La línea del horizonte

Una crónica íntima de nuestro tiempo

BALTASAR GARZÓN

Índice

La línea del horizonte

Prefacio

1. Una organización criminal a la que llamamos terrorismo

2. La comunicación y los medios: un territorio sin certezas

3. Un desaparecido por hora

4. Estrategias económicas

5. Rigoberta Menchú

6. Las transiciones: el olvido de la justicia

7. Seguridad jurídica y derechos humanos en América Latina. Un voto para la esperanza

8. La educación en una sociedad globalizada

9. La inmigración: la vergüenza de los países ricos

10. Nuevas políticas para las Américas: el reto permanente

11. Iberoamérica, una esperanza abierta

12. La línea del horizonte

Sobre este libro

Sobre Baltasar Garzón

Créditos

Notas

A mis padres,
desde la memoria y el corazón

Prefacio

El año 2004 fue uno de los más importantes en la historia de nuestro país porque tuvieron lugar unos hechos de especial trascendencia para su futuro.

El 11 de marzo de ese año se produjeron los atentados terroristas más graves de nuestra historia, con un balance de 192 muertos y casi dos mil heridos que dan fe de ello. Fue el primer ataque terrorista islamista que se producía en España después del atentado contra el restaurante El Descanso en 1985. A pesar de que la sociedad española estaba y está curtida contra la barbarie terrorista de ETA, este impacto fue especialmente doloroso, pero de nuevo no permanecimos indiferentes. España entraba brutalmente en un lugar destacado en el ranking de países objetivo de al-Qaeda, hasta el día de hoy.

Fue el año en que se produjo un vuelco electoral, según las encuestas, en las elecciones del 14 de marzo, tras unos días de gran tensión, durante los cuales algunos sacaron lo peor que el ser humano puede desplegar en una situación como aquélla para no perder el poder. En esos días se gestó la llamada «teoría de la conspiración» para vincular a ETA con los ataques terroristas, arrastrándonos a una espiral demencial hacia territorios del absurdo y a una peligrosa falta de credibilidad institucional de España, que más de una vez hizo el ridículo internacional; especialmente, en las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad emitió un comunicado de apoyo a España condenando la acción terrorista de ETA, a petición e insistencia, casi presión, del Gobierno español, que nunca explicó las razones por las que este pronunciamiento se exigió y que después ha sido imposible eliminar de las actas del Consejo. Quizá sea mejor así, porque de esta forma conocimos la inconsistencia de algunos políticos internacionales de más de un país en temas tan sensibles como éste.

A partir del triunfo electoral del Partido Socialista en marzo de 2004, la estrategia de la oposición estuvo dirigida a descalificar la acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de terrorismo durante toda la legislatura hasta el último atentado de ETA —el asesinato del ex concejal del Partido Socialista de Mondragón Isaías Carrasco— perpetrado dos días antes de las elecciones del 9 de marzo de 2008, con el objetivo de que el terrorismo estuviera presente en la campaña electoral y que los resultados de esta nueva cita se vieran influidos por esta amenaza, para lo cual no se ha dudado en poner en cuestión, por parte de algunos, principios básicos del Estado de Derecho. Ciertamente, esta estrategia ha fracasado a la vista del resultado electoral. El amplio triunfo de Zapatero debería ser suficiente para que se abandonaran iniciativas dirigidas por personas crueles y sin escrúpulos, aprendices de brujos baratos y temerarios que entienden la democracia como el patio de monipodio que querrían controlar.

Fue un año durante el cual la guerra de Irak entró en una espiral de violencia terrorista insoportable. La tierra del Tigris y el Éufrates que viera florecer a numerosas generaciones de una antigua civilización, daba cabida ahora a los mayores campos de entrenamiento terrorista con posibilidad de exportación, cual plataforma de lanzamiento, hacia Europa. Asimismo, fue el año en que España retiró sus tropas de ese país y el de las elecciones en Estados Unidos, en las que sorprendentemente, y, a pesar de lo que ya se sabía sobre las verdaderas causas de aquella guerra, los ciudadanos norteamericanos votaron de nuevo a Bush, y no a John Kerry. Una vez más la manipulación y el miedo se impusieron sobre la racionalidad y la mesura.

En lo personal, fue el año en que decidí salir de la Audiencia Nacional y marchar a Estados Unidos durante una temporada, decisión que tomé tras una larga meditación que comenzó a tomar cuerpo después de una conversación a finales de enero de 2004 con mi amigo el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que a la sazón tenía muy buena relación con el presidente de la Universidad de Nueva York; en el transcurso de esa conversación le comenté que estaba dándole vueltas a la vieja idea que años antes habíamos perfilado en Harvard con motivo de una conferencia de pasar unos meses, como había hecho él, en una universidad norteamericana, y me dijo que se pondría a ello inmediatamente. Al mismo tiempo, retomé el contacto con Jim Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York, con quien había colaborado ya en 1999, para saber las posibilidades que había de adscripción al centro como profesor visitante. Los contactos se sucedieron durante los meses siguientes, hasta que a mediados de mayo tomé la decisión de que mi estancia en el Juzgado Central de Instrucción número 5 debía interrumpirse durante un tiempo, o definitivamente, ya que por esas fechas también solicité la plaza de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Obviamente, se trataba de dos alternativas compatibles pero subordinadas la una a la otra, de modo que si obtenía la plaza de presidente, opción para la que tenía pocas posibilidades, más por razones ideológicas que de mérito, cancelaría la licencia por estudios en Estados Unidos, al no ser lógico ni presentable que me nombraran presidente y luego pidiera una licencia por estudios.

En el mes de junio de 2004, mi familia era la única que conocía mis proyectos más inmediatos. Mi mujer, Rosario, era partidaria de que saliera del juzgado de forma definitiva, porque de esa manera me recuperaba familiarmente un poco.

Debo decir que solicitar la plaza de presidente me costó muchas horas de reflexión porque suponía abandonar para siempre la labor de instructor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que llevo realizando desde febrero de 1988, pero al final lo hice. En definitiva, era continuar en el mismo frente judicial contra los mismos delitos que antes, y ya era hora de andar otros caminos de la justicia.

Cuando la plaza de presidente fue adjudicada a Javier Gómez Bermúdez, la opción era clara: seguir adelante con mi decisión de pasar unos meses en Estados Unidos y, en particular, en la Universidad de Nueva York. A lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre de 2004 mantuve los contactos con Jim Fernández y con Karen Greenberg, directora del Center on Law and Security adscrito a la Law School (Facultad de Derecho) de dicha universidad. La cosa tomaba color por cuanto serían los dos centros los que me acogerían, uno el Centro Rey Juan Carlos I de España, como titular de la cátedra de cultura hispánica Andrés Bello, y el otro como profesor e investigador en materia de terrorismo y seguridad.

El día 20 de agosto de 2004 envié a la Universidad de Nueva York una carta de intenciones, y a finales de septiembre ya había acuerdo, si bien no fue hasta el 6 de octubre cuando remití mi confirmación de que estaría con ellos a partir del segundo semestre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial me autorizara a ello.

En el momento en que escribo esta especie de carta de presentación del libro, en marzo de 2008, estoy volando hacia Costa Rica para un encuentro con el presidente Óscar Arias relacionado con la visión y definición de un nuevo mundo, en el que abordaré los retos de la justicia universal frente a los nuevos desafíos que amenazan a la humanidad, de los que este libro da cuenta y constituyen su esencia, dentro del Foro Humano —del que formo parte desde su formación en 2000—, con el resultado de las elecciones generales todavía caliente y el recuerdo impreso en la retina de que, apenas hace dos semanas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha pronunciado sentencia en el caso de la llamada Operación Nova, en la que se han condenado a veinte personas, entre cuyos planes, al menos de alguno de ellos, estaba atentar contra aquel organismo judicial. También a finales de 2004 me encontraba investigando estos hechos.

Sobre este caso particular se debería contar algún día la historia de la historia para que quedara claro la terrible presión que se desarrolló sobre los testigos protegidos, para conseguir lo que después se produjo: el cambio de declaraciones en el juicio oral, si bien el tribunal, gracias al ímprobo esfuerzo de la fiscal Dolores Delgado, y su acusación, ha dado mayor valor a las declaraciones sumariales, condenando a las dos terceras partes de los acusados. Esta sentencia, excelentemente construida por el ponente Alfonso Guevara Marcos, demuestra cómo es posible combatir el terrorismo islamista, adelantándose a los planes criminales (volar la Audiencia Nacional) que ya comenzaban a perfilar, evitando numerosas víctimas. Esta resolución demuestra que contamos con instrumentos y posibilidades para combatir el terrorismo sin traspasar los límites impuestos por el Estado de Derecho.

Finalmente, el 22 de diciembre de 2004, solicité la licencia por estudios, y el día 11 de enero de 2005, el Consejo General del Poder Judicial me concedió la autorización durante nueve meses, a partir del primero de marzo de 2005, para trabajar en la Universidad de Nueva York, tiempo que después ampliaría por siete meses más.

Debo decir que en esos momentos sentía una especie de pellizco en el estómago que no conseguía eliminar. Es verdad que había hecho cosas arriesgadas en mi vida y que siempre que me enfrento a un proyecto nuevo, me lanzo, sin solución de continuidad, pero ¡éste era «de traca»! Me marchaba solo a Nueva York, a una de las universidades más importantes de Estados Unidos, a su Facultad de Derecho, para enseñar y estudiar el fenómeno del terrorismo y la seguridad, además de organizar un trabajo nuevo en la cátedra Andrés Bello del Centro Rey Juan Carlos I de España, uno de cuyos frutos es el presente libro, si bien es verdad que en esos momentos no cabían en mi cabeza proyectos de ese tipo, sino uno más inmediato: cómo sobrevivir con mi escaso inglés en Nueva York. Debo decirle al lector que no es difícil hacerlo, porque casi todos aquellos que atienden al público en sus necesidades básicas hablan castellano, pero intentar manejarte, como yo quería hacerlo, con un inglés aceptable para poder comprender y que te entiendan el trabajo diario, es complicado, sobre todo a cierta edad.

Mientras llegaba el día señalado, continué con mi ritmo normal de trabajo, e incluso lo incrementé para dejar lo mejor posible el juzgado, aunque en este órgano judicial es difícil que haya lugar para el sosiego y la tranquilidad. Así, el 25 de enero dicté el auto de procesamiento contra treinta y seis responsables de Batasuna —a la que había suspendido en sus actividades el 26 de agosto de 2002— y los llamé a mi presencia el día 31 para notificarles el auto y tomarles declaración indagatoria.

En aquellos días de febrero de 2005 todavía tuve que sufrir «la penúltima» de dos colegas fiscales que me denunciaron ante el presidente de la Audiencia Nacional por supuesta revelación de secretos en mi libro Un mundo sin miedo; al final, al margen de la repercusión mediática, el Consejo General del Poder Judicial archivó la denuncia iniciada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, jaleada como siempre por el sector mediático que auspicia permanentemente mi «desaparición» como juez de la Audiencia Nacional. Estaba a punto de irme a Nueva York, para no volver más, según ellos, y todavía querían conseguir alguna sanción. Nunca dejará de sorprenderme que existan personas que postulen la libertad de expresión y que puedan sentirse mal por un comentario menor, o quizá sea ese «olvido» su acicate, porque, en definitiva, no pueden soportar no ser los que controlen a los demás. Pero, en fin, tampoco tiene más importancia que la que algunos le quieran dar. Decía Voltaire que el tiempo es el mejor juez porque pone a cada uno en su sitio, y realmente es así.

El día 9 de febrero de 2005, prácticamente haciendo las maletas, desarrollé una operación contra el aparato de captación de ETA, con catorce detenidos, que pasaron a disposición judicial los días 11 y 12 de febrero.

El día 14 de febrero de 2005 tuvo lugar el atentado terrorista contra el ex primer ministro del Líbano y líder de la oposición Rafik Hariri en Beirut. Parecía en un momento, como anoté en mi diario y después se confirmó, que algunos optaban en Oriente Próximo por la teoría del caos, pero en ningún instante pensé que tiempo después este caso estaría vinculado a mí.

El día 16 de febrero, a doce días de mi partida a Nueva York, asistí a una conferencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y ante la pregunta de un periodista de si pensaba hacer algo con la denuncia contra mí por el libro, dijo que la queja no estaba fundamentada, que había leído el libro personal y profesionalmente y que era muy interesante, y que el Estado de Derecho me debía mucho; que había hecho grandes cosas en el campo de la justicia universal y contra el terrorismo de ETA, atacando globalmente a la organización. Esta afirmación hecha en un foro tan importante me dio la certeza de que a lo largo de mi carrera, con aciertos y errores, había procedido correctamente, aportando mi esfuerzo en la difusión del trabajo de la justicia.

Ese mismo día su majestad el rey me concedió una audiencia y durante casi una hora estuvimos hablando del terrorismo de ETA y de los islamistas, así como de la situación en España frente a tales fenómenos, y con agrado constaté el alto conocimiento que de los mismos tiene el jefe del Estado.

Los últimos días de febrero fueron muy intensos, tanto de trabajo como de emociones. Al fin y al cabo, dejaba mi cargo durante un tiempo y no sabía qué me depararía el futuro.

El día 28 de febrero, día de Andalucía, tomé declaración indagatoria a Álvarez Forcada y Joseba Permach y ordené la detención de Josu Ternera, por integración en organización terrorista, en el sumario 35/02 sobre Batasuna, que el 1 de abril de 2008 quedó concluido, y abierta la posibilidad de enjuiciamiento de los cuarenta procesados.

La despedida en la Audiencia Nacional de compañeros y amigos como Fernando Andreu, Santiago Pedraz, fiscales como Enrique Molina y Dolores Delgado, que en ese momento defendía brillantemente ante el tribunal la vigencia del principio de justicia universal en el caso Scilingo, y funcionarios de mi juzgado, fue tan emotiva como la del aeropuerto, rodeado de amigos entrañables: Tomás Sanz, siempre fiel en todos los momentos y avatares, Hilario, Enrique Reyes, Manolo Medina y su mujer Amelia, que siempre han estado conmigo; mi mujer Yayo y mis hijos Baltasar y María. Después de su abrazo emocionado subí al avión y comencé, ligero de equipaje, una aventura peculiar, diferente y emocionante y un tanto arriesgada, a la vez que estaba seguro de que sería intensa y enriquecedora.

A la llegada al aeropuerto JFK de Nueva York, me esperaba Laura Tu régano, vicedirectora del Centro Rey Juan Carlos I de España, y una nevada que no sería la única que vería en Nueva York, que casi nos dejó congelados al salir al exterior del edificio del aeropuerto. Aún recordaba el frío de Nueva York que me hizo padecer una bronquitis que acabó conmigo en el quirófano el año anterior. Nueva York, en ese sentido, es una ciudad muy traicionera, lo mismo hace un espléndido día de primavera y a las cuatro de la tarde el frío invernal se adueña de todo y te golpea con fuerza. Tuve una cena íntima con Jim Fernández y Marisa, su esposa, en la calle Bleecker, y tras dejarme instalado en mi apartamento, en la planta diecisiete del edificio de la universidad, sito en el número 3 de Washington Square, recuerdo que lo primero que hice fue salir a la terraza y con el teléfono móvil en mano fotografié los edificios nevados de Greenwich Village y remití las fotos inmediatamente a mi familia, sin caer en la cuenta de que en esos momentos en España eran las cinco de la madrugada.

El día 1 de marzo de 2005, primer día de estancia en mi nueva ciudad, anoté en el diario: «Hoy durante todo el día he estado arreglando papeles en la universidad. He visto dos pequeños despachos, uno en el Centro Rey Juan Carlos I de España y el otro en el Center on Law and Security, en los que trabajaré. En comparación con mi despacho en la Audiencia Nacional son muy pequeños, recibiendo así mi primera cura de humildad. He conocido a Karen Greenberg: es menuda, muy cariñosa y alegre, siempre está bromeando y se esfuerza por hablar en español, pero ¡está tan pez en castellano como yo en inglés!». Quedamos en tener una serie de reuniones para coordinar las actividades del centro. Era el primer día y ya comenzaba a sentir el peso de la soledad, las dificultades del idioma y el síndrome de que no tenía actividad alguna y, por ende, «la sensación de inactividad», aunque el cordón umbilical lo seguía teniendo en lo que ocurría en la Audiencia Nacional, porque allí había dejado el primer juicio por los crímenes acontecidos durante la dictadura argentina contra Adolfo Scilingo casi concluyendo. La sentencia se publicó el 19 de abril con un resultado muy positivo. Por fin, el camino iniciado en mi juzgado en marzo de 1996 daba frutos. Sí, se trataba de una buena noticia y no dudé en comentarla y debatirla en todos los foros neoyorquinos, además de que así me lo pedían los estudiantes y las personas asistentes a los eventos, muy interesados por el concepto y aplicación de la justicia universal.

Sin embargo, aquella sensación de parálisis se desvaneció en el tiempo que la nieve tardó en borrarse de las calles de la ciudad. Con urgencia, y después de la primera semana de toma de contacto, comencé a elaborar el borrador de lo que sería una de mis principales actividades en la Facultad de Derecho, aparte de las conferencias y clases de posgrado que desarrollaría en el segundo semestre del curso 2004-2005 y en el primero del curso 2005-2006, el proyecto «Terrorismo y seguridad: coordinación y cooperación», que en mayo de 2008 verá su versión final, y en el que se desarrollan más de cien medidas necesarias o convenientes para combatir el terrorismo global y su financiación, a la vez que promueve la creación y desarrollo de un observatorio internacional sobre terrorismo en Nueva York. Realmente es un trabajo del que me siento orgulloso y en el que han participado durante dos años los mejores especialistas en terrorismo de más de veinte países y organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Interpol, la Europol, el FBI, además del apoyo de organismos como el Consejo General del Poder Judicial.

Simultáneamente, en mayo de 2005 comencé a desarrollar la actividad que constituiría el núcleo de mi trabajo en el Centro Rey Juan Carlos I de España, y gracias a la labor y apoyo indispensable de Jim Fernández, Laura Turégano, John Healey y de mi asistente María del Mar Bernabé Gutiérrez, diseñé un ciclo de encuentros a partir de septiembre de 2005 hasta junio de 2006, y posteriormente en España entre enero y junio de 2007.

La idea era recurrir a líderes, profesionales políticos y pensadores de diferentes nacionalidades, procedentes de Estados Unidos, América Latina y España, y con ellos organizar un ciclo de encuentros cuya característica común sería el hecho de que España había sido, era o podía ser el «link» entre los demás países mencionados para afrontar retos como el terrorismo, los medios de comunicación, la seguridad, la economía, las transiciones democráticas, la educación, la situación de los derechos humanos, la inmigración, la corrupción, los problemas de gobernabilidad, el crimen organizado, la justicia universal, la seguridad jurídica, la pobreza, la consolidación democrática de los países de Iberoamérica, etcétera. Esta idea la llevé a cabo con las personas que aparecen en este libro y otras que no lo hacen pero a las que quiero mencionar como muestra de agradecimiento: A mi Pedahzur, profesor en la Universidad de Texas (Austin) y miembro del Centro de Estudios de Seguridad Nacional (Universidad de Haifa, Israel); Pamela Yates, directora de Skylight Pictures; Paco de Onis, productor de Skylight Pictures; Iñaki Arteta, director del documental Trece entre mil; Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica; Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia de España; Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal general de Colombia; Eduardo Medina Mora Icaza, procurador general de México; Sergio García-Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la Corte Penal Internacional, y Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado. Entre todos reflexionamos sobre la realidad de Estados Unidos, España e Iberoamérica.

De todos estos encuentros, y teniendo en cuenta la imposibilidad de refundir en un solo texto lo que en aquéllos se debatió, he optado por seleccionar un importante número de opiniones, en especial las que tuvieron por escenario Nueva York, así como algunas que tuvieron lugar en Madrid, con el fin de dotarlas de continuidad y actualidad, y a partir de las mismas elaborar una reflexión sobre los temas debatidos u otros que han ido aflorando y que me han parecido interesantes. Lógicamente, ni están todos los temas ni todas las opiniones, ni el orden temporal es exacto, y me he permitido la licencia de mover algunas piezas para ganar en contenido, así como incorporar algunos temas nuevos y extraer el sentido y esencia de las opiniones con el fin de no perder el ritmo de la crónica que pretende llevar al lector hasta la línea del horizonte a través del pensamiento de los que participaron en esos encuentros.

Mi experiencia norteamericana, como relato en cada capítulo, ha sido positiva en lo personal, familiar y profesional, y me ha permitido abordar una serie de temas, especialmente relacionados con el terrorismo, la seguridad y los derechos humanos que, de otra forma, no habría adquirido y que me están sirviendo para el desarrollo de mi trabajo judicial.

Quiero expresar mi agradecimiento a los directores Karen Greenberg y Jim Fernández por su apoyo, y a todos los que han colaborado en esta obra y en mi trabajo en Nueva York, y muy en especial a mis sucesivos profesores de inglés, que hicieron un gran esfuerzo para conseguir que la lengua no fuera un impedimento durante los dieciséis meses de mi estancia en Nueva York.

El día 10 de mayo de 2007, casi un año después de mi vuelta a España, regresé al campus universitario de la Universidad de Nueva York, en Washington Square, y no vi a los funambulistas o músicos que suelen poblarla los sábados y domingos al mediodía, ni tampoco a los jugadores de ajedrez con quienes jugué alguna partida, ni estaban los alumnos y alumnas tumbados en la hierba estudiando o divirtiéndose, porque ésa era una ocasión solemne: más de tres mil estudiantes se graduaban, sus familiares y amigos estaban presentes. El rector, con todo el patronato y los decanos de ciencias, derecho, medicina, dentistas, arte y ciencias empresariales, servicio público, trabajo social, arte, estudios individualizados y programa de graduados, me otorgaba, junto a Philip Montesello, director del Metropolitan Museum de Nueva York, Cathleen Synge Morawetz, profesora emérita de matemáticas, Mamphela Aletta Ramphele, directora del Círculo Capital Ventures, Wynton Marsalis, músico, el doctorado honoris causa en leyes.

Realmente para mí fue todo un honor, tras dieciséis meses de trabajo en la Universidad de Nueva York, recibir tal reconocimiento, como consta en el título correspondiente: «Por su fortaleza, sabiduría y energía en la lucha contra el crimen y la corrupción ha merecido la profunda y gran gratitud de sus colegas ciudadanos del mundo. Por la virtud de la autoridad que la Universidad de Nueva York me ha investido, le otorgo el grado de doctor en leyes, honoris causa, presidente John Sexton».

1

Una organización criminal a la que llamamos terrorismo

El otoño en Nueva York, como todo en esta ciudad, es espectacular. En los alrededores de Washington Square se halla el barrio universitario de Greenwich Village, cuyas calles y edificios se impregnan del bullicio reinante. El espectáculo variopinto de estudiantes, profesores, jugadores callejeros de ajedrez, turistas, policías y huelguistas, hace que el campus urbano de la Universidad de Nueva York sea único en el mundo. Como ya va siendo mi costumbre cuando estoy en Nueva York, doy un paseo por las calles Bleecker, La Guardia Place, MacDougal, Thompson y Sullivan, al tiempo que me vienen a la memoria tardes como las del 3 de octubre o el 14 de noviembre de 2005, cuando la universidad acogió a unos invitados de excepción para hablar a la comunidad universitaria y a los ciudadanos de Nueva York de seguridad, violencia y terrorismo. Parece que fue ayer, pero ya han pasado dos años y medio. Se volvió sobre esta cuestión más adelante, en junio de 2006, y hoy, 10 de octubre de 2007, cuando comienzo a escribir este capítulo, he vuelto a las aulas del Center on Law and Security de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York para participar en un evento sobre el paradigma del terrorismo como acto de guerra y el del terrorismo como crimen común, la sempiterna discusión en este país después del 11 de septiembre de 2001.

Es difícil hallar un punto de encuentro en la discusión cuando se abordan estos temas. El lector tendría que ver con qué insistencia se estudian en Estados Unidos y, en particular, en Nueva York. En mi opinión, ésa fue probablemente la razón por la cual tuve la oportunidad de pasar dieciséis meses de mi vida en esta ciudad tan especial, donde no hay día en que no haya un nuevo descubrimiento o escándalo acerca de los excesos, por emplear un término suave, de la política de la administración Bush. Pese a todo, hay que buscar una solución, y eso es lo que procuramos hacer. La postura tradicional europea considera el terrorismo un crimen y no un acto de guerra, si bien en los últimos tiempos la evolución respecto de esta cuestión en la Unión Europea ha sido clara: de no existir una legislación antiterrorista común e incluso de considerar el terrorismo en algunos países como una especie de delito político, se ha pasado a adoptar una legislación específica frente al mismo con duras sanciones que abandera la lucha mundial contra esa lacra desde el derecho.

EL FRACASO DE LA «GUERRA CONTRA EL TERROR»

Dada la estructura de los grupos y organizaciones terroristas, especialmente la de al-Qaeda, es inadecuada la conceptuación del terrorismo como acto de guerra, primero porque no es un país o un Gobierno el responsable oficial o extraoficial de la acción violenta, sino grupos fuera del Estado, y segundo porque en la mayoría de los casos lo hacen sin apoyo gubernamental. Cuando en octubre de 2001 se ordenó el ataque norteamericano contra Afganistán, se dio por sentado que el Gobierno talibán había orquestado el atentado contra las Torres Gemelas, pero tal afirmación se hizo sin ningún tipo de pruebas. Una cosa es que la opinión pública estuviera de acuerdo en poner fin a aquel régimen salvaje y criminal y otra muy distinta aceptar la destrucción de un país. Ni que decir tiene que lo primero que la comunidad internacional debería haber evitado es que aquel régimen se estableciera, que se consolidara y que permitiera que una organización terrorista se instalara sin restricciones en territorio afgano. ¿Acaso alguien podía creerse que los «chicos» de al-Qaeda estaban de vacaciones en Afganistán? A excepción del infructuoso bombardeo ordenado por Clinton en 1998, durante todo el período 1994-2001 se consintió que en Afganistán germinara y se creara la mayor fábrica de terroristas del mundo, y que se exportaran, como ahora se hace desde Irak, al resto de los países del mundo. Un nuevo error de este tipo puede conducir a graves situaciones de sufrimiento para todos los ciudadanos sin excepción.

Sea como fuere, la guerra no puede ser contra el terror, porque éste es un estado de ánimo y no una situación de hecho. La acción debe ser anterior, tanto a través de medidas diplomáticas, políticas, policiales, judiciales y económicas, como incluso medidas de fuerza, todo ello en un intento de la comunidad internacional por evitar que esas zonas de impunidad y de barbarie se consoliden y que esos grupos armados se refuercen hasta hacerse imbatibles.

La guerra contra el terror entendida así es pura entelequia, y su propia existencia se volverá sistemáticamente contra aquellos países que la preconizan y, por extensión, contra la propia comunidad internacional, que inconscientemente está contribuyendo a que el fenómeno se haga más terrible y alarmante. La proliferación de sistemas y normas que bordean el sistema legal ordinario ha creado un nuevo ámbito pseudolegal que es incompatible con las bases y conceptos generales de un Estado de Derecho. Y lo más grave de todo ya no es sólo que exista una legislación específica con organismos judiciales y policiales especializados en la investigación de redes terroristas, sino que dicha política ha supuesto la creación de un nuevo esquema de valores y de organismos que desborda la propia legislación de guerra (Convenciones de Ginebra); ya no se discute sobre si se aplica el sistema de garantías ordinario para los delitos o no, sino si se aplican las convenciones sobre los derechos de los prisioneros de guerra que estaban perfectamente consolidadas en el ámbito internacional. El retroceso no tiene parangón en la historia reciente y es extremadamente peligroso.

Sin embargo, con actitudes y decisiones como las de la administración Bush, se han generado unos «espacios de no derecho» o de «pseudoderecho» en los que las garantías mínimas del detenido han sido infringidas, o han desaparecido detrás de eufemismos intolerables tras los cuales se oculta la realidad cruel de la tortura, la rendición o existencia de cárceles secretas. Pero es que, además, este sistema ni siquiera ha resultado ser efectivo, porque todavía está por ver cuál ha sido el éxito de tales técnicas. Nos dicen que, gracias a esos interrogatorios, se ha obtenido información valiosa para combatir el terrorismo, pero, desde el punto de vista legal y de los derechos humanos, es inaceptable por cuanto con ello se da entrada a la tortura y los malos tratos, inhumanos o degradantes, o a otras «técnicas» de presión, siendo, además, poco creíble la realidad de esa información acerca de cuyo destino o utilización poca duda ofrece el aspecto negativo tras la sentencia del Tribunal Supremo español entre otros, en la que se critica con acertado criterio la existencia de Guantánamo y la inutilidad de ese centro de detención. Por todo ello podemos establecer una clara conclusión: el fracaso sin paliativos de las políticas que defienden este tipo de acción frente al terrorismo.

Por propia experiencia, no puedo sino estar de acuerdo con la dificultad de luchar contra el terrorismo; de hecho, los últimos veinte años he tenido ante mí como juez a cientos, quizá hasta más de un millar de detenidos por terrorismo y he llevado a cabo múltiples investigaciones sobre esta materia, razón por la cual me pregunto: ¿por qué no evolucionar y modificar o, mejor, integrar el sistema de derecho en una evolución natural con el debido control legal para hacer frente, desde el derecho, a este fenómeno? El avance no debe darnos miedo, si bien debe hacerse dentro de los márgenes que la ley marca de acuerdo con la legislación internacional y nacional, y, sobre todo, con el debido respeto a los derechos humanos de los imputados.

Resulta curioso que en el momento de escribir esta crónica, a 30.000 pies de altura sobre el Atlántico de regreso a España, algunos de los discursos que he oído en Estados Unidos desgraciadamente siguen siendo los mismos que escuché inmediatamente después del 11-S. Me llevo la impresión de que muchos norteamericanos todavía no acaban de comprender que la acción militar frente al terrorismo no es la mejor opción para combatir a un monstruo con mil caras como éste. Para ello, todavía faltan muchas cosas en el sistema legal norteamericano para que pueda reordenarse adecuadamente la estructura civil de lucha contra el terrorismo y el consecuente abandono de la denominada guerra contra el terror diseñada por la actual administración del presidente Bush.

En el momento en que corrijo estos apuntes se constata el último fracaso ante la noticia de que Estados Unidos, y en concreto los fiscales militares del Pentágono (11 de febrero de 2008), han pedido la pena de muerte para seis de los detenidos de Guantánamo por los ataques terroristas del 11-S, y digo fracaso porque han sido necesarios seis años de escándalos militares y de violación sistemática, que continúa, de los derechos humanos y de las garantías de esos detenidos, para que ahora, cuando se está cuestionando la pena de muerte (sometida a revisión en el Tribunal Supremo norteamericano) y todos los candidatos con posibilidades a la Casa Blanca (Obama, Clinton y McCain) proclaman que cerrarán Guantánamo, no se les reconozca la posibilidad de ser sometidos a los tribunales ordinarios. ¿Acaso se cerrarán los ojos a las torturas practicadas, cuando recientemente el Congreso de Estados Unidos ha prohibido cualquier técnica que contravenga la Convención contra la Tortura, aunque previsiblemente será vetada por el presidente? Desde luego sería muy grave que al final se consumara el error histórico que la guerra contra el terrorismo ha producido en el mundo, generando mayor inseguridad física y jurídica. Y no le quepa al lector la menor duda de que la existencia de Guantánamo (Cuba) o Bagram (Afganistán) hace que salgan más terroristas de sus instituciones que de cualquier campo de entrenamiento del mundo. La bandera de Guantánamo debe ser definitivamente arriada a favor de la paz y la seguridad jurídica mundiales.

Sin duda, un buen argumento con respecto a este asunto sería que los juicios se celebraran fuera de la base naval, con sujeción a las normas de derecho civil y sin restricciones para el derecho de defensa; o por qué no, una vez reconocido el fracaso o la imposibilidad de afrontar este desafío, solicitando la ayuda internacional y permitiendo que un tribunal de este tipo juzgue a los que no pueden estar eternamente detenidos sin juicio.

TERRORISMO LOCAL Y TERRORISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA

A la hora de hacer una reflexión sobre el terrorismo comenzaré por España. Nuestro país se enmarca dentro de la categoría de países con alto riesgo de atentados internacional o global, al que se suma el altísimo riesgo que supone el terrorismo local, entendiendo por local una forma simple de llamar a ETA, si bien es importante no perder de vista que cualquier terrorismo, incluida ETA, es siempre una actividad internacional; es decir, que cuando califico de local la banda armada vasca me estoy refiriendo a que su acción terrorista se desarrolla prácticamente en toda España y con una finalidad concreta, como es una reivindicación territorial de independencia o de autodeterminación del País Vasco, un leitmotiv que desde sus orígenes en 1968 ha permanecido invariable. Sin embargo, el terrorismo siempre es una actividad internacional, estrictamente hablando, porque en su puesta en práctica hay componentes internacionales, como por ejemplo la compra de armas, la búsqueda de refugio, la propia justificación política internacional, el campo de entrenamiento de sus militantes, lejos del país o países que sufren su azote, así como para la perpetración de atentados, como ocurrió a principios de diciembre con el asesinato de los guardias civiles en Capbreton (Francia) a manos de terroristas de ETA.

Los grupos terroristas son, asimismo, organizaciones complejas con una serie de estructuras más o menos jerarquizadas en función del tipo de terrorismo que sea. Ésta es una de las grandes diferencias entre el terrorismo tradicional de índole política, en el que se enmarcaría ETA, y el terrorismo internacional de inspiración yihadista islamista, aunque son diferencias susceptibles de desaparecer, porque cuando una organización terrorista se inicia, conforme avanza su acción a lo largo del tiempo, va imbuyéndose de los conocimientos que recibe de otras o del propio entorno en el que se mueve. Por lo tanto, si en un principio podía pensarse que el terrorismo yihadista era de origen estrictamente religioso y que no perseguía una motivación o una finalidad política, resulta evidente que hoy ya no es así, pues aunque sigue teniendo una base radical y desviada de lo que son los fundamentos del islam, cada vez más se está escindiendo en uno o varios movimientos con fines políticos, como la desaparición política de lo que se entiende por Occidente o incidir en la suerte de las propias instituciones, hasta atacar aquellos gobiernos considerados apóstatas dentro de la comunidad musulmana; finalidades todas ellas que persigue cualquier organización yihadista, a cuyo frente está al-Qaeda.

Los últimos atentados llevados a cabo en Argelia, el Líbano, Irak, Pakistán o Afganistán corroboran este aserto: en todos ellos, además del componente extremista religioso, existe un claro componente político que en ocasiones llega a anteponerse al primero.

UNA FRANQUICIA LLAMADA AL-QAEDA

En mi opinión, lo que tradicionalmente se conocía como al-Qaeda se ha convertido en una especie de movimiento, una ideología, un punto de referencia, un «sello» para aquellos grupos o individuos que desarrollan localmente una actividad similar de apoyo y de defensa de la yihad y que tienen por inspiración la doctrina de Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri, el médico egipcio número dos de la al-Qaeda originaria cuya sede teóricamente se halla en las proximidades de la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Así pues, lo más correcto sería hablar tanto del alqaedismo como de al-Qaeda.

En España, la amenaza de ETA tras finalizar el «alto el fuego» ha convertido el riesgo a nuevos atentados en una cruel realidad. En el momento en que escribo estas líneas, ya hemos sufrido varios ataques de la banda armada, y ha vuelto a aflorar incomprensiblemente la polémica sobre el alcance político de sus acciones y de la propia organización. Durante el tiempo que duró el «alto el fuego», se discutió largo y tendido sobre ETA y sobre su posible final, para el que se incluía el concepto de «negociación». Durante ese período tuvimos acceso a un gran volumen de información, y de manipulación, difícil de digerir, incluso para quienes nos movemos en el ámbito de la investigación del terrorismo. Además, la discusión entre partidos políticos sobre la política antiterrorista y la lucha contra la banda armada fue durísima y, en muchas ocasiones, sin sentido. Esta dinámica se mantuvo incluso con más virulencia durante la campaña electoral de 2008, en la que desaparecieron todos los diques de contención y se actuó «a cara de perro» en todos los estamentos. Situaciones así resultan inaceptables y dañan gravemente la cohesión y consistencia necesarias para la lucha antiterrorista.

Durante la «tregua», antes incluso de que la terminal 4 del aeropuerto de Barajas saltara por los aires acabando con la vida de dos personas, ETA había conseguido uno de sus principales éxitos: colocar el terrorismo en el centro del debate, a la cabeza de las preocupaciones de los españoles. Paradójicamente, durante meses la preocupación ciudadana española por el terrorismo había crecido exactamente en proporción inversa a la actividad terrorista. ETA había permanecido callada, y mientras todos hablaban —por no decir que gritaban— sobre ella, la organización terrorista consiguió minar el consenso antiterrorista y que saltara por los aires la credibilidad de la acción contra la misma. ¡Flaco favor se hizo a la lucha antiterrorista!

Todo ello me lleva a preguntarme por qué en España el terrorismo ha ocupado durante tanto tiempo el primer lugar en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. En el volumen de información recibida —en buena medida contradictoria y muchas veces sin fundamento—, se percibía la confrontación de dos líneas ideológicas claramente preestablecidas: una, la del Gobierno, que apostó por un diálogo autorizado por el Congreso de los Diputados; y otra, la de la oposición, que hizo todo lo posible para que no se desarrollara ese diálogo, entendiéndolo como delictivo e incluso como una rendición ante la banda terrorista.

Esta situación provocó todo tipo de enfrentamientos que crisparon a la opinión pública, mientras que ETA fue a lo suyo, haciendo lo único que sabe hacer y lo que cualquier organización terrorista hace en busca de una posición más ventajosa ante una hipotética mesa de negociaciones: aprovechar el tiempo de «tregua» para reafirmarse como organización y dotarse de infraestructuras y logística, y llegado el caso de que no se aceptaran sus postulados, tal como ocurrió, volver al terror sin solución de continuidad.

Creo que todos podemos estar de acuerdo en esta descripción de los hechos, si bien la discrepancia surge de nuevo cuando se analiza la respuesta al fenómeno etarra desde las instituciones, donde reaparecen las dudas de si el ejecutivo y el poder judicial hicieron todo lo que estaba en sus manos para caminar hacia la paz y conseguir una derrota etarra durante el tiempo que ETA dijo estar dispuesta a buscar una fórmula para su desmantelamiento. ¿El Estado usó correcta y plenamente todas las herramientas a su disposición, incluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, etcétera, para acabar con ETA? Estoy convencido de que muchos pensarán que no fue así.

Ciertamente, no resultó muy edificante para los valores democráticos que la mayoría dice defender el bochornoso espectáculo que se produjo en España, con el consecuente deterioro de la imagen de las instituciones ante los ciudadanos, incluida la acción judicial. Durante ese tiempo se dio una imagen de división, de politización interesada, de utilización partidista, de presión y de coacción. Aunque me duela decir esto, no estoy inventando ningún sustantivo ni ningún verbo que no se hubieran utilizado hasta la saciedad durante el período de «tregua». En concreto se generó una sensación de inactividad institucional que, en honor a la verdad, hay que decir que no fue cierta, pues desde el punto de vista judicial, al menos en lo que yo conozco, no vi a ningún juez central de instrucción, ni a ningún magistrado de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, que actuara de forma diferente de la que marca la ley. Lo que ocurre es que los análisis sobre lo judicial se hacen desde prejuicios políticos, lo que siempre es muy peligroso. Quizá un ejemplo ayude a entender mejor a qué me refiero: tras los atentados terroristas del 11-M en cuatro trenes de cercanías de Madrid, se sucedieron informaciones, críticas, contracríticas, versiones y contraversiones de los hechos que dieron paso a una difusión mediática y política de lo sucedido que en algunos sectores dura hasta el día de hoy, después incluso de haberse dictado la sentencia definitiva, con poca seriedad en algunos casos y con clara intención manipuladora, en otros.

Como todos recordamos, tras el atentado de Atocha un poderoso sector mediático y político afirmó y defendió (y lo sigue haciendo, aunque ante la contundencia de los hechos y de la sentencia del 31 de octubre de 2002 lo haga sotto voce) que los ataques terroristas del 11-M tuvieron un componente de acción de la organización terrorista ETA; incluso con «intervención» de algunos servicios secretos extranjeros. Ahora, después de la descalificación que han sufrido en la sentencia, siguen buscando una supuesta autoría intelectual que, de existir y no coincidir con la material, como yo creo, en todo caso sería yihadista. Y eso a pesar de que la sentencia, como cualquier resolución judicial, es criticable y habrá que esperar a que el Tribunal Supremo dicte la resolución definitiva. De momento, quizá sorprende la desvinculación (por omisión) de la intencionalidad de los autores por la participación de España en la guerra de Irak y de la reivindicación por parte de al-Qaeda del atentado. Simultáneamente, otro sector se limitó a atender la investigación policial y judicial, y fue desgranando unas pautas de acción que concluyeron en un juicio que debería haber disipado cualquier duda. Pero, aún hoy, como se ha visto, los llamados defensores de la teoría de la conspiración se retuercen como escorpiones en un círculo de fuego, esperando el más mínimo resquicio para sostener su errática postura, aunque al final acabarán clavándose el aguijón a sí mismos. Realmente daría pena, si no fuera por el terrible daño que han producido y siguen produciendo a este país y a sus instituciones estos pseudoinformadores y «teóricos expertos» que persisten en una idea en la que nunca creyeron sino para obtener una ventaja política, contribuyendo decisivamente a generar un clima de tensión, crispación y desconfianza vergonzosas muy difícil de superar. Los defensores de la teoría de la conspiración islamistas-ETA nunca se han mostrado predispuestos a escuchar y a cambiar de versión, así se hundieran en las cavernas.

LOS SECRETOS DE UN SUMARIO

Permítame el lector una breve digresión judicial, no como autodefensa sino como reflexión crítica de dónde estamos y dónde podemos llegar. Un sumario es una especie de organismo vivo en el que se van acumulando elementos y datos de forma provisional. Lo que hoy es evidente mañana puede cambiar o convertirse en un indicio que hace modificar el criterio anterior. La prudencia del instructor y del Ministerio Público que deben calibrar la importancia de los tiempos, los indicios y las medidas a tomar es clave en este asunto. Ya la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal lo dice muy claro en su artículo 384 al citar los indicios racionales de criminalidad; no habla de pruebas porque la prueba es la que en el juicio oral va a demostrar la culpabilidad, o va a confirmar el principio de presunción de inocencia. Mientras tanto, los juicios y las valoraciones paralelas, supuestamente científicos, hechos fuera de la causa penal y ajenos por ello al principio de legalidad que preside la acción del juez, son muy peligrosos si no se guían por la mesura y la prudencia. En uno de esos juicios paralelos ajenos al principio de legalidad se llegó a afirmar alegremente o con la peor intención: «Se ha olvidado reflejar en un atestado un detonador» que luego resultó ser que era un motor de lavadora. O, por ejemplo, se han establecido conexiones imposibles entre un terrorismo jerarquizado, estructurado, hermético por cuestiones internas de seguridad y de sesgo laico, si no marxista, con otro cuya base es religiosa, con una estructura prácticamente horizontal y cuyo objetivo es el Estado islámico. No cabe la menor duda de que estas posturas e informaciones manipuladoras que he descrito atentan contra los principios y estructuras básicas de un Estado democrático, al tiempo que agravian profundamente a todo el cuerpo de policías e investigadores que sistemáticamente anteponen su indiscutible profesionalidad a sus propias ideas políticas, al descanso y acomodo personal.

Sea como fuere, la incidencia del terrorismo en la sociedad actual española y mundial es altísima, y estoy seguro de que el ciudadano de a pie tiene argumentos más que fundados de por qué es así. En mi caso, el terrorismo también ocupa un lugar preferente. Como su propio nombre indica, genera terror, desasosiego y, lo que es peor, una sensación de desesperanza invencible a veces auspiciada desde los estamentos oficiales contra la propia ciudadanía con la intención de generar miedo y desconfianza para sacar una rentabilidad política determinada.

Nunca he sido partidario de asustar con amenazas fantasma. Los malos gobernantes suelen recurrir a ese tipo de artimañas para arrancar un puñado de votos y mantenerse en el poder. Son votos nacidos del miedo, de los que, por desgracia, no faltan ejemplos en el mundo. Me vienen a la memoria las elecciones municipales celebradas en Nueva York en noviembre de 2005, pocos días después del evento que sirve de base a este capítulo, y cómo se presentó con grandes titulares y mucha fanfarria un posible atentado terrorista en el metro de Nueva York. El objetivo, desde mi punto de vista, no era otro que recordar a los votantes que la amenaza persistía y, por ende, el miedo, el cual debía hacer decantar la balanza a favor del mantenimiento en el poder de la administración conservadora. Lo mismo puede decirse en el caso de Irak o las elecciones norteamericanas de 2004. No creo que ninguno de mis colegas de la universidad tuviera alguna duda de que la amenaza terrorista contra el metro tenía más componentes de argumento de serie de televisión que de realidad, pero no dejaba de ser una broma pesada que cada cuatro años se volviera a jugar con la voluntad de las personas a base de miedos que la mente humana fabrica a modo de «coraza protectora».

Lo cierto es que en estos momentos nos hallamos en una situación poco inclinada a la alegría. Al-Qaeda se encuentra en un proceso de clara expansión, lo cual se pone de manifiesto tanto por el enquistamiento del fenómeno como por el recrudecimiento de viejos conflictos que parecían acabados (Somalia, Sudán, etcétera), unidos a los ya existentes en Afganistán e Irak y, sobre todo, en Pakistán. Huelga decir que las acciones militares no están produciendo los resultados deseables, como se demuestra de modo implacable en el caso de Irak, por ejemplo. Ya no hay duda de que la razón por la que se invadió ese país no fue ni por la existencia de armas de destrucción masiva ni por el inexistente terrorismo de al-Qaeda en suelo iraquí. Los intereses económicos y la superioridad militar de unos pocos se han impuesto y, cinco años después, los grupos terroristas, ahora sí con al-Qaeda instalada en Irak, constituyen la mayor amenaza a la seguridad del país y la región. En esta situación, con una guerra civil gestándose, se constata la triple acción desarrollada por el terrorismo yihadista: proselitismo, adoctrinamiento y captación de nuevos militantes, que se traducen en continuas acciones operativas en suelo iraquí, donde se ofrece, como otrora en Afganistán, un marco idóneo y una causa «justa» para el desarrollo del yihadismo. El error táctico cometido en Irak ha dado pie a la creación del mayor campo de entrenamiento del mundo, así como un magnífico laboratorio de ensayo para nuevas experiencias terroristas globales. El problema se nos vendrá encima cuando el campo de entrenamiento o acción mortal se traslade y se aproxime a nuestras casas. Argelia y Marruecos están muy cerca de España y el aliento de AQMI nos hiela la nuca y debilita nuestras defensas porque se trata de grupos locales que no necesitan ninguna coordinación o que alguien les dé la orden para cometer un atentado terrorista, ya que al-Qaeda en el Magreb funciona por libre, sólo inspirada por las consignas y el aroma yihadista que sus líderes ideológicos difunden por internet. Asistimos atónitos a un fenómeno de terrorismo global irreversible y de difícil erradicación en los próximos años, como acredita la actual situación en Pakistán con su reguero constante de atentados, como los perpetrados contra el partido de la asesinada (27 de diciembre de 2007) Benazir Bhutto, o el de 16 de febrero de 2008, con 37 muertos y más de 100 heridos; o la situación en Afganistán cada vez más preocupante con la aparición de los atentados suicidas: el de 17 de febrero de 2008 en Kandahar, con 80 muertos y varias decenas de heridos, y el último el 18 de febrero de 2008 contra un convoy de tropas extranjeras en Spin Baldak, al sur del país, en la frontera con Pakistán, en el que murieron 23 personas, la mayoría de ellas civiles.

Pese a todo lo dicho, esta realidad no significa que no haya posibilidades de afrontar con ciertas garantías de éxito la lucha contra el nuevo terrorismo. Se puede y se debe derrotar a esta etérea organización en todos sus frentes al mismo tiempo; no se trata de abrir un frente parcial e investigar su aparato político por un lado, y el militar por el otro, y luego sus mecanismos para la extorsión así como su frente de presos. No. Hay que afrontar la organización criminal, por muy sutil e inconexa que parezca, en toda su complejidad, sin perder nunca de vista que una organización terrorista es una organización criminal, con sus estructuras, sus canales de comunicación, sus tiempos, sus modos de actuar y de desarrollarse, sus vías de financiación y obtención de recursos, sus propios militantes a los que mantener y sus bases sociales en las que se apoya; y todo eso debe desarrollarse en el mundo en que vive, por clandestino que sea. Por tanto, para tener éxito, una estrategia antiterrorista debe afrontar todos los frentes por igual; de lo contrario, será el cuento de nunca acabar.

Lo sucedido en otros países demuestra que se puede tener éxito, como sucedió en Italia y en Francia y ha ocurrido también en Gran Bretaña, donde recientemente ha habido un proceso de paz, con su génesis y su desarrollo, en el que siempre ha estado presente esa visión de confrontación global. Desde este punto de vista, es mucho más fácil acabar con ETA que acabar con el terrorismo yihadista internacional, cuyos objetivos son inalcanzables, pues nunca logrará ni la abolición de Occidente, ni la desaparición total de las democracias laicas, lo cual no le impide persistir en su empeño. Como nunca alcanzarán sus postulados políticos-estratégicos y religiosos, sus militantes están abocados a una espiral de la violencia en pos de algo que es imposible de conseguir, de ahí que la dificultad de combatirlos sea mayor.

¿Cómo afrontar esta situación a corto, medio y largo plazo? A corto plazo se hace lo que se puede y lo que permiten las estructuras legales y jurídicas existentes, pero sería una grave irresponsabilidad por parte de cualquier país o institución no aprender de lo que estamos viendo y permanecer inactivos. Así pues, resulta imperativo acomodar las estructuras de los estados democráticos y de derecho para conseguir una mayor eficacia ante este movimiento terrorista. Ahí es donde radican de nuevo los problemas, pues no todos los países que padecen dicho fenómeno están actuando a la vez y no todas las estructuras internacionales se están moviendo en la misma dirección, debido a que todavía sigue abierto el debate de si una estrategia militarista o de difuminación de los límites del Estado de Derecho es mejor que otra basada en la modernización de las herramientas jurídicas para la investigación dentro de un marco de verdadera cooperación internacional para hacer frente a la amenaza.

Parece evidente que la primera postura pierde cada vez más apoyos, hasta quedar probablemente en lo que en realidad fue, la gran mentira de una administración iluminada no por la razón sino por la ofuscación y el interés económico. Como juez, me avergonzó que el propio fiscal general de Estados Unidos aceptara la posibilidad de emplear la tortura con los detenidos por terrorismo. Los ejemplos de Guantánamo, Abu Ghraib o Bagram escandalizan al mundo, y mucho más a la justicia, que está tardando lo indecible en reaccionar. Han tenido que transcurrir seis años, desde enero de 2002, para que esos casos se perciban como un gravísimo error en la lucha contra el terrorismo, que ha sido usado por muchos para permitir ilegalidades, y que ha servido de excusa a otros para desarrollar acciones tan condenables como los atentados terroristas. Y es que cuando se sobrepasan los límites y se pierde el equilibrio, crece la distancia entre el Estado de Derecho y los que, desde su seno, lo agreden instalándose cuando les conviene fuera de él. A pesar de todo ello, la solución de las comisiones militares ni es la mejor, ni va a solucionar el problema, ni va a recuperar la credibilidad de una política claramente negativa para acabar con el problema.

Sirva la siguiente anécdota para esclarecer lo que trato de decir: Cuando en 1978 las Brigadas Rojas secuestraron al político italiano Aldo Moro, al general Carlo Alberto Dalla Chiesa, jefe antiterrorista que sería asesinado por la Mafia en Palermo en 1982, sus subordinados le plantearon torturar a un detenido de aquella organización para que desvelara el paradero de Moro y así salvarle la vida. Ante tal situación, Dalla Chiesa dijo: «Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura». Aldo Moro murió, pero no se sobrepasaron los límites, fundamento en todo Estado de Derecho. Cuando se vulneran esos límites, el efecto producido es como mínimo injusto, porque se asume un papel decisivo sobre la culpabilidad o inocencia de la persona al margen de cualquier juicio o acción judicial. Del mismo modo, los denominados asesinatos selectivos o la eliminación de viviendas o de familiares de terroristas no tienen ninguna justificación, y tan sólo han agravado la situación de Gaza, y en general la de Israel y Palestina, escenificando el enésimo fracaso en la búsqueda de una paz que se representa casi imposible.

¿Qué se puede hacer contra el terrorismo? Lógicamente, si afirmamos que el fenómeno es muy complejo, tanto si nos referimos al terrorismo occidental tradicional como a las difusas redes yihadistas, la respuesta tiene que ser de alcance equivalente: es evidente que si nos disparan con tanques no podemos combatir con pistolas de agua, pues los tanques nos masacrarán. Lo que tenemos que hacer es utilizar todo lo que el Estado de Derecho nos ofrece y lo que la democracia nos autoriza a usar, en un intento de que las leyes sean justas y proporcionadas con respecto al fenómeno que se trata de perseguir. Para ello, es preciso la implantación de mecanismos que nos ayuden a tejer una red legal defensiva equivalente a la amenaza que sufrimos, que nos permita oponer resistencia a los que tratan de romper la convivencia pacífica con todos los mecanismos a nuestro alcance, ya sea a nivel local, regional o internacional.

Pero si sabemos lo que hay que hacer, ¿qué es lo que sucede? Pues que entre quienes nos enfrentamos al terrorismo muchas veces falta coordinación y, con demasiada frecuencia, no ponemos en común nuestros esfuerzos y conocimientos conjuntos. Por ejemplo, a algunos jueces y fiscales les falta una verdadera conciencia de lo que llevan entre manos y el alcance del fenómeno al que se enfrentan para desentrañar todas sus tramas y recovecos. No podemos dudar a la hora de definirlo, entenderlo y perseguirlo. A veces me asusta que la confrontación con este fenómeno global no sea proporcionalmente adecuada y que no tengamos dispuestas y bien engrasadas nuestras «armas». Para que esto no ocurra, se necesita una acción conjunta y coordinada con la que, desde los diferentes frentes, dar una respuesta pluridimensional e incisiva, apuntando al núcleo de las redes y de las organizaciones.

Tradicionalmente, el desatino y el solapamiento de muchas acciones han sido fruto de la falta de solidaridad de los profesionales (policías, servicios de inteligencia, jueces, fiscales de uno o varios países), lo cual, indirectamente, ha incidido de forma negativa en la seguridad de los ciudadanos.

Quien posee la información —que no es propiedad de nadie— debe compartirla, pues en el tema que nos ocupa nos va la vida. Sin embargo, y por dura que resulte esta afirmación, lo que sucede habitualmente en la trastienda de las investigaciones es que cuando alguien agarra una información no la suelta, sin importarle que el uso egoísta de la misma pueda provocar un hecho luctuoso como un atentado, o que haya permitido la huida de un terrorista.

Para evitar estas circunstancias, es imprescindible establecer redes de cooperación efectiva en marcos regionales lo más amplias posibles. Quizá la Unión Europea sea el ejemplo más paradigmático para explicar lo que digo: se trata de establecer un espacio en el que las legislaciones vayan convergiendo en torno a unos puntos esenciales, y de acostumbrarse a una forma de actuar y de compartir información, en una cooperación y trabajo conjuntos para la investigación. Quien no lo haya vivido no se puede imaginar el problema que suponía hace diez años obtener una información de Francia o que Francia la obtuviera de nosotros, si bien es justo decir que esta última vía era más rápida: al ser nosotros los que más sufríamos el azote del terrorismo, la reacción era inmediata porque la herida supuraba, mientras que el que no tenía el problema vivía un poco ajeno al mismo, y cuando se le hablaba del terrorismo decía: «Eso no es cosa mía». La relación con Francia era verdaderamente un enredo por toda la serie de trámites y formalismos exigidos para transmitir una información. Afortunadamente, hoy las cosas han cambiado con nuestro vecino del norte, si bien hay otras naciones con las que, por falta de confianza, se hace muy difícil compartir información.

No obstante, pese a que la eficacia va en aumento y se consiguen metas hasta hace poco impensables, los efectos del terrorismo son tan devastadores que un solo caso puede dar al traste, ante la sensibilidad de la ciudadanía, con todo lo bueno que se ha hecho hasta ese instante. Quizá no estaría de más hacer una campaña informativa dirigida a la opinión pública sobre el trabajo que realizan todos los implicados en la lucha contra el terrorismo, y transmitir confianza a los ciudadanos con lo que se está haciendo. Creo que es en ese punto donde fallamos o donde fallan las instituciones, seguramente por una falta de transparencia informativa del trabajo que se está llevando a cabo.

En este sentido, varios periodistas especializados en estos temas me han comentado en privado las enormes dificultades que tienen para obtener información rápida y veraz que vaya más allá de la ridícula nota informativa que facilitan los gabinetes de prensa policiales, y no me atrevo a repetir aquí las gruesas palabras que suelen dirigir al silencio informativo que padecen desde el entorno de la justicia. En mi opinión, sería conveniente que las instituciones implicadas en temas tan delicados como el terrorismo y el crimen organizado en todas sus facetas pudieran acercarse a la ciudadanía dando información de mayor calado y profundidad, sin que por ello se vulnere el secreto de sumario ni que se difundan datos que puedan comprometer las investigaciones en curso. La falta de transparencia suele poner mucho más de relieve las contradicciones y los errores que los éxitos, de tal suerte que los fracasos, reales o aparentes, se traducen en alarma, sólo justificada cuando hay atentados masivos. En otras palabras, los principios de solidaridad y confianza, incluidos los medios de comunicación, son fundamentales.

Las tristes experiencias del 11-S, del 11-M y de los atentados de Londres de julio de 2005, como las vividas en Kenia y Tanzania tiempo atrás, nos enseñan que es imprescindible actuar, sobre todo en lo que a terrorismo internacional se refiere, de forma digamos que preventiva o con una «investigación de aguas arriba»; es decir, no esperar a que el ataque se produzca, sino adelantarnos al mismo, pues se trata de una lucha desigual en la que al terrorista no le importa morir en el intento, lo cual dificulta sobremanera las tareas policiales de protección sobre el terreno, tareas que bajo estas circunstancias pierden un altísimo porcentaje de eficacia. El asunto se simplifica de la siguiente manera: ¿puede evitar la protección convencional que un suicida estrelle un coche bomba contra un edificio? La respuesta es también simple: no.

Dicho esto, hay que tener mucho cuidado en cómo afrontamos las actuaciones preventivas porque tenemos unas reglas y no se puede ir más allá de lo que éstas permiten, como bien saben los estudiantes de derecho, que distinguen entre los actos ejecutivos, los actos preparatorios y lo que es la simple ideación de una futura acción criminal que está en la mente y no fuera de ella. Condenar sólo por pensar sería evidentemente ilegal e inaceptable, pero no así actuar en esa línea divisoria donde se comienzan a desarrollar los «actos ejecutivos». Ahí no sólo es conveniente, también resulta necesario intervenir. Sirva el siguiente ejemplo para ilustrar el trabajo en esta línea que he denominado «preventiva»: en 2003 comenzamos —y hablo en plural porque en este tipo de pesquisas participan decenas de personas— a investigar lo que se conocía como el aparato de captación de ETA. Después de la detención de uno de sus responsables conocido como Susper, aparecieron en la documentación intervenida en Francia claves, datos, etcétera, que aparentemente no decían nada, hasta que los servicios policiales, en un trabajo ímprobo de inteligencia, empezaron a descifrar el galimatías. Las claves de Susper permitieron destapar todo el proceso de captación de algunos miembros y su ingreso inmediato en la organización, lo cual llevó a la neutralización y enjuiciamiento de más de cien personas vinculadas a la banda terrorista.

En algunas conferencias a las que he asistido sobre terrorismo, el representante de Estados Unidos argumenta que los europeos tenemos mucha suerte porque en España es delito la pertenencia a una organización terrorista, así como en Francia lo es la asociación de malhechores: «Ustedes tienen una figura delictiva que nosotros no podemos tener y hasta que se produce la evidencia concreta no podemos actuar». Esa afirmación es cierta, pero a costa de sufrir muchos años, hasta que el Estado y la legalidad se han ido ajustando a ese equilibrio de respeto a las garantías, respeto a la Constitución y eficacia frente a la acción terrorista. En esa dinámica es en la que hay que seguir.

A la pregunta de cuál es la importancia de la amenaza terrorista en España debe contestarse siempre con relatividad. Ni que decir tiene que hoy por hoy en nuestro país la respuesta respecto de ETA es extrema, como vemos a diario, si bien gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como a la importantísima cooperación internacional, se logran neutralizar múltiples acciones, la última de ellas con la detención de varios miembros de ETA en Francia (16 de febrero de 2008). Aparte de la eficacia de las instituciones, también debe reseñarse la acción sostenida contra el denominado «entorno etarra», que continúa centrado en la ilegal Batasuna y su entorno, en la nueva dimensión que ha asumido en los últimos meses, y el resultado de la sentencia pronunciado el 19 de diciembre de 2007 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra todo el entramado político social y mediático de la organización terrorista (ETA-KAS-EKIN-XAKI).

En cuanto al terrorismo global, el asunto es de difícil análisis. Hay voces, incluso en los sectores judicial, político y mediático, que niegan la amenaza yihadista, a pesar de ser una realidad que se expande por Europa como aceite sobre agua: así, el 29 de junio de 2007 se frustró en Londres un doble atentado con coches bomba y al día siguiente se evitó otra acción violenta contra el aeropuerto de Glasgow; lo mismo ha sucedido con otros intentos de atentados yihadistas en Francia, Alemania, Dinamarca, Italia y España; el día 6 de noviembre se descubrió una trama islamista en Italia que tenía en su poder sustancias venenosas; el mismo 6 de noviembre de 2007 hubo cien muertos en Afganistán en un ataque; sin olvidar la declaración del estado de excepción en Pakistán ese mismo mes de noviembre tras los reiterados atentados masivos y el incremento de la violencia y la radicalización de los islamistas paquistaníes, factor de riesgo constante, como lo demostró el terrible atentado contra los seguidores de Benazir Bhutto que celebraban su regreso al país el 18 de octubre, su asesinato el 27 de diciembre, o el último ya citado de 16 de febrero de 2008. Estos hechos ponen de manifiesto que no es una amenaza fruto de la imaginación de algún iluminado, sino algo real y letal.[1]

En cualquier caso, hay que estar muy atentos precisamente por nuestra proximidad a las acciones de al-Qaeda en el Magreb. Argelia y Marruecos han sido y siguen siendo escenarios de actos terroristas, especialmente Argelia. Y no olvidemos, respecto a nosotros, las amenazas constantes sobre al-Andalus, Ceuta y Melilla por parte del número dos de al-Qaeda, al-Zawahiri, y de al-Qaeda en el Magreb islámico (AQMI) que han despertado todas las alarmas de la inteligencia y seguridad del Estado español. Al-Andalus se ha convertido en una causa por la que «todo buen musulmán» debe luchar, lo cual no es ninguna broma.

A modo de ejemplo, en un comunicado de fecha 20 de septiembre de 2007, líderes de al-Qaeda en Irak y al-Qaeda en el Magreb islámico aludían a un Estado islámico desde China hasta España «para liberar al país usurpado de al-Andalus», en el que de nuevo al-Zawahiri recordaba a la segunda organización que el objetivo de «restaurar al-Andalus es un compromiso sobre los hombres de la umma, en general, y sobre vuestros hombres, en particular, y no podéis hacer esto sin antes limpiar el Magreb del islam de los hijos de Francia y España». Al día siguiente de este comunicado, tuvo lugar un atentado reivindicado por AQMI contra un vehículo en el que viajaban trabajadores franceses, en el que resultaron heridos dos ciudadanos de esa nacionalidad, un italiano y varios policías que los escoltaban. Más recientemente, en fecha 14 de diciembre de 2007 Ayman al-Zawahiri aludió expresamente a España diciendo: «Juramos por Dios que no abandonaremos las armas, no detendremos nuestra guerra santa, no renunciaremos a nuestras creencias ni a al-Andalus, Ceuta, Melilla, por mil conferencias de Oslo, Annapolis, Londres o Salahadin que se celebren…», de lo cual se desprende la intención de al-Qaeda de continuar la lucha hasta la incorporación de al-Andalus (España), y más concretamente de dos ciudades españolas del norte de África. En una entrevista de 16 de diciembre de 2007 el número dos de al-Qaeda volvió a mencionar entre sus objetivos España.

EL TERRORISMO A DEBATE

Llegado a este punto, el lector me reprochará no haberle dicho todavía el título académico del encuentro que organicé en Nueva York, «Uso de la seguridad y defensa y sus impactos en la ciudadanía», pero, que no se lleve a engaño, porque queríamos hablar de terrorismo y eso es lo que hicimos. En esa ocasión, el aula de la Universidad de Nueva York acogió a José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a Charles E. Frank, del departamento antiterrorista del FBI, a María Emma Mejía, negociadora con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, al senador John Kerry, miembro de la Comisión de Investigación del 11-S, y a José Bono, entonces ministro de Defensa español y ahora presidente del Congreso, y a un servidor.

Después de esta extensa introducción, y antes de seguir con la crónica de lo que allí se dijo, me veo obligado a admitir que en materia de terrorismo tengo las ideas mejor formadas que en otras. Mis años de carrera como juez me han dado la oportunidad de ver la cara del terrorismo con la misma cercanía y soledad a veces que la de un torero cuando el toro se arranca sobre el capote. He visto a una entrañable compañera y a otros amigos a los que jamás olvidaré muertos, he visto cuerpos destrozados, vidas rotas, familias literalmente deshechas, y he visto a terroristas reírse por todo el dolor que habían causado sin que en su alma apareciera la más mínima sombra de arrepentimiento; he visto todo eso en la calle, en el lugar de los hechos y en mi despacho de la Audiencia Nacional, por donde han pasado muchos seres deshumanizados para los que matar a un semejante de un tiro en la nuca o volar un edificio lleno de gente no les había supuesto ningún trauma; tipos con familia que quieren a sus madres, a sus perros y a sus hijos, pero que matan con tanta facilidad que más de una vez me los he imaginado, mientras los interrogaba, como jefes de un campo de exterminio nazi o como entusiastas integrantes de los jemeres rojos camboyanos; personas que no dudarían ni un segundo en matarme y que me consta que lo han intentado varias veces y lo volverán a hacer.

También he visto a altivos terroristas derrumbarse cobardemente al ser interrogados y a otros que, pese a ser conscientes de las pruebas acumuladas sobre ellos, no daban ni un paso atrás y ni siquiera apartaban la vista al mostrarles las fotos del daño físico y moral irreparable que habían causado, y lo que es más chocante para los que hemos sido educados en un sistema de valores occidentales: he conocido a seres humanos que imploraban a sus líderes que les hicieran el honor de dejarles ser los primeros en suicidarse con una bomba, haciéndola estallar en algún lugar atestado de gente.

En todo caso, mi intención a la hora de escribir este capítulo no ha sido el estudio en profundidad del terrorismo ni del terrorista, objetivo que desbordaría esta obra, sino la de transmitir, a la manera de un periodista, lo que considero la esencia de mi experiencia académica norteamericana, y, con ello, suscitar la reflexión. Sin embargo, en Nueva York era difícil no recordar el 11 de septiembre de 2001, sobre todo si como en mi caso no sólo por mi profesión tenía que hablar del tema, sino que además desde mi terraza, cada día veía la denominada Zona Zero y tenía presentes las Torres Gemelas y el año que subí a ellas por primera vez, en 1994. Hablar de violencia y terrorismo sin que me vinieran a la mente recuerdos e imágenes que han marcado profundamente mi vida era difícil, lo mismo que me sucede ahora. En la tranquilidad de mi vuelo transatlántico, mientras repaso notas y escribo en el ordenador con la débil luz del asiento, vuelven a aflorar esas imágenes con la misma intensidad que en la ciudad norteamericana. Recuerdos y vivencias que el elemental derecho a la intimidad de las víctimas y el código ético de mi profesión me impiden contar con detalle como sería mi deseo, ya que creo que darían una visión más precisa de qué es el terrorismo. No obstante, permítame el lector una pequeña confesión: una de las emociones más intensas de mi vida fue oír cómo la debilitada voz de un secuestrado por ETA surgía del inhumano zulo en el que le habían confinado; oír la voz de aquel hombre como un susurro lejano tras una noche de desesperada búsqueda, cuando ya creía que nunca le hallaríamos vivo, supuso una emoción indescriptible; como también lo fue ver su cara al alcanzar la libertad, delatando el profundísimo sufrimiento que padecía, del que seguramente jamás se recuperará, así como observar el contraste de la humanidad de los agentes de la Guardia Civil que rescataron a la víctima con la inhumanidad de los terroristas que lo mantenían cautivo, uno de los cuales estuvo presente, impasible, durante la búsqueda sin ofrecer la más mínima pista que permitiera encontrar a un hombre que mantenían enterrado en vida. Incluso ante la pregunta de si había alguien en la nave en la que estaba el agujero bajo una prensa hidráulica, dijo: «No, está sólo el perro». Y es que con el terrorismo, bajo sus múltiples facetas, he sentido rabia, dolor y ganas de pelear con todas las armas que me otorga la ley. Así que en este asunto no soy ni neutral ni distante. Quiero demasiado a la justicia y he visto demasiadas barbaridades para serlo. Y debo mantenerme en esa postura aunque los ataques vengan de donde nunca me podría imaginar que vendrían.

En el debate neoyorquino sobre terrorismo, José Bono lanzó un sencillo mensaje que los estadounidenses, sensibilizados con el 11-S, quizá comprendieron mejor que en otras ocasiones: «España, un país de 42 millones de habitantes, está entre los primeros países del planeta en cuanto a víctimas del terrorismo con más de 1.200 asesinados». Y añadió una certeza que, no por incuestionable, hay que dejar de repetir, pues se tiende a olvidarla tanto a título individual como estatal: las armas de los terroristas no son las nuestras. «Un terrorista ha demostrado poder hacer más daño que todo un cuerpo de ejército convencional. Sin embargo, el imperio de la ley es una conquista de siglos que en ningún caso podemos dejar a un lado a la hora de luchar contra los terroristas. Debemos actuar con la ley, y hacerlo con la máxima contundencia.»

El entonces ministro insistió en desmitificar al terrorista, que en ningún caso es un combatiente, sino un simple asesino, y con razón proseguía: «Todos los terroristas quieren salvar a sus pueblos, pero acaban matándolos. No conozco ni una sola causa ideológica, religiosa ni de ningún tipo que no haya quedado severamente manchada en el momento en que la han tocado los terroristas». Para terminar, Bono insistió en la necesidad de entender que lo que choca no son las culturas ni las civilizaciones ni las religiones ni las ideologías, «chocan los fanáticos». Es difícil discrepar con la exposición de José Bono, con el que coincido en que, desde el punto de vista global, una de las tareas más urgentes que tienen los gobiernos de todo el mundo es cultivar, cuidar e invertir en aquellos territorios donde se siembra la semilla del terrorismo; zonas donde hay conflictos endémicos; áreas del planeta donde se vive permanentemente en la violencia, en el agravio, en la pobreza, en la miseria; motivos todos ellos que los terroristas exhiben como justificación a sus crímenes de lesa humanidad.

Un invitado de excepción fue el senador estadounidense John Kerry, que se mostró tajante en su intervención: «No estoy de acuerdo, tanto si te preocupa la pobreza como si no, con que ésta se puede utilizar para justificar actos terroristas contra poblaciones indefensas». Para contextualizar las palabras de Kerry, hay que tener en cuenta que fue miembro de la Comisión del Senado de Estados Unidos que investigó los ataques terroristas del 11-S y que siempre fue partidario de la intervención militar en Irak. Puso como ejemplo Angola, y todos los errores que Estados Unidos cometió allí: «Es probable que yo estuviera de acuerdo con esa crítica, pero eso no cambia la necesidad más importante que tienen los angoleños, que es lograr un Gobierno atento a sus problemas. Podemos mandar toda la ayuda del mundo a Angola, y un alto porcentaje acabará en Suiza. Creo que fuimos demasiado lejos y por ello socavamos nuestra autoridad moral. Pero hay momentos en que tenemos que recurrir a nuestro ejército para darle una oportunidad a la democracia; si no, no sobreviviría ni el Estado ni la nación».

Cuando se oye hablar de terrorismo a un ciudadano de Estados Unidos se percibe de inmediato que hay un antes y un después del 11 de septiembre de 2001, fecha a partir de la cual se nota que la nación ha padecido los horrores de un ataque en su propio territorio, porque hasta entonces sólo los había sentido muchos años atrás en su guerra de Secesión o con ocasión del ataque japonés a Pearl Harbor. Antes del 11-S, la ciudadanía norteamericana tenía una percepción distante del terror, al contrario de Europa, que en un solo siglo había sido el campo de batalla de dos guerras mundiales con un terrible balance de millones de muertos y miles de ciudades destruidas. Sin embargo, que el lector no malinterprete mis palabras, pues no le quito ni un gramo de mérito a la sangre derramada por Estados Unidos en defensa de la democracia y la libertad mundial en la batalla contra el nazismo, el fascismo y el totalitarismo. Me refiero a que hasta el 11-S, Estados Unidos no había sufrido en su propio territorio el ataque masivo de un enemigo exterior, un ataque que, por otra parte, la industria cinematográfica había imaginado bajo distintas formas y que se quedaba atrás en cuanto se encendían las luces de la sala y los norteamericanos salían a la calle, comprobando aliviados que todo seguía igual, que ningún alienígena ni ningún terrorista había destruido su país.

Pero el 11-S lo cambió todo, tanto que la realidad parecía ficción, con la macabra diferencia de que cuando se encendían las luces de la sala los muertos eran de verdad y los edificios habían desaparecido. Desde el punto de vista territorial, Estados Unidos dejó de ser invulnerable, y los estadounidenses comprendieron en su propio dolor el dolor de los otros. Sin embargo, los cambios en el área de seguridad a expensas de la libertad han sido y son una vieja práctica ancestral.

Sobre ese tema habló Charles E. Frank, del departamento antiterrorista del FBI, que era de la opinión de que el apoyo de la gente era fundamental para tener éxito, así como de que todo Gobierno necesita dicho apoyo para imponerse a la tiranía del terror. Por eso, al concederle al FBI y a otras agencias de seguridad poderes adicionales, los legisladores estadounidenses lo han hecho con mucho cuidado ante la preocupación de cómo debe actuar un servicio de seguridad interior. Para Frank, «la pregunta realmente complicada es: ¿puede el ejército llevar a cabo ciertos tipos de investigaciones u operaciones de inteligencia en el ámbito interno de Estados Unidos? Y de ser así, ¿lo debe compartir con otros servicios? ¿Cómo debemos trabajar con nuestros colegas y con otros departamentos y otros países sin que necesariamente acabemos solapando la jurisdicción y la responsabilidad de cada uno?».

Según Frank, la obsesión estadounidense con el enemigo soviético durante la guerra fría postergó las investigaciones sobre terrorismo islamista, y ahora se estaba pagando por ello, aunque evidentemente todo cambió tras el 11-S. John Kerry no quiso perder la oportunidad de terciar en el discurso del FBI para matizar la idea de amenaza que padecía Estados Unidos y hacerla más comprensible para nosotros los europeos: «Estados Unidos está mucho más seguro tras el 11-S, aunque el presidente se equivocó al presentar esto como una batalla entre el bien y el mal y usar el lenguaje religioso para hablar del conflicto en vez de haber aportado un contexto histórico. El vacío político en Oriente Próximo contribuyó a que Irak invadiera Kuwait, igual que la desintegración de Yugoslavia fue una consecuencia directa del fin de la guerra fría. El hecho de que Afganistán se convirtiera en un santuario para el terrorismo islamista está sin duda relacionado con la formación de terroristas islamistas a los que teníamos en gran consideración mientras sus armas apuntaban a las fuerzas soviéticas en ese país».

El mundo contemporáneo es muy vulnerable al terrorismo usado como táctica contra poblaciones civiles para no sólo entorpecer, sino también mermar la voluntad democrática de buscar objetivos políticos a largo plazo; en esto Kerry tenía toda la razón, pero fue más allá en la autocrítica: «Creo que con la política seguida en Guantánamo hemos violado un principio fundamental de la democracia y hemos complicado que se mantenga el apoyo necesario para que nuestro trabajo contra el terrorismo sea eficaz. A veces hay que hacer cosas excepcionales, pero cuando la excepción se convierte en la norma, resulta muy arduo que la gente entienda que lo más difícil en una democracia es compatibilizar los derechos individuales con la necesidad de seguridad», en clara alusión a que la Patriot Act había llegado demasiado lejos.

Si hay algo que se desprende de lo dicho hasta ahora es que nos enfrentamos a un fenómeno universal. Creo que a nadie se le escapa que, hablemos de ETA, del yihadismo o de cualquier otra forma de violencia terrorista similar, estamos refiriéndonos a un fenómeno que comprendemos pero que es muy difícil de definir. ¿Acaso el lector no está de acuerdo? Pues le hago una propuesta: reúnase con unos amigos y trate de explicar qué es el terrorismo. Verá que no es tan fácil, y menos aún si se abre un debate entre su grupo. Lo más seguro es que cada uno lo interpretará a su manera e incluso se dará el caso de que lo que es terrorismo para unos no lo será para otros. Sin embargo, resulta más fácil cuando no se trata de definirlo académicamente, pues en el plano sentimental todos sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo.

De la vieja costumbre que tengo de guardar, o, mejor dicho, de anotar todo lo que me interesa, he rescatado de mis cuadernos, más bien desordenados, una entrevista a Javier Rupérez[2] en la que explicaba que en el suplemento de 1798 del Dictionnaire de l’Académie Française se definía el terrorismo como système, régime de la terreur («sistema o régimen del terror). Sin embargo, en la misma línea con lo que trato de exponer, añadía que el primer obstáculo con el que nos topamos al analizar el terrorismo es precisamente la imposibilidad de dar con una definición única y unívoca. Quizá el nuevo convenio sobre el terrorismo consiga poner de acuerdo por fin a las naciones sobre esta definición. Javier Rupérez era en ese momento director ejecutivo del Comité Antiterrorista de la ONU, y compartí con él estos debates en la Universidad de Nueva York y en el Comité Antiterrorista de las Naciones Unidas, como por ejemplo el del 12 de mayo de 2005, fecha en que abogué por la necesidad de que la ONU se implicase mucho más en la lucha antiterrorista, como único organismo que podía paliar las reticencias que surgen inevitablemente cuando se trata de abordar este tema entre distintos países. «El terrorismo —decía Javier Rupérez, conocedor forzoso de esta materia, ya que fue secuestrado por ETA— es la violencia indiscriminada contra civiles y no combatientes por parte de agentes no estatales con el propósito de obtener ventajas políticas. Es una definición jurídico-legal por una parte, pero también su percepción. A partir de ahí surgen las complicaciones, ya que hay países que no la aceptan y sostienen que esa definición no aclara el concepto de lucha de liberación. Y a otros no les gusta porque no explica el papel de los ejércitos.»

Parte del problema, como decía Rupérez, es que los terrorismos son distintos, si bien al final resultan iguales, ya que pese a tener motivaciones diferentes, los métodos los aúnan. Por ejemplo, el terrorismo yihadista es distinto de los terrorismos convencionales, como el de ETA o el del IRA. «El terrorismo islamista tiene una pretensión globalizadora. No trata de cambiar un determinado régimen político. Trata de destruir un sistema de civilización —decía Rupérez, y concluía—: Ante la situación mundial, Naciones Unidas tiene que ser más ágil y menos burocrática. Naciones Unidas podría hacer mucho más en la lucha contra el terrorismo, pero también Naciones Unidas es lo que es y no es lo que no es. Naciones Unidas no es un ejército mundial, ni una policía mundial. Naciones Unidas es un sistema legal que cuenta con la voluntad de los estados miembros y que, cuando no hay voluntad, pues…», y dejó la frase en suspenso, seguida de un silencio más esclarecedor que cualquier explicación.

Creo que merece la pena quedarse con una de las reflexiones de Rupérez, que hizo suyo el proverbio chino que reza «Nada es real para nosotros salvo el hambre», para advertir que, para muchos de nosotros, nada es real salvo el terrorismo. Su experiencia personal es reveladora en este sentido, en un país donde hemos sido capaces de establecer una democracia, de imponer los valores democráticos y de la libertad, al mismo tiempo que el terrorismo nos ha acompañado siempre, en el caso de Javier por causas distintas: «El terrorismo ha estado conmigo porque me involucré mucho en traer la democracia a mi país y tuve que sufrir un secuestro en 1979. Recuerdo muy bien aquellos años a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, en que vivíamos con la ansiedad de no saber qué nos iba a pasar al día siguiente porque el terrorismo nos golpeaba muy duro casi a diario y sabíamos que lo que intentaban lograr era precisamente limitar el proceso democratizador, abortarlo, imposibilitar la democracia. La sensación de vivir con tal ansiedad era la sensación generalizada en el país. Recuerdo ir por Madrid tras uno de los numerosos atentados que tuvimos que sufrir en esos años, y la sensación era que cualquiera de la derecha o de la izquierda podía acabar con las libertades que tanto nos había costado conseguir».

LA REALIDAD DE LOS ATENTADOS

Rupérez no pudo evitar emocionarse al recordar otros actos terroristas de nuestra historia reciente, como el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un auténtico acto de terrorismo para acabar con los demócratas que sirvió sin embargo para consolidar la democracia, o los asesinatos de Gregorio Ordóñez, concejal de San Sebastián, en 1995, o de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal de Ermua, en 1997. «Esos dos asesinatos produjeron una reacción de la sociedad española, que de nuevo mostró la determinación de no dejar que los terroristas acabaran con nuestras libertades. Pero al tiempo con mucho sufrimiento, el sufrimiento de ser incapaces de acabar con este tipo de asesinatos ciegos», lamentó Rupérez. Al embajador de España en Estados Unidos, el 11 de septiembre le sorprendió en Madrid, con su hija en Washington, y el 11 de marzo, en Washington. Rupérez aún recuerda conmovido «cómo me despertaron hacia las tres de la mañana para decirme que escenas de violencia sin precedentes habían ocurrido en mi ciudad natal. Inmediatamente me acordé de cómo, tras ser liberado por mis secuestradores, lo primero que hice fue dar unas vueltas en coche por Madrid con mi familia y mis amigos y por las calles vi unas pintadas que decían “Libertad para Rupérez”. La lección que saqué es que tenemos una gran capacidad para darle vueltas a nuestros propios problemas, nuestro propio sufrimiento, pero que también es muy importante, necesario e indispensable que recordemos a aquellos que ya no están con nosotros, que recordemos los sufrimientos que hemos pasado, la incertidumbre que no merecimos, las vidas perdidas, la destrucción material».

COLOMBIA. SIEMPRE COLOMBIA

Fue una sesión inolvidable en la que abordamos muchos temas, entre ellos el que sugirió la ex ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, María Emma Mejía, acerca de si se puede considerar a las guerrillas como organizaciones terroristas, en concreto las colombianas. La señora Mejía, negociadora con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, veía en este país el principal problema en seguridad y defensa para la región de América Latina, no en vano es el segundo país con crisis humanitaria del mundo, después de Sudán, según las Naciones Unidas.

Colombia es la segunda democracia más antigua de América Latina con una economía sólida, pero simultáneamente existe una presencia insurgente muy fuerte, el marxismo-leninismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con gran influencia guevarista, y siete movimientos de distinto signo (trotskistas, maoístas…), llegando a un total de unas 50.000 personas alzadas en armas, sin contar a los paramilitares, que en número aproximado a los 24.000 se han desmovilizado al amparo de la denominada y cuestionada Ley de Justicia y Paz (hoy ascienden a más de 33.000).

«Ese número de personas —decía la ex ministra— tiene a punto de jaque mate a la región, inclusive a la principal potencia del mundo. Mientras en América Latina han ido desapareciendo los grupos insurgentes, en Colombia no, porque en los ochenta se casan, en un nefasto matrimonio que no hemos podido divorciar, el narcotráfico y la insurgencia. Y para acabar, surge una contrainsurgencia, los paramilitares.»

Cabe recordar que en 2000 surgió el Plan Colombia, la mayor intervención de Estados Unidos en el hemisferio, que ha supuesto 4 billones de dólares en ayuda, 1,8 millones diarios. Así, Colombia pasó en cuatro años de 180.000 hectáreas a 80.000 hectáreas de cultivos ilícitos, pero ha llegado un momento en que es muy difícil erradicar más hectáreas. Además, en la política internacional, el Plan Colombia ha sido muy complejo en la región, con Ecuador y con Venezuela implicados, lo que ha hecho que el componente ideológico haya vuelto a estar presente. En este punto, le planteé a la ex ministra, cuya permanente voluntad negociadora conozco bien, si era posible hablar de una solución negociada para acabar con los grupos guerrilleros y, en una demostración de sinceridad, contestó: «Realmente no encontramos una guerrilla todavía con deseos de sentarse aquí, en esta silla, y de poder estar en este panel y no alzar las armas contra un Estado de Derecho». Como vemos, en este contexto volvía a aparecer el tema de la negociación y de la disposición de las organizaciones terroristas, o que emplean métodos terroristas, a alcanzar una solución negociada.

Quizá sea éste un buen momento para hablar de la denominada Ley de Justicia y Paz de 2005, cuya aplicación en Colombia busca algo harto complicado, conciliar una solución negociada a la violencia armada con la aplicación de una justicia ciertamente transicional y a la vez reparadora de las víctimas. La situación no es nada pacífica, pero sí un intento de solucionar la espiral de violencia en Colombia que dura más de cincuenta años. Desgraciadamente, los dos grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, no aceptan dicha posibilidad, mientras que las denominadas Autodefensas Unidas, es decir, los paramilitares, sí. A finales de 2007 se habían desmovilizado 33.000 paramilitares y 12.000 guerrilleros. La aplicación de la ley por parte de los fiscales colombianos, a través de la Unidad Especial de Justicia y Paz, está siendo efectiva, aunque aquéllos están desbordados por la titánica labor que desarrollan, la ingente cantidad de temas pendientes y el escaso número de profesionales que forman los equipos. En todo caso, es una norma discutida por organismos de derechos humanos, de los que hablaré más adelante, especialmente por la falta de proporcionalidad entre la pena alternativa máxima posible (ocho años de privación de libertad) y la gravedad de las conductas imputadas (lesa humanidad). Siendo esto cierto, habrá que esperar a ver cómo se conjugan los diversos elementos y mecanismos para hacerla realmente efectiva y que se aplique con igualdad a todos aquellos que participaron en estos actos atroces, sin distinción de su sesgo político, económico o de poder (resulta especialmente positivo el esfuerzo que las Cortes Suprema y Constitucional están realizando para hacer realidad el cumplimiento de esos principios) y desde luego profundizando en la reparación de las víctimas, verdadero objetivo de esta norma, si se quiere que resulte realmente creíble.

Faltaba por oír la voz de la organización regional más importante de la zona, la Organización de Estados Americanos (OEA), representada en la figura de su secretario general, José Miguel Insulza, que habló de las fuentes de inseguridad e inestabilidad de la región latinoamericana. Recordando su asistencia a un seminario celebrado en Santiago de Chile en 1967, nos puso al corriente de cómo la violación de los derechos humanos en Colombia ya era entonces una materia de estudio, es decir, estábamos hablando de un conflicto que se arrastraba desde hacía más de cuarenta años. Insulza destacó cómo la estabilidad actual no estaba amenazada por militares ni ideologías, sino por problemas de gobierno, de gestión democrática. Mucha gente en América Latina cree que la democracia no ha traído todo lo que debería. Por eso, no veía estas crisis internas como un problema de seguridad, aunque hubiera elementos preocupantes, como el crecimiento del gasto militar del 59 por ciento en la última década o la cuestión de las minas antipersona. A Insulza le preocupaba sobre todo que la situación actual en el Caribe pudiera traer complicaciones, porque la política de esa zona giraba en torno al petróleo. «Ninguno de los países pequeños tiene petróleo y eso les afecta, así como la posibilidad de obtener esta energía de uno de sus vecinos más grandes. Esta falta de petróleo en las islas es muy importante y problemática.»

Evidentemente, todo ello sin olvidarse de la seguridad humana y los problemas interrelacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y la criminalidad callejera (las maras), que tienen atemorizado a todo el mundo en América Latina. «El crimen aumenta en la región y la policía es débil. Los dos mayores problemas para la población son la pobreza y la inseguridad. Basta detenerse en la situación actual de México o algunos países centroamericanos para darnos cuenta de que todavía falta un largo camino para reducir a unos límites aceptables los índices de violencia.»

En cuanto al caso colombiano, hubo dos comentarios suyos dignos de reseñar, cuando dijo que en conflictos tan largos como el colombiano se pisotean los derechos humanos —el mandato de la OEA incluía también los temas de verdad y justicia—, así como su firme declaración: «No creo que sea posible, en un proceso de desarme que tenga algo de negociación obtener toda la verdad o toda la justicia que uno quisiera, porque probablemente no termine el conflicto en ese momento».

Estos comentarios sobre la situación latinoamericana me llevan a reflexionar sobre el terrorismo de Estado, cuyo concepto paradójicamente no se incluye en las definiciones sobre terrorismo que existen en los convenios internacionales, ni tampoco en el que se estudia en las Naciones Unidas en la actualidad. De hecho, uno de los principales escollos, aparte de la propia definición de terrorismo y su ámbito de aplicación, precisamente es éste.

Aun así, los crímenes desde el Estado, principalmente aquellos que han sido auspiciados o ejecutados directa o indirectamente por las propias instituciones o amparando escuadrones de la muerte o bandas paramilitares, son absolutamente condenables, perseguibles, y la mayoría de ellos constituyen crímenes de lesa humanidad, cuando no de genocidio; por tanto, entran dentro de la categoría de crímenes contra la comunidad internacional imprescriptibles, y su persecución es competencia de la Corte Penal Internacional y de todos aquellos países que se rigen o acogen por el principio de justicia penal universal, como España, que ha desarrollado investigaciones en este ámbito en los casos de Chile, Argentina, Guatemala, Tíbet, Sahara, entre otros, que están debatiéndose con desigual fortuna en la Audiencia Nacional. Asimismo, hace unos meses en Bélgica, por ejemplo, después de casi diez años, el juez de instrucción ha imputado finalmente a Hissene Habré, el antiguo dictador del Chad, que se halla en Senegal, y ahora el Gobierno senegalés tiene que decidir si lo extradita a Bélgica para su enjuiciamiento o no. Sí hay una persecución de esos crímenes. Los dictadores de todos los confines del planeta, da igual que la bola sea de color negro o de color rojo, se caracterizan por apoyar normalmente sus sistemas autoritarios en detrimento del pueblo, dar persecución a los opositores y perpetrar matanzas y asesinatos selectivos o generalizados, como el caso de Camboya, entre infinidad de ejemplos más que no es preciso mencionar. Asimismo, la respuesta de la comunidad internacional desgraciadamente no ha sido siempre uniforme, y en muchos casos fue nula o tardía, para vergüenza y escarnio de todos.

LOS TERRORISTAS Y SUS VÍCTIMAS

Si ya es difícil dar una definición de terrorismo, imagínese el lector por un momento tratar de ponerse en la piel del terrorista y pensar que no está loco. ¿Acaso me estoy refiriendo a un grupo de desequilibrados? La respuesta a esta cuestión me la dio el psiquiatra Luis Rojas Marcos, ciudadano andaluz de Nueva York, ciudad en la que trabaja, y, por lo tanto, testigo directo del ataque del 11-S y sus consecuencias: «Nos preguntamos si el terrorista es normal. Ahí, cuando decimos “normal” nos referimos a lo que es normal, o sea, a lo que es frecuente. Pues no. No es una persona normal en el sentido de que no es una persona frecuente. Ahora bien, ¿es un enfermo mental? No. No hay ninguna enfermedad mental que yo conozca que pueda aplicarse a un terrorista. Lo que ocurre es que a menudo, cuando no entendemos la conducta de un ser humano, tendemos a decir que está loco, que ha perdido la cabeza. Ésa es la reacción, la reflexión normal de una persona ante una situación como la del terrorista. Sucede que en general creen [los yihadistas] que van a ser gratificados o recompensados en otra vida y que por lo tanto no tienen mucho que perder en ésta».

Supongo que el lector estará de acuerdo conmigo en que la cuestión fundamental es qué hacemos para que los «normales» de los que habla Luis Rojas Marcos podamos vivir o sobrevivir en un ambiente de amenaza provocado por aquellos que se llaman a sí mismos liberadores. Rosa Díez, europarlamentaria del PSOE en junio de 2006, hoy líder de la nueva fuerza política Unión Progreso y Democracia, amenazada por ETA y residente en el País Vasco, tiene una sólida opinión de la cuestión: «Se vive porque no lo piensas, algunas veces se dice de la gente que sigue dando la cara en el País Vasco, que son unos héroes: “Os admiramos muchísimo, qué valor tenéis”. Sí, realmente hay que tener valor para quedarse, pero también hay que tener valor para marcharse. Ha habido gente que se ha tenido que ir, que no ha podido soportar más y luego lamentar haberlo hecho porque si no detenemos a los terroristas en el País Vasco, pasarán al resto de España. Así que yo me quedé por mis hijos. Hay que derrotarlos para dejar a nuestros hijos una sociedad mejor».

Rosa explicó también cómo al principio todo era oscuro: «Indiferencia absoluta, cantidad de funerales a los que nadie asistía, nadie más que la gente que venía a recoger a sus hijos, al guardia civil o policía asesinado, venían y se lo llevaban como de tapadillo, como si el guardia hubiera hecho algo, como si el muerto fuera el culpable, no había ni curas que quisieran oficiar los funerales. En Bilbao sólo se podían hacer en una iglesia, porque era la única en la que el cura, que era castrense, oficiaba el funeral; íbamos cuatro detrás del féretro, la familia y cuatro que estábamos allí, no salía nadie a la calle, nadie hacía un titular, nadie, ni siquiera aquellos a los que el muerto había estado defendiendo, y, finalmente, se marchaban. Aquellos años fueron dramáticos, los años del plomo y los años de los cien muertos al año, fueron los de la cobardía y los de la vergüenza, porque no es verdad que no salieran a la calle por miedo, porque nadie tenía miedo cuando mataban a guardias civiles o a policías, era por indiferencia. El miedo comenzó cuando la violencia empezó a socializarse, como dicen los terroristas, cuando empezaron a matar concejales. Entonces la gente sintió que les podían matar a ellos, era cobardía, la indiferencia absoluta, mientras les pasase a otros no había problema. Era una reacción indigna y cobarde —dijo, y concluyó—: Algún día, cuando seamos capaces de reescribir nuestra historia, tendremos que apuntar esa época en la página más negra de la sociedad vasca y de la sociedad española en su conjunto».

En esa historia que día a día se escribe están presentes las víctimas, «los que han sufrido en primera persona el ataque del terrorismo», sin que ninguno de nosotros, o muy pocos, se interesaran de verdad por lo que les ocurría, por lo que les esperaba y lo que sentían. Pasado un tiempo, las víctimas se vuelven incómodas, perturban las conciencias proclives al olvido fácil, y así se lo hice saber a Rosa Díez: «Esa reacción me recuerda la que mantiene el que no va al médico por si descubre que está enfermo o el que cambia de canal para no ver los efectos de un atentado en Bagdad. Lo cierto es que hasta puedo comprender que, en un primer momento, instintivamente, huyamos del dolor y volvamos la cara ante lo desagradable, pero nunca he podido entender que a esa primera reacción automática no siguiera otra voluntaria de solidaridad y valor en el más profundo sentido de la palabra».

De nuevo, Rosa Díez ofrecía las claves de esta cuestión: «Antes las víctimas eran invisibles; ahora son molestas, porque nos recuerdan nuestra mala conciencia; ¡no se puede hablar de las víctimas! No se las puede encerrar, porque ya no son invisibles, pero ahora estamos en un proceso de hacer invisibles a los verdugos, de homologarlos de alguna manera; todos han sufrido, tanto han sufrido los unos como han sufrido los otros, lo dice hasta el obispo, hay que perdonarlo todo, todos tienen que ser generosos, todos tienen que aprender a convivir, ambos sectores. Eso es lo políticamente correcto, que es de un relativismo moral insoportable, porque el problema no es dónde vuelven los verdugos, sino cómo vuelven los verdugos, y eso requiere decisiones políticas. ¿Vuelven como los adormecidos, con homenajes? ¿Vuelven derrotados, despreciados por el conjunto de la sociedad, despreciados absolutamente por su pasado? ¿Somos capaces de despreciar lo que han sido, lo que son, lo que hicieron? ¿O vuelven como si hubieran sido unos malos chicos descarriados que ya han cumplido su condena?

»Si vuelven como héroes, es que hay una pedagogía antidemocrática permitida aquí por quienes tenemos la responsabilidad de practicar la contraria. No es posible que la defensa de los principios, de la dignidad, de la memoria y de la justicia sea el pasado; si no, no podemos construir nada que merezca la pena ser vivido». Al final, Rosa estableció la consecuencia lógica de este planteamiento, compartido por todos los que estaban escuchándola: «Si no cerramos con una derrota absoluta del terrorismo, habremos justificado su existencia, les habremos dado razones para resurgir».

Por lo que a mí respecta, debo decirle querido lector, que aun a riesgo de repetirme, veinte años investigando casos de terrorismo son muchos años, en el transcurso de los cuales he visto tanto investigaciones sobre terroristas u organizaciones terroristas, como la muerte de amigos, de compañeros, de ciudadanos y ciudadanas con nombres y apellidos que duelen exactamente lo mismo; pero cuando el terror te toca más de cerca sientes más a flor de piel, te vuelves más humano y menos profesional, te permites alguna exclamación, alguna reacción movido por el sentimiento o por el compañerismo, por la sensibilidad en definitiva, porque todos somos humanos, aun sabiendo que, como juez, después tendrás que investigar los hechos. Las reacciones son diferentes. Quizá el ámbito judicial en el que me muevo es un ámbito en el que tienes que contener siempre esas emociones; porque como juez tienes que mantener la imparcialidad.

Recuerdo en especial, de hecho no hay día desde aquel 12 de septiembre de 1989 en que haya podido olvidarlo, el asesinato de mi amiga y fiscal de mi juzgado Carmen Tagle a manos de la organización terrorista ETA. Digamos que ése fue el momento en que más cerca me tocó el terrorismo, y la verdad es que se siente de forma diferente, te viene a la mente toda una serie de vivencias que no acabas de comprender, aunque en aquel momento apenas llevaba un año en este cargo. Con el tiempo, a lo largo de mi vida profesional, he visto muchas situaciones para las que nunca estás preparado, y sin embargo otras también muy buenas y muy agradecidas, como el caso de la liberación del funcionario de prisiones José Ortega Lara secuestrado por ETA que he mencionado antes. Tuve la gran suerte de ser el juez de instrucción que estaba de guardia el día de su liberación. ETA lo mantuvo en un habitáculo bajo tierra de 2 metros por 1,70 de altura durante más de quinientos días sin salir en ningún momento. Ese secuestro se saldó de la única manera posible, porque la alternativa era la muerte: era un secuestro de sesgo político y, no económico, y las condiciones que los terroristas pedían jamás se iban a cumplir, por lo que la muerte de José Ortega Lara era una crónica anunciada de no ser porque la Guardia Civil consiguió su liberación. En momentos así uno se siente reconfortado por todo el sufrimiento pasado. Sin embargo, la alegría duró poco. El terrorista necesita que sus acciones salten al primer plano de la actualidad, porque se alimenta de ello, y rápidamente la organización terrorista ETA secuestró al concejal del Partido Popular de Ermua Miguel Ángel Blanco, al que asesinó al cabo de dos días. Este secuestro y posterior asesinato tuvo, además de las trágicas consecuencias para la familia y para los que sentimos cada acción terrorista como si fuera recibida en carne propia, unas consecuencias totalmente positivas: la reacción que se produjo en la sociedad prendió una llama que avivó el espíritu y voluntad de los españoles en contra del terrorismo etarra que dura hasta hoy. Digamos en el sentido inverso al que Luis Rojas Marcos señalaba: a partir de ese momento, la sociedad española no fue la misma; hubo un cambio cualitativo que la hizo evolucionar, desde la indiferencia más o menos instalada, salvo en algunos colectivos, al sentimiento generalizado de solidaridad con las víctimas, porque hay que reconocerle a Rosa Díez que la indiferencia era la norma, que a lo largo de los años setenta, ochenta, incluso principios de los noventa, apenas había alguien que fuese capaz de solidarizarse públicamente con las familias de policías o guardias civiles que eran asesinados por ETA. Yo mismo había asistido a algunos funerales, y lo hice en 1994 en representación del Gobierno; recuerdo que todavía en aquel momento había reticencias para asistir a los mismos, porque había miedo, y muchas veces no se tenía la impresión de que el terrorismo nos afectaba a todos.

Y de esa situación pasamos a la del 11 de marzo de 2004.

Ese día quedará marcado para siempre en la memoria de todos los españoles, como quedó el 11 de septiembre en Nueva York para los estadounidenses. Estuve en los cuatro escenarios de la masacre (en la estación de Atocha, la calle Téllez, el Pozo del Tío Raimundo y la estación de Santa Eugenia), y el espectáculo dantesco que vi allí se me quedó grabado para siempre en la memoria. Tras ver las víctimas, los cuerpos destrozados y el caos reinante, es difícil que lo pueda olvidar nunca, por más que me avalen veintiséis años de profesión en los que he visto de todo. Aquel día, aparte de mi trabajo como juez, sentí también la experiencia personal: entre los fallecidos, había un familiar lejano de mi madre, y cuando lo supe me quedé con la perplejidad de decir «No es posible», porque visualizas a la persona y dices: «No, no, no es real», pero desgraciadamente lo era; uno de mis compañeros, un juez de Granada, me llamó para decirme: «Baltasar, hay un íntimo amigo nuestro, no sabemos si está muerto, creemos que por la hora iba en unos de los trenes, a ver si puedes conseguir información». Efectivamente, al principio todo era confuso, pero a las dos y media de la madrugada ya había sido identificado entre los cadáveres.

La reacción del pueblo de Madrid, y de España entera, al día siguiente, al margen de todo lo que después aconteció por la difusión, o quizá por el mal uso de la información en esos días en España, fue extraordinaria y ofreció una respuesta inmediata por encima de cualquier posición política. Es cierto que después algunos entendieron el atentado de una manera u otra, pero el caso es que la sociedad española, retomando el espíritu de aquellos días de julio de 1997 tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, volvió, como había hecho en 1981 en protesta por el intento de golpe de Estado en España y en 2003 contra la guerra de Irak, a mostrar su oposición frontal contra la violencia y el terror, lo cual redunda en mi firme convicción de que las sociedades sí cambian positivamente después de sufrir ataques terroristas. Si no fuera así, lo estaríamos haciendo muy mal, porque, después de todo lo pasado y tras sucesos tan terribles como los vividos en los últimos años, si siguiéramos mostrándonos indiferentes sería desde luego harto difícil vislumbrar un final a esta pesadilla y seguir calificándonos de humanos.

2

La comunicación y los medios: un territorio sin certezas

Admito que mi labor de juez instructor me ha convertido con frecuencia en foco de interés de los medios de comunicación, llegando incluso a sentirme acosado por ellos. Sin embargo, hasta una tarde de septiembre de 2005 en Nueva York no comprendí que esa relación con la prensa, aparentemente tan estrecha, nunca me había permitido conocer elementos esenciales que determinan el mundo de la información y que condicionan la vida profesional de los periodistas, como los que tantas veces he visto montar guardia a las puertas de la Audiencia Nacional en espera de la noticia.

En el transcurso del sereno debate que promoví en aquellas fechas al calor académico que ofrece la Universidad de Nueva York a todos aquellos que, como yo, han tenido la suerte de estar en sus aulas y compartir con tan buenos amigos el día a día de trabajo, pausado unas veces e intenso de contenidos en la Facultad de Derecho, y otras veces el más distendido del Centro Rey Juan Carlos I de España, tuve la oportunidad no sólo de cambiar de perspectiva sobre muchos temas acerca de un país tan plural como Estados Unidos, sino también de tener una visión de la comunicación que me ha servido para comprender que detrás de cada periodista hay un terreno sin certezas, un espacio de preguntas sin respuestas, de grandes dudas, en el que pugnan ferozmente colosales empresas que viven de informar, de entretener y a veces de desinformar.

En aquel diálogo, en el que participaron reconocidos profesionales de los medios de comunicación de ambos lados del Atlántico, se dijeron cosas que me impactaron y que ofrecen pistas sobre el trasfondo de la comunicación, hasta el punto de convencerme de que su interpretación será bien diferente en función de la posición ideológica o incluso geográfica del lector, si bien ayudan a adentrarse en la oscura zona del complejo mundo en el que casi todo es, como ya he aprendido, subjetivo.

El diálogo lo mantuve con Javier Martínez Domínguez, director del gabinete del director de RTVE; Christopher Crommett, vicepresidente de la CNN en español; Javier Moreno Bellver, director de El País; Susan Chira, jefa de Internacional de The New York Times y Leopoldo Gómez González, vicepresidente de noticias de Televisa. La experiencia me dice que todos fuimos sinceros a la hora de expresarnos y que ninguno pusimos en duda las dos premisas que daban pie a todas las reflexiones que hicimos en voz alta: la enorme influencia que tienen los medios en el mundo global y el horizonte infinito de las nuevas herramientas digitales de comunicación.

En las líneas siguientes voy a tratar de contarles lo mejor posible lo que se dijo en aquella ocasión en la cosmopolita ciudad de Nueva York, si bien bajo la luz de la actualidad. La perspectiva que da el tiempo transcurrido permite contextualizar mejor la intensidad o vacuidad de lo discutido según la presencia e influencia que tengan hoy día. Ahora que me enfrento al espacio en blanco con el propósito de escribir una crónica a partir de los treinta folios de notas que tengo encima de la mesa, soy más consciente que nunca de la dificultad que entraña el trabajo de informar correctamente. No voy a ocultarle al lector que escribo estas líneas algo intimidado al tiempo que animado por la determinación de difundir unas ideas que, en mi opinión, deben salir de la sala donde se expusieron. Allá vamos.

Hay una serie de cuestiones que siempre me han preocupado y que a la hora de iniciar una conversación sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad moderna se plantean una y otra vez: ¿hay una tendencia global al monopolio informativo determinado por las fusiones de empresas de comunicación? ¿Deben existir medios públicos de comunicación? Lancé esta pregunta pensando que abriría el debate con unas cuestiones en las que habría grandes coincidencias, pero no fue así, sino que, al contrario, descubrí que lo que es una cuestión controvertida en Europa no lo es en la misma medida en Estados Unidos. Javier Martín auguró el declive de los medios públicos en Europa ante el avance de los privados: «La televisión y la radio en Europa ha sido un monopolio durante años, en parte por un control de los poderes públicos y en parte porque los medios privados no podían afrontar el coste de desarrollar medios de comunicación que necesitan una importante infraestructura». Quedó claro que ahora estamos en un punto de inflexión en el que se plantea si los medios públicos tienen razón de ser cuando las fuerzas económicas privadas pueden ocupar el hueco en la producción de noticias, igual que producen otros tipos de bienes culturales, por más que a veces sean poco interesantes o incluso muy cuestionables, si bien esta última cuestión forma parte de otro debate. Sobre el caso estadounidense, Susan Chira explicó la presión creciente sobre las televisiones públicas para que justifiquen las subvenciones que reciben. De hecho, el Congreso ha aprobado medidas para retirar la subvención estatal a los canales públicos.

En cualquier caso, todos los presentes estaban de acuerdo en que la influencia de los medios en la opinión pública era muy distinta en España, América Latina y en Estados Unidos. El tamaño y el potencial de las empresas de comunicación norteamericanas hacen que el fenómeno se vea de forma distinta en una u otra zona del mundo. Además, internet y la irrupción de poderosas cadenas de televisión de distinto signo han dibujado un nuevo panorama mundial de la comunicación. Y lo que es más curioso, hasta en Estados Unidos se afrontan eventos informativos de forma diferente teniendo en cuenta distintas circunstancias. Un buen ejemplo de ello se suscitó al hilo de la celebración del sexto aniversario de los ataques terroristas del 11-S y su cobertura informativa. Para unos, el aniversario fue una cuestión nacional con un claro fin político de apoyo a la administración Bush (cadena Fox), mientras que otros, como la cadena ABC y otros canales públicos, ni siquiera se habían planteado ofrecer los actos ni en diferido. No obstante, la presión gubernamental hizo que al final se impusieran los criterios políticos sobre los informativos.

Christopher Crommett subrayó la clara tendencia a la fusión de medios tanto en Estados Unidos como en otras regiones del mundo, al mismo tiempo que destacó que se había producido una descentralización informativa muy importante. «Hubo una época, en el ámbito internacional, en la que sólo estaba la CNN, pero ahora está al-Yazira, Televisa, la televisión egipcia, la libanesa, y un largo etcétera que diversifica la información. Por tanto, la clave está, no en la cantidad de la información sino en distinguir sobre la calidad de la información», apuntó Crommett, y tengo la sensación de que dio en el centro de la diana. Javier Moreno tanto asintió como discrepó: «Hay una tendencia a la fusión de medios que puede constituir una especie de monopolio», dijo, para inmediatamente después coincidir en que no habría que preocuparse demasiado ante la hipotética falta de variedad informativa, dado que «la explosión de los nuevos medios, como internet, hace que ese peligro sea remoto».

Una explosión sobre cuyas consecuencias advirtió Susan Chira: «Internet es un reto por las nuevas fuentes de información que ponen en cuestión la autoridad de los medios tradicionales y un reto para la estructura de ingresos de los medios tradicionales a medida que internet crea nuevas maneras más baratas de anunciarse, lo que amenaza nuestros ingresos».

Fue Leopoldo Gómez quien lanzó una clave que, por lo evidente, sorprende que no se hubiera dicho antes, al menos que yo sepa. Seguíamos hablando sobre las fusiones, los monopolios y la independencia, o, mejor dicho, la falta de independencia de los medios públicos, cuando el periodista mexicano recordó que el modelo de independencia de la BBC no se puede repetir en otros países por una razón muy sencilla: en el Reino Unido la democracia llegó antes que la televisión, lo cual explica quizá el éxito y la capacidad de independencia, mientras que en España, por no hablar de Hispanoamérica, fue la televisión la que llegó antes que la democracia. Creo que hay que darle la razón.

Cualquier debate sobre la independencia y la pluralidad informativa como pilar fundamental del mundo libre conduce inexorablemente a discurrir sobre la censura y sobre otra forma de control informativo más sutil que he percibido cada vez con mayor intensidad en determinados medios españoles que mezclan deliberadamente información y opinión; medios que convierten la opinión en información, confundiendo de manera intencionada al ciudadano al distorsionar por completo un mensaje que pierde su veracidad, buscando muchas veces un fin espurio o ajeno a la finalidad informativa que debería regir. Así es como lo veo, como lo pienso, y así lo lancé sobre la mesa.

«¡Claro que hay censura! —exclamó de inmediato Javier Martín Domínguez—. Hay censura a través de influencias de las empresas, hay censuras políticas, hay censuras cuando a un cámara le disparan desde un tanque y lo matan para que no siga rodando. Sigue existiendo la censura, y ahí está el hueco de las empresas, públicas o privadas, para buscar la información más importante, la que el público necesita, con independencia de las presiones.» Tras su impetuoso arranque, el periodista español matizó el concepto de censura al que se refería, muy alejado de aquel que imperó en España durante la dictadura de Francisco Franco cuando, antes de ser publicados, los artículos debían recibir la autorización expresa del censor, un personaje sombrío que velaba por la «pureza» de las ideas y por la «moral» de los españoles. TVE ha recuperado, no hace mucho tiempo, una excepcional serie de documentales de Vicente Romero sobre la historia de la censura, kilómetros de rollos de cinta olvidados en archivos en los que se ven las artimañas a las que recurrían los censores para preservar las «buenas costumbres cristianas» y la fidelidad al régimen franquista, o más bien para prolongar el adormecimiento político y cultural de la sociedad española, sin ser conscientes de que con su acción excitaban mucho más nuestro interés y nos ayudaban a ser más críticos y beligerantes. Este y otros trabajos resultan imprescindibles para que las generaciones futuras comprendan lo que es vivir en un mundo sin libertad de expresión, rasgo característico de las dictaduras y los regímenes totalitarios. Por esa razón, Javier precisó que lo que se padece ahora en España no es exactamente censura, sino presiones sobre los medios tanto de tipo político como empresarial. Para él, la mayor forma de censura es la interferencia de las empresas anunciantes, que financian determinados medios basados en la publicidad (por ejemplo, los periódicos digitales o gratuitos). Incluso se podría decir que la televisión es un medio que emite publicidad con unos programas añadidos, llevando la cuestión al extremo. Así, los contenidos de los programas quedarían condicionados por el nivel de publicidad.

Al otro lado del Atlántico, las cosas no se veían de la misma manera. Claro que tampoco sorprende que el periodismo de Estados Unidos enfoque el asunto desde otro punto de vista más acorde con sus realidades, que pasan por un histórico respeto al derecho a la información y una aversión calvinista a la mentira aderezada con enormes y poderosas corporaciones que no ocultan las presiones que ejercen para lograr sus fines. Basta pasar una temporada en Estados Unidos para observar, no sin sorpresa para un español, la facilidad de acceso a la información oficial y las bases de datos de todo tipo de instituciones públicas y privadas del país.

Tal vez por esa circunstancia, Christopher Crommett discrepó de la definición de censura aportada, que, en su opinión, era una definición tan amplia que la idea de censura perdía significado. Sin embargo, al exponer la posición de la poderosa CNN acabó conectando con algunos de los planteamientos del representante de RTVE: «Si censurar consiste en no informar o en tergiversar la información debido a presiones corporativas, gubernamentales, políticas o comerciales, estamos de acuerdo en que no se debe ceder ante ese tipo de presiones». Lo interesante es que la CNN, al ser una empresa periodística internacional, tiene que trabajar bajo un espectro muy amplio de condiciones particulares, pero manteniendo su compromiso de que la oferta que se hace a la opinión pública sea lo más transparente posible. Por ejemplo, si se produce una situación donde un escolta, un guía que acompaña a los periodistas en determinado país limita de alguna manera el acceso a la información, a las fuentes, a los entrevistados, etcétera, deben decírselo a sus espectadores. Si se dan situaciones, como a veces en Israel, donde existe una entidad gubernamental que revisa lo que hacen, también tienen que decirlo al público: el espectador debe saber que ese material ha sido visto de antemano por un censor.

Ambos interlocutores, Javier y Christopher, son profesionales vinculados a la información a través de las imágenes, y me consta que en muchas ocasiones la censura o las presiones a las que se refieren no se dirigen tanto al contenido de la noticia como a las imágenes que acompañan esa noticia. Por ejemplo, las televisiones de todo el mundo evitaron ofrecer las imágenes del 11-S en las que se veían cómo decenas de personas se arrojaban desesperadas por las ventanas del World Trade Center y los informativos de televisión no mostraron los cadáveres de la Zona Cero, al contrario de lo que ha sucedido con otros atentados, como los del 11-M en España, o los ataques de al-Qaeda en el Magreb, entre otros. Es cierto que la decisión de no emitir imágenes sangrientas del 11-S debe interpretarse como un consenso de los medios de Estados Unidos para evitar más dolor a las familias de las víctimas y a la población en general, aunque es obvio que ese tipo de decisiones plantean muchos interrogantes en torno al derecho general a estar informados, preocupación que trasladé al representante de la CNN. «A la hora de emitir imágenes de un desastre, tenemos una idea, basada en conceptos que realmente no entiendo bien, de que en cierta medida debemos evitar mostrar lo horripilante de ciertas informaciones. Sin embargo, creo que cualquiera que vea nuestras emisiones, o los periódicos que están aquí representados, comprobará que hay casos en los que lo grotesco y lo horrible de diferentes sucesos sobre los que informamos sí se presentan ante los lectores o los espectadores. No se debe confundir el ejercicio del buen periodismo, la aplicación de las normas éticas, el respeto por la dignidad humana o la sensibilidad por la situación de las víctimas y de sus familiares con una especie de autocensura», afirmó Crommett.

La CNN toma las directrices gubernamentales en materia de imágenes como sugerencias que evalúa y tiene en cuenta. En los casos relacionados con situaciones de tipo militar, que tienden a ser las más difíciles y las que pueden tener consecuencias potencialmente más graves, «tenemos muy en cuenta si informar sobre ellas puede poner en peligro vidas humanas innecesariamente», dijo. Ha habido casos famosos en The New York Times donde han tenido que sopesar el tema seguridad versus libertad de información, decisiones que no son fáciles porque dependen de muchos factores; pese a todo, el prejuicio innato de los medios es siempre a favor de dar la información, como ha quedado claro.

Susan Chira recogió el testigo lanzado por su colega y, tras matizar que las imágenes que ofrece un periódico son instantáneas salvo los vídeos que ocasionalmente se cuelgan en las webs, fue digamos tajante al afirmar que desde su punto de vista y el de su influyente periódico, «esterilizar» demasiado las imágenes supone un engaño para el lector: «No dejamos que el público vea qué es la guerra ni qué es el conflicto étnico ni qué es el genocidio ni qué es una ejecución. Así que nos sentamos a ver las imágenes y sacamos de pantalla cosas que aparecen en planos demasiado cortos. Por ejemplo, no mostraríamos un primer plano de un cuerpo desmembrado, pero sí lo mostraríamos en un plano más general. O sea, que hay pequeñas decisiones que tomamos para intentar no violar la dignidad del ser humano, pero, aun así, mostrar el horror que, por desgracia, domina las noticias que tengo que supervisar hoy día. Para mí, no emitir ciertas cosas porque sean difíciles de ver es, de hecho, un juicio que haría que no contáramos la verdad, dentro de los límites del buen gusto. Cada persona tiene su opinión, pero creo que nosotros tenemos que ir tan lejos como sea posible». Chira no sólo se mostró combativa en eso, sino también en la cuestión de opinión versus información. Declarándose de la vieja escuela, para ella es posible y preferible que los periodistas profesionales que escriben para medios objetivos intenten presentar las noticias de modo que no estén claramente coloreadas por la opinión personal o la perspectiva política. «Eso es posible y tenemos que intentar hacerlo así siempre. Estamos en un terreno complicado donde, en cierto sentido, es más atractivo manifestar opiniones, porque a los lectores les encanta.» Y no le falta razón, como prueba el caso de Irak, tema sobre el que muchos lectores y numerosas fuentes tienen opiniones distintas, a los que les gustaría que las cuestiones se presentaran de un modo concreto, pero, como sentenció Chira: «La verdad a menudo es menos clara, más compleja, mucho menos definida. Bastante hacemos con dar el tipo de instantáneas que damos. El periodismo no es la historia».

Leopoldo Gómez no entró en el debate sobre los valores históricos del periodismo, pero subrayó que la obligación de los medios es informar de la manera más completa posible, presentando todas las facetas del asunto, lo cual no es nada sencillo. Por ejemplo, a las pocas semanas de haber comenzado la segunda guerra de Irak, en Televisa eran muy conscientes de que la información que recibían del conflicto se centraba en aspectos militares con datos sobre avances de tropas o la toma de tal o cual posición, pero faltaba información sobre la realidad de la guerra en sí. En este sentido, recuerdo que algo muy parecido ocurrió con la primera guerra de Irak, a raíz de la invasión de Kuwait, cuando los informativos de televisión de todo el mundo ofrecieron una y otra vez imágenes verdosas de bombardeos de precisión en las que no se veían seres humanos, tomadas por las cámaras de los aviones, y que daban la falsa impresión de que se trataba de una guerra de videojuego en la que sólo se destruían las armas de los «malos». Fueron los vídeos filtrados por la alianza de ejércitos capitaneada por Estados Unidos los que contribuyeron decisivamente a dar esa imagen casi idílica de la guerra, eliminando cualquier referencia a los horrores de la acción militar. Como muchos recordarán, sólo ocasionalmente, y más bien en la prensa escrita, se habló de «daños colaterales» para mencionar eufemísticamente las muertes de civiles causadas por unos bombardeos que no siempre fueron tan precisos como los servicios de prensa y propaganda militares quisieron hacer creer. Ya entonces se comentó que el ejército controlaba la información disponible para no caer de nuevo en lo que muchos militares calificaron como «el error de Vietnam», impidiendo así la libertad informativa que hubo en aquel conflicto que hizo que los periodistas pudieran captar imágenes explícitas de la guerra, del napalm y de la muerte. Imágenes de los soldados estadounidenses muertos y metidos en bolsas de plástico que día a día revolvieron las conciencias de la ciudadanía del país hasta hacer inviable el conflicto; imágenes demoledoras que mostraron la cara de la derrota al captar la patética huida de Saigón el 30 de abril de 1975.

En fin, en el marco de la segunda guerra de Irak, Leopoldo Gómez explicó que, tras observar que la información que recibían se limitaba a los aspectos técnicos militares, en Televisa se produjo un debate editorial para encontrar una fórmula que equilibrara la balanza informativa: «Decidimos pedirle a nuestro corresponsal que nos empezara a mandar muchas más historias sobre el lado más trágico de la guerra (los muertos, los mutilados, los heridos), y empezamos a emitir las imágenes tal como venían. Sin embargo, la respuesta del gran público no fue buena, recibimos muchísimos comentarios en sentido contrario. Entonces vimos que había que hacer un balance de hasta dónde presentar esas imágenes y cómo, y finalmente optamos por dar un paso atrás, seguir presentando esas imágenes pero en tomas más abiertas, no cerradas. Mi opinión personal está a favor de presentar las imágenes tal como vienen, pero resulta difícil compatibilizarlo con lo que la audiencia quiere y puede ver».

Javier Moreno también admitió que la publicación o no de fotografías de contenido desagradable es tema frecuente de debate en el diario El País, y llevó su reflexión un paso más allá: «Todos ustedes recordarán una famosa foto tomada en Vietnam, en la que una niña quemada por el napalm huye de la aldea incendiada rumbo al fotógrafo, con los brazos abiertos, desnuda, quemada, el rostro descubierto. Hace escasamente tres semanas estábamos preparando un reportaje sobre los cincuenta años de World Press Photo y esa foto estaba entre las que teníamos para publicar, como una de las fotos que mayor impacto ha tenido, pues contribuyó, sin ninguna duda, a cambiar el rumbo de una guerra. A estas alturas de la historia, es una imagen fuera de toda discusión. Además, sabemos que esa niña es hoy una señora que vive en Canadá y que está recuperada de sus heridas hasta cierto punto. Es decir, es una historia digamos que con un final feliz. Obviamente, no tuvimos ningún reparo en publicar esa foto, pero nos llevó a pensar que con la política y la situación actual en la que estamos los medios de comunicación, y desde luego El País, es probable que esa foto hoy no se hubiera publicado».

Y, acto seguido, Moreno pasó a explicar el motivo: El País está comprometido en la protección de los derechos en general, y en particular con el de la intimidad de las personas, especialmente de los niños, lo que lleva al periódico a publicar sólo fotos con rostros velados cuando se trata de fotografías de menores. Es una política asumida después de amplias discusiones internas y de sopesar los pros y los contras, pero de la que estamos orgullosos y que pensamos mantener. Sin embargo, el propio Moreno se planteaba «hasta qué punto eso no nos está limitando la capacidad de mostrar al público la realidad tal como es».

De la mano de Moreno volvimos al tema de la censura, y el periodista sacó a relucir una perspectiva distinta a la de Crommett, centrada en la censura en caso de guerra. Resulta evidente y curioso al mismo tiempo que para el periodista estadounidense no quepa en la imaginación siquiera otro tipo de censura más que de raíz histórica, por haberlo leído o porque alguien se lo ha explicado. En cambio, para los periodistas latinoamericanos es difícil no pensar, cuando se habla de censura, en la violencia que el Gobierno o las instituciones de un país ejercen o han ejercido sobre los medios. Para Moreno, cualquier periodista latinoamericano ha vivido en un momento u otro esa experiencia. Otro tipo de censura es la que el propio periodista autoejerce, tema cada vez más preocupante, ya que mientras que los periodistas veteranos que han vivido la censura oficial luchan conscientemente contra ella, no ocurre lo mismo con las jóvenes generaciones de periodistas que están llegando ahora a los medios. La propia experiencia de Moreno le llevaba a indicar: «Hay periodistas jóvenes que sufren de autocensura, se asustan a la hora de plantear temas, de explicarlos, y siempre añaden la frase “Bueno, pero esto no lo vamos a contar”. A estos jóvenes hay que decirles “Pero claro que sí, ¿y por qué no lo vamos a contar?”. Es una tendencia preocupante porque la peor censura de todas es aquella que no se sabe que existe, la del “no sé que no sé”. Es la peor cuando se ejerce además sin saberlo».

Llegados a este punto, comenté a los presentes que si había algo que llamaba la atención del español o el europeo en general nada más llegar a Estados Unidos era que sus medios de comunicación se centraban en las noticias de su propio país, sin prestar atención al resto del mundo. Es más, les dije que entre los no norteamericanos había la sensación de que cuando se escribía del extranjero en Estados Unidos se hacía siempre en relación con los intereses de Washington.

Javier Martín salió al paso de mi comentario claramente provocador, argumentando que la idea de que en Estados Unidos nadie sabe nada de lo que pasa fuera es un mito. «Cuando preguntas a un español cuál es la capital de Mongolia, tampoco lo sabe», dijo también tramposamente, para añadir que hay medios estadounidenses como la CNN, The New York Times, The Washington Post, The L. A. Times, Time o Newsweek que son la base de la información internacional que se lee o que se estudia o que se analiza en todo el mundo. «Estados Unidos es un país muy informado sobre temas internacionales, y lo que ocurre es que determinados sectores se acercan o no se acercan a ellos, y en Europa pasa lo mismo.»

Por su parte, Susan Chira nos aportó la visión neoyorquina del fenómeno, que, como bien sabemos, no es la que rige precisamente en el resto de Estados Unidos. Basta con vivir una breve temporada en el interior del país y en la isla de Manhattan para comprobar no sólo la forma tan distinta de pensar, sino también el orden de prioridades y de problemas que los ciudadanos de la gran urbe tienen en comparación con los del resto del país. El New York Times siempre ha tenido unos lectores generalmente muy interesados por las noticias internacionales, pero como constató la periodista: «A partir del 11-S, los estadounidenses entienden a un nivel más personal que acontecimientos en apariencia oscuros, que ocurrieron en Afganistán en los años setenta, crecieron y se han convertido en amenazas para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos. Y si no estudiamos un gran abanico de temas, no sólo el terrorismo, nos encontraremos en franca desventaja. Así que creo que no hace falta alertar a nuestros lectores de la importancia de las noticias internacionales. Ahora, el problema es el espacio que ha ocupado Oriente Próximo en esas noticias, sobre todo por la guerra de Irak, lo que ha hecho difícil un equilibrio geográfico en nuestras páginas». Chira también diferenció entre un público general al que le interesan las noticias internacionales y un público apasionado y cada vez más numeroso, tanto de Estados Unidos como del extranjero, que cada vez pide noticias más sofisticadas, así como noticias de sus países de origen.

Partiendo de la base de que no dudaba ni por un instante de la sinceridad de mis interlocutores, el lector me concederá que en mi profesión de juez instructor dedico más tiempo del que se pueda imaginar a escuchar distintas versiones sobre un mismo hecho, lo cual me ha dado cierta capacidad de observación e incluso de interpretación de los acontecimientos. Hago este comentario porque no estoy del todo convencido de los argumentos de mis colegas profesionales del periodismo, que consideraban inexacto pensar que los medios de Estados Unidos sólo se interesaban por su propio país, o, mejor dicho, que eran más egocéntricos que los medios europeos. Pese a la insistencia y convicción que mostraron en sus análisis, tengo mis dudas, alimentadas por mi experiencia americana. Tengo la sensación de que en Estados Unidos cuesta mucho mantenerse bien informado sobre determinados aspectos sociales o políticos de otras regiones del mundo a través de los informativos diarios, y que cuando transmiten una noticia lo hacen con una visión de los hechos que siempre pasa por el tamiz estadounidense, con un enfoque en función de la relación del asunto con Estados Unidos, no porque se sienta la necesidad de conocer lo que realmente ocurre en otros países, o porque sólo interesa lo que acontece en ciertos países. Asumo, asimismo, que me digan que no comprendo la idiosincrasia del ciudadano medio norteamericano, pero lo cierto es que cuando se saca a relucir algún tema internacional se aprecia un profundo desconocimiento en áreas ajenas a la especializada en el tema en cuestión y una gran superficialidad en el tratamiento. Por ejemplo, en materia de terrorismo se confunden sistemáticamente conceptos básicos acerca del mismo, y ni siquiera se sabe de qué hablamos, a no ser que se trate del terrorismo yihadista. Claro que también las informaciones que publica la prensa española —que es la que mejor conozco— se interpretan en clave nacional y, en muchas ocasiones, adolecen de esa misma «americanización» de la información. No en vano, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y sus potentes agencias informativas tienen tal empuje que desequilibran la información mundial de cualquier país del planeta.

Christopher Crommett continuó con su discurso, claramente diferente de mi reflexión: «En cuanto al interés que hay en Estados Unidos por noticias del exterior coincido en que es un mito […] obviamente, por razones muy egoístas, quisiéramos [por la CNN] que hubiera más interés en los temas de América Latina, que es el área que cubrimos». Y luego puso de manifiesto ante la atenta concurrencia algo que se estudia en primero de carrera y que se refería a la priorización de unas informaciones sobre otras: «Una de las acepciones de muchas de las definiciones de noticia la describe como algo que sucede, que te toca de cerca. Y la realidad es que se puede haber caído un avión con trescientas personas a bordo en un país, que si han asesinado a tu vecino, créeme que te va a interesar mucho más la situación de tu vecino».

Realmente esto pone de relieve la realidad de la información, y quizá explique esa máxima tan conocida de que al lector no le importa su veracidad, lo cual redunda en la idea de que hay cierta «manipulación» ideológica para conseguir una especie de «adicción» sobre determinado tipo de noticias o para generar especial interés en algo que no lo tiene.

ETA ENTRA EN ESCENA

El Silver Center de la Universidad de Nueva York donde nos encontrábamos debatiendo no es un espacio cerrado a cal y canto en el que sólo cuentan las palabras de los invitados del encuentro. No, se trata de un lugar abierto al diálogo en el que los asistentes, neoyorquinos de a pie a los que les pareció interesante asistir, comentaron lo que estimaron conveniente, y hubo varias intervenciones que considero que debo aportar y que ampliaron las ideas expuestas.

El debate había sido intenso, incluso demasiado pacífico diría yo, y para nada imaginaba que desde el fondo de la sala alguien iba a tomar la palabra para insistir en mi reflexión sobre el desconocimiento de determinados fenómenos, como el terrorismo en aquellos países que no lo sufren o que sólo acaban de acotar un tipo de terrorismo, el yihadista. Se trataba de un joven estudiante de humanidades en una de las facultades de la Universidad de Nueva York al que había visto fugazmente al entrar y que me había saludado con respeto, diciéndome en un inglés limpio que era un norteamericano preocupado por la historia de España, y por la impresión que me dio, bastante conocedor de temas relacionados con nuestro país. «He podido observar que cada vez que hay un atentado en España de la banda terrorista ETA, The New York Times los define como “separatistas independentistas”. ¿Qué pensaría usted si un miembro de ETA pusiera una bomba a The New York Times en Nueva York? ¿Cómo les definiría?», preguntó el joven a Susan Chira, y la verdad es que ésta no rehuyó la pregunta. Entretanto, me vino a la memoria un artículo de ese periódico sobre la suspensión judicial de Batasuna a finales de agosto de 2002, que me sorprendió de visita en Nueva York, adonde había viajado para recoger mi primer doctorado honoris causa en Estados Unidos en la New School. Por primera vez hablaban abiertamente de ETA como organización terrorista y pusieron la foto ilustrativa de mi apellido en una diana. El efecto inmediato que causó fue que las autoridades académicas consideraron que mi presencia generaba una situación de alto riesgo y pusieron a mi disposición todo un dispositivo de seguridad durante el día que duró el acto de entrega del galardón.

La cuestión de a quién llamar terrorista es una de las más difíciles y complejas en periodismo, como admitió Chira. «Si miramos otro caso, los palestinos, cada día se nos plantea si llamar a la autoridad palestina un grupo terrorista, como en el caso de ETA que usted menciona. Lo que intentamos es mencionar cuándo una organización tiene objetivos políticos pero también cuándo utiliza medios terroristas. De modo que intentamos discriminar y entender la complejidad, de tal suerte que podamos afirmar que es un acto terrorista el asesinato de civiles, aunque estos grupos tengan objetivos políticos. No obstante, no es lo mismo el de un checheno que hace volar una escuela rusa, que el de otros grupos chechenos que pertenecen a un movimiento separatista. Es una cuestión muy compleja y llena de implicaciones», concluyó.

Como jefa de Internacional, Chira hizo extensible su defensa a la línea editorial de su periódico frente a la acusación de ser una herramienta en manos de sus propietarios: «Ésa no ha sido mi experiencia en The New York Times. No me cabe duda de que todo el mundo tiene críticas sobre lo que publicamos y lo que no, y siempre se puede cuestionar el énfasis, pero me parece insultante hacia la gente que superviso en Irak y que se juega la vida todos los días, que se arriesgan a ser secuestrados y han estado a punto de morir muchas veces para poder presentar múltiples visiones sobre el conflicto, que se cuestione su profesionalidad. Claro que estamos limitados en lo que podemos hacer en Irak, debido al aumento del peligro físico, pero, aun así, creo que los verdaderos periodistas afrontan esos riesgos y hacen un trabajo sin duda imperfecto pero lleno de valentía. Seguro que fallamos muchas veces, pero también me parece excesivo repudiar a los medios del modo en que a veces se hace».

La pregunta sobre terrorismo y la respuesta de Susan dio paso a una tanda de comentarios que derivaron nuevamente sobre la pluralidad informativa en España y la oportunidad de publicar noticias sobre asuntos incómodos que podríamos considerar históricos; tema que daba para cien debates más como aquél y que me provocó una reflexión sobre el franquismo y la prensa, que hice en voz alta, y que retomo aquí.

Podríamos preguntarnos por qué no salen noticias en España sobre la dictadura tras una observación incorrecta de los medios españoles. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, se publican muchas noticias referentes a la dictadura de Franco, si bien es verdad que su número disminuye en proporción con el tiempo transcurrido desde su fin, y sin embargo con los años se han ido conociendo o descubriendo documentos y hechos relativos a aquella época. Por poner sólo un ejemplo, a finales de marzo de 2007 presenté un libro excelente de Eduardo Martín de Pozuelo, Los secretos del franquismo, que demuestra el interés y actualidad del tema en España y sobre todo acredita la gran facilidad de acceso a documentos calificados de secretos en Estados Unidos. El libro arroja mucha luz sobre ese período de la historia de España que tan bien conoce la Universidad de Nueva York, donde incluso existe un departamento específico para analizar la guerra civil española y la intervención de norteamericanos en la misma (la Brigada Lincoln). Sirva este ejemplo para poner de manifiesto que paulatinamente se ha ampliado el conocimiento sobre aquellos hechos en un marco de libertad insospechada para aquellos que vivieron los oscuros años de la guerra, la posguerra y el franquismo.

Hay que diferenciar varios períodos de la dictadura que entrañan dificultades a la hora de informar sobre ellos. La guerra propiamente dicha, que merecería un espacio para aclarar muchas cosas, y la posguerra, que debería acaparar la atención no sólo de periodistas e historiadores, sino también de juristas: la posguerra española es el período más negro, oscuro y duro de nuestra historia reciente y todavía esconde infinidad de casos de desaparecidos en situaciones no legales, sin procesos, sin juicios, sin nada de nada. Por suerte, y no sin dificultad —hay muchas instituciones y asociaciones reacias a olvidar nuestro pasado—, desde hace unos años se están descubriendo fosas con los cuerpos de muchos infortunados que fueron fusilados o ametrallados en cualquier cuneta española. Y es que, como dijo un labriego a Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando buscaba el cuerpo de su abuelo por tierras de León: «Por aquí hay más muertos fuera del cementerio que dentro», idea que seguramente puede aplicarse a toda la geografía española.

En 2003 dije públicamente que era necesario crear una «comisión de la verdad» para la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, pues soy de la opinión que es imprescindible conocer los excesos que se cometieron desde 1936 hasta 1975 para que la justicia repare en lo posible los males causados por la sinrazón, sin distinción de ideologías ni colores. Esta postura me valió bastantes críticas de un medio de comunicación que me acusó de haber perdido la cabeza. Resulta patente que los que me criticaron o no conocen las injusticias de nuestro reciente pasado o simplemente no tienen sentimientos ni les interesa que se produzca una reconciliación real, sin actitudes sectarias ni rencores. Así, a bote pronto, recuerdo haber leído en la prensa dos casos de recuperación histórica logrados por periodistas que me impactaron emocionalmente mucho más de lo que soy capaz de expresar. Uno es el caso personal de Emilio Silva, periodista que a contracorriente localizó en 2002 los cuerpos de trece hombres asesinados de dos tiros en la nuca que yacían ocultos desde la madrugada del 16 de octubre de 1936 en un campo cercano a la carretera en Priaranza del Bierzo (León). Siete de aquellos hombres procedían de Villafranca, uno de Ponferrada y todavía hoy no se sabe a ciencia cierta de dónde provenían los cinco restantes. Una noche se los llevaron de Villafranca del Bierzo en un camión de Gaseosas Olarte, al que seguía un coche con cuatro hombres armados y, al despuntar el día, de rodillas, los mataron. Allí los enterraron, y sus restos permanecieron en ese lugar hasta que sesenta y seis años después, Emilio, nieto de uno de ellos, los buscó hasta encontrar a su abuelo. Con su hallazgo se abrió el camino hacia el rescate y la reconstrucción de la memoria histórica de varios miles de desaparecidos, tal vez más de treinta mil, durante y después de la guerra civil española. El otro caso de periodismo en busca del pasado que me conmovió lo leí en La Vanguardia, donde se contaba que durante julio, agosto y septiembre de 1936 el silencio de la noche se vio roto por el sonido lejano de los camiones que paraban cerca de una vieja venta en ruinas situada frente a Concud, un pueblecito semioculto en una hondonada a pocos kilómetros de Teruel. Luego se oían unas voces, unos gritos y una salva de disparos cuyo eco enlazaba con el brusco sonido de unas detonaciones aisladas y secas que helaban la sangre: dos, tres, cuatro y hasta diez tiros en alguna ocasión. De nuevo se hacía el silencio y al rato la brisa nocturna acercaba hasta Concud el rumor de los camiones que se alejaban.

Aquella escena se repitió noche tras noche durante meses, mientras, no muy lejos de la venta, un labrador apuntaba en un cuaderno las detonaciones que oía, con la certeza de que cada raya trazada en su libreta representaba una muerte. «Apunté más de mil», dijo el campesino. En realidad, había trazado mil cinco rayas, una por cada persona asesinada cuyos restos fueron arrojados en los llamados pozos de Caudé. La vieja venta, desaparecida ya, se levantaba junto a un pozo de 84 metros de profundidad y algo más de 2 de diámetro, hoy cegado, en el kilómetro 126 de la N-234 de Sagunto a Burgos, muy cerca de Caudé, frente a Concud, al lado de Teruel camino de Zaragoza.[3]

Insisto, si en España se pudo investigar lo sucedido durante las dictaduras de Chile o Argentina, y jueces y periodistas pudimos adentrarnos en los horrores de la Operación Cóndor, también se puede hacer lo mismo en nuestro país, siguiendo la línea de los casos expuestos. Sin embargo, es preciso constatar que, salvo excepciones, la prensa española no ha apostado por este campo histórico e informativo, aunque ha habido iniciativas de partidos políticos que abogaban por un estudio más profundo del asunto e incluso por la formación de la mencionada comisión de la verdad o de reconocimiento histórico.

Según mi humilde opinión estaría bien que las generaciones actuales y las venideras conocieran exactamente lo acontecido en el período más oscuro de todos, que es el de la posguerra. El período anterior está ya muy estudiado y el posterior también. Durante el franquismo se violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero no podemos olvidar que también hubo un sistema de derecho, unas leyes por las cuales se regía toda una sociedad, todo un país, con jueces que eran designados y que tenían un alto grado de independencia, aunque parezca una contradicción.[4]

Paradójicamente, en esa época se produjo en España una situación en la que, dependiendo de los tribunales, hubo una gran independencia. Es obvio que el desaparecido Tribunal de Orden Público no fue ejemplo de ello, porque lo que se buscaba era precisamente la condena de la opinión y de los discrepantes, ni tampoco los tribunales militares, que fueron sumisos al régimen. Era una dictadura con un sistema de derechos, pero no de derechos humanos, con un sistema de leyes, sin que todas fueran justas. Pero prefiero no hacer comparaciones con sistemas democráticos actuales que también tienen la pena de muerte y procesos no públicos sumarísimos en los que se juzga a supuestos terroristas que pueden verse en la silla eléctrica o condenados a penas a perpetuidad, sin posibilidad de ejercer una verdadera defensa. Insisto, no quiero hacer comparaciones entre una dictadura y una democracia, pero salta a la vista que a veces, en ciertos temas, se conectan en demasía.

Es cierto que durante la transición española no se produjo un reconocimiento de los errores pasados, ni una investigación de los excesos del régimen anterior, ni siquiera una ruptura con el pasado. Ese pacto político seguramente nos trajo la paz. Algunos no estuvieron o no estuvimos de acuerdo con que fuera así, pero con el paso de los años se ha revelado como un sistema eficaz para reconstruir una sociedad.

Hoy, en el momento en que escribo estas reflexiones, acaba de aprobarse la denominada Ley de la Memoria Histórica, que, aunque no recoge todas las expectativas depositadas en ella, cumple con la promesa electoral.[5] A pesar de que hay todavía muchas heridas abiertas y muchos símbolos fascistas vivos en nuestra sociedad, me gustaría proponer a los españoles que, de una vez por todas y olvidando el enfrentamiento político, fuéramos capaces de ajustar cuentas con un período de nuestra historia reciente, sin demagogias ni manipulaciones, pues de no afrontarlo, siempre aparecerá de forma recurrente. La sociedad española es suficientemente madura para asumir esta responsabilidad histórica y estoy convencido de que lo podemos hacer sin odios ni revanchas, y espero que la citada ley sirva de cauce para ello.

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Un desaparecido por hora

EL DERECHO CONTRA LA IMPUNIDAD EN CHILE Y ARGENTINA

Una de las experiencias más gratas durante los casi dos años que pasé en Nueva York tuvo lugar el 21 de marzo de 2006, cuando la primavera estallaba en esta gran ciudad con una fuerza sólo comparable con la grandeza de sus edificios y la energía de sus mil culturas y razas. Vivir esta época del año en Nueva York es tener el privilegio de comprobar esa fusión, cada vez más difícil, entre el hombre y la gran urbe, a veces sucia, a veces desbocada y a veces entrañable, que conjuga la altitud de sus rascacielos con la profundidad y solidez de sus cimientos en la roca que la sostiene.

Nueva York, como saben todos los que la conocen, está hecha para recorrerla caminando, aparentemente sin cansarte, y sin embargo llegar hasta la extenuación ensimismado por sus calles, el abigarramiento de sus gentes y la intensidad de sus olores. Es una ciudad para disfrutar de sus plazas, como Union Square, con sus mercados ambulantes de frutas, especias, libros y verduras, en una mezcla incomprensible pero única con grupos de espontáneos recitadores, músicos y saltimbanquis; como Washington Square, que a la vez es campus universitario y antiguo punto de reunión de heroinómanos, delincuentes y desarraigados, reconvertido ahora en un espacio intercultural propio del espíritu de esta ciudad; como Battery Park, desde donde salen las particulares barcas que pasean a miles de personas de la estatua de la libertad a la Zona Cero; o como Central Park, de una grandeza, sencillez y esplendor conmovedoras, en donde arte, deporte y vida se dan la mano de forma definitiva.

Aquel día dos jueces y un fiscal nos reunimos en el Centro Rey Juan Carlos I de España en la Universidad de Nueva York, centro que preside con orgullo uno de los laterales de Washington Square y constituye uno de los baluartes de la cultura hispánica en Nueva York, además de ostentar el nombre del rey, que en esa parte del mundo es considerado, con acierto, un pilar fundamental de nuestra joven democracia, y que es injustamente maltratado por aquellos en los que anida la intolerancia y la intransigencia, sin capacidad de asumir el reto de una España plural e integradora con un proyecto común, como conjunto de pueblos y nacionalidades.

El fiscal era el argentino Hugo Omar Cañón, de Bahía Blanca, y hermano querido. Serio, adusto y sensible, comprometido con la causa de la justicia y la defensa de las víctimas, fue el primer fiscal argentino que, en los años difíciles de la vigencia de las leyes de impunidad que silenciaron la justicia argentina durante veinte años (las de Obediencia Debida y Punto Final), se levantó contra los indultos decididos en 1989 por el presidente Menem a favor de los militares represores, para vergüenza y oprobio de quien los autorizó.

A Hugo lo conocí en 1998 en mi despacho oficial de la Audiencia Nacional, y hasta el día de hoy hemos andado juntos un camino no exento de dificultades, pero del que podemos hacer un balance positivo. Ha sido mucho lo conseguido con el esfuerzo de un puñado de víctimas, de organismos de derechos humanos, de algunos jueces y fiscales comprometidos, de algún político y de algún que otro periodista en la batalla de la justicia contra la impunidad. Cómo olvidar el verano de 2005 en Argentina, y en particular, los primeros cinco días de agosto.

UN VIAJE QUE CAMBIÓ MI VIDA

A invitación del Gobierno de Argentina y con la mediación de mi buen amigo el cónsul general en Nueva York, Héctor Timerman, hoy embajador en Washington, mi mujer y yo marchamos hasta Buenos Aires con el fin de participar en un gran evento sobre justicia, impunidad y defensa de las víctimas en el Teatro Cervantes de la capital bonaerense. En el transcurso de esa visita, le pedí a Hugo que viniera a la capital para poder darle un abrazo y sobre todo porque quería que estuviera a mi lado cuando se abrieran las puertas del mayor centro de represión y tortura durante la dictadura militar (1976-1983), la Escuela de Mecánica de la Armada, la terrible ESMA. Necesitaba que Hugo me acompañara en un momento durísimo en el que en mi mente se agolpaba el recuerdo de cientos de declaraciones de víctimas torturadas allí que había escuchado sobrecogido en mi despacho de la segunda planta del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid. En la ESMA comprobé personalmente cada uno de los lugares en los que miles de personas habían sido torturadas, humilladas, asesinadas y «desaparecidas» por unas personas que constituyen uno de los ejemplos de degradación humana más execrables de la historia.

Allí estaba el edificio que me había obsesionado durante años; junto a mí, un grupo de víctimas me recibieron llorando y compartí sus lágrimas al abrazarlas: la senadora Cristina Fernández de Kirchner, hoy presidenta de Argentina, y otros amigos de la Secretaría de Derechos Humanos, como Eduardo Duhalde y, claro, cómo no, mi querido Hugo Omar Cañón. Nunca podré olvidar la impresión que me produjo esa visita, y que le transmití a mi mujer, cuya mano, quizá como punto de apoyo emocional necesario, no solté en ningún momento.

Vi la «capucha», la «capuchita» y la «pecera». Recorrí la sala de oficiales, los sótanos donde los militares y algún civil aplicaban la picana sin piedad y ponían música para mitigar los gritos desgarradores de dolor. Observé con una opresión en el pecho que apenas me dejaba respirar, similar a la experimentada ante los testimonios de las víctimas en Madrid, el «paritorio», una habitación infecta en la que las detenidas embarazadas eran obligadas a dar a luz, para después robarles sus bebés, que eran entregados a otros «padres» más «adecuados», todo ello antes de «desaparecerlas» y acabar con sus vidas. Bajé y subí por las mismas escaleras por donde los detenidos arrastraban sus cadenas. Al ver esos macabros lugares, cuyas paredes gritaban el dolor de los secuestrados, tuve la certeza, absoluta y sin fisuras de que la valentía de los que allí sufrieron lo indecible, «tabicados» con grilletes en los pies, arrastraron su vida y sus sufrimientos con una dignidad que jamás tuvieron sus represores, inmersos en la indecencia de los verdugos.

Sí, ese viaje realmente me cambió la vida y también, por qué no decirlo, me la devolvió el 4 de agosto, cuando la tripulación (dos pilotos), un fotógrafo, mis dos escoltas, mi mujer y yo estuvimos a punto de perderla. Puedo asegurar al lector que hallarse en un avión de la prefectura argentina de un solo motor y una hélice a cuatro mil metros de altura, en el glaciar próximo al lago Biedma, en la provincia de Santa Cruz, sobre las aguas congeladas del mismo, en el momento en que el ruido del motor del avión desaparece y te inunda la inmensidad del silencio sólo roto por un «Emergencia, emergencia, Calafate» (puesto de control) pronunciado insistentemente por el piloto, es una situación verdaderamente difícil de narrar. En aquellos casi diez minutos que tardamos en descender dando vueltas y planeando para conseguir no se sabe cómo aterrizar en una lengua de terreno regular en medio de la nada, me dio tiempo a repasar toda mi vida, a prepararme para lo que parecía inevitable y para comprobar que, por alguna razón incomprensible pero bienvenida, el desenlace fatal no se produjo. También debo decir que aquel día comprendí cuánto de verdad hay en la afirmación de los militares británicos que pelearon en la absurda guerra de las Malvinas, que proclamaron, maravillados, la destreza y arrojo de los pilotos argentinos de los Pucará contra los que combatían. En cualquier caso, aquel 4 de agosto, día en el que veintidós años antes, en Bilbao había jurado mi cargo como magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz, quedará marcado en mi calendario personal como el inicio de una nueva vida.

Como he dicho antes, nos reunimos en Nueva York dos jueces y un fiscal. Bien, uno de los jueces era este humilde servidor que cuenta sus vivencias, y el otro nada menos que Juan Guzmán Tapia, hoy decano de la Universidad Central de Chile, juez que comenzó en aquel país la persecución del presunto genocida y execrable dictador Augusto Pinochet Ugarte, un jurista con el que durante años ni siquiera pude hablar —y eso que el 16 de octubre de 1998 ordené la detención del dictador chileno en Londres—, ante la amenaza permanente que pendía sobre él de que si tal circunstancia se producía lo recusarían y por tanto le apartarían de la investigación. Vista ahora, la imposibilidad prácticamente hasta de saludarnos aún me parece más absurda que entonces. Recuerdo cuando vino a España en 1999 y tan sólo pudimos hablar por teléfono, quedando aplazado nuestro primer encuentro hasta un año después, en la ciudad de La Plata (Argentina), a cuya Universidad Nacional había acudido, junto con Hugo, para recibir mi primer doctorado honoris causa en ese país. Fueron también unas jornadas imborrables, con la apertura del archivo de la Comisión Provincial de la Memoria y un acto multitudinario de recuerdo a las víctimas que me llenaron de una profunda gratitud. Sentí una inmensa emoción al fundirme en un abrazo prolongado con el juez Guzmán y el fiscal Cañón ante las víctimas que tanto habían padecido.

Allí comenzó una entrañable amistad con un hombre honorable, bueno y honrado, capaz de emocionarse pidiéndole un autógrafo al presidente de México para su sobrino en julio de 2007, en presencia de seis miembros del Gobierno y del juez Armand Riberolles, que investigó conmigo en Francia los crímenes de los GAL, o saludando a Joyce Horman, viuda del periodista estadounidense del mismo apellido que sirvió de inspiración a la imprescindible película titulada Missing, o contando sus experiencias cuando asistía al desenterramiento de cadáveres e identificación de las víctimas de la Caravana de la Muerte, y tantos casos más. Su sensibilidad con las víctimas ha sido ejemplo para mí y para muchos otros. Un año después, en agosto de 2006, tendría ocasión de comprobarlo personalmente en mi primera visita a Chile, en la que, con la excusa de recibir dos doctorados honoris causa, quería conocer los lugares donde el dictador Pinochet había cometido sus atropellos contra el pueblo chileno al que humilló y maltrató, así como a las víctimas de aquellas humillaciones y torturas.

«CHICA, ME DAS PENA»

También ese viaje, como el de Argentina, estuvo cargado de emociones y sentimientos encontrados, así como de imágenes imposibles de borrar del corazón. Y tampoco faltaron los «buitres», los que todavía no han entendido y probablemente nunca entenderán —sabe el lector que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver— la magnitud del mal que, para la causa de la justicia y la dignidad humana, cometió el dictador y sus acólitos. Nadie que se alineara en ese frente, y que permanezca aún hoy en él, es inocente. Aquellos que no sabían nada o a los que la indiferencia les hizo mirar hacia otra parte ya hace tiempo que no tienen excusa ni pretexto y son simplemente cautivos de su propia cobardía.

Visitar junto a mi mujer y Juan Guzmán la casa de Neruda, Villa Grimaldi; el cementerio, en compañía de Isabel Allende y de las víctimas; el Palacio de la Moneda, la habitación en la que, hasta el último aliento, resistió el presidente constitucional Salvador Allende; ver el Estadio Nacional, en donde miles de personas fueron torturadas o asesinadas por orden de Pinochet, todo ello me trajo a la mente nombres como el de Víctor Jara, a cuya viuda pude saludar y abrazar, o el del periodista Horman, a cuya madre y viuda Joyce Horman ya había conocido en Nueva York años antes, así como el de tantos otros. Las sensaciones fueron tan intensas que apenas pude prestar atención a aquellos que, en escaso número, gritaban y aullaban insultándome, llamándome «asesino y ladrón».

Permítame el lector contarle una anécdota que vivimos en el aeropuerto de Santiago al concluir el viaje de vuelta desde Puerto Aysen, donde habíamos participado en un encuentro masivo con las víctimas y sus familiares. Nos acompañaban un diputado de la Concertación (la alianza del Partido Socialista y el Partido Democratacristiano) y unos amigos de organismos de derechos humanos. Poco después de aterrizar y cuando comenzaba a descender el pasaje del avión, un grupo de jóvenes, en especial una chica, bien vestidos y obviamente pinochetistas, comenzaron a insultarme a la vez que ensalzaban a Pinochet y me instaban a que me marchara a mi país. Yo permanecí callado, pero un periodista, que había sido torturado durante la dictadura y que poco antes me había hecho una entrevista, se encaró con ellos, diciéndoles que el único asesino y ladrón era el dictador (se refería al caso del Banco Riggs, en el que aparecieron envueltos Pinochet y su familia).[6] La verdad es que la situación se tornó un poco tensa, porque, entre otras cosas, inexplicablemente la policía chilena, que hasta el momento del viaje en avión había estado con nosotros, nos dejó abandonados, y yo mismo advertí a mis dos escoltas españoles que me acompañaban que sólo actuaran en caso de agresión.

Lo cierto es que al bajar del avión la policía seguía sin dar señales de vida, lo cual provocó que el grupo de discrepantes se hiciera, más grande, llegando a ser unos veinticinco, a cuyo frente continuaba gritando y gesticulando la misma chica. Nosotros seguimos andando por la terminal hacia el exterior con el coro de insultos detrás, procurando que la situación no se hiciera más tensa. En un momento determinado, cuando quise tirar de la mano de mi mujer, me di cuenta de que ésta no estaba y, asustado, me di la vuelta para ver dónde se hallaba. Mi sorpresa no fue grande sino mayúscula cuando la vi dirigirse hacia la «cabecilla», a quien, dándole un leve cachete en la mejilla, le dijo: «Chica, me das pena». Quizá por la sorpresa, o no sé bien por qué, lo cierto es que se quedó paralizada, dándonos tiempo para salir del aeropuerto, a la vez que, como por ensalmo, aparecía la policía para acompañarnos al hotel. Le pregunté, admirado, a mi mujer: «Yayo, ¿cómo se te ha ocurrido hacer eso?». Ella me miró, y con la placidez y la calma que la caracterizan me dijo: «Realmente sentía lástima por esas personas que se dejan llevar por la soberbia y la mentira y no me he podido contener». En fin, los de Jaén somos así.

Era la última noche y, aunque me sentía orgulloso de Yayo, también temía que los acontecimientos se precipitaran cuando se conociera el incidente, y que la visita que había sido un éxito se tornara en una complicación. En ésas fuimos a cenar con el juez Guzmán y un antiguo diplomático amigo suyo al conocido restaurante La Normandie de Santiago. He de admitir que estaba preocupado porque algún grupúsculo de exaltados como el del aeropuerto, o el de la Universidad Central, pudieran liarla de nuevo. Mi sorpresa fue, y éste es el último recuerdo que guardo de Chile, que cuando íbamos a salir del restaurante todos los allí presentes, sin excepción, se levantaron, nos aplaudieron, nos abrazaron y me dijeron: «Éste es el Chile que usted debe llevarse en su corazón, y ésta la gente que sabemos lo que hizo por nosotros; gracias, juez». Fue muy emocionante, y su recuerdo todavía perdura en mí.

Pero volvamos a Nueva York. Comenzábamos nuestra discusión frente al público universitario el 21 de marzo de 2006, en el Centro Rey Juan Carlos I, justo en el instante en que en España, a miles de kilómetros, ETA declaraba «un alto el fuego permanente» que entraría en vigor a partir de las doce horas del día 24 de marzo de 2006. La banda terrorista, tras treinta y ocho años y 856 asesinatos, anunció su decisión a través de un vídeo emitido por la televisión pública vasca. Nuevamente, como en otras ocasiones, sería la crónica de una ilusión desvanecida y la de una premeditación por parte de los terroristas.

Recuerdo que el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero anunció que estudiaría la situación y avisó de que comparecería, como hizo luego, ante el Congreso de los Diputados para pedir su aval en la apertura de diálogo con la banda. Mientras, el líder de la oposición cuestionaba el alto el fuego desde el principio, porque consideraba que «es una pausa, no la renuncia definitiva de ETA», y ofrecía su colaboración al presidente del Gobierno para derrotar el terrorismo sin pagar ningún precio político. Por su parte, el lehendakari Ibarretxe, como si hubiera estado esperando largo tiempo esta decisión de la banda, compareció con todo su Gobierno y calificó la jornada de día «histórico», emplazando a ETA a «no frustrar nunca más la ilusión de paz de la sociedad vasca». Como desgraciadamente se comprobaría un año y casi tres meses después (6 de junio 2007), aquélla fue la crónica de la premeditación más atroz por parte de los dirigentes de la organización terrorista, que ejemplifica su torpeza y cerrazón permanentes en no abandonar la violencia como modo de expresión de las ideas. Posición que me lleva a pensar si no estarán los terroristas etarras y todos los que les apoyan especialmente incapacitados para algo diferente que no sea poner bombas o matar a inocentes o justificar esas acciones; y si no es así, ¿dónde guarda esa parte de la sociedad la repulsa por las prácticas terroristas y la desvinculación definitiva de esa postura anacrónica y criminal?

Recuerdo que el anuncio de ETA y la situación española se vivió en Estados Unidos, y en particular en la Universidad de Nueva York con gran expectación y esperanza. Los españoles con los que me relacionaba y los colegas de la universidad me preguntaban qué iba a suceder, y yo les transmití mis dudas razonables, dadas las dos treguas anteriores (1989 y 1998) y su resultado negativo. A pesar de todo, es cierto que había una sensación de que debía abrirse un espacio a la esperanza y a la razón ante la nueva situación.

En esos días reflexioné sobre la influencia que tendría en la vida de los ciudadanos españoles esa nueva etapa. ¿Sería la definitiva, o una vez más los terroristas harían gala de la necesidad de alimentarse del terror de forma absoluta? ¿O serían capaces, por el contrario, de adaptarse a los nuevos tiempos y realidades del siglo XXI? Ciertamente, yo no era de los que, como el lehendakari, se mostraban «convencidos» de las bondades de la banda, que, de corresponderle algún calificativo, según mi experiencia, era el de «estrategas del terror».

En todo caso, era un período de optimismo moderado, como así se mostraba en los diferentes estamentos de la vida política, económica y social española. Declaraciones de líderes políticos, nacionales e internacionales, de colectivos, asociaciones y organizaciones de todo tipo, también mostraban su deseo esperanzado. Un 63,7 por ciento de los ciudadanos españoles, según una encuesta del Instituto Opina del 25 de marzo, quería que el Partido Popular colaborara con el Gobierno, sin condiciones, ante el anuncio del alto el fuego de ETA. Once asociaciones de víctimas del terrorismo emitieron ese mismo día (el primero de la tregua) un comunicado en el que señalaban que «el alto el fuego permanente anunciado por ETA puede ser el punto inicial de un proceso que conduzca al final del terrorismo».

Por mi parte, además de discutir la situación con mis colegas y amigos de Nueva York, atendí el día 22 de marzo a varios medios de comunicación españoles haciendo hincapié en la necesidad de prudencia y en que la actividad de las instituciones debía continuar como garantía de los ciudadanos y de que el Estado de Derecho seguía funcionando. En una entrevista que me hizo el diario ABC dije que creía que «las actividades menores» (logística, «kale borroka») de la organización terrorista seguirían funcionando, como así fue.

LAS NOTAS DE MI DIARIO

Quizá sea traicionarme, pero quiero compartir lo que aquellos días, 21-22 de marzo, anoté en mi diario, donde suelo confesarme, reflexionar en «voz alta» y dejar anotado el recuerdo de lo que me ha sucedido o he pensado a lo largo del día. «¿Qué pienso del alto el fuego?», me pregunté. Y me contesté: «Creo que ETA tiene la intención o la necesidad de obtener una salida al acorralamiento institucional en el que se encuentran todos sus grupos y estructuras. El número de presos ha aumentado; los juicios continúan; las estructuras militares se han debilitado a favor de la dirección política de la organización, cuyos responsables, la mayoría de ellos, han surgido de sus organizaciones satélite que, tras huir a causa de las diferentes operaciones policiales y judiciales, ahora ocupan una posición más fuerte. ¿Cuál será la solución?», me dije y escribí: «Supongo que la banda tratará de imponer dos mesas de negociación, una política y otra técnica, y dos fases. La primera hasta las municipales de 2007 y la segunda hasta las generales de 2008. En la primera fase, ETA tratará de conseguir, en la mesa política, una ventaja de este tipo que le sirva de base para los planteamientos que harán en la técnica. En la primera fase solicitarán, como conditio sine qua non que sea aquella formación ilegalizada y suspendida judicialmente el único interlocutor político, tutelado por la vanguardia armada, e impondrán la legalización de Batasuna y la eliminación o modificación de la Ley de Partidos, además de las reivindicaciones clásicas del MLNV. La segunda fase estaría presidida por la presentación a las elecciones generales de Batasuna, si bien esto presenta un obstáculo insalvable, como es la causa penal contra dirigentes de esta organización y la subsistencia de esta misma. De ahí que sin una renuncia expresa a la violencia, ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional pueden hacer nada más que continuar la acción judicial en contra de aquellos. Y creo sinceramente que así debe ser.

»Por otra parte, cuando tengan que venir las concesiones del Gobierno en materia de presos, tales como revisión de condenas que suponga salidas inmediatas de presos etarras conflictivos, o concesiones como la propia desaparición de la Audiencia Nacional, o sobre Navarra u otras similares, los problemas se harán irresolubles, si no existe acuerdo entre los dos grandes partidos políticos de España. Pero, a pesar de todo ello, como ya lo hicieron otros, y siempre que la dignidad de las víctimas quede íntegra y se les dé participación en el proceso, el presidente del Gobierno debe intentarlo, moviéndose dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Zapatero ha dicho que antes del verano comparecerá ante el Parlamento para informar y pedir al mismo autorización para dialogar con ETA; previamente parece que ha habido, según publica la prensa, algún contacto en Oslo para organizar el diálogo con los terroristas. ¡Cuántas dudas tengo!, temo que fracasaremos de nuevo».

Cuando escribí estas últimas reflexiones en un vuelo de Aeroméxico, regresando desde el Distrito Federal a Nueva York, no imaginaba lo premonitorias que serían estas palabras. Pero, en fin, esto es sólo una digresión más por la coincidencia del momento que por su relación con el debate que sobre derecho internacional, memoria, justicia y represión mantuvimos la noche del día 21 de marzo en Nueva York tres amigos juristas; aunque, después de todo, quizá sí tenga mucho que ver por toda la parte de olvido, perdón y acuerdos que esos procesos conllevan.

LAS DIFICULTADES DE LA JUSTICIA

Si creemos que el fin de ETA plantea problemas de todo tipo, imagínese por un instante el lector lo que supuso para los honorables juristas argentinos enfrentarse a los atroces crímenes de la dictadura militar que, entre 1976 y 1983, provocó literalmente el exterminio y la desaparición de una generación de compatriotas. Como explicaba Hugo Omar Cañón, el desafío más grande de la sociedad argentina frente a un escenario de horror, de crímenes de lesa humanidad, como fue Argentina durante la dictadura militar, era plantearse que el propio comportamiento debía ser de estricta sujeción a la ley. «No debías actuar con un criterio de venganza, pero tampoco caer en una especie de claudicación ética.» Por desgracia, eso es lo que hizo el Gobierno de Alfonsín, claudicar éticamente ante las presiones militares. De este modo se realizó un juicio histórico muy importante, como fue el juicio contra las Juntas Militares, si bien no se avanzó en la persecución de aquellos que ejecutaron el plan criminal y practicaron la tortura y la desaparición forzada de personas en campos de concentración, bajo la figura del código de justicia militar que proclamaba la obediencia ciega. «La vigencia de los derechos humanos tiene que prevalecer, porque justamente quien puede proteger los derechos humanos es el Estado, y frente al Estado hay que actuar en nombre de la sociedad y no como representante de aquél si ello implica ir en contra de los intereses de los ciudadanos», dijo Hugo.

Chile padeció una represión similar de la mano del golpista Augusto Pinochet, que gobernó impunemente con las manos manchadas de sangre inocente. El incorruptible y honorable juez Guzmán explicó algo muy interesante: el grado de incredulidad que él mismo y gran parte de la sociedad chilena, influidos por unos medios de comunicación controlados desde el poder, tuvieron al inicio de la represión pinochetista. Nadie creía la realidad, con el tiempo constatada, del grado de crueldad que hubo por parte de los agentes estatales, de Pinochet y del ejército. Esta incredulidad favoreció la impunidad de unos hechos que no comenzaron a plantearse hasta mucho tiempo después, en 1998, cuando dejó de ser comandante en jefe. Entonces cayó el velo del engaño y surgió la posibilidad de procesarlo. «Para mí fue bastante duro, pero al mismo tiempo doy gracias a Dios por haber tenido el privilegio de haber podido encausar en dos ocasiones a un individuo como Pinochet, que se burló de la justicia, tanto chilena como universal, que se burló del mundo entero», confesó emocionado Guzmán.

Esta reflexión del 21 de marzo de 2006 en Nueva York, recuperada ahora para esta crónica, ha traído a mi memoria los inicios de los denominados juicios de Madrid sobre los delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante los regímenes dictatoriales de Chile y Argentina, a los que después se incorporaría el genocidio en Guatemala. Estas iniciativas comenzaron en marzo de 1996, con la presentación de la denuncia de la Asociación Progresista de Fiscales contra los responsables de las tres Juntas Militares que gobernaron Argentina con mano de hierro, entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983, y aplicaron un plan sistemático de eliminación de personas. Víctimas de esa represión, llegaron a morir o desaparecer más de 20.000 personas, según las estadísticas de los organismos de derechos humanos.

El trabajo de éstos, y el consiguiente impulso de las víctimas y de unos pocos periodistas, fue determinante para que esta iniciativa, pionera en la historia jurídica mundial, llegara hasta la sede judicial. El 28 de marzo de aquel año, el caso sobre la represión en Argentina arrancó definitivamente cuando admití la denuncia, dando así comienzo uno de los casos judiciales más intensos e importantes por su impacto internacional que nunca he tenido a lo largo de mi carrera profesional. En ningún momento imaginé hasta qué punto este caso y el de Pinochet, que asumí tiempo después, iban a cambiar mi vida profesional y personal.

El camino de la justicia penal universal que todas las partes implicadas y concienciadas pusimos en marcha debió superar trabas de todo tipo, no sólo jurídicas, sino principalmente políticas, económicas y diplomáticas. Aún recuerdo el editorial que me dedicó un periódico después de que otro rotativo se hubiera sumado, informativamente hablando, a la causa. Uno tituló: «España acusa» y el otro respondió «Un brindis al sol». En fin, hoy día el camino es ancho y adecuado para dar una respuesta global a muchos casos que hasta ahora carecían de ella, a pesar de la gravedad de los crímenes imputados. La diversidad de cuestiones planteadas a todos los niveles a lo largo de estos doce años de historia judicial demuestra que el tema era muy complejo y con dificultades de encaje en el ámbito internacional, a pesar de que siempre consideré que no podían existir dudas a la hora de atender la justa petición de amparo de las víctimas.

La investigación no estuvo exenta de obstáculos, añadidos intencionadamente a las propias dificultades de la propia investigación. El Gobierno español conservador, y, siguiendo sus directrices, el Ministerio Fiscal, no hizo nada oficialmente distinto a impedir, trabar e interrumpir el avance de las pesquisas judiciales. Esas dificultades se trasladaron también intencionadamente a los países de referencia, Chile y Argentina, donde se impidió cualquier tipo de cooperación, llegando incluso en este último país a aprobarse un decreto presidencial (Carlos Menem) en 1997 que prohibía expresamente dicha cooperación.

Inspirado en la denuncia sobre la represión en Argentina, el caso Pinochet se inició en julio de 1996 en el Juzgado Central de Instrucción número 6 y siguió su curso independiente del anterior. En abril de 1998, ambos procedimientos se conectaron a través de una pieza separada del caso Argentina abierta para investigar la llamada Operación Cóndor. Como bien sabrá el lector, el operativo Cóndor integraba una red de coordinación criminal perfecta entre los servicios de inteligencia, policiales y otros cuerpos represores de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia en el Cono Sur, con tentáculos que se extendían fuera de América Latina para delinquir en Estados Unidos, Italia, Francia y España. El objeto de la Operación Cóndor era secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a los opositores políticos de las mencionadas dictaduras.

El año 1998 fue importante en mi vida profesional por muchas razones, porque fue el año en que comenzaron a concretarse las investigaciones contra las ramificaciones económicas del entorno de ETA, el cierre del diario Egin, la desarticulación de KAS y EKIN, y el inicio de otras tantas investigaciones que desvelarían la auténtica cara de esa organización terrorista, y que casi diez años después, el 19 de diciembre de 2007, ha tenido un resultado espectacular al acoger la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya ponente ha sido la brillante magistrada Ángela Murillo, que, junto con los otros dos magistrados, el fiscal Enrique Molina y las acusaciones, han hecho un trabajo ímprobo y encomiable. Todas las tesis que en aquellos tiempos defendíamos muy pocos han sido tomadas en consideración y se ha condenado a cuarenta y siete acusados como integrantes o colaboradores de todo el entramado KAS/EKIN/XAKI construido por ETA para continuar destruyendo la convivencia pacífica a la que aspiramos los españoles. Como no son muchos, hay que aprovechar los buenos momentos y disfrutar del objetivo conseguido, aunque sólo sea cinco minutos, para luego continuar trabajando.

Pero si el año 1998 marcó mi vida muy especialmente fue por la decisión que tomé el 16 de octubre alrededor de las dos y media de la tarde. Desde mi despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordené la detención del ex presidente de Chile Augusto Pinochet, que a la sazón se encontraba en Londres. Créame el lector si le digo que hasta ese momento el día había transcurrido con absoluta normalidad. Había despachado otros asuntos y, como era viernes y coincidía que era la feria de San Lucas, de Jaén, mi tierra, mi aspiración más inmediata era ultimar los papeles de esa mañana relativos al caso KAS-EKIN, preparar una próxima operación contra ETA (tendría lugar a final de mes) y marcharme con mi mujer y unos amigos a los toros de mi provincia natal, donde toreaba uno de mis toreros favoritos, Curro Romero, y no quería llegar tarde al inicio del festejo.

Pero en mi destino estaba escrito que ese día se cruzaría definitivamente la vida del dictador chileno con la mía. Hasta ese momento, no había comenzado a investigar en profundidad a Pinochet, salvo muy lateralmente a raíz de la denominada Operación Cóndor, ya que estaba más ocupado en el caso de las Juntas Militares argentinas, cuyo procesamiento estaba preparando (finalmente, lo haría el 2 de noviembre de 1998 contra 98 personas, por los cargos de genocidio, terrorismo y torturas contra miles de personas, los mismos delitos que imputé al senador Pinochet). Resulta curiosa la coincidencia de fechas: 1998 fue el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el del procesamiento de Pinochet y el de la autorización para continuar la extradición del ministro del Interior británico Jack Straw el mismo día del aniversario de la declaración (10 de diciembre de 1998). Ocho años después (10 de diciembre de 2006) falleció el dictador.

EL DÍA QUE ME TEMBLARON LAS PIERNAS

Había estado toda la semana en contacto con el abogado Joan Garcés, impulsor de la acusación contra el dictador chileno, quien me había avisado de la presencia de Augusto Pinochet en Londres y al que le dije que las acciones en su contra (cualesquiera que fueran) debía afrontarlas el juez García-Castellón, ya que era él quien llevaba la causa principal. No obstante, le comenté que al tener la pieza sobre la Operación Cóndor abierta, que afectaba directamente a Pinochet, podía actuar, pero de forma absolutamente reservada y discreta. Así que le pedí que solicitara el envío de una comisión rogatoria a mi colega y que hiciera pública la aceptación del juez y la inmediata remisión de la misma a las autoridades británicas. El efecto producido era el que había previsto: toda la atención mediática se fijó en las decisiones que, eventualmente, pudiera tomar el juez García-Castellón, lo cual me permitía moverme sin ningún tipo de presión. Así que comencé a solicitar información, sin conocimiento alguno por parte de nadie y vía Interpol, a las autoridades británicas. La primera respuesta se produjo, si la memoria no me falla, el miércoles 14 de octubre, y fue bastante desabrida por parte de Scotland Yard. Más o menos venían a decirme: «A usted qué le importa, no se meta en asuntos que no le conciernen». La respuesta me dejó bastante perplejo, ya que no eran formas de contestar una petición de un juez español, aunque pensé que estaban ajustando viejas cuentas conmigo.

Lo cierto es que esa tarde, perdida ya cualquier esperanza de que diera resultado mi estrategia de discreción y reserva para no levantar sospechas del entorno de Pinochet y pudiera trasladarme a Londres para tomarle declaración, recibí una llamada inesperada del ministro consejero de la embajada británica en España, John Deu, para pedirme disculpas por el tono y contenido de la contestación policial recibida y me dijo que cursara otra nueva petición de información (qué hechos se investigaban, cuáles se le imputaban, la calificación jurídica, el lugar donde se hallaba y la intención de interrogarle) y que sería contestada afirmativamente. En ese momento me di cuenta del poder que tiene la casualidad o el azar en el devenir de los hechos y de la vida de las personas. Probablemente, Pinochet nunca hubiera sido detenido, si yo, un año antes, no hubiera criticado pública y durísimamente la falta de colaboración de los británicos con las autoridades judiciales españolas en las investigaciones sobre blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas en Gibraltar. Esto dio lugar a que John Deu me formulara una queja por mis palabras, a lo que yo le dije que, sin renunciar a lo dicho, no me importaba hablar con él en persona. Así comenzó una muy buena relación que aquel 14 de octubre de 1998 allanó el camino para continuar mi aproximación a Augusto Pinochet en Londres.

La respuesta policial llegó, mucho más amable que la anterior, y pude cruzar más datos para el fin que pretendía. Finalmente, el viernes 16 de octubre, después de haber comunicado a las partes acusadoras (los abogados) que resolvería sobre la presentación de una querella contra Pinochet ese día y la petición de declaración a través de comisión rogatoria el lunes 19, les despedí sobre la una del mediodía sin más novedades.

Pero cuál no sería mi sorpresa al recibir una comunicación de Interpol-Madrid, cuando ya prácticamente estaba cerrando el despacho para salir de viaje hacia Jaén, en la que se me decía que las autoridades británicas habían informado de que el senador Augusto Pinochet, a pesar de que estaba convaleciente de una operación de hernia, había solicitado el alta voluntaria y se marchaba al día siguiente. Inmediatamente requerí la posibilidad de que se le retuviera hasta recibirle declaración y la respuesta fue: «La única posibilidad de impedir que se marche es ordenando su detención».

El shock que recibí en ese momento creo que no es difícil de imaginarlo: se abría ante mí un panorama nada fácil y tenía que tomar una decisión inmediata en un sentido u otro. Si dejaba pasar la insinuación que se me hacía desde Londres, nadie me lo reprocharía, pues en definitiva el juez García-Castellón era quien llevaba la causa principal, y no había tomado ni tomaría una iniciativa de ese tipo. Además, la competencia de la jurisdicción española para los casos de Argentina y Chile estaba pendiente del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal —después de estar más de un año sin hacerlo—, por lo que la sala podía decidir que no éramos competentes y archivar el caso. Y encima, para mayor complicación, en ese momento tampoco tenía todas las imputaciones contra Pinochet. Sólo tenía la Operación Cóndor, pero más del lado argentino, para tomar la decisión. Así las cosas, aquella tarde en que sopesaba mandar la orden de arresto contra el dictador, debo reconocerlo, pensaba que los británicos no cumplirían el mandato, de modo que estaba convencido de que las posibilidades de éxito eran nulas y las de fracaso, con repercusión mediática incluida, seguras. Aun así, me costó poco tiempo decidirme por la detención, pues era la única opción coherente con la aplicación del principio de justicia penal universal que había iniciado años antes y que justificaba la orden de detención del chileno, como lo había hecho un año atrás contra el ex presidente de la Junta Militar argentina Leopoldo Fortunato Galtieri, por su presunta participación en los asesinatos y desaparición en Rosario (Argentina) de varios miembros de la familia española Labrador. Así que, tras el aviso de Londres, lo justo era ordenar la detención de Pinochet, era lo que había que hacer y la única decisión que las víctimas entenderían. Además, nunca me habría perdonado a mí mismo no haber hecho algo por acabar con la impunidad que aún regía en Chile y no haber llevado a cabo todo lo que estaba en mi mano para conseguirlo. De modo que a las dos y media de la tarde aproximadamente llamé al último funcionario (Jesús Sánchez) que quedaba en mi planta de la Audiencia Nacional —todos se habían marchado ya— y le pedí que se quedara para transcribir una resolución urgente.

Me encerré en mi despacho, desconecté los teléfonos y, ante la falta de los tomos del procedimiento —el funcionario encargado de la tramitación también se había ido—, redacté de memoria los hechos y desarrollé los razonamientos jurídicos con los que imputaba a Augusto Pinochet como presunto autor de genocidio, terrorismo y torturas. La orden quedó hecha y apenas media hora después ya estaba saliendo por fax para la Interpol, a cuyo representante en Madrid advertí de la gravedad de que pudiera filtrarse una decisión así. En realidad, esta advertencia sobraba, porque el funcionario asumió la responsabilidad de silencio y cumplió su labor a la perfección. Pasaron unos minutos y, sin retirarme del teléfono, el funcionario me dijo: «Señor juez, la orden de detención internacional de Augusto Pinochet Ugarte está enviada a Londres».

Los hechos se sucedieron tan vertiginosamente que no tuve tiempo de reflexionar sobre lo sucedido hasta ese momento: realmente había sucedido; la orden de detención estaba en Londres, y ahora sólo quedaba esperar los acontecimientos y estar preparado para recibir los ataques y críticas que vendrían con total seguridad de los más variados frentes, tanto si lo detenían como si no. Sin embargo, había merecido la pena y, para mí, como juez, no existía otra opción.

Mi gran amigo Tomás Sanz me estaba esperando desde hacía rato en el coche —nuestras mujeres ya se habían ido a Jaén— para salir hacia la localidad andaluza. No le comenté nada en ese momento, pero debió de intuir que algo me pasaba porque respetó mi silencio durante casi una hora. Cuando íbamos por la nacional IV a la altura de Ciudad Real, con los molinos de viento de fondo, fue cuando recibí la llamada de John Deu diciéndome que la orden de detención había sido recibida y que Scotland Yard le daba trámite e iría a presentársela al juez para que decidiera. Me quedé sin habla y más pálido aún de lo que estaba. Le di las gracias a John, y Tomás me preguntó qué me sucedía, a lo que respondí: «Tomás, he ordenado la detención de Augusto Pinochet y la policía va a presentar mi orden al juez inglés para su arresto». Creo que se quedó impactado con la noticia y sólo pudo, pero fue más que suficiente, apretarme el antebrazo izquierdo, en un mensaje mudo de ánimo. Por fin llegamos a Jaén con la corrida de toros iniciada, y Curro dio unos apuntes con el capote a la verónica de ensueño.

Sobre las seis y media de la tarde recibí de nuevo una llamada de John diciéndome que el juez británico tomaría una decisión en pocas horas. Quizá el lector piense que un juez es una persona que ni siente ni padece, que es inmune a sus propias decisiones, siempre reconcentrado en asuntos en los que parece que a veces le va la vida, y que tras ordenar la detención de un dictador como Pinochet va y se queda tan fresco. Pues no. A mí me tiemblan las piernas, me emociono y me asusto como cualquier mortal. Cuando hablé con John, las pulsaciones debieron de acelerarse al máximo porque mi mujer me preguntó qué me ocurría; pero no podía decirle nada en ese momento. Ya en el hotel, cuando una hora después recibí una nueva llamada de John diciendo que el juez inglés había firmado la orden de detención de Pinochet para su extradición, me derrumbé sobre el sillón, me dirigí a ella y tomándole las manos le dije: «Un juez británico acaba de ordenar la detención de Pinochet en Londres a petición mía y van a detenerlo; estoy muy asustado, pero seguro de lo que he hecho». Los que conocen a mi mujer saben que no miento ni exagero si les digo que es una persona extraordinaria y excepcionalmente lúcida. En ese momento, ella, con mirada serena y un atisbo de orgullo dijo: «No te preocupes, Baltasar. Hemos estado en situaciones peores de las que nos hemos salido. Además, era tu obligación hacerlo por las miles de víctimas que cayeron...». La verdad es que sus palabras y su apoyo, como siempre, me dieron ánimo para aguantar la última recta de ese día: la materialización de la detención del dictador. No puedo precisar la hora, pero sí eran las diez y media pasadas cuando John Deu me llamó una última vez esa noche para decirme que Augusto Pinochet estaba detenido, tras lo cual me dije: «Bien, ya está hecho, ahora a pelear jurídicamente por el caso».

Pero volviendo al aula de la universidad neoyorquina, la discusión se centró en la cuestión de la impunidad y las normas que la crean, la protegen y hacen que permanezca. Me refiero a las amnistías, los indultos, leyes de punto final y en general a esas argucias que se inventan los dictadores y los genocidas para impedir la investigación y mantenerse impunes ante hechos que en el fondo ellos saben que son totalmente injustificables.

El juez Guzmán nos recordó que en Chile hubo la Ley de Amnistía de 1978 que rigió durante cinco años e impidió cualquier acción contra Pinochet o cualquiera de sus criminales colaboradores, y que cuando el democristiano chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle resultó elegido presidente de la República, muchos jueces afirmaron que aquella amnistía no impedía que se pudieran investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, como tampoco impedía que se supiera quiénes eran los autores materiales de los crímenes. Sin embargo, explicó Guzmán, la argumentación que permitió avanzar fue considerar el delito de secuestro como un delito permanente, de modo que técnicamente los desaparecidos seguían secuestrados en ese instante y por lo tanto había derecho a investigar con el fin de encontrarlos y perseguir a sus secuestradores; la misma tesis jurídica que defendíamos en España.

Entonces los jueces que habían comenzado a investigar esas causas empezaron a investigar los delitos cometidos contra los derechos humanos, principalmente los secuestros, gracias a esa puerta abierta por el legislador, ya que al decir: «Los crímenes cometidos durante tal período —esos cinco años— no pueden ser materia de castigo», si se mantenían esos efectos, si eran permanentes, ello significaba que se cometían fuera de aquellos años y se podía actuar.

El fiscal Cañón apostilló rápidamente lo explicado por Guzmán, porque la situación de Argentina fue muy diferente de la de Chile; Pinochet dejó todo el terreno minado, mientras que Argentina, «afortunadamente», tuvo una derrota militar internacional que forzó una transición hacia la democracia. Durante el período de la dictadura prácticamente existieron dos justicias. Había una justicia formal para los delitos del código penal, que funcionó más o menos con cierta normalidad y transparencia. Incluso, por ejemplo, cuando un cabo del ejército por cuenta propia secuestró a una persona y le pidió dinero, un tribunal civil le condenó a cadena perpetua porque el delito estaba totalmente fuera de la estructura militar. Ahí se aplicaba el otro sistema judicial clandestino del plan criminal de exterminio. Este plan fue redactado en Argentina con mucha publicidad. Como explicó Hugo: «Se elaboraron estatutos y se crearon estamentos que quizá comenzaron a transformarse en la década de 1960 para no cumplir incluso con la Convención de Ginebra, cambiándose la terminología de prisionero por detenido subversivo, con la calificación, incluso desde el punto de vista ideológico, de que subversivo era la persona u objeto susceptible de ser eliminado sin ningún tipo de consecuencia jurídica en las catacumbas del poder secreto militar».

Fue un período tremendo y muy pocos jueces se animaron a dejar habeas corpus abiertos. Hugo recordaba cómo al contarlos salía casi un habeas corpus por hora. Tras la derrota de las Malvinas, los militares empezaron a preparar su retirada del poder con la autoamnistía que se otorgaron. Pero ya en la época de la dictadura, los propios jueces civiles comenzaron a declarar la inconstitucionalidad de esas leyes de autoamnistía y el Gobierno constitucional asumió inmediatamente la primera anulación de dicha ley. Sin embargo, el Gobierno Alfonsín estableció un mecanismo que pretendía la autodepuración de los militares. Por supuesto, no se juzgó a ninguno, e incluso el 25 de septiembre de 1984 elevaron un informe diciendo que no había delitos, que todo el mundo había cumplido órdenes y que si había algún exceso debía investigarse por separado. Fue ahí cuando la Cámara Federal de Buenos Aires comenzó el juicio a las Juntas. Fue una etapa de apertura, inevitablemente seguida de un período de cierre. El Gobierno pretendía dar un cerrojazo con la Ley de Punto Final, fijando un plazo de caducidad fatal de sesenta días para denunciar, de modo que quien no lo hiciera en ese término ya no podría actuar. Hubo alguna reacción de alguna Cámara, como la de Hugo en Bahía Blanca, donde trabajaron hasta las doce de la noche y se pudo citar prácticamente a todas las personas sobre las que había pruebas suficientes para ser citadas. Después llegó la Ley de Obediencia Debida, que fue el segundo portazo del presidente Alfonsín y, por último, el indulto del presidente Menem en 1989. «Con este indulto se cerraron nuestras puertas, pero los militares y la dictadura militar no lograron acabar con la resistencia de cuantos creíamos en la justicia, ni que, frente a su plan criminal de exterminio, surgieran los organismos de derechos humanos que los combatieron», concluía Hugo.

LAS TORTURAS Y LA COMPLICIDAD DE LA IGLESIA

Precisamente fue esta última reflexión de Hugo Cañón la que me llevó a plantearles a nuestros amigos la importancia de los movimientos de las víctimas en Chile y Argentina en el desarrollo de los procesos y la lucha contra el silencio y la impunidad. Guzmán fue el primero en afirmar que en Chile las víctimas habían sido el motor, sin olvidar la valentía de los abogados que lucharon por los derechos humanos, y el papel determinante que tuvo la Iglesia católica en el último momento. Sin embargo, en Argentina la situación fue muy distinta. Basta recordar que en el mes de octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua el capellán Von Vernich, un siniestro personaje que animaba a los torturadores e incitaba a los detenidos a colaborar y a asumir la autoría de las torturas.

«En Argentina, salvo excepciones de cuatro o cinco obispos, el Episcopado como tal, y sobre todo el vicariato castrense, fue cómplice absoluto de la dictadura militar —reveló Hugo—. Fue la cruz y la espada de una cruzada mesiánica para un plan de exterminio de un grupo nacional, y por eso lo denominamos genocidio.» Las víctimas eran un grupo de personas que no merecían un trato humano, ya fuera por su ideología, por su compromiso político, por ser sindicalistas o por ser pensadores. Los enemigos de la dictadura no eran tanto los que utilizaban las armas, como los que pensaban y podían proyectar un país diferente. Frente a estas situaciones de abuso, se reaccionó con la creación de grupos de derechos humanos. Hacia 1975 surgió la APDH, el SEPLAJ, que integra Pérez Esquivel, y Madres de Plaza de Mayo, que pronto pasó a ser un ejemplo de referencia en la búsqueda y reclamo del desaparecido, un ser ni vivo ni muerto, un estado de incertidumbre terrible para los familiares ante la falta de respuesta. Con su presencia, las madres fueron corporeizando esos miles de desaparecidos (con los pañuelos blancos, con las figuras que fueron estampando en la plaza de Mayo), y de esa manera se estableció una lucha que tuvo trascendencia internacional.

En Chile tampoco faltaron ejemplos de casos horrendos. Recuerdo el de la Caravana de la Muerte, que tanto ha dado que hablar y sobre el que tanto se ha escrito. El juez Guzmán explicó: «El presidente de la Junta Militar, el general Pinochet, ordenó que una caravana militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark viajara en un helicóptero de Santiago hacia el sur; luego vuelta a Santiago; de Santiago hacia el norte, y luego vuelta a Santiago. En ese viaje se decidió el asesinato de todas aquellas personas que se encontraban en recintos militares por delitos inexistentes y se ocultó una matanza organizada para, por una parte, intimidar a la población diciendo: “Somos nosotros los militares”, y, por otra, para endurecer más la postura del ejército diciendo: “Si ustedes no son tan duros como lo somos nosotros [los de la Caravana de la Muerte], entonces van a ser cómplices, van a ser comunistas, van a ser traidores con este país. Y por ende, podían ser eliminados”».

«En Argentina —recordó Cañón—, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajó a Buenos Aires, un famoso periodista deportivo convocaba a través de la radio a los ciudadanos a salir a la calle y demostrar que los argentinos respetamos los derechos humanos. Realmente, durante la dictadura, un mero dato de la “inteligencia” era suficiente para que las personas fueran secuestradas y sometidas a torturas.» Los detalles son estremecedores: una vez en el centro clandestino de detención, al detenido se le depositaba en una mesa-camilla mientras una persona le interrogaba y otra le practicaba la tortura a base de picana eléctrica, esto es, aplicándole corriente eléctrica por el cuerpo. «No es de extrañar, al fin y al cabo eran militares, que estuviera reglamentado a partir de qué edad se podía torturar, y cómo a los menores, según el peso y la edad, no se les podía torturar, pero sí se les colocaba sobre el cuerpo de la madre para que la corriente les pasara. Y para mayor atrocidad, si bien no se les podía matar, sí se les entregaba a otra familia privándoles definitivamente de su auténtica identidad, del derecho a conocer su origen», relató Hugo. Hasta quinientos niños fueron sustraídos, de los que aproximadamente ochenta han sido recuperados por sus familias naturales.

Estas palabras, pronunciadas con tristeza y emoción, dejaron al público neoyorquino sumido en un profundo silencio y con una sensación de ahogo que dejaba oír el ritmo alterado de su respiración.

Verdaderamente, por muchas veces que haya oído o leído estos relatos, siempre los revivo como si fuera la primera vez. «A las personas torturadas se les extraía información para, a su vez, comenzar otro nuevo operativo. Después les vendaban los ojos, les ataban las manos, y puestos en el suelo, sin poder hablar, ni ir al baño si no era con autorización, se les colgaba de las manos o se les colgaba cabeza abajo en un pozo o se les dejaba desnudos con perros al lado amenazando con morderlos, sobre todo en los genitales. También les arrancaban las uñas de los pies. Recuerdo cómo apareció flotando el cadáver de un chico de quince años, Fidel Avellaneda, en la costa uruguaya, y cómo gracias a la pericia médica se estableció que había sido empalado, cómo se le había introducido un palo en el ano.» Los militares tenían un poder absoluto sobre las vidas de las personas, ellos decidían quiénes eran «trasladados», esto es, muertos y hechos desaparecer.

Mientras Hugo explicaba tales atrocidades, no podía evitar pensar cómo últimamente habíamos asistido a algunas políticas justificativas de la tortura y a algunas decisiones de políticos democráticos incompatibles con un sistema de derecho, como por ejemplo lo sucedido en la guerra de Irak, Afganistán, las desapariciones, las prisiones secretas, las rendiciones, Abu Ghraib, Bagram, Guantánamo… Era como si los sistemas autoritarios, una vez más, se dieran de la mano con doctrinas del mismo sesgo (Escuela de las Américas) en países democráticos (Estados Unidos, por ejemplo), justificados solamente por la actual interpretación desorbitada de la seguridad nacional. Los tres juristas estuvimos de acuerdo en lo inaceptable de esto, especialmente en países que dicen ser democráticos, pero a la vez quedó flotando en el aire que, una vez más, una cosa era la doctrina y otra muy distinta la práctica ¿Cómo explicar las decisiones de la administración norteamericana que, día tras día en estos últimos siete años, ha ido construyendo un enorme castillo de falsedades para justificar el fracaso sin paliativos de la política sobre derechos humanos de Bush? Pasará mucho tiempo antes de que recuperemos el terreno perdido, en gran medida por culpa de la mayor parte de los países llamados democráticos, que han asistido impasibles al acto de destrucción de años de lucha democrática por recuperar la dignidad del ser humano. Afortunadamente, la mayoría de los países democráticos se han dado cuenta, aunque el daño ya está hecho, las secuelas permanecen y la tentación hacia los tics autoritarios o antidemocráticos continuarán, razón por la cual el compromiso y la lucha democrática por recuperar esos espacios para el derecho debe ser constante.

Así lo reconoció Cañón cuando dijo: «Esta lucha por la dignidad del hombre es una lucha inacabable, porque la perversión, el ensañamiento, están siempre latentes. España ha sido un ejemplo en la práctica de la legalidad y de la vigencia del Estado de Derecho y tu actuación como juez es un referente en el sentido de que es posible este equilibrio fundamental en la aplicación de la ley sin que signifique debilidad frente al delito». Estas palabras me sorprendieron y me halagaron, a la vez que me trajeron a la memoria la larga lucha en las investigaciones sobre los GAL, pero también me recordaron que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad los ciudadanos en general tienden a «justificarlos» o «entenderlos», en aras de la «eficacia» de la lucha contra el terror, la subversión, el crimen, etcétera. De este sentimiento se suelen aprovechar algunos gobernantes para justificar su propia ineficacia en la persecución de quienes quebrantan los principios básicos de una sociedad. Pero el comentario también me hizo reflexionar sobre otro hecho extraño e incontestable: si bien se justifica a veces el asesinato aunque sea en masa, nunca se acepta que sus autores se lleven el dinero, respondiendo a un curioso mecanismo de discriminación moral que se da en todos los casos. Pinochet empezó a caer ante los suyos no cuando procesaron los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino cuando se acreditó que se había llevado la «plata», lo mismo que podría decirse de algunos procesados por los GAL.

El juez Guzmán continuó con su razonamiento: «Es muy sencillo, cuando se trata de delitos contra las personas, contra seres humanos que militan en partidos de izquierda, se les asimila como partidos violentos o terroristas, los ponen en el mismo saco, es decir, como gente que está dispuesta a causar daño a la democracia. Es un error que ya sabemos absurdo. En Chile, el dilema fue o nosotros, los no comunistas, los no izquierdistas, o ellos». De alguna manera se creían en una cruzada contra el comunismo mundial en la que había que destruir al enemigo. El concepto nacionalista que sostenía la dictadura argentina se regía con la convicción de que la cruz y la espada preservaría esta «civilización occidental cristiana», y ello comportaba que el diferente, no solamente el comunista, o en el caso de Argentina, el «montonero», el simpatizante, o aun el indiferente que no se identificara plenamente con esos principios nacionalistas que ellos defendían pasaba a ser un enemigo que podía ser destruido.

La interesante reflexión de mi colega me trajo a la memoria que las leyes de impunidad dejaron abierta la posibilidad de investigación de los delitos económicos. La dictadura argentina empobreció al país. El Estado de bienestar argentino, que llevaba unas tres o cuatro décadas en funcionamiento, fue prácticamente desmantelado. Y la guinda la puso el Gobierno de Menem, cuando terminó endeudando al país en 150.000 millones de dólares. Un dato interesante es que cuando se fue el Gobierno militar, la deuda externa de Argentina era de 5.000 millones de dólares; cuando se fue Alfonsín la deuda superaba los 50.000 o 55.000 millones de dólares, y cuando se fue Menem ascendió a 150.000 millones de dólares, no sin antes privatizar todo lo que era patrimonio del Estado nacional, de la sociedad en su conjunto. «Con ese desguace del Estado se pasó a lo privado otros 150.000 millones de dólares que se evaporaron en la corrupción que existió, en complicidad con los militares», afirmó Hugo.

CORRUPTOS Y SECUESTRADORES

La corrupción se halla en la base de todos estos mecanismos brutales que los militares pusieron en marcha. A todos ellos se les llenaba la boca de honestidad, de defensa de la patria, pero realmente muchos de ellos fueron, además de asesinos, ladrones y extorsionadores. Cuando se llevan a cabo investigaciones, siempre aparece un general, un familiar o una persona próxima a quien ejerce el poder que se enriquece. Y, en el caso argentino, se hizo con los propios bienes de los secuestrados, desaparecidos o asesinados. La corrupción es, asimismo, uno de los soportes básicos de la impunidad, y su participación se concreta en la depredación de todo aquello que tiene valor, comenzando por la vida y acabando por la hacienda. En este lamentable espectáculo de degradación, una vez más, los que taparon lo ejecutado adquirieron una participación gravísima, merecedora del reproche penal más firme.

Nuestra conversación se iba animando, y fue en ese instante cuando retomé un tema que en Estados Unidos ha sido objeto de arduas discusiones, el papel desempeñado por Washington en todos estos acontecimientos, tanto en Chile como en Argentina. Nuevamente, el juez Guzmán quiso dejar clara su postura afirmando que el golpe militar chileno fue en gran parte fraguado desde Estados Unidos. «Existen bastantes documentos respecto a actuaciones de Estados Unidos durante el primer período del golpe militar, pero lamentablemente no ha habido ninguna colaboración para esclarecerlo, porque tampoco hemos podido citar a declarar a personajes como Kissinger. Simplemente han hecho todo lo posible para que no puedan ser interrogados.»

Es curioso lo que puede llegar a producir una resolución judicial transcurrido el tiempo. En octubre de 1998 ordené, además de la detención, el bloqueo de todos los bienes y cuentas bancarias de Augusto Pinochet en cualquier parte del mundo. Esa orden nunca llegó a ejecutarse porque las autoridades británicas no llegaron a cumplimentar la comisión rogatoria librada a tal efecto. Sin embargo, el conocimiento público de aquella resolución hizo que el Banco Riggs en Londres reintegrara varios millones de dólares que el señor Pinochet tenía en la entidad bancaria. En los años siguientes, la mencionada cantidad fue cobrada por los familiares, incluso hallándose el detenido en Londres (febrero de 2000). Como consecuencia de la investigación producida a raíz de aquel embargo se averiguó que el dictador y su familia habían tenido veintisiete millones de dólares depositados en el Banco Riggs, el cual sufrió una fuerte sanción (unos dieciséis millones de dólares), llegando a un acuerdo con las víctimas representadas por el letrado Juan Garcés, de modo que con la autorización del juzgado se destinó un total de nueve millones de dólares al pago de indemnizaciones de las víctimas, único dinero pagado del propio bolsillo de Pinochet que las víctimas han recibido como ridículo resarcimiento. Pero, si tengo que decir la verdad, me siento orgulloso de que esto fuera posible gracias a una resolución mía. Recientemente, otro gran juez chileno, Carlos Cerda, gran amigo del Juan Guzmán, ha encausado de nuevo a la familia de Pinochet por el dinero, en un intento de que tengan un juicio justo, el mismo que ya no podrá tener el dictador porque falleció ni podrán tener sus víctimas, asesinadas y desaparecidas, ni tampoco ver los sobrevivientes. Ahí la justicia ha fallado.

El fiscal Cañón sugirió que había que analizar la actividad de Washington según la administración gobernante. «Argentina hizo un reconocimiento absoluto al Gobierno de Jimmy Carter porque se enfrentó a la dictadura militar y pidió el esclarecimiento de los hechos. Pero, por el contrario, el Gobierno anterior, con Kissinger como gran ideólogo político, no llegó a decir: "Si tienen que matar háganlo, pero rápido”, sino que fue más explícito y dijo: “Lo que tengan que realizar, realícenlo pero en breve plazo”. En definitiva, Kissinger dijo a los dictadores “Háganlo cuanto antes”.» Cañón prosiguió en su razonamiento: «Incluso hay una referencia más actual respecto a los secretos de los documentos en el Gobierno de Clinton. La ley decía: todos los documentos son públicos salvo los que se decreten reservados, y luego fue al revés: todos son secretos salvo algunos que pueden ser públicos. Ciertamente, está clara la responsabilidad en uno u otro grado de la administración norteamericana de la época».

Tu ve ocasión de hablar con Henry Kissinger en Nueva York, y su principal interés era saber si tenía intención de encausarlo y por qué lo perseguía, de modo que le dije: «Mire, yo no le he encausado, ni nadie me ha pedido que lo haga, por lo que, a pesar de lo que usted pueda pensar, no tengo nada personal contra usted y si usted no hizo nada, no tiene nada que temer». Supongo que no debió de convencerle mucho mi parca explicación, pero tampoco pude decirle más. Lo que realmente yo pensaba del ex secretario de Estado norteamericano me lo reservé entonces y también ahora, porque aún tengo competencia en el asunto de Chile y no debo emitir opiniones ni valoraciones sobre el contenido del caso.

Este procedimiento, como el pionero de Argentina y el de Guatemala, se inició en España por aplicación del principio de justicia universal, de modo que me pareció interesante sacar a relucir el tema de la justicia penal internacional y si era necesario o conveniente que pasara un tiempo determinado para impartir justicia y si era posible compatibilizar ambos tipos de justicia, en los supuestos de represión dictatorial y crímenes masivos, como los acontecidos en aquellos y otros países.

El juez Guzmán abogó como solución por la Corte Penal Internacional, criticando la actitud de Chile y Estados Unidos. «Lo normal es que sea imposible juzgar todos estos crímenes en el momento en que se producen, porque está en proceso la guerra, sea interna o sea externa, o en proceso la dictadura, y hay una dominación total en relación con los órganos jurisdiccionales, con el poder judicial. El ámbito de la justicia es universal, y aquí tenemos uno de los principales exponentes de la justicia universal, Baltasar Garzón, como ha demostrado en muchos casos y en muchas ocasiones, muchas de ellas terriblemente conflictivas. Sin embargo, hoy día también existe un organismo que dice que el delito que no pueda o no quiera investigarse podrá ser juzgado como crimen contra la humanidad por la Corte Penal Internacional».

El juez Guzmán prosiguió: «Creo que la Corte Penal Internacional, a menos que existan otras leyes como en España con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la que puede investigar las atrocidades en el momento en que se producen y adoptar medidas de protección para que no se sigan perpetrando». Por su parte, Hugo, afirmó, incisivo: «Pensemos, por ejemplo, en el caso del genocidio armenio y Turquía, en el caso de Tíbet y China o el de Guatemala. O sea, no necesariamente el transcurso del tiempo garantiza romper la impunidad, y creo que dependerá de cada pueblo». Al pensar en el caso argentino, Hugo confesó que nunca imaginó ver el extraordinario cambio que se había operado con el actual Gobierno y que una Corte Suprema, con excelentes jueces de reconocido prestigio, hubieran fundamentado el respeto de los tratados internacionales para que las amnistías y los indultos no pudieran jamás prevalecer y borrar los crímenes de lesa humanidad. «A veces hay gestos históricos [por ejemplo la detención de Pinochet] que ayudan definitivamente a este proceso ya irreversible», dijo.

Quise aportar una reflexión al respecto; después de muchos años, y con el vaivén que da la historia en la justicia internacional —dos pasos hacia delante y uno hacia atrás, o dos hacia atrás y uno hacia delante—, países como Chile han contestado una comisión rogatoria española, lo cual era impensable hace unos años. En Argentina, por ejemplo, recuerdo el decreto de Carlos Menem, en el que se prohibía cualquier tipo de cooperación. Hoy la justicia española, tanto en ese caso como en todos los demás, coopera permanentemente, y gracias a la cooperación de los jueces federales argentinos y chilenos, parece que hemos conseguido eliminar los obstáculos que impedían una interpretación integradora del principio de soberanía y de territorialidad con el de jurisdicción universal. Se puede decir, pues, que ha comenzado a funcionar la comunicación y la cooperación entre jueces, haciendo más difícil la distorsión del poder político cuando interfiere. Por ejemplo, esa interferencia hoy día en la Unión Europea sería impensable e inaceptable. La orden de detención europea se tramita con gran celeridad, y lo que es más importante, sin interferencias políticas. Si el caso Pinochet se hubiera producido en 2005 ni el ministro Straw, ni el Gobierno español o chileno hubieran tenido capacidad de maniobra, y habrían tenido que aceptar la solución judicial, que, dicho sea de paso, fue favorable a la extradición del dictador a España por los crímenes que se le imputaban. Pero como obviamente el lector sabrá, la historia fue otra.

Sin embargo, lo conseguido, a pesar de las dificultades, auspiciadas por el fiscal general de la época, Jesús Cardenal, y los fiscales que cumplieron sus órdenes, fue realmente importante. Ahora, desde hace apenas medio año, el Tribunal Supremo español casó (revocó) la sentencia que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había dictado, aumentando la condena de Adolfo Scilingo de seiscientos años de prisión por crímenes contra la humanidad al doble de años de prisión por la desaparición de veintisiete personas detenidas en la ESMA y que fueron arrojadas al mar desde aviones, así como por su complicidad con todas las demás desapariciones producidas en el tiempo en que estuvo en el centro de detención. Quedaba pendiente el enjuiciamiento de otro represor argentino, Ricardo Miguel Cavallo, que fue extraditado por delitos cometidos en Argentina desde México, en un claro ejemplo de aplicación directa del principio de justicia penal universal. Sin embargo, el 31 de marzo de 2008 fue devuelto a Argentina, renunciando la Audiencia Nacional a juzgarlo, decisión que no comparto.

Sin duda, uno de los principales éxitos de aquel principio y de su vigencia fue la sentencia del Tribunal Constitucional de España, de 26 de septiembre de 2005, en la cual se decidió que el principio de justicia penal universal no podía ser limitado sin desvirtuar su sentido y alcance en la norma que lo recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con esta sentencia, como con la de la Corte Suprema de Argentina, del 14 de junio de 2005, los que habíamos defendido esta interpretación y las víctimas de todas las dictaduras y represiones del mundo recibíamos un nuevo soplo de aliento que otros habían suprimido por la fuerza, así como los instrumentos idóneos para combatir la impunidad.

LA PELEA DE UNA FISCAL ESPAÑOLA

No debemos olvidar, sin embargo, que este camino estuvo y estará jalonado de obstáculos como tampoco a aquellos que, desde diferentes frentes, se esforzaron y esfuerzan por combatir a los que quieren cerrar una página ignominiosa de la historia sin responder ante la justicia. En España, sólo después del triunfo electoral del Partido Socialista en 2004 hubo un rayo de esperanza, al asumir el nuevo fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido la obligación que hasta ese momento su predecesor no había cumplido de acusar a los presuntos responsables de tales hechos. La fiscal Dolores Delgado asumió con entereza y extraordinaria eficacia, fruto de su compromiso y su excelente talla jurídica, la acusación en el juicio oral, y junto a las acusaciones particulares y populares, lograron convencer al tribunal, personificado en la figura del magistrado-ponente José Ricardo de Prada, para que condenara al represor. A partir de ahí, su nombre se inscribió, con todos los honores, en el campo de la lucha por conseguir una justicia universal que nos dignifica como seres humanos y que hace bueno el principio al que todos aspiramos de que «nadie está por encima de la ley». Como dijo Hugo Omar Cañón: «Es necesario el Estado de Derecho y la justicia universal porque hay crímenes que jamás pueden quedar en la impunidad y sin sanción».

Sin embargo, de todos es sabido que existen muchos sectores que reiteradamente postulan el olvido y el perdón, o la utilización de mecanismos alternativos a la justicia, como las soluciones tipo Comisión de la Verdad en Sudáfrica o las de Reconciliación, o Memoria, etcétera. Pero también somos mayoría los que pensamos que es posible armonizar estos diferentes mecanismos con el de la justicia penal. En este sentido, recuerdo la contundencia de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 22 de diciembre de 1999, en el caso del asesinato de varios jesuitas españoles en El Salvador: «El valor de las comisiones de la verdad es que su creación no está basada en la premisa de que no habrá juicios, sino en que constituyen un paso en sentido de la restauración de la verdad, y oportunamente de la justicia». La comisión de la verdad no puede ser equivalente a impunidad, porque contradiría su propia esencia. La función judicial debe quedar reservada de manera expresa, y es precisamente a través de ésta como se puede restablecer el equilibrio, atendiendo no sólo a las instancias nacionales, sino también, en forma subsidiaria o complementaria, mediante la aplicación del principio de justicia universal a otras instancias judiciales internacionales o de otros países que, en ningún caso, actuarán en sustitución de la jurisdicción nacional, sino para evitar la impunidad, y por tanto cuando aquéllas no lo hagan o no puedan hacerlo porque las leyes locales se lo impidan y a la vez sean contrarias al derecho penal internacional y al derecho humanitario.

Al hilo de lo que Hugo estaba diciendo, se me hicieron presentes las inmensas dificultades por las que los juicios por la verdad y la memoria habían pasado en Argentina, con la feroz oposición de Menem, felizmente contrarrestada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resaltó la vigencia del derecho a conocer la verdad, máxime teniendo en cuenta la ausencia en aquel momento de juicios penales, razón por la cual solicité al fiscal Cañón que nos hablara sobre lo que significaban los juicios por la verdad.

«Consisten —dijo el jurista argentino— en saber el destino de los desaparecidos, es decir, el derecho de los familiares de la víctima a elaborar el duelo, saber dónde están los restos, si fueron arrojados al mar, y cuándo. Hace pocos días, gracias al trabajo de la Cámara Federal de Buenos Aires, en una labor encomiable del juez Catani, rescataron el cadáver de la madre fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Ese trabajo permitió darle sepultura, en este caso en la plaza de Mayo, y la familia tuvo una respuesta de verdad respecto al destino de la desaparecida. Luego viene el segundo tramo, que es la posibilidad de justicia, pero sin verdad no hay posibilidad de justicia. Creo que el juicio por la verdad sirve para eso, para acumular pruebas que luego, caso de saberse quiénes fueron los responsables o autores de esos hechos, les lleven al juicio penal.»

Esta afirmación plantea un tema muy interesante, como es la utilización de estas pruebas o indicios en los juicios penales. En particular, yo lo hice en las investigaciones españolas sobre los casos de Argentina y Chile, lo cual me ofreció un caudal de conocimientos importantísimo que pude utilizar para formular los cargos contra los procesados.

En esta larga conversación, ante la mirada atenta de muchos estudiantes de derecho, no pude renunciar a plantear un tema que, entre juristas, ni se puede ni debe eludirse: la independencia del poder judicial, su garantía y preservación, especialmente frente a este tipo de casos, tema que me pareció tocaba un resorte muy íntimo del juez Guzmán, sorprendiéndome hasta cierto punto su respuesta: «En Chile no está garantizada la independencia de los jueces, estamos muy lejos de eso. El poder judicial, según el cargo de que se trate, hacía listas; para la Corte Suprema, la lista era de cinco personas, y para la Corte de Apelación, la lista era de tres personas; en otros casos, las Cortes de Apelaciones eran las que hacían las ternas o listas para los jueces inferiores. ¿Quién hacía el nombramiento? El presidente de la República, y lo normal era que los jueces fueran, en principio, independientes; antes era muy raro que se eligiera a un juez del partido del Gobierno, verdaderamente raro. Y en realidad funcionó bien, salvo en el período de Pinochet, cuando se realizaron una serie de trapicheos para nombrar jueces pinochetistas y para perpetuarlos». En contraste, Guzmán recordó la polémica en torno al magistrado Carlos Cerda, uno de los juristas más brillantes que había conocido y sin embargo más de una vez puesto en cuestión. A Carlos Cerda lo conocí junto a Hugo en la Universidad de Haifa (Israel) en 2002, con ocasión de un curso sobre justicia universal, quince días antes de que un terrorista suicida hiciera estallar una bomba que mató a quince personas y destruyó el local donde estuvimos cenando un grupo de congresistas.

Cañón habló de su experiencia: «En Argentina, un alto porcentaje de los jueces, un 80 por ciento, sacan el dedito mojado y ven cómo sopla el viento y van para un lado o para otro, siendo éstos los más inofensivos. Luego hay un 10 por ciento de gente de principios, de convicciones, que son los que van al frente y confrontan con el poder si es necesario, y el 10 por ciento restante son totalmente corruptos y se venden al mejor postor. En el Gobierno de Menem, creo que hubo un altísimo nombramiento de jueces muy corruptos; los jueces federales de la ciudad de Buenos Aires, que son los que tienen que investigar al poder, recibían un sobresueldo con fondos reservados del Estado, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo mano, todos los meses, no recuerdo la cifra, entre unos 5.000 o 10.000 dólares».

Realmente, el juicio crítico de mis dos colegas para con sus homólogos fue muy duro. Por mi parte, no me importa afirmar que en la justicia española la independencia está asegurada, aunque la preparación y la responsabilidad en el ejercicio del cargo no siempre es la más idónea, como tampoco se ha caracterizado el órgano de Gobierno de los jueces por defender la independencia. Además, en los últimos años ha ofrecido un espectáculo poco edificante, haciendo gala muchas veces de un sectarismo impropio de un órgano de gobierno que debería ser imparcial. Es más, las actitudes de alguno de sus miembros no sólo han sido desquiciantes y erráticas, sino que podrían calificarse de verdaderamente antidemocráticas.

Aquí se puso fin al debate, con la consecuente pena de despedir a dos grandes hombres del derecho, comprometidos hasta lo más hondo de su ser con la ley, la democracia y la defensa de los derechos humanos, dos hombres a los que he querido dedicar este capítulo en señal de admiración, en un humilde homenaje a ellos y a tantos otros que día a día imparten justicia en las condiciones más adversas. ¡Gracias a todos, amigos!

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Estrategias económicas

En el momento que comienzo a escribir este capítulo estoy a punto de despegar en un vuelo de Iberia con destino a México para impartir una conferencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey —universidad en la que José María Aznar es profesor— sobre «Libertad y seguridad. Los retos para una nueva ciudadanía». Luego seguiré hacia la República Dominicana, concretamente hacia la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde hablaré de «Los aspectos e impactos de la justicia universal y la Corte Penal Internacional» para los fiscales de ese país. Permítame el lector un ejercicio de franqueza, y decirle que no tengo nada claro cómo abordar el tema. No obstante, me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano por conseguir estar a la altura de aquellos que compartirán conmigo este capítulo.

Hoy, 31 de octubre de 2007, a las dos de la madrugada, creo que es un buen momento para reflexionar, al menos para los noctámbulos como yo. Estaré llegando a México cuando se conozca la sentencia por los atentados del 11 de marzo de 2004. Investigar y juzgar a los responsables en sólo tres años y medio ha sido todo un récord. En este punto, y al margen del resultado de la sentencia, hay que resaltar que éste es un triunfo del Estado de Derecho frente a la barbarie y los «espacios sin derecho» que algunos defienden y que tanto daño han hecho en los últimos años. Después vendrán las críticas a la sentencia, que seguro no dejará conformes a muchos, sobre todo a los defensores de la denominada «teoría de la conspiración», quienes, estoy seguro, sin el menor pudor y con el mayor de sus cinismos, afirmarán, apoyados en el olvido natural que los ciudadanos padecen por la sobrecarga de información y la velocidad vertiginosa de los acontecimientos que ellos «nunca dijeron que...», «ni tampoco afirmaron que...», pero que habrá que seguir investigando, dejando un halo de sospecha muy característico de ellos, más atentos a sus intereses que a la ética, con un revestimiento policromado en el que predominan los colores opacos. Son los representantes del mal necesario que toda democracia debe padecer, pseudodemócratas que predican una falsa libertad desde la trinchera sectaria de la intolerancia.

Debería pararme aquí, y no dar rienda suelta a lo que me viene a la mente. Como bien sabe el lector, debemos controlar los primeros impulsos para que después no se descontrolen las consecuencias, y no se nos acuse de perder la ecuanimidad y el estoicismo característico que un juez debe tener. Es curioso que no sólo se nos pueda criticar, lo cual es lógico y absolutamente necesario, sino que esté de moda cargar con la «brigada ligera», y no tan ligera, para callarnos la boca. Incluso hay algunos ilustres juristas que piensan (probablemente porque no les ha tocado a ellos) que los jueces debemos «jodernos un poquito» y aguantar. ¡Ustedes son la «boca muda» que aplica las leyes, como decía Montesquieu, no se metan a opinadores!, ¡callen!, ¡ustedes a lo suyo! Aguanten porque son hombres-mujeres públicos. Sin embargo, lo que sucede es que lo «nuestro» está tan manoseado por todos que se parece más a un patio de vecinos, con mi debido respeto a los vecinos, que a una administración de justicia. Creo sinceramente que gran parte de la culpa la tienen aquellos que con demasiada frecuencia se entregan sin reservas en manos de un tipo de prensa o de señores que escriben con unas ideas preconcebidas y parciales que emplean en su propio beneficio, manejándolos, con su consentimiento, y el regocijo idiota del que cree que atacando y denostando a los demás queda en un lugar preferente para el manipulador, sin comprender que, como dice Isaiah Berlin citando a Rousseau, «Estar manipulado es estar esclavizado».[7] Con ese tipo de actos quedas a su merced para siempre, y cada vez que lo quieran te destruirán y te exigirán «cumplir», porque ya cuentan con la delación del cretino que se echó en su regazo, lleno de serpientes.[8]

Noto el suave balanceo del avión que se eleva, en el milagro de hacer ágiles las comunicaciones humanas entre pueblos. Unir hoy día España y México cuesta tan sólo once horas y veinte minutos. Pero si esta conexión parece rápida, en ese mismo tiempo se producen en el mundo millones de transacciones económicas, financieras o bancarias, constituyendo el motor que sin, detenerse nunca, empuja el mundo y lo conduce, no se sabe si a buen puerto o hacia su destrucción, como vaticinan algunos científicos.

De lo que no cabe duda es de que las relaciones económicas han sido el principal vehículo de comunicación, cultura y organización de la historia de la humanidad. Antes de que existieran los estados, las relaciones comerciales ya eran fluidas entre los pueblos, gracias a las cuales se crearon, se desarrollaron y estructuraron éstos.

De ahí que no sea correcto minimizar la importancia y la relevancia de estos fenómenos, que hoy día constituyen la piedra angular de la civilización moderna. Basta con ver los casos de países como Bolivia, Argentina, cualesquiera otros de América Central, África o la gran mayoría de Asia para darse cuenta de esto.

El mundo se divide en partes, en función de la potencia económica de los estados que lo componen. Las grandes corporaciones económico-financieras son las que controlan, de hecho, el mundo y las políticas de los gobiernos triunfan o fracasan según la política económica que despliegan.

La deshumanización de la macroeconomía es un hecho que ha determinado que se produzca una disociación entre la sociedad que depende de aquélla y la evolución de la misma. Esta deshumanización se pone de relieve en la diferencia cada vez más amplia entre países ricos y pobres, así como también a nivel interno en cada uno de los países, a la espera de que la crisis se produzca y el futuro desaparezca del horizonte. Y en esa situación estamos ahora.

En este contexto, los grandes organismos económicos, bancos, entidades financieras y las propias políticas de los gobiernos tienen la gravísima responsabilidad de que esto no suceda; o al menos, intentarlo. Para conseguirlo, en los últimos años se han diseñado una serie de mecanismos, no siempre respetados, que pretenden hacer más difícil la corrupción, el dispendio, el aprovechamiento ilícito del dinero, la financiación irregular de partidos políticos, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, etcétera. Por su parte, algunas grandes empresas y entidades desarrollan programas sociales y procuran implementar las regulaciones de los diferentes países para que esos fenómenos disminuyan, si bien resultan claramente insuficientes. Son constantes las noticias sobre la corrupción económica pública y privada, en una orgía constante por el enriquecimiento ilícito que se ha constituido para muchos en el único norte por el que luchar, matando, engañando o destruyendo cualquier opción contraria en caso necesario. Dinero y poder siguen siendo para muchos los únicos asuntos dignos de tratar en la agenda vital de sus actividades. Pobre humanidad, si sólo se reconoce a sí misma en función de lo que se tiene o se posee, rapiñando todo y a todos los que simplemente se hallan en su camino.

No soy capaz de superar la sensación de asco vital que me producen los dispendios oficiales y los oropeles que acompañan al poder político, económico y religioso. El silencio y la tranquilidad de los despachos oficiales de los bancos, la limpieza de los palacios episcopales contrasta en mi mente con el bullicio y el escándalo de la pobreza y la miseria; los brindis millonarios al final de las cumbres, ya sean de jefes de Estado y de Gobierno, ya de los foros como el Foro Económico Mundial de Davos, del que curiosamente formo parte como leader of future, con la necesidad del sustento básico para millones de personas. ¿Alguno de todos esos líderes pensará, cuando está en esos actos oficiales millonarios, cuántas vidas podrían salvarse con las sobras de los mismos? En mi opinión, poco les importa a la mayoría de ellos, estando como están más pendientes de sus «guerras» dialécticas particulares para ver quién ensalza más sus respectivos sentimientos patrióticos, y, en todo caso, siempre podrán decir: «Es tan ridícula la cantidad que con ella no podrían paliarse las grandes necesidades de la humanidad». ¡Cierto!, pero sólo aceptaría esta reflexión si fuera acompañada de un compromiso irrenunciable de que en todos los países el gasto presupuestario para defensa fuese del mismo alcance que el destinado a paliar el hambre o combatir el subdesarrollo y la pobreza en el mundo. Mientras tanto, esperemos que no se les atraganten esas excelencias culinarias y que el boato oficial no les haga volverse ciegos e insensibles como hasta ahora. Y al mismo tiempo, me pongo en el lugar de los que, desde una favela de Brasil, desde las cumbres bolivianas, desde un campo de Darfur, desde un barrio en Kabul, desde un poblado chabolista de Madrid, o desde una cola para recibir alimentos en Nueva York, a apenas quinientos metros de Washington Square, ven todo ese dispendio. ¿Qué pensarán? Sé que les producirá la misma sensación de asco, agonía, frustración y tristeza que a mí, porque los he visto. Todos son conscientes de que es muy difícil que los poderosos puedan aproximarse a ellos para oler el aliento pobre pero limpio que despiden sus labios, rotos por el hambre y por el olvido. Recuerdo a un amigo indígena que en la selva colombiana del Cauca me decía: «Doctor, es lo mismo, siempre será así, primero fueron los españoles, luego nosotros mismos, a continuación los americanos y ahora las corporaciones y el Fondo Monetario Internacional, pero al final siempre perdemos los mismos».

Inevitablemente, como jurista, veo que en muchos países la inseguridad e inestabilidad de los sistemas y gobiernos, la corrupción, el estado de los sistemas judiciales o la influencia del crimen organizado hacen que las inversiones disminuyan y que las corporaciones y empresas no vean la posibilidad de asumir riesgos en los mismos, y decidan marcharse, agravando aún más la crisis. De ahí la importancia de generar un espacio de seguridad jurídica que sirva para obtener esa tranquilidad y proyección de futuro que al final permita una situación mejor.

El informe que el sociólogo de la Universidad de Ginebra Jean Ziegler presentó a finales de septiembre de 2007 ante la 62 Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho al alimento en el mundo estremece y debería ser de lectura obligatoria para todos los dirigentes políticos y económicos del mundo, y comprobar así si, al final del libro, son capaces de sostener sus miradas ante el espejo o bajan humildemente la vista, ante la gran injusticia de sus políticas y economías neocapitalistas, que siguen ampliando la fractura entre el mundo desarrollado y el que apenas está en vías de desarrollo.

El número de personas que sufren hambre en el mundo se ha incrementado hasta 854 millones de personas desde 1996; ninguna de las políticas de los gobiernos ha reducido el hambre. Más de seis millones de niños mueren todos los años a causa del hambre y por causas relacionadas con ésta, antes de cumplir los cinco años de edad, situación que al autor del informe le parece inaceptable, así como, afortunadamente, a muchos más que, como yo, pensamos que esta situación atenta directamente contra la dignidad del ser humano. Mientras esto no se solucione, y puede solucionarse, es difícil conseguir que cualquier política de derechos humanos diseñada por el primer mundo sea creíble. Quien sólo busca alimento para subsistir, además de sufrir la humillación de no poder garantizar la vida de sus seres queridos y la suya propia, tiene derecho a rebelarse contra la «justicia» artificial impuesta por quienes sólo buscan el desarrollo de forma aparente, tras un fondo más tenebroso e indiferente, cercano al del beneficio propio y el mantenimiento del statu quo en el mundo.

¿Acaso no serán los ciudadanos más pobres los que más sufrirán en sus carnes el impacto negativo del alza de los precios de los biocombustibles o agrocombustibles, a expensas del primer derecho del ser humano, que es el de alimentarse? ¿Acaso no se volverán más vulnerables y la violación de sus derechos no será más palpable, amén de obligarles a incrementar los índices de migración? Creo que hoy corremos el grave peligro de convertir en un gigantesco gueto de prosperidad a los países desarrollados, protegidos, por muros infranqueables de incomprensión e indiferencia de las «hordas» de inmigrantes miserables que traerán inseguridad a nuestras cómodas conciencias consumistas. Ninguno de nosotros ha hecho la reflexión primera, básica y esencial, sobre por qué nos creemos con el derecho a pensar que no es obligación nuestra ocuparnos de que esto cambie. No hacerlo es aceptar que vivimos bajo el imperio de la vergüenza impuesta por aquellos que dirigen el mundo, pero aceptada por todos nosotros. Sí, en este capítulo voy a hablar, o, mejor, otros lo harán por mí, de relaciones económicas, de grandes movimientos financieros o de inversiones. Sin embargo, me sigo quedando con el regusto amargo de la frustración por el falso interés demostrado de la mayoría por los más pobres. Aunque siempre se habla de paliar en algo sus necesidades, se hace más porque son considerados un factor de riesgo para la seguridad, estabilidad y, en definitiva, comodidad, que porque ello constituya el primer derecho inherente de todo ser humano. ¡Cuán lejos queda aquella idea de Benjamin Franklin plasmada en la Constitución norteamericana del derecho a la felicidad!

No es mi intención transmitir una profunda sensación de pesimismo y desesperanza, porque soy de los que piensan que todavía hay esperanza, de los que identifican esta última con una utopía posible, de los que piensan que alcanzar la línea del horizonte no es una quimera si ponemos el empeño necesario en llegar a ella.

Éste es el momento, como dice Ziegler en el prefacio de su informe, de que nacional e internacionalmente se desarrollen los mecanismos para proteger y asegurar el derecho a alimentarse de todos los seres humanos del planeta, ya que sólo así los gobiernos asumirán seriamente sus obligaciones al respecto. En todo caso, es fundamental que los sistemas de prevención y de control, tanto de las propias entidades económico-financieras, como de organismos nacionales e internacionales y organizaciones civiles, funcionen, y en este sentido el compromiso y la intransigencia de la sociedad resultan esenciales. Los desastres naturales, la crisis energética, el cambio climático, el uso de las energías alternativas, las posibles crisis nucleares, la explotación económica de la guerra, la especulación inmobiliaria de las grandes ciudades y de las costas afectan a la economía mundial, hasta el punto de que determinan la política de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, no siempre acertadas por motivaciones ajenas a la gran mayoría de los ciudadanos del mundo.

A VUELTAS CON EL CLIMA

Quien más quien menos seguimos los acontecimientos y vaivenes mundiales sobre estas cuestiones. A veces, no sin cierta perplejidad, como cuando el otrora todopoderoso Alan Greenspan, ex responsable de la Reserva Federal estadounidense, nos dice que la situación económica es sólo regular, o que la administración Bush fue a la guerra de Irak sólo por el interés económico y geoestratégico del petróleo;[9] o como cuando Rusia comienza a hacer realidad de nuevo su clara voluntad de liderazgo político y económico frente a Estados Unidos, al margen de cualquier política de defensa de los derechos humanos; o como cuando se reactiva el proyecto de escudo antimisiles,[10] y comienza el despertar de China, el gigante dormido. Mientras tanto, voces cada vez más alarmantes nos advierten de las catastróficas consecuencias que traerá el inevitable cambio climático, y el importante documental al respecto de Al Gore, Una verdad incómoda, consigue premios en Hollywood o Cannes, y su autor el Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias a la Concordia. Y todo ello, sin que falten los escépticos y los torpes que aún dudan de que vayamos hacia la destrucción del planeta si no ponemos remedio. Cuando oigo que «Tampoco es tan grave la situación» o que «Es imposible saber lo que ocurrirá dentro de trescientos años», yo, que no soy científico, pero que me considero una persona informada, y sin fidelidades u obligaciones políticas, me quedo sorprendido, porque son opiniones que parecen ligadas a intereses económico-financieros y llenas de una profunda insolidaridad. Pero, sobre todo, me dan miedo los que las emiten con vistas a un futuro próximo, porque en su búsqueda de una posición de ventaja no dudarán en hacer lo que sea, sin que las gravísimas crisis humanitarias que ya están ocurriendo les importen en absoluto.

¿Será posible que el documento del Grupo Intergubernamental sobre el cambio Climático de la ONU (IPCC), aprobado el 17 de noviembre de 2007 en Valencia, consiga por fin poner de acuerdo a los gobernantes de todo el mundo? Este importante documento constata la existencia de cambios ya irreversibles y de otros posibles, si no se hace algo para evitarlo, pero mucho me temo que corre el riesgo de pasar al olvido de los anaqueles oficiales en nombre de unos intereses que no son los de los ciudadanos en general. En fin, todavía estamos a tiempo de evitarlo, si superamos la ancestral indiferencia que a veces actúa como una losa sobre el género humano. ¿Seremos intransigentes ante esos riesgos? Debemos serlo, e incluso claramente activistas, exigiendo las responsabilidades que correspondan y diseñando nuevas estrategias, en todos y cada uno de los ámbitos, y no sólo en el científico o económico, para hacerlas efectivas personal y corporativamente.

A simple vista, da la impresión de que la justicia no tiene un gran papel en este ámbito, aunque creo que es todo lo contrario. En última instancia, serán los jueces los que, interpretando aquellas normas, deberán exigir su cumplimiento. Al hilo de esto, recuerdo cómo la iniciativa del científico norteamericano David Battisti, junto con otros diecisiete científicos especializados en el estudio del clima (entre ellos nueve miembros de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y dos premios Nobel), ha conseguido que el Tribunal Supremo de Estados Unidos requiriese en mayo de 2007 a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para que estudiara si los gases de efecto invernadero de coches y camiones deben ser regulados. Estos científicos, a los que hay que agradecer la iniciativa, han conseguido que, por primera vez en su historia, el Tribunal Supremo norteamericano se tome interés por el impacto medioambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero causados por el hombre y obligue a la EPA a regular dichas emisiones; es sin duda todo un éxito y un ejemplo a seguir para muchos.

En el marco de los ya citados debates neoyorquinos, quise rodearme de varios expertos que nos pudieran orientar sobre la situación de las relaciones económicas entre Europa, Estados Unidos y América Latina. Desde aquel 17 de octubre de 2005 en que iniciamos nuestra charla en la Universidad de Nueva York, algunas cuestiones han cambiado: han aparecido algunas crisis como la de las hipotecas de bajo coste o las del sector inmobiliario, y claros indicios de recesión económica, y así lo apuntan el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal. También es importante el creciente papel del continente asiático, no sólo a través de Japón, sino también de China o la India, como se ponía de manifiesto en la última reunión de Davos a finales de enero de 2008. El poder mundial se está reconfigurando, según algunos especialistas, desplazándose hacia Asia, desplazamiento en el que tendrán mucho que ver las economías emergentes que en poco tiempo han ganado el 10 por ciento que han perdido las desarrolladas. «Más de la mitad del crecimiento mundial ha salido el año pasado [2007] de las economías emergentes. Europa ha perdido un 5 por ciento de su parte», dijo el viceprimer ministro ruso Alexéi Kudrin en esa reunión, dándose la paradoja de que, como afirma Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs, «los que prestan dinero tienen unos niveles de vida más bajos que los que los reciben». Sin duda, un observador lego percibe que cada vez son más complejas las claves para entender la relevancia y las consecuencias en la economía mundial de esta zona del mundo. No hay un único eje asiático, como no hay una única América Latina, sino muchas Asias y distintas Américas Latinas. Excluyendo a China y la India, la zona asiática está plenamente incorporada a la corriente industrial, comercial y financiera del mundo. El caso de la India y el de China son muy diferentes pero realmente muy potentes. La India ha optado por su plena incorporación tanto en su región como en el resto del mundo, y las grandes corporaciones que se están creando en los mercados internacionales así lo demuestran. El caso indio pone de manifiesto la existencia de menos trabas a la globalización, una mayor importancia de las últimas tecnologías en su industria y una gran flexibilidad a las reformas de todo tipo. Las firmas de abogados, que son un importante barómetro del momento de sus clientes, están siguiendo a éstos a la India, preferentemente frente a otros países de la zona. El caso chino merece mención y un apartado aparte.

EL GIGANTE QUE DESPIERTA

El caso chino es más peculiar, si bien su importancia es evidente. Son los grandes financiadores de Estados Unidos por la compra de bonos del Tesoro y dólares, y su potencial como mercado no tiene parangón: son más de 1.300 millones de personas; no obstante tiene la más importante barrera al desarrollo que pueda existir: carece de un sistema jurídico propiamente dicho. La apertura hacia el sistema capitalista y la economía de mercado choca con el anquilosamiento propio de un Estado centralizado, hiperburocratizado y, previsiblemente, con altos índices de corrupción. La ausencia de un auténtico Estado de Derecho contribuye a esa contradicción. Hasta ahora las autoridades no se habían planteado desarrollar estructuras jurídicas sobre la propiedad intelectual y las marcas, un sistema judicial avanzado, protección mercantil de las inversiones, regulación de la competencia, etcétera. Es bien sabido de todos que estas deficiencias en cualquier otro país supondrían un grave lastre para el motor de las inversiones, y que los desarrollos jurídicos requieren tiempo. Dejando a un lado las compras de materias primas que realizan preferentemente en América Latina (el 70 por ciento de las materias primas del mundo se encuentran en este continente) y las posibilidades que ofrece manufacturar con bajos costes en China, no parece que tenga otro atractivo como país receptor de inversiones. Aunque no es poco, pues permite estar preparados para cuando las compañías chinas se decidan a instalarse en toda Asia y Oceanía. China se ha convertido más bien en una plataforma de aprendizaje para las compañías occidentales en previsión del futuro de toda aquella región.

En aquella reunión de octubre de 2005, el economista jefe del BBVA, José Luis Escrivá, planteó con convicción el tema de China ante la comunidad universitaria neoyorquina para desmentir que el eje asiático, desde un punto de vista financiero, estuviera sustituyendo al eje Europa-Estados Unidos. Esto ocurre crecientemente en el orden comercial, pero en el orden de los grandes flujos de capitales todavía estamos muy lejos. Sin embargo, para los grandes flujos de mercancías, la creación de una gran plataforma de producción de manufacturas en China y, por extensión, en otros países de Asia, está trasladando el eje del comercio en esa dirección.

Si tenemos en cuenta que se trata de la incorporación a la economía mundial de 1.300 millones de chinos y más de mil millones de hindúes, y que esto supone, en términos estrictamente económicos, una expansión de la curva de oferta de la economía internacional y del potencial de crecimiento del mundo sin precedentes desde el siglo XIX, estamos hablando de un shock sobre la economía mundial extraordinariamente positivo. Claro que como Escrivá admitía, esto generará procesos de ajuste que dejarán no sólo ganadores, sino también perdedores; como todo cambio, generará oportunidades y dificultades.

Eduardo Navarro de Carvallo, director general de Telefónica Internacional, coincidió en la idea del interés emergente que Asia tiene en la economía mundial, principalmente China, pero sin que esto signifique un cambio de eje, ni que el resto de las economías occidentales, y en especial América Latina, queden en un segundo o tercer plano, valoración que yo mismo comparto. En el análisis del binomio Asia-América Latina destacó que el continente sudamericano está creciendo a una media del 5 por ciento en los últimos cinco o seis años, debido quizá a que por fin haya entrado en una senda duradera de crecimiento y evite los dientes de sierra de otras ocasiones, cuando cada crecimiento era seguido de un fuerte decrecimiento. Cada vez más se consolida un superávit fiscal que permitiría más y mejor inversión pública. La demanda interna se ha convertido en el motor del crecimiento, llegando en algunos países al 24 por ciento del PIB, en tanto que la inflación se encuentra en una media continental del 5 por ciento, dejando atrás períodos recientes en que superaba los dos dígitos. Además, la deuda pública se ha reducido y reestructurado.

En la arena política, los últimos diecisiete presidentes han sido elegidos con reglas de sufragio equiparables a países desarrollados y se han quedado atrás los golpes militares tan característicos de la zona. En lo social, está bajando la tasa de desempleo, aunque sigue la precariedad en el empleo o empleos en economía informal. El crecimiento de las remesas se mantiene y pasa a ser el segundo motor de las economías nacionales, mientras la inversión directa ha aumentado considerablemente, empujada por inversores estadounidenses y, al mismo nivel o un poco por encima, europeos. Resulta evidente hoy día que las infraestructuras, la construcción y el turismo están en todos los programas de desarrollo económicos de la zona y que el sector de crédito privado sigue creciendo a muy buen ritmo.

Todos estos datos nos hacen pensar que América Latina se está convirtiendo en una zona estable para la inversión y que inevitablemente eso va acompañado del crecimiento de la seguridad jurídica y la disminución de la corrupción, pues ambas cuestiones están vinculadas a la estabilidad económica, como puede apreciarse en numerosos ejemplos de la economía global.

Sin embargo, sería un gravísimo error pensar que todo está hecho, porque todavía quedan muchos desafíos pendientes: reducir la tasa de pobreza, que aún afecta al 38 por ciento de la población, fomentar la productividad, mejorar los niveles educativos y el stock del capital humano (una inversión en estructuras intangible pero fundamental) y, sobre todo, atender a los problemas sociales de consideración. La impaciencia social, tan visible en estos países, también se debe a que la creación de riqueza de estos últimos cinco años no está llegando de igual forma a la población, lo cual exige una reflexión y unas reformas fiscales profundas, así como mejorar la redistribución por inversión pública. No estoy descubriendo ninguna receta nueva, porque ya ha sido probado satisfactoriamente en el llamado mundo occidental desde los tiempos de Bismarck.

La integración de América Latina en la economía mundial es un hecho, y eso está respaldando el crecimiento de estos países y la estabilidad de la región. La situación es muy alentadora, hasta el punto que el Fondo Monetario Internacional prevé que la actual «crisis» de crédito mundial no afecte más allá de un 0,5 por ciento al PIB de la región. También contribuye que son los principales vendedores de materias primas y que los precios de éstas están históricamente en un momento de gran fortaleza.

Aquí es donde de nuevo Asia cobra importancia, como principal demandante de materias primas. Sobre estas interconexiones, Jose Luis Escrivá reflexionó en el debate, estableciendo un paralelismo entre México y China. Hablando de oportunidades y retos: «México, con una especialización productiva en algunos aspectos similar a la de China, es una gran plataforma de manufacturas asociada al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos». Para México, el reto que esto significa «está generando una discusión en el país sobre cómo abordar la globalización, mientras que el debate en China, en términos de reformas estructurales, es sobre cómo modernizar el país. De ahí salía la conclusión de que hay posibilidades en el mundo para tener varias plataformas de manufacturas, porque las empresas no van a asumir el riesgo de tener una única plataforma en Asia si pueden disponer de otras en México y otros países latinoamericanos».

En el caso de España, como comentó Eduardo Navarro, los flujos comerciales con Asia están aumentando, si bien el flujo de capital está muy concentrado en América Latina. España tiene un 20 por ciento de su PIB invertido allí, por lo que las crisis en América Latina tienen un impacto brutal en España. La crisis argentina en 2000-2002 tuvo un impacto en el PIB de España de casi un 2 por ciento. Esta estrecha vinculación de España con América Latina es muy positiva para nuestro país porque representa un mercado de quinientos millones de personas, el 70 por ciento de la suma de la población de Estados Unidos y Europa. Como dijo Navarro: «Es una región a la que miramos con bastante optimismo, que está creciendo y ha superado retos importantes en los últimos años, tanto en el crecimiento como en el aumento de la renta per cápita. Han hecho reformas importantes desde el punto de vista macroeconómico y son bastante menos vulnerables a las crisis internacionales».

José Juan Ruiz, director de estrategia y análisis de la división para América Latina del Banco Santander, puso sobre la mesa dos cuestiones importantes: la potencia más importante en economía y el potencial declive de Europa. En cuanto a la primera, el PIB mundial ha pasado de unos treinta trillones de dólares en 1995 a unos cuarenta trillones de dólares en 2005. Estados Unidos es responsable de un tercio del crecimiento, la segunda mayor aportación es la de China con un 8 por ciento, y las siguientes economías han estado representadas por Reino Unido, Italia, Francia, España, Canadá, México, Rusia y la India. Estas cifras dejan claro que Europa cuenta y que es importante. El tamaño inicial de una economía es un factor muy importante para explicar lo que ocurre hoy día. «Quizá en veinte o treinta años, China sea más importante que el Reino Unido, o incluso que Estados Unidos, pero las cifras actuales indican que China contribuye al PIB mundial lo mismo que el Reino Unido o, por ejemplo, lo mismo que España más México», explicó José Juan Ruiz.

Asimismo, nos advirtió contra la idea de que Europa está perdiendo terreno y no va a poder recuperarlo. «Para empezar, el proyecto político más excitante y ambicioso de los últimos veinticinco años ha sido el proceso de unificación europea y la creación de una moneda común», afirmó. Además, la misma idea de perder terreno es cuestionable. Europa tiene un PIB per cápita un 20 por ciento inferior al de Estados Unidos, pero como explicó Ruiz: «Cómo se obtiene ese PIB per cápita es lo más interesante: los europeos tenemos la misma productividad que los estadounidenses, tras alcanzarles en los últimos treinta años, ahora producimos los mismos bienes y servicios per cápita que ellos. La diferencia está en las horas trabajadas, porque los europeos trabajamos muchas menos horas».

La cuestión es saber en qué proporción unas vacaciones más largas o un mayor paro, o una menor tasa de población activa es voluntaria y cuándo no lo es. Ruiz admitía que quizá las críticas al contrato social europeo tengan alguna justificación y que un 20 o un 30 o 40 por ciento de la diferencia en horas trabajadas se deba a la rigidez de nuestro mercado laboral y a nuestra incapacidad de acometer reformas en profundidad, no sin antes destacar: «No olvidemos la idea principal: somos tan productivos como los estadounidenses, lo único es que trabajamos menos». Quizá estas reflexiones deberían contrastarse con las del viceprimer ministro ruso, citadas antes.

HABLEMOS DE DINERO

Por su parte, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano Desarrollo (BID), nos dijo que los flujos de ahorro hacia América Latina siguen procediendo de Europa y de Estados Unidos, sin despreciar la presencia cada vez más importante de China y la India, especialmente en Sudamérica (en 2004, el incremento fue del 50 por ciento). El comercio total entre América Latina y China fue de 40.000 millones de dólares. Las previsiones estiman que para 2010 alcanzará los 100.000 millones de dólares.

Esto es así fundamentalmente en el comercio, porque en el área de las inversiones, ni China ni la India representan un papel importante. «América Latina hoy día goza de una situación de bonanza en cuanto a sus productos básicos, una bonanza que pareciera empezar a tener algunos elementos estructurales, pero también comienzan a producirse las tensiones comerciales que se ven claramente en Europa y en Estados Unidos con China, mucho más acentuadas quizá entre estos dos últimos».

En el caso de los textiles y las confecciones, difícilmente hay un sector que genere más empleo inmediato y que tenga unas barreras de entrada tan bajas como éste; y, sin embargo, terminados los efectos del Acuerdo Multifibra, lo que se ve es que los crecimientos en las exportaciones chinas están teniendo un impacto muy grande en todos los productores de textiles y confecciones de la región. Uno ve que países como Honduras, uno de los más pobres de la región, tiene cerca de dos mil millones de dólares de exportaciones de textiles, de modo que el impacto de la reducción de sus exportaciones a causa de la expansión de China ha sido importante. «En cierta medida, esta discusión sobre China o la India es la misma que se daba en los setenta, con Japón», nos recordó Moreno.

Para Kevin Ford, director de la sección estadounidense de Transparencia Internacional (TI), lo más importante es que el impacto de Asia va a ser a largo plazo, mientras que mucha gente cree que va a ser a corto plazo. «En China, por ejemplo, el crecimiento está muy limitado geográfica y socialmente, y el Gobierno intenta que llegue a otras partes, pero le queda mucho trabajo por hacer y muchas cuestiones sociales que afrontar; esa curva de crecimiento no va a ser únicamente hacia arriba, va a tener altibajos», sostuvo Ford, que retó a quienes consideraran que Europa ya no cuenta para las Américas, o que América Latina va a quedar muy descolgada respecto de Asia, a hacer una apuesta.

A MÍ ME PREOCUPA LA CORRUPCIÓN

Como el lector puede comprobar, el tema daba y da mucho de sí, y será esencial en los años venideros. Llegados a este punto del debate, consideré que era el momento adecuado para introducir algunas reflexiones sobre la corrupción. Si el lector entra en cualquier buscador de internet, verá que el vocablo corrupción es un término muy habitual, y sólo en Google supera los dos millones de entradas.

Estoy convencido de que la Corrupción, así en mayúsculas, es un fenómeno que va ligado al desarrollo económico de todos los países en algún momento de su historia, a la propia política, al desarrollo político, e incluso, desgraciadamente demasiado a menudo, a la gobernabilidad y al sistema judicial.

De ahí surgen una serie de problemas que a lo largo de los años se han ido analizando y tratando de solucionar de formas diferentes. Quise plantear a mis invitados algunas cuestiones sobre los programas e iniciativas para controlar la corrupción y sobre los mecanismos actuales que se utilizan: si se ha pasado de la corrupción básica, del cohecho, a una corrupción mucho más sutil, relacionada como el tráfico de influencias o de información privilegiada, dentro de los sistemas económicos y de la gobernabilidad de los países; en definitiva, cuál es la dificultad para controlar y para acabar o limitar la influencia de la corrupción, sobre todo en zonas del mundo que se ven claramente perjudicadas a la hora de captar inversiones y a la hora de desarrollar sistemas económicos y políticos propios.

El primero en romper el fuego fue nuevamente José Luis Escrivá, que hizo una reflexión sobre la formas de medir la corrupción que se reflejan normalmente en las encuestas, no sin antes criticar los mecanismos de medición de la corrupción, como son el Latinobarómetro o el Doing Business del Banco Mundial: «Hay que introducir más cautelas a la hora de evaluar la información de las encuestas, porque se trata en definitiva de la percepción de la corrupción por parte de terceros, y porque estos instrumentos se centran en el corrompido, cuando realmente aquí hay dos partes (corruptor y corrompido) y no he visto, excepto en alguna rara ocasión, rankings de países corruptores».

Por su parte, Eduardo Navarro, generalizando sobre el fenómeno de la corrupción, dijo algo que no por ser obvio es menos importante: «La corrupción es inversamente proporcional al grado de educación de una sociedad y al grado en que se difunde la información. Cuanto más alto sea el grado de educación y mayor el acceso a todo tipo de información, más control se tendrá sobre los líderes y más efectivo será el control sobre la corrupción».

También Luis Alberto Moreno terció en la discusión, señalando que, al comparar el índice de TI con los flujos de inversión directa o los flujos de inversión en cartera, se comprueba que no existe ninguna correlación. Por ejemplo, China, que aparece muy alto en los niveles de corrupción, tiene porcentajes de inversión directa que suponen prácticamente el 40 por ciento de la inversión mundial. La inversión ni siquiera está correlacionada con el rendimiento, sino con el rendimiento esperado. Saliéndose del análisis económico, Moreno lamentó: «En términos de economía positiva, aunque podríamos desear otra cosa, la globalización, la mayor integración de las economías, no ha llevado a que sean castigados los países más corruptos, o al menos a que no sean premiados los países más corruptos».

El presidente del BID continuó desmintiendo que América Latina sea el continente más corrupto del planeta: «No es verdad, ni siquiera en corrupción somos líderes. Cuando uno mira hacia América Latina, hay que hacer un gran ejercicio de discriminación porque hay muchos países en América Latina. Para Transparencia Internacional, Chile es un país menos corrupto que España, por ejemplo. México, por su parte, ocupa la mitad de la tabla».

Claro que para Moreno ese dato sirve de poco consuelo, porque las instituciones importan y la corrupción es la forma de quitarles credibilidad a las mismas: «Yo no me puedo permitir en absoluto tener un tropiezo, ni siquiera porque pudiera tener una gran rentabilidad, porque sencillamente el coste para mi compañía de verse involucrada en un problema de corrupción probablemente puede suponer la pérdida del 5 o del 10 por ciento de su capitalización bursátil, o sea, entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares de pérdidas para los accionistas».

Sin embargo, todos sabemos que no siempre sucede así. Por ello y, ante las afirmaciones demasiado coincidentes del sector empresarial y bancario en la mesa de debate, le hice el siguiente planteamiento al representante de TI: «Señor Ford, supongo que en algo discrepará de estas opiniones, porque da la impresión de que no hay mucha corrupción ni en América Latina, ni en España, ni en Europa ni en Asia, ni en África. Es cierto que la percepción de la sociedad en general sobre la corrupción ha pasado, desgraciadamente, a un segundo o tercer plano. Hace unos años, si no recuerdo mal, en España se establecía un ranking de prioridades en la sociedad española, y de las quince preguntas que se formulaban, el decimocuarto puesto en interés era para la corrupción. La idea era que como no se hablaba de la corrupción, ésta no existía, una regla, por otra parte, bastante fácil de entender. Sin embargo, hay presidentes que están condenados por corrupción en América Latina, hay escándalos parlamentarios en Brasil, otros similares en Venezuela o líderes políticos españoles envueltos en procesos de corrupción que, sin embargo, son reelegidos por los ciudadanos. Las corporaciones aquí presentes quizá no puedan manifestarse en el sentido que propongo, pero usted representa una organización internacional que sabe mucho de eso, por lo cual le pediría que nos hiciera una reflexión sobre por qué sucede esto. ¿Acaso no es posible generar esa conciencia de denuncia y exigencia para que los comportamientos corruptos bajen su incidencia o desaparezcan?».

Kevin Ford recogió el guante y habló con claridad: «No hay ningún país inmune y tampoco hemos encontrado ninguna cura ni ninguna solución. Creo que es un mal con el que tenemos que vivir, pero que debemos ser capaces de controlar». Ford se mostraba optimista, al creer que sus compañeros de mesa habían explicado por qué la corrupción era un tema mucho más abierto ahora que hacía diez años, cuando ningún líder de ningún país hubiera admitido que la corrupción era un problema, no lo habría mencionado y jamás hubiera sido una cuestión de debate. El índice de percepción de la corrupción, que es el nombre oficial que recibe el índice de TI, es subjetivo, como admitió su presidente: «Le preguntamos a la gente, a través de una serie de instrumentos y encuestas, dónde creen que la corrupción supone un mayor problema, región por región y país por país, algo muy parecido a lo que hace el Banco Mundial». Pero asimismo aclaró que desde hace tres años también elaboran un índice de sobornadores, que recoge los países más proclives a pagar sobornos. Para Ford, los otros dos factores más importantes son la globalización y la reputación. La única motivación para actuar contra la corrupción es el miedo a las consecuencias de que se sepa y manche la reputación tanto de los individuos como de empresas o países, y puso un ejemplo significativo: la primera vez que TI publicó su índice, la situación en algunos de los países al final de la tabla parecía tan desesperada, con todos los problemas que tenían como guerras civiles, conflictos, etcétera, que no parecía que la aparición del índice fuera a tener ningún impacto. Sin embargo, incluso en esos países los presidentes querían salir de las últimas posiciones de la tabla, llegando algunos de los que han logrado subir dos o tres peldaños a convocar ruedas de prensa para anunciar su avance, porque lo ven como progreso, lo cual es muy positivo.

En el sector financiero, por ejemplo, antes de que se aprobaran las leyes contra el blanqueo de capital y contra el soborno no se intervenía demasiado. «Imagino que en el sector bancario eran tiempos más sencillos cuando se podía decir “No es asunto mío lo que mis clientes hacen con su dinero ni de dónde lo sacan”. Era un mundo más sencillo, con reglas más simples, donde sólo esperabas que si pasaba algo desagradable no te pillara cerca», reflexionó Ford, antes de anunciar que esa época había finalizado. En Estados Unidos, ésa fue una de las lecciones del escándalo Enron, cuando los abogados, los auditores y los banqueros trataban de autoexculparse con la excusa de que eran los otros quienes se tenían que haber encargado de advertir los problemas. Ya no sirven las excusas, y afortunadamente todas las instituciones financieras, hasta en Rusia y China, están avanzando con firmeza hacia la creación de programas anticorrupción y antiblanqueo de capital. A menudo, son sobre todo programas de cara a la galería que carecen de fundamento, pero «la realidad acaba atrapando a aquellos países que lo permiten», advirtió Ford.

La importancia de la globalización deriva de que vivimos en el mundo de Google, la CNN y la MTV, y lo que antes ocurría en Europa y Estados Unidos, la actitud de que «en casa no pagamos sobornos, pero en el extranjero las normas son distintas, y allí donde fueres haz lo que vieres, así que si se pagan sobornos, los pagamos» se está acabando, pasando a mejor vida. Es obvio que todavía se dan casos, pero por lo menos ahora es ilegal en todos los países que han firmado la convención de la OCDE, siendo ilegal en Estados Unidos desde 1976.

Las palabras de Ford nos hicieron reflexionar a todos: «La corrupción no es un crimen pasional, todo el que comete un acto corrupto compara, aunque sea inconscientemente, el riesgo con la recompensa, y todavía hay muchos países y muchas empresas donde, aun habiendo normas o leyes sobre el papel, no hay ningún riesgo de que te pase nada». La esperanza la cifraba en una mayor acción reguladora contra la corrupción, sobre todo en actuaciones disciplinarias de los organismos internacionales, como había empezado a hacer el Banco Mundial, vetando a empresas involucradas en casos de corrupción. «No creo que encontremos una cura, pero sí al menos mecanismos de control, y espero que haya una correlación directa entre lo bueno que se derive de eso y el desarrollo económico.»

A la luz de su exposición, me interesé por dos países en concreto, Perú e Italia, y si la actitud de lucha contra la corrupción era beligerante en los distintos niveles, político y judicial, y el de la sociedad civil. En su respuesta destacó varias similitudes sorprendentes entre los dos países. Primero, lo que llamaba «el problema del relativismo moral»: al considerar que todo el mundo, todos los políticos y todas las instituciones son corruptos y están metidos en negocios sucios, es difícil que la sociedad entienda qué casos son realmente importantes y la gente acaba excusando las ilegalidades de su candidato al creer que todos los demás hacen lo mismo. En ambos países ocurren cosas bochornosas: en el caso italiano, un Gobierno que aprueba una ley para impedir que el presidente tenga que rendir cuentas por cosas que ya ha hecho; y en Perú, algo que hemos visto en muchos sitios, un Gobierno corrupto que es derribado por unos reformistas que son aplaudidos por todo el mundo hasta que se descubre que los reformistas están haciendo lo mismo. «La conmoción inicial acaba dando paso a la sensación de que todo el mundo es igual y se acepta que la corrupción es inevitable, y eso es terrible», dijo Ford.

LOS DATOS DE LA VERGÜENZA

Efectivamente, son datos terribles porque la corrupción convive y retroalimenta la miseria del mundo, que ha alcanzado cotas alarmantes, llegando quizá al nivel más preocupante de toda la historia de la humanidad. Al recordar estos debates, reconozco que fue honda la impresión que me causaron, y no puedo dejar de citar los datos que Jean Ziegler recoge en su excelente y estremecedor libro El imperio de la vergüenza: más de diez millones de niños menores de cinco años mueren al día a causa de la desnutrición, las epidemias, la contaminación de las aguas y la insalubridad. Los 122 países del Tercer Mundo concentran el 85 por ciento de la población mundial, pero su participación en el comercio internacional sólo alcanza el 25 por ciento. Mil ochocientos millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día, mientras que el 1 por ciento de los habitantes más ricos del planeta generan tanto dinero como el 57 por ciento de las personas más pobres. Hay 850 millones de adultos analfabetos y 325 millones de niños sin escolarizar. Enfermedades curables mataron en 2005 a 12 millones de personas. Mientras tanto, la rentabilidad de fondos propios de las quinientas sociedades transnacionales más poderosas del mundo ha sido del 15 por ciento anual desde 2001 en Estados Unidos y del 12 por ciento en Francia, y la tasa de autofinanciación asciende al 130 por ciento en Japón, al 115 por ciento en Estados Unidos y al 110 por ciento en Alemania; habría que preguntarse sobre el destino de estas cantidades millonarias.

El informe de Ziegler para la ONU en septiembre de 2007 incluye otros datos terribles: para la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares al día (sobre todo en África), el desorbitado aumento de los precios del maíz ha agotado los recursos de numerosos hogares. Según un reciente estudio de la FAO, 2,1 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria en septiembre de 2007, y el número podría doblarse a principios de 2008. También de acuerdo con la FAO, 34 países en todo el mundo han padecido crisis alimentarias en 2007, especialmente en el África subsahariana; los niveles del hambre en esta zona del mundo están en constante crecimiento desde comienzos de los años noventa. En los 14 países más pobres, más del 35 por ciento de la población pasa hambre a diario, incluso en condiciones normales, cuando no hay sequía ni hambrunas.

Permítame el lector un dato más: los 19 países más pobres del mundo recibieron en 2005 la condonación de su deuda externa como muestra de reconocimiento por sus logros en reformas económicas, pero ninguno supera la puntuación de cuatro sobre diez en la lucha contra la corrupción. El riesgo que existe es que los recursos liberados por el no pago de la deuda se reincorporen a los respectivos presupuestos y, si es así, ¿qué control habrá sobre ellos? La única forma de contrarrestarlo sería mediante la existencia de contratos rígidos que justifiquen la inversión. La pobreza y la corrupción por causa de acción de gobernantes corruptos o falta de control son realidades que se retroalimentan peligrosamente.

El subdesarrollo económico actúa sobre los seres humanos como una prisión, encerrándolos en una existencia marcada por la desesperación y la falta de derechos. La única esperanza se halla en la justicia, si ésta asume su papel en la lucha por la recuperación de la dignidad humana, buscando distinguir, en palabras de Karl Popper, lo verdadero de lo falso. También se halla una brizna de esperanza en el Gobierno democrático, si asume el papel que le corresponde en la lucha contra la corrupción, contra los monopolios y favorece la aparición o vertebración de una clase media independiente del poder político, algo que ya reclamaba Octavio Paz en sus tiempos.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS

La lucha constante por la defensa de los derechos humanos es una necesidad básica, si bien las primeras necesidades que deben paliarse, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, pasan por el pan, la vivienda estable, la salud y la educación, en definitiva, dignidad, libertad y democracia, sin incurrir en olvidos, porque, como muy bien dijo Bertolt Brecht, «una papeleta electoral no da de comer al hambriento».

En realidad, si no somos capaces de defender y conseguir que se desarrollen y respeten los derechos sociales de los ciudadanos, de poco vale hablar de defensa de los derechos fundamentales ni de avances de la democracia. La lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales y la corrupción que impiden o dificultan la dignidad de los ciudadanos debe ser incuestionable y ocupar el primer punto de la agenda de los gobernantes de un país. Transigir con ello y favorecer a quienes anteponen el beneficio personal al de los ciudadanos hace inútiles los esfuerzos de cualquier Gobierno.

Hasta hace poco, la relación entre el mundo empresarial y el respeto a los derechos humanos era algo tangencial, pero hoy día todos estamos de acuerdo en que, dada la importancia de las empresas como actores fundamentales en la vida económica y social de nuestras sociedades, no pueden ser ajenas a la construcción de un proyecto común; de ahí que Naciones Unidas haya dado forma a toda una normativa de derechos humanos que refleja la existencia de una clara conciencia de la responsabilidad social empresarial. En palabras de Leandro Despovy, relator especial de la ONU: «Sólo se garantiza la gobernabilidad y el buen gobierno en una economía sana, actuando sin fraude, ni corrupción y con un adecuado nivel de respeto de los derechos humanos».

Lo que hoy planteamos con decisión enérgica es el nuevo paradigma de la empresa en el respeto a los estándares mínimos internacionales de los derechos humanos. Las empresas no sólo no deben quebrantar esos estándares, sino que deben renunciar a obtener alguna ventaja o ganancia aprovechándose de cualquier violación de los derechos humanos. Deben, por tanto, regular su funcionamiento interno y sus negociaciones con terceros, en concordancia con aquellas normas, y establecer mecanismos de evaluación y buenas prácticas. Estas normas o reglas deben regir por igual, cualquiera que sea el sector público o privado del que se trate. De nuevo aquí, los tribunales tienen un papel fundamental.

En conclusión, y en función del poder que el sector empresarial haya adquirido en un mundo globalizado de hoy, en el que sus decisiones inciden directamente en el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales y en la adopción de políticas públicas por parte de los estados, con clara injerencia en las condiciones de vida de las personas, también deben cumplir una serie de obligaciones que les fuercen a dar cuentas ante la comunidad (acceso a la alimentación, nivel de asistencia sanitaria aceptable, vivienda digna y en condiciones de adquisición asumibles, educación, salarios que cubran las necesidades fundamentales y prácticas anticorrupción, con obligación de denuncia cuando el acto provenga de parte del Estado).

La transparencia en la gestión se convierte en un elemento de producción más que va a ser controlado por una sociedad civil cada vez más informada y exigente. Que una empresa sea asociada a la violación de los derechos humanos, aparte de las responsabilidades penales que pueden derivarse de ello, la deslegitima y cae en la relación con los ciudadanos y consumidores (trabajo infantil o forzoso, explotación de recursos materiales aprovechando zonas de conflicto, explotación de la mujer, explotación de pueblos indígenas o de inmigrantes, etcétera).

Insisto, dado el carácter universal de los derechos humanos, para que el proceso de globalización económica no sea inhumano y desaforado, lo que hoy día resultaría inaceptable, la empresa debe respetar todos y cada uno de los estándares internacionales de derechos humanos en su área de influencia y en la praxis diaria. El bienestar y la libertad de todas las personas tienen el mismo valor y, por tanto, deben estar igualmente protegidas. Por lo demás, las sanciones por incumplimiento deben ser contundentes y exigibles a nivel nacional e internacional.

Hoy día no es suficiente con la existencia de códigos de conducta, ni con la adopción de una política corporativa sobre derechos humanos, las empresas deben integrar en su estrategia global la responsabilidad social corporativa y la política de derechos humanos, lo cual supone implementar esta política mediante la atención personal a la misma, renunciando por ejemplo a inversiones en lugares y países en los que se violan los derechos humanos, o incluso retirando inversiones ya hechas en esos países.

Otros derechos básicos relacionados con las empresas son los de los trabajadores, y permítame el lector que haga referencia al derecho a la Seguridad Social de los trabajadores. Por ejemplo, hay millones de trabajadores y campesinos de América Latina que sufren por la falta de cobertura o por la escasa cobertura contra los riesgos laborales, siendo uno de los capítulos pendientes de la región. Sólo el 20 por ciento de la población mundial se beneficia de una protección social adecuada, y más de la mitad no está amparada por ningún régimen de protección, incumpliendo con ello la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que proclama que «toda persona como miembro de una sociedad» tiene derecho a la Seguridad Social.

A escala mundial, y como dice Emmanuel Reynard, los sistemas de protección social de los países industrializados hacen frente a un doble reto: brindar una protección adecuada en un contexto de mayor incertidumbre en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social para evitar los procesos de marginación de una parte de la población. Esto significa, por una parte, concebir unas formas de protección adaptadas a la creciente movilidad de los trabajadores y, por otra, combinar políticas de inclusión social y dispositivas que garanticen los ingresos mínimos.

Si consideramos, en cambio, la situación en los países en vías de desarrollo, la magnitud de las necesidades y la debilidad de los regímenes de protección llevan a ampliar el concepto de Seguridad Social, para abarcar necesidades básicas como el acceso a la alimentación y el agua, la atención sanitaria, la vivienda o la educación. En esta línea, las llamadas «iniciativas comunitarias» no deben fragilizar los regímenes legales existentes ni organizar sistemas paralelos de solidaridad para los pobres, sino que deben integrarse en una política nacional coherente de extensión de la protección social con carácter general y sin distinción en razón de la adscripción política.

El problema se agrava con el hecho cierto de que la economía informal o sumergida representa casi dos tercios del total del empleo no agrícola en los países en vías de desarrollo, un tema tan complejo que, de hecho, se ha renunciado a resolver. Si a esto sumamos las cifras de paro, la conclusión es ineludible: la creación de empleo decente debe ser uno de los puntos prioritarios de cualquier política social. A partir de ahí, resulta básico respetar y promover los derechos fundamentales en el trabajo como la libertad de asociación, sindicación, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación laboral. Sólo así habrá una garantía efectiva para las nuevas inversiones y la estabilidad en el lugar de trabajo y la productividad.

Precisamente, eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso deben ser objetivos prioritarios de cualquier Gobierno y del tejido empresarial. En América Latina, 1,3 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, el 10 por ciento de la cifra mundial. El ejemplo de Brasil en la lucha contra estas formas de trabajo es loable, y debería servir de ejemplos para otros países. En este combate, el compromiso de la sociedad civil resulta fundamental, así como también el de empleadores y trabajadores ordinarios. La contundencia de las sanciones debe ser ejemplar, ya que en este campo no se puede ser transigente con la impunidad.

CORRUPCIÓN JUDICIAL

Antes de pasar la página de la corrupción y continuar con la crónica de nuestro encuentro, en el que quedaban temas por debatir tan interesantes como el de las crisis energéticas, quisiera compartir unas reflexiones críticas sobre algunos aspectos de la llamada corrupción judicial, sin que los datos hagan referencia necesariamente a un país concreto. En 2007, TI publicó un importante estudio sobre este tema en su informe anual. Desde luego, todos estamos de acuerdo en que la corrupción vulnera el derecho que todo ciudadano tiene a la existencia de un sistema judicial con jueces y fiscales y otros operadores de la justicia justos e imparciales, y puede afectar gravemente a la lucha contra fenómenos tan sensibles como el terrorismo o el crimen organizado. Fenómenos a los que suele ir asociada la corrupción, cuando no aparece como un instrumento de los mismos y redunda en su fortalecimiento.

La pérdida de credibilidad del poder judicial debido a la corrupción perjudica el crecimiento económico y el desarrollo humano, la gobernabilidad y la credibilidad de las instituciones. En resumen, provoca una pérdida de confianza en los ciudadanos dentro del propio sistema democrático. Cuando la corrupción afecta al sector judicial, no sólo incide en la obtención de ganancias materiales o financieras (cohecho, sobornos, malversación, etcétera), sino que al afectar a la imparcialidad de quien dirige el proceso judicial tiene unos efectos devastadores. Con una simple alteración de las fechas de las audiencias, o un retraso intencionado, o una prelación en el tiempo, o una no incorporación de las pruebas, o una interpretación sesgada por razones ideológicas, políticas o económicas, se produce más daño que con una acción delictiva concreta de un ciudadano o empresa, ajena al estamento judicial.

La falta de una verdadera política judicial, y la escasez de fondos destinados al servicio público de la justicia, son la base de muchos casos de corrupción judicial, razón por la cual el control de vigilancia debe abarcar todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia en todas sus partes. Otra de las causas de potenciales corrupciones radica en el procedimiento de nominación y designación de los cargos superiores del poder judicial, porque mientras dependan de decisiones políticas, eso puede abrir las puertas a la parcialidad, al nepotismo o al control político de las decisiones de esos jueces, cuya independencia e imparcialidad estarían condicionadas.

En todo caso, resulta claro y evidente que para combatir este tipo de corrupción se necesita como actor principal al propio poder judicial. Frente a estos movimientos se impone la exigencia de un sistema de mecanismos constitucionales, legales y orgánicos dirigidos a «blindar» al sector, en el sentido de garantizar la independencia, imparcialidad e inamovilidad, con un sistema rígido de sanciones penales, civiles y disciplinarias, preestablecidas, con definición de causas claras, que servirán de contrapeso al gran poder del que se dispone.

La independencia judicial es correlativa a la confianza pública, pero también el elemento de la responsabilidad es básico. A mayor independencia responsable (equivalente a falta de arbitrariedad), mayor confianza genera la acción judicial en los justiciables, pero también mayor responsabilidad de los jueces. De ahí que sea no sólo conveniente sino necesario que organismos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo sean ajenos a la cuota política de su nombramiento, y que la interferencia orgánica de la política desaparezca.

SOBRE LAS CRISIS ENERGÉTICAS

Pero, como he dicho antes, todavía quedaban sobre la mesa unos cuantos temas pendientes de observación y análisis en nuestro entretenido debate sobre economía, como por ejemplo las tan comentadas crisis energéticas. José Juan Ruiz calculaba un período de dos o tres años en los que la oferta de petróleo no se expandiría lo suficiente y por lo tanto el mercado estaría un tanto ajustado, si bien al final las leyes del mercado terminarán por funcionar: a esos precios habrá mucha inversión que madurará en los próximos años, y el precio de la energía bajará. Como él mismo admitía: «Existe el riesgo de que se produzca un conflicto geopolítico en algún país productor importante y el precio del petróleo se dispare a niveles que son muy difíciles de cuantificar, pero a ese escenario hay que darle una probabilidad no nula, pero sí baja».

Eduardo Navarro se mostró de acuerdo en que tendrá que haber un equilibrio en el crudo, que el precio no podrá seguir subiendo sin parar. De no ser posible el equilibrio por el lado de la oferta, «tendrá que ser a través de la demanda, por la busca de alternativas distintas, como el caso del alcohol en Brasil». Por su parte, José Luis Escrivá se mostró convencido de que a determinados precios, entrará en escena la innovación tecnológica, que resolverá lo que hasta entonces parecía difícil. «Con precios suficientemente elevados aparecerán tecnologías que serán capaces de producir o petróleo u otras fuentes de energía que podrán mover la economía mundial.»

Ya hemos estado antes en situaciones peores, porque a lo largo de los años hemos ido acumulando inflación, y, así, los cuarenta dólares por barril del año 1979 equivalen a los más de cien dólares de hoy.

En la misma línea, le pregunté acerca de los impactos de esta crisis energética para las instituciones financieras y para América Latina. Como era de esperar, China volvió a la conversación, porque es el país que más empuja en la demanda de recursos. «Realmente para América Latina este ciclo de demanda de recursos internacional es una enorme oportunidad de volverse a replantear muchas cosas y de aprovechar este auge. América Latina lleva creciendo tres años, diez trimestres, no había ocurrido nunca en los últimos treinta años que la región estuviese creciendo durante diez trimestres, y una buena parte de este crecimiento sostenido se debe al precio de las materias primas.» Claro que José Luis también mencionó la otra cara de este boom del petróleo: «Venezuela tiene hoy unos ingresos por petróleo de ciento cincuenta millones de dólares, tres veces los ingresos petroleros diarios que tenía cuando asumió el poder el presidente Chávez; sin embargo, el porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza sigue siendo prácticamente el mismo que hace siete años».

Pero incluso para América Latina, el alza de los precios tiene consecuencias negativas, como recordó Luis Alberto Moreno. Seguramente, el petróleo es lo que más amenaza el crecimiento de la economía global, y dentro de la región, por ejemplo, el presidente de Honduras afirmó que los mayores precios del petróleo borraban lo que había conseguido el país como resultado del perdón de la deuda del Millennium Challenge Account, que es una ayuda especial del Gobierno norteamericano. «En el Caribe encontramos la misma situación, y en buena parte de Centroamérica; es un continente muy desigual en cuanto a energía se refiere», insistió Luis Alberto. Sin embargo, estos niveles de precios también ofrecen oportunidades, ejemplificados en el caso brasileño: «El mejor caso es el de Brasil, donde cerca de la mitad del consumo de este año no va a ser petrolero, sino de alcohol. Pero no hay una fórmula mágica en las nuevas tecnologías; Nicaragua, por ejemplo, ha experimentado en ciertas zonas rurales con biomasa con mucho éxito. La utilización del gas, que también es una forma limpia de energía, ofrece grandes posibilidades para que los países no dependan tanto del petróleo y además reduzcan los costes medioambientales».

Kevin Ford aportó una perspectiva distinta respecto al tema de encontrar nuevas fuentes de energía, al hablar de cómo los países ricos van a los más pobres, y haciendo caso omiso de cuestiones de derechos humanos, condiciones laborales y corrupción consiguen lo que quieren: «Algunos ejemplos de los últimos diez años son realmente bochornosos, lo que ha ocurrido en Rusia, Kazajistán o el sudeste asiático, incluso a manos de empresas con larga trayectoria de lucha contra la corrupción». Su predicción era pesimista: «Va a seguir ocurriendo hasta que algún científico invente algo que no consista en ir al patio de atrás de un país necesitado y excavar en sus montañas y en sus mares». Además, ahora China y la India también empiezan a competir por esos recursos, así que nuestra fe en los principios del ecologismo y en las normas que nos hemos dotado va a ser puesta a prueba cada vez más. «Cuando los recursos se empiecen a agotar, la gente empezará a decir, por ejemplo, que no hace falta ir a Oriente Próximo por petróleo, cuando se puede ir a Alaska, o a Canadá. Ésa va a ser la principal trinchera contra la corrupción en los próximos diez años por lo menos.»

No sé si es un tópico o una realidad, pero cada vez que hablo con empresarios o directivos de empresas españolas que operan en el extranjero, en particular en América Latina, se quejan de la falta de seguridad jurídica. Por ello quise conocer qué opinaban nuestros amigos sobre el particular. El primero que habló fue Eduardo Navarro, que resaltó la importancia del tema y la necesidad, para garantizar la solvencia de las inversiones en la región, de que hubiera reglas que otorgasen confianza a largo plazo. «Cuanto mayor es la inseguridad, mayor será el coste de capital y mayores los precios que se tendrán que poner para hacer las inversiones atractivas.» Por eso resulta evidente concienciar a corto plazo de que es un tema importante para el posible desarrollo de un país, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. «El tema de la seguridad jurídica no es algo que pueda esperar una, dos o tres generaciones, que llegue con un proceso gradual de educación, sino que hace falta un choque para ver ahí un progreso fuerte.»

La seguridad que buscan los inversores se centra en tres aspectos, tal como detalló José Luis Escrivá: respeto a los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos y capacidad para aplicar dichos contratos. Los ilustró de un modo excelente, tomando como ejemplo un país hipotético de América Latina y cuatro decisiones que hubiera podido tomar en los últimos años (aunque el ejemplo parecía basado en la experiencia de Argentina, o así lo entendí yo). Primera, pesificación asimétrica, es decir, una decisión del ejecutivo que cambia las reglas del juego. Esto se puede considerar inseguridad jurídica, pero probablemente era la única forma de resolver un problema mayor, que era su régimen monetario y cambiario, y necesariamente pasaba por romper los contratos. Es preocupante que ocurra esto y puede producir potenciales daños en una operación en el hipotético país. Pero en ese momento lo que hay que reclamar no es seguridad jurídica, que no me hagan la pesificación asimétrica, sino que todos los jugadores en el sector tengan los mismos costes, es decir, el mismo tratamiento para inversores domésticos e inversores internacionales. Se trata de un concepto de seguridad jurídica probablemente un poco más laxo que el tradicional, como admitía José Luis.

Segunda decisión, que el poder judicial decida que no acepta la «pesificación» asimétrica y obligue a las entidades financieras a pagar y a devolver los depósitos en dólares. Esto no es un problema del ejecutivo, pero sí un problema asimétrico, en la medida en que, por las razones que sean, el 80 por ciento de los amparos, que es como se denomina esta figura teórica, está en la banca extranjera, y sólo el 20 por ciento en la banca de origen nacional o en la pública, lo cual ya es más preocupante.

La tercera decisión se refiere a las tarifas. Se puede pensar que hay que congelar las tarifas durante cierto tiempo, pero hay que saber que si las tarifas se congelan, no va a haber inversión, no va a haber infraestructuras y va a haber una serie de costes añadidos que van a hacer muy evidente lo que significa la inseguridad jurídica, incluso provocando la salida de una compañía internacional del país como consecuencia de la acumulación de este tipo de problemas.

Y la cuarta es renunciar a cláusulas de derechos de propiedad, como por ejemplo las reclamaciones ante el tribunal de arbitraje, el CIADI en Washington, antes de poder negociar cualquier salida a los problemas empresariales.

Kevin Ford sacó a relucir el siguiente gran reto, tras haber logrado colocar la corrupción en pleno debate público: la cuestión de la soberanía. Ningún país quiere renunciar a ella, como vemos permanentemente, si bien a menudo en las manos equivocadas. «Tanto en los países ricos como en los países pobres, esta cortedad de miras produce caos económico. Ya sea un Gobierno populista, como en Venezuela, o uno como el que decide en Rusia que hay que ignorar el imperio de la ley y volver a repartir las cartas en términos de quién tiene qué, haciéndolo además cada cinco años. Eso ya no funciona.»

¿Y LAS RESPONSABILIDADES?

Un último tema que quedó pendiente de debate y que a mí me parece fundamental es el de las responsabilidades que las políticas energéticas, económicas o sociales generan cuando no se adoptan las medidas correctas para paliar sus efectos negativos sobre los ciudadanos, conduciendo, por omisión o negligencia inexcusables después de todas las advertencias científicas hechas, a situaciones límite e irreversibles.

Cuando se producen estos daños, o cuando esas conductas tienen una base criminal, por ejemplo si los responsables de esas políticas desprecian las consecuencias («daños colaterales») que tales acciones y omisiones pueden generar entre los ciudadanos, la justicia universal debe tomar la palabra. Por ejemplo, con la cuestión del coltán (mineral imprescindible para la fabricación de microchips) en el Congo, que fue origen de las matanzas en este país impulsadas por una treintena de empresas, como reveló un informe de la ONU de 2004. O el saqueo de reservas naturales tibetanas, que no sólo nos muestra una vez más el tratamiento colonial que dispensa China a este territorio, violando los derechos humanos más elementales ante la impasibilidad de la comunidad internacional, sino que además esta acción ha trascendido inevitablemente sus fronteras.

La degradación medioambiental del Tíbet, cuyo origen se encuentra en la indiscriminada explotación de sus recursos naturales, se justifica desde Pekín como una acción insertada dentro de la política de desarrollo económico regional. Si esto fuera así, resulta contradictorio que más del 90 por ciento de las materias primas extraídas del altiplano encuentren su destino más allá de sus fronteras. Las numerosas reservas naturales declaradas en el Tíbet no evitan estas prácticas de explotación ni las millonarias expediciones de caza de fauna en vías de extinción. De ahí que el Fondo Mundial para la Naturaleza las haya calificado de «papel mojado». De la misma forma, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Parlamento Europeo, lamentan «la explotación de las extensas reservas animales, forestales y mineras del Tíbet que se produce con un limitado beneficio para el pueblo tibetano».

Pero es que, además, la destrucción planificada de los bosques tibetanos junto con la negligencia de las políticas conservacionistas chinas, no sólo ocasiona la indiscriminada explotación de los recursos naturales, amenazando la biodiversidad endémica del altiplano, sino que, como decía antes, sus consecuencias son ya visibles más allá de sus fronteras. Estudios científicos demuestran que la erosión de la meseta tibetana, cuna de los grandes ríos Amarillo, Yangtsé, Mekong, Saluén o Brahmaputra, provoca crecidas periódicas y las inundaciones que regularmente padecen las poblaciones de China, la India, Bangladesh y Laos. Mientras que en la estación seca el volumen de los ríos ha descendido considerablemente, ocurre lo contrario durante la estación de las lluvias, al no poder la tierra erosionada absorber el agua de las tormentas. Incluso algunos científicos comienzan a pensar que la deforestación del Tíbet incide de forma directa en el retraso y disminución de las lluvias monzónicas en la India, y en una alteración de los vientos y tifones del Pacífico, afectando con ello al fenómeno llamado El Niño.

El conflicto geoestratégico regional del Tíbet afecta de forma irreversible no sólo al medio ambiente, sino a los habitantes de la zona. Así, el centro de producción de armamento nuclear de la Novena Academia china ha estado vertiendo o almacenando sus residuos radiactivos en la zona adyacente del lago Kokonor, de cuyas aguas nace el río Tsang Chu, afluente del río Amarillo. La línea ferroviaria que muere a orillas de este lago y que sólo enlaza con la ciudad nuclear parece marcar claramente el destino final de los residuos. Aunque China no ha permitido efectuar ninguna investigación científica en la zona, ha admitido la existencia de contaminación radiactiva. A pesar de que el alcance contaminante no ha podido ser concretado, existen distintos informes de médicos tibetanos que han trabajado en la zona y han certificado posteriormente las «misteriosas muertes» de nómadas tibetanos y de su ganado. Además de la población local, existe constancia de que se utiliza a presos tibetanos, condenados en los campos de trabajo al norte de la región de Amdo (Qinghai), cercanos a las minas de uranio y a los emplazamientos donde se localizan los misiles nucleares, para excavar el mineral y desempeñar las labores más peligrosas en todos estos emplazamientos radiactivos. En este sentido, debe consultarse la imprescindible obra de José Elías Estévez, Tíbet: la frustración de un Estado. El genocidio de un pueblo.

La tesis que presento a continuación no creo que sea en absoluto descabellada: las agresiones al medio ambiente, la emisión incontrolada de gases, la falta de adopción de medidas que eviten los daños derivados del cambio climático, o aquellas acciones que incluso lo provoquen, constituyen la agresión potencialmente más mortífera imaginable contra el género humano, razón por la cual no es absurdo comenzar a pensar en estas acciones como verdaderos crímenes contra la humanidad, por cuanto ponen en peligro la propia subsistencia del hombre sobre la Tierra, y serían perseguibles bajo el principio de justicia penal universal.

LA TORMENTA NOËL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Este capítulo pone su punto y final el 2 de noviembre de 2007, día que llegué a la República Dominicana, en pleno desastre natural, producido por la tormenta tropical Noël, lo cual me hizo reflexionar sobre lo que significaba la magnitud de un desastre, con el alto número de pérdidas de vidas humanas y económicas, en un país tan pobre como éste. Tuve ocasión de vivir muy de cerca lo que un pueblo puede sentir frente a una catástrofe natural, y cómo a pesar del dolor se sobreponen al golpe, en una clara demostración de que la vida continúa. El presidente Leonel Fernández, cuya talla política y ética responsable está fuera de toda duda, se multiplicó en esos días en apoyo de los ciudadanos, asumiendo en primera persona el ejemplo que un líder político debe dar ante una adversidad de ese tipo.

Sin embargo, esta catástrofe, como la que semanas después tuvo lugar en Bangladesh, me hizo pensar, como sigo haciéndolo todavía, sobre la influencia que en este tipo de fenómenos puede tener el denominado cambio climático, y me animó a aproximarme mínimamente a un fenómeno que no sólo producirá importantes impactos económicos, sino que afectará a la supervivencia del planeta. El informe del IPCC, es concluyente. Sólo nos quedan ocho años, hasta 2015, para conseguir que las emisiones de gases de efecto invernadero comiencen a descender; si esto no se consiguiera (cosa más que probable), la concentración de esos gases causará un aumento de temperatura de entre 2 y 2,4 grados, lo cual se traduciría en peligrosas interferencias sobre el clima. En este informe han colaborado más de 2.500 científicos, y todos ellos coinciden en que el calentamiento global es real e inequívoco, producido por la emisión de gases de efecto invernadero debidos a la quema de carbón y petróleo. A la vez que la temperatura sigue subiendo, el hielo ártico se está fundiendo, y las sequías en la zona mediterránea y África cada vez serán más frecuentes e intensas; las lluvias aumentarán en latitudes altas y bajarán entre un 20 y un 40 por ciento en zonas ya secas, afectando el cambio a un 20 por ciento de especies, que se hallarán en vías de extinción.

Cuando estuve en China hace unos años, me impresionó el desierto de Gobi, pero sobre todo su ritmo de crecimiento y expansión. En agosto de 2007, en el río Amazonas, mis amigos indígenas de Iquitos (Perú) se quejaban de que cada vez había menos aves y, sobre todo, menos peces. De hecho, hasta las pirañas se nos mostraron huidizas en la tarde de pesca en que Juan me hablaba de los cambios que apreciaba en los últimos años en las márgenes de aquel río y su afluente el Napo.

Las conclusiones del citado informe sobre el cambio climático nos pone ante una seria amenaza global que exige una respuesta, asimismo, global y unas medidas colectivas urgentes. Son imprescindibles una serie de cambios importantes en las políticas de transporte y energía, en los precios y mercados del carbón, el fomento de la investigación tecnológica, la lucha contra el impacto en la salud, la prevención de catástrofes naturales y un mayor compromiso con los países en vías de desarrollo. Es fundamental un apoyo decidido a los países más pobres, ayudándoles a cumplir las advertencias y límites, a la vez hay que exigir a Estados Unidos y a China que cumplan las recomendaciones del IPCC, hasta llegar a la reducción de emisiones del 30 por ciento que ofrece la Unión Europea.

Debo decir que mi primer contacto con este tema sobre el que escribo fue en 2006, al ver el documental de Al Gore Una verdad incómoda en Nueva York, en el cine de Broadway esquina con Union Square. Aparte de su autor, el contenido me sobrecogió, y puedo afirmar de acuerdo con quien luego obtendría el premio Príncipe de Asturias y el Nobel de la Paz que efectivamente «no estamos ante un problema político, sino ante una cuestión moral… el mayor problema de la humanidad».

¿Acaso sabía el lector que en los últimos cuarenta y cinco años el calentamiento del planeta se ha acelerado de forma alarmante y que si continúa al mismo ritmo sus consecuencias serán incontrolables? No puedo evitar que vengan a mi memoria las palabras de Al Gore, del día 26 de octubre de 2007, tras recoger en el teatro Campoamor de Oviedo, de manos del príncipe Felipe, el premio Príncipe de Asturias: «Ignorar los estudios científicos que denuncian el calentamiento global es una irresponsabilidad, los científicos nos advierten sobre el presente y el futuro. Ese futuro depende de nosotros». Ya lo dice el proverbio africano: «Si quieres avanzar rápido, debes viajar solo, pero si quieres llegar lejos, debes ir acompañado», que viene a significar que en un tema como éste el consenso global es básico, y las Naciones Unidas el espacio idóneo para generarlo.

Ese mismo día 26, el Consejo de Ministros de España, después de un amplio debate con todos los sectores —empresariales, sindicales, expertos, ecologistas, etcétera— ratificó la «Estrategia española sobre el Cambio Climático y la Energía Limpia para 2002-2012-2020». España ha presentado más de 198 medidas para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, apostando con ello por una política de movilidad y del transporte, energías limpias, investigación y desarrollo, contra el impacto en la salud, la desertización, la agricultura, etcétera, y ha aprobado un plan de reducción de las emisiones de gases de CO₂ que ha sido consultado también con todos los sectores empresariales, sociales, etcétera, y debatido ampliamente en el Parlamento.

Asumir este reto global sin escatimar esfuerzos, y hacerlo de forma responsable y solidaria, es algo que dignifica a los líderes de un país. Recuerdo cómo el 24 de septiembre de 2007, coincidiendo con mi estancia en Nueva York para participar en un debate en la Universidad de Nueva York con Cristina Fernández de Kirchner, me llamó la atención el planteamiento del Gobierno español ante las Naciones Unidas, desarrollado después con unas inteligentes reflexiones del presidente Zapatero que aparecieron en la revista El Siglo el 29 de octubre: «Asumir que no podemos gobernar contra la tierra, y que todos estamos supeditados a ella, supone un movimiento sísmico en el modo de gestionar el futuro. […] Ecología y economía son las dos caras de la misma realidad. Si no aceptamos la íntima vinculación entre las dos, no tiene sentido que hablemos de futuro. […] El desarrollo sostenible es un viaje posible y rentable. […] El germen de la revolución ecológica ha prendido en la sociedad española».

En este sentido, la clase empresarial española, especialmente la urbanística, y las diferentes administraciones deberán hacer una reflexión muy profunda cuyo resultado sea el abandono de la obsesión por el crecimiento basado en la construcción salvaje, con una depredación gravísima de los acuíferos que provoca situaciones de creciente especulación y compraventa, como por ejemplo de sociedades de regadío en Murcia.

La persecución de estas y otras conductas (emisiones excesivas, contaminaciones industriales, etcétera) deben ser sancionadas con una severidad ejemplar nacional e internacional, pero, sobre todo, debemos diseñar una política de prevención que eduque para el futuro desde la certeza de que está en juego nuestra propia existencia. Está claro que la presión social puede producir efectos catárticos en la posición de los gobernantes.

Además, las energías renovables tienen un potencial de empleo muy considerable. La industria renovable europea tiene un volumen de ventas anual de más de veinticinco millones de euros y emplea a más de 350.000 personas que trabajan conjuntamente en el cumplimiento del Criterio de Lisboa, además de reducir las emisiones de CHC. El potencial es aún mayor en la agricultura, en los futuros avances, sobre todo provenientes de la inversión tecnológica en la nueva generación de biocombustibles.

Europa es líder en una amplia gama de tecnologías de energías renovables, entre ellas la producción hidroeléctrica, eólica y solar, además de la energía geotérmica, la biomasa y la energía marina. Las energías renovables, no obstante, requieren un mayor respaldo financiero que las energías convencionales, en términos de subvenciones, presupuestos para la investigación y el desarrollo. Hay que hacer realidad la internalización (costes reales) de los costes externos de la contaminación atmosférica, los efectos sobre la salud, pobreza, el cambio climático, y hay que acordar medidas legales. La ecotasa haría realidad el aserto de «quien contamina, paga». Las soluciones sociales que se adopten deberán ser equilibradas para que cuenten con las personas con bajos salarios y las familias que producen ahorro energético. Las ayudas actuales deberían ser más coherentes con estas situaciones y valorar el sistema de impuestos existentes, incrementar los fondos de Planes de Acción Nacional sobre la Eficiencia Energética (todos los miembros de la Unión Europea deben tenerlo) y aprobar sanciones para quienes no cumplen con el Protocolo de Kioto, que próximamente será superado tras la Cumbre de Bali y las diferentes decisiones de las Naciones Unidas respecto al cambio climático.

Los gases de efecto invernadero son una externalidad, quienes los producen están contribuyendo al cambio climático, y en consecuencia, imponiendo sus costes a las generaciones presentes y futuras, sin hacer frente a sus consecuencias. La asignación de un precio al CO₂ significa que tendrán que hacer frente al coste social completo de sus acciones. Esto obligará a que las grandes compañías inviertan en alternativas bajas en emisiones, porque la eficiencia energética será otro de los retos. Los próximos diez o veinte años serán un período de transición, ya que la ampliación de inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías eficientes y bajas en carbono requiere de la colaboración entre la industria, los sectores empresariales y los gobiernos. En la última década, estas inversiones, a excepción de Europa, se han visto reducidas, por lo que es necesario que Naciones Unidas asuma el liderazgo de impulsarlas de manera que a nivel mundial puedan incrementarse entre dos y cinco veces la escala actual (34.000 millones de dólares anuales). La experiencia demuestra que a medida que se incrementan las inversiones, los costes bajan. Así, estudios llevados a cabo en sectores sensibles al cambio climático demuestran que la adopción de estas medidas proporciona mayores beneficios y reduce los costes.

El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) y el Protocolo de Kioto ofrecen un marco imprescindible a la hora de abordar políticas internacionales colectivas que hagan posible frenar el cambio climático; todavía estamos a tiempo si las medidas se toman urgentemente: la demanda energética y de transporte, por ejemplo, está creciendo en los países en vías de desarrollo, y sería injusto frenar ese desarrollo, por lo que hay que ofrecerles apoyo para hacer compatible el desarrollo económico sostenido con la lucha contra el cambio climático, en una cooperación sostenida que exija una distribución equitativa del esfuerzo entre los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Los planes de comercio de derechos de emisiones no son una solución al problema, pues no se trata de cumplir Kioto a niveles nacionales o de algunos sectores, se trata de un problema mundial, global, cuyo reto es disminuir las emisiones de CO₂, evitar el efecto invernadero. El comercio de emisiones estará abierto al debate hasta 2012, y, mientras tanto, quien más se beneficiará de la situación es Estados Unidos, que no cumple los acuerdos de Río de Janeiro (1991), ni ratificó tampoco el Protocolo de Kioto (1998).

CHINA, OTRA VEZ

China, por ejemplo, está creciendo un 8 por ciento, muy por encima de la media mundial, y a la vez recibe ayudas económicas del Banco Mundial de Medio Ambiente para que desarrolle políticas que mitiguen el efecto invernadero. Pekín está promoviendo para el período 2006-2010 un 20 por ciento de energías renovables. La India ha creado una política energética para el mismo período que permite el acceso a energías limpias para la población más pobre y una mayor eficiencia energética. La legislación medioambiental de la India trata de resolver una doble cuestión. Por una parte, implementar las herramientas para que la protección gubernamental al poder de las industrias, la apatía burocrática y la corrupción, junto con medidas de vigilancia ineficaces, no impidan que tales mecanismos sean realmente efectivos. Por otra parte, esta legislación desarrollada por una cultura judicial activista se considera un modelo progresista por el desarrollo de los derechos socioeconómicos, en especial los derechos medioambientales. El poder judicial y los abogados de causas emblemáticas han consagrado muchos derechos medioambientales dentro del ámbito del «derecho a la vida del artículo 21 de la Constitución India». Así, se han clausurado actividades mineras cerca de la capital, Delhi, se ha limpiado el famoso río Ganges y se ha puesto fin a la explotación de las fuentes de agua, entre otras actividades.

El poder judicial de la India fue el primero en el mundo en invocar esta amplia interpretación del derecho a la vida que garantiza los derechos medioambientales como un derecho constitucional fundamental. Desgraciadamente, como tantas veces ocurre en otras partes del mundo, las decisiones de los tribunales de la India no siempre se han cumplido, debido a la inactividad administrativa y burocrática del poder ejecutivo.

Resulta evidente que organismos como el Banco Mundial deben desempeñar un papel inversor para mitigar los costes y acelerar la llegada de energías limpias, y se hace necesaria, pese a su complejidad, la coordinación internacional o incluso una convergencia de reglamentos, normas, convenios, etcétera, así como una reducción de las barreras tarifarias y no tarifarias, a través de la Organización Mundial del Comercio. Pero, sobre todo, se precisa que los países desarrollados cumplan sus compromisos y contribuyan a que las ayudas se dupliquen para 2010. Así, por ejemplo, además de aplicar políticas a los cultivos resistentes a las sequías, como en África, hay que afrontar los desastres y desplazamientos humanos.

Realmente, todavía estamos a tiempo de evitar mayores repercusiones en el cambio climático, pero si no se atienden las llamadas desesperadas de los científicos y se continúa agravando la situación, los costes económicos y sociales serán mucho mayores y peligrosos (sugiero al lector que vea el informe Stern sobre la economía del cambio climático).

Es necesario reducir entre un 25 y un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero. En agosto de 2007, miles de expertos del IPCC concluían en Viena que hacía falta reducir las emisiones en 2020 a los niveles de 1990, si se tiene en cuenta que Kioto marca una disminución del 5 por ciento sobre ese mismo año. Lo mismo dijo el informe del IPCC de noviembre de 2007 presentado en Valencia. Ésa sería la reducción estimada para evitar un calentamiento global de entre dos y tres grados centígrados. Ya en los años sesenta, la comunidad científica alertaba sobre estos riesgos, y los ciudadanos no atendían a razones. Hoy, las advertencias, tras diversas catástrofes humanitarias, se hacen oír a través de figuras «mediáticas» como Al Gore, siempre sensibilizado con el medio ambiente. Sin embargo, en su debe está que cuando era vicepresidente de Estados Unidos con Clinton, Washington no ratificó el Protocolo de Kioto en 1998, a pesar de que él era uno de sus mayores impulsores, junto a Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU.

En fin, no debemos olvidar lo que dijo el propio Annan con ocasión del décimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 21 de marzo de 2004: «Diez años no representan mucho en la historia de un problema cuya escala se mide en siglos; sin embargo, el cambio climático ha pasado a ocupar un lugar importante en las políticas locales, nacionales e internacionales».

5

Rigoberta Menchú

El 16 de mayo de 2006, cuando ya preparaba mi vuelta a España, aprovechando las últimas semanas en Nueva York tuve la ocasión de encontrarme con una vieja amiga, mi admirada, respetada y querida Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y líder maya guatemalteca. El encuentro, en este caso, servía para poner el colofón a un ciclo de debates muy provechoso e intenso sobre derechos humanos en Iberoamérica.

Reconozco que por aquellos días, pese a que ya casi estaba haciendo las maletas, mi preocupación más inmediata eran los exámenes de mi hija Aurora en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas (UNIS), donde había estado estudiando el último curso de la ESO, y no tanto lo que en ese momento sucedía en España. Algunos se preguntarán cómo era posible abstraerse del bullicio y la confrontación política de los acontecimientos vividos en España. Pero créame el lector que hacer de padre y madre de una hija de dieciséis años en Nueva York durante un curso entero es toda una aventura. Con el paso del tiempo, me he alegrado de aquella convivencia que me permitió conocerla mejor y, en la medida de lo posible, ayudarla y aceptar sin reservas que la confianza es el mejor método aplicable para que la responsabilidad del adolescente se multiplique geométricamente, y que no te fallen los hijos. Mis conversaciones con ella, tanto las más simples como las más complejas, me permitieron descubrir una mente despierta y con unas ganas enormes de aprender. Nuestros debates sobre historia y relaciones internacionales para preparar los que después tenía que desarrollar en el colegio, su ayuda en mi aprendizaje del inglés, las tardes de cine o los viajes por el interior de Estados Unidos y Canadá en vacaciones nos han permitido una línea secreta de conocimiento y complicidad que dura hasta hoy.

En esos días de mayo, recuerdo que estaba muy orgullosa porque el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan me había recibido en audiencia privada para hablar principalmente de asuntos de terrorismo internacional y analizar el informe recién aparecido sobre la estrategia global de la ONU en esta materia y el trato destacado que recibían las víctimas en este trabajo. En los cincuenta minutos que duró la entrevista, tuvimos tiempo de hablar acerca del proyecto sobre terrorismo que yo codirigía con Karen Greenberg en el Center on Law and Security de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y le entregué una copia del mismo. Por supuesto, también comentamos la marcha del proceso de paz en Colombia y la situación de ETA en España, por la que se interesó vivamente. Aproveché la ocasión, que no podía dejar escapar, para hablarle de mis ideas acerca de la necesidad de vertebrar un espacio judicial común en América Latina en el que la aproximación y convergencia legislativa dieran opción a la construcción de ese espacio como garantía de seguridad jurídica, así como de una mejor defensa de los derechos humanos ante situaciones preocupantes como las que se comenzaban a percibir en algunos países y que, al cabo de casi dos años, se han consumado. Su interés por el tema fue sincero e incluso quedamos en la posibilidad de organizar un diálogo sobre el particular en la Universidad de Nueva York. Desgraciadamente, la falta de fechas y mi vuelta a España frustraron esta posibilidad, pero la ocasión me permitió conocer más de cerca a un hombre que durante mucho tiempo he admirado por su gestión valiente —por ejemplo en la guerra ilegal propiciada por el presidente Bush en Irak— al frente de una de las organizaciones multilaterales más difíciles de gobernar. Un dato anecdótico que me llamó la atención fue que en 2006 todavía se acordara de cuando nos conocimos en Madrid con ocasión de la entrega a ambos, entre otros, de los premios del Club de Prensa Internacional en Madrid en 1999.

Cuando le dije a mi hija Aurora que venía Rigoberta Menchú, mostró especial interés en conocerla, porque era una figura que habían estudiado en el colegio. Por los comentarios de mi hija, comprobé que tenía un concepto muy próximo al mío de Rigoberta, en el sentido de una persona que encarna la lucha por los derechos de las nacionalidades y comunidades indígenas y el compromiso por los derechos de las mujeres.

Sobre todo, le recordé a mi hija cómo se quejaba Rigoberta en un encuentro que tuve con ella en Guatemala, en la sede de la embajada española, el domingo 6 de noviembre de 2005, de las dificultades que tenía en su país para luchar contra las violaciones de los derechos humanos. La prueba la habíamos tenido con la falta de colaboración que las autoridades de su país habían demostrado en la investigación española sobre el genocidio maya, constantemente boicoteada por la fuerza política de facto que tenía y ha vuelto a tener uno de los principales imputados, el ex general Efraín Ríos Montt.

Es verdad que más adelante, en los años 2005-2006, la situación pareció cambiar y se autorizó a la justicia española a practicar la comisión rogatoria pedida para interrogar a testigos e imputados, aunque una vez en Guatemala, al juez Santiago Pedraz no le permitieron cumplirla, tratando de dar cobertura a una especie de farsa después del Gobierno conservador de Óscar Berger.

En 2007, tras ganar las elecciones el socialdemócrata Álvaro Colom con seis puntos de ventaja sobre el ex militar Otto Pérez Molina, parecía que se abrían de nuevo las expectativas. Sin embargo, la esperanza se ha tornado en frustración de nuevo, después de que el 12 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala haya decidido, en una resolución que viola los más elementales derechos de las víctimas y las normas internacionales que le obligan como Estado, resultando ello incomprensible e inaceptable en un régimen democrático, acabar de facto con toda posibilidad de sancionar los terribles hechos que acontecieron en ese país centroamericano entre los años 1961 y 1996, con especial gravedad entre los años 1978 y 1984, y que produjeron 250.000 muertos, de los cuales muchos fueron previamente torturados, 45.000 desaparecidos, 1.500.000 desplazados y 150.000 refugiados en México, la mayoría de ellos con graves torturas sufridas. El 93 por ciento de estos atentados fueron perpetrados por agentes del Estado guatemalteco contra víctimas mayas (83 por ciento) y ladinos (17 por ciento). La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), por su parte, detectó 669 masacres con 23.671 ejecuciones arbitrarias y 6.169 desapariciones forzadas durante el conflicto interno. Muy pocos de los responsables de estos hechos han sido enjuiciados. Esta arbitraria decisión no se ajusta al derecho nacional ni internacional, y es claramente una decisión política de impunidad que deberá ser anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad llega a afirmar que el delito de genocidio contra la etnia maya, como resalta el auto del juez Santiago Pedraz de 16 de enero de 2008, es un delito político, al igual que el resto de los crímenes investigados. «Con ello Guatemala como Estado —dice el juez—, incurre en un violación de la obligación asumida por todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar tal delito según lo establecido por el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948 […] confirma la voluntad del Estado guatemalteco de no investigar los delitos (entre ellos los acontecidos con el asalto a la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 que produjeron treinta y seis muertos, entre los que había ciudadanos españoles) referidos y llevar a los tribunales a sus responsables, dando clara cobertura a la impunidad… y colocándose en la órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos.»

Una vez más se repite la historia. Deberemos persistir en nuestro esfuerzo ante la incomprensión de unos dirigentes que se llaman demócratas y ante la falta de valentía de muchos países en denunciarlo. ¿Qué hará Naciones Unidas a través de su enviado especial contra la impunidad, el español Carlos Castresana? ¿Será éste un nuevo caso de asuntos internos en el que nadie puede entrar? Mucho me temo que la respuesta será bastante parca y nada favorable a las víctimas. Pero la justicia tarde o temprano llegará. Basta con que haya un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia penal universal, como ahora lo está haciendo el juez español.

Me resulta especialmente llamativo que los líderes que se proponen luchar contra la corrupción o el crimen organizado, y lo proclaman con grandilocuentes palabras, no se den o no quieran darse cuenta de que ello no resulta viable si no se combate, previamente, el marco de impunidad en el que se apoyan estas lacras. Hasta que ello no ocurra, el crimen organizado seguirá expandiéndose, cuyas razones son tan profundas y complejas como grande es la impunidad que corrompe todas las estructuras e instituciones, igual que la metástasis de un tumor maligno.

El Ministerio de Defensa se ha negado sistemáticamente a desclasificar la información sobre estos crímenes pretextando motivos de seguridad nacional, mientras que se han producido algunos intentos para restaurar el fuero militar, además de caracterizarse por una clara ausencia de política de investigación de oficio de los crímenes y sobre exhumaciones.

Si a ello añadimos la existencia de diversos grupos criminales que buscan penetrar e instrumentalizar las instituciones del Estado con el fin de impedir avances en procesos penales, especialmente en casos de corrupción, graves violaciones de derechos humanos, crimen organizado y narcotráfico, convendremos en que la afirmación en febrero de 2007 del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los indígenas en Guatemala es totalmente acertada cuando dice que, a pesar del reconocimiento de las atrocidades cometidas en el pasado, no habrá justicia en Guatemala hasta que los responsables de esos actos respondan ante la justicia, una justicia que se ve lejana en el caso de las comunidades indígenas, y en particular en el caso de las mujeres y niños y en el marco de los Acuerdos de Paz, por el insuficiente apoyo institucional y la falta de asignaciones presupuestarias.

La tarde del 16 de mayo de 2006 hacía un tiempo excelente en Washington Square. A las siete de la tarde, como en todas las conferencias del ciclo, estábamos preparados para recibir a Rigoberta en el seno de Universidad de Nueva York. No pude evitar que a mi memoria vinieran los días de mayo de 2000 cuando compartimos, en la universidad de la ciudad de Nueva York, un hermoso e íntimo debate sobre la impunidad en Guatemala. Recuerdo que, como ya había hecho en mi despacho de la Audiencia Nacional tiempo atrás, cuando vino a interesarse por el curso de la querella/denuncia por los crímenes de genocidio y torturas presentadas en el Juzgado Central de Instrucción número 1 me dijo: «Señor Garzón, lucharemos hasta el final y hasta que se haga justicia». Y, a fe, que lo hicieron y aún continúan haciéndolo. Sin duda fue su iniciativa la que llevó el caso Guatemala en Madrid hasta el Tribunal Supremo y luego ante el Tribunal Constitucional, consiguiendo que éste pronunciara una sentencia paradigmática y memorable el 26 de septiembre de 2005 a favor de la justicia penal universal. Esa esperanzadora sentencia establece como principales pautas jurídicas para todos los casos de justicia universal los siguientes puntos: que el derecho de acceso a la jurisdicción es un derecho de prestación y de configuración legal; el principio de que sólo la cosa juzgada es el límite a la justicia universal; que el silencio en una norma no equivale a la prohibición a los estados parte para que persigan la conducta, ya que las normas (por ejemplo, la convención de Genocidio) son normas de mínimos que les obliga (a los estados) a la persecución basada en el derecho internacional en su territorio, pero no prohíben, sino que estimulan, la intervención para evitar la impunidad de los crímenes de derecho internacional que preside aquel convenio y que forma parte del derecho consuetudinario internacional.

El fundamento de la jurisdicción universal es «la persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal y se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya legibilidad trasciende de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Su persecución no sólo es un compromiso, sino también un interés compartido por todos los estados, cuya legitimidad no depende de intereses ulteriores de cada uno de ellos». Esta doctrina se ha visto ratificada nuevamente con la sentencia del mismo tribunal, de fecha 22 de octubre de 2007, sobre la querella interpuesta por Falun Song contra autoridades chinas por genocidio y torturas.

MI HIJA AURORA

En fin, había llegado la hora de comenzar el diálogo con Rigoberta Menchú, y eran tantos los temas que me venían a la cabeza que fue mi hija Aurora quien me dio la clave: «Deja que sea Rigoberta la que tome la iniciativa, seguro que cautivará al auditorio». Efectivamente, la cuestión era oír las reflexiones y comentarios de Rigoberta sobre los derechos humanos y el sufrimiento que el pueblo maya había padecido en Guatemala durante décadas, a causa de uno de los genocidios más crueles de América Latina, perfectamente urdido y controlado desde el poder. Como casi siempre suele ocurrir, el consejo resultó excelente.

Rigoberta Menchú pertenece a la cultura milenaria maya, y ello le otorga esa serenidad que desprenden los pueblos antiguos y sus habitantes. En una sola mirada se hallan siglos de historia, de esperanza y de sufrimiento. Ella encarna, junto con las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina y tantas víctimas más, el «nunca más» de la comunidad internacional, que jamás debería permitir un espacio jurídico vacío en el cual aniden conductas que ataquen a la humanidad, un espacio que proteja de los déspotas, dictadores y genocidas que utilizan el país que gobiernan como su patio trasero y cometen las mayores tropelías en aras de la tan socorrida seguridad nacional.

Movimientos como los impulsados por Rigoberta o Abuelas y Madres de Plaza de Mayo son los que han conseguido que los tribunales nacionales e internacionales combatan en sus sentencias la inercia oficial protectora de la tortura, la desaparición forzada de personas, el genocidio y demás crímenes de lesa humanidad y que germine una clara conciencia universal contra la impunidad. Porque la lucha contra la lacra de la impunidad no sólo es la lucha por la libertad y la justicia, sino esencialmente por la dignidad de los ciudadanos y de los pueblos, y desde luego el vehículo más eficaz para construir una paz firme, justa y duradera. Abandonar dicha responsabilidad supone sucumbir a la desesperanza, cayendo en la trampa de aquellos, siempre interesados, que hablan de olvido o de perdón para justificar sus ignominiosas acciones y degradar aún más a las víctimas.

Pero quizá el mayor peligro que se cierne con este ataque soterrado a la corriente regeneradora es la indiferencia, la aliada más fiel de la impunidad. Por eso es importante, diría que esencial, mantenerse firmes en la lucha contra esa peligrosa comprensión por lo pasado y contra la falsa teoría de que toda transición precisa de la comprensión al sistema represor anterior y de que toda «democracia», para su estabilidad, debe pasar página y mirar hacia el futuro.

Para que éste se construya con solidez, no puede sustentarse sobre miles o millones de cadáveres, como decía Isaiah Berlin, ni en dignidades destrozadas. Por el contrario, la indiferencia debe dar paso, como de hecho ya ha ocurrido, a la responsabilidad y a la participación activa, no sólo de la justicia —demasiadas veces pasiva— sino de la sociedad y de la comunidad internacional. En esta nueva situación, el olvido oficialmente impuesto, la memoria dictada desde los despachos oficiales, que prescinden de derechos esenciales como los de la reparación, conocimiento de la verdad y hasta de la justicia, no tienen cabida, porque esa memoria constituye el corazón de los pueblos, en sus sufrimientos y en sus triunfos; memoria como la de los pueblos maya, guatemalteco, chileno, argentino, tibetano, español y tantos otros, que perdurarán por encima de cualquier imposición interesada.

Las víctimas, faros vivientes, aun cuando físicamente hayan desaparecido, servirán de guía a la justicia y a los gobernantes para llamarles la atención de cuáles son sus obligaciones irrenunciables a favor del pueblo al que están obligados a proteger y defender y, sobre todo, para exigirles que cumplan esa obligación. Gracias a esta nueva perspectiva del fenómeno, los campos de impunidad, al igual que los de concentración en los que se consumaron tantos actos indignos de unos seres humanos contra otros, desaparecerán. Siempre habrá una organización, un juez, un tribunal en algún lugar y en algún momento que denuncie o persiga, respectivamente, esas conductas, hasta que los culpables paguen por sus crímenes.

Éste es el verdadero sentido del Estado de Derecho y éste es también el fin que persigue el principio de justicia penal universal: demostrar que los espacios de impunidad han concluido, y que la imprescriptibilidad de esos crímenes, ante los cuales no puede haber fronteras, hará permanente la acción de la justicia, la cual, a pesar de su lentitud, llegará y exigirá dichas responsabilidades.

Mi exhortación como juez y como ser humano a aquellos que deben aplicar las normas y hacerlas cumplir es que miren la verdad que está ante sus ojos y aquella que la tierra y los archivos han desvelado, y que nunca los cierren. Que entiendan que la mayor seguridad que puede emanar de un Estado democrático es la que se basa en la exigencia serena pero firme de responsabilidades a aquellos que, abusando del poder conferido o mediante la consecución violenta del mismo, olvidaron mediante la práctica del asesinato, la tortura o la desaparición forzada de personas la principal regla que debían cumplir, defender a los ciudadanos y servir al pueblo al que representaban.

Es paradigmático que todos los que agreden a los que deben proteger siempre recurran al mismo argumento de interpretar una supuesta voluntad popular que, en definitiva, se traduce en la gran mentira que soporta sus ilícitas acciones. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en un informe de 25 de febrero de 1999, exige que el Estado guatemalteco cumpla y haga cumplir la Ley de Reconciliación Nacional que establece «la imposibilidad de extinción de la responsabilidad penal para los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada de personas».[11] ¿Hasta cuándo habremos de esperar? La reparación penal es la única forma de que los actuales usuarios del poder otorgado por las urnas den ejemplo de dignidad, responsabilidad y compromiso en el Estado de Derecho. La omisión en la exigencia de esas responsabilidades supone una omisión delictiva, porque el poder judicial no puede permanecer callado ante tanta indignidad y frente a crímenes monstruosos que nos retrotraen a las cuevas más profundas de la historia del género humano.

Sin embargo, todavía en febrero de 2006 el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la actividad de su oficina en Guatemala hablaba de la persistencia de la cultura de la impunidad instalada. «La debilidad del sistema de justicia es, simultáneamente, causa y consecuencia de la impunidad presente en todo el espectro de crímenes leves o graves. Esta impunidad se manifiesta en la escasa capacidad de los poderes públicos de cumplir con su deber de garantía y tutela judicial mediante una eficaz investigación, enjuiciamiento y castigo de los autores materiales e intelectuales de conductas ilícitas y permite que la criminalidad organizada y violenta asuma dimensiones transnacionales.» De ese modo se permite que sigan pendientes de investigación y sanción no sólo graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, sino también muchas violaciones y hechos delictivos del presente. La impunidad es una de las mayores amenazas al libre ejercicio de los derechos humanos, al desarrollo, a la democracia y al propio Estado de Derecho. También resulta muy interesante el informe del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de agosto de 2007 para Guatemala, en el que destacan los ataques y amenazas que sufren éstos y cuya intensidad sigue siendo alta.

No obstante, un avance importante en materia de lucha contra la impunidad es la aprobación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en este país, que entró en vigor el 16 de agosto de 2007 y que desde el mes de octubre está presidida por el fiscal español Carlos Castresana. Ante este organismo podrán presentarse casos en los que se sospeche de la participación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Otro avance importante es el hecho de que el Parlamento Europeo, en noviembre del mismo año, decidiera vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz de Guatemala. Sin embargo, como hemos visto con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, en la práctica todo esto es papel mojado. El escepticismo, ante actitudes falaces, toma carta de naturaleza y se adueña de la buena fe de aquellos que creíamos que en este país se comenzaba a tomar en serio la lucha contra la impunidad.

«Pertenezco a la cultura milenaria de los mayas», así arrancó Rigoberta Menchú su presentación, dejando desde luego cautivados a todos los presentes. Bastaba recorrer la sala con la mirada para comprobar la conexión existente. No me resisto a recoger sus hermosas palabras: «Muchas personas valoran los mayas muertos porque engrandecen la gran civilización de nuestros ancestros, pero no valoran a los hijos de ellos a los que las autoridades consideran malos. Éstos son los que no salen adelante, los pobres, los que viven en la miseria. Yo pertenezco a esa civilización y practico parte de la espiritualidad maya. Nací en una familia bastante integral y que nunca pudo entender las injusticias, mucho menos aceptarlas, porque esto es parte de ese equilibrio que vivimos en el mundo. Nací en el campo, en la orilla de un bosque nublado, hermoso el lugar, pero también nací entre las familias más pobres que lucharon por las tierras, por el salario digno, que fueron a las fincas aeroexportadoras. Veo mi vida hasta llegar a la encrucijada que fue precisamente la masacre de la embajada de España, tal vez antes, con la muerte de mi hermano Patrocinio, que fue secuestrado, que fue torturado, que fue quemado vivo, y respecto del que no sabemos, hasta este momento, en qué fosa común están sus restos. Nosotros seguimos buscando los restos de Patrocinio, es por eso que estoy muy, muy ligada al tema de las exhumaciones. […] Y, posteriormente, la muerte de papá, del que también busqué sus restos, hasta que, después de que pasaron varios años encontré su tumba; sin embargo, cuando quise practicar la exhumación de papá, ya no pude encontrarlo. Supuestamente lo sacaron junto con varias osamentas y no sé tampoco en qué fosa común está. Así que Rigoberta es parte de toda una historia de Guatemala».

Después de estas bellísimas y duras palabras, recordé el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada como consecuencia de los Acuerdos de Paz de Oslo, formada entre las fuerzas contendientes en Guatemala y cuya andadura empezó en enero de 1997. En su trabajo se habla de que en Guatemala existía la innegable realidad del racismo como doctrina de superioridad demostrada permanentemente por el Estado; también se expresa con duras palabras la existencia de tierras arrasadas, de masacres, de exterminio masivo de comunidades mayas, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Esto es un genocidio en su sentido más puro…

«El tema del genocidio en Guatemala fue un ocultamiento bárbaro que siguió perpetrándose durante muchos años y grandes poderes lo negaron», dijo Rigoberta. Es cierto que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico hizo un gran trabajo, cuyo resultado es extraordinariamente importante, pero el reconocimiento del genocidio ha sido una lucha tenaz, sufrida y solitaria de parte de las víctimas. Desde el primer momento en que se brindó el informe, las autoridades intentaron decir «Bueno, hay que perdonar, ya se terminó», pero se trataba de un tema de violencia política: el genocidio en Guatemala tuvo connotaciones políticas porque eliminó a los líderes políticos, fueran mayas o no. Murieron candidatos presidenciales, miembros de los partidos y candidatos locales. Hoy más que nunca tenemos pruebas, porque muchas de las exhumaciones revelan que en diversos lugares se encontraron piezas y objetos ceremoniales mayas en las fosas comunes. Definitivamente había inquina, la clara intención de asestar un duro golpe a la cultura maya incluso en su propia espiritualidad.

Sin duda alguna, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico inició el proceso y para avanzar, en mi opinión, hay suficientes elementos, porque Guatemala cuenta ya con varios informes: el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, así como el trabajo de monseñor Juan Gerardi, que fue asesinado prácticamente cuarenta y ocho horas después de presentar el informe «Guatemala nunca más». No sólo se perpetró violencia política en Guatemala, sino que se cometió un acto de genocidio al descubierto.

El 31 de enero de 1980 tuvo lugar el asalto a la embajada española en Guatemala, una fecha muy dolorosa para Rigoberta, ya que en ese asalto murió su padre, pero que me sirvió para conocer qué pensaba nuestra premio Nobel de la Paz sobre el olvido y el perdón de los verdugos.

QUEMADO VIVO

Solícita y grave, Rigoberta Menchú contestó a mi preocupación de modo contundente: «Yo no me atrevería a perdonar en nombre de las víctimas, porque no sé qué sería realmente lo que necesitan para que los muertos tengan paz. Nosotros, quienes vivimos, no podemos perdonar ni olvidar, ni minimizar el impacto en nuestras vidas si no se cumplen tres cosas que hemos pedido: el resarcimiento, de alguna manera tiene que haber una compensación que pase por el reconocimiento del delito; que haya justicia, que el delito no quede en la impunidad; y, por último, creo que no volver a hacerlo, y estamos en una fase muy especial, porque en Guatemala hoy no hay una política de Estado de exterminio ni una violencia de Estado. Es imposible pensar hasta dónde llega el grado de maldad del ser humano para poder haber aceptado lo que ocurrió en Guatemala. Para mí es muy difícil abordar estos temas, lo he intentado, y respeto a la gente, que asuman tal y como quieran la situación. Pero si a mí me dicen “¿Lo perdonas?”, bueno, tengo derecho a decir qué siento yo, pero no me atrevo a hablar por los demás».

Después de lo anterior, me atreví a preguntar si aquel 31 de enero de 1980 entre las personas que estaban en la embajada española se encontraba su padre. Rigoberta Menchú, con claras muestras de dolor, dijo: «Definitivamente, mi padre estaba entre la gente que fue quemada viva, fue difícil reconocer los restos de papá; un plástico que tenía en las manos, eso es lo que hizo reconocerle, porque tenía el 95 por ciento del cuerpo quemado. Él formaba parte de las treinta y seis personas que fallecieron en la embajada de España, que fueron quemadas vivas».

Rigoberta no dudó a la hora de señalar esa época como la más dura, no sólo por los recuerdos, sino porque hubiera sido el momento de parar la situación. «Creo que la comunidad internacional tenía un gran deber que no cumplió, y que con lo acontecido en la embajada de España se quiso ocultar, se quiso minimizar el impacto y dejó a la intemperie a los guatemaltecos, se negó la justicia plenamente en conciencia con la propia comunidad internacional.»

Todos los presentes en el auditorio estábamos impresionados, y yo insistí: «¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué ese olvido, esa indiferencia?».

«Creo que ocurre como en otros países del mundo donde también se ha cometido genocidio. Los pueblos indígenas son concebidos como un problema de la humanidad, y no como seres con plenos derechos, con plena participación y con plena dignidad, donde no es noticia si los grandes medios no lo destacan. Creo que el racismo no sólo ocurrió en Guatemala, sino en general el silencio es lo que más han sufrido los pueblos indígenas», fue su respuesta.

Resulta evidente que las Naciones Unidas y la comunidad internacional no hicieron nada por que se produjera una acción legal penal que hubiera castigado el genocidio en Guatemala, algo que empieza a intuirse de nuevo tras la resolución del 12 de diciembre de 2007 de la Corte de Constitucionalidad. Como acusó Rigoberta, en los cajones del derecho universal estaba escondida la justicia universal: «En aquel entonces no funcionó y tampoco creo yo que funcione en general en este momento». Uno de los temas fundamentales en Guatemala es el terrorismo de Estado. El Estado tenía al parecer un cheque en blanco para cometer atrocidades, y hubo un momento que se suspendió la justicia y no existieron las normas. Surgieron grupos como los escuadrones de la muerte, supuestamente clandestinos y paralelos, a los que se les permitía que ejecutaran a su manera. En Guatemala hubo muchos cuerpos paramilitares, aparte de las patrullas de la autodefensa civil, creadas para involucrar a la población civil en actos de genocidio, porque se les obligó a matar, a controlar, a patrullar. Eran gente inocente, gente del campo, que tenían que hacerlo a cambio de sus vidas. «Eso era parte de una política de Estado», y explica también por qué había generales al frente del Estado; desde 1954, Guatemala vivió una dictadura que no se reconoció como tal. Nunca fue castigada, hubo ciertas sanciones verbales leves de la comunidad internacional, pero nunca realmente un control de lo que pasaba en el país. «Esto es lo más grave que hemos enfrentado, porque para que levante la justicia guatemalteca, en primer lugar tiene que dar muchas muestras de credibilidad. ¿Quién va a creer en una justicia si se volvió en su contra en un tiempo? Volver a creer en la justicia es un tema muy duro.»

Ante tales afirmaciones tan graves y contundentes, quería que me contestara si esta afirmación era histórica o actual y, por ende, si la justicia había cambiado de tónica, si la justicia en Guatemala hacía algo no sólo contra el crimen organizado y otros casos, sino también contra la violación masiva de derechos humanos y para investigar el genocidio. Rigoberta Menchú recordó que en 2006 se cumplieron diez años de la firma de la paz que eliminó el conflicto armado interno y cambió la perspectiva de Guatemala hacia el futuro. Las partes, la guerrilla y el ejército aceptaron el proceso de paz. «Esta situación ha sido un proceso tortuoso, difícil, con avances y retrocesos, con momentos realmente esperanzadores para Guatemala, pero dentro de todo creo que hemos avanzado mucho», afirmó Rigoberta. Pero, claro, Guatemala sigue teniendo sólo el 10 o el 11 por ciento de su territorio cubierto por la acción del Ministerio Público. ¿Se imaginan que en el territorio nacional sólo tuviéramos un 10 o un 11 por ciento de presencia de la Fiscalía, que es la que levanta los procesos? Además, teniendo en cuenta que es un pueblo con poca accesibilidad a la justicia, ha sido un proceso muy difícil hasta conseguir que la gente acudiera al sistema legal. La perspectiva de mi invitada no era muy halagüeña: «Todavía hay vicios del pasado, como las mafias corporativas de donde surge el crimen organizado, la corrupción, de donde viene el narcotráfico. Y esto hace que la marcha sea bastante complicada».

Quise todavía ahondar más en la opinión de la premio Nobel de la Paz e insistí sobre cuál era, a su entender, el problema más grave al que se enfrentaba Guatemala. Su respuesta no me sorprendió: «La impunidad, no sólo en el tema del genocidio, respecto del cual muchas personas piensan que hay que olvidarlo, aunque nosotros no estamos dispuestos, sino también en otros campos». Destacó la gran cantidad de personas que están dentro de las «maras» (organismos criminales juveniles cerrados), probablemente huérfanos, hijos de las viudas, niños que quedaron sin padres y que son utilizados por las mafias, que tienen otros intereses más modernos como el narcotráfico. «Las leyes guatemaltecas tienen también limitaciones, si actualmente no se tiene una inteligencia civil, que era lo que pedían los acuerdos de paz para que investigaran profundamente los hechos, esto no está funcionando como debería. El Estado es débil, no se puso atención en cómo fortalecerlo, y éste es el tema pendiente en mi país.»

El fenómeno de las pandillas juveniles o «maras» ocupa en toda América Central, y especialmente en Guatemala, el primer plano de la atención social. Sin embargo, es difícil saber el impacto real del mismo en la seguridad de estos países, ya que en todos ellos se constata la tendencia, nada disimulada por parte de las autoridades, de echar la culpa de todo lo que sucede a dicho fenómeno. Según el citado informe de la alta comisionada: «El Centro de Estudios de Guatemala (CEG) señala una persecución penal masiva de jóvenes “mareros” sin observar el debido proceso o investigar la comisión de los delitos que se les atribuyen. Los tatuajes característicos de los pandilleros y otros aspectos irrelevantes de apariencia externa parecen guiar la persecución penal. La propagación de estos estereotipos por los medios de comunicación comporta el riesgo de estigmatizar a los jóvenes».

Se trata de un problema grave, que ya a finales de 2004 era mencionado por la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala, como parte de la necesidad de políticas para la prevención del delito y seguridad ciudadana integral. Deberían implementarse políticas gubernamentales de integración social y económica de estos grupos, con programas alternativos de rehabilitación y de eliminación de obstáculos que impidan que estos jóvenes accedan a puestos de empleo, educación, deporte, espiritualidad, que les permita ser uno más de la sociedad a la que consideran enemiga y de la que no reciben nada. Una vez más, la prevención resulta la única posibilidad de frenar un fenómeno que puede alcanzar cotas alarmantes de inseguridad y violencia.

… COMO CAPTURAR A PINOCHET

Cuando se habla de Rigoberta Menchú, enseguida viene la imagen de una mujer dinámica, con su traje maya, menuda y siempre con la sonrisa en los labios, una sonrisa triste, que no le priva de la sensibilidad ante unos niños en un colegio en México o de la energía de sus convicciones ante un grupo de universitarios españoles. Así, pasando al plano de los sentimientos, le pregunté qué sintió cuando el 10 de diciembre de 1992 recogió el premio Nobel de la Paz, qué sentido tuvo para ella ese premio y cómo creyó habérselo ganado.

«Creo que sentí lo mismo que sentiría el juez Garzón cuando capturó a Pinochet —dijo, y me hizo sonreír—. ¿Quién triunfó? Triunfaron nuestras culturas milenarias, triunfaron los pueblos indígenas, triunfó nuestra verdad, triunfaron nuestros muertos, triunfaron los olvidados de siempre, los marginados. Pero también fue un triunfo como mujer, la mujer más joven de todos los premios Nobel (hombres y mujeres). Creo que es una plataforma enorme que ha ayudado a los pueblos indígenas a concienciar, a generar esperanzas y también a crear alegrías, o a retomar la vida normal, porque muchas de nuestras vidas fueron anormales después de tanta matanza, torturas, muertes, exilio, etcétera.»

Rigoberta prosiguió: «Es un premio a muchos hechos y me considero una hija del tiempo, no solamente de una extraordinaria madre, que me hizo nacer, sino del tiempo. Y el tiempo cambia poco a poco. Y quizá también es una batalla, es una lucha, es un sufrimiento. Creo que tener un premio Nobel no es solamente una alegría. Porque he visto muchas otras tristezas, hambre, enfermedades, desigualdades, racismo, me llagan la piel todas las injusticias, porque la gente me busca a mí. Y creo que el premio Nobel también permitió una puerta por la que yo hablo como estoy hablando ahora donde quiera que esté. No tengo que suavizar mis palabras para ser aceptada, y no lo hago. Así que el premio Nobel es una magia».

Como mujer guatemalteca, no podía dejar de preguntarle sobre la situación de la mujer en Guatemala. La violencia de género en Guatemala, junto con la de México, es una de las más elevadas de América Latina, por no decir del mundo, con miles de mujeres asesinadas en los últimos años. En los años comprendidos entre 2000 y 2004 fueron asesinadas 1.501 mujeres. Según el informe de la alta comisionada de febrero de 2006, «la violencia contra la mujer está muy extendida en la sociedad guatemalteca, y en el seno de la familia es vista, en general, como un problema menor que corresponde a la esfera privada. La impunidad de la que gozan los agresores genera miedo en las víctimas y falta de confianza en los aparatos de protección estatal».

En el año 2005 se dieron 518 casos de feminicidio. Las estadísticas reflejan, además, el agravamiento de muchas de esas muertes seguidas de violación y estrangulamiento. Por su parte, el Estado brinda escasa protección legal, judicial e institucional a las mujeres. En estos dos últimos ámbitos, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público recibió en 2005, 13.709 denuncias, de las que tan sólo 106 dieron lugar a sentencias condenatorias. «¿Qué es lo que está pasando, por qué ocurre esto? ¿También hay impunidad aquí?», le pregunté.

Rigoberta enardeció al público con una voz que de pronto adquirió un tono metálico, contundente, inapelable. De nuevo hablaban por ella los ancestros de tantas mujeres maltratadas. «El clima de violencia en Guatemala es impresionante y lo vivimos de veras, como también vivimos la falta de justicia. La razón de esta violencia son las grandes mafias que usan a los jóvenes y a la mujer como símbolo. Veo la misma tragedia de los ochenta, donde una mujer desfigurada, sin cabeza, violada, aparece, en las áreas públicas, para que la gente se dé cuenta. Estos hechos se intensifican cuando se acercan los procesos electorales. Es muy grave lo que estoy diciendo, el clima que se va generando es de miedo, y hay sectores que usan la crueldad para imponer su voluntad.»

EL HORROR DE CIUDAD JUÁREZ

Al rememorar de nuevo las palabras de Rigoberta Menchú para esta crónica, me viene a la memoria otro de los casos más terribles de violencia de género internacionales que conozco, el de la desaparición y asesinato de varios cientos, si no miles de mujeres en Ciudad Juárez (Chihuahua, México), a lo largo de dieciséis años de violencia de género sistemática e impune por la ineficacia y corrupción de un sistema estatal que hoy día hace muy dificultosa la investigación de lo ocurrido. Pero, desgraciadamente, éstos no son los únicos casos que existen.

Según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, la trata de personas con fines sexuales supone un beneficio a las mafias de 9.500 millones de dólares al año. Puede decirse que casi está al nivel de los beneficios del narcotráfico y el tráfico de armas. Por ejemplo, según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2005, hay 20.000 víctimas de explotación sexual infantil en México, cifra que el relator especial de la ONU sobre venta de niños, prostitución y pornografía ha elevado a 85.000 en 2007.

A escala internacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que cuatro millones de mujeres son vendidas cada año para la prostitución, la esclavitud y los matrimonios forzosos. Por su parte, Unicef calcula en un millón ochocientos mil los niños atrapados en redes de explotación sexual. Los datos son abrumadores y se pueden ampliar más diciendo que en México D. F., una metrópoli de más de 17 millones de habitantes, 13.000 niños viven sin techo en sus calles, y de ellos el 90 por ciento ha sufrido algún contacto sexual con adultos; o que, según Unicef, la industria de la prostitución infantil genera unos beneficios de 12.000 millones de dólares anuales; o que en Colombia existen 850.000 niños maltratados; o que 240 millones de niños trabajan, de los cuales 180 millones sufren las peores formas de trabajo infantil; o que en México, tres millones de niños, entre seis y nueve años de edad, sufren maltrato, según el «Informe sobre violencia contra los niños» de la ONU en 2006; o que todavía existen 250.000 niños soldado en conflictos armados.

Estas cifras se unen a otras muchas, tan terribles como reales, que revelan una vez más la tendencia hacia el desprecio y la violencia sobre los más débiles (niños y mujeres). Y aquí la justicia adquiere un papel de vital relevancia al que no debe renunciar, para el que se impone una especialización mayor en este campo y una mayor protección integral a la infancia y de la mujer, como se ha legislado en España. Es una legislación que, en el ámbito de la mujer (Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género), si bien ha paliado la situación, no ha impedido que 74 mujeres hayan perdido la vida en España a manos de sus parejas en 2007, para elevar el número total de víctimas a 570 desde 1999.

Como sucede en otros ámbitos, ya decía antes, existen normas aplicables al fenómeno, para el que ahora se precisan medios suficientes, coordinación adecuada y una clara y decidida voluntad de aplicarlas. Todo ello para contrarrestar esa especie de cáncer que nos ha atenazado durante tanto tiempo, más propio de tiempos pasados, dominados por el autoritarismo, o, por qué no decirlo, por el machismo más rampante que todavía «gobierna» en la mayoría de los países del mundo. Sólo el ansia de dominación y humillación sobre la mujer explica que esta forma de violencia necesite un tratamiento especial. Digamos que es una historia ya antigua que necesita no sólo medidas sancionadoras graves, sino principalmente una reeducación en los valores de la igualdad, de la no discriminación y de la dignidad, una política a largo plazo, cuyo desarrollo resulta imprescindible e inaplazable.

La violencia de género, o la violencia sobre la mujer, se produce por tres posibles vías. La primera sería la representada por la violencia doméstica, a la que se refieren las normas citadas y otras iniciativas de alcance internacional, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de la ONU de 1993; la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Pekín; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 1997; o el informe del Parlamento Europeo de 1997 y la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre protección de las mujeres contra la violencia de 30 de abril de 2002, entre otras. En todas ellas se busca el equilibrio necesario que cambie «las actitudes, mediante la educación de los hombres y mujeres para que acepten la igualdad de derechos y superar las prácticas y los prejuicios basados en papeles estereotipados» (Convención de 1979).

La segunda vía se deriva de la actuación de las organizaciones criminales que se mezcla con otros tipos penales, como la inmigración ilegal, la esclavitud infantil, o el tráfico de personas, y para los que se precisa una regulación más exhaustiva y una aplicación más amplia del principio de justicia universal del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La tercera vía se concreta en los crímenes contra la humanidad y de guerra en los que el desprecio de sexo, la violación y la agresión sexual tienen por primera vez una presencia relevante como delitos no sólo en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977, sino también en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 (artículos 7 y 8 de ECPI).

En algunos de los conflictos bélicos de la última década (Bosnia, Ruanda, el Congo, entre otros), la violencia sexual sobre las mujeres y las niñas se ha convertido en un arma o instrumento de limpieza étnica más contra el enemigo. Los casos son tan abundantes que hacen innecesario citarlos. En un intento por centrar el tema, podría mencionarse el caso de Bosnia-Herzegovina, en donde, según un estudio de la Comisión Europea, el número de víctimas violadas en 1993 habría sido de 20.000; mientras que el Gobierno musulmán avanzó la cifra de 50.000; o la denuncia de las Naciones Unidas sobre el Congo, en donde miles de mujeres han sido violadas en el conflicto étnico que sufre desde hace años; las víctimas son mujeres de edades comprendidas entre los cinco y los ochenta años, mujeres sometidas a más de cincuenta agresiones sexuales al día, y en caso de negarse son torturadas, mutiladas o asesinadas, y todo esto parece que sólo es la punta del iceberg. Por cada caso registrado hay treinta casos no denunciados. El fiscal general de la Corte Penal Internacional anunció que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en el Congo serían su primer caso; que así sea y cuanto antes, porque quizá la intervención internacional sea la última posibilidad de evitar un baño de sangre mayor. Desgraciadamente, todavía están por llegar los éxitos de la acción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Ahora, según el Estatuto de Roma, la violencia sexual y las violaciones pueden integrar el delito de genocidio y también, como he dicho antes, la categoría de crimen de lesa humanidad y de guerra; todos ellos en concurso podrían imputarse a los responsables al ser compatibles en función de los bienes jurídicos que protegen y la finalidad que persiguen con su ejecución. Es decir, una violación puede ser un acto de genocidio si cumple alguno de los fines del artículo 6 del Estatuto de Roma; si, además, cumple los requisitos del artículo 7.1, si el acto forma parte de una línea de conducta y va dirigido contra determinada clase de personas y es impulsado, consentido o tolerado por el Estado o practicado por una organización, será crimen contra la humanidad; y si, por último, cumple los requisitos del artículo 8.2b) xxii del mismo texto legal, podrá ser tipificado como crimen de guerra en un conflicto armado. Pero también se podrá incluir como un delito de tortura, o trato inhumano o de atentar gravemente a la integridad física o a la salud al amparo del artículo 147, del IV Convenio de Ginebra. La cuestión no es baladí, ya que una infracción de este precepto es una violación grave del convenio y por tanto dará lugar a una eventual responsabilidad del Estado. Por su parte, el Protocolo Adicional I en el artículo 76.1 prohíbe la violación y otras agresiones, y si éstas tienen su origen en motivos de discriminación racial, se podrían considerar prácticas inhumanas y degradantes del artículo 85.4 y por tanto graves y con los mismos efectos citados.

Después de largo tiempo, la esclavitud sexual ha sido considerada un crimen internacional en sí mismo, que puede ser cometido o no en el seno de un conflicto armado o de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Pero los tribunales internacionales actuales no tienen competencia contra la esclavitud en cuanto tal, sino en aquel otro marco (crimen de guerra o contra la humanidad), lo cual debería repararse mediante la aplicación del principio de justicia penal universal a la persecución de la esclavitud. En lo que a España se refiere, la Ley Orgánica 15/2003 de 10 de diciembre que modifica el Código Penal da entrada por primera vez en el artículo 607 bis a los delitos de lesa humanidad, y, entre ellos, a la violación, las agresiones sexuales, forzar el embarazo de una mujer con intención de modificar la composición étnica de la población, la prostitución, los traslados de personas con fines de explotación sexual y la esclavitud. Nuevamente es válida la afirmación de que lo preciso ahora es la decisión de aplicar estas leyes para evitar que se conviertan en una especie de normas de estantería que sólo sirvan para completar la biblioteca. Sólo me queda recomendar la lectura de un libro fundamental: Cómo reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres. Violencia: tolerancia cero, de Inés Alberdi.

Los datos anteriores nos desvelan que, en este mundo globalizado en el que vivimos, o, mejor, sobrevivimos, sobre todo en aquellos países que no pertenecen al «selecto club» del primer mundo, hay un universo especialmente sensible, que tradicionalmente ha sido menospreciado y marginado: el de la mujer; y ha sido y es universal el fenómeno de la violencia contra la misma. Nos guste o no, a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad, se han hecho manifiestas actitudes machistas o de menosprecio de género, incluso en los aspectos más simples y elementales, donde radica el germen de acciones violentas ancladas, muchas veces, en una tradición político-religiosa que ha potenciado la sumisión de la mujer al hombre y que actualmente la margina a un segundo o tercer plano, manteniendo la degradación con prácticas discriminatorias y violentas (ablaciones, ejecuciones maltrato, intimidaciones, etcétera). La violencia contra las mujeres es el modo que tienen los hombres de afianzar su dominio sobre éstas; no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de dominación y control social, que se utiliza como mecanismo de mantenimiento del poder masculino y de reproducción del sometimiento femenino.

Aún hoy, cuando la sensibilización con el problema es mayor, el grado de indiferencia con el que se afronta es preocupante. Por ello debe resaltarse que la omisión o el simple desentendimiento es una forma de responsabilidad. Este compromiso no es ni de las organizaciones feministas, ni de las organizaciones no gubernamentales, ni siquiera de forma exclusiva de la justicia; aunque la inhibición de esta última, junto con unas normas inadecuadas, ha provocado demasiados hechos luctuosos. De todas ellas, la indiferencia de los miembros del poder judicial es la peor, porque es la que mayor indefensión produce. Son los casos en los que algunos, de forma miserable, trasladan a su profesión sus propios «valores» de discriminación. Afortunadamente, al menos en España, cada vez son menores los comportamientos machistas en el ámbito judicial. Pero la actuación del poder judicial tiene que ir más allá: no debería permanecer inerme ante las agresiones continuas de los denominados «programas basura» de televisión. La libertad de expresión y de creación no puede llevar al extremo de propiciar comportamientos denigrantes o violentos contra la mujer. En el mes de noviembre de 2007, en España tuvimos un buen ejemplo de ello: un hombre, después de haber escenificado en un programa de televisión una pretendida reconciliación con su novia, al negarse ésta a aceptar la misma, le cortó el cuello días después. Ni siquiera a pesar de este caso ha sido posible que el acuerdo entre Gobierno y operadores de televisión haya ido más allá de la intención de crear una comisión de expertos para abordar el tratamiento informativo del maltrato. Los negocios mandan, y ante el dios dinero se rinden todas las éticas, especialmente la de los empresarios televisivos. Así, nuestro país es líder en la emisión de programas basura, lo cual resulta ¡realmente muy instructivo y altamente formativo en la forja de valores humanistas de nuestros hijos!; y lo más grave de todo: a casi nadie parece importarle esta especie de adormecimiento colectivo al que nos someten imperceptiblemente.

Claro que la sombra del dios dinero se manifiesta en muchos otros sitios, como por ejemplo en la falta de sensibilidad de numerosos gobernantes cuando se ponen en la balanza las relaciones comerciales y el respeto a los derechos humanos. En las relaciones con China, se comprueba lo que trato de decir con gran claridad: la canciller Angela Merkel, que recibió al Dalai Lama, enemigo acérrimo para los chinos a pesar de ser un hombre de paz, ha visto cómo las relaciones económicas con dicho país se han resentido, de modo que deberá optar, antes o después, por mantener esa posición ética, o cambiarla por la más pragmática de otros, que en este caso «hacen la vista gorda».

Como decía, poco importa que China no oculte la violación de los derechos humanos de los tibetanos, el genocidio contra este pueblo, o que todavía existan presos de conciencia porque gritan «¡Viva el Dalai Lama!». O poco importa que en la mayoría de los países musulmanes, y especialmente Arabia Saudí, así como Egipto, Irán y otros, los derechos de la mujer sean inexistentes. Poco importa todo esto para la mayoría de los líderes democráticos occidentales, que olvidan sistemáticamente estas realidades de discriminación y desconocimiento de aquello que hoy es una de las conquistas más grandes de la sociedad moderna: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la no discriminación por razón de sexo. Todavía recuerdo la impresión que me produjo comprobar en directo esa discriminación y persecución de la mujer en Riad (Arabia Saudí) ciudad a la que fui en el mes de diciembre de 2004 invitado por el Gobierno saudí para debatir sobre cuestiones de terrorismo internacional, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. Al margen de la visita, cuyo desarrollo fue perfecto y la hospitalidad inigualable, al margen asimismo de lo provechoso de las reuniones y del respeto que merecen las costumbres de cada pueblo, lo cierto es que tanto entonces como ahora me resulta difícil aceptar la situación de degradación de los derechos de la mujer, sometida a religiosa vigilancia permanente, sin poder desarrollar una actividad pública abierta. No son infrecuentes los casos en los que, tras ser agredida sexualmente, la víctima resulta no sólo vilipendiada sino condenada por conducta indecorosa.

En los últimos días del mes de noviembre de 2007 ocurrió un hecho que puede servir de ejemplo de lo que en esos países es un hábito judicial. Fue el caso de la llamada «chica de Qatif» (ciudad de Arabia Saudí), que, después de haber sido violada, fue condenada a recibir noventa latigazos, al igual que el amigo que estaba con ella, por encontrarse juntos sin tener parentesco, lo cual es delito en ese país. Pero si esto ya de por sí era grave, lo terrible vino después, cuando el Tribunal de Apelación aumentó el castigo de la víctima a seis meses de cárcel y doscientos latigazos (según el diario El País de 18 de diciembre de 2007, el rey Abdullah de Arabia Saudí ha perdonado a la joven los doscientos latigazos: «El rey siempre trata de aliviar el sufrimiento de los ciudadanos cuando ve que los veredictos dejarán efectos psicológicos en los condenados, aunque está convencido de que los veredictos fueron justos», declaró el ministro de Justicia, Abdullah bin Muhammad al-Sheij). Ante esto, la sociedad, en general, y las autoridades de países democráticos, en particular, no deberían estar a lo que el derecho de gracia del monarca saudí decida, sino exigir, como los organismos de derechos humanos hacen, sentencias más duras para los culpables, y desde luego no permanecer inermes y mucho menos mostrar comprensión hacia unas costumbres inhumanas que atentan claramente contra la dignidad de las personas. Como también atenta contra la dignidad cuando sabemos, y no hacemos nada para evitarlo, que la vida de las mujeres vale la mitad que la de los hombres a efectos de determinar las cantidades que tienen que pagar, por ejemplo, por la sentencia que los propios agresores reciban en contra. En definitiva, en el fondo existe un desprecio de género tradicional y pseudorreligioso sin límites, al presentarse a la mujer como culpable de todo.

Frente a estas realidades, se constata la gran hipocresía de algunos gobernantes democráticos a los que se les «llena la boca» de dignidad y de derechos humanos, pero que poco hacen más allá de decirlo en el período electoral de que se trate. De ahí la gravísima responsabilidad de los poderes públicos y de las instituciones en la protección de las víctimas y persecución de los agresores, así como también la responsabilidad de la sociedad, y su obligación de impedir que arraiguen actitudes de discriminación por razones de género o de violencia psíquica, psicológica o física y otras más sofisticadas que se ocultan bajo la apariencia del trato socialmente «afable» a la mujer. Esta labor de concienciación debe arrancar desde la infancia, empezar en las escuelas y llegar hasta las universidades; y de igual forma deben denunciarse las actitudes y acciones de menosprecio a través de medios de comunicación que degradan a la mujer convirtiéndola en un objeto de mercado y que justifican después acciones violentas o «pasionales» contra las mismas.

Todavía me superan las imágenes que en el mes de octubre de 2007 veíamos por televisión en España en las que un individuo agredía a una joven ecuatoriana en el metro de Barcelona. No voy a entrar en la cuestión judicial, pero resulta claro que se debería haber reaccionado para explicar por qué no se podía decretar una prisión contra el agresor con el fin de que la sociedad lo comprendiera. No hacerlo contribuyó a generar una sensación de impunidad y una enseñanza terrible ante potenciales futuros agresores. El miedo de la víctima se hará mayor ante la falta de reacción oficial y la inhibición a denunciar será total.

Debe tenerse en cuenta en este punto que cuando la violencia se ejerce sobre las mujeres inmigrantes, la realidad y la intensidad de la agresión queda bastante difuminada; la propia situación de posible irregularidad, o la de desconocimiento de las costumbres, idioma, cultura o el desarraigo hacen que las reacciones de las mujeres maltratadas sean escasas, lo que configura una especie de «bolsa de maltrato invisible» (véase El País, de 26 de noviembre de 2007). La dependencia de la víctima en estos casos es mucho mayor, así como el riesgo de la pérdida de residencia y permanencia en el país, cuando son inmigrantes ilegales, a pesar de la normativa europea de protección para tales casos, que por fin se incorpora a la regulación española. La falta de una red social que las ampare hace que el riesgo de ser objeto de este tipo de violencia sea seis veces mayor que en cualquier otro caso. Y ello a pesar de que en España la actividad desarrollada por la justicia es muy alta, unos 300.000 procedimientos iniciados, con 71.000 órdenes de protección, 40.000 juicios celebrados y 50.000 agresores condenados. Pero no cabe duda que tendrán que ser las medidas educativas, de formación y sensibilización, las que, junto con la facilitación de medios para identificar las situaciones de riesgo, ofrezcan las soluciones a medio y largo plazo a esa violencia.

EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS EN GUATEMALA

Como ya he dicho, Rigoberta Menchú es una mujer que habla desde la independencia y con claridad, por eso me atreví a pedirle una penúltima reflexión sobre la responsabilidad de Estados Unidos en todo lo que ocurrió en Guatemala. Hay que tener en cuenta que el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala establece que la política anticomunista promovida por Estados Unidos en el caso guatemalteco se concretó en el plano militar mediante la asistencia destinada a reforzar los aparatos de inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contra el insurgente, actores principales que incidieron en las violaciones masivas de los derechos humanos durante el conflicto.

Rigoberta no rehuyó la pregunta, y recordó cómo Donaldo Álvarez, ministro de la Gobernación de Guatemala en enero de 1980, y uno de los responsables del genocidio, entraba y salía de Estados Unidos con toda impunidad. Más tarde, cuando fue localizado en México, sospechosamente consiguió huir. Después en Panamá, también volvió a escapar. Parece que siempre huía «cinco minutos» antes de que se ejecutara la orden de captura. «Esto oculta la participación de varios sectores dentro de las operaciones en su día conocidas como Cóndor y que Guatemala fue un ensayo más en donde se practicaron muchas de esas filosofías. Estados Unidos participó plena y activamente. Así consta en un diario militar publicado por la Universidad de Harvard. En Guatemala no hay ninguna duda de que Estados Unidos participó en asesorar a grupos de las fuerzas armadas.» Quizá sea el momento de que se profundice hasta el final en esa implicación y el contenido de la misma; no es lo mismo dar asesoramiento que facilitar armas, que dirigir o cooperar en las acciones clandestinas.

Sin embargo, a nuestra premio Nobel le pareció que actualmente hay un tipo de relaciones diferente, aunque sí criticó algo: «No podemos aceptar un tratado de libre comercio al antojo del Gobierno norteamericano y de los empresarios de este país. Nosotros no podemos sacrificar todos los valores nacionales, sólo porque los norteamericanos quieran imponerlo», tratado que no considera otros aspectos de la vida de la cultura de los derechos humanos, sólo el aspecto económico. Esto me dio pie para preguntar a Rigoberta sobre el papel de las grandes organizaciones económico-financieras y si su acción favorece al desarrollo y la seguridad jurídica en Guatemala.

Rigoberta Menchú, sin guardar unos segundos de reflexión, contestó recalcando que al cerrarse la cuestión solamente en torno a la situación económica, no se avanza, porque el crecimiento económico favorece también el crecimiento de la pobreza: «Creo que en general sabemos que las empresas, mientras menos pagan, más contentas, y lo están más cuando explotan a la gente. Nosotros nos morimos luchando contra la impunidad, pero también exigiendo una igualdad plena de todas las personas, bienestar para todos, libre comercio para todos, no sólo una marca de libre comercio. Creo que estas luchas sociales están completamente vigentes en toda Centroamérica».

Al instante, me vinieron a la memoria las cifras de la alta comisionada referidas al año 2006. La pobreza en Guatemala, según su informe, de febrero de ese año, afecta al 57 por ciento de la población, de la cual el 21 por ciento es extremadamente pobre. Sin embargo, el país produce el 30 por ciento de la riqueza en América Central, con una distribución desigual de los activos, tierra, capital, educación y tecnología que lo convierte en uno de los países más desiguales del mundo. El 31 por ciento de la población mayor de quince años es analfabeta; la desnutrición crónica es del 49,3 por ciento; el 75,4 por ciento de la economía es sumergida u oculta. Por último, a esto habría que añadir la especial vulnerabilidad de los indígenas, de los cuales el 71 por ciento es pobre, el 48 por ciento analfabeto y la desnutrición crónica alcanza el 69,5 por ciento. Este último aspecto desvela la necesidad del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en lo que se refiere a los pueblos indígenas, convirtiendo en prioridad nacional el fortalecimiento del sistema educativo, con extensión de la educación bilingüe a todas las zonas del país (informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades de los indígenas, de fecha 26 de febrero de 2007).

Rigoberta Menchú se ha caracterizado a lo largo de los años en ser el vehículo necesario para hacer realidad la lucha por los derechos humanos como medio para llegar a una cultura y una realidad de paz. A la vista de que ya estábamos llegando al final del encuentro, la premio Nobel dijo: «Pienso que la cultura de paz pasa por reconocer los problemas que tenemos. Si no reconocemos que hubo un genocidio en Guatemala, o que el futuro pasa por la participación plena de los pueblos indígenas, no habrá solución. En Guatemala hemos avanzado mucho en el reconocimiento académico de los derechos, la definición de los mismos. Ustedes van a oír en cualquier lado de Guatemala hablar de multiculturalidad, de identidad, de nación pluricultural, multilingüe, multiétnica... Todos estos conceptos son maravillosos. Pero si esto se vuelve un simulacro y en la práctica la realidad sigue reflejando un país de apartheid, no habrá más remedio que crear los instrumentos que permitan que la participación maya se equilibre en el país, que este pueblo tenga también la oportunidad de ser parte de las fuerzas vivas, tanto económicas como políticas, sin discriminación por razón de la lengua, por ejemplo, o por otras razones».

Sin embargo, Rigoberta dejaba espacio para el optimismo gracias a la participación de los pueblos indígenas, porque veía cercano el momento en que por la fuerza política, la fuerza electoral, y también la fuerza económica, podían alcanzar una participación plena. No en vano hay muchos más profesionales mayas ahora que hace unos años, y son profesionales con identidad. «Creo que se están creando espacios verdaderamente buenos. Tenemos la Academia de Lenguas Mayas, tenemos la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, tenemos un canal de televisión maya. Incluso hay muchas mujeres que podrían ocupar puestos muy importantes en el país, como Norma Quixtán, que es la secretaria de la Paz. Somos un conjunto de gente que estamos haciendo una experiencia de Gobierno, una experiencia de participación real.»

Este optimismo se ha visto recientemente frustrado con las elecciones de 2007, en las que la opción que representaba Rigoberta Menchú no alcanzó un número significativo de diputados que pudieran cambiar las cosas. Pero Rigoberta es una optimista corredora de fondo, quizá sea eso lo que le da la fuerza que transmite: «Veo y sueño con optimismo que se juzgue el genocidio. No es posible dejar el genocidio guatemalteco en la impunidad. Si lo dejamos en la impunidad, seríamos unos incapaces los ciudadanos que vivimos hoy, además de perder el futuro. Y es nuestro futuro, es el futuro de la humanidad. Tengo esperanza de que al juzgar el genocidio podamos recuperar la dignidad de los guatemaltecos. En fin, yo sueño ser presidenta, pero no pronto».

Me vino a la mente una pregunta final que no renuncié a formular, compartiendo con ello el sentir de los asistentes: lo que me interesaba era saber si, como representante de un movimiento identitario en América Latina, Rigoberta consideraba que existía algún tipo de identidad común entre los países de la región, y si esa identidad se correspondía con el alineamiento de Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro, o se correspondía con otro tipo de identidad. En otras palabras: ¿cuál era la identidad de América Latina?

«Mi identidad es maya —dijo Rigoberta—, porque sí me reivindico y creo que los pueblos indígenas tenemos muchas luchas en común en todo el continente. Ya sólo el hecho de que se hable un idioma común es una conexión fuerte. Ahora, afortunadamente, los grandes medios de comunicación han roto los espacios físicos aislados. Una de las esperanzas también es que los grandes medios en el futuro no toleren las atrocidades y que nos permitan construir un futuro de vida y de dignidad y de consistencia. Hay unos fenómenos en América Latina interesantes. Por primera vez en la historia, el señor Evo Morales tomó el poder y levantó ronchas en la piel de muchos, precisamente por ser indígena. Creo que a nadie le hubiera importado quién gobierna Bolivia si no hubiera sido Evo Morales. Y lo peor es que seguramente lo van a mirar con una lupa mucho más grande que a cualquier otro empresario que gobernara Bolivia. Y por eso es un hecho histórico.»

Claro que Rigoberta no circunscribía el racismo sólo a Bolivia: «Es algo que asusta a algunas mentes cerradas todavía en todo el continente. Por eso le deseo a Evo mucha sabiduría, mucha fuerza, que su gente no lo abandone, porque también nuestra gente está tan preocupada por el hambre. Estoy segura que si yo soy presidenta mañana, tal vez en unos dos meses ya me quieren derrocar. ¿Por qué? Porque viniendo yo de pobre y también siendo indígena y, peor, mujer, entonces debería resolver las cosas hoy mismo. Y yo creo que hay cosas que se deben resolver hoy, pero hay otras que solamente es producto de un proceso. Si no entendemos los procesos, no hay nada que hacer».

¿Y DESPUÉS DE FIDEL, QUE?

Rigoberta confesó que la tendencia de izquierda que gobernaba en América Latina le preocupaba muchísimo, hasta le quitaba el sueño de verdad. «Porque ¿qué va a pasar después de que Lula deje el poder, Evo Morales, la señora Bachelet y después de que no exista Fidel? ¿Cuál es la mentalidad que vendrá de América Latina? ¿Será quizá una corriente fascista que va a decir lo del fin de las ideologías?»

Al menos en lo que se refiere a Fidel Castro ya sabemos lo que ha sucedido porque en la tercera semana de febrero de 2008 renunció definitivamente al poder y lo asumió a partir del 25 de ese mes su hermano Raúl Castro. Realmente no es mucho lo que ha cambiado, pero lo está haciendo poco a poco. También está ocurriendo en Estados Unidos, si atendemos a las respectivas posiciones de los candidatos demócratas, Obama y Clinton, en relación con Cuba. El primero, más favorable al diálogo y la segunda, más reticente. Sin duda, algo se está moviendo.

Le preocupa también lo que vendrá después, porque de la pobreza en América Latina nadie habla: «¿Cuánta gente se está muriendo en América Latina? ¿Cuántos niños y mujeres mueren a diario en hospitales? ¿Cuántos analfabetos? Seguimos con las reglas más altas, rompemos récords todavía de la falta de acceso ciudadano a una vida feliz, y ¡eso no es justo». Lo que Rigoberta afirmaba es cierto en gran parte, y puede comprobarse rápidamente si se visita América Latina fuera de los circuitos oficiales y turísticos, y se conoce, por ejemplo, algunas comunidades indígenas de Perú, Bolivia, Ecuador, México, Brasil, Colombia, etcétera, como yo he tenido la oportunidad de hacer para comprobar la marcha de los proyectos humanitarios en los que participo o con los que coopero, lugares en los que sólo precisas pocos días para constatar los índices elevados de pobreza, la falta de condiciones sanitarias, de educación y de desarrollo. Sin embargo, también hay que admitir que el último Latinobarómetro de 2007 establecía que todos los países de la región han registrado una expansión sostenida desde 2003 y con expectativas de continuar durante ese año con un crecimiento en torno al 5 por ciento, y para el 2008 un 4,5 por ciento. Entre 2003 y 2008, el PIB por habitante en la región habrá acumulado un incremento del 20,6 por ciento, equivalente a un aumento anual superior al 3 por ciento, en términos de promedio, lo cual se ha concretado en avances en la reducción de la pobreza, disminución del paro, una tenue mejora en la distribución del ingreso en algunos países y un aumento importante del empleo.[12] Ciertamente, son datos esperanzadores que no hacen sino avalar el ancestral desamparo de las comunidades indígenas y otros colectivos en América Latina, y la necesidad de que la Declaración Universal de la ONU respecto a estas comunidades de 2007 se implemente, y de que en cualquier política ninguno de los actores principales, el Estado y las organizaciones privadas, se inhiba en aportar medios y soluciones.

Digamos que el futuro se ve con dosis moderadas de optimismo, aunque ciertos nubarrones antidemocráticos amenazan con enturbiar el desarrollo y la consolidación de esa tendencia. En todo caso, el encuentro con Rigoberta Menchú colmó todas nuestras expectativas y me hizo mucha ilusión que le dedicara uno de los libros de cuentos a mi hija Aurora.

6

Las transiciones: el olvido de la justicia

A lo largo de la historia de las naciones, sobre todo en la era moderna, ha habido momentos en los que el pueblo ha perdido sus derechos o ha visto que sus libertades han sido violadas por regímenes y dictaduras autoritarias, siendo entonces cuando sufren la pérdida de los derechos más elementales y pierden toda esperanza de ver la libertad y la democracia.

En otras ocasiones, la infraestructura democrática se degenera y algunos se aprovechan del problema político provocando situaciones muy arbitrarias. Pasar de un régimen dictatorial o autoritario a uno democrático no es fácil; o unos u otros tienen que ceder, algunas víctimas sufren, y los que las victimizan, aquellos que han tenido el poder hasta ese momento, con frecuencia rehúsan ser juzgados por lo que han hecho. No obstante, cuando un régimen de este tipo llega a su fin, ofrece una perspectiva de lo que puede suceder. Durante una transición es importante adjudicar responsabilidades sin caer en la muy peligrosa práctica de buscar venganza. En estos casos, la justicia es la responsabilidad principal, y sin embargo no es la única; el poder de la sociedad en su conjunto tiene que estar presente, lo cual contribuirá a hacer justicia. Hay que abrir y limpiar la herida, no debe ignorarse, no debe hacerse caso omiso de ella, porque esto llevará a que se repita el pasado e incluso traerá peores consecuencias. La prueba de lo que acabo de decir está en que la mayoría de los países que optan por olvidar y dar indulgencias oficiales sufren las consecuencias más tarde. Los acuerdos y las transacciones a veces son necesarios, pero no en las instancias en las que lo único que se busca es la impunidad. Como bien dijo Ernesto Sábato en Antes del fin: «¿En qué tipo de sociedad vivimos?, ¿qué tipo de democracia tenemos cuando los corruptos viven impunes y el hambre de las masas se considera como algo subversivo?». Por supuesto, no todas las transiciones democráticas tienen los mismos precedentes. Ver las diferencias y las similitudes entre los distintos países debería ayudarnos a no repetir los mismos errores y a garantizar que situaciones pasadas no se repitan; así, podremos entender mucho mejor cómo modificar el presente para ganar un futuro democrático.

DE LA TRANSICIÓN EN ESPAÑA

Un ejemplo bien palpable lo tenemos en la tan estudiada, tan alabada y tan referenciada transición española, que casi podemos decir que fue una especie de revolución que dio paso a la democracia en España. El período que transcurre en España entre el 20 de noviembre de 1975 (muerte del dictador Franco), 1977 (primeras elecciones democráticas) y 1982 (primer Gobierno socialista) se caracterizó básicamente por dos hechos: porque facilitó un cambio pacífico desde la dictadura franquista a la democracia monárquica y parlamentaria plena, y porque la transición evitó la quiebra del sistema legal, consiguiendo que el cambio político se hiciera con la colaboración de todos, aunque no fue exactamente así en el ámbito de la justicia, ni en el de las víctimas.

En la transición española no hubo leyes de impunidad que protegieran a los represores al modo de las leyes de Obediencia Debida o Punto Final de Argentina, sino que hubo una especie de perdón consentido por todos, en tanto que la amnistía fue para los represaliados por el franquismo y condenados por el régimen (1976-1977), mientras que en cuanto a los represores, sencillamente se olvidó hacer algo respecto de ellos. Todos miraron hacia otro lado, buscando la entrada apresurada al futuro.

Al no existir ruptura, las mismas leyes se utilizaron con fines reformistas, hasta generar la propia autodisolución del régimen. Entre todas ellas, la que recibió el nombre de Ley para la Reforma Política de septiembre de 1976 abría la puerta a la democracia parlamentaria en España, eliminando los obstáculos que se oponían a esa evolución. Así pues, esta ley fue lo que se dice el acta de defunción del franquismo.

Bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro se aprobaron las denominadas Leyes para la Reforma Política, que constituyeron uno de los últimos intentos de controlar la situación tras la muerte de Franco, bajo una idea de monarquía franquista en la persona del sucesor designado por Franco, Juan Carlos I, y no en quien correspondía dinásticamente, don Juan, el padre del anterior, posteriormente solucionada con la renuncia de éste a los derechos de sucesión en la persona de su hijo.

En los últimos años del franquismo, los intentos de apertura fueron impedidos con draconianas normas antiterroristas y medidas restrictivas de las incipientes libertades políticas, escenificadas en las cinco condenas a muerte de 1975 por delitos de terrorismo. Sin embargo, fue como un mensaje estentóreo y autoritario de un régimen anacrónico y caduco que produjo el efecto contrario. Así, en poco más de tres años después de la muerte del dictador, la nueva Constitución, de 6 de diciembre de 1978, marcaría el rumbo de una época nueva, amparando los cambios revolucionarios que se estaban produciendo en España.

Esta norma sentó las bases sobre las que las leyes anteriores y posteriores fueron cuajando un sistema que dio forma a un Estado de Derecho que definitivamente fortaleció la democracia. Todas las normas anteriores que se oponían a la Constitución quedaron tácitamente derogadas, y se creó el Tribunal Constitucional (TC) en 1980, como máximo intérprete de la misma. El TC acabó, con sus resoluciones, de limpiar el campo minado que el franquismo había dejado, aunque las actitudes autoritarias de muchos aún se prologarían bastantes años.

Con la perspectiva que da la historia, en 1969 era difícil de prever lo que sucedería a partir de 1975. Atrás quedaba la iniciativa de reconciliación nacional lanzada en 1956 por Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. En 1969, pese a los movimientos estudiantiles y la actuación de los sindicatos clandestinos, el futuro del franquismo parecía estar asegurado, máxime después de que se promulgara la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, por la que se instauraba una monarquía orgánica a imagen y semejanza y como garantía de continuidad del régimen. La instauración de la democracia era más una utopía que una realidad posible.

Sin embargo, a partir de 1973, año del asesinato de Carrero Blanco (el 20 de diciembre), las cosas comenzaron a cambiar. A pesar de algunos movimientos de los elementos más extremistas, la Iglesia católica comenzó a mostrar cierta condescendencia para con los nacionalistas, a la vez que el movimiento obrero clandestino tenía cada vez más fuerza y negociaba secretamente con los empresarios.

Los corporativos «sindicatos verticales» eran innecesarios; los sectores productivos habían pasado a ser, a principios de los años setenta el financiero e industrial, mucho más dinámicos que el de la agricultura, cuyo fracaso había propiciado el enfrentamiento entre la oligarquía terrateniente y los jornaleros de los años treinta y cuarenta.

Todavía se vivirían momentos de tensión y represión importantísimos en los primeros años de la década de 1970 que precipitaron el final del régimen, culminando con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. En esos años se estableció un curioso paralelismo. Por una parte, a los sectores industrial y financiero que dirigían la economía les interesaba más el desarrollo productivo y el crecimiento económico que la represión policial sobre trabajadores y estudiantes; para ellos se trataba de mirar hacia el futuro e integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista con el norte de la CEE fuera del arcaico e innecesario régimen franquista. Lo demás eran cosas menores. Ahí comenzó a fabricarse la amnesia que acompañó a toda la transición y que llevó a una impunidad consentida de los represores.

Por otra parte, había una especie de deseo de modernidad y de evolución hacia delante. Es decir, bucear en el pasado no estaba de moda, sino hacer prospección para el futuro. Era más interesante sentirnos europeos, conseguir ver las películas del «destape» que producían colas inmensas en los cines de Perpiñán (Francia) en los años anteriores para ver El último tango en París, que los crímenes políticos cometidos durante el franquismo, la represión policial o la judicial sobre los ciudadanos.

La presión de los intelectuales, estudiantes y trabajadores se hizo patente tras la crisis de 1973. Anteriormente, en 1970, el proceso de Burgos despertaría más aversión hacia el régimen, por lo que suponía para la represión ideológica disidente, sin alcanzar a equilibrar y distinguir la respuesta al terrorismo.

De igual forma, en los momentos finales del régimen, «el proceso 1001» en contra de los sindicatos y trabajadores, entre los que se hallaba una nueva clase, la de los llamados «curas obreros católicos», tuvo un efecto catártico. En medio de esta situación, el sector estudiantil comenzó a movilizarse y a coordinarse con el obrero, vertebrado a través de los sindicatos clandestinos, frente a los anquilosados sindicatos verticales, ya condenados el 24 de julio de 1968 por la Conferencia Episcopal, que a su vez se enfrentaría al franquismo por la aplicación del Concordato, y la postura más aperturista del Vaticano.

Con la aparición de monseñor Vicente Enrique y Tarancón en los años comprendidos entre 1969 y 1975, la retirada del apoyo de la Iglesia católica al régimen era cada vez más evidente, con altibajos reaccionarios, pero decantado a favor de la apertura. Cómo se echa de menos a una figura similar a la de este cardenal hoy día en la Iglesia católica, escorada en sus estructuras burocráticas representativas hacia la extrema derecha y participando sin ningún disfraz ni cobertura en la política partidista en España, procurando influir en los votantes, política que retrata a la perfección la ideología de una estructura de poder anacrónica y que se aleja de lo que debería ser una auténtica organización que no aglutinara conjuntos pseudorreligiosos de poder, sino esfuerzos destinados al apostolado y a hacer iglesia, no cerrando iglesias como se ha pretendido hacer en Madrid, sino apoyando a los más necesitados, aunque supongo que estas sugerencias serán tildadas de demagógicas.

En los primeros momentos después de la muerte de Franco, junto a la euforia por la desaparición del dictador, existía el riesgo cierto de que se produjera un enfrentamiento armado (nótese que los falangistas disponían de cien mil armas legales) entre distintos sectores aperturistas y los más cavernarios y nostálgicos del régimen fenecido.

El papel del nuevo jefe del Estado, en la figura del rey Juan Carlos I resultaría fundamental, ya que a pesar de que sectores amplios deseaban la democratización, también existían fuerzas reaccionarias que no dudarían en actuar. La Iglesia de nuevo desempeñaría un papel fundamental, especialmente a través del arzobispo de Madrid, Enrique y Tarancón, que exhortó al monarca para que se convirtiera en «el rey de todos los españoles».

El primer Gobierno de Arias Navarro fue continuista, y la oposición propugnaba una rápida y total separación de las estructuras franquistas, la denominada ruptura democrática. Los postulados de la nueva revolución en ciernes eran la proclamación de una amnistía política total, la legalización de todos los partidos políticos, la aceptación de sindicatos libres, el desmantelamiento del Movimiento y de los sindicatos verticales, y elecciones libres. Las masas populares cada vez eran mayores y exigían la democratización del país. La situación era explosiva en el País Vasco, Madrid y Barcelona. Se produjo así un acercamiento a la Plataforma de Convergencia Democrática (liderada por el PSOE) por parte de la Junta Democrática (liderada por el Partido Comunista), en el que ésta renunciaba a la exigencia de que se marchara el rey, formando en marzo de 1976 la Coordinación Democrática (o Platajunta).

La oposición comprobó que era muy improbable el derrocamiento del franquismo, a pesar del clima de inestabilidad constante que vivía el país. Fue así como el Partido Comunista se unió al PSOE y a los democristianos en esa ruptura pactada.

El 9 de junio de 1976, las Cortes aprobaron la nueva Ley de Asociaciones Políticas, pero no modificaron todavía el Código Penal, que habría permitido la legalización de los partidos políticos. Arias Navarro dimitió el primero de julio de 1976, y Adolfo Suárez asumió la presidencia del Gobierno. En la segunda semana de julio, la oposición, sindicatos y estudiantes mandaron un mensaje inequívoco a Suárez a través de masivas manifestaciones en las que reclamaban libertades políticas y amnistía para los presos políticos. Suárez comprendió rápidamente su contenido, pero se encontraba en una situación difícil entre las presiones del franquismo (búnker) y las de la oposición, que quería que las reformas fueran inmediatas. En el fondo estaba la lucha entre la oposición democrática y el presidente Suárez por el control de la transición, pero el argumento de intimidación calculada del presidente era el recurso (siempre posible) de acudir a los militares.

De la confrontación de aquellas dos esferas (continuismo-ruptura), surgió la transición y las transacciones entre unos y otros y comenzó la democracia en España el 15 de junio de 1977, fecha en que se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. El período ignominioso que comenzara el 18 de julio de 1936 con el levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República española y que daría paso a una cruenta guerra civil y a uno de los períodos más oscuros de la historia reciente española, se cerró definitivamente con la masiva participación del pueblo español en las elecciones. Todos los que tuvimos la oportunidad de participar y de asistir a los actos y mítines electorales sentimos que se cerraba una herida que nunca debió abrirse.

Si hay algo que no entiendo ni puedo aceptar es el proceso mental y las justificaciones que llevan a muchos a aceptar los golpes militares para acabar con los regímenes democráticos. Todos abogan por restaurar y mejorar sus instituciones, y luego todos se instauran en el poder de forma permanente hasta que su situación se hace insostenible y son expulsados del mismo. Desde luego, no existe justificación para esas personas cobardes e incapaces de hacerse escuchar en democracia y cooperar al fortalecimiento de la misma, sin agredirla. Sus acciones son el ejemplo más palpable de su propia incapacidad al utilizar las armas y la represión contra sus ciudadanos.

EL TORO DE OSBORNE, LA BANDERA Y LAS CANCIONES PROHIBIDAS

Recuerdo lo absurdo de las normas que se imponían en aquellos tiempos. Iglesia y dictadura, salvo honrosas excepciones, eran dos cabezas de la misma serpiente. Las imágenes del militar y del cura párroco en cualquier pueblo o ciudad de España formaban parte del paisaje, como ahora el toro de Osborne, sólo que éste es bello e inofensivo.

En mi opinión, el rechazo de la bandera española en muchas personas nada sospechosas de ser y sentirse españoles viene de aquellos traumas infantiles o juveniles producidos por la imposición de usar la bandera como símbolo de un régimen autoritario: las banderitas que nos obligaban a mantener cada vez que el gobernador llegaba al pueblo, las banderas en las procesiones, los militares en las mismas, el himno nacional en la consagración, el incienso a los políticos en las misas, el paseo bajo el palio, el «Cara al sol» envueltos en banderas, las canciones fascistas que nos obligaban a cantar, so pena de graves correcciones, hacían que el más pequeño acto de rebeldía fuera un auténtico acto de heroicidad. Recuerdo que, recién salido del seminario, cuando cursaba el curso de orientación universitaria (COU) en 1972 en un colegio regido por sacerdotes del Opus, hicimos un viaje en Semana Santa a Italia. En Roma, tres compañeros compramos tres discos que contenían cantos de la resistencia española prohibidos en España. Ya de vuelta, en un camping de Montpellier uno de los tutores que nos cuidaban informó al director del colegio de la existencia de aquellos discos, y éste nos hizo formar delante de las tiendas de campaña, conminándonos a entregar los discos. Como no lo hicimos, comenzó la búsqueda (sin autorización, por supuesto) de los «terribles instrumentos subversivos» que íbamos a introducir en la casta España. Aparecieron dos; el tercero, el mío, conseguí esconderlo, mientras inspeccionaban los demás equipajes, en uno de los que ya habían sido registrados. Así conseguimos pasar uno de los discos, no sin antes recibir la amenaza y vivir la zozobra de que seríamos denunciados en la frontera española. Al final, tal denuncia no se produjo y cuando llegamos a Baeza, en la provincia de Jaén, grabamos en un casete una de las canciones y conseguimos colocar la cinta en el magnetofón del director, que, creyendo dar paso a la audición de los cantos gregorianos que solía escuchar, se encontró con la canción del «Gallo negro, gallo rojo». En fin, pequeñas historias que reflejan el absurdo de vivir bajo un régimen sin libertades.

No fue hasta muchos años después, cuando trabé una entrañable amistad con Adolfo Suárez, cuando supe de la terrible tensión a la que había sido sometido sistemáticamente por los militares durante la transición, llevándole incluso a enfrentarse a ellos físicamente. Sólo su habilidad y el conocimiento que tenía de los aparatos del franquismo, así como su rapidez de acción, le permitieron moverse al ritmo que la situación imponía. De alguna forma, fue equilibrando y manejando la situación de forma admirable. Me decía: «Baltasar, sólo sabiendo que ninguno me quería, conseguí que todos me respetaran y que aceptaran la única solución posible».

Ni que decir tiene que en mis tiempos universitarios yo fui de los que, junto con la oposición, propugnábamos la abstención en la votación por la reforma política, que Suárez consiguió aprobar en referéndum el 5 de diciembre de 1976 con un 94 por ciento de los votos emitidos. El camino para las elecciones estaba ya abierto, aunque todavía quedaba un gran escollo por salvar: la legalización del Partido Comunista.

Previamente a este hecho que tendría lugar en abril de 1977, el día de Viernes Santo, la detención y posterior liberación de Santiago Carrillo, líder del PCE, dio aún más credibilidad al proceso, aunque no faltaron los ataques frontales desde la extrema derecha, conducidos por terroristas de este signo, así como desde la extrema izquierda a través de otro grupo terrorista conocido por las siglas GRAPO, y desde la propia organización terrorista ETA.

El 24 de enero de 1977 hubo un ataque de la extrema derecha a un despacho de abogados laboralistas en Madrid que causó siete muertos. La demostración de repulsa pacífica en las calles de la capital conducida por el Partido Comunista hizo ver a Suárez la madurez de los comunistas y la necesidad de su legalización para legitimar el proceso, aunque ello significara romper los últimos lazos que le quedaban con el sector del franquismo más reaccionario. Sin embargo, a pesar de algunas dimisiones en el Gobierno, sorprendentemente todos, o casi todos, aceptaron esta realidad irreversible. El 15 de junio de 1977 dieciocho millones de españoles, votamos casi el 80 por ciento de los electores, inauguramos con nuestros votos la democracia con el primer Parlamento democrático desde 1936.

En esos años, las leyes se sucedieron a un ritmo vertiginoso, para dar paso a la nueva situación. En julio de 1976 y en marzo de 1977 se aprobaron la primera y segunda amnistías a presos políticos, respectivamente, que favorecerían la Ley de Amnistía total en mayo de 1977. Siguieron leyes como las que regulaban el derecho de huelga o las elecciones, la legalización de los sindicatos, la reforma del Código Penal para despenalizar la pertenencia a un partido político, o la disolución del Tribunal de Orden Público.

En 1977, a pesar de que la situación económica era de profunda crisis, el 25 de octubre todas las fuerzas políticas firmaron los Pactos de la Moncloa. El derecho de reunión y asociación, la nueva reforma del Código Penal y la reorganización de las fuerzas de orden público dieron paso a la aprobación definitiva en las Cortes de aquéllos el 27 de octubre de ese mismo año.

No es que hubiera olvido ni tampoco perdón, sino la decisión conjunta de ceder todos en el único momento que se podía hacer. Paulatinamente, fueron desapareciendo los estigmas y suavizándose la separación, aunque todavía hoy hay aspectos que la transición no superó. La perspectiva que da la historia habla de que, desde el punto de vista formal, aquel período sirvió para acabar con una dictadura que se autodisolvió, dando paso a un proceso electoral democrático que alumbró una Constitución para hacer frente a los problemas históricos de España en los años venideros.

Nunca en la historia de España una Constitución aprobada durante un proceso democrático a través de un referéndum ha durado tanto tiempo, aunque ahora se oigan voces discrepantes e iniciativas independentistas, que sin llegar a ser preocupantes, sí son lo suficientemente importantes como para prestarles la atención necesaria. En todo caso, ésta no va acorde con la confrontación que algunos están instigando para fracturar el Estado. El diálogo debe ser la fórmula a través de la que todos los grupos políticos democráticos se encuentren para hallar una solución pacífica. El modelo de Estado no es una realidad inmutable, sólo deberían serlo la paz y la democracia que garanticen nuestra libertad y convivencia pacífica, y nunca en la historia democrática de España ha habido un período de paz tan largo y fecundo como el del reinado de Juan Carlos I, lo cual todavía es más notable, porque aunque hoy España es una monarquía parlamentaria, seguramente es el país más republicano de todos los europeos.

El reconocimiento del éxito de la generación que hizo posible la transición (el rey, Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo; las derechas y las izquierdas; los nacionalistas y los autonomistas, los creyentes y los ateos, todos unidos en una revolución pacífica) tuvo en su origen un elemento unificador y pacificador general, como ya he dicho antes: el miedo a que se repitiera otra guerra civil. Sin la guerra civil española, nunca habría tenido lugar la revolución pacífica de 1976-1982, aunque probablemente tampoco habría habido dictadura.

LA REVOLUCIÓN BLANCA

Aparte del miedo histórico, lo que unió a los españoles fue su comportamiento cívico, su generosidad histórica para superar el estigma de las dos Españas. Todos renunciaron en ese momento a parte de su verdad para construir una verdad común, democrática, que sobre todo se alejara de otra posible guerra civil, y entre todos se dio vida a una revolución blanca de aspiraciones democráticas. Sin embargo, esa unidad pronto se vería puesta a prueba.

Libertad, igualdad y solidaridad se habían convertido en el sueño imposible a lo largo de más de tres siglos de historia española, razón por la cual, una vez construido el consenso interno para evitar como fuera el enfrentamiento social, se debía conseguir, merced a la autodisolución de las fuerzas franquistas, la conquista de una formalidad democrática que se convirtiese en la legitimación que nos permitiera entrar en Europa. Por primera vez en la historia de nuestro país, éramos europeos, y pudimos utilizar los organismos económicos, sociales, políticos y militares para alejar de España el fantasma de la violencia fascista, del golpe de Estado, de la guerra civil o de la dictadura, pero no la realidad del terrorismo, convirtiéndose así la soledad de España en paradigmática. Pese al fin de la dictadura y la amnistía de abril-mayo de 1977, los terroristas seguirían siendo considerados refugiados políticos en Francia, o luchadores vascos en Estados Unidos, y esto influyó en la forma en la que se abordó la transición.

Como bien expresó Antonio Muñoz Molina en nuestro debate del 5 de diciembre de 2005 en Nueva York: «A principios de los años ochenta, cuando el país estaba siendo golpeado salvajemente por el terrorismo, con una crueldad que no había empleado nunca durante la dictadura, los países de nuestro entorno no mostraron la menor simpatía hacia España. Y España tuvo que hacer la transición sola, mientras los terroristas mataban a gente en el País Vasco, y se pasaban a Francia, donde eran refugiados políticos. Para España era dificilísimo explicar que había habido una amnistía, que muchos terroristas habían sido perdonados, que había un sistema democrático, que no había leyes militares, era difícil explicarlo y todavía lo es».

EL REY Y LA HISTORIA DE CADA DÍA

Hay dos tipos de historia, la que se lee en los libros y se estudia en los colegios, y que, dependiendo del período en que se haya escrito, permite hacerse una idea del por qué, el cuándo y el cómo pasaron las cosas, y que cuando se conoce nos hace partícipes de la misma y asumir una postura concreta frente a lo acontecido. Esa historia se sigue escribiendo todavía, después de treinta años de democracia. Y el otro tipo de historia es la que se vive día a día y que tiene sus propios protagonistas, los auténticos actores conocidos o anónimos que, con su esfuerzo, consiguieron una realidad casi imposible: la libertad y un Estado social y democrático de Derecho.

Todos los actores sociales tuvieron gran importancia en la acción revolucionaria, en la que los cambios, una vez comenzada la inercia, se sucedieron vertiginosamente. Se acogieron los recuerdos de la clandestinidad, el nombre de los muertos de cada familia, de un bando u otro, lo que hizo repudiar cualquier enfrentamiento y desembocó en la reacción popular posterior al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 y a la participación masiva el 28 de octubre de 1982 en las segundas elecciones generales, que propiciaron el triunfo por mayoría absoluta de la izquierda. Así concluyó la transición española. Ni la dictadura, ni el intento por restaurarla, ni las añoranzas por un pasado ya lejano tenían cabida en la nueva etapa.

Según esto, y a pesar de mis dudas morales sobre la forma en que se llevó la transición, debemos agradecer a los franquistas que sus Cortes votaran en noviembre de 1975 a favor de un rey al que no conocían, al que no querían y no les gustaba, para un año después, en noviembre de 1976, autodisolverse. En cierta forma, los franquistas reformistas tuvieron una actitud revolucionaria para viabilizar la posibilidad democrática frente a los más reaccionarios (el búnker), que trataban de impedir cualquier atisbo de democracia y pretendían la continuación del régimen, acudiendo a todas las amenazas militares y actos de violencia posibles. La habilidad y la inteligencia de Adolfo Suárez y del rey, junto con la complicidad de la oposición democrática, los reformistas y la acción del pueblo, lo impidieron. Y ese pueblo lacerado por el dolor de las víctimas de la dictadura fue el que impulsó la revolución pacífica en medio de un mar de lágrimas por lo sufrido, y que a pesar de la incomprensión en sus justas demandas de justicia, cedió para construir el océano de la esperanza nacional, dejando para después su reparación. El último día de octubre de 2007, el Congreso aprobó la Ley de la Memoria Histórica, la cual, consumado su trámite parlamentario, es la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, ley que desgraciadamente ha sido polémica, y para cuya aprobación han estado ausentes los representantes del Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya por razones bien distintas.

Resulta penoso que algunos líderes políticos no sean capaces de superar su posición partidista y dar, desde el consenso, tranquilidad a los ciudadanos. Asumir que puedan existir memorias diferentes no debe ser óbice para construir un futuro común. Ninguna de las normas y contenidos de dicha ley deberían suscitar disconformidad, si bien es cierto que podía haber ido mucho más allá y dar una respuesta más completa que la que ofrece.

En efecto, los militares tuvieron un papel fundamental en la transición española. Quizá fue la férrea disciplina impuesta por el dictador lo que consiguió, después de su muerte, que no hubiera posibilidad de transmitir el caudillaje a nadie, salvo en la figura institucional del jefe del Estado, el rey. Por su parte, la habilidad del presidente Suárez y la firmeza del vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado, se impusieron sobre los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Algunos militares se pronunciaron contra la democracia a través del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, bajo la amenaza más clara y contundente contra la democracia, con la toma del Parlamento. El golpe fue neutralizado por el rey, al imponer, como jefe del Estado, la sumisión a la Constitución a los alzados, y repudiado y rechazado por millones de personas que salimos a la calle, constituyendo el punto de inflexión y de no retorno a favor de la sociedad española y la democracia. Fue el acta de defunción de los antepasados franquistas que se consolidaría en octubre de 1982 con las nuevas elecciones generales.

Estas reflexiones sobre la transición española, que fueron la base de la discusión que en abril de 2006 mantuve en el incomparable marco de la Biblioteca Pública de Nueva York dentro del ciclo sobre las revoluciones que cambiaron el mundo convocado por el Penn World de esta ciudad, me sirven también para introducir la discusión sobre este complejo tema de la memoria, la justicia y las transiciones con los invitados a la Universidad de Nueva York.

La sanción judicial de los responsables del intento de golpe de Estado fue aceptable y la consecuencia de ese intento de involución fue la de producir un vuelco electoral. La UCD surgida en el seno del régimen y dirigida impecablemente por Adolfo Suárez había conseguido sendas victorias electorales en 1977 y 1979, pero ya había cumplido su cometido. A partir de la victoria electoral del PSOE el 28 de octubre de 1982, se puso fin a este capítulo de la historia de España que, con justicia, se ha considerado revolucionario. Comenzaba el tiempo del desarrollo y asentamiento de la democracia que perdura hasta el día de hoy. La figura de Adolfo Suárez, con el paso de los años, cada vez se hace más grande tanto por su sacrificio personal e ideológico, como por su previsión de futuro. Su imagen impertérrita, sentado en su escaño parlamentario el día del golpe, en sus últimos momentos como presidente, representó la dignidad de un pueblo que nuevamente querían violentar unos pocos golpistas que deshonraron su uniforme. La postura del presidente Suárez no era nada fácil de mantener cuando, como expresó Muñoz Molina, la soledad de España era una realidad en ese momento: «La noche del golpe del 23 de febrero, el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, Alexander Haig, declaró: "Es un asunto interno de España”. Cuando el vicepresidente de la democracia más importante del mundo dice que un golpe de Estado militar es un asunto interno, hay que aterrarse».

El nuevo período de consolidación democrática no estuvo exento de dificultades, muchas de ellas graves. En él, la justicia tendría un papel fundamental, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si bien desde el punto de vista normativo esta revolución puede catalogarse de tranquila, es cierto que también tuvo sus víctimas y sus zonas oscuras.

La acción constante de las fuerzas reaccionarias, de sectores del ejército y de bandas paramilitares de extrema derecha, junto con el terrorismo de ETA, hizo que a veces hubiera la sensación de que el cambio no era posible. La justicia fue marginada por la política, y el poder judicial aceptó, sin rebeldía, esa situación, renunciando a la investigación de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, sobre todo en sus primeros años. Es cierto que la situación de inestabilidad política influyó en que la justicia se inhibiera, pero eso no quiere decir que no sea una cuenta pendiente que debe reconocer la necesidad de la reparación histórica y de la memoria personal y colectiva de un pueblo que dejó pendiente la recomposición de su historia con las piezas correctas, con el fin de que esa memoria sea respetada y reparada en su justa medida.

La llamada Ley de la Memoria Histórica reivindica a las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista; condena el régimen de Franco y ordena la retirada de todos los símbolos fascistas, salvo aquellos en los que la ornamentación se justifique en términos artísticos o arquitectónicos; los hijos y nietos de los republicanos exiliados podrán obtener la nacionalidad española si lo solicitan entre los años 2009 y 2011; reconoce el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal durante la guerra civil y la dictadura; los tribunales franquistas y sus condenas son declarados «ilegítimos»; se extienden las ayudas (pensiones y compensaciones económicas) a las víctimas del franquismo y a sus familias; las familias de los opositores muertos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 podrán reclamar hasta un máximo de 135.000 euros; recoge también una norma de despolitización y reconocimiento para los caídos en los dos bandos en el caso del Valle de los Caídos. Probablemente cuando esto sea así, pise por primera vez ese lugar de tristes recuerdos de una época oscura de España que a algunos todavía les gustaría mantener, y adonde prometí que nunca iría, hasta que los soldados y presos republicanos que, como verdaderos esclavos trabajaron y murieron allí, fueran reivindicados. Probablemente sólo nos queda recurrir a gestos personales de este tipo pero a mí al menos me hacen reconciliarme con la bondad y el sentimiento humanos.

Al hilo de estas reflexiones, quise que Antonio Muñoz Molina compartiera su clarividente juicio como ciudadano y observador de la realidad española. Para él, lo que se consiguió en España, lo consiguió la generación que hizo la transición: «Las personas, tanto los elementos reformistas del régimen anterior como la Corona; los representantes de los partidos democráticos de oposición. Entre todos ellos obtuvieron una Constitución que, por primera vez, era una Constitución que podía servir para la mayor parte del país; alcanzaron la integración en Europa, la integración en los sistemas internacionales, y la creación de un sistema democrático bastante sólido. ¿Hemos fracasado? Hemos fracasado en el hecho de que se podía haber hecho más justicia con la gente que había sufrido, y se podía haber hecho más justicia en la época en que se podía hacer, cuando muchas de esas personas estaban vivas. Y se ha fracasado en la creación de una educación democrática, y de una ciudadanía que ha sido sustituida por lealtades, o bien partidistas, o bien regionales o territoriales, o lo que sea. Es decir, en España ha fracasado en que se podía haber hecho más justicia con los que habían sufrido cuando los responsables estaban vivos, en la creación de una educación democrática, de una ciudadanía que sienta patriotismo ciudadano, que sienta ese amor por el sistema, por las leyes, y porque tenemos unas cuantas cosas en común. Es decir, un cierto número de personas se ponen de acuerdo en ser razonables, en resaltar lo que las une más que lo que las separa. Ha faltado ese patriotismo profundo hacia la Constitución y hacia las leyes, del que hablara Manuel Azaña como el “basado en las zonas templadas del espíritu”, no el patriotismo del banderazo ni el de la sangre ni otros patriotismos terribles».

En efecto, mi querido Antonio, nos toca seguir trabajando en esa línea para conseguir dibujar y transmitir la educación para la formación ética de una verdadera ciudadanía que sienta España como conjunto de diversidades proyectadas hacia el futuro. Los rescoldos del franquismo, con la aparición de bandas paramilitares como el Batallón Vasco Español, los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A, y luego bajo el Gobierno del PSOE, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), no recibieron una respuesta judicial adecuada hasta mucho tiempo después. Aún hoy, no puede hablarse de transición cerrada, porque muchas actitudes son deudoras del franquismo, directamente actitudes franquistas y reaccionarias que se hacen sentir de forma esperpéntica en las calles y plazas de las ciudades españolas representando la caverna del neofascismo, un puñado de sectaristas xenófobos e insolidarios.

Resulta fundamental no perder de vista que en España, en el nombre de la paz y del futuro, se produjo un hecho insólito: las víctimas pidieron perdón a los verdugos, razón por la cual ya empieza a ser hora de la reparación. En esa conquista española de «la galaxia del progreso material», sigue faltando la conquista más importante de la justicia y de la ética, no sin antes reconocer el fracaso que supuso la guerra y la dictadura. Como decía antes, ya es hora de que, sin enfrentamientos, recuperemos la mirada solidaria no sólo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. La recuperación de la memoria histórica es una forma de hacer justicia que no excluye a otras, pero que exige su presencia. Se ha hecho en otros países y ha dado resultado (Sudáfrica, Argentina, Chile, etcétera), ¿por qué no habría de ser así en España? Si un pueblo no está maduro para soportar el peso de su memoria, no puede estar preparado para soportar las adversidades que le puedan sobrevenir en el futuro.

Es por tanto básico reconocer que solamente la solidaridad, como parte de nuestro sistema moral más cercano, el mirar al otro, el aceptar al otro, nos garantiza que alguien nos mire y nos acepte y, sobre todo, nos respete. Con esta nueva visión solidaria y tolerante quizá superemos el estigma que siempre nos ha acompañado, de ser un país violento, nacido de la manera más violenta, en un parto que hizo desaparecer al 66 por ciento de los que no se llamaban españoles pero que vivían en España, como ocurrió en la época de la Reconquista.

Ante el fracaso de no haber hecho justicia en su momento, ahora nos queda la asignatura pendiente de la educación democrática de los ciudadanos, partiendo de la historia y no del olvido, o de una historia deformada. Aquí los partidos políticos, que estuvieron a la altura de las circunstancias durante la transición, han fracasado en los años sucesivos, dando paso a sistemas clientelares y máquinas electorales y no a una sociedad vertebrada asentada en los valores de la ética y la responsabilidad.

PRÓRROGA DE LA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

Cuando obtuve la autorización del Consejo General del Poder Judicial en noviembre de 2005 para continuar mi trabajo de profesor en la Universidad de Nueva York, mi reincorporación al juzgado, prevista para el día 1 de diciembre, quedó aplazada hasta el 30 de junio de 2006. Quizá debería de haberme incorporado en aquella fecha, por muchas razones que no vienen al caso. Pero lo cierto es que, a pesar del trabajo intenso realizado en los últimos nueve meses, quedaban cosas importantes por hacer en el Center on Law and Security para concluir la elaboración del proyecto «Terrorismo y seguridad: coordinación y cooperación», en el que participaban profesionales de más de veinte países y de organismos internacionales; las clases de posgrado en el mismo centro; las clases, conferencias y diálogos en el Centro Rey Juan Carlos I de España, y las múltiples actividades relacionadas con la función judicial que me habían llevado a contactar con diferentes instituciones norteamericanas e internacionales con la finalidad, en muchos casos, de aproximarles a la labor e institución judicial española que representaba, la Audiencia Nacional.

Así, fueron realmente intensas e importantes las reuniones y contactos, relacionados con la investigación del terrorismo y narcotráfico, con la Oficina Federal de Investigación (FBI) tanto en Nueva York como en Washington, con su director Robert Muller, y con los departamentos de contraterrorismo, centros especiales de documentación, traducción, análisis documental y coordinación antiterrorista en Virginia; con el Departamento de Justicia para proyectar sistemas de cooperación antiterrorista con España; con la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para tratar temas sobre terrorismo y crimen organizado, colaboración que todavía mantengo; o los complicados días que pasé en diciembre de 2005 cuando desde la ONU me propusieron la posibilidad de ir al Líbano como fiscal investigador del asesinato de Rafik Hariri, cometido en febrero de ese mismo año. Se trataba de una decisión difícil pero interesante, que al final obviamente no cuajó porque, tal como me dijo Javier Rupérez, me pasaba de perfil: «Baltasar, tienes un perfil muy alto para el puesto». Curioso argumento, pero perfectamente comprensible. En todo caso, mi familia se alegró de esta «pasada de perfil» ante la inminencia de una misión arriesgada. Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional, me confirmó en una reunión que mantuvimos en Nueva York este extremo y que la persona que iría finalmente sería el fiscal investigador de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un fiscal belga, en la actualidad fiscal del Tribunal Penal Internacional por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia. En la misma línea, tuve otros contactos con la Agencia Antidrogas (DEA); con el Comité Antiterrorista de las Naciones Unidas para tratar temas de al-Qaeda en España, Europa, el Magreb, y a escala mundial; con el Consejo Jurídico y el secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU; reuniones con diversos embajadores de esta organización con la misma finalidad, así como con responsables de la ONU; la reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff; con el presidente Néstor Kirchner y la senadora, hoy presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; con el secretario general de la Interpol, en calidad de miembro del Comité de Estrategia del mismo. También quedaban en mi acervo personal las actividades desplegadas en Colombia en relación con la Ley de Justicia y Paz y sobre la situación de las comunidades indígenas; la participación en actividades universitarias en la Universidad de Harvard, la New School University, la American University, la Universidad Libre de Bruselas, o con la City University de Nueva York, como miembro del consejo directivo del proyecto sobre la memoria histórica del John Jay College for Criminal Justice, que documenta crímenes y graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra la población indígena en América Latina. De haberme venido a Madrid, lo cierto es que no hubiera concluido la actividad en el ya citado proyecto sobre terrorismo.

Ya en el período de prórroga, el 5 de diciembre de 2005 convoqué a varios amigos para debatir sobre el tema que da título a este capítulo y sobre el que, a modo de introducción, he pretendido dar unas breves pinceladas sobre la transición española. En mi planteamiento fui lo suficientemente genérico como para que los participantes abordaran libremente el debate, y les ofrecí un amplio abanico de cuestiones, convencido de que la formulación en una sola línea suscitaría la confrontación: ¿creen que en la transición de un Estado autoritario a un sistema democrático resulta imprescindible olvidar el pasado para construir el futuro? ¿Juzgar los crímenes cometidos por un régimen, por el siguiente democrático, es un acto de venganza o de justicia? ¿La impunidad es necesaria para la reconciliación? ¿Cuál es la relación de aquélla con el perdón y el olvido? ¿Es más positiva la justicia transicional o alternativa que la justicia criminal? ¿Cuál debe ser el papel de las comisiones de reconciliación y de la verdad y el de las víctimas? ¿Cuál es la dificultad de una transición democrática en un régimen presidencial?

¿RECONCILIACIÓN? ¡QUE DEVUELVAN ANTES LOS REHENES!

Héctor Timerman, entonces embajador para los derechos humanos y cónsul de Argentina en Nueva York, y en la actualidad embajador de Argentina en Washington, abrió el debate ante trescientas personas, entre alumnos y público en general, sin andarse con rodeos: «En Argentina hubo muchas transiciones de dictaduras a sistemas democráticos, fracasos de éstos, y vuelta a la dictadura. Y lo que aprendí es que cada vez que se planteó el tema de no mirar para atrás para poder construir el futuro, fracasó, y ese ciclo se volvió a repetir. Si el proceso argentino democrático, que comenzó en 1983, ha sido el más extenso de la historia de nuestro país y ha tenido éxito, ha sido justamente porque lo primero que decidió fue decir no a la impunidad y sí a la justicia, para que ésta pudiera esclarecer el pasado, saber de dónde venimos, quiénes cometieron los crímenes y por qué se cometieron».

Al hablar de reconciliación, Timerman aportó las siguientes reflexiones: en marzo de 2006 se habían cumplido treinta años del golpe militar de 1976, y todavía entonces había casi quinientas personas secuestradas. Más de quinientos bebés nacieron en las cárceles clandestinas de la dictadura de madres que estaban embarazadas cuando fueron secuestradas, y todos ellos sin excepción fueron arrancados de sus madres, tras ser asesinadas, y entregados a familias que no tenían nada que ver con ellos, a familias que los educaron de acuerdo con los criterios que los militares consideraban que eran correctos (para formar lo que llamaban una nueva sociedad occidental y cristiana, en la que el ateísmo y el comunismo estuvieran erradicados). «Podemos hablar mucho de la reconciliación, pero es imposible plantear este tema cuando todavía hay quinientos rehenes de la dictadura militar. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con quienes aún hoy tienen secuestrados a los chicos y chicas?», preguntaba Timerman.

Sus palabras resonaban en la sala del Silver Center de la Universidad de Nueva York: «Yo no quiero reconciliarme con los verdugos, porque no tengo nada por lo que reconciliarme, lo que quiero es que haya justicia, que la persona que fue víctima de un delito pueda ir a un juez y decirle “Yo fui víctima de un delito, quiero justicia”. Y la persona que es acusada de cometer un delito diga “Yo quiero tener un juez que garantice que voy a tener un proceso justo”. Eso es todo lo que pedimos, no tiene por qué haber reconciliación».

Se podría decir más alto pero no más firme. Todavía flotaban en el ambiente estas contundentes afirmaciones cuando Enrique Tejera París, ex embajador de Venezuela, tomó la palabra para decir que le provocaban horror frases del tipo como «olvidar el pasado para construir el futuro», «unión de los partidos», «nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos», utilizadas a veces para ocultar la verdadera realidad: «El problema de las transiciones no es si olvidar o no olvidar, perdonar o no perdonar, porque las transiciones son un fenómeno psicológico. La transición es un estado de ánimo de un pueblo que en un momento dado se le presenta la oportunidad de cambiar de sistema, de adquirir uno nuevo».

Tejera presentó cuatro condiciones, a su parecer esenciales, para el éxito de cualquier transición. La primera sería crear nuevas esperanzas, y puso como ejemplo que no se podía comenzar una transición llamando al Fondo Monetario Internacional para que procediera inmediatamente a rebajar el nivel de vida para la estabilización de los precios. Además, debe existir una verdadera sensación de posible reconciliación en el país. «Cuando ha habido casos tan horribles como los que hubo en Argentina y en Uruguay en los años setenta, por ejemplo, la situación se hace mucho más difícil; pero en mi país, en Venezuela, esa reconciliación ha sido muy posible, particularmente utilizando al Congreso Nacional, al Senado y a la Cámara de Diputados, como instrumentos para ir amnistiando a personas que estaban muy distanciadas políticamente», explicó.

Por otra parte, la segunda condición importante para lograr que una transición funcione es la credibilidad, la autoridad moral, la presentación de un programa popular: «Hay muchos por ahí que hablan mal del populismo, pero yo lo voy a defender. Tiene que ser un programa de gobierno popular y de inmediata aplicación y, si es posible, debe estar acompañado de un cronograma que diga cuánto tiempo se empleará para lograr lo que se prometió».

La tercera condición es el apoyo militar, y recordó la frase de Mussolini de que se puede dar un golpe de Estado con los militares, en rigor podría hacerse sin los militares, pero nunca en contra de los mismos, y citó el caso español con el fallido golpe del 23-F como ejemplo.

La última condición es la capacidad de realización del programa. «Tú no puedes elegir para presidir una transición a un jefe de Gobierno que no sepa gobernar, y mucho menos que no sepa administrar, porque en ese caso te puedes encontrar con lo que llamaban los griegos un idiota. Idiota es una palabra de raíz griega (idiotes), que identifica a aquel que, habiéndose dedicado a sus asuntos particulares, no entiende de asuntos públicos ni estudia filosofía.»

Sin apenas darme opción a hacer de moderador, intervino Liébano Sáenz Ortiz, secretario general de la Presidencia de Ernesto Zedillo en México. Empezaba a hilvanarse un debate abierto entre personas expertas, con experiencia y sufrimiento en y por los temas suscitados. «Héctor dijo que no puede caminarse hacia el futuro si no se sabe quién es y no se sabe qué se quiere, y que para definir eso hay que conocer el pasado. Yo, desde luego, quiero agregar algo más: que, en realidad, los países son como las personas, tienen una memoria, y que las transiciones dan la oportunidad de hacer justicia, pero, aun sin la transición, la justicia es un valor que la sociedad debe defender y de ninguna manera ningún delito debe quedar sin sanción.» Liébano sostenía que puede haber salidas por conveniencia política, como son las amnistías y los perdones, pero siempre deben estar dentro del marco de la institucionalidad y la legalidad. El perdón no quiere decir que se olvide, sino que alguien ha sido sometido al debido proceso legal, ni tampoco quiere decir que se le vaya a castigar, simplemente quiere decir que ha ido ante un juez, que ha sido escuchado en un juicio y que ha defendido sus derechos conforme establece la justicia. «Perdería mucho la sociedad si no defendiera ese derecho fundamental, es más, no tendría sentido la democracia.» Afirmó, además, que hay países que han optado por una suerte de olvido a través de distintas fórmulas y otros que han hecho la vista gorda, que no han tenido éxito. No puedo estar más de acuerdo con él.

En la presentación que hice al debate, había lanzado la pregunta de si la venganza era justicia o no, y Liébano no dudó en afirmar contundentemente que la venganza no era justicia. «La justicia es un valor, y la venganza es un sentimiento que surge del rencor», dijo. Para él, la reconciliación es un ejercicio colectivo de la sociedad, no una definición de las élites o de los grupos que alcanzaron la responsabilidad de gobernar en las democracias. «La reconciliación debe nacer del sentimiento de un pueblo mayoritariamente aceptado, y hacerlo pasar por las instituciones que ha creado la soberanía popular. Pero aquí hay que hacer una recomendación dondequiera que esto exista, si es que hay un sentimiento de reconciliación: que la amnistía siempre sea un acto aprobado por una mayoría calificada en el Congreso, contando con el apoyo de toda la sociedad, y que los verdaderamente agraviados participen en esa mayoría formada en el Congreso.»

El escritor Antonio Muñoz Molina, por aquellos días director del Instituto Cervantes en Nueva York, intervino con la prudencia que le caracteriza pero con claridad de juicio, en su autoproclamada condición de testigo de una transición: «Sólo soy un ciudadano que creció en una dictadura, que pertenece a una familia que sufrió las consecuencias de la guerra civil, que fue testigo de esas consecuencias y que también, de algún modo y muy de cerca, participó en menor grado, pero como ciudadano, en la transición política española». Muñoz Molina consideraba que la singularidad de la transición política española, dejando aparte cualquier consideración sobre la historia y la memoria, fue consecuencia de la guerra civil y la larga dictadura que vivió España.

El recuerdo de la guerra civil en las personas que sobrevivieron a la misma tras haberla vivido en sus carnes, tanto a los ciudadanos de a pie como a muchos de los que fueron protagonistas políticos de la transición les causaba verdadero espanto que se volviera a repetir. «Había que hacer cualquier cosa para evitarlo y eso dio lugar a que a finales de los años setenta hubiera un extraño acuerdo civil en España que muy pocas veces se ha producido en su historia. Por una parte, los descendientes del bando de los ganadores, al menos la parte más racional, comprendieron que tenían que ceder y que tenía que producirse un cambio, y en ese aspecto el rey fue pieza fundamental; y por otra parte, las personas más decisivas en el bando de los vencidos, algunos de ellos supervivientes de la guerra y otros nacidos después de la guerra, comprendieron que había que hacer una transición que implicaría cesiones muy importantes.»

Muñoz Molina recordaba a la perfección cómo a los que entonces éramos muy jóvenes nos indignaba toda aquella situación: «Nos parecía que era una traición, que no se podía aceptar, que era venderse; pero con el tiempo te das cuenta de que en la política las opciones no son infinitas, y que en el momento de la transición en España, en los años 1975, 1976 y 1977, conseguir un principio de democracia implicaba que no se podía dar la vuelta a la situación establecida por la guerra civil». El punto de inflexión fue el 23 de febrero de 1981, cuando una parte del ejército se sublevó. «Todos éramos conscientes de que aquello podía tener un final terrible. Yo recuerdo aquella noche que la ciudad de Granada, en la que vivía, estaba vacía, y ver, al pasar por el sitio donde estaba la sede de la Falange Española, a la gente con uniformes, como preparándose para la toma del poder y preparándose para la venganza», recordó. Afortunadamente, aquello se superó, se juzgó a los militares golpistas y, a raíz de ese juicio, y no antes, la situación empezó a cambiar. «A partir de entonces, en 1982, con la victoria del Partido Socialista, la democracia se afirmó en España y ocurrió algo que no había ocurrido desde principios del siglo XIX: que el ejército dejó de ser protagonista de la historia, algo revolucionario, porque no había ocurrido nunca en la historia contemporánea de España desde 1808», sentenció.

Sin embargo, se ganó eso y se perdieron otras cosas que no tenían por qué haberse perdido. En opinión de Muñoz Molina, se perdió, mucho más que por miedo a la reacción de los militares, por un impulso casi demasiado entusiasta de modernidad, una explosión cultural, política, moderna, que nos hizo dar la espalda al pasado. No estaba de acuerdo en que no se hiciera justicia en aquellos años porque hubiera muchas amenazas y no se pudiera: «Sí se podía, pero mucha gente que podía haber hecho justicia y que podía haber recordado entonces no quiso hacerlo porque no estaba de moda, porque había como una sensación en mucha gente que estaba en el poder de que el país tenía que modernizarse». De ese modo, se perdió la oportunidad, no tanto ya la de hacer justicia después de una guerra civil y de una dictadura tan larga, como la de conceder realmente una recompensa moral y económica a la muchísima gente que tanto había sufrido.

Las reflexiones de Antonio seguían avanzando: «En una transición hay un equilibrio fundamental que es dónde termina la memoria y dónde empieza la historia. Ahora se habla mucho en España de la memoria, de recuperar la memoria histórica, y la memoria personal del que ha sufrido es perfectamente lícita y es tan válida como la de cualquier otro. Pero ¿qué pasa con la memoria narcisista del que no ha sufrido y quiere atribuirse retrospectivamente sufrimientos que no son suyos? Eso también hay que estudiarlo».

Tras estas interesantísimas y certeras reflexiones, el silencio y la atención eran absolutos en el auditorio. Era evidente que en la sala había personas que habían tenido que salir de España hacía mucho tiempo sin tener claro que quisieran hacerlo, y podía ver las caras de mis amigos neoyorquinos y el movimiento afirmativo de sus cabezas ante las palabras de Antonio Muñoz Molina.

«Todo el mundo tiene derecho a su memoria, pero es necesario el establecimiento de la historia, y no es lo mismo. La historia tiene que ser contada por los investigadores y tiene que ser enseñada, tiene que haber un acuerdo nacional básico para contar qué fue el pasado. Y ese acuerdo nacional para contar qué fue el pasado es lo que permite que uno establezca un sistema de convivencia estable», prosiguió.

Su siguiente reflexión tocaba de lleno el corazón del debate: «Luego hay otros dos términos que son dolorosos, que son justicia y democracia. ¿Hasta qué punto podemos hacer justicia cuando estamos intentando establecer una democracia que por su propia naturaleza es muy frágil? Retrospectivamente, es muy fácil decidir todo eso, pero cuando se está en medio, creo que es más difícil».

EL SILENCIO, LA AMNESIA Y LAS VÍCTIMAS

Quedaba claro que éste, como puede comprobar el lector, era el punto central del debate, justicia o cesión, hasta dónde debe ceder la justicia para hacer viable la democracia. Sinceramente, soy de los que creen que la democracia es incompatible con la impunidad, y la erradicación de ésta es la mejor defensa de aquélla. Sólo la justicia puede acabar con la impunidad, resarciendo a las víctimas para que éstas recuperen su dignidad perdida por la acción criminal previa y por la denegación de la justicia posterior.

Como respuesta a la cuestión de si la transición a la democracia requiere olvidar el pasado, Heraldo Muñoz, embajador de Chile en las Naciones Unidas, citó una frase de Rafael del Águila: «No es lo mismo olvido y amnesia que silencio y memoria», frase que Paul Berman, intelectual estadounidense y colaborador de la revista New Republic, aprovechó para citar a un clásico, De la democracia en América, de Tocqueville, un estudio de Estados Unidos de 1830: «Pero también es un libro escrito para aconsejar a sus amigos franceses sobre cómo llevar a cabo una transición a la democracia en Francia, que estaba en medio de esa transición desde 1789 y en muchos aspectos no había funcionado», explicó.

Una de las cosas que dijo Tocqueville fue que el problema de la transición en Francia era que los vestigios del Antiguo Régimen todavía seguían en el nuevo, de forma que mucha gente tenía los mismos hábitos de comportamiento que habían predominado en el régimen anterior predemocrático. El problema estribaba en que la gente trataba de consolidar una democracia nueva actuando bajo formas antiguas, debido, en cierto modo, a lealtades individuales en lugar de lealtades colectivas, como al Estado moderno y libre. «Este hábito de las lealtades a las personas individuales fue terrible, fue feudal. En la actualidad, ese feudalismo sigue existiendo en América Latina, y es un problema crucial en las transiciones hacia la democracia en la región: el problema de que la gente siga siendo leal a individuos, a mafias o maquinarias políticas, en lugar de ser leales a un Estado democrático».

Si bien Tocqueville no hace ninguna mención a la cuestión de la memoria histórica: «No lo menciona porque eso no formaba parte del problema de la transición a la democracia en su época. Se ve en nuestra época, porque hoy todas o casi todas las tiranías o dictaduras se basan en teorías ideológicas, no en sociedades tradicionales. Y todas esas ideologías, o casi todas, se fundamentan en algún tipo de teoría de la historia.»

Si la dictadura propiamente dicha se basa en una teoría de la historia, hay dos razones muy importantes para argüir que no debe olvidarse el pasado. Una, por ser simplemente una cuestión de justicia, y la más importante, para deshacer la ideología que ha mantenido la dictadura del pasado. «Al deshacer esa ideología, siempre, o casi siempre, se necesita tener mucha claridad, tener gran lucidez acerca de lo que en realidad sucedió en el pasado. La gran dificultad para estabilizar los Balcanes es lograr que todo el mundo se ponga de acuerdo acerca de qué fue lo que pasó. Los serbios tienen una versión, los albanokosovares tienen otra,[13] los croatas tienen la suya; y todas estas versiones son distintas, no encajan en absoluto unas con otras. Tenemos que resolver qué fue lo que pasó, cuál fue la realidad, y de ésta se encargan los historiadores», afirmó Berman.

En lo que llevábamos de debate, ya se percibían ciertas discrepancias entre los miembros del panel, y quise profundizar sobre el papel de las víctimas y de la justicia, los límites de ésta y sus dificultades. No hizo falta darle la palabra a Héctor Timerman para que interviniera: «Si hablamos de víctimas del terrorismo de Estado, no podemos hablar en términos políticos. En una democracia no todo se tiene que resolver de una manera política, también existe la justicia. Las víctimas tienen derecho a ir a la justicia, y los políticos no tenemos ningún derecho a negarles esa posibilidad de ir a la justicia».

Timerman distinguió muchas clases de víctimas, «incluso los chicos que se mueren de hambre en América Latina, y no creo que podamos decirles que se tienen que morir de hambre para que nosotros podamos construir la democracia. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no va a haber nunca democracia si no hay primero justicia». Para Timerman, el papel de la víctima «es simplemente el de ser el testigo que nos dice a nosotros “No hablen en nombre mío, recuerden lo que pasó, acá estamos”. Quienes fuimos víctimas de la dictadura militar argentina en mayor o menor medida no tenemos más derechos que los demás. Simplemente, podemos dar testimonio y explicar qué es lo que sucede cuando se rompen las reglas democráticas o cuando una sociedad entra en un conflicto que termina resolviéndose por la vía armada, no mucho más que eso». Estoy de acuerdo con la opinión de Timerman de que las víctimas no son expertas en derechos humanos ni en política ni en nada que se le parezca, si bien su presencia es precisamente la que nos impide entrar en pactos espurios, en pactos en los que se habla en nombre de personas que no han dado su permiso para que se hable en su nombre. «El Talmud dice que aquel que tiene piedad con el verdugo desprecia a la víctima. Hay que elegir y yo elegí estar con las víctimas, no porque tenga la memoria sesgada o porque mis compañeros fueron asesinados o tirados al mar desde aviones, simplemente porque creo que es el lugar correcto para estar dentro de la historia», concluyó.

Muñoz Molina se mostró de acuerdo con Timerman, y matizó que, para llegar a ciertos actos de justicia, a veces se puede tardar más o se puede tardar menos, pero hay que llegar a ellos, porque nadie tiene derecho a hablar en nombre de la víctima. Asimismo, llevó más allá el razonamiento de Berman, porque, a su modo de ver, toda dictadura se basa en una historia falsa, en una historia tergiversada, y no en una teoría de la historia. Así pues, lo esencial es la lucidez de saber o querer saber lo que realmente ocurrió en el pasado, y para garantizar esa lucidez, es fundamental que, igual que la justicia se busca en los jueces o la salud en los médicos, la historia debe buscarse en los historiadores. «Sin embargo, muchas veces ocurre en países como los nuestros que la historia es tomada por manipuladores políticos. En toda dictadura hay un relato falso del pasado. Milosević empieza el genocidio en Yugoslavia a través de un relato falso del pasado; y cuando se produce el levantamiento militar en España es en nombre de un relato falso del pasado», afirmó Muñoz Molina. Para un novelista como él, era natural hablar de la diferencia entre la historia y la leyenda: «La leyenda es satisfactoria para el narcisismo colectivo o individual, y todos los relatos narcisistas históricos son exactamente iguales: "Nuestro pueblo en un origen primigenio era maravilloso y feliz hasta que llegaron estos invasores y nos destruyeron; por ello, nosotros tenemos que recuperar nuestra pureza primigenia”. Por eso constituye un salto hacia la edad adulta que las personas y las sociedades se pongan de acuerdo en que la historia la hacen los historiadores. La democracia sin pedagogía no vale». Es difícil no estar de acuerdo, como cuando afirmó tajante: «El empeño por la historia es tan fundamental como el empeño por la astronomía frente a la astrología. Nadie querría que a sus hijos los cuidara un curandero si tienen fiebre. De igual modo, ¿cómo podemos confiar la enseñanza de la historia a nuestros hijos a quienes hacen de esas historias leyendas mitológicas narcisistas?».

Para él, era muy importante que sociedades con pasados difíciles conocieran la verdad histórica para valorar lo que se tenía. «Es muy importante que un joven español de hoy, que empieza a votar, sepa que hace cuarenta años había una dictadura atroz. Y contarle que los hombres y las mujeres en España sólo son iguales jurídicamente desde 1980. Porque si no se les transmite esto, se corre el peligro de que no alcancen a saber el valor que tiene, e igual que se perdió en el pasado, se puede volver a perder en el porvenir. Ésa es la gran lección que se extrae cuando se estudia la historia de verdad y se ve cómo el mundo civilizado cae en la barbarie. El mundo es muy frágil, las cosas más valiosas no pueden ser dadas por supuestas.» Es verdad que un grave problema de las democracias es que enseguida se dan por supuestas las libertades, olvidándose así que la libertad, al igual que otros valores esenciales en cualquier democracia, hay que defenderla y reconquistarla día a día.

El discurso que acababa de pronunciar Muñoz Molina me llevó a plantearle si se precisaba un acuerdo nacional para contar la historia o si, por el contrario, cada uno podía y debía formar su propia historia. El escritor jiennense descartó que tuviera que ser un acuerdo absoluto, porque la historia no es una ciencia exacta: «El acuerdo que tiene que haber es dar la palabra a los historiadores y quitársela a los brujos, a los ideólogos». En este punto las ideologías son muy peligrosas. Además, las ideas posmodernas dicen que no hay forma de conocimiento posible, que todo conocimiento es arbitrario, que todo discurso es equivalente, pero el científico y el historiador saben que hay grados de aproximación. «No es lo mismo la teoría de la evolución que la teoría del diseño inteligente. No es lo mismo la explicación astrológica del universo que la explicación astronómica del mismo. Como tampoco lo es la explicación a base de leyendas que la explicación a base de historias, dentro de un margen de discusión. Tiene que haber algún principio básico que establezca cómo fue más o menos el pasado, y ahí entrarán en conflicto las memorias distintas de cada uno. Pero el pasado tiene que establecerse de una manera irremediable.»

Lo que sucede, pensé para mis adentros, es que hay muchos intereses en juego y es posible que preocupe a muy pocos que el pasado se establezca de forma irrefutable, porque, además de no saber cuál fue el arcano de los que construyeron la historia en ese momento, puede que no se quiera establecer el sentido real de la misma, lo cual permite justificar, sobre una especie de amnesia inducida, una historia oficial pero falsa, que a fuerza de ser contada y manipulada pase a formar parte del acervo cultural de los ciudadanos, convertida en una verdad inamovible.

Al hablar de la memoria, Tejera París citó a Arthur Schlesinger, en sus reflexiones sobre la figura de Roosevelt y su papel en la consolidación de la nación norteamericana. Roosevelt lideró una de las transiciones más prodigiosas que se han hecho en el mundo, y sin embargo fue terriblemente atacado. Schlesinger dice que hay un fenómeno cuasiautomático por el cual los méritos de un gobernante no se reconocen antes de que hayan transcurrido treinta años. «La historia es un proceso sedimentario», afirmó Tejera, a la vez que explicó que en Venezuela las mejores biografías e historias sobre la transición de 1958 estaban escritas por gente que pertenecía al Partido Comunista y que eran, por tanto, los enemigos acérrimos del Gobierno que había en ese momento. «Pero son profesionales —afirmó—. Hay que dejar la historia a los profesionales, aunque los profesionales no puedan trabajar la historia antes de que haya pasado un tiempo. No hay nada peor que ser contemporáneo de la historia que uno quiere escribir. Es la generación siguiente, y si es posible las dos siguientes, las que pueden tener la perspectiva necesaria para contar la historia.»

Llegados a este punto, le pedí al embajador Heraldo Muñoz que se uniera al debate, pero antes debo decirle al lector que para mí fue un gran honor que Heraldo Muñoz, que había sido ministro del Gobierno chileno de la Concertación durante el caso Pinochet, me hubiera acogido desde mi llegada a Nueva York y que, en una cena en su residencia, dijera públicamente que yo había contribuido definitivamente a la consolidación de la democracia en Chile, a que se superara la dictadura y culminara la transición a la democracia. Aunque tengo mis dudas de si ha sido así, íntimamente agradecí aquellas palabras de alguien que padeció aquella dictadura.

El embajador Muñoz coincidió con el elemento de verdad que necesita toda transición. Al fin y al cabo, la experiencia chilena partió con la figura del presidente Aylwin, que estableció una comisión de verdad y reconciliación para saber qué sucedió y cómo murieron tantas personas y desaparecieron tantas otras, proceso que culminó, durante el reciente Gobierno del presidente Lagos, con la creación de una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura durante la dictadura pinochetista, que concluyó su informe en 2005, y ante la cual comparecieron 36.000 personas, entre las que se contaban los torturados y los presos por razones políticas, incluidos 170 niños menores de doce años.

777 PÁGINAS DE HORROR

En ese momento me vinieron a la mente las 777 páginas del informe, con un anexo final que contiene los nombres de los torturados. Su lectura, como dice el presidente Lagos en el prólogo, te hace sentirte muy cerca de la magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del dolor. «Nadie que lea este informe podrá permanecer indiferente. Estoy seguro que la inmensa mayoría de mis compatriotas sentirá el dolor de los que sufrieron y reafirmará su adhesión a la libertad y los derechos humanos.»

Éstos son algunos de los miles de testimonios que la comisión oyó antes de emitir su informe, cuya lectura debería ser obligada para todos: «Me aplicaron el teléfono: dos golpes al unísono en ambos oídos, reventándome el derecho… En la cárcel sufro la pérdida irreparable de mi oído derecho» (hombre, detenido en 1976, a los veintinueve años); «Me rompieron las fibras del ano al meterme objetos contundentes» (hombre, detenido en 1973, a los diecinueve años); «Me deshicieron los testículos con la corriente» (hombre, detenido en 1973, a los treinta y cinco años); «Me tuvieron que extirpar el útero y los ovarios por hemorragias internas» (mujer, detenida en 1974, a los veintisiete años); «Por muchos años, cuando dormía, trataba involuntariamente de golpear a mis hijos» (hombre, detenido en 1974 a los treinta años); «Me torturaron hasta enloquecer, fui sacado de ahí de forma inhumana y nunca más logré vivir humanamente» (hombre, detenido en 1974, a los veintiún años); «Le tengo miedo a la gente, a su lado malo, irracional, brutal. Me siento frágil, aniquilada, ya no confío en nadie» (mujer, detenida en 1974, a los veintisiete años); «No me atrevo a dormir, porque sueño cosas que no recuerdo» (hombre, detenido en 1973, a los veinticinco años); «Me volví violento e irascible por la experiencia de rabia e impotencia vivida» (hombre, detenido en 1974, a los veintidós años); «Fui agredida sexualmente [violada] y a consecuencia de este abuso sexual se gestó un embarazo no deseado, el que posteriormente decidí abortar, lo que me ha traído muchas secuelas psicológicas por los sentimientos de culpabilidad y me provoca grandes depresiones» (mujer detenida en 1973); «Me sentía culpable y no sabía de qué. Lo único que quería era alejarme de él. No le escribí ni una sola carta, porque él también estaba preso. Él me decía que me amaba y yo no me atrevía a decirle nada… [haber sido violada]. No podía» (mujer, detenida en 1986, a los diecinueve años); «Es terrible descubrir la poca importancia que tiene la vida y el dolor de algunos para esta sociedad» (hombre, detenido en 1973, a los veintidós años).

El embajador Muñoz centró el impacto del informe en que personas del mundo del arte, de la cultura, del deporte, del espectáculo salieron a la luz pública diciendo que habían sido torturados, que habían estado presos. «Eso dio paso al fenómeno de limpiar las heridas, que fue muy importante. Pero no basta la verdad; sin justicia las transiciones son débiles. El proceso chileno ha estado basado en la verdad y la justicia, pero con un componente de reconciliación, que es fundamental para mirar al futuro. No es posible quedar anclados en lo que sucedió en el pasado, es preciso construir sociedades que tengan visiones comunes.»

Muñoz mencionó una cuestión que me parece fundamental, sobre cómo las diferencias entre las distintas transiciones dependen mucho de los finales de sus dictaduras. Es muy distinto una derrota militar, como ocurrió en Argentina tras la guerra de las Malvinas, que permitió a la sociedad argentina y a la justicia meter presos a los militares de la Junta en un primer momento, que el caso de Chile, donde hubo una derrota política del dictador en el plebiscito de 1988, lo cual supuso una negociación mucho más difícil para transitar a la democracia plena, que se cerró en el momento en que el presidente Lagos firmó la nueva Constitución sacando a la luz todos los elementos dictatoriales de la era de Pinochet. Ese elemento de cómo se sale de una dictadura es muy importante: en el caso de España fue a la muerte del dictador, en el caso de Chile en un plebiscito, y en el caso de Argentina con una derrota militar.

Otros dos factores relevantes que también mencionó Muñoz fueron la prosperidad (a mayor prosperidad, más sólida la transición) y el grado en que cambia el paisaje político, si los partidos políticos son capaces de mirar el presente y el futuro de manera distinta a la del pasado. De ser así esto último, es más fácil tener una transición sólida. «En el caso de Chile, uno de los méritos de la transición fue que se definieron los tres tercios en que se dividía la lucha política: una izquierda muy clara de alrededor de un tercio, un centro político también de un tercio y una derecha de un tercio. El resultado es una mayoría estable, del 60 por ciento del país, que permite la gobernabilidad a medio y a largo plazo. Donde eso no sucede, creo que las transiciones son mucho más endebles», dijo.

A esas alturas del debate me di cuenta de que había un asunto que sólo se había tocado de pasada, el que se refiere a las normas o leyes que en un momento determinado aparecen al final de una etapa o época autoritaria para dotar de protección jurídica, de impunidad o de inmunidad a aquellos que fueron los responsables de la represión, como por ejemplo las leyes de Obediencia Debida y la de Punto Final en Argentina, las leyes de amnistía en Perú, que posteriormente han sido declaradas nulas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procesos de autoamnistía impuesta, los indultos, etcétera. Son normas que pueden presentar una serie de aristas, aunque no sean comparables, si bien todas coinciden en eximir o reducir la responsabilidad de los represores. La pregunta inevitable era si este tipo de normas contribuyen a superar las fases de transición a la democracia, o por el contrario, y vistas con la perspectiva que da el tiempo, la menoscaban en función de lo ocurrido.

Para contestar a esta pregunta, el embajador Timerman habló de un ex presidente argentino: «Uno de los políticos que más quiero y más admiro en Argentina durante todo el período dictatorial en aquel país era un joven abogado, mayor que nosotros, pero que siempre, cuando no tenías ninguna puerta que ir a tocar, podías ir a tomar, por lo menos, un café con él y te reconfortaba sabiendo que alguien creía que lo que pasaba en Argentina era una locura. Era Raúl Alfonsín, que no pertenece a mi partido político pero por el que siempre he mantenido un gran respeto y un grato recuerdo por todo lo que hizo durante la dictadura y las ayudas a las víctimas». Sin embargo, fue el mismo Alfonsín quien dictó primero las leyes de enjuiciamiento, y luego, tras un par de años de democracia, propuso una Ley de Punto Final y Olvido. Para Timerman, esa decisión política que tomó se debía a que prefería priorizar la construcción de la democracia a ponerla en riesgo por un posible golpe militar. Hoy Argentina ha anulado la Ley de Obediencia Debida y la de Punto Final por el mismo método que fueron implementadas, a través de una ley del Congreso y una decisión de la Corte Suprema. «El propio Alfonsín apoyó la derogación de las leyes que él había presentado al Congreso, y dijo que lo hacía porque creía que en ese momento la democracia estaba lo suficientemente fortalecida para avanzar hacia los procesos en los que todas las víctimas podrían recibir justicia», contó el embajador.

La duda que le planteaba, sin embargo, era cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar por vivir en una democracia. «Yo no creo que tenga el derecho a exigir a ciertas personas que paguen un precio más alto para que yo pueda vivir en democracia. Nadie me dio ese derecho, nadie dejó escrito antes de ser arrojado desde un avión al mar que yo tenía ese derecho a asumir su perdón. Así que pienso que es mejor correr el riesgo de una interrupción de un proceso democrático, pero no dejar de lado los principios morales y éticos que también tienen que regir en una democracia.»

Los pocos resquicios para la duda en el firme discurso del embajador Timerman me permitieron seguir preguntando, sabiendo de antemano la respuesta: «¿No se palía ese riesgo con que la exigencia de justicia se haga no inmediatamente, sino transcurrido el tiempo, cuando el nuevo sistema está consolidado? En Argentina estamos viendo [también en Chile y en otros países] que la respuesta desde la administración de justicia se está produciendo ahora, hasta el punto de que las Cortes Supremas están ordenando el enjuiciamiento de jefes de Estado y de jefes militares, y la sociedad encaja perfectamente esa posibilidad. ¿No debe transcurrir un tiempo para hacer justicia?».

Su respuesta no se hizo esperar: «¿Quién tiene derecho a establecer el límite por el cual hay que esperar? ¿Quién se arroga ese derecho en una democracia? La justicia lenta no es justicia». Pero ¿qué ocurre cuando la justicia no hace justicia?, insistí.

Timerman no se dejaba arredrar: «Hay que aceptar los dictámenes de la justicia, aun aquellos que van en contra nuestra, y seguir peleando. Además, existe la justicia transnacional. Argentina durante mucho tiempo no pudo ejercer la justicia, porque había una Ley de Obediencia Debida y otra de Punto Final; porque muchos de los jueces fueron jueces de la dictadura que continuaron durante el proceso democrático, porque no se les pudo cambiar. Por eso durante el Gobierno de Néstor Kirchner se tomó una decisión: o se les juzga en Argentina o se les juzga en el extranjero, pero en algún lugar tienen que ser juzgados. Por eso el juez Baltasar Garzón tiene tanto que ver con el tema de la justicia en Argentina, porque ha investigado gente en momentos en que en Argentina no se les podía juzgar».

Tejera París quiso continuar en la línea de Timerman: «No hay sustituto al derecho y a la justicia, ésa es la única solución que el ser humano ha encontrado después de miles de años de experiencia. Porque sustituir la justicia con política es muy peligroso. El derecho es el único sostén, el único apoyo que puede tener un Gobierno en transición o en cualquier situación para resolver lo que no se puede resolver políticamente».

Como puntualizó Tejera, en materia de justicia un traspié es muy peligroso. «Todo culpable tiene que ser castigado. Y es un problema del derecho, no un problema político. Alfonsín también me insistió alguna vez en el aspecto político. Sin embargo, acaba llegando el momento, tarde o temprano, de que el criminal sea juzgado. Por eso creo que una de las contribuciones más importantes que se han hecho al derecho universal ha sido la intervención del juez Garzón sobre la persecución del criminal Pinochet. Tarde o temprano tiene que haber justicia, y efectivamente si no se puede juzgar en el país, hay que juzgarlo fuera.»

Estos comentarios sobre mi persona me produjeron, y aún me producen al recordarlos, bastante pudor, a la vez que me trajeron a la memoria aquel lejano 1994, cuando conocí al presidente Alfonsín, quien posteriormente criticó la acción judicial internacional, aduciendo sin embargo argumentos estrictamente políticos, los cuales, cuando se trata de una cuestión de justicia, deben permanecer al margen, y en caso de actuar, debe ser para apoyar la acción judicial, no para cuestionarla por razones de conveniencia política.

Liébano Sáenz intervino para hablar de la experiencia mexicana. En el caso de México ha habido casos exitosos de ley de amnistía, como la de 1977, porque se hizo con el consenso de la sociedad y tenía un objetivo muy claro: había que sacar de la cárcel a los que se estaba intentando incorporar a la vida política; así como más recientemente la Ley de la Cocopa, una forma de legalizar el espacio de negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a cuyo frente está el conocido subcomandante Marcos. En ambas ocasiones se hizo con el consenso de la sociedad. «La primera funcionó bien de cara a la negociación política de 1977, pero hasta el día de hoy las víctimas de la guerra sucia siguen sintiendo que no se hizo justicia y siguen disconformes», afirmó Liébano.

Llegados a este punto, le sugerí a Paul Berman que nos diera su opinión sobre un aspecto que a mí me preocupa especialmente a la hora de hablar de estos temas, la relevancia que tiene la cultura de la legalidad en una transición a la democracia. Berman nos recordó que Tocqueville ya había escrito que el gran problema en la transición de algún tipo de sistema dictatorial a la democracia es que la autoridad como tal desaparece, y la naturaleza de la democracia es la disolución de la autoridad. En una sociedad democrática, por definición nadie tiene autoridad, no hay ninguna clase de persona que tenga una autoridad legítima para gobernar sobre todos los demás. Así que toda la cuestión de la autoridad salta por los aires. Tocqueville argumenta que en Estados Unidos, el papel de autoridad lo desempeñaban los abogados, los letrados, la legalidad cultural, que dentro del sistema del jurado y de los tribunales la sociedad democrática podía ver emerger una nueva autoridad legítima, lo cual para Berman es absolutamente crucial: «En todas las batallas que he observado sobre la impunidad, en Nicaragua durante y después del período sandinista, o en México, país en que todavía se libra esta batalla, se dan dos o tres tipos de cuestiones diferentes. Existe la cuestión de la justicia para las víctimas y las muchas categorías de víctimas; existe la cuestión de establecer cuál es la historia real de los eventos; pero también existe la cuestión de establecer cuál es la nueva autoridad legítima a la que debe rendir pleitesía la gente. Es en esta situación donde la cultura de la legalidad es fundamental».

Muñoz Molina coincidió en que la legalidad es la gran conquista que hace falta a los países latinoamericanos, porque una vez que desaparece la autoridad física, la autoridad del dictador, cuesta creer que haya otra autoridad, precisamente sagrada: la autoridad democrática. «Los niños en mi época estábamos acostumbrados a que si nos portábamos mal, recibíamos un bofetón del padre confesor o del director de la escuela o de quien fuera. Y cuando no tenías ese bofetón, pensabas que se podía hacer cualquier cosa. No existía eso de que las cosas se hacen no para evitar el castigo, sino porque tienen que ser hechas. Ese imperativo de la ley me parece la mayor conquista de la civilización.»

Curiosamente, nadie había hablado del caso de Sudáfrica, pero el escritor español lo trajo a colación: «Sudáfrica es una transición muy peculiar, en la que se ha hecho una mezcla de justicia, de recuerdo y de perdón. En ella, alguien como Nelson Mandela ha decidido que no pedirá cuentas por pasarse la vida en prisión, y a la gente se le ha pedido que confiese su culpa a cambio de ser perdonada. Creo que merece la pena pensar también en un caso como éste, otro fenómeno digno de ser contemplado».

Otro factor fundamental que hay que tener en cuenta en las dictaduras es la duración de las mismas. Cuando una dictadura dura tanto tiempo como las de Europa del Este o como la de España, las cosas son más confusas: hubo personas que estuvieron al principio con la dictadura y que luego dejaron de estarlo y que se hicieron fervientes partidarios de la democracia. «En España hay conversiones célebres, como la del poeta Dionisio Ridruejo, que en 1942 se va a la División Azul a luchar con los alemanes para derrotar al bolchevismo internacional, y diez años después cae en la cuenta de que estaba equivocado, lo reconoce y se convierte en un activista en favor de la democracia. También ha pasado en los países comunistas con mucha frecuencia. Lo que estoy diciendo es que la necesidad de justicia tiene que estar relacionada con la necesidad de la claridad en la comprensión de lo que ha sucedido.»

El escritor español tenía razón cuando decía que no habíamos tocado el tema de Sudáfrica, aunque aclaró que él sí lo había tenido presente en su análisis. Quizá la clave de la solución en Sudáfrica fue el propio sistema de apartheid al que se quería poner fin y el liderazgo indiscutible de Nelson Mandela entre todos los que integraban la comunidad a la que él representaba, y su decisión de no exigir justicia. Aun así, no es verdad que no hubiera justicia; hubo justicia, hubo comisiones, hubo reconocimiento de culpa y hubo gente que fue a la cárcel. También en Argentina, cuando alguien no quería cooperar con las comisiones sobre la memoria, hubo mecanismos para que lo hicieran. También hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso de las Naciones Unidas que analizan este tema. Recuerdo, por ejemplo, la resolución del 22 de diciembre de 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los jesuitas asesinados en El Salvador, donde se establecía clarísimamente cuál era el valor de las comisiones de la verdad y cómo su creación no estaba basada en la premisa de que no habría juicios, sino en que constituían un paso para la restauración de la verdad y, oportunamente, de la justicia. La comisión de la verdad no podía ser equivalente a impunidad, porque ello podría contradecir la propia esencia de la comisión. «La función judicial debe quedar expresamente reservada.»

Nuestro debate se iba acercando al final, pero antes de concluir, quería que nuestros amigos se pronunciasen sobre el papel de los organismos internacionales, tanto judiciales como de derechos humanos o económicos, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, en el desarrollo de la transición y la salida hacia la democracia.

Paul Berman puso un ejemplo paradigmático de la importancia del exterior, tras explicar que no hay nada peor que sentir que el mundo democrático te ha abandonado, que vives en una dictadura y que la gente que vive en países más o menos democráticos se ha olvidado de ti y no sabe que existes. «Hace veinte años, en los ochenta, trabajé en un periódico que se llama The Village Voice, en la sección de teatro, y le concedimos el premio de teatro a un dramaturgo checo que siempre estaba en la cárcel. Se trataba de Václav Havel. Más tarde logró dirigir la revolución y llegó a presidente de Checoslovaquia, y luego de la República Checa. Cuando escribió su biografía y mencionaba los acontecimientos más importantes de su vida, entre ellos estaba el hecho de que había ganado un premio de teatro de un modesto periódico, The Village Voice, que se editaba lejos, en Nueva York.» Para alguien que estaba en la cárcel, fue importantísimo saber que gente de Nueva York sabía que él existía y leía sus obras, y probablemente fuera un factor determinante para su credibilidad en la República Checa o en Checoslovaquia. «Me parece que esto sucede en el mundo entero, en cualquier parte del mundo hay alguien que entiende lo que es estar en la cárcel injustamente, y qué es que se le haga a uno justicia. Las organizaciones internacionales de derechos humanos se las han arreglado para difundir esta idea; el juez Garzón ha desempeñado un papel muy notable en la promoción de todo esto; y hemos comenzado a ver el desarrollo de un sistema internacional de justicia. Mientras, Estados Unidos ha desempeñado un papel lamentable en el mismo ámbito.»

EL VETO DE LOS VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por su parte, Héctor Timerman se mostró claramente a favor de apoyar a los organismos multinacionales por muchas razones, porque somos una comunidad que va más allá de las fronteras nacionales, y todos tenemos algo que ver o somos responsables de lo que sucede en otros lugares del mundo. Pero a la hora de hablar de organismos internacionales, cambió su tono: «Los organismos internacionales hoy día están muy cuestionados, y con razón. Porque, por ejemplo, en las Naciones Unidas Israel es siempre culpable. En las Naciones Unidas, Cuba nunca es condenada por la violación de los derechos humanos. En las Naciones Unidas, Estados Unidos, en vez de ser juzgado por sus violaciones al derecho internacional, tiene derecho a veto sobre los demás países; lo mismo con Rusia o lo mismo con China, que son violadores de los derechos humanos y sin embargo se sienten con derecho a imponer condiciones a los demás países». Para Timerman, «son organismos que están en su infancia, o sea, tienen que ser útiles para lo que pueden ser útiles, pero en general no son útiles para condenar a ningún país que tenga algún tipo de apoyo en otras sociedades. Es muy raro que los países condenen a Cuba a pesar de que hay violaciones de los derechos humanos, y de la misma manera es raro que los países puedan juzgar a Estados Unidos, que no se somete a ningún tipo de derecho internacional. Invade un país como Irak y lo hace en nombre de la democracia, y en nombre de que en Irak se mató a dos millones de personas. Muchos más de dos millones murieron en China, y sin embargo nadie pide que se invada China, porque alegan que no es realista invadir China».

Timerman nos contó la historia de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), de la que es uno de los fundadores, y donde los exiliados de Argentina colaboraban durante la época de la dictadura: «Yo fui uno de los primeros miembros del comité ejecutivo de Human Rights Watch. Sin embargo, el otro día, en una charla que estaba dando a miembros de Human Rights Watch, les decía que yo no veía el sentido de que sigan operando». El problema es que Human Rights Watch, que es un organismo de sesgo estadounidense, podía emitir un juicio sobre la violación de los derechos humanos en un país africano o en un país latinoamericano, al mismo tiempo que su Gobierno secuestraba, hacía desaparecer gente y tenía cárceles clandestinas. «Parece que no tiene autoridad moral ya el Human Rights Watch, ni ningún tipo de organismo de derechos humanos, para emitir juicios sobre otros o exigirles a otros gobiernos que se comprometan. Y es una pena, es realmente una lástima, pero los organismos internacionales y los de derechos humanos solamente se ocupan de los países débiles, a los que se les exigen cosas que no están dispuestos a hacer los países más poderosos del mundo.»

Estas observaciones me recordaron el caso del genocidio tibetano y la responsabilidad de China en el mismo. Sobre este genocidio, se ha cubierto un manto ominoso de silencio permanente, aunque ahora en España está tramitándose una querella criminal contra las autoridades chinas por este delito. La sociedad no alcanza a saber que esa atrocidad contra la humanidad continúa hasta el día de hoy, al igual que la represión y la tortura que sufren tantísimas personas recluidas durante años en prisión, y nadie dice nada. Efectivamente hay demasiados conflictos que han caído en el olvido, y la indiferencia a veces es como un cáncer que acaba con todo. La represión china de este pueblo cuando se prepara para los Juegos Olímpicos de 2008, ante la indiferencia de muchos políticos, intelectuales y organizaciones mundiales, es sencillamente inaceptable desde la ética y la dignidad humana, aunque parece que en los últimos días, coincidiendo con el paso de la antorcha olímpica por distintos países, se están produciendo grandes protestas e incluso el Parlamento Europeo, junto con algunos líderes, se estarían planteando un posible boicot a la ceremonia de apertura.

DEL NORTE AL SUR DE AMÉRICA LATINA

Por último, quise conocer qué papel daban nuestros amigos mexicano y chileno a las transiciones democráticas de sus respectivos países. Liébano Sáenz habló de la transición a la democracia en México como un caso de transición acumulativa: «En realidad, fue un largo proceso que probablemente debió haber arrancado ya con un poco más de fuerza que en los años anteriores, alrededor de 1977, cuando, después de haber salido de una campaña a la presidencia, el candidato del PRI se quedó sin la izquierda, que andaba en la guerrilla, y sin la derecha, que se había resistido a participar. Ordinariamente, su oponente histórico, que era el PAN [Partido de Acción Nacional], acudía, y era una forma de legitimar este proceso que era la elección. Hasta entonces, la elección realmente ocurría en el momento en que el presidente anterior designaba el candidato del partido hegemónico, pero era más barato para el sistema subir a los partidos de izquierda y dar mayor participación y representación al partido de la derecha, y que fuera en la Cámara de Diputados. Y así fue. Surgió el sistema mixto de representación para elegir diputados. Ahí sucedieron muchas cosas, los resultados de esta reforma coincidieron con una serie de problemas económicos que obligaron a cambiar el modelo económico, y dentro del PRI hubo un grupo liderado por Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo que se escindió y se fue a cooptar a la izquierda. En 1988 se celebraron elecciones presidenciales, donde participó el PAN con un buen candidato y el PRI con un buen candidato, pero fueron muy cuestionadas». Entonces vino otra reforma que tenía mucho que ver con la transparencia y la legalidad y el recuento de votos, rasgo característico de la transición democrática de México, que hace especial énfasis en el tema electoral. En 1996 hubo otra reforma, y esta reforma dio autonomía plena al órgano que organiza los comicios, convirtió a los partidos en entidades de interés público para darles recursos fiscales, y dio acceso a esta reforma a todos los partidos y a la competencia en igualdad de circunstancias. «Creo que al ponerse a prueba al año siguiente probó que en realidad la gente sí había creído en esta última reforma, el problema era de credibilidad hasta entonces, y el partido hegemónico perdió la mayoría en el Congreso, y en ese momento realmente se dio el cambio. Cuando el presidente de la República perdió a la mayoría afín en el Congreso, el poder se desplazó hacia otros espacios y la gente creyó que la reforma fue eficaz. En el año 2000, en igualdad de circunstancias, fueron todos los candidatos, participaron y perdió el partido ya no sólo la mayoría en el Congreso, sino también la presidencia de la República, y ocurrió exactamente lo que había sucedido tres años antes: el PRI se volvió el partido de la oposición más poderoso de la historia de México hasta este momento, porque tiene mayoría en el Congreso, y el presidente fue, por primera vez en setenta y un años, de otro partido. ¿Qué se logró? Yo creo que los rasgos de la transición mexicana son, primero, que da especial énfasis a lo electoral; segundo, que es una transición gradual, pero siempre de apertura política incluyente, y que la transición no creó, y esto es desafortunado, instituciones nuevas para ajustar la nueva realidad a lo que ahora estaba viviendo la sociedad mexicana más allá del IFE. Creo que lo que se requiere ahora, al margen de las reformas estructurales, es que éstas resuelvan los problemas económicos para mostrar a la sociedad que valió la pena tener democracia. Sobre todo, debe modernizarse la presidencia de la República para que el presidente pueda ejercer las facultades que la Constitución le da. Y el Congreso debe recuperar la credibilidad perdida.»

Heraldo Muñoz se atrevió a decir que la transición en Chile fue exitosa, lenta pero exitosa. Lenta porque las condiciones para que una transición sea exitosa son muy importantes que se cumplan. En algunos países, por las razones que se han discutido, la justicia transicional puede ser más rápida que en otros, pero lo importante es que se haga justicia; por lo menos eso es lo que nos dicen los expertos en transiciones. «Recuerdo una anécdota interesante sobre el ritmo de hacer justicia que contaba el ex presidente Sanguinetti de Uruguay. Cuando le preguntaron qué recomendación daría él a Chile en los primeros años, estamos hablando del año 1991, cuando recién iniciábamos el proceso de transición, tanto a los políticos como a los chilenos en general en su propia transición democrática, contestó que se acordaba de haber estado en un programa de televisión junto a Emerson Fittipaldi, el gran corredor de automóviles brasileño, y le habían preguntado a él, como ex presidente, y a Fittipaldi por qué habían sido exitosos. Él había hablado de su carrera política y Fittipaldi había dicho que en realidad él había sido campeón del mundo tantas veces porque sabía que había que acelerar a fondo en las rectas y ser muy cuidadoso en las curvas y había que ir lento para poder llegar a la meta. Sanguinetti presentó la fórmula Fittipaldi para Chile: ser muy cuidadoso en las curvas, ir muy lento, y cuando estén las condiciones, acelerar para llegar a la meta. Eso más o menos es lo que se dio en mi país, y la demostración más evidente creo que ha sido, en primer lugar, que se ha podido establecer la verdad, hacer justicia. Hay decenas y decenas de oficiales, ex oficiales del ejército, de la policía secreta, llamada DINA, que están presos hoy día cumpliendo sentencias. Las víctimas han sido reparadas moral y materialmente. Y el ejército de Chile ha hecho algo que es de enorme valentía, y su comandante en jefe ha reconocido públicamente que se cometieron graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y que la institución nunca volverá a cometerlas, y eso es un acto público de enorme valor que surgió de una mesa de diálogo entre los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y los abogados representantes de las víctimas de los derechos humanos. Y, finalmente, creo que está establecido que hoy día no hay ningún partido político, ni siquiera de la derecha más conservadora, que quiera vincularse a la imagen de Pinochet. Hoy día Pinochet es historia, y es absolutamente irrelevante en el país.»

Y a modo de conclusión, quiso mencionar la prueba más flagrante de por qué creía que la transición chilena había sido exitosa: en las últimas elecciones presidenciales ganó, erigiéndose como presidenta de Chile, una mujer socialista, que estuvo presa, que fue torturada, que estuvo exiliada, y que hasta entonces había sido la antítesis total de lo que el proyecto dictatorial de Pinochet pretendía establecer en Chile. Ésta es la mejor demostración de que hemos tenido éxito, aunque haya tareas pendientes.

Desde luego, se trataron más temas que no he incluido aquí, y el debate fue intenso, con la participación de los asistentes, dejándonos esa especie de buen sabor de boca por haber participado en un encuentro con expertos en la materia, pero, sobre todo, con personas que han vivido en sus propias carnes las transiciones de las que hablaron.

7

Seguridad jurídica y derechos humanos en América Latina. Un voto para la esperanza

Gran parte de este libro se ha escrito a «muchos pies de altura», como el inicio de este capítulo, en el que me encontraba en un avión de las fuerzas armadas españolas de regreso a España desde Afganistán, donde había pasado los últimos cuatro días preparando un documental sobre la lucha contra el terrorismo en el mundo entero, los excesos cometidos en nombre de la paz y los límites que debe haber en el combate contra una lacra que afecta y afectará durante mucho tiempo a la humanidad. Había sido una experiencia única que me había permitido ver la situación real en ese país tan complejo y enigmático que ya enamorara a Alejandro Magno como a cualquiera que tenga el privilegio de ver sus enormes extensiones desérticas elevadas hasta casi tocar el cielo, pero tan duramente castigado desde hace más de treinta años por una sucesión de golpes de Estado, guerras, invasiones y terrorismo, durante los cuales, y tras cada humillación, el pueblo ha ido perdiendo parte del alma de sus ciudadanos, pero donde, a pesar de los soviéticos, de los muyahidines, de los talibanes, de al-Qaeda, de las guerras tribales y del narcotráfico siempre presente, la vida sigue y sus gentes tratan de levantarse de sus cenizas con un valor y una dignidad que llevan impresos en sus rostros de sufrimiento. Sin lugar a dudas, es un país ocupado, en el que habría que establecer grandes diferencias entre las distintas fuerzas armadas según el país al que pertenecen.

Me decía una diputada del Parlamento afgano, que vive amenazada por los talibanes, que la comunidad internacional, especialmente los estadounidenses, no entendían ni querían entender la sensibilidad afgana, ni su cultura milenaria ni sus ilusiones y esperanzas, llevando su desprecio hasta las últimas consecuencias. También en estos días de estancia en Kabul me sorprendió el incidente en la Cumbre Iberoamericana entre Hugo Chávez y Daniel Ortega, por un lado, y el rey de España y el presidente Zapatero, por el otro, en el que estos dos últimos «tuvieron que hacer frente» a los insultos proferidos por aquéllos contra el ex presidente Aznar y los empresarios españoles. Realmente, un espectáculo deprimente, aunque cada vez me sorprende menos la actitud de determinados políticos, que habiendo tenido la oportunidad de ser grandes líderes y pasar a la historia de sus respectivos países como héroes están a punto de perder toda posibilidad de racionalidad y reconocimiento: se emborrachan de poder y luego exigen a los ciudadanos que participen en la orgía.

Recuerdo que en el mes de junio de 2007 fui a Caracas a pronunciar una conferencia, invitado por una corporación industrial, entre cuyos miembros, al parecer, había bastantes opositores al chavismo, aunque realmente no lo sabía. Tan sólo me empujaba volver a ese país después de dieciséis años, y por qué no decirlo, comprobar lo que tristemente constaté en ese segundo viaje. Mi discurso no fue nada radical, o al menos nada diferente del que había pronunciado unos meses antes en la República Dominicana ante el poder judicial y la Procuraduría de la República, con un resultado óptimo. Allí logré transmitir unas ideas compartidas por las instituciones democráticas y la jefatura del Estado, que muestran cómo es posible la separación de poderes y su defensa desde el ejecutivo (dirigido, claro, por el presidente Leonel Fernández). Tan sólo hablé de la independencia de los jueces y de la necesidad de defenderla frente a las posibles interferencias de otros poderes, en particular de las del ejecutivo. Es cierto que expresé mi perplejidad por el cierre —evidentemente arbitrario— de Radio Caracas Televisión, pero nunca imaginé que pudiera darse una reacción tan visceral ante una opinión de alguien como yo que no se representa más que a sí mismo.

La reacción oficial fue desmedida: el vicepresidente, el ministro de Asuntos Exteriores, la presidenta del Tribunal Supremo y otros líderes oficiales me «crucificaron» como respuesta al gran impacto que había tenido la conferencia, de modo que no me extrañó totalmente que Chávez se comportara como lo hizo en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile los días 9 a 11 de noviembre de 2007. Aun así, debo reconocer que la reacción a mis reflexiones en Caracas de todos los demás sectores, principalmente los estudiantiles, incluso los de un sector del chavismo, fue muy buena. Omito el nombre del sector oficial, muy próximo al presidente Chávez, por razón de prudencia, que me transmitió que la reacción pertenecía al sector encabezado por el vicepresidente y que no era lo que el presidente pensaba. En todo caso, me pareció inaceptable la reacción de aquél con nuestro embajador, hasta el punto de que le manifesté que yo estaba allí como particular y no aceptaba que una autoridad venezolana pudiera presentar quejas al embajador de mi país por algo que yo había dicho, sin tener representación oficial. Asumo la trascendencia de mis opiniones entonces y ahora, y si aquellas autoridades no eran capaces de asimilarlo, era su problema. Como anoté en mi diario por esas fechas: «Estoy contento porque las palabras libertad y tolerancia hacen daño a los intolerantes».

De modo que, con estos antecedentes, no era de extrañar que las cosas se calentaran, sobre todo porque el Gobierno español, en varias ocasiones, había mostrado su preocupación por la situación de las libertades, como por ejemplo el cierre de Radio Caracas Televisión en mayo de 2007. Sin embargo, en cierta manera me sorprendió la bronca. Una vez más estaba en medio sin haberlo buscado, habida cuenta de que la conferencia estaba acordada desde seis meses antes. En todo caso, uno está donde está, y yo me encontraba allí y dije lo que dije, y fue bastante contundente. Por ello, «sufrí» las consecuencias y todavía las padezco, aunque, buscando el lado positivo, hizo que me aproximara más a la realidad venezolana y que recordara que la justicia de ese país nunca había cumplimentado una comisión rogatoria en la que había solicitado información sobre financiación irregular de Hugo Chávez y su grupo en las elecciones a la Constituyente. Parece obvio que esa contestación no llegará nunca, pero me hubiese gustado preguntar al presidente si era o no cierta dicha información.

Así las cosas, lo que sucedió después de la Cumbre de Chile —la del célebre «Por qué no te callas»— es fácilmente comprensible. Desde entonces, el presidente venezolano ha explotado al máximo la expresión del rey de que dejara hablar al presidente Zapatero, que estaba en uso de la palabra. La utilización demagógica de este incidente fue in crescendo para justificar internamente una posición radical nacionalista que le beneficiara en la importante cita del 2 de diciembre de 2007, el referéndum constitucional propuesto, y que de haberse ganado (se perdió por un 50,5 por ciento de los votos) habría supuesto la perpetuación en el poder de Hugo Chávez. El referéndum se perdió y las aguas volvieron a su cauce, aunque las relaciones con España son muy complicadas, hasta el punto de que, al término de este libro, todavía no se han «normalizado».

Pero hablar de América Latina es mucho más complejo que hacerlo del presidente Chávez, el cual, al fin y al cabo, y a pesar de su gran poder, es una cuestión meramente contingente. A lo largo de los últimos catorce años, me he ido acercando a la realidad de esta parte del mundo. He seguido sus acontecimientos políticos, económicos, sociales y jurídicos, y dentro de éstos, los judiciales. Creo que América Latina es la parte del mundo con más potencial humano y económico que existe. Desgraciadamente, por una mala gestión de políticos y militares arribistas, durante muchos años eso no ha sido posible. Pero la riqueza de contenidos, la fuerza cultural de su gente, la mezcla de pueblos originarios con sus insondables costumbres ancestrales, su fuerza política y la marginación de sus miembros, los recursos naturales, están ahí, y comienzan a despegar, doscientos años después de que todas sus naciones obtuvieran la independencia. El bicentenario proporciona una buena ocasión para reflexionar sobre lo obtenido y sobre el futuro de este conjunto de pueblos en un mundo globalizado como el nuestro.

EL CONTRASTE DE IBEROAMÉRICA

He aprendido a andar por Iberoamérica con humildad, sin dar clases de nada, aprendiendo de mis amigos indígenas y de su cultura milenaria; de la fuerza de las organizaciones humanitarias con las que tanto contacto he tenido y con las que he colaborado en Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Panamá o México, entre otras; de los ciudadanos y ciudadanas de estos países y de sus universidades; de sus abogados, de sus jueces y fiscales, y de juristas clarividentes; y también he aprendido del dolor y la dignidad, de la pobreza de sus ciudadanos, y de la corrupción de algunos líderes, así como de los abusos de las grandes compañías que han considerado a veces esta parte del mundo como el campo de obtención de beneficios sin demasiadas obligaciones.

También he visto las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, o cómo se desangra un gran país como Colombia, que no halla el camino para acabar con la violencia; he investigado a represores y he contado con la inmensa fortuna de tener un trato y contacto próximo con las víctimas; he tenido ocasión de conocer a grandes líderes y a otros no tan grandes; he visto cómo se ha aceptado la marginación de Iberoamérica desde España; he constatado los tremendos flujos migratorios hacia Estados Unidos y el trato que han recibido los «hispanos» en este país y en el nuestro; he comprobado los odios y amores que sienten hacia los españoles; he anotado las tremendas bolsas de hambre y de pobreza, así como los estragos del crimen organizado y el narcotráfico y la violencia de género; pero, sobre todo, he constatado la esperanza como utopía permanente. Me vienen a la memoria las palabras de Jean Ziegler, en su libro El imperio de la vergüenza, cuando dice: «La utopía es la superación de cada uno por obtener aquello que resulta inverosímil o imposible, es la consistencia férrea del esfuerzo para llegar hasta donde te espera la siguiente meta; aquello que te da fuerza para continuar». O las de Henri Lefebvre, en su libro Hegel, Marx, Nietzsche (o el reino de las sombras), cuando reivindicaba su condición de utópico al afirmar que «los que se contentan con detener la mirada en el horizonte y se limitan a mirar lo que se ve, los que reivindican el pragmatismo y tratan de arreglarse únicamente con lo que tienen, carecen de cualquier posibilidad de cambiar el mundo». Sólo los que miran lo que no se ve, los que miran más allá, son los realistas, son los únicos que tienen posibilidad de cambiar el mundo, por eso la utopía es lo que está más allá de la línea del horizonte.

Hablar de seguridad jurídica y derechos humanos en Iberoamérica es toda una aventura y da para miles de libros y para debatir durante años. No es mi intención aquí abarcar toda la cuestión, sino dar un enfoque actual y un conjunto de reflexiones acerca de algunos temas que están sucediendo en ese continente y que nos afectan a todos, como por ejemplo la cuestión indígena, cada vez más presente, máxime cuando algunos países o gobiernos se están proclamando indigenistas, como Bolivia, y en menor medida Ecuador, o la situación de los desaparecidos y desplazados en países como Colombia, donde cerca de cuatro millones de personas están en estas condiciones, y donde los secuestros económicos o políticos de las FARC están a la orden del día.

En relación con este punto, el domingo 2 de diciembre de 2007 conocimos la «prueba de vida» de Íngrid Betancourt, que las FARC facilitaba con claro oportunismo electoral, ya que aparecía el mismo día del referéndum en Venezuela y después de la «congelación» de relaciones de este país con Colombia a causa de la intromisión denunciada en asuntos internos por parte de Chávez. El relato es estremecedor, como el que el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Fernando Araújo, nos contó a un grupo de amigos en una cena organizada por la embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, sobre su secuestro durante casi seis años a manos de las FARC y su huida selva a través. Realmente es terrible la historia que Íngrid Betancourt ha ofrecido y pone de relieve la destrucción física y psíquica a la que se ve sometida. En una carta publicada por diversos medios de comunicación dice: «La vida aquí no es vida, es un desprecio lúgubre del tiempo. Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre dos palos, cubierta con un mosquitero y con una carpa encima, que oficia de techo, con lo cual puedo pensar que tengo una casa: aquí nada es propio, nada dura, la incertidumbre y la precariedad son la única constante. En cualquier momento dan la orden de empacar y duerme uno en cualquier hueco, tendido en cualquier sitio, como cualquier animal. […] Cada día me queda menos de mí misma. Todo es duro… Durante años no pude pensar en los niños. […] Durante mucho tiempo hemos sido como los leprosos que afean el baile, los secuestrados no somos un tema políticamente correcto, suena mejor decir que hay que ser fuertes frente a la guerrilla aun sin sacrificar algunas vidas humanas…». Poco tiempo después, en los últimos días de 2007, se albergó la esperanza de que se produciría la liberación de rehenes (Consuelo González, Clara Rojas y su hijo, nacido en cautividad, Enmanuel) por parte de las FARC gracias a la mediación internacional, pero una vez más la organización terrorista se rió de todos y, después de una gran parafernalia y estrambótica puesta en escena, con el cineasta Oliver Stone de por medio, y oficiando la ceremonia el presidente venezolano Chávez, ni entregaron los rehenes secuestrados, ni dieron una explicación creíble para justificar tal fiasco. Así suelen actuar las organizaciones terroristas: siempre ganan la partida ante la vanidad, el desconocimiento, la bondad o la buena fe de los que creen en ellas. Al final, resultó que Enmanuel estaba en un orfanato de Bogotá desde hacía un año, por lo que no podía ser liberado. Por fin la ansiada liberación se produjo el 10 de enero de 2008; después, el 27 de febrero, tuvo lugar la puesta en libertad de cuatro parlamentarios, también con la mediación del presidente venezolano. Esta mediación está bien y es bien recibida, pero lo que no es aceptable es que sea a cambio o simultaneándola con toda una serie de declaraciones referidas a la conceptuación de las FARC como interlocutor político u organización no terrorista, porque tensa aún más la situación. El día 23 de enero de 2008 me entrevisté con el presidente colombiano Álvaro Uribe en la sede de la embajada de Colombia en Madrid. La conversación se centró precisamente en torno al terrorismo y a la acción de las FARC y su exigencia de una zona de despeje para el intercambio humanitario. Ambos convinimos en lo delicado que era esto, y sobre todo hacerlo en una zona urbana como Cali, tal como las FARC querían. Ante la pregunta de cómo veía yo la posibilidad de aceptar, no ya la mediación internacional, sino la interposición de fuerzas internacionales, le mostré mi desacuerdo con una medida de ese tipo. Por el contrario, le dije que la mediación internacional era una buena medida y que la zona de despeje para el intercambio debería ser una zona rural y temporal, limitada al tiempo de los encuentros, para no sufrir las mismas consecuencias que en su día tuvo una decisión similar, adoptada por el presidente Pastrana. Finalmente, le di mi opinión sobre el sistema de protección a las víctimas del terrorismo, partiendo de mi experiencia y la legislación española. A la hora de concluir esta crónica se ha producido un hecho de proporciones todavía desconocidas. Colombia anunció ayer la muerte en una acción armada del número dos de las FARC, Raúl Reyes, acción que se habría llevado a cabo, al menos en parte, en territorio ecuatoriano. La respuesta del presidente Correa, por el momento, ha sido la de retirar al embajador de Ecuador en Bogotá, mientras que el presidente Chávez ha cerrado la embajada en Colombia y ha concentrado diez batallones de tropas a lo largo de la frontera con aquel país. Esperemos que ésta sea una exageración más a las que nos tiene acostumbrados, porque si no fuera así la situación se tornaría explosiva.[14]

Desde 2002, en Colombia se vive una situación muy compleja, más aún desde que en 2005 se aprobó la denominada Ley de Justicia y Paz sobre la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la responsabilidad penal de éstas por crímenes de lesa humanidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, en este y en otros países de la región la situación del narcotráfico y de la violencia, de los derechos humanos y de la gobernabilidad, los temas relacionados con la impunidad o la seguridad jurídica para las iniciativas empresariales, son cuestiones de máxima y preocupante actualidad.

En este contexto, se celebró una serie de encuentros entre febrero y abril de 2006 en la sede de la Universidad de Nueva York, en los cuales compartimos experiencias y conocimientos con el público —unas doscientas personas fieles a todas las sesiones—, así como con diferentes profesionales de Estados Unidos, España y América Latina, que aportaron múltiples visiones acerca de la situación de los derechos humanos y la seguridad jurídica en la región. Ni que decir tiene que desde el principio estuvimos muy atentos a lo que José Miguel Vivanco, abogado y director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), nos dijo. El cargo de nuestro invitado nos permitió acercarnos a un hecho incontrovertible, la tensa relación de HRW con los gobiernos e instituciones a los que van dirigidos sus informes.

Mi primera pregunta fue directa al meollo de la cuestión, intuyendo cuál podría ser la reacción de José Miguel Vivanco. Pregunté por el papel que los gobiernos latinoamericanos han tenido, bien propiciando la violación sistemática de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, bien consintiendo que esa degradación se produjera, so pretexto de una mal entendida doctrina de la seguridad nacional, de infausto recuerdo para las numerosas víctimas que la sufrieron.

Mi interlocutor partió de la base de que el único Gobierno que puede actuar con una arbitrariedad absoluta en América Latina, estableciendo lo que está permitido o no, y el castigo para el que cruce esa hipotética línea que nadie sabe dónde está, es el de Cuba. En este país existen unas leyes que sostienen que, por ejemplo, decir algo, promover algo, publicar algo que el régimen considera que puede constituir propaganda enemiga es sancionado como delictivo y como tal debe ser castigado con años de prisión impuestos por unos tribunales que están bajo el control de los aparatos de seguridad.

Sin embargo, para José Miguel Vivanco, si bien es cierto que puede hablarse de una violación sistemática de las garantías y las libertades fundamentales como parte de una política de Estado en Cuba, no es menos cierto que en ese país no hay desapariciones de personas, que sí las hay a gran escala en Colombia, lo que es más grave.

Pero hay problemas que no son necesariamente un elemento integrador de la política de un Gobierno, de un sistema, como efectivamente ocurre en Cuba en determinados ámbitos, principalmente en el de la libertad de expresión o la movilidad de las personas. Así, en el ámbito de la justicia, y en concreto en el de la persecución como delitos políticos, o de traición incluso, de cualquier manifestación en contra del régimen oficial, se puede percibir que incluso en los países que están considerados como abanderados en la lucha por los derechos humanos hay zonas oscuras. «Por ejemplo, en la Argentina de Néstor Kirchner hay denuncias de la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires de torturas con picana eléctrica dentro de las prisiones» (recuerdo haber visto un espeluznante vídeo expuesto al público, grabado dentro de las prisiones de Buenos Aires). También hay algunos movimientos que podrían interpretarse como limitativos de la separación de poderes, y principalmente atentatorios a la independencia judicial.

José Miguel Vivanco subrayó que la situación en la región es muy diversa, porque los niveles y el cumplimiento de las garantías fundamentales son muy variados. Una situación límite sería la haitiana, donde en materia de garantías fundamentales no hay un poder judicial que funcione, hay que construirlos desde los cimientos del Estado de la nación.

En su repaso tocó el tema de la administración Bush de Estados Unidos, que abiertamente promueve una política en clara contradicción con los estándares universales en materia de derechos humanos respecto al uso de torturas; el conflicto armado colombiano, que tiene su lógica propia; el caso de Cuba, donde existe un totalitarismo anacrónico que gobierna en condiciones de negación de las libertades fundamentales; así como el caso de Venezuela, que merece mención aparte. En el resto de la región, con todos sus matices, no se puede colocar a todos en un mismo saco. En su opinión, los problemas centrales de los derechos humanos actualmente tienen que ver con una crisis muy profunda en la administración de justicia. «Si uno mira Argentina, la práctica de torturas se produce contra sospechosos, delincuentes comunes. No estamos hablando de disidentes políticos, sino la práctica de la tortura por parte de instituciones policiales corruptas, brutales, que no tienen capacidad de investigación y que tienen que conseguir confesiones o información.»

Vivanco recalcó que Kirchner hizo mucho en Argentina por recuperar la credibilidad de las instituciones, en particular de la justicia, con la renovación de la Corte Suprema. Hoy día la Corte Suprema argentina cuenta con jueces de primera línea, a diferencia de la época de Menem, cuando era un escándalo. Un problema reciente ha sido la reforma de lo que llaman en Argentina el Consejo de la Magistratura, una institución creada en 1994 para nombrar jueces inferiores a los de la Corte Suprema. El Consejo tenía una estructura más o menos equilibrada entre políticos y no políticos. «El Gobierno de Kirchner lo que hizo, en pocas palabras, fue aumentar la presencia de los políticos, hasta el punto de que el partido del Gobierno tiene prácticamente la capacidad para vetar o funcionar solo, sesionar solo y tomar decisiones al margen de lo que representa la opinión de los sectores no políticos, sino académicos o profesionales, con lo cual se rompe la lógica que tenía originalmente el Consejo, que era blindar de algún modo al poder judicial de las oscilaciones que tiene el poder político y de las indebidas injerencias o influencias políticas en un poder que debe ser independiente. Obviamente, con esto se debilita la independencia de un poder del Estado y se corre el riesgo de iniciar una etapa de politización de la justicia en Argentina», admitió Vivanco.

Al hilo de estas reflexiones, le insistí en que la cuestión planteada por la denuncia en Argentina no era tanto que se hubieran cometido delitos ordinarios, como la posible existencia del consentimiento a esa práctica y la falta de investigación de los mismos, esto es, el uso oficial (de torturas) por parte de los estamentos de la penitenciaría, como un elemento más integrador del establecimiento penitenciario.

José Miguel subrayó en su respuesta lo que el Banco Mundial señala como uno de los mayores déficits de las democracias de América Latina: la modernización de la justicia. «Son tribunales que no forman parte de un poder real del Estado, no cuentan con la independencia necesaria de gestión, ni con la capacitación necesaria y ello les hace susceptibles a presiones [presiones políticas, o incluso de corrupción]. Es una justicia además tremendamente lenta, a la que los sectores más vulnerables no tienen acceso, y que muchas veces acepta testimonios arrancados con violación de las garantías del debido proceso, a través de la tortura y de detenciones arbitrarias.»

Los datos que expuso son preocupantes. El promedio de procesados sin condena en prisión en América Latina es más o menos del 50 por ciento de la población carcelaria, hecho que se ha ido de algún modo mitigando con las reformas en materia procesal penal en algunos países, que han introducido la oralidad y mayor velocidad y transparencia en las decisiones judiciales. Un buen ejemplo es Chile, que ha hecho algunos avances importantes, pero curiosamente sigue gobernado de manera simultánea por dos códigos de procedimiento penal, uno de 1906, originalmente copiado de España, totalmente concebido en un espíritu propio de la Inquisición, y otro el código nuevo, mucho más abierto.

VENEZUELA, Y LA DEGRADACIÓN DE LA JUSTICIA

En el caso de Venezuela, como dijo Vivanco, todo apunta a que terminará mal con Estados Unidos. Buena parte del problema estriba en la retórica, tanto de un lado como del otro. Tras admitir la popularidad de Chávez en Venezuela, el director de HRW para las Américas destacó que éste «no tiene una clara noción de lo que es el desarrollo de las libertades públicas; en otras palabras, no está tan interesado en transformar Venezuela en un país donde se garanticen los derechos fundamentales, especialmente para los más pobres. La obsesión principal del presidente Chávez es hacer las reformas necesarias para concentrar el poder en unas manos, las del actual Gobierno, y lo que ha hecho en términos bastante brutales ha sido transformar la Corte Suprema venezolana en un apéndice del ejecutivo», simplemente, ampliando el número de magistrados de la Corte Suprema de veinte a treinta y dos y nombrando a doce incondicionales al chavismo. En definitiva, son personas que no sólo carecen de las credenciales para ocupar un cargo de esa naturaleza, sino que también son políticos del chavismo que hoy día forman parte de la Corte Suprema. «Es una Corte Suprema de bolsillo que responde incondicionalmente a los requerimientos del Gobierno. Peor aún, el 70 por ciento de los magistrados de la Corte Suprema son provisionales, pueden ser destituidos de sus funciones sin el debido proceso —afirmó Vivanco—. El Estado de Derecho en Venezuela se ha debilitado, y está todo politizado.»

Es muy importante esto último que nos contó Vivanco. Siempre me ha parecido clave la cuestión de la provisionalidad de los jueces, porque es un elemento fundamental para su parcialidad. Serán parciales aunque no quieran, porque si tienen que comer la única forma de hacerlo es ser solícitos y corteses con la línea política que toque, en este caso la bolivariana que establece el presidente de la República.

El último tema venezolano que salió a la palestra fue la modificación del Código Penal, para fortalecer unas figuras delictivas llamadas de desacato, que son figuras jurídicas que otorgan una extraprotección al honor o al prestigio o a la reputación de autoridades del Gobierno. Es un régimen que también existía en España, pero que desapareció en la reforma de 1995, porque se consideraba un reforzamiento innecesario de las garantías. Sin embargo, en Venezuela el desacato se ve como un elemento más de coacción hacia todo aquel que se atreva a criticar cualquier iniciativa, funcionario o autoridad.

COLOMBIA: UNA REALIDAD SIEMPRE A PUNTO DE ESTALLAR

Fue en este punto cuando quise abordar con nuestro amigo Vivanco, así como con la entonces embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, María de los Ángeles Holguín, la situación de los derechos humanos en Colombia. Este país tiene todo lo bueno, pero también arrastra desde hace muchos años la lacra de la violencia insurgente, del terrorismo y de una política de seguridad muy dura, a veces cuestionada por los organismos de derechos humanos. El presidente Uribe también ha sido muy criticado por estos organismos, a pesar de que en el momento de su segunda reelección más del 70 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas colombianos lo querían.

Es un país en el que el número de desaparecidos y de desplazados es muy alto, en el que los conflictos con los indígenas están a la orden del día, en el que el crimen organizado actúa con dureza, pero también es un país que hace un esfuerzo ímprobo por salir de la ancestral situación de violencia en la que se encuentra y en el que los esfuerzos de las instituciones están dando sus frutos.

Uno de los principales desafíos que hoy vive Colombia, junto con los del narcotráfico, la posible prolongación del Plan Colombia de Estados Unidos y la incorporación al Tratado de Libre Comercio con aquel país, y que influye directamente en todas estas cuestiones a la vez, determinando la propia credibilidad del presidente Uribe, es la desmovilización de los miembros de los denominados grupos insurgentes y la solución jurídica que se debe dar a los mismos en unas circunstancias en las que la violencia no ha cesado y por tanto cuestiona el propio nombre del proceso sobre Justicia y Paz. Todo ello, en medio de unos índices de aceptación popular de los diálogos de paz con los grupos paramilitares del 72 por ciento, aunque sólo el 48 por ciento aprobaba la norma con la que el presidente Uribe ha conducido el proceso (son datos de julio de 2007, según una encuesta del Instituto Gallup Colombia).

Para la desmovilización de personas y grupos insurgentes y paramilitares existen dos marcos jurídicos. El primero incluye una serie de normas en torno a la Ley 782/02 acerca de una primera etapa de desmovilización paramilitar, dirigida a obtener la reincorporación a la vida civil del grueso de paramilitares. Aproximadamente, el 92 por ciento de los grupos se acogieron al proceso de desmovilización, en las dos modalidades (individual y colectiva). La Federación Internacional de Derechos Humanos, en su informe 481/3 de octubre de 2007 sobre la desmovilización paramilitar en este país, nos dice que del total de paramilitares desmovilizados individual (3.601) y colectivamente (31.687), un número aproximado de 32.000 paramilitares se beneficiaron de las disposiciones de esa Ley 782/02 y del Decreto 128/03. Los beneficios fueron indultos, suspensiones condicionales de penas, suspensión del procedimiento, etcétera, sin necesidad de que asumieran el deber de confesar la verdad respecto de los crímenes cometidos, ni ser sometidos a procesos para investigar los mismos, ni se previeran mecanismos de reparación a las víctimas. Por desgracia, se ha aprovechado esta normalidad para obtener beneficios por crímenes atroces (desplazamientos forzados, crímenes sexuales y concierto para delinquir agravado, según el informe de 10 de agosto de 2007 de la Fiscalía General de la nación). Esto va contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia en el caso de la masacre de la Rachela versus Colombia de 11 de mayo de 2007), que dice que si el crimen es perpetrado para facilitar o planear la comisión de graves infracciones a los derechos humanos, puede acarrear una calificación de gravedad que conduzca a la imprescriptibilidad. En fin, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, este primer marco jurídico constituye una amnistía de facto a favor del 92 por ciento de las personas o de estos grupos ilegales.

El segundo marco jurídico lo determina la ley 975/05 y su desarrollo reglamentario y dos sentencias de la Corte Constitucional de 2006. En este caso, organismos de derechos humanos cuestionan la voluntad política del Estado colombiano de investigar crímenes internacionales y juzgar a los verdaderos responsables, así como establecer verdaderos mecanismos de reparación a las víctimas de los paramilitares.

Esta norma está en pleno desarrollo inicial a través de las audiencias de versión libre (confesión de los hechos) y su aplicación está siendo muy controvertida. Toda la estructura levantada para su aplicación se revela insuficiente, y a pesar del esfuerzo de la Fiscalía General de la nación, el número de fiscales y las plazas para concluir el proceso son manifiestamente insuficientes, así como no acaba de aceptarse la escasez de las penas, y eso que la Corte Constitucional en la sentencia C370 de 2006 entendió que la consagración de penas alternativas (diferenciales) era acorde con la Constitución nacional, siempre y cuando la concesión del beneficio jurídico de la alternatividad estuviese acompañado de una colaboración con la justicia, encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de octubre de 2007 sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz, las etapas iniciales de desmovilización de las AUC y las primeras diligencias judiciales, dice que «este tipo de proyectos, más allá de su intención general, pueden generar o agravar tensiones entre la población civil y los desmovilizados en vista del temor a represalias que perdura en vastas zonas del país. De hecho, en el caso de las víctimas desplazadas por el conflicto, puede obrar como herramienta para la repoblación de ciertas zonas del territorio en vez de quedar al servicio del retorno de los desplazados por la violencia, como parte de la reparación».

No le falta razón a este informe, porque existen ejemplos anteriores bastante claros y preocupantes como el conocido como la masacre del Nilo en el que los derechos de los indígenas fueron claramente conculcados, y a pesar de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del acuerdo alcanzado con el Gobierno y de las recomendaciones de la comisión de seguimiento, de la que formo parte, todavía no se ha cumplido la reintegración de las tierras en su totalidad por personas favorables a intereses concretos de los paramilitares.

A pesar de los esfuerzos que sin duda se deben reconocer al presidente Uribe, este proceso no está exento de zonas opacas, dificultades y problemas. La denominada parapolítica que ha supuesto la inculpación de más de cincuenta parlamentarios, todos próximos al partido o coalición del presidente Uribe, ha levantado una fuerte polémica, igual que la confrontación del ejecutivo con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en una sentencia de 11 de julio de 2007, al formular una posición favorable a los derechos de las víctimas, dijo que «los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno colombiano se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto de delito político.

»Debido a que los hechos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes, resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera».

Esta sentencia establece que quienes hayan estado vinculados a grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera que sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden beneficiarse de amnistía o indulto, su extradición está permitida y, por regla general, no podrán acceder al servicio público. La profunda carga de esta sentencia contra la política de desmovilización y en relación con los que se puede y debe considerar criminales de lesa humanidad, es durísima y aboga plenamente por el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se imparta justicia, si bien esta confrontación puede producir nuevas tensiones que descalifiquen las relaciones de armonía y respeto mutuo que se deben tener las dos instituciones fundamentales del Estado, el poder judicial y el ejecutivo.

Existen, además, otros problemas graves, aparte de la trascendencia y falta de proporcionalidad de la pena, consistentes en la falta de titulación de las tierras que deberán ser devueltas por los «paras», las cuales están a nombre de testaferros, a los que no les sería de aplicación la ley, y que irían dirigidas a regularizar la apropiación de tierras, tenencia y usurpación ilegal de tales bienes. Realmente habrá que estar muy pendientes de la marcha de la aplicación de esta ley para poder concluir si realmente se pretende conjugar los principios de justicia y paz que proclama o, como muchos críticos afirman, si lo que busca es la impunidad de responsables de crímenes muy graves. Téngase en cuenta que la estructura judicial colombiana creada para la aplicación de la ley se enfrenta a 70.000 delitos por investigar, respecto de los cuales no sólo tendrán que atender a la versión libre y la confesión a las que se refiere el artículo 17 de la Ley 975/05, sino a la localización de los lugares, la exhumación de cadáveres, las dificultades y la indefinición de aquella versión, la contrastación de las versiones libres, los delitos conexos, la participación real de las víctimas, el derecho de defensa, y todo ello bajo el prisma de la celeridad y perentoriedad que propugna la ley (artículo 13). La cuestión no es tanto lo que se ha hecho, que es valorable, y el trabajo de los fiscales, digno de elogio, sino lo que queda por hacer en el ámbito de la institucionalidad y las garantías, o sobre cuántos procesos deben armarse y resolverse para dar credibilidad al sistema ante el dato cierto de 70.000 delitos denunciados o relatados por las víctimas. Cómo desarrollar un procedimiento creíble de identificación de las víctimas para emplazarlas, incidentes de reparación e indemnización, cumplimiento de la pena y control de ésta, es muy complejo, y todo ello sin olvidar que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en octubre de 2007 vino a ratificar la necesidad de esta vigilancia máxima para impedir una posible impunidad para crímenes de lesa humanidad. Ello obligaría a la Corte Penal Internacional a intervenir, siempre que Colombia revise la declaración formulada en el artículo 124 del Estatuto de Roma que le permite mantenerse fuera de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra hasta 2009, especialmente respecto de los más altos responsables de los crímenes.

En noviembre de 2007 se celebró en la Casa de América de Madrid un congreso sobre la Ley de Justicia y Paz convocado por el Centro Internacional por la Paz de Toledo. Allí Felipe González afirmó que, en términos políticos, con Uribe estamos más cerca que nunca del punto de inflexión para un nuevo ciclo de la historia colombiana, y ello debe pasar por que los alzados en armas aprovechen la marcha democrática actual de Colombia como un ejemplo de democracia incluyente y que se incorporen a la misma abandonando las armas para que el próximo presidente no sea decidido por éstas, y como respeto y reintegración a las 114.000 víctimas de ese conflicto.

Pude observar cómo José Miguel Vivanco mostraba una actitud predispuesta al debate moviendo la cabeza hacia delante, y explicó que para HRW Colombia era la prioridad número uno en el hemisferio, por el número de víctimas y por la gravedad y la profundidad del conflicto. «No tenemos ningún problema en calificar a los grupos irregulares armados colombianos como grupos que practican el terror; todos ellos, tanto de derechas como de izquierdas, son mafias que se conducen sobre la base de la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de niños, de menores, la violación sistemática de normas elementales de derecho internacional humanitario, y se alimentan todos ellos, unos más que otros, del narcotráfico, de la extorsión y del secuestro.»

Vivanco no elevó objeción alguna a que el Estado colombiano utilizase la fuerza para combatir a estos grupos irregulares armados, incluyendo las FARC y el ELN; ni creía que el Gobierno estuviese obligado a negociar con estos grupos, salvo que existiesen condiciones para que eso ocurriera, es decir, si los grupos entendían que era necesario llegar a una mesa y liberar a los secuestrados y negociar con el Gobierno. Además, el Gobierno tenía perfecto derecho, más aún, el deber de restituir el orden público en aquellas regiones donde la población civil estaba expuesta a los abusos de los grupos irregulares. Sin embargo, también afirmó: «El Gobierno colombiano combate a las FARC a veces respetando el derecho internacional humanitario y a veces no; a veces se alió con paramilitares para que éstos hicieran la guerra sucia en Colombia».

Ante mi exclamación de que ésta era una afirmación muy grave, José Miguel Vivanco insistió: «Tenemos evidencias, hacemos estudios constantes; los vínculos entre el Estado, en particular destacamentos militares y grupos paramilitares, ya sea por acción u omisión, es algo que es ampliamente aceptado en Colombia. Hoy día todos los militares y los paramilitares te describen abiertamente con quiénes operan, en qué zonas están funcionando y cuáles han sido sus relaciones con el Estado colombiano más allá de los militares».

Mi impresión era que esto podía haber sucedido en el pasado, pero que en la actualidad, con el proceso de desmovilización de las AUC, tal colaboración ya no existía, y así se lo expuse. Vivancos me respondió que en algunas zonas seguía habiendo cooperación y en otras no. Y, ya animado, prosiguió: «Este procedimiento llamado de negociación con los paramilitares ha permitido al paramilitarismo, no a Colombia, un excelente negocio y les va a permitir evadir el principal problema que tienen sobre la cabeza, que es la solicitud de extradiciones desde Washington por narcotráfico. Las negociaciones están dirigidas desde el principio por los líderes del paramilitarismo, que persiguen esencialmente recibir una condena en Colombia por los mismos delitos de narcotráfico por los que están siendo solicitados en extradición por Estados Unidos. Así, cuando Estados Unidos reclame la extradición, podrán sostener que hay un principio de doble incriminación y evitarán la extradición».

Vivanco admitió que el presidente Uribe diría que todo esto es absolutamente falso porque la Ley de Justicia y Paz nada tiene que ver con el narcotráfico, ni para permitir a los narcotraficantes evadir la extradición. «Pero, entonces, ¿por qué la Ley de Justicia y Paz no se refiere explícita y únicamente a una ley que busca mitigar o reducir las penas por delitos, por ejemplo como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, violaciones, desapariciones, ejecuciones?», se preguntó. En efecto, la legislación de negociación no indica de manera explícita que se aplicará sólo a estas figuras; más aún, permite explícitamente que el delito de narcotráfico, en la medida en que el narcotráfico ha servido para financiar a los grupos paramilitares, pueda ser juzgado de acuerdo con esta ley.

El narcotráfico, reflexioné, cuando está tan entreverado con la acción de los paramilitares es prácticamente imposible discernir que ha sido una actividad aparte. Es más, como sé por experiencia propia desde hace años no hay actividad aparte y, por ende, pensé que José Miguel tenía razón. El panorama que dibujó el director de HRW era desolador. Hay grandes narcotraficantes colombianos que han comprado grupos paramilitares, porque la degradación es tal que socialmente es más aceptado y jurídicamente más beneficioso para un narcotraficante pasar por paramilitar. El desafío es comprar el título de paramilitar y obtener una especie de privilegio, pero el que se lleva la peor parte es el Estado y la democracia colombiana.

Todos entendemos que en un proceso de negociación de paz, para poder conseguir que se desmantele efectivamente un grupo armado, hay que hacer concesiones y hay que apostar en serio, y la mejor concesión que se puede hacer, la más atractiva para un criminal, es la reducción de penas, pero como decía José Miguel Vivanco, «esa reducción de penas se debe hacer a cambio de algo; yo no puedo ofrecerle a un mafioso una reducción de pena que va de cincuenta años, y que no esté obligado a decirme la verdad, o si me miente, que no haya consecuencias jurídicas y pierda los beneficios. En el caso colombiano, la legislación que ha diseñado el Gobierno de Colombia, es una legislación que permite a los paramilitares burlarse de este proceso, conservar sus bienes, sus recursos, seguir en el negocio del narcotráfico si así lo estiman necesario y matar la extradición, que es la principal amenaza que se cierne sobre ellos».

La sobria reflexión de Vivanco sobre la negociación era clara. Normalmente, los grupos irregulares armados negocian porque el Estado está usando la fuerza y ya no pueden mantener el statu quo. Las conversaciones de Pastrana con las FARC, por ejemplo, no tenían futuro, porque tal como explicaba el director de HRW: «Si un grupo es autosuficiente, como las FARC, si tiene recursos ilimitados, como las FARC, si parte de los recursos provienen del narcotráfico, si tiene expectativas de seguir creciendo además, ¿qué es lo que puede realmente pasarle por la cabeza a un señor como Marulanda [jefe de las FARC] para un día cualquiera enamorarse del presidente Pastrana y empezar un proceso casi como de telenovela de entrega de armas y de reconciliación? Eso del concepto de reconciliación no existe con grupos irregulares armados, salvo que no tengan los recursos para mantener a los 1.500, 2.000, 5.000, 6.000 hombres. Si no, es un negocio muy serio».

Intrigado por su reacción, le recordé a Vivanco lo que había dicho el presidente Uribe en el marco de la Universidad de Nueva York en diciembre de 2005, que era tan dura la Ley de Justicia y Paz que los paramilitares ya no la querían, y se quejaban de que se había endurecido tanto como consecuencia de la acción de organismos de derechos humanos como HRW, o de la intervención de personalidades que habían estudiado dicha ley, que prácticamente se le había hecho un instrumento inútil para lo que se pretendía.

José Miguel Vivanco recordó cómo, en febrero de 2006, los paramilitares desmovilizados eran, según el Gobierno, 23.000 combatientes. Frente a esa cifra (hoy superada y próxima a los 36.000), cabe preguntarse qué significa estar desmovilizado: «Significa entregar un arma». Ni siquiera todos entregaron sus armas, a veces se desmovilizaron mil y aparecieron sólo ochocientas armas, ni siquiera se dejó registro del propietario del arma, de modo que al destruirse ésta tampoco había posibilidad de que los informes balísticos demostraran que en algunas masacres en las que había proyectiles —restos—, pudiera constatarse la autoría de los crímenes. «La razón que me dieron Uribe, su ministro del Interior y el comisionado de paz es que entonces se les acababa la desmovilización.»

Vivanco también se quejaba de otras deficiencias de la ley que no permitían ahondar en las circunstancias y el esclarecimiento verdadero de los crímenes, aunque lo cierto es que los fiscales estaban haciendo el esfuerzo para obtener las máximas evidencias de esos crímenes y contrastar la «versión libre» que los paramilitares estaban dando. Porque la Ley de Justicia y Paz, como explicaba Vivanco, era una ley voluntaria; si no se participaba, no pasaba nada, no había una fecha límite ni un plazo cerrado, y si te citaba un fiscal siempre te podías acoger a ella y a sus generosas condiciones. «Todo lo que ocurrió en Colombia en el fondo es el resultado de una política de impunidad disfrazada. Es un juego de tejos donde realmente no hay seriedad», sentenció Vivanco.

A lo largo del tiempo he sostenido largas conversaciones con el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, sobre estos temas y las grandes dificultades que están hallando en la aplicación de la ley. El 19 de febrero de 2007, nos vimos casualmente en el Palacio de Nariño momentos antes de que me entrevistara con el presidente Uribe y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Fue el mismo día en el que la ministra de Asuntos Exteriores dimitió por un escándalo derivado de la vinculación de un familiar con la parapolítica. Mario me mostró su preocupación porque los jefes paramilitares andaban quejándose de la excesiva dureza de la acción de los fiscales, y le dije: «Mario, es el momento de la justicia y es absolutamente imprescindible que así se perciba. Son crímenes muy graves y la sociedad necesita ese mensaje. Después será el tiempo de la ejecución y de las consideraciones políticas». Este mismo mensaje se lo transmití también al presidente Uribe, que estuvo de acuerdo conmigo. Al día siguiente, tuve un almuerzo en la Fiscalía General de la República con Mario y los fiscales encargados de aplicar la Ley de Justicia y Paz. La conclusión que saqué fue que el trabajo que realizan no sólo es ímprobo, sino que trata de «poner patas arriba» todas las tramas de los «paras» y especialmente lo relativo a los aspectos económicos, lo cual me llenó de alegría y tranquilidad y me dio ocasión de aproximarme no sólo a las dificultades, sino también a los mecanismos que están diseñando para viabilizar y hacer creíble la aplicación de la ley. Con el paso del tiempo, este voluntarismo encomiable puede resultar baldío si no se amplía considerablemente el número de fiscales y los equipos y medios materiales para la averiguación y persecución de los hechos; en especial, para los aspectos económicos y la averiguación de los bienes, que, según el fiscal Iguarán, constituyen el «talón de Aquiles» de esta norma y de la credibilidad de la justicia frente a las víctimas, la sociedad colombiana y el mundo entero.

Días después de conversar con José Miguel Vivanco, quise conocer la opinión del Gobierno colombiano a través de su embajadora en las Naciones Unidas. Corrían los primeros días del mes de marzo de 2006, un año después de haber llegado a Nueva York y en plena actividad renovada por el inicio de un nuevo semestre universitario, el último que pasaría en esa maravillosa ciudad de la que tanto he aprendido. Ahora me doy cuenta de que fue una época muy intensa de mi vida, que me ayudó a ver las cosas y los problemas con una perspectiva diferente, más comprensiva y menos local. La posibilidad que esta cosmopolita urbe y la universidad que lleva su nombre me brindaron fue como una especie de bálsamo que me ayudó a pensar y reflexionar sobre una serie de temas que siempre me habían interesado; por ejemplo, me ayudó a superar el miedo a lo desconocido, la inseguridad que destilas cuando te enfrentas a algo que no controlas, sobre todo en mi caso, que me gusta ejercer el control de todas las situaciones en las que me hallo. La confrontación permanente de ideas, muy diferentes a las mías, me permitió adquirir confianza en aquello que siento, sin miedo al reproche o a la crítica, y me enseñó también a discriminar aquellas cosas que te hacen perder el tiempo de las realmente interesantes.

Es cierto que las noticias judiciales que me llegaban de España, de mi juzgado y de los procedimientos en los que tenía competencia me llenaban de desasosiego, no tanto porque no confiara en quien lo estaba dirigiendo, sino porque me hallaba sin capacidad de movimiento ante cualquier circunstancia que aconteciera, o ante cualquier noticia aparecida en los medios de comunicación, las cuales me producían una especie de vuelco en el corazón y me faltaba el aire en los pulmones al no poder tomar una decisión concreta o creer que la adoptada podría resultar errónea o inadecuada.

Pero quizá esa imposibilidad de decidir sobre lo que después sería de nuevo mi responsabilidad me hacía centrarme más en aquello que estaba desarrollando, aunque ya con una sensación apremiante. Recuerdo que unas semanas antes, el 24 de febrero de 2006, habíamos tenido una nueva reunión en la sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid para la implementación del proyecto que dirigía junto a Karen Greenberg sobre «Terrorismo, seguridad: coordinación y cooperación» del Center on Law and Security, y cómo el tema, la cercanía de la sede de la Audiencia Nacional y la de los colegas que participaron me hicieron sentir la urgencia de la reincorporación, aunque no todavía.

María Ángeles Holguín, entonces embajadora de Colombia de las Naciones Unidas es una persona seria pero extremadamente amable, enérgica pero dialogante como demostró el día de nuestra conversación. Tras el debate con el director de HRW, ya podía someter a su juicio algunos aspectos críticos de la política colombiana en materia de derechos humanos, y así lo hice. La embajadora pertenece a esa casta de mujeres colombianas que, como en ningún otro país de América Latina ocurre, tiene presencia en la política de su país y constituye uno de los soportes más sólidos de los sucesivos gobiernos colombianos, así que no rehuyó la confrontación cuando le planteé las discrepancias casi constantes de su Gobierno con los altos comisionados para la Paz de las Naciones Unidas, cuando éstos emiten sus informes sobre violaciones de derechos humanos o sobre la falta de protección y garantías para los ciudadanos o defensores de los derechos humanos en aquel país.

Su respuesta fue sincera, pues empezó por decir que en un país tan complejo como Colombia, «las fuerzas armadas no son monjitas de la caridad». El Gobierno es consciente de que es una situación muy difícil, y de alguna manera la presencia de la oficina de la ONU es útil para marcar una pauta de comportamiento de las fuerzas armadas. El alto comisionado tiene un equipo de gente que está permanentemente pensando en cómo se puede mejorar la situación, en el tema de la educación, en el tema cultural, etcétera. La oficina del alto comisionado es un apoyo para fortalecer la capacidad nacional y es muy útil para el país, por eso está desde hace diez años. «El problema es que hay ciertas cosas que el Gobierno no comparte, y lo ideal sería poder discutirlas en privado, no en los medios, no que el informe salga primero ante los medios y en la página web de las Naciones Unidas y después se lo entreguen al Gobierno. La discusión está mucho más en la forma que en el fondo.»

Antes de entrar en la discusión con la representante diplomática colombiana sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, quise conocer su opinión sobre la situación real de las comunidades indígenas. «La ley colombiana es una de las más avanzadas en el tema indígena. El 1 por ciento de la población es indígena, y hoy día el cien por cien está cubierto por el sistema de salud, que llega absolutamente a todos los pueblos y comunidades indígenas del país.» Sin embargo, la embajadora señaló dos problemas. El primero, referente a sus tierras. Son tierras cultivables o en las que se cultiva la coca, lo que provoca conflictos con la guerrilla y con los paramilitares por las zonas donde se encuentran. Están metidos dentro del conflicto del narcotráfico y eso incluye un tema de desplazamiento, porque los paramilitares y los guerrilleros de alguna manera los han hecho salir de sus tierras. El segundo problema que tienen es que están donde hay una mayor posibilidad de yacimientos de hidrocarburos. En Colombia, pese a estar al lado de Venezuela, hay mucho menos petróleo, y existe la necesidad permanente de encontrarlo. El Estado ha entrado en conflicto con los indígenas, porque ellos creen que al estar ahí son los dueños de la tierra, pero el subsuelo es del Estado, es de todos.

Esta respuesta plantea serios problemas a los indígenas, porque como le expuse a la embajadora, según la visión que las comunidades indígenas tienen sobre la tierra, eso no podría ser nunca así, pues la propiedad de la tierra incluye precisamente lo que es el subsuelo. Ha habido casos, como el de los u’wa, que amenazaron con el suicidio colectivo en la época de Pastrana. Lo recuerdo porque, entre otras cosas, pidieron mi mediación, motivo por el cual conozco bien esa realidad. Las tierras son fuente de otro conflicto, la falta de la titulación y la ocupación por paramilitares. Por ejemplo, en el citado caso de la masacre del Nilo, a pesar de haberse resuelto hace veinte años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todavía no se han cumplido los parámetros que marcó, pero no porque no quiera actuar el Gobierno, sino por los problemas de titulación actual debido a los desplazamientos que se producen y la ocupación de las tierras por los paramilitares. La embajadora me sorprendió al hablar de los dos años que pasó en Venezuela y de los problemas que observó en toda la serranía del Perijá, donde están los guayas, por el mismo tema del narcotráfico. «Son temas muy complejos, porque están metidos ellos en medio del conflicto entre la guerrilla y los “paras” por quién tiene el control de la droga, por dónde sale a cuál puerto, y en muchos casos ellos quedan metidos en el tema», afirmó. Estas palabras chocan frontalmente con mi experiencia, según la cual los indígenas no participan del narcotráfico y además desarrollan en toda la zona de Toribío (Valle del Cauca) la ejecución pacífica de acciones que han conseguido la erradicación de laboratorios de elaboración de cocaína.

Siempre me ha llamado la atención que si por algo se caracteriza Colombia es por tener unas instituciones firmes con una preparación jurídica muy avanzada, siendo la calidad de la justicia y de la jurisprudencia de las más brillantes que se puedan dar, no sólo en América Latina, sino en el mundo entero, y sin embargo parece como si no hubiera dónde aplicar el ejercicio de ese derecho de calidad, que al final se acaba en una separación drástica entre lo que es la buena intención en la aplicación e interpretación del derecho y el juego de la inseguridad-seguridad en Colombia. Por eso le pregunté a la embajadora si creía que la seguridad estaba garantizada en su país.

María Ángeles Holguín pensó durante unos segundos su respuesta, pero se mostró convencida: «Lo que pasó en años anteriores con el tema del narcotráfico, donde el grado de corrupción hizo que la gente dejara de creer en las instituciones, donde los mismos jueces se fueron del país por miedo, lo hemos dejado atrás. Hoy hay una credibilidad aún mayor, en la que ha influido la creación de la Fiscalía y su consolidación como una entidad independiente, con fiscales muy bien formados, y una ausencia completa de influencia política del ejecutivo sobre el poder judicial».

Después de esta introducción quise plantearle algunas cuestiones relacionadas con los denominados actores armados y su historia reciente. La embajadora Holguín comenzó a hablar de las FARC y cómo durante tres años el Gobierno de Pastrana tuvo una zona de distensión con la posibilidad de un diálogo y una negociación, su lado negativo y positivo. El negativo, un crecimiento del 30 por ciento de las FARC y un fuerte aumento de la producción de coca en la zona de distensión. A cambio, sirvió para dar a entender a la comunidad internacional que las FARC no quieren necesariamente un proceso de paz, porque en la época de Pastrana tuvieron la oportunidad durante tres años de plantear sus ideales y no lo hicieron. «A partir del Gobierno de 2002, cuando el presidente Uribe sube al poder, declara que habrá diálogo el día en que haya un cese de las hostilidades y una entrega de los secuestrados. Mientras tanto hay un combate fuerte en la lucha interna.» El ELN, con el que sí hay un proceso abierto, es un caso distinto, porque no ha entregado las armas ni ha renunciado a la violencia, si bien hay un cese de las hostilidades por parte de ellos.

La embajadora quiso comentar generosamente otros temas de vital importancia para Colombia, como la violencia política, la violencia terrorista, el narcotráfico, la corrupción que conlleva el propio crimen organizado, y los desplazados y los secuestros, que tanta relación tienen con el fenómeno del terrorismo. Como nos explicó, el secuestro, en una proporción muy alta de hasta el 70 por ciento, es extorsivo, mientras que el secuestro político es mucho menor: de las 2.800 a 3.000 personas secuestradas en Colombia, sólo cien entran en esa categoría, al tratarse de diputados de la Asamblea y agentes de la fuerza pública; el resto es extorsivo.

En cuanto a los desplazados, ha habido una fuerte reducción. «Es tal vez, después del secuestro, lo más terrible que vive Colombia», explicó la embajadora. Es un tema muy angustioso en el que la población civil está entre dos frentes. Llegan las AUC o las FARC y de la noche a la mañana tienen que salir sin nada y sin rumbo cierto. Es una situación muy compleja y muy dura. En esta cuestión, la Oficina de Acción Social multiplicó por ocho su presupuesto desde 2005 para la atención a los desplazados.

Además, es un problema que se internacionaliza, «en toda la región de Santander y Catatumbo, la gente pasa hacia Venezuela, hacia Ecuador y el mismo Panamá. En el momento en que se cruza una frontera, se convierte en un tema más de refugiados. Por eso hay unos convenios tripartitos entre Colombia y Venezuela, y entre Colombia y Ecuador, con ACNUR, por los que se le da al desplazado una residencia temporal, porque no se quiere quedar allí, sino que quiere volver a su lugar de origen. Se trata de que el otro país no los expulse y acepte la situación de desplazamiento temporal sin petición de refugio».

La embajadora había dicho una cosa que despertó mi curiosidad: que en Colombia, con una geografía tan compleja, la fuerza pública no alcanza a estar en todo el país. ¿Significaba eso que había zonas de Colombia sin protección de la fuerza pública? Al parecer, ya no era el caso, porque el Gobierno de Uribe había logrado cubrir los últimos 128 municipios donde no había fuerzas públicas, lo cual se reflejaba, en la mejora de los índices de homicidios, donde había habido una reducción del 35 por ciento. «Es cierto que la cifra en 2006 es de 18.000 homicidios al año, un verdadero horror para cualquier país, pero es que veníamos de 28.000 homicidios anuales», dijo Holguín.

Ahora llegábamos a un punto fundamental en el debate sobre la seguridad. Porque si bien era verdad que el tema de la seguridad había mejorado en Colombia a la vista de las estadísticas, parecía que los ciudadanos habían antepuesto ese concepto a cualquier otro aspecto de los derechos humanos o libertades en general, como podría estar ocurriendo en Estados Unidos. La embajadora discrepó: «Cuando uno no puede salir de la ciudad donde vive, o si sale a cierta hora de su casa sabe que le va a pasar algo, eso es no tener libertad. Los colombianos no teníamos libertad; entonces no es tanto anteponer, es lo mínimo, salir de su casa, coger un carro y poder andar cinco kilómetros y que no pase nada. Eso no existía y creo que es lo mínimo para estar en libertad».

El tema me seguía pareciendo preocupante todavía, no en balde los defensores de los derechos humanos en Colombia han estado en permanente conflicto con todos sus gobiernos, el de Uribe, el de Pastrana, el de Samper; así como distintas misiones humanitarias se han desplazado a Colombia ante la demanda de los defensores de los derechos humanos que acusan con frecuencia al poder ejecutivo de violación sistemática de los derechos humanos. Incluso en ocasiones, desde instancias oficiales se ha acusado a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones humanitarias de ser cómplices de la guerrilla, y se les ha tenido como enemigos. El corazón del problema es la impunidad, impunidad contra la que hay que luchar. La embajadora Holguín se mostró de acuerdo, pero afirmó que se estaba haciendo un gran trabajo en la Fiscalía para el fortalecimiento de la justicia y de las relaciones con las ONG, así como una mejor comunicación con todas las partes, llegando incluso a triplicar el presupuesto de los defensores de los derechos humanos. En esta cuestión, el tema más complicado era sin duda la aparente connivencia entre sectores del ejército y los paramilitares. Para la embajadora, se trataba de casos aislados, y no había motivo para pensar que era una política de Estado: «Son casos en ciertas regiones del país, casos específicos, y el ejecutivo está trabajando para que cualquier caso que se sepa, se denuncie y se haga una investigación».

La embajadora quiso dejar claro que no entraba en su cabeza «vender» impunidad a cambio de paz. «A eso no se le puede llamar impunidad. Cuando uno vive en un país que se desangra día a día por la violencia, donde lo que se busca es conseguir de alguna manera que los grupos armados y la gente deje de matar, hay que buscar una solución. En todas partes del mundo se ha visto. Creo que los colombianos, después de cuarenta años, tenemos que buscar la paz de alguna manera.»

Le pedí disculpas a la embajadora por mi insistencia, pero lo cierto es que buscaba esa respuesta para hacer mención a algunos ejemplos en los que el precio de la paz había sido la impunidad. En Argentina, a cambio de que el período militar concluyera y que la incipiente democracia resistiera los embates, hubo que pagar el precio de la impunidad, según argumentó entonces el presidente Alfonsín al aprobar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Treinta años después, esa situación ha devenido en un error, y la justicia ha establecido que debían ser anuladas, y se han anulado. En el caso de Colombia ha habido otros procesos anteriores, y hoy día vivimos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en julio de 2005, y que, en opinión de algunos (como HRW), encubre una especie de impunidad a favor de los paramilitares, que protegen así sus fortunas o evitan la extradición a Estados Unidos.

A lo largo de estas páginas, probablemente ha quedado de manifiesto que no tengo nada claro lo que sucederá con la Ley de Justicia y Paz, con la que no estoy de acuerdo del todo, aunque he trabajado en ella y sigo haciéndolo. Tengo la esperanza de que sea realmente válida, máxime su dificultad. Evidentemente, cuando se trata de procesos de paz siempre hay cesiones, no sería un proceso de diálogo si no se hiciera así en algunos puntos, pero siempre hay un límite.

No soy partidario de la impunidad a cambio de la paz, en primer lugar porque es contrario a toda norma internacional. Todos y cada uno de los convenios internacionales de derecho humanitario y todas y cada una de las normas tanto de Colombia como de cualquier país democrático establecen que esto no es posible. La propia Ley de Justicia y Paz establece que deberá interpretarse de conformidad con los convenios internacionales que Colombia tiene suscritos, y es ahí precisamente donde encuentro la mayor dificultad para su posterior interpretación, habida cuenta de que la ley se va a aplicar a masacres, muchas de ellas catalogables como crímenes de lesa humanidad, en su modalidad de secuestro, tortura, pérdida de vidas de forma selectiva, permanente y contra segmentos concretos de la población; presenta todas las características de un delito de lesa humanidad del artículo 7 del Estatuto de Roma, que Colombia tiene ratificado. Por tanto, va a ser difícil establecer, no tanto la definición, que es evidente, sino la proporcionalidad de la pena que hay que imponer.

La novedad de la Ley de Justicia y Paz es que no establece la impunidad como hicieron otras, sino una vía de justicia, ciertamente imperfecta, que busca una solución alternativa. Para el que no se acoja a ella se aplicarán las normas del Código Penal y se establecen penas de treinta a sesenta años o las que correspondan, con una proporción adecuada al crimen cometido. Para aquellos que sí se acojan puede aplicarse la pena alternativa. Como esta iniciativa de justicia es real, lo que debe hacerse es dotar esa pena alternativa de un conjunto de elementos que la hagan proporcional a la conducta que se trata de sancionar. Esa proporcionalidad se puede conseguir, si no en número de años de privación de la libertad, sí a través de la privación de los derechos, por ejemplo, o de las incompatibilidades o de las inhabilitaciones. En fin, hay muchas maneras de obtener un concepto de pena alternativa integrador donde en el fiel de la balanza pese tanto como treinta años de cárcel, que evidentemente no se pueden poner porque entonces no habría posibilidad de aplicación de la ley. Pero lo que no puede admitirse es una descompensación absoluta prima facie, si solamente se cambian años de cárcel por delito cometido y además con una rebaja que ya está contando, porque la ley se aplica en orden al cómputo del tiempo desde la desmovilización, como prisión que se va a abonar cumplida en libertad, si bien es verdad que con un límite de dieciocho meses.

En ese supuesto, la respuesta es no, porque legalmente no es posible y porque históricamente ha sido un fracaso. En el caso de Sudáfrica sí fue así, pero allí hubo una reconciliación nacional real, y hubo personas que fueron a prisión; hubo consenso nacional y fue un ejercicio bastante más complejo de lo que se suele decir. En cuanto a otros ejemplos, ya he citado el de Argentina, pero también está el de Perú, donde en el caso Barrios Altos la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló después las leyes de amnistía proclamadas bajo el Gobierno de Fujimori, y ahora se está juzgando al presidente, precisamente por ese caso y el similar de la masacre de la Universidad de la Cantuta.

LA «OMELETTE» CHILENA Y EL DERECHO A QUEBRAR LOS HUEVOS

Como ha podido ver el lector, la palabra impunidad ha salido y saldrá mucho a lo largo de este capítulo. Al citarla aquí de nuevo, me vienen a la memoria las palabras de José Miguel Vivanco cuando afirmaba: «La historia de América Latina es la historia de la impunidad, salvo un par de excepciones». Por ejemplo, en el caso de Chile la Comisión de la Verdad tuvo algún impacto aunque muy reducido; la pieza clave en el caso de Chile fue la detención de Pinochet en Londres, en palabras de Vivanco: «Hay una relación causal directa muy nítida entre la conducta y el progreso a nivel local en las investigaciones judiciales a partir de 1998 con la detención en Londres de Pinochet cuando estaba solicitado en extradición por España, eso es lo que cambia el país».

Chile era un país donde los militares y la derecha eran libres, incluso después de la Comisión de la Verdad, de reivindicar las atrocidades cometidas por Pinochet, públicamente y decir «en efecto, se cometieron algunos excesos y abusos, pero lo cierto es que cuando uno quiere hacer una omelette hay que quebrar huevos, y fue necesario quebrar huevos en Chile para reordenarlo, y el presidente Pinochet, después de algunos excesos donde murieron de los dos lados, entregó el país con una economía en perfecto estado y con un país tranquilizado».

Durante el proceso de extradición de Pinochet en Londres ante los law lords, la abogada de Pinochet se vio obligada a reconocer por primera vez que efectivamente se habían cometido atrocidades, debido a que las condiciones del juicio no le permitieron una cosa distinta. Lo que tuvieron que sostener es que él gozaba de inmunidad como jefe de Estado. «Probablemente sepan la historia, pero durante la detención de Pinochet en 1999, mientras se encontraba detenido sujeto al riesgo de extradición a España, la Corte Suprema chilena cambia radicalmente su jurisprudencia y sostiene que para los casos de desapariciones forzadas la amnistía de 1978 dictada durante el régimen de Pinochet no tiene relevancia mientras no aparezca la persona secuestrada», explicó Vivanco. En su opinión, sólo al considerarse como un delito permanente cobró importancia, lo que significa que las comisiones de la verdad son útiles si van acompañadas de otras acciones, como en el caso de Pinochet fue la actuación de la justicia española al amparo de la justicia universal.

El caso de Chile traía de la mano inevitablemente el papel de Estados Unidos en la región. Jose Miguel Vivanco no titubeó al decir que su papel en el hemisferio oeste iba a ser siempre significativo y de mucho peso. «Esta administración de Bush le ha hecho un daño enorme a la causa de la libertad y de los derechos humanos, porque la ha desacreditado. Hemos regresado a un lenguaje propio de la guerra fría donde prima la inconsistencia y el doble rasero; donde un Gobierno se siente con la capacidad para promover ante otros y recetarles lo que no está dispuesto a cumplir en su propio terreno.»

Vivanco criticaba que Estados Unidos hablara de derechos humanos cuando sostenía una política que se apartaba tanto de esos valores fundamentales, aparte de la actitud tan desafiante y arrogante de esa administración. «Estados Unidos, por lo menos políticamente, ha perdido un peso enorme, porque se ha desprestigiado, no sólo en América Latina sino también en otras regiones, aunque el peso económico y militar norteamericano es apabullante ante el resto del mundo y el liderazgo absoluto.» Para el director de HRW, no era suficiente con la disolución de Guantánamo, porque también estaba Bagram, en Afganistán, donde las condiciones eran mucho peores, y así otros muchos casos más. «Lo que hay que modificar es una visión del mundo y del derecho, en la que, sobre la base de todo tipo de subterfugios, una administración ha creído que el poder ejecutivo tiene poderes omnímodos y que puede hacer lo que quiera a nivel nacional e internacional.»

Me pareció interesante preguntarle la razón por la cual un tanto por ciento muy elevado de ciudadanos estadounidenses se mostraban insensibles ante todos esos temas. Por ejemplo, me viene a la memoria el discurso del Estado de la Nación que el presidente Bush pronunció ante el Congreso y el Senado a finales de enero de 2006. Cuando mencionó la guerra contra el terrorismo y Guantánamo, todos los congresistas aplaudieron al unísono. Cuando habló de las escuchas telefónicas ordenadas de modo directo por el presidente de Estados Unidos, todos se mostraron felices y aplaudieron. ¿Eso es realmente así o es que como extranjero se ve de esa forma? ¿Por qué sucede esto?

Vivanco diferenció varios niveles, entre lo que pueda ocurrir fuera de las fronteras y lo que pueda afectar internamente. «Lo de las escuchas telefónicas tiene una repercusión mucho mayor, no quizá como hubiéramos querido, pero sí es mucho más serio para el pueblo norteamericano en general que la situación en Guantánamo o los abusos en otros sitios, salvo que haya fotografías como lo de Abu Ghraib que les obliguen a confrontar.» Aun así, admitió que es difícil explicar por qué hay tanta pasividad todavía en las grandes mayorías ante esos temas. «Ni se hable si ocurrieran nuevos actos terroristas en Estados Unidos qué tipo de libertades nos iban a quedar», advirtió preocupado. Su impresión era que la tendencia que se estaba presentando no tenía que ver tanto con las libertades públicas en el interior de Estados Unidos o en los conflictos externos, como con un fuerte crecimiento del aislacionismo de buena parte de la población.

No quedaría completo este capítulo si no recordara lo que dijo Eduardo Cifuentes Muñoz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y magistrado de la Corte Constitucional de Colombia durante nueve años, además de defensor del pueblo y director de la división de derechos humanos de la UNESCO. Cifuentes coincidió con la embajadora Holguín y José Miguel Vivanco al afirmar que las percepciones sobre seguridad jurídica y los derechos humanos en Colombia han mejorado, y también coincidió en que los procesos estructurales que generan la violencia y violaciones de los derechos humanos persisten. Son ciertos los efectos de la desmovilización de los paramilitares y de la política de seguridad de Uribe, que ha extendido la presencia territorial de la policía a todos los municipios de Colombia, como resaltó la embajadora, y que ha hecho que se reduzcan los secuestros y homicidios.

Sin embargo, también comentó que según la oficina del alto comisionado de los derechos humanos, desde diciembre de 2002 a diciembre de 2005, período durante el cual el Gobierno negoció con los paramilitares la desmovilización sobre la base de un cese al fuego y cese de las hostilidades, se presentaron 2.750 asesinatos fuera de combate, y desapariciones forzadas, lo cual significaba que el cese de las hostilidades no fue respetado por los paramilitares, como afirmó el alto comisionado de los derechos humanos: «El cese de las hostilidades tenía que ser apreciado como una simple metáfora y, por consiguiente, objeto de una interpretación flexible».

Por otro lado, el nexo entre Estado y paramilitares se ha estrechado. El jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, DAS, que depende directamente del presidente de la República, confesó ante la Fiscalía los contactos de esta institución con el objeto de eliminar líderes sindicales, participar en operaciones conjuntas con fuerzas paramilitares, e inclusive generar fondos para los paramilitares a través de las comisiones por contratos de esta institución del Estado. En diversas regiones del país se observa una consolidación del paramilitarismo en el sentido social y político a la vez que institucional. Las FARC, como fuerza insurgente, ha perdido terreno y ha visto reducidos los corredores de movilización, pese a lo cual permanece. «Así que ahora en Colombia la gran matriz generadora de violaciones de los derechos humanos está dada por el paramilitarismo, la guerrilla y también por la respuesta represiva del Estado. En la medida en que se consolida el paramilitarismo, a pesar de que se desmoviliza, y permanece la guerrilla, esencialmente intacta, evidentemente se mantienen las estructuras que generan violencia, a lo que se suma la situación de pobreza, la poca efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.»

Como magistrado constitucional, Eduardo Cifuentes estaba en una posición inmejorable para comentar la Ley de Justicia y Paz y el carácter que algunos le han otorgado de ley de «impunidad encubierta». Hizo una crítica bastante certera sobre las dificultades de aplicación de esta norma en la panorámica general de la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Los problemas constitucionales que presentaba la ley y a los que ya me he referido antes fueron detectados, como no podía ser menos, por Eduardo Cifuentes y han sido recogidos en las sentencias pronunciadas después de nuestro encuentro. Su preocupación por los plazos y la participación efectiva de las víctimas se ha visto compensada por aquellas resoluciones, de modo que la participación de aquéllas estará garantizada desde el principio y durante todo el proceso. También se mostró favorable a un acuerdo humanitario que hasta el momento no ha sido posible llevar a la práctica, e hizo una mención específica a los desplazados, como las principales víctimas del conflicto armado colombiano: «Los paramilitares básicamente produjeron una reforma agraria regresiva, porque están controlando más de cinco millones de hectáreas que en buena parte era del campesinado colombiano que habitaba lugares del conflicto. La respuesta del Gobierno ha sido una respuesta muy precaria en términos de garantizar condiciones de vida mínimas para esta población desplazada».

En respuesta a esta situación, la Corte Constitucional dictó en 2005 una de las sentencias de mayor trascendencia en la historia de Colombia, diríase que casi de América Latina, en opinión de Cifuentes, que fue declarar un estado de cosas inconstitucional, al no existir una respuesta articulada del Estado para garantizar unas condiciones de vida mínimas y la reinserción en la sociedad civil de la población desplazada. El Gobierno nacional ha señalado que cumplirá la sentencia, lo cual significa cerca de cinco billones de pesos, una cantidad muy importante del presupuesto nacional.

PERÚ O LA LUCHA POR LA DIGNIDAD

Conocí a Francisco Soberón en 1999. Coincidí con este peruano, activista de derechos humanos, presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, en Colombia, en una misión humanitaria de la que formábamos parte con Kerry Kennedy, hija del fiscal general asesinado Robert Kennedy, a favor de los defensores de los derechos humanos, por entonces muy acosados y atacados por las estructuras ilegales y las legales en su difícil tarea. A partir de ese momento, hemos mantenido el contacto y una buena amistad. Pancho Soberón es un hombre esencialmente tranquilo, pero muy comprometido con la causa de los derechos humanos. Hemos trabajado juntos a favor de la creación y desarrollo de la Corte Penal Internacional, contra la impunidad en su país y por la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú, para tratar de conseguir que el olvido o la desidia no se adueñaran de la situación, a pesar de los años de violencia terrorista de Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y de la violencia y corrupción institucional durante la época del presidente Fujimori. Un primer paso fundamental fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara en 2001 en sendas sentencias contra la impunidad propiciada por las leyes de amnistía para el propio Fujimori y para Vladimiro Montesinos, especialmente en los casos, ya citados, de Barrios Altos y la Cantuta. Fujimori, a partir del día 10 de diciembre de 2007, afrontó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad, mientras que Montesinos ya había sido juzgado por casos de corrupción y estaba a la espera de serlo por aquellos otros.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001 era meridianamente clara: «Resultan inadmisibles las disposiciones de amnistías, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos […] las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetración de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables».

De esto se desprende que, para conceder una amnistía o indulto, la medida debería ser la única posible para garantizar el proceso de transición a la democracia y que nunca podrán referirse a casos de genocidio, o lesa humanidad, o en caso de guerra a casos graves de crímenes cometidos fuera de combate, con víctimas especialmente desvalidas, o cuando se trate de desapariciones forzadas, torturas o violaciones sexuales. En la misma línea, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia, del 5 de septiembre de 2005, nos dice: «El Estado tiene el deber de investigar y sancionar de manera seria las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad. Dicha investigación debe incluir la identificación plena de todas las víctimas».

Por último, también es interesante, en el mismo sentido, la sentencia del tribunal oral en lo criminal federal número 5 de la capital federal Argentina, de 11 de agosto de 2006, en el caso Turco Julián. Esta sentencia, la primera que se dictó después de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, es muy clara cuando dice: «La respuesta es que los instrumentos internacionales que establecen esta categoría [crímenes contra la humanidad], así como el consiguiente deber para los estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan y, por ende, no admiten que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelva la posibilidad del reproche. Por el contrario, los instrumentos internacionales que alguna mención hacen del tema establecen precisamente el principio opuesto».

Soberón ha sido un testigo privilegiado en su país de la oscuridad de la violencia y de la superación de esas etapas terribles de terror y violencia políticas, contribuyendo, como decía antes, a la apertura del proceso democrático peruano después del hundimiento del régimen fujimorista. Eso permitió la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, «que abrió horizontes de esperanza y de expectativa, pero hoy día, ante un contexto político complejo, se empieza a hablar en el movimiento de derechos humanos de un escenario político no amigable o “adverso”, en la opción que todavía está por definirse. Ello nos obliga a mantenernos en actitud vigilante y a impulsar al máximo la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas». Otra cuestión importante son las reformas institucionales que dejó planteadas el informe de la Comisión de la Verdad (la reforma militar, la reforma policial, la reforma del poder judicial) y en las cuales, a pesar de algunos indudables impulsos iniciales, se perciben estancamientos o retrocesos.

El optimismo de Soberón partía de que la transición democrática con el Gobierno de Paniagua y el Gobierno de Toledo supuso la transformación parcial de las instituciones; indudablemente, el sistema judicial peruano no es el mismo hoy que el que hubo en la época de Fujimori. Ahora hay motivos alentadores, tales como el inicio en abril de 2006 del juicio oral contra nueve vocales supremos y fiscales supremos que estuvieron involucrados en la corrupción de Fujimori; de diecisiete congresistas tránsfugas de la época del fujimorismo, y la extradición por la Corte Suprema de Argentina de los Crousillat, una familia de empresarios de América Televisión que fueron comprados por la corrupción del fujimorismo en ese período. También bienvenida fue la extradición de Fujimori en septiembre de 2007 por decisión de la Corte Suprema chilena, lo que permitirá que la democracia peruana se consolide. Para Soberón, esa consolidación se confirmó tras haber pasado una cita electoral con la vuelta de Alan García al poder sobre la candidatura del otro candidato, Ollanta Humala. Este último estuvo aparentemente involucrado en una matanza que tuvo lugar en la base contrasubversiva de Madre Mía, dependiente de una base principal en el frente Huallaga, un gran valle en la zona oriental del país, donde ocurrieron hechos muy graves de violaciones de los derechos humanos (con la presencia de Sendero Luminoso también) desde 1988 a 1995. La denuncia sobre Madre Mía especifica que el capitán Carlos, sobrenombre de Ollanta Humala, que fue jefe de esa base durante un tiempo, participó en torturas y desaparición forzada de varias familias, nos contó el jurista peruano, de forma grave y solemne.

Como Pancho había hecho una referencia a los procesos de corrupción recién iniciados antes de nuestro encuentro en Nueva York, le pregunté sobre la situación de la corrupción en Perú. Para él, «la lucha contra la corrupción es un tema central en la reinstitucionalización del Estado de Derecho en Perú». De hecho, la corrupción del sector judicial fue básica para el fujimorismo. El problema se complicaba cuando, además, nos enfrentábamos a lo que Soberón llamaba la «débil institucionalidad democrática», a una sociedad civil «poco organizada» y a una situación de exclusión y de pobreza de gran parte de la misma. Si a esto se añadía que la opción electoral fue entre un candidato acusado de violación de los derechos humanos, y otro al que el informe de la verdad y la memoria identificaba como instigador de la violencia desde el Estado desde 1985 en adelante, estando su vicepresidente, el almirante Giampietri, directamente vinculado a los hechos del Frontón, la matanza de uno de los penales de Lima en 1986, el panorama era muy poco alentador.

El respaldo político que han recibido las candidaturas de Ollanta Humala y Alan García muestra la fragilidad de la sociedad peruana para reconocer, identificar y priorizar los temas de derechos humanos. «Es una característica histórica, Perú ha sido el país del caudillismo y los candidatos lo han demostrado, ante el hecho nuevo e insólito de que los militares, por primera vez en la historia, votaban en las elecciones presidenciales, todos han llevado a algún militar en las listas al Congreso», decía Soberón.

VENEZUELA: LO SOCIAL «VERSUS» EL DERECHO

Carlos Ayala Corao, venezolano, abogado constitucionalista y ex presidente de la Comisión Andina de Juristas, es un hombre comprometido en un país en el que el compromiso es un ejercicio de valentía ante la situación de crisis y dificultad política que vive Venezuela. Su firme posición en la defensa de los derechos humanos le han hecho ser un hombre respetado y participar en iniciativas a favor de la consolidación democrática y el Estado de Derecho. Cuando conversamos en Nueva York, no me imaginaba que me volvería a encontrar con él en junio de 2007 con ocasión de mi viaje a Venezuela y que iba a comprobar personalmente la verdad de lo que nos comentó en la primavera de 2006: sus profundas dudas sobre la bondad del régimen actual en Venezuela y sobre el desconocimiento de los derechos básicos en el mismo.

Sin embargo, en relación con la situación de los derechos humanos en su país afirmó que en términos generales la Constitución de 1999 había significado importantes avances en esta materia. Admitió que en Venezuela en los últimos años había habido una conciencia ciudadana sobre la importancia de los derechos humanos para la vida diaria. Al contrario de lo que sucedía hacía una década, hoy día la opinión pública discutía, debatía y hablaba sobre el tema de los derechos humanos con mucho mayor conocimiento. «Este avance se escenifica en la reivindicación de inclusión social, acompañada por el discurso oficial con una serie de programas sociales, la mayoría de ellos denominados misiones, en materias claves como la salud básica, la educación y la alimentación.» Por desgracia, esto ha mostrado serias dificultades de sostenibilidad y reconocidos fracasos en otras áreas sociales como la vivienda, la seguridad social, el empleo y la seguridad ciudadana. Para Ayala, el tema más grave comparativamente en estos momentos en Venezuela es la violencia, la delincuencia y la seguridad ciudadana.

«Esta parte social y política, sin embargo, va acompañada en Venezuela de un debilitamiento y hasta un desdibujamiento de las instituciones y garantías democráticas y del Estado de Derecho, es decir, ahí se produce una sujeción de poderes y dependencia de los mismos, incluido el poder judicial, un debilitamiento del trabajo de los defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales están bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas, ataques y asesinatos», denunció Ayala. Otro tema muy grave vinculado a la seguridad ciudadana es el de los grupos paraoficiales de exterminio. «El propio Ministerio Público ha cifrado en seis mil las ejecuciones atribuidas a policías sin condena definitiva en ninguna de ellas.» Estas afirmaciones de Ayala Corao y la existencia de serios ataques a la libertad de expresión, con más de ochocientas agresiones a periodistas en los últimos cuatro años, dibujaban un panorama nada alentador para la esperanza. Los acontecimientos posteriores, como el cierre de RCTV, han venido a demostrar la falta de intención de los actuales gobernantes de que la situación mejore.

Para Carlos Ayala, el motivo del apoyo de la población a Chávez viene de que, después de cuarenta años de una democracia donde gobernaron el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócratacristiano, hay un olvido del tema de la pobreza. «Ahora, con el presidente Chávez existe un discurso de rescate de los pobres, un discurso de apoderamiento social y de promesas a los excluidos y los desposeídos. Así, el presidente Chávez es visto como la voz de los pobres, la voz desafiante con el poder establecido, y a la gente pobre le gusta el discurso prometedor y de esperanza. Además, frente a ello no ha habido la construcción de una alternativa de oposición con un discurso social.» Sin embargo, los estudios dicen que dentro del chavismo se empiezan a oír quejas por promesas no cumplidas.

Un tema recurrente en estas discusiones es el de la impunidad. Carlos mencionó unos índices de impunidad muy preocupantes, no siempre por violación masiva de los derechos humanos sino en la actividad normal de la justicia o en su inactividad por factores estructurales en algún caso, por factores políticos en otros, y por factores concurrentes en los demás. Pero ¿qué ocurre en Perú? ¿Qué sucede en Chile? ¿Qué acontece en Colombia? ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer desde el ámbito internacional, regional y local para que esos parámetros de impunidad desaparezcan?

En el caso peruano, nos explicó Soberón, tras la caída del régimen de Fujimori se abrió una posibilidad para que el nuevo sistema judicial avanzase en la investigación por el Ministerio Público y la acción de la justicia para sancionar la responsabilidad frente a los crímenes del pasado. Se trata indudablemente de un tema fundamental, que ha sido posible impulsar porque hubo dos años de Comisión de la Verdad, con unas características particulares frente a otras experiencias de comisiones de la verdad en América Latina. La peruana tuvo la posibilidad de hacerle llegar a la justicia peruana informes y expedientes para que fueran desarrollados e investigados y se abrieran procesos. De los cuarenta y siete que presentó la Comisión de la Verdad, que a simple vista pueden parecer pocos, hay veintiséis que están en la etapa de judicialización.

«Para que esto se produjera, incluso antes de la Comisión de la Verdad, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la Comisión y la Corte desempeñaron un papel fundamental, con las sentencias que llevaron al propio Fujimori a pretender retirarse de la competencia contenciosa de la Corte en un momento dado.» Ese retiro fue rechazado por la propia Corte y sólo con el ingreso del Gobierno de transición se formalizó nuevamente la relación fluida entre el Estado peruano y la Comisión y la Corte. «Esas sentencias, ya en la época de Fujimori, fueron una señal de exigencia al Estado peruano para luchar contra la impunidad: sentencias frente a casos de abuso, arbitrariedad de la justicia militar sin rostro, el caso Castillo Petruzzi, o el caso Loayza Tamayo, por ejemplo», afirmó Soberón.

La sentencia más importante para Perú, que ha tenido repercusiones en toda América Latina, es la famosa sentencia sobre el caso Barrios Altos, una matanza que ocurrió en el año 1992 en una casona en el centro de Lima. Allí, el escuadrón de la muerte Colina, del servicio de inteligencia, asesinó a quince personas, entre niños y adultos, en una ejecución extrajudicial. «Aunque demoró desde el año 1992 hasta el año 2001, este caso produjo definitivamente una sentencia que marcó historia, no solamente en Perú sino para América Latina; por primera vez, la Corte Interamericana dejó sin efectos jurídicos las leyes de amnistía que dieron en el caso peruano Fujimori y Montesinos en el año 1995 para consagrar la impunidad de todo lo ocurrido de 1980 a 1995.»

Esto permitió que los organismos de defensa de los derechos humanos iniciaran procesos de reactivación incluso antes de que la Comisión de la Verdad empezara sus trabajos, y por eso en distintas regiones del país se han iniciado procesos de investigación y hay adelantados procesos que fueron reforzados con el informe final de la Comisión de la Verdad. Sin duda hay obstáculos, como la no cooperación del Ministerio de Defensa con las peticiones de información o el no desarrollo de un sistema de justicia especializado que pueda producir estas investigaciones en el territorio nacional. Sólo se creó un sistema especial para la época del Gobierno de Fujimori, las violaciones durante toda la década de 1990, pero no para los años precedentes durante el Gobierno de García y del propio Belaúnde. Solamente se crearon dos fiscalías especializadas, una en Lima y otra en Ayacucho, cuando las zonas de graves violaciones son muchas más. Hay poco desarrollo del plan de investigaciones antropológicas forenses. «En Perú, donde hemos tenido 12.000 desaparecidos según la última información que hemos recogido en la coordinadora complementando el trabajo de la Comisión de la Verdad, se identificaron 2.000 sitios de entierro clandestino», denunció Soberón.

Pese a las dificultades, estoy de acuerdo con él en que hay señales alentadoras. La sentencia mencionada de la Corte Interamericana ha servido de ejemplo para la Corte Suprema argentina, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hay esbozos de procesos en Uruguay contra el régimen Bordaberry, y el canciller Blanco, por violaciones de los derechos humanos. Hay intentos en Bolivia de impulsar procesos contra el ex jefe de Estado también por violaciones de los derechos humanos bajo su régimen. El reto es muy grande, pero hay esperanza.

Quise plantear a los tres juristas el tema de los medios de comunicación y su papel en estos países de democracia acrisolada pero también emergente. Sobre todo, la vertiente de los medios de comunicación aquiescentes, colaboradores. El caso de Fujimori y de los vladivídeos es paradigmático, recibiendo coimas (sobornos) y coerción permanente, la falta de denuncia, la falta de compromiso y responsabilidad en ese planteamiento.

¿Cuál es ese juego? ¿Cómo se puede abordar y qué papel puede realizar la justicia o cualesquiera otras instituciones nacionales e internacionales? ¿Qué ocurre cuando el propio medio de comunicación, aduciendo quizá un ejercicio responsable, segmenta y secciona sistemáticamente la información a los ciudadanos? ¿Hasta dónde llega esa libertad también interna, que al final no es ni siquiera libertad de información sino libertad de empresa, pues son los empresarios los que imponen las normas porque les pueda interesar comercialmente o empresarialmente?; o lo que es lo mismo, hay informaciones que pueden influir en una vertebración de la sociedad hacia una respuesta para exigir esa institucionalidad a la que antes hacíamos referencia y, sin embargo, no se produce. ¿Cómo superar esto?

Carlos Ayala respondió con unas ideas razonables, en defensa de la pluralidad y la libertad editorial: un grupo que tiene un diario conservador tiene derecho a editorializar de manera conservadora. «A lo que no tiene derecho es ni a mentir ni a censurar información, pero viéndolo en mi país, yo creo que las soluciones a ese problema a veces son peores que la enfermedad.»

Pero yo buscaba un análisis más profundo. Si partimos de la base de que hay una prensa perseguida, en otros países y en otros momentos históricos hay una prensa callada y cómplice del poder hasta límites bochornosos, hay unas instituciones que no funcionan en gran medida, o no como deberían, hay un poder judicial que a veces calla o no da una respuesta, y hay una sociedad civil a veces desestructurada, poco formada. En esta tesitura, ¿qué respuesta podemos ofrecer? ¿Hacia dónde podemos enfocar ese sentido amplio de seguridad jurídica que cualquier ciudadano necesita en una democracia?

Ante mi pregunta, el jurista venezolano dibujó un panorama desolador: «Tienes un sistema donde hay acosamiento legislativo, acosamiento judicial, incluso hay una sentencia de la Sala Constitucional, que es vinculante a los demás poderes, incluyendo el poder judicial, donde se validan las leyes de desacato, o sea, las leyes de vilipendio, y esa sentencia, por ejemplo, habla del deber de prestarle respeto al presidente de la República. Eso es preocupante. Cuando acto seguido se modifica el Código Penal y se añaden veinte delitos de opinión, aumentando las personas protegidas y las penas y eliminando los antes llamados privilegios procesales, hoy día parte del debido proceso, como detención preventiva, etcétera; acudir a los tribunales a veces es ponerte la soga al cuello, porque es casi para cumplir con una formalidad», advirtió.

La esperanza viene de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir, tras el agotamiento de instancias internas. Así llegaron el caso Ivcher y el caso de La última tentación de Cristo, tras haber sido prohibida la película en Chile. Es decir, en este momento, en que la justicia en la mayoría de los casos es una mera formalidad, cuando se producen los ataques, hay que agotar las instancias internas para poder ir a las instancias internacionales, donde hay una visión mucho más comprensiva y pluralista del derecho a la libertad de expresión como un derecho que no admite censura y que no admite ataques a los periodistas.

Francisco Soberón planteó el hecho de que en Perú la experiencia fue más complicada durante la época de Fujimori, en la que se vio lo que era el control, la manipulación y la corrupción en torno a los medios de comunicación. «Con el advenimiento de la transición esta situación cambió: los canales comerciales y la televisión pública se hicieron más plurales, y hasta hubo mecanismos de autorregulación que establecieron los medios, como el Consejo de la Prensa Peruana, cuyos miembros reciben denuncias de los ciudadanos frente a arbitrariedades, calumnias o difamaciones que algún medio pueda haber hecho y emiten resoluciones para rectificaciones.»

Por su parte, Carlos Ayala afirmó que no se atrevería a decir que no existía democracia: «Sí existe democracia; aunque hay una serie de elementos que han desdibujado y han vaciado de contenido elementos democráticos esenciales, en relación con la independencia de poderes, el desarrollo de los derechos sociales y sus limitaciones». Pero también mencionó cuestiones que se habían quedado en el tintero, como las amenazas que se cernían sobre la libertad de educación con dos leyes que estaba tramitando el poder legislativo o el tema de las elecciones libres.

En Venezuela, la oposición decidió no participar en las elecciones legislativas convocadas, y hoy día el Congreso, el poder legislativo, es unipartidista. Hay una percepción de que la autoridad electoral favorece abiertamente al oficialismo, por lo que la oposición consideró que no debería participar en las elecciones. «La nueva autoridad electoral será nombrada por parte de ese Congreso controlado por el oficialismo, y habrá que ver si sale algo creíble. De momento, el informe de la Unión Europea y el de la OEA establecen que amplios sectores de la población venezolana no creen en la independencia del poder electoral.»

LA GUERRA INEFICAZ CONTRA LAS DROGAS

Apenas habíamos hablado de la lucha contra el narcotráfico cuando Soberón añadió: «La guerra contra las drogas como estrategia ha mostrado su incapacidad para afrontar un fenómeno tan complejo como es no solamente el tema del narcotráfico en sí, sino el tema de la producción de la hoja de coca». Efectivamente, acababan de salir las cifras según las cuales en Colombia, en Perú y en Bolivia se habían incrementado las áreas de cultivo de la hoja de coca. «En el caso de Perú, pese a que el actual Gobierno ha tenido una posición de aceptación de las orientaciones de la administración norteamericana, sin embargo ha habido un movimiento cocalero que cobra protagonismo político, ya que los componentes de ese movimiento tienen representación en el Congreso del Parlamento Andino y en el Congreso Nacional. El caso de Bolivia, con la elección en primera vuelta de Evo Morales, es otra muestra de que el Gobierno actual boliviano ha decidido confrontar y tratar de modificar la política norteamericana en este terreno.» Así que había escenarios complejos, en algunos casos con posibilidades de que se afirmasen en el rechazo o en la resistencia a las implicaciones de este tipo de políticas. También crecía la conciencia de que exigir respeto a los productores cocaleros no significaba por parte de ellos la aceptación del narcotráfico, por ser escenarios muy complejos. «En el caso nuestro peruano la zona de Guayabe es un caso donde no solamente hay narcotráfico, sino que también hay remanentes de Sendero Luminoso, y otros tipos de tráficos en que también están involucrados otros actores del Estado, como el tráfico de combustible, de la madera, de los precursores que se utilizan para la elaboración de las drogas.» Esta reflexión de Soberón me hizo repasar mentalmente los documentos que acreditaban la influencia de las sustancias utilizadas para la erradicación de plantaciones en los humanos, y en particular en las comunidades indígenas existentes en la frontera de Ecuador con Perú.

Carlos Ayala intervino para rematar algunas de las cuestiones que habían quedado pendientes sobre la independencia judicial, sobre todo en Venezuela. «Cuando está desdibujada la independencia del poder judicial en un país, con destituciones arbitrarias de jueces, incluso destituciones colectivas de Cortes, la situación es muy peligrosa. Cuando basta con que el presidente sugiera que se debe destituir a la segunda Corte más importante del país para que a la semana siguiente, efectivamente, sea destituida y que la Corte de lo contencioso-administrativo permanezca cerrada por ocho meses…», «… nos hallamos en la antesala del más puro autoritarismo», concluí.

Ayala continuó: «En América Latina contamos con una excelente experiencia de acudir a organismos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El mejor ejemplo de eso es el caso del Tribunal Constitucional de Perú, que fue destituido por la mayoría oficialista de Fujimori, y a través de esa sentencia se logró reincorporar incluso a su cargo anterior a los jueces del Tribunal Constitucional, estableciendo principios importantes como el debido proceso en la destitución de un juez, e inclusive en el juicio político ante el poder legislativo».

La conclusión inevitable es que es interesante explorar algún tipo de organización internacional de jueces. Ya existe en los organismos internacionales el relator para la independencia de los jueces, Leandro Despoy, un argentino. También existe una organización de altas Cortes iberoamericanas que se va a reunir en estos días en México. A Ayala le gustaría explorar hasta dónde están dispuestos a avanzar en este tema los jueces de países democráticos, si más allá de reuniones formales y declaraciones. «Sí creo que hay jueces por la democracia y que hacen falta, quizá jueces más comprometidos, algo menos institucionales y más basados en jueces como los dos que tenemos aquí sentados entre nosotros, el ex magistrado de la Corte Constitucional colombiana Eduardo Cifuentes y Baltasar Garzón, personas que han tenido un compromiso reconocido con los derechos humanos y la democracia, que puedan formar algún tipo de asociación internacional que haga vigilancia de los derechos a la justicia y a la independencia del poder.»

Y para acabar, la inspiradora intervención de Soberón: «Nosotros creemos, por experiencia propia, que en América Latina tenemos un sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de democracia que ha demostrado suficiente vigor para encarar y emplazar a nuestros gobiernos en circunstancias complejas. Por ejemplo, las que hemos vivido los peruanos; no solamente a partir de casos individuales presentados a la Comisión y que han llegado a la Corte, sino informes mismos de la Comisión que no tienen supuestamente carácter vinculante como una sentencia de la Corte. Sin embargo, el Estado peruano ha aceptado responsabilidades frente a ciento sesenta y cinco informes que elaboró la Comisión Interamericana sobre el caso de Perú. Ahora tenemos un instrumento como la Carta Interamericana Democrática que es mucho más vigoroso, así que creo que hay un sistema regional de derecho internacional que ha demostrado su solidez y eficacia. Siempre hay la amenaza y el riesgo de que se produzcan cambios en la composición de la Comisión y de la Corte que puedan afectar a estos avances globales, pero por lo menos el movimiento de derechos humanos de América Latina está cohesionado en lo que llamamos la Coalición Internacional de Derechos Humanos para las Américas, y hacemos incidencia sobre la Comisión, la Corte, la Asamblea General de la OEA y los estados, para buscar, garantizar y preservar esta integridad que ha tenido hasta el momento el desarrollo de la Comisión y la Corte».

La fuerza de la sociedad civil, a través del asociacionismo, se ha mostrado eficaz a la hora de cambiar el curso de las cosas impuesto por los «directivos» del mundo. Es el tiempo de que éstos asuman con rigor la tarea democrática encomendada de proteger los derechos de los ciudadanos. Si no fuera así, habrá que combatir hasta el último esfuerzo y, con él, alcanzar la línea del horizonte del derecho y la justicia universales.

8

La educación en una sociedad globalizada

«¿Es la instrucción pública el primer origen de la prosperidad social? Sin duda. Ésta es una verdad no bien reconocida todavía, o por lo menos no bien apreciada, pero es una verdad. Sin la educación la razón es una antorcha apagada; con ella, alumbra todos los reinos de la naturaleza y descubre sus más ocultos senos, y la somete a su albedrío… Así es como la educación mejora al ser humano, el único que puede ser perfeccionado por ella, el único dotado de perfectibilidad. Éste es el mayor don que recibió de la mano de su inefable Criador. La educación lo descubre, ella le facilita todos los medios de su bienestar; ella, en fin, es el primer origen de la felicidad individual.»

Esta reflexión de Jovellanos, el gran pensador ilustrado español, resume el sentido de la educación como instancia básica del ser humano, tanto en una sociedad primitiva, rural, urbana, moderna o globalizada. La idea y necesidad de una educación integral, completa, no mediatizada ni tendenciosa, sino ejecutada desde la libertad, la ética y la responsabilidad y con un armazón científico consolidado y firme, resulta fundamental para la formación de la persona como individuo y como parte integrante de una sociedad sustentada en unas bases democráticas firmes.

A pesar de su evidencia, no todos los gobiernos ni las instituciones implicadas en la educación lo tienen tan claro. La indecisión, la falta de perspectiva, la falta de una política progresiva de educación, es la norma en muchos países. La polémica acerca del modelo educativo es una constante en casi todos los países del mundo. Esto no es necesariamente malo, porque de la discusión viene el conocimiento y el encuentro. Lo que sucede a veces, y creo que ahora es una de ellas, es que quienes tienen que diseñar esos vectores se olvidan de las necesidades de la sociedad y buscan un modelo más ideológico que educativo, con una visión parcial y de confrontación política, anteponiendo unos intereses pacatos y ridículos, guiados por una intención de soflama y dominación que acaba por banalizar al propio ser humano.

Cuando esto ocurre, la educación de los ciudadanos pierde el sentido y la dirección que debe tener como formación integral y se convierte en un medio de propaganda que dará lugar a una sociedad acrítica y conformista, especialmente por la falta de formación y conocimiento humanísticos. No debe olvidarse que el ser humano se alimenta de la cultura, la tradición y el futuro. Sólo un conocimiento profundo de lo que es y hacia dónde va le puede hacer fuerte.

Mientras tanto, la falta de preparación científica y la baja calidad de la enseñanza general dan lugar a una educación vacía de contenidos que contribuye a una incultura progresiva y a la pérdida de esos valores que deben configurar el sentido humanista y tolerante de un país. Se facilitan respuestas autoritarias o que contradicen los pilares básicos de la sociedad en que se producen y lastran cualquier salida positiva. La sumisión simiesca de aquellos que carecen de criterio propio constituye el fin inmediato de algunos líderes populistas que buscan perpetuarse en el poder sobre la incultura de su pueblo.

Una educación abierta que forme a los ciudadanos en democracia constituye la base sobre la que construir cualquier posibilidad de bienestar y prosperidad. Formar el presente de los ciudadanos es el único medio posible para construir el futuro de un pueblo, que ahora es más global que nunca. Por ello, los modelos deberán ser también mucho más abiertos e integradores de la diversidad del mundo al que se refieren. Vivimos en sociedades democráticas y abiertas en las que, afortunadamente, nos dirigimos hacia un inexorable mestizaje de culturas y tradiciones, en una especie de fusión difícil de separar.

El 28 de noviembre de 2005, para el debate de cultura y educación, nos reunimos con varios especialistas que nos ayudaron a comprender en qué situación estamos y cuál es el rumbo y estrategia que a medio y largo plazo deberíamos desplegar en ese ámbito tan esencial. Resulta evidente que del acierto o el fracaso al elegir, o, mejor dicho, diseñar el modelo educativo, dependerá el futuro de nuestra sociedad. No soy ni mucho menos un experto en la materia, más bien un aficionado, pero creo que no me equivoco al decir que los modelos educacionales están en crisis, o por lo menos, que algo sucede para que muchos jóvenes se hallen confusos ante el presente y el futuro y deambulen como una especie de autómatas a los que nada de lo que sucede en la sociedad en la que viven les interesa. Se han «desenganchado», aunque no creo que ellos sean los culpables.

Vivir en democracia es hacerlo de forma responsable y no como un simple parásito respecto a todo aquello con lo que se relaciona. No sólo es recibir, sino principalmente dar, ofrecer y defender el propio sentido y alcance democráticos. Para poder cumplir este cometido en nuestras vidas, necesitamos una sólida formación en lo que a valores y deberes se refiere que nos haga asumir esa posición de corresponsabilidad que nos hace ser beligerantes en la exigencia de efectividad a aquellos que nos representan y a nosotros mismos.

Debemos propiciar una verdadera educación para la ciudadanía y de la ciudadanía. Ciertamente me ha producido una profunda incredulidad la posición que ha mantenido la Iglesia católica en España a la hora de atacar ese tipo de educación, contraponiéndola a la que ella propicia, como si fuera la quintaesencia de la formación humana. Sin duda, históricamente la Iglesia católica ha constituido un pilar fundamental para la construcción de la cultura judeocristiana que rige en Occidente. Así ha sido y es asumido por todos. Ahora bien, esa posición histórica no puede significar una situación de privilegio frente a otras religiones o culturas, y mucho menos imponer sus criterios a una sociedad laica y aconfesional, como la española, y un modelo educativo. En mi opinión, fue un craso error toda la parafernalia que se montó en torno a la denominada Educación para la Ciudadanía, aunque, bien mirado, lo único que busca esta norma es concienciar a los jóvenes de que no debe dejarse de lado el aprendizaje de principios democráticos básicos, que deberían ser la principal preocupación con independencia del «credo» que cada uno tenga. Bochornoso espectáculo el que las jerarquías católicas dieron en el mes de diciembre en Madrid, echando un pulso al Gobierno y a todos aquellos que discrepan de la forma única de pensamiento que dicha jerarquía eclesiástica impone. La situación de privilegio que la Iglesia católica tiene en un país que constitucionalmente es aconfesional debería llevarla a ser más prudente y a no alinearse con una opción política determinada, yendo más allá de lo que sus propias normas de funcionamiento establecen. Me parece muy bien que se haga apostolado, pero no que aquellos que están investidos de autoridad por la Iglesia católica se consideren autorizados para descalificar a todos los que han optado libremente por educar a sus hijos de una forma ajena a los dictados, no democráticos, de esa Iglesia. Los cardenales no tienen ningún derecho a descalificar a aquellos que piensan diferente de los dogmas que ellos predican, actitud con la cual sólo es posible que alimenten a algún sector radical y extremista, si bien, a buen seguro, alejarán a los que se muestran dudosos o a los que podrían acercarse a ella. En fin, como dice el refrán español: «Doctores tiene la Iglesia».

La educación en el ámbito escolar resulta básica para garantizar que los niños aprendan desde la más tierna infancia cómo actuar para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad en la que viven en tres grandes áreas. En primer lugar, la formación de una cultura política mediante el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y civiles, la constitución del Estado, la diversidad de lenguas, comunidades y culturas, a la vez que se propicia también un sentimiento de pertenencia a un pueblo, a un país, en concreto, lo cual implica conocer la historia común, los fracasos y el futuro previsible de todos. En segundo lugar, la formación de un pensamiento crítico basado en actitudes firmes y valores como los de reconocimiento y respeto a uno mismo y a los demás, un espíritu solidario y tolerante mediante el desarrollo de estrategias para combatir el racismo, la xenofobia o la exclusión. Y por último, la participación activa en la vida de la comunidad mediante técnicas de ayuda a través de experiencias prácticas de democracia en centros especializados e instituciones.

Me parece un error que en España la asignatura de Educación para la Ciudadanía no puntúe, porque los jóvenes, desgraciadamente, no tienen el ánimo y la voluntad tan abiertos como para participar activamente en una iniciativa de estas características sin ningún tipo de impulso o aliciente. Dicha motivación puede venir de muchas formas, pero desde luego la de la calificación y puntuación como otras asignaturas no es una mala opción. La asignatura Educación para la Ciudadanía constituye el mayor reto de cualquier Gobierno y bien haría el actual y el venidero en dejarse de discusiones bizantinas, de debates huecos y ponerse de consuno con otras fuerzas políticas a desideologizar el modelo educativo. La formación de los ciudadanos en libertad y con capacidad de formar su propio criterio no debe asustar, sino que debe alentar un mayor esfuerzo para responder a las nuevas necesidades que esa mejor preparación determinará.

¿Acaso no debería darse prioridad absoluta en las escuelas al estudio de la pobreza y sus causas en el mundo y qué hacer para erradicarla? ¿O a cómo superar las evidentes desigualdades en un mundo globalizado que cada vez hace más insalvables las diferencias entre los que más tienen respecto de los que nada tienen o a poco pueden aspirar? ¿O cuáles son los organismos internacionales que imparten justicia y por qué? ¿O cómo desarrollar una cultura de integración y respeto a la diversidad? ¿O asumir métodos de tolerancia y compromiso solidario?

La aproximación respetuosa a problemas y cuestiones de esta índole, a través del diálogo, el debate y la participación es esencial para la formación del ser humano democrático y para su dignidad, así como será lo que le permitirá actuar en el futuro con la firmeza, solvencia y honestidad que la sociedad necesita en cada uno de los ámbitos en los que cada uno extendemos o desplegamos nuestra actividad, para defender los valores y los derechos fundamentales. Las mayores violaciones a los derechos de los ciudadanos a lo largo de la historia (dictaduras, guerras, etcétera) se han aprovechado de la incultura de los pueblos y han estado guiadas por finalidades contrarias a los intereses de los ciudadanos. Construir una sociedad culta y cohesionada por una educación basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como fomentar la participación de los jóvenes en la sociedad civil, debe ser la meta a la que aspiremos y el mejor antídoto para evitar las situaciones antes descritas.

Debemos ser conscientes, ya sea como profesionales, como padres, o como ciudadanos en general, de que hay que hacer lo imposible por elevar el nivel de compromiso de los más jóvenes con la sociedad democrática. De no conseguirlo, los que fracasamos somos nosotros. A veces pienso que hemos sido demasiados laxos al respecto, y que durante demasiado tiempo hemos dejado abandonados aspectos tan esenciales para el ser humano como la educación, lo cual puede pasarnos factura en los próximos tiempos, en un mundo cada vez más inhóspito y agresivo, debido a la acción del hombre.

Queramos o no, nos corresponde asumir graves responsabilidades para mantener y salvaguardar las sociedades democráticas del presente y del futuro. La indolencia e incompetencia que a veces se observa en las esferas oficiales, así como la manipulación y parcialidad con las que algunos responsables políticos tratan estos temas y proyectan modelos educativos basados en mitos y tópicos falsos, es muy grave, y debe terminar con un gran pacto por la educación. ¿Acaso no es posible el acuerdo entre las diferentes sensibilidades? ¿Tan corrompidas tenemos las mentes que somos incapaces de obtener acuerdos básicos? Me niego a aceptarlo, y por eso quise reflexionar con los ponentes acerca de todas estas cuestiones, dirigidas a suscitar el debate y la reflexión más que a dar recetas mágicas. Si ya es problemática de por sí la cuestión de los modelos educativos, bajo el análisis en el contexto de un mundo globalizado con unas corrientes migratorias tan complejas e intensas como las actuales, se complica aún más si cabe a la hora de plantearnos si la educación en los ciudadanos es algo que puede recibir un tratamiento universal o unitario, así como cuál debe ser el papel de la educación en la formación de los ciudadanos.

La primera en intervenir fue Catherine Stanton, profesora de la Universidad de Nueva York, con una perspectiva muy interesante, porque en Estados Unidos, desde el siglo XIX, la labor de asimilar a los inmigrantes en la sociedad la desempeñaba la educación, y la función de las escuelas primarias y secundarias era enseñarles a todos los que llegaban al país qué significaba ser ciudadanos estadounidenses. Esta labor a veces se hizo muy bien, y a veces muy mal, a veces de forma muy creativa, y otras brutalmente. Además, hubo gente a la que se dejó fuera, como los afroamericanos y los pueblos indígenas. Para Catherine, la tarea actual tiene dos vertientes: «No me parece que podamos abandonar la cuestión de la formación de ciudadanos del país. De hecho, creo que nos estamos dando cuenta de lo difícil que resulta. Al tiempo, tenemos que formar ciudadanos que puedan vivir en el mundo, y eso no sólo depende del sistema escolar, sino también de la familia y de los medios de comunicación».

La cuestión que planteaba Catherine en el fondo era si el papel que la educación tiene en la formación de los ciudadanos debe dirigirse a formar ciudadanos nacionales o a formar ciudadanos internacionales, y lo que es más importante, si hay algún tipo de tensión entre estos dos modelos, ya sea por el problema lingüístico, por el problema étnico, o el de integración y diversidad…

Lorenzo Gómez Morín Fuentes, ayudante del secretario de Educación de México, contestó rápidamente explicando uno de los grandes dilemas a los que han hecho frente los países latinoamericanos, en particular México. Desde finales del siglo XIX, los sistemas educativos mexicanos fueron diseñados para crear una identidad nacional. En el caso mexicano, dicha identidad se creó planteando un sistema educativo y unos contenidos que buscaban homogeneizar, dar a todos los ciudadanos un mismo currículum nacional, hasta el punto de dar un libro de texto gratuito único, un libro de Estado.

La idea de una identidad nacional y de un ciudadano de la nación mexicana se construyó sobre la base de que México representaba un territorio, que ese territorio había tenido un proceso histórico de desarrollo, de lucha, de independencia, donde se compartía un principio común. Para Gómez Morín, ese modelo entró en crisis, no como en Estados Unidos, cuya identidad multicultural data del siglo XIX, sino porque «en el caso mexicano el problema no eran los extranjeros que llegaron a vivir a México, el problema es que quisimos hacer una identidad homogénea de un pueblo, de una nación que era diversa. En México se hablan cerca de ochenta y dos lenguas y variantes dialectales. Y el esfuerzo del Estado fue utilizar el español como la única lengua. Es difícil construir una identidad apegada al territorio cuando se trata de borrar las diferencias y hacer a todos homogéneos. Yo creo que ese modelo se agotó y existió desde siempre una tensión entre lo local, la identidad local territorial que unía a grupos, a comunidades, por lengua, por cultura, por tradición, con otras que estaban dentro del marco de la misma nación.»

Para Gómez Morín, México no está formando ciudadanos para un mundo globalizado, en parte porque, «de momento, el sistema educativo y el proceso educativo es la única vía efectiva, desde los primeros años, para poder manejar la tensión de la identidad local de un niño, una niña, un joven que pertenece a su comunidad, que tiene su lengua, que tiene su historia, pero que sabe que por razones del mundo en que vivimos va a tener posibilidad de desplazamiento y de interacción con otras culturas».

Uno de los esfuerzos más importantes que está realizando la sociedad mexicana en materia de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) es devolverle a la escuela la capacidad de ser la institución formadora de ciudadanos. «La escuela es la primera institución pública en México; la mayor parte de la educación en México es pública, la ofrece y la garantiza el Estado, cuando la escuela tiene la capacidad de integrar por decisión propia a una comunidad y tiene todo un sistema de soporte que es el sistema educativo, y cuando todos los sistemas de autoridad se conviertan en un sistema de soporte a la escuela, y no en un sistema de demanda», nos explicó Gómez Morín. Entonces la escuela puede ubicarse dentro de su contexto cultural, social y lingüístico, con un sistema de soporte que la ayude a llevar a esa conformación de una identidad local bajo una perspectiva nacional, con la posibilidad de abrirse también al mundo exterior. «En todo caso, creo que no se puede conformar una ciudadanía nacional pasando primero por encima de la conformación de una identidad local», concluyó.

Esta última afirmación me hizo solicitar la opinión de Marcia Esparza, como ejemplo vivo, y espero que por mucho tiempo, de un proceso de integración latinoamericano que desarrolla su actividad como profesora en la Universidad Pública de Nueva York, al tiempo que está muy vinculada con las realidades indígenas de América Latina, en concreto en materia de derechos de las mujeres. La profesora Esparza comenzó su respuesta cuestionando el propio término «integración», que, como ha dicho Zygmunt Bauman, significa procesos y proyectos de exclusión y marginalización, y mostró su preocupación por los nuevos inmigrantes.

Más que la experiencia con pueblos indígenas, Marcia quería hablar de su trabajo con jóvenes latinos inmigrantes en Barcelona. Para ella, la experiencia de estos chicos y chicas dominicanos y ecuatorianos en Barcelona fue un ejemplo de cómo estas identidades chocaban en la producción de nuevas identidades en los países de acogida y se veían enfrentadas a muchas tensiones. «Cuando hablamos de globalización tenemos que tener presentes los países que están expulsando a toda esta gente que se ve obligada a emigrar precisamente por las políticas económicas de la llamada globalización, que excluyen por lo general a aquellos sectores más desposeídos.» El ejemplo que citaba es lo que está sucediendo en Barcelona, donde las mujeres dominicanas hace diez años emigraron para trabajar como empleadas domésticas y cuidando niños. Una vez en Barcelona, al cabo de unos diez años traían a sus hijos, que habían sufrido un tremendo trauma por abandono. «Ellos son los nuevos inmigrantes que están siendo insertados en este proceso de globalización, y llegan a Barcelona sin conocer la lengua, que es el catalán, se insertan en un proceso de educación que no les da cabida en su propio idioma, que es el español, y por consiguiente a los tres meses, cuatro meses, hay una gran deserción escolar.»

Ante la referencia inesperada a Cataluña, me atreví a solicitar a Félix González Jiménez, doctor en filosofía y educación de la Universidad Complutense de Madrid que, al hilo del debate que se producía en aquel momento en el Parlamento español sobre la Ley de Educación, nos diera su opinión sobre estas cuestiones. En su opinión, parte del problema estribaba en que nos cegábamos con idioteces. «En España en este momento se discuten verdaderas barbaridades y un sinfín de tonterías, mientras que no se le dice, por ejemplo, al profesor de matemáticas cómo puede hacer educativa su temática. No es difícil educar a los niños de educación infantil, de primaria y de secundaria utilizando las matemáticas, no es difícil enseñarlos a vivir, porque las matemáticas son una primicia de la razón, quizá la más bonita de sus formas manifiestas. ¿Cómo es que no educan? Porque no van a enseñar matemáticas, van a enseñar las temáticas de los cuestionarios oficiales, a imponérselas a los alumnos», se quejó.

Dos años después, esta afirmación cobró especial actualidad tras la aparición, en noviembre de 2007, del denominado Informe Pisa, que evalúa el rendimiento de alumnos de quince años de cincuenta y siete países de la OCDE, según el cual los alumnos españoles tienen un rendimiento mediocre en general. En ciencias obtienen 488 puntos, cifra similar a la media de la OCDE, y prácticamente igual que en Estados Unidos (490 puntos). El rendimiento en matemáticas (480 puntos) es aceptable, en el rango medio de la OCDE (484); en comprensión lectora los alumnos alcanzan una puntuación de 461,15 puntos, por encima de la media internacional, pero 24 puntos por debajo de la media total de la OCDE (484). Así pues, según estos datos, el sistema educativo español goza de bastante buena salud, teniendo en cuenta el histórico retraso social, económico y cultural del país, en relación con el resto de países ricos de la OCDE, si bien hay que tener muy en cuenta estos déficits.

Los siguientes datos pueden acercarnos al problema actual de la educación en España: El 73,2 por ciento de los profesores de primaria y secundaria piensan que la educación ha empeorado en los últimos años, y el 39,4 por ciento cree que en el futuro la situación continuará siendo similar. Sólo el 11,1 por ciento se inclina por considerar que la situación ha mejorado; en tanto que un 54,1 por ciento no espera que la enseñanza actual se adapte a las demandas del futuro. Este estudio de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM), publicado el 27 de noviembre de 2007 en el diario ABC, y realizado en la Comunidad de Madrid, nos aproxima a una situación preocupante, al menos tal como la perciben los docentes. Otro informe de la Fundación Jaume Bofill dispara las alarmas al desvelar que el 31 por ciento de los alumnos de educación no obligatoria en Cataluña abandonan cualquier opción de continuar estudios superiores, porcentaje algo superior al 30,8 por ciento del resto de España, y sólo un 60,4 por ciento de los jóvenes de veinte a veinticuatro años ha superado la educación secundaria postobligatoria. Curiosamente el 75,4 por ciento de los profesores se muestra de acuerdo en que haya alumnos inmigrantes.

Félix González habló sobre la incidencia del bilingüismo en la educación española, tema que, como bien sabrá el lector, es bastante espinoso y de permanente actualidad en España. «¿Qué quieren los bilingüistas de algunas de las comunidades autónomas de España? La mayor parte de ellos quieren situarse políticamente, no quieren situar al ciudadano en unas formas de vida de un Estado de bienestar generalizado. Si ése no es el objetivo de la educación, todo lo demás que hagamos posiblemente es inútil. Oía con admiración lo que decía Marcia Esparza, que es un ejemplo vivo, buscando cómo adaptarse en un ámbito en el que todo tenían que serle huecos facilitadores. ¿Cómo es posible que se hagan las cosas al revés de tal manera? ¿No será porque no hablamos de racionalidad, sino de animalidad? ¿No será porque no estamos educando para vivir en paz y en concordia, sino para que alguien defienda nuestros mezquinos intereses aun a costa de su propia vida? ¿No será eso poner el mundo patas arriba? ¿No es fácil entender lo contrario?»

En este punto quise someter a la consideración de nuestros amigos la cuestión sobre la privatización de la educación en el mundo, o si la educación pública es una responsabilidad sagrada de los estados a la que no se puede renunciar.

Catherine Stanton contestó rápido, defendiendo un modelo mixto: «Creo firmemente en la educación pública, yo me eduqué en las escuelas públicas de Estados Unidos. Nuestro sistema de universidades públicas es una de nuestras contribuciones a la historia, es algo de lo que estar orgulloso. Pero tampoco me gusta que el Estado sea el único proveedor de educación. Además, una de las funciones de la educación privada es contrarrestar el control estatal de la educación pública». Claro que también hay escuelas privadas malas, como el ejemplo que mencionó en Estados Unidos, cuando se permitió la entrada a las escuelas a los afroamericanos y la llamada «huida blanca» creó una serie de escuelas al sur con el único motivo de preservar los privilegios raciales. «Ésa no es una visión positiva de la educación privada. Pero cuando es buena, la educación privada supone una alternativa a la educación pública y ofrece una serie de ideas que luego pueden influir en la educación pública. Así que me gusta el sistema estadounidense, con una fuerte mezcla de educación pública y privada a nivel local, primario, secundario y hasta universitario.» Catherine terminó con una advertencia, refiriéndose a la gente que trata de ganar dinero con la educación. «Están creando escuelas privadas no en nombre de la educación, sino en nombre del dinero. Me produce terror oír hablar de la industria educativa. La educación no es una industria, es un ejercicio del alma.»

Coincidiendo con Catherine Stanton, Félix González se oponía rotundamente al negocio de la enseñanza privada, «porque es absolutamente discriminador. La enseñanza pública está recibiendo estrictamente los alumnos que no quiere la privada, incluso la privada pagada por el Estado en las escuelas concertadas. Todo eso resulta una enorme trampa, favorecida por unos políticos que encuentran en la escuela la mejor manera de propagar sus propias ideas. Pero eso no es la escuela, y esos males están calando en todo el mundo, no solamente en España ni en Europa. Esto hay que reconocerlo, y pronto. Hay poderes muy fuertes globalizados que tienen un gran interés en que el mundo entero viva y se prodigue en afirmaciones que les favorecen».

Por su parte, Gómez Morín no veía la polémica, desde el momento en que se consideraba que la educación era un bien público. «Un bien público debe ser para todos, algo a lo que todos tengan acceso, y no importa quién lo provea mientras se conserve el carácter de bien público. Habrá países en donde, por tradición o por decisión del país, la provea mayoritariamente el Estado, como en el caso de México, pero hay otros países en donde hay un equilibrio entre sostenimiento privado y sostenimiento público, como ocurre en España con las subvenciones a las escuelas concertadas, porque la educación se considera un bien público. Así, la polémica surge cuando la educación no es un bien público, no está garantizada para todos con igualdad de oportunidades y no forma parte del ideario de una nación.»

Precisamente, la igualdad de oportunidades es una de las claves de la educación. Por ejemplo, salió a la luz que sólo el 3 por ciento de los doctorados en Estados Unidos corresponden a la población latina, lo que para Marcia Esparza desvelaba la grave situación de desventaja en que ésta se hallaba desde el mismo momento de su llegada. La profesora Esparza señaló como una de las causas el factor cultural: «Si se toma el caso de las mujeres latinas, existen trabas culturales, porque en nuestra cultura la mujer que abandona los patrones tradicionales no es muy bien mirada, y al no tener posibilidad de romper ese patrón optan por la deserción escolar».

Quise saber la opinión de la profesora Stanton sobre este tema y me contestó que era totalmente cierto, y que las diferencias empezaban desde que los niños eran muy pequeños. Y si no hay igualdad en primaria y secundaria, mucho más difícil será conseguirla en el ámbito universitario, si bien es una cuestión que hay que analizarla grupo por grupo, como coincidieron Marcia y Catherine Stanton. «Una de las dificultades en la cuestión de la igualdad con los afroamericanos es que ahora las mujeres tienden a estar mejor preparadas que los hombres, por ejemplo. Así que hay diferencias entre la comunidad latina y la afroamericana, aunque estoy generalizando, por supuesto. Parte de la cuestión es la discriminación histórica. Durante algún tiempo la discriminación histórica afectó a mujeres de todas las razas, pero ahora he de decir que para las mujeres blancas como yo es mucho más fácil. En resumen, hay que mirar cómo el sexo interactúa con la raza, y a los dos con la condición socioeconómica; no se pueden aislar los factores. En parte, es discriminación; en parte, es cultura que hay que analizar grupo a grupo, y en parte, es una cuestión económica.»

ESCUELA DOGMATIZADA

Frente a la discriminación, Félix enarboló la bandera de la escuela pública. En su opinión, era necesario que hubiera contrastes, aunque con otra procedencia: «Mi experiencia de más de cuarenta años como docente es que la pluralidad y el contraste se dan en la escuela pública, incluso yo diría que la pequeña pelea dialéctica hasta en el cómo hacer didáctico diario. La escuela privada está absolutamente dogmatizada y ahormada en sus propios criterios, dispuesta a que se reproduzca en la sociedad lo que son sus principios de acción, el lucro casi estrictamente, cuando no a veces algo que podíamos calificar de inmoral, que es fabricar esclavos. La televisión es un instrumento magnífico para eso, para sustituir la imaginación de cada niño por una imaginación prefabricada. Estamos inutilizando el poder imaginativo de los niños y para que imaginen lo que otros han imaginado para ellos. Los niños no quieren un ejercicio de reflexión crítica, eso es muy pesado». La conclusión de Félix no podía ser más pesimista porque, a su entender, la educación no estaba en su sitio, «y somos las personas que estamos y trabajamos en ella las que tenemos que bregar para encontrar ese sitio lo antes y lo mejor posible».

Tras estas palabras, Gómez Morín volvió al tema de la escuela pública versus la privada, insistiendo en que si la educación era un bien público, no importaba quién proveyera la educación, porque como tal tenía que estar al alcance y en la misma igualdad de oportunidades para todos el acceso a la educación. Como bien público no podría ser un negocio. Particularmente, en México la educación obligatoria era la educación básica nada más (preescolar, primaria y secundaria, son doce años de educación obligatoria): «Como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar que todos vayan a la escuela. Pero la pregunta clave es quién garantiza la equidad. En Estados Unidos se ven las diferencias en los recursos que se asignan a las escuelas; en México no se ve esa diferencia porque desafortunadamente no se asignan recursos a las escuelas». Muy recientemente, México empezó el experimento de darle poder a la escuela, entre otras cosas con asignación de recursos diferenciados, lo cual no se hizo en Chile. Entonces la equidad, que halla el equilibrio en términos de igualdad de oportunidades para todos los niños, sólo la garantiza un Estado democrático con representantes elegidos democráticamente que tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todos. «Un auténtico Estado democrático interviene cuando esa igualdad se rompe. En este contexto, no tiene mayor conflicto quién va a proveer la educación mientras uno, el Estado, garantice la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema educativo, para permanecer en el sistema educativo, y también para el logro educativo, para que aprendan lo que tienen que aprender. Una escuela puede ser sostenida por particulares o puede ser sostenida por el Estado, pero el Estado tiene que garantizar que tanto en las escuelas que él sostiene, o en las que invierten los particulares, haya igualdad de oportunidades para la permanencia de los niños para el logro educativo, si no el Estado tiene que intervenir.»

Marcia Esparza mostró su preocupación por los latinoamericanos que no volvían a sus países y se quedaban en España. «Hay muchos dominicanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades latinoamericanas que se encuentran en España, con gran acogida, por supuesto, del pueblo español, pero que sufren muchos obstáculos que tienen que ver con la discriminación histórica a la que aludía Catherine, que es algo que se ha vivido acá en Estados Unidos y que se vive en España, y que tiene que ver con la cuestión de si la relación entre España y América Latina ha sido una relación desigual históricamente.»

A estas alturas del debate no me pude resistir discrepar parcialmente con Marcia. Creo que hay que distinguir hoy día en España dos ámbitos: el ámbito de la enseñanza primaria, en el que no le faltaba razón a Marcia al hablar de los graves problemas de integración de los inmigrantes. En primer lugar, por las escuelas concertadas, que suelen rechazarles, aunque no deberían hacerlo, y, por otra parte, en las escuelas que los admiten las situaciones de discriminación son frecuentes. A ello se suma una calidad en la enseñanza pública que, por el mal diseño de la misma, no está adecuada para personas que no conocen el idioma, o conociéndolo perfectamente por venir de América Latina, van a comunidades bilingües. Al final, se les ponen programas de diversificación especiales que se concretan en enseñarles música o a hacer cuadritos en la pared o ver películas, realidad que conozco muy bien porque casi toda mi familia, salvo yo, se mueven en el área de la educación.

Ahora bien, en el ámbito universitario creo que Marcia no era totalmente objetiva, quizá porque no conocía bien la realidad universitaria española. La universidad española, desde hace un tiempo, no es que tienda la mano al otro lado del Atlántico, es que está perfectamente integrada en la comunidad iberoamericana con convenios múltiples de muchísimas universidades que hacen incluso aportes como licenciaturas comunes, que es el siguiente paso que se va a dar, como ya ha hecho, por ejemplo, la Complutense con la Sorbona de París. Hay varios proyectos en desarrollo, así como cursos de doctorado y de posdoctorado permanentes, especialmente dirigidos a personas de América Latina, con una gran integración y un volumen considerable en las mejores universidades públicas y privadas españolas. Sin embargo, no es del todo cierto que su estancia se prolongue en el tiempo, porque está establecido prima facie, que no pueden quedarse a ejercer o desarrollar en España, lo cual, desde mi punto de vista, es bastante criticable, no porque se queden únicamente los cerebros, sino porque no los dejen quedarse. El conocimiento, y la educación, es patrimonio de la humanidad, y así se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y nadie tiene derecho a retener cerebros o humanistas o profesores, sino precisamente a reunir y complementar unos con otros.

Un elemento polémico que todavía no se había planteado era el de la religión y la educación y la relación entre ambas en un mundo globalizado. En España es un tema especialmente polémico, ya que cabe afirmar que no sólo es un tema curricular, sino una cuestión mucho más profunda, porque lleva implícita una posición política determinada de la Iglesia católica frente a la que sostiene el actual Gobierno socialista, contrario a cualquier privilegio de la mayoría católica en la enseñanza de la religión: la Iglesia católica se resiste a perder sus privilegios en el campo de la enseñanza.

Catherine Stanton fue la primera en afrontar el tema, intentando aclarar en primer lugar de qué clase de religión se habla, pues no es lo mismo un sistema católico, de los cristianos evangelistas, islámico o hindú: «Tenemos todos ésos en Estados Unidos, y más», dijo. Tampoco era lo mismo, a su juicio, instituciones religiosas de primaria y secundaria o en universidades, si bien se apresuró a añadir: «Los sistemas religiosos también pueden ser un factor positivo. Conozco a muchos padres que se esfuerzan por mandar a sus hijos a un colegio católico, incluso en barrios pobres porque creen que los colegios católicos son mejores que los públicos. Así que ahorran, compran los uniformes y hacen ese esfuerzo porque creen que sus hijos tendrán una mejor educación en el sistema católico. Algunas universidades católicas, Notre Dame, por ejemplo, son excelentes instituciones educativas. La clave es siempre la relación de la institución religiosa con el Estado laico». Para Catherine, su función, en tanto que instituciones privadas, era respetar la necesidad de vivir en un Estado laico y no pretender sustituirlo, sino ser parte de él. Por eso admitió estar algo preocupada «cuando veo que algunas de las instituciones de mi fe, que es la cristiana, reemplazan el dogma por la razón, y el dogma por el constante fluir de ideas que para mí constituye la esencia de la educación». Otra vertiente de esta cuestión es la enseñanza de la religión en los colegios públicos, y me sorprendió notar la seriedad con que se refirió a ella. «La lucha sobre la enseñanza de la religión en los colegios públicos es hoy día muy seria en Estados Unidos, porque los cristianos evangélicos intentan controlar la educación pública en todas partes. Lo vimos en la enseñanza de la historia y ahora en la enseñanza de la ciencia. Ese intento de convertir la educación pública en una especie de religión lo combatiré con todas mis fuerzas.»

La Constitución mexicana es taxativa al respecto, estableciendo el artículo tercero claramente que toda la educación en México es laica. «Es un Estado laico y de ahí este artículo tercero constitucional de la revolución mexicana, de un país que venía de un proceso de independencia y de una construcción de identidad en donde la Iglesia católica había tenido un papel muy fuerte; es un tema en México prácticamente intocable», dijo Gómez Morín. También es importante recordar que en México, después de la revolución, hubo otra revuelta interna, la guerra cristera, que enfrentó a grupos de católicos contra el Estado mexicano y fue muy cruenta; cientos de miles de mexicanos murieron en esa guerra. Para él, el problema que se había generado en muchos países que habían buscado el laicismo educativo era no entender que el verdadero laicismo consistía en el respeto a las convicciones fundamentales de cada persona. «El Estado mexicano, como responsable del sistema educativo nacional, no debe permitir que se imparta un solo credo religioso; debe respetar las convicciones fundamentales de cada persona. Ése es el laicismo. Desafortunadamente, el laicismo se convirtió en una actitud antirreligiosa, se atacó a la religión, y eso nos llevó a la guerra. No es lo mismo respetar las convicciones para creer o para no creer que atacar y decir que el laicismo es que no entre la Iglesia al sistema educativo nacional.» Durante muchos años ha habido escuelas privadas que pertenecen a órdenes de religiosas católicas en México, y están obligadas a cubrir los planes y programas de estudio nacional. Evidentemente, en esas escuelas se daban clases de religión. El propio Gómez Morín recordó cómo fue a una escuela católica donde había imágenes religiosas, pero cuando llegaba la supervisora del Estado, literalmente daban la vuelta a todos los cuadros para que apareciera el ministro de Educación, porque si no, la escuela se cerraba. «Eso ya no ocurre en nuestro país, pero veo que en España la discusión es si la clase de religión tiene valor curricular o no. En México no se discute si tendría valor curricular o no. En México no hay discusión, la religión no se enseña en las escuelas. Eso no quiere decir que la Iglesia católica, fundamentalmente, no presione con insistencia en que se enseñe clase de religión en las escuelas públicas.»

Gómez Morín defendió el Estado laico, un Estado que garantice igualdad de oportunidades educativas para todos, y que en esa garantía de igualdad de oportunidades exista también la expresa visión del Estado de respetar las convicciones fundamentales de las personas, porque el Estado tiene que garantizar a cada uno la profesión de su fe o de su religión y salvaguardar el espacio público donde todos pueden coincidir y convivir.

La profesora Marcia Esparza destacó cómo las creencias de los pueblos indígenas de América Latina no son denominadas religión, sino cosmovisión (cosmology). Me pareció una apreciación muy interesante, y en el caso concreto de México el sistema de valores y de fe de los pueblos indígenas en México no es percibido ni apreciado como religión, debido a que hay una definición que viene desde el Estado dominante, desde las clases dominantes políticas, económicas, sociales y culturales, que niegan nuevamente a los pueblos indígenas practicar, promover y reforzar su religión, si bien no se trata de un problema local de México, sino de toda América Latina.

Para Félix González, el tema religioso es muy candente, sobre todo por nuestra singular idiosincrasia. En España, la educación siempre ha sido religiosa, al contrario que en México en cierto modo. «No hemos tenido problemas porque no había excepciones. Yo empezaba mi vida escolar en la escuela pública de mi pueblo en la provincia de Ávila rezando el padrenuestro, esto era obligado diariamente. También para acabar el día. Eran maestros laicos, pero en Ávila el instituto estaba en manos de un canónigo que era el jefe de estudios y profesor de religión, naturalmente. La religión era parte integrante, integrada en el currículum, y por tanto de una valoración muy estimable, y cuanto más alto puntuabas en religión el jefe de estudios te defendía más para que también puntuaras alto en matemáticas.

»Es una mezcolanza extraña difícilmente admisible, porque yo creo que mi país es un país religioso, pero en un sentido distinto. Entiendo la religión de dos maneras coexistentes y un poco antagónicas. La religión en puridad de concepto tiene algo de mística, es decir, es algo personal e intransferible. Nos caracteriza entonces esa idealización de lo religioso como una particularidad. Pero en España la Iglesia ha sido muy poderosa siempre, y utilizaba ese poder para hacer la otra manera de vivir lo religioso, que es una especie de implicación sociopolítica. La Iglesia en España ha dirigido durante años todo el hacer político, porque le decía al rey, por ejemplo, cómo tenía que ser su comportamiento moral, a partir de donde emanaban todas las leyes. Así consideraban fieles siervos de la Iglesia a todos los españoles Que yo sepa, en estos momentos no pasarán del 15 por ciento los ciudadanos que practican religiosamente en España, pero los dirigentes de la Iglesia española se sienten muy poderosos, de manera que no sólo quieren financiación exclusiva para el catolicismo, quieren más. Quieren ahora que ese hacer sociopolítico esté en los centros, y para eso quieren la religión. Pero dentro de la vivencia religiosa y sociorreligiosa del país, en estos momentos la gente masivamente no quiere la religión como asignatura que pueda puntuar, y creo que así acabarán las cosas, pero va a costar mucho porque el Partido Popular, cuya religiosidad podría ponerse muy en entredicho, ha de defenderla, ya que tiene muchos intereses como partido y como grupo humano.»

Otro tema que tratamos fue el de la filantropía en el mundo de la educación universitaria, tanto en España, como en México, Estados Unidos, etcétera, y si los mecenas podían intervenir en el trabajo intelectual sin representar una amenaza para la autonomía académica e intelectual. Catherine Stanton veía la filantropía en la educación secundaria y superior como un factor positivo, siempre y cuando, tanto si es un donante particular o una fundación, se tuviera cuidado de que no te impusieran los términos. «Siempre, siempre, la pelea en educación es preservar tu libertad. Pero en general la filantropía me parece algo positivo, aunque a veces haya una pequeña pelea, un tira y afloja sobre cómo se debe gastar el dinero.»

Para Marcia Esparza, gracias a su experiencia con instituciones filantrópicas en Estados Unidos, sí había limitaciones que tenían que ver con intereses políticos. «Por ejemplo, siempre he intentado fomentar la investigación sobre la memoria histórica de los pueblos indígenas, es uno de mis temas, pero son investigaciones difíciles de financiar porque no están de moda. Lo que está de moda es África y Oriente Próximo, y por supuesto toda la guerra en Irak y en Afganistán; en mi experiencia personal y en la de otros colegas que conozco muy de cerca, las investigaciones hasta cierto punto están determinadas por intereses políticos.»

A pesar de la duración del debate, todavía quise profundizar en las opiniones de nuestros panelistas y planteé dos cuestiones más a Catherine Stanton y Gómez Morín: la necesidad de conservar el humanismo como elemento básico de nuestro acervo cultural para poder afrontar otras materias y técnicas, y la acelerada expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que impactan en los diferentes ámbitos sociales y también trasladan su influencia al ámbito de la educación, ¿cómo subirse al carro para no quedar descolgados?

Para Catherine Stanton, las humanidades estaban en peligro. Si la educación se convierte en una fuente de beneficios, las humanidades, el estudio de quiénes somos, los idiomas, la literatura, la historia, ya no serán vistas como algo importante. «Qué se puede hacer? Empezar con los niños pequeños y enseñarles a amar la lectura, a escribir y la historia y la comprensión de uno mismo. Y tenemos que demostrar que las humanidades no son un conjunto de disciplinas académicas, sino el modo en que usamos la razón y la imaginación para la mejor comprensión del proyecto del ser humano. Los humanistas también sirven como testigos. Así que los humanistas que nos rodean deberían dejar clara la gravedad de los problemas de las humanidades.»

Lorenzo Gómez Morín se atrevió con la segunda pregunta. La cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación es una cuestión que en los países desarrollados tiene más impacto que en los países en vías de desarrollo, en los países como México o en los países latinoamericanos. «Sin embargo, desde mi perspectiva como educador, creo que la nueva forma de analfabetismo en el siglo XXI es el analfabetismo tecnológico, y el uso de las tecnologías puede ampliar aún más las brechas de desigualdad social entre países, entre regiones y entre personas.»

El tema era y es objeto de amplia discusión y debate, y no sólo se refería a cómo introducir las tecnologías: no se trataba simple y llanamente de dar clases de informática o poner ordenadores en las escuelas, como pensaron algunos creyendo que así resolvían el problema y no resolvieron nada. «Yo lo vi en mi país, durante muchos años se hicieron esfuerzos para poner a todas las secundarias un laboratorio de cómputo, que terminó convirtiéndose en un taller de mecanografía carísimo, porque para lo único que usaban las computadoras era para escribir cartas o dictados.»

La tecnología tiene que ver con una perspectiva y una visión mucho más amplia y diversa, y el problema de la introducción de las tecnologías es un tema también importantísimo: los niños, las niñas y los jóvenes aprenden en la escuela, y en la escuela aprenden en particular en un espacio, que es el aula, y el conductor principal de ese espacio de aprendizaje es el maestro, y el uso de las tecnologías tiene que ver con quiénes son nuestros maestros, cómo fueron formados, de dónde provienen, desde su contexto socioeconómico o cultural, y en dónde están ellos parados frente a las tecnologías, porque la brecha se da también entre los niños. «Se ve en el nivel básico, entre los niños y los maestros. Los niños las pescan muy rápido, los maestros un poquito más. Sin duda, la capacidad de uso de tecnología va a ser la nueva forma de analfabetismo en el siglo XXI.»

Habida cuenta de que estábamos entre educadores, quise saber cómo se prepara un educador. En opinión de Félix González, se prepara poco. El problema es muy hondo y la preparación insuficiente. Hay muchas situaciones en que el docente ha sabido llegar a tiempo y los problemas se han solucionado. Un buen orientador en un centro es capaz de mediatizar y reorientar los conflictos mejor que los profesores. Por desgracia, la violencia en los niños y en los jóvenes, hasta la adolescencia, es una reproducción de los comportamientos de los adultos, es una traslación como autodefensa, pero también como protesta. Otra cuestión muy importante es la droga. La mercantilización de la droga y el consumo son aspectos que fomentan enormemente actitudes violentas.

En palabras de Félix González: «El profesor violento produce violencia, y hay violencia en las clases donde el profesor no sabe ser no violento. El mismo grupo manejado por dos profesores distintos, como prueba, en un instituto en Madrid produce con el profesor segundo una acción absolutamente contraria. Un grupo no controlable, sin rendimiento académico de ningún tipo se transforma de repente en un grupo casi ejemplar en su comportamiento, en la subida de sus calificaciones, etcétera. La responsabilidad de los adultos es tremenda en este sentido, y yo creo que hay una pregunta que hacer importante: ¿dónde ponen los sistemas educativos, cómo lo ponen y qué clase de centros ponen al servicio de los padres, lo que se suele llamar escuela de padres?».

En cuanto a la informática, Martínez la consideraba una herramienta formidable, pero reducir la educación a esa materia, como ocurre muchas veces, produce el otro tipo de analfabetismo que se ha mencionado antes. «Uno clarísimo: es objeto de una discriminación más, quien no tenga eso aún estará peor, eso es un hecho. Pero, además, otro segundo: el que se queda sólo en eso también se quedará peor. Y lógicamente, esto no es humanismo.»

Quedaron muchos temas por analizar, pero no albergué la más mínima duda de que nuestros panelistas hicieron un inmenso esfuerzo por transmitir una serie de valores que deben tenerse en cuenta al abordar y desarrollar cualquier modelo educativo. Caer en el sectarismo religioso o anticlerical es grave. Creo que está bien que no exista una discriminación positiva a favor de una religión determinada. Ahora bien, se ha de tener cuidado con lastrar lo que es la historia de un pueblo y lo que es la historia de la humanidad, la cual, nos guste o no, desde hace miles de años, está imbuida de religión, de moralidad y de ética.

Para concluir, Félix González dijo: «Los valores son cualidades; las cualidades son fruto de la educación. Los valores no se predican, se muestran. Si no hacemos las cosas bien, ahí radica la responsabilidad de los mayores: no se aprenderán los valores como ejercicio personal, si acaso como actitud hipócrita en determinados momentos, y eso es lo que hay que combatir a toda costa. Volvería a reclamar un poco la presencia de los valores clásicos, humanistas, de nuestra propia cultura occidental, y pensar en el sentido de aquel Sócrates que mostraba cómo debía ser la vida, una exigencia reflexiva permanente, pero también, incluso hasta al servicio de su sacrificio si hacía falta, en favor de lo que la sociedad entendía como positivo para todos los demás. Eso es lo que llamamos valores».

9

La inmigración: la vergüenza de los países ricos

El mundo tiene unos 6.400 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 200 millones se embarcan en una aventura migratoria cada año. Son cifras reveladoras que dejan patente las dimensiones de uno de los fenómenos más importantes de hoy. Hablar de inmigración es hacerlo de uno de los problemas más acuciantes y de más difícil solución. No soy de los que piensan que la inmigración afecte a la seguridad, en el sentido de que una sociedad pueda y deba vivir con relativa tranquilidad. Con demasiada frecuencia se nos olvida que todas las personas y comunidades quieren vivir con una mínima seguridad que garantice sus derechos, y que el emigrante aspira exactamente a lo mismo. No quiere una aceptación de segundo o tercer grado, sino obtener en pie de igualdad el mismo trato que el resto de los ciudadanos, para lo cual está también dispuesto a cumplir en la sociedad de acogida, las obligaciones que le correspondan.

Sin embargo, el primer problema comienza desde el momento en que los países desarrollados y sus gobernantes ponen trabas al acceso de personas que «invaden» su territorio para «proteger» a sus ciudadanos. En el momento en que estos últimos se sienten incomodados o molestos por los «inmigrantes», el fenómeno de la inmigración comienza a ser algo perturbador, una amenaza, un semillero de problemas. Sin embargo, cuando el inmigrante se limita a trabajar en condiciones deleznables, sin derechos, con claro abuso empresarial, no hay problema que valga. Las sociedades occidentales quieren una emigración a la carta que las ayude a prosperar y a mantener la propia decadencia de Europa o Estados Unidos y sus estructuras económicas, pero no cuando causa problemas de integración, o cuando la propia omisión, dejadez o impotencia de las autoridades genera auténticos guetos. En tales casos, no se les quiere. Lo que se desea es una emigración pura, elitista, o, cuando menos, que no moleste; pero se olvida que son personas con todos y cada uno de los problemas que tenemos todos.

La cuestión de base es que la sociedad occidental se ha acostumbrado a una alta calidad de vida que no quiere perder, conseguida, en la mayoría de los casos explotando vorazmente a países lejanos, cuyos hambrientos habitantes ahora llaman a la puerta de quienes tanto les han expoliado en una colonización salvaje. Nos hemos «apropiado» de tal forma de esa alta calidad de vida que rechazamos compartirla por temor a que desaparezca. Así, el inmigrante es visto como un enemigo, «como el hombre del saco», y se desarrolla, interesadamente, un miedo a lo diferente, a lo que no se puede controlar, que al final se traduce en una clara visión xenófoba e intolerante, a pesar de los grandilocuentes discursos, por otra parte huecos, sobre la tolerancia y el no racismo y de las encuestas que así lo avalan. En mi humilde opinión, en todo lo que respecta a esta cuestión existe una gran falsedad, un doble discurso que lleva a mentir públicamente, mostrando una tolerancia oficial, y a rechazar en privado a todo aquel que viene de fuera.

Nadie tiene más derecho a una tierra que otro por la razón coyuntural y contingente de haber nacido en ella. Esta feliz circunstancia debe ser aprovechada para prosperar, pero no para impedir que otros lo hagan. Todo ser humano tiene derecho a buscar unas condiciones de vida mejores, máxime cuando se halla en una situación que jurídicamente se conoce como estado de necesidad. Antes de blindar todas las fronteras habidas y por haber de nuestros países y de la Unión Europea, los gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza, deberían reflexionar sobre quiénes son los verdaderos y últimos responsables de que los países exportadores de personas se hallen en esta situación, y qué medios se han puesto para que ésta cambie. La globalización económica desmedida y el liberalismo salvaje en que está sumido el mundo occidental ha producido una anarquía galopante en los movimientos migratorios de consecuencias humanitarias imprevisibles: los países desarrollados continúan necesitando mano de obra emigrante, pero a la vez temen la invasión anárquica de extranjeros, a quienes hacen responsables de todos los males que pueden aquejarles. Tópicos como «Vienen a quitarnos el trabajo» o «Con ellos aumenta el tráfico de drogas» se emplean a menudo sin conocimiento de causa, cuando en realidad nadie quiere trabajar como empleado doméstico, o nada tiene que ver la nacionalidad con el tráfico de drogas. Los gobernantes de los países de origen favorecen, asimismo, la salida de sus nacionales porque les reporta un buen volumen de ingresos. Así las cosas, las «mafias» y organizaciones criminales internacionales hacen «su agosto», aprovechando las normas cada vez más restrictivas a la entrada en los países de acogida, que hace subir la tarifa o «canon de muerte» que deben aportar los inmigrantes para salir de su país y entrar en otro. En este punto al menos las legislaciones se han reforzado, castigando más severamente a los culpables, a la vez que, como ha hecho recientemente la Sala Segunda del Tribunal Supremo (sentencia del 27 de septiembre de 2007), han dado entrada al principio de justicia penal universal para perseguir a los que comercian con hombres y mujeres, en una especie de nueva esclavitud en la que la vida de las personas es moneda de cambio. Basta con mirar con qué indiferencia los medios de comunicación proyectan imágenes de cómo la desesperación del ser humano le lleva a iniciar aventuras que concluirán en alta mar o en un campo de acogida o detención, o bajo extremas temperaturas en un desierto, o bajo los disparos de un cazador «espaldas mojadas», o en una devolución al país de origen, o una sepultura en tierra extranjera. Sirva a modo de ejemplo la siguiente noticia, de 7 de noviembre de 2007, que apareció en diferentes medios de comunicación: «Mueren 47 inmigrantes en el mar de sed y de frío, los 92 supervivientes han sido hospitalizados en Mauritania». En 2007 hubo un total de 350 fallecidos en condiciones similares, cuando intentaban alcanzar el archipiélago canario.

En el área de la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, la Ley Orgánica 13/07, de 19 de noviembre, ha llenado un vacío en el área de la punición de los delitos que bien podrían calibrarse de lesa humanidad porque afectan a valores de carácter humanitario considerados esenciales por la comunidad internacional. La ley trata de paliar, como dice en su exposición de motivos, «la tradicional impunidad derivada del escaso empeño mostrado habitualmente en su represión por los estados con más directos vínculos de conexión». Porque la lucha contra la inmigración ilegal es uno de los desafíos más grandes que afronta la humanidad, la Convención contra el Crimen Organizado de 2000, en vigor desde septiembre de 2003, y su protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes, en vigor desde el 10 de diciembre de 2003, así lo imponen. Mientras, el artículo 23.4 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluye este fenómeno dentro de la justicia universal, como ya lo había hecho el Tribunal Supremo.

La inmigración es un problema que si ya nos preocupa actualmente, más acuciante se hará en el futuro. Dada la impracticabilidad de la utópica medida liberalizadora de fronteras abiertas, debería conseguirse un punto de equilibrio que encauzara el fenómeno de la emigración en unos límites aceptables para las diferentes partes implicadas, haciendo especial hincapié en la creación de unas políticas de apoyo a los países de origen, con el fin de generar unos marcos de desarrollo aceptables que socaven la emigración y reduzcan el altísimo flujo migratorio actual.

En todo caso, debemos ser conscientes de que, sea cual fuere la solución adoptada, el ámbito del respeto a los derechos individuales de las personas debe ser la esfera que más se proteja, haciéndose ineludible que el pragmatismo vaya acompañado de un claro respeto a los derechos individuales. Como dice el especialista en movimientos migratorios Sami Naïr: «Y sobre todo, habrá que velar porque la inmigración no se transforme, en el seno de las naciones y bajo la presión de una demagogia racista, en objeto de lucha política. En lo que a la política migratoria se refiere, es mejor buscar sistemáticamente amplios consensos entre todos los actores de la sociedad, lo que supone que los inmigrantes tengan una concepción clara de sus derechos y deberes». Porque «la inmigración es un contrato», y en el desarrollo del mismo los inmigrantes no deben ser preteridos de los eventuales sacrificios, ni excluidos de las obligaciones, cuyo cumplimiento y exigencia constituyen la base del equilibrio democrático de la sociedad moderna.

Aunque sólo sea a modo de ejemplo, debemos reseñar, cuáles son los números de la inmigración en España, que en 2008 roza los 45 millones de habitantes, de los cuales, según cifras oficiales, 4.144.166 son ciudadanos de origen no español, frente a la de 1995 de tan sólo 461.364. Según un informe de la Oficina de Estadística de la Comisión Europea en 2006, la Unión Europea tenía 494.674.000 habitantes, cifra que incluía el aumento de 1.822.400 de personas ese año, de las cuales 1.422.600 eran inmigrantes, de los cuales el 44,7 por ciento se instalaron en España. Con estas cifras, no es difícil comprender que la inmigración constituya una de las principales preocupaciones de España. La importantísima labor desarrollada dentro y fuera de nuestro país para armonizar el problema de la emigración, en los límites de legalidad, es la política acertada, en el marco de la Unión Europea, aunque queda un largo camino por recorrer.

Al hablar de inmigración, no debe perderse de vista que estamos ante un auténtico drama humano de vidas rotas y familias destruidas. Nunca a lo largo de la historia se habían producido corrientes migratorias tan intensas como las actuales. Y es la necesidad, plasmada en la falta de perspectiva vital en los países de origen, la que hace que miles de personas afronten una aventura de resultados inciertos, y cuando hay océanos de por medio, muy peligrosa. Está comprobado que los flujos migratorios que llegan por el norte (América, Europa y Asia) son mayores que los procedentes del sur (África). Estos últimos suelen acabar mal, debido a los procedimientos utilizados para alcanzar nuestras costas, a bordo de pequeñas embarcaciones de madera o lanchas neumáticas, conocidas como cayucos o pateras. El flujo migratorio procedente de América es posiblemente el más numeroso y el más complicado de cuantificar, por cuanto la entrada inicial se hace de forma legal.

Dentro de estos flujos migratorios, debe diferenciarse los de países que no necesitan visado para acceder al territorio de la Unión Europea de los de aquellos países que sí lo requieren. Los primeros no necesitan de ningún medio especial para entrar, si bien, una vez en el país de acogida, su estatus de turista pasa a ser el de inmigrante ilegal, que necesita documentos de identidad falsos obtenidos fraudulentamente y para cuya obtención intervienen grupos organizados.

La inmigración africana hacia la Unión Europea, y en particular hacia España, principalmente parte de Senegal, Malí, Gambia, Nigeria, Ghana y Guinea Conakry. Hasta 2005, la salida de inmigrantes se producía desde Marruecos hacia la península y desde las costas del Sahara occidental hacia Canarias, tras cruzar Argelia y parte del Sahara occidental. Las salidas desde Marruecos para cruzar el estrecho y alcanzar las costas peninsulares se producían desde la costa comprendida entre Tánger y Ceuta, y en menor medida, desde la zona de Alhucemas para alcanzar las costas granadinas y malagueñas, así como desde las zonas de Nador para llegar hasta Almería.

A partir de 2006, y a causa de la presión policial marroquí, el punto de salida se desplazó hacia Mauritania y Senegal e inclusive a Gambia. Este desplazamiento de los puntos de partida ha hecho mucho más peligrosas las travesías. Los precios que los inmigrantes pagan a las mafias por el viaje dependen del medio utilizado y del país de partida. Actualmente, el viaje a España en cayuco cuesta por persona entre 300 y 1.500 euros, aunque el precio medio suele estar entre 600 y 800 euros.

En la segunda mitad de 2007 se constató que Guinea Conakry y, en menor medida, Senegal se habían convertido en los principales países de salida para barcos dedicados al transporte de inmigrantes ilegales hacia Europa, en particular, hacia España. El coste del viaje variaba entre los 7.000 y 10.000 euros. Es llamativo que ésta sea la ruta seguida por los emigrantes asiáticos, principalmente paquistaníes e indios, que tienen numerosos asentamientos en Guinea Conakry, a lo que hay que añadir que este país se ha convertido en el punto de contacto y distribución del tráfico de cocaína desde América Latina.

Hasta el 30 de septiembre de 2007 llegaron por el estrecho de Gibraltar 3.798 inmigrantes, frente a los 5.882 del año anterior, lo cual supone un descenso del 64 por ciento en la llegada a las costas españolas de la inmigración procedente del continente africano, motivado en gran medida por la actuación de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), creada en 2005 como organismo de la Comunidad Europea, dotada de personalidad jurídica propia y con sede en Varsovia. Su objetivo es facilitar y hacer más eficaz la aplicación de las normas comunitarias en la gestión de las fronteras exteriores; la intensificación del intercambio de información entre las autoridades españolas y las autoridades de los países de procedencia (Senegal, Mauritania, Argelia y Marruecos), con el objeto de desarticular las redes establecidas; el control de las autoridades argelinas y marroquíes de sus costas, y la actuación en materia de repatriaciones y labor diplomática de las autoridades españolas con las autoridades de los países de origen.

Pero, desgraciadamente también forman parte de los números de la inmigración todas aquellas personas que no alcanzaron el sueño de libertad ni regresaron a su país, porque perdieron la vida en el camino. Se calcula que en 2006 hubo más de 600 muertos entre los inmigrantes ilegales, estimaciones que podrían llegar hasta los 983 fallecidos (según el Centro de Coordinación de Canarias). Si ya de por sí son graves las condiciones para alcanzar el punto de destino, el panorama que encuentran al llegar, si finalmente consiguen quedarse en él, no es nada alentador, teniendo en cuenta que España es el segundo país, después de Estados Unidos, con mayor flujo migratorio del mundo, y el primero en proporción a su población. La inmigración es uno de los principales factores en la expansión de la economía española, que ha contribuido decisivamente al crecimiento del PIB en un 30 por ciento durante la última década, servicio que la sociedad española no ha acompañado con un mínimo sacrificio a favor de los inmigrantes legales o ilegales. Ni que decir tiene que tenemos una deuda pendiente con aquellos de los que nos aprovechamos y no correspondemos en pie de igualdad. Y ahora, en tiempos de crisis económica, se impone con mayor razón la solidaridad.

Cuando más se vulneran los derechos de la víctima es en el doloroso momento de la repatriación, que se realiza por vía terrestre, aérea o marítima. La experiencia acumulada y el debate surgido en el seno de la Unión Europea ha dado lugar a diversos instrumentos para tratar esta materia, con el objeto de obtener un mayor respeto de los derechos individuales de las personas afectadas. Pero estos extremos no dejan de ser una pura representación, pues no existe ningún mecanismo para comprobar qué sucede luego con las personas expulsadas. Las diferentes regulaciones sólo prevén el método para que la repatriación se lleve a efecto adecuadamente, pero no van más allá. Son demasiados los casos en los que las denuncias de maltrato posterior deben de hacer pensar sobre la suerte de los miles de personas que se hallan en esta situación en España, o en cualquier otro país que expulsa o rechaza a personas que han entrado en su territorio. Las autoridades deberían cerciorarse de las condiciones en las que van a ser recibidos los expulsados y si están garantizados sus derechos, porque no debe olvidarse que tanto en la situación de expulsión como en la de acogida existe el principio de ciudadanía universal, que vincula a cualquier otro país con las personas que habitan, siquiera transitoriamente, en su territorio, y obliga a respetar los derechos inherentes a esa condición. No quiero que se entienda que abogo por la supresión de las nacionalidades en pro de una categoría única y diferente de ciudadanía universal, una utopía inalcanzable, pero cada una de las nacionalidades debe fortalecerse más al garantizar por igual los derechos de los nacionales y los de quienes no lo son. Si el concepto nación y territorio tiene algún sentido en relación con los que habitan o están de paso por el mismo es que no exista discriminación alguna entre ellos.

EL INMIGRANTE NO ES UN DELINCUENTE

Soy consciente del problema de la inmigración ilegal, pero no debe olvidarse que el inmigrante no es un delincuente ni se le puede exigir que cumpla normas prohibitivas y autoprotectoras que en ningún caso pueden eliminar el legítimo derecho a la supervivencia, sobre todo, cuando sus condiciones de precariedad son consecuencia directa o indirecta de la salvaje globalización económica que se aprovecha de los propios países afectados. La gran mentira en la que algunos se instalan para justificar la arbitrariedad de las políticas migratorias por la supuesta inseguridad y aumento de la delincuencia debe ser desmantelada. Yo mismo he sido testigo de cómo se puede explotar a un «hispano» en Nueva York, exigiéndole el pago de los impuestos estatales para luego hacerle objeto de persecución policial, de reclusión en centros de internamiento y finalmente de expulsión.

No debería aceptarse la existencia de centros de internamiento bajo normas de estricta seguridad cuando la inmigración es una realidad mucho más compleja que la de un problema de seguridad. De hecho, es más una cuestión social, laboral y política que no debería dar lugar a expulsiones o repatriaciones sino en casos muy particulares. En Europa deberían adoptarse las normas necesarias para regularizar y distribuir a las personas que están irregularmente. Las decenas de miles de personas que se hallan en esa situación están generando una riqueza que está siendo aprovechada por todos y cada uno de los que vivimos aquí; no se trata de tener manga ancha o estrecha, sino de proteger por igual a los de aquí y aquellos contra los que no existe causa alguna aparte de su propia situación de irregularidad para expulsarlos o repatriarlos.

Durante el tiempo que estuve en Nueva York pude comprobar una realidad bastante parecida a la que se vive en España respecto de la inmigración. Casi todos los empleos más precarios y menos cualificados los desempeñan inmigrantes de primera o segunda generación. Es difícil encontrar una construcción o un supermercado que no esté hecha o en el que no trabajen inmigrantes, respectivamente. En el edificio de la universidad en el que viví durante dieciséis meses, los porteros y los cuidadores eran paquistaníes, iraníes, egipcios, hondureños, mexicanos, guatemaltecos, brasileños, chinos, kenianos, salvadoreños, argentinos, y tan sólo un norteamericano. No se pueden imaginar la sensación que experimenté el día en que, ya iniciada la primavera de 2006, decidí unirme y participar, junto con mis estudiantes y amigos, en la gran manifestación de los inmigrantes en Nueva York contra la reforma migratoria que la administración Bush quería imponer. Miles y miles de personas unimos nuestras voces en contra de esa política neoconservadora que llevaría a la expulsión de centenares de miles de personas del país donde trabajaban y pagaban sus impuestos. En ese momento me sentí más emigrante que nunca, y hablando con ellos en Washington Square, Broadway y en las inmediaciones del City Hall, pude comprobar los sentimientos de cada uno de los manifestantes por aquella tierra en la que habían rehecho sus vidas y la angustia ante la posibilidad de perder toda esperanza de mantener su situación. Aquel día no hubo diferencias, y fueron miles los ciudadanos neoyorquinos que sumaron sus voces a los que reclamaban sus derechos a permanecer en esa tierra. Ver Greenwich Village y Nueva York entera paralizadas por una huelga de inmigrantes ilegales fue una lección inolvidable: los mismos norteamericanos pedían y exigían el rechazo de esa normativa. Gracias a esta experiencia y a otras similares que viví al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Tijuana, mi visión sobre la inmigración se humanizó, como también creo que ha sucedido a muchos al ver próximas las caras de esos cientos de personas que día a día se juegan la vida en una travesía llena de riesgos en una patera o en un desierto norteamericano ante la cruel acción de los «cazadores de hombres». Son los nuevos héroes que luchan por conquistar un mínimo de esperanza y de los que nos servimos aquellos que vivimos en el «mundo civilizado».

Todas estas ideas estuvieron presentes durante las dos jornadas en que decidí tratar el tema de la inmigración en el seno de Universidad de Nueva York. Pensé que era un buen momento (otoño de 2005 y primavera de 2006) para que reflexionáramos sobre este fenómeno universal que, no siendo nuevo, sí es una constante. La primera persona en la que pensé para hablar de este tema fue el escritor chileno afincado en Estados Unidos Ariel Dorfman, que muy gentilmente compartió con nosotros su historia vital, que le identifica con los miles de latinoamericanos que tuvieron que refugiarse en el país del norte por motivos ideológicos, huyendo de una terrible represión. Dorfman es ante todo un excelente narrador, pero también era el único del panel que había sido un inmigrante y exiliado, por lo que sabía qué era cruzar una frontera sin documentos, esperar en una sala con otros exiliados e inmigrantes indocumentados, tener miedo de la policía y pensar que podrían deportarle al día siguiente. Después del golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, tras pasar varios meses en la clandestinidad, la gente de la resistencia le dijo que tenía que salir del país: «Así que pedí asilo en la embajada argentina, porque soy argentino de nacimiento, y pensé que sería fácil conseguir documentación. Un día la gente de la ONU vino a vernos. Éramos 980 personas en una sala como ésta. Dormíamos sobre el suelo. Me preguntaron qué quería hacer, si quería estatus de refugiado. Y yo contesté automáticamente: "No, yo no soy un refugiado”, porque me consideraba un exiliado e iba a dejar mi país porque era un perseguido político. Iba a cruzar fronteras y denunciar dictaduras. Estaría solo y acabaría volviendo como el hijo pródigo a mi país. Ése era el mito del retorno. Me quería diferenciar de toda esa gente que veía en la televisión, los palestinos, los judíos, los bangladeshíes, ésa era mi idea de los campos de refugiados». Dorfman contaba, además, con la ventaja de que hablaba idiomas, sus libros, su clase social, pero, como dijo, hay mucha gente que no tiene ninguna protección, ni siquiera sabe que estas cosas existen. Por ejemplo, muchas de las personas de Chile que no buscaron refugio no sabían leer ni escribir, no sabían lo que era el derecho de asilo. «Tenemos que recordar los doscientos millones que Baltasar Garzón acaba de nombrar, porque la mayoría no tiene quién les defienda. Es muy importante tenerlo presente.» Dorfman, como no podía ser de otra manera, cerró su intervención recordando que hay dos pulsiones fundamentales en la historia de la humanidad, la del que se va y la del que se queda.

Fue esa imagen de quienes dejan su comunidad y se van a otra, en el símil del viajero y del jardinero, la que recogió Robert S. Leiken, director de inmigración y seguridad nacional del Centro Nixon, cuando recordó que las dos partes tienen derechos, y citando a Michael Walters, comparó a los países históricamente con clubes privados que deciden quién entra, en función de múltiples criterios: «¿Les dejamos entrar porque son pobres? ¿Por qué queremos demostrar nuestra solidaridad o caridad? ¿Ése es el criterio para la inmigración? Y en ese caso, ¿los inmigrantes que tenemos se ajustan a ese criterio, demuestran nuestra caridad? ¿Son los inmigrantes adecuados? ¿O debería la inmigración ajustarse a unos criterios de interés nacional, ya sean económicos o morales? Es importante no olvidar esto».

A Leiken, el experto estadounidense en inmigración, lo había invitado a la charla por ser la frontera de Estados Unidos con México una de las más complicadas del mundo por su presión migratoria, así como a Bernardo Sepúlveda, ex Ministro de Asuntos Exteriores de México; quería saber qué pensaban a un lado y otro de la frontera y hablar sobre la situación real de la inmigración en Estados Unidos. Parece existir una actitud bipolar en Estados Unidos con relación a la necesidad de reformar su política y sus leyes migratorias. Por un lado, es evidente que los ritmos de crecimiento económico de ese país y las proyecciones sociodemográficas demandan la apertura del mercado laboral hacia México, pero por otro, las secuelas de los ataques terroristas del 11-S han hecho políticamente explosivo, sobre todo en el ala más conservadora, el tema de la reforma migratoria.

¿Cómo convencer a Estados Unidos y a la sociedad estadounidense de que su bienestar futuro, sobre todo en relación con México, depende de una reforma migratoria integral y de largo alcance? Leiken aceptaba que tras el 11-S se había producido una reacción errónea, al confundir el problema de la inmigración con el del terrorismo. Por ejemplo, citó un estudio sobre vías de entrada de terroristas en Estados Unidos que revelaba que algunos de ellos entraban desde Canadá, pero ninguno por la frontera mexicana. «Existe el error de creer que la frontera mexicana debería ser nuestra preocupación. De hecho, es mucho más fácil para los terroristas entrar por avión desde Europa, incluyendo a los que ya son inmigrantes de segunda generación, que, como ciudadanos europeos pueden entrar en Estados Unidos sin visado.» Un ejemplo claro de lo que decía Leiken son los autores de los atentados de Londres en julio de 2006. Sin embargo, esta opinión no quiere decir que para él la cuestión de la inmigración y la frontera con México no sea un problema: «Hablamos de los derechos de los inmigrantes, a que se les trate con dignidad, pero también los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a decidir a quién quieren dejar entrar». Resultaba claro que Leiken y yo no compartíamos el mismo criterio.

Ante este discurso, Bernardo Sepúlveda sacó a relucir los riesgos y la ineficacia de las medidas coercitivas, citando fuentes estadounidenses. El presupuesto de las patrullas fronterizas se multiplicó por diez entre 1986 y 2002 y sus efectivos se triplicaron, a pesar de lo cual cada vez llegan más inmigrantes por esa frontera. El porcentaje de los que cruzan por puntos «no tradicionales» pasó del 29 por ciento al 60 por ciento entre 1980 y 2002. Y la probabilidad de un arresto en esa frontera pasó del 33 por ciento durante los años setenta y principios de los ochenta a un mínimo histórico del 5 por ciento en 2002. El coste de cada arresto era de 300 dólares en 1992, frente a los 1.700 dólares en 2002. El precio de los «coyotes», las mafias que organizan el cruce estaba en una media de 400 dólares, hasta que subió a 1.200 dólares en 1999. A estas alturas probablemente llegue a los 3.000, según los servicios que ofrezca el coyote. Estas cifras demuestran, como sentenció Sepúlveda, que «las acciones coercitivas emprendidas son totalmente ineficaces, al menos en el caso de la frontera entre Estados Unidos y México, así que hay explorar otras medidas».

Los datos estadounidenses que citaba Sepúlveda eran palmarios. Una de las características fundamentales de la inmigración ilegal es que está motivada por la oferta y la demanda. Los inmigrantes quieren trabajar en Estados Unidos y muchos empresarios de allí están dispuestos a darles trabajo. El cálculo de los costes y beneficios de la inmigración se decanta ampliamente por estos últimos, siendo la contribución fiscal del inmigrante medio de 80.000 dólares. Y otra cuestión importante, más de la mitad de los inmigrantes ilegales trabajan en nómina, de modo que se les retiene el impuesto de la renta pero al no tener papeles no tienen derecho a prácticamente ningún programa de asistencia pública. «O sea, que su presencia en Estados Unidos beneficia a la economía estadounidense, pero eso no significa que, sobre todo los sin papeles, puedan beneficiarse de la seguridad social.» Zonas enteras de Nueva Jersey se quedarían vacías si la policía hiciera un trabajo exhaustivo contra los inmigrantes «sin papeles» y muchas de las empresas neoyorquinas tendrían que cerrar. El dato más dramático de la desintegración del sistema de inmigración norteamericano, proporcionado por ACNUR, es que entre 11,5 y 12 millones de inmigrantes no autorizados residen en este país, lo que equivale a un porcentaje muy alto de la población norteamericana.

Para contextualizar el marco de esta discusión hay que tener en cuenta la dimensión del problema. Entre 1995 y 2000 emigraron de forma ilegal a Estados Unidos más de un millón y medio de mexicanos, de los cuales el 77 por ciento no regresaron a México. Después de diversos intentos del gobierno de Vicente Fox, la actual administración de Calderón busca la posibilidad de negociar un acuerdo migratorio que abra las puertas a la inmigración legal de los trabajadores mexicanos. La negociación actual ha tomado el tema migratorio con más cautela debido a que Calderón se enfrenta con un Bush más débil por la derrota republicana y el ascenso del partido demócrata a la Cámara de Representantes. Calderón ha identificado acertadamente las dos vertientes más negativas del fenómeno migratorio: que divide a las familias y que promueve la fuga de talentos.

Estados Unidos puede detener, deportar y negar la entrada a cualquier ciudadano que no entre en su territorio por las vías que ellos definan como legales. Actualmente, no existe una forma legal de ingreso para los trabajadores extranjeros, a pesar del impacto económico que representa la presencia de los inmigrantes mexicanos, sobre todo en las actividades agrícolas y en la prestación de mano de obra para servicios de limpieza y construcción. Según algunas estimaciones, la liberación de la política migratoria, enfocada en la configuración de un programa temporal para trabajadores, aportaría hasta diez veces más dinero que cualquier política comercial entre Estados Unidos y México. Es importante mencionar que el comercio binacional asciende a 320.000 millones de dólares.

El panel se completaba con dos figuras clave en la realidad española en ese momento y durante los dos siguientes años, los ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y de Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, que aceptaron amablemente participar en el debate. A Juan Fernando López Aguilar había que preguntarle inevitablemente por la adecuación de la respuesta de la Unión Europea a este fenómeno. España es un gran ejemplo de un país que ha pasado en muy poco tiempo de ser un lugar de emigrantes a uno de inmigrantes, una transformación drástica sin duda en su rapidez, como señaló el ministro, y que «afecta profundamente a la identidad española, que está cambiando muy rápido». Una de las consecuencias de esta transformación es el papel fundamental que España ha tenido en la articulación de una respuesta europea a esta cuestión. La Unión Europea ha empezado a tratar el tema de la inmigración hace relativamente poco. Con el Tratado de Amsterdam la Unión Europea se dio cuenta por primera vez de que había que hacer algo para garantizar la seguridad y gestionar las fronteras exteriores de un espacio que permitía el libre movimiento de personas, no sólo de los ciudadanos europeos, sino de todos los que intentaran entrar en el territorio de la Unión. «España ha sido muy activa en la formulación de la respuesta europea, por ejemplo en la reciente cumbre de ministros de Justicia e Interior en Luxemburgo que dedicamos casi exclusivamente a analizar los incidentes en Ceuta y Melilla, ciudades españolas en la costa norte de África, pero al fin y al cabo en la frontera exterior de la Unión Europea. Por eso exige una respuesta común, porque afecta a toda Europa y por separado no lo vamos a lograr. Es un gran reto, de proporciones históricas que afecta a todo el planeta y que requiere tiempo y mucho dinero, que es la tarea que va a asumir la Unión Europea», afirmó el ministro.

Primero hay que entender que no tener una política de entendimiento con los países vecinos, Marruecos, Libia o Argelia, es sencillamente suicida: «De un modo u otro tenemos que alcanzar algún tipo de acuerdos con los países que pueden actuar sobre el terreno. Además, hay que reforzar nuestras capacidades para repatriar a los inmigrantes ilegales que encontremos. Para eso hacen falta muchos acuerdos, con Ghana, Camerún, Senegal, Malí, Nigeria o Níger, que nos permitan llevar a cabo la repatriación, siempre con un firme compromiso con los derechos humanos, que los países vecinos también deben respetar, seguido de unos fondos de ayuda al desarrollo que van a incrementar sustancialmente, demostrando que entendemos la raíz del problema». Este capítulo ahora supone un 1,5 del presupuesto, y va a llegar al 5 por ciento para el final del período de esta comisión. La idea es que para el 2015 la ayuda llegue al 0,7 por ciento.

Por último, está la necesidad de luchar contra las mafias transnacionales que comercian con seres humanos. En palabras del ministro: «Hay que combinar esfuerzos diplomáticos para firmar acuerdos de repatriación que garanticen el respeto a los derechos humanos con un firme compromiso de nuestros servicios de inteligencia, tribunales y cuerpos de policía para luchar contra estas mafias».

Dejando el tema del crimen organizado para después, quise saber cuál era la política de cooperación que existía entre países exportadores de emigración y los receptores de la misma para el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ánguel Moratinos, como por ejemplo, entre España y la Unión Europea y los países del continente africano, o con el continente iberoamericano, en aras a que el fenómeno de la inmigración entrara en vías de una solución razonable.

Miguel Ángel Moratinos consideró con razón que el primer paso necesario es comprender la complejidad de estos nuevos fenómenos. Los seres humanos siempre se han movido, pero las nuevas tendencias migratorias son un reto para todos nosotros: México con Estados Unidos, la Unión Europea con África, la Unión Europea y España con América Latina, o incluso en el seno de la propia Unión Europea. «En España, por ejemplo, estamos recibiendo de todas partes. De Marruecos y el Magreb, que era el grupo más numeroso, pero que ahora ha sido superado por los ecuatorianos. Ahora también hay rumanos y nacionales de otros países del Este.» En fin, las complejidades son tan grandes, tanto de seguridad como de identidad, que hay que entender en profundidad cómo tratar la inmigración. No nos podemos concentrar sólo en la cooperación. Louis Michel, el comisario europeo para el Desarrollo, tendrá que aumentar el presupuesto de cooperación, pero no será suficiente. «¿Qué tipo de cooperación queremos? ¿Cómo nos relacionamos con los países subsaharianos que tienen que afrontar retos internos políticos, de seguridad y económicos? Sólo con dinero pero sin estrategia clara, ¿cuál será el futuro de Malí, Guinea Bissau, Guinea Conakry o Ghana, sin estructuras políticas, sin continuidad para el desarrollo?», preguntaba Moratinos. Los esfuerzos del Gobierno español para aumentar el presupuesto para desarrollo son sólo eso, unos esfuerzos para facilitar los tratados de repatriación, pero falta una estrategia clara y global. «Falta, para empezar, un poco de pedagogía para que la gente entienda las dimensiones del problema y una política de cooperación con países puntuales sería casi un error. Hay que entender el problema, y luego dedicarle recursos y voluntad política.»

CUANDO LA INMIGRACIÓN INTERESA

Aprovechando que teníamos a un emigrante de «lujo» o de la élite intelectual, Ariel Dorfman, quise saber qué pensaba sobre un hecho para mí incontestable que es la aceptación en los ámbitos cultural, económico, universitario, de una especie de inmigración selecta, mientras el Estado prohíbe aquella otra de segunda o tercera categoría porque, según afirman, se está convirtiendo en «una amenaza para los países desarrollados».

Ariel Dorfman fue especialmente contundente al hablar sobre lo fácil que resulta introducir en un país miembros de esa élite selecta. La diferencia entre ser un científico nuclear o un albañil a la hora de entrar en Estados Unidos o España es abismal. «Claramente hay dos niveles, aquellos que la sociedad receptora percibe como valiosos entran; los otros, no. Hace tiempo hice un estudio sobre los niños de la calle, que son vistos como lo peor de la sociedad, incluso en Brasil había escuadrones que los mataban. Se les ve como la escoria del mundo, pero me di cuenta de que muchos de esos niños estaban en la calle porque preferían la terrible libertad de la calle a estar con un padre alcohólico que les pegaba o con una madre que les maltrataba viviendo en unas chabolas infames. Me parece que es una metáfora válida para la gente que emigra. Todo el mundo debería ser igual de valioso. O quizá económicamente un albañil sea menos valioso que un científico nuclear, no sé. Es un dilema terrible. Pero, en todo caso, la pregunta de verdad tiene que ver con la identidad, con el terrible miedo de que los que vienen son como una peste, y que nos contagiarán. No propongo abrir las fronteras, pero sí que en esa pedagogía que se ha mencionado, hay que enseñar cuánto aporte hay, cuántos beneficios.» Éste es un mensaje que muchos políticos deberían aprender y poner en práctica, cuando postulan tratos discriminatorios para los inmigrantes de primera y segunda categoría.

En este punto, le di entrada de nuevo a Robert S. Leiken para saber su opinión acerca de algo sobre lo que tengo muchas dudas, si realmente se persiguen las violaciones de los derechos de los inmigrantes en la frontera con México y si se ha dado algún caso de «caza» de inmigrantes. «Los estudios demuestran que los inmigrantes, sobre todo los mexicanos, no vienen del 20 por ciento más pobre de la población. […] En cierto modo, tiene sentido, debido a las mafias, cruzar la frontera cuesta hasta 3.000 dólares. Lo que sucede con frecuencia en México y en otros sitios como Marruecos o Pakistán es que el hermano mayor trabajará en la granja, el segundo irá a la ciudad, el tercero a una calle cercana, y el cuarto irá a Estados Unidos o España o donde sea. Así que la idea de que el más listo es el que se va no es del todo cierta, sino que en cierto sentido se le ha preparado y educado para irse.»

Leiken añadió: «Más importante que las diferencias salariales a la hora de ver quién emigra y quién no es la existencia de parientes. Las redes siempre han sido clave para la inmigración. Se suele ir de una ciudad en concreto a un barrio en particular. Hay un fenómeno nuevo, que me parece muy peligroso, que es la conversión de países que generan emigrantes en economías de remesas. Son economías que pasan a depender de lo que los emigrantes son capaces de ahorrar y enviar a casa. La emigración mexicana es un reflejo de esos fracasos a la hora de tratar a algunas vacas sagradas y elefantes blancos que impiden que México ofrezca empleo a sus ciudadanos. Ha desperdiciado la oportunidad del Tratado de Libre Comercio y no ha hecho los cambios estructurales que necesitaba; si no, hubiera tenido el éxito que ahora está teniendo China. Pero tiene la salvación de la proximidad, y la emigración como una válvula de escape. Lo que hace falta es países que arreglen su economía y dejen de ser países de emigrantes y vivir de las remesas, como ocurrió con Corea del Sur y España. Así, hasta que dejemos de ver la inmigración como lo que no es, trabajo y caridad baratos. Trabajo barato porque llegan y toman trabajos y los más perjudicados son los estadounidenses más desfavorecidos. Decimos que son trabajos que nadie quiere, pero es que no los quieren a ese precio, si subiéramos el sueldo sí los querrían. Y caridad barata porque nos permite emplear jardineros y obreros y cajeros de hamburguesería y canguros y explotar el trabajo inmigrante, mientras al mismo tiempo defendemos la inmigración desde un punto de vista liberal. Es una tentación muy fuerte para muchos países, pero no me parece una solución para el futuro».

Sepúlveda coincidió con Dorfman en la distinción que propuso entre el inmigrante privilegiado y el de la parte baja del mercado laboral. El privilegiado se mueve en el ámbito de empresas transnacionales, donde tres de cada cuatro inmigrantes de esta categoría atraviesan el medio transatlántico, y uno de ellos de estas empresas transnacionales irá a países en vías de desarrollo. Ese inmigrante privilegiado tiene igualdad de condiciones con el mercado laboral local, porque es un personaje educado, con recursos, y su propia empresa lo protege. La parte que es totalmente inequitativa es el sector bajo del mercado laboral. Ahí, sean estos trabajadores documentados o indocumentados, habrán de padecer una serie de afectaciones serias en sus condiciones de trabajo, que tienen que ver con la desventaja del idioma, la desventaja en las oportunidades de empleo y de ascenso en el empleo.

Sepúlveda opinaba que hay un grave problema en lo que se refiere a la persecución de delitos que se cometen contra los inmigrantes, ya sea por autoridades o por particulares. Como por ejemplo, el fenómeno que se ha dado recientemente en la frontera entre México y Estados Unidos, donde una organización denominada Minuteman —fuerzas armadas de particulares que pretenden constituirse en unos vigilantes, en una especie de auxiliares de la patrulla fronteriza— utiliza armamento y se dedica a amenazar a los inmigrantes, que no han cometido ningún delito, con el ánimo de impedir que alcancen territorio estadounidense. «Esos pseudoalguaciles no están siendo sancionados conforme las leyes estadounidenses. Tampoco sucede esto en el caso de aquellos que abusan en contra de la seguridad o la integridad física de los inmigrantes, que normalmente escapan a cualquier castigo y no son enjuiciados por los delitos que hayan cometido.»

A lo largo de mi estancia en Nueva York, pude comprobar cuán sensible es esta ciudad, después del 11-S, en todo lo que al terrorismo se refiere y a las reacciones que se producen respecto del mismo. Por ello, conocedor de la sensibilidad del ministro de Justicia sobre estos temas, le lancé una especie de dardo envenenado en esta materia que tenía que ver con un hecho constatado: después de los ataques terroristas del 11-S, 11-M y 7-J, entre otros, se ha podido detectar en algunos países un sentimiento xenófobo más o menos definido contra determinadas comunidades, generalmente formadas por inmigrantes, a los que se les ha identificado como los responsables, en último término, de esa situación.

López Aguilar lamentó profundamente el dolor que España lleva tanto tiempo padeciendo a manos del terrorismo: «Durante muchos años hemos acumulado dolor, sufrimiento y sangre por las actividades del terrorismo etarra. Pero siempre hemos sido de distinguir la raya que separa los ataques terroristas de la representación social de aquello que se enarbole como causa de los terroristas; por ejemplo, entre ETA y los vascos, véase el eslogan de “Vascos, sí; ETA, no”. Así que no hemos generado tensión ni xenofobia tras los atentados sufridos el 11-M, en parte porque por desgracia teníamos ya mucha experiencia. Esto no significa que no haya prejuicios en España. España era una sociedad muy homogénea étnica, religiosa y culturalmente, pero ya no. Las cifras de inmigrantes nos obligan a replantearnos nuestra identidad colectiva, y a integrar minorías religiosas. Hay que trabajar mucho en eso».

No quise dejar la reflexión que había planteado el ministro de Justicia sobre la posible aparición de un sentimiento xenófobo a consecuencia de los ataques terroristas que más duramente han golpeado Occidente, y pedí a Ariel Dorfman, residente permanente en Estados Unidos que la completara. Dorfman reflexionó en voz alta y con sinceridad: «Tengo la impresión de que Estados Unidos perdió una gran oportunidad cuando ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, porque las grandes crisis son momentos en los cuales los países pueden abrirse, preguntarse sobre su identidad, o pueden encerrarse y volverse más conservadores y con más temor. Y aquí yo creo que hubo una manipulación del terror muy, muy fuerte, digamos, que llevó a cabo, en cierto sentido, la sensación de que en efecto el peligro estaba ahí afuera, y la idea era “destruye antes de que nos destruyan a nosotros”».

Cuando pregunté al ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos cuál era la política común de la Unión Europea en materia de inmigración, me sorprendió en un primer momento la respuesta que ofreció el ministro español: «Creo que es evidente que desgraciadamente en los momentos actuales no hay una política común europea sobre inmigración. Todavía, en ese afán de proceso de integración europea, las distintas políticas que han ido avanzando, como ha descrito muy bien Juan Fernando López Aguilar, quizá el paso cualitativo importante, la creación de ese concepto de ciudadanía europea, se consiguió en los años noventa con esos espacios de justicia, libertad y seguridad».

Hay estados miembros que por miedo, por esas posiciones un tanto psicológicas de defensa de la cohesión nacional, no consideran que sea oportuno mantener una posición común en temas tan sensibles como es abrir las fronteras y controlar el flujo de movimientos de personas. «¿Estos fenómenos, la presencia de inmigrantes en las distintas sociedades europeas, producen desestabilización? No creo. Yo diría, coincidiendo con Dorfman, que depende de cómo asumamos esos procesos de integración de las poblaciones inmigrantes», afirmó el ministro.

Moratinos recordó que históricamente hay el modelo francés, el modelo británico, y hasta un tercer modelo, el crisol americano, a la hora de abordar el tema de la inmigración. Europa adoptó el modelo británico, que consiste en la comunitarización: abrir las fronteras a las diferentes comunidades, para las cuales se crean distintos colegios y distintos barrios de residencia. El modelo francés opta por el Estado republicano, el ciudadano, por lo tanto, por una asimilación e integración plena y total. «Esos dos modelos chocaron, ninguno dio resultados satisfactorios, así que buscamos términos medios, de integración sí, pero no de asimilación. El problema es que todavía no se ha llegado a una situación definitiva, a ese modelo europeo, y que tendremos dificultades para encontrar ese equilibrio entre el enfoque anglosajón y el enfoque del Estado republicano.

»Creo que uno de los grandes temas que tenemos pendientes en el siglo XXI es el de la identidad. Y si a mí, como individuo, esa suma de identidades me enriquece, ¿por qué a un país no iba a enriquecerle esa suma de personalidades y esa suma de identidades? Creo, además, que es la vía de futuro. Yo no digo que no sea necesario el esfuerzo económico, claro que es necesario; digo que no es suficiente.»

A todo esto hay que recordar que un porcentaje elevadísimo de inmigrantes ilegales sostienen en buena medida importantes sectores económicos primarios en Estados Unidos, Europa y en otras muchas partes. Por esos días pude hablar con un buen amigo español que llevaba muchos años en Nueva York, les dije a mis invitados, y me hizo un comentario en tono de queja para que hiciera llegar la pregunta al panel sobre cómo en Estados Unidos hay infinidad de trabajadores ilegales, por los que los empresarios pagan sus impuestos, y sin embargo no adquieren ningún derecho: ¿qué responsabilidad tiene en esto la administración, que acepta el pago de los impuestos por los inmigrantes ilegales, y en cambio no genera ningún tipo de derechos? ¿Y cómo se justifica que grandes empresas multinacionales, como las deportivas, por ejemplo, utilicen no sólo mano de obra ilegal, sino incluso de auténtica esclavitud, y también a numerosos inmigrantes en países como Hong Kong, Malaisia, Tailandia, Singapur, y que sus productos se vendan en la Quinta Avenida o en otras grandes capitales del mundo?

Leiken, desarrolló una posición un tanto radical, que no compartimos en la sala: «Tenemos que partir de un hecho: el ministro ha dicho que no es ningún delito lo que se ha cometido en la frontera por los mexicanos. Pero han entrado en el país ilegalmente, que es un delito. Los americanos somos muy ambivalentes. Por un lado, nos gusta que pase, porque aprovechamos esa mano de obra barata, pero al mismo tiempo es una quiebra de las leyes, y para vivir bajo el imperio de la ley hay que cumplirlas. ¿Deberíamos permitir entrar a la gente como si no hubiera ninguna ley, como si cruzar la frontera no significara nada, como si las fronteras no importaran? Por eso es la hora de elegir, tras una situación caótica. No tenemos una política nacional de inmigración, y se la estamos dejando a los grupos de presión, a empresarios y a acuerdos de última hora en el Capitolio».

Sepúlveda, por su parte, afirmó no estar seguro de que los inmigrantes deban ser considerados como criminales. «Pueden ser irregulares, pueden ser indocumentados, pueden ser no autorizados, cualquiera que sea la denominación, pero me parece que llevar el argumento a un terreno que suponga un acto criminal parecería que es un tanto extremo.» En lo que estaban de acuerdo tanto Sepúlveda como Leiken fue en la necesidad de un proceso ordenado y legal que permita precisamente regularizar ese estado de cosas, para lo cual se precisa una política nada fácil de elaborar, a pesar de las propuestas elaboradas hasta la fecha. «Creo que en la situación política actual de Estados Unidos se va a diferir en lo que hace a una posible solución, por las razones que tú de manera muy sutil has apuntado. Debido a las cifras que manejamos, efectivamente hay cierto grado de consentimiento en lo que hace a una situación de hecho, que conduce a que la ley misma no resulte aplicable en la realidad de las cosas», sentenció Leiken.

BUSCAR UNA VIDA MEJOR NO ES DELITO

Antes de dar la palabra al ministro de Justicia español, no pude resistirme a hacer un comentario sobre lo que el señor Leiken había dicho de si los inmigrantes tienen derecho a entrar ilegalmente en un país. En mi opinión, tienen todo el derecho del mundo a intentar obtener una vida mejor, y si eso implica entrar por causas no legales, no están obligados a no intentarlo. Ahora bien, ello no justifica la lenidad a la hora de castigar a las redes del crimen organizado, que extienden sus tentáculos en el ámbito de la inmigración ilegal; pero lo que ocurre a menudo es que el Código Penal no es suficiente.

El Ministro López Aguilar también defendió que no basta con el derecho penal, lo que no le exime de cumplir su papel. Nos encontramos en un mundo en el que se han disuelto las fronteras que tradicionalmente disuadían a los seres humanos de emprender grandes migraciones; las distancias físicas se han vencido gracias a la revolución tecnológica y de los transportes; el conocimiento de lo que sucede en todos los rincones del mundo, incluidos donde se vive mejor, tiene asimismo alcance global; y la propia superación de las fronteras físicas que ha favorecido que la actividad criminal se haya organizado para ofrecer incentivos a las personas que están dispuestas a arriesgar y a sacrificar muchísimo, incluso su propia vida, en busca de una vida mejor. «Es imposible ignorarlo desde el nivel de la responsabilidad política. Por tanto, la organización de redes criminales, la explotación del trabajo ajeno, la incitación a la prostitución en el tráfico de personas, etcétera, son todo dimensiones del trabajo que hay que abordar. Aparte de la conexión de estas redes de tráfico de personas con otras actividades criminales, como drogas o contrabando. España está en ello, con el Código Penal en la mano y también a través de la especialización de fiscales.»

El ministro dejó claro que es imprescindible actuar desde la raíz del mal, incrementando el compromiso de desarrollo y de cooperación con un continente y con las gentes que lo habitan. El continente africano hace cincuenta años apenas tenía 200 millones de habitantes, frente a los 1.300 millones de habitantes actuales. «Pero lo peor de todo es que cientos de millones de esos habitantes están absolutamente abandonados al sida, al hambre, a la guerra, a grandes catástrofes humanitarias, hambrunas y sequías, reconcentrando la desesperación. Sería completamente estúpido imaginar que sólo reprimiendo a las mafias criminales podemos disuadir a toda esa masa de personas de intentar el viaje al norte.»

Por tanto, hay que actuar también en el foco de origen, ayudando al desarrollo y asistiendo a la cohesión y a las oportunidades sociales y económicas de un continente desesperado. Hay que cuantificar ese compromiso al mismo tiempo que aseguramos el objetivo. «Éste es el punto al que quería llegar: España está siendo parte de la locomotora europea en la definición de la respuesta, tomando su cuota de protagonismo. Y creemos que esta cuestión admite un paralelo con la toma de conciencia de la importancia de la lucha a escala europea contra el terrorismo.

»Además, hay que aportar integración con la gente que ya está en nuestro territorio, y no ver, por tanto, esta situación como una guerra contra nadie. Hay que cuidarse de la tentación de la xenofobia y de la demagogia, por lo que creo que es imprescindible que los gobiernos tomen responsabilidades en este ámbito. Distinguir esto de los aspectos en los que la inmigración puede ser relacionada con el tema de la inseguridad es un factor decisivo para que, aun cuando reconocemos que una sociedad más diversa y abierta es más vulnerable al delito, distingamos lo que es la aportación positiva de la inmigración como fuerza de trabajo de lo que son las manifestaciones delictivas de mafias organizadas.»

Estas reflexiones me permitieron enlazar con un aspecto sumamente interesante que se refiere al diálogo o a la alianza entre civilizaciones. Por medio del intercambio de culturas, personas y mercancías, estos contactos son de todo punto necesarios, si no se quiere convertir la línea divisoria norte-sur en el nuevo telón de acero de la esfera internacional, o, mejor dicho, en la muralla entre la prosperidad y la miseria.

Miguel Ángel Moratinos, apenas me dejó concluir la pregunta, cuando adujo que uno de los motivos y razones de que el presidente del Gobierno español lanzase esta nueva iniciativa, una alianza de civilizaciones, se debía a la experiencia española: «España, país fronterizo con la Unión Europea, pero también país fronterizo con el sur, ese mundo árabe musulmán; España, país que sufre y ha sufrido el terrorismo, pero que sufrió un dramático y trágico acontecimiento el 11 de marzo; y España como testigo de lo que ese famoso politólogo norteamericano, el señor Huntington, sigue defendiendo como el concepto de choque de civilizaciones».

Moratinos explicó que por eso el Gobierno español conceptualizó esta nueva iniciativa, porque hoy día el diálogo y la cooperación son la única respuesta posible y eficaz a los grandes retos internacionales. «El nuevo Occidente lleva a la sociedad internacional principios, valores, elementos que van a configurar un concierto de naciones diferente del que hemos tenido hasta ahora. Porque las respuestas unilaterales, las respuestas exclusivamente militares ya no dan solución a los enormes retos y desafíos que tiene el siglo XXI.»

En torno a esta cuestión de la alianza de civilizaciones, se ha hecho mucha demagogia en España, en un intento de hacer creer que la iniciativa del presidente Rodríguez Zapatero ha sido una pérdida de tiempo. Afirmar esto es, cuando menos, una frivolidad y, si además de utilizarse como un argumento electoral, se dice con convencimiento de causa, sería harto preocupante que la única forma de aproximación entre culturas fuera sólo a través del Código Penal. Por ejemplo, si no se tiene claro que la existencia de Guantánamo es un mayor semillero de potenciales terroristas islamistas que cualquier discurso radical en una mezquita, vamos mal. El discurso se puede moderar, pero la política de seguridad, revestida de toda una serie de aspectos democráticos, es mucho más difícil de cambiar, y para cuando eso se haga, ya será demasiado tarde.

LAS ÚLTIMAS FRONTERAS

Pero la discusión sobre inmigración no quedó ahí, sino que siguió con diferentes actores, los mismos problemas e idéntico escenario, pero esa vez con un componente mexicano bastante más acentuado. El 27 de abril, en plena primavera, cuando mi estancia en Nueva York estaba tocando a su fin, coleaban en mi memoria las últimas reflexiones del debate anterior. Sobre todo, las diferentes reacciones dentro de nuestros países hacia los inmigrantes, el aislacionismo al que se ven sometidos, en una especie de guetización que no favorece en nada al único modelo posible desde mi punto de vista: la integración en la diversidad.

En fin, hablar de inmigración siempre supondrá hacerlo desde una doble perspectiva de esperanza y de injusticia. «Los muros caen, las ideas permanecen», como dijo Antonio Navalón, representante del grupo PRISA en México y autor del libro Tijuana, la tercera nación. Aunque, desgraciadamente, los muros se siguen levantando y las ideas se pierden en la noche fría de un desierto o en las profundidades de un océano, a miles de kilómetros de las tierras donde nacimos.

La emigración no admite simplificaciones, dijo Navalón. El nacimiento de la sociedad de las comunicaciones ha creado unos perfiles completamente distintos, que en el caso de Estados Unidos resulta imposible no ver. El tratamiento de la emigración se nos ha ido de las manos por la velocidad de los tiempos, y pretender a estas alturas saltar de golpe sobre las realidades físicas que suponen los millones de ilegales que están conformando una nueva sociedad, requiere una reflexión que la sitúe en el punto de arranque, punto de arranque que se halla en las fronteras.

«Nunca entenderé por qué durante la administración del presidente Clinton comenzó a levantarse el muro guardián entre Estados Unidos y México, cuando todos habíamos celebrado en 1989 la inutilidad de los muros. Los muros encierran una enorme contradicción, cuando se tienen millones de personas dentro de un país y otro y una interdependencia como la que aquí se tiene. Puede resultar hasta peligroso, y desde luego muy difícil para los dos países.» Navalón hablaba del muro de Berlín como del muro de la vergüenza, y del muro-frontera-barrera de protección de Estados Unidos como el muro del miedo. En definitiva, ambos pueden matar, y, de hecho, matan, en esa intención permanente de buscar un mundo más próspero para todos aquellos que no lo encuentran en sus países de origen.

La revolución tecnológica y la revolución de la información han hecho posible que se den tres fenómenos: en primer lugar, los tiempos han desaparecido como un valor referencial, ahora todo es inmediato, es ahora y aquí, vivimos en directo; en segundo lugar, la reflexión política y social de la integración, en la que, si funcionan las ideas, la comunicación y la información, así como las fronteras, son sólo virtuales; y, por último, la necesidad de incorporar nuevos escenarios. Durante muchos años hemos vivido con la inmigración ilegal permitida, porque era un factor de reequilibrio económico en función de las cosechas; hoy ese factor hace una ecuación social de curso distinto, porque ni la situación de los emigrantes ni la situación de los países es la misma, ya no es posible entre países soberanos y de magnitudes económicas como las que estamos hablando. Hay los que buscan seguridad interior en el control del movimiento de las personas, y los que no van a tener seguridad interior por el equilibrio social si no consiguen un equilibrio en la balanza de pagos. Si no hay un interés común, no puede haber una seguridad común.

Llegados a este punto, solicité al escritor mexicano Carlos Monsiváis que nos hiciera una reflexión sobre el muro. Con la inteligencia y expresión contundente que lo caracterizan, admitió que los muros que marcan la frontera son un derecho, pero también una pérdida de tiempo de los gobiernos estadounidenses, porque los muros prohíben pero no evitan. Monsiváis opinó que en la última década en América Latina ha cambiado la definición de los derechos humanos. En la década de 1970, los derechos humanos eran un escudo de protección contra la impunidad de los gobiernos. «Los derechos humanos son el primer gran intento de contener la violencia que se coloca a sí misma el adjetivo legal. Treinta o treinta y cinco años después, los derechos humanos son el término que hace ver la profunda desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos, la ilegalidad verdadera de los gobiernos, la zona de organización de la conciencia de los problemas, indispensable en la proyección de las soluciones.»

Para el intelectual mexicano, el inmigrante nunca se desarraiga de su tierra por la gran imposibilidad de la renuncia a la memoria: «Eso les sucede en Estados Unidos a los irlandeses, los italianos, los polacos, los ingleses y los hondureños de primera generación. La segunda generación son Alzheimer de la civilización».

Y si infancia no es destino, el arraigo nació sin un pasaporte de origen. Ahora la integración se produce desde el principio por la vía más poderosa: el trabajo. Un hombre es su trabajo, y ordena sus esperanzas materiales y familiares, y encauza el horizonte cultural. La integración en otro país no sólo la deben resolver los inmigrantes; existen también las cuestiones sociales, raciales y legales que rechazan la integración, y eso lo saben los inmigrantes, que han delegado en sus hijos una posterior integración. «No digo que las leyes no deban respetarse, digo que son demasiados los casos en donde los inmigrantes han cumplido con los requisitos de integración legal, pero no hay modo de que se les reconozca. El mero trabajo, ya se ha probado, no crea jurisprudencia», dijo Monsiváis.

Un muro se levanta para que la gente no salga en caso de que el agua no erija las barreras suficientes, o, como ocurre ahora en Estados Unidos, para que la gente no entre. ¿Tiene derecho un Gobierno a hacer valer su poder constitucional? Sí, aunque al hacerlo no tenga en cuenta numerosos factores, y no valore la aportación de los inmigrantes a la prosperidad económica y social del país que los considera indeseables. Por ejemplo, el gobernador de California Arnold Schwarzenegger declaró que la frontera mexicana era un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. «No dijo que el narcotráfico era un riesgo [la parte mexicana del asunto], ni que había grupos peligrosos, señaló la frontera, criminalizó la geografía. El muro no es una advertencia como una declaración de principios y fines. No se trata de impedir la entrada, el propósito es vedar la entrada a la frontera misma.»

Y Monsiváis sentenció: «¿Cuáles son los miedos que llevan a la construcción de un muro? El miedo central lo desata la imagen de un país que es para los inmigrantes la tierra prometida, asaltado por las hordas de la demografía incesante. Los vientres latinoamericanos expulsan con regularidad a las muchedumbres hambrientas y violentas. El derecho personal y colectivo al miedo no puede involucrar causar en otros el pánico, ni perseguirlos como si fueran delincuentes peligrosos, ni aprovechar salvajemente su trabajo para luego declararlos indeseables».

Después de estas graves palabras, solicité a la profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, Nancy Morawetz, que nos ilustrara sobre las reformas que se plantean en Estados Unidos, y en qué medida ha servido esa política de emigración para aumentar la población de gente ilegal.

Morawetz recordó que la frontera sirve para mantener a la gente dentro, no sólo para impedir la entrada. Después del 11-S, la importancia del control fronterizo se ha multiplicado, y no sólo para los que visitan Estados Unidos por primera vez, sino para los que viven allí y quieren salir para visitar a sus familias, lo cual es muy peligroso, porque los mantiene cercados dentro de su propio país. Desde luego, lo es para los que no tienen papeles que, en caso de salir, corren el riesgo de no poder volver a entrar; pero también ocurre con gente que vive en Estados Unidos con las solicitudes de residencia en curso, que en caso de salir del país antes de que se resuelvan sus expedientes perderían sus derechos. Por último, la frontera también es peligrosa para los que la cruzan, y ven al volver cómo tienen muchos menos derechos si aún no son ciudadanos; todo ello en términos de lo que la frontera significa, sobre todo desde 1996, cuando cambiaron las reglas para los que dejaban el país, y que tras el 11-S cambió su implementación. A pesar de ello, ha habido un fuerte aumento de la población ilegal en Estados Unidos, en gran parte a raíz de estas contradicciones. Históricamente, ha habido dos tipos de iniciativas, la de legalizar a la gente, como ocurrió en 1986, y las relacionadas con el control, como las de 1996. Actualmente se da una combinación de las dos iniciativas. Estos comentarios nos hicieron reflexionar sobre la situación que en 2006 se vivía en Estados Unidos.

POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN

En aquellos días, como ya he dicho antes, se estaban debatiendo en el Congreso las nuevas iniciativas de regulación de la inmigración, en especial la posibilidad de una aplicación progresiva a los inmigrantes, en función de los años de permanencia en el país: si llevaban en él más de cinco años, habría una legalización de los inmigrantes; si vivían allí hacía entre dos y cinco años, deberían salir y entrarían como trabajadores temporales; en el caso de menos de dos años, no tendrían derecho alguno a su permanencia allí y tendrían que salir o serían expulsados sin ninguna preferencia para volver a entrar.

Al comentar esta propuesta, Nancy Morawetz lamentó lo difícil que es saber qué forma parte de la propuesta y qué es sólo juego político. Claramente tiene una gran carga simbólica para muchos congresistas que un gran número de personas sean expulsadas, motivo por el cual se fija el límite en cinco años. Pero tal como estaba formulada en ese momento, permitiría que la gente se quedara una temporada, se fuera sólo a recoger un documento y volviera de inmediato. «Mi temor es que en cuanto alguien está al otro lado de la frontera, sus derechos se reducen enormemente, así que incluso si en teoría se puede volver y no debería haber ningún problema, en la práctica sí puede haberlos, y no hay posible ayuda una vez fuera del país. Mi otra preocupación es que, una vez que la ley pase por el Senado, tendrá que ser negociada con el Congreso, que tiene una postura antiinmigración fuerte», confesó Nancy.

Aprovechando que estaba entre nosotros el ex ministro mexicano de Asuntos Exteriores Jorge Castañeda, quise saber qué habían hecho los diferentes gobiernos mexicanos a lo largo de los años para paliar el fenómeno de la migración, si había habido aciertos, incompetencia, o si las relaciones con Estados Unidos en esta materia habían sido próximas, extrañas, de común acuerdo en aras de solucionar un problema que no se da en un momento puntual, sino que se prolonga a través del tiempo.

Jorge Castañeda afirmó que era inevitable que este tema se politizase en México, al igual que en Estados Unidos. Por ejemplo, en la última campaña electoral en este país (que concluyó con la elección de Felipe Calderón como nuevo presidente), los candidatos decían que el hecho de que hubiera tanto mexicano en Estados Unidos, o bien de origen mexicano, era una prueba del fracaso de la economía, mientras que el PAN decía que era una prueba del fracaso de los setenta años del PRI, así como los del PRI decían que era una prueba del fracaso de Fox. «Todos tienen algo de razón, pero la emigración de mexicanos a Estados Unidos empezó en 1895 con un grupo de gente que fue llevada a Gary, Indiana, para romper una huelga en la fábrica Pullman de ferrocarril. Así que llevamos más o menos unos 111 años de emigración legal e ilegal a Estados Unidos, que transita por una gran cantidad de presidentes, ministros de Hacienda, regímenes políticos, alternancias, políticas económicas, ciclos económicos en México y en Estados Unidos, y que nos da a entender que es una tendencia de cierta permanencia, y no es un fenómeno debido a la mala política económica de Fox o la mala política económica de Salinas, de Lázaro Cárdenas o desde el porfiriato». Castañeda admitió que era un problema de fondo, que ni se resolvía de la noche a la mañana, ni era síntoma de fracaso o de éxito, sino una prueba de una gran asimetría entre un país muy rico y un país muy pobre con una frontera común. «Lo mismo que está pasando con las comunicaciones modernas que hacen que el Mediterráneo sea transitable fácilmente; es un fenómeno muy insólito, que no refleja realmente aciertos o desaciertos de un lado u otro, sino que es mucho más estructural.»

Los sucesivos gobiernos de México siempre habían temido un acuerdo migratorio o una responsabilidad compartida con Estados Unidos, habida cuenta de que tenían la ventaja de ambos mundos: la gente podía irse de México a Estados Unidos, lo cual siempre ha sido conveniente por muchas razones (las remesas, el empleo, calmar las presiones políticas), y México no tenía que compartir ninguna responsabilidad con Estados Unidos para regular ese flujo migratorio. Pero hacia 1994, esta situación empezó a cambiar cuando Estados Unidos dio a entender que se estaba acabando. «Durante muchos años dijimos en México: "Son una bola de ingenuos los americanos, creen que pueden cerrar la frontera, no la van a poder cerrar”. Los americanos están pudiendo hacerlo a un cierto coste económico, político y de derechos humanos, pero cada día es más factible cerrarla; por eso el Gobierno de Fox tomó la decisión de tratar de lograr un acuerdo con Estados Unidos, aceptando inevitablemente parte de su responsabilidad.»

El problema del muro es muy controvertido por muchas razones. En primer lugar, crea en la ultraderecha americana y la ultraizquierda mexicana un sentimiento de verdadera paranoia en torno al muro, que, entre otras cosas, puede generar rápidamente un éxodo mexicano hacia Estados Unidos para cruzarlo antes de que esté acabado, lo cual es absurdo, porque se tarda tiempo en hacerlo. Además, ¿quién lo va a construir si los indocumentados se van? Pero la gente se espanta, como ocurrió en 1986, cuando por un miedo injustificado muchos que nunca deberían haberse ido se fueron de Estados Unidos por miedo a unas deportaciones y sanciones contra los empleadores que nunca existieron. En segundo lugar, la función de un muro es impedir la entrada o la salida. Pero ¿qué pasa si el muro va acompañado de puertas? Pues que importa menos, porque si se pone el muro pero también se abre una puerta por donde se puede entrar legalmente, la cuestión del muro empieza a ser menos grave.

Después de oír a Carlos Monsiváis que la idea misma del muro entre Estados Unidos y México era una ofensa inadmisible, y la constatación que hacía Navalón de los 3.200 kilómetros de frontera común y que la economía mexicano-estadounidense, con abstracción de las fronteras, sería la tercera a nivel mundial, quise indagar sobre las causas de por qué —aquí también— se asocia sistemáticamente el fenómeno de la inmigración con el de la inseguridad, el crimen, las pandillas o «maras», el narcotráfico y el terrorismo; por qué se estigmatiza al inmigrante si está demostrado y fuera de toda duda que las organizaciones criminales, cuando actúan, son multiétnicas, o lo que es lo mismo, la elección no depende de ser negro, hispano o chino, sino de las cualidades personales que busca la organización. ¿Acaso en la base de estas equiparaciones, probablemente no ajenas la obsesión por la seguridad derivada de los ataques terroristas del 11-S, están las justificaciones necesarias para establecer nuevas leyes de inmigración más severas y más excluyentes?

Nancy Morawetz recordó que «la relación de inmigración con crimen es muy antigua —ya se decía de los irlandeses y de los italianos cuando llegaron—, porque refleja el miedo a lo desconocido y lo nuevo. Estudios criminológicos demuestran que hay menos crimen entre las comunidades inmigrantes que entre la población autóctona, pero la poderosa retórica del crimen seduce fácilmente a los medios, que acaban convirtiendo un hecho delictivo aislado en algo que incumbe a todos los inmigrantes. Ése es uno de los factores que ha alimentado todas las medidas duras y punitivas. Tenemos un sistema penal dual, uno para los ciudadanos y otro para los no ciudadanos, y parte de la tendencia a demonizar a los inmigrantes es que el hecho más nimio puede provocar la deportación. Tras el 11-S, esta noción se ha convertido en una cuestión de seguridad, y como suele pasar en política, se ha generado un consenso que sostiene que el sistema de inmigración se ha roto».

Jorge Castañeda consideró que esta reforma, aun siendo insuficiente, sería muy positiva para México, porque cambiaría la vida de millones de mexicanos. La reforma en Estados Unidos puede ser más o menos dura, e ir acompañada del endurecimiento en la frontera, no con un muro, pero con tramos de muro en las zonas urbanas. Además, obligaría al Gobierno de México a asumir esa responsabilidad de manera compartida, asegurando el control de la frontera sur.

Los muros son inadmisibles y en todo caso ofenden, si bien las palabras de Castañeda me sorprendieron cuando dijo que el muro de Estados Unidos ofende a México tanto como el de México seguramente ofendería a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, etcétera. «Porque nosotros en México tratamos muchísimo peor a los indocumentados nuestros que los americanos a los nuestros, porque los humillamos más, los torturamos más, los extorsionamos más. Me parece que vamos a tener un problema de fondo cualquiera que sea el gobierno, y no vamos a poder fácilmente hacernos los tontos con obligaciones reales que vamos a tener que enfrentar. No sólo yo digo que maltratamos más a los centroamericanos en México que los americanos a los mexicanos en Estados Unidos. Lo dice el presidente Fox, todos lo hemos dicho desde hace años. No quiero decir que la movilización que está habiendo en Estados Unidos sobre el problema de la emigración no esté justificada. Lo que yo quisiera es que los indocumentados en México también se movilizaran exigiéndole al Gobierno mexicano que ponga término a la explotación más corrupta.» Según Castañeda, hasta que México no deje de maltratar y violar los derechos humanos de los que entran a México camino de Estados Unidos, carece de toda autoridad moral para hacer las denuncias que le corresponde hacer. «Es algo que llevamos años denunciando, y que no ha cambiado significativamente en los últimos años. La situación sigue siendo espantosa, porque la policía migratoria mexicana es igual de corrupta que las demás policías mexicanas, porque el ejército mexicano reprime parejo a hondureños y a mexicanos, porque los gobernadores de los estados fronterizos son lo que son.»

Carlos Monsiváis llamó la atención sobre el hecho de que si el problema recae en la policía fronteriza, no se puede decir que le quite autoridad moral a México. «No se puede argumentar que lo que hace la policía sea lo que hace el país. El país es distinto a su policía, y la policía mexicana tampoco es tan uniforme, o no habría siquiera la posibilidad de salir a la calle. La policía de la frontera es efectivamente brutal, bárbara en el trato, y no se ha logrado humanizar ese paso, pero eso no quiere decir que la sociedad esté de acuerdo, que deje de tener grandes zonas de solidaridad, gran capacidad de respeto a los derechos humanos o la vida sería imposible si la policía fuese la esencia de México.»

A Monsiváis no le cupo ninguna duda sobre el argumento moral: «Tenemos autoridad moral, porque lo que ha pasado en relación con los indocumentados mexicanos, al amparo de dos policías, no sólo la mexicana, es monstruoso, es inadmisible, como es inadmisible también lo que ha pasado con los centroamericanos. Lo que se ha vivido es despiadado, y en ese sentido lo que nos corresponde es protestar».

No es ningún consuelo ser víctimas en el norte y verdugos en el sur, como señaló Navalón, pero tampoco se puede pretender que Estados Unidos asista a la vulneración de sus leyes: «Hay que entenderlo y hay que crear un mecanismo que permita resolver ese problema con los ilegales».

Además, dentro de diez años México dejará de ser el principal suministrador de emigrantes a Estados Unidos. Otra consideración que hasta ahora no se había hecho es la competitividad entre estudiantes, con sus visas de estudiantes, y con los profesionales chinos, altamente especializados, que se quieren quedar en el país. El problema adquiere complejidad por momentos: «La frustración centroamericana pasada por el horror mexicano, para terminar en la pesadilla norteamericana puede acabar en una situación de grave desequilibro social».

No quería desperdiciar la ocasión sin antes hablar con Nancy de los derechos humanos y de su violación en la parte norte. En 2004, México planteó un caso contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, el caso Avena, que se refería a la aplicación del Convenio de Viena sobre notificaciones consulares y el derecho a la asistencia del cónsul de su país de aquellos detenidos en el extranjero. En el caso, alrededor de cien mexicanos habían sido condenados a distintas penas en Estados Unidos, y en algunos supuestos a pena de muerte, sin habérseles reconocido el derecho a ponerse en contacto con el representante consular, lo cual supuso que hubiera una restricción de derechos, una imposibilidad incluso idiomática de comunicación y, en definitiva, una defensa deficitaria que les llevó en muchos casos a la pena capital. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dio la razón a México, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, un año después, resolvió el caso Medellín versus Drake, en el que dijo que no le vinculaban las normas internacionales porque era una política de las Cortes de los distintos Estados de la Unión y no podía imponer lo que una norma internacional establecía. Poco tiempo después, el Gobierno norteamericano decidió retirar la firma del protocolo adicional II de la Convención de Viena, al considerar que esa sentencia pretendía la intromisión de gobiernos extranjeros en la política del país norteamericano.

Nancy Morawetz explicó que los tribunales estadounidenses son muy reacios a aceptar que si alguien ha padecido una violación de sus derechos internacionales pueda reclamar en los tribunales estadounidenses. La solución debería ser entre gobiernos, pero ante un Gobierno tan poderoso como el de Estados Unidos eso nunca funciona. Así que ya es una cuestión recurrente el fracaso estadounidense a la hora de respetar las sentencias de los tribunales internacionales. En concreto, sobre la cuestión de la Convención de Viena, no ocultó que era muy importante, porque a los arrestados no se les informó de sus derechos de asistencia consular y como resultado se les expulsó y no se les informó de que tenían derechos, como el de permanecer con sus familias en Estados Unidos o la posibilidad de evitar condenas penales, no sólo la pena de muerte, sino toda una serie de cargos que llegaban hasta los más nimios.

Castañeda quiso puntualizar que, en el caso Avena, la demanda que interpuso el Gobierno mexicano fue sobre la notificación consular en casos de pena de muerte, porque, por definición, hay un acto irreparable cuando sucede. Esto no quiere decir que no haya que plantearlo de manera general, aunque hay que distinguir claramente la situación de los indocumentados que entran en Estados Unidos, son detenidos por la patrulla fronteriza y son enviados a un centro de detención o enviados de vuelta a México. «En esos casos, casi siempre sí hay notificación consular, por una razón bastante sencilla: tenemos muchísimos consulados en la frontera y es sencillo que avisen al oficial de protección del consulado.»

México logró en el caso Avena que el Gobierno de Estados Unidos fuera considerado culpable de violar el artículo 36 de la Convención de Viena sobre notificación consular, y se le instruyera a que a partir de ese momento lo cumpliera y que revisara cada uno de los cincuenta y dos casos de condena a pena de muerte que no habían tenido notificación consular.

Para que no quedaran dudas, le pregunté a Nancy Morawetz que nos explicara qué quiere decir exactamente ser detenido en Estados Unidos cuando se trata de detención de inmigrantes ilegales y cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los detenidos. A su modo de ver, se trata de una situación muy extraña en términos legales, porque un arresto criminal suele suponer el reconocimiento de unos derechos al detenido, mientras que en el caso de un sin papeles pasa a ser un arresto en el sistema de inmigración, en el que los derechos de los sin papeles son muy limitados, la detención es posible en todos los casos y sólo se exige en algunos. De hecho, una de las provisiones actuales es duplicar la capacidad de los centros de detención, o cárceles. En algunos casos hay quienes tienen derecho a permanecer en el país, pero cada vez son menos si han entrado sin papeles. En cierto sentido, es un sistema con una gran carga punitiva que no siempre se aplica.

INTEGRACIÓN EN LA DIVERSIDAD

No quería concluir sin antes pedir a este panel una opinión sobre el problema de la integración y de la diversidad. Hasta no hace mucho tiempo, el problema de la diversidad no era una cuestión importante, pero ahora parece que genera inseguridad e incompatibilidad. ¿Acaso es tan fundamental conocer el idioma del país para que se establezca como un requisito en la nueva legislación como vía de integración?, cuestión, por otra parte, nada baladí, porque otros países se la están planteando, por ejemplo, en orden a la religión. En Francia se están desarrollando iniciativas para que en las mezquitas no se den los discursos o los sermones en árabe, sino en francés, y en Inglaterra comienzan a aplicarse medidas similares. ¿Acaso es un problema tan grave la integración en la diversidad o la diversidad en la integración?

Castañeda señaló que el cambio que se está proponiendo ahora es el requisito del inglés para la residencia, y no para la ciudadanía, para lo cual siempre ha existido tal requisito. Es un asunto muy complicado, como las propuestas que ha habido en California del English only contra el bilingüismo: «En muchos casos, la gente que ha votado más a favor de English only han sido los mexicanos norteamericanos en California, por considerar que el principal instrumento de ascenso, de movilidad social en Estados Unidos, es el idioma. No tiene este país realmente una historia en común, no tiene una religión única, no tiene un componente étnico único homogéneo. ¿Qué los define como nación? En buena medida, el idioma, y si deja de ser el idioma, pues se van a ubicar en una situación muy difícil».

Sobre la cuestión de la integración, Castañeda remitió a lo sucedido en Francia, el país integracionista por excelencia: «Los problemas de violencia en los suburbios de París fueron con ciudadanos franceses, hijos de inmigrantes de primera o segunda generación, pero que eran ciudadanos y que tenían en teoría todos los derechos que tienen todos los franceses. El problema es que tenían la ciudadanía, la integración legal e incluso el idioma, que es el francés. Dudo que estos muchachos que quemaban los autos hablen árabe y no creo que sean musulmanes practicantes. Pero son muchachos desempleados con una educación que no les ha servido. Luego tampoco nos queda claro que la integración funcione también al estilo francés».

Por su parte, Monsiváis, en lo que a integración se refiere, insistió en la idea de que la identidad se identifica cada vez más con el empleo: «El empleo es el centro de la manera en que cada persona se define a sí misma, y la falta de empleo está siendo cada vez más la falta de identidad. La asimilación o la integración se da a través del empleo, y ocurre se quiera o no. No hay tal cosa como el aislacionismo, porque se está procediendo con mucha rapidez a situar la identidad en la relación entre un espíritu comunitario y una situación laboral».

Una cuestión que me llamó la atención por aquellos días fue el hecho de que las autoridades se estuvieran planteando la posibilidad de que aquellos que atiendan humanitariamente a inmigrantes ilegales podrían ser acusados de protegerlos, y por tanto estarían fuera de la ley. ¿Supondría esa nueva ley un fortalecimiento de los llamados mercados negros en el tema de la inmigración? Morawetz le quitó importancia a la cuestión, porque consideraba imposible que el Departamento de Seguridad Interior persiguiera a doce millones de sin papeles más los cincuenta millones de personas con los que interactúan. «Leyes como ésta otorgan un inmenso poder al aparato represor para seleccionar gente y juzgarles injustamente», lamentó. Jorge Castañeda, por su parte, sí valoró el fortalecimiento del llamado mercado negro, o la vinculación del proceso migratorio con el crimen organizado. Las medidas que impuso Estados Unidos desde 1994 encarecieron el coste de pasar la frontera: «Lo que cobran los polleros [pasadores de inmigrantes ilegales] subió drásticamente, si antes eran unos 600 dólares, ahora están cobrando hasta 5.000 dólares, se volvió un gran negocio. Antes los polleros no es que fueran buenos, pero eran guías de la frontera, no pasaban de eso. A partir de 1994, cuando se vuelve un negocio, atrae a grupos organizados y los polleros ya no son polleros, son redes muy sofisticadas del crimen organizado que participan en un mercado negro o seminegro para traer gente a Estados Unidos en masa, cobrando mucho dinero». Castañeda culpaba a las perversiones de los intentos de Clinton y Doris Meissner, que pensaban que con eso iban a resolver el problema, pero generaron una serie de consecuencias imprevistas que se ven ahora.

La discusión continuó apasionadamente sobre la diferencia de trato real entre los inmigrantes legales y los ciudadanos, la hipocresía y las contradicciones del sistema que empuja a conseguir y tolera el uso de documentación falsa, la cual ahora se quiere convertir en obstáculo para regularizar la situación. Sin embargo, las elecciones legislativas, ganadas por los demócratas, han paralizado por el momento la nueva normativa. Mientras tanto, se sigue construyendo el muro de separación en el que casi a diario se siguen estrellando y muriendo las esperanzas de una nueva vida ¿mejor?

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Nuevas políticas para las Américas: el reto permanente

Soy consciente de que es casi una temeridad reunir, más de dos años después, las opiniones de cuatro líderes políticos de la talla del presidente de Colombia Álvaro Uribe, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, el ex presidente de España Felipe González, y el ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger. Desde entonces, son muchos los acontecimientos que se han sucedido en este tiempo, pero creo, no obstante, que existen razones de peso para repasar lo entonces dicho y ver el grado de acierto que tuvieron al referirse a un tema de permanente actualidad como es el de las nuevas políticas para las Américas. Además, sería imperdonable por mi parte perder las opiniones de estos líderes, máxime si tenemos en cuenta que los ex presidentes Zedillo y González volvieron a encontrarse en un nuevo debate en marzo de 2007, en Madrid, y, por ende, disponemos de elementos comparativos; que el presidente Uribe, tras obtener la reelección, sigue al frente del país hasta el año 2010; y en el caso del secretario de Estado Kissinger, porque sus opiniones y su polémica figura crecen en interés.

El 15 de diciembre de 2005, a las puertas de la Navidad, con sus calles engalanadas hasta el último detalle, Nueva York adquiría el aspecto y la forma de una postal navideña, como tantas veces hemos visto en televisión, incluida la nieve. El semestre en la universidad ya había terminado, por lo que el bullicio propio de Washington Square era menos intenso, pero eso no importó para que aprovecháramos la ocasión de escuchar a cuatro personalidades como las que aquella tarde nos acompañarían en el Vanderblit Hall: Felipe González había llegado el día anterior y su aspecto era inmejorable; Álvaro Uribe sufría un proceso gripal fuerte y había viajado desde Bogotá expresamente para participar en el evento, al que también concurrió Andrés Pastrana, a la sazón embajador de Colombia en Washington; Ernesto Zedillo había llegado en tren desde Yale, y Henry Kissinger se había desplazado desde el mismo Manhattan.

En el momento en que escribo estas líneas, a bordo del avión Airbus 340-600 número 6845 de Iberia, a punto de llegar a Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, me viene a la memoria aquel evento y las dificultades de organización del mismo. Realmente, todavía me pregunto cómo pudimos reunir a estos cuatro líderes de su talla en el marco universitario del Centro Rey Juan Carlos I de España, pero lo cierto es que todos estuvieron de acuerdo desde el primer momento en asistir a un encuentro que se prometía polémico, por las circunstancias de cada participante.

Por mi parte, después de seis años volvía al Vanderbilt Hall de la Universidad de Nueva York, al aula magna, donde pronuncié mi primera conferencia en Nueva York ante un auditorio exactamente igual de repleto que entonces. Jim Fernández, director ejecutivo del Centro Rey Juan Carlos I de España y yo repetíamos la experiencia.

La tarde en Washington Square era fría, pero eso no impidió que a las 17.30, media hora antes del comienzo, el auditorio ya estuviera lleno. La tensión también se percibía en el ambiente, no sólo por los profesores en huelga, que nos habían acompañado durante el semestre que había concluido, sino también por los grupos de personas disconformes con la presencia de Álvaro Uribe, pero sobre todo las que protestaban contra Henry Kissinger. Claramente el acto, como había previsto, tendría dificultades en su desarrollo, pero estaba seguro de que sólo servirían para realzar que nos hallábamos en un ámbito universitario en el que la libertad de expresión y la discrepancia estaban garantizadas. Por otra parte, el encuentro tenía el interés añadido de vernos, por primera vez en público, juntos a Felipe González y a mí, después de mi abandono de la política en 1994; cuando menos, también era sorprendente vernos tras una misma mesa a Kissinger y a mí después del caso Pinochet, en el que, como ya he dicho anteriormente en otro capítulo, no me fue demandada ninguna acción judicial, ni yo inicié ninguna en el marco de aquella causa contra el ex secretario de Estado norteamericano. Insisto en este tema porque de forma reiterada se ha dicho que intenté procesarlo, lo cual es radicalmente falso, aunque sin duda me habría gustado conocer las razones por las cuales aceptó mi invitación.

URIBE Y ZEDILLO

El acto ya comenzó accidentado, pues tuvimos que interrumpirlo hasta tres veces ante las imprecaciones que, primero fuera de la sala y luego dentro de la misma, dirigían algunas personas al ex secretario de Estado Kissinger, pero finalmente conseguimos arrancar el debate. Para empezar, el presidente Uribe expuso sus líneas de trabajo en torno a cinco elementos que para él tipificaban una democracia moderna, incluyente, pluralista, sin odios, pero en permanente debate. Él consideraba que hoy día no se puede mantener la división entre una América Latina de derechas y una América Latina de izquierdas: «Tenía sentido cuando había dictaduras militares, y los civiles se dividían entre quienes las apoyaban y quienes se oponían. Hoy eso no tiene sentido, cuando todos están comprometidos con la regla democrática; es polarizante, como se demostró con la reciente elección del secretario de la OEA [Organización de Estados Americanos]. Y además de no ser práctica, es muy difícil decir hoy, después de que el presidente Lula lleva tres años en el poder y nosotros cuarenta meses en el ejercicio de la Presidencia de Colombia, cuáles son los hechos que lo caracterizan a él como un Gobierno de izquierdas y los que nos caracterizarían a nosotros como un Gobierno de derechas».

Los cinco elementos que propuso son: seguridad democrática, respeto a las libertades individuales, un esfuerzo continuado de construcción de cohesión social, transparencia y respeto a la independencia de las instituciones del Estado de Derecho.

Seguridad democrática para que todos los ciudadanos se sientan protegidos por las instituciones del Estado y florezca el pluralismo, estrechamente relacionado con el segundo elemento que destacó: el respeto a las libertades individuales, que fueron recortadas en muchas partes de América Latina en aras de la seguridad. Hoy se trata de extender las libertades en virtud de la seguridad, lo cual va de la mano de la construcción de la cohesión social. «Bobbio resolvió el problema entre el respeto a las libertades individuales y de la cohesión social, que aparecían como vertientes irreconciliables, y encontramos una explicación elemental: es imposible que los ciudadanos se sientan integrantes de una comunidad si no sienten respetadas sus libertades individuales, y es imposible que se consolide esa comunidad si cada uno de sus ciudadanos no lucha por la cohesión social. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en Colombia para aplicar la seguridad democrática, respetar las libertades individuales y avanzar en inversión social.»

Uribe destacó que esa inversión social tiene que ir apoyada con un crecimiento económico, que exige una total confianza inversionista y cooperación internacional. De ahí la importancia de vincular el crecimiento económico con la relación entre países latinoamericanos y Estados Unidos, así como entre aquellos países y Europa. El crecimiento económico y la cohesión social en América Latina se consideraban excluyentes, cuando deberían ir de la mano, al igual que la seguridad y la inversión social. Sin seguridad no hay confianza para invertir, para que crezca la economía y para financiar la inversión social, y sin inversión social, no hay posibilidades de que los proyectos de seguridad democrática sean sostenibles. «Es necesario llevar juntos el tema de seguridad y el tema de inversión social. La seguridad, a través del crecimiento y de la confianza en la economía, posibilita los recursos para la inversión social. Y el avance de ésta hace posible el apoyo popular a la sostenibilidad de una política de seguridad en un Estado democrático.»

Pero, aun siendo cierto dicho planteamiento, resulta claro que si no hubiera una transparencia para conseguirlo, la confianza interna e internacional sería inexistente. Sin esa credibilidad, difícilmente habría independencia en las instituciones. «A mi juicio, éste es el punto crucial, el gran reto de las democracias nuestras», concluyó.

A la hora de dar la palabra al ex presidente Zedillo, mencioné varios ejemplos de la situación mundial en ese momento que claramente revelaban grandes fracasos o descalabros en el diálogo transatlántico. El primero fue el fracaso de la Cumbre Mundial de la ONU celebrada en septiembre de 2005, y el segundo, el resultado de la Conferencia sobre Cambio Climático, que concluyó en Montreal en la primera semana de diciembre de 2005; y el tercero, el nulo avance que cabía esperar —como así fue— de la entonces inminente Ronda de Doha. Ante este panorama, planteé al ex presidente Zedillo si el mundo podría avanzar hacia los acuerdos necesarios sin que los hubiera entre Estados Unidos y Europa, máxime si los principales desacuerdos apuntaban a una crisis más profunda en el sistema internacional.

Para Zedillo, los factores que explicaban esos fracasos eran muchos, pero había uno esencial: el profundo desacuerdo que sobre estas y muchas otras materias hay entre Estados Unidos y Europa. No se trata de que cualquier cosa que acuerden Estados Unidos y Europa se convierta en un dictado para el resto del mundo, sino de tener un sistema internacional que nos ofrezca la gobernabilidad que se requiere en esta era de globalización, lo cual, si Estados Unidos y Europa no alcanzan unos acuerdos mínimos sobre tales materias, es imposible. «En la Cumbre Mundial de la ONU, Europa no tenía una posición consistente y seria en muchos temas que estaban en la agenda. Y desde luego, no hubo ningún diálogo serio entre Estados Unidos y Europa sobre los temas comprendidos en esa agenda.» En la cuestión del cambio climático, estábamos aún peor, y sobre el tema del comercio aprovechó para reclamar el desmantelamiento del proteccionismo agrícola en Europa, en Estados Unidos y en Japón. «Esto es lamentable porque tiene consecuencias para Estados Unidos y para Europa, pero sobre todo porque es una distorsión que al final de cuentas significa menos oportunidades y pobreza en los países en vías de desarrollo.»

FELIPE GONZÁLEZ

En ese momento intervino Felipe González, muy convencido de la necesidad de la cooperación, aproximación e integración entre América Latina, Estados Unidos, Europa y España. Me llamó la atención las caras expectantes del público y cómo muchos prestaban una atención especial a sus palabras.

El ex presidente español arrancó con una broma que hizo torcer el gesto al presidente Uribe respecto a la desaparición de las derechas y de las izquierdas: «Siempre que alguien dice “ya no hay ni izquierda ni derecha”, sé que es alguien que más bien se siente de derechas, porque los de izquierdas, aunque se hagan algo de derechas, no tienden a reconocerlo». Con agudeza identificó el problema de América Latina con el hecho de que la gente de izquierdas sabe distribuir riqueza, pero no sabe cómo se crea ni se preocupa de crearla y termina distribuyendo miseria, mientras que la gente de derechas sabe crear riqueza, pero nunca ve llegado el momento de distribuirla.

González recordó cómo veinte años antes, en una visita que había hecho a Harvard, planteó la tesis de una relación europea con Norteamérica y una relación europea con Sudamérica, así como un triángulo de reforzamiento de esa relación. En aquella época era muy extraño hablar de esto, porque para Estados Unidos era inconcebible una relación Europa-América Latina que no pasara por Washington, pero con el tiempo esa idea fue avanzando y se fue abriendo camino. Desde entonces han cambiado muchas cosas en la relación transatlántica, de las cuales González destacó cuatro.

Primero, un claro desplazamiento económico hacia el área del Pacífico como uno de los efectos de la globalización. Segundo, la caída del muro de Berlín y la pérdida de relevancia de Europa como hinterland de contención de la amenaza del Pacto de Varsovia. Tercero, los atentados del 11-S, que cambiaron la percepción de la amenaza terrorista definitivamente para Estados Unidos, y probablemente, se confiese o no, para todo el mundo. Y por último, una fractura seria en torno al profundo desacuerdo provocado por la guerra de Irak, tanto en el seno de Europa como entre Europa y Estados Unidos.

González quería analizar las implicaciones de todo esto para Europa, que resumió en otros cuatro puntos. En primer lugar, después de la caída del muro de Berlín no había una redefinición de la estrategia de seguridad atlántica: «Todavía estamos buscando el papel de la OTAN, cuya razón de ser formal e histórica era defender de la amenaza soviética. Cuando desaparece el Pacto de Varsovia, nadie se plantea si la OTAN debe o no sobrevivir, entre otras cosas porque a los europeos, que teníamos un enemigo de referencia como era el Pacto de Varsovia, nos venía bien la OTAN y el compromiso americano en Europa. Porque había otra cuestión debajo de la mesa de la que nunca se hablaba: dos guerras europeas durante el siglo XX y una profunda desconfianza de quedarse solo, no vaya a ser que volvamos a las andadas. Y la OTAN era también una garantía para eso en Europa». En segundo lugar, Europa no ha sabido adaptarse a la economía global, está en un proceso muy serio de pérdida de competitividad, ha perdido relevancia política y económica a nivel global. En tercer lugar, la ampliación europea, imprevisible antes de la caída del muro de Berlín, no hay que verla como un esfuerzo voluntarista, sino como el derecho de los países de la ampliación, que son tan europeos como los demás, si bien esta ampliación ha producido un ensimismamiento de Europa, una concentración de un esfuerzo que no termina de digerir. Y por último, Europa todavía no se ha recuperado del fracaso de la política exterior de seguridad que supuso la crisis de los Balcanes. «La impotencia para gestionar una crisis gravísima en su contenido pero pequeña en su dimensión ha puesto de relieve que la Unión Europea no tiene una política exterior y de seguridad, y la fractura con la estrategia en relación con Irak ha sido una muestra más de la falta de unidad.» Esto me sugiere, en el momento en que reviso el presente libro, qué puede suceder en la región de los Balcanes después de la independencia de Kosovo y la dimisión de Kostunica en Serbia como consecuencia de aquélla. Una hipotética radicalización en los Balcanes sería lo peor que pudiera suceder en una Europa que se ha mostrado dividida frente a aquella independencia.

Para América Latina, el factor positivo de estos últimos veinte años ha sido la democratización. «La democracia se ha hecho la norma, y la excepción la dictadura.» Sin embargo, González también percibía factores negativos para América Latina, tras el 11-S, la pérdida de relevancia para Estados Unidos, porque no constituía ninguna amenaza. Además, América Latina padece una crisis en el modelo de desarrollo, en el sentido integral del mismo. América Latina, comprendido Brasil, representa el 10 por ciento de la población mundial y el 5 por ciento del producto bruto mundial, relación que no ha cambiado en los últimos veinticinco años, si bien la distribución del PIB per cápita y la cohesión social han empeorado. Sin embargo, el problema más grave es que los llamados «países emergentes» se han trasladado de América Latina al sudeste asiático en los últimos veinte o veinticinco años, en especial últimamente a China y la India.

En cuanto a Estados Unidos, González estimaba que el desplazamiento de atención en las relaciones económicas mundiales hacia el área del Pacífico por parte de este país venía de lejos, desde hacía más de veinte años, si bien Estados Unidos muestra una enorme dificultad para digerir el fenómeno de China. «¿Qué hacer si uno invierte para que tengan éxito, pero además le da miedo que tengan éxito? O sea, que el fenómeno chino como la gran potencia emergente está todavía sin resolver.» La estrategia de seguridad estadounidense tras la caída del muro de Berlín y los atentados del 11 de septiembre ha hecho que pierda importancia tanto Europa como América Latina. Aparte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), apenas hay una estrategia diseñada para América Latina por parte de Estados Unidos, ni tampoco para Europa. En opinión de González, Estados Unidos, teniendo ante sí a una China o a una India como potenciales mercados, aunque no sean un solo país, debería tener el máximo interés en este conjunto de novecientos millones de seres humanos que se extiende desde Canadá a la Patagonia.

Definitivamente, ex el presidente González había logrado captar la atención de todos los asistentes del aula magna, la cual tuvo que habilitarse para seguir el encuentro por circuito interno de televisión, sobre todo cuando pasó a hablar de las cuatro amenazas sobre las que tendríamos que actuar para recomponer cierto orden internacional. La primera, la del terrorismo internacional, el impropiamente llamado terrorismo islamista. La segunda, la amenaza de las armas de destrucción masiva, que todavía no hay que relacionar con el terrorismo internacional cuyos atentados se han producido con material que se encuentra en cualquier parte. La tercera, la crisis de la oferta en recursos energéticos, que va a seguir agravándose en los próximos siete años, y como consecuencia crecerán las tensiones internacionales y será más difícil asegurar la paz mundial. Por último, la necesidad de plantearse en serio cómo desarrollar áreas como América Latina en la nueva economía global, con las nuevas reglas de la globalización. «En América Latina todavía no se ha encontrado un camino. Y la amenaza no es el golpe de Estado, estamos más amenazados por los populismos demagógicos, que podrían desbaratar parte del esfuerzo que se ha hecho, y por la pérdida de credibilidad de la democracia, porque la gente atribuye a un fracaso de la democracia lo que normalmente es un fracaso de la política de los gobiernos. La democracia no garantiza el buen gobierno, sólo garantiza que cuando estamos hartos de un gobierno, lo echamos. A largo plazo, sí garantiza el buen gobierno, porque normalmente a los políticos no nos gusta que nos echen.»

HENRY KISSINGER

La primera rueda de intervenciones se cerraba con la del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que lleva participando, unas veces al margen, y otras en primera línea, en todas las administraciones norteamericanas desde Eisenhower. Primero quiso aclarar que al hablar de la estrategia de Estados Unidos parece como si estuviera escrito en un papel lo que Washington hace o planea hacer en las distintas regiones, lo cual no es así, y el reto para la política exterior estadounidense es que hasta la Segunda Guerra Mundial no era necesaria. Así que todas las administraciones han sido profundamente influenciadas por las circunstancias que han encontrado. El reto para los presidentes norteamericanos ha sido meter al país en un sistema internacional. Durante la guerra fría, era fácil tener categorías simples, pero después Estados Unidos tuvo que desarrollar una política exterior como la de otros países, sin fecha final, con continuidad y adaptándose a las circunstancias.

La relación entre Estados Unidos y Europa es posmoderna, según Kissinger, siendo inconcebible un conflicto militar en el Atlántico Norte. Los problemas surgen de una divergencia en el momento de desarrollo histórico. El sistema internacional se basa desde el Tratado de Westfalia de 1648 en el Estado-nación. Pero Europa ha abandonado el Estado-nación e intenta crear una Unión Europea, así que está atrapada entre su pasado, que ha rechazado, y su futuro, que todavía no ha alcanzado. De modo que su política exterior deriva de las relaciones dentro de su seno, que es muy multilateral. Estados Unidos es todavía un Estado-nación y su política exterior está centrada en consideraciones de seguridad que en Europa tienen otro significado. Éste es uno de los motivos de las desavenencias en torno a Irak.

Kissinger afirmó que en el mundo actual la seguridad, en su sentido militar, ya no es el único, ni siquiera el principal factor; por ello, en otras áreas de política económica, social, desarrollo, otros países pueden y deben jugar un papel protagonista. «Estados Unidos es muy fuerte, pero ningún país es tan fuerte como para dominar el mundo, así que el reto es saber que somos fuertes, pero actuar como si los demás tuvieran el mismo poder. El reto para nuestros socios es poner la política exterior en una perspectiva global y admitir que Estados Unidos tiene que desarrollar una política global y no fijarse sólo en sus propias preocupaciones.»

Estados Unidos ha sido la potencia dominante en América Latina, reafirmando a veces ese dominio. Es cierto que el futuro pasa por los consensos, pero los latinoamericanos han de aceptar que ha habido mala gestión, corrupción y otras características propias del hemisferio oeste que han de solucionar. «Es absurdo culpar a Washington de todo lo malo que ocurre en América Latina —dijo Kissinger— o creer que puede solucionar todos los problemas. Nuestra política ahora es crear un área de libre comercio para el hemisferio oeste, aunque creo que no hemos prestado suficiente atención a América Latina en los últimos años, en parte por la guerra contra el terror.»

Kissinger también hizo un paralelismo muy interesante con Europa poniendo como ejemplo el Plan Marshall, que funcionó porque tras su anuncio se crearon las instituciones necesarias, que es lo que falta en el hemisferio oeste. «Desde Estados Unidos no hemos hecho propuestas suficientemente amplias, pero el ambiente actual en América Latina no es muy acogedor. Por ejemplo, la visita de Bush a Argentina intentaba ser un esfuerzo por demostrar su compromiso con el hemisferio oeste, pero en vez de recibirle bien y hacer unas propuestas sobre lo que podemos hacer juntos, se le criticó por todos los pecados estadounidenses. No podemos olvidar que la globalización es un problema, porque el desarrollo económico del mundo lleva un ritmo distinto que el desarrollo político, y la economía es global, pero las consecuencias son locales.»

Para mí, fue inevitable pensar en ese momento en un aspecto que el ex secretario de Estado había pasado por alto: la influencia negativa que tuvo Estados Unidos tutelando y a veces asfixiando América Latina, tanto desde el punto de vista político como por supuesto económico. Las bases en que se asienta la falta de gobernabilidad no andan muy lejos de la impunidad y otros muchos factores que han «machacado» a esta región del mundo.

COLOMBIA: TERRORISMO FRENTE A DEMOCRACIA

En diciembre de 2005, cuando se celebró el encuentro, la Corte Constitucional había permitido al presidente Uribe volver a presentarse a las presidenciales y la Ley de Justicia y Paz comenzaba su andadura (desmovilización de las AUC paramilitares); Uribe estaba en un gran momento de credibilidad política, pero los críticos a su política de seguridad y a la relajación en la defensa de los derechos humanos a la hora de afrontar la lucha contra paramilitares, guerrilleros y narcotráfico, ponían de relieve zonas oscuras de su mandato, razón por la cual era especialmente importante la visión de quien entonces y ahora rige el destino de Colombia afrontando estos temas, los desafíos más importantes a los que se enfrenta su Gobierno.

El propósito fundamental y la obsesión de Uribe ha sido siempre elevar la confianza y credibilidad en Colombia: «Como candidato, les preguntaba a los estudiantes universitarios “¿Quiénes de ustedes quieren irse de Colombia definitivamente, sin tíquet de regreso?”. Y la inmensa mayoría levantaba la mano». El país produjo un desplazamiento interno de dos millones y medio de personas y cuatro millones se fueron al extranjero. En muy poco tiempo, el desempleo pasó del 7,5 por ciento a casi el 20 por ciento en las grandes ciudades. La situación, afortunadamente, ha cambiado. La inversión extranjera cayó a 500 millones de dólares, pero este año está superando los 6.000. La inversión privada como porcentaje del PIB cayó al 8 por ciento; este año debe de estar alrededor del 15 por ciento. La pobreza ha bajado del 57 por ciento al 48 por ciento. Además, el coeficiente Gini de distribución del ingreso ha mejorado por primera vez en muchas décadas.

La mejora de los índices de confianza se ha hecho a partir de la seguridad democrática, la inversión social y la transparencia, extendiendo la seguridad democrática como la defensa por igual a los amigos del Gobierno como a la oposición, no como la doctrina de la seguridad nacional en América Latina. «La nuestra es para defender por igual a los líderes sindicales que a los gremiales —dijo Uribe—. En Colombia hubo años de asesinato de ciento sesenta y cinco líderes sindicales y quince periodistas. Todavía asesinan, pero este año [2005] han asesinado a cinco líderes sindicales y dos periodistas, es una mejora, aunque nosotros no podemos estar contentos.»

Uribe recordó cómo, siendo universitario, llegaban a la universidad las proclamas de la guerrilla diciendo que insistían en la lucha armada porque en Colombia no había posibilidad de elegir a las autoridades locales. Cuando se hizo una fuerte ampliación democrática, con la elección popular de alcaldes y de gobernadores, así como de democracia directa, como el referéndum, los guerrilleros, y después los paramilitares, se convirtieron en los grandes asesinos a sueldo de los gobernantes locales elegidos. «De los 1.096 municipios de Colombia, 400 tenían su alcalde a elección popular sin poder cumplir las tareas en la localidad por amenazas del terrorismo. Hoy están todos debidamente protegidos, sin importar el origen político de su elección, ejerciendo sus funciones. Por eso, la nuestra es una seguridad democrática.»

En su discurso, Uribe no olvidó mencionar lo que más me preocupaba, que era que, junto a una clara voluntad política con exigencia de eficacia y transparencia, también debía producirse una clara adhesión a los derechos humanos, de modo que se asumieran responsabilidades políticas y judiciales ante la violación de los derechos humanos.

«La política de seguridad democrática se constituye tanto en una amenaza al terrorismo como en una garantía a la reconciliación; con toda la voluntad política se combate a quienes persisten en la violencia, pero con toda la generosidad se abren espacios de diálogo», proclamó Uribe.

La pequeña provocación del ex presidente González sobre la crisis de las ideologías no cayó en saco roto, y Uribe, además de torcer el gesto, ahora enfatizó que en Colombia la oposición gozaba de garantías efectivas, no como antes cuando el Estado daba garantías retóricas, porque el terrorismo no permitía que fueran reales. También recogió Uribe la idea de González de que la izquierda habla de distribuir y la derecha de crecer: «Es inútil esa diferencia. Hoy es imposible distribuir sin crecer, y no hay posibilidades de un crecimiento sostenido si no se distribuye. La izquierda hablaba de inversión social, la derecha de seguridad. Hoy hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo: si no hay seguridad, no crece la economía, y no hay manera de hacer inversión social. La izquierda y la derecha han sido inconsistentes». Además, afirmó que tanto una como la otra han sido irrespetuosas con la independencia de las instituciones, y cuando se han visto en riesgos electorales, inmediatamente han suprimido libertades o afectado la independencia de las instituciones. «¿Cuál es la razón para mantener esa división artificial? Creo que es mucho más útil preguntarse si una democracia se ajusta a unos criterios modernos.»

En defensa de esa idea, argumentó que el consenso de Washington lo firmaron y lo aplicaron en Europa y en América Latina muchos líderes de izquierdas, pero en cuanto algunos sectores sociales empezaron a desacreditarlo, muchos de aquellos que lo auspiciaron se convirtieron en enemigos de lo que ellos mismos habían creado. «¿Eso es dialéctica o es oportunismo? En materia de inconsistencias, las izquierdas se convirtieron en grandes privatizadoras, contra su principio de mantener las grandes empresas estatales, y no lograron con las grandes empresas estatales producir los efectos de redistribución que querían, porque pusieron esas grandes empresas estatales al servicio de intereses politiqueros, clientelistas o al servicio de privilegios sindicales, no de la comunidad. Y las derechas, para mantener sus predominios, se apegaron a monopolios estatales, cuando teóricamente estaban en su contra. Entonces, ¿cuál es la razón para mantener estas divisiones?»

Uribe quiso incidir en el tema energético, una preocupación que ya había avanzado el ex presidente González. Para él tienen que jugar un gran papel Estados Unidos y Europa en la relación con América Latina, ya que la cuestión no se resuelve criticando a un país porque ayuda a otros a resolver su crisis energética, dijo en velada alusión a Venezuela. «Yo lo que veo peligroso es que se afecte la independencia de las instituciones cuando los gobiernos empiezan a sentirse débiles. Un problema energético causa una debilidad en los gobiernos, y esa debilidad en los gobiernos empieza a afectar a instituciones independientes, fundamentales para la democracia», afirmó.

En el ambiente universitario, en el parlamentario y en el periodístico en general, por alusiones debía contestar el ex presidente español, quien primero, desmontó la noción de ideologías, lo que en su opinión se había convertido en una especie de coraza que algunos utilizaban para protegerse de la falta de ideas; además, dejó claro que una de las cosas que le sorprendía gratamente en Colombia era que una parte de los apoyos que permitían vivir el primer momento histórico en los últimos treinta años que apuntaba a la consecución de la paz en Colombia venía de gente que hasta hacía poco tiempo estaba fuera del sistema. «Gente de izquierda que apoya esa política, ya sea en Bogotá o en el Valle del Cauca, o sea, que realmente algo está cambiando y lo está haciendo profundamente», enfatizó González.

Sin embargo, en el debate sobre las diferencias entre la izquierda y la derecha, señaló el problema de que las nacionalizaciones en Europa habían sido discursos de las izquierdas y prácticas políticoeconómicas de las derechas: «Sea en Italia o en Francia, las nacionalizaciones no han sido los controles totalitarios que acompañaran a las revoluciones comunistas, sino el afán de los gobiernos por controlar parcelas de poder que el libre juego de la economía de mercado no les permitía. Por eso, De Gaulle nacionalizaba en Francia, y en Italia la Democracia Cristiana italiana. El discurso lo hacía el Partido Comunista italiano, incluso los socialistas, pero no nacionalizaban».

El problema en América Latina es que el producto interior bruto por habitante es semejante al de hace veinticinco años y está peor distribuido que hace veinticinco años, afirmó González. «Y desde luego no han sido las políticas de izquierda ni de derecha, han sido políticas que no han redistribuido el excedente de la generación de riqueza, las que sean. Algo habría que hacer. Y yo no digo que lo haga alguien de derecha o de izquierda.»

Sin necesidad de que le diera la palabra, Ernesto Zedillo quiso terciar en la discusión para hablar de la enorme brecha que existe entre el desarrollo de América Latina y el resto del mundo, los países desarrollados y los países emergentes. «Hace medio siglo, la renta per cápita promedio de la región era el 30 por ciento de la de los países desarrollados, hoy es menos del 20 por ciento. Y si ustedes me obligan a hacer una proyección para los próximos diez, quince años, la situación no va a mejorar, sino que va a empeorar, porque estamos creciendo sistemáticamente más despacio que los otros.»

Para Zedillo, la explicación pasa por respuestas muy técnicas: la productividad de los factores productivos en América Latina es mucho más baja que en el resto del mundo. No es tanto un problema de inversión o ahorro, sino que la productividad es muy baja. Aunque curiosamente, los análisis también indican que el capital humano después de todo no es tan bajo ni tan malo. Pero Zedillo quería ir más allá, profundizar en el tema del Estado y de las instituciones, que consideraba de capital importancia. Como explicó, las políticas de un Gobierno de un signo u otro al final no pueden ser muy distintas, así que la pregunta es qué está fallando, con independencia de la relativa homogeneidad de las políticas, ya sean practicadas por gobiernos de izquierda o de derecha o del signo que el lector prefiera. «Para mí, la respuesta es muy simple: estamos fallando porque nuestros estados son débiles para cumplir las funciones esenciales que tienen que tener los estados, que básicamente son dos: el monopolio de la fuerza y la capacidad para aplicar el Estado de Derecho.»

Zedillo sostuvo que América Latina vivió durante mucho tiempo con la ilusión de que los estados eran fuertes, porque los gobiernos tenían una gran omnipresencia en la economía, y eso parecía una manifestación de fuerza. Y también porque el gobernante, el señor presidente o quien quiera que fuera tenía un enorme poder personal. Pero la clave del éxito está en el concepto de Estado. «Colombia es un caso muy interesante. Colombia está teniendo éxito bajo el presidente Uribe, pero no sólo porque las políticas sociales que está haciendo sean muy importantes y efectivas, sino porque se ha preocupado por reconstruir el Estado colombiano. Encontró un país con un Estado sumamente débil y ha tratado de recuperar el monopolio de la fuerza legítima para el Estado colombiano, y mejorar las finanzas públicas para hacer esas otras cosas, empezando por la justicia, que transitan también por las políticas sociales», concluyó el presidente Zedillo.

No quise dar por terminado el encuentro sin que el ex secretario de Estado Kissinger emitiera su opinión al respecto, si estaba de acuerdo con lo que había dicho el ex presidente Zedillo, que resultaba básico el fortalecimiento de las instituciones y las políticas en las Américas y la creación de un Estado como medio para hacer frente a los retos que afrontaba la instalación de la democracia en América Latina.

Henry Kissinger pasó su infancia en la Alemania nazi, por lo que nunca ha sido muy partidario de un Estado fuerte como base de la política de un país, pero se mostró de acuerdo con que es necesario, sobre todo en un caso como Colombia. En cambio, en México, el logro de Zedillo fue someter el poder del Estado al proceso democrático. «Ése es el reto actual, crear procesos genuinamente democráticos, que vayan más allá de la elección de un presidente. El peligro es la aparición de un populismo que se convierta en semiautocrático y semidictatorial, como vemos en Venezuela.» Pero a Kissinger no le valía hablar de objetivos abstractos, quería traducirlos en cosas concretas, en cómo fortalecer la educación, cómo afrontar el problema energético, tema clave, según el político norteamericano.

Ante el peligro de una confusión, Felipe González quiso puntualizar que al hablar de la fortaleza del Estado no se trataba de su tamaño, sino de su capacidad: «Estamos hablando de la fortaleza en el funcionamiento institucional del Estado. La primera justificación del Estado es que tiene que estar presente en el territorio; pero esa presencia siempre se interpreta como presencia militar, y a veces la presencia militar no es más que una presencia complementaria de la presencia de una autoridad civil, de un maestro o de un médico». Estuve de acuerdo con González en que la cuestión principal de la respuesta necesaria en América Latina no pasa por el tamaño del Estado, sino de tener un Estado ágil, eficaz, eficiente, capaz de prestar servicios a los ciudadanos en lo que son los elementos fundamentales del Estado. «Muchas veces nos encontramos con la contradicción de un Estado clientelar que no presta servicios eficientes, y sobran aparatos estatales ineficientes mientras falta capacidad de respuesta. En parte porque algunos de los sistemas electorales en América Latina parecen pensados para que los países no sean gobernables», dijo el ex presidente español.

Abusando de mi posición de moderador me dirigí a Álvaro Uribe para pedirle que hiciera los comentarios a los comentarios anteriores, sin antes renunciar a preguntarle por la tan controvertida Ley de Justicia y Paz y, con referencia a esta norma, cómo conjugar el respeto en esa ley con los convenios internacionales y con la propia Constitución colombiana.

Como empezó a explicar, esta ley era fruto de la política de seguridad democrática, consistente en una conminación a los grupos violentos para que hagan la paz o se expongan a una derrota militar. El objetivo del Gobierno era recuperar la seguridad, pero la seguridad tampoco se puede conseguir como un fin en sí mismo, sino como un medio para la reconciliación. «Como me dijo una vez el ex presidente Felipe González “La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos”. Por eso el Gobierno empieza a trabajar enfrentando de manera imparcial a todos los grupos al margen de la ley.»

A raíz de la aplicación de la ley, los homicidios se reducen de 32.000 a 16.000 al año; los secuestros, de 3.050 a menos de 400. El ex presidente Pastrana, que estaba presente en el acto, traía unas conversaciones con los paramilitares a través de la Iglesia, con el ELN a través de Cuba, y con las FARC, directamente. «Y nuestro Gobierno se propuso impulsar la seguridad democrática sin anular las vías de la reconciliación, del diálogo. Entonces surge el diálogo con los paramilitares a partir de que aceptan el cese de las hostilidades, y ahora empiezan la fase exploratoria del diálogo con el ELN.»

«Uno no puede pretender recuperar la seguridad y la reconciliación metiendo en la cárcel 50.000 terroristas o dándolos de baja. Ésa es una visión práctica para decir que la seguridad tiene que ir de la mano de apertura hacia procesos de diálogo. La seguridad es una causa determinante, pero cuando tenemos 20.000 desmovilizados hay que preguntarse, ¿qué hacemos? ¿Por qué se desmovilizaron? No se desmovilizaron generosamente, por su personal liberalidad, lo hicieron por la presión de la autoridad, ésa fue la causa determinante. Y, una vez desmovilizados, requerimos el marco legal, y en ese momento aparece la necesidad de la ley.»

Como ya bien sabe el lector de este libro, la Ley de Justicia y Paz es muy controvertida tanto interna como internacionalmente, así como innovadora y difícil de comparar en el mundo, porque es el primer texto legal para procesos de esta naturaleza; según Uribe, es un buen balance entre justicia, reparación y paz. «Nosotros en el pasado habíamos adoptado en Colombia marcos legales para la reconciliación, pero sin exigir justicia y sin exigir reparación, simplemente se les perdona todo, se indulta por todo. Así ha ocurrido en muchas partes del mundo, basta con ver leyes recientes en otros países del mundo. La nuestra es un buen balance entre estos tres elementos: justicia, paz y reparación a las víctimas. —Y luego prosiguió—: En nombre de la justicia, esta ley no permite la amnistía ni el indulto a los delitos atroces.» En nombre de la justicia, dicha ley se adapta a la Constitución colombiana y a los tratados internacionales que vinculan a Colombia; en nombre de la paz trae unos beneficios jurídicos a quienes se acojan a ella, en concreto una reducción de sentencias, y en nombre de la reconciliación y de la justicia, «esta ley trae unas instituciones de reparación y obliga a todos aquellos que se quieran someter a la ley a entregarle al Estado la riqueza ilícitamente adquirida para nutrir los fondos de reparación a las víctimas». Para ello se ha constituido una comisión pluralista del más alto nivel, encargada de manejar los procesos de reparación, si bien el funcionamiento de esta comisión, así como la identificación y recuperación de bienes están siendo muy complicados.

El presidente colombiano se remitió a un encuentro que tuvo conmigo en julio de 2005, en el Centro Internacional por la Paz de Toledo en Madrid, donde le dirigí una serie de preguntas críticas muy severas, tras un detenido estudio de la ley. «Hemos tratado en lo posible de responderlas, aceptando que la ley no es un marco ideal. Pero se dio una paradoja: primero, la discusión es que la ley era muy suave con los paramilitares. Ahora, cuando se conoce bien, el problema es que ellos la encuentran tan dura que difícilmente se quieren someter a ella. Ahora aparece como muy rigurosa para las guerrillas. El ELN afirma que ellos necesitarían amnistía e indulto para todos los delitos, una pretensión que va mucho más allá de esta ley. Y las FARC han dicho que no reconocen el Estado colombiano, y en consecuencia no admiten restricciones a sus libertades provenientes del Estado colombiano y se opondrían totalmente a esta ley porque no les amnistía y no les indulta todos los delitos en un eventual proceso de paz.»

Uribe terminó pidiendo a la comunidad internacional que le ha criticado que reflexionara sobre tres temas: «Primero, cuando nos hemos dado cuenta de que la ley es mucho más severa de lo que se pensaba, ¿cómo vamos a garantizar su aplicación?; segundo, ¿qué vamos a hacer para inmovilizar al ELN y a la FARC si los procesos de paz no conducen a nada cuando ellos no aceptan esta ley por severa?; y tercero, en lugar de continuar la crítica, que la comunidad internacional reconozca que nosotros hemos procedido con toda honradez, seguramente equivocándonos, pero con toda transparencia, y que es hora de dejar la crítica y dedicarse mejor a ayudarnos a que esa ley se aplique bien en Colombia».

Pero tras cerrar este capítulo, Uribe quiso retomar el del tamaño del Estado, criticando los estados gigantes e inútiles por completo, los estados inmensamente burocráticos e ineficaces, los estados dilapidadores incapaces de mostrar resultados que ha habido en toda América Latina. Estados impulsados por la socialdemocracia que, en su opinión, no fueron capaces de cumplir los fines previstos, la descentralización, la equidad en la distribución del ingreso y la universalización de la seguridad social. «Todos los recursos se fueron en sostener un Estado clientelista, burocrático, corrupto. Y apareció la antítesis, el neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, entregarle todo a la oferta y a la demanda.» Para él, la clave nuevamente estaba en la transparencia: «Cuando no hay transparencia, por grande que sea esa estructura del Estado, el resultado es siempre de debilidad, de inoperancia. América Latina en todas partes tiene que derrotar la corrupción».

Según su análisis, el problema es que para obtener un Estado garante de inversión hay que olvidarse de que ese Estado intervenga en lo social. Y el Estado que quiere intervenir en lo social da la espalda al clima de confianza que necesita la inversión. «Nosotros hemos buscado conciliar lo uno con lo otro, y la democracia participativa y la democracia representativa, un ejercicio permanente de más participación popular directa para la toma de decisiones, para la ejecución de decisiones y para la vigilancia. Eso garantiza que los recursos vayan donde tienen que ir, y garantiza transparencia. Un Gobierno que tiene que estar dando la cara ante el pueblo permanentemente, no solamente a los órganos de representación.»

En su discurso destacó tres temas fundamentales para el continente: esfuerzos internos para mejorar la distribución, porque América Latina no puede pedirle al mundo ayuda mientras no erradique la corrupción; avances en el proceso de integración, como el Tratado Comunidad Andina-Mercosur, que hace cuatro años no se ve en el radar, el tratado Mercosur-Comunidad Andina-Centroamérica; ver cómo la Unión Europea se une más a América Latina, y armonizar los manejos macroeconómicos, el desorden macroeconómico, cuando un vecino revalúa y el otro devalúa, cuando un vecino tiene una inflación el 20 y otro del 5, cuando un vecino tiene un endeudamiento del 60 por ciento del PIB y el otro del 8,12 por ciento del PIB es muy difícil la integración.

LA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA

Tras estas vehementes palabras del presidente Uribe, el debate estaba llegando a su fin, y con ello el ciclo de «Diálogos transatlánticos» que con tanto esfuerzo habíamos organizado. Por eso quise pedirles a los ponentes que lanzaran una última reflexión al público universitario que nos escuchaba. Empezó Felipe González, aclarando que lo que en América Latina se identifica como izquierda tiene poco que ver con lo que ha sido la izquierda en Europa. «Tenemos un problema cultural muy serio. Yo trato de buscar a los interlocutores desde México a la Patagonia de lo que podría ser una izquierda europea en América Latina, y aparte de Ricardo Lagos me cuesta cierto esfuerzo encontrar a alguien más.» La siguiente reflexión que lanzó es que las políticas económicas deben ser pragmáticas, no ideológicas. «Estados Unidos, por ejemplo, lleva a cabo políticas económicas pragmáticas, si bien es verdad que exige políticas ideológicas en materia económica a los demás países. Según el presidente Uribe, es independiente del tamaño del Estado, aunque yo no soy partidario de un Estado enclenque, de un Estado frágil, ni de un Estado lleno de grasa. Me gustaría que el Estado se pareciera a esos cuerpos que vemos en las playas de Ipanema, ni un gramo de más de grasa, pero tampoco ningún esqueleto.»

Henry Kissinger se planteó cómo puede llegar una sociedad de donde está a un lugar donde nunca ha estado. «Para eso ha de evitar tanto a los tácticos como a los revolucionarios. Los tácticos quieren solucionar problemas inmediatos y crean una situación en que lo urgente ahoga lo importante, y los revolucionarios quieren destruir todo lo que existe. El mundo académico no debe centrarse en los problemas de mañana, sino en los que nos esperan dentro de tres o cinco años, su tarea es definirlos y proporcionarnos algunos criterios para afrontarlos, porque nos dirigimos a un mundo nuevo en que lo que conocemos está a punto de desaparecer y necesitamos guías.»

Álvaro Uribe arrancó con una hermosa cita, aprovechando que estaba a punto de cumplirse el aniversario de la muerte del libertador Bolívar. En una bellísima carta al Congreso de Cúcuta, en Ocaña, en 1828 decía a los legisladores que dirigieran sus miradas penetrantes al recóndito corazón de sus electores, y que allí leerían la angustia que los atenazaba, que el pueblo suspiraba por un Estado que fuera capaz de darles sosiego y seguridad. En palabras de Simón Bolívar: «La energía del Estado es lo único que aterra al delincuente, es la salvaguardia del débil, es la esperanza de la comunidad». Y agregaba al final: «Sin virtud perece cualquier república, y sin fuerza no hay virtud. El Estado débil es lo contrario a la virtud».

El que me sorprendió fue Ernesto Zedillo, cuando al dar su mensaje final habló elogiosamente del ciclo de «Diálogos» y de la positiva labor realizada por mí en la Universidad de Nueva York y del ofrecimiento para que me quedara durante un curso más en la Universidad de Yale. Obviamente, agradecí sus palabras, pero estoy donde debo estar. Y en este punto finalizó el debate, y el mes de diciembre nos despidió en las inmediaciones de Washington Square. Las Navidades darían paso a otro semestre también lleno de nuevos e interesantes proyectos. Pero como dicen en mi tierra, todos los santos tienen octava, y por eso quise reunir un año y medio después a los ex presidentes Zedillo y González, esta vez en la capital de España para comprobar la evolución de sus planteamientos y reflexiones.

La cita fue en Madrid el 12 de marzo de 2007, presentada por James Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York. Era un escenario bien distinto al de diciembre de 2005, esta vez en el Instituto Internacional, sito en la calle Miguel Ángel de Madrid. Su directora, Pilar Piñón, había cedido a la Universidad de Nueva York, en este nuevo ciclo, el lugar idóneo para el debate. Puede que alguien piense que un diálogo, incluso uno entre los pesos pesados que ese día nos acompañaban, no sea más que palabras tiradas al aire, pero gracias a la física moderna tenemos otra perspectiva más prometedora. Hablo del efecto mariposa, un concepto derivado curiosamente de la teoría del caos: la idea es que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema dinámico, como es la política, pueden producir grandes cambios a largo plazo. Como reza el antiguo proverbio chino: «El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo».

El encuentro comenzó también con polémica, pero esta vez contra el ex presidente Zedillo. Superado el incidente inicial, quise dar entrada a la cuestión central, retomando nuestra última conversación en 2005, que hacía referencia al impacto de las nuevas políticas en materia de seguridad jurídica en América Latina.

Recordé al ex presidente González una opinión que había escrito en su último artículo sobre esta región del mundo relacionada con «la banalidad» de algunas opiniones que se vierten sobre la misma y sobre determinadas cuestiones, alejadas del ámbito de las ideas y de los proyectos aplicables que contribuyen al desarrollo económico y social, que es donde deben centrarse las reflexiones. Así que la primera pregunta fue: ¿en qué modelo estamos actualmente, en el de la banalidad o en el de la reflexión?

Felipe González contestó con contundencia que estábamos en una situación delicada ante el creciente aumento de las palabras gruesas y descalificadoras, aparentemente sustentadas en discursos ideológicos, pero con una gran carencia ideológica. En cambio, lo que habría que poner sobre la mesa de debate y de reflexión sería qué proyectos concretos pueden facilitar el doble objetivo que se pretende: el desarrollo económico de América Latina y el proceso de integración regional o subregional.

«Mientras que no se discuta seriamente, moderando el tono de las palabras, qué proyectos son proyectos de integración, por un lado, y por otro lado, de desarrollo para la inserción de América Latina en la economía global en la que estamos inmersos, los debates son fundamentalmente banales, algunas veces autojustificativos y sobre todo descalificadores del otro», afirmó el ex presidente. Proponía centrarse en lo realmente importante para el desarrollo de América Latina, a saber, que hay una carencia fundamental de infraestructuras para el desarrollo, que hay que mejorar la educación y la formación de la gente, que los proyectos de desarrollo, tanto en materia energética como de carreteras, sean integradores: «Hace mucho más una carretera por la integración y el desarrollo que un debate supuestamente ideológico».

Me interesaba mucho lo que Felipe González, flamante presidente del «grupo de sabios» que reflexionará sobre el futuro de la Unión Europea, había dicho, y por ello, sin apenas pausa le planteé al ex presidente Zedillo si estábamos saliendo de lo que él había identificado en alguna ocasión como la era de la desilusión. En este sentido, le expuse algunos datos para constatar cómo, desde 1950, México trata de cerrar la brecha económica existente con Estados Unidos. Los ingresos per cápita mexicanos representan la quinta parte de los de Estados Unidos, y a la vez, la economía latinoamericana ha sido, en los últimos veinticinco años, la más débil, e incluso el PIB no ha aumentado más de un 1 por ciento. Todos estos datos revelan un desfase entre Estados Unidos y América Latina, que a finales del siglo XX era mayor que a principios.

«Desgraciadamente, creo que todavía estamos en esa era de la desilusión», me contestó Zedillo, y justificó esa etiqueta a raíz de una serie de reformas que se dieron en América Latina, creándose la esperanza de que era el momento del despegue definitivo, lo que no había ocurrido. La brecha no sólo sigue estando ahí, sino que incluso ha empeorado, y no solamente respecto a Estados Unidos, sino con respecto a otros países emergentes, que han encontrado las fórmulas para un crecimiento mucho más rápido que el que históricamente tuvieron. Mientras, América Latina está empezando a tener un lugar francamente secundario en relación con otras regiones, lo cual «ha acentuado ese sentimiento colectivo de desilusión y, en algunas ocasiones, el sentido de fracaso».

Enlazando con las palabras de González, Zedillo consideró que los latinoamericanos continúan debatiendo asuntos que ya no son tema de debate en otras partes del mundo, y siguen mostrando una gran incapacidad para ponerse de acuerdo en cuestiones que no deberían ser dirimidas ya ideológicamente, sino que deberían ser acordadas con un gran sentido práctico de que son indispensables para el crecimiento económico, y a su vez para sustentar políticas sociales tan necesarias en la región: «Es un debate que nos impide acordar cosas fundamentales, como la cuestión del Estado de Derecho. No soslayo la importancia de factores como infraestructuras, educación o capital humano, pero creo que hay un punto en el cual los distintos actores políticos pueden alcanzar un acuerdo, porque ahí no debería haber una gran diferencia ideológica, y a partir de ahí encontrar un apoyo muy importante para lograr el desarrollo de nuestras economías. Y eso tiene que ver con el Estado de Derecho».

Para hablar de Estado de Derecho quizá también haya que hacerlo de consolidación democrática, por lo que planteé a mis invitados si en América Latina, vista la evolución de los últimos diez años, en los que se ha producido un recorte espectacular de esos déficits tradicionales, ha tenido alguna influencia la consolidación democrática de esos países, y si algunas actitudes, derivas actuales o riesgos externos, pueden poner en peligro esa consolidación democrática, base para la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Felipe González dijo con convicción que no veía previsible una quiebra o una crisis en el horizonte del sistema de elección de gobernantes a través de las votaciones. Incluso los militares que quieren llegar al poder lo hacen a través de los votos, y no por la fuerza: «Parece que hay una especie de renuncia a llegar al poder por medio de las botas. Por tanto, no creo que en ese aspecto haya una amenaza grave. Lo cual no quiere decir que la democracia esté consolidada, porque la democracia probablemente signifique algo más».

González, como ya había dicho en Nueva York, insistió en la necesidad de la consolidación democrática en América Latina por cuanto sólo a largo plazo la democracia garantiza el buen gobierno, si no fuera por el miedo de los políticos a perder el poder, lo que les hace mejorar las prestaciones y hacerlas superiores en eficiencia a los sistemas no democráticos.

En su opinión, no es cierto que esté en crisis la democracia, aunque el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo sugiera (según el informe, un 45 por ciento de la población cambiaría un sistema menos democrático por uno más seguro): «Cuando a una persona le preguntan, como segunda derivada, “Y si el sistema en lugar de ser democrático fuera autoritario, pero le resolviera a usted el problema de empleo, de educación de los hijos y de salud, ¿qué diría usted?”. Es una pregunta inconsistente, una pregunta trampa», criticó González.

Lo que sí se percibe es un sentimiento de fracaso en el desempeño de la democracia en los últimos veinticinco años en América Latina, porque hay algunos problemas que no se han resuelto, y en cierto modo ha disminuido la seguridad, incluso la física, porque ya al final del período los sistemas autoritarios administraban la represión y, por tanto, había como una especie de miedo generalizado que daba la apariencia de una mayor seguridad en la calle…

Sin embargo, lo que al ex presidente González más le perturbaba era una cuestión más allá de lo ideológico: la previsibilidad en el proceso de toma de decisiones en los gobiernos, lo que en América Latina a veces se llama exceso de discrecionalidad, o de arbitrariedad: «Que una decisión del ejecutivo dependa de una voluntad no previsible, me parece que hace que los sistemas no sean transparentes y desde luego no sean eficientes. No hay proceso de modernización y consolidación de la democracia mientras no disminuya el margen de imprevisibilidad en el proceso de toma de decisiones. Ésa es la modernización de Estado». Sin que lo mencionara, me dio la impresión de que se estaba refiriendo a Hugo Chávez, por lo que, también sin nombrarlo yo, le propuse una reflexión relacionada con el líder venezolano: «Cuando hay algún responsable político que prácticamente elimina el control del Parlamento, que decide gobernar por decreto, ¿no cree que eso no beneficia precisamente a ganar en consolidación y que abunda en la imprevisibilidad?».

Felipe González contestó con más claridad aún: «Hay unas líneas de fractura y de enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo que se repiten en varios países, con mayor o menor explicación; y sólo se puede resolver cuando el ejecutivo anula o liquida el legislativo, o a la inversa, cuando el legislativo saca al presidente. Pero, incluso si se respeta el juego del legislativo y el ejecutivo, cabe la posibilidad de un legislativo monocolor que autoriza gobernar por decreto. Lo que ocurre es que no es sólo por responsabilidad del Gobierno, sino también por responsabilidad de la oposición, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. La oposición decidió boicotear esa elección y ello produjo una asamblea absolutamente monocolor. Y siendo monocolor, además hay un mandato para que se pueda legislar durante dos años o dieciocho meses por decreto. Es realmente absurdo. Eso aumenta la imprevisibilidad».

Pero González se refería a otra cosa que a veces se llama un doble proceso de transición, transición del autoritarismo a la democracia, y transición entre los modelos de la sociedad industrial, que no se consolidaron allí, y los modelos de una economía abierta como la que estamos viviendo: «Y lo que me choca es que cuando miro hacia Asia, me da igual que sea Vietnam o Corea al analizar el modelo, en Corea se vota y en Vietnam no se vota; pero lo cierto es que desde el punto de vista de la política económica y de la inserción en la economía global se va en una dirección contraria a la que se va en una parte por lo menos de América Latina. Por eso lo he llamado «unas ciertas utopías regresivas».

LA LEGITIMIDAD DEL PRI

Antes de que el ex presidente Zedillo replicara, un asistente del público cuestionó la legitimidad de éste como presidente de un partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Zedillo quiso contestar sobre la marcha: «Efectivamente, fui el último presidente de un período continuo en el poder, pero también fui el presidente que convocó a todos los partidos políticos a hacer una reforma política en la que dije que el objetivo debería ser alcanzar la normalidad democrática en nuestro país. No hice esa reforma política para que mi partido perdiera o retuviera el poder, encabecé esa reforma política para que hubiera democracia en mi país. Una consecuencia de esa reforma política, que fue pactada, votada, acordada por todos los partidos políticos, fue que el presidente que me sucedió [Vicente Fox] no era de mi partido. Y por haber encabezado esa reforma política, obviamente no le voy a pedir disculpas a nadie, tampoco a usted. O sea, que mis credenciales democráticas no están en duda». Los aplausos mostraron el apoyo del público.

Después de esta vehemente respuesta, Zedillo continuó diciendo que la debilidad institucional en América Latina es la causa fundamental de la debilidad del crecimiento económico, además de un factor de riesgo para la estabilidad democrática: «No podemos engañarnos. Cuando el sistema político sistemáticamente incumple las expectativas de la gente, es de esperar que ésta deje de creer en la democracia. Y esa encuesta que se señalaba del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo precisamente se tomó cuando América Latina estaba al final de un ciclo de muy bajo crecimiento económico. La situación ha cambiado en los últimos años, porque desde 2004 hemos tenido un crecimiento más alto, el más alto en un cuarto de siglo. Si vemos la actualización de esa encuesta, la gente empieza a tener una opinión más favorable, pero lo que sí está claro es que la lealtad hacia la democracia se ve afectada por los resultados en la economía».

Para Zedillo, el punto fundamental es qué se puede hacer para disponer de una estabilidad democrática de largo plazo, para lo que en primer lugar se necesita un gran esfuerzo con el fin de lograr los acuerdos que permitan destrabar el estancamiento actual: «Desgraciadamente en estos últimos tres, cuatro años, hemos tenido una especie de letargo favorecido por el boom en los precios de los bienes básicos. Ese sentido de urgencia que todavía existía hasta hace cuatro años, de que algo tenía que suceder para destrabar el proceso de reforma, ahora no existe, porque prácticamente todas nuestras economías están creciendo, si no a tasas espectaculares, sí a tasas razonables. Y eso ha adormecido el sentido de urgencia por llevar a cabo las reformas. Ha sido el caso de México, donde tenemos una gran dependencia fiscal, si no de balanza de pagos, sí de ingresos petroleros. Pero también en otros países como Argentina o Venezuela».

Con razón, Ernesto Zedillo señaló que lo más grave desde el punto de vista del largo plazo es que no hay un sentido de urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales, simplemente porque la economía está creciendo. Nadie quiere discutir reformas a las leyes laborales, ni reformas fiscales en serio, o cómo mejorar radicalmente el sistema judicial, y si este sistema es justo o es un sistema excluyente de los que menos tienen.

Sin necesidad de otorgarle la palabra, Felipe González añadió una valiosa observación: América Latina es la única región emergente del mundo con sistemas de votación generalizados: «Si uno analizara cómo se están desarrollando distintos lugares del mundo, uno de los elementos que aparecen como extraordinario es que se ha conseguido que los pueblos de América Latina, prácticamente sin excepción, puedan elegir a sus gobernantes, siendo todavía una región del mundo emergente y con cierto retraso, no respecto de Estados Unidos, sino respecto de otras regiones emergentes que se están insertando más consistentemente en la nueva realidad global». La contrapartida, como bien señaló el ex presidente, es que esto pone de relieve, incluso con conflictos sociales mucho más evidentes, la insatisfacción por la falta de resultados.

Una cuestión que siempre me ha interesado es lo que el propio González ha llamado las diversas Américas Latinas, y también en ese debate institucional por el Estado de Derecho hablamos de países muy distintos, como Chile, que no tiene nada que ver con Venezuela, o Argentina con Nicaragua, por ejemplo. ¿Dónde está ese punto medio?, le pregunté. ¿Cuáles son los mínimos que consideran ustedes que se pueden barajar para empezar a construir el edificio común de América Latina, si es que va a haber un edificio común?

Felipe González contestó que va a haber varios edificios comunes a nivel subregional, antes de pasar a un estadio diferente. Pero, para una mejor comprensión, lo primero que explicó fue cómo se construyó Europa: «Europa, la Unión Europea, se construyó sobre la base de un escrupuloso respeto a las diferencias entre el color o la ideología de los gobiernos, que hoy es lo que más se resalta en América Latina. O sea, a nadie se le ocurre en Europa descalificar a un Gobierno porque sea de derechas o sea de izquierdas. Y se construye con un sentido pragmático de decir qué cosas podemos poner en común para crear un espacio público compartido en esta región del mundo. Ése es el debate que de verdad se puede y se debe hacer, no de qué color es ideológicamente cada gobernante, porque eso hará imposible, en un sistema democrático generalizado como en América Latina, llegar a acuerdos».

Zedillo se apresuró a adelantar un primer punto fundamental en el cual podría haber convergencia, no solamente entre los países, sino también dentro de ellos, entre las diversas fuerzas políticas: el Estado: «En América Latina la regla es que el Estado es extremadamente débil, en cuanto al concepto fundamental de Estado, que simplemente indica, en primer lugar, que éste tiene que tener el monopolio legal de la fuerza, y en segundo lugar que debe tener la capacidad para legalmente adjudicarse o extraer recursos de la sociedad para poder entregar los bienes públicos esenciales sin los cuales la sociedad y el propio Estado no pueden funcionar. Si vamos revisando caso por caso en América Latina, el cumplimiento de estos dos criterios clásicos es muy insatisfactorio. En un país tras otro vemos que siempre hay fuerzas criminales que desafían la autoridad del Estado y el monopolio legal de la fuerza. Y no necesito repasar, pero es cierto, desde Brasil hasta México». Felipe González completó su razonamiento: «Y que cuestiona incluso la soberanía en el sentido de la presencia del Estado en el territorio. No sólo desafía las leyes, sino la soberanía». En ese momento, me vinieron a la mente países como Colombia, Bolivia, Guatemala…

El ex presidente Zedillo me sacó de mis pensamientos al hablar del segundo punto, la debilidad fiscal estructural que arrastran estos países. Para él, en torno a estos dos puntos, fortalecer el Estado y acabar con la debilidad fiscal, cabe pensar que se alcanzaría un acuerdo con las izquierdas y las derechas. Sonaba fácil, así que les pregunté por qué no es así.

Felipe González atribuyó el posible desacuerdo a la dimensión del Estado en relación con los procesos económicos, no a las políticas sociales, y retomando una idea ya expuesta en el anterior encuentro dijo: «En las políticas sociales, como las necesidades son tantas, por lo menos en las básicas, difícilmente va a haber desacuerdo, sea muy, muy de derechas un Gobierno o sea más de izquierdas. Pero puede haber algún desacuerdo sobre el papel del Estado. En algún debate, citando a Fernando Cardoso, ya he defendido un Estado Ipanema, que no tenga ni una gota de grasa, pero que tenga músculo».

González advertía de que parte de las derivas que estamos viviendo ahora con la época de bonanza llevan a la formación de estados grasientos con procesos de toma de decisiones imprevisibles, «lo cual se va a pagar y se va a pagar carísimo. Y sin embargo, no se ha hecho el debate serio sobre dónde está el punto instrumental bueno entre el Estado raquítico y el Estado grasiento. Porque en Brasil hemos llegado a vivir situaciones en que el 85 por ciento del gasto público era para mantener el aparato mismo, la burocracia del Estado, las clases pasivas. Claro, ¿qué margen queda para hacer política?».

¿Hasta qué punto influye la confrontación, por lo menos aparente, entre líderes de América Latina o proyectos tan dispares que hacen hablar del resurgimiento de las utopías regresivas? Estábamos hablando con un carácter generalista de América Latina, y a mí se me ocurría que era difícil hablar así cuando vemos un alza de ese tipo de políticas o recursos que van en sentido inverso al desarrollo que estamos planteando.

Ernesto Zedillo rechazó que se pudiera generalizar, y percibía un proceso de maduración democrática e institucional en América Latina, pese a algunas patologías, poco preocupantes a largo plazo: «Creo que no son sostenibles, porque no tienen sustento económico. En el momento en que haya un debilitamiento de esta bonanza de bienes básicos o se gasten más de lo que la bonanza les dio, las grietas van a ser evidentes, vendrá otro tipo de desilusión, y las cosas se van a acomodar. Pero los grandes países de América Latina como Brasil o México siguen avanzando en la dirección correcta». Sin embargo, admitió que le desesperaba un poco no ir más rápido, cuando hay potencial para avanzar a mucho mejor paso.

Siguiendo estas directrices, Felipe González comentó algunas líneas de fractura interesantes, como por ejemplo toda la línea del Pacífico, que parece estar bajo la influencia de la economía Asia-Pacífico: «Esa parte del Pacífico, desde Chile a México, es más partidaria de una economía abierta, de tratados de libre comercio que no excluyen tratados de integración subregional, mientras que la parte del Atlántico, en general, es más de Estado que interviene en la economía, más que en las reformas institucionales que hacen falta para que el Estado sea eficiente. Es un modelo, por decirlo de alguna manera, más de la economía del Atlántico tradicional. Esa fractura existe, pero hay algunas en las que no creo, por ejemplo, diferenciar Sudamérica de Norteamérica y meter a Centroamérica y el Caribe con Norteamérica, que incluye a México».

Además de estas fracturas nuevas, González señaló la crisis de los pactos subregionales, como por ejemplo Mercosur, que está pasando por un momento malo, o el Pacto Andino, que está semiquebrado. Pero ¿cuál es la causa por la que los proyectos regionales de integración, que son fundamentales para el desarrollo, no funcionen? «La causa fundamental es que no se discuten los proyectos concretos que convienen a los intereses de la región, país a país, sino que se discuten cuestiones ideológicas. Esa discusión es una pérdida relativa de tiempo, y peligrosa, porque confunde y, además, no se discute cómo se puede hacer una política energética para el desarrollo de Centroamérica aprovechando las energías renovables posibles de Colombia o las no renovables de México.» Esto que se discute menos le parecía mucho más integracionista que el debate sobre qué tipo de acuerdo de libre comercio procedía.

Como hay países que establecen la energía como un capítulo fundamental y están empezando a utilizarla también en ámbitos más allá de los estrictamente económicos, cabe afirmar que la energía influye en la dinámica de los derechos fundamentales de las personas en un sentido amplio. Por eso le pregunté a Zedillo si en Iberoamérica era más importante hablar de energía que de derechos humanos. El ex presidente mexicano no quiso ocultar su preocupación sobre la conducta de uno de los gobiernos que más petróleo tiene, pero aclaró que esa conducta le preocupaba mucho menos que a otras personas o a otros países: «Ese país, Venezuela, por cuyo pueblo tengo gran estima, creo que va a tener problemas económicos muy serios, porque no está aprovechando esta bonanza petrolera para construir una base de crecimiento económico sostenible para el futuro. Y estos intentos de tener una influencia, digamos, geopolítica en otras partes de nuestro continente, creo que en una perspectiva histórica habrán de juzgarse como distracciones del esfuerzo que se debió haber aplicado para el desarrollo de ese país». Pero Zedillo descartó que Venezuela o su Gobierno fueran a generar un problema de desestabilización o desequilibrio de gran significado. Lo que lamentaba es que en ése, como en otros países de América Latina, no se estuviera aprovechando esa ventana histórica para construir una base mucho más sólida hacia el futuro. La historia posterior, con el conflicto entre Colombia, Venezuela y Ecuador a raíz de la invasión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano para capturar y dar muerte a varios «cabecillas» de las FARC ha estado a punto de convertirse en algo más que un problema fronterizo, con apelaciones incluso, a la Corte Penal Internacional. Por el momento, el cambio repentino de actitud de Hugo Chávez y la mediación de los presidentes mexicano y dominicano han hecho que se aplaque la situación por el momento, aunque perdura por parte de Ecuador.

González cambió de tercio para volver sobre el apasionante tema planteado al principio: la seguridad jurídica, que forma parte, lógicamente, de la protección de los derechos humanos. A su juicio, hay un debilitamiento porque hay una confusión terrible: en los países que emergen de sistemas autoritarios de distintos signos hacia la democracia y el pluralismo, se confunde sistemáticamente el ejercicio de la autoridad con el autoritarismo. Incluso la expresión «seguridad», como ha sido empleada durante los años duros como «seguridad nacional» y conceptos similares, tiene una gran carga de desprestigio a la hora de introducirla en el debate. Evidentemente, es imposible el ejercicio de las libertades ciudadanas sin un buen sistema de seguridad jurídica, ya que libertad y seguridad son hermanas siamesas. Pero el Gobierno que trata de fortalecerse a través de propuestas legislativas, incluso el legislativo que trata de fortalecer la seguridad jurídica entregando más medios policiales, judiciales, etcétera, es inmediatamente calificado de autoritario: «Todo gesto de autoridad puede ser cuestionado como autoritario, porque venimos de una herencia que es de la que venimos. Combatir eso conceptualmente es difícil. Además, las dictaduras comienzan con un proceso de represión durísimo, y una vez consolidadas se permiten administrar la dosis, porque ya operan sobre la base de un miedo generalizado que permite que no se mueva nadie. Entonces, salvo el que está contra la dictadura, y quedan normalmente pocos, en general los ciudadanos están atemorizados y pasan. Cuando emergen de nuevo la libertad y la democracia, y los sistemas no están adaptados a garantizar la seguridad física y la seguridad jurídica, porque se teme incluso la descalificación por autoritarismo, aumentan los problemas de lo que llamamos en términos genéricos derechos humanos. O sea que estadísticamente, porcentualmente, aumentan. Y esto produce una insatisfacción ciudadana muy, muy peligrosa».

En ese momento me vi obligado a precisar que a veces esa insatisfacción ciudadana proviene precisamente de que ya en democracia o en las fases de transición no se da una respuesta desde el ámbito de la justicia a violaciones masivas de los derechos humanos, como por ejemplo durante un tiempo en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Guatemala o México.

González se mostró de acuerdo, teniendo en cuenta que el gran problema es que se llega a la democracia con pocos instrumentos: «Mientras no se resuelva el problema de la fiscalidad, es muy difícil garantizar que el Estado cumpla su función. Empezando por la básica, dar seguridad física y jurídica, dotar de medios suficientes para combatir la inseguridad en sus distintas manifestaciones, porque no se tienen recursos públicos permanentes para hacerlo». También el ex presidente se preguntaba por el porcentaje de recaudación fiscal de Venezuela, sin contar los recursos petroleros, o los de México o Brasil, a su entender insuficientes para sostener la institucionalidad que permite garantizar la seguridad física y jurídica, un buen funcionamiento de la justicia y de la policía, además de unos servicios básicos de salud y de educación. Sólo el sistema sanitario español cuesta el 8 por ciento del PIB, y resulta obvio que la recaudación en Venezuela no es mucho más alta.

Estas palabras nos llevaban de vuelta a lo que había dicho el ex presidente Zedillo, que primero hay que garantizar la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones, para después ir hacia una fase superior. Precisamente en eso había cifrado el primer punto de acuerdo, hasta ahora impedido en su opinión porque el debate político se ha desplegado en términos banales: «Cuando se está hablando para el minuto que da la televisión, siempre será mucho más atractivo hablar de políticas sociales o criticar la política económica. Ponerse a discutir en serio las fallas del sistema de justicia no es un tema que pudiera parecer políticamente rentable». En ese sentido, en el momento en que hago la última revisión (marzo de 2008, de regreso de Costa Rica) de este libro, tras el cierre ya del período electoral en España, tengo que convenir con el ex presidente Zedillo que tampoco en nuestro país los líderes de los dos principales partidos del espectro político español han hecho en los debates televisivos una sola referencia a la justicia. Pero Zedillo no se atrevió a acusar de ignorancia a la clase política, a la que cree muy consciente de saber que es una dificultad muy seria. El problema es una visión de corto plazo, en la que hay que hacer cosas que den rentabilidad política inmediata: «Las reformas institucionales, que claramente no pueden dar sus mejores resultados al día siguiente, siempre se van a un lugar secundario dentro de las jerarquías y de las prioridades políticas. Por eso es necesario tener un activismo político para promoverlas».

En ese punto intervino González para recordar una triste ley de la política: «He insistido hasta la saciedad en la necesidad de consensos nacionales para las reformas institucionales, pero cada día se vive así. Las reformas que creía necesarias Fernando Henrique Cardoso las negaba Lula en la oposición. Y cuando Lula llega al poder hace las reformas que negaba Fernando Henrique Cardoso, pero naturalmente el partido que pierde las elecciones no apoya las reformas suficientemente. No ha habido nunca un acuerdo nacional entre esos dos grandes partidos, que son alternativas de poder. No tienen que excluir a los demás, pero tienen que estar de acuerdo en elementos esenciales de las reformas que hay que hacer». Para González, lo interesante de lo que se introduce ahora es que, después de la oleada más o menos bien hecha de reformas económicas posteriores de principios de los años noventa, ha quedado claro que el problema básico de América Latina no es sólo ni fundamentalmente de reformas económicas, sino que es político, de reformas institucionales y de funcionamiento del Estado; como añadió Zedillo, las reformas económicas nunca van a producir los rendimientos esperados sin una base institucional, sin Estado de Derecho no hay desarrollo.

El otro riesgo de la política que destacó Felipe González es perderse de verdad en debates políticos más o menos superficiales, pero aparentemente ideológicos, para ocultar la necesidad de incorporar la región a la nueva realidad global, algo que cree que está empezando a ocurrir: «Aprovechando la insatisfacción de la gente, se producen a veces alternancias con propuestas que no van en la dirección de integrar a la región en la nueva realidad global, económica, política y desde el punto de vista de los organismos internacionales, sino lo contrario».

Para terminar, le planteé a Felipe González cómo veía la situación de España respecto a América Latina, y si en los últimos años, desde que dejó las funciones de Gobierno, había habido una evolución sustancial, si se había producido ese cambio de las instituciones. Su respuesta merece un apartado aparte.

¿ESPAÑA CONOCE AMÉRICA LATINA?

Felipe González se remitió a los treinta y cinco años que llevaba viajando a América Latina para señalar que había habido una época histórica en la que hubo retórica sin intereses y otra en la que parecía que los intereses no tenían que ir acompañados de la retórica, y ambas le parecían igual de peligrosas. «En España no se conoce América Latina, pero en América Latina tampoco se conoce América Latina, es decir, para un latinoamericano de la élite es más fácil conocer Europa que conocer América Latina, en honor de la verdad. Las diferencias que hay entre Chile y Perú, vistas desde la óptica española, casi se difuminan o se borran. Y algunos son capaces de creer que es lo mismo Argentina que México porque compartimos una misma lengua de base. Es muy complicado operar así», dijo González, y recalcó el gran desconocimiento que existe sobre la realidad latinoamericana, con su inmensa diversidad y con su singularidad país a país o región a región, que no se aprecia lo suficiente. Aun así, han aumentado enormemente los intereses españoles en América Latina, pero no ha habido, a su juicio, simultáneamente, una estrategia política de acompañamiento seria que perciba con claridad la realidad latinoamericana. Incluso le parecía que teníamos pocos instrumentos de política exterior en la región: «Si yo analizara el aparato de Exteriores dedicado a América Latina, llegaría a la conclusión, tal y como están las cosas ahora, de que ese aparato sería necesario sólo para México o sólo para Brasil. Pero si sumamos a veinte países, es complicado hacerlo. Y esa desazón siempre la tengo».

Zedillo presentó una visión quizá un poco más optimista: «Es un proceso que lleva muchos años; desde el establecimiento de la democracia en España, cada Gobierno ha ido sumando capas a una relación que es cada vez más sólida». Coincidió con el ex presidente González en que se podría hacer mucho más, pero se ha alcanzado bastante: «Hay instrumentos que se han ido creando, en época del presidente González y algunos más recientes, sobre los que yo tengo gran confianza. La colaboración en recursos humanos es muy importante como estrategia de largo plazo; instituciones como la Fundación Carolina son instrumentos muy valiosos porque están ofreciendo oportunidades para que los futuros líderes de América Latina en todos los campos tengan la oportunidad de educarse en España. Y el impacto de esto en nuestras relaciones en diez, quince, veinte, cincuenta años va a ser extraordinaria».

Zedillo recordó en ese sentido la experiencia de su país, pues hubo una época en que México fue un país receptor de estudiantes de toda América Latina; a veces por razones políticas la gente salía de sus países e iba a estudiar a México a la Universidad Nacional Autónoma o al Instituto Politécnico Nacional, y aunque esa etapa había terminado hacía muchos años, hoy día se sigue cultivando los frutos de aquella cooperación que se dio de manera espontánea desde los años treinta hasta bien entrados los años setenta. Pero González añadió un matiz a esa vocación del ex presidente mexicano: «No se debería dar un título universitario en España hasta que el estudiante español no pase un curso en América Latina, sólo para comprender lo que es España. Porque desde la olla de garbanzos en la que estamos hirviendo es difícil ver España, pero desde América Latina se ve mucho más claro». Era una exageración, pero no le faltaba razón.

La simultaneidad de las visitas de Estado por parte de George Bush y Hugo Chávez a América Latina que en esos días (marzo de 2007) se producían, dio pie a una reflexión sobre el papel de Estados Unidos en la región. Obviamente, Zedillo se mostró partidario de cualquier esfuerzo de Estados Unidos por acercarse y entender América Latina, aunque hubiera sido mucho mejor para los intereses de América Latina y para los de Estados Unidos —en algunos casos, hay intereses comunes—, que esta decisión del presidente Bush se hubiese tomado antes.

Por otro lado, citó dos temas concretos en los que el Gobierno de Estados Unidos puede hacer algo más para apoyar el desarrollo de algunos de los países de la región sin que prácticamente le costara nada: «Uno es el comercio, donde Estados Unidos tiene una gran responsabilidad para sacar adelante la Ronda de Doha, cuyo capítulo fundamental o decisivo es la cuestión agrícola. Si el Gobierno de Estados Unidos quiere aumentar significativamente el comercio con América Latina, no tiene sino que revisar seriamente su política de protección agrícola. Si eso se resuelve en la Ronda de Doha, vamos a ver un incremento impresionante en el comercio de Estados Unidos con ciertos países de América Latina, señaladamente Brasil y Argentina».

El otro tema, el de la emigración, es mucho más delicado, y como presidente que fue de México, Zedillo lo conoce bien: «Yo creo que en esto el presidente Bush ha tenido las ideas correctas desde el principio; es un problema que tiene que abordarse, es un problema que tiene que reconocer una realidad económica, es un problema que tiene que resolverse con una decisión por parte de Estados Unidos de recibir con carácter legal más inmigrantes de los que está recibiendo en este momento, y abordar la situación de la legalización bajo ciertos criterios de personas que ya participan productivamente en esa sociedad». Sin embargo, mostró bastante escepticismo sobre el resultado de estas visitas y de la administración Bush en conjunto respecto de estas dos cuestiones.

Escepticismo en el que abundó Felipe González, que señaló que el problema de la relación de Estados Unidos con América Latina, como con la Unión Europea, es que ha habido una pérdida de relevancia de las dos regiones respecto de las preocupaciones básicas de Washington. América Latina pierde relevancia respecto de las prioridades de Estados Unidos a partir de 2001 de manera drástica. Si no es la amenaza, las preocupaciones de Estados Unidos no se centran en América Latina, sino que están fuera, y «tampoco es un problema de esta administración, sino que va más allá, porque antes de esa administración, tampoco había una estrategia norteamericana sobre América Latina. Algunos dicen “mejor que no la haya”, pero discrepo, siempre es preferible que por lo menos haya algún propósito o alguna estrategia».

Aquí concluyó este interesante debate, como complemento y desarrollo del que los tres habíamos mantenido con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe y el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger en Nueva York en diciembre de 2005. Ahora me vienen a la memoria las dificultades que tuve a la hora de organizar los encuentros, en especial el de Kissinger, cuya invitación fue harto complicada, y no me pude resistir comentarle que había hecho un gran esfuerzo para cursar la misma, a lo que él me contestó que para él también lo había sido aceptarla. Como dije al final del evento de diciembre de 2005, tiempo habría para tratar otros temas que no fueron, ni podían serlo, objeto de debate, frase que preocupó al señor Kissinger, hasta el punto de que, una vez fuera del auditorio me solicitó que se la aclarara. Mi respuesta fue evidente: «Mire, señor Kissinger, usted fue invitado por la Universidad de Nueva York para un tema concreto, las nuevas políticas de las Américas, cualquier otra cuestión y en particular la relacionada con investigaciones que se siguen en España, no es éste el foro adecuado para tratarlas», y así quedó la cosa.

En cuanto a Ernesto Zedillo y Felipe González, pudimos comprobar el profundo conocimiento que tienen sobre la realidad latinoamericana, conocimiento que acercó un poco más a la comunidad universitaria y al público a esa realidad, a veces desconocida, a veces despreciada, de América Latina. Agradezco a ambos que, por dos veces, participaran en nuestros debates, haciendo real lo posible entre Nueva York y Madrid. Sin sus reflexiones y comentarios, habríamos perdido la posibilidad de recibir la perspectiva de esa región hermana en temas tan importantes.

Finalmente, todos agradecimos el esfuerzo, ciertamente importante, del presidente Uribe para participar en el evento de Nueva York, dejando por unas horas sus altas responsabilidades en un país tan complejo como es Colombia, donde el problema del terrorismo le está trayendo graves enfrentamientos con el presidente de Venezuela.

Fue muy aleccionador para mí ver a varios presidentes iberoamericanos en la toma de posesión de Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2007, y cómo en el reducido espacio del Parlamento argentino reservado para la ocasión se movían a la perfección aquellos que no debían encontrarse y así guardar las formas. No se «vieron» ni Uribe ni Chávez, ni este último con el príncipe de Asturias. Asimismo, me produjo desazón observar cómo algunos líderes dan ejemplos tan negativos a sus ciudadanos. Habría que preguntarse si son aptos para hacer algo más que escenificar absurdas rencillas de salón que quizá oculten su incapacidad para hacer políticas conjuntas a favor de un verdadero desarrollo de la región y para conseguir el fortalecimiento de las instituciones y, por ende, una mayor seguridad jurídica. Y quizá, alguna vez, un auténtico y único espacio político-jurídico latinoamericano en pie de igualdad que proteja los derechos de los ciudadanos y favorezca su calidad de vida en un mundo que globaliza más la pobreza y las desigualdades que las riquezas.

11

Iberoamérica, una esperanza abierta

He recorrido a modo de crónica las actividades universitarias que me mantuvieron ocupado durante los dieciséis meses que pasé en Nueva York, en el Centro Rey Juan Carlos I, y luego de enero a junio de 2007, cuando ya compartía y subordinaba esas tareas a las propias del juzgado de la Audiencia Nacional, en Madrid. Pero no podía concluir sin recoger lo acontecido en tres momentos más, en el magnífico marco de la Casa de América de Madrid que, en una de las esquinas de la plaza de Cibeles, contempla atenta y majestuosa todo lo que pasa en ese eje de la capital de España. En efecto, el palacio de Linares nos acogió durante varios diálogos que dan sentido, aunque las actividades fueron más amplias, al enlace que durante toda la crónica ha existido entre lo real y lo posible de dos mundos integrados en una misma casa universal, tiempo durante el cual hemos procurado pensar el futuro unidos y desde la libertad, enfrentándonos con la palabra a los viejos y nuevos desafíos. Desde esa perspectiva, hemos conseguido acercarnos un poco más a esa línea poco definida del horizonte donde anidan la utopía y la esperanza.

La línea del horizonte ha procurado ser una conversación abierta, un diálogo, que no significa, como mucha gente cree, una conversación entre dos. James Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos I, nos decía el 4 de junio de 2007 en el encuentro final con la vicepresidenta del Gobierno, que dialogar significa salvar la distancia de la diferencia a través de la palabra, salvar la distancia de la otredad de los distintos puntos de vista. Estoy de acuerdo con que estos diálogos entre Nueva York y Madrid han querido salvar esa incomunicación inducida por la explosión negativa de los medios de comunicación, que han coartado y empobrecido el diálogo, entendido como conversación real y respetuosa a través de la diferencia. A lo largo de esta crónica hemos conocido lo mejor y lo peor, y por ello es difícil que quedemos libres de sus consecuencias. De alguna forma, hemos optado por imponernos a la ignorancia.

Los periódicos, las emisoras de radio, la televisión y las páginas web funcionan cada vez menos como focos de diálogo y más como portavoces de unas identidades predeterminadas, como decía James Fernández. Si hay un crimen, cada periódico acusa al responsable que más le conviene; si hay un juicio, cada diario lleva a cabo su propia investigación y emite su propio veredicto; si hay elecciones, se anuncian triunfos y derrotas a gusto de cada cual, y se supone que los lectores eligen y se aferran a la versión que quieren, sin contrastar realmente otras versiones, otros datos más o menos fidedignos u otros criterios racionales.

Esta situación me ha persuadido de que la tarea de recuperar el diálogo en su sentido verdadero es urgente y de que los encuentros y diálogos que durante casi dos años hemos desarrollado entre Nueva York y Madrid pueden contribuir de forma modesta a fomentar el uso civilizado, racional e ideológico de la palabra. De ello depende la democracia en nuestros países. Es necesario recuperar el diálogo con el otro y abandonar los monólogos orquestados por ciertos actores que no se dan cuenta de la desconexión con el ciudadano normal.

El cambio de escenario y de ciudad tuvo su trascendencia. De la tranquilidad neoyorquina, pasamos al incesante ruido mediático de Madrid, que nos hace vivir un permanente estrés, a medio camino entre la esquizofrenia y la cordura, con una carga de agresividad en algunos medios y sectores inimaginable. Era un escenario cargado de electricidad, en el que parecía más bien que algunos estaban dispuestos a reventar cualquier iniciativa cultural o universitaria que, como ésta, buscaba el encuentro en la diferencia, la suma de esfuerzos para hacer coincidentes lo real y lo posible, desde la tolerancia. Decía Isaiah Berlin que «la tolerancia es, históricamente, el producto de la comprensión de la irreconciliabilidad de fes igualmente dogmáticas, y de la improbabilidad práctica de la total victoria de una sobre la otra. Los que desearon sobrevivir se dieron cuenta que tenían que tolerar el error. Gradualmente vinieron a ver méritos en la diversidad y así se convirtieron en escépticos acerca de las soluciones definitivas en los asuntos humanos», y creo que no se puede explicar mejor.

Poca tolerancia mostraron los que desde el principio no se interesaron por el contenido, aunque esto no debería haberme sorprendido, porque suele ser así. La capacidad de análisis y de reflexión de una parte del sector mediático-político madrileño es bastante reducida, más allá de la descalificación personal y profesional. Al fin y al cabo, se trata de cargar contra todo aquel que discrepe o haga algo diferente de lo que tienen establecido unos pocos. De este modo, los análisis, normalmente, no se suelen hacer por los contenidos sino por quién los hace. Comprendo hasta cierto punto que esto sea así, pero la superficialidad en estos y otros muchos temas me parece excesiva y el desconocimiento, tan temerario como la despreocupación por los mismos.

Me parece grave que en España no interese, o lo haga muy poco, la realidad y la historia latinoamericana. Desgraciadamente, es demasiado habitual que sólo nos atraiga como destino turístico. Y la prueba de que no debe interesar a muchos es que América Latina no acaba de despegar económicamente, aunque la integran unos países con inmensos recursos naturales, tan próximos a un gran mercado como es Estados Unidos, que han recibido una valiosa herencia cultural europea y se han beneficiado en diversos momentos de la historia de notables contingentes de inmigrantes, como dijo Isidro Fainé, presidente de La Caixa. Quizá tampoco se alegren de que Iberoamérica tenga una situación actual muy favorable y viva una expansión pujante.

Fainé recordó que, según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, estos buenos resultados obedecen a una combinación de políticas económicas generalmente sólidas y a una situación económica internacional benigna. No en vano hemos atravesado el mejor período de crecimiento de los últimos cincuenta años. Los países en vías de desarrollo crecen menos del 3 por ciento y los países emergentes lo están haciendo en el 7 por ciento; es decir, que la economía mundial crece alrededor del 5 por ciento.

A raíz de estos resultados, el desempleo y la pobreza han retrocedido, y por primera vez en muchos años se ha reducido la desigualdad de ingresos de la región, que aun así sigue siendo muy elevada. Por otra parte, hay que reconocer que desde hace más de una década muchos responsables políticos y económicos latinoamericanos han comprendido el dañino impacto que la inflación tiene sobre el crecimiento económico, sobre la distribución de la renta y la pobreza. «El paso dado por muchos países de establecer la lucha contra la inflación como eje central de la política económica y monetaria significa un avance trascendental hacia la estabilidad macroeconómica, algo indispensable para afrontar los retos económicos y sociales que encara la región», subrayó Fainé.

Sin embargo, creo que, a pesar de esa aparente insensibilidad por los problemas que van más allá de lo inmediato y perentorio, a muchas personas les preocupa que América Latina no despegue definitivamente y entre a formar parte del conjunto de países que ya gozan de una gobernabilidad firmemente asentada y se aleje del estrambote en el que algunos se empeñan en situarla. Las señales que el presidente de la Caixa indicaba son buena muestra de ello. En la actualidad, se observa tanto esfuerzo y compromiso en Iberoamérica que no pueden verse afectados o detenidos por quienes quieren jugar sin las reglas de la democracia y del respeto a la diferencia, y sin percatarse de que existe una realidad indiscutible en esta región del mundo que no puede soslayarse más: la realidad indígena.

LA CUESTIÓN INDÍGENA

Resulta obligado mencionar a José Saramago, premio Nobel de Literatura, que el 7 de marzo de 2007 dialogó con el ministro de Asuntos Exteriores español Miguel Ángel Moratinos y conmigo, aunque yo fui más bien un espectador atento, como varios cientos de personas más. El gran novelista portugués quiso hablar de lo que llamamos el problema indígena: «A nadie le importa resolver el problema indígena, se habla de ello de pasada, sencillamente para reconocer que está ahí, que existe, pero no se empieza por aceptar una evidencia clarísima, desde mi punto de vista, que los indígenas, todos ellos, son los dueños de la tierra americana. Y en quinientos años han sido reducidos a casi nada por una cultura que no era la suya, una religión que no era la suya, y un idioma que no era el suyo».

Miguel Ángel Moratinos tenía una visión menos crítica, porque, como puntualizó, por primera vez en la historia de América Latina las poblaciones indígenas han podido participar en unas elecciones democráticas y están asumiendo su cuota de responsabilidad. Las democracias latinoamericanas a las que estábamos acostumbrados eran de corte occidental, con unos partidos tradicionales muy al estilo europeo —el socialdemócrata, el de centro-derecha, el liberal—, pero no habían permitido la participación de la mayoría de la población, que estaba excluida no sólo de la situación económica, social, de marginación, sino de los derechos esenciales de la persona humana, que son los derechos políticos. Y por primera vez han participado y han ganado.

De ahí la extrañeza del ministro ante las críticas que suscitó en España la actitud que el Gobierno mantenía hacia el presidente boliviano Evo Morales o hacia el presidente ecuatoriano Correa o ante cualquier otro líder que ha ganado democráticamente unas elecciones, «cuando lo que estamos haciendo es integrar a todos los sectores que habían estado excluidos, marginados de la vida política. Por tanto, es positivo que ahora participen, que sean ellos los protagonistas, que sean ellos los que marquen el camino a través de instituciones democráticas para adentrarse en lo que es la gobernabilidad nacional, luego regional y luego internacional».

El ministro señaló que, siendo objetivos, América Latina estaba en mejor situación que hacía unas décadas y que, si se seguía trabajando con objetivos claros de cara al futuro, se podría avanzar aún más rápidamente para devolver por primera vez en la historia a los propios latinoamericanos los espacios de gobernabilidad y de desarrollo que hasta entonces no habían alcanzado.

El diálogo con Saramago y Moratinos fue realmente interesante y de él extraigo algunos momentos intensos, referidos a las diferentes visiones del poder desde las ópticas del intelectual y del político progresista.

¿QUIÉN MANDA EN EL MUNDO?

«Los gobiernos son necesarios, claro está, ya lo sabemos. Pero la cuestión es ¿quién manda en el mundo? Ahora mismo estaríamos tentados de decir que el mundo es gobernado por un imbécil, lo que por otra parte no sería la primera vez que ocurriera, llamado George Bush. Pero incluso él no manda en el mundo, no es quien gobierna el mundo. El caso de América Latina es típico y tópico, pues es quizá también un lugar donde la evidencia del dominio del otro, del que está fuera, siempre ha sido clarísima y evidente. Nadie se ha hecho ilusiones sobre los auténticos señores que, desde el punto de vista de la economía, están presentes en América Latina, con la complicidad del mundo», dijo Saramago desde la clara perspectiva de izquierdas que le caracteriza.

Para Moratinos, lo que está ocurriendo en América Latina refleja lo que está sucediendo en todo el mundo: la complejidad de los problemas. «En efecto, hoy día la pregunta que nos hacemos es ¿quién manda en el mundo? No se sabe quién manda. ¿Manda el G-8, manda el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, manda la hiperpotencia, mandan los fanáticos radicales, mandan los movimientos indígenas? Es mucho más complejo. Hoy mandan todos y no manda ninguno.» Probablemente tenía razón el ministro y éste es el gran reto que tiene el político del siglo XXI, que carece de un diccionario y un recetario sencillo como se podía tener en el siglo XX, cuando se sabía que una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad o por el Pentágono tenía un impacto inmediato.

Hoy día ese impacto puede tener otros motores, hoy día los ciudadanos y los países reclaman, y obtienen en muchas ocasiones, su nivel de protagonismo: «Nos pasa en el África subsahariana, que quiere un lugar en la historia y que, por lo tanto, está reclamándonos con su posición y su interpelación con todos esos flujos de emigración un papel diferente; y lo tiene, lógicamente, también América Latina. Y creo que, respecto a América Latina, por primera vez nos tenemos que ir acostumbrando a analizarla, a contemplarla y a juzgarla con otros parámetros y otros juicios de valor distintos de los que hasta ahora utilizábamos».

Al hilo del tema que yo había sacado a colación sobre quién manda en el mundo, le recordé a Saramago una anécdota ocurrida años antes en el mismo escenario en el que estábamos, y que aludía a una frase que el premio Nobel había dicho sobre Bill Clinton, según la cual éste sería el último presidente que gobernaría en Estados Unidos, porque, después de él, lo harían las grandes empresas. El escritor portugués insistió: «A la pregunta ¿quién manda en el mundo? no vale responder que el mundo es gobernado por las Naciones Unidas, sabemos que no es así. Tampoco vale la pena buscar apariencias de poder que, incluso con impacto social y psicológico, pueden brindar la imagen que aquel señor o que la institución son las que mandan en el mundo. Es el mundo el que se encarga de dar la respuesta, y dar la respuesta de formas que no son únicas, hay mucha diversidad».

El auditorio estaba expectante ante el razonamiento de Saramago, cuando éste propuso concretar su reflexión reduciendo el mundo a un país pequeño como El Salvador: «Pasamos de un macrocosmos a un microcosmos. Y todo el mundo sabe, o todo el mundo al que esto le interesa tiene la obligación de saber, que El Salvador es propiedad de seis familias. Igual que el rey belga era propietario del Congo, propietario personal del Congo, lo que costó millones de muertes. Cuando ahora mismo, algunos gobiernos salidos de elecciones democráticas limpias y con resultados limpios, avanzan en un territorio que hasta ahora era una especie de coto, un dominio exterior económico sobre América Latina, el pánico se instala: Repsol clama que no puede ser, y Telefónica dice “¡Ah, eso no!”».

Para Saramago, la respuesta a la pregunta de quién manda en el mundo está en la reacción que los poderes económicos manifiestan cada vez que perciben en peligro sus derechos o sus espacios o sus imperios. No admiten que un país sea dueño de sí mismo, hasta donde se puede ser, porque incluso ahí se entra en un debate mucho más complejo, el debate sobre la democracia, sobre qué hace a esos gobiernos democráticos. «Lo son efectivamente porque cumplen reglas democráticas establecidas y que hay que respetar para que gobiernen legítimamente, pero los poderes auténticos que gobiernan el mundo no son democráticos. La paradoja de nuestra existencia es que hablamos mucho de democracia y la practicamos poquísimo.»

Según Saramago, en un país como España o como Portugal la democracia responde al funcionamiento de las reglas de representación, que empieza por el ciudadano, pasa por una elección y acaba con la formación de un Parlamento: «Pero curiosamente la vida va mucho más allá. Y en este caso concreto, cuando ya tenemos el Parlamento y el Gobierno, ocurre que la vida sigue, y sigue por derroteros que de democráticos no tienen nada, donde la influencia de los ciudadanos es nula. Así pues, tenemos una fachada democrática, pero no tenemos democracia, porque si yo no puedo hacer nada más que quitar un Gobierno y poner otro, ¿esto es democracia? ¿La democracia no sería la participación total del ciudadano? América Latina resulta ejemplar por amplificación de los efectos negativos de todo esto. No todos tienen el petróleo, porque el petróleo es un bien universal, controlado por empresas y por entidades corporativas, financieras, filiales, que tienen su objetivo muy claro. Por eso ocurrió la guerra de Irak, que cumple hoy cuatro años: por el petróleo. Pero si yo no soy dueño de una mina de petróleo o pozos de petróleo, yo no tengo acciones en compañías petroleras, entonces, ¿quién gobierna? Zapatero, aquí en España, el señor José Sócrates en Portugal, no gobiernan nada».

El ministro Moratinos intentó mostrar su discrepancia, pero el escritor prosiguió: «No, no soy nada exagerado, estas palabras parecen exageradas porque no tenemos la costumbre de decirlas, por eso suenan mal. Los gobiernos en todo el mundo se convirtieron, o permitieron que se les convirtiera, en comisarios políticos del poder económico».

Obviamente, Moratinos afirmó que no se consideraba comisario político de ningún poder económico. En su opinión, la complejidad y la evolución del mundo lleva a que incluso esos poderes económicos ya no puedan decidir o influir como decidían e influían en el pasado: «De hecho, dijeron “Vamos a ir a una guerra a Irak por razones de petróleo”, y al final no lograron sus grandes objetivos; “Vamos a evitar que haya unas elecciones en Bolivia”, y tampoco lo consiguieron... El mundo está cambiando y está cambiando para bien. Ese déficit de democracia al que aludías está cambiando. Cambió en España con lo que fue una llamada clara de la ciudadanía, que quería un cambio democrático, señalando precisamente que para consolidar los pasos de modernización y democratización hacía falta un cambio de Gobierno. Y eso está pasando en todo el mundo. Y cada vez es más necesario que los ciudadanos tengan el sentimiento de participar en lo que es el proceso político».

El ministro puntualizó que no se puede ignorar a las empresas y los intereses económicos; todo lo contrario, deben conocer los cambios y las variables nuevas que existen en la gobernabilidad internacional: «Las empresas españolas son conscientes de que tienen que aumentar lo que se denomina responsabilidad social, estar en contacto con los grandes desafíos y retos que tienen cada uno de los países latinoamericanos y responder conjuntamente ante el cambio económico y social».

¿Se sienten inseguras las empresas por la llegada al poder de otros grupos políticos más ajenos?, preguntaba Moratinos. A su juicio, deben de sentirse más seguras, porque lo que resultaba inseguro era estar invirtiendo en países donde solamente un 30 por ciento gobernaba, mientras que el resto estaba fuera del marco político y democrático. «Hoy todo es mucho más complejo, no podemos quedarnos simplemente con la imagen de que los poderes económicos lo pueden todo. Ni los poderes políticos lo pueden todo, ni tampoco los poderes económicos.»

Estábamos hablando de un continente en el que el 40 por ciento de los ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza. Yo no sé si realmente son las grandes empresas las que mueven los hilos del mundo, algo deben tener que ver, pero lo cierto es que en cualquier país, y estamos en el continente americano, los grandes organismos multilaterales económicos —el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional u organismos multilaterales como Mercosur, Pacto Andino, etcétera— son organizaciones que en parte están controladas o financiadas por grandes empresas y por grandes movimientos económicos. De alguna manera sí que controlan el desarrollo, la evolución de estos países, a los que incluso califican en índices de gobernabilidad, de corrupción, de desarrollo. Así que les pregunté por el papel que juegan esos organismos hoy día en el desarrollo y evolución de Iberoamérica.

Moratinos admitió que el papel que han jugado ha sido poco positivo, algo en lo que todos los analistas económicos coinciden. Los errores del Fondo Monetario Internacional, la falta de visión del Banco Mundial, de todas las instituciones del Bretton Woods, han sido evidentes, pero «no podemos limitarnos a recordar el pasado, estamos en una nueva realidad que ha obligado a estas instituciones a modificar sus planteamientos». Así, las nuevas propuestas del Fondo Monetario Internacional o las rupturas que ha tenido, por ejemplo, en las negociaciones con Argentina o con Brasil, demuestran que ya no son todopoderosas, que un país puede permitirse y decidir saldar su deuda con el Fondo Monetario Internacional y no se hunde, sino todo lo contrario, al hallar una vía de desarrollo económico y social propia, defendió el ministro. Estas instituciones reconocen que tienen que adaptarse, que tienen que buscar una nueva forma de acercarse a la realidad económica y social de todos estos países. «Y de hecho lo están haciendo, con nuevos instrumentos, nuevas aproximaciones, que no son todavía totalmente satisfactorias, pero que indican ya que la necesidad de adaptación y de cambio es necesaria.»

Sin embargo, para Saramago, las instituciones financieras internacionales no han renovado sus puntos de vista y sus planteamientos por voluntad propia, sino porque los pueblos, de una forma u otra, han dejado claro que la situación era insostenible. Su preocupación es que el día de mañana, si las condiciones cambian, Estados Unidos o cualquier otro país que tenga algún interés en ello, podría apoyar en América Latina, o donde sea, una dictadura. Y que en Europa hay un segmento de extrema derecha que puede crecer, y puede ocurrir incluso que Europa se encuentre en la situación de admitir por voluntad de una población la presencia de un Gobierno fascista en la Comisión Europea. «Puede ocurrir. Y Europa no se ha preparado para esa eventualidad, porque hemos caído en una ingenuidad de que ahora empezaba la felicidad y de que por lo tanto no habrá nada más.»

Frente al tono pesimista del escritor portugués, Moratinos destacaba que 2007 había sido un año positivo, con doce citas electorales, y que el período «negro» de la historia de América Latina, con los militares, las dictaduras, las desapariciones, pertenecía al pasado: «Yo soy optimista, renuncio a esa descripción fatalista. Hoy día los ciudadanos tienen más capacidad de influencia que en el pasado. Y, por lo tanto, van a exigir más a los gobernantes. Es verdad que también puede ser objeto de manipulaciones, pero mi lectura de la evolución del mundo es positiva. Incluso esas acciones unilaterales que has descrito de Estados Unidos ya no van a poder ser reproducidas. Antes de iniciar una intervención militar, cualquier presidente norteamericano tendrá que plantearse cuáles han sido las consecuencias de Irak. Sea del color político que sea, la administración norteamericana tendrá muchísimas más dificultades. Por lo tanto, mi lectura y mi visión es más bien optimista».

Moratinos no se detuvo e hizo también una defensa de la frustrada Constitución Europea (hoy día sustituida por el Tratado de Lisboa, aprobado en diciembre de 2007 y pendiente de ratificación por los diferentes países de la Unión Europea): «Una de las grandes garantías que tendrá la Constitución Europea es que se erradicaría constitucionalmente la posibilidad de que hubiese un Gobierno fascista en Europa. Pero la opinión pública europea se ha quedado con la visión de que el Tratado Constitucional era un tratado neoliberal, un poco socialdemócrata, y no se dio cuenta de la importancia que tiene una Constitución, con una carta y unos deberes de los ciudadanos europeos, y la garantía de que todos los países firmantes y que ratificasen el tratado se obligarían a un tipo de comportamiento y de práctica política y ética. Y ahora nos hemos quedado sin red de seguridad».

El último punto que Saramago quiso discutir fue la guerra de Irak: «Imaginemos que no hubiera 3.600, 3.200 o 3.400 soldados norteamericanos muertos en Irak, que no fueran 3.000, que fueran 30. Pudo ocurrir, con el desarrollo de las técnicas de matar. Bush sería un triunfador hoy y el pueblo norteamericano desfilaría delante de la Casa Blanca para aplaudir. Porque los 600.000 muertos iraquíes pesan poco, pero cada muerto norteamericano pesa por lo menos 6.000 muertos iraquíes. Y la gente protesta en la calle, en Nueva York, en Washington, porque hay muertos. Si por un milagro Estados Unidos hubiera derrotado a Irak, así, como por arte de magia, no pasaría nada. Bush sería un héroe nacional. Y si no miramos las cosas desde este punto de vista, nos equivocaremos siempre, porque ahora parece que el pueblo estadounidense no quiere la guerra en Irak, no quiere porque tienen más de 3.000 muertos».

En esta ocasión el ministro Moratinos se mostró de acuerdo, y fue más allá, al incluir en el mismo saco la desintegración de Irak, la situación en Oriente Próximo, el impacto que tiene en la seguridad y en el impulso y el avance del terrorismo. Como bien dijo, las consecuencias ya las conocemos todos, nadie las discute: «Incluso los propios norteamericanos las han asumido con el voto que tuvieron en el Congreso y en el Senado, pero lo que yo digo es que, a partir de ahí, hay que buscar el lado positivo de las situaciones. Y en este punto es en el que la sociedad internacional no va a cometer un error similar a los que se cometieron en el pasado».

En este momento final del debate vi el libro que el ministro tenía encima de la mesa, Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano, y pude clausurar el diálogo, pensando en que a veces la verdad no es la que es, sino la que se fabrica o se construye, diciendo al auditorio que el que quisiera aproximarse a la realidad latinoamericana, con grandes posibilidades de comprender la verdadera idiosincrasia de sus gentes, de su historia y de sus esperanzas e ilusiones, en definitiva de lo real y lo posible, debía leer ese libro.

Un par de meses después, y dos días antes de que ETA comunicara a la sociedad española el final de la tregua y declarara «abiertos todos los frentes», el 4 de junio de 2007, finalizábamos los diálogos entre Nueva York y Madrid con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno español María Teresa Fernández de la Vega.

La vicepresidenta es una persona que da la sensación de estar en casi todas partes y en los más diversos frentes. Pero elegirla a ella para clausurar los encuentros que el presidente Zapatero había iniciado en Madrid, no fue casual. Conocía su gran interés por Iberoamérica y el gran conocimiento de los temas que preocupan en esta parte del mundo, así como su gran sensibilidad por los problemas que afectan a los países latinoamericanos. Nadie como ella para hablar, del presente y del futuro de las relaciones españolas con Iberoamérica.

Fernández de la Vega no defraudó mis expectativas, ya que comenzó declarando que Iberoamérica forma parte de la realidad de España y nosotros formamos parte de esa comunidad. Desde la instauración de la democracia, Iberoamérica ha sido una de las políticas fundamentales de todos los gobiernos democráticos, y el actual no ha sido una excepción, con especial atención al crecimiento económico, a cooperar en un crecimiento sostenible; no en vano, España es el segundo país inversor en Iberoamérica después de Estados Unidos, con una inversión acumulada de más de 100.000 millones de euros. Y en algunos países somos los primeros: «En Perú, en Argentina, España es el primer inversor, incluso por delante de Estados Unidos, lo que pone de manifiesto que la preocupación por el crecimiento económico sostenible es una prioridad». De hecho, la cooperación al desarrollo alcanzó en 2007 los 700 millones de euros, y es posible que en 2008, con el compromiso de llegar al 0,5 por ciento de ayuda al desarrollo, la inversión supere los 1.000 millones de euros. Por lo tanto, ponía de relieve que se ha apoyado el crecimiento, las políticas de cooperación al desarrollo, y se ha apostado por su proceso de conciliación y de desarrollo democrático, de gobernabilidad, y de cohesión social.

Para Fernández de la Vega, los principales retos de América Latina son la cohesión social, la necesidad de acortar la brecha de la desigualdad, la necesidad de consolidar y profundizar los procesos democráticos, y la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que favorezcan un crecimiento sostenible: «Hay que crecer, pero hay que redistribuir, y hay que redistribuir más y mejor. Y desde luego, es absolutamente imprescindible llevar a cabo políticas de cohesión, y eso tiene que ver con los derechos humanos», dijo.

DERECHOS HUMANOS Y CUBA

Hablar de Iberoamérica tradicionalmente es hablar de algunos países en los que la defensa de los derechos humanos no ha tenido precisamente el mejor de los escenarios, desde los tiempos de las dictaduras hasta la actualidad, o de países que, al menos para gran parte de la comunidad internacional, también amagan, cuando no cuestionan, la defensa de esos derechos humanos; por ejemplo, Cuba. A finales de mayo de 2007, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, había visitado España y en esa visita había cuestionado la política de diálogo del Gobierno de España con Cuba relativa a los derechos humanos. Así que le pregunté a la vicepresidenta si el camino iniciado por España era el adecuado, y hasta qué punto podía nuestro país permitir que se le marcara el comportamiento en una zona del mundo en la que somos el segundo inversor.

La vicepresidenta contestó subrayando que la promoción, defensa y garantía efectiva de los derechos humanos era una política absolutamente prioritaria de su Gobierno y destacando que en América Latina había ya en todos los países sistemas democráticos que llevaban ligada la defensa y la promoción de los derechos humanos. «También es verdad que el nivel de desarrollo de esa democracia varía mucho de unos países a otros, pero lo cierto es que ésa es una realidad que está ahí, y que hoy es afortunadamente incuestionable. En la medida en que eso es así, tengo que partir de la base de que en todos los gobiernos se respetan, o por lo menos hay políticas para promover la protección de los derechos humanos», afirmó

En el caso de Cuba, la vicepresidenta señaló que el Gobierno de España y el de Estados Unidos compartían la voluntad de que los cubanos hicieran una transición a un régimen democrático (después de la elección de Raúl Castro en sustitución de Fidel, como presidente, parece que se han producido tímidos avances) para que se organizasen con arreglo a los principios que ellos consideraran, dentro de su autonomía, oportunos y convenientes. Lo que no compartían los dos gobiernos era el camino para llevar a cabo esa transición a un sistema de libertades en Cuba: «Estados Unidos ha tomado la opción de la confrontación. Y España considera que la opción de la confrontación es una opción fracasada que no ha hecho que se mejorase ni el nivel ni el respeto de los derechos humanos en Cuba, ni que se avanzase en el proceso de transición hacia un sistema democrático. Hemos optado por un diálogo crítico y constructivo, porque creemos que es mucho más positivo y mucho más eficaz».

Como Cuba no entra dentro del catálogo de países democráticos, y ella había hecho la contraposición entre democracia y respeto a los derechos humanos, le pregunté si esa falta de democracia suponía también falta de respeto a los derechos humanos.

A esta pregunta María Teresa Fernández de la Vega puntualizó que hay que trabajar para que haya un mayor respeto a los derechos humanos en Cuba, «pero hay que tener un diálogo; si no hay diálogo, no hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de utilizar los instrumentos, a su vez, de la democracia, la palabra y la argumentación para la convicción y para conseguir compromisos que sitúen a este país en el camino del respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos, a la libertad de expresión y a muchos derechos que hoy no cumplen los estándares». Además, y frente a ciertas informaciones aparecidas en ese sentido, la vicepresidenta aclaró que España no va por libre en esa materia, sino que es una posición de la Unión Europea, que hasta el momento se ha demostrado más eficaz que la posición de confrontación mantenida por Estados Unidos: «Frente al embargo, frente a la sanción, nosotros optamos por el diálogo, por la argumentación, por tratar de convencer. Diálogo crítico, por supuesto, que no comporta asentimiento, ni avalar determinadas políticas de las que discrepamos. Pero sí que permite poder evolucionar hacia una apertura más rápida y mejor en un proceso necesario y bueno para toda la sociedad cubana». Un diálogo que, en su opinión, no puede ser utilizado por el régimen cubano para dar una falsa apariencia de apertura, porque ha habido ya ciertos resultados y porque merece la pena intentarlo ante las expectativas de éxito.

OTRA VEZ LA CUESTIÓN INDÍGENA Y BOLIVIA

Superada, aunque no olvidada, la cuestión cubana, pasamos al análisis de la situación que vive Bolivia en el área de la protección de los derechos fundamentales, de la seguridad jurídica y de su futuro inmediato. Su evaluación fue dura: «Bolivia es un país de una extremada pobreza, que tiene una brecha enorme de desigualdad. Tiene enormes recursos energéticos, pero que no están lo suficientemente desarrollados ni explotados, de forma que hay una mayoría importante de la población que no tiene acceso a los servicios mínimos esenciales. Y hay también una importante población indígena, que hoy es muy vulnerable, que acumula mayores niveles de pobreza, porque ser boliviano e indígena supone que el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad aumenta un 13 por ciento. Es un país con muchos problemas, incluyendo un problema de estabilidad democrática».

Como habrá comprobado el lector a lo largo de estas páginas, la realidad indígena es una de mis principales preocupaciones en relación con Iberoamérica, sobre todo Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y México, por eso quise saber la opinión de la vicepresidenta en el área de los pueblos indígenas, y sobre todo qué se está haciendo en este ámbito desde el Gobierno de España.

La vicepresidenta hizo hincapié en que por primera vez se había conseguido introducir en la agenda de las Naciones Unidas el tema de las comunidades indígenas, que ascienden a 370 millones de personas, de las que 40 son latinoamericanos, y todo ello desde algo tan elemental como la tolerancia, el respeto y el reconocimiento a la diferencia. «Y desde luego, para nosotros, para España es uno de los objetivos que hemos trabajado desde la cooperación al desarrollo, porque son minorías que exigen respeto y reconocimiento. Hemos participado y formamos parte del Grupo de Amigos en Naciones Unidas que ha promovido la Declaración de los Pueblos Indígenas. Hemos ratificado el convenio de la OIT, que no sólo promueve obligaciones en orden a la cooperación con los pueblos indígenas, sino también al reconocimiento de derechos, porque se trata de sectores de población excluidos, expoliados, y a los que no se les han reconocido los derechos mínimos. Por tanto estamos trabajando en ese ámbito».

¡Qué pena que muchos países de Iberoamérica no vayan a ratificar la Declaración sobre los Derechos Indígenas!, exclamé. [15]

Fernández de la Vega contestó que esperaba que la ratificaran. De hecho, el año anterior se había planteado al presidente Alan García en Perú hacer una propuesta conjunta en la Cumbre de Montevideo para analizar la situación de los pueblos indígenas en América Latina y promover instrumentos de protección. Se hizo, se adoptó en la Cumbre de Montevideo, y cuando la declaración de las Naciones Unidas sobre protección de los pueblos indígenas se ponga en marcha, los países de América Latina, muchos o la mayoría de ellos, que tienen ciudadanos indígenas habitando en sus territorios, ratificarán esa convención.

Pero volvamos a Bolivia. La vicepresidenta quería destacar que, pese a los problemas que tiene que afrontar, es un país que está intentando avanzar, inmerso en estos momentos en un proceso constituyente que es muy importante que salga bien. «Yo espero que lleguen a un acuerdo, porque es fundamental, y ahí desde luego España está tratando de apoyar ese proceso constituyente que permita dotar al país de una norma de convivencia integradora, porque si eso no es así, la situación puede ser de una mayor gravedad.»

La situación de las empresas españolas en Bolivia habían sido complicadas, por eso la vicepresidenta subrayó que en todo momento lo que se ha hecho con Bolivia, referido a ese tema, es diálogo político desde la lealtad y el respeto: «Así conseguimos que alguno de los problemas que había habido con las empresas españolas de hidrocarburos se recondujesen. Tenemos todavía muchos elementos que hay que seguir construyendo. Las empresas dialogan con el Gobierno y nosotros apoyamos ese diálogo de nuestras empresas y de nuestras inversiones en Bolivia porque creemos que es bueno para los bolivianos que el capital extranjero invierta, porque creemos que eso va a ayudar a desarrollar recursos naturales que de forma interna no tienen capacidad ellos mismos ni siquiera de explotar. Y entendiendo perfectamente que además eso tiene que reportar beneficios sobre todo y fundamentalmente para los ciudadanos que habitan en ese territorio donde están esos recursos naturales».

Después de esta respuesta de la vicepresidenta, insistí porque los propios dirigentes políticos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su entorno de asesores y ministros, en más de una ocasión se han quejado de que las empresas españolas desarrollan una acción casi depredadora de los recursos y el aprovechamiento de esos países en beneficio propio y de su falta de inversión. El mismo fenómeno se produjo en Argentina y algo similar ha habido o se intuye que pueda haber en Ecuador y quizá en algún país más como Venezuela. ¿El Gobierno español está haciendo todo lo necesario para que esa seguridad jurídica, respecto de los inversores españoles en este caso, se vertebre y la inversión en esos países vuelva a ser fiable?

La vicepresidenta afirmó que es necesario contextualizar el discurso, ya que, más allá de ciertas declaraciones, ningún líder iberoamericano considera que las empresas españolas estén ejerciendo semejante tipo de explotación. Por el contrario, las inversiones y la actuación de las empresas españolas en América Latina suponen una acción ejemplar, porque no sólo invierten, sino que crean país: «En Argentina, al reunirse con los empresarios españoles verá un argentino, otro argentino, otro argentino. Hay que contextualizar esas declaraciones y además esos temas van evolucionando en sentido positivo». Cada país tiene su problemática y sus circunstancias especiales, pero la vicepresidenta citó un ejemplo: en su viaje a Perú en 2006 se había entrevistado con todos los representantes de las principales empresas españolas, que le habían transmitido su preocupación por la inseguridad, no tanto jurídica, que también, sino sobre todo por la inseguridad política. Hay que recordar que acababa de haber unas elecciones y no sabían cuál iba a ser la posición del Gobierno con respecto a la inversión extranjera. Pues bien, dos horas después se reunió con el presidente Alan García y le transmitió la preocupación de las empresas españolas. La sorpresa del presidente fue tan grande —dado que su principal preocupación era la mayor inversión de capital extranjero, para crecer económicamente, para equilibrar la balanza exterior, etcétera— que organizó una cena con los empresarios y esa misma noche en la embajada los representantes de las principales empresas en Perú tuvieron una extensa conversación con Alan García. «Se aclararon muchos temas, y los empresarios se tranquilizaron muchísimo. Eso es el diálogo y la confianza. Se establecieron mecanismos de coordinación y de interlocución, simplemente para que las empresas sepan por dónde van a ir los recursos, qué va a pasar, cómo se van a resolver. Tener una interlocución fluida, cuando se está invirtiendo muchísimo dinero en un país, es muy importante.» Para Fernández de la Vega, ese compromiso constituye una tarea fundamental del Gobierno, que tiene que facilitar el diálogo y facilitar acuerdos jurídicos de protección de inversiones recíprocas, evitar la doble imposición y promover acuerdos de asociación estratégica, entre otros temas: «Estamos trabajando en todos los ámbitos para que eso mejore. Y yo creo que ha mejorado e irá mejorando, pero tendremos que seguir trabajando, porque eso está ligado también al desarrollo institucional y democrático».

EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

Después de estas contestaciones, abordé otras cuestiones de interés, como el déficit institucional o de gobernabilidad que se percibe, con conflictos como, por ejemplo, en Bolivia entre el Parlamento y la Corte Suprema con juicio político a varios magistrados, la disolución de la Corte Constitucional o Suprema en Ecuador, la confrontación de determinados sectores en Venezuela respecto de ciertos ámbitos del poder judicial. Me preocupa saber en qué podía beneficiar o perjudicar en el ámbito general de la seguridad jurídica, en el particular de las inversiones extranjeras, y, especialmente, en el área de protección de los derechos fundamentales, este tipo de enfrentamientos.

Para la vicepresidenta resultaba evidente que esos conflictos no beneficiaban para nada ni a la seguridad ni a la estabilidad, pero lo fundamental era trabajar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas: «Sin duda, uno de los pilares fundamentales para garantizar, no sólo el funcionamiento democrático, sino también la estabilidad y la seguridad jurídica, es tener un poder judicial fuerte e independiente. Eso son palabras mayores en el sentido de que se trata de países que han arribado a la democracia recientemente, con sistemas jurídicos que en muchos sitios todavía no están suficientemente desarrollados. Han avanzado muchísimo en los últimos veinte años, pero necesitan todavía hacer un recorrido de ejercicio democrático de respeto y consolidación del poder judicial. Ahí España está trabajando desde hace muchísimo tiempo, la Agencia Española de Cooperación, el Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Supremo. Se han promovido muchas actuaciones que han permitido, pues, bueno, que incluso en algunos países se pasara de un sistema penal inquisitorial a un sistema acusatorio. Y hemos sido nosotros los que hemos llevado esa cultura democrático-jurídica y de necesidad de fortalecer, hacer formación de jueces, formación de policías, programas de establecimiento de medicina forense...».

Por otra parte, esa actividad ha tenido continuidad con independencia del sesgo político del partido en el Gobierno en Madrid. La propia Fernández de la Vega inició la cooperación en materia de poder judicial, siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el año 1991, la primera vez que se hizo un convenio de cooperación. Desde entonces, la cooperación se ha incrementado notablemente, y todos los gobiernos han mantenido sistemas de cooperación judicial y jurídica con América Latina, implementando instrumentos tan importantes como IberRED o fomentando convenios de todo tipo, de extradición, o de traslado de personas. No obstante, la vicepresidenta admitió que hay que mejorar la coordinación de la inversión a nivel jurídico y judicial en América Latina, no sólo de España, sino de Europa, porque a veces hay muchas agencias paralelas que invierten en lo mismo.

A esta altura del debate había llegado el momento de que la vicepresidenta identificara los tres problemas principales de América Latina y nos explicara el porqué de su elección. María Teresa Fernández de la Vega empezó por la necesidad de profundización democrática, desarrollo democrático y estabilidad institucional; la necesidad de reformas estructurales para crear una economía sostenida y sostenible; y la cohesión social, porque es fundamental la introducción de políticas sociales que reduzcan las desigualdades y la lucha contra la corrupción.

Como ella misma advertía, esos temas están íntimamente relacionados, porque si no se acorta la brecha de la desigualdad, difícilmente se fortalecerá la democracia: «Decía el otro día, o ayer, el secretario general de las Naciones Unidas que la pobreza debilita la democracia en América Latina y que es fundamental invertir en políticas de cohesión, en educación, en sanidad... Y ahí sí que hay un impulso de los gobiernos progresistas».

La vicepresidenta quiso dejar constancia de que en América Latina se está invirtiendo en los ciudadanos, no en los gobiernos. Esta aclaración me dio pie a insistir en los posibles controles que había que imponer a los gobiernos cuando se presta este tipo de cooperación para que acorten la brecha de la desigualdad. Hablar de derechos humanos cuando no hay qué llevarse a la boca y en condiciones de pobreza extrema, como en Brasil, en México, y en otros muchos países latinoamericanos, es difícil. Por tanto, ¿qué control se exige para garantizar el buen fin de tantos millones de euros que se invierten en América Latina?

A juicio de la vicepresidenta, existe un control total y absoluto, porque son programas elaborados con participación de organizaciones no gubernamentales de América Latina dedicadas a combatir la pobreza, con los institutos de derechos humanos que están allí acreditados, con la oficina, por ejemplo, del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el que España colabora no sólo desde el punto de vista económico, apoyando todas las oficinas que tiene en América Latina, sino también haciendo programas de protección de los derechos humanos, con exigencias, y evaluables: «Toda la política de cooperación al desarrollo es evaluable. Va dirigida a programas concretos de lucha contra la pobreza, de mejora de la protección en el tema de la igualdad de género, de lucha contra la violencia, de fomento de la salud maternoinfantil, y a programas para reducir la brecha de la desigualdad, porque eso es lo que nos va a permitir un mayor fortalecimiento de las instituciones y una mayor confianza en el sistema democrático. Y todo va ligado; no es posible, aunque en América Latina sean países de renta media, que haya un 40 por ciento que vive bajo el umbral de la pobreza».

Todo va ligado, en eso estaba y estoy de acuerdo, pero el problema es que tengo mis dudas de que esas inversiones tan importantes, no sólo de países, sino de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, estén llegando y produzcan el efecto que deberían producir, porque a veces no hay una adecuada política de control de los propios gobiernos. De nuevo volví a Bolivia para que se entendiera bien lo que trataba de decir, y que una cosa es la teoría y otra bien distinta, la práctica. Recordé un caso en este país, en Santa Cruz de la Sierra, donde hace unos años la Unión Europea hizo una inversión de 11 millones de euros para la canalización de las aguas de distintos barrios ubicados en los séptimo, octavo y noveno anillos de esta ciudad, que es la más importante después de La Paz. Al entrar en el hospital en el que estábamos trabajando con la ONG LACOM, pregunté por unas zanjas que estaban abiertas en los bordes de las calles y caminos, y la respuesta fue sorprendente: los 11 millones de euros se habían agotado sólo en hacer unas zanjas de apenas medio metro de profundidad, y así se quedó, sin que nadie supiera en qué se había gastado realmente el dinero. El control fue inexistente y la corrupción, total.

«Puede ser que en alguna ocasión el control se relaje —admitió la vicepresidenta—, pero cuando ha ocurrido algún acontecimiento de esa naturaleza, es verdaderamente deplorable. Y por eso hay que ser muy autoexigentes, tanto los gobiernos como las organizaciones dedicadas a la ayuda al desarrollo, con controles a los gobiernos y con autocontroles de la gestión que las propias organizaciones hacen. Sin embargo, creo que ha mejorado muchísimo, que somos cada vez más eficaces y que cada vez llegamos más directamente a las poblaciones.»

LA MUJER COMO MOTOR DE CAMBIO SOCIAL

Fernández de la Vega subrayó la importancia de invertir mucho en las mujeres, porque invertir en promover el desarrollo de las mujeres es invertir en futuro: «Estoy convencida, y es un hecho mundial incontrovertible, que las mujeres son uno de los mejores agentes de cambio social que existen en todo el mundo».

Ante esto, destacó que en América Latina nos encontramos con una situación de las mujeres francamente preocupante. No cabe duda de que, afortunadamente, en determinados países las mujeres han experimentado una gran evolución, y hoy hay una presidenta en Chile y una presidenta en Argentina. Sin embargo, es innegable que la pobreza tiene rostro de mujer, también en América Latina. Por lo tanto, es absolutamente fundamental llevar a cabo políticas de protección y promoción en el desarrollo de las mujeres, en definitiva en el desarrollo de los derechos humanos, entre los que deben incluirse la pobreza, la exclusión y la violencia.

A continuación abordé con la vicepresidenta el tema de la violencia en Colombia en los diferentes ámbitos relacionados con los desplazados, con los grupos armados, en medio de un proceso de desmilitarización de los paramilitares, la mesa de negociación del ELN, en La Habana, un programa criticado hoy mismo por las FARC, e impulsado desde el Gobierno, de intercambio de prisioneros. España era uno de los países que apoyaba esas iniciativas y, por ende, la vicepresidenta podía contarnos muchas cosas.

«Estamos participando en todos los ámbitos del proceso de paz, en los distintos ámbitos que está promoviendo el Gobierno del presidente Uribe en Colombia. Formamos parte del tripartito con Noruega y Suiza en el diálogo con el ELN, y ahí España tiene un papel importante a la hora de modular ese diálogo, de acuerdo con los criterios que a su vez mantenemos con el Gobierno colombiano con el fin de llegar a un fin de la violencia. Y creo que ahí hay una situación complicada, pero ahí está y, además, bueno, pues hay que tener siempre el optimismo en pensar que al final eso va a salir adelante. También estamos trabajando con Suiza y con Francia en el proyecto de intermediación con las FARC para la liberación de rehenes y ver si a partir de ahí se puede abrir un proceso dentro del programa de justicia y paz del presidente Uribe que lleve a un avance en la resolución del conflicto, también muy delicado, sobre todo por las implicaciones políticas que están saltando constantemente. La verdad es que trabajamos codo a codo con el Gobierno del presidente Uribe para tratar de poner lo mejor de nosotros mismos en el fin anhelado de culminar este proceso tan valiente y dificultoso, pero en el que hay que seguir», nos explicó Fernández de la Vega.

Acto seguido, la vicepresidenta comenzó a hablar de un tema, la mujer en Colombia, que, a simple vista, se comprobaba que dominaba: «En Colombia hay tres millones de mujeres desplazadas. España trabaja también con ACNUR en la gestión de los desplazados. En Colombia en concreto hay tres asentamientos; uno de ellos está muy cerca de Cartagena de Indias, y es absolutamente admirable el ver cómo se organizan, es decir, cómo están gestionando esos asentamientos las propias mujeres. En el que hay en el Pozón, que está al lado de Cartagena de Indias, son 500 mujeres. Están organizadas, tienen elecciones democráticas, se proveen de bienes y son las mayores pacifistas de toda Colombia. Es decir, tienen unas reglas de funcionamiento muy impresionantes porque no dejan entrar en sus campamentos a nadie, a ningún hombre armado, aunque vayan a visitar a sus hijos, y además hacen registros a la entrada del campamento para que se acredite que nadie entra allí con armas». Yo tenía la impresión de que en Colombia es donde la mujer tiene una presencia pública política más destacada y la vicepresidenta estuvo de acuerdo: «Una presencia fundamental, y le diré que en alguna ocasión hubo algún problema y estuvieron durante seis meses impidiendo que ningún hombre entrase allí hasta que entendiesen que allí no entraba nadie si iba armado. El presidente Uribe las ha introducido en la mesa de negociación. Y bueno, creo que es asombrosa su capacidad de organizar, de gestionar la paz y de gestionar a la ciudadanía durante el conflicto bélico. Son auténticas líderes sociales».

En este punto cambié de tema y quise saber la opinión, aunque fuera de forma breve, de mi interlocutora sobre la inmigración y sobre la integración de las comunidades de ciudadanos y ciudadanas iberoamericanos en España, y si había algunos signos de exclusión, o limitación injusta, a través de la expedición de visados que limitan el acceso a nuestro país. En suma, cómo abordaba el Gobierno el tema de la inmigración y el número de inmigrantes procedente de esta zona del mundo.

Ella respondió con abundancia de datos. No en vano la inmigración es uno de los retos fundamentales que tienen las sociedades del mañana, junto con la gestión del medio ambiente. Y de cómo se aborde dependerá nuestra convivencia en el futuro: «El Gobierno de España desarrolla la política de inmigración desde la afirmación clara de que la inmigración aporta riqueza y bienestar; hoy en este país estamos creciendo y tenemos el nivel de bienestar que tenemos gracias a la inmigración. Hemos pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. Y en los últimos seis años se han integrado en nuestro país personas con permiso de residencia, a datos de marzo, 3.200.000, en un período de tiempo muy corto. Y la integración se ha producido de forma razonable. La tercera parte de esos inmigrantes son de América Latina, 1.200.000 más o menos. Y es evidente que la inmigración de América Latina es, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, muy positiva para nuestro país: desde el punto de vista cuantitativo, porque es la más numerosa; desde el punto de vista cualitativo, porque es una inmigración que tiene muchas más facilidades de integración que la de cualquier otro país, por historia compartida, por lengua común, por intereses».

Los principios fundamentales de esa integración positiva es que está vinculada al mercado laboral, al empleo, a la educación. El objetivo de la integración de los inmigrantes ha de hacerse con arreglo a tres principios: igualdad de derechos y de deberes, ciudadanía plena de participación, e interculturalidad, desde el diálogo y el respeto a la diferencia. Ésa es la receta de la vicepresidenta para integrar.

El debate tuvo lugar apenas una semana después de las elecciones municipales de mayo de 2007 en España, y en algunos municipios habían ganado candidatos que defendían postulados xenófobos o contrarios a todos los temas de integración. Así pues, la pregunta era obligada. María Teresa Fernández de la Vega se acogió a lo positivo al considerar que se trata de un fenómeno aislado, aunque afirmó que hay que trabajar para que siga siendo un fenómeno aislado: «La sociedad española es una sociedad solidaria, y para evitar fenómenos de esa naturaleza hay que trabajar en la integración. Y en la integración se trabaja desde los principios que he mencionado, que son la igualdad y la ciudadanía, pero desde la cohesión. Las políticas de cohesión social son fundamentales para evitar que los ciudadanos españoles con menores rentas vean en los ciudadanos que vienen de fuera y se integran en el mercado de trabajo una competencia que les cercena sus derechos; son fundamentales en los ámbitos de la educación, en la inversión en recursos vitales, en la vivienda y en los servicios sociales. Ésa es la única manera. Y yo creo que ésa es la política que estamos impulsando. Este Gobierno ha aprobado un plan de ciudadanía e integración con más de 2.000 millones de euros para hacer esa integración en cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que es el lugar donde se produce esa integración».

La última cuestión que planteé volvía al comienzo de nuestra conversación, a la defensa de los derechos humanos. El tema era el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, auspiciado por el presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez, un ataque a la libertad de expresión y de información, derechos que, sin duda, constituyen una base indispensable para consolidar el camino de integración, de cooperación y el andamiaje de la democracia. María Teresa Fernández de la Vega coincidió conmigo en que la libertad de prensa, la libertad de información y el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales que vertebran la democracia. Y, por lo tanto, es un derecho insustituible e irreductible, un derecho fundamental básico. «Desde esa perspectiva no está justificado de ninguna manera un cierre de un medio de comunicación, más allá de las argumentaciones jurídicas que se puedan tener. Y en el caso concreto de Radio Caracas Televisión no existe esa justificación. Así se lo hemos hecho saber a las autoridades venezolanas, a las que desde el respeto y la amistad les pedimos que reconsiderasen su decisión, y seguiremos insistiendo, porque creemos que no es razonable y porque consideramos que constituye un derecho fundamental en la democracia». Así concluyó la vicepresidenta, con este encendido alegato en defensa de las libertades. ¡Qué poco me imaginaba yo ese 4 de junio que apenas quince días después iba a sufrir en carne propia los efectos del polémico cierre de Radio Caracas Televisión y de las limitaciones que a la discrepancia y la disidencia se imponen en ese país por parte de quienes gobiernan!

Como habrá comprobado el lector, he alterado intencionadamente el orden de estas tres últimas intervenciones para contar con una reflexión final del presidente del Gobierno de España, sobre los diferentes temas que integraron nuestro análisis de seguridad jurídica y derechos humanos en Iberoamérica, que tuvo lugar el 24 de enero de 2007. Había estado en otras ocasiones con José Luis Rodríguez Zapatero en los cursos de verano de El Escorial para hablar de la violencia de género y del terrorismo, pero era la primera vez que nuestro debate se centraba en el análisis de los problemas que afectan a esta región del mundo tan próxima y vital para España. El encuentro había sido aplazado desde septiembre de 2005, cuando por motivos de agenda del presidente, no pudo celebrarse en Nueva York; sin embargo, la espera mereció la pena.

ZAPATERO, CHÁVEZ, ATUTXA, BHUTTO…

A las 14.30 horas del 27 de diciembre de 2007 se conoció la noticia de la muerte de la líder opositora paquistaní Benazir Bhutto. Era cuestión de tiempo, debían acabar con la única esperanza de alternativa democrática a Pervez Musharraf. En los últimos años, Pakistán se ha convertido en el semillero de terroristas más grande del mundo. Los atentados se suceden, las violaciones de los derechos humanos no tienen fin, los autogolpes y estados de excepción son frecuentes, y, mientras tanto, Estados Unidos, que apoya desde hace tiempo al gobierno de Musharraf permanece silente inyectando fondos, sin exigir control alguno y manteniendo un Gobierno que tiene muy poco de democrático y mucho de corrupción e ineficacia. Las consecuencias del asesinato de Bhutto fueron inmediatas y supusieron un retraso de las elecciones y una nueva oleada de violencia. Finalmente, el partido de Bhutto ganó las elecciones el día 18 de febrero en medio de un clima de incertidumbre. A la inseguridad que vive la nación hay que sumar el aumento de las acciones terroristas en Afganistán por parte de los talibanes, que, según las acusaciones de las propias autoridades y parlamentarios de este país, estarían auspiciadas por los servicios secretos de Pakistán.

Pero el año 2006 también había terminado con violencia terrorista en España. El 30 de diciembre de 2006, la terminal 4 del aeropuerto de Barajas saltaba por los aires. ETA asesinaba a dos inmigrantes ecuatorianos y, de hecho, iniciaba de nuevo un camino sin retorno hacia ninguna parte. Sin embargo, a finales de 2007 llegó una resolución judicial importantísima en el ámbito de la lucha contra el complejo terrorista de ETA: la sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con excelente ponencia de la magistrada Ángela Murillo, el 19 de diciembre de 2007 por la que se condena a 47 personas por su relación con el entramado terrorista KAS-EKIN-XAKI-ETA. Esta sentencia no ha dejado indiferente a casi nadie, aunque quizá lo que más perplejidad me ha producido desde el punto de vista institucional es la reacción del propio lehendakari Ibarretxe: en sus comparaciones poco afortunadas y poco respetuosas con el principio de división de poderes, equiparaba la acción judicial frente a la violencia terrorista con esta misma, considerando que dentro del terrorismo también se integran actividades no estricta y físicamente violentas. Obviamente se puede discrepar de esta argumentación, pero las valoraciones frívolas, guiadas más por el interés electoral que por una verdadera intención integradora de un pueblo, resultan poco edificantes. Ahora recuerdo que el mes de julio de 1998, cuando ordené el cierre del periódico Egin, el entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Mari Atutxa, me llamó para darme la enhorabuena por la decisión. Está claro que eran otros tiempos y otros actores.

Con el atentado de ETA en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas todavía próximo y con ríos de tinta vertidos sobre sus consecuencias respecto del denominado «proceso de paz», el 24 de enero de 2007, en una fría tarde invernal madrileña, inicié una cálida conversación con el presidente Zapatero ante más de cuatrocientas personas, que escuchaban atentas en la Casa de América. No fui capaz de comprobar el impacto de lo que nuestro invitado decía porque debía estar atento al contenido de su discurso para mantener el nivel de la conversación, pero el silencio del público durante más de dos horas puso de manifiesto que interesaba y mucho lo que el presidente nos decía en un tono moderado y próximo que conectó con los asistentes inmediatamente.

En primer lugar, planteé a José Luis Rodríguez Zapatero cuál era la situación actual de las relaciones entre España y América Latina. He de confesar que me hubiera gustado poder preguntar si esas relaciones se han resentido tras la Cumbre Iberoamericana de Santiago de noviembre de 2007 y el «rifirrafe» mantenido entre Zapatero, el rey Juan Carlos I y el presidente venezolano Hugo Chávez. En todo caso, me atrevo a pronosticar que el discurso del presidente no habría sido muy diferente del que expuso en aquel momento.

José Luis Rodríguez Zapatero empezó afirmando que España es hoy un país con un papel internacional destacado y que dentro de las grandes prioridades de la proyección de España al mundo, América Latina ocupa un papel fundamental y constituye una prioridad, por razones culturales, por razones económicas y por razones de futuro, ya que el continente latinoamericano, a pesar de que afronta graves problemas, es uno de los continentes con más potencial de crecimiento económico, social y cultural. «Eso para España es un activo extraordinario, ante todo por la lengua que compartimos y por un fondo común de ideales. Es la causa última de que tengamos una gran presencia económica y una gran inversión en América Latina. Si no existiera esa comunidad cultural e histórica, no tendríamos esa gran presencia económica.»

Para el presidente, las relaciones políticas actuales son satisfactorias. Muchos de los países latinoamericanos están sometidos a vaivenes en su gobernabilidad y a procesos de inestabilidad política, pero afortunadamente hoy siempre se resuelven por la vía democrática, lo cual constituye un primer factor positivo. En relación con su economía, América Latina ha experimentado un crecimiento intenso, en los tres últimos años por encima del 5 por ciento, y se ha reducido el porcentaje de población que vive en el umbral de la pobreza, lo cual constituye un segundo factor positivo.

A su juicio, la gran asignatura pendiente es la fractura social, la desigualdad social, que tiene un impacto directo en la democracia, en la seguridad jurídica y en el respeto al Estado de Derecho: «El gran programa que América Latina tiene por delante es la superación de las desigualdades. En la medida en que cada país aborde la reducción de la pobreza de manera fuerte, ganaremos en institucionalidad, en consolidación del Estado de Derecho y en seguridad jurídica».

El presidente afirmó que España tiene un deber con América Latina, un deber ético, porque nuestra historia, nuestra fortaleza histórica y nuestra fortaleza presente ante el mundo dependen en gran medida de la existencia de 500 millones de ciudadanos que denominamos latinoamericanos o iberoamericanos. Esa deuda se tiene que traducir en dos principales acciones y actuaciones: primero en una mayor actividad política de España, como lo ha sido en el terreno económico, y en segundo término en la consolidación de un sistema de partidos, con un diálogo permanentemente abierto con los países latinoamericanos.

La declaración del presidente sobre los partidos políticos como fundamento del buen funcionamiento de un sistema democrático me hizo pensar que los partidos políticos fuertes, firmes, que vertebren la sociedad, no existen en América Latina, o no existen en toda América Latina. Hay fenómenos populistas, que atentan a las propias raíces de la democracia, con permanencias casi indefinidas en el poder, con enfrentamientos, con descalificaciones de la oposición hasta hacerla desaparecer... En fin, creí en ese momento y aún pienso que hay una situación muy distinta de la que él planteaba.

Para Zapatero, es necesario analizar las causas que favorecen la aparición del populismo: «Suele ser y aparecer en momentos de gravísimas crisis económicas y sociales, que van casi siempre asociadas a fenómenos de gran corrupción; y por la debilidad de un sistema de partidos homologable. Creo que ésa es la gran tarea que deberíamos hacer».

Como señaló el presidente, es verdad que, a pesar de nuestra cercanía, tenemos una cierta lejanía política, porque los valores predominantes políticos que ha tenido el continente latinoamericano han estado en los extremos: una fuerte implantación en su momento de la vía revolucionaria comunista, una fuerte implantación de los modelos autocráticos, de las dictaduras, y una despreocupación general de los países que teníamos que ahormar políticamente el continente. Pero España no podía hacerlo, porque nosotros hemos vivido en una dictadura durante buena parte del siglo XX, y después de conquistar la democracia hemos estado cuidándola. Mientras tanto, tal como comentaba el presidente, Estados Unidos no se ha preocupado por hacer una inversión política de los valores de la ciudadanía, de los valores de lo que representa conformar un sistema político. Desde mi punto de vista, este juicio del presidente español es demasiado benévolo: desde el lado norteamericano ha existido, más bien, un modelo de imposición y no de auténtica cooperación, que ha prescindido de la historia y de las condiciones humanas y sociales de los diferentes países de América Latina, a los que nunca se les ha considerado en pie de igualdad.

A la hora de analizar el horizonte económico latinoamericano, el presidente no dudó en afirmar que la superación de las enormes desigualdades sociales pasa por la implementación de un sistema fiscal serio y sólido en la mayoría de los países latinoamericanos: «Desde mi punto de vista, sería imprescindible que los procesos de integración de América Latina, algunos de los cuales son débiles —el de Centroamérica es el que está más consolidado—, fueran más rápidos y tuvieran un gran estímulo de Estados Unidos. Y éstos, que están haciendo tratados de libre comercio con muchos países latinoamericanos, deberían incorporar un modelo similar al de la cohesión europea. Es decir, habría que ir a la cohesión americana. Y eso lo puede hacer Estados Unidos».

Ante sus palabras le repliqué que precisamente el Tratado de Libre Comercio, más que integración, está produciendo dispersión y enfrentamiento. Hay países que no lo aceptan en ningún caso, y otros que lo aceptan con reticencia. El Pacto Andino, Mercosur o la Comunidad Sudamericana de Naciones son fenómenos que están en ciernes, pero que a la vez todos los estados miembros están en bronca permanente unos con otros por distintas razones. Hablar de integración es algo fundamental, todos coinciden en que es esencial, y el presidente Lula ha llegado a decir que será mucho más rápido que la integración europea, pero no termina de llegar.

En este punto, Zapatero dijo que el Gobierno español trata de facilitar los acuerdos comerciales de los distintos procesos de integración regional que existen: el Pacto Andino (que es el que está en estos momentos con más dificultades), Centroamérica (el que está más avanzado) y Mercosur, dedicando un volumen muy importante a la cooperación al desarrollo: en 2007, 720 millones de euros de ayuda al desarrollo en América Latina, y el programa Deuda por Educación (canje de deuda por educación) supondrá otros 270 millones de euros.

El presidente quería insistir en la idea de la reticencia al libre comercio, a los tratados que hay en muchos sectores sociales latinoamericanos. El libre comercio necesita cohesión social. La Unión Europea es un ejemplo clarísimo: «Nuestra integración ha ido acompañada de un gran retorno de ayuda y de cohesión para nuestro desarrollo, porque sin infraestructuras, sin conocimiento, sin educación, sabemos quién gana en el libre comercio, ganan los que están preparados para el libre comercio. Éste es el problema. Por supuesto que el libre comercio y la integración son esenciales. Las mejores economías son las que se abren. Sin embargo, para que el equilibrio sea el horizonte, necesitamos que las condiciones sean algo más igualitarias. Ésta es la cuestión. Quiero recordar que España tiene 3,5 veces más de PIB per cápita que América Latina. Y por tanto, Estados Unidos tendrá cuatro veces más». Mientras en América Latina no haya más infraestructuras, más educación, mejor acceso al agua, sus agricultores jamás podrán competir con las grandes producciones agrícolas norteamericanas.

En América Latina se perfilan dos modelos, dos visiones del mundo actual y las relaciones internacionales: un modelo liderado por el presidente de Venezuela; y otro en Centroamérica y otros países, más influido por Estados Unidos, aunque haya discrepancias en cada uno de ellos. Así pues, le pregunté a Zapatero cómo se podía hablar de asentamiento del libre comercio, de institucionalidad, cuando aparentemente hay modelos que buscan la nacionalización de empresas y de recursos energéticos, que al fin y a la postre son básicos para ese desarrollo. En otras palabras, ¿cómo compatibilizar esas dos visiones tan opuestas en un mismo hemisferio, sin olvidar el foco iluminador de Estados Unidos?

El presidente señaló un malentendido histórico, porque Estados Unidos tiene que entender a América Latina, pero ésa no ha sido una característica histórica. Y América Latina no puede tener un proyecto contra Estados Unidos, porque sería un gran error. En general, la corriente populista que anida en algunos de los actuales gobiernos, con esa fiebre nacionalizadora que esperemos sea una fiebre contenida, es un error: «Pienso en Bolivia con los procesos de nacionalización y la presencia de grandes y muy buenas empresas españolas. Muchas veces me han trasladado una reflexión como la siguiente: es difícil que las poblaciones entiendan que el gas de un país latinoamericano lo extraiga una compañía de cualquier país, española o estadounidense o de donde sea, en una provincia y en un municipio cuyos habitantes no tienen acceso al gas. Es lógico que haya un rechazo». Por lo tanto, la solución no es nacionalizar, sino ayudar a cada país latinoamericano a crear las infraestructuras suficientes, con cooperación de las empresas inversoras extranjeras, con el fin de que los ciudadanos puedan tener acceso al gas.

Zapatero había puesto el ejemplo de Bolivia. Parece como que fuera responsabilidad de las empresas españolas o internacionales que exista ese déficit de recursos allí pero, en mi opinión, el problema no reside en las empresas, sino en la inestabilidad política del país, que está prácticamente dividido, y en el que la sucesión de gobiernos y la corrupción rampante han creado un cúmulo de desaciertos y de desatinos que ha llevado a esa situación. El presidente Evo Morales un día nacionaliza, otro día desnacionaliza, ¿cómo se puede defender allí una empresa, española o de donde sea, cuando la seguridad jurídica ni siquiera protege a los miles de indígenas que son mayoría en Bolivia, que no tienen absolutamente nada?

El presidente aseguró que ése no era un tema de debate, ya que estábamos de acuerdo en lo esencial: «El problema es de los gobiernos, de los países que no han sido capaces de promover progreso, seguridad jurídica y demás, aunque ese diagnóstico es fácil de dar, pero luego se explica mal a los pueblos que sufren la pobreza, que tienen una carencia absoluta de condiciones vitales mínimas, y optan a través de las urnas por soluciones de carácter populista», afirmó.

En los países latinoamericanos, donde existe alrededor de un 40 por ciento de pobreza, y cuya renta per cápita es tan baja o más que en algunos países de África, la gran tarea es el desarrollo, la educación, las infraestructuras. «Mientras esa tarea no avance sólidamente, no nos acercaremos a una situación deseable en seguridad jurídica, en Estado de Derecho, en garantías. Hay que decir que nuestras empresas han sabido aguantar momentos difíciles, especialmente en algunos países que han tenido crisis brutales, como Argentina. En algunos países han obtenido importantes beneficios que han permitido a esas empresas desarrollarse, ser empresas con proyección internacional. Y en otros países están pasando dificultades. La tarea del Gobierno es apoyarlas, ayudarlas, como hacemos, pero el diálogo con los gobiernos latinoamericanos y con los pueblos es un diálogo que no puede partir sin más de los parámetros que a nosotros nos parecen absolutamente normales. Hay que hacer una tarea de pedagogía, de responsabilidad social de las empresas y, por supuesto, a los gobiernos latinoamericanos hay que exigirles seriedad y respeto a la seguridad jurídica.»

Zapatero hablaba de institucionalización, de partidos políticos, es decir, de todo aquello que puede y debe vertebrar una sociedad. Pero ¿dónde queda la gobernabilidad de algunos países de Iberoamérica? «Nunca se debe generalizar, porque hay países como Chile que son ejemplo de todo lo contrario, y otros que pueden ser exactamente al revés, y lo que me interesaba era saber qué puede hacer España para mejorar esa gobernabilidad. En esa relación de amor-odio que hay entre América Latina y España hay líderes, como por ejemplo el presidente de México, Felipe Calderón, que resaltan que la colaboración española es absolutamente imprescindible, y ya conocemos la importancia de la cooperación española hacia América Latina, pero en contenidos, ¿en qué se va a desarrollar, en qué se está desarrollando?»

Para el presidente español, los contenidos tienen que ser ante todo una capacidad de diálogo, de influencia política, pero conscientes de que la sensación que produce España es de admiración y recelo: «Siempre que he ido a América Latina he sentido aprecio, respeto en la calle, en los gobiernos, una mirada de gran expectativa por lo que ha hecho España, pero sobre todo por lo que podemos hacer. Nada nos puede dignificar más como país ahora que podemos. Insisto, tiene que haber un triángulo en ese quehacer por América Latina. Y ese triángulo sin duda alguna es Europa, España y Estados Unidos».

Frente a la inestabilidad política, pese a la existencia de conflictos serios entre los distintos países y gobiernos, Zapatero confiaba en la fuerza de la democracia. El hecho de que llevemos ya dos o tres décadas encauzando las crisis institucionales y sociales por la vía democrática supone un factor de esperanza razonable: «Todos sabemos lo que cuesta hacer una buena democracia. Nuestra transición tenía dos grandes ventajas: una situación económica que había evolucionado, y Europa, el continente de las libertades y de la democracia, al lado. Alguna vez sería bueno recordar la importancia que tuvo, por ejemplo, la tarea del Partido Socialdemócrata alemán con el Partido Socialista Obrero Español, que fue determinante. De ahí mi insistencia en la responsabilidad que tienen los partidos políticos para configurar sistemas de partidos en América Latina. Se trata de una tarea ingente, porque es un continente muy extenso, pero si queremos ver que estas democracias van cuajando, y las pautas que nosotros conocemos sean las habituales y las malas las excepcionales, hagamos buenos sistemas de partidos. Los pueblos avanzan si se sienten bien representados. Ésa es la esencia de la democracia».

Según el Latinobarómetro sobre la corrupción y según Transparencia Internacional, los partidos políticos —en concreto en Latinoamérica— son una de las fuentes de corrupción y de sistema clientelar más evidentes. En la mayoría de los países latinoamericanos hay algunos episodios de éstos, no son exclusivos de ellos, pero son importantes. A veces la propia inexistencia de un sistema de partidos es una de las razones de los populismos. En un país como México, por ejemplo, hay un autoproclamado «presidente legítimo», seguido por cientos de miles de personas, y un presidente constitucional. Estos casos generan una incertidumbre entre los ciudadanos que hacen la labor bastante hercúlea y quise que Zapatero me contestara a dos preguntas: ¿qué límites o condiciones pone España ante estas situaciones?, ¿en qué invierte su dinero España en cooperación cuando, por ejemplo, el último informe de Transparencia Internacional nos dice que el principal foco de corrupción es la educación?

El presidente Zapatero hizo dos comentarios al respecto: «En primer lugar, si hay una corrupción amplia es, precisamente, porque los partidos son débiles. Hay poca institucionalización de los partidos, porque está comprobado que los partidos fuertes y sólidos son elementos fundamentales para la democracia. En segundo lugar, el cáncer de la corrupción afecta principalmente a sociedades económicas y sociales débiles; por eso tenemos que ser siempre exigentes e implacables, pero con una mirada también amplia y objetiva, ya que en muchos momentos del proceso de privatización durante la etapa neoliberal que arranca del Consenso de Washington se produjeron procesos de corrupción».

Una de las aplicaciones de la cooperación que mejor conozco es la del poder judicial. Me resultó muy grato ver cómo el presidente Zapatero elogió la intensa actividad del Consejo General del Poder Judicial en Iberoamérica a través de la implementación de recursos, cursos de preparación e intercambio permanente de jueces y fiscales. Hay que recordar que, a la hora de conformar una justicia independiente, España es una referencia para la mayoría de los países iberoamericanos.

Sin embargo, quería que me contestara una pregunta difícil relativa a la cuestión judicial: si creía que el poder judicial en España y en América Latina se deja presionar por el poder político, y por qué se dice que el Gobierno presiona a los jueces.

Para el presidente, en España eso es inconcebible: «España no podría haber alcanzado las cotas de desarrollo democrático, económico y social si no hubiera construido un poder judicial serio, independiente y al que hay que respetar por encima de todo». Las críticas de ese tenor las achaca a la falta de argumentos políticos, y presuponen conocer muy poco a los jueces y tribunales, que sencillamente no suelen ceder a la presión. «Y debo subrayar mucho más que es imprescindible para una buena democracia respetar la independencia del poder judicial. La opinión pública puede, lógicamente, valorar, escrutar decisiones y resoluciones, pero los actores políticos, y en primer lugar el Gobierno, debemos ser escrupulosamente respetuosos, y no porque le interese al Gobierno, sino porque le interesa a la democracia, a los ciudadanos. Hemos tenido, como suele pasar en democracia, decisiones judiciales de todo tipo, pero como presidente del Gobierno, como ciudadano libre que quiero ser de un país libre, es fundamental que la justicia sea independiente, y fundamental que no miremos con ningún color a la justicia.»

Como estaba prevista una visita del presidente mexicano Calderón a España, Zapatero quiso dejar claro que la relación con el país azteca es estratégica, determinada por la fuerte inversión española en México y el aumento de la inversión mexicana en España. Además, podría haber una alianza mucho más poderosa, pensando en Estados Unidos, donde México tiene mucha penetración y una alianza en determinados sectores económicos, muy especialmente del ámbito cultural.

México acababa de atravesar una situación difícil como consecuencia del resultado electoral y de la actitud reprochable de uno los candidatos. Obviamente, hacía referencia, sin identificarlo, al «presidente legítimo» Andrés Manuel López Obrador, que todavía hoy sigue arrastrando su figura por las plazas y calles mexicanas doliéndose de su derrota e imputando un fraude masivo a su contrincante y actual presidente Felipe Calderón, en vez de trabajar en firme por su país y preparar las próximas elecciones.

He tenido ocasión de conocer al presidente Calderón y en varias ocasiones he hablado con él de la forma de combatir el crimen organizado y la corrupción. En este ciclo también participó el procurador general (ministro de Justicia) mexicano Eduardo Medina-Mora, y puedo decir que sus opiniones me merecen el máximo de los respetos. Alabo el esfuerzo que está haciendo contra el crimen organizado y el narcotráfico, en un año, 2007, en que fallecieron en enfrentamientos más de 2.200 personas integradas en organizaciones criminales o «cárteles». Tratar de desarticular estas redes criminales ancladas en los propios cimientos de la sociedad y de los diferentes estados es casi una misión imposible, pero hay que intentarlo.

Tengo presente ahora el viaje que hice a México el mismo día en el que el presidente Zapatero mantenía su último debate del Estado de la Nación con Mariano Rajoy, el 3 de julio de 2007, y en el que me entrevisté con el presidente Calderón. Aquel día se hizo público el fallo del recurso de casación en el caso Scilingo (represor argentino de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada), que yo había tramitado por aplicación del principio de justicia universal. El Tribunal Supremo aumentó la pena de 600 a 1.084 años de cárcel por su participación en 255 detenciones ilegales en la Escuela de Mecánica de la Armada.

El viaje resultó muy interesante, porque nos reunió al juez Armand Riberolles, al que no veía desde 1988-1989, cuando comenzaba yo y continuaba él, en Bayona (Francia), el caso de los GAL, y con el juez Guzmán Tapia, que había investigado a Pinochet en Chile, ambos amigos y colegas queridos, para participar en un seminario sobre la ética en la gestión pública y la lucha contra la corrupción. Los debates estuvieron auspiciados por la Secretaría de la Función Pública, dirigida entonces por Germán Martínez, hoy presidente del Partido de Acción Nacional (PAN). El mensaje directo a los funcionarios y estudiantes de ética, convicción, responsabilidad y compromiso en la lucha contra un fenómeno como el de la corrupción al que es posible vencer, caló bien.

Cada vez creo más en el azar, porque debió de ser éste el que la noche del 4 de julio nos reunió en México D. F., en torno a una mesa del hotel Camino Real, a José Bono, ex ministro de Defensa español, que a la sazón estaba con su hijo en la «ruta Quetzal», y a mí. En aquella cena me comentó que tenía pensado presentarse como diputado en las próximas elecciones, con intención de asumir la presidencia del Congreso (ahora hecho realidad). Al día siguiente, recuerdo que desayuné en el Palacio de los Pinos, la residencia oficial, con el presidente Calderón; el procurador general de la nación (ministro de Justicia) Eduardo Medina Mora; el secretario (ministro) de la Función Pública, Germán Martínez; el presidente del Tribunal Supremo; el secretario (ministro) de la Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña; Genaro García Luna, secretario (ministro) de la Seguridad Pública; el asesor presidencial y los jueces Riberolles y Guzmán Tapia. Hablamos especialmente de la reforma de la justicia y de la seguridad, necesidades perentorias para el presidente. Después de hablar con él, llegué a la convicción de que estaba decidido a combatir seriamente la corrupción y el crimen organizado, y que necesitaba compartirlo con los profesionales que consideraba comprometidos en esa lucha. Desde luego quedamos a su disposición para ayudar en lo que pudiéramos aportar.

Aquel día, poco antes de que la primera dama nos despidiera con un almuerzo en el marco incomparable del Museo de Antropología, donde Calderón celebró la primera comida como presidente de México el 2 de diciembre de 2006, recibí una noticia bastante alucinante, no tanto porque me extrañe de que alguien me siga o investigue —a estas alturas me extraño de pocas cosas—, sino por el contenido de la cuestión. Un periodista me llamó y me dijo que el servicio de inteligencia militar italiano (SISMI) nos había estado vigilando a mí y a 207 jueces más de toda Europa entre 2001 y 2006. No sé qué sacarían de ese espionaje, pero todo lo que he tenido que hacer lo he hecho, y lo seguiré haciendo con igual independencia y convicción.

Permítame el lector esta breve digresión que me vino a la mente al releer las notas del encuentro con el presidente del Gobierno aquel 24 de enero de 2007, día en que también fue importante en lo judicial, porque fue el que se abocó al pleno de la Sala de lo Penal el caso de la posible libertad de De Juana Chaos, resuelto al día siguiente en el sentido de mantener la prisión y la alimentación forzosa del recluso. Resulta evidente que algunas de las preguntas sobre la independencia judicial que entonces formulé al presidente estaban, en parte, motivadas por este acontecimiento que, desde luego, podía influir, y, de hecho lo estaba haciendo, en el curso del denominado «proceso de paz».

Zapatero, pese a las dudas electorales en las que se debatía México en los primeros momentos, fue uno de los primeros en felicitar al presidente Calderón, y, eso que, ideológicamente, estaba mucho más próximo al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. Por ese motivo me interesé por el posible consenso o diálogo entre las fuerzas políticas españolas, sobre todo entre los dos partidos principales, respecto de la política hacia Iberoamérica.

El presidente sostuvo que existía un consenso básico, con algún disenso: «Cuando normalmente se quiere llevar al campo de la categoría política interna, partidista, pues también sirve el disenso, de hecho hemos tenido algún disenso sobre Venezuela, conocido, y reconocido, exagerado». Es obvio que no le he podido preguntar, a posteriori, si sigue pensando ahora lo mismo de Venezuela, tras los desencuentros con el presidente Chávez al hilo del cierre de televisión Radio Caracas Televisión en mayo de 2007 y de «la bronca» del «por qué no te callas» de la Cumbre de noviembre de 2007, que tanto ha dado que hablar. En mi opinión, deberíamos reflexionar un poco más cuando, al tratar estos temas, hablamos de lo que se dice y se siente en América Latina, que no siempre coincide, la mayoría de las veces, con lo que en España se dice y opina.

Con respecto a Cuba, el presidente dijo: «Quiero lo mejor para el pueblo cubano, y es evidente que el régimen actual es manifiestamente mejorable, ya que deseamos para todos los países un régimen democrático». Zapatero quiso incidir en la idea del diálogo para subrayar su famoso talante: «Es muy curioso, en la trayectoria política uno vive las circunstancias más sorprendentes. Cuando asumí al liderazgo del Partido Socialista, procuré hacer una política como la que procuro hacer desde el Gobierno, de diálogo, de encuentros, de pactos. Tuve una crítica bastante intensa por hacer pactos con el Gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, el Pacto Antiterrorista, el pacto por la justicia, propuse un pacto por la inmigración. Este pacto no se llegó a concluir porque acabábamos de firmar el Pacto Antiterrorista y yo creo que al Gobierno del PP le parecieron demasiados pactos. Y como tengo la experiencia del Gobierno y de la oposición, donde de verdad se ve quién es dialogante y quiere llegar a acuerdos y a consensos es cuando se está en la oposición, porque al que está en el Gobierno siempre le vienen bien los consensos y los acuerdos. Yo hice una oposición basada en muchos acuerdos y en un diálogo que, insisto, me costó críticas, casi siempre por sectores de opinión determinados. Los ciudadanos valoraron bien esa política de diálogo y de entendimiento en temas trascendentales para el país. Y no cambian fácilmente de criterio los ciudadanos, que no valorarán bien a quienes no quieran facilitar acuerdos, diálogos y consensos. Soy el presidente de Gobierno que más veces se ha reunido con el líder de la oposición para dialogar, el que más veces ha convocado a los presidentes autonómicos, el primero que ha convocado tres conferencias de presidentes para dialogar, para construir, para buscar espacios comunes en muchos temas que afectan directamente a los ciudadanos. Hemos hecho veinte acuerdos con los sindicatos y empresarios. Y desde luego, por mi parte, deseo llegar a diálogos y a acuerdos. El problema es que en un sistema democrático avanzado, como es España, con una ciudadanía muy fuerte, con profundos valores y conocimientos democráticos, la gente sabe que pocas cosas son o blanco o negro y que la posibilidad de buscar puntos de encuentro es una tarea que fortalece a quien la propone, legitima a quien la lleva a la práctica y acredita a quien la respeta».

VIOLENCIA E INMIGRACIÓN

Para concluir, quise hablar de dos temas: la violencia y la inmigración. América Latina es una región que a lo largo de su historia y en las últimas décadas ha sufrido reiterados procesos de violencia, dictaduras, matanzas y violación masiva de los derechos humanos. Hay países, como Colombia, que están rotos por la actuación de las FARC, pero también en un proceso interesante, discutido, polémico de diálogo a través de la Ley de Justicia y Paz para juzgar y reinsertar a los paramilitares, con un total de 36.000 personas o más desmovilizadas, y un proceso de diálogo abierto en La Habana, con el ELN. Hay países, como Perú, que tienen que afrontar la existencia de grupos como Sendero Luminoso que no acaban de desaparecer, u otros en México (EZLN), que se resisten a aceptar las reglas de la democracia. Y España, que sufre el terrorismo de distinto sesgo (internacional y local), pero con una organización terrorista, ETA, que coacciona, extorsiona, amenaza y mata desde hace cuarenta años. ¿Qué puede aportar España en la cooperación o la aportación de soluciones? ¿Y qué puede aprender España también de esa situación, de ese desarrollo y de esas soluciones?

Zapatero afirmó que la historia de la violencia en busca de objetivos políticos está muy presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy las vías políticas y democráticas han ido ganando terreno: «Quizá Colombia es el gran país que queda pendiente, donde además estamos hablando de un nivel de violencia elevadísimo, de tres grupos que han practicado la violencia, como son las FARC, el ELN y los paramilitares. Ante ese clima de violencia, España puede aportar muchas cosas; de hecho, está colaborando con el Gobierno de Uribe, por quien siento una gran admiración. Es uno de los presidentes que he visto con mayor tenacidad a la hora de hacer que su país, a pesar de tanta violencia, tenga una puerta abierta a la esperanza. Y, por supuesto, en ámbitos que no puedo comentar en público, España siempre ha colaborado con Uribe para ver si el horizonte de la paz era un horizonte de futuro».

Para el presidente Zapatero, que ha hecho del diálogo su bandera, la violencia es la negación de la palabra, y la palabra es la esencia de la convivencia, del ser humano: «Si algo nos distingue como seres humanos es la capacidad de comunicación, la capacidad de aprender, de relacionarnos, el potencial de superarnos que tenemos como individuos, como sociedades. Nada detesto más que la violencia. Me ha producido siempre un desgarro interior profundo, porque es la mayor negación de lo que somos y porque es absolutamente inútil en democracia. No hay democracia que ceda a la violencia. Recuerdo que hace un año teníamos un debate sobre el futuro de España, la unidad, la estabilidad, no hay un país democrático que conozca un problema de secesión. No lo hay. La democracia lo imposibilita. No hay ni un solo ejemplo. Los países sólo han tenido problemas de unidad cuando han salido de dictaduras o cuando han sufrido procesos de crisis, de inestabilidad, de regímenes como los que hemos conocido. Pero la democracia siempre gana a la violencia, garantiza la unidad de un país. Y lo que cabe preguntarse es hasta qué punto o cuánto tiempo se atrincherarán los violentos en el fanatismo criminal sabiendo que nunca ganarán y sabiendo que lo único que pueden producir es dolor. El terrorismo, que es la forma contemporánea del uso de la violencia para objetivos políticos, es sin duda una de las grandes asignaturas que la democracia vencerá, la democracia impondrá el fin de la violencia».

Ante esas convicciones tan claras, y siendo un hombre de consenso, me extrañaba que en el ámbito nacional las fuerzas políticas no lleguen a un punto de encuentro mínimo sobre terrorismo; es decir, que se bloqueen por una razón o por otra. Sin entrar en una gran discusión sobre este punto, la evidencia es clara. El debate se ha producido en otros países también, por ejemplo en Colombia. En este país se ha producido un gran debate sobre la violencia terrorista y se sigue desarrollando; en ese escenario, ha habido organizaciones españolas, como el Centro Internacional por la Paz de Toledo, que están haciendo una gran labor de seguimiento y asesoramiento a los diferentes actores institucionales. Y ha habido un debate entre víctimas, políticos y jueces, pero, al final, pese a las discrepancias, se ha llegado a una ley que sigue ese camino. Con esos antecedentes, quise que el presidente nos hablara de España y en este sentido consideró la existencia de dos factores que condicionan un disenso en estos momentos. El primero es que quizá estemos en la fase final, y cuando esa fase final se advierte, el debate se suele intensificar. «Lo deseable es que, sin negar el debate, el diálogo, evitemos una confrontación grave, que es lo que en algunos momentos podemos vivir en nuestro país. Es sencillamente un error para todos, para quien la alimenta y, desde luego, para evitar que se acerque el final de la violencia. Desde mi punto de vista, afortunadamente, en democracia, cuando hay una discrepancia de esta naturaleza y quienes mantienen posiciones muy distantes no son capaces de buscar un punto en el que pueda haber debate, con discrepancias pero también con un cierto terreno común, se impondrá la ley. No olvidemos que, en última instancia, la ley es, o tiene su fuente más poderosa, inapelable en la propia ciudadanía.»

El segundo tiene que ver con cierta percepción de la situación política que vivimos desde las elecciones generales de 2004. «Todos los proyectos políticos que han tenido un tiempo en el Gobierno —incluido al Partido Socialista cuando gobernó y dejó de gobernar—, normalmente tienen un tiempo para asumir su derrota, para hacer la autocrítica de por qué los ciudadanos le han retirado la confianza. Ese tiempo suele durar, suele ser largo, sobre todo cuando estamos hablando de partidos fuertes». En ese momento pensaba en el Partido Popular, que estuvo ocho años en el Gobierno, entre 1996 y 2004, y en el Partido Socialista Obrero Español, que estuvo trece años, entre 1982 y 1996. «Normalmente —continuó— en la medida en que un partido asuma en el menor tiempo posible su derrota y haga autocrítica, los ciudadanos le ayudarán en el futuro más rápidamente. En la medida en que un partido político tarde más en asumirla y analizarla, será peor. El mayor error que puede cometer un líder político de un partido es pensar que pierde por culpa de los ciudadanos. Y me refiero tanto a la derrota del Partido Socialista de 1996, como a la derrota del Partido Popular en 2004. En otras palabras, cuando uno no consigue imponerse en las urnas, el mérito es del que gana, y el fracaso es del que pierde. Los ciudadanos —esto es sagrado en democracia— aciertan siempre. Puede ser que al día siguiente el Gobierno que resulte elegido incurra en un error, pero el día que votan los ciudadanos aciertan siempre. Es muy importante tener esto interiorizado para que las cosas funcionen bien, y me parece conveniente recordarlo.»

La penúltima cuestión que tratamos fue la inmigración. Ya hace tiempo que España ha pasado, y es un tópico, de ser un país exportador de emigración a ser un país importador de emigrantes desde África, desde América Latina o Iberoamérica principalmente. El año 2007 fue noticia no sólo por las pateras que cruzaron el estrecho, sino también por los incidentes que ocurrieron en Alcorcón, un pueblo de la Comunidad de Madrid, que puso de nuevo sobre la mesa el debate nunca acabado de la xenofobia, el racismo, la discriminación, la inseguridad o la confrontación entre comunidades.

Zapatero recordó que en tan sólo seis años España ha alcanzado un nivel de población extranjera muy similar al de la mayoría de los países europeos, que tardaron muchos años en llegar a ese nivel. Sin embargo, la convivencia que existe en España, a pesar de la rapidez y de la intensidad, es muy positiva. «Estos días hemos visto los sucesos en Alcorcón, pero a mí me parece todavía mucho más importante que la mayoría de los ciudadanos que eran preguntados, el alcalde, las fuerzas políticas, todos resaltaban que precisamente en Alcorcón hay una convivencia muy positiva, con un porcentaje del 15 por ciento de inmigrantes. Ésa es la tónica. Somos un pueblo abierto y solidario, sobre todo con América Latina.»

Pero el presidente admitió que la situación planteaba y plantea retos y riesgos: «Todos sabemos que lo que tiene un gran éxito es la aportación económica, pero no olvidemos una cosa: los inmigrantes no son sólo trabajadores, son personas, y una sociedad desarrollada de bienestar como es la nuestra no puede pretender que esas personas sólo sean visibles cuando están haciendo las zanjas de las grandes constructoras de nuestro país, y se conviertan en invisibles cuando concluyan esa tarea. No, son personas, con sus derechos, con sus obligaciones y con sus necesidades sociales. Desde el punto de vista de la convivencia, hay que tener poderosas políticas sociales en educación, en sanidad, en servicios sociales… Ésa es la mejor manera de articular la convivencia, porque si hay cohesión social, la convivencia es fácil. Y los españoles hemos demostrado que somos abiertos y que tenemos una actitud positiva hacia la inmigración. Y es una muestra de éxito de país. Por ello me parece que es muy importante. Los inmigrantes vienen a un país de todos, de derechas y de izquierdas, afectan a todo lo que es el sistema social. Es el cambio cultural, social y demográfico más importante que está teniendo y que va a tener España, que tiene más potencialidades que riesgos, pero algunos de los riesgos son delicados y tenemos que afrontarlos».

Era hora de terminar, aunque el ambiente invitara a continuar. Como casi siempre que he viajado por América Latina, me preguntaban por el presidente del Gobierno, y me decían que lo admiran porque ha impulsado una serie de políticas de igualdad, de leyes contra la violencia de género, una ley del matrimonio homosexual, le comenté que también decían: «Pero es un tipo de ultraizquierda, ¿no?, no habla nada más que con los suyos». Ante esto, le pedí una valoración final introspectiva de esa apreciación que algunas personas tienen.

En su respuesta, mencionó los principales hitos de la acción de su Gobierno: «Desde el primer día, con la retirada de las tropas de Irak, las leyes que hemos impulsado tienen un fundamento, que es la democracia ciudadana: extender derechos, que es la mejor manera de fortalecer la democracia, y pensar que cuando gobiernas eres ante todo un gobernante de los ciudadanos. La primera decisión, la retirada de las tropas de Irak, no sólo era un deseo político, un convencimiento de que esa guerra iba a ser un desastre, y lamento haber acertado en este pronóstico hasta niveles que a mí mismo me sorprenden. Cuando repaso mis intervenciones en los debates parlamentarios sobre la guerra de Irak y las cosas que pronosticaba que podrían pasar, lamento mucho que se estén cumpliendo ahora de una manera tan dramática y trágica. Pero esa primera decisión tiene que ver con mi profundo respeto a la democracia, con mi ferviente defensa de lo que representa la democracia, de haber dado una palabra al pueblo, de poder cumplirla el primer día, y demostrar que se puede cumplir el primer día. Los gobernantes en muchas ocasiones no podemos ni debemos poner tantas excusas a las cosas. Cuando uno tiene el mandato popular, cuando uno tiene el respaldo de la ciudadanía, puede conseguir muchas de las cosas que los ciudadanos sueñan, anhelan y piensan.

»No sé si en este país extender derechos puede considerarse muy de izquierdas. Mi opinión es que no para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y me preocuparía que algunos pensaran que soy un radical, un ultraizquierdista, porque considero que en este país no debe haber señales ni símbolos de una dictadura, ni de un dictador. Esto es lo que en Alemania, en Francia, en Italia sería lo democrático. En una democracia, lo anormal es que alguien tenga suspicacias porque no deba haber simbología que recuerde a una dictadura. Creo que eso es ser radical, no precisamente de izquierdas.

»Y concluyo: también es verdad, eso es lo que tiene, que la democracia es un sistema relativo, ¡hombre!, quizá se puede percibir, si miramos a la derecha de este país en este momento, que yo pueda parecer muy de izquierdas, pero eso está en función de cómo estén los otros también. Mi pensamiento es ante todo un pensamiento democrático y social. Soy un socialdemócrata que cree que en el arranque del siglo XXI la extensión de derechos y, por supuesto, la apuesta por la paz, por la reducción de los conflictos, son los dos ejes que pueden hacer que las democracias mantengan su savia, extendiendo derechos, ya que, a pesar de tener un catálogo históricamente bien establecido en el siglo XX de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, nunca deberemos acabar de construir nuevos derechos de ciudadanía, porque siempre tendremos la capacidad de llenar de más contenido lo que representa una persona, conviviendo en un sistema público. Aumentando y profundizando los derechos y libertades de los ciudadanos, estamos sin duda marcando el camino para que allí donde no hay democracia pueda haberla y allí donde hay injusticias sociales pueda haber menos injusticias sociales».

Quedaban muchos temas, pero no renuncié a hacer al presidente una última pregunta aprovechando la presencia del fiscal general del Estado, que nos acompañaría meses después en otro evento en el que resaltó el papel nuclear del Ministerio Público en una democracia, sobre el papel que esta institución está desarrollando en Iberoamérica y sobre su función y autonomía, conforme a la ley, cuando tantas veces se oyen voces por parte de algunos medios de comunicación, políticos, etcétera, denostando al fiscal y su labor.

José Luis Rodríguez Zapatero quiso destacar que Juan Fernando López Aguilar, el ministro de Justicia, había elaborado un nuevo marco normativo para la Fiscalía General del Estado, que avanza claramente en autonomía y, por tanto, en su independencia: «El papel de la Fiscalía tiene que avanzar en la línea de cobrar más fuerza y más poder. Ésa es mi visión de lo que debe ser la Fiscalía. A la vez, debe tener más autonomía. Estoy convencido de que una de las claves de que la garantía plena de los derechos y libertades de todos los ciudadanos sea cada día más efectiva depende de una Fiscalía con buenos instrumentos, con una buena formación, con la incorporación de todos los medios tecnológicos necesarios. Por ejemplo, una de las cosas que como presidente del Gobierno más me ha sorprendido es la dificultad que supone disponer de unas buenas estadísticas en el ámbito fiscal. Nuestra sociedad, moderna y avanzada, que tiene estadísticas impresionantes en todo, no ha conseguido tener una buena estadística criminal. Y es imprescindible hacer una política criminal adecuada, para ver territorialmente dónde hay que incidir, para ver en qué tipo de delitos, cuál es la etiología, las causas, cómo se produce. En fin, estamos ahora con un ambicioso plan de informatización, no sólo de la justicia, sino de la Fiscalía, y eso es fundamental para la garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades, para la seguridad y para la lucha contra cualquier tipo de delincuencia. Ahora estamos incorporando recursos porque los tenemos, afortunadamente. Esto es hacer Estado, tener una poderosa Fiscalía General del Estado».

Y aquí quedó el diálogo con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque continuó después en comentarios y en tertulia con los que allí se encontraban, y cuyo espectro era bastante amplio. Al día siguiente vendrían algunas curiosas valoraciones de este encuentro, que de haber tenido lugar en Washington Square (Nueva York), donde inicialmente estaba previsto, habría sido igualmente interesante, aunque se hubiera ocupado más del invitado que del «entrevistador»; pero, en fin, tampoco tiene mayor importancia, porque, como crítica, no es mal venida, sino todo lo contrario.

Reconozco que soy un tipo bastante raro, no digo bueno, ¡ojo!, simplemente raro. Llevo a gala que no me conozcan demasiadas personas, soy diferente de quienes presumen de eso y de estar prácticamente contigo a todas horas, aunque apenas hayas cruzado un saludo de compromiso con ellos. Digo esto porque ya he renunciado a destruir ese cliché interesado y parcial que algunos han construido de mí. Allá ellos. Si así son felices, mejor para ellos: les queda el sufrimiento de tener que hablar y opinar sobre personas a las que no pueden soportar. Créame, amable lector, que me aburre predicar mi virtud. No me interesa, y me ocupa un tiempo del que no dispongo.

Una buena amiga me dice que soy el señor de los tiempos. Y, en cierto modo, es verdad. Son mis tiempos, pero, realmente, no son tiempos aislados, exclusivos, sino momentos intensos y compartidos en torno a mil proyectos nuevos y otros ya marchitos, cuyo recuerdo nos sostiene. Son tiempos de esperanza, de manos entrelazadas, de esfuerzos comunes para conseguir metas desconocidas. Soy señor de mis tiempos para cerrar las puertas a todo aquello que carece de interés y utilidad para la sociedad. Sí, mi puerta y mi tiempo están cerrados para aquellos que hacen de su vida la del ataque y la descalificación, y que dominan en una especie de imperio de los necios que está derrotado desde siempre. Existen demasiados sujetos que entran en la categoría de súbditos de ese imperio a los que se le echa demasiada cuenta. Utilizamos un tiempo, más del estrictamente necesario, en hablar de ese tipo de personas que viven fagocitando una realidad y unos valores que desconocen y desprecian, con lo cual, al final, lo único que consiguen es robarnos ese instante que deberíamos emplear en otros esfuerzos positivos para alimentar la conciencia humana y alcanzar la línea del horizonte.

El tiempo que nos ha tocado vivir es tan escaso que deberíamos exprimirlo al máximo para sacarle todo el provecho. En mi caso, amable lector que me ha acompañado a lo largo de estas páginas, necesito ese tiempo no sólo para desarrollar mi trabajo en condiciones decorosas, sino para compartir con usted estas reflexiones, para transmitir el pensamiento de aquellos que tienen algo que aportarnos. Sin duda habrá personas que lean esta obra y no compartan su orientación ni su contenido. No importa. Tan sólo es necesario que haya una persona que, tras su lectura, acepte hacer algo para cambiar las cosas, para mejorar el entorno en el que se mueve, para ser más exigente con los que gestionan la «cosa pública»… Con esto, créame el lector, me doy por satisfecho.

Cuando en mis actividades humanitarias he tenido la oportunidad de encontrarme con personas entregadas en cuerpo y alma a los demás, luchadores constantes por la dignidad de las personas, he aprendido que hablando con aquellos que piensan diferente y respetan esas diferencias se consigue alcanzar el verdadero sentido de la convivencia. Todo ese cúmulo de experiencias contribuyen a formar el carácter y la visión universalista que he procurado transmitir en esta obra, directamente o a través de los diálogos con personas que comparten ilusiones y proyectos similares.

Es cierto que disfruto más con este tipo de actividades que con otras que me darían mayor descanso, o con aquellas que algunos defienden instalados en el insulto o la descalificación. No podemos perder el tiempo, estamos consumiendo hojas del calendario y tenemos la obligación de escribir cada página, aunque sea con letra bruñida. Este ejercicio constante es el que contribuye a una mejor formación y a una mayor aproximación a esa sociedad universal que el mundo necesita para sobrevivir. Es tiempo de acción y de pasar de los altos niveles de colesterol mental a la fibra muscular del compromiso y la responsabilidad.

Con este libro, que recoge una crónica apretada de esfuerzos de muchas personas que trabajaron conmigo y que creen en la fuerza de las ideas y en el esfuerzo racional para construir, he procurado aportar mi pequeño grano de arena y propongo al lector que intente hacer lo propio. Como dice el proverbio hindú: «Cuando todo está perdido, aún nos queda la esperanza», o como reflexionaba Aristóteles: «La esperanza es el sueño de los despiertos». Es necesario hacer realidad el pensamiento hegeliano de tener el valor de equivocarse, porque quien no se arriesga, ni cambia nada ni contribuye a algo diferente que a su propia comodidad. La cultura de la pasividad es para los muertos, los vivos tenemos la obligación de luchar por la utopía. Y en esta lucha, afortunadamente, somos cada vez más los que creemos que a veces lo real y lo posible se pueden fundir en un futuro cierto, porque la valentía y la entrega para conseguirlo nos pone en el camino de ganar la meta.

Nueva York, mi ciudad de adopción, a la que vuelvo y en la que no me siento extraño, me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo me ha mostrado que es posible el encuentro con mi primera ciudad, también de adopción, Madrid, salvando para ello todas las distancias, y que en ese encuentro está la base sobre la que construir y vertebrar la sociedad en la que vivimos y a la que debemos dar forma y moldear bajo los principios de la tolerancia y la paz.

El 2007 ha sido un año de dificultades, pero también de realidades y de reflexión para aprender de los propios errores vividos, errores que, en todo caso, nos harán más fuertes.

El recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA y la mayor radicalización de algunos sectores políticos han sido evidentes en este año que ha cerrado su última hoja de calendario; sin embargo, también ha sido un período intenso en lo judicial, con juicios y sentencias importantes en el ámbito del terrorismo (sentencias por los ataques terroristas del 11-M, y por la consideración de las organizaciones KAS-EKIN, XAKI, como «las entrañas y el corazón» de ETA). El año 2007 acaba con el final de una legislatura abrupta, de desencuentro destructivo entre las diferentes fuerzas políticas, de un deterioro en torno a temas básicos para la convivencia, con unas perspectivas económicas inciertas, una política por fin encauzada respecto al cambio climático; con una (otra) «guerra» entre medios de comunicación y con una Ley de la Memoria Histórica aprobada, pero en stand by; con un mundo tan inseguro como antes, con el asesinato político de Benazir Bhutto, con el terrorismo en Irak, Pakistán y Afganistán, una Palestina en la que no se ve la luz, y una al-Qaeda dispuesta a continuar actuando en todos los frentes, con enfrentamientos políticos entre algunos países iberoamericanos; pero también con nuevos cambios, el próximo fin de la época Bush, nuevas perspectivas en la lucha por los derechos humanos, avance en la igualdad de género. En fin, un panorama ni tan bueno como quizá se esperaba, ni tan malo como se temía, y, desde luego, lleno de esperanza e ilusión para seguir luchando de forma comprometida por mejorar el servicio público a los ciudadanos que son, muchas veces, las víctimas de los olvidos de quienes, también en demasiadas ocasiones, olvidan las prioridades de los gobiernos sobre los gobernados.

En fin, amable lector, cuando llegue aquí, probablemente tenga una visión un poco más completa de Iberoamérica, o al menos eso es lo que he pretendido, con la ayuda inestimable de todas las personas que han prestado su voz y su palabra para compartir en Madrid y en Nueva York aquello que saben y que a todos nos preocupa. Nos esperan tiempos difíciles, pero todavía tenemos el futuro en nuestras manos, tan sólo necesitamos dejar un poco de lado la indiferencia y aprovechar las diferentes sinergias para conseguir mejorar nuestra propia existencia democrática.

Desgraciadamente, el terrorismo continuará siendo un capítulo obligado de nuestra vida, pero debemos asumirlo y hacer que los que nos dirigen asuman que queremos y necesitamos soluciones, y no una presión insoportable que nos lleva hacia una suerte de confrontación innecesaria.

Cuando este libro vea a luz se habrá iniciado una nueva legislatura en la que deberemos poner en práctica todas las buenas intenciones. La política seguirá ocupando una buena parte de nuestras vidas y la justicia también. Alguien me ha dicho que la nueva legislatura será la legislatura de la justicia, esperemos que esas previsiones se cumplan por el bien de toda la ciudadanía. Continuaremos avanzando hacia ámbitos más amplios de encuentro y las avenidas por fin se abrirán, en una especie común iberoamericana bajo el prisma de la igualdad, el respeto y el esfuerzo común. Esto es lo que Nueva York y Madrid, pasando por toda la piel de Iberoamérica, me han enseñado.

12

La línea del horizonte

A lo largo de estas páginas he procurado desarrollar, tomando como punto de partida una serie de encuentros con personalidades españolas, norteamericanas y latinoamericanas, una visión de lo que es el mundo de hoy a través de una crónica trufada de experiencias personales y reflexiones que han procurado reflejar lo acontecido en estos dos últimos años en diferentes áreas, a través de la palabra y el diálogo de personas que viven y se interesan en estos temas, y que, junto a otros que también nos acompañaron, luchan día a día, desde la convicción, por alcanzar esa línea, a veces lejana, a veces próxima, del horizonte, en la que esperanza y utopía se confunden en un abrazo íntimo como el que se ofrece a esa persona querida, entrañable, que te observa con la mirada limpia del esfuerzo diario y de la convicción por alcanzar metas de superación.

Durante dos años hemos dialogado estableciendo un «link» entre tres mundos con formas de pensar distintas. Dialogar significa plantear preguntas dirigidas al fin que se pretende, el diálogo «no significa preguntar por el placer de preguntar y contestar. El diálogo es el marco de un acto cognoscitivo que busca una finalidad».[16] La mía ha sido la de aproximar posturas, aglutinar opiniones y conseguir pensar juntos para crear, para aportar una visión, ni mejor ni peor, pero una más que añada elementos al debate sobre la actualidad del mundo de hoy, un mundo demasiado acelerado, en ocasiones crispado, en el que falta el culto al verdadero diálogo sobre la imposición ontológica que muchos pretenden. Esos dogmas deben desaparecer. La línea del horizonte es esa especie de última frontera de la que hablara John F. Kennedy y que ahora ha sido recuperada por su hermano Ted aplicándola al candidato demócrata Barack Obama: «Yes we can» («Sí, nosotros podemos»). Este lema define esa lucha constante a la que me refiero y cuya base firme se halla en la palabra dialogada que convence.

A lo largo de estos últimos meses, la palabra ha tenido un lugar destacado en España. Las elecciones y sus efectos han estado presentes en nuestras vidas. Han sido tantos los acontecimientos vividos que enumerarlos me ocuparía demasiado tiempo. Seremos todos los españoles y españolas los que disfrutaremos o padeceremos aquello que nosotros hemos construido o construyamos, o, mejor dicho, reconstruyamos, porque lo cierto es que hemos dejado bastante maltrecha la relación interciudadana. Demasiados ataques, sin sanción, se han producido a valores básicos. Espero que la actitud reflexiva de nuestro pueblo salga a relucir más pronto que tarde para reconquistar cuanto antes los espacios de convivencia democrática perdidos.

Vivimos tiempos especialmente convulsos, bajo el imperio de la vergüenza en muchos ámbitos, en los que importa más el resultado de un partido de fútbol que la muerte de cientos de miles de personas en Irak o a causa del hambre, la insalubridad, la falta de medicinas o la corrupción que está en la base de todos estos fenómenos en África o América Latina.

En estos momentos, es necesario pensar el presente para construir el futuro; pero ahora, precisamente ahora debemos hacerlo bien, con solvencia, porque el tiempo se nos acaba. Tal como decía Isaiah Berlin, «la humanidad tiene en sus manos las piezas dispersas del rompecabezas para comprobar si es capaz de ordenar las piezas. De hacerlo o fracasar va a depender que hallemos la verdad, la virtud, la felicidad».[17] En definitiva, construir el futuro apoyados en unos valores basados en las viejas normas universales que diferenciaban a los hombres civilizados, aunque fueran torpes, de los bárbaros, aunque fueran inteligentes, es el reto más importante.[18] De que encontremos el camino para apoyarnos, sin excusa, en esos valores, dependerá el futuro de la humanidad.

No estoy seguro de que estemos haciendo todo lo necesario para corregir ese rumbo. Si se observa la situación del mundo actual, no es para echar las campanas al vuelo. Vientos de recesión y crisis económica, así como inflación de huecas promesas electorales dirigidas a captar el voto con todo el descaro y la seguridad de que algunos no las cumplirán. El cumplimiento no es prioritario, al fin y al cabo «las promesas se hacen para incumplirlas». Lo verdaderamente concluyente y definitivo es obtener el poder sobre todo. Si para ello se tiene que mentir, se miente. El fin justifica los medios, en una interpretación nefasta y barata del pensamiento de Maquiavelo. Luego, cuando se tenga el cetro, ya se verá cómo evolucionan las cosas y cómo se reajustan las piezas en el tablero, para continuar en una partida con las fichas marcadas que nos conduce casi a la perdición.

Sí, realmente no se puede decir que hoy día hayamos obtenido el ideal de felicidad. Con las cifras de la pobreza que nos ofrecen una realidad escalofriante, todos aquellos que desde Davos reflexionan sobre el mundo deberían priorizar la erradicación de esa lacra. Como decía Immanuel Kant, citado por Isaiah Berlin:[19] «De la madera torcida de la humanidad no se hizo nunca una casa recta».

Me atrevo a creer que Kant estaba pensando en los innumerables fracasos que el género humano tenemos; pero, por mi parte, no renuncio a creer que esa madera, si se trata adecuadamente, se puede enderezar. En definitiva, se trata de aprender a «diferenciar realidad de apariencia, diferenciar lo que de verdad realizará plenamente al hombre de lo que tan sólo parece prometer hacerlo así, porque eso es conocimiento y sólo ello nos salvará».[20]

Debemos conocer el mundo, tenemos que aprender a defenderlo en vez de maltratarlo desde los más elementales principios a los más complicados sistemas. La situación que hoy día se vive en países como Irak, Afganistán, Pakistán, Sudán, Somalia, el Congo, Kenia, Palestina, el Líbano y tantos otros es inaceptable e inmoral, porque su solución no depende de las fuerzas de la naturaleza, sino de la voluntad de los hombres, de lo que precisamente carece la clase dirigente. De ahí mi repudio a quienes sólo ostentan el poder y no gobiernan, a los que se apoderan de las conciencias de las personas y sólo las manipulan, a los que prometen y no cumplen, a los que se ríen y avasallan para obtener el poder, a los que corrompen la dignidad de los ciudadanos en vez de comprometerse y luchar por ellos.

Precisamos de una nueva conciencia universal, de un horizonte nuevo que pase del más puro economicismo a la ética en la gestión pública, de la indiferencia a la defensa activa de los derechos básicos para la subsistencia del ser humano. ¿Por qué no atrevernos a dar ese paso que, venciendo las diferencias, nos haga sumar esfuerzos para conseguir unas metas comunes como pueblo?

Me resulta difícil aceptar que esto no sea posible, y a pesar de que las dificultades son enormes pero no insalvables debemos hallar el punto de encuentro.

Observo la realidad y, salvo determinados aspectos y ámbitos en los que la discrepancia se ha instaurado casi definitivamente más por sordera mutua que por separación real, el resto de las cuestiones básicamente son iguales y quizá debemos afrontarlas unidos con una nueva mayoría ilusionante que exija, a quien enarbole la antorcha para conducirla, el compromiso firme y definitivo de la entrega y de la pureza de espíritu.

¿Acaso no piensa el lector que ya debe pasar el tiempo de esos falsos «gurús» que nos agobian permanentemente, que nos adoctrinan sin cesar, que nos dicen lo que debemos o podemos pensar, que a base de editoriales y cartas periodísticas nos manipulan sin dejarnos respirar ni pensar? ¿No cree también que ha llegado el momento de rebelarse contra ese adoctrinamiento? Sí, firmemente me pongo del lado de todos aquellos que se atreven a decir basta, a entregar lo mejor de cada uno de nosotros para construir esa especie de barrera indeleble que impida a esos falsos representantes y malos actores que ocupen un espacio que no les corresponde y, en definitiva, generar un adormecimiento que beneficie sus espurios fines económicos o políticos, que no pueden pasar y no lo harán.

En esta lucha, cada vez es mayor la fuerza de aquellos que rechazamos la cultura de la apariencia y el conformismo. ¿Acaso es que no habrá ideologías? Sí, las habrá, pero existirá una empresa común en la defensa de los derechos humanos. Todavía no somos muchos, pero creceremos y nos haremos una verdadera fuerza de interposición contra la arbitrariedad y la intolerancia. Unas veces será en forma de justicia universal, otras con el repudio a la guerra, otras luchando contra una fracasada e incivil globalización, otras haciéndolo contra las dictaduras, otras desarrollando programas y proyectos de cooperación, otras, en definitiva, defendiendo el derecho a que las fronteras no destruyan la dignidad de los pueblos, haciendo real aquello que en 1972 decía Fernando Ponce: «Las migraciones son un elemento de cohesión con mayor fuerza incluso que otros tipos de unión planificada, porque se producen con la espontaneidad que surge de la necesidad. […] En ellas, el hombre se une a sus semejantes por propia naturaleza comunitaria: la vida en comunidad es una consecuencia inmediata de la necesidad, y su papel resulta decisivo al conseguir traspasar de un solo tajo y para siempre los antiguos enfrentamientos raciales y nacionales».[21]

No es tiempo de egoísmo sino de solidaridad; el mundo de hoy necesita confianza y credibilidad en el sistema democrático representativo, pero también seriedad y un combate frontal y decisivo contra la corrupción. Las consecuencias de la inactividad están siendo demoledoras para la propia especie humana. La exigencia de firmeza, sin fisuras, contra aquellos líderes y empresarios o funcionarios corruptos debe ser total. La «espada de Damocles» de la certeza de la sanción debe hacerles aceptar la inexorabilidad de la misma, y que sólo el abandono de esa política les salvará.

No es difícil conseguirlo, sólo debe generarse la sinergia necesaria para que esta nueva corriente regeneradora y universalista estalle e inunde la vida y las conciencias del mundo entero, y a partir de ahí las cosas pueden cambiar. En realidad, ya lo están haciendo. ¿O acaso no le parece al lector una noticia positiva que el líder conservador norteamericano John McCain haya prometido (El País, 17 de febrero de 2008) que cerrará Guantánamo si gana las elecciones? Es un pequeño paso, aunque impensable en la actual administración del presidente Bush, por lo que algo hemos avanzado. Quizá en un futuro próximo no haya que aguardar a que China organice unos Juegos Olímpicos para exigirle de una vez por todas que respete los derechos humanos, entre otros los del pueblo tibetano.

Realmente no es difícil hacerlo. Sólo precisamos asumir esa conciencia universal innata en cada uno de nosotros que nos llena de indignación ante las imágenes demoledoras de un atentado terrorista, de un campo de refugiados, de las guerras por el poder o de la pobreza extrema, etcétera, etcétera.

No se puede aceptar como algo inevitable que la lucha por los derechos humanos o «las percepciones occidentales de la democracia y de los derechos humanos», en palabras de Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, en el selecto club económico de Davos que el Foro Económico Mundial organiza cada año, son algo caduco. Si aceptáramos esa máxima, caeríamos irremediablemente en una especie de sima profunda de la que jamás volveríamos a salir.

No sé si el mundo necesita un director y una partitura que organice esta coreografía aparentemente imposible de sincronizar, pero lo que sí sé es que el camino que sugieren aquellas palabras o las de las propuestas de penas de muerte en juicios militares sumarísimos a detenidos por terrorismo en Guantánamo, o la negativa de China a evolucionar mínimamente en materia de derechos humanos, o la carrera nuclear ascendente, o la confrontación entre bloques, no es la solución. Todo eso ya se ha ensayado y ha fracasado. Sin embargo, la fuerza del derecho y la razón, la reconstrucción de la comunidad internacional, el diálogo intercultural, un verdadero apoyo a los países emergentes, un control democrático de los recursos, una exigencia de limpieza en la gestión, una justicia social que garantice los derechos en esta materia, son pautas que apenas están desarrolladas. Su consecución es la meta, y el compromiso por obtenerla es el camino verdadero.

El viejo mundo de la injusticia y la impunidad debe ser olvidado y sustituido por otro en el que las palabras justicia y Estado de Derecho sean conceptos cargados de sentido y no meras palabras que adornen los discursos.

Esos discursos embaucan y manipulan con demasiada frecuencia a personas de buena voluntad a través de instituciones tan esenciales como el Gobierno, los partidos políticos, la Iglesia o algunos medios de comunicación, y nuestro deber es desenmascararlos y exigirles tolerancia, claridad democrática y respeto al ciudadano.

Nos sobran los «guantánamos del mundo», especie de gulags de la democracia que agreden a la dignidad humana y nos degradan a todos como seres humanos, así como nos faltan líderes que asuman la doctrina de los derechos humanos como programa electoral y tribunales que se decidan acabar de una vez por todas con la impunidad. Somos los ciudadanos los que deberemos imponer esa doctrina. No hacerlo es participar de esas teorías de la eficacia y la falsa seguridad que en los últimos tiempos han sido ejemplo de la cobardía y del miedo de algunos dirigentes que no han estado a la altura de aquellos a los que debían proteger y defender y que han vulnerado el principio de libertad a la que todo ser humano tiene derecho con discursos vacíos y con voz hueca de telepredicadores millonarios, más prestos al engaño y a la intolerancia que a una verdadera defensa de la sociedad.

Hace varios cientos de años tuvo lugar una confrontación épica entre la tolerancia y la intransigencia en la Ginebra del siglo XVII entre el representante más cruel de esta última, Calvino, y el defensor más preclaro de la primera, Castellio. La carta que este último escribió a quienes le acusaban injustamente es un documento único que Stefan Zweig nos aporta en su obra Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia.[22] Sus palabras son de tremenda actualidad: «… ¿y vosotros? Porque en determinados dogmas y opiniones me aparto de vosotros, me perseguís con rencor por todos los países de la tierra y azuzáis a los otros para que actúen contra mí con la misma hostilidad […] ¡qué secreta amargura debéis de sentir, cuando vuestro comportamiento merecería […] una condena tan completa como la de que “quien odia a su hermano, es un asesino…” Ésos claramente son los preceptos de la verdad, accesibles para cualquiera […] y vosotros mismos los enseñáis con vuestra palabra y en vuestros libros. ¿Por qué no los reconocéis también en vuestra vida?

» … Afirmas conocer la verdad. Entonces, ¿por qué cuando instruyes a los demás, no te instruyes a ti mismo? ¿Por qué, si desde el púlpito predicas que no se debe calumniar, llenas tus libros de calumnias?… Volveos de una vez hacia vosotros mismos y preocupaos de que no sea demasiado tarde. Procurad, si es posible, dudar un momento de vosotros mismos, y veréis lo que ya otros muchos ven. Deponed ese amor propio que os consume, y el odio hacia los demás, especialmente el que tenéis hacia mi persona. Rivalicemos en indulgencia y descubriréis que mi impiedad es tan irreal como la vergüenza con la que buscáis cargarme. Permitid que me aparte de vosotros en algunos puntos de la doctrina. ¿Es que no se puede llegar a que entre hombres piadosos haya al mismo tiempo diversidad de opiniones y conformidad del corazón?…

»No conozco ninguna tierra, ningún país al que pudiera huir, de haber dicho contra vosotros cosas similares a las que vosotros habéis dicho de mí. […] Os pido que respetéis mi libertad y renunciéis al fin a cubrirme con falsas acusaciones. Dejad que profese mi fe sin coaccionarme, tal como os permite a vosotros la vuestra y como yo espontáneamente la reconozco. De todos aquellos cuya doctrina se aparta de la vuestra, no supongáis que están en un error, y no les acuséis acto seguido de herejía…».

Querido lector, el mundo de hoy será lo que nosotros queramos que sea, las piezas del rompecabezas están en nuestras manos, del acierto o desacierto al encajarlas dependerá que consigamos alcanzar la línea del horizonte.

Madrid, marzo de 2008

¿Qué es la justicia universal y cómo surgió?

¿Cómo se pueden defender los derechos humanos y el respecto a las víctimas en las frágiles transiciones a la democracia?

¿Qué futuro le espera a América Latina?

Entre 2005 y 2006, Baltasar Garzón disfrutó de una excedencia que pasó como profesor de la Universidad de Nueva York. Fue un período dedicado a la reflexión sobre estas y otras grandes preguntas del mundo actual, en parte a través de un ciclo de debates en que participaron personalidades de todo el mundo, desde Kissinger y Ernesto Zedillo hasta Felipe González, John Kerry, Antonio Muñoz Molina, Rosa Díez, José Saramago o el presidente Zapatero.

Así es esta obra, un diálogo a muchas voces, trufado de recuerdos y anécdotas personales, en la que el juez Garzón pasa revista a los temas más cruciales: los derechos humanos, el terrorismo, la seguridad, el futuro de la comunicación, la economía, América Latina... Un repaso completo y apasionante de la mano de uno de los actores más interesantes de este mundo globalizado.

Baltasar Garzón (1955) es magistrado-juez de la Audiencia Nacional. Desde ese cargo se ha convertido en una de las figuras más implacables en la persecución del terrorismo y en la defensa de los derechos humanos, con actuaciones determinantes contra la banda ETA y, en el plano internacional, con el trascendental caso Pinochet. Es autor de varios libros, entre ellos Un mundo sin miedo (Plaza & Janés, 2005), que fue un gran éxito de ventas, y ha recibido hasta quince doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo.

Edición en formato digital: diciembre de 2016

© 2008, Baltasar Garzón

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ISBN: 978-84-9992-729-9

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[1] El 18 de febrero de 2008 el partido del presidente paquistaní Pervez Musharraf (PML-Q) obtuvo en las elecciones parlamentarias 38 escaños, mientras que los partidos de oposición de la fallecida Benazir Bhutto (PPP) y de Niewat Sharit (PML-N) obtuvieron 153 y 66 escaños respectivamente, en tanto que los islamistas sólo se hicieron con 13 parlamentarios.

[2] La Vanguardia,9 de marzo de 2005.

[3] Eduardo Martín de Pozuelo, La Vanguardia, 20 de octubre de 2002.

[4] En la actualidad se tramitan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 varias denuncias sobre estos hechos y ello me impide profundizar más en esta materia.

[5] Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violación durante la guerra civil y la dictadura.

[6] En el Juzgado Central de Instrucción número 5 se había iniciado un procedimiento por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales contra Augusto Pinochet y su familia por la disposición de fondos embargados en octubre de 1998, en el sumario 19/97 de dicho juzgado.

[7] Isaiah Berlin, El fuste torcido de la humanidad, Península, Barcelona, 2002.

[8] Es cieto que la justicia es criticable por muchas razones. A veces los errores y fallos producen una desazón intensa, pero el mal es de fondo y está profundamente arraigado. Hasta que no se haga la reforma de la oficina judicial, se aborde la especialización y se cambie el sistema procesal penal, se conseguirá poco.

[9] La época de las turbulencias, RBA, Barcelona, 2008.

[10] Aprobado en la reunión de la OTAN en Rumanía el 3 de marzo de 2008.

[11] Baltasar Garzón, «La verdad bajo la tierra», 2006.

[12] Joaquín Estefanía, «Segunda independencia», El País, 19 de noviembre de 2007.

[13] Kosovo, con apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, se declaró independiente el día 17 de febrero de 2008.

[14] Cuando corrijo las galeradas, existen serias posibilidades de que se libere a Ingrid Betancourt por su delicadísimo estado de salud. Los presidentes de Francia y Venezuela pugnan por obtener el éxito. Ecuador, por su parte, mantiene su postura de dureza frente a Colombia por haber muerto un ciudadano ecuatoriano en el ataque colombiano contra las FARC en territorio de aquel país.

[15] La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, a lo largo de 46 artículos, desgrana los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, desde la autodeterminación, la nacionalidad, la recuperación de sus tradiciones, espiritualidad y patrimonio, la autonomía, la no asimilación forzosa, ni desplazamientos de sus tierras, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el respeto a la dignidad de esos pueblos, el derecho a ser consultados a la hora de implementar, por parte de los estados esta declaración, a los contactos, relaciones y cooperación entre los pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales, entre otros, hasta establecer que los derechos reconocidos en la declaración, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo (artículo 43), e impone que las disposiciones enunciadas en la presente declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe. Está clara cuál es la intención de esta declaración de la ONU, ahora falta por saber cuántos países la van a cumplir y cómo se va a sancionar su incumplimiento, cuando en muchos países, algunos de América Latina, se desconoce la realidad indígena y se desprecian sus costumbres y tradiciones, hasta el punto de llegar a calificar a los indígenas como terroristas por reivindicar sus tierras originarias, como es el caso de los mapuches.

[16] Paulo Freire, Diálogo, Búsqueda-Celadec, Buenos Aires, 1975.

[17] Isaiah Berlin, El fuste torcido de la humanidad, Península, Barcelona, 2002.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Fernando Ponce, Sociedad sin fronteras, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972.

[22] Stefan Zweig, Castellio contra Calvino, El Acantilado, Barcelona, 2001.