A quienes vivimos aquel tiempo

con ilusión, valentía, sentido común,

satisfacción íntima y generosidad

histórica; a los muchos amigos que

ya no están entre nosotros, y muy

especialmente a todas las víctimas

del terrorismo.

Para la realización de este libro se han mantenido más de cien entrevistas con distintas personalidades del mundo de la política y del periodismo español que vivieron cerca de la vida de Adolfo Suárez, su protagonismo en la transición a la democracia y la última etapa de su trayectoria política.

A Miguel Martín, Carlos Sentís, Charles Powell y Fernando Eguidazu, por su apoyo, buen criterio y confianza. A Luis María Cazorla, por su valiosa aportación documental, y a Julia Rivera y John Pittaluga, por su excelente selección de artículos de periódicos y revistas. A Cecilia Garcés, por su incondicional colaboración. A María Teresa García, por su sereno entusiasmo. A Belén Perales, María Ángeles Samper y María José Fernández, por su excelente transcripción de los originales.

«Nuestra historia la han hecho unas pocas cabezas valientes.»

MARIANO JOSÉ DE LARRA

«Siempre ha sido el procedimiento favorito de los intereses egoístas el de atacar a los reformadores, los hombres del progreso, no en sus ideas, no en sus doctrinas —¿cómo podría hacerse sin denunciarse ellos mismos?—, sino en su honor, en su probidad, en su vida privada.»

PIERRE MENDÈS-FRANCE

«En cierto sentido, toda vida contada es ejemplar; se escribe para atacar o para defender un sistema del mundo, para definir un método que nos es propio. No es menos cierto que por la idealización o por la descalificación a cualquier precio, por el detalle excesivamente exagerado o prudentemente omitido, se descalifica casi todo biógrafo: el hombre construido sustituye al hombre comprendido. No debe perderse nunca de vista el gráfico de una vida humana que, por mucho que se diga, no se compone de una horizontal y de dos perpendiculares, sino más bien de tres líneas sinuosas, prolongadas hasta el infinito, acercándose sin cesar y sin cesar alejándose: lo que un bombre ha creído ser, lo que ha querido ser y lo que fue.»

MARGUERITE YOURCENAR,
Carnet de notas de «Memorias de Adriano»

1
ADOLFO SUÁREZ, DE CEBREROS A TELEVISIÓN ESPAÑOLA

En el mes de septiembre de 1932, doña Herminia González se trasladó a Cebreros, el pueblo de sus padres, para dar allí a luz al primero de sus hijos. Quería cumplir con la tradición de entonces y así se lo hizo saber a su marido, Hipólito Suárez, desoyendo el consejo de su médico de Madrid, que prefería permaneciera en la capital de España, para poder atenderla mejor.

Siguiendo los sabios consejos de su madre, el 25 de septiembre de 1932, Herminia González trajo al mundo a su primogénito, al que pocos días después bautizaron Adolfo. El parto tuvo lugar en su casa de dos pisos, donde sus padres habían instalado hacía años una fábrica de alcoholes y una bodega que les proporcionaba ciertas rentas y una cómoda posición social en la comarca.

Hipólito y Herminia se habían conocido en Cebreros, donde el abuelo paterno de Adolfo Suárez era secretario del juzgado, y cuando se casaron vivieron en Ávila, en una casa situada en el número 1 de la calle Enrique Larreta, dedicada al gran escritor argentino que con tanto rigor y sensibilidad había descrito el ambiente de la Ávila de los años veinte en su novela La gloria de Don Ramiro.

En Ávila transcurrieron los primeros años de su matrimonio, y algunos veranos viajaban a La Coruña, para que los abuelos paternos conocieran a Adolfo y a los hijos que fueron naciendo posteriormente.

El 18 de julio les sorprendió en Cebreros, y poco antes de que las tropas republicanas tomaran el pueblo regresaron a Ávila, donde Hipólito Suárez pasó la guerra escondido en su casa por temor a que su conocida filiación republicana le causara problemas. A los cuatro años, el pequeño Adolfo empezó a ir al colegio San Juan de la Cruz y durante las vacaciones veraneaba en la casa de sus tíos Paco y Julia, en El Tiemblo, a unos seis kilómetros de Cebreros, donde aprendió a montar en bicicleta. Su tío Paco recuerda que no le gustaba montar a caballo.

Al terminar la Guerra Civil, la familia Suárez González se vio afectada por la situación política que había padecido España y sus bienes fueron embargados, pese a que oficialmente no habían tenido otra relación con el bando perdedor que el apoyo de Hipólito a don Claudio Sánchez-Albornoz en las elecciones de 1936, con el que tenía una cierta amistad personal. Pero en la España de 1939 esa era razón suficiente para figurar en las filas de los miles de represaliados, a los que los vencedores estaban dispuestos a hacer pagar responsabilidades políticas por sus vinculaciones republicanas. Al parecer, cuando alguna cuadrilla de «matones» nacionales fueron a buscarle, Hipólito recurrió a hacerse el moribundo, simulación que permitió a más de un español salvar su vida. Hipólito Suárez también consiguió librarse de males mayores y, gracias a su talante simpático y abierto, logró que le avalaran algunas familias muy próximas al nuevo orden social y político cuando finalmente fue detenido. Este fue el caso de la familia del general Martínez Anido, a los que había conocido en La Coruña, y que consiguieron que su estancia en la cárcel de Ávila se redujera a unas pocas semanas, hasta tanto se aclaró que pertenecía a una honorable familia «de derechas» y que los Martínez Anido respondían de él. Hipólito Suárez se libró del paredón o de años de cárcel, y su familia política recuperó sus bienes, pero no consiguió que presiones políticas de «Madrid» impidieran su nombramiento como secretario del Colegio de Abogados de Ávila, por lo que —concluida la guerra y la primera depuración de responsabilidades políticas— siguió ejerciendo como procurador de los tribunales, profesión que le garantizaba cierta influencia en los ambientes sociales de la provincia, y en los que podía ejercer con libertad su facilidad de comunicación.

En el colegio, Adolfo Suárez no demostraba especial interés por los estudios, pero pronto acreditaría sus dotes de simpatía y liderazgo, vinculándose a cualquier iniciativa deportiva con entusiasmo. Jugó al fútbol en el Dinamita y su puesto preferido era el de extremo derecho, aunque años más tarde, veraneando en La Coruña, se alinearía de defensa y también con buen resultado, como demuestra que llegara a realizar una prueba para ingresar en los juveniles del Deportivo. Como muchos chicos de su tiempo, Adolfo cambió varias veces de colegio, y llegó a estudiar en el Instituto de Enseñanza Media. Su bachillerato estuvo lleno de altibajos y suspendió varias asignaturas en cuarto y quinto; sentía especial aversión por las ciencias, pero era un estudiante con mucho pundonor y solía aprobar en septiembre las asignaturas que le quedaban pendientes en junio. Hubo incluso un año que estudió dos cursos a la vez, para no perder el contacto con sus amigos. Era el típico estudiante que durante el invierno no cogía los libros, pero que en los últimos quince días de junio se encerraba para presentarse a los exámenes. En vista de su irregular comportamiento, un curso, sus padres le buscaron un profesor particular, Celestino Minguella, que fue la persona idónea para encauzar sus posibilidades y su inteligencia natural, y que años después ha recordado: «Era un mal estudiante durante el bachillerato. Un niño normal, que suspendía asignaturas. Me lo trajeron sus padres para ver si le hacía entrar en los estudios. No le habían enseñado a estudiar. Yo siempre tuve una gran confianza en él, porque tenía una enorme fuerza de voluntad» [1].

De esta época juvenil data la anécdota que tantas veces ha contado el propio Adolfo Suárez, según la cual, encontrándose con un grupo de amigos que especulaban con sus planes de futuro, Adolfo afirmó, con gran rotundidad, que él sería el primer presidente de la Tercera República Española. Este augurio estaba influenciado, sin duda, por las opiniones de su padre, que seguía ufanándose de su republicanismo.

Otra circunstancia que marcó estos primeros años juveniles de Adolfo Suárez fue su profundo sentido religioso. El profesor Minguella recuerda que «Adolfo estaba influenciado por los jesuitas. Era de comunión diaria. Yo le decía que para ganar el cielo era más importante trabajar» [2]. Este sentimiento religioso, que le llevaría años después a plantearse seriamente entrar en un seminario, no le ha abandonado nunca a lo largo de su vida de cristiano, hasta el punto de haber sido un excelente amparo en el que recluir sus más íntimos dramas humanos, como en los últimos años, cuando simultáneamente su mujer, Amparo, y su hija Marián se vieron afectadas por graves enfermedades. Nunca flaqueó la fe de Adolfo Suárez, que, en su permanente deseo de consuelo espiritual, pidió a Felipe González —siendo este presidente del Gobierno— que, aunque él no fuera creyente, rezara por su mujer y su hija.

Pero, volviendo al Adolfo Suárez que crecía en las calles de Ávila, hay que evocar su espíritu emprendedor, que le hacía ser el organizador de cualquier iniciativa deportiva, el que inmediatamente montaba una becerrada o el primero que se ponía en marcha para que toda su pandilla celebrara una fiesta juvenil. Era —en opinión de sus compañeros de juegos— un chico simpático, listo, dinámico y valiente, no arrugándose ante cualquier pendencia con otra pandilla, como ha recordado su tío Paco: «... cuando tenía unos dieciséis años recibió una pedrada debajo del ojo por haberle birlado la chica a otro mocito de El Tiemblo. Era una chica muy mona, hija de alemán y española. Un día se vieron y el otro novio le provocó. Se enzarzaron en una pelea y Adolfo, que tenía unos conocimientos rudimentarios de boxeo enseñados por mí, le pegó una paliza. Por la tarde, o al otro día, no recuerdo, una pandilla lo esperó y alguien le pegó la pedrada» [3].

En 1948, Adolfo Suárez terminó el bachillerato y decidió estudiar la carrera de Derecho, matriculándose libre en la Universidad de Salamanca, ciudad donde solían hacer sus estudios universitarios los jóvenes abulenses. En Salamanca permanecería tres meses por curso, sin desvincularse por lo tanto de Ávila, donde, llevado de su inquietud religiosa, fue elegido presidente del Consejo Diocesano de Acción Católica. Tenía entonces dieciocho años y hacía pocos meses que había sido operado de una hernia. Le gustaban mucho las chicas, con las que tenía gran éxito. Era muy enamoradizo, pero compatibilizaba muy bien sus correrías sentimentales con su devoción religiosa, que le motivaba a participar en las procesiones de Semana Santa y a colaborar con el obispo de Ávila, don Santos Moro.

Como estudiante libre, Adolfo buscó en Ávila un profesor particular que le ayudara a preparar las asignaturas. Lo encontró en don Mariano Gómez de Liaño, por entonces magistrado en el Juzgado de Ávila, que le ayudó a licenciarse en Derecho con veinte aprobados, cinco notables y un sobresaliente. Adolfo no siguió fielmente el plan de estudios, sino que fue presentándose a los exámenes a medida que se consideraba preparado. En los tres primeros cursos, sus estudios fueron muy irregulares, y cuando no se veía preparado renunciaba a presentarse. Su único sobresaliente lo obtuvo en Derecho Romano. En Salamanca, su profesor de Derecho Administrativo fue Manuel Clavero Arévalo, al que años después nombraría ministro. En esta época, y a caballo entre Salamanca y Ávila, conoce a alguno de los que serán sus grandes amigos, y entre ellos a Fernando Alcón, hijo de uno de los hombres más influyentes de la ciudad, y a su futuro cuñado Aurelio Delgado. También a José Dávila y a Pepe Ferrer, con los que se reunía a comer en El Teodorillo o en el Ceres. También en esta primera etapa universitaria tuvo Adolfo su primera novia. Se llamaba Sonsoles Sánchez Bermejo y era la hija de los dueños de la mejor pastelería de Ávila, La Flor de Castilla, famosa por sus yemas. Fue —al decir de los que lo recuerdan— un noviazgo típico de la España de provincias: paseaban juntos, iban a bailar y se prometieron amor eterno, aunque la relación no llegó a cuajar.

Completando su vinculación con Acción Católica, a principios de los años cincuenta Adolfo Suárez fundó la asociación De Jóvenes a Jóvenes, con la que pretendía motivar a los jóvenes estudiantes de Ávila y combinar la inquietud religiosa con la política, programando cursos y conferencias sobre «Amor, sexo y religión» o «Las relaciones prematrimoniales».

En septiembre de 1954, Adolfo Suárez terminó su carrera de Derecho, después de haber cumplido durante los dos últimos veranos sus obligaciones militares en el campamento de Monte La Reina. Los seis meses de prácticas le llevaron a Melilla y fue un alférez de complemento modélico. Allí conocería al capitán José Cassinello, cuyo hermano Andrés tendría una importancia clave en la vida política de Adolfo Suárez. A su regreso de Melilla no le apetecía volver a dar clases en la academia que había montado con su amigo Manolo el Águila, y por ello le pidió a don Mariano Gómez de Liaño que le ayudara a encontrar un primer trabajo serio.

Una tarde, tomando café juntos, Gómez de Liaño le comentó que había una vacante en la sección de Beneficencia del Ayuntamiento, y que él podía hablar con Juan Gómez Málaga, que era la persona encargada de cubrir la vacante. Y así fue: a los veintitrés años, con su carrera de Derecho recién terminada, Adolfo Suárez entró en la Beneficencia de Ávila como oficial interino.

Pero cuando su futuro parecía encauzado, un acontecimiento de índole familiar vendrá a perturbar su primera madurez. En 1955, su padre abandonó a su familia, envuelto en algún asunto económico al que no pudo hacer frente. Polo, como le llamaba todo el mundo en Ávila, culminaba así la trayectoria típica de un hombre al que le gustaba simultanear el trabajo con las partidas de cartas con los amigos, con algún que otro devaneo sentimental —como buen galán— y con el atractivo que ofrecen las aventuras económicas de milagroso planteamiento, pero de muy difícil éxito.

Hipólito tuvo que marcharse de Ávila, se instaló en Madrid y dejó a su familia en una delicada situación económica y sobre todo social. El todo Ávila se encargaría de hacérselo notar a doña Herminia y a los cinco hijos. Adolfo ya tenía trabajo, mientras que su hermano Hipólito continuaba estudiando Medicina en Salamanca. Ricardo, Carmen y José María Suárez todavía no habían decantado su vocación.

Por esta circunstancia, Adolfo Suárez sufrió mucho y apreció por primera vez en su vida lo que es sentirse criticado y en boca de todos los ciudadanos; pero, como buen hijo y como cristiano, supo estar junto a su madre, apoyándola económica y sentimentalmente, y desde el primer momento se dio cuenta de que tenía que encontrar otro trabajo con el que mejorar sus ingresos y ayudar a Hipólito a terminar su carrera.

Su buena estrella empezaría a hacerse evidente cuando el delegado nacional de Sindicatos y consejero del Reino, José Solís Ruiz, decidió el cese del gobernador civil de la provincia, David Herrero, y para sustituirle propuso a un joven fiscal de Castellón, de treinta y cinco años, llamado Fernando Herrero Tejedor, que tomaría posesión de su cargo el 24 de julio de 1955. Herrero Tejedor pertenecía al Opus Dei y llegó a Ávila avalado por un excelente crédito como jurista y como hombre riguroso.

Cuando llegó el invierno, Fernando Herrero Tejedor se vio precisado de buscar un nuevo funcionario del Gobierno Civil, y entre otras personas de la ciudad habló con Mariano Gómez de Liaño para que le recomendara a algún joven abogado que quisiera trabajar en el Gobierno Civil. Gómez de Liaño recordó que hacía poco había hablado con Adolfo Suárez, al que había encontrado apenado por la situación de su familia y que le había comentado su necesidad de encontrar otro trabajo para tratar de ayudar en su casa. La recomendación surtió efecto y llegó en el justo momento en el que Adolfo Suárez, en plena crisis personal, había pensado seriamente en ingresar en el seminario de Ávila, tras varias conversaciones con Baldomero Duque, rector del Seminario Mayor de la provincia. Este estaba encantado de que un joven de las características personales y humanas de Adolfo Suárez, y que además era el presidente de los jóvenes de Acción Católica de Ávila, quisiera ingresar en el seminario. Allí, por cierto, ya se encontraba José Lladó y Fernández-Urrutia, hijo del financiero y gran mecenas Juan Lladó, que había llegado de la mano de una personalidad del talento intelectual de Alonso de Querejazu, diplomático que había abrazado el sacerdocio y gracias a cuyo tesón Ávila venía siendo el escenario de las «Conversaciones de Gredos», interesante encuentro de intelectuales cristianos, entre los que hay que citar al profesor José Luis López Aranguren y al teólogo Olegario González de Cardedal, que años después sería decano de la Universidad Pontificia de Salamanca.

La vocación espiritual de Adolfo Suárez no tenía la suficiente fortaleza como para renunciar a las demás cosas de la vida, y cuando Mariano Gómez de Liaño le habló del puesto vacante en el Gobierno Civil, no dudó en aceptarlo, después de haber mantenido una entrevista con el gobernador, al que permanecería vinculado los siguientes quince años de su vida profesional, y que sería el gran mentor de su carrera política. Herrero Tejedor le nombró jefe de la Sección Primera del Gobierno Civil, que era responsable de los ayuntamientos de la provincia.

Durante un año, Adolfo Suárez simultaneará ambos trabajos, conociendo por primera vez las interioridades de un organismo político y las relaciones de este con los municipios. Pero también tomó contacto con el aparato del Movimiento, pues entonces los gobernadores civiles eran a la vez jefes provinciales del Movimiento. Para mayor comodidad personal, ambas ocupaciones estaban en el mismo edificio del Gobierno Civil, y solo tenía que subir un piso para cambiar de despacho.

Además, durante todo el año de 1956 y parte de 1957, Adolfo Suárez mantuvo su actividad como promotor de la asociación De Jóvenes a Jóvenes, y, llevado de su curiosidad y ganas de ganarse unas pesetas, no dudó en apuntarse como «extra» de cine en el rodaje de la película Orgullo y pasión, que, dirigida por Stanley Kramer, tuvo por escenario la ciudad amurallada de Ávila y sus alrededores, y por protagonistas principales a Sofía Loren, Cary Grant y Frank Sinatra. El reclamo vino publicado en el Diario de Ávila de esta guisa: «Para la película Orgullo y pasión. Reclutamiento de extras. Pasar por el Hogar del Camarada instalado en la Jefatura Provincial del Movimiento» [4]. Adolfo Suárez fue uno más de los cinco mil asaltantes de la muralla, junto a un gran cañón, que era el verdadero protagonista de una película en la que no se sabía qué era más sorprendente, si la maña que Sinatra se daba para parecer un zapatero castellano, la galanura de Cary Grant para lucir el uniforme de oficial inglés o la exuberancia de Sofía Loren, presentada como una Agustina de Aragón de raíces castellanas.

Pero a principios de agosto de 1956, el secretario general del Movimiento promovió una serie de cambios de gobernadores civiles, en el marco general de la crisis provocada por los incidentes universitarios ocurridos en Madrid a principios de año, y en los que había resultado herido un estudiante, Miguel Álvarez, y por los que ingresarían en prisión un buen número de estudiantes que al correr los tiempos harían carrera política, como Enrique Múgica, Ramón Tamames, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, o literaria, como Fernando Sánchez Dragó y Javier Pradera. Y a Fernando Herrero Tejedor le destinaron a Logroño, provincia políticamente más importante que Ávila y que ya suponía todo un reto para un joven político como Herrero Tejedor, vinculado al Opus Dei y al Movimiento, las dos grandes organizaciones de las que se nutría en aquellos años el poder político. Herrero había permanecido en Ávila solo un año y dejó a Adolfo Suárez solo frente a su futuro. Aunque por un momento volvió a sentir la llamada de la vocación religiosa, se impuso a sí mismo la lucha por el camino de la solidaridad con su familia, y en concreto por su madre. Ingresar en el seminario —se dijo— hubiera sido una solución íntima, pero egoísta, prescindiendo de su compromiso como hijo y hermano mayor, porque ¿quién iba entonces a ayudar a Hipólito a terminar sus estudios de Medicina?

Adolfo Suárez dejó su puesto en el Gobierno Civil de Ávila en pleno mes de agosto de 1956 y durante un año entero siguió en su puesto de la Beneficencia, pero ya sin la ilusión ni la dedicación iniciales. Aunque la abuela materna ayudaba lo que podía, lo cierto es que en casa de los Suárez hacía falta un revulsivo, y a finales de 1957 Adolfo habló con su madre y decidió probar fortuna en Madrid. El reto era doble: encontrar un trabajo en la gran ciudad y a la vez reencontrarse con su padre.

Su primera intención al llegar a Madrid fue ejercer como procurador de los tribunales, para lo cual se precisaban unos cuantos miles de pesetas, que le prestó su tío Francisco, el de Cebreros. Ya matriculado como procurador, Adolfo Suárez se reconcilió con su padre, que había conseguido sobrevivir en Madrid gracias a su innata facilidad para hacer amigos. Uno de ellos era Alfonso Calvo Alba, a la sazón presidente de la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Madrid y al que había conocido en Ávila, cuando ejerció allí de magistrado. Otro de sus buenos amigos era Luis Ortiz de Rosas, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que fue su «protector» cuando abandonó Ávila.

El problema de Hipólito Suárez era que no tenía el título de abogado, y por lo tanto no podía ejercer ni actuar como procurador. Aun así, Ortiz de Rosas le «echó una mano», consiguiendo que un abogado madrileño, Fernando Pineda, le dejase llevar algunos casos. El padre de Adolfo también había conseguido que un procurador colegiado, apellidado Rodríguez Unica, firmara legalmente los casos que él llevaba y que llegaban a sus manos gracias a sus buenas relaciones con el magistrado Ortiz de Rosas y el abogado Pineda. La reconciliación con su padre fue algo inevitable, y al servicio de ella ambos pusieron lo mejor de su parte. Hablaron de sus necesidades y de sus ilusiones, y de la conveniencia de unir sus esfuerzos para salir adelante profesionalmente. Como resultado de su acuerdo, doña Herminia se vino a vivir a Madrid con su hijo Hipólito, instalándose todos en un piso de la calle Hermanos Miralles, número 49.

Adolfo entró en el Registro de Procuradores de los Tribunales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y junto con su padre abrió un despacho en el tercer piso del número 24 de la calle General Pardiñas; su teléfono era el 366875 y ambos atendían a sus clientes de cuatro a siete de la tarde. Durante algunos meses, a lo largo de 1957 y principios de 1958, las cosas funcionaron bien: Adolfo Suárez firmaba y respaldaba las actuaciones del despacho, hasta que descubrió que su padre se había visto involucrado en una nueva actuación irregular, de carácter económico. Su disgusto fue tremendo y, después de consultar con algunos familiares y amigos, optó por suspender la colaboración con su progenitor. La ruptura entre ambos tuvo el escenario idóneo, al producirse en el propio Palacio de Justicia de Madrid, y los testigos de la escena recuerdan que la actitud de Adolfo Suárez «fue encomiable, aguantando el chaparrón paterno sin un gesto, como quien soporta un resultado electoral cuando ya se han precintado las urnas» [5].

La vida profesional y personal de Adolfo Suárez se veía de nuevo alterada por la «personalidad» de su padre, pero su reacción fue audaz y abandonó el hogar familiar, yéndose a vivir a una pensión. Sin medios económicos, Adolfo Suárez tuvo que buscar trabajo donde fuera y llegó a hacer de maletero en la estación de Príncipe Pío. Los domingos iba a comer a su casa, y así veía a su madre y a su hermano Hipólito: con su padre apenas se hablaba.

Afortunadamente, el verano anterior en Ávila, donde su familia pasaba las vacaciones estivales, había conocido a Amparo Illana, hija de un coronel del Cuerpo Jurídico, don Ángel Illana, que simultaneaba su trabajo como tesorero de la Asociación de la Prensa de Madrid con su empleo en la Administración del Metro de la capital de España. Era una familia acomodada, con una posición social y económica superior a la de los Suárez; pero eso no iba a ser obstáculo para que Adolfo y Amparo pronto formalizaran su relación.

Durante algunos fines de semana del verano de 1958, Adolfo visitó a su novia en Ávila, a lomos de la moto de su amigo Tomás Alonso, al que había conocido en el Gobierno Civil de Ávila y que también se encontraba en Madrid, ejerciendo como procurador de los tribunales. Con el paso de los años, Tomás Alonso sería uno de los grandes amigos del matador de toros Paco Camino.

De nuevo su tío Paco acudió en su ayuda cuando Adolfo tuvo problemas para pagar la pensión, prestándole 1.500 pesetas. Pero Adolfo Suárez no solo recurrió a su familia para salir del atolladero en el que se encontraba; habló con su amigo Fernando Alcón y este lo hizo con su padre, Víctor, que había tenido cierta confianza con Fernando Herrero Tejedor durante su estancia como gobernador civil de Ávila, y que incluso le había prestado dinero para comprarse un piso en Madrid. El objetivo de Adolfo Suárez era acercarse de nuevo al hombre para el que ya había trabajado, y que el 13 de abril de 1957 había sido nombrado delegado nacional de Provincias y cuyo despacho estaba en la sede de la Secretaría General del Movimiento, en el número 44 de la calle Alcalá, de Madrid. Víctor Alcón habló con Herrero Tejedor y le pidió que recibiera a Adolfo Suárez, diciéndole que estaba pasando una difícil situación económica y familiar. Cuando Herrero Tejedor comentó con su mujer esta circunstancia, esta le instó a ayudarle, recordándole la simpatía y disposición de Adolfo. Efectivamente, Herrero Tejedor no olvidaba el buen trabajo que había desempeñado Adolfo Suárez en el Gobierno Civil de Ávila y las excelentes referencias que de él le había dado el magistrado Mariano Gómez de Liaño, y le citó un domingo para proponerle colaborar con él, como jefe de su secretaría particular. Adolfo Suárez aceptó inmediatamente, e ingresó en la nómina de la Secretaría General del Movimiento en 1958, cuando tenía veinticinco años; desde hacía unos meses era novio de Amparo Illana. Por fin había encontrado un trabajo que le iba a permitir ganarse la vida por sí mismo y colaborar con un político con futuro en el Movimiento.

El ministro-secretario general, como se conocía entonces al ministro del Movimiento, José Solís Ruiz, había responsabilizado a Fernando Herrero Tejedor de la tarea de tratar con los gobernadores civiles, que eran el pilar básico sobre el que se asentaba la estructura piramidal de la Secretaría General. Herrero realizó su trabajo con una gran eficacia y, fruto de él, el Movimiento fue incorporando a su vasta organización a muchos jóvenes valores del mundo universitario, de los sindicatos y de la cultura.

Entre el ministro y el delegado de Provincias arrinconaron al vicesecretario general, Alfredo Jiménez Millas, que era un veterano falangista, anclado en las ideas más primitivas del 18 de julio, y por lo tanto un hombre «a contratiempo» de la batalla que ya en 1958 se planteaba entre los sectores más «azules» del Movimiento y los provenientes del Opus Dei y de la tecnocracia, amparados por la emergente figura de Laureano López Rodó.

El trabajo de Adolfo Suárez era el propio de un secretario personal: llevaba la correspondencia, concertaba citas, atendía a las visitas y realizaba gestiones con los gobernadores civiles, la mayoría de los cuales le obligaban a visitar con frecuencia semanal la sede de Alcalá, 44. Además de Adolfo Suárez, Herrero Tejedor contaba con la colaboración de una eficaz secretaria, Julita, que a su muerte, en 1975, seguiría con Adolfo Suárez hasta el palacio de la Moncloa. Quienes recuerdan su presencia en el antedespacho de Herrero Tejedor hablan de su amabilidad y simpatía.

Poco después de empezar a trabajar en la Secretaría General, Adolfo Suárez dejó la pensión y, gracias a los contactos de su jefe, consiguió una plaza en el Colegio Mayor Francisco Franco, donde vivían jóvenes estudiantes y también quienes, con la carrera terminada, preparaban oposiciones. Allí conocerá al núcleo de los que serán sus amigos personales y políticos de los siguientes años, y los que tanto le ayudarán a ir perfilando su talante y sus cualidades de joven con vocación política. Entre los que estudiaban en el Colegio Mayor Francisco Franco estaban Rodolfo Martín Villa, Juan José Rosón, José Luis Herrero Tejedor y Eduardo Navarro: estos dos últimos —junto con Juan Gómez Arjona— hacían oposiciones a técnico de Información y Turismo, opción claramente de moda y con futuro desde que España se convirtiera en una potencia turística.

Su compañero de habitación fue el propio hermano de Fernando Herrero Tejedor, José Luis, con el que hizo una gran amistad y que le animó a hacer oposiciones, como mejor vía para situarse en la estructura política y organizativa del Movimiento; pero a Adolfo no le apetecía estudiar y prefería la acción, atendiendo más al corto plazo que a las posibilidades futuras que ofrecía un puesto fijo en la Administración. Quienes compartieron con él aquellos años de colegio mayor recuerdan que Adolfo carecía todavía de medios económicos para comprar ropa y que más de una vez le pidió prestados a José Luis Herrero Tejedor unos calcetines para salir a pasear con Amparo. Tampoco olvidan que estaba muy enamorado de ella y que, pese a su atractivo físico, se quedaba cortado ante su éxito con las chicas cuando iban a la piscina El Lago, en la Ciudad Universitaria.

En opinión de quienes le conocieron bien entonces, Adolfo Suárez era un joven vitalista, simpático, audaz y muy religioso, coincidiendo su primera etapa de la Secretaría General con su asistencia a las charlas del Opus Dei, alentado por la mujer de Herrero Tejedor, Joaquina Algar, que le trataba como a un hijo. Y, pese a las vicisitudes por las que había pasado su relación con su padre, sus amigos de entonces afirman que Adolfo le quería mucho y presumía de las ideas republicanas de su progenitor, así como de su amistad con don Claudio Sánchez-Albornoz.

A pesar de ello, Adolfo Suárez probó fortuna en las oposiciones y fue en 1959 cuando se presentó la oportunidad. Se la ofreció el gobernador civil de Sevilla, Hermenegildo Altozano, uno de los personajes más singulares y atractivos de aquel conglomerado heterogéneo que fue el Movimiento, y que, a pesar de pertenecer al Consejo Privado de don Juan de Borbón, fue nombrado gobernador de Sevilla gracias a los buenos oficios de Laureano López Rodó cerca del ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega. Altozano pertenecía al Cuerpo Jurídico de la Armada y al Opus Dei, y se negó a jurar su cargo de jefe provincial del Movimiento, que iba aparejado con el de gobernador, porque no estaba dispuesto a ponerse la camisa azul, retando a todas las autoridades políticas de Madrid a que le prohibieran jurar como gobernador con el uniforme de marino. Altozano llevó su fobia antifalangista a presentarse ante Solís, con todos los gobernadores civiles, vestido de frac, y cuando el ministro le preguntó, con ironía, «si estaba bien de la garganta», Altozano le replicó: «Sí, señor ministro: yo no tengo fiebre azul» [6].

Adolfo Suárez se fijó en la personalidad de Hermegildo Altozano y observó cómo su altanería y criterio le permitían sobrevivir políticamente a todas las iras de Franco, Solís y Herrero Tejedor. Quedó muy impresionado por la forma como el gobernador civil de Sevilla se desenvolvía en público y por su facilidad para combinar su lealtad «juanista» con la que inevitablemente había que tener con el Movimiento. También Altozano observó en Adolfo Suárez cualidades personales, humanas y políticas, y ambición por ser alguien, y por eso le propuso que se fuera a Sevilla con él, para trabajar en el Gobierno Civil, y al mismo tiempo preparar oposiciones al Cuerpo Jurídico de la Armada. Adolfo estudió con mucho interés la propuesta y repasó cuál era el contenido de sus funciones en la Delegación de Provincias. Ya estaba convencido, pero quedaba un problema: decírselo a Fernando Herrero Tejedor, que había sido tan generoso con él, ofreciéndole —por segunda vez— la posibilidad de trabajar a sus órdenes. Y Adolfo Suárez sencillamente no se atrevió; optó por esperar a que Herrero Tejedor estuviera de vacaciones y en los primeros días de agosto de 1959 se presentó en Alcalá, 44, para decir que se iba a Sevilla.

Altozano le ofreció su propia casa, le nombró su secretario personal y por las noches le ayudó a preparar los temas de la oposición, que se había convocado por orden ministerial de fecha 11 de junio y cuyo primer ejercicio estaba previsto el 6 de noviembre.

A Adolfo Suárez le dieron el número 42, de los 49 que se presentaban, y contaba con la recomendación de Altozano, que había hablado con el presidente del tribunal, el coronel Fernando Rodríguez Carreras. El primer ejercicio consistió en desarrollar por escrito durante dos horas un tema de Derecho Civil —la propiedad, estudio doctrinal y legal— y otro de Derecho Penal —la responsabilidad penal, estudio doctrinal y penal—. El 19 de noviembre, Adolfo Suárez, como todos los opositores, leyó ante el tribunal el texto redactado, empleando prácticamente el mismo tiempo que había necesitado para su redacción: once minutos.

El 12 de noviembre de 1959, Adolfo Suárez recibió decepcionado la calificación del tribunal: «Insuficiente por unanimidad». Ya nada le retenía en Sevilla y después de despedirse de Altozano regresó a Madrid, y se presentó a primeros de enero de 1960 en Alcalá, 44. Fernando Herrero Tejedor comprobó su arrepentimiento en la primera entrevista que tuvieron y apreció tanto la sinceridad con la que expresó su humildad y su positiva actitud ante la dificultad, que no dudó en ofrecerle que cuando quisiera se incorporara a su antiguo puesto.

Adolfo Suárez volvió al despacho de Alcalá, 44; salía a media mañana a tomar un café al vecino Hotel Suecia, y por las noches se encerraba en su cuarto del Colegio Mayor Francisco Franco, porque —pese a su mala experiencia sevillana— Juan Gómez Arjona y José Luis Herrero Tejedor le convencieron de que preparara con ellos las oposiciones a técnico de Información y Turismo. Y así estuvo durante más de un año, hasta que el 7 de febrero de 1961 el ministro José Solís nombró a Fernando Herrero Tejedor vicesecretario general del Movimiento, después de que el díscolo Jiménez Millas presentara su dimisión, disconforme con el lugar que le habían asignado en una conferencia.

Herrero Tejedor había demostrado en su persona la capacidad evolutiva del Régimen, pues a sus raíces falangistas unió la mística del Opus Dei; esto permitió que un hombre como Solís le designara su delfín y que a la vez fuera bien visto por Gobernación y Presidencia, los otros dos organismos clave del aparato del Movimiento. Por cierto, en esa remodelación de la Secretaría General cayeron también dos pesos pesados: Manuel Fraga, cesado de la Delegación de Asociaciones, y Jesús Fueyo Álvarez, al que Solís invitó a dejar la Delegación de Prensa, Propaganda y Radio. El primero será poco tiempo después ministro; el segundo quedará como uno de los grandes «santones» del Movimiento.

Pero el nombramiento de Fernando Herrero Tejedor llevó aparejado el ascenso de Adolfo Suárez, que fue nombrado jefe del Gabinete Técnico del vicesecretario general del Movimiento, cargo que le permitió conocer por dentro la organización del sistema político, ya que en la Vicesecretaría se gestionaba el control de los fondos del Movimiento, y entre ellos los que iban destinados a los Servicios de Información. La configuración del puesto y su contenido invitaron a Adolfo Suárez a proponer a Amparo casarse, creyendo haber alcanzado la estabilidad profesional y económica con la que afrontar la compra de un piso y otras futuras responsabilidades matrimoniales. Gracias al apoyo de Enrique Delgado, que era tesorero del Movimiento y a la vez director general del Instituto Nacional de la Vivienda, Adolfo y Amparo pudieron comprar un piso en la calle Comandante Fortea, número 5, donde se fueron a vivir después de casarse el 15 de julio de 1961 y de disfrutar del viaje de bodas a Galicia, en el que visitaron La Coruña y los lugares de evocación de la infancia y juventud de Adolfo Suárez.

La solidez de su nuevo trabajo y su nueva situación familiar trajeron como consecuencia que Adolfo Suárez renunciara a presentarse a las oposiciones, influyendo en ello además el que el quinto de los ejercicios previstos fuera un examen de idiomas, por los que sentía auténtica aversión. José Luis Herrero Tejedor se presentó y le suspendieron.

Después del verano de 1961, Fernando Herrero Tejedor le encargó la organización de unos cursillos de Administración Local en Peñíscola, a los que eran invitados los universitarios becados por los gobiernos civiles. Adolfo Suárez figuraba como secretario general, actuando como director del curso Luis Jordana de Pozas, uno de los conocidos participantes en el espacio de sobremesa de TVE titulado Punto de vista, y por el que entonces pasaron otros ideólogos del «franquismo» como Gabriel Elorriaga, Roberto Reyes y Adolfo Muñoz Alonso.

El adjunto en las tareas administrativas de los cursos fue Juan Gómez Arjona, y por Peñíscola desfilaron, durante los tres años que Adolfo Suárez se ocupó de los cursos, algunas de las mejores cabezas de la Administración pública. Entre ellos, Manuel Fraga Iribarne, José García Hernández, Torcuato Fernández-Miranda, Jesús Fueyo —otro de los comentaristas de Punto de vista—, Manuel Clavero Arévalo, Sebastián Martín Retortillo, Jaime García Añoveros, que años después serían nombrados ministros por él, y que durante quince días impartían conferencias y cursos, básicamente sobre Derecho Administrativo. Jaime García Añoveros recuerda que él dio un curso sobre haciendas locales y que, además de los ya citados, también participaron Eduardo García de Enterría y Jesús González Pérez.

Como su trabajo en Alcalá, 44, no satisfacía totalmente sus aspiraciones, y Adolfo Suárez quería conocer otras esferas de la Administración, Fernando Herrero Tejedor le ofreció hablar con uno de los hombres de confianza de Laureano López Rodó en Presidencia del Gobierno, José María Sampelayo, para que por las tardes pudiera ocupar un puesto que fuera compatible con su trabajo en la Vicesecretaría; y así fue como Adolfo Suárez ingresó en la nómina de uno de los enclaves estratégicos del Movimiento y desde el que se va a dirigir la política española en los años sesenta y principios de los setenta. Porque, aunque su puesto era el de jefe adjunto de Relaciones Públicas, a las órdenes de Rafael Anson Oliart, que hacía un par de años había ganado la oposición de técnico de Información y Turismo, Adolfo Suárez había entrado en el círculo de Laureano López Rodó y del almirante Luis Carrero Blanco. Rafael Anson permanecerá en el puesto de Relaciones Públicas de la Presidencia hasta 1969 y ofrecerá a Adolfo Suárez sus conocimientos sobre la forma de lograr objetivos, cómo realizar campañas de imagen y presentar debidamente un informe. Pero en este período será José María Sampelayo quien le ayudará a subir en el escalafón de Presidencia, gracias a su excelente relación con Herrero Tejedor, con el que compartía la inquietud religiosa a través del Opus Dei. Y cuando Carrero Blanco nombró a Laureano López Rodó comisario del Plan de Desarrollo, Sampelayo le sustituyó como secretario general técnico de Presidencia, y propuso a su sucesor en la oficina de Planes Provinciales, Fernando de Liñán y Zofío, que nombrara a Adolfo Suárez su adjunto. Pero Liñán —según el relato de Gregorio Morán— «desconfiaba de ese chico que quería ir tan rápido, y lo que iba a convertirse en la adjuntía de jefe de Planes Provinciales se queda en jefe de la Inspección de Planes Provinciales, muy por debajo de su superior Fernando de Liñán» [7].

A Adolfo le contrarió no verse promovido a un puesto tan significado, pero al mismo tiempo advirtió que con el padrinazgo de Fernando Herrero Tejedor y el apoyo de Sampelayo ya se encontraba trabajando en uno de los departamentos clave para conocer las necesidades y proyectos de cada provincia. Por aquella oficina pasaban —de nuevo, diariamente— todos los gobernadores civiles, dispuestos a solicitar la urgente necesidad de construir una carretera, una piscina pública o una escuela. Y aquí es donde Adolfo Suárez conocerá la variedad e importancia del puesto de gobernador civil y donde ambicionará llegar a ser uno de ellos. En Planes Provinciales, Adolfo Suárez acentuará su vinculación con el Opus Dei, porque en 1962 el Opus estaba ocupando prácticamente todas las áreas de la Administración, y porque en Presidencia la mayoría de los que le mandaban o trabajaban con él eran militantes de la poderosa organización religiosa. En Presidencia conoció a Manuel Ortiz —también técnico de Información y Turismo— y volvió a encontrarse con Juan Gómez Arjona, por entonces muy vinculado al influyente Vicente Rodríguez Casado, que era el responsable de la infiltración del Opus Dei en los cuadros intermedios de la Administración. Y gracias a Rodríguez Casado, que era director general de Información y creador de las oposiciones a técnico de Información y Turismo, Adolfo Suárez obtuvo garantías suficientes de que si se presentaba a las que convocaba el Instituto Social de la Marina una plaza sería suya. Y así fue: en junio de 1963, Adolfo Suárez se convirtió en funcionario por oposición del citado Instituto, ingresando en él en abril de 1964, con el nivel de oficial técnico administrativo de tercera clase y la tarea de contribuir a la periódica aparición de la publicación Hoja del Mar, que editaba el departamento de Información y Publicaciones [8]. Con él entraría en el Instituto Social de la Marina Gerardo Harguindey, que le seguirá años después en UCD y en el CDS.

Adolfo Suárez era en 1964 uno de tantos españoles que hicieron del pluriempleo un medio natural de vida, con el que conseguir un nivel de renta que pudiera permitirles gozar de los primeros logros del desarrollo económico y de su inmediata consecuencia: la panacea del consumo.

Por las mañanas, Adolfo Suárez «simultaneaba» el cargo de jefe del Gabinete Técnico del vicesecretario general del Movimiento y su tarea en el Instituto Social de la Marina; por las tardes trabajaba en Presidencia del Gobierno, donde durante unos años se ocupará de la organización de los llamados ateneos obreros, a las órdenes de Rafael Anson y siguiendo instrucciones de su creador, Vicente Rodríguez Casado. El proyecto no era otro que llevar el apostolado de Josemaría Escrivá de Balaguer al mundo obrero, en colaboración con la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de La Rábida, que presidía José María Sampelayo. El primer ateneo obrero que se inauguró fue el de Getafe.

La consolidación administrativa de Adolfo Suárez siguió su curso, y así en enero de 1964 ganó un concurso-oposición para cubrir plazas de oficiales del Cuerpo Técnico-Administrativo del Movimiento, con el número 6 de la oposición y 7.290 puntos [9].

Pero durante los años 1964 y 1965 se fraguó la incompatibilidad entre José Solís y Fernando Herrero Tejedor en el seno del Movimiento y se consolidó la estratégica figura de Manuel Fraga, al que Franco nombró ministro de Información y Turismo en 1962, y cuya capacidad de liderazgo y eficacia iban a resultar un obstáculo para el dominio del Régimen por los hombres del Opus Dei que capitaneaban el almirante Carrero Blanco y Laureano López Rodó. El mentor de Adolfo Suárez salvará de forma honrosa esta situación, ya que en julio de 1965, poco después de ser nombrado ministro de Justicia Antonio María de Oriol y Urquijo, propondrá a Fernando Herrero Tejedor para el cargo de fiscal del Tribunal Supremo, aspiración legítima de todo hombre formado como jurista y como fiscal. Franco aceptó la propuesta de Oriol, y el 22 de septiembre de 1965 Fernando Herrero Tejedor ascendía, con solo cuarenta y cinco años, a uno de los puestos clave del Régimen, en el que no tuvo que esgrimir el color de su camisa o su pasado como combatiente, y abandonaba la casa del Movimiento.

Pero Herrero no se olvidaría de su protegido Adolfo Suárez, y antes de recoger sus pertenencias del despacho de Alcalá, 44, habló con el delegado de Provincias, José Luis Taboada, para recomendarle que, en cuanto viera la menor oportunidad, propusiera a Adolfo Suárez como gobernador civil.

En el último año y medio, Adolfo Suárez había sido nombrado jefe del Servicio Jurídico del Frente de Juventudes y el 19 de noviembre de 1964 estrenó despacho en las recién inauguradas instalaciones de Televisión en Prado del Rey, al ser nombrado secretario de las Comisiones Asesoras de RTVE, organismo consultivo de la Jefatura de Televisión en el que se integraron diversas personalidades de la vida cultural, social y política, y cuyo cometido único era asistir a una reunión semanal para estudiar cuál debía ser la programación de televisión. Adolfo Suárez actuaba como coordinador de estas comisiones —había hasta doce—, y sustituyó en el puesto a Juan José Rosón, al que el director general de RTVE, Jesús Aparicio Bernal, acababa de nombrar secretario general del Ente. Como consecuencia de esta nueva ocupación, el 16 de enero, Adolfo Suárez quedó adscrito como «agregado» al Ministerio de Información y Turismo, lo que le permitía mantener un sueldo en el Instituto Social de la Marina [10].

Gracias a su presencia y a su vinculación con Presidencia del Gobierno, Adolfo Suárez comprendió que en el entorno del almirante Luis Carrero Blanco y de su hombre de confianza, Laureano López Rodó, se estaba decidiendo el futuro del Régimen y su sucesión.

Su buen hacer como secretario de las Comisiones Asesoras de RTVE, su cercanía en Prado del Rey a los jóvenes «cachorros» del SEU y su amistad con Mariano Nicolás, que vivía también en Comandante Fortea, y con Jesús Sancho Rof, permitieron que Adolfo Suárez se hiciera un «sitio» en Televisión Española y que compartiera algunas de sus inquietudes políticas con quienes desde las filas del veterano Sindicato Español Universitario se estaban incorporando a la política. Aunque el director de RTVE era Aparicio Bernal, en la «casa» mandaban su subdirector, Luis Ezcurra, y Juan José Rosón, ambos con línea directa con el ministro, Manuel Fraga Iribarne. En marzo de 1965, el nuevo equipo directivo decidió acometer una serie de cambios en los puestos clave de TVE y, aunque Adolfo Suárez no había sido falangista, ni provenía del SEU, ni tampoco era un hombre de Fraga Iribarne, Jesús Aparicio Bernal y Mariano Nicolás le propusieron que sustituyera a Enrique de las Casas como director de Programas de RTVE, aduciendo una cierta baja en la audiencia. Con habilidad y sus innatas cualidades de hombre conciliador, Adolfo Suárez trató de sortear sus inconvenientes de origen y al mismo tiempo presentar su trabajo en RTVE como un pequeño triunfo del sector más próximo a Laureano López Rodó y al Opus Dei.

Pero al que no consiguió convencer fue a Juan José Rosón, que con idéntica habilidad y firmeza tratará de obstaculizar su trabajo y de censurarle directamente o a través del propio Fraga Iribarne cuando la programación no se ajustaba al criterio político, o simplemente cuando por un malentendido se veían afectadas las relaciones hispano-marroquíes, como ocurrió con motivo de la proyección de la película Morocco, que provocó la susceptibilidad de las autoridades del reino de Hassan II [11].

Para tratar de suavizar su relación con Rosón, y al mismo tiempo aproximarse al hombre clave para el nombramiento de gobernadores civiles, el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, Adolfo Suárez hará una doble mudanza, yéndose a vivir a la misma casa del entonces secretario general de RTVE, en el número 8 de la calle Rodríguez Sampedro, y alquilando un apartamento en Dehesa de Campoamor, justo al lado del que desde hacía años disfrutaba Camilo Alonso Vega, en el que pasará los próximos tres veranos, de 1965 a 1967.

Con Rosón compartía casa y otro dato anecdótico y feliz: habían nacido el mismo día y el mismo año. Sin embargo, su relación seguiría tensa durante años, y solo en el mes de mayo de 1980 Adolfo Suárez aceptará nombrar ministro del Interior a ese gallego de aspecto lúgubre y poco amante de las palabras, pero gran tipo humano, y que desempeñaría su trabajo en el Ministerio con tanta eficacia como discreción.

En Dehesa de Campoamor, Adolfo Suárez conocerá al adusto y severo Camilo Alonso Vega y al almirante Carrero Blanco, que también pasaba los veranos en la villa alicantina, y a ambos acabará tuteándolos, licencia al alcance de muy pocos en aquel tiempo.

Es en 1965 cuando Adolfo Suárez siente que empieza a tener poder; hasta entonces había tenido un poder delegado, en función de la fortaleza de sus mentores o jefes. Pero en su puesto de RTVE se dio cuenta de que podía hacer favores importantes, que podía nombrar y cesar funcionarios, y que podía ayudar a su familia, que arrastraba aún las consecuencias de la azarosa vida de su padre y que a ellas unía la dificultad de sus hermanos Ricardo y José María para encontrar trabajo. Adolfo Suárez consiguió que en su etapa como director general de RTVE ambos ingresaran en la nómina de Prado del Rey. Y por eso mismo no se resintió del alejamiento de Fernando Herrero Tejedor cuando este fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo. En Televisión Española, Suárez empezó a ser un político y a practicar las artes propias de esa condición. Hizo amigos para siempre, como Gustavo Pérez Puig y José Luis Graullera, y también conoció el sinsabor de tener enemigos, que se consiguen cuando se ocupa una posición de poder.

En 1967, la carrera política de Adolfo Suárez sufrió un breve revés, aunque fuera revestido de ascenso, pues, como consecuencia de un cambio de organigrama en Televisión Española, le nombraron director de la Primera Cadena y perdió el control sobre la Segunda, que empezaba en aquellos años su expansión territorial. Pero el nuevo y primer director de la Primera Cadena supo obtener de su puesto el mayor rendimiento político y decidió presentarse a las elecciones a procurador en Cortes por su provincia natal, Ávila, que iban a celebrarse en octubre de 1967.

Para lograr su objetivo, que era la culminación de muchos políticos, Adolfo Suárez se aseguró el apoyo del almirante Carrero Blanco y de Fernando Herrero Tejedor. El primero habló con el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, y le manifestó su interés en que Adolfo Suárez fuera uno de los candidatos elegidos, mientras que, por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo visitó hasta dos veces Ávila y su provincia acompañado del joven aspirante. Y Adolfo Suárez aprovechó su presencia en Televisión Española para desplegar toda una campaña de promoción de Ávila capital y de los pequeños pueblos de la provincia. Retransmitió el 19 de julio de 1969 la inauguración de la plaza de toros de Ávila, programó reportajes sobre la sierra de Gredos, las murallas, las fiestas de Burgohondo (el pueblo del que era alcalde desde hacía varios años su cuñado Aurelio Delgado, que se había casado con su hermana Carmen en 1961), y llegó a la ingeniosa fórmula de que los guionistas de la serie más popular de entonces, La casa de los Martínez, decidieran que los protagonistas debían veranear en el valle del Tiétar, en la provincia de Ávila.

Los rivales de Adolfo Suárez en aquellas elecciones a procurador en Cortes fueron el diplomático José Antonio Vaca de Osma, que en los años finales de los cincuenta había sido gobernador civil de la provincia, y el alcalde de Ávila, Antonio Sánchez. En la campaña, Adolfo Suárez contó por primera vez con la colaboración de Rafael Anson. Cuando, a las doce de la noche del martes 10 de octubre, Radio Nacional dio los resultados electorales provisionales, anunció que por Ávila habían salido elegidos los dos competidores de Adolfo Suárez, pero a las tres de la madrugada la votación había cambiado de signo, favoreciendo a Suárez en detrimento de José Antonio Vaca de Osma, que presentó el correspondiente recurso electoral, admitido por la Junta Electoral. Durante toda la noche, Adolfo Suárez estuvo en contacto permanente con Fernando Herrero Tejedor y, al final del escrutinio, consiguió el segundo puesto, con 34.003 votos, por detrás del alcalde Antonio Sánchez, que sumó 37.587, y delante de Vaca de Osma, que acumuló 26.587. En la capital, aunque por poco margen, Adolfo Suárez quedó en tercer lugar. A finales de octubre, la Junta Electoral reconoció que en las elecciones en Ávila había habido alguna irregularidad, «pero que no altera el orden de la elección» [12].

Adolfo Suárez ya era uno de los «padres de la patria», y se disponía a participar en la actividad parlamentaria de las Cortes franquistas, adscribiéndose en enero de 1968 a la Comisión de Leyes Fundamentales, con el propósito de intervenir en la futura Ley de Secretos Oficiales, contrapunto impuesto por el propio ministro Fraga Iribarne para compensar la Ley de Prensa, acusada de excesivamente liberal por los sectores más conservadores del franquismo. Pero un error del presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi, al interpretar la recomendación de Carrero Blanco de que incorporara a Suárez González a la Comisión de Leyes Fundamentales, motivó que el inscrito fuera Fernando Suárez González, que quedó tan sorprendido como satisfecho del interés demostrado por el almirante. Adolfo Suárez tuvo que conformarse con pertenecer a la Comisión de Información y Actividades Culturales, aunque en una ocasión se incorporó a la de Leyes Fundamentales para defender alguna enmienda «liberalizadora» del texto propuesto por el Gobierno. Apenas otra actividad suya registrará el Diario de Sesiones del palacio de las Cortes, pero ya era procurador en Cortes y no tardaría muchos meses en ver cumplida su gran ilusión de ser gobernador civil, al proponerle Camilo Alonso Vega que lo fuera por Segovia, provincia muy codiciada por su cercanía a Madrid, su tranquilidad y su interés turístico, que la hacían de obligada visita de toda personalidad extranjera. Pero en aquellos años tenía un atractivo añadido: la recepción que en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso ofrecía Franco a lo más representativo del mundo de la política, la cultura y el espectáculo.

El nombramiento de Adolfo Suárez se produjo el 11 de junio de 1968, y el nuevo gobernador tuvo que incorporarse inmediatamente a su puesto, ya que Franco tenía previsto visitar Segovia y su provincia el siguiente 4 de julio. La toma de posesión de Adolfo Suárez tuvo lugar el 21 de junio y, en clara demostración de sus orígenes, lo hizo con camisa blanca.

Gregorio Morán ha narrado en su excelente biografía de Adolfo Suárez el momento de su encuentro con Franco, una vez que el Jefe del Estado le extendió la mano.

—¿Cómo le va a usted, Suárez?

—No sé qué decirle, Excelencia —respondió Adolfo, con una sonrisa amigable.

Sin darse por aludido, porque el gobernador tenía las manos bien firmes, Franco insistió:

—¿Qué quiere decir?

—Que no sé, Excelencia, si los segovianos se sienten ciudadanos de segunda clase [13].

Poco después, Franco invitaba al joven gobernador —treinta y cinco años tenía Adolfo Suárez— a visitarle en el palacio de El Pardo, diciéndole: «Me interesa mucho eso, me interesa mucho eso... venga a verme».

Adolfo Suárez se apuntó un tanto importante al conseguir que Franco le concediera directamente una audiencia, y al gesto de tomar posesión con camisa blanca siguió el hecho infrecuente de tardar más de un mes en recibir al aparato local del Movimiento, al que relevaría pronto, tratando de incorporar caras nuevas a la gestión de los asuntos públicos de la provincia. Y como se había informado bien, a la vuelta de Dehesa de Campoamor, donde pasaría su último verano, en cuanto los ríos segovianos empezaron a ofrecer sus frutos, Laureano López Rodó le llamó para que le acompañara en el arte de la pesca, para la que, por cierto, el comisario del Plan de Desarrollo no estaba especialmente dotado.

El mes de enero de 1969 va a tener trascendencia histórica en la trayectoria política de Adolfo Suárez, pero no porque el día 8 Franco le recibiera en El Pardo, cumpliendo así el ofrecimiento que le hiciera en julio cuando visitó Segovia para inaugurar un tramo de la vía férrea entre Madrid y Burgos, ni porque Franco le invitara a pedir una entrevista con Laureano López Rodó para explicarle sus proyectos para la provincia; la trascendencia de este mes de enero en la vida de Adolfo Suárez, y también en la historia de España, se centra en que dos días antes de la audiencia con el Jefe del Estado, el día de Reyes —¡qué casualidad!—, los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía visitaron la provincia acompañando a sus cuñados, los reyes de Grecia, Constantino y Ana María. Ese día se conocieron los dos hombres que solo siete años después darían respuesta al gran interrogante que asaltaba a tantas generaciones de españoles: ¿y después de Franco?

Es interesante reflejar la anotación que sobre el primer encuentro entre el Príncipe y Adolfo Suárez hizo Alfonso Armada. «Creo que la primera vez que vi a Adolfo Suárez fue con motivo de una excursión de los príncipes a Segovia, acompañando a los reyes de Grecia. Fue un día de las vacaciones de Navidad del año 1968. Hablé con el gobernador, que era Adolfo Suárez, el día anterior, anunciándole la visita. La jornada fue muy agradable y Suárez fue invitado para almorzar con los príncipes en Cándido. Me pareció un hombre discreto y simpático. Demostró afecto hacia sus altezas; desde entonces no perdí contacto, esporádico, es cierto, con este falangista adepto a la Monarquía» [14].

Esta sería la primera de las muchas visitas que el príncipe don Juan Carlos haría a Segovia, solo o acompañado de la princesa doña Sofía, y a Adolfo Suárez le correspondió atenderle y acompañarle. Años después, el ex ministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora revelará con malicia que el gobernador civil de Segovia, Adolfo Suárez, «tuvo ocasión de conocer al joven príncipe en la villa que el preceptor, el duque de la Torre, había obtenido del Ministerio de Educación en la sierra de Guadarrama para que el príncipe descansara los fines de semana en unión de algunas amistades. Allí anudaron lazos de camaradería casi estudiantil» [15].

Como consecuencia de la entrevista que mantuvo con Laureano López Rodó, Adolfo Suárez consiguió que Segovia fuera considerada provincia de «acción especial» en el II Plan de Desarrollo, concediéndole la Dirección General de Planes Provinciales diez millones de pesetas para teléfonos rurales. Pero de su paso por Segovia también quedará otro dato revelador: poco después de su llegada, Adolfo Suárez conoció a un joven y prometedor abogado del Estado, Julio Nieves Borrego, con el que pronto entabló buena amistad y quien un viernes le propuso cenar con un joven ingeniero agrónomo llamado Fernando Abril Martorell, instalado en Segovia, donde era responsable de Ordenación Rural. La cena se celebró en el Restaurante Roma de La Granja de San Ildefonso [16], y así fue como se conocieron Adolfo Suárez y Fernando Abril y sus respectivas mujeres, Amparo y Marisa. Ambos matrimonios se hicieron íntimos amigos, y enseguida Adolfo Suárez pensó en Fernando Abril para el puesto de presidente de la Diputación de Segovia, que entonces ocupaba Miguel Zamarrón, hombre vinculado al abogado del Estado y secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas, Andrés Reguera.

Adolfo Suárez quería crear en la provincia su propio equipo, en el que confiar y delegar durante sus frecuentes visitas a Madrid. En una de ellas, que coincidió con una seria crisis de gobierno por los graves incidentes universitarios que le costaron la vida al estudiante Enrique Ruano, Suárez convenció a Camilo Alonso Vega, y así Fernando Abril fue nombrado presidente de la Diputación de Segovia el 21 de febrero de 1969. Adolfo Suárez había ganado su pequeña batalla, demostrando a la reducida pero poderosa oligarquía local su influencia en Madrid. En la toma de posesión de Fernando Abril, Adolfo Suárez dijo de este: «Es un hombre joven que pertenece a esa generación puente que tiene que soldar indestructiblemente los pilares de nuestra más reciente historia con los de ese futuro esperanzador que social, política y económicamente se vislumbra ya en España» [17].

Es en Segovia cuando por primera vez los periódicos de difusión nacional se ocuparon del joven político Adolfo Suárez, y en el mes de marzo la edición dominical de ABC, que dirigía Luis María Anson, le dedicó alguna de sus páginas. Entre sus principales realizaciones en la provincia destaca la creación del Colegio Universitario Domingo de Soto, donde desde entonces se impartirán clases de Derecho y Filosofía.

El carácter abierto y dinámico de Adolfo Suárez quedó demostrado en su actividad como gobernador civil de Segovia, y no hubo festejo popular ni tradición local que quedara fuera de su programa de visitas. Segovia absorbió su tiempo y le permitió compartir con sus sobrias gentes castellanas su gusto por lo popular y su contacto directo con los habitantes tanto de Turégano como de Fuentepelayo, viéndosele bailar la jota en Cuéllar o en la procesión de la Virgen de la Fuencisla.

El domingo 15 de junio de 1969, Adolfo Suárez fue testigo de una de las tragedias que con maléfica periodicidad ocurren en España, por negligencia, desidia y dolosa intención. Y como gobernador civil tuvo que vivir una de las situaciones dramáticas de las que le habían prevenido. «¡Adolfo, que no tengas que vivir una catástrofe, una inundación o un incendio!».

A las 14.20 horas de ese domingo de junio, el nuevo restaurante del Conjunto Residencial Los Ángeles de San Rafael se desplomó como un castillo de naipes, sepultando a los 515 colaboradores de la cadena alimenticia Spar que se disponían a celebrar la novena convención de la empresa. El menú lo componían: entremeses selectos, trucha a la romana, ternera serrana a la brasa y, de postre, tarta ponche. El conjunto, cuyo promotor era Jesús Gil y Gil, había sido inaugurado oficialmente el 24 de junio de 1968, con la presencia del director general de Empresas y Actividades Turísticas, León Herrera. El desastre se produjo al querer el promotor levantar una nueva planta, dedicada a bodas y banquetes, con la que ampliar su oferta. Adolfo Suárez se encontraba en su casa y se disponía a ver un partido de tenis de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Rumania cuando le llamó el alcalde de El Espinar, Antonio Vázquez, que había sobrevivido al derrumbamiento, para informarle de la tragedia.

Adolfo Suárez llamó a Fernando Abril, pidiéndole que le acompañara, pero sin decirle lo que había pasado. Poco antes de llegar a San Rafael se cruzaron en la carretera con el Seat 1500 de Marisa Abril, que había estado en el Conjunto de Los Ángeles de San Rafael celebrando una primera comunión con sus hijos y que había salido ilesa de la catástrofe. Solo entonces, Adolfo Suárez le dijo a Fernando Abril la tragedia que había ocurrido. Al llegar no dudó un momento en dar las órdenes oportunas para la evacuación de los heridos y en sumarse él mismo a la tarea de desescombrar. Cuando supo la causa del terrible suceso, Adolfo Suárez le reprochó a Jesús Gil y Gil su proceder. El ya fallecido presidente del Atlético de Madrid declaró poco después que «los nervios de Suárez respondían a que era él el responsable político de lo ocurrido, pues la Comisión Provincial de Urbanismo estaba presidida por el gobernador civil», añadiendo años después que «Suárez nunca se responsabilizó. Me abandonó totalmente. Rentabilizó la desgracia dando a entender a todo el mundo que él había pasado un montón de horas sacando cadáveres» [18].

Sin embargo, la edición de ABC del 17 de junio destacaba la actuación del gobernador en estos términos: «... al llegar a Los Ángeles advirtió la magnitud del suceso y asumió la dirección de los trabajos de rescate y traslado de las víctimas, así como dispuso la improvisación de un botiquín para que todos los heridos recibieran la primera asistencia». El alcalde de El Espinar reconoció al redactor de ABC que el gobernador «no perdió en ningún momento los nervios».

El balance final del suceso fue de 58 muertos, el último de los cuales fue encontrado a las seis de la tarde del mismo domingo, y 147 heridos. De los muertos, trece eran residentes en Segovia y catorce en Coca, Cuéllar, Aguilafuente, Cantalejo y Santiuste de San Juan Bautista. El lunes, el Gobierno Civil emitió una nota oficial agradeciendo la solidaridad de todos los que habían participado en el rescate, atención y traslado de los heridos y muertos, y por la tarde Adolfo Suárez acompañó al ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, que ostentaba la representación de Franco, en el funeral que por las víctimas se ofreció en la catedral, oficiado por los obispos de Segovia y Guadix. ABC del 17 de junio ofrecía también el testimonio de un maestro de obras, testigo de la tragedia: «... Yo lo vi —comentaba Ángel Gómez Vega— y lo anuncié hace quince días, y delante de testigos... Era inevitable la catástrofe teniendo en cuenta la construcción de fábrica de mampostería y de ladrillo de hueco doble. No se puede cargar la construcción de hierro en fábrica de ladrillo hueco doble. El ladrillo de esta clase tiene su carga limitada y no puede soportar las cargas de hierro por ser estas más pesadas». Otros testigos revelaron a ABC que cuando visitaron el lugar de la catástrofe comprobaron que la argamasa estaba fresca.

El lunes, de madrugada, cinco personas salieron del edificio principal de los Juzgados de Segovia en un coche patrulla de la Policía Armada para ser trasladados a la prisión provincial. Entre ellos, lógicamente, se encontraba el propietario y promotor de la urbanización, Jesús Gil y Gil. El mismo lunes, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid expedía un certificado que acreditaba que en ese Colegio no figuraba «documento alguno de proyecto ni de dirección de obras a cargo de ningún arquitecto colegiado». La noche del domingo, Adolfo Suárez ordenó que se iniciaran las diligencias para averiguar las causas de la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael, con independencia de que fueran los jueces quienes cursaran las actuaciones procedentes.

De un primer informe se conoció que el Conjunto Residencial Los Ángeles de San Rafael fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo del 28 de junio de 1968, justamente cuatro días después de su inauguración y a los pocos días de la llegada de Adolfo Suárez a Segovia. La Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas del Ministerio de Información y Turismo aclaró el mismo lunes 16 de junio que «el único restaurante autorizado en tal urbanización por la Dirección General ha venido funcionando normalmente hasta la fecha y no se ha visto afectado por el derrumbamiento. La catástrofe ocurrió en una zona de ampliación de tal restaurante de reciente construcción respecto de la que ni en dicho centro ni en el de la Delegación Provincial del Ministerio en Segovia se había solicitado la oportuna autorización de apertura, no contando, por tanto, con licencia administrativa para su puesta en servicio, hecho que, al parecer, se anticipó para dar cabida a los miembros de Spar» [19].

El martes 17 de junio, el fiscal del Supremo Fernando Herrero Tejedor se reunió en la sede del Gobierno Civil de Segovia con Adolfo Suárez y con el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción de Segovia, y todos juntos se trasladaron al lugar del suceso. Ese mismo día, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos del Centro de España emitía una nota en la que confirmaba que «en el caso de la ampliación del restaurante de Los Ángeles de San Rafael, donde se produjo el suceso, no existe ningún contrato visado» [20].

Adolfo Suárez actuó con diligencia y desde el primer momento constituyó una comisión, presidida por el vicepresidente de la Diputación Provincial y de la que formaban parte el delegado de Trabajo, el de Sindicatos y el secretario general del Gobierno Civil, y haciéndose responsable de todos los gastos de compra de ataúdes y de traslado de los familiares de las víctimas. En conversación con el periodista Alfredo Semprún, Adolfo Suárez reveló que inmediatamente se habían recibido cientos de pésames de condolencia, y entre ellos de los Príncipes de España, del papa Pablo VI, del Jefe del Estado, y una primera entrega de la Delegación Nacional de Auxilio Social, por valor de 30.000 pesetas. Y, como dato anecdótico, Adolfo Suárez informaba al periodista: «Hay muchos ofrecimientos. El último ha sido esta mañana por el presidente del Atlético de Madrid, señor Calderón, ofreciéndose incondicionalmente...» [21].

Por fin, el jueves 19 de junio, la investigación del Gobierno Civil confirmó que el propietario y promotor de la ampliación del restaurante de Los Ángeles de San Rafael, Jesús Gil y Gil, no había cumplido con ninguno de los trámites oficiales: no tenía permiso de ampliación de obras de la Sección de Arquitectura de la Delegación de Hacienda de Segovia, ni de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo. Tampoco tenía la licencia provisional del Ayuntamiento de El Espinar —porque no la había pedido—, ni la aprobación de la instalación eléctrica (no estaba ni solicitada) de la Delegación de Industria. En el Sindicato Provincial de Hostelería de Segovia no habían solicitado el correspondiente certificado de ampliación.

El juez decretó la prisión incondicional para Jesús Gil y Gil, que sencillamente había decidido construir por su cuenta y riesgo —nunca mejor dicho— una ampliación del restaurante sin contar con arquitecto ni aparejador alguno, utilizando los más rudimentarios conceptos de resistencia de materiales y aquellos de menor coste. En el sumario se precisó que «Gil, guiado por el designio del ahorro y la economía de los costes, sin ninguna preparación académica al respecto, sin intervención de arquitecto ni aparejador, diseñó la estructura del local en un croquis hecho por él a mano. Seguidamente ordenó a su equipo técnico que iniciara urgentemente su construcción, que carecía de licencia alguna».

Gil y Gil, llevado de su codicia y singular megalomanía, había despreciado las advertencias de su aparejador, José María del Pozo, que el 17 de mayo de 1969 le decía en una carta: «... mientras no exista un proyecto de un arquitecto en el que se vea estructura, planos, etc., no debes hacerte cargo de la obra y por lo tanto yo no puedo actuar de aparejador, y, en consecuencia, yo no llevo esa obra» [22].

También fueron inculpados el encargado Francisco Javier de Miguel y el maestro de obras, Eugenio García Rodríguez. La sentencia del caso se dictó el 7 de octubre de 1971 y en ella se condenó a Jesús Gil y Gil a cinco años de prisión menor, por imprudencia temeraria. El encargado fue condenado a dos años y cuatro meses, y el arquitecto de la Delegación de Hacienda de Segovia resultó acusado de cohecho y prevaricación. Pero el 24 de febrero de 1972, Franco concedió a Jesús Gil y Gil el indulto: había estado en prisión veintisiete meses. Adolfo Suárez no se vio afectado políticamente por la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael, en primer lugar porque su actuación fue bien valorada por las altas instancias, y porque no llegó a plantearse responsabilidad de los poderes públicos al haber actuado Jesús Gil y Gil con evidente afán de lucro, no sometiéndose a ninguno de los trámites administrativos para la construcción de la ampliación del restaurante. Y en segundo lugar, porque la catástrofe coincidió con la crisis política producida por el soterrado enfrentamiento entre Manuel Fraga y los influyentes sectores del Opus Dei, y que poco después desembocará en el escándalo Matesa, divulgado con premeditada intención por la prensa afín al ministro de Información y Turismo, que vio en él la oportunidad de saldar viejas cuentas con sus históricos adversarios.

De hecho, el 18 de julio de 1969, Adolfo Suárez fue condecorado, por su ejemplar comportamiento durante el suceso, con la Gran Cruz del Mérito Civil, y solo unas horas después Adolfo recibió en su casa a Laureano López Rodó, que se desplazó hasta allí para requerir su colaboración en el éxito final de la gran batalla librada para que Franco designara al príncipe don Juan Carlos su sucesor, y cuya votación estaba prevista para el 23 de julio. Al día siguiente se les unió Fernando Herrero Tejedor, después de que el gobernador civil y el ministro-comisario del Plan de Desarrollo hubieran capturado alguna trucha en Navafría. Durante el encuentro, López Rodó sugirió a Herrero Tejedor la conveniencia de que se redactara un informe jurídico favorable a que la votación en el palacio de las Cortes no fuera secreta. Adolfo Suárez les comentó que sabía de algún procurador dispuesto a votar en voz alta, diciendo: «Sí, a Franco», siguiendo así consignas de Solís, contrario a la designación de sucesor.

El informe se redactó en el sentido deseado y Adolfo Suárez lo distribuyó entre los procuradores familiares que se reunieron con carácter previo a la solemne sesión de las Cortes, el día 21 [23].

La tragedia de Los Ángeles de San Rafael no afectó políticamente a Adolfo Suárez, pese a que pocos días después del suceso el periódico Arriba publicó un editorial muy duro en el que, bajo el título «Responsabilidad concurrente», denunciaba: «Posiblemente la inercia o la incuria de ciertas ramas de la Administración es, en este caso, un involuntario cómplice de quienes por torpes afanes de lucro han sido causantes directos de la catástrofe»; para más adelante preguntarse: «¿Qué grupos económicos se agazapan detrás de la brillante y extensa campaña publicitaria del complejo turístico de Los Ángeles de San Rafael?». El alegato no trascendió, pero era un fiel reflejo de la batalla antes mencionada entre Fraga y los tecnócratas, y de la que Adolfo Suárez estaba al corriente, gracias a su relación con López Rodó y Herrero Tejedor. Como también ha conocido con tiempo el alcance y la dimensión histórica de la designación de don Juan Carlos como sucesor de Franco, como Rey de España, al que seguía recibiendo en Segovia, y del que había obtenido pruebas de afecto. Por cierto que, con referencia a la designación de don Juan Carlos, Alfonso Armada cuenta en sus «memorias» que, poco antes de que tuviera lugar, José María de Areilza —por entonces miembro de la Secretaría Política del conde de Barcelona, don Juan de Borbón— se había apostado su fortuna a que Franco en vida no nombraría al Príncipe como sucesor a título de Rey [24].

Por primera vez en su ya sólida trayectoria política, Adolfo Suárez creyó estar bien situado para ser ministro y empezó a pensar en la cartera de Información y Turismo. Sabía que en la batalla entre Solís y Fraga contra los tecnócratas iba a haber heridos, pero él se consideraba a salvo, por su cercanía al trío Carrero Blanco, López Rodó, Herrero Tejedor, y porque no ocupaba un lugar preeminente que le hiciera estar en la línea de fuego. Pero, en septiembre de 1969, cuando Franco impartió «su» justicia e impuso la salida del Gobierno de los provocadores —Fraga y Solís—, premió a Alfredo Sánchez Bella con la cartera deseada por Adolfo Suárez, en agradecimiento a que desde Roma, donde estaba destinado como embajador ante la Santa Sede, hubiera agitado sus influencias en la cúpula vaticana y del Opus Dei para denunciar a su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. En un extraño sentido de interpretación de las responsabilidades políticas, el ministro de Industria, Gregorio López-Bravo, claramente afectado por el affaire Matesa, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, y para compensar la salida de Solís, Franco confió la Secretaría General del Movimiento a un hombre que iba a ser decisivo en la inmediata página de la historia de España, Torcuato Fernández-Miranda.

Herrero Tejedor trató de ayudar a un decaído Adolfo Suárez entrevistándose con el almirante Carrero Blanco, que le confirmó que el nombramiento de Alfredo Sánchez Bella había sido decisión de Franco. Pero Herrero también le planteó que a Adolfo Suárez había que ofrecerle un puesto importante, que le permitiera despachar directamente con él y mantener su relación con el Príncipe. Ambos convinieron que el cargo ideal para Adolfo Suárez era la Dirección General de Radio y Televisión Española, para así cuidar al Príncipe, aprovechar su experiencia y vigilar a Sánchez Bella dentro del Ministerio de Información y Turismo.

Alfredo Sánchez Bella recibió de Carrero Blanco la sugerencia de nombrar a Suárez, pero este en una primera entrevista rechazó la oferta, aunque después, convencido por Herrero Tejedor, rectificó. El candidato del ministro para la Dirección General de Radio y Televisión Española era el periodista Alejandro Armesto. El 6 de noviembre de 1969, el Consejo de Ministros aprobó los nombramientos —en el Ministerio de Información y Turismo— de José María Hernández Sampelayo como subsecretario, impuesto directamente por Carrero Blanco; de Alejandro Fernández Sordo como director general de Prensa, y de Adolfo Suárez como director general de Radio y Televisión Española. Sin saberlo, Alfredo Sánchez Bella había formado el equipo más próximo al príncipe don Juan Carlos, al almirante Carrero Blanco y a Laureano López Rodó, lo que dice mucho de su personalidad.

En aquel Consejo de Ministros fueron nombrados muchos de los jóvenes políticos que ocuparían cargos destacados durante la transición, como Rodolfo Martín Villa, propuesto para secretario general de la Organización Sindical; José Miguel Ortí Bordás, para vicesecretario general del Movimiento; José Luis Meilán Gil, secretario general técnico de la Presidencia, y Fernando Benzo, subsecretario de Industria.

Es también significativo que el equipo de Manuel Fraga, que cesaba en Información y Turismo, estuviera integrado por personalidades del fuste y aun larga andadura política de Pío Cabanillas, Carlos Robles Piquer, José Jiménez Quílez, Jesús Aparicio Bernal, Antonio García y Rodríguez-Acosta y León Herrera. En la toma de posesión de los nuevos cargos, Alfredo Sánchez Bella pronunció unas palabras, entre las que destacó que la política del Ministerio sería «evolución dentro de la continuidad», dejando a criterio de los presentes que «pueden poner el énfasis en la evolución o en la continuidad».

La primera decisión que tomó Adolfo Suárez fue instalar su despacho en el Ministerio de Información, rechazando el que le correspondía en Prado del Rey como director general de Radio y Televisión; de este modo se sentía próximo al poder político y podía compartir sus inquietudes con los otros altos cargos.

Ser director general de Radio y Televisión en 1969 era ser alguien con mucho poder e influencia, y Adolfo Suárez pronto sabría que a través de ese puesto podía adquirir el deseado peso político para llegar a ministro en la siguiente crisis de gobierno. Como el Régimen empezaba a demostrar sus «años», y sin embargo ya tenía sucesor, Laureano López Rodó le encargó a su subsecretario, José María Hernández Sampelayo, que todos los martes convocara una reunión para coordinar informativamente las actividades de los Príncipes, a los que este sector del Régimen quería ir «presentando en sociedad». Y a esta reunión asistió Adolfo Suárez durante los cuatro años que fue director general de Radio y Televisión, pudiendo así ofrecer una permanente información de las actividades del príncipe Juan Carlos en los telediarios de la época. No había viaje ni acto oficial en el que la figura del Príncipe no fuera tratada con generosidad en la radio y televisión públicas, pudiéndose decir que siguió al pie de la letra las instrucciones del almirante Carrero Blanco y que fue el primer político que trató al Príncipe como Rey antes de que lo fuera.

En la reunión de los martes se sentaba a su derecha el entonces coronel Alfonso Armada, perteneciente a la Secretaría de la Zarzuela, que recuerda: «Nos entendíamos muy bien, aunque él —que tenía despacho directo con el almirante Carrero— presentaba siempre puntos de vista mucho más rígidos e inmovilistas que los míos. Me dijo en más de una ocasión que yo era “demasiado liberal”». Ironías aparte, Alfonso Armada resume así su colaboración con Adolfo Suárez: «No recuerdo haber tenido roce alguno con Suárez en aquella época, al contrario, nos compenetrábamos bien, pues buscábamos el mismo objetivo: hacer que fuese conocida la figura del Príncipe y facilitar la transición política sin problemas ni traumas. El general Franco iba perdiendo facultades físicas y la transición se anunciaba relativamente próxima» [25].

Quienes trabajaban entonces con Adolfo Suárez recuerdan que con frecuencia visitaba al Príncipe en la Zarzuela para entregarle los vídeos de los viajes y actos a los que asistía, y que poco después de su llegada a Prado del Rey ordenó que se creara un archivo gráfico dedicado a la figura del Príncipe, que no olvidará estas atenciones ni el trato siempre amable y dispuesto de Adolfo Suárez, en una época en la que muchos franquistas empezaron a tratarle con desprecio y a procurar evitar que se cumplieran los designios históricos de Franco.

Suárez también conocerá en esta época de Televisión a Sabino Fernández Campo, que por entonces era el jefe de la Secretaría del ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena, quien ante cualquier problema le decía: «Acude a Suárez; es muy eficaz». Otro testimonio del Adolfo Suárez de 1969 es el que nos ofrece el entonces coronel José Ignacio San Martín: «A Adolfo Suárez le conocí a finales de 1969, poco tiempo después de que hubiera tomado posesión de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. Le conocí en un almuerzo que me ofreció en un comedor reservado del Palacio de Congresos y Exposiciones. Asistieron a ese almuerzo Luis Ángel de la Viuda y uno de mis colaboradores, amigo fundamentalmente de Luis Ángel. ¿Qué es lo que me pareció? Una persona de escasa formación pero con una simpatía arrolladora, listo —muy listo— y dotado de una extraordinaria ambición. Pese a las apariencias, ni en ese primer contacto ni en los muchos que seguirían después me dio la sensación de seguridad de la que ha dado luego pruebas, aunque no siempre».

La fecunda memoria de San Martín —el gran jefe de los Servicios de Información de la Presidencia en tiempos del almirante Carrero Blanco— también nos permite conocer las relaciones de este con Adolfo Suárez. «Pero donde vería también con harta frecuencia a Suárez sería en Castellana, 3, bien en el despacho de José María Gamazo, bien en el de Luis Acevedo y Enrique Pichot, contiguo al del almirante, pues no había prácticamente ni un solo sábado que dejara de intentar ver a “Luis”, como familiarmente llamaba Adolfo al almirante. Allí acudía para contarle cosas y chismorreos de todo el mundo e incluso de su propio ministro, con el que no se llevaba bien, y asimismo para recibir instrucciones sobre programas y enfoques de espacios formativos e informativos de televisión. En Presidencia era muy bien recibido como “hombre de la casa” y Carrero mostraba por él singular afecto y simpatía» [26].

También San Martín nos revela que Adolfo Suárez daba toda clase de facilidades «cuando se decidía que TVE retransmitiera partidos de fútbol, corridas de toros, espectáculos o telefilmes importantes para desaconsejar a la gente asistir a manifestaciones o actos de tendencia separatista como los del Aberri Eguna».

Centrándonos en el trabajo específico de Televisión, Adolfo Suárez pronto se liberó de la incómoda presencia del secretario general de Televisión, Juan José Rosón, porque Rodolfo Martín Villa le propuso, en mayo de 1970, como presidente del Sindicato Nacional del Espectáculo. Suárez amortizó el puesto, creando la dirección adjunta de TVE, que le ofreció al periodista Luis Ángel de la Viuda, un veterano de la casa y vecino del piso de la avenida del Generalísimo, número 51, que Adolfo y Amparo habían comprado nada más llegar a Madrid desde Segovia.

Adolfo Suárez potenció la presencia internacional de TVE participando en la creación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y de la Organización de Televisiones Iberoamericanas (OTI). Disfrutó, además, del honor de que nada más llegar a TVE Massiel ganara el Festival de Eurovisión con la famosa canción La, la, la, que el cantante seleccionado inicialmente, Joan Manuel Serrat, había exigido cantar en catalán.

En febrero de 1970, Suárez invitó a los Príncipes a la inauguración de las instalaciones de Radio Juventud-La Voz de Cataluña, y el viernes 20 de octubre de 1972, a las de la Casa de la Radio, en Prado del Rey, en cuyo acto Sánchez Bella recordó que «Radio Nacional, como sabéis, nació en los campos de Salamanca en enero de 1937, tan gloriosamente pobre como que emitía desde unos camiones militares. Con capote de campaña la inauguró el Generalísimo...»; concluyendo con estas afirmaciones: «Altezas: Esta es la casa de las lealtades. Sí, como un símbolo de futuro. Vuestras Altezas, que aseguran la continuidad, han querido honrarnos hoy y descubrir la lápida que perpetuará este acto, con la misma lealtad de siempre, al servicio de esa continuidad que encarnáis, al servicio de Franco, al servicio de los Príncipes de España y del Movimiento Nacional, motor decisivamente impulsor de una España renacida, en continua evolución de perfección y crecimiento, pero siempre fiel a su inalterable trayectoria, aquí está y estará siempre la Radiotelevisión Española. Con el viento de la Patria en su bandera».

Pero pocos meses antes, Adolfo Suárez había demostrado a su ministro que él conocía perfectamente las lealtades que había que defender, al negarse a retransmitir en directo la boda de Carmen Martínez-Bordiú —nieta mayor de Franco— con Alfonso de Borbón y Dampierre, al que un cierto sector del Régimen estaba queriendo presentar como alternativa sucesoria a su primo Juan Carlos, reabriendo la vieja cuestión de la validez de la renuncia a sus derechos dinásticos del hermano mayor de don Juan de Borbón. Ya en reiteradas ocasiones, Sánchez Bella le había pedido a Adolfo Suárez que ofreciera imágenes de Alfonso de Borbón, exigiéndole que TVE le diera el tratamiento de Alteza Real, pero la orden de que se televisara la boda fue la gota que colmó el vaso, y, sintiéndose bien respaldado y seguro de actuar conforme a las directrices oficiales y de futuro, Adolfo Suárez le presentó su dimisión. Charles Powell confirma este hecho: «Suárez sabía que debía su nombramiento al Príncipe como director general de Radio y Televisión, y no dudó en presentar su dimisión cuando Sánchez Bella le ordenó retransmitir la boda en directo» [27].

Ya en 1970, Sánchez Bella quiso cesar a Adolfo Suárez por la vía de que le nombraran para otro cargo, y de hecho estuvo a punto de conseguirlo cuando en septiembre de aquel año el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique García-Ramal, sufrió un infarto de miocardio y Carrero Blanco habló con Suárez para ofrecerle el cargo en el caso de que el ministro no se recuperara. Como no fue así, Adolfo Suárez siguió en su puesto, peleando todo el tiempo con un ministro que iba claramente en la dirección equivocada, y que no cejó en su empeño de quitarse de en medio a aquel director general de Radiodifusión y Televisión que funcionaba por libre. En la siguiente oportunidad habló con el ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, para que le ofreciera un buen Gobierno Civil, pero el mejor que este podía ofrecerle era Zaragoza, provincia que no satisfacía las esperanzas de Suárez, puestas en el Gobierno Civil de Barcelona, lo que no aceptó Garicano Goñi.

Adolfo Suárez siguió en su puesto, pero aún habría de sufrir el acoso de Sánchez Bella, que, fiel a su estilo, trató de acusarle de «desviacionismo», término de raíces «estalinistas», e incluso llegó a enviar algún dossier al almirante Carrero Blanco que denunciaba algún fallo técnico de televisión como intencionado «boicot» a la figura de Franco.

Al margen de esta batalla y de la que en la cumbre del Régimen se está planteando y que va configurando el ascenso de Torcuato Fernández-Miranda, con gran ascendiente sobre el Príncipe, y con la inminente designación del almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno, Adolfo Suárez estrechó sus relaciones con los militares, y, pese a que fue él quien acabó con el programa de orientación militar Por tierra, mar y aire, ofreció más información en los programas diarios de noticias, y a petición de su antiguo jefe durante las prácticas de milicia universitaria en Melilla, José Cassinello —que en 1970 era comandante de la sección logística del Estado Mayor de la División Paracaidista—, y del capitán Restituto Valero, que años después sería uno de los promotores de la UMD (Unión de Militares Demócratas), implantó una campaña de reclutamiento gratuita, que le valdrá que el 15 de septiembre de 1970, por un decreto del Ministerio del Ejército, se le concediera la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. También en esta época conoció a Manuel Gutiérrez Mellado, y mantuvo su amistad con Andrés Cassinello, al que incorporó como asesor de TVE, para que se ocupara de cuestiones de seguridad y para que le tuviera perfectamente informado de cuanto se cociera en los servicios secretos.

Durante tres años —de 1970 a 1972—, Adolfo Suárez alentará una llamada «Campaña de Orientación Cívica», idea del almirante Carrero Blanco, y que era un remedo de un utópico «Plan de movilización general», cuyo fin último era la colaboración de los ciudadanos en la defensa de los valores tradicionales, y que se materializará en la serie Crónicas de un pueblo y en otros programas, así como en una serie de conferencias impartidas por el Centro de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), de las que se hicieron eco los distintos programas informativos. Todo muy en la línea de las campañas que Rafael Anson desplegará durante su fecunda trayectoria como asesor de imagen de gobiernos, ministros y líderes empresariales.

En 1972, y después de largas conversaciones con Carrero Blanco y Laureano López Rodó, Adolfo Suárez creará el Consejo General de Radio Televisión Española, con el fin de evitar su control por parte de las Cortes, y a cuyo frente colocará a su histórico mentor, Fernando Herrero Tejedor.

En Televisión Española conoció a Carmen Díez de Rivera, a la que nombró jefe de Relaciones Internacionales, apreciando su inteligencia y excelentes dotes de organización, además de su facilidad de relación social. Como jefe de su Secretaría figuraba un personaje curioso, de ideas republicanas, que sería el candidato de Felipe González para dirigir la televisión pública en 1982: José María Calviño. Y también en Televisión Española conoció a uno de sus mejores y más leales amigos, José Luis Graullera, que en 1972 trabajaba como interventor económico de TVE, designado por el Ministerio de Información y Turismo, y que permanecerá a su lado —aunque sea en la distancia, como cuando le nombró, a principios de los ochenta, embajador de España en Guinea Ecuatorial— hasta hoy día. Graullera será desde entonces el hombre que canalizará las pequeñas economías de Adolfo Suárez, el que le animará a meter su dinero en algunos negocios, el que encontrará financiación para la construcción de una casa en Ávila, el que venderá el piso de San Martín de Porres a Alberto Recarte, cuando regresa de La Habana para trabajar como asesor económico del presidente en la Moncloa, y el que cuando Adolfo Suárez deje la presidencia del Gobierno le insistirá para que monte un despacho profesional en la calle Antonio Maura, de Madrid.

Antes de que llegue la crisis de junio de 1973, incubada por la pérdida de facultades físicas y mentales de Franco, y por el pulso que todas las familias del Régimen están manteniendo por capitalizar la herencia franquista, Adolfo Suárez volvió a salir elegido procurador en Cortes por Ávila, en los que serían últimos comicios orgánicos. El 10 de septiembre de 1971 la Junta Electoral hizo público los nombres de los cuatro candidatos por Ávila: Adolfo Suárez, Francisco Abella [28], Faustino Cermeño y Alberto Zamora. Estos dos últimos retiraron su candidatura pocos días después, por lo que, según el artículo 29 de la Ley Electoral, los únicos candidatos quedaban automáticamente proclamados procuradores.

Pero Adolfo Suárez rechazó esa fórmula electoral y consiguió que, diez días después, la Junta Electoral Provincial rectificase la proclamación y señalase que los habitantes de la provincia de Ávila estaban obligados a votar. El 29 de septiembre tuvieron lugar las elecciones, obteniendo Adolfo Suárez 68.671 votos y Francisco Abella 38.126, con un índice de participación del 68,5 por 100. Pocos meses después rivalizará de nuevo con su competidor en las elecciones a procurador por Ávila, pero esta vez para ocupar una plaza en el Consejo Nacional, siendo Francisco Abella quien se sentaría en los escaños del viejo palacio de la plaza de la Marina Española. Francisco Abella era un abogado del Estado de origen falangista y que había sido gobernador civil de Oviedo y delegado nacional de Provincias. Poco antes de las elecciones a procuradores de 1971, Laureano López Rodó trató —sin éxito— que Torcuato Fernández-Miranda nombrara a Adolfo Suárez precisamente delegado nacional, «para garantizar la presencia de un grupo nutrido de candidatos partidarios de la causa del Príncipe..., pero el ministro secretario general del Movimiento no consideró oportuno el nombramiento, precisamente porque veía en él a un posible submarino de la Presidencia del Gobierno» [29]. A estos dos pequeños contratiempos sucedió la muerte de su suegro, Ángel Illana, ocurrida el 30 de agosto de 1972, cuando el padre de Amparo tenía noventa años.

Pero antes de que Franco designe a Carrero Blanco como presidente del Gobierno, Adolfo Suárez culminará su distanciamiento del Opus Dei, como consecuencia del que desde 1972 había experimentado su relación con Laureano López Rodó. Su olfato le dijo, y con razón, que la figura del hombre que desde 1960 había dirigido el desarrollo económico-político del Régimen estaba en baja. Además, rechazaba en su interior el tono profesoral, permanentemente sutil y exigente a la vez, de López Rodó, por el que se sentirá poco apreciado. Otro factor al que Adolfo Suárez no será ajeno es a la confirmación de que, además de Carrero Blanco, el hombre fuerte de los últimos años del franquismo es Torcuato Fernández-Miranda, que desde su posición y desde su influencia en la Zarzuela ha dejado huella inequívoca de su finura y modo de actuar.

De la mano de José Luis Graullera y de un personaje al que ha conocido en 1972, Víctor Tarruella, Adolfo Suárez complementó su vocación política con una incursión en el mundo de los negocios, y con ellos y Adolfo Gordillo, ex alcalde de San Fernando de Henares, montó un despacho en el número 20 de la calle O’Donnell, de Madrid, en el que se integró su padre, y que se dedicó a la compra y venta de solares y pisos en la zona este de Madrid. Otra de sus inversiones fue una productora de cine, en la que tuvo por socio a su paisano José María Otero, que durante muchos años ocuparía varios cargos directivos en Televisión Española.

Otra de las decisiones inmobiliarias que tomó Adolfo Suárez fue el alquiler de una casa en La Granja de San Ildefonso —La Chavea—, cerca del palacio de La Granja, y que ofrecerá a sus amigos y a las altas personalidades que, ese verano y el siguiente, rendían el obligado tributo al Jefe del Estado.

El 11 de junio de 1973, el nuevo presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco, hizo público su Gabinete, en el que todavía se dejó sentir la voluntad de Franco, que le ordenó colocase a Carlos Arias Navarro de ministro de la Gobernación, y en el que no figuraba Adolfo Suárez, pese a que estuvo en todas las combinaciones. López Rodó ofrece este testimonio de sus posibilidades: «Carrero maduraba la remodelación del Gobierno. Tenía decidido nombrar a Fernando de Liñán ministro de la Gobernación, y a Adolfo Suárez ministro de Información y Turismo» [30].

La voluntad de Franco había obligado a Carrero Blanco a nombrar a Liñán ministro de Información y Turismo, y, pese a que trató de contar con Suárez, no le encontró acomodo final. La configuración del nuevo Gobierno se ajustó a la intuición de Adolfo Suárez y confirmó el alza de Torcuato Fernández-Miranda, que fue ascendido a vicepresidente, conservando el Ministerio-Secretaría General del Movimiento.

La primera reacción de Adolfo Suárez fue de soberbia. Estaba convencido de que esta vez sí que tenía posibilidades de ser ministro y de que en los últimos años había sido leal a las opciones del Príncipe y a la línea marcada por Carrero Blanco y Laureano López Rodó, colaborando desde la Dirección General de Radio y Televisión a proyectar el futuro inmediato. «Se encerró durante varias horas —cuenta su biógrafo Gregorio Morán— y no quiso ver a nadie. Iba a asombrar a todos con sus realizaciones como ministro y terminaba asombrándose a sí mismo. Mirándose ante el espejo se veía en lo mejor de su edad, lo tenía todo. Y ahora que lo poseía se lo llevaban. “No soy ministro porque ni vivo en Puerta de Hierro ni estudié en el Pilar”, fue la primera frase que pronunció en público, ante pocos y reducidos amigos, después de la catástrofe. Le quitaba el Ministerio de Información y Turismo Fernando de Liñán y Zofío, un pera, un cursi, a quien había conocido bien en su etapa de Planes Provinciales, un amigo del Rey que aseguró no le había hecho los servicios que él había prestado» [31].

No sabía Suárez, ni ningún otro español, que este Gobierno solo tenía seis meses de vida, los mismos que le quedaban al almirante Carrero Blanco, por designio de la cúpula terrorista de ETA, dispuesta a alterar la voluntad política de Franco y a precipitar una salida violenta de su herencia. Adolfo, dolido y triste, se fue unos días a su recién alquilada casa de La Granja y allí meditó lo suficiente como para regresar a Madrid para entrevistarse con el nuevo ministro de Información y Turismo, su viejo amigo Liñán y Zofío. Este, sin gran insistencia, le pidió que continuara en su puesto de director general de Radiodifusión y Televisión. Suárez le pidió unos días para contestarle, y mientras aprovechó para hablar con López Rodó de las distintas posibilidades que se le ofrecían, concluyendo que quizá Torcuato Fernández-Miranda podría nombrarle vicesecretario general del Movimiento. Con malévola ironía, López Rodó cuenta en sus memorias que habló con el príncipe don Juan Carlos: «Le dije que le bastaría empujar con el meñique para conseguir que Torcuato Fernández-Miranda cambiara al vicesecretario general del Movimiento. El Príncipe apuntó el nombre de Adolfo Suárez (aunque dijo que tenía excesivas ganas de ser ministro)». Y añade López Rodó: «... le preocupaba quién podía suceder a Adolfo Suárez en TVE. Le hablé de Rafael Orbe Cano. El Príncipe tenía buen concepto de él, pero temía que no estuviera impuesto en materia de TV. “Lo mismo que Adolfo Suárez al salir del Gobierno Civil de Segovia”, le dije» [32].

Por su parte, el propio Adolfo Suárez pidió una entrevista a Torcuato Fernández-Miranda para ofrecerse como vicesecretario general del Movimiento, y seguramente no olvidó nunca el tono y el fondo de esa conversación con el hombre que solo dos años y medio después se convertirá en su nuevo mentor y en un importante apoyo para su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Pero, como López Rodó ha descrito con minuciosidad, la conversación entre dos soberbios distó mucho de ajustarse a las normas de la cortesía política, diciéndole Fernández-Miranda a Suárez: «... yo no me dejo gobernar por nadie más que por el Caudillo; que lo sepas»; contestándole Suárez: «Pues yo me dejo gobernar por el Caudillo, por el Príncipe y por el almirante»; añadiendo: «... no entiendo nada. No sé a qué viene eso; supongo que no querrás que el telediario de las tres diga que el ministro-secretario general no se deja gobernar» [33].

Gregorio Morán ha contado que, a la salida de las Cortes —donde se celebró la entrevista—, Torcuato Fernández-Miranda le dijo a Suárez: «Por mucho que te empeñes, Adolfo, no te nombraré vicesecretario» [34].

López Rodó precisó posteriormente en su libro de memorias que fue el propio Adolfo Suárez quien le relató esa áspera entrevista, y que, por la tarde, Torcuato le volvió a llamar, llevándole al despacho del presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, aclarándole allí que la frase pronunciada por la mañana aludía a José Ignacio San Martín; después, Fernández-Miranda, más conciliador, le dijo: «Si quieres que te promocione en la Secretaría General no tienes más que pedírmelo»; a lo que Suárez le replicó inmediatamente: «Pues te lo pido ahora mismo» [35].

Fernández-Miranda reaccionó, diciéndole que le recibiría la semana siguiente, pero nombró vicesecretario general del Movimiento, para sustituir a un histórico de la Falange, Manuel Valdés Larrañaga, que tenía el carné número 2, a un perfecto desconocido, Julio Gutiérrez Rubio, que había sido gobernador civil de Palencia, Huelva y Córdoba.

La alusión de Fernández-Miranda al comandante San Martín viene apoyada por este párrafo de las «memorias» del hombre fuerte de los Servicios Secretos de la Presidencia: «A Carrero le parecía que ese puesto [el de vicesecretario] le venía bien a un hombre joven y con buena imagen. Hablamos de tal posibilidad, pero también de quién podría sucederle. Se barajaron varios nombres, entre ellos el de Rosón. Se había ganado el afecto de Carrero Blanco de tal modo que, lo tengo anotado, en el despacho el 15 de abril de 1973, me diría: “San Martín, apoye al director general de Radiodifusión y Televisión y arrópelo”» [36].

Antes de responder a Liñán, Suárez también habló con Carrero Blanco para sondear las posibilidades de conseguir una subsecretaría con Carlos Arias, también sin éxito, y en el mismo sentido resultaría otra gestión con el nuevo ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente. Entonces, habló con sus amigos, y como no tenía problemas económicos, optó por presentar su dimisión al ministro Liñán, y decidió esperar a que pasaran las vacaciones para enfocar su futuro. Como insinuó López Rodó, Rafael Orbe Cano fue nombrado director general de Radiodifusión y Televisión.

Quizá para paliar una de las razones por las que él creía que no había sido nombrado ministro, Suárez vendió su casa de la avenida del Generalísimo, y se compró un piso en Puerta de Hierro, en la calle San Martín de Porres, donde sería vecino de Luis Ángel de la Viuda, José Luis Graullera y Raúl Morodo, con el que establecerá una gran amistad, que se mantiene hasta nuestros días. También por mediación de José Luis Graullera, que consiguió el permiso de importación, Adolfo Suárez se compró un Mercedes 280, de color blanco, matriculado en Madrid con el número 700.000.

Aunque, después del verano, el ministro de Comercio, Agustín Cotorruelo, le ofreció incorporarse a un grupo bancario, Adolfo Suárez decidió montar un despacho con Juan Gómez Arjona, aunque le aburrían los negocios y no se sentía a gusto recibiendo clientes. Lo suyo, le decía a todos sus amigos, era la política. Por eso, en octubre se incorporó a la Comisión Permanente del INI que planificaba la industria turística, y el 14 de diciembre de 1973 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado su nombramiento como presidente de la Empresa Nacional de Turismo (Entursa), dependiente del INI y dedicada a dirigir y programar las empresas turísticas con mayoría estatal. Pero casi sin tiempo para conocer el que iba a ser su nuevo trabajo, seis días después, el 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco caía asesinado por un comando de ETA, que durante un mes había excavado un túnel bajo la calle Claudio Coello, de Madrid, con total impunidad.

La crisis institucional que originó la muerte del almirante Carrero Blanco fue resuelta con criterio propio y grandes dosis de autoridad por Torcuato Fernández-Miranda. Este hizo valer su condición de presidente en funciones para obligar al general Iniesta Cano, director de la Guardia Civil, a retirar un telegrama dirigido a todas las comandancias en las que se movilizaba a todas las tropas, y se dirigió a toda España a través de televisión para tranquilizar a los ciudadanos, y afirmar que después del asesinato de Carrero Blanco las instituciones garantizaban el orden público. Torcuato tardó un cierto tiempo en informar al palacio de El Pardo de sus decisiones, y cuando Franco le recibió con su habitual hieratismo, le dijo con aire gélido: «Ha desautorizado usted a un capitán general»; a lo que Fernández-Miranda replicó: «Ha desobedecido al Gobierno».

Como consecuencia de esta dramática situación, que tanto afectó a Franco, este apuró al máximo los diez días que le autorizaba la Ley Orgánica para designar al sucesor de Carrero Blanco, llegando a insinuarle al presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, si no podrían esperar aún un poco. Franco pensó nombrar a José Antonio Girón de Velasco o al almirante Nieto Antúnez, siendo el propio Consejo del Reino quien le sugirió que propusiera otro nombre. Finalmente, Rodríguez de Valcárcel visitó a Franco con una lista de nombres, propuestos por el Consejo del Reino, entre los que se encontraba el de Carlos Arias, al que cabía responsabilizar por el fallo de seguridad que costó la vida al presidente del Gobierno. Pero el entorno familiar de Franco hizo uso de su influencia y le insistió en que nombrara a Carlos Arias.

El período del gobierno Arias se debatirá entre la tímida voluntad reformista de algunos de sus ministros más aperturistas —Pío Cabanillas, entre ellos— y la feroz resistencia de los nostálgicos del búnker franquista, empeñados en denunciar cualquier apertura como un signo de debilidad. Mientras Arias desplegaba la tibia oferta del «12 de febrero», Suárez, que se había convertido en un observador preocupado de los acontecimientos de descomposición final del Régimen, empezó a visitar a Torcuato Fernández-Miranda, al que el poder había recluido en el destierro confortable de la presidencia del Banco de Crédito Local. Y con él perfiló una estrecha relación, inspirada en la compartida inquietud por el aislamiento en el que había quedado sumido el Príncipe y por el giro que estaba tomando la política española. Suárez no se equivocó apostando por Fernández-Miranda, ya que por él pasaría la clave del futuro. Un nuevo episodio enturbiará sus antiguas relaciones con Juan José Rosón, al que el ministro de Información, Pío Cabanillas, había nombrado director general de Radio y Televisión Española. Poco después de tomar posesión, Rosón le llamó para advertirle que el siguiente mes no seguiría cobrando su sueldo de director general, cargo en el que había cesado seis meses antes. Suárez presidirá Entursa durante todo el año 1974 y simultaneará ese cómodo cargo con una presidencia más altruista: la de la organización juvenil YMCA (Youth Men’s Christian Association), fundada en Inglaterra en 1844, con fuerte implantación en Estados Unidos y dedicada a promover la educación física de la juventud en un marco de moral cristiana.

Cuando el comandante San Martín fue cesado el 20 de febrero de 1974 de la jefatura del Servicio de Documentación en la Presidencia del Gobierno, Adolfo Suárez le mandó una tarjeta en la que le felicitaba por la labor realizada y le añadía de su puño y letra «ya sabes que soy amigo tuyo de verdad».

2
ADOLFO SUÁREZ, EN EL CAMINO DE LA PRESIDENCIA

El 19 de marzo de 1975 el nuevo ministro del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, completaba su equipo con el nombramiento como vicesecretario de Adolfo Suárez. Le conocía desde hacía ya veinte años y, tanto a sus órdenes como en los distintos puestos de responsabilidad que había ocupado, demostró capacidad y audacia; además, en estos primeros meses de 1975, y ya desde hacía varios años, el joven político era uno de los pocos hombres del Movimiento que gozaban de la confianza del Príncipe, con el que compartía el diseño del escenario inmediato a la muerte de Franco.

Herrero Tejedor es ya un «hombre del Príncipe» cuando llega a la Secretaría General, y a él le correspondía construir el puente entre el reformismo latente entre muchos hombres del Régimen y los sectores más templados de la oposición para hacer viable la futura Monarquía de todos, como meses después la definirá el propio Rey. Pero Herrero era también un hombre del Movimiento, y en este sentido gozaba de la confianza del presidente Carlos Arias para desarrollar con otro espíritu el proyecto de asociación política que había encallado en las manos del anterior ministro Utrera Molina.

En el nombramiento de Suárez tuvo ya una influencia decisiva el príncipe don Juan Carlos, que era su principal valedor[37]. Herrero Tejedor, que conocía el deseo de Suárez de ser vicesecretario con Torcuato Fernández-Miranda en el primer Gobierno de Carrero Blanco, le preguntó si su ofrecimiento convenía a los intereses de su carrera política, a lo que Suárez contestó afirmativamente.

Alfonso Armada confirma que el nombramiento de Suárez como vicesecretario general «fue muy bien recibido en la Zarzuela porque Suárez siempre fue buen amigo y su afecto por el Príncipe resultaba evidente» [38].

Suárez fue nombrado por un decreto firmado por Franco y tomó posesión el 22 de marzo de 1975, luciendo la camisa azul —como le pidió el ministro— que identificaba a los hombres del Régimen de procedencia falangista, reconociendo en las palabras que pronunció: «... los hombres del Movimiento me conocéis, pues no en balde he permanecido en esta casa durante diecisiete años y en sus muros más de ocho». También dijo ser un hombre de creencias sólidas y «... por ello, toda mi realidad vital —en lo personal, en lo familiar y en lo político— profundiza en las raíces últimas de mi fidelidad a España y a sus hombres, y de mi lealtad a un Régimen nacido en la necesidad de recuperar la identidad nacional del país y su legitimidad como Estado que, encabezado por el Generalísimo Franco, ha sabido dar respuesta en circunstancias cambiantes, y desde luego no fáciles, al reto de mantener unido su destino como país, acelerar su progreso y posibilitar su vida democrática».

El 7 de abril, Suárez cesó como presidente de Entursa, y el 24 del mismo mes tomaba posesión como miembro del Consejo de Estado —condición que llevaba aparejada su nombramiento como vicesecretario—, institución que presidía don Antonio María de Oriol y Urquijo, teniendo como padrinos a J. Ignacio Escobar Kirkpatrick, marqués de Valdeiglesias, y a Miguel Vizcaíno. Torcuato Fernández-Miranda accedió a ayudarle en el discurso. Al día siguiente se decretaba el estado de excepción en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, y el 12 de mayo se vio obligado a viajar al País Vasco para asistir a los funerales de un guardia civil y un policía nacional asesinados por ETA, acompañando al subsecretario de Gobernación, Luis Peralta España, al que felicitó por sus palabras de denuncia del terrorismo y de la nula colaboración del Gobierno francés en su combate.

Herrero Tejedor y Suárez asumen en la agonía del Régimen la difícil tarea de potenciar las asociaciones políticas, como última posibilidad de regeneración de este y para así encauzar las sutiles diferencias existentes entre sus distintas familias. Suárez estaba convencido de formar con Herrero el tándem capaz de hacer llegar a la sociedad y a la clase política del franquismo los primeros mensajes de las intenciones futuras del Príncipe.

Y para este objetivo, Suárez —de acuerdo con su ministro, pero también por su cuenta— estableció contactos y conversaciones con personalidades de la oposición, como el catedrático Raúl Morodo, que ya entonces era vecino suyo en la casa de San Martín de Porres; el abogado de turbia trayectoria Antonio García López, que poco después constituiría el embrión de un partido de inspiración socialdemócrata, y con algunos dirigentes del PSOE histórico, misión esta en la que le ayudaría su viejo amigo del Colegio Mayor Francisco Franco José Luis Herrero Tejedor, hermano del ministro. Pero Suárez ya evidenció su reconocida audacia al extender sus contactos a personajes tan dispares como el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, que era el símbolo de las aspiraciones carlistas al trono, el comunista Gregorio López Raimundo y el escritor liberal Salvador de Madariaga, con el que mantuvo una breve correspondencia, que Suárez leía con orgullo en su despacho de la calle Antonio Maura, de Madrid.

Alguna de estas iniciativas contaban con el expreso impulso del Príncipe, deseoso de conocer la opinión de los diferentes sectores de la oposición sobre el inmediato futuro y de sondear su disposición a colaborar con la Monarquía [39].

Pero pronto el tándem Herrero-Suárez va a sufrir un primer contratiempo, al contestar negativamente Manuel Fraga —el 18 de marzo— a la oferta de colaboración en el proyecto de asociación política, consciente de que al Régimen le quedaba poco tiempo de vida y de que él era el hombre destinado a liderar el reformismo, una vez muerto Franco.

En los escasos cien días que dura su estancia en el edificio de Alcalá, 44, Suárez desarrolla una gran actividad, convencido de estar junto al hombre que con Torcuato Fernández-Miranda iba a desempeñar un papel fundamental en el diseño de los primeros pasos de la Monarquía que se avecina. Pero poco imaginaba Adolfo Suárez que el jueves 12 de junio de 1975 su trayectoria política iba a sufrir un duro golpe. Esa tarde acompañaba a la esposa de su ministro, doña Joaquina Algar, en un palco de la plaza de toros de Las Ventas, donde se celebraba la tradicional corrida de la Beneficencia, en la que los diestros Ruiz Miguel, Niño de la Capea y Roberto Domínguez lidiaban reses de Sepúlveda. Cuando iba a saltar al ruedo el quinto toro de la tarde, uno de los ayudantes le informó con discreción que el ministro-secretario había sufrido un fatal accidente de circulación. Muy afectado, Suárez ocultó a doña Joaquina la verdadera gravedad del suceso y la acompañó hasta el hospital donde yacía el cuerpo de Fernando Herrero Tejedor.

El accidente había ocurrido en el cruce de la N-VI con la N-403, en el término municipal de Adanero. El conductor, Pablo Fernández Cobo, estrelló el Dodge Dart matrícula SGM-0232 contra un camión Pegaso conducido por Germán Corral Gómez, y aunque sobre las circunstancias del accidente hubo muchas conjeturas, la versión oficial es que el conductor se distrajo una fracción de segundo. La viuda de Herrero Tejedor recibió de la compañía de seguros una indemnización de ocho millones de pesetas [40].

Solo tres meses después de su toma de posesión, Suárez velaba el cadáver de Herrero Tejedor, expuesto en un salón del Consejo Nacional, donde se vivieron algunos momentos de tensión al negarse Suárez a darle la mano a Laureano López Rodó, llegado especialmente de Viena, donde estaba destinado como embajador de España. Horas después, Suárez llevaba a hombros el féretro del hombre que había sido para él como un padre, quien le había proporcionado su primer trabajo en Ávila y a la sombra del cual había desarrollado toda su prometedora carrera política. Con su muerte parecían enterrarse también sus inmediatos sueños políticos, y el camino de la futura reforma del Régimen y los cimientos de la Monarquía sufrían un inesperado revés. Con él, portaban el féretro Antonio María de Oriol y Urquijo y José Solís, que pocos días después se iba a convertir —para sorpresa de todos los que le creían acabado— en el nuevo secretario general del Movimiento, en uno de los últimos nombramientos de Franco, producto de una rocambolesca peripecia que tan bien define la personalidad de Franco y del Régimen.

Muerto Herrero, Carlos Arias pensó en su sustituto, y lo primero que hizo, la misma noche del accidente, fue hablar con Adolfo Suárez. «Arias me llamó ofreciéndome la Secretaría General y yo le dije que no —reconoce Suárez—. Tal vez no hubiera podido llevar adelante mi nombramiento en ningún caso, porque Franco había pensado en Solís desde el primer momento.» Arias visitó a Franco en el palacio de El Pardo y en su agenda llevaba tres nombres: Rodolfo Martín Villa —un joven reformista—, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y José Solís. Este último un poco de relleno porque, pese a su lealtad a Franco, Arias temía que este le propusiera a Antonio Rodríguez Acosta, detrás de cuya propuesta creía adivinar la mano influyente de José Antonio Girón, especializado en conspirar en los alrededores de El Pardo con singular éxito. Cuando Franco le insinuó su nombre, Arias se opuso con timidez, y Franco, que creía que Arias quería proponerle a Martín Villa, optó por Solís [41].

Todos los que conocían la estrecha relación que unía a Suárez con Fernando Herrero creen que su futuro está seriamente afectado, y su buen amigo Luis Ángel de la Viuda pronuncia una frase que hace historia: «Se acabó la carrera de Adolfo» [42]. Pero quienes compartieron con él alguna de las horas del velatorio de la capilla ardiente recuerdan haberle oído decir: «Están equivocados si creen que estoy muerto». A la salida de la capilla ardiente, Suárez entró a rezar en una iglesia de la calle Pintor Juan Gris, de Madrid, y al día siguiente acompañó el cadáver de su mentor desde el Consejo Nacional hasta Castellón [43].

Se equivocaba Luis Ángel de la Viuda y quienes como él sentenciaron su prometedora carrera, pero es que ignoraban la fuerza interior de Suárez y su fe en la confianza que el Príncipe le había demostrado en su rehabilitación futura. Pero cierto es que la llegada de Solís a la Secretaría General del Movimiento supone a Adolfo Suárez un breve período de incertidumbre y malestar, porque el veterano político que es Solís le ignora por completo, hasta el punto de que, habiendo presentado su dimisión a los pocos días de la muerte de Herrero Tejedor, Solís se negó a recibirle. Los viejos «elefantes» del Régimen se creían suficientemente poderosos como para despreciar a los jóvenes cachorros, a los que creían haber derrotado, sin percatarse de que a Franco le quedaban solo cinco meses de vida y que con él iba a desaparecer todo su poder.

Por fin, el 3 de julio, Solís nombró sustituto de Adolfo Suárez, eligiendo a Antonio Chozas Bermúdez, funcionario proveniente de Sindicatos, como entonces se llamaba a los que habían desarrollado su trayectoria en el seno de la Organización Sindical. El mismo día, el ministro de Planificación, Juan Gutiérrez Cano, le cesaba como presidente de la Comisión de Turismo del IV Plan de Desarrollo, cargo que heredaba Tomás Maestre, empresario turístico que se haría rico con la promoción de La Manga del Mar Menor.

Pero Suárez no quiso dejar la primera fila de la política —aunque fuera por escasos meses— sin ofrecer testimonio de su posición ideológica a quienes quieran seguirle la pista, porque sabe que en el futuro se van a producir acontecimientos de vital trascendencia en la Historia de España. Y en su despedida como vicesecretario pronuncia un discurso, en el que, entre otras muchas cosas, dijo: «Creo en la innovación y no en la nostalgia, en la comprensión y no en la exclusión, en la seriedad del servicio y no en el extremismo romántico». También hubo en sus palabras elogios para el hombre que ha visto truncada su vida y al que tanto debía: «Fernando Herrero, en estos cien días, no se ha permitido ni un gesto excesivo ni una palabra ociosa. Ha trabajado con toda su energía, desde el respeto a la libertad, por la constitución de una democracia libre y apacible».

Tampoco olvidó aludir al futuro, en términos tan nítidos como estos: «Queremos democracia, que es participación del pueblo, y la queremos en todos los ámbitos de la nación, en la política, en la cultura, en la riqueza. No admitimos oligarquía privilegiada en ningún aspecto. Nuestro tiempo es tiempo de participación y de mayorías». También hizo referencia a la Monarquía en una frase que era toda una premonitoria expresión de la voluntad real: «La Monarquía de don Juan Carlos de Borbón es el futuro de una España moderna, democrática y justa, que no nos ha de caer del cielo, sino que ha de ser el resultado del esfuerzo de todos, ganándola a pulso, día a día, sin extremismos, con rigor y seriedad».

Suárez concluyó sus palabras con una reafirmación en su proyecto: «Vine con estas ideas y me voy con ellas reafirmadas. Estos cien días al lado de Fernando me han ratificado mis lealtades de siempre al pueblo español, que es el verdadero protagonista de su destino» [44].

Suárez dijo lo que quería decir en ese momento histórico, como él mismo ha reconocido años después: «Algunos de los reformistas del Régimen pudimos expresar, aún en vida de Franco, públicamente nuestros objetivos» [45].

Pero el futuro de Suárez ya no estaba vinculado solamente a las posiciones de poder de los distintos hombres fuertes del Régimen. En el palacio de la Zarzuela, el príncipe Juan Carlos veía con preocupación que la vida y la obra de Franco llegaban a su fin, y por ello le demostró enseguida que le consideraba uno de los hombres con los que quería contar en cuanto reinara, llamando al director de la revista Blanco y Negro, Luis María Anson, pidiéndole: «Por favor, cuídame a Adolfo Suárez. Es uno de los pocos hombres seguros que tengo en ese sector» [46]. Anson complacerá gustoso al futuro Rey, nombrando a Suárez «Político del mes de junio». Quienes conserven el ejemplar de ByN correspondiente al 2 de julio de 1975 podrán releer este premonitorio texto, debido a la vehemente pluma de Anson: «... de Adolfo Suárez pueden esperarse nuevos e importantes servicios al país, sobre todo en la hora gravísima de la transición, pues es hombre que ha sabido conectar con lo que el Príncipe y la sucesión significan de cara a un futuro abierto y estable». También recordaba Anson que en la crisis que el almirante Carrero Blanco preparaba para comienzos de 1974, Suárez hubiera sido ministro.

La entrega de este periodístico galardón se produjo en la primera quincena del mes de julio y se celebró en el Hotel IFA, de Madrid, y en torno al recién cesado —al que Franco acababa de conceder la Imperial Orden del Yugo y las Flechas— se produjo una insólita concentración de políticos, como el propio ministro Solís, su sucesor Chozas Bermúdez, Tomás Pelayo Ros, Juan Manuel Fanjul, y de sus amigos y colaboradores Luis Ángel de la Viuda, Eduardo Navarro —al que Utrera Molina había nombrado en 1974 secretario general técnico del Movimiento— y su cuñado, Aurelio Delgado. Solís quiso enmendar su error de ignorar a Suárez, pronunciando unas palabras de elogio que acreditan tanto su personalidad como su experiencia, y dijo: «Adolfo no es solo el político del mes. Aquí hay político para muchos meses y para muchos años». Tenía razón. Adolfo Suárez agradeció la distinción de ByN y aprovechó la respuesta para reiterar con arrogancia: «Soy un político que quiere seguir luchando por conseguir promocionar el sentido común, sentido común en la clase política española, que debe vivir con gran responsabilidad al servicio de treinta y cinco millones de españoles. Creo que se trata en definitiva de... aunar facultades al servicio de la España de hoy y de la España del futuro, esa España que ha de encarnar don Juan Carlos de Borbón». De nuevo, Suárez reiteró su confianza en la España del futuro y siempre unida a la figura del próximo Rey.

Poco tiempo estuvo Adolfo Suárez sin ocupación, ya que solamente tres semanas después de su cese, el 24 de julio, fue nombrado delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica, cargo que le fue ofrecido por el ministro de la Gobernación, José García Hernández, y en el que sustituyó a su amigo Tomás Pelayo Ros. En su nombramiento intervino también el Príncipe, que llamó al ministro García Hernández [47]. Este puesto le permitía tener un buen sueldo y un despacho, al que incorporó a su colaboradora en TVE, Carmen Díez de Rivera, para dedicarse a impulsar la Unión del Pueblo Español (UDPE), una de las recién creadas asociaciones políticas, surgidas al amparo del afán asociativo auspiciado desde la Secretaría General del Movimiento, y que pretendía aglutinar distintas personalidades del Régimen con algunos partidarios de su reforma y con quienes sin tener otro bagaje que su experiencia administrativa querían integrarse en la nueva corriente.

Herrero Tejedor, consciente de la importancia de contar con un grupo de hombres de esas características de cara al inmediato futuro, asumió en vida el control y organización de la UDPE, y junto con Adolfo Suárez inició la captación de adeptos. Alguna de las reuniones iniciales se celebraron en casa de Emilio Romero, y una primera representación de sus directivos —entre los que figuraban el propio Herrero Tejedor, Jesús Fueyo, Carlos Pinilla y Labadie Otermín— llegó a visitar al presidente Arias.

Cuando, el 10 de junio de 1975, Adolfo Suárez llamó personalmente a Laureano López Rodó para ofrecerle incorporarse al proyecto, el entonces embajador en Viena rechazó el ofrecimiento en términos muy poco amistosos, calificando la UDPE de «engendro» [48] y «porque predominaban como promotores gente muy floja, desechos de tienta del partido único», concluyendo con un erróneo vaticinio: «Estos hombres no inspiraban confianza al país» [49]. Este desdén de López Rodó motivó que Suárez no quisiera saludarle en el velatorio de Herrero Tejedor.

«La víspera de su muerte —reconoce Adolfo Suárez—, Fernando Herrero Tejedor me dijo que estaba preocupado por el rumbo que pudiera tomar la Unión del Pueblo Español (UDPE) y que quería que yo le echara una mano.» Y a esa tarea se dedicará Suárez en estos meses de incertidumbre. Sabe que detrás de él está también el interés del Príncipe, que a la muerte de Herrero Tejedor llamó al nuevo ministro Solís para que le ofreciera la presidencia de la UDPE [50], hecho que se hizo realidad el 17 de julio.

Desde ese día, Suárez admite: «No me costó nada hacerme con el control de la UDPE porque trabajaba más que todos los otros juntos» [51], e incorporó a la UDPE a políticos de muy distinta valía y posición como los ex ministros Gregorio López-Bravo, José Solís, Pedro Nieto Antúnez, Fernando de Liñán, Agustín Cotorruelo, pero sobre todo a otros, a los que él conocía bien y que estaban decididos a jugar un papel destacado en la transición, como era el caso de Fernando Abril Martorell, Rodolfo Martín Villa, Federico Mayor Zaragoza, Manuel Ortiz, Eduardo Ameijide, Juan Gómez Arjona y Rafael Anson.

Pocos días después de su elección como presidente, Suárez y la junta directiva de la UDPE, que integraban Carlos Pinilla, Fernando Ibarra, Francisco Escrivá de Romaní, Alberto Ballarín y Javier Carvajal, visitaron a Franco. Suárez preparó un discurso audaz, cuya copia se negó a entregar previamente al jefe de la Casa Civil, Fernando Fuertes de Villavicencio, y en el que, entre otras muchas cosas, dijo: «Esta asociación política no es más que un embrión imperfecto e insuficiente del pluralismo político que será inevitable cuando se cumplan las previsiones sucesorias». Franco no se inmutó, y al terminar le pidió que se quedara, preguntándole por qué había puesto tanto empeño en hablar de que la democracia era inevitable, a lo que Suárez contestó: «Porque estoy convencido de que es así, Excelencia. La llegada de la democracia será inevitable porque lo exige la situación internacional. España es una isla. La gente respeta a Franco, pero no quiere esta situación. Cuando Franco falte, ese deseo de futuro democrático será imparable». Franco guardó silencio un momento y, según el testimonio del propio Suárez, finalmente dijo: «Entonces, Suárez, también habrá que ganar, para España, el futuro democrático» [52].

Resulta reveladora esta conversación entre Franco y Suárez, no tanto por la respuesta de Franco, sino por la audacia de Suárez, que se atrevía a hablarle del futuro de España a su muerte.

Hoy se conoce la opinión que esta actitud de Suárez merecía al anterior Jefe de Estado, porque el doctor Pozuelo, que fue el médico personal que le atendió en los últimos meses de vida, ha relatado que Franco le dijo, poco después de la muerte de Herrero Tejedor: «Herrero era todo un caballero, con una gran capacidad de trabajo. Sin embargo, alguno de los colaboradores de su equipo le estaba traicionando». El fundamento de esta opinión se inspira en que pocos meses antes don Juan Carlos había pedido a Adolfo Suárez y a otros políticos —entre ellos, al propio Herrero Tejedor— un informe sobre la transición que se avecinaba y sobre las reformas que habría que llevar a cabo cuando muriera Franco, y ese informe fue interceptado por los Servicios de Información, lo que demuestra hasta qué punto se vigilaba al entonces Príncipe de España [53]. Suárez reconoció años después que se había sentido decepcionado cuando se enteró de que la misma petición se había hecho a otros políticos y negó que su informe tratara sobre el papel de las Fuerzas Armadas [54].

Entre agosto y noviembre de 1975, la enfermedad de Franco paralizó toda la actividad nacional y extremó la dureza del Gobierno de Carlos Arias, que condenó a muerte a varios terroristas de ETA y del FRAP, cinco de los cuales fueron ejecutados el 27 de septiembre, pese a los ruegos de clemencia que llegaron al palacio de El Pardo procedentes de todos los países del mundo occidental, e incluso del propio príncipe Juan Carlos y de su padre, don Juan.

En un clima de indignación internacional, que provocó violencia en las calles de muchas ciudades europeas contra embajadas españolas, el 1 de octubre, el alcalde de Madrid convocó a los madrileños y a todos los españoles a un acto de adhesión a Franco, que este agradeció emocionado desde el balcón principal del Palacio Real con palabras apenas audibles, en la que sería su última aparición pública. Suárez asistió acompañado de una representación de la UDPE, que con ese motivo había emitido una nota cargada de alusiones a la campaña internacional y a reafirmar su fe en España. El 12 de octubre, Franco caería enfermo y su larga agonía tendría en vilo a toda España, hasta que finalmente el 20 de noviembre dejaría de existir. Suárez no se acostó aquella noche, esperando ya el fatal desenlace y hablando por teléfono, entre otros, con Fernando Abril [55]. La UDPE ofrecería a la opinión pública una nota llena de elogios a la figura de Franco y Suárez visitaría la capilla ardiente instalada en el Palacio Real, acompañado de algunos miembros de la UDPE y de su amigo el actor Sancho Gracia.

La coronación del Príncipe como Juan Carlos I, Rey de España, fue una ceremonia emotiva en la que el Rey —vestido con uniforme militar— anunció ante las Cortes Generales y, gracias a la televisión, ante toda España lo que exactamente quería hacer. Pero no todos le escucharon, distraídos aún por la nostalgia o todavía escépticos ante las posibilidades de que la Monarquía y quien la representaba fueran capaces de llevar a cabo un cambio profundo de la sociedad española. Pero el Rey prometió serlo «de todos a un tiempo» y anunció el comienzo de una nueva etapa de la Historia de España.

Y para alcanzar su objetivo democratizador, don Juan Carlos se apoya en Torcuato Fernández-Miranda, su antiguo profesor, con el que durante más de quince años había mantenido una permanente comunicación y con el que en la sombra había compartido muchos momentos difíciles. Apoyándose en su independencia, y pese a los recelos que esta actitud despertaba en las distintas familias del Régimen, que le marginaron después de su rigurosa actuación como presidente del Gobierno en funciones durante las cien horas que siguieron al asesinato del almirante Carrero Blanco, don Juan Carlos compartió con él la zozobra de los últimos meses de vida de Franco y el diagnóstico de que Carlos Arias no era el hombre adecuado para llevar a feliz término la apertura del Régimen y sus imprescindibles reformas. El Rey quería que Fernández-Miranda fuera el presidente de su primer Gobierno o que al menos asumiera la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, puesto en el que cesaba el 26 de noviembre de 1975 Alejandro Rodríguez de Valcárcel, su entonces titular [56]. Pero en su inquietud por resolver las situaciones que el vacío de poder va planteando durante la enfermedad de Franco, el 12 de noviembre de 1975, don Juan Carlos se reúne con los tres ministros militares, sin el conocimiento y autorización del presidente Arias, para reiterarles su confianza y estudiar la situación en el Sahara de las tropas españolas amenazadas militarmente por la presión de la Marcha Verde, y que él había visitado personalmente el 2 de noviembre anterior, en un gesto elogiado por los recelosos círculos militares. Carlos Arias se enteró de la citada reunión y le presentó la dimisión, sabiendo que el Rey no tenía —en ese momento— alternativa, y que le necesitaba. El Rey no confiaba en Arias, pero no podía prescindir de él con Franco en la Residencia de La Paz; por ello, le pidió al marqués de Mondéjar que fuera a ver al presidente y le presentara sus excusas. Solo entonces, Arias retiró su dimisión. El Rey había actuado correctamente y con reflejos de militar, pero con falta de experiencia ante los desconfiados políticos del momento. Esa noche, don Juan Carlos, ya más tranquilo, llamó por teléfono a Torcuato Fernández-Miranda y le ratificó que le prefería como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino [57].

La larga agonía y la muerte de Franco habían desencadenado todo tipo de maniobras, de las que la más importante fue la llamada «Operación Lolita», que pretendía la designación de José María López de Letona como presidente del Gobierno, opción que don Juan Carlos vio con agrado hasta que se dio cuenta de que no podía sustituir a Arias sin sufrir un enorme desgaste. En ese momento —viernes, 28 de noviembre— el Rey se convence de que cesar a Carlos Arias parece cada vez más difícil y nombrar a Torcuato cada vez más imposible, y se da cuenta de que debe sacrificar cambiar a Carlos Arias —su principal objetivo— para convertirle en su aliado, para que Torcuato Fernández-Miranda figure en la terna del Consejo del Reino para sustituir a Rodríguez de Valcárcel, lo que no era nada fácil dadas las reticencias que su nombre despertaba entre los veteranos miembros de la institución clave.

Arias visitó a don Juan Carlos en el palacio de la Zarzuela a las siete de la tarde del viernes 28 de noviembre, y cuando se dio cuenta de que el Rey no iba a dar la batalla para exigir su dimisión, se ofreció a complacerle para que Fernández-Miranda figurara en la terna del Consejo del Reino. Esa misma noche, el Rey llamó a Antonio María de Oriol y, aunque se resistió un poco, acabó ofreciéndose para llamar a otros consejeros. Por su parte, Carlos Arias habló con el presidente del Consejo del Reino en funciones, Manuel Lora Tamayo, y con los consejeros Enrique de la Mata, Juan María Araluce y García-Lomas [58].

El lunes 1 de diciembre, a las cuatro y media de la tarde, se reunió el Consejo del Reino y, después de un tenso debate, sus dieciséis miembros eligieron presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a Torcuato Fernández-Miranda, que obtuvo catorce votos, frente a Licinio de la Fuente, que obtuvo doce, y Emilio Lamo de Espinosa, que consiguió seis [59]. El Rey había ganado su primera batalla.

Pero el sector más intransigente del Régimen ya dio muestras en estos días de que no se iba a entregar con facilidad al Rey y a su hombre de confianza. A las doce de la noche del mismo viernes 1 de diciembre, José Antonio Girón de Velasco llama a Fernández-Miranda para pedirle una entrevista de inmediato. El encuentro tuvo lugar al día siguiente en la casa del recién elegido presidente de las Cortes, y en ella Girón le dijo: «Carlos Arias debe seguir. Otra cosa sería borbonismo, muy grave. El Rey no puede actuar como Franco» [60].

El miércoles 3 de diciembre, Torcuato Fernández-Miranda juró primero su cargo en el palacio de la Zarzuela, y después, en la toma de posesión ante las Cortes, pronunció una de las frases que le hicieron célebre: «Soy un hombre de bien, el pasado no me ata. Pero sí soy fiel a lo que el pasado me ha condicionado».

Ese mismo día, el Rey y Torcuato Fernández-Miranda han conseguido el objetivo de que este asumiera la presidencia de las Cortes, hablaron de la continuidad de Carlos Arias y posteriormente el Rey recibió a Federico Silva Muñoz. Según su testimonio, «hablamos a fondo de la situación política y del inmediato futuro. Incluso me preguntó por nombres de ministros que yo haría en caso de ser jefe de Gobierno. Se habló de Solís... Después le cité el nombre de Adolfo Suárez, ante quien se calló, sin hacer ni un solo comentario». Silva dedujo que la continuidad de Carlos Arias todavía no estaba definitivamente garantizada, porque recuerda que el Rey le dijo que a esa misma hora —las siete de la tarde del día 3— Torcuato Fernández-Miranda estaba reunido con Carlos Arias «para que este le dé por escrito la dimisión» [61]. A las ocho de la tarde, el Rey y Torcuato Fernández-Miranda volvieron a reunirse en la Zarzuela, y con ellos dos el marqués de Mondéjar y Alfonso Armada. Este último hizo una encendida defensa de Arias y de su continuidad. Torcuato insistió en que Arias no era el hombre capaz de llevar a feliz término las reformas previstas [62].

El jueves 4, Torcuato Fernández-Miranda visitó a Carlos Arias en Presidencia del Gobierno para ver si presentaba la protocolaria dimisión, pero este solo mencionó la conveniencia de formar un nuevo Gobierno, ante lo cual Torcuato llamó al Rey, que esa misma tarde confirmó a Arias en su puesto, ratificándose en la decisión ya tomada el pasado 13 de noviembre [63]. Pero al día siguiente, viernes 5 de diciembre, los periódicos españoles no decían nada de la confirmación del presidente del Gobierno, lo que provocó la indignación del Rey, que llamó a Presidencia, manifestando su extrañeza y exigiendo que se informase a la opinión pública de que Arias había sido ratificado en su puesto. El presidente dijo a la salida del Consejo de Ministros que se le había olvidado, y fue el ministro de Información, León Herrera, quien dio la noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El sábado por la tarde, el Rey recibió en la Zarzuela a Torcuato Fernández-Miranda y a Carlos Arias, y en esta breve reunión don Juan Carlos sugirió al presidente la formación de un nuevo Gobierno y la inclusión en él de tres hombres que la Corona entendía básicos para que este tuviera credibilidad y despertara esperanza, al mismo tiempo que supiera trasladar su mensaje reformista: Manuel Fraga, José María de Areilza y Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate. Torcuato apenas si abrió la boca y, a falta de algunos nombres, el Rey sugirió que ambos se vieran para ultimar la composición del Gabinete. Arias citó a Torcuato Fernández-Miranda a las ocho de la tarde del lunes en La Chiripa, su casa de La Florida [64].

El domingo, Arias se fue a cazar a Toledo con su ministro de la Gobernación, José García Hernández, y el lunes recibió, a la hora prevista, a Fernández-Miranda, creyendo que este le iba a llevar la lista con los demás ministros; pero Torcuato aceptó sin decir nada los que Arias fue proponiendo, que ciertamente eran muy pocos, ya que el Rey había sugerido, además de los tres pesos pesados, varios nombres más. Lo cierto es que Torcuato quería dar a Arias la impresión de que no pretendía influir y de que su interés se limitaba a «un ministro afecto, de confianza, que pudiera sintonizar con las acciones que había que ejecutar, capaz de ser más leal a él que a su presidente. Y la persona elegida era Adolfo Suárez» [65]. Con ello no hacía sino cumplir con la recomendación del Rey, y de paso solucionar su personal interés.

En un momento dado de la conversación, Torcuato se dio cuenta de que Arias quería echar a Fernando Suárez —que al parecer había dicho que a don Juan Carlos había que darle una lección—, y le dijo que quería hacerle una sugerencia. «Adolfo Suárez debería ser ministro del Movimiento. Tú ya pensaste en él a la muerte de Herrero Tejedor.» Arias le replicó que ya había pensado mantener a Solís, «al que había nombrado el Caudillo». Y añadió: «Sería muy feo prescindir de él ahora», aunque reconoció que le encantaría nombrar a Suárez «porque es verdad que fue mi candidato». Torcuato ve la puerta abierta a su propósito y le propone a Arias que pase a Solís a Trabajo, solución que acepta Arias encantado [66].

El martes, con la composición del nuevo Gobierno todavía abierta, Federico Silva Muñoz visitó a Carlos Arias, que le dijo que continuaba en el cargo contra sus deseos y que su propósito era «llevar el Régimen de una orilla a la otra». Silva recuerda que Arias le ofreció incorporarle al Gobierno, pero sin precisarle en qué cartera, y admite que él ya había renunciado a entrar, limitándose a sugerir los nombres de Alfonso Osorio y de Andrés Reguera [67]. La verdadera razón de que Silva no figurara en el Gobierno fue la exigencia que este planteó de elaborar un plan de Gobierno con Areilza y Fraga. El nombre de Osorio fue sugerido por el propio Rey.

El sábado 13 de diciembre, los miembros del nuevo Gobierno juraron sus cargos en el palacio de la Zarzuela. Areilza asumía la cartera de Asuntos Exteriores; Fraga, la de Gobernación, y Garrigues, la de Justicia. Eran los tres hombres clave del impulso real y sobre los que debía basarse el éxito de la reforma. Arias nombró al general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil vicepresidente para Asuntos de la Defensa, y ministros del Ejército, Marina y Aire, al general Félix Álvarez-Arenas, al almirante Gabriel Pita da Veiga y al general Carlos Franco Ibarnegaray, respectivamente, de acuerdo con el Rey, que estuvo a punto de proponer a Manuel Gutiérrez Mellado, que todavía no había ascendido a general y que en ese momento estaba destinado en Ceuta como gobernador militar. La influencia real también se apreciaba en la presencia de políticos de convicción monárquica como Leopoldo Calvo-Sotelo como ministro de Comercio; Alfonso Osorio, en la cartera de Presidencia, y Carlos Pérez de Bricio, en la de Industria. El Rey también había sugerido el nombre de Rodolfo Martín Villa, del que tenía muy buen concepto por su excelente gestión como gobernador civil de Barcelona [68].

En la primera reunión del Gabinete, Arias pronunció un breve discurso en el que no citó al Rey, lo que motivó la indignación de Torcuato Fernández-Miranda, que anotó en su diario: «¡Y el Rey, qué! Ni una apelación a la situación nueva, ni el proyecto de la Corona, ni el cambio de circunstancias... Ni una frase que contribuya a apuntalar la posición del Rey». Y añadía el nuevo presidente de las Cortes: «13 de noviembre, 5 de diciembre, 13 de diciembre... tres errores de Arias». Y sentenció: «Aquel Gobierno no era un Gobierno: había un proyecto Arias, un proyecto Fraga y un proyecto Areilza» [69].

El 27 de diciembre, en la sede de la Secretaría General del Movimiento de la calle Alcalá, 44, en cuya fachada estaban todavía el gigantesco yugo y las flechas símbolo de toda una época, Adolfo Suárez presidió la toma de posesión de su equipo ministerial integrado por los que van a ser sus hombres de confianza durante mucho tiempo y que le seguirán en su carrera hasta la Presidencia, compartiendo muchos tiempos difíciles. Como vicesecretario figuraba Ignacio García López; como secretario general técnico, Eduardo Navarro, al que conocía desde 1960, cuando llegó al Colegio Mayor Francisco Franco, del que Navarro era rector; el gerente de Servicios era José Luis Graullera, el mismo al que había incorporado a TVE en 1971 como interventor general. Carmen Díez de Rivera se hacía cargo de su Secretaría, y Manuel Ortiz, que en la Presidencia asumiría la Secretaría de Estado para la Información, fue nombrado delegado de Provincias.

La oposición recibió con escepticismo y recelo al nuevo Jefe de Estado y no supo adivinar en las palabras de la Coronación ni en las claves de la composición del nuevo Gobierno su verdadero propósito de no ser un mero continuador del Régimen. Pero los buenos y sinceros deseos de la Corona se estrellaron por la falta de mando del presidente, atenazado por las dudas, su falta de convicción en las reformas y sobre todo por su falta de liderazgo de un Gobierno sin cohesión, formado por relevantes figuras a la búsqueda de su propio proyecto. También, porque después de la muerte de Franco España se vio envuelta en una cadena de acontecimientos que la llevaron de sobresalto en sobresalto. Las infinitas reivindicaciones sociales y políticas que habían permanecido ocultas o sin resolver durante años surgieron de golpe en un contexto económico difícil y heredado de la imposibilidad política de los últimos gobiernos de Franco, incapaces de hacer frente a las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973. El terrorismo etarra gozaba aún en estas fechas de un amparo moral, vinculado a la aspiración nacionalista del pueblo vasco, mientras que Cataluña se colocó en la primera fila de la lucha por las libertades y por su anhelada autonomía. La recesión económica golpeaba sin piedad a un país que no estaba integrado en el Mercado Común, carecía de una legislación laboral moderna y en el que la inflación iba a su aire, rozando cifras del Tercer Mundo. La explosión social produjo movilizaciones, huelgas, paros y un alto grado de conflictividad, coincidiendo con la presión por la legalización de los partidos y sindicatos, y de los nuevos símbolos, y configurando un país en convulsión, que demandaba libertad, amnistía y derechos humanos a un Gobierno tímido, que no llevaba la iniciativa, yendo a remolque de los acontecimientos. Arias se veía desbordado por la liberalidad de algunos de sus ministros, conscientes de lo que se jugaba la Corona, y al mismo tiempo reaccionaba con mano dura e intransigencia ante acontecimientos y situaciones que solo meses después serían perfectamente legales.

A lo largo de los escasos siete meses que duró el gobierno Arias, la campaña por la amnistía llenó las calles de manifestantes, pese a que el anterior Gobierno había concedido un indulto, que excluía a los condenados por actos terroristas. Sin acuerdo social era impensable abordar cualquier medida antiinflacionista, y sin una completa transformación de la Organización Sindical era imposible negociar la colaboración política de los sindicatos de trabajadores, dominados básicamente por Comisiones Obreras.

En los primeros días del mes de enero de 1976 el Gobierno tuvo que enfrentarse a una huelga en el Metro de Madrid, que cuatro días después casi paralizó la capital. Mientras, en París, a más de mil kilómetros de distancia, se celebraba el 8 de enero una nueva reunión de la Junta Democrática, el órgano de la oposición creado por Santiago Carrillo, Rafael Calvo Serer y Antonio García Trevijano para aglutinar a todas las fuerzas políticas de oposición al Régimen, y cinco días después, en el Hotel Lutetia del Boulevard Raspail, se anunciaba en rueda de prensa la constitución y los objetivos del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, integrado por los principales partidos políticos catalanes, que eran Convergencia Democrática, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Esquerra Republicana, Convergencia Socialista y Reagrupament Socialista y Democratic, entre otros.

Mientras en el País Vasco, ese mismo día, ETA secuestraba a José Luis Arrasate, en Madrid, concretamente en una comida celebrada en la sierra de Navacerrada, Torcuato Fernández-Miranda conseguía convencer al Rey y al presidente del Gobierno de que la reforma debía pasar por las Cortes, porque si no se prorrogaba su mandato había que convocar elecciones y eso —en su opinión— significaba la ruptura. Torcuato aprovechó para sugerirle a Arias que explicara su programa de Gobierno ante las Cortes. Efectivamente, la prórroga de la Legislatura fue solicitada al Rey por el siguiente Consejo de Ministros. Don Juan Carlos requirió a continuación el preceptivo dictamen del Consejo del Reino, circunstancia que aprovechó Torcuato Fernández-Miranda para que el Consejo tomara conciencia de su propia importancia y la opinión pública de que sin el Consejo del Reino no se podía avanzar en la Reforma [70].

Aunque el nombramiento de los gobernadores civiles era competencia del ministro de la Gobernación, Adolfo Suárez estaba muy interesado en mantener contacto con ellos, conocedor de su importancia y de la influencia que tenía su acción política. Por esta razón quiso estar en Barcelona en la toma de posesión del nuevo gobernador civil, Salvador Sánchez Terán, al que había recibido en su despacho días antes para darle, entre otros, el siguiente consejo: «El apoyo al Rey es el tema prioritario» [71]. Ese 15 de enero, en el edificio del Gobierno Civil de Barcelona, cinco ministros del gobierno Arias avalaron con su presencia la importancia que Cataluña tenía en el proceso de reforma y, ante Fraga (Gobernación), Martín Villa (Sindicatos), Valdés (Obras Públicas) y Lozano (Vivienda), Suárez pronunció estas palabras: «Estamos adelantando nuestras fronteras de libertad y de justicia hasta los límites de nuestras posibilidades reales... La libertad solo es posible desde la ley... No creo que existan dudas sobre el hecho de que la conducta asociativa es la mejor base política para desarrollar la libertad individual y colectiva... La centralización estatal constituye un residuo de situaciones desfasadas por el progreso económico, social, tecnológico y jurídico-político. Pero, al mismo tiempo, la unidad interna ha de ser incuestionable, pues la libertad es incompatible con los separatismos» [72].

Adolfo Suárez se sentía cómodo con su situación en el Gobierno. Sabía que había sido nombrado ministro por el Rey a través de la sugerencia de Fernández-Miranda y con este mantenía una estrecha relación, que le permitía estar informado de todo cuanto se planificaba entre el palacio de las Cortes y el de la Zarzuela. Por otra parte, mantenía su propia red de información a través de los gobernadores civiles y de su veterana relación con los Servicios de Información, y en concreto con Andrés Cassinello, nombrado segundo jefe de los Servicios de Presidencia. Con Alfonso Osorio se entendía muy bien, y a medida que fueron pasando los meses llegó a establecer con él un acuerdo secreto para ayudarse mutuamente. Pese a ello, pensó presentarse a la vacante que Herrero Tejedor había dejado en el Consejo Nacional. Torcuato le desaconsejó que lo hiciera, aunque no le dijo que la razón era para no desgastarle en una batalla sin trascendencia.

El presidente del Gobierno presentó el programa del Gabinete el 28 de enero, casi un mes después de la toma de posesión, y anunció la implantación de una Monarquía parlamentaria y la creación de dos Cámaras, aunque no precisó cuál sería la forma de elección, ni su composición y poderes. Sí amplió el horizonte de una futura Ley de Asociaciones y prometió legalizar los derechos de manifestación y reunión. Pero el mensaje del Gobierno lo transmitía el hombre que sollozando había dicho a los españoles que Franco había muerto. La inspiración del discurso venía de Fraga, que pretendía desde Gobernación marcar el tiempo y el ritmo de la Reforma, pero aun así fue mal recibido, y Torcuato Fernández-Miranda anotó en su diario que el mensaje de Arias no había conectado ni con los deseos del Rey ni con el de los ciudadanos; sabia reflexión e idéntico diagnóstico al que con otras palabras —fruto de la terminología de oposición— había dictado el Comité de Coordinación de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática: «El presidente del Gobierno, al dirigirse el pasado día 28 a las Cortes, ha sido fiel a sí mismo y a las fuerzas reaccionarias de las que es portavoz».

Pero ese mismo día 28 de enero, el ministro del Movimiento, Adolfo Suárez, seguía poniendo el punto de mira de la acción política en el futuro y cenaba con Fernando Álvarez de Miranda e Íñigo Cavero, dos políticos democristianos de la oposición al Régimen. El encuentro había sido organizado por Enrique Sánchez de León, y mientras Cavero encontró a Suárez «arrollador», a Álvarez de Miranda le pareció solamente «simpático». En el curso de la cena, Suárez les dijo que el camino de la Reforma era otro y no el de Arias [73].

Suárez estaba tan confiado en su fuerza y en sus apoyos, que el 2 de febrero firmó el cese del periodista Emilio Romero como delegado de Prensa del Movimiento, y pese a su certeza de que la apuesta por la reforma Arias era equivocada para canalizar la tarea reformadora del Régimen, Suárez propuso la recuperación de la llamada Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, alternativa que no encontró la oposición de Fernández-Miranda porque entendía le permitía ganar tiempo para que el Rey pudiera ir madurando el cese de Carlos Arias.

Este, en la primera reunión de la Comisión Mixta, cuyos objetivos eran estudiar la Ley de las Cortes, la Ley de Sucesión y la Ley de Asociación Política, ya declaró que él lo que deseaba era la continuación del franquismo y que «lucharé contra los enemigos de España que han empezado a asomar la cabeza» [74]. Ignoraba Carlos Arias y todo su Gobierno que uno de esos «enemigos», «bestia negra» del franquismo, Santiago Carrillo, se acababa de instalar en un discreto chalé de El Viso, una de las zonas más residenciales de Madrid, dispuesto a jugar su papel en la transición española [75].

En la misma reunión de la Comisión Mixta, celebrada el 11 de febrero y que coincidió con la fecha en la que doña Carmen Polo de Franco abandonaba el palacio de El Pardo, Torcuato Fernández-Miranda pronunció una frase que conmocionó a los asistentes: «Los Principios Fundamentales del Movimiento son perfectamente reformables, al igual que el resto de las Leyes Fundamentales». El vicepresidente para Asuntos de la Defensa, teniente general Fernando de Santiago, se opuso, defendiendo la vigencia de los Principios Fundamentales [76]. Integraban la Comisión Mixta, por parte del Gobierno, Carlos Arias, Manuel Fraga, Fernando de Santiago, José María de Areilza, Antonio Garrigues, Juan Miguel Villar Mir, Rodolfo Martín Villa, José Solís, Alfonso Osorio y Adolfo Suárez, mientras que por parte del Consejo estaban José Antonio Girón de Velasco, Jesús Fueyo, Miguel Primo de Rivera, José García Hernández, José Miguel Ortí Bordás, Enrique Sánchez de León, Gregorio López-Bravo y Torcuato Fernández-Miranda. Como secretarios actuaban Baldomero Palomares, Eduardo Navarro y Carlos Álvarez Romero. La Comisión Mixta, a pesar de este descorazonador principio, que ya hacía prever su inutilidad, se reunió los días 18 y 25 de febrero, 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo y 7, 10 y 21 de abril.

Pero mientras el Gobierno y la oposición libraban su pulso entre la imposible reforma y la utópica ruptura, la calle se había inundado de reivindicaciones y de conflictos sociales que amenazaban con crear un verdadero caos y con desbordar cualquier planteamiento pausado de la transición. En Barcelona, el nuevo gobernador civil, Salvador Sánchez Terán, había entendido su papel de facilitar el entendimiento entre el Gobierno y las fuerzas políticas de oposición y de ir abriendo el cauce a la participación ciudadana. Por ello se entrevistó con Jordi Pujol en la casa que en Premiá de Mar tenía el hombre clave de Cataluña en estos años, el empresario Pedro Durán Farrell, y días después lo hizo con el dirigente socialista Joan Raventós, y con el político democristiano Antón Cañellas. Simultáneamente, negoció con Pedro Portabella y otros organizadores las condiciones de la gran manifestación proamnistía —sin autorizarla—, prevista para el 1 de febrero, y que fue reventada por grupos de incontrolados, produciéndose violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden público. El resultado fue de varios heridos y la bronca del ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, que no estaba conforme con la tolerancia demostrada. Pero la actuación del gobernador estaba dirigida a crear un clima mínimo de armonía ante la inmediata visita de los Reyes, prevista para el 16 de febrero, y que en la Zarzuela se consideraba crucial para que se entendiera la nueva visión de España y de Cataluña. Dos días antes, el 14 de febrero, Fraga envió una secreta delegación a un pequeño pueblo francés, Saint-Martin-le-Beau, donde vivía desde hacía años Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio. Fraga quería ofrecerle al Rey la primicia de las impresiones del hombre por el que —aunque todavía no lo sabía— iba a pasar la reconciliación entre la Corona y Cataluña.

La visita de los Reyes fue un éxito completo, y su gesto de brindar a Cataluña su primer viaje por España como Reyes mereció el reconocimiento y el afecto de los barceloneses, que les tributaron una cálida acogida [77]. Los Reyes llegaron a visitar —fuera de programa— alguna zona industrial conflictiva, pero, de común acuerdo con la Zarzuela, Sánchez Terán no organizó ningún encuentro con los políticos de la oposición. El acto celebrado nada más llegar a Barcelona, en el bello e histórico recinto del Salón del Tinell, en el que el Rey habló en catalán para dirigirse a las personalidades presentes, ha quedado como uno de los grandes momentos de esta primera etapa de la transición y como un instante clave en la construcción del prestigio del Rey y en la confianza que su persona y su proyecto iban a despertar entre sus compatriotas.

Todo lo contrario que su presidente, que en el mes de febrero ya es un hombre que no sabe lo que hacen sus ministros, que no cree en la reforma o que al menos no tiene el coraje para llevarla a la práctica, atenazado por sus miedos y su hipoteca mental respecto al pasado, pero que aún tiene la osadía de invitar a cenar en el Restaurante Zalacaín, de Madrid, el 13 de febrero, a su leal Antonio Carro y a sus ministros Fraga, Areilza, Solís, Suárez y Osorio, para explicarles que había recibido ofertas financieras para crear un partido político bajo su liderazgo. La opinión de Fraga fue la menos entusiasta, mientras que Areilza, Suárez y Osorio se mostraron algo más proclives [78]. Arias no hacía sino sumarse a la idea que latía en la mente de todos y desde luego en la de Suárez, que ya había aglutinado a sus seguidores en la UDPE, y en la de Osorio, que desde su entrada en el Gobierno se propuso crear un gran partido de inspiración cristiana. De hecho, solo unos días antes de esta cena, el 9 de febrero, Osorio asistió a otra en casa de Pedro Rodríguez Ponga y en la que también estaban otros ilustres asturianos como Sabino Fernández Campo, el abogado Rodrigo Uría, Camilo Mira y el propio Fernández-Miranda, aunque el invitado estrella era el veterano político José María Gil-Robles, al que Osorio ofreció capitanear un gran partido demócrata-cristiano, aglutinador de todas las tendencias de esta adscripción. Gil-Robles se mostró muy poco entusiasmado con la idea de tener que tratar con Federico Silva y quienes como él habían colaborado con el franquismo [79], y esta actitud se mantendría firme durante toda la transición.

El 20 de febrero, el presidente Arias, acosado por los problemas que surgen por todas partes, consigue que el Consejo de Ministros declare como materia reservada todo lo relacionado con la Comisión Mixta, acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales. Por esta razón, la reforma política se convertía en algo restringido, provocando la indignación de la oposición y de la gran mayoría de los medios de comunicación.

El 2 de marzo, el sibilino Torcuato Fernández-Miranda convoca una nueva reunión del Consejo del Reino, que por expreso deseo suyo se está reuniendo cada quince días, y para que así esté preparado para el momento en el que sea necesario efectuar el cambio de presidente. Pero esta vez la cita es en el propio palacio de la Zarzuela y bajo la presidencia del Rey, que pronunció unas palabras en las que resaltó la importancia del Consejo del Reino y su integración en el proceso de la Reforma. Según Fernández-Miranda, la reunión sirvió para destacar la independencia del Rey frente al Gobierno, su autoridad frente al Consejo del Reino y la independencia de este frente al Gobierno [80].

Pero en estos días no todo lo que tenía trascendencia ocurría en los salones enmoquetados de los palacios de Madrid. En Vitoria estalló uno de los muchos conflictos sociales que asolaban España, y que afectaba a trabajadores de las empresas Forjas Alavesas, Orbegozo y Areitio y otras. El ministro de Sindicatos, Rodolfo Martín Villa, observó con preocupación la generalización del conflicto y sobre todo la utilización política que de este hacían ciertos grupos ajenos al mundo obrero, como la Liga Comunista Revolucionaria, ETA-VI Asamblea y otros próximos al mundo abertzale, como Comisiones Obreras Anticapitalistas, que era una escisión del frente obrero de ETA.

Por ello, el 2 de marzo, Martín Villa organizó una cena en el palacio de la Trinidad —sede provisional de su Ministerio— entre su equipo y el del Ministerio de la Gobernación. Sobre la mesa un tema: informar a los responsables del orden público de la situación en Vitoria. Aunque Fraga no restó importancia al problema, tampoco canceló el viaje que al día siguiente pensaba realizar a Alemania. Martín Villa recuerda que «algunos colaboradores de Fraga vivían en el mejor de los mundos por lo que a Vitoria se refiere» [81].

Para las cuatro y media de la tarde del miércoles 3 de marzo —Miércoles de Ceniza— estaba convocada una asamblea general de los trabajadores en huelga en la iglesia de San Francisco de Asís, de Vitoria. La dotación policial de la capital alavesa era de solo trescientos agentes y cometió el error de dejarse encerrar entre el gentío que había dentro del templo y el que no podía entrar en él. Cuando recibieron la orden de desalojar la iglesia con gases lacrimógenos, se vieron emparedados entre los que salían asfixiados y los que estaban fuera y utilizaron sus armas, disparando a la masa, con el triste balance de producir tres muertes y la penosa impresión de que la matanza se debía a la falta de mando y de preparación psicológica de las fuerzas del orden.

Esa tarde, en Madrid y a la misma hora, estaba convocada una nueva reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, y como el ministro de la Gobernación estaba en Bonn, pronunciando una conferencia sobre la reforma política, el presidente Arias le pidió a Adolfo Suárez, en funciones de ministro de la Gobernación, que se hiciera cargo de la situación. Suárez se instaló en un despacho próximo, al que poco después se incorporaron Alfonso Osorio y Rodolfo Martín Villa. La víspera, Osorio le había dicho a Suárez que «Vitoria se está utilizando como banco de pruebas para una acción revolucionaria sostenida», y Suárez le replicó con una ironía sobre la etapa liberal por la que atravesaba Fraga, expresando su esperanza de que no ocurriera nada grave [82]. No fue así, desgraciadamente, y enterado de que ya había habido tres muertos, Suárez quiso evitar nuevos enfrentamientos armados, creando para ello, y de acuerdo con los otros dos ministros, un mando único, enviando urgentemente a Vitoria al director general adjunto de Seguridad, Zarzalejo, para que asumiera el mando de las fuerzas policiales por encima del gobernador civil, desbordado por los acontecimientos. Al mismo tiempo, acordó enviar refuerzos desde Burgos, Logroño y San Sebastián. Cuando los tres ministros se encontraban resolviendo la situación y tratando de encauzar el problema, entró Carlos Arias muy exaltado por las noticias que le habían llegado, proponiéndoles declarar el estado de excepción, opción que rechazaron los tres ministros presentes y Solís, que se había unido a ellos. El nerviosismo de Carlos Arias le llevó a pedir que se localizara de inmediato al general Fernando de Santiago, para que le apoyara, pero no le encontró [83].

Adolfo Suárez pasó la noche del 3 de marzo y todo el día 4 pendiente del teléfono. El viernes 5 tuvo lugar el habitual Consejo de Ministros, presidido por un Carlos Arias crispado, ya que este día estaba previsto el entierro de las víctimas. Suárez informó al Consejo de las medidas tomadas para que Vitoria recuperara la calma y para que el entierro no generara más drama. El Consejo ratificó la decisión de no pedir el regreso de Fraga, para no ofrecer en el extranjero impresión de mayor gravedad. El funeral en la catedral de Vitoria tuvo una enorme emotividad y cuando llegó el momento de conducir los féretros al cementerio la gente cargó con ellos a hombros. En un momento dado del Consejo, el teniente general De Santiago recibió la llamada del capitán general de Burgos, el teniente general Prada Canillas, advirtiéndole que —según el servicio de información de la Guardia Civil— el cortejo fúnebre se dirigía al Gobierno Civil y que en previsión de nuevos incidentes había dado instrucciones a las fuerzas acuarteladas en Vitoria de intervenir a la menor provocación [84]. Suárez habló inmediatamente con el teniente general Prada Canillas para asegurarle que asumía toda la responsabilidad y que tranquilizara a las tropas. Finalmente, y pese a la tremenda tensión y dramatismo, el entierro concluyó sin más incidentes que el anuncio de que toda la ciudad se sumaría a la huelga general convocada para el siguiente lunes en todo el País Vasco. Suárez se había ganado el crédito personal de los restantes miembros del Gobierno y sobre todo el aprecio y la consideración del Rey. Osorio tuvo oportunidad de comprobar este aprecio cuando el viernes el Rey visitó la capilla ardiente de su suegro, Antonio Iturmendi, fallecido el día anterior, y le dijo: «Noche dura la de anteayer, Alfonso. ¿Estuvo Suárez tan bien como dice?». Y Osorio le contestó: «Estuvo muy bien, señor, anteayer y hoy también ha estado bien» [85].

En este Consejo de Ministros se acordó enviar a las Cortes el nuevo proyecto de Asociación Política, redactado por el equipo de Fraga, y que contó con el apoyo de Areilza, que convenció a sus compañeros de Gabinete de la conveniencia de recuperar la iniciativa política y de no dejarse enredar por la estrategia de los grupos de oposición y por la dinámica de la calle.

Los meses de marzo y abril de 1976 son decisivos en el enfoque y resolución de los principales interrogantes de la transición. La confrontación entre el proyecto del Rey y la incapacidad del presidente Arias por llevarlo a feliz término ya ha quedado demostrada y el diagnóstico de la Corona es rotundo: o la Corona o Arias. Esta tremenda conclusión había que integrarla en los mecanismos legales e ir preparando el terreno para que el propio Arias se diera cuenta de hasta qué punto su obstinación y falta de realismo podía dañar de forma irreparable el proyecto democratizador de la Corona.

Por un lado, el Rey alentó a Torcuato Fernández-Miranda para que fuera mentalizando al Consejo del Reino de que por él debía pasar cualquier alternativa o recambio. Al mismo tiempo, los dos concluyeron que había que prescindir de Arias e ir buscándole un sustituto, y de común acuerdo decidieron ir probando a los posibles candidatos, analizando sus pros y contras y sometiéndolos a distintas pruebas para verificar las líneas clave del perfil buscado, que debían ser: lealtad inequívoca a la Corona y a su democratizador proyecto; respeto a la legalidad como método; carencia de proyecto propio y gran capacidad de diálogo y de seducción, porque el elegido tenía que convencer a la izquierda de la sinceridad y de la viabilidad del proyecto reformista. Torcuato concedía más importancia a que el sucesor de Arias no tuviera proyecto propio, a que tuviera prestigio político, altura intelectual o el reconocimiento general por sus valores democráticos. Y por ello, en su opinión, el futuro presidente debía estar disponible y abierto a las ideas directivas, para alcanzar un pacto «no con el Rey, sino ante el Rey». En una palabra, al servicio de la Corona y de su proyecto democratizador, Torcuato quería un hombre que siguiera sus pautas y consejos.

A primeros de abril, en opinión de Torcuato Fernández-Miranda, los candidatos del Rey a presidente del Gobierno eran, por este orden: José María de Areilza, Manuel Fraga, José María López de Letona, Carlos Pérez de Bricio, Federico Silva, Gregorio López-Bravo y Adolfo Suárez.

Ya el 2 febrero, en una de las muchas visitas que realizaba al Rey, Adolfo Suárez se atrevió a sugerirle que el hombre ideal para sustituir a Arias era Torcuato Fernández-Miranda. Simultáneamente, el presidente de las Cortes empezó a considerar a Suárez como el sustituto idóneo y a apoyar su candidatura en las conversaciones que mantenía con el Rey.

El 8 de marzo, Torcuato Fernández-Miranda y su esposa cenaron en casa del matrimonio Suárez, y Adolfo quiso demostrarle su confianza, diciéndole: «Arias es insostenible; en el mejor de los casos hay que pensar que está enfermo, hay que ir a la sustitución, y el único posible eres tú». Y Torcuato Fernández-Miranda, que de nuevo sabe que él no puede serlo —como a la muerte de Carrero Blanco y a la muerte de Franco—, le replica: «¿Por qué no tú?». La anotación que de esta conversación hizo en su diario el profesor Fernández-Miranda ilustra con claridad la personalidad del hombre que tuvo en su mente el diseño teórico de la primera parte de la transición: «Su reacción me impresionó, pues no dijo, ni por cortesía, “hombre, no”. Se calló, lo aceptó como posible, o se hizo rápidamente a esa idea». Y como colofón a su reflexión, añadió esta otra, que tanta polémica despertaría a la publicación de sus memorias: «Adiviné en su mirada una desmesurada codicia de poder» [86].

El 29 de marzo, Torcuato Fernández-Miranda recibió a Suárez, que le informó de los trabajos de la Comisión Mixta y de los proyectos de ley pendientes. Para acelerar la Reforma, que parecía estancada, Torcuato le dijo que concentrara sus esfuerzos en el proyecto de Asociación Política, para el que pensaba aplicar el procedimiento de urgencia, por el que una ley podía pasar directamente al Pleno de las Cortes, sin cumplir con el preceptivo trámite de discusión en Comisión. En ese momento, finales de marzo, Suárez sabe que debe llamar a Torcuato todos los días para recibir su orientación y consejo. Suárez acepta esta tutela, porque apreciaba su criterio jurídico y sabía que él era el hombre clave del momento y porque además estaba muy interesado en que el proyecto de ley de Asociación Política saliera adelante, con el beneplácito de las Cortes. Pero, además, Suárez ya se veía confortado por el aliento del Rey, que, a primeros de abril, preocupado por no poder reunirse personalmente con los socialistas, le pidió que se entrevistara con Felipe González en su nombre. Pero el secretario general del PSOE se negó a entrevistarse con el hombre que entonces ocupaba el cargo de ministro del Movimiento. El Rey recurrió entonces a Alfonso Osorio, que recibió de los socialistas otra negativa, aduciendo que ellos solo hablarían con quien tenía el poder, y en su opinión el poder era Fraga [87].

Pero al mismo tiempo que Torcuato sondeaba las posibilidades de Adolfo Suárez y este sintonizaba —aún más si cabe— con el hombre que él ya sabía iba a tener la penúltima palabra en el relevo de Carlos Arias, los otros dos posibles candidatos —Fraga y Areilza— también jugaban sus bazas en el escenario político de la acción de gobierno.

Manuel Fraga, ministro de la Gobernación, que consiguió atenuar el efecto negativo de su ausencia de control de los acontecimientos de Vitoria visitando la capital alavesa a su regreso de Alemania, tenía previsto alternar las medidas de aparente liberalidad con otras que demostraran su talante autoritario, creyendo así complacer a los aperturistas y también guiñar un ojo a los depositarios de las esencias franquistas, entonces muy influyentes y activos. Y pronto tuvo ocasión de demostrarlo, porque, enterado de que el 26 de marzo la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática habían decidido unir sus esfuerzos y crear un ente común al que bautizaron Coordinación Democrática, aunque el gracejo popular le llamará la «Platajunta», reunió a comer en el Restaurante Jockey —pese a ser sábado— a los ministros Antonio Garrigues, José Solís, Adolfo Suárez, Carlos Robles Piquer, Alfonso Osorio y Adolfo Martín Gamero, para anunciarles que pensaba detener a los dirigentes de la Platajunta con motivo de la presentación pública del acuerdo, prevista para el lunes 29.

La explicación de esta intención hay que encontrarla en que el acuerdo desmontaba de cuajo la estrategia de Fraga, centrada en tolerar que la oposición fuera normalizando su actividad política, pero en aislar a los comunistas. Más hábil, Carrillo, que entraba y salía de España con absoluta tranquilidad, había conseguido no solo rodearse en la Junta Democrática de políticos de corte conservador e incluso considerados monárquicos próximos a don Juan, como Rafael Calvo Serer o Antonio García Trevijano, sino que con esta alianza se vinculaba a los socialistas y democristianos de izquierda, como Ruiz-Giménez, rompiendo así una larga etapa de ignorancia y recelo mutuos entre socialistas y comunistas.

En el esquema de Fraga la creación de la Platajunta era sinónimo de Frente Popular, y por ahí no estaba dispuesto a pasar, viéndose obligado a vetar una normalización política que incluyera a los comunistas. Su airada reacción fue coherente con su criterio, pero negativa para los atisbos de reforma que se percibían y peor para su imagen, que siguió anclada en el hombre intolerante y autoritario. En el almuerzo que celebró con los ministros antes citados, todos —incluido Solís— trataron en vano de pedirle prudencia, pero Fraga les insistió que en ese organismo estaban los comunistas y que no pensaba dejar que prosperara.

El golpe de efecto que la Platajunta había conseguido era muy importante y los medios periodísticos más proclives a la Reforma —como Cambio 16— lo recibieron con este titular: «La oposición cierra filas».

Después de la comida organizada por Fraga para anunciar su propósito de detener a los dirigentes comunistas de la Platajunta, Suárez y Osorio salieron del restaurante dando un paseo por la Castellana, comentando la situación política, y en un momento dado, Suárez le dijo: «¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que podríamos hacer juntos nosotros dos?».

Tal y como lo había anunciado Fraga, el lunes 29 de marzo de 1976 la policía se presentó en el despacho del abogado Antonio García Trevijano para detener a este y a Luis Solana, Raúl Morodo, Marcelino Camacho, Javier Álvarez Dorronsoro y Nazario Aguado, aunque el encarcelamiento de los dos socialistas —Solana y Morodo— no llegó a producirse. Por la suerte de Morodo se interesaron Íñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda. Los dirigentes comunistas permanecieron en la cárcel hasta después del 1 de mayo, y Manuel Fraga defendió las detenciones en el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 2 de abril, en presencia del Rey, alegando que se trataba de comunistas. Varios ministros le reprocharon la decisión y Suárez intervino para decir que «no se podía practicar al mismo tiempo una política de reconciliación y una política de detenciones». Estas provocaron una oleada de protestas y, como consecuencia de ellas, el 4 de abril, la policía detuvo al economista Ramón Tamames —que tantas veces había visitado a Fraga en Londres cuando el ministro de la Gobernación estaba destinado allí como embajador— y al director de cine Juan Antonio Bardem. Fraga le había asestado un duro golpe a la credibilidad del Gobierno y había comprometido el futuro de la Ley de Asociación y la reforma del Código Penal, a través de la cual se pensaba que los partidos podrían entrar en el juego político.

Por su parte, Areilza, que estaba desempeñando su cargo de ministro de Asuntos Exteriores en estrecha relación con el Rey, y con gran lucimiento personal, «vendiendo» en el extranjero la imagen del Rey y de la Corona como impulsora de la Reforma, decidió jugar sus opciones a suceder a Arias desde posiciones más liberales. Como Areilza siempre figuró entre los que podían ser presidente, el Rey y Torcuato decidieron, el 15 de abril, poner a prueba su disponibilidad y apertura, y con ese fin tanto uno como otro le insinuaron que, efectivamente, tenía su oportunidad. En una primera conversación, Torcuato le reveló que «con Arias no se puede seguir» y que él no podía ser el sucesor después de haber sido nombrado presidente de las Cortes, garantizándole que el Consejo del Reino aprobaría la terna que se propusiera. Areilza creía, con razón, que por su actividad de oposición y su proximidad a don Juan el citado Consejo le sería claramente hostil, pero la insinuación de Torcuato alimentó sus esperanzas. Por su parte, el Rey, con el que compartía vuelos y estancias en países extranjeros —siempre proclives a la confidencia—, le reveló sus críticas a la gestión de Arias y al talante de Fraga [88].

Torcuato quiso, así, «excitar» el celo del ministro de Asuntos Exteriores para que incrementara su oposición interna a Arias, ayudando a echarle, lo que ocurrió efectivamente a primeros de mayo, cuando le presentó su dimisión después de un incidente entre ambos, aunque la retiraría a petición del Rey.

Pero para mejorar sus aspiraciones el ministro de Asuntos Exteriores quiso ofrecer al Gobierno y al Rey «su» particular versión de la Reforma, y para ello convocó una reunión de la que fue testigo y protagonista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que la ha evocado en estos términos: «El 30 de marzo de 1976 me citaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores junto al subsecretario, Marcelino Oreja; el secretario general técnico, Fernando Arias-Salgado; Francisco Condemines, vicesecretario; Fernando Perpiñá, Rafael Arias, y en representación de Garrigues, Eduardo de Zulueta...».

«Areilza —continúa Herrero— estaba absolutamente desesperado en cuanto a los proyectos de reforma del presidente Arias, de su viabilidad formal y acierto material, y desconfiaba de sus principales colegas de Gabinete, Fraga y Suárez. Se trataba, en consecuencia, de redactar un proyecto de procedimiento rápido de reforma que poder ofrecer al Rey, con quien el ministro de Exteriores se entrevistaría al día siguiente en Sevilla. Trabajamos hasta bien entrada la noche y nos volvimos a reunir por la mañana. Yo hice de ponente y, a mediodía, con el subsecretario a la cabeza, fuimos a entregar nuestra obra al ministro. Pero este se había ido a Presidencia y de allí salía directamente para Sevilla.»

«Se trataba —reconoce Herrero— de una ley de bases a plebiscitar en virtud de la Ley de Referéndum Nacional, en la que se establecían los principios clave de una Constitución: derechos individuales... Cortes elegidas por sufragio universal, responsabilidad política del Gobierno ante las Cortes, autonomía de las partes sustantivas de la Monarquía con personalidad histórica y poderes arbitrales de la Corona.»

¿Qué ocurrió con este proyecto de Reforma? El propio Miguel Herrero precisa en sus memorias políticas el destino final de aquel «proyecto Areilza». «No creo que Areilza despachase el asunto con el Rey en la capital andaluza, entre otras razones porque la detención de líderes moderados de la Platajunta por el ministro Fraga el 29 de marzo, contra la opinión de los sectores más aperturistas del Gobierno, acaparaba toda la atención.» «Sin embargo —concluye Herrero—... la cuestión fue planteada días después a los ministros que se suponía apoyaban la Reforma. En esta ocasión fue Adolfo Suárez quien, en una reunión restringida el día 7 de abril, había de dar la puntilla al intento, tachando de precipitada la consulta popular y de imposible el referéndum» [89].

A su regreso de un viaje a Roma, donde había sido recibido por el Papa, Areilza visitó al presidente de las Cortes. Torcuato creía que Areilza, que iba a ver al Rey por la tarde, quería decirle a don Juan Carlos: «He visto a Torcuato», porque otras veces el Rey le había preguntado: «¿Has visto a Torcuato?». Este le explicó por qué él no podía ser presidente y comprobó que Areilza creía que el cambio de Arias estaba ya próximo y que opinaba que Arias no podía seguir [90].

Pero, desde marzo, Suárez ya era consciente de sus posibilidades y quiso consolidar su opción, estableciendo un pacto con Osorio, que se movía con gran facilidad entre los sectores de la oposición moderada, de inspiración cristiana, con los que aspiraba a fundar un gran partido demócrata-cristiano. A primeros de marzo, Alfonso Osorio comió con Federico Silva y con algunos integrantes del grupo Tácito para plantearles esta opción; durante el almuerzo, uno de estos, que eran los inspiradores de la línea editorial del periódico Ya, el órgano de la poderosa Acción Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), le preguntó si Suárez era de fiar, y Osorio le defendió, aclarando que, por sus orígenes, Suárez era un democristiano [91].

Otro síntoma de las opciones que la clase política percibía en la candidatura de Adolfo Suárez nos la ofrece Federico Silva en sus memorias, donde cuenta que a mediados de abril «un amigo» le invitó a una cena de etiqueta en su casa, advirtiéndole: «Viene a cenar Adolfo Suárez y tienes que entrevistarte con él aparte de los invitados en una habitación que he preparado al efecto, porque va a ser el jefe de Gobierno». Con la ironía y desprecio con que todos los «perdedores» de la transición trataron a Suárez, Silva dice que Adolfo le dijo que tenía la misma voluntad aperturista que él, pero que «había que cerrar el paso a los partidos y continuar decididamente por las asociaciones» [92].

Mientras Madrid era un hervidero de rumores, la ciudadanía se sobresaltaba continuamente ante la escalada terrorista de ETA, que con una escalofriante regularidad y sangre fría se había propuesto boicotear el tímido proceso de Reforma, atentando un día sí y otro también contra guardias civiles, policías y empresarios. Uno de ellos, el industrial Ángel Berazadi, apareció muerto el 8 de abril, después de haber permanecido secuestrado desde el 15 de marzo. Ese mismo día, ETA había matado a un ciudadano en Guetaria; el 1 de abril fue en Plencia donde cayó una nueva víctima de ETA, y el 6 de abril pudieron ser detenidos en distintos montes los presos etarras que se habían fugado de la cárcel de Segovia el día anterior. El 18 de abril, en un enfrentamiento con la Guardia Civil, murieron dos terroristas de ETA.

El 10 de abril se celebró una reunión de los miembros del Gobierno que integraban la Comisión Mixta, con el fin de unificar criterios. Fue Fraga quien llevó la voz cantante, pero Areilza quien hizo la intervención más ardorosa en defensa de la democracia, hasta el punto de que, al terminar la reunión, el general De Santiago le reprendió cortésmente, y Suárez, que se había dado cuenta de que el ministro de Asuntos Exteriores estaba jugando la baza progresista, le hizo ver que para ganarse el respeto de la izquierda no hacía falta que se definiera tanto.

A las doce de la mañana del 19 de abril, Areilza volvió a entrevistarse con Torcuato Fernández-Miranda, en el palacio de las Cortes, para relatarle la entrevista que el 15 había mantenido con el Rey, revelándole lo que el astuto presidente de las Cortes ya sabía. «El Rey —le dijo Areilza— está preocupado por los obstáculos que Fraga y yo podemos encontrar en el Consejo del Reino.» Y añadió: «Creo que el Rey piensa más bien en ti». Pero al despedirse, Torcuato le dijo: «Cuidado con Fraga. Yo pienso en ti».

En su diario, Torcuato dejó constancia de que ese lunes de abril, entre las siete y media y las nueve y media de la tarde, despachó con el Rey, que le expresó la urgencia de cesar a Arias, pero que no se atrevía a hacerlo. Torcuato anotó también que a Arias le defendía uno de los hombres de mayor cercanía e influencia en el monarca: su secretario, Alfonso Armada. Pero Fernández-Miranda también anotó que la opción de Areilza había perdido fuerza, por lo costoso que sería sacar su candidatura en el Consejo del Reino, cuya composición ultraconservadora le era claramente adversa. Y añadía Torcuato: «Suárez —que ya era mi candidato— garantizaba un gobierno del Rey. La personalidad de Areilza y Fraga daban lugar a un gobierno Areilza o a un gobierno Fraga» [93].

Al día siguiente, martes 20 de abril, José María de Areilza visitó Barcelona, donde se reunió con Antonio de Senillosa y otros políticos del Consell de Forces Polítiques, y en el curso de una rueda de prensa pronunció la famosa frase: «El Rey es el motor del cambio». Pero ese mismo día, Suárez, nervioso sin duda por conocer lo que está ocurriendo, se precipita a llamar a Torcuato para decirle: «Me tienes desconcertado; me dice el Rey que le has dicho que hay que mantener a Arias». Por la tarde, ya en su despacho, mano a mano, Suárez le dijo que «había que obligar al Rey» y que él «solo quería servir al Rey, como tú», a lo que Torcuato replicó con un lacónico: «Al Rey ni se le obliga ni se le acorrala» [94].

Este detalle de ansiedad de Suárez hizo dudar a Torcuato, que veía en el joven político ambición y demasiada prisa, aunque «le seguía considerando el mejor para la tesis de presidente abierto y disponible», anotando en su diario este apunte: «... sobre él [Suárez] ejerzo una gran autoridad y esto puede ser decisivo... al Rey le está siendo muy útil, pero no acaba de verlo» [95]. Y es que el Rey le ha comentado que quería mucho a Suárez, pero que le veía aún muy verde.

El Jueves Santo, 22 de abril, Torcuato Fernández-Miranda recibió la visita del ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio, que criticó a Arias de forma directa. Fernández-Miranda percibió una gran ambición en Pérez de Bricio y anotó en su diario que este le dijo que: «... el Rey le había hablado de Suárez como posible candidato a presidente», lo que motivó que, al saberlo, Suárez se lamentara, alarmado por esta ligereza [96].

Pese a este doble signo de desconfianza entre el Rey y Suárez, sin duda producto de la inquietud mutua, Fernández-Miranda escribió en su diario que cada vez estaba más convencido de que Adolfo Suárez era la persona idónea para suceder a Carlos Arias, pero que aún tenía que convencer al Rey y en el fondo a sí mismo. Una duda asaltaba también a Torcuato: «... no me gusta la facilidad con la que acepta esa posible responsabilidad; no ha vuelto a su tesis de que tú eres el único desde la cena en que mis palabras debieron sonarle como a las brujas McBeth». Torcuato se preguntaba cuánto había en Adolfo Suárez de legítima ambición, cuánto de voluntad de servicio y cuánto de crudo deseo de mandar [97].

Pero las inquietudes del Rey tenían su fundamento en que por esas fechas su relación con el presidente del Gobierno está rota, como demuestra el hecho de que don Juan Carlos recibiera el 8 de abril al corresponsal de la revista Newsweek, Arnaud de Borchgrave, al que haría unas declaraciones como preparación del viaje que el monarca español debía realizar a Estados Unidos a finales de abril. En esta entrevista, publicada el 24 de abril, el Rey lanzaba el órdago a Arias, al que calificaba literalmente de «desastre sin paliativos». El Gobierno trató de secuestrar la revista, y Carlos Arias, pese a conocer su contenido, decidió ignorarlo, actuando como si su gestión se inspirara en otra legitimidad distinta de la que le había concedido el Rey. Torcuato Fernández-Miranda, que el 20 de abril ha recibido al presidente del Gobierno en su despacho para hablar de su intervención ante el Pleno de las Cortes del próximo 28 de abril, escribe: «Arias está pagado de sí mismo, hace de gran señor, aunque no pasa de cursi... está contra todos... desconfía de todos... cree que es insustituible... está en yo y el pueblo».

Pero la prueba de que el nombre de Adolfo Suárez ya circulaba en los cenáculos políticos mejor informados como candidato con muchas posibilidades de suceder a Carlos Arias nos la ofrece la revista Doblón, que el mismo 24 de abril le acusaba de una serie de irregularidades económicas cometidas como presidente de YMCA. Los enemigos de su candidatura ya han empezado a moverse, utilizando a la prensa más abierta para sus fines.

La tensión que la actitud retadora de Arias ha causado en los ministros y en todo el Gobierno es tal, que el lunes 26 de abril Areilza llamó al presidente de las Cortes para decirle que ningún ministro sabía nada del discurso del presidente y que al menos tres le han escrito diciéndole que no podían solidarizarse con su contenido si no lo conocían. La antevíspera del discurso, el Rey y Torcuato Fernández-Miranda despacharon y cuando el presidente de las Cortes abandonó la Zarzuela, hacia las nueve y media, Arias no había llamado ni enviado el discurso [98]. En la mañana del 27 de abril, Eduardo Navarro habló con Pío Cabanillas y este le confirmó que el presidente del Gobierno no había enseñado el discurso a nadie, lo que se apresuró a comentar a su ministro Adolfo Suárez, que esa misma noche invitó a cenar, junto con Alfonso Osorio y Carmen Díez de Rivera, al director de la BBC.

Carlos Arias había aceptado el reto del Rey y en lugar de dimitir, tras conocer la opinión que el monarca tenía de él y de su etapa como presidente, optó por dirigirse al país por televisión, explicando los proyectos de Reforma, que, contrariamente a lo que él decía, estaban estancados en la Comisión Mixta, anunciando un referéndum para el mes de octubre sobre las Leyes Fundamentales y prometiendo elecciones generales para los primeros meses de 1977. Osorio juzgó el lenguaje utilizado por Arias «ácido, beligerante con la oposición y en un tono que cerraba la puerta a cualquier posibilidad de diálogo».

Era imposible, como había anunciado Arias, que el 15 de mayo estuviera aprobada la Reforma política y que el 15 de julio las Cortes hubieran dado su conformidad a la ley electoral, pero mientras él fuera el presidente había que seguir con la farsa, y por eso, al día siguiente de su discurso en televisión, Osorio recibió el encargo de Arias de defender ante el Pleno de las Cortes la reforma de la Ley de Asociaciones. Osorio le propuso que fuera Fraga quien lo hiciera y Arias quedó en pensárselo, pero poco después Osorio despachó con el Rey, que le sugirió que por qué no proponía que fuera el ministro del Movimiento, Adolfo Suárez, quien lo hiciera. Cuando Osorio se lo dijo al presidente, este aceptó encantado, pues de esta forma restaba protagonismo a Fraga. Osorio le pidió también que recibiera al veterano político democristiano José María Gil-Robles, en torno a cuya figura y prestigio Osorio quería aglutinar una opción política claramente testimonial. La negativa respuesta del presidente Arias fue todo un síntoma de su talante, al aducir, con pretendido ingenio: «¿Le recibiría Franco? No, ¿verdad? Pues yo tampoco» [99].

El 30 de abril se reunieron a comer en el Consejo Nacional Adolfo Suárez, Alfonso Osorio y Pío Cabanillas, los tres políticos mejor orientados ante el cambio que se avecinaba, y por primera vez en este período de la transición se habló con realismo de la creación de un gran partido que apoyara y capitalizara la acción reformista del Gobierno futuro. Y Pío, tan clarividente como aparentemente confuso, dijo a los dos jóvenes políticos que rechazaran la idea de un partido confesional, sugiriéndole a Suárez que su apagada UDPE reivindicara ser «de centro», que era en su opinión la mejor forma de presentarse ante los futuros electores españoles [100].

Pero el 30 de abril es también el día en el que por fin los socialistas pudieron hablar con el hombre que en su opinión representaba el poder en ese momento. La entrevista entre Fraga y Felipe González tuvo lugar en la casa que Miguel Boyer tenía en la calle Matías Montero, de Madrid, y a ella asistió también Luis Gómez Llorente. Pese a la buena voluntad de ambos, el encuentro quedó marcado por las diferencias que entonces existían entre los jóvenes socialistas, partidarios de la ruptura, y el ministro de la Gobernación del Gobierno de la Monarquía. Además de la anécdota de la amenaza de Fraga de romper la pipa de Luis Gómez Llorente, la realidad es que los socialistas «insistieron —según Fraga— en que el PSOE era un partido republicano y que no iban a renunciar a eso». Por su parte, Felipe González ha recordado que «Fraga estaba convencido de que iba a presidir el Gobierno y a dirigir la transición» y que en un momento de la conversación Fraga les auguró que «si el PSOE tenía un comportamiento socialdemócrata europeo sería perfectamente homologable y hasta con el paso del tiempo, diez años o más, podríamos llegar al poder. Era su tesis. Al que no veía homologable era al PCE» [101].

Después de que el primero de mayo se permitiera una celebración reivindicativa, que transcurrió sin grandes incidentes y enfrentamientos con la policía, el martes 4 de mayo se produjeron dos hechos de gran importancia. Uno de ellos fue la publicación del primer ejemplar del periódico El País, que se convirtió, en palabras de su primer director, Juan Luis Cebrián, en «un símbolo del desarrollo político español y en un emblema de la nueva democracia» [102].

Pero el otro fue la «presentación en sociedad» de Adolfo Suárez, que le pidió a Miguel Primo de Rivera que le organizara un encuentro con algunos de los más representativos prohombres de la Banca. La cena se celebró en el palacete que Ignacio Coca tenía en la calle Orfila, de Madrid.

El testimonio de Alfonso Osorio permite conocer que asistieron Pablo Garnica, Juan Herrera, Emilio Botín, José Ángel Sánchez Asiaín, Ignacio Herrero, Jaime Carvajal, Jaime Castell, Alfonso Fierro, Iván Maura, Alejandro Fernández Araoz, Carlos March, Pedro Gamero del Castillo, Enrique Sendagorta, Fernando Ibarra, Manuel Arburúa, Luis Valls-Taberner, Arne Jessen, José García Hernández y Camilo Mira. No asistió, en cambio, Alfonso Escámez, que se encontraba fuera de Madrid. Miguel Primo de Rivera hizo una introducción en defensa del proceso de Reforma política, y a continuación Botín preguntó cuáles eran sus grandes líneas, contestándole con convicción el propio Miguel Primo de Rivera. Por su parte, Alfonso Osorio habló de la situación política y aprovechó para solicitar a los presentes que no contribuyeran con su financiación a fomentar la creación de muchos pequeños partidos, mostrándose partidario de la existencia futura de dos grandes formaciones. También fue Osorio quien contestó a otra pregunta sobre el socialismo, apoyando la presencia de fuerzas socialistas en el proceso de transición. Suárez, que sabía ante quién estaba hablando, defendió una Reforma sin riesgo, «compatible con aquellas esencias que hemos venido defendiendo políticamente», y afirmó con rotundidad —según el testimonio de Osorio— que «como secretario general del Movimiento no voy a permitir que desaparezcan aquellas fuerzas políticas que han sido leales y han jugado dentro del sistema en los últimos cuarenta años». También fue Suárez quien explicó la conveniencia de crear un gran partido político que representara a la derecha española, y que para ello se necesitaban quinientos millones de pesetas. Osorio confirmó en sus memorias que «la intervención de Adolfo Suárez había sido brillante, persuasiva y conservadora», y que Carlos Arias estaba enterado de la cena [103].

Al día siguiente, Suárez y Osorio visitaron a Arias, que se desahogó con ellos. Nada más terminar el encuentro, Suárez fue a hablar con Torcuato Fernández-Miranda para contarle que Carlos Arias se defendía de no enseñar los discursos al Rey porque este tampoco se los enviaba a él con anterioridad, y que cuando Suárez le dijo que hablara con el Rey, le había contestado, con desprecio: «¡Cómo voy a hablar con él si es como un niño! ¡El Rey no dice más que tonterías!». Este demoledor testimonio está acompañado, en el diario de Fernández-Miranda, por este otro, no menos contundente: «Arias se muestra amenazador y dice que el Rey ya no recuerda su miedo cuando murió Franco. En una palabra, que Armada y Arias están chantajeando al Rey» [104].

Pese a que para el domingo 9 de mayo estaba prevista la siempre conflictiva concentración de carlistas en Montejurra, el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, no canceló un nuevo viaje, esta vez a Venezuela. Adolfo Suárez se ocupó de nuevo de su cartera y, como en el caso del conflicto de Vitoria, demostró temple y firmeza ante un suceso en el que tomaron parte elementos infiltrados de ultras españoles de Fuerza Nueva, de la Confederación de Combatientes, de derechistas italianos y argentinos, y de determinados agentes de los servicios de inteligencia. En el enfrentamiento entre partidarios de Sixto de Borbón y de su hermano Carlos Hugo de Borbón-Parma resultaron muertas dos personas —Aniano Jiménez, seguidor de Carlos Hugo, y un joven de dieciocho años, vecino de Estella— y heridas otras tres, debido a los disparos, entre otros, del misterioso «hombre de la gabardina», José Luis Martín García, comandante retirado del Ejército, al que Suárez —cuando vio los periódicos del día siguiente— confundió con el consejero nacional José Luis Zamanillo. Cuando Fraga regresó de Venezuela, Sixto de Borbón fue detenido, pero en lugar de ponerle a disposición del juez, que lo había solicitado, fue expulsado de España, y el citado Martín García, detenido.

Este episodio sombrío del mes de mayo marcó el auge de los movimientos violentos del búnker y la extrema derecha, y coincidió con la preparación por parte de Adolfo Suárez del texto del proyecto de Ley de Asociación Política, cuyo borrador envió a Fraga, que, después de dejarlo en manos de sus colaboradores, se lo devolvió con las anotaciones de estos en los márgenes. Esto molestó a Suárez, que le envió una carta de protesta. Fraga tuvo que ir a casa de Suárez a pedirle excusas, al no habérselas aceptado por teléfono.

Esta reacción de Suárez ya evidencia la confianza y seguridad que tenía en sus opciones futuras. En esta línea, Luis María Anson publicaba en la Gaceta Ilustrada del viernes 15 de mayo un editorial titulado «La gestión de Adolfo Suárez», en el que argumentaba: «Adolfo Suárez está realizando al frente de un departamento especialmente difícil y complejo una excelente gestión política. Prudencia, habilidad, discreción, estas son las características de un hombre que viene demostrando desde hace muchos años una ejemplar fidelidad a don Juan Carlos. Adolfo Suárez no está liquidando la Secretaría General, sino adaptando con inteligencia y paciencia toda aquella compleja estructura a las necesidades de un tiempo nuevo. Es esta una tarea..., una gestión, que es modelo de consecuencia con la flexible lealtad a los principios de los tiempos pasados, pero que, a la vez, se esfuerza porque la nave del Estado no se quede anclada y navegue al barlovento de la Nueva España inevitablemente distinta». Tan elocuente opinión y pronunciamiento en favor de Suárez es consecuencia de la sintonía que el futuro director de ABC tenía con el que iba a ser el próximo presidente del Gobierno y de la colaboración que su hermano Rafael Anson le estaba brindando. Ambos hermanos organizaban dos veces al mes cenas reservadas con distintos políticos, en las que se propiciaba secretamente el nombre de Suárez, con el fin de ir creando un ambiente favorable al futuro presidente. A ellas asistían personas de relevancia política próximas al Opus Dei, como José Luis Meilán Gil, José Ramón Álvarez Rendueles, Rafael Orbe Cano o Álvaro Domecq; democristianos como Eduardo Carriles; monárquicos como José Joaquín Puig de la Bellacasa y Manuel Prado y Colón de Carvajal, o próximos al Movimiento como Eduardo Navarro, Manuel Ortiz y José Miguel Ortí Bordás. En una de estas cenas se leyó el discurso que días después iba a pronunciar ante las Cortes el propio Suárez en defensa del proyecto de Ley de Asociaciones [105].

Pero, antes de ello, Suárez tuvo la oportunidad de medir la fuerza de su creciente prestigio político presentándose a la vacante producida en el Consejo Nacional por el fallecimiento de José Antonio Elola-Olaso en el grupo de los «cuarenta de Ayete», teniendo como rival a Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde y yerno de Franco, que anunció su candidatura el 7 de mayo. La situación distaba mucho de ser cómoda para el Gobierno, ya que en el fondo se trataba de un reto de los franquistas, dispuestos a hacer de esa elección una prueba de su fuerza. Martínez Bordiú contó con el apoyo de Girón de Velasco y García Carrés y desplegó toda su acreditada capacidad de intriga, enviando un telegrama a los consejeros con este revelador texto: «En nombre del Caudillo Franco te pido tu voto para mi candidatura. Espero que cumplas con tu deber de conciencia». Cuarenta y ocho horas antes de la fecha prevista para la elección —25 de mayo—, el marqués de Villaverde llegó incluso a llamar por teléfono al presidente del Gobierno a la una y media de la madrugada para exigirle la retirada del ministro del Movimiento, advirtiéndole que su derrota podría llevar al Gobierno a su dimisión. Nada tenía de extraño la actitud del marqués de Villaverde, porque la familia Franco consideraba a Arias un hombre a su servicio, al que solo las circunstancias trágicas de la muerte de Carrero habían aupado a la presidencia. La debilidad y servilismo de Arias quedaron de manifiesto una vez más al pedirle a «su» ministro que renunciara a presentarse, propuesta que Suárez rechazó, ofreciéndole al presidente su dimisión si no resultaba elegido.

Girón consiguió que el tercer candidato, Carlos Pinilla, se retirara poco antes de la votación para no restarle votos al marqués de Villaverde, pero aun así el resultado fue claramente favorable a Adolfo Suárez, que obtuvo 66 votos, mientras que el marqués de Villaverde solo consiguió 25, pagando así, y a manos de los nada sospechosos miembros del Consejo Nacional, su confianza en el parentesco y su absurda petulancia. Suárez había librado su primera batalla política contra el «franquismo» y ya sabía que su nombre no causaba rechazo entre los consejeros. Ese mismo día, el Pleno de las Cortes aprobó el proyecto de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, básico para articular el ejercicio de las libertades y previo al de Asociaciones Políticas, cuyo debate estaba previsto para el Pleno del 9 de junio.

Esta victoria le dio a Suárez tanta seguridad como nerviosismo le produjo a Areilza, hasta el punto de que, durante el viaje del Rey a Estados Unidos, cometió el error de corregirle en una rueda de prensa, delante de todos los corresponsales y enviados especiales. El Rey se molestó por la actitud de su ministro de Asuntos Exteriores y le ilustró respecto a lo que podría ser su relación con él como presidente. Durante el curso del viaje, el Rey pronunció en inglés un importante discurso —preparado por el propio Areilza— ante el Congreso norteamericano, en el que aseguró que la Monarquía garantizaría el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno. Con motivo de este viaje, la revista Cambio 16 ilustró el reportaje de la visita con una caricatura del Rey bailando claqué sobre los rascacielos de Manhattan, al estilo de Fred Astaire, lo que molestó al Gobierno.

Y por fin llegó el 9 de junio, fecha prevista para que el ministro del Movimiento defendiera ante el Pleno de las Cortes el proyecto de Ley de Asociaciones Políticas. Había una gran expectación política y Suárez sabía que debía superar esta prueba si quería llegar a ser considerado el más serio candidato a la Presidencia. Durante varios días, Suárez repasó y corrigió el texto del discurso, en el que participaron sus más estrechos colaboradores, Eduardo Navarro, Manuel Ortiz, el periodista Fernando Ónega y Rafael Anson, que le aconsejó ofreciera un trato confianzudo y que hablara a los procuradores como si fueran viejos amigos. Para comprobar si se entendía lo que quería decir, Suárez dejó leer el discurso a uno de sus veteranos amigos, José Cassinello, el Chino de Paraca, al que había conocido en Melilla durante las prácticas de las milicias universitarias.

Poco antes de subir a la tribuna de oradores, Adolfo Suárez recibió una llamada de don Juan Carlos, desde Burgos, donde se encontraba presenciando unas maniobras militares. El Rey le deseó suerte y le dijo: «No sabes lo que me facilita esto las cosas» [106].

Vestido con traje azul, camisa azul claro y corbata también azul, Suárez habló a los procuradores con un tono fluido, diciendo, entre otras, frases que sonaron muy bien en los oídos de los procuradores, como estas: «En nombre del Gobierno os invito a que, sin renunciar a ninguna de nuestras convicciones, iniciemos la senda nacional de hacer posible el entendimiento por vías pacíficas. Este pueblo nuestro no nos pide milagros, ni utopías. Nos pide, sencillamente, que acomodemos el derecho a la realidad; que hagamos posible la paz civil por el camino del diálogo, que solo se podrá entablar con todo el pluralismo social dentro de las instituciones representativas». Y a continuación pronunció las palabras que serían el símbolo de su discurso y de buena parte de su acción política futura: «A todo esto os invito. Vamos, sencillamente, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política normal lo que a nivel de calle es normal».

Durante treinta y cinco minutos, Adolfo Suárez había desgranado todo un programa de apertura del Régimen, todo un ofrecimiento a la sociedad española para que confiara en sus dirigentes y especialmente en el Rey, que en la sombra manejaba los hilos de la Reforma. Los aplausos de los procuradores sonaron distintos, casi tanto como las palabras del orador que las había pronunciado. El proyecto de Ley de Asociaciones recibió 337 votos favorables, 91 en contra y 24 abstenciones. Al concluir la sesión, Areilza se acercó a Suárez y le dijo: «Has dicho lo que debía haber hecho el presidente Arias hace seis meses» [107].

Pero el precio de esta victoria iba a tener su contrapartida muy pronto, porque, poco después de terminado el debate, el presidente de las Cortes notará que el ambiente se ha enrarecido y así se lo hará saber a Alfonso Osorio. En efecto, por la tarde se debía discutir otro de los proyectos clave, el de la ley modificadora de determinados artículos del Código Penal, que afectaban a los derechos de reunión, asociación, expresión de ideas y libertad de trabajo, y sin el cual el proyecto de ley aprobado por la mañana quedaría inservible. Pese a la excelente defensa del proyecto que hizo el ministro de Justicia, Antonio Garrigues, los procuradores se opusieron de forma tan notoria que el proyecto fue devuelto a la Comisión, sin siquiera ser votado. De nada sirvió que Torcuato Fernández-Miranda lo hubiera declarado sometido al trámite de urgencia, porque los procuradores no dieron su asentimiento a un proyecto que ciertamente pretendía destipificar unas conductas del Código Penal que estaban reconocidas como derechos en las ya aprobadas en las leyes de Asociación Política y del Derecho de Reunión.

Con gran consternación del Gobierno y especialmente de sus ministros más reformistas, las Cortes habían bloqueado el avance de la apertura. Suárez se vio obligado a convocar la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, encontrándose con que los consejeros más reaccionarios se habían envalentonado, rechazando una de las modificaciones más llamativas: la eliminación del proyecto de Reforma del grupo de los cuarenta consejeros de designación directa, conocidos popularmente como «los cuarenta de Ayete». Suárez vio que la Ponencia se estaba complicando la vida y decidió sustituir a Eduardo Navarro, Baldomero Palomares, Emilio Romero y Labadie Otermín por otros consejeros, como Ignacio García López, José García Hernández y Manuel Ortiz.

Pocos días después, el Rey recibió a Laureano López Rodó en audiencia y le comentó con preocupación que el Gobierno no contaba con el apoyo de las Cortes y confidencialmente le dijo que Fraga estaba desahuciado [108].

3
ADOLFO SUÁREZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

En los primeros días del mes de junio de 1976 el Rey ya ha decidido sustituir a Carlos Arias, con el que no era posible la reforma del Régimen. El Rey se ha dado cuenta de que con Arias se juega la Corona, porque para la oposición democrática no está evolucionando en sintonía con la aspiración mayoritaria y, lo que es peor, porque, frente a los sectores más recalcitrantes del Régimen, cualquier atisbo de tolerancia es interpretado como síntoma de alarmante debilidad.

En principio, el proyecto del Rey era cesar a Arias al regreso de su viaje a Estados Unidos, pero nada más llegar se encontró con una inesperada presión por parte del estamento militar. Fue Carlos Pérez de Bricio quien le contó al Rey que el vicepresidente del Gobierno, el teniente general Fernando de Santiago, se proponía enviarle una carta exigiéndole la dimisión del presidente Arias, por su debilidad frente a la oposición. El Rey consultó con varias personas, y entre ellas con Adolfo Suárez, cuya opinión fue que tenía dos opciones: o cesaba a Arias antes de recibir la carta o cesaba a los ministros militares. Como es lógico, el Rey optó por buscar la primera oportunidad para cesar a Carlos Arias y, de acuerdo con la propuesta de Torcuato Fernández-Miranda, trató de hacerla coincidir con una de las muchas reuniones ordinarias del Consejo del Reino. Quería hacerlo de forma fulminante para evitar la reacción de las fuerzas tradicionales [109].

El 12 de junio, el Rey recibió en audiencia a Alfonso Osorio y a Adolfo Suárez, y les admitió que «esto no puede seguir así»; a la salida, ambos políticos comieron juntos para analizar la situación. Suárez preguntó: «¿Tú crees que Arias quiere irse?». «Creo que no —le contestó Osorio—; pero está acosado, desconfía de todos y no sabe qué hacer.»

Una semana después, Fraga haría unas declaraciones al corresponsal de The New York Times, con el que había estado pescando en los ríos de la provincia de León, en las que afirmó que «algún día tendrá que ser legalizado el Partido Comunista», precisando que ello debería producirse «con posterioridad a las elecciones». Dispuestos a ejercer su presión permanentemente, el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, habló con los otros ministros militares, y todos juntos fueron a hablar con el presidente Arias para que ordenase a Manuel Fraga una rectificación. Fraga se negó a ello, en vista de lo cual los ministros militares acudieron a la Zarzuela para expresar al Rey su disgusto. Don Juan Carlos hizo todo lo posible por apaciguarlos, pero días después el propio Pita da Veiga habló con Alfonso Osorio, advirtiéndole que la legalización del PCE sería muy mal recibida por las Fuerzas Armadas, hasta el extremo de poner en peligro a la propia Monarquía [110].

Pero la tensión militar produjo el efecto contrario al deseado, porque aceleró el proceso de sustitución de Arias: el 23 de junio, el Rey llamó a Federico Silva, citándole para el lunes 28, iniciando así el último proceso de consultas para conocer la disponibilidad de todos los posibles candidatos.

El 24 de junio el corresponsal en Madrid de Le Monde publicó que «el Gobierno había entablado contactos con el Partido Comunista», en referencia a los contactos que el ministro de Asuntos Exteriores había mantenido en París con Santiago Carrillo, y que al día siguiente Torcuato Fernández-Miranda recibió al presidente Arias, observando que no sospechaba nada, y que se mostraba confiado en sus planes para el próximo año. Esa misma mañana habló con el secretario del Consejo Nacional, Baldomero Palomares, para decirle que estuviera preparado.

El sábado 26 de junio, don Juan Carlos asistió a la final de la primera Copa del Rey, que en el estadio Santiago Bernabéu disputaban el Atlético de Madrid y el Real Zaragoza. A su izquierda se sentó el ministro-secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, y a su derecha, el de la Presidencia, Alfonso Osorio, y cuando iba a comenzar el partido, les dijo: «¿Veis a Bernabéu? La verdad es que está muy mayor; hacen falta en varios sitios presidentes jóvenes», señalando con el gesto al entonces joven presidente del Real Zaragoza, José Ángel Zalba.

Esta ironía del Rey acredita que su disposición interior era ya clara, aunque, en palabras de Torcuato Fernández-Miranda, «si ya estaba convencido de que la persona idónea para ocupar la presidencia era Adolfo Suárez, solo cabía una duda: ¿cómo conseguir la dimisión de Arias y la inclusión en la terna del candidato de la Corona?». Y añade Fernández-Miranda: «ya estaba despejado el quién y el cuándo». Su tesis era que «entre la comunicación de la dimisión de Arias y la designación del nuevo presidente no podía transcurrir ni un minuto más de lo que exigía el respeto a los trámites procedimentales», porque «cuanto más tiempo se empleara más poder tendrían los enemigos, y entre ellos Armada, que presionaba desde la propia Zarzuela» [111].

El lunes 28 de junio, el Rey recibió a Federico Silva Muñoz en la Zarzuela, y le preguntó si pensaba marcharse esos días de Madrid. En las audiencias del día 1 de julio, en el Palacio Real, el Rey le dijo al ministro de Asuntos Exteriores: «Esto no puede seguir; so pena de perderlo todo. El oficio de Rey es a veces incómodo. Yo tenía que tomar una decisión difícil, pero la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos» [112].

Después de recibir al historiador Claudio Sánchez-Albornoz y de aceptar las credenciales de los nuevos embajadores del Sudán, Camerún, Argentina e Iraq, el Rey —vestido con uniforme de gala de capitán general— despachó con el presidente del Gobierno, Carlos Arias, al que había citado la noche anterior. Cuando se quedaron a solas en un pequeño salón, el Rey, sobreponiéndose a la situación, que evidenciaba pesadumbre y consternación, le dijo que agradecía sus servicios a la Patria y a la Corona, pero que los nuevos tiempos exigían nuevos políticos. Arias comprendió inmediatamente la intención de Su Majestad y le presentó la dimisión, que don Juan Carlos aceptó. Cuando Arias se hubo marchado, el Rey reflexionó sobre la sencillez con la que había prescindido del hombre cuya sustitución había deseado desde antes de la muerte de Franco. Regresó a la Zarzuela, desde donde habló con Torcuato Fernández-Miranda para contarle que, como habían previsto, Arias le había presentado la dimisión, y que debía informar por la tarde al Consejo del Reino.

A la salida del Palacio Real, Carlos Arias llamó desde el coche a su mujer; a continuación, a Torcuato Fernández-Miranda, para que obtuviera del Consejo del Reino el correspondiente «oído», y, por último, a Presidencia del Gobierno, para que convocara el Consejo de Ministros a las ocho de la tarde y para que le reservara una mesa en el Restaurante Jockey, rogándoles que avisaran a José García Hernández y a Carlos Pinilla para que compartieran el almuerzo con él. Tanto Carlos Pinilla como García Hernández trataron de hablar con el mayor número de consejeros para que no dieran el oído del cese del presidente del Gobierno. En este desesperado intento de obstaculizar la voluntad del Rey y de Torcuato Fernández-Miranda colaboró Rafael Cabello de Alba. Pinilla consiguió hablar con José Antonio Girón y con Dionisio Martín Sanz, advirtiéndoles que estuvieran prevenidos y dispuestos a plantar batalla si Torcuato Fernández-Miranda intentaba alguna maniobra.

Fue Luis Jáudenes quien desde Presidencia convocó a los ministros para el Consejo, y, según su testimonio, «Fraga no sabe nada, porque prevé muchas cosas a tratar y tiene que pasar por casa a recoger papeles», aunque el propio vicepresidente aclaró en sus memorias: «Arias convoca inopinadamente al Consejo de Ministros para la tarde. Todos comprendimos que se trataba de algo importante» [113].

Federico Silva, que sí estaba prevenido de que algo podía ocurrir, se enteró a las cuatro y media de la tarde, casi al mismo tiempo que el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, al que avisó Juan Antonio Samaranch. Por su parte, Alfonso Osorio estaba —como en muchos de los momentos decisivos— fuera de Madrid, celebrando la boda de un hijo de Juan Herrera en Sotogrande. Fraga fue al Consejo caminando desde su despacho, acompañado de Leopoldo Calvo-Sotelo, y después de haber hablado con varios ministros. Según su testimonio, «Carlos Arias les informó lacónicamente de que el Rey le había pedido su renuncia y que se la había ofrecido». Con visión histórica, Fraga anotó en su diario: «Terminaba la primera fase de la transición».

Otro testimonio de la reunión del Consejo de Ministros, relatado por Alfonso Osorio, nos permite evocar que este habló con el propio presidente Arias y con Suárez, al que pidió que le esperara, porque, al no poder disponer del avión Mystère, llegaría tarde. Sin embargo, cuando Osorio llegó a Madrid, el Consejo ya había terminado y solo le esperaba Leopoldo Calvo-Sotelo, con el que se fue a cenar al Ministerio de Comercio. Durante la cena, Calvo-Sotelo le contó que el Consejo de Ministros había sido corto y tenso, hasta el extremo de que Carlos Arias casi no le había dado la mano a Areilza, al que sin duda responsabilizaba de haber maniobrado contra él, y al que creía su sucesor. Sin embargo, Leopoldo Calvo-Sotelo y Alfonso Osorio, con mejor información, descartaron durante la cena que el sustituto de Arias fuera el ministro de Asuntos Exteriores o Manuel Fraga. En un momento dado, Calvo-Sotelo le dijo a Osorio que él no veía otros sucesores que «Adolfo o tú», respondiéndole Osorio que, en su opinión, él también tenía posibilidades.

Cuando Osorio ya se disponía a dejar el Ministerio de Comercio, tras haber cenado, le llamó Adolfo Suárez, diciéndole que quería verle sin que Calvo-Sotelo estuviera presente, por lo que quedaron en casa de Suárez. Allí hablaron hasta las cuatro de la mañana y, según el testimonio de Osorio, Suárez opinaba que solo había dos candidatos probables a suceder a Carlos Arias: él y Osorio; y otro posible, Carlos Pérez de Bricio.

Suárez descartaba a Fraga, porque caso de ser presidente el Rey sería una figura decorativa; y a Areilza, porque era imposible que el Consejo del Reino le votara, a no ser —precisó Suárez— que «el Rey hiciera un gran esfuerzo».

Osorio le dio la razón y avaló su candidatura en que la mayoría del Consejo del Reino estaba formado por hombres del Movimiento. Los dos coincidieron en que en el próximo Gobierno debían estar Fraga, Areilza, Pérez de Bricio y hombres de la oposición como Fernando Álvarez de Miranda, y en que su alianza debía ser duradera. «¿Pase lo que pase, juntos hasta el final?», le dijo Suárez, replicándole Osorio: «Pase lo que pase».

Pero de la certeza de sus posibilidades fue precursor el propio Federico Silva, que la noche del viernes visitó a Enrique de la Mata en su casa, y este le dijo —como secretario del Consejo del Reino—: «Mira, Federico, estoy seguro de que el presidente va a ser Adolfo Suárez y tú vas en la terna» [114].

La mañana del viernes 2 de julio hubo Consejo de Ministros, presidido por el vicepresidente, general De Santiago. Según Alfonso Osorio, «Areilza está exultante y convencido de que ya es presidente del Gobierno, no lo puede disimular», mientras que «Fraga está como ausente». La reunión fue de puro trámite, todo lo contrario que la del Consejo del Reino celebrada por la tarde, y que había sido convocada por Torcuato Fernández-Miranda para ir elaborando un retrato robot del candidato. Torcuato sorprendió a los consejeros no dándoles ninguna instrucción y sin mostrar prisa alguna.

Para contrarrestar la fuerza del sector más falangista del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda había previsto contar con la personalidad del consejero Miguel Primo de Rivera, que, además de sobrino del fundador de la Falange, era amigo del Rey, consejero de «los cuarenta» y yerno de Antonio María de Oriol y Urquijo.

El propio Miguel Primo de Rivera ha reconocido recientemente que no fue el Rey quien le pidió que apoyara el nombre de Adolfo Suárez: «Fue Torcuato el que me llamó un día a su despacho y me dijo: “Miguel, eres mi hombre; entre los dos tenemos que sacar adelante este proyecto, y el mejor candidato es Adolfo Suárez”». Y añade Primo de Rivera: «En aquellos momentos no le conocía casi nadie. Torcuato me convenció de que Suárez era el hombre necesario para llevar a cabo la reforma política que los dos deseábamos». Y el testimonio del propio Primo de Rivera es también decisivo para conocer cómo consiguieron convencer a los consejeros del Reino: «Yo jamás manipulé a nadie. Me limité a explicarles las razones por las cuales quería incluir en la terna el nombre de Adolfo Suárez. Pero no tuve que hacer ninguna maniobra ni recurrir a ningún engaño, porque Torcuato y yo teníamos el plan perfectamente elaborado desde mucho antes de la reunión del Consejo del Reino... Él me explicó su proyecto y yo lo acepté porque lo compartía, pero le puse algunas condiciones. Cuando hicimos repaso de los nombres, buscamos el que respondiera a ese esquema previamente elaborado. Tenía que ser un hombre joven, pero con alguna experiencia política, del Régimen, que fuera capaz de mirar hacia delante, con ciertas ambiciones legítimas... Llegamos a la conclusión de que Adolfo Suárez daba ese perfil. Desde luego —concluye Primo de Rivera—, no se me ocurrió otro candidato mejor» [115].

La sesión del viernes se inició con unas palabras de Miguel Primo de Rivera, en las que explicó las características que debía reunir el candidato, interviniendo a continuación su suegro, Antonio María de Oriol, para precisar que, además de joven y con proyección de futuro, el candidato debía ser anticomunista, independiente, tener firmeza y buena salud, y estar bien visto por el Ejército. Su sobrino, Íñigo de Oriol, insistió en que debía ser una persona con experiencia, autoridad y confianza en sí mismo. Cuando intervino el sindicalista Dionisio Martín Sanz, los valores más apreciados pasaron a ser: persona mayor, capaz de mantener la unidad sindical y de garantizar el pacto social, leal, economista y anticomunista. Ante el giro que tomaban los consejeros, volvió a intervenir Miguel Primo de Rivera, para insistir en que el candidato debía ser aceptado por la Banca, pero que ante todo tenía que ser capaz de conectar con las tendencias del momento y de ganar las próximas elecciones.

Girón de Velasco consumió su turno para reiterar su obsesión por que el candidato fuera capaz de mantener la unidad sindical y de evitar la politización de los sindicatos, exigiendo que fuera un hombre del 18 de julio y que tuviera carácter.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, resaltó la importancia de que fuera capaz de enfrentarse a los problemas actuales, que tuviera buena imagen ante la prensa y que estuviera abierto al proceso constituyente.

Por último, el general Fernández Vallespín aclaró que en su opinión el candidato no debía ser militar, pero sí bien visto por las Fuerzas Armadas, añadiendo que «lo importante es que el Rey era el presidente y este el ministro del Interior».

Mientras el Consejo del Reino deliberaba, esa tarde del viernes 2 de julio se casaba una hija de Alfonso Armada, de cuya boda era testigo Alfonso Osorio, que recuerda: «Veo muy bien situado a Suárez. Sabino [Fernández Campo], Armada y Mondéjar coinciden en que es posible, no probable» [116].

El Consejo del Reino volvió a reunirse el sábado 3 de julio, a las nueve y media de la mañana, abriendo el turno de intervenciones el propio presidente, Torcuato Fernández-Miranda, que hizo una semblanza del papel histórico del Consejo del Reino, para a continuación hacer una descripción de las columnas sobre las que se había asentado el Régimen de Franco: tecnócratas-Opus Dei, cristianos y el Movimiento, proponiendo que cada consejero escribiera tres nombres de cada una de estas familias. Como resultado de esta primera votación surgieron los treinta y dos nombres siguientes [117]: José María de Oriol y Urquijo, Gonzalo Fernández de la Mora, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, José García Hernández, José Solís, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza, Gregorio López-Bravo, Adolfo Suárez González, Licinio de la Fuente, Rafael Cabello de Alba, Alfonso Osorio, Jesús Romeo Gorría, Fernando María Castiella, José María de Azcárate, Virgilio Oñate, Alfonso Álvarez de Miranda, Fernando de Santiago y Díez de Mendívil, Jesús Galera Paniagua, Emilio Lamo de Espinosa, Carlos Pérez de Bricio, Leopoldo Calvo-Sotelo, Joaquín Ruiz-Giménez, Juan Sánchez Cortés, Raimundo Fernández-Cuesta, Alejandro Fernández Sordo, Antonio Barrera de Irimo, Fernando Suárez González, Cruz Martínez Esteruelas y Alberto Monreal Luque.

Conocidos los treinta y dos nombres propuestos, los consejeros, por unanimidad, rechazaron los nombres de los militares —De Santiago y Galera Paniagua— y el de José María de Oriol, por la proximidad familiar de tres de los presentes. La afinidad ideológica sugerida por Fernández-Miranda no tardó en ser considerada por los consejeros, que en una segunda deliberación eliminaron a trece nombres en los que había unanimidad: José Solís, Rafael Cabello de Alba, Jesús Romeo Gorría, José María de Azcárate, Virgilio Oñate, Emilio Lamo de Espinosa, Leopoldo Calvo-Sotelo, Joaquín Ruiz-Giménez, Juan Sánchez Cortés, Raimundo Fernández-Cuesta, Alejandro Fernández Sordo, Antonio Barrera de Irimo y Alberto Monreal Luque.

A continuación, Torcuato Fernández-Miranda propuso votar la eliminación de aquellos otros nombres sobre los que no había habido consenso, exigiendo para pasar a la siguiente votación que obtuvieran al menos ocho votos, la mayoría. De esta forma, y tras una intervención del general Fernández Vallespín contraria a Manuel Fraga, este quedó eliminado junto a estos otros seis candidatos: José María de Areilza, Cruz Martínez Esteruelas, Licinio de la Fuente, Fernando Suárez, Alfonso Osorio y Fernando María Castiella.

Con nueve candidatos en liza —Fernández de la Mora, Rodríguez de Valcárcel, José García Hernández, López Rodó, Silva Muñoz, Adolfo Suárez, Alfonso Álvarez de Miranda, Carlos Pérez de Bricio y Gregorio López-Bravo—, Torcuato Fernández-Miranda propuso cambiar el sistema de votación, sugiriendo que cada consejero escribiera en una papeleta seis nombres para eliminar a los tres que obtuvieran menor número de votos. De esta forma quedaron descartados García Hernández, López Rodó y Pérez de Bricio.

Al término de esta votación, uno de los consejeros más «ultras», el sindicalista Dionisio Martín Sanz, denunció el sistema de votación y el que «un tal Adolfo Suárez pasara todas las votaciones sin discusión». Torcuato Fernández-Miranda volvió a acreditar su perspicacia, proponiendo agrupar a los seis candidatos en parejas, que justamente respondían a las tres familias del Régimen que él había descrito en su mensaje inicial y que hasta ese momento habían jugado sus bazas, aceptando la eliminación de sus candidatos más débiles. Suárez se vio emparejado con Rodríguez de Valcárcel, en representación de lo que podía denominarse «Movimiento»; López-Bravo quedó asociado con Gonzalo Fernández de la Mora, en cuanto a la familia Opus-tecnócratas, y Federico Silva formó pareja con Alfonso Álvarez de Miranda, en representación de los democristianos conservadores. Este último criterio resultó decisivo, por cuanto todos los miembros del Consejo consideraban a los candidatos ortodoxos, y por muy favorable que en principio fuera el Consejo al candidato más conservador —Rodríguez de Valcárcel—, también fue sensible al obstáculo que significaba su avanzada edad y su salud muy debilitada.

Según el testimonio de Alfonso Osorio, Suárez obtuvo doce votos, frente a tres Rodríguez de Valcárcel; López-Bravo, catorce, por uno de Fernández de la Mora, y finalmente Silva Muñoz, quince votos, por ninguno de Alfonso Álvarez de Miranda. A Silva le faltó un voto para alcanzar la unanimidad gracias a que en la última votación Miguel Primo de Rivera —alertado por Torcuato— se inclinó por votar a Alfonso Álvarez de Miranda [118].

Aunque el secretario del Consejo del Reino redactó un acta resumida de las sesiones que aún hoy no se conoce, todas las fuentes parecen coincidir en que el signo de la votación última fue: todos los consejeros —menos Miguel Primo de Rivera— eligieron en primer lugar a Federico Silva, que obtuvo, pues, quince votos; López-Bravo fue elegido en segundo lugar por trece consejeros, y Adolfo Suárez en tercer lugar, por doce. Federico Silva ratificó en sus memorias este resultado de la votación.

A Suárez no le votaron Girón de Velasco, Dionisio Martín Sanz, Joaquín Viola y Enrique de la Mata, demostrándose ya que, en julio de 1976, el búnker no «simpatizaba» con el que para la oposición iba a ser el candidato del «Movimiento» y una gran decepción.

Federico Silva Muñoz ha admitido que Fernández-Miranda le votó, pero que le dijo a Miguel Primo de Rivera que no lo hiciera, para que así no obtuviera la unanimidad [119].

A las dos y tres minutos de la tarde del sábado, el presidente del Consejo del Reino abandonó la sala del palacio de las Cortes donde se habían celebrado las votaciones y con gesto de satisfacción declaró a los periodistas: «Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido», añadiendo a continuación que iba a ponerse en contacto con el Rey para ir a primera hora de la tarde al palacio de la Zarzuela. El secretismo que había presidido la elaboración de la terna final motivó que a las cinco menos diez de la tarde del sábado la agencia Cifra distribuyera un teletipo en el que, además de Suárez y Silva, se incluía el nombre de José María de Areilza, que a media mañana le había dicho al periodista Pepe Oneto: «Gracias, Pepe, por tu llamada; no veas el día que llevo de teléfono, todo el mundo me felicita... Espero que esta tarde no faltes; tomaremos todos una copa en casa». A las cuatro, Enrique de la Mata llamó a Federico Silva a su casa para darle cuenta —confidencialmente— del resultado de la votación. Silva le contó que ya El País tenía una primera edición dedicada a Areilza, y De la Mata le dijo: «Pero si no está en la terna, ¿cómo va a ser presidente?»; añadiendo: «El que puede ser presidente eres tú. Te dije que ibas en la terna, y estás; pero como has sacado una votación tan importante creo que el Rey está vacilante... Tú puedes ser presidente» [120].

En la redacción de El País, el periodista Julián García Candau escribía su crónica de deportes cuando recibió la llamada de Raimundo Saporta, que le confirmó que el nuevo presidente del Gobierno era «un tal Adolfo Suárez». Candau avisó a sus compañeros de la sección política, que tomaron a broma su información. Candau insistió en que su fuente era muy buena, pero siguieron sin hacerle caso, hasta que las campanillas del teletipo avisaron de una noticia urgente. El encargado de teletipos cortó el papel y leyó en voz alta: «Adolfo Suárez, nuevo presidente del Gobierno». Todos los redactores miraron a Candau, que, emulando a un torero, se levantó y saludó a sus compañeros.

El Rey recibió por la tarde a Torcuato Fernández-Miranda, que le expuso cómo se habían producido las deliberaciones y cuál había sido el resultado final de la votación.

Antes de que se produjera el anuncio oficial por parte del palacio de la Zarzuela, Alfonso Osorio habló con Adolfo Suárez varias veces, revelándole que «se barajaban tres ternas y la más reiterada es la de Areilza, Silva y Suárez», y que Areilza había reunido en su casa «una especie de plana mayor encabezada por Pío Cabanillas», que —en palabras de Osorio— «se ha convertido en el gran hombre pro-Areilza». Para acreditar que no se había producido filtración segura de la terna, Osorio reveló que poco después de hablar con Adolfo Suárez por última vez le llamó Ignacio Paddy Gómez-Acebo —hermano del cuñado del Rey, Luis Gómez-Acebo— para decirle: «Ya es seguro Areilza».

A media tarde, con mejor información, Rodolfo Martín Villa llamó también a Osorio para transmitirle que «la terna segura era Silva, Suárez y López-Bravo, en lugar de Areilza». A esa misma hora, Leopoldo Calvo-Sotelo, que según Osorio «me da la impresión de que se mueve entre Pío y yo», se instaló en su casa, desde donde habló con Adolfo Suárez, que a su vez esperaba en la suya de Puerta de Hierro la llamada del Rey.

Por su parte, Silva reconoce en sus memorias no creer la versión de Enrique de la Mata, que le insinuó que el Rey podría hacer una consulta antes de decidirse por uno de los candidatos y que podría no haber presidente hasta el domingo: «Si la operación del nombramiento de Suárez estaba preparada; y si se había conseguido limitar mis votos a 15 sobre 16, para que no tuviera la unanimidad, nada había variado. Decidí —continúa Silva— no hacer demasiado caso de la llamada de Enrique de la Mata y me fui a la calle» [121].

Finalmente, a las siete de la tarde del sábado 3 de julio, la Casa del Rey hizo público un comunicado oficial, fechado en el palacio de la Zarzuela, que decía textualmente: «De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta en terna del Consejo del Reino, S. M. el Rey ha designado como presidente del Gobierno a don Adolfo Suárez González, a quien recibió esta tarde en el palacio de la Zarzuela. El Boletín Oficial del Estado publicará el lunes el correspondiente real decreto, fijándose ese mismo día para la ceremonia de juramento del nuevo presidente del Gobierno».

Pese a su aparente indiferencia, Silva llamó media hora más tarde desde la calle a su hija, que le dijo: «Acaba de salir por TVE el nombramiento de Adolfo Suárez». Y Silva reflexiona amargamente en sus memorias: «Al cabo de una hora regresé a casa y me llamó Adolfo Suárez para mandarme fríamente un abrazo. Eso fue todo. Hasta entonces siempre me había saludado al estilo falangista y militar. “A tus órdenes.” Su situación había cambiado y era lógico —añade Silva— que cambiase también el saludo» [122].

Resulta «curioso» que esta fuese la inmediata reflexión del hombre que pocas horas antes había contado en el Consejo del Reino con el apoyo del sector más ultra del búnker, a cuya cabeza figuraba Girón de Velasco, que no había votado por Adolfo Suárez.

Pero dejemos por un momento la reacción del derrotado para conocer cuáles fueron los primeros pasos del recién designado presidente del Gobierno. Adolfo Suárez esperaba con cierta inquietud el desenlace de la reunión de la mañana del sábado del Consejo del Reino. Estaba solo en su casa, acompañado por una de sus hijas, porque desde hacía pocos días su esposa, Amparo, y sus demás hijos se encontraban de veraneo en Ibiza.

Poco después de las cinco de la tarde sonó el teléfono. Era el rey Juan Carlos, que le preguntó con toda naturalidad: «Adolfo, ¿qué haces? ¿Quieres venir a tomar café?». Con serenidad, Suárez se vistió con un traje oscuro y condujo su propio coche, un Seat 127 azul, hacia el palacio de la Zarzuela, donde los ayudantes del Rey le acompañaron a una sala, en la que permaneció solo unos instantes.

Poco después se abrió la puerta corredera que daba a uno de los despachos de Su Majestad, que en tono distendido y amistoso le saludó, diciéndole: «Adolfo, te quiero pedir un favor. Acepta la presidencia del Gobierno», a lo que Suárez contestó, medio en broma: «Ya era hora».

El Rey y Suárez estudiaron las primeras decisiones a tomar, para garantizar el carácter integrador de la Corona y la voluntad reformista del Gobierno. Ambos decidieron que había que conseguir la permanencia en el Gabinete de los dos ministros de mayor peso político del anterior Gobierno, Fraga y Areilza, para que no se constituyeran en enemigos del proceso, y Suárez le avanzó al Rey su calendario inicial de reformas y la previsible fecha de las elecciones.

A las nueve menos cuarto de la noche, Suárez regresó a su domicilio, donde le esperaba un numeroso grupo de informadores, a los que manifestó estar «serenamente preocupado» y que «no puedo ahora mismo hacer otra cosa que tratar de ordenar mis ideas». Suárez, con tranquilidad, explicó a los periodistas que la entrevista con el Rey había sido muy cordial, anunciando que el lunes, después de la toma de posesión, celebraría una rueda de prensa para notificar las líneas directrices del Gobierno que iba a formar. En su casa le esperaba su hija Marián, con unas amigas, y su padre, al que Suárez saludó efusivamente.

Poco después fueron llegando un grupo de amigos y colaboradores próximos: Eduardo Navarro, Ignacio García López —al que anunció que le haría ministro—, Tomás Pelayo Ros y Alfonso Álvarez de Miranda. Sus primeras llamadas fueron para el ex presidente Carlos Arias y para sus rivales en la terna del Consejo del Reino, Gregorio López-Bravo y Federico Silva Muñoz, cuya reacción ya hemos relatado. A las nueve y media llamó a Alfonso Osorio, y este recuerda así la conversación: «Está contento y más reposado que nervioso. Le felicito cordialmente y me dice que la mayor satisfacción que ha tenido en el primer Gobierno de la Monarquía ha sido conocerme a fondo y que en este momento soy el único ministro seguro del segundo». La conversación concluyó con el anuncio de que Suárez le llamaría el lunes y que dedicaría el domingo a meditar [123].

Este sábado, Carlos Arias Navarro acudió al Valle de los Caídos a rezar ante la tumba del Generalísimo Franco, depositando su esposa un ramo de flores.

La designación de Adolfo Suárez produjo sorpresa y decepción en los medios políticos y periodísticos, en parte porque a su menor protagonismo en el Gobierno de Carlos Arias se unió la errónea creencia de que el Rey propondría a un político teóricamente más «liberal», y en concreto a José María de Areilza. Su larga trayectoria en las estructuras del Régimen y el hecho de que fuera secretario general del Movimiento fueron presentados como una rémora de credibilidad y falta de convicciones democráticas por los poco perspicaces políticos de la oposición, que desconocían las claves de los últimos meses del primer Gobierno de la Monarquía. Y es que pocos sabían que la amistad del Rey con Adolfo Suárez se remontaba a muchos años antes, desde su estancia en Televisión Española y en el Gobierno Civil de Segovia; tampoco sabían que desde hacía tiempo ambos solían encontrarse en la Zarzuela para recorrer juntos en moto sus alrededores, y que Adolfo Suárez era de los pocos políticos que tuteaban al Rey [124].

Tampoco supieron ver que desde los sucesos de Vitoria, en el mes de marzo, el Rey ya le dijo a Torcuato Fernández-Miranda que Adolfo Suárez era el hombre idóneo para conducir la tarea integradora y reformadora de la Corona. Y ello pese a que el Rey había ido difundiendo su nombre en sus audiencias, como la que en mayo de 1976 mantuvo con Fernando Álvarez de Miranda e Íñigo Cavero, en la que, después de comentar la situación política, les preguntó: «¿Qué pensáis vosotros de Adolfo Suárez?». Ambos políticos se quedaron atónitos [125].

Tampoco consiguió diluir la sorpresa el hecho de que también en mayo Suárez derrotara al marqués de Villaverde en la elección a consejero nacional, ni que en el discurso del 9 de junio, ante las Cortes, en defensa del proyecto de Ley de Asociación Política, Suárez hubiera causado tan excelente impresión y que hubiera dicho cosas tan importantes como «la palabra democracia, cuando es sincera, como pretende serlo aquí, solo persigue el mayor beneficio de la comunidad nacional».

El País recibió con cierto escepticismo el nombramiento de Suárez y en un editorial afirmaba «no deben los españoles negar su ayuda al presidente del Gobierno, pero por honradez y por patriotismo es preciso decir a este que va a necesitar mucha. Hay un amplio consenso de opinión respecto al hecho de que la tarea que le aguarda es mucho mayor que las ilusiones que suscita, sobre todo si se piensa que quien ahora accede a la máxima responsabilidad ejecutiva de la nación lo hace desde la Secretaría General del Movimiento. Dato anecdótico seguramente, pero que aumenta las dificultades a la hora de anunciar una política de reconciliación». Aunque reconocía —El País— que «el señor Suárez posee las virtudes propias de un buen político. Ha dado muestras de brillantez, inteligencia y discreción. En su reciente actuación en las Cortes, en defensa del proyecto de Ley de Asociación Política, se presentó como un ministro seguro de su papel y un orador de tono nuevo y diferente. Pero no es esta hora de políticos, sino de estadistas» [126].

Por su parte, en ABC, Lorenzo López Sancho despedía a Carlos Arias, al que el Rey había concedido el título de marqués, con esta frase, llena de realismo: «... Todo su mandato ha consistido en una dramática y silenciosa pugna con los que no estaban dispuestos a restituir al pueblo español la soberanía que en una lejana, triste y tal vez necesaria época le había sido arrebatada mediante el uso de las armas». Y en su editorial del domingo 4 de julio, el diario monárquico aventuraba que el nuevo presidente «aportará, así lo esperamos, al servicio nacional, el ritmo vivo de la política joven, la energía de los planteamientos sin confusión, el abierto espíritu de la conciliación y la prudencia que reclama la dificultad de estos críticos tiempos».

Ambos medios informativos recogían las opiniones de algunos políticos, resultando curiosa la del ex ministro Gonzalo Fernández de la Mora, que manifestaba en ABC: «Le deseo al nuevo presidente el mayor éxito en la necesaria consolidación de la Monarquía, en la restauración de la confianza, en el rearme intelectual y en la defensa del gran patrimonio material e institucional creado durante las últimas décadas», revelando que «le conocía desde hace años y sabía de su entrega y energía». Años después, en sus polémicas memorias, Fernández de la Mora se preguntaría «¿Por qué este valimiento del ex falangista?», afirmando que cuando Suárez fue gobernador civil de Ávila [127] «conoció al joven Príncipe en la villa que el duque de la Torre tenía en la sierra de Guadarrama, proporcionándole al Príncipe el uso de ciertas instalaciones situadas en pasajes poco frecuentados de la provincia de Segovia para que este pudiera reunirse discretamente con sus amistades» [128].

El propio Fernández de la Mora ha pretendido desacreditar al presidente del Gobierno, revelando que, en cierto momento anterior a su elección, preguntó al presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda: «¿Quién es tu candidato a presidir el Gobierno?», respondiéndole este con esta frase: «Alguien que haga lo que yo le diga. No te esfuerces, porque no lo adivinarás» [129].

Entre los que reaccionaron con justeza y visión de la realidad destacaron Juan Antonio Samaranch, que afirmó: «Creo que el Rey ha querido escoger a un hombre de su generación para poder llevar a buen puerto la reforma en que ya el anterior Gobierno se hallaba comprometido»; y José Miguel Ortí Bordás, que declaró: «La elección de Adolfo Suárez constituye el triunfo de la generación del Rey».

Por el contrario, en el seno de la oposición moderada recibieron a Suárez con incredulidad y escaso conocimiento de los acontecimientos vividos. Así, Joaquín Garrigues Walker reconocía en ABC: «Me ha sorprendido mucho y no sé cuál es el propósito de este nombramiento», mientras que, en El País, Ignacio Camuñas no se ruborizaba al declarar: «El país no está para bromas ni para inseguras piruetas. Calculo que esta noche los grandes diarios del mundo occidental estarán locos para componer una biografía correctamente interpretada del nuevo presidente del Gobierno». Con no menos falta de sagacidad, Antonio García Trevijano declaraba: «... Ante el fracaso de la política reformista de Arias-Fraga, es natural que por instinto el Régimen vuelva al soporte político que tuvo durante la época del desarrollo económico. Desaparecido Herrero Tejedor, el hombre más representativo de esta síntesis falangista-opusdeísta es sin duda don Adolfo Suárez». Más prudente, Santiago Carrillo declaraba también a El País que «Si se tiene en cuenta su pasado hay poco que esperar. Pero me reservo el juicio definitivo hasta que se conozca el nuevo Gobierno y su programa. De todas maneras, con Suárez o con otro, la necesidad de la ruptura pactada sigue vigente».

Con idéntica intención, Enrique Tierno Galván expresaba su confianza en que «Suárez no defraude la esperanza que el país tiene puesta en el establecimiento de un sistema democrático», y el socialista catalán Josep Pallach resaltaba que «Suárez debía dialogar con la oposición». En la revista Cambio 16, el humorista Antonio Fraguas, Forges, dibujó dos «ultras» junto a un búnker y uno de ellos le decía al otro: «Se llama Adolfo, ¿no es maravilloso?»; y el otro respondía: «Ciertamente».

Por último, la revista Cuadernos para el Diálogo tiñó de negro su portada y con una foto de Suárez vestido con camisa azul de falangista tituló: «El apagón». El autor de su durísimo editorial fue Rafael Arias-Salgado, que durante los siguientes catorce años sería uno de los más próximos colaboradores del presidente Suárez y varias veces ministro.

Entre la prensa europea, The Times afirmaba que «el nombramiento del señor Suárez, el ministro del Movimiento... cayó como una sorpresa porque se esperaba que fuera escogido un hombre más liberal»; Herald Tribune precisaba que «el nuevo primer ministro ejercerá un mando fuerte y trabajará en estrecho contacto con el Rey, lo que no sucedía con Arias». Le Figaro era muy duro en sus comentarios: «Personaje ambiguo y desdibujado, el nuevo presidente del Consejo será el ejecutor de las bajas maniobras de la extrema derecha, bien decidida a torpedear por todos los medios la democratización penosamente iniciada desde diciembre último».

Pero mientras los ciudadanos devoraban las informaciones y editoriales de los periódicos, Adolfo Suárez preparaba en la soledad de su casa de Madrid las líneas básicas de la que iba a ser su primera declaración pública, con sus colaboradores más cercanos. Y durante estas primeras horas del domingo y parte del lunes, Suárez trató de convencer a Manuel Fraga para que siguiera en el Gobierno, llamando personalmente al político conservador. Fraga lo ha recordado así: «Tuve otras llamadas aquella noche [se refiere a la noche del sábado], sobre todo una muy insistente, para continuar. Yo tenía tomada mi decisión. No tenía confianza alguna en Adolfo Suárez, ni en su capacidad de dirección de la crisis. Escribí dos cartas de dimisión, que salieron a la mañana siguiente, al Rey y al propio Suárez. El Rey me llamó por teléfono, a casa; le manifesté la imposibilidad de continuar, si bien le ofrecí que pediría la colaboración máxima de todo mi equipo. Mi mujer, que escuchó la conversación, estimó que estuve demasiado tajante. Hay ocasiones en la vida en las que no puede uno dejar de serlo».

Como confirmación de esta conversación, este lunes 5 de julio, el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, visitó a su todavía ministro Manuel Fraga —que le hizo esperar media hora— y que nada más recibirle admitió que acababa de tener una larga y no fácil conversación con el Rey, reconociéndole que «han jubilado anticipadamente a nuestra generación».

El País reproducía la noticia de la llamada del Rey a Manuel Fraga y el comentario que este había hecho a sus colaboradores de que su propósito era firme. «Una cosa es que parezca un guardia civil y otra es que lo sea.» Fraga solicitó su reingreso en la cátedra y en el cuerpo de letrados de las Cortes [130].

Pero el Rey, dispuesto a ayudar a su presidente y a dotar a su Gobierno del perfil más reformista y liberal posible, también trató de que continuara en él José María de Areilza, al que citó en la Zarzuela, y aunque se rumoreó que el conde de Motrico había puesto determinadas condiciones, que afectarían a la declaración programática del Gobierno, el propio Areilza confirmó que había renunciado a formar parte del gobierno Suárez, al que había dirigido una carta de dimisión el lunes, en la que le explicaba que su decisión de separarse del Gobierno era «para mantener intactas sus convicciones ideológicas».

Siguió sus pasos Pío Cabanillas, que en esta crisis había apostado claramente por el conde de Motrico, aunque el lunes se le vio almorzando en el Restaurante Jockey con Manuel Fraga.

El Rey también llamó al político democristiano Federico Silva Muñoz, que en sus memorias evoca así la conversación: «A las 13 horas del domingo sonó el teléfono. Era el Rey. Me dijo que me llamaba para felicitarme por la votación que había obtenido en el Consejo del Reino, que no había sufrido mayor dolor que tener que elegir presidente del Gobierno entre tres amigos tan queridos. Que este era un Gobierno para ocho meses o un año, hasta que se hicieran las elecciones, que en este período no era conveniente que yo me gastase y que esperaba seguir contando con mi colaboración» [131].

Silva desmintió que fuera a hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores o Gobernación, como los rumores le atribuían, y anunció que pensaba dedicarse a formar un gran grupo político.

Suárez volvió a reunirse con el Rey el domingo a primera hora de la tarde, coincidiendo en su visita con el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda. Pero en estas horas se produjo un hecho que ha sido poco destacado hasta la fecha y que tuvo como protagonistas a José María de Areilza y a Pío Cabanillas, empeñados en tratar de influir en el Rey para que este rectificara su designación de Adolfo Suárez; ambos llegaron a pedir audiencia a Su Majestad para expresarle su convencimiento de que el nombramiento de Adolfo Suárez era un error —¡qué error!, ¡qué inmenso error!, escribiría Ricardo de la Cierva esos días—. La maniobra es relatada por dos testigos de aquellos días. Alfonso Osorio alude en sus memorias a que «Pío Cabanillas mueve los hilos de una operación sin cuartel contra Adolfo Suárez. Es la hora de pasar —dice— y de esperar a que Adolfo renuncie» [132]. Por su parte, Fraga censuró que Areilza no aceptara el nombramiento, escribiendo: «Intentó lo imposible, que el Rey volviera sobre su decisión; que le escribiéramos una carta colectiva; que se dificultara la creación del nuevo Gobierno. A todo me negué con la misma firmeza que lo había hecho a la sugestión de continuar en el Gobierno» [133]. Areilza llegó a no ponerse al teléfono cuando Suárez le llamó el domingo 4 de julio [134].

Con estas maniobras y en este clima de desconfianza nacía el mandato de Adolfo Suárez, que a las cinco de la tarde del lunes 5 de julio juró su cargo ante el Rey en el palacio de la Zarzuela, en una ceremonia que apenas duró diez minutos y en la que estuvieron presentes el presidente en funciones, teniente general Fernando de Santiago, y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda. Suárez utilizó la siguiente fórmula, entonces vigente: «Juro desempeñar el cargo de presidente del Gobierno con absoluta lealtad al Rey y estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros».

Después de la jura, el Rey y Adolfo Suárez mantuvieron una larga reunión que se prolongó hasta las nueve de la noche.

El lunes, a primera hora de la mañana, Suárez se instaló en su despacho de la Secretaría General del Movimiento y, mientras Eduardo Navarro le preparaba las líneas generales de una intervención ante las cámaras de televisión, continuó con sus consultas para formalizar el nuevo Gobierno. Consciente de que cualquier demora sería interpretada como debilidad y como incapacidad para crear un equipo de gobierno, Suárez se empeñó en que en menos de cuarenta y ocho horas tenía que anunciar al país la formación de su Gabinete. Por ello, aunque quiso incorporar a algún militar de su confianza, como Manuel Gutiérrez Mellado, que rechazó la cartera de Gobernación y le pidió continuar en el mando para ascender a general, aceptó la sugerencia del Rey de que los tres ministros militares continuaran en sus puestos.

Fracasada también la opción de que Fraga y Areilza continuaran, y con la renuncia encima de la mesa de los ministros Carlos Robles Piquer, Antonio Garrigues y Adolfo Martín Gamero, Suárez citó a las diez de la mañana a Alfonso Osorio, en su despacho de Alcalá, 44. En esta primera entrevista se formalizó entre ambos el acuerdo de que Osorio pusiera a disposición de Suárez la buena cantera de jóvenes políticos procedentes de la ACNP (Asociación Católica de Propagandistas) y de los que durante los últimos meses habían firmado artículos en el periódico Ya, con el seudónimo Tácito, ambos de extracción ideológica democristiana, con cierta actividad de oposición y bien relacionados con los poderes económicos. Osorio ha recordado con malicia que Suárez le dijo: «Mis amigos políticos son Enrique Sánchez de León, José Miguel Ortí Bordás, Jesús Sancho Rof, Eduardo Navarro, Noel Zapico y Fernando Abril, que es el único que va a ser ministro», porque, como él mismo reconocía, a los demás no podía nombrarles ministros por su trayectoria política en el Régimen, aunque sí confiarles puestos de determinado nivel en la Administración [135]. Y a continuación le dijo a Osorio: «¿Cuáles son tus nombres?». El hasta entonces ministro de la Presidencia vio la oportunidad de influir decisivamente en la formación del Gobierno, y al mismo tiempo de construir un gran partido de la derecha democrática y de fondo cristiano, cuyo liderazgo le ofreció si triunfaba en la tarea de presidente del Gobierno. Y según el testimonio de Osorio, Suárez le replicó: «Condición aceptada, porque en el fondo soy un democristiano».

Juntos elaboraron una primera lista de posibles ministros, repartiéndose las llamadas a unos y otros. Suárez ya le advirtió que quería en el Gobierno a Fernando Abril y a Ignacio García López, y que Osorio asumiera la vicepresidencia política.

Según el testimonio de Osorio, en un primer momento barajaron estos nombres para las distintas carteras: Federico Silva y Marcelino Oreja, para Asuntos Exteriores; Landelino Lavilla, Eduardo Carriles y Luis Angulo, para Justicia; Alberto Oliart, Eduardo Carriles y José Ángel Sánchez Asiaín, para Hacienda; Andrés Reguera, para Información y Turismo; Enrique de la Mata, para Presidencia; Fernando Álvarez de Miranda o Eduardo García de Enterría, para Educación; Leopoldo Calvo-Sotelo o Virgilio Oñate, para Obras Públicas; Manuel Varela o José Ramón Lasuén, para Comercio; Enrique de la Mata, para Trabajo, y Francisco Lozano o Juan Gich, para Vivienda; este último a propuesta de Torcuato Fernández-Miranda.

Osorio asumió la tarea de convencer al democristiano Álvarez de Miranda para que aceptara la cartera de Educación, tradicional objetivo de los políticos de esa adscripción ideológica y confesional, y aunque le pidió que no comentara su ofrecimiento, Álvarez de Miranda no le hizo caso, contestándole que tenía que consultarlo con su partido y proponiéndole el nombre de Íñigo Cavero para la propia cartera.

Cuando esa tarde Suárez regresó de la jura ante el Rey, con el que mantuvo una larga reunión, acompañado de Torcuato Fernández-Miranda, ya habían confirmado su aceptación Marcelino Oreja —al que el propio Rey pidió su colaboración—, Landelino Lavilla, Eduardo Carriles —para Hacienda—, Enrique de la Mata —para Relaciones Sindicales—, Francisco Lozano, Andrés Reguera, además de los ya previstos Fernando Abril e Ignacio García López. Durante este lunes, Osorio volvió a detectar maniobras de Pío Cabanillas para impedir la formación del Gobierno, tratando de convencer a algunos políticos de que este Gobierno no iba a durar y difundiendo la opinión de que «Adolfo Suárez o hace un Gobierno de neofalangistas de su cuerda o no consigue formarlo» [136].

En cuanto a Federico Silva Muñoz, la noche del lunes regresó tarde a su casa, en cuya puerta encontró a una persona de la que en sus memorias dice: «... persona que por sí misma y por el puesto que ocupaba me ofrecía plena credibilidad que me dijo que había habido una reunión en la Zarzuela por la tarde en la que estaban el presidente de las Cortes y el del Gobierno». Según Silva, esta persona le leyó la lista del Gobierno y en ella estaba como ministro de Educación Fernando Álvarez de Miranda y no Aurelio Menéndez, y le dijo: «Este es el momento para que seas ministro de Asuntos Exteriores y vengo a ofrecértelo formalmente». Silva reconoce que le dijo que tenía que consultar con la comisión gestora de su partido, UDE, y que su interlocutor le dijo que eso no era posible. Pese al misterio que Silva pretende dar a este episodio, parece probable que la misteriosa persona fuera Alfonso Osorio o Alfonso Armada [137].

Este mismo lunes, Suárez hizo una declaración a la agencia Logos para salir al paso de algunas de las informaciones aparecidas en algún medio de prensa extranjero, negando que su nombramiento simbolizara un asalto al poder de la tecnocracia.

El martes, El País titulaba su información política con un alarmante: «Renuncias a ser ministro: sin precedente en la historia del Régimen», detallando las planteadas por Areilza, Fraga y Pío Cabanillas, «a quien en casi todas las listas se daba como seguro ministro de Justicia». De buena fuente, El País atribuía estas carteras: «Educación y Ciencia: José Luis Meilán, Jesús Sancho Rof o Federico Mayor Zaragoza; Agricultura: Fernando Abril; Justicia: Jorge Jordana; Comercio: José Lladó; Información y Turismo: Alejandro Fernández Sordo, Rafael Orbe Cano o Luis María Anson; Hacienda: Cruz Martínez Esteruelas». Por su parte, en ABC, Pilar Urbano revelaba que los últimos rumores apuntaban estos nombres: «Fernando Benzo o José María López de Letona, a Hacienda; Federico Silva Muñoz o Manuel Gutiérrez Mellado, a Gobernación; Alberto Ullastres o Gregorio López-Bravo, a Exteriores; Ullastres, también a Comercio; Andrés Reguera Guajardo, a Agricultura; Jesús Sancho Rof, a Educación; Enrique Sánchez de León, a Obras Públicas; Alejandro Fernández Sordo, a Información y Turismo, y Eduardo Navarro, a Secretaría General del Gobierno (síntesis del Ministerio de la Presidencia y de la Secretaría General del Movimiento)». La propia Urbano reconocía que «a eso de las siete de la tarde [del lunes], Alfonso Osorio, desde su domicilio, me dice: “A mí nadie me ha llamado... Y lo que sé oficialmente es que desde hace dos horas no soy ministro de la Presidencia”» [138].

El martes por la mañana, Suárez y Osorio volvieron a reunirse para repasar los nombramientos ya seguros e ir perfilando el nuevo Gobierno, que ambos querían fuera anunciado la noche del miércoles. La renuncia de Gutiérrez Mellado la suplió Suárez proponiéndole a Rodolfo Martín Villa que aceptara la cartera de Gobernación, y para la cartera de Comercio se inclinó por un técnico, Álvaro Rengifo. Quedaban pendientes Obras Públicas, Industria —porque el propuesto, Carlos Pérez de Bricio, quería asumir Comercio— y Educación, que él había ofrecido al catedrático Eduardo García de Enterría. Otro problema surgió cuando el ex ministro Agustín Cotorruelo llamó a Suárez, para decirle que Enrique Fuentes Quintana aceptaría las carteras de Economía o Comercio.

Suárez dedicó el resto del día a preparar su intervención en televisión, prevista para esa misma noche, dejando que Osorio leyera su contenido y aceptando el consejo de este de que la hiciera desde su casa, al estilo de otros líderes europeos, y no desde su despacho. Mientras, el propio Osorio continuaba las gestiones para cerrar el Gobierno y a mediodía se entrevistó con Leopoldo Calvo-Sotelo, que no le ocultó que estaba recibiendo «presiones de solidaridad» de los que creían que con Suárez de presidente el Gobierno iba a durar poco. Lo cierto es que Calvo-Sotelo había sintonizado muy bien con Suárez y con Osorio durante el gobierno Arias y que a la dimisión de este manifestó estar a las órdenes del Rey —en clara alusión a que su nombramiento como ministro de Comercio se había debido al deseo de Su Majestad—. Osorio vio la oportunidad de incorporarle al Gabinete en un ministerio técnico y de paso romper la estrategia «del grupo que más se estaba caracterizando en la oposición a la presidencia» [139]. Habló con Suárez, que inmediatamente ofreció a Calvo-Sotelo la cartera de Obras Públicas, pero este no se limitó a aceptar su entrada en el Gobierno, sino que le sugirió, con insistencia, que Pío Cabanillas podría ser ministro de Justicia —en vez de Landelino Lavilla— y que para Hacienda no le parecía adecuado Eduardo Carriles. «Demasiado tarde —le respondió Suárez—: Osorio ya les ha ofrecido Justicia y Hacienda.»

La tarde del martes se cerró la crisis creada en el nombramiento del ministro de Educación, tras las renuncias de Fernando Álvarez de Miranda y del profesor García de Enterría, que adujo razones de índole personal. Torcuato Fernández-Miranda, que estaba interviniendo en la formación del Gobierno desde una cierta distancia, le sugirió a Suárez que propusiera a Aurelio Menéndez, coincidiendo con la propuesta que el propio García de Enterría había hecho al presidente, después de haber hablado con el catedrático Rodrigo Uría. A las siete y media de la tarde, poco antes de que Suárez saliera por televisión, este cambió impresiones con Osorio, que le informó de que a esa hora el problema era Comercio, ya que Fuentes Quintana no se decidía a aceptar.

A las ocho y media, el ya ex ministro Antonio Garrigues recibió en su casa de la calle Alcalá Galiano a un grupo de invitados, entre los que se encontraba Leopoldo Calvo-Sotelo, que se resistía a que los pesos pesados del anterior Gobierno no siguieran en el que estaba formando Adolfo Suárez. Garrigues, según el testimonio de Osorio y del propio Calvo-Sotelo, insinuó que quizá José María de Areilza podría reconsiderar su posición, pero que, en su opinión y la de Fraga, «la crisis iba a significar un paso atrás en la evolución política». Ante los argumentos de Calvo-Sotelo, que le insistió en que conocía bien el talante y el empeño reformista de Suárez, y «ante la orientación de los nombres que se han ido filtrando y el sentido de la responsabilidad en apoyo de la Corona, le hacen modificar su postura», Garrigues cambió de opinión.

A las nueve y media de la noche, TVE y todas las emisoras de radio ofrecieron íntegramente el mensaje que pocas horas antes había grabado Adolfo Suárez en su domicilio particular de la calle San Martín de Porres, número 53. La alocución, leída con su peculiar dicción y tono convincente, persuasivo y de serena trascendencia, causó una grata impresión a los españoles, que creyeron intuir que el hombre que les animaba a contribuir en la tarea de hacer de España una ilusión compartida era un tipo humano, sincero, cálido y próximo en sus convicciones. Suárez dijo, entre otras cosas, que su primer propósito era «conseguir, de acuerdo con el Mensaje de la Corona, que ninguna causa justa deje de ser oída». Tras afirmar que «las preocupaciones de la nación son mis preocupaciones» y que «si a los españoles les preocupa encontrar un trabajo adecuado o que aumente el paro, a mí también», Suárez adelantó que «si la sociedad española aspira a una normalización democrática, vamos a tratar de conseguirla. Si se ha iniciado como tarea urgente la reforma política, vamos a acelerarla con el realismo que nuestro tiempo exige», precisando que era consciente de que «el Gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos» y que la meta última de ese Gobierno era que «los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles».

Conocido el éxito de su intervención ante el Pleno de las Cortes del pasado 9 de junio, Suárez volvió a repetir el pasaje que hacía mención de que «tenemos que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal», comprometiendo que «el diálogo a rostro descubierto es el único instrumento de convivencia».

Una de las afirmaciones que mayor impacto causó en la audiencia fue: «Pertenezco, por edad, a una generación de españoles que solo ha vivido la paz. Pertenezco, por convicción y talante, a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación».

En cuanto a las posibilidades de su Gobierno, Suárez explicó que estas serían mayores «si nos esforzamos en escuchar todas las voces, porque todas pueden enriquecer la convivencia. Así ocurrirá si tenemos capacidad para aceptar la crítica, para respetar al adversario y ofrecerle posibilidades de colaboración, y, en fin, para incorporar los estímulos de la opinión pública». Y por último, después de reiterar que los españoles debían tener confianza en sí mismos, Suárez aludió a que la «Corona tiene una voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna para España, una democracia en la que la libertad, la justicia, la participación, la cultura y la paz sean fruto del esfuerzo de todos y el resultado del que todos se beneficien. El servicio a estos propósitos constituye mi más firme decisión».

Las últimas palabras de Adolfo Suárez fueron: «La tarea, hoy como ayer, se sigue llamando España. La ilusión, como siempre, es hacerla digna en su sentido nacional, próspera en lo económico, justa en lo social y habitable con honor para todos. Vamos a intentarlo juntos. Muchas gracias».

Adolfo Suárez vio su propia alocución en su casa, acompañado de alguno de los nuevos ministros, Fernando Abril e Ignacio García López, mientras que los invitados en casa de Antonio Garrigues interrumpieron su conversación para ver el mensaje del nuevo presidente. A su término, el veterano político y cabeza de una emblemática familia española se dirigió a los presentes y reconoció: «Esto no es lo que nos habían dicho que iba a pasar» [140].

El País del miércoles dedicó a la alocución del presidente un comentario editorial en el que empezaba diciendo: «El presidente del Gobierno estuvo anoche correcto en la televisión, medio que le es especialmente grato, pues en él comenzó prácticamente su carrera política. El tono amable, el ambiente familiar y reposado no nos parece, sin embargo, lo mejor para la ocasión. Lo que dijo no fue muy importante. Se mostró coloquial y amistoso ante un auditorio que espera soluciones políticas y pareció dar la sensación de no tenerlas todavía», y que concluía «dando un voto de confianza al señor Suárez. Vamos a esperar ese programa político de su Gabinete que ayer se anunció. Vamos en definitiva a no hurtar nuestra colaboración en la gran tarea de llevar a España a la democracia. Aunque simplemente sea diciendo que dudamos del camino emprendido».

Ese miércoles todo Madrid era un sinfín de rumores sobre ministrables, que llegaban al extremo de que ABC incluyera entre los posibles integrantes del Gobierno a Francisco Fernández Ordóñez, al economista socialista Miguel Boyer y al profesor, también socialista, Raúl Morodo. Otros nombres que se barajaron fueron los de Jaime Argüelles, para Asuntos Exteriores; Sánchez Asiaín y López de Letona, para Hacienda; Luis Larroque, para Vivienda, confundiéndole con el liberal Enrique Larroque, y Víctor Castro, para Orden Público. Se habló también del doctor López Ibor, que el martes a las seis y media de la tarde llegó a Presidencia, acompañado de dos de sus nietos, de donde salió una hora y diez minutos después de que se hubiera aclarado que había sido citado por error de la secretaria del presidente. Otro nombre que se mencionó en esa fecha fue el de Antonio García López, que se había entrevistado con Suárez y con algunos políticos de la oposición.

El desenlace final de todas las consultas concluyó a última hora del miércoles, cuando, después de haber aceptado ser ministro de Comercio, el profesor Fuentes Quintana se arrepintió, en lo que sería todo un presagio de su futura actuación como vicepresidente económico del Gobierno surgido de las elecciones. Suárez llamó a Alfonso Osorio diciéndole que Fuentes Quintana se ofrecía como «asesor económico», y Osorio le propuso entonces a José Ramón Lasuén, otro político «especializado» en hacer de la duda su principal atractivo; pero Suárez le rechazó. Juntos repasaron nombres de posibles ministros —Eduardo Peña Abizanda, Alberto Oliart, Fernando Ibarra, José Joaquín Isasi, Carlos Ferrer y José Jané Solá—, y Calvo-Sotelo les propuso nombrar a Luis Ortiz. Suárez, nervioso porque quería que el Gobierno se anunciara ya a las nueve de la noche, en el telediario, le pidió a Osorio, justo antes de salir para la Zarzuela para informar al Rey, que llamara a José Lladó, ofreciéndole en su nombre la cartera de Comercio. Cuando Osorio cumplió el encargo, Lladó, que la víspera había almorzado con Mariano Rubio, Miguel Boyer y Francisco Fernández Ordóñez, desatando todo tipo de rumores sobre la posible entrada en el Gobierno de alguno de ellos, aceptó, pese a que se encontraba despidiéndose de sus colaboradores como subsecretario de Mercado Interior.

Confirmado Lladó, Suárez informó al Rey de su Gobierno, y de acuerdo con él trazó las grandes pautas de los días venideros, con el programa inicial de contactos con todos los partidos políticos. A las diez y media de la noche, Alfonso Osorio llamó a TVE para anunciarle a su director general la lista del nuevo Gobierno y rogarle que la ofreciera en el telediario de medianoche. En su despacho estaba Sabino Fernández Campo, que había sido su subsecretario en Presidencia, y con el que compartió la satisfacción porque desde el lunes a las nueve y media de la mañana, cuando le llamó Suárez para pedirle su colaboración, hubieran transcurrido solamente sesenta horas, es decir, dos días y doce horas.

La composición final y definitiva del Gobierno fue:

• Presidente: Adolfo Suárez.

• Vicepresidente para Asuntos Políticos: Alfonso Osorio.

• Vicepresidente para Asuntos de Defensa: Fernando de Santiago.

• Ministro del Ejército: Félix Álvarez-Arenas.

• Ministro de Marina: Gabriel Pita da Veiga.

• Ministro del Aire: Carlos Franco Ibarnegaray.

• Ministro de Asuntos Exteriores: Marcelino Oreja.

• Ministro de Justicia: Landelino Lavilla.

• Ministro de Hacienda: Eduardo Carriles.

• Ministro de la Gobernación: Rodolfo Martín Villa.

• Ministro de Comercio: José Lladó.

• Ministro de Obras Públicas: Leopoldo Calvo-Sotelo.

• Ministro de Industria: Carlos Pérez de Bricio.

• Ministro de Relaciones Sindicales: Enrique de la Mata.

• Ministro de Educación: Aurelio Menéndez.

• Ministro de Agricultura: Fernando Abril Martorell.

• Ministro de la Vivienda: Francisco Lozano.

• Ministro de Transportes: Álvaro Rengifo.

• Ministro secretario general del Movimiento: Ignacio García López.

• Ministro de Información y Turismo: Andrés Reguera.

El 8 de julio el nuevo Gobierno juró ante el Rey en el palacio de la Zarzuela y al término de la ceremonia Su Majestad se acercó al nuevo vicepresidente Alfonso Osorio, al que agradeció calurosamente su colaboración durante toda la crisis y su contribución a la formación del nuevo Gobierno. El propio Rey presidió la primera reunión del Gabinete, y, según recuerda Alfonso Osorio, dijo a los ministros: «Obrad sin miedo».

Adolfo Suárez había concluido con éxito su primera batalla y, pese a las reticencias de los pesos pesados reformistas del gobierno Arias y de cierta prensa española, había conseguido formar su primer Gobierno. Contó para ello con el apoyo explícito del Rey, que apostando por él arriesgaba la credibilidad de la Corona y su implicación sincera en el proceso de democratización del país. Y tuvo que pagar dos precios. El primero, mantener —a petición del Rey— a los mismos ministros militares, que ya en el Gobierno anterior habían mostrado escaso entusiasmo por la normalización democrática, y que en el caso concreto de Pita da Veiga y de Fernando de Santiago eran claramente herederos del ejército victorioso de Franco, nada proclive al perdón y al reconocimiento del vencido. El otro precio fue ponerse en manos de Alfonso Osorio, cuya colaboración para la elaboración del Gobierno fue entonces decisiva, pero con el que acabará perdiendo la sintonía personal e ideológica. Pero ello ocurrirá un año después.

4
DEL TRIUNFO DE LA REFORMA A LA DEMOCRACIA AMENAZADA [141]

La voluntad democratizadora del nuevo Gobierno fue una evidencia inmediata: en su primera declaración programática anunció una reforma constitucional y elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. Suárez y su Gobierno empezaron a adoptar decisiones de tal trascendencia y significado democrático que le permitieron tomar y mantener la iniciativa, sorprendiendo a la oposición por su audacia. En el horizonte inmediato, el propósito primordial de Suárez fue crear las condiciones para que la actividad política y sindical no estuviera penalizada, y al mismo tiempo comenzó a dialogar con la oposición sobre el proyecto de reforma constitucional y sobre la normativa electoral que permitiera la presencia en el Parlamento de todas las fuerzas políticas. Como ha señalado el historiador Juan Pablo Fusi, «el dinamismo y la determinación del Gobierno —más la gran capacidad de seducción que Adolfo Suárez resultó poseer y acertó a desplazar— cambiaron en muy poco tiempo el clima político del país» [142].

Claro que no todos tuvieron el privilegio de conocer en privado y con carácter de primicia los planes de Adolfo Suárez, como el grupo de periodistas que integraban el llamado Club Blanco White [143]. Una semana después de su nombramiento, Suárez se citó con ellos a comer —aunque él apenas probó bocado— en el Restaurante La Nicolasa y les anunció que antes de fin de mes se aprobaría la amnistía y que la Reforma se haría desde la ley. «Para que la soberanía volviera al pueblo español —dijo Suárez— era preciso legalizar todos los partidos, celebrar elecciones generales, proceder a una amplia amnistía de delitos políticos y sindicales, implantar un sistema electoral proporcional y elaborar una Constitución por consenso.» Los periodistas no daban crédito a los propósitos del nuevo presidente del Gobierno, que, llevado de su pasión por el reto planteado, les reveló que «le había dicho al Rey que tenía que renunciar a todos los poderes que había recibido de Franco y que la Reforma iba a implicar dificultades e incomprensiones... Pero que el resultado sería que todos aceptaríamos la Monarquía». También admitió que «el Rey tenía que dejar claro que él no solamente representaba a los vencedores de la guerra civil...».

Ante la incredulidad de los experimentados y prestigiosos periodistas, Suárez les dijo: «Dentro de un año nos volveremos a reunir todos en este sitio y volveremos a hablar». Y así fue, según José Oneto, que recuerda que uno de los periodistas, Federico Ysart, regaló a Suárez un cómic del Capitán Trueno [144].

Con ritmo vertiginoso y firmeza, el Gobierno tomó decisiones que tenían un valor emblemático y que sintonizaban con la gran mayoría de los ciudadanos, deseosos de un cambio y una evolución inteligente y dialogada. La oposición no salía de su asombro y los principales líderes moderados de esta no tuvieron más remedio que irse rindiendo ante aquel despliegue de reformas. Por el contrario, Fraga, que se había ido a descansar y pensar a su Galicia natal, enjuició negativamente este arranque del reformismo suarista, tildándolo de «concesiones sin contrapartida», situándose en contra —una vez más— de su tiempo.

Adolfo Suárez ha definido recientemente en qué consistía en lo fundamental su reto: «Había que utilizar los poderes que las Leyes Fundamentales —entonces vigentes— atribuían al Rey, pero, renunciando a ellos, establecer una Monarquía parlamentaria y moderna. Bajo la Corona se introdujo como principio legitimador básico el principio democrático de la soberanía nacional».

Pero, como señala el propio Suárez, «la realización del proyecto implicaba una dificultad formal importante: la Reforma tenía que hacerse a partir de la legalidad y para cambiar la propia legalidad» [145]. Ello obligaba a que todos los proyectos de ley debían ser tramitados y aprobados por las Cortes orgánicas del Régimen anterior, y si llevaban implícitas modificaciones de las Leyes Fundamentales debían ser informados por el Consejo Nacional del Movimiento y ratificadas por referéndum.

Por todo ello, Suárez y Torcuato Fernández-Miranda estudiaron conjuntamente las posibilidades de que las Cortes franquistas aprobaran leyes que en buena medida implicaban el reconocimiento de derechos y libertades hasta entonces considerados perversos e inherentes a la denostada democracia parlamentaria. Y ambos convinieron que «hacía falta una ley puente, breve, clara y sencilla». En palabras del propio Adolfo Suárez, que recuerda: «Encargué el diseño de este proyecto a un reducido número de personas, y el propio Torcuato Fernández-Miranda y yo personalmente nos pusimos a trabajar sobre el mismo».

Pero antes de llegar al relato del contenido y gestación de la Ley para la Reforma Política es preciso aludir a las primeras decisiones que, durante el mes de julio de 1976, tomó el gobierno Suárez. El miércoles 14 de julio, el Pleno de las Cortes se reunió para debatir la reforma del Código Penal, que había sido aprobado por el Gobierno con la opinión contraria del general De Santiago, partidario de que se incluyera una expresa declaración de que el Partido Comunista estaba fuera de la ley. Hasta entonces, el artículo 172 del Código Penal decía que «se considerarán asociaciones ilícitas las que sometidas a disciplina internacional pretendan instaurar un régimen totalitario». Después de un áspero debate, el proyecto de reforma del Código Penal, que permitía el ejercicio de las facultades de reunión, manifestación, propaganda y asociación, fue aprobado por 249 votos a favor, 174 en contra y 57 abstenciones. Torcuato Fernández-Miranda ha recordado que «se trataba de que el proyecto de ley fuera suficientemente ambiguo para satisfacer a los más reacios a la legalización del PCE, pero dejando las vías del Tribunal Supremo y el Gobierno como posible cauce para su aceptación» [146].

La aprobación de este proyecto, que entró en vigor el 21 de julio, permitió que el Gobierno estudiara la concesión de una amnistía, largamente demandada por la oposición, para así desbloquear las conversaciones políticas con esta. Pero antes de ello, el viernes 16 de julio, el Gobierno debatió su declaración programática. Adolfo Suárez llevaba la iniciativa, explicando el contenido con gran convicción, cuando observó que el general De Santiago se ausentaba. En el exterior, el militar se encontró con Alfonso Osorio, al que reconoció —indignado— que no entendía por qué se afirmaba en la declaración que la soberanía residía en el pueblo. Producto de su nula educación democrática y de unas creencias basadas en la intolerancia, el vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez se asombraba de que fuera el pueblo y no el ejército el depositario de la soberanía popular.

El sábado 17, Suárez presentó la declaración programática aprobada por el Gobierno, definiéndolo precisamente con la frase que tanto había alterado a su vicepresidente, «la devolución de la soberanía al pueblo español», y ello implicaba —en palabras del propio Suárez— «la legalización de los partidos, la amnistía de todos los delitos políticos, la regulación democrática de los derechos y libertades, la vuelta a España de los exiliados de 1939 y la celebración de unas elecciones libres», que Suárez anunció para antes del 30 de junio de 1977. Una encuesta de urgencia elaborada por el Gobierno demostraba que a un 51 por 100 de los encuestados les había gustado la declaración del Gobierno y solo a un 12 por 100 les había disgustado.

Fiel a su propósito de que «los treinta o cuarenta primeros días de su Gobierno fueron una sorpresa constante, dando pasos que no se habían intentado nunca», Adolfo Suárez acordó con su ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que el 28 de julio suscribiera en Roma la renuncia del Estado español al privilegio de presentación de obispos, en claro signo de configuración de un Estado laico.

La víspera, y como consecuencia de los contactos que el Gobierno —especialmente Suárez y Osorio— estaban manteniendo con políticos de la oposición, un numeroso grupo de integrantes de esta firmaron un documento en el que valoraban muy positivamente la declaración del Gobierno, «por su distinto lenguaje» y «porque por primera vez se reconoce la conveniencia de un diálogo con la oposición». Curiosamente, varios de sus firmantes eran los mismos que el 2 de julio habían suscrito otro documento contrario a la política del Gobierno, justo en vísperas de la designación de Adolfo Suárez, y entre estos, Fernando Álvarez de Miranda, Rafael Arias-Salgado, Óscar Alzaga, Ignacio Camuñas, Francisco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker, Íñigo Cavero, Fernando Chueca Goitia, Raúl Morodo, Enrique Múgica, Ramón Tamames, Enrique Tierno Galván y Carlos Ollero, que había sido su promotor. Al conocerla, un eufórico Suárez le dijo a Alfonso Osorio: «Alfonso, vamos a ganar y gobernar veinte años». Pese a estos signos de apertura, el 21 de julio, Coordinación Democrática —organismo de la oposición bajo influencia socialista— hizo una nueva declaración en la que afirmaba que Suárez era incapaz de satisfacer las verdaderas necesidades de la nación y exigía la formación de un Gobierno de amplio consenso.

El 30 de julio, el Gobierno celebró un Consejo de Ministros en La Coruña debatiendo el proyecto de amnistía, y de nuevo Suárez tuvo que enfrentarse al general De Santiago, que tomó la palabra para manifestar su rotunda oposición a la concesión de aquella. Según el testimonio del periodista Federico Ysart, Suárez tuvo que quitarle la palabra a su vicepresidente [147], convertido en aliado natural de los franquistas. Para la concesión de la amnistía, el Gobierno había tomado todo tipo de cautelas y el recién nombrado subsecretario de la Gobernación, José Miguel Ortí Bordás, llegó a consultar con Torcuato Fernández-Miranda si no había que enviar el texto al Consejo del Reino, a lo que respondió con su rotundidad habitual que «la amnistía la concede el Rey y la refrenda el Gobierno» [148]. La concesión de la amnistía excluía a los condenados por delitos de sangre y a los militares de la UMD, pero «perdonaba» a muchos españoles que habían desarrollado actividades políticas y sindicales, prohibidas por el Régimen anterior, y entre ellos a los profesores José Luis López Aranguren y Enrique Tierno Galván.

La concesión de la amnistía fue muy bien recibida por los ciudadanos, y, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP), un 67 por 100 de los encuestados la respaldaba; desde París, Santiago Carrillo reconoció que era un paso hacia la reconciliación de los españoles, y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón admite que «fue la amnistía del 30 de julio el primer signo de que la transición iba esta vez en serio» [149].

Con la credibilidad que le concedió la aprobación de la amnistía, Suárez se dispuso a urdir la estrategia jurídica con la que argumentar su frase de que la Reforma había que hacerla desde la ley. Junto con Torcuato Fernández-Miranda estudió las distintas alternativas para el desarrollo y redacción de una ley que articulara la transformación legal del Régimen. Una de sus primeras decisiones fue crear una comisión restringida del Gobierno que integraron los ministros Alfonso Osorio, Ignacio García López, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Andrés Reguera, Aurelio Menéndez, Enrique de la Mata y Rodolfo Martín Villa. Además, Suárez encargó la redacción de un borrador de proyecto a Eduardo Navarro y al propio Landelino Lavilla. En este momento, Suárez dudaba si recurrir o no, para la elaboración de la ley-marco, a la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional, recuperando parte del texto de Reforma de las Leyes Fundamentales que había quedado atascado a finales de junio. Lo que sí tenía claro era que la Reforma tenía que ser aceptada no solo por los sectores más evolucionados del Régimen, sino también por los moderados de la oposición.

A su vez, Landelino Lavilla encargó la redacción de este proyecto de reforma constitucional a su secretario general técnico, Miguel Herrero, que el 9 de agosto, al regreso de sus vacaciones en Galicia, le entregó un documento que en sus grandes líneas proponía convocar un referéndum prospectivo que autorizase al Gobierno a redactar una Ley de Bases sobre la que el propio Gobierno elaboraría una nueva Constitución. En el Consejo de Ministros del 10 de agosto, Suárez presentó la propuesta de Miguel Herrero como una de las posibles alternativas; otra era que el propio Gobierno elaborase un proyecto de Ley de Bases que, aprobado por las Cortes, estableciera las líneas para que el Gobierno redactara la Constitución. Esta, tras su aprobación por las Cortes, sería sometida a referéndum. El Consejo votó también si retiraba el proyecto anclado por el Consejo Nacional, registrándose un empate, que Suárez resolvió, decidiéndose no retirar el proyecto de Leyes Fundamentales.

Suárez seguía teniendo dudas sobre la conveniencia de prescindir de las Cortes en la elaboración de la ley y de proponer un referéndum previo —tesis de Herrero—, y al mismo tiempo no le seducía tener que pasar el proyecto por la siempre difícil Comisión Mixta. Por ello, tras reflexionar sobre este dilema, que él entendió clave en el éxito de la reforma de las Leyes Fundamentales, el 15 de agosto, Suárez llamó a Asturias a Torcuato Fernández-Miranda, admitiéndole que no veía salida y que no le convencían del todo las dos alternativas. Torcuato regresó a Madrid y se reunió con Suárez los días 17, 18, 19 y 20 de agosto; la última entrevista duró cuatro horas. Tras ella, el presidente de las Cortes se recluyó en su casa de Navacerrada para redactar un primer borrador de una ley básica de la Reforma Política, que estuvo concluida el 23 de agosto y que Fernández-Miranda entregó al presidente del Gobierno, diciéndole: «Aquí tienes esto que no tiene padre» [150].

El 24 de agosto, Adolfo Suárez presentó al Consejo de Ministros el citado proyecto, al que llamó Proyecto de la Reforma Política, sin aclarar cuál era su origen, desechando el presentado por Miguel Herrero, decisión que mereció de su autor una declaración en el sentido de que «le parecía altamente peligroso y muy difícil hacer pasar por el Consejo Nacional y las Cortes la reforma de las Leyes Fundamentales». Para Miguel Herrero, «la reforma elegida era la vía más difícil en el procedimiento, la más aleatoria en el resultado y jurídica y políticamente innecesaria» [151]. Pero a Suárez y a Torcuato Fernández-Miranda les parecía menos peligroso convencer a las Cortes que sortearlas, y en ningún caso consideraron procedente que fuera una Comisión Regia —propuesta por Herrero para elaborar el texto constitucional, que luego aprobarían los ciudadanos— la que tuviera el poder del legislador.

Pero decidido el Gobierno a contar con su valiosa colaboración, Suárez pidió a Landelino Lavilla que convenciera a Miguel Herrero para que examinara el texto propuesto e hiciera sugerencias sobre esta. Herrero ha reconocido que «tras desechar la atractiva tentación de dimitir, me dediqué a mejorar el proyecto de ley de Reforma, cambiándole incluso el nombre», que efectivamente pasó a ser denominada «Ley para la Reforma Política». Detrás de esta sutil sustitución de preposiciones, Herrero admite —con su inteligente pedantería— que «liberó el texto de excrecencias seudodoctrinales y de anomalías técnicas» [152] y que básicamente fueron: reducir la intervención del Consejo Nacional del Movimiento, para evitar que se repitiera lo ocurrido con la «reforma Arias» —tesis que aceptó Suárez—, y evitar la eliminación del bicameralismo, propuesto por Torcuato Fernández-Miranda, pretendiendo así hacer un «guiño» a los consejeros para que creyeran que la segunda Cámara —el Senado— sería su próximo destino.

En el Consejo de Ministros del 24 de agosto se acordó declarar materia reservada todos los asuntos y documentos relacionados con la Reforma política, decisión que provocó la airada respuesta de la opinión pública y que el abogado José Mario Armero, que por entonces ya era el intermediario entre Suárez y Santiago Carrillo, escribiera una carta de protesta, en su condición de presidente de la agencia de noticias Europa Press.

El 26 de agosto, Suárez y Fernández-Miranda visitaron al Rey para explicarle las grandes líneas del «Proyecto de Ley para la Reforma Política» y obtener su visto bueno, y por la tarde, Suárez reunió a los integrantes de la Comisión restringida, a la que se habían incorporado Leopoldo Calvo-Sotelo y Fernando Abril. Todos aportaron en un breve folio sus opiniones y sugerencias al proyecto de ley y algunas de ellas fueron incorporadas al texto final, que si bien tuvo un padre, Torcuato Fernández-Miranda, también fue producto de la contribución de otros miembros del Gobierno y del entorno político del presidente. Como ha reconocido el propio Adolfo Suárez, «hacía falta una ley puente, breve, clara y sencilla. Encargué el diseño de ese proyecto a un reducido número de personas, y el propio Torcuato Fernández-Miranda y yo nos pusimos a trabajar sobre el mismo. Torcuato elaboró una propuesta absolutamente válida que coincidía con otras y, por supuesto, con el diseño propuesto. El Gobierno pudo, sobre todas ellas, elaborar el proyecto de ley para la Reforma Política» [153].

El 10 de septiembre el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el texto de la Ley para la Reforma Política, después de que Suárez hiciera su presentación. El Consejo se celebró solo dos días después de la reunión que Adolfo Suárez había mantenido con los altos jefes militares para explicarles el sentido de la Reforma política y en la que se le preguntó si la legalización de los partidos políticos incluía al Partido Comunista, y en él se acordó también retirar de las Cortes el proyecto de Ley de Reforma de las Leyes Fundamentales y el proyecto de Ley de Sucesión. En la reunión del Gabinete, el general De Santiago no puso objeción alguna [154].

Esa tarde, Adolfo Suárez apareció en TVE —por segunda vez en menos de dos meses—, pero esta vez desde su despacho en el paseo de la Castellana, número 3, para explicar a los españoles cuál era el significado y la trascendencia de la Ley para la Reforma Política, destacando que en su breve articulado se establecía en el Estado español la democracia basada en la supremacía de la ley, como expresión de la voluntad soberana del pueblo, y se consagraban los derechos fundamentales de la persona como inviolables y vinculantes para todos los órganos del Estado. También anunció que se proponía la creación de un Congreso y un Senado elegidos por sufragio universal, atribuyéndose al Congreso la iniciativa para la reforma constitucional, y señaló: «La democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de esta». «Por eso —añadió— tenemos confianza de que nada de lo que espera al pueblo español en el futuro puede ser más difícil de superar que lo que ya ha sido resuelto en el pasado.» «No hay que tener miedo a nada —concluyó—. El único miedo racional que nos debe asaltar es el miedo al miedo mismo» [155].

La Ley para la Reforma Política fue enviada al Consejo Nacional del Movimiento el 13 de septiembre para su preceptivo dictamen, y según revela Miguel Herrero, fue él quien preparó textos y documentos para que el presidente y sus ministros los utilizaran en sus conversaciones con los procuradores.

Aunque Suárez ya había celebrado hasta ese momento varias reuniones con los más representativos líderes de la oposición, incluido Felipe González, con el que se entrevistó a primeros de agosto, el 17 de septiembre Coordinación Democrática hizo público un nuevo comunicado en el que «reconocía que el Gobierno había hecho el máximo esfuerzo de que es objetivamente capaz» y en el que «rechazaba el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política» [156]. Osorio reconoce que «a pesar de todas las manifestaciones negativas, la oposición estaba seriamente convencida de que el camino emprendido era el adecuado» [157], y, como ya había hecho anteriormente, el Gobierno encargó una encuesta al Instituto de Opinión Pública, que ratificó que el 60 por 100 de los encuestados conocían el proyecto de Ley para la Reforma Política por la intervención televisiva del presidente y que el 58 por 100 la habían considerado satisfactoria.

En los días inmediatos, las profundas discrepancias que el general De Santiago había manifestado —aunque no siempre en público— por las decisiones del Gobierno tuvieron su retardado efecto, al plantear el vicepresidente nuevas objeciones al Proyecto de Reforma Sindical que el ministro Enrique de la Mata había elaborado y que iba a ser aprobado por el Consejo de Ministros. Pero esta vez el militar llevó su protesta al límite, presentando su dimisión al presidente del Gobierno en un despacho celebrado con él el 21 de septiembre, aunque alguna versión apunta que fue Suárez quien cesó a su vicepresidente. El propio general Gutiérrez Mellado ha reconocido años después que «al Rey no le hizo ninguna gracia que Suárez cesara a De Santiago», pero el presidente Suárez la justificó entonces alegando que «el general De Santiago había filtrado información secreta del Gabinete a sus colegas militares» [158].

El 22 de septiembre, Suárez llamó a Osorio para contarle que De Santiago había presentado la dimisión por su oposición a la simultaneidad de la Reforma política y sindical. Cuando Osorio le preguntó cómo había sucedido, «Suárez le explicó que en realidad había sido una mezcla de dimisión y cese», replicándole Osorio que el general tenía parte de razón, «porque no se debía hacer todo de golpe». Osorio añade que Suárez le reconoció: «Quizá tengas razón, pero no puedo continuar por la vía emprendida con la presencia de De Santiago en el Gobierno». Y añadió: «Es un pesimista».

Osorio le puntualizó que «De Santiago no es un pesimista, sino la voz de muchas personas que conviene, por la estabilidad futura, incorporar de buen grado a la democracia», y ante esta nueva defensa de Osorio de las tesis más conservadoras y prudentes del estamento militar, Suárez se lamentó: «Alfonso, es la primera vez que no estamos de acuerdo», anunciándole que «voy a nombrar para sustituir a De Santiago a Manuel Gutiérrez Mellado, aunque sé que a Pita da Veiga y a algún otro les va a sentar como un tiro, y lo voy a hacer a medianoche» [159].

Años después, el propio Adolfo Suárez reconoció: «Cesé al general De Santiago y le exigí que presentara su dimisión» [160].

Al día siguiente, 23 de septiembre, Adolfo Suárez propuso al Consejo de Ministros, después de haber informado al Rey, que fuera el general Manuel Gutiérrez Mellado el nuevo vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa. La reacción del almirante Pita da Veiga fue —como había previsto Suárez— de extrema contrariedad, y pocos días después fue recibido por el Rey en audiencia, acompañado de los otros ministros militares, para expresar su protesta porque el general Gutiérrez Mellado —en su opinión— no tenía ni la antigüedad ni la autoridad necesarias para ocupar el puesto. El Rey tuvo que apelar a su patriotismo para que no dimitieran [161].

Al término del Consejo de Ministros, el general De Santiago habló con Alfonso Osorio, que le encontró tranquilo pero afectado, y le dijo: «Quiero la paz, quiero la convivencia, la reconciliación nacional, pero tú eres joven y no viviste la guerra. Hay que exigir garantías a los partidos políticos de que cuando las masas se manifiesten por la Castellana no lo hagan hacia la subversión y el enfrentamiento»; añadiendo: «Quiero equivocarme... Pero alguien está improvisando demasiado». Y reflexiona Osorio, siempre sensible a los argumentos de los militares: «Perdíamos a un hombre a quien convencer; un hombre para convencer a otros» [162].

Al día siguiente, el general De Santiago, que tanto decía querer la paz, escribió una carta privada a sus compañeros con mando de armas, explicándoles las razones de su dimisión y de su discrepancia; pero, no por azar, la carta —que era una bomba— apareció publicada en el periódico El Alcázar, que era el órgano de presión que utilizaban los militares y los sectores más reaccionarios del Régimen para manifestar su rotunda oposición a la Reforma política.

El general De Santiago pasaba a ser el primer militar que, públicamente, se enfrentaba al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, situándose en una clara oposición a la Reforma y confirmando la vinculación que mantenía con la memoria del ejército de Franco, ante cuyo retrato —situado en el despacho de Carlos Arias— se cuadraba antes de saludar al presidente [163].

El 27 de septiembre, El Alcázar publicó otra carta, esta del teniente general Carlos Iniesta Cano —ex director de la Guardia Civil—, en la que se solidarizaba con De Santiago.

La situación era de extrema gravedad y comprometía las conversaciones que el Gobierno estaba manteniendo con los procuradores teóricamente más reacios a la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Por ello, en su deseo de simultanear prudencia y dureza, Adolfo Suárez convocó una reunión con los cuatro ministros militares y les instó a tomar una medida que atajara la indisciplinada reacción de los dos militares de tan alta graduación. La decisión que tomaron y que aprobó el Consejo de Ministros fue la de pasar a ambos generales a la reserva. Al terminar el Consejo, Alfonso Osorio recibió en su despacho una llamada de Sabino Fernández Campo, entonces subsecretario de Información y Turismo, en la que le advirtió que la decisión del Gobierno era recurrible e incluso ilegal, por estar inspirada en una vieja ley de julio de 1940, ya en desuso, y que debían tener un cuidado extremo porque el decreto de pase a la reserva debía ser firmado por el Rey, como Jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Alfonso Osorio informó al presidente del Gobierno de la opinión de Sabino Fernández Campo, y Suárez, que también había pedido a José Manuel Otero Novas que estudiase la medida, le pidió que llamara al director general de TVE, Rafael Anson, nombrado por Suárez en el mes de julio, para que no dieran la noticia. A continuación, el Gobierno abrió un expediente informativo, que le supuso un grave revés, al declarar días después un tribunal militar que la decisión del Gobierno de pasar a la reserva a los generales De Santiago e Iniesta Cano era contraria a la legalidad. El teniente general Gutiérrez Mellado ha recordado años después que, pese a que la falta fue considerada leve, «les habría venido muy bien que se les pasara a la reserva», y evocando que se sintió especialmente decepcionado por la actitud de Iniesta Cano, cuyo hermano había pasado a la zona nacional durante la guerra civil. «Yo me jugué la cara por su hermano; eso Iniesta no lo recordó nunca» [164].

Solventado, con fuerte desgaste para Adolfo Suárez y para el Gobierno, el problema de la dimisión del teniente general De Santiago, y con Manuel Gutiérrez Mellado ya al frente de la necesaria reforma militar, el Gobierno pudo acelerar la tramitación de la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Movimiento el 8 de octubre, con solo trece votos en contra y seis abstenciones.

Una semana después, el Consejo de Ministros remitió el Proyecto de Ley para la Reforma Política a las Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia, recurso al que de nuevo apeló el presidente de las Cortes, fijándose el plazo hasta el 31 de octubre para la presentación de enmiendas.

El Boletín Oficial de las Cortes publicó el 20 de octubre el texto del proyecto y el nombre de los procuradores designados para la Ponencia, elegidos por Torcuato Fernández-Miranda con dos criterios básicos: capacidad y prestigio personal. Los ponentes seleccionados fueron Fernando Suárez, Miguel Primo de Rivera, Noel Zapico, Belén Landáburu y Lorenzo Olarte. El sobrino del fundador de la Falange, Miguel Primo de Rivera, ha evocado cómo se produjo su vinculación a la Ponencia: «Cuando llegó el momento de la Reforma, Fernández-Miranda me dice que me prepare porque quiere que esté en la Ponencia del proyecto de ley para defenderlo ante el Pleno... Tampoco en esa ocasión me pude negar. Solo le puse una condición: que fuera yo personalmente quien presentara la ley y la defendiera en primer lugar. Aceptó y eso fue lo que ocurrió...» [165].

Por su parte, Fernando Suárez recuerda que fue el propio Torcuato Fernández-Miranda quien le citó en su despacho, en el mes de octubre, para pedirle que formara parte de la Ponencia, y que «elaboramos nuestro dictamen con la impagable asistencia del letrado Fernando Garrido Falla, a quien no he visto citado ni una sola vez en las miles de páginas que he leído sobre la Reforma política, cuando a mi juicio tuvo un señalado papel en la misma» [166].

En contra del proyecto de Ley para la Reforma Política se presentaron diecinueve escritos y el 11 de noviembre la Ponencia terminó su informe, después de mantener una reunión con el presidente del Gobierno y el de las Cortes.

Por fin, el 16 de noviembre, a las cinco de la tarde, el presidente de las Cortes abrió la sesión plenaria de las Cortes que debía discutir la Ley para la Reforma Política. «Fue Miguel Primo de Rivera quien abrió el fuego argumental —recuerda el periodista Manuel Antonio Rico—, rechazando por anticipado las acusaciones de perjuro o traidor y pidiendo el voto para el proyecto desde la emoción en el recuerdo a Franco.» En contra del proyecto hablaron varios procuradores, y entre ellos el ultraderechista Blas Piñar, que afirmó que «si los principios del Movimiento son inmutables por su propia naturaleza, y así se autoconsagraban, no se podía aprobar una ley que, al introducir el sufragio universal y directo, violaba las esencias juradas y la filosofía política del Estado que surgió de la Cruzada». Se opuso Fernando Suárez para rebatir que las Leyes Fundamentales no fueran modificables, afirmando que «quien tenga confianza en que sus deseos coincidan con los del pueblo no debe poner reparos a que el pueblo se manifieste» y que «porque somos fieles al último mensaje del Caudillo tenemos que prestar al Rey idéntico apoyo y no podemos ser obstáculo para que el Rey consulte a todo su pueblo». Durante la segunda jornada, el ex ministro de Educación Cruz Martínez Esteruelas hizo una encendida y legítima defensa del sistema mayoritario para las elecciones, consiguiendo que el Gobierno y la Ponencia aceptaran introducir elementos correctores en el sistema proporcional propuesto «para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijaran porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso». El debate del tercer día concluyó con una intervención del ministro de Justicia, Landelino Lavilla, calificada de «aséptica» por Alfonso Osorio, y a continuación, en medio de una gran expectación, se pasó a la votación, que por sugerencia del presidente de las Cortes —partidario de que «el pueblo tiene derecho a conocer la opción de sus representantes»— se produjo por llamamiento nominal y por orden alfabético. El resultado fue: votos afirmativos, 425; votos negativos, 59; abstenciones, 13. Como la ley exigía el voto afirmativo de dos tercios —330— de los presentes, que fueron 497, Torcuato Fernández-Miranda pronunció la frase de ritual: «El proyecto de ley ha sido aprobado» [167].

A la sesión habían faltado treinta y cuatro procuradores, quince de los cuales habían sido formalmente «invitados» a formar parte de una delegación sindical que en esos días viajó a Cuba y Panamá y a cuyo frente figuraba el procurador Alberto García Ortiz [168].

Entre otros, votaron en contra de la Ley para la Reforma Política Blas Piñar, José Antonio Girón de Velasco y Carlos Iniesta Cano. Gonzalo Fernández de la Mora, que en el Consejo Nacional del Movimiento había votado «no», cambió su voto por el «sí», como consecuencia del acuerdo con el Gobierno en la corrección de la Ley Electoral futura y de que desde hacía pocas semanas se había integrado en la recién creada Alianza Popular, a cuya formación pertenecían al menos unos ciento ochenta procuradores.

Miguel Primo de Rivera convenció a su tía Pilar de que al menos se abstuviera, ya que su conciencia política le impedía votar a favor de la ley. Al conocerse el resultado favorable al proyecto, la Cámara en pie prorrumpió en un prolongado aplauso que el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, agradeció muy afectado —no pudo contener las lágrimas— y con gesto grave, aplaudiendo a su vez a los procuradores que se habían hecho el «harakiri» político y como evidente signo de gratitud hacia el presidente de las Cortes, que desde su sillón presidencial disimulaba su satisfacción.

A las nueve y media de la noche, Adolfo Suárez salía del palacio de las Cortes con una historieta de Superman bajo el brazo [169] y al día siguiente, después de haber llamado al Rey para informarle del éxito de la votación y de la aprobación final de la Ley para la Reforma Política, le envió a la mujer del diputado Fernando Suárez un ramo de flores con una tarjeta en la que había escrito: «¡Menudo marido tienes!».

En opinión de Miguel Herrero, «el proyecto de Ley para la Reforma Política salió adelante por la magistral dirección que de la Ponencia hizo Fernando Suárez» y gracias a que fue «Osorio quien convenció a Suárez de que adoptara el sistema proporcional, y la razón última de haberlo adoptado fue la dificultad de trazar un mapa de distritos electorales» [170].

En cuanto al significado político de la aprobación de la ley, Herrero opina que «con aquel acto de suprema renuncia las Cortes orgánicas permitieron el tránsito a la democracia de la ley a la ley» [171].

El eco que la aprobación de la ley recibió en la prensa extranjera fue muy positivo, y The New York Times tituló: «Asombrosa victoria de Adolfo Suárez». The Guardian, por su parte, recurrió a un titular tan entusiasta como «¡Viva España democrática!», mientras que Le Monde subrayaba con tino que «Las Cortes nombradas por el Dictador han enterrado el franquismo». Diario 16, que en aquellos días acababa de salir a los quioscos, ofreció una portada que era todo un presagio: «Adiós, dictadura, adiós».

Pero quienes no parecían leer la prensa extranjera, ni vivir siquiera en su propio país, eran los socialistas, que pocos días después, el 23 de noviembre, presentaban en la Comisión Política del Parlamento Europeo una resolución —a petición del propio Felipe González— para que apoyase a la oposición española en contra del proceso reformista del Gobierno. Afortunadamente, el 2 de diciembre, los parlamentarios europeos rechazaron la propuesta, siendo el político francés Maurice Faure el que se opuso, recomendando a los socialistas españoles continuar los contactos con su Gobierno y proponiendo programar un nuevo viaje a España para después del referéndum.

La campaña para el referéndum la organizó el Ministerio de Información y Turismo, que entre otras iniciativas tuvo la ocurrencia de apoyar al grupo musical Vino Tinto, autores de una canción titulada Habla, pueblo, habla, en la que con alegría y optimismo se rebatía la abstención propugnada por la oposición de izquierdas y el voto negativo que pedía la derecha reaccionaria. Su estribillo decía: «Habla, pueblo, habla, / este es el momento, / no escuches a quien diga que guardes silencio. / Habla, pueblo, habla, / tuyo es el mañana, / habla y no permites que roben tu palabra». Por primera vez, TVE admitió la propaganda de todos los partidos y los españoles pudieron ver en sus hogares cómo los «elefantes» del franquismo, Girón, Fernández-Cuesta y Blas Piñar, pedían el «no» al referéndum, aduciendo: «Franco hubiera votado no».

Propusieron el «sí» Alianza Popular, Partido Popular, Unión Democrática, Unidad Democracia Cristiana, Partido Social Demócrata Español y Reforma Social. Dieron libertad de voto —en una nueva prueba de su entonces injustificado recelo— el Equipo Español de la Democracia Cristiana (José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez), Partido Popular Demócrata Cristiano (Fernando Álvarez de Miranda), Partido Demócrata Popular (Ignacio Camuñas) y el Partido Liberal (Joaquín Garrigues). Y propugnaron la abstención, PSOE (Felipe González), Partido Socialista Popular (Enrique Tierno Galván), Partido Comunista, Federación Socialista Democrática, Asamblea de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y los Galleguistas Independientes.

Más pragmáticos que buena parte de los políticos de la oposición, los españoles no hicieron caso de su mensaje abstencionista y vacío de contenido, y siguieron con creciente interés la campaña y con indisimulada esperanza la aparición en televisión de todos los líderes políticos, convencidos de que estaban siendo los privilegiados protagonistas del ejercicio de la libertad.

Para ellos la alternativa era, en vísperas del 15 de diciembre —fecha prevista para el referéndum—, votar a favor de la Ley para la Reforma Política o una inquietante incógnita. El PSOE y el PCE no explicaban cuál era el camino a seguir si no se aprobaba la ley o si lo era solo con una participación mínima. Por todo el país aparecieron pintadas de «No votes», que invitaban a los utópicos y a los inmovilistas a boicotear la evolución del sistema político español, pretendiendo llevar la contraria al artículo 1 de la Ley para la Reforma Política, que rezaba: «La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo...».

Pero el camino de la libertad tenía aún muchos obstáculos que superar, porque sus enemigos interiores y exteriores no estaban dispuestos a entregar la llave de la convivencia sin sembrar la zozobra y el terror. Y si ETA había reanudado su campaña particular de terrorismo, asesinando el 4 de octubre a Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el misterioso GRAPO reaparecía el 11 de diciembre, secuestrando en pleno centro de Madrid y a la luz del día al presidente del Consejo de Estado y ex ministro de Justicia, Antonio María de Oriol y Urquijo, miembro de una destacada familia de hondas raíces conservadoras y vinculada a las finanzas.

Un comando integrado por seis hombres entró en el despacho del ilustre miembro del Consejo del Reino, situado en el número 14 de la calle Montalbán, de Madrid, frente al parque del Retiro, llevándose al que, además de todas las distinciones ya citadas, era suegro del consejero del Reino y procurador en Cortes Miguel Primo de Rivera. El secuestro se produjo al día siguiente de la polémica rueda de prensa clandestina de Santiago Carrillo, que desató la ira de la intransigente derecha, y «extrañamente» en sábado, día no laborable, pese a lo cual Oriol y Urquijo estaba en su despacho.

En cuanto el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, informó al presidente Suárez del secuestro, este convocó una reunión en la sede de la Presidencia, en Castellana, 3, con el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y con Alfonso Osorio, que al llegar le encontró «consternado; no era para menos, pues se unían el afecto humano y las implicaciones políticas. Estábamos a cuatro días del referéndum».

A media tarde del sábado, el GRAPO reivindicó el secuestro a través de una llamada al periódico El País, exigiendo la excarcelación de presos del GRAPO, FRAP y ETA y su envío a Argelia, y denunciando «su repulsa ante la farsa del referéndum fascista».

El Gobierno movilizó a todos los cuerpos de seguridad, al mismo tiempo que habló con la familia Oriol, que en los días siguientes —concretamente el 14 de diciembre— envió a París a dos abogados, Luis Castell y Manuel González Berzosa, para que trataran de conectar con los círculos próximos a la izquierda internacional, aunque su gestión no resultó satisfactoria. Esta iniciativa fue conocida por el Gobierno, que a su vez —según la revista Cambio 16— nombró a Joaquín Ruiz-Giménez y a José Mariano Benítez de Lugo como intermediarios.

Con Antonio María de Oriol secuestrado, Adolfo Suárez canceló su previsto viaje a Barcelona y grabó su intervención en TVE, en la que pedía a los ciudadanos que respaldaran la Ley para la Reforma Política, explicando que el secuestro de Oriol no se debía —como denunciaba la ultraderecha— a la debilidad del Gobierno, sino al fruto de una acción terrorista.

Suárez insistió en que «este Gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga sus objetivos...», asegurando que «el Gobierno que presido está firmemente decidido a continuar su andadura porque espera encontrar el apoyo de la mayor parte del pueblo para conseguir que todos los españoles puedan seguir caminando hacia el futuro, no solo sin sentirse heridos, sino con la frente alta y la conciencia limpia».

En esta ocasión prefirió la severidad de su despacho y por consejo de Alfonso Osorio repitió la grabación, ya que, según él, la primera había resultado «correcta pero desvaída».

El 15 de diciembre, miércoles, toda España se movilizó para dar su opinión a través de las urnas en un clima de inquietud, pero también de serena confianza en el inmediato futuro. Quien esto escribe había sido designado miembro de una mesa electoral y tuvo la oportunidad de compartir tan histórica jornada con el diplomático Máximo Cajal, igualmente obligado por la Junta Electoral a ejercer su colaboración ciudadana, y de comprobar la masiva afluencia de votantes, en contra del pesimista augurio de Alfonso Osorio, y que la misma mañana del referéndum recibió la llamada de una persona de su confianza que le informó que en Zaragoza y Barcelona el Partido Comunista de España estaba dando instrucciones a sus simpatizantes para que votaran a favor de la Ley para la Reforma Política. Cuando en la soledad del despacho presidencial le comentó a Suárez esta circunstancia, el presidente le pidió que no se lo dijera a ningún miembro del Gobierno. Sin duda, las conversaciones secretas que Adolfo Suárez estaba manteniendo desde agosto con Santiago Carrillo estaban empezando a surtir efecto. El propio Carrillo elogió públicamente que «Suárez haya tenido el buen gusto de definir el éxito del referéndum como un triunfo del pueblo y de la democracia».

El resultado del referéndum fue un éxito rotundo para Adolfo Suárez y su Gobierno, que vio respaldada su política de diálogo y reconciliación, y de transformación sutil del Régimen autoritario en una sociedad de libertades. La participación en el referéndum fue del 77,4 por 100 y el apoyo a la ley recibió el 94,2 por 100 de los votos —16,6 millones—. La abstención, que prácticamente fue nula si tenemos en cuenta la deficiencia técnica del censo, fue del 22,6 por 100 y los votos negativos sumaron solo el 2,6 por 100. En blanco votó el 3 por 100 y fueron declarados nulos el 0,2 por 100.

Como concluye el profesor Juan Pablo Fusi, «la Reforma política estaba asegurada. Gobierno y oposición negociarían, ya en el primer trimestre de 1977, las condiciones (ampliación de la amnistía, legalización de partidos, ley electoral) que permitiesen el pleno desarrollo democrático. Entre julio y diciembre de 1976 se habían construido nada menos que los fundamentos de esa democracia» [172]. Se había coronado con éxito la primera parte de la transición. Como ha recordado Adolfo Suárez, «aquel referéndum lo ganamos nosotros, la oposición estuvo en contra... No ayudaron. El referéndum salió bien porque la gente me entendió y fue a votar todo el mundo» [173].

Aunque Adolfo Suárez ha escrito que «aprobada la Reforma era preciso aplicar la segunda táctica: entablar un diálogo constructivo con las fuerzas políticas que emergían de una clandestinidad de cuarenta años» [174], lo cierto es que ya antes de la redacción, discusión y aprobación de la Ley para la Reforma Política, Suárez empezó a dialogar con toda la oposición. La segunda táctica de la que habla el presidente del Gobierno alude al tratamiento que había que dar a las fuerzas políticas de la entonces llamada oposición. «La primera táctica —ha recordado Suárez— era para los grupos que pretendían la continuidad del Régimen anterior», y solo cuando estos hubieron aceptado, Suárez accedió a negociar públicamente con la oposición las condiciones de la ley electoral, la legalización de todos los partidos y de los sindicatos.

Hecha esta distinción temporal entre dialogar y negociar, hay que volver al mes de julio de 1976 para evocar cómo la iniciativa del Gobierno, descrita para la negociación de la Ley para la Reforma Política, se simultaneó con el diálogo permanente con toda la oposición. Y recuerda Suárez: «En todo momento me esforcé en comprender los puntos de vista de sus líderes, aun cuando estos interrumpieran las conversaciones o plantearan posiciones maximalistas». En afirmación del propio Suárez, «la transición política fue el resultado de un diálogo entre el Gobierno y la oposición. El Gobierno supo reconocer y dialogar con los grupos de la oposición. Fue un proceso difícil en el que hubo que ir eliminando, por ambas partes, recelos e incomprensiones acumuladas o heredadas, pero al final se llegó a la convicción de que el proyecto del Gobierno era el mejor de todos los posibles. Entre otras razones —argumenta Suárez justamente— porque no se planteó, con seriedad y validez política, ningún otro» [175].

Después de la formación y jura del nuevo Gobierno, Suárez y Osorio decidieron desarrollar una enérgica serie de contactos con la oposición, pero mientras el presidente se dedicaba a explicarles su proyecto de reforma y a escuchar sus demandas y planteamientos, Osorio —como vicepresidente político— combinó la tarea de coordinación del Gobierno y el diálogo con algunos políticos con su vieja aspiración de ir perfilando la creación de un gran partido de corte demócrata-cristiano. Aunque se repartieron de mutuo acuerdo estos contactos, en un momento dado y obligado por atender los asuntos de Gobierno, que entre julio y diciembre de 1976 fueron muchos y de muy difícil resolución, Suárez receló de Osorio, estableciendo una confidencial relación con Pío Cabanillas, que, aunque en un principio había colaborado con Areilza en el desarrollo del centro político, pronto se dio cuenta de que era Adolfo Suárez el político que iba a convertirse —por sus méritos como gobernante— en el cartel electoral de las primeras elecciones democráticas, en el líder de esa formación futura de centro.

Durante el mes de julio de 1976, Suárez se entrevistó primero con José María Gil-Robles —al que recibió en Castellana, 3, el 12 de julio— e inmediatamente después de regresar de París, adonde viajó para entrevistarse con Jacques Chirac, recibió al dirigente socialista Luis Gómez Llorente, con el que habló de la posible legalización del Partido Comunista, y al que trató de convencer para que el PSOE aceptara inscribirse como partido en el Registro de Asociaciones creado en el Ministerio de la Gobernación. Con Gómez Llorente también abordó el espinoso tema del reconocimiento del PSOE histórico, al que se oponían los jóvenes dirigentes del socialismo surgido en el Congreso de Suresnes, en 1974. El 20 de julio, Suárez recibió al político democristiano Fernando Álvarez de Miranda, justo el mismo día que Coordinación Democrática hacía público un comunicado en el que declaraba que Adolfo Suárez era incapaz de satisfacer las verdaderas necesidades de la nación, exigiendo la formación de un Gobierno de amplio consenso.

Este comunicado, facilitado a la opinión pública solo dos semanas después de la formación del Gobierno, evidencia el recelo con el que la oposición va a tratar a Suárez desde el principio, de cara a los ciudadanos y pese a haber percibido su voluntad de diálogo y apertura, y a mantener con él y su Gobierno un casi permanente contacto.

El 21 de julio es el profesor Carlos Ollero quien le visita en Castellana, 3 —a instancias de Osorio, que también había insistido en que recibiera a Álvarez de Miranda y a Gil-Robles—. Por cierto que, en el Consejo de Ministros del viernes 23 de julio, el vicepresidente Alfonso Osorio nombró a José Luis Graullera como subsecretario de la Presidencia, en sustitución de Sabino Fernández Campo, al que el Gobierno había nombrado subsecretario de Información y Turismo, para así completar su experiencia administrativa de cara a ocupar en el futuro inmediato un puesto de relieve al servicio del Rey.

En esta primera semana, Osorio había iniciado los contactos para crear un partido de centro-derecha de corte democristiano, admitiendo en sus memorias que ante ello «Suárez se inquieta».

Los contactos de Osorio le llevaron a entrevistarse dos veces con Joaquín Ruiz-Giménez y José María Gil-Robles, al que insistió en la conveniencia de unir sus fuerzas y a participar en algunas cenas, típicas de la época, como la que el 15 de julio tuvo lugar en casa de Ignacio Paddy Gómez-Acebo, a la que asistieron hasta siete ministros, representantes de todos los sectores de la Democracia Cristiana (UDE, Tácito, Izquierda Democrática). El 22 de julio visitó con Ruiz-Giménez y Silva Muñoz al embajador estadounidense en Madrid, Wells Stabler, que les animó a trabajar por la unión de los partidos democristianos, dificultada por la postura de Gil-Robles, absolutamente contraria a la presencia de Silva Muñoz y de otros políticos que colaboraron con el franquismo, y al mismo tiempo a la convivencia que Ruiz-Giménez mantenía con los comunistas.

Una vez aprobada la amnistía en el Consejo de Ministros del 30 de julio, Suárez ya fue visto por la oposición con otra consideración y ello propició que el 3 de agosto recibiera a Raúl Morodo, secretario general del Partido Socialista Popular (PSP), que lideraba el profesor Tierno Galván, y que el viernes 6 fueran el político liberal Gaston Thorn y el embajador estadounidense Wells Stabler quienes le visitaran en Castellana, 3. Ese mismo día se fue a descansar a Almería, donde meditó sobre la tarea de los próximos meses y acumuló energías para poder desplegar en el futuro toda su capacidad de persuasión.

Pero la entrevista más importante que Suárez mantuvo en estos días, y solo un mes después de haber sido designado presidente, fue el 10 de agosto, con el joven secretario general del PSOE, Felipe González. Ambos protagonistas han recordado al cabo de los años cómo se produjo ese primer encuentro. Suárez ha admitido que «Felipe recelaba de mí, de lo que representaba; no obstante, podíamos dialogar... La primera vez que nos vimos él tenía cierto temor de que nos grabaran la conversación; por eso nos vimos en casa del hermano de Fernando Abril, pero aun así no se fiaba del todo...» [176].

Mas Adolfo Suárez, como buen conocedor del adversario con el que se iba a entrevistar, había tomado buena nota de la última declaración de Felipe González, en el sentido de que «el PSOE era consciente de que la oposición en su conjunto no podía producir un desplazamiento total de las fuerzas que ocupaban el aparato del Estado y que por ello compartía y defendía la idea de la necesaria negociación con aquellos sectores del poder que estaban dispuestos a compartir la responsabilidad histórica de ofrecer una alternativa democrática...».

En una palabra, que, en el fondo, Felipe González —quizá no todo el PSOE— estaba por la Reforma pactada.

Por su parte, Felipe González ha evocado así aquel encuentro: «Me acuerdo como si fuera hoy, el día en que conocí a Adolfo Suárez. Fue en 1976..., en casa del hermano de Fernando Abril, Joaquín. Suárez me había mandado un recado para que habláramos antes de ser presidente, pero yo no había querido. Fue una entrevista muy abierta, se me quedó grabada su simpatía, su capacidad de comunicación en el tú a tú. Contaba la película de lo que iba a hacer. Nosotros estábamos por una transición que pactara la ruptura, y él estaba por un proceso de cambio desde el orden político existente» [177].

Suárez le pidió a Felipe González que hiciera un público reconocimiento de la Monarquía, pero el entonces líder socialista insistió en que para definir el modelo de Estado exigía la celebración de un referéndum. En opinión del presidente, una consulta popular significaba romper con lo anterior y además —le dijo— era probable que el resultado fuera favorable al restablecimiento de la República [178].

Fue el propio Adolfo Suárez quien abrió la puerta al joven líder socialista y también quien se ocupó de sacar de la nevera cervezas. Durante más de tres horas hablaron —de usted— de todo el proceso político iniciado tras la designación de Suárez y de la posible legalización de todos los partidos. Como ya lo hiciera Gómez Llorente, Felipe González planteó a Suárez su oposición al PSOE histórico y sus reservas ante la Monarquía y el PCE. Además de explicarle sus proyectos, Suárez le anunció que en los próximos meses se iban a producir tensiones militares por las fuertes reticencias con que estos iban a recibir la Reforma, y le pidió paciencia y comprensión, asegurándole que el Rey le respaldaba absolutamente y que él y su Gobierno controlaban la situación.

Al día siguiente de su encuentro, Adolfo Suárez le comentó a Alfonso Osorio que «se habían entendido bien en el terreno personal y que consideraba que Felipe González era un “hombre inteligente, españolista y patriota”» y que «Felipe González era partidario de un rápido cambio a la democracia sin insistir si este se produce por la reforma o la ruptura». «Lo importante —le había dicho Felipe González— no era el procedimiento, sino el objetivo a conseguir» [179].

Al día siguiente, y pese a que la entrevista se había realizado sin conocimiento de los vicepresidentes del Gobierno y de casi la totalidad de los ministros —a excepción, lógicamente, de Fernando Abril—, el PSOE dio un comunicado sobre el encuentro en el que afirmó que la entrevista «se enmarca dentro de las relaciones del poder con la oposición», añadiendo «la buena disposición del presidente para la consecución de un régimen verdaderamente democrático» [180].

Después de recibir el 11 de agosto a Josep Pallach y a Jordi Pujol [181], Suárez concentró sus energías en la elaboración del proyecto de Ley para la Reforma Política, dejando que fuera Alfonso Osorio quien continuara las conversaciones con la oposición moderada y con los democristianos.

El 5 de agosto se celebró en casa de Joaquín Garrigues una cena a la que asistieron gran número de políticos de todas las tendencias y en la que participaron liberales como Joaquín Satrústegui, Ignacio Camuñas, Joaquín Muñoz Peirats, Jaime Miralles y Ramón País; socialistas como Raúl Morodo, Joan Raventós, Josep Pallach, Alejandro Rojas Marcos y Enrique Barón; socialdemócratas como Francisco Fernández Ordóñez, José Ramón Lasuén y Antonio García López; el comunista Manuel Azcárate, el nacionalista catalán Miquel Roca Junyent y los independientes Antonio García Trevijano, José Mario Armero y Carlos Ollero. En ella, Joaquín Garrigues lamentó que el Rey no hubiera nombrado presidente del Gobierno a su suegro, José María de Areilza, y se discutió sobre la estrategia conjunta que la oposición debía plantear ante el nuevo Gobierno y sobre la credibilidad de su anunciada estrategia reformista.

Pero es en el mes de septiembre cuando Adolfo Suárez retoma los contactos con la oposición, entrevistándose con Felipe González de nuevo, y con el profesor Enrique Tierno Galván. Con este último, y gracias a Raúl Morodo, mantendrá una fluida relación, que le permitirá conocer la estrategia de la oposición y presionar al PSOE, que durante el último trimestre del año mantendrá una actitud siempre recelosa y reacia a llegar a acuerdos.

En la primera semana de septiembre, el tándem Suárez-Osorio intensificó sus contactos para buscar la comprensión por la Reforma de los grupos y partidos situados en la derecha, como UPE, Grupo Independiente, UNE, ANEPA y hasta la propia Falange Española y de las JONS, representadas, respectivamente, por Cruz Martínez Esteruelas, David Pérez Puga, Gonzalo Fernández de la Mora, Enrique Thomas de Carranza y Raimundo Fernández-Cuesta. Sus votos iban a ser decisivos en la aprobación de la Ley para la Reforma Política.

Mas el 2 de septiembre de 1976, y durante un almuerzo entre Alfonso Osorio, Leopoldo Calvo-Sotelo y Pío Cabanillas, este les expuso la conveniencia de crear un partido de centro, pero —y el matiz resultará decisivo en el planteamiento futuro— les advirtió que no debía tener carácter y personalidad confesional. Días después, y tras otros encuentros con Manuel Jiménez de Parga y Antón Cañellas, Alfonso Osorio se quejará de que «el intento de unir a todas las fuerzas democristianas estaba en vía muerta por la radical postura de Gil-Robles».

El 8 de septiembre, Suárez cenó con Manuel Fraga, con el que comentó la reunión que ese mismo día había celebrado con la cúpula militar y con el que cometió el error de ofrecerle un puesto de tan escasa entidad como la presidencia del Tribunal de la Competencia, oferta que Fraga anotó así en su diario: «... huelga decir que, con toda cortesía, a pesar de la sorpresa de que se me valorara de modo tan modesto, le di las gracias, rechacé la oferta y nos despedimos» [182].

En esta cena, Adolfo Suárez le dijo a Manuel Fraga que ya había encontrado la fórmula para sacar adelante la Reforma política. Lo que no le dijo es que ya conocía su proyecto de crear un partido de corte conservador y que era Pío Cabanillas quien le había puesto al corriente de las conversaciones que este había tenido con José María de Areilza, durante el verano, en Galicia. Como ha desvelado Federico Ysart, «la connivencia Suárez-Cabanillas se mantendrá siempre en la más estricta reserva», para la urdimbre del partido de centro, cuyo embrión será el Partido Popular [183].

El posicionamiento en la derecha de Manuel Fraga, que a primeros de octubre de 1976 presentó su recién creada Alianza Popular, y la sutil influencia de Pío Cabanillas, reafirmaron la intuida estrategia de Suárez de ocupar el centro político como espacio electoral, equidistante entre la derecha que seguía mirando al pasado y la izquierda utópica que creía que el futuro era solo suyo.

Pese a ello, Alfonso Osorio seguiría trabajando por la unión de las fuerzas afines de la democracia cristiana: el 19 de septiembre se entrevistó con uno de los personajes clave de la transición, el sacerdote José María Martín Patino —mano derecha del cardenal Tarancón—, que le desengañó de crear un partido confesional, alegando que desde el punto de vista de la Iglesia no se vería con buenos ojos implicar a esta en una formación demócrata-cristiana. El vicepresidente Osorio percibió en la negativa de José María Martín Patino la influencia de Pío Cabanillas, con el que le unía una gran amistad, pero no cejó en su empeño y cinco días después almorzó con el propio cardenal Tarancón, al que encontró «propicio a la unión de todas las fuerzas políticas afines, pero poco a que utilizasen la denominación demócrata-cristiana» [184]. Como reafirmación de esta tesis, Carrillo reveló que Martín Patino le había confesado que el cardenal Tarancón prefería el partido de centro de Pío Cabanillas [185]. Esa misma noche, y pese a que coincidió con la crisis producida por el cese-dimisión del teniente general De Santiago, Alfonso Osorio compartió mesa y mantel con Manuel Fraga, al que reconoció haber insistido «hasta la saciedad en que no abandonase el espacio del centro político». Fraga le replicó: «... voy a hacer el partido político que yo considero adecuado y no el que vosotros queréis que haga».

Estos últimos movimientos estratégicos de Alfonso Osorio demuestran que no había entendido el propósito y la necesidad de que Adolfo Suárez se apropiase del espacio de centro, y por ello siguió obsesionado con aglutinar a las fuerzas centrales con un hombre que se manifestaba clara y rotundamente en contra de la Reforma promovida por el Gobierno. Solo tres días antes había congregado en el Restaurante El Escuadrón, de Madrid, a un grupo de políticos de adscripción democristiana, aunque no militantes de los partidos de esa inspiración. A este primer almuerzo, de los muchos que celebraron, asistieron José Luis Álvarez, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, José Pedro Pérez-Llorca, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y Alberto Monreal. En ocasiones se les sumó Pío Cabanillas, que vio entre ellos el germen del futuro Partido Popular y la base sobre la que construir la plataforma política que Adolfo Suárez necesitaría para concurrir a las elecciones, aunque no fuera hasta el mes de diciembre cuando el presidente del Gobierno empezó a considerar seriamente su opción electoral propia.

La ambigua actividad de Osorio produjo el recelo de Adolfo Suárez, ocupado en la aprobación de la Ley para la Reforma Política y en contener los excesos verbales de la oposición de izquierdas y de la intransigencia militar, y por ello a primeros de octubre Alfonso Osorio admite que Suárez le dijo, durante uno de sus despachos: «Me han dicho que tengo que tener cuidado contigo..., porque me puedes hacer la pirula..., y quieres tener tu propio partido político para jugar al margen mío después de las elecciones». Y Osorio intuyó que «este comentario era producto de una serie de influencias que estaban desde hacía tiempo pesando sobre su ánimo» [186]. Aunque no los cita, Alfonso Osorio alude a Fernando Abril Martorell y a Pío Cabanillas, que son quienes están perfilando la estrategia para que Adolfo Suárez sea un líder electoral con partido político propio y quien capitalice la profunda tarea reformadora del Gobierno. Desde este momento, Osorio dejará de ser el consejero áulico del presidente del Gobierno.

En octubre se producen además dos circunstancias dignas de destacar: la escisión de UDE, cuya ejecutiva respaldó por trece votos contra nueve la tesis de apoyar las gestiones de Alfonso Osorio para aglutinar una opción de centro moderado, y en contra de su integración en Alianza Popular (AP); y en segundo lugar, la presentación en sociedad de AP, que tuvo lugar el 9 de octubre, como resultado de la fusión de varios partidos de derecha y con el cartel electoral de Manuel Fraga, flanqueado de Gonzalo Fernández de la Mora, Federico Silva, Laureano López Rodó, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas y Enrique Thomas de Carranza, bautizados por la prensa como los «siete magníficos». AP decía agrupar un total de 183 procuradores y, entre ellos, los más significados tres miembros de la familia Oriol, Antonio María, José María e Íñigo, además de Torcuato Luca de Tena, Eduardo Aznar, Fernando de Liñán, Fernando Dancausa, Eugenio Mazón, Juan Antonio Samaranch, Nicolás Franco, Fernando Benzo, Modesto Piñeiro y Julio Nieves Borrego, la mayoría de los cuales perderá las elecciones de junio de 1977 y que poco a poco se acabarían integrando en UCD. Un mes después, el Rey recibió a los promotores de AP, a uno de los cuales —Fernández de la Mora— manifestó que lamentaba profundamente que hubiesen decidido formar un partido propio en vez de respaldar a Suárez [187].

El 23 de octubre se creó la llamada Plataforma de Organismos Democráticos, que prácticamente englobaba a toda la oposición, y a finales de mes el Gobierno derogó el decreto-ley de 1937 con el que el franquismo había castigado a Guipúzcoa y Vizcaya con la pérdida de sus derechos forales. Otro síntoma de apertura fue que el Gobierno autorizó a los socialistas a organizar en diciembre, en Madrid, su XXVII Congreso, reafirmando la tesis del profesor Juan Pablo Fusi, que admite: «La inteligente política de Suárez, que combinó la dinamización del proceso de reforma con claros gestos de atracción hacia la oposición, dio, sin embargo, excelentes resultados: dividió a la oposición y terminó por hacer posible la negociación y la “ruptura pactada” que liquidó el pasado franquista» [188].

El mismo 23 de octubre, el recién creado Partido Popular celebró en Valencia su primera asamblea, con la asistencia de varios de los políticos que han sido habituales comensales de El Escuadrón. Pocas semanas después se le incorporarían José María de Areilza, Pío Cabanillas, Luis Ortiz, Miguel Herrero, Ignacio Aguirre y Antonio de Senillosa.

El 12 de noviembre fracasó la huelga general contra la Reforma política convocada por la COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales), el equivalente obrero de la Plataforma de Organismos Democráticos. El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, se percató del pulso que los del movimiento obrero estaban planteando al Gobierno y, avisado con tiempo por el coronel Cassinello y por el director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, montó un potente operativo que a las nueve de la mañana había desbaratado la huelga, al conseguir que el Metro madrileño funcionara sin alteraciones. «Con el fracaso de la huelga —recuerda Martín Villa— la oposición quemó su último cartucho contra la reforma política y el Gobierno había demostrado que la ruptura era una quimera» [189].

Por ello, a finales de noviembre —ya aprobada por las Cortes la Ley para la Reforma Política— la Plataforma de Organismos Democráticos exigió al Gobierno el cumplimiento de siete condiciones, la mayoría de las cuales ya figuraban en su programa, a cambio de su aceptación del referéndum. Y que eran: legalización de todos los partidos y sindicatos; reconocimiento de todas las libertades políticas y sindicales; disolución del Movimiento y neutralidad de la Administración; amnistía general; acceso equitativo a los medios de comunicación; negociación de la legislación electoral, y reconocimiento de la institucionalización de las regiones y países del Estado español.

El Rey recibió a José María de Areilza el 30 de noviembre, que le reveló que durante una reunión secreta con Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván, Felipe González y Joaquín Ruiz-Giménez, todos se habían mostrado resignados al triunfo del Gobierno en el referéndum. El Rey le manifestó su preocupación porque el PSOE no hubiera reconocido todavía la Monarquía [190]. Sin embargo, en esa reunión, frente a la tesis más realista del propio PSOE, Gómez Llorente mantuvo que todavía había opciones de denunciar el referéndum y «cargarse» la Reforma, y de tratar de impedir que se impusiera la Monarquía.

La oposición, comprobadas sus escasas posibilidades de rentabilizar la abstención en el referéndum, decidió cambiar de estrategia y organizarse con mayor vigor, constituyendo a primeros de diciembre la llamada Comisión de los Nueve, tras no pocos esfuerzos y discusiones, por las divergencias entre el PSOE y el PSP y el PSOE y el PCE. La comisión la integraron Jordi Pujol, Julio Jáuregui, Felipe González, Joaquín Satrústegui, Enrique Tierno Galván, Francisco Fernández Ordóñez, Valentín Paz Andrade, Antón Cañellas y Simón Sánchez Montero (en representación de Santiago Carrillo).

Su objetivo pasó a ser la negociación de las elecciones y las normas electorales. El 15 de diciembre el referéndum significó una rotunda victoria del Gobierno y del presidente Suárez solo cuatro días después del secuestro de Antonio María de Oriol y una semana antes de que la policía española detuviera a Santiago Carrillo. Con fundamento, Javier Pradera ha escrito: «A partir de este momento se abre una nueva etapa de la historia de la transición... La oposición democrática habría decidido ya negociar con el Gobierno» [191].

El viernes 17 de diciembre el GRAPO hizo público un comunicado, a través de El País e Informaciones, en el que anunciaba que había decidido ejecutar a Antonio María de Oriol y que no anularía esa medida salvo que el Gobierno anunciase una amnistía antes de las once de la noche. En Castellana, 3, el presidente se reunió con los ministros Manuel Gutiérrez Mellado, Alfonso Osorio y Rodolfo Martín Villa, y acordaron preparar una intervención en televisión del ministro de la Gobernación, lo que obligó a interrumpir la emisión del programa Un, dos, tres, responda otra vez. En su intervención, Rodolfo Martín Villa aludió vagamente a la promesa del Gobierno de ampliar las condiciones de amnistía, desvinculándose de la presión que hacían los terroristas, y prometió dedicar todos sus esfuerzos para liberar al secuestrado. Martín Villa leyó la declaración con evidente tensión, colocándose varias veces las gafas, que por la postura inclinada se deslizaban reiteradamente, y proclamó que «el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar el chantaje o la coacción».

A la crispación creada por este ultimátum, Rodolfo Martín Villa añadía otras razones para estar tenso, ya que ese mismo día se había producido en la plaza de Oriente, de Madrid, una manifestación de más de mil policías y guardias civiles exigiendo una serie de reivindicaciones profesionales; como consecuencia del enfoque que se había dado a estos problemas, Martín Villa se vio obligado a proponer en el siguiente Consejo de Ministros la destitución de los tres mandos responsables: el general Ángel Campano —director de la Guardia Civil—, el director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, y el inspector de la Policía Armada, general Aguilar. Para sustituir al general Campano nombró al general Ibáñez Freire, y como director general de Seguridad, Rodolfo Martín Villa propuso a Mariano Nicolás, que era entonces gobernador civil de Valencia y «que fue quien se dio cuenta de que no había una dirección única en los trabajos para encontrar a Oriol y me propuso al comisario Roberto Conesa para esa responsabilidad» [192].

Al día siguiente, los terroristas del GRAPO informaron de que aplazaban la ejecución del secuestrado, pero que le retendrían en su poder mientras el Gobierno no aprobara una nueva amnistía.

Todo el país se preguntaba: ¿quiénes son los GRAPO?, ¿quién está detrás de ellos? Santiago Carrillo, en sus últimos días de clandestinidad, dudaba si el GRAPO obedecía a la conveniencia e intereses de la CIA, de la ultraderecha o incluso del propio Gobierno, creyendo con malévola intención que a este le convenía un clima de terror para frenar la conquista de las libertades.

En apoyo de su primer interrogante, el propio Santiago Carrillo revela que José María de Areilza le había contado que «el secuestro de Oriol es el testamento político de Henry Kissinger», y que «no saben hasta qué punto son poderosos los intereses de los Estados Unidos que se oponen al establecimiento de la democracia en España».

Por su parte, Adolfo Suárez dijo confidencialmente a un ministro de su confianza que «alguien estaba intentando provocar un golpe militar», mientras que el general Gutiérrez Mellado reconoció que detrás del GRAPO había fuerzas políticas de extrema derecha que trataban de desestabilizar.

El 15 de enero, Diario 16 publicó que según una fuente del Gobierno «detrás del GRAPO está la ultraderecha», lo que provocó un considerable revuelo y obligó al Gobierno a ofrecer un desmentido a través de la agencia Efe, cuyo director era Luis María Anson.

Rodolfo Martín Villa sostenía oficialmente que el GRAPO era el brazo armado del PCE reconstituido y que tenía importantes conexiones internacionales, y esa fue la tesis que mantuvo en su nueva aparición en televisión, el domingo 19. El periódico vespertino Pueblo insinuó que tras del GRAPO estaba la KGB.

Fueran una cosa u otra, los GRAPO lograron empañar durante varias semanas el éxito del referéndum, ya que, como ha sostenido el historiador Santos Juliá, «ese fue el momento elegido por los grupos de extrema derecha que se quedaban fuera del sistema para golpear con fuerza con objeto de extender un clima de pánico generalizado en el que pudiera legitimarse un parón a todo el proceso. Si se quería provocar a los militares e incitarlos a intervenir de manera más contundente, ese era el momento propicio» [193].

En efecto, el 20 de diciembre, Torcuato Fernández-Miranda ya fue zarandeado por un grupo de exaltados ultraderechistas, que le llamaron «traidor» y perjuro, a la salida del funeral en recuerdo del asesinado presidente Carrero Blanco, y que le persiguieron, impidiéndole entrar en su coche, al grito de «¡Franco sí, democracia no!», y profiriendo consignas contra el Gobierno y el Rey. El búnker y la extrema derecha habían encontrado el caldo de cultivo idóneo para oponerse de forma violenta a la libertad. Ese día, Adolfo Suárez se encontraba en Barcelona, ciudad donde anunció la cooficialidad del catalán y donde cosechó un gran éxito personal, liberándose por un momento de la tensión vivida en las últimas horas. A su regreso se produjo la detención de Santiago Carrillo, que le tuvo en vilo toda la noche; y sin tiempo de dormir, el 23 de diciembre, recibió a Jordi Pujol y a Enrique Tierno Galván, como representantes de la Comisión de los Nueve, y por primera vez con carácter oficial. El profesor Tierno le entregó una carta de los nueve negociadores, que resumía sus exigencias de cara a las elecciones. Presionado por las circunstancias de estos días, Suárez se había negado a que entre los representantes de la oposición estuviera Santiago Carrillo, consiguiendo que este renunciara a ello, y de paso que el PSOE se declarara partidario de negociar directamente con el Gobierno al margen de la Comisión de los Nueve, si el obstáculo era el PCE.

Había que seguir adelante, y por ello el primer Consejo de Ministros del mes de enero —una vez liberado Santiago Carrillo— acordó admitir la objeción de conciencia, suprimir el Tribunal de Orden Público, derogar el decreto-ley sobre terrorismo, y crear la Audiencia Nacional. Al mismo tiempo, Suárez pudo supervisar de nuevo el curso de las conversaciones y contactos que él mismo y Alfonso Osorio habían estado manteniendo desde julio con los grupos afines de la oposición moderada, convocando el lunes 27 de diciembre un almuerzo en Castellana, 3, con Alfonso Osorio y Rodolfo Martín Villa, en el que hicieron un repaso de los acontecimientos y analizaron la pujanza de los distintos partidos en liza. Según el testimonio de Alfonso Osorio, Suárez recelaba de la creación de una gran federación de partidos y no veía con claridad la incorporación de varios grupos en uno solo. En ese momento el Partido Popular (PP) ya tenía su clara personalidad pública, mientras que, en opinión de Suárez, UDE se había escorado hacia AP. Frente a las tesis de Osorio, proclive al entendimiento con grupos más a la derecha, Suárez señaló que «hoy un partido político moderno lo mueven muy pocas personas, que deben actuar en la sombra, mientras otros dan la cara».

Consciente de su patrimonio político y de los éxitos cosechados en los seis primeros meses de su Gobierno, Adolfo Suárez ya tenía claro en diciembre de 1976 que debía dar el salto a la política partidaria. Y por ello habló con Torcuato Fernández-Miranda y con el Rey para explicarles que tenía el propósito de crear un partido político patrocinado por el Gobierno, capaz de ganar las elecciones.

Pero según ha reconocido el propio Adolfo Suárez, «tanto el Rey como el presidente de las Cortes se opusieron al proyecto», ante lo cual Suárez, profundamente contrariado, «exigió que la decisión constara por escrito, para que no se le acusase posteriormente de falta de previsión» [194].

El 11 de enero, Alfonso Osorio habló con el Rey de este conflicto y le indicó que «Suárez era el candidato ideal y el líder de un partido democrático que evite las veleidades reaccionarias de nuestra sociedad, asimilándolas». Por la noche, Suárez le agradeció a Osorio su apoyo, diciéndole: «Gracias, Alfonso; me consta que has hablado al Rey bien de mí».

En este sentido, Osorio ha reconocido que el Rey consideraba a Suárez muy bien dotado para desmantelar el Régimen y negociar con la oposición, pero no le veía como dirigente de un partido político capaz de encabezar un Gobierno ante unas Cortes democráticas. Pese a ello, en la primavera de 1977, el Rey reconoció que debía permitir a Suárez encabezar un partido capaz de ganar las elecciones [195].

Suárez esperó a que el Rey se convenciera de la conveniencia y necesidad de su proyecto al mismo tiempo que siguió trabajando por él, continuó su negociación con Santiago Carrillo y con el resto de la oposición de la normativa electoral y de las condiciones de las elecciones generales. En este sentido, el viernes 7 de enero se reunió con Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Alfonso Osorio e Ignacio García López para discutir la Ley Electoral, diciéndoles que «les exigía la máxima pureza electoral: no quiero que nadie nos impugne las elecciones». En esta reunión también se acordó que los ministros no debían presentarse, pero que la situación del presidente era distinta; estas reuniones se repitieron prácticamente durante todo el mes de enero y de febrero, pero ya en el recién estrenado recinto presidencial de la Moncloa, adonde Suárez se había trasladado, por razones de seguridad, el 17 de enero de 1977.

En el primer Consejo de Ministros celebrado en la Moncloa, el Gobierno tomó dos decisiones de trascendencia: la primera, autorizar la ikurriña, bandera símbolo del nacionalismo vasco, por cuya legalización se habían producido en los últimos meses muchas manifestaciones e incidentes en el País Vasco; la segunda, nombrar al general Vega Rodríguez jefe del Estado Mayor Central, por sugerencia del general Gutiérrez Mellado. La primera decisión mereció este negativo comentario de Manuel Fraga en sus memorias: «El día 15 se autoriza la ikurriña, que muchos vascos consideraban una bandera partidista y con implicaciones separatistas. Sigo creyendo que tal decisión sin compromisos claros de los nacionalistas solo fue interpretada como un signo de debilidad, con efectos muy serios en los radicales y sobre todo en los indecisos» [196].

La autorización de la ikurriña fue a propuesta del ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, que afirmó había llegado el momento de levantar la prohibición, pero contó con la oposición de los tres ministros militares y de Alfonso Osorio. Según Martín Villa, el clima reivindicativo en el País Vasco era cada vez más intenso, y dos alcaldes, el de Vitoria y el de Pamplona, eran favorables a la ikurriña y a la amnistía. Días después, y pese a que la ikurriña ya había sido legalizada, en el País Vasco siguieron los incidentes, y Adolfo Suárez, muy preocupado, le comentó a Osorio que iba a proponer más medidas de gracia «porque o distendemos la situación o el País Vasco se nos convertirá en un Belfast», añadiendo «que quiero convencer al pueblo vasco de que no es rentable apoyar a ETA». Como consecuencia de la legalización de la bandera vasca dimitieron los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa.

Mientras tanto, el embrión del partido de centro recibió en estas tres primeras semanas de enero un considerable empuje, y la mayoría de los hombres del PP y de los distintos grupos democristianos empezaron a inclinarse por su integración en un gran partido; el lunes 17 de enero, el PP y los grupos liberales de Joaquín Garrigues e Ignacio Camuñas decidieron constituir una alianza electoral que bautizaron como Centro Democrático.

Con este escenario, el domingo 23 de enero, un miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey asesinó al joven Arturo Ruiz en la calle Silva, de Madrid. Al día siguiente, 24 de enero, a las diez de la mañana, un comando de los GRAPO secuestró al general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. En opinión de Rodolfo Martín Villa, se trataba del mismo comando que un mes antes había secuestrado a Antonio María de Oriol, y confirmaba la estrategia terrorista de debilitar al Gobierno, atentando contra personalidades simbólicas de las instituciones clave del Régimen, para provocar la reacción de los estamentos militares. A mediodía, una manifestación de estudiantes en protesta por la muerte de Arturo Ruiz, en la Ciudad Universitaria de Madrid, fue reprimida por la policía con tal dureza que María Luz Nájera, estudiante de Sociología, resultó alcanzada por un bote de humo y con heridas de tal gravedad que falleció horas después.

Y para culminar el día más cruento de la transición, con Adolfo Suárez reunido en la Moncloa con Manuel Gutiérrez Mellado, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y Landelino Lavilla, pasadas las diez de la noche, tres pistoleros de la ultraderecha vinculados a Fuerza Nueva se presentaron en un despacho laboralista de la calle Atocha, de Madrid, y tras preguntar por un dirigente de Comisiones Obreras —a cuyo sindicato asesoraban y pertenecían los abogados del despacho— comenzaron a disparar a sangre fría a todos los presentes, a los que habían reunido en una sala. La matanza fue producto del odio que la extrema derecha había ido acumulando en este último año contra la transición democrática y de su intolerancia, estimulada por sectores políticos vinculados al búnker.

En Atocha, 55, cayeron asesinados tres abogados —Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo y Luis Javier Benavides—, un estudiante de Derecho, Serafín Holgado, y el empleado Ángel Rodríguez. Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad, pero consiguieron sobrevivir. Todo Madrid se llenó de terribles presagios y del temor a una «noche de cuchillos largos». Simón Sánchez Montero llamó a Francisco Fernández Ordóñez para advertirle: «Ten cuidado». Los «ilustres» protagonistas de aquella «hazaña» se llamaban Fernando Lerdo de Tejada, José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá.

El martes, durante todo el día, Adolfo Suárez mantuvo el pulso de los acontecimientos, reuniéndose con el decano del Colegio de Abogados, Antonio Pedrol Ríus, y con Enrique Tierno Galván y Joaquín Ruiz-Giménez, comisionados para la organización del entierro de los asesinados, que el PCE quería fueran homenajeados por sus militantes, en una demostración de su fuerza y disciplina. Después de muchas conversaciones y de garantizar el PCE que no se producirían alteraciones del orden público, el 26 de enero se celebró el entierro, que constituyó una emotiva e impresionante ceremonia de solidaridad de los comunistas y de muchos madrileños. Suárez tomó muy buena nota de la seriedad con que el PCE asumía sus compromisos y del sentido institucional de sus dirigentes, que eran conscientes de ser tan enemigos del búnker como el propio Gobierno.

Pese a que Adolfo Suárez le había pedido a Alfonso Osorio que aplazara un viaje a Estados Unidos, el vicepresidente no cedió y Suárez tuvo que enfrentarse al conflicto con la colaboración de Martín Villa, para el cual el cúmulo de acontecimientos «fue una coincidencia trágica, que provocó el momento más difícil de la transición. No obedeció a ninguna conspiración ni a ninguna trama oculta al frente de la cual se encontrara alguien con mando de los secuestradores de Oriol y Villaescusa, con mando en ETA, que seguía matando, y con mando sobre los ultras, que asesinan a los abogados laboralistas de Atocha. Sería imposible tener el mando y la dirección de fenómenos tan distintos y aun opuestos» [197].

Martín Villa ha reconocido, años después, que la incapacidad de preservar la paz ciudadana era un duro golpe para la autoridad del Gobierno y también que algunos altos mandos militares acudieran a la Zarzuela y a la Moncloa para pedir que fuera cesado y que en su puesto se colocara a un general.

Pero aún quedaban dos sucesos de trascendencia para que la semana hiciera honor a su tragedia, porque el viernes 28 de enero el GRAPO reivindicó el asesinato de dos miembros de la Policía Armada y de un guardia civil que prestaban vigilancia en el barrio de Aluche de la capital de España. La estrategia del terror ha conseguido su nefasto propósito: vincular libertad y democracia con el caos y la ingobernabilidad del país, y aunque la amenaza de una involución pasó por la mente de muchos españoles, Adolfo Suárez logra superar el trance, dirigiéndose al país el 29 de enero, en una dramática intervención televisiva, en la que por primera vez su cara refleja signos de cansancio y del peso de la responsabilidad. Suárez reconoció: «somos conscientes de la importancia del desafío», y explicó las razones por las cuales el Consejo de Ministros había acordado suspender los artículos 13 y 18 del Fuero de los Españoles, referidos a la libertad y al secreto de la correspondencia y al plazo de setenta y dos horas, como máximo, de retención de un detenido. Durante varios días, Suárez vivió momentos de terrible tensión, en los que tuvo que apaciguar a Torcuato Fernández-Miranda, que le pidió declarara el estado de excepción, y llegó a admitir que alguien «estaba intentando provocar un golpe militar», aunque Osorio no le creyó, encontrándole durante el Consejo de Ministros «nervioso e incluso irritado». Rodolfo Martín Villa fue ese mismo día testigo del segundo incidente de trascendencia y último de la semana trágica, ocurrido durante el entierro de los policías armados asesinados el día anterior, cuando un grupo de ultraderechistas de Fuerza Nueva profirió gritos contra el general Gutiérrez Mellado, reclamando «¡Ejército al poder!» y «¡Gobierno, dimisión!». El vicepresidente exigió a los presentes: «¡Todo el que lleve uniforme, firmes!», a lo que replicó el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, con frase que hará fortuna entre la clase militar de aquellos años: «¡Por encima de la disciplina está el honor!». El general Gutiérrez Mellado, que estaba soportando una dura oposición dentro del Ejército, no pudo aguantar más y se dirigió hacia él, para hacerle callar, teniendo que ser sujetado por los que le rodeaban.

Este fue el primero de una serie de incidentes que tendrá como objetivo utilizar la sangre de las víctimas del terrorismo para reclamar la presencia del Ejército y provocar al militar que con paciencia y autoridad está respaldando la política del Gobierno y a su presidente. Adolfo Suárez ha evocado en múltiples ocasiones que aquellos días fueron los más duros y amargos de su presidencia y en los que temió frustrarse todo lo avanzado y lo que con tanta ilusión estaba por venir. Dos días después, don Juan Carlos, como Jefe de Estado y Jefe supremo del Ejército, visitó la División Acorazada Brunete, al mando entonces del teniente general Milans del Bosch, que pocos días antes había manifestado su disgusto por el nombramiento del general Ibáñez Freire al frente de la Guardia Civil. Como ha escrito el profesor Gabriel Cardona: «En las portadas de prensa se vio después al Rey y al general, sonrientes, vestidos de uniforme y en trance de comer el bocadillo mañanero del Ejército. El país superaba un nuevo susto» [198].

Una semana después, el 8 de febrero, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto que judicializaba el proceso de legalización de los partidos políticos —eliminando la inscripción en el Registro de Asociaciones— y atribuía al Tribunal Supremo la última decisión. El camino para la legalización del PCE estaba abierto. Pero el real decreto tenía un último objetivo, menos secreto: regular la actividad política y sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas, y en su discusión el general Gutiérrez Mellado contó con la oposición del otro vicepresidente, Alfonso Osorio, perteneciente al Cuerpo Jurídico del Aire, que le reprochó que el texto era «excesivamente radical» y que «su obsesión por la neutralización política del Ejército la estaba llevando a posiciones extremas», ya que obligaba a los militares con vocación política a renunciar a su carrera. Alfonso Osorio anotó en su diario: «He dejado por imposible a Gutiérrez Mellado», y el 8 de marzo renunció a su carrera militar [199]. Otro afectado por esta decisión del Gobierno fue el general Alfonso Armada, que, ya enfrentado con Adolfo Suárez, se acogió a esta medida para así encubrir su salida del palacio de la Zarzuela, donde su influencia empezaba a ser contraria a los intereses de la Corona.

El 11 de febrero de 1977, y después de una larga operación policial, a cuyo frente ha estado el comisario Roberto Conesa, son liberados primero el teniente general Villaescusa y poco después Antonio María de Oriol. La tenacidad de Rodolfo Martín Villa había dado su fruto y, aunque entonces tuvo que soportar muchas insinuaciones sobre la actuación del comisario, años después ha reconocido que «el hecho de que tengamos aún grapos muestra claramente que aquello no era cierto. Conesa no estaba en la dirección de los GRAPO. Que procurara infiltraciones en los GRAPO entraba en sus obligaciones» [200]. Durante dos largos meses, Rodolfo Martín Villa había dormido en el Ministerio de la Gobernación.

Solventado el terrible ambiente contra la Reforma, creado y provocado por la sutil combinación entre el terrorismo de incierta adscripción ideológica y la reacción de los más virulentos elementos del terrorismo reaccionario, Adolfo Suárez pudo dedicarse a perfilar su aproximación táctica al PCE y a Santiago Carrillo, a colaborar en ultimar los acuerdos políticos en materia electoral con la oposición democrática, y al mismo tiempo a ir diseñando la coordinación de las formaciones políticas sobre las que construir la futura UCD, una de cuyas principales fuerzas, el PP, había celebrado el 6 de febrero su primer congreso, en el que —para sorpresa de muchos— Pío Cabanillas fue elegido presidente, ocupando una de las vicepresidencias José María de Areilza. Alfonso Osorio creyó que Landelino Lavilla había movido los hilos contra Areilza, y en ese sentido se pronunció el periodista Pedro J. Ramírez, que en un artículo publicado en ABC se preguntó: «¿... es que a Areilza se le reservan las máximas responsabilidades del PP para otra coyuntura política que esta?».

El 9 de febrero, el equipo de ministros que estaban negociando la redacción de la Ley Electoral celebró una nueva reunión, y en ella Rodolfo Martín Villa contó que había hablado con Enrique Múgica para que el PSOE preparara su documentación, advirtiéndole que el Gobierno se disponía a legalizar al llamado PSOE histórico.

Ese mismo día, el Gobierno restableció las relaciones diplomáticas con la URSS y un mes después amplió la amnistía otorgada en julio de 1976, sin incluir a los militares de la UMD, que siguieron sin reintegrarse en el Ejército.

El 24 de febrero, el PSOE abandonó la Comisión de los Nueve, en protesta por la legalización del PSOE histórico, y amenazó con no presentarse a las elecciones y con denunciarlas como antidemocráticas, pero el presidente Suárez no se arredró y buscó con su encuentro secreto con Carrillo y con el posterior entendimiento con el PCE aislar al PSOE y obligarle a entrar en razón. El 15 de marzo, y después de una negociación que había durado casi tres meses, el Gobierno aprobó la normativa electoral. El horizonte de las elecciones se había despejado totalmente y Suárez podría planificar su aterrizaje sobre Centro Democrático.

5
LA LEGALIZACIÓN DEL PCE

Un mes después de la muerte de Franco, el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, tomó la decisión de que su dirección se instalara en Madrid, con el firme propósito de estar presente en los decisivos acontecimientos de la vida política española. Su análisis le dictaba que solo desde el interior podría influir y participar en el desarrollo de la transición hacia la democracia, culminando así la estrategia de confrontación con el régimen de Franco y de referencia obligada de toda la oposición. Desde meses antes controlaba la Junta Democrática y mantenía intensos contactos con las distintas personalidades de la oposición, ya fueran monárquicos juanistas, democratacristianos, liberales o independientes.

Como el propio Carrillo ha reconocido, por su despacho de París pasaron en 1974 personas tan distintas como Jesús de Polanco, Mariano Rubio, Joaquín Molins y hasta Nicolás Franco Pascual de Pobil, que estaba haciendo una encuesta política para el entonces príncipe don Juan Carlos.

Sus contactos habían llegado hasta el propio Príncipe, que solo dos meses antes de la muerte de Franco le quiso transmitir un mensaje, utilizando para ello los discretos y eficaces servicios de una persona de su total confianza, el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal. Don Juan Carlos ha reconocido que «tenía que saber lo que pensaba hacer Carrillo y su partido el día que yo subiera al trono», y que fue en Persépolis, con motivo de la fiesta conmemorativa del sha de Irán, cuando encontró la solución a cómo conectar con Carrillo. «Recordé —cuenta a su biógrafo Vilallonga— que Ceaucescu me había dicho que conocía muy bien a Santiago Carrillo, quien tenía la costumbre de pasar sus vacaciones en Rumania» [201].

La iniciativa de don Juan Carlos estuvo motivada además por unas declaraciones que el propio Carrillo acababa de hacer a la periodista italiana Oriana Fallaci en la revista El Europeo, en octubre de 1975, y en las que el líder de los comunistas españoles reconocía: «El Príncipe es una marioneta que Franco mueve como quiere, un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político, un tontín que está metido hasta el cuello en una aventura que le costará cara». Carrillo, como muchos españoles, opinaba que el Príncipe solo podía aspirar «a ser Rey durante unos meses. Si hubiera roto desde hace tiempo con Franco habría podido encontrar una base de apoyo. Ahora ya no tiene ni eso, y es despreciado por todos». Con extrema dureza, Carrillo concluía la entrevista proponiendo que «el Príncipe hiciese las maletas y se marchara junto a su padre, diciendo: “Remito la Monarquía al pueblo”», y augurando: «Si no lo hace, acabará mal» [202].

Alarmado por la agresividad de Carrillo, don Juan Carlos pidió a Manuel Prado y Colón de Carvajal que visitara al dictador rumano Ceaucescu para que transmitiera a Carrillo el mensaje de que en cuanto accediera al trono tenía el propósito de reconocer al PCE y a los demás partidos políticos, pero que confiara en él y que no hiciera nada que pudiera contribuir a la desestabilización durante los primeros meses de su reinado. Prado, tras padecer algunas peripecias rocambolescas, como permanecer dos días encerrado en un sótano en el centro de Bucarest, pudo finalmente cumplir su encargo, aunque la respuesta de Carrillo tardó en llegar, produciéndose de la mano de un ministro rumano que visitó al Príncipe en la Zarzuela, asegurándole que «Carrillo no moverá un dedo hasta que seáis Rey. Después —añadió— habrá que concertar un plazo no demasiado largo para que se haga efectiva vuestra promesa de legalización» [203].

Cuando en julio de 1976 el Rey designó a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, le informó de este precedente, y de común acuerdo con Suárez decidieron impulsar un proceso de reformas que pudieran culminar con el restablecimiento de las libertades y con la legalización de todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista.

Pero Carrillo no podía esperar tanto, y por ello el 9 de febrero de 1976 cruzó la frontera española de La Junquera a bordo de un Seat 124 blanco, provisto de un pasaporte falso, instalándose en Madrid en una casa de la calle Leizarán, número 19, cuyo teléfono solo conocían su amigo Teodulfo Lagunero y su colaboradora Belén Piniés.

Durante los meses de marzo a agosto, Carrillo entrará y saldrá de España utilizando distintos medios de transporte y su famosa peluca, que con tanto esmero le había preparado en París Gonzalo Arias, un peluquero español comunista y amigo de Pablo Picasso. En marzo estuvo en Valencia, donde asistió a una corrida de toros, y de allí viajó a Roma. También estuvo en Yugoslavia y Rumania, donde Ceaucescu le transmitió el mensaje real. En abril, Carrillo se atrevió a visitar Barcelona, donde mantuvo una reunión clandestina con los dirigentes del PSUC, y días después —llevado de una osadía sin límites— cenó con Lagunero en el Restaurante Jockey, de Madrid, donde coincidió con el ministro de la Presidencia, Antonio Carro, y el ex ministro Alfredo Sánchez Bella, sin que nadie le reconociera. Para muchos de sus desplazamientos utilizaba el Mercedes-Benz de Lagunero, el hombre clave de este momento y que destinaba sus pingües beneficios empresariales a ayudar al PCE.

Desde su activa clandestinidad, Carrillo asistió a la crisis del gobierno Arias, que se precipita en el mes de junio de 1976, sin que le pasaran inadvertidas las declaraciones que había realizado el vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga Iribarne, al corresponsal del The New York Times, Cyrus Sulzberger, afirmando que «más tarde o más pronto habrá que legalizar a los comunistas». Fraga, que en vísperas del primero de mayo había metido en la cárcel a los comunistas Marcelino Camacho y Ramón Tamames, y a varios dirigentes de la Platajunta, declaró en 1995 que «las declaraciones a Sulzberger levantaron ampollas. Tuve que concertar una comida con los tres ministros militares para explicarles el alcance de mis palabras. Dije, además, que ese partido tenía que dar pruebas de integrarse en un sistema democrático. También es verdad que yo pensaba que unas primeras elecciones libres podrían hacerse sin los comunistas, y había precedentes, como en el caso de Alemania, por ejemplo» [204]. Además de tranquilizar a los militares, Fraga manifestó públicamente que no podía permitir que Carrillo y Pasionaria volvieran a España, porque no tendría policía suficiente para protegerlos, sin suponer siquiera que desde hacía cinco meses Carrillo entraba y salía de España con facilidad. Cuando Carlos Arias presentó su dimisión al Rey y este designó a Adolfo Suárez, Carrillo declaró a El País que «su nombramiento constituye una cierta sorpresa. Si se tiene en cuenta su pasado, hay poco que esperar. Pero me reservo el juicio definitivo hasta que se conozca el nuevo Gobierno y su programa» [205].

Pese al recelo con el que Adolfo Suárez fue recibido y no solo por Carrillo, el presidente del Gobierno se dispuso a llevar a cabo el conjunto de reformas legislativas y políticas que permitieran celebrar unas elecciones libres en el plazo de un año, multiplicando sus contactos con todos los líderes políticos y aprobando una serie de medidas de gobierno como la amnistía y la Ley para la Reforma Política, que permitieran generar un clima de esperanza y de autenticidad en la labor integradora de la Corona. Una de las decisiones que asumió el gobierno Suárez fue la reforma del Código Penal, en materia del delito de asociación ilícita, para que pudieran legalizarse los partidos. Obligado a atender tantos frentes y a desarrollar una febril actividad de seducción pública, Suárez no se planteó inmediatamente la legalización del PCE, pero sí consideró conveniente establecer contactos secretos con el secretario general del PCE para conocer su estrategia y disposición a aceptar el proceso de Reforma. Poco después de su nombramiento, y en uno de sus primeros despachos, el Rey le había informado de los mensajes que había enviado a Carrillo y de su respuesta, insistiéndole, como ya lo había comentado con el general Gutiérrez Mellado, en que Carrillo le había prometido no desestabilizar la situación. «Adolfo, me lo ha prometido, y estoy convencido de que cumplirá su palabra» [206].

Ajeno aparentemente a su compromiso secreto, Carrillo intervino en Roma, a finales del mes de julio, en una reunión del Comité Central del PCE, pronunciando duras palabras sobre el Rey y Suárez. Pocos días después, ya en el mes de agosto, Suárez recibió al ex ministro Laureano López Rodó, al que aseguró que el PCE no sería legalizado [207].

Pero también, en los primeros días de agosto, Santiago Carrillo decidió forzar un poco su estrategia y poner a prueba la voluntad de la Corona y del nuevo Gobierno, entrevistándose en París, en casa del arquitecto Ricardo Bofill, con José María de Areilza, que aún digería la frustración por no haber sido elegido presidente. Según relata Carrillo, Areilza sostenía que había que contar con el Partido Comunista para hacer el cambio y que el PCE tenía que ser legalizado como los demás partidos. Tras constatar que Areilza era pesimista y estaba al margen del poder, Carrillo escribió en sus «memorias»: «... y le hago entender [a Areilza] que aun sin confiar en Suárez, y puesto que, objetivamente, el cambio es indispensable, puede suceder que el mismo Gobierno actual haga esa apertura a la que él se refiere» [208].

Su siguiente paso fue entrevistarse con el embajador de España en París, Lojendio, para solicitar su pasaporte como ciudadano español. Aunque al principio todo fueron facilidades, lo cierto es que cuando el Gobierno conoció el propósito del líder comunista reaccionó con dureza, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, cesó al embajador Lojendio. Suárez no quería que en «ese momento» se abriera el frente de la legalización del PCE, ni que por la vida española apareciera su principal líder. Pero la denegación del pasaporte no fue óbice para que Suárez, de acuerdo con el Rey, quisiera conocer la estrategia de Carrillo y aceptara iniciar conversaciones secretas con este a través de distintos mediadores.

Frustrado su intento de obtener su pasaporte español, Carrillo viajó a Barcelona en los primeros días de agosto, donde se entrevistó con Miquel Roca y Jordi Pujol, con los que analizó la situación política y la previsible evolución de los acontecimientos en los próximos meses. Esta entrevista se produjo en los mismos días en que Pujol visitó a Suárez en la Moncloa, y Carrillo no pudo evitar que la prensa se hiciera eco del encuentro con los dirigentes catalanes. Poco después se instaló en Cannes, en plena Costa Azul francesa, en la casa de Teodulfo Lagunero, con el que estudió las posibilidades de encontrar el interlocutor que pudiera establecer contacto con el Gobierno.

Ambos concluyeron que solo había dos posibles interlocutores: el ministro de Educación, Aurelio Menéndez, al que Lagunero conocía desde su juventud, y José Mario Armero, al que Carrillo había tratado con motivo de la entrevista con el sobrino de Franco, Nicolás Franco Pascual de Pobil.

Teodulfo Lagunero llamó a Aurelio Menéndez solicitándole una entrevista, que este accedió a conceder, después de hablar con Adolfo Suárez. Este, a su vez, informó al Rey, y de común acuerdo decidieron que Aurelio Menéndez recibiera a Lagunero, pero que en lo sucesivo era preferible que los contactos no se llevaran a cabo a través de un miembro del Gobierno.

El 25 de agosto, Lagunero visitó en Madrid al ministro de Educación para decirle que Carrillo tenía derecho a un pasaporte, porque quería ejercer sus derechos como ciudadano español, y para garantizarle que ni Carrillo ni el PCE querían desafiar al Gobierno. Menéndez le precisó que todavía no era el momento de dar esos pasos, porque la ciudadanía seguía identificando al PCE y a Carrillo con la guerra civil y que por ello no convenía forzar las cosas, añadiendo que no se podía descartar una involución.

Ese mismo día, Lagunero expuso al abogado José Mario Armero el motivo de su misión, pidiéndole ayuda para conectar con el Gobierno. Poco después, Armero comió con Luis Jáudenes, que ocupaba un alto cargo en Presidencia del Gobierno, y le contó que tenía posibilidades de hacer de mediador con Carrillo. Jáudenes —a su vez— se lo contó al vicepresidente Alfonso Osorio, que dos días después organizó un encuentro con Armero, para conocer la conversación mantenida por este con el enviado de Carrillo. Suárez, informado de esta vía de acceso al líder comunista, habló con el Rey y accedió a que Armero se entrevistara con Carrillo para conocer de primera mano sus intenciones [209].

El 27 de agosto, después de haber hablado personalmente con Suárez, José Mario Armero llamó a Lagunero para decirle que estaba dispuesto a ir a ver a Carrillo a Niza. Esa misma noche, Armero viajó a París, alojándose en el Hotel Hilton, y al día siguiente voló a Niza, en cuyo aeropuerto le estaba esperando Lagunero. En la primera entrevista con Carrillo hablaron de la petición del pasaporte, de la necesidad de que hubiera un interlocutor permanente con el Gobierno, de la actitud de los militares españoles y del respeto a la Corona, sosteniendo Carrillo que el problema no era la Monarquía, sino las libertades democráticas. Carrillo le hizo también una clara manifestación de su independencia respecto a Moscú, y de esta primera entrevista con Armero, Carrillo dejó escrito: «Mi impresión es que Armero además de un enlace puede ser un abogado. Creo que hemos dado un paso interesante» [210].

Armero regresó a Madrid, redactó un informe, que mecanografió su mujer, Ana, y se lo entregó al vicepresidente Osorio; este, nada más terminar de leerlo, le pidió que se lo entregara en persona al presidente Suárez, con el que concertó pocos días después una reunión. En ella Suárez autorizó a Armero a mantener la conexión, pero diciéndole que le transmitiera a Carrillo que por el momento no podía autorizar la concesión del pasaporte. El 8 de septiembre, Armero viajó de nuevo a París para entrevistarse con Carrillo, que le propuso al dirigente comunista del interior Jaime Ballesteros como intermediario propio, advirtiéndole a Armero que, pese a no disponer de pasaporte, seguiría entrando en España.

Dos meses después de su designación como presidente del Gobierno, Suárez ha conseguido establecer el diálogo con las fuerzas de oposición, creando en la ciudadanía el clima de que se avanza en la gobernación, al mismo tiempo que se dan los pasos necesarios para el restablecimiento de las libertades. Durante el verano se ha ido perfilando la Ley para la Reforma Política, que será el instrumento jurídico con el que se proyectará el paso a un régimen democrático, y que el Gobierno iba a aprobar en el Consejo de Ministros del 9 de septiembre.

Suárez habló con el Rey de los contactos establecidos con Santiago Carrillo y de sus conversaciones con los distintos líderes de los partidos políticos, a los que pensaba legalizar para que pudieran entrar en el juego democrático. El Rey y Suárez convinieron que había que tranquilizar a los militares, verdadero bastión de la desconfianza con que los sectores más conservadores contemplaban la evolución de la Reforma política.

Pero en el ánimo del presidente del Gobierno existía un dato que conoció a finales del mes de agosto. El general De Santiago pretendía convocar y presidir —en su condición de vicepresidente del Gobierno— una reunión de altos mandos militares para analizar la situación política. Suárez informó al Rey de las intenciones de su vicepresidente, y de común acuerdo decidieron que fuera Suárez quien se reuniera con los militares el 8 de septiembre, aprovechando una reunión ordinaria del Consejo Superior del Ejército, para hablarles con claridad, tratando de conseguir su disciplinada comprensión de cuanto estaba sucediendo [211].

De la suspicacia con la que los militares y los sectores de la derecha franquista recibieron la convocatoria son testimonio las conversaciones que en vísperas de esta celebraron el vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general De Santiago, y el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, con el ex ministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora. Este mantuvo con Pita da Veiga una reunión en la que el almirante le preguntó: «¿Qué querrá Suárez?», y Fernández de la Mora, siempre dispuesto a alentar la desconfianza militar, le contestó que —en su opinión— «Suárez los reunía para obtener de las Fuerzas Armadas la tácita o expresa aprobación a su propósito de desmantelar el Estado de las Leyes Fundamentales». «Aunque Pita da Veiga —explica Fernández de la Mora— era muy inteligente y no tenía nada de ingenuo..., se sorprendió ante mi crudo análisis... Le aclaré que conocía bien a Suárez y la liquidadora misión que había aceptado, y estaba seguro de que trataría de venderles su “estampita” al modo gitano.»

Pita da Veiga sugirió a Fernández de la Mora que hablase con el general De Santiago, encuentro que tuvo lugar en el despacho del vicepresidente, situado en el paseo de la Castellana, y según el testimonio de Fernández de la Mora, el militar le dijo que «si hay enfrentamiento [en la reunión] no me gustaría sacar a relucir los tanques», contestándole Fernández de la Mora: «Será suficiente que diga... No soy partidario. Con eso... Basta». Al término de la entrevista, De Santiago le manifestó con toda rotundidad: «Yo nunca traicionaré a los que cayeron», y de común acuerdo Fernández de la Mora preparó una nota para que el vicepresidente la llevara a la reunión del 8 de septiembre. En palabras de Fernández de la Mora, «la nota era favorable a la actualización y contraria a la demolición del Estado» [212].

Pero el vicepresidente del Gobierno también se entrevistó con José Antonio Girón de Velasco, e influido por este trató —tres días antes de la reunión— que esta se aplazara, sin conseguirlo, porque Suárez se opuso. Pese a ser una reunión ordinaria del Consejo Superior del Ejército, los medios de comunicación le concedieron gran trascendencia, y The Times publicó que «la reunión del día 8 puede llegar a ser de una importancia decisiva, pues su finalidad es asegurarse el apoyo para el plan de reforma constitucional» [213].

A las diez de la mañana del 8 de septiembre, y en la sede de la Presidencia del Gobierno, empezó la reunión del Consejo Superior del Ejército, en la que estuvieron presentes los tres ministros militares, Álvarez-Arenas (Ejército), Pita da Veiga (Marina), Franco Ibarnegaray (Aire) y el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, De Santiago; los jefes del Alto Estado Mayor de Tierra, Fernández Vallespín, Gutiérrez Mellado (Estado Mayor Central), de la Armada (Buhigas) y del Aire (Galarza), y los capitanes generales Vega Rodríguez, Teix, Lara, Prada Canillas, Merry Gordon, Coloma Gallegos, Gómez de Salazar, Suanzes, Campano y Valenzuela. También estuvieron presentes el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Villaescusa, y el director general de la Guardia Civil, Antonio Ibáñez Freire.

El general Sabino Fernández Campo, que en septiembre de 1976 ocupaba el cargo de subsecretario de Información y Turismo, recuerda que «el ambiente entre los militares era de expectación y recelo a la vez... Porque veían al presidente Suárez como un joven arriesgado y dispuesto a una liquidación del pasado y una transformación profunda de la situación, que por fuerza habrá de originar cierta inquietud a los aún vencedores de la guerra» [214].

El propio Sabino Fernández Campo evoca el testimonio de uno de los convocados: «Este muchacho nos va a oír». En el ambiente flotaba, además, el impacto que en los cuarteles había producido el acuerdo del Consejo de Ministros celebrado en La Coruña el 30 de julio, decretando la amnistía para los delitos de intencionalidad política y de opinión.

Adolfo Suárez tomó la palabra para explicar a los reunidos clara y sinceramente la situación política española y la necesidad de llevar a cabo una transición hacia la democracia, consolidando la Corona y utilizando como forma de gobierno el diálogo con las distintas fuerzas políticas y sociales. En palabras de Sabino Fernández Campo, «la reunión fue un éxito», y según le contó uno de los presentes «Suárez estuvo brillante y natural». La versión del general Gutiérrez Mellado es coincidente: «Suárez explicó en grandes líneas lo que se proponía hacer y se explayó en el análisis de la coyuntura política. Dos tenientes generales expusieron sus puntos de vista sobre la situación y el ministro del Ejército leyó unas cuartillas según lo acordado en una reunión del Consejo Superior del Ejército celebrada anteriormente. El ministro ofreció la colaboración del Consejo Superior y dio cuenta de las preocupaciones que todos teníamos» [215].

Y continúa el testimonio del general Gutiérrez Mellado: «Adolfo Suárez dijo que mientras el PCE mantuviera una actitud revolucionaria no sería legalizado», reconociendo sin embargo que «el PCE había mantenido una postura patriótica inteligente». Según el periodista Pepe Oneto, «Suárez dio por supuesto que las modificaciones introducidas en el Código Penal no autorizaban la legalización del PCE». La reunión duró hasta la una y media de la tarde y en su mayor parte fue Suárez quien hizo uso de la palabra, con tal convicción y seguridad que incluso al término de esta, mientras tomaban una copa, el teniente general Prado Canillas, que no era precisamente de los más liberales, exclamó: «¡Viva tu madre!».

Suárez salió muy satisfecho y eufórico de la reunión, porque creía haber explicado con claridad y rotundidad su proyecto, y porque confiaba haber encontrado en los altos mandos militares la colaboración y la comprensión necesarias para llevar a feliz término el programa de reformas y los plazos previstos en la Ley para la Reforma Política, que su Gobierno aprobaría al día siguiente, en Consejo de Ministros, sin que el teniente general De Santiago pusiera objeción alguna. Cuando despachó con el Rey le explicó el desarrollo de la reunión, relatándole que un general le había preguntado si legalizaría el Partido Comunista, a lo que había respondido que con los estatutos que en aquel momento tenía el partido era imposible.

Años después, Suárez recuerda: «No, no les engañé; me preguntaron si iba a legalizar al PCE y les aseguré que con los estatutos que en esos momentos tenía, de ninguna manera lo legalizaría. Y era verdad. No les dije más, es decir, no añadí que si el PCE modificaba sus estatutos, y dependiendo de cómo fuera esa modificación, entonces sí procedería su legalización» [216].

Para la historia queda la distinta interpretación que los asistentes dieron a la rotundidad de las palabras de Suárez sobre la imposibilidad de la legalización de los comunistas y a su referencia a los entonces ya vigentes estatutos del PCE. Suárez creyó haber puesto el énfasis en que «de momento» no se les podía legalizar, y los militares menos reacios a confiar en su palabra le recordarían meses después solo su negativa.

Para evitar interpretaciones maliciosas que pudieran herir la excesiva sensibilidad del estamento militar, los servicios informativos de la Presidencia del Gobierno matizaron en una nota, hecha pública al día siguiente, que «en ningún caso el presidente del Gobierno había tratado de obtener en la reunión del Consejo Superior del Ejército el visto bueno [a la Reforma política] que no competía conceder a las autoridades militares» [217].

Pero el testimonio de Fernández de la Mora acredita que, pese a no haber dado la cara, los militares menos proclives a la Reforma habían quedado tranquilizados en algunas de sus inquietudes. Escribe Fernández de la Mora que el día de la reunión tuvo que viajar a Barcelona, desde donde llamó al almirante Pita da Veiga, que le contó: «Nadie ha leído una nota, Suárez ha prometido que jamás se legalizará el comunismo. La partida ha quedado en tablas» [218].

Días después, el teniente general De Santiago visitó al director de la agencia Efe, Luis María Anson, al que expuso, con amargura, que «no solo no se había aprobado nada por parte del Ejército el día 8, sino que ni siquiera el presidente había informado sobre la situación y sus proyectos políticos». Según De Santiago, «la reunión duró tres horas y media y se había circunscrito a cuestiones ordinarias, y Suárez apenas les había dirigido la palabra para saludarles a su comienzo» [219].

Días después —el 22 de septiembre—, el teniente general De Santiago dimitió, con la íntima complacencia del presidente Adolfo Suárez, al plantearle objeciones al proyecto de Ley de Reforma Sindical. Según algunos testimonios, al presentarle la dimisión, el general amenazó a Suárez, diciéndole que la Historia de España estaba llena de golpes de Estado protagonizados por militares, y Suárez le replicó: «Yo te recuerdo que en España sigue vigente la pena de muerte» [220].

El 29 de septiembre el ministro del Interior mantuvo una reunión con los gobernadores civiles para darles instrucciones de cómo afrontar la situación política y fijar los criterios de tolerancia en materia de orden público ante la creciente actividad de los partidos políticos aún no legalizados, pero que mantenían diálogo con el Gobierno. Martín Villa fue claro en sus recomendaciones: «... en cuanto al PCE, no se tolerará bajo ningún concepto su actuación pública ni la del PSUC».

En estos días de otoño, el ministro del Interior ya sabe que Carrillo está en España, al menos de forma esporádica. En efecto, el 15 de octubre, el líder comunista visitó Barcelona, donde se entrevistó con Pedro Durán Farrell, que le dijo: «Suárez está valiente y decidido a pasar la reforma», mostrándose convencido de que «Suárez cuenta con el acuerdo con el PSOE y que tarde o temprano legalizará al PCE».

Este mismo día, el vicepresidente Alfonso Osorio volvió a entrevistarse con José Mario Armero, al que reiteró que mientras estuviera vigente el artículo 172 del Código Penal no se podía legalizar el PCE.

El 21 de octubre, Carrillo tomó la decisión de que su mujer y sus hijos se instalaran en Madrid, en concreto en un piso del número 12 de la calle Seco, en el barrio de Vallecas, y de que Jaime Ballesteros se entrevistara con Armero para tratar de obtener el pasaporte. El abogado le contó al dirigente comunista que Suárez había propuesto al coronel Andrés Cassinello como sustituto suyo —para ciertos casos—, y que las condiciones del Gobierno para que se le concediera el pasaporte eran: no debía haber un recibimiento masivo; debía aparecer en provincias, y no debía convocar rueda de prensa.

Pero las relaciones con los dirigentes comunistas habían entrado ya en una fluidez tal que el propio gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, había puesto vigilancia y escolta a uno de los más caracterizados miembros de su Comité Central, Simón Sánchez Montero [221], ante posibles desmanes de los ultras, de cara al 20-N.

Durante el mes de noviembre, Carrillo desplegó una agitada actividad, entrevistándose en Barcelona con Pujol y Roca; dos días después lo hizo con Joaquín Ruiz-Giménez y el 17 se encontró con Felipe González. Con Enrique Tierno Galván estuvo pocos días antes de que este visitara al presidente Suárez, al que negó que hubiera visto al dirigente comunista. También se entrevistó con el empresario Jesús de Polanco, que le confesó estar al corriente de «sus entrevistas» con Suárez y de que el intermediario entre ambos era Jaime Ballesteros. Por su parte, el dirigente comunista Armando López Salinas mantuvo una entrevista con el político socialdemócrata Antonio García López, que le pronosticó: «En enero, el PCE será legal y podrá presentarse a las elecciones».

El 18 de noviembre, El País publicó en portada que Carrillo estaba en Madrid, obligando a que el subsecretario del Interior, José Miguel Ortí Bordás, lo desmintiera sin gran convicción: «No sabemos nada sobre la estancia de Carrillo en España». Ni que decir tiene que la oficialización de la presencia del dirigente comunista en España cayó como una bomba en la opinión pública, que en estos días seguía con enorme interés el debate que en las Cortes se estaba celebrando para aprobar la Ley para la Reforma Política. Tres días después, en un auténtico reto a la vigilancia policial, el Comité Ejecutivo del PCE se reunió en un molino de la provincia de Guadalajara, y en un decidido intento de que las autoridades españolas supieran que se encontraba en España, Carrillo accedió a que las televisiones francesa y sueca filmaran sendos reportajes en los que se le veía circulando en coche por Madrid, sin peluca.

El Gobierno dio instrucciones a TVE para que comprara ambas grabaciones, y tras revisar su contenido dio una nota a la opinión pública en la que, en base a ciertos detalles —como las obras que se estaban realizando esos días en la fachada del Banco de España, y que no se contemplaban al paso del coche en el que iba Carrillo—, desmintió que este hubiera estado en Madrid en la fecha de la grabación.

Para cumplir con lealtad su papel de intermediario, José Mario Armero había alertado al Gobierno de que Carrillo iba a desvelar a través de los citados reportajes su presencia en España, permitiendo así que la policía conociera los planes del líder comunista, al que los ultras habían amenazado durante el 20-N al grito de «Carrillo, te haremos picadillo». También gritaron «Procuradores, sois traidores», «Franco, resucita, el pueblo te necesita», y «Adolfo, Kerenski», en un verdadero alarde de conocimiento de la historia política. Armero le contó a Carrillo que el Gobierno estaba preocupado porque a los actos del 20-N habían asistido muchos militares de la guarnición de Madrid vestidos de paisano.

El 27 de noviembre, Carrillo elevó unos centímetros más su presión sobre el Gobierno asistiendo a la cena celebrada en casa de José María de Areilza, en la que estuvieron presentes Felipe González, Enrique Tierno Galván y Joaquín Ruiz-Giménez, entre otros políticos de la oposición. Areilza relató a los asistentes la conversación que solo tres días antes había mantenido con el presidente del Gobierno, en la que Suárez le había confesado que «comprendía la necesidad de legalizar el PCE, pero que le preocupaba la opinión de los militares». Suárez también le había reconocido que el ministro de Defensa había realizado una encuesta en las guarniciones militares, donde ya un 35 por 100 de los encuestados se manifestaba partidario de la legalización. Joaquín Ruiz-Giménez también relató que había estado con el vicepresidente Osorio y que este le había reconocido que había que legalizar al PCE. Por último, el propio Areilza le contó a Carrillo que don Juan de Borbón le había dicho en un reciente encuentro que había que legalizar el PCE, extremo que confirmó Antonio de Senillosa, asimismo presente en la cena, y que había visitado a don Juan con motivo de su estancia en Barcelona [222].

Ante todas estas informaciones, Carrillo le sugirió a Areilza que hablara con Suárez para proponerle venir a otra cena con las mismas personas, reconociendo en su diario que «puesto que Suárez parece hombre decidido, es posible que acepte» [223]. En esta cena, Felipe González le desmintió a Carrillo que —como le había dicho Tierno Galván— no debía fiarse del PSOE y que él no fuera partidario de la legalización del PCE.

Obligado por las circunstancias y presionado por la opinión pública, que manifestaba su preocupación porque los comunistas camparan a sus anchas, el domingo 28 de noviembre el Gobierno detuvo a los dirigentes comunistas Jaime Ballesteros y Simón Sánchez Montero, ofreciendo a los ojos de la oposición su versión menos tolerante, dentro del clima de diálogo creado en los últimos meses. La mediación de José Mario Armero, al que Ballesteros llamó desde la cárcel, permitió que ambos dirigentes pasaran únicamente algunas horas en la Dirección General de Seguridad, no sin que Armero —al no localizar al presidente, que iba camino del aeropuerto de Barajas a recibir al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez— tuviera que llamar a Alfonso Osorio, que fue quien informó a Suárez de las detenciones. Desde el propio aeropuerto, el presidente llamó al gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, y al director general de Seguridad, para que la detención no excediera de los trámites más imprescindibles. En ningún caso quería Suárez que se frustrara su fluido diálogo con la oposición, con la que —descontado el resultado del referéndum— estaba negociando la legalización de todos los partidos y la convocatoria de las elecciones.

En los primeros días de diciembre se aceleraron los contactos para que el PCE estuviera representado en la Comisión de los Nueve, ofreciéndose Fernández Ordóñez como mediador ante Suárez, que le reiteró que él no podía negociar con el PCE. Según Ordóñez, los militares no se opondrían a la legalización del PCE si esta pasaba por las Cortes. Simón Sánchez Montero se opuso a que Ordóñez les representara en la Comisión de los Nueve. Por su parte, Armero le pidió a Jaime Ballesteros que no forzaran la situación, porque el Gobierno no estaba en una situación fácil, y le preguntó si Carrillo iba a hacer alguna aparición pública, y que si así fuera que avisaran media hora antes, para evitar su detención.

El lunes 6 de diciembre, Areilza se entrevistó con Simón Sánchez Montero y Manuel Azcárate, a los que contó su entrevista con el Rey, en la que le informó de la cena que había tenido lugar en su casa el domingo anterior. En palabras de Areilza, el Rey no se sorprendió de que hubiese estado Carrillo y, en su opinión, don Juan Carlos no quería que el PSOE y el PCE quedaran fuera del juego político.

Carrillo, ante tanta confusión y tanto mensaje contradictorio, decidió comprometer públicamente al Gobierno para obligarle a tomar una actitud clara y para evitar que un posible acuerdo entre Suárez y Felipe González dejara a los comunistas fuera de la legalidad, impidiéndoles presentarse a las elecciones. Su temor se había visto acrecentado por el generoso despliegue de apoyo que había recibido el congreso del PSOE, celebrado en Madrid en ese fin de semana, con la asistencia de los principales líderes europeos del socialismo, Willy Brandt, Olof Palme y François Mitterrand. A Carrillo le constaba, sin embargo, que en las audiencias que había tenido con Suárez y con el Rey, Willy Brandt había defendido la legalización del PCE.

Con todos estos datos sobre la mesa, el 8 de diciembre de 1976, en la reunión del Comité Ejecutivo del PCE, se decidió —a propuesta de Carrillo— convocar una rueda de prensa para el 10 de diciembre, que significara la presentación pública del partido y de su máximo dirigente.

La rueda de prensa tuvo lugar en el número 5 de la calle Alameda, de Madrid, y a ella asistieron cerca de setenta periodistas españoles y extranjeros, atraídos por el reto que Carrillo iba a plantear a las autoridades españolas. Junto al secretario general aparecieron Gregorio López Raimundo —que había sido detenido el 23 de octubre y luego puesto en libertad—, Ramón Tamames, Pilar Brabo, Manuel Azcárate y Jaime Ballesteros, entre otros. Tan pronto se supo la noticia por todo Madrid, el ministro del Interior habló —indignado— con los mandos policiales, exigiéndoles la máxima eficacia para detener a Santiago Carrillo. En la rueda de prensa, este comprometió la presencia del PCE en las próximas elecciones y la disposición de su partido para participar en el proceso político iniciado tras la designación del presidente Suárez. Carrillo también manifestó que, aunque su presencia pública iba a dejar en mal lugar a la policía, le resultaba absurdo seguir negando que se encontraba en España desde hacía varios meses.

Al Gobierno se le planteó un grave problema de credibilidad y de eficacia policial, pero no le dio tiempo a digerir la foto de Carrillo en la portada de todos los periódicos, porque al día siguiente, a primera hora de la mañana, el GRAPO secuestraba, en su despacho de la calle Alfonso XII, de Madrid, al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. En su editorial, ABC afirmaba: «Carrillo ha roto la baraja», denunciando la gravedad de que la policía no se hubiera enterado de la comparecencia del líder comunista. Para paliar este clamor popular, el subsecretario de Orden Público, Félix Hernández Gil, hizo unas declaraciones en las que afirmó que «para el Gobierno, la estancia de Carrillo en España sigue siendo ilegal y prohibida, y por ello no se le había concedido el pasaporte».

La situación se había agravado de tal manera que Suárez convocó una reunión en Presidencia con los dos vicepresidentes y seis ministros, estudiando la forma de contrarrestar policial y políticamente el reto planteado por Carrillo y el GRAPO. Rodolfo Martín Villa —cuya dimisión exigía El Alcázar en su editorial— convocó otra reunión con los altos mandos del orden público, responsabilizando al jefe de la Brigada Regional de Información, Francisco de Asís Pastor, de la detención de Carrillo. Este comisario dispuso un operativo policial que acentuaba la vigilancia de alguno de los más conocidos dirigentes del PCE, entre ellos de Pilar Brabo, y de un dirigente menos conocido, Julio Aristizábal, que sería el que finalmente les conduciría a la reunión en la que Carrillo sería detenido.

Con este panorama, el 15 de diciembre, España celebró el referéndum para la aprobación de la Ley para la Reforma Política, cuyo favorable resultado supuso un gran triunfo personal de Adolfo Suárez y de su Gobierno.

Para comprometer aún más la posición del Gobierno, el viernes 17 de diciembre, Diario 16 publicaba la noticia de la cena celebrada en casa de Areilza dos semanas antes, a la que había asistido Santiago Carrillo. El domingo siguiente, con Suárez ocupado en resolver el secuestro de Oriol, Areilza le planteó la necesidad de celebrar un encuentro secreto con Carrillo, oferta que, según este, «Suárez no respondió ni que sí ni que no», reconociendo el líder comunista que «tras el referéndum se ha abierto una nueva situación. Ya no estamos ante el franquismo, sino ante una monarquía todavía autoritaria que dice querer ir a la democracia».

El 22 de diciembre la labor de la Brigada Regional de Información dio sus frutos y, tras seguir durante varios días a algunos militantes comunistas, vieron que Julio Aristizábal se dirigía a una casa situada en el número 14 de la calle Jesús Ordóñez, cerca de la confluencia de López de Hoyos con General Mola. Francisco de Asís Pastor dispuso todo el operativo policial y varios coches camuflados se situaron en las inmediaciones del edificio. A las seis de la tarde vieron que salía Gregorio López Raimundo, y ya sus sospechas quedaron confirmadas. La reunión que se estaba celebrando era de altos dirigentes del Partido Comunista y entre ellos se encontraba su secretario general. Cuando Santiago Carrillo salió por el portal, su chófer, que se había percatado de la presencia policial, trató de avisarle con un gesto, pero tres funcionarios del Cuerpo General de Policía se acercaron a Carrillo, preguntándole: «¿Es usted Santiago Carrillo?». Este, provisto de su inseparable peluca, preguntó a su vez: «¿Y ustedes, quiénes son?». «¡Policía!», respondieron los agentes. Carrillo les pidió que mostraran sus placas y, tras comprobar que eran policías y no elementos incontrolados, les entregó la peluca, diciéndoles con gran sangre fría: «Ya no la necesito».

Los camaradas que presenciaron la detención de Carrillo avisaron a los demás dirigentes para que se escondieran, pero Jaime Ballesteros no consiguió localizar a José Mario Armero, que se encontraba en el aeropuerto de Barcelona.

Carrillo fue conducido en un coche policial a la Dirección General de Seguridad (DGS), donde, por instrucciones del comisario jefe de la Brigada Regional, se le hizo la ficha policial, tomándosele declaración. Horas después, Pastor optó por trasladarle a la comisaría de Centro, en la calle de la Luna, rogándole a Carrillo que se quitara las gafas, para evitar que en el trayecto fuera reconocido.

La noticia de la detención de Santiago Carrillo corrió como un reguero de pólvora por todo Madrid. El testimonio del periodista Federico Ysart nos permite conocer cuál fue la reacción del presidente Suárez cuando fue informado del acontecimiento: «¿Pero no os dais cuenta de que se ha hecho prender?» [224].

Suárez creía que Carrillo libre era un problema, pero que Carrillo detenido era otro mayor. Sin embargo, envuelto en la cadena de acontecimientos de gravísima trascendencia, se dispuso a afrontar el nuevo reto que le imponía su responsabilidad, convocando, a las ocho de la tarde, una reunión en Presidencia del Gobierno, a la que asistieron el general Gutiérrez Mellado y Alfonso Osorio. Según algunos testimonios, en un primer momento, y de acuerdo con Marcelino Oreja y con el Gobierno francés, el presidente se mostró partidario del extrañamiento, es decir, de llevar a Carrillo a la frontera española [225]. Osorio le llevó la contraria, alegando que el extrañamiento era imposible sin sentencia judicial previa, tesis que fue ratificada por el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, que, además, adujo que no se podía expulsar del país a un ciudadano español, y Carrillo —aunque no tuviera pasaporte— lo era. Rodolfo Martín Villa se incorporó poco después a la reunión y sostuvo que con las mismas leyes de Franco era posible la libertad de Carrillo, y tras estudiar las distintas alternativas, acordaron que el ministro del Interior diera instrucciones al director general de Seguridad para que transmitiera a Carrillo la propuesta del Gobierno. Mariano Nicolás, que acababa de relevar al anterior director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, habló con Francisco de Asís Pastor y este a su vez lo hizo con su ilustre detenido, al que algunos policías en la comisaría de la calle de la Luna habían importunado, preguntándole en tono irónico cuándo se había reunido con el Rey.

Para exigir la libertad de Carrillo se concentraron ante la DGS, en la Puerta del Sol, un grupo numeroso de comunistas, y al día siguiente dirigentes del PCE entregaron en el Ministerio de la Gobernación un escrito en el mismo sentido, firmado por intelectuales y artistas como Ángel Sopeña, Antonio Buero Vallejo, Ana Diosdado, Adolfo Marsillach, Pedro Laín, Aurora Bautista, Ana Belén, Juan Antonio Bardem, Manuel Vázquez Montalbán, José Hierro, Ignacio Fuejo, Alejandro Muñoz Alonso, Sebastián Auger y Victoria Vera. Esta delegación del PCE, que integraban Ramón Tamames, Ignacio Gallego, Lucio Lobato y Romero Marín, aprovechó para visitar a Carmen Díez de Rivera, pidiéndole que se ocupara de la seguridad de Santiago Carrillo. En un momento dado, Díez de Rivera salió de su despacho, encontrándose con Suárez en el pasillo, al que informó de a quién había recibido.

La propuesta del Gobierno era: ser expulsado de España o ser puesto a disposición del juez. Carrillo no dudó mucho la respuesta, optando inmediatamente por la segunda opción. Al escucharle, el comisario Pastor le dijo: «Acaba usted de legalizar su situación en España». A las tres de la mañana, Rodolfo Martín Villa llamó a Landelino Lavilla para informarle de que Carrillo había optado por ponerse a disposición del juez.

En previsión de algún incidente, el comisario Pastor volvió a trasladar a Carrillo a la Dirección General de Seguridad, donde pasó el resto de la noche charlando amistosamente con un grupo de jóvenes policías. Hacia las ocho de la mañana, otro grupo de funcionarios de la Brigada Social trató de vejar al secretario general del PCE, profiriéndole insultos e insinuaciones del tipo «y de Paracuellos, ¿qué?...». En un momento dado llegaron incluso a desnudarle. Ante el cariz que tomaron las cosas, en el Ministerio del Interior, de acuerdo con el de Justicia, decidieron el traslado de Carrillo al Hospital Penitenciario de Carabanchel, donde inmediatamente le visitaron Joaquín Ruiz-Giménez, que aceptó hacerse cargo de su defensa, y Gregorio Peces-Barba.

Al día siguiente, el juez se presentó en la cárcel para tomarle declaración, preguntándole de manera informal por Paracuellos del Jarama. Y cuando ya se disponía a pasar la noche de fin de año en prisión, la víspera le avisaron de que había llegado una orden del juez firmando su libertad. El Consejo de Ministros había acordado la unidad de jurisdicciones y Carrillo salió de la cárcel a las dos y cuarto de la tarde del 30 de diciembre, repartiendo entre los presos, ayudado por su colaboradora Belén Piniés, parte de la gigantesca mariscada encargada por Teodulfo Lagunero. Del resto dieron buena cuenta para celebrar la legalidad de su presencia en España.

Con Carrillo en libertad, pero con Oriol secuestrado, la Comisión de los Nueve, constituida a principios de diciembre, incorporó al líder comunista, que en su ausencia había sido sustituido por Simón Sánchez Montero. Pero Suárez se negó a seguir negociando si en la Comisión había un comunista, y acto seguido el PSOE anunció que si por esa razón se interrumpía la negociación, los socialistas hablarían directamente con el Gobierno.

Para evitar que se produjera la fractura de la oposición, Carrillo renunció a su presencia directa en la Comisión, tomando buena nota de la estrategia del PSOE, que veía ya cercana su legalización y que había llegado a un buen entendimiento con Suárez.

Pero, pocos días después, el GRAPO secuestró al general Villaescusa, que ocupaba la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, y la noche del mismo día 24 unos matones de la ultraderecha, vinculados a los sindicatos franquistas, asesinaron en el despacho laboralista de la calle Atocha a cinco abogados afiliados a CC.OO. Carrillo se dio cuenta entonces, con patético realismo, de las razones de Suárez y de su emisario Armero, cuando le aducían las tensiones que los comunistas y el propio Carrillo despertaban en los sectores más involucionistas e intransigentes del anterior Régimen; y ahí demostraron Carrillo y el PCE la disciplina y experiencia de su militancia, que tras muchas horas de negociación con el Gobierno y el Colegio de Abogados organizó un multitudinario entierro por el centro de Madrid sin que se produjera el menor incidente y sin que nadie se dejara llevar por un particular revanchismo. Como semanas después haría popular su eslogan electoral, se veía la fuerza del PCE. Y quien mejor lo vio fue el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien —pese a las tremendas tribulaciones de estos enloquecidos días de enero— adivinó llegado el momento de contar con el PCE como aliado estratégico, desde un punto de vista institucional, y como elemento de moderación del propio PSOE, que crecía demasiado deprisa sin templar alguna de sus viejas aspiraciones, como su confesado republicanismo.

Suárez habló de nuevo con el Rey, recordó los consejos que sobre la legalización del PCE había recibido de otros dirigentes en sus viajes a países extranjeros y en concreto de Jimmy Carter, el presidente estadounidense, que le sugirió legalizara al PCE después de las elecciones [226]. También Willy Brandt le había aconsejado que legalizara el PCE, así como el embajador francés en España, Jean-François Deniau. La duda de Suárez era si legalizar el PCE antes o después de las elecciones, pero en lo que ya no había vacilación alguna era en que, tal y como lo había anunciado el Rey en su Mensaje de la Coronación, la Monarquía tenía que ser de todos y para todos los españoles. Y, como todo el mundo admitía, nada mejor que la legalización para conocer la verdadera fuerza del PCE, al que no podía dejarse el monopolio ni la ventaja de ser la exclusiva oposición. Y por último, sin ser lo menos importante, Suárez se percató de que la participación del PCE en el proceso de Reforma y en las elecciones era imprescindible para darles credibilidad, valor al que, con fundamento, Suárez otorgaba gran trascendencia. Suárez no podía permitir que las primeras elecciones libres en España recibieran el boicot de la prensa internacional y de las potentes voces del comunismo planetario.

El 31 de enero, Santiago Carrillo se entrevistó con la jefe de gabinete de Adolfo Suárez, Carmen Díez de Rivera, que le hizo una completa descripción de la personalidad del presidente, tan ajustada que, según Carrillo, «la práctica me confirmó más tarde», y le dijo al líder comunista que Suárez estaba decidido a hacer el cambio democrático, a legalizar los partidos, a liberar a los presos, pero que estaba muy presionado por los involucionistas y por los que creían que corría demasiado deprisa, y que temía fracasar. Carmen le contó también que, en su opinión, el control del Gobierno sobre el Ejército era relativo y le habló en términos muy elogiosos del general Gutiérrez Mellado.

Con esta privilegiada información, Carrillo vio la oportunidad de forzar un encuentro con Suárez en cuanto fueron liberados —el 11 de febrero— Oriol y Villaescusa. Ese mismo día el PCE presentó en el Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio del Interior la documentación para obtener su inscripción legal, y al mismo tiempo solicitó la autorización para celebrar en Madrid, a primeros de marzo, una cumbre eurocomunista. Un portavoz del Ministerio de la Gobernación manifestó que «el Gobierno no ha autorizado la cumbre eurocomunista» y que «el PCE no tiene personalidad jurídica, porque el Gobierno ha suspendido la inscripción de sus estatutos en el Registro». En efecto, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, había informado al Gobierno de que la inscripción del PCE incurría en la ilicitud prevista en el Código Penal, y por ello, el 22 de febrero, el Ministerio de la Gobernación remitió a la Sala IV del Tribunal Supremo la solicitud de la inscripción del PCE y sus estatutos, para que fueran los jueces quienes dieran su opinión respecto a tan delicada materia. Al mismo tiempo, Martín Villa encargó un dictamen a la asesoría jurídica del Ministerio, que se manifestó contraria a la legalización.

Paralelamente, el 13 de febrero, Carmen Díez de Rivera volvió a encontrarse con Santiago Carrillo en casa de un amigo común, que les invitó a comer, y hablaron de la situación planteada por la inscripción de los estatutos, revelándole la jefe de gabinete de Suárez que no creía que permaneciera mucho tiempo en su cargo. Al día siguiente, Suárez recibió cumplida información del encuentro, y también de una encuesta que acreditaba que desde octubre los partidarios de la legalización habían pasado del 24 al 40 por 100. Suárez visitó al Rey para decirle que había llegado el momento de entrevistarse con Santiago Carrillo, y le pidió permiso [227]. Solo entonces el presidente del Gobierno llamó a José Mario Armero para pedirle que organizara un encuentro con Santiago Carrillo para el domingo 27 de febrero, informando de ello a Alfonso Osorio, que volvió a insistirle en que no legalizara el PCE hasta después de las elecciones. Osorio cuenta en sus memorias que «Suárez le reveló que había llegado la hora de señalarle a Santiago Carrillo las reglas de juego, añadiéndome que esta decisión no la conoce nadie del Gobierno y que me ruega la mayor reserva». Osorio, prudente y conservador siempre, le indicó que la entrevista era un paso excesivamente audaz y «que podía ser interpretado no como signo de reconciliación, sino de debilidad, máxime cuando el Partido Comunista no solo no está en la legalidad, sino sub judice ante el Tribunal Supremo».

Pero Osorio nos ofrece también el testimonio del verdadero propósito de Adolfo Suárez, cuando escribe: «Pero Adolfo Suárez está decidido a seguir adelante y dispuesto a no romper el compromiso porque cree que va a conseguir de Santiago Carrillo que este reconozca públicamente la Monarquía, la bandera roja y gualda y la unidad de España, las dos primeras cosas aún no aceptadas explícitamente por el Partido Socialista, colocándole a este en una situación difícil» [228].

Esta era la «maniobra audaz y eficacísima» de la que Suárez le habló a Osorio al terminar el Consejo de Ministros del viernes 25 de febrero.

Pero Osorio no sabía que Suárez también había contado su próximo encuentro con Carrillo a Torcuato Fernández-Miranda y a su amigo Fernando Abril. Rodolfo Martín Villa se enteró por el director general de Seguridad, Mariano Nicolás, que fue quien acompañó al presidente del Gobierno, junto con dos inspectores de policía, al encuentro con Carrillo. Para justificar su «escapada», Abril recuerda que acordaron decir que Suárez iba a las Fallas, a la proclamación de su hija Sonsoles, elegida fallera mayor infantil [229].

José Mario Armero organizó la entrevista en Villa Ana, su chalé de Pozuelo de Alarcón, en el Camino Viejo de Majadahonda, pidiéndole a Ana, su mujer, que a las cuatro de la tarde recogiera con su Seat 1600 Sport a Santiago Carrillo, mientras su mecánico —él no conducía— le llevaba a la Moncloa. Para prevenir su identificación, Suárez y Armero utilizaron un pequeño coche de escolta de la Presidencia, conducido por el propio Mariano Nicolás, hombre de la máxima confianza de Suárez, que dio vueltas y vueltas por Madrid y sus alrededores, para evitar que les siguieran. Cuando la mujer de Armero recogió a Carrillo, observó que un coche seguía sus pasos, confesándole el líder comunista que era su hijo, ante lo cual Ana se detuvo, obligándole a Carrillo a decirle que abandonara su propósito. Carrillo y Ana Armero llegaron primero a Villa Ana, y mientras ella preparaba café, Carrillo pudo apreciar algunos detalles de las aficiones de Armero, como el carromato utilizado en la película El Circo —una de las grandes pasiones del abogado— y regalo del productor Samuel Bronston [230].

Al poco rato llegó el coche del presidente del Gobierno. Nada más entrar en la casa, Suárez y Carrillo se estrecharon las manos y Suárez le dijo: «Es usted la persona que más interés tenía en conocer personalmente», respondiéndole Carrillo con una frase similar.

Eran las cinco de la tarde. Pronto, como empedernidos fumadores, sacaron sus respectivas cajetillas. Suárez, su habitual Fetén, y Carrillo, sus Peter Stuyvesant, negro y rubio, respectivamente. Según Carrillo, «Suárez se presentó cordial y simpático, como si fuéramos viejos amigos... Y la primera parte de la entrevista la dedicamos a la crisis económica, que los dos opinamos exigía un esfuerzo colectivo para hallarle solución». Carrillo elogió su papel en la transición y su vocación democrática, reconociéndole que había escuchado sus discursos por televisión desde su escondite de la calle Leizarán, y le contó que después de uno de sus discursos desde las Cortes le había comentado a Pilar Brabo: «Este hombre habla como cualquier político europeo, y por muy preparado que tuviera el discurso, si fuera un fascista no lo podría disimular». También le admitió que él conocía mucho a José María de Areilza y que, pese a ser un liberal, estaba convencido de que no hubiera sido capaz de hacer el cambio que él había llevado a cabo. Carrillo le reveló que confirmó su opinión cuando cesó al general De Santiago. «Ahí vi que, pese a los problemas que tenía, recuperaba usted la iniciativa y que tenía arrestos para imponer la autoridad, al mismo tiempo que mantenía la negociación con todas las fuerzas políticas» [231].

Por su parte, Suárez ha recordado que «cuando le vi tuve la percepción de que nos podíamos entender. Son esas sensaciones irracionales, pero escuchándole me di cuenta de que estaba ante una persona inteligente y dispuesta a sacrificarse para hacer posible que nuestro país tuviera una situación normal, igual al resto de Europa. Me dije a mí mismo: Carrillo y yo no somos tan antagonistas como algunos quisieran o como yo había creído que íbamos a ser. Nos vamos a entender» [232].

Suárez le explicó cuál era la situación política, deteniéndose en analizar su programa de reformas y el plazo en el que podrían llevarse a cabo, hasta las elecciones, que él preveía podrían ser antes del verano; inmediatamente después, Suárez abordó el tema de la posible legalización del Partido Comunista en estos términos: «Para empezar le pedí que aceptaran la bandera nacional, que guardaran la republicana y por supuesto que modificaran los estatutos del partido y que “olvidaran” cualquier referencia a hacer la revolución o a construir un Estado socialista».

Después de escuchar este primer argumento, Carrillo le dijo a Suárez que él tenía un problema: «si no legaliza el PCE pierde usted credibilidad democrática», y a continuación le razonó las ventajas de la legalización. «Si usted legaliza el PCE, reconoceremos el orden establecido, la Monarquía, la bandera roja y gualda, y se producirá la reconciliación nacional.» Con astucia y veteranía, Carrillo insistió en sus argumentos, añadiéndole constantemente que el PCE quería presentarse a las elecciones.

Retomó la palabra Suárez para decirle que para que él pudiera legalizar el PCE, Carrillo tenía que empezar ofreciendo pruebas de que cumpliría cuanto le había dicho. Carrillo replicó que tenía que ser al revés: lo primero era legalizar el PCE y, cuando estuviera legalizado, entonces él haría lo que le pedía. Suárez recuerda que «había un problema de confianza y era lógico que ninguno de los dos pudiéramos ceder fácilmente. Teníamos razones tanto él como yo para mantener el pulso hasta el final. Tengo que reconocer que fue capaz de entender que yo no podía dar el paso de la legalización si no ofrecía alguna contrapartida» [233].

En un momento dado de la conversación, Suárez le sugirió a Carrillo que los comunistas se presentaran a las elecciones como independientes, pero el líder comunista rechazó inmediatamente esta opción. Suárez también se mostró preocupado por la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, y por la inmediatez de la cumbre eurocomunista. Carrillo le insistió en que cumpliría lo acordado si él legalizaba el PCE, y remachó sus argumentos con una manifestación de respeto al Rey, con el que reconoció haberse equivocado.

Por fin, después de que Carrillo compartiera la preocupación del presidente por el terrorismo, tanto etarra como de extrema derecha, el secretario general del PCE le dijo a Suárez que de acuerdo. Suárez recuerda que Carrillo «le miró fijamente a los ojos mientras le advertía: “Pero usted tendrá que cumplir el suyo”» [234].

Eran las once de la noche: habían hablado durante más de seis horas y cada cual había confirmado la impresión que tenía del otro. Suárez le dijo a Carrillo que le tendría informado por José Mario Armero y que daría las instrucciones oportunas para que la cumbre eurocomunista pudiera celebrarse sin incidencias policiales. Se despidieron. Suárez, acompañado por Armero, volvió a la Moncloa; una vez en el palacio, llamó al Rey para contarle todos los detalles del encuentro secreto y confirmarle la seriedad y veteranía de Carrillo, que le había recordado las distintas escaramuzas anteriores con los emisarios reales. El Rey —según Charles Powell— «se mostró esperanzado», aunque le dijo a Suárez que, como le venía advirtiendo desde febrero, «si pensaba legalizar el PCE podría tener graves problemas con el Ejército y que no hiciera nada sin consultarle» [235].

Por su parte, la mujer de José Mario Armero acompañó a Carrillo a casa de un militante comunista, donde le esperaba Belén Piniés, quien posteriormente le llevó a la de Teodulfo Lagunero, que le esperaba a cenar con un diplomático rumano, para pedirle —en nombre de la diplomacia española— que aplazara la cumbre eurocomunista. Carrillo le dijo que llegaba tarde.

En el escaso mes que transcurrió entre la entrevista secreta con Carrillo y la legalización del PCE, Suárez tuvo que asumir casi en solitario su convencimiento interior de que la legalización era lo más conveniente para España, la Corona y también para el Gobierno. Sabía el coste personal que esa decisión podía suponerle y, pese a que ya en febrero alimentaba la secreta intención de presentarse a las elecciones, no dudó en buscar el momento adecuado para ello. En este tiempo se produjo la ruptura de su relación con Torcuato Fernández-Miranda, del que cada vez se sentía más distanciado, porque veía que el hasta entonces metódico y calculador presidente de las Cortes no seguía sus movimientos ni entendía la realidad de la gobernación diaria del país. Pese a que durante muchos meses, a lo largo del último invierno, había cenado los domingos por la noche con los Reyes y Fernández-Miranda y su esposa, Suárez percibía que un abismo se había abierto con su mentor. Quizá por eso, al día siguiente de su encuentro secreto con Carrillo, cuando ambos asistían en el monasterio de El Escorial al funeral por los Reyes de España, se le acercó discretamente y haciendo un aparte le contó que había estado con el líder comunista.

Suárez lo hizo allí, rodeado de gente, para que no le sermoneara y no tuviera que explicarle mucho más. «Se ahorraba así el hacerlo con tranquilidad y se ahorraba también, quizá según podía pensar el presidente del Gobierno, un sermón. Posiblemente con citas de Maquiavelo, Hegel y algún otro de menor entidad...» [236].

Con anterioridad al acto funerario, Suárez se reunió con varios ministros para estudiar la normativa electoral y dijo que se debía permitir la celebración de la cumbre eurocomunista. Osorio le hizo alguna objeción —como siempre—, pero Suárez le replicó que el Gobierno no podía impedir que Carrillo se entrevistara privadamente con Georges Marchais o con Enrico Berlinguer. Según Osorio, Suárez no le dijo nada de la reunión secreta con Carrillo, y según Martín Villa —siempre disciplinado— la decisión de Suárez significaba que «ya solo quedaba la legalización del PCE», resaltando que «todas estas actuaciones tolerantes fortalecían la posición del Ministerio de la Gobernación» [237].

La inmediata consecuencia de la conversación de Suárez con Carrillo fue que el PCE presentó un recurso ante el Ministerio de la Gobernación, precisando que en sus estatutos figuraban, entre sus fines: «La contribución democrática a la determinación de la vida española con objeto de conseguir la plena democratización del sistema político...».

La cumbre eurocomunista se celebró los días 2 y 3 de marzo, en el Hotel Meliá-Castilla, y mientras la Sala IV del Supremo deliberaba, el 7 de marzo, el ministro Martín Villa asistió a una cena en la casa del catedrático Sebastián Martín Retortillo, en la que también estaban presentes el ministro de Educación, Aurelio Menéndez, y el magistrado del Tribunal Supremo Jerónimo Arozamena. Este, al ver tan preocupado a Martín Villa por si el Supremo se inhibía devolviéndole al Gobierno la responsabilidad de legalizar al PCE, improvisó un dictamen, en el que en ese caso se podía recurrir a la vía del Ministerio Fiscal. Rodolfo vio el cielo abierto y, después de pedirle al magistrado si estaba dispuesto a asesorarle, habló con el presidente, que le escuchó con mucha atención, pidiéndole que hablara con el ministro de Justicia. Landelino Lavilla le corroboró que él había llegado a la misma conclusión. El problema era —en opinión de ambos— saber si el PCE era ilícito penalmente. Por si acaso, el 24 de marzo, el ministro de Justicia propuso que el magistrado Juan Becerril ocupara la presidencia de la Sala IV del Supremo, confiando que su criterio podría reflejar la voluntad gubernamental e influir en sus compañeros. Pero el 29 de marzo el Pleno del Tribunal Supremo denegó el plácet a la propuesta del Gobierno por 23 contra 19 votos. La situación era de extrema gravedad y Suárez estaba ya dispuesto a legalizar al PCE, ante la actitud del Supremo, ya que todo hacía suponer iba a devolver al Gobierno la responsabilidad de legalizar a los comunistas.

Y así fue. El viernes 1 de abril la Sala IV del Tribunal Supremo se declaró incompetente sobre la legalización del PCE. Correspondía al Gobierno asumir esa decisión. El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, presentó su dimisión, que Suárez no aceptó [238]. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver la incompetencia judicial? La primera reacción del presidente Suárez fue convocar una reunión el lunes 4 de abril con los ministros políticos; de ellos, solo Osorio se pronunció partidario de actuar con prudencia, por temor —así lo dijo— a la reacción de las Fuerzas Armadas. Suárez planteó que había que legalizar al PCE y le apoyaron el general Gutiérrez Mellado, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla y el ministro-secretario general del Movimiento, Ignacio García López. En su testimonio escrito, Osorio reconoce con ironía que «García López y Lavilla otorgaron con su silencio» [239].

Los reunidos acordaron que el ministro de la Gobernación solicitara un dictamen al Ministerio Fiscal sobre la presunta ilicitud del PCE, y que el general Gutiérrez Mellado hablara con los altos mandos militares para advertirles de la posibilidad de que el Gobierno legalizara al Partido Comunista. En un momento dado de la reunión, el general Gutiérrez Mellado le dijo a Osorio que no se preocupara tanto por el Ejército, que ese era su tema, y que podía estar tranquilo. Osorio les dice a todos: «¡Cuidado, que nos jugamos la Corona!».

Previamente, y durante meses, el Rey había utilizado las audiencias militares para conocer su posible actitud ante la legalización del PCE. Y, por su parte, Suárez había sondeado a los tres ministros militares. Pita da Veiga le previno que la legalización sentaría muy mal en la Marina; Álvarez-Arenas le dijo que estaba preocupado por la reacción del Ejército, y, por el contrario, Franco Ibarnegaray le tranquilizó respecto a la reacción de la Fuerza Aérea [240].

Mientras esperaba el dictamen, Suárez habló con José Mario Armero para que advirtiera a Carrillo de la decisión del Gobierno, pidiéndole que transmitiera a sus bases tranquilidad y que evitaran las manifestaciones de júbilo en las calles, porque le preocupaba mucho que un desbordamiento popular causara graves problemas de orden público. Aunque Suárez no especificó cuándo podía producirse la legalización, Carrillo le pidió —a través de Armero— que no fuera en Semana Santa, y la prueba de que nadie esperaba que la legalización se produjera en los días inmediatos fue que Carrillo se fue de vacaciones a la Costa Azul.

Pero lo cierto es que al término de la reunión de la tarde del lunes 4 de abril, Suárez habló con Osorio y con Rodolfo Martín Villa y les dijo: «Hay que legalizar al PCE inmediatamente, para evitar presiones y campañas de opinión», y llevado de un último sentido de la trascendencia histórica, habló con los Reyes para decirles que se fueran a Francia tranquilos, pensando —como declaró años después— que si iba a haber un golpe militar, era mejor que estuvieran fuera [241].

Al día siguiente, martes 5 de abril, Suárez recibió en su despacho a Leopoldo Calvo-Sotelo, que respaldó su decisión de legalizar el Partido Comunista, elogiando su valentía. Suárez aprovechó para lamentarse de la actitud de Osorio, y Calvo-Sotelo se ofreció para hablar con él, cosa que hizo antes de salir para Ribadeo de vacaciones. Osorio cuenta que «Calvo-Sotelo apareció de improviso», para decirle que Suárez estaba preocupado por sus reticencias y que él no albergaba inquietud por la forma de la legalización. Por la tarde, Enrique de la Mata haría la misma gestión. Después, Osorio habló con Suárez, que le contó que Gutiérrez Mellado había hecho una ronda de conversaciones con los ministros militares y con los distintos jefes del Estado Mayor. Osorio le reprochó que no fuera él quien informara a los militares y que no era lo mismo legalizar el PCE con el respaldo del Tribunal Supremo que sin él, replicándole Suárez que él ya se había reunido con los capitanes generales, y que se fuera de vacaciones. «Yo procederé —añadió— de la forma que considere más correcta, y tal vez cuando el Rey, tú y la gente volváis de Semana Santa, os encontréis con este problema resuelto.» Osorio le preguntó cuál era la opinión del Rey, y Suárez le dijo: «Mira, Alfonso, puesto que me lo preguntas y como nadie puede dudar de tu lealtad al Rey, te contesto: está de acuerdo, porque cree que no hay otra solución» [242].

La mañana del miércoles, antes de irse de vacaciones a Málaga, Osorio llamó otra vez a Suárez para pedirle que no legalizara el PCE sin un dictamen, sin hablar antes con el Ejército y convocar al Consejo de Ministros. Con firmeza, Suárez le insistió en que era un tema de su exclusiva responsabilidad y no del Consejo de Ministros.

El miércoles, el subsecretario de la Gobernación mandó un oficio al director general de lo Contencioso con la sentencia de la Sala IV, para que emitiera un informe «sobre las medidas jurídico-procesales a adoptar», y simultáneamente el magistrado Jerónimo Arozamena preparó un escrito de dos folios favorable a la legalización, de la Dirección General de Política Interior, pidiendo al Ministerio Fiscal que «si no apreciaba indicios favorables de ilicitud, alce la suspensión de la inscripción del Partido Comunista».

La respuesta de la Dirección General de lo Contencioso se plasmó en un escrito de seis folios, en el que confirmaba que procedía dirigirse al Ministerio Fiscal.

El fiscal del Tribunal Supremo que debía resolver el asunto, Eleuterio González Zapatero, estaba de vacaciones en Salamanca, pero el Ministerio de Justicia le hizo volver y, después de analizar todos los informes, convocó la Junta de Fiscales para el sábado 9 de abril.

El jueves 7 de abril, Rodolfo Martín Villa se marchó con su mujer a la casa que el ministro de Comercio, José Lladó, tenía en la provincia de Badajoz. Por su parte, José Mario Armero llamó a Cannes, a casa de Teodulfo Lagunero, para decirle a Carrillo que estuviera preparado, porque la legalización del «partido» era inminente.

Después, Armero se fue a descansar a Almería. En Madrid se quedaron solo Adolfo Suárez y su leal Gutiérrez Mellado, que aprovecharon la tranquilidad del palacio de la Moncloa para jugar a las cartas y descansar. Habían pasado unos días de tremenda tensión, en la que Suárez había tenido que asumir en solitario una de las decisiones más trascendentales de la moderna historia de España. Ese mismo día se desmontó el yugo y las flechas que desde hacía tantos años adornaban la fachada de la sede de la Secretaría General del Movimiento, en Alcalá, 44. Solo los madrileños más observadores apreciaron la desaparición del histórico símbolo de la Falange, llevada a cabo con las primeras sombras de la noche.

El sábado 9 de abril, y tras una intensa deliberación, la Junta de Fiscales emitió su informe, que envió al Ministerio de la Gobernación. Cuando Rodolfo Martín Villa llegó a su despacho, lo encontró encima de su mesa, y con evidente inquietud leyó su contenido, deteniéndose en el párrafo que decía: «... No se desprende del informe que se le ha remitido ningún dato que incrimine al PCE en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define el artículo 172 del Código Penal». Llamó al presidente Suárez, que recibió la noticia con enorme alivio, y convocó a Jerónimo Arozamena y a Rafael Mendizábal para que prepararan la resolución del Ministerio de la Gobernación que instrumentara el soporte jurídico que permitiera levantar la suspensión de la inscripción registral solicitada por el PCE. La resolución decía en su párrafo más importante: «... Por todo lo cual este Ministerio, en cumplimiento de la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de primero de abril de 1977 y a la vista del dictamen del fiscal del Reino, ha tenido a bien disponer que se deje sin efecto la suspensión de la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas de la denominada Partido Comunista de España (PCE), suspensión acordada con fecha 22 de febrero del corriente año, y que se proceda a la inscripción en el referido Registro de la citada Asociación» [243].

Inmediatamente, Martín Villa llamó a los gobernadores civiles y a los directores de los periódicos, para explicarles el significado de la decisión del Gobierno, mientras que Suárez se puso en contacto con José Mario Armero para que avisara a Carrillo, pidiéndole alegría moderada y que no incurriera en provocación alguna. Cuando Carrillo recibió la noticia, su amigo Teodulfo Lagunero le dijo: «Santiago, la guerra ha terminado». Armero volvió a hablar con Carrillo para insistirle en que extremara su prudencia y para que hiciera unas declaraciones a la agencia Europa Press, en las que dejara bien claro que Suárez era anticomunista y que no le halagara excesivamente.

Por la tarde, Rodolfo Martín Villa recibió al subsecretario de Información y Turismo, Sabino Fernández Campo, para pedirle que se ocupara de dar la noticia del reconocimiento del PCE. «Mi sorpresa fue grande —ha relatado Fernández Campo—. El hecho de haber estado destinado en la Secretaría de seis ministros del Ejército durante veinte años había dado lugar a que continuara manteniendo el contacto de amigos y compañeros militares con los que cambiaba frecuentemente impresiones en aquellos momentos delicados de la transición. Ellos me habían proporcionado copias de las cartas, escritos y circulares que se habían cursado después de la importante reunión [se refiere a la del 8 de septiembre de 1976]. De esos documentos se deducía claramente la certeza de que aquel reconocimiento no iba a tener lugar. Por eso, me permití preguntar a Martín Villa: ¿y los militares?, ¿se les ha dicho que cambiaron los planes y las promesas?».

Fernández Campo insistió: «Si no se le ha dicho a la cúpula militar, ¿será procedente que se enteren por los medios de comunicación? ¿No es grave que llegue a su conocimiento como un hecho consumado?». Y cuenta Sabino Fernández Campo que, después de una breve duda, Rodolfo Martín Villa salió del despacho, volviendo al poco rato, y diciéndole: «Ese tema ya está solucionado» [244].

Esa noche, en el boletín informativo de Radio Nacional, el periodista Alejo V. García tartamudeó al leer el teletipo de la agencia Europa Press que, citando fuentes del Ministerio de la Gobernación, informaba de que el PCE había sido legalizado.

El dirigente comunista Ramón Tamames, que se encontraba descansando en la sierra de Madrid, no salió de su asombro cuando, a media tarde del sábado, se presentaba un policía para entregarle en mano un sobre del Ministerio del Interior con los papeles de la legalización, al ser él el primer firmante de la solicitud de inscripción en el Ministerio de la Gobernación.

Las reacciones por la legalización del PCE fueron tremendas, y alguna de ellas volvió a poner en «cuarentena» el proceso democrático español, que se vio amenazado por la incomprensión y acusado de que se había ido «demasiado lejos». Con la perspectiva del tiempo y los testimonios de quienes vivieron aquellos días, puede afirmarse que quizá Suárez y el general Gutiérrez Mellado pudieron haber sido más convincentes y más transparentes en sus conversaciones previas con los altos mandos militares. En la revisión de algunas actitudes de aquellos momentos se aprecian ciertos «malentendidos», y hasta el propio general Gutiérrez Mellado ha reconocido que cuando llamó al ministro de Marina, de acuerdo con las instrucciones de Suárez, para hablarle de la posible e inminente legalización del PCE si el informe de los fiscales era positivo, Pita da Veiga le preguntó: «¿Qué informe?». De la misma forma, el episodio antes descrito entre Martín Villa y Sabino Fernández Campo evidenció que el ministro tuvo que consultar —o con Suárez o con Gutiérrez Mellado— si ya se había advertido o informado a los militares. Tampoco parece lógico —según el propio testimonio de Gutiérrez Mellado— que cuando este llamó a los mandos militares para explicarles que el Gobierno estaba pendiente del informe de los fiscales les dijera que «cualquier ampliación sobre el asunto la proporcionará directamente el presidente» [245].

La misma noche del sábado 9 de abril, el ministro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo, fue testigo de la reacción de Manuel Fraga, que en el compartimento del tren Ribadeo-Madrid le dijo literalmente: «Habéis contraído una gravísima responsabilidad legalizando el PCE. La Historia os pasará factura»; y añadió, con su rotundidad habitual: «Habéis hecho retroceder cuarenta años la Historia de España».

El domingo, Suárez recibió la carta de dimisión del almirante Pita da Veiga, en la que se lamentaba de que no se le hubiera comunicado la decisión a tiempo y anunciándole que todos los altos mandos de la Marina se habían comprometido a no aceptar su sustitución.

Martín Villa sostiene que, además de por la legalización del PCE, el almirante Pita da Veiga estaba molesto por el nombramiento del general Gutiérrez Mellado como vicepresidente, ya que él aspiraba al puesto.

Aunque se comentó entonces que el ministro de Marina había retirado su dimisión, a petición del Rey, hoy se sabe que no fue cierto, y que tampoco recibió presiones de sus generales, ni que el jefe del Estado Mayor le pidiera permiso para convocar al Consejo Superior.

El Rey convenció al ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas, apelando a su patriotismo, para que no imitara a Pita da Veiga; cuando Suárez habló con Osorio le dijo que el ministro del Aire estaba tranquilo y que Álvarez-Arenas estaba disgustado, pero disciplinado[246].

El clima político era de grave crisis, pero el malestar no se redujo solamente al ámbito militar, donde la indignación llegó al paroxismo. También en el propio seno del Gobierno hubo ministros «civiles» dispuestos a dimitir en protesta por no haber sido informados de la legalización, pero —según Charles Powell— «Osorio les disuadió». Entre ellos, Eduardo Carriles, al que Osorio le aseguró que se iría con él después de las elecciones.

Los periódicos hicieron de la noticia de la legalización distintas valoraciones, siendo El Alcázar el más virulento. En su editorial, titulado «Gol», se decía: «Frente a la amenaza comunista el pueblo español ya sabe dónde está cada uno. Quién es el amigo y quién el enemigo» y «Ante las Cortes, casi con lágrimas en los ojos se aseguró que con la ley propuesta [la de Asociaciones] el Partido Comunista no podría ser legalizado nunca...». Llevado de su intransigencia, el órgano de propaganda de las más recalcitrantes actitudes del franquismo sentenciaba: «... Si era una decisión tomada, fruto o no de un pacto, más valía haber dado la cara desde el principio y tener la gallardía de proclamar ante el pueblo español que un Gobierno, cuya existencia se debe a una victoria sobre el comunismo, legalizaba la hoz y el martillo el mismo día que quitaba el yugo y las flechas del edificio de la calle de Alcalá, bajo cuya sombra hicieron su carrera relevantes miembros del Gobierno».

Por su parte, el periodista Ismael Medina afirmaba en El Alcázar: «Por lo visto el presidente del Gobierno y el ministro de la Gobernación no tenían cosa más limpia y hermosa de qué ocuparse durante el Viernes Santo que de otorgar respaldo legal al más grande y brutal enemigo que han tenido la España moderna, la Iglesia católica y cualesquiera opciones dignas de libertad».

Por su parte, ABC ofrecía en portada la noticia de la legalización del PCE con una foto de varios comunistas celebrando el acontecimiento, con este pie: «Carrillo y los suyos eufóricos... ¿y el resto de España?». En su editorial, titulado «Las razones de nuestra discrepancia», se aducía: «Sin ningún afán de dramatizar, entendemos que esta es una gravísima decisión y un error de nuestros gobernantes, del que solo deseamos que no tengan que arrepentirse los hombres que han tomado sobre sí tamaña responsabilidad».

También en ABC, José María Ruiz Gallardón ironizaba sobre el significado de la resolución ministerial, diciendo: «... ¡Naturalmente que de los Estatutos no se desprende ninguna ilicitud! Pueden estar seguros que servirían para una fundación benéfico-docente».

En cambio, El País, en sintonía con su tiempo, defendía la legalización con inteligencia al escribir en su editorial: «Esta es una buena noticia, sobre todo para los no comunistas, porque contribuirá a clarificar el ambiente político y a normalizar la situación cara a las elecciones, que podrán celebrarse en un clima de pluralismo real». También en El País se reproducían las declaraciones que Santiago Carrillo hizo en París al enterarse de la legalización y en las que, de acuerdo con lo que le había pedido Armero, afirmaba: «Yo no creo que el presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Lo considero un anticomunista inteligente, que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represalias de ilegalidades, ya que está dispuesto a enfrentar las nuestras con las suyas».

Durante todo el lunes, Suárez trató de contener la avalancha de críticas que en los sectores más reaccionarios había producido la legalización y el aluvión de anuncios de dimisión entre los altos mandos militares. Aceptó la que le había presentado Pita da Veiga y habló con Osorio —que le encontró nerviosísimo— para pedirle que hablara con los ministros descontentos y que fuera pensando en posibles sustitutos. También habló con el Rey para analizar juntos la situación creada y buscar un nuevo ministro de Marina. En un principio, el Rey ofreció la cartera al almirante González López, que había permanecido durante diez años en su Cuarto Militar, pero este se hizo de rogar e insistió en consultar con sus compañeros[247]. Entonces, Suárez propuso el nombre de Pascual Pery Junquera a sugerencia de Gutiérrez Mellado. Alfonso Osorio le dijo que conocía al almirante, pero cuando Suárez le pidió que le llamara para sondearle, Osorio le respondió: «No, Adolfo, lo siento; no puedo, eso es pedirme demasiado».

Pery Junquera ha recordado recientemente que la costumbre en la Armada, cuando había una crisis ministerial, era que fuera designado para ocupar la cartera de Marina el almirante que desempeñara en ese momento la jefatura del Estado Mayor de la Armada, que entonces era el almirante Buhigas. Pero —añade Pery Junquera— «en los días en que se estaba considerando por el Gobierno la posible legalización del PCE, en dos ocasiones distintas fue visto Buhigas, en una cafetería de Madrid, en compañía de Ramón Tamames», y aunque Buhigas alegó que se trataba de entrevistas sin trascendencia, ello motivó que Suárez «no lo considerase el más indicado», y por ello ni se le ofreció el cargo [248].

La noticia de la dimisión de Pita da Veiga se conoció el martes 12 de abril, y ante la gravedad del hecho y del enrarecido ambiente que se respiraba en las instalaciones militares, el ministro del Ejército —de acuerdo con el Rey y con el presidente del Gobierno— convocó al Consejo Superior del Ejército para la tarde del propio martes. Esa tarde —según publicó El País— varias decenas de coches salieron de la sede de Fuerza Nueva con automóviles portando la bandera nacional, e incluso una representación de ellos pretendió llegar hasta la residencia del Rey.

La reunión del más alto órgano militar duró varias horas y estuvo presidida por el teniente general Vega Rodríguez, que había sido nombrado jefe del Estado Mayor el pasado 13 de enero de 1977, por ausencia del ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas, aquejado de gripe.

Suárez llamó al general Gutiérrez Mellado, que se encontraba en Canarias, pidiéndole que regresara inmediatamente y que hablara con los otros dos ministros militares. Gutiérrez Mellado le informó después de que ambos le habían confirmado que seguían en su puesto.

Los mismos militares que ocho meses antes habían escuchado de labios del presidente Suárez sus «equívocas» palabras sobre la legalización del PCE y sus proyectos de democratización, se manifestaron con gran dureza contra él y el teniente general Gutiérrez Mellado, a los que reprocharon haber faltado a lo que creían era una promesa y haber cedido a la presión comunista. Durante más de cinco horas —incluida la cena—, los once capitanes generales, los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos, el director de la Guardia Civil y el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar se enfrentaron al hecho consumado. En palabras del propio Gutiérrez Mellado, la reunión fue «tormentosa»; «borrascosa», según el testimonio de Alfonso Osorio, al que Alfonso Armada —con el que ya ha establecido una sólida relación— ha relatado los entresijos de cuanto ocurrió en el interior de la sala del Ministerio, y entre los que se descartó la dimisión del ministro del Ejército.

Como resultado del debate interno, el Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que hizo constar los puntos respecto a los cuales había habido acuerdo:

1. Todo el Consejo Superior del Ejército no ve con buenos ojos la legalización del Partido Comunista y expresa por tanto cierta repulsa ante tal legalización.

2. Ante el hecho consumado de la legalización del PCE, por patriotismo y considerándolo como un deber de servicio a la Patria, lo aceptan.

3. El Consejo Superior del Ejército estima que el Gobierno debe ser informado de que el Ejército está indisolublemente unido en la defensa de la unidad de la Patria, de la bandera nacional, de la permanencia de la Corona y del buen nombre y disciplina del Ejército.

La nota fue redactada inicialmente en términos mucho más duros, pero gracias a la intervención de Vega Rodríguez y de Ibáñez Freire se consiguió suavizarla. Gutiérrez Mellado ha negado que él participara en esta disminución de la dureza, aclarando que la nota la redactaron «ellos» —en nítida alusión a la distancia que le separaba de los contrarios a la legalización y en general al proceso democrático—, y precisando que lo que ocurrió es que un primer comunicado —durísimo, en su opinión— fue distribuido entre la oficialidad, con la connivencia de la secretaría del ministro del Ejército, donde trabajaba el coronel Quintero, y le pusieron el membrete del Ministerio para avalarlo [249].

Uno de los miles de ejemplares que se imprimieron de ese comunicado llegó, por conducto del propio Consejo, a manos de Su Majestad, que así pudo leer que en él se le advertía que su prestigio entre la oficialidad había sufrido un duro revés. En la difusión del comunicado colaboraron algunos militares pertenecientes al Servicio de Inteligencia [250].

El miércoles 13 de abril, a la una y media de la tarde, Gutiérrez Mellado llamaba al almirante Pery Junquera —que se encontraba en la situación de reserva— para ofrecerle la cartera de Marina. Pery ha confirmado que se entrevistó con el presidente Suárez a las nueve y media de la noche de ese día, y que aceptó «sin reserva de ningún tipo porque llegó a la convicción de que era un deber que como militar debía prestar en aquellos momentos a la Armada y a la Corona» [251].

El Alcázar —uno de cuyos articulistas bautizó a Suárez como «el nuevo Judas»— valoró la nota del Consejo Superior como «Advertencia al Gobierno», publicando en portada el comunicado que había sido distribuido clandestinamente y que contenía dos afirmaciones tan amenazadoras como estas: «... el Ejército manifiesta su disgusto ante el deterioro del Rey por culpa del Gobierno. Considera inadmisible que por un error administrativo no se informe al ministro del Ejército con tiempo suficiente una decisión trascendental del Gobierno del que forma parte...». «... Y, por último, el Ejército está dispuesto a resolver los problemas por otros medios si fuera preciso» [252].

Estaba tan clara la advertencia al Gobierno, que Suárez, indignado por la publicación de esas líneas, ordenó al ministro de Información y Turismo, Andrés Reguera Guajardo, que exigiera al ministro del Ejército la redacción de una nota que desmintiera los dos párrafos anteriormente citados y publicados por El Alcázar. El desmentido —que El Alcázar publicó en portada el viernes 15 de abril— decía textualmente:

Ante la diversidad de informaciones aparecidas en la prensa nacional, el Gabinete de Prensa y Relaciones Públicas de la Secretaría Militar y Técnica del Ministerio del Ejército comunica:

El Consejo Superior del Ejército, en su reunión del día 12 del corriente, acordó por unanimidad informar al señor ministro de los siguientes extremos, según el acta levantada al efecto:

— La legalización del PCE ha producido una repulsa general en todas las unidades del Ejército.

— No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado.

— El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las Instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas.

Para «acompañar» este desmentido del comunicado anterior, El Alcázar publicaba en portada: «Disturbios en toda España», relatando una serie de incidentes ocurridos con motivo —según el periódico— de la conmemoración del 14 de abril de 1931, proclamación de la Segunda República Española. Los titulares de los artículos de opinión del periódico evidenciaron la extrema dureza con la que las fuerzas más reaccionarias habían recibido la legalización del PCE: «Amnistía al vencedor», «Paracuellos no es legalizable», «Queridos traidores», son solo un mínimo ejemplo de lo que el órgano de la Confederación de Ex Combatientes estaba dispuesto a luchar para la pervivencia de una idea de España, y que no cesaría hasta la organización, cuatro años después, del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La legalización del PCE trajo también otras dimisiones de menor trascendencia, como fueron las de los procuradores en Cortes el escritor Torcuato Luca de Tena y el teniente general Valera Paniagua; la del subsecretario de la Marina Mercante, almirante Enrique Amador Franco; la del director general de Navegación, Luis Mayans, y la del gobernador civil de Palencia, José María Rabanera.

Por su parte, Manuel Fraga Iribarne hizo unas declaraciones que una vez más acreditaron su ingenua obsesión por granjearse el fervor de los simpatizantes y seguidores de José Antonio Girón de Velasco, al opinar que «la legalización del PCE era un grave error político y una farsa jurídica», añadiendo que «puede afirmarse que es un verdadero golpe de Estado, que ha transformado la reforma en ruptura, y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad» [253].

En línea con esta declaración, Alianza Popular redactó un escrito, cuyo primer firmante fue Gonzalo Fernández de la Mora, solicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario de las Cortes en el que el Gobierno explicara las razones por las que había legalizado el Partido Comunista, cuando —en su opinión— el hecho no se ajustaba ni a la ley sobre el derecho de Asociación Política, ni a la Reforma del Código Penal. Para que la petición hubiera prosperado se necesitaba la firma de cien procuradores, pero desde la presidencia de las Cortes Torcuato Fernández-Miranda bloqueó la iniciativa, en el que sería su último acto de servicio antes de presentar su dimisión.

Cuando Carrillo supo que el Gobierno de Adolfo Suárez había legalizado el Partido Comunista hizo unas declaraciones a Feliciano Fidalgo, corresponsal de El País en París, en las que afirmó que «Suárez era un personaje contradictorio. Mucha gente pensó que representaba un paso atrás respecto al Gobierno anterior, a causa de su trayectoria política franquista; sin embargo, es de los pocos políticos del Régimen que han asimilado el lenguaje democrático y algunos de los componentes esenciales de la transición hacia la democracia»; y añadió: «Suárez comprendió que había que legalizar al PCE, a pesar de ser ideológicamente anticomunista, porque vio claro que sin el PCE no había posibilidad de cambio con un mínimo de credibilidad democrática...».

El lunes 11 de abril se dispuso a viajar en avión a Madrid, pese a que en París un representante de la compañía Iberia le aconsejara que lo hiciera a Barcelona, porque en Madrid le esperaban para «matarle». Carrillo rechazó el consejo y una vez en el avión comprobó el afecto de su tripulación, que le invitó a consumir lo que quisiera. En Barajas un comisario de policía se ofreció a acompañarle, porque, según él, su vida corría peligro, ya que se habían recibido amenazas de que podría sufrir un atentado. Nada más llegar, uno de sus dirigentes históricos, Romero Marín, anunció que el PCE no haría ninguna declaración pública hasta el próximo viernes, 15 de abril.

Acompañado de Pilar Brabo, Carrillo se dirigió a casa de Lagunero, desde donde habló con José Mario Armero, que, en contacto permanente con Suárez, le explicó que la situación política en Madrid era confusa y grave [254], rogándole que recordara su parte del pacto por la legalización.

Aunque la prensa ultra exageró el eco popular por la legalización, lo cierto es que la dirección comunista pidió a sus militantes que moderaran su alegría y que no cayeran en provocaciones ni en actos de revancha, suspendiendo incluso muchos de los actos públicos previstos para la celebración. Durante los tensos días en los que el Rey y Suárez tuvieron que embridar la ira de la derecha española y la indignación militar, Carrillo preparó su estrategia para acreditar su compromiso y demostrar la razón de quienes habían confiado en su capacidad para aportar a la política española su solidaria visión para solucionar los problemas económicos y políticos.

El jueves 14 de abril se reunió en Madrid el Comité Ejecutivo del PCE, después de que en los días previos se hubiera especulado con la posibilidad de que Carrillo hubiera dimitido como secretario general del PCE, para ocupar la presidencia que ostentaba la histórica dirigente Dolores Ibárruri, Pasionaria. El Comité Ejecutivo estudió las propuestas que debía llevar al Comité Central, convocado para el día siguiente, y entre ellas figuraba la lista de candidatos a las elecciones generales. Jordi Solé Tura ha evocado recientemente el clima interno del Comité Central: «Había gente que no las tenía todas consigo, que pensaba que las cosas no podían haber cambiado tanto de un día para otro, y que lo mismo el hotel donde estábamos reunidos terminaba siendo rodeado por el Ejército o se organizaba una redada. Desde luego, lo que no imaginábamos, ni yo tampoco, es lo que Carrillo nos tenía preparado. Carrillo tomó la palabra y nos suelta: “Quieren que sustituyamos la bandera republicana por la bandera oficial, por la bandera de la Monarquía”». «Se produjo —continúa Solé Tura— un silencio tremendo, la gente no salía de su asombro. Veteranos y jóvenes empezaron a hablar, a decir que no podíamos renunciar a nuestra identidad, a nuestros símbolos. Carrillo se mantuvo y dijo: “¿No somos un partido legal? Pues la legalidad actual impone la bandera oficial de España y es la que es, no la republicana”. Alguien pidió que el partido se tomara un tiempo de reflexión y que nos volviéramos a reunir para decidir, pero Carrillo dijo que no, que había que decidirlo en ese momento.»

El propio Carrillo recuerda que ya había hablado con algunos dirigentes sobre la posibilidad de aceptar la bandera nacional. Cuando se reunió el Comité Central, el ambiente era de una gran tensión porque la nota del Consejo Superior del Ejército reprobando la legalización era un auténtico desafío. «Teníamos que hacer algo —dice Carrillo— porque me llegaron noticias del Gobierno de que estaban en una situación difícil, de enorme intranquilidad, y entre todos teníamos que resolver el conflicto. Teníamos que hacer un gesto y quitar argumentos a los ultras del Ejército» [255].

Durante cerca de una hora, Carrillo justificó sus propuestas de que en ese momento era imprescindible apoyar a los reformistas del Gobierno para que pudieran combatir a los recalcitrantes del franquismo. Los dirigentes comunistas ofrecieron otra prueba más de su disciplina y por 169 votos a favor, ninguno en contra y once abstenciones se acordó colocar la bandera bicolor en todos los actos del partido junto a la bandera comunista, así como apoyar a la Monarquía —con el matiz de que esta avanzara hacia las libertades— y a la defensa de la unidad de España.

En una cafetería próxima al Hotel Meliá-Castilla, donde se celebraron el Comité Ejecutivo y el Comité Central, José Mario Armero esperaba noticias, y cuando Jaime Ballesteros salió para contarle los acuerdos tomados, Armero llamó a Adolfo Suárez para decirle: «Santiago Carrillo ha cumplido su palabra».

El sábado 16 de abril, ABC titulaba: «La bandera nacional figurará en todos los actos del Partido Comunista». El País, por su parte, apoyaba idéntico titular con otro que rezaba: «El PCE apoya una Monarquía democrática». Todos los medios recogían las palabras pronunciadas el viernes por Santiago Carrillo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Central y en las que —entre otras cosas— afirmó: «Si la Monarquía continúa obrando de manera decidida para restablecer la democracia, en unas próximas Cortes nuestro partido podría considerar la Monarquía como el régimen constitucional democrático». Sobre el uso de la bandera roja y gualda, Carrillo explicó que la legalización del PCE había sido un acto de gran importancia, en el que veía un cambio considerable de la situación política española y que «es ese cambio el que nos ha llevado a reconsiderar nuestra actitud hacia los símbolos y emblemas del Estado que nos reconoce». «En lo sucesivo —continuó Carrillo— la bandera con los colores oficiales del Estado figurará al lado de la bandera del Partido Comunista. Siendo una parte de ese Estado, la bandera de este no puede ser monopolio de ninguna fracción política y no podíamos abandonarla a los que quieren impedir el paso pacífico a la democracia.» Y para culminar su argumentación, Carrillo reafirmó que «no concebimos una España unida sin el reconocimiento pleno de las nacionalidades, pueblos y regiones de España», añadiendo que «España es una realidad histórica que defenderemos, y al mantener el derecho a la diversidad, defenderemos la unidad de nuestra Patria común» [256].

Como colofón a sus palabras y después de hacer públicos los nombres de los cabeza de lista que el PCE presentaría a las elecciones, Carrillo hizo una dura descalificación de la derecha española, denunciando que «Alianza Popular es el peligro más serio de involución política», y manifestando la necesidad de un pacto constitucional que fuera desde el centro hasta la izquierda. En cuanto a las perspectivas electorales del PCE, Carrillo dijo que su objetivo era hacer la campaña más amplia para restablecer la verdadera imagen de su partido, deformada «por la torva caricatura presentada durante cuarenta años por la propaganda franquista».

El viernes 15 de abril, después de varios días agotadores y de máxima tensión, Suárez presidió en el palacio de la Moncloa la habitual reunión del Consejo de Ministros; pese a los reproches de secretismo que le dirigieron algunos ministros, ninguno llegó a plantearle la dimisión. En este Consejo, el Gobierno acordó convocar las elecciones generales para el 15 de junio. Pero con anterioridad, y para que ya pudiera estar presente en él, en el palacio de la Zarzuela había tomado posesión de su cargo el almirante Pery Junquera, nuevo ministro de Marina. Después de la ceremonia de jura, el Rey comentó con los ministros algunos detalles de los acontecimientos vividos en esos días. En un momento dado se acercó a Alfonso Osorio y le dijo: «Ánimo, Alfonso». Poco después, Osorio se acercó al marqués de Mondéjar para pedirle que quería despachar con el Rey, comentario que fue oído por Adolfo Suárez, que le dijo: «Alfonso, el Rey conoce tu actitud, y la prueba de ello son sus palabras de aliento». Osorio se revolvió y con ironía le preguntó: «¿Toda?» [257].

El propósito de Osorio, cada vez más alejado del Gobierno y especialmente crítico con Suárez, era advertir al Rey de que Suárez se había enfrentado al Ejército y que por ese camino se iba al desastre. En la misma dirección fueron las conversaciones que ese día y el siguiente mantuvo Federico Silva Muñoz con Torcuato Fernández-Miranda, al que encontró —según Osorio— «permeable» y que le dijo transmitiría al Rey lo que le había dicho, y con Manuel Prado y Colón de Carvajal, que le prometió transmitir al Rey y a Suárez sus mensajes de alarma. «Había que hacerles llegar al Rey y al presidente la inquietud y la necesidad de corregir la línea de marcha», escribió el propio Silva Muñoz, al que Prado contestó días después que «había pinchado en hueso».

Pero con ser grave la fractura que se ha producido entre el presidente y Osorio, mayor trascendencia alcanzó el incidente que el propio Suárez tuvo con el general Armada, secretario de la Casa del Rey, y con el marqués de Mondéjar, el hombre de mayor cercanía física e influencia sobre el Rey, y que estuvo precedido de otro entre el propio Armada y el ministro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo. Al término de la jura del almirante Pery Junquera, y así lo ha contado el propio Calvo-Sotelo, «Armada me tomó del brazo; me condujo al hueco de una de las ventanas del saloncito que hay en el piso primero del palacio... y me empezó a hablar de la situación creada por la legalización del Partido Comunista... Cuando yo le dije que la información del Gobierno coincidía con la suya en cuanto al malestar en los cuartos de banderas, pero no en cuanto a que estuvieran en juego la lealtad y la disciplina de las Fuerzas Armadas, el tono de Armada pasó de la vehemencia a la irritación. “¡No hay nada tan grave como subestimar la gravedad misma de los hechos! —dijo Armada—. Me estremece la poca información que tenéis. Se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas menos sentarse encima. Del Gobierno será la responsabilidad de lo que suceda”». Después de personalizar en Suárez esa responsabilidad histórica, Calvo-Sotelo le interrumpió: «General: no puedo consentir ni el contenido ni el tono de lo que me dices. Te recuerdo que estás ante un superior; pienso que no has olvidado cuál es la conducta de un buen militar en esa situación». Y añade Calvo-Sotelo: «El efecto fue inmediato. Armada se cuadró con un taconazo y me respondió: “A tus órdenes, ministro; perdóname; estoy muy nervioso estos días; retiro lo que hubiera de agravio en mis palabras anteriores”» [258].

Al día siguiente, domingo, Suárez visitó al Rey, y en presencia de este tuvo un grave enfrentamiento con el general Armada sobre la actitud del Ejército durante los últimos días. Desde ese día, el general Armada y el presidente del Gobierno fueron incompatibles, porque incompatible consideraba Adolfo Suárez que el Rey tuviera entre sus colaboradores más estrechos a un militar que desaprobaba la línea política del Gobierno y que se vanagloriaba de sus posiciones ultraconservadoras, hasta el extremo de haber «maniobrado» en contra de las decisiones del Gobierno en más de una ocasión, y de su ascendencia sobre el Rey, con el que llevaba trabajando ya muchos años. Suárez llevaría su incompatibilidad hasta conseguir que el general Armada saliera del palacio de la Zarzuela meses después, tras haberle intervenido el teléfono de su casa, aunque el Rey medió para que Armada tuviera una línea directa con el palacio de la Zarzuela [259].

La legalización del Partido Comunista había significado un paso más —quizá el más importante de la Corona— en su deseo de conseguir la reconciliación nacional, lema, por otra parte, esgrimido durante años por los propios comunistas. Suárez había cumplido su misión, dejándose en el empeño jirones de su credibilidad frente a la España intransigente y heredera del testamento de Franco. Como afirmó el general Gutiérrez Mellado, «la campaña anti-Suárez en las Fuerzas Armadas comenzó con el reconocimiento del PCE. De ahí arrancó la consigna “no podemos creer en Suárez”, y empezaron a circular auténticas barbaridades y falsedades, porque el objetivo era ir por Suárez».

Carrillo se iba a convertir en un inteligente aliado del Gobierno en la tarea inmediata de encauzar la crisis económica y de moderar las utópicas reivindicaciones republicanas de los socialistas.

Junto a este primordial balance hay que situar otro aspecto positivo: la colaboración de la prensa comprometida con el proceso democrático. De ello es buen ejemplo el editorial conjunto que el sábado 16 de abril publicaron los periódicos Arriba, Diario 16, El País, Informaciones, Pueblo y Ya —no lo hicieron ABC y El Alcázar—, titulado «No frustrar la esperanza», y en el que se afirmaba: «Creemos que se debe denunciar el ataque de sectores antidemocráticos contra el Gobierno legítimo de la nación y contra el proceso político en curso. De un modo premeditado se ha querido provocar a los militares y crear un ambiente de peligro nacional. Las Fuerzas Armadas no han secundado los objetivos de quienes intentaban instrumentalizarlas. Fieles a la Corona, defensoras del interés del Estado y no de una forma dictatorial de Gobierno, no han servido los intentos desestabilizadores. Pero conviene reflexionar sobre la declaración que el Consejo Superior ha hecho pública».

El editorial concluía con estas afirmaciones: «Queremos un Ejército modernizado, bien dotado y operativo. Pocos habrá, civiles o militares, que se opongan a esta aspiración. Pero el compromiso democratizador de la Corona y las aspiraciones del pueblo español de constituirse pacíficamente en una sociedad libre y soberana no pueden ser malversados por grupos minoritarios que pretenden secuestrar valores y símbolos comunes y empujar a las Fuerzas Armadas al intervencionismo. Lo que España tiene delante es lo que votó en el referéndum: unas elecciones generales que den a todos los españoles la voz y el voto que como tales les corresponde. ¿Quién podría asumir la responsabilidad de frustrar esta esperanza?».

6
LA VUELTA DE TARRADELLAS

Solo mes y medio después de la muerte de Franco, el 9 de enero de 1976, se presentaba en Madrid el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, en el que se integraban todas las fuerzas catalanas de la oposición antifranquista, con independencia de su ideología política. La componían los nacionalistas de Jordi Pujol, los socialistas de Joan Raventós y los comunistas del PSUC, y también distintas opciones democratacristianas, socialdemócratas y liberales, con mayor o menor grado de inspiración nacionalista.

Este grado de cohesión frente al Gobierno de Carlos Arias fue uno de los primeros éxitos de la oposición catalana, empeñada en una larga batalla por sus reivindicaciones nacionalistas durante los últimos años del franquismo, y obligó al Gobierno a ir tomando en serio cómo abordar el llamado «problema catalán» y cómo satisfacer su pujante reivindicación de autogobierno.

El rey don Juan Carlos quiso demostrar desde el primer día de su reinado su especial sensibilidad por Cataluña, concediéndole el privilegio de ser la primera región que visitó como monarca. El viaje, organizado por el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, y la propia Zarzuela, resultó un gran éxito, cosechando los Reyes el fervor popular y el reconocimiento de su clase política y empresarial, y ganándose la confianza de un pueblo cohesionado en torno a la ilusión de recuperar su capacidad de organización propia. Fundamental en el éxito de este viaje fue la tarea sutil y conciliadora del citado Sánchez Terán, al que Suárez había aleccionado en Madrid de que su primer objetivo tenía que ser cuidar a los Reyes. Con anterioridad al viaje, este había desarrollado una fructífera actitud de diálogo con la oposición, para lo que contó con la generosa colaboración del empresario Pedro Durán Farrell, sin duda uno de los grandes catalanes de su tiempo. En su casa de Premiá de Mar, Sánchez Terán se había entrevistado con el dirigente nacionalista Jordi Pujol y con el socialista Joan Raventós, que con el PSUC constituían el núcleo básico de la oposición.

El deseo prioritario de restablecer la autonomía de Cataluña no impedía que, como en el resto de España, en Cataluña se diera la batalla por otros grandes temas reivindicativos, como las libertades y la amnistía. Por ello, el Gobierno de Carlos Arias, y especialmente su vicepresidente, Manuel Fraga Iribarne, tuvo especial interés en sondear el clima político de Cataluña, tomando una iniciativa que resultaría premonitoria: enviar una pequeña delegación, encabezada por el periodista Manuel Milián, a entrevistar al president de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. Pese a ser un absoluto desconocido para las jóvenes generaciones y para la mayor parte de la clase política del Régimen, Tarradellas era un símbolo de la Cataluña de 1936 y la referencia obligada para ilustrar la resistencia de un pueblo a ceder sus derechos.

Años después, un reposado Manuel Fraga recordará que «yo tuve mucho que ver con el regreso de Tarradellas, aunque al final lo remataran otros... Pronto me di cuenta de que iba a ser un hombre clave, así que mandé al periodista Manolo Milián» [260].

Milián ya había visitado a Tarradellas en 1974 para hacerle una propuesta tentadora: la compra de los archivos de la Generalitat en el exilio, en nombre del hombre fuerte del franquismo en Cataluña, y entonces presidente de su Diputación, Juan Antonio Samaranch. «La operación —escribe el periodista Lluís Bassets—, sin aparente contenido político, debía ser sufragada por el empresario José María Santacreu, perteneciente, como Milián, al grupo de catalanes amigos de Manuel Fraga» [261].

Tarradellas no aceptó la propuesta de Samaranch y comunicó que los archivos solo regresarían a Barcelona si lo hacía él mismo como presidente de la Generalitat.

No obstante, en febrero de 1976, Fraga decidió enviar a Milián, acompañado de un pequeño grupo de colaboradores suyos, entre ellos el notario Félix Pastor Ridruejo. Como resultado de este encuentro, Milián redactó un informe que entregó al director general de Política Interior, José Manuel Otero Novas. Las reivindicaciones del veterano político nacionalista eran de tal dimensión que Fraga optó por archivarlo y esperar a que la reforma Arias fuera abriendo márgenes a los temas autonómicos. Tarradellas había vivido largos años de las contribuciones que los catalanes le hacían llegar para mantener un ritmo de vida modesto, pero sus recursos estaban llegando al límite. Pese a ello, Tarradellas expuso a los emisarios del Gobierno que su única exigencia era que se le reconociera el título de president de la Generalitat, descartando que los partidos políticos catalanes se integraran en los organismos de oposición unitarios. Para él, la única forma de enfrentarse al Gobierno central con posibilidades de éxito era planteando una negociación en solitario en nombre de Cataluña, que restituyera la institución de gobierno de Cataluña y su perdido Estatuto. En ese momento, a lo más que llegaba el gobierno Arias era a plantear —a través de Samaranch— un régimen especial para Cataluña, que regulara una evidente «descentralización administrativa», considerada insuficiente —de inmediato— por toda la oposición, pese a lo cual, el 20 de febrero de 1976, solo cuatro días después de la visita de los Reyes, el Gobierno publicó el Decreto 405, por el que se creaba la Comisión Especial para el Estudio del Régimen Especial de Cataluña, en la que se integraban personalidades como Federico Mayor Zaragoza, Carlos Sentís, Josep Gomis, Gabriel Ferraté y el propio Samaranch.

Tarradellas era el símbolo, pero también un impedimento en la estrategia de la oposición catalana, porque el veterano político pretendía convertirse en el interlocutor único con el Gobierno. Dentro del Consell de Forces Polítiques había respeto por este criterio, pero también recelo, y durante la primavera de 1976 fueron frecuentes los encuentros entre ambos para estudiar cómo ser más eficaz para la recuperación de la soberanía catalana.

Consecuente con el tímido proceso de reforma, el ministro Fraga autorizó al gobernador civil a mantener contactos con todo el espectro político, menos con los comunistas, pese a lo cual Sánchez Terán autorizó un mitin en Tarrasa, detrás de cuyos organizadores se ocultaban los activos militantes del PSUC. Como resultado de sus conversaciones, Pujol, Raventós y Miquel Roca le hicieron llegar un documento en el que se planteaba cómo afrontar el cambio administrativo en Cataluña, y cómo negociar el consenso en temas tan difíciles, entonces, como los derechos políticos, la amnistía, el regionalismo, la futura Ley Electoral y también la Monarquía. Sánchez Terán mostró este documento a Fraga, que le dijo que el Rey estaría de acuerdo, pero que Arias no reaccionaría igual.

Así estaban las cosas entre Madrid y Barcelona cuando en el primer fin de semana del mes de julio cesó el gobierno Arias. La llegada de Adolfo Suárez paralizó durante unos días el ritmo y la tendencia de las iniciativas en marcha, pero enseguida Suárez abordó el tema catalán con renovado brío y con la audacia de la que careció su antecesor; por lo pronto, nombró ministro a Rodolfo Martín Villa, encargándole que confirmara al gobernador civil de Barcelona, Sánchez Terán, que había puesto su cargo a disposición del nuevo ministro, pidiéndole que intensificara la negociación con la oposición catalana y el proyecto de crear un partido político que pudiera recoger el espíritu reformista. Además, le pidió que convenciera a Samaranch o a Pedro Durán Farrell para que se erigieran en el político que capitalizara el proceso de apertura política en Cataluña desde posiciones gubernamentales.

El 29 de julio de 1976 se celebró en Barcelona una gran manifestación proamnistía, que había sido negociada previamente por Pedro Portabella y Josep Benet con el gobernador civil. Este finalmente la autorizó, sabiendo que al día siguiente el Gobierno iba a aprobar en el Consejo que se iba a celebrar en La Coruña el Decreto-ley sobre Amnistía. Dos días después, el 31 de julio, Sánchez Terán recibió en su despacho a Jordi Pujol, que le planteó «el regreso del president de la Generalitat, Tarradellas, lo antes posible y el restablecimiento del Estatut de 1932» [262].

La oposición catalana, aglutinándose en torno a la figura de Tarradellas y al Consell, planteaba al gobierno Suárez un reto de difícil solución, rechazando cualquier otra fórmula de autogobierno.

Sánchez Terán informó de la petición de Pujol al ministro del Interior, Martín Villa, y al propio Suárez, al que visitó en Madrid cuando este regresó de sus cortas vacaciones en Almería. Las instrucciones que el presidente dio a su hombre en Cataluña fueron que el Gobierno debía negociar directamente con la oposición catalana y que bajo ningún concepto iba a definir su postura y la de su Gobierno sobre el restablecimiento de la Generalitat y el diálogo con Tarradellas. El presidente transmitió asimismo su deseo de recibir inmediatamente a los distintos políticos catalanes y de visitar Barcelona, fijándose, en principio, las fiestas de la Merced como primera fecha tentativa.

Por último, Suárez le pidió a Sánchez Terán que transmitiera a toda la oposición y a la ciudadanía catalana que las prioridades del Gobierno eran la celebración del anunciado referéndum para aprobar la Reforma política y la celebración de elecciones generales, promesas ambas anunciadas por Suárez escasas fechas después de su toma de posesión.

Para Suárez, estaba clara su disposición a hablar, dialogar y negociar con todo el mundo, pero siendo él quien marcara el rumbo y el ritmo de la Reforma. Para Suárez, Cataluña era una asignatura apasionante que debía esperar a que se cumpliera el marco general de la Reforma.

Durante el mes de agosto, Suárez recibió a varios políticos catalanes, informándose de la situación de Cataluña y de cómo estaba planteada la oposición dentro del Consell de Forces Polítiques. Simultáneamente casi con su primera entrevista secreta con Felipe González, el presidente recibió en Castellana, 3, al socialdemócrata Josep Pallach, a los nacionalistas moderados Jordi Pujol y Ramón Trías Fargas y a algunos políticos que pretendían aglutinar una opción moderada, no nacionalista, como Joaquín Molins, perteneciente al partido Centre Català. El 31 de agosto, Tarradellas y el Consell se reunieron de nuevo en París, reafirmándose durante el encuentro la preeminencia de las tesis del honorable, aunque empezaron a surgir comentarios sobre si el Consell aceptaría en el futuro la invitación de la Platajunta a sumarse a una estrategia conjunta de toda la oposición.

En los primeros días de septiembre se celebró la primera Diada en libertad y sin graves incidentes. Desde París, Tarradellas envió un mensaje a los miles de catalanes que enfervorizados reclamaron el Estatut y la vuelta de Tarradellas.

Días después, el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, visitó Barcelona, donde se entrevistó con varios dirigentes de la oposición, aunque no quiso hacerlo con Raventós. Pero la acción conjunta de la oposición, representada en la Platajunta, volvió a reunirse el 4 de septiembre, acordando crear una Comisión de Enlace que negociara con el gobierno Suárez los cauces de la Reforma política, las condiciones del referéndum y la convocatoria de las elecciones. Fiel a la tesis de Tarradellas, el Consell no envió a esta reunión de la Platajunta a ningún representante, optando por insistir en negociar directamente con el Gobierno, actitud que mereció un duro editorial de El País.

A primeros de septiembre la sensibilidad catalana se vio alterada por unas declaraciones de Adolfo Suárez a la revista francesa Paris-Match, llenas de lógica y sentido común, respecto a todos los grandes temas de interés nacional, pero que incluían una breve mención sobre el uso del catalán como lengua científica, y que desataron una oleada de protestas entre los sectores más nacionalistas. Paris-Match, que solo pretendía hacer un reportaje fotográfico sobre el presidente Suárez y su familia, intercaló una serie de preguntas y respuestas, reflejo de la conversación mantenida durante la sesión fotográfica. En una de ellas le preguntaron si los alumnos podrían superar el bachillerato en vasco y en catalán, y Suárez respondió —después de haber declarado que comprendía que los catalanes tuvieran su bandera en su casa—: «... Su pregunta (perdóneme) es tonta. Encuéntreme primero profesores que puedan enseñar química nuclear en vasco, catalán, etc. Seamos serios...». Para frenar la avalancha de protestas, el Gobierno Civil de Barcelona dio una nota en la que informaba de que el presidente había llamado al gobernador civil para reiterar que «... no ofrece ninguna duda al presidente del Gobierno la capacidad de la lengua catalana para acometer los más profundos y actualizados estudios universitarios y científicos» [263].

Problemas más graves tiene en ese momento el gobierno Suárez, enfrascado en contener el pulso que los militares le han planteado —con la dimisión del general De Santiago— y consecuencia de la aprobación por el Gobierno del proyecto de Reforma Política, cuyo texto, en su artículo 1, era de esta meridiana claridad: «La democracia, en la organización política del Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad del pueblo».

Suárez defendió el proyecto ante las cámaras de televisión con estas palabras: «Pienso que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de esta... Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes...». La prensa catalana recibió bastante bien el mensaje de Suárez, aunque sin entusiasmo, y La Vanguardia escribió: «¿Reforma? ¿Ruptura? Democracia... Si se habla de ruptura pactada, podría hablarse también de reforma negociada». El Diario de Barcelona se manifestaba con mayor optimismo: «... El discurso del presidente Suárez es el más claro y realista de cuantos desde el poder se han pronunciado en la España de los últimos cuarenta años...».

Pero la inquietud del Gobierno por el problema catalán llevó a que, en septiembre de 1976, el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas, recuperara el informe que sobre su reunión con Tarradellas había redactado el periodista Manuel Milián, al que pidió corrigiera algunos términos. Después se lo entregó al presidente Suárez.

Casi simultáneamente, en su casa de Calella de Palafrugell, en el corazón de la Costa Brava, el empresario Manuel Ortínez, que había sido durante algunos años director del Instituto Español de Moneda Extranjera y que mantenía excelente relación personal con Tarradellas, tuvo una «ocurrencia luminosa»: «Llegar a ligar una Monarquía no asentada [la de don Juan Carlos] y una institución no reconocida [la Generalitat de Cataluña] era el encaje para la transición democrática española». Ortínez recuerda en sus memorias: «En todo caso puedo garantizar que la idea del retorno del presidente Tarradellas a Cataluña y a España fue exclusivamente mía, producto, únicamente, de las conversaciones continuas con Tarradellas desde hacía veinte años y de mi obstinación política» [264].

Pocos días después, Ortínez viajó al Clos de Mosny, la residencia de Tarradellas en Saint-Martin-le-Beau, y le solicitó su autorización para llevar al ánimo y la convicción del Gobierno la conveniencia de llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre la Generalitat y la Monarquía. Obtenido el conforme del veterano honorable, Ortínez expuso su propósito a varias personalidades de la vida política catalana y española, y con una de ellas, el empresario Carlos Ferrer Salat, visitó al entonces secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, mano derecha del ministro Landelino Lavilla y que con el tiempo jugará un papel decisivo en la política española. Herrero escuchó el planteamiento de Ortínez de buscar el acuerdo entre Tarradellas y la Corona, y según su propio testimonio: «Me encantó la idea y les recomendé que fueran a ver al vicepresidente Osorio, con gran ascendiente sobre el presidente Suárez» [265].

Unas semanas más tarde, el 3 de noviembre de 1976, Ortínez visitó a Alfonso Osorio, exponiéndole los muchos errores que en la historia se habían cometido por la incomprensión del hecho catalán y la importancia que para la Monarquía tendría que se le diera una solución pactada. Ortínez recordó al vicepresidente que «la Generalitat era considerada por los catalanes como la cristalización de su personalidad» y que ella encarnaba el símbolo de su capacidad de autogobierno.

Osorio le preguntó cómo se podía llegar a un acuerdo entre la Generalitat y la Monarquía, y Ortínez, con gran aplomo, le contestó: «Con Tarradellas. Él conserva la legitimidad histórica de la Generalitat y esto es lo que aceptan la mayoría de catalanes».

Como resumen de la conversación, Ortínez le expuso el plan a seguir: invitación a Tarradellas a Madrid, visita al Rey incluida, y, como consecuencia de ello, Tarradellas haría un pronunciamiento favorable a la Monarquía y a la unidad de España. A cambio, el Rey nombraría a Tarradellas presidente de la Generalitat, cuyas funciones se negociarían con el Gobierno.

Ortínez salió esperanzado de la entrevista y, de acuerdo con Osorio, volvió a Saint-Martin-le-Beau para exponerle a Tarradellas los términos de la conversación y sondear su disposición. Una semana después, Ortínez regresó a Madrid y en un segundo encuentro con Osorio le dijo que Tarradellas le había puesto como condición que no volvería a Barcelona si no era como president.

Osorio habló con el presidente Suárez, que aceptó recibir a Manuel Ortínez. Después de escuchar sus argumentos y las condiciones de Tarradellas, Suárez le dijo «si no era mejor Jordi Pujol», replicándole Ortínez que «Tarradellas era un catalán universal y Pujol de partido».

Pese al interés de la vía abierta en la resolución del problema catalán, Suárez seguía demasiado ocupado con la tramitación de la Ley para la Reforma Política y en la convocatoria del referéndum como para poder centrar toda su atención en atender las peticiones de un veterano político republicano del que hacía pocos meses no había oído hablar. Y, además, su relación con Jordi Pujol era buena, y con él, por consejo de su ministro de la Gobernación y del gobernador civil de Barcelona, creía que se podía llegar a un acuerdo. En su entrevista con Ortínez, Suárez le dijo: «En las próximas elecciones, Pujol sacará mayoría y nosotros le ayudaremos. La colaboración con Pujol será más fácil que con Tarradellas».

Aun así, Suárez tomó buena nota de la opción Tarradellas, aunque siguió apostando por un entendimiento con Pujol. Su rechazo inicial a la opción Tarradellas se fundamentó en dos razones poderosas: la cuestión catalana no se planteaba como prioritaria porque el entendimiento con la oposición catalana, directamente a través del Gobierno Civil de Barcelona y de forma indirecta a través de la Comisión de los Nueve, era satisfactorio. Y la segunda razón, no menos importante, era que si se abordaba el tema catalán en exclusiva se abría también el frente vasco, que inquietaba aún más a la Corona y al Gobierno.

Pero como buen conocedor de que no había que cerrar puerta alguna al diálogo y al conocimiento del adversario político, Suárez tomó la decisión de enviar a Saint-Martin-le-Beau a una persona de su absoluta confianza: el teniente coronel Andrés Cassinello, que pertenecía a los Servicios de Información de Presidencia del Gobierno y a la Segunda Sección de Información del Estado Mayor. Ortínez precisa en sus memorias la relevancia del emisario: «[Cassinello] implicaba al Gobierno y al Ejército. La doble condición era importante, ya que en aquel momento el Ejército tenía un papel político directo» [266]. Lo acordado era que el 26 de noviembre Manuel Ortínez esperara en la recepción del Hotel Périphérique-Concorde, de París, la llegada del teniente coronel Cassinello con un ejemplar de Le Monde bajo el brazo, pero este no vino solo: le acompañaba el comandante Monteys, según Ortínez, «un catalán posiblemente vinculado a los Servicios de Información de la IV Región Militar, correspondiente a Cataluña».

Después de producido el encuentro, Ortínez llamó a Tarradellas, que se quedó sorprendido porque no había creído que la operación diera resultado. Y añade Ortínez: «Cuando le comenté que habían llegado dos personas, en lugar de la única prevista, su reacción fue inmediata: “No, solamente recibiré a una, como habíamos quedado. Venga con el jefe de la delegación. No con los dos”. De entrada, no entendí esta actitud. Después le di toda la razón. Quería hacer valer su autoridad desde el principio. No dejaba que le impusieran un cambio de programa, en el último momento, en contra de lo acordado en principio. El comandante Monteys tuvo que esperar en el hotel parisino» [267].

Mas Tarradellas aún ofrecería a su visitante una prueba más de su sentido de la dignidad, enviando a un taxista a la estación de Saint-Pierre-des-Corps, la más próxima a Saint-Martin-le-Beau. Él esperaría al emisario del Gobierno de España y de su Ejército en su casa.

El almuerzo tuvo como plato principal una becada, precedida de unas quenelles, y se cerró con quesos franceses y pasteles, todo regado con un magnífico vino francés. En un momento de la sobremesa, Tarradellas —después de haber hablado de cosas ajenas al motivo de la visita— le dijo a Cassinello: «Los catalanes no queremos ser los enmerdants de la política española. Cataluña no ha de ser un obstáculo para cualquier solución política española. La estructura territorial del Estado español es cosa que deben decidir los españoles. Los catalanes ya tenemos nuestro sistema establecido y rodado. La Generalitat funcionó durante la Segunda República, como ya había funcionado antes de 1714...» [268].

La conversación duró un poco más de cuatro horas, y hacia las seis de la tarde el teniente coronel Cassinello cogió el tren de vuelta para París, regresando a Madrid en un vuelo de la compañía colombiana Avianca. Nada más llegar a Madrid redactó el informe que el presidente Suárez le había solicitado. Tenía solamente dos folios y se lo entregó personalmente el sábado 27 de noviembre de 1976.

«Tarradellas —escribió Cassinello— irradiaba dignidad. Tenía algo de unción sacerdotal o de paternidad. Todo le viene de una lejana historia y así los acontecimientos nuevos son siempre para él recuerdo de otros ya superados.» Cassinello describía la austeridad con la que vivía Tarradellas: «... hay que meterse en su casa, donde todo es pobreza, para entender su dignidad. Vive en una llanura fría del centro de Francia, con una calefacción tibia, sin baño, con muebles que ya no usan los suboficiales y solo el lujo de una buena biblioteca y un tocadiscos. Únase una hija subnormal y una esposa callada. No hay cuadros, ni secretarios, ni nada» [269]. Sobre su planteamiento político, Cassinello se percató de que «Tarradellas quiere la institución, la Generalitat. No ofrece ahora nada, ni recomendar el sí al referéndum —lo que le había sugerido hacer en nombre de Suárez—, pero frente a otros se niega a constituir un gobierno en el exilio», concluyendo que «Tarradellas tiene concepción de hombre de Estado».

Sobre el Rey, el informe describía que «el Rey se afirma ante él como una realidad perdurable y el Ejército como una necesidad de entendimiento pacífico». En cuanto a sus poderes, Cassinello informaba que Tarradellas buscaba ser presidente de la Generalitat «sin más poderes que los que tiene Samaranch y con los mozos de escuadra como una forma de hacer sensible su posible poder moral».

Otro apartado del informe recogía la opinión de Tarradellas sobre la negociación de la Reforma: «No quiere que el Gobierno pacte con los grupos. Quiere ser el intermediario, el protagonista. Piensa —concluía Cassinello— que su autoridad moderará las posturas, que su institución salvará el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España».

Por último, el informe plasmaba esta conclusión: «Tarradellas ofrece un camino: después del referéndum, intercambiar programas, exponer los puntos de vista del Gobierno sobre Cataluña y alcanzar el entendimiento en el punto medio. Quiere seguir hablando, negociando, pero con el Gobierno... Su visita puede parecer inútil. Pero ofrece un camino...».

El informe Cassinello sirvió para que Suárez conociera mejor la posición de Tarradellas, pero, enfrascado en los grandes temas, decidió posponer cualquier negociación con él, pese a que, después de un nuevo encuentro entre Osorio y Ortínez, este —de acuerdo con Tarradellas— ofreciera que Tarradellas acataría al Rey, la unidad de España y el Ejército, a cambio de derogar el Decreto de 1938, creando una Mancomunidad de cuatro diputaciones, a la que se llamaría Generalitat, y que tendría las competencias que fijara la Ley de Régimen Local. En cuanto a los poderes de la Generalitat, Ortínez proponía que las instituciones, estructura y alcance de la autonomía de Cataluña las fijaran las Cortes.

El 18 de noviembre, las Cortes aprobaron la Ley para la Reforma Política y Suárez pudo seguir avanzando en su propósito de ganar el referéndum y de negociar con la Comisión de los Nueve el contenido y alcance de la futura Ley Electoral, condición previa para la convocatoria de las elecciones.

Por su parte, Tarradellas, acostumbrado a combatir por sus ideas, plasmó su posición en un artículo publicado en la prestigiosa revista Destino, el 25 de noviembre, y en el que insistió en su conocido argumento de que «lo que los políticos catalanes no pueden hacer, como vienen haciendo una parte de ellos, es por un lado buscar el pacto directo con el Gobierno y por otro adoptar un lenguaje maximalista de oposición». Y Tarradellas describía con claridad lo que no debía hacer el Gobierno: «... debemos considerar que el Gobierno no cometerá la garrafal equivocación de intentar resolver el problema de Cataluña montando comisiones artificiales, nombrando un ministro catalán, inventando organismos regionales. No. El Gobierno —continuaba Tarradellas— debe saber que la única voz pactante es la del presidente de la Generalitat... ya que es el único conducto por el que Cataluña puede integrarse a una nueva democracia española. Y si el Gobierno resuelve el problema de Cataluña, tiene el camino expedito para solucionar el del resto de España».

Planteada así la posición de Tarradellas, el 1 de diciembre se iba a producir un acontecimiento que trastocaría su estrategia. Tentado por los demás partidos de oposición, por la armonía y buen entendimiento que existía con Adolfo Suárez y por su legítimo afán de protagonizar la recuperación de los derechos históricos de Cataluña, Pujol aceptaba ingresar en la Comisión de los Nueve; este hecho fue duramente criticado por Tarradellas y condicionó las tensas relaciones que los dos políticos mantendrían en el futuro, y que no tenía otro fundamento que su exigencia de protagonizar las reivindicaciones catalanas.

Pese a la maniobra de Pujol, ambos políticos se entrevistaron en París el 13 de diciembre, tras lo cual se emitió una nota de prensa en la que se decía: «... ambos políticos han confirmado su identidad de puntos de vista en lo referente a la totalidad de los temas de la política catalana y los contactos de los partidos políticos catalanes con el Gobierno. Sin embargo, el president se ha manifestado contrario a una presencia en nombre de Cataluña en una negociación en la que están representadas todas las fuerzas de la oposición española, ya que esto puede perjudicar las perspectivas de una negociación directa para el reconocimiento de los derechos de Cataluña».

En efecto, Tarradellas había pedido a Pujol que dimitiera de la Comisión de los Nueve antes del 31 de diciembre, petición que Pujol rechazó, porque, pese a apoyar y respetar la figura de Tarradellas y de desear su vuelta a Cataluña, se había dado cuenta de que el gobierno Suárez había aparcado la negociación con él y en cambio se estaba volcando en la que, desde hacía meses, mantenía con la Comisión de los Nueve.

Para ganarse la esperanza de Cataluña, Suárez organizó con Sánchez Terán un detallado programa de entrevistas y encuentros con políticos catalanes, como paso previo a su prometida y anunciada visita a Barcelona, prevista para el 13 de diciembre. El 6 de diciembre recibió a Pujol, Trías Fargas y a Pallach, con los que estudió la necesidad de crear un organismo en Cataluña que controlara las próximas elecciones y de redactar una Ley Electoral que no perjudicara a los partidos catalanes.

Al término de este encuentro, Jordi Pujol no tuvo reparo alguno en declarar que «consideraba al presidente Suárez un hombre receptivo y un político con preocupación de Estado...». Al día siguiente, Suárez recibió a Joan Raventós y Eduardo Martín Toval, del PSC, con la satisfacción en el rostro porque la víspera Tarradellas había hecho una breve declaración en la que —sin pedirlo expresamente— invitaba a participar activamente en el referéndum, convocado para el 15 de diciembre, contradiciendo así la tesis de la oposición socialista, que en demostración de su falta de realismo propugnaba —con los comunistas— la abstención. La declaración de Tarradellas sugería que «... la decisión que adopten los ciudadanos deben considerarla como el primer paso de un proceso... que debe conducirnos al restablecimiento de la Generalitat».

Pero el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo, ocurrido el 11 de diciembre, obligó al presidente del Gobierno a cancelar su visita a Barcelona; como prueba del exquisito cuidado con el que Suárez trataba a Cataluña, el Gobierno Civil de Barcelona hizo pública una carta del presidente en la que justificaba la cancelación del viaje «por mi respeto hacia Cataluña».

El 15 de diciembre se celebró el referéndum, que en Cataluña obtuvo un gran respaldo, al votar favorablemente la Ley para la Reforma Política el 94,2 por 100 de los electores participantes, que sumaron el 77,4 por 100 del electorado. El «no» —defendido por los franquistas y otros partidarios de obstaculizar la transición democrática— solo consiguió un 2,3 por 100 de seguidores.

Este espléndido resultado reforzaba el modo de operar de Suárez, confirmando que su apuesta por el diálogo y la negociación con todas las fuerzas políticas le permitía mantener la iniciativa y conseguir el respaldo de los ciudadanos, deseosos de resolver las incógnitas del futuro sin graves riesgos.

La victoria del Gobierno en el referéndum también consolidó la credibilidad de Suárez y la confianza que los ciudadanos podían tener en el proceso de reforma. La oposición, por el contrario, había sufrido un grave traspié, porque era difícilmente comprensible que su escepticismo e incredulidad les hubiera llevado a pedirle al pueblo que se abstuviera. De hecho, los socialistas y comunistas esgrimieron que este no era el referéndum que el pueblo esperaba.

Jordi Pujol, con sabiduría, resumió el resultado con una sola frase: «Estamos satisfechos de que se haya hecho ya el referéndum. Lo importante son las elecciones».

Pese a que Oriol seguía secuestrado y que la situación había sido de tal tensión que obligó al presidente a dirigirse al país por televisión, el 20 de diciembre Suárez aterrizaba en Barcelona para cumplir con la prometida visita, que iba a constituir un éxito personal y político. Acompañado por su ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, Suárez anunció en un solemne acto celebrado en el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat la cooficialidad del castellano y el catalán en el territorio de Cataluña y propuso la creación del Consell General de Cataluña, que, integrado por los diputados y senadores que salieran elegidos en las próximas elecciones generales, redactarían el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Con este anuncio, Suárez zanjaba la reivindicación del Estatuto de 1932 y ganaba un tiempo precioso para que Cataluña fuera adaptándose al ritmo general de la Reforma política del resto de España.

Suárez visitó también el Ayuntamiento de Barcelona, la basílica de la Merced, paseó por el Barrio Gótico y culminó su estancia con una gran recepción en el Gobierno Civil, a la que asistieron más de quinientas personas.

En el acto del Palau de la Generalitat, Suárez había dicho: «El hecho catalán tiene como base y consecuencia diferenciadas la existencia de una lengua propia y de una cultura vinculada al idioma. Por ello, el Gobierno entiende que de la misma manera que el bilingüismo castellano-catalán es un hecho normal en la vida familiar, cultural y social, puede serlo también en la vida oficial...».

Sobre el éxito en el referéndum, Suárez dijo: «El referéndum ha sido algo más que el nacimiento de la esperanza de que es posible la democracia. Es, además, la oportunidad para que empecemos a contemplar con realismo, sin nostalgia ni temores innecesarios, los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Entre ellos figura el regional. Y dentro de este, evidentemente, el de Cataluña».

Un matutino barcelonés definía con nitidez el éxito de la visita del presidente Suárez: «... Que el Gobierno haga suya la petición del pueblo catalán que quiere un Estatuto de autonomía es una prueba de realismo... Que el Gobierno comparta el principio de cooficialidad del castellano y del catalán en el territorio de Cataluña, tal como establecen las conclusiones de la Comisión para el Régimen Especial para las cuatro provincias, es otra muestra de realismo...» [270].

A su regreso de Barcelona, Suárez se sentía eufórico y optimista. Cataluña parecía encauzada y, aunque quedaba mucho camino por recorrer, podría dedicar sus esfuerzos a los dos grandes asuntos que le permitirían completar su programa de Reforma política: la convocatoria de las elecciones y la legalización de todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Y un tercero, de índole todavía secreta pero al que ya dedicaba algunas meditaciones: la creación de un partido propio con el que presentarse a las elecciones. Estaba convencido de sus posibilidades de capitalizar el éxito político de los escasos seis meses desde que fuera designado presidente del Gobierno por el Rey.

Nada más llegar a Madrid, Osorio volvió a hablar con Suárez de la opción Tarradellas, pero, según aquel, «después del resultado electoral del referéndum, creo que, influido por la posición crítica más personal que política de Jordi Pujol y por la creencia de que se podía materializar en algo serio, una difusa fuerza política aglutinada alrededor de Juan Antonio Samaranch y de un grupo de numerosos alcaldes catalanes, Adolfo Suárez perdió interés por el asunto», hasta el extremo de decirle a su vicepresidente, en cierta ocasión: «Alfonso, lo siento, pero no acabo de ver qué puede hacer Tarradellas en Cataluña; es demasiado viejo. Además, todo eso de los mozos de escuadra, como símbolo de poder, suena a opereta» [271].

El 23 de diciembre, Tarradellas remitió al periodista Manuel Ibáñez Escofet —nombrado por Pujol mediador entre ellos— una carta especialmente dura en la que lanzaba un furibundo ataque a los políticos y a los partidos catalanes que negociaban con el Gobierno y la oposición en Madrid para el restablecimiento de la democracia y el pacto de una Ley Electoral. «Ciertas organizaciones se oponen a que Cataluña pacte directamente con el Gobierno —decía el honorable—, pero observamos el hecho insólito de que no cesan de buscar pactar por su cuenta con el Gobierno y obligan a los catalanes a renunciar al tercer punto de la Asamblea de Cataluña que exige el Estatut de 1932, que hoy unánimemente nuestro pueblo reclama» [272].

Ocupado con el secuestro de Oriol y la detención de Carrillo, tampoco Rodolfo Martín Villa atendió el interés de Osorio por recuperar el diálogo con Tarradellas, que desde su retiro cercano a París envió un mensaje de fin de año a todos los catalanes, en el que insistió: «Si vuelvo a Barcelona solo puede ser como president. La Generalitat es ya irreversible... Cataluña es una nación que posee una Constitución representada por un Estatut de 1932 que nuestro pueblo aceptó y la dictadura abrogó. Y no podemos creer que la Monarquía mantenga la misma actitud... Nosotros hemos sido y somos fieles aliados de la democracia española. Esto no significa, sin embargo, que tengamos que constituirnos en sus satélites».

El 7 de enero, Tarradellas convocaba una rueda de prensa, decidido a estar presente en la vida política catalana y española y a no dejarse marginar de las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas políticas catalanas. «No ha habido ni hay relaciones entre el gobierno Suárez y el presidente de la Generalitat; pero —proclamaba Tarradellas— debo hacer la siguiente aclaración: durante los últimos tres meses el presidente Suárez ha tenido oportunidad e interés por saber qué es la Generalitat y su presidente. Ahora es evidente que el señor Suárez sabe cuáles son mis aspiraciones y mis deseos» [273].

Los partidos catalanes integrados en la Comisión de los Nueve acogieron mal el mensaje de Tarradellas. Dos días después, Josep Pallach, el veterano político socialdemócrata, celebraba el III Congreso del PSC (ex Reagrupament). Tras retirarse a descansar, sufrió un fulminante ataque al corazón, que le produciría la muerte, privándole de una prevista y destacada participación en la normalización de la vida política catalana, por la que tanto había luchado. Pero el 12 de enero, Manuel Ortínez visitaba el palacio de la Zarzuela acompañando al presidente de la Unión de Bancos Suizos, de la cual era consejero en España. Al concluir la audiencia, el Rey le dijo: «Espérate un momento, quiero hablar contigo». El Rey tutea a menudo. «Una vez solos —relata Ortínez— me manifestó estar al corriente de la evolución de la operación retorno [de Tarradellas] y que contaba con su predisposición» [274].

Mientras, Pujol aprovechó la celebración del IV Congreso de Convergencia Democrática de Cataluña para replicar al mensaje de Tarradellas: «... reafirmamos nuestra voluntad de luchar por el regreso del president de la Generalitat, pero sin ceder al terrorismo intelectual ni al espíritu de ultimátum». Concluyó con una frase tan rotunda como esta: «El Gobierno autónomo catalán es más importante que Tarradellas» [275].

En enero de 1977 la zozobra terrorista hizo peligrar la Reforma, y al secuestro de Antonio de Oriol se unió el del general Villaescusa y el repugnante asesinato de los abogados del despacho laboralista de la calle Atocha, de Madrid, seguido del atentado a dos policías armados en el barrio madrileño de Aluche y de otros dos guardias civiles en una caja de ahorros. Detrás de tan siniestro y rastrero plan de boicot aparecieron las siglas del grupo terrorista GRAPO, de misteriosa inspiración y aliento, y que pretendía emular a ETA en la desestabilización del proceso político español hacia las urnas.

El 17 de enero, Suárez decidió trasladar el despacho presidencial al palacio de la Moncloa y tres días después recibió en él al político nacionalista Jordi Pujol. Tarradellas anotará en su diario: «Esto confirma que Suárez ha escogido una vía de negociación de la autonomía de Cataluña diferente de la apuntada con su emisario en Saint-Martin-le-Beau» [276].

El 4 de febrero, Alfonso Osorio volvió a hablar con Manuel Ortínez, con el que acordó replantear el regreso de Tarradellas. Al día siguiente, el vicepresidente fue recibido en audiencia por el Rey, al que insistió en la conveniencia de que el reconocimiento de la Generalitat fuera producto y consecuencia de la iniciativa de la Corona y del Gobierno. El 17 de febrero, Manuel Ortínez, liberados ya Oriol y Villaescusa, creyó que era un buen momento para recuperar la idea del retorno de Tarradellas y escribió esta carta al presidente Suárez [277]:

Respetado presidente y distinguido amigo:

Abusando de tu amabilidad, me atrevo a robarte unos minutos de tu atención con la esperanza y el único deseo de ser útil a la comunidad y al Rey.

La situación política española parece aclararse. El Gobierno domina la situación y las elecciones podrán hacerse sin excesivo riesgo. Por contra, la situación política en Cataluña continúa confusa, seguramente por razones autóctonas (falta de personalidades, entre otras), y lo peor es que, por los imprevistos, tienda a deteriorarse.

El catalán no es violento por naturaleza, pero la frustración política puede crear un sentimiento negativo adicional al conjunto de complejos —de superioridad e inferioridad simultáneos— que aquel pueblo padece y puede llevar a producir una desorbitada reacción emocional, de cualquier signo, por ejemplo de signo republicano. En síntesis, pretendo decir que la situación política de Cataluña puede degenerar en un republicanismo que, expresado en las elecciones, podría ser peligroso.

La actuación de Jordi Pujol, con su afán de protagonismo y su sentido mesiánico, le ha conducido a una contradicción, como es su asociación con los comunistas. El riesgo es excesivo y además aparece públicamente, y lo dice privadamente el propio Pujol, como si contase con el respaldo gubernamental.

Mi intervención personal en este tema hace unos meses se reduce a esta simplificación: la autonomía de Cataluña, reconocimiento de una nueva Generalitat recreada, sin funciones ni contenido, con una presidencia provisional, como contrapartida al acatamiento de la Monarquía y su aceptación como el régimen del futuro. Es decir, sumar Cataluña a la Monarquía, con una contrapartida que consiste en reconocer el principio de autonomía, el contenido del cual decidirá el futuro Parlament.

En mi opinión es una ocasión histórica que permitiría salir del impasse en el que nos encontramos, con Pujol y los comunistas defendiendo las «nacionalidades», término en opinión de muchos catalanes absurdo y que complica innecesariamente la política nacional.

Resumiendo, y perdón por mi insistencia, el problema catalán en sus estrictos términos, es decir, en la aceptación del principio de autonomía, con la Generalitat recreada, contra el reconocimiento y el acatamiento de la Monarquía, sería posible arreglar el problema hoy, de forma positiva e inmediata para poder ofrecer una Cataluña monárquica y constructiva.

El señor Tarradellas, que tiene con él a los grupos de izquierda y centro (y a personalidades caracterizadas de la Iglesia catalana, la economía y la vida social), acepta esta solución y cree que es posible llegar a un acuerdo rápido, con los enormes efectos positivos que ello podría producir.

Perdona, presidente, por haberme permitido esta libertad con un planteamiento escrito, pero considero que el paso del tiempo puede perjudicar una solución posible aquí y ahora. El retraso puede proporcionar mayores dificultades y enervar los problemas y situaciones.

Me siento ligado a S. M. el Rey, que tuvo conmigo unas palabras significativas y amables en una reciente audiencia, y mi devoción, fidelidad y afecto a la Corona me obligan a plantear, a intentar, con toda modestia pero con el esfuerzo que sea necesario, una solución posible y en mi opinión perfectamente válida para el país y las instituciones.

Quedo a sus órdenes con el mayor afecto y respeto.

La carta de Manuel Ortínez fue contestada con un lacónico acuse de recibo por el secretario del presidente del Gobierno, Aurelio Delgado, sin comentario alguno sobre su contenido. En su carta, Ortínez ya advertía de la ambigüedad del término «nacionalidades», que en sus memorias aclara que «solo se le podía ocurrir a un catedrático andaluz, el señor Manuel Clavero Arévalo» [278].

Cuando el 19 de febrero Osorio le preguntó a Suárez si había recibido la carta de Ortínez, el presidente le contestó que sí, pero que él tenía mejor información de Cataluña.

Pese a que el gobierno Suárez había descartado la opción Tarradellas, este dio el 13 de febrero un paso decisivo para consolidar su influencia, presidiendo en la pequeña población de Sant Cebriá del Rosellón, muy próxima a Perpiñán, el Organismo Consultivo de la Generalitat de Cataluña, con la ausencia voluntaria de Convergencia Democrática, el PSUC, el PSOE (sección catalana) y Unión Democrática. Poco tiempo después, el citado Organismo Consultivo rechazará el Consell General propuesto por el Gobierno y aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se garantizaba que habría un Estatuto para Cataluña, pero no el de 1932, sino el que sería elaborado por los diputados y senadores electos, y en el que proponía la integración de las diputaciones provinciales.

De cara a las elecciones generales, disminuían las posibilidades de la acción del gobierno Suárez en Cataluña, porque este no supo aglutinar a los hombres del centro sociológico catalán en torno a una personalidad atractiva. Por un lado, Juan Antonio Samaranch decidió no presentarse a las elecciones, fijándose otras metas más ambiciosas. Por otro, toda la labor del gobernador civil, Sánchez Terán, quedó invalidada en parte por su decisión de dimitir el 19 de abril para presentarse a las elecciones por Salamanca, sucediéndole Manuel Ortiz, un colaborador muy próximo al presidente, que hacía pocos años había estado destinado como delegado de Información. Lo que ocurrió en Cataluña con la propia opción electoral de UCD fue un reflejo de la personalidad de Suárez, que confió a su propia imagen la obtención del resultado, al mismo tiempo que creía que, pese a sus diferencias, Pujol era el interlocutor válido.

El 12 de junio, solo tres días antes de la celebración de las elecciones, Tarradellas lanzó un mensaje a todos los catalanes en el que afirmaba: «Cataluña, hoy, como en todas las luchas que ha sostenido durante este siglo, da un gran ejemplo de unidad. Nuestros adversarios o aquellos que sin serlo no lo quieren ver así, que no se equivoquen. El hecho —impensable para muchos hace pocos meses— es que hoy han de constatar que todas las organizaciones políticas y sociales y las personalidades más relevantes de nuestro pueblo quieren firmemente el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el Estatuto de 1932, con modificaciones que la hagan aún más positiva. Esta realidad, que nadie puede negar, quiere ser ignorada por el Estado... Por todo lo que acabo de expresaros, ciudadanos de Cataluña, me permito pediros que el día 15 cumpláis con vuestro deber eligiendo a aquellos hombres que más confianza merezcan en todos los aspectos de vuestra vida de cada día, y especialmente por la defensa que hagan de nuestras instituciones y de su inmediato restablecimiento» [279].

Durante el día de reflexión, Tarradellas se entrevistó en los salones del aeropuerto de Orly con una delegación de socialistas catalanes presidida por Joan Raventós. También estuvo presente Frederic Rahola, nombrado delegado de Tarradellas en Cataluña. Los socialistas le expusieron sus planes para el día después de las elecciones, que consistían en la creación de un Consell presidido por el cabeza de la lista más votada, al que el presidente de la Generalitat delegaría sus funciones. A continuación, los socialistas propugnaban que los parlamentarios electos se constituirían en Asamblea y reclamarían el retorno inmediato del president de la Generalitat, al mismo tiempo que iniciarían conversaciones con el Gobierno en favor del restablecimiento de las instituciones catalanas. Horas después recibió también a representantes del PDC, PSUC, UCD y PSC, a los que reiteró que no quería «aventurismos» de ningún tipo, ni ocupaciones del palacio de la Generalitat, ni nada que pudiera llevar al fracaso, como otras veces había pasado en la historia de Cataluña.

Después de haber cumplido con lo que creía era su obligación, Tarradellas volvió a su casa, donde escuchó el mensaje del general Gutiérrez Mellado en el que advertía: «... si algunas personas o grupos intentasen imponer decisiones al resto de la sociedad por otros medios distintos de los estrictamente legales, que sepan que se enfrentarán con la autoridad de la ley». Y Tarradellas reconoce en sus memorias: «Después de la conversación mantenida por la mañana con los socialistas, me podía ir a dormir tranquilo. Pensé que el general Gutiérrez Mellado también. No se haría nada que no fuera estrictamente legal» [280].

El mismo día de las elecciones, el periódico francés Le Monde publicaba unas declaraciones de Jordi Pujol en las que afirmaba: «El president Tarradellas ha de regresar a Barcelona y presentar su dimisión, hasta que la Asamblea de Parlamentarios no acabe sus negociaciones con el Gobierno, a fin de que las nuevas Cortes nos reconozcan las atribuciones que teníamos en 1932...». Y Pujol insistía a continuación en su conocida tesis: «Tarradellas, en realidad, no es más que un símbolo de continuidad. Tarradellas es una ilusión» [281].

El 15 de junio, Cataluña votó en libertad por primera vez en muchos años y como el resto de España se inclinó por las opciones ideológicas que mejor podían representar su interés como colectividad. Ganó las elecciones la coalición PSOE-PSC, que obtuvo quince escaños y el 28,5 por 100 de los votos, seguida del PSUC, que consiguió ocho diputados y el 18,3 por 100 de los votos. Pujol, que se presentó con la formación electoral Pacte Democratic de Catalunya (PDC), obtuvo once representantes, pero un menor porcentaje de votos que los comunistas, el 17,2 por 100, como consecuencia de la aplicación de la Ley d’Hondt. UCD, que tenía muchas expectativas de ser la vencedora, igualó en porcentaje a los nacionalistas —obtuvo el 17 por 100—, pero que solo le dieron nueve diputados en las nuevas Cortes. El veterano partido democristiano de Cataluña, Unió Democràtica, consiguió dos diputados, y uno, respectivamente, Esquerra de Catalunya y Alianza Popular.

Pero la primera y más importante conclusión de las elecciones generales en Cataluña es que había ganado la izquierda, porque la suma de voto popular de socialistas y comunistas les otorgaba el 46,8 por 100. Había ocurrido lo que el Gobierno tanto temía y el resultado era justamente el contrario del deseado en las altas esferas políticas de la nación, que veían con terror la victoria del llamado —en términos de guerra civil— «frente popular».

En el palacio de la Zarzuela se habían estado recibiendo con anterioridad a las elecciones mensajes muy claros de que no se iba a permitir que una victoria de las fuerzas socialistas y comunistas pusiera en peligro la unidad de España. Estas voces provenían de influyentes militares, que ya habían tenido que «digerir» la legalización del PCE y que asistían atónitos al desmontaje del «franquismo» y sus instituciones realizado por el gobierno Suárez en menos de un año. «Para los eternos conspiradores —dice José Luis de Vilallonga— era la ocasión soñada para alzarse de nuevo. La unidad de España era sagrada. Ni hablar de independencia, ni para los catalanes, ni para los vascos» [282].

Solo doce días después de la celebración de las primeras elecciones generales, en las que la victoria de UCD en toda España se vio algo enturbiada por su resultado en Cataluña, Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de Barajas para entrevistarse con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, primero, y posteriormente con el Rey. ¿Qué había cambiado en el panorama político para que el Gobierno —y la Corona— dieran ese paso, que durante más de un año se consideró inviable? ¿Qué factores determinaron que todos los partidos políticos catalanes y las dos instituciones más representativas del Estado coincidieran en dirigir su mirada hacia el veterano y tozudo político catalán exiliado en Francia desde 1939?

En primer lugar, las elecciones habían dictado su inapelable decisión popular. Los españoles querían que España fuera gobernada por un líder —Adolfo Suárez— apoyado en un partido, UCD. La iniciativa de gobierno, por lo tanto, le correspondía a él.

En segundo término, en Cataluña no había ganado UCD, ni tampoco el PDC de Jordi Pujol, por cuya victoria había apostado el Gobierno. Los catalanes se habían inclinado por los socialistas y comunistas. Y estos habían presentado en su programa electoral el retorno de Tarradellas y el restablecimiento del Estatuto de 1932.

Y es en este momento cuando la Corona y el Gobierno de Adolfo Suárez se dieron cuenta de que necesitaban a Tarradellas, que en todas las conversaciones secretas mantenidas durante un año había garantizado su apoyo a la Corona, a la unidad de España y el respeto al Ejército.

Y, como en tantas situaciones políticas, de la conveniencia mutua se hizo necesidad y todas las fuerzas en juego se apresuraron a hacer suya la máxima de que la política es el arte de lo posible.

En primer lugar, después de conocer el resultado de las elecciones, todos los partidos catalanes reivindicaron el restablecimiento de la Generalitat y el regreso de su president, Josep Tarradellas.

En segundo lugar, el Gobierno no podía obviar la situación ni negociar con Jordi Pujol ni con Carlos Sentís, cabeza de lista de UCD por Barcelona. En la Moncloa pensaron que el Estatuto podría aprobarse por las próximas Cortes, pero lo que no podían era negarse a hablar con Joan Raventós, el líder de los socialistas catalanes, primera fuerza electoral tras el 15 de junio. Afortunadamente, según reconoce Sánchez Terán, durante toda la campaña electoral el gobernador civil de Barcelona, Manuel Ortiz, había estado informando a Adolfo Suárez y a Rodolfo Martín Villa de la conveniencia de plantearse a fondo la opción Tarradellas, evocando de paso la veterana amistad que Carlos Sentís mantenía con Tarradellas. Y esta es la primera decisión que tomó el gobierno Suárez: pedirle a Carlos Sentís que se convirtiera en su interlocutor en el retorno de Tarradellas. De esta forma se pretendía capitalizar, para el Gobierno y UCD, una operación que desde un principio se planteó en términos de Estado. Sentís declaró el 16 de junio a la prensa que «UCD quería la autonomía y reivindicaba el Estatuto de 1932... además de afirmar que el retorno de Tarradellas tenía que haberse producido antes». Ese mismo día, Tarradellas llamó a Carlos Sentís y le dijo que «ahora podía hacer cosas, ahora que era el hombre de Suárez en Barcelona, catalán y amigo mío. No le precisé más, pero me entendió enseguida» [283].

Por su parte, los socialistas tomaron una primera iniciativa que les convertía en los interlocutores lógicos del Gobierno. El 17 de junio, Joan Raventós convocó una rueda de prensa en el Hotel Manila, de Barcelona, en la que anunció que el 21 de junio se iba a constituir la Asamblea de Parlamentarios, cuyo primer objetivo era elegir una comisión permanente de diecinueve miembros, que él mismo presidiría. Raventós confirmó que el 80 por 100 de los votos habían ido destinados a opciones electorales que querían la autonomía y el restablecimiento de la Generalitat y que ya habían solicitado audiencia al Rey y al presidente del Gobierno, que ese mismo día fue confirmado por el Rey. También anunció Raventós que los socialistas estarían en contacto permanente con el president de la Generalitat, «al que desearían ver pronto a la cabeza de la Asamblea de Parlamentarios».

Tarradellas, a su vez, pidió a su hombre de confianza, Frederic Rahola, que convocara una rueda de prensa, en representación de su Órgano Consultivo. El 16 de junio, en el Colegio de Abogados de Barcelona, Rahola, acompañado de alguno de los miembros más significativos del citado órgano —Josep Lluís Sureda, Josep María Bricall, Josep María Castellet, entre otros— y de la secretaria del propio Tarradellas, se pronunció por la necesidad de encauzar el restablecimiento de la Generalitat por la vía de la negociación con todos los partidos políticos, evitando aventuras y sin formular programas o exigencias que pudiesen resultar inviables.

Rahola recalcó que el mensaje de Tarradellas no mencionaba para nada cuestiones técnicas o calendario alguno y que el president se congratulaba de que «el pueblo de Cataluña haya hablado de manera tan inequívoca y que ahora era el momento de que su voz fuera escuchada por los que tenían en sus manos la responsabilidad del poder». «Rechazar —insistió Rahola, leyendo el comunicado de Tarradellas— la voluntad mayoritaria de todo un pueblo cerrará definitivamente el camino pacífico a la democracia. Continuar con la política de regate de sus anhelos es irresponsablemente peligroso, y haberlo hecho nos ha conducido a la grave crisis política y económica que hoy padece España. En el momento actual es imperioso llegar a un acuerdo para que la crisis política no desemboque en una crisis de Estado. Tengo la esperanza —concluía el comunicado de Tarradellas— de que entre las fuerzas políticas, sociales e institucionales se impondrá el realismo y el sentido de la responsabilidad sobre los particularismos y los personalismos» [284].

El 17 de junio, por la tarde, Tarradellas ponía en marcha otra de las iniciativas que iban a consolidar su posición, designando una comisión permanente del Órgano Consultivo, al mismo tiempo que daba instrucciones a Rahola para que apoyara el proceso negociador impulsado por los socialistas, aunque por experiencia sabía «que estos objetivos eran imposibles de cumplirse con rapidez». Pero Tarradellas constataba el 17 de junio en su diario que «la situación era preocupante, sobre todo porque la posición de Madrid no era todavía conocida».

Otro de los hombres que habían jugado un papel decisivo en la opción Tarradellas, Manuel Ortínez, entraría de nuevo en acción al comprobar que los resultados electorales confirmaban el contenido de la carta que el 25 de mayo había dirigido a su interlocutor en el Gobierno, el vicepresidente Alfonso Osorio. Decía Ortínez: «... 1. Es difícil que la opción de Unión de Centro tenga éxito y es lamentable porque era fácil lograrlo. 2. El principio de autonomía, la Generalitat y su presidente se mantendrán y es posible que se hagan apremiantes después de las elecciones si resulta una mayoría de elegidos netamente partidaria del reconocimiento inmediato de estos hechos...» [285].

En las horas inmediatas al 15 de junio, Alfonso Osorio se puso en contacto con Manuel Ortínez para preguntarle si era posible poner en marcha de nuevo la «Operación Retorno», y Ortínez le contestó que «si queremos que tenga éxito habrá que actuar con rapidez. Todo lo que no hagamos antes de la constitución de las nuevas Cortes será tiempo perdido».

Aunque Ortínez no recuerda si fue el 17 o el 18 de junio, en una de esas dos fechas Osorio le volvió a llamar para confirmarle la necesidad de recuperar la «Operación Retorno», advirtiéndole que «la victoria de UCD en el resto de España imponía que el Gobierno capitalizara la operación con la presencia en lugar destacado de Carlos Sentís, cabeza de lista de UCD por Barcelona».

Ortínez subraya su reacción en sus memorias en estos términos: «Aquello que se había planteado desde el primer momento como una operación de Estado entre la Monarquía española y la Generalitat, entre dos instituciones, rebajaba su nivel y se convertía en una operación de Gobierno y en un intento de operación de partido. Esa era la gran modificación» [286].

El 18 de junio, sábado, los socialistas se reunieron con Antonio Gutiérrez, del PSUC, que manifestó su conformidad con que Tarradellas regresase, siempre que lo hiciera como presidente provisional. También lo hicieron con Carlos Sentís, que apoyaba la iniciativa de los socialistas, y que ese mismo sábado había recibido una llamada del presidente Suárez en la que le había expresado la urgencia de hacer frente a la situación creada en Cataluña, convocándole a una reunión en la Moncloa el miércoles 22.

A última hora del sábado, Raventós llamó a Tarradellas para informarle de que la audiencia con el Rey tendría lugar el martes 21 de junio, y que Suárez les recibiría la víspera en el palacio de la Moncloa. Ante la confirmación de ambas entrevistas, Tarradellas hizo unas declaraciones por la radio en las que insistió: «Mi retorno depende del resultado de la gestión de los socialistas en Madrid..., y aunque los socialistas no tienen mandato mío, sí tienen mi confianza», y añadió que quizá podría delegar sus funciones ejecutivas, reservándose las representativas, aunque «era una cuestión delicada que dependía del resultado final de la negociación inminente y que tendría que ser aprobada por todos los partidos».

En sus declaraciones, Tarradellas también se mostraba «optimista sobre la actitud de los parlamentarios catalanes de la UCD en relación a la propuesta de Raventós».

El lunes 20 de junio, Adolfo Suárez —que acababa de ofrecer la cartera de Hacienda a Francisco Fernández Ordóñez— recibió en el palacio de la Moncloa a Joan Raventós, acompañado de Josep María Triginer y de Eduardo Martín Toval, los tres hombres fuertes del PSC. Durante una hora y cuarto, Suárez se mostró prudente, limitándose a escuchar las propuestas de los socialistas, a los que interrumpía diciendo: «¿Y eso cómo lo hacemos?». Suárez estaba dispuesto a capitalizar el retorno de Tarradellas y a no dejar escapar la oportunidad de convertir su regreso en un propósito del Gobierno y de la Corona.

En palabras de Tarradellas, que conoció la versión de la reunión por el propio Raventós, «la entrevista fue tensa, agria, poco cordial. Los tres diputados expusieron la vía Raventós, exigiendo negociar con el Gobierno. Adolfo Suárez les sorprendió demostrándoles que sabía exactamente lo que le iban a pedir. No rechazó en absoluto ninguna de las peticiones socialistas, pero pidió precisiones sobre la manera de efectuar los siguientes pasos, con qué garantías se harían y a partir de qué instrumentos jurídicos» [287].

Como era de esperar, Suárez quiso —con esa actitud— desmontar las propuestas de Raventós, haciéndole ver que carecían de principio jurídico y de articulación legal con la que hacer posible cada paso. La falta de conocimiento de los socialistas de los mecanismos legales del Estado le dio a Suárez la oportunidad de ganar tiempo para ir preparando el retorno de Tarradellas. El único acuerdo al que llegaron ambas partes era el de constituir la Asamblea de Parlamentarios, condición que a Suárez no le perturbaba lo más mínimo. Pero de la derogación de la Ley de 1938, de la ampliación de la amnistía, del restablecimiento del Estatuto de 1932, del retorno de Tarradellas —para el que pidieron un pasaporte—, del nombramiento de Raventós como jefe de gobierno del Consejo Ejecutivo que eligiese la Asamblea de Parlamentarios, de todo ello, quedaron en hablar.

A la salida de la Moncloa, Raventós declaró a los periodistas que había encontrado a Suárez muy receptivo a sus propuestas, anunciando que convocarían una rueda de prensa al día siguiente, después de la entrevista con el Rey.

En palabras de Raventós, durante la rueda de prensa celebrada en el aeropuerto de Barcelona, a su regreso, «el Rey se había mostrado abierto y deseoso de que progresara el proceso que se iniciaba, de acuerdo con las decisiones que tomara el Gobierno». Por la noche, Raventós llamó a Tarradellas para contarle cómo habían ido las dos entrevistas, y de sus palabras este dedujo que había que ser muy prudentes y esperar las iniciativas del Gobierno. En la misma conversación, Tarradellas le confirmó que el 23 le esperaba en París para estudiar juntos la situación.

Pero, simultáneamente al encuentro de los socialistas con Suárez y el Rey, Jordi Pujol pedía ver a Salvador Sánchez Terán, con el que mantenía una estrecha relación. El 21 de junio se entrevistaron en Madrid, entregándole el líder nacionalista un informe que resumía con claridad sus posiciones y que le pedía hiciera llegar al presidente Suárez.

Pujol entendía que era necesario un Gobierno fuerte y estable, y estaba dispuesto a cooperar sobre estas tres bases:

— «Conocer las líneas básicas (económicas, políticas y sociales) de hacia dónde quería Suárez llevar al país.»

— «Que el gobierno Suárez aborde seriamente el tema de las autonomías y que llegue a ser realidad la autonomía de Cataluña.»

— «Que la concesión de la autonomía no se realice a través de los socialistas y comunistas, aunque estos sean los partidos mayoritarios, después de las elecciones. Si la autonomía llega a través de ellos, habrá mayoría de izquierdas durante muchos años en Cataluña.»

Pujol pedía que se derogara el Decreto de 1938, propugnaba el reconocimiento de la Generalitat, aunque no tuviera contenido ni atribuciones, hasta que las Cortes aprobaran la Ley de Autonomía, y en cualquier caso, pedía que el «Gobierno definiera claramente, y de una vez, su postura ante el tema de Tarradellas», al que su partido quería ofrecerle la presidencia de la Asamblea de Parlamentarios [288].

El 22 de junio todo el mundo político comentaba el proceso de negociación abierto entre los socialistas catalanes y el Gobierno, y aunque Raventós había vuelto a Barcelona con las manos vacías, lo cierto es que habían dado un paso trascendental. Tarradellas reconoce en sus memorias que «en Barcelona se decía que los militares, irritados por la Asamblea de Parlamentarios vascos —constituida días antes—, se oponían a la reunión de los catalanes» [289], y el clima del día se enrareció por la aparición del cadáver del empresario vasco Javier Ybarra, que había sido secuestrado por ETA un mes antes.

En la Moncloa estaban citados con el presidente Suárez el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa; el gobernador civil de Barcelona, Manuel Ortiz, y Carlos Sentís. Suárez ha visto el peligro de que la izquierda haga suyo el éxito del restablecimiento de la autonomía y, de acuerdo con el Rey, decide dar un viraje espectacular a su estrategia de cara a la restitución del derecho autonómico de los catalanes, y le propone a Carlos Sentís que hable con Tarradellas y le invite, en su nombre, a venir a Madrid, todo ello con la mayor reserva. Juntos han analizado los resultados electorales, la petición de los socialistas y la presión que en la sombra están haciendo los militares para no admitir el menor asomo de República o Frente Popular en Cataluña. Sentís y el president Tarradellas eran viejos conocidos de los tiempos de la República, cuando el periodista hacía información política y Tarradellas era consejero de la Generalitat. Sentís recuerda que «Tarradellas y yo nos tuteábamos, y aunque habíamos estado distanciados durante un tiempo, él fue el primero en felicitarme por teléfono cuando saqué mi acta de diputado por Barcelona, el 15 de junio» [290]. Suárez reconoció a Ortiz y a Martín Villa que se habían equivocado en su diagnóstico electoral en Cataluña y que no les servía de nada una alianza con Jordi Pujol. Suárez también les dijo que estaba dispuesto a admitir el restablecimiento de la Generalitat, pero que quería que el Estatuto de Autonomía fuera redactado y aprobado por las Cortes. De acuerdo con el Rey, Suárez volvió a recuperar el espíritu que le animó a contemplar el regreso de Tarradellas como fruto de un acuerdo entre el símbolo que él representaba y la Corona.

Pero Suárez también quería que Tarradellas le ayudara a frenar a socialistas y comunistas catalanes, y que aceptara a Sentís como el mediador que permitiera identificar la «Operación Retorno» como una acción de UCD.

Suárez coincidía —sin saberlo— con Tarradellas en que la «Operación Retorno» había que hacerla por sorpresa y desde luego antes de que se formara el nuevo Gobierno y de que en Cataluña se consolidaran las opciones institucionales propuestas por Joan Raventós. Aunque la reconciliación entre la Monarquía y Cataluña había quedado un poco en segundo término por la celebración de las elecciones, todavía era buen momento —según Suárez— para darle sentido histórico y grandeza.

De la reunión en la Moncloa surgió la decisión de que fuera Sentís el que se pusiera en contacto con Tarradellas inmediatamente y quien organizara el viaje a Madrid para entrevistarse con el presidente del Gobierno.

Al llegar a Barcelona, Carlos Sentís cometió la ingenuidad de hablar con Manuel Ortínez del acuerdo del Gobierno de facilitar el regreso de Tarradellas; Ortínez, llevado del afán de protagonismo, trató de disminuir el decisivo papel que Adolfo Suárez habría concedido a Carlos Sentís y también de enturbiar la histórica relación de este con Tarradellas, atribuyéndole unas declaraciones en las que calificaba de iluso y soñador al veterano político republicano. Tarradellas no cayó en ese infundio y desde el primer momento confió ciegamente en la palabra de Sentís y en lo que le ofrecía.

Sentís informó a Manuel Ortínez de que la fecha elegida para la entrevista era el 27 de junio, lunes, y que el Gobierno no se ocuparía de los preparativos del viaje.

La tarde del 22 de junio, Tarradellas viajó a París para preparar la reunión prevista para el día siguiente con Raventós. Se hospedó —como siempre— en el Hotel Mont-Thabor, donde se encontró con el periodista Albert Arbós, al que invitó a cenar con Frederic Rahola. «Justo cuando acabábamos de tomar café —cuenta Tarradellas—, llamó Carlos Sentís para comunicarme el acuerdo tomado horas antes en la Moncloa.» Y añade el tozudo y contumaz presidente de la Generalitat en el exilio durante cuarenta años: «A pesar de los riesgos, hay que reconocer que en aquel momento histórico, cuando todavía no se había formado el nuevo Gobierno, el presidente Suárez tuvo el coraje de abordar la comprometida negociación con mucho sentido de la responsabilidad» [291]. Y concluye Tarradellas su anotación del día 22: «La situación acababa de dar un giro de 180 grados. Decidí actuar con mucha prudencia. Silencio absoluto, hasta que no recibiera confirmación oficial de lo que me decía Sentís». Ni Arbós ni Rahola conocieron el contenido ni la razón de la llamada.

Pero en la reunión de la Moncloa se habían tomado otros acuerdos, y uno de ellos era que había que evitar a toda costa que el 25 de junio, durante la próxima reunión de la Asamblea de Parlamentarios, se creara un Consejo Ejecutivo. Para ello, Suárez le pidió a Rodolfo Martín Villa que convocara al día siguiente en secreto a Jordi Pujol y a Miquel Roca, para advertirles de la inconveniencia de que de la Asamblea de Parlamentarios surgiera un órgano de gobierno que pudiera identificarse con un Consejo Ejecutivo. Pero, además de convencer a Pujol de que no permitiera que los socialistas llevaran a feliz término una de sus propuestas, Rodolfo hizo algo que acreditaba su experiencia y sentido de Estado: guardó secreto de la reunión celebrada el día anterior.

En efecto, el 25 de junio, Jordi Pujol proponía en la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña la constitución de una comisión permanente que solo podía identificarse con un término parlamentario de carácter deliberatorio, sin comprometer ni implicar facultades ejecutivas. Su propuesta fue aprobada por unanimidad y Pujol había conseguido el respaldo de los socialistas al haber propuesto a Raventós como presidente de la citada comisión permanente.

Para Tarradellas, «la transparencia informativa utilizada por los socialistas se había vuelto contra ellos...», y, fiel a su carácter y temperamento, utilizaba este episodio para reflexionar sobre el modo de comportarse en política de los catalanes: «Madrid se aprovechaba una vez más de la ingenuidad política catalana. Los catalanes no habíamos sabido actuar con un factor importante en política y que en los últimos meses había sido el arma principal de Suárez: el efecto sorpresa. Permitiendo conocer por adelantado nuestro programa de acción, dábamos ventaja al adversario»; y concluía el veterano político con una reflexión que pocos políticos han hecho suya: «Parecía que el mejor político fuera el que concedía más declaraciones» [292].

Al día siguiente de la reunión de la Moncloa Tarradellas recibía en el aeropuerto de Orly a Joan Raventós, cuyas impresiones eran muy pesimistas, y pensaba que con Suárez no había nada que hacer. «El Rey —según cuenta Tarradellas— les había causado una impresión bastante pobre... y veían el clima madrileño netamente contrario a los intereses de Cataluña.»

En cuanto a la organización del viaje de Tarradellas, Ortínez habló con el empresario vasco Luis Olarra, quien puso a su disposición su avión particular gratuitamente en cuanto supo que se trataba de llevar a Tarradellas a España. Olarra acababa de ser nombrado senador real.

Ortínez quedó con Tarradellas en que se encontraría con él el domingo 26 de junio en París, en el Hotel Sheraton-Montparnasse, y que viajarían a Madrid el lunes siguiente, pero la incredulidad de Tarradellas era de tal magnitud, que a las cinco de la tarde del domingo 26 seguía en su casa de Saint-Martin-le-Beau. Allí le llamó Ortínez desde el hotel de París, «comprobando que no tenía nada preparado, por incredulidad sobre el desarrollo del proyecto. Francesc Vicens y su mujer, Françoise, se encontraban en su casa y presenciaron la escena. Deprisa y corriendo hicieron el equipaje imprescindible y se vinieron para el Hotel Sheraton-Montparnasse, con la mujer del presidente y su hija» [293].

El avión del empresario vasco Luis Olarra llegó a París a las doce de la mañana del domingo 26 de junio con Carlos Sentís ya a bordo, y poco después, con Tarradellas, despegó de Le Bourget.

Durante el vuelo, Tarradellas reflexionó interiormente sobre su situación: «Yo era un exiliado y representaba una institución cuyo último presidente había sido fusilado por el general Franco. Él [Suárez] era un triunfador, yo un vencido. Él tenía en las manos todos los resortes del Estado y una autoridad efectiva. Yo no tenía nada. Yo solamente podía presentar la autoridad moral derivada de mi trayectoria y de la votación catalana mayoritariamente favorable al restablecimiento de la Generalitat y a mi retorno». Sobre su próximo encuentro con Suárez, Tarradellas dejó escritas estas notas: «Finalmente conocería al presidente Suárez, el político que no había querido pactar conmigo en el momento más favorable y que hubiera subrayado más el carácter de reconciliación y de pacto con la Monarquía. Ahora todo era más delicado. Él acababa de ganar las primeras elecciones democráticas y tenía toda la fuerza del político que sabe vencer en la batalla de cada día y en la de la calle. Era su momento» [294].

Sobrevolando el espacio aéreo español, Carlos Sentís le habló de la personalidad de Suárez, de su pragmatismo y arrojo, y le dijo lo mismo que días antes le había dicho a Suárez en la Moncloa: «Os entenderéis. Suárez es como tú, un animal político. Solo en la edad diferís» [295]. Y Tarradellas, perro viejo, les preguntaba a sus compañeros de vuelo: «¿Estáis seguros de que no me detendrán? Mirad que soy el sucesor del presidente Companys, que murió fusilado...».

Al aterrizar en Barajas, un comisario de policía, con expresas instrucciones del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, expidió un pasaporte en regla a nombre de Josep Tarradellas, que de esta manera entraba en España legalmente, después de haberla abandonado en circunstancias dramáticas el 5 de enero de 1939. Recuerda Tarradellas: «Así quedaba normalizada mi situación de ciudadano español después de tantos años de andar por el mundo con un pasaporte de las Naciones Unidas, porque el general Franco me había condenado a tener la condición de apátrida» [296].

Del aeropuerto, los tres pasajeros del avión privado fueron trasladados al domicilio particular de Manuel Ortínez, situado en el número 4 de la calle Francisco de Asís Méndez Casariego. Tarradellas comentó durante el trayecto su extrañeza porque hubiera tantos anuncios en castellano, acostumbrado a vivir en Francia.

Nada más llegar a su casa, Manuel Ortínez llamó a Barcelona a Joan Raventós, para comunicarle que Tarradellas estaba en Madrid. Ortínez había tenido un encuentro en Barcelona con Raventós, después de que este hubiera visitado a Suárez y al Rey. Esta entrevista se celebró en el Hotel Victoria, de Pedralbes, en Barcelona, y en ella Ortínez le explicó que el Gobierno había decidido poner en marcha la «Operación Retorno» y que Sentís había sido designado intermediario para capitalizarla desde posiciones de UCD. Para justificar esta iniciativa, que no tenía el conforme de Tarradellas, Ortínez escribió en sus memorias: «Como ganadores [los socialistas] creían que tenían derecho a saber el estado de la cuestión y el intento de capitalización por parte de UCD. Como demócrata pensaba que el partido de la mayoría en Cataluña no podía quedar al margen. Mi deber era informarles y su obligación actuar en consecuencia» [297].

Por su parte, Sentís llamó a Rodolfo Martín Villa para confirmarle que ya estaban en casa de Ortínez, y el ministro se presentó allí a las seis de la tarde con el gobernador civil de Barcelona para acompañar a Tarradellas al palacio de la Moncloa, donde el presidente Suárez le esperaba a las siete y media. Tarradellas describió así su encuentro con el ministro del Interior: «Me impresionó que Martín Villa no traspasase en ningún momento su papel de emisario. Era la disciplina gubernamental, consistente en no pisar el terreno de otro» [298].

El ministro y el gobernador Ortiz fueron en su coche oficial, mientras Tarradellas lo hizo en otro de la policía más modesto, con escolta propia, detalle que Tarradellas apreció como «el sentido del Estado que tienen siempre en Madrid». Al llegar a la Moncloa, Tarradellas vio cómo salía Felipe González. A media tarde, Pujol había llamado a Salvador Sánchez Terán para preguntarle si era cierto que Tarradellas estaba en Madrid.

Tarradellas y sus dos acompañantes fueron conducidos al despacho del presidente del Gobierno, donde Suárez les estaba esperando. Fue Carlos Sentís quien hizo las presentaciones, diciéndole a Suárez: «El honorable Tarradellas», y girándose hacia este añadió: «El presidente Suárez».

Las primeras palabras de Tarradellas fueron: «He venido a Madrid para conocer el pensamiento del Gobierno sobre Cataluña y lo que quieren ustedes hacer. Desearía después ser escuchado sobre mi pensamiento y mis propósitos».

Suárez le contestó que el Gobierno que él presidía quería solucionar el problema de Cataluña como un asunto de Estado y que por ello estaba dispuesto a pactar, de acuerdo con las posibilidades de la legislación vigente y sin perjuicio de lo que más adelante pudiera aprobar el Parlamento. Tarradellas le dijo que le parecía muy bien la intención del Gobierno, pero que no contase con él para otra solución que no fuera el restablecimiento de la Generalitat.

El profesor Josep Maria Colomer ha resumido con gran acierto las posiciones de ambos políticos: «Para Suárez, que, como hemos dicho, descartaba asumir el programa rupturista de la oposición [299], las opciones eran: o bien mantenerse en su programa reformista de constitución de un Consejo General de Cataluña con participación de los representantes de las diputaciones franquistas, o bien aceptar la legitimidad simbólica de Tarradellas y su retorno a Cataluña como presidente de la Generalitat, pero sin restablecimiento del Estatuto de Autonomía».

«Tarradellas, por su parte —continúa Colomer—, podía elegir entre seguir reivindicando el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 1932 y su retorno al frente de un Gobierno autónomo provisional y aceptar la Reforma de Suárez, es decir, las condiciones generales de mantenimiento de la Monarquía y la unidad de España más las específicas de una descentralización administrativa regional» [300].

Suárez —según Colomer— daba prioridad al rechazo del Estatuto y a la imposición de su programa de descentralización administrativa. Tarradellas, en parte obsesionado por su retiro, por su larga ausencia y por su edad, daba prioridad al reconocimiento de su legitimidad simbólica como presidente de la Generalitat, sabiendo que la aceptación de una fórmula de descentralización administrativa le produciría un conflicto con los socialistas.

La estrategia de Suárez partía de una posición de máximos: primero, mantener la propuesta de un Consejo General de Cataluña, convencer a Tarradellas de que renunciara a la reivindicación del Estado y de que aceptara la unidad de España, la Monarquía y la descentralización administrativa; en segundo lugar, admitiría la legitimidad simbólica de Tarradellas a cambio de que este aceptara integrarse en la fórmula de descentralización administrativa. «En último lugar —según el argumento de Colomer—, Suárez admitiría reconocer la legitimidad de Tarradellas como presidente de la Generalitat, mientras que este se mantenía en su posición rupturista de reivindicación del Estatuto y presidía, de acuerdo con los partidos, un Gobierno autónomo provisional» [301].

«¿Cuál era el orden de preferencias de Tarradellas? En primer lugar, volver a Cataluña como presidente de un gobierno provisional de la Generalitat con el Estatuto de Autonomía restablecido (es decir, la última preferencia de Suárez); en segundo lugar, ser reconocido simbólicamente, aunque fuera en un marco de aceptación de la Reforma y de mera descentralización administrativa; en tercer lugar, permanecer en el acuerdo rupturista con los partidos autonomistas reivindicando la legitimidad republicana y estatutaria mientras Suárez persistía en su propuesta reformista; y por último, la renuncia a su legitimidad como presidente de la Generalitat y la aceptación de las condiciones de la Reforma, incluida la fórmula de una descentralización administrativa (es decir, la primera preferencia de Suárez)» [302].

En la primera entrevista que mantuvieron, Suárez le pidió a Tarradellas que acatara públicamente al Rey, la unidad de España e hiciera una manifestación de respeto al Ejército, negándose a reconocerlo como presidente de la Generalitat. Como describe el periodista Lluís Bassets, «La primera entrevista en la Moncloa no tuvo testigos y fue un fracaso. Tarradellas y Suárez permanecieron enrocados en sus posiciones. “Tarradellas —cuenta Sentís— se jugó a cara o cruz sus treinta años de exilio”» [303]. En un momento dado, Suárez le dijo a Tarradellas: «No me pide nada, pero me lo pide todo».

Por su parte, Tarradellas recuerda así el encuentro: «Mi plan era restablecer la Generalitat con un mínimo de poder político, como el del año 1931, con tal de que nuestra institución fuera el rodaje necesario antes del Estatuto...». Y continúa: «Adolfo Suárez no quería reconocer la Generalitat en aquellos momentos. Yo quería que la reconociese. Me hizo todo tipo de ofertas: la Mancomunidad A, la Mancomunidad B, el Gobierno Provisional C, el Consell D... A cada propuesta yo le contestaba que no. Me explicaba los precedentes jurídicos de cada una de sus opciones, las disposiciones legales, las posibilidades administrativas».

E insiste Tarradellas en sus memorias: «No me dejé convencer. Mis negativas le exasperaban. Me ofreció la presidencia de todo lo que tenía a mano, y yo rehusaba. Adolfo Suárez no lo entendía». En un momento dado de la entrevista, Suárez —según Tarradellas— le dijo: «No olvide que soy el jefe del Gobierno de un país de treinta y seis millones de habitantes y que usted fue el jefe de Gobierno de la Generalitat que perdió la Guerra Civil», a lo que Tarradellas replicó: «No olvide usted que un jefe de Gobierno que no sepa solucionar el problema de Cataluña pone en peligro la Monarquía». Ortínez ofrece una versión parecida de la entrevista, y dice que se la contó el propio Tarradellas.

«—Yo tengo el poder —decía Suárez.

—Yo tengo un millón de personas en la calle dispuestas a reclamar mi retorno —le contestaba el president.

—No me impresiona eso. Usted no es nadie. Usted es lo que yo digo que es. Nada más.»

Y añade Ortínez: «La lógica suarista era tan tremenda como cierta. Era la lógica del Estado encarnada en su representante triunfador» [304].

Tampoco hubo acuerdo en la redacción del comunicado de prensa que a la salida había que ofrecer a los medios de comunicación, porque Tarradellas insistía en que había viajado a Madrid como presidente de la Generalitat, título que Suárez no quería que figurara. A la vista de esa nueva dificultad, Tarradellas propuso que el comunicado incluyera el término «honorable», que todo el mundo en Cataluña identificaba con el tratamiento del president de la Generalitat. Al despedirse, Suárez le dijo que al día siguiente le llamaría para comunicarle la hora de la audiencia con el Rey.

A la salida, un gran número de periodistas esperaban las declaraciones del honorable Tarradellas, y este, sobreponiéndose a la tensión de la situación y demostrando entereza y habilidad, contestó que la entrevista había sido muy cordial, que habían tratado de la autonomía de Cataluña y que él había hablado siempre como presidente de la Generalitat y que esperaba haber sido escuchado como tal. Un periodista le preguntó si pensaba dimitir, a lo que Tarradellas respondió que de ninguna manera y que él volvería a Barcelona como presidente de la Generalitat.

Algunos de los colaboradores del presidente Suárez, testigos de las declaraciones de Tarradellas, entraron en el palacio y le explicaron el sentido de las palabras que el honorable había pronunciado, provocando el asombro y la inicial incredulidad de los allí presentes. Suárez comentó con admiración la estrategia de su rival y reiteró a Martín Villa la intransigencia y dureza exhibidas por el veterano político catalán en el transcurso de la entrevista.

Salvador Sánchez Terán recuerda las dudas que asaltaron a Suárez sobre la virtualidad de la «Operación Tarradellas», pero añade que la prudencia de las declaraciones de este y la influencia de Rodolfo Martín Villa suavizaron la situación.

Al subir al coche, Tarradellas le dijo a Sentís que ya podían volverse a París, porque la entrevista había sido un fracaso. En casa de Manuel Ortínez, Tarradellas pidió quedarse a solas un buen rato para meditar. «No habíamos llegado a ningún acuerdo —escribe Tarradellas—. Suárez quería una cosa. Yo otra. Él tenía detrás suyo un Gobierno, un ejército, un país de treinta y seis millones de habitantes. Yo tenía mis anhelos, y basta» [305].

Pero dándole vueltas a su situación, Tarradellas se dio cuenta de que justamente su fortaleza estaba en no ceder y en actuar más que nunca como president de la Generalitat. Ortínez cuenta en sus memorias que Tarradellas llegó muy afectado de su entrevista con Suárez. «Era un hombre ya mayor, siempre propenso a la somatización. Habló muy poco y pidió acostarse un rato. Tengo el recuerdo de que le di un estimulante para animarle» [306].

Por su parte, en el palacio de la Moncloa, Suárez se había quedado preocupado y contrariado. Tanto como la actitud de Tarradellas le inquietaban las noticias que circulaban desde que se supo que el veterano honorable aterrizara en Madrid. Una vez más, los militares habían hecho llegar sus mensajes de intransigencia y de amenaza. Le comentó primero a Rodolfo Martín Villa y después al Rey que Tarradellas era un tozudo, pero coincidió con ellos en que ahora ya no podían volverse atrás y que con Tarradellas en Madrid había que llegar a un acuerdo. Por ello, dio instrucciones a sus colaboradores para que pidieran a TVE que tratara bien a Tarradellas en el telediario de la noche. Así fue; esa noche, el telediario informó que «el honorable Tarradellas había visitado en la Moncloa al presidente del Gobierno», produciendo la lógica alegría en Tarradellas, que consideró el tratamiento como un detalle y como una pequeña victoria.

Pero los rumores sobre malestar militar eran ciertos, y tanto el Rey como Adolfo Suárez consideraron que era mejor aplazar la audiencia que al día siguiente el Rey iba a conceder a Tarradellas, que recibió la noticia con profunda consternación. «¿Qué había pasado?», se preguntó el honorable en casa de Manuel Ortínez. El Rey tenía previsto asistir el 28 de junio a unas maniobras militares en Segovia y prefirió hablar con el militar que con mayor virulencia se había manifestado contrario al entendimiento del Gobierno y de la Corona con Tarradellas: el capitán general de Cataluña, Francisco Coloma Gallegos. Este había protestado porque el Rey aceptara recibir a un «rojo y un vencido» [307]. Ortínez relata que «el desconsuelo de Tarradellas fue enorme. Lo veía todo fracasado».

Mientras, la llegada de Tarradellas a Madrid había producido un gran sobresalto en Barcelona. Jiménez de Parga declaró que la visita a Madrid del honorable la había gestionado Carlos Sentís, y los líderes de Convergencia Democrática se mostraban especialmente nerviosos, al sentirse «marginados» por Madrid de una operación de esa envergadura. Por su parte, Raventós viajó a la capital de España el martes 28 de junio, respaldando toda la actuación del honorable. Este le relató la entrevista con Suárez con todo detalle, y de común acuerdo decidieron que Tarradellas le enviara una carta para que Raventós pudiera informar a la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios.

Y mientras Tarradellas recibía a periodistas y amigos en casa de Manuel Ortínez, Suárez presidía una reunión de parlamentarios de UCD, destinada a estudiar su constitución en un solo partido, al término de la cual hizo una breve rueda de prensa en la que aludió al problema regional y al viaje de Tarradellas a Madrid, precisando que no le correspondía a él reconocerlo como presidente de la Generalitat, sino a las instituciones catalanas, y que la entrevista del día anterior con el honorable había resultado muy ilustrativa. En esta conferencia de prensa, celebrada en el local de la coalición UCD en la calle Cedaceros, de Madrid, Suárez afirmó —con claridad— que el centralismo no conducía a la integración de los españoles.

A media tarde del martes 28, Tarradellas visitó a Rodolfo Martín Villa en su despacho oficial y juntos analizaron la situación creada. Martín Villa le explicó que la Generalitat despertaba reticencias por ser una institución republicana, y que su restablecimiento era competencia del poder legislativo, que todavía no se había constituido. Tarradellas le explicó el origen medieval de la Generalitat y le confirmó que aceptaba que fueran las Cortes las que resolvieran el restablecimiento, y que él podía esperar, pero también le ratificó que no pensaba irse de Madrid hasta que no hubiesen llegado a un acuerdo.

Por la noche, Tarradellas vio las declaraciones de Suárez por televisión y la prudencia con la que se manifestaba sobre su viaje a Madrid y sobre el problema regional. Al recordar aquellos momentos en sus memorias, dejó anotadas estas impresiones: «Suárez se había manifestado así porque la negociación no estaba cerrada y para no contribuir al nerviosismo militar. Adolfo Suárez, ¡podía haber dicho tantas cosas!». Y añadía: «Esta es la diferencia que se aprecia como un hecho general entre los políticos castellanos y catalanes. Ellos tienen sentido de Estado, saben callar, contenerse, mantener las perspectivas justas de un problema. En suma, saben ser oficiales. A los catalanes nos cuesta mucho más». Tarradellas durmió aquella noche más tranquilo, porque, poco antes de acostarse, Carlos Sentís le llamó para confirmarle que el Rey le recibiría al día siguiente.

El miércoles 29 de junio de 1977, a las nueve y media de la mañana, Josep Tarradellas salía de la casa de Manuel Ortínez camino del palacio de la Zarzuela. A pie de las escaleras, el comandante Sintes le recibió con una coloquial y amable expresión: «Bon día, senyor president; com está!». El Rey, que la víspera había calmado las inquietudes del capitán general de Cataluña, recibió a Tarradellas, pidiéndole a Carlos Sentís que se quedara, y, en palabras de Sánchez Terán, «el Rey no pactó ni negoció nada, pero supo crear el clima necesario para que la segunda reunión Suárez-Tarradellas permitiera establecer un positivo clima de diálogo».

La conversación se prolongó durante tres cuartos de hora y el Rey trató a Tarradellas con calor y afecto. Primero tomó la palabra el honorable: «Fui derecho al tema, sin perder tiempo. Ante todo, le agradecí que un Rey quisiera recibir a un republicano que continuaba siendo leal a sus convicciones republicanas, sin que ello fuera un obstáculo para contribuir a la estabilidad del Estado, a facilitar la transición y a la consolidación de la democracia. Le resumí mi punto de vista sobre la irreversibilidad de la Generalitat, sobre su sentido del pacto con la Monarquía y de la reconciliación entre todos los españoles» [308].

Según Tarradellas, «el Rey escuchaba con deferencia, pero cuando tomó la palabra dijo que resultaba complicado restablecer la Generalitat en aquellos momentos, entre otras razones porque después de la dimisión de Josep Irla [último presidente de la Generalitat] se había producido un vacío de poder en la institución que hacía sospechar a algunos sobre un posible vicio de forma en todas las actuaciones posteriores». Tarradellas se sorprendió por la minuciosa información que el Rey demostraba tener sobre la trayectoria de la Generalitat en el exilio y le recordó que el vacío de poder no se había producido, porque Irla firmó antes de dimitir unos decretos delegándole todas las facultades ejecutivas con el fin de asegurar los mecanismos que harían posible la elección de nuevo presidente. Esto tranquilizó al Rey, y a continuación Tarradellas le expuso la necesidad del restablecimiento gradual de la Generalitat a partir de unos mínimos negociables, «como ya le había manifestado al presidente Suárez y al ministro Martín Villa. El Rey me repitió que una operación de esta envergadura tenía que pasar necesariamente por las Cortes, y yo le repetí que no tenía prisa y que confiaba en que el Gobierno encontraría la solución técnica adecuada» [309].

Al concluir la entrevista, el Rey le dijo a Tarradellas que hablaría con Suárez para que la negociación siguiera su camino normal.

A primera hora de la tarde, Tarradellas dio una rueda de prensa acompañado de Joan Raventós, que explicó su presencia como prueba del soporte de los parlamentarios al proceso iniciado. Más tarde, el honorable elogió la figura del Rey y con tanta prudencia como optimismo se pronunció sobre las conversaciones mantenidas con los representantes del Gobierno. De Suárez declararía en el programa Miramar de TVE: «Suárez es un hombre inteligente, un hombre que sabe decir que no con firmeza, capaz de reflexionar, pero también abierto y con el que es posible entenderse, encontrar puntos de coincidencia».

Después de la sutil y decisiva intervención del Rey, Suárez citó a Tarradellas para el viernes 1 de julio. Pese a que la primera entrevista había sido tensa, Suárez le había dejado claro a Tarradellas que el restablecimiento de la Generalitat solo se podía hacer de acuerdo con la legalidad vigente y que la reivindicación del Estatuto de 1932 era imposible, porque debían ser las Cortes las que elaboraran el nuevo Estatuto. Antes de entrevistarse con Suárez, Tarradellas estudió con Raventós las posibilidades legales de restablecimiento de la Generalitat y contó con el asesoramiento de José Luis Sureda para la redacción de una nota sobre el régimen transitorio de la Generalitat, según la cual el restablecimiento se haría de acuerdo con la Base 1.ª, apartado 3.º, de la Ley de 19 de noviembre de 1975, llamada de Bases del Estatuto de Régimen Local, que permitía establecer divisiones territoriales distintas de la provincia. El propósito de esa modificación era que el «Gobierno estableciera la unidad territorial de Cataluña, restaurando así la Generalitat como su representación legal y permanente, en régimen transitorio». De esta forma, la Generalitat asumiría la totalidad de las competencias de las diputaciones provinciales (Gerona, Lérida, Tarragona, Barcelona).

El jueves por la tarde, Tarradellas visitó a Leopoldo Calvo-Sotelo en la sede de UCD y se reunió en el Hotel Ritz con el veterano político Josep Andreu i Abelló, al que pidió apoyo público para el restablecimiento de la Generalitat. Estos encuentros y los que venía celebrando en Madrid provocaron en Barcelona algunas críticas a Tarradellas, al que acusaron de estar siendo manipulado por Sentís y la UCD.

El viernes 1 de julio, Suárez recibió a Tarradellas, acompañado de Carlos Sentís, por espacio de cuarenta y cinco minutos, mostrándose abierto y comprensivo, pero le hizo ver que él le hablaba en nombre de las restantes regiones y provincias españolas, cuyos derechos había que respetar, y que, entendiendo la importancia de Cataluña, el programa de su Gobierno tenía como tarea prioritaria elaborar una Constitución de consenso en la que se reflejara de forma nítida el problema autonómico. Suárez le explicó que «hoy por hoy, el tema del restablecimiento de la Generalitat era prematuro y que él quería conocer el dictamen del Consejo de Estado».

Tarradellas, por su parte, le explicó que su misión era «convencerle de que los catalanes querían la Generalitat sin que ello significara revolución alguna», y propuso que el restablecimiento de la Generalitat «se podía efectuar por etapas, de acuerdo con las reformas del Estado en curso».

Las posiciones se habían acercado a las segundas preferencias de cada uno, y ya solo quedaba que Rodolfo Martín Villa perfilara un texto de acuerdo con esos términos.

A la salida de la Moncloa, Tarradellas abrazó a Carlos Sentís y juntos visitaron por la tarde al embajador francés, Jean-François Deniau, a quien el veterano político quiso testimoniar el agradecimiento a Francia, el país que le había acogido tantos años. También, con Raventós, visitó la sede del PSOE en la calle Santa Engracia, donde le recibieron Felipe González y Enrique Múgica, y con Gregorio López Raimundo visitó la del PCE, entrevistándose con Santiago Carrillo. En el encuentro que mantuvo con Manuel Fraga no estuvo Laureano López Rodó. También se entrevistó con Enrique Tierno Galván.

El sábado 2 de julio, Rodolfo Martín Villa se reunió con Tarradellas —al que acompañaba Carlos Sentís— para redactar un comunicado conjunto que resumiera las conversaciones mantenidas y los acuerdos tomados. En ningún momento Martín Villa incluyó el término Generalitat, lo que motivó que Tarradellas volviera a ponerse duro y exigente, pese a estar conforme con los términos de lo pactado.

Quedaron en volver a hablar cuando Rodolfo Martín Villa concluyera la rueda de prensa convocada. En ella, Martín Villa no citó una sola vez la palabra Generalitat, pero sí manifestó su satisfacción «porque las conversaciones han sido muy importantes, aunque todavía faltan una serie de puntualizaciones jurídicas y técnicas para llegar a acuerdos concretos y definitivos».

Martín Villa llamó al presidente Suárez para explicarle cómo había ido la reunión de la mañana y para decirle que Tarradellas había exigido que se le citara como honorable. Suárez examinó el texto del comunicado y, después de consultar con sus colaboradores y con el propio Martín Villa, accedió a que se incluyera ese tratamiento. Sánchez Terán sostuvo que la razón de que Tarradellas exigiera ese trato era que le reconocía un estatus y que a cambio de ello se había conseguido eludir cualquier cita del Estatuto de 1932. «Para Tarradellas era una cuestión de reconocimiento institucional.»

El texto del comunicado final lo conoció Tarradellas cuando ya estaba en casa de Manuel Ortínez, a través de una llamada de la Moncloa, que le informó de que Suárez aceptaba incluir el término honorable.

El llamado «Protocolo Suárez-Tarradellas» fue hecho público la noche del sábado, y sus grandes líneas eran, según Sánchez Terán, las siguientes:

a) Se expresa por el Gobierno el propósito de restaurar las instituciones históricas de Cataluña, sin precisar la forma, el tiempo ni el proceso.

b) Se desea fundamentar cualquier decisión en la legalidad vigente, y en concreto sobre la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo texto articulado se halla en preparación. La «fórmula transitoria» emanará del marco de la vida local y con la decisión asociativa de las cuatro diputaciones catalanas.

c) No hay ninguna referencia al Estatuto del 32. El régimen definitivo de autonomía ha de ser establecido por las Cortes.

d) No se reconoce a Tarradellas su condición de presidente de la Generalitat, aunque sea en el exilio. No obstante, ante su insistencia, se acepta darle el tratamiento de «honorable».

e) Para evitar cualquier crítica de discriminación, se hace una referencia explícita al régimen de autonomía que debe ser ofrecido a todas las regiones españolas [310].

En cuanto al punto e) del resumen que hizo Sánchez Terán, hay que subrayar que está inspirado en un párrafo del «Protocolo» que textualmente decía: «Se precisa por parte del presidente del Gobierno, en lo que mostró su conformidad el honorable señor Tarradellas, que las autonomías deben ofrecerse a todas las regiones españolas, sin que las formas concretas de las mismas hayan de ser uniformes, pues, en todo caso, han de respetarse las peculiaridades sociológicas e históricas de todos los pueblos españoles, dentro de la irrenunciable unidad de España».

Aunque Clavero Arévalo tuvo muy poca participación en el restablecimiento de la autonomía catalana, este párrafo es ya el efecto que su propuesta de «autonomías para todos» había producido en el entorno de la presidencia.

Para no herir la susceptibilidad de la derecha franquista y su entorno militar, se pretendía ofrecer al resto de las regiones una fórmula de descentralización administrativa que no habían pedido y que a medio y largo plazo causaría más inconvenientes que si se hubiera optado solo por consagrar el reconocimiento autonómico de las tres regiones que atesoraban una reivindicación histórica de autogobierno: Cataluña, el País Vasco y Galicia.

El domingo, Tarradellas escribió algunas cartas de despedida a Suárez, Martín Villa y el marqués de Mondéjar, y de agradecimiento a Luis Olarra y Alfonso Osorio. Regresó a París en un vuelo de Iberia, acompañado de Manuel Ortínez.

En las semanas posteriores se produciría un pulso entre Tarradellas y la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios, por la definición de la descentralización administrativa y la disolución del acuerdo que ambos habían suscrito para reivindicar el Estatuto. «La negociación se había de hacer —escribe Tarradellas— de forma que no degenerase en una confrontación poselectoral. Todos los partidos tenían que intervenir, pero bajo mi dirección, de acuerdo con lo que el Gobierno había pactado conmigo.» Y añade el honorable: «Mi propósito era dejar bien claro que yo asumía el peso de la negociación» [311].

Pero, pese a su deseo de imponer su autoridad, Tarradellas tuvo que enfrentarse al rechazo que los parlamentarios manifestaron a Martín Villa a causa de la integración de las cuatro diputaciones en la proyectada Mancomunidad, plasmado en un proyecto de Ley de Restablecimiento de la Generalitat. El 29 de julio, después de muchas horas de negociación, Tarradellas y los parlamentarios llegaron a un acuerdo, que fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, y en el que se acordaba «constituir bajo la presidencia del president de la Generalitat una comisión negociadora del restablecimiento inmediato de la Generalitat en el territorio de Cataluña y de la regulación de su régimen transitorio». Esta comisión negociadora fue nombrada por Tarradellas y la integraban Joan Raventós, Antonio Gutiérrez Díaz, Jordi Pujol, Carlos Sentís, Josep María Triginer y Josep Benet.

En correspondencia, a primeros de agosto, y al terminar una de las primeras reuniones de UCD como partido político, Rodolfo Martín Villa le propuso a Salvador Sánchez Terán —en presencia de Adolfo Suárez y por sugerencia de este— que se hiciera cargo de la negociación con Tarradellas, relatándole el detalle de las reuniones mantenidas por este con Suárez y el Rey e insistiéndole en que no había ningún acuerdo en firme, solo voluntad de restablecer provisionalmente la Generalitat.

Todos los textos que examinó comenzaban derogando el Decreto-ley de 5 de abril de 1938, que eliminaba el régimen establecido por el Estatuto de 1932. Después de un examen minucioso de estos, Sánchez Terán redactó el texto de un decreto-ley de ocho artículos, que sometió a la conformidad del presidente Suárez, de Rodolfo Martín Villa y de Fernando Abril, que ya se había convertido en el «hombre fuerte» del Gobierno.

Con el conforme del Gobierno, Sánchez Terán llamó a Carlos Sentís y este organizó su primer encuentro con Tarradellas para los días 10 y 11 de agosto, en el Hotel Crillón, de París. Acompañaban a Tarradellas, Manuel Ortínez y José Luis Sureda, y Sánchez Terán prefirió escuchar los planteamientos de sus interlocutores, en lugar de mostrar su decreto-ley.

Tarradellas le entregó un documento titulado «Bases para un Decreto-ley de restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña», con el que Sánchez Terán expresó su coincidencia general, pero rechazó los artículos que proponían que «la Generalitat asumiera la representación legal de Cataluña» y que «el Gobierno y la Administración de Cataluña durante el período transitorio corresponderían al president de la Generalitat».

Las coincidencias se centraban en no otorgar rango legal a la Asamblea de Parlamentarios, cuya labor debía centrarse en la negociación y redacción del Estatuto en las Cortes, y en no nombrar ningún jefe de gobierno. Pero la más significativa coincidencia era que el nombramiento de Tarradellas fuera realizado por real decreto, es decir, por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno. Esta fórmula permitía que el real decreto derogase la Ley de 5 de abril de 1938. El 19 de agosto se celebró una reunión en la Moncloa, a la que asistieron el presidente, Martín Villa, Abril Martorell, Manuel Clavero y Salvador Sánchez Terán, en la que este informó del curso de la negociación y en la que Manuel Clavero introdujo de nuevo su rechazo a un tratamiento privilegiado de Cataluña frente a las demás regiones, posición que hizo dudar a Suárez de si no era mejor esperar a la elaboración de la Constitución —cuya negociación ya había comenzado—. Finalmente prevaleció el criterio de seguir adelante con el restablecimiento de una Generalitat provisional, discutiéndose en el siguiente encuentro entre Sánchez Terán y Tarradellas, celebrado en París los días 26 y 27 de agosto, aspectos concretos de la fórmula elegida por el Gobierno: real decreto para el nombramiento de Tarradellas y decreto-ley para el restablecimiento y competencias de la Generalitat.

La posición del Gobierno, expresada en el texto del decreto-ley, exigía —entre otras cosas— que «los órganos de gobierno de la Generalitat establecidos por este decreto-ley podrán ser disueltos por el Gobierno por razones de seguridad del Estado», así como que «la Generalitat provisional no podía suprimir ni suplantar a las diputaciones, sino coordinarlas».

Alguna de las objeciones que planteó Tarradellas fueron trasladadas por Sánchez Terán a Fernando Abril, que —en palabras del negociador gubernamental— «había ido asumiendo un mayor protagonismo al coordinar los Ministerios del Interior, Regiones, Presidencia y Justicia».

El 30 de agosto estalló la tensión entre Tarradellas y los parlamentarios catalanes, viéndose obligado el honorable a destituir a Josep Benet, por unas desafortunadas declaraciones al periódico Mundo Diario, en las que afirmaba que «era imposible llevar una negociación con una parte en Madrid y la otra en Saint-Martin-le-Beau. La negociación se ha dejado pudrir». La réplica no se hizo esperar, y al día siguiente, pese a los desesperados intentos de Raventós por que Tarradellas rectificara, la Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios decidió por unanimidad no aceptar la destitución y cancelar la entrevista prevista para ese día con Tarradellas en Saint-Martin-le-Beau. Algunas fechas más tarde, el PSC expulsó al jurista José Luis Sureda por haber participado en las negociaciones con el Gobierno como asesor de Tarradellas.

El Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 1977 examinó los textos del real decreto y el decreto-ley, sin plantear objeción alguna. Una reunión previa en casa de Sánchez Terán con Sureda, Ortínez y Rahola había «pulido» tanto su contenido que el visto bueno del Gabinete fue refrendado por el que después del Consejo dieron Lavilla, Clavero, Otero, Jiménez de Parga e Íñigo Cavero, en una conversación en Castellana, 3, sede de la Vicepresidencia del Gobierno.

El acuerdo era ya definitivo, y así se lo comunicó Sánchez Terán a Tarradellas esa misma tarde. «Misión cumplida, honorable; el Gobierno está ya en disposición de aprobar oficialmente el decreto-ley y su nombramiento, y Su Majestad el Rey puede firmar ambos documentos el 11 de septiembre. Puede usted volver a Cataluña en la fecha que estime oportuno» [312].

Pero la «crisis Benet» había cerrado los contactos entre Tarradellas y los parlamentarios, impidiendo la negociación final de la composición del Consell de la Generalitat, que en opinión de todos debía atender a criterios políticos, incluyendo a socialistas y comunistas. Tarradellas desbloqueó la situación con habilidad, convocando una reunión el 5 de septiembre con los jefes de fila de todos los partidos políticos, fórmula que evitaba a la Comisión Negociadora y a la Comisión Permanente. Tarradellas cedió algo en sus posiciones y, tras mostrarles los textos de los acuerdos, les invitó a mejorarlos, negociando directamente con el Gobierno. La reunión se celebró en una sala del aeropuerto de Orly, y a ella asistieron: Carlos Sentís (UCD), Heribert Barrera (ER), Antón Cañellas (UCD), Gregorio López Raimundo (PSUC), Jordi Pujol (CDC), Joan Raventós (PSC), Ramón Trías Fargas (EDC), Josep Maria Triginer (PSOE) y Josep Verde i Aldea (PSR), que fueron los mismos que dos días después eran recibidos en Castellana, 3, por el vicepresidente Abril, al que acompañaban los ministros del Interior y de Regiones, y Sánchez Terán.

El 11 de septiembre, Cataluña celebró su Diada con una gigantesca manifestación, que convocó a más de un millón de personas y en la que se vivió con alegría el inminente restablecimiento de la Generalitat. Tarradellas envió un mensaje institucional y vio emocionado la Diada desde su residencia de Saint-Martin-le-Beau.

Pero quedaban todavía algunos problemas para que se llegara a un acuerdo final. Con razón, los parlamentarios exigían que en el texto del decreto-ley se incluyera un reconocimiento a su legitimación democrática que les permitiera ejercer un cierto control del Consell Executiu; Sánchez Terán propuso a Suárez aceptar esta ligera modificación. El siguiente conflicto surgió cuando la Comisión Permanente de los parlamentarios catalanes rechazó que en el futuro Consell Executiu figuraran los presidentes de las cuatro diputaciones, obligando a que, tras una reunión con el ministro del Interior, estos renunciaran a ser incluidos. Finalmente, tras varias reuniones, se llegó al acuerdo de que Tarradellas formara un gobierno de consenso, en el que figurarían los líderes de los cinco grandes partidos —PSC-PSOE, PDC, PSUC y UCD— como consejeros sin cartera, acompañados de consejeros ejecutivos, elegidos por su idoneidad profesional. Esta fórmula satisfizo a todos, porque tanto Tarradellas como el Gobierno preferían que los líderes de los partidos políticos estuvieran dentro del Consell y no fuera. Tarradellas, partidario de que su figura prevaleciera por encima de los demás políticos, se mostró encantado con lo que él llamó gobierno de unidad.

Por fin, el 28 de septiembre, Sánchez Terán y Tarradellas se reunieron en el Hotel de France, de Perpiñán, para formalizar el acuerdo definitivo, plasmado en los textos del real decreto y del decreto-ley y en la composición del Consejo Ejecutivo de la Generalitat provisional, que finalmente contaría con un representante del PSOE y otro del PSC, exigencia última del partido que había ganado las elecciones en Cataluña.

La «cumbre» concluyó hacia las once de la noche y, a su término, Sánchez Terán y Tarradellas ofrecieron una rueda de prensa, en la que el delegado del Gobierno anunció: «Señoras y señores, queremos comunicarles que a las once de la noche el honorable señor Tarradellas, los jefes de los partidos y yo personalmente, como representante del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, hemos llegado a un acuerdo sobre el restablecimiento provisional de la Generalitat». Tarradellas dijo que «el pueblo catalán ha triunfado por su tenacidad y fe en Cataluña y creo que veremos pronto la Generalitat restablecida y que su presidente estará en Cataluña a vuestro lado». Concluyó con un emocionado «Visca Catalunya! Visca Espanya!» [313].

El texto del acuerdo de Perpiñán recogía los siguientes compromisos:

En Perpiñán, a 28 de septiembre de 1977, se han reunido bajo la presidencia del honorable señor don Josep Tarradellas y de don Salvador Sánchez Terán, representante del presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez, los señores: Frederic Rahola, delegado del honorable señor Josep Tarradellas en Cataluña; Macià Alavedra, de Esquerra Democràtica de Catalunya; Heribert Barrera, de Esquerra Republicana de Catalunya; Antón Cañellas, de Unió Democràtica de Catalunya; Carles Güell, de Centre Català; Gregorio López Raimundo, del Partit Socialista Unificat de Catalunya; Jordi Pujol, de Convergència Democràtica de Catalunya; Joan Raventós, del Partit Socialista de Catalunya (C); Carlos Sentís, de Unió Centre Democràtic; Josep Maria Triginer, de Federació Socialista de Catalunya (PSOE), y Josep Verde i Aldea, del Partit Socialista de Catalunya (R).

Todos ellos, en su calidad de diputados y dirigentes de sus respectivos partidos políticos.

Esta reunión constituye la culminación del proceso negociador sobre el restablecimiento de la Generalidad provisional de Cataluña, que se inició en Madrid con las conversaciones habidas entre el presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez, y el honorable señor don Josep Tarradellas, y su comunicado conjunto de 2 de julio último, que prosiguió con los acuerdos redactados en París y en Saint-Martin-le-Beau entre don Josep Tarradellas y don Salvador Sánchez Terán, y con las reuniones y proposiciones presentadas al Gobierno por los dirigentes de partidos políticos catalanes.

Tras la reunión celebrada se han adoptado por unanimidad los siguientes compromisos:

Primero: Todos los presentes dan su conformidad al contenido de los proyectos de disposiciones sobre el restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña.

Segundo: Los partidos y organizaciones políticos firmantes, integrados o directamente relacionados con partidos de ámbito nacional, garantizan el pleno apoyo de estos últimos a los proyectos de disposiciones sobre el restablecimiento provisional de la Generalidad.

Tercero: El Consejo Ejecutivo de la Generalidad provisional estará presidido por el presidente de la Generalidad, que podrá delegar únicamente funciones ejecutivas específicas y estará integrado por:

a) Los dirigentes de los partidos políticos —en número de cinco— con mayor representación de parlamentarios catalanes en las elecciones de 15 de junio de 1977, que tendrán el carácter de consejeros sin funciones ejecutivas específicas, con objeto de expresar el respaldo político de los partidos y su participación en la Generalidad, en esta fase transitoria.

b) Siete consejeros elegidos entre personas de reconocida competencia en cada materia designados por el presidente de la Generalidad, de acuerdo con los diputados y senadores de Cataluña.

c) Los cuatro representantes de las diputaciones provinciales de Cataluña.

Cuarto: En cuanto a las normas reglamentarias de régimen interior de la Generalidad provisional, se establecerá en ellas:

a) La participación de los parlamentarios en el nombramiento y cese de los doce consejeros del Consejo Ejecutivo del modo siguiente: «El nombramiento de los doce consejeros se efectuará por el presidente de la Generalidad provisional de acuerdo con los diputados y senadores de Cataluña».

b) Los parlamentarios serán informados y consultados periódicamente sobre la marcha de los trabajos y actuaciones de la Generalidad provisional.

Quinto: El acuerdo del presidente de la Generalidad provisional con los parlamentarios, a los efectos de aprobación de las normas reglamentarias de régimen interior, quedará limitado a los dos aspectos señalados en el punto cuarto de este acuerdo.

Finalmente, todos los reunidos han refrendado los principios básicos que han presidido esta negociación para el restablecimiento de la Generalidad provisional, concretados en los siguientes puntos:

a) El principio de unidad de España y de la solidaridad de todos los pueblos que la integran.

b) El reconocimiento de la personalidad de Cataluña simbolizada en el restablecimiento de la Generalidad provisional.

c) El proceso de restablecimiento y desarrollo de la Generalidad provisional, de conformidad con la legislación vigente y sin condicionar la futura Constitución.

La prensa española reaccionó con satisfacción al acuerdo y El País publicó un editorial titulado «Un pacto histórico», en el que afirmó: «... el acuerdo de Perpiñán, por lo demás, es un contundente desmentido de aquellas posiciones que sostienen, contra toda evidencia, que la conquista por Cataluña de sus justas reivindicaciones equivale a la disgregación y a la ruptura de la comunidad histórica española». La Vanguardia titulaba «Un pacto entre la Corona y la Historia», mientras ABC —atento siempre a fomentar la visión centralista de España— se congratulaba de que el acuerdo eliminara «del reconocimiento de la Generalitat todas las fundadas suspicacias que podría suscitar, y elimina también las más serias y legítimas oposiciones que provocaría tal reconocimiento si de él derivase una desintegración nacional; si condujera a un inadmisible hecho separatista».

Sánchez Terán llamó al presidente Suárez desde Barcelona para ofrecerle detalles del acuerdo firmado y que le había remitido por télex desde el Gobierno Civil de Barcelona. Suárez le pidió que se quedara en Barcelona un día más, explicando la trascendencia del acuerdo, y le anunció que se proponía llevarlo al Consejo de Ministros que se celebraba esa misma mañana, para que, tras su aprobación por el Gobierno, siguiera la tramitación urgente que se había previsto. Tres días después se efectuaba el trámite de audiencia en la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes y a continuación era firmado por el Rey.

El Decreto-ley 41/1977 se publicó en el BOE del 5 de octubre de 1977 y por él se restablecía la Generalitat de Cataluña. Habían pasado solo un mes y veinte días desde que Salvador Sánchez Terán visitara a Tarradellas por primera vez.

Sobre este acontecimiento histórico se vertieron cientos de artículos y editoriales, en general elogiosos, de que se hubiera llegado a un acuerdo, pero también los hubo que recibían con recelo el restablecimiento de una institución y la vuelta de un personaje vinculados al pasado republicano de Cataluña. Pero, pese a su emoción, Tarradellas no quiso precipitarse y organizó su retorno con calma, negociando con Sánchez Terán los más pequeños detalles de su llegada a Barcelona, prevista, ¡por fin!, para el domingo 23 de octubre de 1977. Quedaba un último eslabón: el 17 de octubre se publicaba en el BOE el Real Decreto 2596/1977, por el que el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, nombraba a Josep Tarradellas president de la Generalitat. Ya nada impedía que el honorable abandonara su exilio francés. Cada parte había cumplido lo pactado, sellando el acuerdo histórico entre la Corona de España y Cataluña, gracias a la audacia, tesón y capacidad de negociación y de entendimiento del presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, y Josep Tarradellas, president de la Generalitat.

El miércoles 19 de octubre, ABC publicó una larga entrevista de la periodista Pilar Urbano con Tarradellas, en la que este ofreció una extensa declaración de sus ideas y sentimientos, de los que estos son un breve resumen: «Yo nunca he sido marxista. Yo soy un nacionalista catalán liberal de izquierdas, republicano, y que quiere a España y cree en Dios. Soy católico. Rezo...»; «yo toda mi vida he sido, soy y seré republicano. A pesar de esta convicción ideológica, di un viraje a mi estrategia política y no tuve inconveniente ninguno en pedir visitar al Rey en junio. Tampoco Su Majestad tuvo inconveniente en recibirme. Mire... esto es muy importante: si un Borbón liquidó la Generalitat y desbarató nuestra organización autonómica, otro Borbón la restablece». Sobre sus encuentros con Suárez, Tarradellas recordó: «Suárez me llamó “tozudo”, y yo a él “peleón”. Nuestra primera conversación fue muy dura, incluso a veces dramática». Como colofón de sus palabras, Tarradellas declaraba a la periodista: «Cataluña no quiere crear problemas, sino traer soluciones..., no haremos rancho aparte».

El jueves 20 de octubre, Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de Barajas, a bordo de un avión privado fletado por el Gobierno. Le acompañaba su esposa, Antonia Macià. En Barajas le recibieron Salvador Sánchez Terán y Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo en el nuevo Gobierno. Tarradellas se abrazó con Sánchez Terán, al que quiso agradecer su eficacia negociadora, y con Carlos Sentís y Joan Raventós, que encabezaban la representación de los parlamentarios catalanes. A los periodistas allí reunidos les declaró sobre la reivindicación de las competencias para Cataluña: «Por supuesto que no estoy contento con la Generalitat, igual que no lo está el presidente Suárez. Él opina que es demasiado y yo creo que es muy poco».

El viernes 21, Tarradellas se entrevistó con el general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, anunciando que nada más llegar a Barcelona iría a ver al capitán general Coloma Gallegos. También visitó al presidente del Tribunal Supremo, al del Congreso de los Diputados y del Senado, y fue el invitado del vicepresidente Fernando Abril Martorell en un almuerzo celebrado en Castellana, 3, con varios ministros del Gobierno, los jefes de fila de los partidos políticos que habían suscrito el acuerdo de Perpiñán, incluido el ex ministro Laureano López Rodó.

El sábado 22, el presidente Suárez recibió en la Moncloa a Tarradellas, con el que intercambió puntos de vista sobre los temas que había que trabajar en el futuro: composición de áreas y funciones del Consejo Ejecutivo; sometimiento del Estatuto a que las Cortes aprueben la Constitución; relación con el Ejército —Suárez le pidió que no planteara cuestiones de rango—, y propósito de mantener contactos permanentes. Hubo coincidencia de enfoques y, tras visitar al Rey, de forma más protocolaria, Tarradellas pasó su última noche en Madrid.

El domingo 23 de octubre, Tarradellas llegó al aeropuerto de Barajas para embarcarse en el DC-9 de Iberia Ciudad de Mahón, pero una amenaza de bomba realizada por los «grapos» obligó a retrasar el vuelo hasta las cuatro y cuarto de la tarde. La tripulación de Iberia tuvo el detalle emotivo de saludar al president de la Generalitat en catalán; cuando sobrevolaron Cataluña, Tarradellas y el numeroso séquito que le acompañaba —la Comisión Permanente de Parlamentarios, con Raventós, Pujol y Sentís al frente, Rahola, etc.— entonaron Els Segadors.

En nombre de la Asamblea de Parlamentarios le dio la bienvenida en el aeródromo de El Prat Pedro Portabella, que había sido elegido senador en las elecciones generales y responsable del cinematográfico retorno del honorable a la Ciudad Condal. Aclamado por la multitud, recorrió la distancia que le separaba de Barcelona, y fue recibido por el alcalde Socías Humbert en la plaza de España, con un «Benvingut a casa, president». Al llegar a la plaza de Sant Jaume, histórica sede del Palau de la Generalitat, Tarradellas, acompañado de su mujer y de todos los líderes catalanes, se asomó al balcón, pronunciando la frase que le haría aún más legendario: «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!».

Mientras en Barcelona Tarradellas recibía el clamor de los catalanes en reconocimiento a su lucha, en Madrid, Salvador Sánchez Terán entregaba a Adolfo Suárez una serie de folios manuscritos con los que pudiera preparar el discurso del día siguiente, en la toma de posesión oficial de Tarradellas. Cuando el lunes por la mañana Sánchez Terán llegó a la Moncloa para sumarse al séquito oficial del Gobierno, comprobó que el texto del discurso recogía sus ideas y palabras, pero había sido redactado de nuevo por completo por Adolfo Suárez, que, tras una cena oficial en el palacio de la Zarzuela, se había quedado escribiendo hasta las seis de la mañana. En el vuelo del Mystère que les llevaba a Barcelona, Martín Villa, Jiménez de Parga y el propio Sánchez Terán le dieron el último retoque.

La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, después de que Tarradellas —como había prometido— hubiera visitado por la mañana al capitán general Coloma Gallegos, que le recibió como a un presidente nombrado por el Rey. «Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, con lealtad al Rey, respeto a los derechos de la persona y estricta observancia de la Ley», fueron las palabras de Tarradellas, antes de que el presidente Adolfo Suárez le entregara el bastón de mando y el collar con el escudo de la Generalitat, distintivos del cargo, y que Tarradellas había guardado celosamente durante todo su exilio.

Después del discurso de Tarradellas, que acentuó los aspectos históricos de la Generalitat y de Cataluña, Adolfo Suárez leyó el suyo, en el que destacaron por su trascendencia las siguientes palabras: «... por primera vez desde hace siglos, el hecho catalán se aborda desde el Gobierno de la Monarquía y desde Cataluña sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencias, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza...».

«Si la democracia implica comprensión, la comprensión ha sido el gran factor permanente de tres meses de diálogo. Si la democracia supone serenidad y voluntad de pacto, estas han sido las constantes de un proceso que hoy cierra uno de sus grandes capítulos con esta toma de posesión. He de decir que una autonomía que nace en estas circunstancias no puede fracasar.»

«... el presidente Tarradellas no accede a la presidencia de la Generalitat como hombre de partido, sino con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Su retorno es una operación de Estado que servirá para consolidar el proceso de democratización de la vida española... No concebimos la autonomía como algo que viene a romper la unidad de España, ni del Estado español. Es, por el contrario, un fenómeno de profundo sentido político que puede y debe superar el carácter centralista y uniforme de la organización de nuestra vida pública. La autonomía supone la responsabilidad y la capacidad de un pueblo para autogobernarse en las materias que determina la Constitución...». Y Suárez, austero en su cordialidad, concluyó su discurso con una afectuosa referencia a Tarradellas y con estas palabras: «Señor presidente, catalanes todos: enhorabuena» [314].

Era el 24 de octubre de 1977. Suárez había culminado con ejemplar audacia la negociación del restablecimiento de la Generalitat y el acuerdo entre la Corona y uno de los territorios clave en el diseño de la España democrática. Había transcurrido solo un año y tres meses desde que había sido nombrado presidente del Gobierno y cuatro meses desde su victoria en las elecciones del 15 de junio de 1977. A partir de este momento podría dedicarse con más entusiasmo a combatir el terrorismo, resolver el problema económico, a supervisar la redacción del texto constitucional y a tratar de aglutinar en un solo partido, UCD, a todas las fuerzas de centro que, coaligadas, habían ganado las primeras elecciones democráticas.

7
LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

El jueves 10 de marzo, las expectativas electorales de Suárez y su opción de centro recibieron un sólido respaldo, que fue determinante en su intención de presentarse y de acelerar el ensamblaje entre las distintas opciones liberales, socialdemócratas y democratacristianas.

Ese día, Suárez le enseñó a Alfonso Osorio la última encuesta del Instituto de Opinión Pública, en el que se reflejaba la siguiente intención de voto:

| %
Conservadores | 5,9
Socialdemócratas | 17,4
Liberales | 5,4
Democristianos | 15,6
Socialistas | 18,4
Comunistas | 4,3
Falangistas | 1,4
Franquistas | 2,7
Carlistas | 0,6
Otros | 5,5
No sabe | 17,4
No contesta | 5,5

Con un mínimo rodaje de las fuerzas políticas y una identificación muy primaria de las opciones en juego, la encuesta era ya reveladora de la pequeña intención de voto que recogían los extremos —comunistas, franquistas y falangistas— y de la pujanza que, por el contrario, recibía la alternativa socialista. Suárez y Osorio agruparon las opciones bajo las fórmulas más afines a su objetivo, de forma que la encuesta —en las grandes ciudades— ofrecía esta otra lectura:

| %
Movimiento | 4,0
Conservadores | 5,3
Reformistas | 10,6
Democristianos | 29,3
Socialdemócratas | 24,0
Socialistas | 22,0
Comunistas | 5,3

La agrupación de la intención de voto respecto a los grupos democristianos y reformistas sumaba el 39,9 por 100, frente al 46,5 por 100 de socialistas y socialdemócratas; pero si a la primera opción se le añadían los socialdemócratas, el porcentaje subía al 63,9 por 100, quedándose los socialistas en el 22 por 100.

«Estas encuestas —en palabras del propio Osorio— influyeron en la mente de Suárez de tal forma que se obsesionó con la idea de unir a la democracia cristiana, a los liberales y a los socialdemócratas en un solo bloque.» Y para ello había que articular electoralmente la opción de centro, sobre la base —ya en rodaje— del llamado Partido Popular, cuyo cartel electoral iba a ser previsiblemente José María de Areilza.

Las encuestas iban a marcar el ritmo del acuerdo político, y desde este día Suárez supo que para ganar había que concentrar el voto de la oposición moderada, y sumárselo al concepto reformista bajo el gancho centrista.

El 15 de marzo se celebró un Consejo de Ministros extraordinario para discutir las normas electorales, uno de cuyos puntos clave era la incompatibilidad de los ministros para presentarse a las elecciones, como garantía de imparcialidad del Gobierno.

Pero este generoso propósito tuvo dos excepciones: la del propio presidente Suárez y poco después la de Leopoldo Calvo-Sotelo. En este Consejo fueron varios los ministros que se manifestaron inquietos y decepcionados por el cariz que tomaba la norma, y uno de ellos, Enrique de la Mata, se dirigió a Alfonso Osorio haciéndole ver su ingenuidad con estas palabras: «No sé si eres bueno o eres tonto, pero te dejas meter cada gol... Con esto vas a conseguir que después de haber llevado nosotros el peso de la reforma y de la transición, en las Cortes se sienten los que en julio de 1976 nos pusieron a parir, como Fernández Ordóñez y Pío Cabanillas» [315].

Tenía razón Enrique de la Mata, pero, como ocurriera con los procuradores franquistas al aprobar la Ley para la Reforma Política, los ministros del segundo Gobierno de la Monarquía tuvieron que renunciar a presentarse en las listas electorales y convalidar así su actuación política. Para desarrollar la normativa electoral, el Gobierno propuso crear una comisión en la que, bajo la presidencia del ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas, se integraron Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en representación del Gobierno; Guillermo Galeote, por el PSOE; Francisco Bobillo, por el PSP, y Rafael Arias-Salgado, por el PSD de Fernández Ordóñez. Landelino Lavilla recuerda que fue muy importante llegar a un entendimiento con Alianza Popular y que la negociación final se hizo con el PSOE, en el despacho de Torcuato Fernández-Miranda, donde también estaba Carlos Ollero, que negociaba con Julián Santamaría, quien por su parte lo hacía con Alfonso Guerra y Felipe González.

La normativa electoral quedaría finalmente aprobada por el Gobierno el viernes 18 de marzo y se publicaría en el BOE del 23 de marzo, resultando un sistema electoral síntesis del sistema proporcional y el mayoritario.

Desde un principio, la «operación centro» que Suárez impulsaba chocó con las pretensiones de José María de Areilza. Por ello, Suárez, con la confianza que le daba conocer las encuestas y tener el control gubernamental, le pidió a Osorio que planteara a los demás dirigentes del PP la disyuntiva de que si querían contar con el apoyo del Gobierno tenía que ser bajo su liderazgo.

El sábado 19 de marzo, Suárez llamó a Osorio, que acababa de despedir en Barajas a los Reyes, para decirle: «Areilza quiere ser —le insistió— una alternativa de poder más que una opción de apoyo al Gobierno; y eso no» [316]. Y como sabía que esa tarde Osorio iba a una cena en casa del abogado José Luis Ruiz Navarro, que celebraba su santo, le pidió que abordara el problema de Areilza con los demás invitados, entre los que estuvieron Leopoldo Calvo-Sotelo, Pío Cabanillas, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, José Luis Álvarez, Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, José Pedro Pérez-Llorca, el empresario Celso García y el marqués de Urquijo, trágicamente asesinado años después.

Según la versión de Alfonso Osorio, corroborada por Leopoldo Calvo-Sotelo, fue Pío Cabanillas quien planteó que era necesario que el Gobierno, y sobre todo su presidente, se definiera sobre si iba a apoyar o no la opción de centro democrático, argumentando que «si el Gobierno se inhibe tendremos que replantear toda la operación». Osorio aprovechó la ocasión para replicarle: «Es necesario para que el Gobierno apoye que todos estén dispuestos a aceptar la jefatura de Adolfo Suárez».

Pío quiso alegar algún matiz, pero fue cortado por Osorio, que insistió: «Parece ser que Areilza no quiere apoyar al presidente, sino sustituirle. Si es así y estáis de acuerdo, olvidaos del apoyo del Gobierno y del presidente. Si queréis lo contrario, tenéis que abordar el problema con José María de Areilza. Si Areilza es una alternativa de poder, o sobra Areilza o sobra Suárez» [317].

A la salida de la cena, dos de los más caracterizados miembros del PP —José Luis Álvarez y Juan Carlos Zunzunegui— le dijeron a Osorio que tenía razón y que iban a actuar en consecuencia.

Al día siguiente, Suárez llamó a Osorio para preguntarle cómo había ido la cena en casa de Ruiz Navarro. Con ironía, no exenta de retranca, Osorio —al que ya se le aprecia algo disgustado con Suárez— escribe en su diario: «Se ha mostrado encantado de que yo haya dado la cara». Y a continuación apostilla: «Después de esto, Suárez se ha lanzado en picado sobre Centro Democrático» [318].

Areilza, conocedor de que en breve sus amigos del PP le van a plantear la conveniencia de llegar a un acuerdo con Suárez, y consciente de que esa petición supondría su renuncia a encabezar la opción electoral centrista, movió sus hilos, inspirando un durísimo editorial en El País —del que era fundador y consejero— en el que, entre otras cosas, se decía que «Suárez ha metido a este país en una crisis imprevisible e inadmisible». Ese mismo fin de semana, José Luis Álvarez sugirió a Areilza que suspendiera su gira por distintas capitales europeas, proyectada con el propósito de captar simpatías para «su» opción política.

El lunes 21 de marzo, Suárez recibió a Fernando Álvarez de Miranda y a Francisco Fernández Ordóñez, a los que informó de su propósito de encabezar la opción de centro y la urgente necesidad de prescindir de las diferencias para ofrecer una clara opción reformista.

El martes, Suárez habló con Pío Cabanillas, con el que definió la estrategia de la entrevista que el miércoles mantuvo con el propio Areilza, a la que también asistió José Luis Álvarez. Después de los protocolarios saludos y de un cambio de impresiones sobre la organización del PP, Suárez preguntó a Areilza por dónde se iba a presentar, y cuando Suárez oyó que Areilza quería encabezar la lista por Madrid, le replicó que por Madrid iba a ser difícil, pero que quizá podría hacerlo por Barcelona o al Senado por Madrid. El presidente argumentó sus razones con una encuesta que le garantizaba una alta intención de voto en Cataluña y le pidió que continuara en el PP. Areilza quedó en pensárselo, y los tres —Suárez, Pío y él—, en verse la siguiente semana.

Al término de la entrevista, Suárez llamó a Osorio y le anunció que iba a proponer un comité electoral integrado por tres personas de su absoluta confianza: Federico Mayor Zaragoza, Luis Alberto Salazar Simpson y Manuel Ortiz, añadiéndole que la campaña se iba a decidir y ganar en la televisión y que, por lo tanto, no era necesario organizar muchos mítines.

Pero esa misma noche, en su casa de Aravaca, José María de Areilza reflexionó sobre su situación y no sin cierta amargura comprobó que, de nuevo y en apenas nueve meses, la figura de Adolfo Suárez se había cruzado en su camino, apartándole de la realización de sus más generosos sueños políticos. Fiel a su elegancia personal, Areilza escribió una carta de dimisión dirigida al presidente del PP, Pío Cabanillas, en la que le expresaba su renuncia a la vicepresidencia del partido. Pío, con su tacto y prudencia habituales, declararía que la dimisión de Areilza «había sido un gesto más personal que político».

El viernes 25, Suárez recibió a Joaquín Garrigues Walker y a Ignacio Camuñas, que eran los más activos representantes de la opción liberal, reiterándoles la conveniencia de ir juntos a las elecciones y de aglutinar las fuerzas reformistas y las de la oposición moderada. Además, Suárez les dijo que sus alternativas eran fundamentalmente dos: en caso de presentarse, sería candidato al Congreso por Madrid o Barcelona, garantizándoles que en caso de no hacerlo favorecería la opción de Centro Democrático a través de una serie de intervenciones clave en televisión.

Pero en esa entrevista Suárez les dijo también que Landelino Lavilla podría ser el líder de repuesto del PP si Pío Cabanillas se veía arrastrado por Areilza y que no le concedía importancia a la recién creada Federación Social Independiente, con la frase «¡cosas de Rodolfo!» [319].

El domingo 27 de marzo, los dirigentes de Centro Democrático se reunieron en casa de Joaquín Garrigues, afectado lógicamente por el descarte de su suegro Areilza, mostrándose los del PP conformes con la oferta de Suárez, y los de UDE y Álvarez de Miranda, receptivos. La mayor oposición a un acuerdo electoral provino de liberales y socialdemócratas, pero en lo que hubo total unanimidad fue en rechazar los tres nombres propuestos por Suárez como supervisores electorales. Pese al interés mutuo y a la objetiva conveniencia, los grupos de la oposición moderada seguían demostrando recelo ante la actitud del presidente y temor a verse confundidos con nombres y hombres a los que no reconocían pedigrí democrático.

Los primeros días de abril fueron frenéticos, y Suárez y parte del Gobierno tuvieron que dedicarlos a la legalización del PCE, que finalmente ocurriría el Sábado Santo, 9 de abril.

Pero la urdimbre de toda la trama electoral del Centro Democrático siguió adelante, ocupándose de ella Alfonso Osorio y Leopoldo Calvo-Sotelo. Estos no ocultaron su preocupación ante la lectura política que los medios de comunicación hicieron del primer mitin del Centro Democrático, celebrado en Alicante el sábado 2 de abril, ante apenas quinientas personas, y en el que los oradores centristas, Fernández Ordóñez y sobre todo Pío Cabanillas, fueron fuertemente abucheados. El periodista Pedro J. Ramírez, que asistió al mitin, escribió en ABC que «en un aparte, Fernández Ordóñez le comentó que no se sentía dispuesto a participar en una operación electoral pilotada por Suárez» [320].

Pese a este comentario en privado, Fernández Ordóñez manifestó en rueda de prensa que «la imparcialidad y la neutralidad de las elecciones es compatible con la presencia activa en las mismas del presidente Suárez».

Fernández Ordóñez y el periodista regresaron juntos a Madrid en el Seat 124 particular del futuro ministro de Hacienda, que le adelantó su temor ante la previsible marcha de Miguel Boyer de las filas del Partido Social Demócrata (PSD), como rechazo a su alianza electoral con Suárez —lo que efectivamente hizo Boyer dos días después—, y le confesó con escepticismo: «A veces dan ganas de dejarlo todo. Si no fuera por patriotismo, yo también me iría». Ya en las cercanías de Madrid, Fernández Ordóñez recuperaría algo la esperanza, admitiéndole a Pedro J. que le haría mucha ilusión ser ministro de Hacienda, descartando como posibles candidatos a Enrique Fuentes Quintana —«no es político», afirmó—, Santiago Foncillas y Alberto Oliart. Pero, consciente de su papel histórico en la transición, Fernández Ordóñez le admitió, con dotes proféticas, que «se veía destinado a ser el artífice del pacto social con Felipe González como interlocutor, y que por eso mantenía tan buenas relaciones con el líder del PSOE» [321].

La consecuencia inmediata de este importante traspié político de los dirigentes de Centro Democrático fue el acuerdo de suspender los dos mítines previstos en Zaragoza y Las Palmas, dándole así la razón a Suárez y sus asesores, partidarios de planificar una campaña electoral sin grandes concentraciones, basada en actos con audiencia reducida y en sus apariciones en televisión.

Mientras, el lunes 4 de abril, los democratacristianos de UDE y del PPDC llegaron a un acuerdo de integración en Centro Democrático, consumando su escisión respecto a la Federación Demócrata Cristiana, que rechazó la integración. Pese a ser partidario de la operación Centro Democrático y de integrarse en ella, Ruiz-Giménez acató la votación de las ejecutivas de ambos partidos, cuyo resultado exacto fue: en la FPD (Gil-Robles) los partidarios de la integración en Centro Democrático obtuvieron cuatro votos frente a los 15 que votaron en contra. Mientras, en Izquierda Democrática los votos favorables sumaron 29, y 15 los contrarios. Ambos líderes se abstuvieron. En total, los partidarios de la integración sacaron 33 votos, por 30 los contrarios, pero no consiguieron superar la proporción de dos tercios exigida por los estatutos de la Federación.

La respetuosa actitud de Joaquín Ruiz-Giménez con las normas estatutarias de su partido le obligó a concurrir en solitario a las elecciones y a perder algunos militantes destacados, como el joven historiador Javier Tusell, que optó por ingresar en el recién creado PDC (Partido Demócrata Cristiano).

Al día siguiente, Álvarez de Miranda visitó a Alfonso Osorio, al que expresó su tristeza por el rechazo de la Federación Demócrata Cristiana, que se quedaba fuera de Centro Democrático, y la preocupación que le causaban los socialdemócratas de Fernández Ordóñez y la permanencia activa en Centro Democrático de los dirigentes del PP. Álvarez de Miranda, como Osorio, quería convertir Centro Democrático en una opción política exclusivamente democristiana.

En plena crisis institucional por la legalización del PCE, toda la clase política y la opinión pública estaban pendientes de si Suárez se presentaba o no a las elecciones del 15 de junio, cuya convocatoria fue anunciada el viernes 15 de abril. La víspera, el padre de Adolfo Suárez hizo unas declaraciones en las que aseguraba que su hijo no iba a presentarse.

Ante la incompatibilidad y recelo que manifestaban los diferentes partidos integrantes de la coalición electoral, Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, de común acuerdo, decidieron que este dimitiera como ministro de Obras Públicas para presentarse a las elecciones, pero también para convertirse en el hombre de confianza del presidente en la organización de la opción electoral Centro Democrático. El anuncio de la dimisión de Calvo-Sotelo coincidió con la noticia de que el ex presidente del Gobierno, Carlos Arias, había decidido presentarse a las elecciones generales en las listas de Alianza Popular por Madrid. Fraga, que tan erróneamente juzgó la ejecutoria de Arias como presidente, le había convencido de que su concurso era necesario, proponiéndole figurar en la candidatura al Senado.

Ni Fraga ni Arias conocían el ritmo de cambio de la sociedad española, encerrados en su nostalgia y en su rigidez. En la entrevista exclusiva que Carlos Arias concedió a Pedro J. Ramírez en ABC, el ex presidente anunció que se presentaba «por amor a España... y en servicio al Rey», sarcasmo que causó disgusto en la Zarzuela y en la opinión pública, que no olvidaba el trato descortés y despectivo con el que Arias había tratado a don Juan Carlos durante su presidencia. Arias argumentó que rompía su pública renuncia a la vida política, hecha al dimitir como presidente, motivado por la forma como se había legalizado al PCE.

Las declaraciones de Carlos Arias causaron gran malestar, y dos periódicos tan opuestos como El Alcázar y El País criticaron la actitud y las declaraciones del ex presidente del Gobierno. Incluso dos personas tan afines como Gonzalo Fernández de la Mora y Federico Silva admitieron que «el fichaje de Arias había sido un error». Fernández de la Mora le reconoció a Pedro J. Ramírez que «Arias había sido el peor presidente de Gobierno después de Adolfo Suárez», evidenciando la extrema dureza y desprecio con que la derecha franquista juzgaba ya al presidente del Gobierno.

El Consejo de Ministros, entre tanto, siguió aprobando medidas que acreditaban su espíritu reformista y su afán de normalizar la vida española. Y así, el 1 de abril se acordó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México, el país que con mayor inquina había rechazado el régimen de Franco y que con mayor solidaridad había acogido al exilio español. Ese mismo consejo aprobaba un decreto-ley por el que se abolía la Secretaría General del Movimiento, medida que contó con el rechazo del vicepresidente Alfonso Osorio, contrario a que el desmantelamiento del Ministerio coincidiera con la conmemoración del primero de abril, aniversario de la victoria de Franco en 1939. El 4 de abril, el Consejo aprobó la Ley Reguladora del Derecho de Asociación Sindical, y el viernes 15 convocó las elecciones para el 15 de junio. Suárez había necesitado solo ocho meses y doce días para llamar a las urnas a todos los españoles, por primera vez desde el 16 de febrero de 1936, últimas elecciones generales celebradas en España y convocadas por el Gobierno de la Segunda República Española.

Durante unos días del mes de abril se ocultó a la opinión pública que Suárez había pedido a Leopoldo Calvo-Sotelo organizar la opción de centro para evitar que otros ministros quisieran imitar la excepción del ministro de Obras Públicas, que tuvo que hacer gala de toda su energía y también de su paciencia para hacer compatible su criterio y el capricho de todos los pequeños partidos integrantes de la coalición electoral. Calvo-Sotelo comunicó por carta su dimisión y su intención de convertirse en el coordinador general de las listas electorales. El domingo 24 de abril, poco antes del despegue del avión que le iba a llevar a Estados Unidos y México, Suárez le pidió a Osorio que colaborara con Calvo-Sotelo en la elaboración de las listas y que se coordinara con Landelino Lavilla, Rodolfo Martín Villa, Fernando Abril e Ignacio García López. Durante toda la semana siguiente se prodigaron las reuniones entre los citados para estudiar las listas de candidatos al Congreso y al Senado, cuyo plazo de presentación expiraba el domingo 8 de mayo. El clima de la negociación estuvo presidido por las intrigas de los líderes de los pequeños partidos y por la lucha en algunas provincias. Osorio presionó a Leopoldo para que actuara con firmeza, y pronto ambos constataron que Landelino Lavilla defendía a los hombres del PP, Abril a los socialdemócratas y Álvarez de Miranda y el propio Osorio a los democristianos.

Miguel Herrero fue uno de los pocos altos cargos que habían obtenido la dispensa para presentarse a las elecciones, junto con Gabriel Cisneros, José Miguel Ortí Bordás, Enrique Sánchez de León, José Luis Meilán, Luis Ortiz y José María Martín Oviedo. Todos ellos iban a tener un destacado papel en gobiernos futuros y en la tarea parlamentaria. Herrero dejó la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, donde había contribuido al desarrollo del cambio legislativo y por la que el Rey le había concedido la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y de la mano de Landelino Lavilla pretendió integrar en las listas a un grupo de candidatos de alta preparación técnica, edad próxima a los treinta años y afinidad ideológica liberal-conservadora, pero el ministro de Justicia ya evidenció en estas negociaciones la debilidad de su carácter y su lealtad a Suárez; de esta última no abdicaría hasta unos años después. Herrero se lamentó en sus memorias: «El ministro Lavilla, fiel a los compromisos adquiridos conmigo, me apoyó eficazmente hasta incluirme en la candidatura de Madrid. Pero solo me incluyó a mí y eso debilitó su posición dentro de UCD» [322]. Herrero culpó a Osorio de no haber permitido la integración de otros hombres próximos a Lavilla.

El martes 26 de abril, en una reunión en el despacho del vicepresidente Abril, los líderes de los distintos partidos elaboraron varias listas con los nombres de los candidatos más cualificados, siendo los del PP los que aportaron mayor número de cuadros, prácticamente en todas las provincias. El PSD ofrecía una treintena de candidatos, que en general presentaban una alta cualificación profesional y experiencia en distintos campos de la economía, la universidad o el derecho. Los liberales presentaron algunos candidatos de sus dos formaciones —PDL y PDP— y por su parte los democristianos del PDC ofrecían candidatos en casi todas las provincias, fruto de su largo trabajo de oposición.

A estos cinco grupos se unieron posteriormente otros dos: el Partido Liberal de Enrique Larroque y la Federación Social Demócrata de José Ramón Lasuén. Por distintas razones pero similar exigencia, ambos políticos se quedaron fuera de las listas.

Otra gran novedad de las listas del Centro Democrático fue la incorporación de tres pequeños grupos regionales: PSL (Partido Social Liberal), Arex (Agrupación Regional Extremadura) y PGI (Partido Gallego Independiente), creados, respectivamente, por Manuel Clavero Arévalo, en Andalucía; Enrique Sánchez de León, en Extremadura, y José Luis Meilán, en Galicia.

El miércoles 27 de abril, en una nueva reunión de las celebradas por los ministros encargados de la supervisión de las listas, se dio a conocer un informe de los gobernadores civiles, en el que confirmaban que los únicos grupos que tenían cierta implantación nacional eran el PDC —democristiano— y el PP. De hecho, días antes, el vicepresidente Osorio había cenado en Madrid con el poderoso presidente de la Fundación Adenauer, Bruno Heck, que expresó su conformidad con la integración de los democristianos en Centro Democrático y su confianza en obtener unos veinticinco diputados. Este predominio de hombres del PP y del PDC provocaba la reticencia de Fernando Abril, partidario con Suárez y Calvo-Sotelo de favorecer la inclusión de hombres próximos a los grupos socialdemócratas.

Suárez, a su regreso de Estados Unidos, donde fue recibido por Jimmy Carter y calificado por el Christian Science Monitor, de Boston, como el Kennedy español, se reunió con Osorio, que le contó los problemas que habían surgido en las listas «porque todos quieren colocar a los suyos en el primer puesto», y en la tarde del sábado 30 de abril, con Rodolfo Martín Villa, que, a su vez, le explicó la escasa implantación nacional de los pequeños partidos y su preocupación por los problemas que se habían ido planteando.

Con ocho días por delante para presentar las listas, Suárez tuvo muy claro que no podía ir solo a las elecciones con las fuerzas de los pequeños partidos, y, admitiendo su perfil de opositores moderados y su componente ideológico, pidió a Rodolfo Martín Villa que tirase de la cantera de los hombres del Movimiento y de los reformistas integrados en su Federación Social Independiente. El lunes 2 de mayo, Osorio habló con Suárez para sugerirle llegar a un acuerdo en la candidatura al Senado por Madrid con AP, preocupado por la unión de la izquierda bajo la idea de Senadores para la Democracia, pero el presidente rechazó con energía la sugerencia. Bajo ningún concepto quería Suárez que se le vinculara con la derecha y desde el principio tuvo claro que las elecciones se iban a ganar en el espacio de centro, disputándoles incluso votos a los socialistas en el centro-izquierda. Para Suárez era imprescindible que la derecha se presentase sola. En contestación a su rotunda negativa, Osorio, obsesionado por articular el centro-derecha, le previno de la excesiva presencia de socialdemócratas, advirtiéndole que «Fernández Ordóñez va a estar siempre con propensión hacia el Partido Socialista, lo cual va a ser un semillero de problemas». Tenía razón. La brecha entre Suárez y Osorio era ya insalvable y su colaboración, decisiva en la transición española, tocaba a su fin.

Finalmente, el martes 3 de mayo de 1977, Suárez hizo público su anuncio de ser candidato en las próximas elecciones en una intervención televisiva de casi media hora, en la que además justificó la legalización del PCE e hizo expresa renuncia de su dedicación a la campaña electoral. Por cierto, que la posibilidad de que Suárez se presentara a las elecciones había desencadenado un intenso debate, mostrándose contrario a sus pretensiones toda la izquierda y, cómo no, la derecha franquista. De hecho, fueron sectores próximos a AP los que lanzaron la tesis de la inelegibilidad, amenazando incluso con impugnar su candidatura. Pero Suárez reaccionó con rapidez y encargó al profesor Carlos Ollero un dictamen, que sostuvo lo contrario, encontrándose entre el equipo de juristas consultados por Ollero, Raúl Morodo y Manuel Jiménez de Parga.

El 3 de mayo, coincidiendo con el anuncio del presidente Suárez, se firmó en el despacho de Leopoldo Calvo-Sotelo, en la calle Serrano, número 51, el acta fundacional de la coalición electoral Unión de Centro Democrático, lo que no dejó de constituir una cierta sorpresa, porque hasta ese día todos los participantes en el proyecto eran partidarios de seguir utilizando como símbolo electoral el ya conocido Centro Democrático. Con el cambio se pretendía potenciar la oferta de «centro» y «democrático» con la tan anhelada «unión». Partidarios de seguir utilizando Centro Democrático eran Joaquín Garrigues, Pío Cabanillas y Francisco Fernández Ordóñez. En los días previos se empezó a hablar ya de que después de las elecciones habría que integrar todos los partidos de Centro Democrático en uno solo, lo que provocó la amenaza de abandono de Fernando Álvarez de Miranda —siempre tan escrupuloso a la hora de compartir sus ideas políticas con los que no pensaban como él o que en su opinión no tenían una inmaculada trayectoria política— y el decidido voto en contra de Ignacio Camuñas.

Uno de los primeros acuerdos que tomó la comisión ejecutiva encargada de supervisar las listas fue proponer el nombramiento de tres gerentes de campaña, que para acreditar la inicial desconfianza entre todos los coaligados procedían de los tres grupos más activos. Los tres «José Luis» eran José Luis Cudós —del PDC—, José Luis Álvarez —del PP— y José Luis Zavala —del PSD—. La coalición buscó una primera sede electoral, alquilando un local de 500 m2 en la calle General Mola, de Madrid, esquina a Don Ramón de la Cruz; asimismo, se crearon cuatro áreas de actividad. De Estudios se encargaron los sociólogos José Juan Toharia y Rafael López Pintor, con acreditada experiencia en el campo de la sociología política; Ignacio Camuñas, Íñigo Cavero, Rafael Arias-Salgado, Jaime de Urzaiz, Antonio Fontán y Federico Ysart fueron designados responsables de Comunicación, y al democristiano, proveniente de UDE, Fernando Garro se le encargó la organización de Actos Públicos. Administración quedó bajo la supervisión de Joaquín Garrigues y Francisco Fernández Ordóñez, pero en manos de Álvaro Alonso Castrillo, financiero con cierta fortuna y con estrechas relaciones con el mundo de la banca y los negocios. A Fernando Castedo se le pidió organizar la asesoría jurídica y, por último, se nombró a otro socialdemócrata, Luis Sánchez Merlo, secretario general de la campaña.

Este heterogéneo equipo humano tomó las primeras decisiones electorales y con éxito diseñó las iniciativas para articular la coalición. Pero lo que no pudo evitar es que en la antigua sede electoral del PP, en la calle Cedaceros, se organizara parte de esta estructura, creándose así una disfunción operativa que ocasionó recelos e inconvenientes. Por su parte, el coordinador electoral, Leopoldo Calvo-Sotelo, mantendría su despacho en la oficina de la calle Serrano, 51, cedida por Explosivos Riotinto. De hecho, en esa sede se concentrarían la mayoría de las reuniones de alto nivel y solo la administración y la gerencia utilizarían General Mola como sede electoral.

Entre el jueves 5 y el domingo 8 de mayo, la recién creada UCD ultimó sus listas electorales, en cuya operación se evidenciaron todo un cúmulo de desconfianzas y actitudes mezquinas, que fueron origen de muchos de los problemas futuros y que a su vez eran causa de la precipitación con la que se había formalizado la coalición electoral.

Este clima de recelo se nutría de la falta de sintonía entre los cuatro grandes líderes de los pequeños partidos coaligados con el presidente del Gobierno, al que, pese a los éxitos ya alcanzados desde julio de 1976, seguían negando credibilidad democrática. Y es que en mayo de 1977, tanto Joaquín Garrigues como Francisco Fernández Ordóñez, y sobre todo Fernando Álvarez de Miranda, seguían viendo a Suárez como un político del pasado y sentían cierto rubor por concurrir con él a las primeras elecciones democráticas. Estaba todavía próximo en su mente el clima y el halo que les había dado ser opositores al Régimen de Franco, del que —según ellos— Suárez era un producto típico.

Pero, por otra parte, confirmada la convicción democrática del presidente y su capacidad para sacar adelante la Reforma y las libertades, tanto Garrigues como Fernández Ordóñez, Álvarez de Miranda, Pío Cabanillas o José Luis Álvarez se percataron de que si no se sumaban al proyecto del poder, no gozarían de su amparo y beneficio, imprescindibles para culminar sus legítimas aspiraciones políticas.

Latía ya en este momento el enfrentamiento que iba a ser constante durante los años de existencia de la UCD, y a ello contribuyó también de forma notable la influencia internacional, de los partidos alemanes sobre todo, muy interesados en hacer de la UCD un partido democristiano, y del PSOE, otro socialdemócrata. Toda esa tensión interna salió a flote en los momentos previos al cierre de las listas, circunstancia que produjo heridas de difícil cicatrización.

A pesar de ello, Suárez quiso siempre que las listas fueran un ensamblaje entre los hombres más significados de la oposición moderada y de los llamados «reformistas del Régimen», entre los que se incluían los agrupados por Martín Villa y que pronto serían conocidos —despectivamente— por los más puristas como los «azules».

El jueves 5 de mayo, los integrantes de la Ejecutiva fueron convocados a una reunión en el palacio de la Moncloa, en la que Suárez les ofreció la lista de candidatos de cada provincia. Ese día, los principales conflictos surgieron con las cabeceras de lista de Alicante, donde aspiraban al número 1 el alcalde de la ciudad, Joaquín Galán, y Luis Gamir, socialdemócrata, apoyado por Fernando Abril. En Santander, pese a los esfuerzos de Osorio por controlar la provincia, su candidato Modesto Piñeiro acabó integrándose en las listas de AP. En Badajoz, Osorio consiguió que Antonio Massa aceptara ir de número 2, detrás de Enrique Sánchez de León. Después de esta reunión quedaron cerrados los números 1 de las provincias de Álava (Jesús María Viana), Ávila (Fernando Alcón), Badajoz (Enrique Sánchez de León), Cáceres (Juan Rovira Tarazona), Cádiz (Fernando Portillo), Córdoba (José Javier Rodríguez Alcaide), La Coruña (José Luis Meilán), Gerona (Juan Gich), Lérida (Manuel Sárraga), Salamanca (Jesús Esperabé), Segovia (Modesto Fraile), Soria (Gabriel Cisneros), Tarragona (Juan Sabater), Valladolid (Adolfo Sánchez), Vizcaya (Juan Echevarría) y Zaragoza (Hipólito Gómez de las Roces). En total, Suárez proponía dieciséis cabeceras de lista, que unidos a los números 1 de «azules» de Martín Villa por Cuenca, Huelva y Jaén, no llegaban a la mitad de las provincias.

El PDP colocó de número 1 a Francisco Ruiz Risueño en Albacete; el PSD, a Francisco de la Torre en Málaga; el PDC, a Juan Antonio Gómez Angulo por Almería, Luis de Grandes por Guadalajara, Luis Apostua por La Rioja, Joaquín Esteban Monpeán por Murcia, Luis Vega Escandón por Asturias y José Miguel Galván Bello por Tenerife. Los números 1 del PP correspondieron a Blas Camacho en Ciudad Real, León Buil (Huesca), Antonio Rosón (Lugo), José Manuel García Margallo (Melilla), Pío Cabanillas (Orense), Jesús Hervella (Palencia), Víctor Moro (Pontevedra) y Gonzalo Payo (Toledo).

El viernes 6 se discutió la lista de Madrid, que encabezaría Adolfo Suárez, seguido de Leopoldo Calvo-Sotelo; el presidente sugirió para el puesto tercero a Juan Manuel Fanjul, y a continuación colocó a los líderes de los partidos coaligados, Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues, Íñigo Cavero e Ignacio Camuñas. Miguel Herrero —muy apoyado por Landelino Lavilla— fue colocado en el puesto décimo, seguido por Óscar Alzaga y José Pedro Pérez-Llorca. Pero, por la noche, Leopoldo Calvo-Sotelo cambió el orden de estos dos últimos, lo que motivó el enfado del propio Alzaga y de Álvarez de Miranda, que de nuevo amenazó con abandonar UCD, siendo finalmente convencido por Osorio. Como protesta, Alzaga se negó a participar en la campaña electoral.

Las presiones y amenazas no concluyeron aquí, porque Cavero planteó —en nombre de Álvarez de Miranda— que o en Zaragoza iban de número 1 y 2 Juan Antonio Bolea y Mariano Alierta, respectivamente, o el Partido Demócrata Cristiano se retiraba. Suárez cedió.

En Serrano, 51, se vivió otra situación de crisis cuando, ante la masiva llegada de los «independientes» de Martín Villa, uno de los gerentes de campaña, José Luis Zavala, presentó su dimisión, haciendo unas declaraciones a la prensa en las que sugería que los líderes del Centro Fernández Ordóñez, Garrigues y Camuñas se retiraran, negándose a aceptar lo que se les proponía. En palabras de Luis Sánchez Merlo, «aquello era el desembarco en Normandía». El 9 de mayo, Zavala envió una carta de dimisión a Leopoldo Calvo-Sotelo, denunciando lo que él denominaba «el desembarco de los Cien Mil Hijos de San Luis». Con su acreditada ironía, Calvo-Sotelo le contestó: «Remitir a quien corresponda».

Por la noche, en casa de Leopoldo Calvo-Sotelo, este leyó a los líderes centristas las listas ya cerradas de doce provincias y entre ellas la de Madrid, que incorporaba en sexto lugar a Íñigo Cavero, al que Álvarez de Miranda había cedido su puesto, al encontrar Cavero problemas para ir en la candidatura por Navarra.

Cuando Leopoldo Calvo-Sotelo anunció que en el puesto catorce figuraba Rafael Arias-Salgado, Fernández Ordóñez saltó indignado y exclamó: «Me voy... esto es el colmo». Gracias a Ignacio Camuñas, que ofreció la cabecera de lista por Toledo, que correspondía a un hombre suyo, se solucionó el problema.

Pero aún quedaban dos conflictos por resolver. El primero afectaba a José María de Areilza, al que Suárez y Joaquín Garrigues querían recuperar, proponiéndole integrarse en las listas al Senado. El presidente citó en la Moncloa al que fuera ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la Monarquía para ofrecerle contrarrestar con su prestigio la lista que la izquierda había consensuado para Madrid, bajo la fórmula Senadores para la Democracia, y que integraban el liberal Joaquín Satrústegui —años después repescado por UCD—, el abogado Mariano Aguilar Navarro y el también abogado Manuel Villar Arregui, próximo a la Democracia Cristiana de Ruiz-Giménez. Los jefes de campaña de esta candidatura, que consiguió un gran triunfo al salir elegidos los tres, fueron el experto constitucionalista Santiago Varela —muerto en plena juventud años después, siendo subsecretario del Ministerio del Interior del PSOE—, un joven democristiano, Eugenio Nasarre —años después excelente director general de TVE—, y Miguel Satrústegui, hijo del candidato, de militancia socialista. Suárez también le ofreció encabezar la lista de UCD por Barcelona, pero Areilza rechazó ambas propuestas, alegando que había decidido no presentarse a las elecciones.

Este fue uno de los fracasos de Suárez en estas primeras elecciones, porque además de no convencer al conde de Motrico —que luego haría campaña—, permitió que en la lista al Senado por Madrid entrara, junto a los propuestos Nemesio Fernández-Cuesta y Virginia Gómez-Acebo, José Luis López Mella, persona absolutamente desconocida y que según se decía había sido su médico personal.

En Barcelona, la elaboración de las listas también registró problemas porque, en principio, Antonio de Senillosa parecía el hombre destinado a encabezar la opción centrista, aunque el pintoresco Seny estaba dispuesto a ceder su plaza a su amigo de siempre José María de Areilza. En un alarde de imaginación y de originalidad, Senillosa contaba para su lista con nombres y personajes tan sugerentes como Manuel Jiménez de Parga, Jaume Casanovas —que era presidente del Partido Socialdemócrata de Cataluña—, el ginecólogo Santiago Dexeus y el «gitano» Juan de Dios Ramírez Heredia. Para el Senado, Antonio de Senillosa había pensado en dos personas de prestigio intelectual y social de la vida catalana como el filósofo Salvador Pániker y el arquitecto Ricardo Bofill, y también en el joven abogado Jorge Trías Sagnier, que en 1995 sería la punta de lanza de la ofensiva del periódico ABC contra Jordi Pujol y diputado por Barcelona en las listas del PP de José María Aznar en las elecciones de 1996.

Pero el viernes 6 de mayo, mientras cenaba en el Restaurante Via Veneto, de Barcelona, precisamente con Ricardo Bofill y con el escritor José Agustín Goytisolo, Senillosa recibió una llamada de Manuel Jiménez de Parga en la que le citaba para el día siguiente, para anunciarle que su nombre había sido vetado por los responsables de la campaña en Madrid, aunque se le proponía un puesto en el Senado. Senillosa reaccionó de forma airada y denunció la injerencia gubernamental en la campaña.

Efectivamente, ya antes del rechazo de Areilza a encabezar la lista de Barcelona, Martín Villa, que conocía Barcelona y Cataluña por su experiencia como gobernador civil en la Ciudad Condal, y Manuel Ortiz —entonces gobernador civil de Barcelona— habían mantenido estrechos contactos con Juan Antonio Samaranch y otros políticos del reformismo catalán, decidiendo que la lista de Barcelona fuera encabezada por hombres con experiencia como Manuel Jiménez de Parga, abogado de prestigio democrático, y Carlos Sentís, veterano periodista y escritor, al que se premiaba su gestión como hombre puente con el honorable Josep Tarradellas.

Las listas de Andalucía también padecieron incertidumbres notables, sobre todo en Granada, donde Suárez acabó imponiendo al profesor Federico Mayor Zaragoza, en detrimento del candidato de Osorio, Luis Angulo, proveniente de la UDE y al que finalmente Suárez garantizó que el Rey le designaría senador real. En Sevilla ubicó al también profesor Manuel Clavero Arévalo, que meses antes había constituido el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA).

En Salamanca, Salvador Sánchez Terán, que había desarrollado una excelente labor como gobernador civil en Barcelona, accedió a ceder el primer puesto de la lista a Jesús Esperabé, veterano y combativo procurador de las anteriores Cortes.

Finalmente, el domingo 8 de mayo se cerraron las listas electorales de UCD, pero se abrieron heridas que el tiempo confirmaría muy difíciles de cerrar. Suárez, receloso también de que los pequeños partidos de la coalición le configurasen un grupo parlamentario no adicto, tuvo que imponer nombres con experiencia política, pero con falta de credibilidad democrática, que pronto obtendrían por su participación en el desarrollo de la labor de gobierno.

Por otra parte, durante el proceso de discusión de las listas se acentuó la diferencia de criterio y estrategia de Suárez con su vicepresidente Alfonso Osorio, obsesionado por la forma como se legalizó el PCE, por el trato que habían recibido algunos hombres de la democracia cristiana y por el fracaso de no haber podido unificar los partidos de esta tendencia, invalidando así su pretendido control de la coalición electoral.

Pero no todo en la vida política española era la campaña electoral. El Gobierno, en su afán de normalizar la vida política española, decidió el 12 de marzo promover un nuevo decreto de amnistía que ampliaba los supuestos de la concedida en julio de 1976. Tras la legalización del PCE, que garantizaba su participación en la campaña electoral, y con el objeto de seguir llevando la iniciativa política, el 20 de mayo, y después de un detenido estudio y de analizar todas las circunstancias en juego, el Gobierno quiso pacificar el País Vasco y facilitar así la celebración de las elecciones en esa Comunidad mediante el indulto de los etarras condenados en el Proceso de Burgos. El anuncio hecho por el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, se produjo después de un fuerte enfrentamiento en el seno del Gobierno, en el que el ministro del Ejército llevó el peso de la reticencia a tal medida, propuesta solo un mes después del «trágala» de la legalización de los comunistas. Pero la amnistía se concedía en plena ofensiva etarra, y después de conocerse los planes de ETA para matar a Manuel Fraga en Alsasua el 14 de marzo, el mismo día que la policía detuvo a los asesinos de los abogados laboralistas acribillados a balazos en su despacho de la calle Atocha, de Madrid.

La escalada terrorista se recrudeció en la semana del 8 al 15 de mayo y no se limitó al País Vasco, donde el jueves 12 hubo un muerto, sino que también Cataluña fue escenario de violencia y terror, porque como tal hay que calificar la espantosa muerte del empresario José María Bultó, al que unos terroristas de Terra Lliure asesinaron colocándole una bomba en el pecho.

El lunes 16 de mayo se registró una huelga general en el País Vasco, y el viernes siguiente, cuando el Consejo de Ministros discutía los indultos de los etarras condenados en el Proceso de Burgos, comunicaron al presidente del Gobierno que ETA había secuestrado al empresario Javier Ybarra. Al día siguiente, una manifestación en Rentería acabó con un intento de asalto al cuartel de la Guardia Civil, y ya en plena campaña, el 3 de junio, el dirigente etarra Miguel Ángel Apalategi, Apala, sería detenido en Francia y días después confinado en Porqueroles.

Un año y medio después de la Coronación de su hijo, Juan Carlos I de Borbón, don Juan de Borbón creyó llegado el momento de renunciar a lo que había sido su más preciado patrimonio: los derechos dinásticos de la Casa de Borbón, de la que él era el depositario exclusivo.

El diseño de la ceremonia de renuncia fue objeto de diversas propuestas. Don Juan, influido por sus múltiples asesores, pretendió que el acto tuviera un marco y un realce significativos, pero al final prosperó la tesis de que todo quedara en un acto íntimo en el marco familiar del palacio de la Zarzuela y no en el Palacio Real, como quería el padre del Rey.

Ni Adolfo Suárez ni Torcuato Fernández-Miranda eran partidarios de dar mayor protagonismo a la figura de don Juan, porque podría ser contraproducente para el Rey. Torcuato opinaba que en el terreno doctrinal la renuncia de don Juan no podía conjugarse con la legalidad vigente y que por ello no podía oficializarse.

La ceremonia tuvo lugar el sábado 14 de mayo, y para la Historia han quedado las palabras emocionadas de un hombre que durante tantos años había luchado por defender la Monarquía, que ahora encarnaba su hijo con dignidad, honor y prestigio. Su «Por España, ¡viva el Rey!», con la voz trémula pero grave, resuena todavía en los oídos de los españoles, que asistían fascinados al más vertiginoso proceso político de la moderna historia de España.

Todos los miembros de la familia real, con sentida emotividad, contemplaron el abrazo de un padre y un hijo, y desde ese día don Juan se convirtió en el primero de los españoles en servir lealmente al Rey.

En el palacio de la Zarzuela estuvieron presentes también el académico José María Pemán y el periodista Luis María Anson, como miembros del ya inútil Consejo Privado de don Juan. Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda no presenciaron la ceremonia en el salón donde se celebró la renuncia, aunque sí fueron invitados al palacio. Testigos de la formalidad fueron las cámaras de la televisión, las agencias de noticias y las emisoras de radio.

Aunque se ha especulado mucho sobre la actitud de Suárez respecto a don Juan y a la renuncia de sus derechos dinásticos, al presidente del Gobierno solo le interesaba que la legitimidad de la Monarquía se alcanzara por identificación del papel del Rey en el proceso democratizador, y por ello el Consejo de Ministros del viernes 13 de mayo agradeció públicamente a don Juan su renuncia.

La campaña de AP, que había sido la primera formación política en lanzarse al ruedo electoral, se vio envuelta en dos circunstancias que marcaron su signo y propiciaron su futura derrota. Una, la incompatibilidad personal con los hombres de Suárez, que una y otra vez rechazaron cualquier acuerdo. Su confinamiento en la derecha solo granjeó a AP votos del franquismo más irreductible. El otro factor fue la imagen del Fraga de entonces. Su agresividad verbal y sus constantes referencias al pasado —del que pretendió apropiarse, con escasa visión del cambio que ya se había operado en la sociedad española— le traicionaron, siendo frecuentes los enfrentamientos con asistentes a sus mítines, como el registrado en Lugo, donde el viernes 6 de mayo llegó a quitarse la chaqueta para enfrentarse a unos reventadores.

Sus asesores electorales le recomendaron moderación, inútilmente, y que hablara más del futuro que del pasado. Fraga llegó a retar a Suárez a un debate televisivo —rechazado por un portavoz del presidente—, denunciando el discurso «injusto e ingrato con el pasado» que Suárez había pronunciado por televisión el 3 de mayo.

Por su parte, Federico Silva se había mostrado especialmente crítico en la precampaña con la línea emprendida por los líderes del centro político en su acuerdo con Suárez, considerando negativa la presentación por separado de AP y UCD. De ello habló el viernes 15 de abril con Torcuato Fernández-Miranda, y al día siguiente con Manuel Prado y Colón de Carvajal, que pocas fechas después le dijo que había transmitido su mensaje al Rey y al presidente Suárez, pero había «pinchado en hueso». El 25 de abril, AP celebró su primer mitin electoral en Barcelona, solo dos días antes de que Fraga visitara a don Juan en Estoril.

El martes 10 de mayo, justo dos días después de la presentación de las candidaturas, Suárez recibió una nueva encuesta de Sofemasa, empresa en la que era hombre fuerte el liberal Eduardo Merigó, que ofrecía a la recién creada UCD una intención de voto del 19,4 por 100, mientras que AP y el PSOE recibían un 4,5 y un 12,4 por 100, respectivamente. El nivel de los indecisos era todavía muy alto —un 28,4 por 100—, y tanto el PSP del profesor Tierno Galván como el PCE de Santiago Carrillo sumaban un 5 por 100 de la intención de voto.

El inicio de la campaña electoral no se produjo formalmente hasta el 24 de mayo de 1977, pero en las semanas anteriores la escena política se vio alterada por acontecimientos que ilustrarían que la batalla política no se centraba solamente en la lucha de las ideas, como el cese en su puesto de jefe del gabinete del presidente del Gobierno de Carmen Díez de Rivera, la mujer que tanto había influido en Adolfo Suárez y del que había sido su colaboradora desde los tiempos de TVE. El cese no hubiera tenido otra trascendencia si no fuera porque su alejamiento del presidente en vísperas de las elecciones se quiso interpretar en clave de escándalo por la prensa más reaccionaria. Díez de Rivera, que había establecido un primer contacto público con Santiago Carrillo y que no ocultaba su simpatía ideológica por el profesor Tierno Galván, fue acusada por el periódico El Alcázar de estar arrestada en su domicilio por haber filtrado al PSP documentos de interés vital para el Estado. El Alcázar acusaba a Carmen Díez de Rivera de ser una agente comunista, sobre la que la CIA tenía una grave preocupación.

Al día siguiente, el periodista Fernando Ónega, que trabajaba como director de Prensa de Presidencia del Gobierno, desmintió esas acusaciones, confirmando que Carmen Díez de Rivera había renunciado a un ofrecimiento del presidente para que fuera nombrada asesora para Asuntos de Centroeuropa; y la propia afectada escribió una carta a Diario 16 en la que, entre otras cosas, decía: «Es evidente que cierto sector no busca más que atacar a través de mí al presidente del Gobierno, cuando más bien debería mostrar, si no agradecimiento, sí respeto hacia el señor Suárez, por haber intentado traducir políticamente la voz tan inequivocadamente expresada a favor de la Reforma política en el pasado referéndum» [323].

Lo cierto es que, pese a este desmentido, Carmen Díez de Rivera se distanciaba de Adolfo Suárez por discrepancias personales y por no suscribir alguna de sus últimas decisiones. El propio Pedro J. Ramírez ha dejado una prueba del alejamiento estratégico de la que fue considerada «musa» de Adolfo Suárez en un pasaje de su libro Así se ganaron las elecciones de 1977, que reproduce una conversación telefónica entre ella y Francisco Fernández Ordóñez en la que el futuro ministro de Hacienda hacía también gala de su ambigüedad, en estos términos: «... esa noche yo me retiro —le decía Ordóñez a Carmen Díez de Rivera— y hay crisis de Estado... Adolfo no resiste el escándalo desde luego..., sí, llevas razón, yo comprendo que estéticamente “esto” es poco presentable... Pero eso es lo que hay: en este país das un paso y siempre te encuentras con un Fanjul... Lo malo es que yo estoy recibiendo amenazas, ¿sabes?... Ya he tenido dos llamadas a mi casa... Una cosa muy rara, empezaban hablando en alemán y terminaban en un pésimo castellano... Sí, sí, las dos veces la misma voz...». Y en un ejercicio de cinismo político, Ordóñez continuaba revelándole a la ex jefe del gabinete del presidente: «No, a mí no me meterán en el Gobierno... ¿no ves que soy demasiado rojo para este “ganado”?... en los mítines solo sacan la parte de arriba del iceberg... nos sacan a nosotros... Bueno, lo del Senado también es fino... y un tal López Mella... ¿Ese quién es?... ¿Es el Vicente Gil de Adolfo... ¿No? El médico... ¿Ah, no le conoces?... Tardaremos mucho en desmontar a esa derecha montaraz y cimarrona... A ver cuándo te veo en uno de mis mítines... aunque no sea del PSP... A ver si te dejar caer... Un abrazo». Después de colgar el teléfono, el periodista revelaba que Fernández Ordóñez le aclaró: «Era Carmen Díez de Rivera. Me ha dicho que le gustaría votarme, pero que no puede porque las listas son cerradas y bloqueadas y tendría que votar también por Adolfo. La he visto muy contra Adolfo...» [324].

El domingo 15 de mayo se publicó otra encuesta que ofrecía una intención de voto similar —14 por 100— entre UCD y el PSOE, y algo más alta AP, el 6 por 100.

En la parcela publicitaria de la campaña, UCD contó con cierta ventaja al sumar las vallas ya contratadas por el Gobierno y por Centro Democrático con las que con meses de antelación había reservado el PP, y gracias a disponer del censo electoral, UCD pudo enviar una carta personal de Adolfo Suárez a todos los electores.

En cuanto a la financiación de la campaña, el lunes 16 de mayo, los representantes de la Banca se reunieron para definir una estrategia común de cara a las elecciones. Se evidenciaron dos actitudes: una, de José María Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto, partidario claro de AP y de calibrar la opción ideológica del demandante de financiación; y otra, de la que era portavoz Rafael Termes, partidario de que cada operación de crédito se estudiara en función de los previsibles resultados electorales. UCD y AP recibieron financiación suficiente de todos los bancos, y el PSOE, que en principio solo la tuvo del Banco Popular y del Banco de Bilbao, también la recibió del Banco Hispano Americano, gracias a la mediación de Alberto Oliart. Asimismo fue José Ángel Sánchez Asiaín quien decidió conceder crédito al PCE, provocando cierta conmoción en el consejo del Banco de Bilbao y la indignación de algunos ultras de derecha, que el 18 de mayo prendieron fuego a algunas sucursales.

La candidatura socialista, pese a la dureza dialéctica de sus líderes y del propio Felipe González, quiso ofrecer un perfil poco agresivo en su propaganda, ilustrada por un cartel del dibujante José Ramón, que mostraba un idílico escenario de toque naïf, y con el eslogan «La libertad está en tu mano». Pilar Miró cuidó la imagen de Felipe González en sus apariciones en televisión, en las que, convencido de que los comunistas tenían su techo, buscó captar votos moderados. Los socialistas quisieron deteriorar la imagen de Suárez, filtrando en su órgano de expresión, El Socialista, que el presidente estaba involucrado en una operación inmobiliaria en la sierra de Gredos, realizada a través de la empresa Progresa, de la que Suárez —decían— había tenido dos millones de pesetas en acciones, vendidas luego a su cuñado, Aurelio Delgado.

Pero las posibilidades electorales de los socialistas recibieron un notable espaldarazo con la audiencia que el rey don Juan Carlos I concedió a Felipe González, y que se produjo solo cuatro días antes del comienzo de la campaña electoral. La entrevista, largamente deseada por los socialistas, no pudo ser evitada por Adolfo Suárez, y duró hora y media, siendo definida como muy cordial. Con ella, el Rey consiguió evidenciar su neutralidad y el PSOE obtuvo una notable credencial de serenidad institucional. También se visualizó en la audiencia la cercanía generacional entre los treinta y nueve años del Rey y el joven socialista de cerrada barba, con sus treinta y cinco años cumplidos.

El PSOE llenaría hasta el 15 de junio todos los campos de fútbol y plazas de toros de España, despertando una gran ilusión entre las clases medias urbanas y entre muchos trabajadores, desplegando una intensa campaña que le haría disputar votos al centro de Suárez y capitalizar buena parte de los de la izquierda. Felipe González y el PSOE recibirían todo el apoyo de la Internacional Socialista y del SPD alemán, cuyo principal dirigente, Willy Brandt, quiso avalar personalmente el proceso de transición español y convertirse en el tutor del más joven y prometedor líder del socialismo europeo.

Durante los veintiún días que duró la campaña, Felipe intervino en cincuenta mítines, recorriendo España en una avioneta alquilada, matriculada María III, acompañado de su jefe de campaña, Julio Feo, y de la jefe de Prensa, Helga Soto. La expectativa electoral de los socialistas sobrepasó pronto el pronóstico previo de su vicesecretario general, Alfonso Guerra, que un año antes había cifrado en obtener noventa diputados o el 25 por 100 de los sufragios.

Por su parte, desde su legalización, los comunistas gozaban del fervor de la clase obrera más comprometida y de un cualificado número de intelectuales que se habían sentido atraídos por su capacidad de lucha y oposición al régimen franquista.

La aceptación de los compromisos contraídos con Adolfo Suárez —sí a la Monarquía y a la bandera española— encontraron la comprensión de sus militantes y el respeto de muchos españoles. Pero el PCE tenía el hándicap de la tremenda campaña anticomunista que durante más de treinta años había promovido el franquismo, y la cercanía entre el 9 de abril y la convocatoria de las elecciones no le permitió acometer una campaña más activa, aunque sus grandes actos electorales hicieron posible que la sociedad española descubriera, sin papanatismos ni histerias, a los grandes mitos del comunismo.

Santiago Carrillo dio su primer mitin electoral el sábado 23 de abril, en Valladolid, y cuatro días después fue el PSUC, que sería legalizado el 2 de mayo, el que reunió a miles de partidarios en el Palacio de los Deportes de Barcelona. El 8 de mayo, ante un enorme gentío, el PCE celebró su primer gran mitin en Getafe, aclamando los congregados a Santiago Carrillo, al grito de: «¡Así se ve la fuerza del PCE!».

En ambos mítines, Carrillo aceptó combatir a los socialistas en posiciones fronterizas a la socialdemocracia, presentándose como un político experimentado, serio y capaz de asumir compromisos institucionales con el Gobierno y la Corona, y manteniendo intachable su credibilidad de hombre de izquierdas. Otro de los grandes momentos de la campaña fue el retorno a España de Dolores Ibárruri, Pasionaria, que simbolizó el de todos los grandes mitos de la guerra civil y del exilio, y que estuvo rodeado de la generosa liturgia con la que dotan los comunistas todos sus actos testimoniales. La concesión, el 12 de mayo, del pasaporte por el primer secretario de la Embajada de España en Moscú, Eugenio Bregolat, permitió que Pasionaria llegara a Bilbao rodeada de una enorme expectación, y que el 22 de mayo volviera a dirigirse a la enfervorizada multitud congregada en la plaza de toros de Bilbao, que la aclamó al grito de «Sí, sí, sí, Dolores ya está aquí». En el mitin intervino también Santiago Carrillo, que dos días antes había hablado por primera vez en TVE, como prueba de las facilidades que el «poder» quería conceder a los comunistas para que frenaran un poco a Felipe González y sus jóvenes socialistas. De hecho, la aparición de Santiago Carrillo se produjo antes del comienzo de la campaña electoral y por lo tanto fuera de los espacios publicitarios destinados a los partidos políticos, afirmando que no había diferencias entre el socialismo y el comunismo.

Los ciudadanos más jóvenes quedaron impresionados por la rotundidad y la gravedad del pausado hablar de Carrillo —del que surgieron tantos imitadores— y por la imponente presencia física de Dolores Ibárruri, vestida de negro, con su magnífica dicción castellana. Con Tierno Galván, otro veterano político, compondrían un insólito trío de personalidades de la nueva democracia española, borrando los viejos fantasmas de la propaganda anticomunista, que durante tantos años había obsesionado a Franco y sus gobiernos.

El PCE cerró su campaña en una finca de Torrelodones, con un acto electoral en el que la «ferretería» —como los castizos llamaban a la hoz y el martillo— ondeó con fuerza, mezcladas con pancartas y con la presencia de muchos rostros populares del mundo del arte, el cine y el teatro.

Las últimas encuestas auguraban al PCE una intención de voto del 5,8 por 100, porcentaje muy similar al que recibía AP (5,7 por 100); para sorpresa de muchos, los comunistas iban a recibir idéntico número de votos que los franquistas solo año y medio después de la muerte de Franco.

Pero la campaña electoral se vio también alterada por una noticia que, sin tener trascendencia popular, sí la tenía —y mucha— para los analistas políticos y para todos los que habían seguido de cerca la trayectoria de Torcuato Fernández-Miranda y conocían su ascendiente sobre el Rey y su influencia en la carrera política de Adolfo Suárez.

El presidente de las Cortes presentó al Rey su dimisión irrevocable el 23 de mayo [325]. En ella influyeron una serie de factores de índole personal y psicológica, pero también política, por discrepar de alguna de las iniciativas que Suárez había tomado en los últimos meses.

Pero aunque las razones de su dimisión tuvieran justificación política, existe una que engloba todas las demás. Torcuato se sentía marginado del ritmo y del tempo de los acontecimientos políticos: había perdido la iniciativa. Ya no era él quien con sutileza, estrategia y mucha inteligencia había conseguido aconsejar acertadamente al Rey para que la Corona viviera con serenidad el último lustro del franquismo y pudiera encauzar todo el primer gran período de la transición.

Su opinión ya no era decisiva, su criterio tenía menor peso que el de otros políticos, y sobre todo el entendimiento y armonía existentes entre el Rey y Adolfo Suárez les había llevado a resolver los problemas con mayor audacia, única forma de llevar la iniciativa. Tampoco las Cortes eran ya el instrumento desde el que se podía edificar el cambio político, una vez aprobada en ellas la Ley para la Reforma Política. Desde noviembre de 1976, Torcuato no encontraba su sitio en la sugerente intriga política, y él, que había visto con tanta claridad cómo conquistar el futuro, no supo ver que en un momento determinado él era ya el pasado.

Después de la publicación de sus memorias, las interpretaciones sobre sus opiniones han disparado las conjeturas, pero también es cierto que, «a toro pasado», su visión de los hechos adolece de una entonces inmediata inquina personal hacia Adolfo Suárez, el hombre al que precisamente él tanto había ayudado y con el que había culminado felizmente la primera parte de la transición.

Herido por su desplazamiento del primer plano de la influencia y de la intriga, Torcuato se sintió mal, y antes de que quienes pudieran hacerlo le exigieran su dimisión, presentó la suya, en un último acto de generosidad y servicio a sus creencias.

En concreto, y por citar solo alguna de las iniciativas de las que ya se sintió marginado Torcuato Fernández-Miranda, hay que aludir a la legalización del PCE y a los previos encuentros entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. Hasta ese 27 de febrero, Suárez había gobernado en sintonía con el presidente de las Cortes, pero cuando Carrillo aparece en Madrid y su detención y la posterior legalización del PCE se convierten en un tema prioritario de gobierno, Suárez busca el directo amparo real, tan interesado como él en ofrecer a Carrillo y a los comunistas posibilidades de actuación en la legalidad.

Esa es, en mi opinión, la primera brecha que aísla al presidente de las Cortes del Gobierno. Y Torcuato no le ocultó a Suárez su discrepancia, porque al día siguiente del encuentro secreto Suárez-Carrillo, cuando el presidente le reveló que se había citado con el secretario general del PCE, Torcuato le reprochó su osadía y le recriminó —en otras palabras— su autonomía para haber llegado a ese riesgo. Muchos testigos hay de esa conversación, que tuvo por escenario uno de los patios del monasterio de El Escorial, donde se estaba celebrando un acto en recuerdo del rey Alfonso XIII, cuyos restos iban a ser depositados en el «pudridero» real.

Pese a su discrepancia, al día siguiente de la legalización del PCE, Torcuato Fernández-Miranda consiguió bloquear una iniciativa parlamentaria de más de cien procuradores solicitando un Pleno extraordinario que debatiera la decisión del Gobierno.

La dimisión de Torcuato Fernández-Miranda no fue aceptada hasta el día 30 de mayo, y durante esos días Suárez trató de buscar un sustituto, sin revelarle a casi nadie su dimisión, y no sería hasta el martes 31 cuando, durante una cena de gala en el Palacio Real, Landelino Lavilla le propuso el nombre de Antonio Hernández Gil, en la confianza de que aceptaría, aunque el nombramiento fuera solo hasta que se constituyeran las nuevas Cortes.

Osorio revela en sus «memorias» que cuando Suárez le llamó el lunes 30 para decirle que Torcuato Fernández-Miranda había dimitido como presidente de las Cortes, le reveló, con implacable sinceridad: «Le he dicho al Rey que no sirve para la nueva situación». «Torcuato se va porque ha querido ser el vehículo para pactar con los partidos políticos sin conseguirlo por su oposición» [326]. Osorio confesó que «creía que había algo más».

En la misma conversación, Suárez le anunció a Osorio que ya había hablado con el Rey y que este iba a conceder a Torcuato Fernández-Miranda un ducado; también le aseguró que la dimisión no se haría pública hasta el día de las elecciones. Osorio aprovechó para sugerirle que el presidente de las Cortes fuera un independiente.

Pero al día siguiente la noticia de la dimisión era portada de todos los periódicos. Fernández-Miranda había convocado el día anterior una rueda de prensa en el palacio de las Cortes para dar cuenta de las razones de su dimisión, que el Rey había aceptado ocho días después de haberla presentado, en el curso de una audiencia en el palacio de la Zarzuela. Fernández-Miranda aclaró en su declaración que «jamás había utilizado al Rey: le he servido». Un portavoz de la Presidencia del Gobierno declaró a la agencia Cifra que «la dimisión del presidente de las Cortes ha sido perfectamente comprendida por la Presidencia del Gobierno», añadiendo que «el presidente Suárez siente gran admiración personal por su figura humana, política e intelectual, y destaca la profunda generosidad de su colaboración».

Por su parte, Fernández-Miranda aclaró que «se sentía solidario en la responsabilidad de la política del presidente Suárez... No tengo para él más que una profunda amistad, una sincera estima y una no pequeña admiración», y precisó que él no se consideraba la persona más indicada para presidir las nuevas Cámaras surgidas de las elecciones. ABC valoró positivamente la dimisión, elogiando la actitud de «hombre clave de la transición» y aceptando su versión de que no podía ser él quien presidiera las nuevas Cortes, integradas por los diputados y senadores elegidos democráticamente.

Por el contrario, El País publicó un duro editorial en el que criticaba la pretensión del presidente de las Cortes de perpetuarse más allá de las primeras elecciones democráticas y en el que, además, negaba que en la España de 1977 hubiera «hombres del Rey». En similares términos se pronunció el secretario general del PSOE, Felipe González.

El miércoles 1 de junio, la Casa Real comunicaba que Su Majestad había concedido al presidente de las Cortes el Ducado de Fernández-Miranda y el Toisón de Oro, máxima distinción de la Casa de Borbón, premiando con generosidad la lealtad y el servicio prestado a la Corona por un hombre en el que se ofrecen los grandes contrasentidos de la vida política, que estuvo dos veces a punto de ser presidente del Gobierno, que fue el inspirador moral, estratégico y jurídico de la articulación legal de la Reforma y el hombre clave para entender las inquietudes y aspiraciones de un Rey ávido de ofrecer a sus ciudadanos un nuevo camino en libertad.

Sobre su figura política se ha proyectado un halo de cierto misterio, derivado de su propio carácter, proclive a la circunspección y la reserva, de su influencia sobre el Rey y de su visión de la clase política del franquismo, sobre la que destacaba por su finura, elegancia y habilidad.

A Torcuato Fernández-Miranda le desbordó el acelerado ritmo que la democratización de España cobró a partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Los acontecimientos se sucedieron a tal velocidad que desbordaron su calculado análisis de la realidad; no había tiempo para desarrollar su especialidad favorita: urdir estrategias a medio y largo plazo. El Rey y Suárez impusieron un paso superior, consecuente con la dinámica que imponía la aplicación de la Reforma, la negociación política y el ilusionado clima político, al que no se podía defraudar.

Sobre la dimisión de Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez ha reconocido que el Rey no entendió nunca sus razones, pero sospechó que se debió a que había quedado fuera de las conversaciones con la oposición [327]. Pero esto no sería sino el fin de un proceso, porque, en opinión de Suárez, «a partir de finales de 1976 se produjo en Torcuato Fernández-Miranda un cambio psicológico, que empezó a recelar de la creciente autonomía y autoridad de su antiguo protegido, a la vez que se mostraba cada vez más aprensivo» [328]. En el Seminario sobre la Transición, organizado en Toledo por la Fundación Ortega y Gasset, el propio Adolfo Suárez reconoció que «es probable que a Torcuato Fernández-Miranda no le agradara el método seguido para llevar a cabo la legalización del PCE», aunque admitió que el propio Torcuato Fernández-Miranda estuvo a punto de celebrar una entrevista secreta con Santiago Carrillo poco antes de su dimisión y que él creía que, pese a su talante conservador y su edad, Torcuato Fernández-Miranda «también hubiera legalizado el PCE» [329].

Pese a que el martes 10 de mayo Suárez había tranquilizado a Osorio diciéndole que las elecciones se ganarían en la televisión, a principios del mes de junio el presidente se vio obligado a entrar en campaña.

Su confianza en la fuerza del medio televisivo y en su mensaje llevaron a Suárez a limitar sus apariciones públicas, cometiendo el error de no comparecer en la cena de la candidatura de Madrid, celebrada en el Restaurante Jai-Alai ese mismo martes. La buena gente de UCD y los medios de comunicación se sintieron defraudados por su ausencia, que inauguraba su forma de conducir la coalición, obsesionada por unos absurdos deseos de presentarse como un líder carismático. En su interior se debatía ya el indudable sentido de la prudencia y de la concepción global y generosa de la transición con su orgullo por su papel en ella.

La cena estuvo presidida por Pío Cabanillas, candidato número 1 por Orense..., pero contó con otras ausencias significadas, ya que no estuvo Íñigo Cavero, que acompañó a Fernando Álvarez de Miranda a la conferencia que pronunciaba en el Club Siglo XXI José María Gil-Robles y Gil-Delgado, y a la cena posterior, en la que, por cierto, otros democristianos les reprocharon su vinculación con Suárez.

Pocos días después, el propio Gil-Robles haría unas declaraciones a Blanco y Negro, en las que calificaba el «suarismo» como «una maniobra para asegurar la continuidad del franquismo sin la aspereza de Fraga», preguntándose con malicia: «¿Qué se puede esperar de gentes que han viajado en coche oficial desde que entraron en política?».

Las opiniones de Gil-Robles, que se presentaba candidato al Congreso por la provincia de Salamanca, eran coincidentes con las que por las mismas fechas pronunciaban los dirigentes del PSOE y con las críticas de dos hombres de prestigio como Joaquín Ruiz-Giménez y Joaquín Satrústegui.

El martes 17 de mayo, la Junta Electoral rechazó las impugnaciones presentadas a la candidatura de Adolfo Suárez, después de una fuerte campaña de opinión en la que se defendió su inelegibilidad.

Suárez no pudo celebrar su derecho a concurrir a las urnas, porque las encuestas, que eran el barómetro milimétrico del pulso electoral, empezaron a mostrar un cierto estancamiento de la intención de voto de UCD, sin que disminuyera el porcentaje de indecisos.

Y Suárez decidió saltar a la arena política electoral, programando una serie limitada de acciones, que iban a resultar de una espectacular eficacia. Con ello no hacía sino ejercer su deseo de ganar las elecciones y de seguir sintonizando con los ciudadanos que habían respaldado por amplia mayoría la Ley para la Reforma Política.

Su aparición en la escena electoral provocó un feroz ataque dialéctico, a cuya cabeza figuró Emilio Romero, al que Suárez había cesado en 1976 como delegado de Prensa del Movimiento. Romero era mal enemigo por la acidez de su pluma y porque desde hacía tiempo se había convertido en el portavoz de los sectores más afines al franquismo, poderoso aún en los grandes despachos de la Banca, las organizaciones empresariales y sobre todo en los recintos militares.

Romero plasmó su interesada pluma en un artículo titulado «Jaque al Rey», en el que sostenía el argumento de que «la presentación de Adolfo Suárez como candidato era la prueba de su independencia respecto al Rey» [330]. Romero se hacía así portavoz de los que deseaban un Rey heredero de los poderes omnímodos de Franco y que negaban la implantación de una Monarquía parlamentaria, con separación de poderes.

Otras críticas de la época producen hoy sonrojo, como la divulgada por el profesor José Luis Albertos, que ejercía la docencia en la Facultad de Ciencias de la Información, que llegó a sugerir que para saber si Suárez intervenía como candidato o como presidente se colocara en TVE un rótulo que rezara: «¡Cuidado: el poder prolongado acaba corrompiendo!». Suárez llevaba apenas un año de presidente. También se criticó a Suárez que salía en TVE como presidente, pero no aceptaba hacerlo como candidato, rechazando debates como el que El País le propuso con Felipe González y el que le propuso Manuel Fraga.

El sábado 28 de mayo, José María de Areilza cedió a la tentación de participar en la campaña, interviniendo en el mitin que la candidatura Senadores para la Democracia había organizado en el campo de fútbol de Vallecas. Y Areilza arremetió contra Suárez y pronunció frases tan desafortunadas como esta: «... las dos alas del franquismo [refiriéndose a UCD y a AP] se entienden perfectamente por debajo... y harán todo lo posible para que las próximas Cortes no sean constituyentes ni soberanas». Por su parte, José María Gil-Robles, contagiado del clima del mitin, no tuvo reparo en afirmar: «... los españoles no nos vamos a bajar los pantalones y por eso no nos van a dar por el centro».

El domingo 29 de mayo se celebró el Día de las Fuerzas Armadas, y desfilaron las tropas de los tres Ejércitos por el paseo de la Castellana, de Madrid. En la posterior recepción real, algunos altos militares manifestaron su disgusto por los extrañamientos de etarras, añadiendo más malestar al que ya había producido la legalización del PCE. De otra índole era el malestar que al día siguiente le demostró Alfonso Osorio a Adolfo Suárez: en su opinión, la campaña que estaba haciendo UCD era un desastre comparada con la de los dos principales rivales, PSOE y AP, capaces de movilizar a la gente y de llenar las plazas de toros.

Suárez le tranquilizó, argumentando que al final las elecciones se decidirían en la televisión, pero lo cierto es que él tampoco las tenía todas consigo, y por ello convocó, a las cinco y media de la tarde del martes 31 de mayo, una reunión en el palacio de la Moncloa de toda la ejecutiva de UCD —a la que no asistió Joaquín Garrigues, en campaña—, y que duró varias horas. En ella, el presidente se mostró preocupado por la subida del PSOE y en menor medida por la de AP, a los que El País del jueves 2 de junio concedía un 13,4 y un 5,7 por 100 de intención de voto, respectivamente. Rodolfo Martín Villa compartió su inquietud, pero en cambio Fernando Abril se mostró optimista y confiado.

Antes de diseñar las acciones electorales destinadas a captar votos, un portavoz de la Moncloa tuvo que desmentir que el 7 de mayo, a las once de la noche, Suárez y Fraga se hubieran entrevistado en secreto en el despacho de Leopoldo Calvo-Sotelo, como había afirmado en rueda de prensa un representante del desconocido Partido Liberal Independiente, creado por el financiero Juan García Madariaga, que presentaba su candidatura por Jaén, después de no haberse integrado en UCD. También AP desmintió el rumor del encuentro, lanzado con el propósito de confundir al electorado.

Para ilusionar a la militancia, el jueves 2 de junio, Suárez decidió visitar la sede de UCD de la calle Cedaceros, número 11, y en apenas una hora y cuarto resumió las grandes líneas de la campaña de UCD, recomendando a los candidatos de Madrid al Congreso y al Senado que llevaran a cabo una campaña más intensa, pero sin perder el estilo y el tono moderado de hasta entonces, porque eso daba sensación de serenidad.

Suárez les dijo que la sociedad española sabría apreciar esta renuncia de UCD a la estridencia y señaló su preocupación por las próximas elecciones municipales y por la penetración del PCE en los barrios periféricos de las grandes ciudades. También les advirtió que observaran el doble lenguaje de los partidos de izquierda: moderados en TVE y demagógicos en los mítines. En cuanto a AP, Suárez insistió en que era una opción muy diferente de UCD y que por ello no pensaba gobernar con ella después de las elecciones.

Al día siguiente, Jaime Peñafiel firmaba en la revista ¡Hola! un amplio reportaje, de nueve páginas y veintidós fotografías, sobre Adolfo Suárez, que de este modo concedía su primera entrevista como candidato-presidente; el domingo 5 de junio fue el suplemento dominical de El País el que dedicó varias páginas al candidato, que aparecía fotografiado en la Moncloa con su mujer y sus hijos, y también con el general Gutiérrez Mellado.

Tres días después, Suárez protagonizó un nuevo golpe de efecto presentándose de improviso en su pueblo natal, Cebreros. Ni la Guardia Civil ni el alcalde estaban advertidos. Con él viajaban su mujer, Amparo, su hermana Carmen y su cuñado, Aurelio Delgado. El paseo por el pueblo fue en olor de multitud de sus paisanos, a los que no veía desde hacía año y medio, cuando fue al entierro de su abuela.

En su recorrido por Cebreros entró en el Bar Tarlín, uno de los que visitaba de joven, donde tomó un café, y luego fue a misa; el párroco le deseó suerte, agradeciéndole la visita. Por último, el presidente se sumó encantado a la procesión del Corpus y a continuación regresó a Madrid.

Finalmente, el domingo 12 de junio, todos los periódicos publicaban un amplio resumen de la larga entrevista que el director de la agencia Europa Press, Antonio Herrero Losada, había realizado al presidente Adolfo Suárez, y se hacían eco de su visita sorpresa a Barcelona, por cuyas calles paseó en compañía de los candidatos de la lista de UCD por Barcelona, Carlos Sentís y Manuel Jiménez de Parga.

En las declaraciones a Europa Press, Suárez reconocía que, al contrario de los demás candidatos, él estaba expuesto a la erosión de una acción de gobierno en unos momentos difíciles y admitía que tanto la reforma como la ruptura perseguían el mismo fin: hacer posible una democracia de corte occidental.

En cuanto al futuro, Suárez se declaraba totalmente partidario de consolidar la democracia con la elaboración de una nueva Constitución y confirmaba que si no se veía respaldado por las urnas no tenía intenciones de seguir en su puesto [331].

También Suárez se reafirmaba en el criterio seguido hasta la fecha de actuar siempre desde la legalidad y de evitar heridas innecesarias. Quedaban solo tres días para que los españoles votaran en libertad por primera vez en muchos años y todos los partidos lanzaron sus mensajes más clarificadores. Por parte de UCD, Joaquín Garrigues Walker insistió públicamente en que UCD no gobernaría con AP, y en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, Leopoldo Calvo-Sotelo hizo tres predicciones que se harían realidad: UCD gobernará en solitario, UCD tendrá un leve aroma democristiano y UCD será un solo partido después de las elecciones.

El segundo vaticinio no fue incompatible con que el líder democristiano italiano Aldo Moro visitara España para apoyar a los hombres de la Democracia Cristiana que se presentaban en solitario, y cuyo mitin final se celebró en la plaza de toros de Vista Alegre. El PCE echó el resto en su mitin de Torrelodones, contando con la presencia de Carrillo, arropado por personajes tan conocidos del mundo del cine como la actriz Melina Mercouri y su marido, el director Jules Dassin; de la canción, como Ana Belén, Víctor Manuel y Teddy Bautista, y del teatro, como el actor Juan Diego.

El PSOE hizo su último mitin en Vallecas, y en cuanto a AP, en los últimos días de campaña registró la incorporación activa de Gregorio López-Bravo, que participó en un acto electoral en Pozuelo de Alarcón. Con él intervino el candidato al Senado Javier Carvajal, y el ex ministro de Industria prefirió que los asistentes le preguntaran, en lugar de dar un mitin. El 13 de junio, López-Bravo sí ofreció una charla en el Club Siglo XXI, a cuyo término hubo un coloquio en el que afirmó que «no he querido reservarme para después de las elecciones porque no es mi papel ver los toros desde la barrera y es mucho lo que se juega España». En la decisión de que López-Bravo tomara parte activa en la campaña influyó el Rey, interesado en que el ex ministro contribuyera a mejorar los resultados electorales de AP, aunque no en que ganara[332]. El mitin último de AP tuvo por escenario la plaza de toros de Las Ventas y en él intervino el ex presidente Carlos Arias, que rechazó la sugerencia de los expertos de su partido citando hasta catorce veces a Franco. Con él tomaron la palabra el abogado Ramón Hermosilla, el popular montañero César Pérez de Tudela, José María Ruiz Gallardón y Alfonso Armada, Jr., que figuraba en los últimos puestos de la lista de Madrid.

El domingo 12 de junio, El País publicó su última encuesta, en la que vaticinaba que el PSOE obtendría el 24 por 100 de los votos y AP el 8,2 por 100. Al día siguiente, Alfonso Osorio habló con su amigo Ignacio Paddy Gómez-Acebo, que como consejero de ICSA-Gallup le contó los datos de una última encuesta que ofrecía los siguientes resultados: PSOE (28,9 por 100), UCD (25,6 por 100), PCE (5,8 por 100), AP (5,7 por 100) y Equipo Democracia Cristiana (3,9 por 100). El porcentaje de los que no se pronunciaban ascendía al 11,3 por 100.

Gómez-Acebo le dijo que el periódico Ya estaba muy interesado en publicar la encuesta y, pese a que Presidencia del Gobierno les había pedido que la silenciaran, Osorio le autorizó a hacerlo, confiando en que su difusión incitara al voto del miedo.

TVE emitió esa noche la última intervención grabada de Adolfo Suárez, que se mostró pletórico, ilusionando con sus palabras a los últimos indecisos y ofreciendo una imagen convincente y positiva. Por el contrario, la intervención de Manuel Fraga resultó un auténtico desastre, mostrándose atropellado y amenazador.

La víspera del 15-J, el diario Ya publicaba la encuesta, provocando la indignación de Adolfo Suárez, y Osorio admitió que había sido idea suya. El día de reflexión, el general Gutiérrez Mellado apareció en TVE para asegurar que el orden público estaba garantizado.

Suárez pasó la jornada electoral en el palacio de la Moncloa, en cuyo Patio de Columnas escuchó misa. Salió a votar pronto, acompañado por su mujer, Amparo, y por la tarde se distrajo hablando por teléfono con algunos amigos, a alguno de los cuales citó por la noche para compartir la previsible victoria. Todos los ministros ocuparon sus puestos de responsabilidad, y por la Moncloa fueron apareciendo Fernando Abril, José Luis Graullera, Alfonso Osorio y el actor Sancho Gracia. Aurelio Delgado se ocupó de hablar con las distintas provincias.

Hacia las diez de la noche, Suárez recibió noticias de que los resultados de UCD no eran buenos en las grandes ciudades y de que en la sede del PSOE se daban gritos de «Ea, ea, Felipe a la Moncloa» y «España, mañana, será republicana». Osorio le pidió a Suárez que llamara a Felipe para apelar a su responsabilidad, y el presidente, preocupado, pidió quedarse solo. Mientras, Landelino Lavilla le dijo a Osorio que sería malo que el PSOE sacara más de noventa diputados, «por la Constitución que hay que hacer».

Suárez salió de su despacho y dijo que había hablado con el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, para pedirle que fuera él quien llamara a Felipe González. Fernando Abril animó al presidente diciéndole que iban a sacar 190 diputados y que iba a poder gobernar cómodamente, mientras que Osorio mostraba su incredulidad, fiel a su actitud «a la contra», que presagiaba su inmediata salida del Gobierno.

A medida que fue avanzando la noche, los resultados mejoraron, pero en Madrid se imponían claramente el PSOE y el PSP. El testimonio de Alfonso Osorio nos ofrece un momento de desmoralización de Suárez, que empezó a pasear nervioso por su despacho, diciendo: «Que gobiernen ellos si ganan. A ver si son capaces de hacerlo con el Ejército que tenemos. Yo mientras tanto me dedicaré desde la oposición a organizar el partido». Osorio aprovechó para corregirle de nuevo: «El partido tenías que haberlo organizado ya hace tiempo» [333]. En ese momento, Osorio le sugería a Suárez: «Con AP hay mayoría suficiente para gobernar». Y Suárez le respondió: «¿Qué precio tendría que pagar por ello?».

Finalmente, los resultados mejoraron y UCD confirmó su victoria en las provincias pequeñas y medianas, mientras fracasaba en Barcelona y perdía en Sevilla. El núcleo fundamental del voto centrista se iba a encontrar en Castilla, Galicia, Extremadura, Aragón, Baleares y Canarias, pero solo a las seis de la mañana se tuvo en la Moncloa la confianza en que se ganaba, aunque fuera por menos diferencia de la esperada. Gracias al sistema electoral consensuado por sugerencia de Lavilla y Miguel Herrero, UCD, con un poco más de un tercio de los votos, consiguió el 47 por 100 de los escaños [334].

La distribución final de escaños no se conoció hasta dos días después, durante la celebración del Consejo de Ministros, en el que Suárez comunicó a todos los miembros del Gabinete que había visitado al Rey y que este le había confirmado en su cargo, encomendándole la tarea de formar nuevo Gobierno. Tras las felicitaciones de rigor, tomó la palabra el general Gutiérrez Mellado para —como vicepresidente primero— presentar su dimisión. Al acabar el Consejo, Alfonso Osorio habló con su subsecretario, José Luis Graullera, para decirle: «Salvo que el Rey me lo pida, quiero dejar el Gobierno» [335]. Por la noche, cenando con Leopoldo Calvo-Sotelo y su amigo José Luis Mora, Osorio volvió a insistir en su decisión de abandonar el Gobierno y pronosticó que en el próximo Gabinete iba a tener un papel muy importante Fernando Abril [336].

Los resultados oficiales de las elecciones ofrecieron los siguientes datos:

| %
Votos válidos | 77,1
Abstención | 21,6
Nulos | 1,1
En blanco | 0,2

La atribución de escaños en las candidaturas al Congreso de los Diputados fue:

Partido | Diputados
UCD | 165
PSOE | 128
PCE | 20
AP | 16
PDC | 11
PNV | 8
PSP | 6
EE | 1
EC | 1
DCC | 2
Independientes | 2

En el Senado, el resultado también fue favorable a UCD, que obtuvo 106 escaños, seguida por el PSOE, con 48. AP solo consiguió dos senadores.

A los senadores por sufragio se sumaron los 41 designados por el Rey, que quiso premiar a distintas personalidades los servicios prestados a la Corona. Entre ellos figuraban los ministros del Gobierno que no pudieron presentarse a las elecciones: Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Rodolfo Martín Villa, Fernando Abril, Alfonso Osorio e Ignacio García López, entre otros, a excepción de Enrique de la Mata y Andrés Reguera.

Entre las personalidades designadas «senador real» aparecían el escritor Camilo José Cela, los banqueros Alfonso Escámez y Fermín Zelada, los catedráticos Gloria Begué, Domingo García Sabell, José Luis Sampedro, Carlos Ollero, Enrique Fuentes Quintana, Antonio Hernández Gil —que el 15 de junio fue nombrado presidente de las Cortes—, el filósofo Julián Marías, el editor Guillermo Luca de Tena y el político republicano Justino de Azcárate, que había vivido exiliado en Venezuela durante muchos años. Tres personalidades ostentaban la «representación» teórica de Cataluña: el académico Martín de Riquer, el ex alcalde de Barcelona José María Socías Humbert y el escritor Maurici Serrahima. Del círculo más afin al Rey figuraban Miguel Primo de Rivera, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Jaime Carvajal y, por supuesto, Torcuato Fernández-Miranda.

8
EL PRIMER GOBIERNO DE UCD

Vencido el reto de ganar las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez asumió el compromiso contraído con la oposición de que las primeras Cortes fueran «constituyentes» y elaboraran una Constitución con vocación duradera, en la que se plasmara todo un modelo de convivencia. Pese a haber formado un Gobierno con hombres de UCD, para aplicar su programa de reformas y de modernización en los campos de la economía, la educación, la sanidad, la justicia y el diseño del Estado autonómico, Suárez buscó intencionadamente que todo el proceso constituyente estuviera presidido por el consenso. Creía que aún no era momento de buscar soluciones en solitario ni de imponer criterios, porque la mejor forma de consolidar la democracia y la Corona seguía siendo el diálogo y el acuerdo con la oposición en todos aquellos asuntos que requirieran el soporte de todas las fuerzas parlamentarias. Pero en este período, que se prolonga hasta marzo de 1979, cuando se celebraron las segundas elecciones generales, tampoco olvidó Adolfo Suárez potenciar y extender la base organizativa de la coalición electoral UCD, a la que finalmente se dotará de estructura de partido.

Pero si en 1976 y 1977 la violencia etarra había parecido amainar su fuerza y ceder su protagonismo a la que surgía de las filas de la ultraderecha, a lo largo de 1978 ETA asesinará a 76 personas, despreciando todos los intentos de lograr la reconciliación entre los vascos a través de la amnistía de los presos etarras y del desarrollo de la autonomía, y de plantear la batalla política por la fuerza de las ideas y no por la de las armas. En este tiempo se cavará la fosa de incomprensión entre el PNV y el frente terrorista, y el resto de las fuerzas políticas, por culpa de la no participación de los nacionalistas en el consenso constitucional, y de la que se derivarán graves perjuicios para la plena democratización del Estado español. La paz no llegó a Euskadi.

Por último, Suárez pagó un primer precio por su política de consenso: su tolerancia y espíritu de concordia, tan beneficiosos para el conjunto de los españoles, encogió la fortaleza de UCD, que en muchas ocasiones pareció acomplejada por su heterogéneo origen, frente a la pureza democrática de la oposición, confundiendo a muchos de sus partidarios y a no pocos españoles, que creyeron ver debilidad donde había una deliberada política de conciliación.

Inmediatamente después de las elecciones, el Rey confirmó a Adolfo Suárez como nuevo presidente del Gobierno, y este se dispuso a formar su primer Gobierno de partido. El obstáculo inicial la negativa de Alfonso Osorio a continuar en el Gobierno como consecuencia de las discrepancias surgidas entre ambos durante el período anterior; pese a ello, Suárez le ofreció la presidencia del Senado, reconociéndole en una primera entrevista que las elecciones habían demostrado que España se inclinaba a posiciones de izquierda, por lo que había que gobernar desde el centro-izquierda, y que «en el fondo, Alfonso, nosotros lo que somos de verdad es socialdemócratas». Osorio rechazó el ofrecimiento por ser ya senador de designación real y le contestó que él era «monárquico por convicción, democristiano de formación y liberal de talante».

En la formación del nuevo Gobierno, Suárez hizo compatible la continuidad de los ministros clave del equipo anterior con la incorporación de los hombres más representativos de los distintos partidos que habrán integrado la coalición electoral, a los que quería comprometer para la conversión de UCD en partido. En una nueva entrevista con Osorio, celebrada el 29 de junio, Suárez le explicó sus planes: «A Pío le quiero dentro. A Garrigues le tengo que dar un ministerio técnico; Fernández Ordóñez tiene que hacerse cargo de la situación económica, puesto que tanto la ha criticado; Leopoldo se va a quedar fuera; Álvarez de Miranda va a ser el presidente del Congreso [como quería Osorio], aunque no sé si tiene carácter». Ante esto último, Osorio le replicó: «Pero procede de la oposición y será bien aceptado por todos los sectores de la Cámara».

Cuando Osorio le confirmó su rechazo a seguir en el Gobierno, Suárez le dijo que en ese caso propondría a Fernando Abril como vicepresidente, porque este quería dedicarse a organizar UCD, y que desde luego pensaba mantener a Gutiérrez Mellado, decisión que Osorio le reprochó porque «... sus compañeros de armas no le quieren», añadiendo que dudaba de que Fernando Abril fuera —pese a ser amigo suyo— la persona adecuada para orientar políticamente a las fuerzas integradas en UCD [337].

No le fue fácil a Suárez componer su nuevo Gobierno, y testigo de ello fue de nuevo Alfonso Osorio, al que Suárez llamó el 3 de julio para comentarle cómo añoraba al Gobierno anterior porque «... esto está lleno de intrigas: esta gente se navajea entre sí...» [338].

Para encauzar la grave crisis económica, prioridad que su anterior Gobierno supeditó a la consecución del marco de libertades, Suárez convenció a Enrique Fuentes Quintana para que aceptara una Vicepresidencia de Asuntos Económicos. El resto del equipo económico lo integraron Francisco Fernández Ordóñez, en Hacienda; Alberto Oliart, en Industria y Energía; Juan Antonio García Díez, en Comercio y Turismo; Joaquín Garrigues Walker, en Obras Públicas y Urbanismo; José Martínez Genique, en Agricultura; José Lladó, en Transportes y Comunicaciones, y Manuel Jiménez de Parga, en Trabajo. García Díez, que había elaborado con Fernández Ordóñez, Mariano Rubio, Carlos Bustelo y Miguel Boyer el programa económico del Partido Social Demócrata, entraría en el Gobierno después de que Manuel Varela rechazase la cartera de Comercio. Suárez también pudo integrar en el Gobierno a hombres próximos, y además de Fernando Abril incorporó a José Manuel Otero Novas, como ministro de la Presidencia, y a Enrique Sánchez de León, como responsable del nuevo Departamento de Sanidad y Seguridad Social, en el que se asumían competencias antes dependientes del Ministerio de Trabajo. A Ignacio Camuñas le ofreció el Ministerio Adjunto de Relaciones con las Cortes, después de que rechazara ser el candidato de UCD a la Alcaldía de Madrid, y a Pío Cabanillas, el Ministerio de Cultura y Bienestar Social, heredero de las responsabilidades del de Información. Landelino Lavilla siguió como ministro de Justicia, Marcelino Oreja como ministro de Exteriores y Rodolfo Martín Villa continuaba en su Departamento, que pasaba a llamarse del Interior; la reforma administrativa propugnada por el nuevo Gobierno refundía los tres ministerios militares en uno solo, denominado de Defensa, del que se hacía cargo el teniente general Gutiérrez Mellado. El Ministerio de Educación quedaba en manos de un democristiano, Íñigo Cavero, y para atender las crecientes demandas autonómicas se creaba el Ministerio Adjunto para las Regiones, del que se ocuparía el profesor Manuel Clavero Arévalo.

Era un buen Gobierno de UCD, en el que los más tarde llamados «barones» estaban presentes y comprometidos en la tarea de gobierno. Otro «barón», Fernando Álvarez de Miranda, había aceptado la presidencia del Congreso de los Diputados, y el liberal Antonio Fontán, la del Senado. Leopoldo Calvo-Sotelo fue elegido presidente del Grupo Parlamentario y portavoz de UCD.

El nuevo Gobierno juró ante el Rey el 4 de julio, después de que apareciera muerto, el 22 de junio, el empresario vasco Javier Ybarra, asesinado por ETA, que le había secuestrado semanas antes, y de que el 27 de junio Suárez recibiera en la Moncloa a Josep Tarradellas [339], con el que se iba a negociar el proceso de restitución autonómica de Cataluña. Y el 7 de julio, el marqués de Mondéjar cursaba una petición de la Casa Real solicitando destino para el general Armada en la Escuela Superior del Ejército.

La primera declaración del nuevo ministro adjunto para las Relaciones con las Cortes, Ignacio Camuñas, quiso dejar bien claro que el Gobierno tenía dos objetivos prioritarios: elaborar una Constitución y después convocar nuevas elecciones. Pero con ser eso cierto, también lo es que en un momento dado Suárez dudó de si hacer caso de la sugerencia de Landelino Lavilla de que un grupo de expertos dirigido por Miguel Herrero preparara un texto constitucional y que lo llevara a las Cortes para su discusión y aprobación. Así lo reconoce Alfonso Guerra, que admite que el PSOE se opuso, porque «ya en el Congreso que celebramos en diciembre de 1976 sostenemos la necesidad de un proceso constituyente...» [340]. También intentó Suárez sondear la posibilidad de que el borrador constitucional lo elaborara una comisión de tinte apolítico, consensuada por todos los partidos, pero tampoco la oposición se prestó a ello.

Finalmente se acordó que fuera una Ponencia creada dentro de la Comisión Constitucional la que redactara y elaborara el borrador constitucional. No fue fácil decidir quiénes integraban esta Ponencia, que se acordó debían formarla siete miembros. UCD exigió tres plazas, que concedió a Miguel Herrero, José Pedro Pérez-Llorca y Gabriel Cisneros; el PSOE tenía derecho a dos plazas: la primera fue para su experto Gregorio Peces-Barba y la otra la cedió a los nacionalistas vasco-catalanes, que, como consecuencia del resultado electoral, habían formado grupo parlamentario conjunto. Pero tras esta aparente generosidad, que permitió a Miquel Roca incorporarse a la Ponencia en representación propia y de los nacionalistas vascos, latía el deseo de los socialistas de impedir el acceso a la Ponencia del profesor Tierno Galván, a cuyo partido, PSP, querían primero enmudecer y posteriormente incorporar. Xabier Arzallus ha recordado con amargura su marginación, de la que sin duda se derivaron graves consecuencias futuras: «Ellos [el PSOE] querían un solo Partido Socialdemócrata. Tierno era un hueso duro de roer. Aguantó y aguantó, hasta que se lo comieron por las deudas que tenía... Como quisieron cerrarle el paso a Tierno, que estaba en el Grupo Mixto, donde había nueve diputados en total, nos lo cerraron a nosotros, que éramos ocho...». Y Arzallus concluye su reflexión con esta, pletórica de realismo: «¡Nunca se arrepentirán suficientemente de que no estemos ahí! El PNV estuvo fuera muy a gusto. Pero ¡lo dejaron fuera! La única Ponencia en que no ha estado el PNV. ¿Cómo se explica? Por intereses de partido, tan ruines...» [341].

Manuel Fraga fue elegido en representación de Alianza Popular y Jordi Solé Tura fue la voz de los comunistas.

Para presidir la Comisión Constitucional, UCD propuso al veterano político Emilio Attard, que haría gala de su experiencia, aunque su papel institucional quedó algo relegado por la labor de la Ponencia. La Comisión Constitucional se creó el 26 de julio, solo cuatro días después de la formal constitución de las Cámaras, en las que el Rey, con solemnidad, se dirigió a los diputados y senadores diciéndoles: «La realidad visible de que las nuevas Cortes recogen una pluralidad de ideologías es la mejor muestra de que, por una parte, se ha traducido a la práctica aquella voluntad de concordia nacional y, por otra, que este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español». Y en cuanto a la futura tarea de las Cámaras, el Rey no dejó dudas sobre su carácter constituyente, al proclamar: «La Corona desea, y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos».

Todos los representantes de la soberanía popular recibieron al Rey con una gran ovación, menos los socialistas, que todavía cuestionaban la forma de Estado. Carrillo recuerda que «fue una actitud absurda, un infantilismo izquierdista por parte del PSOE; fue un momento un poco duro para nosotros. Los socialistas siempre estaban intentando desbordar a todo el mundo por la izquierda; padecían un cierto sarampión infantil».

Felipe González ha admitido: «La verdad es que fue un acuerdo de la Ejecutiva, no sé quién lo propuso, pero sí sé que no hubo discrepancias. Incluso visto ahora, con la perspectiva del tiempo, no fue ninguna barbaridad. No tiene sentido aplaudir a una persona antes de que se pronuncie, antes de escucharla. Lo lógico es esperar, escuchar lo que tiene que decir y luego mostrar acuerdo o desacuerdo. Cuando el Rey terminó el discurso, entonces aplaudimos...» [342].

Tras la constitución de las Cámaras, el 27 de julio se celebró un primer debate parlamentario de política general en el que cada portavoz expuso sus proyectos, aspiraciones y demandas. El más duro fue Xabier Arzallus, que años después ha reconocido: «antes del 15 de junio había recibido una carta de ETA en la que poco menos que me llaman traidor porque íbamos a participar en las elecciones» [343], y que pidió la autonomía para Euskadi y la excarcelación de todos los presos políticos. Felipe González también pidió una amnistía general y exigió que la Constitución se redactara por compromiso de todas las fuerzas parlamentarias. Carrillo, por su parte, pidió un Gobierno de concentración nacional y volvió a exhibir su pragmatismo y temple. Tierno Galván se lució dando una lección magistral sobre cómo elaborar una Constitución, lo que le valdría de poco, ya que su presencia en la Ponencia fue vetada por el PSOE.

Había sido la primera escaramuza parlamentaria de las nuevas Cortes, escenario poco grato a UCD, por tener que ejercer su responsabilidad de gobierno y defender su política de consenso, lo que limitaría la dialéctica de sus portavoces y del propio presidente, que a finales de julio, después de un Consejo de Ministros en el que se aprobó que el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, presentara en Bruselas la solicitud de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, invitó a Ignacio Camuñas a compartir con él y con el general Gutiérrez Mellado y Fernando Abril, y sus mujeres, unas vacaciones en la Costa Brava, donde el anfitrión iba a ser su amigo el empresario Antonio Vandervalle. La aceptación de esta invitación iba a desencadenar una seria y dura polémica periodística que afectaría al hasta entonces inmaculado presidente y sería el primer aviso de lo que ocurriría en el futuro. En estas vacaciones, Camuñas se dio cuenta de la estrecha amistad que existía entre Suárez y Abril.

Suárez prosiguió sus vacaciones en Palma de Mallorca, donde visitó —como es preceptivo— al Rey, y donde la policía, en su labor de vigilancia, desactivó una bomba de goma-2 destinada a atentar contra las dos principales figuras de la política española.

Ignacio Camuñas sería el protagonista principal de la primera crisis de UCD, cuando el 30 de agosto se reunió la Mesa del Congreso para estudiar el incidente surgido en Santander al golpear la policía al recién elegido diputado socialista Jaime Blanco, que participaba en una manifestación. Los socialistas, llevados de su recelo por la actitud de las fuerzas del orden, a las que todavía creían imbuidas de mentalidad represora, lograron que se convocara un Pleno extraordinario del Congreso para el martes 13 de septiembre, en el que ya evidenciaron cuál iba a ser su actuación durante toda la legislatura.

El Gobierno encargó a Rodolfo Martín Villa la defensa de la actuación de las fuerzas de seguridad, y su informe ante la Cámara resultó ser muy distinto del que había realizado el ponente socialista Pablo Castellano. Incapaces de vincularse al proceso constituyente como no fuera a cambio de alguna ventaja electoral o partidista, los socialistas hicieron de aquel Pleno el primer pulso a Adolfo Suárez y su Gobierno, al que pretendían presentar siempre como heredero y continuador del Régimen de Franco. Martín Villa, que en el anterior Gobierno ya había dado pruebas de su talante y de su capacidad de aguante, tuvo que tomarse en serio un incidente menor, defendiendo a una policía que él era el primer interesado en dotar de mejores y más modernos medios y de ir adaptando mentalmente al nuevo concepto de orden público. Y tuvo que escuchar todos los epítetos que entonces dedicaban los jóvenes socialistas a los ministros —y demás políticos— provenientes del anterior Régimen. En un primer intento de plantear la incongruencia e incompatibilidad de los diferentes sectores de UCD, Alfonso Guerra preguntó a Francisco Fernández Ordóñez y a Joaquín Garrigues si estaban de acuerdo con la explicación dada por el ministro Martín Villa, respondiendo el ministro Garrigues con un gesto que acreditó su talante, al sentarse justo al lado del ministro del Interior. El debate había alcanzado tal grado de acaloramiento que Ignacio Camuñas saltó, pese a que con la mirada Adolfo Suárez le pedía que no se moviera. Su vehemente intervención se ajustó a la cortesía parlamentaria y le permitió exhibir sus buenas dotes de orador y de «mitinero».

El debate no tuvo otra trascendencia que evidenciar que UCD y Suárez, presa de su obsesión por el consenso, no estaban dispuestos a permitir que el PSOE se librara de él, y a tal fin querían evitar, a toda costa, su enfrentamiento en temas cotidianos de gobierno. Tres días después, por instrucciones expresas de Adolfo Suárez, Fernando Abril se presentó en la Junta de Portavoces, ante la sorpresa del presidente de la Cámara, al que nadie había avisado de su presencia.

Fernando Abril recuerda que «cuando Camuñas era ministro de Relaciones con las Cortes sucedió el incidente de Jaime Blanco, que puso en evidencia el caos parlamentario. Allí no había reglamento, ni normas, ni manera de controlar aquello, de manera que Adolfo me pidió que intentara poner un poco de orden. Así que tuve que hacerme cargo de las relaciones con el grupo, y, claro, a Camuñas no le sentó muy bien que yo asistiera también a la Junta de Portavoces. Pero en aquel momento teníamos que sacar la Ley de Relaciones Cortes-Gobierno y era muy importante negociarla bien» [344].

Efectivamente, a Ignacio Camuñas le sentó tan mal la injerencia del que ya se adivinaba todopoderoso Fernando Abril, que el 27 de septiembre presentó su dimisión como portavoz del Gobierno y ministro adjunto de Relaciones con las Cortes. Previamente, Abril le había dicho que debía despachar con él y no con el presidente. Camuñas reconoce que Adolfo Suárez trató de convencerle para que no dimitiera e incluso le ofreció otra cartera, pero finalmente su puesto lo ocupó, sin categoría de ministro adjunto, su subsecretario, Rafael Arias-Salgado, que ya en ese momento era un «hombre de Fernando Abril».

Como conclusión de este episodio, Ignacio Camuñas ha evocado que «creo que se equivocaron no plantando cara al PSOE desde el primer momento; yo les hubiese hecho frente constantemente. En aquel Pleno empezó el “acollonamiento” progresivo en que fue entrando Adolfo Suárez y la UCD frente al PSOE». Tenía razón. Camuñas pasó a presidir la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados [345].

Mientras tanto, la Ponencia Constitucional había ya empezado sus trabajos y en sus primeras sesiones se debatió si se elaboraba un texto extenso o reducido. PSOE y PCE optaban por una redacción muy explícita, en cuanto a los derechos y libertades. UCD, por el contrario, se inclinaba por un borrador breve, porque, como aducía Landelino Lavilla, que fue el supervisor de todo el proceso hasta que en mayo de 1978 intervino Fernando Abril, «por qué debatir sobre libertades y derechos fundamentales cuando podía bastar una revisión a las declaraciones y convenios internacionales de derechos humanos» [346].

Miquel Roca, que desde un principio se encargó de comunicar los acuerdos a los nacionalistas vascos, pretendió conferir al texto un talante liberal, y por supuesto luchó por que recogiera las aspiraciones de autogobierno y reflejara la pluralidad nacional. Y él fue quien acabó convenciendo a los demás de la bondad de un texto extenso: «La Constitución tenía que ser larga para resolver muchas deficiencias y represiones del régimen anterior. La sueca no necesitaba hablar del derecho de reunión, pero la española sí, porque en los últimos cuarenta años no lo habíamos tenido» [347].

Miguel Herrero recuerda con agrado aquel reto y precisa que fue él quien primero presentó a la Ponencia un breviario constitucional que comprendía seis apartados, dedicados a principios generales (incluida la Monarquía y el derecho a la autonomía), la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, las relaciones Cortes-Gobierno y el Poder Judicial.

El clima de trabajo fue magnífico, en opinión de todos los ponentes, durante los tres primeros meses, y se creó entre ellos una corriente de aprecio y respeto mutuos que les llevó a extender su colaboración y contacto a diferentes almuerzos en sus restaurantes preferidos.

Fruto de este ambiente y de la voluntad de llegar a acuerdos, se abordó el tema que todos temían se convertiría en el más conflictivo: el de la estructura del Estado y el reconocimiento autonómico. Miquel Roca admite que fue él quien propuso y negoció con el propio Adolfo Suárez la inclusión en el texto del término «nacionalidades», que UCD aceptó y que apoyaron Solé Tura y Peces-Barba. Su redacción inicial fue: «La Constitución reconoce y la Monarquía garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España, la unidad del Estado y la solidaridad entre sus pueblos», y fue votada por seis votos a uno. Fue Fraga quien se opuso, y cuando los ponentes centristas explicaron su contenido a los órganos del partido, se vieron obligados a rectificar, aunque el término nacionalidades se mantuvo. Es de nuevo Miquel Roca el que recuerda que, aunque él fue quien negoció la inclusión del término «nacionalidades» con Suárez, fue Miguel Herrero quien lo propuso en la Ponencia. «Yo propuse nación y entonces Herrero dijo: “Hombre, nación no, pero nacionalidad sí”.» En opinión de Miquel Roca, esta es la más importante de las aportaciones que hizo la Constitución [348].

En cuanto a la definición del Estado como una Monarquía o una República, fue Roca también quien propuso el texto inicial del artículo 1.3 del proyecto y que finalmente sería aprobado: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

Los comunistas ya habían adelantado que no presentarían enmienda alguna reivindicando la República, mientras que los socialistas insistieron que defenderían la inclusión del término República, provocando la lógica inquietud de UCD, que se creía moralmente legitimada para ser la defensora de la Monarquía. En opinión de Miquel Roca, el mantenimiento de esta ambigüedad hasta el final del proceso constituyente «fue una tozudez de Luis Gómez Llorente..., que tenía un prestigio moral muy importante y dominó esta cuestión. Peces-Barba, en más de una ocasión, se había manifestado admitiendo la forma monárquica. Este fue un juego muy arriesgado de los socialistas, porque, claro, jugábamos con pólvora. ¿Por qué razón ellos tienen que ser más republicanos que los comunistas, o que nosotros mismos, o que el PNV?». «Creo —concluye Roca— que ellos llevaron demasiado lejos lo que llamaríamos la astucia. Porque no era ni principio, era astucia» [349].

UCD se movilizó para que Felipe González se pronunciara al respecto, y desde Leningrado, donde estaba de viaje, González se comprometió a que el PSOE defendería su enmienda, con carácter testimonial, hasta el primer debate público en la Comisión.

Pero no todo eran acuerdos y entendimiento. Miguel Herrero reconoce que fue el celo personal de los ponentes de UCD el que suplió las deficiencias estratégicas y de planteamiento del partido, porque «UCD nunca tuvo oficialmente un texto constitucional que considerara propio y esto aparentemente debilitó nuestra posición» [350].

Pero otro de los objetivos que Suárez puso en práctica nada más formar Gobierno fue abordar de forma urgente la situación económica. La primera medida que propuso el vicepresidente Fuentes Quintana fue tomada en el Consejo de Ministros del 12 de julio y consistió en devaluar la peseta en un 20 por 100, lo que sin duda produjo un encarecimiento de la factura energética, en un momento en el que la dependencia de España en este campo era muy elevada. El profesor Fuentes Quintana ha admitido que la pregunta era: «¿cómo legitimar un régimen y asentar una democracia estable que toleraba una inflación que superaba en los meses centrales —julio y agosto— el 42 por 100, inflación que erosionaba los ingresos de las familias, despertaba las expectativas alcistas y extendía la rigidez y estéril indiciación de todas las rentas, perpetuando el crecimiento de los precios?». Fuentes comprobó que España perdía 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores tras las elecciones de 1977 y que tenía un déficit acumulado de 5.000 millones de dólares en su balanza corriente en los años anteriores, y que en los últimos cuatro años de crisis (1973-1977) había acumulado más de 12.000 millones de dólares de deuda externa [351].

España había ignorado la tremenda crisis energética que azotó Europa y el mundo en 1973, y, por razones políticas bien evidentes, sus distintos gobiernos se vieron incapaces de aplicar las políticas económicas y monetarias correctoras. En julio de 1977, como consecuencia, el saldo negativo de la balanza por cuenta corriente era de 3.150 millones de dólares y había una especulación contra la peseta que, en opinión de José Luis Leal, «se alimentó a lo largo de 1977 por una serie de declaraciones que anunciaban la necesidad de un cambio de rumbo de la política económica y por la inminencia del mismo a raíz del resultado de las elecciones generales de julio de dicho año».

La urgencia de afrontar la crisis económica exigía una política económica consensuada, y por ello Fuentes Quintana le planteó al presidente Suárez que era imprescindible contar con el respaldo de la oposición. En realidad, ya Suárez había hablado con Santiago Carrillo, en su entrevista secreta de 27 de febrero, de llegar a un gran pacto económico con todas las fuerzas políticas, que ayudara a salir de la crisis.

En el seno del Consejo de Ministros se ratificó esta conveniencia por otro motivo, de índole política: al contar con la «colaboración» del PCE para esta urgencia, se posibilitaba presionar al PSOE para que se incorporara a la política de consenso, y al mismo tiempo se proyectaba el acuerdo sobre la negociación constitucional, en la que el PSOE mostraba todavía excesivos recelos. Suárez ha admitido que «no había un solo ministro económico que no hablara de la necesidad de unos acuerdos económicos, porque la economía podía afectar seriamente a la credibilidad del proceso. Teníamos la crisis del petróleo, una dependencia energética enorme; había unas circunstancias de carácter económico tales que sin una pequeña luz de esperanza, de que se podían arreglar las cosas entre todas las fuerzas políticas españolas, el país se hacía ingobernable» [352].

Sin embargo, el profesor Fuentes Quintana ha admitido recientemente que en principio «Adolfo Suárez pretendió que ganásemos una votación en las Cortes. Dijo: presentas el programa en las Cortes y yo pacto con los andalucistas, con los vascos, y ganamos por diez o doce votos. Naturalmente le insistí en que no se trataba de esto. Para mí, el problema fundamental era que teníamos que definir un programa que permitiera superar la crisis para llegar a la Constitución. Es decir, o realizábamos las reformas, o la Constitución podía quedar en entredicho por una crisis gravísima, que quizá llevara a la suspensión de pagos del país o a una inflación galopante que hubiese impedido redactar la Constitución. Lo fundamental era llegar a la Constitución y esto necesitaba el pacto» [353].

Durante todo el mes de agosto, el equipo económico de Fuentes Quintana preparó un documento base que contenía las medidas de saneamiento y reforma de la economía española; simultáneamente, los distintos agentes sociales fueron convocados en el Ministerio de Hacienda y en la Moncloa para convencerles de la necesidad de llegar a un acuerdo global de moderación salarial. El dirigente de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius recuerda así este momento: «En el verano de 1977 fui de vacaciones a Santander y cuando voy a entrar en mi casa me encuentro a la Guardia Civil diciendo que me están buscando de la Moncloa. Marcelino [Camacho] estaba fuera de España. Suárez nos quería ver urgentemente». Sartorius llegó a la Moncloa acompañado del ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga, y de su compañero de sindicato Saborido. «Era la primera vez —recuerda Sartorius— que veía a Suárez, y me cayó muy bien. Nos recibió muy efusivamente, con un abrazo a cada uno, por lo que comprendimos enseguida que algo nos iba a intentar sacar. Suárez nos hizo un análisis de cómo estaba la situación, que era bastante complicada, y estuvimos bastante de acuerdo. Nos propuso hacer un Estatuto de los Trabajadores, que era una idea que venía un poco de Italia. Nos pareció muy bien, porque había venido en parte la democracia pero la situación laboral y social estaba totalmente estancada en la franquista. Y ahí es donde él dice que hay que ir a un pacto social, y que los sindicatos y el Gobierno tienen que hacer un gran pacto: [...] Suárez quería un pacto de rentas, sobre todo para abordar la inflación, y luego otras cosas, pero sobre todo, pacto social, pacto de rentas y luego el Estatuto de los Trabajadores» [354].

Pero a cambio de pactar un acuerdo de rentas y de negociar las medidas de saneamiento de la economía española, los sindicatos, y especialmente Comisiones Obreras, presionaron a Suárez para que este aceptara un pacto político, lo que al presidente no le importaba, porque ante todo quería conseguir el pacto social. En septiembre, Suárez convocó a todos los ministros para que examinaran el documento base, lo enmendaran y mejoraran, y por fin, los días 7, 8 y 9 de octubre, los dirigentes políticos fueron citados en el palacio de la Moncloa. En la redacción inicial del documento base habían intervenido Fernando Abril y Leopoldo Calvo-Sotelo, por UCD; Ramón Tamames, por el PCE; Joaquín Leguina, por el PSOE; Laureano López Rodó, por AP; el subsecretario de Economía, Manuel Lagares, y el director general, José Luis Leal.

Fuentes Quintana recuerda que durante el proceso de los pactos los líderes de la recién creada CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se opusieron duramente, porque «sobre este asunto hay que decir que la derecha [política] y la derecha empresarial no perdonaban el triunfo de Adolfo Suárez. Tuvieron una actitud más hostil contra Adolfo Suárez que contra Felipe González... Se defendía el principio de que el Partido Comunista no formase parte del abanico de partidos. Querían que el orden de la economía libre de mercado se reconociese en todas las situaciones». Fuentes Quintana tampoco olvida que el entonces embajador estadounidense llamó la atención al ministro de Trabajo, Jiménez de Parga, por su excesiva proximidad a CC.OO., pero cree «que Estados Unidos vio muy bien los pactos. Me baso en lo siguiente. El FMI los vio bien. Inmediatamente después de comenzadas las conversaciones yo consulté con Whittone, que era el representante del FMI para Europa. Y él me dio un absoluto plácet. Le pareció que el programa estaba muy bien y no hubo dificultades» [355].

En la primera reunión, Felipe González y los suyos (Lluch y Leguina) llegaron tarde, creando unos momentos de incertidumbre entre los presentes, porque ya habían llegado los vascos, los catalanes y los comunistas, y su retraso podía deberse a que no secundaban la convocatoria. Suárez tranquilizó a Fernández Ordóñez, que era el más pesimista y decía «aquí no va a venir nadie», augurándole: «Van a venir y van a pactar». Cuando todos se hubieron reunido, Suárez tomó la palabra para explicar la situación económica del país y justificar que todos los partidos debían colaborar en hacer un diagnóstico común y en abordar la crisis. Fraga le interrumpió para decirle que el deber de un Gobierno era gobernar y escoger la opción que le pareciera más oportuna, por impopular que fuera; Suárez le replicó que él no quería compartir la responsabilidad con nadie, pero «sí el conocimiento para que formasen su propia conciencia. Si querían, podían colaborar, y si no, podían marcharse» [356].

Después intervino Jordi Pujol para confirmar que estaba de acuerdo con las cifras, y Fuentes Quintana recuerda que «en tercer lugar intervino Carrillo, y creo que la suya era la intervención más esperada porque el prepacto ya estaba realizado entre Adolfo y él. Yo no lo sabía. Pero era obvio que existía y Carrillo apoyó el pacto de una manera total».

El 8 de octubre, todos los reunidos en la Moncloa pudieron comprobar la responsabilidad del presidente del Gobierno, al compartir con él la noticia del asesinato del presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, cometido por ETA en un frontón de Guernica. Joaquín Leguina ha relatado cómo afectó la tragedia al veterano nacionalista Juan Ajuriaguerra —que fallecería meses después— y a Manuel Fraga, amigo personal de la víctima, y cómo, aprovechando un descanso en las negociaciones, le pidió a Adolfo Suárez que intercediera ante el almirante Massera, componente de la Junta Militar argentina, que visitaba España aquellos días, por un amigo suyo preso de los militares en Buenos Aires. «Lo hizo —ha escrito Leguina— y, pocos días después, mi amigo quedó libre. Suárez se portó como lo que yo creo que es: un hombre de bien. Nunca he tenido ocasión de hacerle constar que su intervención salvó la vida de aquel hombre. Lo hago ahora» [357].

Durante dos semanas, los expertos de los partidos políticos, los sindicatos y el Gobierno negociaron el contenido de los pactos que, en opinión del periodista Joaquín Estefanía Moreira, se concretaron en «unas medidas de saneamiento, que fueron una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero, una política presupuestaria que redujese el crecimiento de los gastos públicos y orientara los gastos de inversión hacia una reducción del déficit público; la fijación de un tipo de cambio realista de la peseta y la flotación de la misma para orientar las corrientes de comercio exterior; y una política de rentas basada en el principio de que el crecimiento de los salarios se pactaría, a partir del momento de la aprobación de estas medidas, en función de la inflación prevista y no de la inflación pasada» [358].

Entre las reformas que se consideraban necesarias para repartir con equidad los costes de la crisis «estaban la reforma fiscal y de la administración tributaria para que todos los ciudadanos pagasen los impuestos; la reforma del sistema financiero mediante la competencia, supervisando la liquidez y solvencia de los bancos y cajas de ahorro; la reforma del marco de relaciones laborales con un Estatuto de los Trabajadores y la flexibilización de las condiciones de trabajo, y una leve alusión al marco de actuación de las empresas públicas» [359].

Las delegaciones pactaron también unos acuerdos de índole política que se tradujeron en medidas legislativas en materia de libertad de expresión, medios de comunicación social de titularidad pública (creación del Consejo Rector de RTVE), derecho de reunión, derecho de asociación política y Código Penal, a través del proyecto de Ley de Despenalización del Adulterio y Amancebamiento, y del proyecto de Ley de Despenalización de los Medios Anticonceptivos. También se firmó un acuerdo relativo a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (se aprobó la asistencia letrada del inculpado desde el momento en que se viera privado de libertad), otro que afectaba al Código de Justicia Militar (restringiendo los límites de esta) y un último que reorganizaba los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público (haciéndoles dependientes del Ministerio del Interior y dividiéndolas en Cuerpo General de Policía, de carácter civil, y Policía Armada y Guardia Civil, de carácter militar).

AP no firmó los pactos políticos, pero sí los económicos, cuya ceremonia final tuvo por marco el palacio de la Moncloa el 25 de octubre de 1977, fecha histórica en la que se selló la versión española del «compromiso histórico». El director del gabinete del presidente, el diplomático Alberto Aza, fue pasando el portafolio por toda la mesa, para que estamparan su firma Adolfo Suárez, Felipe González, Joan Raventós, Josep Maria Triginer, Manuel Fraga, Enrique Tierno Galván, Juan Ajuriaguerra, Miquel Roca, Leopoldo Calvo-Sotelo y Santiago Carrillo. Como testigos estuvieron presentes Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril Martorell, Francisco Fernández Ordóñez, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Salvador Sánchez Terán, que en julio había sido nombrado asesor del presidente; Plácido Fernández Viagas, Laureano López Rodó, Raúl Morodo, Fernando Morán, Emilio Gascón, Josep Verde i Aldea, José Pedro Pérez-Llorca y el ya citado Alberto Aza.

En opinión de Joaquín Estefanía, «los efectos de los Pactos de la Moncloa fueron inmediatos: la inflación cerraba el año en un 26,4 por 100 y se situaba en 1978 en el 16 por 100; se recuperaba el equilibrio de la balanza por cuenta corriente, obteniéndose superávit al año siguiente; las reservas de divisas pasaron de 4.000 millones de dólares a mediados de 1977 a 10.000 millones a finales de 1978; se restablecía un cierto equilibrio en las cuentas de las empresas, iniciándose una tendencia alcista de los beneficios. Y, sobre todo, se producía un cambio importantísimo en el clima político del país, que permitió llegar a la Constitución» [360].

Pero el beneficioso impacto que se produjo sobre la economía española —con convenios firmados en el 20 por 100 más dos puntos, en lugar de los del 40 por 100, que eran habituales antes— provocó una auténtica conmoción entre los distintos poderes empresariales y dentro de la propia UCD; los primeros, en su histórica ceguera, reprocharon a Suárez que practicara una política de corte socialdemócrata y que hubiera concedido tanto protagonismo a los sindicatos, y al mismo tiempo que hubiera aplicado una tan drástica reforma fiscal. Esta última razón también era objeto de reproche en las filas del sector más conservador de UCD, que veía cómo Suárez renunciaba a practicar una política de corte más liberal para ponerse en manos de un técnico no comprometido con UCD, como era Fuentes Quintana, y de un socialdemócrata «peligroso» como Fernández Ordóñez. Las «fuerzas vivas» de la pujante derecha económica comenzaron a mover sus hilos y a organizar la feroz crítica a los Pactos de la Moncloa, que habían escenificado el compromiso social entre el Gobierno y sus enemigos naturales, los sindicatos, y por añadidura con los comunistas. Quizá también porque al final no se firmó el despido libre, que había sido propuesto en el documento original, pero que no fue aceptado por los sindicatos y partidos políticos de izquierda. El grado de cumplimiento de los Pactos fue bastante completo, supuso una notable liberalización de la economía y, como años después los definiría Juan Antonio García Díez, «supusieron el inicio de un gigantesco proceso de aprendizaje para el pueblo español en el que la primera lección fue el rodaje de la convivencia». Pero si las medidas de estabilización se aplicaron pronto, las reformas diseñadas se detuvieron. Fuentes Quintana se intranquilizó pronto por las dudas y conflictos que surgieron en el Gobierno y que obligaron a graduar la aplicación de la reforma fiscal, a retrasar la reforma de la empresa pública y el Estatuto de los Trabajadores. La presión de la patronal eléctrica hizo mella en el ministro de Industria y paralizó la nacionalización de la red de alta tensión, propugnada por los socialistas y comunistas y aceptada por el vicepresidente económico, que hizo de esta medida cuestión de principio. Fuentes alega que este fue el motivo final de su dimisión, planteada en febrero de 1978 al presidente del Gobierno, con la alternativa de cambiar al equipo económico. Lo cierto es que además de estas razones objetivas, aún hoy materia de discusión y polémica, la personalidad de Fuentes Quintana, con su escaso carácter contemporizador, sus planteamientos puramente técnicos y su permanente duda, fue determinante para que en febrero la continuidad de Fuentes se hiciera imposible. Una de las decisiones que este no se atrevió a tomar fue el relevo del gobernador del Banco de España, José María López de Letona, sustitución que asumió su sucesor Fernando Abril Martorell, nombrando a José Ramón Álvarez Rendueles.

«Me consta que hubo interferencias para tratar lo que se debía hacer —recuerda Fuentes—. Había interés en que hubiera una actuación más a la derecha. UCD era de centro, pero la gente más valiosa, aunque minoritaria, estaba en la izquierda» [361].

En cuanto a su dimisión, Fuentes Quintana niega que abandonara su responsabilidad en plena crisis. «El tema de fondo es saber hasta dónde tienen que llegar la conformidad y la ética del comportamiento personal —se defiende Fuentes—. Entré en el Gobierno como un economista, como un técnico. Convivía todos los días en un purgatorio, con cortapisas, frenos. En definitiva, se trataba de que no prosperase demasiado. Suárez ya no tenía la pasión reformadora del principio de la transición porque las diferencias en el partido eran cada vez mayores...».

Mientras se formalizaban los Pactos de la Moncloa, Suárez atendió también a la negociación final de las condiciones del retorno de Tarradellas y dedicó sus esfuerzos a impulsar la estructura y organización de UCD, tarea que le exigió equilibrio y prudencia para conjugar las distintas tendencias y personalismos que ya amenazaban al partido ganador de las primeras elecciones. En su deseo de armonizar todos los intereses en juego, Suárez renunció a imponer su autoridad, convirtiéndose —quizá sin darse cuenta— en prisionero de los afanes y protagonismo de los distintos «barones» del partido. Consecuencia de ello fue la composición del primer Secretariado de UCD, del que formaron parte Salvador Sánchez Terán, secretario de Organización; Arturo Moya, de Acción Electoral; Gonzalo Casado, de Organizaciones Cívicas; Guillermo Medina, de Información; Álvaro Alonso Castrillo, de Finanzas; Manuel Fraile, de Programas; Carmela García Moreno, de Acción Cultural, y Javier Rupérez, de Relaciones Internacionales. Salvo a este último, al que se responsabilizaba de la posible homologación internacional de UCD, que la minoría democristiana del partido quería fuera en su Internacional, Suárez no cedió poder alguno; mientras, los democristianos se organizaron en la estructura paralela creada por la Fundación Humanismo y Democracia, financiada por la CDU alemana, que pronto desarrolló una activa labor de formación de cuadros [362].

El aparato del partido pronto rivalizaría entre sí, creando núcleos de poder aislado y obligando a que el entorno del presidente en el palacio de la Moncloa interviniese con frecuencia, desgastando a Suárez en el obligado arbitraje. Los liberales no obtuvieron participación alguna en el partido, pero se mantuvieron vinculados a Joaquín Garrigues y trataron de inclinar la balanza hacia la Internacional Liberal. Por su parte, Suárez concedió a los socialdemócratas importantes tareas en la dirección de la política económica del Gobierno, lo cual les hizo permanecer leales a su presidente, que además gobernaba desde posiciones de centro-izquierda, coincidentes con sus planteamientos.

En mi opinión, Suárez cometió en este momento un error estratégico al no nombrar directamente a un secretario general, en el que hubiera debido delegar su poder y autoridad, para organizar el partido. En lugar de ello, prefirió que el partido fuera gobernado desde fuera por Fernando Abril, a través de su hombre en el aparato, Salvador Sánchez Terán, que pronto sería incompatible con el ambiguo y ambicioso Arturo Moya.

La cuestión de la homologación internacional de UCD fue el caballo de batalla de los democristianos y lo que les dio tanta capacidad de organización interna, hasta el extremo de que, gracias al apoyo exterior, los pequeños grupos de origen democristiano lograron tener una infraestructura propia en casi todas las provincias. Los diferentes políticos de procedencia democristiana mantuvieron además su vinculación internacional, viajando a aquellos acontecimientos de trascendencia política asociados a políticas o gobiernos democristianos; de hecho, poco después de las elecciones, el ya propuesto presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, viajó a Venezuela para visitar a su correligionario Rafael Caldera, donde declaró que UCD debía integrarse en la Internacional Democristiana. En este viaje, Álvarez de Miranda tuvo la inoportunidad de imitar a Santiago Carrillo, proponiendo la formación de un Gobierno de «concentración nacional».

Fruto de su bienintencionado deseo de satisfacer a todos, Suárez nombró asesores suyos a Alfonso Osorio, aunque evitó que este ocupara la presidencia de la Fundación Humanismo y Democracia —versión española de la poderosa Fundación Adenauer—; al confuso José Ramón Lasuén, al canario Lorenzo Olarte y a Federico Mayor Zaragoza. También propuso la creación de un Comité Programático integrado por José Luis Álvarez, Rafael Arias-Salgado, Leopoldo Calvo-Sotelo, Manuel Clavero Arévalo, Íñigo Cavero, Antonio Fontán y por el propio Mayor Zaragoza, cuya misión era tratar de encontrar la síntesis entre las tendencias ideológicas de cara al I Congreso del partido.

Otra de las decisiones que tomó UCD fue la sustitución de Leopoldo Calvo-Sotelo como portavoz y presidente del grupo parlamentario, puesto que ocupó José Pedro Pérez-Llorca, que bien pronto se entendería con Fernando Abril, que de este modo «controlaba» también al siempre difícil grupo parlamentario.

El 3 de diciembre de 1977, UCD dio un paso decisivo en su consolidación, acordando en su Consejo Político la disolución de los partidos integrantes de la coalición electoral, que desde el 15 de junio seguían manteniendo estructura propia.

Fue Ignacio Camuñas quien más se opuso a esa disolución y trató que Fernández Ordóñez y Garrigues Walker secundaran su postura, pero los dos líderes centristas se habían comprometido ya con Suárez. Osorio dio su penúltima batalla dentro de UCD, amenazando con irse del partido, aunque se quedó solo con sus argumentos, porque Álvarez de Miranda no le respaldó. Ya antes del verano, Osorio le había pedido a Suárez que no entregara el poder de UCD a Fernando Abril, criticando que UCD siguiera su indefinición ideológica y que estuviera aplicando una reforma fiscal tan dura. El Consejo Político concedió ocho días para que los partidos que integraban la coalición formalizaran su baja en el Registro de Asociaciones Políticas [363]. UCD era ya —formalmente— un partido político.

Solo tres días después de esta decisión, que en la pequeña historia de UCD habría que calificar de histórica, Alfonso Osorio escribió una carta a Adolfo Suárez para reiterarle su posición favorable a que UCD asumiera los postulados democristianos. Suárez no contestó a esta ni a las que con idéntica intención le había enviado anteriormente, y un mes después Osorio dimitió de su condición de asesor del presidente, dedicándose desde ese día a influir en determinados medios de comunicación, ofreciendo su opinión negativa sobre la política del Gobierno y del partido.

Pero el 14 de noviembre se había producido un encuentro que pudo marcar el signo del consenso constitucional, al reunirse a comer en Jockey, el emblemático restaurante de la transición, Landelino Lavilla, Miguel Herrero y Miquel Roca para discutir una audaz propuesta del político catalán: hacer desaparecer el tema autonómico de la Constitución o simplemente reducirlo a unos principios generales a desarrollar a largo plazo por ulteriores leyes, a cambio de la restauración del Estatuto Catalán de 1932. La propuesta tenía por objeto aligerar el texto constitucional de todo el enfoque del tema autonómico, en el que UCD iba a tener que enfrentarse con las posiciones de Manuel Fraga, mucho menos proclive al reconocimiento del hecho diferencial catalán. Pero como reconoce Miguel Herrero: «Lavilla, que en aquel entonces tenía capacidad política para decidir libremente, no se atrevió a endosar tal propuesta...» [364].

Aunque Herrero se ha lamentado de que UCD carecía de un proyecto propio de Constitución —pese a ser un documento suyo el que sirvió de punto de partida del debate en la Ponencia—, lo cierto es que UCD iba conciliando sus propias ideas sobre cada tema, captando la adhesión de Manuel Fraga, Miquel Roca y Jordi Solé Tura, de forma que muchas veces el PSOE se vio aislado. Como han reconocido los periodistas Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra: «el nerviosismo del PSOE fue creciendo en los días finales de octubre y primeros de noviembre», cuando, pese al secretismo con el que se habían llevado los trabajos, se supo que la Ponencia había redactado ya un primer borrador.

El 22 de noviembre, los periodistas de la revista Cuadernos para el Diálogo Soledad Gallego-Díaz y José Luis Martínez se hicieron, de forma aún hoy desconocida, con la mitad del texto del borrador, logrando que el diputado socialista Pablo Castellano les facilitara la otra mitad. Cuadernos publicó el borrador y cedió su difusión a los periódicos El País y La Vanguardia, provocando una enorme conmoción en la clase política y especialmente en los sectores más conservadores de UCD y en AP, que comprobaron que en el texto figuraba el término «nacionalidades», se reconocía el divorcio, no se consideraba obligatorio que los poderes públicos subvencionaran los centros de enseñanza privados y se establecía de forma nítida la aconfesionalidad del Estado. También produjo escalofrío en los poderes económicos que se insinuara la intervención del Estado en la marcha de las empresas y que no se pusiera límite a la huelga y a otros derechos sindicales.

La consecuencia inmediata de la revelación del contenido del borrador constitucional fue que en el seno de UCD, con el beneplácito de Suárez, el ministro de las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, propusiera contener las excesivas pretensiones de los nacionalistas vascos —con los que el Gobierno estaba negociando la preautonomía— y catalanes, garantizando que todas las regiones accederían a los mismos derechos de autonomía. Esta propuesta se conoció como «el café para todos» e influiría en la redacción final del Título VIII.

En cuanto a la actitud de la Iglesia, su protesta llegó a las filas de UCD por boca de la Conferencia Episcopal, que señaló la incongruencia de que no hubiera un reconocimiento explícito a la presencia de la Iglesia católica en la sociedad española, y defendió que para obtener su beneplácito la Constitución debía reconocer de forma nítida que el Estado financiaría por igual centros públicos y privados de enseñanza. El acuerdo final permitió que la Constitución proclamara que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

La inclusión del término «nacionalidades» provocó también alarma en los centros militares y obligó a los ponentes a acompañar su reconocimiento con una expresa declaración de «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». El ataque más duro contra el Gobierno fue el de los poderes económicos que, tras un multitudinario acto en el Palacio de los Deportes de Madrid, la CEOE y su primer presidente, Carlos Ferrer Salat, consiguieron que UCD suavizara el texto de los artículos que, en opinión de la patronal, lesionaban la autonomía de los empresarios en la gestión de sus unidades productivas.

Con todos estos ingredientes polémicos, el 23 de diciembre de 1977 la Ponencia entregó al presidente del Congreso el anteproyecto de Constitución, que fue publicado el 5 de enero de 1978 en el BOC (Boletín Oficial de las Cortes), abriéndose el período de enmiendas hasta el 31 del mismo mes.

En paralelo a las secretas sesiones del consenso constitucional se produjeron dos hechos de importancia. El primero fue la fusión del PSOE y el PSP, después de que el profesor Tierno Galván y su hombre de confianza, Raúl Morodo, hubieran comprobado la imposibilidad de que su partido se situara en el espacio político intermedio entre el PSOE y UCD —como propugnaba Morodo—, o a la izquierda del PCE, como pretendía Tierno. Para ultimar los detalles de un encuentro entre Felipe González y Tierno Galván, Raúl Morodo se entrevistó con Alfonso Guerra en una cafetería de la Gran Vía madrileña, pero al mismo tiempo visitó al presidente Adolfo Suárez, con el fin de buscarle una salida al Viejo Profesor, que no quería entrar en el PSOE, por su enemistad personal e histórica con Felipe González. Aunque Suárez pensó que la incorporación institucional de Tierno podría ser una manifestación más de su deseo de situarse claramente en el centro-izquierda, finalmente se arrepintió y Tierno ingresó en el PSOE en el mes de abril siguiente, haciéndose cargo el PSOE de sus numerosas deudas de campaña electoral.

El otro acontecimiento destacado fue la aprobación por las Cortes, el 14 de octubre de 1977, del proyecto de Ley de Amnistía, acordado por el Consejo de Ministros del 7 de octubre. El resultado electoral en el País Vasco había respaldado la posición del PNV, pero la competencia por el voto no nacionalista entre el PSOE y UCD les llevó a tratar de bloquear al PNV, partido al que los socialistas no concedían futuro político alguno. Miguel Herrero recuerda así aquel momento: «Nada más celebrarse las elecciones del 15 de junio, el tándem Suárez y Abril bloqueó las más que posibles negociaciones con el PNV cuando era la ocasión de trasladarse del plano de la amnistía, protagonizadas por las “coordinadoras”, tan incómodas para Madrid como para el nacionalismo, al plano de las instituciones». Durante el verano de 1977, Herrero se entrevistó con Juan de Ajuriaguerra y Manuel de Irujo, destacadas figuras del PNV, que le transmitieron la necesidad de que el Gobierno dictara una nueva amnistía. Herrero informó a Landelino Lavilla, mientras que el diputado independiente Juan Echevarría Gangoiti, aunque elegido en las listas de UCD, hizo lo propio con el presidente Suárez, al que incluso propuso un pacto de legislatura con el PNV. «Pero —según relata Herrero— el presidente y el vicepresidente habrán sido convencidos por los socialistas de que el nacionalismo vasco carecía de futuro político. El centro-derecha votaría a UCD, la izquierda al PSOE, y el resto se hundiría en un radicalismo rayano en la ilegalidad.» Y recalca Herrero: «Pasos de tan graves consecuencias como no incluir al PNV en la Ponencia Constitucional, con el falaz argumento de excluir al PSP de don Enrique Tierno, o el voto de UCD en favor del socialista Ramón Rubial para la presidencia del Consejo General Vasco, frente al nacionalista Ajuriaguerra, respondieron a este planteamiento, que en más de una ocasión escuché de boca de los propios protagonistas» [365].

Pese a que el 11 de marzo el Gobierno había concedido una amnistía que ampliaba la concedida el pasado 30 de junio de 1976, y gracias a la cual salieron en libertad 74 presos vascos, después de las elecciones del 15 de junio las calles del País Vasco se llenaron permanentemente de movilizaciones exigiendo una amnistía definitiva. Pero, como ha señalado Mario Onaindía, «desde enero de 1977 a junio del mismo año se creó un abismo enorme entre Euskadi y el resto de España. En el 76 había acabado la lucha por la amnistía en el resto de España, y fue entonces cuando comenzó en Euskadi, porque los presos que quedaban eran los de ETA». El extrañamiento de etarras dispuesto por el Gobierno el 20 de mayo de 1977 permitió que abandonaran la cárcel, rumbo a distintos países, los seis condenados a muerte en el Proceso de Burgos, y otros etarras con acusaciones de delitos de sangre, como Izko, Dorronsoro, Garmendia, Múgica Arregi, Pérez Beotegi y Mario Onaindía. Pero ese mismo día, ETA secuestró al empresario vasco Javier Ybarra, respondiendo así a la medida del Gobierno. Durante el verano una marcha de protesta recorrió el País Vasco pidiendo la liberación del dirigente etarra Miguel Ángel Apalategi, Apala, al que se responsabilizaba del secuestro y posterior asesinato de Ybarra. Con el comienzo de la negociación entre el Gobierno y la oposición de una nueva amnistía —que en principio se pensó comprendiera los delitos cometidos hasta el 15 de junio de 1977—, ETA recrudeció su ofensiva, asesinando al presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y articulando una plataforma política integrada por tres partidos, ESB, LAIA y HASI, que serían el embrión de la futura Herri Batasuna.

Fernando Abril Martorell ha evocado así el proceso final de negociación: «Todas las proposiciones presentadas se referían a la fecha del 15 de junio de 1977. Lo malo es que esta gente siguió matando y yo veía que aquello se nos iba de las manos, porque si la amnistía no era amplia sería un esfuerzo inútil y no valdría de nada. Yo hablé con Adolfo y le propuse a Guerra que extendiésemos la fecha de la amnistía hasta el 6 de octubre, día de la aprobación, pero que lo mantuviera en secreto para que los terroristas no se enterasen, porque si lo sabían seguirían matando. Lo llevamos tan en secreto que cuando Arzallus se enteró se le saltaron las lágrimas, porque se había resuelto un grave problema político. Después de aquello, Guerra nos empezó a mirar con un poco más de respeto» [366].

La votación en el Congreso de los Diputados fue precedida de un intenso debate, concluido con la casi unanimidad de los diputados, pues solo hubo dos votos en contra y 18 abstenciones, todas de los miembros de AP. Arzallus hizo una magnífica intervención en la que «subrayó el significado conciliador de una medida votada por un Parlamento en el que compartían escaños personas con muchos años de cárcel y exilio en sus biografías junto a otras que habían participado en los gobiernos causantes de esa cárcel y ese exilio. Recordó que hechos de sangre los había habido en ambas partes y pidió el voto a la amnistía como cancelación de ese pasado y gesto de perdón recíproco» [367].

Para conceder la amnistía a Apala se recurrió a la interpretación de que si bien el asesinato de Ybarra —del que se le responsabilizaba— se produjo el 22 de junio, su secuestro se había producido el 20 de mayo. Con la amnistía salieron a la calle los últimos presos vascos, hasta un total de treinta, todos acusados de delitos cometidos después de la aprobación de la Ley para la Reforma Política. El 6 de diciembre de 1977 fue amnistiado el único preso vasco que permanecía en prisión, Fran Aldanondo, Ondarru. Por primera vez en muchísimos años, no quedaba un solo preso vasco en prisión, pero como ha señalado Patxo Unzueta, gran conocedor del tema vasco, «la esperanza de que la amnistía lograra detener la dinámica infernal —atentados, presos, más atentados— había durado lo que tarda el día en convertirse en noche». Desgraciadamente, el 27 de noviembre, ETA (militar) asesinaba en Pamplona al comandante de la Policía Armada Joaquín Imaz. En 1977, ETA (m) asesinó a doce personas, y se concedieron tres amnistías, en marzo, mayo y octubre. En 1978, coincidiendo con el debate constitucional, ETA (m) dio muerte a sesenta y ocho personas. De nada habían servido la legalización de la ikurriña, la amnistía y la negociación de la preautonomía. Mario Onaindía responde así a esta contradicción: «... de enero a junio de 1977 existía la posibilidad de que las distintas organizaciones de ETA militar y político-militar apostaran definitivamente por la democracia... pero la desmedida represión distorsiona el propio debate en ETA. ¡Hubo cuatro muertos en una semana al reprimir manifestaciones! Había atentados contra librerías, contra tiendas. Y se produce una radicalización de la sociedad frente a esa represión... Hubo una asamblea de ETA político-militar en la que también está presente ETA militar..., y la mayoría estuvo a favor de crear un partido político... Muchos seguimos apostando por la democracia, porque pensamos que no se regala nada. Y luego hay otra clave: en 1976, Argelia empieza a hacer una política opresiva contra España para quedarse con el Sahara. Le dio a Cubillo [líder independentista canario] una emisora de radio. Yo creo que el GRAPO está relacionado con esta política argelina, y lo que me consta es que Argelia coge a 300 personas de Euskadi, muchas de ellas de ETA político-militar, y les da una formación militar que los militantes de ETA no habían tenido nunca. Está claro que Argelia en ese momento quería desestabilizar al Gobierno español... Es en Argelia donde la gente de ETA aprende a disparar con metralleta, a disparar con pistola... Pero ETA no se licencia, se queda a la expectativa para ser garante» [368].

A principios de 1978, y como estaba previsto, Óscar Alzaga entró en el Parlamento para sustituir al diputado Juan Manuel Fanjul, que acababa de ser nombrado fiscal general del Estado. Poco después se incorporó a los trabajos de la Comisión Constitucional, a petición de Landelino Lavilla. A principios de febrero, Suárez nombró a Leopoldo Calvo-Sotelo ministro de Relaciones con Europa, para que al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores —aunque en coordinación con él— negociara la adhesión a las Comunidades Europeas. Poco después se produjo la dimisión del vicepresidente Fuentes Quintana, que obligó al presidente Suárez a hacer su primer reajuste de Gobierno, tras el cual Fernando Abril Martorell quedaría consagrado como el todopoderoso y definitivo número dos, del Gobierno y del partido. Abril ocuparía la Vicepresidencia económica; Jaime Lamo de Espinosa, el Ministerio de Agricultura; Salvador Sánchez Terán, el de Transportes; Rafael Calvo Ortega, el de Trabajo, y Agustín Rodríguez Sahagún, el de Industria. Este y Calvo Ortega eran «hombres del presidente», y la lectura política del nuevo Gobierno es que, respetando la cuota de poder de los «barones» de UCD, el Gobierno estaba hecho a la medida de Suárez y Abril. Por delante quedaban muchos retos y se necesitaba un equipo cohesionado. Según Emilio Attard, la crisis de Gobierno «era la consagración del poder político de quien desde entonces asumía su ejercicio firme total como si fuera propio y no vicario» [369].

Mientras tanto, la Comisión Constitucional siguió sus trabajos, pero pronto la figura de Fernando Abril Martorell se haría imprescindible. Herrero seguía dominando la negociación constitucional, merced al acuerdo con AP y alternativamente al proyecto de Minoría Catalana y de Jordi Solé Tura, lo que provocaba que el PSOE fuera perdiendo sus opciones, hasta que el 7 de marzo Gregorio Peces-Barba se hartó. «Las numerosas votaciones mostraban que la Constitución se nos estaba escapando de las manos», recuerda Virgilio Zapatero, segundo de Peces-Barba. Y el 7 de marzo, Peces-Barba abandonó la Ponencia después de haber consultado con Felipe González, con el fin de presionar al Gobierno y de denunciar la estrategia ucedista de elaborar una Constitución de «derechas». Con su entendimiento con los catalanes, UCD siguió adelante, pero el 5 de mayo de 1978, cuando se inició el debate constitucional en Comisión, Landelino Lavilla hizo una presentación del texto que, en opinión de Suárez y de Fernando Abril, fue demasiado conservadora, y como las más de tres mil enmiendas amenazaban con prolongar el debate y la aprobación del texto constitucional más allá del verano, Suárez cortó por lo sano y le pidió a Fernando Abril que restableciera el entendimiento con el PSOE y que pactara con este el tramo final de la Constitución, borrando así su imagen conservadora. Poco antes, Felipe González había declarado formalmente: «El consenso constitucional ha quedado roto. El PSOE se ve obligado a incluir la reforma constitucional en su próximo programa electoral». Por su parte, Alfonso Guerra había denunciado que la Constitución iba a ser «la más reaccionaria de Europa. Es obra de UCD y AP. No hay consenso».

En breves días, Peces-Barba recibió instrucciones de que su interlocutor con el Gobierno dejaba de ser Landelino Lavilla y pasaba a ser Fernando Abril, que recuerda: «Nadie sabe cómo lo lamento. Landelino se disgustó porque en aquel momento se sintió desairado, pero creo que al cabo del tiempo lo ha entendido. Landelino siempre llevó las riendas del asunto. Yo me limité a resolver los problemas a nivel político, pero toda la arquitectura jurídica la hizo él. Su trabajo y el de los ponentes fue muy notable, como lo demuestra el hecho de que la Constitución resista tan bien el paso del tiempo e incluso el lenguaje siga manteniendo su lozanía» [370].

Para acelerar la negociación constitucional se celebraron reuniones nocturnas en el Restaurante José Luis de la calle Rafael Salgado, y el consenso entre UCD y el PSOE pasó a estar presidido por la fluidez. El lunes 22 de mayo cenaron Fernando Abril y Alfonso Guerra con sus lugartenientes, José Pedro Pérez-Llorca, Gabriel Cisneros y Rafael Arias-Salgado —recién nombrado secretario general de UCD—, Gregorio Peces-Barba y Enrique Múgica; pocas horas antes, el propio Abril se había entrevistado con Santiago Carrillo, Jordi Solé Tura y Miquel Roca, para anunciarles el cambio de estrategia y recabar su apoyo.

Entre las diez de la noche y las tres de la madrugada, Abril y Guerra acordaron veinticinco artículos, cuando en los diez días que se llevaban de debate en la Comisión Constitucional solo se habían aprobado diez. Entre los artículos negociados se incluían los que regulaban el derecho a la educación. En un solo mes, la Constitución quedó negociada y el 20 de junio la Comisión Constitucional concluyó su debate. Al consenso nocturno se sumaron Miquel Roca, Jordi Solé Tura, y también lo hizo Marcos Vizcaya, en representación del PNV. Manuel Fraga volvió a los debates en Comisión después de que Federico Silva se retirara de la Comisión el 23 de mayo.

En un clima hostil a Suárez —que el 4 de junio tuvo que escuchar cómo cientos de ultraderechistas le gritaban por las calles de Madrid «Suárez, traidor»—, por haber aprobado en Consejo de Ministros la regulación del uso partidista de la bandera española, los negociadores se pusieron de acuerdo en la constitucionalización del sistema electoral, que reconoció la proporcionalidad entre habitantes y escaños. De las 1.133 enmiendas que llegaron a la Comisión Constitucional, solo fueron mantenidas 187 para el debate en el Pleno, que empezó el 1 de julio. En solo doce sesiones, la Cámara Baja fue aprobando, con escasos debates, los artículos previamente consensuados, entre los que cabe señalar la renuncia del PSOE —¡por fin!— a su enmienda republicana; a cambio, UCD aceptó constitucionalizar la abolición de la pena de muerte y fijar la mayoría de edad a los dieciocho años.

El 21 de julio, en un clima de gran expectación, el Congreso se disponía a aprobar la Constitución, después de más de once meses de negociación. Pero ETA no quiso faltar a la cita trascendental de la democracia y a primera hora de la mañana asesinó al general Sánchez Ramos y a su ayudante, el teniente coronel Pérez Rodríguez. Suárez vio una vez más cómo su triunfo personal se veía enturbiado por el azote terrorista, y llegó al Parlamento con aspecto demudado, acompañado por el vicepresidente Gutiérrez Mellado. El resultado de la votación no dejó duda alguna respecto al éxito de todas las fuerzas políticas participantes en la negociación constitucional: votaron a favor 258 diputados —UCD, PSOE, PCE, catalanes—; dos en contra, Federico Silva y el diputado Francisco Letamendia, de Euskadiko Ezkerra; se abstuvieron catorce, el resto de diputados de AP, Heribert Barrera y Joaquín Arana, de Esquerra Republicana. Los diputados del PNV no asistieron al Pleno para evitar votar, mostrando así su desacuerdo con la disposición adicional primera, en la que se recogía el reconocimiento de los regímenes forales. El PNV había exigido su plena reinstauración y ello fue rechazado por UCD y el PSOE, por cuanto suponía el reconocimiento de una soberanía distinta a la del conjunto del pueblo español. El PNV quería «la devolución de las instituciones y poderes políticos originarios» y «la renovación del pacto foral con la Corona». Medió Óscar Alzaga, y Arzallus aceptó un posible texto que admitía: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». Esta enmienda llegó a ser votada en el Congreso, pero provocó graves disensiones en UCD y en el propio PNV, donde entonces mandaba Carlos Garaikoetxea, que impuso el rechazo de su máximo órgano de gobierno, el Euzkadi Buru Batzar. El 19 de julio, los negociadores del PNV se reunieron en una sala y los de UCD en otra; los socialistas actuaron como intermediarios. El PNV llegó a aceptar una propuesta de UCD que remitía la reintegración foral «a lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución»; pero Fernando Abril se negó a admitirla, concluyendo que la única fórmula posible era la ya aprobada en Comisión.

Xabier Arzallus evoca hoy aquella situación: «Osorio me dijo hace poco que él y el Rey empujaron para que se aceptara nuestra enmienda, retocada, sobre el pacto con la Corona... Guerra nos trajo un papel con cuatro fórmulas que nos planteaban los de UCD para que escogiéramos. Y escogí una... Yo firmé una de las fórmulas. Alfonso Guerra le llevó el papel a Fernando Abril. Cuando Abril había empezado ya a poner su firma, le paró Pérez-Llorca para consultar a la Moncloa. Allí Suárez y Lavilla propusieron una modificación. Guerra nos vino a contar que aquellos habían hecho un cambio... Y entonces es cuando yo digo: ¡Es el colmo!... Se acabó» [371]. La soberanía vasca compartida con la soberanía del resto del Estado no quedó constitucionalizada; el texto de la Carta Magna se limitó a «reconocer y amparar los derechos vascos», con la consecuencia de que los diputados vascos no votaron el texto constitucional.

Finalmente, es interesante relatar que en opinión de Miquel Roca «Suárez era un gran negociador, muy hábil, porque el mejor negociador es aquel que no te pide nada a cambio, sino que te dice: “Toma nota de que he hecho una cosa que para mí tiene muchos costes. Yo tengo que contar con vosotros...”. Suárez era un gran seductor, y eso, claro, a nosotros nos vinculaba mucho. Debo reconocer que Suárez ha sido el interlocutor con el que me he sentido moralmente comprometido siempre. ¿Por qué? Porque jugó muy a fondo la carta del despliegue autonómico de Cataluña» [372].

Y en cuanto a la actitud del PNV al tomar la decisión de rechazar la Constitución porque no reconocía el encaje especial, entre el País Vasco y la Corona, Roca nos ofrece su opinión: «No la puedo juzgar. Son libres de hacer lo que quieran. Yo creo que para el PNV había una cosa que, legítimamente, puedo o no compartir: todo lo juzgaba en función de ETA y del nacionalismo radical. ¿Para negociar con ellos nos conviene más haber votado la Constitución o no haberla votado? ¿Nos conviene más aparecer como partidarios de la integración de Euskadi en el Estado español o quedarnos al margen de la decisión?» [373].

El 21 de julio se aprobó el Estatuto de Guernica, justo el mismo día que se conmemoraba el CIII aniversario de la ley abolitoria de los Fueros. El Estatuto se debatió también extramuros del Parlamento en el propio palacio de la Moncloa, con Pérez-Llorca como interlocutor del PNV, a cuyo frente figuraban Xabier Arzallus, Marcos Vizcaya y Mikel Unzueta. Pero el acuerdo básico se logró gracias al buen entendimiento que se registró entre Adolfo Suárez y Carlos Garaicoetxea.

En cuanto al tramo final de la discusión constitucional en el Senado, lo más significativo siguió siendo el mantenimiento del acuerdo entre UCD y el PSOE, y entre UCD y los nacionalistas catalanes, aunque de nuevo el PSOE quiso demostrar su imprevisible carácter apoyando una enmienda de los senadores vascos que reabría el tema foral. Además de su inesperado apoyo, la enmienda recibió el de algunos senadores reales, obligando a Fernando Abril a enfrentarse dialécticamente con el senador Luis Olarra y a convencer al PSOE de su error. Como otros hechos destacables, en el Senado se consensuó finalmente la cuestión de la libertad de enseñanza, y para ello UCD respetó el compromiso que Adolfo Suárez había contraído con el cardenal Tarancón, en el sentido de que el texto constitucional debía ser reformado para satisfacer los deseos de la Iglesia católica, reconociéndose el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que debían recibir sus hijos.

Más anecdótica fue la actitud de Torcuato Fernández-Miranda, que mostró su reticencia ante la inclusión del término «nacionalidades», proponiendo el de «comunidades», siendo respaldado por otro senador de designación real, el escritor Camilo José Cela, que sugirió el término «países». Esto provocó la autoritaria reacción de Fernando Abril, que ofreció al antiguo presidente de las Cortes la alternativa de que o se iba del grupo de UCD o se callaba. Y Fernández-Miranda se fue del grupo parlamentario de UCD. Por su parte, Blas Piñar resumió su postura con un alegato que proclamó: «Detrás de la Constitución se agazapa el marxismo. El compadreo y el consenso van a constitucionalizar el caos» [374].

El 31 de octubre las dos Cámaras votaron por separado el texto constitucional; en el Congreso los votos favorables sumaron 325, y los contrarios, seis, cinco de AP (Federico Silva, Gonzalo Fernández de la Mora, Alberto Jarabo, José Martínez Emperador y Pedro Mendizábal). Las catorce abstenciones se nutrieron de los votos de tres diputados de AP, siete del PNV y de Heribert Barrera, Joaquín Arana, Pedro Morales y Jesús Aizpún, diputado de UCD disconforme con la solución ofrecida a la específica identidad de Navarra.

En el Pleno del Senado, 226 senadores votaron a favor, cinco en contra y hubo ocho abstenciones (cinco del Grupo Vasco, uno de Esquerra Republicana y dos de los tenientes generales Luis Díez-Alegría y Ángel Salas Larrazábal, senadores de designación real).

Pero el prolongado debate constitucional, con su inevitable consenso, estuvo acompañado de otras decisiones gubernamentales que marcarían el futuro de UCD como partido político, al imponer Clavero, ministro para las Regiones, la tesis del «café para todos». Clavero creía que la forma de frenar la pretensión de los vascos y catalanes era garantizar a todas las regiones los mismos derechos de autonomía, y en su formulación se vio respaldado por un buen número de diputados de UCD y por parte del Gobierno. De esta forma, Clavero estableció una fórmula de acceso a la autonomía plena que pasaba inicialmente por aprobar una serie de regímenes preautonómicos. En marzo entraron en vigor los de Galicia, Valencia, Aragón y Canarias; en abril, el de Andalucía; en junio, los de Extremadura, Castilla y León y Baleares.

Simultáneamente, el Gobierno se vio azotado por el recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA, que durante 1978 quintuplicó el número de sus asesinatos, vinculando su frenética actividad criminal a todo el proceso de negociación constitucional y sumando así su esfuerzo al de los sectores más recalcitrantes del Ejército y de la sociedad.

Además de mantener el espíritu y la moral de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista, el ministro Martín Villa desarrolló una activa política de modernización material de los medios e instrumentos de esa lucha, y estableció una valiosa red de información, situando al frente de esta tarea a expertos policiales, considerados por la oposición de filiación poco democrática. Una de sus prioridades fue desactivar el peligro que para la unidad nacional significaba la actividad del líder independentista canario Antonio Cubillo, financiado de forma notoria por Argelia, país que además llevaba su obsesión por desestabilizar al Gobierno democrático de España a convertirse en el verdadero campo de entrenamiento de ETA.

La política exterior española mantuvo su perfil clásico —Gibraltar, Iberoamérica, CEE, norte de África—, pero, obligada por la presión terrorista, tuvo que desplegar una activa política de acercamiento a las potencias árabes que en aquellos años mantenían las claves de la tensión desestabilizadora, Iraq, Siria y Argelia. Asimismo tuvo que mantener una excelente relación con Cuba, para que la tradicional buena amistad entre los dos países se pusiera al servicio de neutralizar la amenaza terrorista de los países líderes del Tercer Mundo.

El GRAPO también dio signos de su tenebrosa actividad, asesinando en el mes de marzo al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, militante de UCD y procedente del ya disuelto Partido Social Demócrata (PSD), de Fernández Ordóñez. Con anterioridad, grupos de extrema derecha habían atentado contra la sala de fiestas Scala, de Barcelona, y también en la Ciudad Condal había sido vilmente asesinado su ex alcalde Joaquín Viola, al que un grupo de fanáticos independentistas catalanes colocaron una bomba en el pecho. También fue la extrema derecha la que —bajo la bandera de la triple A— asesinó en el sur de Francia a la mujer del ex dirigente etarra Juan José Etxabe, el 2 de julio de 1978.

El 5 de abril, el agente argelino Antonio Cubillo resultó herido de gravedad en un atentado que fue atribuido —con fundamento— a los servicios secretos españoles, y como resultado del cual Cubillo quedó paralítico.

Pocos meses después, el 28 de junio, caía asesinado en Portugalete el periodista vasco José María Portell, que había hecho una primera propuesta de negociación con ETA para que la banda terrorista dejara las armas, siguiendo las pautas del Ministerio del Interior [375]. Portell, autor de dos libros sobre ETA y director de la Hoja del Lunes, de Bilbao, había sido de los primeros en denunciar la guerra sucia de la extrema derecha en el País Vasco francés y las torturas que se estaban produciendo en las comisarías, y tenía buenos contactos en la organización terrorista, ya que había participado como mediador en tres secuestros. Hoy se ha sabido que uno de sus interlocutores era —precisamente— Juan José Etxabe, lo que viene a confirmar la simultánea acción del terrorismo etarra y de la extrema derecha a través de los grupos anti-ETA. La banda terrorista acusó al día siguiente a Portell de ser un agente del Gobierno español, abortando así el primer intento de negociación del Gobierno con ETA, extremo que fue expresamente negado por el Ejecutivo. Etxabe denunció meses después que ambos habían negociado el abandono de la violencia a cambio de una nueva amnistía general.

Pero este intento de conciliación se inscribió en un feroz contexto de atentados, que hasta finales de 1978 tuvieron estos desgraciados jalones: el 8 de julio, la policía entró en el ruedo de la plaza de toros de Pamplona, cargando contra la muchedumbre y causando un muerto y ciento cincuenta heridos. Al día siguiente, ETA mató en Lemona a su juez de paz, Javier Jáuregui, y el 13 de julio, una compañía de la Policía Armada asaltó los comercios de Rentería, en su difícil misión de perseguir la violencia callejera protagonizada por los grupos de agitadores próximos y afines a ETA.

La actitud del PSOE y de parte del PCE ante estos «excesos» de las fuerzas policiales en la represión de la violencia en el País Vasco fue de exacerbar sus críticas a las fuerzas de seguridad, tildándolas de brutales, de carecer de mentalidad «democrática» y de no estar dotadas de los medios modernos con los que contrarrestar los derechos de los ciudadanos a expresar libremente sus reivindicaciones. Esta actitud del PSOE se mantuvo a lo largo de todo este período, debilitando la acción antiterrorista del Gobierno, al anteponer el ejercicio de un derecho —bajo el que se ocultaban las fuerzas que daban cobertura política a ETA— al respaldo a unas fuerzas que veían con asombro cómo su ministro y los responsables policiales eran permanentemente acusados de «franquistas» y de represores. Como consecuencia de esta actitud política, la espiral violencia-represión en el País Vasco encontró un inesperado amparo en quien parecía ver solamente a la policía como la heredera del régimen anterior y no como el instrumento inevitable con el que sofocar lo que era el principio de la toma de posesión de las calles del País Vasco por los entonces llamados grupos abertzales. La sublimación de esta «chata» visión sería el Pleno que el Congreso de los Diputados dedicó a la represión de la Policía Armada de una manifestación en el País Vasco en la que se vio involucrado el diputado vasco Txiki Benegas.

Después del asesinato del general Sánchez Ramos y de su ayudante, coincidiendo con la aprobación de la Constitución en el Congreso, ETA mató entre octubre y diciembre de 1978 a otras cinco personas, entre ellas al dirigente ucedista Luis Candendo, al miembro de UCT Epifanio Vidal, al miembro de las Gestoras Pro-Amnistía Iñaki Olaiz, al magistrado Mateu, último presidente del desaparecido Tribunal de Orden Público, y al militar Alejandro Hernández.

El 28 de diciembre, la víctima cuya muerte sobresaltaba a la sociedad vasca y española fue la del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala, que había participado en el atentado de Carrero Blanco y que, en opinión de Victorino Ruiz de Azúa, «era uno de los líderes de mayor peso en ETA, y su nombre había sido apuntado como el interlocutor para una hipotética continuación de las conversaciones Etxabe-Portell». Estaba claro que el atentado y muerte de Argala había que atribuirlo a las áreas próximas a los comandos antiterroristas financiados por empresarios vascos y amparados por los mandos policiales, como venganza por su participación en aquel magnicidio, del que justamente el día anterior se cumplían cinco años. Tres días después, su cadáver fue recibido en Arrigorriaga como el de un héroe.

Esta desgarradora lacra terrorista tuvo inmediatas consecuencias en el ámbito de la involución, al descubrirse el 17 de noviembre que en la Cafetería Galaxia, de Madrid, se había estado fraguando un golpe militar cuyo objetivo era asaltar ese mismo día el palacio de la Moncloa, mientras el Gobierno celebraba su habitual Consejo de Ministros, para forzar al Rey a nombrar un Gobierno de salvación nacional, al que ellos denominaban patriota, mixto de militares y civiles, que recuperaría las esencias del 18 de julio.

Los promotores del golpe habían sido el capitán Sáenz de Ynestrillas y el teniente coronel Antonio Tejero Molina, que aunque conectaron con un centenar de militares, solo lograron la complicidad de una docena de ellos. Suárez reunió en su despacho a los generales Bourgon y Timón de Lara y al director de la Seguridad del Estado, Mariano Nicolás, y encargó la redacción de un informe al coronel Cassinello, que entonces era el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Aunque la cadena de mando había detectado los planes de los sediciosos por el testimonio del capitán Vidal Francés, uno de los contactados fue el propio Cassinello, quien se presentó en el palacio de la Moncloa, alterado y nervioso, para informar al presidente que, según filtraciones recogidas por el coronel Federico Quintero, destinado en el Cuartel General del Ejército, habían descubierto un plan de asalto a la residencia del primer ministro que coincidía con la ausencia de los Reyes de España —de viaje oficial en México— y del general Gutiérrez Mellado, de visita a la guarnición de Cartagena.

Del informe se dedujo que la operación no hubiera conseguido sus objetivos y el CESID consideró que no hubiera tenido ninguna probabilidad de éxito; sin embargo, hizo famoso al teniente coronel Tejero, que ya había cosechado dos graves faltas de indisciplina en su hoja de servicios: la primera, cuando siendo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián envió un irónico telegrama al ministro del Interior y a dos altos mandos militares, preguntándoles qué honores debía presentar a la ikurriña, lo que le costó la destitución. Y la segunda, cuando tiempo después, destinado en la Comandancia de Málaga, disolvió con sus fuerzas una manifestación autorizada por el Gobierno, circunstancia que entonces le costó el cese, por desobediencia.

Cuando tramó la llamada «Operación Galaxia», Tejero era jefe de la Agrupación de Servicios de la Guardia Civil, entre cuyos cometidos estaba la custodia exterior del palacio de la Moncloa, y mandaba unos doscientos hombres.

Tejero e Ynestrillas fueron detenidos, y aunque el Gobierno, por boca de su ministro del Interior, Martín Villa, trató de quitarle importancia a su acción, negándole a Tejero «el carisma suficiente como para aglutinar en su entorno una trama golpista», acordó que desde ese momento fueran los GEO quienes custodiaran la Moncloa.

La instrucción del consejo de guerra correspondió al teniente general Gómez de Salazar, que meses después condenó a los golpistas Tejero e Ynestrillas a solo siete y seis meses de prisión. El Gobierno instó al general Quintana Lacaci a que recurriera ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, lo que hizo sin éxito. Como ha señalado el periodista Miguel Ángel Aguilar, «las sentencias causaron la rechifla general de la prensa ultra y supusieron una descalificación en toda regla al Gobierno de UCD». Tejero y Sáenz de Ynestrillas recibieron la pena con alborozo y desde ese día siguieron conspirando contra el Gobierno. El mismo día que se descubrió la «Operación Galaxia» —trama que por cierto se cortó por lo sano, en lugar de hacer caso de los servicios de información, partidarios de dejarla crecer para ver hasta dónde llegaban los implicados—, el general Gutiérrez Mellado visitaba Cartagena, en su gira por las distintas guarniciones, para explicar la Constitución y para desmontar todas las patrañas que la prensa ultra había vertido durante los últimos meses contra ella, acusándola de atea, anticristiana y contraria a la Patria. Cuando explicaba a unos doscientos mandos militares su contenido y desmentía los infundios que habían sembrado de inquietud a las Fuerzas Armadas, fue interrumpido por el general Juan Atarés Peña, que mandaba la Guardia Civil de la zona, con gritos de «traidor», «espía», «masón», «¡Viva España! ¡Viva Franco!». Atarés fue detenido —por militares de su misma graduación— y absuelto, no sin antes recibir la enhorabuena y la justificación de su acción de algunos compañeros de armas, y entre ellos del propio general Vega Rodríguez, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que le definió «como un soldado de los pies a la cabeza que en aquella ocasión no supo controlar sus nervios». La absolución de Atarés llevaba la firma del capitán general de Valencia, general Milans del Bosch. El propio Vega Rodríguez quitó también importancia a la «Operación Galaxia».

La aparición de estos actos de sublevación e indisciplina castrense alertó al Gobierno de que la lucha contra el golpismo militar no había hecho sino comenzar, y soliviantó a la oposición, que desde este momento —otoño de 1978— estuvo pendiente del «ruido de sables», demostrando su especial inquietud por el pulso que la joven democracia estaba manteniendo con los elementos más reaccionarios de las Fuerzas Armadas.

Durante el desarrollo de estos acontecimientos, vividos con tensión e intensidad por los españoles, UCD procedió a integrar sus tendencias disgregadoras y preparó su primer congreso, bajo la supervisión y organización de su nuevo coordinador general, Rafael Arias-Salgado, reforzado por la presencia en las secretarías ejecutivas de Luis Gamir, ChusViana y Manuel Núñez.

En cierta manera, los múltiples frentes en los que se encontraban el Gobierno y el partido facilitaron que durante 1978 los «barones» y sus jóvenes sucesores se ocuparan en la negociación constitucional y en la discusión de los diferentes estatutos de autonomía. De cualquier forma, la «marginación» del debate constitucional de Landelino Lavilla, y por añadidura de su escudero Miguel Herrero, ya produjo una cierta herida entre Abril y Suárez, origen de lo que meses después desencadenaría la batalla para desalojarle del poder.

Pese a ello, la preparación del congreso exigió una dura batalla interna para que del resultado de este se proyectara un partido fuerte y unido bajo el liderazgo indiscutible de Adolfo Suárez. Aunque en un principio el aparato pensó en Emilio Attard para presidir el congreso, su acreditada independencia y criterio le sirvieron para ser postergado en beneficio de José Pedro Pérez-Llorca, y destinado a presidir la Comisión Ideológica, que era donde —en palabras de Arias-Salgado— iba a haber debate. Efectivamente, durante toda la primera noche del congreso, el democristiano Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona se pronunció en favor de la democratización interna del partido y en contra de las componendas en la elaboración de las listas al Comité Ejecutivo, que —según Attard— se hicieron en una sala del Palacio de Congresos, en la que estaban Adolfo Suárez, Fernando Abril, José Pedro Pérez-Llorca y Rafael Arias-Salgado.

Pese a esta escaramuza crítica, el congreso fue un éxito y contó con la presencia de distintos líderes europeos y americanos de los partidos liberales y democristianos, que mostraron su apoyo a la reciente formación centrista, hasta el extremo de considerar que constituía un modelo exportable de organización política. Se criticó el discurso de bienvenida del alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, que ofreció algún matiz más conservador de lo que a la dirección del partido le gustaba proyectar.

Los más de mil quinientos compromisarios aclamaron el día de la clausura a su líder Adolfo Suárez, que pronunció un discurso vibrante y de reafirmación del carácter centrista y popular de UCD, resaltando su imprescindible labor en la consolidación de la democracia y en la implantación del consenso, como forma idónea de estabilizar las tensiones políticas entre la derecha y la izquierda. Suárez también presentó a su partido como una síntesis inteligente entre los principios liberales, socialdemócratas y democristianos.

Pese al clima triunfal del congreso, en la votación al Consejo Político se registraron 478 votos en blanco; Suárez obtuvo como presidente 1.460 votos, en la lista del Comité Ejecutivo. Sin embargo, algunas semanas después de este gran acontecimiento político para la historia de UCD, la responsable de Información del Partido Socialista, Helga Soto, recibió una llamada del subsecretario de Comercio, Carlos Bustelo, que le urgía a hablar con Felipe González, en nombre de los ministros de Hacienda y Comercio, Francisco Fernández Ordóñez y Juan Antonio García Díez. Con su habitual discreción y eficacia, Helga Soto organizó en su casa de Arturo Soria una cena secreta entre el secretario general del PSOE y los tres altos cargos del Gobierno de Adolfo Suárez, que le expresaron su descontento con la línea personalista del presidente del Gobierno y las tensiones internas que el sector más conservador del partido estaba planteando a la línea política del Gobierno. Felipe González les explicó las claves de su último encuentro con Adolfo Suárez, anunciándoles que el PSOE pensaba abstenerse en una hipotética votación de investidura en el caso de que Suárez anunciara la convocatoria de elecciones generales y municipales para el año 1979, después de la convocatoria del referéndum constitucional.

De este coqueteo entre el sector más «progresista» del Gobierno, interesado en mantener buenas relaciones con Felipe González, y el PSOE se deduce que año y medio después de las elecciones generales y con un Gobierno que básicamente estaba gobernando desde posiciones socialdemócratas, UCD no estaba libre de tensiones ni de ópticas diferentes de su posición política.

En este sentido, en los primeros días de noviembre, Alfonso Osorio celebró el congreso fundacional de su nuevo partido, el Partido Demócrata Progresista, que curiosamente incorporaba este último apelativo, tan poco grato al ex vicepresidente del Gobierno. Se estaba gestando su alianza con Fraga y Areilza para tratar de disputarle a Adolfo Suárez los votos del centro-derecha, porque, ante la inminente aprobación de la Constitución, se esperaba que el presidente hiciera honor a su compromiso de convocar elecciones para que las Cortes fueran constituyentes. Sobre este extremo, Suárez consultó a sus ministros el 1 de diciembre si eran partidarios de convocar elecciones o si preferían la fórmula de que el presidente optara a una investidura; la primera opción obtuvo el apoyo de ocho ministros. Pero la presión de Paco Fernández Ordóñez —como se le conocía al ministro de Hacienda— fue decisiva para que días después el propio Consejo de Ministros se inclinara mayoritariamente —por once votos a cinco— por la opción de convocar elecciones. Ordóñez amenazó a Suárez con irse de UCD si no convocaba elecciones.

Finalmente, el 6 de diciembre de 1978, en un clima de abierta esperanza, los españoles acudieron a votar en referéndum la Constitución, que obtuvo 15.706.078 votos favorables, 1.400.000 votos contrarios y solo 133.786 abstenciones. El índice de participación no fue excesivamente alto para la trascendencia de la consulta, pues solo se alcanzó un 66,96 por 100: un tercio de los ciudadanos se quedó en su casa.

Pero el final del camino prometido era ya una realidad, y de nuevo, como ocurriera en su primer Gobierno con la Ley para la Reforma Política y con su promesa de legalizar todos los partidos y de traer todas las libertades, convocando elecciones en menos de un año, Suárez y su partido, UCD, habían cumplido su compromiso de redactar una Constitución con el consenso de todas las fuerzas políticas. A las once de la noche del viernes 29 de diciembre de 1978, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, anunciaba la convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo, y de municipales para el 3 de abril de 1979.

9
NUEVA VICTORIA DE SUÁREZ Y FRACASO EN EL REFERÉNDUM ANDALUZ

El anuncio de la convocatoria de las elecciones generales y municipales coincidió con el recrudecimiento de la estrategia terrorista de ETA, destinada a excitar la impaciencia militar, incapaz de asimilar la supremacía del poder civil; entre enero y marzo de 1979 cayeron asesinados cinco guardias civiles en el País Vasco, el ayudante del gobernador militar de Guipúzcoa, comandante Herranz, y el gobernador militar de Madrid, Constantino Ortín, al que las balas de ETA acribillaron el 4 de enero en pleno centro de Madrid. Durante su entierro se produjeron graves incidentes porque, desobedeciendo las órdenes de sus superiores, varios oficiales llevaron a hombros el féretro del general asesinado hasta el cementerio, coreando gritos contra el general Gutiérrez Mellado y el ministro del Interior, que abrió un expediente a los responsables militares. El 6 de enero, con motivo de la Pascua Militar, el Rey lanzó un duro mensaje contra la violencia terrorista y contra la indisciplina militar, recordando que «de acuerdo con la Constitución, la dirección de la Administración Militar y de la Defensa del Estado eran responsabilidad del Gobierno». Ese mismo día cayeron asesinados en Beasain un guardia civil y su novia, y dos días después era en Llodio donde ETA volvía a dejar su huella sangrienta. En este clima de terror, el Rey suspendió su prevista visita a la Escuela Superior del Ejército, ante el temor de que se produjeran otros actos de insubordinación, y el 9 de enero, cuando la ofensiva terrorista parecía monopolizada por ETA, fue el GRAPO quien volvió a escena, asesinando en Madrid al magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala VI, Miguel Cruz.

La condena del atentado fue unánime y el Consejo General Vasco hizo pública una nota en la que acusaba a ETA de propiciar —con su irresponsabilidad— un golpe de Estado. Manuel Fraga vio en el ataúd del magistrado «el símbolo de todas las impotencias y de todos los fracasos» [376]. Fraga se había entrevistado pocos días antes con el ex presidente de las Cortes para ofrecerle sumarse a la creación de un frente anti-Suárez por la derecha, pero Torcuato Fernández-Miranda, que le reconoció paladinamente estar en desacuerdo con Suárez y con UCD, puso como condición ser él mismo quien la encabezara, lo que no convenía al líder conservador, que ya había pactado que la lista de Madrid a las elecciones generales la encabezaría él, ocupando Areilza y Osorio los dos puestos inmediatos. Areilza, de acuerdo con ellos, trató de acercarse a Suárez y preparó un memorándum dirigido al presidente del Gobierno en el que le ofrecía un acuerdo global público. En él se propugnaba un programa de gobierno de centro-derecha, la presentación de listas comunes en todas las provincias o al menos que UCD no presentara candidatos en las provincias más conservadoras, a cambio de que Coalición Democrática hiciera lo propio en aquellas otras donde ya estuviera acreditada la fortaleza del partido de Gobierno. Suárez rechazó el ofrecimiento, y especialmente uno de los puntos del acuerdo, según el cual los hombres del Pacto de Aravaca serían oídos —una vez ganadas las elecciones— para los nombramientos de los ministros de Economía, Hacienda, Interior y Asuntos Exteriores.

La agitación militar y el catastrofismo provocado por el terrorismo alentarían la figura del notario madrileño Blas Piñar, que decidió presentarse a las elecciones, tratando de capitalizar la herencia del régimen anterior y el dolor de las víctimas de los sangrientos atentados. Este llegó a ofrecer al teniente general De Santiago el puesto número 1 en la lista de Madrid. Con su buen olfato político, Santiago Carrillo hizo unas declaraciones en las que tildó a ETA de «auxiliar número uno de la extrema derecha», en cuyo seno no se llegó al acuerdo entre Federico Silva y Fuerza Nueva.

En respuesta a la oleada de violencia, el Gobierno envió a las Cortes un Decreto-ley de Medidas Antiterroristas, que fue convalidado por la Diputación Permanente de la Cámara el 6 de febrero, después de un duro debate en el que el PSOE y el PCE pusieron en duda la constitucionalidad de algunos de sus artículos; UCD se enfrentaba a la intolerancia de la violencia, bajo la presión de la derecha y de los militares, teniendo que respetar la «pureza» democrática exigida por la izquierda.

El objetivo de Adolfo Suárez al convocar las elecciones generales era conseguir capitalizar su acción de gobierno y todo el proceso de transformación democrática, concluido con la mayoritaria aceptación de la Constitución, y lograr la mayoría absoluta, que le permitiría gobernar con mayor criterio propio, aunque siguiera siendo partidario de llegar a acuerdos con otras fuerzas —principalmente, el PSOE— en temas de trascendencia nacional.

Y para alcanzar la mayoría absoluta se precisaban medios económicos; de ahí que UCD buscara el apoyo de los grandes bancos, que pese a mostrar descontento con el clima del país y con algunas de las decisiones económicas del Gobierno, le reiteraron su apoyo. Quienes más entusiasmo acreditaron fueron los Bancos Popular, Hispano y Urquijo, pese a que a alguno de sus presidentes Adolfo Suárez había tardado más de un año en recibirle. Soy testigo de que en estas fechas, y durante su primer mandato presidencial, Suárez presumía en las reuniones internas de partido de haber limitado la influencia de los banqueros en las decisiones de la Presidencia del Gobierno. Álvaro Alonso Castrillo, el secretario de Finanzas de UCD, consiguió 600 millones de pesetas a fondo perdido y 700 más en créditos, y la CEOE también prestó su apoyo. Los medios de comunicación de entonces publicaron que José Antonio Segurado llevó más de un maletín con dinero a Castellana, 3.

Los Bancos de Santander, Central, Bilbao y Vizcaya se mostraron menos decididos a repetir su apoyo a Adolfo Suárez, pero acabaron colaborando, mientras Banesto se erigió en el bastión antigubernamental, en parte por enemistad con el vicepresidente Fernando Abril, al que acusaban de haber filtrado a la prensa los graves problemas del Banco Coca, y especialmente porque su cúpula directiva era muy crítica con la dirección política del país. En su consejo de administración se sentaban muchos prohombres del régimen anterior, proclives a potenciar la alternativa de Fraga y sus coaliados, uno de los cuales, Alfonso Osorio, era vicepresidente de Petromed, filial del banco. Luis Olarra consiguió financiación del Banco de Vizcaya para Coalición Democrática. Pero el dinero comprometido permitió a UCD firmar el 30 de diciembre un acuerdo con un pool de agencias de publicidad por cincuenta millones de pesetas (diez de los cuales fueron pagados de inmediato, y cuarenta, el 10 de enero), reservándose tres mil vallas durante los meses de febrero y marzo. Otra de las primeras decisiones que tomó UCD fue la designación de Joaquín Abril Martorell como gerente y coordinador de la campaña electoral, certificándose así, de forma evidente, la influencia del todopoderoso vicepresidente del Gobierno, que además propuso a su subsecretario, Federico Ysart, que simultaneara su cargo en la Administración con la colaboración con su hermano. La aparición de Joaquín Abril en la sede de UCD, en la calle Cedaceros, fue una afrenta para el secretario de Acción Electoral, Manuel Núñez —diputado por León y amigo de Rodolfo Martín Villa—, cuya labor se vio paralizada. UCD creó un comité electoral integrado por los hermanos Abril Martorell, Rafael Arias-Salgado y el propio Martín Villa, que pronto tuvo que enfrentarse a los problemas de la elaboración de las listas. En primer lugar abordó el problema creado por el alcalde de Madrid, el democristiano José Luis Álvarez, empeñado en dimitir para figurar en la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Madrid, tal y como iban a hacer sus futuros rivales en las elecciones municipales por la capital de España, Enrique Tierno Galván y Ramón Tamames. El 29 de diciembre, Suárez había invitado a José Luis Álvarez a su casa de Ávila, y le habló de la posibilidad de ocupar el segundo o tercer puesto de la candidatura por Madrid, oferta que la Ejecutiva de UCD, celebrada el 4 de enero, no mantuvo, dándose la circunstancia de que, ante la noticia de los incidentes que se producían en el entierro del general Ortín, Suárez se ausentó de la reunión, y en su ausencia, Fernando Abril —y José Manuel Otero Novas— se pronunciaron claramente en contra de la admisión del alcalde por considerar que era incompatible con la condición de diputado. Más conciliadora, Carmela García Moreno propuso que José Luis Álvarez fuera incluido en la candidatura al Senado; todo este debate, en el que en favor del alcalde se pronunciaron Landelino Lavilla, Fernando Álvarez de Miranda, Óscar Alzaga y Joaquín Garrigues, se produjo en presencia del propio José Luis Álvarez —que no solo no se ausentó de la sala, sino que incluso animó a los que permanecieron callados a intervenir—. Finalmente, se acordó que José Luis Álvarez se presentara a las elecciones generales.

En la elaboración de las listas, UCD sufrió nuevos y graves enfrentamientos en algunas provincias, y especialmente en Asturias, donde el democristiano Luis Vega Escandón se resistió a ceder el primer lugar al ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, y en Galicia, donde, en La Coruña, José Luis Meilán quería expulsar al diputado socialdemócrata Antonio Vázquez Guillén; en Lugo, Antonio Rosón tuvo que ceder el primer puesto al ministro Otero Novas; en Orense, Luis González Seara se negó a figurar en tercer lugar, detrás del poderoso Eulogio Gómez Franqueira, pese a los buenos oficios de Pío Cabanillas, y finalmente en Pontevedra se expulsó del partido al considerado «galleguista radical» José Rivas Fontán.

Pero la novedad principal de las listas de las elecciones generales de UCD fue la ubicación en la cabecera de varias provincias de los ministros del Gobierno, bajo el criterio de que los más progresistas fueran destinados a aquellas circunscripciones electorales más difíciles. Así, Fernández Ordóñez se presentó por Zaragoza, Juan Antonio García Díez por Cádiz —después de especularse con la posibilidad de Málaga y Asturias— y Joaquín Garrigues por Murcia, en cuya provincia tenía antecedentes familiares. Landelino Lavilla fue enviado a Jaén, no sin que antes llegara a retirar su documentación como diputado como medida de presión para conseguir que se respetara el «capricho» de Miguel Herrero de no ir en la lista de Madrid detrás de los que ya le habían seguido en 1977. La lista de Madrid fue encabezada por Adolfo Suárez, seguido por Leopoldo Calvo-Sotelo, Antonio Fontán, José Luis Álvarez, José Pedro Pérez-Llorca, Joaquín Satrústegui, Miguel Herrero, Óscar Alzaga y Carmela García Moreno. Alzaga aceptó volver a ir detrás de Miguel Herrero y Luis Ortiz rechazó el puesto undécimo, dimitiendo como presidente de UCD de Madrid.

Uno de los hechos más significativos de la campaña electoral tuvo como protagonista al propio presidente del Gobierno, que el 9 de febrero recibió a un grupo de destacados periodistas en el palacio de la Moncloa, manteniendo con ellos una conversación que duró más de cuatro horas, en las que se mostró pletórico de ánimo y confiado de obtener 176 diputados, la mayoría absoluta. Suárez sacó a relucir en este encuentro toda su capacidad de convicción, en un terreno y una distancia —la corta— que siempre dominó y en la que, como todo líder carismático, era imbatible.

Sobre la situación militar, Suárez dijo: «No tengo ningún temor de que pueda producirse una involución en el campo militar. El comportamiento de las Fuerzas Armadas como institución ha sido ejemplar. Otra cosa son determinadas conductas individuales. Es evidente que muchos señores con más o menos estrellas en la bocamanga no están contentos con la democracia». «Yo sé —continuó— cómo tratar a los tenientes generales. Yo les he dicho claramente que si se rebelaban les mandaba a un castillo.»

Sobre el Estado afirmó: «Cuando llegué a la Presidencia abrí la caja fuerte de los secretos oficiales y me di cuenta de que era un Estado increíblemente débil. Faltaban los pilares... La potencia de fuego de nuestro ejército era débil... La capacidad de reacción de la policía era pequeña y la voluntad de la oligarquía muy mala... Y había dos opciones: explicar al país hasta qué punto la estructura del Estado es débil o callar la debilidad e intentar subsanarla».

Ante los atentos oídos de los periodistas Pilar Cernuda, José Julián Barriga, Abel Hernández, Pilar Urbano, Charo Zarzalejos, Pablo Sebastián, Jaime Peñafiel, Mariano González y Pedro J. Ramírez, que tomaban notas fascinados del grado de intimidad y confidencia empleado por el presidente, este les reveló que la primera vez que se entrevistó con Felipe González —en agosto de 1976— el líder socialista le había dicho diez o doce veces que era ateo, admitiendo que «entre Felipe González y yo hay simpatía y entendimiento. He procurado enseñarle cuanto sé sobre el Gobierno del Estado, pero Felipe no domina..., no manda. Yo creo que en las próximas semanas va a tener que salir en TV diciendo que ya no es marxista».

Sobre su rechazo a un debate electoral con Felipe González, Suárez argumentó que «en un debate de corta duración no habría tiempo de profundizar los temas... y él trataría de invadir mi terreno, presentándose como lo que no es, dando una imagen moderada». Poco después, con ironía, Suárez afirmó que «Felipe González no sería un mal ministro de Asuntos Exteriores».

Suárez comentó que Carrillo era la excepción de la decepción que le había causado la clase política, aduciendo que «Carrillo tiene un enorme sentido de la velocidad que conviene aplicar en cada momento»; que solo se había equivocado una vez en todos los meses anteriores, «el día que se peleó con Fraga en el Congreso de los Diputados», y que le había llamado poco después para decirle que le preocupaba su reacción.

Sobre Manuel Fraga dijo que el político conservador no le perdonaría que le hubiera jubilado con diez años de antelación. Y en cuanto a la posición de centro, Suárez insistió en que «no consentiré que nos mezclemos con la derecha ni que se identifique derecha con centro»; y concluyó: «Antes de hacer un pacto con la derecha preferiría ir a unas elecciones anticipadas».

También dedicó unas palabras a José María de Areilza, del que afirmó: «Areilza no tiene sentido de la velocidad y Pío es testigo de que yo no le eché de Centro Democrático. Le pedí que no diera más mítines porque en uno reciente había sido agresivo con el pasado y Alianza Popular podría empezar a sacarle “dosieres” y yo no quería ese estilo de campaña. Le ofrecí la televisión». Y como colofón de su argumento explicó que «su incapacidad de decisión quedó patente en el primer Gobierno... fue un desastre. Él y Fraga fueron quienes más se opusieron a la derogación de los Principios Fundamentales del Movimiento».

De Alfonso Osorio dijo: «Osorio está muy influido por el gran capital y no me siento traicionado por él, pero sí dolido. Antes de las elecciones del 15 de junio de 1977, llegó a proponer que diéramos un pucherazo».

Suárez también habló de su ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, al que ya se adivinaba «incómodo» en UCD. «Paco no es socialista, sino un reformista, un hombre de centro, del sector progresista del centro... Tanto Paco como Joaquín Garrigues tienen la formación y la inteligencia para ser presidentes del Gobierno algún día.»

Como colofón de sus confidencias, Adolfo Suárez se mostró preocupado por las islas Canarias, y contó a los periodistas que en el momento que accedió al poder «no teníamos más que seis espías y ponían en sus tarjetas que lo eran y se dedicaban a ir de cóctel en cóctel», y que en relación con el ingreso de España en la OTAN había recibido una carta personal de Leonid Brezhnev.

Cuando ya abandonaban el palacio de la Moncloa, Suárez se dirigió hacia una bola del mundo próxima a la mesa de su despacho y, clavando su dedo índice sobre la península Ibérica, exclamó: «¡Somos la barriga del mundo!» [377].

Días después, ya en plena campaña, Suárez viajó a la provincia de Badajoz para dar varios mítines electorales, y a la salida de uno de ellos, una señora le increpó, llamándole «¡Asesino!», mientras que un grupo de extremistas de Fuerza Nueva le coreó: «¡Suárez, traidor, cantaste el Cara al sol!». Más grave aún fue el incidente de Atarfe, un pequeño pueblo cercano a Granada, donde el presidente Suárez fue objeto de un intento de linchamiento, al ser rodeado su coche por una masa enfurecida que golpeó el vehículo, gritándole: «¡Hijo de puta!». La periodista Consuelo Álvarez de Toledo fue testigo de cómo Adolfo Suárez se encaró con un individuo que le había insultado y que se perdió entre la masa, y de su íntima confesión: «Ha sido el peor momento de mi carrera política».

Al día siguiente, lunes 19 de febrero, Suárez —muy afectado por el incidente y por una fuerte infección en la laringe— recibió en el palacio de la Moncloa la visita del Rey, que se presentó a la una de la madrugada pilotando su propia moto para darle ánimo y ratificarle su apoyo personal, pese a los problemas que estaba padeciendo el país.

Pero al mismo tiempo que Suárez sufría el organizado acoso de algunos exaltados, en la propia Granada almorzaban José María de Areilza y el general Prieto, que había sido destituido como jefe de la Guardia Civil de León y que había decidido presentarse a las elecciones por Coalición Democrática. En el curso de la comida, Areilza le preguntó en broma al general Prieto —muy popular en algunos cenáculos periodísticos madrileños por su permanente actitud conspiradora—: «¿Qué crees que haría el teniente general Vega Rodríguez, en el supuesto de que las cosas se siguieran deteriorando en el país durante los próximos meses y las elecciones hubieran propiciado un Parlamento ingobernable?», a lo que Prieto contestó: «Vega no moverá un dedo mientras no se lo pida el Rey». Areilza insistió: «¿Y si el Rey se viera superado por los acontecimientos?». Prieto, sin inmutarse, replicó: «Entonces sería el primero en dar un paso al frente» [378]. La revelación de este episodio sirve de anecdótico pero veraz apunte del «coqueteo» con el que la derecha española especulaba con la intervención militar contra el poder legítimo y con la actitud del Rey de España. Como colofón de su frivolidad, en el citado almuerzo Areilza ofreció al general Prieto la cartera de ministro de Defensa «... en el caso de que llegáramos a un acuerdo con la UCD», supuesto que ya había sido rechazado por Suárez y que el propio Areilza conocía perfectamente.

A pocos días del final de la campaña, Suárez vio con preocupación que las encuestas ofrecían un virtual empate entre la intención de voto de UCD y el PSOE —en torno al 22 por 100—. Y es que de nuevo el PSOE había repetido la experiencia de presentar una campaña de corte moderado, con solo dos proyectos de nacionalización —la Red Eléctrica de Alta Tensión y el Banco Rural y Mediterráneo—, y en el que predominaban los mensajes socialdemócratas, aderezados con las ingeniosas frases de Alfonso Guerra, que al presentar la campaña del PSOE dijo que «UCD era la solución a un feto», y no a un reto, como propugnaba el eslogan del I Congreso de UCD, y que «los mítines de UCD pueden hacerse en un autobús o en un taxi». También Felipe González había «calentado» el comienzo de la campaña proclamando en una conferencia ofrecida en el Club Siglo XXI que Suárez y Martín Villa habían negociado con ETA durante el año 1977. Pero lo que colmó la paciencia de Suárez y de sus responsables de campaña, entre los que de nuevo se encontraba Rafael Anson, que ya había ayudado a restituir —con éxito— la imagen de Rodolfo Martín Villa y que estaba colaborando en la campaña de Marcelino Oreja en Guipúzcoa, fue la declaración que Alfonso Guerra hizo a un grupo de periodistas en Bilbao en el sentido de que UCD estaba preparando una segunda «Operación Galaxia» para crear inquietud entre los ciudadanos. Ese viernes, Adolfo Suárez se indignó y dio instrucciones a Josep Meliá para que amenazara a Guerra con una demanda si algún periódico publicaba sus irresponsables insinuaciones. En Bilbao, Suárez, que conocía que aún había un 40 por 100 de indecisos, visitó al delegado provincial del Ministerio de Agricultura, Víctor Herrero, al que ETA había disparado un tiro en una pierna la noche anterior. Sin embargo, debido a los muchos actos electorales en los que participó, no pudo ver a su hermano Hipólito, médico de gran prestigio en la capital vizcaína.

Después de Bilbao, Suárez viajó a Zaragoza, donde le esperaba Francisco Fernández Ordóñez, que estaba desarrollando una activa e imaginativa campaña electoral, y que en un acto público afirmó: «Adolfo Suárez es un hombre honrado y valiente, y el mejor presidente que podemos tener en España». Suárez le respondió con ironía que «es la primera vez que Paco dice eso».

En conversación con los periodistas que seguían la campaña, Suárez les confirmó que no le preocupaba Coalición Democrática «porque hacía agua en toda España», pero sí se mostró inquieto por las expectativas electorales del PSOE, «porque son unos grandes profesionales del aparato y de la comunicación». Antes de dejar Zaragoza, Suárez visitó la basílica del Pilar y besó la imagen de la Patrona de España. Después viajó a Valencia en un reactor alquilado, por cuya circunscripción se presentaba Fernando Abril, al que elogió públicamente en una cena celebrada después del mitin electoral en estos términos: «Abril es un hombre que ha trabajado por España como pocos, con una lealtad hacia mí, su amigo, verdaderamente impresionante».

El domingo 25 de febrero, el periódico Ya publicaba una encuesta electoral en la que ofrecía el resultado de un sondeo realizado entre el 17 y el 21 de febrero, y que aseguraba a UCD 166 diputados, y al PSOE, 132. Según revela Pedro J. Ramírez, en realidad la encuesta era un muestreo del propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y servía a los intereses de Suárez, al que convenía aparecer por delante del PSOE, pero no por mucha diferencia, para así estimular a los indecisos.

Este domingo último de campaña, UCD organizó un gran acto en el aeródromo de Cuatro Vientos, con exhibición aérea incluida, a la que asistieron más de doscientas mil personas, mientras que el PSOE cerró su campaña con un gran mitin en la plaza de toros de Vista Alegre.

Las espadas estaban en alto y la influencia de las últimas intervenciones de los dos líderes en televisión iba a ser decisiva. Felipe González insistió en que UCD era la derecha y que el PSOE era la honestidad, acreditada durante más de cien años, mostrándose moderado, lleno de equilibrio y sensatez. Adolfo Suárez, preocupado por una última encuesta de Sofemasa publicada el mismo martes 27 de febrero por El País y que concedía a UCD 153 diputados y al PSOE 140, con más voto popular, «echó» el resto en su intervención y con su dominio del medio televisivo y del mensaje preciso que debía enviar a los millones de indecisos jugó la baza del dramatismo —aconsejado por Rafael Anson—, acusando al PSOE de ambigüedad y de radicalismo y haciendo hincapié en señalar sus propuestas de aborto libre, de desaparición de la enseñanza religiosa y de propugnar una economía colectivista y autogestionaria: en una palabra, pidió el voto del miedo. Y con éxito, porque consiguió un 5 por 100 de diferencia entre UCD y el PSOE, aunque sin alcanzar la anhelada mayoría absoluta.

Por la noche, Suárez participó en directo en un programa de la cadena SER, contestando a las preguntas de los oyentes, filtradas previamente por su equipo de comunicación integrado por el secretario de Estado para la Información, Manuel Ortiz; su segundo, Josep Meliá, y Federico Ysart, este último ubicado en los propios estudios. Desde Sevilla, donde participaba en el mitin final de campaña, Felipe González quiso intervenir haciendo una pregunta, pero no le dejaron. Al día siguiente, el director de la cadena SER, Eugenio Fontán, recibió la indignada llamada de Javier Solana.

La mañana del 1 de marzo, Suárez sabía que había ganado, pero tenía dudas sobre si alcanzaría la mayoría absoluta; el PSOE también estaba convencido de su victoria, y desde algunos días antes la responsable de comunicación, Helga Soto, había preparado una gran celebración. Tuvieron que esperar tres años.

En la Moncloa, acompañado por su familia, por el teniente general Gutiérrez Mellado y su amigo Fernando Alcón, Adolfo Suárez esperó ilusionado el recuento de votos. Por el palacio pasaron distintos amigos, y entre ellos los humoristas Tip y Coll, que amenizaron la jornada electoral con sus ocurrencias. Poco después de medianoche se hicieron públicos los resultados de las elecciones, que no modificaron apenas el equilibrio de fuerzas ya existente en el Parlamento. UCD obtuvo 168 diputados y el 35,2 por 100 de los votos, mientras que el PSOE sumó 121 escaños y el 29,4 por 100 del voto popular. En tercer lugar quedó nuevamente el Partido Comunista, que ascendió a 23 diputados, con un 10,7 por 100 de votos. A continuación figuraba la gran derrotada: Coalición Democrática, que solo consiguió nueve diputados —perdió siete respecto a 1977— y el 5,5 por 100 de los votos. Fraga y sus coaligados volvieron a cosechar un pésimo resultado, fruto del diagnóstico equivocado de sus líderes, obcecados en captar votos por la derecha de UCD, sin ser capaces de arañar espacio de centro. Para mayor escarnio, muchos de sus votos se fueron hacia la extrema derecha, que permitió a Blas Piñar obtener un escaño por Madrid.

Como novedad, las elecciones de 1979 trajeron la aparición de algunas formaciones nacionalistas de bien distinto signo. En el País Vasco, la agrupación de fuerzas próximas a la defensa política del terrorismo etarra, bajo las siglas de la coalición Herri Batasuna, consiguió tres diputados, convirtiéndose desde entonces en una de las «bestias negras» del espectro político español y un problema para el dominante Partido Nacionalista Vasco. En Andalucía, Alejandro Rojas Marcos logró un excelente resultado para su nueva formación —el Partido Socialista Andaluz (PSA)—, que restó votos tanto a UCD como al PSOE. Y en Aragón, la reivindicación popular del problema del agua permitió que el Partido Aragonés Regionalista (PAR) tuviera en el Parlamento a Hipólito Gómez de las Roces. Las dos grandes formaciones nacionalistas —CiU y PNV— mantuvieron su influencia en la vida política nacional y capitalizaron los esfuerzos de los últimos dos años por normalizar la cuestión autonómica.

El GRAPO se encargó pronto de difuminar la normalidad democrática producto de las elecciones, asesinando el 5 de marzo en Madrid al general Muñoz Vázquez, y matando cinco días después, en el barrio de Moratalaz, a un policía. Por su parte, ETA prosiguió su audaz reto al Estado robando mil kilogramos de goma-2 y asesinando el 9 de marzo en Beasain a un policía municipal, y el 23 del mismo mes a otro policía en Éibar.

En este clima de inquietud se desarrolló el preceptivo turno de consultas del Rey con las distintas formaciones parlamentarias, entre las que no estuvo Herri Batasuna. Finalmente, el 28 de marzo, el Rey propuso a Adolfo Suárez la formación de un nuevo Gobierno, en el que ya no iba a estar Landelino Lavilla, al que las Cortes habían elegido pocos días antes como su nuevo presidente. La izquierda quiso evitar que la investidura se celebrara en vísperas de las elecciones municipales, sin conseguirlo, y exigió que, de acuerdo con la interpretación del artículo 99 de la Constitución, el candidato a presidente del Gobierno debía exponer su programa político y solicitar la confianza de la Cámara. Fraga compartía —como buen jurista y ponente de la Constitución— esta fórmula, pero en el entorno de Adolfo Suárez se alimentó la tesis de que había que evitar el debate, limitándose la investidura a una mera explicación de voto. A pesar de la protesta del PSOE, el nuevo presidente de las Cortes dictó unas normas restrictivas de la sesión de investidura, que quedó planteada sin debate previo. Y el viernes 30 de marzo, mal asesorado por quienes desconfiaban de su dialéctica y de su oratoria parlamentaria, Suárez subió a la tribuna de oradores vencido de antemano, sufriendo un duro revés, justo en el momento en el que su nuevo mandato precisaba confianza y proyección política. Su discurso, largo y pesado, tuvo poca relación con un sugerente programa de Gobierno y fue replicado por los implacables portavoces del PSOE, con alusiones de fácil demagogia y peor estilo a su trayectoria durante el franquismo. Como afirma Manuel Fraga, «no hubo debate, pero sí bronca, y broncas explicaciones de voto» [379].

Suárez consiguió la investidura con 183 votos favorables: los 168 de su grupo, los nueve de Coalición Democrática, que a cambio obtuvo el reconocimiento de su propio grupo parlamentario y una vicepresidencia en la Mesa del Congreso; los cuatro del Partido Socialista Andaluz, que había obtenido importantes ayudas de UCD para concurrir a las elecciones andaluzas, con el objetivo de reducir el poder socialista en Andalucía, y los votos de Gómez de las Roces (PAR) y Jesús Aizpún (UPN). En contra votaron PSOE, PSC y los comunistas, y se abstuvieron PNV y CiU.

Landelino Lavilla ha evocado recientemente su desazón por el desarrollo histórico de la investidura y por su desairado papel, con el que inauguró su presidencia, y ha revelado que años después Adolfo Suárez le reconoció que se había equivocado en el planteamiento de esa sesión y que no debía haber prescindido de él como ministro. «Se dio cuenta —recuerda Lavilla— de que hubiera seguido siendo más útil en el Consejo y de que nos entendíamos con facilidad: él me miraba y yo sabía que me estaba pidiendo que interviniera» [380]. Lavilla admite que Suárez pasó un calvario escuchando cómo Felipe González le recordaba que había sido secretario general del Movimiento, y aún hoy día ningún dirigente de UCD se hace responsable de haber sugerido a Adolfo Suárez hurtar a la Cámara un debate que, pese a ofrecer sus dificultades, también brindaba la oportunidad de definir las líneas generales y programáticas del nuevo Gobierno. Todos, Fernando Abril, Luis González Seara, Íñigo Cavero, Óscar Alzaga y el propio Lavilla, afirman haber aconsejado la celebración del debate.

El 2 de abril, Adolfo Suárez tomó posesión de la Presidencia y, con la composición del nuevo Gobierno ya decidida, esperó al resultado de las elecciones municipales, que se celebraron al día siguiente. UCD obtuvo excelentes votaciones en toda España, pronto empañadas por los acuerdos sellados por el PSOE y el PCE para hacerse con alguna de las alcaldías más significativas.

Barcelona eligió a un socialista, Narcís Serra —con el apoyo de CiU—, y Madrid a Enrique Tierno Galván, pese a que socialistas y UCD empataron a 25 concejales. El 77 por 100 de los votos de las grandes ciudades quedó en manos de la izquierda, que así alcanzaba el poder municipal por primera vez en muchos años, convirtiéndose en contrapeso del poder ejecutivo. El PSOE había dado un paso decisivo en su aspiración de llegar al poder. Fruto del pacto entre PSOE y PCE, los socialistas obtuvieron las alcaldías de Valencia, Valladolid, Vigo, Salamanca, Zaragoza y Lérida —además de Madrid y Barcelona—, y el PCE, la de Córdoba, que recayó en Julio Anguita. El PNV se hizo con las tres capitales vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

Una clave de la formación del nuevo Gobierno estuvo en la actitud de Rodolfo Martín Villa, que el 4 de abril habló con Adolfo Suárez para pedirle que le relevara de sus responsabilidades. Rodolfo estaba cansado de la dureza y exigencia del puesto de ministro del Interior y prefería dedicarse a colaborar en el asentamiento y consolidación de UCD. Otro contratiempo fue la enfermedad de Joaquín Garrigues Walker, al que durante la campaña electoral se le detectó un cáncer, del que fallecería un año después. Suárez optó por mantenerlo en el Gobierno como ministro adjunto. En cuanto a Pío Cabanillas y Fernández Ordoñez, Suárez los incluyó entre los que dejaban el Gobierno, como consecuencia de la salida conjunta de los «barones» recomendada por Fernando Abril. Óscar Alzaga rechazó la cartera de Educación y Luis González Seara fue nombrado ministro de Investigación y Universidades, lo que provocó la protesta de los democristianos, que consideraban la educación su coto privado y exclusivo. Como fórmula de compromiso, Suárez nombró a José Manuel Otero Novas ministro de Educación y Ciencia. Para evitar que entrara en Interior Juan José Rosón, que fue el hombre propuesto por Martín Villa para sucederle, Suárez —que mantenía con él una veterana rivalidad— optó por incorporar al Gobierno —de acuerdo con Gutiérrez Mellado— al teniente general Ibáñez Freire, decisión de la que se arrepintió meses después. Suárez propuso a Manuel Clavero como ministro de Cultura, y a Antonio Fontán, ministro de Administración Territorial. En Hacienda entró Jaime García Añoveros, y Carlos Bustelo lo hizo en Industria, sustituyendo a Rodríguez Sahagún, que pasó a ministro de Defensa. Leopoldo Calvo-Sotelo, Juan Antonio García Díez, Salvador Sánchez Terán y Jaime Lamo de Espinosa siguieron como ministros de Relaciones con la CEE, Comercio y Turismo, Transportes y Comunicaciones, y Agricultura, respectivamente. El poder de Fernando Abril se completaba con el nombramiento de José Pedro Pérez-Llorca como ministro de la Presidencia, que nombró a Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y a Sebastián Martín Retortillo secretarios de Estado. Íñigo Cavero continuaba en el Gobierno como ministro de Justicia. En Obras Públicas entró Jesús Sancho Rof, hombre próximo a Martín Villa.

La remodelación y formación del nuevo Gobierno se tradujo además en cambios en la Ejecutiva de UCD, donde entraron Gabriel Cisneros, Carmela García Moreno y Jesús Viana, y Antonio Jiménez Blanco en el grupo parlamentario, del que se hizo cargo.

Todos estos cambios coincidieron con uno de los momentos peores de la presidencia de Adolfo Suárez, porque este padecía terribles dolores de cabeza, que finalmente se descubrió procedían de una grave dolencia dental. «Estuve en tratamiento —recuerda Adolfo Suárez—, hubo un error en el diagnóstico, creyeron incluso que tenía un tumor cerebral. Los dolores de cabeza eran insoportables. Yo aguanto muy bien el dolor; por aguantarlo tanto, aquello se agravó. La verdad es que eran dolores insufribles» [381].

Este malestar afectó a la capacidad de gobierno del presidente, que durante unos meses vio limitadas sus facultades, lo que obligó a Fernando Abril a asumir casi por completo las tareas de gobierno, circunstancia que Adolfo Suárez rechaza: «No es que disminuyera mi capacidad, simplemente delegaba más. Tenía que hacerlo porque me pasaba tres o cuatro horas diarias con los médicos» [382].

Sin embargo, tanto Alberto Aza como Juan Antonio García Díez conceden a este hecho una gran trascendencia en la evolución del liderazgo interno del Gobierno, en la coordinación entre los distintos departamentos y en el encumbramiento de Fernando Abril en lo más alto del Ejecutivo.

En la presentación del programa de Gobierno ante el Parlamento, Suárez asumió su pasado, proclamando con orgullo que él era un «chusquero» de la política, que había sido jefe de sección, gobernador civil, director de Televisión Española, vicesecretario general, secretario general y ministro del Movimiento, y, para ejemplificar la dificultad de gobierno, recurrió a la metáfora de la casa que hay que reformar por entero pero tratando que al mismo tiempo el agua siga corriendo por las cañerías.

Pero los problemas afectaban también al PSOE, cuyo secretario general, Felipe González, utilizaría el debate ideológico sobre la permanencia del marxismo como línea política del partido para reafirmar su liderazgo. González aprovechó la coyuntura política que le brindaba la celebración del XXVIII Congreso para presentar su dimisión, al aprobarse por aplastante mayoría, y a propuesta del senador Francisco Bustelo, que el marxismo era la ideología que inspiraba la acción política del PSOE. Felipe subió a la tribuna para declararse incompatible con la línea política aprobada y para anunciar su renuncia a la reelección como secretario general. A los treinta y cinco años, el joven secretario general del PSOE se proponía hacer de su partido una opción socialdemócrata, de similar estructura e implantación que en otros países europeos. Inspirándose en los consejos de Willy Brandt y Olof Palme, Felipe González optó por hacer su Bad Godesberg y plantar cara en el seno de su partido a los que ya pretendían identificar la socialdemocracia con la derecha. Cuatro meses después, Felipe González sería proclamado secretario general del PSOE durante la celebración de un Congreso Extraordinario, consolidando su posición y obteniendo una gran rentabilidad política a su estratégica dimisión.

Durante estos cuatro meses, y salvo en alguna escaramuza parlamentaria, Suárez pudo librarse del acoso del PSOE, ocupado en resolver su crisis interna, pero tuvo que compaginar su tarea de gobierno con la ofensiva terrorista, que se tradujo en los asesinatos de ETA de policías y guardias civiles durante los meses de abril y mayo, culminados con el del teniente general Gómez de Hortigüela, los coroneles Laso y Ávalos, y su conductor, en Madrid, el 25 de mayo. Días antes, durante una reunión de coordinación interna con parlamentarios y cuadros provinciales del partido, fui testigo de la amargura y desesperación con la que Adolfo Suárez recibió la noticia del asesinato en San Sebastián del policía Dionisio Imaz.

Pero mientras se rendían honores militares a los asesinados, el GRAPO ofrecía una nueva muestra de su irracional e inexplicable combate, colocando una bomba en los lavabos de la cafetería madrileña California 47, que provocó la muerte de ocho personas inocentes y heridas a otras cuarenta, y una tremenda alarma en todo Madrid, donde, junto a la callada y resignada reacción de los que comprendían la dificultad de combatir tan demencial enemigo, hubo voces ultras dispuestas a confundir el dolor con los insultos, como los que profirieron contra el Rey al día siguiente en Sevilla. La víspera, el diario de Manuel Fraga registra esta anotación: «... Félix Pastor me informa por la tarde de que se van a producir reuniones de militares».

El 7 de mayo, el que fuera director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, sufría un atentado al salir de su casa en Madrid, resultando con una grave herida en la cabeza, de la que se recuperaría satisfactoriamente. En su hoja de servicios figuraba haber sido gobernador civil de Guipúzcoa.

Lo cierto es que en este período la notable actividad gubernamental en el campo sanitario, educativo y económico, con significativos avances en la modernización del país y en la mejora de las condiciones de vida, se vio absolutamente empañada por la violencia terrorista, culminada con el intento de secuestro de Gabriel Cisneros, diputado de UCD por Soria, miembro de la Ponencia que estudiaba el Estatuto vasco y uno de los ponentes de la Constitución, que al resistir al propósito de sus agresores resultó herido gravemente de dos disparos, que le dejarían graves secuelas físicas. Por cierto que el Gobierno —y así lo ha reconocido años después el propio Suárez— tenía un «chivatazo» de que el diputado amenazado por ETA era Óscar Alzaga, al que Suárez había colocado escolta policial solo unos días antes. La afrenta etarra se elevaba un peldaño más, llegaba ya a las filas del partido que gobernaba España y se situaba en el seno del propio Parlamento.

El 31 de mayo se celebró en el Congreso un amplio debate sobre terrorismo, en el que intervino Suárez como mediador entre sus portavoces, Miguel Herrero y José Pedro Pérez-Llorca, que se habían mostrado agresivos con el socialista Gregorio Peces-Barba. Obligado a pactar por su izquierda, Suárez no quiso «machacar» a su aliado institucional.

Solo unas semanas después, Carlos Garaicoetxea era elegido lehendakari del Gobierno vasco, convirtiéndose en el hombre clave —junto con Xabier Arzallus— del nacionalismo vasco y decisivo para que el 17 de julio, y después de varios meses de intensas negociaciones, UCD y el PNV llegaran a un acuerdo sobre el contenido normativo del Estatuto vasco, que incluía el amejoramiento del fuero y los conciertos económicos. Si en el debate constitucional el PNV se había sentido, con razón, marginado, en la negociación y redacción del Estatuto vasco su participación fue estelar, luchando con tesón por ofrecer a su comunidad un marco de referencia con el que avalar su identidad propia, y con el que combatir a ETA y sus cómplices, su gran enemigo. La negociación del Estatuto vasco volvió a acreditar la flexibilidad y espíritu dialogante de Adolfo Suárez, dispuesto a favorecer al máximo que fuera el PNV quien rentabilizara políticamente el acuerdo, y su excelente relación personal con Garaicoetxea, con el que compartía el deseo de que no podían fracasar. De la redacción del Estatuto vasco se ocuparon, junto con Xabier Arzallus, dos excelentes representantes del nacionalismo vasco, hoy retirados de la política activa, Marcos Vizcaya y Mikel Unzueta; por parte de UCD fue José Pedro Pérez-Llorca quien llevó el peso de la negociación.

Arzallus recuerda hoy que en los últimos quince días antes de la aprobación del texto se encerraron prácticamente en la Moncloa: «Suárez y Garaicoetxea solían hablar aparte para dar soluciones políticas cuando nosotros no nos poníamos de acuerdo con los ministros y con los de la UCD. A Suárez le veíamos a la hora del almuerzo» [383].

Durante las dos semanas en que los negociadores vascos y centristas lucharon por el texto del Estatuto se produjo, además del intento de secuestro de Gabriel Cisneros, el lanzamiento de una granada de mortero contra el palacio de la Moncloa por parte de ETA, en la que fue una de sus acciones terroristas más audaces, ya que fue disparada desde una explanada situada escasamente a quinientos metros del palacio.

José Pedro Pérez-Llorca ha recordado recientemente que, pese al buen entendimiento de Suárez y Garaicoetxea, «en la mesa de negociación de las delegaciones estaba sentado Arzallus, y se notaba que decidía... La noche que terminamos fue emocionante. Nos pusimos todos muy serios y nos abrazamos» [384].

Quienes también se regocijaron esos días fueron los militares golpistas y los civiles que les apoyaban, al saber que el general Atarés había sido definitivamente absuelto de sus injurias a la Constitución y al general Gutiérrez Mellado. La incitación a la rebelión y a la desobediencia recibía —como en el caso de la «Operación Galaxia»— un notable estímulo.

La pausa veraniega no fue tal, porque dos sucesos vinieron a conmocionar la vida política española: el primero fue el incendio del Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza, en el que murieron setenta y una personas, y que la extrema derecha se encargó de apuntar en el haber del terrorismo etarra, pese a que nunca fue reivindicado. Entre los que se encontraban en el hotel esa noche del 12 de julio estaba doña Carmen Polo, viuda de Franco, y un buen número de familiares de los cadetes de la Academia General. El segundo suceso fue la campaña etarra contra aeropuertos y estaciones de trenes, que causó seis muertos y la sensación de que en España no se garantizaba la seguridad de sus ciudadanos y la de los millones de turistas que la visitaban. La campaña llevó el sello personal de la rama político-militar de ETA, y sería una de sus últimas acciones violentas, antes de iniciar un profundo examen de conciencia que les llevaría a negociar con el Gobierno la firma de un acuerdo de cese de la violencia y de reinserción individualizada de presos en los cauces políticos del movimiento abertzale.

Como balance de la labor de gobierno, durante el mes de julio el Parlamento aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley de Trasplantes de Órganos y el Plan Energético Nacional. También se había iniciado la negociación del Estatuto de Cataluña.

Al regreso de las vacaciones, la dinámica establecida entre terrorismo y golpismo reaccionario, con su secuela de muertos y de presión desestabilizadora, llevó al gobierno Suárez a acometer dos iniciativas de carácter complementario. Por un lado, el 13 de septiembre, el presidente recibió en la Moncloa al líder del Movimiento para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, con el que abordó el apoyo logístico y material que el citado movimiento brindaba a los grupos terroristas, ofreciendo a cambio para neutralizarlo que Suárez se convirtiera en valedor en los escenarios internacionales de sus reivindicaciones. Ambos líderes cumplieron su propósito y Suárez descubrió que en el terreno de la política internacional se podían aplicar sus concepciones de búsqueda del consenso y el acuerdo, situando a España en el eje estratégico clave de la distensión con el Medio Oriente. Esta ubicación le exigió guardar sus distancias frente a las presiones americanas —deseosas de que España se incorporara al bloque atlántico de defensa y cooperación a través de la OTAN— y a mantener la política de tradicional amistad con el bloque árabe, lo que a su vez llevaba implícita una cierta distancia frente a Israel. Este esquema generó recelo en los foros internacionales, y en algunas cancillerías europeas y americanas se empezó a desconfiar de la lealtad occidental de Suárez, que en septiembre viajó a América latina para consolidar su imagen de líder populista. Visitó, entre otros países, Cuba, donde conocerá al agregado comercial de la Embajada de España, Alberto Recarte, al que incorporará inmediatamente como experto economista en su gabinete de la Moncloa y al que vendería su casa de San Martín de Porres.

Por otras razones, Francia mantuvo su ambigüedad y escasa colaboración en la cooperación antiterrorista y su veto a la entrada de España en el Mercado Común. Para lo primero, aducía que el problema terrorista era una cuestión policial española; para lo segundo, tanto los conservadores como los socialistas se escudaban en la protección de los intereses franceses. Y eso, pese a que, una y otra vez, el presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d’Estaing, presumía de sus fraternales relaciones, incluso de su parentesco, con el Rey de España, Juan Carlos I.

Por otro lado, la inminente aprobación de los Estatutos del País Vasco y Cataluña, con la inevitable configuración del Estado de las Autonomías, con sus transferencias y competencias propias, obligó al Gobierno de UCD a diseñar un mapa autonómico, en el que, encauzadas las históricas reivindicaciones vasca, catalana y gallega, el resto de las tímidas demandas provenientes de líderes políticos socialistas y también de UCD, de ámbito local o provincial, fueron reconducidas a posiciones menos maximalistas. A esta conclusión llegó Suárez por propia convicción y por la influencia que en el ámbito político estaba creando la espiral de culpar a las autonomías y al terrorismo de la desmembración y desvertebración del Estado. El golpismo, en sus dos vertientes, militar y civil, alimentaba su desmedido y desesperado intento de presentar el proceso democrático como el mal de todos los males, identificando al constitucional proceso autonómico como una consecuencia más de la debilidad del Gobierno y de la pérdida de identidad española. En su afán desestabilizador, el golpismo empezó a difundir la tesis de la intervención del ejército como panacea, haciéndose eco su prensa adicta de los constantes incidentes protagonizados por los ultras en los entierros de militares y policías, como los que acontecieron en San Sebastián el 23 de septiembre al caer asesinado el gobernador militar de Guipúzcoa, general Lorenzo González-Vallés. Horas después, ya con el golpe militar entre sus planes [385], el teniente general Milans del Bosch hizo unas graves declaraciones al periódico ABC, en las que criticó abiertamente el proceso autonómico y la política del Gobierno en materia antiterrorista; de idéntica gravedad fueron las declaraciones que el teniente general González del Yerro hizo en un medio informativo canario. Por ello, el 27 de septiembre, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, citó en su despacho a ambos —y a otros tenientes generales— para pedirles que se abstuvieran de hacer declaraciones públicas y para explicarles la normalidad constitucional del proceso autonómico y las medidas que el Gobierno estaba tomando en la lucha antiterrorista.

La reprimenda no surtió el efecto deseado y durante el otoño de 1979 fue cristalizando el descontento militar, del que sería evidencia la «intentona» del general Torres Rojas en enero de 1980 y la permanente invocación, a través de las plumas amigas, de que un militar —Vega Rodríguez era el más mencionado— asumiera el poder.

Con estos datos sobre la mesa y después de que Felipe González resultara elegido —por aclamación— secretario general del PSOE en su Congreso Extraordinario, y de que el Congreso de los Diputados aprobara el Estatuto de RTVE, el 24 de octubre de 1979 los ciudadanos vascos aprobaron su Estatuto de Autonomía con una mayoría absoluta de votos afirmativos y una preocupante abstención que en Vizcaya y Guipúzcoa rozó el 60 por 100, y solo gracias a que en Álava se redujo al 36 por 100, en el total de Euskadi alcanzó el 41,16 por 100. Al día siguiente fue Cataluña la que votó su Estatuto, con idénticos porcentajes mayoritarios en las cuatro provincias y un índice de abstención del 39,5 por 100.

Pero con ser esta consulta popular decisiva y trascendente para que el resto de España pudiera apreciar el grado de adhesión de vascos y catalanes al proceso autonómico y a su histórico reconocimiento diferencial, en estos días —concretamente, el 24 de octubre— la Comisión Ejecutiva de UCD celebró una reunión de la que se extraerían nefastas consecuencias para la formación y el Gobierno que lideraba Adolfo Suárez.

En efecto, en esa Comisión Ejecutiva, UCD aprobó armonizar el proceso autonómico, siguiendo los análisis de la comisión presidida por Rodolfo Martín Villa y en la que habían trabajado Antonio Fontán, José Pedro Pérez-Llorca, Francisco Fernández Ordóñez, Alberto Oliart, Luis Gámir, Óscar Alzaga y Rafael Arias-Salgado. El objetivo principal de la comisión de trabajo había sido el estudio de la dinámica en la que se vería metida España si todas las restantes autonomías optaran por seguir los cauces marcados por la Constitución, a través de su artículo 151. Rodolfo esgrimió ante los responsables políticos de UCD que, de seguirse esa vía, entre febrero de 1980 —fecha prevista para el referéndum del Estatuto de Andalucía— y el final de la legislatura —1 de marzo de 1983— habrían de celebrarse ¡cincuenta! consultas electorales, prácticamente una cada veinte días. La fuerza de este aplastante argumento fue acompañada de una información confidencial, según la cual durante el mes de septiembre se había producido una reunión entre José Pedro Pérez-Llorca y Rafael Arias-Salgado, por parte de UCD, y Alfonso Guerra y Gregorio Peces-Barba, por el PSOE, para acordar la reconducción del proceso autonómico. Según algunas versiones, en esa reunión, la coincidencia entre centristas y socialistas había sido casi total y ambas formaciones expresaron su preocupación por la responsabilidad de que España se convirtiera en un Estado con diecisiete parlamentos con capacidad legislativa.

Efectivamente, la noche de los referendos de los Estatutos vasco y catalán, en la sede del PSOE Alfonso Guerra había manifestado serias dudas respecto al resultado que esta consulta produciría en las regiones sin tradición ni sentimiento autonomistas, a la vista del alto grado de abstención registrado en dos comunidades tan estrechamente vinculadas al concepto autonómico.

La conclusión de las cabezas más destacadas de ambos partidos era clara: había coincidencia en establecer —como ha escrito Emilio Attard— «un ritmo sosegado que vendría facilitado por la adopción del artículo 143 como vía de acceso a la autonomía».

Pocas semanas después, El País publicó una información firmada por J. F. Janeiro en la que se recogían los anteriormente citados argumentos y coincidencias («los partidos mayoritarios están básicamente de acuerdo en el desarrollo del proceso autonómico») y en la que se hacía eco de la opinión de la diputada socialista María Izquierdo, según la cual «desde la complejidad de la política autonómica era imprescindible un consenso entre las fuerzas mayoritarias», añadiendo: «No se puede cambiar de forma de Estado sin un acuerdo conjunto, ya que las autonomías son una cuestión clave de la Constitución». En el mismo sentido se había manifestado ya el propio Felipe González en dos conferencias pronunciadas en el Club Siglo XXI, en febrero de 1979 —en plena campaña electoral— y el 15 de octubre del mismo año.

Rodolfo Martín Villa, por su parte, había esgrimido ante los dirigentes de UCD que «la ventaja de la vía del artículo 143 es que todas las transferencias se deben aprobar por Ley Orgánica en las Cortes y no por el sistema de negociación y de Comisión Mixta, que producía siempre un mayor desgaste al Gobierno», añadiendo que «si logramos corregir el afán electoral de algunas zonas de UCD y el PSOE domina a los suyos puede llegarse a un acuerdo en el tema autonómico, pero —y en su duda latía temor— no sé si el PSOE se librará de la tentación de entender este planteamiento como una política de oxígeno para el Gobierno de UCD».

Como se temía Martín Villa, el PSOE, pese a coincidir plenamente con el diseño futuro del proceso autonómico y pese a comprender las razones de Estado de armonizarlo, optó por aprovechar la ocasión para desgastar al Gobierno, recurriendo a anteponer sus propios intereses. Como ha escrito el profesor Emilio Attard: «el PSOE tuvo posiciones que coincidieron con la racionalización autonómica..., pero dejaron que la pesada carga del frenazo autonómico corriera a costa de UCD».

En ese mezquino giro del PSOE influyó un elemento interno: la posición de fortaleza del entonces hombre fuerte del partido en Andalucía, Rafael Escuredo, que, llevado de su «fundamentalismo», exigía para Andalucía una autonomía similar a la que se había aprobado para Euskadi y Cataluña, y que se estaba negociando para Galicia. El temor a que Escuredo «capitalizase» políticamente una sublevación interna en el PSOE, y en el territorio original de los principales dirigentes del socialismo, llevó a Alfonso Guerra, con el consentimiento de Felipe González, a condicionar su apoyo al Gobierno a que Andalucía accediera a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución.

El reordenamiento del proceso autonómico, planteado por UCD con criterios de sentido común, iba a significar el principio de su desintegración y de su pérdida de arraigo popular. El agravio comparativo con otras regiones iba a despertar insospechados sentimientos autonomistas, recelos y disgustos que se trasladarían tanto al grupo parlamentario como al propio partido y al Gobierno. A primeros de diciembre, el diputado Pedro Pegenaute y el senador Monge, ambos navarros, renunciaron a su escaño, en desacuerdo por la que consideraban débil política de UCD frente al nacionalismo vasco, obsesionado históricamente con incluir Navarra entre sus territorios. Por otra parte, la corriente crítica que empezaba a cristalizar en el partido y que aglutinaba tanto a las tendencias originarias de UCD como a los agraviados, o sencillamente contrarios, a la línea política seguida e implantada por el tándem Suárez-Abril, aprovechó la ocasión para fomentar la división interna y aducir la exigencia de una mayor energía y personalidad propia en las decisiones políticas. En el seno del Gobierno, la armonización autonómica tuvo un declarado enemigo: el ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, como presidente de la UCD de Andalucía, veía su situación claramente comprometida. Durante los meses de noviembre y diciembre de 1979, Clavero Arévalo no se recatará de denunciar la injusticia que se puede cometer con Andalucía, recurriendo —como su rival electoral Rafael Escuredo— a la más fácil y devastadora demagogia del agravio comparativo. Preocupado por la acumulación de problemas, Suárez desoyó los consejos que otros ministros de UCD con arraigo electoral en Andalucía le transmitían, instándole a cesarle antes de que se convirtiera en una víctima y en un problema aún mayor. García Díez, García Añoveros y Landelino Lavilla —diputados por Cádiz, Sevilla y Jaén, respectivamente— le pidieron reiteradamente a Suárez que cesara a Clavero Arévalo, sin éxito. La crisis del referéndum andaluz tendrá su momento álgido en el mes de enero, y será el principio de un largo calvario que llevará a UCD a su desmoronamiento y a Suárez a su dimisión, solo un año después.

Pero relatado ya el proceso de reordenación autonómica, y antes de que llegue el último día de 1979, hay que citar un episodio que afectó seriamente a Suárez y a UCD: el secuestro del diputado Javier Rupérez. El 11 de noviembre, cuando salía de su casa para dirigirse al Hotel Monte Real, donde desde hacía dos días se celebraba una convención de partidos democristianos iberoamericanos, organizada por la Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD, Rupérez fue capturado por un comando de ETA (p-m). Durante el tiempo que duró su cautiverio, el entorno familiar y las excelentes relaciones políticas que Rupérez mantenía desde su oposición al franquismo se volcaron en una campaña por su liberación, movilizando a políticos como Carlos Garaicoetxea, Felipe González, Juan María Bandrés, Joaquín Ruiz-Giménez y hasta al presidente del Gobierno. La propia hermana del diputado, Paloma, llegó a viajar al País Vasco para establecer contacto con los grupos afines a ETA, viviendo una experiencia de imposible olvido. La comisión por la liberación de Rupérez estuvo presidida por Ruiz-Giménez, que años después ha recordado las condiciones que Adolfo Suárez fijó para su mediación: «El presidente Suárez nos señaló dos puntos muy claros: que no habláramos para nada de rescate ni de excarcelaciones, que era una de las condiciones expuestas por ETA (p-m) para su liberación. De los que estuvimos en aquella comisión, todos estamos convencidos de que no hubo rescate alguno». En lo referente a las excarcelaciones, Ruiz-Giménez ha declarado: «Dijimos que no a los secuestradores, pero nos comprometimos a actuar como defensores de ellos en cuanto comparecieran ante los tribunales» [386].

Estas precisiones de Ruiz-Giménez fueron realizadas para salir al paso de la versión ofrecida a El País por el diputado y portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, según el cual la liberación de Javier Rupérez se consiguió previo pago de un rescate, con cargo a los fondos reservados, que realizó el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá.

Joaquín Ruiz-Giménez, que junto con el periodista Pedro Altares y la diputada Francisca Sauquillo integraron la comisión por la liberación de Rupérez, ha precisado años después que «hubo un primer momento en que se habló del pago de un rescate. La cantidad osciló en torno al millón de pesetas de la época, y fue propuesta por los terroristas en su primer comunicado tras el secuestro», pero precisó: «después no se volvió a hablar del tema porque quedó claro que no íbamos a pagar ningún rescate. Categóricamente se rechazó» [387].

Ruiz-Giménez ha valorado positivamente la colaboración del entonces diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, que les puso en contacto con familiares de etarras «polimilis» para que presionaran a estos. Sobre la excarcelación de los siete «polimilis» que estaban presos, y que la organización reclamaba a cambio de la liberación de Rupérez, Ruiz-Giménez aseguró que «Suárez me dijo que nada de excarcelaciones y que seguirían los procesos judiciales hasta que hubiera una sentencia de los jueces». Para reafirmar su versión, el catedrático Joaquín Ruiz-Giménez recuerda que él mismo defendió a uno de los presos de ETA (p-m), Iñaki Aguirre, y que este le llamó el mismo día que se publicaron las declaraciones de Anasagasti para decirle que estaba convencido de que no hubo rescate alguno por la liberación de Javier Rupérez.

La reaparición, años después, de esta polémica estuvo motivada por la oleada de escándalos que llenó el último Gobierno de Felipe González, en relación con el abuso de fondos reservados, y para denunciar —según Anasagasti— que en la época de UCD también se habían utilizado.

Javier Rupérez fue liberado por sus secuestradores el miércoles 12 de diciembre, justo un mes después de su captura.

El año 1979 concluye con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, decisivo marco para encauzar los derechos y deberes de los productores, en el nuevo marco constitucional, y que vio la luz varios meses después de haber sido incluido en los Pactos de la Moncloa. El Parlamento se ocupó también, en el trimestre final, del Estatuto gallego, que quedó ultimado el 22 de noviembre, después de un intenso debate de más de diez horas de discusión.

Pero las últimas semanas del año también fueron propicias para que las altas instituciones trataran de templar el ánimo encendido de algunos de sus más notorios y emblemáticos militares; durante todo el mes de noviembre, la inquietud por una actitud beligerante de algunos mandos militares se había apoderado de los cenáculos madrileños. En su minucioso diario, Manuel Fraga tiene anotadas estas dos observaciones: «Martes 30 de octubre: reunión con amigos militares: la situación política divide el Ejército por edades: generalato, jefes, oficiales, empiezan a tener todos dificultades con todas las instituciones, incluso la Suprema. Reunión de la Comisión de Defensa del Congreso: enfrentamientos con Carrillo, Múgica y el propio ex comandante Busquets. Yo creo que no son conscientes de la tensión profunda del momento». Y esta otra: «Viernes 16 de noviembre: siguen los rumores (y más que rumores) sobre consultas militares» [388].

En buena lid, Manuel Fraga debió de informar de «esas consultas» a Adolfo Suárez, cuando este le recibió en el palacio de la Moncloa el martes 18 de diciembre, y al propio Rey, cuando le invitó a la Zarzuela el día 24, solo cuatro días antes de que don Juan Carlos recibiera en la Zarzuela al teniente general Milans del Bosch en audiencia privada y en la que —según Charles Powell— «tuvo que apelar a su lealtad a la Corona para garantizar su obediencia al orden establecido» [389].

Pero el malestar que vivían los altos mandos militares exigió que pocos días después el Rey recibiera también a una amplia representación de la División Acorazada, presidida por el general Torres Rojas, quien le transmitió su indignación ante el asesinato de militares y las constantes injurias a la bandera. «El Rey —según Powell— insistió una vez más en que debían afrontar la crisis juntos y disciplinados» [390].

Termina 1979. ETA había asesinado a 119 personas, treinta y una más que el año anterior. En 1980 sería aún mayor el número de víctimas.

Adolfo Suárez hizo balance durante sus cortas vacaciones de Navidad, antes de viajar a Iberoamérica en los primeros días de enero. Se sentía satisfecho de la sacrificada tarea de UCD, obligada a gobernar muchas veces desde la incomprensión y con el objetivo puesto —exclusivamente— en ir introduciendo en la conciencia colectiva los modos de gobernar alejados de la demagogia y el autoritarismo.

Hecha a su imagen y semejanza, UCD imitaba en su comportamiento público al mejor estilo de su inspirador y líder, sirviendo de amortiguador de la velocidad del PSOE —superada con éxito su crisis de mayo— y de la crítica ansiedad de la derecha, y de difícil intérprete del mandato constitucional. Suárez sabía que la reconducción del proceso autonómico iba a aislarle del PSOE, con el que había recorrido muchos de los tramos del largo camino por la constitución de un Estado de Derecho, y creía que todavía no era el tiempo de que el Gobierno aplicara siempre su propia política, porque el sistema democrático tenía enemigos comunes a los que había que hacer frente desde una misma trinchera.

Como ha escrito Miguel Ángel Aguilar, «Reconozcamos que en el mejor Suárez, artífice de la Constitución, siempre pesó más la salvaguardia del sistema que la perpetuación en la poltrona», y que frente a la crisis del PSOE, «Suárez, que hubiera podido apostar por el ala radical socialista y favorecer una alternativa a González dentro del PSOE, no apta para llegar al Gobierno, prefirió favorecer a Isidoro, convencido de que una alternativa viable es condición necesaria para la credibilidad del sistema».

Creía Suárez también que la situación económica iba mejorando y que la política exterior española se basaba en el éxito de la transición política, de la que se sentía legítimamente orgulloso, y estaba convencido de que la amenaza del golpismo era cierta, porque conocía informes de los servicios secretos que le confirmaban la existencia de reuniones de altos mandos militares. El presidente del Gobierno sabía que la situación era difícil, pero con su mejor ánimo se dispuso a seguir defendiendo el imperio del poder civil sobre el militar. Sus relaciones con el Rey seguían siendo buenas, aunque en los últimos meses habían surgido algunos momentos de recelo, con motivo de los cada vez más insistentes rumores de que los militares exigían al Rey que situara al frente del Gobierno a un compañero de armas. Pero le preocupaba sobre todo que ETA siguiera matando con esa aparente impunidad y que los esfuerzos policiales y políticos realizados no acabaran de dar resultado, porque sabía que el golpismo militar se alimentaba —curiosa y trágicamente— de la propia sangre derramada por los servidores de la patria.

Suárez ya sabe en enero de 1980 que su enemigo principal no es el PSOE, ni siquiera la falta de cohesión interna de su partido; tampoco lo es Fernando Abril, pese a que sus más inmediatos colaboradores le han estado enfrentando con su todopoderoso vicepresidente. Su enemigo real es el golpismo, fórmula tradicional de los militares españoles de acabar con los gobiernos liberales en la Historia de España. Y también sabe que esos generales y coroneles tienen en ETA su principal aliado, y que llevados de su malestar y de su creencia de ser intérpretes de un mandato superior, serán capaces de captar para su causa a cada vez más sectores sociales, periodísticos y políticos, e incluso de perturbar su relación con el Rey, al que tratarán, cada vez más, de involucrar en una disyuntiva patriótica.

Suárez confiaba en la energía y convicción de Su Majestad para hacer «oídos sordos» —como lo había demostrado antaño— a tanto «canto de sirena», y en la capacidad de su vicepresidente Gutiérrez Mellado para la dirección —compartida con el ministro Rodríguez Sahagún— de las Fuerzas Armadas. Cuando se quiso proponer a Milans del Bosch como capitán general de Madrid, Gutiérrez Mellado y Rodríguez Sahagún optaron por nombrar al general Quintana Lacaci. Cuando Milans del Bosch aspiró a ser nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el militar elegido fue Gabeiras Montero, aunque para ello hubiera que ascender a todos los que le precedían. Y cuando Ibáñez Freire fue designado director de la Guardia Civil, la Subsecretaría del Ministerio del Ejército rechazó el recurso planteado por Milans del Bosch. Cuando el Gobierno le nombró capitán general de la III Región Militar, con sede en Valencia, en octubre de 1977, le quedaban tres años de vida activa, antes de pasar a la escala B.

El trabajo de Gutiérrez Mellado y Rodríguez Sahagún fue encaminado a construir una estructura eficaz y leal de los servicios secretos; de ahí la creación del CESID, a cuyo frente situaron primero al general José María Bourgón y después al general Javier Calderón, con su principal colaborador, el general Gerardo Mariñas. Con ello se consiguió neutralizar los servicios de información del coronel José Ignacio San Martín, integrado por coroneles y tenientes coroneles provenientes del antiguo Servicio de Documentación de Presidencia, y los que en los últimos años había implantado el comandante José Luis Cortina Prieto. Además de estos servicios, que no se fiaban entre sí, el Ministerio del Interior disponía de dos redes de confidentes: los de la Guardia Civil y de la Policía.

Fue precisamente uno de los agentes del CESID quien descubrió, en el otoño de 1979, que se habían mantenido contactos entre altos jefes militares de la División Acorazada Brunete —al mando del teniente general Luis Torres Rojas— y de la BRIPAC —Brigada Paracaidista—, a cuyo frente figuraba el general Ángel Mendizábal. En esas reuniones secretas se habían producido escenas de alta tensión, juramentándose los presentes a vengarse de ETA si alguno de ellos sufría un atentado; también se habían pronunciado durísimas condenas de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, que —en su opinión— simbolizaban su independencia de España.

Pero en una de estas reuniones de altos mandos de la DAC y la BRIPAC se llegó a elaborar un plan para asaltar el palacio de la Moncloa con una unidad paracaidista, al mismo tiempo que la División Acorazada tomaba la capital. El plan pretendía derribar a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y sustituirle por un general, liberando al coronel Tejero y al comandante Sáenz de Ynestrillas [391]. Ya anteriormente —el 6 de diciembre— el general Mendizábal se entrevistó con el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gabeiras, para solicitarle concediera a Tejero y Sáenz de Ynestrillas la prisión atenuada, gracia que de hecho obtuvieron dos días después.

Todavía los medios de comunicación se hacían eco de las palabras pronunciadas por el Rey con motivo de la Pascua Militar, exhortando a las Fuerzas Armadas a mantenerse disciplinadas y reiterando su defensa de la unidad nacional, cuando el viernes 26 de enero de 1980 Diario 16 afirmaba en portada que el general Torres Rojas había sido cesado como responsable de la División Acorazada y destinado a la Capitanía General de La Coruña, al descubrirse que había urdido un plan para derrocar al Gobierno. El director de Diario 16, Miguel Ángel Aguilar, se encontraba a mediodía en el Restaurante Mayte Commodore, de Madrid, junto al director general de la Seguridad del Estado, Luis Alberto Salazar-Simpson, cuando a este le llamó indignado el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún. Advertido por Salazar del motivo del enfado del ministro, que no era otro que lo publicado por su periódico, Aguilar regresó a Diario 16, donde se encontró con una citación judicial de un juzgado militar.

El lunes siguiente, el editor del Grupo 16, Juan Tomás de Salas, exigió a Miguel Ángel Aguilar su dimisión, alegando que se encontraba en una situación desesperada y que la información publicada había creado alarma en el Gobierno. Miguel Ángel Aguilar fue destituido meses después, pero sus revelaciones eran auténticas; por entonces, UCD sostenía económicamente a Diario 16 y en su consejo de administración se sentaban cuatro consejeros: Federico Ysart, Miguel Domenech, Álvaro Alonso Castrillo y Javier Rupérez.

Apenas pudo Adolfo Suárez viajar tranquilo a Iberoamérica en los primeros días de enero, porque al conocimiento previo de los movimientos de inquietud en los patios de banderas se unió el creciente malestar que en el seno de UCD estaba originando la postura del ministro de Cultura, Clavero Arévalo. Además, el 10 de enero, ETA volvía a la carga asesinando en Vitoria al jefe de los «miñones» de Álava —la policía foral—, Jesús Velasco.

Por estas razones, su viaje a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Jimmy Carter, el 13 de enero, quedó algo difuminado, pese a su trascendencia. Animado por otros líderes europeos, a los que había revelado la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, en el contexto de las relaciones del mundo occidental con Oriente Medio y con Iraq e Irán, Suárez viajó a Washington, para compartir con el presidente americano su visión premonitoria de lo que podría significar el bloqueo económico y financiero del mundo occidental.

A su regreso, Suárez se encontró sobre la mesa el problema «andaluz». Roto el acuerdo con el PSOE —pese a la coincidencia teórica en el medio plazo—, la Ejecutiva de UCD, convocada para el 15 de enero, debía decidir su propuesta de cara al convocado referéndum para la autonomía de Andalucía, previsto para el 1 de marzo. Ya se había entrevistado Suárez con el presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, para discutir la fecha de la convocatoria, justo antes de su viaje a Estados Unidos, y a su regreso, la mañana de la reunión de la Ejecutiva de UCD, Manuel Clavero le pidió que la retrasara y sobre todo que tratara por todos los medios de impedir que UCD acordara pedir la abstención en el referéndum. Era demasiado tarde. Convencido por sus ministros Pérez-Llorca y Arias-Salgado, Suárez y UCD cometieron, la tarde del 15 de enero de 1980, un grave error estratégico, bienintencionado y con altura de miras, pero de nefastas consecuencias, porque el hombre y el partido que habían tenido una participación clave y decisiva en la restauración democrática no podían ahora pedirle a la ciudadanía andaluza que no fuera a votar.

Además de este error, Suárez permitió que Clavero Arévalo siguiera los pasos de Rafael Escuredo y, en lugar de cesarle, dejó que dimitiera al día siguiente del acuerdo de la Comisión Ejecutiva, por el que UCD aprobaba que todas las regiones con autonomía pendiente siguieran la vía del artículo 143 de la Constitución, y en el que se pedía la abstención en el referéndum de Andalucía. La Ejecutiva de UCD delegó en Pérez-Llorca y Arias-Salgado la redacción del texto de la pregunta institucional, cuyo primer borrador fue elaborado por el catedrático y futuro ministro adjunto de Administración Territorial, Sebastián Martín Retortillo. En la sede de la Vicepresidencia este escrito pareció «oscuro», por lo que fue sometido a una cura de «transparencia» a cargo de Pérez-Llorca y finalmente del propio Landelino Lavilla. Quedó así: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?». Demasiado enrevesado incluso para los más versados constitucionalistas.

Pese a tener todas las bazas a su favor, el «tirón» de Manuel Clavero Arévalo resultó escaso y solo le siguieron en su dimisión dos altos cargos del partido en Sevilla, el senador Manuel Fombuena y Ginés López Cirera. La UCD de Sevilla decidió no hacer campaña, mientras que los restantes militantes de UCD en Andalucía pasaron por el calvario de convocar a sus simpatizantes para decirles —como rezaba la propaganda institucional— que «Andaluz, este no es su referéndum».

El 18 de enero, viernes, el Consejo de Ministros aceptó la dimisión del ministro de Cultura, nombrando para sucederle —ante el asombro general— a Ricardo de la Cierva, el historiador que con tanto «entusiasmo» había recibido —solo tres años antes— el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno con un desventurado artículo titulado «¡Qué error, qué inmenso error!». El error fue de Suárez al nombrarle, pues pronto De la Cierva se convertiría en uno de los más activos miembros del movimiento crítico. La «minicrisis» gubernamental se saldó con el nombramiento de José Pedro Pérez-Llorca como ministro de Relaciones con las Cortes y de Rafael Arias-Salgado como ministro adjunto a la Presidencia. Abril seguía llevando la voz cantante en los nombramientos.

En su desesperado intento de neutralizar la campaña del PSOE, PCE y PSA, en favor del voto afirmativo, UCD llegó a prohibir a los medios de comunicación social del Estado, la antigua cadena de periódicos del Movimiento, y a TVE contratar publicidad favorable al sí, y no cedió espacio gratuito en los medios institucionales al presidente de la Junta de Andalucía. La campaña del PSOE se basó en pedir el voto afirmativo, acusando a UCD de discriminar a los andaluces. Alianza Popular, de nuevo aglutinada en torno a Manuel Fraga, entendió la actitud de UCD, pero tampoco se excedió en la campaña abstencionista.

Quien escribe estas líneas acompañó —como había hecho en la campaña a las elecciones generales— al ministro de Comercio y Turismo, Juan Antonio García Díez, diputado por Cádiz, por los pueblos de toda la provincia gaditana, contemplando cómo el «error andaluz» amenazaba con ser el principio de una hecatombe electoral y el comienzo de la futura división interna del partido.

Y llegó el 28 de febrero —Día de Andalucía, para mayor escarnio—, y pese a que el Gobierno ganó el referéndum, al haber dos provincias —Jaén y Almería— que no cumplieron el requisito exigido de votar afirmativamente más del 50 por 100, el revés electoral y político resultó evidente a los ojos de toda la opinión pública y de los cada vez más hostiles medios de comunicación, que empezaban a ver cómo a Suárez se le acababan los «conejos» de la chistera y cómo parecía un hombre a la defensiva, encerrado en la Moncloa y dominado por el todopoderoso vicepresidente para Asuntos Económicos, Fernando Abril Martorell.

De la falta de eco que encontró la propuesta de UCD de pedir la abstención es prueba meridiana que en las elecciones generales de 1979, en Andalucía, la abstención había sido del 31 por 100; en las municipales de abril del mismo año ascendió al 39 por 100, para ser solo del 36 por 100 en el referéndum andaluz.

El «error andaluz», como se le conoció en los medios de comunicación, tuvo que ser enmendado meses después —en octubre de 1980—, cuando a iniciativa del PSOE, UCD, PCE y PSA se presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que reconocía la iniciativa autonómica a Almería, para que se incorporara al proceso autonómico de las otras provincias andaluzas. Un recurso electoral presentado en Jaén por el PSOE había permitido que esa provincia superase el 50 por 100 de votos afirmativos. Como concluiría el profesor Attard: «... El PSOE se pegó a la tierra y donde había dicho blanco diría negro, y donde había dado su conformidad al número 4 del artículo 8 de la Ley de Referéndum en la Comisión Constitucional del 28 de diciembre, pudo luego decir lo contrario, sin asumir las consecuencias de nuestros errores, variar la postura, componer la figura y convertirse a su conveniencia en el abanderado de una autonomía que jamás sintió; pero que aprovechó con creces en el futuro político de Andalucía...» [392].

Fraga concluye en su En busca del tiempo servido: «Fue un error [el referéndum andaluz] doble y grave de Suárez: creer primero que el empuje de los nacionalismos se arreglaba no plantándoles cara, sino haciendo “café para todos”; y luego, dar marcha atrás y decir que café para unos y recuelo para los demás» [393].

Se había iniciado, según las cabezas más clarividentes de UCD, el declive del gran proyecto de centro. A partir del fracaso en el referéndum andaluz, el PSOE empezaría a darse cuenta de que con solo apretar un poco caía Suárez, o por lo menos Abril.

10
LA MOCIÓN DE CENSURA, EL PRINCIPIO DEL FIN

Sin casi tiempo para asimilar la situación creada tras el referéndum andaluz, el Gobierno de Adolfo Suárez presentó en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Centros Escolares, cuyo debate iba a significar un fuerte enfrentamiento ideológico en el seno de la propia UCD, entre los sectores democristiano y socialdemócrata, los más activos en la defensa de sus propios postulados. Pero el Estatuto de Centros Escolares tuvo un ponente democristiano de altura, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que se enfrentó al socialista Luis Gómez Llorente y a la diputada comunista Eulalia Vintró sin complejos, haciendo una ardorosa argumentación en favor de la enseñanza privada, hasta el extremo de despertar el recelo del sector socialdemócrata, que ya empezaba a sentirse incómodo en UCD. Dado que se trataba de una ley orgánica que exigía mayoría absoluta, y pese a que Herrero había consensuado el proyecto de ley con los diputados de AP, Fernando Abril se vio obligado a intervenir en el Pleno del 13 de marzo, para —en palabras de Emilio Attard— «garantizar a los socialdemócratas de UCD el pagaré de la financiación de la enseñanza oficial». En este mismo Pleno, Alfonso Guerra tomó la palabra para denunciar que el Estatuto de Centros Escolares «dividía al país», reconociendo que «en materia de educación no era posible el pacto».

La intensidad del debate fue tal que su publicación ocupó más de mil páginas del Boletín Oficial de las Cortes, siendo la ley más debatida en aquel Parlamento. La votación final se produjo ya de medianoche. Según Emilio Attard, «el Estatuto de Centros fue un dispositivo de confrontación muy trascendente en los acontecimientos de la primavera de 1980»; por su parte, años después, Fernández Ordóñez declararía que «en marzo de 1980 se hizo una de las concesiones más importantes en este Estatuto, confesional y clasista, a los sectores más conservadores del país. La votación se produjo después de un debate interno muy fuerte en el que nosotros exigimos al entonces vicepresidente, Abril Martorell, subir a la tribuna del Congreso para declarar la prioridad de la enseñanza pública y la promesa de un sistema progresivo de financiación de la enseñanza privada».

El Estatuto de Centros Escolares fue aprobado con 187 votos a favor, y entre ellos el de Francisco Fernández Ordóñez, que antes de dar su «sí» dudó unos instantes. Los socialistas que le habían «animado» a desmarcarse de la derecha de UCD le dedicaron algunos pitos, decepcionados. UCD exigió que la votación fuera pública, para evitar fugas.

El día antes, Francisco Fernández Ordóñez había presentado en público su libro La España necesaria, fruto de sus reflexiones desde que dejara el Gobierno en abril de 1979 y se instalara en su despacho de la calle Serrano, esquina a Ortega y Gasset, para hacer inventario de sus huestes en UCD, tarea en la que colaboraban Javier Moscoso, Antonio Santillana, José Luis Zavala, Pedro García Trelles, Juan Ignacio Sáenz Díez, Federico Esteve, Daniel de Linos y el autor de este libro, entre otros muchos, que servíamos de enlace con el escalón superior, integrado por el propio Paco Ordóñez, Juan Antonio García Díez, Enrique García Romeu, Carlos Bustelo, Dionisio Martínez y Mariano Rubio, recién nombrado subgobernador del Banco de España por el vicepresidente Abril Martorell.

Mantenía Fernández Ordóñez en esos momentos una actitud «crítica» hacia UCD, a la que veía abocada a un deslizamiento por su derecha, por la fuerza de la composición de su grupo parlamentario y de su base electoral; para él era inevitable un acuerdo UCD-Fraga y reconocía que su presencia en UCD se justificaba por su apoyo personal y afectivo al presidente Suárez, y por seguir luchando por que UCD siguiera siendo una opción reformista que cubriera el espacio electoral del centro-izquierda.

Para nadie era un secreto que las distintas familias democristianas hacían lo propio, reunirse, criticar a las demás tendencias, insistir en la denuncia del omnímodo poder de Abril y su «empresa» —Arias-Salgado, Pérez-Llorca— y denunciar el aislamiento voluntario de Suárez, atrincherado en la Moncloa con sus «fontaneros», Alberto Aza, Josep Meliá, Eugenio Bregolat, Alberto Recarte, Josep Coderch y Aurelio Delgado.

Pero el 9 de marzo UCD tenía una nueva cita con las urnas, y esta vez era en terreno claramente hostil: el País Vasco, que ese día celebraba sus primeras elecciones autonómicas. Suárez sabía que no podía obtener un buen resultado, porque, de acuerdo con su diseño del Estado autonómico, había ofrecido al PNV y a sus dos líderes, Xabier Arzallus y Carlos Garaicoetxea, todas las bazas para que el nacionalismo moderado asumiera el compromiso y la responsabilidad de la gobernación, y, si era posible, la pacificación de Euskadi. En su política de construir el Estado apoyado en los dos grandes nacionalismos —vasco y catalán—, a los que quería hacer corresponsables de la gobernación del país por la vía de acuerdos puntuales o a través de pactos de legislatura, Suárez sabía también que las elecciones autonómicas en el País Vasco no podían interpretarse como un plebiscito de su tarea de gobierno, ni siquiera de su política en relación con el País Vasco. La «generosidad» de su concepción no podía encontrar eco en una comunidad asediada por la ambigüedad del nacionalismo, aterrorizada por el contumaz terrorismo etarra, y que desde principios de 1979 había encontrado una nueva justificación a sus acciones, por la aparición del contraterrorismo español que, a través de las siglas BVE (Batallón Vasco Español), había realizado algunos atentados e incluso había llevado a cabo uno contra el dirigente etarra Domingo Iturbe, Txomin. El miércoles 13 de febrero, Fraga anotaba en su diario: «Reuniones parlamentarias; la gente se pregunta en los pasillos qué es esa nueva entidad llamada Batallón Vasco» [394]. Además, la ilusión por constituir el primer Parlamento vasco desde la guerra civil animó a los ciudadanos vascos a votar opciones ideológicas próximas y a dirigentes que tuvieran raigambre local. El resultado de las elecciones vascas fue una victoria del PNV, que sumó 350.286 votos, frente a los 275.292 y 303.931 alcanzados, respectivamente, en las elecciones generales de 1979 y 1977. El PSOE, que durante la preautonomía había mantenido una actitud muy «nacionalista», se mantuvo en tercer lugar, con 130.543 votos, aunque muy alejado de los 190.235 que había obtenido en 1979. Lo preocupante de las elecciones fue el extraordinario resultado de la coalición abertzale Herri Batasuna, que sumó 152.162 votos, tres mil votos más que en las elecciones de 1979. Solo una histórica contradicción podía motivar que cuanto mayor era el grado de autogobierno de Euskadi y mayor también la generosidad de «Madrid», obtuviera más votos el brazo político de ETA. UCD alcanzó 78.310 votos, frente a los 168.607 y 129.590 que había sumado en las elecciones generales de 1979 y 1977, respectivamente. También experimentó una notable mejoría la formación de la izquierda abertzale Euskadiko Ezkerra. AP subió algo respecto a las elecciones generales de 1979, pero aún quedaba alejada del voto «español» recogido por UCD y el PSOE.

Y si con motivo del referéndum andaluz la revista Cambio 16 había titulado en portada «Primer fracaso: patinazo andaluz», al conocer la votación de las elecciones al Parlamento vasco, insistió en otra portada claramente contraria, «Segundo fracaso... y viene Cataluña», ilustrada con dos fotografías de un Suárez preocupado.

Aún habría una tercera portada negativa —«Patinazo catalán. Y van tres»—, porque solo dos semanas después de las elecciones «vascas» fue Cataluña la que votó por vez primera a sus representantes en el Parlament de Catalunya, eligiendo así a su president de la Generalitat. Y con los matices y diferencias propias entre Euskadi y Cataluña, que son muchos, el resultado electoral tuvo, sin embargo, un gran parecido, al resultar vencedor claro de los comicios el nacionalismo de la coalición electoral Convergència i Unió, que sumó 754.749 votos y 43 escaños, con un porcentaje de voto del 27,67 por 100. Jordi Pujol y Miquel Roca, como Carlos Garaicoetxea y Xabier Arzallus, capitalizaron para el nacionalismo catalán el enorme haber político invertido por Adolfo Suárez en Cataluña, en el planteamiento inicial de impulsar el retorno del honorable Tarradellas y en la generosidad con la que había apostado por el reconocimiento histórico de su diferenciada personalidad. Sin mediar agravios de terrorismo, ni tanta ambigüedad como atesoraba el nacionalismo vasco, Pujol y Roca habían sabido hacer valer sus votos en el Parlamento de Madrid, prestando o retirando su apoyo a Suárez para mantenerle siempre interesado en mostrarse abierto a sus demandas. En vísperas de las elecciones, en un alarde de optimismo, Fernando Abril había pronosticado que UCD subiría tres o cuatro puntos respecto a las elecciones generales de 1979, cuando en realidad perdería hasta cinco en Barcelona, y en total 283.471 votos. El PSC perdió 267.000 votos, pero siguió siendo la segunda formación política más votada, por delante de los comunistas del PSUC, repartiéndose, respectivamente, 33 y 25 escaños. Esquerra de Cataluña obtuvo 100.000 votos más que en las elecciones generales.

El presidente del Gobierno hizo campaña, y durante meses estuvo pensando si apoyaba la opción de ofrecer al honorable Tarradellas la cabecera de lista de UCD por Barcelona, pero encontró en Pujol una oposición feroz. El máximo dirigente de Convergència había visto que llegaba el gran momento de ser el president de la Generalitat y no estaba dispuesto a que Tarradellas encontrara el menor apoyo para presentarse. Creía, además, que la etapa de consenso en Cataluña, con un Gobierno de concentración en la Generalitat, había llegado a su fin. El 28 de febrero, Tarradellas había recibido a Manuel Fraga en el palacio de la plaza de Sant Jaume, manifestándole que «no encontraba apoyos suficientes en Madrid ni en Barcelona» y que, puesto que «esto va mal», no estaba dispuesto «a ser el enterrador» [395]. Pocos días después, en una cena entre Fraga y José Pedro Pérez-Llorca, este confirmaría al dirigente conservador que Tarradellas no iba a ser apoyado.

Con el resultado de las elecciones en el País Vasco y Cataluña se inauguraba una tendencia electoral que no se ha roto en los últimos dieciséis años; en los comicios autonómicos han ganado siempre los nacionalismos moderados, conservadores en unos criterios ideológicos, liberales y socialdemócratas en alguna materia económica, y «de oposición» en lo que se refiere a su relación con el poder central.

Adolfo Suárez tomó muy buena nota del resultado electoral en Cataluña y el País Vasco. Ya sabía con quién podía «entenderse» y con quiénes llegar a futuros pactos electorales o de legislatura, si el PSOE insistía —como se temía— en romper el consenso en los grandes temas de Estado. Y con humildad reconoció que se sentía satisfecho de haber contribuido a crear el Estado de las Autonomías, pero que «UCD había tomado tarde la decisión de enfocar por el artículo 143 la autonomía de todas las regiones españolas, con resultado preocupante». «Ha habido —admitió— errores de gobierno, especialmente míos. Pero son errores no respecto al proceso autonómico, sino respecto a las vías.»

En los ambientes políticos madrileños, la campaña de Cambio 16 había hecho su impacto. Detrás de su empeño en personalizar en Suárez los reveses electorales estaba el análisis político de su editor, Juan Tomás de Salas, y de su director, José Oneto, que parecían haber detectado el próximo final de Adolfo Suárez, al que encontraban se le había acabado «el gas». El primero, muy influido por el criterio de Joaquín Garrigues Walker y su entorno liberal, había empezado a apostar por la sustitución de Suárez al frente del Gobierno.

Los tres contratiempos electorales tuvieron un tremendo impacto político tanto en el seno de la propia UCD como en las demás fuerzas políticas, abriéndose un período de dudas sobre las posibilidades de que UCD fuera capaz —en solitario— de abordar la crisis de confianza que se sentía en la sociedad. Los poderes económicos, preocupados por la debilidad de Suárez y de UCD, empezaron a mover sus hilos para preparar el «después» de Suárez: por un lado, temerosos de una victoria socialista a corto y medio plazo, trataron de captar y alentar al sector menos radical del propio PSOE; por otro, su aproximación a Fraga se hizo más cordial, alentándole a forzar un entendimiento con el sector más conservador de la propia UCD. Es en los primeros días de marzo cuando la CEOE moviliza sus piezas en estas dos direcciones y cuando su tesorero, José Antonio Segurado, y sus dirigentes, Carlos Ferrer Salat, principalmente, prepararon la operación de la «gran mayoría».

En los sectores militares, la crisis de Suárez y de UCD les servía de nueva coartada para exigir un cambio de rumbo, la restauración de criterios de dureza y la implantación de un Gobierno de gestión, a cuyo frente figurara una destacada personalidad militar. De hecho, el terrorismo iba a continuar siendo —junto con la amenaza independentista— la principal inquietud que moverá al pronunciamiento público, como el que el 18 de marzo realizó el teniente general De Santiago y Díez de Mendívil a través de las páginas de El Alcázar, y que sería el primero de la larga serie de invocaciones al golpe militar que realizaría el periódico alentado y financiado por la Confederación de Ex Combatientes, presidida por el ex ministro de Trabajo franquista José Antonio Girón de Velasco.

A lo largo de 1980, ETA asesinaría a 123 personas, la cifra más alta de todos los años de la transición, y entre enero y julio los atentados contra las Fuerzas de Orden Público se hicieron cotidianos, llegando a sumar 68 muertos, uno cada tres días. El 1 de febrero —justo el mismo día en que el teniente general Sáenz de Santamaría tomaba posesión de su cargo de delegado especial del Gobierno en el País Vasco—, en Lequeitio caían asesinados seis guardias civiles; el 17 de marzo, ETA atentó contra el general Esquivias, que salvó su vida de milagro; el 12 de mayo es Ramón Baglietto —amigo personal de Marcelino Oreja— el que cae asesinado; el 15 y el 16 de mayo murieron tres policías y dos guardias civiles.

En este contexto, dentro de UCD empieza a cundir el desánimo, se acrecientan las tensiones, y mientras los socialdemócratas empiezan a mirar al PSOE, los democristianos y algunos de los liberales creen llegado el momento de que alguno de sus mejores hombres se constituya en alternativa interna a Suárez, al mismo tiempo que se aproximan a Fraga. Parece evidente para todo el mundo que UCD no puede seguir gobernando en solitario, y, para analizar la situación política creada tras las elecciones autonómicas, Suárez recurre a los estatutos del partido, constituyendo la Comisión Permanente, en la que se integrarían Fernando Abril Martorell, Rafael Arias-Salgado, Rafael Calvo Ortega, Pío Cabanillas, Joaquín Garrigues —ya muy enfermo—, Fernando Álvarez de Miranda, José Pedro Pérez-Llorca, Rodolfo Martín Villa, Francisco Fernández Ordóñez y Landelino Lavilla. Este «supergobierno» se reunió por primera vez el 24 de febrero y, en opinión de Emilio Attard, «supuso la vuelta al poder de los jefes de las familias», que de hecho habían sido marginados por Fernando Abril. En esta primera convocatoria, Martín Villa se mostró especialmente crítico con la acción de gobierno de UCD y de Suárez, al que —sin embargo— siguió considerando imprescindible. Según la versión que de la reunión ofrece Josep Meliá, Joaquín Garrigues le dijo al presidente Suárez: «Mira, presidente, vamos a hablar a calzón quitado diciendo lo que se piensa con sinceridad. Se ha producido un proceso de concentración de poder personal; es el presidente quien resuelve y quien delega y aquí no nos enteramos de nada más que por los periódicos: o hacemos una banda y gobernamos contigo, o gobiernas tú solo... Yo no me presto de otro modo a ser corresponsable y me tengo que ir a la oposición del presidente del partido». Por su parte, Fernández Ordóñez insistía en volver al espíritu del 15 de junio de 1977, es decir, a la corresponsabilidad del poder.

La crítica de Garrigues contra Suárez tenía fundamento, pero resultaba un tanto patética, porque desde hacía un año los médicos le habían detectado un cáncer incurable. Todo el mundo, menos él, sabía que Joaquín Garrigues tenía pocos meses de vida, y en estos meses previos a su muerte sus relaciones con el presidente Suárez se deterioraron gravemente, hasta el extremo de que, además de su influencia sobre la crítica del Grupo 16, «de su despacho —como afirma Josep Meliá— salieron infinidad de rumores, de noticias y de filtraciones. Garrigues fue siempre buen amigo de los periodistas, facilitando su trabajo con confianza y buen humor, y estos le correspondieron. Muchas de las gacetillas atribuidas a “fuentes próximas a la Moncloa” o por “un alto cargo del Gobierno” estaban en realidad inspiradas por él. Su ofensiva contra Suárez, a pesar de todo, no fue frontal por entero hasta que supo a ciencia cierta que la muerte le pisaba los talones. Quiso que su testamento político tuviera grandeza, y activó el mecanismo contra el presidente. De sus labios, en núcleos empresariales y profesionales, se escucharon condenas sin apelación» [396].

Por humanidad, Suárez —que conocía la inminente muerte de su ministro adjunto— no podía responderle, y llevó con dignidad y comprensión los ataques que le dedicaba Garrigues, y que se habían iniciado el 1 de julio de 1979 con un artículo, publicado en El País y titulado «El Pelícano», en el que divagaba con su ironía e inteligencia habituales sobre la penuria ideológica de UCD.

Testimonio del ambiente que se vivía en UCD es que, el 25 de febrero, el portavoz del grupo parlamentario, Antonio Jiménez Blanco, almorzaba con Manuel Fraga para expresarle su preocupación por la actitud del grupo «socialdemócrata» de UCD, y para ofrecerle una irónica definición de estos por su similitud con los rábanos: «Rojos por fuera, blancos por dentro y siempre cerca del pan y la mantequilla». Asimismo Ricardo de la Cierva se sentó en los primeros días de marzo a la mesa del líder natural de la derecha española, al que expresó su evidencia de la escisión interna de UCD.

También la preocupación militar encuentra testimonio en la evocación íntima de Fraga, y así, el 4 de febrero, el presidente de AP escribió en su diario: «Cena preocupante con mis viejos amigos de GODSA, que ven agravarse el descontento militar. Según ellos, se está discutiendo si es “golpe” o “presión”; pero las cosas no pueden continuar así, sobre todo en materia de terrorismo». Y el 12 de abril la anotación reza así: «Mientras aumenta la preocupación de los militares, se alienta insensatamente la presión para la desmilitarización de la Guardia Civil. Se habla de un “papel” de bases para la “presión institucional” del estamento militar cerca de las supremas instancias» [397].

En esta situación, Suárez dedicó parte de su tiempo a fomentar la política exterior española y a explicar en los foros internacionales su modelo de transición de un régimen autoritario a una democracia. Por consejo de Helmut Schmidt, con el que mantuvo siempre excelentes relaciones, superando así la histórica vinculación entre Willy Brandt y Felipe González, viajó a Washington a principios de 1980 para explicar a Carter su visión del estratégico estrecho de Ormuz y la terrible dependencia energética de Occidente respecto a Iraq. De ese encuentro con el presidente de Estados Unidos surgió su viaje al país de Saddam Hussein en febrero y el posterior de mayo a Siria y Arabia Saudí. Esta misión histórica le costó, como afirma Josep Meliá, «la hostilidad a muerte de los sectores proisraelíes y de todo el lobby judío». «En Washington y en París —continúa Meliá— se vio con malos ojos que España adoptara una política internacional con iniciativas.» «La prensa de izquierdas —según Meliá— comenzó a decir que Carter había llamado a Suárez como si fuera un gobernador de provincias y a decir que la falta de ideas en torno a la situación política interior llevaba al presidente español a ocuparse de los problemas de fuera» [398].

Hay que evocar aquí que meses antes, en uno de los mayores errores de toda su trayectoria política, una delegación del PSOE encabezada por Felipe González firmó en el Kremlin un compromiso con la entonces todopoderosa URSS por el que se juramentaba a impedir la integración de España en la Alianza Atlántica.

En este contexto interno y exterior, dos ministros del Gobierno de UCD, íntimos amigos entre sí y por los que Suárez sentía —y sigue sintiendo— gran aprecio personal y político, Juan Antonio García Díez y Carlos Bustelo, van a «dar la puntilla» al vicepresidente Fernando Abril Martorell y a desencadenar una «minicrisis» de Gobierno, que permitirá además conocer que en abril de 1980 las relaciones entre Adolfo Suárez y Fernando Abril han empezado a deteriorarse. Una tarde, ambos ministros, después de haber comido con Luis Ángel Rojo, el director del Servicio de Estudios del Banco de España y gran amigo de ambos, se fueron a la Moncloa a ver al presidente Suárez, para decirle que ya no podían aguantar más al vicepresidente Abril Martorell, porque su caótica manera de trabajar estaba perjudicando gravemente la cohesión del equipo económico. Suárez les escuchó, pero no logró convencerles de que retiraran la dimisión que le habían presentado; sí les pidió que no la hicieran pública y que esperaran a que él hablara con Fernando Abril. Pocos días después, Abril llamó a los dos ministros para decirles que estaba dolido por su actitud, pero García Díez y Bustelo no rectificaron, anunciándole el ministro de Comercio y Turismo que permanecería al margen de la política económica hasta que hubiera otro vicepresidente.

Sobre la mesa del escenario político se perfilaron dos tesis: los partidarios de aprovechar la dimisión de los dos ministros para hacer una más amplia remodelación del Gobierno, opinión compartida por Fernández Ordóñez, que por cierto no conoció con antelación la dimisión de los dos ministros correligionarios suyos del sector socialdemócrata, y por Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla y Joaquín Garrigues. Por otro lado, Fernando Abril era partidario de que la crisis se saldara con pocos cambios y con el ascenso de José Pedro Pérez-Llorca a una vicepresidencia con contenido autonómico. Pío Cabanillas respaldaba esta opinión. Hay que recordar que en estos días el Gobierno debatía el proyecto de Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pieza esencial de la articulación financiera del nuevo Estado autonómico.

El 17 de abril, José Pedro Pérez-Llorca se encuentra con Manuel Fraga, al que explica la «minicrisis» de Gobierno y el propósito de Suárez de acceder a un gran debate parlamentario en los primeros días de mayo. Pérez-Llorca sondeó la disposición de Fraga para llegar a algunos acuerdos y para mantener con Suárez una entrevista, que tuvo lugar el miércoles 23 de abril. En este encuentro, por primera vez en mucho tiempo, ambos políticos trataron de acercarse, superando pasadas diferencias. Aunque no le gustara a ninguno de los dos, el tiempo y las circunstancias políticas aconsejaban que las dos grandes formaciones del centro y la derecha aproximaran al máximo sus posiciones y trataran de encontrar puntos de coincidencia, aunque fuera solo en el terreno parlamentario, donde la presión socialista se hacía cada vez más incómoda.

Del testimonio de Manuel Fraga sobre el encuentro hay un dato decisivo: Suárez ya le habló de sus diferencias con Fernando Abril y de que Felipe González se había distanciado de él. Aparte de este dato clave, Fraga le ofreció su visión de la situación política, citándole entre otros temas la inquietud militar por el proyecto de desmilitarizar la Guardia Civil, y ofreciéndole cerrar de una vez el proceso constituyente, rechazando la presión de la izquierda y de los nacionalismos, con la creación de una fuerte organización de centro-derecha. Fraga le habló de las distintas opciones de colaboración existentes y le expuso de forma meridiana su preocupación por el deterioro del país, aunque admite que Suárez le escuchó, sin concretar sus ofertas de colaboración. Mayor eco y comprensión encontró Fraga en José Luis Álvarez, con el que comió al día siguiente, y que solo diez días después se iba a convertir en el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Ese mismo día, 24 de abril, Jordi Pujol resultaba elegido president de la Generalitat.

Cuatro días después, Fraga fue recibido por Su Majestad, al que expuso «la profunda responsabilidad que suponía verle en aquellos momentos», y su visión de la crisis de Estado —que no solo de Gobierno— y de sociedad que estaba viviendo España, ofreciéndole —como ya había hecho con Suárez— la fórmula de que UCD ya no podía gobernar en solitario, como hasta entonces. Esta entrevista del Rey con Fraga fue una de las que el monarca mantuvo con dirigentes —entre ellos, Felipe González— para conocer la crisis. En concreto, el líder socialista se lamentó ante el Rey de que Suárez tendía a comportarse más como un jefe de Estado que como jefe de Gobierno, delegando casi todas sus funciones en el vicepresidente Abril [399].

El 29 de abril, Pérez-Llorca volvió a hablar con Fraga para informarle de la solución de la crisis gubernamental y de la intención del Gobierno de celebrar los días 13, 14 y 15 de mayo un gran debate general en el Parlamento, siguiendo las pautas del artículo 143 del Reglamento de la Cámara, es decir, incluyendo la presentación de mociones.

El mismo 29 de abril, Fraga comió con el portavoz socialista Gregorio Peces-Barba, que le adelantó que el PSOE no se iba a dejar engañar con un falso debate en el Parlamento y que en él iban a ir «hasta las últimas consecuencias», anunciándole para dentro de unos ocho meses una nueva mayoría, con la incorporación de los socialdemócratas de UCD. En la cabeza de Peces-Barba ya se encontraba el proyecto de presentar una moción de censura contra Suárez durante el debate de política general. Los socialistas no podían esperar a que Suárez desalojara el poder. Había que echarle. Hay que recordar que la derrota socialista en las elecciones de 1979 había sido valorada por sus asesores alemanes como única y exclusivamente debida a la intervención en TVE que Suárez había tenido el último día, y que le había dado un millón de votos.

«Los técnicos alemanes —explica Josep Meliá— aconsejaron, en consecuencia, a sus compañeros socialistas españoles que cambiaran de táctica. Se pasó del ataque sistemático a UCD a la descalificación sin contemplaciones del principal activo con el que contaba la UCD y lo que, en definitiva, constituía su síntesis y su única garantía de unidad.» «Los alemanes —continúa Meliá— recomendaron a toda costa un Gobierno de coalición. A partir de su propia experiencia de la “grossen Koalitionen”, era la única manera posible de acceder a una victoria electoral relativa, presentándose con la cara lavada por el ejercicio sosegado y ejemplar del poder. Se pasó, así, de una estrategia que consistía en decir que la UCD era un conglomerado de ideologías y una frágil unión electoral que podía quebrarse en cualquier momento y del intento de atraerse al sector socialdemócrata del partido centrista halagando su vanidad y sondeando la posibilidad de una escisión, a la convicción de que no se produciría ningún descalabro serio de UCD hasta que no se acabara con Suárez.» «Y se concentró —concluye Meliá— toda la artillería en el ataque sin piedad contra el presidente» [400].

El PSOE presenta la moción de censura porque empieza a darse cuenta de que la crisis de UCD está soliviantando a los sectores más conservadores de la sociedad, propiciando un principio de acuerdo entre fuerzas de UCD con la derecha para frenarlas, y porque los rumores de inquietud militar han ido extendiéndose a todos los cenáculos y cualquier solución «quirúrgica» les alejaría del poder. Meses más tarde tratarían también de conocer las alternativas «extraparlamentarias» para no quedarse al margen de los movimientos en curso.

Ignorante de la estrategia del PSOE en cuanto a la presentación de la moción de censura, Suárez hizo el 2 de mayo su nueva crisis de Gobierno, que se saldó con pocos pero significativos cambios. El primero y fundamental fue que confió el Ministerio del Interior a Juan José Rosón, decisión acertadísima y que debió haber tomado ya en abril de 1979. Ibáñez Freire fue un débil ministro del Interior.

En otros niveles de Gobierno, Rafael Arias-Salgado pasó a ministro de la Presidencia, y José Pedro Pérez-Llorca, a ministro de Administración Territorial. En Industria entró Ignacio Bayón —en lugar de Bustelo— y en Comercio y Turismo lo hizo Luis Gámir, para sustituir a García Díez, con el que mantenía una histórica rivalidad, desde que en las oposiciones a técnico comercial García Díez le quitara la plaza número 1. Salvador Sánchez Terán pasaba al Ministerio de Trabajo y su lugar en Transportes lo ocupaba José Luis Álvarez. Lamo de Espinosa seguía en Agricultura, pese a que había dimitido meses antes, con motivo de una discusión con Abril Martorell, que llegó a echarle de la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En resumen, pocos cambios, y —como quería Abril— los «barones» seguían fuera del Gobierno. Rafael Calvo —otro hombre de Abril y de Suárez— era nombrado secretario general de UCD.

Para explicar los cambios de Gobierno y debatir la situación política general, el Parlamento convocó un Pleno para los días 13, 14 y 15 de mayo, que finalmente fue aplazado por el viaje de Suárez a Oriente Medio y por su deseo de asistir en Belgrado, a su regreso, al entierro de Tito. El debate estuvo precedido de las declaraciones en los medios de comunicación de dos grandes personalidades políticas, con prestigio y criterio. Por un lado, don Juan de Borbón advirtió del peligro de los nacionalismos periféricos. Por otro, Josep Tarradellas, desde su astuta sagacidad, declaró que «hacía falta un golpe de timón porque si no solo un cirujano de hierro podría salvar la situación», frase que hizo fortuna entre quienes llevaban meses viendo el modo de llevarla a la práctica, y que el honorable pronunció en metafórico sentido. Y hubo otro incidente que es preciso tener en cuenta antes de relatar la presentación de la moción de censura socialista y que es incluso anterior al cambio de Gobierno. Fernando Abril montó en cólera cuando el ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán, en aplicación de los acuerdos pesqueros con Marruecos, permitió que los cítricos marroquíes circularan libremente por territorio español, camino de sus mercados europeos. El periodista de El País Pablo Sebastián publicó este acuerdo secreto y Abril se indignó, argumentando que siendo él diputado por Valencia debía haber sido consultado sobre las repercusiones de ese acuerdo secreto. Ante su actitud, Suárez intervino para deshacer el pacto, lo que consiguió hablando con el rey Hassan II, previa mediación del rey don Juan Carlos.

La trascendencia de la «crisis de las naranjas» —como la bautizó la prensa de entonces— fue que Suárez reconoció entre sus amigos y en la confianza de los «fontaneros» que estaba dolido con Fernando porque no le hubiera llamado para darle, al menos, las gracias. Habían pasado juntos la Semana Santa en Formentor, pero su relación ya no era la misma.

Como colofón, el debate estuvo precedido de otro hecho que indignó a toda la clase política. El tribunal militar encargado de juzgar a Tejero y Sáenz de Ynestrillas hizo pública ratificación de la sentencia, por la que se les condenaba a siete y seis meses, respectivamente, de reclusión, dando así «alas», de hecho, a la rebelión.

Durante su viaje a Oriente Medio, en el que se entrevistó con los reyes de Arabia Saudí y de Jordania y con el presidente de Siria, Adolfo Suárez hizo unas importantes y clarificadoras declaraciones a los periodistas españoles que le acompañaban en el avión presidencial, en las que acreditaba que conocía bien la crisis que vivían UCD y él mismo. Sobre su actitud personal, Suárez admitió: «Estoy decidido a no estar tan callado, porque mis reservas no se han interpretado bien nunca. Mi conducta se ha limitado hasta ahora a impedir la discordia nacional». En cuanto a las tensiones en UCD, Suárez «reconoció que eran complicadas pero no disgregadoras», y afirmó «que no creía capaz a nadie de UCD de romper el partido para formar Gobierno con otros partidos» [401].

A su regreso del viaje a Oriente Medio, Suárez quiso celebrar una nueva entrevista con Manuel Fraga, con el que los portavoces del grupo parlamentario habían mantenido algunas conversaciones para conocer la actitud de AP de cara al debate. De hecho, por un descuido de UCD, el miércoles 13 de mayo había resultado elegido presidente de la Comisión de Control de RTVE Antonio de Senillosa, con los votos de la izquierda. Pérez-Llorca habló con Fraga para preguntarle —alarmado— si él había tenido algo que ver en ello, a lo que Fraga replicó: «Le digo que no, pero esas cosas pasan (y pueden venir otras peores) si no se llega a los acuerdos necesarios» [402].

Sobre ellos hablaron el 19 de mayo Suárez y Fraga, que recordó al presidente del Gobierno la buena voluntad de Coalición Democrática en la investidura y en las elecciones municipales, precisando que las contrapartidas podrían materializarse en alguna acción parlamentaria propuesta por los conservadores que votaran los de UCD o en el nombramiento de personas afines, por ejemplo, en algún Gobierno Civil. También insistió Fraga en que Galicia era otro escenario en el que podían llegarse a acuerdos, y, finalmente, en que sin mayoría no se podía gobernar en serio y que era lamentable negar concesiones a los afines para dárselas a otros. Y escribe Fraga: «Suárez puso cara de póker y es claro que aceptó el pulso; pienso que no tardaría en arrepentirse» [403].

El primer día del debate, Adolfo Suárez subió a la tribuna de oradores y leyó un discurso de casi dos horas, en el que hizo un repaso de su labor de gobierno y de la tarea parlamentaria de UCD, citando las leyes del Divorcio, del Defensor del Pueblo, de Autonomía Universitaria, el Estatuto de Centros Escolares, la Ley de la Defensa y la Ley de Libertad Religiosa, y la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Como es obligado en este tipo de intervenciones, en los que se hace balance de un año de legislatura, la enumeración de logros resultó monótona —«un ladrillo», según Fraga—, pese a que Suárez hizo gala del legítimo orgullo de UCD por seguir cumpliendo con el desarrollo constitucional y por haber ido perfilando el Estado de las Autonomías, aspecto al que dedicó gran parte de sus palabras.

En su turno, los portavoces parlamentarios hicieron una descripción bastante negativa de la situación de España, y Carrillo atacó a los servicios secretos. Fraga dijo que «no había más alternativa que hacer una gran mayoría» e insistió en que «hacía falta ponerse a gobernar sin concesiones». Jiménez Blanco reprochó al PSOE sus contradicciones en el tema autonómico y Fernando Abril subió a la tribuna para lanzar —de forma confusa, por cierto— su discurso sobre el diálogo Norte-Sur.

Al día siguiente, 21 de mayo, el primero que subió a la tribuna fue Felipe González, que se mostró duro en el contenido y brillante en la forma, concluyendo con el anuncio de la presentación de una moción de censura. El revuelo en la Cámara fue tremendo y Suárez sintió como un «mazazo». Es interesante señalar que la mañana del debate Gregorio Peces-Barba adelantó a Manuel Fraga la presentación de la moción de censura y que al día siguiente este desayunó con Felipe González, Alfonso Guerra y Gregorio Peces-Barba, rechazando su ofrecimiento de votar favorablemente la moción, y anunciándoles que CD se iba a abstener «porque el Gobierno ha rechazado nuestras propuestas». El viernes 23, Rafael Calvo Ortega invitó a cenar a Fraga para conocer los puntos básicos de un posible acuerdo, pero las demandas del líder conservador no eran asumibles por UCD, si no quería perder orientación centrista. Suárez no estaba dispuesto a hipotecar su espacio electoral y a dar la razón a quienes reclamaban la creación de una gran mayoría de centro-derecha; sabía que él era el gran obstáculo y el costo que asumía, pero no quería apoyos que condicionaran su estrategia y que desnaturalizaran su posición central, porque eso significaba cederle ese espacio al PSOE.

El imposible acuerdo con Fraga para que votara en contra del candidato alternativo propuesto por el PSOE, Felipe González, inspiró una estrategia de UCD a corto plazo: reprochar al líder conservador que su actitud podía facilitar un Gobierno socialista. Sucedió lo contrario: el martes 27 de mayo, víspera del examen que el candidato socialista debía sufrir ante la Cámara, Fraga recibió «interesantes llamadas de CEOE y de grupos económicos» [404].

El 28 de mayo, Alfonso Guerra subió a la tribuna para defender la presentación de la moción de censura, mostrándose implacable y durísimo con UCD y con Suárez, al que achacó todos los males de la democracia y de lo que ocurría en el país. El vicesecretario general del PSOE hizo gala de todo el sectarismo al que en ocasiones recurría el partido socialista, olvidando su responsable participación en tantos temas positivos para el restablecimiento de la democracia.

Guerra ironizó sobre que la mitad de los diputados de UCD se entusiasmaban cuando oían en la tribuna al señor Fraga y la otra mitad lo hacía cuando quien hablaba era el señor González, y auguró: «... a partir de ahora la Historia dirá si todos ellos seguirán votando al señor Suárez».

Le respondió Rafael Arias-Salgado, que tuvo la oportunidad de demostrar su brillante dialéctica y que, con un esquema de intervención que empezaba siempre con la frase «No es serio», desmontó la solvencia de la presentación de la moción de censura, por no ajustarse al espíritu de la Constitución, que exigía fuera positiva, es decir, que contara con votos suficientes para ganarla, cosa que —pese a los esfuerzos de sus dirigentes— no era posible. Ni Fraga ni los socialdemócratas de UCD se avinieron a ello. Rafael Arias-Salgado denunció la falta de compromiso del PSOE a la palabra dada en el tema andaluz. Por su parte, Carrillo desveló que antes de la disolución de las Cortes, en diciembre de 1978, en el transcurso de una cena en Castellana, 3, Fernando Abril —acompañado de Pérez-Llorca y de Calvo Ortega— le había ofrecido llegar a un acuerdo de mayoría, lo que fue replicado por Abril diciendo que Carrillo confundía los deseos con la realidad. Suárez apostilló que este decía la verdad, pero no toda la verdad.

Como era de esperar, la intervención de Felipe González fue más moderada que la de Alfonso Guerra, pudiéndose ya apreciar que, imbuido del papel de candidato a la Presidencia del Gobierno, Felipe difuminaba su mensaje utópico para ilustrar su discurso del inevitable tono de todo gobernante. En su intervención, Felipe González ofreció un alto nivel de autonomía para Galicia y modificar la Ley Orgánica del Referéndum para Andalucía y para Valencia, Canarias y Aragón por la vía del artículo 151.

Suárez pidió la palabra para decir, como conclusión: «Reflexionaremos seria y profundamente sobre todo lo de este debate y sobre la conveniencia de un Gobierno fuerte y estable». También admitió que en su gestión se habían cometido errores y que vivía enclaustrado en la Moncloa, reconociendo que «no comparezco ni utilizo la televisión», pero augurando: «hemos consumido una etapa y comenzamos otra».

Emilio Attard nos ofrece un último apunte del debate, ciertamente dramático: «... terminada la sesión ya en la madrugada del 29 de mayo, con una floja intervención de González, que se sentía personalmente derrotado, instamos entonces desde nuestros escaños a Adolfo para que interviniera y rematara la suerte... Pero no tuvo capacidad de reacción. No podía levantarse. No estaba en situación moral de hablar. Estaba caído como le habían dicho, era un árbol caído».

Votaron a favor del candidato y de la moción presentada PSOE, PCE, Bandrés, Sagaseta, Pi i Suñer y los andalucistas de Rojas Marcos, que, por cierto, fue quien más duro se mostró con Suárez, del que dijo: «Suárez es hoy un árbol caído; cualquiera que sea el resultado de la votación, al presidente Suárez, árbol caído hoy, le ha tumbado Andalucía». En contra lo hizo solo UCD. El hecho emotivo de la votación fue la entrada de Joaquín Garrigues, que no quiso que —pese a estar ya muy enfermo— faltara su voto, recibiendo una gran ovación de toda la Cámara. Se abstuvieron Coalición Democrática, Minoría Catalana y los diputados Manuel Clavero Arévalo, Jesús Aizpún, Joaquín Molins, Hipólito Gómez de las Roces y Blas Piñar. Ausentes de la Cámara se encontraron HB y el PNV, que semanas antes había abandonado el Parlamento. El debate fue retransmitido por TVE y obtuvo una gran audiencia. El medio informativo que tanto favor había hecho a Adolfo Suárez le dio la espalda, al mostrarle a la defensiva, abatido en su escaño, mientras que convirtió en estrella a Felipe González, que, aunque perdió numéricamente el debate y la moción fue rechazada, resultó el vencedor moral y político de la contienda parlamentaria. Los españoles ya sabían que después de la UCD existía un partido y un líder: el PSOE y Felipe González.

Al día siguiente de la moción de censura, Suárez viajó a Valencia para presenciar el Desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Por el camino, acompañado de Fernando Abril y de Manuel Broseta, recreó los días pasados y las consecuencias de la presentación de la moción de censura. Acababa de hacer una crisis de Gobierno a primeros de mayo y solo diez días después ya no le servía para llegar a fin de año. Los «barones» seguían fuera del Gobierno y desde allí eran menos útiles, además de más «peligrosos». UCD había tenido dificultades electorales en las tres regiones españolas de tanta importancia como Andalucía, el País Vasco y Cataluña, y el Grupo Mixto del Congreso se iba nutriendo cada vez más de diputados provenientes de su partido. Todo el mundo parecía desear un entendimiento con Manuel Fraga y empezó a darse cuenta de que se había alejado de los verdaderos centros de poder del país. Era Fernando Abril el que hablaba con la Iglesia, con la Banca, con la CEOE, con los socialistas, los sindicatos. A él le quedaba el problema de los militares, la política exterior y la política antiterrorista. Sobrevolando el espacio aéreo se reafirmó en la inconveniencia de pactar con la derecha, y en la necesidad de mantener la disputa con el PSOE por el centro-izquierda, con proyectos de ley como el del Divorcio, que empezaba a discutirse en el Parlamento, y con actitudes claramente identificadas con la defensa de la supremacía del poder civil sobre el militar. Mantenía una buena relación con el Rey, aunque notaba que este estaba preocupado y que con demasiada frecuencia consultaba a los demás líderes políticos y recibía a los militares. A Felipe González le había dicho en una ocasión: «No creo que llegue a haber un golpe de Estado» [405], pero ya sabía que la CEOE, el Opus Dei y destacados periodistas se habían conjurado para echarle del poder, y había oído rumores de que existía una operación en marcha para situar a un militar al frente de un Gobierno de gestión. Desde hacía varios meses, Suárez dormía con una pequeña pistola en la mesilla de noche. Le preocupaba que los intentos de golpe aparecieran revestidos de una operación de salvar a la Corona. ¿Salvarla de qué o de quién?, se preguntaba.

Pese a su espíritu luchador, se sentía abatido y desmoralizado. Felipe le había decepcionado un poco y adivinaba la inquietud del líder socialista por llegar al poder, rompiendo UCD por el sector más progresista. Pese a la moción de censura, Fernando Abril seguía defendiendo el pacto con el PSOE. Suárez creyó que había llegado el momento de hacer pactos con los nacionalistas, aunque no fueran totalmente fiables.

En Valencia asistió al Consejo Político y Ejecutivo de la UCD local y, a su término, Emilio Attard se le acercó y le dijo: «Presidente, hemos de cambiar si queremos permanecer».

Algunos días más tarde volvió a hacer acto de presencia fuera de la Moncloa, clausurando el I Congreso de la UCD de Andalucía, donde de nuevo saltó la polémica, al anunciar Rafael Calvo Ortega que Almería no repetiría el referéndum. Este asunto motivó que el diputado José García Pérez, elegido por la provincia de Málaga, presentara su renuncia y pasara al Grupo Mixto.

UCD no hizo caso de la recomendación de su portavoz Antonio Jiménez Blanco y el 12 de junio no apoyó en el Parlamento una proposición de ley presentada por socialistas, comunistas y Manuel Clavero para reformar la Ley Orgánica del Referéndum, permitiendo que Almería accediera a la autonomía. Clavero Arévalo, desde la tribuna, dijo a los desconcertados diputados de UCD, sus ex compañeros: «Si ganáis esta votación volveréis a perder ante el pueblo andaluz, y si la perdéis, también, porque habéis votado en contra de su voluntad».

El 12 de junio, Fernando Abril, Pérez-Llorca y Jiménez Blanco se entrevistaron con Fraga, sin llegar a acuerdos concretos: ni pacto electoral, ni pacto de legislatura, ni participación en el Ejecutivo. Suárez rechazaba la recomendación de buscar un entendimiento con el líder de la derecha, aunque en gesto de buena voluntad dio instrucciones a su grupo parlamentario para que retiraran sus objeciones a la presidencia de Antonio de Senillosa de la Comisión de Control de RTVE, con la inmediata consecuencia de que dimitiera el diputado Alberto Estella.

En el Parlamento se estaba debatiendo a la vez el proyecto de Ley del Divorcio, del que era ponente el ministro Íñigo Cavero, y el Código de Justicia Militar, que dio nuevas oportunidades a Fraga para aludir al honor militar, «brindando un toro al sol» de los alterados ánimos de la derecha montaraz y golpista.

El 15 de junio, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que llevaba en el Gobierno desde junio de 1977, hizo unas declaraciones a la prensa en las que afirmó que España iba a solicitar su incorporación a la Alianza Atlántica, por mayoría simple parlamentaria, complementando así el anuncio hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores por Javier Rupérez de que UCD no se opondría a que esa adhesión se sometiera a una consulta popular. Solo diez días después, el presidente estadounidense Jimmy Carter visitaba España y proponía la incorporación de nuestro país a la OTAN, provocando una airada reacción de la izquierda socialista y comunista.

Pero los problemas en el seno de UCD se multiplicaban. Por un lado, Enrique Sánchez de León —amigo personal de Adolfo Suárez y ex ministro de Sanidad y Seguridad Social en su primer y segundo gobiernos (1977-1979)— amenazaba con irse al Grupo Mixto si no se daba a Extremadura un trato más favorable de acceso a la autonomía. Sánchez de León era, además de diputado, presidente de Campsa, circunstancia que le fue aducida como reproche.

En Navarra, la crisis de UCD era absoluta, ya fuera por discrepancias ideológicas o por el tratamiento que UCD estaba dando a la peculiaridad navarra. El caso es que su principal dirigente, Jaime Ignacio del Burgo, dimitió como diputado y como parlamentario foral. Para contrarrestar esta disidencia interna en el seno del grupo parlamentario, y alentado por Fernando Abril, se constituyó en los últimos días de junio el grupo «los jóvenes turcos», facción amarillista integrada por diputados de la valía de José Manuel García Margallo, José Luis del Valle y Francisco de la Torre—, que pretendieron revitalizar los alicaídos ánimos de sus compañeros de grupo, sin saber que uno de ellos, quizá también el más brillante y polémico, había empezado ya a marcar sus distancias con Suárez y UCD. En efecto, el jueves 19 de junio, Miguel Herrero almorzó con Manuel Fraga, en busca de la que será su estrategia futura. Fraga resume así el sentido del almuerzo: «Me reconoce [Herrero] que Suárez ya no puede entenderse con la mayoría de UCD y que él es el obstáculo para todo entendimiento con nosotros: hay que sacarlo». El subrayado final es del propio Fraga y por ello hay que deducir que la dramática conclusión fue pronunciada por el propio Herrero.

Con ser grave este dato, que ya avecina la actitud futura del prometedor Miguel Herrero, más gravedad tuvo entonces la distancia que se había creado entre Adolfo Suárez y Fernando Abril, que concluiría con la salida del vicepresidente del Gobierno al regreso de las vacaciones y el fin de una amistad, que se remontaba a 1968, cuando Adolfo Suárez fue gobernador civil de Segovia.

A las razones de discrepancia ya expuestas en páginas anteriores hay que añadir que con motivo de la «crisis de las naranjas», y según el testimonio de José Oneto, «Fernando Abril interpretó que había perdido la confianza del presidente y se presentó en la Moncloa, anunciándole a Suárez que no quería seguir al frente de la vicepresidencia. Días después, con la carta de dimisión de Abril en el bolsillo, Suárez criticó a su vicepresidente en una reunión con directores de periódicos, calificando su forma de trabajar de caótica y resumiendo su posición con un amenazador “o cambia o le cambio”».

Pepe Oneto sostiene que «Fernando Abril se había convertido, según se encargaban de decirle a Suárez sus hombres de confianza Alberto Aza, Josep Meliá y Aurelio Delgado, en el verdadero presidente de guardia». «Los “fontaneros” —sostiene Oneto—, los hombres más cercanos al presidente, se dedicaron durante semanas a minar la vieja amistad entre los dos» [406].

En opinión de Emilio Attard, que no sentía especial afecto por el vicepresidente: «... La ruptura de Abril con Suárez se inicia en el otoño de 1979, momento en el que la capacidad de orgullo supera la amistad. Abril se aísla, le desprecia, no le informa, y llega a carecer de los más elementales papeles para estar al tanto de los acontecimientos... En octubre de 1979 Suárez abre su corazón a algún compadre, dolido por la soberbia y la ingratitud de quien había dejado de ser leal para convertirse en soterrado rival...». Y añade Attard que Suárez le había dicho en más de una ocasión: «Abril no me representa», apuntando una última razón de la desconfianza de Suárez hacia su vicepresidente, al afirmar: «... A raíz de la moción de censura, Suárez había incrementado su resquemor hacia Fernando Abril, porque quizá entendió o supuso —y algo dijo un comentarista de los generalmente bien informados— que había habido alguna infidelidad del vicepresidente, inclusive que había conocido anteriormente la posibilidad de moción de censura y no la había participado...» [407].

A comienzos del mes de julio, el pulso Suárez-Abril seguía ocupando buena parte de las mejores energías de UCD, creando la alarma entre los propios «barones» del partido y despertando inquietud en las instituciones. Como consecuencia de ello, y siguiendo la vía abierta por su leal Miguel Herrero, el viernes 4 de julio, Landelino Lavilla, a la sazón presidente del Congreso de los Diputados, se entrevistó con Manuel Fraga, al que reconoció estar «muy preocupado» después del debate parlamentario de la moción de censura.

Para intentar reflexionar en la confianza del interés común, la Comisión Permanente de UCD se reunió los días 7, 8 y 9 de julio en una finca del Ministerio de Obras Públicas situada en el pueblo de Manzanares el Real y conocida coloquialmente como «la Casa de la Pradera». Se pretendía buscar una síntesis de los valores de UCD, recuperar el espíritu original de la coalición y debatir los errores de estrategia y de fondo observados en el último año de Gobierno. También se pretendía abordar el planteamiento interno del partido, las competencias colegiadas y las perspectivas del II Congreso de UCD, previsto para los primeros meses de 1981. La sesión del primer día duró cerca de diez horas y fue Joaquín Garrigues el que alteró el orden del día planteando la sustitución de Adolfo Suárez como posibilidad de debate, motivando que el presidente contestase que él no estaba dispuesto a resistir más presiones internas. Meliá apunta que «fue aquel momento en el que Suárez anunció la posibilidad de una dimisión incondicional si no se imprimía un cambio radical a los comportamientos del partido». Y para que los miembros de la Comisión Permanente pudieran hablar con mayor comodidad, Suárez se ausentó de la sala de reuniones. En su ausencia, las intervenciones de Fernando Abril, Rafael Arias-Salgado y Rafael Calvo Ortega permitieron que todos hicieran examen de conciencia, y como resultado de este «todos los presentes —en opinión de Meliá— admitieron que el liderazgo de Suárez era incuestionable» [408]. Pero este reconocimiento se produjo después de que Rodolfo Martín Villa hiciera una dura crítica de Suárez, de sus dudas y falta de liderazgo real de UCD, y de su indefinición en temas políticos que exigían una gran claridad y principios. Todos los «barones» suscribieron la crítica de Martín Villa, concluyendo que «en aquel momento no se podía prescindir de Suárez, y que lo que había que hacer era arroparle, ayudarle a dirigir mejor el partido, el grupo parlamentario y el Gobierno». La versión que Rafael Calvo Ortega dio a la prensa —como portavoz designado—, claramente favorable a que la reunión había servido para «reafirmar unánimemente el liderazgo de Suárez», no se ajustaba totalmente a la realidad, y ello motivó el enojo de Joaquín Garrigues y de los demás «barones». Meliá desliza en su versión de lo ocurrido que Suárez había advertido a los presentes que él se iría si su persona era el obstáculo para que las cosas fueran mejor.

La intervención de Martín Villa —según las notas de Meliá— se ajustó al siguiente esquema: «La moción de censura ha hecho cambiar las cosas y nos exige conseguir la mayoría absoluta. Es imprescindible pactar. Ya no se habla de UCD o contra UCD, sino solo de Suárez, porque se ha producido una personalización excesiva de la oposición contra el presidente. El retranqueo del presidente ha puesto en duda su capacidad y su competencia, y se duda de su capacidad para gobernar». Por su parte, Garrigues fue tan rotundo como para afirmar: «Suárez tiene el problema dentro de UCD. Hoy ocurre que nosotros cuestionamos su liderazgo. No estoy de acuerdo en cómo se lleva el Gobierno, el partido y el grupo parlamentario. El presidente tiene que cambiar. Fernando Abril tiene unos poderes desproporcionados y Adolfo Suárez también. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre el liderazgo de Suárez».

Fiel a su prudencia, Lavilla prefirió apartar la cuestión del liderazgo de UCD, vinculándola a que era mejor definir lo que había que hacer, y en función de ello, juzgar si era bueno que Suárez siguiera siendo presidente de UCD y del Gobierno.

Suárez respondió a esta primera andanada de críticas diciendo que «... debemos seguir interrogándonos sobre si vamos a ser un partido de verdad o un grupo de pequeños partidos. Somos nosotros mismos los que generamos la intransigencia y la transmitimos hacia fuera. Si hay amenazas de escisión, como parece, lo mejor es que levantemos la sesión... O hay verdaderamente voluntad de hacer UCD (y dudo sinceramente de que algunos de los presentes quieran) o no tiene sentido lo demás... Yo no pido lealtad personal, pero sí pido lealtad institucional hacia el presidente del Gobierno y hacia el presidente del partido. Y eso hay que transmitirlo hacia fuera y no se hace».

Por la tarde, al reanudarse la reunión, Garrigues insistió en su tesis de que había que llegar a un entendimiento para «colegiar» el gobierno de UCD, afirmando: «Nunca los “barones” le hemos fallado al presidente en los momentos críticos, sino que le hemos apoyado. UCD no es un partido; es un compromiso que se hace todos los días. Quiero, por lo tanto, tener el poder suficiente no tanto para que Adolfo Suárez no sea el presidente como para condicionarle en sus decisiones... El pastel hay que repartirlo, y si no, no tiene sentido estar aquí. Debes hacer una propuesta de Gobierno colegiado. Si no lo haces, esta mesa generará un nuevo líder y compartirá el poder».

Rodolfo volvió a la carga: «Eres tú mismo, Adolfo, el que debe decidir si sigues o no. Todos desearíamos que esto tuviera salida contigo. Ojalá fuera ello posible y tú fueras candidato para el 83 y hasta el 87. Pero no hay más arreglo o salvación contigo que si los once que estamos aquí tenemos responsabilidades concretas. En otro caso, es mejor marcharse».

Pío Cabanillas —más conciliador— argumentó: «Hemos tocado fondo, pero parece que hay clara voluntad de que nos salvemos todos. Ello debe generar en Adolfo Suárez el propósito de comportarse de otra manera y en nosotros el sentirnos solidarios con el hecho de gobernar».

Suárez respondió: «No estoy incómodo por el hecho de que se someta a debate mi liderazgo. El liderazgo puede y debe ser cuestionado. Pero aquí. Solo en los órganos de dirección del partido. La cuestión fundamental sigue siendo qué clase de partido queremos hacer. Si queremos un partido de facciones o un partido de síntesis. Y yo tengo una duda razonable: ¿de verdad estamos jugando al partido síntesis o se juega a fomentar clientelas personales?».

En este momento del debate es cuando Suárez se ausentó para que los demás miembros de la Comisión Permanente pudieran debatir su liderazgo. Garrigues dijo que «No acepto el liderazgo de Suárez si sigue gobernando como hasta ahora. Si asumiese una corresponsabilidad en las decisiones estaría con él», mientras que Lavilla se mostró mucho menos optimista: «Me incomoda la ausencia del presidente. Veo el futuro muy negro. En teoría me sale una situación más desahogada en otoño cambiando al presidente. Pero si cambian los datos de partida la teoría podrá ser otra».

En ese punto, Fernández Ordóñez —que apenas si había hablado— expresaría sus dudas respecto a si Suárez era realmente capaz de cambiar, pero creía que si les daba entrada en el juego era necesario darle un margen de tiempo. Pío Cabanillas volvería a buscar la síntesis del debate: «Si partimos de que lo fundamental es la subsistencia de UCD, la sustitución de Suárez plantea grandes riesgos. Desde esta perspectiva yo estoy dispuesto a arroparle, pero conjuntamente con todos vosotros. Si acordamos mantener la figura de Adolfo Suárez, hay que potenciarlo al máximo y ponerse debajo del paraguas. Y debemos reconocer que hasta ahora no lo hemos hecho, y si no lo hacemos en el futuro, nos habremos equivocado gravemente» [409].

Suárez extrajo las conclusiones obligadas del debate en «la Casa de la Pradera» y se dio cuenta de que sin el concurso de los pesos pesados, UCD y él mismo corrían grave riesgo. También lamentó haber apostado políticamente —casi en exclusiva— durante casi tres años por su amigo Fernando Abril; porque el precio de su imprescindible apoyo en la construcción del entramado institucional —CEOE, sindicatos, economía, Constitución— con el apoyo del PSOE había sido el sacrificio de los mejores hombres de UCD. Para recuperar el vibrante espíritu reformista inicial de UCD y su verdadera naturaleza, Suárez necesitaba el concurso y la colaboración de Fernández Ordóñez, Martín Villa y Pío Cabanillas. La crisis de gobierno del mes de septiembre solo se justificaría por su vuelta a las tareas de gobierno.

Poco después de este cónclave de UCD, el 19 de julio, Torcuato Fernández-Miranda moría en Londres de un infarto de miocardio, y solo tres días después la crisis entre Suárez y Abril alcanzaría su cenit.

El 22 de julio —según la versión de los hechos conocida por el periodista Pedro J. Ramírez—, el presidente Adolfo Suárez invitó a almorzar en la Moncloa al presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, que desde hacía pocos meses había empezado a apostar por un entendimiento entre UCD y CD. Durante el almuerzo, Suárez, que durante meses había delegado sus contactos con empresarios en Fernando Abril, hizo algunas críticas a este, comentando su desorganización y desvelando que los ministros socialdemócratas se negaban a trabajar a sus órdenes.

Carlos Ferrer comentó estas opiniones de Adolfo Suárez con alguno de sus colaboradores, y uno de ellos —probablemente, Segurado— se apresuró a decírselo al propio Abril. Este, enfurecido, cogió su coche y se presentó en la Moncloa, entrando sin llamar en el despacho del presidente, al que manifestó su deseo de «tirar la toalla», diciéndole que no quería que la política estropeara la amistad que había entre ellos. La reacción de Suárez no fue similar a la de ocasiones anteriores, cuando habían surgido otros malentendidos. Esta vez, la desconfianza y el recelo de Suárez pudieron más y provocaron la reacción de soberbia de Abril. Sin embargo, de común acuerdo, decidieron silenciar el enfrentamiento, comprometiéndose Suárez a buscarle sustituto y Abril a seguir en su puesto hasta que llegara el relevo.

La crisis entre Adolfo Suárez y Fernando Abril se trasladó al ámbito familiar, causando un verdadero drama entre las mujeres e hijos de ambos matrimonios.

Durante varias semanas, según la versión de Pepe Oneto, Suárez y Abril ni se hablaron, y a finales de julio, Abril se entrevistó en Miraflores de la Sierra con Felipe González para intentar frenar la escalada de ataques que el PSOE estaba dedicando a Suárez y para pedir su colaboración para los proyectos de ley de desarrollo constitucional que todavía estaban pendientes de discutir en el Parlamento.

Antes de dejar el Gobierno, Abril envió un informe político a Adolfo Suárez a la playa de La Lanzada, en Pontevedra, donde el presidente pasaba unos días de vacaciones, por primera vez en muchos años sin «los Abril».

La crisis de Gobierno abierta por los ministros García Díez y Bustelo, a finales del mes de abril, unida a la presentación de la moción de censura por parte del PSOE y a la reunión de «la Casa de la Pradera», iba a tener el esperado relevo de Fernando Abril, el hombre que prácticamente desde enero de 1978 había sostenido desde el Gobierno el peso político del «suarismo» y sobre el que había girado toda la estrategia política en el Parlamento y en el propio partido.

El PSOE conseguía así dinamitar el tándem Suárez-Abril y a su vez los «barones» de UCD veían desaparecer de la escena política al hombre que les había impedido compartir el poder con Adolfo Suárez y responsabilizarse de su acción de Gobierno.

Años después, Abril reconocería: «No se produjo ruptura [entre él y Suárez], sino enfriamiento. El porqué habría que preguntárselo a Adolfo. En mi opinión, lo que pasó es que empezamos a tener discrepancias ideológicas, diferentes ideas sobre qué hacer y dónde ir. Yo probablemente estaba, y estoy, más a la derecha que Adolfo. Además, en aquel momento defendía que había que hacer que la democracia también cuajara en los sectores empresariales y que, por lo tanto, había que cuidarlos, hablar con ellos, transformarlos. No me sentía incómodo hablando con la CEOE y otras organizaciones empresariales. Tampoco me sentía incómodo con los grupos religiosos. Me gustaba discutir con ellos, atraerlos, ceder en algo, para conseguir lo sustancial. Y no me molestaba representarlos desde un ángulo más dinámico. En definitiva, creía que estábamos alejándonos, dejando de representar a nuestra base electoral y social, porque Adolfo se empeñaba en disputar el espacio de la izquierda, y ese espacio no era nuestro ni lo sería nunca. Luego está el entorno de Adolfo, que influye, al que yo me enfrento, les paro algunas cosas».

Y continúa Fernando Abril: «Me di cuenta de que Adolfo ya no se encontraba cómodo conmigo y debía facilitarle una composición de Gobierno confortable para él. Naturalmente, yo estaba dispuesto a colaborar desde mi escaño. Yo he querido muchísimo a Adolfo y le quiero muchísimo. Para mí todo aquello fue muy doloroso» [410].

En cuanto a sus excelentes relaciones con Alfonso Guerra y las feroces críticas e ironías que este dedicaba a Adolfo Suárez, Abril sostiene que «lo único que me dolía era el acoso al que sometían a Adolfo. Me parecía no solo injusto, sino un error. Pero ellos tenían prisa por llegar y al Gobierno le tocó la peor parte, o quién sabe si la mejor, porque nos comportamos con generosidad, hicimos un derroche de generosidad. Adolfo solo pensaba en sacar el país adelante, era consciente de que la alternativa pasaba por Felipe y por el PSOE, así que siempre hizo todo lo posible por entenderse con ellos, por no romper la baraja. ¡Y mira que aguantó!». Abril niega que Guerra quisiera insultar a Suárez cuando le comparó con un tahúr del Mississippi: «Estoy convencido de que Alfonso no quiso decir con lo de tahúr que Adolfo era un tramposo, sino que se refirió al aspecto físico: los del Mississippi iban muy atildados y Suárez siempre iba muy trajeado, como muy a lo Clark Gable. Esa fue la comparación, no otra» [411].

Por su parte, Adolfo Suárez apenas si hizo otros comentarios de su crisis personal de confianza en Fernando Abril, y solamente el 29 de julio de 1980, a bordo del avión presidencial —cuando regresaba de la toma de posesión del presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry—, reconoció a los periodistas que le acompañaban que había habido discrepancias con su vicepresidente y adelantó que a lo mejor los planes para atajar la crisis económica los llevaría a cabo otra persona. Pero negó que hubiera un deterioro de la relación personal, con esta rotunda frase: «Jamás dejaremos de ser amigos». Hoy, después de tantos años, Suárez prefiere seguir callado respecto a las razones históricas que le llevaron a dudar de la lealtad de su amigo y a prescindir del hombre que durante buena parte de su mandato acumuló tanto poder.

El 30 de julio, a su regreso de Perú, en el aeropuerto de Barajas comunicaron al presidente Suárez que aquella noche había muerto Joaquín Garrigues Walker. Suárez se dirigió a la Clínica de la Concepción y rezó ante el cadáver del hombre al que apreciaba y admiraba, y que tanto le había perjudicado en los últimos meses, proyectando a la prensa, fundamentalmente, sus serias dudas sobre su liderazgo de UCD y su capacidad para gobernar. Recordó que en una de las visitas que hizo a Garrigues, este le reconoció: «Si yo hubiera sabido mi estado de salud, no habría puesto en marcha esta operación contra ti» [412], y como, pese a ello, no dejó nunca de respetar su criterio y de acudir a su lecho de dolor, sus visitas —según relata un amigo de ambos— eran previamente conocidas por el suegro de Garrigues, José María de Areilza, que se apresuraba a coincidir con el presidente del Gobierno.

Aquel verano, Suárez no felicitó a Fernando Abril por su cumpleaños, que era el 31 de agosto. El 8 del mismo mes, Fernando Abril había presentado su dimisión por escrito.

En el mes de abril de 1980, los círculos políticos «bien informados» y los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de una propuesta para crear un Gobierno de gestión que se enfrentara con autoridad a la crisis económica, al terrorismo y al problema autonómico. Propalaban estos rumores, naturalmente, los propios instigadores de recurrir a una fórmula ajena a los partidos y a la propia Constitución, esgrimiendo la incapacidad de aquellos y de esta para responder a la división de España, la pérdida de autoridad y la afrenta terrorista. Pero la vaguedad e imprecisión del concepto «Gobierno de gestión» llegó a confundir a los propios integrantes de la «familia» constitucional y en concreto a muchos diputados y periodistas, preocupados —bien es cierto— por la situación de UCD, el aislamiento de Suárez y sus dificultades para hacer frente a los problemas del momento político.

En este contexto se produjeron las dos advertencias de Tarradellas y de don Juan de Borbón —que rompía así con un silencio de casi tres años—, y creció la impresión de que ellas no eran sino producto de su conocimiento de la situación «real» que atravesaba España.

Los sectores «involucionistas» seguían nutriendo sus argumentos de la ultraderecha, con fuertes apoyos económicos para financiar su prensa adicta —El Alcázar, El Imparcial y Heraldo Español—,que se distribuía con rara generosidad en los cuarteles. La campaña periodística presentaba a España al borde del caos y de la ruptura, presa de los separatismos e independentismos vasco y catalán, y al Gobierno, sin autoridad para combatir el terrorismo etarra. Vino a «servir» de argumento mayor para ofender a la clase militar el debate en el Parlamento de un proyecto de Ley de la Defensa, en el que se discutía la posible independencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior y la propuesta de ingreso en las Fuerzas Armadas de unos tres mil oficiales republicanos, junto con el regreso al servicio de los militares condenados por su pertenencia a la UMD (Unión de Militares Demócratas), iniciativa apoyada por UCD, socialistas y comunistas. Durante semanas, el «golpismo» periodístico bombardeó las ya alarmadas sensibilidades de muchos oficiales, creando el caldo de cultivo imprescindible para que cualquier acción futura creyera encontrar razones objetivas en las que apoyarse.

Pero, en un plano puramente político, la amenaza de una operación involucionista contagió a las fuerzas parlamentarias y a cierto número de instituciones, tanto empresariales como religiosas y periodísticas. En los hoteles y restaurantes de Madrid empezó a hablarse de la «Operación De Gaulle». Los diputados se hicieron eco ante los periodistas de información política y parlamentaria de los rumores, y las redacciones de los medios de comunicación eran un hervidero de nombres, de políticos y de militares que eran propuestos para presidir un «Gobierno de gestión». Como ocurre siempre en estos casos, las propias «víctimas» futuras del rumor contribuían a propagarlo, haciendo feliz al minoritario y extraparlamentario inductor, que veía cómo conseguía dividir a las fuerzas políticas elegidas por los ciudadanos y sembrar el miedo a una intervención militar.

Hay que evocar aquí que, en 1977, la Alianza Nacional 18 de Julio obtuvo solamente 79.463 votos y que la fuerza parlamentaria más de extrema derecha, vinculada al notario Blas Piñar, había obtenido, en 1979, 379.463 votos, es decir, un 2,2 por 100 del electorado.

Los columnistas políticos favorables a la intervención militar vomitaban día a día su odio a Suárez y «alquilaban» su pluma al servicio del restablecimiento de un hipotético régimen que restaurara el clima —decían— de orden, concordia y autoridad que vivió España durante el período 1939-1975. Por su parte, periodistas bienintencionados llenaban sus columnas de supuestos tácticos, de operaciones en marcha y de nombres, que iban desde militares como José Vega Rodríguez, Álvaro Lacalle —vinculado al Opus Dei—, Luis Torres Rojas, José León Pizarro, Luis Suárez Larumbe y Alfonso Armada, por entonces jefe de la División Urgel, hasta políticos como Carlos Pérez de Bricio y Gregorio López-Bravo.

Uno de los ardides que ya entonces se vinculaba al llamado «Gobierno de gestión» era que su fin primero era «salvar a la Corona» de la contaminación del desastre del régimen democrático, pretendiendo así presentarse como inductores de una iniciativa beneficiosa para el Rey, aunque tuviera condición de dudosa constitucionalidad.

Por supuesto, Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y el ministro de Defensa alertaron a los distintos servicios de información para que investigaran el origen y fundamento de los rumores, las fuentes de financiación de los propaladores y el grado de verosimilitud que cabía concederles. En un momento dado, antes del verano de 1980, «uno de los servicios de información del Estado se interesó por la “Operación De Gaulle” y puso pruebas encima de la mesa de Adolfo Suárez. El presidente llamó a capítulo a uno de los organizadores del plan. Tras una tensa sesión en el palacio de la Moncloa, ese primer esbozo de “Operación De Gaulle” quedó aparentemente neutralizado» [413].

Pero la idea de un Gobierno fuerte, destinado a controlar los «excesos democráticos» y la «situación de desgobierno», había calado lo suficiente en ámbitos cercanos a la cúpula empresarial y, por supuesto, en los más conservadores protagonistas de la derecha tradicional. Tarradellas había llegado a afirmar —gracias a sus buenos contactos con algunos militares significados— que la solución política para el problema del País Vasco pasaba por la intervención militar, evocando la que el general De Gaulle había realizado con Argelia, y que le sirvió para acceder al poder.

De la atmósfera de presión militar que se dispara en la tardía primavera de 1980 ya se han ofrecido algunas pruebas, recogidas del diario de Manuel Fraga, y a ellas hay que añadir otras dos. El 1 de julio, Fraga escribía: «Un grupo de militares me visita para hacerme saber la imposibilidad de que los miembros de la UMD vuelvan al Ejército». Y al día siguiente vuelve sobre ello: «Nuevos militares preocupados por los “úmedos”» [414].

El firmante del artículo, Merlín, seudónimo del periodista Fernando Latorre, publicó los nombres de numerosos generales, que terminaba con un imperativo llamamiento al Rey: «El que puede, que elija» [415].

Algunos de los rumores de finales de julio y principios de agosto ya apuntaban a que el PSOE estaba propiciando colocar en la Presidencia del Gobierno a un militar, lo que dio origen a que el propio Adolfo Suárez saliera al paso del rumor, declarando desde el avión presidencial, a su regreso de Perú: «Conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la Presidencia del Gobierno a un militar. ¡Es descabellado!» [416]; añadiendo —por cierto— con relación al debatido problema de la reinserción de los ex militares de la UMD: «No se debe criticar al Ejército. Y este tema les irrita. Pero si se diera en España la confrontación Ejército-Congreso, yo y mi Gobierno estaríamos, desde luego, del lado del Congreso» [417].

Días después, al regreso de unas cortas vacaciones en el Caribe, Felipe González se encontró con que algunos periodistas le preguntaban —en una conversación informal— por los rumores de apoyo socialista a un militar. «Felipe se mostró sorprendido y pidió detalles. Al final del encuentro, González aseguró que iba a ocuparse de cortar las especulaciones» [418].

La periodista Pilar Urbano, que con tanto éxito desvelaba en sus columnas el ahínco de sus pesquisas sobre la formación de un Gobierno de gestión, aludía a las frecuentes reuniones que desde 1979 se venían celebrando en las casas del banquero Alonso Fierro y del ex presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, con el único tema: «Hacer una verdadera derecha que salve a España y levante un valladar contra el marxismo y el separatismo... Una derecha sin componentes, partitocrática y parlamentaria» [419]. Y cita Urbano, entre los habituales comensales o participantes, a Gonzalo Fernández de la Mora, Julio Iranzo, que será quien «casualmente» informe al Gobierno Militar de Madrid durante el 23-F de que el general Alfonso Armada iba al Parlamento para proponerse ante los diputados como presidente de un Gobierno de salvación.

Durante el verano de 1980, la casa madrileña de Antonio María de Oriol y Urquijo se convirtió en el lugar de cita de las personas interesadas en lanzar el liderazgo de José Antonio Girón, apoyado por todo el espectro de la derecha extraparlamentaria. Gonzalo Fernández de la Mora, Raimundo Fernández-Cuesta, Federico Silva Muñoz, los militares Carlos Iniesta Cano, Fernando de Santiago y Díez de Mendívil, Luis Cano Portal, Antonio Tejero Molina y Ricardo Sáenz de Ynestrillas asistieron a la VI Asamblea de la Confederación de Ex Combatientes, en la que Girón se permitió proclamar que «la voluntad de la Nación se había decidido por una Monarquía distinta al sistema liberal y parlamentario que hoy hace ingobernable a España». «La Corona —añadió Girón— ha quedado prisionera no de la soberanía popular, sino de la soberanía de los partidos políticos que han reducido la Corona a nada» [420].

Girón advirtió también en su «soflama» que «ya no era hora de pensar en las urnas. Vivimos un instante tan grave que lo que precisamos es algo más: interesar a la inmensa mayoría del pueblo español en una empresa política de salvación colectiva, mediante la convocatoria y selección de los equipos de hombres que hagan posible la oferta civil para la gobernación del Estado, sin recurrir a ninguna fórmula de excepción o de carácter militar, contemplada, desde luego, a la luz de la propia Constitución» [421].

Los círculos más afines al veterano político falangista desataron una agitada campaña para recoger firmas en contra del proyecto de ley que cuestionaba la permanencia de la Guardia Civil como Cuerpo integrante del Ejército español. A través de las páginas de El Alcázar y de El Imparcial se solicitaron firmas, y Juan García Carrés, Antonio Tejero Molina y Carlos Iniesta Cano tomaron parte activa en la campaña, que consiguió 300.000 de las 500.000 firmas necesarias para presentar un texto alternativo en las Cortes.

11
EL ÚLTIMO GOBIERNO DE SUÁREZ

Durante los últimos días del mes de agosto de 1980, Adolfo Suárez diseñó la estrategia política del mes de septiembre con sus ministros Pérez-Llorca y Arias-Salgado. Estaba decidido a recuperar la iniciativa, a plantar cara a los problemas de falta de credibilidad surgidos desde la moción de censura del PSOE y a demostrar su capacidad de gobierno. Había decidido plantear en el Parlamento la moción de confianza, obteniendo un amplio respaldo parlamentario. La salida de Fernando Abril Martorell le permitía ofrecer el retorno de los pesos pesados de UCD en tareas de gobierno de importancia, y hacer suyo el mensaje recibido de ellos en la reunión de «la Casa de la Pradera». Pensaba también dar mayor relevancia a los temas económicos y llegar a algún acuerdo con Minoría Catalana que le permitiera un mayor desahogo parlamentario. Había descartado el entendimiento con el PSOE, aunque confiaba convencer a Felipe González para que hiciera gala de sentido de Estado y colaborara en la reconducción del tema autonómico, sobre todo en relación con Andalucía. Le preocupaban las extrañas operaciones «extraparlamentarias» de las que tanto se había hablado antes del verano, y especialmente de la formación de un «Gobierno de gestión» presidido por un militar o por un independiente, y se propuso obtener la mayor información de los servicios de inteligencia y alertar al vicepresidente Gutiérrez Mellado y al ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún. Sabía que detrás de esos rumores latía el permanente desasosiego de políticos de la derecha, ávidos de protagonismo, y el malestar de dos sectores especialmente críticos de su persona: la extrema derecha, algunos significados militares y algunos círculos empresariales, descontentos con la política económica del Gobierno y el ritmo de crecimiento de la economía española. Hacía ya mucho tiempo que había llegado a la conclusión de que el «Madrid político», con sus tertulias, cenas y reuniones, era el mejor caldo de cultivo para urdir el descontento, la filtración periodística interesada y, en una palabra, la permanente conspiración.

Para enmendar la forma como Abril había llevado los temas económicos, Suárez volvió a sondear a Enrique Fuentes Quintana, que rechazó hacerse cargo de la Vicepresidencia, pero también buscó la orientación y el criterio que tanto apreciaba de Juan Antonio García Díez, con el que se mantuvo en contacto en todo momento y que le sugirió ofreciera la Vicepresidencia económica a Leopoldo Calvo-Sotelo, pero que también hablara con José Ramón Álvarez Rendueles y Mariano Rubio, a la sazón gobernador y subgobernador del Banco de España, respectivamente. Ambos rechazaron el ofrecimiento y, por el contrario, Calvo-Sotelo se mostró dispuesto a aceptar esa responsabilidad. Para que encajara todo el retorno de los «barones», encargó a Rodolfo Martín Villa la cartera de Administración Territorial y a Francisco Fernández Ordóñez la de Justicia —aunque este quería Asuntos Exteriores—. Como no pensaba prescindir de José Pedro Pérez-Llorca, le ofreció el Ministerio de Asuntos Exteriores, relevando a Marcelino Oreja, que llevaba en su puesto desde julio de 1977. Confió el Ministerio de Trabajo a un hombre de Martín Villa, Félix Pérez Miyares, y dejó que Calvo-Sotelo propusiera en Sanidad a Alberto Oliart y en Industria a Ignacio Bayón. García Díez, que tanto insistió en la vuelta de Ordóñez, volvió al Ministerio del que había salido solo seis meses antes, aunque transformado en Economía y Comercio. José Luis Álvarez incorporaría Turismo a la cartera de Transportes. Educación se confió a Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, y Cultura, a Íñigo Cavero, que de esta forma sería el único ministro que estuvo en todos los gobiernos de Adolfo Suárez. Eduardo Punset heredó el Ministerio de Relaciones con la CEE y el resto del Gobierno siguió el perfil del ya formado en mayo de aquel año.

El acuerdo con Minoría Catalana se estableció con su portavoz parlamentario, Miquel Roca, y tuvo su inspiración en el criterio de buscar la gobernabilidad del Estado; además, se pensaba materializar en el apoyo de CiU a la moción de confianza que el Gobierno iba a pedir a la Cámara y en los distintos proyectos de ley —entre ellos el de Presupuesto, el del Divorcio y el de Autonomía Universitaria—. A cambio, el grupo catalán obtenía una visión generosa del proceso de transferencias y el apoyo del Gobierno a algunas iniciativas empresariales y económicas.

También intentó Suárez sondear la disponibilidad parlamentaria del grupo parlamentario conservador, y a tal efecto, desde el 1 de septiembre, distintos ministros del Gobierno se entrevistaron con Fraga; primero fue Juan José Rosón y después José Pedro Pérez-Llorca, junto con el portavoz Antonio Jiménez Blanco, quienes encontraron en Fraga muy poca colaboración y sí mucha exigencia. Fraga se escudaba en sus propuestas del mes de julio, cuando se entrevistó por dos veces con el presidente del Gobierno, reclamando un pacto formal de legislatura, ser consultado antes de disolver las Cámaras, participar en el Ejecutivo, aunque fuera a través de un independiente, y llegar a acuerdos electorales en algunas provincias en las siguientes elecciones generales o a un acuerdo local en las municipales. El problema para los negociadores de UCD era que cualquiera de esas alternativas significaba ofrecer al sector más progresista de UCD —al que Suárez seguía confiando importantes iniciativas— la excusa formal para negociar con el PSOE su integración, previo paso temporal por el Grupo Mixto. Suárez no podía perder esa fuerza de combate y de ahí que no pudiera ofrecer al líder conservador más que vagas promesas de futuros acuerdos. Pero también es cierto que, como ya había quedado demostrado en la moción de censura y en los meses posteriores, Fraga continuaba su complicidad con el PSOE, con el que compartía la estrategia de presión sobre UCD, para tratar de romperla y recoger cada uno de los trozos resultantes. Fraga había recibido ya en mayo, junio y julio aliento suficiente de sectores financieros y empresariales, y desde entonces había conseguido introducir en UCD una punta de lanza a través de Miguel Herrero. En ese sentido es sintomática la cena que Fraga mantuvo con Gregorio Peces-Barba el 5 de septiembre y en la que el portavoz socialista le confirmó que «los socialistas querían abrir la crisis de Gobierno, aspirando a que saliera Suárez, y a establecer un “Gobierno de gestión” con la UCD restante» [422]. Días más tarde, de nuevo Peces-Barba le confirmó su estrategia, cuando ya se sabía que Suárez iba a pedir la moción de confianza. Escribe Fraga en su diario: «La estrategia del PSOE era mantener la crisis abierta, presionar donde pudieran (incluso en la Zarzuela) sobre la idea de un Gobierno de gestión con UCD, pero sin Suárez, al que pensaban seguir acorralando con acciones parlamentarias y extraparlamentarias» [423].

La anotación del minucioso político conservador no tiene desperdicio, y demuestra con claridad que el PSOE —en septiembre de 1980, y si acaso desde antes— estaba dispuesto a cualquier fórmula, ya fuera constitucional o no, para acabar con Adolfo Suárez y con UCD.

El debate sobre la moción de confianza se desarrolló durante los días 15, 16 y 17 de septiembre, y volvió a centrarse en los temas económicos, de terrorismo y autonómicos, con la novedad de que, esta vez, el representante del Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, subió a la tribuna dispuesto a bendecir —como había pactado con Rodolfo Martín Villa— que el artículo 144 —no el 151 ni el 143— era el instrumento válido para que Andalucía alcanzara una autonomía similar a la vasca y la catalana. En su intervención, Suárez se mostró recuperado y con más punch que en la primavera, justificando el cambio de Gobierno y «guiñando» un ojo a su izquierda por haber recuperado al líder del sector socialdemócrata de UCD, Fernández Ordóñez. Las intervenciones de los restantes líderes abundaron en las tesis ya expuestas en el mes de mayo y Suárez ganó la moción de confianza del Parlamento español, con 180 votos a favor, que le concedieron su propio grupo UCD, Minoría Catalana, Partido Andalucista y el diputado del Grupo Mixto José García Pérez, tránsfuga de UCD cuando el desastre del referéndum. En contra votaron PSOE, PCE, PNV, CD y gran parte del Grupo Mixto. Manuel Clavero se abstuvo. Pocos días después, y para culminar su estrategia de recuperar la iniciativa, Suárez escribió una carta a Felipe González y a los demás líderes parlamentarios en la que les invitaba a iniciar conversaciones sobre el problema autonómico y en especial sobre Andalucía, para así corresponder al viejo deseo de todos de zanjar la herida abierta en esa región desde el mes de febrero de 1980, y a la que seguía aferrándose la Junta de Andalucía, que no admitía otra vía de acceso a la autonomía que el artículo 151 de la Constitución.

El 1 de octubre, Felipe González inauguraba la serie de consultas del presidente del Gobierno visitándole en el palacio de la Moncloa; a esta siguieron las de los restantes portavoces parlamentarios. Carrillo estuvo el día 6 y Fraga los días 8 y 9 de octubre. Como conclusión, el 23 de octubre, el Congreso de los Diputados votó unánimemente una proposición de ley que permitía acceder a Andalucía a la autonomía por la vía del artículo 151; para mayor regodeo, Alfonso Guerra declaraba dos días después a las periodistas que celebraban los «desayunos del Ritz» que «los socialistas se habían llevado al huerto a UCD para resolver la cuestión andaluza».

Pero simultáneamente a este relanzamiento de su iniciativa, Suárez tuvo que afrontar el compromiso político de la elección del portavoz del grupo parlamentario, cargo que había dejado Antonio Jiménez Blanco, y que era vital para encauzar y dirigir toda la actividad parlamentaria del Gobierno y de UCD. La batalla se presentaba difícil y los sectores contrarios a Suárez vieron la oportunidad de apoderarse de uno de los puestos clave de su estrategia de confrontación con el «aparato». Emilio Attard se ofreció y Suárez no pudo convencer a Sánchez Terán de que aceptara ser el candidato, ni estaba totalmente convencido de que Calvo Ortega sumara a su condición de secretario general de UCD la de portavoz y presidente del grupo parlamentario. Finalmente, el sector oficial ofreció la responsabilidad al diputado Santiago Rodríguez Miranda, perteneciente al ala socialdemócrata de UCD y hombre preparado y capaz. Enfrente hubo menos dudas, y desde hacía meses Miguel Herrero venía trabajando el descontento de los diputados, presentándose como el revulsivo y el dinamizador de sus frustradas expectativas. Después de una mínima campaña interna, el 14 de octubre, y en medio de una tremenda expectación, los diputados de UCD eligieron a su portavoz por abrumadora mayoría. Miguel Herrero obtuvo 103 votos, mientras que Rodríguez Miranda solo sumó 45: hubo dos votos en blanco y catorce diputados no ejercieron su derecho. El Gobierno no había medido bien su fuerza, presentó tarde a su candidato y, por otra parte, según todos los indicios, el grupo de diputados vinculado a Rodolfo Martín Villa gozó de libertad de voto. Quedó claro que Miguel Herrero supo aglutinar la mezcla de sentimientos que en aquellos momentos padecían los confusos diputados de UCD, y de hecho por él votaron muchos que no simpatizaban con su personalidad ni con su futura estrategia crítica contra Suárez.

Para Adolfo Suárez, la elección de Miguel Herrero como portavoz del grupo parlamentario significó un claro revés y una demostración de que se había puesto en duda su autoridad, y así lo ha reconocido años después: «... Yo tenía la animadversión de una parte importante de las Fuerzas Armadas —de lo que no cabe ninguna duda—; existía unanimidad en centrar las críticas en mí; sabía de la desconfianza de los jefes de las diferentes facciones que integraban UCD —cosa también obvia porque yo empezaba a tener defecciones graves en el Parlamento—; el PSOE había minado una parte de mi partido por el sistema de decir a algunos de sus miembros que ellos sí eran progresistas y demócratas, pero yo no. Además de todo esto, parecía que la legitimidad democrática solo la daba el partido socialista o su cercanía a él. En fin, una cantidad de circunstancias me permitían ver que se había erosionado claramente mi liderazgo. Y, finalmente, mi candidato para portavoz del grupo parlamentario de mi partido era Santiago Rodríguez Miranda; y yo, teniendo el compromiso de las distintas fuerzas políticas de UCD de que saldría él, me encontré con la sorpresa de que fue elegido Herrero de Miñón. Eso fue un varapalo absoluto, una prueba clara de que mi autoridad como presidente del partido había sufrido una grave erosión. Ni siquiera me fueron comunicados los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes del partido la noche anterior. Herrero era y es una gran persona, pero entonces se tenía la sensación de que su elección significaba un rechazo a mi persona dentro de UCD» [424].

Herrero reconoce que hizo una campaña previa por teléfono y que le votaron «tácitos», democristianos y liberales, y que los independientes de Rodolfo Martín Villa, «aun sin comprometerse públicamente, también lo hicieron en su mayoría». Y Herrero asimismo subraya el apoyo que recibió de los «jóvenes turcos», «que gracias a José Manuel García Margallo, Juan Quintás, Ricardo León y José Ramón Pin Arboledas me dieron su confianza tras la larga cena en la noche del 13 de octubre» [425]. Incluso Arturo Moya captó algún voto de socialdemócratas.

Desde ese día, Adolfo Suárez empezó a meditar muy seriamente la posibilidad de dimitir porque se sintió engañado y cuestionado dentro de sus propias filas, y porque intuyó —como así era— que el resultado de la votación escondía una operación de mayor calado. Se trataba, efectivamente, del primer paso para crear la «gran mayoría» por la que tanto suspiraban Fraga y los críticos de Adolfo Suárez, integrados ya por los democristianos —con Landelino Lavilla, Miguel Herrero y Óscar Alzaga al frente—, los liberales y un buen número de los diputados provenientes del sector «martinvillista». Desde fuera, Osorio veía culminar su venganza; sectores empresariales próximos a la CEOE y algunos prohombres de las finanzas empezaron a vislumbrar que el cerco sobre Adolfo Suárez daba sus frutos, y desde el PSOE se «frotaban las manos» comprobando que su consigna de acabar con Adolfo Suárez había calado en las huestes del propio presidente del Gobierno. Por último, todos juntos, con la impagable colaboración del «golpismo», relanzaron la operación de un Gobierno de gestión, en el que poco importaba ya que el presidente fuera o no un militar, y que fuera o no demócrata. Miguel Herrero ha relatado que el mismo día de su elección, «tras agradecer al grupo parlamentario su votación, telefoneé al presidente Suárez, con quien quedé citado para el día siguiente». Y añade: «.... y a Manuel Fraga, al que invité a almorzar días después y cuya ayuda recabé ya aquella tarde para superar cualquier votación adversa en el Pleno de la Cámara» [426].

Efectivamente, al día siguiente, Adolfo Suárez, contrariado, recibió en el palacio de la Moncloa al nuevo portavoz de UCD. Había apreciado sinceramente la colaboración de Miguel Herrero en los primeros pasos de la transición, cuando Landelino Lavilla era ministro de Justicia. Pero ahora su interlocutor se presentaba eufórico, lleno de esa sabiduría teórica que tanta incomodidad le producía y que era la consecuencia ejemplar del interclasismo de UCD. Sabía que Miguel Herrero iba a actuar con libertad y sin someterse a ningún otro dictado que no fuera abrazar a Manuel Fraga, para sellar la alianza con la derecha, por la que tantos suspiraban. Y sabía que este «repelente» profesor era uno más de los muchos políticos de excelente pedigree académico y social que él había conocido en el franquismo: bien preparados, socialmente relevantes, sin inquietud popular, y partidarios de la política de diseño. Muy inteligente, pero muy de derechas, Suárez escuchó sus buenas intenciones: se proponía —dijo Herrero— elevar el protagonismo político del grupo parlamentario hasta hacerle corresponsable con el Gobierno de «nuestra política», democratizar su funcionamiento y apoyar y dignificar la posición del diputado. Herrero ofrece de la entrevista con Suárez una versión más simple: «A sus reiteradas proposiciones de ser muy amigos y de “querernos mucho”, le señalé que no había venido a la política a recabar afectos: para ello contaba con familia y amigos». «Contigo, presidente, lo único importante es colaborar para conseguir una serie de objetivos concretos: revitalizar el grupo, estabilizar el Gobierno, vencer en el Parlamento a la oposición y ganar la confianza de la sociedad» [427].

Herrero admite más tarde que «por su parte, no hubo hostilidad alguna hacia mi gestión como portavoz, sino un extraño silencio a mis numerosas sugerencias, consultas y peticiones...». Quien afirma todo esto es el mismo diputado que el 19 de junio —cuatro meses antes— comía con Manuel Fraga y le reconocía —según el testimonio de este— que «Suárez ya no puede entenderse con la mayoría de UCD y que él es el obstáculo para todo entendimiento con nosotros: hay que sacarlo» [428].

Y como había anunciado el mismo día de su elección, Miguel Herrero se reunió con Manuel Fraga, con el que cerró un pacto parlamentario que —admite— «yo pretendía transitorio, Coalición Democrática nos apoyaría frente a terceros, y UCD apoyaría las proposiciones que la coalición conservadora presentase, previa consulta con el grupo centrista y el Gobierno».

Pero al revés político que supuso la elección de Miguel Herrero como portavoz, por cuanto convertía al grupo parlamentario en un ente político con estrategia propia y diferenciada del partido, y en el instrumento de poder de su portavoz, se unió la sangrienta batalla que ETA desencadenó en el otoño, y que se centró en varios militantes vascos de UCD. Esta se inició el 1 de octubre con el asesinato de José Ignacio Bustarán, continuó el 23 del mismo mes con el de Jaime Arrese y concluyó el último día del mes de octubre con el del dirigente de la Ejecutiva de UCD en Guipúzcoa, Juan de Dios Doval; a este por error, pues la víctima elegida iba a ser el dirigente de UCD de Vizcaya Tacho Nebreda. La moral de los militantes de UCD en el País Vasco se vio rota por la cruel estrategia de ETA de golpear donde más daño podía hacer. En contra de toda lógica, Adolfo Suárez no asistió al entierro ni al funeral de ninguno de ellos, y esta ausencia fue una pequeña gota que colmó un vaso lleno de incomprensiones y de falta de liderazgo. Los sufridos militantes de UCD se sintieron en este otoño de 1980 un poco huérfanos de la solidaridad del hombre por el que todos los días, desde 1977, habían dado la cara en cada pueblo de la geografía del País Vasco. Miguel Herrero sí asistió al entierro de Juan de Dios Doval y en sus vitriólicas memorias denunció que «... el Gobierno ni siquiera me proporcionó medios de transporte y la policía tan solo me aconsejó eliminar la bandera española de mi alfiler de corbata» [429].

Pero no fueron estas muertes las únicas que ensombrecieron de nuevo el ya de por sí amenazador escenario político, porque la cabeza pensante de ETA continuó golpeando a las Fuerzas Armadas y a las de Orden Público, y así, el 4 de octubre, caían asesinados en Álava tres guardias civiles; el 13, quien era víctima de la enajenación terrorista era el teniente coronel Lorenzo Moto, y el 23 eran José Manuel García Cordero —delegado de Telefónica en el País Vasco— y el trabajador Alejandro Unanue quienes caían fulminados por sus balas. El 3 de noviembre, ETA asesinó a cuatro guardias civiles en Zarauz, y el 14, al coronel auditor del Ejército del Aire Luis Constante, y a Vicente Zorita, militante de AP y candidato al Parlamento vasco, a quien los terroristas —en su odio— introdujeron una pequeña bandera española en la boca, después de pegarle un tiro en la nuca [430]. El 16 de noviembre, un comando de ETA asaltó el cuartel militar de Berga y once días después asesinó al jefe de la Policía Municipal de San Sebastián, Miguel Garciarena. En total, solo en octubre y noviembre, ETA había asesinado a dieciséis personas inocentes, provocando que AP pidiera a gritos la implantación del estado de excepción en el País Vasco y que la ultraderecha reforzara al máximo su estrategia involucionista. Pilar Urbano ha revelado que Adolfo Suárez le reconoció que él debía haber ido a los entierros, pero que entonces no tuvo la presencia de ánimo. Además, coincidiendo con esta campaña etarra, estaba preocupado por la gran conspiración militar y política que se estaba fraguando y que, para su sorpresa y decepción, iba a encontrar aliados circunstanciales en el seno de las propias fuerzas parlamentarias.

El 18 de octubre, Adolfo Suárez y Felipe González culminaron la negociación sobre los temas autonómicos proponiendo al resto de las fuerzas parlamentarias la convocatoria de un referéndum para aprobar el Estatuto de Galicia, el 21 de diciembre, y resolviendo las transferencias al País Vasco, paralizadas desde hacía meses.

Esa misma tarde, Felipe González presidió el Comité Federal del PSOE, expresando a sus miembros su preocupación por la debilidad del Gobierno e insinuando que era urgente que el PSOE asumiera cuanto antes tareas de gobierno. Resumió en pocas palabras que las opciones en liza eran una coalición entre UCD y AP, que era bien vista por la CEOE, o una salida política con la participación de los socialistas, pero que desde hacía varios meses, y con especial énfasis en las últimas semanas, se venía hablando de una tercera opción, que los medios de comunicación denominaban «Gobierno de gestión», a cuya cabeza todo el mundo situaba el nombre de Alfonso Osorio.

El debate posterior resaltó el interés de los socialistas por no verse marginados de las posibles opciones de suceder a Adolfo Suárez y por conocer en profundidad la dimensión de las maniobras y rumores que también situaban a un militar al frente de un Gobierno formado por fuerzas parlamentarias. Alfonso Guerra se inclinaba por presentar una nueva moción de censura. Como consecuencia de este clima, que los socialistas soportaban con notable nerviosismo, el Comité Federal encargó a algunos de sus más significados responsables políticos que sondearan cerca de los círculos militares y políticos la trascendencia y gravedad de las operaciones en marcha. La reunión del Comité Federal del PSOE concluyó facilitando un comunicado a los medios informativos en el que declararon que UCD era un partido «incapaz de gobernar la nación». Guerra insistió públicamente en que la situación política «no aguantaba» y amenazó con presentar una nueva moción de censura.

El nerviosismo de los socialistas era tan evidente, que después del 18 de octubre «movieron contactos militares para averiguar si había problemas ocultos de gravedad» [431].

Uno de los primeros dirigentes del PSOE en hablar con militares fue el profesor Ignacio Sotelo, que se entrevistó con el comandante José Luis Cortina Prieto, perteneciente a la Agrupación de Operaciones Especiales del CESID, quien le explicó los datos generales de las operaciones en marcha contra Adolfo Suárez. No hay que descartar que Cortina fuera quien impulsara a los socialistas a hablar con Armada, con el que ya debía de estar en contacto y cuyos movimientos previos al golpe ya conocía.

Pero al margen de este contacto, que acredita la estrecha relación de los socialistas con un militar de los servicios secretos que solo meses después tendría una destacada misión de apoyo a Armada en el 23-F, la Ejecutiva socialista encargó a Enrique Múgica que visitara en Lérida al entonces gobernador militar y jefe de la División Urgel, Alfonso Armada. La elección de Múgica no fue improvisada, sino producto de que él era quien desde 1977 —y por acuerdo con UCD— había capitalizado los contactos entre socialistas y militares, hasta el extremo de haber ocupado la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados durante la primera legislatura.

Su designación para esa y otras misiones posteriores demuestra que Felipe González confió en él hasta el punto de que se hizo sustituir por él. En efecto, según ha revelado la periodista Pilar Cernuda, «En la cena de Lérida con el alcalde, Múgica y Joan Raventós, en la que Armada pensaba encontrarse con Felipe González, los socialistas hablaron con el general con la misma naturalidad con que hubieran hablado con un compañero de partido» [432].

En un principio, Felipe González habló con Joan Raventós para que le organizara el encuentro con Armada, pero por un último instinto de prudencia decidió que fuera Enrique Múgica quien viajara a Lérida. Manuel Soriano confirma en su biografía de Sabino Fernández Campo que Felipe González pensó en ser él mismo quien se entrevistara con Alfonso Armada.

El almuerzo fue organizado en su propia casa por el alcalde de Lérida, Antonio Siurana, que, según la versión de Alfonso Armada, le llamó el mismo día 22 por la mañana para invitarle a comer. No parece muy creíble que el almuerzo se improvisara; Múgica y Raventós viajaron a Lérida para entrevistarse con Armada. No estaban allí «por casualidad» cuando Siurana invitó al militar.

En la comida, según Armada, «se habló también de política en general. De la situación en aquellos momentos y de los problemas pendientes: economía, terrorismo, autonomías, etc.». «Creo que escuché más que hablé, pues eran temas que ellos vivían políticamente más que yo.» Armada también ha recordado que hablaron del Ejército y «recuerdo que me preguntaron mi opinión sobre algunos compañeros que Múgica conocía. Concretamente y entre otros, se citó a Sabino y a Santamaría» [433].

La versión de Enrique Múgica es que «Armada se mostró preocupado por las autonomías y el terrorismo, así como por el desempleo y la falta de inversión... Y propuso que todos arrimaran el hombro; en concreto, se refirió a un Gobierno UCD-PSOE presidido por un independiente» [434]. Años después, Múgica insiste en que «en ningún momento Armada se postuló él mismo como presidente de ese Gobierno, ni que la formación de ese Gabinete se hiciera al margen de los procedimientos constitucionales» [435]. Según Charles Powell, «Armada fue sumamente crítico con el gobierno Suárez y habló de la posible creación de un Gobierno provisional de amplia coalición, presidido por una personalidad independiente, presumiblemente un general» [436].

Según el propio Enrique Múgica, él en ningún momento sondeó a Armada sobre su disponibilidad para presidir un Gobierno de esas características; sí lo hizo Joan Raventós, circunstancia que alimentó en Armada la impresión de que la sugerencia y el almuerzo no eran casuales. «Armada creyó que la confianza que le demostraban los socialistas indicaba que estaban pensando en su persona como candidato a futuro presidente» [437]. Este hecho se confirmó cuando durante la noche del 23-F Armada le reveló a Sabino Fernández Campo por teléfono, antes de ir al Congreso para ofrecerse a presidir un Gobierno de coalición, como solución al secuestro que Tejero sometía a los diputados: «Tengo el apoyo de los socialistas» [438].

Al margen de matices, de si Armada se postuló o de si se le propuso, lo que para la Historia ha quedado claro es que en Lérida, el 22 de octubre de 1980, se entrevistaron uno de los más notorios representantes del partido socialista, de irreprochable trayectoria democrática y que por su oposición al franquismo llegó a ingresar en prisión, y el militar que pocos meses después movería en la sombra un golpe militar contra el Gobierno de Adolfo Suárez, creyendo así rendir un último favor al Rey, del que había sido preceptor durante tantos años.

Aunque no ha visto la luz pública, Enrique Múgica —a petición del propio Felipe González— preparó una nota de dos folios sobre su entrevista con el general Alfonso Armada, que entregó al secretario general del PSOE, circunstancia que ratificó ante el juez instructor y los abogados de los procesados por el 23-F, el 14 de enero de 1982.

De su entrevista con Múgica, Armada reconoce haber informado «por teléfono al capitán general» [439], y que poco después el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, le dijo: «Ya sé que almorzaste con Múgica en Lérida».

¿Conocían el Rey y Adolfo Suárez este encuentro? ¿Cómo se enteraron? Joaquín Prieto y José Luis Barbería sostienen en su libro El enigma del elefante que «Adolfo Suárez se enteró del encuentro entre el general Armada y el dirigente socialista a las pocas horas de haberse producido, pero no por el PSOE, ni a través de la estructura de mando militar. Adolfo Suárez fue informado del encuentro Múgica-Armada por el palacio de la Zarzuela, que a su vez había recibido noticias directas del encuentro, presumiblemente del general Armada» [440].

De ser esto cierto, en octubre de 1980, Armada tenía al Rey al corriente de sus contactos y desde luego de sus conversaciones para acreditar el malestar político existente contra el presidente del Gobierno en los círculos militares. De ser esto también cierto, Armada ya había empezado a utilizar al Rey para sus propios fines. Pero de ser eso cierto —y nadie lo ha desmentido hasta la fecha—, desde el mismo 22 de octubre, Adolfo Suárez conoce que los socialistas están hablando y sondeando a militares para conocer su disponibilidad a presidir un Gobierno de gestión. De confirmarse que ese mismo día el Rey —o al menos alguien del palacio de la Zarzuela— informó a Suárez de la entrevista de Lérida, quedaría acreditada la sintonía y la coordinación entre los dos palacios en la defensa de la legalidad constitucional.

Adolfo Suárez informó a su ministro de Defensa del encuentro Múgica-Armada, y Rodríguez Sahagún citó al general para exigirle una explicación y pidió al CESID que iniciara una investigación para conocer la trascendencia de esos contactos. Tanto Armada como Múgica negaron al ministro de Defensa que su almuerzo tuviera otro significado que un encuentro informal. Pese a ello, Rodríguez Sahagún pidió a Felipe González una copia del informe que Múgica le había escrito, a lo que el secretario general del PSOE nunca accedió [441].

El mismo 22 de octubre, el Rey recibió en la Zarzuela al general Luis Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña, en uno de sus habituales contactos con militares, que en el último trimestre del año se hicieron más frecuentes. Durante la audiencia, Torres Rojas le expresó al Rey su malestar y preocupación por la situación política.

En el Seminario sobre la Transición que la Fundación Ortega y Gasset organizó en Toledo, en 1983, Felipe González admitió que, al conocer el informe que sobre la comida con Armada le hizo Enrique Múgica, se dio cuenta de que el militar se estaba proponiendo como alternativa a la Presidencia del Gobierno. González añadió que supo entonces que «algo se estaba tramando» y que los proyectos involutivos «estaban previstos para los primeros meses de 1981»; el secretario general del PSOE reveló que informó de todo ello a Leopoldo Calvo-Sotelo, pero que ignoraba si el entonces vicepresidente se lo había contado a Adolfo Suárez. La entrevista se celebró en el mes de noviembre de 1980, en el Ministerio de Comercio, y en ella Felipe González le advirtió que había riesgo de un golpe de Estado.

Es evidente que la inquietud de los socialistas y su preocupación por encontrar una salida a la crisis de UCD les llevó además a propiciar encuentros con otras fuerzas parlamentarias para sondear su disponibilidad para apoyar la formación de un Gobierno de mayoría parlamentaria presidido por un independiente o por un militar.

Para contradecir la extendida tesis de que Múgica visitó a Armada en Lérida a título personal y no por mandato del secretario general —como así fue—, poco después del encuentro con el general Armada el propio Enrique Múgica almorzó en el Palau de la Generalitat de Cataluña con su presidente, Jordi Pujol, y el portavoz parlamentario de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Miquel Roca. «Durante el encuentro —según el relato de Joaquín Prieto y José Luis Barbería—, Múgica sugirió la posibilidad de un Gobierno de concentración cuya presidencia podría recaer en el general Alfonso Armada. Citó al diputado de Coalición Democrática Alfonso Osorio como una de las personas que estaban de acuerdo con la operación. y mencionó el nombre del entonces dirigente comunista catalán Jordi Solé Tura como persona adecuada para integrarse en dicho Gobierno.» «Múgica —continúa el testimonio de los periodistas de El País— dedicó esa comida de Barcelona a hablar del desastre interno de la UCD. Expresó la necesidad de reconducir la situación ante el peligro de un golpe de Estado y pidió a los nacionalistas catalanes que no siguieran apuntalando al Gobierno centrista de Adolfo Suárez y que dejaran en manos del PSOE la iniciativa en la búsqueda de una solución a la crisis política. La propuesta fue acogida con frialdad en el palacio de la Generalitat» [442].

Fue el propio vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, acompañado por el portavoz parlamentario de los socialistas, Gregorio Peces-Barba, quien sondeó a los nacionalistas vascos, para lo cual citaron a su entonces portavoz en el Congreso, Marcos Vizcaya, en el local del PSOE, en la calle Santa Engracia, de Madrid. Según el testimonio de Marcos Vizcaya, los socialistas le hicieron una descripción apocalíptica de la situación de España, esgrimiendo como datos del caos la crisis económica, la pelea interna de UCD, la falta de liderazgo de Adolfo Suárez y su incapacidad para acabar con el terrorismo. Joaquín Prieto y José Luis Barbería revelan en su libro El enigma del elefante que «tras esta exposición, aludieron vagamente, sin atribuirse la idea, a la posibilidad de que la situación del país exigiera un Gobierno de concentración o de salvación nacional»; pero, según les reveló el diputado vasco, «el momento más peliagudo se produjo cuando recabaron mi opinión sobre la idea de poner al frente de ese Gobierno a un independiente prestigioso». Y añade Vizcaya: «Me preguntaron qué me parecería si ese personaje fuera un militar» [443].

Vizcaya les replicó que «no creía en el mirlo blanco del militar independiente», y, por las claves que ofreció Guerra, dedujo que las gestiones de los socialistas habían sido consultadas con los socialdemócratas de UCD y con algún dirigente democristiano, y que conocían perfectamente la crisis interna del partido gubernamental. Por último, Marcos Vizcaya reveló a los autores del libro que, en su opinión, «la situación política de aquel momento no era de desgobierno, desastre o caos. Fueron algunos políticos los que transmitieron a la opinión pública esa sensación, rápidamente interiorizada en los ambientes militares. En su intento por descabalgar a Suárez, alimentaron falsamente la sensación de desastre. El PSOE ahondó artificialmente la situación de crisis al actuar fuera de los cauces reglamentarios, transmitiendo la sensación de que España iba al agujero. Por eso, muchos políticos callaron como muertos tras el 23-F. Por eso nadie ha querido recordar nada» [444]. De su encuentro con Alfonso Guerra y Gregorio Peces-Barba, Marcos Vizcaya entregó un informe a la dirección del PNV.

Otra prueba de la actividad socialista en busca de una alternativa de gobierno a Adolfo Suárez fue la entrevista que el diputado de UCD por Vizcaya, Julen Guimón, sostuvo con un dirigente y diputado del PSOE vasco —cuyo nombre oculta— y que le propuso una coalición con los disidentes de UCD, hablándole de «un Gobierno fuerte para atajar el problema vasco» y que «defendía la idea de colocar al general Armada en un puesto destacado del futuro Ejecutivo» [445].

El propio presidente del PNV, Xabier Arzallus, ha recordado que algunos meses antes del 23-F se entrevistó en el Hotel Palace, de Madrid, con dos destacados miembros de los sectores críticos de UCD, que «después de contarme perrerías de Suárez, uno de ellos me preguntó si el PNV estaría de acuerdo con un Gobierno de concentración presidido por un militar demócrata independiente, o por un banquero» [446].

Por último, y como reflejo final de estas disparatadas iniciativas de algunos grupos parlamentarios y de algunos políticos, el entonces diputado comunista Ramón Tamames también aludió a la posibilidad de un Gobierno presidido por un militar, provocando que Santiago Carrillo declarara que «Ramón desvaría».

Como ha escrito la periodista Pilar Cernuda, «los socialistas tendrán que explicar algún día su escaso sentido de la oportunidad al protagonizar determinados gestos. Y sobre todo su escasa capacidad de percepción psicológica, pues fueron incapaces de adivinar que en Armada se ocultaba una personalidad ambiciosa, un militar que “picaba” muy alto, y que en esos momentos se sentía minusvalorado» [447].

Por supuesto, Miguel Herrero niega que él propusiera un general para sustituir a Adolfo Suárez y que se mantuvieran reuniones con otros partidos para una moción de censura [448] que algunos socialistas preveían presentar en los primeros meses de 1981, contando bien con el grupo socialdemócrata de UCD, o con el cada vez más poderoso grupo crítico, integrado por los democristianos, liberales y algún representante del sector martinvillista.

El último trimestre de 1980 transcurre en los círculos políticos con la zozobra de ver cómo los propios representantes de la soberanía popular se precipitan por un camino de declaraciones, reuniones y conspiraciones que solo contribuyen a que los distintos sectores golpistas encuentren acomodo y justificación política. No cabe calificar de otra manera la declaración que el 21 de noviembre de 1980 realizó el diputado socialista Javier Solana a la revista sensacionalista Interviú, y cuya contundencia y estilo —«Hay que echar a Suárez»— tan poco cuadran con su habitual tono moderado, pero que tan bien refleja la desesperada intención de los socialistas.

En noviembre de 1980, los servicios de información del Ministerio de Defensa elaboraron un importante documento en el que con precisión y riqueza de matices se describían las características de las distintas conspiraciones del momento. De las cuatro, una de ellas se aproximaba mucho al escenario real y al desarrollo posterior de la trama del 23-F, a la que los autores del informe bautizaron como de «ámbito mixto cívico-militar» y que describían así: «Está promovida por un grupo mixto, compuesto por civiles sin militancia política pero con experiencia en tal campo y por un grupo de generales en activo de brillante historial y capacidad de arrastre. Su mecanismo de implantación sería formalmente constitucional para cubrir las apariencias legales mínimas, evitando la calificación de golpismo. La operación se plantearía mediante presiones concéntricas de variada procedencia (medios financieros, eclesiásticos, estructuras militares, sectores de partidos parlamentarios, prensa, personalidades, etc.) para conseguir la dimisión de Adolfo Suárez».

«Al final del proceso —informaba el documento— se haría necesaria la discreta intervención de la Corona para rematar y asegurar la citada dimisión. El Rey, seguidamente, pondría en marcha los mecanismos constitucionales al respecto.» Para el éxito de la operación, el documento afirmaba: «Se consideraban imprescindibles los mayoritarios apoyos de UCD y PSOE —a niveles parlamentarios— para asegurar la mayoría precisa en el momento de la investidura». «El presidente del Gobierno —auguraba el documento— sería un general con respaldo, pero no protagonismo público, del resto de la estructura militar. El Gobierno estaría formado, al menos en su 50 por 100, por civiles y algún que otro militar. Estos civiles serían independientes, no adheridos a ningún partido, y de reconocida solvencia personal. El resto lo compondrían civiles pero propuestos por UCD, PSOE y CD. Las FF.AA. se reservarían el derecho de veto —sobre las personas de esas procedencias— en la formación del Gobierno.» El documento revelaba que «la operación lleva gestándose, al parecer, cerca de un año. Se ha profundizado en los contactos y compromisos y han mostrado su conformidad (en ocasiones muy sospechosa por lo vehemente) líderes de UCD y del PSOE. Respecto a esto, se cree fundamentalmente que algunos de ellos están observando la operación y no perdiendo el contacto con los promotores en tanto ensayen sus propias operaciones».

«La viabilidad de la operación —concluía el documento— es muy alta y su plazo de ejecución se estima podría culminar para antes de la primavera de 1981» [449].

La primera de las otras tres operaciones militares se atribuía a un grupo de tenientes generales y de capitanes generales; la segunda, a los coroneles, y la tercera, a los espontáneos. El documento no concedía mucha viabilidad a estas tres conspiraciones y apuntaba ya un hecho interesante y que ocurriría realmente: los indicios de que los promotores de la operación de los espontáneos intentaban conectarse con la operación de los coroneles. Este documento lo recibieron el Rey, el presidente del Gobierno, el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, el ministro de Defensa y el ministro del Interior [450], y simultáneamente a su difusión reservada, los servicios de información de la policía detectaron varios encuentros del teniente general Milans del Bosch con oficiales de distintas regiones, y entre ellos con el teniente general Manuel de la Torre, capitán general de Baleares.

Pero a medida que pasaban los días, Armada fue fraguando su plan y, alertado por sus contactos en los servicios de información de la inquietud del teniente general Milans del Bosch, se puso en contacto con él el 17 de noviembre de 1980; pero no todo era armonía entre los distintos sectores del «golpismo». El 11 de noviembre, El Alcázar publicaba en primera página que no todos los sectores involucionistas estarían conformes con la «Operación De Gaulle». «La traducción made in Spain —podía leerse en El Alcázar— de la “Operación De Gaulle” solo tendría una relación con aquella: recabar la figura de un general para ocupar la presidencia del Gobierno»; y continuaba: «... serían los políticos: unos pocos —muchos del PSOE— y unos pocos —muchos de UCD— quienes formarían una nueva mayoría para llevar a la Moncloa a un general». El 30 de noviembre, el mismo periódico describía así al general Armada: «... general todavía en activo y con un último peldaño en el escalafón, cercano a subirlo, por cierto. Ese es el verdadero hombre del socialismo, el hombre de Múgica, aunque su origen sea diametralmente opuesto a cualquier versión marxista...».

Resulta esclarecedor que El Alcázar, el 30 de noviembre, ya afirmara que Armada se encontraba a punto de ascender y que fuera el hombre del socialismo. Solo habían pasado cuarenta días del encuentro de Lérida. El diario de Manuel Fraga también es testigo de la zozobra de esos días, al referir: «Miércoles, 12 de noviembre: [...] se vuelven a vivir rumores de golpe militar» [451]. Más adelante —el 19 de noviembre—, el apunte dice así: «... Muchos testimonios de la preocupación militar». El día anterior se habían entrevistado en Valencia Milans del Bosch y Armada. Solo una semana después, el Rey recibió a Fraga, que, emocionado por la muerte de uno de sus afiliados en Santurce, le había escrito una carta. Y anota Fraga en su diario todas las cosas que le dijo al Rey y sus reflexiones: «... No podrá olvidarse, por otra parte, que seguía al frente del Gobierno la misma persona que el Rey había designado al comienzo de la transición, aunque ahora estuviera con otros títulos; pero así como en la Zarzuela podía aparecer con ellos, en otros lugares podía aparecer (y ello se procuraba) como el hombre del Rey» [452].

A primeros de diciembre, y después de que Adolfo Suárez reconociera públicamente que «mi liderazgo en UCD está en cuestión», el Rey recibió también a Felipe González y a Santiago Carrillo. Estaba clara su inquietud, hasta el extremo de que, alertado por el documento de los servicios de información, quiso conocer de primera mano los rumores de las conspiraciones en marcha y la opinión sobre la situación política de los líderes parlamentarios. En este contexto, y aprovechando su estancia en Madrid para pasar las Navidades, el 18 de diciembre, Alfonso Armada quiso ver al Rey y se presentó en la Zarzuela. Pero esta vez el control de Somontes no le franqueó inmediatamente la entrada, porque el general Sabino Fernández Campo quiso que supiera que para entrar en la Zarzuela debía identificarse. Como ya hemos relatado anteriormente, desde hacía más de un mes Sabino Fernández Campo conocía los movimientos de Armada, de cuya solución política como presidente de un «Gobierno de gestión» hablaba toda la clase política. La soberbia de Armada le ha impedido reconocer que en aquella fecha, y por primera vez desde que abandonó la Zarzuela, no tenía vía libre para visitar al Rey. «Quedé en la puerta —ha relatado Armada— esperando un poco y llegué tarde a la audiencia. Sabino quiso que entrase antes que un conocido político porque así me podía marchar pronto; pero se olvidó de avisar a la puerta; cuando subí lo dije (más que nada para justificar mi falta de puntualidad) y creo que ese es el motivo que, con mala intención sin duda, ha servido de base para decir que yo no era recibido en la Zarzuela. Aquel día estuve bastante tiempo con el Rey. Me enseñó la alocución de Navidad y conservo una fotocopia de las cuartillas con las palabras que pensaba pronunciar, cuartillas que tenían algunos retoques hechos de su puño y letra» [453].

Cuando Armada visitó al Rey en diciembre, ya hacía un mes que se había entrevistado con Milans del Bosch en Valencia para unir sus esfuerzos y «excitar» mutuamente sus estrategias golpistas. ¿Se lo comentó al Rey? No. Armada jugó con el Rey, informándole sin duda del malestar que había en el Ejército y de alguno de los movimientos que ya estaban en marcha, pero haciéndole ver que él controlaba la situación y que le mantendría al corriente. Como consecuencia de esta entrevista, el Rey quiso mantener el contacto con Armada y este aprovechó el interés real para continuar los suyos con otros capitanes generales, y para convencer aún más, si cabe, a Milans del Bosch de que el Rey compartía su preocupación por la situación política.

Mientras Armada va fraguando las piezas del golpe blando, e intensifica sus relaciones, en Madrid, el 8 de diciembre de 1980, el núcleo duro de los coroneles, que bajo los auspicios de los hombres de confianza de San Martín ha ido perfilando su propio golpe, organizó el plante de la gran mayoría de los asistentes a los actos en honor a la Patrona de Infantería y Artillería, hecho del que Manuel Fraga se hizo eco en su minucioso diario, en la anotación correspondiente al 12 de diciembre: «Visita de amigos militares: me cuentan los últimos incidentes en la Escuela de Estado Mayor; no están bien enterados, pero creen que hay tres operaciones militares en marcha, que van desde el Gobierno de gestión (ayudado) a la ruptura radical» [454]. ¿Quiénes eran esos amigos militares que le hablan a Fraga de que había tres operaciones militares en marcha? ¿Conocían también el documento del CESID de noviembre? Parece obvio que sí, y que Fraga tuvo durante 1980 una excelente información de cuanto ocurría. No hay que olvidar las buenas relaciones que desde tiempo atrás tuvo con Godsa José Luis Cortina Prieto, y los buenos contactos de algunos de sus políticos de confianza con sus servicios de información. Pero la anotación del diario de Manuel Fraga correspondiente al 12 de diciembre, ya citada, concluía con esta interesante información: «Cena con Luis María Anson: se queja de que la mayoría de los consejeros de la Zarzuela solo ven el corto plazo» [455].

La queja merece una breve reflexión. Desde su histórica defensa de la Monarquía, el lamento del entonces presidente de la agencia Efe solo puede ser interpretado en clave del interés del Rey y en contra de los consejeros de la Zarzuela. ¿Quiénes eran estos en diciembre de 1980? Solo dos: Nicolás Cotoner, marqués de Mondéjar, y Sabino Fernández Campo. La alusión de Anson se refiere obviamente a Sabino y está claramente inducida por su amistad con Alfonso Armada, que está acreditada cuando este salió de la Zarzuela y estuvo destinado en la Escuela de Estado Mayor, y pidió a Anson que asesorara y orientara la revista Reconquista. Así lo refiere Armada en su libro: «Creo que el apoyo del excelente profesional que es Anson, entonces director de Efe, fue fundamental para lograr que Reconquista adquiriese prestigio y se leyera con gran interés» [456].

Para aquilatar aún más la invectiva de Anson contra los consejeros del Rey hay que recordar la enemistad que Armada ha incubado contra Sabino Fernández Campo desde su salida de la Zarzuela, llevado de su empeño por patrimonializar la personalidad del Rey. De nuevo en sus «memorias», da pruebas de ambos sentimientos; así, cuando habla de la designación de Sabino para sustituirle, le elogia como profesional y cita sus buenas relaciones, pero concluye con esta frase de tremenda trascendencia: «... Su adhesión a la Monarquía era completa en aquellos momentos» [457].

El «en aquellos momentos» describe perfectamente la paranoia de Armada, que cuando escribe sus «memorias» en 1983 dudaba de la adhesión y lealtad que Sabino tenía al Rey. Y, por último, de la frase de Anson citada por Fraga cabe deducir que criticaba a los consejeros del Rey «porque solo ven el corto plazo». La alusión proyectada sobre el interés de la Monarquía solo puede querer decir que en aquellos momentos —diciembre de 1980— los consejeros reales, y en concreto Sabino Fernández Campo, aconsejaban mantener la confianza en Suárez. Los que creían que el Rey debía pensar en un plazo mayor —Armada, Anson, entre otros— opinaban que por apoyar al presidente del Gobierno no debía hipotecar el futuro de la Monarquía ni de su Corona.

Las líneas que preceden han pretendido explicar no tanto la génesis estratégica del golpe que se estaba incubando, sino la concatenación de nombres y de personalidades que se dieron para que fuera posible. Sin darse cuenta unos y con perfecto conocimiento del objetivo otros, fueron transmitiendo al Rey sus dudas respecto a su apoyo a la situación política. Osorio, Múgica, Tamames, Armada, Solé Tura, Anson, Peces-Barba son algunos de los nombres que solo dos meses después aparecerán en la lista de Gobierno que Armada leyó a Tejero en una de las salas del Congreso durante el secuestro de la soberanía nacional [458].

12
SUÁREZ DIMITE

En el último trimestre de 1980, el Congreso de los Diputados aprobó seis leyes orgánicas: la de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); la de Reforma del Código de Justicia Militar; la de Enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes; la de supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución; la de modificación del párrafo 4.º del artículo 8.º de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades del referéndum, y la de sustitución, en la provincia de Almería, de la iniciativa autonómica. Asimismo, las Cortes Generales convalidaron entre los meses de septiembre y diciembre de 1980 cuarenta y dos leyes, una de ellas la de Presupuestos Generales del Estado. Con el apoyo del PSOE en algún caso y de CiU y CD en otros, el Gobierno de Adolfo Suárez contaba con el respaldo parlamentario suficiente para gobernar, administrar y modificar la legislación en materia autonómica, judicial o militar, adaptándola al criterio propio y al que resultara del consenso con otras fuerzas parlamentarias. Y, sin embargo, el presidente de este Gobierno, que proponía un proyecto de Ley de Divorcio y una Ley de Autonomía Universitaria progresistas, y que era fiel reflejo de lo que fue su espíritu centrista, no contaba con el apoyo de parte de su grupo parlamentario, ni de su portavoz Miguel Herrero, ni de un sector del partido, impulsado por el movimiento crítico a un acercamiento con las fuerzas de la derecha, bajo la excusa de la democratización de UCD y de su mayor coparticipación en las cuotas de poder. En el último trimestre de 1980, Adolfo Suárez estaba siendo sometido a un permanente desgaste desde sus propias filas y desde las de la oposición: la pinza que en abril de ese año hicieron el PSOE y Fraga, con la torpe aquiescencia de los diputados más conservadores de UCD, estaba dando sus resultados. Como opina Fernando Abril Martorell, «Fraga le vio la yugular a Suárez y se fue a por ella, con la complicidad del PSOE, interesado en acabar con el político que le había usurpado el centro-izquierda» [459].

A este Gobierno y a su presidente le habían declarado la guerra algunos de los militares más significados del Ejército y buena parte de las cúpulas empresarial y bancaria. Aun así, Suárez hizo en el último trimestre de 1980 un gran esfuerzo para evitar que UCD se desintegrara y apoyó los propósitos más avanzados de sus ministros contra la resistencia de los sectores más a la derecha de UCD. Miguel Herrero seguía buscando en Manuel Fraga complicidad, lo mismo que Fernández Ordóñez y González Seara en el PSOE para salvar las leyes del Divorcio y de Autonomía Universitaria de la depuración democristiana, como acredita esta anotación del diario de Manuel Fraga: «Martes, 2 de diciembre: reunión con Miguel Herrero; no puede resistir como quisiera en el tema del divorcio» [460].

Pocos días después, González Seara amenazó con dimitir si UCD no respaldaba su Ley de Autonomía Universitaria, y Suárez, tratando de buscar una justificación para su inasistencia a los funerales y entierros de sus compañeros de partido asesinados durante el mes de octubre, viajó al País Vasco a principios de diciembre; quizá era demasiado tarde. Buena parte de la militancia de UCD se ha sentido abandonada por su líder en el peor momento y justo cuando empiezan a celebrarse los congresos provinciales para elegir los compromisarios del II Congreso del partido, que está previsto se celebre en Palma de Mallorca, en la última semana de enero. Como sabe que el Rey ha visto a Felipe González y a Santiago Carrillo a principios de diciembre —el día 3—, y a Fraga a finales de noviembre, Suárez accede a que Martín Villa vaya elaborando una ley orgánica sobre las autonomías que, de acuerdo con la tesis del ministro de Administración Territorial, defina claramente el marco de competencias y de poderes de la Administración Central frente al de las autonomías. Simultáneamente, llamó a Manuel Fraga antes de viajar a Colombia, para concertar una cita con él para después del referéndum en Galicia, que tuvo lugar el domingo 21 de diciembre. El 22 de diciembre, el diario de Fraga registra esta premonitoria anotación: «Me llega información segura de que el general Armada ha dicho que estaría dispuesto a presidir un Gobierno de concentración» [461]. Solo cuatro días antes, el general Armada había visitado al Rey en la Zarzuela, desatando las lógicas especulaciones políticas y confirmando de alguna manera las tesis sostenidas por el colectivo Almendros, que el 17 de diciembre había firmado el primero de una serie de artículos en los que propugnaba la abierta intervención del Ejército. Este primer artículo se titulaba «Análisis político del momento militar» y reflejaba parte de los argumentos de «los coroneles».

A finales de diciembre vio la luz el manifiesto del movimiento crítico, impulsado por los que habían respaldado la elección de Miguel Herrero como portavoz del grupo parlamentario y guiado —en palabras de él mismo— por «la necesidad de reequilibrar el partido, conduciéndolo a su verdadero centro». Según Herrero, el movimiento crítico «pretendía la democratización del partido y un reconocimiento del pluralismo que dentro de él existía como vía para llegar a su necesaria regeneración». Herrero es también quien mejor puede explicar quiénes lo integraban. «Componíamos el grupo crítico el grueso de los democristianos y de los liberales y muchos independientes de muy diverso origen, como era mi caso. Al directorio de hecho que formamos Fontán, Camuñas, Alzaga, Álvarez de Miranda y yo mismo, se sumaron Lavilla y Álvarez, cuando los “tácitos” se adhirieron» [462].

Los «críticos» quisieron plantar cara a Adolfo Suárez en el congreso de Palma de Mallorca y para ello forzaron durante los meses previos las tesis de la desnaturalización de UCD, la falta de liderazgo de Suárez y de democracia interna, excusas más o menos razonadas de su decidido asalto al poder. Para el éxito de su empresa contaron con la activa complicidad de las dos fronteras del centro político —CD por la derecha y PSOE por la izquierda— dispuestas a repartirse, en palabras de Fernando Abril, «la inmensa pradera de votos de centro». Y con la connivencia de algunos dirigentes de la CEOE, que reconoce el propio Herrero, «dieron dos millones de pesetas para gastos de organización, que personalmente entregué a Lavilla, y este a quien actuó de tesorero, José Luis Ruiz Navarro. Gracias a este dinero se estableció una sede permanente en el Hotel Palace, frente al Congreso de los Diputados. Y después organizamos una sede en el Hotel Palas Atenea durante los días de Palma» [463].

En los últimos días de diciembre de 1980, en un intento de detener la presión que los militares estaban ejerciendo sobre la Zarzuela, Adolfo Suárez visitó en Baqueira Beret al Rey; juntos estudiaron la situación política y fue entonces cuando el Rey le advirtió que existía la posibilidad de un golpe de Estado, riesgo del que le había informado el general Armada y otros militares, así como los propios líderes políticos. Con mucha probabilidad, en este encuentro el Rey habló por primera vez con Adolfo Suárez de la conveniencia de trasladar a Alfonso Armada a la plaza vacante de segundo jefe de Estado Mayor en el Cuartel General del Ejército, a las órdenes del teniente general José Gabeiras. Sin duda, alarmado por la abundante información que Armada le ofrecía sobre los movimientos militares en marcha, el Rey quiso que Armada estuviera en Madrid para «controlarlos» desde el Cuartel General del Ejército, sin darse cuenta de que Armada había estado utilizando ya su preocupación como un aliento personal y político a su diseño de «golpe» blando, con la tolerancia de determinados políticos.

Armada ha reconocido que en ese diciembre había hablado hasta tres veces con el Rey por teléfono y que, destinado en Lérida, «me enviaron desde Madrid un trabajo bastante bien hecho en el que se estudiaba la situación política de aquellos momentos y las posibles soluciones para tratar de encauzar los problemas pendientes. Me pedían que se lo hiciese llegar al general Sabino Fernández Campo, y así lo hice. No recuerdo la fecha del envío, pero sé que fue antes de Navidad. Sabino me contestó que le había gustado; que pensaba cambiar algunas cosas y que lo hacía suyo para presentárselo ante Su Majestad» [464]. No sería descabellado deducir que el citado documento fuera el mismo que sirvió de base al primer artículo del colectivo Almendros o el que había elaborado el CESID sobre los distintos movimientos en marcha.

Pero para Adolfo Suárez fue muy duro comprobar que el Rey hacía público su descontento con la situación política en el discurso de fin de año, en el que se sintió aludido por este párrafo: «... los políticos desde el poder o desde la oposición han de poner la defensa de la democracia o el bien de España por encima de limitados y transitorios intereses personales, de grupo o de partido».

Ya lo venía percibiendo desde hacía algunas semanas, pero ese día se dio cuenta de que ya no contaba con todo el apoyo del Rey.

El 3 de enero de 1981, Armada se volvió a entrevistar con el Rey en Baqueira Beret; el 10 de enero, solo una semana después, Armada prosiguió sus contactos con Milans del Bosch, al que volvió a visitar en Valencia, transmitiéndole interesada y parcialmente la preocupación real por la situación política. En paralelo con los contactos conspiratorios de Armada, el congreso de UCD seguía centrando la atención de los dos sectores enfrentados del partido. El 2 de enero, la Ejecutiva propuso que el congreso se celebrara los días 29, 30 y 31 de enero en Palma de Mallorca, y simultáneamente estudió la composición de las listas y sus posibilidades de victoria. Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa y Antonio Jiménez Blanco trataron de buscar algún tipo de acuerdo con el sector crítico y en ese sentido se entrevistaron en varias ocasiones con Óscar Alzaga; este proponía que la elección se ajustara al sistema proporcional para que satisficiera a ambos sectores, mas el aparato imponía el mayoritario.

Pero de la inquietud que se vivía en el Gobierno es testimonio la petición que el teniente general Gutiérrez Mellado hizo a los ministros durante el Consejo celebrado el 16 de enero en el sentido de que permanecieran unidos en torno al presidente.

Solo pocos días antes, concretamente el 12 de enero, Landelino Lavilla lanzaba su candidatura a la presidencia de UCD, a través de unas declaraciones al director de Diario 16, en las que criticaba abiertamente el liderazgo de Adolfo Suárez y en las que propugnaba la democratización interna del partido, defendiendo la utilidad del debate interno, la legitimidad de las aspiraciones del sector crítico y la conveniencia de que UCD recuperara su identidad perdida.

El 14 de enero, en la Casa de la Radio de Prado del Rey, tomaba posesión del cargo de director general de Radio Televisión Española Fernando Castedo, como fruto del acuerdo establecido por Adolfo Suárez con el PSOE, que durante años había ejercido una terrible presión para hacerse con el control de TVE, llegando a presentar una querella contra su anterior director, Fernando Arias-Salgado. Esta sería una de las últimas decisiones de Adolfo Suárez, y por cierto bastante incomprensible. Castedo sería el único director de TVE «contrario» a su propio Gobierno —el de Leopoldo Calvo-Sotelo— de toda la historia de la democracia española.

El 15 de enero, después de un pormenorizado estudio de sus repercusiones y de analizar detalladamente los itinerarios y visitas a realizar, el Rey aceptó que el viaje al País Vasco se celebrara en los primeros días del mes de febrero. Suárez dio su conformidad a este y encargó a Marcelino Oreja, nombrado hacía meses delegado del Gobierno en Euskadi, y a Rodolfo Martín Villa la coordinación del viaje. Martín Villa viajó al día siguiente, y a su regreso elaboró con Marcelino Oreja un primer borrador de programa, que no gustó al presidente, por parecerle el de un Jefe de Estado en visita a un país extranjero. Por su parte, Carlos Garaicoetxea había sugerido a Martín Villa aplazar la visita real para después de la aprobación del Concierto Económico. Estas discrepancias se solaparon con las conspiraciones militares y con la tensión que Suárez vivía dentro de su partido, causando un cierto malestar entre el palacio de la Zarzuela y el de la Moncloa. Para azuzar el ambiente, en los días previos El Alcázar había publicado que el fiscal general del Estado estaba estudiando conceder un indulto a los etarras, sin duda haciéndose eco de las conversaciones que desde su visita al País Vasco, a primeros de diciembre, Adolfo Suárez había mantenido con Juan María Bandrés y Mario Onaindía para que ETA (p-m) renunciase a la lucha armada a cambio del estudio penal individualizado de cada uno de sus activistas. En varios artículos publicados en esos días, El Alcázar insinuaba que Suárez había pactado ceder soberanía, que el fiscal general había viajado al País Vasco y que por todas estas razones ETA había mantenido una tregua antes de Navidad.

Aparentemente ajeno a estas tensiones, el sector crítico seguía su estrategia de presentarse como la alternativa capaz de reconducir UCD y de devolverle su perdido prestigio. Y así, el 18 de enero, ABC publicaba una entrevista con el ideólogo de la operación crítica, Miguel Herrero, que afirmaba: «Hay un amplio movimiento de renovación en el seno de UCD. Renovación no puramente formal, sino de regeneración del partido para ponerlo de verdad en contacto con su electorado y para dotarlo de una organización racional que permita al partido ejercer el liderazgo nacional que, en virtud de los resultados electorales, parece debe ostentar». Frente a la acusación de «derechización» que simbolizaba el movimiento crítico, Herrero argumentaba: «Más que la dicotomía progresismo-derechización, lo que de verdad late tras esos improperios o descalificaciones es la dicotomía entre un aparato que quiere imponer su propia dirección y sus propios contenidos ideológicos, frente a un intento que quiere ser fiel a los contenidos ideológicos de la base y al electorado del partido». Herrero rechazaba que el movimiento crítico tuviera por objetivo sustituir a Suárez por otro líder carismático: «El movimiento democratizador no trata de excluir a nadie; antes bien, trata de integrar, de facilitar la integración de todo el mundo en una UCD renovada». Pero sus últimas palabras denotaban su agria crítica de cómo se había gobernado en los últimos meses: «Creo que en los últimos tiempos ha habido demasiadas experiencias de lo costoso que es la inconsecuencia y la dubitatividad en los criterios, de lo costoso que es la ineficacia en las decisiones, la improvisación...» [465].

Pero la prensa también fue en aquellos días vehículo de las más sórdidas maniobras entre los dos sectores enfrentados de UCD, y por las redacciones pasaron dosieres de muy distinto contenido, pero que lo mismo ponían en duda la virilidad de algunos destacados miembros del movimiento crítico como se recogía la opinión contraria de los obispos al proyecto de Ley de Divorcio que estaba preparando el ministro de Justicia. Los obispos también recibieron el dosier sobre las «particularidades morales» de los líderes democristianos, y según ha relatado Miguel Herrero, «recibí más de una amenaza telefónica, mi cese como presidente del grupo parlamentario era anunciado diariamente, y ante la imposibilidad de hacer tal cosa, se me destituyó del consejo de administración de Renfe, como declarada represalia ante las actitudes mantenidas...» [466].

El 18 de enero, Alfonso Armada ya conoce que el Rey piensa pedir al presidente del Gobierno su traslado a Madrid y, sirviéndose de ese dato, anima al teniente general Milans del Bosch a que asuma el mando de las operaciones. Pero en la estrategia conjunta que ambos han seguido y en la que Milans del Bosch confía en que es el Rey quien está «detrás» de Armada, lo que este ha fomentado con malévola intención, ha surgido un problema inesperado. Los servicios del comandante Cortina Prieto han detectado, ya en diciembre, que el teniente coronel Antonio Tejero Molina es partidario de una acción violenta sobre un escenario tan institucional como el Congreso de los Diputados. Y, según Cortina Prieto, Tejero tiene prisa por entrar en combate; por ello, el objetivo de Armada y Milans del Bosch es en esos días de enero atraerse a su causa a Tejero, y de ahí que se le convoque a la reunión que el 18 de enero tuvo lugar en un piso de la calle General Cabrera, de Madrid, y en la que, además del bigotudo teniente coronel de la Guardia Civil, estuvieron Milans del Bosch, el también general Luis Torres Rojas y el teniente coronel Pedro Mas Oliver, que con el coronel Diego Ibáñez Inglés han sido hasta ese día los enlaces entre las dos cabezas del golpe: Armada y Milans del Bosch. Según algunos testimonios, en la citada reunión estuvieron otros muchos militares y civiles, y entre ellos el ex director general de la Guardia Civil, Iniesta Cano, y el teniente general Manuel Cabeza Calahorra [467].

En esta reunión se abordó el plan de asalto al Congreso de los Diputados por parte del grupo de guardias civiles reclutado por Tejero y se acordó aplazar todos los planes un mes; también se habló de los movimientos últimos del general Armada y en concreto —claro— de sus encuentros con el Rey y de los rumores de un golpe duro que se estaría fraguando por un grupo de coroneles y tenientes coroneles. Pero la decisión más significativa y trascendente que se tomó en esa reunión clandestina fue que el teniente general Milans del Bosch asumiera el mando de las operaciones. Esto explica que posteriormente, durante el 23 de febrero, Tejero invocara su obediencia a Milans del Bosch y se negara a admitir la sugerencia de Armada de proponer a los diputados un Gobierno de coalición.

El martes 20 de enero, Miguel Herrero ofreció una conferencia en el Club Siglo XXI, titulada «¿Adónde va UCD?», en la que planteó una disyuntiva: «o regenerarse por la vía de la institucionalidad democrática o disolverse en el ocaso, inevitable como todo ocaso, de un carisma personal». También insistió Herrero en la necesidad de «sustituir el yo caudillista por el nosotros democrático»; en un ejercicio de notable cinismo político, Herrero alegó después: «ni los méritos ni el liderazgo del propio presidente Suárez estaban en discusión» [468].

Ese mismo día, y después de varias reuniones con sus hombres de confianza para estudiar la estrategia del congreso, Adolfo Suárez hizo unas declaraciones en las que —pese a saber que tenía ganado el congreso de Palma de Mallorca— ofrecía un sistema mayoritario corregido de elección de las listas, por lo que la mayoría del congreso elegiría no solo a la mayoría de la Ejecutiva, sino también a los candidatos representantes de la minoría. Esta «mano tendida» a los críticos iba acompañada de una sincera promesa de democratización del partido. Pero Suárez iba consumiendo en su interior el desgaste de la dura confrontación política; le dolía que fuera en el seno de su propio partido donde se le acusara de «caudillo» y que fuera la propia gente de UCD, por la que él tanto había luchado, la que se hubiera revuelto contra él. «Me deben todo», pensaba Suárez con amargura; y, sin embargo, la labor de destrucción seguía adelante. Su raza y fuerte espíritu combativo empezaban a resquebrajarse. Atrás quedaban cinco años de dura contienda política: con los ultras, con los militares golpistas, con la incredulidad de toda la clase política de la tibia oposición al franquismo. También con la terrible batalla contra ETA y la incomprensión de muchos gobiernos extranjeros, especialmente el francés. Pero, aun siendo todo ello amargo y de difícil digestión, lo peor era la falta de apoyo que empezaba a notar del Rey, al que veía preocupado por los rumores de nerviosismo militar que le contaba todo el que visitaba la Zarzuela y con temor de que hubiera un golpe. Él también lo creía posible, aunque veía difícil que prosperase sin que los servicios de información lo detectaran.

Y en este estado de ánimo mutuo se encontraron el Rey y Adolfo Suárez el 22 de enero de 1981, jueves. En este despacho habitual, el Rey le volvió a plantear la conveniencia de que Alfonso Armada fuera destinado a Madrid a la segunda jefatura de Estado Mayor o a la jefatura de Artillería del Ejército, ambas vacantes adecuadas y en consonancia con la trayectoria del antiguo preceptor real. Todos los testimonios orales y escritos de esa conversación entre el Rey y el presidente del Gobierno aluden a la resistencia de este al nombramiento de Armada, para el cual no era ni siquiera preceptiva la aprobación del Consejo de Ministros; bastaba una orden ministerial. Pero la cortesía entre la Corona y el Gobierno se fundamentaba en estos detalles: el Rey sabía que Armada había salido de la Zarzuela por exigencia de Adolfo Suárez, cuando este contaba con todo su respaldo para construir una Monarquía parlamentaria, inspirada en el respaldo democrático y en el respeto y acatamiento al nuevo orden legal de la institución militar, tan recelosa en los primeros pasos de la transición. Pero los tropiezos políticos de los últimos meses preocupaban al Rey, que veía debilitarse la solidez de la Corona por su estrecha vinculación con el hombre elegido por él en 1976 para dirigir la transición. Armada se había encargado en las últimas semanas de alertarle y de prevenirle del malestar que se detectaba en el seno del Ejército y de alguna de las conspiraciones urdidas.

Pero el Rey, respetuoso de su papel institucional y pese a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, no quería proponer el ascenso de Armada sin que el presidente del Gobierno declarara su conformidad o al menos su nihil obstat. Charles Powell confirma que «ni Suárez ni Gutiérrez Mellado fueron partidarios de este ascenso, y el 22 de enero el Rey y el presidente tuvieron una acalorada discusión al respecto que no contribuyó nada a mejorar una relación que se había empezado a deteriorar hacía algún tiempo» [469].

Adolfo Suárez le sugirió que era preferible que Alfonso Armada esperara en su destino de Lérida a que ascendiera a teniente general y entonces nombrarle para un alto mando en Madrid, ya fuera en el Cuartel General o en otro destino.

Ese mismo día, El Alcázar había publicado un nuevo artículo de su colectivo Almendros en el que meridianamente proponía retirar a los políticos democráticos y por supuesto echar a Suárez, y en un ejercicio de cinismo sugería que «un primer acto de patriotismo y generosidad consistiría en facilitar la natural desembocadura —por desgracia, no parece muy previsible— en un nuevo y distinto Gobierno de amplios poderes».

No es extraño que se filtrara la discrepancia entre el Rey y Adolfo Suárez y que ello disparara toda clase de bulos y de rumores sobre lo ocurrido en ese despacho. Acredita la filtración el interés de Suárez por precisar su postura a la vista de la posterior actuación de Armada, pese a que su discreción durante los años transcurridos desde su dimisión haya sido absoluta. Pero uno de los rumores y bulos que más ha intrigado a los estudiosos y que mejor han sobrevivido al paso del tiempo, y también el que más desmentidos ha merecido del propio Suárez, es aquel según el cual el 22 de enero de 1981, en el palacio de la Zarzuela, se celebró una reunión del Rey con el presidente del Gobierno y varios tenientes generales, entre ellos Milans del Bosch, González del Yerro y Merry Gordon, y durante una breve ausencia del Rey, uno de los presentes sacó una pistola y la puso sobre la mesa, obligando a Suárez a dimitir. El periodista Abel Hernández, militante además de Centro Democrático y Social y candidato a diputado en las elecciones de 1986, publicó este rumor en su libro El Quinto Poder, siendo desmentido categóricamente por el propio Adolfo Suárez en carta dirigida al director del periódico El Mundo, alegando que, de ser cierto, él no lo hubiera permitido y que jamás hubiera dimitido por la amenaza de una autoridad militar. Sin embargo, el rumor se extendió entonces por todo Madrid, y años después un ministro del último gobierno Suárez me confirmó que el incidente tuvo lugar y que su fuente era un testigo que esperaba ser recibido en audiencia por el Rey y que por error presenció la escena. En su último libro sobre Adolfo Suárez, Abel Hernández se desdice del rumor, negándole todo fundamento [470].

Lo cierto es que el jueves 22 de enero, Adolfo Suárez, además de despachar con el Rey, asistió —a la una de la tarde— a la toma de posesión de Antonio Truyol como miembro del Tribunal Constitucional, y que al acto asistieron también el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez; el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla; el del Senado, Cecilio Valverde, y el marqués de Mondéjar.

Al terminar la ceremonia, Landelino Lavilla, de natural frío y poco expansivo, se acercó a Adolfo Suárez y le abrazó. Suárez le tomó por el hombro y sonrió. Solo días antes, en la entrevista publicada por Diario 16, Lavilla había dicho: «No imputo al presidente Suárez un ejercicio arbitrario o abusivo de sus poderes. Si algo le hubiera de imputar, sería el escaso ejercicio de los mismos... Si discutibles son, en todo caso, las ventajas de una excesiva concentración formal de poder, son indiscutibles los inconvenientes de un poder concentrado y no ejercido por su titular».

Al día siguiente, todos los periódicos destacaron la fotografía de ambos, y en la cara de Adolfo Suárez puede apreciarse una mueca de tensión frente a la forzada sonrisa de Lavilla. Al terminar la toma de posesión de Antonio Truyol, Adolfo Suárez se quedó en la Zarzuela y almorzó con el Rey. El menú gastronómico fue: verdura, carne con ensalada, quesos y café. El político fue el viaje al País Vasco, el congreso de UCD y el ascenso y traslado del general Armada, ya referido.

A las cinco de la tarde, Adolfo Suárez abandonó la Zarzuela preocupado y triste. A los sentimientos personales y al criterio político ya descritos anteriormente se unía el malestar físico de la gripe que sufría desde hacía dos días y que le tenía apesadumbrado. Se dirigió en el Mercedes oficial —matrícula M-0682-CC— a la Moncloa, donde iba a reunirse el Comité Ejecutivo de UCD para discutir los últimos preparativos del congreso de Palma de Mallorca. Durante la reunión, Miguel Herrero le pidió que se pronunciara sobre la forma como iban a elaborarse las listas electorales, respondiéndole Suárez que le contestaría en Palma de Mallorca. Después tomó la palabra Fernando Abril para reprochar a los críticos haberse constituido en una fracción del partido, replicándole Lavilla que lo que pretendían los críticos era perfectamente democrático y lícito.

Lo que no dijo Lavilla es que en un despacho del Congreso de los Diputados se guardaban los documentos con las firmas de varios diputados de UCD adhiriéndose a una nueva moción de censura contra Adolfo Suárez que en pocas semanas pensaba presentar el PSOE. El propio Miguel Herrero ha reconocido este hecho años después, aduciendo que esa iniciativa «pretendía exclusivamente neutralizar la posibilidad de que Adolfo Suárez anunciara la disolución de las Cámaras» [471]. Días después, cuando Suárez anunció en privado a Lavilla que había decidido dimitir, el presidente del Congreso pidió que se suspendiera la recogida de firmas, reaccionando en contra de ella de forma notoria.

Al concluir el Comité Ejecutivo, Suárez se trasladó al aeropuerto de Barajas, donde debía coger el avión presidencial hacia Sevilla. Allí debía recibir al presidente de los Estados Unidos de México, López Portillo. En la sala de autoridades del aeropuerto madrileño, Suárez recibió una llamada del Rey en la que se interesaba por su estado.

A Sevilla, Suárez viajó acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca; de Alberto Aza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, el embajador español en México, Pedro Bermejo, y del jefe de gabinete del ministro, Ramón Fernández Soignie. Llegó a Sevilla a las ocho y veinte y se dirigió al Hotel Alfonso XIII, donde en uno de sus comedores privados cenó con el presidente mexicano. A las once de la noche regresó a Madrid.

En el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de enero, Adolfo Suárez fue fraguando su dimisión, pero sin evidenciar en ningún momento su derrumbe interior. Presidió a las diez de la mañana el Consejo de Ministros y, según la fidedigna versión que de sus últimos días realizó José Oneto [472], hizo dos apartes: uno con Rafael Arias-Salgado, «al que preguntó si va a estar en Madrid el fin de semana», y otro con el ministro del Interior, Juan José Rosón, «al que dice que esté localizable durante las próximas cuarenta y ocho horas» [473].

Íñigo Cavero informó sobre las gestiones que estaba realizando para el traslado del Guernica, de Picasso, y el vicepresidente económico, Leopoldo Calvo-Sotelo, ofreció un detallado resumen de sus viajes al País Vasco y sobre la difícil situación económica de sus empresas.

Terminado el Consejo de Ministros, se quedó a trabajar en su despacho y a las siete de la tarde recibió al dirigente democristiano belga Leo Tindemans, con el que conversó sobre la posibilidad de que UCD se homologara con los partidos democristianos europeos integrados en el Partido Popular Europeo. Por la noche, Tindemans cenaba en el Restaurante Jockey, de Madrid, con Rafael Arias-Salgado y el secretario de Relaciones Internacionales de UCD, Javier Rupérez.

Ese día, El Alcázar publicaba que «es posible que se esté preparando una operación Galaxia, una Galaxia-2, para que estalle antes del congreso de Palma de Mallorca», y añadía: «Es evidente que cualquier civil patriota vive en una tensión análoga a la que pudiera detectarse en las salas de banderas. Lo sabe Suárez. Lo sabe Gutiérrez Mellado. Lo sabe Sahagún».

Pero distintos testimonios han relatado que este 23 de enero se reunieron en Madrid un total de diecisiete generales y algún almirante, y que quince de ellos acordaron que el golpe militar debía producirse ya [474]. De ser cierta la reunión, explicaría que el Rey regresara urgentemente a Madrid esa misma noche, desde Cazorla, donde se encontraba cazando en la finca Lugar Nuevo, del ICONA, en Sierra Morena. Allí le avisó el ayudante militar Agustín Muñoz-Grandes, suspendiendo la montería prevista para el día siguiente en la finca del ganadero Samuel Flores Romano, y la del domingo 25, a la que iban a asistir el banquero Pablo Garnica, el conde de la Maza, Juan Herrera y Jaime Urquijo.

El sábado 24 de enero, Adolfo Suárez bajó tarde a su despacho, como hacía siempre. Se había acostado tarde el viernes y aún no se encontraba totalmente recuperado de su gripe, que esa misma semana habían compartido Alberto Aza y Rosa Posada. Vio por encima los periódicos de Madrid y se detuvo un instante para hojear El Alcázar, que denunciaba que el fiscal general del Estado estaba estudiando el indulto de etarras. Aquella mañana los periódicos publicaban que la Comisión Permanente del Episcopado se había reunido, acordando no apoyar a ninguna tendencia en el congreso de UCD. A Suárez le satisfizo esta noticia, que ya conocía y que confirmaba que, pese a las críticas recibidas en los últimos meses, la jerarquía eclesiástica seguía sin ser partidaria de potenciar el sector más cristiano del partido. También se congratuló de que el Episcopado no hiciera alusión alguna al proyecto de Ley del Divorcio.

Después leyó algunos informes sobre la preparación del congreso de Palma y tomó algunas notas para planificar la reunión que por la tarde iba a tener con Fernando Abril y Rafael Arias-Salgado. Partidario de no dejarse ganar y de plantar batalla a los que desde hace meses le habían querido desplazar de la presidencia del partido y del Gobierno, Suárez creía llegado el momento de ofrecer a los críticos una cierta negociación. Como Pío Cabanillas, cuyo consejo tanto valoraba, Suárez pensaba que había que ganar el congreso, pero no aplastar a los críticos.

A esa misma hora, doce y cuarto de la mañana, en el palacio de la Zarzuela, los Reyes celebraban una reunión para ultimar detalles del viaje real al País Vasco, previsto para el 3 de febrero. Cuando el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja, y el ministro del Interior, Juan José Rosón, se encontraban precisando los preparativos del viaje, entró el jefe de Prensa de la Casa Real, Fernando Gutiérrez, para informar de que la noticia se había filtrado desde el País Vasco. Tanto Sabino Fernández Campo como el marqués de Mondéjar, presentes en la reunión, apoyaron que no había otra solución que confirmarla, aunque fuera al margen de la Secretaría de Estado para la Información, a quien correspondía dar cuenta de los viajes del Rey. Este hecho sorprendió a los analistas políticos y en su momento se interpretó como una iniciativa de la Zarzuela al margen de la Moncloa.

Por la tarde, Suárez despachó con Arias-Salgado y Fernando Abril y, de acuerdo con su estrategia de buscar un interlocutor entre los «críticos» y de disminuir su tensión con ellos, los tres se inclinaron por Óscar Alzaga, al que consideraban más razonable que Miguel Herrero. Adolfo Suárez ofreció llamar a Landelino Lavilla para llegar a algún acuerdo en la formación de la Ejecutiva. Como continuación de esta reunión, el domingo —de doce a dos de la tarde—, Adolfo Suárez recibió a Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo-Sotelo, Francisco Fernández Ordóñez, Rafael Arias-Salgado, Rafael Calvo Ortega y José Pedro Pérez-Llorca, al que todos propusieron como presidente del congreso.

Durante toda la tarde, Adolfo Suárez hizo repaso de la situación y llegó a la conclusión de que debía dimitir y que el escenario del congreso de Palma de Mallorca era el idóneo para plantear a su partido su retirada.

Según le reveló al día siguiente a Josep Meliá, Suárez empezó a pensar en dimitir al releer repetidamente este párrafo del discurso previsto para la apertura del congreso de Palma: «Sería un peligro de desnaturalización que alguien pensara que esta es la reválida del liderazgo de Adolfo Suárez y no el congreso de un partido democrático como es UCD, con todas las exigencias de autenticidad y rigor que el caso comporta. No hay contencioso alguno entre Adolfo Suárez y ninguno de los sectores del partido. Yo soy el primero que está a favor de la institucionalización del partido por encima de cualquier otro planteamiento. Son los hombres los que sirven a los partidos y no al revés. Y sería otro peligro de desnaturalización, en consecuencia, que cualquier advertencia contra los riesgos del personalismo se hiciera invocando mi nombre o pretendiendo servir a mis intereses. Porque soy el primero que, llegado el caso, si en términos políticos estrictos hubiera de elegir entre UCD y Adolfo Suárez, elegiría a favor de UCD» [475].

Esta última frase del discurso se le quedó especialmente grabada, porque resumía a la perfección su pensamiento interior y era la que mejor escenificaba su desazón. Al poco rato llamó al capellán de la Moncloa, Manuel Justel, y con él releyó algunas notas del discurso. El padre Justel, que le conocía muy bien, le dijo al despedirse: «Me da mucho miedo algo que intuyo. Solo te pido una cosa. Por favor. Que no dimitas» [476].

Sin embargo, al subir a las habitaciones, habló con su mujer, Amparo, de su intención y le argumentó su incomodidad y el malestar que le producía ver a la UCD dividida y comprobar que tantos sectores del país se hubieran vuelto contra él. Le explicó que en todo momento había tratado de trabajar por la democracia y por la reconciliación de los españoles, pero que la concordia era cada vez más difícil de conseguir, porque la derecha del partido se había hartado de él y se había propuesto reconstruir el equilibrio de fuerzas apostando por la creación —con Fraga— de un gran partido de derecha conservadora, y todo ello de acuerdo con el PSOE, para entre los dos repartirse los votos. También le dijo que notaba al Rey influido por el temor a que la situación política desembocara en un golpe militar y que no confiaba en él con la misma firmeza, y que se sentía dolido por esa desconfianza.

Como era costumbre en él, la noche del domingo al lunes, Adolfo Suárez durmió poco. El lunes, a las nueve y media de la mañana, llegó Landelino Lavilla al palacio de la Moncloa y con él estuvo casi tres horas.

Según Meliá, «la conversación fue sosegada y, aunque tensa en términos formales, muy correcta». En el ánimo de ambos influía la tensión vivida en los últimos días de confrontación entre uno y otro sector, y el hecho de que aquella misma mañana Diario 16 hubiera publicado en primera página la existencia de dosieres sobre aspectos de la vida privada de algunas personalidades del sector crítico —Fernando Álvarez de Miranda y José Luis Álvarez, en concreto—, y sobre asuntos financieros de Francisco Fernández Ordóñez.

A la salida de la larga entrevista, Landelino Lavilla saludó a Leopoldo Calvo-Sotelo, que le encontró tenso, limitándose el presidente del Congreso de los Diputados a comentar alguno de los planes del congreso de Palma.

Calvo-Sotelo comió en la Moncloa con Adolfo Suárez, que le insinuó su cansancio y sus deseos de dimitir, argumentando que «no quiero ser obstáculo para una conciliación en UCD». Fue, según Meliá, «la primera comunicación expresa, y ya tajante, de su deseo de dimitir».

A esa misma hora, en el Restaurante Medinaceli, de la calle del Prado, Miguel Herrero comía con un grupo de periodistas, a los que declaraba que «o el personaje [Suárez] cambia de estilo o se cambia al personaje». Después del almuerzo con Calvo-Sotelo, Suárez habló con su cuñado Aurelio Delgado y con su amigo Jesús Viana, a los que anunció que esa tarde pensaba presentar la dimisión, y convocó personalmente a las cinco y cuarto a la comisión encargada de la preparación del congreso de Palma —integrada por Rodolfo Martín Villa, Rafael Arias-Salgado, Rafael Calvo Ortega, José Pedro Pérez-Llorca, Francisco Fernández Ordóñez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Pío Cabanillas—; después de discutir los temas de organización del congreso y de escuchar los informes de Pérez-Llorca y Pío Cabanillas sobre el acuerdo con Alzaga para la implantación del sistema electoral, Adolfo Suárez les anunció que quería dimitir. Según Leopoldo Calvo-Sotelo, «Adolfo estuvo muy brillante en su exposición» y les pidió la máxima discreción «porque no había hablado con el Rey». A mitad de la reunión, Calvo-Sotelo se ausentó para visitar, precisamente, al Rey, al que quería exponer la conveniencia de crear el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Al término de la audiencia, Calvo-Sotelo regresó a la Moncloa y se reincorporó a la reunión de los «barones», que concluyó a las diez de la noche.

Suárez les explicó con crudeza las razones de su irrevocable decisión, que ya anunció no sería solo como presidente del Gobierno, sino también como candidato a la reelección para presidente del partido, argumentando que «había sufrido una importante erosión personal y que la clase dirigente de este país ya no me soporta. Los poderes fácticos —salvo el Ejército— me han ganado la batalla» [477].

Suárez alegó que nunca se había movido por decisiones personales y «nunca me han cesado de ningún cargo. Siempre me he ido voluntariamente. Yo ya he dimitido otras dos veces. Y debemos acostumbrarnos a que la renuncia voluntaria es una regla de honestidad política» [478].

Después de insistir en que su liderazgo se había resentido demasiado y que parecía que sus únicas razones eran las de permanecer en el cargo, Suárez rechazó que hubiera que cambiar las estructuras del partido. «Lo que hay que cambiar son las estructuras y los comportamientos», y argumentó que para que su dimisión produjera el efecto deseado entre los militantes del partido y en toda la sociedad «tengo que dejar claro, por consiguiente, que me voy diga lo que diga el congreso. Debo anticiparme para que el gesto pueda ser útil» [479].

En otro momento de su larga exposición, Suárez reconoció que «el PSOE y la derecha han sabido unirse para darnos la batalla donde más nos podía doler. Hay que ser realistas y admitir que han conseguido una buena parte de sus propósitos», y que «los hombres de UCD eran los mejores con los que cuenta el país. Y hemos de prestigiarlos. Son un formidable capital político. En resumen, yo soy el que ha fallado» [480].

Por último, y con cierta amargura, alegó: «Tengo que prescindir de la imagen que se tiene de mí como la de un señor apegado al sillón...; diga yo lo que diga, nadie se va a creer que estoy dispuesto a cambiar si no lo demuestro con hechos. He hecho viajes, salidas, ruedas de prensa. He estado en el País Vasco. Y apenas se ha valorado. Hay un ambiente en los medios de opinión que en muchos casos está generado por gente nuestra».

La reacción de los presentes fue de sorpresa, discrepando en el sentido de la oportunidad y coincidiendo en el afecto. Ordóñez alegó que no estaba convencido de que fuera el momento más oportuno, aunque sí admitió que el desgaste era real. Rafael Arias-Salgado dijo que comprendía las razones personales, pero no las políticas; y Pío Cabanillas dijo que era una decisión demoledora. Pérez-Llorca fue más realista y argumentó que «con todo lo que duele, era mejor ahora que dentro de seis meses». Calvo Ortega tuvo una intervención pragmática, alegando que el gesto de dimitir no tenía demasiado sentido, puesto que el congreso de Palma estaba ganado.

Cuando la reunión terminó, sobre las diez de la noche, los presentes se fueron a cenar al Restaurante Los Remos, en la cercana carretera de La Coruña. Suárez llamó a Aurelio Delgado y a Josep Meliá para explicarles que acababa de anunciar su dimisión y que les pedía la máxima reserva y su ayuda. El presidente encargó a Meliá la redacción de un discurso que recogiera las grandes líneas de lo que acababa de decirles a ellos y a los miembros más próximos de la Comisión Permanente. Mientras, en el comedor de Los Remos, Calvo-Sotelo y Rafael Arias-Salgado insisten en que hay que convencer al presidente de que retire su dimisión. Todos coinciden con Rafael Arias-Salgado en que comprenden las razones personales del presidente, pero no las políticas, y deciden llamarle por teléfono. Suárez estaba hablando con su cuñado Aurelio Delgado y con Josep Meliá cuando le pasaron la llamada: escuchó sus palabras y se emocionó. Pasadas las doce y media de la noche, todos los que habían cenado en Los Remos volvieron a la Moncloa para insistir en sus argumentos. En vano. Suárez les pidió de nuevo discreción y se quedó a solas con Rafael Arias-Salgado, al que rebatió sus razones: «Si me quedo, como al final no se podrá reconducir la situación, el desastre de la UCD y de la acción del Gobierno será solo culpa mía por haber permanecido aferrado al poder» [481].

Ya de madrugada, Rafael Arias-Salgado abandonó la Moncloa, dejando a Suárez solo con su drama personal y político. Al llegar a su casa, en Parque Conde de Orgaz, llamó a Fernando Abril Martorell para informarle de todo lo acontecido ese lunes 26 de enero, que el ex vicepresidente no conocía por encontrarse en Valencia con motivo de la celebración del Consejo Político Provincial del partido. Por su parte, Rodolfo Martín Villa llamó al ministro del Interior, Juan José Rosón, para decirle que «te quiero ver mañana porque el tema se ha precipitado» [482], y, según Josep Meliá, en algún momento de la noche, Adolfo Suárez habló con el Rey para adelantarle que quería verle al día siguiente.

Pero esa misma noche del lunes al martes, en un lugar de Madrid, cercano al aeropuerto de Barajas, los controladores aéreos del mayor aeropuerto de España acordaron de forma unilateral la convocatoria de huelga en apoyo de sus reivindicaciones económicas. A las dos de la mañana, el subsecretario de Aviación Civil, Fernando Piña, despertó al ministro de Transportes, José Luis Álvarez, para anunciarle la convocatoria de la huelga y que a ella se habían sumado los controladores de Barcelona y... Palma de Mallorca. El congreso de UCD veía seriamente comprometida su celebración.

A primera hora del martes, Fernando Abril llegó a la Moncloa dispuesto a convencer a Adolfo Suárez de que no dimitiera ante el Rey, haciéndole ver la gravedad de su decisión y la trascendencia del vacío de poder que se producía. Aunque conocía muy bien a Suárez, quizá mejor que nadie, y sabía de su firmeza, buscó desesperadamente un argumento contundente con el que doblegar su obstinada y definitiva decisión, pero se dio cuenta de que no había nada que hacer cuando, en presencia de Rafael Arias-Salgado, Suárez le replicó: «Fernando, yo no puedo convencer en Palma a casi nadie. Ya no puedo convencer ni a Esperabé», en alusión al diputado Jesús Esperabé, antiguo procurador familiar por Salamanca, que había publicado varios artículos pidiendo su dimisión. Como colofón de este irónico comentario, Suárez insistió: «Estoy harto y no aguanto un minuto más» [483].

Inmediatamente, Suárez llamó al general Sabino Fernández Campo para confirmarle el despacho con Su Majestad y anunciarle que estaría en la Zarzuela antes del previsto almuerzo con el Rey. Antes de dejar la Moncloa habló con Alberto Aza y le pidió que hablara con Josep Meliá para que fuera escribiendo el discurso de dimisión y que lo revisara Rafael Arias-Salgado. También le confirmó que convocara a las siete de la tarde al Comité Ejecutivo de UCD.

Llegó a la Zarzuela poco antes de las dos de la tarde y antes de que el Rey regresara de las audiencias de aquella mañana en el palacio de Oriente, porque quería anunciar a Sabino Fernández Campo su decisión de dimitir: «Sabino reaccionó con sorpresa y expresando el afecto que le tenía. Después se interesó por las causas más inmediatas que le impulsaban a tomar esa decisión tan trascendente, aunque el secretario general de la Casa Real había barruntado que, antes o después, llegaría ese acontecimiento. Suárez argumentó que no tenía la confianza de nadie: ni de su partido, ni de la oposición, ni de la banca, ni del Ejército, y últimamente había percibido que tampoco tenía la confianza del Rey. Pero quería dejar claro que no se iba por presiones del monarca» [484].

Sabino pensó en un principio que la dimisión de Adolfo Suárez tenía el mismo sentido estratégico que la protagonizada por Felipe González un año antes, y con idéntico fin: volver aclamado, después de haber eliminado a los críticos. Sabía que en aquellos momentos «Suárez estaba muy quemado, cansado físicamente y harto psicológicamente»; superada la sorpresa que le produjo escuchar los argumentos y razones de Adolfo Suárez y avisado de que el Rey ya había regresado del palacio de Oriente, Sabino acompañó al presidente del Gobierno hasta el comedor privado, donde almorzaría con los Reyes. El menú previsto era uno de los clásicos en el pequeño palacio: arroz a la cubana, carne, frutas y quesos.

La comida transcurrió con toda normalidad, aunque en palabras de Pepe Oneto «los Reyes deben notar en la cara de preocupación de Adolfo Suárez algo anormal, pero no hacen ningún comentario, interpretando que, con toda seguridad, la preocupación es un simple reflejo del cansancio y de los acontecimientos de los últimos días». Lo cierto es que Suárez se mostró «menos comunicativo y hablador que de costumbre» [485].

Terminada la comida, el Rey y el presidente se dirigieron al despacho del monarca, situado en el segundo piso del palacio. Y es allí donde Adolfo Suárez le dijo al Rey que se iba, por el bien de España, por el bien de su partido y por el bien de la Corona.

Todos los testimonios confirman que don Juan Carlos trata de disuadirle, argumentándole que si había meditado bien su decisión, a lo que Suárez insiste en su convicción. El Rey le expresó el problema que le planteaba de cara a los dos compromisos que tenía en sus viajes al País Vasco y a Estados Unidos, pero, como argumenta Oneto, «Suárez ha escogido su momento, aunque ese momento no sea, precisamente, el momento del Rey. La ocasión de Suárez es el congreso de Palma, y en relación con esa fecha él monta toda su estrategia» [486].

El Rey, preocupado por la trascendencia y convicción de las razones del presidente del Gobierno, dio orden de que avisaran a Sabino Fernández Campo para que se incorporara a la última parte de la conversación. Cuando lo hizo, Sabino se convirtió en el testigo de la definitiva reflexión de Suárez, que continuó esgrimiendo con total seguridad las razones de su dimisión, que les anunció llevaba meditando hacía más de un año y que era irrevocable.

Los tres hombres que habían llevado el peso de la transición en coincidencia casi total y que habían sostenido con audacia y firmeza simultáneas el pulso de la Reforma se vieron enfrentados a un nuevo futuro. En el camino de la consolidación de una Monarquía parlamentaria, democrática y popular, quedaba el que de los tres más se había visto obligado a dar la cara y a sufrir los duros ataques de quienes creían que la Monarquía se había vinculado excesivamente al destino de una acción de gobierno sin futuro. Años después, el secretario general de la Casa Real saldría de la Zarzuela por la presión de quienes de nuevo quisieron usurpar —en beneficio propio— la figura del Rey de España.

Como colofón de su bien aprendido y justificado cúmulo de argumentos, Adolfo Suárez explicó al Rey que antes de comunicarle a él la decisión de dimitir la había dado a conocer a casi dos docenas de personas, entre los «barones» con los que se había reunido el día anterior y sus hombres de confianza en la Moncloa. «Quería establecer —en palabras de Josep Meliá— una coraza que protegiera al Rey. Era imprescindible que ninguno de los malpensados que tanto abundan en este país tuviera la más ligera sospecha de que el Rey había hecho alguna insinuación» [487].

Viendo el Rey que la decisión de Adolfo Suárez era firme, quiso —pese a ello— concederle un plazo para que recapacitara y acordaron volver a hablar al día siguiente. Pero —según ha revelado Manuel Soriano— «cuando se marchaba el presidente, don Juan Carlos le dijo que pensara en un nombre para el título nobiliario que le quería conceder» [488].

Adolfo Suárez comprendió inmediatamente que, pese al plazo concedido de reflexión, el Rey aceptaba su dimisión. Sin duda, su decisión coincidía —pensó— con el interés del Rey.

Cuando Suárez abandonaba el palacio, pasadas ya las seis y media de la tarde, le dijo a Sabino Fernández Campo: «¿Ves, Sabino? También he perdido la confianza del Rey. Ha estado muy frío cuando le he presentado la dimisión», replicándole el secretario general de la Casa Real con una frase llena de afecto: «No confundas frialdad con sorpresa. Lo has dejado helado con una decisión tan importante» [489].

Mientras Adolfo Suárez volvía a la Moncloa, acompañado —como al venir— por el ayudante militar Cristóbal López Cortijos, Sabino se reunió en el despacho real con don Juan Carlos, que le preguntó cómo se ponía en marcha el mecanismo de consulta con los partidos políticos para elegir un nuevo presidente, extremo este que ya fue objeto de análisis durante la última parte de la entrevista con el presidente. Suárez le indicó que, en su opinión, el perfil de su sucesor se aproximaba al que ofrecían Leopoldo Calvo-Sotelo y Agustín Rodríguez Sahagún.

Sabino Fernández Campo explicó al Rey que en el caso de dimisión del presidente del Gobierno había que aplicar el artículo 99 de la Constitución, y le pidió que tuviera un gesto de afecto con Adolfo Suárez. Poco después, el Rey llamó a la Moncloa y habló con Suárez. Este agradeció las palabras de don Juan Carlos, y nada más colgar marcó el número de Sabino Fernández Campo, para decirle: «Confirmo mi impresión de que he perdido la confianza del Rey. Acaba de llamarme por teléfono y me ha querido dar ánimos diciéndome que no confunda la frialdad con la sorpresa que le he provocado. Me ha dicho lo que tú le has dicho que me dijera. Nada más» [490].

Adolfo Suárez había cumplido con su propósito de que el Rey no le hiciera lo que a Carlos Arias Navarro y de que «antes de que me eche, me voy», frase pronunciada ante algunos de sus colaboradores poco después de su difícil entrevista de finales de diciembre o principios de enero en Baqueira Beret, cuando fue a visitar al Rey. Una de las personas más cercanas a Adolfo Suárez interpreta así la dimisión del presidente: «Cuando Adolfo buscó el amparo del Rey, se encontró con el Borbón».

Los treinta y cinco miembros del Comité Ejecutivo de UCD se encontraban ya reunidos en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) —dentro del complejo de la Moncloa— cuando entró Adolfo Suárez. Nada más iniciarse la reunión, el ministro de Transportes, José Luis Álvarez, explicó al presidente que la huelga de controladores hacía prácticamente imposible la celebración del congreso de Palma de Mallorca, augurio que confirmó el secretario general del partido, Rafael Calvo Ortega. Los miembros de la Ejecutiva debatieron ardorosamente otras alternativas de transporte, pero finalmente concluyeron que no era posible trasladar a todos los compromisarios en barco antes de cuarenta y ocho horas, y que además muchos de ellos ya se encontraban de camino [491].

La primera reacción de los «críticos» fue de incredulidad y recelo, atribuyendo el aplazamiento del congreso a una estratagema del sector oficial y del presidente para ganar tiempo. Pero por otra parte debían creer al ministro de Transportes, miembro destacado de su sector. Rafael Calvo Ortega rebatió el plan de emergencia que presentó José Luis Álvarez y, por su parte, Ignacio Camuñas propuso que el congreso se trasladara al pabellón deportivo del Real Madrid, en la capital de España.

Como recuerda uno de los asistentes a aquella reunión: «Los críticos creían que era una maniobra de Suárez. Los oficialistas, que era de José Luis Álvarez, aliado de los críticos. Landelino sospechaba de Suárez, y Suárez de Landelino».

Por fin, el debate concluyó con el acuerdo de aplazar unos días el segundo congreso de UCD, manteniéndolo en Palma de Mallorca [492].

Después de una intervención de Jesús —Chus— Viana, en la que de acuerdo con Suárez —cuyo propósito de dimitir ya conoce— propuso una tregua pública entre los dos sectores, hacia las diez y media de la noche, Adolfo Suárez llamó a Landelino Lavilla y juntos salieron de la sala. Durante un rato pasearon por el pasillo que rodeaba el escenario del Comité Ejecutivo, y es en este momento cuando Adolfo Suárez le reveló a su rival partidario su decisión de dimitir. Cuando regresaron a la sala, Landelino Lavilla se sumó a la tesis expuesta por Viana de concederse mutuamente una tregua de declaraciones públicas e inmediatamente llamó al periódico ABC para que no incluyeran en el diario del día siguiente unas declaraciones suyas, que solo vieron la luz en los ejemplares ya distribuidos por provincias.

En este punto concluyó el Comité Ejecutivo de UCD, sin que la dimisión de Adolfo Suárez fuera filtrada a la opinión pública. Esa noche, Fernando Abril Martorell se presentó de improviso en casa de su amigo el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, para explicarle cuál era la situación y para pedirle que al día siguiente, miércoles, tratara de convencer a Adolfo Suárez de que rectificara su decisión durante el despacho que tenía previsto celebrar con el presidente.

El miércoles 28 de enero, la prensa madrileña se hacía eco en grandes caracteres del aplazamiento del congreso de Palma de Mallorca, destacando que el acuerdo de suspensión se había tomado por unanimidad. ABC anunciaba que se había producido una fuerte polémica interna en UCD y que varios secretarios ejecutivos pensaban dimitir si no se convocaba con urgencia el congreso. Suárez leyó con atención el resumen de prensa que le había preparado —como cada día— la Secretaría de Estado para la Información, y se fijó en que El País destacaba una información que decía: «Los obispos, contrarios a los criterios de Fernández Ordóñez sobre el divorcio». A las diez y media llegaba al palacio de la Moncloa Jaime Lamo de Espinosa, que primero en el despacho del presidente y después en el coche que les llevó a la Zarzuela trató de convencer a Adolfo Suárez de que no podía dimitir porque ni la situación del país ni la del partido lo aconsejaban. En un momento dado, Lamo le sugirió que al menos conservara la presidencia del partido, para de ese modo garantizarse una posible vuelta; pero solo obtuvo de Adolfo Suárez esta rotunda afirmación, cuando ya habían franqueado la puerta de entrada de Somontes: «Estoy tan harto que no creo que vuelva nunca más» [493]. La segunda entrevista con el Rey no modificó para nada la estrategia y la convicción de Adolfo Suárez, que agradeció al Rey su trato, informándole de que, como mucha gente ya sabía la noticia de su dimisión, pensaba dirigirse a los ciudadanos a través de la radio y la televisión. Adolfo Suárez le adelantó su propósito de convocar el jueves al Consejo de Ministros y después al Comité Ejecutivo. Según sus planes, el mensaje televisado debía emitirse el jueves por la noche.

Por su parte, el Rey le pidió que cuanto antes le propusiera un candidato de UCD a sucederle, y le confirmó que suspendía su viaje a Estados Unidos, pero que mantenía el del País Vasco. Después de analizar estas circunstancias, repasaron conjuntamente los pasos a seguir: convocatoria del presidente del Congreso de los Diputados, consultas con los representantes de los grupos parlamentarios y, finalmente, propuesta del Rey al presidente del Congreso del candidato a presidente, que después de un debate y del voto de confianza sería el encargado de formar Gobierno.

De la Zarzuela, Adolfo Suárez regresó a la Moncloa, donde le esperaban Josep Meliá, Alberto Aza y Rosa Posada, que abrazó al presidente emocionada. Les invitó a pasar a su despacho para contarles que había costado un poco convencer al Rey de sus razones, pero que al final las había entendido, y para coordinar la estrategia política e informativa de su dimisión. Meliá le confirmó que ya tenía muy avanzado el discurso de despedida y le quitó de la cabeza su primitiva idea de aguantar la noticia hasta el fin de semana, teniendo en cuenta el gran número de personas que ya la conocía. Según el relato del propio Meliá, el director general de Relaciones Informativas, Julián Barriga, le informó de que el periodista Miguel Platón «olía algo», mientras que Alberto Aza supo que el director de Cambio 16, José Oneto, había llamado a varios ministros para que le contaran qué estaba pasando. También Abel Hernández —según Barriga— parecía estar «orientado».

A las siete de la tarde, Meliá había concluido el primer borrador del discurso que pronunciaría Adolfo Suárez para explicar a toda España su dimisión. Se reunió con Rafael Arias-Salgado, que hizo algunas correcciones a mano, elogiando el tono y el contenido de la alocución. También Alberto Aza contribuyó con alguna sugerencia.

A las diez de la noche el discurso estaba perfectamente terminado. Mientras, el equipo presidencial había convocado en la Moncloa a los «barones» y un coche de incidencias recogía en su casa al presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, con el que Adolfo Suárez quería tener una conversación previa a la reunión en la que entre todos debían elegir a su sucesor.

Después de la tensión de los últimos días, Adolfo Suárez se mostró relajado y le explicó a Landelino las razones de su dimisión irrevocable y le pidió que contribuyera con su buen sentido a buscar un candidato a la Presidencia del Gobierno que contara con el máximo apoyo. Sin tiempo para mayores explicaciones, Suárez le hizo ver su imposibilidad de ser el candidato, dada su condición de presidente del Congreso.

A la reunión de los «barones» asistieron Francisco Fernández Ordóñez, José Pedro Pérez-Llorca, Fernando Abril Martorell, Rafael Calvo Ortega, Rafael Arias-Salgado, Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo-Sotelo y Pío Cabanillas; este llegó a la reunión con la idea clara de que el mejor candidato posible para todos era Leopoldo Calvo-Sotelo, y en este sentido ya había hablado con los restantes asistentes y con el propio interesado. Fernando Álvarez de Miranda no asistió.

Al comenzar la reunión, Adolfo Suárez les dijo que era absurdo que él se pronunciara por un candidato y que debían ser ellos quienes eligieran —colegiadamente— al que podía sucederle. «Ahora —insistió Suárez— todos debéis cargar con vuestra parte de responsabilidad de Estado. Y si la persona que elijáis no cuenta con toda vuestra confianza y vuestro apoyo total, la situación no mejorará» [494].

Fernando Abril respaldó el planteamiento del presidente y apoyó la colegiación del poder en la elección del sucesor; a continuación, Landelino Lavilla tomó la palabra para anunciar que, como ya le ha dicho a Adolfo Suárez, él no está en condiciones de ser el candidato. Rodolfo Martín Villa también se descartó, lo mismo que Francisco Fernández Ordóñez, que reconoció no ser el hombre ni este su momento, para a continuación ser el primero en ofrecer la lista de sus candidatos, que precisó indicaba por orden de preferencia. Citó a Leopoldo Calvo-Sotelo, Agustín Rodríguez Sahagún, Landelino Lavilla, Rodolfo Martín Villa y José Pedro Pérez-Llorca. Este rubricó la lista de Fernández Ordóñez y tampoco se consideró candidato. Leopoldo Calvo-Sotelo añadió a la lista de Fernández Ordóñez el nombre de Fernando Abril, mientras que Pío Cabanillas se opuso a la candidatura de Rodríguez Sahagún porque —según el testimonio de Meliá— «sería una opción precautoria y no definitoria».

Según el relato de José Oneto, después de escuchar la opinión de todos los presentes, Adolfo Suárez reiteró que no pensaba pronunciarse y pidió que los nombres propuestos por Fernández Ordóñez fueran votados.

Leopoldo Calvo-Sotelo obtuvo seis votos, de Francisco Fernández Ordóñez, Rodolfo Martín Villa, Pío Cabanillas, Landelino Lavilla, Rafael Arias-Salgado y José Pedro Pérez-Llorca. A Agustín Rodríguez Sahagún le votaron Fernando Abril Martorell y Rafael Calvo Ortega. Landelino Lavilla obtuvo un voto: el de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Eran las dos y veinte de la madrugada del jueves 29 de enero de 1981 cuando Leopoldo Calvo-Sotelo era proclamado candidato a suceder a Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno, responsabilidad que el entonces vicepresidente para Asuntos Económicos recibió con irónica resignación y con la frase: «¡Si no hay más remedio!».

Por último, los reunidos acordaron que en el congreso de Palma el candidato a presidente del partido fuera Agustín Rodríguez Sahagún.

A primera hora del jueves, y tras una reunión entre Alberto Aza, Josep Meliá y Rosa Posada para organizar y planificar la grabación del mensaje televisivo del presidente del Gobierno, la Secretaría de Estado para la Información llamó al director general de Televisión, Fernando Castedo, para pedirle el envío de un equipo de grabación y rogarle —a sugerencia de Meliá— que al frente figure el realizador José Marín. De común acuerdo decidieron también que la grabación se hiciera con dos cámaras autónomas.

El reciente testimonio de Sabino Fernández Campo permite afirmar que, en contra de lo publicado en su día, no fue Adolfo Suárez quien a mediodía llamó al secretario general de la Casa Real, sino que fue este quien lo hizo, anunciándole su visita para concretar los detalles de la dimisión y conocer el discurso de despedida del presidente. Cuando llega a la Moncloa, Suárez estaba reunido con Rosa Posada, Alberto Aza, Aurelio Delgado y Josep Meliá, y le ofreció leer los folios de su despedida. «Leí el discurso —recuerda Sabino— con atención; le dije que me parecía muy bien, pero que a mi juicio había una contradicción, ya que decía: Yo jamás abandono, y estaba abandonando, puesto que era él quien dimitía. También le sugerí que hiciera alguna referencia al Rey. Me contestó que ya la hacía en general» [495].

La versión de Meliá fue que a mediodía Suárez quiso que Sabino Fernández Campo leyera el discurso y que cuando lo hizo no puso objeción alguna [496].

Manuel Soriano, en su biografía de Sabino Fernández Campo, ratifica el criterio de que la iniciativa de la visita fue de la Zarzuela: «Sabino iba con la misión de concretar el cese del presidente porque el Rey deseaba iniciar las consultas con los partidos lo antes posible para proponer un nuevo jefe de Gobierno. Suárez dijo que enviaba ese mismo día una carta con todas las formalidades. Luego hablaron del discurso de despedida y del decreto de nombramiento como duque de Suárez». Y añade Soriano que Sabino «sugirió limar un poco el ardor puesto por los colaboradores de Suárez, en un momento tan emotivo, al describir los méritos del presidente que justificaban la concesión del título nobiliario de duque con grandeza de España» [497]. Suárez hizo de su puño y letra los últimos retoques.

Mientras el realizador de televisión José Marín ultimaba los detalles de la grabación, en presencia de Fernando Castedo, Jesús Picatoste e Iñaki Gabilondo, Adolfo Suárez dio instrucciones a Aurelio Delgado y a Alberto Aza para que se convocara a las cinco de la tarde al Consejo de Ministros y a las seis al Comité Ejecutivo de UCD en la Moncloa. Aunque Suárez pidió que la convocatoria se hiciera sin carácter oficial y con máxima discreción, a la una y media de la tarde la agencia Europa Press distribuyó un teletipo en el que se anunciaba la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, noticia filtrada —según Meliá— por al menos dos ministros del Gobierno, y que en sus propias palabras «fue el primer golpe bajo contra la estrategia que habíamos diseñado para la comunicación de la dimisión».

Rafael Arias-Salgado, Fernando Abril y Pío Cabanillas comieron en la Moncloa y escucharon una primera lectura del discurso de despedida, en el que Suárez había introducido últimos retoques. Uno de ellos insistía en subrayar «la necesidad de no claudicar nunca» y otro en el párrafo «se puede prescindir de una persona en concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos».

Adolfo Suárez subió a la zona familiar del palacio para compartir con Amparo y sus hijos un frugal almuerzo. Mientras, en el Club Internacional de Prensa, el secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, comía con un grupo de periodistas; en Alfonso XII, número 18, casa del abogado José Mario Armero, lo hacía el ex presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas. Según el testimonio del también abogado y socio del bufete Armero, Fernando Escardó, presente en la comida, poco antes de las tres de la tarde José Mario Armero recibió una llamada de la redacción de la agencia Europa Press para darle la noticia de que Adolfo Suárez había dimitido y pedirle su autorización para pasarla por el teletipo. Armero ordenó a su eficaz redacción de periodistas la transmisión de la noticia, que salió por el teletipo de la agencia a las tres y media de la tarde.

En el Club Internacional de Prensa, Rafael Calvo leyó privadamente el teletipo y dio instrucciones a Julián Barriga, presente en el almuerzo, para que se dirigiera a la Moncloa.

A más de 350 kilómetros de Madrid, en el campo de San Gregorio, cercano a Zaragoza, el general Alfonso Armada asistía a unas maniobras de demostración de armamento. Según su versión, «pedí permiso para asistir al capitán general Pascual Galmes y le anuncié que vendría el JEME [498]. Hablamos de mi posible destino como segundo JEME, que él ya daba por seguro, aunque a mí no me habían comunicado nada. Añadió que probablemente me diría algo Gabeiras... El ejercicio se retrasó esperando a Gabeiras, que nunca llegó. Viajaba en helicóptero y, según se nos informó, por culpa de la niebla tuvo que volverse cuando se hallaba a la altura de La Muela. Zaragoza y San Gregorio estaban despejados... Antes de empezar el almuerzo, el general Valencia [Remón] nos dijo que un piloto del helicóptero había oído por radio que Adolfo Suárez había dimitido. La sorpresa de todos fue muy grande, y algunos no lo creíamos. Hicieron venir al capitán para que repitiese la noticia... Se hicieron muchas cábalas y comentarios, algunos pintorescos, tratando de formular hipótesis sobre las razones o motivos de esta decisión y sobre la solución futura de la crisis. En el fondo, muchos creíamos que era un bulo, pues la noticia captada por el capitán no se repetía en los siguientes boletines informativos» [499].

El testimonio de Armada merece dos comentarios. El primero, de sorpresa, por cuanto no parece creíble que se enterara de la dimisión por la radio del piloto del helicóptero y que la noticia no se repitiera en los siguientes boletines informativos. El segundo permite deducir que el 29 de enero hasta Pascual Galmes [500] sabía ya que Armada iba a ir destinado a Madrid, como segundo JEME.

A las cuatro de la tarde, Suárez hizo una primera grabación del discurso, utilizando el teleprónter, que permite mantener la mirada en la cámara a la vez que se lee el texto. A medida que fue pronunciando su discurso, la tensión en el despacho presidencial se convierte en drama y los componentes del equipo de televisión no salen de su asombro. Están presentes Fernando Abril, Pío Cabanillas, Rafael Arias-Salgado, y Amparo, la mujer del presidente, que mantuvo todo el tiempo su entereza. También estaba Marián, la hija mayor de Suárez. Pero cuando ya concluía la lectura, el teleprónter se estropeó y hubo que volver a empezar, media hora más tarde. Abril le dice a Josep Meliá, con lágrimas en los ojos: «Esto es un desastre, Pepe; esto es un desastre» [501].

A las cuatro y media se reanudó la grabación. En palabras de Meliá, «Suárez lee con la dignidad de siempre. Está emocionado, pero no se le nota». Al poco de comenzar la grabación entró Leopoldo Calvo-Sotelo, que se sentó en un discreto lugar, arrimado a la pared. Aunque la grabación había salido perfecta, Suárez quiso visionarla, con Amparo, en un pequeño monitor. Eran las cinco y cinco de la tarde.

La reunión del Consejo de Ministros se inició a las cinco y cuarto de la tarde y duró escasamente diez minutos. Adolfo Suárez tomó la palabra y con muy pocas frases explicó a los ministros que había presentado su dimisión al Rey y que renunciaba a ser el candidato a presidente del partido en el próximo congreso de Palma de Mallorca. Pidió a todos los ministros que continuaran trabajando y que apoyaran al nuevo presidente. Como razón de su dimisión, se limitó a aducir que creía que era lo mejor para España y para el partido. En nombre de los ministros contestó el vicepresidente Gutiérrez Mellado, que fue tan breve en sus palabras como lo había sido Suárez. Ningún ministro pidió la palabra: hay que hacer notar que la mayoría ya conocía la dimisión, por haber compartido con el presidente sus primeras horas o por habérselo revelado alguno de los que ya lo sabían, caso de Jaime Lamo de Espinosa. Uno de los que teóricamente ignoraban la dimisión del presidente y por el que este sentía más afecto y respeto profesional, Juan Antonio García Díez, salió del Consejo muy afectado y con su ironía habitual le dijo a Josep Meliá: «Nos lo hemos ganado a pulso». Quienes probablemente recibieron la dimisión como un mazazo fueron Jaime García Añoveros, Ignacio Bayón, Jesús Sancho Rof, José Luis Álvarez, Alberto Oliart, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Félix Pérez Miyares, Luis González Seara, Sebastián Martín Retortillo y Eduardo Punset; este se enteró al llegar a la Moncloa, por boca de los policías que vigilaban la entrada.

La rapidez con la que Suárez comunicó la dimisión a sus ministros le permitió que, antes de que a las seis de la tarde empezara el Comité Ejecutivo de UCD, convocara en el despacho de Alberto Aza a tres de los más caracterizados miembros del grupo crítico: Fernando Álvarez de Miranda, Ignacio Camuñas y Óscar Alzaga, a los que comunicó personalmente su dimisión, pidiéndoles que en ese momento, y puesto que él ya no era un obstáculo, cerraran filas en torno a UCD. Los tres dirigentes «críticos» recibieron la dimisión con sorpresa, pero pronto reaccionaron con indisimulada indignación, al saber que su jefe natural, Landelino Lavilla, conocía la dimisión desde hacía varias horas sin que les hubiera comunicado nada.

A las seis de la tarde, la Secretaría de Estado para la Información emitió una nota en la que decía: «El presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González, ha presentado su dimisión con carácter irrevocable en el transcurso de la reunión de Gobierno celebrada a las cinco de la tarde y bajo su presidencia en el palacio de la Moncloa. Con la dimisión de Adolfo Suárez queda abierta la vía constitucional señalada en los artículos 101 y 99 de la Constitución». Poco después, todos los miembros del Comité Ejecutivo de UCD fueron ocupando sus sillas en la sala en la que habitualmente se celebraba la Comisión de Subsecretarios. El orden del día solo incluía dos puntos: propuesta de sucesor y nueva fecha del congreso de Palma de Mallorca. El primero en tomar la palabra fue el propio Adolfo Suárez, que resumió en público las razones de su dimisión como presidente del Gobierno, y propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor. El inspirador fáctico de los críticos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ha recordado con estas irónicas palabras cómo conoció la noticia de la dimisión de Adolfo Suárez: «El 29 de enero se produjo la sorpresiva dimisión de Suárez, sobre la que tanto se ha escrito, de la que tan poco se conoce todavía y de la que es claro no pretendo hacer aquí la historia, sino tan solo relatar mi experiencia personal. Los miembros de la Ejecutiva del partido, entre los que yo me encontraba en calidad de portavoz, recibimos la noticia a primera hora de la tarde y fuimos citados urgentemente en la Moncloa, donde nos reunimos a las seis y media y, tras informarnos el propio Suárez de su decisión de dimitir como presidente del Gobierno, nos propuso la inmediata elección de Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor». Y continúa Herrero: «Tomé la palabra para exponer que no se podía adoptar una decisión de tal envergadura sobre la marcha, sino que era necesario un margen de reflexión y una posibilidad de negociación. Pío Cabanillas, Pérez-Llorca, Martín Villa, Fernández Ordóñez y, en tono lógicamente más adusto, Abril y Arias-Salgado, insistieron en la necesidad de designar urgentemente un sucesor en la Presidencia del Gobierno. Aún recuerdo las referencias a la unidad de mando y otros tópicos propios de los años cuarenta. Al final conseguí que se levantara la sesión hasta las once de la noche...» [502]. Según Meliá, fue Ignacio Camuñas quien pidió el aplazamiento, que en un principio fijó en una hora, pero fue el propio Adolfo Suárez el que ofreció un período más amplio, concluyendo que la reunión podía reanudarse a las once y media de la noche, tres horas y media después.

Hasta ese momento, y puesto que iba a debatirse la idoneidad de su candidatura, Leopoldo Calvo-Sotelo permaneció ausente de la sala, paseando con su colaborador más estrecho, Luis Sánchez Merlo.

En casa de Miguel Herrero se reunieron a cenar Landelino Lavilla, Álvaro Alonso Castrillo, Fernando Álvarez de Miranda, Óscar Alzaga, Antonio Fontán, Ignacio Camuñas y Luis de Grandes; según Meliá, su propósito fue coordinar su posición en la reunión de las once y media de la noche y estudiar la candidatura de Landelino Lavilla. Este les explicó que él no podía ser candidato, puesto que ya se había comprometido a apoyar a Leopoldo Calvo-Sotelo en la reunión celebrada el día anterior, lo que causó un notable disgusto entre sus correligionarios. Su estrategia pasó entonces por exigir condiciones al candidato Calvo-Sotelo, obligándole a ofrecer las características y detalle de su programa. En este sentido se manifestó Antonio Fontán, al reanudarse la sesión, a las once de la noche, que preguntó además por la estrategia parlamentaria que iba a seguirse y por el tipo de gobierno que se iba a formar. Fontán vinculó el apoyo al candidato a su respuesta a esas cuestiones. En su contra intervinieron Rafael Arias-Salgado, Francisco Fernández Ordóñez y Rodolfo Martín Villa, que básicamente argumentaron que la situación exigía una respuesta eficaz y disciplinada. Ante el cariz que tomaba el debate, Calvo-Sotelo se ausentó de la sala para dialogar individualmente con alguno de los componentes del Comité Ejecutivo y garantizarles la aplicación de una política de corte centrista. Meliá ha relatado que, antes de abandonar la sala Calvo-Sotelo, Miguel Herrero tuvo una intervención tan desafortunada que provocó la indignación de los miembros de la Ejecutiva. También se ausentó Agustín Rodríguez Sahagún, pero este a petición de Adolfo Suárez, que creía que aún tenía posibilidades de ser candidato.

A las dos de la madrugada —a las tres, según Miguel Herrero—, Landelino Lavilla pidió una pausa para serenar los ánimos; Meliá confirma que «al ver el clima de tensión que se había creado, el presidente Suárez, pensando como siempre en la unidad y en la buena convivencia dentro del partido, se reunió durante más de una hora en uno de los despachos con Óscar Alzaga y Miguel Herrero». ¿Qué quiso decir Meliá? Detrás de la expresión «pensando como siempre en la unidad», ¿qué oferta podía haber? Lo que revela Miguel Herrero sobre esa conversación resulta sorprendente: «Suárez se reunió con Óscar Alzaga y conmigo para insistirnos en la necesidad de votar a Leopoldo como hombre de transición, para preparar su vuelta como único candidato capaz de dirigir las siguientes elecciones en 1983»; y añade con malévola intención Herrero: «... Cuando nuestra oposición a la inmediata elección de Calvo-Sotelo no radicaba para nada en su persona, sino en que temíamos pudiera llegar hipotecado a la Presidencia del Gobierno, el propio presidente dimisionario nos pedía el apoyo hacia lo que consideraba su liderazgo carismático. No sé si Calvo-Sotelo estaba al tanto del favor que con ello le hacía su antecesor» [503]. Sorprende, de ser cierto el relato de Herrero, y no hay por qué dudar de él, que Suárez hiciera esa revelación de su propósito de volver a ser el candidato de UCD «justamente» a los hombres que ponían en entredicho su liderazgo y que querían «echarle» del Gobierno. Y sorprende en su misma formulación que cuando Suárez acaba de vivir las horas anteriores la dura convicción interior de la dimisión, con toda la batería de argumentos en su favor, se reúna con sus rivales políticos y les anuncie precisamente su vuelta. Carece de lógica. Pero por boca del malévolo Miguel Herrero sabemos que en su íntimo y profundo yo, Adolfo Suárez pensaba volver —como efectivamente hizo— meses después a la política activa, aunque sería como candidato de un nuevo partido, creado a su imagen y semejanza: el CDS.

Cuando a las cuatro de la madrugada se reanudó la sesión, y pese a los argumentos reincidentes de los críticos, Suárez insistió en que se votara y aportó como dato revelador que la agencia Efe acababa de emitir un teletipo en el que se afirmaba que Leopoldo Calvo-Sotelo se negaba a aceptar la nominación. Desde un principio, el candidato exigió el apoyo mayoritario del Comité Ejecutivo de UCD. La firmeza de su actitud le llevó a marcharse a su casa, donde esperaría el resultado de la votación. En este estado de cosas, cuando se va a proceder a la votación, siete miembros de la Ejecutiva se ausentan: Óscar Alzaga, Antonio Fontán, Miguel Herrero, Fernando Álvarez de Miranda, Ignacio Camuñas, Álvaro Alonso Castrillo y Luis de Grandes, que prefieren no votar antes que no hacerlo por Leopoldo Calvo-Sotelo, contra el que reiteradamente han declarado no tener nada. Calvo-Sotelo recibió veintiocho votos favorables y uno en blanco: el de Landelino Lavilla, que lo justificaría para mantener una puerta de diálogo con sus correligionarios. Herrero vivió así el final de la tormentosa reunión: «... Producida la votación, nos reintegramos a la sala y todos nos encontramos con la sorpresa de que Calvo-Sotelo, disgustado porque su solo nombre no provocase la unanimidad, se había marchado a su casa y renunciaba a ser propuesto al Rey como presidente del Gobierno. Fueron los ujieres quienes hubieron de contárselo al dimisionario Suárez y este hubo de convencerle telefónicamente de que volviera a la Moncloa y allí que aceptara el resultado de la votación» [504]. Eran las cinco de la madrugada.

Durante la primera parte de la reunión, que concluyó a las ocho de la tarde, TVE y Radio Nacional emitieron el mensaje de despedida de Adolfo Suárez, grabado horas antes, y que textualmente decía:

Hay momentos en la vida de un hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad.

Yo creo haberla sabido asumir dignamente durante los casi cinco años que he sido presidente del Gobierno. Hoy, sin embargo, la responsabilidad que siento me parece infinitamente mayor.

Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las que presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.

No es una decisión fácil. Pero hay encrucijadas, tanto en nuestra vida personal como en la historia de los pueblos, en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él.

He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia.

Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.

No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos.

Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación.

Yo creo saberlo. Tengo el convencimiento de que esta es la situación en la que nos hallamos, y por eso mi decisión es tan firme como meditada.

He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra persona, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España. Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por lo tanto, que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la Historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España.

Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad. De lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de frustraciones; de lealtad hacia la idea de un centro político que se estructure en forma de partido interclasista, reformista y progresista, y que tiene comprometido su esfuerzo en una tarea de erradicación de tantas injusticias como todavía perviven en nuestro país; de lealtad a la Corona, a cuya causa he dedicado todos mis esfuerzos, por entender que solo en torno a ella es posible la reconciliación de los españoles y una patria de todos, y de lealtad, si me lo permiten, hacia mi propia obra.

Pero este profundo sentimiento de lealtad exige hoy también que se produzcan hechos que, como el que asumo, actúen de revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en las instituciones.

Quizá los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica al normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución con que se trata de enfocar los problemas del país, no son un arma legítima porque, precisamente, pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia.

Querría transmitirles mi sentimiento de que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe, para mantenerse firmes y para confiar en nosotros, los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere conservar la fuerza necesaria para fortalecer en todos sus corazones la idea de la unidad de España, la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas y la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas y la legitimidad de los poderes públicos.

Yo, por mi parte, les prometo que como diputado y como militante de mi partido seguiré entregado en cuerpo y alma a la defensa y divulgación del compromiso ético y del rearme moral que necesita la sociedad española.

Todos podemos servir a este objetivo desde nuestro trabajo y desde la confianza de que, si todos queremos, nadie podrá apartarnos de las metas que, como nación libre y desarrollada, nos hemos trazado. Se puede prescindir de una persona en concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos.

Por eso no me puedo permitir ninguna queja ni ningún gesto de amargura. Tenemos que mantenernos en la esperanza, convencidos de que las circunstancias seguirán siendo difíciles durante algún tiempo; pero con la seguridad de que si no desfallecemos vamos a salir adelante.

Algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y comportamientos. Y yo quiero contribuir, con mi renuncia, a que este cambio sea realmente inmediato.

Debemos hacer todo lo necesario para que se recobre la confianza, para que se disipen los descontentos y los desencantos. Y para ello es preciso convocar al país a un gran esfuerzo. Es necesario que el pueblo español se agrupe en torno a las ideas, a las instituciones y a las personas promovidas democráticamente a la dirección de los asuntos públicos.

Los principales problemas de España tienen hoy el tratamiento adecuado para darles solución. En UCD hay hombres capaces de continuar la labor de gobierno con eficacia, profesionalidad y sentido del Estado y para afrontar este cambio con toda normalidad. Les pido que les apoyen y que renueven en ellos su confianza para que cuenten con el necesario margen de tiempo para poder culminar la labor emprendida.

Deseo para España, y para todos y cada uno de ustedes y de sus familias, un futuro de paz y bienestar. Esta ha sido la única justificación de mi gestión política y va a seguir siendo la razón fundamental de mi vida. Les doy las gracias por su sacrificio, por su colaboración y por las reiteradas pruebas de confianza que me han otorgado. Quise corresponder a ellas con entrega absoluta a mi trabajo y con dedicación, abnegación y generosidad. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones. Que estaré siempre a su lado y que trataré, en la medida de mis fuerzas, de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo.

Muchas gracias a todos y por todo.

Como ya había detectado Sabino Fernández Campo, en el discurso no había referencia al Rey; sí a la Corona. Pero el testimonio del propio Sabino Fernández Campo permite interpretar alguna de las claves de la dimisión de Adolfo Suárez y en concreto aceptar como muy plausible que esta tuvo íntima relación con la actitud del Rey. Ello explicaría que cuando Sabino Fernández Campo vio el discurso de Adolfo Suárez por televisión, advirtió que pronunciaba una frase que no figuraba en los folios que por la mañana le había enseñado; en concreto, la que afirmaba: «Me voy sin que nadie me lo haya pedido». En su conversación con la periodista Julia Navarro, Sabino Fernández Campo le reveló este detalle, añadiendo a continuación: «Todo esto fue muy significativo» [505].

El impacto del discurso de despedida fue tremendo en toda España y despertó la lógica inquietud en la ciudadanía, que asistía por primera vez en muchos años a la dimisión de un jefe de Gobierno. El ministro del Interior, Juan José Rosón, advertido previamente a su anuncio de la dimisión del presidente del Gobierno, dio instrucciones a todos los gobiernos civiles y a las fuerzas de orden público para que estuvieran alerta todo el jueves 29 de enero por si se producía algún incidente, estableciendo controles de carretera. Uno de ellos sorprendió al autor de estas líneas en una carretera de la provincia de Guadalajara, entre Monreal del Campo y Molina de Aragón, cuando regresaba de su frustrado viaje a Palma de Mallorca y escuchaba por la radio el discurso de dimisión del presidente del Gobierno [506].

13
EL 23-F: ADOLFO SUÁREZ SE GANA UN PUESTO EN LA HISTORIA

El viernes 30 de enero, Suárez se sintió aliviado de la tensión vivida durante toda la semana; sentía una mezcla de inquietud y a la vez distancia de los problemas que hasta apenas unas horas antes eran toda su vida. Despachó alguno de los muchos telegramas que habían llegado de personalidades políticas de todo el mundo y leyó el resumen de prensa. No le extrañó la dureza del editorialista de El País, que afirmaba que su dimisión «ha puesto al país al borde del vértigo» y que no había sido explicada suficientemente, alimentando la rumorología sobre sus verdaderas razones. No era de extrañar esta reacción de El País, porque en la crisis interna de UCD había tomado partido por el presidente frente a los ataques de la derecha del partido, que representaban Miguel Herrero y Óscar Alzaga. Por esta razón, El País se sintió burlado y abandonado en su defensa, y de ahí que llegara a considerar un insulto al pueblo el irse del poder «dando la espantada». El editorial concluía con este estremecedor alegato: «No es una crisis de Gobierno ante la que nos hallamos, sino una escalada permanente de las fuerzas reaccionarias de este país». ABC abordaba la dimisión con un tono más templado y considerándola como un «acto espectacular por su novedad, pero perfectamente lógico y democrático dentro de la Constitución». Diario 16 afirmaba que «Suárez ha tirado la toalla justo en el momento en que empezaban a pesar más los errores recientes que los aciertos primeros», precisando que «Suárez se ha marchado con dignidad, con la cabeza alta, aunque sus defectos neutralizaban en esta hora la posibilidad de completar el proceso de cambio». En El Alcázar, el artículo editorial firmado por su director, Antonio Izquierdo, se titulaba «UCD busca un general», y en él se recelaba del militar que podría sustituir al teniente general Gutiérrez Mellado, al que se situaba fuera del Gobierno, acompañando en su dimisión a Adolfo Suárez.

Pero al balance apresurado de la prensa Suárez añadió la valoración íntima de sus conversaciones del día anterior con Manuel Fraga, Santiago Carrillo —al que garantizó que los militares estaban tranquilos— y Felipe González, que el mismo viernes 30 se ofreció al Rey para formar un Gobierno de coalición. También habló con Miquel Roca, y con Jordi Pujol, que le dedicó sinceros elogios por su comprensión e inteligencia para tratar a Cataluña. Según Meliá, Suárez le reconoció que «estos catalanes son los más serios».

Esa misma mañana, nada más levantarse, Suárez dio instrucciones para que enviaran unas flores al Hotel Palace a la atención de la señora de Tarradellas. Y cuál no fue su sorpresa cuando ya se disponía a ir a la Zarzuela para entregar la carta de dimisión y le anunciaron que Josep Tarradellas se encontraba en la puerta del palacio; animado de una especial grandeza, Tarradellas quiso estar con Adolfo Suárez unos minutos y dedicarle públicamente algunos elogios a su trayectoria, augurándole entre sonrisas que no tardarían en volverle a llamar, porque «España no puede prescindir de hombres así». Y añadió: «Lo que ha hecho me parece acertado, porque es mucho mejor marcharse que no que le echen a uno» [507].

Cuando el molt honorable abandonó la Moncloa entre la general complacencia de todo el equipo de Adolfo Suárez, este se dirigió a la Zarzuela para entregar en mano la carta de dimisión. Por error, esta llevaba fecha del 30 de enero, por lo que Suárez tuvo que volver a Moncloa para que sus colaboradores rectificaran la fecha y la dataran el 29 de enero.

En la reunión del 26 de enero con sus «barones», Adolfo Suárez les manifestó con orgullo que «por lo menos os dejo resuelto el problema militar». Tanto José Pedro Pérez-Llorca como Rodolfo Martín Villa recuerdan perfectamente el tono convincente y convencido con el que pronunció la frase y cómo citó el problema militar como la excepción, porque simultáneamente admitió que no había podido con la Iglesia, el Opus Dei y la Banca.

Pero, tópicos al margen, Suárez conocía la existencia de varias operaciones militares, aunque no les dio credibilidad ni importancia; mientras, la minoría golpista que estaba urdiendo la trama del 23-F siguió adelante con sus planes, favorecidos por el nombramiento de Armada como segundo jefe de Estado Mayor, producido finalmente el 3 de febrero. Interpretó este hecho en la clave que le había inducido a pensar el propio Armada, y como una prueba del deseo del Rey de tenerle cerca y en un puesto de relevancia. Rodríguez Sahagún firmó la orden del nombramiento del hombre al que Emilio Romero —perfectamente al corriente de los planes de la trama civil del golpe, de la que se erigió en portavoz— había sugerido como el que sería capaz de dar un golpe de timón en un artículo publicado en ABC el 31 de enero de 1981. Sobre este artículo, Armada ha escrito con su habitual y fingida ingenuidad: «... de repente apareció el artículo de Emilio Romero en el ABC (yo creo que escrito por él como fruto del afecto que nos tenemos) y mi nombre empieza a ser repetido con mayor insistencia. No le di mayor importancia... El rumor coincide con mi nombramiento como 2.º JEME. Además se comenta que Su Majestad ha tenido interés en traerme a Madrid y el bulo adquiere mayor fuerza. Mi nombre se une al de Su Majestad, con gran perjuicio para los dos...» [508].

Pero el propio Alfonso Armada se ha encargado de divulgar cómo conoció la noticia de su nombramiento, significando el interés del Rey en comunicárselo personalmente. En efecto, en sus «memorias» relata que el martes 3 de febrero «Voy al despacho a las 8.30. Llama por teléfono Su Majestad el Rey desde el aeropuerto de Barajas. Están esperando —según me dice Sabino— que se abra el campo de Vitoria, pues se encuentra bajo mínimos. Empieza el viaje real a las Vascongadas. El Rey me da la noticia de que voy a ser destinado como 2.º JEME. Me felicita y tiene, según me dice, una gran satisfacción de que ocupe este cargo. Con todo respeto le expreso mi disgusto, pues prefería continuar en Lérida, mandando la división». «Una hora después —continúa Armada— llamó Gabeiras para anunciármelo y enseguida el ministro Rodríguez Sahagún, el cual me dijo que quería verme, anunciándome que viaja a Palma de Mallorca al congreso de su partido. Quedamos en que aquella tarde estaré en Madrid» [509].

Efectivamente, Armada estuvo en Madrid, pero antes de su partida se entrevistó con el coronel Ibáñez Inglés, enviado a Lérida por el teniente general Milans del Bosch para informarle de cómo iban los preparativos del golpe. Armada cita el encuentro sin darle importancia: «Saludo —dice— al coronel Ibáñez, que estaba destinado en Valencia, y al que hago poco caso, dada la urgencia de la marcha. No me comunica nada especial» [510].

En Madrid, Armada visitó al teniente general Gabeiras, que le reconoció que había tenido que librar una batalla para que le destinaran a Madrid y que al final el ministro le había apoyado. A Rodríguez Sahagún le vio a la una de la madrugada del miércoles 4 de febrero, y el ministro le reconoció que dejaba el Ministerio con pena y que su probable sucesor sería, por este orden, Alberto Oliart, Ignacio Bayón o Jaime Lamo de Espinosa, lo que demuestra que Leopoldo Calvo-Sotelo ya estaba trabajando en su nuevo Gobierno.

Mientras, la visita de los Reyes al País Vasco cubría sus objetivos de hacer efectiva y destacada la presencia de Sus Majestades en el territorio español que mayor reticencia institucional ofrece a la Corona y a la Constitución, al margen del permanente reto del terrorismo y la sinrazón etarra. Hoy sabemos, gracias al testimonio del general Sabino Fernández Campo, que la comitiva real esperaba o temía una acción de los parlamentarios de Herri Batasuna en su visita al Parlamento vasco. El propio ministro Juan José Rosón se había encargado de advertirles, aunque no sabía bien dónde se iba a producir la «sorpresa». «Naturalmente —reconoce Sabino Fernández Campo—, no se podía suspender el viaje ni cambiar el programa. Rosón nos dijo que a lo mejor interrumpían al Rey o le insultaban» [511].

Sabino, en previsión de que se confirmara la interrupción, preparó unas cuartillas con las respuestas a los posibles escenarios, y cuando los parlamentarios de HB interrumpieron el discurso del Rey con gritos y vivas a la independencia de Euskadi, con suma discreción deslizó un folio para que el Rey lo leyera después de haber permanecido inmóvil y casi sonriente. «Frente a quienes practican la intolerancia, yo quiero proclamar aquí mi respeto a la democracia y a la tolerancia...», fueron las palabras de don Juan Carlos, que le ganaron el respeto y la admiración de los ciudadanos del País Vasco y de toda España.

El éxito del viaje, al que Adolfo Suárez había puesto inconvenientes, se vio inmediatamente empañado por el asesinato, el viernes 6 de febrero, del ingeniero José María Ryan, secuestrado por ETA el 29 de enero, en una de las acciones más execrables de la banda terrorista, y por el impacto que en el mundo militar produjo el desprecio sufrido por los Reyes en la Casa de Juntas de Guernica.

El fin de semana del 6 al 8 de febrero, la dividida UCD celebró por fin su II Congreso, en Palma de Mallorca. La riqueza del debate y la lucha por el poder se hicieron presentes, ratificándose el resultado previsto. Agustín Rodríguez Sahagún fue elegido presidente del partido, después de pronunciar un discurso de tono vibrante, en el que prometía continuidad en la labor de Adolfo Suárez y en el que se ofrecía a restañar las heridas de los cismas y divisiones internas desde el diálogo y la colaboración. Landelino Lavilla, por su parte, brilló como orador, añadiendo a su habitual frialdad un mayor rigor intelectual y una mayor riqueza conceptual.

En el congreso hubo más batalla aparente que real, ya que la dimisión de Adolfo Suárez había desinflado el objetivo político de los críticos; los medios de comunicación tomaron partido por la línea oficial o por los críticos, en función de sus intereses y afinidades, procurando destacar —en cualquier caso— el menor asomo de enfrentamiento o disidencia. En la ponencia de estrategia, pese a que Miguel Herrero había formulado una enmienda a la totalidad, tanto él como Francisco Fernández Ordóñez llegaron a un rápido consenso, con la inestimable ayuda de Juan Antonio García Díez —que se perfilaba como el hombre fuerte de Leopoldo Calvo-Sotelo— y de José Luis Álvarez. Con su ironía habitual, Miguel Herrero reconoce que «como este fue el único acuerdo obtenido en el congreso de Palma y, además, no hacía cuestión de personas sino de ideas, y no versaba sobre cómo enfrentarse en el seno del partido sino cómo conseguir la confianza de la sociedad, no mereció, claro está, excesiva atención por parte de los medios de comunicación» [512].

Adolfo Suárez fue aclamado por todos los compromisarios y recibió el afecto y el testimonio de una militancia confundida y disgustada por el espectáculo que la cumbre del partido había ofrecido en los últimos meses, en los que había prevalecido la disputa sobre la concordia, la rencilla sobre la unidad. Para la gran mayoría de los compromisarios, el congreso debía ser una oportunidad de recuperar el mensaje de ilusión reformadora que, con Adolfo Suárez al frente, había presidido los años 1977 a 1979. Solo una minoría, afecta al espíritu reformista de la mayoría y al ánimo crítico, vivió el congreso como una batalla de unos contra otros. Suárez justificó por qué entre UCD y él mismo había elegido a UCD, y plantó cara a sus críticos argumentando que aunque «el conservadurismo pareciera estar de moda en el mundo, no debía ser un pretexto para dar un vuelco hacia la derecha» [513]. Meliá, en su visión final del apogeo suarista, reconoce que Landelino Lavilla fue el gran perdedor del congreso, pues en solo dos semanas pasó de candidato in pectore a presidente del Gobierno, a derrotado frente a Agustín Rodríguez Sahagún por la presidencia del partido. «Que la presunta alternativa de poder no sea revalidada ni para la presidencia del Gobierno ni para la del partido en menos de quince días, es demasiada derrota. Y que personas de su propia lista crítica, como Soledad Becerril, Emilio Attard y Gabriel Cisneros, tengan más votos que el propio Lavilla demuestra bien a las claras que ha sido utilizado por una serie de personas que luego a la hora de la verdad ni han dado la cara ni han salido elegidos.» Y concluye Meliá con afecto que «Lavilla es, a pesar de todo, un político de primera. Solo tiene que aprender a cuidarse de sus amigos. Para los enemigos se basta y se sobra» [514].

En la planta novena del Auditorio de Palma de Mallorca, donde Adolfo Suárez ha montado su cuartel general durante el congreso, Rafael Arias-Salgado analiza los efectos del discurso del dimitido presidente y pronuncia un acertado vaticinio: «Hemos malgastado un enorme capital político. No hay proporción entre los efectos que puede producir la renuncia del presidente y el altísimo costo que tenemos que pagar por todo ello» [515].

Para la historia queda que la candidatura crítica a la Ejecutiva estaba encabezada por Landelino Lavilla, siendo Ignacio Camuñas el candidato a secretario general. Entre los vocales figuraban algunos políticos que han seguido en la vida política, como Fernando Álvarez de Miranda —que fue Defensor del Pueblo a propuesta del PSOE—, Soledad Becerril, Gabriel Cisneros, José Manuel García Margallo, Antonio Fontán, Daniel García Pita, Luis de Grandes —nombrado después portavoz parlamentario del Partido Popular—, Jaime Mayor Oreja, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Salvador Sánchez Terán, Joaquín Satrústegui y Manuel Villar Arregui.

De ellos, siete obtendrían votos suficientes para integrarse en la Ejecutiva, de acuerdo con el sistema electoral, por este orden: Soledad Becerril (804 votos), Gabriel Cisneros (782), Emilio Attard (761), Jaime Mayor Oreja (750), Landelino Lavilla (737), Vicente Álvarez Pedreira (729) y Joaquín Satrústegui (709).

Según Emilio Attard, «fue aleccionador el resultado por cuanto se demostró que Martín Villa, a mi entender, había modulado las papeletas en el laboratorio de sus fidelidades». Por el sector oficial resultaron elegidos estos treinta y dos nombres, encabezados por Adolfo Suárez, que obtuvo el máximo de votos, 1.281. Jaime Lamo de Espinosa consiguió 1.241; Juan Manuel Reol Tejada (1.240); Jesús María Viana (1.212); Jaime García Añoveros (1.211); Rafael Calvo Ortega (1.203); Blas Camacho (1.203); Rodolfo Martín Villa (1.202); Cecilio Valverde (1.195); Javier Rupérez y Juan Antonio García Díez (1.192); José Pedro Pérez-Llorca (1.187); Lorenzo Olarte y Antón Cañellas (1.175); Manuel de Sárraga (1.163); Juan José Rosón (1.148); Juan Martínez Meseguer (1.143); Pío Cabanillas (1.141); Manuel Núñez (1.139); Jesús Sancho Rof (1.130); Félix M. Pérez Miyares (1.130); Antonio Jiménez Blanco (1.119); Íñigo Cavero (1.112); Fernando Abril Martorell (1.092); Luis González Seara (1.079); Luis Gámir (1.065); Carmela García Moreno (1.058); Justo de las Cuevas (1.035); Rafael Arias-Salgado (1.034); Jerónimo Alberti (1.018), y Francisco Fernández Ordóñez (1.017). Los 1.290 compromisarios de UCD habían «castigado» a Francisco Fernández Ordóñez y a sus socialdemócratas.

Pero pronto nuevos acontecimientos iban a devolver la tensión requerida por los agoreros de la catástrofe; el 8 de febrero, un nuevo artículo del general De Santiago, en El Alcázar, precisaba que «las cosas han ido demasiado lejos... Hay que salvar a España si tenemos conciencia de españoles y de creyentes. Siempre, en situaciones parecidas a esta, hubo españoles que rescataron y salvaron a España» [516].

Y dos de los que estaban dispuestos a «salvarla», Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada, habían pactado, en su encuentro del 10 de enero de 1981, en Valencia, colocar al frente de la Junta de Jefes de Estado Mayor a un hombre afín al Rey (el propio Milans) y establecer un nuevo Gobierno, con Armada al frente, capaz de parar a las autonomías y de combatir el terrorismo. El 12 de febrero, el director de El Alcázar, Antonio Izquierdo, ofrecía una nueva prueba de su singular versión del inminente golpe, aceptando la propuesta de colocar en la Moncloa a un general, «pero no precisamente aquel a quien señaló Emilio Romero en un reciente comentario en ABC» [517].

Mientras, un éxito policial como fue la detención en Madrid de un significado dirigente etarra, Joseba Arregi, se iba a convertir en un nuevo argumento de confrontación política y de utilización por parte de los golpistas para ilustrar su visión claudicante del Gobierno. El etarra quedó ingresado en el hospital penitenciario de Carabanchel durante nueve días, después de haber sido objeto de torturas, que, junto con algunos problemas físicos que padecía, le causaron la muerte el 13 de febrero. El cuerpo del etarra había sido trasladado de Carabanchel a un recinto de dependencia policial, y Fernández Ordóñez fue acusado de insolidario por parte de los medios de comunicación y por algunos miembros del Gobierno. Tras una notable discusión política entre los ministros de Justicia (Francisco Fernández Ordóñez) y del Interior (Juan José Rosón) en el seno del Consejo de Ministros por delimitar la responsabilidad política de la muerte, fue Rosón quien tuvo que hacer frente a la exigencia parlamentaria de responsabilidades, solicitada con enorme vehemencia por el PSOE y en concreto por su portavoz, Gregorio Peces-Barba. El debate parlamentario fue televisado por la Primera Cadena, trasladando a un escenario tan poco matizado como la calle y por añadidura los cuarteles una polémica descarnada como era el tratamiento policial que debía merecer un detenido etarra. Parecía claro, entonces, que el PSOE no estaba dispuesto a manchar sus manos de sangre en su defensa de la lucha antiterrorista y que, en cambio, por encima de su concepción democrática del poder, los gobiernos de UCD eran cómplices de las viejas técnicas de represión de la policía. El debate fue tan demoledor para la UCD como para toda la clase política en general, desde la consideración «golpista», incapaz de entender que los demócratas se pelearan entre sí mientras militares y civiles caían asesinados por ETA.

Toda la cúpula policial, sintiéndose desautorizada, presentó su dimisión: entre ellos, el director general, José Manuel Blanco; el comisario general de Información, Manuel Ballesteros, y el secretario general, José Luis Fernández Dopico.

El mismo día que Arregi aparecía muerto, el nuevo segundo jefe de Estado Mayor, Alfonso Armada, visitaba a Su Majestad el Rey en el palacio de la Zarzuela. Solo faltaban diez días para que Antonio Tejero interrumpiera la sesión de investidura del candidato a presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, y Armada no veía a don Juan Carlos desde la noche del 6 al 7 de febrero, cuando la muerte de la reina Federica de Grecia. Ese día el Rey y Armada estuvieron juntos hasta las tres de la madrugada, mientras la Reina viajaba a Madrid. Pero el miércoles 11 de febrero, al término del funeral por la madre de la reina Sofía, el Rey se acercó a Armada y le dijo que tenía mucho interés en verle. Según Armada, «el Rey, personalmente, me cita para el día 13, a las 10.30 horas. Llamé a Sabino para que lo apunte en el libro de visitas. Sabino se resiste un poco, pues ya está cubierto el cupo. El Rey insiste. Hay que retrasar a Alfonso de Borbón, que tenía esa hora» [518].

Armada tomó posesión de su nuevo puesto el jueves 12, a las 13.00 horas, y el viernes 13, a las 10.30 horas, fue recibido en audiencia por el Rey. Según la anotación de Armada, «Sabino no está en su despacho». Según ha contado Manuel Soriano, el biógrafo de Sabino Fernández Campo, «ninguno de los dos protagonistas ha revelado el contenido de la conversación que mantuvieron el día 13. Alfonso Armada solicitó permiso a don Juan Carlos para darla a conocer como prueba que le favoreciera en su juicio, pero el Rey denegó la solicitud y le prohibió expresamente que la contara en cualquier otra ocasión. Armada ha cumplido a rajatabla la orden. Lo más que ha dicho sobre esa entrevista es que contó al Rey todo lo que sabía sobre la inquietud que existía en el Ejército. Y que el prestigio del Rey dentro de las Fuerzas Armadas era el más bajo desde que accedió al trono» [519].

Pero lo que sí sabemos es que la audiencia duró una hora y que don Juan Carlos, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, escuchó las informaciones y comentarios que Armada le hizo sobre la inquietud del Ejército y sobre el mal trato recibido por el Rey en su visita a Euskadi, y decidió que la información que poseía Armada debería conocerla el vicepresidente del Gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado.

Armada aclara en su diario: «12.30 h. Visita al teniente general Gutiérrez Mellado. Larga conversación. Me da algunos consejos y dice que deja la vicepresidencia. No la recuerdo como nada agria, a pesar de que he leído posteriormente su declaración. Le informé del ambiente en el Ejército y de cuanto sabía. Su escrito demuestra claramente que las noticias que le proporcioné no le gustaron. No las interpretó bien» [520].

Armada, por una vez, no oculta que informó al vicepresidente de «el ambiente en el Ejército y de cuanto sabía». Por supuesto, no le contó al Rey ni a Gutiérrez Mellado sus entrevistas con Milans del Bosch, ni sus planes concertados, ni toda la labor de apoyo que Cortina está preparando para que el golpe salga bien, ni tampoco que él es quien va a beneficiarse de la situación violenta que creará en breve el teniente coronel Antonio Tejero, a las órdenes del capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch.

El teniente general Gutiérrez Mellado ha reconocido que en la entrevista «Armada manifestó escaso interés por los asuntos estrictamente militares, mientras parecen obsesionarle otros temas que afectan a nuestra Patria y sobre todo a Su Majestad». Armada le repitió que «el prestigio de Su Majestad dentro del Ejército era el más bajo desde que había ocupado el trono, criticando el reportaje de la BBC y la visita al País Vasco». Según Gutiérrez Mellado, «Armada se mostró tan monárquico que yo llegué a pensar que por salvar a la Corona, según sus criterios, se podía incluso aceptar soluciones contrarias a la persona de Su Majestad» [521].

El 10 de febrero, el Rey propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato a la Presidencia del Gobierno, y en los días que faltaban para el 23-F, Leopoldo Calvo-Sotelo preparó con sus colaboradores su discurso de investidura —prevista para el miércoles 18 de febrero—, y ultimó contactos con Manuel Fraga, Alfonso Osorio y Miquel Roca para conseguir una mayoría absoluta en la primera votación. Con amargura se quejará años después el futuro presidente de que si CiU le hubiera apoyado, el lunes 23 de febrero no se hubiera celebrado la nueva votación. Pero no fue así; en las filas de Coalición Democrática tampoco hubo unanimidad y las conversaciones entre Calvo-Sotelo y Fraga no cristalizaron en un apoyo decidido de la formación conservadora. Fraga reconoce que Calvo-Sotelo le llamó «para ofrecerme lo mismo que Suárez: consultas parlamentarias, sin pacto de Gobierno, ni compromisos electorales. No podíamos aceptar» [522].

El diario de Fraga es de nuevo un perfecto termómetro de la temperatura política que se vivía en Madrid en vísperas del golpe de Estado, al admitir que el martes 3 de febrero desayunó con Miguel Herrero, que le reconoció: «Landelino Lavilla está muerto políticamente y la UCD no tiene alternativa frente a Calvo-Sotelo». Solo unas líneas después, Fraga ofrece este detalle de su almuerzo —aunque no cita a los comensales—: «Almuerzo político en el que se subraya la importancia de la promoción de Armada, al que varios empujan a ser la solución; todos dudan de que sea un planteamiento adecuado» [523].

En los días previos a la sesión de investidura, y tras el agrio y violento debate parlamentario sobre la muerte del etarra Arregi, en el que Bandrés y Fraga sostuvieron un duro enfrentamiento, este recibió el miércoles 18 varias llamadas de financieros —en concreto, de Emilio Botín y Alfonso Escámez— pidiéndole que apoyara a Calvo-Sotelo, que a su vez había confirmado a Miguel Herrero como portavoz del grupo parlamentario de UCD. Pero Fraga, comprometido con el PSOE en la destrucción de Suárez y de UCD, no accedió a respaldar la candidatura de Calvo-Sotelo, y en una áspera reunión del grupo parlamentario de Coalición Democrática, celebrada el miércoles 18 de febrero, sumó su voto al de los otros cinco diputados de AP que optaron por abstenerse. Fraga alegó que él podía «vender su apoyo, pero no regalarlo». Osorio anunció que por su amistad personal con Calvo-Sotelo iba a votar afirmativamente, pese a que le consta que el candidato «no entusiasma» en la Zarzuela [524]. Areilza y su entusiasta seguidor Antonio de Senillosa harán lo propio.

El discurso de Leopoldo Calvo-Sotelo fue uno de los pilares que labrarían su merecido prestigio como parlamentario. En él reafirmó su compromiso centrista, su espíritu liberal y progresista, ofreciendo un pacto económico y social para combatir el paro y un programa de reconversión industrial. Además, deseaba clarificar la posición exterior de España, presentando su candidatura al ingreso en la Alianza Atlántica como fórmula de presión sobre las negociaciones económico-políticas con la CEE, que él mismo había mantenido en los primeros años de la democracia, y como instrumento para conseguir que las Fuerzas Armadas españolas se profesionalizaran al máximo, alejándose de su inquietud tutelar de los problemas de la política nacional.

En su discurso de investidura, Calvo-Sotelo rindió homenaje a la figura y la obra de Adolfo Suárez, pronunciando una frase —«con su retirada termina la transición»— que los comentaristas malévolos le reprocharán cuando pocos días después el tricornio de Antonio Tejero haga enmudecer los escaños del Congreso. Como reconoce el propio Calvo-Sotelo: «... He tenido la desgracia de acuñar frases redondas, que alcanzaron sustantividad propia y que me devolvían mis adversarios, aislándolas de su contexto, como metralla» [525].

El discurso del candidato incluía también un adelanto de lo que meses después serían los pactos autonómicos. «Todavía hoy —recuerda Calvo-Sotelo—, al cabo de los años, cuando la emoción y las pasiones de 1981 deberían haberse apagado, se sigue diciendo que los pactos autonómicos, la entrada en la OTAN y el Acuerdo Nacional sobre el Empleo fueron decisiones adoptadas a la sombra de los sables y para enfriar la cólera castrense» [526].

Fraga, cegado por su falta de visión política, calificó el discurso del candidato a presidente de «frío, altanero, fuera de realidad», defendiendo su abstención con tal ardor que mereció el desprecio de Calvo-Sotelo, que se negó a replicarle.

Pero lo cierto es que Calvo-Sotelo solo obtuvo en su primera sesión de investidura, que concluyó el viernes 20 de febrero, los 165 votos de UCD, más los tres de Areilza, Senillosa y Osorio, y el del ex diputado de UCD por Navarra Jesús Aizpún, insuficientes para obtener la investidura, fijada en 176 votos. Esta se aplazó al lunes 23 de febrero, a las cuatro de la tarde. Si toda Coalición Democrática hubiera votado al candidato, hubiera sumado 175 votos, a uno solo de la mayoría absoluta.

Pero antes de que relate los ya conocidos sucesos del 23 de febrero, es preciso citar que el lunes 16 de febrero el flamante nuevo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, desarrolló una activa jornada de despachos, recibiendo distintas visitas, y entre ellas la del coronel Diego Ibáñez Inglés, emisario del teniente general Milans del Bosch, por el que conoce los últimos detalles del inminente golpe. Para los golpistas, el nombramiento de Armada y su presencia en el palacio de Buenavista eran la señal previamente convenida de que los preparativos contaban —según el propio Armada— con el beneplácito real. También visitó a Armada ese día el capitán general de Cataluña, Pascual Galmes, que había sido recibido horas antes en la Zarzuela por Su Majestad el Rey. Ese lunes, Armada se sintió tan seguro de su posición que se atrevió a desvelar a su jefe inmediato, el teniente general José Gabeiras, lo mal que estaba todo, la inquietud que vivía el Ejército y hasta su almuerzo en Lérida con los socialistas Enrique Múgica y Joan Raventós. Por la noche, Armada ofreció una cena en su casa a la que asistieron el jefe de la Casa Real, marqués de Mondéjar, los tenientes generales Gabeiras y Pascual Galmes, y el político catalán, entonces militante del PSUC, Jordi Solé Tura [527].

Esta cena, convocada por Armada para hablar de la futura visita del Rey a Barcelona con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que por vez primera se iba a celebrar fuera de Madrid, fue utilizada por el propio Armada para demostrar a los confabulados su estrecha vinculación con la Casa Real y los altos jefes militares.

Los conspiradores aceleraron sus planes, y según lo acordado en la reunión del 18 de enero entre Milans del Bosch, Tejero, el civil Juan García Carrés y el general Torres Rojas, este debía presentarse en Madrid para hacerse cargo de la División Acorazada. Pero para asegurarse mutuamente sus respectivos planes, en los días previos al lunes 23 de febrero Armada pidió a José Luis Cortina que contactara con Antonio Tejero, con el que se entrevistó en la penumbra de un piso de la calle Pintor Juan Gris, de Madrid, para pedirle que adelantara sus planes al lunes 23 de febrero, coincidiendo con la investidura del presidente del Gobierno.

Por su parte, el domingo 22 de febrero, el comandante de la División Acorazada Pardo Zancada viajaba a Valencia para recibir las últimas instrucciones del capitán general Milans del Bosch, que quiso asegurarse el apoyo de la unidad motorizada más potente del Ejército. Para ello aprovecharían que el jefe de la División, general Juste, visitaría el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, acompañado por el jefe de Estado Mayor de la DAC, José Ignacio San Martín. En su ausencia, el general Torres Rojas —destinado en La Coruña— se haría con el mando de la División, apoyado desde dentro por el propio Pardo Zancada.

El lunes 23 de febrero, mientras en el Restaurante Solchaga, de la plaza de Alonso Martínez, comían Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, y en otro cercano a su sede en Santa Engracia lo hacían Joaquín Almunia, Javier Solana y José María Maravall, el teniente coronel Tejero reclutaba guardias civiles de la Agrupación de Tráfico, con la colaboración del capitán Gómez Iglesias, agente del CESID enviado por Cortina. Con el dinero conseguido de los apoyos civiles, Tejero había alquilado unos autobuses, que llenó de guardias civiles, con el señuelo de prestar un servicio en el Congreso de los Diputados.

Cuando la mesa del Congreso llamaba al diputado Núñez Encabo para pronunciarse sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, el teniente coronel Tejero Molina entró en el hemiciclo, subiendo directamente a la tribuna de los oradores, pistola en mano, gritando: «¡Alto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Silencio!». Sus hombres se dispersaron por los pasillos en medio de la confusión general y ante los ojos atónitos del presidente del Congreso, Landelino Lavilla. Solo Adolfo Suárez y el teniente general Gutiérrez Mellado reconocieron el bigote de Tejero. El vicepresidente, con gesto decidido, se dirigió hacia él, pese al intento de retenerle de Adolfo Suárez, recriminándole su acción y conminándole a desistir de su propósito. Tejero, en un rapto de ira y de odio, gritó: «¡Al suelo!, ¡al suelo!», descendió las escaleras de la tribuna y se encaró con su superior, al que trató de derribar cobardemente, cogiéndole del cuello y ayudándose con una pierna, sin conseguirlo. Eran las 18.25 horas cuando Tejero y algunos guardias civiles que le acompañaban disparaban al aire varias ráfagas, causando el lógico terror en el hemiciclo. Todos los diputados se escondieron en sus escaños, excepto el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el diputado comunista Santiago Carrillo y el vicepresidente Gutiérrez Mellado, que con los brazos en su cintura asistía consternado a la sinrazón de Tejero.

Diez minutos después y poco a poco, los diputados volvieron a ocupar sus escaños, recuperando su apariencia y comprobando que, pese a los disparos de metralleta, todos se encontraban sanos y salvos.

Mientras, en Valencia y desde algunas horas antes de las seis y veinte de la tarde, el teniente general Milans del Bosch dio orden a los tanques de dirigirse hacia Valencia; cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido en Madrid, dictó un bando en el que, escudándose en los «acontecimientos» acaecidos en el Congreso de los Diputados, suprimía varios artículos de la Constitución, limitando las libertades.

En el palacio de la Zarzuela, Su Majestad el Rey se disponía a jugar una partida de squash con sus amigos Miguel Arias e Ignacio Caro cuando oyó por la radio los disparos, apresurándose a llamar por el interfono a Sabino Fernández Campo, al que preguntó qué es lo que estaba pasando. Sabino contestó que acababa de oír los disparos por la radio, y recibió la orden del Rey de subir inmediatamente a la segunda planta. Desde el despacho de don Juan Carlos, este llamó al director general de la Seguridad del Estado, que se limitó a ofrecerle los pocos datos que entonces tenía de lo ocurrido en el Congreso.

Casi simultáneamente, en la División Acorazada Brunete, el general Juste, que había cambiado de planes, regresando a Madrid desde Santa María de Huerta, a medio camino de Zaragoza, escuchaba las explicaciones facilitadas por el comandante de Estado Mayor Pardo Zancada, según las cuales, y de acuerdo con el teniente general Milans, en torno a las seis de la tarde del lunes se iba a producir en Madrid un grave suceso, que aconsejaría poner en alerta a la División Acorazada. Torres Rojas, presente en las dependencias de su antiguo destino, respaldó la versión de Pardo Zancada, ante la extrañeza de Juste, que no entendía lo que estaba ocurriendo. Para dar mayor fuerza a su inverosímil testimonio, Pardo Zancada informó que el hecho grave ocurriría sobre las seis de la tarde y que sobre esa hora «ya estará en la Zarzuela el general Armada», por lo que era preciso dar las órdenes de poner en marcha la «Operación Diana» y ocupar las emisoras de radio y televisión y los periódicos. Juste, que tenía una gran amistad con el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, preguntó si este estaba al corriente de todo. «Sí —respondieron al unísono dos oficiales de Estado Mayor—. El general Quintana Lacaci ha sido informado ya por el capitán general de Valencia, Milans del Bosch» [528]. Mentían. Ante las dudas de Juste, Pardo y Torres Rojas le incitan a llamar a la Zarzuela para confirmar las órdenes de Milans del Bosch y no a Quintana Lacaci.

En el hemiciclo, Adolfo Suárez fumaba un cigarrillo tras otro, apretando con fuerza sus mandíbulas. Desde el día de su dimisión se había ido despreocupando poco a poco de los temas de gobierno, liberándose de la pesada carga de los últimos cinco años. Había mantenido varias reuniones con su futuro sucesor, pero ya no le interesaba la situación política, limitándose a reunirse periódicamente con alguno de sus ministros. De común acuerdo con Leopoldo Calvo-Sotelo, había preferido no aparecer por el Parlamento en los debates de la semana anterior, en los que se había aprobado el Estatuto de Galicia. Hacía cinco años que no había tomado vacaciones y había prometido a Amparo que el miércoles 25, tan pronto terminara la toma de posesión de Leopoldo Calvo-Sotelo, se irían un mes de vacaciones a Estados Unidos y Panamá. Los billetes ya estaban en poder de Alberto Aza, que les acompañaría con su mujer. La noche del lunes, cuando hubiera terminado la votación, iría a cenar con los Reyes como despedida.

Había mantenido la calma cuando vio entrar a Tejero y, pese a que no consiguió retener al general Gutiérrez Mellado cuando este se fue a por Tejero, por fin creía haberle puesto a salvo de la irracional actitud de los guardias civiles y de la cobarde agresión del teniente coronel. Ignoraba —como todos los ministros de su Gobierno y los diputados— que hacía pocos minutos el teniente general Milans del Bosch había llamado al Congreso de los Diputados para hablar con el teniente coronel Tejero Molina, que le había confirmado: «Se ha tomado el edificio sin novedad», añadiendo a continuación, a gritos: «Ya se puede gritar por fin ¡Viva España! ¡Viva España, coño!».

Poco después, Suárez observa cómo un oficial sube al estrado de oradores y rompe el tremendo silencio del hemiciclo con estas palabras: «Buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, que estense tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, de veinte minutos o media hora; me imagino que no más tiempo, y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos».

Se trata del capitán Muñecas Aguilar, que con voz entrecortada y con dudas, y con el tricornio en el brazo izquierdo, ha recibido la orden de Tejero de tranquilizar a los diputados y que o ignora el sentido de lo que ha anunciado, o bien —por el plazo ofrecido— está aludiendo a una autoridad militar cuya llegada está próxima.

En el palacio de la Zarzuela, y después de un primer cambio de impresiones en el que confirmaron que no había víctimas en el Congreso, Sabino Fernández Campo empezó a ejecutar las primeras órdenes del Rey. Una de ellas fue reforzar la seguridad de la guardia de los accesos al palacio e inmediatamente quiso saber si en la rebelión militar —ya se dieron cuenta de que no era un atentado terrorista— estaba involucrada la División Acorazada Brunete. Por eso, Sabino llamó al general Juste, al que conocía desde hacía años.

Al preguntarle cuál era el ambiente que había en su unidad, lo encontró reservado y cauteloso, como si esperara a que el secretario del Rey fuera a comunicar algo especial. Tras un breve diálogo intrascendente, el general Juste le preguntó a Sabino:

—Bueno, ahí en la Zarzuela, ¿qué vais a hacer?

—La principal preocupación es la seguridad de los secuestrados y mantener el orden constitucional.

—¿Está Alfonso Armada ahí en la Zarzuela?

—No, aquí no está.

—¿Pero le estáis esperando?

—No, ni está ni le esperamos.

—¡Ah!, eso cambia la situación.

Eran las siete menos cuarto. Cuando fue a informar al Rey de su conversación con Juste, se lo encontró hablando por teléfono. La primera llamada que había hecho el monarca tenía como receptor al jefe del Estado Mayor de Tierra, teniente general José Gabeiras [529].

En efecto, don Juan Carlos, por su parte, había llamado al jefe del Estado Mayor para preguntarle:

—¿Qué pasa en Madrid?

—Precisamente estamos informándonos, Señor. Pero si Vuestra Majestad quiere hablar con el general Armada, está aquí a mi lado.

—Pásamelo. Alfonso, ¿qué es toda esta historia?

—Recojo unos documentos en mi despacho y subo a la Zarzuela a informaros personalmente, Señor.

En ese preciso momento, antes de contestar, el Rey vio que entraba Sabino haciéndole señas para que tapara el teléfono con la mano y le susurró:

—Se trata de Armada.

Don Juan Carlos destapó el teléfono y se disculpó:

—Alfonso, espérame al teléfono unos instantes; me traen a firmar unos papeles.

Entonces Sabino le informó y le dio un consejo al mismo tiempo:

—Tened mucho cuidado porque el general Juste acaba de decirme que en la División Acorazada hablan del general Armada como jefe de todo esto y creen que va a venir aquí. No sería aconsejable que viniera bajo esa confusión.

El Rey volvió a hablar con Armada y se enfadó con él. Utilizó palabras duras para recriminarle que se hubiese dejado involucrar en aquella locura del asalto al Congreso... Rechazó su propuesta de acudir a la Zarzuela y le ordenó que permaneciera en su puesto a las órdenes de Gabeiras [530].

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, resulta decisiva en la interpretación de los entresijos de las tantas veces cuestionadas claves del 23-F la actitud de Sabino Fernández Campo al establecer inmediatamente la relación entre la conversación con el general Juste y la que el Rey mantenía con Armada, por cuanto de ella se desprende que desde el primer momento la Zarzuela impidió la «solución Armada». Como José Luis de Vilallonga ha escrito en su biografía de don Juan Carlos: «¿Quién iba a creer que el Rey no estaba en el ajo si Alfonso Armada se instala en el teléfono de la Zarzuela?» [531].

Que Gabeiras, al recibir la llamada de Su Majestad, le ofreciera hablar con su subordinado corresponde a la lógica de quien conocía la histórica relación entre ambos. Y que Armada, tan pronto habló con don Juan Carlos, quisiera presentarse en la Zarzuela para explicarle lo que estaba pasando era solo consecuencia de que ese era su plan y lo que había vaticinado que ocurriría a sus cómplices, Milans, Torres Rojas y Tejero.

Con íntima decepción, que le costó muchos meses asumir, el Rey comprobó que cuanto le había estado contando Armada durante los últimos meses sobre el malestar del Ejército formaba parte de su estrategia de involucrarle en una operación militar anticonstitucional.

Poco después, y sin tiempo para recuperarse, el director general de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, informó al Rey de que el autor del asalto al Congreso era el teniente coronel Tejero y que había penetrado en el hemiciclo invocando el nombre del Rey. Por eso, Sabino se apresuró a llamar al Congreso para exigirle a Tejero que depusiera inmediatamente su actitud, recibiendo una rotunda respuesta de este: «Yo no recibo más órdenes que las del general Milans del Bosch».

A la consternación por la implicación de Armada, el Rey añadió la de que el capitán general de la III Región Militar, el teniente general Jaime Milans del Bosch, era a quien obedecía «el loco» de Tejero. Su Majestad no pudo hablar con él hasta las ocho de la tarde: el más monárquico de los militares españoles no estuvo localizable para su Rey hasta entonces. Cuando habló con él, el Rey ya conocía el sentido anticonstitucional de su bando y la falsa justificación de los movimientos de sus unidades motorizadas por las calles de Valencia, «para prevenir desórdenes callejeros». La noche del golpe de Estado solo había comenzado. Durante varias horas, don Juan Carlos y Sabino Fernández Campo tuvieron que desmontar todo el engaño tramado por Armada y destejer la telaraña de superchería y suplantación que su antiguo preceptor había creado en torno a la bendición real de la asonada.

A las siete y diez de la tarde, Adolfo Suárez ha tomado la decisión de jugárselo todo. Tantas veces había imaginado que esa situación iba a producirse que no se extrañó de estar protagonizando un enfrentamiento físico personal contra unos militares armados. Con dignidad, Suárez se agarra a la barandilla del pasillo y se incorpora. Pepe Oneto lo ha relatado así:

—Quiero hablar con el que manda la fuerza.

No le dejan continuar. Varios guardias gritan histéricos.

—¡Retírese! ¡Silencio! ¡Schsss!

Otro de los números, situado en la parte superior derecha del hemiciclo, vocifera con toda claridad.

—Tranquilos, señores; al próximo movimiento de manos se mueve esto, ¿eh?

Señala con insistencia la metralleta mientras añade:

—Así que las manitas esas, tranquilas. Eso cuando estén solos. Aquí se ha acabado.

Pero Suárez no hace caso de los gritos ni del lenguaje barriobajero. Baja los dos escalones y se dirige hacia uno de los guardias para preguntarle algo. Parece tranquilo, aunque tiene el rostro ligeramente descompuesto por la tensión. Antes de levantarse ha racionalizado todo y no ha descartado la posibilidad de que le maten, de que uno de los guardias, nervioso en ese montar y desmontar el arma, dispare por convicción o por error. Intenta decirle algo al guardia, pero una voz estentórea le interrumpe momentáneamente:

—¡Señor Suárez, permanezca en su escaño!

Suárez oye la voz y le responde:

—Yo tengo la facultad como presidente del Gobierno...

No le dejan continuar. Los gritos arrecian y los 350 diputados atentos a la figura del presidente oyen cómo, nerviosos, casi histéricos, los guardias comienzan a gritar.

—Señor Suárez, se siente.

—¡Se siente, coño!

—¡Que se siente!

Landelino Lavilla, la vista fija en Suárez, en los guardias y en las metralletas, musita en voz baja:

—Por favor, por favor...

El del pantalón vaquero, anorak, metralleta en una mano, pistola en otra y puro en la boca vocifera:

—¿Qué, te crees el más guapito, no?

—Tú no eres presidente ni de coña —le apoya otro a su lado.

—¡Que se siente!... —corta un tercero, desencajado, blandiendo la metralleta.

Al oír los gritos, minutos después entra el teniente coronel Antonio Tejero con un mensaje con el que piensa animar a sus guardias.

—Guardias —dice—, el general Milans nos manda un abrazo. Ha decretado la movilización general [532].

Desde ese momento, los diputados ya conocen que Tejero no está solo y que la democracia española está siendo objeto de un golpe de Estado.

En Madrid, mientras tanto, el general Gabeiras ha llamado al capitán general Quintana Lacaci, informándole de la situación creada en el Congreso, circunstancia que el propio Quintana confirma hablando con el Rey, para a continuación dar las órdenes oportunas para que ninguna tropa se lance a la calle. A su vez, el Rey habló con la Junta de Jefes de Estado Mayor, pidiéndoles que se constituyeran en sesión plenaria, pero evitando que asumieran el poder, como en un momento dado le solicitó el teniente general Ignacio Alfaro Arregui, partidario de que ante el vacío de poder fuera la cúpula de las Fuerzas Armadas quien resolviera la situación [533]. Por el contrario, el Rey autorizó a Francisco Laína a constituir y presidir un Gobierno de secretarios de Estado y subsecretarios que garantizara la permanencia del poder en manos de autoridades civiles, y en la que estuvieron Rosa Posada, Carlos Robles Piquer, Carlos Bustelo, Manuel Villar Arregui, Ignacio Aguirre y el subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, entre otros. La idea de su creación fue del subsecretario del Interior, Luis Sánchez Harguindey.

Durante la larga noche, Aramburu y sus hombres eligieron el próximo Hotel Palace como cuartel general y, desde un despacho cedido por su dirección, coordinó todos los esfuerzos e iniciativas para que los asaltantes depusieran su actitud. Pero, cegado por su mesianismo, Tejero llegó a amenazar con su pistola al coronel Félix Alcalá-Galiano, que se presentó en el Congreso para detenerle. Y gritó al general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, cuando se disponía a arrestarle: «No me rindo, mi general, y si da un paso más, le pego un tiro y luego me mato». Aramburu quiso extraer su arma, pese a que los guardias civiles que protegían a Tejero le encañonaron. Su ayudante, el coronel Guillermo Ostos, le disuadió de su gesto de hombría, con un brusco manotazo: «¡No, mi general! —gritó Ostos—. ¡Sería peor!» [534].

Mientras, en el interior del hemiciclo, a los diputados se les heló la sangre cuando vieron que Antonio Tejero se dirigía hacia el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y le pedía que le siguiera. «Suárez —relata Oneto—, tranquilo, se levanta, baja los escalones, pasa al lado de la mesa de taquígrafos y enfila el pasillo seguido por el teniente coronel... Los más optimistas piensan que se va a negociar algo. Los más pesimistas creen que va a pasar algo irremediable.»

Poco después de la salida de Adolfo Suárez, Tejero dio órdenes a sus hombres de que también salieran del hemiciclo Felipe González, Santiago Carrillo, Agustín Rodríguez Sahagún y el teniente general Gutiérrez Mellado. Todos, acompañados por guardias civiles con metralletas, fueron conducidos a una sala próxima y sentados en sus esquinas, de espaldas entre sí. Adolfo Suárez fue separado de los demás, en un salón contiguo, vigilado por tres guardias civiles.

¿Cuál fue la reacción de las capitanías generales ante el golpe de los tenientes generales Milans del Bosch y Armada? La labor de investigación de Joaquín Prieto y José Luis Barbería [535] ha permitido reconstruir la actitud de la cúpula militar durante la noche del 23 de febrero, gracias a unas notas manuscritas del capitán general de Madrid, teniente general Guillermo Quintana Lacaci, tras mantener una ronda de conversaciones con los jefes de las regiones militares. Quintana Lacaci, cuya actitud y lealtad al Rey y a la Constitución fueron decisivas en aquel episodio de la joven democracia española, sería asesinado vilmente por ETA tres años después, en 1984, cuando ya había pasado a la reserva, y su familia recibió al término del entierro un periódico doblado en varios trozos, procedente de una de las cárceles donde estaban recluidos los golpistas del 23-F, en el que alguien había escrito en los márgenes de la información sobre el atentado: «Se lo tenía merecido» [536].

En sus notas, Quintana Lacaci sostenía que «si las fuerzas de la I Región Militar salían a la calle, por ser Madrid y por residir el Rey en ella, todas las demás regiones se hubieran unido», y por ello trató por todos los medios de impedir que la División Acorazada Brunete saliera de sus guarniciones. Inmediatamente después de hablar con el Rey y de ponerse a sus órdenes, Quintana Lacaci dio las instrucciones precisas para preparar distintas fuerzas y entre ellas al Grupo de Operaciones Especiales (GEO), radicado entre Madrid y Colmenar Viejo, y a cuyo mando figuraba entonces el general Víctor Lago, asesinado también por ETA en diciembre de 1982.

En las notas —escritas de su puño y letra— de Quintana Lacaci se recogen también sus apreciaciones sobre la actitud y predisposición de las distintas capitanías generales durante la tarde-noche del 23 de febrero; destacan por su lealtad las que mantuvieron los tenientes generales Luis Polanco y Antonio Delgado, responsables de la VI y IX Región Militar, respectivamente. Este es el resumen de la anotación de Quintana Lacaci:

1.ª [Quintana]. «Legal. Lealtad al Rey.»

2.ª [Merry]. «Gracias a Urrutia. Esperando a las demás para unirse.»

3.ª [Milans]. «Levantada.»

4.ª [Pascual Galmes]. «Comprendida entre 3.ª y 5.ª Difícil. Esperar. En el fondo legal, pero si 5.ª se une, la 4.ª también.»

5.ª [Elícegui]. «No hizo más que llamarme para ver qué iba a hacer yo, pues “algo habría que hacer”.»

7.ª [Campano]. «Con muchas dudas, pues según él algo más habría que hacer que la Alerta 2.»

6.ª [Polanco]. «Completamente legal y leal al Rey.»

8.ª [Fernández Posse]. «En el fondo legal. Si la 6.ª se une, también lo haría.»

9.ª [Delgado]. «Completamente legal.»

Baleares [De la Torre]. «Esperando a ver qué pasaba, se uniría a Milans.»

Canarias [González del Yerro]. «Dudas. Al enterarse del protagonismo de Milans y de que Armada quería ser presidente del Gobierno, se muestra leal. Pregunta por qué Armada y no otro militar (se refiere a él) en una conversación conmigo.»

Como en el caso de la II Región Militar, en la que la activa lealtad del general Gustavo Urrutia resultó decisiva ante el estado de embriaguez del capitán general Merry Gordon, también en Granada fue el segundo de Antonio Delgado —de viaje— el que manifestó de inmediato su poco entusiasmo por la aventura de Milans del Bosch. En Zaragoza, el capitán general Antonio Elícegui estuvo dudando si seguir los pasos de Milans —con el que habló— hasta que hacia las ocho le llamó el Rey para aclararle que se estaba usando su nombre en falso. Poco después, Francisco Laína le utilizó para pedirle que insistiera a Milans en abandonar su actitud y retirara las tropas.

El Rey tuvo problemas para hablar con algunos capitanes generales y solo a las ocho y media de la tarde consiguió que el general Campano se pusiera a sus órdenes. En Baleares, el capitán general Manuel de la Torre llegó a pedir a un auditor que estudiara el bando de Milans del Bosch y redactara uno similar, pese a que ya había recibido un télex de la Zarzuela —remitido a todas las capitanías generales— en el que se le ordenaba acatara las órdenes de la JUJEM.

La primera autoridad civil que transmitió al país una impresión de calma y control de la situación fue Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Catalunya, que en una improvisada rueda de prensa explicó: «Alrededor de las ocho y veinte de la tarde he podido hablar telefónicamente con Su Majestad el Rey, quien me ha tranquilizado por completo en torno a los incidentes que se han desarrollado esta tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid». Pujol contó que las palabras concretas del Rey fueron: «Tranquilo, Jordi, tranquilo».

La acción conjunta realizada por la Zarzuela y la JUJEM fue dando sus frutos poco a poco y hacia las nueve de la noche la gran mayoría de las capitanías generales se encontraban a las órdenes del Rey y tanto la Marina como la Aviación permanecieron leales a la Corona. En su ronda de conversaciones, la cúpula militar y la Zarzuela tuvieron que contrarrestar las llamadas a la sedición realizadas por el general Armada desde su despacho, aprovechando que Gabeiras se había desplazado a la calle Vitruvio a reunirse con los demás miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, desde los salones del Ministerio del Interior y a las órdenes de Francisco Laína, tomó varias decisiones como Gobierno provisional: una de ellas fue no modificar la vida académica y laboral prevista para la mañana siguiente, alejando la propuesta de huelga general propugnada por Marcelino Camacho, de CC.OO., y Nicolás Redondo, de UGT.

En las sedes de los partidos, los líderes con mayor experiencia tomaron las riendas y tanto UCD como el PSOE, PCE y AP contribuyeron a que su militancia respondiera con serenidad y alto compromiso democrático, y a suscribir una declaración política capaz de demostrar su firmeza democrática, evitando las movilizaciones populares. En la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, Carlos Robles Piquer y Alberto Aza desplegaron una febril actividad para que las cancillerías europeas y americanas conocieran noticias de primera mano de la situación creada y de la minoritaria repercusión que el golpe iba teniendo en todo el país. El embajador estadounidense, Terence Todmann, sin embargo, informó —como en los últimos meses— de forma sesgada a las autoridades norteamericanas, motivando que el secretario de Estado, Alexander Haig, hiciera pública una declaración de excesiva neutralidad para quien podía y debía considerarse nación amiga.

Confiado en la llegada de los prometidos refuerzos de la División Acorazada y en la solidaridad de otras regiones militares, Antonio Tejero se hizo «fuerte» en el edificio del Congreso, permitiendo que en sucesivas tandas salieran los invitados y los periodistas, que relataron la situación de tensión que se había vivido en el hemiciclo y el lugar donde se encontraban encerrados los líderes de los partidos. En las primeras horas del secuestro, varios diputados tuvieron que ser evacuados por padecer distintas afecciones: entre ellos, los diputados de UCD Faustino Muñoz, David Pérez Puga y Gabriel Cisneros, que sufrió la rotura de los puntos interiores de una de las heridas causadas cuando fue tiroteado por las balas de ETA. El pintoresco diputado canario Fernando Sagaseta abandonó el encierro con heridas en la cabeza producidas por los cristales rotos por las ráfagas de metralleta, al igual que la diputada centrista por La Coruña Nona Inés Vilariño.

Pero la situación distaba mucho de estar controlada, entre otras razones porque cuando Quintana Lacaci llamó al Regimiento de Caballería Villaviciosa número 14, el coronel Valencia Remón le informó de que habían salido fuerzas para tomar Televisión Española. Y aunque Quintana le dio la orden de retirarlas, Valencia Remón no la cumplió y desde poco después de las siete de la tarde Prado del Rey estuvo bajo el control de las fuerzas sediciosas. Esta ocupación será una de las razones de que parezca que el golpe ha triunfado, al emitir durante horas música clásica, solo interrumpida por alguna aparición informativa del periodista Iñaki Gabilondo. Ya avanzada la noche, Radiotelevisión Española quedará liberada para permitir que don Juan Carlos lance su mensaje de defensa de las instituciones y de la democracia. Tuvo que ser el propio marqués de Mondéjar desde el palacio de la Zarzuela el que convenciera a su compañero de armas de Caballería coronel Valencia Remón de que retirara sus tropas.

Poco después de las nueve de la noche, y después de que el Rey —según Charles Powell— le pidiera a Gabeiras que volviera al Cuartel General a vigilar a Armada, y de haber descartado una primera propuesta de asalto al Congreso con los GEO, el nerviosismo se apoderó del general Armada. Desde su despacho del Cuartel General del Ejército ha estado hablando con sus contactos en algunas capitanías generales y después de haber insinuado a Milans del Bosch que el Rey «vería» con complacencia una solución que atajara el clima político de la España de finales de 1980 y de haberle alentado a lanzar sus tropas sobre Valencia, en combinación con la toma del Congreso de los Diputados por parte del coronel Tejero Molina, Armada creyó llegado el momento de presentarse como el hombre capaz de resolver el conflicto, confiando en que, pese a que Sabino Fernández Campo había bloqueado su visita a la Zarzuela con el falso propósito de informarle de la situación, la Zarzuela vería con agrado que él se ofreciera a parlamentar con Tejero para obligarle a deponer su actitud y de paso brindarse a que el Parlamento le votara como presidente de un Gobierno. Había comprobado durante las horas que permaneció en el Cuartel General del Ejército que el general Gabeiras estaba en la creencia de que él seguía teniendo ascendiente sobre el Rey, y de ahí que cuando don Juan Carlos llamó poco después de las seis y media le ofreciera hablar con él. Había llegado el momento de asumir su verdadero papel en el golpe, y con seguridad en sí mismo y en el eco que iba a encontrar su propuesta, marcó el número de teléfono de la Zarzuela y pidió hablar con el Rey. La conversación se produjo, y según los testigos presentes en el despacho real, don Juan Carlos se mostró inquieto y enfadado. Según el testimonio del periodista Manuel Soriano, «Armada dijo que como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército que era, conocía mejor que nadie la actitud de las distintas capitanías generales y afirmó que más de una estaba dispuesta a apoyar a Milans del Bosch. Planteó la necesidad de evitar como fuera la división del Ejército. Se refirió a la tensión que había en esos momentos en el Congreso. Milans le había dicho que el teniente coronel de la Guardia Civil estaba decidido a fusilar a los líderes políticos que tenía retenidos aparte si un comando especial intentaba una operación de rescate. A Suárez le tenía en el cuarto de ujieres, y a Felipe González, Alfonso Guerra y Santiago Carrillo, en el salón de relojes. Armada temía que hubiera una masacre» [537].

Solo después de hacer este pesimista diagnóstico de la situación, el Rey cedió el teléfono a su secretario Sabino Fernández Campo, al que Armada reveló su propósito de ir al Congreso de los Diputados para ofrecerse en nombre del Rey para negociar con Tejero su rendición y la liberación de los diputados y miembros del Gobierno. En un principio, Sabino le respondió que no creía que Tejero fuese a rendirse con facilidad y que su propuesta le parecía de resultado incierto.

Armada arguyó —en una opinión ya arriesgada de la situación— que la Zarzuela no había valorado la dimensión de lo que estaba sucediendo, ni los apoyos que estaba recibiendo en toda España la acción de Milans del Bosch. Y no ocultó tampoco el clima que se vivía en el Cuartel General después de la negativa del Rey a que la cúpula de la JUJEM hubiera resuelto la situación «a su manera», a través de un manifiesto en el que asumía el poder.

Pero Armada dio un paso al frente y volvió a insistir en su ofrecimiento, reconociendo con falsa humildad sus limitaciones y falta de cualidades. Sabino le reconoció su entrega y disposición y le agradeció su sacrificio, pero rechazó la votación de un Gobierno presidido por él porque sería ilegal, no tendría legitimidad democrática y carecería de futuro. En ese momento, Sabino trataba de conjugar su recelo histórico y reciente con respecto a Armada con la remota posibilidad de que el antiguo preceptor del Rey fuera capaz de hacer claudicar a Tejero de su locura y de que los diputados fueran a votarle. Con aplomo y tremenda audacia, Armada descubrió —como argumento final— su convicción, afirmando que estaba convencido de que los diputados sí votarían su propuesta de encabezar un Gobierno, y cuando Sabino volvió a dudar de este hecho, Armada —en tono crispado— le reveló: «Tengo el apoyo de los socialistas», pidiéndole a continuación que no hiciera uso de esa información y reiterando que la única salida para evitar un final sangriento del secuestro de la soberanía nacional era que él fuera a convencer a Tejero. Sabino Fernández Campo —según testimonio de Manuel Soriano— conocía la conversación que en Lérida había mantenido el general Armada con el diputado Enrique Múgica, pero no tenía más que sospechas de que había invocado la figura del Rey y de su total implicación. Armada, inquieto por haber revelado su convicción de que contaba con el apoyo de los socialistas, reiteró a Sabino que no hiciera uso de esa información; la réplica del secretario de la Casa Real fue espontánea y en clave de defender a la Corona, proponiéndole a Armada un pacto. «Él mantendría ese secreto, ocurriera lo que ocurriera, a cambio de que Armada le diera su solemne palabra de honor de que no negociaría con Tejero ni con nadie presentándose en nombre del Rey. Armada aceptó y los dos intercambiaron un juramento invocando la vieja amistad que les unía» [538].

Sabino —en presencia del Rey— le pidió a Armada que cualquier iniciativa que tomara fuera a título personal, bajo su propia conciencia y sin utilizar el nombre del Rey. También le pidió que reflexionara y que no hiciera nada de lo que pudiera arrepentirse. Armada le estaba engañando. Desde hacía días, el general Milans del Bosch le había proporcionado la consigna —«Duque de Ahumada»— para poder entrar en el Congreso de los Diputados, de acuerdo con el plan previsto, aunque en sus memorias Armada admita que la contraseña se la proporcionó el propio Gabeiras.

La evidente incongruencia de que Sabino Fernández Campo permitiera, con la condición ya relatada, a Armada —cerebro del golpe— ir al Congreso se explica por el deseo de acabar con la violencia de la situación en la Cámara, por reducir a Tejero para así aislar a Milans del Bosch y por el desconocimiento concreto de la absoluta implicación de Armada en el golpe. El paso del tiempo no ha borrado la sombra de la duda respecto a esta paradójica situación, solo explicable por las circunstancias citadas y por la improvisación con la que actuaron todos los actores de la situación creada. También, porque antes de salir para el Congreso y a petición del general Juste, que de acuerdo con Quintana Lacaci estaba intentando que salieran las tropas ocupantes de RTVE, Armada volvió a engañar a todos, adoptando una actitud favorable al desmontaje del golpe, llamando al coronel Valencia Remón y pidiéndole que retirara las tropas del Regimiento Villaviciosa que tenían secuestrado al director general de RTVE e impedían el normal funcionamiento de Televisión Española. Valencia Remón obedeció. Cuando, a las nueve y media de la noche, Juste confirmó a la Zarzuela que las tropas se retiraban de Prado del Rey, Sabino Fernández Campo llamó a Fernando Castedo, pidiéndole que enviara urgentemente un equipo móvil con una persona de su confianza, porque habían decidido la grabación de un mensaje del Rey. En la Zarzuela estaban convencidos de que su emisión reafirmaría la autoridad de Su Majestad sobre Milans del Bosch y los pequeños focos aún rebeldes, reiterando el télex ya enviado a las capitanías generales, regiones aéreas y zonas marítimas en el que se conminaba a las unidades:

Ante la situación creada por sucesos desarrollados Palacio Congreso y para evitar posible confusión, confirmo he ordenado autoridades civiles y Junta de Jefes de Estado Mayor tomen medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la JUJEM.

El Rey asumía con plenitud su mando de las Fuerzas Armadas y su compromiso democrático con la Constitución y la legalidad. En ese momento, con algo más de luz sobre lo que había ocurrido y despejadas prácticamente las dudas sobre la implicación de otros militares, el Rey y todo el entramado institucional creado para atajar la sublevación podían acabar de desmontar el golpe y lanzar un mensaje de tranquilidad y energía a la población, que con inquietud y zozobra asistía al secuestro violento de su soberanía democrática.

A las diez y media, Fernando Castedo y su equipo, con la autorización de la Zarzuela, anunciaron que el Rey se dirigiría a la nación, aunque todavía no dijeron cuándo, porque la grabación no se había realizado. Minutos después, el Rey volvió a llamar a Valencia al general Milans del Bosch, pidiéndole con rotundidad y energía que retirase el bando militar, las tropas que habían tomado algunos centros clave de Valencia, y que ordenara a Tejero la rendición. Como ya había hecho en otros momentos de la noche, el Rey cedió el teléfono a Sabino Fernández Campo, que incrementó sus sospechas sobre Armada cuando el capitán general de Valencia le insistió en no retirar a las tropas y en aceptar la «solución Armada». En ese momento, Sabino se dio cuenta de que la «generosidad» de Armada no era producto de una oferta personal, sino que correspondía a una estrategia conjunta. Pero cuando colgó y llamó al general Gabeiras, comprobó que en el Cuartel General del Ejército el jefe del Estado Mayor del Ejército estaba dispuesto a acompañar a Armada, a punto de salir para el Congreso. Sabino volvió a tener una actuación decisiva, al recomendarle que no lo hiciera para no implicar a la JUJEM y evitar así que la mediación de Armada tuviera el respaldo de su jefe inmediato. Lo que no pudo evitar Sabino Fernández Campo es que, como testimoniaron varios oficiales, Gabeiras despidiera a Armada con un inquietante: «A sus órdenes, presidente». Armada abandonó el palacio de Buenavista, acompañado por su ayudante, cuando eran las once menos cuarto de la noche. Solo quince minutos antes, el director del gabinete técnico de RTVE, Jesús Picatoste, llegaba al palacio de la Zarzuela con un equipo móvil apto para la grabación del mensaje real.

Armada llegó al Hotel Palace y se presentó ante el director de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, y el jefe de la Policía Nacional, general Sáenz de Santamaría; con la confusión reinante, solo Armada era capaz de presentarse como el hombre enviado por la cúpula militar para ofrecer a Tejero la rendición. Ni Aramburu ni Sáenz de Santamaría sabían el verdadero propósito de Armada, ni la permanente doblez en todas sus iniciativas. Después de una breve conversación, en la que Aramburu le dijo que «le había llamado porque Tejero decía que en Madrid era el único interlocutor válido con el que permitía tratar» [539], y en la que Armada —en su propia conveniencia— exageró la gravedad de la situación, extendiéndola de Valencia y la Brunete a las regiones militares IV, V y VII (Cataluña, Zaragoza y Valladolid), Aramburu y Armada se dirigieron hacia la puerta del Congreso, distante solo unos metros del hotel, convertido en sede de todas las emisoras de radio, que informaban de cuanto veían e iba llegando a sus redacciones, gracias a la permanente labor informativa de la agencia Efe. Periodistas y enviados especiales asistían en directo al desarrollo de un golpe de Estado.

Sáenz de Santamaría se quedó en el hotel para confirmar las noticias que Armada acababa de facilitarle sobre la situación de las regiones IV, V y VII, mientras que, en el Congreso, las tropas al mando de Tejero prohibían la entrada al general Aramburu. Armada sí era recibido por Tejero, sin que los testigos presentes llegaran a oír la contraseña. Armada se limitó a presentarse y Tejero contestó «Sí, ya le conozco», autorizando su entrada y la de su ayudante, el comandante Miguel Bonel.

Cuando este contestó a los capitanes Muñecas, Acera y Bobis que venían del Cuartel General, los tres oficiales preguntaron, extrañados: «¿Pero no vienen ustedes de la Zarzuela?». En una sala del nuevo edificio del Congreso, Armada y Tejero dialogaron en solitario, y Tejero, que había dado un golpe de Estado ante las cámaras de Televisión Española, cuyos equipos grabaron los primeros minutos de la asonada, iba a ser quien lo impidiera, negándose en rotundo a aceptar que Armada se dirigiera a los diputados —como le proponía— para ofrecer un Gobierno de coalición presidido por él. Armada se desesperó ante la tozudez del colérico teniente coronel de la Guardia Civil, insistiéndole en que su propuesta de que un Gobierno con políticos de todas las tendencias fuera votado en ese momento era la mejor forma de sacar a España de la situación que a los dos les repugnaba.

Durante la discusión, llamaron a Valencia, y el testimonio de Armada es que «Milans le dice a Tejero que me haga caso. Tejero no acepta». Armada también confirma que la entrevista duró más de tres cuartos de hora y que le ofreció salir de España en un avión que tenía preparado en el aeropuerto de Getafe. Según cuenta en sus «memorias», Armada salió del Cuartel General a las doce menos cuarto de la noche, y volvió al Hotel Palace sobre la una y cuarto del 24 de febrero, después de fracasar en su intento de que Tejero le dejara dirigirse a los diputados [540].

La grabación telefónica de varias conversaciones posteriores de Tejero con el exterior, con sus enlaces civiles, y el testimonio de la doctora Carmen Echave, secreta testigo de la conversación entre Armada y Tejero, permiten acreditar que el propósito del conspirador fue abortado y rechazado rotundamente por el coronel golpista. La citada doctora, cuyo protagonismo médico durante la tarde-noche atendiendo a los diputados enfermos le había conferido una notable libertad de movimientos, avisó al ministro del Interior de la llegada al Congreso del general Armada y alegó haber oído, desde la puerta de la sala, la lista de los nombres que Armada pensaba proponer como integrantes de su Gobierno. «Anoté como pude los nombres en mi agenda y luego, en una larga conversación que mantuve horas después con uno de los oficiales de la Guardia Civil, comprobé que la lista que yo tenía coincidía con los nombres que él tenía» [541].

Aunque la identidad de este oficial de la Guardia Civil no ha sido nunca revelada y es dudoso que otro oficial conociera la lista del Gobierno que Armada tenía previsto proponer, su relación ha pasado a engrosar la amplia gama de interrogantes que rodean el golpe de Estado del 23 de febrero y que podrían aclarar la implicación de lo que en términos políticos se conoció desde entonces como la trama civil del golpe, nunca investigada.

Joaquín Prieto y José Luis Barbería, en su riguroso libro El enigma del elefante —tantas veces citado como fuente—, publican la referida lista, con esta frase condicional como apoyo:

Si son ciertos los nombres que escuchó la doctora Echave, el Gobierno de concentración que el general Armada barajaba habría sido el siguiente:

Presidente: general Alfonso Armada.

Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (secretario general del PSOE).

Vicepresidente para Asuntos Económicos: José María López de Letona (ex gobernador del Banco de España).

Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (diputado de Coalición Democrática).

Ministro de Defensa: Manuel Fraga (presidente de AP; diputado de Coalición Democrática).

Ministro de Justicia: Gregorio Peces-Barba (diputado del PSOE).

Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas (ministro de Suárez; diputado de UCD).

Ministro del Interior: general Manuel Saavedra Palmeiro.

Ministro de Obras Públicas: José Luis Álvarez (diputado de UCD).

Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero [y Rodríguez] de Miñón (diputado de UCD).

Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (diputado del PCE).

Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (ministro de Suárez; diputado de UCD).

Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE).

Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (empresario).

Ministro de Economía: Ramón Tamames (diputado del PCE).

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (diputado del PSOE).

Ministro de Autonomías y Regiones: José Antonio Sáenz de Santamaría.

Ministro de Sanidad: Enrique Múgica (diputado del PSOE).

Ministro de Información: Luis María Anson (presidente de la agencia Efe) [542].

La doctora Echave no facilitó esta relación durante la causa judicial por el 23-F, alegando que el ministro del Interior, Juan José Rosón, le «recomendó que fuera muy prudente» [543], pero si repasamos la lista, algunos de los nombres ya han sido mencionados en relación con el propio general Armada o con la absurda propuesta de un Gobierno presidido por un independiente militar. En 1991, Solé Tura desmintió a Prieto y Barbería conocer al general Armada y negó haber cenado con él días antes del golpe. A quien sí visitó Armada fue al ministro de Transportes, José Luis Álvarez, la tarde del jueves 12 de febrero. Armada rechazó tal lista en una entrevista publicada en El País, en 1996, realizada por Joaquín Prieto.

El «Elefante Blanco», en la periodística denominación del que se suponía era el militar destinado a asumir el poder una vez que Tejero y Milans del Bosch hubieran cumplido con su papel, había fracasado. Tejero quería para España una Junta Militar clásica, que suspendiera las libertades constitucionales; Armada, un Gobierno que le permitiera reconducir la situación de España, con la connivencia de algunos políticos del arco parlamentario y bajo la tutela militar. «Como los golpistas griegos en 1967 —afirman Prieto y Barbería—, los españoles de 1981 trataron de presentar su acción como un acto de “asistencia a Su Majestad”, de ponérselo en bandeja, para rectificar el rumbo político del país» [544].

Mientras Armada trataba de convencer a Tejero, en el palacio de la Zarzuela, Su Majestad, vestido con el uniforme de capitán general, se disponía a grabar el mensaje a la nación. Para la pequeña historia de esa noche queda la anécdota de que cuando ya estaba todo dispuesto en su despacho, y las cámaras iban a recoger sus primeras palabras, el príncipe Felipe de Borbón, que había permanecido al lado de su padre todo el tiempo, advirtió que los relojes iban a dar las doce campanadas, obligando a retrasar la grabación unos minutos y a repetirla posteriormente, cuando se apreció que en la primera toma había habido un breve corte de fluido. A las doce y media de la noche, el Rey dio su aprobación a cómo había quedado el mensaje, y la copia del vídeo fue llevada a Prado del Rey en dos coches Seat 131, bajo la custodia de Jesús Picatoste, Pedro Erquicia, Fernando Gutiérrez, jefe de Prensa de la Casa Real, y de algunos de los inspectores, de absoluta confianza del Rey, armados de sus correspondientes metralletas Z-70 [545]. Sabino Fernández Campo dio a Fernando Castedo la orden de que se emitiera cuanto antes. Había que confirmar a la ciudadanía que el golpe había fracasado, y a Milans del Bosch y Tejero, que su obstinación era ya inútil, porque habían perdido. El Rey no solo no estaba detrás de ellos, sino que, ejerciendo su autoridad, estaba con la Constitución y con el régimen democrático.

Poco después de las doce y media de la noche, el general Juste llamaba a la Zarzuela urgiendo la emisión del prometido mensaje, porque la tensión en la DAC era muy grande y se le acababa de sublevar el comandante Pardo Zancada, que al mando de unos pocos jeeps había salido con destino al Congreso de los Diputados para solidarizarse con Milans del Bosch y Tejero.

Solo unos minutos antes de que Armada se rindiera ante la obstinación de Tejero, y abandonara la sala donde había tenido lugar su entrevista, a la una y doce minutos del 24 de febrero, TVE emitía el mensaje de Su Majestad el Rey, que, con gesto grave y sereno, pronunciaba estas históricas palabras, escritas por el secretario general de la Casa Real:

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

Después de conocer el contenido del mensaje real, en el que el Rey había actuado fundamentalmente como Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Armada se dirigió —por instrucciones del gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás— al Ministerio del Interior para entrevistarse con Francisco Laína, que ya había sido advertido por Sabino Fernández Campo de que «Armada estaba hasta el cuello» en el golpe de Estado. «El general —cuenta Manuel Soriano— dijo que el mensaje del Rey había sido improcedente porque, en su opinión, el Jefe del Estado no tenía que intervenir en un asunto que solo afectaba a las Fuerzas Armadas. Consideraba grave que se dividiera al Ejército a causa de las palabras del monarca» [546].

Ante el asombro del presidente del Gobierno provisional, Armada defendió la creación de un Gobierno militar presidido por él mismo como fórmula idónea para salir de la situación creada, ofreciéndose de nuevo para ir al Congreso. Como tantas veces durante la tarde-noche del 23 de febrero, Armada volvía a cambiar de estrategia, aunque fuera siempre guiado por el mismo objetivo.

Francisco Laína no detuvo en ese momento al general Armada, pero le retuvo un tiempo, autorizando su regreso al Cuartel General, acompañado de un escolta que le vigilaría el resto de la noche. Eran ya casi las dos y media de la madrugada cuando Laína realizó consultas con la JUJEM y en el propio Hotel Palace con Aramburu y Sáenz de Santamaría, para estudiar de nuevo la posibilidad de asaltar el Congreso, alternativa que pronto quedó descartada por el previsible elevado número de víctimas que hubiera causado.

Todos se convencieron entonces de que Tejero solo se rendiría y entregaría «la plaza» previa negociación.

Después de lanzar su mensaje, el Rey, con la colaboración de Sabino Fernández Campo, se aprestó a vencer la resistencia de Milans del Bosch, al que a la una y veinte envió este duro mensaje:

Te hago saber lo siguiente:

1. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás.

2. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey.

3. Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido.

4. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud.

5. Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil.

6. No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la Corona después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho [547].

Con esta rotundidad y crudeza, el Rey se dirigió al general que se resistía a entregarse a la voluntad de quien era el símbolo de la Corona, que Milans tanto presumía de respetar. Pero Milans, en un último intento —vano, por cierto— de que se sumaran más fuerzas al golpe, no retiró su bando y sus tropas hasta casi las seis de la mañana. Cuando a esa hora el general Aramburu comunicaba a los cientos de periodistas convocados en un salón del Hotel Palace la rendición de Milans del Bosch, quien esto escribe —presente en el hotel desde la una de la mañana— escuchó la pregunta que con razonada indignación pronunció con voz bien alta el periodista Lorenzo Contreras: «¡Y estará detenido!».

Desde el mensaje del Rey a Milans, que es el documento definitivo para entender la actitud del jefe de la Casa Real en relación con el golpe del 23-F, hasta la liberación de los diputados y miembros del Gobierno, en torno a las diez de la mañana del 24 de febrero, todos los esfuerzos de la Zarzuela, Laína, la JUJEM y los mandos militares de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estuvieron destinados a pactar la rendición de Tejero y sus fuerzas, después de que el coronel Félix Alcalá-Galiano fuera designado para intentar matar a Tejero, pero este descubrió la pistola oculta en su guerrera, obligándole a entregársela. Milans insistió en que Tejero no le obedecía y en que la única solución era el nombramiento de Armada como presidente del Gobierno.

Previamente a la negociación final de las condiciones de la rendición, se intentó que fuera Pardo Zancada quien convenciera a Tejero de su inutilidad, pero el comandante de la DAC solo aconsejó a Tejero que negociara su rendición cuando se convenció de que el golpe había fracasado.

Durante la larga noche, en el hemiciclo se habían vivido momentos de inquietud y de sobresalto, porque los representantes de la soberanía popular estuvieron siempre encañonados por las metralletas de los guardias civiles; pero también se produjeron circunstancias anecdóticas como la protagonizada por Fernando Abril Martorell, que desde el primer momento siguió los acontecimientos a través de un pequeño transistor, convirtiéndose en el mensajero de cuanto ocurría en el exterior, transmitido boca a boca por todos los diputados; en el último tramo de la noche, tanto Manuel Fraga como Íñigo Cavero, Óscar Alzaga y Joaquín Satrústegui se enfrentaron con coraje dialéctico a los asaltantes, pidiendo que acabara aquella locura.

Fraga llegó a levantarse, excitado, y a gritar: «No me callo. No paso por esto. Es una traición a España en estos momentos. No me voy a callar». Poco después dijo que quería salir, animó a los diputados a seguirle y abriéndose la chaqueta volvió a gritar: «¡Disparen contra mí si quieren!». Le imitó Íñigo Cavero y también Fernando Álvarez de Miranda. La voz de Tejero y la fuerza de las armas acabó por rendir a Fraga, que fue agarrado por el teniente coronel Tejero y encerrado durante dos horas en el despacho del presidente del Congreso.

En otro momento de la noche, un ujier introdujo ejemplares de la edición extraordinaria de las diez de la noche de El País con un titular tan simbólico como «El País con la Constitución». Por cierto, que algunas de las tropas que Pardo Zancada sacó de la DAC tenían por objetivo neutralizar la redacción de El País y de otros medios periodísticos, pero finalmente fueron destinados a apoyar a Tejero. En otro momento de la noche, varios guardias civiles destrozaron varias sillas para prender un fuego con el que combatir un posible corte de fluido eléctrico. En un último intento desesperado, Tejero y Pardo Zancada redactaron un manifiesto que trataron —sin éxito— de hacer llegar a la agencia Europa Press y a El Alcázar, los dos órganos de opinión más próximos al golpismo.

Cuando a las seis de la mañana Milans envió —¡por fin!— el texto de un nuevo bando, anulando el anterior, Sabino dio orden de que se distribuyera por télex —entonces no había fax— a las capitanías generales, para vencer la última resistencia de los que aún creían posible el éxito de la intentona. Pero el que ignoraba la existencia de un nuevo bando de Milans del Bosch era el comandante Pardo Zancada, y de ahí que se negara a negociar su rendición si no se lo ordenaba el capitán general de Valencia, cuando llegó al Congreso el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, con órdenes del propio Gabeiras. Pardo ofreció la entrega si se exoneraba de culpa «de capitanes para abajo». Aunque Fuentes Gómez de Salazar le argumentó que era mejor que propusiera de tenientes para abajo, porque creía que no se lo iban a aceptar, llevó la propuesta de Pardo Zancada al Hotel Palace, donde fue inmediatamente aceptada por el general Sáenz de Santamaría. Poco después, Aramburu Topete ratificó la aceptación y ordenó a Fuentes que volviera al Congreso para hacer la misma gestión con Antonio Tejero. Este exigió las mismas condiciones de Pardo Zancada para sus hombres, pero puso dos condiciones: salir el último y entregarse al general Armada, que por esta razón volvió al Congreso y fue quien selló el llamado «pacto del capó». Tejero formó después a sus guardias y Pardo Zancada a sus soldados y entre ellos fueron saliendo uno a uno los miembros del Gobierno y los diputados que habían permanecido secuestrados dieciséis horas. Armada no pudo cenar aquella noche —como tenía previsto— con el coronel Emilio Alonso Manglano, que, por paradojas del destino, sería nombrado poco después director de los servicios de inteligencia (CESID) y que tan activamente desenmascararía la conspiración de Armada y de sus hombres en el golpe, Cortina Prieto y Gómez Iglesias.

En el interior del Congreso, con su habitual solemnidad, Landelino Lavilla ordenó la salida del hemiciclo y del edificio: «Salen primero los diputados, después el Gobierno y después la Mesa, que es el orden que procede en la Cámara». Y señalando a Antonio Tejero, le instó con la mirada: «Señor teniente coronel». «Tejero al oír que le nombraban se limitó a cuadrarse militarmente mientras daba las gracias» [548].

Para el entonces diputado de CiU en el Congreso Miquel Roca «lo peor fue el paseíllo que nos hicieron cuando por fin salimos del Congreso. Al llegar a la calle nos encontramos con Aramburu, Sáenz de Santamaría y, en medio, Armada. Nunca olvidaré la cara de palo que tenía el general Armada» [549].

Este, por su parte, relata así la salida de los diputados: «Al salir, todos —o casi todos— daban las gracias y nos saludaban con especial afecto a Aramburu y a mí. La mayoría conocía los hechos a través de los radiotransistores y por informaciones de los guardias. Fueron especialmente cordiales los saludos de Adolfo Suárez, Rodríguez Sahagún...» [550]. Suárez pronto saldría del error en el que le hicieron caer los tres guardias civiles que le custodiaron durante las horas de su encierro, según los cuales el general Armada había estado negociando con Tejero la liberación del Gobierno y de los parlamentarios. Durante su encierro solitario había meditado la sinrazón del asalto al Congreso y se había reconfortado pensando en la firmeza del Rey y en su seguro compromiso constitucional; también había repasado a gran velocidad las razones del porqué de esta situación y evocado el último año de su mandato: las intrigas internas en UCD, la actitud hostil de la derecha española y la resistencia de algunos militares a admitir la soberanía popular. Pese a su buena relación personal con Felipe González, estaba dolido con los socialistas porque en su afán de acabar con UCD y con él habían llevado las cosas muy lejos. Tuvo tiempo para repasar uno a uno los acontecimientos vividos desde diciembre y se reafirmó en la conveniencia de su dimisión, aunque estaba seguro de que ahora muchos pensarían en que había relación entre ella y el golpe. Esta idea le obsesionó durante horas: él sabía que Milans del Bosch aceptaba a regañadientes que el Rey solo fuera Jefe de las Fuerzas Armadas y que Armada era un golpista convencido, capaz de desarrollar toda una intriga y de proponer fórmulas extraconstitucionales. Sabía que Tejero era un loco de los que confunden el amor a la patria con la permanente indisciplina. Pero, a continuación, casi inmediatamente, pensaba en el general Gutiérrez Mellado, en su inteligencia bondadosa, en la generosidad y espíritu con que había llevado a cabo la reforma militar y luchado por el encaje institucional y democrático de las Fuerzas Armadas. Volvió a recuperar la imagen de su enfrentamiento físico con Tejero y se sintió orgulloso de su amigo. Durante su encierro había fumado cigarrillo tras cigarrillo y en su aislamiento pensó en Amparo, siempre tan leal a él y sus proyectos, y en sus hijos, que quería se sintieran orgullosos de su padre. Hacia las tres de la madrugada había vivido esa situación de coraje personal en la que tantas veces había pensado, cuando los guardias civiles que le vigilaban interrumpieron bruscamente su conversación con Carmen González Páramo, una activa militante del partido que le había llevado un café descafeinado y unas pastas. José Oneto ha recreado así la escena de lo que ocurrió a continuación:

No le habían dejado terminar. Le habían mandado callar. Ahora percibía que el ambiente era más despejado, que poco a poco se había ganado la confianza de sus guardianes después del incidente con Tejero. Había entrado de pronto Tejero, le había echado una mirada despectiva, él le había respondido con la misma mirada buscando fulminarle con los ojos, intentando desarmarle con el gesto de la autoridad que todavía tenía en las urnas.

Su mirada debió de surtir efecto, porque Tejero se había acercado, había sacado la pistola y con la máxima insolencia, con el gesto de cualquier matón, le había puesto la pistola en el pecho.

Él, sin pensarlo, se había levantado de un salto, le había vuelto a mirar con frialdad y le había gritado:

—¡Cuádrese!

Tejero, sorprendido, había apartado un poco más el cañón de su Astra en el pecho, desviado la mirada y se había ido desconcertado [551].

Ahora, todo había terminado. Salió del salón y en el pasillo encontró a sus compañeros de Gobierno y a los diputados; abrazó a muchos y notó en sus miradas cansancio, tensión y afecto... el que tantas veces le habían negado en los últimos meses. Muchos le dijeron que no creían lo que había pasado; otros le felicitaron por su gallardía al enfrentarse con los asaltantes.

Con dignidad se dispuso a salir del hemiciclo y a recorrer el pequeño espacio al aire libre —¡por fin en el exterior!— que conducía a la verja del palacio del Congreso. Le acompañaban el general Gutiérrez Mellado —al que todos abrazaron emocionados al terminar el encierro— y el comandante Fernando López de Castro, jefe de seguridad del palacio de la Moncloa; detrás, Fernando Abril Martorell, Jaime García Añoveros, Íñigo Cavero, Juan Antonio García Díez, al que saludaba el comandante de la Policía Nacional Moncho; Rafael Arias-Salgado, Agustín Rodríguez Sahagún, José Pedro Pérez-Llorca, Luis González Seara y Leopoldo Calvo-Sotelo, que cavilaba sobre la tremenda responsabilidad que recaía en sus hombros y meditaba sobre las primeras medidas que debería tomar como presidente del Gobierno. Ninguno sabía que el golpe había sido grabado por varias cámaras de televisión y que todos los españoles iban a poder ver en sus casas —en pocas horas— la imagen de Tejero subido a la tribuna de oradores, pistola en mano. Tampoco, que dos fotógrafos de la agencia Efe, José Barriopedro y Manuel Hernández de León, habían conseguido sacar del hemiciclo sus rollos de película, con las fotos del asalto, merecedoras del Premio Nacional de Periodismo de 1981.

Adolfo Suárez, nada más llegar a la Carrera de San Jerónimo y frente a los leones de las Cortes, recibió la petición del Rey de que fuera a verle a la Zarzuela. Por un momento pensó en reconsiderar su dimisión y ofrecerle a don Juan Carlos continuar en su puesto. Antes de subir al coche, dio las instrucciones para que se convocara a todos los ministros a un Consejo extraordinario y pidió al ministro de Defensa que hablara con la JUJEM, porque quería proponerle al Rey que presidiera esa tarde la Junta de Defensa Nacional. Poco después, el teniente coronel Tejero y sus hombres abandonaban los alrededores del Congreso de los Diputados para ir a entregarse en la Dirección de la Guardia Civil.

Cuando llegó al palacio de la Zarzuela, don Juan Carlos le recibió con su campechanía habitual y le elogió su actitud ante el asalto de Tejero, que ya había visto en el vídeo. Suárez se apresuró a rectificar su opinión sobre el general Alfonso Armada, pero el Rey le miró fijamente durante unos momentos, informándole de que Armada era uno de los implicados en la sublevación y quien había estado toda la noche maniobrando para que el golpe triunfara. El Rey se lamentó de la actitud de su antiguo preceptor y de su grado de intriga.

El Rey y Adolfo Suárez acordaron convocar la Junta de Defensa Nacional a primera hora de la tarde y que más tarde el monarca recibiera a los líderes de los principales partidos políticos; también de común acuerdo, decidieron que solo lo hicieran los de UCD, PSOE, PCE y CD, lo que provocaría recelo y malestar en los grupos nacionalistas, vasco y catalán.

En presencia de Su Majestad, del presidente del Gobierno, del vicepresidente, de los ministros de Defensa e Interior y de los altos mandos de la JUJEM, el director general de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, fue explicando la sucesión de acontecimientos vividos y aportando pruebas de la relación entre las acciones del teniente coronel Tejero Molina en Madrid y del teniente general Milans del Bosch en Valencia: en varias grabaciones telefónicas —los teléfonos del Congreso estuvieron intervenidos desde muy pronto— se acreditaba también el doble juego de Armada y las conexiones exteriores de los sublevados. El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, José Gabeiras, ofreció una descripción de las órdenes ejecutadas y recibidas y de las iniciativas tomadas desde el Cuartel General, de acuerdo con el Rey. El testimonio de Laína ratificó que Armada estuvo toda la noche jugando al equívoco y simultaneando su papel de conspirador y de salvador de la situación, en función de su conveniencia. El Rey se emocionó al comprobar hasta qué punto Alfonso Armada le había querido utilizar, y recordó con amargura los muchos años que había permanecido bajo su influencia. En ese momento, el presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez, propuso al general Gabeiras el arresto del general Armada. «Gabeiras se negó —cuentan Prieto y Barbería y Charles Powell— en principio, mirando al Rey. Suárez le contestó: No mire usted al Rey, míreme a mí.»

La Junta también ordenó que se detuviera al general Milans del Bosch tan pronto llegara a Madrid, al capitán de navío Camilo Menéndez —único representante de la Marina solidarizado con Tejero— y a quince oficiales y suboficiales que participaron en el fallido golpe de Estado. Por la tarde, en su residencia del palacio de la Zarzuela, el Rey recibió a Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga, a los que leyó un documento en el que les instaba a actuar con la «máxima serenidad y mesura» y a abordar la situación creada con sentido de la responsabilidad y generosidad, haciéndoles ver que la Corona había jugado todas sus posibilidades de defensa del orden constitucional. En el documento, don Juan Carlos expresaba este criterio respecto a lo sucedido: «Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión en las últimas horas, pero aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción, con carácter de generalidad, a las Fuerzas Armadas y a las de Seguridad», añadiendo que «las responsabilidades por las actuaciones que se han producido se determinarán de conformidad con las normas aplicables por la jurisdicción competente y con el rigor que fuese justamente necesario» [552].

El Rey reiteró a los líderes políticos que la situación vivida había sido de gravedad y que había que extraer de ella conclusiones y consecuencias «para determinar futuras normas de conducta» y les reconoció que «los militares me obedecieron no solo porque yo era uno de los suyos, sino también, y sobre todo, porque yo era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas» [553].

En un momento de la reunión, el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, dijo al Rey: «Majestad, gracias por habernos salvado la vida». Fraga recuerda en su minucioso diario que el Rey les dijo que «él no puede ni debe enfrentar reiteradamente, con su responsabilidad directa, circunstancias de tan considerable tensión y gravedad», y que Felipe González estuvo «más frío» que Carrillo [554].

Esa noche, la Secretaría de Estado para la Información facilitó un comunicado de los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado por la mañana en el palacio de la Moncloa, que incluían la orden de arresto del teniente general Milans del Bosch, el nombramiento para sucederle en la III Región Militar del teniente general Antonio Pascual Galmes, y del teniente general Ricardo Arozarena para sustituir a este en la IV Región Militar (Cataluña). El comunicado concluía con la notificación del arresto de oficiales y suboficiales y la apertura de una investigación «con objeto de aclarar las responsabilidades en que hubiesen incurrido por acción u omisión en relación con los referidos hechos».

Hacia las nueve y media de la noche del 24 de febrero, según el relato del propio Armada, «me llamó el general Gabeiras y me dijo: Hemos tenido Junta de Defensa en la Zarzuela. Te he defendido. He informado que tú has tenido una actuación correcta, igual que los otros generales del Estado Mayor. Que obedeciste mis instrucciones. Que podía informar porque te había visto toda la noche. Que había comprobado el prestigio que tenías, lo que te permitía hablar con todo el mundo. Siento enormemente lo que tengo que anunciarte: Serás relevado de tu puesto. Lo han exigido Rodríguez Sahagún y Suárez. El “Guti” no ha dicho ni palabra. El Rey ha tenido un gran disgusto. Por supuesto, no estás arrestado y se te dará un destino...» [555].

El País del miércoles 25 de febrero informaba en portada de la reunión celebrada en la tarde anterior por la Comisión Ejecutiva del PSOE, en la que se acordó proponer la creación de un Gobierno de coalición «para hacer frente a la amenaza que pesa sobre las instituciones democráticas». Por su parte, el mismo miércoles por la tarde se reunió el grupo de Coalición Democrática y, a la vista de la situación, acordó respaldar con sus votos la investidura del candidato Leopoldo Calvo-Sotelo. Fue Alfonso Osorio quien habló con él para —según Fraga— transmitirle que «ello no suponía confianza, sino colaboración».

Idéntica decisión tomó el grupo parlamentario de Minoría Catalana, cuyo portavoz, Miquel Roca, manifestó también, en relación con la actitud de Adolfo Suárez durante la noche del 23-F y su enfrentamiento con Tejero, que «aquello es un presidente».

A las cuatro y media de la tarde del 25 de febrero se reanudó la sesión de investidura, con una solemne declaración institucional y con una gran ovación al teniente general Gutiérrez Mellado y a los representantes de los medios de comunicación, por su decisivo papel en la neutralización del golpe de Estado. Calvo-Sotelo tuvo garantizada su investidura, que sumó 186 votos favorables (UCD, Minoría Catalana, Coalición Democrática y algún mixto), frente a 158 negativos (PSOE, PCE, PNV y PSA).

El ya investido presidente del Gobierno rechazó la formación de un Gobierno de coalición y anunció que en breves fechas ofrecería la composición de su Gabinete. El País especulaba que las mayores incógnitas se cifraban en quién iba a ocupar la cartera de Defensa. Ese mismo día, todos los partidos políticos y las centrales sindicales tomaron el acuerdo de convocar para el viernes 27 de febrero manifestaciones en toda España en apoyo de la Constitución.

Pero también el miércoles 25 de febrero, un real decreto de la Jefatura del Estado concedía a Adolfo Suárez González el título de Duque de Suárez. Nacía «el Duque», un mito de la transición. Había pasado justo un mes desde que don Juan Carlos se lo había ofrecido y la concesión final no estuvo ajena a presiones en contra —por parte del padre del Rey, don Juan—, y a la falta de convicción del propio palacio de la Zarzuela. Finalmente se acordó acceder a la concesión, que el propio Suárez había reclamado con discreción, haciéndole ver —con idéntico matiz— la conveniencia de que durante un tiempo permaneciera en silencio, cumpliendo con su propia decisión de alejarse de la política.

14
DE LA CREACIÓN DEL CDS A LA REIVINDICACIÓN POLÍTICA Y HUMANA DE ADOLFO SUÁREZ

El miércoles 18 de febrero de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo subió a la tribuna de oradores para leer, con aplomo, serenidad y convicción, su discurso de investidura. Con su habitual ironía, el candidato a presidente del Gobierno ha escrito en sus «memorias» que «los discursos de investidura se escuchan rara vez, no se leen jamás y casi nunca se cumplen» [556]. Y puede que fuera así en cuanto a la primera y segunda afirmaciones, por cuanto que en un pasaje inicial de aquel proclamó: «Quiero dejar en el umbral mismo de este discurso mi homenaje a la extraordinaria obra de Adolfo Suárez y mi afecto y admiración por su persona. Con su retirada termina la transición» [557]. Esta última frase se la reprocharían largamente quienes vieron al teniente coronel Antonio Tejero Molina entrar en el Congreso de los Diputados y subir pistola en mano a la misma tribuna para perpetrar una de las peripecias más bochornosas de la reciente historia de España. Pero el elogio a la obra y a la persona de Adolfo Suárez, quizá breve pero acreditada largamente, no fue bien recibida por los seguidores del ex presidente, a quienes este había dejado depositarios de su herencia, en los puestos clave del aparato del partido, como fruto de la voluntad de los militantes centristas en el congreso de Palma de Mallorca.

Así lo acreditan las opiniones vertidas en el boletín confidencial de la agencia Europa Press correspondiente al 24 de febrero de 1981 y que el medio titula y relata de esta manera:

Dificultades para Calvo-Sotelo con el aparato del partido.

Miembros del sector liberal de UCD han puesto de relieve el enfado del «aparato» del partido contra el candidato Calvo-Sotelo por no haber entonado el canto fúnebre y la palinodia a Adolfo Suárez.

Según estas fuentes, los fieles de Suárez no han perdonado a Leopoldo Calvo-Sotelo su escaso agradecimiento por haber sido designado candidato. Al parecer, esperaban que Calvo-Sotelo se deshiciera en elogios hacia Suárez, de forma que su figura quedara deslumbrante ante la opinión pública, llena de méritos y con la paternidad irrenunciable de haber hecho una operación impecable en el nacimiento de la democracia para España.

Pero la proclividad de Europa Press por las tesis del sector crítico quedó evidenciada una vez más por la siguiente opinión, recogida en el mismo boletín confidencial:

Tras el debate de investidura, diputados del sector crítico piensan que Calvo-Sotelo quedará prisionero del aparato y que este no perdonará nunca a Suárez. Ahora, Calvo-Sotelo tendrá que romper el cerco de Rodríguez Sahagún, Calvo Ortega y los hombres de Rafael Arias.

La extensa cita no ha sido seleccionada al azar; hay en ella tanto de malicia como de adivinanza y resulta esclarecedora del ambiente que la mañana del 24 de febrero de 1981 se respiraba en los círculos conspiradores del partido centrista y que a corto y a medio plazo iba a presidir la relación del Gobierno con el partido que debía apoyarle.

Calvo-Sotelo hizo en su discurso todo un programa de gobierno, incluyendo una oferta de diálogo para llegar a un pacto económico y social con las fuerzas sociales, una clara apuesta por la incorporación de España a la Alianza Atlántica y una clara reflexión sobre el papel del Estado central en relación con el proceso autonómico. Los tres ejes de su discurso culminarán en el Acuerdo Nacional de Empleo, firmado el 9 de junio de 1981; en la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte, rubricada el 30 de mayo de 1981, y en la firma —el 31 de julio de 1981— de los Pactos Autonómicos, que dan cuerpo a la polémica LOAPA. Fue un buen presidente de Gobierno para España, pero no pudo serlo para UCD, porque Suárez y sus colaboradores acabaron por perder la fe en UCD y decidieron crear el CDS; porque su buen amigo Francisco Fernández Ordóñez culminó su escepticismo centrista y, acosado por los críticos, se decidió por abandonar el Gobierno y pactar con Felipe González su futura incorporación al PSOE; y porque el sector crítico no quedó saciado con cobrarse la pieza de Adolfo Suárez y reiteró su estrategia de abandonar el centrismo para abrazar la filosofía de la gran derecha, que permitiría al PSOE y a Felipe González gobernar España desde 1982 hasta 1996, casi siempre con mayoría absoluta.

Dicho esto, hay que mencionar que, terminada la ceremonia de juramento del nuevo presidente de Gobierno, celebrada el 26 de febrero en el palacio de la Zarzuela, Calvo-Sotelo y Suárez abandonaron el palacio juntos y en el mismo coche. Al llegar a la Moncloa, Calvo-Sotelo relata lo que ocurrió: «En la puerta de la Moncloa, me invitó a pasar, porque aún le quedaba tiempo (veinte o veinticinco minutos, me dijo, mirando al reloj) antes de salir hacia el aeropuerto. La invitación me encendió la sangre: no había podido hablar con él después del golpe y ahora me brindaba unos minutos, puesto ya el pie en el estribo hacia unas largas vacaciones, para despachar aquello. No le alcé la voz, pero le respondí que quien tenía poco tiempo era yo. Nunca pude entender que Suárez no aplazara sus vacaciones como consecuencia del golpe militar; Felipe González calificaría aquel desplante de espantá» [558].

La lógica reflexión del nuevo presidente no era de aplicación en aquel momento a Adolfo Suárez, porque después de su decepción, de su hartazgo interior y de la larga noche del 23 de febrero, el ánimo del ex presidente no era el idóneo para consumar una escrupulosa y delicada transmisión de poderes. Adolfo Suárez, desde un mes antes, solo pensaba en disfrutar de unas largas y merecidas vacaciones. Y así lo hizo. Durante más de un mes —Suárez regresó el 30 de marzo— viajó por Estados Unidos y algunos países del Caribe, incluida la entonces desconocida isla de Contadora, que años después será escenario del solaz de otro presidente. «Yo me sentí muy abandonado», alega Calvo-Sotelo con amargura, para reprochar a Suárez que «cuando volvió de Contadora ya hizo unas declaraciones en las que criticaba lo poco que había hecho o había dejado de hacer en apenas cinco o seis semanas como presidente del Gobierno» [559].

Descartada la formación de un Gobierno de coalición, Calvo-Sotelo formó un primer Gobierno idéntico al de Adolfo Suárez, con las únicas novedades de Alberto Oliart como ministro de Defensa, de Luis Ortiz como ministro de Obras Públicas y de Juan Antonio García Díez como vicepresidente económico. Sancho Rof pasó a Trabajo. Y se dispuso a gobernar, preocupándose de encauzar todo el proceso a los militares, de forma que el mismo 26 de febrero se designó al general togado José María García Escudero como juez instructor del sumario del 23-F. Milans del Bosch fue procesado el 9 de marzo y dos días después lo fue el general Armada. Ese día, el ex vicepresidente Alfonso Osorio llamó al presidente del Gobierno para expresarle su disgusto por este hecho y reiterarle su convicción de que Armada era totalmente inocente. El lunes 16 de marzo, Alberto Oliart informó en sesión secreta, en el Congreso de los Diputados, sobre las circunstancias del golpe del 23-F, motivando que al día siguiente varios medios de comunicación se hicieran eco de su informe, circunstancia que coincidió con el anuncio de que el general Torres Rojas también estaba procesado. Para reconducir la quiebra de la institución militar, el Rey se reunió con varios altos mandos militares, mientras que el presidente del Gobierno lo hizo con el Consejo Superior del Ejército.

El mismo día que Adolfo Suárez regresaba de sus vacaciones, 30 de marzo de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo dio instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que pidiera formalmente al Gobierno de Francia la extradición de seis etarras, iniciando así la batalla para que las autoridades francesas colaboraran por fin en la lucha antiterrorista contra ETA, que desde la llegada del nuevo presidente había mantenido su actividad criminal, asesinando en el mes de marzo al teniente coronel Romero Rotaeche, al ex jefe de la Policía Foral de Navarra José Luis Prieto García, y al civil Juan Costas Otamendía.

Simultáneamente, el Gobierno de Calvo-Sotelo anunció en marzo que las Fuerzas Armadas intervendrían en la lucha antiterrorista en las fronteras terrestres y marítimas y nombrando a Manuel Ballesteros jefe del Mando Único Antiterrorista. En mayo, el presidente renovó el mando de los servicios de inteligencia, designando jefe del Centro de Estudios Superiores de Inteligencia de la Defensa (CESID) a Emilio Alonso Manglano.

Durante el primer trimestre de 1981, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Defensa de la Democracia, el Concierto Económico Vasco, la Regulación de los Estados de Excepción, Alarma y Sitio y la supresión de las listas de declarantes a Hacienda, y Calvo-Sotelo anunció en Hamburgo, durante una visita al canciller Helmut Schmidt, la intención de su Gobierno de proponer el ingreso de España en la OTAN, matizando que para ello no convocaría referéndum.

Pero este conjunto de iniciativas políticas, en estricto cumplimiento del programa de gobierno anunciado por Calvo-Sotelo el 18 de febrero de 1981, y destinado a devolver al país la normalidad democrática, se vio alterado por algunos incidentes involucionistas, como fueron la publicación en ABC, el 11 de abril, de un artículo del teniente coronel Tejero en el que justificaba el golpe del 23 de febrero —y que fue remitido al Ministerio Fiscal—, y la filtración, el 30 del mismo mes, de la declaración sumarial del propio Tejero; y por la aparición, el 6 de mayo de 1981, de los primeros casos de intoxicación de lo que sería conocido como el síndrome tóxico o caso de la colza, que acreditó una cierta negligencia administrativa —tanto ministerial como municipal— en la venta y distribución del aceite de colza, utilizado vilmente por ciertos industriales como comestible después de su adulteración. El PSOE, que se mantuvo colaborador con el Gobierno en el plano institucional, en el problema militar y en el consenso propuesto por Calvo-Sotelo para la reconducción del proceso autónomico, vio un tremendo filón propagandístico en el caso del envenenamiento masivo y acorraló al Ejecutivo con dureza, llegando a reprobar en el Parlamento a varios ministros.

En el mes de mayo se produjo el atentado de ETA en Madrid contra el jefe del Cuarto Militar del Rey, teniente general Valenzuela, que resultó herido, muriendo dos de sus acompañantes militares y el conductor, y, en medio de una tremenda confusión, el 23 de este mes, un comando de extraña composición y propósito asaltó el Banco Central de Barcelona, manteniendo durante más de veinticuatro horas a doscientos rehenes y exigiendo para su liberación la de varios de los militares procesados por el 23-F. Finalmente, la decidida acción de los GEO concluyó con el incidente, que tuvo a España en vilo durante todo un fin de semana. Otro incidente que marcó el primer período del gobierno Calvo-Sotelo fue el asesinato de tres jóvenes en Almería, a los que la Guardia Civil confundió con tres etarras.

Pero para confirmar que —en frase del presidente del Gobierno— se trataba de una democracia vigilante, y no de una democracia vigilada, como con insistencia proclamaban día tras día los cronistas políticos y los humoristas, el 26 de mayo fue procesado el comandante Cortina Prieto; por otra parte, el 3 de junio, un tribunal francés concedió —por primera vez en la larga lucha contra ETA— la extradición de un etarra, en concreto la de Tomás Linaza, hecho que se repetiría afortunadamente varias veces durante 1981, como consecuencia del nuevo clima de colaboración entre el Gobierno español y el francés, y del viaje que el presidente del Gobierno español realizó a París, el 2 de julio, para entrevistarse con François Mitterrand y su primer ministro, Pierre Maurois, y del que previamente realizó a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores francés, Claude Cheysson.

El 5 de junio, el Gobierno español consiguió su prometido acuerdo laboral, firmándose el ANE (Acuerdo Nacional de Empleo) entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, con el fin de contrarrestar los datos del INE (Instituto Nacional de Empleo), que confirmaban que durante el primer semestre de 1981 se habían registrado 1.300 parados diarios.

Para acreditar también que su Gobierno mantenía su compromiso reformista, sin experimentar giro alguno derechista, el 22 de junio el Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Divorcio, gestionada desde septiembre de 1980 por el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, que mantuvo las grandes líneas del espíritu de la redacción inicial realizada por Íñigo Cavero. Y para confirmar que Calvo-Sotelo ejecutaba fielmente su compromiso de gobierno, con la colaboración del PSOE, el 31 de julio se firmaron los acuerdos para la armonización y racionalización del proceso autonómico, que darían lugar a la LOAPA, y al distanciamiento del Gobierno de las minorías vasca y catalana, principales afectadas por esa legislación.

Pero para la minoría crítica la desaparición de Adolfo Suárez de la Presidencia del Gobierno y su voluntaria reclusión temporal durante los primeros meses de 1981 no era suficiente. Y cuando comprobaron que Leopoldo Calvo-Sotelo gobernaba sin inclinarse por ninguno de los sectores del partido, y por lo tanto sin favorecerles —como erróneamente creyeron en un principio—, decidieron convertir la batalla por el poder en UCD en una guerra. De nuevo, el testimonio de Manuel Fraga viene a corroborar su fluida relación política con Miguel Herrero, con el que cenó la noche del miércoles 25 de febrero, acompañado de Ignacio Camuñas y Óscar Alzaga, el mismo día en que Calvo-Sotelo recibía el mayoritario respaldo de la Cámara para presidir el Gobierno. La anotación del líder conservador es clara: «conversación distendida, cara al futuro; debería hacerse una coalición a tres (con nosotros y la minoría catalana)» [560].

Esta cena, tan explícita de las intenciones coincidentes de la derecha de UCD con la derecha parlamentaria, fue seguida de otros muchos encuentros, cuya frecuencia desbordaba con creces el habitual contacto entre políticos. Así, el 4 de marzo —coincidiendo con la declaración de Calvo-Sotelo de rechazar formar un Gobierno de coalición—, Fraga se reunió con lo que él denomina «un grupo de críticos», anotando en su diario: «Miguel Herrero reconoce que no hay camino, y se muestra dispuesto a una nueva alineación, con mi liderazgo; más cauto, Alzaga dice que UCD no puede seguir así; Ignacio Camuñas dice que está dividida en tres familias y que la salida es difícil» [561]. Este valioso testimonio de la «rendición» del sector crítico de UCD ante Fraga es solo una muestra de lo que será su actuación política durante 1981, y que registrará el punto álgido de su estrategia el 23 de julio, cuando cuarenta diputados de esa tendencia creen la Plataforma Moderada. Ese día se dio de facto el pistoletazo de salida para la demolición de UCD desde dentro, operación largamente urdida y a la que «involuntariamente» contribuirá el presidente del Gobierno no convocando elecciones generales antes de las elecciones gallegas, previstas para el domingo 18 de octubre, y después de estas —cuando ya se había producido un importante trasvase de votos de UCD a AP—, pese a las constantes recomendaciones de que lo hiciera del vicepresidente Juan Antonio García Díez y del nuevo ministro de Justicia, Pío Cabanillas, partidarios de evitar la sangría de votos y de diputados hacia otras formaciones políticas limítrofes.

Otro elemento decisivo para entender la voladura intencionada de UCD fue la actitud de los poderes económicos y financieros, que pasaron de una primera confianza en que Calvo-Sotelo sería «su hombre», a comprobar que el presidente gobernaba desde la defensa de intereses generales, aunque fuera equivocadamente. Tan pronto se apercibieron de que UCD no se aliaba con la derecha fraguista y de que la política económica seguía bajo el poder del socialdemócrata García Díez, apostaron por contribuir a romper el partido que había gobernado España desde 1977. El diario de Manuel Fraga vuelve a servirnos de referencia de cuanto se cocía en la tramoya madrileña, y así, una anotación del mismo miércoles 4 de marzo registra esta afirmación: «... reunión con financieros: están con cualquier fórmula que cierre el paso al PSOE. Almuerzo con gente de la derecha dura, que reconocen que después del 23-F solo se puede jugar en serio al centro-derecha» [562].

Todos estos movimientos confluyeron el 6 de mayo, fecha en que el diario de Manuel Fraga registra este testimonio: «Por su parte, la CEOE está harta de las vacilaciones e incapacidad del nuevo Gobierno. Almuerzo con Miguel Herrero, que me entrega un documento con ideas para una operación política que simpáticamente denomina “tormentas azules”. Objetivo: crear una fuerza política capaz a corto plazo de cortar todo intento de un nuevo golpe involucionista; a medio plazo, de ofrecer apoyo parlamentario suficiente a un Gobierno con una política clara de centro-derecha; a largo plazo, de constituir una oferta electoral de amplia base. Tal fuerza debería cubrir todo el espacio de la derecha democrática al centro-centro; apoyaría, con condiciones, al vacilante Calvo-Sotelo, entonces incapaz ya de gobernar, por haber perdido rápidamente la confianza de la derecha y carecer de toda autoridad frente a la izquierda... Para llegar a ello, Herrero se proponía la creación de un subgrupo parlamentario en UCD, que pensaba podría llegar a los cincuenta diputados independientes y democristianos» [563].

Por si las referencias de Fraga no fueran suficientes, el testimonio del propio Herrero es ya clarificador de la insatisfacción con la que el sector crítico analizó el período postsuarista: «Las consecuencias del frustrado golpe fueron muy mal aprovechadas por el Gobierno centrista. Nadie, tras el advenimiento de la democracia, ha tenido más poder que el presidente Calvo-Sotelo aquel 26 de febrero. Pudo hacer un Gobierno de coalición con los nacionalistas, de gran coalición con los socialistas, o incluso de concentración nacional, incluyendo desde comunistas a conservadores, y es público y notorio que recibió tales ofrecimientos. Pudo haber absorbido a Coalición Democrática e incrementar así los efectivos parlamentarios, y, desde luego, pudo haber disuelto las Cámaras y obtenido una resonante victoria con la consiguiente mayoría absoluta. Pudo, al menos, haber cambiado de Gobierno para orientarlo en una u otra dirección, hacia el centro-izquierda o hacia el centro-derecha, con lo mejor de UCD o con personas independientes, como más adelante, cuando ya era tarde, quiso hacer. Pero no hizo nada» [564].

Frente a toda esta batería de propuestas, contradictorias entre sí, y de tan cómodo como sorprendente enunciado —¡un Gobierno de concentración con comunistas y conservadores!, es decir, «la solución Armada»—, Calvo-Sotelo tuvo que afrontar pronto un problema menor, pero de repercusión pública, como era el relevo del director general de RTVE, Fernando Castedo, nombrado poco antes de la dimisión de Adolfo Suárez por este, de común acuerdo con los socialistas. Si los meses posteriores al frustrado golpe de Estado habían puesto a prueba el sentido de la responsabilidad de las fuerzas políticas y parlamentarias, la televisión pública, por el contrario, había iniciado un período de amplia libertad informativa, con generosa capacidad crítica de las situaciones conflictivas de ámbito militar. Por primera vez desde la restauración de la democracia, el equipo directivo de la RTVE no solo no sintonizaba con la línea política del Gobierno, sino que en muchas ocasiones le era francamente hostil. Determinados reportajes, que causaron escándalo, como el que describía las circunstancias que rodearon el golpe militar en Turquía o la generosa propaganda anti-OTAN, a la que se identificaba constantemente como una organización belicista, agresiva y bajo el exclusivo designio norteamericano, colmaron la tolerancia de un Gobierno que, como prueba de su inevitable debilidad, acabó por forzar la dimisión de Fernando Castedo, que había acabado por creerse el máximo defensor de la libertad de información. Su salida del edificio de Prado del Rey el día de su dimisión, flanqueado por José Luis Balbín y Eduardo Sotillos, que solo meses después sería el secretario de Estado para la Información del primer Gobierno de Felipe González, fue toda una credencial de cuáles eran sus verdaderos apoyos en televisión [565].

Fraga, en su tantas veces citado diario, registró esta anotación el 12 de marzo: «... almuerzo con Fernando Castedo, director de RTVE; mi paisano de Castroverde está dejando a la izquierda hacer lo que quiere en Prado del Rey»; y esta otra el jueves 16 de julio: «Gobierno y UCD se dan cuenta de que con Castedo han perdido la televisión; empieza una campaña para que dimita, a lo que se resiste como una anguila» [566].

Pero la crisis Castedo tenía otra derivada: el director general de RTVE era un hombre nombrado por Suárez, y a su defensa encubierta dedicaron muchos esfuerzos los «suaristas», que durante unos meses habían estado expectantes tanto de los movimientos del presidente del Gobierno como de los que realizaban las distintas familias de UCD. Finalmente, y no sin provocar una clara decepción en los hombres de Suárez —Rodríguez Sahagún, Calvo Ortega, José Ramón Caso y Jesús Viana— que controlaban el aparato de UCD, el 22 de octubre, Castedo dimitió, aceptando la canonjía de la presidencia del Banco Hipotecario, para decepción —esta vez— de quienes le habían utilizado para sus fines en TVE. Concluía así la primera y única experiencia en la democracia española, hasta la fecha, de que un Gobierno haya ejercido el poder con TVE en contra.

A pesar de que la entrevista del 27 de julio de 1981 entre Calvo-Sotelo y Fraga concluyó sin acuerdo de cara a la concurrencia conjunta de UCD y CD a las elecciones gallegas, y de que pocas semanas antes se había aprobado su Ley del Divorcio, Fernández Ordóñez y el grupo de «pretorianos suaristas» empezaron a sentirse incómodos en UCD. Sin duda, la creación de la Plataforma Moderada bajo los auspicios de Miguel Herrero y Óscar Alzaga hacía prever que la unidad futura de UCD estaba muy comprometida. Su coincidente diagnóstico estuvo respaldado por una estrategia diferente: mientras los seguidores de Suárez y él mismo se refugiaban en su indudable liderazgo moral sobre la militancia y en el dominio del aparato, Fernández Ordóñez creía finalizada su etapa en UCD, donde su activa presencia y contribución había sido siempre cuestionada por el sector más conservador, que le instaba reiteradamente a defender sus posiciones socialdemócratas desde las filas del PSOE. Dándoles la razón por una vez, y después de celebrar varias reuniones con el líder socialista Felipe González, con el que había mantenido una fluida relación, el 31 de agosto remitió una carta a Leopoldo Calvo-Sotelo presentando su dimisión como ministro de Justicia.

Como proponía Miguel Herrero, «los democristianos, un número importante de independientes y yo mismo proponíamos la articulación de una “gran derecha” que, dejando fuera de UCD a los socialdemócratas, nos incorporase los efectivos parlamentarios y el voto creciente de AP» [567].

Calvo-Sotelo había despachado precisamente con él —y también con otros ministros— la víspera de ese día, a la vuelta de las vacaciones de verano, y cuando se encontró la carta de dimisión habló con Fernández Ordóñez, pidiéndole que esperara una semana a hacer pública su decisión «para que pudiéramos hablar sosegadamente de sus razones y, si las mías no le convencían, me apoyase en la búsqueda de un sucesor» [568]. Aquella misma mañana, hacia las doce, quien esto escribe —a la sazón, director general de Relaciones Informativas— recibió la llamada de un periodista de Barcelona, pidiéndole confirmación de si el ministro de Justicia había dirigido una carta al presidente del Gobierno presentando la dimisión. Me apresuré a informar de esta llamada al secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, y poco después llamé al jefe de Prensa del ministro, José Cavero. Desgraciadamente, ni Cavero ni el propio ministro —por el que también pregunté— atendieron mi llamada. Idéntico fracaso cosechó el propio presidente Calvo-Sotelo, quien relató así sus gestiones: «Fui ingenuo olvidando la incontinencia verbal y proverbial de Fernández Ordóñez: hacia las doce de aquel día el rumor de su dimisión estaba en los teletipos, y antes del almuerzo se daban ya entre comillas párrafos de su carta confidencial. Volví a pedir que me lo pusieran al teléfono y, pese a la eficacia acreditada del gabinete telegráfico, no pude dar con él en toda la tarde» [569].

Calvo-Sotelo ofreció la cartera de Justicia a Antonio Garrigues Walker, que la rechazó, proponiendo entonces a Pío Cabanillas, y a Matías Rodríguez Inciarte como relevo suyo en el Ministerio de la Presidencia. Paco Fernández Ordóñez se alejaba de las filas de UCD y empezaba a reconstruir en el seno del grupo parlamentario su propia fracción con diputados como Luis González Seara, Javier Moscoso, María Dolores Pelayo, Carmen Solano y Carmela García Moreno, entre otros, y con militantes distintos de los que iniciaron su camino en UCD.

Resuelta la salida de Ordóñez, la siguiente batalla interna de UCD fue el relevo de Miguel Herrero al frente del grupo parlamentario, exigido por los sectores socialdemócratas y suaristas, así como por Calvo-Sotelo, que le ofreció nombrarle ministro de Cultura. El 23 de noviembre de 1981 reconoce Miguel Herrero: «tras un largo paseo solitario por los jardines de Aranjuez, decidí comprobar si era yo efectivamente quien causaba tan graves conflictos. Y al día siguiente, a la salida de la junta de portavoces, anuncié que no me presentaría a la reelección». Y añade Herrero, con su brillante cinismo: «Las postrimerías de UCD, de todos conocidas, demuestran que no era yo la causa de los males» [570]. El 29 de enero de 1982, Miguel Herrero abandonaba UCD, acompañado de Ricardo de la Cierva y de Francisco Soler, ingresando en Coalición Democrática.

En este clima de abandono, de traición y de falta de confianza en el futuro, Adolfo Suárez empezó a preocuparse muy seriamente por su permanencia en el seno de UCD, donde tenía todo el poder, a través de Rodríguez Sahagún como presidente y de Rafael Calvo Ortega como secretario general. A su vuelta de Panamá, se mantuvo expectante durante un tiempo, respetando la línea política de su sucesor en la Presidencia, aunque criticando entre sus allegados alguna de sus iniciativas.

El 1 de abril, Calvo-Sotelo invitó a Suárez y a su mujer a cenar en el Restaurante Casa Lucio, y, para que hubiera testimonio del encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder natural de UCD, el presidente dio instrucciones a la Secretaría de Estado para la Información para que consiguiera que un fotógrafo de la agencia Efe estuviera allí y reflejara gráficamente la cena de los dos matrimonios [571]. Calvo-Sotelo ya apreció entonces que Suárez había encajado mal algunas de sus alusiones irónicas a la escasez de libros que había encontrado en la Moncloa y algún otro comentario pronunciado en el seno del grupo parlamentario. Pero, aun así, Suárez no se mostró beligerante y dio instrucciones a su gente de que no acosaran al presidente. Pero entre abril y junio de 1981, y ante la inminente creación de la Plataforma Moderada, Suárez adivinó el riesgo de que el mensaje reformista de UCD fuera perdiendo fuerza. En un encuentro que mantuvo el 25 de junio con Calvo-Sotelo, le reprochó que UCD se hubiera derechizado y le dijo que el problema no estaba en el partido, sino en el grupo parlamentario. Para entonces, Calvo-Sotelo —a instancias de sus colaboradores y de alguno de sus consejeros externos a UCD— había empezado a pensar en desembarcar en el partido, relevando a Rodríguez Sahagún. Suárez le insistió que «él no quería protagonismo político, sino dedicarse a su despacho de abogado», en el que colaboraban su cuñado Aurelio Delgado, Josep Meliá y Eduardo Navarro.

La tragedia de la colza, que el 21 de agosto alcanzaba su víctima número cien, los constantes enfrentamientos internos entre las familias de UCD, además de la permanente crispación militar consecuencia de la tramitación judicial del proceso del 23-F, y el abandono del Gobierno de Fernández Ordóñez, preocuparon a Suárez: entre unos y otros, UCD se desintegraba. Para no inmiscuirse en la batalla partidaria, Suárez renunció en principio a hacer campaña en las elecciones gallegas, en las que el sector socialdemócrata, liderado por Luis González Seara, había vetado la concurrencia conjunta de UCD y CD. En una conversación que mantuvo con Calvo-Sotelo el 25 de septiembre, Suárez le previno de las operaciones de sectores económicos y financieros, con la complicidad de sectores de la propia UCD, para desintegrar UCD, y del peligro de derechización que estaba sufriendo. También Suárez le reiteró que quien controlaba el partido era Rodríguez Sahagún y no él; en ese momento, Calvo-Sotelo tenía dos opciones: o asumía la presidencia del partido, para restablecer la armonía interna y el apoyo al Gobierno que muchos ministros le habían relatado era escaso, o disolvía las Cámaras y convocaba elecciones generales. Calvo-Sotelo se resistió cuanto pudo a lo primero, alegando que su compromiso con Adolfo Suárez se había concretado en asumir la Presidencia del Gobierno y no la del partido.

El 21 de octubre de 1981, al día siguiente de las elecciones gallegas, que UCD perdió frente a Fraga por dos escaños, había quedado claro que Calvo-Sotelo y UCD se habían opuesto a la tesis de la «mayoría natural». La opinión de los ministros reunidos en la Moncloa era unánime respecto a la conveniencia de que el presidente asumiera la presidencia del partido. El más pesimista fue el vicepresidente Juan Antonio García Díez, que opinaba: «No somos capaces de ganar elecciones; no tenemos cartas que jugar; el tiempo está contra nosotros». A continuación, ya en privado, le dijo a Calvo-Sotelo: «No desembarques en el partido; disuelve ya y convoca elecciones» [572].

Calvo-Sotelo no le hizo caso y guiado por la opinión de Alberto Oliart y de José Pedro Pérez-Lorca, responsables de llevar a buen puerto el proceso a los golpistas y el ingreso en la OTAN, que aún requerían tiempo, prefirió desembarcar en el partido. Así describe esta decisión el propio Calvo-Sotelo: «Entre disolver o desembarcar, decido desembarcar. Caliente aún el debate OTAN, me da pena perder, con la disolución, la mayoría de apoyo a la Alianza Atlántica: porque disolver es —el CIS lo viene diciendo hace más de un año— dar ya el Gobierno de España al PSOE y perder la autorización de las Cortes para que España se adhiera al Tratado de Washington» [573]. El 28 de octubre, el Congreso de los Diputados, tras un intenso debate, autorizó al Gobierno a presentar en Washington el Protocolo de Adhesión al Tratado del Atlántico Norte. Después de mantener conversaciones con Fraga para intentar llegar a un acuerdo en Galicia, que el líder conservador vinculaba a otros en el Parlamento, y que Calvo-Sotelo no acepta, porque le dice que «no piensa disolver sin antes resolver», el presidente del Gobierno se entrevistó con Miquel Roca, que le aconsejó mandara en UCD, y pactara con Suárez y con Carlos Ferrer Salat. Este le animó a constituir la «mayoría natural», pactando con Fraga; Calvo-Sotelo también habló con Adolfo Suárez, que le aseguró su apoyo personal, desaconsejándole la mayoría natural, y sugiriéndole que llegara a un acuerdo con la minoría catalana, alternativa de difícil plasmación por la existencia de la LOAPA, que había creado un nuevo agravio en los nacionalistas catalanes.

El 13 de noviembre, Agustín Rodríguez Sahagún y Rafael Calvo Ortega presentaron su dimisión ante el Comité Ejecutivo de UCD, como consecuencia de los malos resultados de UCD en las elecciones gallegas. Solo díez días antes, nueve diputados y seis senadores, seguidores de Francisco Fernández Ordóñez, habían anunciado su abandono de UCD. Es el punto de no retorno de la decisión de Calvo-Sotelo de asumir la presidencia del partido, finalmente aprobada el sábado 30 de noviembre en el Consejo Político, al mismo tiempo que Íñigo Cavero como secretario general.

Para Adolfo Suárez fue un golpe muy duro y, como no sintonizaba con Calvo-Sotelo, ni con su decidida voluntad de incorporar España a la OTAN, ni con la forma que estaba llevando la crisis del partido, el viernes 13 de noviembre de 1981 anunció que abandonaba su puesto en el Comité Ejecutivo de UCD. Cinco días después declaró su propósito de abandonar UCD, hecho que no ocurriría hasta el 31 de julio de 1982. Sin su creador y quien mejor encarnaba sus esencias, el partido estaba destinado a agonizar durante un largo año hasta las elecciones generales de 1982.

Obligado por la baja de Íñigo Cavero, el presidente Calvo-Sotelo hizo una remodelación de Gobierno, incorporando a Soledad Becerril como ministra de Cultura y con ello a la primera mujer ministra desde antes de la guerra civil. Federico Mayor se hizo cargo del Ministerio de Educación; Santiago Rodríguez Miranda, del de Trabajo y Seguridad Social; Manuel Núñez, del de Sanidad y Consumo, y José Luis Álvarez pasó a Agricultura, cubriendo su puesto en Transportes Luis Gámir. Sancho Rof cedía la cartera de Sanidad como consecuencia de la crisis de la colza, que había causado más de doscientos muertos, debilitando seriamente al Gobierno y provocando la alarma entre los ciudadanos.

Pero antes de relatar lo que fueron los últimos meses de UCD y la ruptura definitiva de Suárez, es preciso evocar que, fruto del impacto de intento de golpe de Estado, la estrategia del partido socialista fue brindar su apoyo al Gobierno en materias de Estado como la reconducción autonómica y las secuelas del golpismo, presentándose ante los ciudadanos como una opción unida y seria de gobierno. En esta estrategia se vieron favorecidos no solo por la desunión de UCD, sino también por la crisis de los comunistas, que empezaban a cuestionar el liderazgo de Santiago Carrillo, al que habían reelegido el 31 de julio. Como consecuencia de esta situación, el 12 de noviembre fueron expulsados del Comité Central miembros tan significativos como Pilar Brabo, Manuel Azcárate, Carlos Alonso Zaldívar, Julio Segura y Jaime Sartorius.

Con su previsible ampliación de votos por la izquierda, el PSOE se limitó durante todo el Gobierno de Calvo-Sotelo a sostenerle, convencido de que, fruto de la falta de apoyo de su partido, las grandes masas de votantes de centro moderado y de centro-izquierda, que durante tantos años había acaparado UCD, se inclinarían por la opción socialista y por el carisma de Felipe González. La estrategia dio resultado también como consecuencia de que, sintiéndose poco apoyado por UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo reeditó la política de consenso y buscó el apoyo de Felipe González para gobernar desde el buen sentido. Pese a que en su momento no se supo, Leopoldo Calvo-Sotelo recibió en la Moncloa al líder socialista en más de treinta ocasiones; eran entrevistas al atardecer, dedicadas a informar, entre otros temas, al jefe de la oposición de cómo se estaba llevando la instrucción del sumario de los golpistas, cuyos defensores ya amenazaban con implicar al Rey en su estrategia de defensa. También para involucrar a Felipe González en la negociación de la adhesión al Tratado del Atlántico Norte, pese a que en este punto el PSOE ya había declarado su oposición al ingreso y su propósito cuando llegara al Gobierno de convocar un referéndum.

Otro tema que quedó fuera del consenso fue el drama del síndrome tóxico, abordado por los socialistas con enorme virulencia entre la opinión pública y en el Parlamento, hasta el extremo de llegar a pedir la reprobación de cinco ministros en un Pleno celebrado a primeros de septiembre de 1981, concluido sin condena global —pero sí moral— del Ejecutivo. Con su habilidad acostumbrada, los socialistas consiguieron centrar la responsabilidad en el área de la Administración Central, alejándola así de la que en la distribución y almacenaje del aceite de colza tenían los ayuntamientos, y en concreto el de Madrid. En esta difuminación colaboró decisivamente la mayoría de la prensa, que desde la caída de Adolfo Suárez veía próxima —casi inminente— la llegada de los socialistas.

Otra consecuencia de esta estrategia del PSOE fue que quedara totalmente diluida entre la batalla anti-OTAN y la denuncia de la colza, y la asunción de una responsabilidad en el sostenimiento del Gobierno, el escándalo de las denuncias de soborno del concejal del Ayuntamiento de Madrid Alonso Puerta, que acusaba a varios cargos municipales socialistas de cobro de comisiones. Casi en silencio se produjo la suspensión de militancia en el PSOE de Alonso Puerta, acaecida el 26 de septiembre de 1981, y la posterior dimisión de tres concejales socialistas en solidaridad con el denunciante, producida el 8 de octubre. En vano pidió UCD en el Ayuntamiento de Madrid la dimisión del alcalde, Enrique Tierno Galván.

Los ciudadanos no atisbaron que junto a un PSOE moderado y un Felipe González hombre de Estado, con el socialismo se incubaba la corrupción como fórmula de adulteración de las relaciones entre los administrados y los administradores y de enriquecimiento personal de muchos cuadros del PSOE. Entonces, lo que tenía valor político era que el 11 de diciembre de 1981 el PSOE presentaba en la Moncloa 600.000 firmas contrarias a la entrada de España en la OTAN, aunque fuera al día siguiente de que en Bruselas los quince miembros de la Alianza firmaran el protocolo de adhesión de España, pese a la campaña internacional de los socialistas, empeñados en convencer a sus homónimos europeos socialistas —en los gobiernos o en la oposición— de lo contrario.

Producido el desembarco de Calvo-Sotelo en UCD, del que se arrepentiría pronto, y que traería como consecuencia mayor la deserción —el 29 de enero de 1982— de Miguel Herrero, Suárez olvidó sus promesas pretéritas de abandonar la política y de desinterés por cuanto ocurría, y con sus leales Rodríguez Sahagún, Calvo Ortega, Jesús Viana y José Ramón Caso constituyó una corriente interna de oposición, al mismo tiempo que trabajaba para crear la base de un partido propio sobre los cimientos y lo que quedara de UCD. La obsesión de Suárez pasó a ser reconstruir un esquema organizativo propio, liberado de adherencias democristianas y ampliado a ciertas figuras de la política próximas a la izquierda, sin militancia socialista o «rebotados» de los aparatos socialista, comunista o del desaparecido PSP.

Como el propio Calvo-Sotelo ha reconocido, su afán diario era gobernar y tratar de contrarrestar —en diciembre de 1981— el impacto que en la opinión pública causó el «Manifiesto de los Cien», auténtica proclama de solidaridad de mandos militares con los jefes procesados por el 23-F y evidencia de la proximidad de la apertura del juicio contra ellos, prevista para los primeros días del mes de febrero. Calvo-Sotelo instó a la JUJEM a prevenir a los mandos militares de su adhesión al «manifiesto», y, en prueba de su apoyo a la Constitución, les pidió que asistieran desde la tribuna de invitados al Pleno del Congreso de los Diputados en el que el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, pronunció un discurso de indudable respaldo constitucional. Pocos días después, la JUJEM fue recibida en audiencia por el Rey; se trataba de evidenciar el compromiso del Jefe de las Fuerzas Armadas con el proceso de adhesión a la OTAN y de su rechazo a las maniobras tanto de solidaridad con los golpistas como de su respaldo a ellos.

Durante las semanas previas al comienzo del juicio, la prensa ultra y alguna agencia de noticias se convirtieron en portavoces de la estrategia golpista de sembrar la duda sobre la actuación del Rey antes y durante el 23-F y trataron de confundir a la opinión pública. El Rey se encargó de disipar cualquier interrogante —como si su actuación durante la noche del 23-F no hubiera sido suficiente— durante el discurso a los altos mandos militares en el palacio de Oriente, con motivo de la Pascua Militar.

Y si durante todo el período comprendido entre los meses de febrero de 1981 y enero de 1982 fueron el ministro Alberto Oliart, la JUJEM y el coronel Emilio Alonso Manglano los responsables de la reconducción de la actitud de ciertos mandos militares y del planteamiento del futuro proceso a Milans del Bosch, Armada y Tejero, en la segunda semana de enero de 1981, el propio Rey, con la ayuda de Sabino Fernández Campo, se ocupó de hablar con todos los líderes políticos —el 14 de diciembre recibió a Carrillo, el 17 a Manuel Fraga y el 19 a Felipe González— para prevenirles de la estrategia golpista y recabar su ayuda institucional. El presidente del Gobierno, en sus habituales despachos con el Rey, le informó de los detalles del juicio y de las decisiones tomadas por el Gobierno para que no se convirtiera en un proceso a la Corona y al propio monarca. En este sentido, el sábado 19 de diciembre, el Ministerio de Defensa expedientó a dos jefes, ocho capitanes y un brigada, firmantes del «Manifiesto de los Cien», y, en una operación de mayor calado, el viernes 15 de enero, el presidente del Gobierno nombró al teniente general Álvaro Lacalle Leloup presidente de la JUJEM, en sustitución del teniente general José Gabeiras, que estaba «tocado» desde el 23-F. Pocos días después, el 18 de enero, los generales Ascanio Togores (Tierra), García Conde (Aire) y Suanzes (Armada) sustituyeron en los tres Estados Mayores a los que ocuparon su puesto durante el 23-F.

Pocas semanas antes del inicio del juicio contra los militares golpistas, y con muchos medios de comunicación divididos en la estrategia informativa del proceso, el presidente Calvo-Sotelo decidió convocar a los directores de estos para pedirles que suscribieran un acuerdo de tratamiento informativo, que en grandes líneas se basaba en no tratar de provocar gratuitamente a las Fuerzas Armadas en su conjunto y en respetar la figura del Rey. En la reunión, Calvo-Sotelo y el ministro de Defensa revelaron a los directores de los medios informativos que, por los servicios del CESID, sabían que los abogados de los golpistas pretendían elaborar una estrategia basada en que todos ellos creyeron haber actuado por obediencia a sus jefes militares y cumpliendo órdenes del Rey. También les previno Calvo-Sotelo que Armada iba a negar cualquier implicación suya en el golpe y que su silencio podría interpretarse como un último servicio al Rey. Entre otros, Juan Luis Cebrián, Horacio Sanz Guerrero y Guillermo Luca de Tena, como directores de El País, La Vanguardia y ABC, respectivamente, aceptaron el acuerdo; por contra, el director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, rechazó pactar cualquier tratamiento informativo de un hecho de tanta trascendencia política, invocando el derecho a la información y la libertad informativa.

Durante el mes de enero, Calvo-Sotelo anunció para el 20 de abril la apertura de la verja de Gibraltar, y continuó con su política de nombramientos militares, destinando a Valladolid al general José Sáenz de Santamaría y nombrando al general Félix Alcalá-Galiano nuevo jefe de la Policía Nacional. La policía consiguió liberar en enero al padre del cantante Julio Iglesias, secuestrado por ETA veinte días antes; el empresario vasco José Lipperheide fue secuestrado el 5 de enero, y el 27 del mismo mes la policía francesa detuvo a seis miembros de la organización terrorista.

Antes de que en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército, en la barriada madrileña de Aluche, diera comienzo el juicio contra los militares, el 28 de enero, abandonaba UCD Miguel Herrero. Fraga hizo esta anotación en su diario: «Herrero se había cansado de esperar a Alzaga y daba el paso» [574].

Quien también daba otro paso era Francisco Fernández Ordóñez, que el 2 de febrero dejaba el grupo parlamentario de UCD, para integrarse con otros nueve diputados en el Grupo Mixto, cuyos efectivos ascendían ya a veintiuno. UCD, como partido, estaba roto, y solo quedaban un par de meses para que dieran comienzo las elecciones al Parlamento andaluz; Fraga, crecido tras el resultado de Galicia y la desbandada que se producía en UCD, consiguió que la CEOE asumiera un papel decisivo en la campaña andaluza, en la que la patronal se implicó financieramente y como un militante más de la derecha. Leopoldo Calvo-Sotelo y el ministro de Defensa, Alberto Oliart, preocupados por el inmediato comienzo del juicio contra los militares golpistas, pidieron reiteradamente al Ejército serenidad ante el proceso, mientras que Alfonso Guerra, fiel a la bicéfala actitud de su partido, mezclando con idéntica rentabilidad sentido de Estado y agresividad, declaraba que «el juicio del 23-F va a ser una farsa». El Gobierno, preocupado también por el protagonismo y la representatividad que en sus manifestaciones asumía el teniente coronel Manuel Monzón —portavoz del Ministerio de Defensa—, que en los días previos al comienzo del juicio había llegado a erigirse en portavoz del Gobierno, acordó en Consejo de Ministros que la coordinación informativa del proceso fuera asumida por un civil, y en concreto por el director general de Relaciones Informativas, quien esto escribe.

Desde el jueves 18 de febrero hasta el 3 de junio, en el que el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó la sentencia contra los militares golpistas, la mayor parte de la actividad política nacional se centró en las largas sesiones celebradas en el Servicio Geográfico del Ejército y en la feroz pugna que las defensas plantearon por implicar al Rey, invocando la obediencia debida. Gracias al seguimiento informativo que la prensa, la radio y la televisión realizaron de la vista, se evidenció la mezquindad y la falta de coraje con la que se comportaban hombres que se suponía tenían el honor como distintivo. Para salvarse, todos acusaban a Armada de haberles «embarcado», y Armada callaba y negaba todo. Durante los más de tres meses que duró el juicio, informé al presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo; al secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, y al director del CESID, Emilio Alonso Manglano, de cuanto ocurría. Y en las tareas de coordinación informativa quiero agradecer la colaboración recibida del entonces comandante Jesús del Olmo y de muchos periodistas que, como Pilar Urbano, supieron poner en mi conocimiento informaciones confidenciales de la estrategia de las defensas, para que las transmitiera a los altos mandos militares y al Gobierno.

El incidente más grave ocurrió cuando los procesados se negaron a entrar en la sala, por una información publicada en Diario 16 el día del aniversario del golpe, según la cual algunos oficiales de la DAC que participaron en el 23-F fueron obligados a dirigirse al Congreso de los Diputados contra su voluntad. Tras muchas deliberaciones del tribunal, su presidente requirió mi presencia para que le informara de quién era el autor del reportaje, Adolfo Salvador; ante mi negativa, me expresó su gravísima preocupación por la actitud de los procesados y que para que se reanudara la vista iba a tener que expulsar de la sala al director de Diario 16, por exigencia del teniente general Milans del Bosch y los demás encausados. En mi condición de representante del Gobierno rechacé esa medida, alegándole que en un régimen democrático no podía expulsar de un juicio a un periodista acreditado, y que si cedía a la pretensión de los procesados iba a causar un grave perjuicio a la credibilidad de la democracia española y al propio juicio. El general Luis Álvarez Rodríguez alegó como última razón que él no podía dar la orden de que Milans del Bosch fuera conducido a la sala por una patrulla de la Policía Militar porque eso significaba la división del Ejército. Para evitar la expulsión del director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, me ofrecí a llevar a cabo algunas gestiones con el editor del Grupo 16, Juan Tomás de Salas, al que pedí que convocara a Pedro J. Ramírez en la sede de su periódico para una reunión o con la excusa que fuera, pero que permitiera la reanudación del juicio y evitara la expulsión. Salas se negó y el tribunal acordó la apertura de la vista con la decisión ya tomada de retirar la credencial al periodista y expulsarle de la sala. Informado previamente del acuerdo por el presidente del tribunal, al que reiteré la gravedad de su claudicación, me senté en las sillas de la prensa junto a Pedro J. Ramírez. Cuando se dio a conocer el fallo, advertí al director de Diario 16 que no iba a permitir que fuera conducido al exterior del recinto militar por una patrulla de la Policía Militar. Y fui yo mismo quien acompañé a Pedro J. Ramírez, junto con otros dos colegas suyos, Miguel Ángel Aguilar y Antxon Sarasqueta.

Otro incidente grave fue el abandono de la sala por parte de los procesados ante el testimonio del general Sáenz de Santamaría. El teniente general Milans del Bosch se levantó airado al oír que el asalto al Congreso de los Diputados era calificado de «secuestro» por Sáenz de Santamaría, gritando: «Me voy; siento asco». Las crónicas que día a día publicaba en El País José Luis Martín Prieto han quedado como histórico testimonio del juicio, cuya sentencia se emitió el 3 de junio de 1982. La condena de treinta años para Milans del Bosch y Tejero Molina quedó empañada por la benevolencia del tribunal con Armada, al que se condenaba a solo seis años de reclusión. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, expresó inmediatamente [575] su discrepancia con el fallo del tribunal, anunciando su propósito de recurrir para que fuera la jurisdicción civil y no la militar la que dictara justicia. Fue una prueba más de su conciencia democrática y de su convicción del imperio de la Ley sobre el golpismo, aunque ya la atmósfera política no estaba predispuesta a percibir este gesto.

Al día siguiente, Adolfo Suárez publicó un artículo en El País, titulado «Yo disiento», en el que, entre otras, hacía las siguientes afirmaciones: «La ejemplaridad no se produce si quedan sin castigar comportamientos intolerables...». «No parece admisible que, por lo que respecta especialmente a los tenientes de la Guardia Civil procesados, se haga jugar, de algún modo, la eximente de obediencia debida, aduciendo “que su error no resultaba vencible en sus circunstancias”.» Suárez concluía que «es preciso dejar muy claro que en España no existe un poder civil y un poder militar. El poder es solo civil». También al día siguiente, Alfonso Osorio volvió a llamar al presidente del Gobierno para reprocharle que hubiera recurrido, intercediendo de nuevo por su amigo Alfonso Armada, al que consideraba inocente de lo ocurrido el 23-F. Calvo-Sotelo argumentó que ello no era cierto y que la benévola condena a Armada y a Cortina era lo que inspiraba su decisión.

Pero la anterior afirmación de la escasa confianza que inspiraba el Gobierno y sus decisiones se fundamenta en que durante el tiempo de celebración del juicio se habían celebrado elecciones en Andalucía con una rotunda victoria del PSOE, que obtuvo el 52 por 100 de los votos y 66 de los 109 escaños de la Cámara. UCD registraba una brutal pérdida de apoyo, que AP era incapaz de asumir, pese a su progreso. La «mayoría natural» esgrimida por Fraga y los críticos de UCD no era la panacea, sino la simiente para que los votantes de centro de UCD se pasaran al PSOE. Durante la campaña, los máximos dirigentes de la CEOE, Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas, participaron activamente, ofreciendo charlas y mítines por toda Andalucía, cumpliendo así lo acordado en un almuerzo con Manuel Fraga el 9 de febrero de 1982, e inspirados —entre otras razones— por el testimonio que Miguel Herrero ha transmitido al líder conservador, según el cual «Suárez estaba ganando la batalla interna de UCD» [576].

En esta clave se han venido ya interpretando los últimos movimientos de la derecha española, tanto política como financiera: el temor al regreso de Adolfo Suárez. Otra clave era tratar de evitar el triunfo del PSOE. Leopoldo Calvo-Sotelo, pese a las conversaciones celebradas con su paisano Manuel Fraga, rechazó en febrero su oferta de pacto electoral para Andalucía y resistió en solitario para no sucumbir a la adulteración de la opción centrista. Pero la situación de su partido no permitía ya muchas contiendas electorales y la merma de votos por la izquierda y la derecha era superior a cualquier reivindicación testimonial: el 10 de marzo, Calvo-Sotelo tuvo que salir al paso del rumor de que pensaba disolver las Cámaras, como de nuevo le requería Juan Antonio García Díez, convencido de que así se podía salvar algo de la hecatombe y evitar el previsible desastre de las elecciones andaluzas. Al día siguiente de su desmentido, inspirado por el doble anhelo —que le honra— de concluir el juicio a los golpistas y de culminar el ingreso en la OTAN, se celebró en la CEOE una cena, preparatoria de las elecciones andaluzas, sobre la que Manuel Fraga dejó anotado en su diario este comentario: «Cena con Manuel Clavero, en CEOE, a propuesta de él; yo la gestioné, pero manifiesta que no quiere pactar, sino aclarar que él, yendo solo, es como más ayuda. No convence a nadie, y todo el mundo queda malhumorado» [577].

Antes de que se consumara el fracaso de UCD en las elecciones de Andalucía, Calvo-Sotelo tuvo que lidiar la enconada resistencia de los nacionalistas catalanes a la LOAPA, lo que le impedía llegar a acuerdos parlamentarios de otra índole, y hacer frente a la campaña anti-OTAN que socialistas y comunistas, con los minoritarios grupos pacifistas, llevaron a la calle, y en concreto a una multitudinaria concentración en la Ciudad Universitaria de Madrid, en la que Felipe González empeñó su palabra de que cuando el PSOE llegara al poder propondría un referéndum, que todos los ciudadanos entendieron para salir de la Alianza Atlántica.

Pero también tuvo que abordar el Gobierno el error del nombramiento de Carlos Robles Piquer, que sería relevado por el democristiano Eugenio Nasarre, ya en el mes de julio, y retirar del Congreso el proyecto de Ley de Autonomía Universitaria (LAU), hecho que ocurrió el 16 de abril.

Pocos días después de la derrota en Andalucía, por la que dimitiría Alejandro Rojas Marcos y también Santiago Carrillo, Calvo-Sotelo se entrevistó con Fraga en el Congreso de los Diputados, pero pese a que este le volvió a insistir en la formación de una gran coalición electoral, de cara a las elecciones generales, que el presidente ya no tenía otro remedio que convocar a muy corto plazo, Calvo-Sotelo rechazó su ofrecimiento. Con su acaloramiento habitual, Fraga le dijo: «La gente está esperando un acuerdo. ¿Quién se opone? ¿El Duque? El Duque te ha dejado una herencia muy mala: ya te lo había anunciado en julio del 76; lo repetí en la sesión de tu investidura y me interpretaste mal. Si reúnes a los barones, estás perdido» [578].

El 1 de junio, el Rey recibió en audiencia a Leopoldo Calvo-Sotelo, a Felipe González y a Manuel Fraga, que anotó en su diario: «Le vi preocupado por el final del proceso militar y harto de los fracasos y desaciertos del Gobierno y de UCD. Le informé ampliamente sobre Andalucía y la situación previsible a continuación y del fracaso de mis reiterados intentos de lograr una alternativa de centro-derecha» [579].

En el horizonte político, Calvo-Sotelo quiso recomponer los restos de UCD ofreciendo su liderazgo a Adolfo Suárez y presentando su dimisión como presidente del partido, pero la actitud de Adolfo Suárez y su convicción interior de que UCD ya no era «su» partido le llevaron a rechazar el ofrecimiento, que tuvo distintas secuencias. Calvo-Sotelo reconoce que «al terminar el escrutinio del 23 de mayo, UCD era en Andalucía un partido casi testimonial», y el mismo día 24 de mayo Agustín Rodríguez Sahagún solicitó entrevistarse con él, y fue recibido con estas palabras: «Vienes a pedirme que deje la presidencia de UCD; ten la certeza de que seré mucho más diligente que tú a la hora de marcharme». El diagnóstico de la crisis final de UCD se hizo evidente aquella misma tarde en una reunión que el presidente celebró con sus ministros Rodolfo Martín Villa, Juan Antonio García Díez, José Pedro Pérez-Llorca, Alberto Oliart, Juan José Rosón, Pío Cabanillas, Jaime Lamo de Espinosa, Rafael Arias-Salgado e Íñigo Cavero, y en la que la unanimidad fue total: UCD y el Gobierno habían fracasado; el Gobierno vivía de prestado y no podía llegarse a marzo de 1983, fecha teórica de las próximas elecciones. Calvo-Sotelo concluye: «Hay que disolver. Pero antes hay que intentar que UCD recobre su imagen perdida. ¿Cómo? Nadie tiene una respuesta clara. Se habla de un congreso extraordinario del partido, de un acuerdo con el PSOE. A todos nos parece que hay que capear el temporal hasta las vacaciones parlamentarias de julio y luego actuar. Pero, otra vez, ¿cómo? Queda en el aire la pregunta que nadie ha hecho: ¿se podrá abrir el Parlamento en septiembre?» [580].

En efecto, la sangría de diputados hacia el Grupo Mixto había dejado al grupo parlamentario de UCD en minoría y necesitado de los votos ajenos para cualquier iniciativa parlamentaria. El presidente del Gobierno apenas pudo celebrar que el 30 de mayo de 1982 España había ingresado como miembro decimosexto del Tratado de la Alianza Atlántica, objetivo de Estado al que había supeditado buena parte de su estrategia política y desde luego de partido. Solo dos días antes el Parlamento griego había votado afirmativamente el ingreso de España en la OTAN, obviando el compromiso que el primer ministro Andreas Papandreu había adquirido con el PSOE, y frustrando así una proposición no de ley del grupo socialista para reabrir en el Congreso el debate atlántico.

El 5 de junio, Leopoldo Calvo-Sotelo convocó a Adolfo Suárez en la Moncloa, dispuesto a llegar a un acuerdo. Pío Cabanillas le había prevenido, definiendo —según Calvo-Sotelo— a Suárez con una pareja de sustantivos: «superficialidad e instinto»; Martín Villa le había recomendado que intentara convencer a Suárez para que fuera a las elecciones con UCD y le había urgido a que convocara elecciones en otoño. El testimonio de Calvo-Sotelo es clarificador: «Le cuento abiertamente a mi antiguo jefe político la crisis extrema de UCD y mi delicadísima situación. Y le pido ayuda». La respuesta de Adolfo Suárez no dejó dudas respecto a su lejanía política del entonces presidente del Gobierno: «Yo no tengo sitio en el partido, no me encuentro cómodo en UCD. No mando en el Comité Ejecutivo ni en el Consejo Político, que no han sido hechos a mi medida. No quiero ser un barón más del partido. Te equivocarías si considerases que son hombres míos, o emisarios míos, personas como Agustín Rodríguez Sahagún, Fernando Abril o Rafael Arias: Agustín me ha llamado esta misma mañana preguntándome lo que quiero; como verás, ni los suaristas saben lo que quiere Suárez. Te apoyaré en tanto que presidente del Gobierno, pero no en tanto presidente del partido. Quiero estar seguro de que se hace en el partido lo que yo decido. Por eso lo que de verdad me apetece es crear un partido propio, mío, que no se me escape de las manos. Pero, por otra parte, me siento obligado a colaborar en una situación para la crisis de UCD, aunque la veo muy difícil» [581].

El lunes 7 de junio, el mismo día que la bandera española es izada en el cuartel general de la OTAN, se reunieron Leopoldo Calvo-Sotelo, Adolfo Suárez y Landelino Lavilla. Los tres coincidieron en que había que encontrar una solución durante el mes de junio y que era imprescindible mantener la posición independiente de UCD, en el centro del espectro político y rechazando la mayoría natural. En este punto, Suárez —según Calvo-Sotelo— fue más rotundo, expresando su deseo de que después de las elecciones se pudiera formar un Gobierno de coalición UCD-PSOE, excluyendo cualquier acuerdo con AP. Suárez se mostró rotundo en cuanto a la inclusión en las listas electorales de quienes luego quisieran colaborar con AP, propuso disolver los órganos del partido, concentrando en ellos tres todos los poderes y aceptando la creación de un triunvirato. Donde no hubo acuerdo inicial fue en las funciones y responsabilidades que cada cual debía asumir y en quién proponía al partido la disolución de sus órganos.

Después de esta primera reunión, Calvo-Sotelo supo con certeza que en realidad Adolfo Suárez lo que quería era hacer un partido nuevo, quedándose únicamente con las siglas de UCD. En una palabra, según el presidente del Gobierno, Suárez quería liquidar lo que quedaba de UCD, y eso no lo iba a permitir Landelino Lavilla, sin cuyo acuerdo se hundía también el grupo parlamentario, en el que los democristianos tenían fuerza.

A esta primera conversación sucedió otra el sábado 12 de junio, en la que los tres se felicitaron por la detención ese mismo día en Francia del etarra Domingo Iturbe Abasolo, Txomin. De común acuerdo decidieron aparcar los temas de discrepancia de la conversación anterior y abordar la posible composición de un secretariado que gobernara el partido a las órdenes de ellos tres. La propuesta de Adolfo Suárez era que había que elegir un presidente nuevo —él mismo—, nombrar secretario general de UCD a Francisco Laína, y dejar en segundo plano a los «barones». Tampoco en este punto hay sintonía y Landelino Lavilla insinúa que es mejor que Calvo-Sotelo y Suárez se pongan de acuerdo. Calvo-Sotelo admite que no le parece posible marginar a los «barones» y a los ministros al mismo tiempo, sin verse obligado a disolver las Cámaras; por ello, los tres deciden convocar los órganos de gobierno del partido para los primeros días de julio. En el intervalo, los hombres de Adolfo Suárez, que son mayoría en la estructura provincial de UCD, se rebelan contra la dirección de Madrid y contra el daño que están causando al partido desde hace ya varios meses, y deciden ponerse de acuerdo para reclamar la vuelta de Adolfo Suárez; el 23 de junio, treinta y dos secretarios provinciales hicieron público su deseo de que Suárez volviera a la presidencia del partido.

Con esta presión interna se reunió el Comité Ejecutivo de UCD el viernes 2 de julio. Pero Adolfo Suárez no asistió; sí lo hicieron Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega y Jesús Viana. Calvo-Sotelo propuso constituir una comisión permanente, con amplios poderes, en la que estuvieran los tres líderes —él, Lavilla y Suárez—, renovar el secretariado y preparar un programa electoral, así como las listas para las elecciones. El que no se llegara a un acuerdo, unido a que la reunión se aplazó al sábado y a que a la sesión de la tarde no asistieron los tres «hombres» de Suárez, motivó que las informaciones de prensa del día siguiente fueran favorables al rechazo del ex presidente. El País tituló: «Los suaristas rechazan una propuesta de Calvo-Sotelo para superar la crisis de UCD»; por su parte, Diario 16 afirmó: «Portazo suarista a la ejecutiva de UCD», criticando con dureza la actitud de Suárez en estos términos: «Cuando Calvo-Sotelo ofrece a Suárez un compromiso público y responsable, resulta inadmisible que el Duque conteste con desplantes, silencios y desafíos». Pese a que, por fin, el sábado se llegó a algunos acuerdos, como el compromiso de que UCD concurriera en solitario a las elecciones, descartando cualquier coalición, y el rechazo a las tendencias organizadas, el lunes 5 de julio Calvo-Sotelo volvió a convocar a Landelino Lavilla y a Adolfo Suárez en la Moncloa, para ultimar los acuerdos ante la convocatoria del Consejo Político del martes. Adolfo Suárez no compareció, por lo que Calvo-Sotelo insistió en que se reunieran los tres, proponiéndole cenar en un restaurante de Madrid. Y en Zalacaín, Suárez volvió a reclamar la presidencia del partido, con todos los poderes, sin órganos del partido y ya hasta sin triunvirato, y propuso que fuera el propio Calvo-Sotelo quien, antes de dejar la presidencia, disolviera los órganos de gobierno y jubilara a los «barones». Calvo-Sotelo se opuso con este argumento: «Yo puedo dejar la presidencia de UCD y ofrecérsela a Suárez: al fin y al cabo, que presidiera él UCD es lo que le pedí cuando su dimisión. Pero no me siento obligado a realizar, además, la sala besogne que Suárez me exige; no me da la gana de ser el ejecutor de sus rencores; no estoy dispuesto a despedir a quienes han estado lealmente conmigo, aun no siendo míos, en este año de dura batalla política. Y ello no solo por razones de dignidad o de respeto a los demás, y a la democracia misma del partido, sino porque el simple enunciado de esa propuesta desencadenaría inmediatamente la ruptura definitiva del Gobierno y del grupo parlamentario» [582].

A este alegato, Suárez insistió en que él comprendía que su precio era muy alto, pero que él no había pedido esa negociación, y que si Landelino Lavilla y Calvo-Sotelo querían que volviera a la política activa, tenían que aceptar sus condiciones. Esa noche, en el restaurante de mayor resonancia social de Madrid, Adolfo Suárez no hizo sino reiterar su último desencanto con UCD y sus familias, reafirmando su declaración del mes de noviembre de 1981, cuando expresó su deseo de abandonar UCD. El acuerdo era imposible, y, con dolor pero con firmeza, Suárez había decidido seguir en la política bajo otra bandera. El inventor y creador de UCD no quería contribuir a su última salvación. La idea de crear otro partido ya estaba en su cabeza desde hacía meses. Como ha escrito el periodista Abel Hernández: «Suárez se negó a seguir siendo instrumentalizado» [583].

El martes 6 de julio, Leopoldo Calvo-Sotelo presentó su dimisión como presidente de UCD, proponiendo a Landelino Lavilla y pidiendo que cesaran las luchas internas. Manuel Fraga anotó en su diario del viernes 9 de julio: «Calvo-Sotelo invoca “presiones fácticas” en contra de que Adolfo Suárez vuelva a presidir UCD» [584].

No parece coherente este testimonio con los esfuerzos de Calvo-Sotelo por que Suárez siguiera en UCD; otra cosa es que los poderes fácticos en un sentido amplio no fueran partidarios de que Suárez recuperara un protagonismo público y que se mostraran contrarios a su retorno a la vida pública. Pero esos poderes ya habían —por otra parte— apostado por otras formaciones políticas, contribuyendo a minar UCD, a primar AP y a acercarse al PSOE, como previsible próximo ganador de las elecciones.

El martes 13 de julio, Landelino Lavilla fue elegido presidente de UCD en una difícil y áspera reunión del Consejo Político, y solo una semana después, veinte parlamentarios de UCD se integraron en el Partido Demócrata Popular (PDP), partido creado por Óscar Alzaga y que será el embrión del futuro Partido Popular con la extensa base de la Alianza Popular de Manuel Fraga. Y el 28 de julio, Adolfo Suárez abandonaba UCD, escribiendo una carta personal a Landelino Lavilla. El 31 de julio, en una multitudinaria rueda de prensa, Adolfo Suárez presentaba en sociedad su nuevo partido, Centro Democrático y Social (CDS), publicando un manifiesto en el que, entre otras razones, aducía que «... dada la falta de acuerdo que mantenemos con muchos de los actuales dirigentes del Gobierno y de su partido, en cuanto a los objetivos políticos fundamentales, su prioridad y los métodos y personas para llevarlos a cabo, estaríamos dispuestos a abandonar totalmente la vida política si no considerásemos que el momento es especialmente delicado. Por ello, con violencia personal nos vemos obligados a escoger entre continuar formalmente adscritos a nuestro anterior cauce político o abrir las velas, en defensa de las propias convicciones, a un nuevo empeño. Esta última opción constituye el partido que ahora sale a la luz pública». En un párrafo más arriba justificaba, para no permanecer en UCD, que: «En la joven democracia española, los sectores involucionistas aprovecharían el espectáculo de lucha por el control del partido para tener un nuevo argumento con el que justificar sus intentos de acabar con la soberanía popular».

Nacía un nuevo Adolfo Suárez, dispuesto a luchar por su vuelta al poder desde nuevos cimientos y con otra convicción ideológica, que le llevará a concurrir a las elecciones de octubre de 1982 con una organización incipiente y pocos medios económicos, pero pletórico de ilusión y renovada esperanza.

El 4 de agosto el presidente del Gobierno iniciará un viaje por Hispanoamérica, visitando Ecuador, Colombia y Perú, durante el cual asumirá que a su regreso debe convocar unas elecciones generales, que él sabe va a perder y en las que él no será el cabeza de cartel de su partido. El 24 de agosto, Calvo-Sotelo cancelará su viaje oficial a Dinamarca, el mismo día que el PSOE y el PAD de Fernández Ordóñez llegaron a un acuerdo para que los ex socialdemócratas de UCD fueran en las listas del PSOE, y el viernes 27 de agosto hizo público su anuncio de disolución de las Cortes, convocando elecciones generales para el 28 de octubre. En su intervención ante las cámaras de televisión, Leopoldo Calvo-Sotelo reconoció: «No me he dejado llevar por ninguna consideración de partido al tomar la decisión de disolver, y he querido estar atento solo a los intereses de España. El respeto a las Cortes, y el deseo de hacer lo necesario para que la nación tenga cuanto antes un Gobierno que se apoye mayoritariamente en ellas, han prevalecido en mi ánimo sobre cualquier razonamiento» [585].

La campaña electoral estuvo predeterminada desde el principio por la incógnita de la amplitud de la victoria socialista y por el resultado que obtendría la llamada «mayoría natural», por la que tanto habían luchado Manuel Fraga, Miguel Herrero y la CEOE. El mismo 31 de agosto, Landelino Lavilla rechazaba un entendimiento con Alianza Popular, lo que no impedía que gracias a los buenos oficios de Marcelino Oreja y de su sobrino Jaime Mayor Oreja, nombrado delegado del Gobierno en el País Vasco, en esta Comunidad UCD y AP llegaran a un acuerdo electoral. El último tránsfuga de UCD hacia el calor fraguista fue el propio ministro de Agricultura, José Luis Álvarez, que, después de mantener una conversación con Manuel Fraga en los primeros días de septiembre, dimitió de su cargo para garantizarse un puesto en las listas de AP, a través del PDP de Óscar Alzaga. En ese momento, y desde hacia muchos meses, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) concedía a UCD un máximo de veinte diputados y una cómoda mayoría al PSOE, que el 16 de septiembre lanzó la promesa de convocar un referéndum para salir de la OTAN en seis meses, y la de crear 800.000 puestos de trabajo. Por cierto que Felipe González, a quien hay que reconocer el sentido político para sostener el moribundo Gobierno de UCD durante todo 1982, no resistió por un momento proponer a Calvo-Sotelo la conveniencia de formar un Gobierno de gestión que gobernara por encima de la crisis de UCD. La conversación tuvo lugar el 11 de junio de 1982, y Calvo-Sotelo, con su ironía habitual, le contestó que «eso viene siendo ya el Gobierno que presido: un Gobierno de gestión sin apoyo de un partido real»[586].

Otra peripecia de la precampaña electoral fue el acuerdo entre UCD y el recién creado Partido Demócrata Liberal (PDL) de Antonio Garrigues Walker; firmado el 9 de septiembre, duró exactamente diez días, renunciando los liberales a presentarse a las elecciones generales por presiones —según Manuel Fraga— de Rodolfo Martín Villa.

El 2 de octubre de 1982, los servicios del CESID descubrieron la trama de un nuevo golpe militar, y se detuvo a tres jefes militares que planeaban bombardear el palacio de la Zarzuela, el de la Moncloa y la sede de la JUJEM. La acción estaba prevista para el 27 de octubre, justo la víspera de las elecciones, y su descubrimiento fue interpretado por los socialistas y por Manuel Fraga como un recurso final al voto del miedo, con efectos ciertamente contraproducentes. El 6 de octubre comenzó la campaña electoral, que tuvo la nota anecdótica de que el procesado Antonio Tejero Molina encabezara la lista de un fantasmal partido, Solidaridad Nacional, después de que la Audiencia Nacional admitiera su derecho a ser candidato, pese a encontrarse en prisión.

El candidato número 1 de UCD por Madrid fue Landelino Lavilla, ocupando el puesto inmediato el todavía presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, que no llegó a aceptar un debate televisivo con Felipe González, y que tuvo que sufrir un último bochorno político de la UCD al producirse graves inundaciones en Valencia por la rotura de la presa de Tous, obligando a evacuar a miles de personas de Alcira y poblaciones limítrofes. La autopista del Mediterráneo se convirtió en un dique infranqueable para las aguas, que, en lugar de llegar al mar, volvieron hacia atrás, embalsando toda la comarca. UCD asumía un último coste: el de las desgracias naturales. Los Reyes visitaron las zonas afectadas y Leopoldo Calvo-Sotelo hizo dos visitas para tratar de empujar la colaboración y las ayudas gubernamentales que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros celebrado el 23 de octubre de 1982.

El CDS de Adolfo Suárez se había inscrito en el Registro el 31 de julio de 1982 y apenas tuvo tiempo de organizar una campaña capaz de superar todos los contratiempos. Nueve hombres constituyeron el embrión original del partido: Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega, Jesús Viana, José Ramón Caso, León Buil, José Antonio Escudero, Gerardo Harguindey y Joaquín Abril. El 4 de agosto, un numeroso grupo de corresponsales extranjeros se reunieron a comer en el Hotel Ritz con Adolfo Suárez, que, por primera vez desde su dimisión, habló con ilusión del futuro y con sinceridad del pasado. Entre otras razones, Suárez justificó su vuelta a la política activa porque «la democracia aún no está consolidada en España», argumentando que «ha habido una etapa en la vida española en la que todo valía con tal de echar a Suárez. Era el deporte nacional». Respecto a la previsible victoria de los socialistas, Suárez reconoció: «la situación española aconseja un Gobierno fuerte, con una gran presencia parlamentaria. Si gana el partido socialista, desde luego encontrará en nosotros colaboración...», añadiendo que «es intolerable el planteamiento de que hay que impedir por cualquier procedimiento un triunfo socialista. Para nosotros, no es un objetivo esencial impedir que triunfen los socialistas, sino el de consolidar la democracia, modernizar la economía española y que en España la libertad no sea patrimonio de unos cuantos». Suárez también justificó sus reticencias respecto a la Alianza Atlántica, explicando que «yo no tenía razones de fondo contra el ingreso de España en la OTAN; era partidario del ingreso en la Alianza Atlántica; pero no en este momento. En una entrevista que tuve con Gromyko me planteó los inconvenientes que tendría para España el ingreso en la OTAN y obviamente me dio su palabra de que no había ningún SS-20 apuntando a la península Ibérica. Naturalmente, yo creía que la seguridad de España no dependía de la palabra del señor Gromyko...». Sobre su vuelta a la política, Suárez admitió: «No sé si mi vuelta al protagonismo político comporta algún peligro. Lo que digo es que no estoy dispuesto a vivir en un país en el que tenga que limitar mi libertad personal por pretendidas amenazas. No lo acepto. Precisamente yo he contribuido a la libertad en España de manera decisiva», reconociendo que «Ahora somos conscientes de que nacemos como partido en condiciones muy precarias y con demasiadas enemistades. Vamos a tropezar con enormes dificultades para hacer viable nuestro proyecto a corto plazo. No nos deprimiremos si tenemos un solo diputado. Para iniciar la marcha contamos con cien millones de pesetas y un spray espléndido que me regalaron los periodistas españoles el otro día», y que «hace mucho tiempo que tengo la sensación de estar en la oposición. Me ilusiona hacer un partido desde fuera del poder. Estamos iniciando, lo sé, una travesía del desierto».

El eslogan de la campaña del CDS fue «Como debe ser», y no fue entendido por el electorado, como tampoco lo fue su mensaje, que quedó diluido entre el que prometía el cambio socialista y el que garantizaba Fraga a los desencantados de UCD. El electorado tampoco entendió que Suárez y UCD no fueran juntos, y en la confusión votó por la nueva esperanza de la izquierda moderada y por la vuelta a una derecha más tradicional. El lamento por la bipolarización del electorado y por la sangría de los votos de UCD hacia sus límites durará catorce años. La pelea por el electorado de UCD entre el PSOE y AP, con la complicidad de los democristianos de UCD, les dio el triunfo a los socialistas. Antes de convocar las elecciones, Calvo-Sotelo tomó una penúltima decisión de trascendencia política: pedir al cardenal Tarancón que hiciera una gestión en el Vaticano para que se aplazara la visita del papa Juan Pablo II y no coincidiera con la campaña electoral. Algunos suspicaces habían creído que la visita del Pontífice podría beneficiar al Gobierno y a la UCD... El Papa vendría a primeros de noviembre, celebradas ya las elecciones.

El 28 de octubre, los ciudadanos españoles dieron la victoria electoral al PSOE, que, cumpliendo los pronósticos y las encuestas, obtuvo la mayoría absoluta: 202 diputados y más de diez millones de votos, equivalentes al 48,4 por 100 de los votos. UCD sufrió la humillación de pasar de 167 diputados en 1979 a solo 12, con el añadido de que el número 2 de Madrid, Leopoldo Calvo-Sotelo, no obtuvo su acta de diputado. AP recogió solo parte de la herencia electoral de UCD y sumó 106 diputados —61 menos que UCD en 1979— y 57 senadores. La derecha y el centro habían perdido el poder, pero Manuel Fraga se declararía encantado del resultado, afirmando que «Coalición Popular se convertía en una seria alternativa de oposición» y que «Era consciente de no ser un hombre cómodo para la izquierda, que prefería a la derecha acomplejada de UCD; ni para ciertos sectores de la derecha, que me consideraban demasiado independiente; ni para los nacionalismos, a quienes contaba mi insobornable y sin fisuras defensa de la unidad patria, etc.» [587].

El CDS obtuvo solo dos diputados: Adolfo Suárez, por Madrid, y Agustín Rodríguez Sahagún, por Ávila. El propio Suárez había vaticinado que solo obtendrían tres. Al no conseguir el número de votos ni de diputados suficientes para constituir grupo parlamentario propio, Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sahagún se integraron en el Grupo Mixto.

Tampoco el PCE se salvó del desastre, y una semana después de las elecciones, el 6 de noviembre, Santiago Carrillo presentó su dimisión, sumiendo al histórico partido en la batalla entre burócratas, estalinistas y eurocomunistas. Para sucederle propondría a Gerardo Iglesias.

El panorama político español de finales de 1982 vislumbra una larga estabilidad parlamentaria, un fuerte Gobierno de centro-izquierda y una voluntad de aprovechar el tiempo en el poder para realizar importantes transformaciones en la sociedad española. Ventajas e inconvenientes de las mayorías absolutas. El PSOE vio con tranquilidad su panorama a izquierda y derecha, cuyos respectivos techos se mantendrían durante muchos años y que solo se alterarían por los errores del Gobierno socialista y por el hartazgo popular de lo que los medios de comunicación bautizaron como el «felipismo»: corrupción, prepotencia, escándalos financieros, abuso de poder de altos cargos y el GAL.

Solo el CDS podía jugar la baza de convertirse a medio plazo en una bisagra, y los votos posibles estaban en la izquierda del PSOE. Hacia ese electorado dirigió Adolfo Suárez su mensaje, desbordando al propio PSOE por su frontera con el PCE.

Resurgiendo de su propio fracaso, Adolfo Suárez, pese a su larga experiencia política, empezaba otra vez desde abajo, con muchos enemigos, visto como un político populista con guiños radicales de difícil definición. Suárez calculó bien que su estrategia tenía que pasar por marcar su distancia de la derecha y presentarse como su víctima, al mismo tiempo que ocupar el poco espacio que a su izquierda cediera Felipe González, en su obligada política de responsabilidad gubernamental.

El 1 de diciembre, Felipe González era investido presidente del Gobierno, después de una transmisión de poderes modélica del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que brindaba así un último gran favor a la democracia española, mostrando el estilo que debe presidir la alternancia. Felipe González obtuvo 207 votos a favor, incluido el de Adolfo Suárez. «Cuando Suárez tomó la palabra aquel día —cuenta su biógrafo Abel Hernández—, por primera vez desde la oposición, no despertó demasiado interés. Cuando anunció su apoyo a la investidura de Felipe González, su encarnizado adversario que tanto había contribuido a su caída, el gesto fue acogido en la tribuna de prensa con indiferencia y desprecio. Era, sin embargo, un gesto ético, consecuente con una forma de entender la lucha política muy distinta de los demás. Quería demostrar que había otra manera de hacer oposición. Entre la confrontación y la concordia, prefería la concordia» [588].

Agustín Rodríguez Sahagún justificó su apoyo y el de Adolfo Suárez a la investidura de Felipe González «aunque no fuera necesaria, pero sí era un símbolo. Y nuestra decepción —añade— [...] es que [Felipe] no lleve adelante ese proceso de cambio» [589].

Durante meses, nada o muy poco se supo del CDS ni de Adolfo Suárez. Felipe González, Alfonso Guerra y Miguel Boyer se dedicaron a gobernar, con confort parlamentario y con mayor moderación inicial de la prevista por los agoreros, hasta que el 23 de febrero de 1983 decidieron expropiar el holding Rumasa, cuyo propietario, José María Ruiz-Mateos, llevaba meses haciendo nulo caso de los informes de la inspección del Banco de España, que habían detectado una prohibitiva y peligrosa concentración de riesgos del grupo en sus bancos. Ruiz-Mateos había inventado el artificio financiero de cubrir sus problemas con la compra de bancos, cuyos depósitos utilizaba a su antojo para sanear a otro banco o al propio holding. Uno de los consejeros de Ruiz-Mateos era Alejandro Rebollo, ex presidente de Renfe y hombre muy próximo a Adolfo Suárez y al CDS, y por ello Felipe González quiso conocer la opinión del ex presidente, quien le aconsejó que buscara una salida negociada a la situación de Ruiz-Mateos. González, y sobre todo Boyer, no aceptaron esta sugerencia, entre otras cosas porque detrás del holding había todo un entramado fraudulento con ramificaciones en el exterior.

Sin medios y sin mensaje, el CDS pasó la prueba de las elecciones municipales de 1983 con resignación. Obtuvo 333.000 votos en toda España —el 1,8 por 100 de los votos—, equivalentes a 658 concejales y 172 alcaldes. Rosa Posada fue la candidata del partido a la Alcaldía de Madrid, obteniendo poco más de 66.000 votos. Era una excelente base para empezar a hacer política desde abajo y asumir responsabilidades de gobierno en algunos ayuntamientos y varias comunidades autónomas, como las de Canarias, Castilla y León y Aragón. El triunfo del PSOE fue aplastante —solo perdió un 4 por 100 de votos respecto a las generales— y se reforzó con el mantenimiento de su alianza municipal con el PCE. La derecha, reagrupada en la coalición formada por AP, el PDP de Óscar Alzaga y la Unión Liberal de Pedro Schwartz, consolidó su opción de oposición, después de que a primeros de enero Fraga hubiera ofrecido a José Antonio Segurado la candidatura a la Alcaldía de Madrid, que el dirigente empresarial rechazó; finalmente, el rival de Enrique Tierno Galván fue el joven secretario general de AP, Jorge Verstrynge. Antonio Garrigues Walker, como punta de lanza y test de la ya embrionaria «Operación Roca», se presentó a la Alcaldía de la capital de España, y obtuvo solo 44.000 votos, no saliendo elegido ni concejal.

Los electores no tuvieron en cuenta las rectificaciones del Gobierno en distintas cuestiones políticas, por comprender que muchas eran solo promesas electorales. Fue el caso del referéndum de la OTAN, aplazado por el Gobierno «mientras dure la tensión Este-Oeste», y el de la Guardia Civil, sobre la que pesó la amenaza de su disolución y cuya permanencia se encargó de asegurar el nuevo ministro del Interior, José Barrionuevo. Tampoco afectó al electorado el escándalo de la supresión de un programa de La Clave, dedicado a los ayuntamientos de izquierda y al que estaba invitado Alonso Puerta, el concejal madrileño que había denunciado la corrupción de algunos socialistas en el Ayuntamiento. El director del programa y nuevo director de informativos, José Luis Balbín, «desapareció» por unos días, por instrucciones del director del RTVE, José María Calviño. También en 1983 se produjo el escándalo de las escuchas ilegales de la policía, desmontadas —teóricamente— el 10 de julio de ese año.

El Gobierno había afrontado con rigor la reconversión industrial, la política económica, y dotado de una mayor agresividad a la política internacional, implantado un régimen de incompatibilidades y de nuevos horarios en los centros oficiales y ofrecido a los ciudadanos la sensación de que ejercía el poder con firmeza y autoridad, pese a que el terrorismo etarra pronto empezó a retarle con su ininterrumpida ola de asesinatos y secuestros. La visita del presidente del Gobierno a la División Acorazada, celebrada muy a principios de su mandato, sirvió para acreditar que el PSOE y el Gobierno iban a conseguir atenuar poco a poco la desazón y el malestar militar. En una palabra, los españoles se sintieron gobernados, y esa sensación —confortable y traicionera, a la vez— perdurará durante muchos años, sin que la falta de apoyo electoral se haga evidente hasta más tarde. Sus aciertos y la imposibilidad material de que Fraga asumiera el pasado constructivo de UCD y recogiera votos del centro político en el que se había situado el Gobierno prolongarían la permanencia del PSOE en el poder hasta 1996.

En el terrero sociocultural, la despenalización del aborto y las medidas de potenciación de la enseñanza pública enfrentaron pronto al Gobierno con los sectores más tradicionales de la sociedad española, que tampoco eran felices durante la etapa de UCD, y de ahí vinieron sus maniobras para escorarle hacia la derecha. Los ayuntamientos socialistas establecieron un nuevo clima de tolerancia de costumbres que alentará la «movida» cultural en música, cine y espectáculos, neutralizando por inercia cualquier base electoral juvenil. En cuanto a las relaciones con los dos nacionalismos históricos, la secuela de la LOAPA seguirá hipotecando el entendimiento del Gobierno con CiU y PNV, hasta que en el mes de agosto de 1983 el Tribunal Constitucional declare la nulidad de catorce de sus artículos. Pese a ello, vascos y catalanes no amainarán su distancia respecto al nuevo poder central, intencionadamente, por cuanto en 1984 estaban previstas elecciones en sus dos comunidades, y en el caso de Jordi Pujol porque sobre su cabeza pesaba la amenaza del problema de Banca Catalana, cuyo «agujero», próximo a los 130.000 millones de pesetas, había sido asumido por el Banco de España el martes 3 de noviembre de 1982, solo una semana después de la celebración de las elecciones generales. Mientras, con su característica habilidad y visión política, Jordi Pujol tratará de simultanear su apoyo a la operación reformista de Miquel Roca con una mejor posición para establecer acuerdos con «Madrid». De hecho, el 10 de octubre, consiguió desbloquear la financiación de la Generalitat. La presentación pública de la «Operación Roca» tuvo lugar el 11 de mayo de 1983, tres días después de las elecciones municipales y autonómicas. Faltaban tres años para los comicios generales de 1986, y en ese tiempo todos los que pretendían reconstruir la idea de centro y recuperar esa posición clave en el escenario político lucharon denodadamente para tratar de unir a Miquel Roca y a Adolfo Suárez, con el apéndice de Antonio Garrigues. En este sentido, el miércoles 14 de septiembre de 1983, Miquel Roca se reunió a comer con Manuel Fraga, que hizo esta anotación en el diario: «[Roca] presenta su operación como complementaria; no pactarán con los socialistas, que intentan frenar la autonomía en Cataluña, pero tienen que ir por separado» [590]. Ese mismo día, el Gobierno destituyó al general Alfonso Soteras, capitán general de la VII Región Militar, por el contenido de sus declaraciones a la revista Interviú, justificando la intentona militar del 23 de febrero; Felipe González se vio obligado a manifestar que «la situación es tranquila en los cuarteles», concluyendo aquí y en este asunto el recelo mutuo entre los militares y los socialistas, que primarán su lealtad con la promesa de ir excarcelando poco a poco a todos los implicados en el 23-F que prometan acatar la Constitución y manifestar su arrepentimiento. Ya en esta línea se manifestó el ministro Barrionuevo cuando el 17 de septiembre de 1983 declaró que «no puedo comparar a los terroristas con los condenados del 23-F, pero la política será de reinserción para los primeros, no para los segundos». El tiempo dejará en suspenso la segunda afirmación.

El País Vasco vivirá en el otoño de 1983 uno de los momentos más dramáticos de su trágica historia reciente, al secuestrar ETA durante catorce días al capitán de Farmacia Alberto Martín, cuyo cuerpo apareció finalmente con un tiro en la nuca. El mismo día del hallazgo del cadáver, miércoles 19 de octubre, se supo que cuatro policías españoles habían sido detenidos en Francia tras un incidente —así lo tituló El País en portada— con el etarra José María Larretxea, al que intentaban secuestrar. El Gobierno rechazó que se tratara de una operación de guerra sucia. El 24 de octubre, Felipe González se entrevistó con Manuel Fraga y, según la anotación de este: «teme una escalada terrorista; dice que la “ley no deja actuar eficazmente al Gobierno”; le recuerdo que dispone de amplia mayoría para reformar la ley y de una leal oposición, que le apoyará en asuntos de Estado» [591]. También Felipe González dirá en estos días de octubre en Atenas que relaciona la permanencia de España en la OTAN con su ingreso en la CEE, y afirmó que, de no lograrse esta, cambiaremos de política exterior [592]. Con acierto, el presidente del Gobierno empezó a utilizar la «herencia» que el presidente Calvo-Sotelo le había dejado para amenazar a los aliados europeos y norteamericanos con las consecuencias que para la política exterior común se derivarían si España no ingresaba en la CEE. Esta declaración sería seguida por la retirada de la delegación del PSOE del congreso de sus compañeros franceses, en protesta por su hostilidad al ingreso de España en el Mercado Común. La acción socialista en política exterior se complementó con la cena que el Rey mantuvo en París con el presidente de la República Francesa, François Mitterrand.

El 8 de noviembre, el Gobierno vasco reclamó el mando de las fuerzas de seguridad del País Vasco, después de que en el Congreso de los Diputados se hubiera celebrado un debate sobre terrorismo en el que Felipe González afirmó que frente al terrorismo «no cabían medidas políticas», y de que el general José Sáenz de Santamaría fuera nombrado nuevo director general de la Guardia Civil. En este contexto, en el que la política exterior ayuda y contribuye a resolver problemas de orden interno, el 5 de noviembre —el impacto presente de la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la expropiación de Rumasa—, un español residente en Hendaya, de nombre Segundo Marey, fue secuestrado por un autodenominado Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), de triste ejecutoria y que trasladará al País Vasco francés un nuevo escenario de atentados y actividad terrorista. Fraga en su diario solo hace esta cita del acontecimiento: «empieza a tenerse noticia de los misteriosos GAL». El 28 de diciembre, el etarra Miguel Antonio Goikoetxea, Txapela, resultó herido de gravedad en un atentado sufrido en San Juan de Luz y reivindicado por los GAL. El secuestro y la posterior liberación de Segundo Marey —al descubrirse por los secuestradores que no se trataba de la persona buscada— ya no era un hecho aislado, sino fruto de una base organizativa y de una estrategia política que —necesariamente— tenía que contar con la neutralidad, cuando menos, de los mandos policiales de Francia. Por ello, fieles a su fino olfato político, el viernes 30 de diciembre los obispos del País Vasco condenaron la «guerra sucia» y la tortura en la lucha antiterrorista. A principios de 1984, Javier Pradera escribiría: «Los crímenes de los GAL no recibieron la rotunda e inequívoca condena deseable ni pusieron en marcha las oportunas investigaciones policiales» [593].

En 1984, las primeras impresiones de la policía española eran que los GAL estaban formados por criminales pagados por empresarios vascos, lo que fue desmentido por las organizaciones empresariales del País Vasco. Alentados por la cobertura moral de ciertas instituciones vascas, el 8 de enero, cuatro mil personas se manifestaron en Bilbao contra la guerra sucia, y el 29 de enero, los pistoleros de ETA utilizaron la misteriosa cobertura del comando Madrid para asesinar al teniente general Quintana Lacaci, que durante la noche del 23-F tuvo un comportamiento intachable y de firme defensa de los principios constitucionales. Apenas un mes después, el senador socialista Enrique Casas caía asesinado en San Sebastián. Entre ambos crímenes, los GAL ejercían su propia justicia, liquidando el miércoles 8 de febrero a dos etarras, y dos días después de la muerte del senador Casas, al etarra Eugenio Gutiérrez, motivando que de nuevo los obispos vascos lanzaran un llamamiento a la condena del terrorismo. Todo este escenario cruento y de violencia fue el preludio de las elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que el PNV obtuvo mayoría relativa, mientras que los socialistas aumentaron notablemente su electorado, garantizando así su decisiva presencia en las instituciones locales. HB mantuvo su considerable poder de atracción electoral, en torno al 14-15 por 100, y Coalición Popular descendió respecto a las elecciones de 1980, manteniendo un 10 por 100 de sostén electoral. El CDS no obtuvo representación suficiente, pese al hecho premonitorio en cuanto a la posterior reivindicación histórica de la figura de Adolfo Suárez de que la revista Euzkadi le galardonara como «benefactor del pueblo vasco».

El clima de terror se prolongaría —por ambos bandos— durante los meses de marzo y abril, destacando por la espectacularidad del operativo policial desplegado la muerte de cuatro etarras en el puerto de Pasajes, en una emboscada de los GEO. En ese clima, el 4 de abril, la policía francesa informó de que tenía fundadas sospechas de que las acciones de los GAL se planificaban en España, y el 13 del mismo mes, Carlos Garaikoetxea era elegido lehendakari vasco, gracias al apoyo de algunos independientes, evidenciando así su distanciamiento de Arzallus y del PNV.

Pero no todo era terrorismo en la España de 1984. Para que la derecha española intentara el asalto a la Moncloa en 1986 se planteaba de nuevo la dificultad de llegar a un acuerdo con el centro; en este sentido, Fraga revela en su diario que «los verdaderos problemas eran tres: el PDP, la “Operación Roca” y el CDS de Adolfo Suárez». En su opinión, radical como muchas de las suyas, «la operación Roca, como tal, fue una trampa mortal para la derecha democrática española», que «encontró apoyos increíbles para impedir que el socialismo perdiera su mayoría en 1986». Uno de los apoyos —aunque débil— vino de Antonio Garrigues Walker, cuyo partido —PDL— acordó disolverse para integrarse en la operación reformista.

En cuanto al CDS, la opinión de Fraga no era menos despectiva. «Mayor incógnita era por entonces Suárez y su CDS. Pero era evidente que constituía un factor de división, con una estrategia ambigua. Para simplificar, en Ávila se vendía como derecha, y en Madrid como izquierda, sin ser de verdad ni lo uno ni lo otro» [594]. En este estado de cosas, se celebraron en Cataluña elecciones autonómicas, en las que el líder nacionalista Jordi Pujol consiguió un gran éxito, obteniendo el 46,7 por 100 de los votos, mayoría absoluta. Este triunfo fue presentado en foros políticos extraños a Cataluña como resultado del coraje y la inteligencia política de Jordi Pujol y como una posible extrapolación de las posibilidades futuras de la «Operación Roca». El triunfo nacionalista frenó las opciones de Alianza Popular, que consiguió once escaños y el 7,8 por 100 de los votos, y del PSC (Partit dels Socialistas de Catalunya), que siguió como segunda fuerza política, con el 29 por 100 de los votos y 41 escaños.

Nada más conocerse los resultados, Pujol fue aclamado como el primer político capaz de derrotar a los poderosos socialistas y que no necesitaba apoyarse en otra formación para constituir Gobierno en la Generalitat, situación grave para Manuel Fraga, que con sagacidad se dio cuenta de que con esos resultados «no podía poner a negociar a Pujol y Roca para evitar los efectos de la operación reformista». Un eufórico Antonio Garrigues declaró la noche de las elecciones catalanas que «en España se había acabado el bipartidismo al fracasar AP como única alternativa al socialismo». De nuevo, y esta vez en Cataluña, la mayoría natural de Manuel Fraga era incapaz de superar los resultados que en 1980 obtuvo la desaparecida UCD. Prácticamente al día siguiente de las elecciones catalanas, Adolfo Suárez, que venía siendo incitado desde influyentes sectores profesionales y periodísticos a sumarse a la operación reformista, hizo unas declaraciones, rechazando sumarse a ella y mostrando serias dudas respecto al éxito de esta. Suárez argumentaba que el resultado obtenido por Jordi Pujol era el propio de su gestión política al frente de la Generalitat, y no correspondía a Miquel Roca, y que por lo tanto no podía proyectarse sobre el electorado de otras regiones de España. Tenía razón, y la batalla por el centro político la ganará él, desoyendo el consejo y la llamada a la colaboración de muchos amigos y ex compañeros de UCD.

«El Duque», como familiarmente le conoce toda la clase política, no quería bajo ningún concepto recibir presiones e injerencias en su larga batalla por retomar el poder, y conforme con su pequeña plataforma política y la acreditada lealtad de los suyos, no estaba dispuesto a hipotecar su proyecto por una alianza que aparecía pilotada por un hombre al que apreciaba y respetaba, Miquel Roca, pero al que acompañaban algunos viejos amigos de UCD de los que no guardaba tan buen recuerdo. Tampoco tenía especial debilidad por Antonio Garrigues y sus liberales. Y pese a que el 13 de mayo Jordi Pujol había manifestado su apoyo a la «Operación Roca», Suárez intuía que el veterano político nacionalista creía que la aventura de Roca podía concluir mal, y de ahí que la utilizara más como una forma de entretener a su posible sucesor y de negociación con otras fuerzas políticas. Por otro lado, la presentación de la querella contra Pujol —apenas un mes después de su victoria electoral— por sus pasadas responsabilidades en Banca Catalana acreditó hasta qué punto el Gobierno estaba dispuesto a presionarle políticamente y a judicializar la vida pública.

En el mes de junio de 1984, Adolfo Suárez sabe que tiene que aguantar para consolidar su opción política y que su mensaje político está en el terreno de los grandes conceptos —concordia, consenso, acuerdo, negociación, respeto a las minorías y primacía del poder civil sobre los poderes fácticos—. También se había percatado de que, pese a la firmeza con la que el PSOE estaba llevando la negociación con la CEE, apoyándose en su pertenencia a la OTAN, Felipe González tenía problemas personales en su partido y ante la sociedad para convencerles de que el prometido referéndum sobre la OTAN ya no sería planteado para salir de ella, sino para permanecer. Y un incidente político a más de diez mil kilómetros le va a brindar la oportunidad de revitalizar y actualizar su papel de político sensible a la reivindicación de los derechos humanos, aceptando la defensa del político Wilson Ferreira, detenido en Montevideo. Suárez reforzó así su imagen de luchador por las libertades y su prestigio en la comunidad política y popular iberoamericana, que vio siempre en él al modelo en el que inspirarse para hacer el tránsito de una dictadura a una democracia.

El lunes 20 de agosto, Adolfo Suárez era expulsado de Uruguay, siendo conducido al aeropuerto de Montevideo, con el consiguiente escándalo político y amplia repercusión en España. Antes de regresar, Adolfo Suárez fue recibido en Buenos Aires por el presidente Raúl Alfonsín, que le dispensó todo tipo de honores.

Este incidente aumentó el prestigio de Adolfo Suárez en España entre ciertos sectores intelectuales que empezaban a sentirse desencantados por la política internacional del PSOE y por el incumplimiento de muchas de sus promesas. Y Adolfo Suárez pasó a ser una referencia, una especie de «esperanza blanca» en la que depositar sus utopías e ilusiones políticas. Periodistas y comentaristas de la prensa madrileña y algunos políticos procedentes de sectores próximos al PSOE y al PCE se acercaron a Adolfo Suárez, en el que encontraron al político combativo, héroe solitario que tuvo el poder y que lo perdió por la incomprensión de los poderes fácticos. Este perfil queda perfectamente reflejado en estos párrafos del libro del escritor J. J. Armas Marcelo: «... Recuerdo a Adolfo Suárez llegando a mi casa del Reloj, en el pueblo madrileño de Las Rozas, en pleno verano del año 84... había llegado de la mano de mi amigo Fernando Castedo... Venía Suárez a cenar con algunos amigos a los que yo había convocado con anterioridad. Todos llegaron antes que el abulense, ninguno opuso resistencia a su propia curiosidad. Nadie quiso quedarse sin conocer de cerca a una leyenda demasiado viva y contradictoria para ser aceptada por todos. Pero allí, en la terraza de mi casa del Reloj, estaban todos los convocados, sin excepción. Recuerdo, por ejemplo, a Rafael Conte, que había conocido a Suárez en los tiempos en los que ambos llevaban el paso azul en el Colegio Mayor Santa María. Recuerdo a Jorge Edwards, al escritor chileno que había escrito Persona non grata para desatar las iras de los que querían seguir adorando el mito del tirano Fidel Castro. Recuerdo a José Hierro..., recuerdo el silencio observador de Daniel Sueiro..., y estaba también allí la seductora Marisa Torrente, hija de Gonzalo Torrente Ballester..., y allí, en sitial de honor, Juan Benet, todo un mito vivo..., y a su lado, la joven poetisa Blanca Andreu, enamorada inmediatamente de Suárez, entre la sonrisa irónica de Benet, marido de la escritora y sabio entre otras cosas en el cortejo sentimental y psicológico de las mujeres...» [595].

Y en ese escenario, entre nostálgico y utópico, Adolfo Suárez ofrecía lo mejor de sí mismo: su experiencia y su increíble persuasión aclaraba cualquier duda sobre lo acontecido en España durante la transición. Armas Marcelo brinda en pocas líneas algún ejemplo de sus argumentos sobre el problema de las autonomías, a preguntas de Juan Benet: «Recuerdo cómo Adolfo Suárez fue explicando, mecanismo a mecanismo, error a error, y pieza a pieza, a un Benet absorto y curioso ante la magia verbal de Suárez (al menos en esa noche la tuvo), las razones de alta política que hicieron necesario ese camino de las autonomías por donde al final se han colado las más excelsas mediocridades de la vida española en la actividad política contemporánea. Los demás comensales seguimos atentos las explicaciones de Suárez, que se extendió en razonamientos cuya argumentación resultaba en esos momentos irrefutable para todos nosotros. Clavero Arévalo no había sido más que un instrumento sintáctico de Suárez para cerrar el puzzle sorprendente de las autonomías y el mapa de la España política de las décadas posteriores. Suárez dijo que los socialistas mantuvieron la teoría contraria de las autonomías antes del año 80. Eran, recuérdese, federalistas y, por lo tanto, todo lo contrario de lo que fueron después: autonomistas. Dijo que el centralismo español era, como todos sabíamos, el responsable máximo de los desequilibrios constantes entre las regiones y las reivindicaciones históricas de los distintos territorios de España. Dijo que todo se había cerrado mal, que España era una gran cicatriz a la que había que intervenir con una cirugía de guantes de seda. Y dijo que la autonomía, en todo caso, era un artefacto que iba a funcionar algunos años, quizá más de los que pensábamos, pero que tal vez habría que “refundar” en el futuro a España como Estado federal. “Depende de las circunstancias y de cómo vayan funcionando las autonomías, no solo en la política, sino en la mentalidad de la gente”, dijo Suárez» [596].

Ya de madrugada, cuenta Armas Marcelo, Benet le dijo irónicamente a Suárez: «Adolfo, me da la impresión de que no solo has solventado problemas de la democracia española, sino que estás llamado a provocarle otros problemas futuros a esa misma democracia». Y Suárez respondió con seriedad y rigor, elogiando a Josep Tarradellas y su responsabilidad política, «fuera de toda duda en una personalidad fuerte y negociadora, flexible pero inconmovible como la de Tarradellas» [597].

Y continúa Armas Marcelo relatando que Suárez «Dio ciertos detalles de la intentona del 23 de febrero, pero sin entrar en honduras que pudieran comprometer la interpretación de la versión oficial. Habló de la valentía de Gutiérrez Mellado, que se había pasado años de la transición de cuartel en cuartel parando “coronelazos” repentinos, sublevaciones de salón y ruidos de sables, todos esos episodios soterrados de los que creemos estar completamente enterados y de los que nunca conoceremos su exacta dimensión, todas esas “hazañas” y griteríos en los que Gutiérrez Mellado se convirtió en un personaje de gran relevancia histórica, contradictorio en muchos momentos por estar precisamente al lado de Adolfo Suárez, que tuvo que embridar durante su presidencia a los peores fantasmas históricos del Ejército español que venía de Franco. Dijo, además, al socaire de la madrugada, que su dimisión la habían hecho necesaria las traiciones internas, las intrigas de algunos de los suyos en connivencia con los socialistas que Guerra manejaba para esas lides y, desde luego, las sucesivas intentonas militares que no acabarían hasta que él saliera de la presidencia y el PSOE, con la voluntad democrática de los españoles, diera a la democracia “una pasada por la izquierda”, el cambio —en fin— que tanto “se añoraba” en los meses siguientes a la intentona golpista de Milans y Tejero» [598].

En otoño de 1984, un grupo de personalidades de UCD y del entorno centrista crearon en Madrid el Club de Estudios Políticos Actuales —CEPA— con el decidido propósito de constituirse en un foro de debate político y de contribuir a la reconstrucción del centro político. Juan Antonio García Díez, Federico Mayor Zaragoza, Juan José Rosón, Luis González Seara y Carlos Bustelo, entre otros, que mantenían conversaciones con Miquel Roca y Antonio Garrigues Walker, hicieron todo lo posible para que Adolfo Suárez se sumara a la «Operación Roca». El centrismo dedicó todo 1985 a este frustrado proyecto, llegando Miquel Roca a ofrecer a Adolfo Suárez que fuera él quien encabezara la operación y quien fuera el candidato número uno por Madrid. Pero Adolfo Suárez había hablado con Jordi Pujol, advirtiéndole que la operación reformista no puede salir bien, porque el electorado no entenderá que un político catalán lidere la operación y se presente de número dos por Barcelona, sin militar siquiera en el Partido Reformista. Adolfo Suárez le dice también a Jordi Pujol que los socialistas van a «masacrar» a Roca en la televisión pública y que él sabe muy bien que las elecciones se ganan en la televisión. Jordi Pujol le comentó a Suárez que la mayoría de los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) desconfiaban del proyecto; unos, porque lo consideran una desviación ideológica de Convergencia, cuyo objetivo político debe circunscribirse a Cataluña; otros, porque creen que la operación es simplemente un juguete que él ha puesto en manos de Miquel Roca para que estuviera motivado de cara a las elecciones autonómicas. Son de esta opinión Ramón Trías Fargas, Josep Maria Culell y Josep Maria Ainaud de Lasarte. De hecho, cuando Pujol dio una pequeña luz verde a la operación, días después de las elecciones autonómicas de Cataluña, durante el Consejo Nacional de CDC, Trías Fargas le comentó a Macià Alavedra: «Este chico se estrellará» [599].

Suárez resistió el envite incluso después de comprobar el éxito popular que obtuvo el I Congreso del Partido Reformista, celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid, y en el que pareció haber surgido la opción capaz de acabar con la hegemonía del PSOE. Jordi Pujol se excusó, alegando su condición de presidente de la Generalitat y de secretario general de Convergencia. De hecho, no hizo sino actuar con prudencia y visión de futuro. Y Suárez no dejó de lamentar que en el fragor de su discurso de apertura del congreso Miquel Roca deslizara una frase en la que, para desmarcarse de los líderes carismáticos, exclamara: «No puedo prometer, ni prometo, ni ofrezco un cambio para empeorar».

En el debate sobre el Estado de la Nación, que se celebró el 24 de octubre de 1984, Adolfo Suárez intervino en su escaso turno de tiempo, como miembro del Grupo Mixto, y pidió a los socialistas y a los conservadores que hicieran un esfuerzo de generosidad política para que en los grandes temas de Estado no se adoptaran posiciones maximalistas que condujeran a situaciones sin salida. «El Gobierno —añadió— ha de conciliar, a mi juicio, la representación de la mayoría del pueblo, que es su título de legitimación democrática, con el respeto a las libertades y derechos de todos, que es un derecho fundamental y constitucional» [600].

Con su dicción grave y trascendente y en tono convincente, Suárez afirmó que «en una democracia joven como la nuestra, el Gobierno y la oposición debemos esforzarnos por generar hábitos y comportamientos democráticos que sean asumidos por la misma sociedad que queremos transformar y por el pueblo que nos ha elegido». De sus palabras se dedujo —una vez más— que su actitud política era tender una mano al Gobierno en el tema de la OTAN y a la vez insistir en lo negativo que era para el sistema la confrontación entre dos fuerzas antagónicas. Sobre el primer tema, alegó que «durante los cinco años de mi mandato entendí que la integración en la Alianza Atlántica no era conveniente por razones de política interior y exterior y porque no existía un amplio consenso nacional sobre la misma. Cuando en 1981 se produjo la integración, manifesté en el seno del partido al que pertenecía mi discrepancia personal por el procedimiento seguido y voté en esta Cámara por disciplina la propuesta del Gobierno. Creo —continuó Suárez—, señor presidente, que la situación en que se encuentra su Gobierno en este tema es distinta y peor de la que yo debía afrontar. Es mucho más difícil salirse de la Alianza Atlántica que decidir si se entra o no en ella» [601].

En ese momento —otoño de 1984— un sondeo confirmaba que todavía un 52 por 100 de los españoles era contrario a la OTAN; por ello, Felipe González mantendrá durante más de un año el pulso interior sobre el momento idóneo para convocar el referéndum, esperando convencer a los países europeos de que previamente debía producirse la entrada de España en la CEE y a sus compatriotas de la necesidad de seguir en la Alianza. Sus compañeros de partido ya habían aprobado en el XXX Congreso del PSOE la permanencia de España en la OTAN. Fue en diciembre de 1984. Durante 1985, y antes de que se celebren las elecciones gallegas, surge el «escándalo Flick», sobre si el PSOE había recibido financiación de los socialdemócratas alemanes, y el Gobierno se lanzó a intentar una negociación con ETA reuniéndose en Argel con Domingo Iturbe, Txomin. Pocos días después, sin que hubiera cesado la violencia previa a las conversaciones de Argel por parte de ETA y el GAL, cayó asesinado en Bilbao el teórico e histórico dirigente abertzale Santiago Brouard. El País tituló su edición del miércoles 21 de noviembre: «El asesinato de Santiago Brouard puede afectar al proceso negociador con ETA». Como telón de fondo de toda la crisis vasca, el 18 de diciembre, la Asamblea del PNV retiró la confianza al lehendakari Carlos Garaicoetxea y designó tres días después a José Antonio Ardanza, que inmediatamente inició conversaciones para llegar a un pacto de legislatura con los socialistas vascos.

En julio se produjo el anhelado ingreso de España en el Mercado Común, y pocas semanas después El País publicaba que ya solo un 46 por 100 de los españoles deseaba salir de la OTAN. También en este mes, Felipe González realizó su primera remodelación de Gobierno, prescindiendo de Fernando Morán como ministro de Asuntos Exteriores y de Miguel Boyer —que presentó su dimisión—, sustituidos por Francisco Fernández Ordóñez y Carlos Solchaga, respectivamente.

En el mes de noviembre de 1985 se celebraron las elecciones autonómicas en Galicia, con victoria de Coalición Popular, que sumó más de 500.000 votos, equivalentes al 41 por 100 del electorado, pero quedando a dos escaños de la mayoría absoluta. En segundo lugar quedó el PSOE, y Coalición Galega obtuvo un notable resultado —163.425 votos y el 13 por 100 del electorado—. Por contra, Adolfo Suárez cosechó una nueva derrota y una alarmante falta de capacidad de generar la confianza de los ciudadanos gallegos. Solo sumó 41.400 votos, equivalentes al 3,3 por 100 del electorado. Pero Adolfo Suárez observó los datos en comparación con los resultados de las generales de 1982 y vio que había sumado 7.000 votos más y que en relación a las municipales de 1983 su aumento significaba casi 28.000 votos más. En una de las primeras reuniones de su Comité Ejecutivo, Suárez les confió a sus leales que no hicieran caso del resultado en relación con las demás fuerzas políticas, sino en función de su progresión en los últimos tres años. No obstante, de cara a la proyección nacional de los resultados, Suárez había «perdido» —no consiguió un solo diputado—, mientras que su rival por el centro político, Miquel Roca, cosechaba un importante éxito —a través de sus socios de Coalición Galega—, que conseguía hasta once diputados y la clave de la gobernación de la Xunta de Galicia.

Pero el revés gallego no desalentó al líder del CDS y durante todo el año 1985 siguió recorriendo España para alentar a los militantes del partido, y al mismo tiempo prodigó sus declaraciones, recalcando el carácter progresista de su mensaje. Coincidió su estrategia con la ofensiva final de Felipe González sobre la conveniencia de que España no saliera de la Alianza Atlántica, empeño en el que el presidente del Gobierno asumió un alto coste político, perdiendo simpatizantes en su partido y en cierto sector del electorado. Suárez se mostró reiteradamente crítico con esta actitud del líder socialista y dándose cuenta de que Felipe González no encontraba total apoyo en su partido, de que los comunistas pensaban oponerse en la calle y en el Parlamento y de que Fraga —por influencia y consejo de Javier Rupérez— pensaba castigar al Gobierno con la recomendación de la abstención en el referéndum, decidió no secundar la resolución de su incómoda posición política y, en este sentido, Adolfo Suárez rechazó la ayuda que Felipe González le pidió y en el debate parlamentario que se celebró el 5 de marzo de 1986 fue muy claro, manifestando: «Es nuestra debilidad lo que hace especialmente difícil el pronunciamiento sobre la conveniencia de permanecer o no en la OTAN. Porque, más que ante una decisión positiva, nos encontramos ante un planteamiento negativo; más que aducir razones para permanecer en la OTAN, se subrayan los riesgos de salir de la Alianza. Todo esto sería distinto si se hubiera debatido y elaborado en esta Cámara un proyecto propio, a largo plazo [de política exterior y de defensa], fundado en la voluntad nacional, en el consenso de todas las fuerzas políticas... Ayer el señor presidente afirmaba que este proyecto de política exterior era imprescindible que fuera sustentado por la inmensa mayoría de los partidos presentes en esta Cámara. Y en este supuesto, nuestras debilidades podrían haberse transformado en potencialidades, y nuestra permanencia o no en la OTAN podría adquirir una dimensión totalmente diferente. No sería el punto final de un camino, sino un simple tramo del trayecto. En nuestra actual situación tengo serias dudas sobre las ventajas que nuestra permanencia en la OTAN puedan aportar a la paz y a la distensión en Europa y en el mundo».

Adolfo Suárez vio en el debate atlántico una forma de identificarse con posiciones progresistas, dejando una sombra de duda respecto al sentido de su voto y bien claro que concedía a los militantes del CDS libertad de voto. Él tampoco quería quedar excluido de la legítima instrumentación del previsible «no» del electorado español. Cuando, el 12 de marzo de 1986, Felipe González venció —porque fue él quien lo ganó— en el referéndum, poniendo a prueba su liderazgo político, aun a costa de incrementar el número de sus incumplimientos electorales, Adolfo Suárez le llamó a la Moncloa para felicitarle, pero el presidente del Gobierno no atendió su llamada. Felipe podía entender la cerrazón de los conservadores para no apoyar la permanencia en la OTAN; podía justificar la radical oposición de los comunistas, en plena crisis. Pero no digirió que en su gran rival de antaño no prevaleciera el sentido de Estado sobre el oportunismo electoral. A Adolfo Suárez le había pasado lo mismo durante muchos momentos de la transición. Este enfriamiento con el poder dio a Adolfo Suárez suficiente aliento para, cuando el presidente del Gobierno convocó las elecciones, desarrollar una activa campaña, inspirada en unos perfiles más nítidos del centro progresista.

Frente a la limitación propia de la opción conservadora, envuelta en problemas internos con los liberales y con los siempre insatisfechos miembros del PDP, y preocupada por lo que creía amenaza electoral de la opción reformista, el CDS de Adolfo Suárez se presentó a las elecciones de 1986 con una imagen más centrada y sólida, y avalada por un trabajo serio y bien planificado en los cuatro últimos años. Por eso, Adolfo Suárez rechazó una y otra vez todos los desesperados requerimientos de Juan Antonio García Díez para que soldara con Miquel Roca y con Antonio Garrigues una alianza electoral, y prefirió concurrir a los comicios con un mensaje victimista, presumiendo de sus escasos medios financieros y del exiguo respaldo financiero de la gran Banca, a la que en tono irónico bautizó como «la madrastra». Insistió en mensajes progresistas, algunos por inspiración de su jefe de campaña, el periodista Pablo Sebastián, proponiendo un servicio militar de tres meses —lo que causó el hazmerreír de muchos y la preocupación de otros tantos—, y recibió apenas apoyo de los medios de comunicación, al estar unos interesados en consolidar el bipartidismo y otros en que se rompiera en beneficio de la operación reformista. Miquel Roca hizo una buena campaña, «beneficiándose» de la tremenda maniobra de la Fiscalía del Estado contra el honorable Jordi Pujol, al que acusaron por su antigua vinculación con Banca Catalana, pero sin lograr despejar las incógnitas sobre la ambigüedad de su no militancia en el PRD y su candidatura por Barcelona, y sobre todo por no conseguir superar la incomprensión que producía ver que el eco televisivo de todas sus apariciones públicas en Cataluña se producía en catalán. Desde la Moncloa, y desde Prado del Rey, se jugó sucio, y solo la independencia y tremendismo de Mercedes Milà permitió que Adolfo Suárez, en una aparición estrella, luciera su cálida convicción y esgrimiera su nueva imagen —mezcla de experiencia y candor—, restando votos al PSOE y convenciendo a muchos jóvenes votantes.

El resultado de las elecciones confirmó la mayoría absoluta del PSOE, aunque perdió dieciocho escaños y más de 1.200.000 votos. Fraga no recogió uno solo de los electores del centro político desengañados de los socialistas y perdió dos escaños sobre su nivel de 1982. Por su parte, Miquel Roca, confirmando el augurio de Adolfo Suárez, no conseguía un solo diputado, quedándose fuera del Parlamento y llevando la decepción a sus filas, que veían cómo quien les había «embarcado» en la operación reformista obtenía su acta de diputado por Barcelona y seguía en la política activa como portavoz de Minoría Catalana. Los comunistas caían hasta su nivel más bajo desde 1977 —siete escaños y el 4,6 por 100 de los votos—, y solo Adolfo Suárez resultaba realmente triunfador de estas elecciones, pasando de dos escaños a diecinueve y alcanzando el 9,22 por 100 de los votos —casi dos millones de votantes—. Las consecuencias de estas elecciones fueron muchas y graves; la primera, para Manuel Fraga, al que todos condenaron en su limitación, y los primeros en abandonarle fueron los que también en su día traicionaron a Adolfo Suárez: en el verano de 1986, el PDP de Óscar Alzaga se escindía. En el otoño, el liderazgo del jefe conservador estaba totalmente en cuestión, abriéndose su sucesión, culminada a finales de noviembre con su dimisión, anunciada —entre lágrimas— por él mismo desde el balcón de la sede central de la calle Génova.

Mientras, en las filas del CDS todo eran parabienes y prometedores augurios, y a su calor se acercaron políticos provenientes del PCE, como Ramón Tamames; del PSOE, como Carlos Revilla, o del antiguo PSP, como Raúl Morodo. Esta pasada por la izquierda iba a ser la tónica de su estrategia futura, evidenciada ya en el debate de investidura de Felipe González —donde el CDS no votó al candidato a presidente— y plasmada en su actitud personal y política. Por fin, Adolfo Suárez acariciaba la realidad de su proyecto. Por fin, el CDS empezaba a ser tenido en cuenta a la hora de debatir las leyes y de consensuar proyectos de ley. Por fin, el CDS iba a poder ir minando —poco a poco— el hegemónico poder de los socialistas, y recuperando uno a uno todos los votos prestados en 1982. En el debate de investidura le dijo a Felipe González: «Hace cuatro años votamos a favor de su investidura, señor González, pero nuestra confianza se ha visto defraudada... España necesita una política distinta y unos modos de gobernar también diferentes». Después de anunciar su voto contrario, Suárez dijo que, pese a ello, «nunca le faltará al presidente ni al Gobierno nuestro apoyo para afrontar y resolver los problemas que a todos nos afectan, para fortalecer la democracia y para aumentar la libertad, la justicia y la igualdad». Poco podía imaginar Felipe González que en 1995 y 1996 estas palabras de Adolfo Suárez se harían constante y cotidiana realidad, solo que exigidas a título individual, cuando la amenaza y el chantaje se apoderaron del empobrecido y apestoso ambiente de la política española, como consecuencia de la conjunción de la investigación retroactiva sobre las «actividades» de los Gal y del «caso Banesto».

Durante el debate, Suárez denunció el mantenimiento del tratado bilateral con Estados Unidos, al que opinaba no tenía sentido seguir vinculado, una vez reafirmada la integración de España en la OTAN. Suárez consiguió encrespar a Felipe González, y durante algún tiempo la relación entre ambos se enfrió, sin llegar a perder la sintonía y su histórica rivalidad.

Para que el CDS se consolidara como partido bisagra, que hoy pacta con la derecha y mañana con el PSOE, necesitaba reforzar sus posiciones en los ayuntamientos y comunidades autónomas; y así ocurrió. El 10 de junio de 1987, el CDS superó por primera vez —y última— la barrera del 10 por 100 de los votos, convirtiéndose en la clave de muchísimos municipios, y entre ellos en el de Madrid, donde Agustín Rodríguez Sahagún había sido elegido concejal.

Coincidió este esplendor electoral y político del CDS con la efímera presidencia de Alianza Popular del joven Antonio Hernández Mancha, que, liberado de la vergonzante actitud del anterior secretario general del partido, Jorge Verstrynge, llegó a presentar una moción de censura al PSOE y también a entablar formales negociaciones con Adolfo Suárez para llegar a acuerdos puntuales en algunos ayuntamientos. En una recepción oficial celebrada en el palacio de El Pardo, el entonces presidente de Banesto, Mario Conde, compañero de Hernández Mancha como abogado del Estado y admirador de Adolfo Suárez —admiración, por otra parte, recíproca—, propuso al presidente del CDS la Alcaldía de Madrid. Pero no sería hasta la primavera de 1989 cuando el ya bautizado Partido Popular y el CDS llegarían a un acuerdo para presentar alguna moción de censura conjunta, que daría a este algunas alcaldías significativas y entre ellas la emblemática de Madrid.

El CDS obtuvo, simultáneamente, en las elecciones europeas de 1987, un notable éxito, resultando elegidos siete eurodiputados del prestigio político de Raúl Morodo, Eduardo Punset, Carmen Díez de Rivera, José Coderch, Federico Mayor Zaragoza y Rafael Calvo Ortega.

Con toda su potencia de fuego en liza, el CDS parecía destinado a asumir grandes empresas, y con ese fin, Adolfo Suárez, muy bien arropado por hombres y mujeres con experiencia y criterios políticos, cuidó la integridad y la rectitud de su estrategia progresista, evitando múltiples peticiones de adhesión que llegaban a los locales del CDS. De todo el complejo organizativo se ocupaba José Ramón Caso, al frente de un valioso equipo de colaboradores, que ya había asumido responsabilidades en la secretaría general de UCD, como Laura Morso, Alfonso Íñiguez, José Luis González Quirós y Nieves González.

A finales de 1987, el CDS debía, en palabras de Adolfo Suárez, plantearse: «Debemos, ahora, iniciar otra [etapa], sin duda más complicada, y por lo tanto de más riesgo, pero también de mayor potencialidad. Son muchos los ciudadanos que nos perciben como la alternativa política al Gobierno socialista». Y concluía con este mensaje a sus militantes: «No hemos nacido a la vida pública con vocación de bisagra, sino de opción de Gobierno».

Como consecuencia de un buen trabajo político y de sus excelentes contactos internacionales, el CDS consiguió el 15 de septiembre de 1988 incorporarse a la Internacional Liberal, a la que por influencia de Raúl Morodo y de Federico Mayor Zaragoza —anterior embajador ante la UNESCO y director general de la misma organización, respectivamente— se le añadió el adjetivo «... y progresista», sello de gloria para un partido y un político español que tanto habían luchado por su identificación con este frecuente recurso dialéctico de orden coloquial en la España posterior a la muerte de Franco.

Este ascenso y consolidación del CDS fue paralelo —entre ambos períodos electorales— a la aparición de la emergente figura de banqueros provistos de sólidos fundamentos para convertirse en influyentes personajes de la vida política, y la consolidación de un escenario político-financiero de tremendas ambiciones y preludio de un caso tras otro de corrupción y escándalo, que selló para siempre su identidad con lo que los aviesos revisteros bautizaron como el felipismo. El encono y la incompatibilidad entre Felipe González y Nicolás Redondo condujeron al enrarecimiento del clima social y a la convocatoria de huelga general del 14 de diciembre de 1988. Acuciado por mil problemas y esbozada la crisis con su vicepresidente, Felipe González llegó a pensar en dimitir y en ceder el paso a Narcís Serra.

A principios de 1989, con un PSOE envuelto en lo que solo era la punta del iceberg de la corrupción y con una notable contestación política y sindical, todo hacía presagiar que el CDS se iba a beneficiar electoralmente. Pero, en enero, la recomposición dentro del Partido Popular —con la salida de Hernández Mancha— y el regreso de Fraga y Miguel Herrero soldó una secreta alianza entre socialistas y conservadores, que yugulaban de alguna manera la amenaza de Suárez. Aun así, en estos primeros meses de 1989 es cuando se cierra el acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid contra el alcalde socialista Juan Barranco, resultando elegido Agustín Rodríguez Sahagún. Esta iniciativa fue el desencadenante de una fractura interna en el CDS que evidenció la existencia de dos concepciones de la idea de bisagra. Muchos militantes y altos cargos del partido no asimilaron bien esta alianza, y menos las críticas del PSOE por haber pactado con la derecha.

En estas circunstancias, Felipe González convocaba elecciones para paliar cuanto antes su pérdida de gancho electoral, y en el otoño de 1989 el PSOE renovaba por tercera vez consecutiva su mayoría electoral —quedándose a solo un escaño de la absoluta—, obteniendo 175 escaños y el 39,6 por 100 de los votos. El PP recuperaba los dos diputados perdidos en 1986 y volvía a sumar 107 —el 25,8 por 100 de los votos—, pero el CDS caía de diecinueve a catorce escaños y registraba una pérdida electoral de casi punto y medio. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué el ascenso se había visto interrumpido? La respuesta es tan sencilla como inexplicable: la calculada estrategia de Adolfo Suárez y de su bien agrupado conjunto de cabezas progresistas saltó por los aires cuando, simultáneamente, pactó con la derecha en muchas comunidades y surgió como figura emergente el comunista Julio Anguita, en cuyo verbo fácil y didáctico repararon muchos de los votantes que en 1986 habían recalado en el CDS huyendo del desencanto socialista. Anguita e IU devolvieron la esperanza a los muchos votantes de izquierda de este país, doblando el porcentaje y el número de votos del PCE de 1986 y sumando diecisiete escaños.

Adolfo Suárez volvió «grupas» y, forzado por las circunstancias, reiteró su propósito de huir de la confrontación con el PSOE, ofreciendo a Felipe González realizar una oposición constructiva. La puntilla a este viaje de ida y vuelta fue el voto favorable del CDS a la investidura de Felipe González y la desdichada participación de su portavoz, Alejandro Rebollo, en el debate del «caso Juan Guerra», admitiendo la explicación oficial dada por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que quedó tocado políticamente. Abel Hernández describe así las consecuencias de este giro copernicano en la estrategia centrista: «Aquel día, centenares de militantes llamaron a la sede central del CDS para darse de baja. En muy pocos meses, el partido centrista había pasado de solidarizarse con los sindicatos en la huelga general del 14-D y de una dura oposición al Gobierno en el Parlamento, a establecer llamativos pactos con la derecha y a reconciliarse ostensiblemente con Felipe González» [602].

Ni los militantes ni el electorado entendieron estos vaivenes y la fractura interna se consolidó: primero fue Fernando Castedo, y luego Enrique Sánchez de León, quienes protagonizaron sonoras dimisiones y abandonos del partido. Unos militantes vieron en la reconversión sutil y meticulosa del Partido Popular su nuevo hábitat centrista y otros volvieron a sus hogares cansados de tantos años de batalla política. No fue suficiente que en la moción de confianza presentada por Felipe González en la primavera de 1990 Adolfo Suárez defendiera su abstención. Durante el año 1990, todo el CDS fue un cúmulo de tensiones, con distintas decepciones electorales: en las elecciones autonómicas andaluzas cosechó un nuevo fracaso. Tenía razón Adolfo Suárez cuando el 13 de septiembre escribía en El País que «es probable que una buena parte de la opinión pública no comprenda aún lo que el CDS trata de conseguir. Tengo, sin embargo, la convicción y la esperanza de que nuestros electores alcanzarán a ver que cuanto pretendemos mediante el diálogo con el Gobierno es positivo, porque permite ejercer influencia en la vida pública, cumplir algunos de nuestros compromisos programáticos, contribuir a la estabilidad política e institucional y ser fieles a la razón de ser fundacional del CDS».

Las esperanzas de Adolfo Suárez no se iban a cumplir y el electorado que en 1986 le había devuelto la credibilidad política le volvió la espalda definitivamente en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 1991, donde sumó algo más de setecientos mil votos; la mitad de los que había recibido en las municipales de 1987. Rodríguez Sahagún, enfermo, no pudo recibir el respaldo a su buena gestión como alcalde de Madrid y la lista de la capital de España perdió los ocho concejales y todos los diputados —dieciocho— de la Asamblea. Fue una auténtica debacle.

En el resto de España, el resultado fue similar. Como en otras ocasiones decisivas de su vida política, Adolfo Suárez quiso asumir personalmente el costo del fracaso y, con su dignidad de siempre, presentó la dimisión.

Desde entonces y durante algún tiempo su figura quedó diluida en la descomunal crispación política de los últimos años de Gobierno socialista. Fiel a un estilo y a una generosa concepción de la rivalidad política, Adolfo Suárez visitó en la Moncloa a Felipe González cuantas veces este le requirió para compartir su zozobra, y en más de una ocasión le acogió en su despacho de la calle Antonio Maura, de Madrid. A veces, bastaba que el presidente del Gobierno le llamara desde el cercano Congreso de los Diputados pidiendo verle para que el hombre que había protagonizado la profunda transformación política de la España del siglo XX compartiera la dura caída de su rival, agobiado por la corrupción, el chantaje y la presión terrorífica de unos medios de comunicación que le exigían su dimisión. Alejado de los cenáculos políticos, en estos años Suárez ofreció su consejo a quien quiso escucharle y resistió una y otra vez la tentación de volver al ruedo político, incluso cuando se le tanteó para que asumiera una presidencia provisional.

Desde 1991 mantuvo abierto su despacho profesional, junto a su leal Eduardo Navarro, y fue solventando sus necesidades económicas con la ayuda de amigos que consideraban un deber moral prestarle todo su apoyo. Y desde antes de su última dimisión aprendió a disfrutar jugando al golf, deporte que, pese a su dificultad, puso en evidencia alguna de sus mejores cualidades. Pero las enfermedades de su hija mayor, primero, y de su mujer, Amparo, después, le llevaron a una profunda reflexión y a dedicarles todo su tiempo; también a ofrecerles cuantos sacrificios fueran precisos para lograr su curación y posterior bienestar. Su máxima ilusión pasó a ser construir una casa para toda la familia en la costa mallorquina, y a ese objetivo supeditó todo.

En los últimos años de la década de los ochenta, Mario Conde le brindó su colaboración institucional desde Banesto y le instó repetidas veces a liderar una operación política con su respaldo. Adolfo Suárez se limitó a aconsejar al banquero y aceptar una renta por el alquiler de sus oficinas en Antonio Maura a la Fundación Banesto. Cuando años después su nombre se vio envuelto en alguna operación dudosa de Banesto, no dudó en acudir a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez no haber recibido las cantidades que se le atribuían. Y también años después, ya en 1995, cuando el abogado del coronel Perote y de Mario Conde, Jesús Santaella, puso en su conocimiento la confidencial información que poseía el ex miembro del CESID, Adolfo Suárez pidió a Felipe González que recibiera al citado emisario, a la vista de la trascendencia de los documentos sustraídos, que comprometían seriamente a las instituciones.

Pese a coincidir su final político con la irrupción en el escenario de José María Aznar, quien con método y nuevas ideas supo captar mayores bolsas de votantes de centro, Adolfo Suárez contribuyó con generosidad a que el joven político de la derecha española fuera mejor conocido y comprendido, y su mediación fue decisiva para que la relación entre él y Felipe González se aproximara a la mínima cortesía política. También hay que atribuir a la paciente labor mediadora de Adolfo Suárez que en los meses previos a las elecciones de marzo de 1996 y después de la victoria de Aznar se instituyera una cierta tregua que facilitara que la transmisión de poderes se hiciera con buen sentido y armonía. Asimismo se le atribuye influencia suficiente para que el revanchismo y el rencor político quedaran a un lado, y socialistas y populares pactaran aparcar aquellas situaciones pasadas capaces de destruir la convivencia política, y quién sabe si la propia estabilidad democrática.

A principios de 1996 empezó la rehabilitación pública de Adolfo Suárez, cuando el honorable Jordi Pujol le hizo entrega en Madrid, en un acto emotivo, del premio Blanquerna, que concede la Generalitat a la personalidad política no catalana que más se destaque por su contribución a la convivencia. Después vinieron, a lo largo de todo ese año de 1996, todo un impresionante despliegue de homenajes, galardones y distinciones honoríficas, que culminaron con la concesión del premio Príncipe de Asturias a la Concordia. La conmemoración del vigésimo aniversario de su nombramiento, en julio de 1996, y la muerte a finales de 1995 de su entrañable amigo el general Gutiérrez Mellado, devolvieron a los hogares españoles la sencillez y humildad de su persona, compromiso de su trayectoria política con el entendimiento, el acuerdo y la búsqueda de la mejor forma de resolver la convivencia entre los españoles.

EPÍLOGO

Cuando en junio de 1997, Espasa Calpe publicó esta biografía sobre la figura política de Adolfo Suárez y sobre los años de su proyección pública en la vida de España, hacía pocos meses que había comenzado la rehabilitación institucional de su personalidad y de la trascendencia e importancia de su decisiva aportación al proceso de la transición democrática.

Desde entonces han pasado ocho años y en ellos ha crecido el respeto por su figura política y la admiración por su trayectoria pública. A los reconocimientos ya citados, hay que añadir que en febrero de 1997 Adolfo Suárez fue nombrado presidente de la Fundación CEAR (Consejo de Apoyo a los Refugiados) y recibió la Medalla de Oro del Parlamento de Cantabria. El 2 de diciembre de ese año fue investido Doctor Honoris Causa de la Facultad de Sociología de la Universidad de la Coruña. El 2 de marzo de 1998 fue investido Doctor Honoris Causa de la Universidad Politécnica de Madrid y el 28 de mayo por la Universidad Complutense de Madrid. El 10 de mayo de 1999 la Infanta Elena le hizo entrega de la Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja y el 29 de junio de 2000 la Fundación Pro Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco le concedió el Premio a la Convivencia. El 12 de julio de este año fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia. El 16 de noviembre de 2001 fue elegido Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo y el 11 de abril de 2002 recibió el Premio Vocento. Con este motivo, Su Majestad el Rey acertó plenamente a formular los sentimientos que su persona y su obra merecían:

La destreza de Adolfo Suárez, su cuidadosa dosificación del riesgo y la prudencia, su intuición en los momentos más difíciles y su seguridad en las circunstancias más ingratas, constituyen la más atinada ilustración práctica de esa formulación que Ortega hace de la concordia. Creo que el mejor homenaje que puede rendirse hoy al Duque de Suárez es el reconocer que sin su esfuerzo, su abnegación, su lealtad y, lo recalco, su lealtad y su patriotismo, España no habría volado tan alto ni tan deprisa.

Ya enfermo, el 23 de diciembre de 2004 fue elegido presidente de Honor de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

En todos estos actos, Adolfo Suárez tuvo la oportunidad de agradecer públicamente el premio o el galardón recibido, haciendo gala siempre de su elegancia personal e insistiendo en la reivindicación de los valores de la transición política y en el acierto de las decisiones que entonces se tomaron para conseguir el reestablecimiento de la democracia. Pero en el homenaje que el 9 de junio de 2005 recibió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, organizado por Luis del Olmo y la emisora Punto Radio, Adolfo Suárez no pudo intervenir, ni agradecer los elogios a su persona.

Desde mediados del año 2003 se le había detectado una enfermedad cerebral degenerativa y fueron las personalidades que directamente intervinieron en el programa de Luis del Olmo, y aquellos que escribieron en esos días en los distintos medios, quienes se erigieron en defensores de su figura histórica y en intérpretes de sus palabras y de su obra.

De todas las cosas que se dijeron y escribieron en esos días, he querido rescatar para que enriquezcan este epílogo las que en La Vanguardia de Barcelona del 14 de junio de 2005 publicó el ponente constitucional Miquel Roca Junyent y que resumo en esta frase:

Con Adolfo Suárez ha pasado que con el paso del tiempo su figura se ha agigantado. Los adversarios de ayer le reconocen lo que en sus años de gobierno le negaron. Incluso los que destacaron por su crítica feroz hoy confiesan una cierta mala conciencia. Nadie quiere, ahora, discutirle la importancia de sus aportaciones al proceso de transición democrática. Con el paso del tiempo, Suárez es recordado como lo que fue: una pieza clave y decisiva en la recuperación democrática de España.

Pero estas palabras tan ponderadas e inteligentes de Miquel Roca me permiten centrar el eje de este epílogo en ese contrasentido, en esa cruel e injusta paradoja de la vida política española, y puesto que Roca alude al reconocimiento de los adversarios de ayer, me voy a permitir citar el de uno de ellos, precisamente de otro ponente constitucional y hoy Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, quien dejó en un artículo publicado en El País del 6 de julio de 2005 el mejor ejemplo de ese reconocimiento, con estas palabras:

Adolfo Suárez ha impulsado, junto a otros muchos, pero con un protagonismo central, una concepción de la política como razón y diálogo, una idea del Estado, como motor de la reforma en la mejor tradición liberal y social, desde Louis Blanc a Fernando de los Ríos.

Pero al calor del merecido homenaje, otras voces distinguidas del socialismo español se han sumado a la elegía «póstuma», queriendo algunos hacerse perdonar lo que entonces detestaban y trataban de destruir —cuando la política de Suárez era la que ahora elogian—. Lo hacen con tanto retraso que entristece, y lo hacen porque saben que Adolfo Suárez está enfermo, que no sabe quién ha sido, que ignora su pasado y que afortunadamente desconoce también cuánto dolor se ha producido a su alrededor en estos últimos años. Resulta un sarcasmo que Alfonso Guerra diga hoy las cosas que dice de Suárez cuando en 1980 fue capaz de trasladar a la sociedad la complicidad de Suárez con los «golpistas», con aquella hiriente frase de «si en el Congreso apareciera el caballo de Pavía, Suárez estaría subido a la grupa». También lleva el sello de Alfonso Guerra aquella dramática sentencia de «O Adolfo Suárez o la democracia»,que tanto le dolió.

La memoria y la melancolía por la verdad no caducan. Por eso, desde el punto de vista de la dialéctica histórica y de la coherencia política, es también sorprendente que sea el propio Felipe González quien hoy haga tan encendidos elogios del clima de la transición y de la figura de Adolfo Suárez, cuando en junio de 2000 afirmó en una publicación mexicana que Adolfo Suárez no deseaba que las primeras Cortes democráticas fueran constituyentes y que si por Adolfo Suárez hubiera sido «no hubiera habido Constitución» —lo que tanto dolió a Suárez—. Y más sorpresa me produce saber —y conmigo a algunos miles de españoles— que cuando los últimos Gobiernos socialistas se vieron cercados por el descubrimiento de las peripecias de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA, por el papel que jugaron algunos altos cargos del Gobierno, que han estado y aún están en la cárcel, desde su Gobierno y desde luego desde el CESID filtraran a los medios de comunicación la grabación en cinta de una conversación entre el propio Suárez y el general Gutiérrez Mellado —creo recordar que grabada en el propio Centro de Inteligencia— con la que ellos pretendían acreditar que la UCD también había dirigido y organizado operaciones contra ETA desde la seguridad del Estado.

La rápida y enérgica protesta de Adolfo Suárez y de su sucesor Leopoldo Calvo-Sotelo, que llegaron a pedir el amparo del Rey, abortaron esa malévola maniobra pero no pudieron impedir que, a quienes fuimos también testigos de aquellos años, se nos volviera a plantear hasta dónde eran capaces de llegar los que hoy abanderan la exaltación de la figura de Adolfo Suárez. El propio Felipe González se excusó con ellos y como consecuencia se deterioró su buena relación con Adolfo Suárez.

Resulta también de una ingenuidad notable que, haciendo gala de su veterana socarronería, Santiago Carrillo creyera ver la señal de alarma sobre la salud de Adolfo Suárez en la frase que el ex presidente pronunció en junio de 2002, a la salida de la celebración en el Congreso de los Diputados del XXV aniversario de las primeras elecciones democráticas, en la que afirmó que «Aznar es el mejor presidente que ha tenido la democracia española».

Pero junto a tanta alabanza, en la que se mezclan tanto el arrepentimiento como la sincera admiración, hay también una sutil e interesada utilización de su figura para proyectarla sobre el escenario actual de la política española. Y quienes eso propugnan olvidan cuánto se aleja del espíritu de la Transición y del ánimo de Adolfo Suárez la actual obsesión por el retorno al escenario político de viejos demonios del pasado.

Recuerdo con fidelidad el disgusto y la consternación sinceros que tenía Adolfo Suárez en 1979 al salir del Congreso de los Diputados, después de que en un pleno hubiera habido un enfrentamiento dialéctico entre Manuel Fraga y Santiago Carrillo, en el que se reprocharon mutuamente sus respectivos pasados. Suárez dijo estar triste porque se hubiera producido ese enfrentamiento y, con ese grado de confidencia exclusiva que concedía a su interlocutor, me dijo: «Esto es lo que hay que evitar a toda costa. El enfrentamiento entre españoles». La evocación es de gran valor para comparar y contrastar su reacción con la impasibilidad con la que en la actualidad se tolera e incluso se alienta ese retorno a los fantasmas del pasado.

El autor ha asistido en los últimos meses a la paradójica evidencia de que donde ahora hay elogios a su desprendimiento, a su actitud dialogante, a su decidida apuesta por la democracia, entonces hubo una dura e injusta crítica política, de la que este libro es una prueba palpable, inspirada en el desprecio intelectual por su persona, la gratuidad, la falta de generosidad, la desconfianza y la mezquindad. Recuerdo con tristeza que su nombramiento como presidente del Gobierno en julio de 1976, fue objeto de una humorística viñeta de bienvenida en la que se veía a dos ultras del régimen de Franco comentando su nombramiento con esta frase: «Se llama Adolfo, no es maravilloso», en clara alusión a la coincidencia de su nombre con el del dictador nazi Adolf Hitler. ¿Dónde quedan las reiteradas tiras cómicas con la caricatura del entonces ministro del Interior Rodolfo Martín Villa adornada de pucheros, para simbolizar el supuesto «apaño» del resultado de las elecciones de 1977? ¿Dónde aquella frase de un hoy alto mandatario europeo: «hay que echar a Adolfo Suárez»? ¿Dónde los imprudentes almuerzos con el general Armada para conocer de primera mano sus «opiniones» sobre la situación política y las posibles soluciones, apenas cinco meses antes del 23 de febrero de 1981 y cuyos detalles se ofrecen en este libro con minuciosidad?

Creo que es positivo para la Historia de España que las jóvenes generaciones conozcan estas referencias históricas a lo difícil que fue para Adolfo Suárez conseguir la credibilidad y la confianza. Los que ahora elogian el papel de Adolfo Suárez fueron los que apoyaron la abstención en el Referéndum por la Ley de la Reforma Política, pieza clave del desmontaje del Régimen, y los que viajaban a Bruselas, Bonn y Trípoli para financiar sus proyectos, calificando a Suárez y a los reformistas del Régimen como «neofranquistas». Son los mismos que durante años han denominado a buena parte de la Transición como «postfranquismo».

¿Cómo no va a estar llena de dolor y de olvido la mente de Adolfo Suárez? ¿Cómo no va a estar nublada su memoria ante tanto sufrimiento cercano, ante tantas vidas jóvenes marchitadas?

En el silencio de su casa, en la zozobra cotidiana de la supervivencia, no hay lugar para la reflexión sobre lo que está pasando. Adolfo Suárez no puede decirle a nadie que fue su gobierno —«de derechas», según ellos— el que restableció la legalidad de la Generalitat de Cataluña, legalizó el Partido Comunista, promovió varias amnistías, abordó la crisis económica con los Pactos de la Moncloa, impulsó la reforma fiscal, acordó con unos y otros la configuración del Estado de las Autonomías y la redacción, discusión y aprobación de sus estatutos, y de una Constitución; en una palabra, toda una sólida arquitectura del Estado. Y todo ello desde el acuerdo, desde la persuasión democrática de que aquello era bueno para el conjunto del país y para su futuro.

El dolor en silencio

En el prólogo del libro Mi lucha contra el cáncer, que su hija Mariam escribió en el año 2000, Adolfo Suárez nos ofrece un nuevo testimonio de su grandeza humana, y de todas las bellas palabras de elogio que dedica a la batalla que su hija estaba librando, hay una que me ha parecido especialmente idónea para introducir la parte final de este epílogo. Dice Adolfo Suárez: «Ningún hombre, ninguna mujer escapa a la experiencia del dolor».

Al dolor por la pérdida de tantos amigos como Jesús Viana y Agustín Rodríguez Sahagún se unió el que en 1993 los médicos descubrieran que su hija Mariam, embarazada, padecía cáncer de mama, y que solo un año después sería su mujer, Amparo, la que se viera afectada por el mismo mal. Por buscar la felicidad de Amparo, Suárez vendió su casa de Ávila y otros bienes para construirse una casa en la isla de Mallorca, el sueño de toda su vida. Allí pasaron juntos varias temporadas y, según me contaron los amigos que les visitaban, Adolfo Suárez no se separaba de ella más que para jugar de vez en cuando al golf. Incluso el ex presidente Calvo-Sotelo me relató que era conmovedor verlos cogidos de la mano a todas horas y escuchar cómo Adolfo Suárez le decía constantemente cuánto la quería.

En Mallorca recuperaron los años en los que la dedicación política le impidió estar más con ella y con sus hijos. En Mallorca vivieron la zozobra de conocer la evolución de la enfermedad y en Mallorca encontraron el siempre anhelado reencuentro final con los sentimientos verdaderos. Las visitas a la Clínica Universitaria de Pamplona alentaban unas veces la esperanza y otras el dolor. Desgraciadamente, después de unos años de lucha siempre optimista contra el mal, el 17 de mayo de 2001 Amparo Illana moría en Madrid. Suárez presidió el entierro de su mujer del brazo de su hijo Adolfo y de su hija Mariam y la acompañó hasta su último reposo en Ávila. Entonces, su hija Mariam parecía haber superado el cáncer contra el que luchaba desde enero de 1993, cuando se encontraba embarazada de su hijo Fernando, que nacería en 1994.

En 1995 moría en un accidente de coche el general Gutiérrez Mellado y en 1998, Fernando Abril Martorell. En el año 2000 Mariam ofreció en el libro ya citado uno de los más duros testimonios de su hermosa y ejemplar actitud humana ante la evidencia del mal, y en el año 2002 Adolfo Suárez empezó a dar algún signo externo de padecer alguna laguna en su memoria y en su lucidez, pero mantuvo una cierta actividad pública, de la que son especialmente recordadas su participación en el acto celebrado en mayo de 2002 en Albacete, con motivo de la presentación de la candidatura de su hijo Adolfo a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el celebrado en junio del mismo año en el Congreso de los Diputados en conmemoración del XXV aniversario de las primeras elecciones generales, a cuya salida pronunció el elogio ya comentado del entonces presidente Aznar.

Durante 2003 su estado se agravó y sus hijos tuvieron que recurrir a varios médicos para que realizaran un diagnóstico idóneo del mal que le aquejaba. Desde entonces, ha vivido recluido en su casa de Madrid, atendido y cuidado por personas que con dedicación y lealtad velan por su salud y le proporcionan el calor humano y la solidaridad precisas. Cuando el 7 de marzo de 2004 su hija Mariam murió, Adolfo Suárez ya no estaba en condiciones de conocer y de ser consciente de este nuevo drama de su vida. No estuvo en el entierro de su hija, y todo lo que se sabe de él en estos momentos es gracias al testimonio afectuoso, cálido e inteligente de Adolfo Suárez Illana, que es el legítimo depositario de la memoria de su padre, de su razón política, y fiel heredero de algunas de sus mejores virtudes humanas y políticas.

Han sido especialmente oportunas sus puntualizaciones sobre alguna gratuita apropiación de la figura de su padre y sobre todo la carta abierta que hace unos meses dirigió al presidente del Gobierno en el diario El Mundo, puntualizando la pretensión de algunos de equiparar la España de 1976 con la actual.

Por su parte, el propio Adolfo Suárez, en una de sus últimas intervenciones públicas en agradecimiento a un doctorado, recordó las palabras de Julián Marías sobre el proceso de transición: «del régimen anterior no quedó nada; pero de España quedó todo». No sé si hoy Adolfo Suárez podría repetir esa cita. Lo que sí sé es que su silencio es irreversible y que quienes confiamos en su buen sentido, en su generosidad y en su auténtico talante, nos hemos quedado huérfanos de su altura de miras, de su amplia comprensión de los conflictos y de su acreditada sensibilidad para distinguir lo que empobrece a una sociedad y lo que por el contrario engrandece a una nación: España.

EPILOGO 2.
MUERE ADOLFO SUÁREZ

Adolfo Suárez González falleció el domingo 23 de marzo de 2014 a los 81 años tras una larga enfermedad neurodegenerativa. El portavoz de la familia Suárez, Fermín Urbiola, fue quien con la cara desencajada hizo el anuncio oficial a las puertas de la clínica Cemtro de Madrid de la muerte del expresidente, añadiendo que los médicos habían precisado que el Presidente había fallecido por el “deterioro neurológico”.

En 2003 empezó a sufrir los síntomas del Alzheimer y la noticia, mantenida en la discreción por su primogénito, Adolfo, se hizo pública el 1 de junio de 2005. Durante casi diez años la enfermedad de Suárez le impidió evocar quien había sido y cuál había sido su labor en el desmontaje del anterior régimen y en la consolidación de la democracia.

El Gobierno decretó tres días de luto oficial, y la capilla ardiente para despedir al presidente permaneció abierta en el Congreso de los Diputados durante 24 horas desde las diez de la mañana del lunes 24 y hasta el miércoles 26, de marzo. La bandera española ondeó a media asta en todos los edificios oficiales y miles de españoles desfilaron por la capilla ardiente, en una espontánea manifestación de afecto que acreditó la admiración y el reconocimiento que su figura despertó en el pueblo español, borrando la valoración crítica que algunas personas y formaciones políticas dedicaron a su tarea de gobierno durante los cinco años que ejerció la presidencia de la nación.

El féretro con los restos de Suárez fue trasladado a la catedral de Ávila, donde se celebró una misa en su memoria y fue enterrado en el claustro del templo junto a la tumba de su esposa Amparo Illana y junto a la del que fue presidente de la República en el exilio, el historiador Claudio Sánchez Albornoz.

Durante esos días todas las formaciones políticas valoraron su decisivo papel en la transición política y todos los medios de comunicación, escritos y audiovisuales publicaron cientos de obituarios en los que reconocieron con casi total unanimidad la decisiva aportación de Adolfo Suárez a la democracia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que el mejor homenaje que los ciudadanos españoles pueden rendir a Adolfo Suárez es “seguir el camino que él marcó: de entendimiento, de concordia y de solidaridad entre españoles”.

El expresidente del Gobierno Felipe González recordó a Adolfo Suárez como el “presidente de la transición democrática en España” y subrayó que “el paso de una dictadura a una democracia pluralista, tantas veces frustrada en nuestro país, se debe a su tarea” También añadió que “sus cualidades para el diálogo y el compromiso, desde la fortaleza de su liderazgo, han sido claves para que nuestro país haya conseguido el marco de convivencia en libertad más importante de nuestra historia”, concluyendo que había “compartido con él muchos momentos claves de la historia de España y una amistad que superaba las discrepancias lógicas en el pluralismo de las ideas”.

José Pedro Pérez-Llorca, uno de los redactores de la Constitución, destacó “la claridad y la entereza con la que el Suárez sirvió a la misión de llevar a España de la dictadura a la democracia, y ha lamentado que no le llegara antes el reconocimiento unánime por ello”.

Por su parte, Miquel Roca, otro de los siete diputados que consensuaron la Carta Magna española, también ha considerado que Suárez fue el “líder indiscutible” del proceso de Transición de la dictadura a la democracia” y ha expresado “su dolor, respeto y cariño” enfatizando que “Suárez era una figura muy importante de la historia más reciente de España”.

Suárez tenía 43 años cuando el Rey le eligió como presidente del gobierno y llevaba nueve años dedicado a la política, en los que había comenzado como procurador en Cortes por Ávila, su provincia natal, gobernador civil de Segovia, director de la Televisión Pública, y Ministro Secretario General del Movimiento en el primer Gobierno del Rey Juan Carlos.

Nada hubiera sido posible si Suárez, al frente del segundo Gobierno del Rey, hubiera titubeado o se hubiera atascado en la conducción del proceso durante el año escaso que transcurrió entre su nombramiento como jefe del Gobierno y las elecciones del 15 de junio de 1977. Decidió una primera amnistía de presos políticos, disolvió la estructura legal que sostenía el régimen de Franco, legalizó a todos los partidos políticos incluido el Partido Comunista y todo ello, en frase de su entonces mentor político Torcuato Fernández Miranda por el procedimiento “de la ley a la ley”.

Su nombre figura ya en la Historia de la España del siglo XX por haber sabido dirigir en solo dos años y medio, el tránsito de la dictadura a la democracia con la dirección y guía inicial del Rey Juan Carlos I. En este tiempo tanto la extrema derecha vinculada a los intereses del franquismo y el terrorismo vasco de ETA trataron de impedirlo y los que propugnaban que nada debía cambiar no cejaron hasta consiguieron que una conjunción extraña entre socialistas y conservadores concluyera su mandato dos años antes del final de la segunda legislatura, urdiendo y auspiciando un golpe de Estado que él trató de evitar con su dimisión en enero de 1981 y que finalmente fue reconducido por SM el Rey.

Como ya he recogido en el epilogo de este libro, desde 1995 y hasta su muerte Suárez recibió un gran número homenajes que reivindicaban su estilo de hacer política, su categoría de estadista, y su virtud de haber sido el hombre adecuado en el momento oportuno, sublimado por la nostalgia de un tiempo en que los conflictos políticos se resolvían por el diálogo.

Sitges, Barcelona. Agosto 2014

Notas

[1] Documentos 80. Adolfo Suárez, todos los cargos del presidente, pág. 6.

[2] Ibídem.

[3] Documento 80. Adolfo Suárez, todos los cargos del presidente, pág. 7.

[4] Gregorio Morán, Adolfo Suárez: Historia de una ambición, Planeta, Barcelona, 1979, pág. 89.

[5] Gregorio Morán, ob. cit., pág. 101.

[6] Gregorio Morán, ob. cit.,pág. 118.

[7] Gregorio Morán, ob. cit.,págs. 130 y 131.

[8] El responsable de esta publicación era el periodista Joaquín Vidal, que desde 1976 es el crítico taurino de El País.

[9] Gregorio Morán, ob. cit.,pág. 132.

[10] Gregorio Morán, ob. cit.,pág. 136.

[11] Gregorio Morán, ob. cit.,págs. 168 y 169.

[12] Gregorio Morán, ob. cit.,págs. 172-176.

[13] Gregorio Morán, ob. cit., págs. 179 y 180.

[14] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 149.

[15] Gonzalo Fernández de la Mora, Río arriba, Planeta, Barcelona, 1995, pág. 260.

[16] Manuel Soriano y Fernando Jáuregui, La otra historia de UCD, Emiliano Escolar, Barcelona, 1980, pág. 24.

[17] Gregorio Morán, ob. cit., pág. 188.

[18] José Luis Galiacho, Jesús Gil y Gil: el gran comediante, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 27.

[19] ABC. 17 de junio de 1969. La información venía firmada por la agencia Cifra.

[20] Ibídem,18 de junio de 1969.

[21] ABC, 18 de junio de 1969.

[22] José Luis Galiacho, ob. cit.,págs. 19 y 20.

[23] Gregorio Morán, ob. cit., pág. 196. Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 76.

[24] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, ob. cit.,pág. 200.

[25] Alfonso Armada, ob. cit., pág. 150.

[26] José Ignacio San Martín, Servicio Especial, Planeta, Barcelona, 1983, págs. 266 y 267.

[27] Charles Powell, ob. cit., pág. 103.

[28] El autor no tiene parentesco alguno, ni directo ni indirecto, con Francisco Abella.

[29] Charles Powell, ob. cit., pág. 97.

[30] Laureano López Rodó, El principio del fin. Memorias, Plaza y Janés, Barcelona, 1992, pág. 344.

[31] Gregorio Morán, ob. cit., págs. 261 y 262.

[32] Laureano López Rodó, ob. cit., pág. 334.

[33] Ibídem, pág. 362.

[34] Gregorio Morán, ob. cit., pág. 267.

[35] Laureano López Rodó, ob. cit., pág. 362.

[36]José Ignacio San Martín, ob. cit., pág. 268.

[37] Luis Herrero, en su libro El ocaso del Régimen. Del asesinato de Carrero a la muerte de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 186, afirma que «la presión familiar influyó para que Fernando Herrero Tejedor nombrara a Adolfo Suárez». Gregorio Morán dice que «asedió a Joaquina y a su marido hasta que leyó el nombramiento en el BOE».

[38] CharlesPowell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, págs. 131 y 132.

[39] LuisHerrero, ob. cit., pág. 190.

[40] GregorioMorán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Planeta, Barcelona, 1979, pág. 286.

[41] JoaquínBardavío, Las claves del Rey. El laberinto de la transición, Espasa Calpe, Madrid, 1995, pág. 102. Morán apunta otra versión, según la cual el nombre de Suárez figuraba entre los propuestos por Arias y no el de Solís.

[42] GregorioMorán, ob. cit., pág. 293.

[43] Testimonio de Eduardo Navarro al autor.

[44] Testimonio escrito de Adolfo Suárez para el diario El Mundo. Historia de la Democracia, cap. 9, págs. 206 y 207.

[45] El Mundo..., cap. 9, págs. 206 y 207.

[46] Luis MaríaAnson, Don Juan, Plaza y Janés, Barcelona, 2003, pág. 403. Charles Powell, ob. cit., pág. 133.

[47] LuisHerrero, ob. cit., pág. 199.

[48] Ibídem, pág. 194.

[49] Laureano López Rodó, El principio del fin. Memorias, Plaza y Janés, Barcelona, 1992, pág. 127.

[50] LuisHerrero, ob. cit., pág. 199.

[51] Pedro J.Ramírez, Así se ganaron las elecciones de 1979, Prensa Española, Madrid, 1979, pág. 151.

[52] LuisHerrero, ob. cit., pág. 200. Pedro J.Ramírez, ob. cit., pág. 151.

[53] LuisHerrero, ob. cit., págs. 195 y 196. CharlesPowell, ob. cit., págs. 131 y 132.

[54] CharlesPowell, ob. cit., pág. 132.

[55] JuliaNavarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 17.

[56] Joaquín Bardavío cuenta en su libro Las claves del Rey. El laberinto de la transición que hubo un intento de mantener con vida a Franco hasta el 26 de noviembre, para que así, con Franco agonizante, el Consejo del Reino prolongara el mandato de Rodríguez de Valcárcel (pág. 96).

[57] Alfonso y PilarFernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido, Plaza y Janés, Barcelona, 1995, pág. 115.

[58] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 109.

[59] Ibídem, pág. 110.

[60] Ibídem, pág. 112.

[61] FedericoSilva Muñoz, Memorias políticas, Planeta, Barcelona, 1993, págs. 323 y 324.

[62] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 116.

[63] Ibídem, pág. 117.

[64] Ibídem, pág. 119.

[65] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 120.

[66] Ibídem, pág. 121. JoaquínBardavío,ob. cit., págs. 100 y 101.

[67] FedericoSilva, ob. cit., pág. 326.

[68] CharlesPowell, ob. cit., págs. 156-160.

[69] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 121.

[70] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 166.

[71] SalvadorSánchez Terán, De Franco a la Generalitat, Planeta, Barcelona, 1988, pág. 20.

[72] Salvador Sánchez Terán, ob. cit., pág. 26.

[73] JuliaNavarro, Nosotros, la transición, pág. 28.

[74] CharlesPowell, ob. cit., págs. 164 y 165.

[75] FedericoYsart, ¿Quién hizo el cambio?, Argos Vergara, Barcelona, 1984, pág. 127.

[76] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 153.

[77] SalvadorSánchez Terán, ob. cit., págs. 48-51.

[78] AlfonsoOsorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, pág. 97.

[79] AlfonsoOsorio, ob. cit.,pág. 105.

[80] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 172.

[81] RodolfoMartín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pág. 26.

[82] AlfonsoOsorio, ob. cit., pág. 86.

[83] VictoriaPrego, Así se hizo la transición, Planeta, Barcelona, 1995, pág. 409.

[84] AlfonsoOsorio, ob. cit., pág. 88.

[85] Ibídem.

[86] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 200.

[87] CharlesPowell, ob. cit., pág. 186.

[88] CharlesPowell, ob. cit., pág. 176.

[89] MiguelHerrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, págs. 68 y 69.

[90] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 195.

[91] AlfonsoOsorio, ob. cit., pág. 98.

[92] FedericoSilva, ob. cit., pág. 328.

[93] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., págs. 196 y 197.

[94] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 198.

[95] Ibídem.

[96] CharlesPowell, ob. cit., pág. 189.

[97] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 199.

[98] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., págs. 150-160.

[99] AlfonsoOsorio, ob. cit., pág. 123. CharlesPowell, ob. cit., pág. 179.

[100] AlfonsoOsorio, ob. cit., pág. 100.

[101] JuliaNavarro, ob. cit., pág. 203.

[102] Juan LuisCebrián, El País. Memoria de la transición, cap. 5, pág. 85.

[103] AlfonsoOsorio, ob. cit., pág. 109. Testimonio de Miguel Primo de Rivera, pág. 185.

[104] Alfonso y PilarFernández-Miranda, ob. cit., pág. 182.

[105] GregorioMorán, ob. cit., págs. 40 y 41.

[106] CharlesPowell, ob. cit., pág. 180.

[107] GregorioMorán, ob. cit., pág. 47.

[108] CharlesPowell, ob. cit., pág. 180.

[109] CharlesPowell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 191. Testimonio de Adolfo Suárez en el Seminario sobre la Transición celebrado en Toledo en 1983 y organizado por la Fundación Ortega y Gasset.

[110] CharlesPowell, ob. cit., pág. 179.

[111] Alfonso y PilarFernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido, Plaza y Janés, Barcelona, 1995, pág. 202.

[112] CharlesPowell, ob. cit., pág. 191.

[113] ManuelFraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 52.

[114] Federico Silva Muñoz, Memorias políticas, Planeta, Barcelona, 1993, págs. 332 y 333.

[115] El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 6, págs. 104-106. Entrevista de Nativel Preciado a Miguel Primo de Rivera.

[116] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, pág. 128. Integraban el Consejo del Reino los siguientes consejeros: Manuel Lora Tamayo (presidente del Consejo Nacional), monseñor Cantero Cuadrado, teniente general Fernández Vallespín, general Salas Larrazábal, Valentín Silva Melero (presidente del Tribunal Supremo), Antonio María de Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado), José Antonio Girón de Velasco (ex ministro de Trabajo), Miguel Primo de Rivera, Dionisio Martín Sanz, Juan María Araluce Villar, L. Álvarez Molina, Joaquín Viola Sauret (alcalde de Barcelona), Enrique de la Mata, Íñigo de Oriol, Ángel González Álvarez, y su presidente, Torcuato Fernández-Miranda.

[117] Para la descripción de las deliberaciones del Consejo del Reino se han seguido las versiones de Gregorio Morán, José Oneto, Alfonso Osorio y Josep M.ª Colomer.

[118] Miguel Primo de Rivera ha revelado al autor que desde ese día, y en prueba de agradecimiento y de un notable sentido del humor, Alfonso Álvarez de Miranda le envía un jamón por Navidad.

[119] Federico Silva Muñoz, ob. cit., pág. 334.

[120] Ibídem.

[121] Federico Silva Muñoz, ob. cit., pág. 335.

[122] Federico Silva Muñoz, ob. cit., pág. 335.

[123] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 128.

[124] Charles Powell, ob. cit., pág. 158.

[125] Julia Navarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 28.

[126] El País, 4 de julio de 1976.

[127] Gonzalo Fernández de la Mora, Río arriba, Planeta, Barcelona, 1995, pág. 20. Por error, Fernández de la Mora cita Ávila en lugar de Segovia.

[128] Charles Powell, ob. cit., pág. 158.

[129] Gonzalo Fernández de la Mora, ob. cit., pág. 256.

[130] El País, 6 de julio de 1976.

[131] Federico Silva Muñoz, ob. cit., pág. 335.

[132] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 130.

[133] Manuel Fraga, ob. cit., págs. 53 y 54.

[134] Charles Powell, ob. cit., pág. 195.

[135] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 132.

[136] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 130.

[137] Federico Silva Muñoz, ob. cit., pág. 335.

[138] El País y ABC, 6 de julio de 1976.

[139] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 134.

[140] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 135.

[141] En este capítulo se aborda el período de julio de 1976 a marzo de 1977, con excepción de las negociaciones para la legalización del Partido Comunista y el retorno de Tarradellas, objeto de los dos capítulos siguientes.

[142] Juan Pablo Fusi, El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 6, pág. 98.

[143] En julio de 1976 formaban parte de este club los periodistas José Oneto, Ramón Pi, Miguel Ángel Aguilar, José Antonio Novais, Félix Santos, Pedro Calvo Hernando, Federico Ysart y Juan Luis Cebrián.

[144] José Oneto, Anatomía de un cambio de Régimen, Plaza y Janés, Barcelona, 1985, pág. 154.

[145] Adolfo Suárez, El Mundo, 1975-1995. Historia de la Democracia, Unidad Editorial, Madrid, 1995,cap. 9, pág. 207.

[146] Alfonso y Pilar Fernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido, Plaza y Janés, Barcelona, 1995, pág. 221.

[147] Federico Ysart, ¿Quién hizo el cambio?, Argos Vergara, Barcelona, 1984, pág. 89.

[148] Alfonso y Pilar Fernández-Miranda, ob. cit., pág. 220.

[149] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 79.

[150] Alfonso y Pilar Fernández-Miranda, ob. cit., pág. 223.

[151] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 85.

[152] Ibídem,pág. 86.

[153] Adolfo Suárez, ob. cit., pág. 208.

[154] Federico Ysart, ob. cit., pág. 91.

[155] Adolfo Suárez, ob. cit., pág. 211.

[156] Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 205.

[157] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, pág. 179.

[158] Charles Powell, ob. cit., pág. 208. Testimonio del general Gutiérrez Mellado en el Seminario sobre la Transición organizado en Toledo por la Fundación Ortega y Gasset, en 1983.

[159] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 185.

[160] Julia Navarro, Nosotros, la transición,Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 72.

[161] Charles Powell, ob. cit., pág. 208.

[162] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 185.

[163] Joaquín Bardavío, Las claves del Rey. El laberinto de la transición, Espasa Calpe, Madrid, 1995, pág. 168.

[164] El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996. Entrevista de Victoria Prego al general Gutiérrez Mellado, cap. 26, pág. 471.

[165] Miguel Primo de Rivera, El Mundo. Historia de la Democracia, Unidad Editorial, Madrid, 1995,cap. 14, pág. 334.

[166] Fernando Suárez, El Mundo. Historia de la Democracia, ob. cit.,cap. 14, pág. 329.

[167] Manuel Antonio Rico, El Mundo. Historia de la Democracia, Unidad Editorial, Madrid, 1995,cap. 14, págs. 322-325.

[168] Federico Ysart, ob. cit., pág. 112.

[169] Federico Ysart, ob. cit., pág. 112.

[170] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., págs. 91-93.

[171] Ibídem,pág. 93.

[172] Juan Pablo Fusi, ob. cit., pág. 111.

[173] Julia Navarro, ob. cit., pág. 31.

[174] Adolfo Suárez, ob. cit., pág. 212.

[175] Adolfo Suárez, ob. cit., pág. 205.

[176] Julia Navarro, ob. cit., pág. 197.

[177] Ibídem,págs. 200 y 201.

[178] Charles Powell, ob. cit., pág. 201.

[179] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 162.

[180] Federico Ysart, ob. cit., pág. 84.

[181] Todas las referencias a contactos y entrevistas con los líderes catalanes y con Tarradellas, para el restablecimiento de la Generalitat, y con Santiago Carrillo —a través de José Mario Armero—, para la larga negociación de la legalización del PCE, se recogen en los dos capítulos siguientes.

[182] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 58.

[183] Federico Ysart, ob. cit., pág. 102.

[184] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 195.

[185] Santiago Carrillo, El año de la peluca, Ediciones B, Barcelona, 1987, pág. 80.

[186] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 200.

[187] Charles Powell, ob. cit., pág. 211.

[188] Juan Pablo Fusi, ob. cit., pág. 111.

[189] Rodolfo Martín Villa, ob. cit., pág. 57.

[190] Charles Powell, ob. cit., pág. 212.

[191] Javier Pradera, El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 6, pág. 103.

[192] Rodolfo Martín Villa, ob. cit., págs. 120 y 121.

[193] Santos Juliá, El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 7, pág. 126.

[194] Charles Powell, ob. cit., pág. 230. Testimonio de Adolfo Suárez en el Seminario sobre la Transición organizado por la Fundación Ortega y Gasset, en Toledo, en 1983.

[195] Ibídem, pág. 231.

[196] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 64.

[197] Rodolfo Martín Villa, ob. cit., pág. 120.

[198] Gabriel Cardona, El Mundo. Historia de la Democracia, Unidad Editorial, Madrid, 1995, cap. 11, págs. 268 y 269.

[199] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 272.

[200] Rodolfo Martín Villa, ob. cit., pág. 122.

[201] José Luis de Vilallonga, El Rey, Plaza y Janés, Barcelona, 2003, pág. 106.

[202] El Mundo. Historia de la Democracia, Unidad Editorial, Madrid, 1995, cap. 5, pág. 111.

[203] José Luis de Villalonga, ob. cit.,pág. 107.

[204] El Mundo. Historia de la Democracia, ob. cit., cap. 17, pág. 411.

[205] El País, 4 de julio de 1976, pág. 9.

[206] José Luis de Vilallonga, ob. cit., pág. 124.

[207] Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 202.

[208] Santiago Carrillo, El año de la peluca, Ediciones B, Barcelona, 1987, pág. 50.

[209] Charles Powell, ob. cit., pág. 202.

[210] Santiago Carrillo, ob. cit.,pág. 53.

[211] Charles Powell, ob. cit., pág. 206. Testimonio de Adolfo Suárez en el Seminario sobre la Transición celebrado en Toledo, en 1983, y organizado por la Fundación Ortega y Gasset.

[212] Gonzalo Fernández de la Mora, Río arriba, Planeta, Barcelona, 1995,págs. 261 y 262.

[213] Federico Ysart, ¿Quién hizo el cambio?, Argos Vergara, Barcelona, 1984, pág. 90.

[214] El Mundo. Historia de la Democracia, ob. cit., cap. 15, pág. 360.

[215] Jesús Picatoste, Manuel Gutiérrez Mellado: un soldado de España, Argos Vergara, Barcelona, 1983, pág. 148.

[216] José Luis de Vilallonga, ob. cit., pág. 125. Julia Navarro, ob. cit., pág. 82.

[217] Federico Ysart, ob. cit., pág. 90.

[218] Gonzalo Fernández de la Mora, ob. cit., pág. 262.

[219] Federico Ysart, ob. cit., pág. 90.

[220] José Oneto, «Testigo de la transición», Tiempo, 13 de noviembre de 1995.

[221] Julia Navarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 48.

[222] Santiago Carrillo, ob. cit., pág. 102.

[223] Ibídem, pág. 103.

[224] Federico Ysart, ob. cit., pág. 127.

[225] Joaquín Bardavío, Sábado Santo Rojo, Ediciones Uve, Madrid, 1980, pág. 122.

[226] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, pág. 280.

[227] Charles Powell, ob. cit., pág. 220.

[228] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 282.

[229] Federico Ysart, ob. cit., pág. 128.

[230] Joaquín Bardavío, ob. cit.,págs. 168 y 169.

[231] Julia Navarro, ob. cit., pág. 140.

[232] Julia Navarro, ob. cit., pág. 83

[233] Ibídem, págs. 82-84.

[234] Julia Navarro, ob. cit., pág. 84.

[235] Charles Powell, ob. cit., pág. 220.

[236] Joaquín Bardavío, ob. cit.,pág. 171.

[237] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Planeta, Barcelona, 1984, pág. 64.

[238] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Plaza y Janés/Cambio 16, Barcelona, 1990, pág. 17. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 100.

[239] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 286.

[240] Charles Powell, ob. cit., pág. 220.

[241] Ibídem, pág. 222.

[242] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 287.

[243] Joaquín Bardavío, ob. cit.,pág. 190.

[244] El Mundo. Historia de la Democracia, ob. cit., cap. 15, pág. 362.

[245] Jesús Picatoste, ob. cit., pág. 150.

[246] Charles Powell, ob. cit., pág. 221.

[247] Charles Powell, ob. cit., pág. 221.

[248] El Mundo. Historia de la Democracia, ob. cit., cap. 15, págs. 363 y 364.

[249] Jesús Picatoste, ob. cit., pág. 153.

[250] Charles Powell, ob. cit., pág. 221.

[251] El Mundo. Historia de la Democracia, ob. cit., cap. 15, pág. 364.

[252] El Alcázar, 14 de abril de 1977.

[253] El País, 12 de abril de 1977.

[254] Joaquín Bardavío, ob. cit., pág. 194.

[255] Julia Navarro, ob. cit., págs. 141 y 142.

[256] El País, 14 de abril de 1977.

[257] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 290.

[258] LeopoldoCalvo-Sotelo, ob. cit.,pág. 21.

[259] Charles Powell, ob. cit., pág. 222. El testimonio es de Alfonso Osorio, que asimismo reconoció que «las visitas de Armada a algunos generales —realizadas en nombre del Rey— contribuyeron a restaurar la calma después de la legalización del Partido Comunista».

[260] Julia Navarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 239.

[261] Lluís Bassets, «El retorno de Tarradellas», El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, págs. 277 y 283.

[262] Salvador Sánchez Terán, De Franco a la Generalitat, Planeta, Barcelona, 1988, pág. 148.

[263] Salvador Sánchez Terán, ob. cit.,pág. 166.

[264] Manuel Ortínez, Memorias: Una vida entre burgueses, Edicions 62, Barcelona, 1993, pág. 134.

[265] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 98.

[266] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 137.

[267] Ibídem, pág. 138.

[268] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 142.

[269] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, págs. 321 y 322.

[270] Salvador Sánchez Terán, ob. cit.,pág. 223.

[271] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 323.

[272] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 144.

[273] Salvador Sánchez Terán, ob. cit.,pág. 233.

[274] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 145.

[275] Josep Tarradellas, Ja soc aquí. Record d’un retorn, Planeta, Barcelona, 1990, pág. 66.

[276] Josep Tarradellas, ob. cit., pág. 66.

[277] Manuel Ortínez, ob. cit.,págs. 146 y 147. Traducción del autor.

[278] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 147.

[279] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 67. Traducción del autor.

[280] Josep Tarradellas, ob. cit.,págs. 74-76.

[281] Ibídem, pág. 68.

[282] José Luis de Vilallonga, El Rey, Plaza y Janés, Barcelona, 2003, pág. 119.

[283] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 79.

[284] Josep Tarradellas, ob. cit.,págs. 78-80.

[285] Manuel Ortínez, ob. cit.,págs. 148 y 149.

[286] Ibídem,pág. 150.

[287] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 92.

[288] Salvador Sánchez Terán, ob. cit.,págs. 279 y 280.

[289] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 98.

[290] Testimonio de Carlos Sentís al autor.

[291] Josep Tarradellas, ob. cit.,págs. 100 y 101.

[292] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 102.

[293] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 153.

[294] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 110.

[295] El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 16, págs. 280 y 281.

[296] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 114.

[297] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 150. Ortínez actuó así por enemistad con Sentís. Ortínez dice que la cita con Raventós fue el día 20 de junio —después de que hubiera visto a Suárez y al Rey—, pero no puede ser, porque Raventós vio a Suárez ese día, y al Rey, el 21, y la decisión de que Tarradellas volviera y de que Sentís fuera el intermediario se tomó el 22 de junio en la Moncloa.

[298] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 115.

[299] Lo que explica el fracaso de la entrevista con Raventós. (Nota del autor.)

[300] Josep María Colomer, El arte de la manipulación política, Anagrama, Madrid, 1990, pág. 105.

[301] Ibídem,pág. 107.

[302] Josep María Colomer, ob. cit.,pág. 109.

[303] El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 6, pág. 281.

[304] Josep Tarradellas, ob. cit.,págs. 116 y 117. Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 160.

[305] Josep Tarradellas, ob. cit.,pág. 118.

[306] Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 155.

[307] Josep M. Colomer, ob. cit.,pág. 110. Salvador Sánchez Terán, ob. cit.,pág. 286. Manuel Ortínez, ob. cit.,pág. 156.

[308] Josep Tarradellas, ob. cit., pág. 136.

[309] Josep Tarradellas, ob. cit., pág. 136.

[310] Salvador Sánchez Terán, ob. cit., pág. 287.

[311] Josep Tarradellas, ob. cit., pág. 173.

[312] Testimonio de Sánchez Terán al autor.

[313] Salvador Sánchez Terán, ob. cit., pág. 309.

[314] Salvador Sánchez Terán, ob. cit., págs. 319 y 320.

[315] Julia Navarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 58.

[316] Alfonso Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Monarquía, Planeta, Barcelona, 1980, pág. 301.

[317] Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones de 1977, Prensa Española, Madrid, 1979,pág. 31.

[318] AlfonsoOsorio, ob. cit., págs. 301 y 302.

[319] Pedro J.Ramírez, ob. cit.,pág. 33.

[320] Ibídem,pág. 38.

[321] Pedro J.Ramírez, ob. cit.,págs. 38-40.

[322] MiguelHerrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 104.

[323] Pedro J.Ramírez, ob. cit.,pág. 227.

[324] Pedro J.Ramírez, ob. cit.,págs. 201 y 202.

[325] CharlesPowell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 229.

[326] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 314.

[327] Charles Powell, ob. cit., pág. 229.

[328] Ibídem, pág. 230.

[329] Charles Powell, ob. cit., pág. 299.

[330] El País, 28 de mayo de 1977.

[331] Pedro J. Ramírez, ob. cit.,págs. 291-294.

[332] Charles Powell, ob. cit., pág. 231.

[333] Alfonso Osorio, ob. cit., pág. 318.

[334] José Ignacio Wert, El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 9, 1995.

[335] Testimonio de José Luis Graullera al autor.

[336] Testimonio de Leopoldo Calvo-Sotelo al autor.

[337] AlfonsoOsorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980, pág. 329.

[338] Ibídem, pág. 330.

[339] Todos los detalles de las conversaciones entre Suárez y Tarradellas aparecen relatados en otro capítulo.

[340] AlfonsoGuerra, El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 9, pág. 157.

[341] XabierArzallus, El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 12, pág. 212.

[342] JuliaNavarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 162.

[343] Ibídem, pág. 316.

[344] FernandoAbril Martorell, El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 8, pág. 138.

[345] JuliaNavarro, ob. cit., pág. 195.

[346] SoledadGallego-Díaz y FranciscoGor, El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 12, pág. 199.

[347] Ibídem.

[348] MiquelRoca, El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 12, pág. 216.

[349] Ibídem.

[350] MiguelHerrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 125.

[351] JoaquínEstefanía, El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 10, pág. 168.

[352] Entrevista de Sol Alameda a Adolfo Suárez. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 17, pág. 309.

[353] Entrevista de Andreu Missé a Enrique Fuentes Quintana. El País. Memoria de la transición, ob. cit.

[354] JuliaNavarro, ob. cit., págs. 224 y 225.

[355] Entrevista de Andreu Missé a Enrique Fuentes Quintana. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 10, pág. 174.

[356] Ibídem.

[357] JoaquínLeguina, El País. Memoria de la transición, ob. cit, cap. 10, pág. 177.

[358] JoaquínEstefanía, El País. Memoria de la transición, ob. cit, cap. 10, pág. 170.

[359] Ibídem.

[360] JoaquínEstefanía, El País. Memoria de la transición, ob. cit, cap. 10, pág. 170.

[361] Entrevista de Andreu Missé a Enrique Fuentes Quintana. El País. Memorias de la transición, ob. cit., cap. 10, pág. 176.

[362] En el otoño-invierno de 1977-1978, grupos de cuadros de UCD asistieron en Bonn a cursos de formación a cargo de la Fundación Humanismo y Democracia. En el que yo participé estuvieron, entre otros, Eugenio Galdón, Luis Eduardo Cortés, José Peña Aranda, José Vicente Cebrián, Ignacio Calderón y el recordado Joaquín Tena, muerto años después cuando acababa de cumplir cuarenta años.

[363] Al autor de este libro le cupo el privilegio de ser el depositario histórico de las fichas originales de los pocos pero cualificados militantes del Partido Social Demócrata de Francisco Fernández Ordóñez, que aún hoy obran en su poder.

[364] MiguelHerrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 153.

[365] MiguelHerrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 150.

[366] Entrevista de Nativel Preciado a Fernando Abril Martorell. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 8, pág. 139.

[367] PatxoUnzueta, El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 11, pág. 186.

[368] Entrevista de Juan G. Ibáñez a Mario Onaindía. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 11, págs. 190 y 191.

[369] EmilioAttard, Vida y muerte de UCD, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 67.

[370] Entrevista de Nativel Preciado a Fernando Abril Martorell. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 8, pág. 139.

[371] Entrevista de Juan G. Ibáñez a Xabier Arzalluz. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 12, pág. 213.

[372] Entrevista de Carlos Pastor a Miquel Roca. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 12, pág. 218.

[373] Ibídem.

[374] Artículo de Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra. El País. Memoria de la transición, ob. cit., cap. 12, pág. 209.

[375] El autor, como miembro de la Secretaría de Organización de UCD, de la que era coordinador para el País Vasco, asistió al funeral de José María Portell, acompañando a los miembros de la UCD del País Vasco Chus Viana, Jaime Mayor Oreja y Tacho Nebreda, entre otros. Por parte del Gobierno asistió el ministro de Información, Pío Cabanillas

[376] ManuelFraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 143.

[377] El testimonio de las palabras de Adolfo Suárez está recogido de Pedro J. Ramírez, Así se ganaron las elecciones de 1979, Prensa Española, Madrid, págs. 143-151.

[378] Pedro J.Ramírez, Así se ganaron las elecciones de 1979, ob. cit., págs. 221 y 222.

[379] ManuelFraga, ob. cit.,pág. 155.

[380] JuliaNavarro, Nosotros, la transición, ob. cit., págs. 297-299.

[381] Entrevista de Sol Alameda a Adolfo Suárez. El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 17, pág. 309.

[382] Entrevista de Sol Alameda a Adolfo Suárez. El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 17, pág. 309.

[383] JuliaNavarro, ob. cit., págs. 319 y 320.

[384] JuliaNavarro, ob. cit., pág. 312.

[385] En marzo de 1978, durante una comida celebrada en Valencia con motivo de la inauguración de la Feria de Muestras, el teniente general Milans del Bosch manifestó al ministro de Comercio, Juan Antonio García Díez, que el ejército tenía que estar preparado para liberar al pueblo español del enemigo interior. García Díez informó al presidente Suárez, a su vuelta a Madrid, de las opiniones del teniente general.

[386] Declaraciones de Joaquín Ruiz-Giménez a la agencia Efe, el 28 de febrero de 1995.

[387] El Siglo, 13 de marzo de 1995. Declaraciones de Joaquín Ruiz-Giménez.

[388] ManuelFraga, ob. cit.,págs. 176 y 178.

[389] CharlesPowell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 272.

[390] Ibídem.

[391] JoaquínPrietoy José LuisBarbería, El enigma del elefante, El País-Aguilar, Madrid, 1991, págs. 35-45.

[392] EmilioAttard, Vida y muerte de UCD, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 112.

[393] El artículo 8, número 4, de la Ley de Referéndum decía que: «celebrado el Referéndum, si no llegase a obtenerse la ratificación por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, no podría reiterarse la iniciativa autonómica hasta transcurridos cinco años...».

[394] ManuelFraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 192.

[395] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 190.

[396] Josep Meliá, Así cayó Adolfo Suárez, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 44.

[397] Manuel Fraga, ob. cit.,págs. 191 y 199.

[398] Josep Meliá, ob. cit.,pág. 30.

[399] Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 274.

[400] Josep Meliá, ob. cit.,pág. 29.

[401] Emilio Attard, Vida y muerte de UCD, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 133.

[402] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 205.

[403] Ibídem.

[404] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 206.

[405] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del elefante, El País-Aguilar, Madrid, 1991, pág. 57.

[406] José Oneto, Los últimos días de un presidente, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 64.

[407] Emilio Attard, ob. cit.,págs. 163-168.

[408] Josep Meliá, ob. cit.,pág. 47.

[409] Josep Meliá, ob. cit.,págs. 47-58. Todos los entrecomillados desde la anterior nota a pie de página pertenecen a la misma fuente.

[410] Julia Navarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 303.

[411] Ibídem.

[412] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 70.

[413] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 57.

[414] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 210.

[415] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 76.

[416] Pilar Urbano, Con la venia... yo indagué el 23-F, Plaza y Janés, Barcelona, 1998, pág. 31.

[417] Ibídem, pág. 32.

[418] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., pág. 76.

[419] Pilar Urbano, ob. cit., pág. 270.

[420] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., págs. 82 y 83.

[421] Ibídem,pág. 83.

[422] Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 214.

[423] Ibídem, pág. 216.

[424] Entrevista de Sol Alameda a Adolfo Suárez. El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996, cap. 17, pág. 306.

[425] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 217.

[426] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit.,pág. 218.

[427] Ibídem,pág. 219.

[428] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 209.

[429] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit.,pág. 222.

[430] Manuel Fraga no cita en su minucioso diario ninguna de las muertes de los tres militantes de UCD. El día 1 habla de la entrevista Adolfo Suárez-Felipe González; el día 23, de la muerte de cuarenta y tres niños en Ortuella, al estallar una caldera, y el día 31 apuntó: «perdices en casa de Primitivo de la Quintana, en la Puebla de Montalbán».

[431] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del elefante, El País-Aguilar, Madrid, 1991, pág. 89.

[432] Pilar Cernuda, El Presidente, Temas de Hoy, Madrid, 1994, pág. 150.

[433] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 224.

[434] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., pág. 91.

[435] Declaraciones de Enrique Múgica. El País, 13 de marzo de 1981.

[436] Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 277.

[437] Pilar Cernuda, ob. cit.,pág. 151.

[438] Manuel Soriano, Sabino Fernández Campo: la sombra del Rey, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 347.

[439] Alfonso Armada, ob. cit., pág. 224.

[440] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., pág. 92.

[441] En su libro El enigma del elefante, Joaquín Prieto y José Luis Barbería afirman que «este escrito, de aproximadamente dos folios, no se conserva en el archivo del PSOE diez años después, según la respuesta dada por la Oficina de Prensa de dicho partido» (ob. cit., pág. 92).

[442] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., págs. 93 y 94. Charles Powell, ob. cit., pág. 277.

[443] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., págs. 94 y 95.

[444] Ibídem, págs. 95 y 96.

[445] Ibídem, pág. 96.

[446] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., pág. 98.

[447] Pilar Cernuda, ob. cit.,pág. 250.

[448] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 116.

[449] Todo el entrecomillado, que recoge extractos del documento, está recogido en las págs. 290-293 del libro El enigma del elefante, de Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El País-Aguilar, Madrid, 1991.

[450] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., pág. 102. José Luis de Vilallonga, El Rey, ob. cit., pág. 167.

[451] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 222.

[452] Manuel Fraga, ob. cit.,págs. 223 y 224.

[453] Alfonso Armada, ob. cit.,pág. 225.

[454] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 225.

[455] Ibídem.

[456] Alfonso Armada, ob. cit.,pág. 214.

[457] Ibídem,pág. 209. Armada se refiere al momento en el que fue nombrado Sabino Fernández Campo. Más adelante vuelve a ironizar sobre la condición de monárquico de su sucesor, al recordar que en 1970 un compañero de armas le dijo: «Mira cómo irán de bien las cosas que Sabino, que es muy listo, es monárquico».

[458] Esta relación de nombres solo cuenta con el testimonio de la doctora Carmen Echave, que dice haberla oído presenciando la conversación entre Armada y Tejero el 23-F.

[459] Testimonio de Fernando Abril Martorell al autor.

[460] Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 225.

[461] Ibídem,pág. 226.

[462] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 228.

[463] Ibídem.

[464] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 230.

[465] ABC, 18 de enero de 1981. Entrevista de Pilar Ferrer a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

[466] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 30.

[467] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del elefante, El País-Aguilar, Madrid, 1991, pág. 111. Los autores citan como fuente una próxima al teniente coronel Antonio Tejero.

[468] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 231.

[469] Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991. Testimonio de Adolfo Suárez en el Seminario sobre la Transición, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, en Toledo, en 1983.

[470] Abel Hernández, El Quinto Poder, Temas de Hoy, Madrid, 1995, págs. 125 y 126. La carta de desmentido de Adolfo Suárez se publicó en El Mundo el 22 de septiembre de 1995. Abel Hernández, Adolfo Suárez: Fue posible la concordia, Espasa Calpe, Madrid, 1996, pág. 259.

[471] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., pág. 116.

[472] José Oneto, Los últimos días de un presidente, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 62.

[473] Ibídem,pág. 72.

[474] Emilio Attard, Vida y muerte de UCD, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 184. En el «Informe sobre la situación política» publicado por J. Prieto y J. L. Barbería como anexo núm. 10, se sitúa esta reunión el 5 de enero (pág. 335). Por su parte, Pilar Urbano sitúa la reunión el 23 de enero y cita a un agente del KGB soviético como fuente de la información (pág. 69).

[475] Josep Meliá, Así cayó Adolfo Suárez, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 25.

[476] Ibídem, pág. 26.

[477] Josep Meliá, ob. cit., pág. 67.

[478] Ibídem, pág. 68.

[479] Ibídem, pág. 69.

[480] Ibídem.

[481] Josep Meliá, ob. cit., pág. 74.

[482] José Oneto, ob. cit.,pág. 103.

[483] Ibídem, pág. 105.

[484] Manuel Soriano, Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey, Temas de Hoy, Madrid, 1995, págs. 374 y 375.

[485] José Oneto, ob. cit.,pág. 107.

[486] José Oneto, ob. cit., pág. 108.

[487] Josep Meliá, ob. cit., pág. 76.

[488] Manuel Soriano, ob. cit., pág. 376.

[489] Manuel Soriano, ob. cit., pág. 377.

[490] Ibídem.

[491] El autor había salido a mediodía en su coche particular para embarcar en Valencia. Le acompañaba uno de los asesores de Pío Cabanillas, Luis Martos, que llevaba consigo un minucioso estudio de todas las enmiendas presentadas por los críticos.

[492] La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos presidida por el propio presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, había acordado en su reunión del 13 de enero rechazar la petición de la comisión de controladores de una subida salarial del 46 por 100, por considerar esa demanda abusiva y porque generaría reivindicaciones similares de otros cuerpos de la Administración.

[493] José Oneto, ob. cit., pág. 119.

[494] Josep Meliá, ob. cit., pág. 99.

[495] Julia Navarro, Nosotros, la transición, Temas de Hoy, Madrid, 1995, pág. 368.

[496] Josep Meliá, ob. cit.,pág. 101.

[497] Manuel Soriano, ob. cit., págs. 378 y 379.

[498] Jefe de Estado Mayor del Ejército. Armada se refiere al teniente general José Gabeiras.

[499] Alfonso Armada, ob. cit.,págs. 226 y 227.

[500] La cursiva es del autor.

[501] Josep Meliá,ob. cit.,pág. 104.

[502] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,ob. cit.,pág. 232.

[503] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit.,pág. 234.

[504] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit.,pág. 235.

[505] JuliaNavarro,ob. cit.,págs. 368 y 369.

[506] El autor permaneció el miércoles 28 en Barcelona y regresó el 29 a Madrid, siguiendo la ruta Tarragona-Vinaroz-Alcañiz-Caminreal-Calamocha-Monreal del Campo-Molina de Aragón-Alcolea del Pinar-Guadalajara-Madrid.

[507] JosepMeliá, Así cayó Adolfo Suárez, Planeta, Barcelona, 1981, págs. 128 y 129.

[508] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 231.

[509] Ibídem,págs. 232 y 233.

[510] Alfonso Armada, ob. cit., pág. 233.

[511] Julia Navarro, ob. cit., pág. 365.

[512] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 238.

[513] Josep Meliá, ob. cit.,pág. 144.

[514] Ibídem.

[515] Ibídem,pág. 145.

[516] José María Maravall, Memoria de la Transición, Taurus, Madrid, 1996, pág. 471.

[517] El Alcázar, 12 de febrero de 1981.

[518] Alfonso Armada, ob. cit.,pág. 235.

[519] Manuel Soriano, Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey, Temas de Hoy, Madrid, 1995, págs. 369 y 370.

[520] Alfonso Armada, ob. cit.,pág. 235.

[521] Charles Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Planeta, Barcelona, 1991, pág. 285. Testimonio del teniente general Gutiérrez Mellado en el Seminario sobre la Transición organizado en Toledo por la Fundación Ortega y Gasset, en 1983.

[522] Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 231.

[523] Manuel Fraga, ob. cit., pág. 231.

[524] Ibídem.

[525] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Plaza y Janés/Cambio 16, Barcelona, 1990, pág. 37.

[526] Ibídem,pág. 38.

[527] Armada no cita en sus memorias a Jordi Solé Tura como invitado. Sí lo hace Paul Preston en El triunfo de la democracia en España 1969-1982, pág. 223.

[528] José Oneto, La noche de Tejero, Planeta, Barcelona, 1981, pág. 48.

[529] Manuel Soriano, ob. cit.,págs. 340 y 341.

[530] Ibídem,págs. 342 y 343. Soriano relata en su libro (págs. 504 y 505) que esta es la versión de la conversación que ofrece José Luis de Vilallonga en su libro El Rey y que contradice la que figura en el Considerando noveno de la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, recogida en las declaraciones de Sabino Fernández Campo, en las que este se atribuía la conversación con Alfonso Armada para dejar al margen del procedimiento judicial a don Juan Carlos. El general Gabeiras ratificó la versión de Sabino. Se quiso con ello evitar la pretensión de los abogados de los golpistas durante el juicio del 23-F de que el Rey testimoniara por escrito.

[531] José Luis de Vilallonga, El Rey, Plaza y Janés, Barcelona, 2003, pág. 171. En la edición francesa, es el propio don Juan Carlos quien le hace a Vilallonga esa pregunta.

[532] José Oneto, ob. cit.,pág. 72.

[533] El País, 17 de febrero de 1991.

[534] José Oneto, ob. cit.,pág. 80.

[535] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del elefante, El País-Aguilar, Madrid, 1991, págs. 172-174.

[536] Ibídem,pág. 175.

[537] Manuel Soriano, ob. cit.,pág. 346.

[538] Manuel Soriano, ob. cit.,pág. 347. Soriano afirma que tanto Armada como Sabino cumplieron el compromiso y no lo revelaron ni siquiera en el consejo de guerra, para preservar a la Corona y al PSOE.

[539] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 181.

[540] Alfonso Armada, ob. cit.,págs. 242 y 243.

[541] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 185.

[542] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,págs. 185 y 186.

[543] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 187.

[544] Ibídem,pág. 196.

[545] Testimonio de Luis Algar, uno de los inspectores de la Casa del Rey, hoy jefe de Protocolo y Seguridad del Consejo Superior de Deportes.

[546] Manuel Soriano, ob. cit.,pág. 353.

[547] Manuel Soriano, ob. cit.,pág. 354.

[548] José Oneto, ob. cit.,pág. 144.

[549] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 218.

[550] Alfonso Armada, ob. cit.,pág. 247.

[551] José Oneto, ob. cit.,págs. 128 y 129.

[552] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit.,pág. 219.

[553] Charles Powell, ob. cit.,pág. 297.

[554] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 235.

[555] Alfonso Armada, ob. cit.,pág. 247.

[556] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Plaza y Janés/Cambio 16, Barcelona, 1990,pág. 35.

[557] Ibídem, pág. 36.

[558] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 44.

[559] Entrevista de Rosa Montero a Leopoldo Calvo-Sotelo. El País. Memoria de la transición, Madrid, 1996,pág. 520.

[560] Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, pág. 236.

[561] Ibídem,pág. 238.

[562] Manuel Fraga, ob. cit., pág. 238.

[563] Ibídem, págs. 250 y 251.

[564] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, págs. 239 y 240.

[565] Solo meses después, José Luis Balbín tendría que desaparecer de España por orden del director general de RTVE del PSOE, José María Calviño, para así impedir la emisión de un programa de La Clave dedicado a debatir los sobornos en el Ayuntamiento de Madrid, protagonizados por concejales socialistas, y al que estaba invitado el denunciante, Alonso Puerta.

[566] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 240.

[567] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., págs. 243 y 244.

[568] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 207.

[569] Ibídem.

[570] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ob. cit., pág. 276.

[571] El autor fue quien realizó la gestión, avisando también al propietario del restaurante para que facilitara el acceso del fotógrafo.

[572] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., págs. 72 y 73.

[573] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 74.

[574] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 275.

[575] La declaración del presidente del Gobierno se produjo solo dos horas después de la lectura de la sentencia. El autor, acompañado de los periodistas Ramón Pi y Carlos Dávila, escuchó por radio su decisión de recurrir, en una cafetería de la calle Prim, frente al Cuartel General del Ejército.

[576] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 276.

[577] Ibídem,pág. 278.

[578] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 78.

[579] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 286.

[580] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 77.

[581] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 81.

[582] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 86.

[583] Abel Hernández, Adolfo Suárez: Fue posible la concordia, Espasa Calpe, Madrid, 1996, pág. 283.

[584] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 289.

[585] Leopoldo Calvo-Sotelo, ob. cit., pág. 93.

[586] Ibídem, pág. 83.

[587] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 296.

[588] Abel Hernández, ob. cit.,pág. 291.

[589] El País. 24 de septiembre de 1989. Entrevista de Sol Alameda al entonces alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún.

[590] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 323.

[591] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 327.

[592] Ibídem,pág. 326.

[593] Javier Pradera, «El cambio y las inercias del poder». Anuario de El País, 1984.

[594] Manuel Fraga, ob. cit.,pág. 335.

[595] J. J. Armas Marcelo, Los años que fuimos Marilyn, Espasa Calpe, Madrid, 1995, pág. 96.

[596] Ibídem, pág. 97.

[597] J. J. Armas Marcelo, ob. cit., pág. 98.

[598] Ibídem.

[599] José Antich, El Virrei, Planeta, Barcelona, 1994, pág. 208.

[600] Abel Hernández, ob. cit.,págs. 296 y 297.

[601] Ibídem, pág. 298.

[602] Abel Hernández, ob. cit., pág. 337.

Título original: Adolfo Suárez, el hombre clave de la transición

© Carlos Abella, 2014

© Del prólogo: Raymond Carr, 2014

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