En las páginas de Tipos infames se encuentra la constatación de la gran estafa que supone la crisis económica, así como la identificación con nombres y apellidos de quienes han sumido a la gente en la desesperanza en beneficio propio, desde la convicción de que quienes nos han llevado hasta este estado de cosas no pueden se r la solución a los problemas. Carlos Fonseca, muy conocido por su exitosa obra Las trece rosas, nos indica que la única puerta de salida es la indignación ciudadana; la única posibilidad de cambio, la protesta; la única esperanza de futuro, la voluntad innegociable de cambiar esta sociedad injusta.

Carlos Fonseca

Tipos infames

Los políticos, banqueros y empresarios que se están forrando con la crisis

ePub r1.0

Titivillus 25.11.15

Título original: Tipos infames

Carlos Fonseca, 2014

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

«Conformarse es irreversible».

ANDRÉS NEUMAN

El equilibrista

Para DANIEL

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

ruega que sea largo el camino,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

[…]

Ten siempre a Ítaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino […]

CONSTANTINO CAVAFIS

Ítaca

Para empezar

Ambiciosos, cínicos e incompetentes. Políticos, banqueros y empresarios han decidido que la crisis la paguen los ciudadanos, a los que desdeñan desde la arrogancia del poder. Políticos acusados de corrupción, imputados e incluso condenados que se aferran a su cargo sin ningún pudor. Banqueros que se autoconceden multimillonarias indemnizaciones pese a haber quebrado las entidades que dirigían y llevado a la ruina a centenares de miles de clientes que han perdido los ahorros de toda una vida. Empresarios que despiden a miles de trabajadores aunque sus empresas tengan beneficios, explotan a jóvenes con salarios de miseria, defraudan a la Seguridad Social y evaden millones de euros para no pagar a Hacienda. Y un Gobierno que exprime a los ciudadanos con rebajas de sueldo y subidas de impuestos, suprime derechos laborales ganados en años de lucha, recorta en servicios básicos como la sanidad y la educación, rescata al sistema financiero con el dinero de todos y permite a los bancos que desahucien de sus hogares a miles de familias. Todos ellos dan lecciones sobre lo que necesita nuestro país para salir de la crisis y exigen austeridad a los ciudadanos, a los que culpan de haber vivido por encima de sus posibilidades, mientras ellos mantienen sus privilegios.

José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero él se ha retirado a los 51 y tiene garantizados dos salarios de por vida: como expresidente y como consejero de Estado. Mariano Rajoy, su sucesor en la Moncloa, ha incumplido el programa con el que se presentó desde el mismo momento en que ganó las elecciones, ha ahondado en los recortes, privatizado servicios públicos, rebajado las prestaciones por desempleo y las pensiones, y condenado a miles de familias a la exclusión social. Como Zapatero, tiene por delante un futuro sin estrecheces.

Luis de Guindos, ministro de Economía, ha ido y vuelto de la política a la empresa sin rubor. De secretario de Estado a las órdenes de Rodrigo Rato, a presidente ejecutivo para España y Portugal del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers, responsable del escándalo de las hipotecas subprime que llevó a la quiebra de la entidad y provocó un desastre en la economía mundial. Pese al fiasco, «fichó» por Endesa como asesor y desde esta empresa ha vuelto al Ejecutivo como máximo responsable de la economía de nuestro país.

Rodrigo Rato, exministro de Economía, dirigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin enterarse de la crisis que se nos venía encima y, aun así, tiene un sueldo vitalicio de este organismo internacional, en el que ni siquiera cumplió los cinco años de mandato. Continuó su «carrera» en el banco de inversión Lazard, con una retribución fija al año de un millón de dólares, hasta que el PP le colocó al frente de Bankia. Defensor de vincular los sueldos a la productividad, quebró la entidad, obligó al Estado a inyectar 23 000 millones de euros y se marchó a casa con dos millones de indemnización. Tras el desastre no necesitó apuntarse al paro, porque Telefónica y el Banco Santander le contrataron como asesor.

Gerardo Díaz Ferrán exigió, cuando presidía la CEOE, trabajar más y ganar menos para salir de la crisis, mientras él evadía su fortuna para no pagar las deudas. Su sucesor al frente de la patronal, Juan Rosell, sugiere mandar a los funcionarios a su casa para que no gasten papel y lápiz, propone trabajos de 400 euros al mes e insulta a los parados cuando les acusa de no querer trabajar.

El banquero de banqueros, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, tuvo que pagar 200 millones de euros a Hacienda para no ser encausado por delito fiscal al descubrirse que ocultaba un patrimonio multimillonario en Suiza.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez defendió como gobernador del Banco de España la rebaja de los sueldos, pero se marchó a su casa con un salario de 11 000 euros mensuales durante dos años.

César Alierta, presidente de Telefónica, ha despedido de la compañía a los mayores de 55 años. Desdeña la experiencia y los considera amortizados y caros, pero él se mantiene en el cargo con 68 años y un salario de ocho millones de euros al año, doscientas cincuenta y dos veces más que el sueldo medio de los empleados de la sociedad.

El Gobierno dice que Hacienda somos todos, pero permite que 33 de las 35 compañías del IBEX las principales del país, tengan sociedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos y que parte de su producción proceda de países del tercer mundo donde los trabajadores carecen de derechos laborales y cobran salarios de subsistencia. Y mira para otro lado ante las sicavs, en las que se esconden las principales fortunas del país por su generosa tributación del 1% de impuesto de sociedades.

«Vivimos en democracia, en el Estado del bienestar de nuestra maravillosa civilización occidental. Esto es Europa, cuna de culturas. Sí, ese es el escenario y su decorado. Pero ¿de verdad estamos en una democracia? ¿De verdad bajo ese nombre gobiernan los pueblos de muchos países? ¿O hace tiempo que se ha evolucionado de otro modo?». Ese «otro modo» al que aludía José Luis Sampedro es el del poder económico, que ha suplantado la voluntad de las urnas y sometido la política a sus intereses. Como Sampedro, José Saramago decía que «si el poder real es económico, no tiene sentido hablar de democracia».

Ni todos los políticos ni todas las políticas son iguales, pero quienes llevan décadas instalados en el bipartidismo (PSOE y PP) han dejado de velar por los ciudadanos y los han abandonado a su suerte. La única batalla que están dispuestos a dirimir es la de la alternancia en el poder. Se saben ganadores y su única duda son los años que pasarán en el Gobierno o en la oposición. Justifican sus mentiras con eufemismos y palabras vacías tras las que ocultan su hipocresía e ineptitud: los brotes verdes de la economía, la luz al final del túnel, las promesas de que dentro de poco todo irá a mejor. Ya nadie los cree, pero el miedo ha forjado ciudadanos sumisos que aceptan la situación con resignación, como algo inevitable.

Benito Pérez Galdós hizo un retrato de la clase política española de hace un siglo que puede suscribirse hoy sin suprimir ni una línea. «Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto», escribió: «Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se haya. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica […]. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis ética, sea sustituido por otro»[1]. Algo falla cuando cien años no han sido suficientes para cambiar nada.

Los abusos del poder político y económico no son nuevos, llevan años instalados entre nosotros, pero la sociedad los ha asumido como algo consustancial mientras ha mantenido el nivel de vida que creó la clase media. La soberbia de quienes manejan el mundo en beneficio propio, la jactancia de sentirse impunes y el desprecio hacia los demás han hecho visibles sus excesos y provocado la ira ciudadana, que ya no está dispuesta a pagar los platos rotos de quienes causaron la crisis. Los votos hacen a los gobiernos legítimos, pero no les dan la razón, ni los exime de las críticas, ni suponen un apoyo ciego a todo lo que hacen, ni son un muro tras el que esconder la corrupción.

«Pese a la dureza de la crisis y su carácter civilizatorio, no hay revolución en el horizonte», escribe el sociólogo Juan Carlos Monedero: «El miedo a descender en la escala social, la promesa aún viva de disfrutar mañana del banquete prometido por el sistema, la falta de credibilidad de los sustitutos y sus propuestas, la ausencia del dibujo completo, la falta de un relato coherente y sencillo que haga evidente su sentido, la ausencia de emoción en la política alternativa, son todos elementos que conspiran para retrasar su llegada. Un difuso malestar que no termina de concretarse»[2].

El libro que tiene en las manos le va a mostrar las pruebas de la gran estafa que es la crisis económica y los nombres de quienes han sumido a la ciudadanía en la desesperanza en beneficio propio, con la convicción de que quienes nos han llevado hasta este estado de cosas no pueden ser la solución a los problemas. La única puerta de salida es la indignación; la única posibilidad de cambio, la protesta; la única esperanza de futuro, la voluntad innegociable de cambiar esta sociedad injusta.

1. Despedir es cada día más fácil y más barato

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DESPEDIR ES CADA DÍA MÁS FÁCIL

Y MÁS BARATO

Políticos, empresarios y banqueros han acabado

con los derechos de los trabajadores

«El capitalismo no tiene nada que ver con el deseo

de mejorar la condición humana».

GEORGES BATAILLE

El límite de lo útil

«España está en condiciones para llegar al pleno empleo». El farol es de José Luis Rodríguez Zapatero en el mitin que cerró la campaña de los socialistas en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 ante una multitud entregada que ondeaba banderas al aire y gritaba ¡presidente, presidente! Ganó las elecciones, y en su segunda legislatura (2008-2011) el desempleo pasó de dos millones y medio de personas a más de cinco[3].

«Así no se puede seguir. España necesita urgentemente un Gobierno que se deje de frivolidades y de ocurrencias. Necesita un cambio político, y lo necesita como el comer, para conseguir la recuperación económica y la creación de empleo. No estamos condenados a que haya cinco millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Cuando gobierne, bajará el paro». Este otro farol es de Mariano Rajoy en la campaña de los comicios del 20 de noviembre de 2011 que despacharon a Zapatero y le dieron una abrumadora mayoría absoluta. Desde entonces el paro no ha dejado de crecer, está próximo a los seis millones de personas (en el primer trimestre de 2013 los superó), y no se atisban cambios sustanciales en la economía real, la que atañe a los ciudadanos, por más que el Gobierno recurra a indicadores macroeconómicos para decir que 2014 será el año de la recuperación.

Para políticos, banqueros y empresarios las cifras del paro no tienen rostro, son asépticas, frías, distantes, un porcentaje al que aluden con la demagogia de quienes se asoman a la tragedia desde el convencimiento de que están a salvo de ella. En sus cálculos el incremento de una décima es una anécdota, incluso una buena noticia, aunque tras ella haya miles de familias angustiadas por su futuro. El desempleo es para ellos un drama ajeno.

Los casi seis millones de parados que había en España al concluir 2013 (exactamente 5 896 300) representaban el 26,03% de la población española[4] y el 23% de los 26 millones de desempleados de toda la Unión Europea, o lo que es lo mismo, casi uno de cada cuatro europeos sin trabajo era español. La tasa es dos veces y media más alta que el promedio de la Unión Europea de los 27 (10,8%, según Eurostat), está ligeramente por debajo de Grecia (26,7%) y supera en catorce puntos las de Portugal e Irlanda, los otros dos países más afectados por la crisis[5]. Si echamos la mirada atrás, en las fechas previas al inicio de la crisis en 2007, el paro rondaba los dos millones de personas y se situaba en el 8,6%. Desde entonces se han destruido más de cuatro millones de empleos. Unas cifras inéditas en los últimos treinta años, que han llevado la ocupación a los niveles de 2003 y han «evaporado» una parte del empleo creado en la etapa de bonanza previa a la crisis.

El propio Gobierno tuvo que reconocer, tras meses de mensajes triunfalistas, que habrá que esperar hasta 2015 para que la tasa de desempleo caiga por debajo del 25%. Unos cálculos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró demasiado optimistas en octubre de 2013, al hacer públicas sus previsiones económicas para los próximos años. Según estas, el paro seguirá creciendo hasta el 26,7% en 2014 y se mantendrá en torno al 25% en 2018. La consultora internacional Pricewaterhouse Cooper (PwC) difundió dos meses después un informe titulado La economía española en 2033 en el que dibujó un futuro aún peor. En su opinión, nuestro país tardará veinte años, hasta 2033, en recuperar el empleo destruido durante la crisis, lo que supone que buena parte de los actuales seis millones de desempleados están condenados al paro perpetuo. Aun así, Luis de Guindos, ministro de Economía, dijo al presentar los presupuestos generales del Estado para 2014 que este «será el primer año con creación neta de empleo. Será ligera, pequeña y aún insuficiente, pero habrá». Un optimismo que no cuadra con las cifras.

Las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP no han servido para crear empleo como decían sus promotores. Al contrario, lo han destruido y precarizado aún más de lo que ya lo estaba. Han vaciado de contenido el Estatuto de los Trabajadores y arrebatado a estos derechos ganados en años de lucha. Nunca ha resultado más fácil y más barato despedir en nuestro país. Despido libre y gratuito que empresarios, políticos y banqueros disfrazan con el eufemismo «flexibilización del mercado del trabajo». Piensan, como el fascista Goebbels, que una mentira mil veces repetida se convierte en una gran verdad. La patronal y el Gobierno han aplicado la tesis del ministro de Propaganda nazi para convencernos de que la única salida de la crisis pasa fundamentalmente por las sucesivas reformas laborales. La realidad refuta la propaganda oficial porque el paro no ha dejado de crecer.

El drama del desempleo tiene unas consecuencias devastadoras para quienes lo sufren. Más de la mitad de los casi seis millones de parados que había en diciembre de 2013, el 59,5%, era de larga duración (3 456 400), como se define a los que llevan más de un año desempleados. De ellos, algo más de dos millones llevaban más de dos años sin trabajar, lo que supone que han agotado el seguro de desempleo y dependen de los 426 euros de la renta mínima de inserción si cumplen todos los requisitos exigidos para tener derecho a ella, y en 1 832 000 hogares ninguno de sus miembros tenía trabajo. El panorama es desolador y las expectativas de que vaya a cambiar en el medio plazo son remotas, lo que condena a millones de familias a la exclusión social.

El gasto en prestaciones por desempleo en 2007 era de 14 738 millones de euros y en 2012 sumaba ya 31 678 millones. Los presupuestos generales del Estado de 2013 preveían para este concepto una partida de 26 696 millones, un 15,8% menos que el año anterior y aun así el doble que cuando comenzó la crisis. El descenso no se debe a que haya menos parados, sino a que muchos han agotado la prestación. Para 2014 la partida presupuestaria por este concepto vuelve a subir hasta los 29 500 millones de euros. Una tragedia que el Gobierno sitúa en segundo plano, empeñado en una política de austeridad a cualquier precio en la que los ciudadanos son meros datos estadísticos.

Las mentiras de los empresarios

Las mentiras de los empresarios

Los empresarios justifican la destrucción de tantos puestos de trabajo por la rigidez del mercado laboral. Es mentira, y así lo corrobora la estadística a la que son tan aficionados. En 2012 se registraron algo más de catorce millones de contratos de trabajo, de los que el 90%, casi trece millones, fueron temporales. Hasta octubre de 2013 la tendencia era aún peor y por 957 000 contratos indefinidos se habían suscrito 11 303 000 temporales, el 92,2%. De estos, en torno al 45% tenían una duración máxima de un mes, el 14% se suscribieron por un tiempo de entre uno y seis meses, y solo en el 2,2% de los casos lo era por más de medio año. El restante 39% firmaba contratos temporales de duración indeterminada, la mayoría de ellos por «obra o servicio» y «eventuales por circunstancias de la producción», un limbo laboral tras el que se ocultan muchas irregularidades. Dos cajones de sastre donde los empresarios pueden meter lo que les dé la gana sin temor a que el Servicio Público de Empleo (SEPE) compruebe si los contratos se ajustan a la realidad. Y el desastre va en aumento: en 2013 se firmaron 13 657 665 contratos temporales por solo 1 134 949 indefinidos, el 92,4% frente al 7,6%. Incluso en la etapa de bonanza económica y grandes beneficios empresariales (1996-2000), los contratos temporales eran ya uno de cada tres registrados, un 250% superior a la media europea. Como ven, el mercado laboral es más flexible que un junco digan lo que digan los empresarios. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.

Otro argumento recurrente de los patrones es decir que no contratan porque el despido es caro. Si, como hemos visto, nueve de cada diez contratos son temporales, la indemnización que les corresponde es de ocho días por año trabajado (nueve en los que se hayan celebrado en 2012, diez para los suscritos en 2012, once para los firmados en 2014 y doce en 2015), y como la mayoría no llega a un año de duración, el coste equivale a una limosna. Si aun así les parece que el desembolso es demasiado oneroso para sus bolsillos, la legislación laboral les permite despedir sin indemnización a los trabajadores con contratos de prácticas, de formación, de interinidad o relevo, o a quienes se lo rescindan en periodo de prueba. En el caso de los indefinidos, la reforma de Rodríguez Zapatero de 2010 rebajó la indemnización por despido improcedente de cuarenta y cinco a treinta y tres días por año trabajado, y a veinte en el caso de despidos por «causas objetivas». Si estos últimos eran ejecutados por empresas de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que hasta entonces se hacía cargo de las indemnizaciones a los trabajadores en caso de insolvencia de las compañías, pagaba ocho de los veinte días, es decir, el 40%, con lo que el despido tenía para el empresario un coste real de doce días. La reforma le costó una huelga general, pero aun así el presidente dijo que no sentía que hubiese «traicionado» sus «principios». Es más, meses antes de que se celebraran las generales de 2011 que le expulsaron de la Moncloa, dijo con descaro: «Miente como un bellaco quien diga que hemos hecho recortes».

¿Qué más quieren los empresarios si ya contratan trabajadores de usar y tirar con sueldos infames?

O es usted viejo y caro, o joven e inexperto

O es usted viejo y caro, o joven e inexperto

Aunque la troika nacional (políticos, banqueros y empresarios) no lo reconozca porque no le interesa, una tasa de paro del 26%, que afecta a más de un español de cada cuatro en edad de trabajar, no tiene solución. ¿Cómo van a generarse tantos puestos de trabajo para los que lo perdieron y los que se irán sumando al mercado laboral si, además, la edad de jubilación se ha retrasado hasta los 67 años? Ningún escenario, por positivo que sea, puede absorber semejante drama.

La mayoría de las personas que han perdido su puesto de trabajo desde que comenzó la crisis no lo va a recuperar. Los trabajadores mayores de 45 años están amortizados. Los despidieron porque tras años de esfuerzo habían conseguido un salario digno que ahora les hace prescindibles. Por el mismo dinero, hoy se puede contratar a dos desesperados mucho más jóvenes y más dóciles. En 2012, más de una tercera parte de los trabajadores despedidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) tenía más de 50 años. Cuando su experiencia es mayor, las empresas prescinden de ellos. La edad se ha convertido en un factor de riesgo, pese a que quienes desprecian a sus empleados por esta causa superan su edad. En su caso, la experiencia es un grado.

En las sociedades del IBEX 35, las más importantes del país, el 65% de sus presidentes tiene más de 60 años, y el 45% supera los 65. Salvador Alemany, de Abertis, tiene 70 años; Antonio Zoido, de Bolsas y Mercados, 69; Salvador Gabarró, de Gas Natural, va camino de los 79; Juan María Villar, que dirige el Grupo Villar Mir, 82; José Folgado, de Red Eléctrica de España, 69, y José Lladó, de Técnicas Reunidas, 79.

Al presidente de Telefónica, César Alienta, que a sus 68 años tampoco tiene intención de jubilarse, le sobran casi 7000 trabajadores de más de 53 años. Nuestro hombre alcanzó la presidencia ejecutiva de la entidad en el año 2000, con 55 años, y ahora considera prescindibles a personas dos años más jóvenes que cuando él se situó en lo más alto de la compañía. Como ven, la edad no afecta las capacidades de todos por igual. Los directivos las mantienen intactas aún en edad provecta, cosa que no ocurre con los trabajadores.

La banca tiene también sus ejemplos, tres de ellos muy significativos. Francisco González, presidente del BBVA, tiene un brillante futuro por delante pese a sus 69 años de edad. La entidad que dirige ha retrasado la edad de jubilación de todos los miembros de su consejo de los 70 a los 75 años, lo que le permitirá mantenerse al frente del banco hasta el año 2020. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, sobrepasa dichos límites, y a sus 79 años no parece que vaya a ceder el testigo. Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, con 71 años cumplidos, se sitúa entre ambos. Las tres entidades tenían en marcha a principios de 2013 reducciones de plantilla que afectaban a casi ocho mil trabajadores.

Si la experiencia ha dejado de ser un valor, ser joven tampoco es una ventaja. El 55,06% de nuestros jóvenes de menos de 25 años engrosaban las listas del paro al inicio de 2014, según datos de la encuesta de población activa (EPA). Es obvio que ni hay ni va a haber trabajo para todos. Los que carecen de formación solo pueden aspirar a un empleo temporal cada vez más inestable y a un salario de subsistencia. Los mejor formados están condenados a emigrar (la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, lo llama movilidad exterior), y aun así lo tendrán difícil. El profesor Nuccio Ordine sostiene que «el saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, es cierto. Desde los parlamentarios hasta los juicios, desde el poder hasta el éxito: todo tiene un precio. Pero no el conocimiento: el precio que debe pagarse por conocer es de naturaleza muy distinta». El Gobierno desprecia el conocimiento de nuestros jóvenes, tal vez porque sabe que es un peligro.

Este país no tiene futuro para ellos por más que el presidente Rajoy diga lo contrario. En la presentación en febrero de 2012 de lo que llamó Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016), afirmó que esta supondría «un antes y un después» en el paro juvenil. «Por fin, después de muchos esfuerzos, España va a volver pronto por sus fueros. El futuro de España es de los jóvenes», afirmó. Dos meses después de aquellas palabras, el desempleo juvenil subía dos puntos porcentuales, hasta el 57%, y un desesperado millón de jóvenes de menos de 25 años que quería trabajar no podía hacerlo. «Las cosas están cambiando en España, afortunadamente están cambiando mucho», dijo desde la tribuna de oradores del Congreso el 9 de mayo de 2013: «Tal vez el mejor signo de la recuperación lo representa la facilidad con que nos olvidamos de todo lo que hemos dejado atrás». ¿De qué y de quién habla el presidente?

Antología del disparate

Antología del disparate

Ocurra lo que ocurra, la realidad no es un problema para nuestros políticos, por más que los hechos refuten una y otra vez sus palabras. Son capaces de prometer lo que nunca cumplirán, anunciar lo que nunca sucederá, y de afirmar hoy lo que mañana negarán sin pudor. El paro, el mayor drama de nuestro país, ha sido objeto de promesas permanentemente incumplidas, de mentiras encubiertas y de sandeces que desnudan a nuestros representantes. Aquí tienen una antología de las que han dicho sobre el paro:

Año 2007:

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno: «Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo, y eso requerirá nuevos cambios en las condiciones estructurales de nuestra economía, entre otras cosas porque tampoco quiero alcanzar ese objetivo a cualquier precio». (Pleno extraordinario del Congreso del 3 de julio).

«Tenemos la tasa de paro más baja de la historia. El modelo español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia» (6 de septiembre).

El paro al final de año afectaba a 1 927 600 personas, según la encuesta de población activa (EPA)[6].

Año 2008:

Más Rodríguez Zapatero: «Crearemos hasta dos millones de nuevos puestos de trabajo y colocaremos la tasa de paro en el 7%» (9 de enero).

«Los parados no son parados, son personas que se han apuntado al paro» (7 de febrero).

«Prometo crear dos millones de empleos» (3 de marzo. Campaña electoral).

«España está en condiciones para llegar al pleno empleo» (7 de marzo. Fin de la campaña electoral). El lema del PSOE fue «Por el pleno empleo. Soñar con los pies en la tierra. Motivos para creer».

«La peor previsión de paro que podamos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la que mejor tuvo el PP» (26 de abril).

«Nadie quedará a su suerte ante el drama del desempleo. Mi prioridad es que no haya una sola familia en este país que pueda tener una situación de grave angustia o preocupación por la pérdida del puesto de trabajo» (13 de diciembre).

«En marzo comenzará a crearse empleo de manera intensa» (18 de diciembre).

Al concluir el año había 3 207 900 personas sin trabajo.

Año 2009:

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo de Zapatero, ha pasado a la historia de la infamia por la afirmación que hizo en los micrófonos de Radio Nacional el 7 de enero. Cuestionado por la elevada tasa de desempleo, aseguró: «No llegaremos a los cuatro millones de parados de ninguna manera».

José Luis Rodríguez Zapatero: «Creemos que lo peor para el empleo ya ha pasado» (28 de junio).

Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía: «Las cifras del paro demuestran que las medidas que hemos tomado están surtiendo efecto» (25 de julio).

El año acabó con 4 326 500 personas desempleadas, pero a Corbacho ni se le pasó por la cabeza dimitir y hubo que esperar hasta octubre de 2010 para que lo hiciera. Entonces abandonó la cartera, pero no para irse a su casa, sino para incorporarse a la lista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a las autonómicas de noviembre. Todo un fichaje.

Año 2010:

Mariano Rajoy, líder de la oposición: «Cuando gobierne, bajará el paro» (10 de enero).

Rodríguez Zapatero, todavía presidente del Gobierno: «El paro ha tocado techo. España volverá a crear empleo a partir de abril» (27 de abril).

Cristóbal Montoro, portavoz económico del PP: «El problema económico de España no se soluciona con el abaratamiento del despido […]. El Gobierno pone el foco sobre el despido y su abaratamiento en un momento en el que necesitamos trasladar confianza y seguridad a millones de personas que sienten amenazado su puesto de trabajo» (16 de junio).

Mariano Rajoy: «Ha hecho una reforma laboral para el despido y no para el empleo» (15 de diciembre en un debate parlamentario).

Al concluir el año, ya eran 4 696 600 las personas afectadas por el paro.

Año 2011:

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular: «Lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino la contratación» (junio. Debate parlamentario sobre la reforma laboral del PSOE).

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en los comicios de noviembre de 2011, decía esto en julio: «Sabemos lo que tenemos que hacer para crear empleo». Lo que nunca explicó es por qué no lo hicieron mientras estuvieron en el Gobierno.

Esteban González Pons, portavoz del PP: «En un mercado laboral que está perdiendo trabajadores solo falta que a los empresarios se les facilite el despido» (20 de octubre en Los Desayunos de TVE).

Mariano Rajoy: «Hicieron una reforma laboral que ha provocado más paro y ha abaratado el despido. Son maestros en decir una cosa y hacer la contraria» (noviembre).

¡Cuántas paradojas esconde la hemeroteca! El 20 de noviembre, Rajoy ganó las elecciones generales y desde entonces ha hecho lo contrario de lo que dijo que haría.

5 273 600 personas estaban desempleadas al acabar 2011.

Año 2012:

El 10 de febrero el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy aprobó un real decreto de Reforma Laboral que facilita aún más el despido y ahondó la rebaja de las indemnizaciones impulsada por Zapatero. A partir de ese momento, el importe de la indemnización por despido improcedente no puede superar las 24 mensualidades (anteriormente era de 42), y el de la procedente, 12 mensualidades (hasta entonces 24).

Fátima Báñez, ministra de Empleo: «Estoy muy emocionada porque no me lo esperaba [la concesión del año jubilar mariano a la aldea de Almonte, Huelva] aunque de la Virgen, un capote siempre llega [en alusión al paro]. Esta aliada privilegiada y esta embajadora universal de Huelva que es la Virgen del Rocío, que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis y en nuestra búsqueda del bienestar todos los días de los onubenses y de los ciudadanos. Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío!» (7 de junio).

«El recorte que ha hecho el Gobierno en las prestaciones por desempleo está hecho con sensibilidad» (18 de julio).

«La rigidez del mercado de trabajo ha sido el caldo de cultivo para que hoy la tasa de paro supere el 25% y uno de cada dos jóvenes no tenga oportunidades en el país» (4 de diciembre). En ese momento, ya se habían aprobado dos reformas laborales, una del PSOE y otra del PP.

«España está saliendo de la crisis, hay señales» (29 de octubre). Tres días antes, la encuesta de población activa (EPA) indicaba que el paro había subido en 85 000 personas.

A final de año, el desempleo alcanzó la cifra récord de 5 965 400 personas.

Año 2013:

Fátima Báñez: «Se empieza a frenar el ritmo de destrucción de empleo» (25 de enero). La EPA acababa de fijar la tasa de paro en el 26%. Al concluir el primer trimestre del año, la tasa de paro ascendió hasta el 27,16% y 6 202 700 desempleados.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno: «Hemos perdido muchos empleos, nos han zarandeado toda clase de turbulencias económicas, nos ha costado mucho dolor… pero el barco no se ha hundido». (Debate sobre el Estado de la Nación. Febrero).

«Este Gobierno no dijo que la reforma laboral permitiría crear empleo con la economía en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Dijimos que el objetivo era frenar la sangría del paro y abordar los problemas del mercado laboral […]. Hay motivos para la esperanza» (26 de marzo).

«Éste es el último año de la crisis» (6 de abril).

En agosto el Gobierno anunció con alborozo que, por primera vez desde el año 2000, el paro había bajado ese mes en 31 personas, en su opinión la señal inequívoca de que había tocado suelo. Las reacciones de algunos ministros fueron esperpénticas.

Fátima Báñez: «Es un dato esperanzador».

Luis de Guindos: «Pone de manifiesto que hay una estabilización del mercado laboral, mucha menos destrucción de empleo».

En diciembre de 2013, las personas sin empleo sumaban 5 896 300.

Ningún político ha asumido responsabilidades ni pedido disculpas por sus palabras.

2. Indemnizaciones multimillonarias para gente importante

2

INDEMNIZACIONES

MULTIMILLONARIAS PARA

GENTE IMPORTANTE

Los responsables de la crisis se marchan a casa

con el futuro resuelto

«Mala gente que camina

y va apestando la tierra…».

ANTONIO MACHADO

Soledades

La CEOE insiste de manera machacona en la necesidad de abaratar el despido de los trabajadores como remedio para todos los males, pero no dicen nada de las indemnizaciones de empresarios y banqueros, que se marchan a casa con el futuro y el de sus hijos resuelto. ¿Se acuerdan de Juan Jiménez Aguilar? Fue secretario general de la patronal cuando al frente estaba Gerardo Díaz Ferrán (2007-2010), propietario a un tiempo del Grupo Marsans y miembro del consejo de administración de Caja Madrid, en prisión como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y apropiación indebida. En 2008 la junta directiva de la patronal le permitió dimitir cinco minutos antes de ser destituido para no mancillar su honorabilidad. La excusa fue que se marchaba por motivos de salud, pero la verdad era que su jefe había perdido la confianza en él. Para hacer menos amargo el trago, Díaz Ferrán cambió el cese por despido y le indemnizó con 1,9 millones de euros, pese a que la pareja defendía a capa y espada el despido improcedente con veinte días de indemnización. En su despedida, Jiménez sufrió un vahído por la emoción. Para endulzar aún más su retiro, el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo distinguió con la medalla de oro al Mérito en el Trabajo por ser «uno de los padres del diálogo social».

A Baldomero Falcones, presidente y consejero delegado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), lo despidieron en enero de 2013 con una indemnización de 7,5 millones de euros y gracias, porque le correspondían 11,5 millones por la resolución anticipada de su contrato, que vencía el 31 de diciembre de 2015. Su blindaje establecía una indemnización de tres anualidades. A Falcones lo echaron por los pésimos resultados de la constructora, cuyas acciones habían perdido el 44% de su valor en 2012.

En Telefónica, los ejecutivos Luis Abril y Calixto Río se llevaron 10,89 millones de indemnización cuando abandonaron la compañía, que reconoce en la memoria de 2011 que diez altos directivos tienen cláusulas de blindaje de importe no especificado para el caso de que sean puestos de patitas en la calle. Otro empresario que se marchó a casa con el futuro económico resuelto fue Regino Morachel, vicepresidente de Indra, que cobró 9,1 millones de euros en 2012 por el mismo concepto que sus compañeros de Telefónica.

El informe anual de Gobierno Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondiente a 2012 revela que 31 de las 35 empresas del IBEX 35 cuentan con cláusulas de blindaje que benefician a 237 directivos. Nueve de dichas compañías declaran una remuneración media por alto ejecutivo superior al millón de euros. La retribución media de los consejos de administración fue de 7,6 millones de euros y ninguno de sus miembros percibió menos de 562 000. Por último, tres de dichas sociedades incrementaron la retribución media por directivo más del 50%. Desequilibrios salariales especialmente graves en la actual situación de crisis, donde empresas con pérdidas que están ejecutando despidos masivos retribuyen a sus directivos de manera muy generosa.

El blindaje de los banqueros

El blindaje de los banqueros

Los banqueros, esa plaga que ha conducido a la bancarrota al sistema financiero, cuyo saneamiento le ha costado al Estado decenas de miles de millones de euros a costa de los impuestos de los ciudadanos, son un ejemplo de que la crisis económica que han provocado en connivencia con muchos empresarios y la estupidez, cuando no complicidad, de nuestra clase política, no solo no les afecta, sino que es un negocio. A diferencia del resto de ciudadanos, si les despiden, no tienen que pleitear en los juzgados de lo Social, ni necesidad de esperar en la puerta de una oficina de empleo para inscribirse y cobrar la prestación. Les basta con sus blindajes multimillonarios.

Les pongo varios ejemplos. Los consejeros y altos ejecutivos de las siete cajas integradas en Bankia (el mayor escándalo financiero de nuestro país) tenían pactados en sus contratos despidos con indemnizaciones de dos y hasta tres años de salario bruto, indistintamente de si llevaban uno o diez años en el cargo. Blindajes que aprobaron los consejos de administración de los que ellos formaban parte, que también acordaban sus propios salarios. De no existir estos pactos, los contratos de alta dirección establecen una indemnización de siete días de salario por año de servicio, hasta un máximo de seis mensualidades. Voy a citarles a un puñado de personas cuyos nombres no les sonarán de nada, o muy poco, pero que son parte de esa pléyade de banqueros que se ha enriquecido a costa de las entidades que ellos mismos hundieron.

Manuel Escribano y Miguel Ángel Sánchez eran los principales ejecutivos de Caja de Segovia, y como tales disfrutaban de un contrato que estipulaba una indemnización de tres años de salario para cada uno en caso de extinción de sus contratos, además de poder prejubilarse a los 54 años de edad cobrando el 74,70% de su salario bruto hasta la edad legal de jubilación (actualmente entre 65 y 67 años, según la duración de la carrera laboral). A eso se llama cubrirse las espaldas.

Otro banquero, Aurelio Izquierdo Gómez, director general de Bancaja desde 2007, había pactado en caso de despido una indemnización de cuarenta y cinco días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades (tres años y medio). Una millonada si tenemos en cuenta que, en 2008, 2009 y 2010, su salario anual superó los dos millones de euros. Su antecesor en el cargo hasta 2007, Fernando García Checa, se marchó a casa con ocho millones.

José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana por el PP entre julio de 2002 y mayo de 2003, presidente de Bancaja, no tenía blindaje, ni la presidencia estaba remunerada, pero el cargo comportaba la designación como consejero en algunas empresas participadas, como el Banco de Valencia, Iberdrola, Abertis, Enagás y Fadesa, que le retribuían generosamente por asistir a reuniones esporádicas. Sus emolumentos sumaron 814 000 euros en 2009; 687 824, en 2010, y 1 787 835, en 2011, de los que 558 000 se los pagó el Banco Financiero de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, y este, otros 523 000.

José Manuel Espinosa Herrero, exdirector general de Caja de Ávila, una de las más pequeñas de las integradas en Bankia, con un 2,3% del capital, había suscrito un blindaje de seis millones de euros en caso de despido, y uno más por cada cinco años de antigüedad. Además, tenía garantizado con carácter vitalicio un complemento a la pensión de jubilación de la Seguridad Social que, sumado a esta, le garantizaba seguir cobrando el 100% del sueldo hasta su muerte. Un hombre previsor. Espinosa cobró 375 130 euros en 2007; al año siguiente (el del inicio de la crisis), ganó 512 000 euros; 512 637, en 2009, y 44 923 euros en 2010, año en el que recibió una prima de 1 404 547 euros. A partir de 2011, su nómina la pagó Bankia, aunque su cuantía se desconoce. Con las citadas retribuciones dinerarias, todos los años recibió 10 000 euros adicionales en su plan de pensiones, salvo en 2008.

Narcís Serra, exvicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa con Felipe González, fue presidente de Caixa Catalunya entre 2005 y 2010. En esos años, los miembros del consejo de administración de la caja se subieron los sueldos pese a la situación crítica de la entidad, al mismo tiempo que pedían la intervención del FROB, que desembolsó 12 050 millones de euros de fondos públicos. El cargo de Serra era representativo, pero aun así cobró elevados emolumentos en concepto de dietas, y a partir de 2007 tuvo un salario como presidente no ejecutivo. Desde entonces y hasta su cese, percibió algo más de un millón de euros. Su número dos, Adolf Tordó, director general, que llegó a la caja en 2008, se embolsó cuatro millones de euros. El juzgado de instrucción número 30 de Barcelona imputó a Serra y a las 53 personas que gobernaban la caja en 2010 por un presunto delito de administración desleal. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción afirmaba que los consejeros abusaron de su cargo y utilizaron fondos de la caja en beneficio propio y perjuicio de la entidad. En su comparecencia ante el juez, Serra dijo que la subida de sueldo a los ejecutivos de CatalunyaCaixa fue «legal, leal y diligente», e incluso «conveniente» como incentivo para evitar su fuga a otras entidades.

La lista es interminable, pero en algunos casos se dan circunstancias adicionales que ofenden aún más. Uno de ellos es el de Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixanova hasta su fusión con Caixa Galicia y copresidente de Novacaixagalicia, la entidad resultante, que fue intervenida por el Estado en septiembre de 2011. Gayoso y otros cuatro directivos de la entidad fueron imputados por los delitos de administración desleal, o alternativamente de apropiación indebida, por haber mejorado sus contratos de alta dirección y cobrado cuantiosas indemnizaciones pese a la calamitosa situación económica de la caja. El banquero era una figura reconocida por la sociedad gallega si nos atenemos a que estaba en poder de la medalla de oro de Vigo, que le fue retirada, y tiene el título honorífico de doctor honoris causa por la universidad de la ciudad. Cuando el 26 de julio de 2012 compareció en la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de su gestión, dijo que no había cobrado «ni un euro» por su jubilación, pese a que percibe una retribución vitalicia de 689 000 euros al año. Lo que no le va a quitar nadie a Fernández Gayoso es su medalla de oro al Mérito en el Trabajo concedida en 2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En su discurso al recibir el galardón, dijo que había dedicado «casi la mitad de mi vida» a Caixanova, de la que predijo «lo mejor está por llegar». El encargado de colocar la medalla en la solapa de su chaqueta fue el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que lo glosó como «un trabajador hecho a sí mismo». Dirán que desde entonces hasta ahora han pasado años y que entonces el Gobierno no podía prever lo que ocurrió después, y es cierto, pero el caso es ilustrativo del teatro en el que se ha convertido la política en connivencia con el mundo de las finanzas.

La pésima gestión de todos ellos al frente de las cajas no les ha pasado factura, ninguno ha ido a la cárcel, de momento, pero sí ha saneado su economía doméstica a costa de una reestructuración del sistema financiero que ha costado miles de millones al erario público, ha supuesto el despido de miles de trabajadores, y ha hecho perder sus ahorros a muchos clientes. Se preguntarán, ¿por qué es tan difícil meter a un banquero en la cárcel?, y la explicación es sencilla: los banqueros incurren en irregularidades, no en delitos, y en los escándalos financieros hay culpa, pero no culpables.

Mención aparte merece, por lo bochornoso, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido también con el acrónimo Mafo, exgobernador del Banco de España (BE), el principal órgano supervisor del sistema financiero, que, a la vista de lo ocurrido, es obvio que no cumplió con su trabajo. Ordóñez fue secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos con su amigo Pedro Solbes al frente de la vicepresidencia económica del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque muchos años antes ya había sido un alto cargo del departamento con Miguel Boyer como ministro de Economía de Felipe González. Su nombramiento en 2006 para dirigir el BE fue criticado por el PP, que vio en él a un «comisario político» de los socialistas, lo mismo que estos vieron en Julio Caruana, su antecesor en el cargo a iniciativa de los populares, que había formado parte del primer Gobierno de José María Aznar como director general del Tesoro y Política Financiera. Fernández Ordóñez dimitió el 10 de junio de 2012, pero no se fue con las manos vacías. Hasta junio de 2014, cobrará 11 000 euros mensuales (el 80% de su sueldo) como «compensación» por los servicios prestados. Si su cese hubiese sido iniciativa del Gobierno que tanto le criticó, no habría tenido derecho a un solo euro, según establece el artículo 26 de la ley de Autonomía del BE, pero Mariano Rajoy debió pensar que con el pan de los banqueros no se juega.

Durante su mandato al frente del Banco de España, no hizo nada contra los desmanes de la banca, como era su obligación, y se dedicó a proponer soluciones para salir de la crisis que suponían invariablemente un recorte en el Estado del bienestar y de los derechos de los trabajadores: desde la reforma de las pensiones (para pagar menos a nuestros mayores), a la rebaja de los salarios para mejorar la competitividad, ese término fetiche en cuyo nombre se cometen tantos abusos e injusticias. A Fernández Ordóñez le preocupaba la nómina de los demás, no la suya, que durante años se negó a desvelar pese a estar obligado por ley. La insistencia de varios grupos parlamentarios le forzó a hacerlo en junio de 2010, y así pudimos enterarnos de que en ese momento se embolsaba 194 148 euros anuales. Por cierto, que tanto su salario como el del resto del consejo de gobierno de la entidad (subgobernador y seis consejeros) lo fija el Ministerio de Economía a propuesta de los propios beneficiarios. ¿Se imaginan que pudieran decidir su sueldo? ¿No, verdad? Pues estos señores tenían la prerrogativa de proponer el suyo.

Alí Babá y los 33 de Bankia

Alí Babá y los 33 de Bankia

Los consejeros de Caja Madrid, la mayor de las integradas en Bankia y también la más antigua (se fundó en 1702), tenían un blindaje por despido de dos años de salario bruto. A diferencia de cualquier trabajador, al que se puede echar a la calle de un día para otro, el despido debía serles comunicado con tres meses de antelación o añadir a la indemnización el salario equivalente a dicho periodo. El presidente de la caja y posteriormente de Bankia, Rodrigo Rato, tenía en 2010 una retribución de 2 760 701 euros por todos los conceptos, de los que dos millones eran su sueldo fijo, y el resto, variables. Su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, amigo del expresidente José María Aznar, que llevaba catorce años al frente de la caja, le cedió el despacho tras cobrar 800 000 euros entre retribución fija y variables por veintiocho días de trabajo (del 1 al 28 de enero de 2010, cuando fue sustituido por Rato), y una indemnización de 2 725 500 euros. En total, tres millones y medio de euros. Una excelente compensación para un abogado sin experiencia en el sector financiero, cuyos manejos al frente de la entidad están siendo investigados por la justicia.

Rato pilotó la salida de la entidad a bolsa el 28 de junio de 2011. ¿Recuerdan su cara sonriente tocando la campanilla para inaugurar la cotización del banco? En su discurso dijo que la decisión iba a consolidar a «uno de los líderes del mercado bancario nacional de los próximos años». Una afirmación que, sin pasar mucho tiempo, se demostró falsa. Meses después la auditora Deloitte se negó a avalar las cuentas de 2011, que presentaban unos beneficios de 305 millones cuando la entidad acumulaba en realidad pérdidas por casi tres mil millones. Pese a ello, entre enero y noviembre de ese año, el banco premió con siete millones de euros a su personal directivo, de los que 2 184 000 euros fueron a parar al bolsillo de Rato. El presidente cobró ese año 1 400 000 euros de salario, 120 000 en dietas, 41 000 como remuneración por formar parte de una comisión del consejo de administración y 489 000 euros de aportación a su plan de pensiones. En total, 2 050 000 euros. Su cláusula de blindaje era el equivalente a dos años de su salario; es decir, 2 800 000 euros. Rato dimitió el 7 de mayo de 2012, tras descubrirse el pufo, con un comunicado en el que sin ningún pudor decía lo siguiente: «La confianza depositada en nosotros por más de 10 millones de clientes y más de 400 000 accionistas es una de las mayores satisfacciones que he tenido como presidente de Bankia, y la gran fortaleza que respalda el futuro de esta entidad». Tres días antes, el FROB había intervenido la entidad con una inyección de 4465 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes, que fue creciendo hasta alcanzar los 23 000 millones.

El acta del consejo de administración del 4 de mayo de 2012, cuando ya se conocía su dimisión, deja constancia de los elogios que sus miembros dirigieron a Rato, convertido poco menos que en un héroe a pesar de los pesares. Tal vez porque también ellos eran responsables de la pésima gestión de la caja. Las intervenciones de los consejeros son un panegírico a su persona y un ataque a Miguel Blesa, su antecesor en Caja Madrid, a quien atribuyeron todos los males de la entidad. El contenido del documento, que ha sido incorporado al sumario del caso Bankia, no tiene desperdicio.

Francisco Verdú, consejero delegado y hombre de confianza de Rato, que había llegado a la entidad en mayo, un mes antes de su salida a bolsa, cobró ese año 1,72 millones de euros de salario y acumuló una pensión de 533 000 euros. Ese día destacó «el trabajo profesional e intenso que se ha desarrollado en la entidad bajo su liderazgo». José Manuel Serra Peris le agradeció «el liderazgo ejercido en un proyecto que no hubiese sido posible acometer sin su dirección» (cobró 209 000 euros en 2011). Javier López Madrid valoró «el liderazgo de un equipo y la ejecución de un proyecto de integración de siete cajas y la salida a bolsa de Bankia, que no hubiese sido posible acometer sin su presencia» (208 000 euros). Juan Martín Queralt le expresó su «cercanía y afecto personal» y reivindicó «su altura de miras en la dirección del Grupo; su elegancia en la gestión y dirección del proyecto y de los consejeros» (131 000 euros). Todas las intervenciones tuvieron un tono parecido, salvo la del exministro socialista y exrector de la Universidad de Alcalá Virgilio Zapatero (233 000 euros), que fue un paso más allá en los halagos y, tras expresarle su «gran amistad, afecto y admiración», le pidió que siguiera aportando su buen hacer «en beneficio e interés del país».

Quién sabe si la mala conciencia o el miedo hizo que quienes habían expresado tantos parabienes al que había sido su presidente reclamaran a su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, que los exonerara de cualquier responsabilidad por la quiebra de la entidad. El acta del consejo de administración celebrado el 25 de mayo los retrata a todos ellos. Los consejeros salientes, sin excepción, dijeron no estar al tanto de las cuentas de Bankia, aunque las firmaron, acusaron a la auditora Deloitte de no haberles informado de la situación real de la entidad, y solicitaron que constara por escrito que no tenían ninguna responsabilidad en lo ocurrido para no poner en duda su reputación. «De conformidad con lo que se nos ha solicitado, presentamos nuestra dimisión como consejeros de Bankia. En ningún caso nuestra dimisión implica reconocimiento por nuestra parte de responsabilidad alguna, bien por la adopción de algún acuerdo que pudiera considerarse contrario al interés general, bien por omisión de la diligencia debida en el desempeño de nuestro cargo», recoge literalmente el acta de la reunión.

Uno de los consejeros salientes, Antonio Tirado Jiménez, pidió que constara por escrito el compromiso del nuevo consejo de suscribir una póliza de seguro «para asegurar la responsabilidad civil de consejeros y exconsejeros». Un temor justificado, porque si antes habían dado el visto bueno a unas cuentas que arrojaban unos beneficios de 305 millones de euros, ahora debían aprobar la reformulación de estas y reconocer más de tres mil millones de pérdidas. Obviamente, ninguno de ellos pensó en ese momento que esta y otras actas trascenderían a la opinión pública y dejarían en evidencia que tras la quiebra su única preocupación eran ellos mismos y no los cientos de miles de ahorradores del banco engañados.

Goirigolzarri aceptó las propuestas y no presentó ninguna demanda contra ellos, y tampoco lo hizo la Fiscalía General del Estado, una de cuyas funciones es velar por el interés público. Tuvo que ser el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) el que tomara la iniciativa y demandara al consejo de administración de la entidad. El exministro de Economía y los 32 consejeros en Bankia y BFA (su matriz) fueron imputados el 12 de julio de 2012 por el juez Fernando Andreu por la presunta comisión de los delitos de falsedad de las cuentas anuales y de los balances; administración desleal o fraudulenta por alterar o no reflejar en los documentos de la entidad la verdadera situación económica, tanto plasmando datos falsos como omitiendo otros verdaderos; maquinación para alterar el precio de las cosas al haber dispuesto de forma fraudulenta de los bienes de la sociedad mediante una gestión en la que prevaleció el favor político al rendimiento económico, con el consiguiente perjuicio para los accionistas, y apropiación indebida y administración desleal por las prejubilaciones y blindajes que se autoconcedieron.

Todos tuvieron que hacer el paseíllo en la madrileña calle de Prim, sede de la Audiencia Nacional, para prestar declaración. El testimonio de Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, presidente de la patronal madrileña (CEIM) y consejero de Bankia, es un ejemplo de la ligereza y los intereses políticos con que se gestionó la entidad. El aludido declaró al juez Andreu que no se enteró de nada, pero aun así cobró por ello 45 000 euros y el banco le concedió créditos por importe de 2,3 millones de euros. Ésta es la transcripción de algunas de las cosas que dijo sobre el trabajo que desempeñaba tal y como figura en el sumario: «No soy experto en banca, soy experto en empresas […]. Las cuentas de 2011 [las que reconocían unos beneficios ficticios de 305 millones de euros que encubrían pérdidas de tres mil] las conozco el mismo día [se refiere al consejo que las aprueba] y a mí, que no voy a leerme el informe, como usted comprenderá, si Deloitte dice que las cuentas están bien [en realidad no las había avalado] y la comisión de auditoría interna también, pues dije que sí». Una labor muy bien remunerada a la vista del trabajo que le exigía.

Exonerados por la entidad de cualquier responsabilidad, el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, cargó las consecuencias de la pésima gestión de Bankia en los trabajadores con el anuncio de un «plan de adelgazamiento» de la entidad que suponía poner en la calle a 5000 empleados con una indemnización de veintidós días por año trabajado y un límite de 14 mensualidades, posteriormente mejorada. Una limosna si la comparamos con el dinero que se llevaron los ejecutivos de la entidad cuando la abandonaron después de hundirla.

Goirigolzarri aceptó la presidencia de una entidad quebrada a sabiendas del trabajo «sucio» que tenía que hacer y a que el Gobierno acababa de limitar a 300 000 euros anuales el salario de los altos ejecutivos de los bancos intervenidos (600 000 euros en las entidades que recibieron ayudas del FROB), muy por debajo de los emolumentos del sector. Podía y puede permitírselo tras su salida del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en septiembre de 2009 con una jubilación anticipada a los 55 años y una pensión de tres millones de euros anuales que cobró de una tacada: 68,7 millones de euros en total. Sin apreturas económicas, Goirigolzarri consiguió el sueño de presidir una entidad bancaria, que no había logrado en BBVA tras ocho años como consejero delegado. Como contrapartida, se comprometió a devolver las ayudas del Estado en 2014 o 2015 y, para ello, dijo: «Me dejaré la vida». Aquí queda escrito para que cuando llegue el momento se acuerden ustedes de lo que dijo y lo comparen con lo hecho.

Bankia perdió 19 056 millones de euros en 2012, y, pese a ello, su presidente se atrevió a decir que la entidad era «solvente, líquida y saneada» en la presentación de las cuentas del mayor hundimiento de un banco en toda la historia. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, le apoyó: «Es una entidad muy saneada, capaz de afrontar el futuro con optimismo y perspectivas de negocio». Los dos evitaron concretar que si sus predicciones se cumplen, habrá sido gracias a los 23 000 millones de euros que el Estado ha inyectado a la entidad a cuenta de los impuestos que pagan los ciudadanos. Dinero público para «sanear» abusos privados. Una actitud impúdica de quienes (banqueros y empresarios) durante años defendieron la reducción progresiva del papel del Estado y la no interferencia en los mercados, y reciben enormes cantidades de dinero público en premio a su rapacidad. Lo que Díaz Ferrán denominó cuando estaba al frente de la CEOE refundación del capitalismo, que consiste en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Como ha sido toda la vida.

3. Los privilegios de sus señorías

3

LOS PRIVILEGIOS DE SUS SEÑORÍAS

Los que exigen austeridad y viven en la abundancia

«Los antiguos políticos hablaban incesantemente

de costumbres y virtudes; los nuestros solo hablan

de comercio y de dinero».

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Pensamientos

Si tienen ustedes vocación de servicio público, están de enhorabuena, porque su futuro es prometedor. Lo de la vocación les sonará porque es un tópico al que recurren algunos políticos, sobre todo en periodo electoral, para que quede claro que han renunciado a su carrera profesional en beneficio de la comunidad. El problema es que algunos han hecho de su vocación un modo de vida, y en ocasiones hasta un negocio. En su caso, los sacrificios tienen siempre recompensa, y cuando dejan el escaño, no se marchan a casa con una mano delante y otra detrás, aunque no tengan derecho a la prestación por desempleo, ni falta que les hace. En los párrafos que siguen, tienen la confirmación de lo que les digo.

La prestación máxima por desempleo para cualquier trabajador era en 2013 de 1397 euros brutos mensuales durante un máximo de dos anualidades, y para tener derecho a ella, hay que haber cotizado por la base máxima (3425,70 euros mensuales en 2013, un 5% más que el año anterior) durante un mínimo de seis años y tener al menos dos hijos a cargo que aún no hayan cumplido los 26 años. La prestación mínima era de 497 euros para parados sin hijos, y 664 para los que tienen al menos uno.

Cuando nuestros diputados y senadores pierden el escaño porque se mueven en la foto y el partido les excluye de las listas electorales, o porque su ubicación en estas no les permite revalidar el acta de diputado, tienen garantizada una «indemnización de transición» para cubrir el periodo que va desde la disolución de las cámaras por la convocatoria de elecciones hasta la constitución de las que resultan de los comicios. Como no se sabe quién va a ser elegido y quién va a perder el escaño, se indemniza a todos y en paz. Los que se marchan definitivamente a casa cobran otra «indemnización por cese», que sustituye a la cobertura de desempleo de la que carecen sus señorías, cuya cuantía equivale a un mes de asignación constitucional (esta legislatura es de 2813,87 euros mensuales), por cada año o fracción superior a seis meses en que hayan desempeñado su cargo, con un límite de 24 mensualidades. Es decir, que cuando un diputado deja el escaño, cobra de «paro» al mes más del doble de lo que puede recibir como máximo un trabajador (los ya citados 1397 euros).

Las elecciones del 20 de noviembre de 2011 supusieron el «despido» de 128 parlamentarios. Uno de ellos fue el socialista Álvaro Cuesta, diputado durante 30 años ininterrumpidos, desde que el PSOE de Felipe González ganó los comicios de 1982, quien cobró los citados 2813,87 euros mensuales (67 533 euros anuales) durante dos años: desde el 13 de diciembre de 2011 al 13 de diciembre de 2013, fecha en la que fue elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La misma indemnización a la que tenía derecho su compañero de partido Francisco Fernández Marugán, aunque en su caso solo la percibió hasta su nombramiento como adjunto primero a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en junio de 2012.

Este privilegio tiene su origen en una resolución aprobada por las mesas del Congreso y del Senado en una reunión conjunta celebrada el 11 julio de 2006, cuando al frente de ambas cámaras estaban los socialistas Manuel Marín (actualmente preside la Fundación Iberdrola) y Javier Rojo. El acuerdo en cuestión se concretó en el denominado Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios, que en su exposición de motivos dice así: «La dedicación a la actividad política parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las Cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades; quizá la más relevante de las mismas es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario, pero no hay que desdeñar la necesidad de reciclaje profesional, de reanudación de las actividades industriales o mercantiles, y otras circunstancias semejantes».

Esta y otras canonjías trascendieron a la opinión pública cuando el Gobierno aplicaba severos recortes en nombre de la austeridad y provocaron la ira ciudadana, lo que obligó a las Cortes a abordar una reforma del mencionado reglamento en julio de 2011, que estableció que, desde ese momento, la indemnización por cese era incompatible con el cobro de cualquier otra retribución, sueldo, salario, pensión o dieta de carácter público o privado. Solo los diputados que cesaron de manera previa se salvaron de la quema y pueden compatibilizar ingresos. El que más suerte tuvo fue Ángel Acebes, exsecretario general del PP, exdiputado y exministro del José María Aznar, que dejó su escaño el 15 de junio de 2011, seis meses antes de que concluyera la legislatura, y desde esa fecha y hasta marzo de 2013 (veintiún meses, el tiempo que fue diputado) disfrutó de una indemnización mensual de 2813,87 euros, que compatibilizó con un sueldo en 2011 de 245 000 euros como consejero del Banco Financiero de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, que presidía su amigo Rodrigo Rato. Acebes abandonó Bankia dos semanas antes de su intervención por el Estado para incorporarse a Iberdrola como consejero externo. A la gente brillante, las cosas le vienen rodadas, y por dos meses de trabajo en la compañía (mayo y junio), el exministro cobró 145 000 euros. En ese periodo Iberdrola celebró dos consejos de administración y una junta general de accionistas. Ése fue todo su trabajo.

Mientras fue diputado, Acebes compaginó su escaño y su salario como parlamentario con los ingresos que le proporcionó el ejercicio de la abogacía a través de su bufete Doble A Estudios y Análisis, del que era su administrador y único empleado. La compañía facturó 275 000 euros en 2010, prácticamente el doble que el año anterior, con unos beneficios después de impuestos de 76 467 euros. El exministro se autoconcedió ese ejercicio un salario de 132 000 euros anuales. En 2011 la cifra de negocio ascendió a 310 000 euros, con un beneficio de 65 438 euros. Ese año Acebes se bajó el sueldo hasta los 90 000 euros. Por último, en 2012, la cifra de negocio creció hasta los 318 500 euros y el beneficio después de impuestos a 90 801 euros. Según las cuentas presentadas ese año el exministro se «castigó» sin sueldo. Y un último dato para no atosigarles más: en febrero de 2012, Acebes constituyó con su amigo y también exministro de Aznar, José María Michavila, la empresa Grupo MA Abogados Estudio Jurídico S. L. Gente emprendedora.

Pero para indemnizaciones buenas, las de los expresidentes del Gobierno, que, al margen de los méritos o deméritos en su gestión y del tiempo que esta haya durado, tienen garantizado un sueldo de por vida que en 2012 ascendía a 6515 euros brutos mensuales (78 185 euros brutos anuales) a cambio de no hacer nada, de quedarse en casa y ver la vida pasar como prejubilados de oro. Eso es lo que hace José Luis Rodríguez Zapatero desde que perdió las elecciones de noviembre de 2011. Entonces tenía 51 años y no le hace falta volver a trabajar (qué paradoja, cuando fue su gobierno el que aprobó el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años), aunque, para evitar el aburrimiento, los expresidentes se incorporan automáticamente al Consejo de Estado, también de por vida, a condición de que no trabajen para ninguna empresa privada. En su condición de consejero, cobra otros 6383 euros brutos mensuales por acudir a los nueve plenos anuales que suele celebrar el citado órgano consultivo, que mantiene un mutismo absoluto sobre la actividad del presidente porque forma parte de su «agenda privada», aunque sea pagada con dinero público. Cuando se aburre, escribe libros o se dedica a dar conferencias por medio mundo (ha estado en Venezuela, Kazajistán, República Dominicana, Brasil y Suiza) sobre el futuro de la Unión Europea con una remuneración por intervención que no ha trascendido. Y lo mismo que él, los expresidentes José María Aznar y Felipe González, aunque en su caso renunciaron a su condición de consejeros para incorporarse como asesores a la empresa privada. De ambos les hablaré con detalle en otro capítulo.

De profesión, mi escaño

De profesión, mi escaño

Ser diputado o senador no es una profesión (voy a eludir hablar de los parlamentarios autonómicos para no extenderme en cifras), pero los escaños del Congreso están llenos de políticos que llevan media vida en el hemiciclo y han hecho de la actividad institucional su trabajo. Son tan consustanciales a la Cámara que si dejáramos de verlos, sería como si quitaran los leones de bronce que la custodian. En la anterior legislatura (la novena, 2008-2012), 219 de los 350 diputados repetían como parlamentarios y 116 llevaban al menos doce años en el hemiciclo, sin contar que muchos llegan/salen de la Carrera de San Jerónimo desde/hacia otros cargos públicos: senadores, parlamentarios autonómicos, presidentes de diputaciones o alcaldes.

José Bono es el paradigma. Fue diputado por el PSOE en la primera y segunda legislatura, hasta que en mayo de 1983 fue elegido presidente de Castilla-La Mancha, comunidad que convirtió en un inexpugnable feudo socialista durante veinte años. En 2004 se vino a Madrid para ser ministro de Defensa y, posteriormente, presidente del Congreso. En definitiva, desde 1979 ha ocupado cargos públicos de distinto signo tras diez años de militancia previa en el PSOE, en el que ingresó en 1969, con 19 años de edad.

En antigüedad solo le gana el exvicepresidente Alfonso Guerra, parlamentario desde la instauración de la democracia. Formó parte de las Cortes Constituyentes de 1977 y desde entonces no se ha bajado del escaño. En total, treinta y seis años como diputado, prácticamente la mitad de su vida. Los también parlamentarios José María Benegas, Javier Barrero y Jesús Caldera, todos ellos de la bancada socialista, pueden igualmente presumir de longevidad parlamentaria: llegaron a la Cámara Baja en 1982, con la victoria de Felipe González en las elecciones generales de ese año, y ahí siguen, con diez trienios acumulados. Tampoco faltan ejemplos en los escaños populares: Ignacio Gil Lázaro, Gonzalo Robles o Celia Villalobos van por la octava legislatura a sus espaldas. Demasiados años en un cargo institucional como para que la realidad no se perciba distorsionada. ¿Se puede comprender la angustia vital de un parado y de su familia cuando uno se sabe «intocable» por la crisis?

Dice el proverbio que las comparaciones son odiosas, pero hay ocasiones en que no queda más remedio que recurrir a ellas para demostrar que la crisis no afecta a todos por igual. Un parado que cobre la prestación por desempleo no puede tener ningún otro ingreso. Si le surge un trabajo ocasional y puede redondear la prestación (como les he comentado, el mínimo en 2013 eran 497 euros sin hijos), tiene que renunciar a él, porque si se entera la Seguridad Social, le retira la prestación. Un parlamentario es distinto. Hasta que en julio de 2011 las mesas del Congreso y del Senado modificaron el Reglamento de pensiones parlamentarias del que ya les he hablado, los diputados podían simultanear su indemnización mensual por cese con el salario de su actividad privada tras abandonar el hemiciclo.

Hay más. A diferencia de los ciudadanos, que, cuando agotan la prestación por desempleo, se quedan con una mano delante y otra detrás, obligados en el mejor de los casos a sobrevivir con 400 euros de subsidio si se los conceden, los políticos no pasan esas estrecheces si cuando abandonan la política no encuentran la manera de reintegrarse a su anterior actividad laboral. En su caso pueden pedir un «complemento de ingresos», una ayuda graciable, sin justificación pública ni duración determinada, que las mesas de Congreso y Senado aprueban cada mes de septiembre por anualidades.

Cuarenta y nueve exdiputados y exsenadores cobraban esta ayuda en septiembre de 2013. Uno de ellos es Ricardo García Damborenea, parlamentario vasco primero y diputado después, condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey en 1986, en el que fue el primer atentado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En esa causa fueron condenados el ministro del Interior en el momento de los hechos, José Barrionuevo; su número dos, Rafael Vera, y su antecesor en la Secretaría de Estado de Seguridad, Julián Sancristóbal, los tres a diez años de reclusión. La condena por un delito tan grave no es obstáculo para que Damborenea cobre una ayuda de 2061 euros mensuales a cargo del presupuesto de las Cortes. El mismo importe que perciben Ana María Abascal Calabria y Francisco de Paula Burguera Escrivá. Juan Julio Fernández Rodríguez cobra 1961 euros; María Jesús Torres Fernández, 1866; Celso Rodríguez Legido, 1708 y Juan Botanch Dausa, 1628, por citar a algunos de ellos. El exdiputado que más dinero ingresa es Jesús Díaz Fornas, exactamente 3771,30 euros. Fornas, abogado de profesión, fue parlamentario por el PSOE entre 1986 y 1996. En el extremo opuesto está Guillermo Gómez Martínez-Conde, con 90,07 euros. Gómez fue uno de los fundadores de Alianza Popular (AP) en Cantabria, presidente del parlamento cántabro entre 1983 y 1987 y posteriormente senador y diputado hasta 1995.

4. La teoría de la puerta giratoria

4

LA TEORÍA

DE LA PUERTA GIRATORIA

Cómo hacerse de oro en la empresa privada

tras abandonar la política

«El dinero no es nada, pero mucho dinero,

eso ya es otra cosa».

GEORGE BERNARD SHAW

El ejercicio del poder ayuda a hacer amigos y a encontrar trabajo cuando se abandonan las responsabilidades públicas. En el sector de los ex no hay paro. Sin poner en duda las capacidades de nuestros altos cargos, que de todo hay, haber desempeñado un puesto relevante supone un valor añadido muy apreciado por las grandes compañías. El ex dispone de una amplia agenda de contactos nacionales e internacionales que abren puertas, facilitan relaciones y consiguen favores; y eso vale dinero. Si además milita en el partido de Gobierno, todavía mejor, porque se le supone una capacidad de influencia mayor.

La ley de Incompatibilidades prohíbe que los altos cargos cesantes pasen sin solución de continuidad a la empresa privada, y a cambio de las molestias, el Estado les paga el 80% de su salario durante dos años. Pero claro, no es suficiente. Cuando a los políticos les interesa, las leyes pueden interpretarse a conveniencia, o recurrir a cualquier resquicio legal, por pequeño que sea, para justificar lo injustificable. Lo que se conoce como puerta giratoria, que permite pasar de lo público a lo privado y de lo privado a lo público sin ningún impedimento y hace que algunos confundan los intereses de los ciudadanos con los personales y crean que lo que es de todos es suyo.

La exvicepresidenta económica Elena Salgado, por ejemplo, tardó apenas cuatro meses en encontrar acomodo en Endesa tras la derrota electoral de los socialistas en los comicios de noviembre de 2011, obviando que la ley le impedía hacerlo antes de haber transcurrido dos años. Salgado quiso salvar las apariencias y se dirigió a la Oficina de Conflictos de Intereses, un organismo supuestamente autónomo, creado en 2006 y adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que la autorizaran a incorporarse a su nuevo trabajo, como así ocurrió. La excusa fue que iba a ser nombrada consejera de Chilectra, la distribuidora chilena de Endesa, sin relación con el mercado español. La información elaborada para tomar la decisión es secreta, como lo son todas las consultas a dicha oficina, las identidades de los altos cargos que se dirigen a ella y hasta la simple estadística de los que reciben el visto bueno y los que no. Cuando intenté recabar estos datos, me dieron con la puerta en las narices. Quizás porque es de mal gusto meterse en la vida de los exaltos cargos, que también tienen derecho a ganarse los garbanzos tras haber dedicado sus esfuerzos al servicio público. De manera simultánea a su «fichaje» por Endesa, Salgado se convirtió en asesora de Abertis, el grupo líder internacional en la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones, según se define en su página web.

Endesa da trabajo a los exministros de Economía

Endesa da trabajo a los exministros de Economía

Cuando la exvicepresidenta entró por la puerta de Endesa, salió por ella Luis de Guindos, que dejaba su puesto de asesor para ser nombrado ministro de Economía. El nuevo titular de la cartera está acostumbrado a ir y venir sin rubor y sin que nadie cuestione su proceder. De Guindos fue secretario de Estado de Economía a las órdenes de Rodrigo Rato entre 2002 y 2004, en el último ejecutivo de José María Aznar, y ya entonces despuntó como economista bien informado y mejor analista aún. En una entrevista concedida al diario ABC decía lo siguiente: «En España no hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se van a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencia en los procedimientos de urbanismo». No atinó ni una, pero ahí lo tienen, al timón de la economía patria.

La derrota del PP en las generales de marzo de 2004 le devolvió al sector privado como presidente ejecutivo del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers para España y Portugal, cargo que abandonó tras el escándalo de las subprime que llevó a la quiebra a la entidad y provocó el hundimiento de la economía mundial. Como otros muchos, no se enteró de la que se nos venía encima. Un borrón en su carrera que remontó con otras responsabilidades como consejero en Endesa, Unedisa (editora del diario El Mundo), Logista o el Banco Mare Nostrum (BMN) y su posterior regreso a la política por la puerta grande.

Pedro Solbes, antecesor de Elena Salgado en la vicepresidencia económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero, fue nombrado asesor para Europa del Fondo Monetario Internacional (FMI) meses después de abandonar la política en 2009, y en abril de 2011, tras agotar los dos años de incompatibilidad, se incorporó a Enel, la multinacional italiana a la que el Ministerio de Economía vendió el 92% de Endesa. Solbes gestionó, en representación del Gobierno español, la autorización de venta de Endesa a Enel tras descartar a la alemana EON y a la catalana Gas Natural, que se habían interesado por la hasta entonces eléctrica española. El exvicepresidente complementa su salario con otra nómina como asesor de Barclays Bank en España, y a ambos ingresos suma el salario vitalicio que recibe como excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea entre 1999 y 2004. Como ven, Endesa es la única empresa que puede presumir de tener o haber tenido en nómina, de forma directa o a través de sus filiales, a tres de los cuatro ministros de Economía de las dos últimas décadas.

Pero las coincidencias no acaban ahí. De Guindos, Salgado y Solbes coincidieron en Endesa con el expresidente José María Aznar, a quien la compañía incorporó en diciembre de 2010 como asesor externo de su cúpula directiva para orientar la estrategia de crecimiento en Latinoamérica. Sus conocimientos se cuantificaron en un salario de 200 000 euros anuales. Borja Prado, al frente de la compañía, debió de pensar que, además de un buen lobista, incorporaba a un líder que podía facilitarle el acercamiento al PP a un año vista de las elecciones generales que ganaron los populares. La eléctrica tiene también en su directorio a Hernán Felipe Errázuriz Correa, ministro chileno con el dictador Augusto Pinochet y expresidente del Banco Central de Chile. Errázuriz formó parte del equipo de juristas que defendió a Pinochet en Londres cuando fue detenido a petición del juez Baltasar Garzón, que pretendía su extradición a España para juzgarlo por violación de derechos humanos y crímenes contra la humanidad. No lo consiguió, tal vez porque el dinero no entiende de valores.

Como curiosidad, Endesa fue presidida hasta 2007 por Manuel Pizarro, que abandonó la compañía con una indemnización de 18,5 millones de euros. Tras un fugaz paso por el consejo de administración de Telefónica, Mariano Rajoy le ofreció ir de número 2 de la lista por Madrid en los comicios de marzo de 2008, como ministro de Economía in péctore para el caso de que los populares vencieran. No fue así y su experiencia parlamentaria fue efímera y discreta. Un escaño era poca cosa para el empresario, que renunció a su acta de diputado en enero de 2010. Ese mismo año regresó a la empresa privada como presidente del consejo de administración en España del bufete norteamericano Baker Mckenzie, especializado en el asesoramiento de inversores nacionales e internacionales.

Los fichajes políticos de Telefónica

Los fichajes políticos de Telefónica

Telefónica es otra compañía que persevera en el «fichaje» de políticos para ocupar cargos de responsabilidad sin importarle el color ideológico ni sus conocimientos sobre el sector de las telecomunicaciones. Qué más da, si se van a dedicar al show business. El hiperactivo Rodrigo Rato, de cuyas múltiples ocupaciones ya les he hablado, fichó en enero de 2013 como consejero asesor de la compañía. Durante su etapa como ministro de Economía y Hacienda (1996-2004), se llevó a cabo la privatización completa de la empresa, al frente de la cual el presidente Aznar colocó a su compañero de pupitre en el Colegio del Pilar, Juan Villalonga, que años después fue sustituido por César Alierta, su actual presidente y amigo de Rato. Alierta dijo que contrataba al exministro para incorporarlo al equipo de asesores de la compañía por «su experiencia y trayectoria», y con el objetivo de «reforzar la visión global de la compañía», que suena muy bien. Es de bien nacidos ser agradecidos.

Hombre capaz de mayores empresas, Rato ha fichado también como miembro del consejo asesor internacional del Grupo Santander. El cargo consiste, según la memoria de la entidad, en «colaborar con el Santander en el diseño, desarrollo y, en su caso, puesta en marcha de la estrategia de negocio a nivel global, mediante la aportación de ideas y la sugerencia de oportunidades de negocio». El exministro de Economía ya fue asalariado de Botín en 2008, pasados dos meses de su cese al frente del FMI en noviembre de 2007. Llamado a mayores retos, nuestro hombre abandonó el banco para presidir Bankia, que dejó en bancarrota y por cuya gestión está imputado por graves delitos. Para que se hagan una idea del arduo trabajo que le espera, el consejo asesor internacional del que forma parte se reunió en dos ocasiones durante 2012.

Otro hombre de Telefónica es Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana, ministro de Trabajo con José María Aznar y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones generales de 2008, cuando Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, nombró a Soraya Sáenz de Santamaría portavoz del Grupo Parlamentario. Contrariado, Zaplana abandonó el hemiciclo para irse a Telefónica con un salario que rondaba el millón de euros. Más recientemente, en enero de 2012, abandonó el consejo para asumir un cargo tan enrevesado como el de adjunto a la Secretaría General Técnica adjunta a la Presidencia. Desde octubre de 2012, es también presidente del Club Siglo XXI, el histórico foro de debate madrileño en el que se deja ver la flor y nata de la política y la empresa. Otros hombres relevantes que se han sentado en su consejo de administración son los exjefes de la Casa Real Alberto Aza y José Fernando Almansa, y Javier de Paz, director general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio y Turismo entre 1993 y 1996.

Pero el «fichaje» estrella de Telefónica es, sin ninguna duda, el de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y yerno del rey, que se incorporó al consejo de administración en 2006 con un salario millonario y un blindaje de 45 millones de euros para el caso de que rescindiera su contrato antes del vencimiento. Con su pedigrí real y semejante dineral, ¿quién se atrevería a despedirlo? Tres años después, cuando aún no había trascendido a la opinión pública el escándalo del Instituto Nóos, la compañía le trasladó a Washington para ocupar otro puesto de responsabilidad a petición de la Casa Real, que intentaba desvincularle de sus oscuros negocios poniendo tierra de por medio. El intento resultó baldío, porque el «yernísimo» fue imputado en octubre de 2010 por un juzgado de Palma de Mallorca por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsificación y blanqueo de capitales. A Telefónica no le importaron sus problemas con la justicia (se supone que antepuso la presunción de inocencia de su ejecutivo), y en julio de 2012 le renovó el contrato durante un año más. Poco antes de que concluyera, el yerno del rey pidió una excedencia que explicó con una nota pública en la que se echaba flores por el trabajo desempeñado: «En los últimos años he venido representando puestos de alta responsabilidad en el Grupo Telefónica, en la convicción de que mis superiores jerárquicos han sabido valorar el esfuerzo y dedicación desarrollado durante este tiempo». Pese a ello, en un ejercicio de responsabilidad, el duque justificaba su marcha «ante la posibilidad de que el procedimiento judicial abierto en el que estoy incurso pudiera tener alguna incidencia negativa para el Grupo Telefónica, y para evitar esos posibles efectos, he decidido solicitar a la compañía una excedencia temporal, la suspensión de mi contrato y de mis funciones».

Yo me quedo con este y tú con aquel

Yo me quedo con este y tú con aquel

Los casos que les he reseñado no son una excepción, ni en España ni en el resto del mundo. En nuestro país, el 7% de los consejeros o asesores de las empresas del IBEX han ocupado un alto cargo de designación política en la Administración (ministro, secretario de Estado, subsecretario o director general) en los diez últimos años. Son exactamente 34 consejeros concentrados en 19 de las 35 empresas más importantes de nuestro país, según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 2010 y 2011, que en sus informes pone de relieve que el fenómeno conocido como puerta giratoria «está generando un creciente malestar en España y en toda Europa debido a la posible colisión de intereses en las decisiones y acciones realizadas por los profesionales y que responden a distintos objetivos y compromisos». Esta anomalía cobra especial relevancia en industrias sometidas a control regulatorio, «en el que las decisiones políticas tienen un relevante impacto en los intereses y resultados de las empresas privadas y en el interés público».

El ministro de Defensa de Rajoy, Pedro Morenés, es un modelo de puerta giratoria continua. Tanto que es complicado saber si estamos ante un empresario o un político. Me explico. Entre 1996 y 2004, los ocho años que Aznar estuvo en la Moncloa, pasó por tres ministerios como secretario de Estado. Lo fue de Defensa, de Interior y de Política Científica y Tecnológica. Un auténtico todoterreno. Con la victoria de los socialistas en las generales de 2004, se marchó a la empresa privada, primero como consejero de Instalaza S. A., la principal fabricante española de bombas de racimo, y después como presidente para España de MBDA, una multinacional que fabrica misiles. Su vinculación con las empresas del sector armamentístico no fue un impedimento para que Rajoy le nombrara ministro de Defensa en 2011. Entonces trascendió que la munición de racimo fabricada por Instalaza S. A. estaba siendo utilizada por el dictador libio Muamar el Gadafi contra las tropas rebeldes en la ciudad de Misrata.

Josep Borrell desapareció de la escena política hace ya tiempo. Fue ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con Felipe González, y en 1998, con el PSOE ya en la oposición, ganó contra pronóstico las elecciones primarias del partido a Joaquín Almunia, que era considerado el sustituto natural de González. Las presiones internas le obligaron a ceder el testigo a su compañero, que cosechó una estrepitosa derrota en las elecciones generales de 2000 que dieron la mayoría absoluta a José María Aznar en su segunda legislatura. Presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007, se retiró de la primera línea de la política en 2010 para ocupar la presidencia del Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia (Italia).

Actualmente es consejero externo independiente de Abengoa, grupo andaluz de energías renovables, ingeniería y construcción, que está presente en 81 países a través de 600 sociedades y empresas participadas, catorce de ellas en paraísos fiscales. Su salario en 2011 fue de 300 000 euros brutos anuales, a razón de 25 000 euros al mes. En el consejo de Abengoa encontraron también acomodo José Terceiro Lomba, subsecretario de la Presidencia del Gobierno en 1981; Ricardo Martínez Rico, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el equipo del vicepresidente económico Rodrigo Rato y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y representante de España en el Consejo Europeo de Presupuestos y en el Consejo Europeo de Política Regional.

Sigamos con otras grandes empresas interesadas en captar el talento de nuestros políticos. En el consejo de administración de Red Eléctrica Corporación, empresa pública creada en 1985 y privatizada en 1999, están o han estado Luis María Atienza, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el último Gobierno de Felipe González, que presidió la compañía hasta marzo de 2012; Ángeles Amador Millán y Miguel Boyer, ministra de Sanidad y Consumo, y de Economía, respectivamente, también con González, y Rui Manuel Janes, adjunto al ministro de Economía e Innovación de Portugal, entre otros.

José Folgado Blanco, secretario de Estado de Economía con el primer Ejecutivo de Aznar, miembro también del consejo, fue nombrado presidente en sustitución de Atienza y dio un vuelco radical al consejo para nombrar a tres hombres cercanos al PP: Alberto Nadal, director adjunto a la secretaría general y vicesecretario general de Asuntos Económicos y Laborales de la CEOE, y hermano de Álvaro Nadal, entonces jefe de la oficina económica de la Moncloa, asesor de Rajoy y, desde enero de 2013, secretario de Estado de Energía; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, decano del Colegio de Economistas de Madrid y, hasta marzo de 2013, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos, un think tank próximo al PP, e Ignacio López del Hierro. Todos ellos con un salario de entre 130 000 y 180 000 euros brutos anuales por asistir a doce reuniones del consejo de administración, o lo que es lo mismo, entre 11 000 y 15 000 euros por cada una de ellas.

López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, ya era en ese momento consejero de Renta Corporación, de la tecnológica Amper (presentó su dimisión como vocal del consejo de administración en enero de 2014) y de la concesionaria de autopistas Itínere, además de ejercer como asesor del banco de negocios francés Societé Générale y de la consultora Neoris. Con anterioridad fue consejero de Caja Castilla-La Mancha, entidad que tuvo que ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009, en lo que fue la primera gran intervención del Estado tras la de Banesto. La caja estaba presidida por el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, que asumió el cargo en 1999, tras diez años como diputado nacional.

Del Hierro renunció a formar parte del consejo de Red Eléctrica «para no entorpecer la carrera política» de su esposa ante la avalancha de críticas que recibió su nombramiento, pero como quien sigue la consigue, meses después se incorporó al consejo de administración de Iberdrola Inmobiliaria, filial de la eléctrica encargada de gestionar su patrimonio inmobiliario. El marido de la secretaria general del PP ya era desde 2012 consejero de Iberdrola Ingeniería y Construcción. Una carrera profesional envidiable, aunque con algunos incidentes, como la apertura de unas diligencias de investigación por la Fiscalía de Cantabria en agosto de 2013 sobre su papel en el banco Liberbank tras la denuncia presentada por el exconsejero de Caja Cantabria y responsable del sindicato Comfia-CCOO, Alfonso Díez, que le acusó de cobrar 7000 euros por no hacer nada. Liberbank es el banco que surgió de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria. Las tres entidades se integraron el 13 de abril de 2011, año en el que Liberbank contrató los servicios de López del Hierro.

De empresa en empresa y cobro porque me toca

De empresa en empresa y cobro porque me toca

La constructora Obrascón Huarte Lain S. A. (OHL) la preside Juan Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir desde 2011 por concesión del rey Juan Carlos, que fue vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Hacienda en el primer gobierno de su majestad, durante la presidencia de Carlos Arias Navarro. La constructora gestiona numerosas concesiones de servicios públicos, principalmente autopistas, y su presidente fue citado a declarar como imputado en mayo de 2013 en el sumario del caso Bárcenas al detectar la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía coincidencias temporales entre la adjudicación de obras públicas con donaciones de la empresa a administraciones gobernadas por el PP. La sociedad resultó adjudicataria de 619 contratos entre 2002 y 2009 por parte de Administraciones Públicas dirigidas por fuerzas políticas de diferente signo, lo que supuso un volumen de negocio de casi 8000 millones de euros. Un informe policial fechado el 29 de abril de 2013 señala que la supuesta contabilidad B del PP registró tres entradas de fondos como donaciones de Villar Mir en 2004, 2006 y 2008 por algo más de 500 000 euros.

El empresario fichó en octubre de 2013 al exministro Josep Piqué como vicepresidente y consejero delegado del Grupo OHL. Piqué fue presidente ejecutivo del Grupo Ercros entre 1992 y 1996, año en el que se incorporó al primer Gobierno de José María Aznar como titular de la cartera de Industria y Energía, que compaginó con la portavocía, para encargarse después de la de Asuntos Exteriores y, finalmente, de la de Ciencia y Tecnología. La derrota electoral de 2004 le dejó sin cartera, pero no sin sillón, en su condición de presidente del PP catalán, diputado nacional, autonómico y senador, hasta que en 2007 dejó la política y fue nombrado presidente de Vueling, que abandonó en agosto de 2013. Durante su etapa al frente de la compañía aérea, el presidente Rajoy le eligió para que representara a España en el consejo de administración del gigante aeronáutico europeo EADS, dueño de Airbus.

Otra empresa del sector, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), tiene desde 2008 en su consejo a Nicolás Redondo Terreros, líder de los socialistas vascos hasta 2005. En 2011 (último dato disponible) recibió una retribución de 66 720 euros. Redondo Terreros ya colaboraba con FCC desde 2006 como consejero de Cementos Alfa, una de las filiales de Cementos Portland Valderribas, del citado grupo.

Luis Carlos Croissier pilotó como ministro de Industria y Energía de Felipe González la creación en 1987 del Grupo Repsol, en el que se englobaron casi todas las empresas públicas del sector de los hidrocarburos, y preparó su privatización. En 2007 fue nombrado consejero de la empresa, cargo para el que fue reelegido en 2011.

Tampoco le ha ido mal a Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, que, tras abandonar el Gobierno, fue elegida eurodiputada y un año después se incorporó al Banco Europeo de Inversiones, con sede en Luxemburgo, como vicepresidenta para España y Portugal con un salario de 20 000 euros brutos mensuales. La exministra sustituyó en el cargo al portugués Carlos da Silva Costa, que pasó a ser el presidente del Banco de Portugal.

No me resisto a citarles el caso de un consejero autonómico, Juan José Güemes, responsable de Sanidad entre 2007 y 2010 con Esperanza Aguirre y uno de los defensores de su privatización. Tras abandonar la política, se incorporó al consejo de administración de la empresa de contenidos audiovisuales Zinkia, creadora de la famosa serie de dibujos animados Pocoyó, y en 2012 al de la multinacional de análisis clínicos Unilabs. Se da la circunstancia de que esta empresa adquirió a principios de 2013 el 55% de la compañía a la que Güemes había adjudicado los análisis médicos en seis hospitales públicos cuando formaba parte del Gobierno autonómico. El hecho trascendió a la opinión pública y el exconsejero se vio obligado a presentar la dimisión. En junio de 2013, el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, le imputó junto a otros ocho altos cargos por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria privada (externalización de servicios es el eufemismo que utilizan sus defensores) de tres hospitales de la capital. También en 2013, concretamente en octubre, Güemes dimitió como consejero de Zinkia.

En definitiva, antiguos miembros del poder ejecutivo o del legislativo que tras abandonar sus responsabilidades políticas pasan a trabajar para grandes empresas, en algunos casos para «engrasar» sus relaciones internacionales e influir en los centros de poder político más importantes.

Juntos y revueltos

Juntos y revueltos

La simbiosis entre empresarios, políticos y banqueros hace que compartan mesa y mantel en muchos consejos de administración. En unos casos por puro reparto político de poder, en otros porque la compañía tiene una importante participación en el accionariado del banco, o porque el banco es accionista de referencia en cuestión. Y aquí tengo que volver a Bankia, que tiene participación en 633 empresas que no cotizan en bolsa, la mayoría inmobiliarias, y ha sido o es accionista de importantes compañías como Iberdrola, Metrovacesa y Mapfre. Un repaso a las personas que han sido miembros del consejo de administración de BFA-Bankia es la prueba del maridaje entre negocios y política. Aquí tienen algunos de los nombres: Rodrigo Rato, exvicepresidente de Economía; Ángel Acebes, exministro y amigo del anterior; José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana por el PP, licenciado en Derecho y en política desde los 25 años; Mercedes de la Merced (ya fallecida), exdiputada y exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid con José María Álvarez del Manzano; José Manuel Suárez del Toro, ingeniero industrial, expresidente de Caja Canarias y presidente de la Cruz Roja desde 1994; Jesús Pedroche, expresidente de la Asamblea de Madrid por el PP; Ricardo Romero de Tejada, exsecretario general del PP en la Comunidad de Madrid y exalcalde de Majadahonda; Carmen Cavero, cuñada de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid; Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar; José Manuel Fernández Norniella, expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y exsecretario de Estado de Comercio y Turismo, también con Aznar; José Manuel Serra, secretario de Estado de Industria y Energía, igualmente con Aznar; Mercedes Rojo-Izquierdo, exasesora de Esperanza Aguirre; Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM; Francisco Pons, expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios; Francisco Juan Ros, consejero delegado de Ros Casares y miembro de la patronal valenciana; Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y consejero delegado del Grupo Villar Mir; Juan Llopart, consejero de NH Hoteles y SOS, y exmiembro del consejo del Banco de Santander; Antonio Tirado, exalcalde socialista de Castellón, y José Antonio Moral Santín (IU). Hay más ejemplos, pero los que les he referido bastan para demostrar lo bien que funciona la puerta giratoria entre la política, la empresa y la banca.

En otras cajas, la composición de los consejos de administración era igual de escandalosa, pero nunca pasa nada. Agustín González, maestro de escuela, presidió Caja Ávila entre 2007 y 2010, cargo que compaginó con la alcaldía del municipio abulense de El Barco de Ávila y la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Ávila por el PP. Al frente de Caja Círculo estuvo durante ocho años Ignacio Mijangos Linaza, óptico de profesión. Victorino González y Santos Llamas, aparejadores y constructores ambos, presidieron Caja España. Modesto Crespo, dueño de dos concesionarios de venta de coches, presidió la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y situó en el consejo de administración de la entidad, como miembro de la comisión de control, a una profesora de ballet, Isabel Cambronero, sin el más mínimo conocimiento sobre la gestión de una entidad financiera. Julio Fermoso, catedrático de Medicina, presidió Caja Duero. Antonio Jara, que presidió Caja Granada, dio clases durante años de Filosofía del Derecho en la universidad de la ciudad.

Y aunque su reino no es de este mundo, a algunos sacerdotes el dinero les gusta mucho. Es el caso de Miguel Castillejo, presidente de CajaSur entre 1977 y 2005, que antes de jubilarse suscribió una póliza que le garantiza un salario vitalicio de 210 000 euros anuales que seguirán cobrando sus hermanas cuando él muera. Cuando se jubiló, se llevó a casa 2,9 millones de euros de indemnización. Castillejo, que estudió Teología Moral en Roma, obtuvo en 1973 por oposición la plaza de canónigo penitenciario del cabildo catedralicio de la iglesia catedral de Córdoba, y como tal accedió como vocal a lo que entonces era el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, después CajaSur. Dos años después ya era presidente. Su sucesor, el también sacerdote Santiago Gómez, licenciado en Teología, se encargó de quebrar la entidad. La caja fue la segunda entidad en caer, al negarse sus responsables a fusionarse con Unicaja. Propiedad de la Iglesia católica, prefirió ser intervenida por el Banco de España a su fusión con cualquier otra entidad «laica». Su rescate en 2010 costó al Estado 550 millones de euros.

Si se preguntan cómo es posible que ocurran estas cosas, la respuesta es que gracias a los intereses particulares de sus gestores, al carné del partido de turno y a las relaciones familiares y de amistad con algún mandamás de la comunidad correspondiente. Si no tiene usted un padrino, no es nadie. Hay más casos de los que les he citado, pero son tantos que su enumeración detallada les aburriría.

Concluyo con un último apunte: los grupos parlamentarios minoritarios presentaron en enero de 2011 una propuesta para endurecer el régimen de incompatibilidades que planteaba, entre otras cosas, que los cargos públicos tuvieran un solo sueldo público y acortar la pensión vitalicia de los expresidentes a dos años. PSOE y PP calificaron la iniciativa de populista y la rechazaron. Resulta obvio por qué.

5. Trabajos precarios y salarios de miseria

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TRABAJOS PRECARIOS

Y SALARIOS DE MISERIA

Cómo pagar cada vez menos a los trabajadores

sin que protesten

«No es mucho para empezar, de momento es lo que

pueden ofrecerme. Es sólo temporal, hasta que salga algo

mejor. Tienes que entenderlo, así está el mercado, hay

mucha competencia. Mejor eso que nada. Empezar así,

desde abajo, que te valoren profesionalmente. El jefe está

contento conmigo, quiere hacer un equipo sólido. Una

forma nueva de trabajar, por objetivos, una nueva

filosofía. Este mes tendremos que apretarnos un poco.

Es lo que hay, míralo de otro modo, no está tan mal.

Al fin y al cabo es dinero».

PABLO GARCÍA CASADO

Poesía reunida

«Solo se puede salir de la crisis de una manera: trabajando más y ganando menos. Es muy duro decirlo, pero es la verdad». Esta afirmación tan contundente la hizo Gerardo Díaz Ferrán en unas jornadas de la Asociación de Jóvenes Empresarios celebradas en octubre de 2010, a dos meses de dejar la presidencia de la patronal empresarial CEOE en manos de Juan Rosell. Como Napoleón, estaba convencido de que «cuanto más trabajen mis pueblos, menos vicios habrá». En ese momento, Díaz Ferrán debía ocho millones de euros en salarios a sus trabajadores y tenía una deuda de otros 16 millones con la Seguridad Social en cotizaciones. Un anticipo de lo que vino después con la quiebra del Grupo Marsans, que dejó al descubierto el entramado societario en paraísos fiscales que el empresario utilizaba para ocultar su fortuna y defraudar al fisco. Pufos que le llevaron a prisión el 3 de diciembre de 2012 acusado de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y apropiación indebida.

Es obvio que Ferrán no ha leído a Paul Lafargue, periodista, médico y revolucionario francés de origen cubano, al que sin duda habría que encarcelar por sus propuestas. Lafargue, nacido a mediados del siglo XIX, escribió, entre otras obras, una titulada El derecho a la pereza, en la que arremete contra las jornadas interminables de trabajo y reivindica una de solo tres horas diarias para que los trabajadores puedan emplear el resto del día en el enriquecimiento personal, el ocio, la cultura, el cultivo del cuerpo y de la mente y también, por qué no, «holgazanear y gozar el resto del día y de la noche». Ya entonces proclamaba que había que trabajar menos para trabajar todos, lo mismo que hoy defienden algunos economistas y sociólogos como alternativa para luchar contra la crisis económica y dar paso a un nuevo modelo de sociedad basada en el decrecimiento. No creo que haya que llegar a las tres horas de Lafargue, pero la jornada de cuarenta y ocho horas semanales se logró en nuestro país en 1919, y la de cuarenta horas, en 1982, que permanece invariable treinta y dos años después. Los intentos de los sindicatos por reducirla a treinta y cinco han sido inútiles. Fátima Báñez, ministra de Empleo, ya dijo en 2012 que al Gobierno ni se le pasaba por la cabeza semejante medida.

En la «cruzada» contra los salarios de los trabajadores, Díaz Ferrán contó siempre con la inestimable ayuda de su vicepresidente, Arturo Fernández, presidente a un tiempo de la patronal madrileña CEIM, de quien ya les he contado que formó parte del consejo de administración de Bankia sin tener ni idea de banca, igual que Díaz Ferrán lo fue en su día del consejo de Caja Madrid. «Me considero únicamente un hombre acomodado», dijo tras ser elegido para situarse al frente de la CEIM: «Tengo lo suficiente para pagarles a mis empleados un sueldo digno, seguir creando empleo y hacer algunas cosas que me gustan». Propietario del grupo de restauración Arturo Cantoblanco, entre sus numerosas concesiones públicas han estado los servicios de comedor del Congreso de los Diputados, el Senado, la Asamblea de Madrid e, incluso, de la UGT. Los empleados de la Cámara Baja le denunciaron en febrero de 2013 por pagarles una parte de su salario en negro y ahorrarse las cotizaciones a la Seguridad Social. Una irregularidad que al Ministerio de Cultura, Educación y Deportes le debió de parecer menor, porque en julio de 2013 le renovó por cinco años el contrato del servicio del restaurante del Teatro Real de Madrid. Si algún día visitan sus instalaciones, no dejen de pasar por él. Junto a la barra, verán dos fotos enmarcadas que desentonan con las paredes de estuco rojo y la decoración clásica: en ambas aparece Arturo Fernández departiendo con el rey Juan Carlos cuando eran mozos.

Ambos empresarios y concuñados (una hermana de Arturo Fernández está casada con un hermano, ya fallecido, de Díaz Ferrán) fueron galardonados con las medallas al Mérito en el Trabajo por el presidente José María Aznar «en atención a los méritos y circunstancias» que concurrían en sus personas. A Díaz Ferrán en 1999 en su categoría de plata, que le otorga el tratamiento de ilustrísimo, y a Arturo Fernández en 2002 en la categoría de oro, con tratamiento de excelencia. Dos ejemplos del empresariado que crea riqueza en beneficio propio y no de la sociedad. La relación entre lo que predican y lo que hacen es obvia: ninguna. Por cierto, que en el periodo comprendido entre 1993-2004, un 38% de las condecoraciones se concedieron a empresarios, por un 2,1% a trabajadores. El galardón lo otorga el Consejo de Ministros a propuesta del titular de la cartera de Trabajo y tiene como objetivo «premiar y destacar el mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio». Justo los méritos que adornan a nuestros empresarios premiados.

Sueldos bajos y en descenso

Sueldos bajos y en descenso

La rebaja de los salarios de los demás, no de los suyos, es desde 2008 una exigencia permanente del Gobierno, la banca y los empresarios, la condición sine qua non para ser competitivos y superar la crisis. Los datos son tozudos y demuestran que mienten. Solo en 2012 los salarios bajaron un 8,5% de media, un descenso que no se había producido en los cuarenta años precedentes, mientras los beneficios empresariales crecieron un 1,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa que las remuneraciones de los trabajadores caen cada vez a ritmo más rápido y los beneficios de las empresas siguen siendo positivos, pese a lo cual destruyeron ese año 850 000 puestos de trabajo con la ayuda inestimable de las sucesivas reformas y pese al notable descenso de los costes laborales (salarios, cotizaciones e indemnizaciones por despido) para que no lo hicieran.

El salario bruto medio anual en España fue en 2011 de 22 899,35 euros (un 0,5% más que en 2010), según la última encuesta de estructura salarial realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), presentada en junio de 2013. Pero lo que realmente interesa es el salario más frecuente o modal, que cae a los 15 500 euros brutos anuales. La diferencia entre uno y otro se justifica por la existencia de un grupo de trabajadores con salarios elevados que influyen en el cálculo del salario medio. Además, los trabajadores con contrato temporal cobraron un 32,8% menos que los que tenían contratos indefinidos (recuerden que en un capítulo anterior les he contado que 9 de cada 10 contratos que se suscriben son temporales), y las mujeres son claramente discriminadas en comparación con los hombres, con salarios un 23% inferiores. Un ejemplo de la mentira de la igualdad de sexos tan cacareada por políticos y empresarios.

Menos aún cobran los jóvenes entre 20 y 24 años: 12 210 euros brutos al año, un 8,5% menos que en 2010, y 16 938,06 euros los comprendidos entre 25 y 29 años, en su caso con un descenso del 4% respecto al año anterior. Un informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud presentado a finales de agosto de 2013 ponía de manifiesto que ocho de cada diez jóvenes menores de 30 años viven con sus padres porque no disponen de ingresos suficientes para emanciparse. Con sus salarios, comprar o alquilar una casa resulta utópico. Las recomendaciones de la Unión Europea (UE) dicen que quienes compren una vivienda deben asumir un endeudamiento que no suponga un gasto mensual superior al 30% de sus ingresos. Con esta sugerencia, para hacer frente a una mensualidad de 500 euros de hipoteca o alquilar, necesitarían que su sueldo se incrementase un 80%.

Si hacen memoria, recordarán que allá por 2005 empezó a hablarse de un fenómeno nuevo, el de los mileuristas, para referirse a la persona joven y con formación que no ganaba más de 1000 euros al mes. Nos pareció una barbaridad que la generación mejor formada de nuestra historia recibiese a cambio de su excelente preparación un salario tan bajo. Hoy, ocho años después, el 44,1% de los trabajadores gana menos de 1000 euros; el 32,8% entre 1000 y 2000; el 14,1% entre 2000 y 3000, y solo el 9% tiene una nómina que supera los 3000 euros. Ahora, un salario de mil euros es una conquista. Una imagen fiel de la precariedad de nuestro mercado laboral.

Al ministro Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas, le dan lo mismo estos datos. En un ejercicio de cinismo, dijo desde la tribuna del Congreso[7] que los salarios no estaban bajando, sino «moderando su crecimiento», gracias a lo cual se estaban abriendo las puertas a la recuperación económica. El excesivo incremento que los sueldos experimentaron al comienzo de la crisis, dijo, era una de las razones de que se hubiese destruido tanto empleo. Sin embargo, la encuesta de costes laborales que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica trimestralmente sostiene lo contrario, que el sueldo de los trabajadores no ha dejado de bajar en el sector público y en el privado, sin que se haya traducido en más creación de empleo. Una nota de prensa oficial de dicho organismo, fechada el 17 de septiembre de 2013, decía que el coste laboral de las empresas había bajado un 0,3% en el segundo trimestre de 2013, que las horas de trabajo habían crecido un 2,1%, y que, como consecuencia de ello, a los empresarios les salía un 2,4% más barato el coste laboral por hora. Especialista en el uso del oxímoron, para Montoro es «compatible» moderar salarios y ganar poder adquisitivo. Es decir, que si a usted le bajan el sueldo, no tiene de qué preocuparse, porque va a poder consumir más. El ministro debería explicar cómo se hace esto.

Mientras bajan los salarios, crecen los beneficios de las empresas. Un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de octubre de 2013 sobre los resultados de las principales empresas españolas recoge que el porcentaje de las que han alcanzado beneficios en el primer trimestre de dicho año se sitúa en el 66,4%, 14 puntos porcentuales por encima de 2012, y que cuarenta de ellas lo han hecho por encima del 20%.

Otro indicador del salario de los trabajadores de un país son los datos tributarios. Los de 2012 dicen que de los 19 millones de personas que hicieron la declaración de la renta ese año, 13 millones, el 68%, tenían salarios de entre 10 000 y 20 000 euros brutos anuales. Si subimos un punto el escalón, hasta los 30 000 euros, el número de declarantes asciende hasta los 16 millones de trabajadores, el 84%. Por encima de los 100 000 euros hay solo 194 000 declarantes, y de ellos solo 7000 reconocen salarios por encima de los 600 000 euros. Una cifra ridícula tras la que se oculta una parte del fraude fiscal, del que hablaré en otro capítulo.

Para que se hagan una idea, el salario medio de los ejecutivos mejor pagados, los de las empresas del IBEX, fue de 2,3 millones de euros en 2010, con una subida del 64% en seis años. Un informe de Credit Suisse sobre la riqueza en el mundo aseguraba que el número de millonarios en España aumentó un 13% desde mediados de 2012 a mediados de 2013, hasta las 402 000 personas. Para entrar en este selecto club, es necesario tener un patrimonio superior al millón de dólares (740 000 euros).

Los datos son concluyentes, menos para el Gobierno y sus aliados empresariales. El exvicepresidente de Economía Rodrigo Rato ya decía en 2011, en el Foro de Empleo del PP celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que había que reducir los sueldos y vincularlos a la productividad. Rato era por entonces el presidente de Bankia con un salario de dos millones de euros al año. Nunca fue banquero, pero el presidente Mariano Rajoy debió de pensar que el hábito hace al monje y que era el mejor capacitado para presidir la entidad resultante de la fusión de siete cajas de ahorros, la mayor de ellas Caja Madrid, de la que Rato era presidente. Bankia quebró pese a tener al timón al vicepresidente económico de José María Aznar, a quien el actual titular de la cartera, Luis de Guindos, ha calificado como «el mejor ministro de Economía desde la Transición». Ana Mato, ministra de Sanidad, fue más allá y lo elevó a la categoría de «mejor ministro de Economía de la historia de España». Si se hubiese aplicado su propuesta de salario = productividad, debería haber devuelto el dinero que cobró por una gestión desastrosa que ha costado a los ciudadanos 23 000 millones de euros.

Las mentiras del salario mínimo

Las mentiras del salario mínimo

El salario mínimo interprofesional (SIM), por debajo del cual no puede estar ningún trabajador, es un dato que ayuda a evaluar el desarrollo económico de un país. A empresarios y políticos les gusta mirar a Europa para justificar algunas de sus propuestas y decisiones, salvo que beneficien al trabajador.

En España, el SIM en 2013 era de 645,3 euros mensuales por 14 pagas, 9034,2 euros al año. Una cifra insignificante si la comparamos con el de Luxemburgo, donde ningún trabajador gana menos de 1758 euros al mes, casi el triple que en nuestro país. En Irlanda, el SIM alcanza los 1462 euros; 1447 en Holanda; 1444 en Bélgica; 1365 en Francia; 1086 en Reino Unido y 877 en Grecia. Solo Bulgaria, con 123 euros al mes, está por debajo, según datos de la oficina de estadística de la UE, Eurostat. Pues bien, a Luis María Linde, gobernador del Banco de España (BE), le parece que 645,3 euros son demasiados y ha propuesto suprimir directamente el SIM «para evitar que actúe como una restricción». Una forma de convertir a los trabajadores en esclavos. Linde pretende hacer bueno a su predecesor y propone también más recortes de derechos laborales «para impulsar la creación de empleo», como que los nuevos contratados tengan sueldos por debajo de los establecidos en convenio. Lo dice él, que ganó 81 320 euros entre el 10 de junio de 2012 (cuando fue nombrado) y diciembre.

El Círculo de Empresarios no tardó en coger el guante y reclamó en octubre de 2013 sueldos por debajo del SIM «para ciertas contrataciones de jóvenes desempleados como estímulo directo a las empresas». Es decir, a los empresarios les estimula mucho pagar salarios de miseria, y como el desempleo juvenil afecta a más de la mitad de nuestros jóvenes, qué mejor que valerse de la situación para contratar siervos en lugar de trabajadores. En su afán sin límites por desposeer a sus empleados de cualquier derecho, han reclamado también al Gobierno que flexibilice aún mas el mercado de trabajo con la introducción en la legislación laboral de sistemas de «trabajo intermitente o por llamada», que no especifican en qué consiste, pero que es evidente que pretenden precarizar aún más el trabajo a tiempo parcial. El Círculo de Empresarios, creado en 1977, dice que su objetivo es «la promoción de la libre empresa, de la iniciativa privada, de la economía de mercado y del espíritu emprendedor, y la búsqueda del reconocimiento por parte de la opinión pública del papel esencial del empresario en la creación de riqueza, empleo y bienestar social». Otro ejemplo de la insolencia empresarial, que pretende que los trabajadores les den las gracias por sus abusos. La presidenta de la organización es Mónica de Oriol, nacida en 1961, casada y con seis hijos, que con 27 años ya era la principal accionista y presidenta ejecutiva de Seguriber-Umano.

El objetivo de tanto salario de miseria, dicen empresarios, políticos y banqueros, es ser competitivos. Los sucesivos gobiernos han desmantelado nuestra industria y privatizado las principales compañías del Estado, transformadas ahora en grandes empresas transnacionales, para convertirnos en un país de servicios, que no son precisamente el motor de la economía. Tomen nota: en 1986 el Gobierno vendió Seat; en 1991, Enasa-Pegaso; en 1992, Campsa; en 1994, Enagás; en 1997, Endesa, Telefónica, Repsol y Aceralia; en 1998, Argentaria y Tabacalera; en 1999, Indra; en 2000, Santa Bárbara; en 2001, Iberia… No fabricamos nada; nos limitamos a tocar la pandereta para el resto de Europa. Si no nos gusta, los empresarios que tanto defienden la marca España están dispuestos a trasladar el negocio a países del tercer mundo o en vías de desarrollo, en los que no hay derechos laborales y los salarios no deberían llamarse así porque ni siquiera son suficientes para subsistir.

Do you speak English?

Do you speak English?

A falta de trabajo de calidad, muchas de las ofertas de trabajo que circulan por la red son un insulto a quienes buscan desesperadamente la forma de ganarse la vida. Si echan una ojeada por los portales de Internet, se encontrarán algunas con unos requerimientos de alta cualificación, entre los que el dominio de uno o dos idiomas es indispensable para trabajar incluso de camarero en una zona turística. No se exige tanta formación a nuestros políticos, que a menudo hacen el ridículo por su ignorancia. Un buen ejemplo es el «It’s very difficult todo esto» que Mariano Rajoy le soltó al primer ministro británico, David Cameron, en un encuentro celebrado el 23 de noviembre de 2012 en Bruselas. El espanglish de nuestro presidente fue grabado durante un mudo, como se denomina a la toma de imágenes por cámaras de televisión y fotógrafos en los momentos previos a una reunión. La estampa es siempre la misma: los mandatarios comparecen sentados en un sofá y hacen como que dialogan distendidamente antes de entrar en materia cuando los periodistas gráficos abandonen la sala. La realidad es bien distinta.

Nuestro presidente no sabe inglés, como tampoco lo sabían sus predecesores, desde Adolfo Suárez a José Luis Rodríguez Zapatero, obligados a moverse en los foros internacionales con un intérprete al lado que hace imposible un diálogo fluido con su interlocutor. Zapatero protagonizó otra anécdota similar a la de Rajoy en su primera asistencia a una cumbre europea, la celebrada en Dublín dos meses después de que ganara las elecciones de 2004. El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, esperaba a sus homólogos en el acceso al lugar del encuentro y, antes de que pudiera saludar a nuestro presidente, este le soltó un «Beautiful day. My English is very bad». (Hermoso día. Mi inglés es muy malo) a modo de presentación. Este es el nivel de idiomas de nuestros líderes políticos, por lo demás bastante generalizado en nuestro país (solo un 10% de españoles conoce la lengua de Shakespeare), donde el aprendizaje de otra lengua es desde hace años una asignatura menor. Si, como dice el director de cine italiano Federico Fellini, «cada idioma es un modo distinto de ver la vida», la visión de muchos de nuestros políticos es muy limitada.

Pero sigamos con las ofertas que el mercado laboral ofrece a nuestros profesionales. La que sigue la colgó el Colegio de Arquitectos en su web. No tiene desperdicio: «Estudio de arquitectura de prestigio internacional busca arquitecto para llevar la dirección del equipo de estudio. La entrevista será llevada en inglés. Por favor, absténgase de enviar CV si no reúnen todas las aptitudes necesarias: Ser nativo español o española. Edad comprendida entre 30-40 años. Arquitecto Superior. Master de proyectos o cursos de doctorado completados. Ser creativo y resolutivo. Entre 5 y 10 años de experiencia demostrable tras titulación universitaria en concursos de arquitectura, redacción de proyectos de ejecución, proyectos de interiorismo, dirección de obra y en proyectos de ALTO NIVEL (en versal en el anuncio) con referencias de estudios de CALIDAD RECONOCIDA. Experiencia docente en alguna escuela de arquitectura. Habilidades comerciales para trato con clientes de alto nivel. Buena presencia diaria. Alto nivel de inglés. Flexibilidad y disponibilidad total en función de las necesidades del estudio, sin atención a horarios ni días laborables. Dominio de herramientas CAD, Autocad y/o Archicad. Dominio de herramientas de retoque fotográfico. Se valorarán conocimientos de gestión de obra, un segundo o tercer idioma (italiano, francés, alemán, portugués, chino) y nociones de contabilidad». Todo ello a cambio de un contrato de colaboración/autónomo y una retribución mínima de 16 000 euros brutos al año y máxima de 24 000. Si a dichas cantidades les restamos el 21% de IRPF, se quedan en 12 640 y 18 969 euros, a los que hay que detraer el pago a la Seguridad Social por cuenta del trabajador al ser autónomo. En definitiva, menos de mil euros netos para la primera oferta por 12 mensualidades, y algo más de mil para la segunda. Ofertas como esta deberían estar tipificadas como delito.

Si ser arquitecto es hoy una desgracia, ser periodista es una condena. No me resisto a recoger sucintamente algunas ofertas: «Busco redactor para blog sobre Windows (5 euros artículo)», o este otro que exige «seriedad» y tres artículos por semana. «Se pagarán 5 euros por artículo, por lo que a 3 por semana serán un total de 60 euros al mes». Pero, para indignante, esta otra oferta de una empresa del sector tecnológico de Marbella (Málaga): «Se seleccionan periodistas, reporteras/os y presentadoras/es que deseen colaborar en la redacción de programas y reportajes relacionados con el sector del ocio para adultos. Muy buena presencia, buena expresión y fluidez de habla, capacidad para conducir un programa y disponibilidad para desnudo». El contrato era de prácticas/becario y el salario «a negociar». Ejemplos que reflejan en lo que se ha convertido nuestro mercado de trabajo.

Si hoy ser mileurista es un logro y las ofertas de trabajo un dislate, no hay margen para que los ciudadanos puedan vivir por encima de sus posibilidades, como políticos, banqueros y empresarios se han cansado de repetir para ver si las víctimas de la crisis terminan por asumir que son las responsables de esta. El sentimiento de culpa inmoviliza y es siempre provechoso para el poder. Digan lo que digan, la realidad es que el salario real, el que mide el poder adquisitivo de las retribuciones de un trabajador, no ha dejado de caer como consecuencia de la crisis, mientras el índice de precios al consumo (IPC) no deja de subir. En los años setenta del siglo XX, un solo sueldo podía mantener a una familia. Hoy hacen falta dos, y aun así no siempre es suficiente para vivir dignamente. El Gobierno y los empresarios van camino de imponer la teoría mercantilista que defiende que el salario debe cubrir exclusivamente el consumo necesario para que la clase trabajadora pueda subsistir.

Trabajadores de usar y tirar

Trabajadores de usar y tirar

Como han podido comprobar, los salarios no son un problema para los «generadores de empleo», porque además de bajos llevan años congelados y no se atisba en el horizonte que vayan a subir. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2012-2014) suscrito por empresarios y sindicatos es un cúmulo de estupideces, el mejor ejemplo de cómo nos engañan con nuestras nóminas y la constatación de la impotencia y la incapacidad de los sindicatos para revertir la situación. Lean lo que dice: «El aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5% con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%). Si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC amortizado de la zona euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos casos los carburantes y combustibles». ¿Lo han entendido? Yo tampoco.

Aun así, a los empresarios les parece que los trabajadores ganan mucho dinero y trabajan poco. Su patrón, Juan Rosell, sostiene que el problema no es de falta de trabajo, sino de ganas de trabajar, y desde el inicio de la crisis no ha dejado de hacer propuestas para hacer más difícil la vida de los ciudadanos. Primero sugirió la creación de minijobs, trabajos de quince horas semanales por 400 euros mensuales. «Aunque los sindicatos lo llaman contratos basura, nosotros creemos que es mejor tener a la gente trabajando una hora, dos horas o tres que cero», defendió su iniciativa. También quiere que las empresas puedan convertir los contratos a tiempo completo en otros a tiempo parcial por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para evitar despidos. Curiosamente, las citadas causas han sido el argumento más utilizado por las empresas para poner en la calle a sus trabajadores. Rosell ha abogado también por quitar «algunos privilegios» a los empleados con contrato indefinido y aumentar los que, en su opinión, tienen los temporales. Es decir, que tener un trabajo fijo, si es que hay algún trabajo que se pueda llamar así con las facilidades que tienen los empresarios para despedir, es un privilegio y no un derecho. Los asalariados, dice Rosell, se creen que viven, como Alicia, en «el país de las maravillas».

La aspiración de la patronal es que si actualmente el 90% de los contratos que se firman son temporales «y gracias», según el presidente de la patronal, en un futuro lo sean la totalidad. Un mercado laboral completamente desregularizado en el que los trabajadores vivan una situación de permanente inseguridad que les convierta en personas sumisas dispuestas a aceptar cualquier oferta por denigrante que sea. «Los contratos no deben ser los que nos gusten, sino los que podamos hacer en función de las necesidades. Si tenemos que contratar por días, horas, meses o años… fantástico», dice sin recato.

La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) define como trabajo decente el que permite a hombres y mujeres realizar una actividad productiva que les aporte un salario justo, seguridad en el trabajo, protección social, que garantice los derechos de asociación, ofrezca la posibilidad de desarrollo personal y dé a todos las mismas oportunidades. La Carta Social Europea, el tratado europeo de derechos sociales por excelencia, dice en su artículo 4 que hay que reconocer «el derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a su familia un nivel de vida decoroso». Enunciados que no van con Rosell.

Los despropósitos del presidente de la CEOE le llevan a decir que la encuesta de población activa (EPA) hace trampas con las cifras y ve parados donde no los hay. «En España no hay seis millones de parados», dijo en febrero de 2013, cuando las estadísticas sobrepasaban esa cifra. Para el jefe de la patronal, muchos desempleados no son tales, sino parásitos que se han acostumbrado a vivir del Estado y cobran «porque sí» la prestación por desempleo. Calla que las prestaciones se las han ganado antes los trabajadores con sus cotizaciones. «Hay quienes no tienen intención de trabajar y se apuntan en las oficinas de desempleo», dice, «como los amos y las amas de casa, cuando en la crisis han visto que hay posibilidades de obtener alguna cosa por estar apuntados». Hay que ser mezquino para afirmar algo así cuando en dos millones de hogares todos sus miembros están en paro y solo el 61,54% de los desempleados cobraba algún tipo de prestación en marzo de 2013.

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, siempre receptiva a las reivindicaciones empresariales, anunció en abril de ese mismo año la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior para detectar bolsas de fraude laboral, y en agosto presentó un sistema de denuncias anónimas a través de un formulario «colgado» en la web del departamento. La ministra presentó el buzón como una iniciativa para delatar cualquier incumplimiento de la normativa laboral, de la Seguridad Social o de prevención de riesgos. En el mismo acto en que anunció esta «redada anónima», presentó una estadística del departamento para dar cuenta de que en el primer semestre de 2013 había retirado la prestación por desempleo a 60 004 beneficiarios por rechazar ofertas de trabajo (no especificó los motivos) o cobrarlo de manera irregular. Como dice el presidente de la Comisión de Economía Financiera de la CEOE, José Luis Feito, «hay que aceptar el trabajo que se nos ofrezca, aunque sea en Laponia […]. Estuve una vez allí y es un sitio muy bonito que tiene una serie de trabajos intensos, de temporada, y están muy bien remunerados […]. Hay mucha grasa», concluyó nuestro hombre: «Si a mí me dejas la legislación, te la cambio en una semana». Nadie lo pone en duda.

Su compañero José de la Cavada, director del departamento de Relaciones Laborales de la patronal, es otro personaje con gran capacidad para decir disparates. En la asamblea anual de la organización empresarial del citado año, propuso rebajar los días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores concede por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario desplazarse a otra provincia distinta a la de residencia (cuatro días). ¿La razón?, pues que «ya no viajamos en diligencia» y estos trámites se pueden despachar en menos tiempo. Como dice el refrán: «El muerto al hoyo y el vivo al bollo», en este caso, al trabajo. Por cierto, el lema de la asamblea era «Tiempo de valores, tiempo de personas».

Del desprecio de este empresario a los trabajadores da fe la sanción de 25 000 euros que le impuso la Inspección de Trabajo en octubre de 2010 por atentar contra la dignidad de sus subordinados en la patronal. Según el texto del expediente sancionador, «los trabajadores […] han sido objeto de decisiones, medidas y tratos que han vulnerado su derecho a la dignidad dentro de la empresa. Su director [el citado De la Cavada] exhibe un sistema autoritario de gestión con brusquedad y expresiones verbales que han provocado tensión y sufrimiento. La presión a la que se han visto sometidos los trabajadores escapa al ámbito de la organización del trabajo y ha generado en ellos sentimientos de humillación, inferioridad y exclusión». Impasible el ademán, José de la Cavada dice que el Estatuto de los Trabajadores «es una copia en algunas materias de la legislación de Largo Caballero» y acusa a los jueces cuando dan la razón a los trabajadores de erigirse en empresarios y actuar «como Dios les da a entender». Otro ejemplo del patrón español que nos va a sacar de la crisis. Afortunadamente, en enero de 2014 fue despedido de la CEOE por sus «calentones».

Como Feito y De la Cavada hay otros que llevan años presentándose ante la opinión pública y sus propios empleados como benefactores sociales dispuestos a arriesgar su patrimonio para crear empleo y riqueza. Filántropos que «dan de comer» a unas cuantas familias, como si su sustento no fuese el producto de su trabajo. La falta de trabajo ha hecho que su mensaje cale y los trabajadores interioricen que lo que diga el amo está bien, y quien no esté de acuerdo, que se busque otro trabajo. Reclamar derechos laborares o reivindicar su mejora ya no es un derecho constitucional, sino una concesión graciable y un riesgo para los trabajadores que se atreven a defenderlos.

Hacer negocio con empleados del tercer mundo

Hacer negocio con empleados del tercer mundo

Vayan al armario donde guardan su ropa y echen un vistazo a las etiquetas. Les resultará complicado encontrar alguna en la que ponga made in Spain. Las prendas de importantes marcas comerciales de nuestro país están fabricadas en países como Marruecos, China, Tailandia, Camboya o Bangladés. Allí las jornadas laborales se prolongan durante once y doce horas diarias en pésimas condiciones, sin derechos laborales y a cambio de salarios que apenas dan para sobrevivir. Vamos, auténticos paraísos para el empresario. Ésa es la competitividad que tanto alaban.

Los principales ingresos por exportación de Bangladés proceden de la industria textil, que en la década de los ochenta del siglo XX comenzó a atraer a empresas por su mano de obra barata, fundamentalmente femenina, y los bajos impuestos. Una realidad desconocida por la mayoría de los ciudadanos del primer mundo, que solo se acercan a ella cuando ocurre una tragedia. Una de las más graves de los últimos años tuvo lugar en abril de 2013 en un edificio de ocho plantas, tres de ellas levantadas sin permiso sobre el inmueble original, en el que miles de personas trabajaban hacinadas con horarios extenuantes por 25 euros al mes, el precio que tendrá una sola prenda cuando sea comercializada en nuestras tiendas. El edificio se derrumbó y más de mil personas murieron atrapadas entre los escombros. El Corte Inglés, Mango y C&A, entre otras compañías, tenían entre sus proveedores a esta fábrica, si es que puede llamarse así. ¡Más de mil muertos en un accidente laboral! La magnitud del drama es tal que para hacerse una idea de él me van a permitir que lo compare con el mayor atentado terrorista perpetrado nunca, el de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, en el que murieron tres mil personas.

La mayoría de las empresas del IBEX 35 desarrolla parte de su actividad en países considerados de riesgo en materia de derechos humanos y laborales, según el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente a 2011. Por ejemplo, un 2,03% de la plantilla de Ebro Foods S. A. (fabricación, elaboración, comercialización, exportación e importación de todo tipo de alimentos) trabaja en una de sus filiales en Marruecos con «contrato verbal». También un 36% de su plantilla carece de convenio colectivo porque la legislación o el uso y costumbre en algunos países en los que la empresa española desarrolla su actividad considera que los trabajadores no tienen ese derecho. En este caso, la praxis empresarial es clara: si la «costumbre» nos conviene, nos acogemos a ella, aunque suponga una flagrante desprotección de mis empleados.

6. El sueldo de los que exigen austeridad

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EL SUELDO

DE LOS QUE EXIGEN

AUSTERIDAD

Ande yo caliente y ríase la gente

«Es doloroso ver a los seres humanos entregados

exclusivamente a acumular dinero y poder».

NUCCIO ORDINE

La utilidad de lo inútil

Visto el ahínco con que los dirigentes de la CEOE reclaman rebajas salariales para los demás, lo razonable es preguntarse, ¿y cuánto ganan ellos? Aquí pinchamos en hueso, porque sus salarios son secretos. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la patronal, compareció el 6 de junio de 2013 en la Comisión Constitucional del Congreso para exponer su posición ante el proyecto de ley de Transparencia del Gobierno y anticipó a sus señorías que la CEOE no haría públicos los sueldos de sus dirigentes porque la transparencia, dijo, solo debe afectar a los recursos públicos. «Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados no se considera pertinente que las retribuciones de los altos responsables de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente»[8]. Olvida que la patronal recibió 7,66 millones de euros en subvenciones públicas en 2012, el 33,7% de sus ingresos y un 23,9% más que el año interior (6,18 millones).

Los empresarios han reducido el sueldo de sus trabajadores gracias a las sucesivas reformas de la legislación laboral, y, en un ejercicio de demagogia, airean que también ellos se han recortado los suyos y que la rebaja ha sido porcentualmente mucho mayor que la de sus empleados. No matizan que si a una persona que cobra mil euros le bajan el sueldo un 5%, le joden la vida, mientras que bajar un 10% a los que ganan un millón, les afecta bastante menos. La lógica del capitalismo en la búsqueda permanente del beneficio, una parte del cual se destina a la retribución de la alta dirección. Aquí tienen algunos ejemplos.

En 2010, en plena crisis económica, los altos directivos de las empresas del IBEX 35 se subieron el sueldo un 19,14% en relación al año anterior, hasta sumar 189,6 millones de euros. Los mejor pagados fueron Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, con 10,20 millones de euros (sus datos son de 2009); José Antonio Tazón García, expresidente de Amadeus, cobró 10 millones por sacar el grupo a bolsa; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, 5,34 millones; Francisco González, presidente del BBV, 5,31 millones, y Antonio Brufau, presidente de Repsol, 4,5 millones. En 2012 se produjeron las primeras «rebajas» salariales para los altos ejecutivos.

Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, cobró 6,27 millones de euros en 2012 frente a los 6,30 millones del año anterior. En su caso, no parece que el recorte le vaya a obligar a grandes sacrificios para cuadrar las cuentas de su casa, pese a que los 30 000 euros que dejó de ingresar es el salario anual de dos trabajadores que perciban el salario más habitual.

Baldomero Falcones, presidente y consejero delegado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) hasta enero de 2013, cobró 3,86 millones de euros en 2011 e hizo el sacrificio de congelarse el sueldo en 2012. Sus emolumentos suponían ciento siete veces el gasto medio por empleado de la empresa, que en agosto de 2013 presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) para poner en la calle a 222 trabajadores de su división de Servicios Centrales, casi la mitad de la plantilla.

Alfredo Sáenz, vicepresidente del Banco Santander hasta abril de 2013 y el banquero mejor pagado del país, se bajó el sueldo un 29%, hasta los 8,23 millones de euros. Qué duda cabe que la rebaja es más que sustancial, pero el resultado final sigue siendo escandaloso. Otro banquero de postín, Francisco González, presidente del BBVA, también se bajó el sueldo un 20%, hasta los 2,96 millones de euros.

César Alierta, presidente de Telefónica, Julio Linares, consejero delegado, y el también ejecutivo de la compañía José María Álvarez Pallete, cobraron 14 millones de euros en 2010, de los que ocho fueron en concepto de «variable», con el que se premia su supuesta buena gestión. Alierta ha multiplicado su sueldo por cuatro desde 2002, pasando de los 2,3 millones de euros a ocho millones en 2010, año en el que la compañía anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir costes. En 2011 su nómina fue de nueve millones, que al año siguiente se quedaron en 6,3. Linares se embolsó 24,75 millones de euros por el cese de las funciones ejecutivas de su cargo en septiembre de 2012, tras más de cuarenta años en la compañía. Cuando en la junta general de accionistas del 31 de mayo de 2013 algunos de los presentes afearon el dispendio, Alierta les reprochó su atrevimiento y defendió los salarios de los ejecutivos de la compañía: «Si cobran tanto es porque son los mejores ejecutivos del mundo y eso no es fácil. Si tuviéramos la sede en California ganarían más. Y es que a todas las compañía les gustaría que estuvieran en su nómina». Para algunos no hay crisis que valga.

Si comparamos el salario de César Alierta con la retribución media de un trabajador de Telefónica (25 000 euros brutos anuales), el presidente cobra doscientas cincuenta y dos veces más que sus «curritos». Denle otra vuelta a los datos y llegarán a la evidencia de que un empleado necesita doscientos cincuenta y dos años de vida laboral para ingresar lo que el presidente en uno. Y, aún más, tomando como referencia una vida laboral de cincuenta años, se necesita el trabajo de cinco empleados durante toda su carrera para cubrir las ganancias del presidente en un solo año. ¿Cómo se justifica que el valor aportado por una única persona a los resultados de una compañía en la que trabajan 285 000 personas sea tal que merezca semejante retribución? ¿Por qué no repercuten en su salario los malos resultados de su compañía en España que justificaron el despido de miles de trabajadores? No hay una respuesta razonable a semejante exceso. En noviembre del año pasado, Alierta aseguró que, pese a los seis millones de parados, «la crisis ha acabado claramente en España». Lo dice quien ni ha estado ni estará nunca en crisis. Sigamos.

Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, cuyos beneficios se redujeron un 51% en 2012, cobró ese año 4,8 millones. En el primer semestre de 2013, el grupo sevillano de ingeniería y energías renovables pagó a sus consejeros 7,24 millones de euros, y la retribución de la alta dirección alcanzó los 8,1 millones de euros, un 40,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Haberes que no cuadran con la marcha de la compañía, cuyo beneficio en el mismo periodo de tiempo cayó un 10,6%.

Rafael del Pino, presidente de la constructora Ferrovial, cobró 3,65 millones, un 14% más que el año anterior, pese a que las ganancias de la compañía cayeron un 42%. No conforme, el gigante de la construcción retribuyó con 22,7 millones de euros a los miembros de su consejo de administración y alta dirección en el primer semestre de 2013, un 76,6% más que lo que cobraron en el mismo semestre de 2012.

En Endesa los gastos de personal cayeron un 30% de 2010 a 2011 (de 250 a 173 millones de euros), y el número de empleados, un 7,5% (de 24 732 a 22 877). Sin embargo, 23 directivos tenían en 2011 cláusulas de blindaje, aprobadas sin consultar a la junta general de accionistas, y los nueve miembros de su consejo de administración se subieron el sueldo un 21%, de 5,27 a 6,38 millones de euros, pese a que los resultados de la compañía bajaron un 40%, de 5118 a 3021 millones, datos todos ellos recopilados por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Muchos ejecutivos reciben además de su salario otras retribuciones en acciones de la compañía, fondos de pensiones y primas de seguro que en ocasiones superan el salario fijo. Es lo que se denomina retribución variable. Quizá el ejemplo más relevante de los últimos años sea el de Steve O’Neal, presidente del consejo de administración que llevó a la quiebra al banco de inversiones norteamericano Merrill Lynch en el inicio de la crisis. Su salario fijo era de 700 000 dólares y en bonos ganaba 141,1 millones de dólares.

En nuestro país ocurre lo mismo, aunque las cantidades son más modestas. José Ignacio Sánchez Galán sumó a su retribución en efectivo de 2011 medio millón de acciones de Iberdrola valoradas en 3,2 millones. José Antonio Tazón, veinte años como presidente de Amadeus, se embolsó 10 millones de euros por la salida a bolsa de la compañía, como he señalado líneas atrás, y otros seis directivos se repartieron 44 millones. Pablo Isla, presidente de Inditex, recibió en 2011 más de 200 000 acciones de la empresa valoradas en 13,73 millones de euros, cuando su salario ese año fue de 4,30 millones de euros. Emolumentos que se vieron incrementados con el millón y medio de euros ingresados por la compañía en su plan de pensiones. César Alierta, por su parte, recibió 145 544 acciones en 2011, valoradas en 2,287 millones de euros. Dinero llama a dinero.

El informe anual de gobierno corporativo de las compañías del IBEX 35 correspondiente a 2012 elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que fue presentado en julio de 2013, recoge que la retribución media de los consejos de administración se situó en 7,9 millones de euros, y la de los consejeros ejecutivos (los que cortan el bacalao), en 2,2 millones de euros. Por su parte, los miembros de la alta dirección recibieron 467 millones de euros, con una retribución media de 776 000 euros. Con recortes de salarios o sin ellos, estos señores ganan un dineral.

Lo que cobran los amos del mundo

Lo que cobran los amos del mundo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público en junio de 2013 un informe de conclusiones sobre la visita que sus «hombres de negro» hicieron a nuestro país para cerciorarse de que el Gobierno estaba haciendo los deberes que le había puesto. James Daniel, el jefe de la misión, dijo que la reforma de 2012 estaba dando resultados, pese a que en ese momento había 800 000 parados más, y reclamó a Mariano Rajoy que elevara «el esfuerzo reformista a la altura de los retos», una de esas frases estúpidas con las que se maquillan las injusticias.

El FMI es la institución gubernamental más poderosa, encargada de asegurar la estabilidad internacional con préstamos a corto plazo a los países en crisis. A cambio del dinero, imponen a los deudores severos programas de austeridad que recortan los servicios sociales del Estado. Los «sabios» de este organismo, cuya prioridad es que los países miembros tengan sus cuentas saneadas, defienden con furor la desregulación total del mercado de trabajo para que las empresas puedan rebajar los salarios por debajo incluso de los convenios. Lo que eufemísticamente llaman cláusula de descuelgue, que ya se aplica en nuestro país.

La directora del FMI, Christine Lagarde, exministra francesa de Economía, concretó meses después lo que ella entiende por «esfuerzo reformista»: una bajada adicional de salarios del 10%. Esta elegante señora de 58 años y cuidada melena blanca aseguró que, a cambio, los empresarios tenían que comprometerse a crear puestos de trabajo. Es decir, un hecho concreto, que si ganas mil euros, pases a ganar 900, a cambio de una promesa de seguro incumplimiento. Lagarde, que tantos sacrificios exige a los demás para que le cuadren los números de la macroeconomía, se subió el sueldo un 11% nada más acceder al cargo en 2011 en sustitución de Dominique Strauss-Kahn, obligado a dimitir por sus escándalos sexuales, incluida un acusación de violación y otra de proxenetismo.

Que el mundo atravesara ya entonces una crisis mundial no la disuadió de tal desvergüenza. Lagarde pasó a cobrar 346 622 euros libres de impuestos; es decir, netos, sin retenciones por IRPF, ni Seguridad Social, ni aportación para el desempleo como la nómina de cualquier trabajador. Sus emolumentos anuales equivalen a casi 29 000 euros netos mensuales, 962 euros diarios, lo que en nuestro país ganan muchos trabajadores al mes. Otra comparación más: si en España el salario más habitual son 15 500 euros brutos al año, Lagarde gana en un año lo que un trabajador tipo gana en veinte. Su mandato es de cinco años, aunque puede renunciar cuando quiera, y tiene asegurado un sueldo vitalicio del 80% de su nómina, que sigue siendo un pastón.

Sus prerrogativas no acaban ahí. Mientras proclama la contención salarial, su sueldo se actualiza cada mes de julio con el IPC para que no pierda poder adquisitivo. El organismo internacional informó en octubre de 2013 que la remuneración de Lagarde en 2012 ascendió a 352 859 euros, un 1,8% más que en 2011. Una revalorización equivalente al incremento del índice de precios al consumo en la ciudad de Washington, donde el organismo internacional tiene su sede. Cuando viaja fuera de la capital norteamericana, su marido o la persona que le acompañe no tiene que pagar ni el billete de avión en business ni el hotel de superlujo en el que se alojan de acuerdo a su rango institucional. Lo hacen gratis total. Para que se hagan una idea del gasto que esto supone, su antecesor en el cargo se alojaba en un hotel neoyorquino a 3000 dólares (2380 euros) diarios la habitación. Los números no engañan, y este señor pagaba por dormir una sola noche lo que un trabajador medio gana en dos meses.

Cuando apenas llevaba un mes en el cargo, el Tribunal de Justicia de la República francesa, encargado de juzgar a los aforados, abrió una investigación a Lagarde por un caso de posible abuso de autoridad cuando era ministra de Economía, con cargos que pueden alcanzar los diez años de prisión. Escarmentado por los escándalos de bragueta de Strauss-Khan, y el consiguiente desprestigio del FMI, el contrato de Lagarde dice en una de sus cláusulas que se espera de ella «que observe los más altos estándares de conducta ética» y que, como la mujer del César, además de ser honrada, lo parezca, para lo que «se esforzará por evitar incluso la apariencia de incorrección en su conducta». La investigación abierta en Francia suscita muchas dudas sobre su conducta, pero da lo mismo, porque los papeles se los lleva el viento.

Su propuesta de bajar los salarios un 10% fue aplaudida por otro de esos cínicos que desde su poltrona defienden los sacrificios ajenos. Les hablo de Olli Rehn, comisario de Economía de la Unión Europea, que en febrero de 2010 sustituyó en la cartera a nuestro compatriota Joaquín Almunia (no teman por el exministro de Trabajo de Felipe González, que pasó a ocuparse de la de Competencia). Rehn es el prototipo de persona que no se ha bajado en su vida del coche oficial y, claro, está acostumbrado a ver el mundo desde otra «perspectiva». Entró en política con 26 años como concejal, después fue diputado en su país y, desde 1995, parlamentario europeo. Su sueldo es de 23 000 euros al mes. Sí, no es un error, veintitrés mil euros mensuales. Cuatro mil menos que la señora Lagarde, el mismo sueldo que el señor Almunia y algo menos que José Manuel Durão Barroso, presidente de la comisión, que tiene una nómina de 25 000 euros mensuales. Rehn es un ejemplo de quienes desde la política, la banca y la gran empresa pregonan austeridad para los demás mientras ellos se forran.

También Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, es partidario de la «contención» salarial, como los amos del mundo definen el empobrecimiento de la población. Nuestro hombre preside el BCE desde el 1 de noviembre de 2011 en sustitución del francés Jean-Claude Trichet. Licenciado en Economía en la Universidad de Roma y doctor por la prestigiosa Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, entre 1975 y 1991 se dedicó a la enseñanza hasta su nombramiento como director general del Tesoro italiano ese mismo año. En 2002 abandonó el cargo para incorporarse a la empresa privada. ¿Saben cuál?, el banco norteamericano de inversión Goldman Sachs, responsable de maquillar las cuentas de Grecia para que cumpliera con los objetivos de convergencia exigidos para entrar en el euro. Cuatro años después, volvió a la Administración como gobernador del Banco de Italia y en 2011 se situó al frente del BCE. En su caso, la «contención» salarial en 2012 se concretó en un salario de 374 124 euros, un 0,8% más que el año precedente. Su vicepresidente, Vítor Constâncio, cobró 320 688, y los seis miembros del consejo ejecutivo de la entidad recibieron unos emolumentos de 267 228 euros. Ingresos que no se han visto mermados por la crisis.

El BCE de Draghi ordenó la reforma de la Constitución que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se apresuró a aprobar en connivencia con el PP en un pleno extraordinario convocado el 22 de agosto de 2011 (estas cosas conviene hacerlas cuando la gente está de vacaciones y así no se entera) para incluir en su articulado la obligación del Estado de pagar antes sus deudas que cualquier otro gasto para mantener la «estabilidad presupuestaria». PSOE y PP pactaron la reforma y obviaron que la Carta Magna establece como obligatoria la celebración de un referéndum para cualquier modificación. La sacrosanta Constitución, que Gobierno tras Gobierno se han negado a reformar pasados más de treinta años de su aprobación en un contexto político muy diferente del actual, fue modificada para goce de los burócratas en menos de un mes, en una clara pérdida de soberanía[9]. Lo que pensaran los ciudadanos dio lo mismo, por mucho que Zapatero intentara justificar la decisión con una mentira: que la reforma era «muy mayoritariamente asumida por la sociedad española». Una sociedad que tomaba el sol y desconocía de qué iba aquello.

7. El pluriempleo de nuestros políticos

7

EL PLURIEMPLEO DE NUESTROS

POLÍTICOS

Los gobernantes no se conforman con un solo sueldo

«La avaricia es, ciertamente, un mal que envilece».

PSEUDO-LONGINO

Sobre lo sublime

Cuando se trata de reducir gastos, empresarios y Gobierno miran en la misma dirección: las nóminas de los trabajadores. Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de la democracia que rebajó el sueldo a los funcionarios públicos un 5% de media en 2010 y los congeló en 2011. Mariano Rajoy tomó el relevo en 2012 y les suprimió la paga de Navidad, lo que supuso una reducción media del 7% del salario, y en 2013 y 2014 los congeló por cuarto año consecutivo, lo que supone una pérdida de entre el 20% y el 30% de poder adquisitivo.

Ningún funcionario puede cobrar dos sueldos de la Administración, pero un político, sí. Los expresidentes mantienen de manera vitalicia su salario (en 2013 era de 6515 euros brutos mensuales y 78 185 brutos anuales), que pueden compatibilizar con el que reciben como consejeros de Estado: 6383 euros brutos mensuales con la única obligación de acudir a los plenos de dicho órgano consultivo, que suele celebrar uno al mes. En total: 12 898 euros brutos al mes. La incorporación automática de los expresidentes al Consejo de Estado fue una decisión del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004, a condición de que no trabajen para ninguna empresa privada. Si lo hacen, deben dejar el cargo, aunque disponen de un plazo de dos años para reincorporarse a él.

José María Aznar y Felipe González renunciaron a esta prerrogativa para trabajar en el sector privado. Aznar estuvo dos años en el Consejo de Estado y en 2006 se incorporó al consejo de administración de News Corporation, el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch. Como ya les he contado, en enero de 2011 fichó por Endesa (empresa que había privatizado) como asesor externo para desarrollar la estrategia de la energética en Latinoamérica, con unos ingresos en torno a los 200 000 euros anuales. Felipe González se incorporó a Gas Natural Fenosa en diciembre de 2011 con un salario anual de 126 000 euros. Una compañía de la que, por cierto, al menos en ese momento, era accionista. El expresidente anunció en enero de 2014 que tenía previsto dejar el cargo cuando termine el periodo para el que fue elegido, que concluye en abril, «no porque haya incompatibilidades, sino porque es muy aburrido». Ambos complementan estos sueldos con el que tienen como ex. El ejercicio del poder no habilita para desarrollar cualquier trabajo, pero sí te convierte en un estupendo lobista, y eso lo saben las empresas, que están dispuestas a pagar por ello. Además, si en algún momento a los expresidentes se les acaba el chollo, siempre pueden volver al Consejo de Estado.

También los exministros del último Gobierno de Rodríguez Zapatero que han continuado esta legislatura como diputados de a pie cobraron durante siete meses dos salarios públicos: la indemnización como exministro y el sueldo como parlamentario. Una media de 10 000 euros mensuales brutos, quince veces el salario mínimo interprofesional (641 euros). Solo Alfredo Pérez Rubalcaba renunció a esta prerrogativa. Estas pensiones indemnizatorias tenían su origen en la ley 74/1980 de Presupuestos Generales del Estado de 1981, según la cual los miembros del Gobierno que cesasen en su cargo a partir del 1 de enero de ese año tenían derecho a cobrar el 80% de su sueldo durante el mismo tiempo que hubiesen estado al frente del departamento, con un límite de dos años. Desde entonces, más de treinta años ininterrumpidos de desembolsos con cargo al erario.

Las continuas movilizaciones ciudadanas para protestar contra los recortes dejaron claro el creciente desencanto hacia la clase política, que reclamaba austeridad para los demás sin aplicársela a sí misma. La situación forzó al Gobierno a aprobar en julio de 2012 un decreto ley de «medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad», cuyo artículo 1 establece la incompatibilidad de las pensiones indemnizatorias que reciben los cargos públicos cuando cesan con cualquier otra retribución con cargo a las Administraciones Públicas o que provenga de una actividad privada. Se les acabó el chollo, pero hasta entonces, ancha era Castilla.

El diputado Manuel Chaves, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la Junta de Andalucía, es, con diferencia, el ex que más dinero ha recibido de las arcas del Estado. Como exmiembro del Ejecutivo (los vicepresidentes cobran 73 486 euros) ingresaba 4899 euros mensuales (el 80% de su salario), a los que sumaba 2813,87 euros como parlamentario; 1823,86 euros más para gastos de alojamiento y manutención al haber sido elegido por una circunscripción distinta a Madrid (esta cantidad no tributa); 1431 euros como presidente de la comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y 3834 euros adicionales de pensión vitalicia como expresidente andaluz. Redondeando, 14 800 euros al mes. Carme Chacón, exministra de Defensa, y Rosa Aguilar, ex de Medio Ambiente, tuvieron derecho a una nómina de 9236 euros mensuales hasta julio de 2012. Los restantes siete exministros y ahora diputados recibieron 1046 euros adicionales en concepto de «gastos de representación» como portavoces de alguna de las comisiones del Congreso.

La ley orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 157.1 y 2 que diputados y senadores ejercerán su mandato «en régimen de dedicación exclusiva» y «será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma». La excepción a la regla son la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, y «la administración del patrimonio personal o familiar». La trampa está en que la decisión sobre si las actividades declaradas por sus señorías al tomar posesión de sus escaños son compatibles o no con su labor la toma al inicio de cada legislatura la Comisión del Estatuto de los Diputados, que interpreta la ley de manera laxa. El resultado es que muchos de ellos han sumado a los ingresos públicos otros privados.

Un ejemplo: el diputado popular Miguel Arias Cañete desempeñó hasta su nombramiento como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un sinfín de actividades estupendamente remuneradas que solo su incorporación al Gobierno le ha obligado a dejar. Durante la anterior legislatura, la novena (2008-2011), el entonces diputado de la oposición dio muestras de una gran capacidad de trabajo y compatibilizó su condición de parlamentario con el ejercicio libre de la abogacía (su declaración de bienes recoge unos ingresos de 95 590 euros por este concepto en 2011) y su pertenencia a los consejos de administración de varias empresas, de las que recibió 22 500 euros de retribución. Compañías como Bami Newco S. A., dedicada a la construcción, promoción, arrendamiento y explotación de inmuebles, centros comerciales, aparcamientos e instalaciones hoteleras, y Petrologis Canarias S. L., de la que era presidente, cuya actividad es el abastecimiento de combustible a buques en Las Palmas de Gran Canarias. Cuando la exvicepresidenta socialista Elena Salgado «fichó» por Endesa, Cañete dijo que «cada cual tiene su nivel ético». Obviamente no se refería al suyo. En la actual legislatura, la décima, el único parlamentario que tuvo que elegir entre su escaño o su trabajo fue Iñaki Antigüedad, diputado de la coalición abertzale Amaiur, que prefirió mantener su puesto de trabajo como profesor en la Universidad del País Vasco (UPV). El resto pasó el corte.

Juan Rosell, presidente de la CEOE, sostiene que nuestros representantes están mal pagados y así es imposible que los más capaces se dediquen a la política. «¿Cómo vamos a incentivar a los mejores? Solo quedarán los utópicos o los que ven la política una profesión como cualquier otra. Pasaremos de la necesaria excelencia y prestigio a la pura indiferencia». ¿Será esto lo que está ocurriendo?

Gastos de representación a tutiplén

Gastos de representación a tutiplén

Los conocidos como papeles de Bárcenas, en alusión al extesorero del PP, destaparon, entre otras irregularidades, el pago de sobresueldos a altos cargos del partido bajo el concepto de gastos de representación, que compatibilizaron con el que recibían como diputados. Mariano Rajoy incluyó en la declaración de bienes y rentas que presentó en el Congreso el 1 de diciembre de 2011, días después de su victoria electoral, que en 2010 recibió de su partido 98 225,90 euros en concepto de «dietas y gastos de representación del Partido Popular».

La secretaria de Organización y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha compatibilizado, al menos desde 2008 hasta su nombramiento como presidenta de la Junta, un salario público y otro del partido, que le ha remunerado siempre por encima de su retribución institucional. Desde que comenzó la crisis, no ha dejado de ganar más y más, en relación inversa al común de los trabajadores. En la declaración de actividades, bienes y rentas de 2008 presentada en el Parlamento castellano-manchego, figura que el PP le pagó 64 473 euros, por 51 331 de salario del Senado y 27 608 euros más de «indemnización» para hacer frente a los gastos derivados de su función representativa. Esta cantidad no hay que declararla a Hacienda, va directamente al bolsillo sin necesidad de pagar el IRPF. En total, 156 783 euros. En 2009 el partido casi le triplicó el sueldo, hasta los 167 864 euros, por 43 771 del Senado y 25 538 de «indemnización», que suman 236 000 euros. En 2010 el reparto fue como sigue: PP, 153 271 euros; Senado, 41 270 euros, e indemnización, 25 513 euros. Total: 220 000. De Cospedal ganó los comicios autonómicos celebrados en mayo de 2011, cesó como senadora en junio y ese mismo mes tomó posesión de su cargo de presidenta. Hasta ese momento, el PP la retribuyó con 88 897 euros, recibió 31 775 del Senado, y desde julio a diciembre ingresó 36 082 euros de la Junta de Castilla-La Mancha, hasta un total de 156 754.

Hay quien opina que un partido político es libre de complementar el salario de sus dirigentes con cargo a sus cuentas, pero soslaya que estas se nutren fundamentalmente de las subvenciones del Estado con cargo a los presupuestos generales, que, a su vez, se sustentan en los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. No se trata de fondos que puedan utilizar a su antojo, sino para desarrollar la función que tienen atribuida como representantes de la voluntad popular. No es «su» dinero. Las cuentas que el partido tiene «colgadas» en su página web, correspondientes a los ejercicios que van de 2008 a 2013, demuestran que el 90% de sus ingresos procede de subvenciones y que las cuotas de sus afiliados apenas suponen el restante 10%. En 2011, año de los comicios generales y de elecciones autonómicas en 13 comunidades, recibió 120 millones de euros en subvenciones, de los cuales un 40% corresponden a las obtenidas en la convocatoria electoral del 20 de noviembre de ese año.

Quiero ser eurodiputado

Quiero ser eurodiputado

Cuando un partido quiere deshacerse de uno de sus políticos con pedigrí con el que ya no cuenta, o premiar toda una vida de servicios a la formación, lo hace eurodiputado. Si echan un vistazo a la página web del Parlamento Europeo, encontrarán entre nuestros 54 representantes a hombres ilustres «desaparecidos» de la primera línea de la política que viven un estupendo retiro. A Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior con Aznar y uno de los candidatos a la sucesión con Rodrigo Rato y Mariano Rajoy, el PP se lo quitó de en medio enviándole a Estrasburgo en 2004, año en el que Rodríguez Zapatero dio la campanada y ganó las elecciones generales. Mayor Oreja se llevó con él a quien había sido su fiel escudero en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, presidente de los populares vascos en la etapa más dura del terrorismo de ETA.

Otro político popular en Estrasburgo es Agustín Díaz de Mera. Es muy probable que no les suene de nada, porque su relevancia en la política nacional fue inapreciable durante los dos años (2002 a 2004) que fue director general de la Policía. Y de quien seguro que no se acuerdan es de Alejo Vidal-Quadras, exlíder de los populares catalanes y representante de la línea más conservadora del partido, que abandonó en enero de 2014 para incorporarse a un nueveo partido, VOX, situado ideológicamente a la derecha del PP. Lo suyo es una auténtica carrera europeísta. Lleva en el Parlamento Europeo desde 1999, igual que Raimon Obiols, expresidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). De la promoción de 2004 es otro socialista histórico, Luis Yáñez Barnuevo, que tras veintisiete años como diputado en la Carrera de San Jerónimo eligió este retiro dorado para poner fin a su carrera. De la última hornada, la de los comicios de 2009, tenemos a dos políticos con ascendiente. Por el PP, Gabriel Mato Adrover, hermano de Ana Mato, ministra de Sanidad, cuyo currículum en la política nacional se reduce a haber sido el secretario general de los populares de La Palma. En el caso del PSOE, hablo de Carmen Romero, exdiputada nacional, que estuvo casada con Felipe González durante sus años en la Moncloa.

Hasta el año 2009 los eurodiputados cobraban lo mismo que los parlamentarios en sus países de origen. Ese año la reforma del Estatuto del Eurodiputado estableció un sueldo idéntico para las 766 «euroseñorías»: 7956,87 euros brutos mensuales en 2011[10], que tras las retenciones se quedan en 6200 euros netos. A esta cantidad hay que sumar 4299 euros mensuales para gastos corrientes de oficina y 304 euros diarios en dietas por cada día de trabajo en la Eurocámara. Una fortuna, y aun así algunos hacen trampas. La eurodiputada Nikki Sinclaire denunció en 2011 que sus compañeros acudían los viernes al parlamento maleta en mano, firmaban la hoja de asistencia para cobrar la dieta y, acto seguido, se marchaban al aeropuerto rumbo a sus países de origen sin haber pisado el despacho. Sinclaire colgó en Internet las imágenes de muchos de sus colegas fichando a primera hora y saliendo a la carrera minutos después rumbo al aeropuerto para volver a su casa. Entre los «cazados» estaba la eurodiputada socialista Edier Gardiazábal Rubial, fotografiada por el tabloide News of The World entrando en la cámara a las 9.56 horas, y veintiséis minutos después en el aeropuerto de Bruselas a punto de coger un vuelo. Un ejemplo de celeridad en el trabajo.

Sus señorías disponen también de una dieta anual de viaje de 4243 euros para cubrir gastos de desplazamiento para asistir a reuniones oficiales en otros países. Para terminar de hacerles la vida más fácil, pueden volar en clase business, indistintamente de la duración del vuelo, disponen de 21 209 euros anuales para contratar a un asistente, y cuando cumplen 63 años tienen derecho a una pensión equivalente al 3,5% de la asignación parlamentaria por cada año completo de ejercicio del mandato, sin que el importe final pueda superar el 70% de aquella. Una bicoca. Todo ello aprobado en plena crisis económica y con la Comisión Europea haciendo continuas apelaciones a la austeridad y al sacrificio.

8. Pensiones: tenemos que morirnos antes

8

PENSIONES:

TENEMOS QUE MORIRNOS

ANTES

Nuestros hijos y nietos vivirán más,

pero se les va a hacer muy largo

«Vivimos, sin duda alguna, mucho más tiempo,

pero sin haber tenido nunca el tiempo de vivir».

SERGE LATOUCHE

La hora del decrecimiento.

¿Sabían que somos el país con mayor esperanza de vida del mundo tras Japón? Pues sí; nos resistimos a morirnos a una edad razonable y, como dice el Gobierno, ponemos en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el representante más cerril de la ortodoxia capitalista, es categórico en su informe anual de 2012 sobre la estabilidad financiera mundial: la longevidad es un peligro para la economía global, un riesgo financiero, «porque a medida que las poblaciones envejezcan consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados». ¿Qué hacemos entonces con tanto anciano? Pues recortar las prestaciones y retrasar la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Si no es suficiente, el ministro japonés de finanzas, Taro Aso, ha pedido a los mayores «que se den prisa y se mueran»[11].

La previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que, dentro de diez años, por cada diez personas en edad de trabajar (lo que no supone que tengan trabajo) habrá seis inactivos, bien porque aún no hayan cumplido los 16 años, edad mínima para incorporarse al mercado laboral, o porque sean mayores de 65 años. Y quienes lleguen a 2051 vivirán en una sociedad en la que el 40% de la población estará jubilada y la esperanza de vida rondará los 90 años de edad. Con estas previsiones, los nuevos Nostradamus vaticinan que la hucha de la Seguridad Social se habrá quedado vacía en 2019 si la situación económica no mejora, razón por la que hay que bajar las actuales pensiones y animar a la gente a que suscriba un plan privado. El dibujante El Roto lo refleja a la perfección en una viñeta publicada en el diario El País. Sentados a una mesa, un empresario le dice a otro: «Para garantizar el futuro de las pensiones hay que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento». «¡Pues claro!», le contesta su interlocutor. Por ese camino vamos.

Es imposible que hoy sepan ustedes qué pensión van a cobrar cuando se jubilen, porque son tantos los cambios normativos que resulta inútil hacer un cálculo preciso. Lo único claro es que nos jubilaremos más tarde y cobraremos menos. Cuando Rodríguez Zapatero retrasó en febrero de 2011 la edad de jubilación de 65 a 67 años, una medida que no figuraba en su programa electoral, su objetivo era ahorrar al Estado el pago de dos años de pensión y ganar dos de cotización. Sin embargo, hasta ese momento el Gobierno no solo no ponía en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que alardeaba de su fortaleza. «Podemos estar todos tranquilos» porque el sistema de pensiones tiene «buena salud» y es «sólido», decía el presidente en 2008. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaba en abril de 2009 lo siguiente: «Que la gente sepa que el sistema de pensiones está garantizado, que está saneado, y que tenemos un fondo de reserva que nos tiene que dar tranquilidad». Unos meses después, en septiembre, el presidente volvía a la carga para asegurar que «las pensiones mantendrán su poder adquisitivo. Las pensiones mínimas ganarán poder adquisitivo. Nuestro endeudamiento es bajo». Y en enero de 2010, Celestino Corbacho, titular de Trabajo, el ministro que aseguró que de ninguna de las maneras llegaríamos a los cuatro millones de parados, fue tajante: «Las cuentas de la Seguridad Social tienen una salud de hierro».

Desde que en el año 2000 se creara el Fondo de Reserva (se nutre del superávit de la Seguridad Social), este no ha dejado de crecer hasta 2011, ya bien entrada la crisis. De 603,8 millones de euros que tenía al comenzar el siglo, ha pasado a 66 816 millones, y solo en 2012 tuvo déficit, exactamente 3807 millones. Es una obviedad que si trabaja menos gente, cae la recaudación por las cotizaciones y desciende el fondo, pero, a la vista de los datos, no parece que la situación fuese tan dramática como para que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero abordara su reforma en 2011. De hecho, el porcentaje que nuestro país dedica al gasto en pensiones en relación con el PIB no es de los más elevados. El informe The Ageing Report 2012 de la Comisión Europea lo cifraba ese año en el 10,1%, frente al 11,3% de media de los 27 países de la Unión Europea, el 14,6% de Francia, el 14,4% de Italia, o el 10,8% de Alemania, y las previsiones para 2050 no son muy diferentes. Si tomamos como referencia los datos de Eurostat (es imposible encontrar dos proyecciones idénticas), el desembolso en pensiones era en 2012 del 10,8% y del 13% de media en la UE.

Los teóricos del desastre (Círculo de Empresarios y muchos servicios de estudios de los bancos) llevan años vaticinando la quiebra del sistema de pensiones públicas. A partir de los años ochenta del siglo XX, comenzaron a poner en duda su viabilidad y la necesidad de ir hacia un modelo de capitalización, y aún no han parado. Todas las previsiones han sido erróneas. La prestigiosa Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defendía años atrás que el PIB crecería un 2% en 2000, el paro sería del 24,2% y 13 millones el número de cotizantes a la Seguridad Social. No dio ni una. El PIB creció el doble, un 4%; la tasa del paro fue del 15%, y el número de cotizantes superó los 14 millones y medio. Si entran en su página web, verán que se autodefine como «fábrica de ideas» y «referente independiente, objetivo e imprescindible en los debates económicos clave en España, a los que aporta racionalidad económica para la toma de decisiones. A día de hoy Fedea es el principal think tank económico de nuestro país, con impacto nacional e internacional». Y tras la glosa, algunas referencias útiles. Sus patronos son las principales empresas del IBEX 35. Al frente, está como presidente Josep Oliu i Creus (Banco de Sabadell), y su comisión ejecutiva la forman Emilio Botín, presidente del Banco de Santander; Isidro Fainé, presidente de CaixaBank; Felipe Benjumea, presidente de Abengoa S. A., y Ángel Ron, presidente del Banco Popular. Un elenco que no garantiza precisamente la independencia de criterio, pero sí una enorme influencia.

A la vista de los hechos, ¿por qué si tantos sabios se equivocan tan a menudo en sus previsiones tenemos ahora que creerlos? Además, ¿por qué la hucha de las pensiones se tiene que financiar exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores? ¿Por qué si en algún momento es necesario, no puede hacerse con impuestos?

Tijeretazo a las pensiones públicas

Tijeretazo a las pensiones públicas

Cuando Zapatero llevó a cabo el «pensionazo», el PP se opuso a él con firmeza, se erigió en el «partido de los trabajadores» y el entonces candidato Rajoy clamó contra el retraso de la edad de jubilación. El 4 de noviembre de 2011, en una entrevista radiofónica en la campaña electoral previa a los comicios del día 20, Rajoy prometía y prometía: «Meteré la tijera, salvo en pensiones, sanidad y educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos». Ya como presidente, en su primera entrevista en RTVE se reafirmaba en su compromiso: «Si hay algo que no tocaré, son las pensiones. El pensionista es la persona más indefensa, el que lo tiene más difícil, porque no va a ponerse a buscar un puesto de trabajo a los 85 o los 90 años […]. La primera prioridad, la primera instrucción que he dado al ministro de Economía es que unas de las personas a las que no se puede perjudicar son los pensionistas».

Pese a las promesas, algunas informaciones apuntaban ya en septiembre de 2012 que el Ejecutivo estaba planteándose congelar las pensiones. Rajoy salió al paso, pero de sus palabras no se infería nada bueno. «Yo creo que las pensiones las subiremos», dijo en una reunión informal con periodistas en Roma, en el marco de la reunión de la Internacional Demócrata de Centro (IDC). Tres meses después, las congeló: «Probablemente es una de las decisiones que más me ha costado tomar, pero lo he hecho porque considero que es imprescindible para el conjunto del país». Su reforma establece que la edad de retiro fijada por Zapatero se revisará cada cinco años en función de la esperanza de vida de los ciudadanos, el denominado factor de sostenibilidad. La jubilación a los 70 años está a la vuelta de la esquina.

José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía de la CEOE y del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el hombre que quiere enviar a Laponia a los parados, ha reclamado la jubilación a los 70 años, «como mínimo», pero no para un futuro más o menos próximo, sino para ya. Y, además, que sea necesario cotizar cuarenta años para cobrar el 100% de la pensión. Según el empresario, esa es la edad a la que se jubilan los trabajadores de los países de nuestro entorno. La afirmación es falsa, aunque dicho así, a bote pronto, es probable que más de uno le creyera. La realidad es bien distinta. Francia ha aumentado la edad de jubilación de 60 a 62 años. Noruega y Suecia tienen una jubilación flexible que permite dejar el mercado laboral desde los 61 años y una edad límite de 67. Los portugueses se jubilan a los 65 años, y a los 62,5 años en el sector público. En Italia los trabajadores se jubilan a los 65 años y no lo harán a los 66 hasta el año 2028. En el Reino Unido dejan de trabajar a los 65 años y no será hasta 2018 cuando la edad de jubilación comience a aumentar, hasta situarse en 66 años en 2020. En Bélgica la edad legal de jubilación son los 65 años, pero los trabajadores que tienen un periodo mínimo de cotización de treinta y cinco años pueden hacerlo a los 60 años (hasta la última reforma, la prejubilación estaba en los 55 años con veintiocho cotizados). Grecia incrementó la edad de los 60 a los 65 años, y Alemania la ha retrasado de los 65 a los 67 en 2029. Como dice la sentencia: «Miente, miente, que algo queda».

La cuantía de las pensiones públicas también va a bajar con las modificaciones introducidas en 2011 y 2013. Si su importe se calculaba teniendo en cuenta la base de cotización del trabajador y tomando como referencia los quince últimos años de su vida laboral, el periodo de cálculo se irá incrementando hasta llegar a los veinticinco años. Para tener, además, derecho al 100%, habrá que haber cotizado treinta y siete años, frente a los treinta y cinco anteriores, y treinta y ocho y medio quienes por su prolongado historial laboral puedan jubilarse a los 65 años. Si a los 67 años de edad de jubilación le restan ustedes los treinta y siete años de cotización para cobrar la pensión máxima, será imprescindible incorporarse al mercado de trabajo a los 30 años, como muy tarde, y trabajar ininterrumpidamente hasta los 67. Misión imposible con el 54,4% de paro juvenil y el negro futuro que se otea en el horizonte. Solo unos privilegiados lo conseguirán. Por si no fuera suficiente, los salarios de subsistencia de nuestros jóvenes darán derecho a pensiones también de subsistencia. La solución del Gobierno es más austeridad, cuando lo que necesitamos son salarios dignos y más trabajo para que haya más cotizantes y mejores aportaciones.

La pensión mínima de jubilación en 2013 era de 558 euros brutos en 14 pagas, y de 2548 euros brutos la máxima. En el caso de las no contributivas (las que les corresponden a las personas que han cotizado menos de quince años), el importe se queda en 365 euros. De los algo más de cinco millones de pensionistas, más de un millón, el 19,19%, cobra entre 500 y 600 euros mensuales; el 11%, entre 600 y 700 euros, y el 10,79%, entre 700 y 800 euros. En cuanto a la pensión de viudedad, la máxima era de 730 euros brutos al mes y la mínima de 478.

Los presupuestos generales del Estado para 2014 se cargan definitivamente su revaloración según el IPC por una fórmula destinada a bajar su cuantía. A partir de ahora, la subida dependerá de los ingresos de la Seguridad Social (las cotizaciones de quienes trabajan) y el importe total de las pensiones para pagar. Si los ingresos no son suficientes para hacer frente al gasto, las pensiones se incrementarán un 0,25%, y si hay superávit, se revalorizarán en un porcentaje equivalente a la inflación más un 0,25%. Su cuantía dependerá también de la esperanza de vida, de modo que cuanto más vivamos, más tarde nos jubilaremos y menos cobraremos. El Gobierno presentó la decisión como un gran logro que garantizaba que las pensiones no serían congeladas nunca más. Ocultó que con una inflación anual de entre el 3 y el 2% los pensionistas perderán el 2,75 y el 1,75%, respectivamente, de poder adquisitivo. Tampoco aclara que la subida del 0,25% supone para las pensiones medias (983 euros) un incremento de 2,5 euros mensuales. Menudo engaño.

La jubilación de sus señorías

La jubilación de sus señorías

En materia de pensiones, como en tantas otras, quienes deciden si se revalorizan o se congelan gozan de otras regalías. Hasta la modificación del Reglamento de pensiones parlamentarias en julio de 2011, diputados y senadores podían jubilarse a los 60 años de edad, frente a los 65 del resto de ciudadanos, con la única condición de haber cotizado cuarenta años a la Seguridad Social. Además, mientras la cuantía de la pensión de cualquier trabajador se determina según su cotización a la Seguridad Social (antes durante los últimos quince años y ahora durante los veinticinco), nuestros parlamentarios tenían garantizada la pensión máxima, 2548 euros, si mantenían su escaño durante once años. En ese caso, las Cortes les abonaban la diferencia entre la pensión que les correspondía por el tiempo cotizado como profesionales y la máxima. Solo en 2011, el Congreso y el Senado gastaron algo más de un millón de euros para complementar la pensión a 81 parlamentarios.

En septiembre de 2013 había 93 exdiputados y exsenadores que cobraban la pensión parlamentaria de que les hablo. La de dos de ellos, Cristina Almeida, 69 años, y Pablo Castellanos, 79, superaba la pensión máxima de la Seguridad Social: 2675 y 2972 euros, respectivamente. En el límite estaban ocho exparlamentarios más, dos de los cuales lo fueron solo en la legislatura Constituyente (1977-1979) y en la primera (1979-1982), sin que desde entonces hayan vuelto a ocupar un cargo institucional. El Congreso pagó también hasta julio de 2011 a los representantes de la soberanía popular un plan de pensiones privado, por si la pensión pública no les alcanza cuando se jubilen.

El relato no acaba aquí. Si su señoría cesaba, tenía 55 años cumplidos y se quedaba en el paro, tampoco tenía de qué preocuparse, porque las Cámaras le pagaban una ayuda equivalente al 60% de su «salario base» o asignación constitucional (2813,87 euros mensuales en la actual décima legislatura) hasta que encontrara trabajo o se jubilase, y le mantenía de alta en la Seguridad Social hasta entonces. Es el caso del exsenador del PP Javier Sopeña Velasco, que, desde su cese en 2008 hasta su nombramiento como director de Energía y Nuevos Desarrollos de la empresa pública Hunosa en febrero de 2012, recibió una ayuda económica del Senado por importe de 1896 euros mensuales en concepto de «carencia de ingresos o de patrimonio suficiente». La Cámara Alta corrió también a cargo de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Hasta ese momento, Sopeña era el responsable de Medio Ambiente del PP asturiano, tenemos que suponer que gratis et amore. Su carrera política arrancó en 1991 como concejal del Ayuntamiento de Oviedo, cargo que desempeñó durante ocho años, y en 2000 dio el salto a la política nacional como senador por Asturias. Dos legislaturas después, en enero de 2008, dejó el escaño y solicitó la ayuda económica que les he referido. A septiembre de 2013, las Cortes solo pagaban las cotizaciones a la Seguridad Social al exsenador del PP Manuel Cabezas Enríquez, de 59 años de edad, que fue alcalde de Orense durante tres legislaturas consecutivas (1993-1998), en todas por mayoría absoluta, diputado y senador.

Los privilegios alcanzan también a las pensiones de viudedad. Si, como les he dicho páginas atrás, cada viudo/viuda cobra como máximo 730 euros brutos mensuales, los familiares de un diputado/senador fallecido reciben unas cantidades mucho más elevadas, que, aunque no evitan el dolor por la pérdida de un ser querido, sí ayudan a sobrellevar el duelo. En 2013, 60 viudas (no hay ningún hombre) recibían con cargo al presupuesto de las cámaras pensiones que en la mitad de los casos superan los 1000 euros y en algunos llegan a los 2000. Por citarles algunos: Teresa Álvarez de Toledo y Urquijo, viuda del diputado Joaquín Muñoz Peirats, que fue miembro del consejo privado de Juan de Borbón, duque de Barcelona y padre del rey, recibe 1425 euros mensuales. Carmen Camuñas, viuda de José Manuel Paredes, diputado de las Cortes Constituyentes y primer secretario de la Comisión Constitucional que redactó el anteproyecto de nuestra Constitución, cobra 1067 euros. Rosa Tourrado Oubiña, fallecida el año pasado, cobró hasta su muerte 3137 euros mensuales como viuda del parlamentario Antonio Gago Lorenzo, diputado de UCD de las Cortes Constituyentes. Si me preguntan por las razones de este agravio, solo les puedo contestar con la traslación literal de la norma: «Artículo 9.1. […] sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años (del diputado o senador) podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica. La concesión de esta nueva ayuda tendrá carácter graciable. Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado establecerán la cuantía de la ayuda y las condiciones de acceso a la misma».

Los privilegios que les acabo de detallar están recogidos en el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios del que ya les he hablado con anterioridad. Mientras la economía fue bien y el paro se mantuvo en torno al 7%, nadie protestó, probablemente porque los ciudadanos no conocían los detalles que les estoy contando. Cuando trascendieron a la opinión pública, la mayoría asumió estos excesos como un hecho natural, intrínseco a la condición de político, o al menos no lo suficientemente graves como para levantar la voz. La sociedad del bienestar había creado ciudadanos satisfechos, conformistas y acríticos con una realidad que no les agredía. Con la crisis, las cosas han cambiado y el descenso de la clase media a los infiernos ha dejado al descubierto las vergüenzas de políticos, empresarios y banqueros. La pobreza ha dejado de ser patrimonio de menesterosos y nos hemos dado de cara con ella. El abismo que siempre ha existido entre la clase dirigente que controla el poder económico, y por extensión el político, y la ciudadanía se ha hecho aún mayor y, sobre todo, se ha hecho visible. Nos hemos quedado sin casa, sin coche y sin vacaciones, mientras la clase acomodada no solo no sufre los rigores de la crisis, sino que hace negocio con ella. Los ricos son cada vez más ricos; la clase media que sustenta la actividad económica de un país es pobre, y los que ya lo eran están condenados a la exclusión social. Los abusos que antes apenas merecían nuestra atención se han convertido en privilegios inaceptables.

Las pensiones parlamentarias se enredaron en pleno debate político sobre la reforma de las pensiones públicas promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en enero de 2011. Tras tres años de crisis económica, de apelaciones a la austeridad y al sacrificio, los ciudadanos se dieron cuenta del engaño y se echaron a la calle. La polémica enojó a José Bono, que en 2008 había sustituido a Manuel Marín en la presidencia de la Cámara Baja, y a Javier Rojo, todavía presidente del Senado, que salieron en defensa de la dignidad mancillada de sus señorías. Las llamadas de los altos próceres de las instituciones no sirvieron para contener el creciente malestar ciudadano y en julio de 2011 se vieron obligados a recortar algunas de las prerrogativas, no todas, y solo para sus sucesores.

El negocio de las pensiones privadas

El negocio de las pensiones privadas

El mensaje del Gobierno y de los poderes económicos es que las pensiones públicas serán insuficientes como única fuente de ingresos al concluir la vida laboral y se hace necesario recurrir a pensiones complementarias a través del ahorro privado. Tras este mensaje, se esconde la decisión de que las pensiones públicas sean en un futuro próximo meramente asistenciales, lo que reduciría el gasto del Estado, y que quien pueda las complemente con planes privados, un extraordinario negocio para la banca y las empresas aseguradoras. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, lo advirtió en junio de 2013 en una comparecencia en el Congreso: «Es necesario explorar fórmulas complementarias de capitalización que fuercen el ahorro durante la vida activa». La misma conclusión a la que llegó el grupo de «sabios» al que el Gobierno de Rajoy encargó un estudio sobre la reforma de las pensiones. Un comité integrado mayoritariamente por representantes de aseguradoras y bancos, los grandes beneficiarios de los planes privados que, obviamente, no iban a tirar piedras contra su propio tejado. Entre los aludidos estaban Víctor Pérez Díaz, catedrático de Sociología, colaborador de la Fundación FAES, el «laboratorio» de ideas del PP y exmiembro de los consejos asesores de diversas grandes empresas y de la patronal del seguro, Unespa; Miguel Ángel Vázquez Burgos, jefe de Estudios de la misma organización; Rafael Doménech, jefe de Estudios del BBVA y colaborador de Unespa y la aseguradora Aviva; José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato están las principales empresas y bancos de nuestro país; Manuel Lagares, exconsejero de Mapfre, y José Enrique Devesa Carpio, profesor de Economía y autor del trabajo.

El profesor Fidel Ferreras explica a la perfección lo que se esconde tras tantas previsiones catastrofistas en su estudio Sistema Público de Pensiones: Su adaptabilidad es su seguridad: «Una propuesta de Estado de Bienestar de menor calidad, con menor coste y generalmente para dar entrada al beneficio privado […], una concepción ideológica que se quiere imponer aprovechando la situación actual de crisis económica». No se puede decir más claro con menos palabras. Las proyecciones que se hacen desde hace años sobre el futuro de las pensiones no se han cumplido, pero sí han metido el miedo en el cuerpo a muchos ciudadanos. El miedo a quedarse sin pensión llevó a muchos en los años noventa a suscribir un plan privado de pensiones. Todo eran ventajas. Lo que invertías se detraía de los ingresos del año, con el consiguiente beneficio fiscal. A cambio, dejabas tu dinero al banco hasta que te jubilases (a veinte o treinta años vista), momento hasta el que no podías disponer de él, salvo en tres supuestos: que te fueses a quedar sin la vivienda habitual por un desahucio, por enfermedad grave o si eras un parado de larga duración y habías agotado la prestación por desempleo.

Los planes privados permitieron a los bancos capitalizarse con facilidad y con nuestros ahorros hicieron inversiones muy poco rentables. Entre 2001 y 2011, de los 532 fondos de pensiones con diez años de historia que había en nuestro país, solo dos superaron el 5%, tres el 4% y 191 tuvieron rentabilidad negativa. Es decir, que el dinero que muchos invirtieron hace años con la ilusión de que iría engordando a la espera de la jubilación ha adelgazado y su inversión es hoy menor de lo que era al principio. Si aun así le parecen atractivos, cuando recupere el dinero del plan tendrá que declararlo como renta de trabajo y puede darse la circunstancia de que tenga que pagar más impuestos de los que se ahorró. Desde 2007 las ventajas de estos planes son aún menores, porque todo lo que se invierta en ellos se tendrá que declarar íntegro cuando se recupere, y no como hasta ese año, en que solo se declaraba el 60% del dinero reintegrado. En consecuencia, no suscriba un plan privado de pensiones por mucha publicidad con que le bombardeen y sartenes que le regalen; destine su dinero a otras inversiones que le permitan recuperarlo cuando lo necesite. Si ya no tiene remedio, mi consejo es que no realice nuevos ingresos, porque será lo más parecido a tirar el dinero que puede hacer.

De lo que no tiene que preocuparse es de que las aseguradoras tengan problemas para devolverle sus aportaciones llegado el momento, porque, si es así, será el Estado el que se las reintegre. Un documento de la Comisión Europea de 27 de abril de 2010 anticipaba que «factores como una mayor tasa de desempleo, una tasa menor de crecimiento, mayores niveles de deuda nacional y volatilidad de los mercados financieros hacen que a estos sistemas les resulte más complicado cumplir sus promesas de pensiones» y a un tiempo proponía la solución: «Si los regímenes privados se encuentran en dificultades y no pueden cumplir sus promesas, será inevitable que el Estado se vea obligado a asumir una parte del compromiso». La misma historia que hemos vivido con el rescate del sistema financiero.

Al inicio de la crisis, el patrimonio de los fondos de pensiones en España se acercaba a los 80 000 millones de euros y 11 millones de partícipes. Cuando el Gobierno de Rajoy anunció el recorte del sistema de pensiones públicas y la pérdida de su poder adquisitivo, el dinero invertido en planes privados alcanzó el nivel más alto de su historia: 89 632 millones de euros (septiembre de 2013), un 6,5% más que en el mismo periodo de 2012. La situación está a punto de caramelo para aseguradoras y bancos, que ven una oportunidad inmejorable para volver a engatusar al personal cuya situación económica le permita destinar una parte de sus ingresos al ahorro. El resto tendrá que subsistir con la pensión que le dé el Estado, que irá menguando año tras año.

La crisis ha hecho florecer los estudios e informes que recomiendan a los ciudadanos invertir en planes de pensiones privados si quieren disfrutar de una jubilación que les dé para algo más que comer y pagar los recibos luz, agua y gas de cada mes. La aseguradora Aegon, por ejemplo, publica cada año un documento que titula La cara cambiante de la jubilación (lo puede consultar en su página web), en el que advierte a los potenciales clientes de la necesidad de suscribir un plan privado si aún no lo ha hecho. La ecuación que hace es muy simple: a mayor esperanza de vida y menor natalidad, el riesgo de cobrar dos duros al jubilarse es muy alto. En su informe de este año, la aseguradora cuantifica en un 80% la actual tasa de sustitución, como se denomina a la diferencia entre el último salario que recibe el trabajador antes de jubilarse y la primera mensualidad como jubilado, para quienes ganan menos de 35 000 euros brutos anuales.

El Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, una aseguradora pese a su pomposo nombre, publicó en junio de 2013 el informe Las 50 preguntas clave sobre planes de pensiones, cuya introducción es una declaración de intenciones. Dice así: «Cada vez es más necesario ahorrar para el día de mañana. Continuamente escuchamos noticias que cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social como consecuencia, principalmente, de la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Todo ello, unido a épocas de crisis como la actual, hace pensar en cómo complementar la pensión que uno mismo recibirá de la Seguridad Social una vez jubilado, para así poder seguir manteniendo un determinado nivel de vida. Los planes de pensiones son un instrumento idóneo para ello, ya que su finalidad es precisamente complementar la previsión social de forma privada y voluntaria».

El BBVA ha dado un pasito más, y el pasado octubre creó el Instituto BBVA de Pensiones y puso en marcha la iniciativa Mi pensión para divulgar «las ventajas de una planificación adecuada del ciclo vital para hacer frente a las diferentes necesidades a lo largo de la vida». Según una encuesta elaborada por la entidad, ocho de cada diez españoles están preocupados por el futuro de las pensiones, y la mejor manera de recuperar la calma es recurriendo a un plan privado. Y como es mejor ser previsor por lo que pueda pasar en un futuro no tan lejano, recomienda como «momento ideal» para empezar a ahorrar el mismo día que te pongas a trabajar. No les hagan caso.

9. La banca hace negocio con los desahucios

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LA BANCA HACE NEGOCIO

CON LOS DESAHUCIOS

Se quedan con tu casa y encima les debes dinero

«El catálogo de los abusos no podría contenerse

en ninguna biblioteca».

VOLTAIRE

Diccionario filosófico

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha renunciado a tener una casa en propiedad en la capital, al menos de momento, y ha optado por el alquiler, pero no uno cualquiera. Su familia se estableció en la primavera de 2013 en un chalé en la urbanización Urbalia Valdemarín, en el distrito de Moncloa-Aravaca, a razón de 3000 euros mensuales con opción de compra. Un arrendamiento que no está al alcance de cualquiera. La memoria de calidades de la constructora dice que las viviendas tienen entre 300 y 400 metros cuadrados de superficie distribuidos en cuatro plantas, y entre 300 y 600 metros cuadrados de parcela. La planta sótano dispone de una zona de servicio, otra de estar y un gimnasio. En la planta baja están la cocina, un aseo y el salón con patio japonés. Tres habitaciones y dos cuartos de baño en la primera, y algunas viviendas tienen en el ático una pequeña piscina. El precio aproximado en época de crisis es de un millón de euros. Nuestro expresidente declaró al abandonar la Moncloa bienes patrimoniales por 130 563 euros, de los que 15 955 correspondían al valor catastral de sus inmuebles.

Los precios de la vivienda se triplicaron entre 1997 y 2007. En ese periodo el precio del metro cuadrado pasó de 684 a 2056 euros y se inició la construcción de cinco millones y medio de viviendas, a un promedio de medio millón anual, que alcanzó el pico más alto en 2007, con 664 000. Un incremento injustificado, porque duplicaba la demanda existente, según datos del Ministerio de Fomento recogidos por el profesor Agustí Colom[12]. La construcción actuaba de motor de la economía española y el Gobierno se dejó llevar por el entusiasmo. Solo entre 1999 y 2007, se construyeron dos terceras partes de todas las casas que se levantaron en Europa.

Un exultante Zapatero alardeaba de datos económicos: «Acaban de darme las cifras de renta per cápita y ya estamos por encima de la media europea. Y superamos a Italia, y en 2013 igual superamos a Francia». Una borrachera de euforia de la que participaron el Gobierno, la banca y los empresarios, y a la que sucumbieron también los ciudadanos, convencidos de que podían adquirir una vivienda más allá de sus posibilidades económicas. Daba lo mismo ganar mil euros que diez mil, porque los intereses estaban muy bajos y los plazos de amortización de las hipotecas se estiraron hasta llegar a los cincuenta años para ajustarse a los ingresos de las familias más pobres y alimentar el sueño de tener una vivienda en propiedad. Nadie les explicó que para cuando transcurriera el medio siglo de cuotas hipotecarias habrían pagado cuatro o cinco veces el valor por el que compraron la vivienda. Negocio redondo para la banca.

Las cajas de ahorro habían emprendido una expansión desaforada más allá de su ámbito territorial, y cuando se abre una oficina, el objetivo es captar clientes a la competencia. Los directivos de las sucursales recibían incentivos por objetivos, y cuantas más hipotecas consiguieran, más tarjetas de crédito contrataran y más cuentas nómina abrieran, mayores eran los bonus económicos para premiar su eficiencia. Al abrigo del eslogan «hay que casarse con el cliente», la hipoteca se convirtió en el principal producto para fidelizarlo de por vida. Las prácticas eran tan agresivas entre los bancos que se aliaron con los agentes de propiedad inmobiliaria (API) para que les facilitaran clientes que estuviesen interesados en suscribir una hipoteca a cambio de comisiones.

Los inmigrantes que llegaban a España en busca de un futuro fueron presa fácil. ¿Por qué iban pagar 500 euros por un alquiler cuando por ese importe podían hacer frente a la letra de un piso y tenerlo en propiedad? Los bancos, cegados por la codicia, hipotecaron muchas casas por un precio superior a su valor de tasación para que el comprador pudiera a un tiempo amueblarla y comprarse un coche si quería. Hasta entonces, la práctica bancaria recomendaba no hipotecar una vivienda por más de un 80% de su valor y que la cuota para pagar no superase el 30% de los ingresos mensuales de la familia. Dos sencillas condiciones que obligaban al comprador a ahorrar antes de hipotecarse y a hacer frente a los pagos con un porcentaje razonable de su salario. A los más dubitativos, que querían comprar pero las cuentas no les salían o les salían muy justas, las entidades financieras les ofrecieron varios años de carencia, en los que solo tenían que pagar intereses, con lo que la cuantía de los pagos se reducía considerablemente los primeros años. Quien no tenía casa era porque no quería.

Constructoras y bancos extendieron también la idea de que el precio de las viviendas nunca bajaba, de modo que si a las familias les surgía algún imprevisto, la podían vender por encima del precio de compra, amortizar la deuda y ganar algo de dinero, y desde el Gobierno se estimuló el mercado con importantes incentivos fiscales para los compradores. En definitiva, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Nadie quiso ver que si el precio del dinero subía, como ocurrió, también subiría el importe de la letra de cada mes y se haría más complicado pagarla, e imposible si el comprador perdía el trabajo, como ha ocurrido. Y aquí comenzó la tragedia de miles de familias que han perdido su casa y aun así están endeudados de por vida con el banco.

¿Burbuja?, ¿qué burbuja?

¿Burbuja?, ¿qué burbuja?

Hablar de burbuja inmobiliaria fue una herejía durante los años en que se infló. PSOE y PP la negaron cuando estuvieron en el Gobierno y la denunciaron cuando fueron oposición. Resulta ilustrativo recordar lo que decían unos y otros. El ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos alardeaba en 2002 de que se batiera el récord histórico de la construcción de viviendas en España y atribuía la desmesurada subida de precios al «espectacular incremento del bienestar y de la renta disponible en el bolsillo de los españoles». Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, decía en junio de 2003 lo siguiente: «No estamos ante una burbuja, pero estamos en una demanda muy poderosa que se mantiene, aunque se está moderando en el tiempo». Ese mismo año, su compañero Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, aseguró que el concepto de burbuja inmobiliaria «es una especulación de la oposición, que habla insensatamente de la economía del ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país». El entonces secretario de Estado y hoy ministro de Economía, Luis de Guindos, se subía al carro y enfatizaba: «No hay burbuja inmobiliaria, sino una evolución de precios al alza que se va a ir moderando con más viviendas en alquiler y más transparencia en los procedimientos de urbanismo». Para Jaime Caruana, gobernador del Banco de España, «hablar de burbuja es exagerar», y el banquero de banqueros, Emilio Botín, coincidía en el diagnóstico, aunque fuese más sucinto en su enunciado: «No hay burbuja inmobiliaria». Al entusiasmo del Gobierno del PP se sumaron promotores, constructores, tasadores y grandes constructoras, que hacían dinero a espuertas con viviendas sobrevaloradas e hipotecas imposibles. Para todos ellos, ni había burbuja inmobiliaria ni se la esperaba.

Lo que se nos venía encima y el Gobierno negaba, lo veía con nitidez la oposición. Ese mismo 2003, Rodríguez Zapatero criticaba al Ejecutivo de Aznar por desoír sus advertencias y se lavaba las manos de lo que pudiera ocurrir: «Hemos advertido al Gobierno del riesgo de burbuja inmobiliaria y ha desoído todos los avisos». Un año después ganó las elecciones y tanto él como sus ministros pasaron a negar lo que hasta ese momento habían afirmado. La primera ministra de vivienda, María Antonia Trujillo, calificó de «irresponsables» a quienes decían que en España se había creado una burbuja inmobiliaria y auguraban un brusco descenso del precio de la vivienda. Su sucesora al frente de la cartera, Carme Chacón, aseguró que la mayoría de los españoles se habían hipotecado «con cabeza», salvo unos pocos. «Seguro que hay casos puntuales de gente que se está teniendo que apretar el cinturón más de lo que esperaba». Beatriz Corredor, su sustituta, se atrevió incluso a recomendar a los ciudadanos que se hipotecaran. «Es el momento adecuado para que quien realmente lo necesita compre un piso», dijo. Y un triunfante Rodríguez Zapatero recurría a un símil futbolístico para referirse a la situación económica del país, que entonces produjo rubor y hoy causa bochorno: «Se podría decir que España ha entrado en la Champions League de la economía mundial. Es la que más gana, la que más goles marca y la menos goleada».

Y llegó 2008, la burbuja pinchó y nos dimos de cara con la crisis, aunque el Gobierno se empeñara en negarlo. Zapatero llamó «antipatriotas» a los que generaban un «alarmismo injustificado» y afirmó que no había «ninguna razón objetiva y fundada que permita sostener honestamente un mensaje pesimista, y mucho menos catastrofista». Pese a las crecientes evidencias de que la burbuja había estallado, el Gobierno seguía diciendo que no había motivos para preocuparse, como si negar el problema sirviese para resolverlo. Pero la situación no mejoraba y el presidente empezó a poner de manifiesto la riqueza de matices del castellano. Comenzó reconociendo que la economía atravesaba una etapa de «desaceleración», después de «desaceleración transitoria más intensa», un poco más tarde de «debilidades económicas», y para completar su colección de eufemismos concluyó con una «desaceleración acelerada». Hubo que esperar al 8 de julio de 2008 para que en una entrevista en Antena 3 citara por primera vez la palabra crisis, «como ustedes quieren que diga», recriminó a los periodistas.

El stock de viviendas terminadas y sin vender alcanzó en 2010 la desorbitada cifra de 687 000, el número aproximado de las que había a medio construir superaba con creces el millón y, según la OCDE, ya en 2009 su valor estaba sobrevalorado en un 41%. El país estaba patas arriba, el paro aumentaba de manera galopante y cientos de miles de familias se encontraron de la noche a la mañana sin empleo y sin capacidad para pagar la hipoteca. En un primer momento, las entidades de crédito optaron por alargar el plazo de amortización para rebajar la cuota mensual a cambio de más intereses, pero cuando los impagos se incrementaron, pusieron en marcha la maquinaria legal para quedarse con las viviendas. Tiempo atrás, las primeras daciones en pago (la entrega de la casa cancela la deuda) se realizaron con viviendas que superaban de manera notoria el valor de la hipoteca. En esta situación, el banco zanjaba la deuda, se quedaba con un inmueble que tenía un valor de tasación muy superior a aquella y lo vendía con el consiguiente beneficio. La escalada bajista del precio de la vivienda provocada por la crisis y la imposibilidad de dar salida a todas las casas decidió a los bancos a poner en marcha una carrera de desahucios sin importarles las situaciones personales de los deudores.

La primera oleada de impagos la protagonizaron mayoritariamente inmigrantes, a los que las cajas de ahorro habían concedido hipotecas por encima de sus posibilidades económicas. Después llegaron los desahucios de segunda oleada, como los llama la periodista Cristina Fallarás, víctima ella misma tras perder su trabajo en 2008. Familias que se habían endeudado de manera responsable, que disponían de medios para pagar las cuotas, pero que, al perder su trabajo, se encontraron sin posibilidades de hacer frente a sus deudas. Fallarás cuenta en su libro A la puta calle el imparable deterioro personal de los afectados: «Cuando un ser humano no sabe por qué le ocurre una desgracia, a qué atribuirlo, tiende a pensar que ha hecho algo para merecerla». «Hasta la tercera cuota sin pagar somos un riesgo, un crédito dudoso, y a partir de ahí eres un moroso», dice la periodista, para quien muchos ciudadanos no se han dado aún cuenta de las proporciones de la crisis porque conservan lo que tenían.

Mariano Rajoy, todavía en la oposición y candidato por segunda vez a la presidencia del Gobierno, aprovechó la ocasión para acusar a Zapatero en un debate parlamentario de ser el responsable de la burbuja inmobiliaria «por no hacer absolutamente nada para frenar los precios sobrevalorados de la vivienda y la especulación». Rajoy omitió decir que fueron los gobiernos de José María Aznar los que la incentivaron al aprobar en 1998 una ley del Suelo que consideraba urbanizable todo el país, lo que consagró la construcción como el motor de un crecimiento económico especulativo. Aznar creó la burbuja y Zapatero la infló. Unos por otros, las víctimas han sido el más de medio millón de familias que han sido desahuciadas desde que en 2008 comenzó la crisis, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Hipotecados de por vida

Hipotecados de por vida

La ley Hipotecaria española establece que el comprador responde con su patrimonio y sus ingresos presentes y futuros para hacer frente a la deuda, y si cuando muere aún no la ha cancelado, sus hijos tendrán que hacerse cargo de ella. Una inversión estupenda, según Óscar Martínez Solozábal, presidente de la Asociación de Profesionales de Expertos Inmobiliarios, para quien «dejar una hipoteca a largo plazo como herencia es una buena idea». Solo en 2012, 30 000 familias tuvieron que abandonar su primera vivienda ante la imposibilidad de hacer frente a las mensualidades, a razón de 115 desahucios cada día laborable, uno cada quince minutos, según un estudio del Colegio de Registradores de España hecho público en abril de 2013. Un drama al que se ha enfrentado de forma ejemplar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha conseguido paralizar numerosos desahucios gracias a la movilización ciudadana.

Tampoco constructoras y promotoras pudieron devolver los créditos concedidos por las entidades financieras, que se vieron obligadas a quedarse con los pisos en propiedad como mal menor, convirtiéndose en las principales inmobiliarias del país. Como ellos, a su vez, habían prestado todo el dinero de sus clientes y se habían endeudado con otros bancos europeos a los que pidieron fondos para continuar dando créditos, tampoco pudieron pagar sus deudas y quebraron, aunque con una diferencia sustancial: a un ciudadano que no puede pagar la hipoteca le echan de su casa, pero a un banco que no hace frente a sus deudas lo rescata el Estado con el dinero de los impuestos de todos los españoles, incluido el de los desahuciados. Dinero público que la banca destinó a tapar los agujeros creados por su rapacidad y a pagar multimillonarias indemnizaciones a sus directivos.

El negocio funciona así. Usted tiene una hipoteca con el Banco Meloquedotodo a la que no puede hacer frente porque se ha quedado en paro. El banco intentará cobrar la deuda por todos los medios, indagando sobre los bienes del deudor, nómina incluida. Cuando comprueba que no tiene de dónde rascar, reclama a los avalistas, si los hay, por lo general los familiares más allegados. Si tampoco ellos pueden hacer frente a los impagos, se enfrentan igualmente a la posibilidad de perder su vivienda. Mientras todo esto ocurre, los intereses de demora, que no bajan del 18% o 19%, van engordando el débito. Si no hay avalistas y el banco llega a la conclusión de que no va a poder cobrar, deriva el impago a sus servicios jurídicos, por lo general externalizados, que presentan una demanda en los juzgados pidiendo la subasta de la vivienda. Si esta queda desierta (no puja nadie), el banco solo se la puede adjudicar por el 70% de su valor de tasación, un porcentaje que hasta hace dos años era de tan solo el 50%. El Gobierno de Rodríguez Zapatero manejó un borrador que elevaba el porcentaje al 80%, pero no se atrevió a enfrentarse a la banca y lo dejó en el 60%. Posteriormente, Mariano Rajoy lo incrementó hasta el 70% actual.

Les pongo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Imaginen una pareja que ha comprado una vivienda valorada en escrituras en 220 000 euros, de los que ha amortizado 30 000 cuando uno de sus miembros se queda en paro y no puede hacer frente a las mensualidades. Tras todo el trámite que les he descrito, el banco se adjudica la casa por 154 000 euros (el 70% de su valor), que sumados a los 30 000 ya abonados por los compradores suman 184 000 euros, que no alcanzan para cancelar la hipoteca. Los 36 000 restantes es la deuda pendiente que la familia desahuciada arrastrará hasta que consiga cancelarla. Una cantidad a la que hay que sumar los intereses de demora, abogados, procuradores, lo que se denomina cierre de cuentas. A partir de ese momento, el banco puede poner la vivienda en venta por la cantidad que quiera. Pongamos, por ejemplo, que la vende por 170 000 euros. Habrá conseguido así 170 000 euros, más los 30 000 que ya habían pagado los compradores y los 36 000 que estos tienen de deuda. En total, 236 000 euros, 16 000 euros por encima de su valor de venta.

Puede darse la circunstancia de que la vivienda embargada le interese a algún directivo o a un cliente preferente del banco advertido de la oferta, que pueden quedarse con la casa por los 154 000 euros por los que el banco se la adjudicó en subasta y ahorrarse 66 000 euros sobre el precio por el que la compró la familia desahuciada. La entidad, por su parte, añade a los citados 154 000 euros los 30 000 pagados por los desahuciados y los 36 000 de deuda que les restan por pagar. En total, 220 000 euros. Todos ganan, menos la familia, que se queda en la calle.

En ocasiones, algunos bancos intentan no pagar el 70% del valor de tasación para adjudicarse el inmueble y recurren a una triquiñuela que consiste en evitar que la subasta quede desierta presentando a la puja a una de sus filiales inmobiliarias. Ésta hace una oferta por un 48% del valor de tasación, que el banco eleva hasta el 50,1% (su oferta no puede ser inferior al 50%) y se queda con la casa por un 20% menos de lo que habría tenido que pagar en condiciones normales. En este caso, se habrá adjudicado el piso por 110 220 y la deuda de la pareja de compradores aumentará hasta 79 780 euros. Una vez adjudicada la vivienda, la filial del banco la registra a su nombre y la pone a la venta. Si para entonces los propietarios iniciales no han abandonado el domicilio, el banco insta al juez una orden de lanzamiento para llevar a cabo el desahucio.

El problema para el Banco Meloquedotodo es que el número de viviendas que se ha visto obligado a adjudicarse por la crisis es muy elevado y no hay suficientes compradores, pero para eso está el «banco malo», al que han dado el pomposo nombre de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se ha quedado con 197 474 activos inmobiliarios, por valor de 50 449 millones de euros, de todas las entidades intervenidas por el Estado o que han recibido ayudas de este, que deberían vender durante los próximos quince años con el mayor beneficio posible. Luis de Guindos, ministro de Economía, nombró presidenta a Belén Romana, que cobró 32 916 euros en su nómina de diciembre de 2012, el primero de funcionamiento de la entidad. El director general, Walter de Luna, recibió algo menos, 32 083 euros.

Las viviendas de nuestros políticos

Las viviendas de nuestros políticos

A diferencia de los ciudadanos, la vivienda no es un problema para nuestra clase dirigente. Todos tienen domicilio en propiedad, en algunos casos con abultadas hipotecas pendientes de pagar pero sin riesgo de que les desahucien. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, casado en régimen de gananciales con Elvira Fernández Balboa, tiene cuatro propiedades inmobiliarias: un apartamento de 96 metros cuadrados con plaza de garaje en Sanxenxo, que adquirió en 1987; una oficina en Pontevedra de 109 metros cuadrados que compró en 1989 (es registrador de la propiedad); un apartamento en Madrid desde 1991, coincidiendo con su salto a la política nacional como diputado, y una lujosa casa de 279 metros cuadrados en Aravaca (Madrid), que registró en 1998, siendo ya ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. Su última inversión ha sido un apartamento de 50 metros cuadrados en la localidad grancanaria de Mogán, que compró en 2004, quien sabe si para aliviar la dolorosa derrota electoral de ese año. Un notable patrimonio por el que no debe un euro al banco, según consta en su declaración de bienes y rentas que presentó en el Congreso en diciembre de 2011, al inicio de la décima legislatura.

Además de la mencionada declaración de bienes, los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado están obligados a declarar su patrimonio en la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda al tomar posesión de sus cargos y cuando cesan de ellos, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso, se limita a una valoración económica del patrimonio sin más concreción, que resulta de gran utilidad si se coteja con la declaración presentada en el Congreso, en la que figuran los bienes pero no su valoración. Así, Rajoy cifra en 425 555 euros el valor catastral de sus bienes inmuebles, y en 835 674 euros el de otros bienes, que suman algo más de un millón y cuarto de euros[13].

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene un apartamento en el que vivió hasta que en 2007 se mudó a su actual domicilio, un chalé en el barrio madrileño de Fuente del Berro, una zona privilegiada de Madrid donde el precio del metro cuadrado no baja de los 3000 euros. Por ambas viviendas suscribió dos hipotecas, una de 214 050 euros con el Banco Pastor y otra de 385 000 euros con el Santander, de las que aún le restan por pagar 412 000. Esto es lo que figura en su declaración parlamentaria, mientras que la depositada en la Oficina de Conflictos antes citada valora sus inmuebles en 160 735 euros (según valor catastral, muy inferior al de mercado). Sumado a otros bienes, su patrimonio declarado asciende a 310 000 euros.

Todos los ministros y la gran mayoría de los parlamentarios tienen vivienda en propiedad, algunos de ellos una notable «colección», como la ministra de empleo Fátima Báñez, que solo en Huelva, de donde es su familia, dispone de cinco casas, dos fincas de secano y un solar, y otro domicilio más en Madrid, sobre el que pesa una hipoteca de 390 658 euros, de la que aún debe 157 000. En total, bienes inmuebles con un valor catastral de 265 000 euros y otros por 750 000 euros, que superan el millón de euros. El que disponga de casa en la capital no es obstáculo para que el Congreso le pague cada mes con cargo a su presupuesto una «indemnización» de 1823 euros para cubrir gastos de alojamiento y manutención al haber sido elegida por una circunscripción distinta a la de Madrid. Este dinero está exento de tributación al ser considerado gastos de representación. Democracia Real Ya se querelló contra el presidente del Gobierno y 63 diputados que cobran dicha cantidad pese a disponer de vivienda en Madrid por los presuntos delitos de malversación y apropiación indebida, pero el Tribunal Supremo inadmitió la querella al entender que el cobro es totalmente legal.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, tiene un piso de 265 metros cuadrados en Madrid que adquirió en 2006; un local entreplanta de 143 metros cuadrados en Albacete, en propiedad con sus hermanos Ricardo y María del Rosario, y en 2011 recibió en donación de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, la mitad de un cigarral de 600 metros cuadrados construidos y 12 000 metros cuadrados de finca valorado en 2,3 millones de euros por la consultora inmobiliaria Knight Frank. Se conoce como cigarrales a las fincas señoriales de recreo situadas en la orilla sur del río Tajo a su paso por Toledo. La número 2 del PP no declara ni un euro de deuda desde 2008 hasta la fecha.

No les voy a abrumar con la relación detallada de propiedades inmobiliarias de los señores miembros del Gobierno, de modo que me limitaré a enumerarlas de manera somera con el añadido de la deuda que tienen por pagar. Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, tiene dos viviendas, dos garajes y un préstamo personal de 56 213 euros, del que le queda por pagar casi todo. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, es propietario de cuatro viviendas y una plaza de garaje, y soporta una deuda de 360 000 euros que tiene prácticamente liquidada. Ana Pastor, ministra de Fomento, tiene tres pisos y una plaza de garaje, con hipoteca de 200 000 euros y 134 000 euros de deuda pendiente. Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, disfruta de cuatro viviendas, un local y una plaza de garaje, en su caso sin deudas, con un valor catastral superior al millón de euros. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, tiene escrituradas dos viviendas y dos plazas de garaje e hipotecas por 180 000 euros, la mitad de ellos por pagar. Ana Mato, ministra de Sanidad, dos casas y dos hipotecas que suman 500 000 euros, de los que ha pagado 200 000. Por último, José Manuel Soria, ministro de Industria, es propietario de una vivienda y una sexta parte de tres viviendas más y oficinas por herencia. También por herencia, tres fincas en la misma proporción. No tiene deudas.

Luis de Guindos, ministro de Economía, merece una mención aparte porque es una de las personas que ha sabido sacar provecho de la crisis inmobiliaria en beneficio de su familia. En julio de 2012 adquirió con su esposa, María Belén Liras, un ático de lujo en una urbanización ubicada en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de la capital. El matrimonio cerró la compra con la constructora Reyal Urbis por 587 000 euros. Un chollo, porque antes de que la burbuja inmobiliaria pinchara, la vivienda costaba 1 658 000 euros sin IVA. Un millón de euros de ahorro. De paso, el ministro se ahorró también el 10% de IVA que el Gobierno empezó a aplicar a la compra de viviendas el 1 de enero de 2013. En su caso, la aportación a las arcas del Estado se limitó a un 4%. En su declaración de bienes valora su patrimonio en 1 132 970 euros y asegura que no tiene deudas.

Como observarán, nada que ver con los minipisos de 30 metros cuadrados que promocionó la exministra socialista de Vivienda María Antonia Trujillo para resolver el problema de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. «Muchos compañeros diputados, incluso del PP, tienen minipisos», dijo sin despeinarse.

10. La estafa de las preferentes

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LA ESTAFA DE LAS PREFERENTES

Así engañaron a los pequeños ahorradores

para arramblar con su dinero

«Cuando la estafa es enorme

ya toma un nombre decente».

RAMÓN PÉREZ DE AYALA

Si usted roba un banco, va a la cárcel; si el banco le roba a usted, no pasa nada. La venta de participaciones preferentes y deuda subordinada a pequeños ahorradores sin conocimientos financieros es el mayor escándalo protagonizado en nuestro país por bancos, cajas de ahorro y empresas que cotizan en bolsa, que ha dejado a cientos de miles de familias atrapadas en un corralito a la española que les impide recuperar sus ahorros o hacerlo con enormes pérdidas. Eugenio Ribón, presidente de la Sección de Consumo del Colegio de Abogados de Madrid y abogado especialista en Derecho de Consumo, define lo ocurrido como «el mayor fraude económico de la historia, y en el ámbito económico equivale al caso de la colza en el sector sanitario. Hay 700 000 familias afectadas, de las cuales el 90% son minoristas y, de ellos, el 80% mayores de 70 años, a lo que hay que añadir que los ahorros de toda una vida se les han ido de un plumazo».

La bajeza moral de algunos políticos, banqueros, empresarios y medios de comunicación ha llegado al extremo de acusar a las víctimas de ser las únicas responsables de sus desgracias. Lo dice muy clarito el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su libro de recetas para solucionar los males de España: «La pregunta es ¿por qué tantos ahorradores que contrataron preferentes no siguieron con las imposiciones a plazo?, ¿tal vez por la mala fe de quienes les insinuaron el cambio?, (aquí parece que le va a dar la razón a los perjudicados, pero no). ¿Qué ganaban quienes les insinuaron el cambio si la cosa iba a ir mal? ¿No hubo una codicia en los preferentistas, que vieron que podían ganar un par de puntos más con su dinero?». Y una colleja final a los abuelos engañados: «Hay que tomarse muy en serio lo que se firma y sus consecuencias»[14].

Salvador C. Q., un viudo de 82 años de edad, estudios primarios y ningún conocimiento financiero, es uno de esos «codiciosos» de los que habla el jefe de la patronal. Natural de la localidad siciliana de Forza d’Agro, un pequeño municipio de poco más de seiscientos vecinos, lleva en España desde 1973, cuando su esposa, a la que conoció como inmigrante en Coventry (Gran Bretaña), lo convenció para regresar a nuestro país. El matrimonio se estableció en Alcorcón y abrió una cuenta corriente en la sucursal que Caja Madrid tiene en la calle de Betanzos, en la que fue ingresando los ahorros de su trabajo. En total, 79 000 euros, que invirtió en participaciones preferentes por indicación de la entidad, sin saber que estaba contratando un producto de alto riesgo. Cuando lo descubrió, presentó una demanda contra la entidad, cuya vista se celebró el 7 de mayo de 2013.

Todos los juicios de este tipo son un calco unos de otros, pero decidí acudir al de este anciano para contárselo de primera mano. La jueza Dolores Norte, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcorcón, presidió la vista, a la que el letrado del banco llegó cuando ya había terminado. Antes, la magistrada pidió a Salvador que se pusiera delante del micrófono, colocado en mitad de la sala, para que su testimonio se escuchara con claridad. Les trascribo un breve diálogo.

Jueza.— ¿Qué nivel de estudios tiene?

Salvador.— Primarios.

Jueza.— ¿Desde cuándo tiene su dinero en Bankia?

Salvador.— Desde hace veintiocho o treinta años. Doña Marisol [se refiere así a la empleada que le atendía habitualmente] me llamaba de vez en cuando para informarme de que había un producto que me podía rentar un dinerillo, iba al banco y firmaba los papeles que me decía. Tenía plena confianza en ella.

Jueza.— ¿Cómo invirtió sus ahorros en participaciones preferentes?

Salvador.— Tenía los ahorros en un fondo que me venció en 2009; entonces doña Marisol me llamó para que me pasara por la oficina. Allí me dijo que tenía un producto muy rentable y, como siempre, firmé lo que me dijo sin preocuparme de más.

Jueza.— ¿Conocía el altísimo riesgo que corría?

Salvador.— No, señora.

Jueza.— Aparte de los 79 000 euros que invirtió en participaciones preferentes, ¿tiene más dinero en otros productos bancarios?

Salvador.— No, solo tenía los 79 000 euros.

Salvador relató que a partir de abril de 2012 dejó de cobrar los intereses de su inversión y que fue entonces cuando se enteró de que tenía participaciones preferentes de las que hablaba la prensa. «Doña Marisol me juró por su vida que ella no sabía nada, y yo la creo. No la culpo porque creo que me vendió un producto que ella creía bueno. ¿Cómo iba a desconfiar de ella, si hasta me ayudó con la testamentaría cuando mi mujer murió?».

Guía para engañar a clientes incautos

Guía para engañar a clientes incautos

Las participaciones preferentes y la deuda subordinada son dos productos de alto riesgo que los bancos y las empresas cotizadas en bolsa comenzaron a emitir en nuestro país en 2003 (desde 1998 se emitían tan solo desde paraísos fiscales a través de sociedades instrumentales). Un negocio redondo, porque los clientes confían al banco su dinero de manera perpetua (las preferentes no tienen vencimiento), y este no lo contabilizaba en sus balances como una deuda, como dinero que tiene que devolver, sino como fondos propios que el inversor solo puede recuperar si otros clientes compran sus participaciones atraídos por los intereses que devengan (cupón). A diferencia de las imposiciones a plazo y de las cuentas de ahorro, no tienen la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza un máximo de 100 000 euros por cuenta y titular en caso de insolvencia de la entidad.

La estrategia utilizada por las entidades financieras para vender este producto demuestra que actuaron pensando en el beneficio propio y no en el de sus clientes. Caja Madrid, después Bankia, la entidad que vendió las preferentes a Salvador, repartió un argumentario comercial entre los responsables de sus sucursales sobre cómo debían convencer a los hipotéticos clientes de que compraran preferentes de la emisión de 2009 que acababan de poner en el mercado. El documento es revelador del engaño, como definió en mayo de 2012 el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, la comercialización de este producto financiero entre pequeños inversores.

La crisis llevaba dos años instalada en nuestro país y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria atrapó a bancos y, sobre todo, a las cajas de ahorros con numerosos créditos hipotecarios a constructoras y particulares que no podían hacer frente a los pagos, generando un enorme agujero en las cuentas de las entidades, algunas de las cuales quebraron. Pese a lo evidente de la situación, la Gerencia de Marketing de Caja Madrid decía en el documento antes citado que «el sistema financiero español, del que forma parte Caja Madrid, cuarta entidad financiera nacional, es un sistema sólido y solvente», y ponía de relieve que la venta de esos productos era una «práctica habitual». En 2009 la caja emitió 2700 millones de euros en participaciones preferentes y deuda subordinada (una cantidad similar a la que comercializó en 2004), que en su documento comparaba con los 7000 millones puestos a la venta por el Banco de Santander en 2008, los 1500 del BBVA, y los 2500 millones de La Caixa, también en 2009.

Para convencer a los clientes más desconfiados, la caja redactó una serie de respuestas tipo a lo que presumía iban a ser las preguntas más frecuentes de los posibles compradores. Como a los ahorradores les preocupa su dinero, lo primero que debían hacer era convencerlos de que este no corría ningún peligro porque tenía «la garantía 100 por cien de Caja Madrid, que en los últimos 30 años ha presentado un historial creciente y sostenido de beneficios, incluso en épocas complejas como la actual». Si aun así los clientes no lo veían claro, los empleados de la caja debían comparar el sistema financiero español con el de otros países para destacar «su solidez y solvencia», en el que aseguraba que Caja Madrid tenía «una posición de privilegio».

Superado el primer escollo, lo más probable es que algunos clientes preguntaran «¿qué pasa si necesito mi dinero?», a lo que los trabajadores debían responder que existía «un mercado secundario en la propia entidad, donde sus participaciones serán adquiridas en un plazo máximo de siete días […]. Su atractiva rentabilidad y seguridad hace esperar una demanda continua de estos títulos de los clientes que no hayan tenido la oportunidad de adquirirlos durante el periodo de suscripción». Es decir, que tenía liquidez inmediata y que él era uno de los clientes elegidos para beneficiarse de la oferta por delante de otros, muestra de la deferencia de la caja hacia su persona.

Finalmente, la entidad hacía una llamada al compromiso de sus trabajadores con la empresa ante lo que calificaba como «una emisión vital para la entidad», en la que «todos debemos participar en la venta activa». Este compromiso se cuantificaba en la obligación de colocar 50 000 euros diarios las oficinas grandes; 35 000 euros las medianas y 20 000 euros las pequeñas en los 31 días hábiles de campaña. Caja Madrid orientaba a sus empleados sobre los potenciales clientes a los que debían dirigirse: los que tenían imposiciones a plazo fijo (este sí era un producto seguro) con vencimientos cercanos o depósitos sin invertir.

Si quiere recuperar su dinero, ponga una demanda

Si quiere recuperar su dinero, ponga una demanda

Los casos en que los pequeños ahorradores han sido expoliados son múltiples y los tribunales vienen dando la razón a los que han demandado a su banco y reclamado su dinero. El miedo al colapso en los juzgados llevó a las entidades financieras y al Gobierno a habilitar mecanismos para evitar las demandas judiciales, como el canje por acciones u otros productos con vencimiento a largo plazo e intereses ridículos, o mediante arbitrajes en los que los perjudicados se han jugado su dinero en una especie de lotería en la que, como en casi todo, la banca gana. Sin embargo, muchos afectados, asesorados por despachos jurídicos que se han hecho cargo de numerosas demandas con minutas asequibles, han llegado a la convicción de que no van a recuperar todo su dinero salvo que un juez condene al banco a que se lo devuelva.

Así de claro lo vio Jacinta G. P., de 86 años, que el 26 de junio de 2013 acudió al juzgado de Primera Instancia n.º 63 de Madrid para intentar recuperar sus ahorros, 12 000 euros, que se habían quedado en 2305,45 euros tras su conversión obligada en acciones de Bankia y su posterior venta en bolsa. Viuda, ama de casa y sin estudios, acudió al juzgado acompañada de uno de sus seis hijos. Su sola presencia evidenciaba que no estábamos ante una avezada inversora, sino ante una modesta ahorradora. La obviedad hizo que la jueza le dijera antes de comenzar su declaración que estuviese tranquila, y que si no entendía algo, lo dijera para repetirle las preguntas tantas veces como fuese necesario. Su relato fue un calco del de Salvador. «¿Sabía dónde metía el dinero?, ¿quería arriesgarlo a cambio de más intereses?», le preguntó la magistrada. «¡Cómo voy a querer eso, si yo me voy a comprar el pan donde cueste más barato! Le juro que he dicho la verdad».

En esta ocasión, sí acudió una letrada en representación de Caja Madrid, que hizo una exposición según la cual Jacinta era poco menos que una aprovechada porque la entidad la informó correctamente del producto que adquiría. «Si no lo entendió, podía haber insistido y preguntado», dijo la abogada, para quien «la decisión de comprar fue exclusivamente suya» y no inducida por la comercial que la atendió. Para terminar, leyó un alegato que traía escrito, que sonó a un discurso tipo que el banco hubiese distribuido entre sus abogados para defender sus intereses ante los tribunales, aunque, como en este caso, tan solo estuviesen en juego 12 000 euros. La falta de estudios de Carmen, dijo la letrada, «no supone que no tenga capacidad cognitiva» y, además, «nunca presentó quejas ni dijo nada mientras cobró intereses». En definitiva, que la única culpable era la propia víctima.

Afortunadamente, Salvador y Jacinta consiguieron ganar su batalla particular contra el Goliat de la banca y recuperaron sus ahorros. En el caso del primero, la jueza dictó sentencia el 2 de septiembre de 2013, cuatro meses después de celebrada la vista, en la que asegura que adquirió participaciones preferentes «movido por el engaño, sin que tuviera posibilidad de entender en qué estaba invirtiendo realmente», declara nulo el contrato de compra y condena a la caja a devolverle la totalidad del dinero invertido. Jacinta fue igualmente engañada por la entidad con un producto «enmascarado bajo una muy atractiva rentabilidad destinada a cubrir una imperiosa necesidad de Caja Madrid cual era obtener liquidez de manera masiva y rápida», dice la resolución dictada el 16 de septiembre de 2013. Dos fallos demoledores que, sin embargo, no han tenido ninguna consecuencia para las personas que perpetraron el fraude. En ambos casos la condena se limita a exigir a la caja la devolución del dinero invertido, descontados los intereses que el cliente cobró.

Junto a casos como los que les he narrado, el desconocimiento, el miedo a pleitear y la imposibilidad de pagar abogado y procurador han hecho que muchos perjudicados vuelquen su desesperación en interminables cartas que remiten a todas las autoridades imaginables relatando su caso y reclamando sus ahorros poco menos que como un favor. Es lo que hizo Fernando O., de 81 años, que desde 2012 ha enviado decenas de misivas manuscritas al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; al gobernador del Banco de España, Luis María Linde; al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye la causa contra los 33 consejeros de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorro (BFA), por la salida de la entidad a bolsa con unas cuentas «maquilladas». «Ayúdeme, señoría», le dice al juez en uno de sus escritos, «no puedo pagar un abogado. Le pido encarecidamente que me ayude. Tengo 81 años y mire usted lo que han hecho conmigo. Con gracias anticipadas, y que Dios y Jesucristo le protejan eternamente. Un saludo afectuoso». La desesperación recogida en una epístola para intentar recuperar 12 000 euros de ahorro con los que completar la pensión.

El gran engaño

El gran engaño

Las preferentes no son un producto nuevo, pero ha sido ahora cuando la mayoría de los ciudadanos se han enterado de lo que representan ante la posibilidad de perder los ahorros de toda su vida. Un estudio elaborado en 2007 por Eduardo Blanco Marcilla, entonces subdirector de la CNMV, reconocía que ya entonces los supervisores eran conscientes de que «estos instrumentos podrían plantear problemas al pequeño inversor por su compleja valoración y porque los podría adquirir sin tener una completa noción de los riesgos», y añadía como «agravante» la poca liquidez en el mercado secundario. Las conclusiones del informe eran contundentes: «Las participaciones preferentes emitidas en España han presentado en general unas condiciones de emisión poco atractivas para los inversores […] con el agravante de que su característica de perpetuidad deja atrapados a aquellos en unas inversiones de rentabilidad dudosa».

Otro informe de la CNMV, en este caso de septiembre de 2011, alertaba ya de irregularidades. En ese momento el saldo de preferentes y deuda subordinada ascendía a 58 970 millones de euros, de los que el 78% (45 852 millones) se habían vendido a clientes minoristas. En febrero de 2013, la CNMV elaboró un tercer informe sobre las emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por Bancaja y Caja Madrid (las dos cajas más importantes integradas en Bankia) en el que acusaba a ambas entidades de «incumplimiento generalizado» en la venta de dichos productos financieros, que se mantuvo en el tiempo de manera premeditada en perjuicio de los inversores. El documento dice que vendieron preferentes a sus clientes más modestos a precios «significativamente superiores» a su «valor razonable», el que hubieran tenido si la compraventa de hubiese realizado directamente entre particulares.

La investigación abarcó 65 400 operaciones desde junio de 2010 hasta noviembre de 2011 y llegaba a la conclusión de que las pérdidas para los inversiones ascendieron a 220 millones de euros, a una media de 2600 euros por operación. Más claro, agua, pese a lo cual, el documento de la CNMV se limita a pedir a su comité ejecutivo que «solicite el oportuno dictamen de legalidad a la Dirección General del Servicio Jurídico con vistas a valorar la procedencia del inicio de un expediente sancionador». Julio Segura, presidente de la CNMV, abrió 17 expedientes a nueve grupos financieros, sin que cuando escribo estas líneas se haya impuesto ninguna sanción a los responsables. Es lo que tienen las investigaciones que se abren cuando trasciende un escándalo, que detectan la culpa pero no a los culpables.

Los ahorradores más perjudicados han sido los que compraron preferentes a Bankia, Caixa Catalunya, Novagalicia y Banco de Valencia, las cuatro entidades intervenidas por el Estado con el dinero de los contribuyentes, que ni siquiera tuvieron opción de su canje inicial por acciones de la entidad, como hicieron otras, porque la Unión Europea (UE) exigió como contrapartida para salvar nuestro sistema financiero que los compradores de preferentes y deuda subordinada asumieran las pérdidas.

Los perjudicados suman cientos de miles, entre ellos muchos jubilados, pensionistas y analfabetos que firmaron la compra con el dedo pulgar. Durante meses, centenares de perjudicados, la mayoría de edad avanzada, se concentraron frente a la puerta de acceso a la Audiencia Nacional en la calle de Prim de Madrid para desahogarse y reclamar a los banqueros que acudían a declarar, algunos como imputados, que les devolvieran su dinero. También las sedes de las entidades que vendieron estos productos han sido ocupadas pacíficamente en un acto de impotencia ante el desinterés del Gobierno, que se ha limitado a lamentar lo ocurrido sin exigir ninguna responsabilidad.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado y como tal responsable de velar por la legalidad, defiende que no hubo delito en la venta de preferentes, y en su día se opuso a la imputación de los consejeros de Bankia con el argumento de que el hecho de que el perjuicio ocasionado afectara a miles de pequeños ahorradores no era una razón suficiente para abrir un proceso penal. En su opinión, no existió un «engaño penalmente relevante» porque es ilógica «la existencia de un plan preconcebido claramente orquestado por todas las entidades querelladas, a las que habría que sumar la práctica totalidad del sistema bancario y financiero español». Como mucho, los bancos podrían, en condicional, haber incurrido en deficiencias en su comercialización y haber primado sus propios intereses por encima de los de sus clientes. Torres-Dulce recomendó a los afectados acudir a la vía administrativa, «más rápida y eficaz». El Código Penal dice que una estafa es «la obtención de un provecho injusto en perjuicio patrimonial ajeno, causado con ánimo de lucro mediante ardid o engaño, o cualquier otro medio encaminado a sorprender la buena fe del supuesto pasivo», que se parece bastante a lo ocurrido.

Hasta marzo de 2013, las emisiones de participaciones preferentes que seguían «vivas» eran propiedad casi en exclusiva de las cajas nacionalizadas. En total, 5629 millones de euros, de los que el 91% pertenecía a dichas entidades y a las que han recibido dinero del Estado. Bankia, cómo no, era la que más tenía, exactamente 3123 millones de euros, seguida de Novagalicia Caixa, con 902 millones, y Caixa Catalunya, con 510 millones. Las empresas, por su parte, tienen 5101 millones en el mercado, de los que 3000 millones son de Repsol y, a notable distancia, Eroski y Unión Fenosa, con 660 millones cada una. Según la CNMV, desde 1998 se han emitido 43 362 millones de euros en preferentes; el 61% con gobiernos populares y el 39% restante con los socialistas en la Moncloa.

Así invierten su dinero los ministros

Así invierten su dinero los ministros

El señor Rodrigo Rato, que pilotó la salida a bolsa de Bankia, no consta que adquiriese acciones de la entidad pese a ser su presidente, aunque sí colocó un buen puñado de ellas entre sus empleados. Tampoco consta en las declaraciones de patrimonio de los ministros que ellos acudieran a la llamada de un negocio tan extraordinariamente ventajoso, según vendía la publicidad oficial. Pero que no compraran acciones de Bankia, ni participaciones preferentes y deuda subordinada, no es sinónimo de que nuestros mandatarios no tengan sus ahorrillos y los inviertan. Datos que quedan reflejados en la declaración de patrimonio que están obligados a presentar cada vez que se inicia una legislatura. A diciembre de 2011, Mariano Rajoy, por empezar por nuestro presidente, tenía 143 181 euros invertidos en bolsa que en 2011 le reportaron unos beneficios de 8000 euros. En su cartera figuraban también fondos de inversión por valor de 313 780 euros, y 60 000 euros más en la cuenta corriente. En total, medio millón de euros, 83 millones de las antiguas pesetas. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció que tiene 99 817 euros en cuentas corrientes, de ahorro y fondos de inversión.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, es una mujer conservadora en el más amplio sentido de la palabra; también en los negocios. Tal y como estaban las cosas en nuestro país, en 2011 compró bonos del Tesoro por importe de 326 000 euros y acciones de una sociedad no declarada por 70 527 euros. Otro ministro previsor es Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera de Interior, que a los 163 000 euros que tiene en planes de pensiones suma seguros de vida y accidentes por 86 000 euros en números redondos. Su incursión en bolsa se limita a 5000 euros. El más rico de todos los miembros del Gobierno, le viene de familia, es Miguel Arias Cañete, titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, quien entre participaciones y acciones tiene invertidos 391 000 euros, que en 2011 le reportaron unos dividendos de 43 122 euros. Un avezado inversor. Los «patitos feos» del Gobierno son Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, y Ana Mato, de Sanidad. El primero declaró una cuenta corriente en el Banco de Santander con 26 000 euros de saldo, que le reportaron 217 euros de intereses. Mato es más pobre aún: 5019 euros en una cuenta corriente y 2222 en acciones y fondos de inversión. Rebuscando en la oposición, su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía a 30 de noviembre de 2011 cuentas y depósitos que sumaban 171 000 euros, 397 000 euros más en fondos de inversión, y 1023 euros en acciones. Su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, dispone de 130 000 euros en una cuenta corriente y otros 57 000 en acciones de Bankinter. Unos ahorrillos.

11. Su dinero no está seguro

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SU DINERO NO ESTÁ SEGURO

El riesgo de confiar sus ahorros al banco

«Un banco es un lugar que te presta dinero si

puedes probar que no lo necesitas».

BOB HOPE

El banco al que ustedes le confían su dinero no es una ONG, ni ustedes son clientes VIP, salvo que el saldo de su cuenta corriente tenga suficientes dígitos. Tengan presentes estos dos matices para pensárselo dos veces antes de aceptar sin más las ofertas que les hagan a cambio de que depositen sus ahorros. No son gente de fiar. Tras la estafa de las participaciones preferentes y la deuda subordinada de que han sido víctimas cientos de miles de ahorradores, ninguna autoridad política y/o económica, y mucho menos un banco, tiene la credibilidad suficiente para decir a los ciudadanos que lo ocurrido ha sido excepcional y no volverá a suceder. No les crean o les volverán a engañar.

Consciente de la desconfianza generalizada hacia las entidades financieras, el Gobierno nos recuerda periódicamente que los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro e imposiciones a plazo están garantizados hasta la cifra de 100 000 euros por cuenta y titular. No así los fondos de inversión o los planes de pensiones. Hasta 2008 la cantidad asegurada era de tan solo 20 000 euros, el mínimo exigido entonces por la Unión Europea (UE), pero la crisis y las primeras quiebras de bancos obligaron a las autoridades a elevar la cuantía en 2010 para evitar el pánico y la fuga de dinero. Desde entonces, a cada sobresalto nuestros políticos nos traen a la memoria que nuestro dinero está a buen recaudo. Luis de Guindos, ministro de Economía, se ha implicado en la tarea y asegura cada vez que tiene ocasión que los depósitos hasta 100 000 euros son «sagrados» y los españoles «tienen que estar tranquilos».

Esta red de seguridad hace que si el banco quiebra, sea el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) el que se responsabilice de la devolución del dinero a sus clientes. Se trata de una especie de hucha en la que todas las entidades financieras aportan un porcentaje sobre sus depósitos. El problema es que la hucha está vacía porque sus recursos se han utilizado para rescatar a los bancos intervenidos y a los que han necesitado ayudas para no irse a pique. El fondo comenzó 2011 con un saldo positivo de 6528 millones de euros y lo terminó con un saldo negativo de 2000, que al concluir 2012 se había reducido a 1247 millones de euros[15]. Escamados como estamos, lo lógico es preguntarse que si no hay dinero, ¿quién paga en caso de bancarrota? No se preocupen, porque, en realidad, aunque el fondo tuviera el saldo récord positivo de 8000 millones de euros de que dispuso en 2009, estos no serían suficientes para devolver, ni de lejos, los depósitos garantizados a todos los clientes de una entidad quebrada. En definitiva, hablamos de una garantía volátil cuya misión es generar confianza.

Islandia, por ejemplo, protegió los depósitos de sus ciudadanos tras la quiebra de su sector financiero en 2008, pero no los de los europeos que tenían su dinero en Icesave, marca comercial del Landsbanki, uno de los bancos quebrados, y eso que entonces la cantidad garantizada era de tan solo 20 000 euros. La Comisión Europea denunció al país por violar la directiva comunitaria sobre garantía de depósitos, pero un tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) falló en 2013 que los Estados no están obligados a cubrir los depósitos cuando el fondo de garantía no dispone de recursos suficientes para hacerlo.

Chipre es un caso más reciente. Su Gobierno pidió un rescate de 17 500 millones de euros a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2012 para que su sistema financiero no se hundiera. Las dos principales entidades del país, el Banco Popular (Laiki) y el Banco de Chipre, hacían agua y las autoridades europeas no tuvieron más remedio que echar una mano para evitar el efecto contagio a otros países en apuros, entre ellos España. Como estas cosas no salen gratis, la UE exigió al Gobierno chipriota que recaudara 5800 millones de euros para pagar el rescate con una quita a los depósitos bancarios. Lo que los burócratas de Bruselas denominaron movilización de recursos internos para evitar llamarlo robo.

Los bancos cerraron sus puertas el viernes 15 de marzo de ese año y no volvieron a abrirlas hasta el día 28 para evitar que la gente sacara sus ahorros. Dos semanas en las que los chipriotas solo pudieron disponer de 100 euros diarios si eran clientes de los dos bancos antes citados, y de 260 en el resto. Como es natural, el pánico se adueñó de los ciudadanos, que hicieron colas durante horas para sacar dinero de los cajeros automáticos, que se quedaron sin fondos.

Entretanto, los sabios de la UE concluyeron que las entidades respetaran solo los depósitos de menos de 20 000 euros (recuerden que la propia UE había elevado la cantidad asegurada a 100 000) y que a partir de esta cantidad y hasta 100 000 euros se aplicase una quita del 6,75% y del 9,9% a los que la superaran. Finalmente solo se aplicó a estos últimos. Para justificar lo injustificable, que habían metido mano a los ahorros de la gente pese a haberles asegurado que estaban seguros, Simon O’Connor, portavoz de Economía de la Comisión Europea, dijo que la sacrosanta garantía de los 100 000 euros solo se aplicaba en caso de bancarrota, lo que, en su opinión, no era lo que había ocurrido en Chipre. ¿Y qué era entonces? Jeoren Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, lo explicó diciendo que aquello no era una quita, sino un «impuesto expropiatorio». La lengua es rica en matices, pero las declaraciones de tan altas autoridades europeas son un reconocimiento explícito de que el Gobierno puede recurrir a los ahorros de los ciudadanos para pagar sus deudas. Lo que ya han hecho en nuestro país con las participaciones preferentes y la deuda subordinada. En marzo de 2013, el ya citado Dijsselbloem deslizó que Chipre era el patrón de cómo había que actuar para resolver los problemas de cualquier país de la Unión en dificultades económicas similares. Es decir, que si España, por poner un ejemplo, no pudiera pagar sus deudas, el Estado podría recurrir a los ahorros de los ciudadanos para hacerles frente.

La Unión Europea lleva tiempo trabajando en una iniciativa de este tipo, que quiere poner en práctica en 2018, aunque de momento solo para hacer frente a futuras crisis bancarias. El Fondo Monetario Internacional (FMI) defiende también la misma opción cuando la situación económica lo requiera. En su informe anual de 2013 sobre la deuda pública de los Estados, ya planteaba la posibilidad de hacer una quita del 10% sobre los ahorros de las familias europeas para reducir la deuda. Es decir, que si tiene usted 20 000 euros ahorrados, le confiscarían 2000 con un impuesto sobre el capital que los entendidos denominan capital levy. Una medida one-off, recurro de nuevo al argot de los entendidos, que significa que se aplicaría una sola vez y como medida excepcional. Pero acostumbrados como estamos a las excepcionalidades, ¿quién los cree? Para legitimar la medida, el FMI recurrió a la historia para que los ciudadanos sepan que estas cosas ya se han hecho hace solo unos años: en Europa tras la Primera Guerra Mundial, y en Alemania y Japón, tras la Segunda, en concepto de «reparaciones de guerra». Los ejemplos no invitan a la tranquilidad.

12. Empresas y bancos hacen patria en paraísos fiscales

12

EMPRESAS Y BANCOS HACEN

PATRIA EN PARAÍSOS FISCALES

Las trampas de los adinerados para no pagar impuestos

«Las empresas persiguen una prosperidad reflejada

en las máximas ganancias posibles, mientras que el

interés común busca fines más variados a los que

muchas veces hay que sacrificar el beneficio

económico».

JOSÉ LUIS SAMPEDRO

El mercado y la globalización

La calle de Orange de la localidad norteamericana de Wilmington, en el estado de Delaware, es estrecha y discreta. Apenas tendría tráfico si no fuese porque por ella se accede a un enorme aparcamiento público de seis plantas. El número 1209, frente al estacionamiento, es un edificio de una planta en el que tiene sus oficinas la empresa Corporation Trust Center. En una zona residencial en las afueras de la ciudad, repleta de chalés unifamiliares con amplios jardines, se levanta otro edificio de oficinas que alberga los despachos de la Corporation Service Company. En ambas direcciones tienen su sede social 80 de las 115 sociedades de las empresas del IBEX 35 que operan desde este paraíso fiscal. Abengoa, Abertis, ACE, Amadeus, Repsol, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, OHL y Repsol, por citar algunas, están registradas en ambas direcciones postales de Wilmington, la ciudad más grande del estado de Delaware, con 71 000 habitantes. El diario norteamericano New York Times decía en su edición del 29 de mayo de 2009 que en Orange Street estaban domiciliadas sociedades participadas de 6500 compañías, entre ellas grandes multinacionales como Ford, American Airlines, General Motors y Coca-Cola.

Todas las compañías españolas dicen en sus memorias que la presencia en este y otros paraísos fiscales, en los que no pagan impuestos o abonan tasas mucho más bajas a las que tendrían que hacer frente en España por el impuesto de sociedades, no se debe a una intención premeditada de eludir sus obligaciones fiscales, sino que son parte de una política de expansión. Sin embargo, muchas de sus empresas participadas se dedican a actividades que nada tienen que ver con las que la matriz desarrolla en nuestro país. Saben que no corren ningún riesgo, porque la elusión fiscal, como es el caso, no es un delito como la evasión, sino una práctica empresarial permitida, aunque moralmente reprobable. Aquí tengo que acudir de nuevo al patrón de patrones, Juan Rosell, que explica muy bien los intereses empresariales en su libro Reformas o declive: «Existe un punto en el que si ganas una cierta cantidad de dinero con tu trabajo, esfuerzo, riesgo y valentía, y los resultados los tienes que compartir con tu socio, que es el Estado, más de lo que se puede considerar razonable, uno puede querer buscar cobijo bajo un nuevo Estado menos recaudatorio y, a veces, menos depredador». La justificación tipo de los economistas liberales, para los que la elusión fiscal es culpa de los Gobiernos por hacer que las empresas paguen tantos impuestos. Con su compromiso con la marca España caen los ingresos de las arcas públicas, se recorta el Estado del bienestar y la carga impositiva recae sobre los ciudadanos.

El objetivo de los paraísos fiscales es atraer inversión extranjera a cambio de mantener el secreto bancario, la baja o nula tributación para los no residentes y la opacidad para el fisco de otros países, sin necesidad de que las compañías desarrollen una actividad local en su territorio. Su función es blanquear dinero procedente de actividades ilegales y servir de refugio a fondos que, aunque procedan de negocios legales, quieren eludir el pago de impuestos en su país. Si existen paraísos fiscales, es porque los países y los organismos internacionales lo permiten, pese a las recurrentes declaraciones rimbombantes y grandilocuentes de rechazo que, sin embargo, no van acompañadas de medidas concretas para acabar con esta situación. Sirva como ejemplo la declaración de la cumbre del G-20 (los 20 países más poderosos del mundo) celebrada en abril de 2009 en Londres. Una de sus conclusiones decía literalmente así: «Nos comprometemos a tomar medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales. Estamos dispuestos a desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros. La era del secreto bancario se ha acabado». Cuatro años después, en la cumbre del G-20 celebrada en San Petersburgo, la misma cantinela: «Hacemos un llamamiento a los Estados miembro a garantizar que las reglas fiscales, nacionales e internacionales, no permitan ni abran la puerta a que las empresas multinacionales reduzcan los impuestos que pagan mediante un desplazamiento artificial de sus ganancias hacia jurisdicciones con bajas tasas impositivas». Compromisos y llamamientos que no evitan que, como dice la canción de Julio Iglesias, «la vida sigue igual».

Los datos avalan que los paraísos fiscales gozan de muy buena salud. El valor de los capitales ocultos de todo el mundo en estos territorios se sitúa entre los 21 y los 32 billones de dólares (16,3 y 24,8 billones de euros, respectivamente). De ellos, 12 billones están en manos de los 50 principales bancos mundiales especializados en banca privada (Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs, Lombard Odier, UBS, Credit Suisse) y los más importantes despachos de asesoría legal y contable con sede social en ciudades como Nueva York, Londres, Ginebra, Fráncfort y Singapur, entre otras. Algunas de las entidades que les he mencionado les sonarán porque en ellas escondía su dinero el extesorero del PP Luis Bárcenas (Deutsche Bank y Lombard Odier), del que en julio de 2013 se habían localizado 48 millones de euros. Una gota de agua en el océano de 45 000 millones de euros que las grandes fortunas de nuestro país tienen en cuentas bancarias suizas, según datos de los inspectores de Hacienda. Las empresas multinacionales suelen utilizar sus filiales constituidas en paraísos fiscales para trasladar a ellas de manera artificiosa la facturación que obtienen en los países en los que realmente operan y eludir el pago de impuestos o pagar mucho menos de lo que les correspondería.

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), creado en 2003 por organizaciones independientes, lleva nueve años escudriñando las memorias oficiales de las 35 compañías del IBEX, cuya información complementan con datos adicionales que solicitan a las empresas, que no siempre contestan o lo hacen de forma escueta, y otras procedentes de organismos internacionales y ONG. El resultado de su última memoria, correspondiente a 2011, es desolador. Ese año 33 de las 35 principales empresas de nuestro país tenían 437 sociedades en paraísos fiscales, por 354 en 2010 y 273 en 2009. El Banco Santander es la de mayor implantación con 72, el doble que en 2009, pese a que en la memoria de 2011 asegura que «la política del grupo es no crear o adquirir participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paraísos fiscales». La actividad comercial de algunas de ellas no tiene nada que ver con el negocio bancario y se dedican al arrendamiento de aeronaves, química, productos sanitarios, explotación agrícola, ganadera y deportiva, entre otras. A la entidad que preside Emilio Botín le sigue ACS, que con 71 sociedades ha cuadruplicado las que tenía en 2010. Delaware es su destino favorito, seguido de Holanda y, ya a notable distancia, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Hong Kong y las islas Caimán. Para que se hagan una idea del impacto que esta manera de actuar tiene en las arcas del Estado, el BBVA tuvo en 2011 unos beneficios de 3770 millones de euros y pagó en concepto de impuesto de sociedades 285 millones, un 7,55%. No está mal si tenemos en cuenta que, como dijo el presidente Rajoy en el debate del estado de la nación celebrado el 21 de febrero de 2013, «hay empresas del IBEX que tributan al 0%».

Inditex, una de nuestras compañías bandera, con firmas comerciales tan conocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Utarque, tiene presencia en 82 países y un total de 5527 tiendas en los cinco continentes, 483 más que en 2010 pese a la crisis económica. Bulgaria, India y Kazajistán son sus últimos objetivos comerciales. Diecisiete de sus sociedades operan en paraísos fiscales en los que desarrollan actividades no relacionadas con su objetivo comercial, desde financieras y de cartera a inmobiliarias y aseguradoras, con claros beneficios fiscales. Zara Vastgoed B. V. (domiciliada en Holanda y actividad inmobiliaria) e ITX Holding S. A. (sociedad de cartera radicada en Suiza) son dos ejemplos.

Telefónica tiene 15 sociedades en paraísos fiscales, y aunque asegura que no es para pagar menos a Hacienda, en 2010 cambió de Madrid a Delaware el domicilio social de Telefónica Capital S. A. Otra de sus participadas, Telfin Ireland, está domiciliada en Irlanda, donde la carga fiscal es del 12,5% frente al 30% de nuestro país. Endesa opera en las islas Caimán; Banesto, en un destino tan extravagante como Guernsey, una de las islas británicas en el canal de la Mancha en la que Victor Hugo escribió Los miserables, y en otro que estamos más acostumbrados a oír como es la isla de Man. El Banco Santander está presente en las Bahamas, y hasta Bankia tiene sociedades participadas en Singapur. Destinos paradisíacos de palmeras, playas y mucho dinero que evocan historias de piratas. Y como las citadas, 33 de las 35 empresas líderes de nuestro país.

A junio de 2013, el beneficio conjunto de las empresas del IBEX ascendía a 14 853 millones de euros, un 19,36% más que en el mismo semestre de 2012. En el número uno de la clasificación, el BBVA, con 2882 millones de euros, seguido del Banco Santander, con 2255; Telefónica, con los 2055 millones; Iberdrola, con 1728 millones, y Endesa, con 1114 millones. Otro buen ejemplo es Sacyr, que pasó de 735 millones de pérdidas a 60,8 millones de beneficios en los periodos de tiempo comparados.

Ninguno de sus ejecutivos se dio por aludido cuando en agosto de 2011 empresarios norteamericanos, alemanes y franceses pidieron a sus gobiernos tributar más para contribuir a la salida de la crisis. Se limitaron a protestar cuando el último Gobierno de Zapatero recuperó por esas fechas el impuesto de patrimonio para los que superen los 700 000 euros.

13. Que paguen impuestos los que menos tienen

13

QUE PAGUEN IMPUESTOS

LOS QUE MENOS TIENEN

Solo los pobres pagan a Hacienda

«Los ricos no son como nosotros,

pagan menos impuestos».

PETER DE VRIES

Al contribuyente normal, el de nómina y los discretos intereses de su cuenta corriente, el Gobierno le recuerda cada año que «Hacienda somos todos», y le exhorta a presentar la declaración de la renta para contribuir al mantenimiento del Estado del bienestar. Una exigencia plausible salvo por un detalle: en nuestro país, los trabajadores pagan más impuestos que los empresarios y las grandes fortunas, los dos colectivos que más defraudan. Los datos de los inspectores de Hacienda son irrefutables: entre el 80% y el 90% de la recaudación de todos los impuestos procede de las rentas del trabajo y tan solo un 10% del impuesto de sociedades. Un trabajador con una base imponible entre 1 y 17 707 euros paga un 24,75% de IRPF; hasta los 33 007, un 30%; hasta los 53 407, el 40%; hasta los 120 000, el 45%; hasta los 175 000, el 49%, y si tiene la fortuna de que su salario supere los 300 000 euros, tiene que desembolsar el 52%. Puede mirar su nómina del derecho o del revés, que los porcentajes son los que son y no hay manera de escapar.

Las empresas están obligadas a pagar un 30% de sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades; un 25% si son pymes (pequeñas y medianas empresas), y el 20% las microempresas (las que tienen menos de 10 trabajadores y facturan menos de dos millones de euros al año).

Ésa es la teoría, pero la realidad es que cuanto más grandes son las empresas, menos impuestos pagan, bien porque tienen parte del negocio en paraísos fiscales, como les he explicado, o gracias a un generoso sistema de deducciones. Estas ventajas hacen que las grandes compañías paguen un impuesto de sociedades efectivo del 16,88% de media; que las pymes tributen un 20%, y un 22% las microempresas. Los bancos, grandes responsables de la crisis, pagan un tipo medio del 16,08%. En definitiva, todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas, tributan menos que sus trabajadores, incluso que los peor pagados. Julio Ramsés Pérez, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), sostiene que «a este país lo están financiando los trabajadores. El sistema tributario está basado en las rentas de los trabajadores y no de los empresarios»[16].

Para que se hagan una idea, los grandes grupos empresariales pagaron 3012 millones de euros en 2011 frente a los 12 673 millones que pagaron en 2006, gracias a la reforma del impuesto de sociedades que el Gobierno del PSOE aprobó en 2007 para bajar por primera vez en democracia el gravamen teórico sobre los beneficios empresariales del 35 al 30% (del 30 al 25% las pymes). El entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió la medida diciendo que la bajada de impuestos mejoraría la competitividad y los resultados de las empresas, lo que repercutiría en los ingresos de las arcas públicas. Pues bien, los beneficios empresariales sujetos al impuesto pasaron de 209 642 millones de euros en 2006 a 143 890 en 2011 (una caída del 31%).

Las normas fiscales permitieron hasta 2011 a los grupos consolidados (conjunto de sociedades bajo una misma dirección) compensar los resultados de sus compañías, de modo que a los beneficios de unas restaban las pérdidas de otras para reducir la factura para pagar a Hacienda. Según la Agencia Tributaria, en 2011 había casi cuatro mil grupos consolidados que integraban en sus cuentas a unas 32 000 sociedades, que pagaron una media del 8,5% de sus beneficios declarados, tras exenciones, deducciones y otras ventajas impositivas. Cinco años antes pagaban el 19%.

Un informe de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, afirma que entre 2007 y 2010 los ingresos tributarios se redujeron en 41 140 millones de euros, y que la principal responsabilidad de este descenso hay que buscarla en las empresas, que dejaron de ingresar 28 625 millones de euros, el 70% de la caída global de la recaudación fiscal. Los empresarios justifican el descenso con la crisis económica, que ha hecho que sus compañías obtengan menos beneficios o hayan entrado en pérdidas. Tan cierto como que la excusa no explica semejante desplome. En definitiva, el sistema fiscal español en su conjunto recauda anualmente 46 000 millones de euros menos que antes de la crisis pese a las subidas de impuestos aprobadas por los gobiernos del PSOE y del PP.

En ocasiones ni siquiera hace falta buscar refugio para el dinero en países lejanos, basta con declarar los ingresos que consigues en España en otro con una tributación inferior. Una práctica a la que recurren muchas multinacionales, con el consiguiente perjuicio para las arcas del Estado. Es el caso de Apple, la multinacional de ordenadores, que en su memoria de 2010 explica que declara el 99% de sus ventas en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es de tan solo el 12,5%. Para justificar lo injustificable, la filial española funciona como soporte de ventas a cambio de una comisión del 1%, lo que quiere decir que a pesar de ser ella la que vende los ordenadores es como si no lo hiciera. Las ventas sumaron 1400 millones de euros en 2010, con un beneficio bruto aproximado de cuatrocientos millones, por los que tendría que haber pagado más de cien. En cambio, Apple declaró un beneficio antes de impuestos de solo 5,8 millones de euros por los que pagó dos millones. Noventa millones que Hacienda dejó de ingresar. En 2011 fue aún peor, porque aunque incrementó considerablemente sus ventas, la declaración por el impuesto de sociedades le salió a devolver[17]. Una estrategia similar a la que utiliza Google, que también genera cientos de millones de euros en España pero los factura desde Irlanda. Lo que los empresarios llaman estructura fiscal eficiente.

El problema no es solo que los que más tienen no sean los que más contribuyen al sostenimiento del Estado, sino que algunos se niegan directamente a soltar un euro. Distintos estudios calculan que la economía sumergida en España supone entre un 20% y un 25% del producto interior bruto (PIB), cuya consecuencia es que el Estado deja de ingresar cada año 80 000 millones de euros. Un reciente informe[18] sostiene que somos el país del sur de Europa con mayor economía sumergida y pérdida de recaudación fiscal, que en 2013 habría alcanzado un 28,7% del PIB.

La mayor parte de este enorme agujero negro, 7 de cada 10 euros defraudados, dejan de pagarlos las grandes empresas y los multimillonarios, mientras los tres euros restantes corresponden a las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia. En nuestro país los billetes de 200 y 500 euros en circulación, que no son precisamente los que uno lleva en el bolsillo para los gastos diarios, suponía el 71,2% de los que circulaban en la Unión Europea antes de la crisis, y el 76,72% en la actualidad. Su retirada del mercado obligaría a quienes los acumulan a canjearlos en el banco y afloraría con ello el fraude oculto. Una medida sencilla que reclaman sin éxito algunos partidos de izquierda. Si la batalla contra el fraude consiguiera reducir el porcentaje de nuestra economía sumergida hasta el 13%, la media de los países de la Unión Europea (UE), el Estado ingresaría 38 500 millones de euros más por año, que servirían, por ejemplo, para hacer frente al gasto de servicios básicos, como la sanidad y la educación, sin necesidad de recortes.

El Gobierno de turno no lucha contra los grandes defraudadores porque resulta más fácil perseguir a los pobres que a los ricos. Un contribuyente que deja de ingresar, por error o de manera intencionada, 60 euros, será perseguido hasta que los abone con los intereses correspondientes. Si el defraudador elude el pago de varios millones de euros, lo más probable es que no le pase nada. Un informe de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado sobre el fraude fiscal elaborado en marzo de 2013 dice literalmente lo siguiente: «Se somete a una vigilancia exhaustiva a las rentas derivadas del trabajo y del capital mobiliario y, en cambio, presenta graves deficiencias en el seguimiento de las rentas derivadas de actividades económicas de los grandes grupos económicos, y el fraude societario en particular». Los inspectores relatan que a cada equipo (un inspector y uno o dos subinspectores) se les impone el control de al menos 12 grandes empresas al año, lo que supone dedicar a cada una de ellas una media de veinte días. El resultado es que se realiza una investigación muy superficial, que se limita a verificar que lo declarado por la empresa es correcto y coincide con su contabilidad. Si hablamos de las empresas más grandes de nuestro país (las que facturan más de 100 millones de euros), lo habitual es que se agote el plazo de prescripción de los hipotéticos delitos antes de ser descubiertos.

Las grandes bolsas de fraude se ocultan tras complejos entramados societarios, muy difíciles de descubrir, que generan millones de euros de beneficios, sin que en muchas ocasiones se produzca la pertinente comprobación por parte de la inspección. Si se da el caso de que los inspectores descubren el fraude, Hacienda no lo tiene precisamente fácil para cobrar la deuda. Para que un ciudadano medio abone lo que debe, basta una carta certificada, con numerosas alusiones a leyes y decretos que el común de los mortales desconoce, conminándole a hacerlo si no quiere que le multen. Una empresa es otra cosa. Las grandes compañías tienen a su servicio cualificados despachos de abogados capaces de demorar durante meses, o incluso años, la tramitación de los expedientes abiertos contra ellas, si es posible hasta que prescriben.

El Tribunal Supremo (TS) tenía en 2011 litigios pendientes de resolución por un importe de 6000 millones de euros. Ese año, el cobro de sentencias judiciales atrasadas supuso un ingreso de 300 millones de euros, y en 2012, de 1400 millones. Esta realidad supone una enorme sangría económica para las arcas del Estado, que entre 2006 y 2009 (dos años de crecimiento económico y otros dos de crisis) tan solo consiguió recaudar un 11% de los fraudes descubiertos, y las deudas pendientes de cobro superaron en ese periodo los 40 000 millones de euros.

Nadie se atreve con las sicavs

Nadie se atreve con la sicavs

Las ricos dicen que han hecho fortuna con su trabajo y que los pobres lo son por vagos o por incapacidad manifiesta. Pero que tengan mucho dinero no significa que estén dispuestos a pagar. Los trabajadores suelen tener una o varias cuentas corrientes en entidades bancarias a través de las que cobran la nómina y pagan los recibos del agua, del gas y del teléfono, entre otros. Si el sueldo le permite ahorrar algo, el banco le da un interés ridículo por su dinero, que después recupera a través de comisiones (de gestión, por emitir una tarjeta de débito o crédito, por hacer una transferencia). En muchos casos el abuso llega a tal extremo que al cliente termina costándole dinero dejar sus ahorros al banco porque los intereses que recibe son menores que las comisiones que le cobran. Si pese a todo aún le pagan intereses, Hacienda le retiene el 21%, y cuidado con quedarse en descubierto, porque la entidad le cobrará comisiones de usura.

A diferencia de los pobres, los ricos tienen en las entidades financieras la calderilla y el resto lo invierten, por ejemplo, en alguna de las numerosas sociedades de inversión de capital variable (sicavs), que tributan tan solo un 1% de impuesto de sociedades en lugar del 30% La normativa exige que estas compañías tengan al menos un centenar de socios y que su capital no sea inferior a dos millones y medio de euros. Ésta es la norma, pero la realidad es que muchas de ellas son propiedad de una sola persona o una familia, que pueden tener el 99,9% del capital y los 99 socios restantes, los llamados mariachis o testaferros, el 0,1%. Hecha la ley, hecha la trampa. A finales de 2011 existían 3114 sicavs en España con un total de 415 000 accionistas que manejaban un patrimonio superior a los 26 000 millones de euros.

Los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE justifican su pasividad ante este problema con el argumento de que modificar su tributación haría que sus accionistas se llevaran el dinero a otros países con una fiscalidad más baja, y proponen que sea la Unión Europea la que apruebe la misma fiscalidad para estos productos en todos los países miembros. Y como el acuerdo no llega, lo más sencillo es mirar para otro lado. En la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueden encontrar todas las sicavs registradas en nuestro país, en las que guardan sus ahorros los ricos de este país. Las diez más importantes por el volumen gestionado tienen un accionista abrumadoramente mayoritario (el resto son mariachis) y controlan 2500 millones de euros, aproximadamente, el 10% del dinero que mueven estas sociedades en nuestro país.

Alicia Koplowitz Romero de Juseu, marquesa de Bellavista y del Real Socorro, que junto a su hermana Esther controlaron Fomento de Construcciones y Contratas, tiene la sicav Morinvest, que mueve 521 millones de euros. Su hijo Alberto Cortina Koplowitz es uno de los administradores. La familia Del Pino, una de las mayores fortunas de España, tiene siete sicavs que gestiona a través de la sociedad Pactio Gestión. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo preside Keeper Inversiones, Addition y Chart Inversiones. Su hermana María está al frente de Altais, y su hermano Leopoldo, de Swift In. La madre de todos ellos, Ana María Calvo-Sotelo Bustelo, hermana del expresidente del Gobierno con UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo, casada con Rafael del Pino y Moreno, fundador de Ferrovial, preside Match Ten Inversiones. Isabel Gamazo Hohenloe, esposa del empresario Juan Abelló, está al frente de Arbarín. Junto a su marido preside la compañía de inversión privada Torreal, que gestiona el patrimonio de la familia. Otras sicavs relevantes son Inversiones Agripa, de la familia Gallardo (297 millones); Soandres de Activos, de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega (360 millones). Éste, dueño del imperio Inditex, llegó a acumular 1150 millones de euros a través de Keblar, que llegó a ser la sicav más importante de España por patrimonio gestionado, y Alazán, que canceló en 2010 para intensificar su apuesta en el sector inmobiliario.

La revista Forbes, que cada año elabora una lista con las personas más ricas del mundo, hizo en su número de noviembre de 2013 una de millonarios patrios en base a datos obtenidos en el Registro Mercantil y la CNMV, fundamentalmente, para hacer un cálculo de su patrimonio ligado exclusivamente a sus participaciones empresariales. El patrimonio personal es solo verificable formalmente a través de las declaraciones de IRPF y patrimonio, que son secretas. Es decir, que las cifras con las que trabaja dicha publicación son inferiores a las reales. El hombre más rico de España con diferencia es Amancio Ortega, a quien he citado unas líneas atrás, con una fortuna de 47 600 millones de euros. Tras él está Juan Roig Alfonso, propietario de Mercadona (5800 millones), seguido de Sandra Ortega, heredera del 5% de Inditex, (5400 millones); Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, y hermanos (5300 millones); Manuel Jove Capellán, primer accionista individual del BBVA (3900 millones); Isak Andic Ermay, dueño de Mango, (3800 millones); Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL (3700 millones), y la catorce veces grande de España Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, con 3000 millones. Y así hasta un centenar, el último de ellos el empresario indio Ram Bhavnani, cuyas sicavs están entre las más rentables. Una de ellas, Kalyani, mueve 181 millones de euros y ocupa el séptimo lugar en el top ten. Pero, ojo, que todo el dineral que acumulan estas personalidades no está en España. Una parte de él lo han «internacionalizado». Es decir, se lo han llevado a paraísos fiscales para no pagar impuestos en nuestro país. Esto sí que es hacer marca España.

Amnistía fiscal para los grandes defraudadores

Amnistía fiscal para los grandes defraudadores

Otro espécimen de esta fauna de empresarios y multimillonarios, o ambas cosas a la vez, opta directamente por sacar el dinero fuera del país. En su caso, no es que paguen poco, es que no pagan nada. Al Gobierno de Mariano Rajoy se le ocurrió en marzo de 2012 un plan para que ese dinero regresara a la economía patria: una amnistía fiscal, denominada eufemísticamente regularización fiscal extraordinaria, que facilitaría, según sus cálculos, que afloraran 25 000 millones de euros no declarados a Hacienda, sin importar su procedencia, que supondrían un ingreso de 2500 millones de euros en las arcas del Estado. La oferta no tuvo éxito y solo se recaudaron 1200 millones, la mitad de lo previsto. Pese a ello, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, dijo que la medida había permitido «el mayor afloramiento de bases imponibles. Hasta yo mismo me he sorprendido». El ministro fue más allá y, en un debate parlamentario sobre las consecuencias de la amnistía, espetó a los grupos de la oposición que «difícilmente encontraremos un Gobierno en la historia de la democracia más comprometido en la lucha contra el fraude fiscal». Como lo leen. Dos semanas después de concluir el plazo de la amnistía fiscal, Montoro anunció que el Gobierno estaba estudiando la manera de adaptar la normativa vigente para publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a Hacienda. Un año después sigue el estudio y nada se sabe de la lista. Y a modo de inciso les tengo que decir que tampoco se salvan de la quema los gobiernos socialistas, que en 1984 y 1991, siendo ministros de Economía Miguel Boyer y Carlos Solchaga, respectivamente, también aprobaron sendas amnistías fiscales.

La amnistía es un absoluto desprecio a los principios de igualdad que consagra la Constitución y su efecto es demoledor para los contribuyentes, que perciben que solo los trabajadores cumplen con sus obligaciones fiscales; para los inspectores de la Agencia Tributaria, que ven cómo se premia a los defraudadores a los que ellos persiguen (¿de qué sirve su trabajo?), y para los empresarios honrados, que concluyen que son tontos por pagar el impuesto de sociedades, cuando a los que no lo hacen no se los castiga. Un informe de los inspectores de Hacienda del Estado de marzo de 2013 decía que la amnistía fiscal del Gobierno había supuesto «un auténtico varapalo a la conciencia fiscal de aquellos contribuyentes que sí cumplen, y dadas las condiciones para acogerse a ella, como el no tener que declarar el origen de las rentas que se afloraban, ha determinado que pueda haber sido utilizada para blanquear los capitales procedentes de actividades delictivas». Montoro hizo una propuesta tras su amnistía: «La conciencia fiscal habría que enseñarla en los colegios, en la educación».

Todos los partidos políticos incluyen en sus programas electorales la promesa de luchar contra el fraude fiscal, pero ninguno pone los medios para ello. Tras la reforma del Código Penal del Gobierno de Mariano Rajoy, el plazo de prescripción del delito fiscal se ha elevado de cinco a diez años. La norma legal considera delito los fraudes superiores a los 120 000 euros y los castiga con penas de hasta cinco años de reclusión y una multa del séxtuple de la cantidad defraudada, aunque también esta norma tiene trampa, porque los evasores descubiertos por Hacienda tienen una segunda oportunidad para expiar sus pecados: pagar lo que no pagaron y la sanción correspondiente para regularizar su situación con el fisco y evitar así pasar por los juzgados como cualquier otro ciudadano que vulnera la ley.

La justicia de los ricos

La justicia de los ricos

Imagino que recuerdan a Hervé Falciani, el ingeniero informático del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, que durante seis años recopiló documentación de miles de cuentas de clientes de la entidad que probaban delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales por miles de millones de euros perpetrados por grandes fortunas de todo el mundo. No le hicieron caso en su país, defensor a ultranza del secreto bancario, y huyó a Francia con su comprometedora información, que puso a disposición de la Policía. En mayo de 2010, las autoridades francesas facilitaron a la Agencia Tributaria española la relación de empresarios y millonarios españoles que figuraban en la lista Falciani. Tras un análisis de la información, la Agencia Tributaria requirió a 659 defraudadores para que regularizaran su situación. El requerimiento no evitaba las multas, pero sí las responsabilidades penales si la regularización formulada era completa y veraz. El proceso se llevó con mucha discreción para que el escándalo no trascendiera a los medios de comunicación y estos los pusieran en conocimiento de los sufridos contribuyentes, que no tienen el dinero suficiente para abrir una cuenta en Suiza y en la mayoría de los casos ni siquiera para viajar al país helvético. La crisis golpeaba con fuerza y no convenía que los ciudadanos se indignaran aún más de lo que ya lo estaban.

Entre la información remitida a la Agencia Tributaria por las autoridades francesas sobre clientes españoles del HSBC figuraban Emilio Botín-Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander, la mayor entidad financiera de España y de la eurozona, y sus cinco hijos (Ana, Paloma, Emilio, Carmen y Francisco), así como su hermano Jaime Botín-Sanz de Sautuola García Ríos, expresidentes de Bankinter, y sus cinco hijos (Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia). En total, 12 miembros de una de las familias más poderosas e influyentes del país. Todo un ejemplo. Los Botín alegaron que las cuentas del HSBC, con un saldo aproximado de 2000 millones de euros, no eran titularidad de ninguno de ellos, sino que correspondían a la evolución histórica del patrimonio que tenía fuera de España el padre y abuelo de los denunciados, Emilio Sanz de Sautuola y López, fallecido en 1993, que era administrado fiduciariamente a través de trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias. Una parte de la fortuna había sido heredada por dos sociedades propiedad de sus hijos Emilio y Jaime, y por sus nietos. Pese a la excusa, y por lo que pudiera pasar, todos presentaron declaraciones complementarias voluntarias de IRPF e impuesto de patrimonio de los ejercicios 2005 a 2009, los que aún no habían prescrito, que les supuso el desembolso de 200 millones de euros para evitar ser acusados de un delito fiscal, castigado con penas de prisión.

El artículo 305 del Código Penal establece que queda exento de responsabilidad penal quien regularice su situación tributaria antes de que la Administración inicie actuaciones o el ministerio fiscal u abogado del Estado interpongan una denuncia. Y esto es lo que ocurrió, que la Agencia Tributaria no les envió a la inspección, sino un requerimiento para que regularizaran su situación voluntariamente. Posteriormente, en mayo de 2011, la Fiscalía Anticorrupción puso en marcha una investigación para determinar si la regularización realizada por los Botín era correcta o habían incurrido en un delito contra Hacienda y/o de falsedad en documento mercantil. Dos inspectores de la Delegación de Grandes Contribuyentes de Madrid se encargaron de ello y terminaron reconociendo que eran incapaces de dar una opinión «dada la extensa documentación aportada, la cantidad de entidades intervinientes, la dificultad para proceder a su identificación (extractos bancarios, carteras de valores…), la complejidad de las estructuras patrimoniales (trust, fundaciones, sociedades de diversa índole…) creadas al socaire de los hechos investigados, al no fácil seguimiento de estas a lo largo del tiempo, así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el elevado número de denunciados». Pese a ello, los pagos se consideraron correctos y el juez acordó el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones.

Muchos meses después, Jaime Botín publicó un artículo de opinión en el diario El País titulado «Moral católica»[19], en el que criticaba el colapso ético de una sociedad a la que no importa la corrupción. «Lo peor no es que, ocupado en defenderse, el Gobierno no funcione, que desaparezcan las ayudas a la cultura, a la educación o a la investigación, que los ministros del Gobierno digan tonterías sin orden ni concierto, que asistamos a la aniquilación de la iniciativa y a la ruina de la clase media, que aumente el paro. Hay algo mucho peor, que es el ejemplo». Incluso se atrevía a dar una colleja al rey al escribir que no es suficiente decir «me equivoqué», justo lo que dijo el monarca cuando abandonó el hospital tras ser operado de una cadera al sufrir un accidente mientras cazaba elefantes en Bostwana. Curioso, ¿verdad? Unas semanas después, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pidió al Ministerio de Economía que sancionara al que en su día fue presidente de Bankinter por esconder una elevada participación en la entidad en cuentas suizas.

El caso de la familia Botín no es una excepción. Las autoridades tributarias prefieren enviar cartas de aviso a los presuntos defraudadores y no iniciar actuaciones de comprobación, con el objetivo de conseguir una recaudación inmediata a través de declaraciones complementarias. El mensaje que se traslada a los defraudadores con estas actuaciones es que no tienen que preocuparse, porque si son descubiertos, van a tener la posibilidad de ponerse al día. Los contribuyentes normales y corrientes no tienen esa oportunidad, y si el incumplimiento es detectado, no tienen manera de salvarse de la sanción.

La Constitución dice en su artículo 31 que «todos [los españoles] contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Una fiscalidad progresiva inexistente en nuestro país, donde una buena parte de los ingresos impositivos proceden de las rentas del trabajo, como les he explicado, y de los impuestos indirectos, como el IVA que pagamos cuando compramos una barra de pan o un litro de leche, que no distingue entre ricos y pobres.

Las mentiras de Zapatero y Rajoy con el iva

El IVA ha sido un caballo de batalla entre los Gobiernos del PSOE y del PP. Ninguno lo iba a subir y los dos terminaron subiéndolo. Lo más grave es el cúmulo de mentiras que unos y otros contaron a los ciudadanos. Empecemos por recordar que en marzo de 2010 el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero lo incrementó del 16% al 18%. Su argumento fue que hacía falta dinero para pagar las prestaciones por desempleo. Un eslogan inteligente, porque ¿quién no estaba dispuesto a pagar un poco más para ayudar a los millones de personas que ya entonces engrosaban las listas del desempleo?

En respuesta a la subida del impuesto, Mariano Rajoy lanzó un furibundo ataque contra el Gobierno con declaraciones como las que reproduzco.

«La subida del IVA es un sablazo que un mal gobernante le pega a todos sus compatriotas, que ya están muy castigados por la crisis. Un gobernante que, tras fracasar en sus planes, ahora pretende que lo pague el conjunto de los españoles» (14 de marzo de 2010).

«La subida del IVA es el pecado que pagamos todos por un gasto desaforado. No creo que la subida del IVA sea útil para reducir el déficit público. Es más, creo que va a ser perjudicial para el conjunto de la actividad económica y no va a subir, al contrario, la recaudación» (16 de marzo de 2010).

«La subida del IVA es injusta, insolidaria, contraproducente e ineficaz» (17 de marzo de 2010).

«La subida del IVA es un grave error y solo disminuirá la actividad y generará más desempleo» (9 de abril de 2010).

He dejado para el final la mejor de todas: «¡Va a subir el IVA a los chuches!».

Ministros y altos cargos del partido cumplieron fielmente con el argumentario popular para desgastar al Gobierno. Cristóbal Montoro, que tras las elecciones de noviembre de 2011 sería nombrado ministro de Hacienda, decía lo siguiente tan solo unos meses antes de los comicios:

«De la crisis no saldremos subiendo impuestos» (9 de marzo de 2010).

«Se confirma que ha sido un error subir el IVA cuando no tenemos consumo, ni crecimiento económico; mientras, por otra parte, suben los precios» (12 de agosto de 2010).

Ana Mato, entonces solo aspirante a ministra de Sanidad, vaticinaba todo tipo de males:

«Esta subida del IVA hará que los ciudadanos compren menos; los comercios, obviamente, vendan menos, y supongo que eso repercutirá en los ingresos del Estado por este impuesto. En definitiva, todos perdemos con la subida del impuesto» (15 de marzo de 2010).

También María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido y presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, se sumaba al aquelarre popular:

«Subir el IVA un 2% es tanto como bajar un 2% el salario a los trabajadores o bajar un 2% la pensión a los pensionistas». «En época de retracción del consumo no se pueden subir los impuestos que lo gravan» (15 de marzo de 2010).

No faltó tampoco Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán:

«La subida del IVA afectará al consumo y supondrá una reducción del presupuesto familiar de 700 euros, generará 120 000 parados más, aumentará el coste de la vivienda, perjudicará el turismo, encarecerá la cesta de la compra y retrasará la recuperación» (4 de mayo de 2010).

El «verso suelto» del PP, como gusta definirse a Esperanza Aguirre, fue la más airada contra el incremento de este impuesto, hasta el punto de impulsar una campaña de insumisión ciudadana:

«Van a subir todos los productos básicos, la luz, el teléfono, el gas, todo lo que compramos en el supermercado. Se va a crear más paro, más recesión y más desmoralización en la sociedad. Es un disparate […]. El IVA lo pagamos todos, los parados, los pensionistas, los mileuristas, y a los que menos tienen les añade una dificultad a su maltrecha economía. ¡No más IVA!. ¡No más IVA!» (mayo de 2010).

El PP logró la mayoría absoluta en las generales del 20 de noviembre de 2011 y Mariano Rajoy fue investido presidente. Entre las medidas para aumentar los ingresos del Estado, recurrió a dos subidas del IVA. La primera en julio de 2012, con el incremento del tipo general del 18% al 21%, que en algunos casos supuso una subida de 13 puntos al afectar a productos que hasta ese momento estaban gravados con el 8%. Entre estos, las entradas al cine, teatro, circo y conciertos, que ha convertido a España en el país con el IVA cultural más alto de la zona del euro, frente al 5,5% de Francia, el 7% de Alemania, el 10% de Italia o el 13% de Grecia y Portugal. El tipo reducido se incrementó también del 8% al 10%, y algunos productos de esta franja y otros gravados con el 4% del superreducido pasaron al 10%. Ni los servicios funerarios se salvaron de la subida (pasaron del 8% al 21%) y morirse es hoy más caro. La segunda subida del IVA fue anunciada por el Gobierno en abril de 2013, aunque se aplica a partir de 2014. En este caso, productos sanitarios de uso habitual, como las vendas, apósitos, tiritas, mercromina o agua oxigenada, pasaran a estar gravados con el 21% frente al 10%.

El mensaje del PP cambió de manera radical, y lo que antes era una aberración pasó a ser una más de las medidas «dolorosas pero imprescindibles» que el Gobierno de Rajoy se veía obligado a tomar, incumpliendo su programa electoral, con la excusa de que la herencia recibida de los socialistas le había abocado a ello.

En marzo de 2012, Rajoy anunció lo que en julio se confirmaría: «Yo prefiero no subir el IVA en 2013, pero también le digo que si en ese momento es bueno subir el IVA lo haré, haré cualquier cosa aunque no me guste y haya dicho que no lo voy a hacer». Y una vez confirmado el incremento, se defendió: «La subida del IVA sirve para que el Estado siga cumpliendo con los servicios que debe prestar a los ciudadanos, sirve para mantener los logros en los servicios del Estado del bienestar, para pagar la sanidad, la educación, las infraestructuras, las pensiones y el subsidio de desempleo, para mantener la solidaridad como país». El afán recaudatorio no tiene límites.

Voy a omitir el donde dije digo, digo Diego del resto de líderes populares para no cansarles con tanta palabrería, con una excepción, Esperanza Aguirre, enemiga declarada de Rajoy, que renegó de su vocación objetora fiscal: «Si Rajoy lo ha hecho es porque no ha tenido más remedio», dijo, aunque pidió al nuevo presidente que fuera más sensible con algunos servicios, para ella de primera necesidad, como el golf. En febrero de 2013, decía que el 21% aplicado a este deporte: «No puede ser […], los campos están asfixiados por una medida que no puede ser, aunque la situación económica es la que es. Los clubes de golf y el precio de los green fees deberían tener, claramente, un IVA reducido». Ninguna alusión al IVA de la cultura, el vicio de quienes van al cine, escuchan música y compran libros.

14. La dictadura del voto

14

LA DICTADURA DEL VOTO

Los políticos solo se acuerdan de los ciudadanos

cuando hay elecciones

«La democracia se ha vaciado de contenido. Se ha

reducido al voto y la política parece un juego de

actores contratados para hacer un mal papel y que

lo critiquemos».

JUAN CARLOS MONEDERO

Curso urgente de política para gente decente

Vivimos presos de la dictadura del voto: acudir a las urnas cada cuatro años y entre tanto callar. Los hechos demuestran que los partidos no creen en una democracia más participativa, de listas abiertas y mayor intervención de la ciudadanía en la política. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es hoy el único instrumento de democracia directa del que disponen los ciudadanos para intentar influir en la acción política. Se trata de un mecanismo que permite llevar al Congreso de los Diputados proposiciones de ley cuya necesidad es ampliamente sentida por la población pero no encuentran eco en los partidos políticos con representación parlamentaria.

Suena bien, pero la experiencia demuestra que su eficacia es nula, porque la práctica totalidad no son ni siquiera admitidas a trámite, y las que pasan este primer filtro son posteriormente rechazadas por el pleno de la Cámara Baja. Los datos son irrebatibles: de las 97 iniciativas presentadas desde 1977 hasta noviembre de 2013 solo una se ha convertido en ley hasta este momento. La excepción fue una proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias (de comunidades de vecinos), que en 1997 fue subsumida en otra proposición que modificó un artículo de la ley de Propiedad Horizontal. Escaso bagaje.

Para poner en marcha una ILP es necesario presentar en el Congreso un texto de proposición de ley precedida de una exposición de motivos. La Mesa de la Cámara Baja tiene un plazo de quince días para examinar la documentación y decidir si la admite a trámite o no. Si lo hace, los promotores disponen de seis meses, prorrogables tres meses más, para recoger medio millón de firmas que hagan posible que continúe su tramitación. Si no lo logran, la iniciativa decae y va directamente a la papelera.

Las iniciativas son un termómetro de lo que realmente preocupa a la sociedad y no encuentra respuesta en los políticos, lo que ha generado un creciente descontento del que deja constancia el «No nos representan» que ha sido lema de los ciudadanos cabreados. De representantes han pasado a ser considerados una casta que exige austeridad y sacrificios a los demás mientras ellos disfrutan de privilegios. Una de las últimas ILP presentadas en el Congreso, concretamente en junio de 2012, proponía «la eliminación de prebendas de la clase política». El documento fue «inadmitido a trámite en términos absolutos», o lo que es lo mismo, los proponentes no tuvieron ni siquiera la opción de recoger firmas para intentar que fuera discutida por los grupos parlamentarios. El texto decía en su exposición de motivos que los representantes de la soberanía popular «mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad y entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto». Otra iniciativa similar, e igualmente inadmitida, fue presentada en la anterior legislatura como «proposición de ley de reforma salarial política».

También los recortes de derechos laborales aprobados en las sucesivas reformas emprendidas por los gobiernos del PSOE y del PP han sido objeto de varios intentos populares para revocarlos, que o bien no fueron admitidos a trámite o los rechazó el pleno. Es lo que ocurrió con la ILP presentada en 1998 para rebajar la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales, que fue desestimada tres años después. En 2002 el pleno rehusó otra para la estabilidad y la seguridad en el empleo, y lo mismo hizo con otra registrada en 2012 para garantizar el empleo estable y con derechos. Por el camino se quedaron otras para abolir el trabajo precario y crear seis millones de puestos de trabajo.

Los desahucios afectan a al menos medio millón de familias, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que no han podido hacer frente al pago de su hipoteca, y es otra de las preocupaciones ciudadanas que tampoco han sido resueltas por sus representantes institucionales. La dación en pago, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social son tres reivindicaciones presentes en las iniciativas legislativas presentadas durante los últimos años, la última de ellas en diciembre de 2011 por la PAH. La ILP fue retirada por sus promotores al impulsar el PP su propio texto en el que pretendía subsumirla.

Dice el refrán que obras son amores y no buenas razones, y los datos demuestran que nuestros parlamentarios no tienen demasiado interés en que quienes les han elegido en las urnas asuman un protagonismo mayor, por pequeño que sea, en la toma de decisiones. Poco importa que la Iniciativa Legislativa Popular esté recogida en el artículo 87.3 de la Constitución. Mucha solemnidad y nula efectividad.

¿Por qué no pasa nada?

¿Por qué no pasa nada?

¿Por qué no pasa nada?

«Los valientes son cobardes furiosos».

ANDRÉS NEUMAN

El equilibrista

Millones de parados, pérdida de derechos laborales, salarios cada vez más bajos, empobrecimiento y exclusión social, recorte de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, cientos de miles de desahucios, suicidios de personas desesperadas por su situación económica, jóvenes obligados a emigrar en busca del trabajo que no encuentran en su país, enriquecimiento de los que más tienen, fraudes multimillonarios a Hacienda de las principales fortunas y las grandes compañías, estafas de la banca a sus clientes minoristas, corrupción política, programas electorales incumplidos. La lista de agravios desde el inicio de la crisis crece cada día y parece no tener fin. Y a pesar de todo no pasa nada.

Conceptos como prima de riesgo, ratio, diferencial, volatilidad, PIB, híbridos y otros muchos siguen instalados en el discurso político y económico como argumento para convencer a los ciudadanos de que todo lo que está ocurriendo es inevitable, que no hay alternativa posible y hay que asumir los sacrificios con resignación. El escritor, economista y pensador José Luis Sampedro decía que «nos gobiernan a través del miedo», y tiene razón. Miedo a perder el trabajo y las comodidades de la clase media, y miedo al futuro propio y de nuestros hijos.

Solo las víctimas de la crisis y los que se sienten amenazados por ella salen a la calle a protestar; el resto se queda en casa con la esperanza de verla pasar sin que les afecte. Vivimos en una sociedad en la que la solidaridad ha dado paso al individualismo, la convivencia a la competitividad y la rebeldía a la sumisión. Como declama el actor Alberto San Juan en su monólogo teatral Autorretrato de un joven capitalista español: «Cuando trabajo, cobro el sueldo más alto que pueda conseguir, sin preguntarme cuál es el sueldo y el resto de condiciones laborales de mis compañeros. Puedo ayudar económicamente a un amigo, pero nunca a costa de rebajar mi nivel de vida. Quiero preservar mi fama, mi cotización comercial, mis propiedades. La sociedad en la que vivo es injusta hasta la crueldad. Me gustaría que cambiase, pero no estoy dispuesto a perder en el intento aquello que he logrado acumular».

Los efectos devastadores de la crisis y la indignación ciudadana, convencida de que el poder político actúa en beneficio de unos pocos y desoye la voluntad de la mayoría, han generado un creciente rechazo hacia los políticos y han dado origen a plataformas organizadas dispuestas a pelear contra este estado de cosas. Una de ellas, Democracia Real Ya, convocó una manifestación de protesta el 15 de mayo de 2011 en Madrid, una semana antes de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas del día 22. Aquella movilización fue el origen de una acampada espontánea en la Puerta del Sol en Madrid de la que nació el Movimiento 15M. Durante dos semanas, personas de toda edad y condición se concentraron para protestar contra la situación económica y la política de recortes del Gobierno con lemas que exigían un cambio radical: «No nos representan», «Sin el pueblo no sois nada», «Si el Gobierno te da la espalda, da la espalda tú al Gobierno», «Queremos políticos al servicio de la ciudadanía», «Esto no es una crisis, es una estafa», entre otros. Y advertían que el movimiento de indignados estaba dispuesto a permanecer y no claudicar con un elocuente «Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir». Las protestas se extendieron por todo el país y dieron la vuelta al mundo convertidas en la spanish revolution, el espejo en el que comenzaron a mirarse los ciudadanos de otros países hastiados con la política de austeridad a toda costa impuesta por sus gobiernos. «Sin la hipótesis de que otro mundo es posible, sencillamente no hay política, sino solo la gestión administrativa y tecnocrática de los hombres y de las cosas», escribe Serge Latouche[20].

La dimensión del 15M sorprendió a los partidos de izquierda y derecha, que se vieron desbordados por la magnitud de las protestas y se hicieron eco de algunas de sus reivindicaciones. El apoyo de las formaciones escondía un interés electoral, la posibilidad de capitalizar el descontento para acusar al contrincante de la situación y atraer el voto de los indignados. Para algunos, lo de menos eran las reivindicaciones. El dirigente popular Esteban González Pons lo resumió en una sincera declaración: «La verdad es que nos obligan a reflexionar sobre la calidad de nuestra democracia, y eso siempre es bueno, y habrá que escucharlos ahora, pero sobre todo habrá que escucharlos después del día de las elecciones».

Tras los comicios, la indignación dejó de ser una prioridad y las movilizaciones ciudadanas se convirtieron en un incordio. La derecha política y mediática arremetió contra el 15M acusándolo de ser un movimiento violento. Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que días antes había pedido su voto, los calificó de camorristas, pendencieros y resentidos que pretendían dar un golpe de Estado. Entre los «golpistas» de la presidenta estaba José Luis Sampedro, convertido a su pesar en el icono de la protesta. En una carta escrita días antes de la manifestación que dio origen al 15M, se adhirió a las reivindicaciones con un escrito dirigido a los indignados: «Os animo a avanzar en la lucha hacia una vida más humana. Los medios oficiales no se van a volcar con vosotros y encontraréis muchos obstáculos en el camino, pero está en juego vuestro futuro. El 15 de mayo ha de ser algo más que un oasis en el desierto; ha de ser el inicio de una ardua lucha hasta lograr que, efectivamente, ni seamos ni nos tomen por mercancía en manos de políticos y banqueros. Digamos NO a la tiranía financiera y sus consecuencias devastadoras».

El 15M sigue funcionando en asambleas de barrio y han surgido nuevas plataformas populares, como la Cumbre Social, un lugar de encuentro, reflexión, debate y movilización creado por numerosas organizaciones sociales, profesionales, culturales y sindicales. Los profesionales de la cultura, la enseñanza y la sanidad, entre otros colectivos, han protagonizado numerosas mareas de protesta contra los recortes, la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado del bienestar. Una encomiable revolución pacífica con escasos resultados tangibles para los más desfavorecidos por la crisis, en los que el desánimo se ha instalado para quedarse.

Aun así, el Gobierno, temeroso de la capacidad movilizadora de los movimientos sociales surgidos al margen de los sindicatos, aprobó en noviembre de 2013 una denominada ley de Seguridad Ciudadana que recorta las libertades, entre ellas la de manifestación. Manifestarse contra los recortes frente al Congreso o el Senado, intentar evitar un desahucio, protestar en las proximidades del domicilio de cargos públicos (escraches) o grabar y difundir imágenes de intervenciones policiales son infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 000 euros. En definitiva, la criminalización de la protesta. Como dice el sociólogo Juan Carlos Monedero, para el Gobierno «el pueblo que reacciona es criminal. Aunque tenga razones. El pueblo honrado permanece en sus hogares».

Pese a las movilizaciones de indignados, aún quedan amplios sectores de la población que optan por quedarse en casa (la mayoría silenciosa que el PP reclama para sí) y se desentienden de la gestión de lo público. «La política no me interesa», «yo de eso no entiendo», «los políticos son todos unos sinvergüenzas», «protestar no sirve de nada», son respuestas habituales de quienes han decidido ignorar que las decisiones de nuestros gobernantes les afectan en su vida diaria, aunque ellos se empeñen en hacer como que no pasa nada. «El peor analfabeto es el analfabeto político —escribió Bertolt Brecht—. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales».

El recorte de los derechos laborales ha sido el detonador de las huelgas generales convocadas en España desde la década de los ochenta, superada ya la Transición. Los ciudadanos se han movilizado desde entonces contra las sucesivas reformas de los gobiernos del PSOE y del PP que han facilitado el despido, abaratado las pensiones, rebajado las prestación por desempleo y aumentado el paro. La primera huelga general fue convocada en junio de 1985 por CC. OO. y UGT contra la reforma de las pensiones del Ejecutivo de Felipe González, que aumentaba el periodo de cálculo de estas de los dos a los ocho últimos años de cotización (el actual es de veinticinco años); olvidaba la promesa electoral de adelantar la edad de jubilación a los 64 años (Rodríguez Zapatero la ha retrasado hasta los 67) y facilitaba la contratación temporal, que ese año supuso el 91,24% de los contratos suscritos. Hoy, casi treinta años después, el porcentaje es del 92,1%.

González se enfrentó a otra movilización en diciembre de 1988, que consiguió paralizar el país y le obligó a retirar el Plan de Empleo Juvenil que precarizaba las condiciones de trabajo de los menores de 25 años. Los sindicatos convocaron la tercera huelga general en 1992, contra el decreto que recortaba la cuantía y la duración de las prestaciones por desempleo, pese a que el PSOE había prometido en su programa electoral justo lo contrario, aumentar la protección a los parados. La última huelga de su mandato se celebró el 27 de enero de 1994 contra una nueva reforma laboral que legalizaba las empresas de trabajo temporal, a través de las cuales comenzaron a proliferar los contratos de corta duración, incluso de un solo día. Siempre la misma historia. El entonces presidente de la CEOE, José María Cuevas, se lamentaba de las «rigideces del mercado laboral» de las que tanto se quejan aún los empresarios. Les suena todo esto, ¿verdad? Son los mismos perros con distintos collares.

El presidente José María Aznar hizo frente a dos movilizaciones en su segunda legislatura (2000-2004). La primera en 2002 contra el «decretazo» que eliminaba los salarios de tramitación por despido improcedente y obligaba a los desempleados que llevaran más de un año cobrando el paro a aceptar cualquier trabajo que les ofreciesen en un radio de 30 kilómetros de su domicilio, aunque fuese cobrando menos que con la prestación. Cinco años después, en marzo de 2007, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la reforma. ¡Cinco años después! En 2003, los ciudadanos se manifestaron masivamente por una causa muy diferente: la participación de España en la guerra de Irak.

Rodríguez Zapatero acumuló tres razones para la protesta en una sola jornada. El 29 de septiembre de 2010, los ciudadanos acudieron a la huelga general contra su reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones, que reformó en 2011 para rebajar su cuantía. Rajoy ha sumado dos jornadas de paro en sus dos primeros años de gestión. Todo un récord. La primera, en marzo de 2012, contra la reforma laboral que ahondaba en la de su predecesor (alardeó de ella ante los mandatarios europeos como muestra de su firmeza), y la última, el 14 de noviembre de 2012, contra las políticas de ajuste de su Gobierno. Movilizaciones que con el paso del tiempo han ido perdiendo respaldo entre los ciudadanos, temerosos en muchos casos de que la protesta afecte a sus puestos de trabajo, por más que la huelga sea un derecho constitucional. Nueve huelgas en la historia de nuestra reciente democracia, menos de la mitad de las que se han celebrado en Grecia desde que el país fue intervenido en 2010.

El Gobierno ha arrancado 2014 (el 25 de mayo se celebran elecciones europeas, no lo olviden) con el mensaje de que este será el año de la recuperación, la prueba de que los recortes de derechos y del Estado del bienestar han sido por nuestro bien y están surtiendo efecto. Miren a su alrededor y comprueben si el número de personas en paro que conocen ha descendido de manera significativa, si los salarios han dejado de bajar, si les resulta más barato llenar el frigorífico, si ha mejorado la calidad de la sanidad y la educación con el despido de médicos y profesores y el aumento de alumnos por aula, si se ha detenido la marcha forzada a otros países de miles de jóvenes que buscan una oportunidad para incorporarse al mercado de trabajo y tener su propio proyecto de vida. No les hagan caso, porque les volverán a engañar. Los datos macroeconómicos a los que recurren políticos, empresarios y banqueros para hablar del comienzo del fin de la crisis no se traducen en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. La evidencia dice que somos más pobres que ayer y que lo seremos aún más mañana. La crisis, que no ha terminado, solo está generando una mayor desigualdad social. Y sigue sin pasar nada, hasta que pase.

El presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy advirtió de que «los que hacen imposible una revolución pacífica, harán inevitable una revolución violenta», y el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht manifestó que las revoluciones «se producen en los callejones sin salida». Justo el lugar en el que nos encontramos. Solo las revoluciones han logrado cambiar el mundo, y la mayoría han sido violentas. Como dice el periodista Ramón Muñoz en su libro España, destino tercer mundo, «no se hicieron las revoluciones con palmas al aire ni con consignas ilusorias, sino con adoquines y sangre […], sin violencia no hay revolución». Es una constatación histórica, no una propuesta, y el ejemplo más reciente son las habidas en Túnez y Egipto en 2011, en la llamada primavera árabe.

Pero no se preocupen, porque en nuestro país no va a haber ninguna revolución. Los ciudadanos han perdido mucho, pero son mayoría los que aún no lo han perdido todo y pueden aferrarse a lo que tienen, aunque sea cada vez menos.

Breve diccionario político de la crisis

Breve diccionario político de la crisis

Pasan los años y los gobiernos, pero las mentiras permanecen. Adoptan la forma de frases hechas, eufemismos, metáforas, paráfrasis… Todo vale con tal de no llamar a las cosas por su nombre, ocultar la verdad y engañar a los ciudadanos. Aquí les dejo una muestra de lo que quieren decir y no dicen. Tengan presente que eufemismo rima con cinismo.

A

Amnistía fiscal: Medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas. Gravamen a activos ocultos. Afloramiento de bases imponibles. Regularización fiscal extraordinaria.

B

Bajar las pensiones: Esfuerzo y ejercicio de responsabilidad del Gobierno.

Bajar los salarios: Alineamiento de las retribuciones a las condiciones específicas de las empresas. Devaluación competitiva. Acuerdo de flexibilidad.

Banco malo: Vehículo de liquidación (de inmuebles) a largo plazo.

Beneficios de las empresas: Excedentes empresariales.

C

Capitalismo: Economía de mercado.

Cierre de sucursales bancarias: Racionalización de la red de oficinas o redefinición de la presencia.

Copago sanitario: Tique moderador sanitario.

Crisis: Desaceleración. Desaceleración gradual. Desaceleración transitoria. Desaceleración acelerada. Desaceleración económica relativamente sincronizada, relativamente homogénea. Situación económica difícil y complicada. Coyuntura económica claramente adversa. Deterioro del contexto económico. Escenario de crecimiento debilitado. Difícil momento coyuntural. Las cosas van claramente menos bien. La situación es seria.

D

Dar dinero público a los bancos quebrados: Facilitar la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras. Inyectar liquidez.

Desahucio: Procedimiento de ejecución hipotecaria.

Despedir: Prescindir.

Despido: Regulación de plantilla. Ajuste.

Despido colectivo: Expediente de regulación de empleo.

Despido libre y gratuito: Flexibilidad laboral.

E

El IPC deja de ser una referencia: Ley de desindexación de la economía.

Embargos: Activos adjudicados.

Emigración por falta de trabajo: Movilidad exterior.

Empleo basura: Minijob.

Empobrecimiento de la población: Austeridad.

Estamos sin un duro: Tensiones de tesorería.

G

Ganan los ricos y pierden los pobres: Impacto asimétrico de la crisis.

I

Incumplir los convenios firmados: Descuelgue.

M

Minipisos: Soluciones habitacionales.

Modificar las previsiones para peor: Reordenar las cifras.

N

Nacionalización de la banca: Titularidad indirecta.

O

O te marchas o te echamos: Bajas incentivadas.

P

Parado: Desempleado. Persona en expectativa de trabajo. Excedente humano.

Parado que se hace autónomo: Emprendedor.

Porra de la Policía: Defensa (contra manifestantes).

Previsiones económicas: Hipótesis que dan lugar a unas envolventes.

Privatización: Externalización de servicios públicos.

Problemas: Retos o desafíos.

Q

Que se jodan los ciudadanos: Sacrificios.

Quien defiende los servicios públicos: Antisistema.

R

Precarización del trabajo: Racionalización laboral.

Rebaja de las pensiones: Factor de sostenibilidad.

Rebaja de sueldos: Devaluación competitiva de los salarios.

Rebajas fiscales para los más ricos: Ayudas a los ahorradores.

Recesión: Crecimiento negativo.

Recortes: Reformas. Reformas estructurales necesarias. Racionalización del gasto público. Optimización de recursos. Medidas de ahorro.

Recorte de los servicios públicos: Adelgazar los servicios públicos.

Rescate: Préstamo favorable. Apoyo financiero. Línea de crédito. Asistencia financiera. Ayuda.

Rescate de la banca: Reforma del sistema financiero.

S

Salario del trabajador: Coste laboral unitario.

Sube el paro: La tasa de paro flexiona.

Subida de impuestos: Modulación del esfuerzo fiscal. Novedad tributaria. Reajustes específicos y concretos de modificaciones puntuales.

Subida del IRPF: Recargo temporal de solidaridad. Gravamen complementario.

Subida del IVA: Incremento de la imposición sobre el consumo. Gravamen adicional.

Subida de la luz: Ajuste tarifario.

Subida de impuestos: Ponderación de los impuestos.

Subida de los precios: Reajuste. Corrección de precios.

Supresión de la paga extra a los funcionarios: Retraimiento de la paga.

Suspensión de pagos: Concurso de acreedores.

T

Trabajo basura: Minijob.

Te quedas con el sueldo que tenías: Moderación salarial. Moderación del crecimiento.

Bibliografía consultada

Bibliografía consultada

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Notas

[1] Benito Pérez Galdós: La fe nacional y otros escritos sobre España, Rey Lear, Madrid, 2013. <<

[2] Juan Carlos Monedero: Curso urgente de política para gente decente, Seix Barral, Barcelona, 2013. <<

[3] Datos de la encuesta de población activa (EPA). <<

[4] El porcentaje más alto se alcanzó en marzo de 2013, con el 27,2%. <<

[5] Informe sobre «Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas 2013» elaborado por Cáritas. <<

[6] Todas las cifras de paro de años sucesivos son según la EPA. <<

[7] Pleno del Congreso celebrado el 9 de octubre de 2013. <<

[8] Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. 6 de junio de 2013. <<

[9] Hubo una reforma previa intrascendente en 1992 para añadir el inciso «y pasivo» en el artículo 13.2. <<

[10] Todos los datos económicos que recojo en esta y sucesivas páginas corresponden al año 2011, los últimos que aparecen en la página web del Parlamento Europeo. <<

[11] El País, 25 de enero de 2013. <<

[12] Ponencia «La crisis económica: orígenes y consecuencias. Una aproximación crítica». XII Jornadas de Economía Crítica. Sevilla, febrero de 2012. <<

[13] BOE del jueves 13 de septiembre de 2012. <<

[14] Juan Rosell: Reformas o declive. Los cambios necesarios para salir de la crisis y volver al crecimiento, Deusto, Bilbao, 2013. <<

[15] Informe anual del FGD correspondiente al ejercicio de 2012 aprobado por la Comisión Gestora el 4 de junio de 2013. <<

[16] XIII Encuentro Tributario celebrado en Madrid el 16 de mayo de 2013. <<

[17] Diario El País del 16 de marzo de 2011 y el 21 de mayo de 2012. <<

[18] «Tax Gap en España, definición, estimaciones y medidas dinámicas para su reducción» (octubre de 2013), del que son autores Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y el economista e inspector de Hacienda del Estado Domingo Carbajo. <<

[19] El País, 19 de septiembre de 2013. <<

[20] Serge Latouche y Didier Hapagès: La hora del decrecimiento, Octaedro, Barcelona, 2011. <<