Una larga entrevista del gran escritor gallego Manuel Rivas a Baltasar Garzón sobre el acoso que ha padecido el último año y que le ha acabado expulsando de la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón es uno de los jueces más admirados, temidos y denostados de la España democrática. Su trayectoria le ha convertido en protagonista de una infinidad de causas de gran interés mediático, la lucha contra ETA, la lucha contra el narcotráfico, la guerra sucia de los GAL, el caso Pinochet o la memoria histórica. Tres causas abiertas contra él el año pasado le han acabado apartando de la Audiencia Nacional sin que siquiera se haya celebrado el juicio. Isabel Coixet y Manuel Rivas, recogiendo el sentir de gran parte de la sociedad española, se reunieron para dar al juez Garzón la oportunidad de hablar y contar los acontecimientos de los últimos meses y lo que realmente significa la causa contra él. Este es el resultado, un documento único para entender la historia reciente de este país y el modelo de justicia que se quiere imponer.

Baltasar Garzón

La fuerza de la razón

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Título original: La fuerza de la razón

Baltasar Garzón, Marzo de 2011

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A Saramago: la fuerza de la ética,

la razón y la tolerancia.

Escuchando al juez Garzón

El 18 de diciembre, me levanté a las cinco de la mañana para coger un tren a Madrid. Mientras el día se despertaba detrás de las ventanas cubiertas de vaho del AVE, pensamientos contradictorios se paseaban sin rumbo por mi cabeza. Hacía unos meses, en julio, le había escrito al juez Baltasar Garzón, al que no conocía personalmente, con el propósito —aún inconcreto, sin delimitar— de filmar un documento en el que él hablara de la situación por la que estaba atravesando. Como único argumento decía: «… si me preguntas por qué quiero hacer esto, las únicas cosas que se me ocurren son: porque la cantidad de porquería que cada día se vierte sobre ti me causa una indignación visceral que me es difícil explicar con palabras y porque tengo una hija de doce años y no quiero que crezca pensando que a la gente que brilla en su trabajo la castigan precisamente por eso, es la única explicación que poseo». Tras esta primera comunicación, me contestó dándome las gracias, pero sin —comprensiblemente— demasiadas ganas de hablar sobre el proceso —los procesos— que estaba viviendo. Pasaron los meses se fue a La Haya. Aparecieron nuevas causas. A cada nueva noticia alrededor del juez Garzón, crecía mi perplejidad y aumentaba mi estupor. Mi indignación ya no podía ser mayor. Seguí insistiendo. En mi cabeza le daba vueltas a una cita que no sé de dónde había salido, pero que me parecía muy significativa en el caso de la trama judicial que envolvía al juez Garzón: «Un juez inicuo es peor que un verdugo». Finalmente, tras diversas tentativas, quedamos en Madrid. Le pedí a Manolo Rivas —alguien con la templanza de la que yo carezco— que ejerciera de interlocutor. Ahora que se acercaba el momento de rodar algo que había acariciado durante tantos meses, sentí ese extraño hormigueo de alerta en el estómago que siempre antecede a los momentos cruciales. En el apartamento que nos habían prestado hacía mucho frío. El cielo de Madrid, extrañamente plomizo aquel día, no recortaba los tejados con la nitidez que acostumbra. No conseguí averiguar cómo se encendía la calefacción. Llegaron casi al mismo tiempo Baltasar Garzón y Manolo Rivas. Breves saludos. Situamos las cámaras. Colocamos vasos de agua. Y grabamos más de seis horas que recorren la carrera del juez Garzón desde sus inicios hasta este momento en que peligra su permanencia en la carrera judicial. En ellas afloran los temas que, para mí, son absolutamente definitorios del momento que estamos viviendo como país: las mentiras y las calumnias que se repiten de una manera perversa y que acaban convirtiéndose en verdades incuestionables para la opinión pública, los celos y las envidias personales que acaban envenenando cualquier objetividad posible, el concepto de justicia universal que es denostado en el momento en que se habla de conflictos históricos locales, el poder de la corrupción institucional que ha calado de tal manera que el problema no es ya la corrupción sino el que no te pillen. Y, en medio de todo esto, un juez que, a mi modo de ver, no ha hecho más que hacer su trabajo. Con rigor, con pasión y con entusiasmo. Algo de lo que no andamos precisamente sobrados. Al acabar de grabar las seis horas, sentí que el hormigueo de alerta había estado justificado: que había merecido la pena insistir. Los que allí estuvimos ya no teníamos frío.

El montaje de una hora y media, como todos los montajes, es solo uno de los muchos que se podrían haber hecho. Cuando se lo mostramos a Baltasar Garzón, dio su aprobación inmediatamente, sin tocar un fotograma. Luego dijo tímidamente: «¿No se me ve muy crecido?». No dudé en contestar: «Baltasar, si con todo lo que estás pasando no se te viera crecido, ¡empezaría a preocuparme!».

ISABEL COIXET

Barcelona, 16 de enero de 2011

Una injusticia en España

El buen periodismo exige precisión. El titular de un buen editorial en el periódico tal vez más influyente del planeta tiene que llevar la precisión al extremo. Y este fue el titular del primer editorial del New York Times, el 9 de abril de 2010: «An Injustice in Spain».

Sí, una injusticia en España.

Se refería al procesamiento de Baltasar Garzón («el más conocido de los magistrados españoles») por intentar abrir una investigación judicial por los crímenes del franquismo, en particular por la desaparición de más de cien mil personas durante la guerra provocada por el golpe militar de julio de 1936 y la posterior década, la llamada «posguerra», marcada por una represión sin piedad.

El núcleo central de la argumentación podría ser esta frase, directa y lacónica como un aforismo: «Los crímenes reales en este caso son las desapariciones, no la investigación de Garzón». El rotativo destacaba la larga y laboriosa trayectoria de un juez «valeroso», que se enfrentó, dentro y fuera de su país, a poderosas fuerzas criminales, fuesen terroristas, dictadores, políticos corruptos o capos mafiosos. Pero en el editorial del NYT, con esa señalada voluntad de precisión, hay un detalle muy importante. La situación que vive Garzón —y, con él como símbolo, la España democrática— era desvendada como un hiriente contrasentido histórico: «Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it».

Pero a eso asistimos, todavía incrédulos. Al absurdo histórico. A un «auto de fe» inquisitorial a comienzos del siglo XXI. A la fatídica cuenta atrás de una pesadilla que presenta la trama de un cruel oxímoron. El «juez pionero de la justicia universal», (Le Monde) va camino del banquillo. Quien encarna como pocos la justicia democrática es desposeído de su función, de su toga ejemplar, y no solo es procesado, sino sometido a la humillación en el espacio público con el «sambenito» de denuncias tan delirantes como aireadas, propias de un macartismo castizo, esperpéntico, sí, pero torvo y dañino, encriptado en estamentos poderosos. Quien ha tenido el coraje de investigar por vez primera desde el ámbito judicial el holocausto español (según datos actuales, entre 136 062 y 152 237 detenidos-desaparecidos por los que el Consejo de Europa denomina «escuadrones de la muerte franquistas», además de miles de niños robados) está a punto él mismo de ser un «desaparecido» como juez, en un episodio que nos recuerda, entre otros clásicos de la ironía más perturbadora, el capítulo del juicio en Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll: «¡Primero la sentencia!… Tiempo habrá para el veredicto».

«Una injusticia en España», titula el New York Times.

Hace algo más de un siglo, en 1899, otro medio de comunicación entonces muy influyente, el británico Daily Telegraph, publicaba una crónica de J. E. Dillon, que pasaría a la historia del mejor periodismo. La que narraba el segundo consejo de guerra contra Alfred Dreyfus, un oficial francés de origen judío, acusado falsamente de traición. Había sido condenado en un juicio anterior, en 1894, y conducido a presidio en la isla del Diablo, en la Guayana. Ante la evidencia de la injusticia, se tuvo que celebrar un nuevo juicio, el de 1899. Todos los observadores, también el periodista del Daily Telegraph, contaban con que Dreyfus quedaría esta vez libre de toda culpa. Pero…

El capitán Alfred Dreyfus fue una vez más condenado a degradación y encarcelamiento el sábado, el día de su hado, ante un auditorio trémulo de emoción, una ciudad nerviosa y apasionada, y un mundo que permanecía mudo de indignación. Cinco de sus siete jueces se han colocado pues así, ante los ojos de muchos, más allá de las barreras de la humana razón, y fuera del alcance de las llamadas del sentido moral. Su veredicto se considera un ultraje de lo que el grueso de la humanidad considera como verdad y justicia, y los términos contradictorios en que está concebido destruyen la fe incluso en aquel simulacro de sinceridad que presenta un juicio semihipnotizado y una conciencia enteramente falsa.

Así arrancaba la célebre crónica de J. E. Dillon para el Daily Telegraph (puede leerse íntegra en Reportajes de la historia, en Martín y Borja de Riquer, de la editorial Acantilado).

Para evitar que se repita, el tiempo en que debe conjugarse la historia, como nos sugiere Josep Fontana, es un «presente recordado».

Alfred Dreyfus sería finalmente absuelto por el Tribunal Supremo francés en 1906.

Imagino el escándalo de algunos al referirme aquí al caso Dreyfus cuando estamos hablando de Garzón. Es innecesario aclarar que son causas y contextos históricos muy diferentes. Para empezar, el magistrado español todavía no ha sido juzgado. Pero hay un paralelismo que hace del caso Garzón, en cierta forma, el caso Dreyfus de la España contemporánea. Los dos casos tienen en común la conmoción nacional que causaron, la repercusión internacional y el haber sacudido las conciencias del mundo libre ante la evidencia de asistir a la escenificación de la derrota de la verdad y la justicia.

La singularidad de Baltasar Garzón es que ha sido, justamente, un baluarte de la verdad y la justicia. Para España y para el mundo, por su papel de vanguardia en el establecimiento de una jurisdicción universal, que defienda a los humanos, vivan donde vivan, frente a tiranos, genocidas y grandes organizaciones criminales. Porque el crimen se ha globalizado, pero la justicia no. Esto que digo no es una visión subjetiva. Yo no soy un fan del señor Garzón. Pero, como exclamó Jean Cocteau, «¡aquí me tenéis en medio de mi tiempo!». O por decirlo a la manera de Flaubert: «Siempre he intentado vivir en una torre de marfil, pero una marea de mierda no deja de golpear sus muros y amenaza con tirarla abajo».

El caso Garzón no solo afecta a Baltasar Garzón. Para él es un calvario. Es un caso que pone a prueba el despertar de las conciencias. La reacción contraria, la suspensión de las conciencias, sería una catástrofe colectiva.

Pese a toda la «marea de mierda», pese a la intimidación y a las calumnias, hay una verdad objetiva en Baltasar Garzón que resiste toda corrosión. Su obra. Su trabajo honesto. Su compromiso hasta el riesgo de apostar la cabeza. Una apuesta que ha salvado muchas vidas y que ha devuelto la dignidad a otras. Incluso aquellos que ahora se envilecen atacando a un hombre solo ante el peligro, reconocieron y ensalzaron en público la labor del juez. Una demostración de que estamos hablando de un magistrado realmente independiente. La independencia no es una abstracción. Se demuestra en la práctica. Y él la demostró cuando zanjó su relación con la política por una radical exigencia ética.

Todas las reacciones de apoyo en el ámbito internacional tienen un significado. Que Baltasar Garzón tiene, sí, un partido a su favor. El partido sin siglas de la humanidad, de la civilización. La Comisión Internacional de Juristas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch… Las más prestigiosas, destacadas y activas entidades, organismos y asociaciones vinculadas a la justicia y a los derechos humanos en el mundo han expresado su solidaridad con Garzón. Han señalado que fue su actuación en los casos del dictador chileno Pinochet y de los verdugos de la dictadura argentina lo que más hizo por la justicia universal desde Núremberg. Y en esos comunicados de apoyo uno encuentra perlas emocionantes. Como cuando los más reconocidos juristas franceses les recuerdan a los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español una cita de Francisco de Quevedo: «Là oú peu de justice il y a il est dangereux d’avoir raison», («Donde hay poca justicia es peligroso tener razón»).

«Una injusticia en España». Sí, así titulaba el New York Times.

Aquí, en España, otros medios de información, importantes por su difusión, ajenos a su responsabilidad social, ignoran esa injusticia. O invierten los términos y colocan al juez en la diana. Para ellos, todo su historial, su valor, su riesgo, no vale un escrúpulo en la balanza. Se echan, sí, día tras día, toneladas de estiércol. Y es así que a una injusticia se suma otra. No solo se trata de expulsar a Baltasar Garzón de la judicatura, sino de borrarlo, exiliarlo… desaparecerlo.

Pero ese, el desaparecerlo, el borrarlo de la estima de las víctimas, de la mejor historia de nuestro país, es un empeño tan estúpido como inútil.

Creo que la poesía transmite en ocasiones información esencial que no percibimos por otros medios. Ahora, a la memoria acuden unos versos que Nazim Hikmet, poeta turco encarcelado largos años, escribió a Blas de Otero en 1962:

Algunos de nosotros ya tienen sesenta otros más otros hace mucho.

Que no son más que un puñado de huesos.

España es nuestra juventud.

España es una rosa de sangre abierta en nuestro pecho.

España es nuestra amistad en la oscuridad de la muerte.

España es nuestra amistad a la luz de la invencible esperanza.

Una injusticia en España, sí. Veremos cómo se comporta la esperanza.

MANUEL RIVAS

La fuerza de la razón

I

El principio

Si supiera que el mundo se acaba mañana,

yo hoy todavía plantaría un árbol.

MARTIN LUTHER KING

Soy andaluz, natural de Torres (Jaén), un pueblecito de apenas dos mil habitantes, invito a los lectores a que se pierdan unos días por sus alrededores, allá en las faldas de Sierra Mágina. Mis padres eran agricultores y amaban su tierra. Tuvieron que emigrar, como tantos otros, para que sus hijos prosperaran. Vieron a sus hijos crecer y situarse. Su esfuerzo se vio recompensado. Tengo cincuenta y cinco años, estoy casado, tengo tres hijos y una nieta (mi gran alegría de 2010) y soy juez. Estudié en los seminarios de Baeza y Jaén, y después cursé estudios de derecho en la facultad de derecho de la Universidad de Sevilla. Allí preparé mis oposiciones y entré en la Escuela Judicial a finales de 1980.

En el principio suele hallarse la respuesta del después, del presente y del futuro. De alguna forma quedas marcado.

La justicia, desde muy joven, me atrapó. Lo hizo en todos sus aspectos, claves y dimensiones. La justicia fue el medio pero también el fin. Fui juez por ella, soy juez por ella y por ella seguiré siéndolo, a pesar de todo.

No sé bien por qué comparezco en voz y en escritura ante ustedes. Quizá la bondad de quienes conmigo han hecho este trabajo (Isabel Coixet y Manuel Rivas, a quienes agradezco sinceramente su compresión y seriedad profesional) o quizá la necesidad de dar salida a lo que siempre se queda dentro. Pienso que, por todo lo que está sucediendo en torno a mi persona, me gustaría ofrecer un poco de claridad y transparencia. No sé… como un acto de abrirse y compartir. No me guía la necesidad de justificación; tendrán que ser aquellos que han creado este escenario los que deberán explicar la trama y el desarrollo del guión, que, a día de hoy, continúan engrosando con nuevas acciones denigratorias; pero sí me induce a hacerlo la atención que puedan prestar a mis palabras las buenas gentes, los que están deseosos de conocer algunas claves. Lo que sigue es la transcripción íntegra de la conversación que mantuve con Manuel Rivas el 18 de diciembre de 2010, corregida a la luz de lo acontecido hasta el 12 de febrero de 2011. También he incorporado algunas reflexiones al hilo de la conversación, intentando mantener siempre el tono coloquial del diálogo.

MANUEL RIVAS: Empecemos por el principio. ¿Cuántos años lleva usted de juez?

BALTASAR GARZÓN: Llevo treinta. Curiosamente, se van a cumplir treinta años casi coincidiendo con la fecha de juicio previsible. Tomé posesión de mi primer destino el 13 de febrero de 1981. (Los acontecimientos posteriores a esta conversación han demostrado que la fecha del juicio no está fijada, y a día de hoy no sé cuándo tendrá lugar el mismo).

MR: Cuéntenos cómo fue ese comienzo, ese arranque, el primer juicio…

BG: La verdad es que ya hace mucho tiempo, pero lo recuerdo muy bien. Me tocó un pueblo que tiene unos catorce mil habitantes, Valverde del Camino, en Huelva, perdido allí en la sierra, en la comarca de El Andévalo. Es un pueblo muy conocido por los botos camperos y por los muebles; como pueblo industrial sufrió o ha venido sufriendo las crisis cíclicas del sector. Pero es un pueblo muy peculiar, muy abierto, muy cariñosas sus gentes, y con un partido judicial amplísimo, uno de los más grandes de España.

La primera vez que llegué allí estaban en carnavales; febrero, claro. Allí se celebran los carnavales de una forma muy curiosa: los celebran en el campo, en una zona que se llama Los Pinos. Fui a tomar posesión y no había nadie en el juzgado. Eran las diez de la mañana y allí no había nadie. Me encontré con el juez de distrito —entonces—, que hacía la sustitución hasta que yo llegara, y le pregunté: «¿Qué pasa aquí que no hay nadie?». Y el del juzgado me contestó: «No, es que es carnaval». Digo: «Bueno, carnaval, pero es un día laborable». Y me responde: «No, aquí es que vienen más tarde; a las doce y pico aproximadamente comenzarán a llegar». Entonces yo, muy digno, dije: «Oiga, por favor, esto es el primer día, pero mañana yo quiero aquí a la gente a las nueve de la mañana». Y por más que me decía que era carnaval, yo mantenía que había que trabajar a las nueve.

Obviamente, al día siguiente a las nueve no había nadie. Llegaron a las doce del mediodía. Así que decidí averiguar qué era eso de los carnavales en Los Pinos de Valverde, y la verdad es que era asombroso. Todo el mundo decía: «No, es que hemos estado en los putacos». ¿Qué serán los putacos? Bueno, los putacos eran unas casetas donde se celebraban los carnavales, y allí yo fui movido por mi afán investigador. Evidentemente, al día siguiente tampoco entré a las nueve, sino bastante más tarde, porque era una fiesta muy divertida.

En cuanto al primer juicio, recuerdo que era de un robo, pero como era el primer juicio yo llevaba escrito en una «chuletita» las cosas que teníamos que decir en él, para no equivocarme. Pero, claro, me entusiasmé tanto que, directamente, del interrogatorio del acusado pasé al informe del fiscal. Y el fiscal, Carlos Pérez Cáceres, me dijo: «Sí, sí, yo puedo calificar e informar, pero primero quiero tomarles declaración a los testigos». Me había ido directamente al final del juicio.

Es curioso cómo se entrecruzan los caminos en la vida. Casi treinta años después, el 9 de septiembre de 2010, estuve por última vez en Valverde. Ese día me hicieron hijo predilecto de la ciudad y también se produjo una de las resoluciones del instructor del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el caso de Nueva York, uno de los tres que contra mí desarrolla el citado tribunal, que más indignación y desazón, como juez, me ha producido en estos casi dos años de sinrazón judicial a la que me encuentro sometido. En ella se hacen determinadas valoraciones y apreciaciones alejadas de la realidad de la causa, y en las que se prescinde de los elementos básicos a los que debe responder una resolución judicial, como son la verdad basada en los indicios y la imparcialidad basada en la ausencia de prevención o toma de postura del juez instructor. Cuando se cometen este tipo de irregularidades, mantenidas en resoluciones posteriores, sin corregir la postura que se demuestra equivocada, se instaura un precedente peligroso nada favorable a lo que debe ser una instrucción judicial correcta e imparcial, como en los tiempos en que el principio inquisitivo regía sobre la presunción de inocencia y existía una especie de derecho «individualizado» interpretado de una manera concreta, extrema, para atacar a una determinada persona, que, de alguna forma, adelanta lo que va a ser el resultado final condenatorio, por inverosímil que pueda parecer.

En fin, allí comenzó la andadura. Después, me marché a Jaén, a Villacarrillo, también un partido judicial muy extenso. Es una zona distinta de Valverde, porque es más agrícola, muy centrada en la producción del olivo y del aceite. Ese es el motor fundamental de subsistencia de toda esa parte, como toda la provincia de Jaén, que es la mía, además.

En Villacarrillo permanecí casi tres años, tranquilos en lo personal y familiar y de aprendizaje y formación jurídica en lo profesional, por la variedad de asuntos judiciales a los que me enfrenté. De nuevo, uno de los casos más emblemáticos a los que me enfrenté en este partido judicial, a comienzos de los años ochenta, tuvo que ver con lo que, casi treinta años después, me llevará a sentarme en el banquillo de los acusados por haber intentado investigar los crímenes franquistas. En aquella ocasión, el ataque lo recibió un monumento que conmemoraba el fusilamiento de diecinueve personas en el paraje de El Cornicabral, en Beas de Segura; las cruces y el altar que lo recordaban fueron arrancados por una decisión arbitraria del Ayuntamiento, sin contar con las víctimas de los que allí habían perdido sus vidas ilegalmente. Dicté sentencia por la que ordené la reinstalación del monumento y, después, con la debida dignidad al recuerdo de las víctimas, se trasladó el mismo al cementerio. Hoy, en forma masiva las responsabilidades de quienes atentaron contra los más elementales derechos del ser humano en España tras la Guerra Civil, no pueden ser investigadas, pero sí se puede juzgar al juez que lo intentó. Paradojas de la vida judicial española, incomprensibles para una gran parte de las personas de buena fe, pero que no han sucedido por primera vez ni, desgraciadamente, será la última que las veamos.

A principios del mes de agosto de 1983, tome posesión como magistrado, dos años y medio después de haber iniciado la carrera como juez, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Vitoria-Gasteiz (Álava). Allí estuve un tiempo escaso, pero muy intenso y difícil, porque desgraciadamente coincidió con las inundaciones del año 1983 en el País Vasco. Fue la llamada «gota fría», que cayó en el mes de agosto y dejó prácticamente incomunicadas a las tres provincias. Y el único juez que estaba en Vitoria, y prácticamente el único con posibilidades de actuación en el País Vasco, era yo, de modo que tuve que hacer labores propias de juez desde mi jurisdicción en otras provincias, como levantamiento de cadáveres, traslados de cuerpos, etc. Recuerdo que la tensión del momento llevó a un militar a suicidarse.

Allí tuve mis primeros contactos con el tema del terrorismo y con las actividades que los diferentes grupos violentos desarrollaban. También conocí de primera mano las fricciones y el choque social entre unos y otros, y el temor y el miedo, pero también la valentía, con que los miembros de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado desarrollaban su trabajo. Eran unos años muy duros, con muchos muertos y muchos atentados, y aunque no teníamos competencia para temas de terrorismo, sí que se sufrían las consecuencias, que después han constituido prácticamente el núcleo de mi vida profesional.

Recuerdo un caso, que tuvo gran trascendencia a escala nacional, especialmente en la prensa, referido a la supuesta apología del terrorismo de un sacerdote, por el contenido de la homilía que había pronunciado en memoria de uno de los dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que habían muerto en Usurbil cuando manipulaban un artefacto explosivo. Se recibieron órdenes desde el Ministerio del Interior para que se procediera a la detención y puesta a disposición judicial del sacerdote. El abogado era Juanmari Bandrés. Finalmente, de acuerdo con el fiscal, Alfonso Haya, le puse en libertad, con las consiguientes críticas de algún alto cargo del gobierno de la época y la reacción desde la prensa (el diario ABC, con portada de Mingote, recuerdo que había titulado algo así como «El cura felón y el obispo mudo»). Curiosamente, el asunto acabó en la Audiencia Nacional, y el entonces juez central de instrucción, Carlos Dívar Blanco, hoy presidente del Tribunal Supremo, archivó el asunto. Desconozco si fue objeto de críticas o no. Por aquel entonces, ni de lejos imaginaba yo que, pocos años después, acabaría en la Audiencia Nacional.

De Vitoria pasé al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Almería, en el que estuve cuatro años. Fue un tiempo de mucho trabajo, pero también una época en la que pude desarrollar la profesión con mucha tranquilidad. De los diferentes y múltiples casos, recuerdo que tuve mi primer caso de imprudencia médica y otro de torturas y malos tratos, cometidos por unos policías municipales contra unos inmigrantes detenidos que causó un gran revuelo en la capital, finalmente resultaron condenados. Años después, ya en la Audiencia Nacional, volví a Almería con una investigación referida a Juan Asensio, famoso y violento personaje de Almería, persona que siempre había gozado de impunidad y cuyas actividades presuntamente delictivas en el marco del crimen organizado, aunque habían sido investigadas, incluido el posible asesinato de su esposa, nunca se le habían podido demostrar con pruebas suficientes para poder condenarlo. En esta ocasión gracias a la cooperación entre los jueces almerienses y el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional conseguimos demostrar su participación en un homicidio y en la posesión de explosivos. Deuda saldada con la sociedad almeriense. Era una espina clavada que no me dejó descansar hasta que terminé sacándomela con su detención en 1992.

El siguiente paso fue Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, como inspector delegado. Fui uno de los inspectores más jóvenes que entraron, porque Ignacio Sierra, —gran magistrado— entonces jefe de ese servicio, quiso reactivar la inspección y consiguió que la antigüedad para desempeñar ese cargo pasara de diez años a cinco. Eso produjo una considerable renovación, porque llegamos unos cuantos que llevábamos pocos años de magistrados pero que teníamos muchas ganas de trabajar.

De aquella época recuerdo el caso de Marbella. La inspección de los juzgados de esa ciudad malagueña, ya conflictiva en aquel tiempo, fue especialmente complicada. Era conocido en los diferentes ambientes de toda Andalucía que en los mismos, o en alguno de ellos, podían existir graves irregularidades. Así lo comprobé y propuse que se abrieran determinados expedientes disciplinarios, lo que se aceptó en un primer momento. No obstante, después de ciertas discrepancias por el apoyo que tenían algunos de los afectados en el CGPJ, la decisión se dulcificó y se tradujo en un mero seguimiento de la actividad del juzgado. Esto me marcó y estuvo en la base de mi decisión de salir de la inspección y buscar otro destino. Años después, aquel informe daría lugar al inicio de investigaciones cuyo resultado fue uno de los mayores procesos contra la corrupción que han existido en España.

II

La trayectoria

Una injusticia hecha a uno solo es una

amenaza hecha a todos.

MONTESQUIEU

La justicia ha hecho de mí lo que soy, no solo profesionalmente o como profesional sino como persona, porque se trata de unos valores, de principios que forman parte de ti como persona, y de cómo quieres vivir tu vida, fiel a ellos. Ha marcado el cauce por donde ha discurrido mi trabajo. Los hechos en sus infinitas variantes (terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, corrupción, justicia universal) han tenido mi respuesta en clave de justicia y, a la vez, me han formado de una manera concreta.

El 16 de febrero de 1988, pasé a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Instrucción n.º 5, donde he estado veintitrés años, si contamos también este período incierto en el que me hallo desde que el 14 de mayo de 2010 el Consejo General del Poder Judicial me suspendió provisionalmente en mis funciones jurisdiccionales por la investigación de los crímenes del franquismo. No obstante, durante todo este tiempo hubo tres períodos en los que estuve temporalmente fuera del juzgado. Uno, cuando en 1993 fui elegido diputado al Congreso y delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, hasta mi dimisión, apenas un año después; el segundo, cuando permanecí con una licencia por estudios un año y algunos meses en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York como senior fellow en el Center on Law and Security de la Facultad de Derecho y como titular (agregado) de la cátedra de Cultura Hispánica en el Centro Rey Juan Carlos I de Nueva York, en el área de derechos humanos; y ahora, desde mi suspensión, estoy en la fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, desarrollando investigaciones y apoyando, como consultor, a los investigadores y analistas en varios casos de crímenes masivos en el Congo, Kenia y Colombia, además de participar en aquellos otros casos en los que el fiscal, Luis Moreno Ocampo, lo considere oportuno. En total veintitrés años.

MR: Veintitrés años. Cuando entró en la Audiencia Nacional, ¿tenía conciencia de que era un paso importante y decisivo? De alguna forma, ¿valoró la condición como de tribunal de excepción que tiene esta Audiencia Nacional?

BG: Desde siempre, algunos han proclamado la categoría de tribunal especial o excepcional de la Audiencia Nacional, pero no deja de ser un tópico que, como casi todos los tópicos, es falso. Incluso se planteó la cuestión ante el Tribunal Constitucional, que en 1987 dejó claramente establecido que no era un tribunal especial, sino ordinario aunque con jurisdicción especializada, en razón de las materias propias de su competencia en el área penal. El juez de la Audiencia Nacional no será el juez natural del lugar donde acontecieron los hechos, pero sí que es el predeterminado por la ley y, por tanto, juez constitucional. Además, en múltiples casos, como el narcotráfico, que puede idearse en un país, se comienza a ejecutar en otro, se desarrolla en un tercero y produce sus efectos en un cuarto, los crímenes contra la humanidad, los de terrorismo, los cometidos en el extranjero, etc., es muy difícil determinar la competencia y, por ello, deben someterse a la investigación y conocimiento de un organismo judicial nacional, como la Audiencia Nacional. Siempre he creído en la necesidad de ese órgano judicial, aunque con una redefinición de las competencias, más enfocadas a los crímenes transnacionales y complejos, así como a los que son objeto de tipificación en el Estatuto de Roma, el terrorismo y la criminalidad organizada, criminalidad económica-financiera y la corrupción a ellos asociada. Por el contrario, los crímenes que afectan a las instituciones y la falsificación de moneda, aunque fuera organizada, deberían tener otro marco competencial. Un organismo como la Audiencia Nacional resulta imprescindible, hoy día, para combatir adecuadamente desde la administración de justicia las nuevas formas de delincuencia internacional y de alcance global y los desafíos que comportan.

Desde luego, sí percibí al llegar que era un tribunal complejo, precisamente por los temas a los que extendía su jurisdicción de acuerdo con la LOPJ y sobre todo por el terrorismo. Es decir, estamos hablando de finales de los años ochenta, unos momentos muy duros por la intensa actividad de la organización terrorista ETA y de otras organizaciones como Terra Lliure, Exército Gerrilheiro do Povo Galego Ceive o los Grupos Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), del terrorismo internacional representado por organizaciones de extrema izquierda europeas, o del terrorismo de extrema derecha o que operaba en el norte de África u Oriente Próximo, etc. En fin, había una serie de grupos y organizaciones que, para un juez que no tenía todavía la experiencia de enfrentarse a ese tipo de fenómenos, hacían que la tarea fuera muy importante y muy tensa, porque al fin y al cabo no sabías a qué te enfrentabas.

Cuando elegí la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción n.º 5, tenía también la posibilidad de haberme ido a otros juzgados de España. No llevaba mucho tiempo en Madrid, mi familia poco más de un año y yo un par de años, es decir, no teníamos arraigo ninguno aquí, podríamos habernos marchado. Pero yo sí lo tuve claro en el momento de decidirme, porque me atrajo, me prendió con una fuerza impresionante el tema del terrorismo, y sobre todo el de ETA. Yo quería participar desde el ámbito de la justicia en ese combate frente a la violencia terrorista, una lacra que para mí nunca ha tenido sentido, absolutamente ninguno en un sistema democrático. He dedicado la mayor parte de mi vida profesional a luchar contra ese tipo de violencia venga de donde venga. El discurso político no debería verse mediatizado por el asesinato, el secuestro o la desaparición de aquellos que no piensan igual que tú. Por otra parte, no me gusta el uso frívolo que algunos hacen del fenómeno terrorista y de las víctimas ni su utilización como arma política. Para este tipo de gente, que puede estar dentro o fuera de las instituciones, con o sin responsabilidad política o social, todo vale con tal de cargar contra el oponente, aunque sea mintiendo o manipulando la verdad de las cosas.

Esa fue la razón principal por la que elegí incorporarme a la Audiencia Nacional. En el Consejo General del Poder Judicial no estaba contento, porque, aunque el sistema de inspección era bueno, luego, a la hora de exigir las responsabilidades, los resultados eran escasos y en verdad no estábamos a la altura de lo que exigían la sociedad y la realidad de las cosas, ante una justicia lenta y desprovista de los medios suficientes para desarrollar su labor en unas condiciones aceptables. El esfuerzo de los jueces y fiscales, en aquellos tiempos, no se veía compensado con los resultados obtenidos. A veces era el puro voluntarismo de los jueces el que suplía la ineficacia de la administración. Recuerdo que se decía que la administración de justicia era un servicio público que interesaba que funcionara de forma discretamente ineficaz. En cualquier caso, lo cierto es que consideré que no podía hacer aquello que creía que se debía hacer y, al no tener capacidad para cambiarlo, opté por trabajar en otro destino para desarrollar la labor de juez y tratar de hacerlo de forma más ágil y más próxima al ciudadano. Así que me fui directamente a la jurisdicción, que realmente es lo que siempre me ha gustado. De hecho, cuando a veces me preguntan por qué soy juez, digo que esa vocación viene de lejos. Desde los diecisiete años quise ser juez.

¿Razones? Siempre hay un momento en la vida que te marca lo que quieres hacer. Para mí fue una conversación, una charla con un juez que estaba en aquellos tiempos en las proximidades de Baeza, donde yo estudiaba, que nos habló de la profesión del derecho y de la de juez, y ahí comenzaron mis deseos de serlo. Y así fue.

Al llegar a la Audiencia Nacional, lo primero que me encontré, efectivamente, fueron todas y cada una de las competencias propias que después he procurado desarrollar. Existían casos de investigación de narcotráfico, casos de ETA, y sobre todo me encontré, días después de mi toma de posesión, tras resolver la sala un recurso de apelación contra el auto de archivo dictado por el juez de instrucción anterior, el caso GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que, por tanto, estaba cerrado en aquel momento. En los primeros días de marzo devolvieron esa investigación, concluida por mi antecesor. Entonces se abrió para mí un camino que resultó complejísimo pero también muy motivador, porque ponía en juego lo que para la justicia y el Estado de Derecho debía ser y lo que no podía ser; es decir, se trataba de resolver la confrontación entre la lucha contra el terrorismo desde el respeto y al amparo de la ley, que es lo que nos legitima, y esa deriva peligrosa que siempre ha habido en las sociedades o, mejor dicho, en algunos de sus líderes o gobernantes, tanto autoritarios como, a veces también, democráticos, de traspasar los límites de la ley en aras de una mal entendida seguridad y eficacia, entre otros tantos argumentos dados para justificar la impotencia de afrontar con eficacia y garantías las respuestas a aquel fenómeno. Me refiero a la tentación de los gobernantes, de aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, que, ante la aparente imposibilidad de hacer frente al fenómeno terrorista o cuando este les desborda, justifican o acuden a vías ilegales, cruzando el límite infranqueable de la legalidad. Una vez que se cruza ese límite se ha perdido todo, y cualquier cosa que suceda se justifica. Es la teoría de los llamados «espacios sin derecho», que tanto daño y dolor han causado en momentos concretos como los de las dictaduras, la represión, los escuadrones de la muerte, el del GAL, la guerra de Irak, etc. Es el fracaso de la democracia y de la ética y el triunfo de la irracionalidad del poder arbitrario y sin más límite que el de la voluntad del que lo ejerce.

Siempre recuerdo una frase del general Dalla Chiesa. Cuando en el año 1978, en Italia, las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro, el presidente de la Democracia Cristiana, Dalla Chiesa, que era un profundo demócrata, era el responsable del mando único antiterrorista (años más tarde, en 1982, lo asesinó la mafia en Palermo; siempre se llevan a los mejores, ¿no?). Pues bien, estando Aldo Moro secuestrado, se detuvo a un miembro de cierta relevancia de las Brigadas Rojas. Entonces, alguien planteó la posibilidad de torturarlo, para que de esta forma revelara el lugar donde estaba Aldo Moro y salvarlo. Y el general Dalla Chiesa contestó algo que se me quedó grabado desde que lo leí en aquella época. Dijo: «Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura». Esa es la enseñanza básica que a mí me ha guiado siempre cuando me he enfrentado a hechos complejos, al crimen organizado, al terrorismo: nunca podemos perder el punto de vista de que el límite lo marca la ley, pero además también la interpretación de la ley. No podemos dejarnos o abandonarnos en la comodidad. Y, muchas veces, aplicar la ley es difícil, cuesta mucho; es más cómodo decir: «Bueno, tampoco sé cómo se obtuvo aquello, pero no importa». No, no, hay que saberlo y hay que ser muy rígidos en esas cuestiones. Porque eso, insisto, es lo que nos da la fortaleza para enfrentarnos a quienes violentan nuestra convivencia con el terror y el delito.

De hecho, cuando España abordó la investigación sobre los GAL, primero contra los ejecutores y luego contra los ideólogos, llevándola hasta el final, se hizo con todas las garantías y los responsables fueron condenados tras el juicio oral y público correspondiente; lo mismo sucedió con otras investigaciones que demostraron que los límites se habían traspasado gravemente y se sancionó la transgresión. Los casos del GAL, de Lasa y Zabala, de Oñaederra, de García Goena, entre otros, se llevaron adelante con diferentes resultados, pero con todas las garantías, y nunca deben ser olvidados, porque el olvido llevaría a cometer de nuevo los mismos errores. La legitimidad del Estado y de sus instituciones siempre debe estar fuera de toda duda, y por eso resulta inaceptable cualquier extralimitación o justificación de lo ilegal u otro tipo de discursos propagandísticos del terror y del miedo como marco para la represión de los ciudadanos. Esta es la única forma de demostrar cuál es la diferencia y la fuerza ética de nuestra lucha. Se acabaron todos aquellos argumentos que hasta ese momento se lanzaban contra España, no solo desde la organización terrorista y su entorno, sino desde otros países, como un país donde se investigaba el terrorismo pero también se consentían los excesos. Quedó claro que esto no debería suceder nunca más.

MR: Precisamente, cuando usted investigó la guerra sucia, parecía que se iba a acabar el mundo, ¿no?

BG: Bueno, eso siempre ocurre. Yo sostengo que ninguna sociedad se rompe porque se aplique la justicia, ni en la situación más compleja. Aunque podemos discrepar en cuándo, en qué momento hacerlo.

Es verdad que en ciertos momentos puede haber una confrontación dura entre una posición y otra, entre un estamento y otro, pero nunca se rompe una sociedad, y una sociedad democrática mucho menos, porque, además, uno de los valores y principios que la sustentan es precisamente el de la justicia. Por tanto, es falso ese discurso. Como lo ha sido no solamente respecto del terrorismo, sino respecto de los crímenes contra la humanidad, las dictaduras, etc. Ese es un discurso que sostienen aquellos que son partidarios de la impunidad y de que no se haga absolutamente nada. En estos casos siempre defienden la inacción y harán prevalecer el interés político, económico o diplomático sobre el de la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Esto ha sido especialmente evidente en los casos del Tíbet, Gaza e Israel y Estados Unidos en los casos Couso (asesinato de un cámara español en Bagdad en noviembre de 2003 por un disparo de un tanque norteamericano) y Guantánamo, (prácticas de torturas en el centro de detención de Estados Unidos en la bahía del mismo nombre, en Cuba, respecto de los enemigos no combatientes y supuestos terroristas de Al-Qaeda).

En esos momentos se producen situaciones que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, cuando investigaba el caso de los GAL me parecía llamativo que algunos comentaristas escribieran en los medios de comunicación justificando las acciones delictivas de dichos grupos terroristas y opinaran, sin ningún rubor, que al fin y al cabo las víctimas eran terroristas y que si habían muerto algunos que no lo eran tampoco era tan grave, porque ellos estaban matando, o que algo tendrían que esconder cuando estaban en el sur de Francia. Pero luego, curiosamente, cuando, tras las investigaciones judiciales, surgió el tema de la supuesta desviación masiva de fondos reservados y de que había habido algún aprovechamiento y utilización ilícita de los mismos por parte de algunos responsables públicos, entonces esos mismos dijeron: «¡Ah, bueno, esto ya es otra cosa! Si han metido la mano en la caja, entonces es otra cosa».

Objetivamente, la gravedad de un asesinato es mucho mayor que la de haberse llevado unos fondos para fines distintos de los marcados por la ley, y, sin embargo, la primera acción se justifica más que la segunda. Por paradójico que pueda resultar, así es, y ello sucede porque, por una parte, consideras al que ha sido asesinado como terrorista, por tanto, desprovisto de derechos, así que no te importa o no te afecta su suerte. En cambio, la apropiación de los fondos se percibe como algo que nos perjudica directamente al tratarse de dinero público. Sería tanto como admitir que el uso para fines ocultos o desconocidos está justificado, pero que no lo está si además alguien se lucra. Afortunadamente, aquellos tiempos ya pasaron. Y es verdad que en todos estos fenómenos hemos ido evolucionando hacia un concepto de víctima universal; no solo en el terrorismo, sino en los crímenes masivos, en los crímenes contra la humanidad, en los genocidios. Es decir, el ciudadano también se ha ido educando y ha ido comprendiendo estos fenómenos.

Además, en mi opinión, es justo reconocer que, en el ámbito de la justicia universal, la justicia en España, como suma de los diferentes estamentos (no solo el juez Baltasar Garzón, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, sino todos, en los diferentes grados que les han correspondido), ha contribuido a lo largo de doce años, con todos los altibajos y obstáculos que haya podido haber, a generar esa sensación, esa concepción de legalidad, de que víctimas lo somos todos, sean extranjeros o españoles. Es decir, se ha ido asimilando ese concepto de víctima universal, lo cual es importantísimo, porque ha puesto a las víctimas donde tienen que estar, en el primer plano de protección, cuando en aquella época no lo estaban. Sobre todo no lo estaban en el ámbito del terrorismo, donde a las víctimas se las marginaba, eran algo que se quería mantener oculto. No están lejos, aún, aquellos días en los que en el País Vasco era casi un acto de heroísmo asistir a las exequias de las víctimas de ETA. Afortunadamente, hechos como el asesinato de Tomás y Valiente, cuyo cadáver levanté en la sede de la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996, la liberación de Ortega Lara en 1997, en la que también participé, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, asesinado días después, y la respuesta a los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid, han hecho que en España las víctimas del terrorismo ocupen un papel protagónico, reconocido recientemente al máximo nivel autonómico y estatal, papel que aún no han conseguido las miles de víctimas del franquismo, más allá del derecho a la reparación moral que les otorga la Ley de la Memoria Histórica, desconocida todavía por algunas comunidades y municipios, y lejos de los estándares de justicia, verdad y reparación como los entiende el derecho internacional.

MR: Sí, es que tendemos a ver la justicia como una burocracia, como una maquinaria o como una abstracción, pero al final quienes dan los pasos son personas concretas, ¿no? Usted nos ha hablado de varios casos. Quiero decir, sin esa voluntad personal, sin ese factor humano, ¿se hubieran dado esos pasos? ¿No le han dicho a usted? «Pero ¿por qué se mete?», incluso en el propio ámbito de la justicia. ¿Cómo se mete en esto?

BG: Pero eso siempre ocurre. Aquel que toma la decisión de comprometerse, sea en el ámbito de la justicia o sea en cualquier otro ámbito, va a tener críticos. También va a haber gente, normalmente gente de la calle, que no tiene poder, que le va a decir: «¡Qué bien, menos mal!, alguien tenía que hacer esto». Pero, desde luego, también vas a tener detractores ilustrados, que clamarán escandalizados: «¿Cómo es posible? ¡Esto no puede ser! Pero ¿adónde vamos a ir a parar? ¿Y nuestras relaciones? ¿Dónde está la lógica de esas actuaciones para que no perjudiquen el interés de España o de los ciudadanos?». Bueno, eso es normal. Pero la única forma —o al menos la única forma que yo he ido aprendiendo con el tiempo— de hacer frente a este tipo de fenómenos complejos que afectan a la seguridad de los ciudadanos (el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo, etc.), es enfrentándote a ellos, no como una especie de Ivanhoe o de héroe solitario, sino actuando de forma integrada, próxima y coordinada, para conocer mejor el problema y afrontarlo. Si los enemigos de las sociedades democráticas utilizan la complejidad, nosotros, desde el Estado de Derecho, desde las instituciones, tenemos que actuar de forma igualmente compleja, buscar una forma equivalente de responder al reto que nos plantean.

A veces el terrorismo actúa globalmente, y si nosotros actuamos solamente de forma local o parcial, o sin abordar las causas del fenómeno con voluntad de resolver globalmente los problemas sociales que subyacen en los países donde existe o se genera y se exporta, nunca vamos a conseguir hacerle frente de forma eficaz. Pero el terrorismo también puede ser un fenómeno local, y deberemos combatirlo en función de su naturaleza y las características especiales que lo configuran, profundizando en lo que es y significa. Si el blanqueo de dinero, que es lo que vertebra el crimen organizado, se expande nacional e internacionalmente, va penetrando por las fisuras de las instituciones y produce corrupción, nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tener no solamente normas adecuadas, sino la voluntad de aplicarlas, tanto en España como fuera de ella, en coordinación con las autoridades de otros países.

Por tanto, sí que depende de las personas, evidentemente. Una norma interpretada por una persona que no quiera complicarse la vida puede ser legal, pero desde mi punto de vista no es justa y, sobre todo, estará alejada de las necesidades que la sociedad demanda del mundo del derecho. En cambio, una persona que se enfrente a esa misma norma y a su interpretación y que intuya que puede ir más allá, hasta el límite legal, merece mi respeto, es el ejemplo que yo siempre he procurado seguir, sin estrechez de miras, huyendo de la sumisión, del puro formalismo y de la aplicación mecánica de las normas. Hay quien presume de que lo más progresista es aplicar una ley solo en un 30 por ciento de su contenido. Sin embargo, para mí lo auténticamente progresista es hacerlo hasta el ciento por ciento.

Admiraba y admiro la trayectoria profesional de los jueces italianos Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Antonio Caponnetto, entre otros. Los dos primeros fueron asesinados los días 23 de mayo y 19 de julio de 1992, respectivamente, y el tercero lideró el pool antimafia y murió con el título honorífico de presidente del Tribunal Supremo, a principios de la última década, entre otros. Fueron grandes ejemplos. Con algunos de ellos mantuve una intensa relación, y sí, nos enseñaron incluso con su vida, como Giovanni Falcone o Borsellino, cómo nos debíamos enfrentar al crimen organizado, hasta las últimas consecuencias si fuera necesario. Nunca olvidaré el día del entierro del primero en la catedral de Palermo, donde estuve.

MR: Cuéntenos.

BG: Se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo. Es algo imborrable. No puedes olvidar a una persona que se había comprometido frontalmente en la lucha contra la mafia, hasta que la mafia lo identificó como su enemigo número uno y juró acabar con él. Y en efecto acabó con él, con una bomba de 750 kilos que reventó la carretera, la autopista que va desde Palermo al aeropuerto, que hoy se llama aeropuerto Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

Falcone era consciente de lo que le iba a pasar, lo dijo él mismo. Fue denostado, fue atacado, fue criticado por plumas muy ilustres en Italia. Incluso acabó marchándose de Palermo.

MR: También le llamaron «juez estrella».

BG: Sí, le llamaron de todo, desgraciadamente le llamaron de todo. Pero él decía que el estrellato o el protagonismo no lo tenía él, lo tenía el crimen organizado. A mí alguna vez me han dicho que soy protagonista. En primer lugar, no sé por qué siempre se tiene que establecer que eso es un defecto, habría que discutirlo; pero por otra parte, en línea con lo que decía Falcone, el protagonismo no lo tiene el juez, sino la organización terrorista que comete un atentado, los yihadistas que hacen reventar cuatro trenes en Madrid o las Torres Gemelas, o la organización criminal que introduce miles y miles de kilos de cocaína, la que trafica con seres humanos o aterroriza a miles de personas. Esos son los protagonistas negativos. El juez lo que hace es tratar de contrarrestar esos efectos. Y la forma en que aplica la ley y el derecho en estos casos también actúa a modo de prevención, de educación hacia los ciudadanos. Porque estos necesitan conocer y palpar que esa justicia existe, que pueden confiar en ella y que les va a dar protección. El juez ya no es, como decía Montesquieu, una especie de medidor de normas. Ese modelo desapareció; el mundo no se puede anclar en los siglos XVIII o XIX, va evolucionando. Y en función de esa evolución tenemos que hacer todo lo que sea necesario para cumplir la misión que nos corresponde para proteger a la sociedad.

Giovanni Falcone lo entendió muy bien; sabía que le iba a costar la vida. Él decía: «Primero comenzarán por el ataque jurídico [lo hicieron], después vendrá la descalificación personal [la hicieron], después vendrán las calumnias y descalificaciones [vinieron], y después vendrán a por mí». Y fueron a por él.

Pero, curiosamente, al final, lo que no había conseguido con su trabajo, que, si bien avanzaba, lo hacía con dificultad en la Italia de aquel entonces, que en cierta forma se parece a la de ahora pero por otras razones, lo consiguió con su muerte. Llevaban un año sin conseguir nombrar a un presidente de la República, por ejemplo. Pues bien, Scalfaro resultó elegido una semana después del asesinato de Falcone, y como consecuencia del mismo. Al funeral en Palermo fuimos invitados varios jueces, entre ellos yo. La iglesia, la catedral de Palermo, estaba llena a rebosar, toda la plaza llena, había quinientas mil personas allí, fue una inmensa manifestación popular en apoyo de su juez, el que les había defendido, el que había hecho todo lo posible por que la mafia desapareciera, o por lo menos horadar y hacerle daño al crimen organizado, y el que lo consiguió realmente. Toda esa gente estaba allí, y se evidenció un profundo desprecio hacia quienes ellos consideraban que habían propiciado esa situación, hacia la clase política. Les lanzaron monedas. Probablemente era algo injusto para unos, pero justo para otros. En todo caso, lo que venían a decir era: «Ustedes han permitido que el mejor de los nuestros, que era Giovanni Falcone, haya perdido la vida, y no se le ha protegido, y por eso nosotros les despreciamos».

A partir de aquel momento, todo lo que no se había hecho antes, toda la fuerza del Estado, se puso en movimiento. No se ha acabado con la mafia, evidentemente, pero fue tal el ejemplo que se dio que a partir de entonces se invirtió la tendencia, y el Palermo de antes de 1992 y el Palermo de después de esa fecha no tienen punto de comparación. El día 23 de mayo de 1992 murió Falcone, y esa fue la fecha de un cambio que transformó la desconfianza del ciudadano en compromiso y, sobre todo, transmitió la seguridad de que el crimen organizado se debía combatir y se podía derrotar.

Giovanni fue un buen ejemplo y sigue siéndolo. Creo que para los jueces de instrucción y para los fiscales es un modelo de compromiso de vida. Hay algunos en el mundo, no tantos, pero este es uno de ellos. A él nunca le tembló la mano a la hora de enfrentarse a los casos complejos, por más que criticaran sus métodos. Fue un innovador. A todos los que de alguna forma son pioneros —y yo en alguna medida lo he sido, humildemente— les toca padecer bastantes más resistencias o problemas mayores que a aquellos que vienen detrás. Pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que abrir camino.

MR: Cuando la justicia democrática actúa en el sentido de hacer cumplir la ley, ¿también puede propiciar cambios sociales, cambios de mentalidad como esto que estamos comentando respecto de la mafia en Italia o respecto del terrorismo en algunas zonas?

BG: Fíjese, le voy a contar una anécdota que, aunque sucediera a principios de los años noventa, ayudó mucho a cambiar esa mentalidad en la sociedad. Es una historia que ocurrió en Galicia, sin tratar de comparar Galicia con Sicilia, que fue un tópico que en aquellos tiempos se utilizó algunas veces. Pero lo cierto es que a comienzos de los años noventa había una sensación de impunidad muy grande respecto del narcotráfico. Es decir, las calles estaban tomadas de alguna forma por aquellos que hacían el dinero fácil, que delinquían a costa de la salud de los jóvenes de Galicia, España y de todos aquellos lugares a donde iba a parar la droga que entraba principalmente por esa costa. Los ciudadanos y las organizaciones cívicas, las pocas que había en ese momento, como Érguete y alguna más, querían protección, porque los hijos estaban cayendo en la heroína y en la cocaína y no tenían demasiado apoyo, prácticamente ninguno. Había miedo. Y, sin embargo, las instituciones estaban ausentes.

¿Qué es lo que sucedía? Que lo que tenían enfrente era la complejidad del crimen organizado. Una forma de delincuencia, que además oficialmente se negaba, porque se decía: «Aquí no existe, esto no existe»… La primera vez que en un programa electoral apareció la expresión «crimen organizado» fue en el año 1993, en el del Partido Socialista. Se reconoció que había llegado la hora de asumir que teníamos un problema y que había que combatirlo. Porque, hasta entonces, ni la justicia ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían la conciencia de enfrentarse a un fenómeno que presentaba una mayor dificultad que las meras redes de contrabando; un fenómeno transnacional que había que combatir con técnicas nuevas, con una visión diferente y equivalente a la complejidad de la acción del crimen organizado.

MR: Estaba más organizado el crimen que el Estado.

BG: Claro, así era. Entonces, un grupo de personas, entre las cuales estaba yo, dirigiendo alguna de las investigaciones que ya en aquel momento, y no solo en Galicia, comenzaban, lo que procuramos hacer fue lo siguiente: «Tenemos que afrontar este problema, y hay que hacerlo con los mecanismos que tenemos y algunos que no tenemos, pero que existen en otras jurisdicciones y, por supuesto, rodeados de todas las garantías». Así, se comenzó a utilizar, por ejemplo, la técnica de los arrepentidos, los pentiti, que en Italia habían dado muy buen juego, aunque también problemas, como después aquí también dieron sus problemas y aún los dan. ¿Por qué? Pues porque la falibilidad humana es así. Es decir, una persona puede decir una verdad y puede no decirla; puede tener un interés o puede tener otro. El juez o el investigador son los que tienen la obligación de profundizar, de analizar, de contrastar aquello que se les transmite y después sacar una conclusión.

En fin, en aquella época, por ejemplo, ya utilizábamos como método de investigación algo que no se reguló legalmente hasta bastantes años después: la autorización para la puesta en circulación controlada de dinero y, con ello, poder investigar los canales, los circuitos de blanqueo y cómo las organizaciones ya internacionalizaban esa actividad. Y fuimos a buscar a los responsables. Es decir, debíamos transmitir a la sociedad el mensaje contundente de que el poderoso también podía caer, y de que la acción de la justicia no se iba a detener en el pequeño delincuente que trapicheaba con la papelina, porque de esa manera, entre otras cosas, satisfacía su propia necesidad de consumir. Esa delincuencia drogoinducida era la que nos estaba llenando las prisiones, pero, en cambio, había como una especie de impunidad para todos aquellos que, en la sociedad gallega en este caso, como después en la andaluza o en muchas otras, sabíamos que eran los responsables.

Bueno, pues esa fue un poco la intención de decir: «Esto tiene que acabar». Y tenía que acabar desde la ley, con los mecanismos de que se disponía para hacerlo y con los que ya estaban reconocidos internacionalmente (Convención de Viena contra el narcotráfico de 1988), aunque aún estaban pendientes de desarrollarse en España.

Así comenzamos a aplicar una serie de técnicas que hasta bastantes años después no fueron recogidas formalmente por la ley. En España el agente encubierto se regula en el año 1999, pero la primera vez que yo autoricé a uno que interviniera en una investigación fue en 1989, amparado en la Convención de Viena de 1988. O el primer barco que ordené que se abordara en alta mar porque traía una gran partida de cocaína, lo fue en el mismo año, y a partir de ahí se convirtió en un sistema muy efectivo contra las organizaciones criminales que traficaban con estas sustancias. Muchas de estas normas figuran en las convenciones internacionales y reflejan costumbres o principios aceptados universalmente; de ahí que el papel que el juez tiene, por la naturaleza del propio delito que afecta a la totalidad de la comunidad internacional o a todos los estados, es el de un juez universal o de esa comunidad internacional en la que están insertos aquellos principios. Esto no es nada descabellado, sino que concuerda bien con lo que es el fundamento de la justicia universal y va en la línea de aproximación que los sistemas jurídicos anglosajón y continental están escenificando, precisamente para suplir las carencias propias con la influencia del otro.

Tengo que reconocer que en aquella primera ocasión me temblaban las piernas, porque yo me preguntaba: «¿Cómo va a ser un abordaje en alta mar?, ¿qué hará un barco para abordar otro barco, con el riesgo que puede haber de víctimas?»; en fin, era un poco asomarse a lo desconocido, asumiendo haber firmado una resolución al amparo de la Convención de Viena y de la Convención de los Derechos del Mar, que España había firmado pero no ratificado todavía, haciendo una interpretación integradora de las normas internacionales y de las normas jurídicas internas. Pero no sabía qué iba a ocurrir. Bueno, salió bien, pero podía no haber sido así, y entonces la historia habría sido diferente. En definitiva, tratamos de acercarnos, de impulsar la acción del Estado, de las instituciones, ante el crimen organizado, asumiendo riesgos, aunque, ni siquiera entonces, interpretar la ley de conformidad con el derecho internacional debería considerarse un riesgo, como tampoco debería serlo incorporar avances del sistema jurídico internacional al nacional. La acción desplegada fue beneficiosa para la sociedad, y, a pesar de los errores que pudieron concurrir, el resultado fue bueno para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.

MR: Bueno, se frenó la penetración de un poder oculto que se había hecho incluso con instituciones, ¿no?; y, realmente, ese proceso sí que se invirtió.

BG: Recuerdo el proceso que, policialmente, se identificó con el nombre de Operación Nécora. Fue una investigación pionera y emblemática. Ya entonces comenzaron a actuar los constructores de tópicos. Estos sujetos son expertos manipuladores y se aprovechan, permanentemente, de la buena fe de las personas. Suelen mezclarlo todo, con el fin de que parezca creíble lo que resulta absurdo, y siempre lo hacen por un interés político o económico, o simplemente porque les resulta rentable.

En el caso de la mencionada operación, inicialmente se celebró su ejecución, aunque pronto comenzaron los intereses espurios a cruzarse en el asunto. Se dijo que fue un fracaso porque no se había intervenido ni un gramo de droga. Frente a esto, se había explicado que, desde el principio, no se había ido a buscar esas sustancias, sino a acumular evidencias contra los máximos responsables de los clanes del narcotráfico gallego. Posteriormente, como el juez instructor pasó a la actividad política y eso algunos no lo asumieron, se comenzó a utilizar la muletilla, como material de carga contra él, de que el caso estaba mal instruido. Y ello sin haberse mirado un solo folio del sumario. A continuación se inició una campaña contra el juez, y finalmente se trató de destruir la consistencia de la causa para, de esta manera, criticar al instructor. Todo ello olvidando que, tras el juicio, la sentencia acabó condenando a más del 75 por ciento de los acusados, lo que, para el momento en que se produjo esta pionera instrucción y con la dificultad que la investigación comportaba, puede considerarse un éxito.

Se hizo un trabajo serio, y con escasos medios, que produjo un gran impacto y confianza en la sociedad gallega, eliminando las caretas tras las que se escondían personas cuyo único mérito había sido aprovecharse y destruir el tejido social en la zona donde vivían.

MR: Quedaron delimitados los clanes…

BG: Delimitados. Además, la gente perdió el miedo, lo que fue muy importante y propició la puesta en marcha de toda una conciencia social que aún perdura. Es cierto que no se acabó con el narcotráfico, pero se plantó cara al miedo y a la intimidación con las que unos pocos pretendieron controlar a toda la sociedad, recuperando esta los espacios que había perdido.

MR: Pero antes de actuar, antes de que usted tomara esa decisión que requería valor, estábamos con unos niveles de complicidad extraordinarios, hasta el punto de que en la propia Operación Nécora hubo que tomar unas precauciones extremas. ¿Podría contarnos un poco?

BG: Sí, fue necesario un cuidado absoluto. Prácticamente ninguno de los funcionarios que participó en la operación sabía a lo que iba. La mayoría creían que iban a una operación a Andalucía, hasta que ya empezaron a ver que el paisaje era diferente. Y bueno, luego… Se sabía que íbamos a ir, pero hasta la noche anterior, hasta que estuvimos en Santiago de Compostela, nadie supo, salvo los responsables policiales, el fiscal y el juez, cuáles eran los objetivos. Estos estaban en el interior de veinte sobres que fueron repartidos a cada uno de los equipos, y que estos abrieron apenas una hora antes de salir hacia el lugar de la acción, consistente en la detención de los principales jefes de los clanes del narcotráfico gallegos. No es que se desconfiara. Pero fueron prevenciones que tanto yo como los investigadores y el fiscal juzgamos necesarias para garantizar el éxito de la operación.

¿Por qué? Porque en algunas otras ocasiones se había producido una filtración, y porque el crimen organizado penetra todo aquello que puede, y acosa sobre todo a los que le están persiguiendo, obviamente. Si puede corromper, va a corromper; si tiene que matar, va a matar; si tiene que convencer, convencerá; si tiene que secuestrar, secuestrará; si tiene que pactar, pactará. Hará lo que sea para conseguir su objetivo. Por tanto, todas las medidas que se tomaron iban dirigidas precisamente a evitar esa posibilidad. Hubo una anécdota curiosa, ya que una de las personas que resultaron detenidas, un abogado panameño que era uno de los asesores de Sito Miñanco y su grupo, voló en el mismo avión en que fuimos el fiscal, el comisario general de policía judicial y yo.

MR: ¡Ah!, ¿sí?

BG: Sí, y como ya habían empezado los sumarios del GAL y otros temas importantes, a mí se me conocía como juez de la Audiencia Nacional, y me preocupó que sospechara algo. Después el tipo contó que le pareció raro que fuera en el avión, pero, claro, no lo relacionó con sus asesorados. Luego, cuando estaba en una reunión y fue detenido (después quedó en libertad, aunque también fue imputado), se dio cuenta de que había ido en el mismo avión en el que iban las personas que iban a desarrollar la operación.

O sea, que incluso por una casualidad de ese tipo se pudo, por ejemplo, frustrar la operación. Si en vez de ser un ciudadano panameño hubiese sido un ciudadano gallego que hubiera podido sospechar que la presencia del juez Baltasar Garzón en Galicia estaba relacionada con su negocio, la operación se hubiera ido al traste.

El crimen organizado está en todas partes, y su capacidad de expansión es espectacular. Ya lo era entonces, y ahora lo es más, porque es mucho más sutil, con mecanismos mucho más sibilinos. Los procedimientos groseros, si los tienen que utilizar, los utilizan; si tienen que cortarle la cabeza a una persona como escarmiento, lo hacen. Lo estamos viendo en México, por ejemplo, que es el estado de la anarquía criminal absoluta, con más de 14 000 muertos con violencia en 2010 y más de 27 000 fallecidos desde 2006 para acá. Es tremendo e insostenible para una sociedad civilizada.

MR: A lo largo de alguna de estas experiencias, y hemos hablado de Dalla Chiesa y del juez Falcone, ambos asesinados, ¿usted se ha sentido presionado, muy presionado en ocasiones?

BG: La gente que forma parte de organizaciones criminales, sean de narcotráfico, mafiosas o terroristas, o que forme parte de cualquier dictadura que participa en crímenes masivos, corrupción u otros, nunca descarta acabar con quien les está molestando; es más, lo ponen incluso por bandera. Otra cosa es que lo consigan o que consideren ese objetivo como algo fundamental. Si te colocan como primera prioridad, perderás la vida si no estás bien protegido y a veces aunque lo estés; y si no es esa su prioridad, puedes continuar adelante. Aun así, siempre que quieras continuar y lo hagas, estarás en riesgo.

Claro que una cosa es la presión y sentirla, y otra cosa es caer en ella. Es decir, yo soy consciente de que las investigaciones que he llevado adelante durante veintidós años, y han sido muchas, con muchas dificultades, eran ocasiones propicias para ejercer esa presión, esa amenaza. Y las ha habido; las ha habido hasta el punto de entrar en mi domicilio en dos ocasiones, de sustraer documentos de mi despacho en la Audiencia Nacional, de intervenir mis comunicaciones y, de forma grosera, mandarme las cintas magnetofónicas en que aparecía yo hablando con amigos, compañeros y familiares; ponerme seguimiento, averiguar adónde iba, cómo iba, qué hacía; investigar mi vida privada; elaborar dossiers de supuestas actividades ilícitas mías. Es decir, seguir al milímetro el manual que siempre se ha aplicado: ataque personal, ataque profesional, desacreditación y, si podemos, nos lo cargamos. Y en alguna ocasión, pues claro, ha habido amenazas de atentados, como a otros compañeros míos. Y desgraciadamente en algunos casos se han cumplido…

MR: Pero el peligro ha estado cerca en ocasiones, ¿no?

BG: Sí, sí, así ha sido, por lo que dice la información. En una ocasión tuvimos incluso que suspender un viaje familiar porque hubo una información muy certera de lo que íbamos a hacer, adonde íbamos a ir, y la intención que había de volar la embarcación donde pensábamos estar. Y en Galicia, por ejemplo, los supuestos autores, narcotraficantes, llegaron a saber qué casa era la nuestra en el pueblecito donde veraneábamos, y diseñaron planes avanzados para aprovechar nuestros días de descanso allí en agosto y reventar con explosivos la casa. La organización terrorista ETA, también en su momento, además de señalarme, como a otros compañeros, diseñó un plan para disparar desde la acera de enfrente de mi despacho, en la calle Génova. En aquella ocasión, propuse a la policía servir como cebo para conseguir la detención de los terroristas. Alguien consideró que era mejor filtrar el plan y este fue publicado por el diario El País. La respuesta, en 2001, del Ministerio de Justicia fue mandar a los técnicos para que diseñaran un muro y blindaran los cristales de los ventanales de mi despacho, pero, como no había presupuesto, solo se le colocó papel opaco y así no se veía desde fuera. El problema era que cada vez que se abría la puerta de la oficina, al no tener peso los paneles, se movían y resonaban estrepitosamente, con lo cual los que allí entraban, no todos buenos, sabían que los cristales no eran blindados. En fin, cosas curiosas que a veces ocurren en materia de seguridad. Por su parte, los terroristas jihadistas planearon empotrar un camión con quinientos kilos de explosivos en la Audiencia Nacional. El objetivo éramos varios compañeros, pero la verdad es que, con quinientos kilos, la Audiencia Nacional al completo hubiera saltado por los aires.

Algunos incluso se han tomado a broma estas situaciones. Han hecho comentarios ligeros y banales sobre esos temas.

Y yo siempre me los he tomado con mucha seriedad. Pero esa seriedad nunca ha influido en lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo y lo que pueda hacer. Eso nunca va a resultar coartado por ese tipo de acciones y amenazas, porque yo estoy en la Audiencia Nacional y allá donde esté en el futuro porque quiero estar y porque creo que se puede hacer un buen servicio a la sociedad. No soy un héroe. Los jueces no tenemos que ser héroes; tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Lo que ocurre es que hay muchas formas de enfocar ese trabajo. Y, desde luego, yo soy de los que se comprometen. Si investigas el crimen organizado y fenómenos parecidos, la clave es hacer la siguiente pregunta. Cuando se pone alguien ante ti y te da una respuesta clara, si le preguntas: «¿Por qué?», a lo mejor ya te complicas la vida. Te dicen: «Mire, me lo dijo aquel». «¿Y quién?». Y sigue hablando y cada vez te complicas más. En cambio, si preguntas: «¿Usted hizo esto?», te dice: «Sí», y ya no haces la siguiente pregunta, ahí se acaba todo. Hay un tipo de jueces que son así, pero no es mi modelo de juez. No creo que sea un modelo de juez válido para proteger a la sociedad y los derechos humanos. No lo es. Yo sé que ser el tipo de juez que soy me está costando sangre, sudor y lágrimas. Pero lo asumo. Cuando decidí entrar en la carrera judicial, lo hice convencido de que hay que dar todo lo que tienes, y lo sigo pensando. Te puedes equivocar, y sin lugar a dudas me habré equivocado muchas veces y me duele, y sufro por haberme equivocado y por el daño que haya podido causar. Pero no puedes renunciar a dar el máximo.

Ahora que estoy suspendido me da pánico ese riesgo de equivocación, porque veo cómo se hacen algunas cosas y no me gusta, no me puede gustar. Por eso he procurado siempre profundizar, llegar hasta el fondo para tener todos los datos posibles, para otorgar las máximas garantías. Pero también he empleado la máxima contundencia para proteger a las víctimas. Creo que ese es el tipo de juez que debe ser el juez moderno, el juez independiente, que no se someta más que al imperio de la ley; como decía antes, lo de ser medidores de normas o taparse los ojos ante según qué cosas ya no puede aplicarse. A mí, la representación de la justicia con los ojos vendados siempre me ha parecido errónea. El juez tiene que tener los ojos muy abiertos; la justicia y los jueces tienen que estar contaminados de sociedad, tienen que conocer la sociedad en la que viven, tienen que vivir sus problemas, no pueden vivir en una especie de esfera de cristal o con una vanidad y una soberbia superiores a las de los demás. No, el juez es una persona normal y corriente que tiene que conocer el mundo donde vive, los problemas que tiene la gente y, porque es su obligación como autoridad, comprometerse y tratar de solucionarlos.

Esa es quizá la filosofía de vida que he llevado y que he procurado transmitir. Debe de ser porque uno ya se va haciendo mayor y se conmueve más con las cosas, pero hace unos días me emocioné cuando unos compañeros que tienen menos años que yo en la carrera judicial me dijeron que cuando entraron, a la hora de elegir entre la carrera de fiscal o la de juez, que es la misma oposición, la mayoría dijeron: «Nos vamos a jueces porque tenemos un muy buen ejemplo que es Baltasar Garzón». Eso me emocionó. Probablemente son cosas que se dicen, pero me tocó. Porque eso significa que hay gente que quiere pelear. Ojalá esas energías sigan, porque caer en el adormecimiento, en la comodidad de la interpretación de la norma hasta el punto 30 y no hasta el punto 100, a mí me da mucho miedo como ciudadano. Y me da mucho miedo cuando segmentan o laminan la posibilidad de la independencia y la libertad de interpretación, cuando se criminaliza una forma de interpretar la ley y cuando, además, tal interpretación se desliga de las víctimas eliminando cualquier aspecto de sensibilidad por lo sufrido y padecido por estas y para que nunca más se pueda volver a repetir. Eso me preocupa mucho.

MR: Hay momentos excepcionales, tal vez pocos, pero que requieren esa capacidad, ese valor para adoptar decisiones. Estoy pensando en el caso de la orden internacional de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet. ¿Realmente usted pensaba que esa orden iba a tener efecto? Cambió la jurisdicción universal, ¿no?

BG: Fue un hecho muy importante, pero las cosas tienen un recorrido. Quizá antes de que comentemos esa cuestión, habría que recordar que las cosas tienen sus tiempos. Porque siempre se habla del caso Pinochet, por la trascendencia que tuvo la detención del ex dictador chileno, pero ese caso, en mi competencia, comenzó con el caso de Argentina en el año 1996. Y como precedente de aplicación del principio de jurisdicción universal, tendríamos que irnos antes al caso del Achille Lauro [secuestro del buque de este nombre por un grupo palestino conocido con el nombre de su líder, Abu Abbas, en el golfo de Alejandría y muerte de uno de los rehenes], en el que se acusaba al ciudadano sirio Monzer al-Kassar residente en España en 1992, de haber participado en el suministro de las armas. E incluso tendríamos que retroceder más, cuando se comenzó a aplicar ese principio. En mi caso, comencé a aplicarlo en los casos de narcotráfico internacional que comentaba antes, con los abordajes de barcos en alta mar, que también se rigen por el mismo principio que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23.4.

Pero una cosa que resulta fundamental en el caso Pinochet y en el de Argentina, así como en todos los demás de jurisdicción universal, es que no solo se basan en las leyes locales, penales y de procedimiento, y también en las internacionales que sancionan estas conductas que atentan contra la humanidad, contra toda la comunidad internacional, sino que, para que prosperen, precisan altas dosis de cooperación judicial internacional. Es básica la cooperación. Sin ella es imposible afrontar este tipo de procesos. Así ha quedado constatado en múltiples ocasiones posteriores en las que los diferentes procesos han ido avanzando con infinidad de dificultades, ante las reticencias oficiales de los distintos países afectados. En este campo de la jurisdicción universal, ha habido una clara apuesta desde un sector judicial y doctrinal, así como desde la práctica totalidad de las asociaciones de derechos humanos, humanitarias y de víctimas, que han impulsado su reconocimiento y aplicación, y frente al mismo se han manifestado, con poco disimulo, la renuencia y obstaculización de su desarrollo por parte de los gobiernos, siempre más atentos a los intereses particulares que a los de las víctimas en general. España es un buen ejemplo de ello. De ser pionera en la aplicación del principio de jurisdicción universal, ha pasado a formar parte del lobby de la restricción jurídica y, lo que es peor, ideológica en contra de aquel principio que, junto con el que representa la jurisdicción penal de la Corte Penal Internacional, ha sido la conquista jurídica más importante después de Núremberg. La Audiencia Nacional española, con honrosas excepciones, de ser el ejemplo mundial en la aplicación de ese principio ha pasado a ser, junto con el Tribunal Supremo, uno de los tribunales que lo aplican más restrictivamente en cualquier caso. Y España, de ser ejemplo y paladín de la jurisdicción universal con los casos Pinochet, Argentina o Guatemala, se ha convertido en el país que niega cualquier investigación de los crímenes masivos de su dictadura, renunciando a proteger a cientos de miles de víctimas y criminalizando a quien intentó investigar esos hechos, al amparo de las mismas normas que posibilitaron aquellos casos. Mientras tanto, Argentina, tras la impunidad más absoluta hasta 2003, se ha puesto a la cabeza de la aplicación del principio de jurisdicción universal, con la reactivación de todas las causas por crímenes de la dictadura e incluso la causa referida a los crímenes franquistas, que en España no se puede investigar. Estas son las paradojas de la vida en cualquiera de sus ámbitos.

Sí. La cooperación judicial internacional es fundamental. Recuerdo cuando en 1988 comencé en la Audiencia Nacional a adentrarme en la cooperación internacional, cuando mi única experiencia judicial era la de haber sido un juez de pueblo y de provincias con siete años de experiencia y apenas uno como inspector del Consejo General del Poder Judicial para los Tribunales de Andalucía, lo difícil que me resultó el inicio. Eran tiempos de poco grano en las alforjas y mucha ilusión y confianza en la justicia. Tenía treinta y tres años cuando tuve que poner en marcha las primeras comisiones rogatorias en Francia y desplazarme personalmente al territorio del país vecino. Fue con ocasión de la investigación del caso GAL. Por primera vez salía un juez español a investigar fuera. Lo recuerdo porque las cosas fueron complicadas. Luego se ven fáciles cuando se plasman en los convenios de cooperación y demás, pero cuando tratas de iniciar un camino es difícil hacerlo. Mi amigo Cándido Méndez me dice: «Tu problema es que has sido pionero. Y los pioneros al avanzar siempre iban adelante, y las flechas se las clavaban desde atrás. Se las llevaban todas». Y me dice: «Pues eso te pasa a ti». Bueno, alguna flecha sí que me he llevado, pero también me he llevado muchas alegrías.

Me acuerdo de 1988 y de la primera vez que vi al juez de Bayona, Armand Riberolles, con el que después trabé una buena amistad que aún perdura. Pero cuando entré en su gabinete, en su despacho, lo que vi fue una Declaración Universal grande abierta encima de su mesa. Yo le eché un vistazo y rápidamente comprobé que no estaba allí por casualidad. Él era un poco reacio a que entrara el fiscal que me acompañaba (la relación entre fiscales y jueces en Francia es menos fluida que en España). Al final le permitió entrar, y entonces me dijo: «Aquí se respeta la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en cambio, en España no, porque se tortura». ¡Y se fue! Ese fue el primer momento y la recepción. Imagínese, yo como juez, representante de un país como España, en Francia, frente a otro juez que me estaba diciendo que nosotros torturábamos, que no respetábamos la ley y demás. Cuando tuve la oportunidad, le contesté: «Mire, en España también la Declaración Universal de Derechos Humanos la conocemos y se respeta, y por eso estoy aquí. Y ahora lo que yo le pido a usted es esa cooperación para que entre los dos seamos capaces de investigar estos hechos, buscar las pruebas correspondientes y que las personas que han cometido estos crímenes, sean cuales sean, respondan ante la ley, porque no se pueden salir de la misma».

La comisión rogatoria se tramitó y con resultados positivos, porque constituyó uno de los pilares en los que se apoyó la sentencia por la que se condenó a los señores Amedo y Domínguez a más de cien años de prisión por su participación en dos atentados acontecidos en los bares Batzoki y Consolation de Bayona, en el sur de Francia. No hubo tanta suerte con las comisiones rogatorias que también cumplimenté en ese viaje en los tribunales de Tarbes y Burdeos. Realmente era de película de Paco Martínez Soria. Más que un juez parecía un emigrante, solo, porque el señor fiscal se volvió a España para poder participar en una conferencia que tenía que impartir en un centro universitario de Madrid, con mi maletilla de estación en estación, perdido por las campiñas del sudoeste francés. Así comenzó una cooperación internacional que hoy día funciona con equipos conjuntos de investigación, con mecanismos de cooperación activa, abierta y permanente. Ese es el recorrido que entre todos hemos contribuido a realizar. Es cierto que sigue habiendo dificultades, malos entendidos, retrasos, pero se ha conseguido hacer más ágil la aplicación de la justicia. Todavía deberá avanzarse más para conseguir un auténtico espacio judicial único, partiendo de una convergencia legislativa mayor, con el máximo respeto a los derechos humanos y sin que se restrinjan las garantías.

En los casos de Argentina y de Chile, la petición de cooperación fue respondida después con el silencio y con una decisión interna que no dejaba lugar a dudas sobre cuál iba a ser la actitud de las autoridades políticas argentinas. El presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem, dictó un decreto presidencial, creo que del 27 de enero de 1997, y sentenció que «no habría ni una sola posibilidad de cooperación con España en este tema». Se equivocó. Pensó que la fuerza expansiva de la justicia universal y de la cooperación se agotaba en esa prohibición. Sin embargo, lo que hicimos aquellos que creíamos que debíamos hacer algo más por la protección de las víctimas, fue diseñar mecanismos, no crear el derecho, sino avanzar, interpretando las normas para superar la dificultad que arbitrariamente se había diseñado en contra de la cooperación, que en todo lo demás seguía viva y aceptada por los dos países. Nuevamente la doble moral o vara de medir. No importaba que se denegara la cooperación en el tema de la persecución de genocidas, criminales contra la humanidad, torturadores, represores, etc., lo «importante» era que se mantuviera en todo lo demás. Ante esta situación me planteé, junto con los abogados de las acusaciones populares y de víctimas, verdaderos colaboradores con la administración de justicia, cómo podíamos, frente a una negativa de esa índole que impedía tomar testimonios, adquirir pruebas en Argentina para utilizarlas en el proceso en España, que vinieran de alguna otra forma y con todos los amparos legales correspondientes. Y así lo hicimos, ante la oposición feroz por parte de la Fiscalía tanto de la Audiencia Nacional, a cuyo frente estaba Eduardo Fungairiño, como de la General, bajo el mando de Jesús Cardenal, en cuya secretaría técnica se encontraba alguien que participó activamente en la elaboración de los informes contrarios a la jurisdicción universal y que después, como magistrado del Tribunal Supremo, reiteraría esa oposición a través de un voto particular que reproducía los mismos argumentos que en aquellos informes, en la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condenó, en este caso, al militar Adolfo Scilingo por su participación en veintisiete asesinatos en los llamados «vuelos de la muerte» (se introducía a detenidos en centros clandestinos, como la Escuela Mecánica de la Armada-ESMA, de Buenos Aires, en helicópteros o aviones y, después de adormecerlos, se les arrojaba al mar o al Rio de la Plata), y que después se convertiría en uno de los instructores más duros e inquisitivos contra mí en el caso de Nueva York, Manuel Marchena. Ya desde entonces, mostró su frontal discrepancia con los principios de justicia universal que yo defendía y defiendo.

Encontramos la posibilidad de declarar en las embajadas o en los consulados, de conseguir documentaciones y declaraciones juradas de las víctimas, de trasladarlas hasta aquí para que prestaran declaración ante el juez, de que compañeros hicieran reconocimientos en los lugares y después, a través de organismos internacionales que sí tenían acceso a esas fuentes, conseguir que ese acervo se fuera formando, y de esa forma obtener un núcleo solvente en cada procedimiento que justificara las acciones que se estaban desarrollando en el ámbito de la justicia penal internacional.

La jurisdicción (penal) universal, para el que, a estas alturas, no sepa lo que significa, es la posibilidad de perseguir determinado tipo de delitos, como terrorismo, torturas, desapariciones de personas, crímenes contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, crímenes de índole sexual (artículo 7 del Estatuto de Roma) o genocidios, con independencia del lugar donde se hayan cometido esos crímenes y de la nacionalidad de las víctimas o la de los perpetradores y aunque el crimen no afecte a los intereses del Estado (es decir, aunque no haya vínculo alguno). Ese es el principio de jurisdicción universal, y ese es el principio que constituye un resorte o mecanismo que concurre con otros para la búsqueda de justicia para las víctimas y para luchar contra la impunidad. Puede ser el primero y el último, en algunos casos, porque no haya otro. Pero necesariamente es el que tiene la cláusula de cierre; cuando ya ha fracasado todo, cuando en el propio país donde ocurrieron los hechos no se ha investigado, no se quiere investigar o no se puede investigar, siempre tiene que haber la posibilidad de que un juez independiente pueda exigir el enjuiciamiento, desarrollar la investigación y conseguir la protección de las víctimas garantizándoles, además, verdad y reparación.

Porque las víctimas, en estos casos, son víctimas universales. Ese es un concepto que también hemos contribuido a formar y definir a lo largo de los años, con la aplicación de estos principios. Es decir, en este tipo de crímenes masivos, de crímenes contra la comunidad internacional, no importa la nacionalidad de la víctima. Por eso yo critico muy enérgicamente las reformas jurídicas que se están haciendo sobre la jurisdicción universal, en España y en otros países. Ni la nacionalidad de la víctima, ni la existencia de vínculos con los intereses de un Estado, deberían ser un elemento determinante. Que la víctima sea universal es el núcleo, es la esencia del principio de jurisdicción universal; esa es la enseñanza que se ha ido construyendo a lo largo de todo el siglo XX, desde la cláusula Martens de 1899, en los albores del siglo, hasta el día de hoy. No podemos retroceder, no podemos decir: «Bueno, hay una víctima española, sí tenemos competencia; hay una víctima afgana, no tenemos competencia». Ese no puede ser el elemento determinante.

MR: El daño que se le causa a un humano se les causa a todos los humanos.

BG: A todos. Ese es el gran éxito y el gran avance de la comunidad de derecho internacional; es lo que hemos conseguido como comunidad internacional.

Bien, en aquellos años, basándose en esta cooperación, a partir de las denuncias de las víctimas, que fueron las impulsoras, y de los organismos de derechos humanos, que tanta relevancia han tenido y siguen teniendo en el ámbito de la jurisdicción penal internacional y en el ámbito de la jurisdicción universal, arrancamos con el caso de Argentina, que planteó la Unión Progresista de Fiscales, al que después fueron añadiéndose denunciantes. Fueron estos querellantes quienes sostuvieron la acción, frente a la postura oficial contraria del ministerio público y, por tanto, del gobierno de la época, del Partido Popular. Fueron la acusación popular y las acusaciones particulares las que lograron que se investigaran esos crímenes. Y se investigaron.

La primera orden de detención internacional que yo cursé no fue contra Augusto Pinochet, fue contra Leopoldo Fortunato Galtieri, porque, como jefe del segundo cuerpo de ejército en la provincia de Rosario (Argentina), asesinó, hizo desaparecer o masacró a cientos de personas, y en particular a varios miembros de la familia Labrador, naturales de Salamanca, españoles residentes allí. Hicieron desaparecer y asesinaron al padre, a dos hijos y a la nuera. Ese fue el primer caso. Nunca se llegó a cumplimentar esa orden de detención por las autoridades argentinas, que, además de estar impedidas por el decreto presidencial, estaban sometidas a las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que impedían cualquier acción en contra de los represores salvo en lo referido al robo de niños y otros delitos contra la propiedad, pero fue la primera orden internacional contra un represor por crímenes de la dictadura que se emitió por un juez español, en aplicación del principio de jurisdicción universal, el 24 de marzo de 1997.

Posteriormente, el 16 de octubre de 1998, emití una orden de detención contra el ex presidente de Chile Augusto Pinochet Ugarte. Tengo que decir que el caso contra Pinochet y los responsables de la represión en Chile entre 1973 y 1988, se tramitaba en aquel momento en el Juzgado Central de Instrucción n.º 6. Por mi parte, yo investigaba el caso de Argentina y como una pieza específica de este, incoada el mes de abril de 1998, la llamada «Operación Cóndor» (sistema concertado de secuestro y traslado de oponentes políticos entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, entre otros, para torturarlos, asesinarlos y hacerlos desaparecer. Al frente del operativo estaba el jefe de la DINA chilena, el general Contreras, bajo las órdenes directas de Augusto Pinochet). Por esa razón, cuando el dictador llegó a Londres, éramos dos jueces (García Castellón y yo) los que teníamos interés en conocer la situación del señor Pinochet y en qué condiciones se encontraba en Gran Bretaña, adonde había ido, al parecer, para someterse a una operación quirúrgica. Pero el curso de los acontecimientos fue diferente en un órgano judicial y en otro. Mientras que mi colega anunció que cursaría una comisión rogatoria a las autoridades británicas para interrogar al senador Pinochet (aunque, no obstante hacerse pública esa intención, nunca llegó a materializarse), yo indagué sobre la situación del imputado y, tras recibir inicialmente una contestación desabrida de la policía del Reino Unido, en la que más o menos decían: «¿Y a usted qué le importa?», gracias a la mediación de John Dew, ministro consejero de la embajada británica en España, y con el que mantenía una relación muy cordial, me contestaron sobre la situación y paradero de aquel, a la vez que me requerían sobre las causas por las que me interesaba por él. Una vez que les informé, la comunicación se encauzó en los dos días siguientes, en los que pude trabajar sin problemas porque la presión mediática estaba sobre el Juzgado Central n.º 6, gracias también a John Dew.

En todas las historias hay una diferente, y esta no iba a ser menos. Probablemente, la situación habría sido diferente si, un año antes aproximadamente, a causa de una intervención mía muy crítica sobre la falta de cooperación de Gibraltar (de hecho, un paraíso fiscal donde todos los narcos españoles o que operaban en España solían tener cuentas abiertas) y de Gran Bretaña en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, el señor Dew no se hubiera puesto en contacto conmigo. En efecto, por iniciativa propia me llamó al juzgado para transmitirme el malestar que habían producido mis palabras. Ante el interés manifestado, le transmití que mi malestar provenía de la falta de cumplimiento de las comisiones rogatorias que se enviaban a Gibraltar, con el grave perjuicio que ello suponía para las causas afectadas (recuerdo que, cuando la Operación Nécora, la policía española podía ver casi desde La Línea cómo sacaban sacos de documentación y cómo los trituraban y los tiraban, y nosotros no podíamos hacer nada, cuando sabíamos lo que estaba ocurriendo). Después de esta conversación, asumió que la falta de cooperación era una realidad y se comprometió a solucionarlo. A la vez, fue el origen de una buena relación y lo que hizo que aquella primera tarde de octubre, tras mi primera comunicación, vía Interpol, con Londres, él interviniera y allanara el camino, hasta el punto de que su participación resultó fundamental para el resultado final.

Recibí una llamada de John Dew, que me dijo: «A usted le han contestado en forma incorrecta desde Scotland Yard, y eso es inaceptable. Le ruego por favor que solicite de nuevo la información, que se le contestará adecuadamente». Así lo hice, y efectivamente me contestaron diciendo que Pinochet estaba en Londres, en una clínica de las afueras, y me preguntaron por qué me interesaba conocer su paradero, qué hechos se le imputaban, etc. Todo para poder cursar una comisión rogatoria y tomarle declaración, no para la detención en ese momento. A partir de ahí, el martes 13 de octubre, todo sucedió muy rápido, en la misma semana. Una vez ampliada la información, me contestan el miércoles o el jueves, expresando dónde estaba y cuál era su situación.

Finalmente, el viernes, ya a última hora de la mañana (en mi juzgado quedaba solamente un funcionario), recibí una comunicación en la que se decía que no me garantizaban que el señor Pinochet estuviera en Londres hasta el lunes día 19, porque había anunciado que pedía el alta y que se quería marchar el sábado 17. En definitiva, me advertían de que no podían retenerlo en Londres sin una orden que así lo autorizara hasta que yo cursara la comisión rogatoria para tomarle declaración. No decían ni que sí ni que no, sino que se iba, y que lo que yo pedía para la semana siguiente iba a ser imposible.

Y en esa situación, a las dos de la tarde de un viernes, me encontré ante una de esas situaciones difíciles que tienes que afrontar, sin posibilidad de reclamar u obtener asesoramiento. No podía, por supuesto, reclamar el apoyo del Ministerio Fiscal, ante la certeza de su oposición y de que impediría la iniciativa que iba a tomar. No obstante, el funcionario subió a fiscalía y el fiscal encargado del asunto ya no estaba; tampoco podía solicitar informe a las partes querellantes que esa misma mañana habían ampliado la querella, por razones de prudencia. De modo que estaba absolutamente solo. Reflexioné sobre la situación producida; analicé todo lo que había en el procedimiento, lo que significaba la decisión que estaba a punto de tomar y las consecuencias que iba a traer (en ese momento, la cuestión de la competencia planteada por el Ministerio Fiscal, para que se rechazara por la sala la competencia de la jurisdicción española, estaba pendiente de resolver. Es decir, estábamos en el aire, sin una resolución firme que nos autorizara a continuar). Finalmente, y a pesar de todos los inconvenientes previsibles, comencé a redactar la orden de detención contra Augusto Pinochet, por crímenes de terrorismo, tortura y genocidio. La anécdota es que el funcionario que llevaba el asunto ya se había marchado y el procedimiento estaba guardado, sin que, a esas horas, pudiera consultarlo, por lo que tuve que echar mano de la memoria y recordar el primero de los 104 casos en los que basé inicialmente la orden de detención; así pues, tuve que relatar el primer caso y dije: «Ciento tres más». Al funcionario le indiqué: «No se marche, porque me va a tener que copiar una resolución». El hombre, que es muy buen profesional y una gran persona (ahora es secretario judicial), dijo: «Don Baltasar, siempre me toca a mí, por quedarme el último». Le tranquilicé diciéndole que iba a ser solo un rato. Pero cuando le di la minuta escrita a mano y volví a mi despacho, él vino enseguida y me dijo: «Don Baltasar, esto que pone aquí, ¿usted sabe lo que ha escrito?». Y le dije: «Sí, sí, sé lo que he escrito. Usted lo único que tiene que hacer es escribir, transcribir y callar».

Y así fue como se redactó materialmente; luego se firmó y yo mismo la mandé por fax. Le pedí al funcionario de Interpol España que me dijera si necesitaba una orden por escrito para que no diera información de lo que se estaba haciendo o si no era necesaria. Me dijo que no la necesitaba, él mismo la tradujo, se mandó, llegó a Londres y, a lo largo de esa tarde, John Dew me fue diciendo lo que iba sucediendo, cuándo la habían recibido, en qué momento iban ante el juez y el resto de los pasos. Conforme me iba informando, a mí me temblaban cada vez más las piernas, porque yo en realidad creía que no lo iban a detener. Pero había que intentarlo, sí, había que hacerlo. Y finalmente me dice: «El juez ha firmado la orden». Y contesto, como si no hubiera entendido bien: «¿Cómo que ha firmado la orden?». Y me confirma: «Sí, sí, ha firmado la orden». Y le pregunto incrédulo: «Pero ¿eso quiere decir que van a detener a Pinochet?». Y dice: «¡Claro! Hay una orden firmada, y en Gran Bretaña se cumplen las órdenes de los jueces». Y digo: «No, no, y aquí también».

Sobre las diez y pico de la noche, el señor Dew me volvió a llamar y me dijo: «Ya está detenido». Entonces, bueno, la verdad es que lo que en ese momento se me vino a la cabeza fue decir: «¿Y ahora qué hacemos?». Y lo que había que hacer era trabajar, había que continuar, pero con mucha mayor intensidad. Ese mismo día volví a Madrid (estaba en Jaén, en mi tierra), amplié la petición de detención con más casos, a una velocidad impresionante, con mucha gente trabajando, con los funcionarios del juzgado, con las propias acusaciones que estaban personadas aportando documentos… Comenzó una carrera en la extradición que día a día nos deparaba una inmensa complejidad de temas, pero que se fueron resolviendo. Y que, afortunadamente, dio lugar a que, aunque Pinochet fue devuelto a Chile, el caso se ganó y el juez inglés, Ronald Barde, decidió la extradición en favor de España por los 1148 presos detenidos y desaparecidos, por los que había solicitado finalmente la extradición.

Creo que; efectivamente, este caso supuso un antes y un después. Incluso la vuelta de Pinochet a Chile, aunque se quiso defender como una reivindicación de su figura porque se le recibió con honores militares (como por otra parte era lógico, vista la composición del ejército en ese momento y lo que suponía la figura de Augusto Pinochet), lo que confirmó fue que las barreras de la impunidad se habían roto. Ya era un mar el que se abría, el dique que contenía el río se había roto, y ya estaba en caída libre. Y así fue. Los jueces fueron desaforando al dictador, le fueron abriendo causas. En este contexto, hay que destacar el trabajo del juez Juan Guzmán Tapia, al que, curiosamente, no pude conocer hasta el año 2001, porque no le dejaban hablar conmigo. Incluso vino a Gerona a un congreso que organizaba el catedrático Hernán Hormazábal, y no pudo ni hablar por teléfono conmigo. Tuve que hablar con él a través de un tercero.

MR: ¿Y eso por qué?

BG: Porque le podían investigar, recusar y sancionar en Chile si hablaba conmigo, porque yo era el juez que había detenido a Pinochet. O sea, que no era nada fácil. Después pudimos vernos en la ciudad de La Plata, en Argentina, con ocasión de un doctorado honoris causa que me dieron a mí. Lo invité y allí nos pudimos dar un abrazo con otros jueces y fiscales argentinos que estuvieron también empujando, como el juez Schifrin, el fiscal Hugo Ornar Cañón, que se había negado a avalar los indultos ordenados en 1989 por Carlos Saúl Menem, y muchos otros. Gracias a esa labor de todos se consiguió romper la barrera de la impunidad.

Luego vino toda la avalancha que supusieron primero la derogación y después la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final en Argentina, así como el gran impulso que el gobierno de Néstor Kirchner, y específicamente él, dieron a la lucha por los derechos humanos. Eso ha provocado que ahora mismo haya mil ciento y pico personas investigadas e imputadas, con más de seiscientos procedimientos abiertos y con ciento y pico personas condenadas y diez absueltas por crímenes contra la humanidad y por crímenes de genocidio.

Es decir, la sociedad está recibiendo la respuesta de la justicia muchos años después. Por fin las víctimas están obteniendo aquello que reclamaron siempre: justicia. No reclamaron venganza, no reclamaron odio, solamente justicia, y es lo que se está dando. A partir de ahí comenzará la reconciliación.

En este proceso, la acción de la justicia española desempeñó un papel relevante porque actuó cuando no lo podía hacer la justicia argentina. La complementariedad, sin buscarla, se produjo. En 2003, cuando el gobierno del Partido Popular se negó a tramitar la extradición de cuarenta personas, lo hizo pretextando la derogación de las leyes de impunidad. Sabían que esa derogación no tenía efectos retroactivos y que ello no permitía la apertura de los procedimientos, cosa que sí aconteció a partir de la nulidad de las mismas, producida por la decisión de la Corte Suprema argentina en junio de 2005. Por esa época, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo español anuló la decisión de no tramitar la extradición, que finalmente se produjo en enero de 2007. Para entonces ya se habían producido los efectos favorables, gracias, de nuevo, a la acción de la justicia y a la cooperación entre los jueces argentinos y mi juzgado; en agosto de 2003, ante la negativa del gobierno español de cursar la extradición, denuncié los hechos en Argentina, al amparo del convenio bilateral, favoreciendo así la apertura de algunos casos como el de la ESMA. Una vez más se le había ganado la partida a la impunidad.

MR: La primera vez que yo tuve noticia de que había un juez español que se llamaba Garzón y que escuchaba a la gente fue en Argentina, en la plaza de Mayo. Y después lo oí en Galicia, de las madres, que también luchaban contra la droga. ¿Es fundamental, es importante esa labor de escuchar a la sociedad?

BG: Es básico escuchar a la sociedad. Para mí siempre ha sido una prioridad. Lo he dicho en muchas ocasiones pero debo repetirlo: yo se lo debo todo, todo, a las víctimas. Ellas me lo han enseñado todo. He aprendido las reglas del derecho en los libros, he aprendido de la práctica como juez cómo aplicar esas normas a la sociedad en la que vivo, pero, desde luego, la línea en que he impartido justicia siempre me la han marcado las víctimas. Ya fueran del terrorismo, del narcotráfico, de Argentina, de Chile, de todos y cada uno de los sitios y delitos.

Cuidado: esa influencia definitiva en mí no significa una pérdida de imparcialidad, porque en ningún sitio está escrito que tengamos que tratar exactamente igual al victimario que a la víctima. No, a la víctima hay que protegerla. Al victimario hay que aplicarle las garantías: juzgarlo y, en su caso, condenarlo o absolverlo, pero los dos no tienen una posición similar.

Digo esto porque hay muchos que afirman: «No, es que Garzón es como un activista». Yo pienso que en el área de los derechos humanos todos tenemos que ser proactivos. Pero, desde luego, en el área de la protección de las víctimas eso es fundamental. Somos activistas, los jueces somos capaces de actuar, además; al final, los jueces somos los que constitucionalmente tenemos la obligación de dar protección a las víctimas. Evidentemente, eso ocurre dentro de un marco legal, pero hay que darles protección. Y cuando se trata de crímenes masivos, el primer interés que proteger es el de las víctimas, que por miles, por millones, han sido las que han sufrido las acciones torcidas de la humanidad.

Por tanto, hay que respetar todas las garantías, por supuesto, pero hay que proteger muy especialmente a las víctimas. Ellas tienen el derecho fundamental a la justicia y a ser compensadas y reparadas de la forma más completa posible. Es un derecho fundamental, reconocido ya por Naciones Unidas. Por tanto, los jueces no lo pueden ignorar. Si los jueces desconocen ese derecho fundamental en alguna de las tres partes que lo componen, no están actuando correctamente. Tenemos la obligación de hacerlo; no la facultad, sino la obligación de hacerlo.

Es lo mismo que cuando las víctimas le dicen al juez: «Le pedimos justicia», y enlazo con lo que me preguntaba de escuchar a la sociedad: yo siempre les he contestado: «Ustedes no me tienen que pedir a mí justicia, ustedes tienen que exigir justicia. Yo no doy, yo no otorgo justicia, yo soy un mero operador del derecho, que actúa por ley, y además por convicción en el marco fijado por esa ley constitucional y democrática que incorpora el derecho internacional. Pero yo no les otorgo justicia a ustedes, ustedes me la exigen a mí, y yo tengo la obligación de hacerlo».

Si tuviera que elegir un momento en el que yo percibí ese cambio, en el que me di cuenta del deber hacia las víctimas, me iría al año 1996. Tres madres y abuelas de la plaza de Mayo vinieron a hablar conmigo en la Audiencia Nacional, poco después de haber admitido la denuncia y las querellas formuladas por los crímenes de la dictadura argentina. La seguridad del edificio me avisó de que en la puerta había tres personas que querían verme, y les dije que subieran a mi despacho en la planta segunda. Como normalmente suelo hacer, me levanté y fui hasta la puerta sin saber quién estaría al otro lado; la abrí y me encontré a tres mujeres, a las que sigo tratando y admirando, con su pañuelo blanco, anudado al cuello y sobre la cabeza, y una especie de escapulario con una fotografía plastificada en la que se veía el rostro joven de tres personas. Me dijeron que querían hablar conmigo. Les pedí que pasaran. Un impulso me llevó a darles un beso. Pude haberles dado la mano, pero les di un beso; no sé por qué, pero me lo pedía toda la situación. Les pedí que se sentaran y empezaron a hablar. Y yo las escuchaba.

Conforme lo hacía fui recibiendo un impacto muy intenso, transmitido por la fuerza de las palabras de esas tres mujeres que tenían grabado el dolor en el rostro por la pérdida de los miles de desaparecidos, por la barbarie de aquellos que, invistiéndose de poderes absolutos, habían decidido acabar con la esperanza de unas vidas que no deberían ser un simple recuerdo en el corazón de sus madres. Creo que el único punto de discrepancia que tuvimos fue cuando me agradecieron que les hubiera recibido y que aplicara la justicia. Les dije: «No, no me tienen que agradecer nada. Yo les tengo que agradecer a ustedes su insistencia en que se aplique la justicia». Y es que a día de hoy llevan treinta y cuatro años pidiendo justicia sin más fuerza que su voz, su palabra y sus vueltas por la plaza de Mayo.

Hace unos días, el 10 de diciembre de 2010, la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner me entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos en Argentina. Ese premio lleva el nombre de Azucena Villaflor.

Azucena Villaflor fue una de las fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo, una mujer que perdió a su marido y a sus hijos, que fueron recluidos en la ESMA, donde desaparecieron. Ella comenzó, junto con otras madres, a pedirles cuentas a los represores, a Videla entre otros, que era en ese momento el que estaba al frente de la Junta Militar. Y no les recibía. Y de nuevo volvían, y de nuevo volvían. Y se fueron organizando… Y ya allá por abril de 1977, el 30 de abril de 1977, dijeron: «Bueno, formalicemos ya definitivamente este movimiento». Y comenzaron con quince madres en la plaza de Mayo y empezaron a andar, a reclamar: «Con vida se los llevaron, con vida los queremos». Como decían también Azucena Villaflor y Nora Cortiñas: «Nuestros hijos son los hijos de todas. Todas somos las que reclamamos a cada uno de ellos».

Es decir, asumieron rápidamente el papel de víctima universal, fue una intuición genial y lo tuvieron muy claro: ya no era que uno hubiera perdido a alguien u otro lo hubiera recuperado, es que todos estábamos perdiendo a todos. Pero hubo una infiltración en las Madres de la Plaza de Mayo, el capitán Astiz, que se hizo pasar por hermano de un desaparecido y las fue identificando; finalmente, Azucena fue secuestrada el 10 de diciembre de 1977. Fue torturada y hecha desaparecer. Sus restos aparecieron en el Rio de la Plata, y en 2004 finalmente se comprobó que correspondían a ella y fueron inhumados en 2005.

La gran victoria de aquel grupo de quince madres que iniciaron el movimiento fue conseguir que el compromiso individual de cada una de ellas se convirtiera en un clamor y una necesidad colectiva, aun sabiendo que ello podía acabar en el sacrificio personal, como ocurrió con tantas víctimas.

Pero alguien, en cada momento de la historia, debe asumir ese riesgo y realizar aquello que es necesario para que los demás puedan continuar la obra sin desfallecer y obtener el resultado deseado.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo mostraron al mundo entero no solo el coraje de unas mujeres que, con su pañuelo de paz anudado a sus cabezas, se enfrentaron a una dictadura, sino que también dibujaron el camino de la justicia partiendo de la voluntad indomable de la que hablara Gandhi.

Su esfuerzo, su valor, su sacrificio han hecho menores y apenas perceptibles los que otros han realizado para que la justicia y la reparación no pasaran al olvido ni aquí ni en cualquier otro país.

Pueden pasar setenta años, como en España, pero mientras exista alguien que denuncie el olvido y la ausencia de justicia, siempre habrá esperanza de que esta se materialice haciendo realidad el derecho humano de las víctimas a la misma, a la verdad (que incluye la memoria) y a la reparación.

El desprecio por los verdugos, por todos aquellos que han masacrado a millones de personas por razones ideológicas o políticas, por razones de raza, religión o género, es solo comparable al que debe sentirse por los que guardan silencio frente a esos crímenes, mostrando con su indiferencia su complicidad con los perpetradores. Todos ellos han sido los que han intentado destruir la buena historia de la humanidad a lo largo de los siglos.

El mundo lo cambian aquellos que, desde los valores y los principios, aunque sean mil veces derrotados por los intolerantes y los fanáticos, se levantan y pelean dando sentido a la utopía de la esperanza, sembrando una semilla cuyos frutos otros recogerán.

El ejemplo de estos valientes es el de millones de personas que lo dieron todo por una idea y por un mundo mejor. Las víctimas, desde la dignidad, nos muestran el camino que seguir y cuál debe ser el grado de implicación que debemos asumir en la construcción de una democracia real, verdadera y próxima. Los políticos, los jueces, los servidores públicos en general deben ser el espejo en el que cada uno de nosotros podamos reconocer nítidamente los perfiles de la honestidad y la honradez, de la ética y de la responsabilidad, de la justicia y la verdad.

Hace treinta y cuatro años, los represores argentinos, usando su libertad, se convirtieron en los detestables protagonistas de la sangrienta y por lo visto infinita historia de la tortura, la desaparición y el asesinato en el mundo. «También en su voluntad y libertad los verdugos argentinos —como dice José Saramago— cometieron su infame trabajo. Quisieron hacerlo y lo hicieron. Ningún perdón es posible. Ninguna reconciliación nacional o particular». Las voces de miles de víctimas lo impedirán, y esas mismas voces, que tantas veces en la plaza de Mayo gritaron «NUNCA MÁS», tampoco consentirán que la vergüenza y la impunidad aniden en los corazones del pueblo.

Argentina fue ejemplo de rebeldía a través de un grupo de héroes que semana tras semana, en aquella plaza emblemática, a las 15.30 de la tarde, cada jueves denunciaban la injusticia y exigían —y aún exigen— a las instituciones que no olviden su responsabilidad.

Argentina abordó y realizó un juicio ejemplar a las Juntas Militares, cuyo vigesimoquinto aniversario se cumplió en 2010, pero después la noche oscura de la impunidad se extendió por casi veinte años, hasta que un presidente, Néstor Kirchner, asumió la responsabilidad histórica de acabar con esa lacra y la iniciativa fue seguida por otros muchos, hasta que se consiguieron romper las barreras de la justicia y esta cumplió con su deber, dando de nuevo ejemplo al mundo de cómo debe comportarse un Estado respecto de quienes destruyeron toda idea de democracia y de convivencia pacífica, masacrando a miles de personas a las que debían proteger.

Doy las gracias a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a todas las víctimas en general, porque ellas me han enseñado a comprender y a aplicar la justicia de otra forma y a que no me importe asumir los riesgos que toda empresa difícil comporta. En la vida se tienen que tomar decisiones y optar por una línea de conducta, aunque esto te reporte complicaciones. Alguien tiene que hacerlo, y merece la pena realizarlo por aquello en lo que se cree.

Quizá entre todos hayamos conseguido aunar los sueños y la realidad. La esperanza de mejorar el mundo es algo que motiva a la gente de buena fe. Esa voluntad basada en la fuerza de la memoria, en la conciencia cierta de que el olvido oficial corrompe a quien lo postula o consiente, deforma el presente y lastra el futuro de los pueblos, es la que nos unirá para avanzar juntos, huyendo de la insensibilidad y la deshumanización que nos ofrecen los mercados financieros, y haciendo propia la bandera de los derechos humanos como programa político común en una sociedad cada vez más compleja y diversa.

Esta es la historia de la lucha permanente de las víctimas en el caso de Argentina, que es similar a otras luchas en otras partes del mundo, a pesar del desconocimiento y la persecución que a veces se producen. En este sentido, tenemos múltiples ejemplos en Colombia, Gaza, Afganistán, Congo, Chile, Sudán, Guatemala, Marruecos y el pueblo saharaui, China y la represión contra el Tíbet, etc.

En España, después de décadas de silencio impuesto por la dictadura, los descendientes de los que perdieron injustamente sus vidas o su libertad por razones ideológicas, religiosas o políticas, y todos los que se han comprometido en esta noble causa de la memoria, han mostrado a los responsables políticos y judiciales de la democracia española cuál debe ser el camino de la reconciliación, no con palabras, sino con hechos, no con imposiciones, sino desde el derecho, y también cuál es el coste de la indiferencia y la insensibilidad. Europa nos ha dado ejemplos variados, como el último en Francia, donde en enero de 2011 desapareció el último signo y vestigio de reconocimiento al régimen pronazi de Vichy, responsable de miles de muertos durante la Segunda Guerra Mundial.

El camino de la democracia no debe ser el camino del olvido, porque, si así fuera, antes o después la senda nos conducirá al desastre en virtud del déficit ético acumulado. Decir que la reconciliación es un hecho y que a nadie le interesa la memoria histórica, ni la búsqueda y localización de las fosas y la exhumación de los cuerpos, así como la verdad de las circunstancias que rodearon a las violaciones y, por supuesto, la depuración de las responsabilidades penales de los que las idearon, ordenaron y ejecutaron, es desconocer la esencia del ser humano y toda la evolución que, para la consolidación de sus derechos, la comunidad internacional ha llevado a cabo en los últimos sesenta y cinco años. Mientras haya muertos en las cunetas y no se haya hecho todo lo posible por hallarlos, la reconciliación será una apariencia de sí misma; mientras se siga celebrando a quienes sometieron a millones de personas a la mayor privación de libertades imaginable de la historia reciente, difícilmente se podrá afirmar que solo nos interesa el futuro; mientras se produzcan resoluciones en las que se discuta la necesidad de eliminar los símbolos de la dictadura, no se podrá afirmar que la madurez de una sociedad democrática se ha consolidado.

Ante el carácter masivo de los crímenes, el Estado y sus instituciones, y sobre todo la justicia, tienen la obligación de dar una respuesta a las víctimas. No pueden inhibirse. Pero no por puro voluntarismo del juez, sino porque así lo exigen, no solamente la ley española, la ley de cada país, sino también los principios generales del derecho internacional, así como todos y cada uno de los instrumentos internacionales, de los convenios internacionales de los que España y otros países, en el caso de haberlos ratificado, son parte. Esos convenios y tratados forman parte del derecho interno de cada país que los ha ratificado.

Hoy día, la visión frente a ese tipo de crímenes no puede ser parcial, no debe ser limitada. No podemos quedarnos anclados en lo que la ley española dice. No, porque la ley española también integra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Genocidio, la Convención Europea de Derechos Humanos, las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los principios integradores del ius cogens, de la costumbre internacional en esta materia que se ha ido formando a lo largo de todo el siglo XX. Esa es la ley española.

Desde mi punto de vista —que no es, por supuesto, infalible, y del que mucha gente discrepa—, eso es lo que se debe hacer, es la forma de interpretar la ley. Así lo hice en los casos de Chile y de Argentina, lo he seguido haciendo en el caso del Sáhara, lo he hecho en el caso de Guantánamo y lo he hecho en el caso conocido como «de la memoria histórica» en España. Yo creo que el juez tiene que interpretar y tiene que avanzar. Imponer una interpretación uniforme, jerárquica y vertical del derecho, como pretende el Tribunal Supremo español, por la vía de considerar delictiva la discrepancia interpretativa del juez, tiene unas consecuencias tan peligrosas y tan perturbadoras para la independencia del poder judicial que, mientras me queden energías, lo seguiré denunciando. No sé si es que muchos jueces no se dan cuenta de lo que está pasando, porque piensan que la situación en la que estoy va a ser solo mía y que, bueno, de alguna forma los demás pueden estar tranquilos, pero es una deriva muy peligrosa.

Yo respeto la discrepancia jurídica. Es más, es la base del derecho. Pero reivindico la independencia, y la interpretación de las normas, cuando se produce en el marco integrador del derecho internacional y del derecho nacional. Eso nunca puede ser objeto de tacha ni se puede afirmar que sea una interpretación estrambótica, absurda, separada de cualquier racionalidad. No, es todo lo contrario. Yo creo que eso es lo que funciona y que es lo que impulsa el derecho hacia adelante.

MR: Usted recibe el Premio de Derechos Humanos en Argentina, en el mundo encarna de alguna forma la jurisdicción universal, ha conseguido que España también sea una referencia avanzada en esa lucha por ensanchar la justicia internacional. Pero ahora mismo también personifica la gran paradoja de la justicia en el mundo: está siendo acusado y va a sentarse en el banquillo por investigar en su propio país los crímenes de una dictadura, de una larguísima dictadura, la dictadura de Franco.

Supongo que es difícil explicar al mundo lo que le está pasando.

BG: No es fácil. No es fácil, porque si solamente fuera eso podría tener una explicación. Pero además no es solo esa cuestión, sino que hay dos causas más contra mí perfectamente concatenadas en el tiempo y en el espacio.

Pero quiero decirle dos cosas, o hacer dos reflexiones por separado. Una, sobre el papel que España ha desempeñado en el ámbito de la justicia internacional y, por tanto, en el combate contra la impunidad y en favor de los derechos humanos; y otra, sobre mi situación especial y particular en España como consecuencia de la investigación de los crímenes del franquismo.

En el primer caso, es verdad que España ha desempeñado un papel destacado. Ha sido gracias al esfuerzo de todos. Alguien tiene que mover la primera pieza, pero el esfuerzo de uno se convierte luego en la lucha de todos, y lo que uno pueda hacer, si después no es continuado por otros, acaba en el olvido o en el fracaso. Es decir, esto es una acción colectiva, una secuencia en la que el juez toma una iniciativa, pero previamente hay una denuncia, hay un grupo de personas, hay unas víctimas que ponen en marcha ese mecanismo cuando no es el propio Estado el que lo hace; y después las decisiones del juez tienen que ser ratificadas por los tribunales, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los tribunales internacionales. Así que es un esfuerzo de todos.

España hizo ese esfuerzo, que fue titánico y pionero. El comienzo, las dos primeras resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a finales de octubre y primeros de noviembre de 1998, fue memorable. Yo rindo homenaje a los magistrados que en ese tribunal, a cuyo frente, como presidentes, estaban dos grandes magistrados, Clemente Auger Liñán y Siró García Pérez, tuvieron la visión y la decisión para dar ese paso adelante, interpretar las normas con ese carácter integrador y decirles a España y al mundo que había que gritar «basta» a la impunidad. Esa fue la gran aportación de todos nosotros.

Lo que aconteció después se produjo bajo el efecto dominó. Es verdad que la detención de Pinochet potenció de forma clara la tendencia. Hemos ido desbrozando ese camino, con muchas dificultades. A veces incluso me acusan de ser moderado en la aplicación del principio de justicia universal. No es que yo sea moderado. Soy partidario de la justicia penal universal en sentido amplio. Pero soy responsable, soy consciente de la dificultad que tiene la armonización de ese principio con otros, como el de territorialidad, el de jurisdicción nacional, el de soberanía, y los conflictos políticos y diplomáticos que conlleva su aplicación. Es decir, todo eso debe ser tenido en cuenta, porque afecta a las personas y a las instituciones.

Ha sido en ese discurrir, en ese abrir camino hacia delante, en el que nos hemos estado debatiendo todos estos años. Es decir, hemos tenido que talar una parte de los árboles para marcar la senda a través del bosque. Yo no tengo en mi mano ni en mi cabeza la fórmula mágica sobre cómo debe ser el principio de jurisdicción universal. Lo vamos formando. A lo largo de todo el año 2010 en Naciones Unidas se ha desarrollado una profunda reflexión sobre ese principio y proseguirá en el 2011. También hay informes como el de Richard Goldstone sobre Gaza, en el que se afirma que es absolutamente necesaria la aplicación del principio de jurisdicción universal como una vía de la que disponen los estados para investigar infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, y en el que, por tanto, se recomienda a los estados firmantes de los convenios iniciar investigaciones penales por medio de sus tribunales nacionales sobre la base de la jurisdicción universal cuando dispongan de evidencias suficientes de la comisión de una infracción grave a dichos convenios, así como que tras tales investigaciones, cuando proceda, detengan y abran procedimiento a los sospechosos, de conformidad con los estándares internacionales de justicia y de debido proceso. O informes como los de Amnistía Internacional, que apoya la jurisdicción universal como modo de prevenir la impunidad y promover la responsabilidad internacional. O como el último informe del propio Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (al examinar el 5.º informe periódico del Estado español), en el que se defiende que no se debe abandonar el principio de jurisdicción universal. Es decir, hemos avanzado exponencialmente en los últimos doce o catorce años en ese tipo de aplicación o de interpretación de las normas. Hemos conseguido universalizar la aplicación de la justicia y la protección de las víctimas. Todo ello ha ido parejo, además, al desarrollo del sistema de justicia internacional, a través de los tribunales penales internacionales ad hoc y de la Corte Penal Internacional. Las dos vías han discurrido en forma paralela.

Ha habido decisiones importantes, como la de la Corte Internacional de Justicia en 2002 en el caso Yerodia, que era ministro de Asuntos Exteriores del Congo y estaba siendo juzgado en Bélgica porque había impulsado el genocidio. Desde su cargo había conseguido inducir a la comisión de múltiples delitos contra etnias diferentes. El Congo demandó a Bélgica diciendo: «Oiga, este señor tiene inmunidad, y con tal inmunidad usted, Bélgica, no puede juzgarlo. Lo podrá juzgar un tribunal internacional, pero no usted». La Corte Internacional de Justicia dijo que efectivamente era así y que Bélgica no podía continuar, así que el juicio se recondujo. Es decir, en esa sentencia se empezaron a marcar por primera vez los límites del camino que estábamos abriendo. No fue un ejemplo de planteamiento más favorable a la jurisdicción universal, pero no puede soslayarse su cita. Por otra parte, la corte perdió la oportunidad de pronunciarse sobre los límites de aquella jurisdicción, cosa que sí hizo el Tribunal Constitucional español en la memorable sentencia de 25 de septiembre de 2005 en el caso Guatemala, acogiendo la interpretación más favorable a la aplicación del mencionado principio y, por tanto, otorgando la máxima protección a las víctimas. Captó así el Alto Tribunal el verdadero sentido de la jurisdicción universal, tal como se recoge en los diferentes convenios.

Lo que a mí me duele y me preocupa es que, cuando dicho principio ha llegado a aplicarse a nacionales de países poderosos o de países con gran peso político, ese camino que habíamos abierto con tanto esfuerzo a escala judicial se cierra abruptamente, incluso de forma casi clandestina, con una reforma jurídica que busca satisfacer no tanto los intereses de las víctimas cuanto los intereses políticos, económicos y diplomáticos. La consigna es «cerrémoslo, restrinjámoslo», cueste lo que cueste. Pero ¿qué? Sí, a lo largo de estos últimos años íbamos trazando ese camino por los cauces adecuados, con reflexión, con pasos hacia atrás y con pasos hacia adelante, contribuyendo todos, porque la justicia universal es algo nuevo todavía. Estamos hablando de catorce años, y de doce desde la detención de Pinochet. ¿Qué es eso en la evolución del derecho? No es nada. Las razones expuestas no son suficientes ni creíbles, porque no ha habido debate ni discusión, sino acomodación o pragmatismo en favor de la impunidad de quienes detentan el poder real en la esfera internacional. Hay quien dice que esto no es así, aunque lo cierto es que cuando desde esos países se llamó la atención, los responsables políticos e incluso judiciales tocaron a rebato y cambiaron la línea aperturista en favor de la interpretación amplia de la jurisdicción universal que estableció el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia de 2005 (caso Guatemala) y en otra de octubre de 2007 (caso Falun Gong) por una más restrictiva, que se ha reducido aún más después de la reforma jurídica de noviembre de 2009. Y, de momento, han ganado el poder económico y el político sobre el de la protección a las víctimas y el de la lucha contra la impunidad. No obstante, hay que pelear por que la interpretación sea lo más amplia posible para que proteja adecuadamente a las víctimas.

Desde luego, los ejemplos posteriores no son los mejores, porque ya se ha producido el archivo de una de las querellas sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad en uno de los casos del Tíbet, se rechazó el caso contra la Junta Militar de Myanmar, se ha archivado el caso de Gaza por la muerte masiva de niños durante la Operación Plomo Fundido de Israel, y se está discutiendo otra relacionada con Guantánamo en la que existen víctimas españolas, y a pesar de ello el planteamiento inicial parece favorable al cierre del asunto.

Bien, en todo caso, esos son los principios que aplicamos —o que apliqué— en esos supuestos. Cuando me correspondieron por sorteo los casos relacionados con la memoria histórica, con los crímenes del franquismo en España, los abordé como me impone la ley: recibí las denuncias, las ratifiqué e hice las diligencias de comprobación previa necesarias para determinar el hecho delictivo y para identificar el número aproximado de víctimas, para de esa forma dar sentido a lo que se estaba planteando. Y después, aplicando e interpretando las leyes españolas, las leyes internacionales, los convenios internacionales, la integración de unas con otros, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina de los tribunales españoles y la experiencia de mecanismos internacionales de derechos humanos, decidí abrir ese procedimiento, con unas pautas determinadas, en el auto de 16 de octubre de 2008.

El auto (resolución) tenía una finalidad específica, por supuesto: dar cumplimiento al derecho humano de verdad, justicia y reparación, correlativo de la obligación del Estado de investigar, proteger y respetar los derechos humanos. En la parte que a mí me corresponde, que es la de la justicia —porque así lo han establecido las normas de competencia—, yo apliqué esas normas, esas leyes, de la forma que consideré que mejor contribuían a la protección de las víctimas, a la investigación del hecho criminal y a la determinación de la identidad de los perpetradores, tanto en su estatus como en su existencia o en su defunción. Después, lo que quería era continuar mi investigación, para que se produjeran el resarcimiento, la restauración y la restitución a las víctimas. Y, además, que lo hicieran de forma integral, por una parte con la Ley de Memoria Histórica, que es perfectamente aplicable y que prevé la posibilidad de que las víctimas entablen acciones diferentes y judiciales, y, por otra, desde la justicia. Porque esa es la respuesta que yo creo que todo juez en España tiene la obligación de dar frente a unos hechos que no han sido investigados, que no han prescrito a día de hoy —o al menos esa es la interpretación que yo sostengo— y que son de una gravedad inusitada.

Hay casos como el de los «niños perdidos» del franquismo que son particularmente llamativos y nocivos, y con unas consecuencias o un reflejo actual verdaderamente preocupantes. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su declaración de condena de la dictadura franquista de 17 de marzo de 2006 (Recomendación 1736), hace referencia a este fenómeno afirmando de forma contundente que los «niños perdidos» son también parte de las víctimas del franquismo; se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen, o bien hijos de obreros enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba que su familia republicana era inadecuada para su formación, o bien niños refugiados que fueron secuestrados en Francia y otros países por el servicio exterior de «repatriación» del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado. «El régimen franquista invocaba la protección de los menores, pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de los padres y se les transmitía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos». España tiene la obligación internacional de investigar esos casos, y la justicia española —como parte del Estado, que responde unitariamente— no puede rehuir ese deber. No está siendo así de momento. Incluso en alguna resolución judicial, cuando hemos propuesto (mi defensa y yo) como testigo en mi juicio a una de las personas que más ha investigado sobre ese tema, Ricard Vinyes, se ha rechazado con el argumento de que su investigación es meramente una obra literaria sobre un hecho histórico concreto. ¡En fin!

MR: Cuando inició las indagaciones por las denuncias de los familiares de las víctimas y de las asociaciones de la memoria histórica, ¿qué testimonios, qué hechos comprobados, como este que ha citado del secuestro y robo de niños, le impresionaron más?

BG: Mire, más allá de los relatos, que eran más o menos genéricos ya que se referían a un bloque de víctimas muy amplio y en algunos casos a víctimas concretas, a mí lo que me impresionó realmente y lo que más me llamó la atención fue otra cosa. Lo que de alguna forma me marcó, porque no me imaginaba que pudiera ser así, fue que, después de setenta años, en España no exista un organismo que tenga un índice, un documento donde aparezcan identificadas las víctimas, donde figuren el número de víctimas y los lugares de los crímenes, es decir, un mapa completo de aquel fenómeno al que nos enfrentábamos.

Es verdad que en algunas Comunidades Autónomas se ha hecho y se ha avanzado bastante. Las asociaciones de memoria histórica lo han hecho también, pero a escala estatal no existía nada. Eso me llamó poderosamente la atención y me preocupó. Entonces, para reunir esa información se la solicité a cada uno de los organismos relevantes. Quería poder configurar el objeto de decisión, poder decir: «Hay un hecho delictivo, es masivo, es un crimen en el contexto de crímenes contra la humanidad, se debe investigar», y determinar quién es competente y cómo es competente. Y lo mismo en relación con el crimen contra la forma de gobierno o contra altos organismos de la nación. Esa ausencia me llamó la atención.

Luego me pareció llamativo, hasta el punto de emocionarme en muchas ocasiones, que gente que no estaba personada a través de ninguna asociación de memoria histórica comenzara a mandar cientos y cientos de cartas y de relatos con la partida de nacimiento, con la fotografía del familiar, con descripciones del lugar donde se había producido, de cómo se sabía dónde estaba y el dueño de la finca no dejaba entrar para excavar la fosa donde se suponía que estaba el familiar. Relatos de mujeres que decían: «Es que a mi hermana, yo ni sé dónde está todavía, nunca la encontré». Fue duro el caso de una mujer de cien años que pidió que se le hiciera una prueba de ADN para ver si, de alguna manera, en el futuro su hija u otros descendientes pudieran conocer quién fue su madre o abuela, es decir, su identidad; pero mucho más duro fue que la respuesta del Estado, a través de personas concretas, fuera el silencio, el desprecio y la insensibilidad respecto de las víctimas y sus legítimas pretensiones.

En mi opinión, las instituciones de España, desde luego la justicia, tienen el deber legal (no el deber altruista, sino el deber legal) de atender a las víctimas, porque nunca se les ha restituido en su derecho, nunca se han investigado los hechos delictivos en cuestión y nunca se ha establecido una sanción a los responsables. No debe olvidarse que se trata de crímenes masivos que participan de la naturaleza de los crímenes contra la humanidad.

MR: Hay cosas que llaman la atención desde el sentido común y desde el sentido humanitario, desde el partido de la humanidad, digamos. Mientras hay un desaparecido, el delito se mantiene, no está resuelto. Sin embargo, cuando ha habido exhumaciones llevadas a cabo por las asociaciones de la memoria histórica o por voluntarios, nunca, o en muy raras ocasiones, ha aparecido un juez, o se ha personado una representación judicial. ¿No es esto algo anómalo?

BG: Cuando menos es llamativo. Es verdad que sí se han personado algunos jueces, no la mayoría. Entre otros motivos, y salvo en contados juzgados, por lo que sucedió después de que yo me inhibiera en favor de ellos tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que no éramos competentes o de que mi juzgado no era competente. Yo dicté dos resoluciones, el 16 de octubre y el 18 de noviembre de 2008, en las que se fijaban los hechos objeto de investigación, se marcaban los pasos de la misma y cuáles eran los órganos judiciales competentes para hacerlo. Pero la Sala de lo Penal no compartió esas resoluciones y, con tres votos discrepantes, decidió que había que cerrar esa parte del caso, todo lo que se había hecho a partir del 16 de octubre de 2008. Entonces se produjo la inhibición en favor de aquellos juzgados, en cuyo territorio y jurisdicción habían aparecido, en el procedimiento, fosas perfectamente ubicadas; probablemente sean más, pero formalmente lo hice a los que ya estaban identificados por las partes. Evidentemente, cuando se descubre una fosa, cuando se hallan restos humanos con indicios de una muerte violenta, al margen de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, desde luego no es una mera cuestión administrativa, es obligatorio que el juez cumpla con lo que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, personarse en el lugar, hacer la inspección ocular, exhumar esos restos y ordenar la investigación para saber cuál ha sido la causa de la muerte. A partir de ahí, deberá establecer si hay autores o no hay autores. Lo que no se puede decir es: «No se hace nada porque los hechos han prescrito». El hecho podrá haber prescrito o no, pero ahí hay una persona con un tiro en la nuca, o hay quince personas que están con las manos atadas a la espalda o con la cabeza cortada, o no sé, con signos evidentes de violencia. El juez tiene que intervenir. Después tomará la decisión que tenga que tomar, por supuesto. Hará el análisis jurídico y dirá que «es un delito que ha prescrito» o, por el contrario, podrá establecer que tal prescripción no se ha producido. En todo caso, con esa actuación quedará establecido que ha habido delito, que hay una víctima, que se le ha dado respuesta o identificación a los familiares y que se ha determinado cuál es la causa de la muerte. A partir de ahí archivas el asunto, o lo continúas si hay una persona a la que investigar. Que las hay todavía. En resumen ese es el cauce. Eso es lo que la justicia tiene que resolver.

El tema de la Ley de Amnistía da para hablar mucho de ella. Para empezar, debe de ser la única ley en el mundo que se ha aplicado también a los demócratas. Pero en fin, se aplica, como la propia ley dice, en cada caso, una vez establecido cada caso. O sea, que una vez que aparezca el responsable de cada caso, se debe analizar si los presupuestos de la Ley de Amnistía concurren. Y entonces el juez aplica la ley, pero previamente tiene que existir un imputado que la invoque. Pero no puede ser un argumento para no proteger a la víctima, para impedir que, una vez que haya indicios de dónde hay una fosa, no se ordene la apertura, máxime si con ello se impide el acceso a la justicia para establecer las responsabilidades penales que correspondan.

La Ley de Memoria Histórica establece que eso lo pueden hacer las víctimas. Bien, por supuesto que sobre el papel lo pueden hacer las víctimas, pero nunca a costa de la responsabilidad del Estado. Cada uno tiene su carga, de modo que traspasarla a aquellas es no cumplir la parte que le corresponde a este. Por otra parte, no estamos hablando de grandes organizaciones y, además, son personas muy mayores, por lo que les supone una gran dificultad llevarlo a cabo por sí mismas. Afortunadamente, gracias a nietos, familiares y voluntarios existe una importante movilización. Pero, en cualquier caso, el Estado no puede impedir que la justicia actúe cuando hay un delito, por más que haya una ley de memoria histórica, que puede ser defectuosa, poco eficaz o efectiva y, posiblemente, contraria al derecho internacional.

III

El Presente

La conciencia de un hombre y su juicio

son la misma cosa, y, al igual que el juicio, la

conciencia puede equivocarse.

THOMAS HOBBES

Hablar del presente exige hacerlo desde el pasado reciente, que ya se extiende por más de dos años, en los que, sin una base jurídica consistente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido abrir cuatro causas (la primera, aunque se archivó, se derivó al Consejo General del Poder Judicial, que no asumió la sugerencia de responsabilidad disciplinaria) y, con ellas, iniciar el comienzo del fin de mi carrera profesional como juez. Las razones de esta decisión, hoy materializada en una suspensión cautelar cuestionable (recordemos que el instructor, ante mi petición de servicios especiales para trasladarme a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como consultor externo, dictó siete resoluciones en un solo día para de esa forma conseguir, como en efecto sucedió, que la suspensión se decidiera antes de que se resolviera mi petición y así obstaculizarla) por la causa de los crímenes del franquismo, se me escapan, pero desde luego no son acordes con el derecho. Hay quien dice que quieren acabar con un modelo determinado de juez, del que yo sería un representante señalado, por constituir un mal ejemplo para la judicatura española. Ese mismo tipo de juez ha sido responsable de resoluciones decisivas, dicen, para el avance de ciertos aspectos de la investigación penal en momentos concretos y clave en la lucha contra el crimen. Ahora, esa visión ha cambiado y la enseñanza debe ser recibida clara y nítida.

De las tres causas que tengo abiertas, ninguna se sustenta seriamente. Las imputaciones carecen de consistencia jurídica. Por ello, la defensa se ha vuelto quizá casi misión imposible. Ninguna facilidad se ha otorgado a la defensa; hasta el simple hecho de corregir imputaciones referidas a hechos que no pude cometer al estar internado en una clínica, convaleciente de una operación quirúrgica, o la negativa a corregir fechas equivocadas y trascendentales para la acusación, o los errores al identificar documentos esenciales. El juez incluso aconsejó cómo tenían que hacer las acusaciones populares los escritos de acusación para que pudieran permitir la apertura del juicio oral, o eliminó a una de las acusaciones (por resultar un tanto incómoda) con argumentos arbitrarios y cuestionables jurídicamente, avalados por la sala, tomando una clara postura en contra mía. Cuando transcurra el tiempo y todo esto haya pasado, se podrá analizar el porqué de esta especie de «ejecución» en la plaza pública.

En estos momentos experimento esa amarga sensación de que unos cuantos han decidido el destino —mi destino— y de que presionan a cualquiera que trate de oponerse a ese designio.

Esta pequeña obra tiene un origen muy concreto.

El 14 de mayo de 2010, fui suspendido en mis funciones jurisdiccionales como consecuencia de la apertura de un juicio oral en mi contra por mi investigación de los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo español me acusa de prevaricación. Dicho así resulta tremendo. La prevaricación, es decir, dictar una o varias resoluciones injustas y por tanto a sabiendas en causa judicial, es una de las peores imputaciones que se pueden hacer a un juez, porque es la negación de la esencia del mismo. Se me acusa de haber faltado tanto a los deberes jurídicos de juez como a los principios éticos que deben guiar mi actuación, y eso no puedo aceptarlo porque no es cierto, y aquellos que han decidido llevar hasta el final este aquelarre, estoy convencido de que lo saben.

Sé lo que significa el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución española; llevo muchos años aplicándolo, pero debo decir que, en los tres procedimientos en los que estoy imputado en estos momentos, no se ha respetado conmigo ese principio. El tribunal que me juzgará no ha sido justo conmigo, no lo es y previsiblemente no lo será.

¿Cuáles son las causas verdaderas que me han llevado a esta situación difícil en mi carrera profesional? Para los que observan lo que está sucediendo pero no conocen en profundidad lo que acontece, resulta muy fácil enumerar las posibles explicaciones: basta con acudir a los medios de comunicación y en ellos encontraremos cualquier cosa menos una razón jurídica. Es mucho más difícil justificar las causas profundas por las que un conjunto de jueces, olvidando cualquier posibilidad de razonamiento jurídico compartido, con graves quebrantos procesales y sustantivos, deciden acabar con un juez que ha tenido la osadía de cuestionar esa «razón jurídica» jerárquicamente establecida, con argumentos legales nacionales e internacionales, ampliamente compartidos en España y fuera de ella, y además se pretende hacerlo impidiéndole cualquier posibilidad de probar que su posición es defendida por otros que aplican tales argumentos y que tiene una solvencia específica.

Creo que la fuerza de la razón, frente a la razón de la fuerza, es algo que siempre debe imponerse sobre cualquier tentación de los que, disponiendo del poder, lo utilizan arbitrariamente. Al fin y al cabo, en el fondo de estos casos hay una gran dosis de intolerancia hacia quien se atreve a ser diferente, a interpretar las normas de acuerdo con la legalidad más exquisita, pero más allá del mero positivismo.

No me importa someterme a la justicia —este es un principio básico en un Estado de Derecho—, pero me gustaría hacerlo en igualdad de armas. Para ello estamos reclamando igualdad ante la ley y un juicio imparcial, en el que no tengan cabida los prejuicios contra el imputado y se me permita una defensa razonable.

PRIMERA CAUSA: CRÍMENES FRANQUISTAS

MR: Uno de los principales medios de comunicación del mundo, de los más prestigiosos sin duda, The New York Times, publicó no hace mucho, en abril de 2010, un editorial titulado «Una injusticia en España», en el que dice: «Los crímenes reales en este caso son las desapariciones, no la investigación de Garzón». Quienes lo acusan dicen que usted ha prevaricado. ¿Por qué no hay prevaricación?

BG: La acusación de prevaricación contra un juez es la más grave que se puede hacer. Por tanto, el dolor que de partida lleva eso consigo es muy grande, sobre todo cuando uno tiene la conciencia y la seguridad de no haber cometido ningún delito, de haber hecho solo lo que tenía que hacer como juez, como el juez competente al que por sorteo riguroso le correspondió esta investigación. Porque incluso se ha llegado a dudar de la limpieza del reparto, diciendo que se podría haber alterado para que me tocara a mí. Eso es especialmente doloroso, porque quien se atreve a dudar de que eso sea legal, es decir, de que se haya actuado correctamente en el reparto, tiene muy poca sensibilidad jurídica. No quiero entrar en eso, pero es una realidad: alguien dijo que se podría haber alterado, e incluso se llevó a cabo una investigación al respecto porque coincidían los apellidos de un denunciante en el juzgado n.º 5 y de otro denunciante en el juzgado n.º 2. En un momento dado, pareció incluso que por fin había aparecido algo en contra del juez Baltasar Garzón. Luego resultó que la misma persona había puesto dos denuncias, una sobre la memoria histórica y otra sobre la guerra de Irak. ¡En fin!, no tiene mayor importancia, pero, mientras se aclara, se pone en duda la integridad de una persona.

Yo ni siquiera hablaría de injusticia ante estas acciones. Injusticia es que no se investiguen los crímenes del franquismo, eso sí es una injusticia. O que haya un terremoto en Haití y un año después la gente siga muriéndose porque la cooperación internacional no responde o porque la corrupción se adueña de las instituciones, porque estamos depredando aquello que se debe entregar y no se entrega, por inoperancia, por dejadez o por mala fe. Eso son injusticias.

Lo mío no es agradable, por supuesto, pero es otra cuestión. De alguna forma es un tema de poder: se ha decidido que hay un modelo de juez que no interesa. Se ha decidido que la independencia del poder judicial en este país pasa por una interpretación vertical, jerárquica y uniforme de las normas. Y estamos viendo las consecuencias en mi propio caso. Yo estoy a punto de sentarme en el banquillo, lo cual es evidente que me duele y me preocupa, porque sentar a un juez en el banquillo por interpretar la ley es muy grave para el sistema y el Estado de Derecho. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que pueda imponerse que, para no prevaricar, la única forma de interpretar una norma es la que se te imponga desde arriba, sin permitir cuestionamientos ni libertad para debatir. Eso es muy peligroso para la democracia, para la independencia del poder judicial y, por tanto, para el Estado de Derecho. Eso lo diré aquí y siempre, ocurra lo que ocurra.

Por tanto, es una cuestión en la que se ha decidido que tengo que responder de una interpretación de la ley ante el tribunal que me juzgue. Si eso es así, la ley y la interpretación respecto del delito de prevaricación sostienen que mi interpretación tendría que ser absolutamente ajena a cualquier interpretación racional y razonada, absolutamente estrambótica, diametralmente contraria a todo. Así que yo lo que he procurado es que se debata si ha sido así o no, si mi interpretación de la norma ha sido realmente tan disparatada o si, por el contrario, tiene sentido y consistencia.

Así las cosas, debe analizarse nacional e internacionalmente cuáles son la evolución y el desarrollo, cuál es la línea de interpretación frente a crímenes similares, incluso en períodos similares o idénticos en otros países. Claro, si partimos de la base de que todo esto no nos interesa, de que la única ley que se puede aplicar es la ley local con la interpretación uniforme y estrecha de unos crímenes que acontecen aquí pero que no tienen trascendencia o impacto internacional, se puede comprender esa postura. Pero si los crímenes, como yo mantengo y como mucha gente mantiene, son crímenes cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad, con elementos jurídicos en los que se apoya esa afirmación, la situación es totalmente distinta. Le voy a contar un caso: el genocidio armenio, ocurrido de 1915 a 1917 principalmente, pero que llegó hasta 1921. En 2005 Naciones Unidas reconoce este genocidio como tal; en 2010 lo hace el Parlamento Europeo; en agosto de 2010 se reforma el artículo 301 del Código Penal turco, por primera vez, desaparece la norma que establece que hablar sobre la existencia del genocidio armenio es delito. Por cierto, una norma que llevó al premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk a los tribunales. Y una cuestión por la que el periodista e intelectual Hrant Dink fue asesinado en 2007. Pero a lo que iba: los crímenes ocurrieron entre 1915 y 1921 y recién se le reconoce la categoría de genocidio, y ello a pesar de que los crímenes cometidos contra el pueblo armenio en aquella época ya eran actos genocidas. Esta decisión política conlleva consecuencias jurídicas, pero no cabe duda de que ya constituían delito en el momento de cometerse.

Eso quiere decir que las cosas no son como se cuentan. Cuando el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas dicen que la Ley de Amnistía en España no debe ser interpretada en un sentido amparador de la impunidad, cuando se dice desde Naciones Unidas, desde todos los organismos internacionales, desde el Consejo de Europa, en una resolución de 2005, que se tiene que investigar la desaparición de los denominados «niños del franquismo», no es ninguna tontería. No podemos cerrar los ojos en España cuando los hemos tenido abiertos para investigar los crímenes de fuera.

¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué vamos a extender un manto de silencio? Vuelvo a insistir en que no se quebranta España porque se aplique la justicia. Los jueces lo único que vamos a hacer es interpretar las normas y decir: «Aquí hubo unos crímenes que pueden catalogarse de acuerdo con las normas internacionales y españolas como una determinada categoría de crímenes, así que tenemos que darles protección a las víctimas, tenemos que buscar los restos, tenemos que establecer las responsabilidades penales, si las hubiera, y después todo lo demás». Y, si quieren que también se investigue al juez. Pero no hagan lo uno y dejen de hacer lo otro. Porque efectivamente, como dice el New York Times, los crímenes son los del franquismo, sin lugar a dudas.

Son crímenes que ni siquiera con el posible delito del juez pueden ser tapados. Esos crímenes existieron, existen, y deben tener una respuesta por parte de la justicia. Es una obligación que imponen al Estado los convenios contra la tortura, el de prevención del genocidio o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, y lo defenderé así siempre. No me importa si por ello pierdo hasta mi profesión, que es mi vida, pero no puedes renunciar a algo que es tan evidente, no puedes cerrar los ojos. Si no, tienes que dejar de ser juez, te tienes que marchar. Como juez tienes que proteger a las víctimas, y en este caso hay elementos que justifican esa protección. Además, no puedes tener una doble moral, no puedes mirar hacia fuera con un determinado ánimo y, cuando se trata de analizar lo que ocurrió en España, decir: «No, aquí se produjo una transición y ha habido una reconciliación». A una persona que está buscando a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela, a su hermana, no le puedes hablar de reconciliación. La entiende, por supuesto que sí, pero aguantar, callar y sufrir no es reconciliación. Esta consiste, por ejemplo, en que seamos capaces de hallar un consenso para cerrar de una vez este capítulo de la historia, pero no para silenciarlo. Un espacio en el que se pueda hablar desde lo racional y no desde lo visceral. Nuestra democracia, con más de treinta años de existencia, no tiene por qué tener miedo; al contrario, debe confiar en esa posibilidad de encuentro, y las víctimas de aquellas atrocidades son las que más ayudarán a transicionar, porque no quieren venganza y sabrán perdonar una vez más, pero hay que ofrecerles una respuesta a las preguntas «por qué» y «dónde». Solo así podremos superar la acción indigna de quienes asesinaron y la de quienes niegan el reconocimiento a las decenas de miles de víctimas que aún esperan justicia, verdad y reparación.

La memoria no tiene más límites que los que nosotros le queramos poner, pero siempre acaba llegando una generación nueva que va a rechazar esos límites. Vuelvo a decir: el genocidio armenio es mucho más antiguo que los hechos que aquí valoramos y acaba de ser prácticamente reconocido por importantes instituciones como el Congreso de los EE. UU. o el Parlamento Europeo o la Asamblea francesa. Aquí todavía estamos valorando hechos de personas que están vivas, víctimas y perpetradores. ¿Establecer una interpretación cicatera de la ley para no proteger a las víctimas y sí hacerlo con los verdugos, para negarles un derecho humano a las víctimas y después decir que estamos defendiendo los derechos humanos? Eso es una burda mentira. Es algo absolutamente cínico.

A mí me ha tocado esta situación, esas son las ironías de la historia, ¿no? Quizá alguien piense: «Oye, pues que no te toque lo del franquismo». Pues me tocó. Y me tuve que enfrentar a mí mismo, a mi propio discurso, a mi propia coherencia. Hubiera sido muy fácil decir que no, no haber avanzado, pero decir que no significaba renunciar a todos los principios por los que yo creo que merece la pena ser juez y renunciar a la correcta aplicación de la ley, según la interpretación razonable, razonada y sometida a las reglas de la buena fe y al amparo de la ley internacional que yo hice.

MR: Usted les dedicó un libro a sus hijos titulado Un mundo sin miedo. Ahora es un juez que va a ser sentado en el banquillo por cumplir con su deber. ¿Cómo les ha explicado esto?

BG: No es necesario, ellos lo ven. Ellos vienen padeciendo este proceso desde el principio, y también han vivido desde el comienzo todos y cada uno de los avatares que hemos padecido en estos años. También han gozado los momentos buenos. En cuanto a los malos, sí han existido. Recuerdo momentos difíciles en 1995, cuando investigaba los GAL, el temor de la familia y como nos protegíamos todos, encerrados en una habitación porque habían entrado en la casa para sustraer una causa judicial o cuando lo hicieron para dejar un mensaje mañoso de amenaza encima de la cama. No sabíamos de donde procedían las agresiones y tampoco nos ofrecía garantías la protección ofrecida. Y nunca se practicó una investigación seria. «No ha habido nada, no sabemos nada», nos decían. Al que hoy es el marido de mi hija le quemaron el coche delante de la puerta de mi casa, en 2006; y también el de uno de los escoltas. Nunca se ha sabido quién, cómo, de qué manera. Yo mismo estoy ahora en La Haya, y lo primero que se recibió fue una información de que un grupo de extrema derecha (Combat 18) cruza unos correos electrónicos que dicen: «Hay que liquidar al juez, porque está investigando los crímenes del franquismo». Esto no lo había dicho nunca, pero lo digo ahora.

¿Cómo les explico yo esto a mis hijos? Ellos tienen que aprenderlo, tienen que vivirlo. Afortunadamente, mis hijos son personas comprometidas, sensibles. Mi hija pequeña, que ya tiene veintiún años y está estudiando psicología, cuando comenzó esta locura me dijo: «Papá, pero ¿por qué pasa esto, por qué?». Le contesté: «Porque las víctimas quieren conocer el paradero de sus familiares, porque quieren que haya justicia». «Pero ¿no es eso lo que se ha hecho en los demás casos? —quiso saber—. ¿Cuál es el problema, ahora?», concluyó. Convencido, le dije: «Pues que es aquí, que son crímenes cometidos en España».

Más que explicarles, yo he procurado enseñarles siempre que deben ser coherentes y firmes en sus convicciones, y que siempre deben estar del lado del más débil. Quizá eso ha sido suficiente para que asuman un compromiso y para que les resulte por una parte más fácil entender que, cuando te comprometes y cuando llegas hasta el final, puedes sufrir las consecuencias. Pero, por otra parte, también es muy difícil, porque la pregunta es: ¿cómo es posible que por hacer aquello que parece que es legal se cuestione a una persona y se trate de acabar con su carrera, con su vida? La vida como juez; la otra, desde luego, continuará después, pero ya de otra manera. Y a veces incluso es casi imposible explicarlo. Por eso lo que yo les digo es que estén atentos a lo que va sucediendo y que analicen y saquen sus conclusiones, pero que nunca cambien su manera de percibir los fenómenos y que se comprometan cada vez más en esa línea, desde luego.

MR: La denuncia que motiva este procesamiento parte de un grupo extremista, de un grupo de ultraderecha. Por otra parte, gran parte de las pruebas que usted propone para su defensa son rechazadas. Desde fuera, desde una perspectiva independiente, parece una pieza de teatro del absurdo, ¿no?

BG: O quizá algo diferente. Quizá es que no se quiere afrontar la discusión que propongo para demostrar que es un tema de interpretación jurídica y que hay cosas que hablar y que discutir, desde lo razonable, no desde el desgarro, no con soflamas, propaganda o extremismos, pero tampoco con miedo. Debatir como personas, abiertamente. Y que mi interpretación de esas normas y de esos principios no es ni tan descabellada ni tan aislada, como pretende el instructor.

¿Cómo se me está dejando? Pues sencillamente indefenso. ¿Por qué, si se trata de algo jurídico, el Tribunal Supremo se niega a debatir o discutir desde lo jurídico las pruebas por mí propuestas, que vendrían a apoyar y probar por medio de otros que lo que se sustenta en mis resoluciones, ahora tachadas de prevaricadoras, es precisamente razonable?

MR: ¿Por qué considera que son importantes estos testimonios de juristas internacionales, por ejemplo?

BG: Porque a mí se me acusa de interpretar la ley de una forma no acorde con los principios básicos del derecho, como si mi interpretación fuera totalmente absurda e irracional. Actué de una manera, dicen, sabiendo que no podía hacerlo. Y yo lo que trato de demostrar es que no es así, que la interpretación y la aplicación de los principios que yo he tenido en cuenta para realizar esta investigación son defendidas por mucha gente. Entre otros, por los propios magistrados que firmaron el voto discrepante en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el recurso contra mi auto de 16 de octubre de 2008, y también por fiscales como Dolores Delgado, que desarrolló una acusación contundente y seria, solicitando penas por delito de genocidio y alternativamente por crímenes de lesa humanidad, con un informe final demoledor e histórico —el único hasta la fecha en España— en el juicio oral contra Adolfo Scilingo, en el caso por la represión durante la dictadura argentina, consiguiendo una condena por crímenes de lesa humanidad. Y Scilingo, condenado por esos crímenes por la Audiencia Nacional —ponencia de José Ricardo de Prada—, lo fue también por el propio Tribunal Supremo por secuestros, asesinatos y torturas, cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad, incluso a una pena mayor (es verdad que con el voto discrepante del instructor de la causa de la memoria histórica contra mí, el señor Varela). En gran medida, ese voto discrepante en el caso Scilingo es en el que se apoyan los autos del señor Varela contra mí.

Aquí están en juego dos formas de interpretar el derecho: la que sostienen los magistrados del Tribunal Supremo, una interpretación localista, cerrada, estrecha, excesivamente positivista, inflexible y extremadamente formalista de la norma, que se ha quedado un poco obsoleta. Y frente a ella, otra, integradora en esa legalidad de las normas españolas e internacionales, de las que España es parte, frente a crímenes que tienen ciertas características especiales por afectar a toda la humanidad. Esos son los dos planteamientos. A mí se me ubica en el segundo, y por ello me encuentro en esta situación. Con las pruebas propuestas (juristas nacionales e internacionales) no se pretende enseñar derecho a los juzgadores ni decirles: «Mi interpretación es mejor que la suya». No, lo que se quiere demostrar es que esta interpretación de la Ley de Amnistía, de los crímenes contra la humanidad, de la permanencia delictiva de la desaparición forzada de personas, de la tortura, etc., es defendida en casos similares en muchas partes del mundo donde se han producido los hechos y también aquí, en España. Por tanto, si esto es así, ¿dónde está el ánimo de prevaricar? Tendremos una opinión jurídica discrepante, pero no hay un ánimo de prevaricar.

Se dice: «Es que usted está investigando a los muertos; usted dice que investigaba a Franco y sus generales, y estos están muertos y es evidente que están muertos». Sí, y lo que se hace en un proceso penal es investigar el delito, investigar a los responsables y proteger a las víctimas. En el caso de los responsables, si han fallecido se constata ese fallecimiento, porque así lo exige la ley, ya que de esa constatación oficial se derivan unos efectos jurídicos. Esto lo saben todos los juristas. Queda muy bien eso de que determinados medios de comunicación dicen: «Se dio cuenta ahora Garzón de que Franco murió», pero cualquier jurista sabe que es necesaria la constatación.

MR: Sí, se utilizó esa ironía. Lo que quedó al final fue ese chascarrillo, ¿no?, esa especie de chiste…

BG: Eso se debe a la frivolidad de algunos. Pero termino el razonamiento. La clave es que de esa certificación y de esa constatación se derivan efectos jurídicos. Pero es que, además, no está claro que todas las demás personas hayan fallecido.

El fiscal, cuando presentó el escrito en el que solicitaba la absolución, dijo en cuanto al tema de la certificación de defunción: «Bueno, también era notorio que había fallecido Franco, y sus herederos tuvieron que solicitar la partida de defunción para la declaración de herederos». Claro, porque es un requisito que establece la ley y estamos en un procedimiento penal. En un procedimiento penal se tienen que acreditar fehacientemente las cosas. Porque desde esa fecha también se producen, como digo, efectos derivados para el ámbito de las responsabilidades civiles que establece el Código Penal, y por tanto también para las víctimas. Ese es el motivo de tomar esas decisiones. Esto debería haberse explicado en forma sosegada a los ciudadanos. Sin embargo, quienes tenían esa responsabilidad de debatir y explicar acudieron al discurso descalificador y demagógico, cuando no al del miedo y al de la alarma respecto de algo (la protección de las víctimas) que debería estar revestido de total normalidad en un Estado de Derecho.

Por tanto, al hacer comentarios frívolos sobre el tema, quedan bien cuando se trata de destruir lo que se ha hecho, pero desde luego quedan mal en el contexto de la gravedad de lo que estamos hablando y tratando de resolver. Esa es la auténtica verdad. Y sí, es muy grave que al final el juicio contra el juez se solape y evite el juicio contra aquellos que cometieron esos crímenes y que se juzguen esos mismos crímenes. Incluso el juicio contra el juez no va a entrar en el fondo, con lo cual las víctimas continuarán sin respuestas y las cuestiones de competencia, suscitadas entre los diferentes juzgados, serán resueltas no por la vía de la cuestión de competencia, sino sobre la base de la sentencia contra el juez. Es verdaderamente sorprendente y difícil de comprender.

MR: Sí, porque volviendo a la verdad contundente de esa frase del editorial del New York Times, luego dice: «Lo que hay que investigar son las desapariciones y no al señor Garzón», ¿no? ¿De qué tipo de crímenes estamos en realidad hablando?

BG: Pues fíjese, yo incluso estoy dispuesto a que se investigue al señor Garzón. El señor Garzón es un ciudadano normal y corriente. El principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley debe existir, y yo, como he pedido en más de una ocasión, lo que quiero es ser igual que los demás, que no me den un trato especial, porque desde luego llevo las de perder; quiero ser igual que todos. Pero eso no puede obstaculizar la investigación de los crímenes que tienen una especial gravedad y que nunca han sido investigados; es que lo uno no tiene que ver con lo otro.

Supongamos que yo haya podido cometer alguna irregularidad. De acuerdo, que se determine. Aunque en este ámbito no debe olvidarse que, como recalca el voto discrepante de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se decidió la nulidad de los autos del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 ante determinadas situaciones excepcionales, el formalismo extremo debería decaer («la excepcionalidad conmueve a las instituciones procesales»), y si hay ciertas «irregularidades» procesales se corrigen; así lo ha entendido también en derecho comparado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano, al determinar que «… dentro del marco normativo de las reglas procesales que le resultan aplicables, este goza de un margen razonable de flexibilidad en su aplicación, de manera que toda formalidad resulta finalmente supeditada a la finalidad de los procesos… por lo que goza de cierto grado de autonomía para establecer determinadas reglas procesales o interpretar las ya estipuladas, cuando se trate de efectivizar los fines de los procesos»; y «en aplicación del principio proaccione que impone al juez interpretar los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción».

En todo caso, ¿por qué se paraliza la tramitación de la cuestión de competencia? No tiene sentido. Es algo que para mí resulta muy poco comprensible y, desde luego, muy alejado de la sensibilidad que se debe tener en estos casos —me refiero a la sensibilidad jurídica y humana— respecto de las víctimas. Que haya víctimas que estén todos los jueves en la Puerta del Sol exigiendo justicia, que vayan de lugar en lugar, a veces pidiendo autorizaciones para que se les permita abrir unas fosas porque hay propietarios que no quieren hacerlo, o que tengan que cumplir una serie de trámites administrativos para hacerlo, es algo incomprensible, cuando lo que hay ahí dentro no son ni recursos naturales ni restos arqueológicos sino cuerpos de seres humanos que fueron violados, torturados, ejecutados extrajudicialmente, hechos desaparecer, eliminados. Eso es lo que me indigna. Porque estamos hablando de algo muy serio, y nadie en este país se debería tomar esto a la ligera.

Aparte de que no entiendo a determinados sectores de opinión en España. ¿Cómo es posible que todavía se siga alimentando la figura de las dos Españas? Yo no he oído a ninguna de las múltiples víctimas con las que he hablado que diga nada respecto de las víctimas de la otra parte. Por el contrario, lo que pretenden es encontrar los cuerpos de sus seres queridos y que, si hubo una responsabilidad penal, que el juez la determine o diga que, si la hubo, se ha extinguido. Pero al menos ¡deme protección completa! Y creo que tendríamos que hacer ese ejercicio todos los ciudadanos. Es más, yo estoy convencido de que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de España estarían de acuerdo. Quienes no están de acuerdo son los que mueven esas maledicencias.

MR: Realmente estamos hablando de un principio humanitario, ¿no?

BG: Estamos hablando de un derecho humano y, por tanto, de una obligación internacional para el Estado español. Eso por una parte. Y, después, por supuesto que sí: es derecho humanitario, es que no se puede abandonar a las víctimas a su suerte. Claro, se me dirá: «Existe la Ley de Memoria Histórica». Sí, menos mal que comenzó la Ley de Memoria Histórica, con todas sus limitaciones, pero es que son caminos que no tienen por qué ser contrarios, pueden perfectamente compenetrarse, pueden perfectamente integrar esa protección total de las víctimas. Porque en una investigación penal ningún juez va a decir que se retiren los símbolos del franquismo. Para eso está la Ley de Memoria Histórica. Si se denuncia que en tal lugar hay una fosa donde hay veintitrés personas que han sido ejecutadas, un juez tiene que ordenar la exhumación y tiene que investigar qué ocurrió, porque todavía puede haber personas vivas responsables de esos crímenes. Y luego que aplique las normas que considere, de prescripción, de amnistía o de lo que sea. Pero teniendo bien presente que las prescripciones y amnistías no son compatibles en el ámbito internacional con este tipo de crímenes masivos, siendo la tendencia la de restringir al máximo sus efectos. Por ejemplo, y nuevamente en derecho comparado, el pasado noviembre de 2010 el Tribunal Constitucional peruano estableció en el caso Accomarca que «la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los excesos del poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el encubrimiento que el Estado haya realizado de los hechos que deben ser investigados… De este modo, una interpretación conforme a la Constitución de las normas de prescripción de la acción penal implica dejar de contabilizar todo el lapso en que se sustrajeron los hechos de una efectiva investigación, a través de órganos judiciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales»; o la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de diciembre de 2010 que anuló la Ley de Amnistía de Brasil en el caso Araguaia: «Las disposiciones de la ley de amnistía brasilera que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana, carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de hechos como los del presente caso». Así mismo la Corte establece que el Estado, al haberse negado a investigar por más de tres décadas, es responsable por la tortura psicológica de las víctimas (desaparición forzada de 62 personas de la guerrilla Araguaia entre los años 1972 y 1974).

Ante esas decisiones judiciales, habrá víctimas que las recurrirán, y habrá un tribunal que les dará o no les dará la razón, y habrá un recurso ante el Tribunal Constitucional, que dirá sí o no, y luego podrán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que les digan: «Ustedes tienen derecho, ustedes no, se han violentado sus derechos, o no». Pero lo que no se puede hacer es negar la justicia diciendo que ya están prescritos los hechos o que fueron amnistiados, o que el juez tiene una interpretación muy peculiar de la Ley de Amnistía. No, el juez —en este caso yo— no tiene ninguna interpretación peculiar de la Ley de Amnistía; es que ni siquiera llegué a aplicarla. Porque lo que digo en mis resoluciones es que, al margen de lo que la Ley de Amnistía comporta y de si debe o no debe aplicarse a los crímenes contra la humanidad (que en ningún caso se puede aplicar), no es aplicable porque los crímenes se siguen cometiendo; son crímenes permanentes, porque son desapariciones, porque nunca se ha dado razón de dónde estaban los cuerpos, porque nunca hubo una investigación ni se ha llegado a identificar a los perpetradores que pudieran en todo caso invocarla. Entonces, cuando esto suceda, será el momento de resolver si se aplica o no, pero no antes.

Esto es lo que los estándares del derecho internacional penal y de los derechos humanos dicen que debe hacerse en estos casos.

Se toma incluso a broma el que yo dijera en una de mis resoluciones que no había habido ninguna investigación judicial. Claro que no la ha habido. No la pudo haber durante la dictadura. Y después, en democracia, tampoco la ha habido, porque no se produjeron las denuncias y no se activó la acción penal. Además, no todo vale a la hora de hablar de «investigación efectiva»; tiene que reunir una serie de requisitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha especificado (entre otras resoluciones, el 26 de septiembre de 2006, en el caso de Vargas Areco contra Paraguay el 25 de noviembre de 2006, en el caso del penal peruano Castro Castro) cuáles son las diligencias mínimas que deben realizarse:

La eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad… Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 18 de septiembre de 2009 ha dicho (caso Varnava) que el alcance de la obligación procesal es claro: la investigación oficial ha de ser independiente, accesible para los familiares de las víctimas, debe realizarse con prontitud y sin dilaciones indebidas.

A la luz de esta doctrina, parece evidente que en España no ha existido ninguna investigación anterior con estas características, hasta que las víctimas plantearon la acción penal en el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 en 2006. Una vez que está activada, lo que se debe hacer es dar una respuesta a todos esos temas pendientes. Ese es mi punto de vista particular, lo que he tratado de argumentar en mis resoluciones de la mejor forma posible, y desde luego creo que con argumentos que, por lo menos, deben ser considerados y tenidos en cuenta, y no despreciados. Sobre todo, no merecen que se diga —eso es lo más doloroso y lo más cínico— que esas interpretaciones se han hecho intencionadamente de forma arbitraria para quebrantar la ley. Eso no es asumible ni aceptable y no lo voy a aceptar nunca, aunque me condenen.

MR: Usted citaba antes el caso de Armenia y de otros genocidios; en el primer auto, el del 16 de octubre, fundamenta la existencia de un plan premeditado para eliminar a los republicanos españoles, o, dicho de otra forma, a las personas contrarias a la dictadura. ¿Realmente un país y una administración de justicia pueden convivir —digamos— moralmente sin asumir esa realidad de que existió un genocidio en España?

BG: Por desgracia eso se produce con mucha frecuencia en numerosos países. Es una perspectiva que, desde luego, yo no comparto, y que la gente no debería compartir. Para mí sería imposible asumir que esos crímenes existen y tomar una decisión diferente de la que tomé. Al margen de denunciarlos o no, desde el momento en que a mí como juez se me pone en la tesitura de tomar una decisión, yo no puedo adoptar una posición distinta. Esa es mi interpretación. Otros toman otra, bien, y ahí estamos. Pero, desde luego, creo que un país debe asumir su propia historia, con todos los capítulos. Aquí parece que lo que se trata de decir es: «Que se ocupen los historiadores y ya está».

En todo caso, mi interpretación está en línea con lo dispuesto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que al interpretar el alcance del derecho a un recurso efectivo (y, por tanto, la obligación de investigar) ha dicho que los estados tienen la obligación de llevar a cabo todas las actividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon e identificar a los autores. Se trata de una obligación jurídica, lo que significa que las investigaciones deben ser emprendidas de oficio por las autoridades, independientemente de que medie una denuncia formal.

No sé, podría ser un ejercicio interesante preguntarles a todos los jóvenes —cuando digo jóvenes me voy hasta los cuarenta años—, por ejemplo, que nos digan quién sabe algo acerca de la Guerra Civil española, acerca de la represión del régimen de Franco, quién sabe algo de los niños perdidos del franquismo.

MR: Los campos de concentración, los fusilamientos…

BG: Yo creo que el resultado sería desolador. Si eso es así en el ámbito de la educación, algo está fallando; en el ámbito de la política, algo está fallando. Pero yo no tengo que analizar eso como juez. Yo tengo que analizar que una serie de personas que son perjudicadas en la acción popular me han presentado unas denuncias, y tengo que dar una respuesta en derecho. Y la respuesta en derecho desde el ámbito penal es establecer la posible existencia de un delito, como lo demuestran la infinidad de evidencias existentes, los posibles responsables, la protección a las víctimas, y que se continúe la investigación si, como en su momento yo consideré, tenía que seguir en otros juzgados de España. Eso es lo que yo creo que corresponde desde el derecho, y eso es lo que nos están pidiendo también los organismos de derechos humanos y los organismos internacionales de Naciones Unidas. Es decir, respondan ustedes a esa cuestión (la obligación de investigar como parte del deber de respetar y proteger los derechos humanos). Bueno, también nos lo dirá probablemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando el caso se radique allí, porque evidentemente algo así sucederá.

A la hora de vivir con el peso de la memoria, cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, como memoria colectiva de un pueblo, es muy difícil lograr que dé un sostén definitivo a ese pueblo, una coherencia moral y ética si no se asume la historia con todos sus capítulos. Aquí todavía hay muchos que dicen que sí, que todo está arreglado, que la transición lo cerró todo. Yo no tengo nada que decir en este contexto sobre la transición, tengo mis opiniones particulares, pero no vienen al caso. Pero en el tema de la justicia no hay nada cerrado porque no ha habido una respuesta a estos hechos, y no la ha habido porque no ha existido voluntad, pues la Ley de Amnistía no se refiere para nada a estos hechos. El precedente de la Ley de Amnistía, que es el Decreto de Ley de Amnistía de 1976, en la interpretación que hacía el fiscal del Reino sobre el mismo, excluía los crímenes atroces, es decir, los crímenes de los que estamos hablando. Ninguna ley de amnistía se puede referir a crímenes contra la humanidad. Está prohibido.

MR: No puede ser un escudo definitivo, una ley de punto final, ¿no?

BG: No puede serlo. No, porque constitucionalmente está prohibido. Y ojo: la Ley de Amnistía es anterior a la Constitución. Y la Constitución prohíbe todo tipo de amnistías, con mayor razón. Los tratados internacionales establecen que la amnistía no puede ser aplicada a este tipo de crímenes, además. Hay algunos países que se alinean minoritariamente en sentido contrario, pero, cada vez más, está clarísimamente determinado que eso no es viable. Y, desde luego, todas las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van en esa línea restrictiva de las amnistías, como ya dije antes; como también lo hacen los mecanismos casi jurisdiccionales de ámbito universal en el contexto de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, y como pronto lo hará el comité encargado de velar por el cumplimiento de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, cuya competencia ha reconocido España en enero de 2011. Aquí, en España, no se puede defender de forma genérica y sin análisis de ningún tipo la posición contraria, que nos alejaría de las tendencias más consolidadas.

Desde luego, yo no comparto dicha posición estrictamente positivista y de alcance local. Pero, insisto, el tipo de crímenes que aquí estamos investigando —o se estaban investigando—, que son desapariciones, detenciones con desaparición forzada de personas, son delitos que no han dejado de cometerse. Por tanto, después de la Ley de Amnistía siguen vigentes; en todo caso, que cada juez, si llega el supuesto, cuando tenga enfrente a un responsable de este tipo de crímenes, diga: «Aplico la Ley de Amnistía». Porque entonces se podrá recurrir y se podrá establecer una doctrina al respecto. Desde luego, las interpretaciones que hay de la Ley de Amnistía en otros ámbitos, en el laboral, por ejemplo, son contrarias a la interpretación que están aplicando en mi caso, pero bueno, así están las cosas por el momento.

MR: Señor Garzón, los medios de comunicación independientes resumen su caso con el epígrafe «acoso», el acoso al juez Garzón. No le pregunto ahora sobre fechas concretas sino sobre percepciones: ¿cuándo empezó para usted todo esto?

BG: A mí no me gusta hablar de acoso, aunque alguna vez he empleado la expresión «persecución» o «intención de acabar con una persona y con una trayectoria como juez», eso es evidente. Hay una fecha que para mí es determinante, y es cuando estalla o se da a conocer el denominado «caso Gürtel» (la investigación sobre una de las tramas de criminalidad organizada a través de la comisión de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos fiscales y tráfico de influencias, entre otros. Una de las tramas de corrupción más importantes descubiertas en España, en la que resultaron presuntamente implicados diversos empresarios, abogados, responsables políticos y autoridades vinculadas al Partido Popular o integrantes del mismo, y que afectaban a un variado número de empresas en varias Comunidades Autónomas y en el extranjero). A partir de ahí se aplicó el manual clásico en este tipo de casos, en contra del juez, de la fiscalía, de la policía y de todo aquel que tuviera relación con la investigación, para ocultar la relevancia del asunto y, de ser posible, acabar con ellos. En tal contexto no se renunció a ninguno de los ingredientes: se investigó al juez, se fabricaron dossiers sobre la vida privada del mismo, los lugares a donde iba, a qué se dedicaba en los días de descanso, cuántos viajes hacía, adonde iba con su familia o amigos, cuáles eran sus relaciones y aficiones, se armaron supuestas conspiraciones, se le tildó de parcial, de servir a los intereses del gobierno, se presentaron denuncias contra el mismo en el Consejo General del Poder Judicial y querellas en el Tribunal Supremo. Es decir, se utilizó todo lo que condujera a desacreditar a quien estaba investigando y, a ser posible, a anular la investigación. El montaje (que me recordó la peor época de la investigación de los GAL, cuando también se acudió a técnicas similares), no por artificial, dejó de producir sus efectos, dirigidos a conseguir el objetivo deseado: poner en duda la imparcialidad de la investigación. Incluso cuando se utilizó la coincidencia del ministro de Justicia conmigo (entre cuarenta o cincuenta personas más, la mayoría amigos desde hacía años) durante el fin de semana para cazar en Andújar y Torres, mi pueblo, para dar la impresión de que la ocasión se había buscado para «conspirar», la presentación del tema caía por su propio peso. Pero, para que calara en la opinión pública, se renunció a ofrecer una sencilla explicación de la intrascendencia del hecho y se generó una apariencia de realidad que no había existido; se ocultó hábilmente que tal evento había tenido lugar después de las detenciones de los principales responsables, de los registros, de los bloqueos de cuentas y de la intervención de documentos. Es decir, al margen y sin posibilidad de incidencia alguna, porque la operación, en esa fase inicial, estaba cerrada. La sucesión de ataques y descalificaciones acontecía, mientras que el juez, cumpliendo con su obligación, investigaba hechos criminales muy graves, a la vista y paciencia de todos los órganos de la justicia, especialmente del CGPJ, que guardaron un sonoro silencio, solo interrumpido por la voz de algún vocal que había estado vinculado políticamente al Partido Popular, y no precisamente a favor de la independencia judicial (posteriormente pidió disculpas públicas por sus palabras). Al mismo tiempo, desde el ámbito político se desató un desaforado ataque concertado a cuyo frente aparecía de facto el diputado Federico Trillo, que se ha mostrado en todo este escenario judicial como uno de los principales actores. Pero no es el momento de hablar de este señor ni de sus acciones. Aún hoy lo hace valiéndose de su posición e inmunidad. Tiempo habrá de hacerlo. Por otra parte, aquella comparecencia de todos los responsables del Partido Popular en contra del juez, dando vía libre a la calificación como juez parcial, juez socialista, quince años después de haber estado once meses en la actividad política, resultó esperpéntica. Si alguna relación intensa he mantenido con un gobierno en ejercicio, o con alguien del mismo, fue precisamente con los de José María Aznar, a causa de la lucha contra el terrorismo de ETA.

Sea coincidencia accidental o no, lo cierto es que es en ese período, poco después del mes de febrero de 2009, cuando comienza la sucesión de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial y querellas en el Tribunal Supremo. La primera querella, sobre el tema del franquismo. La segunda, una reedición del tema de Nueva York, que ya había sido archivado. Por último, la tercera era una querella por el tema de la intervención de las comunicaciones de los imputados en el caso Gürtel. En fin, se produce una concatenación de hechos que, desde luego, si no tienen nada que ver entre sí, suponen un cúmulo de casualidades bastante llamativo.

Sin embargo, a estas alturas uno puede decir que nada sucede por casualidad. Porque, además, hay que añadir que la doctrina para la admisión de querellas en el Tribunal Supremo ha sido modificada cuando se ha tratado de mí. De la exigencia de indicios sólidos para admitir una querella se ha pasado, en mis causas, a no ser inverosímil la posibilidad de que pueda haber delito. Es decir, se impone en todo caso la admisión «y luego ya se verá». Creo que esta doctrina no se ha aplicado en ningún caso más.

En uno de los casos, el referido a los seminarios en la Universidad de Nueva York dirigidos por mí en los años 2005 y 2006, mientras estuve de profesor invitado en esa universidad norteamericana, solicité que se me aceptara como parte en la investigación previa, abierta, después de haberse cerrado otra idéntica, sin responsabilidad, en febrero de 2009, sobre la base de lo que decía una página web, cuyo autor no ha sido convocado siquiera por el instructor designado y con errores gruesos constatados. La respuesta, de Facto, fue que ya tendría tiempo de defenderme una vez que se admitiera la querella. Mientras tanto, a los representantes de la acusación popular, sin ser todavía parte, pues no se había admitido aún su querella, se les tenían en cuenta sus escritos y se practicaban las pruebas reclamadas en ausencia del querellado, a quien, ya desde ese momento, se le mantenía en indefensión. Desgraciadamente, este no fue sino el prolegómeno de una instrucción mucho peor, inquisitiva y errática, que jamás he visto en mis treinta años como instructor.

En el caso de las intervenciones de las comunicaciones de los imputados en el caso Gürtel, se acuerda el cambio de procedimiento y se abre incluso la posibilidad de juicio con parte de una causa secreta, sin posibilidad de defenderme, además de ser indudablemente contrario a la ley.

En el caso del franquismo, se me deniegan igualmente de forma sistemática todas las pruebas que voy pidiendo para defenderme. De hecho, en vez de que los acusadores traten de demostrar lo que tendrían que demostrar, mi culpabilidad, soy yo quien trata de demostrar mi inocencia. Van a pasar casi dos años, si no más, hasta que se celebre el juicio de la memoria histórica. Dos años en un caso en que no hay nada que investigar y en el que, además, ha sido denegado todo. ¿Esto a qué responde?

No soy yo quien tiene que contestar. Solo analicemos la situación y que cada uno saque sus conclusiones. Yo lo único que he pedido es que me juzguen, que me juzguen de una vez para poder defenderme, aunque, visto lo visto, va a ser bastante limitadamente. Pero así por lo menos sabremos dónde estamos, ¿no? Todo es muy llamativo.

Alguna vez me han preguntado: «¿Usted se siente condenado?». ¡Hombre!, sentirme condenado, sí; estar condenado, no. Es diferente. Pero desde luego, por lo que estamos viendo, sí que tengo motivos para sentirme condenado. Si el mismo tribunal que admite la querella instruye y, al parecer, quiere juzgarme, ¿qué perspectivas tengo? Pues son bastante complicadas, ¿no? Ahora bien, ¿estoy condenado? No. ¿Tengo energías para seguir en la pelea? Sí, y lo voy a hacer.

En esta línea hemos planteado (mi defensa y yo) la recusación de cinco de los siete miembros del tribunal por parcialidad objetiva y subjetiva. Es imposible que, a la hora de juzgarme, dichos magistrados puedan ser imparciales. Ya tienen formado el prejuicio. Por tanto, creemos que deben abstenerse, y, si no lo hacen, la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ debería estimar la recusación. De momento, sabemos que el magistrado Joaquín Giménez, que ya firmó un voto discrepante cuando el instructor asesoró a las acusaciones para que rehicieran el escrito de acusación, ha admitido, con fecha 3 de febrero, que concurre causa de recusación, por lo que se abstiene. Sin embargo, los otros cuatro magistrados, los señores Saavedra Ruiz (presidente), Prego de Oliver, Monterde Ferrer y Berdugo Gómez, con la misma fecha, han rechazado la posible causa de recusación y desean celebrar el juicio contra mí. Habrá que esperar a la decisión de la Sala Especial.

MR: Había un chiste de otros tiempos en el que se decía que el juez iniciaba la vista con la frase «comienza el juicio, que pase el condenado». Condenado no está, pero ¿se siente derrotado?

BG: No, todo lo contrario. Me siento reforzado porque yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en ninguno de estos casos. He actuado de acuerdo con la ley; he interpretado la ley de la forma más ajustada a la corrección constitucional e internacional; puedo defender con toda solvencia, ante quien sea esa, interpretación. Por tanto, no me puedo sentir derrotado, en absoluto. Además, tengo más ganas que nunca de que se establezca cuál es la verdadera situación.

Sobre todo, es algo que no podemos permitir ni yo ni ningún juez. Es decir, si tú has aplicado las leyes, las has interpretado del modo que te parecía correcto y ahora te encuentras en esa situación, parece que sí, que te pueden hundir y te pueden destrozar la carrera. En ese sentido, alguien puede decir que estoy derrotado. Pero no lo estoy en mis principios y mis convicciones, en lo que yo siento que es la justicia, en mi defensa de lo que creo que es justo, en la aplicación de la ley y de la protección de las víctimas. En eso no me van a derrotar jamás. Me pueden echar de la carrera judicial, desde luego, y eso será muy doloroso. Pero, desde luego, seguiré peleando y seguiré denunciando aquello que creo que debe ser denunciado. Y exigiré que se actúe como creo que debe actuarse —al amparo de la ley y con independencia— desde dondequiera que esté. Desde luego, yo querría que fuera desde lo que siempre ha sido mi vida, que es la justicia.

Y en cuanto al chiste de «que pase el condenado», es verdad que históricamente era así. Por eso precisamente se estableció una separación entre la labor de instruir y la labor de juzgar, para que nadie tuviera ese prejuicio. Cuando yo comencé mi carrera profesional, los jueces todavía celebrábamos juicios que habíamos instruido nosotros. Para mí, como para cualquiera, era un verdadero problema, porque tenía que hacer un increíble esfuerzo de asepsia para absolver a alguien de quien yo había recibido la primera declaración, que había imputado, había aceptado las acusaciones y había llevado a juicio. Claro, ¿cómo absolvías a una persona así si ya tenías el prejuicio hecho? Era un poco esquizofrénico, pero era el sistema, y lo ha sido en muchos países que aplicaban el principio inquisitorial o inquisitivo. Había que hacer verdaderos esfuerzos para ver que, a lo mejor, te habías equivocado y así poder enmendar esa equivocación.

Para evitar todo eso es por lo que se estableció la separación absoluta entre la labor de instruir y la labor de juzgar. Hasta ahora, en la causa del franquismo contra mí, me encuentro en esa misma situación: cinco de los siete magistrados que me tienen que juzgar son los que admitieron la querella, los que resolvieron los recursos contra esa admisión, los que dieron participación a todas las partes, los que resolvieron todos los recursos planteados por esas partes, los que confirmaron la decisión del juez instructor de imputarme, de no sobreseer el procedimiento, de abrir procedimiento contra mí, los que me denegaron las pruebas. Es como para sentirse tranquilo, ¿verdad?

MR: ¿Y este proceso no podría tener algo de ejemplificante en el sentido de ser un moderno auto de fe, de quemar un símbolo?

BG: Yo no sé si se pretende eso o no, pero, desde luego, lo que sí se quiere es acabar con un modelo de juez: no más Garzón ya. Eso es lo que está pidiendo todo ese conjunto de medios que jalean el proceso desde la extrema derecha y desde la radicalidad y el fanatismo más absolutos. «Que se vaya —dicen—, que se vaya Garzón, que se vaya cuanto más lejos de España mejor, que desaparezca de la faz de la Tierra, que es pernicioso para la sociedad española». En fin, veintidós años en la Audiencia Nacional, treinta dedicado a la acción de la justicia… Yo creo que algo positivo se ha hecho, por lo menos siempre se ha procurado actuar desde la justicia.

MR: Esa frase terrible, terrible, sí se ha dicho: «Garzón, cuanto más lejos de España mejor», y lo ha dicho el fundador de un partido conservador, Manuel Fraga.

BG: No lo sabía. En todo caso, yo no deseo para nada que él se vaya de España, no. Yo quiero que esté en España. En España cabemos todos, incluso los que en un momento no fueron demócratas, restringieron las libertades y persiguieron a los demócratas. Aquellos que no creían en la democracia y después creyeron en ella. Yo tengo la gran suerte de que casi toda mi vida fue en democracia, solo viví los últimos años del franquismo, y desde luego sin apoyar al franquismo, tengo que reconocerlo.

Conozco al señor Fraga y me llama la atención esa frase, porque no es exactamente lo mismo que me ha dicho en bastantes ocasiones. Le he oído otras mucho más cariñosas, sobre mi gran aportación a la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, incluso cuando él fue víctima de actos terroristas. En fin, la gente a veces hace afirmaciones olvidando el pasado; se produce una especie de doctor Jekyll y míster Hyde: eres bueno para una cosa pero malo para otra, así que ahora quiero que te vayas lejos. Pero yo no quiero que se vaya nadie. Esa sensación de exclusión es algo incompatible con la democracia y con el sentimiento democrático.

MR: ¿De qué juega usted como futbolista aficionado, en qué posición juega?

BG: Juego de portero. Es difícil. Yo creo que es la posición más arriesgada.

MR: ¿Vive esa soledad del portero ante el penalti?

BG: Pues de alguna forma sí. Porque desde la portería el arquero, como dicen en Argentina, o el cancerbero o el portero, tiene la responsabilidad de ordenar la defensa, pero tiene la certeza de que al final la responsabilidad es suya, bien directamente porque se equivoque, o bien porque otros le hagan equivocarse: que el balón rebote en una rodilla, una espalda o una pierna y su trayectoria se desvíe de modo que, por muy grande que sea el escorzo que trate de hacer, no llegue. Así le marcan gol; y si es uno vale, pero si le marcan cuatro, incluso en el mejor de los casos pasa a ser cuestionado. Por tanto, sí, algo hay en común. Porque al final el juez, todos los jueces, sobre todo los jueces de instrucción, asumimos en soledad las decisiones. Ese ejemplo que yo le ponía de la detención de Pinochet fue una decisión intransferible, no la pude consultar con nadie sino conmigo mismo y con el procedimiento que tenía. Cuando ordené la detención de la cúpula de la Mesa Nacional de Batasuna en octubre de 2007 en Segura (Guipúzcoa), fue una decisión que tuve que tomar solo; o cuando decidí la intervención del diario Egin, porque presuntamente era un instrumento creado, controlado y financiado por la organización terrorista ETA, para sus propios fines delictivos; o cuando ordené el desmantelamiento de todas las estructuras satélite de ETA, o la detención y posterior ingreso en prisión de Arnaldo Otegi y Rafael Diez de Usabiaga, o cuando en 1996 hice lo propio con el responsable de la Mesa Nacional, Jon Idígoras, previo secuestro del vídeo con el que Herri Batasuna le prestaba su voz y espacio electoral a ETA; o cuando ordené la intervención del PCTV, de ANV, de Askatasuna y de D3M; o cuando ordené detenciones de terroristas jihadistas; o cuando tomé iniciativas en materia de anticorrupción contra responsables de grandes empresas o personas de relevancia pública cuando había indicios contra ellos; o cuando la Operación Nécora, o cuando el abordaje del buque Privilege, que, a pesar de la información facilitada por la policía, luego la operación resultó frustrada, aunque la información obtenida supuso la detención de cientos de personas, o el del buque Tamnsare, que llevaba 13 000 kilos de cocaína (la Operación Temple fue la más importante de su época —36 000 kilogramos de cocaína— y la acusación del ministerio público, ejercida por la fiscal Dolores Delgado, consiguió la condena de la práctica totalidad —treinta y siete— de los procesados), y al llegar al barco para hacer la inspección ocular te encuentras con uno de los tripulantes muerto, y cuando descubres el lugar de almacenamiento de la droga casi desfalleces por los gases acumulados en el lugar; o cuando ordené una persecución «en caliente» en Portugal contra uno de los máximos responsables de la ’Ndrangheta calabresa y la seguí, desde Madrid, a través del teléfono, preocupado por los disparos que se producían entre la Policía Judiciaria, con la asistencia de la Guardia Civil, y los mafiosos en el Algarve; o cuando ordené las detenciones de Amedo y Domínguez, o la detención de Rafael Vera; o cuando elevé Suplicatorio, en el caso Segundo Marey, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto al Ex ministro de Interior José Barrionuevo y el Presidente González, entre otros; o cuando ordené que agentes infiltrados participaran en la puesta en circulación controlada de dinero o de droga; para, de esta forma, detener a todos los miembros de la organización; o cuando materialicé la detención de los máximos responsables de la UCIFA (unidad de élite antidroga de la Guardia Civil, por el pago con droga a confidentes); o cuando imputé a Silvio Berlusconi; o cuando tuve que identificar el cadáver de mi compañera y amiga, la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA; o cuando decidí imputar a la dirección de ETA por todos y cada uno de los atentados que se cometían en España; o cuando investigué el caso Muguruza (parlamentario de Herri Batasuna, asesinado en Madrid); o cuando procedí en los primeros caso de terrorismo internacional; o cuando se consiguió la liberación de Ortega Lara, funcionario de prisiones, secuestrado por ETA. En relación a este último, debo decir que fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida profesional en el desenlace, pero también de los más tensos en el desarrollo de la intervención. Porque, a pesar de que la Guardia Civil me dijo: «Estamos seguros, don Baltasar, de que va a estar ahí», no había elementos suficientes que lo avalaran; y aun así dije: «Adelante». Se detuvo a los miembros del comando, que eran todos de Mondragón (Arrasate). Pero después, cuando se inició la búsqueda de Ortega Lara y no aparecía, el desasosiego fue en aumento. Transcurrió toda la noche y, alrededor de las siete de la mañana del día 1 de julio de 1997, lo hallamos en la nave, prácticamente enterrado en vida en un habitáculo no más grande que esta mesa, de 1,70 de altura. Eso es algo que nunca me lo van a quitar, hagan lo que hagan, nunca me lo van a quitar. Porque es verdad que fue algo impresionante.

Pero antes hubo un momento en que tuve que tomar esa decisión, y me podía equivocar, como la tuve que tomar cuando ordené la operación contra el comando de ETA que iba a atentar contra el Rey. La información policial no iba más allá de decirme: «Posiblemente estén ahí, pero no sabemos ni cómo se llaman». Yo contesté: «Bueno, pues adelante, asumo el riesgo». Salió bien. Entramos y se detuvo a los terroristas, que acabaron condenados.

Podría contarle muchos casos más. Pero sí, hay que tomar esos riesgos. Y hay que hacerlo conscientemente, sabiendo que puedes fracasar. Porque lo que no puedes hacer es dejar de proteger a las víctimas. Y si yo en algún caso de estos me abstengo, me retraigo o no hago la siguiente pregunta, como decía antes, es decir, no me implico, siempre me quedará el dolor de que aquel día no lo hice, cuando tenía que haberlo hecho, porque para eso estoy ahí. Puedo ir a otros sitios voluntariamente.

SEGUNDA CAUSA: GÜRTEL

MR: Como está comentando, la independencia lleva a la soledad, ¿no? Usted ha demostrado su independencia con casos tan diferentes como el GAL o como Gürtel, que afectaban a partidos diferentes. ¿No está pagando también esa independencia frente a los poderes políticos?

BG: La independencia siempre se paga, antes o después. Eres un tipo incómodo, todo el mundo te puede admirar pero nadie te quiere con él. Porque al final piensan: «Algo hará que no va en la línea». Siempre fue así. Pero ese es el precio que hay que pagar. Yo he pagado precios muy altos por ser independiente y por hacer lo que tengo que hacer. Podría no haberlo hecho. No voy a decir que otros no lo han hecho, sería incorrecto y desagradable por mi parte, pero yo he tomado decisiones que sabía positivamente que me iban a conducir a situaciones muy delicadas. Pero tenía que hacerlo. Por ejemplo, el caso Gürtel. Yo era consciente, por esa investigación, de que tomar las decisiones que creía que debía tomar —pero que podía aplazar o incluso no tomar—, me iba a traer unas consecuencias muy graves, y así ha sido. Pero esa es la función del juez. Es lo mismo que con el tema de los crímenes del franquismo. El fiscal discrepaba de mí en cuanto a la investigación. Ahora no discrepa en cuanto a la afirmación de que no existe delito. Pero, en ese momento, jurídicamente discrepaba de mí. Por tanto, si yo hubiese resuelto en esa línea, visto lo que después decidió la Sala de lo Penal, habrían confirmado mi resolución, y yo ahora estaría tranquilo, digo «tranquilo» entre comillas (es difícil que esto suceda en la Audiencia Nacional) porque tranquilo lo estoy.

Pero yo interpreté que no era así, que tenía que tomar la decisión que tomé porque era la decisión que correspondía en derecho. Como todas las decisiones que se toman, alguna de ellas puede estar equivocada; nadie está en posesión de la verdad. Precisamente por eso, cuando el tribunal, al resolver el correspondiente recurso, dicta su resolución, discrepando y anulando la del juez inferior, este debe asumirla y cumplirla, porque así está establecido en la ley. Ese es el juego del derecho, para eso existe la doble instancia, para eso las decisiones que toma un juez son controladas por un tribunal superior; y este por otro superior: son garantías y control de hechos, o análisis de hechos y de pruebas, o de interpretación jurídica. Precisamente, porque la equivocación, el error o la interpretación conllevan esa posibilidad de imperfección, como el propio ser humano, existen esos mecanismos.

La posibilidad de equivocación no puede determinar la omisión en la resolución. Debe estudiarse en profundidad la cuestión y, tras la reflexión correspondiente, plasmar la decisión. No puedes dejar de tomar la que corresponda, por el riesgo de que comporte complicaciones. Eso sería inaceptable e incluso delictivo. Asumo las complicaciones, y así ha sido toda mi vida. No he tenido —y no es un acto de soberbia lo que estoy diciendo— que mendigar nada. Si he creído que tenía derecho, lo he solicitado, pero no he tenido que ir a decir que me den ese puesto o que me den el otro. No, yo lo pido, cumplo los requisitos y, si me corresponde, que se me otorgue. Pero hacer pasillos no, eso no lo he hecho nunca. Porque tengo mi dignidad, y con ella me iré a la otra vida. Y no es una actitud ni mejor ni peor, es la mía y es la que yo he procurado transmitir a los que están conmigo, a mis amigos, a mi familia, a todos. Y en eso creo que tanto mi mujer como yo hemos sido conscientes, en transmitirlo a nuestros hijos.

En definitiva, por mi parte estoy muy tranquilo de lo que he hecho, aparte de que, insisto, son muchos los que piensan igual que yo, los que interpretan las normas aplicables igual que yo. Algunos incluso están siendo recriminados por opinar, por atreverse a discrepar. Lo cual es muy grave. Que la interpretación de una ley o de una norma se pueda imponer casi con mano de hierro, porque si no ojo, ojo que, como no lo hagas, así te viene la espada de Damocles: ¡mira a Garzón! Eso es muy peligroso.

MR: La investigación está demostrando la gravedad del caso Gürtel, que usted inició como instructor, pero que ahora está en manos de otro instructor y que va avanzando con nuevos datos que salen a la luz. Y usted también comentaba que le parece relevante en cuanto que haber iniciado esa investigación ha afectado a su propia situación.

¿No revela esto algo muy preocupante, que es la percepción que tiene mucha gente, y que tiene especialmente gente con responsabilidad, gente, digamos, de las élites respecto de lo que puede significar para un país la corrupción?

BG: La corrupción es el cáncer de la democracia. Democracia y corrupción deberían ser incompatibles. «Corrupción» y «dictadura», como la propia dictadura en sí es una corrupción, son términos que pueden ir engarzados y del brazo permanentemente. Pero en democracia no debería ser así.

Tradicionalmente, siempre ha existido el planteamiento que sostiene: «Asumamos unas cuotas determinadas de corrupción» y la posición contraria: «Combatamos la corrupción». Esas son las dos posturas que desde hace mucho tiempo se vienen manteniendo. Obviamente, desde mi punto de vista es incompatible que un sistema democrático obtenga ningún beneficio de comportamientos ilícitos.

El liderazgo político y el liderazgo social conllevan una carga de confianza para el ciudadano; el ciudadano necesita confiar en los líderes políticos que le representan. Cuando lo que se enseña o se transmite al ciudadano es que todo vale, que no importa lo que te lleves sino que te sorprendan —es decir, no se ve mal que metas la mano en la caja, sino que sepan que la has metido—, las consecuencias son peligrosísimas. Esa ha sido la cultura que durante muchos años ha existido en España. A determinados políticos no se les criticaba porque se hubieran llevado el dinero, sino porque eran suficientemente torpes como para que les hubieran pillado y detenido. Claro, ese es un planteamiento que nos lleva a donde hemos estado una serie de años y con las consecuencias que estamos ahora sufriendo por ese tipo de comportamientos corruptos consentidos. Para la democracia de un país resulta poco edificante ver a quienes ostentan una representación política sostenerse contra viento y marea frente a procesos por corrupción. El daño que causan a la credibilidad del sistema es solo comparable al beneficio que extraen con la utilización del cargo.

La otra posición es la de los que creemos que la gestión pública debe estar amparada por la moral, que es necesario un control de la gestión, que la política es la ética de la convicción y de la responsabilidad, y que el liderazgo y quienes lo ejercen tienen que ser como un espejo en el que todos nos podamos ver reflejados sin que haya mácula de suciedad. Aquí, claro, tenemos un problema, y es que cuando se inicia una investigación contra la corrupción, contra aquellos defensores de la otra actitud o contra quienes tienen una forma más laxa de interpretar estas normas, el primer aldabonazo va a ser contra quienes perturban ese espacio de impunidad, contra los que investigan.

Ocurrió en Italia con mani pulite. Cuando el pool antimafia de Milán comienza las investigaciones a principios de los años noventa, empiezan a caer uno detrás de otro los responsables de esos comportamientos corruptos. Además, eran personas responsables de partidos políticos, lo que llevó a la desaparición del Partido Socialista, por ejemplo, y al exilio de Bettino Craxi en Túnez. Fue una operación que conmovió todos los cimientos de la economía y de la política italianas, y tuvo además sus consecuencias especiales, como la aparición del actual primer ministro y su combate contra los jueces, entre los cuales también me incluye a mí, a los que nos acusa de formar parte de la internacional roja y de unas cosas rarísimas. Todo porque no se acepta la investigación de la corrupción y de la criminalidad económica cuando afectan a determinados sectores que se consideran marcados por la impunidad.

Entonces, cuando se penetra ese círculo de impunidad, saltan todas las alarmas y se producen las descalificaciones, el ataque, el «adónde vamos a parar», «el perjuicio a la economía», etc., que se convierten en el punto de referencia y en la coacción para que no se aborden las investigaciones o se abandonen. Cuando realmente lo que hay que asumir es que ese ejercicio de la política debe ir de la mano de una limpieza, de una acción claramente positiva contra ese tipo de comportamientos. El ciudadano lo tiene que percibir como tal, de modo que no pierda el miedo a la sanción. Aquí lo que ha pasado es que ya no da miedo ser corrupto, porque aunque lo seas incluso te siguen eligiendo, te siguen celebrando. Toda la fuerza va dirigida a que los ciudadanos asuman que la lucha contra la corrupción «es una tontería», que «el malo es el juez», «¡cómo se atreve!, ¿por qué se mete?». De esta forma no se les deja pensar claramente. No se les ofrece información razonable, por lo que no se pueden formar una idea correcta y repiten y replican lo que dicen los grandes titulares: propaganda, miedo, alarma, etc., y esto en el fondo para tener a la gente sumisa, controlada, de modo que no se perturbe la cuota de poder económico o político acumulado.

Es asombroso cómo se puede atacar de esta manera a las instituciones, al juez, al fiscal, a la policía, al gobierno, a todo. ¿Qué nos pasa? ¿Acaso es creíble que todos hemos organizado una gran conspiración «anti no sé qué» para buscar una acción perversa contra alguien? ¿No es mucho más fácil entender que se han producido unos comportamientos delictivos que son los que se están investigando? Tras la investigación se acumularán los indicios correspondientes, que servirán de base para que, de forma garantista, ante un tribunal independiente, se exija la responsabilidad que corresponda en función de la participación que haya tenido y se haya probado en la actividad delictiva enjuiciada. Eso es mucho más simple y más lógico que lo otro. Lo contrario es creer en una especie de conspiración masiva en la que todos los que tratamos de exigir responsabilidades y que se impongan las sanciones a quien corresponda, estaríamos implicados.

MR: También pasó por la experiencia de que los socialistas dijesen de usted que estaba al servicio del Partido Popular.

BG: Sí, cuando realmente lo que ocurre es que yo he estado siempre en el mismo sitio. Es lo mismo. Yo veo ahí un problema grave en la sociedad, en determinados sectores de la sociedad, que peca de sectarismo. Hay sitios donde no me han dejado estar, y las veces que lo he pedido, lo he hecho con mi currículum por delante y he asumido que no me han nombrado, y punto.

Porque lo importante es por qué se hacen las cosas, ¿por qué? En este caso porque, presuntamente, hay un hecho delictivo muy grave que tiene unos aspectos claramente determinados que sugieren criminalidad económica, criminalidad financiera, criminalidad fiscal y criminalidad vinculada a la corrupción. Hay unas personas que están siendo investigadas con todas las garantías, una investigación que se lleva a cabo, y unos quedan fuera y otros quedan dentro. Un juez empieza el caso, y otro lo continúa y ratifica las medidas iniciales, las mismas que su antecesor. Pero a un juez se le somete a un juicio ante el Tribunal Supremo cuando otros han hecho exactamente lo mismo. Es decir, se acota esa medida respecto de Baltasar Garzón. ¿Por qué? Pues es una pregunta que me estoy haciendo todavía, en este y en los demás casos. ¿Por qué, cuando otros están haciendo exactamente lo mismo, o en algunos casos más, no se hace nada y sí contra mí?

MR: En relación con el tema del caso Gürtel, se admite la querella contra usted y previsiblemente acabará sentado en el banquillo por las escuchas telefónicas.

BG: El juez instructor dice que en las intervenciones, cuando tres de los principales responsables estaban en prisión, al intervenir conversaciones (no telefónicas) con los abogados, yo laminé el derecho de defensa, es decir, acabé con el derecho de defensa. Eso no es verdad, en absoluto. Eso es mentira. Yo ordeno la intervención de las comunicaciones de los presos que tenían un auto de prisión dictado por mí, con el conocimiento del Ministerio Fiscal, y porque existían indicios de que podían utilizar a personas como enlaces para continuar la actividad delictiva y para hacer desaparecer los bienes que estaban en el extranjero, justo cuando estábamos cursando comisiones rogatorias a otros países para conseguir el bloqueo de esos bienes.

Precisamente porque, entre los interlocutores de los imputados en prisión, podía haber abogados, como los hubo, establecí una cláusula de salvaguarda del derecho de defensa y de las estrategias de defensa. Es decir, expresamente protegí o blindé las relaciones abogado-cliente en lo que al ejercicio de su defensa se refería. Nada que se refiriera a estos extremos podría ser utilizado. En los autos de febrero y marzo de 2009, se distingue perfectamente un primer punto y un segundo punto. El primero se refería a las comunicaciones de los internos con personas en general y el segundo, a las comunicaciones con los abogados, que, excediendo de la defensa, pudieran actuar como enlaces en el exterior y facilitar así la comisión de nuevos hechos delictivos o consumar los efectos de los descubiertos, a través de los movimientos de capital, principalmente en el extranjero, según las instrucciones de los jefes de la red ingresados en prisión.

Para sorpresa mía, el instructor, de forma arbitraria y partiendo de presunciones (prohibidas en derecho penal en contra del imputado), establece en su resolución de inculpación que aquella cláusula de salvaguarda era una cláusula de estilo (es decir, puesta por costumbre y sin intención de cumplirla). No he visto una sola resolución similar en la que habiéndose intervenido las comunicaciones, se haya incluido esa cláusula. La cláusula de estilo es cuando dices lo mismo siempre, casi por inercia, y no lo tienes en cuenta. En este caso se puso específicamente para garantizar el derecho de defensa, y se aplicó y se desarrolló.

Pero, además, es que se me imputan hechos posteriores a la inhibición, es decir, al momento en el que, a finales de marzo de 2009, remití el asunto a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid. Cuando pregunto: «¿Cuál es la concreción de la violación del derecho de defensa?», resulta que ni lo especifica el juez instructor del Tribunal Supremo, el señor Barreiro, ni, lo que es más grave, existe. Todo ha sido una construcción ficticia para justificar la decisión que ya tenía tomada de antemano. La prevención contra mí está claramente establecida o existe. Entonces, ¿esto qué es? Pues parece que tendremos que pensar que es un prejuicio claramente establecido, y que pocas posibilidades hay de defensa cuando, además, se cambia el procedimiento estando secreto y se me deniegan de nuevo múltiples diligencias. Así que estamos otra vez en la misma situación.

MR: Este asunto efectivamente puede formar parte, o aprovecharse, de lo que cabe llamar una cierta condescendencia o «comprensión» hacia lo que es la corrupción política. Y hablando no solo del caso español, sino también del caso de Italia y otros países, ¿tenemos el riesgo serio, con la corrupción política, de ir hacia formas de Estado mafiosas?

BG: Tengo que decir que ahora en España se combate la corrupción desde las instituciones, de manera firme y decisiva. En la Fiscalía Anticorrupción se está actuando con contundencia, y también desde la justicia se está actuando con eficacia. Otra cosa es que determinados individuos o determinados segmentos políticos o económicos se enfrenten a esto y traten de que ese cerco de impunidad no se rompa. Ese es el combate de siempre, como en Italia y en más lugares.

Pero es verdad que, si no se combate claramente la corrupción, se puede evolucionar hacia situaciones muy peligrosas dentro de los sistemas democráticos. Porque la corrupción es la base de todos los males que afectan a la sociedad. Una dictadura, un régimen represivo, es un sistema esencialmente corrupto, porque el propio sistema ya nace de un acto de corrupción que quebranta un poder constituido democráticamente. A partir de ahí no existen límites. Por tanto, los comportamientos se ajustan perfectamente a una línea de corrupción permanente, que conlleva la impunidad. La impunidad es un elemento que está prácticamente en el mismo hábitat que la corrupción. Que ser corrupto no produzca temor se debe a que hay una sensación y una certeza de impunidad, de que no se va a perseguir ese comportamiento. Pero a la vez es uno de los instrumentos idóneos del crimen organizado. Las organizaciones criminales buscan espacios opacos, buscan zonas libres de control, y si no las encuentran penetran por los resquicios para llegar a donde tienen que llegar, comprar las voluntades de todos aquellos que sean necesarios para el fin que pretenden, ya sea la compra de un concejal, un diputado, un presidente de cualquier autonomía, un partido, u organizar unas elecciones para que después los contratos sean adecuadamente distribuidos, etc. De eso hay ejemplos, desgraciadamente, muy abundantes.

Por tanto, combatir la corrupción es combatir todas estas formas que destruyen la seguridad de los ciudadanos y la propia convivencia democrática. De ahí la importancia de combatir la corrupción y de no asumir esas cuotas de opacidad. En países como Japón se piensa que hay que asumir determinadas cuotas de corrupción, porque si no es imposible sobrevivir. No es así, no es imposible sobrevivir. Lo que pasa es que hay que cambiar las percepciones y evitar precisamente que se derive hacia unos estados en los que deje de actuar el buen sentido y el buen gobierno y en que se instale la influencia nefasta del crimen organizado. Hoy día hay estados fallidos en que ya ha ocurrido. ¿Qué decir de Afganistán? Por ponerle un ejemplo: durante años nadie se ha percatado de que el gran problema de Afganistán, junto con los talibanes, era el narcotráfico. Desde que se invadió Afganistán en 2001, nadie ha querido analizar el tema del narcotráfico y el uso que del tráfico de sustancias opiáceas, de la heroína principalmente, han hecho no solo los talibanes, sino también los distintos señores de la guerra, los distintos sectores tribales y hasta gran parte del gobierno. Ahora resulta que, ocho años después, nos damos cuenta de que los talibanes comercian con heroína y se financian con ella, que medio gobierno es corrupto, que los señores de la guerra también tienen intereses en el narcotráfico, que los estados de alrededor tienen los mayores depósitos de heroína del mundo. Casi el 90 por ciento de la heroína del planeta viene de allí, desde luego el ciento por ciento de la que se consume en Estados Unidos, por ejemplo, y el 70 por ciento de la consumida en Europa.

Por desgracia, todavía no se quiere ver ese fenómeno. ¿Por qué? Porque no interesa por otras razones, políticas, económicas y estratégicas. Pero no combatir la corrupción conduce a una situación como la de Afganistán. En eso no es válido decir «aquí no va a suceder». No, eso ocurre allí, en Afganistán, en Somalia, en muchas partes. También se decía lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial: «Es imposible que vuelva a haber nunca genocidios como este». Pues vino Bosnia, que se quedó cerca, y hemos visto recientemente los genocidios africanos, en Ruanda, en el Congo, etc., cuando creíamos que no iba a ocurrir nunca. Ese es el problema, que siempre hay un punto de inflexión que te demuestra lo contrario. Con el terrorismo, ¿cómo iba a afectar a España el terrorismo internacional? Era impensable, pero ahí está. Hubo un tiempo, a principios de los años noventa, en que algunos lo avisamos: «Esto está pasando y se están instalando en España». Y a mí en alguna ocasión me dijeron: «No, no, si esto son falsificaciones de documentos, nada más». Después, en 1997 volvió a suceder, y hubo un juez al que le pedí que detuviera a una serie de individuos acusados de pertenecer al GIA argelino, pero los dejó en libertad porque decía que no lo veía claro. Después nos costó un año detenerlos otra vez. Finalmente fueron condenados. ¿Y sabe quién fue uno de los que quedó en libertad y al que después se detuvo nuevamente y, aunque se le condenó, vio acortada su condena y fue puesto en libertad? Alekema Lamari, uno de los autores de los ataques terroristas en Madrid el 11 de marzo de 2004. No estoy diciendo con ello que haya ninguna responsabilidad, pero hubo falta de percepción del fenómeno y del peligro que representaban estos movimientos en aquella época.

MR: De la gravedad del fenómeno.

BG: Claro, parecía que no iba con nosotros (suele ser muy propio del carácter de los españoles inhibirnos de los problemas y creer que somos ajenos a los mismos), como había ocurrido con el tema del narcotráfico y el crimen organizado en su momento. No iba con nosotros… Desgraciadamente, nos ha ocurrido con excesiva frecuencia. Los españoles siempre creemos que la cosa no va con nosotros, que todo acabará favorablemente, sin complicaciones. Y luego, cuando se nos presenta el problema, tratamos de rehuirlo, echar la culpa a otro y dar unas explicaciones que no se sostienen. Sucedió con el 11-M. Ni siquiera después de la sentencia en la que claramente se establece el origen del ataque, algunos han sido capaces de asumir su equivocación y abandonar la teoría de la conspiración. Mientras tanto, continúan cuestionando sin ningún rubor al Estado y a sus instituciones, hasta el día de hoy.

MR: Sí, como que estábamos vacunados.

BG: Claro. Y que la corrupción no existía, que aquí, en España, no había corrupción. ¡Menos mal que no había corrupción!, porque si la llega a haber… Y todavía se sigue echando la culpa al juez o a la policía. Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo entre todos de luchar contra ello? Porque no se va contra un partido ni contra otro, se va contra personas que presuntamente son responsables de comportamientos ilícitos. Si esa responsabilidad se extiende también a personas jurídicas a través de sus representantes legales, que paguen ante la justicia el tanto que les corresponda y no pasa nada. Seguimos adelante, y limpiamos el sistema.

Aquí, en España, ¿quién iba a pensar que las mafias iban a venir a instalarse aquí? Pues estamos preñados de mafias rusas, ucranianas, búlgaras. ¿Y qué han hecho? Han invertido dinero y han propiciado una gran proyección económica de determinadas zonas. Entonces, ¿aceptamos eso o intentamos conseguir la limpieza del sistema? Yo creo que merece la pena luchar por la limpieza del mismo.

Creo, insisto, que las instituciones españolas, desde luego las judiciales y el Ministerio Fiscal, están trabajando ahora muy seriamente en ese ámbito. Pero falta el apoyo político de todos los grupos, aunque puedan resultar afectados, del resto de las instituciones y, sobre todo, de la sociedad y de los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental. Sin embargo, algunos muy en particular no responden al desafío que se plantea e incluso amparan o justifican tales comportamientos.

MR: Las mafias y las organizaciones criminales se han globalizado y se globalizan cada vez más; se habla de la «mc mafia». En cambio, en la justicia, como decíamos antes en la cuestión de los derechos humanos, aún no se ha producido esa globalización, o por lo menos hay zonas que parecen impunes o intocables. Hablamos de paraísos fiscales, de blanqueo de capitales. ¿Cómo ve el futuro? ¿En el futuro ve instrumentos para que se avance en ese sentido?

BG: Ese es un tema cada vez menor. Creo que ha sido uno de los sectores donde más se ha avanzado. A principios de los años noventa era muy difícil tratar los temas de los paraísos fiscales o con opacidad fiscal atenuada. Casi cien paraísos fiscales estaban catalogados como tales por la legislación española. La primera gran norma que se establece para que eso deje de ser así es la Convención de Viena contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero de 1988.

A partir de ahí comenzaron una serie de iniciativas, sobre todo en el marco de la Unión Europea. Luego llegaron también la convención contra el crimen organizado, aprobada en Palermo (Sicilia) en diciembre de 2000 —en cuyo acto participé, como miembro de la delegación española— y ratificada en 2003, o los principios de la cumbre de Tampere de 1998, que incluían las acciones contra el crimen organizado. Es decir, normativamente, tanto a escala multilateral como bilateral, se ha ido formando un conjunto bastante numeroso de acciones contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales, los fraudes fiscales y de normas que van dirigidas, por ejemplo, a acabar con los paraísos fiscales.

A lo mejor mucha gente todavía piensa que Andorra es un paraíso fiscal. Si preguntas por la calle, la mayoría dirá: «Sí, claro, Andorra es un paraíso fiscal». Bueno, pues no. Hay un acuerdo bilateral con España y con otros muchos países, que establece que eso debe desaparecer y que empezó a regir el 10 de febrero de 2011. Se elimina cualquier posibilidad de que se pueda calificar como paraíso fiscal. Es un éxito indudable. Es verdad que todavía rige la doble moral de algunos países que están en la Unión Europea, como Gran Bretaña, y que tienen zonas opacas que dependen de ellos, como las islas del Canal, etc., pero se va avanzando.

Este camino no ha sido tampoco fácil en el ámbito judicial. Hemos peleado mucho a lo largo de los años, desde principios de los años noventa. Recuerdo que en septiembre del año 1994 operaron a mi hija mayor, María, de una broncoestasia, una operación muy grave pero que resultó bien. Al día siguiente me tuve que ir a una reunión a Ginebra, donde nos juntamos, por primera vez, un grupo de jueces y de fiscales para reflexionar sobre qué podíamos hacer para mejorar los sistemas de cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción.

Ahí se inició un movimiento que dos años después se plasmó en lo que se llamó «l’appel de Genéve». En octubre de 1996, siete jueces y fiscales nos comprometimos públicamente a hacer todo lo necesario para que aquello cambiara. Todos participamos en la elaboración del libro de Denis Robert, La justicia o el caos, en el que se recogían nuestras propuestas, que produjeron un importante impacto en ese momento. Curiosamente, allí estábamos un juez y un fiscal españoles que hoy, por razones próximas, estamos siendo cuestionados: el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y yo mismo. Digo esto porque el absurdo ya llega hasta la formulación de denuncias contra Carlos Jiménez Villarejo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Es un tema llamativo y preocupante también. Por fortuna, la denuncia se ha archivado recientemente.

Pero en aquella ocasión hicimos ese llamamiento a las instituciones: «Oigan, las normas existen, pongamos esto en marcha». Y se inició una concienciación en todas las instituciones de la Unión Europea, que después cada uno de nosotros, Renaud Van Ruymbeke, Berbard Bertosa, Edmondo Bruti Liberati, Gerardo Colombo y Benoît Dejemeppe fuimos impulsando, para que se percibiera que no iban a ser fáciles ni consentidos los comportamientos corruptos. Y se consiguió. Una acción que, desde entonces hasta ahora, continúa de forma permanente, lo cual es básico.

La cooperación entre distintos países ha conseguido afianzarse, volverse más fuerte. En ese avance de las instituciones y de la cooperación, se ha llegado a unos estándares que en la Unión Europea son muy altos, porque se ha establecido la independencia absoluta en la cooperación entre jueces y fiscales. Hoy día no hay forma política de detener a un juez que lleve una investigación con responsables judiciales de otros países. Si se detiene será porque el juez quiere detenerla o porque el juez del lugar dice que no, pero no hay una interferencia política. Existe en otros lugares, pero en la Unión Europea ya no. Eso es muy importante. Y eso ha sido fruto del esfuerzo de mucha gente, pero también de aquellos que consideramos que había que internacionalizar, que había que abrir las fronteras, que teníamos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a decir: «¿Cómo que no hay comportamientos de corrupción internacionales? Claro que los hay. Busquemos la fórmula; si allí no es un delito, habrá una fórmula para que se puedan investigar los hechos». Y gracias a esa cooperación se investigó el caso Roldán o muchas otras cuentas en Suiza, que también aparecía como un paraíso fiscal y ya no lo es. Pudimos realizar investigaciones en Italia, e Italia las hizo también aquí, en Francia, en Alemania, en otros países.

Es decir, gracias a ese impulso de todos, pero a partir de tomar la visión globalizadora, pudimos llegar a un compromiso, tomar la decisión de que seríamos rígidos en la lucha contra la corrupción. La globalización económica, de la que tanto se habla y que tantas consecuencias positivas parece haber traído, también tiene un lado oscuro, que es precisamente el de la corrupción, el del crimen organizado, el de la globalización de esas estructuras mafiosas, a las que también hay que hacerles frente con medidas de alcance equivalente.

Por tanto, no sería justo decir que en la justicia no se ha avanzado a escala internacional (que no se ha globalizado). Hemos pasado de la responsabilidad de los estados a la responsabilidad individual (penal), ahora ampliada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Asimismo, se ha avanzado en definir delitos, en instrumentos de derechos humanos y de derecho internacional penal, y con la creación de la Corte Penal Internacional existe una red de mecanismos para hacer justicia y luchar contra la impunidad.

MR: Como el tráfico de armas, por ejemplo…

BG: Como el tráfico de armas, por supuesto. Todo eso es precisamente lo que tenemos que abordar desde una perspectiva global y universal; si no, estamos perdidos.

MR: ¿A usted le interesa especialmente este campo? ¿En el futuro le gustaría trabajar más en esas cuestiones?

BG: Sí, de hecho es en lo que he trabajado siempre. Me he dedicado a todo lo que es la criminalidad organizada, en sus distintas facetas. Por supuesto que se incluye todo el campo de la corrupción como especialmente sensible para mí, porque está en la base, en el núcleo, lo es todo. Siempre he procurado no perder esa visión integradora. Es como cuando se habla de la independencia del poder judicial. Eso no significa, desde mi punto de vista, no hablar con las demás instituciones, sino actuar con respeto hacia ellas y en una misma dirección. Lo otro es una locura, lo otro es ir cada uno por su cuenta. Tiene que haber una coordinación porque las instituciones del Estado deben actuar en una misma dirección, ser una misma punta de lanza. El Estado es uno, aunque formado por diferentes poderes. Pero los poderes no tienen por qué estar enfrentados, tienen que actuar en una línea, cada uno en su ámbito, pero sin desconocer absolutamente lo que hacen los demás. Desde luego, frente al crimen organizado con muchísima más razón.

En el concepto de «crimen organizado» yo integro todas y cada una de las estructuras que, de forma permanente o incluso transitoria, se ponen de acuerdo para actuar en contra de bienes jurídicos concretos. Puede ser el terrorismo (al fin y al cabo, al menos en su desarrollo y actuación es una forma de crimen organizado); puede ser el narcotráfico, puede ser el lavado de activos, puede ser cualquier otra acción de la mafia, puede ser la criminalidad financiera, etc., y, desde luego, pueden ser crímenes contra la humanidad, por qué no.

Fíjese que, cuando hablamos de crímenes contra la humanidad, parece que solamente nos referimos a las masacres de personas, y nos olvidamos del sustrato económico y de corrupción que hay en cada uno de estos casos. Si fijamos la atención en África, por ejemplo, las zonas donde mayores crímenes contra la humanidad se han cometido, donde hemos visto genocidios, son las zonas donde los recursos naturales son más abundantes. Otro ámbito es el de las comunidades indígenas. Es cierto que yo me siento especialmente vinculado desde hace muchos años al problema indígena, a los pueblos indígenas, específicamente de Latinoamérica. En el año 1991 comienza mi relación con las comunidades indígenas, que llega hasta el día de hoy. Trabajamos en muchos campos, sobre todo en temas de derechos humanos, seguimiento de acuerdos entre el Estado y las comunidades (Colombia) para la instauración de sistemas de justicia tradicional o de justicia indígena y de derechos humanos (Colombia), en la implantación de las jurisdicciones indígenas en Bolivia o ayuda humanitaria allí y en Ecuador. Lo que se percibe es que uno de los problemas más acuciantes de estas comunidades es que cada vez se ven más aisladas, más acosadas, y acaban perdiendo el vínculo que tienen con la tierra, por la acción de los actores armados o por la presión económica o política, al ser tierras donde abundan las reservas de recursos naturales.

Por eso es especialmente gratificante cuando en Brasil, por ejemplo, los indígenas ganaron su batalla contra los madereros y contra las grandes corporaciones, y el Tribunal Supremo de Brasil dijo: «No, esta vez, no. Esta es una zona de reserva indígena; en el Amazonas esa parte no se va a ver afectada y ese hábitat se va a conservar».

Son temas no estrictamente jurídicos, pero que me han motivado desde siempre. Es esa línea de apoyo a quienes menos voz tienen lo que me parece fundamental. Y tengo que reconocer algo: he tenido la suerte de que eso sea así y de poder ayudar gracias, es verdad, a que se me ha conocido por hechos como, por ejemplo, la detención de Pinochet, y otros casos de jurisdicción universal. Tengo que ser honesto. No fue porque un día alguien dijo: «Existe este hombre allí». No, fue gracias a la internacionalización de la justicia y al impacto de ciertos casos que he podido desarrollar trabajos y ayudar en muchas cosas. En ese sentido, el ámbito de la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas es uno de los focos a los que estoy dedicando mayor atención ahora.

TERCERA CAUSA: UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

MR: Hay algunas preguntas sobre el futuro de la justicia que tenía pensado plantearle, pero, si quiere, volvamos a un hilo que nos quedó ahí pendiente, que es esa tercera causa; una de las tres que se van alternando, que se van utilizando a veces, da la impresión, como dosis o como sistemas alternativos. Aunque en orden cronológico fue la primera, ¿no? Y además fue archivada. Bueno, estamos hablando de su desplazamiento a Nueva York y de su trabajo en la Universidad de Nueva York. ¿En qué condiciones se realiza ese viaje y en qué consistió realmente su labor en la Universidad de Nueva York?

BG: Esta, que fue la primera querella en orden cronológico, efectivamente se archivó en febrero de 2009. De las tres causas, esta es la más desquiciante, es una cosa para mí increíble. No entiendo nada, porque ya no es que me tenga que defender de acusaciones, es que no sé de lo que me tengo que defender. Porque no sé cuál es la acusación. ¿La acusación de que he cobrado dinero? No he cobrado nada. ¿Qué he percibido fondos? No los he percibido. ¿Qué he distribuido fondos? No los he distribuido; ¿que los he gestionado? No he gestionado nada. Es decir, no sé a día de hoy por qué se me ha abierto una especie de causa general. Lo que ocurre es que al llegar a Estados Unidos, por mi carácter altamente inquieto, en vez de quedarme tranquilo, como podría haber hecho, intento hacer cosas.

MR: Pero primero usted recibe una invitación, ¿no?

BG: Sí, así es. Y me anima a hacer algo por mi país, por la presencia de España en la tercera universidad más importante de Estados Unidos. Me movió un espíritu claramente español, de decir «pongamos a España en el ámbito universitario de Estados Unidos», a través de una serie de conferencias y actividades dentro de la universidad. Eso por una parte.

La pregunta es cómo voy yo allí. A mí me llaman para invitarme porque me conocen, se supone. Es decir, porque tengo un prestigio ya conocido allí, por mi actividad profesional, obviamente. Ahora incluso se llega a decir que, con esos ciclos de conferencias y demás, yo aumenté mi prestigio profesional. Yo pienso que es al revés, que voy a la universidad porque, desde allí, alguien de la universidad me contacta para pedirme si puedo acudir. Es decir, me invitan por mi prestigio profesional, ganado después de muchos años de trabajo.

La historia es muy sencilla: yo conocía la Universidad de Nueva York desde el año 2001 porque había ido allí a dar unas conferencias invitado por Alba, por las Brigadas Internacionales. Alba es una organización que se apoya en la Brigada Lincoln, y tiene una fundación que trata temas hispanistas, tanto culturales como políticos y de derechos humanos. En ese contexto yo fui invitado en 2001, y ese fue mi primer contacto con la Universidad de Nueva York. Pero se creó una muy buena relación, y después, con todo el tema internacional, incluso hubo algunas colaboraciones con ellos. A través del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, me llegó la invitación de la facultad de derecho, de la Escuela de Leyes y del Centro Rey Juan Carlos I de España (el nombre solo significa que está dedicado al Rey, que lo inauguró; es un centro que está ubicado en la facultad de sociología y que trata también temas hispanistas). Me hicieron la oferta de pasar en la Universidad de Nueva York un período de nueve meses. En el momento en que lo estudié, me pareció que había concluido una serie de investigaciones en la Audiencia y que la experiencia podía ser muy enriquecedora. Es decir, era un compás de espera entre unas cosas y otras, así que acepté la invitación. Mi labor allí era la investigación, impartir algunas clases sobre temas concretos, algunas conferencias, y ya está.

Me gustaría que se entienda cómo funcionan las invitaciones de una universidad estadounidense. Cuando te llaman es porque quieren tenerte allí para que aportes tus conocimientos, escribas, investigues o, simplemente, para que estés en ese entorno, porque consideran que tu estancia allí va a ser enriquecedora para todos, para los alumnos, para los profesores y para ti.

Bien, así fue como se organizó mi estancia en la universidad. Sin embargo, una vez allí pensé por qué no hacer algo que sirviera para establecer un vínculo entre España, Estados Unidos y América Latina. Al fin y al cabo, estaba en uno de los mejores centros académicos de Estados Unidos y era una ocasión excelente para hacer algo así. Y se puso en marcha la organización de una serie de encuentros, de ciclos de conferencias, en los que participaron patrocinadores españoles y también no españoles. Como todos y cada uno de los patrocinios que hay en una universidad norteamericana y que acceden al acervo de la universidad, estos fueron controlados por el departamento de finanzas de la universidad y por el departamento jurídico correspondiente. Y comenzaron las actividades.

Es decir, en ningún momento tuve yo acceso alguno a los patrocinios, era sencillamente imposible. Como profesor invitado, legalmente no puedo. Es impensable. Un profesor invitado (senior fellow) en una universidad como la de Nueva York es, como su nombre indica, un invitado para desarrollar labores de investigación, dar clases o pronunciar conferencias. Según el acuerdo que tenga con el centro, se le abona un salario y se le compensa con determinadas cantidades que, normalmente, se emplean en los gastos de la casa, la escolarización de los hijos y los desplazamientos familiares, a modo de indemnización. Suele tener una oficina o un despacho. La mía debía de tener tres por tres metros, aunque solía trabajar en el apartamento y dispones de acceso a los servicios comunes, como la biblioteca. Ahí concluye la relación administrativa con la universidad. El salario se abona mediante cheque o nómina, mensualmente y previa retención de los impuestos estatales y federales. Legalmente es imposible que ningún profesor, y mucho menos un visitante, tenga acceso a cualquier área como la de finanzas y de control económico, que es llevada con un rigor fuera de lo común, como corresponde a una entidad como la NYU. Tampoco puede un visitante solicitar fondos en nombre de la universidad para patrocinios, y mucho menos recibirlos, gestionarlos o administrarlos. Dichos patrocinios son solicitados por el rector de la universidad y por los directores de los centros o facultades respectivos, y, una vez recibidos, son distribuidos y administrados según las rígidas normas del departamento de finanzas de la universidad. El profesor visitante, o el titular que cobra un salario, no puede legalmente recibir ninguna cantidad ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en especie. Quien conozca mínimamente el funcionamiento de una universidad estadounidense lo sabe perfectamente; por eso es incomprensible todo lo que está sucediendo. Cuando cuentas a la gente lo que pasa o leen lo que se dice, contestan: «Pero, bueno, es que eso es una tontería». Sí, será una tontería, pero bien que me la están armando.

Mi papel en los ciclos fue de coordinador. Es decir, participé en la idea original y coordiné y dirigí las actividades, por las cuales no percibí ni un dólar, ni directa ni indirectamente, ni a través de un tercero, ni en especie, ni en materia; nada. Nada, porque todas esas actividades formaban parte de mi actividad en la universidad, y a mí la universidad me pagaba una retribución fija desde el principio, antes de que esto se hiciera y con independencia de que se llevara a cabo. Mis nóminas son exactamente las mismas, cien dólares arriba, cien dólares abajo, desde marzo de 2005 a junio de 2006, que fue finalmente el período durante el que estuve allí.

Tiempo después, ya de vuelta en España, se presentó una querella contra responsables del Banco de Santander, que correspondió por sorteo a mi juzgado. La recibí, incoé diligencias previas el día 4 de octubre de 2006 y, sin solución de continuidad, le di traslado al fiscal para que informara sobre la competencia y, en su caso, las diligencias que practicar; el fiscal informó negativamente sobre la admisión a trámite, solicitando el archivo. El 27 de noviembre de 2006 dicté un auto (resolución) no admitiendo a trámite la querella. Esta resolución se recurrió en apelación, y el día 25 de abril de 2007 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó mi resolución, abundando en los argumentos del instructor, y el Tribunal Supremo confirmó también la resolución al denegar dar trámite al recurso contra la decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

La denuncia que se presenta contra mí sostiene que, como el Banco de Santander un año antes había sido uno de los patrocinadores de las actividades (dos seminarios en la UNY), la resolución posterior por la que se archivó era en agradecimiento a ese patrocinio.

Eso se investiga y se llega a la conclusión de que no hay nada que objetar, así que el 2 de febrero el Tribunal Supremo declara el archivo. Sin embargo, la sala también acordó en la resolución, de la que había sido ponente el magistrado Varela, la remisión al Consejo General del Poder Judicial, por si hubiera incompatibilidades entre los salarios de Nueva York y los de España. El Consejo General del Poder Judicial dice que no hay ninguna incompatibilidad y se archiva. Pasa el tiempo y luego, ya en el contexto temporal antes mencionado del caso Gürtel, aparece una página web donde se dice: «Agradecemos al señor Garzón que organizara, dirigiera y solicitara los fondos —o algo así— de los cursos que se organizaron en Nueva York». Y a raíz de esto se presenta una nueva querella sobre los mismos hechos, y por las mismas personas, el 12 de junio de 2009. El Tribunal Supremo, como ya he dicho antes, después de efectuar una investigación previa (al amparo del artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) en la que, sin haber admitido aún la querella, les da participación a los querellantes aceptando las diligencias propuestas por los mismos, insisto, sin ser parte, en tanto que a mí me denegó la posibilidad de personarme para defenderme y pese a que toda la información recibida era favorable a mí, decidió admitir la querella el 28 de enero de 2010. Es decir, el mismo tribunal rectificaba su propia decisión previa de archivo de la primera querella y admitía a trámite una segunda haciendo descansar el argumento legal en una noticia publicitaria de la página web de la Universidad de Nueva York, elaborada por una persona a la que jamás se le ha tomado declaración, ni tenido el mínimo interés en escuchar la justificación de la procedencia de la información que plasmó en su trabajo, y en la que se afirmaba que, como agregado (titular) de la cátedra del Centro Rey Juan Carlos I de España, diseño y organizo dos series impresionantes de discusiones llamadas «Diálogos transatlánticos» y «Derechos humanos y Seguridad jurídica en América Latina». Cosa que no es verdad, en lo que respecta a la solicitud de fondos, como no lo es la afirmación que en la misma página se hace de que yo habría participado activamente en las investigaciones y los procesamientos de los actos terroristas con bombas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. No es verdad y así lo hacen constar específicamente, el 15 de febrero de 2010, los dos directores del mencionado centro en un certificado oficial presentado en el Tribunal Supremo en el que literalmente dice: «Entre 2005 y 2006, el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York pidió y recibió financiación del Banco Santander Central Hispano para planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios»: «Diálogos transatlánticos» y «Derechos humanos y Seguridad jurídica en Latino América». El Centro Rey Juan Carlos I de España administró y gastó estos patrocinios en la realización de esas iniciativas. Ninguno de estos gastos tomaron la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o en especie, al juez Garzón o a su familia.

«Los términos de la remuneración que recibió el juez Garzón durante su titularidad de la cátedra Rey Juan Carlos I de España no guardan relación alguna con los patrocinios del Banco de Santander Central Hispano; esos términos se habían acordado antes de la existencia de los patrocinios, y no hubo ningún cambio ni en la cantidad ni en el carácter de su compensación tras la concesión de los mismos».

A pesar de todo lo anterior, y de que todos y cada uno de los testigos declaran en el mismo sentido y la entidad bancaria certifica de igual forma, el instructor, señor Marchena, el día 13 de mayo de 2010, unilateralmente, decidió, sin ampliación formal de la investigación, a través de la oportuna resolución judicial, extender la investigación a hechos absolutamente ajenos al objeto definido en el proceso, tanto en el escrito de querella como en el auto de admisión de la misma.

Se da inicio así a una especie de causa general contra mí e incluso se hace extensiva a mi familia en el ámbito patrimonial, basándose en interpretaciones falsas y contradictorias con lo manifestado tanto por los testigos como por el propio investigado y los documentos aportados. Ante esta situación incomprensible, y tras comprobar que tampoco la investigación patrimonial le ha dado resultado incriminatorio, el instructor ha ordenado la práctica de nuevas diligencias buscando hacia atrás en el tiempo, por si hubiera alguna relación con alguna de las entidades en la que enganchar algo, prescindiendo nuevamente de los documentos que acreditan, expresamente en el caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que el querellado no recibió absolutamente nada de esas entidad y que no solicitó fondos algunos. Igualmente en los demás casos.

Sin embargo, de las diligencias solicitadas por mi defensa solo se acepta parte de lo reclamado, denegándose testimonios básicos que demostrarían la inconsistencia de todo el procedimiento. Somos nosotros quienes le facilitamos los datos necesarios para la investigación. Por el contrario, las diligencias pedidas por la acusación popular (el Ministerio Fiscal, en esta como en las demás causas, solicita el archivo), por descabelladas que parezcan, son acordadas sin discusión.

La conclusión de todo esto es que estoy imputado desde hace más de un año, que se me está investigando en todos los ámbitos, tengan o no tengan relación con el objeto del proceso inicial, cosa que, aunque no me importa en cuanto al resultado, sí me preocupa porque se han violado todos y cada uno de los derechos que me conceden la Constitución y la ley, además de acusarme de haber mentido, de que lo hace la universidad, de que esta actúa a mis órdenes, de que me están protegiendo, cosa radicalmente falsa. Yo pacté con la universidad desde el principio las cantidades que me iban a abonar, la vivienda y las condiciones familiares, los gastos de desplazamientos y la escolarización de mi hija, que me iba a acompañar. Es decir, lo normal en este tipo de estancias académicas. Y que la universidad consideró razonables y aceptó. Y, desde luego, ninguna de estas cantidades tiene que ver con los patrocinios.

MR: Como dice Isabel Coixet, es una práctica que todos los que han ido a universidades estadounidenses, a Stanford, a la NYU, a donde sea, saben que se acuerdan unos honorarios y unas condiciones. No es una cosa que te pase a ti de una manera especial y a nadie más. Tal como aparece en la prensa, como se plantea en los periódicos, es como que no pasa nada. Pero en realidad es sorprendente.

BG: Sí, es alucinante. Es una cosa desquiciante si me apuras. Porque parece como que yo estoy controlando la Universidad de Nueva York y sus patrocinios. Lo cual no cabe en ninguna mente humana. Yo era un profesor invitado, el «último mono».

Recuerdo que, cuando decido aceptar la invitación de la Universidad de Nueva York, hablo con los responsables, Karen Greenberg y James Fernandez, pacto las cantidades, quedamos de acuerdo y, en función de las necesidades, el fondo de los profesores me iba a pagar distintos gastos, como los de escolarización de mi hija y de transporte, cosa normal y aceptada por la universidad. No es de recibo que, sin ninguna base, se ponga esto en duda y se acuerde una investigación de todas mis cuentas. En fin, que investiguen lo que quieran. Se van a encontrar mi sueldo, los derechos de autor de las obras que he publicado y lo que he podido cobrar de la universidad y de las conferencias que he dado. Todo está ahí. Pero no entiendo a qué viene todo esto. Porque incluso han llegado a investigar cuentas de las que es titular otra persona que no está implicada para nada. ¿Hasta dónde van a llegar? Porque después ya les he aportado el número de mi cuenta en Nueva York, para que pidan los saldos. Dije: «Le voy a dar más, le voy a dar todas las nóminas que tengo, los cheques de la universidad. Pida la contrastación, pida la declaración del responsable de finanzas, del responsable jurídico, hágalo por comisión rogatoria». Hasta he puesto las preguntas para que libremente lo digan allí todo. No sé qué hacer más.

A todo esto, en mitad de la investigación se me abre otra sobre otros cursos patrocinados por otras entidades, respecto de las cuales ni siquiera se me ha llamado a declarar, y que no tienen nada que ver con ningún caso abierto ni nada. Incluso en algún caso hay documentos en los que renuncio expresamente a cualquier percepción, para que no haya dudas. Y aquí estamos.

MR: Bueno, una pesadilla conduce a otra.

BG: Sí, es que se han llegado a decir muchas barbaridades… Se ha llegado a publicar en un medio de comunicación que mi patrimonio está más allá de los once millones y pico de euros; en un libro, que está en la base de todo esto en su momento tendré que exigir responsabilidades, se dijo que había percibido dieciséis millones de dólares, y en editoriales de un periódico cuyo director no es precisamente amigo mío, también se han hecho afirmaciones similares. Es una locura, una manera de destruir a una persona.

En algunos medios de comunicación, cuando se habla de esta causa, se hace con referencia a los «pagos del Santander a Garzón». ¿Qué es eso de los pagos de Nueva York del Banco de Santander? ¿Dónde hay un solo pago del Banco de Santander a mí o a alguien de mi familia? No existe. Pero las cosas están ahí, y siguen, y siguen… ¿Por qué, porque me llamo Garzón? Si quieren acabar conmigo, que lo hagan de otra manera, pero que no impliquen a mi familia, que no impliquen a mis amigos, porque están destruyendo a unos y a otros. Es triste para aquellos que creen en la justicia, que me llaman y se echan las manos a la cabeza. Me preguntan desde Nueva York: «¿Qué hacemos? Nosotros hemos estado allí, y sabemos que no es como lo cuentan». Pero no les puedo contestar nada, porque no sé lo que pasa, no sé lo que ocurre. Espero, espero y me indigno. ¿Qué voy a hacer?

Por ejemplo, el día 3 de febrero de 2011 se filtró a través de varios confidenciales una información absolutamente sesgada y falsa que decía: «La mujer de Garzón ingresó 300 000 euros un mes después de que el juez llegara a EE. UU.», o «La mujer de Garzón ingresó 300 000 euros después de los cursos del juez en EE. UU.». El dato aparece en el informe económico de la Guardia Civil y nada tiene que ver con mi estancia en Nueva York; son ingresos míos, anteriores a dicha estancia, en una cuenta titulada por mí, correspondientes a actividades económicas y relacionados con mis derechos de autor, debidamente justificados en el origen y declarados por mí a la Hacienda Pública española. Esto abunda en el hecho de que lo que se quiere es desprestigiar a una persona e implicar a otras ajenas a la investigación, y a las que se les causa un daño irreparable que no está siendo evitado por quien tiene la potestad procesal y la obligación legal de hacerlo, al haber sido el que ha propiciado que tales datos aparezcan en el procedimiento, sin ninguna prevención y a pesar de haberse advertido esta circunstancia oportunamente.

Otro ejemplo: hemos pedido que se curse una comisión rogatoria para que todo el asunto quede definitivamente claro. Es decir, que el juez actúe como debió hacerlo desde el principio y como imponen las normas de la cooperación internacional. El juez ha decidido que no. Ha decidido no atender la mayor parte de las diligencias que hemos reclamado que se practiquen en Nueva York porque dice que no superan el juicio de pertinencia. ¿Qué significa esto? ¿Acaso recibirle declaración a la directora del Center on Law and Security que me contrata, que me pide que vaya, al director del Juan Carlos I de España que también me pide que vaya y a la responsable financiera de la universidad, entre otros, no guarda relación con el tema? ¿Y no guarda relación con el tema saber la inversión y las cuentas de los patrocinios que no son del Santander, sino de entidades ajenas, referidas a la Escuela de Leyes, y conocer si tuve alguna relación con ellas o si percibí algunas sumas? ¿Es acaso más garantista inventarse sumas y destinos de las mismas, confundiendo los diferentes supuestos, profiriendo imputaciones tan graves como infundadas contra el querellado y la universidad? Si soy sincero, no tengo una respuesta lógica a estos interrogantes. Se me escapa todo lo que está aconteciendo.

Se ha dicho también que yo sugería a los patrocinadores que aportaran fondos, y de nuevo se falta a la verdad. En algunas notas que acompañan a unas cartas en algunos casos en los que el director o directora del centro respectivo solicitaba esos fondos en nombre de la universidad, yo agradecí el mencionado patrocinio, pero nunca supe, porque no tenía por qué saberlo, cuál fue la distribución de los fondos. Sin duda los directores o los responsables de las finanzas lo sabrán. Sería muy conveniente pedírselo a ellos. Sin embargo, el magistrado Sr. Marchena, instructor de la causa, no lo estima oportuno. ¿Dónde queda el derecho de defensa?

MR: Normal, la indignación. A todo esto, es bastante habitual que los encuentros, simposios, congresos y seminarios en que participen jueces o personas de la administración de justicia tengan el patrocinio de empresas o entidades privadas. Si no serían imposibles de organizar.

Pero eso curiosamente es un tema que nunca se menciona. Lo digo porque parece que usted sea una excepción rara, que una vez recibió apoyo para unos cursos de la universidad. Cuando no fue usted, sino la universidad, la que recibió el apoyo de entidades particulares. Y se olvida la infinidad de cursos que reciben patrocinio privado. Hay una fuerte hipocresía respecto de todo esto.

BG: Hay cosas curiosas. En este caso no quiero yo complicar a nadie, pero, claro, si se me acusa de que yo he podido favorecer a alguien, ese alguien también tendría que estar conmigo en la causa penal, digo yo. Sin embargo, no hay nadie. Está bien que no haya nadie más, yo tampoco tendría que estar, pero es curioso. Fíjese también en que, curiosamente, hasta el Consejo General del Poder Judicial participó en alguno de estos cursos, en concreto en el curso «Terrorismo, seguridad y cooperación jurídica internacional», que dirigí en la Escuela de Leyes de Nueva York, junto con Karen Greenberg, la directora del Centre on Law and Security. Una de las reuniones fue en España, en la sede del Consejo General del Poder Judicial, y fue inaugurada por el presidente del mismo. O sea que participaron activamente, pero como en tantas otras cosas. Incluso, por lo que van publicando los medios de comunicación, también ocurre algo similar con los miembros del tribunal que me está juzgando. Pero eso es normal, lo que no es normal es que, si has recibido pagos de una entidad privada, participes en decisiones sobre ella, lo cual no ocurrió en este caso.

MR: ¿Cuánto tiempo lleva esto? Debe de llevar dos años, ¿no? Lo raro es que después de archivada una causa pueda reabrirse.

BG: Esto empezó hace más de dos años, en noviembre de 2008. El tema es que aunque lo archiven, si quieren, como aquí sucedió, lo pueden reabrir. Pero…

IV

Reflexiones

El mayor riesgo para un magistrado no

viene —sólo— de las prisiones externas, sino

del agotamiento interno de las conciencias.

GIULIO CALAMANDREI

Como decía antes, es normal que empresas patrocinen cursos que organicen jueces, fiscales o magistrados; como también es normal, aunque no debería serlo, que bufetes de abogados financien ciclos, encuentros y conferencias de magistrados que después tienen que decidir sobre asuntos que esos abogados llevan, por ejemplo. Eso es muy delicado.

Hay también jueces y magistrados que están trabajando sobre esos temas y que están percibiendo a lo mejor emolumentos por esos cursos, esas conferencias y demás. Es decir, no parece lógico separar mi caso. Y en mi caso, además de no haber percibido ni un céntimo, encima soy el único que está siendo investigado, por algo que no he hecho, que no ha existido. Y que se siga diciendo de forma permanente «los pagos, los cobros recibidos». Claro, eso va generando una opinión en el ciudadano de la calle, que dice: «Oye, pues algo habrá, ya se habrá llevado algo. Ese juez, el sinvergüenza este, mira, el de los derechos humanos». Y es una fórmula, evidente y claramente concertada por quienes propagan esto, para destruir el apoyo y la credibilidad que una persona o un profesional pueda tener, y que caiga por su peso.

Intentan extender la opinión de «hombre, este que está diciendo que lucha contra la corrupción, y ahora resulta que se lo está llevando crudo. Pues vaya, hombre, vaya credibilidad, ¿no?». ¿Cómo combates eso?

MR: Bueno, el problema en este caso parece que es existir, ¿no?

BG: Sí, eso parece, algo así, porque realmente no sé qué más puedo hacer. A mí lo que se me está diciendo es que pruebe un hecho negativo. Ellos son los que tienen que probar que yo he cometido un delito; sin embargo, han invertido la ecuación y resulta que soy yo el que tengo que probar que no lo hice. Pero es que es más incomprensible incluso, porque cuando demuestras el hecho negativo, todavía te siguen exigiendo responsabilidades. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ya lo decía usted antes, «que pase el condenado».

MR: Me recuerda al caso terrible del abrigo de pieles de Pablo Iglesias, ¿no?, al que estuvieron torturando por lo menos durante veinte años con que el defensor de la causa obrera y de los derechos de los trabajadores tenía un abrigo de pieles, mientras los demás creían en la causa. Y nunca existió ese abrigo de pieles, pero duraron veinte años la historia y las maledicencias del abrigo de pieles. Es una historia muy curiosa.

BG: Sí, es así, son los rumores que se lanzan y circulan, y llega un momento en que se hacen norma y en que todo el mundo los asume. Es como los «sambenitos» que te cuelgan. A mí me llaman «mal instructor». En cierta forma, me hace gracia, pero también me fastidia. Algunos compañeros dicen: «Yo no tengo nada contra Garzón, pero no es buen instructor».

MR: Sí, es verdad que es parte de la leyenda, o del tópico sobre su persona.

BG: Pues vayamos a los hechos. Analicemos si ha habido casos instruidos por mí en los que no se ha conseguido una condena. Los ha habido, ciertamente. Pero la pregunta debería ser: la instrucción del caso, ¿ha sido correcta o incorrecta?, ¿ha sido ratificada y confirmada o no? Si la respuesta es positiva, ¿qué es lo que se quiere, que el juez sea responsable no solo de la instrucción sino también del enjuiciamiento? No, hombre, eso es el sistema inquisitorial absoluto.

A pesar de eso, haciendo un estudio o una estadística de las causas que yo he instruido a lo largo de estos veintidós años y que han ido al Tribunal Supremo, el índice de confirmaciones de esas investigaciones está en torno al 90 por ciento. Desde luego, no me considero el mejor instructor del mundo, pero tampoco me considero malo. Y creo que las instrucciones que he hecho en casos muy relevantes en la Audiencia Nacional, no solamente han llegado al final, sino que han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional y, con algún matiz, por el TEDH. Así que me parece que es una acusación hecha con bastante ligereza.

Lo mismo ocurre con tantos otros tópicos. Fíjese, el otro día estaba en Argentina porque el día 10 de diciembre me otorgaron un premio. El día anterior, me uní a las madres y abuelas de plaza de Mayo para dar una vuelta simbólica a la plaza, y luego les dirigí unas palabras. En un extremo de la plaza había un grupo llamado Quebracho, que defiende los postulados de ETA y que, aprovechando la concentración, reclamaba la libertad para los presos políticos vascos. Uno de los componentes del grupo se acercó a mí y me dijo: «¡Hombre!, Garzón, ¿cómo puedes decir que estás defendiendo a madres y abuelas y que luchas contra la tortura, cuando en España se practica la tortura contra los presos políticos vascos?». Y le dije: «Mire, no es el momento de hablar de esto, cuando quiera usted podemos hacerlo, pero ahora estamos en un acto diferente». Claramente, me pareció un tópico que en este caso se lanzaba con la intención de desprestigiar al sistema judicial español y al sistema de garantías en la lucha contra el terrorismo.

Pero es curioso que me vengan a decir esto a mí cuando en el año 2000, en Estrasburgo, en el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, yo propugné la abolición de las medidas restrictivas durante la detención incomunicada y de esta misma en casos de terrorismo en España. Incluso me llegó a contestar el ministro del Interior de entonces, Jaime Mayor Oreja, que dijo: «Respeto lo que dice el juez Garzón, pero en España no es el momento de modificar esas normas».

Más tarde, después de mi estancia en Nueva York, llegué a la conclusión de que era necesario tomar iniciativas que eran reclamadas por los organismos internacionales y por organizaciones de derechos humanos para prevenir la posibilidad de malos tratos y torturas durante la detención incomunicada en materia de terrorismo. Así, en diciembre de 2006 establecí un protocolo de control de la detención incomunicada, con la orden de instalar cámaras de visualización y de asistencia de médico de designación familiar, para controlar precisamente cualquier posibilidad de malos tratos o tortura. Era también una manera de proteger a la propia policía, que, injustificadamente, era acusada de forma sistemática de abusos.

Pues bien, tanto el relator de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, tras su visita a España en 2008, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en sus observaciones finales tras el examen del 5.º informe periódico del Estado español (2009), recogen con el nombre de «Protocolo Garzón» esas medidas que consideran positivas. Y el Consejo de Ministros, poco tiempo después, acogió como pauta de conducta ese protocolo en todos los casos de detenciones por terrorismo. Hace unos días coincidí con unos responsables policiales y me dijeron que, según un estudio que han hecho, en aquellos casos en los que se aplica el protocolo de control de la detención auspiciado por mí y aplicado por dos compañeros más en la Audiencia Nacional, que son Santiago Pedraz y Fernando Andreu, prácticamente han desaparecido las denuncias de tortura y malos tratos en esos tres juzgados. Hay otros que no lo aplican, conste, y son libres de hacer lo que quieran, pero creo que es más conveniente y necesario cumplir las orientaciones de los organismos internacionales, las normas de derechos humanos, compatibilizándolas con las normas internas.

Sin embargo, tengo que asumir que me acusen de fomentar la tortura. Una vez, un abogado abertzale había presentado una denuncia en Estrasburgo por unas detenciones practicadas en las que se decía que habían existido malos tratos. En la información que se publicó, se me hacía a mí responsable de las detenciones, que yo no había ordenado. Había sido otro compañero, no importa cuál. Cuando el letrado abertzale vino, lo llamé y dije: «Oiga, pero ¿por qué dicen ustedes que es Garzón, si Garzón no lleva ese asunto?». Y me respondió con todo desparpajo: «Es que si decimos que es fulano, nadie nos echa cuentas, pero si decimos que es Garzón, el impacto mediático es inmenso».

Todavía en fechas muy recientes, cuando el texto de este libro estaba cerrado, tuvo lugar un acontecimiento de una especial gravedad. El día 5 de febrero de 2011 el diario El Mundo, en primera página, daba una noticia relativa a una futura sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un asunto de terrorismo internacional, tramitado en el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, en relación a una red en la que alguno de sus componentes, según consta en el auto de procesamiento dictado por mí, habría realizado actos dirigidos al adoctrinamiento y envío de una persona, también de la misma red, hasta Irak, donde se inmoló con un camión cargado de explosivos en la base de los Carabinieri (fuerza armada italiana) en Nasiriya, provocando con este acto terrorista suicida treinta y dos muertos. La noticia no hablaba de esto, sino que ponía de manifiesto la posible filtración de una deliberación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que se habría decidido revocar la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, absolviendo a los condenados, por apreciar la existencia de torturas y malos tratos bajo custodia policial. En el juicio oral, algunos de los acusados y testigos habrían reconocido que habían sido trasladados desde Barcelona hasta Madrid, tras el momento de la detención en enero de 2006, en los vehículos policiales esposados y con antifaz en los ojos (cosa que apuntaba la sentencia de la Audiencia Nacional por lo que no tomó en consideración ciertos testimonios). La noticia de esta filtración (que, de ser cierta, podría ser incluso delictiva) parece que tenía un fin totalmente diferente: el ataque abierto y sin disimulos contra los jueces y fiscales que habían participado en la investigación y sentencia.

Aprovechando una noticia basada en un hecho ilícito (la filtración de una deliberación) y desconocido (la sentencia aún no estaba impuesta) de nuevo se exponen de forma parcial los hechos para confundir a la opinión pública. En la noticia se cargaba contra mí, afirmando que yo había obviado las torturas aparentemente sufridas por los detenidos, y se entrecomillaba una frase que habría pronunciado uno de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, afirmando que me dedicaba a hablar de Guantánamo en conferencias y tenía un Guantánamo en mi juzgado, la propia frase, además de no reflejar conscientemente la realidad, identifica la «altura ética» de quien la hubiere pronunciado y el desprecio hacia alguien que forma parte de la judicatura y que está imputado por ese mismo tribunal. Verdaderamente grave. También se acusaba al juez Fernando Andreu, a los componentes de la sala, los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro.

Hasta aquí las acusaciones, ahora los hechos.

Las operaciones policiales conocidas como Chacal y Camaleón se iniciaron en enero de 2005, tramitándose hasta la detención de los implicados en enero de 2006, en los Juzgados Centrales de Instrucción n.º 4 y 5 de la Audiencia Nacional, cuyos titulares, en el momento de las detenciones, Fernando Andreu y Fernando Grande-Marlaska, que ocupaba mi juzgado al estar yo con licencia por estudios en Estados Unidos, dirigieron las actuaciones. Algunos de los detenidos adujeron ante el médico-forense que habían recibido algunos golpes y que les habían tapado los ojos y habían sido esposados en el traslado policial; sin embargo, ninguno de ellos declaró ante el juez que se sintieran coaccionados en el momento de sus declaraciones judiciales. Los testimonios están grabados en vídeo y, después de haber visto y escuchado las declaraciones, los jueces no apreciaron ni percibieron que existieran indicios de alteración, nerviosismo o miedo, o que se hubieran producido malos tratos o torturas. Los informes médico-forenses no contienen valoración alguna sobre la existencia de estos. Tampoco el Ministerio Fiscal, por medio de dos fiscales diferentes, apreció indicio alguno a la vista de los elementos que tenían ante sí. Tras la inhibición por el Juzgado Central n.º 4, el 15 de junio de 2006 quedaron los presos a disposición del Juzgado Central de Instrucción n.º 5, al que me reincorporé el 30 de ese mes, encargándome, a partir de esa fecha, de la tramitación de la causa. Así pues, en ningún momento, en los primeros seis meses de la instrucción, tras la detención, hubo manifestación o denuncia alguna ante los jueces centrales del n.º 4 y n.º 5 por parte de los imputados o sus abogados, salvo en un caso, sobre los supuestos malos tratos recibidos en la detención policial. En enero de 2007, varios de los implicados solicitaron declarar de nuevo, y en ese momento, de forma estratégica y concertada, denunciaron en la misma línea supuestas torturas y malos tratos antes omitidos, sin razón alguna, habida cuenta que estaban a disposición judicial desde enero de 2006. Ante las circunstancias concurrentes en cada uno de los interesados, la ausencia de denuncia anterior, cuando tuvieron la protección judicial para hacerlo durante un año, por sí o por sus abogados, se valoró expresamente la inexistencia de base suficiente para proceder, tanto por el juez como por el fiscal, por malos tratos o torturas. Así se expresó en el informe remitido al Consejo General del Poder Judicial el 18 de marzo de 2008, contestando a una denuncia formulada por Amnistía Internacional en nombre de Mohamed Mrabet Fasi. En dicho informe, se decía que a la declaración judicial del mencionado, el día 8 de enero de 2007, había asistido el Ministerio Fiscal, y que ni este ni el juez instructor habían observado elementos suficientes para impulsar de oficio una investigación para la cual, en todo caso, se carecía de competencia (los juzgados de la Audiencia Nacional no son los competentes para investigar torturas o malos tratos producidos a los detenidos; lo son los jueces del lugar donde estos hechos se hubieran producido y, por ende, estos son los que deben proceder), quedando abierta la posibilidad del imputado y su defensa para formalizar la correspondiente denuncia ante el juzgado de Instrucción ordinario que por turno correspondiera. La Fiscalía General, por su parte, remitió el caso a la Fiscalía de Madrid, que incoó diligencias informativas. Es decir, se abrió la correspondiente investigación.

Todos estos aspectos y algunos más, se silencian en la información ofrecida. Así, nada se dice de que se presentaron también dos denuncias por supuestos malos tratos y torturas referidas a Mounir Mrabet Fasi (que según el parte médico, las contusiones leves se las produjo al resistirse en la detención) y Anuar Saoudi, que se investigaron respectivamente y archivaron el 5 de octubre de 2007, en el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Vilanova y la Geltrú; y en el Juzgado de Instrucción n.º 21 de los de Madrid, después de haber recibido declaración a los funcionarios que habían practicado la detención, el 22 de enero de 2010.

Pero es que, tras el juicio oral en la Audiencia Nacional, a la vista de las declaraciones de la médico-forense, testigos y acusados, la Sala de lo Penal, en su sentencia de fecha 11 de enero de 2009, no estimó que existieran méritos suficientes para proceder por torturas o malos tratos; y a ninguno de los letrados, salvo uno, le interesó que se dedujera testimonio (mandar proceder contra los policías y guardia civil) porque ya se habían denunciado los hechos ante autoridades judiciales y organizaciones de defensa de los derechos humanos, como ha quedado indicado anteriormente.

Estos antecedentes, obviados en la noticia, demuestran la falta de consistencia de la misma y que su fin último era, una vez más, mi descalificación profesional, en todo caso.

Si el Tribunal Supremo considera que se debe investigar si ha existido delito, a la luz de lo que consta en el juicio oral o en la sentencia, que lo haga, es su obligación, como los demás lo hicimos antes y con todas las garantías. Pero lo que resulta peligroso y afecta gravemente a la seguridad jurídica es que, según se dice en el diario, se filtren deliberaciones para, con ellas, aprovechar y verter acusaciones falsas, favorecer descalificaciones de jueces y magistrados, faltar a la verdad y retener o no dar a conocer parte de la información para los ciudadanos, cuestionando la limpieza en las investigaciones judiciales contra el terrorismo por la que llevo peleando 23 años.

Quizá sería bueno propiciar la adopción de medidas efectivas que completaran las ya previstas en el Protocolo de control de las detenciones incomunicadas para incorporarlas, definitivamente, a nuestro acervo legal y que se apliquen en todos los casos de terrorismo y con carácter obligatorio por todos los jueces y fiscales y no tan solo por algunos jueces, con reticencias por parte de los demás operadores. Recuerdo todavía que, desde algunos foros mediáticos, se me atacaba, cuando, en diciembre de 2006, comencé a aplicar el Protocolo diciendo que las medidas acordadas acabarían con la efectividad de la lucha contra el terrorismo. Obviamente no fue así.

MR: Estrategias de comunicación, vamos.

BG: Sí, en efecto. Pero a mí eso no me molesta. Hombre, me duele de vez en cuando, pero no me molesta. Cada uno se defiende como puede y como quiere. Yo tengo muy claro cuáles son las garantías que tienen que respetarse, y se respetan todas, pero ninguna más. Es decir, una cosa son las garantías y otra es el garantismo, es decir, no hacer algo porque te es más cómodo decir que hay que respetar unos principios. Esto es lo que decía antes del recorrido de la norma, de llegar hasta el punto 30 y allí decir: «No, yo aplico solo hasta el punto 30 porque eso es lo progresista. Del 30 al 100 no, eso ya no». Eso es falso. Lo progresista es aplicar desde el 1 al 100, y lo ilegal es aplicar del 100 en adelante.

MR: ¿Cree que, en el caso del terrorismo de ETA, la justicia —porque es un tema también muy candente— puede crear mejores condiciones para que avance un proceso de paz, como es el caso de Euskadi?

BG: Yo creo que la justicia ha desarrollado y está desarrollando una labor fundamental. Sé que esta afirmación no es compartida por el mundo abertzale, ni siquiera por el mundo nacionalista, porque se ha acusado a la justicia, y en particular a mí, de haber extendido en exceso el concepto de «terrorismo». Yo creo que no; en el caso de ETA, se ha dimensionado exactamente lo que ETA es, lo que ETA quería ser y lo que era. Porque ETA no es solo un grupo de gente que mata, que secuestra, es un complejo mucho mayor. No tiene sentido su existencia sin todo ese complejo político, social y de entorno. Y, además, así han ido apareciendo y marcando su territorio.

De alguna forma, mi contribución fue que, desde el principio de mi estancia en la Audiencia Nacional, me di cuenta de que había mucha información que no era utilizada en las investigaciones. Específicamente fue en mayo de 1989, cuando Carmen Tagle y yo, pocos meses antes de su vil asesinato, fuimos a tomar declaración a la cúpula de ETA en París, y en particular a Urrutikoetxea Bengoechea, alias Josu Ternera. Era una época de atentados muy duros y de acciones terroristas muy importantes, así que se focalizaba todo en la acción operativa. Pero yo vi que había mucha información que quedaba colgando, porque los terroristas lo escribían todo.

Lo que hice fue incoar una causa en la que fui acumulando las informaciones, los documentos que iban cayendo en cada una de las detenciones de los responsables de ETA. Y así conseguí reunir un acervo documental importante, que en los años 1995-1997 nos empezó a demostrar que el entramado que dirigía ETA era mucho mayor, mucho más amplio: Kas, luego Ekin, todos los aparatos de la kale borroka como Jarrai, Haika y Segí, Gestoras Proamnistía, Askatasuna, etc. Cada grupo, cada organización tenía su labor satélite, y todas ellas estaban interconectadas y dependían de una dirección, una doble dirección: una dirección arriba de ETA y una dirección subordinada de la estructura ilegal Kas, luego Ekin y luego la dirección propia.

Entonces, lo que planteamos la policía, el fiscal y yo mismo fue diseñar una confrontación igualmente compleja. Es decir, la organización terrorista lidera todo ese complejo como un pulpo y esa es la fuerza de su acción, la violencia por una parte y la complementariedad de esa violencia por otra, llegando hasta la acción política, incluso legal. Por lo tanto, había que combatir de una vez cada uno de estos tentáculos y el núcleo. Nosotros teníamos que hacer una acción compleja equivalente y afrontarla (finanzas, frente social y político) de la forma que debía realizarse, acumulando indicios, extrayendo toda la información, analizándola en inteligencia, trabajando en cooperación, en coordinación con lo que había en Francia y con lo que había aquí. Así se fue actuando de forma escalonada contra todo ese complejo.

Al final, gracias a la colaboración nacional e internacional, a todas las instituciones y, sobre todo, a las víctimas y a la reacción de la sociedad civil ante hechos tan terribles como el asesinato de Tomás y Valiente en 1996 o el de Miguel Ángel Blanco en 1997, todos nos concienciamos de que había que ir en contra de ese fenómeno. Eso consiguió crear una base que hoy día, desde luego en lo que se refiere a Batasuna, a ANV y al PCTV, ya está confirmada como válida. Tanto la resolución del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional, al igual que nuestra acción en la Audiencia Nacional, han sido ratificadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchos dicen no estar de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ahí está la resolución, y dice que efectivamente había elementos para hacer lo que se hizo.

En mi opinión, toda esta labor sí ha contribuido al debilitamiento de la organización terrorista. Yo creo que la acción global de la justicia contra el núcleo militar y contra todos los tentáculos y vías de financiación lícitas e ilícitas, es decir, la acción compleja del Estado, ha conseguido desbaratar el aprovechamiento y la confusión intencionada de la que se valía la organización. Lo que hemos hecho es casi ponernos al paso de ellos. Antes íbamos como un tigre y un elefante. Y ahora lo que hemos hecho es ponernos al mismo nivel. Esta situación no quiere decir que no pueda haber un atentado, no quiere decir que la organización esté acabada, pero sí que está en una situación en la que, desde el propio interior, los propios movimientos políticos internos han cobrado la fuerza suficiente para decir que esto se ha acabado.

Entonces, ¿se ha terminado? No. Lo primero que tendrán que hacer es determinar, dentro de la organización y de sus satélites, quién es quién, dónde está cada cual y qué es lo que quieren. Y desde la parte del Estado y de la sociedad, y de la justicia en particular, lo que hay que hacer es continuar trabajando exactamente igual: con los límites marcados y con todas las garantías, seguir accionando contra la organización terrorista hasta que asuma que en una democracia no cabe la violencia ni se pueden reclamar fines políticos con el ejercicio de la violencia, porque se pueden obtener por la vía pacífica de la política. Eso es así.

Por último, no es suficiente el comunicado de ETA sobre el cese general de actividades. La opción única es el abandono de las armas y la renuncia a la violencia. A partir de ahí será el Estado el que hable.

Pero tampoco deben desdeñarse los movimientos que se están produciendo en el mundo de la Izquierda Abertzale, materializados, por el momento, en la presentación del partido político Sortu. El camino hacia la legalidad pasa por donde siempre estuvo: el cumplimiento de la ley y de las sentencias de los Tribunales, Supremo, Constitucional y Europeo de Derechos Humanos. La condena y rechazo de la violencia terrorista como vehículo de expresión política y la condena de ETA y su acción delictiva, deben ser globales, sin limitaciones ni reservas. Esto implica que deba expresarse la condena de los atentados cometidos en el pasado y el rechazo de los que pudieran cometerse en el futuro: La desvinculación debe ser total. Y ello porque, hasta ahora, todos los indicios existentes en las causas judiciales, tanto al amparo de la ley de partidos, como, específicamente, en las penales, demuestran la vinculación y sumisión de todo el complejo a la vanguardia armada, y ello impone un plus inicial que va más allá de la simple condena de la violencia y desvinculación de ETA.

MR: ¿Ha habido algún error grave con toda esta estrategia en el respeto de los derechos humanos? Por ejemplo, el caso Egunkaria.

BG: Sí, ha habido errores, por desgracia. Evidentemente el tribunal absolvió a los acusados, y la sentencia contiene términos realmente duros, sugiriendo que podrían no haberse respetado totalmente los derechos fundamentales. También ha habido casos en los que se ha investigado y se han enjuiciado conductas de determinados funcionarios, que han resultado condenados; los GAL, Lasa y Zabala. Pero creo que, precisamente, lo que eso demuestra es que, si se quebranta la ley o se traspasan los límites, deben ser castigados los responsables, porque con ello el sistema se fortalece.

Al contrario de lo que se dice desde ese mundo abertzale o próximo al mundo abertzale de que no se investigan esas posibles violaciones de derechos, yo creo que no es así. Creo que hay algunas voluntades que no son proclives a la investigación, pero hay mecanismos para que la investigación de esos excesos, si los hay, se sancionen. Ya lo he dicho antes: el propio gobierno español actual, en 2009, acordó en Consejo de Ministros hacer propio el mecanismo de control videográfico y todos aquellos elementos que pueden contribuir a hacer más garantista el período de incomunicación y de detención policial en casos de terrorismo. De hecho, así está establecido en todos los centros policiales. En este sentido, es necesario avanzar más hasta que la propia incomunicación desaparezca. Se debe diseñar un sistema en el que esa medida no sea necesaria, y, mientras esto llega, los jueces no debemos aplicar automáticamente la medida o su prórroga, sino es con un control exhaustivo y directo.

MR: Volviendo un poco al principio de la historia, de su biografía, por parte de su familia no tenía precedentes en el ámbito judicial. La suya era una familia humilde, de trabajadores. Usted también trabajó parte del tiempo para financiar sus estudios. Este prólogo, digamos, me llevaría a una reflexión que no sé si comparte: si no hay un fondo discriminatorio o una visión de prejuicio hacia usted por parte de gente que quizá tenga una idea estamental de lo que es la justicia.

BG: No, yo creo que no. Es decir, es cierto que en determinadas etapas históricas de España la profesión judicial ha sido una profesión de casta, casi hereditaria. Y de hecho sigue siendo así, pero por otros motivos. Es lógico que en muchos casos —no en el mío— los hijos sigan el ejemplo de los padres. Hasta cierto punto es normal, porque es lo que perciben en la educación. En mi caso yo creo que ha producido el efecto contrario: como me han visto siempre agobiado, yendo de un sitio para otro, han dicho: «Desde luego, lo que no queremos para nada es algo relacionado con la justicia». Mi hijo, Baltasar, que acaba derecho este año, si algo tiene claro es que juez, desde luego, no quiere ser.

En todo caso, creo que la justicia en España ya está muy abierta en cuanto a la procedencia de los profesionales. Es decir, hay un sector que claramente tiene una trayectoria familiar en cargos judiciales; el bisabuelo fue magistrado, el abuelo fiscal, el padre notario, el hijo fiscal otra vez… Bueno, esto es normal. Pero también hay mucha gente que no tiene ninguna relación previa con la justicia. En la época en que yo entré, ya éramos bastantes los que no teníamos esa vinculación. Por tanto, yo creo que por la cuestión de la procedencia no hay ninguna reserva respecto de mí.

Lo que sí sucede es que yo he sido una persona que en el ejercicio de mi profesión, aparte de la independencia que proclamo y que respeto en mis compañeros, he ido un poco por libre, en el sentido orgánico de la expresión. Es decir, yo estuve en el inicio de Jueces para la Democracia. Es algo que no digo normalmente, pero yo estuve en mayo de 1983, en la primera reunión que hubo aquí, en Madrid, en el Centro de Estudios Judiciales, entonces Escuela Judicial, cuando se acordó el inicio de Jueces para la Democracia. Entonces estaba de juez en Villacarrillo. Después milité en Jueces para la Democracia un tiempo, cuando estuve en Almería, y luego me di de baja.

No he pertenecido a ninguna asociación, y algunos dicen que soy como una especie de ser extraño a quien nadie controla. Tampoco es verdad. Lo que sí ocurre es que, por mi propia forma de ser, quizá no me he integrado tanto como otros colegas y otros compañeros. Yo he estado centrado en el trabajo, en las tareas que he tenido. Siempre he estado dispuesto a cualquier iniciativa, cuando me han pedido cosas de Jueces para la Democracia las he hecho, cuando me han pedido de la Asociación Profesional de la Magistratura que vaya a compartir con ellos jornadas o conferencias, he ido; cuando desde la Asociación Francisco de Vitoria me han pedido lo mismo, también he participado; si he tenido que escribir algún artículo, lo he hecho. Pero no me he vinculado nunca a una de las asociaciones.

Entonces, lo que sí es posible es que, no solo compañeros, sino la gente en general diga: «Claro, es que se ha metido en tantos charcos que le pasa esto», o «Ha pisado muchos callos». Claro, pero eso es terrible, decir esto es perverso para la profesión de juez, porque yo no piso charcos ni piso callos. Administro justicia.

MR: Hace su trabajo.

BG: Hago mi trabajo, y si hay un charco, pues tendré que pasar por el charco o dar la vuelta para no mojarme el zapato, pero lo que no puedo es quedarme esperando a que se seque el charco para seguir andando.

Así que esa visión de que «claro, alguna vez tenía que ser», o «ya duró demasiado tiempo», es terrible. Es una percepción nefasta. O «esto le sucede a Garzón, pero solo a Garzón». Porque hay algunos que para contrarrestar la idea de que todo lo que está sucediendo es un ataque directo a la independencia judicial, dicen: «No, esto es porque se trata de Garzón. Con los demás ya no va a haber problema». Entonces sí que te sientes un poco solo, pero esa soledad es la que conlleva también la decisión clara de actuar con independencia y hacerlo en cualquier circunstancia.

Ahora, otros también dicen: «Es que ahora no tiene quien le apoye». Bueno, da igual. Es decir, el apoyo está en la ley, el apoyo está en la dignidad de la profesión, el apoyo está en la defensa de las víctimas; en las organizaciones independientes de derechos humanos, en profesionales de la justicia que también alzan su voz desde esa independencia, que se mantienen firmes y coherentes y no son para nada tibios.

Hay una línea roja que no se puede traspasar: la que marca la ley. Esa es igual para todos. El juez no puede dejar de aplicar la ley, sean cuales fueran las dificultades o los retos a los que se enfrente. La independencia judicial debe reivindicarse hacia adentro y hacia afuera, para administrar recta e imparcial justicia.

Y es que yo no sé ejercer de juez de otra manera. No voy a cambiar ahora. Y si no me dejan seguir siendo juez, pues haré lo mismo desde otro ámbito, ¿qué voy a hacer? Ahora no me voy a dedicar a la arquitectura, eso está claro.

MR: Lo veo como sin sentirse derrotado, decía, pero sí que se ha hecho a la idea de que no va a ser juez durante un tiempo.

BG: ¿Y usted qué cree? En todo el contexto en el que estamos, yo le hago la pregunta: ¿qué piensa desde fuera?, ¿cómo se percibe? Ahora, tras esta conversación conmigo y con lo que ha leído y sabe, ¿qué percepción se tiene desde fuera de lo que está sucediendo?

MR: Yo creo que mucha gente, como además se manifestó en la calle y por muchos medios, vive esto como una gran injusticia, pero una injusticia que también les implica. Entonces, pienso que ahí hay un elemento de esperanza. Creo que la vida da vueltas y que esa injusticia parece tan manifiesta que no se puede perder la esperanza. Porque la injusticia la ve no solo la gente, digamos, que simpatiza más con la causa de la memoria histórica o cuestiones puntuales, no es solo eso, sino que estamos hablando de los medios más importantes del mundo, de los juristas más prestigiosos…

BG: Manuel, precisamente por eso no me puedo sentir derrotado. Primero, porque no tengo sensación de haber cometido ningún hecho delictivo; segundo, porque merece la pena seguir luchando hasta el final por aquello en lo que crees; tercero, porque hay mucha gente que, efectivamente, piensa que la justicia se puede ejercer de una forma diferente y dentro de lo que es una respuesta integral al fenómeno de los crímenes del que estamos hablando. No, no me siento derrotado, pero también soy objetivo y sé cuál es mi posición en este momento. Sin duda es una posición de fuerza en mis convicciones, de fuerza absoluta, pero también soy consciente de que quien está a punto de juzgarme no piensa igual que yo y tiene un prejuicio establecido. Entonces, tendremos que seguir la pelea.

MR: ¿En algún momento va a ejercer su defensa, digamos, con su propia voz?

BG: Sí, sin lugar a dudas, claro que sí. Por lo menos tiene que quedar constancia de aquello que yo creo, pienso y digo que está sucediendo, y desde luego es algo que les debo a las víctimas y que le debo a mi familia, que les debo a mis amigos y que les debo a todos y cada uno de aquellos que han creído en que se puede hacer algo desde la justicia, y no solamente figurar y eludir el compromiso cuando la situación exige que te comprometas. Creo que es necesario.

MR: Pues le escucharemos con mucha esperanza. Gracias.

BG: Muchas gracias.

Epílogo

Y hablo de millones de hombres a los que se les ha inoculado astutamente el miedo.

AIMÉ CÈSAIRE

Aquí terminó la conversación con Manuel Rivas, con algunas reflexiones y datos añadidos para completar y actualizar el texto. Pero la historia continúa en todos los sentidos. En el mundo, los acontecimientos se suceden a unas velocidades supersónicas; las comunicaciones a través de internet, a pesar de los riesgos, están demostrando que la red es un vehículo de democracia, con reacciones directas que obligan a los responsables políticos y públicos a enfrentarse a una realidad en la que la manipulación y el cabildeo ya no van a ser ni aceptados ni admitidos. Ahora el ejercicio de la democracia a través de la red ha conseguido derribar dictaduras como las de Túnez o Egipto y debe continuar sin miedo al poder, sin intermediarios, exigiendo cuentas a quienes nos representan o gobiernan las instituciones y poderes del Estado. Ha terminado el tiempo del silencio y de la condescendencia.

En España vivimos momentos complicados e intensos en todos los sentidos. Políticamente no se constata un entusiasmo en los ciudadanos que vaya más allá de plantearse quién va a ganar las elecciones. El discurso político, o está ausente o no interesa. Echo de menos una reflexión profunda sobre el sentido y valor de la política como servicio a los ciudadanos y sostén del sistema democrático.

La lenidad con que se afrontan los casos de corrupción es algo que debería suscitar en todos nosotros una honda preocupación por lo que supone de aceptación de la degeneración de la vida pública. Hoy, en España, una parte demasiado numerosa de la sociedad acepta el desprestigio de las instituciones frente a la necesidad de purificación del sistema y permanecen inermes e incluso aplauden a los corruptos con simpleza, siguiendo los discursos de la manipulación de aquellos que tienen concretos intereses en que la situación no cambie.

La crisis económica lo inunda todo y la desconfianza, ante la falta de explicaciones solventes y la asunción de responsabilidades y propuestas firmes, se adueña de la mente y del espíritu de la gran mayoría de la sociedad que observa con temor un futuro incierto en el que faltan esos pilares a los que sujetarse para tomar impulso y seguir adelante con la esperanza y decisión que otorga la confianza en las posibilidades como pueblo.

Se precisa, en ese marco (como decía en mi prólogo al libro de Cario A. Brioschi, Breve historia de la corrupción) refundar el capitalismo a través de un mayor control de los ciudadanos sobre los recursos estratégicos de los Estados y sobre las decisiones económicas que conciernen a sus vidas, lo que supone que estos demuestren una verdadera intransigencia hacia los comportamientos corruptos. La disposición y la convicción son factores imprescindibles para cambiar las cosas. Todos hemos sido partícipes en alguna medida de la situación actual, y por ello todos debemos reflexionar seriamente sobre el papel jugado por la corrupción social, política, judicial y económica y la tolerancia con la misma en la crisis actual. La sensación de que, paralelamente a esa realidad, se han abandonado valores que son básicos para la sanidad democrática de un pueblo, nos obliga a rebelarnos y a gritar que no estamos de acuerdo ni conformes con esa situación y a tomar la decisión de recuperar ese espacio perdido.

La intolerancia que se observa en algunos responsables públicos y pseudolíderes sociales que, en vez de contribuir al sosiego y a que las situaciones de conflicto vayan desapareciendo, acumulan esfuerzos para lo contrario, es muy preocupante y debe ser arrojada fuera de la convivencia democrática. Decía Maquiavelo que, «no sin razón se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. La opinión pública pronostica los sucesos de una manera tan lúcida que se dirá que el pueblo está dotado de la facultad de prever lo que distingue al bien del mal».

Pero hoy en día, ¿podemos compartir esta afirmación en un mundo en el que los medios de comunicación deciden lo que es y lo que no es, en el que se ensalza o humilla por interés político o económico, en el que se defiende o ataca en función de lo que se obtenga o pierda? La responsabilidad de los medios de comunicación es de tal magnitud que puede afirmarse que de su uso adecuado depende el futuro de una sociedad que, queramos o no, es esencialmente mediática. La independencia judicial es el baluarte de una adecuada gobernabilidad, pero, desgraciadamente, la Administración de Justicia, hoy día, a pesar de los esfuerzos individuales de algunos, no responde a las necesidades de la sociedad española, y a veces ofrece ejemplos totalmente negativos de lo que debe ser el mejor espejo de los ciudadanos. Y esto debe ser cambiado, afrontando la reformulación del sistema judicial para adecuarlo a las necesidades reales de la sociedad del siglo XXI. No contribuye a ello, desde luego, la demora en la renovación de algunos órganos fundamentales del Estado, que demuestra la falta de esfuerzos democráticos y sentido de Estado en quienes tienen la obligación de la decisión.

A pesar de todo ello, como decía Antonio Machado, «hoy es siempre todavía». Aún podemos reflexionar y trabajar juntos. La voluntad de unos pocos puede hacer que otros asuman esa necesidad en muchos de los ámbitos que nos conduzcan a superar espacios de violencia, a recuperar la memoria, dando satisfacción a las víctimas, a huir de la confrontación absurda y a construir un país diverso y en paz, respetuoso con las diferencias y solidario entre todas sus instituciones y ciudadanos.

Quiero que mis últimas palabras sean para todos aquellos que dedican su esfuerzo a luchar por la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de tantas atrocidades, y que a veces son olvidadas, denostadas, culpabilizadas o tratadas selectivamente. Todo esfuerzo es poco para conseguir una verdadera reparación. Todas las instituciones y responsables públicos y, más aún, toda la sociedad, estamos obligados a comprometernos y pelear para que definitivamente se obtenga esa meta, porque todos somos responsables. Las víctimas nos muestran el camino que debemos seguir si queremos recuperar nuestra dignidad, porque ellas nunca la perdieron.

BALTASAR GARZÓN (Torres, 1955). Es magistrado-juez de la Audiencia Nacional. Desde el juzgado Central de Instrucción n.º 5, a lo largo de más de 22 años, ha desplegado una acción implacable contra el terrorismo nacional e internacional, el narcotráfico, la «guerra sucia contra ETA», el crimen organizado, la corrupción, y en defensa de la Jurisdicción Universal y los derechos humanos. Dirigió la acción global contra ETA y su entorno y, en plano internacional, el caso Pinochet. Es autor de varios libros, entre ellos Un mundo sin miedo (Plaza & Janés, 2005) y La línea del Horizonte (Debate, 2008), y ha recibido hasta 22 doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo. En la actualidad trabaja en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en La Haya.