Los Principios de política son la obra maestra de Benjamin Constant y del liberalismo político. Redactado en 1806, pero publicado sólo parcialmente en vida del autor, este libro no había tenido hasta el presente una edición íntegra en nuestro idioma. Recién en 1980 apareció en Ginebra la primera edición crítica de la obra —a cargo de Étienne Hofmann— que restituye la monumental arquitectura del conjunto, y a partir de la cual se ha realizado la presente traducción.

En los Principios… Constant se propone repensar los fundamentos de la vida en sociedad a la luz de ese acontecimiento mayor y reciente: la Revolución Francesa. Y, como resultado de esa reflexión, define las condiciones de base de una democracia liberal —la soberanía del pueblo y la libertad individual— y, en el trayecto, descubre en qué consiste la libertad de los Antiguos en relación con la de los Modernos. Microcosmos de la filosofía política y expresión de su propia experiencia, los Principios… exploran numerosos temas: la ley, la soberanía, la representación, el poder, el gobierno, la riqueza y la pobreza, la guerra y la paz y el mantenimiento del orden público. Pero, sobre todo, la libertad. En efecto, aquí Constant muestra que la libertad es un fenómeno orgánico, y que atacarla en alguno de sus aspectos particulares es atacarla en su totalidad. Una de las obras maestras de la filosofía política europea surge por fin, con esta edición, a la luz en nuestro idioma para ocupar el lugar que le corresponde por pleno derecho.

Benjamin Constant

Principios de política

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Titivillus 21.04.2023

Título original: Principes de politique

Benjamin Constant, 1815

Traducción: Josefa Hernández

Editor digital: Titivillus

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PROLOGO

TIENDE a reconocerse que la actual Constitución, aun después de haber sido aceptada por el pueblo francés, podría ser mejorada en algunas de sus disposiciones. Creo que, si se estudia bien, se podrá comprobar que casi todos sus artículos se ajustan a los principios preservadores de las asociaciones humanas y favorecen la libertad. Pero no es menos útil y razonable dejar a los poderes constituidos la facultad de perfeccionar el acto que determina sus atribuciones y fija sus relaciones recíprocas.

Sostuve en alguna ocasión que, en la medida en que toda Constitución es la garantía de la libertad de un pueblo, todo lo que está implícito a la libertad es constitucional, y no lo es cuanto la ignora; que extender una Constitución a todo implica multiplicar los peligros que la acechan, cercándola de obstáculos; que en la Constitución existen ciertos principios fundamentales que ninguna autoridad nacional puede alterar, pero que el consenso de todas ellas puede hacer todo aquello que no se oponga a dichos principios.

No será, pues, superfluo examinar nuestra Constitución, tanto en su conjunto como en sus detalles, puesto que, refrendada por el sufragio nacional, es susceptible de perfeccionamiento.

En este libro se hallarán con frecuencia, no solo las mismas ideas, sino las mismas palabras que en mis escritos precedentes. Pronto serán ya veinte años que me ocupo de temas políticos y siempre he profesado las mismas opiniones y he enunciado los mismos principios. Lo que pedía entonces era la libertad individual, la libertad de prensa, el fin de la arbitrariedad, el respeto de los derechos de todos. Eso mismo es lo que reclamo hoy, con no menos celo y más esperanza.

Si nos limitamos a un examen superficial de la situación de Francia, aparecen en primer plano los peligros que la amenazan. Poderosos ejércitos se levantan contra nosotros. Tanto los pueblos como sus jefes, parecen cegados por el recuerdo. El resto del espíritu nacionalista que los animaba hace dos años, tiñe todavía, con cierto aspecto nacional, el esfuerzo que de ellos se exige. Pero si analizamos con detenimiento, esos alarmantes síntomas pierden mucho de su gravedad. Hoy ya no es su propia patria lo que esos pueblos defienden; atacan a una nación encerrada en sus fronteras y que no quiere franquearlas, una nación que solo reclama su independencia interior y el derecho a darse su propio gobierno, como Alemania lo ha hecho al elegir a Rodolfo de Habsburgo, Inglaterra al llamar a la Casa de Brunswick, Portugal al dar la corona al duque de Braganza, Suecia al elegir a Gustavo Vasa; en otras palabras, del mismo modo que todas las naciones europeas lo han ejercido en una determinada época, generalmente la más gloriosa de su historia.

Hay en las personas una razón natural que acaba siempre por reconocer la evidencia, y los pueblos se cansarán pronto de entregar su sangre por una causa que no es la suya. Respecto a nosotros, hay dos sentimientos en que participa la inmensa mayoría de los franceses: el ansia de libertad y el odio a la dominación extranjera. Todos nosotros sabemos también que la libertad no puede venirnos del extranjero, sabemos también que cualquier gobierno que se reinstaurara bajo sus banderas, se opondría a nuestros intereses y a nuestros derechos.

A esta convicción que impregna nuestros espíritus se suman todos los recuerdos capaces de despertar el orgullo nacional, nuestra gloria eclipsada, nuestras provincias invadidas, los bárbaros a las puertas de París, por no hablar de esa insolencia mal disimulada de los vencedores, que sublevaba a los franceses cuando veían flotar sobre nuestras torres los colores extranjeros, y cuando, para cruzar nuestras calles, o entrar a nuestros espectáculos, o regresar a nuestros hogares, había que implorar la indulgencia de un ruso o la moderación de un prusiano. Hoy no cabría esperar ni indulgencia ni moderación. No hablan ya de Constitución ni de libertad. Es a la nación a la que se acusa: son los atentados del ejército los que se quieren castigar.

Nuestros enemigos tienen poca memoria. El lenguaje que de nuevo emplean derrocó sus tronos hace veintitrés años. Entonces, como ahora, nos atacaban porque queríamos tener un gobierno nuestro, porque habíamos liberado del diezmo al campesino, de la intolerancia al protestante, de la censura al pensamiento, de la detención y del destierro arbitrarios al ciudadano, de los ultrajes de los privilegiados al plebeyo. Mas entre las dos épocas hay una diferencia: ayer nuestros enemigos sólo hacían la guerra a nuestros principios, y hoy la hacen a nuestros intereses, a los que el tiempo, la costumbre e innumerables hechos han identificado con nuestros principios. Lo que en nosotros era entonces presentimiento, ahora es experiencia. Hemos ensayado la contrarrevolución. Hemos intentado conciliaría con las garantías por las que luchamos. Nos hemos obstinado, y yo más que nadie, en creer en la buena fe, porque su necesidad era evidente. Al fin se ha comprobado que el odio a la libertad era más fuerte que el amor a la propia sobrevivencia. No inculpamos a la desgracia; respetamos la edad y el infortunio. Pero la experiencia se ha realizado, los principios son opuestos, los intereses son contrarios, los lazos se han roto.

Benjamín Constant

I

DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO

NUESTRA actual Constitución reconoce formalmente el principio de la soberanía del pueblo, es decir, la supremacía de la voluntad general sobre toda voluntad particular. Tal principio, en efecto, no se puede negar. Se ha pretendido en nuestros días minimizado, y los males que se han causado y los crímenes que se han cometido con el pretexto de hacer cumplir la voluntad general, dan una fuerza aparente a los razonamientos de aquellos que querrían asignar otra fuente a la autoridad de los gobiernos. Sin embargo, todos esos razonamientos no resisten a la simple definición de las palabras que se emplean. La ley no puede ser otra cosa que la expresión de la voluntad de todos, o de la de algunos. Ahora bien: ¿cuál sería el origen del privilegio exclusivo que se concediera a unos pocos? Si es la fuerza, ésta pertenece a quien se apodera y no constituye un derecho; si se reconoce su legitimidad en algún caso, habrá que reconocérsela en todos, con independencia de quien la detente, y todo el mundo querrá conquistarla. Si se supone sancionado el poder de unos pocos por el asentimiento de todos, ese poder se convierte entonces en la voluntad general.

Tal principio se aplica a todas las instituciones. La teocracia, la realeza, la aristocracia, son, cuando dominan sus adeptos, la voluntad general. Cuando no los dominan, no son más que fuerza. En una palabra, en el mundo sólo existen dos poderes: uno ilegítimo, la fuerza; otro legítimo, la voluntad general. Pero al mismo tiempo que se reconocen los derechos de esa voluntad, es decir, la soberanía del pueblo, es necesario, es urgente, concebir bien su naturaleza y determinar debidamente su dominio. Si no se definen con exactitud y precisión sus términos, el triunfo de la teoría podría resultar un fracaso en su aplicación. El reconocimiento abstracto de la soberanía del pueblo no aumenta en nada la suma de libertad de los individuos, y si se le atribuye una amplitud indebida, puede perderse la libertad, a pesar y en contra de ese mismo principio.

La precaución que recomendamos y que estamos dispuestos a adoptar es tanto más necesaria cuanto que los hombres de partido, por puras que puedan ser sus intenciones, se resisten siempre a limitar la soberanía. Se consideran sus presuntos herederos y, aun en manos de sus enemigos, la tratan como una propiedad futura. Desconfían de tal o cual forma de gobierno, de tal o cual clase de gobernantes; mas permítaseles organizar a su modo la autoridad y confiársela a mandatarios de su elección: no tendrán más preocupación que su ilimitado dominio.

Cuando se afirma que la soberanía del pueblo es ilimitada, se está creando e introduciendo azarosamente en la sociedad humana un grado de poder demasiado grande que, por sí mismo, constituye un mal, con independencia de quien lo ejerza. No importa que se le confíe a uno, a varios, a todos; siempre constituiría un mal. Se atacará a los depositarios de ese poder y, según las circunstancias, se acusará sucesivamente a la monarquía, a la aristocracia, a la democracia, a los gobiernos mixtos, al sistema representativo. Se cometerá una equivocación; es al grado de poder, no a sus depositarios, al que hay que acusar. Es el arma a la que hay que atacar, no al brazo que la sostiene. Hay cargas demasiado pesadas para el brazo de los hombres.

El error de los que de buena fe, movidos por su amor a la libertad, han concedido a la soberanía del pueblo un orden sin límites, procede del modo en que se han formado sus ideas políticas. La historia les ha mostrado cómo un pequeño número de hombres, o incluso uno solo, detentaban un poder inmenso, causante de muchos males; su cólera se ha dirigido contra los detentadores del poder, no contra el propio poder. En lugar de destruirlo, sólo han pensado en desplazado. Era un sometimiento, y lo han considerado como una conquista. Se lo han conferido a la sociedad entera. De ella, ha pasado necesariamente a la mayoría; de la mayoría, a las manos de algunos hombres, a veces a las de un sólo hombre; ha causado tanto mal como antaño. Como resultado, se han multiplicado los ejemplos, las objeciones, los argumentos y los hechos contra las instituciones políticas.

En una sociedad fundada en la soberanía del pueblo, es evidente que ningún individuo, ninguna clase, tiene derecho a someter al resto a su voluntad particular; pero es falso que la sociedad en su conjunto posea sobre sus miembros una soberanía sin límites.

La universalidad de los ciudadanos es soberana en el sentido de que ningún individuo, ninguna fracción, ninguna asociación parcial puede arrogarse la soberanía si esta no le ha sido delegada. Pero de ello no se sigue que la universalidad de los ciudadanos, o aquellos que han sido investidos con la soberanía, puedan disponer soberanamente de la existencia de los individuos. Hay, al contrario, una parte de la vida humana que es, por naturaleza, individual e independiente y que queda al margen de toda competencia social. La soberanía sólo existe de un modo limitado y relativo. Donde comienza la independencia y la existencia individual se detiene la jurisdicción de esta soberanía. Si la sociedad sobrepasa esta línea, se hace tan culpable como el déspota cuyo único título es la espada exterminadora; la sociedad no puede rebasar su competencia sin ser usurpadora, ni la mayoría sin ser facciosa. El asentamiento de la mayoría no basta en todos los casos para legitimar sus actos; hay actos que es imposible sancionar; cuando una autoridad comete actos semejantes, nada importa la fuente de la que pretende emanar, nada importa que se llame individuo o nación. Le faltaría la legitimidad aunque se tratara de toda la nación y hubiere un solo ciudadano oprimido.

Rousseau ha ignorado esta verdad, y su error ha hecho de su ensayo El Contrato Social, tan frecuentemente invocado en favor de la libertad, el instrumento más terrible de todos los géneros de despotismo. Definió el contrato celebrado entre la sociedad y sus miembros como la enajenación completa y sin reservas de cada individuo con todos sus derechos a la comunidad. Para tranquilizarnos sobre las consecuencias de abandono tan absoluto de todas las partes de nuestra existencia en provecho de un ser abstracto, nos dice que el soberano, es decir, el cuerpo social, no puede perjudicar ni al conjunto de sus miembros, ni a cada uno de ellos en particular; pues al darse cada uno por completo, la condición es igual para todos, y ninguno tiene interés en hacerla onerosa a los demás. Al darse cada uno a todos, no se da a nadie; cada uno adquiere sobre todos los asociados los mismos derechos que él les cede, y gana el equivalente de todo lo que pierde, con más poder para conservar lo que tiene. Pero olvida que todos esos atributos preservadores que confiere al ser abstracto al que llama soberano, resultan de que este ser se compone de todos los individuos sin excepción.

Ahora bien, tan pronto como el soberano tiene que hacer uso del poder que posee, es decir, tan pronto como hay que proceder a una organización práctica de la autoridad, no pudiendo el soberano ejercerla por sí mismo, la delega, y todos esos atributos desaparecen. Al estar necesariamente, de grado o por fuerza, la acción que se ejecuta en nombre de todos a la disposición de uno solo o de algunos, resulta que al darse uno a todos, no es verdad que no se dé a nadie; al contrario, se da a los que actúan en nombre de todos. De ahí que, al darse por completo, no se llega a una condición igualitaria para todos, ya que algunos se aprovechan exclusivamente del sacrificio del resto; no es verdad que ninguno tenga interés en hacer onerosa la condición a los demás, puesto que hay asociados que están fuera de la condición común. Es falso que todos los asociados adquieren los mismos derechos que ceden; no todos ganan el equivalente de lo que pierden, y el resultado de lo que sacrifican es, o puede ser, el establecimiento de una fuerza que les quite lo que tienen.

El propio Rousseau se ha asustado de esas consecuencias: aterrado por la inmensidad del poder social que acababa de crear, no ha sabido en qué manos depositar ese poder monstruoso, y no ha encontrado otro preservativo contra el peligro que entraña tal soberanía que un expediente que hace imposible su ejercicio. Ha declarado que la soberanía no puede ser enajenada, ni delegada, ni representada. En otros términos, que no puede ser ejercitada; significaba de hecho anular el principio que acababa de proclamar.

Pero véase cómo los partidarios del despotismo son más francos en su conducta cuando adoptan el mismo axioma en cuanto les sirve y les favorece. Hobbes, el hombre que ha erigido de modo más inteligente el despotismo en sistema, se ha apresurado a reconocer el carácter limitado de la soberanía a fin de defender la legitimidad del gobierno absoluto de uno solo. La soberanía —dice— es absoluta; esta verdad ha sido reconocida siempre, incluso por aquellos que han inducido a la sedición o han provocado guerras civiles; su intención no era aniquilar la soberanía, sino transferir su ejercicio a otras manos. La democracia es una soberanía absoluta en manos de todos; la aristocracia, una soberanía absoluta en manos de algunos; la monarquía, una soberanía absoluta en manos de uno solo. El pueblo ha podido desprenderse de esa soberanía absoluta en favor de una monarca, que por lo tanto se ha convertido en su legítimo poseedor.

Se ve claramente que el carácter absoluto que Hobbes atribuye a la soberanía del pueblo es la base de todo su sistema. La palabra absoluto desnaturaliza toda la cuestión y nos lleva a una nueva serie de consecuencias; este es el punto en que Hobbes deja el camino de la verdad para dirigirse al del sofisma hasta alcanzar la meta que se ha propuesto al empezar. Trata de demostramos que, al no bastar las convenciones de los hombres para que sean cumplidas, hace falta una fuerza coercitiva que obligue a respetarlas; que por tener que preservarse la sociedad de las agresiones exteriores se necesita una fuerza común que arme para la defensa común; que por estar divididos los hombres en sus pretensiones, hacen falta leyes que reglamenten sus derechos. De la primera premisa deduce que el soberano tiene el derecho absoluto de castigar; de la segunda, que el soberano tiene el derecho absoluto de hacer la guerra; de la tercera, que el soberano es legislador absoluto.

Nada más falso que esas conclusiones. El soberano tiene el derecho de castigar, pero sólo las acciones culpables; tiene el derecho de hacer la guerra, pero sólo cuando la sociedad es atacada; tiene el derecho de hacer leyes, pero sólo cuando ésas leyes son necesarias y en tanto que sean conformes a la justicia. No hay, por tanto, nada de absoluto, nada de arbitrario en esas atribuciones. La democracia es la autoridad depositada en manos de todos, pero sólo la suma de autoridad necesaria a la seguridad de la asociación; la aristocracia es esa autoridad confiada a unos pocos; la monarquía, esa misma autoridad entregada a uno solo. El pueblo puede desprenderse de esa autoridad en favor de un solo hombre o de un pequeño número; pero su poder es limitado, como lo es el del pueblo que se lo ha conferido. Al suprimir esa sola palabra, inserta gratuitamente en la construcción de una frase, todo el planteamiento de Hobbes se derrumba. Por el contrario, con la palabra absoluto, ni la libertad ni, como se verá a continuación, la tranquilidad y la dicha son posibles bajo ninguna institución. El gobierno popular no es sino una tiranía convulsiva; el monárquico, un despotismo más concentrado.

Cuando la soberanía no está limitada, no hay ningún medio de poner a los individuos al cobijo de los gobiernos. En vano se pretenderá someter los gobiernos a la voluntad general. Son siempre ellos los que dictan esa voluntad, y todas las precauciones resultan ilusorias.

El pueblo —dice Rousseau— es soberano en un sentido y súbdito en otro; mas en la práctica esas dos relaciones se confunden. Le es fácil a la autoridad oprimir al pueblo como súbdito, para forzarlo a manifestar, como soberano, la voluntad que ella le prescribe.

Ninguna organización política puede evitar ese peligro. Es inútil la división de poderes si la suma total del poder es ilimitada, los poderes divididos no tienen más que formar una coalición y el despotismo será inevitable con sus nefastas consecuencias. Lo que nos importa no es que nuestros derechos no puedan ser violados por uno de los poderes sin la aprobación del otro, sino que ningún poder pueda transgredirlos. No basta que los agentes del poder ejecutivo necesiten invocar la autorización del legislador; es preciso que el legislador no pueda autorizar su acción sino en la esfera que legítimamente le corresponde. No basta que el poder ejecutivo no pueda actuar sin el concurso, si no se declara que hay materias que escapan a la esfera de competencia del legislador, es decir, que la soberanía es limitada, y que ni el pueblo ni sus delegados tienen derecho a convertir en ley cualquier capricho.

Es eso lo que hay que declarar, esa la verdad importante, el principio eterno que hay que establecer.

Ninguna autoridad sobre la tierra es ilimitada, ni la del pueblo, ni la de los hombres que se llaman sus representantes, ni la de los reyes, cualquiera que sea el titulo con que reinen, ni la de la ley, que, por ser la expresión de la voluntad del pueblo o del príncipe, según la forma de gobierno, debe circunscribirse a los mismos límites que la autoridad de que emana.

Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política, y cualquier autoridad que viole esos derechos es ilegítima. Los derechos de los ciudadanos son: la libertad individual, la libertad religiosa, la libertad de opinión, que comprende el derecho a su libre difusión y el disfrute de la propiedad, la garantía contra todo acto arbitrario. Ninguna autoridad puede atentar a esos derechos sin renunciar a su propio título.

Al no ser ilimitada la soberanía del pueblo y al no bastar su voluntad para legitimar todo lo que quiere, la autoridad de la ley, que no es más que la expresión verdadera o supuesta de esa voluntad, tampoco es ilimitada.

Debemos muchos sacrificios a la tranquilidad pública; seríamos culpables ante la moral si, debido a un celo inflexible por nuestros derechos, nos resistiéramos a todas las leyes que nos parecieran conculcarlos; pero no estamos obligados a obedecer aquellas pretendidas leyes cuya influencia corruptora amenaza las partes más nobles de nuestra existencia, aquellas leyes que no sólo restringen nuestras libertades legítimas, sino que nos imponen acciones contrarias a esos eternos principios de justicia y de piedad que el hombre no puede dejar de observar sin degradarse y desmentir su naturaleza.

Siempre que una ley, aunque injusta, no tiende a depravarnos, siempre que los mandatos abusivos de la autoridad sólo exigen sacrificios que no nos envilecen ni pervierten, podemos obedecerla, pues sólo a nosotros nos afecta. Pero si la ley nos prescribiera pisotear nuestros principios o nuestros deberes, o si, con el pretexto de una devoción gigantesca y ficticia por lo que, según los casos, llamaría monarquía o República, o nos prohibiera la fidelidad a nuestros semejantes, o si nos obligara a traicionar a nuestros aliados o incluso a perseguir a nuestros enemigos vencidos, reflexionemos entonces la serie de injusticias y de crímenes que se esconden bajo el nombre de ley.

Siempre que una ley parece injusta existe el deber positivo, general, irrestricto, de no cumplirla. Esa fuerza de inercia no entraña trastornos, ni revoluciones, ni desórdenes.

Nada justifica al hombre que presta su asentimiento a la ley que cree inicua.

El terror no es una excusa más valiosa que cualquier otra pasión infamante. Dios confunda a cuantos sirven dócilmente y como autómatas a sus amos, agentes infatigables de todas las tiranías existentes, denunciadores póstumos de todas las tiranías derrocadas.

Durante los años terribles que nos tocó vivir, se nos decía que si se servía a leyes injustas, era sólo para hacerlas menos rigurosas, ya que el poder cuyo depósito se acepta ocasionaría mayores males confiado en manos menos puras. ¡Transacción falsa que abría una carrera sin límites a todos los crímenes! Cada uno jugaba con su conciencia y cada grado de injusticia hallaba dignos ejecutores. No veo por qué en tal sistema no se hacía uno verdugo de la inocencia, con el pretexto de estrangularla más dulcemente.

Resumamos ahora las consecuencias de nuestros principios.

La soberanía del pueblo no es ilimitada; está circunscrita por los límites que le marcan la justicia y los derechos de los individuos. La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto. Los representantes de una nación no tienen el derecho de hacer lo que no puede hacer la propia nación. Ningún monarca, cualquiera que sea el título que invoque, fúndese en el derecho divino, en el de conquista o en el asentimiento del pueblo, posee un poder sin límites. Si Dios interviene en los asuntos humanos, es sólo para sancionar la justicia. El derecho de conquista no es otra cosa que la fuerza, no un derecho, ya que pasa a quien de ella se apodera. El asentimiento del pueblo no podría legitimar lo que es ilegítimo, puesto que un pueblo no puede delegar en nadie una autoridad que no tiene.

Se presenta una objeción contra la limitación de la soberanía. ¿Es posible limitarla? ¿Existe algún poder que pueda impedirle franquear las barreras que se le hayan señalado? Se dirá que se puede restringir el poder dividiéndolo mediante combinaciones ingeniosas. Se pueden oponer y equilibrar sus diferentes partes. Pero ¿cómo se hará para que la suma total no sea ilimitada? ¿Cómo limitar el poder de otro modo que por el poder?

Es indudable que no basta la limitación abstracta de la soberanía. Hay que buscar sus bases en instituciones políticas que combinen de tal modo los intereses de los diversos depositarios del poder, que su ventaja más evidente, más perdurable y más segura consista en que cada uno tenga límites a sus atribuciones respectivas. Sin embargo, la cuestión fundamental sigue siendo el ámbito y los límites de la soberanía, ya que, antes de haber organizado algo, hay que determinar su naturaleza y su alcance.

En segundo lugar, sin querer exagerar la influencia de la verdad, como con sobrada frecuencia han hecho los filósofos, se puede afirmar que la demostración clara y absoluta de ciertos principios constituye su mejor garantía. Ante la evidencia, se configura una opinión universal que pronto se impone. Si se reconoce que la soberanía tiene límites, es decir, que no existe en la tierra ningún poder ilimitado, nadie osará reclamar nunca semejante poder. La propia experiencia lo prueba. Ya no se atribuye, por ejemplo, a la sociedad el derecho de vida y muerte sin previo juicio. Del mismo modo, ningún gobierno moderno pretende ejercer semejante derecho. Si los tiranos de las antiguas Repúblicas nos parecen mucho más desenfrenados que los gobernantes de la historia moderna, hay que atribuirlo en parte a esa causa. Los atentados más monstruosos del despotismo de un solo individuo se debieron con frecuencia a la doctrina del poder ilimitado de todos.

La limitación de la soberanía es, entonces posible y practicable. Será garantizada primero por la fuerza, que garantiza todas las verdades reconocidas por la opinión; después lo será, de un modo más preciso, por la distribución y por el equilibrio de los poderes.

Pero comencemos por reconocer esa limitación como válida. Sin tal precaución previa, todo es inútil.

Encerrando la soberanía en sus justos límites, nada hay que temer; se arrebata al despotismo, sea de los individuos, sea de las asambleas, la sanción aparente que cree obtener en el espacio que dirige, ya que se prueba que tal espacio, aunque fuera real, no tiene el poder de sancionar nada.

El pueblo no tiene derecho de castigar a un solo inocente, ni tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. No puede, pues, delegar en nadie semejante derecho. El pueblo no tiene el derecho de atentar a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, a las garantías judiciales, a las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede, pues, ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo se lo ha conferido. Todo despotismo es, pues, ilegal; nada puede sancionarlo, ni aún la voluntad popular en que pretende fundarse, ya que, en nombre de la soberanía del pueblo, se atribuye un poder que no está comprendido en tal soberanía, y, en tal caso, ya no se trata únicamente de un desplazamiento del poder, sino de la creación de un poder que no debe existir.

II

DE LA NATURALEZA DEL PODER REAL EN UNA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

NUESTRA Constitución, al establecer las responsabilidades de los ministros, separa claramente el poder ministerial del poder real. El solo hecho de que el monarca sea inviolable y los ministros responsables pone de manifiesto esta separación. No se puede negar que los ministros detentan un poder que, únicamente hasta cierto grado, les pertenece en propiedad. Si se los considerase exclusivamente como agentes pasivos y ciegos, su responsabilidad sería absurda e injusta, independientemente de que sólo serían responsables ante el monarca de la estricta ejecución de sus órdenes. Mas la Constitución establece su responsabilidad ante la nación y en ciertos casos, no puedan servirle de excusa las órdenes del monarca. Es, pues, evidente que son algo más que agentes pasivos. El poder ministerial, aunque emana del poder real, tiene, no obstante, una existencia verdaderamente independiente de este; la diferencia que existe entre la autoridad inviolable es esencial y fundamental.

Consagrada esta distinción por nuestra propia Constitución, creo oportuno dedicarle algunas consideraciones.

Insinuada en una obra que he publicado con anterioridad a la promulgación de la Carta Magna de 1814, ha parecido clara y útil a hombres cuya opinión considero de gran peso. Constituye, en efecto, a mi juicio, la clave de toda organización política.

El poder real (me refiero al del jefe del Estado, cualquiera que sea su titulo) es un poder neutral. El de los ministros es un poder activo. Para explicar esta diferencia, definamos los poderes políticos tal como se los ha concebido hasta ahora.

El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son tres resortes que deben cooperar, cada uno en su esfera, al movimiento general; pero cuando, descompuestos, se cruzan, entrechocan y se traban, se necesita una fuerza que los ponga de nuevo en su sitio. Tal fuerza no puede residir en uno de los resortes en particular, porque se serviría de ella para destruir a los demás. Es preciso que esté situada fuera y que sea, en alguna medida, neutral, a fin de que su acción se aplique en cuantos puntos se requiera y lo haga con un criterio preservador, reparador, no hostil.

La monarquía constitucional tiene ese poder neutral en la persona del jefe del Estado. El verdadero interés de tal jefatura no consiste en modo alguno en que uno de los poderes destruya al otro, sino en que todos se apoyen, se entiendan y obren de acuerdo.

Hasta ahora, solo se han distinguido tres poderes en las organizaciones políticas.

Por mi parte, distingo cinco, de diversa naturaleza, en una monarquía constitucional:

1.— El poder real; 2.— El poder ejecutivo; 3. —El poder representativo de la continuidad; 4.— El poder representativo de la opinión; 5.— El poder judicial.

El poder representativo de la continuidad reside en una asamblea hereditaria; el poder representativo de la opinión, en una asamblea electiva; el poder ejecutivo está confiado a los ministros; el poder judicial, a los tribunales. Los dos primeros poderes hacen la ley; el tercero provee a su ejecución general; el cuarto, la aplica a los casos particulares. El poder real está en medio, pero encima de los otros cuatro, autoridad, a la vez, superior e intermediaria, sin interés en deshacer el equilibrio, sino, al contrario, con el máximo interés en conservarlo.

Dado que los hombres no obedecen siempre a su interés bien entendido, hay que tomar la precaución de que el jefe del Estado no pueda sustituir en su acción a los otros poderes. En eso consiste la diferencia entre la monarquía absoluta y la constitucional.

Como siempre es útil pasar de las abstracciones a la realidad, nos referiremos a la Constitución inglesa.

En Inglaterra, no puede hacerse ninguna ley sin el concurso de la Cámara hereditaria y de la Cámara electiva; no puede ejecutarse ningún acto sin la firma de un ministro, ni dictarse una sentencia más que por tribunales independientes. Pero una vez que se ha tomado la precaución de que hablo, véase cómo esta constitución hace uso del poder real para poner fin a toda lucha peligrosa y restablecer la armonía entre los demás poderes. Si la acción del poder ejecutivo resulta peligrosa, el rey destituye a los ministros. Si la de la Cámara hereditaria resulta funesta, el rey le da una tendencia nueva mediante la institución de nuevos pares. Si la de la cámara electiva se vislumbra amenazante, el rey hace uso de su veto, o se disuelve dicha Cámara. En fin, si la propia actividad del poder judicial es demasiado represiva en la aplicación de la ley en actos individuales imponiendo penas generales demasiado severas, el rey la modera mediante el ejercicio de su derecho de gracia.

El vicio de casi todas las constituciones ha sido no haber creado un poder neutral; en vez de ello, ha conferido la suma total de autoridad de que debe estar investida a uno de los poderes activos. Cuando esta suma de autoridad se ha reunido en la potestad legislativa, la ley, que no debe rebasar ciertas esferas, ha extendido su ámbito a todo. Se ha presentado una arbitrariedad y tiranía sin límites. De ahí los excesos del Parlamento, los de las Asambleas Populares en las Repúblicas de Italia o los de la Convención durante algunas de sus etapas. Cuando esa misma suma de autoridad se ha reunido en el poder ejecutivo, ha habido despotismo. De ahí la usurpación a que dio lugar la dictadura en Roma.

La historia romana proporciona, en general, un gran ejemplo de la necesidad de un poder neutral intermediario de los poderes activos. Vemos en esa República, en medio de los roces que se producían entre el pueblo y el Senado, cómo cada partido buscaba garantías; pero, al reservárselas para sí, cada garantía se convertía en un arma contra el partido opuesto. Como los levantamientos del pueblo amenazaban destruir el Estado, se dio origen a los dictadores, magistrados defensores de la clase patricia. Reducidos los plebeyos a la desesperación a causa de la opresión de esta clase, no se destruyó la dictadura, sino que se recurrió a la creación de una institución paralela, el tribunado, autoridad completamente popular. Entonces los enemigos se encontraron frente a frente; cada uno solo se había fortificado en sus respectivas posiciones. Las centurias eran una aristocracia; las tribus, una democracia. Los plebiscitos decretados sin el refrendo del Senado, no eran, por ello, menos obligatorios para los patricios. Los senadoconsultos, que emanaban, a su vez, del patriciado, obligaban también a los plebeyos. Así, cada partido disponía alternativamente del poder, que debería estar confiado a manos neutrales, y abusaba de él, lo que ocurrirá tantas veces como los poderes activos no renuncien a él para formar un poder aparte.

La misma observación es aplicable a Cartago; instituyeron a los sufetas, para poner límites a la aristocracia del Senado; el Tribunal de los Ciento, para reprimir a los sufetas; el Tribunal de los Cinco, para contener a los Ciento. Querían, dice Condillac, poner frenos a una autoridad y establecían otra autoridad, que también tenía necesidad de ser limitada, dejando así siempre subsistir el abuso que querían remediar.

La monarquía constitucional nos ofrece, como ya he dicho, ese poder neutral, tan necesario para el ejercicio normal de la libertad. El rey, en un país libre, es un ser aparte, superior a la diversidad de opiniones, sin otro interés que el mantenimiento del orden y de la libertad, sin poder jamás entrar en la condición común, inaccesible, en consecuencia, a todas las pasiones que tal condición hace nacer y a todas las que la perspectiva de volver a ella alienta en el corazón de los agentes que están investidos de una potestad momentánea. Esa augusta prerrogativa de la realeza debe infundir, en el espíritu del monarca, una calma, y, en su alma, un sentimiento de tranquilidad, que no pueden ser patrimonio de ningún individuo situado en una posición inferior. El monarca está por decirlo así, por encima de las turbulencias humanas, y constituye un gran acierto de la organización política haber creado, en el seno mismo de los disentimientos, sin los cuales ninguna libertad es posible, una esfera inviolable de seguridad, de majestad, de imparcialidad, que permite el despliegue de esos di sentimientos sin ningún peligro, siempre que no excedan ciertos límites, y que, cuando aquel se perfila, le ponga término por medios legales, constitucionales y no arbitrarios. Todo ese inmenso beneficio se pierde si se rebaja el poder del monarca al nivel del poder ejecutivo, o se eleva éste al nivel del monarca.

Si se confunden esos dos poderes, resultan insolubles dos grandes cuestiones: una, la destitución del poder ejecutivo propiamente dicho; otra, la responsabilidad.

El poder ejecutivo reside, de hecho, en los ministros, pero la autoridad que podría destituirlo tiene el defecto, en la monarquía absoluta, de ser su aliada, y en la República, de ser su enemiga. Sólo en la monarquía constitucional se eleva aquella al rango de juez.

Así se ve que en la monarquía absoluta no hay otro medio de destituir al poder ejecutivo que una subversión, remedio con frecuencia más terrible que el mal que se trata de evitar; aunque las Repúblicas han tratado de organizar medios más regulares, estos han tenido frecuentemente igual resultado violento y desordenado.

Los cretenses inventaron un tipo de insurrección, en cierto modo legal, mediante la cual era posible deponer a todos los magistrados, y varios notables lo elogian[1]. Una ley ateniense permitía a todo ciudadano matar a aquel que en el ejercicio de una magistratura hubiera atentado a la libertad de la República[2]. La ley Valerio Publícola tenía el mismo objeto en Roma. Los florentinos tuvieron su Bailía, o consejo extraordinario, creado con tal fin y que, revestido de todos los poderes, tenía la facultad de destitución universal[3]. Pero en todas esas constituciones el derecho de destituir al poder ejecutivo se encontraba, por así decir, a merced del que de él se apoderase, y este no se apoderaba para destruir la tiranía, sino para ejercerla. Resultaba de ello que el partido vencedor no se contentaba con despojar, además maltrataba, y como lo hacía sin un juicio, era más un asesinato que un acto de justicia.

La Bailía de Florencia, nacida de una tempestad, era débil desde su origen. Condenaba a muerte, encarcelaba, despojaba, porque no tenía otro medio de privar de autoridad a los hombres que eran sus depositarios. Así, tras haber agitado a Florencia mediante la anarquía, se convirtió en el principal instrumento del poderío de los Médicis.

Se necesita un poder constitucional que tenga siempre lo que la Bailía tenía de útil y que no tenga jamás lo que tenía de peligrosa; es decir, que no pueda condenar, ni encarcelar, ni despojar, ni proscribir, sino que se limite a quitar el poder a los hombres y a las asambleas que no sepan ejercerlo más tiempo sin peligro.

La monarquía constitucional resuelve ese gran problema; y para establecer mejor mis ideas, ruego al lector que coteje mis afirmaciones con la realidad. Esta realidad se halla en la monarquía inglesa. Crea ese poder neutral e intermedio, el poder real, independiente del ejecutivo. La destitución de éste no significa su persecución. El rey no necesita acusar a sus ministros de una falta, de un crimen o de un proyecto culpable para despedirlos; los despide sin castigarlos; de este modo, puede hacerse cuanto es necesario, sin hacer nada de lo que es injusto; como siempre sucede, por ser justo, tal procedimiento es también útil desde otro punto de vista.

Un gran defecto de toda Constitución es no dejar a los hombres poderosos otra alternativa que el poder o el cadalso.

Entre la destitución del poder ejecutivo y su castigo existe la misma diferencia que entre la disolución de las asambleas representativas y la acusación de sus miembros. Si se reemplazase la primera de esas medidas por la segunda, no hay duda de que las asambleas, al verse amenazadas, no sólo en su existencia política, sino en la individual, se pondrían furiosas por el sentimiento del peligro, y que el Estado se hallaría expuesto a los peores males. Lo mismo pasa con el poder ejecutivo. Si se sustituye la facultad de destituirlo sin el debido proceso legal por la de someterlo a juicio, se estimulan su temor y su cólera; defenderá su poder en nombre de su seguridad. La monarquía constitucional evita este peligro. Los representantes tras la disolución de su asamblea, los ministros tras su destitución, se reintegran a la clase de los demás ciudadanos, por lo que puede afirmarse la eficacia y moderación de estos dos grandes recursos contra los abusos de que hablamos.

Si se trata de la responsabilidad, son igualmente válidas consideraciones del mismo género.

Un monarca hereditario puede ser irresponsable; es un ser aparte, situado en la cúspide del poder. Su atribución particular, que perdura no sólo en él, sino en toda la estirpe, desde sus antepasados hasta sus descendientes, lo separa de todos los individuos de su imperio. No es nada extraordinario declarar a tal hombre inviolable, cuando una familia está investida del derecho de gobernar a un gran pueblo, con exclusión de las restantes familias, y a riesgo de todos los azares que conlleva la sucesión.

El propio monarca se presta sin repugnancia a la responsabilidad de sus ministros. Tiene que defender bienes más definitivos que tal o cual detalle de la administración, o tal o cual ejercicio parcial de la autoridad. Su dignidad es un patrimonio de familia que él retira de la lucha al abandonar su ministerio. Sólo cuando la potestad es de orden sagrado, se puede separar la responsabilidad de la potestad.

Un poder republicano que se renueva periódicamente no es un ser aparte, no tiene derecho a la indulgencia para sus errores, ya que ha buscado el puesto que ocupa y no tiene nada más definitivo que defender que su autoridad, comprometida cuando se ataca su ministerio, compuesto de hombres como él y con los que es siempre solidario.

Hacer el poder supremo inviolable es constituir a sus ministros en jueces de la obediencia que le deben. No pueden, en verdad, negarle esa obediencia más que dimitiendo; en tal supuesto, la opinión pública se convierte a su vez en juez entre el poder superior y los ministros, inclinándose la balanza del lado de los hombres que parecen haber sacrificado a ciencia y conciencia sus intereses. Nada se opone a ello en la monarquía hereditaria. Los elementos de que se compone la veneración que rodea al monarca impiden que se le compare con sus ministros, y la continuidad de su misión hace que todos los esfuerzos de sus partidarios se dirijan contra el nuevo ministerio. En una República se establecería la comparación entre el poder supremo y los antiguos ministros y conduciría a la opinión a desear que éstos alcancen el poder supremo, y nada, en su composición ni en sus formas, se opondría a ello.

Con un poder republicano no responsable y un ministerio responsable, el segundo lo sería todo y el primero no tardaría en ser juzgado como inútil. La no responsabilidad fuerza al gobierno a no hacer nada sino a través de sus ministros. ¿Cuál es entonces la utilidad de un poder superior al ministerio? En la monarquía, es impedir que otros se apoderen de él y establecer un punto fijo, inatacable, donde las pasiones no puedan acercarse. Pero nada parecido ocurre en la República, puesto que todos los ciudadanos pueden llegar al poder supremo.

Supongamos, en la Constitución de 1795, un Directorio inviolable y un ministerio activo y enérgico. ¿Se hubiera soportado durante mucho tiempo a cinco hombres que no hacían nada, detrás de seis que hubieran hecho todo? El gobierno republicano necesita ejercer sobre sus ministros una autoridad más absoluta que un monarca hereditario, porque en otro caso está expuesto a que sus auxiliares se conviertan en sus rivales. Mas para que ejerza tal autoridad es preciso que asuma la responsabilidad de los actos que ordena, porque no puede hacerse obedecer de los hombres si no les garantiza el resultado de la obediencia.

Las Repúblicas se ven, pues, forzadas a hacer responsable al poder supremo, pero entonces la responsabilidad resulta ilusoria.

Nunca podrá pensarse en exigir responsabilidad a unos hombres cuya caída interrumpiría las relaciones exteriores y detendría los engranajes interiores del Estado. ¿Va a subvertirse la sociedad por vengar los derechos de uno, de diez, de cien, de mil ciudadanos, diseminados en una superficie de treinta leguas cuadradas (ciento sesenta y siete kilómetros cuadrados)? La arbitrariedad será irremediable, porque el remedio será siempre peor que un mal moderado. Los culpables escaparán, bien por el uso que hagan de su poder corruptor, bien porque los mismos que estarían dispuestos a acusarlos tiemblen ante la idea del gran daño que su acusación puede causar al edificio constitucional. En efecto, para vengar la violación de una ley particular habrá que poner en peligro lo que sirve de garantía a todas las leyes. De esta forma, los hombres débiles y los razonables, los venales y los escrupulosos, se verán obligados, por motivos diferentes, a secundar a los depositarios desleales de la autoridad ejecutiva. La responsabilidad será nula, porque es demasiado inalcanzable. En fin, siendo esencial al poder, cuando puede abusar impunemente, abusar siempre más, si las injusticias se multiplican al punto de llegar a ser intolerables, se exigirá la responsabilidad; pero al dirigirse contra los jefes del gobierno, la consecuencia probable será la destrucción del mismo.

No voy a examinar aquí si sería posible, mediante una nueva organización, remediar el citado inconveniente de la responsabilidad en una Constitución republicana. Lo que he querido probar es que la primera condición indispensable para que la responsabilidad sea efectiva es separar el poder ejecutivo del poder supremo. La monarquía constitucional alcanza ese gran objetivo, pero se perdería esa ventaja si se confundieran esos dos poderes.

El poder ministerial constituye en tal forma el único resorte de la ejecución en una Constitución libre, que todo lo que propone el monarca ha de hacerlo a través de sus ministros; no ordena nada, porque su firma no ofrece a la nación la garantía de su responsabilidad.

Cuando se trata de nombramientos, el monarca decide por sí: constituye uno de sus derechos indiscutibles. Pero cuando se trata de una acción directa o simplemente de una propuesta, el poder ministerial está obligado a ponerse delante, para que jamás la discusión o la resistencia comprometa al jefe del Estado.

Se ha pretendido decir que en Inglaterra no se da una diferenciación tan neta entre el poder real y el poder ministerial. Se ha citado una ocasión en que la voluntad del soberano se había impuesto a la de los ministros, negándose a hacer participar a los católicos de los privilegios de sus demás súbditos. Pero aquí se confunden dos cosas: el derecho de mantener lo que existe, derecho que pertenece necesariamente al poder real, y gracias al cual este se configura, según sostengo, en autoridad neutral y preservadora, y el derecho de proponer el establecimiento de lo que no existe todavía, derecho que pertenece al poder ministerial.

En la indicada circunstancia sólo se trataba de mantener lo que existía, porque las leyes contra los católicos están en pleno vigor, aunque su aplicación se haya suavizado. Ahora bien, ninguna ley puede abrogarse sin la participación del poder real. No examino si en este caso particular el ejercicio de tal poder fue bueno o malo; lamento que escrúpulos que son respetables, porque atañen a la conciencia, pero erróneos en principio y funestos en su aplicación, inclinaran al rey de Inglaterra a mantener normas vejatorias e intolerables; aquí sólo se trata de probar que al mantenerlas no se salió de sus límites. Para convencernos totalmente de ello establezcamos la hipótesis y supongamos que no hubieran existido esas leyes contra los católicos. La voluntad personal del rey no hubiera podido obligar a ningún ministro a proponerlas, y me atrevo a afirmar que, en nuestros días, el rey de Inglaterra no hallaría un solo ministro que propusiera semejantes leyes.

De este modo, la diferencia que existe entre el poder real y el ministerial se pone de relieve por el propio ejemplo con que se trataba de borrarla. El carácter neutral y puramente preservador del primero es indudable; de ambos, es evidente que sólo el segundo es activo, ya que si no quisiera actuar, el primero no hallaría ningún medio de obligarle a hacerlo, sin que tuviera tampoco la posibilidad de actuar sin él; esta posición del poder real únicamente representa ventajas y jamás inconvenientes, porque, del mismo modo que el rey de Inglaterra encontraría en la negativa de su gobierno un insuperable obstáculo para proponer leyes contrarias al espíritu del siglo y a la libertad religiosa, esa misma oposición ministerial sería imposible si quisiera impedir al poder real proponer leyes conformes a tal espíritu y favorables a esa libertad. Al rey le bastaría con cambiar de ministros; pero sin nadie que se presentase para desafiar la opinión y enfrentarse abiertamente a las iniciativas se ofrecerían mil para ser los órganos de medidas populares que la nación suscribiera con su aprobación y conformidad[4].

No quiero negar la existencia, en el cuadro de un poder monárquico más animado y activo, de ciertos aspectos seductores, pero las instituciones dependen de los tiempos mucho más que de los hombres. La acción directa del monarca se debilita siempre, inevitablemente, en razón de los progresos de la civilización.

Muchas cosas que admiramos y que nos parecen impresionantes en otras épocas son ahora inadmisibles.

Imaginemos a los reyes de Francia haciendo justicia a sus súbditos al pie de un árbol de encino; nos emocionará ese espectáculo y reverenciaremos ese ejercicio augusto y sencillo de una autoridad paternal; pero hoy ¿qué nos parecería un juicio celebrado por un rey sin el concurso de los tribunales? La violación de todos los principios, la confusión de todos los poderes, la destrucción de la independencia judicial, tan enérgicamente sostenida por todas las clases. No se hace una monarquía constitucional con remembranzas y poesía.

En una Constitución libre les quedan a los monarcas nobles sublimes prerrogativas. Les pertenece el derecho de conceder gracia, derecho de una naturaleza casi divina, que repara los errores de la justicia humana o sus rigores demasiado inflexibles, que también son errores; les pertenece el derecho de investir a los ciudadanos distinguidos de una ilustración perdurable, elevándolos a esa magistratura hereditaria que reúne el brillo del pasado y la solemnidad de las más altas funciones políticas; les pertenece el derecho de nombrar los órganos de las leyes y de asegurar a la sociedad el goce del orden público, y a la inocencia la seguridad; les pertenece el derecho de disolver las asambleas representativas y preservar así a la nación de los desvíos de sus mandatarios, convocando nuevas elecciones; les pertenece el nombramiento de los ministros, lo que proporciona al monarca la gratitud nacional cuando los ministros se ocupan dignamente de la misión que se les ha confiado; les pertenece, en fin, la distribución de gracias, favores, recompensas; la prerrogativa de pagar con una mirada o con una palabra los servicios prestados al Estado, prerrogativa que da a la monarquía un tesoro inagotable de opinión, que hace de cada amor propio un servidor y de cada ambición un tributario.

He ahí ciertamente una vasta carrera, atribuciones imponentes, una gran y noble misión; serían siniestros y pérfidos los consejeros que presentaran a una monarca constitucional, como objeto de deseo o de nostalgia, esa potestad despótica sin límites, o más bien sin freno, equívoca por ilimitada, precaria por violenta, y que pesaría de modo igualmente funesto sobre el príncipe, a quien no puede menos de desviar, que sobre el pueblo, al que sólo puede atormentar y corromper[5].

III

DEL DERECHO DE DISOLVER LAS ASAMBLEAS REPRESENTATIVAS

HAY cuestiones que todos los hombres ilustres consideran resueltas desde hace tiempo, y sobre las cuales, en consecuencia, no estiman necesario insistir; mas, con gran sorpresa suya, cuando se trata de pasar de la teoría a la práctica, esas cuestiones se ponen en duda. Se diría que el espíritu humano solo cede a la evidencia a condición de no pasar a los hechos.

Se ha discutido mucho acerca del derecho de disolver las asambleas representativas, derecho atribuido por nuestra Acta constitucional, como por la Constitución inglesa, al depositario del poder supremo, sin embargo, toda organización política que no consagrara esa facultad en las manos del jefe del Estado se convertiría necesariamente en una demagogia desenfrenada y turbulenta, a menos que el despotismo, supliendo por golpes de autoridad las prerrogativas legales, redujese las asambleas al papel de instrumentos pasivos, mudos y ciegos.

Es cierto que ninguna libertad puede existir en un gran país sin asambleas fuertes, numerosas e independientes; mas tales asambleas no dejan de ser peligrosas y, por interés de la misma libertad, hay que organizar medios infalibles de prevenir sus desvíos.

La sola tendencia de las asambleas a multiplicar hasta el infinito el número de leyes, constituye un inconveniente irremediable si su disolución inmediata y su reconstitución con elementos nuevos, no las detienen en su marcha impetuosa e irresistible.

La multiplicación de las leyes estimula en los legisladores dos inclinaciones naturales: la necesidad de actuar y el placer de creerse imprescindibles. Todo hombre que siente una vocación especial preferirá pecar por exceso que por defecto. Los encargados de detener a los vagabundos en los caminos se sienten tentados de buscar problemas con todos los viajeros. Cuando los espías no tienen nada que descubrir, inventan. Basta crear en un país un ministerio que vigile a los conspiradores, para que se oiga hablar constantemente de conspiraciones. Los legisladores se reparten la existencia humana por derecho de conquista, como los generales de Alejandro se repartían el mundo. Se puede decir que la multiplicidad de las leyes es la enfermedad de los Estados representativos, porque en ellos todo se hace por leyes, mientras que la ausencia de las mismas es la enfermedad de las monarquías absolutas, porque en ellas todo se hace por los hombres.

Es la imprudente multiplicación de las leyes la que, en ciertas épocas, ha sido desfavorable a lo que hay de más noble, la libertad, y hace que se busque un refugio en lo que hay de más miserable y más bajo, la servidumbre.

El veto es un medio directo adecuado para reprimir la actividad indiscreta de las asambleas representativas; pero empleado con frecuencia, las irrita sin desarmarlas; su disolución es el único medio cuya eficacia es segura.

Cuando no se imponen límites a la autoridad representativa, los representantes del pueblo no son defensores de la libertad, sino candidatos a la tiranía; y una vez constituida esta, es quizá tanto más enojosa cuanto que los tiranos son más numerosos. En una Constitución de la que forma parte la representación nacional, la nación sólo es libre cuando sus diputados tienen límites.

Una asamblea que no puede ser reprimida ni contenida es, de todas las potestades, la más ciega en sus movimientos, la más imprevisible en sus resoluciones, incluso para los mismos miembros que la componen. Se lanza a excesos que, en un principio, parecerían imposibles: una actividad desordenada en todas las esferas, una multiplicación sin límite de las leyes, el deseo de complacer las pasiones del pueblo, abandonándose a su impulso, o aun adelantándose a él; el despecho que le inspira la resistencia de otros o la censura que prevé; la oposición en el sentido nacional y la obstinación en el error; ora el espíritu de partido, que no deja opción entre los extremos; ora el espíritu de grupo, que sólo robustece la usurpación; unas veces la temeridad, otras la indecisión, la violencia o la fatiga, la complacencia para uno solo o la desconfianza contra todos, la impulsión por sensaciones puramente físicas, como el entusiasmo o el miedo; la ausencia de toda responsabilidad moral, la certeza de escapar por el conjunto a la vergüenza de la cobardía o a los riesgos de la audacia: tales son los vicios de las asambleas cuando no están encerradas dentro de límites infranqueables[6].

Una asamblea con potestad ilimitada es más peligrosa que el propio pueblo. Los hombres reunidos en gran número tienen impulsos generosos. Casi siempre son vencidos por la piedad o movidos por la justicia; en tal situación, actúan en su propio nombre. La masa puede sacrificar sus intereses a sus emociones; pero los representantes de un pueblo no están autorizados a imponerle tal sacrificio. La naturaleza de su misión los debe detener. La violencia de una reunión popular se combina en ellos con la impasibilidad de un tribunal, y de esa combinación no puede resultar otro exceso que el rigor. Los llamados traidores en una asamblea son de ordinario los que claman en favor de medidas indulgentes. Los hombres implacables puede que atraigan alguna vez la censura, pero jamás son sospechosos.

Arístides decía a los atenienses, reunidos en la plaza pública, que su propia salvación resultaría demasiado cara si hubiera de compararse con una resolución injusta o pérfida. Profesando tal doctrina, una asamblea temería que sus miembros, sin la ilustración que procede del razonamiento ni de la elocuencia del impulso generoso, la acusaran de inmolar el interés público frente al interés privado.

De nada valdría contar con la fuerza que proporciona una mayoría razonable si a esta le faltara la garantía que representa un poder constitucional situado fuera de la asamblea. Una minoría muy unida, que cuenta con la iniciativa del ataque, que atemoriza o seduce, argumenta o amenaza, según los casos, termina por dominar a la mayoría. La violencia une a los hombres, porque los ciega en todo lo que no es su propósito común. La moderación los divide, porque deja su espíritu abierto a todas las consideraciones parciales.

La Asamblea constituyente se componía de los hombres más estimados, más ilustres de Francia. ¡Cuántas veces decretó leyes que su propia razón reprobaba! No había cien hombres en la Asamblea legislativa que quisieran derribar el trono. Sin embargo, desde el principio al fin de su corta y triste vida, fue arrastrada en una dirección contraria a sus deseos. Las tres cuartas partes de la Convención tenían horror a los crímenes que habían manchado los primeros días de la República; pues bien; los autores de esos crímenes, aunque en pequeño número en su seno, no tardaron en sojuzgarla.

Quienquiera que haya repasado las actas auténticas del Parlamento de Inglaterra desde 1640 hasta su disolución por el coronel Pride, antes de la muerte de Carlos I, debe estar convencido de que los dos tercios de sus miembros deseaban ardientemente la paz que sus votos rechazaban incesantemente y consideraban funesta una guerra cuya necesidad proclamaban unánimemente todos los días.

¿Se inferirá de tales ejemplos que no hacen falta asambleas representativas? En tal caso, el pueblo no tendría órganos representativos, ni el gobierno apoyo, ni el crédito público garantía. La nación se aislará de su jefe, los individuos se aislarán de la nación, de cuya existencia nadie dará testimonio. Las asambleas legislativas constituyen el único medio de transmitir vida en el cuerpo político. Tal vida tiene sin duda sus peligros, que nosotros no hemos menospreciado. Mas cuando, para librarse de ellos, los gobiernos quieren ahogar el espíritu nacional supliendo este mediante un artificio, aprenden a su costa que hay otros peligros para los cuales la mejor defensa es el espíritu nacional y que el mecanismo mejor ideado no se puede conjurar.

Es, pues, preciso que las asambleas representativas subsistan libres, imponentes, vivas. Pero es también preciso que sus desvíos puedan ser reprimidos. Ahora bien: la fuerza represiva debe hallarse situada fuera. Las reglas que una asamblea se impone por su propia voluntad son ilusorias e improcedentes. La misma mayoría que consiste en encadenarse con fórmulas rompe éstas a su antojo y recobra el poder tras haberlo abdicado.

La disolución de las asambleas no es, como se ha dicho, un ultraje a los derechos del pueblo; al contrario, cuando las elecciones son libres, es una llamada a sus derechos, en favor de sus intereses. Digo cuando las elecciones son libres, porque cuando no lo son no hay sistema representativo.

Entre una asamblea que se obstinara en no hacer ninguna ley, en no proveer a ninguna necesidad, y un gobierno que no tuviera el derecho de disolverla, ¿qué medio de administración quedaría? Cuando tal medio no se encuentra en la organización política, los acontecimientos lo sitúan en la fuerza. Ésta va siempre en apoyo de la necesidad. Sin la facultad de disolver las asambleas representativas, su inviolabilidad sólo es una quimera. Se pondrá en peligro su propia existencia, ante la imposibilidad de renovar sus elementos.

IV

DE UNA ASAMBLEA HEREDITARIA Y DE LA NECESIDAD DE NO LIMITAR EL NÚMERO DE SUS MIEMBROS

EN una monarquía hereditaria es indispensable reconocer el derecho sucesorio de una clase. En un país en el que no se admita ninguna distinción basada en el nacimiento no es posible imaginar de qué forma se consagraría ese privilegio para la transmisión más importante, la de la función que interesa más esencialmente a la tranquilidad y a la vida de los ciudadanos. Si se quiere que el gobierno de uno solo subsista sin clase hereditaria, habrá de ser un puro despotismo. Todo puede marchar, por un tiempo determinado, con el despotismo, que no es sino la fuerza; pero todo lo que se mantiene por el despotismo corre sus riesgos, es decir, está amenazado de caer. Los elementos del gobierno de uno solo, sin clase hereditaria, son: un hombre que manda, soldados que ejecutan, un pueblo que obedece. Para proporcionar otra sustentación a la monarquía hace falta un cuerpo intermedio; Montesquieu lo exige, aún en la monarquía electiva. Siempre que se coloque a un hombre solo a tal altura, es preciso, si se quiere evitar que gobierne con la espada, rodearle de otros hombres que tengan interés en defenderle. La experiencia coincide aquí con el razonamiento. Los notables de todos los partidos habían previsto ya en 1791 el resultado de la abolición de la nobleza en Francia, aunque la nobleza careciera de toda prerrogativa política, y ningún inglés creería ni por un instante en la estabilidad de la monarquía inglesa si se suprimiera la Cámara de los pares.

Quienes discuten la transmisión hereditaria de la primera Cámara, ¿admitirían que la nobleza subsistiese al lado y con independencia de dicha Cámara y dar a ésta un carácter vitalicio? Más aún ¿qué sería una nobleza hereditaria sin funciones, al lado de una magistratura vitalicia investida de funciones importantes? No otra cosa que lo que era la nobleza en Francia, durante los años que precedieron a la Revolución, y que fue precisamente lo que preparó su derrumbe. Sólo se veía en ella un motivo decorativo de brillo, pero le faltaba una misión precisa; grata para sus titulares, ligeramente humillante para los que no la poseían, carecía de medios reales de acción y de fuerza. Su preeminencia era más bien de carácter negativo; es decir, entrañaba más exclusiones para los plebeyos que ventajas positivas para la clase privilegiada. Irritaba, pero no sojuzgaba. No era un cuerpo intermedio que mantuviera al pueblo en orden y velase por la libertad; era una corporación sin base y sin lugar propio en el cuerpo social. Todo se concertaba para debilitarla, hasta la ilustración y la superioridad individual de sus propios miembros. Separada del feudalismo por el progreso de las ideas, era el recuerdo difuso de un sistema destruido.

En nuestro siglo es preciso que la nobleza disfrute de nuevo de prerrogativas constitucionales y concretas. Éstas hieren menos a los que no las poseen, y al mismo tiempo dan más fuerza a quienes las poseen. Si designamos con el nombre de pairía a la primera Cámara, la pairía será una magistratura al mismo tiempo que una dignidad; estará menos expuesta a los ataques y podrá ser defendida más fácilmente.

Obsérvese además que si esta primera Cámara no es hereditaria, habrá que determinar el modo de renovar sus miembros. ¿Será el nombramiento del rey? Una Cámara vitalicia nombrada por el rey ¿será suficientemente fuerte para contrarrestar a la otra asamblea, emanada de la elección popular? En la pairía hereditaria, los pares se fortalecen debido a la independencia que adquieren inmediatamente después de su nombramiento; a los ojos del pueblo toman un carácter distinto al de simples delegados de la corona. Aspirar a dos cámaras, una nombrada por el rey, otra por el pueblo, sin una diferencia fundamental (porque las elecciones vitalicias se parecen demasiado a cualquier otra clase de elección), es enfrentar a los dos poderes, entre los cuales, precisamente, hace falta uno intermedio, el del rey y el del pueblo.

Seamos fieles a la experiencia. En la Gran Bretaña la pairía es compatible con un alto grado de libertad civil y política; todos los ciudadanos que se distinguen pueden llegar a ella. No participa del único carácter odioso de la herencia: la exclusividad. Apenas se nombra a un simple ciudadano, goza éste de los mismos privilegios legales que el más antiguo de los pares. Las ramas segundonas de las primeras casas de Inglaterra entran en la masa del pueblo; constituyen un lazo entre la pairía y la nación, al igual que la pairía forma un lazo entre la nación y el trono.

Mas ¿por qué —se dice— no limitar el número de miembros de la Cámara hereditaria? Ninguno de los que han propuesto esa limitación han señalado cuál sería su resultado.

Esa Cámara hereditaria es un cuerpo que el pueblo no tiene derecho de elegir ni el gobierno de disolver. Si se limita el número de miembros de ese cuerpo, puede formarse en su seno un partido, y éste, pese a no estar apoyado por el asentimiento del gobierno ni del pueblo, sólo podrá ser derrotado mediante el derrocamiento de la propia Constitución.

Una época notable en los anales del Parlamento británico pondrá de relieve la importancia de esta consideración. En 1783 el rey de Inglaterra destituyó de sus consejos a la coalición formada por lord North y M. Fox. El Parlamento era, casi en su totalidad, partidario de esta coalición; el pueblo inglés era de opinión diferente. Cuando apeló el rey al pueblo por la disolución de la Cámara de los comunes, una inmensa mayoría apoyó al nuevo ministerio. Pero supóngase que la coalición hubiera tenido a su favor a la Cámara de los pares, que el rey no podía disolver; es evidente que si la prerrogativa real no le hubiera investido de la facultad de nombrar suficiente número de nuevos pares, la coalición, rechazada a la vez por el monarca y por la nación, hubiese conservado, pese a uno y otra, la dirección de los asuntos.

Limitar el número de pares o senadores sería crear una aristocracia formidable que podría desafiar al príncipe y a los súbditos. Toda Constitución que cometiera tal error no tardaría en quebrantarse, porque es necesario, indudablemente, que la voluntad del príncipe y el deseo del pueblo, cuando concuerdan, no sean desobedecidos; y cuando la Constitución no ofrece los cauces para hacer algo que es necesario, se hace a pesar de la propia Constitución.

Si se objeta que la multiplicación excesiva de pares puede redundar en desprestigio de la dignidad, diré que el único remedio reside en el interés del príncipe en no rebajar la dignidad del cuerpo que le rodea y le sostiene. Si abandona ese interés, la experiencia le conducirá de nuevo a él.

V

LA ELECCIÓN DE LAS ASAMBLEAS REPRESENTATIVAS

LA Constitución ha mantenido los colegios electorales únicamente con dos mejoras, una consiste en ordenar que tales colegios se renueven con elecciones anuales y la otra en quitar al gobierno el derecho de nombrar la presidencia. La necesidad de proporcionar rápidamente a la nación los órganos que esta requiere no ha permitido revisar y corregir esa parte importante de nuestra Acta constitucional, que es, sin duda, la más imperfecta. Los colegios electorales, elegidos con carácter vitalicio y, sin embargo, expuestos a su disolución (porque tal disposición no ha sido anulada), tienen todos los inconvenientes propios de las antiguas asambleas electorales y ninguna de sus ventajas. Tales asambleas, emanadas de una fuente popular e instituidas en el preciso momento en que habían de efectuarse los nombramientos, podían considerarse representativas en mayor o menor medida de la opinión de sus miembros.

En los colegios electorales por el contrario, esta opinión solo penetra lenta y parcialmente. Jamás está en mayoría, y cuando resulta ser la del colegio ya no es, a menudo, la del pueblo. El pequeño número de los electores ejerce también una influencia molesta en la naturaleza de la elección. Las asambleas encargadas de elegir la representación nacional deben ser tan numerosas como lo permita el buen orden. En Inglaterra, los candidatos, desde una tribuna, en mitad de una plaza pública o de un jardín público, lleno de una multitud inmensa, arengan a los electores que los rodean. En nuestros colegios electorales, el número es restringido, las normas severas; se exige un silencio riguroso. No se presenta ninguna cuestión que pueda remover los espíritus y subyugar momentáneamente el egoísmo individual. No es posible ninguna seducción. Ahora bien: los hombres vulgares sólo son justos cuando se los arrastra, y sólo se los puede arrastrar cuando, reunidos en masa, obran y reaccionan unos sobre otros. Sólo se atraen las miradas de varios millares de ciudadanos mediante una gran opulencia o mediante una extensa reputación. Simples relaciones de vecindad acaparan, en una reunión, una mayoría de dos o tres centenares. Para ser nombrado por el pueblo se requiere contar con una mayoría de partidarios más allá de quienes nos rodean ordinariamente. Para ser elegido por algunos electores basta con no tener enemigos. Las ventajas están del lado de las cualidades negativas y hay pocas probabilidades para el talento. Entre nosotros, la representación nacional ha sido, con frecuencia, menos avanzada que la opinión pública en muchos asuntos[7].

Si alguna vez queremos gozar completamente en Francia de los beneficios del gobierno representativo, hay que adoptar la elección directa. Ésta, desde 1788, lleva a la Cámara de los comunes británica a todos los hombres ilustres. Difícilmente se podría citar a un inglés distinguido por su talento político que no haya sido honrado con la elección si lo ha intentado.

Sólo la elección directa puede investir a la representación nacional de una fuerza verdadera y enraizarla profundamente en la opinión. El representante nombrado por cualquier otro procedimiento no halla en ninguna parte una voz que reconozca la suya. Ninguna fracción del pueblo toma en cuenta su valor, porque a todas los desalienta el largo proceso en cuyas mallas su sufragio se desnaturaliza o desaparece.

Si se teme el carácter francés, impetuoso y que soporta mal el yugo de la ley, diré que somos así porque no hemos adquirido el hábito de reprimirnos. En las elecciones ocurre lo mismo que en todo lo que atañe al buen orden. Las precauciones inútiles producen el desorden o lo aumentan. En Francia, nuestros espectáculos, nuestras fiestas, están rodeados de guardias y de bayonetas. Se creería que no pueden reunirse tres ciudadanos sin necesitar dos soldados para separarlos. En Inglaterra se reúnen veinte mil hombres y ni un soldado aparece entre ellos; la seguridad de todos se confía a la razón y al interés de cada uno; y esa multitud, sintiéndose depositaria de la tranquilidad pública y particular, vela escrupulosamente por ese depósito. Por lo demás, es posible, mediante una organización más complicada que la de las elecciones británicas, garantizar una mayor calma en el ejercicio de ese derecho del pueblo. Un ilustre personaje, elocuente escritor, ingenioso político e infatigable amigo de la libertad y de la moral, el señor Necker, ha propuesto, en una de sus obras, una forma de elección que parece merecer la aprobación general. Cien propietarios, designados por sus pares, presentarían en cada distrito, a todos los ciudadanos con derecho de votar, cinco candidatos, entre los que esos ciudadanos elegirían. Tal procedimiento es preferible a los que hemos ensayado hasta ahora; todos los ciudadanos cooperarían directamente en el nombramiento de sus mandatarios.

Tiene, sin embargo, un inconveniente: si se confía a cien hombres la propuesta inicial, podría ocurrir que un individuo que gozara en su distrito de gran popularidad se viera excluido de la lista; tal exclusión bastaría para desinteresar a los votantes, llamados a elegir entre cinco candidatos, de los que estaría ausente el objeto de sus deseos reales y de su verdadera preferencia.

Al dejar al pueblo la elección definitiva, me gustaría darle también la primera iniciativa. Es decir, que, en cada distrito, todos los ciudadanos con derecho a voto elaborasen una primera lista de cincuenta, formaran después una asamblea de cien, encargados de presentar, por los cincuenta anteriores, cinco, y entre esos cinco elegirían todos los ciudadanos.

De ese modo, los cien individuos a quien se confiara la presentación no podrían verse arrastrados, debido a su parcialidad por un candidato, a presentar a su lado únicamente a concurrentes de imposible elección. Y que no se diga que ese peligro es imaginario; hemos visto cómo el Consejo de los Quinientos recurrió a esa estratagema para forzar la composición del Directorio. El derecho de presentar equivale a menudo al de excluir.

Tal inconveniente disminuiría si se toma en cuenta la modificación que propongo:

1. La asamblea presentada debería elegir sus candidatos entre hombres que gozasen del favor popular y que, por consecuencia, poseyesen cierto grado de crédito y de consideración entre sus conciudadanos.

2. Si en la primera lista se hallara un hombre al que una extensa reputación le hubiera valido la gran mayoría de los sufragios, los cien electores difícilmente podrían dejar de presentarle; en caso contrario, si tuvieran la libertad de formar una lista sin que se hubiera manifestado previamente el deseo del pueblo, motivos de simpatía o de envidia podrían llevarlos a excluir a aquel que había merecido tal adhesión, pero no tendría ningún medio de legalizar su decisión.

Por lo demás, sólo por deferencia a la opinión dominante transijo con la elección inmediata. Testigo de los aparentes desórdenes que agitan en Inglaterra las elecciones reñidas, he visto cuán exagerada es la relación que se hace de esos desórdenes. He visto, por supuesto, elecciones acompañadas de peleas, de gritos, de disputas violentas; mas no por eso la elección dejaba de recaer en hombres distinguidos por su talento o por su fortuna; y acabada la elección, todo volvía al orden acostumbrado. Los electores de la clase inferior, que se habían mostrado obstinados y turbulentos, tornaban a ser laboriosos, dóciles, hasta respetuosos. Satisfechos de haber ejercido sus derechos, se plegaban a las jerarquías y a las convenciones sociales, tanto más cuanto que al obrar de ese modo tenían conciencia de obedecer sólo al cálculo razonable de su interés manifiesto. Al día siguiente de una elección no quedaba ya la menor huella de la agitación de la víspera. El pueblo había vuelto a sus trabajos, pero el espíritu público había recibido la sacudida saludable que es necesaria para reanimarlo.

Algunos hombres ilustres censuran la conservación de los colegios electorales por motivos totalmente opuestos a aquellos en que me apoyo. Lamentan que las elecciones no se llevan ya a cabo por un cuerpo único y aportan en apoyo de sus lamentaciones argumentos que conviene refutar, porque tienen algo plausible.

El pueblo —dicen— es absolutamente incapaz de proporcionar a las diversas ramas del gobierno los hombres que son más convenientes por su carácter y talento; el pueblo no debe elegir directamente; los cuerpos electorales deben instituirse, no en la base, sino en la cumbre de la sociedad; la selección debe partir, no de abajo, donde se hacen siempre necesariamente mal, sino de arriba, donde se harán necesariamente bien: de ese modo, los electores tendrán siempre el mayor interés en el mantenimiento del orden y de la libertad pública, en la estabilidad de las instituciones y en el progreso de las ideas, en la solidez de los buenos principios y en el perfeccionamiento gradual de las leyes y de la administración. Cuando los nombramientos de funcionarios para el desempeño de funciones específicas se hacen por el pueblo, la selección es, en general, esencialmente mala[8].

Si se trata de magistraturas eminentes, los cuerpos electorales inferiores escogen también bastante mal. Únicamente por una especie de azar se ven elegidos, de cuando en cuando, algunos hombres de mérito. Los nombramientos en el cuerpo legislativo, por ejemplo, sólo pueden ser hechos convenientemente por hombres que conozcan bien el objeto o fin general de toda legislación, que estén muy al tanto del estado actual de los asuntos y de los espíritus, que puedan, recorriendo con una ojeada todas las divisiones del territorio, designar con mano segura la élite de los talentos, de las virtudes y de la ilustración. Cuando un pueblo numeroso y diseminado en un vasto territorio nombra a sus mandatarios principales sin intermediario, tal operación le obliga, inevitablemente, a dividirse en secciones situadas a distancias que no les permiten ni la comunicación ni el acuerdo recíprocos. Resulta de ello una selección fragmentaria. Hay que buscar la unidad de las elecciones en la unidad del poder electoral.

Esos razonamientos se apoyan en una idea muy exagerada del interés general, del fin general del gobierno, de la legislación, de todas las cosas a las que se aplica este concepto. ¿Qué es el interés general sino el acuerdo que se efectúa entre los intereses particulares? ¿Qué es la representación general sino la representación de todos los intereses parciales que han de transigir en lo que les es común? El interés general es distinto, sin duda, de los intereses particulares, pero no es lo contrario. Se habla siempre como si uno ganase lo que los otros pierden; lo general no es sino el resultado de esos intereses combinados; difiere de ellos como un cuerpo difiere de sus partes. Los intereses individuales son los que atañen más a los individuos; los intereses de los distritos son los que atañen más a estos; ahora bien: son los individuos y los distritos los que componen el cuerpo político; son, por consecuencia, los intereses de esos individuos y de esos distritos los que deben ser protegidos; al proteger a todos, se suprimirá de cada uno de ellos lo que perjudica a los demás, resultando de esto el verdadero interés público, el cual coincide con los intereses individuales una vez que se les ha eliminado el poder de perjudicarse mutuamente. Cien diputados nombrados por cien distritos de un Estado llevan al seno de la asamblea los intereses particulares, las preocupaciones locales de sus electores; esta base les es útil: forzados a deliberar juntos, pronto se dan cuenta de los sacrificios respectivos que son indispensables; se esfuerzan en disminuir la extensión de ellos, y en esto reside una de las mayores ventajas de la forma de su designación. La necesidad acaba siempre por unirlos en un acuerdo común, y cuanto más fragmentadas han sido las elecciones, la representación logra un carácter más general. Si se invierte la gradación natural, si se coloca el cuerpo electoral en la cúspide del edificio, los nombrados por él deberán pronunciarse sobre un interés público cuyos elementos desconocen, se les encomienda concertar intereses cuyas necesidades ignoran o desdeñan. Conviene que el representante de un distrito actúe como órgano del mismo, que no ceda ninguno de sus derechos, reales o imaginarios, sino después de haberlos defendido; que sea parcial en la defensa de los intereses que representa porque si cada uno es parcial en dicha defensa, la parcialidad de cada uno, unida y conciliada, tendrá las ventajas de la imparcialidad de todos.

Las asambleas, por fragmentaria que pueda ser su composición, tienden de modo muy acusado a incorporar un espíritu de grupo que las aísla de la nación. Los representantes situados en la capital, lejos de la representación popular que los ha nombrado, pierden de vista los usos, las necesidades, el modo de ser de quienes representan; llegan a menospreciar y prodigar tales cosas; ¿qué ocurriría si se liberara a estos órganos de las necesidades públicas de toda responsabilidad local[9], colocándolos para siempre por encima de los sufragios de sus conciudadanos y haciéndolos elegir por un cuerpo situado, como se quiere, en la cúspide del edificio constitucional?

Cuanto más grande es un Estado y más centralizada es la autoridad, más inadmisible resulta un cuerpo electoral único y más indispensable la elección directa. Nada se opone a que una comunidad de cien mil hombres atribuya a un Senado el derecho de nombrar a sus senadores o representantes; nada se opone tampoco a que las Repúblicas federales hagan otro tanto, ya que, al menos, su administración interior no correría ningún riesgo. Pero en todo gobierno que tienda a la unidad, privar a las distintas fracciones del Estado de intérpretes nombrados por ellas, se estará estimulando la creación de corporaciones que deliberan en el vacío y que, debido a su indiferencia por los intereses particulares, se entregan al interés general.

No es este el único inconveniente que presenta el nombramiento de los mandatarios del pueblo por un Senado. Este procedimiento destruye una de las mayores ventajas del gobierno representativo: la de establecer relaciones frecuentes entre las diversas clases de la sociedad. Esta ventaja sólo puede resultar de una elección directa. Este tipo de elección exige que las clases poderosas se interesen constantemente por las clases inferiores. Obliga a la riqueza a disimular su arrogancia y al poder a moderar su acción, haciendo del sufragio del grupo menos opulento, una recompensa para la justicia y para la bondad, y un castigo para la opresión. No debe renunciarse gratuitamente a ese instrumento cotidiano de bienestar y de armonía, ni menospreciar tal causa de beneficencia que no siendo, al principio, más que un cálculo, pronto se convierte en una cualidad.

Frecuentemente nos lamentamos de que las riquezas se concentran en la capital y que en el campo se ven agobiados por los impuestos que aquellas les imponen y que jamás se les devuelven. La elección directa vincula a los propietarios con sus propiedades, de las que sin ella se alejan inevitablemente. Cuando de nada les sirve el sufragio popular, su cálculo se limita a sacar de sus tierras el mayor provecho. La elección directa les impone un cálculo más noble y mucho más útil para quienes viven bajo su dependencia. Sin la elección popular, sólo tienen necesidades de crédito, y esta necesidad los concentra en torno a la autoridad central. Gracias a la elección popular sienten la necesidad de la popularidad y de volver a sus orígenes, fijando las raíces de su vida política en sus posesiones.

Se han elogiado a veces las ventajas del feudalismo, que mantenía al señor feudal unido a sus vasallos y distribuía por igual la opulencia entre todas las partes del territorio. La elección popular ofrece las mismas ventajas, sin entrañar iguales abusos.

Se habla constantemente de estimular y honrar, retribuyendo de manera justa a la agricultura y al trabajo. Se conceden premios que se distribuyen caprichosamente, condecoraciones que la opinión discute. Resultaría más sencillo conceder la importancia que tienen a las clases agrícolas, pero tal importancia no se crea mediante decretos. Su base debe estar constituida por el interés de quienes esperan verla reconocida, de quienes ambicionan conseguirla.

En segundo lugar, el nombramiento por un Senado para las funciones representativas tiende a corromper, o por lo menos, a debilitar el carácter de los aspirantes a esas funciones eminentes.

Por mucho que se desacredite la intriga o los esfuerzos que son necesarios para convencer a una multitud, sus efectos son menos malos que las maniobras indirectas que se precisan para poner de acuerdo a unos cuantos hombres en el poder. La intriga —dice Montesquieu— es peligrosa en un Senado o en un Consejo de nobles, pero no lo es en el pueblo, cuya naturaleza le impulsa a actuar por pasión[10].

Todo lo que se discute en una asamblea numerosa, aparece a la luz del día, y el pudor modera las acciones públicas; mas cuando alguien se inclina ante algunos hombres a quienes implora en silencio, se humilla ante su sombra y los individuos poderosos tienen demasiada inclinación a gozar de la humildad, de los ruegos y de las súplicas obsequiosas de quienes así actúan.

Hay épocas en que se teme todo cuanto se parece a la energía; son épocas propicias a la tiranía, a los espíritus serviles; se alaba entonces la dulzura, la flexibilidad, los talentos ocultos, las cualidades privadas; pero son épocas de debilidad. Es importante que los talentos ocultos se den a conocer, que las cualidades privadas hallen su recompensa en el bienestar interior, que la flexibilidad y la dulzura obtengan los favores de los grandes. Los hombres que acaparan la atención, que atraen el respeto, que han adquirido un derecho a la estima, a la confianza, a la gratitud del pueblo, serán los hombres elegidos por el mismo; esos hombres más enérgicos serán también los más moderados.

Se imagina siempre a la mediocridad como pacífica; pero, en realidad, sólo lo es cuando es impotente. Cuando el azar reúne a muchos hombres mediocres y los inviste de alguna fuerza, su mediocridad es más palpable, más envidiosa, más convulsiva en su marcha que el talento, incluso cuando éste es movido por las pasiones. Las luces calman las pasiones, moderan el egoísmo, tranquilizan la vanidad.

Uno de los argumentos que he esgrimido contra los colegios electorales opera con igual fuerza contra la forma de renovación usada hoy por nuestras asambleas, cuya abolición, afortunadamente, la Constitución actual acaba de decretar. Me refiero a esa renovación periódica de un tercio o un quinto, que hacía que los recién llegados se hallaran siempre en minoría.

La renovación de las asambleas tiene como fin, no sólo impedir que los representantes de la nación constituyan una clase aparte y separada del resto del pueblo, sino también proporcionar intérpretes fieles a las mejoras que han podido operarse, de una elección a otra, en la opinión. Si se supone que las elecciones están bien organizadas, los elegidos de una época representan más fielmente la opinión que los de épocas anteriores.

¿No es absurdo poner en minoría a los órganos de la opinión existente frente a una opinión inexistente? La estabilidad es, sin duda, deseable, no debe abusarse de la renovación, ya que también es absurdo hacer elecciones tan frecuentes que la opinión pública no tenga tiempo de ilustrarse durante el intervalo que las separa. Contamos además con una asamblea hereditaria que representa la continuidad. No introduzcamos elementos de discordia en la asamblea electiva que representa el progreso. La lucha del espíritu conservador y del espíritu progresista es más útil entre dos asambleas que en el seno de una sola; no hay entonces minoría que se erija en vencedora; sus violencias en la asamblea de que forma parte fracasan ante la calma de la que sanciona o rechaza sus resoluciones; la irregularidad, la amenaza, ya no son instrumentos de mando sobre una mayoría a quienes se asusta, sino causas de desconsideración y de descrédito a los ojos de los jueces que deben decidir.

La renovación por terceras o quintas partes tiene graves inconvenientes para la nación entera y para la propia asamblea.

Aunque sólo pueda ser nombrado un tercio o un quinto, no dejan de ponerse en movimiento todas las esperanzas. No son las múltiples posibilidades, sino la existencia de una sola, lo que despierta todas las ambiciones; la dificultad en que se hallan las hace mas celosas y agresivas. El pueblo igual se agita por la elección de un tercio o de un quinto que por una elección total. En las asambleas los recién llegados están oprimidos un año, pero pronto se convierten en opresores. Esta verdad ha sido demostrada por cuatro experiencias sucesivas[11].

La experiencia y el recuerdo de nuestras asambleas sin contrapeso nos inquieta y acucia constantemente. Creemos percibir en toda asamblea una causa de desorden, y esta causa nos parece más poderosa en una asamblea renovada totalmente. Pero cuanto más real se presente el peligro más escrupulosos debemos ser sobre la naturaleza de las precauciones. Sólo debemos adoptar aquellas cuya utilidad está comprobada y cuyo éxito está asegurado.

La única ventaja que presenta la renovación por terceras o quintas partes la ofrece, de modo más completo y sin ningún otro inconveniente, la reelección indefinida que nuestra Constitución permite y que las constituciones precedentes habían, erróneamente, excluido.

La imposibilidad de la reelección constituye un gran error en todos sus aspectos. La posibilidad de una reelección ininterrumpida ofrece al mérito una recompensa digna de él y es vivero para un pueblo de una porción de figuras admirables y respetadas. La influencia de los individuos no se destruye por instituciones rivales. Lo que subsiste naturalmente de esta influencia en cada época es precisamente lo que necesita. No rebajemos al talento por leyes envidiosas. No se gana nada alejando así a los hombres distinguidos; la naturaleza ha querido que se pongan al frente de las asociaciones humanas; el arte de las constituciones es asignarles ese lugar sin que para llegar a él necesiten turbar la paz pública.

Nada es más contrario a la libertad, y al propio tiempo más favorable al desorden, que la forzosa exclusión de los representantes del pueblo al término de sus funciones. Tal politica hará de los miembros de las asambleas que no pueden ser reelegidos, débiles que querrán hacerse del menor número de enemigos posible, a fin de obtener compensaciones o de disfrutar tranquilamente en su retiro. Si se ponen obstáculos a la reelección indefinida, se despoja al genio y al valor del premio que se le debe; se preparan compensaciones y triunfos a la cobardía y a la ineptitud; se sitúa en el mismo plano al hombre que ha hablado de acuerdo con su conciencia que al que ha servido a las facciones con su audacia o a la arbitrariedad con su complacencia.

Las funciones vitalicias, observa Montesquieu[12], tienen la ventaja de ahorrar a quienes las cumplen esos momentos de pusilanimidad y debilidad que preceden a los hombres destinados a volver a la categoría de simples ciudadanos, al expirar su poder. La reelección indefinida tiene otra ventaja: favorece los cálculos de la moral. Sólo estos tienen un éxito duradero; pero para obtenerlo se necesita tiempo.

Además, los hombres íntegros, intrépidos, experimentados en los asuntos, ¿son suficientemente numerosos para que se pueda prescindir de ellos? ¿es justo rechazar voluntariamente, a quienes han merecido la estimación general? Habrá también lugar para los talentos nuevos; el pueblo tiende a acogerlos, pero no se le debe coaccionar a hacerlo, no se le debe obligar, a cada elección, a elegir a recién llegados que pondrán su fuerza y amor propio en perseguir y conquistar la celebridad. Las naciones gustan de crear reputaciones.

Tenemos grandes ejemplos: en América, los sufragios del pueblo no han dejado de asistir a los fundadores de su Independencia; en Inglaterra, figuras ilustres por reelecciones no interrumpidas se han convertido, en cierto modo, en una propiedad popular. ¡Felices las naciones fieles, capaces de estimar con constancia!

Para terminar, nuestra nueva Constitución se ha aproximado a los sanos principios, sustituyendo al salario concedido hasta ahora a los representantes de la nación por unas dietas más módicas. Al eliminar de las funciones que exigen mayor nobleza de alma todo cálculo interesado, se elevará la Cámara de representantes al rango que le corresponde dentro de nuestra organización constitucional. Los sueldos atribuidos a las funciones representativas se convierten pronto en el objeto principal de las mismas. Los candidatos sólo ven, en sus nobles funciones, ocasiones de aumentar o consolidar su fortuna, facilidades de desplazamiento, ventajas económicas. Hasta los propios electores se dejan arrastrar por una especie de piedad que los inclina a favorecer al esposo que quiere establecerse, al padre sin medios económicos que quiere educar a sus hijos o casar a sus hijas en la capital. Los acreedores designan a sus deudores, los ricos a aquellos de sus parientes a quienes prefieren socorrer a expensas del Estado y no a su propia costa. Realizada la designación, hay que conservar lo que se ha obtenido: los medios se parecen al fin. La especulación termina en la flexibilidad o en el silencio.

Al pagar a los representantes del pueblo, no sólo se los interesa en el cumplimiento escrupuloso de sus funciones, sino también en el mantenimiento en esas funciones.

También me preocupan otras consideraciones: No estoy de acuerdo con las fuertes condiciones de propiedad para el ejercicio de las funciones políticas. La dependencia es muy relativa, una vez que un hombre tiene lo necesario, sólo necesita la elevación de su alma para prescindir de lo superfluo. Sin embargo, es deseable que las funciones representativas sean desempeñadas, en general, por hombres que pertenezcan, si no a la clase opulenta, sí, al menos, a la acomodada. Su punto de partida es más ventajoso, su educación más cuidada, su espíritu más libre, su inteligencia ilustrada. La pobreza, como la ignorancia, tiene sus prejuicios. Ahora bien, si los representantes no reciben ninguna dieta, se coloca el poder en la propiedad y se deja una posibilidad equitativa a las excepciones legítimas.

Combinad de tal modo vuestras instituciones y vuestras leyes, nos dice Aristóteles, que los empleos no puedan ser objeto de un cálculo interesado; si no es así, la multitud, a la que, de otro lado, importa poco la exclusión de los puestos eminentes porque le gusta ocuparse de sus propios negocios, ambicionará los honores y el provecho. No será necesaria ninguna precaución cuando las magistraturas no sientan la codicia. Los pobres preferirán ocupaciones lucrativas a funciones dificultosas y gratuitas. Los ricos ocuparán las magistraturas, porque no tendrán necesidad de dietas[13].

Esos principios no son aplicables a todos los empleos en los Estados modernos; hay algunos que exigen una fortuna por encima de toda fortuna particular; pero nada impide que se los aplique a las funciones representativas.

Los cartagineses habían hecho ya esa distinción: todas las magistraturas elegidas por el pueblo eran ejercidas gratuitamente. Las demás eran remuneradas.

En una Constitución, en la que los hombres menos favorecidos desde el punto de vista económico no posean derechos políticos, la ausencia de toda remuneración para los representantes de la nación me parece natural. ¿No es una contradicción afrentosa y ridícula excluir de la representación nacional al pobre, por estimar que sólo al rico corresponde representarla y hacerle pagar después a sus representantes como si estos fueran pobres?

La corrupción que nace de la ambición es mucho menos funesta que la que procede de cálculos innobles. La ambición es compatible con mil cualidades ingeniosas: con la probidad, el valor, el desinterés, la independencia; la avaricia no puede coexistir con ninguna de esas cualidades. Si no se puede apartar de los empleos a los hombres ambiciosos, apartemos, al menos, a los codiciosos; con ello disminuiremos considerablemente el número de competidores; los que alejemos serán precisamente los menos estimables.

Mas se necesita una condición para que las funciones representativas puedan ser gratuitas: su importancia. Nadie desea ejercer funciones despreciables por su insignificancia y que serían vergonzosas si dejaran de ser despreciables; en semejante Constitución sería mejor que no hubiera funciones representativas.

VI

DE LAS CONDICIONES DE PROPIEDAD

NUESTRA Constitución no se pronuncia sobre las condiciones de propiedad requeridas para el ejercicio de los derechos políticos porque estos, confiados a colegios electorales, están por ello mismo en manos de los propietarios. Pero si se sustituyeran esos colegios por la elección directa, las condiciones de propiedad se harían indispensables.

Ningún pueblo ha considerado como miembros del Estado a todos los individuos que residen en cualquier lugar dentro de su territorio o que tienen algún título específico. No se trata aquí de las distinciones que, en el mundo antiguo, separaban a los esclavos de los hombres libres, y, en el moderno, a los nobles de los plebeyos. La democracia más absoluta establece dos clases: en una se relega a los extranjeros y a quienes no han alcanzado la edad prescrita por la ley para ejercer los derechos de ciudadanía; la otra se compone de los hombres que han cumplido dicha edad y han nacido en el país. Existe, pues, un principio según el cual entre los individuos que viven en un territorio hay unos que son miembros del Estado y otros que no lo son.

Según este principio, para ser miembro de una asociación hay que poseer cierto grado de raciocinio y un interés común con los demás miembros de la asociación. Se supone que los menores de cierta edad legal no poseen ese grado de raciocinio; se estima igualmente que los extranjeros no se guían por ese interés. La prueba es que los primeros, al cumplir la edad establecida, se convierten en miembros de la asociación política, y los segundos alcanzan la ciudadanía mediante su residencia, sus propiedades o sus relaciones. Se supone que tales hechos dan, a los unos, raciocinio; a los otros, el interés requerido.

Pero ese principio necesita una ampliación adicional. En nuestras sociedades actuales, el nacimiento en el país y la madurez de edad no bastan para conferir a los hombres las cualidades requeridas por el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Aquellos a quienes la pobreza mantiene en una perpetua dependencia y condena a trabajos diarios, no poseen mayor ilustración que los niños acerca de los asuntos públicos, ni tienen mayor interés que los extranjeros en una prosperidad nacional cuyos elementos no conocen y en cuyos beneficios sólo participan indirectamente.

No quiero cometer ninguna injusticia con la clase trabajadora. Es tan patriota como cualquiera de las restantes y, a menudo, realiza los más heroicos sacrificios, siendo su abnegación tanto más de admirar, cuanto que no se ve recompensada por la fortuna ni por la gloria. Pero una cosa es, a mi juicio, el patriotismo por el que una persona debe estar dispuesta a morir por su país, y otra distinta el patriotismo por el que se cuidan los propios intereses. Es preciso, pues, además del nacimiento y la edad legal, un tercer requisito: el tiempo libre indispensable para ilustrarse y llegar a poseer rectitud de juicio. Sólo la riqueza asegura el ocio necesario, sólo ella capacita al hombre para el ejercicio de los derechos políticos.

Puede afirmarse que el estado actual de la sociedad, en el que se mezclan ricos y pobres, atribuye a una porción de éstos, los mismos intereses e iguales posibilidades que a los primeros; que el hombre que trabaja tiene tanta necesidad de reposo y de seguridad como el propietario; que los ricos no son, de derecho y de hecho, sino los distribuidores de los bienes comunes entre todos los individuos, y que a todos beneficia que el orden y la paz fomenten el desarrollo de todas las facultades y de todos los recursos individuales.

Esos razonamientos fallan por exceso. Si fueran convincentes, no habría ningún motivo para negar a los extranjeros los derechos de ciudadanía. Las relaciones comerciales entre los países europeos determinan que la tranquilidad y el bienestar de todos los países interesen a la mayoría. La caída de un imperio, sea el que fuere, es tan funesta a los extranjeros que han unido su suerte mediante sus especulaciones financieras a ese imperio, como pueda serlo a sus propios habitantes, si se exceptúa a los propietarios. Los hechos lo demuestran. En medio de las más crueles guerras, los negociantes de un país se interesan a menudo y, en ocasiones, incluso realizan esfuerzos para que la nación enemiga no sea destruida. Sin embargo, un razonamiento tan ambiguo no parecerá suficiente para elevar al extranjero a la categoría de ciudadano.

Debe advertirse que el propósito lógico de los ricos es acceder a la propiedad; todos los medios de que disponen los destinarán a ese fin. Si a la libertad de facultades y de industria que se les debe, se añaden los derechos políticos que no se les deben, tales derechos, en manos del mayor número, servirán infaliblemente para invadir la propiedad. Utilizarán ese camino irregular en vez de seguir el natural: el trabajo. Tal proceder constituirá para ellos una fuente de corrupción y para el Estado una fuente de desórdenes. Un escritor célebre ha observado muy acertadamente que cuando los no propietarios tienen derechos políticos ocurre una de estas tres cosas: o actúan en virtud de su propio impulso, y entonces destruyen la sociedad, o son movidos por el hombre o los hombres en el poder, y en tal caso son instrumentos de tiranía, o bien son los aspirantes al poder quienes los manejan, y en tal supuesto son instrumentos de facción. En consecuencia, es preciso establecer condiciones de propiedad, tanto para ser electores como para ser elegibles.

En todos los países que tienen asambleas representativas es indispensable que éstas, cualquiera que sea su organización concreta, estén compuestas por hombres con un mínimo de riqueza. Un individuo puede, por sus brillantes méritos, cautivar a la multitud; pero las asambleas, para granjearse la confianza, necesitan tener intereses concordantes con sus deberes. Toda nación identifica siempre la acción de una asamblea con sus intereses. Tiene la certeza de que al amor al orden, a la justicia y a la conservación reinará entre la mayoría de los hombres con propiedades. No son sólo, por consiguiente, útiles por las cualidades que poseen, sino también por las que se les atribuyen, por la prudencia que se les supone y por la favorable predisposición que inspiran. Inclúyase entre los legisladores a hombres pobres; por buenas que sean sus intenciones, la inquietud que despierten en los ricos obstaculizará todas sus medidas. Las leyes más prudentes parecerán sospechosas y, en consecuencia, desobedecidas; por el contrario, la otra solución habría logrado el sostén del asentimiento popular al gobierno, aún en el supuesto de que no sea en todo perfecto.

Durante nuestra revolución, es cierto que los ricos han cooperado con los pobres en la promulgación de leyes absurdas y expoliadoras. La causa ha sido que los primeros tenían miedo de los segundos revestidos de poder. Querían hacerse perdonar su propiedad. El temor de perder lo que se tiene conduce a la pusilanimidad y a comportarse con el furor propio de quienes quieren adquirir lo que no tienen. Las faltas o los crímenes de los ricos fueron consecuencia de la presión de los pobres.

¿Qué condiciones equitativas de propiedad deberían establecerse?

Una propiedad puede ser tan limitada que el que la posee sólo es propietario en apariencia. Según un autor que ha tratado perfectamente el asunto, quien no posea la renta territorial suficiente para vivir durante el año, sin tener que trabajar para otro, no es verdaderamente propietario. La parte de propiedad que le falta le sitúa en la clase de los asalariados. Los propietarios son dueños de su existencia porque pueden negarle el trabajo. Sólo quien posee la renta necesaria para vivir con independencia de toda voluntad extraña puede ejercer los derechos de la ciudadanía. Una condición de propiedad inferior sería ilusoria; una más elevada sería injusta.

Creo, no obstante, que se puede reconocer como propietario a quien tiene en arriendo indefinido una explotación agrícola que produce lo suficiente. En el estado actual de la propiedad en Francia, el agricultor que no puede ser desahuciado es, en realidad, más propietario que el ciudadano que sólo lo es aparentemente de un bien que arrienda. Es entonces justo conceder iguales derechos a uno que otro. Si se objeta que al finalizar el arriendo el agricultor pierde su calidad de propietario, responderé que todo propietario puede, en cualquier momento y por las causas más diversas, perder su propiedad.

Se advertirá que sólo me refiero a la propiedad territorial, cuando ciertamente existen varias clases de propiedad, siendo la del suelo, simplemente, una de ellas. La propia Constitución reconoce este principio, ya que admite la representación no sólo del territorio, sino de la industria.

Confieso que si la consecuencia de tal disposición hubiera sido poner en un mismo plano propiedad territorial e industrial no vacilaría en censurarla. La propiedad industrial carece de alguna de las ventajas de la propiedad territorial, y es justamente sobre ellas sobre las que se funda el espíritu preservador necesario para las asociaciones políticas.

La propiedad territorial influye sobre el carácter y el destino del hombre debido a la propia naturaleza de los cuidados que exige. El agricultor se dedica a ocupaciones constantes y progresivas. Debido a ello configura sus hábitos en la regularidad. El azar, que constituye una gran fuente de desorden para la moral, jamás cuenta en la vida del agricultor. Toda interrupción le es nociva; toda imprudencia es una pérdida segura. Sus éxitos son lentos; no puede acelerarlos ni aumentarlos mediante intuiciones afortunadas. Su vida transcurre entre la dependencia de la naturaleza y la independencia de los hombres. Todo ello le proporciona una disposición tranquila, un sentimiento de seguridad, un espíritu de orden que le identifica con la vocación a la que debe su tranquilidad y su propia subsistencia.

La propiedad industrial influye únicamente en el hombre por los beneficios económicos que le procuran o le prometen; no proporciona a su vida tanta estabilidad y es más artificial y menos inmutable que la propiedad territorial. La operaciones que conlleva suelen consistir en transacciones fortuitas; sus éxitos son más rápidos, pero dependen mucho del azar. No forma parte de su naturaleza esa progresión lenta y segura que crea el hábito y, poco después, la necesidad de uniformidad. No crea un hombre independiente de los demás sino, por el contrario, lo hace depender de ellos. La vanidad, ese germen fecundo de las agitaciones políticas, se ve herida a menudo en el propietario industrial, casi nunca en el agricultor[14]. Éste, calcula en paz el orden de las estaciones, la naturaleza del suelo, el carácter del clima. El industrial calcula las fantasías, el orgullo, el lujo de los ricos. Una explotación agrícola es una patria en miniatura. En ella se nace, se cría, se educa, se crece con los árboles que la rodean. En la propiedad industrial nada habla a la imaginación, nada al recuerdo, nada sobre la parte moral del hombre. Se dice el campo de mis antepasados, la cabaña de mis padres. Nunca se ha dicho la tienda o el taller de mis padres. Las mejoras realizadas en la propiedad territorial no pueden separarse del suelo al que se incorporan y del que forman parte. La propiedad industrial no es susceptible de mejora, sino de enriquecimiento y éste puede transportarse a voluntad.

Desde el punto de vista de las facultades intelectuales, el agricultor tiene una gran superioridad sobre el artesano. La agricultura exige una serie de conocimientos, de observaciones, de experiencias que forman el raciocinio[15]. A ello se debe ese asombroso sentido de justicia y rectitud que tiene el campesino.

Las profesiones industriales se limitan a menudo, debido a la división del trabajo, a operaciones mecánicas.

La propiedad territorial encadena al hombre al lugar en el que habita, pone obstáculos a los desplazamientos, crea un patriotismo interesado. La industria uniformiza todos los países, facilita los desplazamientos, separa el interés del patriotismo. Estas ventajas y desventajas recíprocas de ambos tipos de propiedad, consideradas desde el punto de vista político aumentan en razón inversa al valor de la propiedad. Un artesano apenas pierde nada cuando cambia de residencia; un pequeño propietario de tierras se arruina al expatriarse. Ahora bien: son precisamente estas clases inferiores de los propietarios las que deben proporcionamos el criterio para juzgar los efectos de las diferentes especies de propiedad, ya que dichas clases son las más numerosas.

Independientemente de esta superioridad moral en la propiedad de la tierra, esta es favorable al orden público por la situación en que coloca a sus poseedores. Los artesanos, asentados en las ciudades, están a merced de los facciosos; los agricultores, diseminados en los campos, son casi imposibles de reunir y, en consecuencia, de sublevar.

Aristóteles percibió esta situación. Hizo resaltar con mucha fuerza los caracteres distintivos de las clases agrícolas y de las clases mercantiles y mostró su favor por las primeras.

La propiedad industrial posee, sin duda, grandes ventajas. La industria y el comercio han creado para la libertad un nuevo medio de defensa: el crédito. La propiedad territorial garantiza la estabilidad de las instituciones; la propiedad industrial asegura la independencia de los individuos.

Por tanto, rehusar los derechos políticos a esos comerciantes cuya actividad y opulencia duplican la prosperidad del país que habitan sería una injusticia y, además, una imprudencia, porque sería oponer la riqueza al poder.

Mas, si se reflexiona, se advertirá fácilmente que la exclusión no alcanza a los propietarios industriales que sería enojoso excluir; casi todos son, al mismo tiempo, propietarios territoriales. En cuanto a los que no tienen más propiedad que su industriosidad, entregados, por una necesidad que ninguna institución vencerá jamás, a una ocupación mecánica, están privados de todo medio de instruirse y pueden, con las mejores intenciones, hacer sufrir al Estado la pena de sus inevitables errores. A esos hombres hay que respetarlos, protegerlos, garantizarlos contra toda vejación por parte del rico, eliminar todas las cargas que pesen sobre su trabajo, allanar cuanto sea posible su laboriosa carrera, pero no llevarlos a una esfera nueva a la que no los llama su destino, donde su concurso es inútil, sus pasiones amenazadoras y su ignorancia peligrosa.

Sin embargo, nuestra Constitución ha llevado hasta el exceso su preocupación por la industria. Ha creado para ella una representación especial; pero, prudentemente, ha limitado el número de representantes de esta clase a un veintisieteavo de la representación general.

Algunos estudiosos han creído reconocer una tercera especie de propiedad. La han llamado intelectual y han defendido su opinión de un modo bastante ingenioso. Un hombre distinguido en una profesión liberal —han dicho—, un jurisconsulto, por ejemplo, no está menos vinculado al país que habita que el propietario territorial. Le resulta más fácil a este último enajenar su patrimonio que al primero trasladar su reputación. Su fortuna reside en la confianza que inspira y es resultado de muchos años de trabajo, de su inteligencia, de su habilidad, de los servicios prestados, del hábito de recurrir a él en circunstancias difíciles, de las relaciones locales acumuladas por su larga experiencia. La expatriación le privaría de tales ventajas. Su sola presencia en una tierra extraña significaría su ruina.

Esa propiedad que se llama intelectual sólo depende de la opinión. Si se permite a todos atribuírsela, todos la reclamarán, sin duda, porque los derechos políticos supondrán no sólo una prerrogativa social, sino una certificación de talento, y negárselos a sí mismos sería un acto raro de desinterés y de modestia. Si es la opinión de los demás la que atribuye esa propiedad intelectual, dicha opinión sólo se manifiesta mediante el éxito y la fortuna que es su consecuencia infalible. En tal caso, la propiedad será, naturalmente, el patrimonio de los hombres distinguidos en todos los órdenes.

Pero es necesario hacer valer consideraciones de mayor importancia. Quizá sean las profesiones liberales las que, a fin de que su influencia no sea funesta en las discusiones políticas, más piden el mismo trato que recibe la propiedad. Tales profesiones, tan dignas de consideración por tantos títulos, no cuentan siempre entre sus ventajas la de rodear sus ideas con esa justicia práctica que es necesaria para dictaminar sobre los intereses positivos de los hombres. Se ha visto en nuestra revolución a literatos, matemáticos o químicos entregarse a las opiniones más exageradas, sin perjuicio de ser, en otros aspectos, ilustrados y estimables; pero habían vivido lejos de los hombres y se habían habituado a abandonarse a su imaginación o a tomar en consideración únicamente la evidencia rigurosa o, en fin, a ver en la naturaleza, en la reproducción de los seres, una prefiguración de la destrucción. Habían llegado, por diferentes caminos, al mismo resultado: desdeñar las consideraciones sacadas de los hechos, despreciar el mundo real y sensible, razonar sobre el estado social como entusiastas, sobre las pasiones como geómetras, sobre los dolores humanos como físicos.

Si tales errores fueron patrimonio de hombres superiores, ¿cuáles no serán los extravíos en que incurrirían los candidatos subalternos, los pretendientes desgraciados? ¡Cuán urgente es poner un freno al amor propio herido, a las vanidades agriadas, a todas esas causas de amargura, de agitación, de descontento, contra una sociedad en la que uno se halla desplazado, de rencor contra hombres que se consideran injustos! Todos los trabajos intelectuales son honorables, todos deben ser respetados. Nuestro primer atributo, nuestra facultad distintiva, es el pensamiento. Quienquiera que lo ejercite tiene derecho a nuestra estima, con independencia del éxito. Quienquiera que lo ultraje o lo rechace abdica a su calidad de hombre y se sitúa fuera de la especie humana. Sin embargo, cada ciencia da al espíritu del que la cultiva una dirección exclusiva que resulta peligrosa en los asuntos políticos, a menos que esté contrapesada.

Ahora bien, tal contrapeso no puede hallarse sino en la propiedad. Solo ella establece entre los hombres lazos uniformes. Los pone en guardia contra el sacrificio imprudente de la dicha y de la tranquilidad de los demás, abarcando en ese sacrificio su propio bienestar y obligándolos a tomar en consideración su propio interés. Los hace descender de lo alto de las teorías quiméricas y de las exageraciones impracticables, estableciendo entre ellos y el resto de los miembros de la asociación relaciones numerosas e intereses comunes.

No se crea que esta precaución es sólo útil para el mantenimiento del orden; también lo es para el de la libertad. Por extrañas razones, las ciencias que a veces inclinan a los hombres, durante los periodos de agitación política, a ideas de libertad imposibles, en otras ocasiones los hacen indiferentes y serviles bajo el despotismo. Los sabios propiamente dichos poco tienen que temer del poder, aún injusto. Lo que más que aborrece éste es el pensamiento. Se sirve de las ciencias como medios para el gobernante y de las bellas artes como distracción para los gobernados. Así los hombres cuyos estudios no tienen relación alguna con los intereses activos de la vida y siguen un camino que los garantiza contra una autoridad que nunca los considera rivales, con frecuencia se indignan muy poco de los abusos del poder que pesan sobre las demás clases.

VII

DE LA DISCUSIÓN EN LAS ASAMBLEAS REPRESENTATIVAS

A la Constitución actual le debemos una mejora importante: el restablecimiento de la discusión pública en las asambleas.

La Constitución del año VIII la había prohibido; la Carta Real sólo la permitió con muchas restricciones para una de las Cámaras y rodeó todas las deliberaciones de la otra de un misterio tan extraño que ningún motivo razonable podía explicar. Hemos vuelto a las ideas sencillas. Hemos comprendido que las reuniones se realizan con la esperanza de entendimiento, que para entenderse hay que hablar y que los mandatarios no están autorizados, salvo en raros y breves periodos de excepción, a disputar a sus representados el derecho de conocer la forma en que se tratan sus intereses.

Un artículo de la Constitución que a primera vista parece detallista y que ha sido censurado, contribuirá poderosamente a que las discusiones sean útiles. Me refiero al artículo que prohibe los discursos escritos. Es cierto que tiene un carácter más reglamentario que constitucional, pero el abuso de tales discursos se ha propagado tanto y ha desnaturalizado de tal modo la marcha de nuestras asambleas, que es digno de aplauso que al fin se le haya puesto remedio.

Cuando los oradores se ven obligados a improvisar es cuando se entabla una verdadera discusión. Cada uno, impresionado por los razonamientos que acaba de escuchar, se ve naturalmente impulsado a examinarlos. Dichos razonamientos impresionan su espíritu, aun sin darse cuenta. No puede borrarlos de su memoria; las nuevas ideas se amalgaman con las que él aporta, las modifican y le sugieren respuestas que presentan las cuestiones desde sus diversos puntos de vista.

Cuando los oradores se limitan a leer lo que han escrito en el silencio de su gabinete, ya no discuten, se dedican a extenderse sobre sus argumentos; no escuchan, porque lo que puedan escuchar no ha de cambiar nada lo que quieren decir; sólo esperan a que finalice su intervención el que los precede; no examinan la opinión que aquel defiende, cuentan el tiempo que emplea y que consideran excesivo. En tales condiciones no hay discusión; cada uno reproduce objeciones ya refutadas; no toman en cuenta lo que han previsto, todo lo que perjudicaría una defensa elaborada anticipadamente. Los oradores se suceden sin entenderse, y si se refutan es por azar, parecen dos ejércitos que desfilaran en sentido opuesto, uno al lado del otro, percibiéndose apenas, evitando hasta mirarse por miedo a salirse de la ruta irrevocablemente trazada.

Ese inconveniente de una discusión basada en discursos escritos no es el único ni el más temible; hay uno mucho más grave.

Lo que entre nosotros amenaza más el buen orden y la libertad no es la exageración, ni el error, ni la ignorancia, aunque tales cosas no falten; es la necesidad de producir efecto. Tal necesidad, que degenera en una especie de furor, es tanto más peligrosa cuanto que no tiene sus raíces en la naturaleza del hombre, sino que es una creación social, fruto tardío y artificial de una civilización antigua y de una ciudad inmensa. Por tanto, no se modera por sí misma, como ocurre con las pasiones naturales, que se desgastan por el propio uso. El sentimiento no la detiene, porque no tiene nada de común con él; la razón no puede nada contra ella, porque no se trata de ser convencido, sino de convencer. La propia fatiga no la calma, porque quien la experimenta no consulta sus propias sensaciones, sino que observa las que produce en los demás. Opiniones, elocuencia, emociones, no son más que medios, y hasta el mismo hombre se convierte en un instrumento de su propia vanidad.

En una nación con tales inclinaciones debe lograrse que los mediocres pierdan toda la esperanza de producir ningún efecto por sus propios medios; digo ningún efecto, porque nuestra vanidad es, al tiempo, humilde y desenfrenada; aspira a todo y se contenta con poco. Por sus pretensiones, se diría que es insaciable; pero viendo cómo Se esponja con los más modestos éxitos, nos admira su frugalidad.

Apliquemos esas verdades a nuestro tema. ¿Se quiere que nuestras asambleas representativas sean razonables? Exíjase a los hombres que desean brillar en ellas la necesidad de tener talento. La mayoría se refugiará en la razón, como único recurso posible; pero si se abre a esa mayoría un camino en el que cualquiera puede hacer progresos, nadie querrá privarse de esa ventaja. Todos aspirarán a la elocuencia y a la celebridad, podrán hacer un discurso escrito o encargarlo, y, de esa forma, tratar de llamar la atención sobre su papel de legisladores, con lo que las asambleas se convertirán en academias, con la diferencia de que en tal caso las arengas académicas decidirán de la suerte, de las propiedades y hasta de la vida de los ciudadanos.

Me resisto a citar las increíbles pruebas de ese deseo de producir efecto en las épocas más deplorables de nuestra revolución. He visto cómo los representantes buscan temas de discurso, a fin de que su nombre no fuera extraño a los movimientos que se habían producido; hallado el tema y escrito el discurso, el resultado les era indiferente. Desterrados los discursos escritos, crearemos en nuestras asambleas lo que siempre les ha faltado: esa mayoría silenciosa que, disciplinada, digámoslo así, por la superioridad de los hombres de talento, se reduce a escucharlos, al no poder hablar en su lugar, esa mayoría se ilustra porque está condenada a la modestia y el silencio la hace razonable.

La presencia de los ministros en las asambleas contribuirá a dar a las discusiones el carácter que deben tener. Los propios ministros discutirán las reformas necesarias a la administración; aportarán conocimientos prácticos que sólo puede proporcionar el ejercicio del gobierno. La oposición no será hostil, la constancia no degenerará en obstinación. Tomando en cuenta las objeciones razonables, el gobierno enmendará los proyectos sancionados, explicará los textos oscuros. La autoridad podrá, sin comprometerse, rendir un justo homenaje a la razón y defenderse ella misma mediante las armas del razonamiento.

Sin embargo, nuestras asambleas sólo alcanzarán el grado de perfección de que es susceptible el sistema representativo cuando los ministros, en lugar de asistir en calidad de tales, sean también miembros por elección nacional. Era un gran error de nuestras constituciones precedentes la incompatibilidad existente entre el ministerio y la representación.

Cuando los representantes del pueblo no pueden participar nunca en el poder, hay que temer que lo consideren su enemigo natural. Si por el contrario, los ministros pueden ser escogidos en el seno de las asambleas, los ambiciosos dirigirán sus esfuerzos contra los hombres y respetarán la institución. Al dirigirse los ataques únicamente contra los individuos, serán menos peligrosos para el conjunto. Nadie querrá destruir un instrumento cuyo uso podría conquistar, y del mismo modo que trataría de disminuir la fuerza del poder ejecutivo si hubiera de serie siempre extraña, la cuidará si puede pertenecerle algún día.

Vemos el ejemplo en Inglaterra. Para los enemigos del ministerio, el poder que contemplan es imagen de su futura fuerza y autoridad; la oposición consiente las prerrogativas del gobierno, como su herencia, y respeta sus medios futuros en los adversarios actuales. Un gran defecto de una Constitución consiste en separar a los partidos, de forma tal, que uno no pueda llegar al otro sino a costa de ella. Es, sin embargo, lo que ocurre cuando el poder ejecutivo, puesto fuera del alcance de los legisladores, constituye siempre para ellos un obstáculo, jamás una esperanza.

No se deben excluir las diversas facciones en una organización política si lo que se quiere es conservar las ventajas de la libertad. Hay que esforzarse en conseguir que esas facciones sean lo más inofensivas posible y, supuesto que la victoria les llegará un día, hay que prevenir o suavizar los inconvenientes de su victoria.

Cuando los ministros son miembros de las asambleas, son más fácilmente atacables si son culpables, porque sin que haya necesidad de denunciarlos, basta con responderles; también les resultará más fácil demostrar su inocencia si son inocentes, ya que, en cada momento, pueden explicar y dar razones de su conducta.

Al reunir en los mismos individuos, sin dejar por ello de distinguir los poderes, la doble calidad de ministro y miembro de la asamblea, se constituye un gobierno en armonía, en vez de crear dos bandos en lucha.

De este modo, además, un ministro inepto o sospechoso no puede conservar el poder. En Inglaterra, el ministro pierde efectivamente su puesto si se halla en minoría[16].

VIII

DE LA INICIATIVA

CREO que no se ha comprendido bien el sentido del artículo constitucional que se refiere a la iniciativa. La Carta Real la negaba casi por completo a las Cámaras que había creado. Sólo por un abuso prácticamente ilegal, los diputados se habían atribuido la facultad de desarrollar en público sus propuestas, y los ministros anunciaban el propósito de disputarles ese privilegio. Cuando se admitía una propuesta, su curso se veía entorpecido por formalidades lentas y tortuosas.

En una palabra, el derecho de iniciativa era, en la Constitución de 1814, un recurso insuficiente, contrario a la intención de la propia Constitución y siempre en peligro de ser suprimido por una interpretación más rigurosa de dicha Constitución.

En nuestra Acta constitucional, por el contrario, una sola diferencia distingue la iniciativa de las Cámaras de la que corresponde al Parlamento de Inglaterra: el jefe del Estado no está obligado a pronunciar su veto; basta el silencio. Mas, cuando la opinión pública pide la adopción de una propuesta popular, ¿puede oponerle el silencio por mucho tiempo un gobierno representativo? ¿No es el carácter de un gobierno representativo estar dirigido por la opinión? Por tanto, los representantes de la nación disponen enteramente del derecho de iniciativa y pueden incluso repetir sus propuestas cuando lo juzguen conveniente, derecho que el artículo 21 de la Carta Real no les reconocía.

Mi opinión sobre la iniciativa es la misma de siempre: al igual que hace un año, me parece una parte necesaria de las atribuciones de la representación nacional[17]. No puedo, por supuesto, negársela a los ministros; a ellos corresponde expresar los deseos del gobierno del mismo modo que los diputados expresan los del pueblo; como resultado de un proceso natural, el gobierno no ejercerá casi nunca su iniciativa. Los ministros, sentados en las cámaras en su calidad de representantes, harán con este carácter las propuestas que exijan las circunstancias o las necesidades del Estado. El gobierno comprenderá que conviene más a su dignidad esperar que anticiparse. Cuando propone proyectos de ley se somete al juicio de las Cámaras, en tanto que cuando se limita a esperar la propuesta de las cámaras se convierte en juez.

Dejemos por ahora a nuestro mecanismo constitucional establecerse y simplificarse por el funcionamiento y el hábito. Se multiplican las dificultades creyendo prevenirlas; se las crea al transformar en agravios incertidumbres que se deben a la inexperiencia. Pongamos a funcionar de buena fe la Constitución, en vez de debilitarla con cambios prematuros; veamos antes si el buen uso de lo que existe no nos ofrece las mismas ventajas. Mientras una Constitución no ha sido ensayada en la práctica las fórmulas son letra muerta; sólo mediante la práctica se comprueban sus efectos y se determina su sentido. Con demasiada frecuencia hemos derribado el edificio con el pretexto de reconstruirlo; aprovechamos en adelante la luz que se adquiere por los hechos, a fin de proveer gradualmente a todas las necesidades con mesura, con prudencia, con calma, con la ayuda del tiempo, el más dulce y poderoso de los auxiliares.

IX

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTROS

LA Constitución actual es quizá la única que ha establecido principios perfectamente aplicables y suficientemente detallados sobre la responsabilidad de los ministros. Los ministros pueden ser acusados y ser procesados por tres causas:

1. Por el abuso o el mal uso de su poder legal.

2. Por actos ilegales perjudiciales al interés público, sin relación directa con los particulares.

3. Por atentados realizados contra la libertad, la seguridad y la propiedad individuales.

En una obra aparecida hace tres meses[18] he probado que, al no tener ninguna relación esta clase de delito con las atribuciones que corresponden en virtud de la ley a los ministros, debía considerarse a éstos como ciudadanos y debían ser justiciables por tribunales ordinarios.

Es evidente que si un ministro secuestra, en un arrebato de pasión, a una mujer, o mata, en un acceso de cólera, a un hombre, no debe ser acusado en cuanto ministro, sino sufrir, como infractor de las leyes comunes, el procedimiento indicado por las leyes comunes para su delito y en las formas prescritas por ellas.

Al igual que con el secuestro y el homicidio sucede con todos los actos prohibidos por la ley. Un ministro que atenta ilegalmente contra la libertad o la propiedad de un ciudadano no delinque como ministro, ya que ninguna de sus atribuciones le confiere derecho a atentar ilegalmente contra la libertad o la propiedad de un individuo. Entra, pues, en la clase de los culpables comunes y corrientes y debe ser perseguido y castigado como ellos.

Hay que señalar que depende de cada uno de nosotros atentar o no contra la libertad individual. No es un privilegio particular de los ministros. Yo puedo, si quiero, pagar a cuatro hombres para que esperen a mi enemigo en la esquina de una calle y lo escondan en algún lugar oscuro donde lo tengan encerrado sin saberlo nadie. El ministro que hace secuestrar a un ciudadano sin autorización legal comete el mismo delito. Su calidad de ministro es extraña al acto y no cambia su naturaleza. Porque al no conferirle dicho título, repito, el derecho de hacer detener a los ciudadanos en contra de lo dispuesto formalmente por la ley, el delito cometido no se distingue del homicidio, del secuestro o de cualquier otro delito privado.

Sin duda, el poder que en virtud de la ley detenta un ministro le facilita los medios de cometer actos ilegítimos; pero este mal uso de su poder constituye un delito más. Es como si un individuo inventara un nombramiento de ministro para engañar a sus congéneres. Tal individuo fingiría una misión y se atribuiría un poder del que no está investido. El ministro que ordena un acto ilegal hace uso de una autoridad que no se le ha conferido. En consecuencia, en todos los delitos cometidos por una autoridad en los que son víctimas los individuos, éstos deben disponer de la posibilidad de actuar directamente contra los ministros.

Se ha querido negar a los tribunales ordinarios competencia para actuar en las acusaciones de esta naturaleza. Se han invocado, a tal efecto, la debilidad de los tribunales, que temerían castigar a los poderosos, y el inconveniente de confiar a los tribunales lo que se llama secretos de Estado.

Esta última objeción tiene su origen en ideas antiguas. Es un residuo del sistema en que se admitía que la seguridad del Estado podía exigir actos arbitrarios. Admitido que éstos no pueden motivarse, puesto que suponen precisamente la inexistencia de hechos y pruebas sobre los cuales se debe fundar la aplicación de la ley, se sostiene como indispensable el secreto. Cuando un ministro ha hecho prender y encarcelar ilegalmente a un ciudadano, es natural que sus defensores atribuyan tal atentado a razones secretas que sólo el ministro conoce y que no puede revelar sin comprometer la seguridad pública. Por mi parte, pienso que no existe seguridad pública sin garantías individuales. Se pone en peligro la seguridad pública cuando los ciudadanos ven en la autoridad una amenaza en vez de una salvaguardia. Creo que la arbitrariedad es el verdadero enemigo de la seguridad pública, que las tinieblas de que se rodea no hacen sino agravar sus peligros, que sólo hay seguridad pública en la justicia, justicia en las leyes, y leyes en el procedimiento. Creo que la libertad de un solo ciudadano interesa suficientemente al cuerpo social para que las causas de todo el rigor a que pueda sometérsele deban ser conocidas por sus jueces naturales. Creo que tal es el fin principal, el fin sagrado, de toda institución política, y que, como ninguna Constitución puede legitimarse de otro modo, sería vano intento tratar de hallar en otro fundamento fuerza y permanencia.

Si se piensa que los tribunales pueden ser demasiado débiles frente a los culpables, es porque a dichos tribunales se los representa en el estado de incertidumbre, de dependencia y de terror en que los sumió la Revolución. Gobiernos inquietos sobre sus derechos, amenazados en sus intereses, criaturas desdichadas de las facciones y deplorables herederos del odio que esas facciones habían inspirado, no podían crear ni tolerar tribunales independientes.

Nuestra Constitución, al hacer inamovibles a todos los jueces nombrados a partir de ese momento, les da una independencia de la que han carecido demasiado tiempo. Sabrán que del juicio de un ministro, como del de cualquier otro acusado, no se derivará ninguna censura constitucional, que no se enfrentan con ningún peligro; de su seguridad nacerán la imparcialidad, la moderación y el valor.

No es que los representantes de la nación no tengan también el derecho y el deber de protestar contra los atentados que los ministros pueden cometer contra la libertad si los ciudadanos, víctimas de ellos, no se atreven a hacer oír sus reclamaciones. El artículo que permite la acusación contra los ministros por comprometer la seguridad o el honor del Estado asegura a nuestros mandatarios la facultad de acusarlos si introducen en el gobierno lo que hay de más contrario a la seguridad y al honor de todo gobierno, es decir, la arbitrariedad. No se puede negar al ciudadano el derecho de exigir reparación por el perjuicio que sufre; pero es preciso también que los hombres investidos de su confianza puedan asumir su defensa. Esta nueva garantía es legítima e indispensable.

Nuestra Constitución la consagra implícitamente. Es necesario que ahora la armonicemos con la legislación, con la garantía que se debe también a los ministros, quienes, más expuestos que el simple particular al despecho de las pasiones heridas, deben hallar en las leyes y en el procedimiento una protección equitativa y suficiente.

No ocurre lo mismo con los actos ilegales, perjudiciales al interés público, que no afectan directamente a los particulares, o con el abuso del poder cuyo ejercicio atribuye la ley a los ministros.

Hay muchos actos ilegales que sólo ponen en peligro el interés general. Es claro que tales actos únicamente pueden denunciarse y perseguirse por las asambleas representativas. Ningún individuo tiene interés ni derecho de atribuirse su persecución.

Respecto al abuso del poder legal conferido a los ministros, resulta aún más claro que los representantes del pueblo son los únicos que han de juzgar si tal abuso existe, y que un tribunal especial que goce de una competencia especial es también el único que ha pronunciarse sobre la gravedad del abuso.

Nuestra Constitución muestra, pues, una gran sabiduría cuando concede a nuestros representantes la mayor iniciativa en sus acusaciones y cuando confiere un poder discrecional al tribunal que ha de sentenciar.

Hay mil modos de declarar injusta o inútil una guerra, de dirigir con demasiada precipitación, lentitud o negligencia la guerra declarada, de actuar con demasiada inflexibilidad o debilidad en las negociaciones, de quebrantar el crédito, sea por operaciones arriesgadas, por economías mal concebidas o por infidelidades disfrazadas bajo diferentes nombres. Si cada uno de estos modos de perjudicar al Estado hubiera de indicarse y especificarse por una ley, el código de la responsabilidad resultaría un tratado de historia y de política; aun así, sus disposiciones no alcanzarían sino al pasado. Los ministros hallarían fácilmente nuevos medios de eludirlas en el futuro.

Así, los ingleses, tan escrupulosamente aferrados en las esferas reguladas por la ley común a la aplicación literal de la misma, no designan los delitos que implican responsabilidad de los ministros sino con expresiones tan vagas como high crimes and misdemeanours[19], palabras que no precisan el grado ni la naturaleza del delito.

Quizá se crea que eso significa colocar a los ministros en una situación muy desfavorable y muy peligrosa. En tanto que para los simples ciudadanos se exigen la salvaguardia de la precisión más exacta y la garantía de la letra de la ley, los ministros están entregados a una especie de arbitrariedad conferida a sus acusadores y a sus jueces. Mas esta arbitrariedad está en la esencia misma de las cosas; sus inconvenientes deben ser moderados por la solemnidad de las formas, el carácter augusto de los jueces y la moderación de las penas. Pero el principio debe afirmarse: es mejor siempre confesar en teoría lo que no puede evitarse en la práctica.

Un ministro puede hacer tanto daño sin apartarse de la letra de una ley positiva que, si no se preparan medios constitucionales de reprimir ese mal y de castigar o alejar al culpable (porque se trata mucho más de quitar el poder a los ministros prevaricadores que de castigarlos), no quedará otra solución que buscar esos medios fuera de la propia Constitución. Los hombres, reducidos a discutir sobre los términos o a infringir las formas, no tendrán otra salida que el rencor, la deslealtad y la violencia. Sin un camino trazado de antemano se abrirá uno que será más corto, pero también más desordenado y más peligroso.

Existe en la realidad una fuerza que nadie puede eludir durante mucho tiempo. Si sólo se conciben contra los ministros leyes concretas, que no abarcan el conjunto de sus actos y la tendencia general de su administración, sustrayéndolos de hecho a todas las leyes, se terminará por no juzgarlos de acuerdo con esas disposiciones minuciosas e inaplicables, sino que se procederá contra ellos según las inquietudes producidas, el mal realizado y el grado de resentimiento que hayan provocado en la ciudadanía o en el cuerpo ministerial.

Estoy seguro de no defender la arbitrariedad a pesar de estar convencido de que la ley sobre la responsabilidad no puede ser tan detallada como las leyes comunes, por tratarse de una ley política cuya naturaleza y aplicación, conlleva inevitablemente algo de discrecional, gracias —como he dicho— al ejemplo de los ingleses. En efecto, no sólo existe entre ellos la libertad, sin alteraciones ni violencia, desde hace ciento treinta y cuatro años, sino que de todos sus ministros, expuestos a una responsabilidad indefinida y perpetuamente denunciados por la oposición, son muy pocos los que han sido sometidos a proceso, sin que ninguno haya sido castigado.

Nuestros recuerdos no deben confundirnos. Hemos sido furiosos y turbulentos como esclavos que rompen sus cadenas. Pero ahora somos un pueblo libre; si seguimos siéndolo y organizamos con ánimo y franqueza instituciones libres, pronto seremos tranquilos y prudentes como un pueblo libre.

No me detendré en probar aquí que la persecución de los ministros debe ser confiada, según ordena la Constitución, a los representantes de la nación; pero haré resaltar una ventaja de la Constitución actual sobre todas las que la han precedido. La acusación, la persecución, la instrucción, el juicio, todo puede publicarse, mientras que antes estaba, si no decretado a lo menos admitido, que esos procedimientos solemnes debían instruirse en secreto.

Como hay en los hombres investidos de autoridad la predisposición a rodearse de un misterio que, en su opinión, aumenta su importancia, reproduciré algunos razonamientos que he alegado en otra publicación[20] en favor de la difusión de las acusaciones.

Se pretende que tal difusión pondrá a merced de oradores imprudentes los secretos del Estado, que el honor de los ministros se verá constantemente comprometido por acusaciones, en fin, aun cuando se pruebe su falsedad, se conmoverá peligrosamente la opinión pública.

Los secretos de Estado no son tantos como le gusta a los ignorantes afirmar o al pueblo creer. El secreto sólo es indispensable en algunas raras y momentáneas circunstancias: en el caso de alguna expedición militar, por ejemplo, o de alguna alianza decisiva, en época de crisis. En todos los demás casos, la autoridad solamente quiere el secreto para actuar sin oposición, pero la mayoría de las veces, después de haber obrado, echa de menos una oposición que le hubiera iluminado.

En los casos en que el secreto es verdaderamente necesario, la autoridad no tiende a divulgarlo, pues esas cuestiones sólo se someten a debate una vez que el objeto al que se refieren se ha hecho público.

El derecho de paz y de guerra, la dirección de las operaciones militares, la de las negociaciones, la conclusión de los tratados, pertenecen al poder ejecutivo. Únicamente después que se ha emprendido una guerra puede hacerse responsables a los ministros de la legitimidad de esa guerra. Sólo después que una expedición ha triunfado o fracasado se puede pedir cuenta de ella a los ministros. Sólo después que se ha concluido un tratado, se puede examinar su contenido.

Las discusiones normalmente se entablan sobre cuestiones ya conocidas. No divulgan ningún hecho. Se limitan a examinar hechos notorios desde un nuevo punto de vista.

El honor de los ministros no requiere que las acusaciones formuladas contra ellos se rodeen de misterio; al contrario, exige imperiosamente que el examen se haga a la luz del día. Un ministro justificado en secreto no está nunca justificado. Es imposible que las acusaciones se mantengan ocultas. El impulso que las dicta induce inevitablemente a quienes las formulan a revelarlas. Reveladas en conversaciones ambiguas, adquieren toda la gravedad que la pasión intenta darles. La verdad es incapaz de refutarlas. No se impide hablar al acusador; se impide sólo que se le responda. Los enemigos del ministro aprovechan el velo que cubre lo que es para hacer verosímil lo que no es. Es muy posible que una explicación pública y completa, en la que los órganos de la nación hubieran informado a toda ella sobre la conducta del ministro denunciado, probaría a la vez su moderación y su inocencia. Una discusión secreta hace que se cierna sobre él la acusación, sólo combatida por una encuesta misteriosa, dejando pesar sobre ellos la apariencia de la convivencia, de la debilidad o de la complicidad.

Los mismos razonamientos son aplicables a la pretendida conmoción a que se expone a la opinión. No puede inculparse a un hombre poderoso sin que la opinión se despierte y la curiosidad se agite. Es imposible eludirlas. Hay que tranquilizar a una satisfaciendo la otra. No se conjuran los peligros quitándolos de la vista. Al contrario, aumentan cuando se los oscurece; los objetos se agrandan en el seno de las tinieblas; en la sombra, todo parece hostil y gigantesco.

Las declamaciones desconsideradas, las acusaciones infundadas, se gastan por sí mismas, se desacreditan y desaparecen al fin, por el sólo efecto de la opinión que las juzga y las desprecia. Únicamente son peligrosas bajo el despotismo o en las demagogias sin contrapeso constitucional. Bajo el despotismo, porque al circular contra su voluntad ganan el favor de cuanto se le opone; en las demagogias, porque, al estar reunidos y confundidos, como en el despotismo, todos los poderes, cualquiera que se apodere de ellos, subyugando a la masa mediante la palabra, se hace su dueño absoluto. Es el despotismo con otro nombre. Mas cuando los poderes están equilibrados y se frenan entre sí, la palabra no goza de esa influencia rápida e inmoderada.

Hay también en Inglaterra, en la Cámara de los Comunes, demagogos y hombres turbulentos. ¿Qué sucede? Hablan; no se los escucha, y se callan. El interés que pone una asamblea en su propia dignidad le enseña a reprimir a sus miembros sin necesidad de ahogar su voz. La opinión pública se forma mediante la apreciación de las arengas violentas y de las acusaciones mal fundadas; debe permitírsele educarse. Tiene que completar su educación; interrumpirla significa tanto como retardarla. Préstese vigilancia, si se cree indispensable, a los resultados inmediatos que pueda provocar. Que la ley prevenga los disturbios; mas tengan la seguridad de que la publicidad es le medio más infalible de evitarlos; pondrá de su lado a la mayoría nacional, que, de otro modo, habría que reprimir, hasta posiblemente combatir. La mayoría la secundará. La razón se ofrece como auxiliar, mas para obtener su concurso es preciso no tenerla en la ignorancia; por el contrario, hay que ilustrarla.

¿Se quiere tener la seguridad de contar con un pueblo pacífico? Ilústresele todo cuanto se pueda sobre sus intereses. Cuanto más los conozca, más prudente, moderadamente juzgará. Se asusta de lo que se le oculta y su temor le irrita.

La Constitución concede a los ministros un tribunal especial. Aprovecha la institución de la pairía para constituirla en juez de los ministros, en todas las causas en que la acusación no corre a cargo de alguien lesionado en sus intereses. Los pares son, en efecto, los únicos jueces cuyas luces son suficientes y su imparcialidad segura.

La acusación de los ministros es, en realidad, un proceso entre el poder ejecutivo y el poder del pueblo. Para llevarlo a fin debe recurrirse a un tribunal cuyo interés no coincida ni con el del pueblo ni con el del gobierno, pero que, sin embargo, esté unido por otro interés a los de estos.

La organización de los pares reúne estas dos condiciones. Sus privilegios separan a sus miembros del pueblo. Los pares no han de entrar ya en la condición común. Tienen, pues, un interés distinto del interés popular. Mas como el número de pares es siempre obstáculo para que la mayoría de ellos pueda participar en el gobierno, esa mayoría tiene, en este aspecto, un interés distinto al del gobierno. Al mismo tiempo, los pares están interesados en la libertad del pueblo, porque si esta fuera aniquilada, la libertad y la dignidad de los pares desaparecerían. Están interesados también en el mantenimiento del gobierno, porque el derrocamiento de éste supondría el de la institución.

La Cámara de los pares es, pues, por la independencia y neutralidad que la caracterizan, el juez que conviene a los ministros. Situados en un puesto que inspira naturalmente el espíritu conservador a sus titulares, formados por su educación en el conocimiento de los grandes intereses del Estado, iniciados por sus funciones en la mayoría de los secretos de la administración, los pares reciben también de su posición social una gravedad que les confiere madurez de examen y una suavidad de maneras que, disponiéndolos a los miramientos y a las consideraciones, suple la ley positiva con los delicados escrúpulos de la equidad.

Los representantes de la nación, llamados a vigilar el empleo del poder y los actos de la administración pública y más o menos admitidos en los detalles de las negociaciones, ya que los ministros deben darles cuenta de ellas cuando están terminadas, parecen hallarse también en el caso de decidir si esos ministros merecen la aprobación o la censura, la indulgencia o el castigo. Pero los representantes de la nación, elegidos por un tiempo limitado e inclinados a complacer a sus representados, se resienten siempre de su origen popular y de su situación, que se hace precaria cada cierto tiempo. Tal situación los arroja a una doble dependencia, la de la popularidad y la del favor. Además están llamados a menudo a actuar como antagonistas de los ministros, y debido precisamente al hecho de que pueden convertirse en sus acusadores, no podrían ser sus jueces.

Respecto a los tribunales ordinarios, pueden y deben juzgar a los ministros culpables de atentados contra los individuos; pero sus miembros no son los más indicados para dictaminar sobre causas que son más políticas que judiciales, en general, no están familiarizados con los conocimientos diplomáticos, las combinaciones militares o las operaciones financieras; conocen imperfectamente el estado de Europa; sólo han estudiado los códigos de sus leyes positivas, cuyo significado literal consultan y su estricta aplicación exigen en virtud de su oficio.

El espíritu sutil de la jurisprudencia se opone a la naturaleza de las grandes cuestiones, las cuales deben ser consideradas desde el punto de vista del aspecto público nacional, incluso en ocasiones europeo, y sobre las cuales deben decidir los pares como jueces supremos, según sus conocimientos, su honor y su conciencia. Porque la Constitución confiere a los pares un poder discrecional, no sólo para tipificar el delito, sino para imponer la pena.

En efecto, los delitos en cuya comisión pueden incurrir los ministros no constan de un solo acto ni de una serie de actos positivos, encuadrado cada uno de ellos en una ley concreta; su responsabilidad se agrava o atenúa según matices que la palabra no puede designar ni, con mayor razón, tipificar la ley. Todo intento de dictar una ley precisa y detallada, como deben ser las leyes penales, sobre la responsabilidad de los ministros, es necesariamente ilusorio. La conciencia de los pares es su juez natural, y dicha conciencia debe pronunciarse libremente sobre la pena y el delito.

Me hubiera agradado que la Constitución prohibiese expresamente la imposición de una pena infamante a los ministros. Las desventajas propias de las penas infamantes se acentúan cuando recaen sobre hombres que han ocupado una situación brillante. Siempre que la ley se arroga la distribución del honor y de la afrenta, invade indebidamente el dominio de la opinión, presta siempre a reclamar su supremacía. De ahí se deriva una lucha que siempre va en detrimento de la ley. Esta lucha se librará especialmente cuando se trata de delitos políticos sobre los que existen necesariamente opiniones diversas. Se debilita el sentido moral del hombre cuando se le impone, en nombre de la autoridad, la estimación o el desprecio. Este sentido, profundo y delicado, se siente herido por la violencia que se pretende causarle y ocurre que, al fin, un pueblo no sabe ya lo que es la estimación y lo que es el desprecio.

Concebidas estas penas infamantes para ser impuestas a hombres a quienes conviene rodear, en el ejercicio de sus funciones, de respeto, suponen, en cierto modo, su anticipada degradación. Ante la vista de un ministro castigado con una pena denigrante, la opinión pública se hará una pobre idea del ministro que está en el poder.

En fin, la especie humana tiene demasiada inclinación a pisotear a los grandes personajes caídos. Guardémonos de alentar tal inclinación. La repugnancia que por el delito se manifestase tras la caída de un ministro no sería, las más de las veces, más que envidia y desprecio por la desgracia.

La Constitución no ha limitado el derecho de gracia que corresponde al jefe del Estado; puede, pues, ejercerlo en favor de los ministros condenados.

Sé que esta disposición ha alarmado a más de un espíritu suspicaz. Un monarca —se ha dicho— puede ordenar a sus ministros actos culpables y perdonarlos después. Tal cosa significa alentar, mediante la garantía de la impunidad, el celo de los ministros serviles y la audacia de los ambiciosos.

Para valorar esta objeción hay que remontarse al primer principio de la monarquía constitucional, es decir, a la inviolabilidad. Esta supone que el monarca no puede obrar mal. Esta hipótesis es, evidentemente, una ficción legal que de hecho no libra realmente de los sentimientos y de las debilidades humanas al individuo colocado en el trono. Pero se ha tenido conciencia de que tal ficción legal era necesaria en interés del orden y de la libertad, porque sin aquella todo es desorden y guerra eterna entre el monarca y las facciones.

Hay, pues, que respetar esta ficción en toda su amplitud. Si se abandona un instante, se vuelve a caer en todos los peligros que se han tratado de evitar. No hay duda de que se la abandona cuando se restringen las prerrogativas del monarca, con el pretexto de sus intenciones, ya que supone admitir que sus intenciones puedan ser sospechosas, y, por tanto, que él pueda querer el mal y, por consiguiente, hacerlo. Al llegar a este punto, se destruye la hipótesis sobre la que su inviolabilidad descansa en la opinión y se ataca el principio de la monarquía constitucional. Según éste, los actos del poder deben ser atribuidos siempre a los ministros; están ahí para responder de los mismos. El monarca está en una categoría distinta, tal vez sagrada; las miradas, las sospechas, no deben alcanzarle jamás. Carece de intenciones, de debilidades, de convivencia con sus ministros, porque no es un hombre[21]; es un poder neutral y abstracto, situado encima de las tempestades.

Si se tacha de metafísico el punto de vista constitucional mediante el cual examino esta cuestión, descenderé con gusto al terreno de la aplicación práctica y de la moral, y no tendré inconveniente en decir que negar al jefe del Estado el derecho de otorgar gracia a los ministros condenados constituirá otro inconveniente, tanto más grave cuanto más fundado fuese al motivo por el que se limitara su prerrogativa.

Puede ser, en efecto, que un príncipe seducido por el apego a un poder sin límites incite a sus ministros a intrigas dolosas contra la Constitución o la libertad; las intrigas se descubren, los autores son acusados, convictos, se dicta la sentencia. ¿Qué se logra al disputar al príncipe su derecho a detener la espada dispuesta a castigar a quienes han sido instrumento de sus designios secretos y obligarle a autorizar el castigo? Se le coloca entre sus deberes políticos y los deberes más sagrados de la gratitud Y del afecto. Pese a todo el celo irregular no deja de ser celo, y los hombres no podrían, sin ingratitud, castigar la lealtad que aceptaron. Se le obliga así a un acto de cobardía y de perfidia; se le deja abandonado a los remordimientos de su conciencia, se le envilece a sus propios ojos, se le rebaja a los ojos de su pueblo. Es lo que hicieron los ingleses al obligar a Carlos I a firmar la ejecución de Stafford; el poder real, degradado, pronto fue destruido.

Si se quiere conservar a la vez monarquía y libertad, lúchese valerosamente contra los ministros para separarlos; pero en el príncipe excusemos al hombre, honrando al monarca. Respétense sus sentimientos, porque éstos son siempre respetables. No se le supongan errores que la Constitución manda ignorar. Sobre todo, no se le obligue a repararlos con rigores que, dirigidos a servidores ciegamente fieles, resultarían crímenes.

Y observemos que si somos una nación, si tenemos elecciones libres, tales errores no serán peligrosos. Los ministros, aun no castigados, estarán desarmados. Aunque el príncipe ejerza en favor de ellos su prerrogativa y la gracia sea concedida, el delito ha sido reconocido; el culpable pierde la autoridad, porque no puede continuar gobernando el Estado frente a una mayoría que le acusa, ni crearse mediante nuevas elecciones una nueva mayoría, ya que en tales elecciones la opinión popular llevaría de nuevo a la asamblea a la mayoría acusadora.

Si no somos una nación, si no sabemos organizar elecciones libres, todas nuestras precauciones serán vanas. Nunca sabríamos utilizar los medios constitucionales que preparamos. Podríamos triunfar en épocas agitadas mediante violencias brutales, pero no vigilaríamos, no acusaríamos, no juzgaríamos nunca a los ministros. Solo podríamos acudir a proscribirlos cuando ya hubieran caído.

Cuando un ministro ha sido condenado, tanto si sufre la pena impuesta por su sentencia como si ésta le es perdonada por el monarca, debe quedar a salvo de los ataques que los partidos vencedores dirigen, con distintos pretextos, contra los vencidos. Los partidos simulan temores excesivos para justificar sus medidas vejatorias. Saben bien que dichos temores no tienen fundamento y que sería rendir excesivo honor al hombre el suponerle una tan ardorosa fidelidad al poder caído. El encono se oculta bajo apariencias de pusilanimidad, y para ensañarse con menos vergüenza en un individuo indefenso, se le presenta como un instrumento de terror. Quisiera yo que la ley pusiera una barrera infranqueable a todos esos rigores tardíos y que, tras haber detenido al culpable, le dispensara su protección. Debiera ordenarse que ningún ministro, después de haber sufrido su pena, pueda ser detenido ni desterrado. No hay nada tan vergonzoso como esas proscripciones prolongadas. Indignan a las naciones o las corrompen. Reconcilian con las víctimas a todas las almas un poco elevadas. Un ministro cuyo castigo había aplaudido la opinión pública se halla rodeado de la compasión de ésta cuando el castigo legal se agrava con la arbitrariedad.

Resulta de todas las disposiciones precedentes que los ministros serán denunciados con frecuencia, acusados algunas veces, condenados raramente, castigados casi nunca. Este resultado puede, a primera vista, parecer insuficiente a los hombres que piensan que tanto para los delitos de los ministros como para los de los individuos, un castigo positivo y severo es de una justicia exacta y de una necesidad absoluta. Yo no comparto esa opinión. Creo que la responsabilidad debe alcanzar, sobre todo, dos fines: despojar de poder a los ministros culpables y alimentar en la nación, mediante la vigilancia de sus representantes, la difusión de sus debates y el ejercicio de la libertad de prensa -aplicada al análisis de todos los actos ministeriales—, un espíritu de examen, un interés habitual por el mantenimiento de la Constitución del Estado, una participación constante en los asuntos; en una palabra un sentimiento animado de vida política.

No se trata, pues, tanto en cuanto se refiere a la responsabilidad como en las circunstancias ordinarias, de procurar que la inocencia no esté nunca amenazada y que el crimen no quede nunca impune. En cuestiones de esta naturaleza, inocencia y delito son raramente evidentes. Lo que se precisa es que la conducta de los ministros pueda quedar fácilmente sometida a una investigación escrupulosa y que, al mismo tiempo, cuenten con recursos suficientes para evitar las consecuencias de tal investigación si se prueba que su delito no es tan odioso que no merezca gracia, no sólo según las leyes universales, más indulgentes que las leyes escritas.

Esta benevolencia en la aplicación práctica de la responsabilidad, no es más que una consecuencia necesaria y justa del principio sobre el que descansa toda mi teoría.

He señalado que no está exenta de cierto grado de arbitrariedad; la arbitrariedad es, en cualquier circunstancia, un grave inconveniente.

Si afecta a los simples ciudadanos, nada puede legitimarla. El pacto de los ciudadanos con la sociedad es claro y formal. Ellos han prometido respetar sus leyes; la sociedad ha prometido dárselas a conocer. Si ellos son fieles a sus compromisos, ella no puede exigirles otra cosa. Los ciudadanos tienen derecho a saber claramente cuál será la consecuencia de sus actos, cada uno de los cuales debe considerarse en sí y juzgarse según un texto concreto.

Los ministros han hecho otro pacto con la sociedad. Han aceptado voluntariamente, confinando en la gloria, el poder o la fortuna, funciones importantes y complicadas que forman un todo compacto e indivisible. Ninguno de sus actos ministeriales puede ser considerado aisladamente. Han consentido en que su conducta sea juzgada en su conjunto, lo cual no puede ser misión de ninguna ley concreta. De ahí el poder discrecional que se ha de ejercer sobre ellos.

Mas una equidad escrupulosa exige, y es deber estricto de la sociedad, suavizar el ejercicio de ese poder cuanto permita la seguridad del Estado. He ahí la razón de ese tribunal especial compuesto de forma que sus miembros estén desembarazados de todas las pasiones populares. He ahí la razón de la facultad dada a este tribunal de sentenciar según su conciencia y de elegir o mitigar la pena. De ahí, en fin, ese recurso a la clemencia del rey, a disposición de todos sus súbditos, pero especialmente de los ministros más que de cualquier otro, de acuerdo con sus relaciones personales.

Sí, efectivamente, los ministros serán castigados raras veces. Mas si la Constitución es libre y la nación enérgica, ¿qué importa el castigo de un ministro cuando, sometido a juicio solemne, entra de nuevo en las filas de los plebeyos más impotente que el último de los ciudadanos, ya que la reprobación le acompaña y le persigue? Gracias a ello, la libertad se ha preservado de sus ataques, el espíritu público ha recibido la conmoción saludable que le anima y purifica, la moral social ha logrado el homenaje resplandeciente del poder, llevado a estrados y herido por su sentencia.

Es cierto que M. Hastings no ha sido castigado, pero ese opresor de la India ha comparecido de rodillas ante la Cámara de los Pares, y la voz de Fax, de Sheridan y de Burke, vengadora de la humanidad tanto tiempo pisoteada, ha despertado en el alma del pueblo inglés emociones de generosidad y sentimientos de justicia y ha obligado a los agitadores a moderar su avidez y a suspender sus violencias.

Lord Melville tampoco ha sido castigado, y por lo que a mí respecta no deseo poner en tela de juicio su inocencia. Pero el ejemplo de un hombre encarnecido en la rutina y la habilidad de las especulaciones y denunciado no obstante, pese a su sagacidad, acusado, pese a sus numerosos apoyos, ha servido para recordar a los que seguían el mismo camino que el desinterés y la rectitud conllevan utilidad y seguridad.

Lord North ni siquiera ha sido acusado. Pero con la sola amenaza de una acusación, sus antagonistas han reproducido los principios de la libertad constitucional y proclamado el derecho de toda fracción de un Estado a no soportar sino las cargas que ha consentido.

En fin, en épocas más antiguas, los acusadores de M. Wilkes sólo fueron castigados con multas, pero la acusación y el juicio fortalecieron las garantías de la libertad individual y consagraron el axioma de que la casa de cada inglés es su asilo y su castillo.

En estas cosas residen las ventajas de la responsabilidad, no en las detenciones y los suplicios.

Ni la muerte, ni siquiera el cautiverio de un hombre, han sido nunca necesarios para la salvación de un pueblo; ésta debe residir en él mismo. Una nación que tuviera miedo de la vida o de la libertad de un ministro despojado de su poder sería una nación miserable. Se parecería a esos esclavos que mataban a sus amos por miedo a que reaparecieran con el látigo en la mano.

Si se es riguroso con los ministros declarados culpables, a fin de que sirva de ejemplo para los futuros, me atrevería a decir que el dolor de una acusación que repercute en Europa, la vergüenza de un juicio, la privación de un puesto eminente, la soledad que sigue a la desgracia y que turba el remordimiento, son, para la ambición y el orgullo, castigos bastante severos, lecciones bastante instructivas.

Debe señalarse que esa indulgencia con los ministros en lo que concierne a la responsabilidad no compromete en nada los derechos y la seguridad de los individuos, porque los delitos que atentan a esos derechos y amenazan esa seguridad están sometidos a otros procedimientos, juzgados por otros jueces. Un ministro puede equivocarse sobre la legitimidad o la utilidad de una guerra; puede equivocarse sobre la necesidad de una cesión, en un tratado; puede equivocarse en una operación financiera. Es, pues, preciso que sus jueces estén investidos de poder discrecional para apreciar sus motivos, es decir, para considerar las diversas alternativas. Mas un ministro no puede equivocarse cuando atenta ilegalmente a la libertad de un ciudadano. Sabe que comete un delito, y lo sabe igual que cualquier individuo que cometiera igual acto. Por cuestiones políticas tiene que desaparecer cuando se trata de actos ilegales o arbitrarios. En tal caso, las leyes comunes recuperan toda su fuerza, los tribunales ordinarios deben sentenciar, las penas deben ser concretas, y su aplicación al pie de la letra.

Sin duda, el rey puede condonar la pena. Eso siempre puede hacerlo, pero su clemencia hacia el culpable no priva al individuo perjudicado de la reparación que los tribunales le han concedido[22].

X

DE LA DECLARACIÓN DE QUE LOS MINISTROS SON INDIGNOS DE CONFIANZA PÚBLICA

EN los proyectos sobre la responsabilidad presentados durante el último año, se ha propuesto reemplazar por un medio más suave en apariencia la acusación formal, cuando la mala administración de los ministros hubiera comprometido la seguridad del Estado, la dignidad de la corona o la libertad del pueblo, sin haber infringido, no obstante, de modo directo ninguna ley positiva. Se ha querido investir a las asambleas representativas del derecho de declarar a los ministros indignos de la confianza pública.

Debe señalarse, para empezar, que de hecho se da esta declaración contra los ministros siempre que pierden la mayoría de las asambleas. Cuando tengamos lo que no tenemos aún, pero que es absolutamente indispensable en toda monarquía constitucional, es decir, un ministerio homogéneo, una mayoría estable y una oposición netamente diferenciada de esa mayoría, ningún ministro podrá mantenerse si no cuenta con la mayoría de los votos, a menos de convocar al pueblo a nuevas elecciones. Serán entonces éstas la piedra de toque de la confianza otorgada a ese ministro. No veo, pues, en la declaración que se propone para sustituir a la acusación sino el enunciado de un hecho probado, que no es necesario declarar. Pero advierto además que tal declaración, debido a su menor solemnidad y severidad en relación con una acusación formal, tenderá naturalmente a prodigarse con más frecuencia. Si se teme que se prodigue en exceso la acusación, es porque se supone facciosa a la asamblea. Pero si en efecto lo es, se mostrará más dispuesta a desacreditar a los ministros que a acusarlos, ya que podrá desacreditarlos sin comprometerlos por una declaración que no le compromete en nada, que al no requerir ningún examen no exige ninguna prueba, que, en fin, sólo es una manifestación de venganza. Si la asamblea no es facciosa, ¿para qué inventar una fórmula inútil en esta hipótesis y peligrosa en la otra?

En segundo término, cuando los ministros son acusados, se encomienda su juicio a un tribunal. Por su sentencia, cualquiera que sea, se restablece la armonía entre el gobierno y los órganos del pueblo. Pero no existe tribunal alguno que dicte sentencia en la declaración de que se trata. Es este un acto de hostilidad, cuyas consecuencias son tanto más desagradables cuanto éstas son inciertas y aleatorias. Se pone frente a frente al rey y a los mandatarios del pueblo y se pierde la gran ventaja de contar con una autoridad neutral que dirima sus diferencias.

En tercer lugar, dicha declaración supone un ataque directo a la prerrogativa real. Disputa al príncipe la libertad de elección. Con la acusación no sucede lo mismo. Los ministros pueden llegar a ser culpables sin que el monarca haya obrado mal al nombrarlos antes que lo fuesen. Cuando se acusa a los ministros, sólo a ellos se ataca; mas cuando se los declara indignos de la confianza pública, el príncipe es inculpado en sus intenciones o en su propia decisión al elegir, lo que no debe suceder nunca en un gobierno constitucional.

La esencia de la realeza en una monarquía representativa es la independencia de la facultad de designación que se le atribuye. El rey nunca obra en su propio nombre. Colocado en la cumbre de todos los poderes, crea unos, modera otros, dirige, en suma, la acción política, atemperándola, sin participar en ella. De ahí resulta su inviolabilidad. Hay, pues, que dejarle esta prerrogativa intacta y respetada. No hay que disputarle jamás el derecho de elegir. No deben las asambleas arrogarse el derecho de excluir, derecho que, ejercido con obstinación, implica, en definitiva, el de nombrar.

No creo que se me acuse de ser demasiado favorable a la autoridad absoluta. Pero quiero que la realeza esté investida de toda la fuerza, rodeada de todo el respeto que le son necesarios para la salvación del pueblo y la dignidad del trono.

Que las deliberaciones de las asambleas sean perfectamente libres; que la asistencia de la prensa, libre de toda traba, las animen y las ilustren; que la oposición goce de los privilegios de la discusión más audaz, proporcionándole, así, todos los recursos constitucionales para despojar al ministro de su mayoría; no debe ofrecérsele un camino al que, una vez abierto, se precipitará sin cesar. La declaración, que se propone no será otra cosa que una fórmula sin consecuencia o un arma en manos de las facciones.

Añadiré que para los propios ministros es mejor que sean acusados de cuando en cuando y quizá no gravemente, que estar expuestos a cada instante a una declaración vaga, contra la que sería más difícil defenderlos. El mejor argumento en boca de los defensores de un ministro sería decir simplemente: ¡Acusadlo!

Lo he dicho y lo repito: la confianza de que goza un ministro o la desconfianza que inspira se prueba por la mayoría que le sostiene o que le abandona. Ese es el medio legal, la expresión constitucional. Es superfluo buscar otro.

XI

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES INFERIORES

NO basta haber establecido la responsabilidad de los ministros; es inoperante esta responsabilidad si no empieza en el ejecutor inmediato del acto de que se trata. Debe pesar sobre todos los grados de la jerarquía constitucional. Cuando no está marcado un cauce legal para que todos los agentes queden sujetos a la acusación que pueden merecer, la vana apariencia de la responsabilidad sólo es una trampa, en la que serán atrapados quienes confíen en ella. Si únicamente se castiga al ministro que da una orden ilegal y no al instrumento que la ejecuta, se sitúa la reparación en un escalón tan elevado que será difícil llegar hasta ella; es como si se dijera a un hombre atacado por otro que sólo dirigiera sus golpes sobre la cabeza y no sobre el brazo de su agresor, con el pretexto de que el brazo no es sino un instrumento ciego y que en la cabeza está la voluntad y, por tanto, el delito.

Objeción: si los agentes inferiores pueden ser castigados en cualquier circunstancia a causa de su obediencia, se los autoriza a juzgar las medidas del gobierno antes de cooperar en ellas. Como resultado de ello, toda su acción se entorpece. ¿Podrá disponerse de agentes cuando la obediencia es peligrosa? ¡Qué situación de impotencia la de aquellos que están investidos del mando! ¿Cuál no será la incertidumbre de cuantos están encargados de la ejecución?

Respuesta: si se prescribe a los agentes de la autoridad el deber absoluto de una obediencia implícita y pasiva, la sociedad humana habrá de sufrir instrumentos de arbitrariedad o de opresión que el poder ciego o furioso puede desencadenar a voluntad. ¿Cuál es el peor de ambos males?

Es necesario remontarse aquí a algunos principios más generales sobre la naturaleza y la posibilidad de la obediencia pasiva.

Esta obediencia, tal como se nos la elogia y recomienda, es, afortunadamente imposible. Incluso en la disciplina militar, la obediencia pasiva tiene límites que le impone la naturaleza de las cosas, pese a todos los sofismas. De nada sirve afirmar que los ejércitos deben ser máquinas o que la inteligencia del soldado está en la orden de su cabo. ¿Habrá de cumplir un soldado la orden de fusilar a su capitán dada por su cabo ebrio? Debe distinguir si su cabo está o no bebido; debe considerar que el capitán es una autoridad superior al cabo. El soldado necesita pues, inteligencia y raciocinio. ¿Habrá de cumplir un capitán la orden dada por su coronel de ir con su compañía, tan obediente como él, a detener al ministro de la Guerra? El capitán necesita, pues, inteligencia y raciocinio. ¿Habrá de cumplir un coronel la orden dada por el ministro de la Guerra de atentar contra la persona del jefe del Estado? El coronel necesita, pues, los mismos atributos[23].

Al exaltar la obediencia pasiva no toma en consideración que instrumentos, en exceso dóciles, pueden ser utilizados por cualquier mano y volverse contra sus primeros dueños, y que la inteligencia mediante la cual el hombre reflexiona le sirve también para distinguir el derecho de la fuerza y al legítimo titular del poder del usurpador.

Que en principio, la disciplina sea la base indispensable de toda organización militar, que la puntualidad en la ejecución de las órdenes recibidas sea el resorte necesario de toda administración civil, no hay duda. Pero esa regla tiene sus límites, los cuales no pueden describirse, ya que es imposible prever todos los casos que pueden presentarse, pero se sienten, según advierte la razón de todos. Cada uno es juez y, necesariamente, el único juez; debe juzgar y asumir todos los riesgos que su juicio conlleve. Si se equivoca, sufrirá la pena. Pero en cualquier caso el hombre nunca podrá permanecer ajeno al examen y prescindir de la inteligencia que la naturaleza le ha dado para obrar y de cuyo uso no puede dispensarle ninguna profesión[24].

Es cierto que la posibilidad de ser castigado por obedecer sumirá a veces en una penosa incertidumbre a los agentes subalternos. Sería más cómodo para ellos ser autómatas fieles o perros inteligentes. Mas en todas las cosas humanas hay incertidumbre. Para que el hombre se librara de ella habría de dejar de ser un ente moral. El raciocinio no es otra cosa que una comparación de argumentos, de probabilidades y de posibilidades. Quien dice comparación dice posibilidad de error y, por consecuencia, incertidumbre. Existe para ésta, en una organización política bien constituida, un remedio que no sólo repara las deficiencias del raciocinio individual, sino que pone al hombre al abrigo de los efectos lamentables de tales deficiencias, cuando éstas son inocentes. Ese remedio, cuyo goce hay que asegurar a los agentes de la administración como a todos los ciudadanos, es el juicio por jurados. En todas las cuestiones que tienen un componente moral y que son de naturaleza complicada, el juicio por jurados es indispensable. Jamás podrá existir la libertad de prensa, por ejemplo, sin el juicio por jurados. Sólo éstos pueden precisar si un hecho, en determinada circunstancia, constituye o no delito. La ley escrita no puede tomar en consideración todos los matices posibles. La razón, el buen sentido natural común a todos los hombres, sí pueden apreciar esos matices. Los jurados son los representantes de la razón. Del mismo modo, cuando hay que decidir si ha obrado bien o mal un agente subordinado a un ministro, cuyas órdenes ha obedecido o no, la ley escrita es insuficiente. Es la razón la que debe pronunciarse. Es, pues, necesario en tal caso recurrir a los jurados, sus únicos intérpretes. Sólo ellos pueden valorar los motivos que han determinado la conducta de esos agentes y el grado de inocencia, mérito o culpabilidad de su resistencia o de su cooperación.

No se tema que los instrumentos de la autoridad se muestren, contando con la indulgencia de los jurados para su desobediencia, demasiado inclinados a su desobedecer. Su tendencia natural, favorecida por su interés y por su amor propio, es siempre la obediencia. Los favores de la autoridad tienen ese precio. ¡Cuenta ésta con tantos medios secretos para indemnizarlos por los inconvenientes que pueda ocasionarles su celo! El único defecto que podría achacarse al contrafreno sería quizá su ineficacia; pero ello no es una razón para suprimirlo. Los propios jurados no atribuirán una exagerada independencia a los agentes del poder. La necesidad del orden es inherente al hombre; en todos a cuantos se confía una misión, tal inclinación se fortalece por el sentimiento de la importancia y la consideración de que se rodean al mostrarse escrupulosos y severos. El buen sentido de los jurados comprenderá fácilmente que, en general, la subordinación es necesaria, y sus decisiones estarán generalmente a favor de la subordinación.

Me asalta una idea. Se dirá que introduzco la arbitrariedad en los jurados; pero otros la atribuyen en los ministros. Es imposible, repito, reglamentarlo todo, escribirlo todo, convirtiendo la vida y las relaciones interhumanas en un acta procesal, redactada de antemano, en la que sólo queden en blanco los hombres y que dispense a las generaciones futuras de todo examen, de toda idea, de todo recurso de inteligencia. Ahora bien: si, independientemente de lo que se haga, ha de quedar siempre en los asuntos humanos cierta dosis de discrecionalidad, pregunto: ¿No es mejor que el ejercicio del poder exigido por esa porción de discrecionalidad se confíe a hombres que lo ejercen por una sola vez, que no se corrompen ni se ciegan por el hábito de la autoridad y que están interesados a la vez en la libertad y el buen orden, que confiarlo a hombres cuyo único interés reside en sus prerrogativa particulares?

Es evidente que no se puede mantener de modo absoluto el principio de la obediencia pasiva. Pondría en peligro todo lo que se quiere conservar; amenazaría no sólo la libertad, sino la autoridad; no sólo a los que deben obedecer, sino a los que mandan; no sólo al pueblo, sino también al monarca. Tampoco se pueden indicar con precisión todas las circunstancias en que la obediencia cesa de ser un deber y se convierte en un delito. ¿Se dirá que toda orden contraria a la Constitución establecida no se debe ejecutar? En tal caso será necesario examinar qué es lo contrario a la Constitución establecida; el examen será entonces ese palacio de Strigiline al que los caballeros volvían sin cesar, pese a sus esfuerzos para alejarse de él. Pero ¿quién llevará a cabo tal examen? Supongo que no será la autoridad que dio la orden cuyo análisis se propone. Será necesario tener siempre organizado un medio de decidir en cualquier circunstancia, y el mejor es confiar la decisión a los hombres más imparciales, más identificados con los intereses individuales y públicos. Esos hombres son los jurados.

En Inglaterra se admite la responsabilidad de los agentes desde el primer escalón hasta el grado más alto, sin ninguna excepción. Un hecho muy curioso lo prueba, al que me referiré con tanto mayor gusto cuanto que, pese a no tener razón evidentemente, en la cuestión específica de que se trataba el hombre que se prevalió del principio de la responsabilidad de todos los agentes, resulta más manifiesto el homenaje rendido al principio general.

En ocasión de discutirse la elección de M. Wilkes, uno de los magistrados de Londres, considerando que la Cámara de los Comunes se había excedido en sus poderes en algunas de sus resoluciones, declaró que, visto que no existía ya Cámara de los Comunes legítima en Inglaterra, el pago de las tasas que se exigiesen en el futuro en virtud de leyes emanadas de una autoridad ilegal no sería obligatorio. Se negó, en consecuencia, al pago de todos los impuestos, dejó que se incautara de sus muebles el recaudador de contribuciones, acusando seguidamente al recaudador por violación de domicilio e incautación arbitraria. La cuestión se llevó a los tribunales. Nadie discutió la culpabilidad del recaudador en el supuesto de que la autoridad en cuyo nombre actuaba no fuese una autoridad legal; el presidente del tribunal, Lord Mansfield, se dedicó únicamente a probar a los jurados que la Cámara de los Comunes no había perdido su carácter de legitimidad; si el recaudador hubiera sido convicto de haber ejecutado órdenes ilegales o emanadas de fuente ilegítima, habría sido castigado, aunque solo se trataba de un instrumento sometido al ministro de Finanzas, siendo revocable por este ministro[25].

Hasta ahora, nuestras constituciones contenían un artículo que excluía la responsabilidad de los agentes, artículo que la Carta Real de Luis XVIII conservó cuidadosamente. Según tal artículo, no se podría pedir la reparación de ningún delito cometido por el depositario inferior del poder sin el consentimiento formal de la autoridad. Si un ciudadano era maltratado, calumniado, perjudicado de cualquier modo por el alcalde de su pueblo, la Constitución se alzaba entre él y el agresor. Así, por lo que respecta únicamente a esta clase de funcionarios había al menos cuarenta y cuatro mil inviolables, y quizá doscientos mil en los restantes escalones de la jerarquía. Esos inviolables podían hacer cuanto quisieran, sin que ningún tribunal pudiera actuar contra ellos mientras la autoridad superior guardase silencio. Nuestra Acta constitucional ha hecho desaparecer esa disposición monstruosa; el mismo gobierno que ha consagrado la libertad de prensa, libertad que los ministros de Luis XVIII habían intentado quitarnos, el mismo gobierno que ha renunciado formalmente a la facultad de desterrar, reclamada por los ministros de Luis XVIII, ese mismo gobierno ha devuelto a los ciudadanos su acción legítima contra todos los agentes del poder.

XII

DEL PODER MUNICIPAL, DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y DE UN NUEVO TIPO DE FEDERALISMO

LA Constitución nada dice sobre el poder municipal y sobre la composición de las autoridades locales en las diversas partes de Francia. Los representantes de la nación habrán de ocuparse de ello en cuanto la paz nos haya devuelto la calma necesaria para mejorar nuestra organización interior; después de la defensa nacional, debe constituir el objeto más importante de sus meditaciones. No está, pues, fuera de lugar tratarlo aquí.

La dirección de los asuntos de todos pertenece a todos, es decir, a los representantes y a los delegados de todos. Lo que sólo interesa a una fracción debe ser decidido por esa fracción; lo que sólo se relaciona con el individuo, sólo debe ser sometido al individuo. Nunca se repetirá demasiado que la voluntad general no es más respetable que la particular cuando sale de su esfera propia de acción.

Imaginemos una nación de un millón de habitantes repartidos en cierto número de municipios; en cada municipio cada individuo tendrá intereses que sólo le afectan a él y que, por consiguiente, no deben estar sometidos a la jurisdicción del municipio. Habrá otros asuntos que interesan a todos los habitantes del municipio y esos intereses serán de la competencia municipal. Esos municipios, a su vez, tendrán intereses que sólo afectan al bien común de esa comunidad concreta y otros que serán comunes a un distrito. Los primeros serán de competencia puramente municipal; los segundos, de competencia distrital, y así sucesivamente, hasta llegar a los intereses generales, comunes a cada uno de los individuos que forman el millón de personas que integra la nación. Es evidente que sólo sobre estos últimos intereses tiene la población en su conjunto, o sus representantes, una jurisdicción legítima, y que si se inmiscuyen en los intereses de distrito, de municipio o individuales rebasan su competencia. Otro tanto ocurrirá si el distrito se inmiscuye en los intereses particulares de un municipio, o si éste atenta al interés puramente individual de uno de sus miembros.

La autoridad nacional, la autoridad de distrito, la autoridad municipal, deben permanecer cada una de ellas en su propio ámbito, lo cual nos lleva a establecer una verdad que estimamos fundamental. Hasta ahora se ha considerado al poder local como una rama dependiente del poder ejecutivo, cuando lo cierto es que, sin jamás estorbarlo, no debe depender nunca de él.

Si se confían a las mismas manos los intereses de las fracciones y los del Estado, o si se hace depositarios de aquéllos a los agentes de los depositarios de éstos, resultarán divergencias de diversos tipos, y hasta los mismos inconvenientes que, a primera vista, son excluyentes coexistirán. Se obstaculizará frecuentemente la ejecución de las leyes, porque siendo los ejecutores de éstas los depositarios de los intereses de sus administrados querrán favorecer los intereses que están encargados de defender, a expensas de las leyes cuyo cumplimiento se les ha encomendado. También se verán perjudicados los intereses de los administrados, porque los administradores querrán agradar a una autoridad superior; estos dos males se producirán simultáneamente. Las leyes generales no se ejecutarán debidamente y los intereses parciales serán descuidados.

Quien haya reflexionado sobre la organización del poder municipal en las diversas constituciones que hemos tenido, habrá observado que siempre el poder ejecutivo ha tenido que esforzarse para hacer cumplir las leyes y que ha existido siempre una oposición sorda, o, al menos, una tendencia a la inercia en el poder municipal. Esta presión constante de parte del primero de esos poderes, esa oposición sorda de parte del segundo, actuaban siempre como causas inminentes de disolución. Se recuerdan aún las quejas del poder ejecutivo, bajo la Constitución de 1791, sobre la hostilidad permanente que le manifestaba el poder municipal; o bajo la Constitución del año III, sobre el estado de estancamiento y pasividad en que se hallaba la administración local. Ello se debía a que en la primera de estas constituciones no existían en las administraciones locales agentes realmente sometidos al poder ejecutivo, y a que en la segunda esas administraciones se encontraban en tal dependencia que el resultado era la apatía y el desánimo.

Siempre que de los miembros de poder municipal se hagan agentes subordinados del poder ejecutivo, habrá que conferir a éste el derecho de destitución, de modo que el poder municipal sólo será vano fantasma. Si se hace nombrar por el pueblo, tal nombramiento servirá únicamente para darle apariencia de misión popular lo que le hará hostil a la autoridad superior y le impondrá deberes que no le será posible cumplir. El pueblo sólo habrá nombrado sus administradores para ver anular su elección y para verse vejado por el ejercicio de una fuerza extraña que, con el pretexto del interés general, se entremeterá en los intereses particulares que más independientes deberían estar de ella.

La obligación de motivar las destituciones es para el poder ejecutivo una formalidad ridícula. No siendo nadie juez de sus motivos, esa obligación le compromete sólo a desacreditar al que destituye.

El poder municipal debe ocupar en la administración el lugar asignado a los jueces de paz en el orden judicial. Sólo puede considerarse como poder respecto a sus administrados, o mejor, es su apoderado para los asuntos que conciernen a estos.

Si se objeta que los administrados no querrán obedecer al poder municipal debido a que dispone de poca fuerza, responderé que le obedecerán, porque les interesa. Los hombres de una misma comunidad tienen interés en no perjudicarse, en no enajenar sus afectos recíprocos y, por consiguiente, en observar las normas internas, y, por así decirlo, familiares que se han impuesto. En el último término, si la desobediencia de los ciudadanos afectara al orden público, el poder ejecutivo intervendría velando por el mantenimiento del orden, pero dicha intervención se realizaría a través de agentes directos y distintos de los administradores municipales.

Por lo demás, es una suposición totalmente gratuita que los hombres tienen tendencia a la resistencia. Su disposición natural es la obediencia, siempre que no se les veje ni se les irrite. Al iniciarse la revolución de América, desde el mes de septiembre de 1774 hasta mayo de 1775, el Congreso no era sino una diputación de legisladores de las diferentes provincias y sólo gozaba de la autoridad que se le concedía voluntariamente. No decretaba, no promulgaba leyes. Se contentaba con emitir recomendaciones a las asambleas provinciales, que eran libres de atenderlas o no. Ninguna de sus actuaciones era coercitiva. No obstante, se le prestaba obediencia con mayor espontaneidad que a ningún gobierno en Europa. No cito este hecho como modelo, sino como ejemplo.

No dudo en decirlo: hay que introducir en nuestra administración interior un verdadero federalismo, pero de un tipo diferente del conocido hasta ahora.

Se ha llamado federalismo a una asociación de gobiernos que conservan su independencia mutua y sólo se unen por lazos políticos exteriores. Esa institución es singularmente viciosa. Los Estados federados reclaman, de un lado, sobre los individuos o las porciones de su territorio, una jurisdicción que no les corresponde, y de otro lado, pretenden conservar, respecto al poder central, una independencia indebida. Así, el federalismo convive con el despotismo en el interior y con la anarquía en el exterior.

La Constitución interior de un Estado y sus relaciones exteriores están íntimamente ligadas. Es absurdo querer separarlas y someter las segundas a la supremacía del vínculo federal, dejando a la primera una independencia total.

Un individuo dispuesto a participar en sociedad con otros tiene el derecho, el interés y el deber de informarse del sano funcionamiento de la misma, porque de ello depende el cumplimiento de los compromisos que asuma. De igual modo, una sociedad que quiere unirse a otra sociedad tiene el derecho, el deber y el interés de informarse de su constitución interior. Debe incluso establecerse entre ellas una influencia recíproca sobre esos principios, porque de ellos puede depender el cumplimiento de sus compromisos respectivos, la seguridad del país, por ejemplo, en caso de invasión. Cada sociedad parcial, cada fracción, debe en consecuencia, hallarse en una dependencia mayor o menor, incluida su organización interna, de la asociación general. Mas al mismo tiempo es preciso que la organización de las fracciones particulares, en cuanto no afecte a la asociación general, goce de perfecta independencia; del mismo modo que aquella parte de la conducta del individuo que no amenaza en nada al interés social debe quedar libre, así la actividad de las fracciones que no perjudique a la totalidad debe gozar de igual libertad.

Tal es el tipo de federalismo que me parece útil y posible establecer entre nosotros. Si no lo conseguimos, nunca gozaremos de un sentido de patria pacífico y perdurable. El patriotismo que nace de los lugares en que se vive es, sobre todo hoy día, el único verdadero. En cualquier parte pueden hallarse los goces que proporciona la vida social; no así los hábitos y los recuerdos. Es preciso vincular los hombres a los lugares que les ofrecen recuerdos y costumbres, y para lograr ese fin hay que concederles, en sus hogares, en el seno de sus municipios, en sus distritos, toda la importancia política posible que no perjudique al bien común.

La naturaleza favorecería esta tendencia si los gobiernos no se resistieran. El patrimonio local renace de sus cenizas en cuanto la mano del poder apoya su acción. Los magistrados de los más pequeños municipios se complacen en embellecerlos. Conservan cuidadosamente los monumentos antiguos. No falta en ningún pueblo un erudito que guste de contar sus recuerdos y los de sus antepasados y a quien se escucha con respeto. Sus habitantes se complacen en cuanto tienen la apariencia aun engañosa, de formar una nación y estar unidos por lazos particulares. Se da uno cuenta de que si no se vieran detenidos en el desarrollo de esa inclinación inocente y bienhechora, se formaría pronto una especie de honor comunal, por así decir, de honor de ciudad, de honor de provincia, que constituiría a la vez un gozo y una virtud. El apego a las costumbres locales entraña sentimientos desinteresados, nobles y piadosos. Es una política deplorable la que considera tales sentimientos como rebeldía. ¿Cuál es su resultado? En los Estados en que se destruye toda vida local se forma un pequeño Estado en el centro; se aglomeran todos los intereses en la capital; se dan cita en ella todas las ambiciones. El resto del país se inmoviliza. Los individuos, perdidos en un aislamiento antinatural, extraños al lugar de su nacimiento, sin contacto con el pasado, viviendo sólo un presente fugaz y sueltos como átomos en una llanura inmensa y rala, se desentienden de una patria que no ven en ninguna parte y cuyo conjunto no sienten, porque su afecto no puede descansar en ninguna de sus partes[26].

XIII

DEL DERECHO DE PAZ Y DE GUERRA

QUIENES reprochan a nuestra Constitución no haber limitado suficientemente la prerrogativa del gobierno en el ejercicio del derecho de paz y de guerra han considerado la cuestión muy superficialmente y se han dejado dominar por sus recuerdos, en vez de razonar según los principios. La opinión pública casi nunca se equivoca sobre la legitimidad de las guerras que emprenden los gobiernos, aunque es imposible establecer máximas precisas a este respecto.

Decir que hay que mantenerse a la defensiva es no decir nada. Resulta fácil al jefe de un Estado obligar a su vecino, mediante insultos, amenazas y preparativos hostiles, a atacarle, y en ese caso el culpable no es el agresor, sino el que obligó al otro a buscar su salvación en la agresión. De este modo la defensiva puede ser, a veces, una astuta hipocresía, y la ofensiva una simple precaución de legítima defensa.

Prohibir a los gobiernos continuar las hostilidades más allá de sus fronteras es también una precaución ilusoria. Cuando el enemigo nos ha atacado gratuitamente y lo rechazamos fuera de nuestros límites ¿habría, deteniéndonos en una línea ideal, que darle tiempo a reparar sus pérdidas y a reorganizar sus fuerzas?

La única garantía posible contra las guerras inútiles o injustas es la energía de las asambleas representativas. Éstas aprueban las levas de hombres y consienten los impuestos. Es, pues, a aquellas, y al sentimiento nacional que debe apoyar al poder ejecutivo cuando la guerra es justa y deba llevarse fuera del territorio, con objeto de impedir al enemigo que nos cause daño, incluso para obligar a ese mismo poder a hacer la paz cuando se han logrado el objetivo de la defensa y la garantía de la seguridad.

Nuestra Constitución contiene sobre ese punto todas las disposiciones necesarias y las únicas razonables.

No somete, y con razón, a los representantes del pueblo la ratificación de los tratados, salvo en los casos de cambio de una porción de territorio. Conceder esta prerrogativa a las asambleas solo las perjudica. Después de concluido un tratado, romperlo es siempre una decisión violenta y odiosa; en cierto modo, supone infringir el derecho de las naciones, que sólo se comunican entre ellas por sus gobiernos. Siempre le falta a una asamblea el conocimiento de los hechos. No puede, en consecuencia, juzgar la necesidad de un tratado de paz. Cuando las Constitución atribuye esa función a la asamblea, los ministros pueden rodear a la representación nacional del odio popular. Un solo artículo puesto con astucia entre las condiciones de paz coloca a una asamblea en la alternativa de perpetuar la guerra o sancionar disposiciones atentatorias a la libertad o al honor.

También en esto Inglaterra merece servirnos de modelo. El Parlamento examina los tratados, no para rechazarlos o ratificarlos, sino para determinar si los ministros han cumplido su deber en las negociaciones. La desaprobación del tratado no tiene más resultado que la destitución o la acusación del ministro que ha servido mal a su país. Esta cuestión no enfrenta a la masa del pueblo, ávida de paz, contra una asamblea que parece dispuesta a no permitirle gozar de ella, y esa facultad contiene siempre a los ministros antes de firmar los tratados.

XIV

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA ARMADA EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL

EXISTE en todos los países, y sobre todo en los grandes Estados modernos, una fuerza que no es un poder constitucional, pero que lo es, y terrible, de hecho: la fuerza armada.

Al tratar la difícil cuestión de su organización nos detienen, ante todo, mil recuerdos gloriosos que nos rodean y deslumbran, mil sentimientos de gratitud que nos arrastran y subyugan. Ciertamente, al recordar la desconfianza que han mostrado todos los legisladores contra el poder militar, al poner de relieve que el estado presente de Europa se añade a los peligros que han existido en todo tiempo, al hacer ver cuán difícil es que los ejércitos, cualesquiera que sean sus elementos primitivos, no adquieran involuntariamente un espíritu distinto al del pueblo, no queremos ofender a quienes tan gloriosamente han defendido la independencia nacional, a quienes, por tantas hazañas inmortales, han fundado la libertad francesa. Cuando los enemigos osan atacar a un pueblo en su territorio, los ciudadanos se convierten en soldados para rechazarlos. Ellos, los mejores de los ciudadanos, los que han defendido nuestras fronteras contra el extranjero que las ha profanado, son los que han hecho morder el polvo a los reyes que nos han provocado. Esa gloria que han adquirido la van a coronar aún con una nueva gloria. Una agresión más injusta que la que castigaron hace veinte años les exige nuevos sacrificios y nuevos triunfos.

Pero las circunstancias extraordinarias no tienen relación alguna con la organización habitual de la fuerza armada, y precisamente de lo que vamos a hablar aquí es de una situación regular y estable.

Empecemos por rechazar los planes quiméricos de disolución de todo ejército permanente que nos han ofrecido varias veces en sus escritos soñadores filántropos. Aún cuando tales proyectos fueran viables, no serían realizados. Pero no escribimos para elaborar vanas teorías, sino para establecer, si ello es posible, algunas verdades prácticas. Establecemos, pues, como premisa inicial que la situación del mundo moderno, las relaciones recíprocas de los pueblos, la naturaleza actual de las cosas, hacen necesario que todos los gobiernos y todas las naciones cuenten con tropas pagadas y constantemente en pie de guerra.

Por no haber planteado así la cuestión el autor del Espíritu de las leyes (XI, 6), Montesquieu, no la resuelve. Dice primero que el ejército debe ser popular y estar animado por el espíritu del pueblo, y para darle ese espíritu propone que los que se empleen en el ejército tengan bastantes bienes para responder de su conducta y se alisten sólo por un año, dos condiciones imposibles de cumplir entre nosotros. En el caso de que exista un cuerpo de tropas permanente, propone que el poder legislativo pueda disolverlo a su antojo. Cabe preguntar: Ese cuerpo de tropas, investido de toda la fuerza material del Estado, ¿se plegará sin protesta ante una autoridad moral? Montesquieu expresa muy bien lo que debería ser, pero no toma en cuenta las exigencias de la realidad.

Si la libertad se mantiene hace cien años en Inglaterra, ello es debido a que no se necesita ninguna fuerza militar en el interior; esta circunstancia, que es propia de una isla, hace inaplicable el ejemplo al Continente. La Asamblea constituyente se debatió contra esta dificultad casi insoluble. Consideró que entregar al rey la disposición de doscientos mil hombres que habían jurado la obediencia y que se hallaban sometidos a jefes nombrados por él suponía poner en peligro toda Constitución. En consecuencia, relajó de tal modo los lazos de la disciplina que un ejército formado según esos principios hubiera sido, más que una fuerza militar, un conglomerado anárquico. Nuestros primeros reveses, la imposibilidad de que los franceses sean vencidos durante mucho tiempo, la necesidad de sostener una lucha inaudita en los días de descanso que marca nuestra historia, han reparado los errores de la Asamblea constituyente, pero la fuerza armada se ha vuelto más temible que nunca.

Un ejército de ciudadanos sólo es posible cuando se trata de una nación encerrada dentro de estrechos límites. Los soldados de una nación de este tipo pueden ser obedientes y, sin embargo, razonar su obediencia. Situados en el seno de su país natal, en sus hogares, entre gobernantes y gobernados conocidos, su inteligencia les da razón de su sumisión; pero un vasto imperio hace absolutamente quimérica esta hipótesis. Un vasto imperio necesita una tal subordinación en sus soldados, que éstos se convierten en agentes pasivos y autómatas. El soldado desplazado es incapaz, al perder contacto con la realidad anterior, de razonar serenamente. Cuando un ejército, cualquiera que sea su composición, se halla en presencia de desconocidos, se convierte puramente en una fuerza que puede, indiferentemente, servir o destruir. Si se envía a los Pirineos al habitante del Jura, al del Var a los Vosgos, tales hombres, sometidos a una disciplina que los aísla de los naturales del país, sólo obedecerán a sus jefes, no conocerán más que a ellos. Ciudadanos en el lugar de su nacimiento, serán soldados en cualquier otro sitio.

En consecuencia, emplearlos en el interior de un país es exponer a éste a todos los inconvenientes con que una gran fuerza militar amenaza la libertad, siendo esto lo que ha perdido a tantos pueblos libres.

Sus gobiernos han aplicado al mantenimiento del orden interior principios que sólo convienen a la defensa exterior. Al devolver a su patria soldados vencedores, a los que, con razón, fuera de su territorio les habían ordenado la obediencia pasiva, han continuado imponiéndoles tal obediencia contra sus conciudadanos. Sin embargo, la cuestión era totalmente diferente. ¿Por qué los soldados que luchan contra un ejército enemigo están dispensados de todo razonamiento? Basta el color de las banderas de ese ejército para probar su hostilidad y dicha prueba suple a todo examen. Mas, cuando se trata de ciudadanos, esa evidencia no existe; la ausencia del razonamiento en este caso tiene un carácter totalmente distinto. Hay ciertas armas cuyo uso prohíbe el derecho de las personas, aún para naciones en guerra, lo que esas armas prohibidas son entre los pueblos, debe serlo la fuerza militar entre gobernantes y gobernados; un instrumento que puede sojuzgar a toda una nación es demasiado peligroso para ser empleado contra los delitos individuales.

La fuerza armada tiene tres objetivos diferentes:

El primero es rechazar a los extranjeros. ¿No es natural situar a las tropas destinadas a cumplir dicha misión lo más cerca posible de los extranjeros, es decir, en las fronteras? No tenemos ninguna necesidad de defensa contra el enemigo donde el enemigo no existe.

El segundo objetivo de la fuerza armada es reprimir los delitos privados cometidos en el interior. La fuerza destinada a reprimir esos delitos debe ser absolutamente diferente del ejército de línea. Los americanos lo han comprendido. No vemos ni un sólo soldado en su vasto territorio para el mantenimiento del orden público; todo ciudadano debe asistencia al magistrado en el ejercicio de sus funciones, pero esta obligación tiene el inconveniente de imponer a los ciudadanos deberes odiosos. En nuestras ciudades, con nuestras variadas relaciones, la actividad de nuestra vida, nuestros asuntos, ocupaciones y placeres, la ejecución de una ley semejante sería vejatoria o, más bien, imposible; habría que detener cada día a cien ciudadanos por no haber prestado su concurso a la detención de uno solo; es preciso, pues, que hombres a sueldo se encarguen voluntariamente de esas tristes funciones. Constituye, sin duda, una desgracia crear una clase de hombres destinada exclusivamente a la persecución de sus semejantes; pero es un mal menor que el de humillar el espíritu de todos los miembros de la sociedad forzándolos a prestar su ayuda a medidas cuya justicia no pueden apreciar.

Existen, pues, dos clases de fuerza armada. Una se compondrá de soldados propiamente dichos, estacionados en las fronteras, cuya misión es garantizar la defensa exterior; estará distribuida en diferentes cuerpos, sometida a jefes independientes entre sí y situada de modo que puedan reunirse bajo uno solo, en caso de ataque. La otra parte de la fuerza armada estará destinada al mantenimiento de la policía. Esta segunda clase de fuerza armada no ofrecerá los peligros de un gran establecimiento militar; estará diseminada por todo el territorio, porque no podría reunirse en un punto sin dejar impunes en todos los demás lugares a los criminales. Esta tropa sabrá cuál es su destino. Acostumbrada a perseguir más que a combatir, a vigilar más que a conquistar, sin haber conocido nunca la embriaguez de la victoria, el nombre de sus jefes no la llevará nunca allá más de sus deberes y todas las autoridades del Estado serán sagradas para ella.

El tercer objetivo de la fuerza armada es reprimir las alteraciones del orden, las sediciones. La tropa destinada a reprimir los delitos ordinarios no basta. Mas ¿para qué recurrir al ejército de línea? ¿No tenemos la guardia nacional, formada por ciudadanos? Me merecería muy mala opinión la moralidad y la felicidad de un pueblo si esa guardia nacional se mostrase favorable a los rebeldes o no se prestase a reducirlos a la obediencia legítima.

Es necesario observar que el motivo que hace indispensable una fuerza especial contra los delitos privados no subsiste cuando se trata de delitos públicos. Lo desagradable en la represión del crimen no es el ataque, el combate, el peligro, sino el espionaje, la persecución, la necesidad de ser diez contra uno, de detener, de prender, aunque se trate de culpables, a personas inermes. Pero contra los desórdenes más graves, rebeliones, tumultos, los ciudadanos afectos a la Constitución de su país, y todos lo serán, ya que ella garantiza sus propiedades y su libertad, se apresuran a ofrecer su ayuda.

¿Se dirá que la disminución que se opere en la fuerza militar como resultado de situarla únicamente en las fronteras animaría a los pueblos vecinos a atacarnos? Tal disminución, que no hay que exagerar, supondría siempre la existencia de un núcleo en cuyo derredor los guardias nacionales, ya ejercitados, se concentrarían para hacer frente a una agresión; si existen instituciones libres, no hay que dudar de su celo. Los ciudadanos no se muestran reacios a defender su patria cuando la tienen; cooperan en el mantenimiento de su independencia exterior cuando gozan de libertad en su interior.

Tales son, a mi juicio, los principios que deben presidir la organización de la fuerza armada en un Estado constitucional. Recibamos a nuestros defensores con gratitud, con entusiasmo; pero que dejen de ser soldados para nosotros, que sean nuestros iguales y nuestros hermanos; todo espíritu militar, toda teoría de subordinación pasiva, cuanto hace que los guerreros sean temibles para nuestros enemigos, debe ponerse en la frontera de todo Estado libre. Tales medios son necesarios frente a los extranjeros, contra los que estamos siempre, si no en guerra, al menos en actitud de desconfianza; pero los ciudadanos, incluso si son culpables, tienen derechos imprescriptibles que no poseen los extranjeros[27].

XV

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD

HE sostenido en el primer capítulo de esta obra que los ciudadanos poseen derechos individuales, independientes de toda autoridad social, y que esos derechos son la libertad personal, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la garantía contra lo arbitrario y el goce de la propiedad.

Distingo, sin embargo, los derechos de propiedad de los demás derechos de los individuos.

Varios de los que han defendido la propiedad mediante razonamientos abstractos han incurrido en un error grave: han presentado la propiedad como algo misterioso, anterior a la sociedad, independiente de ella. Ninguna de esas afirmaciones es cierta. La propiedad no es anterior a la sociedad, porque sin la asociación, que le proporciona una garantía, sería el derecho del primer ocupante o, en otras palabras, el derecho de la fuerza, es decir, un derecho que no es tal derecho. La propiedad no es independiente de la sociedad, porque puede concebirse un estado social, aunque sea muy mísero, sin propiedad, en tanto que no se puede imaginar propiedad sin estado social.

La propiedad existe como consecuencia de la sociedad; la sociedad se ha dado cuenta de que el mejor medio de hacer gozar a sus miembros de los bienes comunes a todos, y disputados por todos antes de ser instituida, es conceder una parte a cada uno, o mejor, mantener a cada uno en la parte que ocupaba, garantizándole su disfrute, con los cambios que dicho disfrute pudiera experimentar, sea como resultado de los múltiples cambios del azar, sea como resultado de un distinto grado de industriosidad.

La propiedad es sólo una convención social, pero el hecho de que lo reconozcamos así no significa que la consideremos menos sagrada, menos inviolable, menos necesaria que los escritores que adoptan otro sistema. Algunos filósofos han considerado su institución como un mal, su abolición como posible; para fundamentar sus teorías han recurrido a un cúmulo de suposiciones, muchas de las cuales no se realizarán probablemente, y otras —las menos quiméricas— se relegan a una época tan lejana que cualquier previsión es imposible; no sólo parten del supuesto de un aumento en los conocimientos del hombre, al que probablemente este llegue, pero sobre el que sería absurdo fundar nuestras instituciones presentes, sino que dan por sentado una tal disminución en el trabajo que se requiere actualmente para la subsistencia de la especie humana que va más allá de cualquier invención que pueda imaginarse.

Es cierto que cada uno de los descubrimientos mecánicos que vienen a sustituir por instrumentos y máquinas la fuerza física del hombre representa una conquista para el pensamiento. Según las leyes de la naturaleza, dichas conquistas, al resultar más fáciles a medida que se multiplican, deben sucederse con velocidad acelerada. Pero hay gran distancia aún de lo que hemos hecho, e incluso de lo que podemos imaginar en ese orden, a una total liberación del trabajo manual; no obstante, ésta sería indispensable para hacer posible la abolición de la propiedad, a menos que se quisiera, como algunos de esos escritores piden, repartir por igual ese trabajo entre todos los miembros de la asociación. Mas tal reparto, de no ser un sueño, iría contra su propio fin; quitaría al pensamiento el descanso que debe hacerle fuerte y profundo, a la industria la perseverancia que la conduce a la perfección, a todas las clases las ventajas del hábito, de la unidad de propósito y de la centralización de los esfuerzos. Sin propiedad, la especie humana permanecería estacionaria y en el estadio más primitivo y salvaje de su existencia. Teniendo cada uno que proveer por sí solo a todas sus necesidades, dividiría sus fuerzas para subvenir a aquellas y, abrumado por el peso de tan diversa actividad, jamás avanzaría un paso. La abolición de la propiedad vendría a destruir la división del trabajo, fundamento del perfeccionamiento de todas las artes y las ciencias. La facultad progresiva, esperanza favorita de los escritores a quienes refuto, perecería, falta de tiempo e independencia, y la igualdad grosera y coactiva que nos recomiendan pondría un obstáculo invencible al establecimiento gradual de la igualdad verdadera, la del bienestar y el conocimiento.

La propiedad, en cuanto convención social, es de la competencia y la jurisdicción de la sociedad. Posee sobre ella derechos que no tiene sobre la libertad, la vida y las opiniones de sus miembros.

Pero la propiedad está íntimamente ligada a otras partes de la existencia humana, de las que unas no están sometidas en absoluto a la jurisdicción colectiva y otras lo están sólo de un modo limitado. La sociedad debe, en consecuencia, restringir su acción sobre la propiedad, porque no podría ejercerla en toda su extensión sin alcanzar objetos que no le están subordinados.

A la arbitrariedad sobre la propiedad pronto sigue la arbitrariedad sobre las personas: en primer lugar, porque es contagiosa; en segundo lugar, porque la violación de la propiedad provoca necesariamente la resistencia. La autoridad se ensaña entonces contra el oprimido que resiste, y como consecuencia de querer quitarle su propiedad atenta a su libertad.

No me ocuparé en este capítulo de las confiscaciones ilegales y de otros atentados políticos contra la propiedad. No pueden considerarse esas violaciones como prácticas usuales en un gobierno regular; son medidas absolutamente arbitrarias, cuya naturaleza comparten; el desprecio por la fortuna de los hombres sigue de cerca al desprecio por su seguridad y por su vida.

Me limitaré a observar que por semejantes medidas los gobiernos pierden mucho más que ganan. Los reyes —dice Luis XIV en sus Memorias— son señores absolutos y tienen naturalmente la disposición plena y libre de todos los bienes de sus súbditos. Mas cuando los reyes se consideran señores absolutos de cuanto poseen sus súbditos, estos ocultan lo que poseen o lo disputan: si lo ocultan, se pierde para la agricultura, para el comercio, para la industria, para todo género de prosperidad; si lo prodigan en placeres frívolos, vanos e improductivos, se sustrae a los empleos útiles y a las especulaciones reproductivas. Sin seguridad la economía resulta engaño y la moderación imprudencia. Cuando se puede ser despojado de todo, hay que conquistar el máximo posible, puesto que así habrá mayores posibilidades de sustraer algo del despojo o el robo. Cuando se puede ser despojado de todo, hay que gastar el máximo posible, puesto que de este modo cuanto se gaste se habrá arrancado a la arbitrariedad. Luis XIV creía que su afirmación favorecía mucho a la riqueza de los reyes, cuando, en realidad, estaba defendiendo una posición que, al arruinar a los pueblos, debería arruinar a los reyes.

Hay otras especies de despojo menos directas de las que creo útil hablar algo más extensamente[28]. Los gobiernos se las permiten para disminuir sus deudas o aumentar sus recursos, a veces con el pretexto de la necesidad, otras con el de la justicia, alegando siempre el interés del Estado. Al igual que los apóstoles celosos de la soberanía del pueblo piensan que la libertad pública gana con las trabas puestas a la libertad individual, existen hoy muchos hacendistas que creen que el Estado se enriquece con la ruina de los individuos. ¡Loor a nuestro gobierno, que ha rechazado esos sofismas y se ha impuesto no incurrir en esos errores mediante mi artículo positivo de nuestra Acta constitucional!

Los atentados indirectos a la propiedad, de los que nos ocupamos a continuación, se dividen en dos clases.

Pertenecen a la primera las bancarrotas parciales o totales, la reducción de la deuda nacional en capitales o en intereses, el pago de esa deuda en efectos de un valor inferior a su valor nominal, la alteración de las monedas, las retenciones, etc. Pertenecen a la segunda clase los actos de autoridad contra los hombres que han tratado con los gobiernos para suministrarles los objetos necesarios a sus empresas militares o civiles. Las leyes o medidas retroactivas contra los enriquecidos, las cámaras ardientes, la anulación de los contratos, de las concesiones, de las ventas hechas por el Estado a los particulares.

Algunos escritores han considerado el establecimiento de la deuda pública como una causa de prosperidad; el asunto me merece una opinión completamente distinta. La deuda pública ha creado un nuevo tipo de propiedad que no vincula su poseedor al suelo, como la propiedad territorial, que no exige un trabajo asiduo ni especulaciones difíciles, como la propiedad industrial, que no supone, en fin, talentos distinguidos, como la propiedad que llamamos intelectual. El acreedor del Estado sólo se interesa en la prosperidad de su país en la misma medida que cualquier acreedor en la riqueza de su deudor. Con tal que éste le pague, está satisfecho; las negociaciones que tienen por objeto asegurar dicho pago le parecen siempre aceptables, por dispendiosas que puedan ser. La facultad que tiene de enajenar su crédito le hace indiferente al riesgo probable, pero lejano, de ruina nacional. No hay un rincón de tierra, una manufactura, una fuente de producción cuyo empobrecimiento no contemple con indiferencia, siempre que existan otros recursos que permitan el pago de sus rentas[29].

La propiedad de fondos públicos es de naturaleza esencialmente egoísta y solitaria, y tiende a ser agresiva, porque sólo existe a expensas de otros. Debido a la complicada organización de las sociedades modernas, resulta que mientras el interés natural de toda nación es que los impuestos se reduzcan a la menor suma posible, la creación de deuda pública hace que el interés de una porción de la nación sea el aumento de los impuestos[30].

Mas sean cuales fueren los efectos perjudiciales de las deudas públicas, es un mal inevitable en los grandes Estados. Los que subvienen habitualmente a los gastos nacionales mediante los impuestos casi siempre se ven forzados a realizar anticipos y estos anticipos constituyen una deuda; en cuanto se presenta una circunstancia extraordinaria, se ven obligados a pedir prestado. En cuanto a los que adoptan el sistema de empréstitos con preferencia al de los impuestos, y sólo establecen contribuciones para hacer frente a los intereses de sus impuestos (tal es a grandes líneas el sistema actual de Inglaterra), una deuda pública es inseparable de sus existencias. Así, recomendar a los Estados modernos que renuncien a los recursos que el crédito les ofrece sería una tentativa inútil.

Admitida la deuda nacional, sólo hay un medio de atenuar sus efectos nocivos: respetarla escrupulosamente. Se le da así una estabilidad que la asimila, en cuanto su naturaleza lo permite, a los otros tipos de propiedad.

La mala fe nunca puede ser remedio para nada. No pagar las deudas públicas supondría añadir a las consecuencias inmorales de una propiedad que da a sus poseedores intereses diferentes de los de la nación de que forman parte las consecuencias, más funestas aún, de la incertidumbre y la arbitrariedad. Estas dos son las causas principales de lo que se llama la especulación. Ésta jamás se desarrolla con más fuerza y actividad que cuando el Estado viola sus compromisos; todos los ciudadanos se ven reducidos entonces a buscar en el azar de las especulaciones alguna compensación a las pérdidas que la autoridad les ha hecho sufrir.

Establecer diferencias entre los acreedores, indagar las transacciones de los individuos, investigar la suerte que han corrido los efectos públicos y las manos por las que han pasado hasta su vencimiento, es dar paso a la bancarrota. Un Estado contrae deudas y da en pago sus efectos a los hombres a quienes debe dinero. Estos se ven forzados a vender los efectos que se les han dado. ¿Con qué pretexto el Estado, apoyándose en esta transferencia, va a discutir el valor de esos efectos? Cuanto más se discuta su valor, más se reducirá éste. Con el pretexto de esa nueva depreciación, los pagará a un precio aún más bajo. Esa doble progresión, repercutiendo sobre sí misma, reducirá pronto el crédito a la nada y llevará a los particulares a la ruina. El acreedor originario puede hacer con su título lo que quiera. Si vendió su crédito, la culpa no fue de él, a quien forzó la necesidad, sino del Estado, que le pagó en efectos que tuvo que vender. Si vendió su crédito a bajo precio, la falta no es del comprador que lo adquirió a su cuenta y riesgo, sino del Estado también, que dio lugar a ese riesgo, ya que el crédito vendido no se hubiera envilecido si el Estado no hubiera inspirado esa desconfianza.

Al establecer que un efecto baja de valor al pasar a segundas manos como consecuencia de una transferencia cuyas condiciones debe ignorar el gobierno, ya que se trata de estipulaciones libres e independientes, se hace de la circulación, considerada siempre como un medio de riqueza, una causa de empobrecimiento. ¿Cómo justificar esa política que niega a sus acreedores lo que les debe y desacredita lo que les da? ¿Con qué razón condenan los tribunales al deudor, al mismo tiempo acreedor de una autoridad en quiebra? Ved cuál es la situación: encerrado en un calabozo, despojado de lo que me pertenecía, porque no pude satisfacer las deudas que contraje fiado en el crédito público, ¿pasaré ante la tribuna de donde emanaron las leyes que me despojaron? A un lado estará el poder que me despoja; en el otro, los jueces que me castigan por haber sido despojado.

Todo pago nominal es una quiebra; toda emisión de papel que no puede ser convertido a voluntad en numerario —dice un autor francés conocido— es un despojo violento?[31] Que los que la cometen detenten el poder público no cambia en nada la naturaleza del acto. La autoridad que paga al ciudadano en valores ficticios le obliga a efectuar pagos semejantes. Para no deshonrar sus operaciones y hacerlas imposibles está obligada a legitimar todas las operaciones del mismo tipo. Al crear la necesidad para algunos, proporciona una excusa a todos. Un egoísmo mucho más sutil, más sagaz, más rápido, más plurifacético que el de la autoridad se desboca al oír la señal dada. Desconcierta cualquier precaución adoptada por la rapidez, la complicación, la variedad de sus fraudes. Cuando la corrupción puede justificarse por la necesidad, no tiene límites. Si el Estado quiere establecer diferencias entre sus transacciones y las de los individuos, la injusticia se hace más escandalosa.

Los acreedores de una nación son parte de la misma. Si se establecen impuestos para pagar los intereses de la duda pública, ésta pesa sobre la nación entera; los acreedores. Lo cual significa tanto como afirmar que un peso que es demasiado fuerte para ser soportado por todo un pueblo será soportado más fácilmente por la cuarta o la octava parte de ese pueblo.

Toda reducción forzada es una bancarrota. Se trató con individuos de acuerdo con condiciones libremente pactadas; dichos individuos cumplieron las condiciones; entregaron sus capitales, después de retirarlos de ramas de la industria que les prometían beneficios; se les debe todo lo que se les prometió; el cumplimiento de lo prometido no es otra cosa que la indemnización legítima de los sacrificios que hicieron, de los riesgos que corrieron. Si un ministro lamenta haber propuesto condiciones onerosas, la culpa es suya y no del que no ha hecho más que aceptarlas. Es doblemente suya, porque lo que ha determinado que sus condiciones sean onerosas es la serie de incumplimientos anteriores; si hubiera inspirado entera confianza, habría obtenido mejores condiciones.

Si se reduce la deuda en una cuarta parte, ¿qué impide reducirla en un tercio, en las nueve décimas partes o en su totalidad? ¿Qué garantía se puede dar a sus acreedores o a sí misma? El primer paso hace siempre más fácil el segundo. Si la aplicación de principios severos hubiera constreñido a la autoridad al cumplimiento de sus promesas, habría buscado recursos en el orden y la economía. Pero ha ensayado los del fraude y ha admitido que ha hecho uso de ellos, los cuales la dispensan de todo trabajo, de toda privación, de todo esfuerzo. Volverá a ellos sin cesar, porque no tiene para contenerse la conciencia de la integridad.

Tal es la ceguera que sigue al abandono de la justicia, que se ha llegado a pensar que al reducir las deudas por un acto de autoridad se reanimaría el crédito, muy escaso en la actualidad. Se partió de un principio mal comprendido y mal aplicado. Se pensó que cuanto menos se debiera, más confianza se inspiraría, porque se estaría en mejor situación de pagar las deudas; pero se han confundido el efecto de una liberación legítima y el de una bancarrota. No basta que un deudor pueda satisfacer sus compromisos; es preciso también que lo quiera, o que se tengan los medios de forzarle a ello. Un gobierno que se aprovecha de su autoridad para anular una parte de su deuda, prueba que no tienen voluntad de pagar. Sus acreedores no tienen facultad para obligarle a ello. ¿Qué importan, pues, sus recursos?

No pasa con la deuda pública como con los artículos de primera necesidad: cuanto menos cantidad de éstos hay, más valor tienen. Ello se debe a que tienen un valor intrínseco y que su valor relativo se aumenta con su rareza. Por el contrario, el valor de una deuda sólo depende de la fidelidad del deudor. Si se resquebraja la fidelidad, el valor se destruye. En vano se reducirá la deuda a la mitad, a la cuarta, a la octava parte; lo que reste de esta deuda, más acreditado estará. Nadie necesita ni desea una deuda que no se paga. Cuando se trata de los particulares, el poder cumplir sus compromisos es la condición principal, porque la ley es más fuerte que ellos. Pero cuando se trata de los gobiernos, la condición principal es la voluntad.

Hay otro tipo de bancarrotas acerca de las cuales diversos gobiernos se plantean aún menos escrúpulos. Comprometidos, sea por ambición, por imprudencia o por la necesidad, en empresas dispendiosas, contratan con comerciantes los objetos necesarios a esas empresas. Sus tratados son desventajosos y es natural que así sea; los intereses de un gobierno nunca pueden defenderse con tanto celo como los intereses de los particulares; es el destino común a todas las transacciones cuyo cumplimiento escapa a las partes interesadas y es un destino inevitable, entonces la autoridad toma inquina a los hombres que no hicieron sino aprovecharse de los beneficios inherentes a su situación; estimula toda acusación y calumnia que se intente contra ellos; anula sus tratos; retrasa o niega los pagos que prometió; adopta medidas generales que, para alcanzar a algunos sospechosos, afectan indiscriminadamente a toda una clase.

Para paliar tal inequidad se toma la precaución de presentar esas medidas como dirigidas exclusivamente contra quienes están al frente de empresas cuyo pago se suprime; se estimula contra algunos personajes odiosos o deshonrados la animadversión del pueblo; mas los hombres a quienes se despoja no se encuentran en el vacío; no lo han hecho todo pOr sí mismos; emplearon artesanos y fabricantes que les han suministrado valores reales; sobre esos últimos recae el injusto despojo que sólo parece ejercerse sobre los primeros y ese mismo pueblo que, siempre crédulo, aplaude la destrucción de algunas fortunas cuya pretendida enormidad le irrita, no se da cuenta de que todas esas fortunas, por fundarse en trabajos de los que él mismo había sido instrumento, tendían a dirigirse hacia él, mientras que su destrucción le sustrae el pago de sus propios trabajos.

Los gobiernos necesitan siempre cierto número de hombres que traten con ellos. Un gobierno no puede comprar al contado como un particular; ha de pagar adelantado, lo que es impracticable, o se le han de suministrar a crédito los objetos que necesita; si trata mal y desprecia a los que se los proporcionan, ¿qué sucede? Los hombres honrados se retiran, a fin de no realizar un oficio vergonzoso; sólo se presentan los hombres degradados; valoran el precio de su vergüenza y, previendo además que se les pagará mal, se pagan por sí mismos.

Un gobierno es demasiado lento, tiene demasiadas trabas y obstáculos en sus movimientos para estar al día de los cálculos desatados y las maniobras rápidas del interés individual. Cuando se quiere luchar a base de corrupción con los particulares, la de éstos es siempre más hábil. La única política vigorosa es la lealtad.

El primer efecto del mal trato de un tipo de comercio es apartar de él a todos los comerciantes a quienes no seduce la codicia. El primer efecto de un sistema de arbitrariedad es inspirar a todos los hombres íntegros el deseo de no tropezar con esa arbitrariedad y evitar las transacciones que podrían ponerlos en relación con ese terrible poder[32]. Las economías fundadas en la violación de la fe pública encontraron en todos los países su castigo infalible en las transacciones que las siguieron. El interés pagado por la inequidad, pese a sus reducciones arbitrarias y a sus leyes violentas, fue siempre cien veces más de lo que hubiera costado la fidelidad.

Quizá debí enumerar, entre el número de los ataques contra la propiedad, el establecimiento de todo impuesto inútil o excesivo. Todo lo que excede de las necesidades reales dice un escritor cuya autoridad en esta materia no se discute[33] deja de ser legítimo.

Entre las usurpaciones particulares y las realizadas por la autoridad no existe otra diferencia que la siguiente: la injusticia de unas entraña ideas simples, fácilmente concebibles por cualquiera, en tanto que las otras, al estar ligadas a combinaciones complicadas, sólo puede juzgárselas por conjeturas.

Todo impuesto inútil es un atentado a la propiedad, tanto más odioso cuanto que se realiza con toda la solemnidad de la ley, tanto más indignante cuanto que es el rico quien lo ejerce contra el pobre, la autoridad armada contra el individuo inerme.

Todo impuesto, de cualquier especie que sea, tiene siempre una influencia más o menos enojosa[34]; es un mal necesario, pero como todos los males necesarios, hay que hacerlo sentir lo menor posible. Cuantos más medios se dejan a disposición de la industria de los particulares, más prospera un Estado. El impuesto, por el mero hecho de quitar cierta porción de esos medios a la industria, es necesariamente nocivo.

Rousseau, que en fianzas no era ninguna lumbrera, repitió con otros muchos que en los países monárquicos el lujo del príncipe debía consumir el exceso de cosas superfluas de los súbditos, porque era mejor que tal excedente fuese absorbido por el gobierno que disipado por los particulares[35]. Se ve en esa doctrina una mezcla absurda de prejuicios monárquicos y de ideas republicanas. El lujo del príncipe, lejos de reducir el de los individuos, les sirve de estímulo y ejemplo. No hay que creer que, al despojarlos, los reforma. Puede precipitarlos en la miseria, pero no mantenerlos en la sencillez. Lo único que ocurre es que la miseria de unos se combina con el lujo de otros, y esta es la más deplorable de todas las combinaciones.

El exceso de impuestos lleva a la subversión de la justicia, al desprecio de la moral, a la destrucción de la libertad individual. Ni la autoridad, que arrebata a las clases trabajadoras unos medios de subsistencia penosamente adquiridos, ni las clases oprimidas, que ven esos medios arrancados de sus manos para saciar la avidez de sus amos, pueden permanecer fieles a las leyes de la equidad en esta lucha de la debilidad contra la violencia, de la pobreza contra la avaricia, de la miseria contra el despojo.

Sería equivocado suponer que el inconveniente de los impuestos excesivos se limita a la miseria y a las privaciones del pueblo. Resulta de ello otro mal no menor, que hasta ahora no parece haberse señalado suficientemente.

La posesión de una gran fortuna inspira a los particulares, deseos, caprichos, fantasías desordenadas que no se hubieran concebido en una situación más precaria. Pasa igual con los hombres que están en el poder.

Lo que desde hace cincuenta años ha sugerido a los gobiernos ingleses pretensiones tan exageradas y tan insolentes ha sido la excesiva facilidad con que se han procurado inmensos tesoros mediante impuestos enormes. El exceso de opulencia, al igual que el exceso de fuerza, embriaga, porque la opulencia es una fuerza, y la más real de todas; de ahí los planes, las ambiciones, los proyectos que jamás hubiera concebido un gobierno que sólo poseyera lo necesario.

El pueblo no es mísero sólo porque paga por encima de sus posibilidades, sino también por el uso que se hace de su dinero. Sus sacrificios se vuelven contra él. No paga impuestos para tener la paz asegurada mediante un buen sistema de defensa. Los paga por tener la guerra, porque la autoridad, orgullosa de sus tesoros, quiere derrocharlos gloriosamente. El pueblo paga, no para que se mantenga el orden en su interior, sino para que favoritos enriquecidos con sus despojos turben el orden público mediante vejaciones impunes. Así una nación compra con sus privaciones las desdichas y los peligros; y en tal estado de cosas, el gobierno se corrompe por sus riquezas y el pueblo por su pobreza.

XVI

DE LA LIBERTAD DE PRENSA

COMO el asunto de la libertad de prensa ha quedado suficientemente esclarecido desde hace algún tiempo, sólo requiere unas cuantas observaciones.

La primera es que nuestra actual Constitución se distingue de todas las precedentes en que ha establecido el único modo eficaz para reprimir los delitos de prensa, conservando, no obstante, su independencia; me refiero al juicio por jurados. Es una gran prueba, a la vez, de lealtad y de lucidez. Los delitos de prensa son diferentes de los demás delitos, porque se componen mucho más de la intención y del resultado que del hecho positivo. Sólo un jurado puede pronunciarse sobre la intención, de acuerdo con su convicción moral, y determinar el resultado mediante el examen y la comparación de todas las circunstancias. Cualquier tribunal que sentencie según leyes concretas se halla en la alternativa de permitirse la arbitrariedad o sancionar la impunidad.

Quiero señalar de paso que una predicción que aventuré hace un año se ha realizado completamente. Supongamos —dije entonces— una sociedad anterior a la invención del lenguaje que supliese ese medio de comunicación rápido y fácil por medios menos fáciles y más lentos. El descubrimiento del lenguaje produciría en tal sociedad una explosión súbita. Se verían peligros gigantescos en esos sonidos aún nuevos, y muchos espíritus prudentes y sabios, graves magistrados, antiguos administradores, echarían de menos los tiempos de un apacible y completo silencio. Pero la sorpresa y el susto desaparecerían gradualmente. El lenguaje se convertiría en un medio de alcance limitado; una desconfianza provechosa, fruto de la experiencia, preservaría a los oyentes de un entusiasmo irreflexivo, todo, al fin, volvería al orden, con la única diferencia de que las comunicaciones sociales y, en consecuencia, el perfeccionamiento de todas las artes, la rectificación de todas las ideas, contarían con un medio adicional. Igual pasará con la prensa, dondequiera que la autoridad, justa y moderada, no se enfrente con ella[36].

Ciertamente tenemos hoy la prueba irrefutable de la verdad de esta afirmación. Nunca la libertad, o más bien la licencia de prensa, fue más ilimitada; nunca se multiplicaron más los libelos en todas sus formas ni se pusieron con más empeño al alcance de todos los curiosos. Nunca al propio tiempo se concedió menos atención a esas producciones despreciables. Creo sinceramente que hoy hay más libelistas que lectores.

Diré no obstante que, pese a la indiferencia y al desdén del público, hará falta, en interés de la propia prensa, que leyes penales, escritas con moderación, pero con justicia, distingan pronto lo que es inocente de lo que es culpable y lo licito de lo prohibido. Las provocaciones al asesinato y a la guerra civil, las incitaciones al enemigo extranjero, los insultos directos al jefe del Estado, no se han permitido en ningún país. Me satisface mucho que la experiencia haya demostrado la impotencia de esas provocaciones y de esos insultos. Doy gracias al hombre que es bastante fuerte para mantener la paz de Francia, pese a los desenfrenos de un partido sin límites. Admiro al hombre que es suficientemente grande para permanecer impasible en medio de tantos ataques personales. En Inglaterra, cuna sin duda de la libertad de prensa, no se puede ultrajar al rey en ningún escrito, y la simple impresión de proclamas dirigidas contra él se castigaría severamente. Esa reserva impuesta por las leyes es motivada por una consideración de gran importancia.

La neutralidad del poder real, condición indispensable de toda monarquía constitucional, en la que insisto constantemente porque toda la estabilidad del edificio descansa sobre dicho fundamento, exige igualmente que el poder real no actúe contra los ciudadanos y que éstos no actúen contra él. El rey en Inglaterra, el emperador en Francia, el depositario de la autoridad monárquica en todos los pueblos, están fuera de la esfera de las agitaciones políticas. No son hombres, son poderes. Pero así como no deben actuar como hombres, con lo que su función se desnaturalizaría, tampoco deben poder ser atacados como si se tratase de hombres corrientes. La ley garantiza a los ciudadanos contra toda agresión que de él proceda; debe también garantizar al rey de toda agresión que proceda de los ciudadanos. Ultrajado en su persona, el jefe del Estado vuelve a ser hombre. Si se ataca al hombre, éste se defenderá y la Constitución quedará destruida[37].

XVII

DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

LA Constitución actual ha vuelto a la única idea razonable en lo que se refiere a la religión: la de consagrar la libertad de cultos sin restricción, sin privilegio, sin obligar siquiera a los individuos, con tal que observen formas en favor de un culto particular. Hemos evitado el escollo de esta intolerancia civil con que se ha querido reemplazar la intolerancia religiosa propiamente dicha, hoy que el progreso de las ideas se opone a esta última. En apoyo de esa nueva especie de intolerancia se ha citado frecuentemente a Rousseau, partidario de todas las teorías de la libertad, pero que también ha dado pretexto a todas las pretensiones de la tiranía.

Haydice— una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente en cuanto dogmas religiosos, sino como sentimientos de sociabilidad. Sin poder obligar a nadie a creer en esos dogmas, puede desterrar del Estado a quien no los comparta. Puede desterrarlo, no como impío, sino como insociable[38]. ¿Quién es el Estado para decidir los sentimientos que hay que adoptar? ¿Qué me importa que el soberano no me obligue a creer, si me castiga por no creer? ¿Qué me importa que no me castigue como impío, si me castiga como insociable? ¿Qué me importa que la autoridad se abstenga de las sutilezas de la teología, si se pierde en una moral hipotética, no menos sutil, no menos ajena a su jurisdicción natural?

No conozco ningún sistema de servidumbre que haya consagrado errores más funestos que la impenitente metafísica de Rousseau: El Contrato social.

La intolerancia civil es tan peligrosa, más absurda y, sobre todo, más injusta que la intolerancia religiosa. Es tan peligrosa, puesto que conduce a los mismos resultados con otro pretexto; es más absurda, puesto que no está motivada por la convicción; es más injusta, puesto que el mal que causa no es fruto del deber, sino del cálculo.

La intolerancia civil adopta mil formas y se disfraza a cada paso para sustraerse al razonamiento. Vencida en los principios, discute en cuanto a su aplicación. Se ha visto cómo hombres perseguidos durante casi treinta siglos decían al gobierno que los liberaba de su larga proscripción que, si era preciso que hubiera en un Estado varias religiones positivas, no era menos necesario impedir que las sectas toleradas creasen, al subdividirse, otras nuevas[39]. Mas cada secta tolerada, ¿no es ella misma una subdivisión de una secta antigua? ¿Con qué título discutiría a las generaciones futuras los derechos que ella ha reclamado contra las generaciones pasadas?

Se ha pretendido que ninguna de las iglesias reconocidas podía cambiar sus dogmas sin el consentimiento de la autoridad. Pero si por azar esos dogmas fueran rechazados por la mayoría de la comunidad religiosa, ¿podría la autoridad obligarla a profesarlos? Por lo que se refiere a la opinión, los derechos de la mayoría y los de la minoría son los mismos.

Se concibe la intolerancia cuando se impone a todos una misma profesión de fe; en este caso obra, al menos, de modo consecuente. Cree, sin duda, que mantiene a los hombres en el santuario de la verdad; pero cuando se permiten dos opiniones, dado que una de ellas es necesariamente falsa, el hecho de que el gobierno constriña a los individuos de una u otra a permanecer leales a la opinión de su secta, o a las sectas a mantener inalterada su opinión, es tanto como prestar su asentimiento al error.

La libertad completa e ilimitada de todos los cultos es tan favorable a la religión como conforme a la justicia.

Si la religión hubiera sido siempre perfectamente libre, creo que hubiera sido siempre un objeto de respeto y de amor. En tal supuesto, sería casi inconcebible el extraño fanatismo que hace de la religión un objeto de odio y de malevolencia. Ésta, mediante la cual un ser desgraciado recurre a un ser justo, un ser débil a un ser bueno, creo que no debe incitar, aun en aquellos mismos que la consideran quimérica, sino el interés y la simpatía. Quien considera como errores todas las esperanzas de la religión, debe sentirse más conmovido que cualquier otro por ese concierto universal de todos los seres dolientes, por esas súplicas del dolor que se proyectan, desde todos los rincones de la Tierra, hacia un cielo inconmovible, para quedar sin respuesta, y por la ilusión compasiva que interpreta por respuesta el rumor confuso de tantas plegarias, repetidas a lo lejos en los aires.

Las causas de cuantas penalidades nos aquejan son numerosas. La autoridad puede proscribirnos; la mentira, calumniarnos; los vínculos de una sociedad completamente artificial nos hieren; la naturaleza inflexible nos ataca en lo que nosotros amamos; hacia nosotros avanza la vejez, época sombría y solemne en la que los objetos se oscurecen y parecen retirarse, y en la que un algo frío y lánguido se extiende sobre todo lo que nos rodea.

Contra tantos dolores buscamos por todas partes consuelos, y todos nuestros consuelos duraderos son religiosos. Cuando los hombres nos persiguen, acudimos a algún remedio por encima de los hombres. Cuando vemos desvanecerse nuestras más caras esperanzas —la justicia, la libertad, la patria—, nos congratulamos de que exista en alguna parte un ser que sabrá agradecemos haber sido fieles, pese a nuestro siglo, a la justicia, a la libertad, a la patria. Cuando añoramos un objeto amado, echamos un puente sobre el abismo y lo atravesamos con el pensamiento. En fin, cuando la vida se nos escapa nos proyectamos hacia la otra vida. Así, la religión es, por esencia, la compañera fiel, la ingeniosa e infatigable amiga del infortunado.

Esto no es todo. Consoladora de la desgracia, la religión es, al mismo tiempo, la más natural de nuestras emociones. Todas nuestras sensaciones físicas, todos nuestros sentimientos morales, la hacen renacer en nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Todo lo que nos parece sin límites y produce en nosotros la noción de la inmensidad, la vista del cielo, el silencio de la noche, la vasta extensión de los mares, todo lo que nos lleva al enternecimiento o al entusiasmo, la conciencia de una acción virtuosa, de un sacrificio generoso, de un peligro desafiado valientemente, del dolor del prójimo socorrido o consolado, todo lo que despierta en el fondo de nuestra alma los elementos primitivos de nuestra naturaleza, el desprecio del vicio, el odio a la tiranía; todo ello alimenta el sentimiento religioso.

Ese sentimiento es muy afín a todas las pasiones nobles, delicadas y profundas; como todas ellas, tiene algo de misterioso; el sentido común no puede explicarlas de modo satisfactorio. El amor, esa preferencia exclusiva por un objeto del que pudimos prescindir mucho tiempo y semejante a tantos otros; el afán de gloria, esa sed de una celebridad que ha de transmitirse a nuestra posteridad; el goce que nos produce nuestra abnegación, opuesto al instinto habitual de nuestro egoísmo; la melancolía, esa tristeza sin motivo en cuyo fondo hay un placer que no sabemos analizar, y otras mil sensaciones que no pueden describirse y que nos llenan de impresiones vagas y de emociones confusas, son inexplicables mediante un razonamiento vigoroso y todas ellas tienen afinidad con el sentimiento religioso. Todas estas cosas favorecen el desarrollo de la moral; hacen salir al hombre del estrecho círculo de sus intereses; devuelvan al alma esa elasticidad, esa delicadeza, esa exaltación que ahoga el hábito de la vida común y del cálculo que esta requiere. El amor es la más complicada de esas pasiones, debido a que tiene como fin un goce determinado, próximo a nosotros, y que desemboca en el egoísmo. El sentimiento religioso es, por la razón contraria, la más pura de todas las pasiones. No desaparece con la juventud; a veces se fortalece en la edad avanzada, como si el cielo nos lo diera para consolarnos en la época más desprovista de nuestra vida.

Un hombre genial decía que la contemplación del Apolo del Belvedere o de un cuadro de Rafael lo hacía mejor persona. En efecto, hay en la contemplación de la belleza algo que nos desprende de nosotros mismos, haciéndolos sentir que la perfección vale más que nosotros y que, por inspirarnos esa convicción un desinterés momentáneo, despierta en nosotros el poder del sacrificio, que es la fuente de toda virtud. Hay en la emoción, cualquiera que sea su causa, algo que hace circular nuestra sangre más de prisa, que nos procura una especie de bienestar, que duplica el sentimiento de nuestra existencia y de nuestras fuerzas, y que por ello nos hace susceptibles de una generosidad, de un valor, de una simpatía superiores a nuestra disposición habitual. Hasta el hombre corrompido es mejor cuando se siente emocionado, mientras perdura su emoción.

No quiero decir que la ausencia del sentimiento religioso signifique en todo individuo carencia de moral. Hay hombres cuya parte principal es el espíritu y sólo ceden ante la prueba más completa. Esos hombres están de ordinario entregados a meditaciones profundas, estando preservados de la mayoría de las tentaciones corruptoras por los goces del estudio o el hábito del pensamiento; en consecuencia, son capaces de una moralidad escrupulosa; pero en la masa de hombres vulgares la ausencia de sentimiento religioso, al no deberse a semejantes causas, prefigura frecuentemente un corazón árido, un espíritu frívolo, un alma absorbida por intereses pequeños e innobles, una gran esterilidad de imaginación. Hago la excepción de que la persecución hubiera irritado a esos hombres. La persecución provoca la rebeldía contra sus mandatos, pudiendo ocurrir entonces que hombres sensibles pero orgullosos, indignados por el hecho de que les imponga una religión, rechacen sin examen toda religión; esta excepción, circunstancial por naturaleza, no altera la tesis general.

No me merecería mala opinión un hombre ilustrado que fuera ajeno al sentimiento religioso; pero creo que un pueblo que es incapaz de este sentimiento carece de una facultad preciosa y, en consecuencia, lo estimo desheredado por naturaleza. Si se me acusa de no definir de modo preciso el sentimiento religioso, preguntaría a mi vez como es posible definir con precisión ese elemento ambiguo y profundo de nuestras sensaciones morales que por su misma naturaleza desafía todos los esfuerzos del lenguaje. ¿Cómo definir la impresión de una noche oscura, de una selva frondosa, del viento que gime a través de las ruinas o sobre las tumbas, del océano que se extiende más allá de la vista? ¿Cómo definir la emoción que causan los cantos de Ossián, la iglesia de San Pedro, la meditación de la muerte, la armonía de los sonidos y de las formas? ¿Cómo definir la fantasía, esa conmoción interior del alma donde van a reunirse y como a perderse, en una confusión misteriosa, todas las potencias de los sentidos y del pensamiento? Hay religión en el fondo de todas esas cosas. Todo lo que es bello, todo lo que es íntimo, todo lo que es noble, participa de la religión.

La religión constituye el centro común donde se reúnen por encima de la acción del tiempo y del alcance del vicio, todas las ideas de justicia, de amor, de libertad, de piedad, que en este mundo efímero constituyen la dignidad de la especie humana; la religión es la tradición permanente de todo lo que es bello, grande y bueno a través del envilecimiento y la inequidad de los siglos, la voz eterna que responde a la virtud con su mismo lenguaje, la llamada del presente al provenir, de la tierra al cielo, el recurso solemne de todos los oprimidos en todas las situaciones, la última esperanza de la inocencia que se inmola y de la debilidad que se pisotea.

¿A qué se debe, pues, que esa aliada constante, ese apoyo necesario, ese singular resplandor en medio de las tinieblas que nos rodean, haya estado expuesta siempre a ataques frecuentes y encarnizados? ¿A qué se debe que la clase que se ha declarado su enemiga haya sido casi siempre la más ilustrada, la más independiente y la más instruida? La religión ha sido desnaturalizada: se ha perseguido al hombre en ese último asilo, en ese santuario último de su existencia; la religión se ha transformado, en las manos de la autoridad, en institución amenazadora. Después de haber creado la mayoría de nuestros más punzantes dolores, el poder ha pretendido dominar al hombre en su más recóndito consuelo. La religión dogmática, potencia hostil y perseguidora, ha querido someter a su yugo las conjeturas de la imaginación en las necesidades del corazón. Se ha convertido en un azote más terrible que los que estaba destinada a hacer olvidar.

De ahí que, en toda época en que los hombres han proclamado su independencia moral, esa resistencia a la religión, aparentemente dirigida contra el más dulce de los afectos, se dirigía en realidad contra la más opresiva de las tiranías. La intolerancia, al poner la fuerza del lado de la fe, ha atribuido el valor a la duda; el furor de los creyentes ha exaltado la vanidad de los incrédulos y el hombre ha llegado de ese modo a apreciar un sistema que debió de considerar naturalmente como una desgracia. La persecución provoca la resistencia. La autoridad, al amenazar cualquier opinión, incita a la manifestación de esa opinión a cuantos espíritus tienen algún valor. Hay en el hombre un germen de rebeldía contra toda coacción intelectual. Tal principio puede llevar hasta la violencia; puede ser la causa de muchos crímenes, pero es expresión de cuanto hay de noble en el fondo de nuestra alma.

Me he sentido lleno de tristeza y de asombro al leer el famoso Sistema de la naturaleza. Ese empecinamiento de un anciano a cerrar ante sí todo porvenir, esa inexplicable sed de destrucción, ese odio ciego y casi feroz contra una idea dulce y consoladora, me parecían un extraño delirio; pero lo comprendía, no obstante, recordando los peligros con que la autoridad acechaba a su autor. Siempre me ha perturbado la reflexión de los hombres no religiosos; no han gozado nunca de tiempo o libertad para considerar tranquilamente su propia opinión; ésta siempre ha sido para ellos un patrimonio del que se los quería despojar; han pensado más en justificarla y defenderla que en analizarla más a fondo. Pero dejándolos en paz; pronto echarán una triste mirada sobre el mundo que ellos han despoblado de la inteligencia y de la bondad supremas; ellos mismos se extrañarán de su victoria; la agitación propia del combate, la sed de reconquistar el derecho al libre examen, todas esas causas de exaltación no los sostendrán ya; su imaginación, antes absorbida por el éxito, se recogerá ociosa y solitaria sobre sí misma; contemplarán al hombre solitario en una tierra que ha de tragarlo. El universo aparece sin vida; generaciones pasajeras, fortuitas, aisladas, nacen, sufren, mueren; ningún vínculo existe entre esas generaciones cuyo único patrimonio es aquí el dolor, más allá la nada. Toda comunicación se rompe entre el pasado, el presente y el provenir; ninguna voz lleva su eco desde las generaciones desaparecidas a las presentes, y las voces de éstas desaparecerán un día en el mismo silencio eterno. ¿Quién no se da cuenta de que si la incredulidad no hubiera tropezado con la intolerancia, todo lo que hay de desalentador en ese sistema hubiera mantenido a sus sectarios en la apatía y en el silencio?

Lo repito: siempre que la autoridad garantice a la religión una total independencia, nadie tendrá interés en atacar a ésta; a nadie se le ocurrirá tal idea; mas si la autoridad pretende defenderla y, sobre todo, si quiere hacer de ella una aliada, la independencia intelectual no tardará en atacarla.

Toda intervención del gobierno en los asuntos religiosos es mala. Es mala cuando quiere mantener la religión contra el espíritu del libre examen, porque la autoridad no puede actuar sobre la convicción; sólo actúa sobre el interés. ¿Qué gana la autoridad no concediendo sus favores más que a los hombres que profesan opiniones consagradas? Lo único que consigue es apartar a los que confiesan su pensamiento, a los que, por consiguiente, se conducen al menos con franqueza; los otros, mediante una fácil mentira, saben urdir sus precauciones que engañan a los hombres escrupulosos, pero no a los corrompidos.

¿Cuáles son, por otra parte, los recursos con que cuenta un gobierno para favorecer una opinión? ¿Confiará exclusivamente a sus sectarios las funciones importantes del Estado? Los individuos rechazados se irritarán de la preferencia. ¿Obligará a escribir o a hablar en favor de la opinión que protege? Otros escribirán o hablarán en sentido contrario. ¿Restringirá la libertad de los escritos, de las palabras, de la elocuencia, del razonamiento, de la ironía misma o de la declamación? Se hallará, entonces, en un camino nuevo; ya no se ocupa de favorecer o de convencer, sino de sofocar o castigar. ¿Supone que las leyes podrán captar todos los matices y graduar proporcionalmente sus sanciones? ¿Serán moderadas sus medidas represivas? En tal caso, se las desafiará y sólo irritarán, sin intimidar. ¿Serán severas? Helo ahí perseguidor. Una vez colocado en esta pendiente resbaladiza y rápida, tratará en vano de detenerse.

¿Qué éxito cabe esperar de sus persecuciones? Ningún rey, que yo sepa, fue rodeado de más prestigio que Luis XIV. El honor, la vanidad, la moda, el poder omnipotente, permanecían bajo su reinado en la obediencia. Prestaba a la religión el apoyo del trono y el de su ejemplo. Ligaba la salvación de su alma a la observancia de las prácticas más rígidas y había persuadido a sus cortesanos de que la salvación del alma del rey revestía una particular importancia. Sin embargo, pese a su solicitud siempre creciente, pese a la austeridad de una corte experimentada, pese al recuerdo de cincuenta años de gloria, la duda se deslizó en los espíritus aún antes de su muerte. Vemos en las memorias de aquel tiempo cartas interceptadas, escritas por aduladores asiduos de Luis XIV, y tan ofensivas —nos dice Mme. de Maintenon— para Dios como para el rey. El rey murió, el impulso filosófico derribó todos los diques; el razonamiento se desquitó del dominio que había soportado impacientemente, y el resultado de tan larga presión fue la incredulidad llevada al exceso.

La autoridad no causa menos mal ni es menos impotente cuando, en un siglo escéptico, quiere restaurar la religión. Su restauración debe producirse únicamente por la necesidad que de ella tiene el hombre; cuando se le inquieta con consideraciones extrañas, se le impide sentir toda la fuerza de esa necesidad.

Se dice, y así lo creo, que la religión está en la naturaleza; no hace falta, pues, realzar su voz con la de la autoridad. La intervención de los gobiernos en defensa de la religión, cuando la opinión le es desfavorable, supone un inconveniente particular: el de ser defendida por hombres que no creen en ella. Los gobernantes, al igual que los gobernados, están sujetos a la marcha de las ideas humanas; cuando la duda ha penetrado en la parte ilustrada de una nación se abre paso en el propio gobierno.

Ahora bien: en todos los tiempos, las opiniones o la vanidad son más fuertes que los intereses. De nada sirve que los depositarios de la autoridad se digan que les resulta ventajoso favorecer la religión; aunque desplieguen todo su poder en favor de ella, serán incapaces de dispensarle toda su consideración. Hallan cierto gusto en hacer pública su verdadera intención, pues temen mostrarse convencidos por miedo a que los crean engañados; si su primera frase está consagrada a ordenar la credulidad, la segunda está destinada a reconquistar para ellos los honores de la duda, y se es mal misionero cuando uno se quiere colocar por encima de su propia profesión de fe[40].

Entonces se establece este axioma: el pueblo necesita una religión, axioma que halaga la vanidad de los que lo repiten, porque al hacerlo se separan de ese pueblo que necesita una religión.

Ese axioma es falso en sí mismo, en cuanto significa que la religión es más necesaria a las clases trabajadoras de la sociedad que a las ociosas y opulentas. Si la religión es necesaria, lo es igualmente a todos los hombres y en todos los grados de instrucción. Los crímenes de las clases pobres y poco ilustradas tiene un carácter más violento, más terrible, pero a la vez son de más fácil descubrimiento y castigo. La ley los envuelve, los atrapa, los comprime fácilmente, porque tales delitos la infringen de modo directo. La corrupción de las clases superiores se matiza, se diversifica; se sustrae a las leyes positivas, burla su espíritu eludiendo sus formas; les opone, además, el crédito, la influencia, el poder.

¡Extraño razonamiento! el pobre no puede nada; está rodeado de trabas, sujeto por ligaduras de toda especie, no tiene protectores ni apoyos; puede cometer un crimen aislado, pero todo se arma contra él cuando es culpable; no halla en sus jueces, elegidos siempre de una clase enemiga, ningún miramiento, ni en sus amistades, impotentes como él, ninguna suerte de impunidad; su conducta nunca influye en la suerte general de la sociedad de que forma parte, pese a lo cual ¡contra él solo se quiere la garantía misteriosa de la religión! El rico, por el contrario, es juzgado por sus iguales, por sus aliados, por hombres sobre quienes rebotan siempre en alguna medida las penas con que puedan castigarle. La sociedad le prodiga sus auxilios; todas las probabilidades materiales y morales están en su favor, debido al efecto de la riqueza; puede influir mucho, puede trastornar o corromper; pese a lo cual a ese ser poderoso y privilegiado se le quiere librar del yugo que parece indispensable hacer pesar sobre un ser débil y desarmado.

Digo todo esto en la hipótesis ordinaria de que la religión constituye un apoyo precioso para reforzar las leyes penales, pero no es esa mi opinión. Para mí, la religión ocupa un lugar más elevado; no la considero un suplemento de la horca y de la rueda. Hay una moral común fundada en el cálculo, el interés y la seguridad y que en rigor puede prescindir de la religión. Puede prescindir de ella el rico, porque reflexiona; el pobre, porque la ley le espanta y, además, teniendo trazadas de antemano sus ocupaciones, el hábito de un trabajo constante produce en su vida el efecto de la reflexión; pero ¡pobre del pueblo que sólo cuenta con esa moral común! Para crear una moral más elevada es para lo que me parece deseable la religión; la invoco, no para reprimir los crímenes groseros, sino para ennoblecer todas las virtudes.

Los defensores de la religión creen a menudo que realizan una proeza al poner de relieve su utilidad. ¿Qué dirían si se les demostrara que con ello prestan un mal servicio a la religión?

Igual que cuando se busca en las bellezas de la naturaleza un fin positivo, un uso inmediato, una aplicación a la vida cotidiana, se apaga todo el encanto de tan magnífico espectáculo, también cuando se atribuye a la religión una utilidad vulgar se la hace depender de esa utilidad. En tal caso sólo ocupa un lugar secundario, sólo parece un medio y, en consecuencia, se la rebaja.

El axioma de que el pueblo necesita una religión es, además, el medio más apropiado de destruir toda religión. El pueblo se da cuenta, gracias a un instinto bastante fino, de lo que sucede por encima de él. La causa de ese instinto es la misma que explica la penetración de los niños y de todas las clases dependientes. Su interés los ilustra sobre el pensamiento secreto de quienes disponen de su destino. Se cuenta demasiado con la ingenuidad del pueblo cuando se confía en que sigan creyendo lo que sus jefes se niegan a creer. Todo el fruto de sus artilugios es que el pueblo, al confirmar su incredulidad, se separe de su religión sin saber por qué. Lo único que se gana prohibiendo el examen es impedir al pueblo que se ilustre, pero no que sea impío. Se hace impío por imitación; se considera a la religión como algo simple y engañoso y cada uno la relega a sus inferiores, que, por su lado, se apresuran a rebajarla aún más. Cada día se la degrada más; se siente menos amenazada cuando se la ataca por todas partes. Puede entonces refugiarse en el fondo de las almas sensibles. La vanidad teme ser tachada de simple y rebajarse si se muestra respetuosa con la religión.

¡Quién lo creería! La autoridad se comporta indebidamente incluso cuando quiere someter a su jurisdicción los principios de la tolerancia, porque impone a ésta formas positivas y rígidas, contrarias a su naturaleza. La tolerancia es la libertad de todos los cultos, presentes y futuros. El emperador José II quiso establecer la tolerancia y, liberal en sus miras, empezó por mandar elaborar un vasto catálogo de todas las opiniones religiosas profesadas por sus súbditos. No sé cuántas fueron registradas, con el fin de incluirlas en los beneficios de su protección. ¿qué ocurrió? Un culto olvidado se manifestó de pronto, y José II, príncipe tolerante, le comunicó que había llegado demasiado tarde. Los deístas de Bohemia fueron perseguidos, en razón de una fecha, y el monarca filósofo se enfrentó a la vez contra el Brabante, que pedía el predominio exclusivo del catolicismo, y contra los desgraciados bohemios, que pedían la libertad de su opinión.

Esa tolerancia limitada encierra un singular error. Sólo la imaginación puede satisfacer sus propias necesidades. Aunque en un imperio se hubieran tolerado veinte religiones, no se habría hecho aún nada para los sectarios de la vigésima primera. Los gobiernos que se imaginan dejar a los gobernados una amplitud conveniente, permitiéndoles elegir entre un número fijo de creencias religiosas, se parecen a aquel francés que, llegado a una ciudad de Alemania cuyos habitantes querían aprender el italiano, les daba a elegir entre el vasco y el bajo-bretón.

Esa multitud de sectas de las que muchos se espantan es lo más saludable para la religión; hace que ésta no deje de ser un sentimiento para convertirse en una simple fórmula, un hábito casi mecánico que se combina con todos los vicios y algunas veces con todos los crímenes.

Cuando la religión degenera de ese modo pierde toda su influencia sobre la moral; se aloja, por así decirlo, en un casillero de la mente humana, donde permanece aislada de todo el resto de la existencia. Vemos en Italia cómo una misa precede al homicidio, la confesión le sigue, la penitencia le absuelve, y cómo el hombre, librado de remordimientos, se prepara a nuevos homicidios.

Nada es más simple. Para impedir la subdivisión de las sectas hay que impedir que el hombre reflexione sobre su religión; hay que impedirle ocuparse de ella; hay que reducirla a símbolos que se repiten, a prácticas que se observan. Todo se hace exterior; todo ha de hacerse sin examen; como consecuencia, se hace todo sin interés ni atención.

No sé qué pueblo mongol, movido por su culto a la frecuente oración, está persuadido de que lo que había de agradable a los dioses en las plegarias era que el aire, movido por el movimiento de los labios, les probaba sin cesar que el hombre se ocupaba de ellos. En consecuencia, ese pueblo inventó pequeños molinos de oraciones que, agitando el aire de cierto modo, mantienen perpetuamente el movimiento deseado. Mientras esos molinos giran, los individuos, persuadidos de que los dioses están satisfechos, se ocupan sin inquietud en sus asuntos o en sus placeres. La religión, en más de una nación europea, me ha recordado con frecuencia los pequeños molinos de ese pueblo mongol.

La multiplicación de las sectas supone una gran ventaja para la moral. Todas las sectas incipientes tienden a distinguirse de aquellas de las que se separan por una moral más escrupulosa y, con frecuencia ocurre también que la secta en cuyo seno se opera una escisión, animada por una encomiable emulación, no quiere quedarse atrás de los innovadores. Así, la aparición del protestantismo reformó las costumbres del clero católico. Si la autoridad no se mezclase en la religión, las sectas se multiplicarían al infinito; cada nueva congregación trataría de probar la bondad de su doctrina por la pureza de sus costumbres; cada congregación abandonada querría defenderse con iguales armas. De todo ello resultaría una lucha bendita, en la que el triunfo aguardaría a la moral más austera; las costumbres mejorarían sin esfuerzo por un impulso natural y una honrosa rivalidad. Esto es lo que ocurre en América y aun en Escocia, donde la tolerancia está lejos de ser perfecta, pero donde, sin embargo, el presbiterianismo se ha subdividido en numerosas ramas.

Hasta ahora la aparición de sectas, lejos de ir acompañada de estos efectos saludables, casi siempre ha significado trastornos y desgracias. Ello se ha debido a la intromisión de la autoridad; como consecuencia de la misma, las menores divergencias, hasta entonces inocentes e incluso útiles, se han convertido en gérmenes de discordia.

Federico Guillermo, el padre del gran Federico, extrañado de no ver reinar en la religión de sus súbditos la misma disciplina que en sus cuarteles, quiso un día unir a luteranos y reformados, eliminó de sus respectivas fórmulas cuanto era causa de sus discusiones y les ordenó ponerse de acuerdo. Hasta entonces esas dos sectas habían vivido separadas, pero en perfecta armonía. Condenadas a la unión, comenzaron enseguida una guerra encarnizada, se atacaron mutuamente y resistieron a la autoridad. A la muerte de su padre, Federico II subió al trono; dejó libres todas las opiniones; las dos sectas prosiguieron la lucha sin atraer sus miradas; hablaron sin ser escuchadas; pronto perdieron la esperanza del éxito y la irritación que da el temor; se callaron, las diferencias subsistieron y las oposiciones se aplacaron.

Al disentir a la multiplicación de las sectas, los gobiernos desconocen sus propios intereses. Cuando las sectas son muy numerosas en un país, se contienen mutuamente y dispensan al soberano de transigir con ninguna de ellas. Cuando sólo hay una dominante, el poder se ve obligado a recurrir a mil medios para no tener nada que temer de ella. Cuando sólo hay dos o tres, al contar cada una con bastante fuerza para amenazar a las otras, hace falta una vigilancia, una represión ininterrumpida. ¡Singular situación! Se quiere, según parece, mantener la paz, y con ese fin se impide que se subdividan las opiniones de modo que formen los hombres pequeñas asociaciones débiles o imperceptibles, en vez de lo cual se constituyen tres o cuatro grandes cuerpos enemigos que se enfrentan y que, gracias al cuidado que se pone en conservarlos nutridos y potentes, están prestos a atacarse a la primera señal.

Tales son las consecuencias de la intolerancia religiosa; la intolerancia irreligiosa no es menos funesta.

La autoridad no debe prohibir nunca una religión, aunque la crea peligrosa. Que castigue los actos culpables que una religión haga cometer, no como actos religiosos, sino como actos culpables; con ello logrará fácilmente reprimirlos. Si los ataca como religiosos, terminará por hacer de ellos un deber, y si quiere remontarse hasta la opinión de que se derivan, se meterá en un laberinto de vejaciones y de injusticias sin fin. El único medio de debilitar una opinión consiste en admitir el libre examen. Ahora bien, quien dice libre examen dice ausencia de toda clase de autoridad, ausencia de toda intervención colectiva; el examen es esencialmente individual.

Para que la persecución, que naturalmente subleva los espíritus y los afinca en la creencia perseguida, llegue a destruir esa creencia, es preciso pervertir los espíritus, con lo cual no sólo se ataca a la religión que se quiere destruir, sino a todo sentimiento de moralidad y de virtud. Si se quiere persuadir a un hombre para que desprecie o abandone a uno de sus semejantes caído en desgracia a causa de sus opiniones, si se le quiere convencer de que abandone hoy la doctrina que ayer profesaba porque de repente está amenazada, hay que ahogar en él toda justicia y todo orgullo.

Limitar, como se ha hecho con frecuencia entre nosotros, las medidas de rigor a los ministros de una religión no es otra cosa que trazar un límite ilusorio. Esas medidas alcanzan pronto a todos los que profesan la misma doctrina y no tardan en alcanzar a cuantos se compadecen de la desgracia de los oprimidos. Que no se me diga -decía M. de Clermont Tonerre en 1791. Y los hechos han justificado por partida doble su predicción— que persiguiendo a ultranza a los sacerdotes que se llaman refractarios se extinguirá toda oposición; espero lo contrario, y lo espero por estima a la nación francesa; porque toda nación que cede a la fuerza en materia de conciencia es una nación de tal modo vil y corrompida que no se puede esperar nada de ella, ni en el terreno de la razón ni en de la libertad.

La superstición sólo es funesta cuando se la protege o se la amenaza; no se la irrite con injusticias, despójesela simplemente de todo medio de causar mal con sus actos, se convertirá primero en una pasión inocente y pronto se extinguirá, falta de poder interesar por sus sufrimientos o de dominar por su alianza con la autoridad.

Error o verdad, el pensamiento del hombre es su propiedad más sagrada; error o verdad, los tiranos son igualmente culpables cuando lo atacan. El que prohíbe en nombre de la filosofía la superstición especulativa, el que proscribe en nombre de Dios la razón independiente, merecen por igual el desprecio de los hombres de bien.

Séame permitido citar una vez más, al terminar, a M. de Clermont Tonerre. No se le acusará de defender posiciones exageradas. Aunque amigo de la libertad, o quizá porque lo era, fue atacado casi siempre por los dos partidos en la Asamblea constituyente; murió víctima de su moderación; creo que su opinión parecerá de algún peso. La religión y el Estado —decía— son dos cosas perfectamente distintas, perfectamente separadas, cuya reunión no puede sino desnaturalizar a ambas. El hombre mantiene relaciones con su Creador; inventa o recibe tales o cuales ideas sobre dichas relaciones; ese sistema de ideas se llama religión. La de cada uno es, pues, la opinión de cada hombre, puede éste abrazar o no abrazar tal religión. La opinión de la minoría no puede nunca estar sujeta a la de la mayoría; ninguna opinión puede ser ordenada por el pacto social. La religión es de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los gobiernos; su santuario está en la conciencia del hombre, y la conciencia es la sola facultad que el hombre no puede sacrificar nunca a una convención social. El cuerpo social no debe ordenar ni rechazar ningún culto.

Ahora bien, del principio de que la autoridad no debe ordenar ni proscribir ningún culto no resulta que no debe subvencionarlo; en este punto nuestra Constitución también ha permanecido fiel a los verdaderos principios. No es bueno hacer que se enfrente en el hombre la religión con el interés pecuniario. Obligar al ciudadano a pagar directamente a aquel que es, en cierto modo, su intérprete cerca del Dios a quien adora, es tanto como ofrecerle un provecho inmediato si renuncia a su creencia; es hacerle onerosos sentimientos que las distracciones del mundo para unos y sus trabajos para otros han castigado ya suficientemente. Se ha creído inteligente afirmar que valía más arar un campo nuevo que pagar a un sacerdote o edificar un templo; mas ¿qué es edificar un templo o pagar un sacerdote, sino reconocer que existe un ser bueno, justo y poderoso, con el que vale la pena estar en comunicación? Me gusta que el Estado declare subvencionando, no digo un clero, sino a los sacerdotes de todas las comuniones que son algo numerosas; me gusta, digo, que el Estado declare así que esa comunicación no está interrumpida y que la Tierra no ha renegado del cielo.

Las nuevas sectas no necesitan que la sociedad se encargue de mantener a sus sacerdotes. Tienen todo el fervor de una opinión que empieza y de una convicción profunda. Pero cuando una secta ha llegado a reunir en torno a sus altares un número considerable de miembros de la asociación general, ésta debe pagar la nueva iglesia. Pagándolas todas, el peso resulta igual para todos, y en vez de ser un privilegio es una carga común que se reparte por igual.

Pasa con la religión como con las grandes carreteras: estoy de acuerdo en que el Estado las mantenga, con tal que deje a cada uno el derecho de preferir utilizar los senderos.

XVIII

DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

TODAS las constituciones que ha tenido Francia garantizaban sin excepción la libertad individual; pero bajo el imperio de esas constituciones, esa libertad se ha violado sin cesar. No basta una simple declaración, hacen falta salvaguardias positivas, cuerpos bastante poderosos para emplear en favor de los oprimidos los medios de defensa que la ley escrita consagra. Nuestra Constitución actual es la única que ha creado esas salvaguardias y otorgado suficiente poder a los cuerpos intermedios. La libertad de prensa a salvo de todo ataque, gracias al juicio por jurado, la responsabilidad ministerial y, sobre todo, la de sus agentes inferiores y finalmente, la existencia de una representación numerosa e independiente, constituyen las defensas que rodean hoy la libertad individual.

Dicha libertad es, en efecto, el objeto de toda asociación humana; sobre ella reposa la moral pública y privada; sobre ella descansan los cálculos de la industria; sin ella no hay para los hombres, paz, dignidad ni dicha.

La arbitrariedad destruye la moral, porque no hay moral sin seguridad, no es posible ninguna dulce afección sin la certeza de que los objetos de tal afección descansan seguros bajo la protección de su inocencia. Cuando la arbitrariedad ataca sin escrúpulo a un hombre que le es sospechoso, no persigue a un individuo aislado, sino a la nación entera, a quien primero menosprecia y después degrada. Los hombres tienden siempre a librarse del dolor; cuando ven amenazado lo que aman, se desligan de ello o lo defienden. Las costumbres, dice M. de Paw, se corrompen súbitamente en las ciudades atacadas por la peste; los moribundos se roban entre sí; la arbitrariedad es, en lo moral, lo que la peste en lo físico.

Es enemiga de los vínculos domésticos, porque la sanción de éstos es la esperanza fundada de vivir juntos, de vivir libres en el asilo que la justicia garantiza a los ciudadanos. La arbitrariedad constriñe a los hijos a ver oprimir a su padre sin poder defenderle; a la esposa, a soportar en silencio la detención de su marido; a los amigos y allegados, a negar sus más queridas afecciones.

La arbitrariedad es enemiga de todas las transacciones que fundan la prosperidad de los pueblos; quebranta el crédito, aniquila el comercio, conmueve la seguridad. Cuando un individuo sufre sin haber sido reconocido culpable, todo el que no está privado de inteligencia se cree amenazado, y con razón, porque no queda ninguna garantía, todas las transacciones se resienten de ello, la tierra tiembla y se vive en el terror.

Cuando se tolera la arbitrariedad, se propaga de tal modo que el ciudadano más desconocido puede de pronto verse amenazado por ella. No basta mantenerse apartado y dejar que los demás sufran sus efectos. Mil lazos nos unen a nuestros semejantes, y el egoísmo más activo es incapaz de romperlos todos. Se cree uno invulnerable escondido en el rincón que ha elegido; pero se tiene un hijo a quien su juventud arrastra, un hermano menos prudente que se permite una murmuración, un antiguo enemigo, a quien en otro tiempo se agravió, que ha sabido conquistar alguna influencia. ¿Qué hacer entonces? Después de haber reprobado con amargura toda reclamación y de haber rechazado toda queja, ¿se quejará uno a su vez? Se está condenado de antemano por la propia conciencia y por esa opinión pública envilecida que uno mismo ha contribuido a formar. ¿Se cederá sin resistencia? ¿Es que será posible esta postura? Hubo ocasión de ver cómo se oprimía a otros hombres y se les declaró culpables; con ello se abrió el camino que ahora uno mismo debe seguir.

La arbitrariedad es incompatible con la existencia de un gobierno concebido como una institución, ya que las instituciones políticas son contratos, y la naturaleza de éstos consiste en el establecimiento de límites fijos. Por ser la arbitrariedad el extremo opuesto a un contrato, mina en su base toda institución política.

La arbitrariedad es peligrosa para un gobierno concebido como un mecanismo en acción, ya que, aunque acelera su marcha y a veces parece comunicarle potencia, despoja siempre a su actividad de regularidad y de continuidad.

Si se dice a un pueblo que sus leyes son insuficientes para gobernarlo, se le autoriza a responder: Si son insuficientes, queremos otras. Con estas palabras, toda autoridad legítima se pone en cuestión, no queda otra cosa que la fuerza; en efecto, sería el colmo de la ingenuidad decirles: Habéis consentido en que se os imponga esta o aquella molestia para aseguraros tal o cual protección; os quitamos la protección, pero os dejamos la molestia; soportaréis, de un lado, todas las trabas del estado social, y del otro, os veréis expuestos a todos los azares del estado salvaje.

La arbitrariedad no sirve de nada a un gobierno desde el punto de vista de su seguridad. Cuanto haga un gobierno legalmente en contra de sus enemigos, éstos no podrán hacerlo contra él legalmente, porque ésta es precisa y formal; mas lo que hace contra ellos arbitrariamente, ellos pueden también hacerlo contra él, porque lo arbitrario es ambiguo y sin límites[41].

Cuando un gobierno establecido se permite el empleo de la arbitrariedad, sacrifica el objeto de su existencia a las medidas que toma para conservarla. ¿Por qué se quiere que la autoridad reprima a quienes ataquen nuestra propiedades, nuestra libertad o nuestra vida? Para que esos goces nos estén asegurados. Pero si nuestra fortuna puede ser destruida, nuestra libertad amenazada, nuestra vida perturbada por lo arbitrario, ¿qué ventajas obtenemos de la protección de la autoridad? ¿Por qué se quiere que se castigue a quienes conspiren contra la Constitución del Estado? Porque se teme ver un poder opresivo en lugar de una organización legal. Pero si es la propia autoridad la que ejerce ese poder opresivo, ¿qué ventaja proporciona? Todo lo más, una ventaja de hecho durante algún tiempo. Las medidas arbitrarias que puede tomar un gobierno consolidado siempre serán menos numerosas que las que realicen las facciones que no han alcanzado todavía el poder; mas esa misma ventaja se pierde en razón de la arbitrariedad. Una vez que se utilizan sus recursos, se encuentran tan fáciles, tan cómodos, que no se quiere ya emplear otros. Presentada primero como recurso extremo en circunstancias infinitamente raras, la arbitrariedad llega a ser la solución de todos los problemas y su práctica diaria.

Lo que preserva de la arbitrariedad es la observancia de las formas. Estas son las divinidades tutelares de las asociaciones humanas; son los únicos medios protectores de la inocencia, las únicas relaciones entre los hombres. Reina la oscuridad al margen de ellas; todo queda al albur de la conciencia solitaria, de la opinión vacilante. Solo las formas son claras, solo en ellas puede confiar el oprimido.

Lo que pone remedio a la arbitrariedad es la responsabilidad de los agentes. Los antiguos creían que los lugares manchados por el crimen debían ser objeto de una expiación, y yo creo que en el futuro el suelo envilecido por un acto arbitrario tendrá necesidad, para purificarse, del castigo ejemplar del culpable, cuantas veces vea en un pueblo a un ciudadano encarcelado arbitrariamente y no vea el pronto castigo de esa violación de las formas, diré: Tal pueblo puede desear ser libre, puede merecer serlo; pero ignora todavía los primeros rudimentos de la libertad.

Muchos perciben únicamente en el ejercicio de la arbitrariedad una medida de policía, y como esperan ser siempre sus distribuidores, sin ser nunca objeto de la misma, la consideran utilísima para la tranquilidad pública y el buen orden; otros, más recelosos, sólo ven en ella, no obstante, una vejación particular; más el peligro es mucho mayor.

Dese a los depositarios de la autoridad ejecutiva el poder de atentar a la libertad individual y se aniquilarán todas las garantías, que son la primera condición y el único fin de la reunión de los hombres bajo el imperio de las leyes.

Se quiere la independencia de los tribunales, de los jueces, de los jurados. Mas si los miembros de los tribunales, los jurados y los jueces pudieran ser detenidos arbitrariamente ¿en qué pararía su independencia? ¿Qué sucedería si se tolera la arbitrariedad contra ellos, no por su conducta pública, sino en virtud de causas secretas? La autoridad ministerial, sin duda, no procedería contra ellos durante el desempeño de sus funciones en el recinto aparentemente inviolable en el que los colocó la ley. Tampoco osaría, si se dejara guiar más por su conciencia que por su voluntad, detenerlos o desterrarlos en su calidad de jurados o de jueces; pero los detendría, los desterraría como individuos sospechosos. Lo más que haría sería esperar a que fuese olvidada la sentencia que a sus ojos constituyó su delito para atribuir algún otro motivo al rigor ejercido contra ellos. No serían, pues, algunos ciudadanos oscuros los entregados a la arbitrariedad de la policía, sino todos los tribunales, todos los jueces, todos los jurados, todos los acusados también, los que se pondrían a su merced.

En un país en que los ministros dispusieran, sin el debido proceso, de los arrestos y de los destierros, carecería de todo sentido otorgar en nombre de las luces alguna libertad y seguridad a la prensa. Si un escritor, aun conformándose a las leyes, se opusiera a las opiniones o censurarse los actos de la autoridad, no se le detendría o desterraría como escritor, sino como individuo peligroso, sin declarar el motivo.

¿Para qué prolongar con ejemplos la explicación de una verdad tan evidente? Todas las funciones públicas, todas las situaciones privadas, se verían igualmente amenazadas. El importuno acreedor que tuviera por deudor a un agente del poder, el padre intratable que le negase la mano de su hija, el esposo molesto que defendiera contra él el recato de su mujer, el competidor cuyos méritos o el vigilante cuya vigilancia le fueran motivos de alarma, no se verían, sin duda, detenidos o exiliados como acreedores, como padres, como esposos, como vigilantes o como rivales. Pero pudiendo la autoridad detenerlos o desterrarlos por razones secretas, ¿Qué garantía puede existir para que esta no invente esas razones secretas? ¿Qué arriesgaría con ello? Habría que reconocer que no se le puede pedir una justificación legal, y en cuanto a la explicación que por prudencia quizá creyera deber dar a la opinión, dado que no podría analizarse ni verificarse nada, ¿quién no se percata de que la calumnia sería suficiente para motivar la persecución?

Nada queda al abrigo de la arbitrariedad cuando una vez se ha tolerado. Ninguna institución le escapa. Las anula todas en su base. Engaña a la sociedad mediante formas vanas. Todas las promesas resultan perjurios; todas las garantías, trampas para los desgraciados que confían en ellas.

Cuando se excusa la arbitrariedad o se quieren paliar sus peligros, se razona siempre como si los ciudadanos mantuvieran relaciones únicamente con el depositario supremo de la autoridad. Pero existen relaciones inevitables y más directas con todos los agentes subordinados. Cuando se permite el destierro, el encarcelamiento o cualquier vejación no autorizada por la ley ni pronunciada en un proceso previo, el ciudadano no está colocado bajo el poder del monarca ni el de los ministros, sino bajo la férula de la autoridad más subalterna. Ésta puede atacarle con una medida provisional y justificar esa medida mediante un informe falso. Triunfa siempre que engaña, y la facultad de engañar le está asignada. En la medida en que el príncipe y los ministros están situados adecuadamente para dirigir los asuntos generales y para favorecer el crecimiento y la prosperidad del Estado, de su dignidad, de su riqueza y de su poder, la propia amplitud de esas funciones importantes les impide el examen detallado de los intereses de los individuos; intereses minuciosos e imperceptibles ciertamente, cuando se los compara a la suma de ellos, pero no menos sagrados, ya que comprenden la vida, la libertad, la seguridad de la inocencia. El cuidado de esos intereses debe, pues, confiarse a aquellos que pueden ocuparse de ellos, a los tribunales, a los que se encomienda exclusivamente el examen de los agravios, la verificación de las quejas, la investigación de los delitos; a los tribunales, que están en condiciones, en cumplimiento de su deber, de analizar todo, de ponderar todo en una balanza fiel; a los tribunales, que tienen esa misión especial que sólo ellos pueden cumplir.

En mi razonamiento no distingo los destierros de los arrestos y los encarcelamientos arbitrarios. Porque es injusto considerar el destierro como una pena más suave. Nos engañan las tradiciones de la antigua monarquía. El destierro de algunos hombres distinguidos nos induce a error. Nuestra memoria nos evoca a M. de Choiseul, rodeado de los homenajes de amigos generosos, con lo cual el destierro nos parece una pompa triunfal. Mas descendamos a los hombres más oscuros y trasladémonos a otras épocas. Veremos entre esos hombres cómo el destierro arranca el padre a sus hijos, el esposo a su mujer, el comerciante a sus empresas forzando a los padres a interrumpir la educación de su familia o a confiarla a manos mercenarias, separando a los amigos de los amigos, turbando al anciano en sus hábitos, al hombre industrioso en sus especulaciones, al talento en sus trabajos. Veremos cómo el destierro está ligado a la pobreza, la miseria persiguiendo a la víctima en una tierra desconocida, las primeras necesidades sin satisfacer, los menores goces imposibles. Veremos el destierro unido a la desgracia, arrojando sobre sus víctimas sospechas y desconfianzas; precipitándolas en una atmósfera de proscripción, entregándolas alternativamente a la frialdad del primer extranjero y a la insolencia del último agente. Veremos cómo el destierro ahoga todos los afectos, cómo el cansancio priva al desterrado del amigo que le seguía, cómo el olvido le disputa los demás amigos, cuyo recuerdo representaba ante sus ojos a la patria ausente, cómo el egoísmo admite las acusaciones como apología de la indiferencia y cómo el proscrito abandonado se esfuerza en vano en retener en el fondo de su alma solitaria algún imperfecto vestigio de su vida pasada.

El gobierno actual es el primero de todos los que Francia ha tenido que ha renunciado formalmente a esta prerrogativa terrible en la Constitución que ha propuesto[42], consagrando de este modo todos los derechos, todas las libertades, asegurando a la nación lo que quería en 1789, lo que sigue queriendo hoy, lo que pide con una perseverancia imperturbable desde hace veinticinco años, siempre que ha podido hacerse oír. Es así como el gobierno echará cada día raíces más profundas en el corazón de los franceses.

XIX

DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES

LA Carta de 1814 se expresaba de forma muy ambigua sobre la inamovilidad de los jueces. Declaraba inamovibles a los de nombramiento real, sin fijar un término preclusivo para investir con el nombramiento real a los jueces ya en funciones como consecuencia del nombramiento anterior. El Ministerio pudo sacar partido de la situación de dependencia en que se encontraba gran número de individuos.

Más franco y firme en su marcha, el gobierno actual ha renunciado a toda prerrogativa equívoca en la nueva Constitución. Ha consagrado la inamovilidad de los jueces a partir de un momento concreto y próximo.

En efecto, todo nombramiento temporal, proceda del gobierno o del pueblo, toda posibilidad de revocación, salvo que vaya precedida de un juicio positivo, atentan por igual a la independencia del poder judicial.

Se ha luchado intensamente contra la venalidad de los cargos. Era un abuso, pero ese abuso tenía una ventaja que el orden judicial que vino a reemplazarlo nos ha hecho añorar con frecuencia.

Durante casi toda la Revolución, ni tribunales, ni jueces, ni juicios, fueron libres. Los diversos partidos se apoderaron, uno tras otro, de los instrumentos y de las formas de la ley. Hubiera sido necesario el valor del guerrero más intrépido para que nuestros magistrados se hubiesen atrevido a pronunciar sus sentencias de acuerdo con su conciencia. El valor que hace desafiar la muerte en una batalla es más fácil que la profesión pública de una opinión independiente entre las amenazas de tiranos o de facciosos. Un juez amovible o revocable es más peligroso que un juez que ha comprado su empleo. Haber comprado su puesto es cosa menos corruptora que temer siempre perderlo.

Supongo, por lo demás, establecidas y consagradas la institución de los jurados, la publicidad de los procedimientos y la existencia de leyes severas contra los jueces que dictan sentencias a sabiendas de que son injustas. Pero una vez tomadas esas precauciones, es conveniente que el poder judicial goce de una independencia perfecta, que ni una sola autoridad se permita la más ligera insinuación. Nada más adecuado para depravar la opinión y la moral públicas que esas declamaciones perpetuas, repetidas entre nosotros en todos los sentidos en épocas distintas, contra hombres que debían ser inviolables o, en caso contrario, sometidos a juicio.

Es evidente que en una monarquía constitucional el nombramiento de los jueces debe corresponder al príncipe. En tal tipo de gobierno hay que dar al poder real toda la influencia y aun toda la popularidad que la libertad permite. El pueblo puede equivocarse fácilmente en la elección de los jueces. Los errores del poder real son necesariamente más raros. No hay ningún interés en cometerlos; hay, por el contrario, empeño en preservarse de ellos, ya que los jueces son inamovibles y no se trata de comisiones temporales.

Para acabar de garantizar la independencia de los jueces quizá habría que aumentar en el futuro sus asignaciones. Regla general: asígnense a las funciones públicas sueldos que rodeen de consideración a quienes las desempeñan o conviértaselas en completamente gratuitas. Los representantes del pueblo, expuestos a la luz pública y en posición de alcanzar la gloria, no necesitan que se les pague; pero no es natural que las funciones de juez se ejerzan gratuitamente; toda función que necesita un sueldo es despreciada cuando éste es muy módico. Disminúyase el número de jueces, asígnenseles distritos que visitar y atribúyanseles sueldos considerables.

La inamovilidad de los jueces no bastaría para rodear a la inocencia de las salvaguardias a que tiene derecho, si a esos jueces inamovibles no se uniera la institución de los jurados, esa institución tan calumniada y, sin embargo, tan bienhechora, pese a las imperfecciones de que aún no ha podido librarse por completo.

Sé que entre nosotros se ataca a los jurados por razonamientos fundados en la falta de celo, en la ignorancia, en la apatía, en la frivolidad francesa. No se acusa a la institución, sino a la nación. Pero ¿quién no ve que una institución puede parecer en sus orígenes poco conveniente a una nación, debido a que no existe el hábito correspondiente, y mostrar posteriormente su utilidad y bondad, en el supuesto de que sea buena intrínsecamente, una vez que la nación adquiere, gracias a la propia institución, la capacidad que no tenía? Me resistiré siempre a admitir que una nación pueda mostrarse indiferente acerca del primero de sus intereses, la administración de la Justicia y la garantía de que debe gozar la inocencia acusada.

Según dice un adversario del jurado, aquel cuya obra quizá ha producido contra esta institución la impresión más profunda[43]: Los franceses no tendrán nunca la instrucción ni la firmeza necesarias para que el jurado cumpla su fin. Tal es nuestra indiferencia para todo lo que se relaciona con la administración pública, tal es el imperio del egoísmo y del interés particular, la tibieza, la nulidad del espíritu público, que la ley que establece ese procedimiento no puede ser ejecutada. Pero lo que hace falta justamente es tener un espíritu público que supere tibieza y egoísmo tales. ¿Se cree que existiría un espíritu semejante entre los ingleses sin el conjunto de sus instituciones políticas? En un país en que la institución de los jurados ha sido suspendida sin cesar, la libertad de los tribunales violada, los acusados conducidos ante comisiones, no puede nacer tal espíritu; se va contra los ataques que se le han dirigido contra lo que se debía ir.

El jurado —prosigue— no podrá, como el espíritu de la institución exige, separar su convicción íntima de los autos, los testimonios, los indicios; cosas que no son necesarias cuando la convicción existe y que son insuficientes cuando no hay tal convicción. Pero no hay ningún motivo para separar esas cosas; al contrario, son las bases de la convicción. Lo único que exige el espíritu de las institución es que el jurado no se vea obligado a pronunciarse según un simple cálculo numérico, sino según la impresión que el conjunto de los autos, testimonios o indicios haya producido en él. Las luces del simple sentido común bastan para que un jurado sepa y pueda declarar si, tras haber oído a los testigos, haber leído los autos y comparado los indicios, está o no convencido.

Si los jurados —continúa el autor citado— hallan una ley demasiado severa, absolverán al acusado y, contra su conciencia, declararán el hecho no probado. Supone el caso en que un hombre fuera acusado de haber dado asilo a su hermano y que por esta acción incurriera en pena de muerte. Este ejemplo, a mi entender, lejos de militar contra la institución del jurado, es su mayor elogio; prueba que esa institución se opone a la aplicación de leyes contrarias a la humanidad, a la justicia y a la moral. Se es hombre antes que jurado: por consiguiente, lejos de censurar al jurado que en tal caso faltase a su deber de jurado, lo alabaría por cumplir su deber de hombre y acudir, con todos los medios a su alcance, en ayuda de un acusado a punto de ser castigado por una acción que, lejos de ser un crimen, es una virtud. Este ejemplo no prueba que no hagan falta jurados; demuestra que no debe haber leyes que condenen a muerte a quien da asilo a su hermano.

Pero entonces —se prosigue— cuando las penas sean excesivas o parezcan así al jurado, este se pronunciará en contra de su convicción. Respondo a esto que el jurado, en cuanto ciudadano y propietario, tiene interés en no dejar impunes los atentados que amenacen la seguridad, la propiedad o la vida de todos los miembros del cuerpo social; ese interés se sobrepondrá a una piedad pasajera. Inglaterra nos ofrece una demostración, quizá. triste, de lo que afirmo. Se aplican penas rigurosas a delitos que ciertamente no las merecen; y los jurados no se apartan de su convicción, aún compadeciendo a aquellos a quienes su declaración entrega al suplicio[44]. Hay en el hombre cierto respeto a la ley escrita y necesita motivos muy poderosos para apartarse de ella. Cuando estos existen, la culpa es de las leyes. Si las penas parecen excesivas a los jurados, es que lo son en realidad, porque, insisto, ellos no tienen interés en estimarlas tales. En casos extremos, es decir, cuando los jurados duden entre un sentimiento irresistible de justicia y humanidad y la letra de la ley, entonces, hay que decirlo, no es un mal que se aparten de ella; no debe existir una ley que subleve la humanidad del común de los hombres de tal modo que los jurados, salidos del seno de una nación, no puedan decidirse a colaborar en la aplicación de esa ley; la institución de los jueces permanentes a quienes el hábito reconciliaría con esta ley bárbara, lejos de ser una ventaja, sería una calamidad.

Los jurados —se dice— faltarán a su deber, tanto por miedo como por piedad. Si es por miedo, será la culpa de la Policía, en exceso negligente por no saber ponerlos al abrigo de las venganzas individuales; si es por piedad, será la culpa de la ley, demasiado rigurosa.

La apatía, la indiferencia, la frivolidad francesa, son consecuencia de instituciones defectuosas, denunciándose el efecto para perpetuar la causa. Ningún pueblo permanece indiferente a sus intereses cuando se le permite ocuparse de ellos; cuando le son indiferentes es que se le ha rechazado. La institución del jurado es, a este respecto, tanto más necesaria al pueblo francés cuanto que por ahora parece más incapaz de él; encontrará en ella no sólo las ventajas particulares de la institución, sino la ventaja general y más importante de rehacer su educación moral.

A la inamovilidad de los jueces y a la santidad de los jurados hay que añadir aún el mantenimiento constante y escrupuloso de las formas judiciales.

Por una extraña petición de principio, durante la Revolución se ha declarado por anticipado culpables a los hombres que iban a ser juzgados.

Las formas son una salvaguardia. La abreviación de las formas significa la disminución o la pérdida de esa salvaguardia. Tal abreviación supone, pues, una pena. Si la infligimos a un acusado es que su delito está demostrado de antemano. Pero si ya está probado, ¿para qué un tribunal, sea el que fuere? Si su delito no está probado, ¿con qué derecho se le coloca en una clase particular y proscrita y se le priva, por una simple sospecha, del beneficio común a todas los miembros del estado social?

Este absurdo no es el único. Las formas son necesarias o son inútiles para la convicción; si son inútiles, ¿por qué se las conserva en los procesos ordinarios? Si son necesarias, ¿por qué se las elimina en los procesos más importantes? Cuando se trata de una falta leve y el acusado no está amenazado en su vida ni en su honor, se instruye su causa del modo más solemne; mas cuando es cuestión de algún delito espantoso y, en consecuencia, de la infamia y de la muerte, se suprimen de un trazo todas las precauciones tutelares, no se consulta el Código, se abrevian las formalidades. ¡Es como si se creyera que cuanto más grave es una acusación, más superfluo es examinarla!

Son bandidos —se dice—, asesinos, conspiradores, a los únicas que negamos el beneficios de las formas; pero antes de reconocerlos como tales, ¿no hay que comprobar los hechos? Ahora bien, las formas son el medio de lograrlo. Si las hay mejores o más breves que las existentes, que se adopten, pero que se adopten entonces para todas las causas. ¿Por qué ha de haber una clase de hechos en la que se observen lentitudes superfluas y otra en la que se decida con una precipitación peligrosa? El dilema es claro. Si la precipitación no es peligrosa, las lentitudes son superfluas; si éstas no son superfluas, la precipitación es peligrosa. ¿Es que resulta posible, antes del juicio, distinguir, mediante signos exteriores e infalibles, a inocentes y culpables, a quiénes deben gozar de la prerrogativa de las formas y a quiénes deben ser privados de ellas? Puesto que esos signos no existen, las formas son indispensables, y debido a que las formas han parecido el único medio de distinguir al inocente del culpable, todos los pueblos libres han reclamado su institución. Por imperfectas que sean las formas, tienen una facultad protectora que no se les arrebata sino destruyéndolas; son las enemigas natas, los adversarios inflexibles de cualquier tiranía. Mientras subsisten, los tribunales oponen a la arbitrariedad una resistencia más o menos generosa, pero que sirve para contenerla. Bajo Carlos I, los tribunales ingleses absolvieron, pese a las amenazas de la Corte, a varios amigos de la libertad; bajo Cromwell, aunque dominados por el protector, declararon con frecuencia a ciudadanos acusados de adhesión a la monarquía; bajo Jacobo II, Jefferies fue obligado a pisotear las formas y violar la independencia de los mismos jueces creados por él para asegurar los numerosos suplicios de las víctimas de su furor. Hay en las formas algo de imponente y preciso que fuerza a los jueces a respetarse a sí mismos y a conducirse de modo equitativo y regular. La horrible ley que bajo Robespierre declaró superfluas las pruebas y suprimió los defensores, fue, en realidad, un homenaje rendido a las formas. Dicha ley demostró que las formas, modificadas, mutiladas, torturadas en todos sentidos por el genio de las facciones, seguían constituyendo un estorbo para hombres que habían sido seleccionados entre los menos preocupados por cualquier escrúpulo de conciencia o respeto a la opinión[45].

En fin, considero el derecho de gracia, del que nuestra Constitución inviste al emperador, como una última protección concedida a la inocencia.

Se ha opuesto a ese derecho uno de esos dilemas tajantes que parecen simplificar las cuestiones, cuando en realidad las falsean. Si la ley es justa —se ha dicho—, nadie debe tener derecho a impedir su ejecución; si es injusta, hay que cambiarla. A este razonamiento le falta una condición: que exista una ley para cada hecho.

Cuanto más general es una ley, más se aleja de los actos particulares sobre los que, sin embargo, debe pronunciarse. Una ley solo puede ser perfectamente justa para una única circunstancia; cuando se aplica a dos circunstancias ligeramente diferentes entre sí, en una de ambas será más o menos injusta. Los hechos se matizan hasta el infinito; las leyes no pueden tener en cuenta todos. El dilema planteado es erróneo.

La ley puede ser justa como ley general, es decir, puede ser justa al atribuir tal pena a tal acción; y, sin embargo, puede no serlo en su aplicación a tal hecho particular; es decir, un acto materialmente idéntico al que la ley consideraba puede diferir de ella de un modo real, aunque indefinible legalmente. El derecho de otorgar gracia no es más que la conciliación de la ley general con la equidad particular.

La necesidad de tal conciliación es tan imperiosa que en todos los países en que se ha rechazado el derecho de gracia se le ha suplido con toda clase de argucias. Entre nosotros, el Tribunal de casación disponía de él en ciertos aspectos. Investigaba, en los juicios que parecían infligir penas demasiado rigurosas, un vicio de forma que autorizase su anulación: para llegar a ello, recurría frecuentemente a formalidades muy minuciosas; pero se trataba de un abuso, aunque el motivo lo hiciera excusable. La Constitución de 1815 ha procedido rectamente al volver a una idea más simple y dar al poder supremo una de sus prerrogativas más atractivas y naturales.

XX

CONSIDERACIONES FINALES

NUESTROS representantes tendrán que ocuparse de algunas de las cuestiones de las que trato en esta obra.

El propio gobierno se ha cuidado de anunciar, como he dicho al principio, que la Constitución podrá ser perfeccionada. Es de desear que se proceda a ello lentamente, con calma, sin impaciencia y sin precipitaciones. Si la Constitución tiene defectos, es una prueba más de que los hombres mejor intencionados no prevén siempre las consecuencias de cada artículo de una Constitución. Lo mismo podría ocurrir a quienes quisieran refundirla para corregirla. Es fácil hacer el hogar más cómodo cuando sólo se introducen cambios parciales; son tanto más gratos cuanto son casi insensibles; pero es peligroso derribar el hogar para reedificarlo, sobre todo cuando mientras se espera no se tiene asilo.

El extranjero nos contempla y sabe que somos una nación fuerte. Si nos ve disfrutar de una Constitución, por imperfecta que sea, verá que somos una nación razonable y nuestra razón será para él más imponente que nuestra fuerza. El extranjero nos contempla y sabe que a nuestro frente marcha el primer general del siglo. Si nos ve reunidos en torno suyo, se creerá vencido de antemano; pero divididos, pereceremos.

Se ha alabado mucho la magnanimidad de nuestros enemigos. Ella no les ha impedido indemnizarse de sus gastos de guerra. Nos han arrebatado Bélgica y el Rhin, que una larga posesión y tratados solemnes habían identificado con Francia. De nuevo vencedores, su magnanimidad los llevaría a indemnizarse. Nos arrebatarían el Franco-Condado, Lorena y Alsacia. ¿Por qué las proclamaciones de Bruselas serían mejor observadas que las de Francfort?

El emperador ha dado la más incontestable prenda de la sinceridad de sus intenciones; ha reunido en torno suyo a seiscientos veintinueve representantes de la nación, libremente elegidos, y sobre cuya elección no ha podido ejercer ninguna influencia el gobierno. En el momento de esa reunión solemne ejercía la dictadura. Si sólo hubiera querido el despotismo, hubiera podido tratar de conservarla.

Su interés se oponía a ello, se dirá; sin duda. Pero ¿No significa tal cosa que su interés está de acuerdo con la libertad? ¿Y no es eso un motivo de confianza?

Ha sido el primero en convocar desde la Asamblea constituyente una representación en pleno completamente nacional. Ha respetado, aún antes de entrar en vigor la Constitución, la libertad ilimitada de la prensa, cuyos excesos no son sino el homenaje más claro a la firmeza de su noble resolución. Ha restituido a una porción numerosa del pueblo el derecho de elegir a sus magistrados.

Una vez que ha avizorado la meta, ha marcado el camino. Ha comprendido mejor que nadie que cuando se adopta un sistema hay que adoptarlo plenamente; que la libertad debe ser completa y que es la garantía y el límite del poder; la conciencia de su fuerza le ha elevado sobre esas suspicacias dobles y pusilánimes que seducen a los espíritus mezquinos y que comparten las almas débiles.

Estas realidades explican nuestra conducta: nosotros, que nos hemos unido al gobierno actual en este momento de crisis, nosotros, que hemos permanecido ajenos al amo del mundo, nos hemos alineado en torno al fundador de una Constitución libre y al defensor de la patria.

Cuando su llegada resonó de un extremo a otro de Europa veíamos en él al conquistador del mundo, y nosotros deseábamos la libertad. ¿Quién no hubiera dicho, en efecto, que convenía más a la libertad y la debilidad que una fuerza inmensa y casi milagrosa?

Así lo creí yo, lo confieso, y con esa esperanza, tras permanecer diez meses sin contacto con el gobierno que acaba de caer, después de haberme opuesto constantemente a sus medidas sobre la libertad de prensa, la responsabilidad de los ministros y la obediencia pasiva, me aproximé al mismo cuando se derrumbaba. Les repetí incansablemente que era la libertad lo que había que salvar, y que ellos mismos sólo podían salvarse gracias a la libertad. Tal es en adelante la suerte de todos los gobiernos de Francia. Mas esas palabras impotentes asustaban los oídos poco acostumbrados a escucharlas.

Se habló alguna vez de Constitución, pero no se adoptó ninguna medida nacional, nada se hizo para tranquilizar a la opinión flotante. Todo era caos, estupor, confusión. Al menos, para quien desesperaba de la causa y la anunciaba como desesperada. La libertad, el verdadero instrumento de salvación, les era odiosa.

Ese gobierno se fue. ¿Qué debíamos hacer? ¿Seguir un partido que no era el nuestro, que nosotros habíamos combatido cuando tenía apariencia de fuerza, cuyas intenciones y pensamientos eran contrarios a nuestras opiniones y a nuestros deseos, un partido que habíamos defendido durante algunos días, sólo como medio, como paso obligado a la libertad? Pero ahora faltaba la meta de nuestros esfuerzos. ¿Podemos esperar del extranjero una monarquía constitucional? Sin duda, no; únicamente la división de Francia, o una administración dependiente, dócil ejecutora de las órdenes que recibiera de él.

Cuando Jacobo II abandonó Inglaterra, los ingleses declararon que su huida era una abdicación; desde entonces son libres.

No. Yo no he querido unirme a nuestros enemigos y mendigar la matanza de los franceses para levantar por segunda vez un edificio que se vendría abajo inmediatamente.

Esforzarse en defender a un gobierno que se abandona a sí mismo no es prometer expatriarse con él; dar una prueba de abnegación a la debilidad sin esperanza y sin recurso no es abjurar la tierra de los padres; afrontar peligros por una causa que se espera depurar después de haberla salvado no es entregarse a esa causa cuando, pervertida y cambiada, toma al extranjero como auxiliar y como medio la matanza y el incendio. En fin, no huir no es trásfuga. Sin duda, al hacer este solemne testimonio se experimentan todavía sentimientos amargos. Se comprueba, no sin asombro y sin pena que no puede suavizar la novedad del descubrimiento, hasta qué punto la estima es una pesada carga para los corazones y cómo, cuando se cree que un hombre irreprochable ha dejado de serlo, gusta condenarle.

El futuro responderá, porque la libertad surgirá de ese porvenir, por borrascosa que nos parezca. Entonces, después de haber exigido durante veinte años los derechos de la especie humana, la seguridad de los individuos, la libertad del pensamiento, la garantía de las propiedades, la abolición de toda arbitrariedad, me felicitaré a mí mismo por haberme unido antes de la victoria a las instituciones que consagran todos esos derechos. Habré realizado la obra de mi vida.

BENJAMIN CONSTANT nació en Lausana en 1767. Durante su infancia y juventud viajó por toda Europa, estudiando en Baviera y Edimburgo. Fue uno de los hombres más populares y respetados, además de controvertidos, de su época. Tuvo numerosas amantes (la más conocida de ellas Madame de Staël), que serían muy influyentes tanto en su vida como en su obra literaria. En 1795 comenzó su actividad política, defensora de los derechos civiles y seguidora en parte del modelo liberal inglés. Fue partidario siempre de las monarquías constitucionales con poderes limitados y de la descentralización del estado. En 1798, por la anexión de Suiza, se convirtió en ciudadano francés. Defensor en un primer momento de la Revolución francesa, se opondría más tarde al régimen de Napoleón y sería, por ello, exiliado, aunque durante la última etapa del bonapartismo estaría cerca de éste. En 1819 fue elegido diputado. Murió en París en 1830, al poco de ser nombrado, tras la revolución de ese mismo año, presidente del Consejo de Estado.

Aunque dedicó muchos años y esfuerzos a estudios tan extensos como De la religión considerada en sus fuentes, sus formas y sus desarrollos, sus obras más perdurables son, amén del Diario íntimo, las novelas Adolphe y Cécile y sus memorias de juventud, recogidas en El cuaderno rojo.

Notas

[1] Filangieri, 1, 10. Montesquieu: De l’esprit des lois, VIII, 16. <<

[2] Petit: De Leg. At., III. 2. <<

[3] Maquiavelo, Passim. <<

[4] Lo que digo aquí del respeto o de la condescendencia de los ministros ingleses hacia la opinión nacional, desgraciadamente sólo se aplica a su administración interior. La renovación de la guerra, sin pretexto ni excusa, en respuesta a las demostraciones más moderadas, a las intenciones pacíficas mas manifiestamente sinceras, no hace probar que, para los asuntos del Continente, ese ministerio inglés no consulta ni la inclinación del pueblo, ni su razón, ni sus intereses. <<

[5]

Es bastante notable que un instinto confuso haya mostrado siempre a los hombres la verdad que acabo de desarrollar en este capítulo, aunque no fue expuesta jamás; pero precisamente por ello ese instinto confuso fue causa de errores muy peligrosos.

Al sentir vagamente que el poder real era, por naturaleza, una autoridad neutral que, encerrada en sus límites, no tenía prerrogativas perjudiciales, se dedujo que no habría inconveniente en investirlo de esas prerrogativas, y cesó la neutralidad.

Si se hubiera propuesto conceder a los ministros una acción arbitraria sobre la libertad individual y sobre los derechos de los ciudadanos, todo el mundo hubiera rechazado esa propuesta, porque la naturaleza del poder ministerial, siempre en contacto con todos los intereses, hubiera mostrado inmediatamente el peligro de revestir a dicho poder de tal acción arbitraria. Pero esa autoridad se ha concedido con frecuencia a los reyes, porque se los consideraba desinteresados e imparciales; con tal concesión se destruyó la misma imparcialidad que le servía de pretexto.

Todo poder arbitrario se opone a la naturaleza del poder real. Así, siempre sucede una de estas dos cosas: o esta potestad se convierte en atributo de la autoridad ministerial, o el propio rey, cesando de ser neutral, se torna en una especie de ministro más temible, porque une a la inviolabilidad que posee atribuciones que no debía poseer nunca. Entonces, estas destruyen toda posibilidad de tranquilidad, toda esperanza de libertad. <<

[6] Debo observar que estos principios sobre las asambleas que reúnen todos los poderes no los profeso ahora por primera vez. Este texto está sacado de mi Reflexions sur les constitutions et les garanties, publicado en mayo de 1814, cuando me encontraba más bien en oposición al gobierno que había, y solo tenía esperanza para la libertad en la Cámara de diputados. <<

[7] No hablo de las cuestiones partidistas, sobre las cuales, en medio de las conmociones, no influyen los talentos; hablo de los asuntos de economía política. <<

[8] No puedo evitar relacionar con esta sección el sentimiento de Maquiavelo y de Montesquieu. Los hombres —dice el primero—, aunque sujetos a equivocarse en lo general, no lo están en lo particular. El pueblo es admirable —dice el segundo— para elegir a los que ha de confiar una parte de su autoridad; el resto del párrafo demuestra que Montesquieu se refería a una designación especial, a una función determinada. <<

[9] Debe comprenderse que por responsabilidad no entiendo aquí una responsabilidad legal, sino una responsabilidad de opinión. <<

[10] Esprit des Lois, 11, 2. <<

[11] El tercio del año IV (1796) fue suprimido. El tercio del año V (1797) no fue aceptado. El tercio del año VI (1798) fue rechazado. El tercio del año VII (1799) fue victorioso y destructor. <<

[12] Esprit des Lois, V, 7. <<

[13] Aristóteles: Política, lib. V, cap. VII. <<

[14] Pius questus —dice de la agricultura Catón el Viejo— stabilissimus minimeque male cogitontes qui in eo studio occupati sunt. <<

[15] Smith: Richesse des Nations, I, 10. <<

[16] M. Pitt ha sido una excepción a esa regla durante dos meses en 1784. Pero es que la nación entera era partidaria de su ministerio, en contra de la Cámara de los Comunes. <<

[17] Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties dans une monarquie constitutionnelle, cap. IV, 4. <<

[18] De la responsabilité des ministres, París, 1815, cap. I. <<

[19] High crimes and misdemeanours. Crímenes de Estado y delitos menores. <<

[20] De la responsabilité des ministres, cap. IX. <<

[21] Los partidarios del despotismo también han dicho que el rey no era un hombre, pero de tal afirmación han inferido que podía hacerlo todo, y que su voluntad reemplazaba a las leyes. Afirmo que el rey constitucional no es un hombre, pero no lo es porque no puede hacer nada sin sus ministros, y éstos no pueden hacer nada sino por las leyes. <<

[22] No he creído necesario responder aquí al reproche de lentitud dirigido contra los procedimientos que la Constitución ha prescrito para acusar y juzgar a los ministros. Se muestra singular precipitación al estimar que cuarenta días es plazo excesivo cuando se trata de examinar las cuestiones más complicadas y de dictaminar sobre el destino de los hombres que han tenido en la mano la suerte del Estado. <<

[23]

Mi opinión sobre la obediencia pasiva ha sido combatida con razonamientos que creo útil referir, porque me parece que aumentan la evidencia de los principios que he tratado de establecer.

He preguntado si un soldado debía, por orden de su cabo, fusilar a su capitán. Se me ha contestado: Es claro que el soldado, por el mismo principio de obediencia, tendrá más respeto a su capitán que a su cabo. Mas yo había dicho también: El soldado debe considerar que el capitán es una autoridad superior al cabo. ¿No es exactamente la misma idea? ¿Es la palabra considerar la que asusta? Si el soldado no reflexiona en la diferencia de categoría que separa a esas dos personas igualmente llamadas a mandarle, ¿cómo aplicaría el principio de obediencia? Para que sepa que se debe mayor respeto a uno que a otro, es preciso que perciba la distancia que los separa.

He dicho que, en términos generales, la disciplina era la base necesaria en toda organización militar, y que si esa regla tenía límites, éstos no se podían describir, simplemente se sentían. ¿Qué es lo que se me ha objetado? Que los casos de ese género son raros y perceptibles mediante el sentimiento interior y no son obstáculo a la regla general. ¿No se trata de los mismos principios e incluso de las mismas palabras? El sentimiento interior ¿no es equivalente de los límites que no se pueden describir, pero que se sienten? Y la regla general ¿no es lo mismo que en términos generales?

He dicho también que el gendarme o el oficial que hubiese cooperado al arresto ilegal de un ciudadano no se justificará por la orden de un ministro. Fíjese bien en esa frase: arresto ilegal. ¿Qué se ha objetado? Que los agentes inferiores sólo tienen dos cosas que examinar. Pensemos en esta expresión: dos cosas que examinar. Cuando afirmo que el examen es inevitable, no me equivoco, ya que los defensores de la obediencia pasiva terminan por aceptarlo bien a su pesar. Las dos cosas que deben examinar son: saber si la orden que se les da emana de la autoridad de que dependen, y saber si el requerimiento que se les hace se refiere a alguna de las atribuciones propias del que da la orden. Eso es todo lo que pido. Parece confundirse la detención de un inocente con una detención ilegal. Un inocente puede ser detenido muy legalmente si se sospecha de él. El ejecutor de una orden de detención, militar o civil, no tiene que investigar si la persona designada por la orden recibida merece o no la detención. Lo único que debe interesarle es que la orden sea legal, es decir, emanada de la autoridad competente, y que cumpla las formalidades prescritas. En esto consiste mi doctrina y también la de mis pretendidos antagonistas. Ellos se expresan en estos términos: El gendarme o el alguacil… sólo tendrá que ocuparse si su comisión procede de una autoridad competente o incompetente y si es conforme o contraria al curso ordinario de las cosas y a los procedimientos jurisdiccionales o administrativos habitúales. Fuera de eso, ejecutará a ciegas las órdenes que reciba, y hará bien. Sin duda, han bien. ¿Quién lo discute? Mas para saber si la autoridad que le da las órdenes es competente y si la orden es conforme o contraria al curso de las cosas y a los procedimientos de la justicia, ¿no es preciso que examine, que compare, que juzgue? No añado esta nota para contestar a un artículo de periódico ya olvidado, sino para demostrar que la tesis de la obediencia pasiva no puede sostenerse, que los que creen defenderla se ven forzados a abandonarla y que nunca podrá desterrarse de los asuntos humanos la inteligencia. <<

[24] Es conveniente observar que no faltan en Francia leyes aún vigentes que, al señalar penas contra los ejecutores de órdenes ilegales, que alcanzan incluso formalmente a los militares, obligan a éstos a comparar con las leyes las órdenes que reciben de sus superiores. La ley de 13 de Germinal del año VI expresa (art. 165): Todo oficial, suboficial o gendarme que dé, firme, ejecute o haga ejecutar la orden de detener a un individuo o que lo detenga efectivamente, si no es en flagrante delito o en los casos previstos por las leyes, para entregarlo inmediatamente al oficial de la policía, será perseguido criminalmente y castigado como culpable del delito de detención arbitraria. Es, pues, preciso que el gendarme o el oficial juzguen, antes de obedecer, si el individuo que deben detener está en el caso de flagrante delito o en alguno de los otros casos previstos por las leyes. Según el artículo 166, la misma pena será aplicable por la detención de un individuo en un lugar no destinado legal y públicamente a servir de cárcel, de juzgado o de prisión. Es, pues, preciso que el gendarme y el oficial juzguen, antes de obedecer, si el lugar al que van a conducir al individuo detenido es un lugar destinado legal y públicamente a servir de prisión. El artículo 169 señala que, a excepción de los casos de flagrante delito determinados por las leyes, la gendarmería no podrá detener a ningún individuo si no es en virtud de una orden de detención según las formas prescritas, sea de una orden de captura, de un auto de acusación o de una sentencia condenatoria. Es, pues, preciso que el gendarme y el oficial juzguen, antes de obedecer, si hay una orden de detención según las formas, o una orden de captura, o un auto de acusación, o una sentencia condenatoria. Existen, como se ve, bastantes casos en que la fuerza armada está llamada a consultar las leyes, y para llevar a cabo esta consulta es preciso que haga uso de la razón. <<

[25] Hubiera podido citar otro hecho, más significativo aún, en el mismo asunto. Uno de los principales comisarios ministeriales que perseguían a M. Wilkes se había incautado, asistido de cuatro agentes judiciales, de sus papeles y había detenido a cinco o seis personas acusadas de complicidad. M. Wilkes obtuvo mil libras esterlinas de indemnización contra el agente, a pesar de que éste obró en virtud de una orden ministerial. Dicho agente fue condenado personalmente a pagar esa suma de su propio peculio. Los cuatro agentes ejecutivos fueron llevados también a los tribunales ordinarios por las personas detenidas, siendo condenados a dos mil libras esterlinas de multa. Por lo demás, he probado en la nota precedente que tenemos en Francia leyes del mismo género contra los ejecutores de órdenes ilegales, como gendarmes y carceleros, en materia de libertad personal, y recaudadores de rentas públicas, en materia de impuestos. Los que han creído atacarme han atacado en realidad a nuestro Código, en su forma vigente y en la forma en que debe ser observado diariamente. <<

[26] Me satisface mucho estar de acuerdo en este punto con uno de mis colegas y amigos más íntimos, cuyos conocimientos son tan extensos como estimable su carácter, M. Degérando. Se teme —dice en las cartas manuscritas que ha tenido a bien mostrarme—, se teme lo que se llama espíritu local. Nosotros tenemos también nuestros temores; tenemos lo que es impreciso, indefinido a fuerza de ser general. No creemos como los escolásticos, en la realidad de los universales, en sí mismos. No creemos que haya en un Estado más intereses reales que los locales, reunidos cuando son iguales, equilibrados cuando son diversos, pero conocidos y sentidos en todos los casos… Los lazos particulares favorecen la unión general, en vez de debilitarla. En la gradación de los sentimientos y de las ideas se mira primero a la familia, después a la ciudad, luego a la provincia, después al Estado. Si se rompen los eslabones, no se acorta la cadena, se la destruye. El soldado lleva en su corazón el honor de su compañía, de su batallón, de su regimiento, y de ese modo coopera a la gloria de todo el ejército. Multiplíquense los grupos que unen a los hombres. Personifíquese la patria en todos sus lugares, en todas sus instituciones locales, como en tantos otros espejos fieles. <<

[27] Reflex sur les constitutions et les garanties, cap. VI. <<

[28] Debo advertir al lector que en este capítulo se hallan diseminadas frases sacadas de los mejores autores sobre economía política y hacienda pública. He transcrito alguna vez sus propias palabras, creyendo no deber cambiarlas para decir lo mismo de modo más torpe. Pero no he podido siempre citarlos, porque he redactado este capítulo de memoria, sin tener mis notas a la vista. <<

[29] Smith: Richesse des Nations, V. 3. <<

[30] Necker: Administr. des Fin., II, 378-79. <<

[31] J. B. Say: Traité d’Economie politique. II, 5. Aplíquese esto al valor actual de los billetes de Banco en Inglaterra y reflexionese. <<

[32] Véase, sobre los resultados de las revocaciones y anulaciones de los tratados, la excelente obra sobre el Revenu public. por M. Ganilli. I, 303. <<

[33] Necker: Admin. des Finances, I, 2. <<

[34] V. Smith. lib V. para la aplicación de esta verdad general en cada impuesto en particular. <<

[35] Contrat social, III, 8. <<

[36] Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties dans une monarquie constitutionnelle, cap. VIII. <<

[37] Como no quiero que se me acuse de haber abandonado mis opiniones, recordaré aquí que al defender la libertad de prensa siempre he exigido el castigo de los libelos y de los escritos incendiarios, y transcribo aquí mis propias palabras: Los principios que deben dirigir a un gobierno en esta cuestión son simples y claros. Que los autores sean responsables de sus escritos cuando se publican, del mismo modo que todo hombre lo es de sus palabras cuando se pronuncian, de sus actos cuando se cometen. El orador que predicara el robo, el asesinato o el pillaje sería castigado por sus discursos. El escritor que predique el asesinato, el pillaje o el robo, debe ser castigado. (De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux, 2.a ed., pág. 72, París, 1814). Decía además: El Parlamento ampliado invocó los principios de la libertad de prensa, dándoles una amplitud exagerada y una dirección absolutamente falsa, ya que se sirvió de ello para hacer poner en libertad a libelistas condenados por los tribunales, lo que es absolutamente contrario a lo que nosotros entendamos por libertad de prensa: porque todo el mundo desea que los tribunales ejerzan una acción severa contra los libelistas. (Observ. sur les discours de M. de Montesquieu, pág. 45, Paris, 1814). En este caso, como en los otros, sigo pensando lo que pensaba y no pido nada que no hubiera ya pedido. <<

[38] Rousseau: Contrat social, lib. IV, cap. VIII. Añade:… que si alguien, después de haber reconocido públicamente esos mismos dogmas, se conduce como si no creyera en ellos, que sea condenado a muerte; ha cometido el mayor de los crímenes: ha mentido ante las leyes. Pero quien tiene la desgracia de no creer en esos dogmas, no puede confesar sus dudas sin exponerse al destierro, y si sus afectos le retienen, si tiene una familia, una esposa, hijos que vacila en dejar para precipitarse en el exilio, ¿no sois vosotros, solo vosotros, quienes le forzáis a lo que llamáis el mayor de los crímenes, a la mentira ante las leyes? Yo diría además que en esas circunstancias tal mentira está muy lejos de ser un crimen. Cuando las pretendidas leyes exigen de nosotros la verdad sólo para proscribirnos, no les debemos la verdad. <<

[39] Discours des Juifs au gouvernement francais. <<

[40] Era muy evidente esta tendencia en los hombres que gozaban del favor de Luis XV y de Luis XVI. incluso en varios de los que estaban a la cabeza de la Iglesia. <<

[41] B. Constant: Réactions politiques, Paris, 1797. págs. 85-87. <<

[42] Nadie podrá ser perseguido, detenido, arrestado ni desterrado sino en los casos previstos por la ley. <<

[43] M. Gach, presidente de un Tribunal de primera instancia en el departamento del Lot. <<

[44] He visto en Inglaterra a un jurado declarar culpable a una joven por haber robado muselina por valor de trece chelines. Sabían que su declaración llevaba consigo la pena de muerte. <<

[45] Un artículo excelente de la actual Constitución es el que limita la jurisdicción militar sólo a los delitos militares y no, como antes, a los delitos de los militares. Porque con ese pretexto tan pronto se privaba a los militares de las formas civiles como se sometía a los ciudadanos a las formas militares. <<