesorería del Estado (esta es la razón fundamental por la que el Estado autorizó la creación de estos bancos centrales: para que le ayudaran a financiarse).

¿Qué funciones tiene el Banco Central Europeo?

Es el banco central de la moneda única europea, el euro, que define y ejecuta la política monetaria de la eurozona. Su función principal consiste en mantener el poder adquisitivo del euro y con ello la estabilidad de precios a medio y largo plazo en la zona del euro. Está dirigido por un Consejo de Gobierno, presidido actualmente por Mario Draghi (estará en el puesto ocho años, hasta octubre de 2019) y compuesto por seis miembros más los 17 gobernadores de los bancos centrales de la zona euro. Este Consejo adopta todas las decisiones del Banco Central Europeo, cuya sede está en Fráncfort, Alemania.

¿Qué es una agencia de rating?

Las agencias de rating (las más famosas e influyentes son Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch) son instituciones que se ocupan de evaluar la solidez financiera de un Estado, región, ayuntamiento o empresa que emiten títulos que desean colocar en el mercado. Esta evaluación no se hace con aprobados, suspensos, notables y sobresalientes, sino mediante una escala preestablecida que se ha convertido en muy popular en los últimos años, y que va desde la triple A hasta la insolvencia o el impago, que es el nivel C o D, según la agencia de que se trate, y ya marcarían el nivel de bono basura. Según la calificación o nota que emiten las agencias, los inversores pueden saber el grado de capacidad de pago que tiene la institución en cuestión. Cuanto más alta es la nota, más bajo es el interés que tendrá que pagar el emisor del título, ya que con una nota alta se supone que el título es un valor seguro que pagará la rentabilidad que ofrece y será reembolsado cuando venza. Cuanto más baja sea la nota, mayor será la rentabilidad que el emisor tenga que ofrecer para compensar al comprador por el riesgo. Aunque hay más de 70 agencias de rating en el mundo, las tres que hemos mencionado representan el 90% del mercado. Ha habido en años recientes peticiones para crear una agencia oficial de calificación europea, pero la propuesta no se ha concretado. Las agencias de calificación perdieron mucho prestigio con la crisis actual porque en bastantes casos aseguraron que eran muy solventes unos títulos e instituciones que en realidad no lo eran.

¿Qué es la deuda soberana de un país y quién puede comprarla?

La deuda soberana es otra forma de llamar a la deuda pública, es decir, cuando el público le presta dinero a la Administración, que esta reconoce emitiendo y entregando unos títulos como bonos o letras. Se trata, pues, de unos contratos de préstamos mediante los cuales la Administración, en sus distintos niveles, se compromete a pagar al tenedor de títulos de deuda una rentabilidad en forma de intereses periódicos y, lógicamente, se también tiene que reembolsar el capital prestado al final del período del contrato. Todo el mundo puede comprar la deuda soberana de un país, y de hecho muchísimos ciudadanos lo hacen, directamente o a través de fondos de inversión o de pensiones u otros instrumentos financieros. Una razón fundamental para estas adquisiciones de títulos de deuda es que el Estado proporciona una gran seguridad a la hora de devolver el dinero que los ciudadanos le prestan: nótese que la deuda pública es un ingreso pero no es un impuesto, es decir, no es algo que la Administración pueda forzar sobre los ciudadanos sino que estos eligen de forma voluntaria (a grandes rasgos, porque los Estados también pueden presionar y de hecho lo hacen de diversas maneras para que sus títulos sean comprados por la banca y otras instituciones). Por lo tanto, tienen que confiar en que van a cobrar los intereses prometidos y el capital entregado va a ser pagado o amortizado cuando corresponda. Tradicionalmente se considera que los títulos de deuda soberana son seguros pero…

¿Qué es la quita de la deuda de un país y qué ocurriría si un Estado decide no pagar su deuda?

En principio la deuda pública debería ser lo más seguro que hay, porque el deudor es una institución única, que puede cobrar impuestos, es decir, puede obligar a la gente a que le entregue su dinero, y con él puede hacer frente a sus deudas y devolver sus préstamos. Solo el Estado puede hacer eso, con lo cual es lógico que brinde mayor seguridad que si se trata de una empresa o un particular. Y, sin embargo, la historia de la deuda pública es también la de su impago, ya que desde hace siglos los Estados de todo el mundo han registrado episodios de impago o default, que antes recibía el bonito nombre de repudio de la deuda pública. Los Estados deciden, de forma unilateral, dejar de pagar los intereses o el capital de su deuda, y no pagarlos del todo o en parte, en cuyo caso se habla de una quita, o forzar a los acreedores a negociaciones o canjes de deudas por otras a un plazo mayor y a un interés menor. Las consecuencias de los impagos de deuda son siempre negativas para los países pero no son negativas para siempre. Cuando un Gobierno deja de pagar su deuda se le restringe el crédito, o se le encarece considerablemente, tanto al Gobierno como a los ciudadanos del país, que se ven así perjudicados en sus estrategias de inversión. Solo con el paso del tiempo los países van recuperando su credibilidad y pueden volver a acudir a los mercados a pedir dinero prestado. La disposición de la gente a prestar dinero a las autoridades puede cambiar, y su mayor o menor desconfianza se refleja en la prima de riesgo.

¿Qué es la prima de riesgo?

El temor de la gente a que los países no devuelvan su deuda se refleja en la llamada prima de riesgo. Hemos visto que si los países no pagan o pagan mal, entonces su crédito se encarecerá, es decir, los ciudadanos pedirán un interés mayor a un país menos fiable que a uno más fiable. Esa diferencia entre los intereses es la prima de riesgo, que mide precisamente eso: el riesgo que según los prestamistas existe de que su dinero no sea devuelto por un Estado determinado en las condiciones pactadas, comparado con el menor riesgo que presenta el Estado más fiable. Así, en Europa las primas de riesgo se miden comparando los títulos públicos de cada país a 10 años con el bono alemán a 10 años, porque se supone que Alemania es el país más fiable de la zona, y su riesgo de impago es bajísimo o, incluso, nulo. Si el bono alemán paga un 1% y el español un 4,5% entonces la prima de riesgo es la diferencia entre ambas rentabilidades: 3,5 puntos porcentuales o 350 puntos básicos, que es como se suele hablar, multiplicando los puntos porcentuales por 100. La prima es una mezcla de datos y expectativas; de ahí que influyan en ella las perspectivas de crecimiento de un país y la situación de la Hacienda pública, muy dependiente del crecimiento económico. En el caso de Europa, esa prima es importante porque antes había un indicador de la situación relativa de cada país, que era el tipo de cambio; por eso todo el mundo se fijaba en la cotización de cada divisa con respecto al marco alemán, que era la moneda más estable. Con el euro todos tenemos en la eurozona la misma moneda, por lo tanto la señal de los tipos de cambio ha desaparecido para los países de la zona; la prima de riesgo es ahora la única señal que condensa las opiniones sobre la solidez de cada economía, sus posibilidades de crecer y de pagar su deuda.

¿Qué significa la unión fiscal en la Unión Europea y qué repercusiones tendría para nuestro país?

Cuando se creó el euro existía ya la conciencia de que se estaba creando una unión monetaria pero no una unión fiscal, es decir, que todos los países de la eurozona tendrían la misma moneda pero los impuestos serían cobrados por cada país por su cuenta. De hecho, la Unión Europea se financia con las contribuciones de los países de la zona pero no tiene capacidad de cobrar impuestos ella misma. Con el tiempo, y sobre todo a raíz de la crisis económica, se extendió la idea de que los problemas de la región derivaban en parte de esa situación y que, por tanto, la unión debería ser más completa, no solo monetaria sino también fiscal. Se plantearon en ese sentido argumentos razonables. Se dijo, por ejemplo, que si cada país mantenía su soberanía fiscal podría surgir un problema de riesgo moral, es decir, que los países podrían emprender políticas irresponsables de aumento del gasto público porque al final se sabía que como todos compartimos la misma moneda habría rescates, cuyos costes recaerían en especial sobre los países más ricos y estables, como Alemania. El caso de Grecia sería el ejemplo más claro de esto. Los países pagadores, lógicamente, vieron cómo sus opiniones públicas se rebelaban, y los ciudadanos alemanes se preguntaron con cada vez más insistencia: ¿por qué tenemos que pagar los desastres que hagan los políticos en otros países de la eurozona? La propuesta de una unión fiscal, sin embargo, tiene al menos tres problemas. El primero es que el fisco está muy relacionado con la política: no tendría sentido que la Unión Europea cobrara impuestos si no fuera vista como un poder autónomo, y no como un poder simplemente delegado por los poderes nacionales; en la medida en que más poder para la Unión Europea significaría menos poder para los países miembros, estos se resistirán, y los políticos dirán: «nosotros nos jugamos todo en las elecciones nacionales, mientras que la burocracia europea no se juega nada, y entonces ¿por qué vamos a sacrificarnos en beneficio de la Unión Europea?». El segundo es que la Unión Europea no cuenta con el respaldo popular, como se comprobó en el caso de la fallida Constitución Europea, que cuando fue sometida a referéndum fue rechazada en varios países. Y el tercero es lo que podría pasar si de verdad hubiera una unión fiscal y los países renunciaran a su soberanía para traspasar a la Unión Europea la capacidad de fijar impuestos y de cobrarlos, es decir, que los impuestos podrían aumentar aún más.

¿Nos habría ido mejor económicamente sin adoptar el euro?

No lo sabemos porque ya lo hemos adoptado, y la respuesta no puede ser clara ya que existen argumentos a favor y en contra. Por una parte, sin el euro habríamos perdido todos los beneficios que hemos obtenido gracias a la moneda única, que son muchos, empezando por la facilidad y el menor coste de las transacciones, las operaciones comerciales y el turismo, y siguiendo por la estabilidad y la ayuda de los demás países. Por otra parte, sin embargo, podría argumentarse que sin el euro no habríamos tenido la burbuja que hemos vivido, o habría sido mucho más pequeña. En efecto, con una moneda propia los tipos de interés no habrían sido tan bajos durante tanto tiempo, la burbuja sería más pequeña y se habría pinchado antes, porque habríamos tenido la posibilidad de devaluar. El ciclo económico, en suma, habría sido más suave: el crecimiento en los años buenos hubiese sido posiblemente menor, pero la crisis y la recesión quizás hubieran sido más suaves. Algunos economistas sostienen que el balance debería ir a favor del euro, porque en la recesión dentro del euro los Estados deben ajustar sus cuentas, mientras que si tuviéramos aún la peseta, los Estados harían lo de siempre, o sea…

¿Qué consecuencias tendría para un país salir del euro?

Ningún país ha salido nunca del euro, así que no tenemos experiencia práctica de lo que podría pasar. Solo podemos especular sobre esa posibilidad. El pasado nos indica que cuando los Estados con moneda propia afrontan una crisis, muy a menudo provocada por sus propios errores de política económica, la solución clásica es devaluar la moneda, como tantas veces sucedió con la peseta. Por lo tanto, salir del euro significaría casi con toda seguridad recuperar una moneda nacional y a continuación devaluarla, lo que subiría la inflación y empobrecería a la población, en particular a los acreedores. Fuera del euro, además, tendríamos otra vez los costes de todo tipo en nuestras transacciones internacionales que teníamos cuando circulaba la peseta, como por ejemplo los costes de la conversión de la peseta en las demás monedas del exterior.

Si un Gobierno recoge dinero en las subastas públicas, ¿para qué es? ¿Podemos saber en qué se emplea?

Subasta pública es la venta de bienes muebles o inmuebles al mejor precio ofrecido. Hay distintos tipos de subastas públicas. Pueden ser particulares o administrativas. Los bienes que se sacan a subasta pública son muy variados: pisos, casas, chalés, apartamentos, viviendas en general, subastas de locales comerciales, naves, fincas rústicas, embarcaciones, coches, camiones, terrenos, edificios industriales, maquinaria, ordenadores, etc. También pueden salir a subasta usufructos y derechos varios, alijos decomisados o chatarra, entre otros. El Estado, cualquiera de sus Administraciones, puede subastar todo tipo de bienes que tenga en propiedad por la necesidad de desprenderse de los mismos y conseguir liquidez de manera inmediata. En el caso de locales o edificios, por ejemplo, si están sin un uso claro suponen un gasto de mantenimiento al Estado, que al subastarlo desaparece, a lo que habría que sumar el montante conseguido en la subasta pública. Sobre cuál puede ser su objetivo, este deberá ser aclarado por el Ministerio de Hacienda, consejería del ramo autonómico o concejalía del ayuntamiento al facilitar sus datos de contabilidad. Allí se confirmará la cifra conseguida tras una subasta pública. No hay transparencia de datos de manera automática sobre cuál será su destino.

¿Por qué nadie actúa contra los bancos que mueven dinero de procedencia dudosa?

Al contrario, los bancos están sumamente controlados por las autoridades y el dinero de procedencia dudosa está muy vigilado. Dirá usted: ¡pero existe! Pues claro, como también existen los asesinos, a pesar de que el asesinato es un delito gravísimo, y también los narcotraficantes, a pesar de que el tráfico de drogas está perseguido por las policías de todo el planeta. El crimen es también una actividad económica, y por lo tanto mueve dinero y en parte lo hace a través de circuitos bancarios. Pero no es casualidad que cada vez que la policía detiene a ladrones y mafiosos rara vez encuentra chequeras: lo que encuentra es dinero en efectivo. Y precisamente por la persecución policial del dinero de procedencia dudosa es por lo que los criminales tienen que lavarlo si lo ingresan en cuentas bancarias, lo que hacen con tapaderas de negocios legales, para procurar que no los descubran.

¿Compensa la austeridad económica impuesta por los Gobiernos a costa de entrar en recesión?

La una no es consecuencia de la otra. Más aún, puede ser necesaria la austeridad para salir de la recesión. Pensemos en que si la cosa fuera tan sencilla de modo que el mayor gasto garantizase una mayor actividad, entonces, primero, nunca habríamos entrado en crisis y, segundo, sería evidente que la austeridad nos hundiría más en la recesión. Por tanto, más bien parece que para salir de la crisis todos necesitamos ser austeros, empezando por quien menos suele serlo: la Administración.

Emprendedor es una palabra de moda. ¿Es una forma de denominar al empresario o tiene otras connotaciones?

No tiene por qué haber ninguna distinción entre empresario y emprendedor. Son la misma cosa: se refieren a una persona que arriesga su capital para montar un negocio, sin saber cómo le va a ir, y por tanto, como hemos visto, con el riesgo de perderlo todo, algo que sucede muchas veces. Sin embargo, en ocasiones la palabra emprendedor tiene dos connotaciones especiales. La primera connotación es que se supone que es el empresario pero de ahora, es decir no es el clásico empresario de toda la vida; vamos, que el emprendedor no usa corbata y en cambio vive por y para Internet. Esto, por supuesto, es una pura ficción porque hay empresarios con y sin corbata, e incluso sin Internet —aunque son la minoría, porque la red abarata los costes y amplía las oportunidades de negocio—. La segunda connotación es política, a los políticos les encantan los emprendedores, quizá porque suenan a algo moderno y porque de esta manera no utilizan la palabra empresario que desde siempre tiene, sin razón alguna, connotaciones peyorativas, y ya sea desde púlpitos, cátedras o tribunas sin fin se despotrica desde hace siglos contra los empresarios acusándolos de todos los males habidos y por haber. Por lo tanto, los políticos están encantados con los emprendedores, y montan organismos e instituciones variopintas para promoverlos y ayudarlos. Rara vez, en cambio, se dedican a otorgar lo que los propios empresarios y emprendedores suelen demandar cada vez que alguien les pregunta qué pueden hacer las autoridades por ellos; la respuesta suele ser: «¡que nos dejen en paz!».

¿Por qué la obsesión de reducir el déficit público?

Si de verdad los políticos estuvieran obsesionados por reducir el déficit, entonces el déficit habría desaparecido hace muchos años. Pero con los políticos pasa al contrario que con los ciudadanos y las empresas en el sector privado. Los ciudadanos nos ajustamos mucho y hablamos poco, mientras que los políticos hablan mucho y se ajustan poco. La explicación ya la hemos dado: los políticos pueden hacerlo, pueden vivir con déficit y con muchas deudas, y nosotros no, y pueden quitarle el dinero a la gente, y nosotros no. Esa es la diferencia entre los políticos y la gente corriente, entre el Estado y el mercado, entre la Administración y las empresas, entre la política y la sociedad civil. Los políticos no están obsesionados con reducir el déficit; lo que sucede es que se presentan como tales para tener una buena imagen, y para presumir de que hacen lo mismo que los ciudadanos cuando la situación viene mal dada. Pero no lo sufren como los ciudadanos, porque nunca se limitan a recortar el gasto, que es lo que hace la gente corriente. Siempre terminan subiendo los impuestos con la excusa del déficit, y eso es algo que los ciudadanos nunca pueden realizar.

¿Cuándo un país es considerado rico, depende de sus recursos naturales?

Una de las fantasías económicas más viejas es que la riqueza de un país depende de sus recursos naturales. No es del todo cierto. Esos recursos cuentan, por supuesto, pero no son la clave y no sirven para explicar la riqueza. Se dirá que es mejor tener petróleo que no tenerlo. Pues claro, pero el mismo petróleo que ha beneficiado a los noruegos no ha enriquecido a los nigerianos o a los venezolanos. La tierra siempre ha sido muy fértil en Argentina, pero ese país, con la misma tierra, fue primero pobre, después rico, y después otra vez pobre con respecto al resto del mundo. África está repleta de recursos naturales, incluido el petróleo, y es el continente de la pobreza. Por cierto, antes lo era Asia, pero ahora no. Y ¿qué decir de España? Nuestro país es uno de los más ricos del mundo, y no solo no tiene muchos recursos naturales en comparación con los demás, sino que con esos mismos pocos recursos pudo pasar de una situación de pobreza y grandes privaciones en los años cuarenta a una gran prosperidad. En resumen, hay que buscar algo más, y eso siempre pasa por las condiciones en las cuales la gente trabaja. Porque el deseo de las personas de mejorar su propia condición es universal, y lo comparten los bolivianos y los canadienses; por lo tanto, si se vive mejor en Canadá que en Bolivia la clave no pasa ni por los recursos ni por los esfuerzos de las personas, sino por las condiciones que facilitan la posibilidad de que esos recursos y esos esfuerzos se conviertan en riqueza para los ciudadanos. Y esas condiciones pasan por unas dosis mínimas de paz, justicia y libertad. Si existen, todos los países pueden salir adelante. Si no existen, no habrá recursos ni esfuerzos suficientes para generar y fomentar la prosperidad de un pueblo.

¿Cuándo debe el Estado intervenir en la economía?

Esta pregunta tiene tantas respuestas como personas, y por eso no ofrece una solución clara y no reviste mucho interés. En efecto, hay personas más intervencionistas y otras más liberales. Esto es lógico. El problema estriba no tanto en las preferencias de la gente, que cada cual es muy libre de defender, sino en lo que el Estado hace en la práctica, pretendiendo actuar conforme a los valores del pueblo. Y aquí nos encontramos con problemas que sí tienen mucho interés. El principal es que el Estado no es una simple réplica de los deseos de los ciudadanos. Por ejemplo, cada vez que se pregunta en las encuestas si la gente quiere pagar más impuestos, sistemáticamente una gran mayoría dice que no. Y, sin embargo, en un régimen democrático donde se supone que los políticos hacen lo que la gente elige ¡hemos terminado pagando cada vez más impuestos! Esta contradicción se combina con un amplio cuerpo de teoría económica que insiste en que el Estado, con independencia de las opiniones de las personas, debe intervenir en la economía porque el mercado tiene fallos. Hay economistas, aunque no son mayoritarios, que refutan esta idea y sostienen que los supuestos defectos del mercado o no existen o existen tanto en el mercado libre como en el Estado intervencionista, o no son suficientes para justificar la intervención. La mayoría de los economistas y de la población, sin embargo, tiende a apoyar la intervención del Estado aunque, claro está, no quiere pagarla.

¿Cómo es posible que la desigualdad en el mundo sea tan grande y que haya cientos de millones de personas que apenas viven con un dólar por día?

Aquí hay dos ideas diferentes: la pobreza y la desigualdad. Suelen ser confundidas, pero no tienen nada que ver. En realidad, la desigualdad no tiene por qué ser un problema, pero la pobreza siempre lo es. Para comprenderlo imaginemos que la pobreza desaparece, que todos los pobres del mundo pasan a vivir como los ricos, pero que los ricos se hacen tanto más super ricos que la desigualdad del mundo aumenta. ¿Sería esa situación algo lamentable? Por supuesto que no, porque ya no habría pobres. Por tanto, la desigualdad es algo que puede tener mucho atractivo político, porque nuestros gobernantes siempre pueden subirnos los impuestos para luchar contra la desigualdad, pero el problema real es la pobreza. Ahora bien, sea cual sea el problema ¿qué ha pasado tanto con la pobreza como con la desigualdad? Por asombroso que parezca, ambas han disminuido, cada vez hay menos pobres y la desigualdad es menor. Se dirá: «¡pero si hay millones que viven con un dólar por día!». Es verdad, pero con dos matizaciones importantes: la primera es que un dólar no vale lo mismo en todas partes; y el poder adquisitivo de ese dólar es mucho más pequeño en Nueva York o París que en Nairobi o Quito; la segunda es que, aunque es cierto que hay millones de pobres en el mundo, el número ha ido disminuyendo con el tiempo. Según el Banco Mundial, entre 1980 y 2008 el número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día bajó en más de 700 millones. En cuanto a la desigualdad, su disminución se debe a la prosperidad relativa que han registrado los dos países más poblados del planeta: China e India.

¿Cómo conseguir un mundo más justo?

La justicia es que cada ser humano tenga lo que le corresponde y es suyo. Por lo tanto, conseguiríamos un mundo más justo si lográramos proteger mejor a cada persona para que nadie la amenace o le arrebate su vida, su libertad y sus bienes. Si vemos los regímenes políticos más injustos, desde las tiranías más antiguas a las dictaduras más criminales de nuestro tiempo —el nazismo y el comunismo— comprobaremos que sus infelices víctimas no tenían ninguna garantía de que su vida, su libertad y sus propiedades fueran suyas con seguridad, porque los jerarcas y burócratas de esos regímenes totalitarios podían quitárselos en cualquier momento. Un mundo más justo, pues, sería un mundo donde el Estado protegiese los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, esta noción se ha ido complicando en nuestro tiempo. Así, se nos dice que la justicia no es que cada uno tenga lo que es suyo sino lo que merece, de acuerdo con criterios que no son fáciles de definir, y en todo caso los establecen las autoridades: de ahí la gran expansión de la palabra derecho. Si nos fijamos, cada vez hay más derechos, pero no surgen de las personas sino que son entregados por las autoridades, y son derechos que no se cumplen sin violar los derechos de otros, por ejemplo, si el Estado nos da una vivienda gratis es porque ha obligado a otras personas a pagarla. Asimismo, si el gobernante nos da un derecho (por ejemplo, cobrar una pensión o un seguro de desempleo), también nos lo puede quitar o recortar, como de hecho hacen, sobre todo en tiempos de crisis. Además, la justicia se ha confundido con la igualdad: lo justo es lo igual. Pero ya no es la tradicional igualdad ante la ley, el hecho de que la justicia no puede distinguir entre las personas y, por ejemplo, no puede tratar mejor a un asesino que a otro porque el primero sea más rico que el segundo. Hoy cuando se habla de justicia como igualdad se piensa en que los políticos tienen que imponer la igualdad. Por ejemplo, se cree que un mundo más justo es un mundo donde los países ricos transfieran a los países pobres todos los años el 0,7% de la riqueza que generan los ciudadanos. Así se entiende la lucha contra la pobreza. Y hay muchos ejemplos de ese tipo, dentro de lo que se denomina justicia social. Pero, claro, si la justicia es quitarles a unos para darles a otros, entonces los bienes de las personas no están seguros ¡y esa seguridad es la clave de la justicia!

Conclusiones

Llegados a este punto, amable lector, me asalta la tentación de limitarme a escribir: «Es todo». El afinado cuarteto que ha dado a luz este libro-GPS cuelga, de momento, las teclas habiendo contribuido a aumentar nuestro conocimiento de la realidad económica, nuestro grado de entendimiento y, por tanto, nuestra zozobra.

Un presunto proverbio serbio —o moldavo, no recuerdo bien— dice: «cuanto más sabes, más sufres». No deja de ser una adaptación, sintética, del Eclesiastés 1,18: «en la mucha sabiduría hay mucha angustia; quien añade ciencia, añade dolor». Entender las cosas equivale a iniciar una etapa irreversible de desasosiego. Saber es sufrir; ayudar a comprender es contagiar el sufrimiento. Eso explica que al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se le ponga cara de Hannibal Lecter cada vez que explica lo de la prima de riesgo.

En el amplio campo de la divulgación económica hay —como se ha visto— dos tipos de preguntas: aquellas que tienen una sola respuesta y aquellas que carecen por completo de ella. Un ejemplo de las primeras es «¿cómo se mide el PIB?», o «¿qué (puñetas) es el diferencial con el bono alemán?». Un ejemplo de las segundas sería «¿es bueno reducir el déficit público del 8,5 al 5,3 % en un solo año?» o «¿es justo que quien gane más de 400.000 euros anuales haya de entregar la mitad de sus ingresos a Hacienda?». Rodríguez Braun respondería ipso facto «¡por supuesto que no es justo!», pero el concepto mismo de la justedad merecería otro libro tan minucioso, al menos, como este —ya están tardando los autores en ponerse a la tarea.

Como se señala oportunamente en estas páginas, ni la economía es una ciencia exacta (cosa imposible estando de por medio algo tan humano como los estados de ánimo y las íntimas decisiones personales) ni los economistas son arúspices que destripan gallos para leer, en sus vísceras, lo que el futuro nos depara. No son adivinos, pero tampoco contables. Pertenecen a escuelas de pensamiento diversas inspiradas por corrientes doctrinales distintas y opciones ideológicas variadas. Las respuestas que ofrecen son interpretaciones de una realidad cambiante a las que no cabe atribuir el virtuoso defecto de la infalibilidad. El pensamiento único siempre fue lo más parecido a la ceguera.

Leídas las preguntas y las respuestas que recoge este libro, apunto cinco conclusiones que me parecen pertinentes:

—Las decisiones que llamamos «económicas» son casi siempre decisiones políticas. Y los análisis que se dicen «económicos» responden a una determinada forma de entender la relación entre la sociedad (el grupo) y el individuo.

—La información ayuda a entender cómo funciona el mundo del que formamos parte. Cuanto mejor sea la información que uno recibe (más completa, mejor interpretada, más honrada), mayor será la capacidad de acertar en las decisiones que toma.

—Cada uno de nosotros hace, a diario, elecciones entre opciones diversas que constituyen nuestra vida cotidiana. Estas decisiones particulares (en qué gasto mi dinero, si compro casa o la alquilo, qué servicios contrato, cuánto tiempo dedico a mejorar mi formación o en qué supermercado hago la compra) son, a la vez, causa y consecuencia de la situación económica general que vivimos. Los grandes números de la macroeconomía, por lejanos y asépticos que parezcan, son el reflejo de la vida que, como sociedad, hacemos.

—A menudo tomamos decisiones precipitadas o poco reflexivas que encierran compromisos para media vida. Antes de tomar la decisión, conviene conocer todas las opciones que tenemos con sus pros y sus contras. Mejor decidir bien que decidir rápido. Mejor saber lo que uno está firmando que pasarse el resto de los días maldiciendo a quienes supieron aprovecharse (¡canallas!) de nuestra impericia.

—Ante situaciones de crisis generalizada, antes de decir «nosotros no hemos provocado la situación» conviene que nos preguntemos hasta cien veces si en verdad somos por completo ajenos a ella, porque casi nunca es así. Antes de decir «siempre pagan los mismos» conviene tener claro quiénes son «los mismos», cuánto pagan ellos y cuánto pagan (y por qué) los que son distintos.

Amable lector, ahora que ya formas parte del club de los socráticos —cuanto más sabemos, más conscientes somos de cuánto ignoramos—, atrévete a continuar la aventura. Busca otros libros, otros enfoques, otros autores. Plantéate el reto de llegar a saber lo suficiente para alcanzar a responder tú mismo a algunas de estas preguntas que carecen de una respuesta única. Cultiva tu criterio asomándote al criterio del prójimo con espíritu siempre crítico.

Anotación final, y termino: de las decenas de respuestas que los cuatro autores nos han brindado, las que más aprecio son aquellas que se inician diciendo «no es fácil decirlo» o «es un asunto complejo» o, incluso, «la respuesta es que no hay una sola respuesta». ¡Bravo! En cierta ocasión —anécdota apócrifa— un editor de prensa principal accionista de una emisora de televisión contemplaba, acompañado de su esposa, un programa de tertulia emitido por su cadena. Los participantes habían agotado ya las reflexiones sobre el debate arrabalero que la tarde anterior se había celebrado —es una forma de hablar— en el Congreso, cuando el presentador les planteó el tema siguiente: efecto de la ralentización del crecimiento de la economía china en la colocación de la deuda pública luxemburguesa (a medio y largo plazo). Dos de los contertulios fingieron que pensaban y amagaron con iniciar una sesuda perorata. El tercero solo dijo: «no tengo la menor idea». El editor levantó de inmediato el teléfono y llamó al director de la cadena. «¿Lo has visto? —le preguntó—, ¡ha vuelto a hacerlo! Por favor, obra ya en consecuencia…». Cuando colgó el teléfono, su señora (que era muy fan del contertulio sin la menor idea) inquirió, curiosa: «¿vais a despedirle por no saber qué decir?». El editor respondió: «al contrario, es el único que sabe de lo que habla. He dado orden de que le hagan fijo».

Como dice otro proverbio (este, chino): «cuanto más grande es la cabeza, más fuerte es la jaqueca». El saber sí ocupa lugar. En concreto, el lugar que antes ocupaba nuestra inocencia.

Carlos Alsina