A todas las funcionarias y todos los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional que desde 1988 trabajaron conmigo con denuedo y entrega al servicio de la sociedad española en la difícil tarea de hacer posible el funcionamiento de la justicia; a aquellos miembros —mujeres y hombres— del Ministerio Fiscal que en el mismo juzgado se ocuparon sin reservas, e incluso perdieron su vida, en el mismo esfuerzo y siguen haciéndolo, confrontando el reto del terrorismo yihadista, el crimen organizado y la corrupción; a funcionarios y funcionarias de policía y guardia civil, vigilancia aduanera y policías autonómicas que han trabajado en el empeño común de hacer más segura la convivencia, combatiendo eficazmente, y con respeto al Estado de derecho, aquellos crímenes; a las juezas, los jueces, las letradas y letrados de la Administración de Justicia que, día a día, hacen frente a las lacras del delito y sus consecuencias, la mayoría de las veces en condiciones adversas; a todos los abogados, abogadas, procuradores y procuradoras, periodistas y a la ciudadanía que ha participado y colaborado con la Justicia en la persecución del delito, en beneficio de la sociedad y de las víctimas; a mi familia, que, sin fisuras, siempre me ha apoyado en los difíciles momentos que me ha tocado vivir por ser fiel a mis convicciones; a los amigos que permanecieron conmigo en los tiempos difíciles, y, por último, a quienes han discrepado de la interpretación y aplicación de la ley que he realizado, siempre con la mejor voluntad y al servicio de la sociedad.

A los médicos forenses, por su trabajo abnegado, y especialmente a quienes como Francisco Etxeberria y otros antropólogos nos demuestran que la memoria de las víctimas es presente y futuro para mantener la dignidad de un pueblo.

A los demás, incluso a mis enemigos, que para mí no lo son, mi respeto y consideración.

Introducción

Tengo sesenta años y de ellos he dedicado más de cuarenta y tres, más de la mitad de mi vida, al estudio y aplicación del Derecho como universitario, primero, como opositor, juez, profesor, abogado y activista de los derechos humanos, después, y como aprendiz de escritor, ahora. Quienes me quieren suelen decirme que en las diferentes facetas de mi vida, de una u otra forma, me las he «arreglado» para estar siempre en el punto de mira. En unas ocasiones, como blanco de las críticas o las adulaciones; en otras, por el deseo de los fanáticos y delincuentes de acabar con quien resulta un enemigo permanente; y aun en otras, por el fervor de los poderosos —del tipo que sea— a quienes incomoda que alguien los cuestione; a veces, por los compañeros que discrepan de determinadas actuaciones que ellos harían de otra forma o no se atreverían a realizar; y bastantes, en fin, por los desafíos asumidos en ámbitos y zonas nada pacíficos.

Es posible que así sea, al menos eso parece si se analizan los hechos que he vivido en este tiempo. Entre el 16 de febrero de 1988, fecha de mi toma de posesión en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y la redacción de este libro han transcurrido veintiocho años, en los que mi mochila se ha ido llenando de dedicación a la justicia y a la defensa de los derechos de los demás. Con aciertos y errores, pero siempre con la firme convicción de actuar desde la interpretación más integradora del Derecho y de la ley y procurando aplicar las normas locales e internacionales en un sentido progresivo y universal. Haciéndolo por encima de las interpretaciones más conservadoras, las cuales procuran sancionar pero carecen de una perspectiva dinámica que prevenga situaciones futuras de agresión contra la ciudadanía.

Y a lo largo de todos esos años han existido fechas claves en mi vida profesional:

13 de julio de 1988. Prisión de Amedo y Domínguez en el caso GAL.

22 de noviembre de 1988. Atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil.

12 de septiembre de 1989. Asesinato de la fiscal Carmen Tagle.

12 de junio de 1990. Operación Nécora contra el narcotráfico gallego.

13 de diciembre de 1992. Detenciones en el caso Ucifa.

28 de abril de 1993. Anuncio de mi paso a la política como independiente en las listas del PSOE.

18 de abril de 1994. Envío de mi carta de dimisión a Felipe González.

6 de mayo de 1994. Dimisión como secretario de Estado y delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y renuncia a mi escaño parlamentario.

14 de diciembre de 1994. Primeras detenciones en el caso Marey.

26 de julio de 1995. Elevación del suplicatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto de Felipe González, José Barrionuevo y otros en el caso Marey.

Agosto de 1995. Intervención en la detención del grupo de ETA que iba a asesinar al rey Juan Carlos I.

28 de marzo de 1996. Inicio del caso contra las Juntas Militares argentinas.

1 de julio de 1997. Liberación de José Antonio Ortega Lara.

14 de julio de 1998. Inicio de la primera actuación contra el entramado de ETA-KAS-EKIN.

16 de octubre de 1998. Detención de Augusto Pinochet en Londres, dentro de la investigación de la Operación Cóndor.

Noviembre de 2001. Detención de la célula terrorista de Al Qaeda relacionada con los ataques terroristas del 11 de septiembre.

11 de marzo de 2004. Atentados terroristas yihadistas en Madrid.

1 de marzo de 2005. Ingreso en la Universidad de Nueva York.

Diciembre de 2006. Creación del Protocolo Garzón contra la práctica de la tortura y malos tratos a detenidos incomunicados por delitos de terrorismo.

4 de octubre de 2007. Detención de la cúpula de Batasuna (veintitrés miembros) en Segura (Guipúzcoa).

3 de mayo de 2008. Boda de mi hija María.

16 de octubre de 2008. Aceptación de la competencia en el caso del franquismo.

6 de febrero de 2009. Primeras detenciones en el caso Gürtel.

28 de abril de 2010. Nacimiento de mi nieta Aurora.

14 de mayo de 2010. Suspensión provisional de funciones por la investigación de los crímenes franquistas.

9 de febrero de 2012. Condenado por mis investigaciones en el caso Gürtel.

14 de mayo de 2013. Nacimiento de mi nieto Héctor.

10 de septiembre de 2015. Lectura pública de los Principios de Jurisdicción Universal de Madrid-Buenos Aires.

Decir que lo ocurrido en 2010 y 2012 no fueron los momentos claves de mi «ejecución» judicial, en lo que se pretendía que fuera también una especie de muerte civil, sería una falsedad por mi parte y la defensa de una posición de falso heroísmo que muy pocos creerían. Sí, definitivamente ciertos jueces, ciertos compañeros, destrozaron mi vida profesional de forma arbitraria e injusta, pero en este libro no se encontrará venganza alguna contra ellos, porque ni este sentimiento ni el del odio han anidado nunca en mí. Esto no me hace mejor o peor, aunque en determinados momentos me habría gustado odiar o vengarme, pero, para mi mayor frustración, no he sido capaz de hacerlo. Aunque ahora me alegro de no contar con ese bagaje negativo.

Es indudable que quienes me observaban desde diferentes posiciones o ángulos, quienes se dolían por mis actuaciones o aguardaban un movimiento en falso, eran múltiples y variopintos, procedentes tanto de mi misma profesión como de otros ámbitos; en las filas de la ley y ajenos a ellas; desde los medios de comunicación o la política; desde el exterior y el interior… Todos ellos llevaban mucho tiempo manteniéndome en el punto de mira para disparar en el momento propicio. Nada sucede por casualidad, sino como fruto de una concatenación de hechos, circunstancias o voluntades en las que el azar juega un papel poco relevante.

Por supuesto que siempre hay excepciones, las de aquellos que se identifican como «los nacidos de pie». Puedo decir que no soy uno de ellos. Todo lo conseguido ha sido con trabajo y esfuerzo, nunca aislado, sino conjunto. Por tanto, este libro pretende ser un ejercicio de introspección y a la vez una puesta en común de los hechos que se sucedieron en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo dentro de un contexto nacional e internacional que les dan un sentido más amplio, más global y, de ese modo, una mayor facilidad para comprender lo ocurrido.

En este ejercicio no solo contarán con mis palabras a través de un relato en primera persona, sino con el reflejo de las múltiples voces de quienes han trabajado conmigo, me conocen o saben cómo acontecieron los hechos, bien porque participaron en ellos, bien porque fueron testigos. También las de los amigos y los enemigos, cada uno con la libertad de opinión y de información que han querido expresar.

Con el paso del tiempo, aunque debo decir que aún no ha transcurrido el suficiente para que algunos hechos sean narrados, las cosas se ven con mayor perspectiva e integralidad y pueden ser contadas con una consistencia que la proximidad de los acontecimientos no permitía. Si el lapso es mayor, tienes más conciencia de lo que hiciste y en qué lugar estuvo el matiz no observado, el dato no tenido en cuenta, la actuación prematura o tardía cuya ausencia determinó los sucesos acaecidos. La reflexión es necesaria y compartirla también, porque, en definitiva, los actos y omisiones nunca son algo exclusivo, aunque la responsabilidad pueda serlo, sino fruto de iniciativas comunes en algún tramo del proceso de elaboración o plasmación y, por tanto, deben ser conocidas y sometidas al escrutinio público.

El ejercicio desplegado en este libro no es exhaustivo. No he tenido intención de desbrozar sumarios, autos o sentencias. Esto queda para un estudio más académico. Aquí y ahora trato de repasar algunos casos especialmente conflictivos que tuvieron más relevancia, que puedan guardar alguna clave y que quizá lleven a despejar algunas interrogantes o a formular otras. Sobre todo con el privilegio de saber en qué desembocaron años después.

Como hilo argumental he utilizado un vehículo periodístico que me parece especialmente atractivo por tener más fuerza que una batería de editoriales. Me refiero a las viñetas, que en ocasiones guardan una carga de profundidad tremenda. Casi nada de lo que acontece en nuestras vidas es inocente y, desde luego, una viñeta no lo es. Detrás de cada trabajo subyace no solo la ideología del dibujante, su propia forma de ver e interpretar las cosas, sino también la manera en que las considera su medio. Así le ocurre a la mayoría de los periodistas, aunque en algunas ocasiones, quizá demasiadas, el criterio corporativo se impone al individual de quien realiza la información. Verán viñetas positivas hacia mi actuación, pero encontrarán otras poco agradables hacia mi persona. Todas ellas están para que cada cual interprete el momento, la intención y el concepto que deseaba expresar la publicación en que se insertaron. Y, también, por qué no, arrancar una sonrisa o un desasosiego.

Las viñetas poseen la inmensa virtud de aglutinar en un dibujo lo más sublime y lo más abyecto de una noticia: pueden ridiculizar, construir, destruir, consolidar, amparar, salvar o condenar a una persona con los sencillos trazos del dibujante que plasma en una tira lo que muchos no saben hacer en páginas completas de opinión. Quizá por eso, muchas de esas viñetas son, en un sentido o en otro, demoledoras.

La idea de recopilar las viñetas de los casos en los que he trabajado surgió al comprobar que, a través de ellas, podía hacerme una composición mucho más objetiva que la obtenida por la información o las palabras de quienes ya tienen prefijada una posición. La viñeta te permite obtener visualmente otra perspectiva de la misma información o compararla con ella, a la vez que una reflexión libre de cualquier manipulación de las palabras. A través de las viñetas se ve la realidad o su esperpento, o cómo se cae la teoría elaborada al más alto nivel frente al impacto visual de una imagen construida a base de trazos, simples o complejos, que ofrecen alas a una percepción sin demasiadas ataduras.

Por tanto, este libro también posibilita ese punto de reflexión sobre los hechos que a cada cual corresponda o interese. Por supuesto que no busco la complacencia de quienes lo lean. De hecho, está dedicado a todos los que piensan de forma diferente e incluso contraria a la mía; a todos quienes me han criticado con razón o sin ella. Realmente la crítica certera es muy interesante, pero lo es mucho más, aunque también resulte más dolorosa, la injusta o desmesurada. Esto se debe a que, siendo merecida esa crítica, deberíamos estar de acuerdo y actuar de conformidad con ella; pero la que te enseña y te ayuda más es la injusta, la desmedida, la estrambótica, la parca, la negativa, la torpe. Es decir, aquella de la que puedes aprender porque te muestra lo que no debes hacer si no es para seguir mostrando el camino de la maldad o de la envidia. La senda del odio que destilan contra ti es la más segura y la que con más claridad ilumina lo incorrecto. La opinión amigable, complaciente, sirve como consuelo, pero no ayuda a mejorar.

Agradezco tanto a los profesionales como a los medios informativos de referencia que me hayan permitido poner sus viñetas a disposición de quien está leyendo estas páginas. La única observación que me he permitido hacia este trabajo gráfico ha sido la referencia histórica al momento en que se publicaron.

BALTASAR GARZÓN REAL

Madrid, julio de 2016

1

La guerra sucia de
los Gal o la mayoría
de edad del Estado de derecho

Puede que muchos los hayan olvidado y que para los más jóvenes sea algo desconocido o una batallita más contada por abuelos, pero la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el entramado parapolicial que practicó terrorismo de Estado contra ETA en los años ochenta del pasado siglo y acaparó la primera página de los diarios hasta 2004, conmocionó a España y dividió incluso a la opinión pública. Al tiempo, el caso de los GAL supuso un durísimo golpe para el PSOE y muy especialmente para el Ministerio del Interior (MI) y su titular, José Barrionuevo, que acabaría juzgado y condenado en lo que, para unos, fue un escándalo y, para otros, una demostración de salud democrática. Con el procesamiento, juicio y condena de la cúpula de Interior se demostró que España era un Estado de derecho en el que nadie quedaba por encima de la ley.

Tan significativo fue ese caso que no es aventurado decir que para la Seguridad del Estado, para la Justicia española y quizá también para la prensa hay un antes y un después que marcan los GAL. Su existencia surgió de aplicar la ley del Talión contra Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el grupo terrorista que, amparado en el nacionalismo vasco, buscaba con las armas la independencia del País Vasco, Euskal Herria, respecto de España. Y su enjuiciamiento supuso la legitimación del Estado de derecho en la lucha —desde la Justicia— contra el terrorismo.

Visto con perspectiva, es realmente difícil creer que un asunto que consistía en matar o secuestrar a terroristas saltándose groseramente todas la leyes posibles pudiera finalizar de manera satisfactoria para el antiguo responsable de Interior cuando se descubrió que los que estaban detrás de la guerra sucia a ETA eran policías y matones subcontratados por policías y pagados con fondos reservados, es decir, secretos, del ministerio que él mismo había encabezado.

¿Se acuerdan del desastre? Las siglas GAL se dieron a conocer a finales de 1983, cuando se produjeron tres secuestros en el sur de Francia. En el primero desaparecieron dos jóvenes miembros de ETA residentes en Bayona (Francia), cuyos cadáveres aparecieron tiempo después enterrados en cal viva en un paraje rural de Alicante. Los jóvenes, José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, habían sido torturados. El segundo secuestro resultó frustrado por la actuación de unos gendarmes franceses que detuvieron a tres policías españoles cuando envolvían en una manta a un etarra. En el tercero, los captores se confundieron de persona y, en lugar de llevarse a un dirigente de la organización terrorista, secuestraron a un contable vascofrancés, Segundo Marey. Y, cosas del destino, las pruebas dejadas en este último secuestro fueron las que acabaron con el ministro y los altos responsables políticos y policiales de Interior en prisión; mientras que, por el caso de Lasa y Zabala, seguirían el mismo camino varios altos mandos de la Guardia Civil.

Era evidente que el invento de los GAL no podía terminar bien. No fue un asunto baladí: la «guerra sucia» bajo los gobiernos socialistas se cuantificó en treinta y dos atentados, en los que murieron treinta y dos personas y resultaron heridas varias decenas. Una estadística que, además, está jalonada de numerosas equivocaciones en la identificación de los objetivos y donde más de uno fue asesinado, digamos, por «error». Además, aquellos que se encargaron de estas operaciones dejaron tras de sí un visible rastro de dinero procedente de los fondos reservados que gastaron tanto en la contratación de hampones de segunda fila como en usos particulares o bien en las mesas de juego de los casinos, a las que algún implicado en aquellos asuntos era aficionado.

Tantos fallos, tantas pruebas y una investigación que levantó ampollas y generó ríos de tinta desembocaron en una primera sentencia, emitida en 1989. Dos policías, José Amedo y Michel Domínguez, fueron sentenciados a ciento ocho años de cárcel. Tras la condena, volvieron los errores de cálculo y la «compra» del silencio de ambos condenados, quienes respetaron ese pacto en todo momento hasta que, en diciembre de 1994, lo rompieron al sentirse abandonados. Para entonces, la cúpula del Ministerio del Interior había cambiado: del ministro Barrionuevo se pasó a José Luis Corcuera, y de este a Antonio Asunción. El sempiterno secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, había dejado vacía la caja de los fondos reservados, según me comentó Asunción, y su puesto quedó vacante hasta que, en mayo de 1994, fue ocupado por la magistrada Margarita Robles. Finalmente, la fuga de Luis Roldán —el director de la Guardia Civil investigado por corrupción— hizo caer a Asunción, que fue sustituido por Juan Alberto Belloch como ministro. La carta que Domínguez había remitido a Vera el 27 de octubre de 1993 explicitaba claramente, ante las múltiples promesas incumplidas, el estado de ánimo de quienes habían asumido en primer término el golpe judicial de la condena y anunciaba un desenlace complicado:

Para no extenderme, no voy a enumerar las múltiples promesas que se han hecho a lo largo de estos cinco años, como la del INDULTO INMEDIATO, prometido en nombre del PRESIDENTE en cuanto la sentencia fuese firme, que nos llevó a asumir con total serenidad y convencidos de hacer lo que era debido para salvar las «RAZONES DE ESTADO», tres años y ocho meses de prisión.

He aguantado todo hasta ahora. Cumplí en su día con lo que en nombre del ESTADO se me pidió. Ingresé en prisión para purgar las culpas de todos y en el juicio y durante estos cinco años he jugado el papel que en esta película se me asignó.

Amedo y Domínguez, movidos por ese abandono, recuperaron la memoria perdida y nadie calibró la carga de profundidad que esto supondría.

Más tarde, un sector de la prensa supuso que el juez no obtendría nunca pruebas y que no llegaría al final.

Se cometió a continuación otro grave error: se pagó la fianza de algunos altos cargos, pero se abandonó a su suerte a otros policías implicados. Estos se sintieron agraviados y comenzaron también a hablar; exactamente lo mismo que hizo Julián Sancristóbal, exdirector general de la Seguridad del Estado, cuando se consideró olvidado por sus antiguos compañeros.

Por mi parte, pacientemente y en una situación de extremo acoso oficial, reuní indicios sólidos. La cadena de acontecimientos condujo, previo el suplicatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), a la designación del juez Eduardo Móner como instructor y a un duro auto de procesamiento contra el exministro Barrionuevo y los demás partícipes, en el que se los vinculó directamente con los GAL. Barrionuevo y Vera lo negaron todo, pero las pruebas esgrimidas durante el juicio les pudieron.

Desde el PSOE, aún hoy surgen voces que sostienen diversas teorías conspirativas con mi nombre como eje de una vasta operación de acoso, derribo y venganza por haber pasado por la política con los socialistas y no haber conseguido que me nombrasen ministro (¡como si ese cargo fuera mucho más que el de juez de la Audiencia Nacional!), olvidando que fueron los propios componentes de los GAL quienes se delataron unos a otros. El ataque también me llegó desde los conservadores —siempre tan oportunistas cuando les interesa y tan poco receptivos a asumir responsabilidades otras veces, como en el caso Gürtel— por no haber acusado al presidente Felipe González. ¿En qué quedamos?

De lo más fácil y simple pocos hablaron: las pruebas por el secuestro de Segundo Marey, el talón de Aquiles de los GAL, apuntaron hasta el ministro Barrionuevo, Rafael Vera, varios mandos policiales del País Vasco y algunos políticos más del PSOE. No más.

El inicio

Apunto aquí algunos datos para el recuerdo. El año 1983 es el punto de partida de esta macabra historia. Los destinos del país estaban en manos del Gobierno del PSOE, que había llegado al poder tras las legislativas de 1982, en las cuales obtuvo una mayoría abrumadora. Los socialistas tenían los votos, pero no la experiencia, y entre los problemas que habían encontrado destacaba sobre todo uno: la reforma del Ministerio del Interior y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Para dirigir el departamento se escogió a José Barrionuevo. En algunos ámbitos esta decisión causó sorpresa porque el principal candidato era Carlos Sanjuán, abogado socialista y comandante auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada. Varias fuentes consultadas explican que Sanjuán era el abanderado de los proclives a realizar una purga radical en la policía. Barrionuevo, por el contrario, encarnaba la prioridad de combatir el terrorismo y ganarse a las fuerzas de seguridad para su causa. De alguna forma, se opinaba que la izquierda se legitimaba por la derecha.

Barrionuevo tenía un perfil más moderado que Sanjuán. Hijo de un vizconde, era abogado y periodista, se inició en la política en las filas del carlismo y ocupó diversos cargos en el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) hasta que, finalmente, ingresó en el PSOE. Venía avalado por su trabajo como teniente de alcalde de Madrid en el primer ayuntamiento democrático, pero su experiencia en materia de seguridad era muy limitada. Barrionuevo quiso ganar el reconocimiento rápidamente en medios policiales, de modo que los miembros de la antigua Brigada Político-Social fueron reciclados y mantenidos en activo sin que hubiese ninguna ruptura en el seno del departamento.

En el viaje desde el consistorio madrileño al ministerio le acompañó Rafael Vera, responsable de la policía municipal. Nacido en Madrid en 1945, Vera —profesor de Cálculo y Álgebra, a la vez que licenciado en Gestión Comercial y Marketing— había ingresado como aparejador en la Casa de la Villa.

Cuando el PSOE llegó al gobierno y Barrionuevo organizó la cúpula del Ministerio del Interior, Vera fue designado director general de Seguridad del Estado. Uno de sus colaboradores le definió como un hombre que, en aquel tiempo, tenía ansia de aprender las técnicas policiales. Era dialogante con sus subordinados, aceptando sus opiniones, aunque su relación con el partido socialista resultó más difícil, puesto que se consideraba más próximo al ministerio que al partido.

Barrionuevo y Vera llegaron a Interior en un momento de fuerte ofensiva terrorista. El PSOE, al igual que le ocurrió a UCD, tenía un grave inconveniente para frenar a los etarras, puesto que la banda terrorista disponía de un «santuario» en el sur de Francia. En 1983, los terroristas gozaban del estatuto de refugiados en el país vecino y vivían allí sin problemas. Podían cometer atentados en España, cruzar los Pirineos y descansar en la confianza de que la Justicia española no los alcanzaría.

¿Cómo destruir este santuario? Se manejaban dos teorías en el seno del socialismo. Una consideraba que era imprescindible conseguir la colaboración de las autoridades francesas por la vía diplomática. La otra preconizaba la utilización de métodos más directos y expeditivos: cruzar la frontera y golpear allí donde dolía.

Estas opciones estaban representadas por las dos líneas del socialismo vasco. Entre los moderados estaban Ramón Jáuregui y Txiki Benegas; con los «halcones», la línea más radical, militaban Ricardo García Damborenea y Julián Sancristóbal. Durante el juicio que se celebró en el TS, Jáuregui declaró que el eje de la política que propugnaba era el entendimiento con los nacionalistas: «Yo siempre pensé que contar con el PNV era clave para la pacificación». Txiki Benegas se alineó con esta postura: «Nuestro planteamiento en la lucha contra el terrorismo tenía tres puntos: la unidad de los demócratas, la colaboración con Francia y la efectividad policial». También agregó que «en aquellos años estábamos solos contra el terrorismo, con un PNV que estaba en el monte y un PP que casi no existía. El PNV hablaba del genocidio del pueblo vasco y compartía los puntos de vista de ETA aunque no sus métodos. Nos sentíamos agobiados. Era una época en la que hasta se nos denegó la catedral de San Sebastián para un funeral».

Xabier Arzallus, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) entre 1980 y 2004, se caracterizaba por dos cosas: su nacionalismo y el haber sido sacerdote católico, lo que daba a sus discursos un tono eclesial. Pese a ser un tipo duro, las bromas sobre su democristianismo y su mezcla de religión y nacionalismo no cesaban. Como en esta viñeta de Oroz, que le atribuía la creencia de que los obispos, según él, tenían que ser vascos y, por tanto, del Athletic de Bilbao. Mientras, las investigaciones de Garzón sobre ETA avanzaban.

Antagónicos

Pero no solo hay que hablar de Benegas y Jáuregui. También estaba allí García Damborenea, que después resultaría procesado y condenado en el caso Segundo Marey. Jáuregui afirmó en el juicio que, «en 1983, Damborenea y yo estábamos en posiciones antagónicas. Él no tenía contactos con la directiva del partido, tampoco con Benegas». Secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) en Vizcaya, Damborenea era bien considerado en aquellos momentos por su firmeza ante los terroristas e incluso por su oposición a los nacionalistas. Aparecía como el más españolista de los socialistas vascos, el político del verbo de hierro, como recuerdan sus declaraciones públicas de aquellos tiempos: «Herri Batasuna y ETA son lo mismo», «Los cónsules de Francia y Bélgica en Bilbao son amigos de HB y ETA y se burlan de la hospitalidad española», «Si el clero utiliza el púlpito para defender asesinos, habrá que aplicar la ley al púlpito»…

Al final, los halcones acabaron con las palomas. Eso han explicado personas que vivieron en Interior aquel 1983, aunque nadie se ha atrevido a desvelar uno de los datos cruciales: quién dio el sí y cuándo. Pero lo cierto es que se inició la acción.

Pasar del ámbito de la valoración política de la violencia al operativo, poniéndola en marcha, no era fácil y se tuvo que echar mano de la policía y la Guardia Civil destacadas en el País Vasco. Por aquel entonces acababa de llegar a Bilbao el comisario Francisco Álvarez, procedente de Barcelona y especialista en delincuencia común, sobre todo en atracadores. Tenía fama de expeditivo, pero, tal y como ha confesado él mismo, en ese momento no tenía ni idea de cuestiones terroristas. A su vez, él se puso en manos de Miguel Planchuelo, el jefe de la Brigada de Información de Vizcaya, quien contaba con una persona de confianza, José Amedo. Un hombre que cultivaba su imagen de tipo frío y duro. Se cuenta que Amedo acudía a los bares de Bilbao con una bolsa en la mano, en la cual presumiblemente llevaba una pistola, y allí se quedaba, en la barra, observando a la clientela. Este subcomisario entró en contacto con los franceses, participó en las reuniones con los mercenarios y recogió a Segundo Marey en la frontera.

Álvarez, Planchuelo y Amedo fueron la punta de lanza, que contaba con un soporte político: Julián Sancristóbal —gobernador civil de Vizcaya y luego director de la Seguridad del Estado—, una persona muy ligada a García Damborenea.

Sancristóbal había sido con anterioridad miembro del consejo político de los socialistas de Euskadi, asesor de la Presidencia del Consejo General Vasco en 1977 y alcalde de Ermua, el pueblo del que fue concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por los etarras en 1997. Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea hacían hincapié en que todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de actuar contra ETA en el sur de Francia y que se trataba de una decisión política aprobada por estamentos políticos. Barrionuevo y Vera afirmaron que no fue así.

Damborenea y Sancristóbal mantenían una relación muy fluida con Barrionuevo. Por su parte, los antiguos colaboradores de Rafael Vera aseguraban que este no quería actuar en Francia y que Sancristóbal no despachaba con él, sino directamente con el ministro. De esta forma, las dos tendencias del socialismo vasco se verían reflejadas también en Interior, encarnadas por Vera y Sancristóbal.

La cronología deja pocas dudas sobre lo que sucedió entonces. El 6 de julio de 1983, tal como se desveló años después —en 1995— con los denominados papeles del Cesid, el organismo de inteligencia habría elaborado un documento en el que aconsejaba la desaparición por secuestro como método antiterrorista. El 16 de octubre de ese mismo año tuvo lugar la primera acción de guerra sucia durante el mandato socialista: el secuestro en Bayona de dos jóvenes vinculados a ETA, los ya mencionados Lasa y Zabala. Tiempo después, sus cuerpos fueron hallados en Alicante enterrados en cal viva. Este asunto se juzgó y por él se procesó, entre otros, a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil. El 18 de octubre, dos días después del primer secuestro, cuatro policías intentaron capturar a José María Larretxea para obtener datos sobre el paradero del capitán Martín Barrios, secuestrado y después asesinado por miembros de ETA Político-Militar (ETA P-M). Los agentes fueron detenidos. El 4 de diciembre siguiente se quiso secuestrar a otro etarra, Mikel Lujúa, aunque el error anterior aconsejó usar mercenarios. Pero estos también se equivocaron y capturaron al ciudadano francés Segundo Marey, que nada tenía que ver con la banda terrorista.

Fue un error más en la cadena de tropiezos que caracterizó la actuación de los GAL, un acróstico que fue usado por primera vez con el secuestro de Marey. De la improvisación con que a veces actuaron da idea una anécdota explicada por los policías procesados: se enteraron de que tenían autorización para actuar en Francia mientras estaban en una cafetería de Bilbao, y allí mismo, tomando un café, planearon secuestrar a Larretxea.

Silencios cómplices

El resto de la historia es conocido. Políticos, periodistas hipócritas estremecidos por lo que ocurrió y distintos sectores sociales que se rasgaron las vestiduras cuando se descubrió el pastel jalearon a los GAL.

«Silencios cómplices», llamó un letrado a esta suerte de consenso que aprobaba acabar, a cualquier precio, con los años de plomo de ETA.

Ramón Jáuregui lo definió con una escueta frase durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey: «Una sensación general de no querer saber nos invadió».

José Barrionuevo concluye su libro 2.001 días en Interior con las siguientes palabras: «Ignoro, como todos, por qué circunstancias tendré que pasar. Una cosa tengo bien clara: sean cuales fueren, no caeré en la infamia. No tengo el más mínimo propósito de descargar o eludir mis responsabilidades tratando de ocultarlas tras de otros. Ni de arriba, ni de abajo, ni de los lados».

No fue exactamente lo que hizo, ni antes ni después.

José Barrionuevo negaba cualquier vinculación a los GAL mientras el cerco de Garzón se cernía sobre todos los implicados en el GAL. Una de las claves del asunto residía en la utilización de los fondos reservados, un dinero que el Gobierno utilizaba y que, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en un acuerdo del Consejo de Ministros, siempre se negó a revelar cómo se manejaba. En esta viñeta de Gallego y Rey se hace un juego de palabras con la versión de Barrionuevo sobre los GAL, que llegaba hasta el «Fondo… Reservado».

Mi aterrizaje en la Audiencia Nacional

El 9 de enero de 1988, solicité mi traslado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN). En ese momento estaba desempeñando el cargo de inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para todos los tribunales de Justicia de Andalucía. Días antes, el 6 de enero, acababa de morir mi padre después de una larga enfermedad que le tuvo postrado dos años y medio en cama. Sería a primeros de febrero cuando conocí cuál sería mi destino y, sin agotar el plazo de toma de posesión, aterricé en la AN el 16 de febrero, con treinta y tres años de edad y ocho de ejercicio profesional (dos y medio como juez, cuatro y medio como magistrado y uno escaso como inspector).

En el tiempo en que me incorporé a la AN, las Audiencias Territoriales se transformaban en los Tribunales Superiores de Justicia. Comenzaba a producirse el cambio, tanto orgánico como procedimental, para acomodar nuestro sistema a la Constitución. Se percibía en ese momento el anquilosamiento de la Administración de Justicia, la falta de agilidad de la misma y una inadecuación de los procedimientos a las necesidades y nuevas formas de delincuencia. Se advertían cambios muy rápidos en el modo de proceder tanto de la sociedad como de los delincuentes, y la Justicia española no estaba preparada para reaccionar.

Desde que me incorporé a la Audiencia, fui consciente de que esto era así y que había que hacer algo para cambiarlo. Resultaba el lugar idóneo para ello y me puse manos a la obra. La criminalidad organizada estaba aquí. De ser meros receptores de elementos aportados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comprendí que debíamos cumplir realmente lo que marcaba la ley y pasar a ser protagonistas de la instrucción. La figura del juez de instrucción en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así lo exigía. En los años siguientes tomamos una serie de medidas novedosas para nuestro país que ya se estaban aplicando en otros y que revolucionarían el ámbito de la instrucción e investigación penal en España, especialmente en el campo de la criminalidad organizada, ya fuera terrorista, económica, de tráfico de drogas, nacional o internacional.

Debo reconocer que, frente a la escasez ancestral de medios que siempre ha lastrado a la Justicia —y que considero cierta— y a la falta de voluntad política, trabajamos con altas dosis de voluntarismo. Es decir, no solo había —o hay— falta de medios, sino que también existían —o existen— amplias cotas de desinterés e indiferencia en amplios sectores de la judicatura española y, sobre todo, de la estructura de poder de esta. Probablemente el alejamiento del CGPJ respecto de los problemas verdaderos y la soberbia a la hora de abordarlos, algo muy característico del carácter español, han impedido avanzar más y mejor en la protección integral de la sociedad con mecanismos democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Ese distanciamiento del CGPJ —que tradicionalmente se ha dedicado más a la confrontación interna, el reparto de poder y la distribución de cargos en lugar de fajarse con los verdaderos problemas y la defensa de la independencia judicial— ha posibilitado un debilitamiento y la sumisión del poder judicial al poder político, específicamente al Ejecutivo.

En el ejercicio de retrospectiva al que me obliga este libro, considero que lo más difícil es transmitir la vorágine que suponía llevar el Juzgado Central 5, cuya plantilla, durante el tiempo que lo dirigí, prácticamente estaba doblada en jornadas de mañana y tarde, y a la cual se unió desde 2006 otro equipo paralelo para el caso de Fórum Filatélico, con más de trescientos mil perjudicados. Este juzgado era un constante hervidero de abogados, imputados, testigos, peritos, funcionarios de Policía (Información, AN, Antidroga, Delincuencia Económica, Banco de España), Guardia Civil, Ertzaintza (policía autónoma vasca), Mossos (policía autónoma de Cataluña), Vigilancia Aduanera, Interpol (policía internacional), Tepol (Terrorismo-Policía, la unidad especial de la Policía Judicial para delitos terroristas), enlaces extranjeros, traductores, intérpretes, visitas de justiciables y abogados de las partes —siempre recibí a unos y otros, porque entiendo que quienes sufren un proceso judicial tienen derecho, por encima de todo, a poder hablar con quien los está investigando y juzgando— y un largo etcétera. Hasta diez fiscales, de las fiscalías especiales de Terrorismo, Drogas y Anticorrupción, estuvieron adscritos al juzgado de forma simultánea. Jamás solicité el refuerzo de otro juez y el único alivio que tuve fueron tres meses de exención del reparto de denuncias y querellas en 1990 —solo me hubieran correspondido tres y ninguna relevante— a causa del volumen de trabajo que se generó con la Operación Nécora, vinculada al narcotráfico gallego.

Las sesiones de declaraciones eran maratonianas y extenuantes (algunas de ellas con más de cuarenta abogados en la sala), pero había que cumplir los plazos. Algunas de ellas se prolongaban durante días, con unas escasas seis horas para dormir; se comía y se cenaba en el juzgado, en ocasiones incluso en mi despacho, y los abogados, funcionarios, fiscales y yo mismo descansábamos en secretaría. Careos, ruedas de reconocimiento (eran memorables las búsquedas de personas con características similares para formar estas ruedas), audición de cintas grabadas, selección de las mismas, ratificación de las instrucciones, diseño de estrategias y operaciones con los responsables de la investigación, reuniones en la Audiencia o en las sedes policiales… O la práctica de diligencias en el exterior: la dirección y práctica de operaciones en cualquier punto de España —de Andalucía y Asturias a Baleares y Canarias, pasando por Valencia, País Vasco, Navarra, Galicia o Cataluña— o fuera de nuestras fronteras —Portugal, Marruecos, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Andorra, Estados Unidos, Holanda, Bélgica…—, en muchos casos con desplazamientos de la práctica totalidad de sus funcionarios y funcionarias, que actuaban con el apoyo de los juzgados y jueces del lugar en cuestión.

El cúmulo de las causas de trascendencia y complejidad era permanentemente alto (no recuerdo ningún momento de «paz» en el juzgado en todo ese tiempo) y todo sucedía a la vez. La simultaneidad de los casos, durante los años en los que estuve en la AN, fue uno de los mayores desafíos para mí. Tratar de cumplir con rigor el principio de inmediación; dirigir y practicar todas las diligencias; coordinar y procurar que no se «mataran» entre sí los diferentes cuerpos policiales en las investigaciones en las que coincidían; superar las deficiencias de medios y mecanismos para investigar nuevos crímenes con herramientas diseñadas para un tipo de delincuencia que estaba mutando desde la individualidad hacia la colectividad, desde lo simple a lo organizado… Era sumamente difícil, pero necesario si no queríamos perder definitivamente la partida frente a las estructuras de poder criminal que comenzaban a formarse en España.

En ese sentido, fueron espectaculares los avances en las investigaciones del crimen organizado y del terrorismo. La puesta en marcha de instrumentos internacionales como las entregas controladas de drogas y de dinero (esta sin regulación alguna); la actuación de agentes encubiertos, fuesen nacionales o extranjeros —regulada por primera vez en 1999—; el abordaje de barcos con droga en alta mar (solo prevista en instrumentos internacionales); la autorización y coordinación de operaciones internacionales encubiertas o no encubiertas; la formación de equipos de trabajo conjuntos, una década antes de que existiera esta figura legal. Del mismo modo, y entre otras muchas más, la cooperación simultánea activa y pasiva con otros jueces y fiscales extranjeros a través de comisiones rogatorias abiertas y permanentes; el traslado temporal de personas para investigación en otros países; la apertura de vías de cooperación con organismos internacionales en forma directa; la intervención de la figura de los arrepentidos que, hasta el día de hoy, carecen de regulación y protección pese al riesgo en el que se hallan.

En definitiva, se crearon las bases desde finales de la década de 1980 y, durante toda una década, de lo que hoy día es el sistema de investigación asumido por todos y cada uno de los organismos, judiciales o policiales, especializados.

Afortunadamente, he contado para lograrlo con un equipo de personas inmejorable en la tramitación, gestión y dirección de la oficina judicial, así como también con la ayuda inestimable de muy buenos fiscales, entre los que destacan Carlos Jiménez Villarejo, Javier Zaragoza, Dolores Delgado, Carmen Tagle y David Martínez Madero. Sin ellos, jamás se hubieran podido conseguir las cotas a las que se llegó en este órgano judicial. No creo que exista un solo funcionario que haya pasado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y no se sienta orgulloso de haber dado hasta la última gota de su energía por mejorar la Administración de Justicia. Formamos equipo y éramos como una gran familia, que sentíamos los colores del servicio público. En todas las ocasiones en las que reclamé la extensión del servicio o el desplazamiento a diferentes localidades, ya fuera de día o de noche, con tiempo o sin él, el equipo del Central 5 estaba siempre dispuesto para afrontar los desafíos permanentes a los que las investigaciones nos sometían. La preparación y la dedicación de todos los que han trabajado en ese juzgado han sido básicas para el éxito de muchas investigaciones.

Cuando algunos «opinadores» o compañeros, ajenos a la dinámica que se desarrollaba en aquel juzgado, dan su punto de vista sobre la forma de instruir, la exhaustividad de la misma y la corrección —o incorrección— de cualquiera actuación judicial desconocen, con todos mis respetos, la realidad e intensidad del trabajo que se desarrollaba en ese órgano judicial. Y lo digo con sumo orgullo frente a quienes sostengan otra posición. Un ejemplo puede dar idea de ello. Cuando en 1998 ordené la detención de Augusto Pinochet, tramitaba también la causa de Argentina y la de Telecinco —en la que estaba imputado, entre otros, Silvio Berlusconi—, y simultáneamente se estaban desarrollando diversas operaciones contra el entramado de ETA-KAS-EKIN, varias investigaciones sobre terrorismo yihadista, los sumarios de anticorrupción que desembocarían en el caso BBVA y varias operaciones antidroga, una de las cuales —la Operación Temple— concluiría poco tiempo después con la intervención del mayor alijo de cocaína en España hasta nuestros días. Cuando en muchos órganos judiciales, y puedo afirmarlo con contundencia y conocimiento por mi trabajo como inspector de tribunales, se motivaba poco y mal, en el Central 5 se dictaban resoluciones argumentadas en el fondo y en la forma. Mientras que la inmediación era una rara avis en los diferentes juzgados, en aquel se respetó sistemáticamente, como derecho fundamental de las personas afectadas, hasta en las ratificaciones en secretaría.

Visto desde fuera, era difícil medir y entender lo que acontecía de puertas adentro. El hecho de que solo algunos asuntos tuvieran trascendencia pública podía transmitir la sensación de que el trabajo en la AN era escaso y, por ende, se trataba de un lugar privilegiado. Nunca fue así, o al menos yo no lo experimenté de esa forma. No ha habido ni un solo día durante más de veintidós años en el que me haya «olvidado» del juzgado y de los asuntos que tramitaba. Ya estuviera de vacaciones, ya trabajando, ya de guardia, ya en el despacho, siempre estaba a disposición durante las veinticuatro horas para cualquier incidencia.

Recuerdo la discusión que tuve con más de un colega cuando, en 1988, decidí asumir proactivamente y en primera persona las investigaciones tanto en terrorismo como en narcotráfico y en los demás delitos de mi competencia. La pasividad nunca ha sido mi norma y, por tanto, siempre he considerado que todo juez de instrucción debe estar a pie de obra para no quedar fuera de juego a las primeras de cambio. Recuerdo que, en una ocasión, el juez Carlos Dívar me recriminó porque acudí a levantar los cadáveres de las dos víctimas (una de ellas un niño de corta edad) del atentado en Madrid contra la Dirección General de la Guardia Civil, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1988. Según me dijo, mi actuación determinaba que, a partir de ese momento, todos los jueces tendrían que hacer lo mismo. Esto quebrantaría una especie de «norma» no escrita consistente en no abordar las investigaciones desde el inicio, sino después de que se inhibieran los juzgados de la zona respectiva. Como es fácil de comprender, mi decisión de actuar de forma distinta se reafirmó en ese preciso instante. Ser un juez de salón no iba conmigo.

El que fuera ministro de Justicia e Interior del Gobierno socialista en el que participé, Juan Alberto Belloch, también juez y vocal del CGPJ, decía de mí que yo era un buen comisario pero no un buen juez, porque asumía la función de investigación y coordinación de la policía en primera persona. Obviamente no comparto ese planteamiento, hecho por quien, como juez, poca idea podía hacerse por la lejanía y su función como tal y, como superministro de Justicia e Interior, carecía de apego al día a día de lo que acontecía en los juzgados centrales de instrucción durante la investigación de causas criminales complejas. Mientras que, en España, el juez de instrucción tenga a su cargo la instrucción de las causas penales, le corresponde dirigir la investigación y coordinar todos los esfuerzos posibles para que aquella culmine adecuadamente. Si lo hicieran así todos, muchas de las rémoras que se imputan a la instrucción y su supuesta lentitud desaparecerían.

En todo caso, no fue fácil cambiar la idea de un juez que ejercía sus funciones desde su despacho porque su competencia, al ser nacional, se servía de los jueces territoriales para así abarcar los diferentes asuntos ocurridos a cientos de kilómetros de distancia. Era evidente para mí que si queríamos ser eficaces contra el crimen organizado, incluido el terrorismo como actividad de especial complejidad e incidencia que utilizaba técnicas similares, teníamos que diseñar mecanismos de alcance equivalente, capaces de aprovechar los que ya se estaban aplicando en otros países y que en España aún eran ajenos.

Aunque, por efecto de la comunicación, puede dar la impresión de que el juez de instrucción comienza un solo asunto complejo, lo termina y continúa con otro…, no es así. En mi caso, hubo momentos en que me ocupaba, de forma simultánea, en el campo del terrorismo, de los diferentes atentados de los GAL, ETA, Grapo, Terra Lliure y Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, además de los casos de terrorismo internacional, específicamente, en aquella época, los relacionados con Oriente Próximo. A estos se sumaban los numerosos casos de narcotráfico, con sus múltiples aristas y ámbitos: operaciones antidroga —como la Nécora, la Hielo Verde o el Yomagate— y actuaciones contra las mafias turcas de la heroína, las marroquíes, las italianas (’Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra), las francesas (marsellesas, corsas) o las colombianas (Pablo Escobar, Rodríguez Orejuela, clan de los Ochoa…). Sin olvidar la lucha contra la corrupción policial (caso Ucifa) y la delincuencia económica, con el caso Fidecaya o el de las Cajas de Crédito andaluzas, entre otros. Es decir, un maremágnum en el que de fondo hubo, durante muchos meses, una media de trescientos ochenta presos preventivos. Todo esto ocurría a principios de los años 1990.

Como decía, llegué a la Audiencia recién iniciado el año 1988 y, procedente de la Inspección del CGPJ, llevaba en las venas la frustración por la inoperancia de este organismo. Apenas un mes antes, los partidos políticos del País Vasco, con la excepción de Herri Batasuna, habían firmado el Pacto de Ajuria Enea, un acuerdo unánime para la pacificación y la normalización de Euskadi. ETA anunció a finales de enero, a través de un comunicado en el diario patrocinado por ella misma, Egin, su disposición a mantener un alto el fuego de sesenta días a cambio de que el Gobierno reiniciara inmediatamente los contactos en Argel con la organización terrorista. Estos se habían interrumpido a raíz del atentado registrado el 11 de diciembre de 1987 en la casa cuartel de Zaragoza. Un día antes de mi toma de posesión, el 15 de febrero de 1988, ETA reiteró la prórroga de la tregua. El Gobierno anunció la apertura de negociaciones en Argelia con ETA Militar al creer comprobado que la banda no había realizado atentados desde que propuso la tregua previa al establecimiento de contactos. Las aproximaciones se rompieron diez días después, el 28 de febrero de 1988, tras el secuestro de Emiliano Revilla por la organización terrorista, un secuestro que duraría ocho largos meses.

Estas son algunas pinceladas de la situación previa e inmediata a mi llegada en un ámbito que sería una constante en mi trabajo, y la razón por la que había decidido solicitar plaza en la AN. Combatir el terrorismo desde la Justicia era para mí un desafío y, a la vez, una oportunidad de contribuir con el esfuerzo directo a paliar el dolor de tantas víctimas por la barbarie terrorista, que en esos «años de plomo» estaba escenificada por ETA a través del secuestro, el asesinato y el amedrentamiento de toda la sociedad vasca y española en general.

Sin solución de continuidad me tocó enfrentarme con los temas pendientes, desde una estafa filatélica piramidal al procesamiento del «comando» Gohierri-Costa de ETA, pasando por los últimos estertores del caso Fidecaya y, por sorpresa, con los GAL, que habían reivindicado los atentados contra los bares Batxoki y Consolation en Bayona (Francia) y que mi predecesor en el cargo, Francisco Castro Meije, había cerrado enviándolo a la Sala, además de varios casos de narcotráfico en diferentes puntos de España y el extranjero. Sobre todo, lo que pude observar fue un panorama muy diferente al de la Audiencia que conocemos hoy. En España, entonces, no se afrontaba la investigación de la delincuencia organizada. Era incluso una expresión que no se utilizaba, no se había acuñado aún. De hecho, creo que los únicos criminales organizados que se reconocían como tales eran los terroristas de ETA. Había una ardua tarea que realizar, pero, a la vez, el terreno estaba virgen para llevarla a cabo.

De la droga se hablaba, pero en el ámbito judicial no se afrontaba como una actividad organizada. A España se la consideraba, oficialmente, fuera del circuito de las grandes redes que, en esa época, solo se asumía que existían en las películas sobre la mafia. Aun a pesar de las permanentes denuncias que grupos de madres combativas, como el de Érguete, hacían desde 1984 para evidenciar los estragos que la heroína —cuyo consumo repuntó de nuevo en 2016— y la cocaína —cuyo consumo aumentaba, pues era la droga de moda y, gracias a los «pioneros» traficantes gallegos, comenzaba a competir con el hachís traficado por las redes africanas y andaluzas— causaban en sus hijos. Desde luego, en la prensa, al margen de algunas aprehensiones y de resaltar los «éxitos» de algunos conocidos narcotraficantes, pocas referencias se encontraban. Los jueces y fiscales, al realizar su trabajo, renunciaban a la investigación y adoptaban una posición pasiva, limitándose a ratificar lo que llevaran a cabo los miembros de la Guardia Civil y la Policía. Pero, para mí, las posibilidades en ese campo de investigación eran inmensas. Quizá actuaba motivado por las figuras de los jueces italianos como Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Antonino Caponnetto, pero lo cierto es que la oportunidad estaba en la AN porque esta contaba con una jurisdicción que abarcaba todo el territorio nacional, así como con la competencia extraterritorial derivada de los tratados y del principio de jurisdicción universal. Se podía coordinar el trabajo policial y judicial. Había oportunidad de recabar ayuda internacional…

Si había alguna manera de plantar cara al crimen organizado era desde la AN. Desde luego, no había llegado hasta allí con la finalidad de ratificar atestados. Yo quería aprovechar toda la fuerza que me confería el cargo para hacer frente a esa delincuencia que iba extendiendo sus redes por todo el mundo y pararle los pies. ¿No es esa la función de un juez? Para ello, me propuse aprovechar todo el potencial que sabía iba a encontrar y, así, cambiar la forma de investigar y paliar el panorama de impunidad de las mafias criminales.

Esa «organización terrorista» que nunca se reconoció como tal

Cuando se habla de los GAL, las opiniones son de lo más dispares. Es curioso que llamándose a sí mismos «Grupos Antiterroristas de Liberación», los tribunales en España hayan sido renuentes a la hora de llamar terroristas a quienes, como máximos responsables o partícipes de elevado rango, tenían todos los componentes necesarios para serlo. Esto ocurrió entonces, en un país en el que incluimos como terroristas a organizaciones que, sin cometer atentados, formaban parte de la estructura criminal de una organización de ese sesgo como era ETA, y ocurre ahora, cuando hasta la intención o el proyecto pasa a ser terrorismo ya sea practicado por «lobos solitarios» o en manada. Sin embargo, al igual que se afirmó que el represor argentino Adolfo Scilingo había cometido crímenes en el contexto de crímenes contra la humanidad y luego se negó que lo fuesen los ocurridos durante el franquismo, la catalogación de los GAL como terroristas se convirtió en un tabú. Y lo fue también cuando se trató de aplicar a sus altos responsables esa consideración, a pesar de que en forma organizada, utilizando miembros e instituciones estatales de la seguridad, alteraron la paz pública y horadaron la misma esencia del Estado de derecho al invertir, durante casi siete años y en plena democracia, recursos públicos para financiar actividades criminales.

Con la puesta en marcha de esas acciones, los que tenían a su cargo algunas de las estructuras claves del Estado contribuyeron a la degradación del mismo propiciando el ejercicio del terror desde el Estado y, con ello, la deslegitimación de la lucha contraterrorista. Ni fueron necesarios, ni supusieron beneficio alguno para España. El concepto de un Estado que puede quebrantar los propios límites del Estado de derecho se aboca al desastre moral de sus dirigentes y de quienes lo consienten.

La historia acontecida en los GAL se repetiría en el citado caso de los crímenes franquistas. A la Sala Segunda del TS no le tembló la mano cuando, el 27 de mayo de 1988, confirmó la sentencia de la Sala Penal de la AN que previamente había condenado a Daniel Fernández Aceña como autor directo de un delito de pertenencia a banda armada. En concreto, el auto de procesamiento de Amedo y Domínguez, con fecha 18 de octubre de 1988, calificó certeramente los hechos de «integración en banda terrorista», y otro auto, de 3 de noviembre y dictado por la misma Sección Tercera de la Sala Penal de la AN, rechazó el recurso contra el auto de procesamiento «por haberse integrado en un comando del GAL». Sin embargo, a la hora de decidir en la sentencia definitiva sobre este caso y el del secuestro de Segundo Marey, en el que el nivel de responsabilidad estaba en su máximo exponente, el TS negó la conceptuación terrorista de los GAL que se había mantenido durante la instrucción y cerró así toda posibilidad de considerar que se trataba de terrorismo de Estado o desde el Estado.

Tiempo después esa misma Sala Segunda, al casar la sentencia de la AN contra Scilingo de 2005 por su participación en crímenes de asesinato, tortura y desaparición en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, cometidos en 1976, en su sentencia de 1 de octubre de 2007 mantuvo la calificación de crímenes en el contexto de crímenes contra la humanidad. Después, la cambiaría y repudiaría en la sentencia dictada el 27 de febrero de 2012 en la que me absolvió de prevaricación por haber intentado investigar los crímenes franquistas, porque de esa forma, como después se vería, se cerraba cualquier futura investigación. Dos cierres activados al más alto nivel judicial.

Es cierto que en el caso de los GAL fueron muchos los que celebraron la investigación y las sentencias contra funcionarios y autoridades de la época implicados en los casos enjuiciados, pero no lo es menos que lo hicieron no tanto porque estuvieran en contra de los métodos utilizados, sino por razones estrictamente políticas. Es decir, habrían justificado esas acciones si las hubieran ejecutado los suyos. El único terrorista bueno es el que está muerto, podría decirse según este planteamiento. Aún recuerdo los ataques inmisericordes desde un lado y otro de la política española y desde los medios de comunicación. La frustración oficial frente a la reiteración de las acciones de la organización terrorista ETA se escenificaba en la necesidad de una venganza que paliara la impotencia del Estado para acabar con aquella. El caso es que, con esa posición, los estándares de calidad democrática en España bajaron ostensiblemente y, de alguna forma, justificaron la depredación que se produjo de lo público desde todas las posiciones. En ese sentido, la malversación de fondos de la Administración pasó a ser una práctica habitual amparada por la sensación de impunidad y la justificación del todo vale. Lo que más me dolió de aquella época es que una gran parte de la sociedad española justificaba las acciones criminales de los GAL, y solo despertó cuando se demostró que los fondos reservados también se habían empleado para el aprovechamiento personal de algunos. ¡Curiosa escala de valores que justifica el asesinato y no perdona la malversación!

Una patata bien caliente

Mi panorama particular no era nada alentador. Apenas unas semanas en la AN y ya tenía sobre la mesa la patata más caliente del momento. Esta sería la constante a lo largo de los más de veintidós años de servicio efectivo en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Concluían los años ochenta, que la organización terrorista ETA había convertido en una década sangrienta. Entre 1981 y 1987 fueron asesinadas trescientas setenta y una personas en atentados perpetrados por la banda, mientras que veintisiete miembros de la organización murieron en tiroteos, preparando atentados o se suicidaron. Los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional enterraban a sus compañeros entre la impotencia y la rabia. El enemigo era difícil de detectar y contaba con un apoyo popular que no se entendía por quienes vivían fuera del País Vasco y, aún menos, por quienes eran objetivo de aquella.

En esos años, desde octubre de 1983 a julio de 1987, los GAL iniciaron una «guerra sucia» contra ETA. Mataron a treinta personas y provocaron numerosos heridos en una serie de atentados en el sur de Francia.

Las múltiples pistas que dejaron tras de sí tuvieron su eco en los artículos de dos medios de comunicación, Diario 16 y, más tarde, a partir del 23 de octubre de 1989, El Mundo, dirigidos sucesivamente por el periodista Pedro J. Ramírez. Los artículos publicados irritaron al Gobierno socialista que presidía Felipe González y sirvieron para agudizar las críticas de la oposición de Alianza Popular y, a partir de su fundación el 20 de enero de 1989, del Partido Popular.

El caso lo tramitaba en Francia el juez de instrucción de Bayona, Christopher Seys, quien, con ocasión de la práctica de una comisión rogatoria en la AN para interrogar al subinspector de la policía José Amedo por su vinculación con los GAL, dejó literalmente sobre la mesa del juez Carlos Bueren, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la AN, la documentación del sumario francés sobre los atentados cometidos en febrero de 1986 contra los bares Batxoki de Bayona y Consolation de San Juan de Luz. El juez francés vino a decir «haga usted lo que quiera, y ya que ustedes no lo piden a Francia, pudiendo existir implicaciones para ciudadanos españoles, aquí lo tiene…».

Hasta ese momento, España no tenía ninguna voluntad de investigar la posible relación de los policías Amedo y Domínguez con los GAL, porque esto implicaba tanto como asumir la posible implicación de estructuras oficiales en el caso.

El magistrado Bueren consideró que, por la documentación francesa entregada y las declaraciones del subcomisario, existían indicios razonables de delito en la actuación de Amedo en esos atentados. La causa pasó a reparto entre los cinco jueces centrales y correspondió por riguroso turno al número 5, cuyo titular era el juez Castro Meije. Esta decisión fue la correcta, tal como puse de manifiesto en mi primera resolución en el caso, emitida el 8 de marzo de 1988, por cuanto en el curso de una actuación judicial se tuvo conocimiento de unos hechos aparentemente delictivos «ante los cuales no podía permanecer inactivo en cumplimiento de la función jurisdiccional que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial».

El juez del Central 5, luego de haber practicado algunas diligencias, incluida una comisión rogatoria que se desplazó a Bayona sin éxito en diciembre de 1987, no quiso profundizar más y, con menos de dos meses de «instrucción», elevó sin consistencia probatoria lo actuado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN. Frente a la negativa oficial del Ministerio del Interior a investigar y ni siquiera asumir lo que estaba pasando, respecto de la instrucción judicial, la calificación adoptada por mí fue la de considerar que los GAL eran una organización terrorista, así lo entendió también la Sala de lo Penal cuando procesó, a propuesta mía, a los dos policías por integración en organización terrorista, seis asesinatos frustrados, dos falsificaciones y uso público de nombre supuesto. Con esta decisión, el juego tramposo de la defensa, que seguía instrucciones de Interior, quedó en evidencia al continuarse la investigación por todos los hechos y a todos los niveles.

En este caso, la decisión de la Sección no fue la de archivar la causa, ni tampoco la de procesar a los policías ante la ausencia de indicios de criminalidad suficiente. La Sala decidió que los hechos debían ser investigados y, en una resolución motivada, ordenó que el caso volviera al juzgado para continuar la instrucción. El ponente y presidente en funciones era Roberto Hernández —persona de la derecha judicial más conservadora pero de una independencia acrisolada—, al que había conocido en mi primer destino en el Juzgado de Primera Instancia de Valverde del Camino cuando era el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva. Hernández bajó a mi despacho para informarme de que habían decidido devolver el sumario al Juzgado y que tenía libertad de actuación. En ese momento, recién llegado a la Audiencia, y ante un caso como el de los GAL, era reconfortante que el presidente del Tribunal que iba a revisar mis resoluciones me diera ánimos para afrontar lo que, sin duda, sería una tarea muy compleja y sumamente ardua. Sus palabras textuales fueron: «Baltasar, este delicado caso, en el que está en juego la seguridad del Estado, no podía estar en mejores manos». Realmente esto me dio fortaleza y seguridad, máxime viniendo de parte de Roberto Hernández, uno de los más ásperos jueces que he conocido. Nuevamente, alguien estaba actuando fuera del guion. Interior no había podido controlar a quienes, desde la independencia, habían decidido continuar con la acción de la justicia frente a quienes habían transgredido gravemente la legalidad.

Después de recibir la causa del Tribunal, pasé, sin solución de continuidad, a estudiarla y a tomar mis primeras decisiones en un auto firmado el 8 de marzo de 1988. Así fue como, a las pocas semanas de tomar posesión en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, me vi inmerso en el caso GAL que marcaría, de forma importante, gran parte de mi vida profesional.

La primera vez que oí hablar de los GAL

La información sobre los GAL que se había dado en España durante los años en los que esta organización terrorista actuó había sido muy fragmentaria, y más de referencia que de profundidad. Esto fue así hasta que el periodista Ricardo Arqués, desde el diario Deia, comenzó la investigación en España sobre las tramas del terrorismo de Estado y el hallazgo del zulo de Col de Corlecou (Francia) en el que le acompañó también Melchor Miralles. Fue Diario 16, con Pedro J. Ramírez a la cabeza, el que tomó la historia y la siguió de la mano de estos periodistas. Se publicaron datos muy preocupantes que apuntaban cada vez con más insistencia, partiendo de las investigaciones de los jueces franceses, a la posible implicación de funcionarios españoles en la trama.

Debo hacer una advertencia inicial en este capítulo y vale para los demás. Todos los datos que utilizaré son judiciales, unidos a mis propias impresiones y a las informaciones de otras personas siempre vinculadas con lo que se cuenta, así como a documentos, cartas personales, publicaciones periodísticas y mis propias anotaciones. Obviamente, este libro no pretende ser una historia exhaustiva —que aún está por escribir—, pero estoy realmente convencido que su lectura ofrecerá una perspectiva diferente de unos hechos, relatados por quien los vivió en primera persona, que ayudará a completar los datos ya conocidos o a modificarlos.

¿Qué fueron los GAL?

En torno al origen de los GAL se han elaborado diferentes teorías. Hay expertos que apuntan al Batallón Vasco Español (BVE) como un paso previo a los mismos. Se trataba de un grupo ultraderechista que actuó en el País Vasco desde 1975 hasta 1981, muy relacionado con la policía y que estuvo operativo hasta la salida de UCD del Gobierno.

No obstante, debo decir que, a pesar de haber profundizado en esa materia, no encontré conexiones relevantes entre lo que fue el BVE y los GAL. La aparición de estos obedeció a razones diferentes a las que motivaron a aquel grupo durante la Transición. Los GAL surgieron de la decisión de quien o quienes controlaban los aparatos de seguridad del Estado. Por eso mi investigación siempre apuntó en esa dirección. Es cierto que, entre las acciones reivindicadas por los GAL, unas aparecieron vinculadas a estructuras policiales y otras se desarrollaron en el ámbito de influencia y actuación de un sector de la Guardia Civil, próximo al cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián. Nunca se demostró judicialmente la eventual vinculación entre ambos espacios. Es más, por la idiosincrasia de los participantes en los casos juzgados, se me antoja bastante complicado que existiera alguna coordinación entre ambos GAL. Probablemente no era necesaria, e incluso en ese antagonismo podía estar la «virtud» de la impunidad que se buscaba. Grupos independientes, confusión garantizada. La desorganización organizada que también practicaba ETA, respecto a los diferentes ámbitos de actuación en los que se desarrollaba su actividad, podía haber sido el ejemplo que seguir. La diferencia es que, en el caso de la organización terrorista, la estructuración de la actividad era estratégica, mientras que en el de los GAL era más anárquica e improvisada y se desarrolló con menos «profesionalidad».

Otros planteamientos, auspiciados desde el ámbito político y policial de la época, se referían a la supuesta organización de estos grupos a modo de «escuadrones de la muerte» financiados por grupos de empresarios que, atacando a la serpiente etarra en su «santuario», se protegían de las acciones de ETA en su contra. No excluyo que esa intención o línea existiera. Hay buenos estudios en ese sentido y, probablemente, aún falta por conocer información clasificada al respecto, pero creo que en lo que se refiere a las acciones reivindicadas por los GAL cuya investigación dirigí, no existió rastro de esa financiación. Los únicos aportes que logré demostrar tenían un origen estrictamente oficial y provenían de la dotación presupuestaria de los fondos reservados del Ministerio del Interior, aprovechando, en ocasiones, las propias acciones oficiales de los responsables, con dietas y presupuesto debidamente aprobados.

En este sentido, en el auto de marzo de 1988 di forma a la primera petición de información a quien en aquel momento era el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, sobre los gastos producidos por los funcionarios policiales Amedo y Domínguez.

Sea como fuere, lo cierto es que se generó una situación de gravedad inusitada entre los dos países, España y Francia, que si a nivel político era complicada, mucho más lo fue en el ámbito judicial. La incidencia de las acciones violentas de los GAL influyeron directa y negativamente en la cooperación judicial de la época en materia de lucha contraterrorista. Los jueces franceses rehusaban cualquier tipo de contacto y colaboración con los españoles, a los que consideraban como parte de un Estado que amparaba las acciones ilícitas contra ETA y consentía la práctica de la tortura. En gran medida no les faltaba razón. En la AN existía muy poca voluntad de profundizar en los mecanismos que garantizaran la limpieza en las acciones policiales y, en el seno del Ministerio del Interior, no había interés alguno en que se investigaran las acciones de los GAL, por lo que la colaboración que encontré en el mismo fue nula. Bueno, sí conseguí algo: que se designara a dos policías para que me ayudaran en la investigación. De nuevo quienes los seleccionaron —pensando que los nombrados servirían de secante— erraron, pues se impuso la profesionalidad de ambos funcionarios policiales que, actuando como una verdadera policía judicial, hicieron una labor encomiable cumpliendo con reserva y diligencia todas las órdenes que les impartí.

El organigrama de los GAL

Escribo este texto exactamente veintisiete años después, en el mismo lugar en el que minuté el auto de 8 de marzo de 1988 con el que inicié mi investigación sobre los GAL, según lo exigido por la Sala en su resolución de 1 de marzo de ese año al rechazar el procesamiento de José Amedo porque solo existían sospechas y no indicios racionales contundentes de criminalidad. Por ello, la endeblez de la investigación previa en España exigía avanzar con paso decidido con el fin de obtener nuevos datos a través de nuevas vías de investigación.

Mi primera comisión rogatoria en Francia

Para no incurrir en un rechazo similar al recibido por el anterior instructor, al que la Sala recriminó la elevación de la causa porque solo existían «sospechas o conjeturas», y hacerlo cuando se vislumbrasen «con nitidez indicios claros de criminalidad, categóricos o racionales», es decir, la probabilidad, en el auto del 8 de marzo ordené que se investigara

la eventual y presunta participación que José Amedo Fouce, Michel Domínguez Martínez y cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o instituciones, hayan tenido o tengan en las actividades de la organización terrorista conocida por las siglas GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación], así como en los distintos hechos reivindicados por esta.

En esta resolución, de forma intencionada, decidí abrir el espacio de la investigación a toda la organización y actividades de los GAL, como única posibilidad de obtener una visión más completa del fenómeno criminal al que me enfrentaba, por encima de los atentados concretos que habían motivado la incoación. Era el contexto el que me interesaba para, desde el mismo, encuadrar las diferentes acciones criminales reivindicadas por aquella organización y en la que se desprendía «la posible implicación de personas de nacionalidad española en actividades presuntamente terroristas, y más en concreto las relacionadas con los denominados GAL».

Así pues, a la vista de «claros indicios de participación de personas españolas dentro del territorio español en la preparación y ejecución de hechos delictivos que después se ejecutaron materialmente en el extranjero», el objeto de la causa penal debía concretarse en

averiguar, de acuerdo con las imputaciones que se les hacen, la participación de aquellas personas y cualesquiera otras que dentro o fuera del territorio nacional, y que no hayan sido o estén siendo juzgadas en otros países, hayan tenido o tengan con aquella organización terrorista con referencia a los hechos concretos que deriven de la documentación francesa, o a cualesquiera otros que se puedan demostrar.

Por lo demás, estaba claro para mí que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su número 4 letra b, la jurisdicción española era competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional (para los cometidos en el interior es de aplicación el mismo artículo, párrafo primero) susceptibles de tipificarse como delito de terrorismo.

Con esta resolución y con las que vinieron después, dando entrada a la acusación popular, a cuyo frente se encontraban los abogados Fernando Salas y José Luis Galán, comenzó una intensísima instrucción con mi desplazamiento en comisión rogatoria a Bayona —en los primeros días de mayo de 1988, mientras el sumario estaba secreto— acompañado del fiscal Ignacio Gordillo. Era mi primera salida al exterior de las tres que realizaría a Francia, dos a Portugal y una más a Suiza, en la investigación de los casos relacionados con los GAL.

En esta primera ocasión la comisión fue practicada ante los jueces Armand Riberolles y Philippe Cavalerie. El 4 de mayo de 1988 tomé declaración al mercenario de los GAL Paulo Figueiredo Fontes, encarcelado en Francia por su participación en el atentado perpetrado contra miembros de ETA en el bar Consolation de San Juan de Luz. También lo hice con Jeanette Cassiede, la amiga del supuesto máximo responsable en Francia de los GAL, Jean-Philippe Labade. Era la primera vez que un juez español asumía la investigación de los diferentes sumarios instruidos en Francia sobre los GAL, y, a partir de ahí, fui reclamando la remisión de los mismos para continuar la indagación de todas las causas.

Al llegar al Tribunal de Bayona, fuimos recibidos por Riberolles correcta pero fríamente. Constaté una clara desconfianza hacia el fiscal que para mí era nueva. El juez francés pidió hablar conmigo, pero sin la presencia de aquel, de juez a juez. Lo hicimos. En su despacho, me explicó que esperaba que no me sintiese incómodo, pero que no tenía confianza en la justicia española, porque ya llevaban un tiempo tratando de que se investigara los GAL y no se había hecho, hasta el punto de que fue el juez Seys el que dejó la causa en España. No obstante, constataba Riberolles que por primera vez percibían ese interés, pero debía comprender que la falta de confianza era grande y tenía que «ganármela». A continuación, para materializar lo que quería decir, me mostró una Declaración Universal de los Derechos Humanos afirmando que en Francia se respetaban, y que si España también lo hacía, estábamos obligados a investigar los hechos delictivos como los cometidos por los GAL en nuestro país. Le contesté:

Conozco la Declaración, y le agradezco la exhibición, aunque se la podría haber ahorrado porque si estoy aquí es para investigar los hechos criminales de los que estamos hablando. No le quepa duda de que si he pedido una comisión rogatoria es para investigar a fondo y que tengo por norma hacerlo así en todos los casos.

Es decir, la decisión de continuar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias estaba tomada, sin necesidad del impulso del juez francés. Lo que sí me demostró esta anécdota fue el mal concepto que tenían sobre la justicia española debido a la ausencia de investigación de los GAL. En este sentido, yo entendía que esta decisión era la única posibilidad de dar credibilidad a la lucha judicial contra ETA.

Lo curioso fue que en aquel momento histórico, cuando se estaba decidiendo la suerte de toda la investigación, el representante del Ministerio Fiscal, Ignacio Gordillo, abandonó al segundo día —en la mitad de la práctica de la comisión rogatoria cuando, después de Pau, aún quedaban las declaraciones de Mohamed Talbi en Tarbes y de Lucien Mattei y Pierre Frugoli en Burdeos— para regresar a España porque tenía que atender unas clases en el CEU.

Esta actitud de apatía, salvo por la firmeza de Carmen Tagle y las primeras acciones del fiscal Pedro Rubira, se percibió con intensidad en el fiscal en febrero de 1995, cuando el imputado fue Rafael Vera y no hubo petición por su parte de prisión provisional, cuando era evidente su posición jerárquica de máximo responsable en el entramado. Ni en la primera fase ni en ninguna otra posterior, el Ministerio Fiscal, en su máxima jerarquía, permitió que se fuera más allá de lo asumible y aceptable, como se desvelaría en la decisión de la Junta de Fiscales de Sala al resolver sobre la eventual imputación del expresidente González. Se perdió así, con la ayuda posterior del TS, toda posibilidad de investigación integral de aquella organización criminal por parte de la Justicia. A pesar de que intenté hacerlo desde diferentes posiciones y procedimientos, el hermetismo oficial siempre actuó como una especie de muro infranqueable.

Un sector de la prensa de carácter marcadamente antisocialista aprovechó la X que había dejado Garzón en el sumario de los GAL, por el que habían condenado a Amedo y Domínguez, para marcar con ella a Felipe González. La X de los GAL, el jefe de la banda, era, para ellos, el presidente del Gobierno. Mientras las investigaciones por el caso Segundo Marey avanzaban, la investigación judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 señaló a González como posible responsable, planteándolo así al Supremo, lo que, como refleja el dibujante Oroz en esta viñeta, le hacía temer su posible detención en cualquier instante, hasta el punto de confundir a su escolta con los guardias que en teoría iban a por él.

Recuerdo que en esta primera ocasión (hubo dos más, en junio y diciembre en Portugal, y una cuarta, en diciembre de 1988 de nuevo en Bayona) fue la Guardia Civil la que me trasladó desde Fuenterrabía a Bayona y, desde allí, de vuelta a la misma localidad. Cuando regresábamos, el funcionario de la Benemérita que me acompañaba me mostró un «buzón» de ETA vigilado por miembros de ese cuerpo policial escondidos entre la maleza, en condiciones extremas.

Los fondos reservados

El director general de la Policía contestó de forma sorprendente a mi petición de información sobre la financiación del viaje que, a finales de enero y primeros de febrero de 1986, habían hecho a Lisboa los policias Amedo y Domínguez, afirmando que este había tenido carácter oficial y se había pagado con fondos reservados. Probablemente no calibró la respuesta porque presumía que yo no iba a ser capaz de descubrir, con datos y documentos, como lo conseguí, que el viaje lo habían hecho los dos funcionarios adoptando identidades supuestas y con el único propósito de contratar a los mercenarios portugueses y acompañarlos hasta territorio francés para cometer los atentados contra los bares Batxoki y Consolation. Por ello, el 25 de mayo de 1988 solicité a dicho director general una batería de diligencias a través de las cuales pretendía obtener una amplia información sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior desde 1983 a 1987 y su normativa o reglamentación, así como su destino, distribución concreta y evaluación anual. Daba así inicio a una investigación que pretendía ser exhaustiva acerca de la financiación de los GAL.

Por su parte, el ministro del Interior, José Barrionuevo, remitió al juzgado una contestación por escrito en el mes de junio de ese mismo año en la que decía que, dada la naturaleza del gasto reservado, no existía acreditación documental del destino dado a las cantidades gastadas y tampoco una distribución de los fondos. Negaba asimismo que hubiera alguna persona encargada de la distribución de los fondos, porque «tal reparto no existe», y afirmaba:

Por lo expuesto no es legal ni materialmente posible la identificación interesada. […] Al mismo tiempo, pongo en conocimiento de vuestra ilustrísima que en nombre del Gobierno he indicado al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, Julio Hierro Moset, Antonio Rosino Blanco, Miguel Planchuelo y Ricardo Ruiz Coll, todos ellos citados por vuestra ilustrísima, que no realicen declaración alguna sobre los gastos reservados, dada la naturaleza legal de los mismos.

En su comparecencia, las personas citadas cumplieron religiosamente lo ordenado por el ministro, amparándose en la clasificación del Consejo de Ministros y en que podría suponer delito de revelación de secretos oficiales. Sobre José María Rodríguez Colorado, le había preguntado si Amedo estaba obligado a presentar justificantes de su viaje a Portugal, aunque solo fuera para uso interno, con qué cantidad había contado para el viaje y si devolvió algo. Nada fue respondido.

El pleno del CGPJ estudió esta respuesta del ministro. Acudir al Consejo no fue una idea propia. El que había sido mi jefe en la Inspección, Ignacio Sierra, del que guardo un excelente recuerdo, me llamó para que solicitara el amparo en nombre de algunos vocales. Lo hice, a pesar de que intuía que sería desestimado. Buenas palabras y que siguiera informando de lo que ocurriese. Su presidente, Antonio Hernández Gil, me llamó a su despacho para darme todo su apoyo y decirme que había habido algunas reticencias, y por ello no se me respaldaba de forma explícita. ¡Muy propio del Consejo!

Evoco aquí los comentarios de dos magistrados. Uno de ellos, Perfecto Andrés Ibáñez, afirmó: «Los fondos son legalmente reservados hasta que pesa sobre ellos una sospecha de utilización delictiva». Andrés Ibáñez sería uno de los jueces recusados por mí, muchos años después, en el juicio por la interceptación de las comunicaciones de los responsables de la trama corrupta Gürtel con las personas que los visitaran, incluidos los letrados, respecto de los cuales ordené que se adoptaran las medidas para prevenir el derecho de defensa, extremo que no fue tomado en cuenta por el tribunal. Fue, además, el magistrado que cerró toda posibilidad de investigación de los crímenes franquistas con un auto fechado el 28 de marzo de 2012. Pero entonces, muy lejos de esto, Perfecto Andrés Ibáñez aseguraba: «Ni los fondos reservados ni Barrionuevo están por encima de la ley penal». A preguntas de los periodistas, otro magistrado, Joaquín Navarro Estevan, declaró: «La actitud del ministro es jurídicamente impúdica y más que posiblemente delictiva y políticamente abominable y de una excesiva elocuencia».

En cuanto a los fondos reservados, en aquel primer momento, como expuse el 22 de julio de 1988 en mi escrito de elevación de la causa para procesar a Amedo y Domínguez, no había una determinación suficiente acerca de quién o quiénes habían ordenado la disposición, pero la negativa del ministro del Interior a darme información sobre los fondos reservados abrió, sin preverlo, la caja de Pandora y me sirvió como acicate para continuar. Era como presentir que había dado en el clavo y que la puerta que se abría me conducía hacia un laberinto inexplorado en el que, antes o después, encontraría la salida. La posibilidad de quedar atrapado también era cierta y muy probable, pero la decisión era clara a pesar de que todos los compañeros jueces y fiscales me aconsejaban que diera carpetazo a ese tema porque me arriesgaba a salir mal parado. Debo confesar que, en algún momento, me sentí preocupado por las consecuencias, a pesar del apoyo de la Sala. Por vez primera se había iniciado una verdadera investigación de todas las acciones de los GAL y su financiación. Mi obligación como juez, frente a un hecho delictivo y a lo que aparentaba ser toda una trama de intereses ilícitos cruzados, era indudablemente la de continuar.

Al ser negada la información, presentí que había acertado en el planteamiento e insistí en la petición advirtiendo de las consecuencias penales que se podrían derivar de mantenerse la falta de colaboración. Esta advertencia, debidamente calculada, produjo el efecto buscado. Una reacción visceral y de desprecio hacia la petición del juez. Se percibía el enfado y la molestia que despertaba la indagación. A partir de ese momento, me comenzaron a llegar mensajes que me invitaban a no continuar por esa senda porque, decían, me traería complicaciones. Curiosamente, la razón por la que me dotaron de protección policial inicialmente no fue por las amenazas de ETA, sino por las investigaciones sobre los GAL. En aquella época solo disponía de escolta policial el juez Carlos Bueren.

El mensaje, de parte del Ministerio del Interior, era muy claro sin decirlo expresamente: «Te estás metiendo en un terreno muy peligroso». Pero como suele acontecer en ocasiones, la torpeza y, especialmente, la prepotencia jugaron a favor de la justicia y de la transparencia, aunque no en un primer momento. De haber dado una respuesta diferente a la simple negativa alegando que era secreta esa información de acuerdo con la ley, según una interpretación que casaba mal con la más elemental interpretación de lo que debe ser un Estado de derecho —que no puede amparar, absolutamente, la impunidad—, el Gobierno de la época hubiera evitado bastantes de las dificultades que surgieron de la investigación. Así lo puso de manifiesto el auto de la Sección Tercera, de 3 de noviembre de 1988, cuando afirmó que, frente a la impugnación de la defensa, encontraba

suficientemente justificada la iniciativa del juez, hasta el momento frustrada (por la negativa a colaborar del Gobierno), de inquirir datos respecto a cuantificación, diversificación funcional y otras circunstancias significativas de las percepciones de fondos «reservados» por parte de los funcionarios procesados.

Y añadía que la investigación debía llevarse a cabo

de manera que la aportación de datos al proceso lo sea de forma que no afecte a los medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, verdadera materia clasificada por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de 28 de noviembre de 1986 y por ello afectada por la ley 9/68, de cinco de abril, reguladora de los secretos oficiales, y que, como la ley de enjuiciamiento criminal, ambas normas preconstitucionales han de aplicarse extrayendo todas las posibilidades que ofrece su interpretación de conformidad con la Constitución.

En atención a lo dispuesto en esta resolución, la investigación se continuó hasta que —sorprendentemente, supongo que debido a los mensajes o al terreno pantanoso que percibían— los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN, con la ponencia de su presidente Juan Manuel Orbe y la concurrencia de los magistrados Roberto Hernández (que había autorizado la primera investigación) y Alfredo Vázquez, muy vinculado a algunos altos responsables de Interior, dieron un giro copernicano. Por auto de 25 de abril de 1989, se cerró toda posibilidad de continuar la investigación de los fondos reservados con unos razonamientos muy particulares y nada apegados a la defensa del sistema democrático y sí a la mala razón de Estado. Los magistrados, partiendo de una afirmación más que dudosa, como se comprobaría años después, referida a un vacío legal que impedía continuar las indagaciones, afirmaban:

Nos encontramos en una situación de colisión o de conflicto entre el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que legitima los poderes de investigación del instructor, y el también fundamental de la seguridad del Estado, al que responde el régimen legal de fondos reservados o secretos, existiendo una laguna legal.

El tribunal precisaba que correspondía al legislador resolver el problema «buscando la fórmula de adecuado equilibrio entre la capacidad investigadora de los tribunales […] y el derecho-deber del Gobierno de garantizar el Estado de derecho». Se cerraba así la investigación de fondos reservados con respecto al Ministerio del Interior, considerando

inútiles cualesquiera pruebas porque su resultado no podría confrontarse con los datos obrantes en el Ministerio del Interior, inexistentes en cuanto a documentación se refiere, según contestación dada por el ministro del ramo, y de imposible acceso, en todo caso, dado el secreto existente sobre ellos.

La prensa se hizo eco en forma profusa de esta noticia. La resolución fue objeto de recurso por la acusación popular, que cuestionaba que fuera simplemente un acuerdo del Consejo de Ministros la fuente de reserva y que no se sancionara la obstrucción reiterada a la investigación por los ministros de Interior, Barrionuevo y Corcuera, a la acción de la justicia.

En el ámbito de la judicatura se levantaron varias voces reclamando la investigación, como las de Clemente Auger —a la sazón presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y que después lo sería de la AN— y la de Juan Alberto Belloch, que presidía la Audiencia Provincial de Bilbao. Ambos, según recogía el diario El País, coincidieron en criticar la resolución.1 Frente a los argumentos de la AN, Auger aseguró que «no existen obstáculos legales para la investigación razonable de un delito» y añadió que la Ley de Secretos Oficiales «no colisiona con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que cuando se solicita una diligencia razonable para investigar un delito, debe realizarse, o al menos no existe impedimento legal para ello».

Belloch, por su parte, había sido categórico: «Cuando se produce colisión entre un bien constitucional, como es la tutela judicial efectiva, frente a otro valor jurídico como es la seguridad del Estado, es siempre prevalente el derecho constitucional». Agregó que en ese sentido se viene pronunciando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de las instancias internacionales que se han ocupado de la materia. Esa valoración tan democrática cambiaría sustancialmente cuando ocupó la cartera de ministro de Justicia e Interior con Felipe González.

Con la decisión de la Sala, que rechazaba el recurso, se cerró ese capítulo de la historia de los fondos reservados cuyo debate no dejaría de estar presente en la sociedad española, por la gravedad del hecho de que una partida de tal envergadura careciera de control. A la vista de lo que ocurrió después, a partir de diciembre de 1995, se puede llegar a la conclusión de que no hubo voluntad alguna para la investigación y que la influencia del miedo, el desconocimiento o el convencimiento por parte de Interior estuvieron en el origen y desarrollo de aquella postura.

En septiembre de 1995 acontecieron nuevos hechos que me llevaron a tomar una arriesgada decisión, visto el contenido de aquella resolución de 25 de abril de 1989, que era la «doctrina oficial» hasta ese momento, y de las propias sentencias de los casos Batxoki y Consolation tanto de la AN como del TS.

En todo caso, la actitud del Gobierno antes, durante y después fue siempre esquiva y se negó sistemáticamente a dar detalles del reparto de los fondos reservados. Gracias a la investigación judicial reabierta en este campo en 1994, a la parlamentaria y a varias otras pesquisas, se pudo dibujar un mapa de la depredación de que habían sido objeto las arcas del Estado. Y acabó con las condenas de varios altos funcionarios, a cuyo frente estuvo Rafael Vera como responsable directo de la administración y distribución de esos fondos, y otros como Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, sentencias ratificadas por el Tribunal Constitucional en 2011.

La situación en la AN

La vorágine en esos primeros meses tras mi incorporación al Juzgado Central de Instrucción número 5 era tremenda, fruto, en gran medida, del atasco que se había producido en la tramitación de algunas causas y la complejidad que se intuía con la presente. Sin duda, la presión con la que comencé a trabajar era la premonición de lo que sucedería durante todo el tiempo en que fui juez de la AN. No solo era la trascendencia de las causas que se tramitaban en ella, sino la propia configuración de ese tribunal en el que, al menos desde mi punto de vista, yo era un advenedizo que había recalado en Madrid por casualidad y porque en el Consejo no se quería profundizar en los verdaderos problemas que ya se intuían en algunos ámbitos de la Justicia.

Aparentemente, cualquiera de los que estaban allí tenía mucha más experiencia que yo en el trato con las altas jerarquías policiales o gubernamentales por la trascendencia de los asuntos y el foco mediático que sobre ese tribunal existía. De pronto, del anonimato, pasaba a estar en el centro de la atención, y no por los temas comunes a los demás, sino por uno, el de los GAL, que olía a «cuerno quemado». Quizá por esa razón me volví mucho más suspicaz y desarrollé una prevención frente a los diversos ámbitos oficiales que no me ha abandonado nunca. Siempre he considerado que, de una u otra forma, a los jueces y fiscales de la AN se les ha querido adoctrinar y aproximar a las estructuras políticas para, de esa forma, tenerlos más o menos controlados. En aquella época era evidente el poder de influencia del Ministerio del Interior y, especialmente, de algunos altos funcionarios del mismo. De alguna forma, siempre existió una clara intención de aislar a la AN como un ente externo a los demás órganos del poder judicial en el que todo era catalogado de forma diferente a como se hacía con lo ocurrido en cualquier otro tribunal. Esto comportaba una absoluta desconexión de los jueces centrales y los magistrados de la Sala Penal con los ámbitos territoriales en los que sucedían los hechos que nos correspondía investigar y con los demás órdenes jurisdiccionales del mismo tribunal. Parecía que la relación natural era con el Ministerio del Interior, del que semejaba un apéndice que ejecutaba en lo judicial la política del Gobierno de turno en materia antiterrorista, algo que distorsionaba y deslegitimaba su actuación, propiciando la desconfianza en la AN.

Esta correlación comenzó a quebrarse precisamente con el inicio de la investigación de las implicaciones oficiales en el caso GAL y su financiación. Por primera vez, parecía que la Justicia actuaba en forma independiente frente a quien, teóricamente, era intocable. Varios funcionarios del Ministerio del Interior estaban siendo investigados por acciones ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Como era de esperar, a las primeras reacciones de incredulidad siguieron los ataques nada disimulados por la defensa oficial de los imputados, ejercida en ese momento por el abogado Jorge Argote, quien hacía alarde constante de que actuaba respaldado en todos los sentidos por los más altos responsables de Interior. Las descalificaciones no cesaban, pero el efecto que producían era exactamente el contrario al que perseguían. En vez de amedrentarme, me reafirmaban cada vez más en la necesidad de continuar la investigación. Ante esa visceralidad, me resultaba evidente que había emprendido el camino correcto. Desde luego, la defensa daba por hecho que nada acontecería fuera de lo «normal». Contaba con la sumisión de la justicia a la «razón de Estado», como en una ocasión, la única en la que hablé con él en aquella época, me comentó el letrado defensor.

La incidencia de los medios de comunicación

También tensaba el ambiente la atención permanente que el caso suscitaba en los medios de comunicación. Como en todo lo relativo a la lucha contra el terrorismo, había dos posiciones equidistantes según se tratara de los medios que apoyaban la política del Gobierno o de los que eran contrarios. La excepción eran Diario 16 y, después, El Mundo —ambos sucesivamente bajo la batuta de Pedro J. Ramírez—, que tenían su propia agenda de actividades. Para mí, era un mundo nuevo y altamente peligroso, por lo que opté por no hacer declaración alguna a la prensa, aunque debo reconocer que, en muchas ocasiones, la información fluía de tal manera que iba mucho más rápida que la investigación y, en cierta forma, esta se veía influida por aquella.

Esta situación no era necesariamente negativa, pero tampoco deseable. Sin duda, todas esas informaciones —como las de Ricardo Arqués, primero, y Melchor Miralles, más tarde, que denunciaron el hallazgo de un zulo en territorio francés con documentación de los GAL, o bien las de Antonio Rubio, Manuel Cerdán, Txetxo Yoldi o Eduardo Martín de Pozuelo, y de periódicos como Sud Ouest, Deia o Egin, entre otros— aportaron todo un espacio contextual que me permitió avanzar, saber lo que ocurría y conocer, casi en forma simultánea, la incidencia que producían las resoluciones judiciales. Esta experiencia me ha servido en gran medida en todas las investigaciones que he adelantado. El periodismo de investigación, cuando es solvente y serio, es una fuente invaluable para la investigación. En muchas ocasiones me he ayudado de ese buen periodismo, y los que lo practican han contribuido y contribuyen a que los márgenes de la impunidad sean menores.

Desde luego que no se puede confundir un plano u otro, pero los medios de comunicación, aun con la parcialidad que puedan imprimir en una información concreta, desvelan ámbitos difícilmente accesibles para la investigación judicial. Los ejemplos en mi caso han sido muchos, y entre ellos recuerdo varios hitos de interés: la aparición de Francisco Paesa en el caso del asesinato de Juan Carlos García Goena y la presión a las prometidas de Amedo y Domínguez; las informaciones sobre el narcotráfico gallego; la investigación en el caso Roldán; la implicación del entorno del presidente argentino Carlos Menem en el caso Yomagate, relacionado con el blanqueo de dinero; las investigaciones sobre los represores argentinos y Pinochet; las informaciones sobre los papeles del Cesid y las implicaciones de Perote; las intervenciones del ministro Belloch interfiriendo en el desarrollo de las investigaciones sobre los GAL; los papeles de Bárcenas en el caso Gürtel; las revelaciones en múltiples casos de corrupción; la documentación intervenida a ETA; las de WikiLeaks; las actividades desde la embajada americana para torpedear las investigaciones sobre Guantánamo o el caso Couso…

En todos ellos, la labor de la prensa ha sido fundamental. Pero también en el otro fiel de la balanza, las campañas mediáticas orquestadas como parte de una estrategia para acabar con el instructor, la investigación o con ambos han sido también notorias y, en algunas ocasiones, escandalosas. Entre todas ellas y sobre cualquier otra, la acción que ha durado más de siete años sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Nunca jamás he visto una campaña político-mediática tan cruel como esa, atacando a las mismas estructuras del Estado de derecho y al sistema democrático. O la iniciada, salvando las distancias, por el diario ABC contra mí por la investigación de los GAL en la primera época hasta ahora relatada. Durante casi un año, día tras día mi imagen se reproducía en unión de líderes de Herri Batasuna, terroristas de ETA o en soledad, y apareció en casi una decena de portadas en las que se cuestionaba mi compromiso en la lucha contra ETA y en la investigación de los GAL; a esta campaña orquestada se sumaron otros hasta que políticamente interesó, ya en la segunda fase de la investigación, atacar al Partido Socialista. En ese punto, quienes antes me denigraban comenzaron a posicionarse a favor mío hasta que, de nuevo, la investigación de Sogecable les hizo bascular hacia el otro lado, al igual que hicieron cada vez con la jurisdicción universal, el 11-M, la investigación de los crímenes franquistas, el caso Gürtel y los juicios contra mí. De todo ello habrá ocasión de hablar en este libro.

Las trampas nunca son el camino

Siempre he creído en la limpieza que garantiza la legalidad para combatir el crimen y a los criminales. Incluso, por razones de oportunidad, es más rentable hacerlo así. Transgredir la delgada línea roja que separa lo lícito de lo ilícito puede traer consecuencias negativas para todos. Ningún camino intermedio es válido para obtener un resultado que, aunque transitoriamente pueda parecer favorable, se tornará en perjuicio irreversible si se consiente. Las trampas no pueden conformar el camino para combatir el delito. Las malas praxis siempre han producido consecuencias altamente negativas, máxime cuando se producen en ámbitos tan sensibles como el de la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Los GAL fueron el ejemplo más visible y conocido, pero no el único. Hubo otros baldones tan execrables como aquel (los casos Brouard, Zabalza o Lucía Urigoitia) que respondían a un modo de entender el combate contra el terrorismo como años después lo haría la Administración de George W. Bush tras los ataques terroristas de Al Qaeda y que, como en este caso, habría conducido al desastre si los responsables, al menos en parte, no hubieran rendido cuentas ante la justicia. Probablemente, el afrontar —al final de los años ochenta y principio de los noventa— una respuesta desde la legalidad a todas las desviaciones en esa confrontación determinó que no se produjeran más casos como los aquí comentados. En este sentido merecen especial mención algunas iniciativas judiciales que deben tener cabida en este relato, porque, de una u otra forma, están relacionadas con aquella visión distorsionada de la seguridad del Estado contraria a la verdadera seguridad de los ciudadanos.

Combatir el terrorismo con todos los mecanismos legales es una obligación democrática; hacerlo transgrediendo las normas es prostituir la propia acción del Estado a través de sus instituciones. Proteger a quienes delinquen, porque lo hagan desde las estructuras o aparatos de aquel, es inaceptable en un país democrático, y, además, no hace ninguna falta. Las justificaciones en este sentido y la cobertura mediática que, en ocasiones, se ha otorgado a quienes así actuaron pesarán siempre sobre los que así obraron.

El caso de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil (Ucifa) fue uno de ellos y ocupará en este libro el espacio que le corresponde. Pero ahora lo traigo a colación porque tuvo una estrecha relación personal con acontecimientos que ocurrieron, años antes, en el marco de la «guerra sucia» contra ETA. El comandante José Ramón Pindado, que resultaría imputado en 1992 por «pagar» con droga a los confidentes y condenado después por la Sala Penal de la AN, estaba destinado en 1987 en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, donde se fraguó una especie de submundo ilegal y paralelo en la lucha contra ETA que surgiría a la luz con ocasión del caso Lasa y Zabala. Apenas seis meses antes de mi ingreso en la Audiencia, el 23 de julio de 1987, la Guardia Civil puso en marcha una operación antiterrorista en diferentes localidades guipuzcoanas que terminó con la detención de ocho personas acusadas de pertenecer al comando Donosti.

En el distrito de Trintxerpe, uno de los cuatro que forman el municipio de Pasajes, los agentes irrumpieron en un piso y mataron a una militante de ETA, Lucía Urigoitia. Las heridas que se podían ver en el cuerpo de la víctima, y el testimonio de algunos vecinos, llevaban a la tesis de que Urigoitia había sido rematada con un tiro de gracia. Este tema motivó una tremenda polémica política y mediática. De por medio, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, Juan Piqueras, que, en sus conclusiones, consideraba que Lucía Urigoitia fue alcanzada «por dos disparos en dos momentos distintos» y que la bala que le atravesó la cabeza fue disparada con una metralleta cuyo cañón se encontraba en ese momento «prácticamente tocando la piel» de la mujer.

En el auto de traslado del sumario a la Audiencia Provincial, el magistrado juez renunciaba expresamente a extraer consecuencias jurídicas de los datos probados limitándose a exponer una relación de hechos que, a su juicio, quedaban confirmados a lo largo del proceso de instrucción. En concreto, que la versión de los tres guardias que presenciaron el momento en que se produjo la muerte de la integrante del comando Donostia se complementaba con los ángulos de los orificios dejados por los proyectiles en la tarima y el parqué. Concluía que el disparo mortal se produjo cuando la fallecida se encontraba tendida en el suelo, boca arriba. Este magistrado se presentó en el cuartel de Intxaurrondo, acompañado por un fiscal y dos médicos forenses, para recabar el testimonio de los detenidos en cuanto a las circunstancias en que se produjo la muerte de Urigoitia. La presencia de los facultativos no dejaba lugar a dudas sobre la intención del juez de comprobar el estado en que se encontraban.

Para concluir la historia del juez Piqueras, diré que tuvo problemas. De hecho, el CGPJ hubo de responder ante las denuncias que sufrió el magistrado. Su informe concluía así:

[…] este Consejo, que debe velar por la independencia y prestigio del Poder Judicial, estima necesario dar a conocer que el magistrado don Juan Piqueras Valls actuó conforme a derecho y del modo y en los términos que las circunstancias del caso exigían de acuerdo con la ley, por lo que se hace expreso rechazo de que su actuación perturbara la investigación policial o fuera la causa en cualquier grado de que no se efectuaran otras detenciones o se cometiera seguidamente otro atentado.

Pues bien, según manifestó el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, en su declaración judicial prestada ante mí el 8 de mayo de 1996, fue el abogado Jorge Argote quien en forma atropellada y un tanto confusa le informó de que Pindado —al que yo imputaría en 1992 en el caso Ucifa y resultaría condenado en octubre de 1997— había entrado en el juzgado de San Sebastián para quitar unos casquillos y cambiar un chaleco antibalas porque al parecer no tenía impacto y sustituirlos por otros casquillos y otro chaleco con impacto de bala. Sin embargo, tuvo que volver a entrar al darse cuenta de que los casquillos estaban bien y el chaleco originario tenía impacto de bala.

Según una nota del Cesid, redactada el 3 de noviembre de 1987 por un agente de la Agrupación Operativa del Centro de Inteligencia que dirigía el coronel Juan Alberto Perote, «para evitar la actuación de los jueces se hicieron una serie de actividades», como la entrada en el domicilio del juez, el cambio de los casquillos hallados en el lugar de los hechos, la sustitución del cañón del arma de la terrorista y la simulación de impactos de bala en un chaleco antibalas. Todo ello con el fin de simular que Urigoitia murió en un tiroteo. Pindado admitió que había entrado en el piso tras el suceso, pero negó toda manipulación o que disparase a la etarra.

Pero más llamativa aún fue la imputación que Roldán hizo en su declaración:

[…] el ministro Barrionuevo le llamó y le comentó que el ministro [de Justicia] Ledesma le había informado de que había recibido una llamada del fiscal de San Sebastián y que podía haber problemas con el disparo por el que había muerto aquella [Urigoitia]. El declarante hizo las gestiones correspondientes en San Sebastián con Rodríguez Galindo y este le aseguró que no había ningún tipo de problema.

Y concluyó diciendo:

[…] para conformar una comparecencia en el Parlamento se elaboró un informe y se reprodujo toda la acción, grabándola en vídeo en los locales de la UEI (Unidad Especial de Intervenciones) por el servicio de audiovisuales de la Dirección General, reproduciéndose a escala natural el piso donde se había producido la muerte.

En esa declaración, y en una previa del 30 de abril, Roldán desvela hechos de particular relevancia al señalar al ministro Corcuera y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, como los impulsores de la remisión de tres cartas bomba, una de las cuales mató a un cartero de Rentería, mientras que las otras dos fueron desactivadas a petición de aquellos antes de que llegaran a sus destinatarios, entre los que estaba el abogado Íñigo Iruin. El 8 de octubre de 1996, en el sumario 17/95 del Central 5, Corcuera y Vera fueron imputados junto a Luis Roldán, José Ramón Goñi Tirapu —exgobernador civil de Guipúzcoa— y el entonces general Enrique Rodríguez Galindo, elevado a este rango por el ministro Belloch y después condenado en el caso Lasa y Zabala. Esta investigación quedó sobreseída por falta de pruebas que implicaran a los denunciados.

¿Debería haber relacionado el caso Urigoitia con los GAL? Es probable, a la vista de las declaraciones de Luis Roldán, pero, en todo caso, al existir un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, los datos descubiertos se remitieron al mismo que citó a declarar a Roldán y también, como imputados, a Vera, Argote y el exministro Barrionuevo, entre otros. Después de múltiples diligencias, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa cerró el caso sin responsabilidades el 20 de julio de 2000. Podía haberse ido más atrás en la misma, pero fue muy tarde cuando tuve conocimiento de la información que podía haber relacionado un caso y otro. El coronel Ángel López, que había estado al frente de la unidad que desmanteló la Ucifa, me la contó poco antes de su muerte, por lo que cualquier maniobra por mi parte ya era imposible. De haberla tenido en el momento de la actuación, la historia habría sido diferente. Según este funcionario, en 1992 —durante el registro que ordené en 1992 por el caso Ucifa— fue informado de que en la caja fuerte del despacho del comandante Pindado en la Dirección General de la Guardia Civil el original del atestado del caso Urigoitia, con anotaciones en los márgenes. A petición del coronel López, la caja quedó precintada esa noche sin «abrirse» porque, según me informaron, «no se encontraban las llaves». Mientras tanto, el precinto fue levantado por su orden para extraer aquel documento y después debidamente cerrada la caja y repuesto el precinto, hasta que, al día siguiente, Natalia Reus, secretaria del Central 5, presenció la apertura de la caja. El caso Ucifa fue, como todos los que aquí se relatan, difícil y complejo, y la constatación de una realidad repulsiva en el modo de actuar de algunos funcionarios o estructuras de la seguridad del Estado. Algunos de sus efectos secundarios pero más negativos, dinamizados por sus responsables, me acompañarían durante años. Hubo un teniente coronel de la Guardia Civil que, mediante artículos en La Razón y con la publicación de un libro, se dedicó a escribir sobre mí y mi acción en el caso Ucifa. No había admiración, lo cual me honra, pero sobre todo no había verdad. Si, como dicen algunos amigos, he despertado indistintamente amores y odios, con este asunto no gané muchos afectos.

Caen las primeras figuras del organigrama

La instrucción de la primera causa de los GAL fue un ejercicio práctico de aguante judicial, excelente para soportar lo que estaba por venir. La agresividad del abogado oficial del Ministerio del Interior, Jorge Argote, era paradigmática. Desde el principio este letrado optó por la lisa y llana confrontación con el Juzgado, y por ende conmigo, pues nos acusaba de favorecer más la acusación contra policías que contra los miembros de ETA. Argote señalaba que se establecían «agravios comparativos exacerbantes», afirmando que en el Central 5 era «más sencillo ejercer la acusación popular contra miembros de la policía que contra miembros de la organización terrorista ETA en cuanto a cuantía de fianzas se refiere». Las respuestas no fueron alambicadas, sino directas y contundentes, y en ellas se aseguró que era «absolutamente incierto y no se ajusta a la realidad porque supone, aparte de una injusta imputación, un análisis simplista de la cuestión y desconocer los razonamientos jurídicos de la resolución impugnada». Poco después, admití la querella presentada por ciento tres personas, en su mayoría miembros de la Asociación contra la Tortura, que depositaron la fianza de un millón de pesetas (seis mil euros) exigida para ejercer la acción popular; además, acepté la acusación particular en nombre de las seis víctimas de los ataques criminales.

Después de la toma de declaración a los mercenarios en Francia y de otras diligencias practicadas, así como de la negativa a suministrar información de los fondos reservados, consideré que había llegado el momento de tomar declaración a los dos imputados, Amedo y Domínguez. A tal efecto, preparé exhaustivamente sendos interrogatorios para los policías, aun sabiendo que no contestarían a las preguntas. Hasta ese momento, los elementos acumulados, sin ser definitivos, evidenciaban la presunta vinculación de ambos con la trama investigada. Los datos eran circunstanciales por sí solos, pero, unidos, daban una firmeza contundente a la instrucción, dada la ausencia de colaboración absoluta desde el Ejecutivo.

Había reflexionado profundamente en los días previos, estudiando con serenidad lo que acontecía en torno al caso y evaluando cuál era el riesgo de mantener en libertad a los policías y cuál el de decretar la prisión, tras sus declaraciones. En el último caso no habría vuelta atrás.

El 13 de julio de 1988, convoqué a declarar en primer lugar a José Amedo. Su postura desafiante, chulesca e intimidante era característica de una persona que se siente protegida por las estructuras oficiales y a la que debía dolerle el oído de tanto escuchar que todo estaba controlado. Por su parte, la actitud de Michel Domínguez fue mucho más calmada, incluso hierática, como si aceptara con estoicismo todo lo que acontecía. Siempre actuó como segundo y me daba la sensación de que, por sí mismo, no hubiera dado pasos al margen de las órdenes. Si estas eran de un sentido, las asumía; si eran de otro, incluso ilegales, no las cuestionaba. Esa mañana, frente a la orden de ingreso en prisión que emití de inmediato tras sus respectivas declaraciones, Amedo reaccionó con dureza, un tanto sorprendido, como si alguien le hubiera engañado sobre lo que allí iba a suceder frente a su convencimiento de que aquello era un puro trámite. Domínguez, en cambio, la asumió con mucha más calma y frialdad. Desde luego, el que se desequilibró totalmente fue el abogado defensor.

Me parece que, en algunas ocasiones, la influencia de los abogados es negativa para sus defendidos. No solo deben conocer las leyes y tener oficio, sino que también deben aproximarse a la psicología de estos y del juez. Desde luego, en este caso, tenían amplitud de defensa y podían suscitar dudas más que razonables en un momento en el que las diligencias de prueba no eran definitivas; sin embargo, sorprendentemente, la defensa optó por la vía más negativa. Haciendo uso de su derecho a no declarar, permitió que todo el material acumulado careciera de contestación, lo cual, unido a la gravedad objetiva de los hechos y al riesgo que comportaba la posible sustracción a la Justicia, me llevó a adoptar la medida de prisión incondicional contra los dos imputados.

«¡Está loco! ¡Está loco!»

El secreto del sumario se alzó esa misma mañana del 13 de julio para que las partes pudieran concurrir y conocer los cargos, a pesar de su negativa a prestar declaración, les formulé pregunta a pregunta las más de cien que había preparado para la ocasión, con el fin de que quedaran incorporadas al acta y de esta forma motivar suficientemente el auto de prisión incondicional que, seguidamente, dicté.

La reacción del abogado Argote fue de todo menos procesal. Casi sin firmar el acta, salió corriendo y gritando despavorido: «Este tío está loco, le ha metido en la cárcel, está loco, le ha metido en la cárcel», refiriéndose a mí y a la medida adoptada contra Amedo. Según me contaron, cruzó la calle Génova corriendo hasta llegar al Ministerio del Interior, en la calle Amador de los Ríos, para informar a Rafael Vera de lo sucedido.

Debo decir que aquella mañana yo estuve muy tranquilo, a pesar de la tensión previa que me había llevado a estar despierto gran parte de la noche y de que el ambiente en la AN no era de apoyo a una medida de privación de libertad de los funcionarios implicados. Percibí una sensación de corporativismo absoluta entre los funcionarios de policía. Había reflexionado profundamente en los días previos, estudiando con serenidad lo que acontecía en torno al caso y evaluando cuál era el riesgo de mantener en libertad a los policías y cuál el de decretar la prisión. En este último caso no habría vuelta atrás.

Al contrario de lo que han escrito y afirmado de mí quienes me conocen poco aunque presuman de lo contrario, no he sido un juez carcelero pese al gran número de presos preventivos que he llegado a tener por las especiales características y complejidad de las causas. Siempre he procurado concluir los procedimientos en el menor tiempo posible. Jamás se me ha vencido una causa con preso, aunque también, en este ámbito, quisieron hacerme responsable de esto en el caso del comando etarra Matalaz. Dos días después de elevar a la Sala Segunda del TS el suplicatorio en el caso Marey respecto a Felipe González y otros (final de julio de 1995), se publicó una noticia que sugería que yo habría sido responsable de la liberación de cuatro miembros de ETA de aquel comando por haberse agotado los cuatro años de prisión preventiva. La publicación se reiteró, con portada incluida, el 14 de agosto siguiente en el diario El País. Su clara motivación estaba relacionada con el reciente suplicatorio y, como era previsible, al día siguiente se me dedicó un editorial durísimo. Era evidente que quien ideó este ataque sabía que no se me podía culpar de esa dilación, que se debía a la Sala, como afortunadamente se puso de manifiesto por la actuación fulminante de su presidente, Siro García Pérez. La maniobra quedó expuesta como ocurrió en otras ocasiones, especialmente en momentos sensibles de investigaciones delicadas y complejas.

A partir de aquel 13 de julio de 1988, hubo funcionarios que me retiraron el saludo y la palabra; recibí desprecios evidentes y ostentosos en la misma Audiencia y múltiples comentarios sobre mí por haber tomado aquella decisión. De alguna forma, aquí comenzó mi «calvario» particular, al que se han sumado otros casos, pero en cuyo origen siempre han estado los GAL.

La suerte estaba echada. La gravedad de los hechos imputados a Amedo y Domínguez era innegable y la credibilidad del propio sistema judicial estaba en juego, de modo que nunca tuve dudas sobre lo que debía hacer. ¿Qué habría ocurrido si ambos policías hubiesen declarado y aportado contraindicios? No lo sé. En todo caso, eso no ocurrió y, de nuevo, a partir de aquí, el curso de los acontecimientos fue totalmente diferente a lo que los responsables de Interior habían previsto. Ante la consistencia de la instrucción, las diligencias de prueba fueron confirmando los hechos y se consolidaron los indicios gracias a la buena labor de los dos funcionarios de policía adscritos, quienes, siguiendo mis instrucciones, consiguieron recopilar toda una serie de documentos que acreditaron los movimientos y acciones de los policías con los alias de Ricardo (Amedo) y Eduardo (Domínguez) y otros nombres supuestos.

Elevación del sumario 1/88 a la Sala

Pocos días después, exactamente el 22 de julio de 1988, elevé una exposición razonada a la Sala de lo Penal de la AN para que esta, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aprobara la instrucción y dictara, en su caso, auto de procesamiento. Veo, ahora, escribiendo este texto en el MacBook portátil que no me abandona, la letra bruñida y abigarrada en las amarillentas hojas que aún conservo. Soy bastante fetichista y conservo, aunque con bastante desorganización, algunos de los documentos que han significado algo en mi vida. Este es uno de ellos. Cuando ya había hecho la recopilación de elementos probatorios, incidencias y demás particularidades procesales, con el fin de que la Sala tuviera toda la información precisa para decidir, incluí en la exposición una especie de gráfico explicativo del organigrama de los GAL. Siempre he sido muy aficionado a estos esquemas, pues me ayudan a hacerme una idea visual de los asuntos, y entendí que era una buena manera de facilitar la comprensión de lo que estaba tratando de explicar, ante la inmensa complejidad de una investigación hecha sin ningún apoyo oficial y que estaba siendo atacada desde distintos ámbitos, especialmente en ese momento, pocos días después del ingreso en prisión de ambos policías.

Cuando dibujé ese gráfico, primero con bolígrafo y luego en forma impresa, lo hice sin ser consciente de que, mediáticamente, se le daría tanta trascendencia. Al situar una X en lo más elevado del organigrama, sabía que podía identificarse con el supuesto máximo responsable, y de hecho así fue, aunque mi intención nunca fuera esa. Lo que quise plasmar en realidad fue lo que en las ecuaciones matemáticas significa esa letra, la incógnita por despejar, lo desconocido por encima de quienes para mí representaban el eslabón «oficial» más elemental de la trama, un subinspector y un funcionario de la Policía Nacional con dominio del idioma francés.

Segundo Marey, ciudadano francés de origen español que nada tenía que ver con ETA, fue secuestrado por los GAL, convirtiendo el juicio por su secuestro en el auténtico proceso al terrorismo desde el Estado. En la investigación anterior por la que se condenó a los policías Amedo y Domínguez, Garzón dejó escrita una X para señalar que por encima de aquellos policías debían existir necesariamente superiores jerárquicos implicados en la trama. Esta viñeta de Gallego y Rey muestra a Marey en una rueda de reconocimiento frente a Damborenea, Vera, Barrionuevo y una X en la que la voz popular quiso ver a Felipe González. Sin embargo, en el juicio que tuvo lugar en el Supremo, un careo entre Barrionuevo y Damborenea (Dambo) hizo la luz cuando el exministro Barrionuevo llamó delator al dirigente socialista. La X, judicialmente, y al menos en ese caso, era Barrionuevo.

Muchas veces me he preguntado por el papel de Felipe González en esta materia, sobre todo después de que afirmase en julio de 1988, tras el ingreso en prisión de Amedo y Domínguez, que al Estado también se le defiende desde los desagües. Una afirmación terrible y que, de forma clara, podía entenderse como legitimadora de la «guerra sucia» y, sobre todo, de la utilización de fondos públicos reservados o secretos («fondos de reptiles») para tal fin. Nunca he sido capaz de emitir una opinión definitiva porque siempre lo haría mediatizado por la investigación que realicé.

Por dos veces elevé el suplicatorio a la Sala Segunda del TS para que valoraran la eventual participación del entonces presidente del Gobierno en la trama de los GAL. En la primera ocasión, en el caso Segundo Marey, así lo expuse en julio de 1995, pero la Junta de Fiscales de Sala del TS rechazó por un voto que se le llamara a declarar como imputado. En octubre de 1999, en el caso Oñaederra —el asesinato en Bayona, el 19 de diciembre de 1983, de Ramón Oñaederra por los GAL—, el TS, en su análisis del suplicatorio con los documentos elevados por mí (los llamados papeles del Cesid), rechazó por unanimidad la petición de investigación de aquella célebre abreviatura Pte, que podía considerarse equivalente a Presidente. En este sentido, después de estas dos resoluciones, se debería dar por zanjada —en sentido negativo— la cuestión de la posible participación de Felipe González en la trama, pero aún hay muchos que hacen esa acusación.

El 18 de octubre de 1988, la AN acordó el procesamiento de José Amedo y Michel Domínguez como autores de los presuntos delitos de integración en la organización terrorista GAL; los asesinatos frustrados de Carmen Otaegui, Nagore Otaegui, Frédéric Haramboure, Juan Luis Zabaleta Elosegui y José Cao, que fueron tiroteados en el bar Batxoki de Bayona por José Paulo Figueiredo Fontes, Rogelio Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros; y el asesinato frustrado de Juan Ramón Basáñez en el bar Consolation de San Juan de Luz, a manos de Figueiredo y Carvalho. También por los delitos de falsificación de documentos y uso público de nombre supuesto. Asimismo ratificó, como en tres ocasiones anteriores, la prisión provisional de los dos policías.

Los mercenarios portugueses contratados por Amedo y Domínguez a través de Jean-Philippe y Antonio José Wolfango Pereira de Macedo, incluyendo también a Mario Correia da Cunha, habían sido juzgados y condenados en Francia y Portugal.

La instrucción continuó durante 1989, respecto del atentado que acabó con la vida mediante una bomba lapa del joven vasco, residente en Francia y que nada tenía que ver con el mundo de ETA, Juan Carlos García Goena.

Las Cartas Portuguesas

Uno de los episodios más esperpénticos vividos durante la tramitación del sumario 1/88 fue el derivado de las denominadas Cartas Portuguesas. En el mes de junio de 1988, en unión del fiscal Gordillo me desplacé a Lisboa para practicar una comisión rogatoria con los mercenarios portugueses que habían tenido relación con los policías Amedo y Domínguez, cuando estos, bajo los nombres de Ricardo y Eduardo, se habían desplazado dos años antes para reclutarlos y trasladarlos hasta Francia, según lo que consta probado en la sentencia condenatoria. Aquella comisión fue exitosa y se identificó a los policías como los protagonistas de los hechos. Después de decretar la prisión el 13 de julio y ser esta ratificada en agosto y septiembre, se urdió una estratagema que buscaba la libertad de ambos, presuntamente con ayuda próxima a su defensa. A tal fin se presentaron unas cartas en las que los mercenarios, en forma sospechosa y claramente irregular, se desdecían de sus declaraciones incriminatorias previas como apoyo para que se acordara la libertad de Amedo y Domínguez. Sorprendentemente, el entonces fiscal general, Javier Moscoso, dio órdenes por escrito al fiscal del caso para que no se opusiera, ante la actitud rebelde de este. La Sala de lo Penal, clara y contundente al respecto, les negó toda posibilidad de salir de prisión mediante el auto de 8 de octubre de 1988.

Los días 13 y 14 de diciembre, acordé la práctica de una nueva comisión rogatoria a Portugal para desmontar aquella estratagema, que, con ser burda, tuvo un gran impacto en la sociedad española. Aunque no en el tribunal. Pero era necesario demostrar lo que había sucedido para prevenir ulteriores estrategias en el momento del juicio oral. Gracias a la excelente colaboración de las autoridades penitenciarias portuguesas, que estaban tan indignadas como yo, conseguimos desarbolar el montaje de las cartas, que a partir de entonces no sirvieron más que para demostrar que la postura de la Fiscalía General era coincidente con la de la defensa, en ese momento, para que ambos policías quedasen libres. Obviamente, a la vista de la carta que Domínguez remitió a Rafael Vera tiempo después, el 27 de octubre de 1993, obtener esa puesta en libertad tenía mucho sentido. Afortunadamente, el Tribunal no cayó en la trampa.

Asesinato de Juan Carlos García Goena

El 24 de julio de 1987 fue asesinado en Hendaya, mediante el estallido de un artefacto explosivo adherido en los bajos de su coche, el ciudadano vasco-español Juan Carlos García Goena, que residía en esa ciudad desde que en 1980 había abandonado España para no hacer el servicio militar. El hecho fue reivindicado por los GAL a través de una nota escrita en francés y remitida a la Agencia EFE de San Sebastián.

El resultado final de la investigación fue complejo. A pesar de la intensa instrucción que se llevó a cabo; a pesar de que todas las incidencias que se desarrollaron de la mano de los imputados que ya estaban en prisión evidenciaban su posible participación; a pesar de las declaraciones de las testigos inculpando a los imputados.

A pesar de la aparición de un personaje, identificado como Alberto Seoane, pero que, en realidad, era Francisco Paesa, quien trabajaba como colaborador para Interior, antes y después, en temas relacionados con ETA como la Operación Sokoa. Otro tema singular fue la entrega, por parte de Julián Sancristóbal y Rafael Vera, de una partida de pistolas Sig Sauer —cuya caja ocultaba un transmisor— para hacerlas llegar a Josu Ternera y la dirección de ETA. El embalaje se encontró en el almacén de entrega en Francia… con el transmisor dentro, mientras que las armas cayeron definitivamente en manos de los terroristas —así lo declararon ante mí Sancristóbal y Paesa en 1995— y se cometieron numerosos atentados con ellas. Entre otros, el que acabó con la vida de la fiscal adscrita a mi juzgado, Carmen Tagle, el 12 de septiembre de 1989 a manos de Henri Parot, que reaparecería luego en la detención del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, para tenderle la celada, previo cobro de una suculenta cantidad de dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Y a pesar de que quedó acreditado el pago de dinero y la manipulación de la testigo María de los Ángeles Balasategui García, conocida como Blanca; a pesar de los firmes indicios de la presunta participación de los policías Amedo y Domínguez, tal como había quedado de manifiesto en mi exposición general del 29 de marzo de 1989, elevada por mí a la Sala el 3 de abril y en el auto de procesamiento de esta, firmado el 29 de junio de ese mismo año, por asesinato, estragos, falsificación, uso público de nombre supuesto y delito contra la Administración de Justicia.

Quiero llegar con todo esto a la sentencia de la Sala Penal de la AN del 20 de septiembre de 1991, con la ponencia del magistrado Agustín Lobejón y la participación como presidente de José Antonio Jiménez Alfaro —quien, tiempo después, sufrió un atentado con una carta bomba en su propio despacho que le afectaría gravemente una de las manos— y del magistrado José Antonio Marañón. Fue absolutoria en este caso, al haberse desdicho Balasategui por diversas presiones que, después de la sentencia, ella misma reconoció que se habían producido en una nueva declaración, ratificando la originaria ante mí y no la del juicio ante mí, pero condenatoria por los atentados en los bares Batxoki y Consolation. A los dos policías se les impuso por estos últimos sendas penas de más de cien años de cárcel.

La decepción

La sentencia, a pesar de ser condenatoria, contenía aspectos preocupantes que suponían un duro golpe en lo que había constituido un importante esfuerzo en la instrucción, para mí como juez y también para la Sala Penal de la AN que, con diferente composición, había emitido los autos de procesamiento a propuesta mía y a la vista de todo lo actuado. Todos los magistrados habíamos mantenido valientemente una visión muy potente contra las acciones terroristas de una organización cuyas vinculaciones con el aparato del Estado eran muy preocupantes, como se constataría años más tarde. Al negar el carácter terrorista de los GAL, contrariamente a lo que había hecho el TS en otra sentencia anterior, y considerar que la financiación de la organización no provenía de fondos públicos, se dejó al Estado fuera y el Ministerio del Interior «salvó los muebles».

La sentencia sería confirmada por el TS, dejando en la incertidumbre no solo las demás investigaciones, sino la propia credibilidad del sistema que, habiendo sido capaz de enfrentarse al fenómeno, parecía que se retraía al fijar el reparto de la responsabilidad, pues solo se añadió la civil subsidiaria del Estado. La afirmación de la sentencia de la AN de que los condenados no habían tenido «ningún propósito de destruir el orden democrático», sino más bien la voluntad de «defender la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente repudiables», para justificar que los GAL no eran terroristas no resiste un análisis serio, especialmente a la vista de lo que hoy en día se considera organización terrorista y elementos terroristas. Delinquir desde el poder, con fondos públicos y amparándose en estructuras oficiales para combatir ilegalmente el terrorismo, no es subvertir el orden democrático, es sencillamente dinamitarlo.

El aislamiento al que se sometió a partir de ese momento a Amedo y Domínguez, que quedaban en una especie de limbo, como si ellos hubieran sido motu proprio los artífices de todo el entramado, y las reiteradas promesas incumplidas de sus superiores acabaron por llevarlos a cambiar de postura. Decidieron colaborar con la Justicia y, a partir del 14 de diciembre de 1994, en sucesivas sesiones, desvelaron ante mí todo lo que habían callado e identificaron a sus superiores que habían participado en otro de los hechos reivindicado por los GAL: el secuestro de Segundo Marey.

La «reapertura» del caso GAL

Piensen que nadie les perdonará que un tema de esta índole se les escape de las manos por INTRANSIGENCIA, serán todos repudiados política, social e históricamente, esa será su cruz. Yo la vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, y aunque se me cargue algo más de peso estoy acostumbrado y curtido. Como ve, ni siquiera me planteo escaparme de rositas, aunque poniendo todo en una balanza, gano mucho más de lo que hipotéticamente podría perder.

No cometan el lamentable error de interpretar esta carta como una muestra de debilidad. Véanlo como el último intento de ser dialogante y sensato en medio de la insensatez.

Michel Domínguez, en esta parte final de la carta que, desde la prisión de Guadalajara, remitió el 27 de octubre de 1993 a Rafael Vera, no intuía que este apenas les podría ayudar porque estaba, de facto, a poco más de un mes de su cese como secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior tras la llegada del ministro Antonio Asunción, después de la dimisión del ministro Corcuera por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley de la patada en la puerta. El escrito de Domínguez descubría lisa y llanamente el profundo enfado de los condenados, a los que, tras prometerles todo, habían dejado «tirados» y absolutamente expuestos. Una vez más, quienes tenían que controlar la situación se olvidaban de una máxima elemental: la vida desde una prisión y con una perspectiva de muchos años entre rejas no es la misma que la de aquel que, con la máxima responsabilidad en los hechos que motivaron la condena, se pasea mientras tanto en vehículo oficial y continúa cargando sus facturas a los fondos reservados. En uno y otro caso, los tiempos eran muy diferentes y las cosas se veían con un color y un perfil muy distintos. Por supuesto, las urgencias son mucho mayores cuando debes dar una respuesta sin disponer de todos los elementos que se requieren para controlar los efectos de la misma.

En todo caso, lo que no habían conseguido esas «amenazas» con Asunción, lo lograron curiosamente con el ministro de Justicia e Interior Belloch. Así, el 26 de julio de 1994, Amedo y Domínguez salieron con el tercer grado penitenciario debajo del brazo.

Mientras tanto, la defensa de los dos expolicías, después de su condena, ejercida por el abogado Jorge Manrique, había iniciado una serie de contactos a diferentes niveles para sondear las posibilidades de una eventual salida de prisión de aquellos, tal como se les había prometido. Cuando fallaron las diferentes opciones, tuvieron que acudir a quienes, hasta ese momento, eran sus peores enemigos: los periodistas, Pedro J. Ramírez y Melchor Miralles, ávidos de lograr una buena historia como la que se intuía.

En mi caso, y a petición de la defensa, en abril de 1993 los recibí tras ordenar antes su traslado y hacerlo, como era habitual, cuando se trataba de personas que estaban especialmente protegidas en prisión —es decir, en un coche policial camuflado—, dejando constancia, como no podía ser de otra forma, de su presencia en el juzgado a través de la orden de traslado y recibiéndolos en mi despacho oficial, en presencia de su abogado, porque querían hablar conmigo para prestar declaración.

Sin embargo, una vez allí, se negaron a hacerlo y trataron de conocer en qué condiciones quedarían si declaraban. Al negarse a narrar los hechos, la diligencia quedó sin mayor contenido y ordené de nuevo su traslado a prisión. Después, en el desarrollo de una errática estrategia para conseguir los beneficios que supuestamente les habían prometido desde Interior, ambos trataron de llamar a todas las puertas. Incluso el letrado habló conmigo más tarde para decirme que estaba muy preocupado por sus clientes y que tenía miedo. Le dije que lo que debían hacer sus clientes era acudir al juez si tenían algo que decir. Recuerdo que en aquel tiempo —durante el cual estuve un año en la actividad política—, al salir de una comparecencia en el Senado como delegado del Plan Nacional sobre Drogas, los periodistas me preguntaron sobre el asunto y respondí que yo era contrario a cualquier indulto para Amedo y Domínguez.

Considero que ambos anduvieron evaluando lo que mejor les convenía. Como después se demostró, sus respectivas esposas serían el vehículo para garantizar el silencio de los policías, que a cambio verían cubiertas sus necesidades con unos cien millones de pesetas (seiscientos mil euros) para cada uno, depositados en Suiza, y el tercer grado penitenciario, conseguido en el verano de 1994. Parecía que el Ejecutivo había conseguido apaciguarlos, aunque el cierre de pagos que se les venían haciendo con Asunción y la no concesión del indulto los seguía incomodando. Se intuía que el «pacto de silencio» al que se habían acogido estaba llegando a su fin.

Vuelvo a «casa»

Después de mi dimisión del Gobierno en mayo de 1994, al reincorporarme al Central 5 me encontré con una importante actividad procesal y muchos asuntos en tramitación. De alguna forma volvía a casa. El 18 de mayo, un año y ocho días después de salir de la Audiencia, regresaba a mi despacho. En ese momento, el caso Segundo Marey no era, ni mucho menos, el más importante en el Juzgado. Por el contrario, otros muchos estaban aguardando con urgencia sobre ETA, Grupos Y, Operación Pelícano de tráfico de drogas, la detención de José Domingo Aizpurúa, alias Pitxas, que propició con sus declaraciones ante mí dieciséis detenciones de presuntos terroristas en España y veinticuatro en Francia.

Recuerdo el asesinato del general Juan José Hernández Rovira en junio de ese mismo año. En medio de la tragedia de su muerte a manos de ETA, se produjo un incidente desagradable en el hospital Gregorio Marañón cuando, en presencia del cuerpo, el entonces ministro de Defensa Julián García Vargas llegó a increparme muy alterado, reprochándome que esas eran las consecuencias de quienes «nos habíamos empeñado en alterar el país». Le contesté: «Señor ministro, usted se está equivocando de objetivo». Supongo que se refería a los escándalos de corrupción que atenazaban a determinadas personas del Partido Socialista y que quizá se debiera al nerviosismo y la impotencia del momento.

En ese momento, el caso Marey seguía la tramitación un tanto mortecina que le había imprimido el juez Manuel García Castellón con el señalamiento de las diligencias de declaración de unos policías que, en 1988, estaban de servicio en la frontera con el país vecino.

Si la memoria no me falla, debió de ser en julio de 1994 cuando recibí la visita del abogado de Amedo y Domínguez, para comentarme que había mantenido diversas entrevistas con el ministro Belloch y el director general de Instituciones Penitenciarias y estos le habían garantizado por escrito, ante la impaciencia de sus defendidos, la obtención del tercer grado para antes del día 30 de ese mes, como en efecto ocurrió. Añadió que en todo caso estaban evaluando la posibilidad de hablar y la forma de hacerlo. Yo le contesté que, si tomaban la decisión, me avisara. También fue por aquellos días finales de julio cuando viajé a Washington con el fiscal Pablo Contreras para coordinar con el Servicio Secreto, en la misma Casa Blanca, la investigación sobre una falsificación masiva de billetes de cien dólares imputable al parecer a autoridades de Irán.

Se ha dicho desde la desinformación y hasta la saciedad que, cuando volví de la política, en venganza por no haber sido ministro reabrí el caso GAL. Esta afirmación es tan simplista como falsa, por cuanto el caso Segundo Marey nunca había estado archivado. Formaba parte del sumario 1/88 (todos los casos de los GAL estaban en él) hasta que se desglosó y pasó a formar una causa independiente. Le correspondió al juez García Castellón, que me había sustituido cuando pasé a situación de servicios especiales por el tiempo que estuve en el Parlamento y como secretario de Estado. Aprovecho para indicar que estuve en ese cargo sin responsabilidad alguna, ni acceso ni uso de fondos reservados, como explícitamente declaró en su día Antonio Asunción y así lo reiteré en el documento correspondiente que se incorporó a la causa seguida en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En la segunda fase (1994-1995) aparecieron datos, como ya he dicho, de que se había pagado con fondos reservados a Amedo y Domínguez, a través de sus esposas, la cantidad de cien millones de pesetas en cuentas de Suiza para que mantuvieran su silencio. Fue entonces cuando saltó el escándalo de los fondos reservados, cuyos contornos y alcance se fueron definiendo con las declaraciones de los diferentes actores de esta siniestra trama y con la declaración de Luis Roldán ante mí sobre el uso y distribución de los mismos en el seno del MI. Con cada revelación crecía la indignación en la sociedad, aunque no faltaron artimañas para evitar que las cloacas se limpiaran y que este dinero se controlara eficazmente para impedir una similar depredación y desvío en el futuro.

En 1995, cuando conseguí demostrar con claridad los pagos realizados con cargo a fondos reservados, la reacción de los afectados y su entorno fue aún más cruenta. Sufrí recusaciones y una querella criminal; entraron en mi domicilio dos veces; envenenaron a mi perra, que perdió un ojo. Redactaron documentos para desprestigiarme, como el Informe Veritas; se interceptaron mis comunicaciones telefónicas. Y pasaron más cosas: hubo un intento de sustracción del sumario del caso Marey; una campaña de desprestigio feroz a través del diario ABC, en su línea de negar la evidencia y la gravedad de la aparente implicación de los aparatos del Estado. Este diario publicó noticias falsas de un supuesto uso por mi parte de fondos reservados en un viaje a República Dominicana, aunque conseguí desmontar de forma fulminante esta infamia, obligándolos a rectificar. Me acusaron de disposiciones de fondos reservados durante la campaña electoral, e incluso en reparaciones en mi domicilio, que exigí fueran investigadas, demostrando su falsedad.

Se fue desvelando que todas estas maniobras y artificios buscaban únicamente acabar conmigo y evitar que continuase la investigación. Fueron tiempos muy duros, pero no hicieron más que afirmarme en que el camino iniciado era el correcto y debía concluirlo en beneficio del Estado de derecho y en la legitimación de la propia independencia del poder judicial en su lucha contra el terrorismo. Como juez, no podía consentir los atajos, las malas praxis, las trampas que habían caracterizado toda una época y que tan solo habían conseguido emponzoñar aquel combate de las fuerzas democráticas.

La Justicia reacciona

Siguiendo la doctrina que la Sala había fijado en abril de 1989 de que no se podían investigar los fondos reservados, Rafael Vera, además de recusarme, presentó en enero de 1995 una querella contra mí en el TS por llevar a cabo tal indagación. Pero al contrario de lo que esperaba, la Sala Segunda desestimó la admisión de la misma y el ponente, que si no recuerdo mal era el magistrado José Antonio Martín Pallín, concluyó: «No, el delito sería no investigarlos». Por su parte, cuando la Sala de lo Penal de la AN fijó la fianza de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) para que Rafael Vera pudiera obtener la libertad de la que yo le había privado en febrero de 1995, expresó de forma contundente y muy dura que lo hecho por aquel había constituido un ataque al sistema constitucional. Es decir, seis años después se retomaba la senda más lógica y coherente con el Estado de derecho que, al final, permitiría la condena de los implicados por malversación de caudales públicos, es decir, por la apropiación indebida de los fondos reservados.

El entonces fiscal general del Estado, Carlos Granados, justificó también la reapertura del caso Amedo y el cambio de postura de la Fiscalía, en aras de los nuevos datos y elementos que se habían incorporado al procedimiento.

El 9 de junio de 1996, en declaraciones recogidas por la prensa, Granados afirmó que había que dejar trabajar a los magistrados sin someterlos a juicios paralelos. Defendió mis actuaciones en el caso GAL, ya que «este magistrado [en referencia a mí], como los demás que instruyen las causas en la AN, está actuando con total imparcialidad en los asuntos que les atañen». Granados añadió que los seis magistrados que integran los Juzgados Centrales de la AN «tienen mi máximo respeto y están realizando su trabajo con total independencia, como hacen el resto de los jueces».

En vista de las acusaciones de que yo había utilizado fondos reservados en mi provecho, tras las cuales se intuía la mano de Vera, presenté sendos escritos ante el fiscal general para que me investigaran si había mérito para ello. La respuesta fue desestimar cualquier atisbo de actuación no correcta en mí. Por ironías de la vida, muchos años después Carlos Granados presidiría la Sala Segunda del Supremo que me juzgó y absolvería por haber intentado investigar los crímenes franquistas y formaría parte de la que entendió la causa de los cursos de Nueva York, finalmente archivada. Difícilmente podía intuir entonces lo que en el futuro me reservaba por cumplir con mi trabajo.

Y… apareció Suiza

Después de la huida de Luis Roldán, Suiza se puso de moda. Catalogada hasta 1994 como «paraíso fiscal», las relaciones con el país helvético nunca habían sido fáciles en términos procesales. Las limitaciones a las investigaciones eran bien llamativas. Hasta el escándalo de Roldán, probablemente yo era el juez español que más relación judicial había tenido con Suiza, como consecuencia de diferentes investigaciones sobre ETA, el tráfico de drogas —como la Operación Nécora y las actividades de Laureano Oubiña—, el blanqueo de capitales por parte del contrabandista Michael Hangi y otras relacionadas con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Eso me había granjeado una fluida y buena relación con mis colegas suizos, específicamente con los del cantón de Ginebra, como el juez Kasper Ansermet o los fiscales Bernard Bertossa y Carla del Ponte. Quizá por ello fui invitado a una reunión de jueces y fiscales europeos en la capital ginebrina a la que también asistió el juez Paul Perraudin.

El seis de septiembre de 1994, unos días después de que operaran a mi hija mayor, María, me desplacé a Ginebra para asistir a ese encuentro. Su objetivo era diseñar medidas y mecanismos para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales, una iniciativa que culminó en octubre de 1996 con el Llamamiento de Ginebra (Appel de Genève). En esta reunión tuve ocasión de conocer a Perraudin y hablar con él. Los jueces ginebrinos son muy reservados por naturaleza y muy pocas veces comparten las investigaciones que adelantan.

En esta ocasión, Perraudin me consultó por varios aspectos del caso Roldán, en el cual ese mismo día había estado atendiendo a la juez española Mercedes del Molino. Por mi parte, aproveché la oportunidad y le pregunté si en sus investigaciones tenía algún dato sobre fondos que pudieran estar relacionados con los funcionarios Amedo y Domínguez, los GAL o el Ministerio del Interior. Respondió de forma lacónica: «Es posible, la investigación es muy amplia». Realmente lo era, como meses después tuve ocasión de comprobar cuando practiqué la comisión rogatoria correspondiente para hacerme cargo de la documentación de las cuentas de las mujeres de Amedo y Domínguez en Suiza.

Si bien no añadió nada más, mi amigo Kasper Ansermet me informó, con referencia al juez Perraudin: «Es muy reservado, de modo que, si te ha dicho eso, es por dos causas: una, porque confía en ti y, dos, porque tiene algo con seguridad». No precisaba más. Hilvané datos, relacionando las diferentes cuentas y depósitos que otras personas del entorno de Interior (como Roldán o Sancristóbal) habían abierto en Ginebra y especialmente el hecho de que Francisco Paesa —diplomático en representación de Santo Tomé en Suiza y al servicio del ministerio español en el caso GAL, en el de las pistolas de ETA y en el de Roldán— estuviese de por medio. De modo que Suiza era el camino más que probable, a lo que sumaba que Michel Domínguez dominaba perfectamente el idioma francés.

Al volver a España, me dirigí al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, competente en el caso Roldán, para que me informara de si había algún dato sobre el objeto de mi investigación (yo sabía que no los había, pues los únicos datos sobre fondos reservados que existían sin relación con Roldán se referían a la Casa Real y quedaron al margen al no guardar relación con lo que se indagaba). Pero tenía que generar la conexión para después poder dirigirme directamente al juez Perraudin, tal como me había pedido, por ser él quien entendía de todos los casos de corrupción relacionados con España y, por tanto, debía expresar en la comisión rogatoria que el cantón director en la práctica de la misma fuera el de Ginebra, y, de ese modo, que aquel asumiera la dirección en la cooperación conmigo.

El hecho de dirigirme expresamente al juez y a Ginebra no fue casual, sino que ocultaba la intención estratégica de generar preocupación en los afectados y su defensa. Estaba claro que podían querer colaborar acusando a otros, pero estaba seguro de que protegerían su «seguro económico». Con este modo de proceder, buscaba obtener la certeza de que estaba en la buena dirección. Debo decir que cuando la defensa me preguntó si tenía datos concretos sobre las cuentas en Suiza, dejé entender que sí.

La estrategia dio resultado y, a partir de ese momento, entendieron que yo sabía lo que había y que iba a continuar adelante. Las amenazas veladas de que podrían abstenerse de declarar no horadaron mi voluntad. Por el contrario, consideré que había que abundar más en la estrategia y, en noviembre de 1994, reactivé el sumario de Mon Bar, relacionado con un atentado cometido en un bar de Bayona así llamado en el que murieron asesinadas cuatro personas. Al parecer, Amedo y Domínguez dejaron de percibir desde ese mes el salario que el MI les abonaba, con lo que estaban en el momento clave para dar el paso definitivo. Me enfrentaba a una serie de movimientos de ajedrez en la que cualquier fallo podía enviarlo todo al traste. La única jugada que no podía desvelar era la de Suiza, por eso me esforcé en que comprendieran que el dinero estaba seguro allí y que solo me interesaban los movimientos que se habían hecho desde el ministerio. Poco a poco fui atando cabos a través de mis conversaciones con la defensa y llegué a la conclusión de que las titulares de las cuentas eran las esposas.

Rafael Vera tuvo estrechos contactos con la policía francesa en un tiempo en que había que pagar a sus mandos antiterroristas para que colaboraran en la lucha contra ETA. Corrían los tiempos del llamado santuario francés, en los que el Bidasoa era un símbolo. De ahí el maletín con dinero de la viñeta. Pero cuando Rafael Vera comenzó a aparecer vinculado a los GAL, el cruce del Bidasoa a Francia y el maletín de fondos con el que se llevaba el dinero para Amedo y Domínguez a Suiza se convirtieron, a los ojos del dibujante Oroz, en una paradoja de su huida de la Justicia española, que finalmente condenaría a prisión al exsecretario de Estado para la Seguridad.

El ataque de los alfiles

En ese punto, a mediados del mes de noviembre el caso se quedó a la espera, al desarticularse el comando Vizcaya y ser detenidos Koldo Martin Carmona y Lourdes Churruca Medinabeitia. Me desplacé a Bilbao en compañía del fiscal Pedro Rubira, la secretaria judicial Natalia Reus y la funcionaria María del Mar. Las declaraciones fueron positivas y se descubrió a otros miembros de la organización terrorista y múltiples hechos delictivos. Recuerdo que hubo un incidente con la declaración de Koldo, que fue reproducida en primera página en el diario El Mundo, al cual alguien se la facilitó desde el ordenador del juzgado de guardia de Bilbao, con el consiguiente enfado por mi parte. Una vez más, y no sería la última, se filtraban datos que redundaban en perjuicio de las investigaciones.

Cuando concluí la investigación preliminar sobre este caso, tuve que viajar a Argentina a impartir unas conferencias sobre el combate de la corrupción. Al regresar, participé en el partido de fútbol contra las drogas que, junto con el exentrenador del Barça, Johan Cruyff, y el periodista Luis del Olmo, habíamos organizado por tercera vez en beneficio del Proyecto Hombre, en este caso en Sevilla. Ya de vuelta en Madrid, cité a Amedo y Domínguez el 16 de diciembre para una primera declaración en la que comenzaron a desvelar datos, que no por intuidos eran menos escalofriantes, sobre el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, a quien tendría ocasión de conocer en el mes de enero siguiente cuando viajé a Bayona a tomarle declaración.

Antes de declarar, ambos me indicaron que temían por su seguridad y habían grabado unas cintas con un relato periodístico para El Mundo. Al parecer, desde el mes de septiembre estaban hablando con el abogado y con los interesados con el fin de contar su participación y la de otros en los casos juzgados y en el de Segundo Marey. Tales grabaciones se realizaron una semana antes de su comparecencia. Recuerdo que, el 10 de diciembre, Pedro J. pidió verme y acepté que viniera a mi casa. En esa conversación, el periodista me dijo que ellos habían acordado los «términos» con ambos condenados y que harían públicas las cintas después de que comparecieran ante el juzgado.

Al respecto, comprendí que no podía hacer nada y que me traería complicaciones, de modo que tan solo le pedí (no me dijo que estuvieran en plena grabación) que no «reventaran» el sumario. Desde ese momento fui consciente de que mientras las declaraciones fueran las de Amedo y Domínguez, los periodistas irían por delante de mí. Precisamente por esta razón no quise saber nada de lo que hicieran desde el periódico, asumiendo los ataques que recibiría, como aconteció, desde el Gobierno, que, gratuitamente, me hacía responsable de las filtraciones. Esto fue así hasta que ya no tuvieron más material disponible facilitado por los policías. Si se analizan las fechas, se comprobará cómo, una vez terminada la serie de grabaciones, pasaron a informar sobre lo que sucedía como el resto de los demás periodistas. Ni un solo dato salió del juzgado a ese fin. Por el contrario, como tendría ocasión de comprobar, hubo numerosas maniobras desde el Ejecutivo y en el ámbito de los demás imputados para conseguir que la instrucción se anulara y, así, apartarme de la misma a toda costa.

Con el ataque de los dos alfiles, encarnados por Amedo y Domínguez y sus declaraciones del 16 de diciembre, se inició una carrera frenética y contra reloj en la que cada segundo contaba y en la cual se iban a poner en liza todas las fuerzas posibles para detener la investigación. La confrontación no era menor. Por una parte estaban el juez y el fiscal, aunque este se mostraba bastante pasivo por las instrucciones recibidas, con lo cual, a la instrucción debía añadir el convencimiento del fiscal jefe, para que él hiciera lo propio con el fiscal general; por otra, todo el aparato oficial del Ejecutivo. En siete meses y diez días —del 16 de diciembre de 1994 al 26 de julio del año siguiente— se instruyeron los casos Batxoki y Consolation, por los que estaban condenados Amedo y Domínguez, y el secuestro de Segundo Marey, en el que fueron entrando diferentes funcionarios, que iban desde los policías que habían trasladado al secuestrado y los que lo habían vigilado a los que habían ordenado el hecho y sus cómplices. Es decir, toda una gama de lo más «selecto» del Ministerio del Interior, con quien había sido el ministro a la cabeza.

La famosa X de los GAL de Garzón se convirtió, como bien recoge Oroz en esta viñeta publicada en enero de 1995, en un vía crucis para González, forzado por los antisocialistas, especialmente por José María Aznar, a unas elecciones anticipadas. Felipe las perdió en gran parte por la incidencia de la guerra sucia y el dispendio de los fondos reservados.

En el tiempo, para garantizar la seguridad de los dos expolicías, dicté un auto en el que expresaba la necesidad de medidas de protección, incluida la libertad, que fueron atendidas por la juez de vigilancia penitenciaria, con la oposición del fiscal. Salieron de la cárcel, en donde corrían evidente riesgo, y los sometí a protección policial permanente. Asimismo, logré que sus mujeres declararan para poder identificar los números de las cuentas suizas en las que tenían depositados los fondos que Interior había proporcionado a lo largo del tiempo de prisión, y cuyos fajos de billetes habían sido transportados en maletines hasta Ginebra para su ingreso en cuentas cifradas. Además de la incautación de esas sumas, ordené la declaración de Segundo Marey y la práctica de los exámenes periciales, en los que hasta un total de siete expertos nacionales y extranjeros certificaron la autoría de la expresión los implicados que aparecía escrita a mano, con letra de Julián Sancristóbal, en el documento de reivindicación del secuestro que, cautamente, los dos policías habían guardado desde aquel lejano diciembre de 1983. A todo esto había que añadir las declaraciones, hasta un total de trece por cada uno, más las de las esposas y las de los demás imputados, que primero negaron —todos— los hechos, después los aceptaron y, finalmente, colaboraron: Julián Sancristóbal, Ricardo García Damborenea, Francisco Álvarez Sánchez, Miguel Planchuelo, Julio Hierro Moset, Francisco Saiz Oceja, Luis Hens Serena y Juan Ramón Corujo Rodríguez. Más las recusaciones de Juan de Justo y Rafael Vera, que además interpuso una querella; un viaje de veinticuatro horas a Ginebra para hacerme con la documentación bancaria que acreditaba el depósito de más de trescientos millones de pesetas (1,8 millones de euros), incluidos los intereses; la cooperación con la policía ginebrina; la investigación de los fondos reservados; la contestación a los ataques de la prensa… Y, por si fuera poco, desmontar las artimañas del Ministerio del Interior y Justicia y de su máximo responsable en esos momentos.

La «colaboración» del señor ministro

Recuerdo cómo se fraguó y de qué manera se obligó a José Antonio Martínez Soler, responsable de los informativos de las tres de la tarde en TVE, a emitir una cinta grabada en la prisión, a instancias del ministro, por Julián Sancristóbal, denunciando una supuesta conspiración entre Pedro J. y yo, además de otras lindezas, que después se descubrieron falsas. Todo con la intención de preconstituir una supuesta parcialidad en la investigación, atribuida a la «venganza» del instructor por no haber sido ministro. La única calificación que se me ocurre, y que ya utilicé en aquel momento, es la de vergonzoso. Que los responsables de la Seguridad del Estado se rebajaran a la labor de acabar con un juez que estaba cumpliendo con su obligación indicaba la altura moral de aquellos.

La construcción de toda una apariencia que llegó hasta inventar denuncias y actividades falsas, y la elaboración de un informe con fondos públicos son una muestra del negativo índice moral que existía en esa parcela del Gobierno y en quienes la apoyaban. Se llegó a constituir un grupo especial al mando de un inspector de policía traído al efecto desde Barcelona para buscar «mierda» en mis actividades. Incluso dijeron que formaba parte de una supuesta mafia policial, y así se hizo constar en el Informe Veritas. Posteriormente a lo largo de los años, todos y cada uno de los policías que participaron en ese grupo fueron pasando por mi despacho para pedirme disculpas y contarme cómo las órdenes de esta actividad ilícita habían emanado de las más altas esferas de responsabilidad en el Ministerio de Interior y Justicia.

Este era el ambiente, sin duda agotador, en el que se desarrollaba la investigación del caso Segundo Marey. Sin olvidar los ataques constantes de José Barrionuevo —que se amparaba en su condición de aforado para intentar evitar así que la investigación avanzara e impedir la acumulación de indicios contra él y otros responsables del PSOE, con el responsable máximo del Gobierno a la cabeza— y de algunos medios de comunicación más atentos a defender la impunidad que a la necesaria depuración de las ilícitas prácticas policiales.

Juez «estrella»

Hay estereotipos que, una vez se acuñan, quedan indeleblemente marcados. El de los denominados jueces estrella es uno de los más connotados y falsos.

He conocido a muchos jueces y juezas en la vida pública y en la judicial que afirman que no les gusta la popularidad y luego realizan verdaderos malabarismos para estar en primera línea. Eso lo viví durante el tiempo que estuve en política, cuando observaba las carreras que se daban algunos diputados para «encontrarse» con periodistas y así salir en cualquier medio informativo emitiendo cualquier opinión. He visto lo mismo en la AN, en el caso de aquellos jueces y fiscales que hacen lo posible porque se publique lo que opinan o informan, pero advirtiendo que no quieren que su nombre aparezca, o filtrando información sesgada u objetiva, pero a escondidas, con lo cual demuestran su interés en el medio y en la publicación de esos datos, al tiempo que su vulnerabilidad frente a este, a partir de ahí, es total. Igual que aquellos abogados que para que sus opiniones sean valoradas y se publiquen los datos que les interesan incluyen a los medios de comunicación en su estrategia de defensa.

Es un hecho que todos tenemos una cuota de vanidad más o menos elevada, la única diferencia está en reconocerlo o no. Y asimismo, casi todos tienen una agenda específica, especialmente aquellos que disponen de un medio o un periodista «de cabecera». En mi caso, son muchos los defectos, pero entre ellos no se encuentra el de mendigar la atención de los medios de comunicación. Los respeto y siempre he procurado facilitar su labor, entendiendo la información como un derecho necesario en una sociedad democrática y en la que la comunicación se extiende por todos los ámbitos de forma libre y abierta. En este sentido, he estado siempre en contra de la filtración interesada, guiada en la mayoría de las ocasiones por perversas intenciones.

Buscar determinados objetivos mediante la falsedad, la trampa o la destrucción de un procedimiento penal me ha parecido siempre aberrante. Como también el ceder a la presión mediática o decidir en función de la noticia o la línea de opinión. En nuestro país, hay verdaderos constructores de opinión que tratan de influir en resoluciones de cualquier índole (política, social, empresarial, económica, financiera, jurídica o judicial), y está bien que sea así, salvo cuando se hace con la intención preconcebida de alterar el curso normal de las cosas. Por ejemplo, publicar un documento para permitir una acción externa que dañe el proceso judicial.

Quienes tildan a algunos jueces de megalómanos, o de tener una tendencia malsana a la publicidad, olvidan que todas estas investigaciones se desarrollan durante meses o años de forma callada, constante, acumulando múltiples datos y elementos que conducen a consolidar la investigación y, cuando ya está ultimada, se procede a la última fase en la que se hacen públicas las acciones de instrucción. Es en ese momento cuando, al trascender, los medios se interesan en el caso si este lo merece y, a partir de ahí, ponen cara a la investigación. Es decir, un juez sensato procura hacer la instrucción lo suficientemente consistente para que la causa no se desmorone después.

No es cuestión de presumir o alardear, pero la labor que se hizo en aquellos años —sin medios que la facilitaran— para comenzar, desarrollar y consolidar la investigación de la criminalidad organizada fue absolutamente meritoria y, gracias a ella, desde hace tiempo podemos afirmar que el sistema de investigación policial y judicial del crimen organizado o el terrorismo en España es uno de los más avanzados del mundo. Este mérito corresponde a muchas personas, pero la pena es que, en nuestro país, la tendencia a destruir y no valorar lo que se tiene es muy frecuente y está mucho más extendida que la capacidad para reconocer cualquier logro. Por tanto, este libro —con la cara amable de unas viñetas que lo hacen menos árido— es un buen sitio para llevar a cabo esta reivindicación profesional.

Filtraciones interesadas

Recuerdo la filtración al diario El Mundo de la declaración de Ricardo García Damborenea, prestada ante mí el 20 de julio de 1995, con motivo de la comparecencia de Felipe González el 26 de ese mismo mes en el Congreso. Según me confesó Pedro J. Ramírez, fue el ministro Belloch quien le dio el documento, que a su vez lo había recibido del fiscal general Carlos Granados, este del fiscal jefe de la Fiscalía de la AN, José Aranda, y este del fiscal Rubira, que había tenido acceso a la única copia de la declaración. Ante la previsión de lo que podía suceder por el contenido explosivo de la misma, en la que, por primera vez, se señalaba de forma directa, explícita y contundente a Felipe González como la X de los GAL (lo haría en varias declaraciones más), tomé cautelas para que no hubiera posibilidad de imputar esa filtración al juzgado.

Gracias a esta prevención, se evitó la correspondiente denuncia. El objetivo de la filtración era permitir que el presidente González pudiese utilizar en su beneficio (por la confusión de fechas en la declaración y la rueda de prensa) un documento judicial que no podía referir —a pesar de que lo conocía por Belloch— porque el sumario era secreto. Inmediatamente, la acusación de que yo había sido el autor de la filtración no se hizo esperar y, con ella, se cuestionó el desarrollo de mi labor judicial. Poco importó que yo no diera ni una sola entrevista, ni hablase, ni facilitara información o que sufriese las consecuencias de las filtraciones. Esta afirmación se retroalimentaba de forma permanente, generando espacios que, por más que no tenía un papel activo en ellos, se volvían en mi contra. Fueron malos tiempos.

Tampoco puedo pasar por alto otra de las imputaciones permanentes que se me hicieron, referida a la supuesta filtración de información a los medios. Esto me llevó a ser objeto de varias denuncias con ánimo intimidatorio, perfectamente construidas a sabiendas de su falta de consistencia. Y en ese marco se encuadra la filtración de la declaración judicial de Damborenea.

No quiero hacer demasiadas valoraciones sobre estos hechos, pero sí considero necesario salir al paso de aquellas opiniones y de quienes, desde diferentes ámbitos, justificaron y justifican, comprenden o aceptan este tipo de acciones porque se refieren a terroristas o delincuentes o porque piensan que quienes estaban implicados en ellos prestaron «grandes servicios» al país. El servicio público se justifica en sí mismo a favor de la ciudadanía desde la legalidad y el respeto al Estado de derecho, y ninguna razón es suficiente para quebrantarlo. Pero es que, además, nada de lo que hicieron aportó nada positivo a España y a los españoles.

El cinismo de no asumir la barbaridad de los GAL dice muy poco de quienes justificaron sus acciones. El que así actuó y, posteriormente, no reconoce la maldad de su acción merece el reproche permanente de la sociedad, y está inhabilitado para dar lecciones éticas en una sociedad democrática. Insisto: al Estado se le defiende desde el Estado de derecho y no desde las cloacas, porque incluso en estas debe regir aquel. Nada de lo que se hizo con los GAL contribuyó a mejorar la lucha contra el terrorismo, fue una absoluta barbaridad que aún estamos pagando en forma de falta de legitimación a la hora de abordar la confrontación con él. El tufo de impunidad que se imprimió a los GAL es el mismo que se aplicó a la corrupción y a otros ámbitos hasta que se impuso la necesidad del juego limpio.

Febrero de 1995

En lo que se refiere a la investigación de los GAL, el mes de febrero de 1995 fue especialmente duro. A esas alturas, yo había acumulado bastante material a partir de las declaraciones de los dos policías condenados, pero no era suficiente para avanzar con seguridad. Y ahí resultó esencial el aporte de la documentación de las cuentas que las esposas de Amedo y Domínguez tenían en Suiza. Poco a poco se perfilaba con más nitidez la clara relevancia de quien, hasta el momento de su cese por Antonio Asunción, Rafael Vera, había sido el máximo responsable de la seguridad del Estado.

Vera era un hombre correcto y educado, que entendía y justificaba todo en aras de la defensa de la seguridad del Estado. Los límites no existían. El uso y apropiación del dinero público, como quedaría demostrado en sentencia firme, era el que tenía que ser, según su sola voluntad. Aun hoy en día, defiende esa peculiar visión, reconociendo a la actuación de los GAL cierta relevancia en la lucha contra el terrorismo.

Lo curioso es que hasta que pasé a la actividad política no manifestó discrepancia alguna en mi contra, pero intuyo que pensó que, con aquella decisión, yo podía limitar su omnímodo poder. Ahí comenzó una extraña actuación de acoso y derribo demasiado cutre, de la que no fui consciente sino tiempo después, una vez regresé a mi juzgado.

El cerco comenzó con el caso Ucifa en 1992 y continuó con el de Monzer Al Kassar, abierto por la posible implicación de este traficante sirio en la venta de armas en el secuestro del Achille Lauro y la sustracción de documentos —unas minutas manuscritas— de mi despacho para utilizarlos en una querella contra mí. Esta querella, al perecer, estaba auspiciada por el abogado del comandante Pindado (si no recuerdo mal), de Al Kassar y de Vera, el catedrático de Derecho Penal Manuel Cobo del Rosal. Prosiguió con la explícita oposición a que yo pudiera asumir responsabilidades en Interior, como era la intención del nuevo ministro Asunción; con la filtración del supuesto uso de fondos reservados por mí en la campaña electoral, teoría a la que se sumó años después Alfonso Guerra y que, de ser cierta, que no lo es, debería haber acarreado responsabilidades para ellos. Por mi parte, lo que sí hice, como ya he comentado, fue dar parte del hecho al fiscal general Carlos Granados (aún tengo la copia de esas denuncias) para que investigara y exigiera responsabilidades; como también lo hice para que indagara los fondos con los que se habían cubierto las obras de seguridad de mi domicilio, sabiendo yo, porque el ministro Asunción me había entregado los respectivos expedientes a petición mía, que la adjudicación y el importe de esas obras habían sido aprobados y publicados en el BOE, con lo cual era clara y grosera la falsedad.

Sus acusaciones desesperadas contra mí a lo largo del proceso de los GAL surtieron efecto, al llevar al ánimo de algunos colegas la «realidad» de un enfrentamiento mío con Rafael Vera. Nada más alejado de la verdad. Jamás tuve el más mínimo roce con él. Tampoco tuve contacto con Vera durante el tiempo en el que fui secretario de Estado, más allá de un par de reuniones a las que él asistió como secretario de Estado de Seguridad y yo como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Previamente, nuestra relación había sido nula en la primera fase de mi trabajo en la AN hasta el asesinato de Carmen Tagle, ocurrido el 12 de septiembre de 1989. En ese momento de dolor, tuvimos una reunión con Vera para establecer cuáles serían las condiciones de seguridad de los jueces y fiscales de la AN. Su promesa de ofrecernos más protección fue sincera y se tradujo en la dotación de vehículos blindados y escolta para todos, pues, hasta ese momento, solo el presidente de la Audiencia, Carlos Bueren, y yo la teníamos. Una vez que llegaron los escoltas, costó más trabajo conseguir condiciones dignas para ellos, porque se veían forzados a dormir en coches, en la calle y tirados en unas condiciones penosas que les impedían hacer correctamente su trabajo. Yo negocié con Vera una mejora inmediata. Este tema no le interesaba mucho al secretario de Estado para la Seguridad, si bien conseguí que lo asumiera por tratarse de la AN. Para centralizar el pago de dietas y gastos, se acordó que fuera la secretaria personal del entonces presidente, Rafael Mendizábal (poco después, se iría al Tribunal Constitucional), quien centralizara los pagos y su documentación por la especialísima relación que Vera tenía con su jefe. Por supuesto, nadie de la AN tocó ese dinero remitido por la Secretaría de Estado para el pago de las dietas de los policías de Interior que prestaban servicio en ella. La obligación de Vera era la de contabilizar esos fondos de acuerdo con la ley, si bien después se comprobó que no era algo que le preocupara demasiado.

Una particular obsesión

Vera estaba obsesionado con captarme como uno de los jueces de su entorno. Debo decir que en lo tocante a seguridad siempre he tenido una máxima: el responsable de esa seguridad, porque sabe o debe saber por su oficio quién o quiénes la necesitan y en qué grado, es el que debe decidir las medidas que corresponden. Nunca he solicitado que pusieran, ampliaran o reforzaran mi seguridad ni la de mi familia. Es más, cuando en enero de 1995 solicité que suprimieran mi escolta, la secretaria de Estado, Margarita Robles, se negó. Así, cuando Vera, a instancias de Carlos Bueren y después de la Operación Nécora contra el narcotráfico, decidió reforzar las medidas de seguridad de mi domicilio, incluida la instalación de cámaras de vigilancia, no hizo sino cumplir con su obligación de proteger a un funcionario judicial expuesto. Y si no lo estaba, debería haber evaluado y negado esa petición del juez Bueren. En cualquier caso, por los temas que yo llevaba y la incidencia en los ámbitos en los que penetraba, así como por las informaciones que el secretario debía manejar sobre diferentes organizaciones terroristas o de crimen organizado, la medida estaba justificada.

En otra ocasión, la aproximación fue mucho más sibilina. Como Vera sabía que mi relación con el abogado Íñigo Iruin era fluida y correcta, al margen de su posición procesal como defensor de miembros de ETA, me utilizó para aproximarse a él. Su intención era que yo posibilitara una reunión con Iruin y, de esa forma, aproximar posiciones después de la ruptura de las negociaciones en Argel. Lo hice, y la reunión, si no me confundo, tuvo lugar en un restaurante de las afueras de Madrid, en la carretera nacional I, al que solían acudir responsables políticos de Interior. Rafael Vera quiso que yo asistiera a esa reunión, a lo que me negué.

En otras ocasiones, Vera intentaba su acercamiento facilitándome los vehículos de protección más potentes, incluso cediéndome —si se producía una avería— el que tenía para su uso personal, u ofertando todos los medios de que disponía el ministerio para nuestra protección. También eran habituales las corbatas y relojes que enviaba como presentes a los jueces y fiscales de la AN e imagino que a otros muchos lugares. No era un gasto menor, dado su volumen de «compromisos». Jamás acepté uno de estos presentes. Me parecía impropio de una relación entre instituciones.

Por no hacer interminable el relato, tengo bien presente cómo actuó el secretario de Estado cuando, en 1992, y a consecuencia del aumento de riesgo por las investigaciones que llevaba, me llamó a su despacho y me expresó su «preocupación» por el hecho de que me exponía demasiado como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Estaba convencido, me dijo, de que debía abandonar las aulas. Y puesto que eso me supondría una pérdida económica, se ofreció a cubrirla, como hacía con otros colegas, mediante remuneraciones (llegó a decirme incluso la cantidad) por dar clases a policías y guardias civiles. Le agradecí la deferencia, pero le indiqué que no era una cuestión económica (lo que cobraba como profesor asociado era una cantidad simbólica), sino que impartía clase porque me gustaba y lo haría gratuitamente si así me lo pidieran. Con todos los acontecimientos posteriores, comprobé que todas estas maniobras iban dirigidas a cooptarme y tenerme sujeto ante cualquier eventualidad. Lo más grave es que todos estos dispendios, aprovechamientos personales y otras triquiñuelas se hacían por quienes tenían la obligación de garantizar nuestra seguridad y emplear esos fondos en protegernos, no en cubrir, con su excusa, un estatus fuera del rigor del servicio público.

El desastre de los fondos reservados en Interior debía ser importante, porque, según me comentó el ministro Asunción, se encontró vacía la caja fuerte en enero de 1994, y como comprobó cuando consiguió que el exsecretario le facilitara la clave de acceso a esta, lo cual no fue tarea fácil al parecer. Hasta tal punto era así que, cuando llegué como secretario de Estado ese mismo mes, la encargada de las relaciones públicas del ministerio me preguntó qué hacía con un millón de pesetas (seis mil euros) que se había encontrado en un cajón. Le contesté que lo entregara en la Secretaría de Seguridad, vacante en ese momento.

Intentaron atacarme también mediante intoxicaciones mediáticas referidas al supuesto uso y disposición por mi parte de fondos reservados para vacaciones y viajes. Primero, se insinuó que había ido a esquiar a Granada con cargo a esos fondos, hasta que demostré que las facturas las había pagado mi mujer con cargo a la cuenta bancaria conjunta. Otra de las trampas que me tendieron estuvo relacionada con un viaje familiar a la República Dominicana. En aquel momento Vera me ofreció protección porque vivían en la isla miembros de ETA y podía haber riesgo para mí. La protección consistió en dos policías dominicanos de escolta a los que tuve que pagar todos los gastos. En ese ataque, publicado en «exclusiva» por ABC a primeros de febrero de 1995, como ya he comentado, para que incidiera en el curso de la recusación y querella planteada por Vera contra mí y evitar así su declaración, se incluyó el pago del alquiler de una avioneta, alterando el documento que la policía dominicana había remitido. Gracias al cambio horario, a la persona responsable de las relaciones públicas de la cadena hotelera y a los directores de los hoteles en los que me había hospedado, pude demostrar la falsedad y que todos mis gastos habían corrido de mi cuenta.

A esas alturas lo único que buscaba Vera, recurriendo a todas las malas artes utilizadas por años, era evitar su comparecencia para declarar como imputado en el caso Marey. Todas sus artimañas fracasaron y, finalmente, declaró ante mí el 16 de febrero (curiosamente, el mismo día de mi toma de posesión en 1988). A continuación, decreté su prisión provisional incondicional en el centro penitenciario de Alcalá Meco hasta el 13 de julio (el mismo día que Amedo y Domínguez ingresaron en prisión en 1988). Abandonó la prisión a las cuatro y media de la tarde de ese mismo día, después de que Francisco Fernández Marugán, secretario de Administración y Finanzas del PSOE, depositara un aval bancario de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros) en la AN. El Tribunal que resolvió el recurso de Vera consideró que la conducta del exsecretario de Estado encerraba «un grave ataque al sistema constitucional».

Al hilo de estos hechos, y para resaltar la diferencia de trato con el secretario de Seguridad con relación al pago de la fianza, recuerdo una anécdota referida a la prisión de otro de los imputados, el comisario Julio Hierro Moset, un funcionario querido por sus compañeros, que intentaron por todas las vías pagar la fianza que yo había impuesto a pesar de que no era una cantidad baladí. Sé que acudieron a la Secretaría de Estado pensando que se haría cargo del pago para ponerlo en libertad, pero la titular, Margarita Robles, no aceptó. Tengo entendido que llegaron a llamar incluso al portero automático de la casa del director de la Policía, Ángel Olivares, quien también dijo que no. Existía un límite horario y recuerdo la llamada de los funcionarios suplicando prórrogas para conseguir reunir el dinero. Me parece que las vías por las que lo consiguieron no fueron precisamente las gubernamentales, sino un aval personal de Caja Madrid a la esposa del comisario. En la Policía no era plato de gusto que se encarcelase a funcionarios del cuerpo por el tema de los GAL. Y yo, el juez, estaba en el punto de mira de la crítica. Pero, aun así, muchos funcionarios reconocieron que, tal y como estaba la investigación de ese asunto, parecía el camino más correcto.

La prisión de Vera y la jugarreta de la prensa

Mientras elaboraba el auto de prisión de Rafael Vera, sucedió un episodio enojoso de la mano de un par de periodistas. La prensa me ha puesto en apuros en muchas ocasiones, incluso lo han hecho profesionales con los que me llevaba bien. Pero tengo en mente la tremenda complicación que se organizó a causa de la Cadena SER, y —por lo que ahora sé, muchos años después— con la colaboración más o menos involuntaria de Txetxo Yoldi, el especialista en tribunales del diario El País entonces, la misma noche en que ordené el ingreso en prisión de Rafael Vera.

Acababa de tomar declaración al secretario de Estado de Interior y era ya muy tarde, en torno a las once de la noche. Al concluir la misma, ordené que Vera fuera trasladado a la cuarta planta, donde la policía judicial tenía en aquella época un par de despachos para los inspectores, para que aguardara hasta que estuviera redactado el auto de prisión y así poder notificárselo. El jefe disponía de un despacho más grande. Tenían un televisor, una radio… A las once y media de la noche, instalaron a Vera allí como deferencia para no tenerlo en el calabozo.

A partir de las dos de la tarde los medios de información no podían estar en el vestíbulo. Pero, al parecer, Txetxo Yoldi decidió realizar una pequeña incursión y aprovechó que unos bajaban y otros subían para colarse hasta la segunda planta. De pronto, vi horrorizado como alguien entraba en mi despacho.

«¿Y tú qué haces aquí?», le dije.

«Joder, pues para ver qué va a pasar», me contestó con toda desfachatez.

«Lárgate inmediatamente, ¡lárgate!», le repliqué mientras lo echaba.

No sé qué escuchó Yoldi en el rato que estuvo por los pasillos, o quizá alguien le diera la información sin saber que era un reportero. Tenía mucho descaro, entraba recto por la puerta, muy serio, y todo el mundo creía que era abogado. Decía «buenos días», con gesto adusto, y nadie le paraba. No me extrañaría nada que hubiese averiguado por ese método lo que estaba ocurriendo. Lo que sí he podido saber es que, al salir del edificio, se encontró en la calle a otro buen periodista, Javier Álvarez, de la Cadena SER.

Reconstruyo la escena entre ambos. Javier Álvarez estaba transmitiendo en directo desde la puerta del edificio. Sería ya la medianoche y en la radio se escuchaba: «Tenemos a Javier Álvarez en directo a la puerta de la AN…». El periodista decía: «Está Rafael Vera arriba…». Y, al parecer, Yoldi pasó en ese momento y susurró a su colega una sola palabra: «Meco».

El discurso en la SER continuó así: «Podemos confirmar en este momento que Rafael Vera va a la cárcel de Meco porque el juez Garzón lo ha decretado». He tardado mucho tiempo en comprender por qué lo haría Yoldi, pues tenemos la idea de que los periodistas guardan celosamente sus exclusivas. Pero ahora lo entiendo: en aquel tiempo El País no tenía página web y su edición impresa no saldría hasta el día siguiente, de modo que, a fin de cuentas, Yoldi estaba facilitando una primicia a la cadena hermana.

Mientras tanto, en la cuarta planta, Rafael Vera escuchaba la SER en el despachito de la policía judicial. «¡Pero esto qué es…! ¡Antes de enterarme yo, se enteran estos…!», bramó. Fue un trastorno terrible y hubo que investigar de dónde había partido la filtración. Lo cierto es que yo estaba muy desconcertado, pero también sabía que me las tenía con un profesional excelente. Javier Álvarez sabe sacar información de debajo de las piedras, tiene una tremenda capacidad para obtener noticias.

Primero pensé que se le había escapado de forma inocente a algún policía. Después, que cuando dimos la orden —«Preparen la conducción porque dentro de una hora hay que llevar a este señor a Alcalá Meco»—, algún agente pudo repetirla. No tenía idea de que esa información la había obtenido Yoldi y que él la había transmitido a Álvarez. Y lo cierto es que cuando hablamos de ello en nuestras siguientes conversaciones ni se me pasó por la cabeza. Por supuesto, él no dio ninguna pista. Más aún, en el momento de escribir estas líneas, no sabe que lo sé. Ya lo leerá.

Lasa y Zabala

Debió de ser a finales de enero de 1995 cuando el fiscal Ignacio Gordillo bajó a mi despacho y me pidió que recibiera a un comisario de policía de Alicante que quería contarme algunas cosas del caso Lasa y Zabala, que en esos momentos se instruía en San Sebastián. Acepté recibir al policía, más que nada porque él quería verme y, por mi parte, para escuchar lo que quería contarme. La verdad es que era un poco escéptico con el tema, pero le recibí. El fiscal Gordillo se marchó inmediatamente y, a partir de ahí, Jesús García García comenzó a narrar un relato que, en ese momento, me pareció inverosímil, aunque había algo que me atraía de la historia:

En 1985 cuando aparecieron en Busot unos restos humanos sin identificar, yo era comisario jefe de un grupo contra la delincuencia. El forense Antonio Bru, amigo mío, me contó que los dos cadáveres encontrados tenían signos evidentes de haber sido torturados, probablemente para sacarles información, tenían las uñas arrancadas y los pulgares aplastados, y, además, llevaban vendas en los brazos y las piernas, estaban amordazados y con cinta aislante en los ojos.

Me quedé en silencio tratando de ordenar mis ideas, teniendo en cuenta la situación en la que me hallaba, en medio de la vorágine de la investigación del caso Marey. Jesús García continuó:

Junto a los cuerpos había un casquillo de 9 milímetros Parabellum, marca Geco, igual a los que habían aparecido en los casos de Ramón Oñaederra, en diciembre de 1983, y de Vicente Perurena y Ángel Gurmindo, en febrero de 1984.

Ante tal historia, le hice varias preguntas para cerciorarme de lo que me estaba contando y de que no había trampa en la narración. Mientras estábamos hablando, recordé que el periódico Sud Ouest podía tener información de la desaparición de Lasa y Zabala y, sin pensármelo dos veces, llamé al reportero que había cubierto mi visita a Bayona el mes anterior, cuando fui a recibir declaración a Segundo Marey. Le pedí que me enviara unas fotos de ellos dos (todavía guardo una copia del fax que me envió al juzgado) para hacer la comparación con las imágenes de los cráneos que me había entregado el comisario, sin levantar sospechas, ya que la situación era sumamente delicada y cualquier error podía determinar la reacción por parte de quienes estuvieran implicados.

Una vez que tuve las fotos en mi poder, las comparé con los cráneos de las personas que habían aparecido en Busot y comprobé que, a simple vista, eran compatibles por la forma y volumen. Realmente, en ese momento, no sabía qué hacer porque el asunto competía a San Sebastián, en concreto al juez Fernando Andreu, y me parecía demasiado asumir en ese momento también la investigación por su conexión con alguno de los sumarios de los GAL que se tramitaban en el juzgado. Recordaba que ese asunto ya había estado en la AN y lo había devuelto al juzgado de origen, el Central de Instrucción número 1, por lo que sería este el que, en su caso, debería asumir la competencia.

La sospecha de que el grupo del general Enrique Rodríguez Galindo, desde el cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, estaba detrás del caso era muy intensa. Esa percepción se había obtenido gracias a algunos datos que la Unidad de Contrainteligencia de la Guardia Civil —que dirigían el coronel López y el capitán Hernández del Barco, los cuales habían trabajado conmigo en el caso Ucifa— me había transmitido en el marco de la Operación Arca de Noé, referida a las presuntas actividades ilegales en las que habrían participado algunos funcionarios de aquella comandancia.

El general Enrique Rodríguez Galindo, responsable del acuartelamiento de Intxaurrondo en San Sebastián, fue célebre por su récord en el desmantelamiento de comandos etarras y, luego, por practicar la peor de las guerras sucias, desde el secuestro hasta el asesinato. Incluso se le acusó públicamente de colaborar con delincuentes a cambio de información contra ETA. Mientras crecían las sospechas sobre las atrocidades que se practicaban desde Intxaurrondo, el general pervirtió el lema «Todo por la Patria» de la Guardia Civil, como se recoge en esta viñeta de Oroz. Galindo, como era conocido, fue condenado a setenta y un años de cárcel por secuestrar, torturar, asesinar e intentar hacer desaparecer los cuerpos de los jóvenes vascos Lasa y Zabala.

En este contexto, decidí acudir al abogado de las familias de Lasa y Zabala, Íñigo Iruin. Aprovechando una visita a la AN, hablé con él y le conté lo que estaba haciendo, y en qué forma podía ayudarme a saber si los restos de Alicante eran los de ambos desaparecidos. Acordamos que el forense Francisco Etxeberría hiciera ese trabajo y él se encargó de contactarlo.

Una vez que ya se tuvo la certeza y con ocasión de una reunión en la Fiscalía de la Audiencia al asumirse la competencia, pasé a saludar al forense, al abogado y a la familia de los dos jóvenes vascos torturados y asesinados en 1983. Los dejé con el fiscal Gordillo, que de esa manera estaba en la senda que definitivamente llevaría al descubrimiento de los autores de los hechos. Así aconteció con la investigación del juez Gómez de Liaño, que se incorporó el 9 de abril de 1996 al Juzgado Central de Instrucción número 1, y la sentencia de 27 de abril de 2000 que condenó al general Enrique Rodríguez Galindo; al exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; al teniente coronel Ángel Vaquero, y a los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. A todos ellos se los consideró autores de un «plan compartido» que consistió en secuestrar en Francia, en octubre de 1983, a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, trasladarlos a España para interrogarlos y, finalmente, asesinarlos y hacerlos desaparecer. Las penas oscilaban entre los sesenta y siete y los setenta y un años de prisión. El tribunal absolvió al exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y al abogado vinculado a Interior, Jorge Argote, del delito de encubrimiento del que habían sido acusados.

Durante el juicio y antes de la sentencia, en concreto en la sesión del 14 de enero de 2000, el comisario Jesús García —la persona que consiguió que se identificara a las víctimas y que me había dado la información que abrió la puerta al esclarecimiento de los hechos— falleció de un paro cardiaco en la misma sala de la AN mientras declaraba. El destino quiso que yo estuviera de guardia y, de esta forma tan imprevisible, volví a encontrarme con este valeroso funcionario en la triste situación de levantar su cadáver. El ejemplo de profesionalidad que dio este hombre es el lado positivo en esta macabra historia en la que unos individuos quebrantaron todos los códigos éticos y las normas legales que los obligaban a perseguir el delito y se convirtieron en criminales que pusieron en riesgo el propio sistema democrático recién conquistado. Ninguna justificación existe para tal actuación en un Estado de derecho.

La exposición razonada

Después de la prisión de Rafael Vera, vendría la de Ricardo García Damborenea y la de Miguel Planchuelo mediante el auto de procesamiento del 14 de abril de 1995. Antes de eso, personas desconocidas penetraron, violaron mi domicilio en Semana Santa, tras forzar la puerta principal, con el objetivo de llevarse el sumario. No lo consiguieron porque, a pesar de que había estado ultimando el procesamiento hasta el miércoles santo, llevé la causa al juzgado ante el temor de que se volviera a repetir la entrada en mi casa a pesar de la vigilancia. Ya había tenido una advertencia en el mes de febrero anterior, cuando dejaron una cáscara de plátano encima de mi cama.

A mediados de junio se produjo un hecho que después tendría gran importancia en el devenir de otras causas en las que se investigaba el origen de los GAL: el caso Oñaederra. Fue la detención del coronel Juan Alberto Perote, responsable del área operativa del Cesid.

El coronel Juan Alberto Perote, número dos del Cesid, el precedente del CNI, fue a lo largo de los años noventa una estrella de la información, o mejor dicho de la desinformación. Su supuesta vinculación al banquero Mario Conde (que acabaría en prisión) y a cierto diario madrileño que presumía de investigar lo que en la mayoría de las ocasiones eran filtraciones, era materia de debate permanente. Perote, que nunca se supo si actuaba por una diferencia irreconciliable con su jefe, el general Emilio Alonso Manglano, apareció en todos los casos de relevancia y por supuesto en los GAL, cuya «fundación» en el Cesid era una de las tesis más sólidas. Los llamados papeles del Cesid hicieron correr mucha tinta e incluían un «acta de constitución de los GAL» que se presentó en el caso Oñaederra en el que elevé exposición razonada al Tribunal Supremo para que decidiera sobre la posible implicación de Felipe González, el 18 de noviembre de 1999. Tanta era la presencia de Perote en cualquier asunto que sus declaraciones, como bien recogían Gallego y Rey en esta viñeta, parecían fuegos de artificio y no artillería pesada.

Un mes después, coincidiendo con la salida de la cárcel con fianza de Rafael Vera, tuvieron lugar las comparecencias de Planchuelo, Álvarez, Sancristóbal y Damborenea —que declararon su presunta participación en los hechos—, así como las del propio Vera, el ministro Barrionuevo, Txiki Benegas, Narcís Serra y Felipe González, entre otros.

Ante esta situación y de acuerdo con la ley, elevé la correspondiente exposición razonada para que el TS, el 26 de julio de 1995, ante la existencia de indicios, datos y elementos que implicaban de forma directa y contrastada a personas aforadas —los cuatro últimos— decidiese lo que tuviera por conveniente para continuar la causa. Los hechos, a partir de ahí, se sucedieron y las pruebas se acumularon. El instructor del Supremo, Eduardo Móner, reprodujo lo ya existente. Al comienzo de su instrucción, tuve ocasión de saludar a Móner por mediación del presidente de la Sala, el magistrado Fernando Cotta Márquez de Prado, y darle mi impresión de los hechos. Le sugerí que tuviese cuidado porque no dudarían en ir contra él si tenían oportunidad, como lo habían intentado conmigo.

Barrionuevo, el PSOE y el suplicatorio de Felipe

Fue Planchuelo quien mencionó la existencia de cuatro GAL: el verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del Cesid, y el francés. También explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaban relacionadas. Barrionuevo era aforado y por tanto debía declarar ante el TS; para que así pudiera ser, era preciso realizar previamente el trámite de solicitar un suplicatorio ante el Congreso de los Diputados. A finales del mes de octubre de 1995, el instructor lo propuso a la Sala Segunda del TS, y esta acordó dirigir el pertinente suplicatorio al presidente del Congreso.

Aunque se hablaba del GAL como si fuese único, lo cierto es que en 1995 se suponía que había varios grupos policiales distintos que practicaban la guerra sucia. Como recoge Oroz en esta viñeta, el verde pertenecía a la Guardia Civil (por el color de su uniforme), el francés no necesita explicación, el azul era el de la Policía y el marrón… era el de la porquería que le caía encima al aparato del Estado a causa de los GAL. Así lo declaró judicialmente Miguel Planchuelo, uno de los condenados por el caso Marey.

En el PSOE estaban enormemente preocupados con este asunto y muy pendientes de los acontecimientos. Hace muy poco, he sabido el terremoto que supuso el asunto del suplicatorio. Y todo se debió a una charla de café.

La cafetería Riofrío era un clásico para el eje AN, TS y CGPJ por su cercanía a las respectivas sedes de estos organismos. Uno de esos lugares en los que siempre podías encontrar jueces, fiscales y abogados, sobre todo a la hora del desayuno. Una mañana, en Riofrío, me encontré con el diputado socialista Manuel de la Rocha. Teníamos buena amistad desde mi reducida época política. Nos saludamos, nos abrazamos y lo cierto es que no recuerdo si hablamos del tema. Siempre he procurado ser muy discreto con los casos. Pero, por lo visto, Manolo salió de allí con la conclusión de que yo no iba a mandar al TS una posible preimputación de Felipe González, entonces presidente del Gobierno.

De la Rocha se creyó en la obligación de transmitir esa impresión a la dirección del partido o al Gobierno, y unos días después se lo comentó a Rosa Conde, a la sazón portavoz del Ejecutivo. Le dijo que había estado conmigo, que nos habíamos encontrado casualmente en la cafetería Riofrío y que en una breve conversación había sacado la impresión de que el TS no iba a tramitar el suplicatorio contra González. Esa preocupación se acentuaba por el continuo martilleo de los medios de comunicación en ese sentido.

En octubre de ese mismo año, tras haber elevado el caso GAL al TS, el juez instructor en ese alto tribunal, Eduardo Móner, instó a la Sala Segunda para que tramitara el suplicatorio de José Barrionuevo, obviando a Felipe González.

Por lo que me han contado, días después tuvo lugar una reunión del grupo parlamentario socialista para decidir si se iba a votar a favor o en contra del suplicatorio, un trámite que debe realizar el pleno de la Cámara. En esa reunión del grupo, muy masiva dada la trascendencia del tema, Manuel de la Rocha defendió que el grupo socialista votase a favor del suplicatorio, en la idea de que Barrionuevo podría defenderse, pero sobre todo apuntando a la gravedad de lo que significaban los GAL, a que se hablaba ya de terrorismo de Estado y porque era evidente que se había producido una lucha ilegal contra el terrorismo que había que abordar. De la Rocha consideraba que eso quedaría para la memoria de los socialistas y su lucha por la democracia.

Aquí debo decir que siempre he admirado a Manolo. Un excelente jurista, una persona comprometida y un político que mantiene sus convicciones contra viento y marea. Desde Izquierda Socialista, la corriente más crítica dentro del PSOE, no ha tenido inconveniente nunca en enfrentarse a la visión oficial cuando lo ha considerado necesario. Es el tipo de político con el que me puedo identificar.

Hubo un debate muy duro. Intervinieron en contra tres diputados, con el argumento de que todo era un montaje contra el PSOE, contra los socialistas, contra el Gobierno socialista, en una actitud que se podría definir, por lo que me relataron, de defensa numantina. Barrionuevo pidió entonces la palabra y, dirigiéndose a su compañero Manuel de la Rocha, le espetó: «Tú lo que tienes que explicar son tus reuniones y tus conversaciones con Baltasar Garzón». Me cuentan que el interpelado explicó brevísimamente lo que había ocurrido. Y que se palpaba una tremenda beligerancia de Barrionuevo hacia Manolo. Sin duda, alguien había informado al antiguo exministro del Interior de su charla con Rosa Conde.

Hasta donde sé, ahí dejaron de ser amigos, si bien creo que nunca lo fueron en exceso. En aquel foro se acordó finalmente dar libertad de decisión y, cuando se votó el suplicatorio en el pleno del Congreso, la mayoría de los diputados socialistas lo hizo a favor.

Recuerdo también que otra diputada socialista, Dolores García Hierro, por su postura de firmeza en defensa de la legalidad y contra los GAL y su exigencia de justicia y respeto a la acción judicial, sufrió graves quebrantos por parte de ciertos miembros del partido de los más próximos a Barrionuevo y que habían tenido altas responsabilidades en la Comunidad de Madrid.

A partir de ahí se completó la instrucción en el Supremo y los cruces de acusaciones fueron constantes entre unos y otros. Recuerdo el careo, el 12 de junio de 1996, entre el exministro del Interior y el exdirector de la Guardia Civil. Roldán atribuyó a Barrionuevo el haber ordenado personalmente el secuestro de Segundo Marey. El exministro lo negó. Roldán declaró que, el 4 de diciembre de 1983, cuando se produjo el secuestro siendo él delegado del Gobierno en Navarra, fue advertido por el jefe superior de policía de Pamplona, Eduardo Couto, de que en el paso fronterizo de Dantzarinea se encontraba el policía José Amedo con tres personas —una de ellas era Segundo Marey— que pretendían pasar la frontera. Roldán telefoneó al entonces director general de Seguridad del Estado, Rafael Vera, quien le dijo que haría averiguaciones y que ya se pondría en contacto con él. Según Roldán, el entonces ministro Barrionuevo fue quien le llamó por teléfono para decirle que dejase pasar el coche en el que iba Segundo Marey, ya que era una operación que había ordenado él personalmente, y que se olvidara del asunto.

Durante mucho tiempo, a Felipe González se le consideró el tapón de los GAL y de toda la suciedad que supuso la guerra sucia contra el terrorismo. La frase «el Estado también se defiende en las cloacas» y la salvaguarda numantina de todos los implicados y luego condenados por participar en aquella barbarie sirvieron para que esa impresión se formara en torno al que fuera primer presidente socialista de la democracia española. En ambas viñetas, dibujadas por Oroz, se juega con la protección a Roldán, Barrionuevo, Galindo y los demás, mientras que la segunda hace además un juego de palabras entre los esfuerzos para borrar las huellas de los GAL y la cal viva que se empleó para borrar el rastro de los cuerpos de Lasa y Zabala, enterrados en Busot (Alicante).

En el juicio celebrado en octubre de 1997 ocurrió algo similar, pero quiero destacar que, durante su comparecencia, Felipe González mintió, al menos al referirse a mí y afirmar que habíamos hablado de los GAL y que yo le había pedido el indulto para Amedo y Domínguez. Como quedó muy claro en unas declaraciones mías en el Senado, siempre fui contrario al indulto y jamás le hablé al presidente González de algo diferente a la necesidad de combatir la corrupción, cosa que no hizo, y de cesar a Barrionuevo por sus responsabilidades políticas en el caso Roldán, a lo que me contestó: «No puedo, Baltasar». En ese «no puedo» debe de estar la razón por la cual se vio compelido a prestar servicio de apoyo, unas veces a modo de prólogo o epílogo de un libro y otras declarando en el Supremo. Pasó mucho tiempo sin que conversáramos en aquella época, creo que hasta 2003, pero incluso entonces no hablamos de aquello. En 2005, en cambio, González me dijo algo llamativo: «Tenías razón, Baltasar; te debí hacer caso cuando me advertiste sobre Belloch, me equivoqué». Reconocerlo tantos años después no está mal, pero sirve de poco.

La sentencia

La sentencia se dictó el 29 de julio de 1998 y el TS condenó por el secuestro de Segundo Marey a Barrionuevo, Vera y Sancristóbal a diez años de cárcel; a Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea a siete años; a los expolicías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los exagentes Juan Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses.

En uno de los votos particulares de la sentencia, firmado por José Jiménez Villarejo y Gregorio García Ancos, se pone en duda el uso de la prisión provisional y se sugiere que podría haberse utilizado para hacer que los procesados cambiaran de actitud procesal. Solo el desconocimiento y no haberse leído la causa puede justificar tal afirmación, que para nada se compadece con la realidad. En efecto, los policías Amedo y Domínguez estaban en tercer grado penitenciario cuando decidieron hablar; cuando comparecieron no cambié su situación de prisión porque no dependían de mí; la juez de vigilancia penitenciaria y la Audiencia Provincial de Madrid los excarcelaron por motivos de seguridad, con mi aprobación; García Damborenea estaba en libertad desde hacía meses cuando cambió sus declaraciones en julio; a Miguel Planchuelo y Julián Sancristóbal no les modifiqué la situación de prisión, sino que fue la Sala de lo Penal estimando un recurso en el que yo había mantenido la privación de libertad; los demás policías estaban libres. Entonces, ¿por qué dijeron lo contrario esos dos magistrados? No lo sé, lo cierto es que esta es la única realidad reflejada en la causa.

En igual sentido, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuestionó en parte mi imparcialidad objetiva, no tuvo en cuenta —porque nadie los alegó, pues el Estado español no me dejó hacerlo— varios hechos que desvelaban que la situación era exactamente la contraria.

El 14 de junio de 1996, el magistrado Gómez de Liaño rechazó la recusación presentada por Rafael Vera contra mí como instructor del sumario en el que le imputaba por el asesinato de Juan Carlos García Goena, el último de los ejecutados por los GAL. Además, Gómez de Liaño condenó a Vera a pagar las costas y una multa de cien mil pesetas (seiscientos euros) al estimar que actuó con mala fe. Recuperé así la instrucción del caso, si bien lo tendría que elevar al TS al haber indicios de delito de José Barrionuevo, exministro del Interior.

Los motivos aducidos por Vera los recogió, en un auto de veintiocho folios, Gómez de Liaño:

Aunque la recusación sea un derecho, por ser derecho, pero nada más, en este caso se declara expresamente que se ha ejercitado por el recusante con mala fe, como sinónima de abuso procesal. […] No ha consistido en causas específicas en la correcta relación procesal entre juez e imputado […] y, en lugar de desenvolverse en términos estrictamente legales, las tres [causas de la recusación], pese al disfraz con ropaje de legalidad, han formado parte de una estrategia de ruptura que además de dilatar y quebrar el ritmo del sumario, sin perder el sentido de acoso, lo que ha intentado es convertir al Magistrado Juez Instructor en enemigo de la causa y de alguno de los causantes.

Indica Gómez de Liaño que no excluye que el incidente de recusación, «al que se unen determinadas campañas de desprestigio contra el propio juez recusado, azuzadas en más de una y de dos ocasiones por personas sometidas al propio proceso», pretenda ocultar lo que de verdad debe preocupar: si mi quehacer era o no el correcto. Y especifica:

Si alguna apariencia trasciende [en el proceder de Garzón] esa es la de una firme voluntad judicial de no separarse del deber público de hacer imparcial justicia en un asunto en el que aquella [la justicia] requiere entrega, competencia y deseo de materializarse.

Vera había planteado la recusación por tres motivos: tener presentada una querella contra mí, enemistad manifiesta e interés en el proceso, lo que, a su entender, me impedía ser imparcial. Gómez de Liaño advertía que el caso García Goena se inició mucho antes de que Vera presentase la querella, que ni siquiera se admitió a trámite.

En cuanto a la acusación de que durante mi paso por la política obtuve información extraprocesal, subrayaba el colega:

La llamada del señor Vera a este sumario es consecuencia de las implicaciones que resultan en su contra a raíz de la declaración que Luis Roldán prestó ante el juez del TS Eduardo Móner el pasado 29 de mayo. […] Lo único que por ahora cabe pensar, según el auto, es que no es imaginable que durante su corta etapa en política el magistrado Baltasar Garzón hubiera podido recibir informaciones de contenido inculpatorio contra el recusante u otros imputados en la causa. Y no solo porque al parecer no las han encontrado personas con responsabilidades semejantes a las que tuvo el señor Vera, sino porque él mismo y personas próximas a él descartan que la perpetración de los hechos investigados y sus circunstancias obren en algún soporte documental.

Así, pues, concluía la resolución judicial, «tampoco esas argumentaciones del recusante son razones, ni en abstracto ni en concreto, para abrigar dudas acerca de la imparcialidad de la actuación de Baltasar Garzón en el proceso». Recojo estas palabras de Gómez de Liaño como especialmente significativas por todo cuanto aconteció después, cuando ocurrió el caso Sogecable y ya nada volvió a ser igual.

Tampoco el TEDH conoció toda la secuencia de ataques, descalificaciones, persecuciones, coacciones, entre las que destacó la interceptación de mis comunicaciones telefónicas durante todo el tiempo de instrucción de la última fase —es decir, entre diciembre de 1994 y julio del año siguiente—, hasta el punto de que el director general del Cesid me dirigió una carta asegurándome que los servicios de inteligencia no habían sido. Tampoco se dio entrada al testimonio de Antonio Asunción, quien, como ministro del Interior cuando fui secretario de Estado, afirmó paladinamente que yo no tuve ningún acceso a los fondos reservados.

La voluntad manipuladora continuó después de julio de 1995 en las diferentes causas de los GAL hasta la finalización de estas. Vendrían los papeles del Cesid, el conflicto de jurisdicción con el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, la dureza del CGPJ bajo la batuta de Pascual Sala, la falta de energía a la hora de amparar a los que estábamos investigando los GAL y que sufrimos un verdadero calvario en el que se concitaron muchos intereses cruzados del mundo de la política, de la inteligencia, de la banca, de los aparatos policiales frente a quienes solo estábamos cumpliendo con nuestro deber.

Esta viñeta de Gallego y Rey juega con tres conceptos muy entrelazados en la investigación de los casos de los GAL: esta organización en sí misma; la población de Galapagar, junto a cuyo término vivía Rafael Vera, persona clave en el manejo de los fondos reservados; y la exigencia de que debían «pagar» tanto económicamente, devolviéndolos, como penal y electoralmente. Y mientras tanto, un Felipe González que ya había sido penalizado en las urnas se veía perseguido en la escuela de verano que el PSOE organizaba en el municipio madrileño de Galapagar.

Añado la desclasificación de los llamados papeles del Cesid, la ausencia de importancia que el Supremo les dio en 1999 al rechazar la investigación de los mismos. Los GAL ya estaban amortizados y tan solo siguieron adelante las causas por los fondos reservados hasta la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2011. En ella se avaló la condena. El Constitucional recordaba en su sentencia que Vera también fue condenado a siete años de cárcel por apropiación de fondos reservados y señalaba la responsabilidad civil de devolver a la Administración del Estado la cantidad de 847.427,07 euros por el dinero que sustrajo para sí, y un total de 3.029.101,01 euros, en concepto de responsabilidad solidaria por el enriquecimiento de otros, acordando el comiso de dos fincas. Asimismo, los fondos sustraídos al erario público para Amedo y Domínguez, intervenidos por mí en Suiza, volvieron a las arcas del Tesoro público. No haber continuado, superando todas las dificultades, habría sido facilitar el silencio y la impunidad de quienes habían violentado severamente el Estado de derecho y, como decía el magistrado Siro García Pérez en el auto en el que se le fijó fianza a Rafael Vera en 1995, consentir un severo ataque al sistema constitucional.

Por su parte, el 26 de febrero de 1998 Roldán fue condenado por la AN a veintisiete años por los delitos de malversación, cohecho, estafa y falsificación contra la Hacienda pública. El TS elevó la pena a treinta y un años en diciembre de 1999. Once años después, en marzo de 2010, Roldán saldría de la prisión zaragozana de Zuera tras cumplir quince años de confinamiento.

Reflexión final

La seguridad del Estado no se consigue quebrantando la de los ciudadanos y ciudadanas ni transgrediendo la legalidad en aquellas zonas sensibles del mismo. El aprovechamiento de los fondos reservados y su desvío de la verdadera finalidad que la ley les asigna es no solo uno de los ejemplos más flagrantes de corrupción en el sector público, sino una de las evidencias más graves de que el concepto de Estado que defiendían estos ex altos responsables, y los que como ellos piensan, constituye un riesgo para la democracia y deben ser apartados de la función pública.

Debo reconocer que, en el ámbito penal, no hemos sido capaces de despejar la X de los GAL. Pero esto solo es verdad en apariencia, porque sí se ha logrado, con todas las dificultades y superando todos los obstáculos, que aquellas prácticas desaparecieran, de modo que una forma de actuar ilegalmente como aquella nunca más pueda asumirse como una posibilidad en la democracia española. La razón de Estado no puede amparar la comisión de hechos delictivos porque entonces actúa contra la esencia del mismo Estado, formada por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que lo integran.

2

Lucha sin cuartel contra el crimen organizado

A finales de 2015 se produjeron dos hechos relevantes que me sirven para arrancar este breve relato de lo que ha sido y sigue siendo mi firme compromiso en el combate contra el crimen organizado y contra una de sus específicas manifestaciones que, durante décadas, ha contaminado y contamina la práctica totalidad de las sociedades y frente a la cual seguimos sin hallar una solución viable y sostenible. Me refiero al mundo de las drogas y su incidencia en la sociedad y por ende en las relaciones humanas. Ambos acontecimientos afectan a dos de los ámbitos estelares en el modo de afrontar el combate de esta lacra.

El primero de ellos se concretó en la celebración de los veinte años del Projecte Home de Barcelona que creamos en 1995 con la recaudación del primer partido de fútbol benéfico entre el Barcelona y el Real Madrid, celebrado dos años antes. Esta iniciativa está integrada en la organización nacional Proyecto Hombre, que trabaja desde los años ochenta en España en el área de la prevención y recuperación de personas adictas al consumo de drogas y estupefacientes, y dedica su labor a que quienes acuden voluntariamente a la institución recompongan su vida desde el esfuerzo personal, social y familiar.

La penalización de los consumos declarándolos ilícitos, junto con la marginación de quienes soportan los efectos de los mismos en beneficio de las personas, corporaciones e instituciones que los generan, favorecen y aprovechan económicamente mediante la corrupción, el reciclaje y el blanqueo, constituye uno de los mayores fracasos de las estructuras de poder de las sociedades modernas. Es además una especie de círculo vicioso que, en vez de romperse, se retroalimenta y refuerza a través de políticas en las que bajo ningún concepto se opta por la liberalización, sino que se prefiere la represión a pesar de su fracaso consumado.

El segundo hecho fue la aprehensión, en diciembre de 2015, de casi tres mil kilos de cocaína. Esta acción recuerda en importancia aquella otra, realizada en 1999, en la que se intervinieron trece toneladas durante la Operación Temple, la más importante incautación de droga, no superada hasta la fecha en el curso de una sola intervención, en España. La Temple, cuya investigación dirigí, es el mayor golpe de la historia al tráfico de cocaína en Europa, así como un buen ejemplo de una de mis prioridades desde que en 1988 llegué a la Audiencia Nacional: la lucha contra la criminalidad organizada y, en especial, contra uno de sus instrumentos fundamentales, el tráfico de drogas.

En este sentido, he tratado de confrontar este fenómeno enmarcándolo como una actividad más de las organizaciones criminales que, a pesar de su especialización en la comercialización de determinados tipos de sustancias estupefacientes, no renunciaban —al modo de la Cosa Nostra— a ocupar diferentes esferas de poder, ya fuera este económico, financiero, político o social, y precisamente por ello, para dotar de sentido este combate, he tratado de apuntar siempre al corazón organizativo y económico de la trama.

Penetrar sus estructuras operativas y financieras, apuntar a los máximos responsables, obligarlos a cambiar sus métodos y suprimirles el manto de justificación social los hacía más visibles y, por tanto, más vulnerables a la acción policial y judicial. Todo ello utilizando los mecanismos que proporcionaba el ordenamiento jurídico interno e internacional, con estricto respeto a la legalidad. Es cierto que no siempre se han obtenido los mayores logros, pero sí los mejores, en el sentido de que, a lo largo de aquellos años, conseguimos instaurar y comenzar la consolidación de un sistema de investigación compacto que se ha situado entre los mejores del mundo.

A finales de los años ochenta, la expresión crimen organizado solo se conocía en España por su visualización cinematográfica en películas como El Padrino, de Francis Ford Coppola. Pero en el país comenzaban a instalarse organizaciones de todo tipo, a la vez que las nacionales estaban mutando de un ámbito como el del contrabando del tabaco o el estraperlo de la época franquista al mucho más lucrativo del tráfico de drogas. Las organizaciones turcas de la heroína, los carteles colombianos —liderados por Rodríguez Orejuela, los Ochoa, Rodríguez Gacha, Escobar…— y toda la pléyade de actores que irían apareciendo habían fijado sus miradas en España por su idónea situación geográfica como puerta de Europa y lugar de comercialización sin demasiados riesgos.

En nuestro país se pasó, en pocos años, de la distribución casi exclusiva de heroína y hachís a la estelar cocaína, con ingentes cantidades importadas especialmente por vía marítima y frente a las cuales ni las fuerzas policiales ni la justicia tenían los medios y los mecanismos adecuados para presentar batalla. Era urgente superar a esa realidad, así como imprescindible corregir la torpe negación política de este fenómeno, la cual llegaba a tal punto que la expresión crimen organizado no apareció en un programa electoral hasta 1993, y lo hizo en el PSOE, porque así lo reclamamos dos jueces, Ventura Pérez Mariño y yo mismo. A cambiar esa situación nos aplicamos un grupo de personas desde diferentes posiciones.

Previamente, en el ámbito de la investigación penal, la lucha contra lo imposible había comenzado con firmeza y decisión, aunque con incertidumbre en los resultados. Fueron esfuerzos compartidos y, frente a la indiferencia de muchos, había que arriesgarse; tomar la iniciativa frente al inmovilismo de la clase política, que era remisa a incorporar los mecanismos legales de investigación más avanzados en nuestro derecho, a pesar de que España había ratificado la Convención de Viena de 1988. Justo es reconocer aquí ese gran esfuerzo, en muchas ocasiones puramente voluntarista, pero fiel a la máxima gandhiana de que la voluntad de uno es la voluntad de todos.

En el ámbito de la investigación penal, habíamos comenzado a poner en marcha esa dinámica en los dos últimos años de la década. Fueron colosales los esfuerzos policiales, en la soledad de la tierra hostil gallega, de Enrique León en Vilagarcía de Arousa; o la armonía de los diferentes grupos de Estupefacientes al mando de Alberto García Parras; las operaciones encubiertas y la coordinación de acciones de Manuel Rodríguez Simons, Enrique León, José García Losada, José Enrique Rodríguez Ulla, Eloy Quirós, Juan Manuel Calleja y otros jefes de grupos y funcionarios del Servicio Central de Estupefacientes en Madrid; la firme decisión de responsables de la Guardia Civil como el coronel Ángel López o el capitán Julián Hernández del Barco por su firmeza en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción; la decisión de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en su conjunto, que se jugaron la vida en decenas de operaciones de abordaje en alta mar; el atrevimiento de los funcionarios de Hacienda que destriparon las finanzas de los narcos; el compromiso de los miembros de la Fiscalía Especial Antidroga, como Javier Zaragoza, Dolores Delgado, Pablo Contreras o José Antonio del Cerro, que propiciaron en España el cambio desde un ministerio fiscal poco activo a su liderazgo efectivo de las investigaciones.

Sigo con la decisión de jueces centrales, como Carlos Bueren o yo mismo, que asumimos el reto de hacer frente al crimen organizado; la sabiduría de fiscales territoriales como José María Mena en Barcelona, maestro de excelentes fiscales; el esfuerzo de Natalia Reus, letrada de la Administración de Justicia, que controlaba la gestión de forma muy efectiva; la imprescindibilidad de los funcionarios de los juzgados centrales, sobre todo los del Juzgado Central de Instrucción número 5, que siempre estuvieron dispuestos a dar, hasta la extenuación, todo por servir a la sociedad en tiempos complejos.

Añadiré la incorporación de otros jueces, como Santiago Pedraz o Fernando Andreu, que continuaron la estela con firmeza en la Audiencia Nacional; el empuje y voluntad del también juez José Antonio Vázquez Taín, quien tomó el relevo en Vilagarcía de Arousa, y de un largo etcétera. Entre todos conseguimos, en beneficio de la sociedad española, que se fueran cambiando los métodos de investigación incluso antes de que estuvieran previstos en la legislación interna y, a pesar de los tropiezos, pudimos avanzar hacia unas cotas de eficacia muy elevadas. Me siento orgulloso de aquella época y de todos los esfuerzos realizados, así como de la limpieza que se fue instalando en el actuar procesal. Fuimos capaces de hacer mucho con los pocos medios que teníamos.

Recuerdo, en esta línea, una anécdota que me llenó de orgullo. En noviembre de 1993, siendo secretario de Estado delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), tuve ocasión de acudir en representación de España a las instalaciones del Comando del Caribe de la Marina Estadounidense en Cayo Hueso (Florida). Después de explicar a la delegación —sobre un panel electrónico similar a los que aparecían en los lanzamientos desde Cabo Cañaveral— la ruta de los barcos con droga que estaban navegando en el Caribe, los dispositivos electrónicos que llevaban, la disposición de los controles aéreos y las aprehensiones de sustancias, el general al mando me preguntó cómo era posible que España, sin esas tecnologías y medios, fuese el país europeo en el que más y mejor se combatía el narcotráfico organizado.

Mi respuesta le sorprendió por su simpleza: «Con mucho esfuerzo, coordinación y aplicando todos los mecanismos legales que una interpretación amplia de la legalidad autoriza y sin provocación delictiva». Me pareció que esta última parte de mi respuesta no le gustó mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que en Washington nos habían llevado a presenciar dos operaciones policiales de detención de traficantes de droga que eran auténticas provocaciones delictivas, prohibidas por la ley española.

Los resultados comenzaron a llegar, y a consolidarse jurídicamente, con el reconocimiento posterior de los tribunales y del Tribunal Supremo.

No hubo facilidades. A pesar del clamor de la sociedad, escenificado en las voces rotas por los gritos pidiendo justicia de miles de madres de jóvenes adictos que cayeron fulminados por aquellos consumos sin condiciones sanitarias en calles y plazas, la única política que se aplicó fue la de invisibilizarlos en las principales vías de las ciudades o, si estaban en prisión, darles un kit sanitario y una botella de lejía para limpiar las jeringuillas cuando se inyectaban. Aun así, España, en donde nunca estuvo penado el consumo, no era de los peores países en este ámbito. La legislación que se elaboró a lo largo de la década de 1990 y la coordinación de las políticas territoriales en el ámbito de la rehabilitación y, poco a poco, en el de la prevención se fueron desarrollando hasta obtener uno de los marcos reguladores más completos del mundo. A pesar de las discrepancias políticas en nuestro país, el abordaje de la lucha contra las consecuencias de la droga ha sido prácticamente consensuado a través del PNSD.

Las investigaciones

A finales de 1980, las investigaciones sobre cualquier tipo de delito complejo no eran lideradas normalmente ni por jueces ni por fiscales. Eran los cuerpos de policía y Guardia Civil y, en escala menor, la policía autónoma del País Vasco, la Ertzaintza, los que determinaban cómo y cuándo se iniciaban. Al incorporarme a la Audiencia Nacional, vi claramente que este método no era aceptable y que el problema provenía de que las estructuras judiciales no estaban implicadas en su dirección, impulso y coordinación. El modelo italiano que tantos éxitos estaba produciendo desde hacía años, con jueces y fiscales como Caponnetto, Falcone, Borsellino, Di Pietro, Colombo, Spataro, D’Ambrosio y otros muchos, era envidiable.

Solo a través de algunas comisiones rogatorias lograba saber qué acontecía en otros países, ya fuese en Italia, Estados Unidos —allí los fiscales Richard A. Martin y Louis Free (después elegido director del FBI con Bill Clinton, y con el que tuve ocasión de trabajar estrechamente, al igual que con los fiscales de Nueva York que investigaban las redes mafiosas, en casos relacionados con el blanqueo de dinero) llevaban la investigación en el caso Pizza Connection— o Colombia, donde los «jueces sin rostro» —así llamados porque se ocultaba su identidad para protegerlos de los ataques de los narcos— combatían específicamente la violencia desplegada por el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

Sentía una envidia sana, los veía como un ejemplo a seguir en España. Durante mis años como magistrado juez en Almería y como inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial para los tribunales de Andalucía, había tenido ocasión de comprobar la fuerza de penetración de la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana y la ’Ndrangheta calabresa no solo en el tráfico de drogas, sino también en la explotación de negocios lícitos e ilícitos (restaurantes, pizzerías, inversiones inmobiliarias, compras de terrenos en zonas turísticas, clubes de alterne, prostitución, asesinatos en ajustes de cuentas, etcétera). Y especialmente en lo que sería una constante desde entonces hasta ahora, el blanqueo de fondos procedentes de actividades ilícitas, con la agravante de que en aquellos tiempos no estaba aún tipificado el delito de blanqueo de capitales (se introdujo en diciembre de 1992 y se amplió en 1995), cuya ley de prevención se aprobó en diciembre de 1993. En aquella época, los jueces teníamos que lidiar con la figura de la receptación.

La posición en la Audiencia Nacional, con competencia en todo el territorio nacional, era inmejorable para visualizar el vasto panorama delictivo, ya fuera local o foráneo, especialmente por las competencias propias del puesto, entre las que se incluían el terrorismo, el crimen organizado (aunque aún no se le diera este nombre) y, dentro de este último, la delincuencia económica de alto standing (casos Rumasa y Fidecaya, bancos en crisis, colza, grandes estafas). También el tráfico de drogas siempre que afectara a más de una provincia, los delitos cometidos por españoles fuera del país o por extranjeros en territorio español (un hecho que se concretaba en la acción de las diferentes organizaciones que, ante la ausencia de una legislación adecuada, vieron a España como un objetivo ideal para sus actividades delictivas). O las extradiciones, con las cuales teníamos acceso a los grandes criminales que se habían refugiado en nuestro país, desde oligarcas del Este —especialmente tras la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989— y «hombres de negocios» italianos de los clanes Santapaola, Don Peppino o Di Giovine hasta delincuentes turcos, colombianos, mexicanos, ingleses, norteamericanos o de cualquier otra nacionalidad igualmente buscados por la Interpol.

En definitiva, está claro que la posición como titular de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional era una posición idónea para trabajar desde la Justicia, si se quería, con esmero y dedicación a favor de una sociedad que comenzaba a sentir el peso del crimen en su economía y en sus vidas. Asimismo, las primeras estructuras de coordinación de inteligencia en materia de narcotráfico se introdujeron en España a finales de 1993 y en los primeros meses del año siguiente. Respecto de estas leyes y reformas, tuve la oportunidad de participar en su preparación y elaboración, tras ser nombrado secretario de Estado delegado del Gobierno para el PNSD, y también en su aprobación —por ser diputado— durante la legislatura que comenzó en el verano de 1993.

Quizá la falta de visión o de compromiso más general, tanto política como judicialmente, hizo que hasta años después no fuéramos lo suficientemente ágiles para atajar algunos fenómenos como el de la corrupción. Las acciones aisladas que se pusieron en práctica no resultaron suficientes y los intentos por formar un grupo compacto de investigadores que lo lograran no llegaron a ser definitivos hasta más tarde. Como ya he dicho, en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo procedente del mismo sí conseguimos importantes éxitos y, sobre todo, pusimos en la agenda una realidad que hasta hacía bien poco se orillaba o incluso se ocultaba de forma consciente.

Para dar una idea aproximada de la envergadura del problema, basta con algunos datos estadísticos policiales de 1994. Ese año, se investigó en España a ciento noventa y siete grupos organizados dedicados a esta ilícita actividad, de los cuales casi el sesenta por ciento estaban formados por personas de diversas nacionalidades. De este total, sesenta y cuatro grupos utilizaron empresas legales para desarrollar sus actividades de blanqueo, un cuarenta y dos por ciento actuaba desde el pilar de la violencia y otro porcentaje similar trató de tener incidencia en las instituciones públicas.

A estos datos se sumaba el elevado número de ciudadanos españoles fallecidos por sobredosis de heroína: en 1992 hubo 809, según datos policiales de seis ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza), una cifra que pasó a ser de 642, 579, 773 y 504 en los cuatro años siguientes, respectivamente. Al mismo tiempo, la incidencia del sida era también alarmante y se llegaron a alcanzar los 24.772 casos en 1995.

Las cifras dejaban ver que nos enfrentábamos a una realidad delictiva que afectaba a la economía y al desarrollo de los circuitos lícitos por los que debe discurrir esta, debido a las distorsiones que producen las actividades delictivas, pero que, sobre todo, se había convertido en un problema social y humano de gran magnitud. La destrucción física y psicológica derivada de las adicciones era una realidad que reclamaba la profunda reflexión institucional que, hasta entonces, no se había hecho para afrontarla. Esta reflexión se llevó a cabo a partir de 1988 cuando se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, el instrumento internacional esencial para avanzar en este campo. Una vez ratificada, la Convención hizo posible la aplicación en España de normas y métodos que aún no estaban incluidos en su ordenamiento jurídico y que se planteara la urgencia de unas políticas más integrales y coordinadas.

En el ámbito internacional acontecieron hechos que me impactaron en lo personal de forma profunda. Desde años atrás seguía al detalle las investigaciones del juez Giovanni Falcone y del pool antimafia de Sicilia. Cada éxito lo tomaba como propio y cada golpe lo sufría de igual modo: sin conocerlos, admiraba a los fiscales y jueces italianos que abanderaban con riesgo personal sus investigaciones. No puedo ocultar que este es el modelo que siempre seguí en mi actividad procesal en materia penal como juez. La inmediatez en la dirección y coordinación de las investigaciones me parecía que, aparte de ser lo que decía la ley, era la única forma posible para culminar con éxito cualquiera de ellas si partimos de la base de que, desde el comienzo, el juez está pensando en cómo hacer las cosas y las diligencias probatorias, con la certeza de que serán otros los que valoren, validen o impugnen ese trabajo. Las pruebas serán valoradas en el juicio oral, por lo que siempre habrá que actuar con la vista puesta en ese momento culminante del proceso penal. Siempre lo he creído así y siempre he procurado cumplir esa máxima. Quizá por ello, los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino, en mayo y julio de 1992, respectivamente, impactaron de forma decisiva en mi trayectoria. Había que continuar la estela de los mismos, máxime después de haber asistido en Palermo al impresionante entierro de Falcone, entre más de un millón de personas que le daban su adiós llorando sin disimulo. Todos lo hicimos y, al menos yo, me propuse continuar esa línea de cooperación que habíamos comenzado a trazar con los jueces italianos antimafia, extendiéndola al combate del terrorismo y la corrupción.

Los inicios

En el capítulo anterior relaté cómo fue mi llegada a la Audiencia Nacional en febrero de 1988 y cómo me encontré de repente con toda una pléyade de casos entre los que destacaban el de los GAL (Amedo y Domínguez), varios de ETA, grandes estafas —como las de las Cajas de Crédito andaluzas— y un enorme atentado, en noviembre de ese mismo año, contra la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. En este contexto, las investigaciones propias sobre tráfico de drogas no existían en los juzgados centrales. De hecho, todos los casos llegaban instruidos o «destruidos» desde otros juzgados. Las diligencias practicadas carecían, en su gran mayoría, de una coherencia mínima. Parecía que, sabiendo que serían competencia de la Audiencia Nacional, no se ponía el celo habitual. Por otra parte, la vis atractiva de aquella tampoco existía. La técnica de echar balones fuera y no trabajar demasiado era la norma.

Este tribunal se veía desde prácticamente todos los ámbitos de la Justicia española como un ente extraño, que no tenía relación con ningún otro y que estaba en tierra de nadie. Sin serlo, los que estábamos en provincias y éramos jóvenes veíamos la Audiencia Nacional como una especie de réplica del Tribunal Supremo «habitado» solo por jueces mayores. De hecho, en esa época fue cuando comenzó el rejuvenecimiento del tribunal y de la Fiscalía Especial Antidroga, creada en 1988 (Javier Zaragoza y yo llegamos al tiempo y ambos teníamos treinta y tres años de edad; Carlos Bueren e Ismael Moreno, alguno más).

Desde mi llegada me enfrenté al decano Carlos Dívar por instaurar la investigación proactiva como lo había hecho en mis destinos anteriores: un juzgado central debía ser mucho más activo, para dar sentido a un tribunal de competencia nacional y en el que se llevaban casos internacionales. Tener un mastodonte como la Audiencia Nacional solo para juzgar casos de ETA, casi siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior, era una aberración inaceptable. Esa situación de hecho debía cambiar y, además, había que eliminar la teoría extendida de que era una continuación del Tribunal de Orden Público y por ende, como postulaba ETA, un Tribunal de Excepción. El potencial de la Audiencia era impresionante y resultaba incomprensible cómo no se había desarrollado más en los doce años que llevaba funcionando. La investigación del narcotráfico, como habíamos hecho en los casos de terrorismo, era idónea para potenciar este órgano judicial y ubicarlo en el lugar que le correspondía. Las normas que regulaban la competencia de la Audiencia Nacional (artículo 65 en relación con el 23 y el 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) otorgaban un ámbito amplísimo si se disponía de la voluntad y la energía para desarrollarlo.

En aquella época las organizaciones criminales estaban especializadas por sustancias. Quienes se dedicaban al tráfico de hachís no manejaban la heroína, y los que comerciaban con esta última normalmente no lo hacían con la cocaína. Después se fueron enredando unas con otras, a lo que curiosamente contribuimos, sin quererlo, al juntar en los centros penitenciarios a los responsables encarcelados de unos y otros grupos, que extendieron así su conocimiento y radio de acción. También nos tuvimos que enfrentar a estas metástasis como a la corrupción y los excesos que en algún momento se produjeron en otros ámbitos, por ejemplo en el caso Ucifa (Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga, el grupo de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico). Cuando pinchamos en el corazón del crimen organizado, la ponzoña se extendió y solo la acción sostenida y apegada a la legalidad recondujo una situación que hubiera degenerado hasta unos límites corruptores difíciles de contrarrestar.

Las organizaciones turcas

A lo largo de 1989 y 1990 se establecieron en España, especialmente en la Costa del Sol y en Madrid, varias organizaciones formadas por personas de nacionalidad turca cuyo objetivo principal era consolidar una estructura permanente en España que facilitara la entrada y distribución de grandes cantidades de heroína. Para ello, los más importantes clanes del narcotráfico turco desplazaron hasta nuestro país un conjunto de personas que cubrían toda la cadena, desde el cultivo de la amapola en la frontera del Kurdistán (familia Kormaz), el transporte en grandes tráileres, el almacenaje en casas y negocios estables a nombre de testaferros con documentaciones falsas, cambios permanentes de identidad, comunicaciones seguras y unas estructuras piramidales muy cerradas y con manejo de grandes cantidades de dinero y fácil distribución de heroína, a bajo precio pero de buena calidad, con lo cual liquidaban el mercado y la competencia.

La máxima responsabilidad en esa época estaba en manos de la familia Capam, relacionada con la organización de Sanaa Tareck, para quien trabajaba a su vez un tal Pier Angelo Lavizzari. Este último se convirtió, a raíz de su detención, en un colaborador de la policía, a la que se le escapó en plena Gran Vía madrileña, en una operación encubierta para la que no tenían autorización y cuya captura, después de huir de España y superar un tiroteo que casi acaba con su vida, tuvo lugar años después en Holanda, siendo reingresado, juzgado y condenado en nuestro país, no sin antes haber desvelado importantes conexiones de las diferentes organizaciones en España y Europa.

En aquella época estaba radicado en España lo más granado de las «mafias turcas» y, en particular, los que entonces estaban catalogados policialmente como algunos de los principales capos de todas las estructuras acumuladas: Avni Musullulu, Yakup Yilmazok, Ekrem Hut, Ismail Kismaz, Hassam Geyk y Naci Karakutuk, entre otros. Gracias a la larga acción coordinada de la policía, la Guardia Civil, la Fiscalía y el Juzgado Central 5, se desarticularon diez grupos criminales y se avanzó sustancialmente en la persecución del tráfico de heroína. Cuando comencé la investigación era el mes de enero de 1989, y procesé a cuarenta y cinco de los máximos responsables de estas tramas en abril de 1991. No obstante, las organizaciones continuaron su actividad, con ajustes de cuentas incluidos, la eliminación de algunos de sus miembros a los que consideraban colaboradores de la policía y sumando a su nómina nuevos objetivos. En aquellos tiempos, la policía me advirtió de que estas organizaciones eran sumamente violentas, pero era un riesgo que teníamos que asumir, cada uno en el papel que nos había tocado desempeñar. Las amenazas de muerte y la intención de eliminarme vinieron después. Era consciente de estar en el punto de mira, pero era el trabajo que había querido hacer y la confrontación no había hecho más que comenzar.

La dura realidad

Al profundizar en los entresijos de las organizaciones turcas de la heroína y, a la vez, en la investigación de las organizaciones gallegas y colombianas de la cocaína, me di cuenta de que la situación en España comenzaba a ser preocupante. Policialmente estaban claros la existencia y el modus operandi de estas organizaciones, pero judicialmente se seguía enfocando el fenómeno de forma aislada. Era como si por decisión oficial estableciéramos que la mitad de una organización se investigaba y la otra no. Esto no era lógico y además no producía un resultado satisfactorio. Tardaría poco en comenzar el debate entre la bondad o la perniciosidad de los llamados macrojuicios y la mejor manera de abordar estos casos. No se quería seguir el precedente del maxiproceso en Italia contra la mafia, pero lo cierto es que, si los componentes de los grupos eran numerosos y no se podía prescindir de ello, cortar a un determinado nivel la investigación podía comportar la impunidad para el resto de la trama y dejar sus estructuras funcionando para que, en poco tiempo, pudieran regenerarse y seguir la actividad delictiva. Esta retroalimentación entre acción delictiva y sanción legal limitada, sin llegar al fondo de la estructura criminal, se repetía en otros ámbitos, como en el del terrorismo, y tenía acérrimos defensores, especialmente en la Audiencia Nacional.

El problema de esta visión es que nunca se avanzaría eficazmente para enfrentar el crimen organizado. Por ello tuve que tomar una decisión entre ignorar la realidad y continuar el ritmo cansino de detenciones de los que transportaban los productos o subir más escalones hasta escalar los primeros anillos de la pirámide dentro y especialmente fuera de España. Si la organización era internacional, había que abordarla con medidas equivalentes que afectaran a su núcleo dirigente, a través de las correspondientes comisiones rogatorias, órdenes de detención y la cooperación judicial necesaria entre los diferentes órganos judiciales y policiales de los países afectados por las investigaciones. El instrumento de la cooperación jurídica internacional estaba ahí y se estaba enmoheciendo de no usarlo.

Hubo un antes y un después. Un punto en el que éramos conscientes de que debía perseguirse a los grandes, a los que realmente sacaban beneficios de un tráfico dañino y criminal. La época en que los consumidores, enfermos por su adicción, eran los encarcelados debía superarse. Criminalizar a quienes delinquían drogoinducidos a consecuencia de sus adicciones no hacía nada más que agravar el problema. Eran fáciles de condenar y se les mandaba a prisión mecánicamente, sin demasiadas posibilidades de reincorporación a la sociedad. Triplemente victimizados, por los narcos, por la sociedad y por la justicia.

La droga comenzaba a tener un efecto directo en la seguridad ciudadana. Los jóvenes buscaban desesperadamente los medios para la obtención de la dosis, siendo el atajo más corto para conseguirlo el del robo navaja o jeringuilla en mano. Esto se reproducía en las calles de las ciudades de toda España.

Fue en ese tiempo en el que se comenzó a asumir que nos enfrentábamos a un fenómeno de corresponsabilidad, de modo que la culpa no era de unos simples colgados, sino de toda la sociedad como tal y, por tanto, esta en su conjunto era la que debía reaccionar.

Mujeres como Carmen Avendaño, Carmen Durán y otras tantas valientes y combativas daban la cara más que las propias instituciones frente a este problema.

El contrabando en Galicia

En los orígenes, allá por los años sesenta y setenta del siglo XX, en la Galicia más deprimida unos se dedicaron al marisqueo furtivo y otros al contrabando menor, en el que el tabaco se hizo el rey. Todos los contrabandistas crecieron en dinero y relaciones inconfesables, siempre de la mano del contrabando de tabaco que practicaron a escala creciente hasta que descubrieron que, utilizando las mismas rutas, era mucho más rentable mover droga, una auténtica mina de oro.

Al principio el contrabando de tabaco era el modus vivendi de un gran número de familias, en especial las que tenían sus domicilios en las zonas costeras, con mil quinientos kilómetros de litoral muy difícil de controlar en su totalidad, debido a la cantidad de accidentes geográficos que facilitan la circulación de barcos y, sobre todo, la ocultación de las embarcaciones de escasa eslora. El contrabando era algo asumido y en cierto modo justificado socialmente, hasta el punto de que los hijos querían ser contrabandistas como lo eran sus padres.

Pero los beneficios que generó esta actividad, por lo menos a determinados niveles, fueron muy elevados y ello motivó una importante economía sumergida en las ciudades y pueblos del litoral gallego para los que participaban directamente y, al mismo tiempo, supuso poca riqueza para los ciudadanos, ya que el dinero obtenido de esta forma en escasas ocasiones revertía en industrias o en puestos de trabajo.

Enrique León, entonces comisario experto en la lucha contra el narcotráfico, me señala que este tipo de actividades alcanzó su máximo esplendor entre los años 1978 y 1982, porque al aprobarse la Constitución española, se estableció el principio de «seguridad jurídica» en virtud del cual solamente los tribunales de justicia y jueces podían imponer penas privativas de libertad. Esto trajo consigo un inusitado florecimiento del contrabando de tabaco, que hizo que un número considerable de personas se hiciesen con grandes fortunas, propiciando una situación socialmente incontrolable; los ciudadanos actuaban a plena luz del día, con cajas de cartón o maletines llenos de dinero, entregándolas a los contrabandistas para participar en el negocio, ¡¡en plena calle!!

Llegó un momento en que esta realidad fue tan patente que hería la sensibilidad de cualquiera, y llamó tanto la atención de las autoridades que en 1982 se aprobó la Ley Orgánica 7/82, de 13 de julio, en la que se tipificaba como delito la figura del contrabando a partir de una determinada cantidad y, por tanto, se castigaba con penas privativas de libertad.

Fin y principio

En el mes de julio de 1988, cuando yo estaba en plena actividad en el caso Amedo y Domínguez (GAL) —una semana después de haber decretado la prisión provisional sin fianza de los mismos por su participación en los atentados contra diversos miembros de ETA en los bares Batxoki de Bayona y Consolation de San Juan de Luz en Francia—, el fiscal de la Audiencia Nacional, Manuel Villanueva, pedía penas de entre cinco y dieciséis años de prisión y multas que iban desde 3,7 a 206.000 millones para doce personas, los presuntos dirigentes de la mafia del contrabando de tabaco rubio en Galicia. Las operaciones de los tres grupos desarticulados superaban los cien mil millones de pesetas (unos seiscientos millones de euros) y se extendían al periodo de tiempo comprendido entre febrero de 1983 y principios de 1984. Las organizaciones dedicadas al contrabando de tabaco recibían la mercancía desde buques mercantes que se aproximaban a las costas españolas, donde el tabaco era transbordado a embarcaciones de menor porte y, finalmente, desde estas a planeadoras que se utilizaban para llevar los alijos hasta enclaves idóneos de la ría. Desde allí se transportaban a almacenes donde eran adquiridos por una red de mediadores que distribuían el tabaco por toda la península.

Este fue el último gran sumario sobre contrabando referido a Galicia, cuyos actores en esos últimos años de la década pasaron a integrar, en muchos casos, la candidatura a las investigaciones que ya iniciábamos sobre el tráfico de hachís y de cocaína. En este último procedimiento se llegó a procesar hasta a noventa y una personas como integrantes de tres grandes organizaciones. Nombres como los de Marcial Dorado Baúlde, Juan Manuel Lorenzo Lorenzo, José Luis Hermida Paz, Manuel Durán Somoza, Ramiro Martínez Señorans, Olegario Falcón Piñeiro y José Ramón Prado Bugallo (alias Sito Miñanco) aparecerían después, sin solución de continuidad, como importantes capos del narcotráfico.

En esta «reconversión» influyeron diversos factores. En primer lugar, que toda la infraestructura de transporte marítimo (barcos nodriza, lanchas planeadoras, lanzaderas, «cabezonas», etcétera) que había sido utilizada en el contrabando de tabaco estaba intacta y en disposición de ser utilizada de nuevo, como ocurrió, de hecho, para el tráfico de hachís desde las costas de África hasta las costas gallegas. Creo que en esto influyó que las penas privativas de libertad establecidas para el contrabando de tabaco eran bastante similares en extensión a las que el Código Penal establecía para el tráfico de hachís, lo cual hizo pensar a algunos de los contrabandistas de tabaco que, si se dedicaban a comerciar con esta sustancia, el beneficio económico superaría ampliamente al que ya obtenían y, en el caso de que fuesen detenidos, las penas no serían muy superiores.

Eran los mismos recursos, los mismos espacios, los mismos medios y las mismas personas que se habían dedicado al tabaco y luego al hachís, pasando después a la cocaína. Aunque en este último caso, los implicados, quizá como un mecanismo de autoprotección, insistían en que ellos no traficaban con cocaína, porque eso era droga. Es decir, la evolución del tabaco al hachís fue natural, sin ningún reparo, y el salto a la cocaína costó algo más, pero era cuestión de cifras, inversión no muy gravosa, beneficios mucho más contundentes que con anteriores actividades y con el mismo esfuerzo. Solo que las consecuencias fueron diferentes.

El salto cualitativo

Así las cosas, ya al final de la década de 1980 se produjo el verdadero salto cualitativo a la cocaína; en este salto también influyó el hecho de que los carteles sudamericanos empezaron a encontrar grandes dificultades para abastecer el mercado estadounidense, debido a la presión policial en aquel país, y a que ese mercado empezó a mostrar síntomas de saturación; ante esto, los carteles decidieron abrir el mercado europeo y para ello hicieron un estudio a través del cual llegaron a la conclusión de que una de las formas más factibles de introducirse en Europa podría ser a través de las costas gallegas, por dos motivos principales: uno, la identidad de idiomas, y otro, la existencia de aquella infraestructura marítima que permanecía prácticamente intacta.

A partir de entonces empezaron las relaciones entre carteles colombianos y algunos contrabandistas gallegos, y de esta manera comenzó una época compleja, a la que se hizo frente con los instrumentos de los que se disponía, con una voluntad férrea de no permitir que el crimen organizado fagocitara a la sociedad, impregnándola de miedo y coacción por su acción sostenida. Se trataba de no permitir que España se «sicilializara» y, especialmente, aquella parte del territorio nacional (Galicia) que era la más proclive a ello por la incidencia previa de la actividad organizada del contrabando.

En ese contexto la reflexión inicial no podía ser otra que la de abordar el fenómeno en su más amplia dimensión. Se trataba de huir de los planteamientos locales y cicateros en la investigación y plantar la acción de las instituciones a un nivel de complejidad semejante. Así, si el problema de la droga era un problema transnacional, de esta manera había que enfrentarlo, y para ello era necesario activar todos los nuevos mecanismos que iban apareciendo.

La naturaleza compleja de estos delitos nos marcaba la ruta a seguir. No podíamos llegar solo a la parte final de distribución o «menudeo», sino que había que actuar por elevación; no podíamos quedarnos solo en el transporte, sino que había que llegar a las organizaciones que cultivaban, elaboraban y expendían las sustancias ya elaboradas; no podíamos quedarnos en la detención de los transportistas y distribuidores, sino que había que llegar a los organizadores e inductores y, sobre todo, a los que movían el dinero y a los blanqueadores.

El tráfico de drogas nunca ha tenido más ideología que la de obtener pingües beneficios de forma segura y rápida. Coyunturalmente ha podido servir de medio para otras actividades delictivas como la terrorista, pero siempre con una finalidad lucrativa. Por tanto, la línea de actuación estaba clara para mí y para aquel pequeño grupo de policías, fiscales y jueces que nos habíamos propuesto asumir el desafío del crimen organizado en España.

El primer caso

En 1989 investigué mi primer caso de tráfico de cocaína en Galicia. Se refería a la importación de un alijo de quinientos kilos de esa sustancia que había sido transportado a España por una organización liderada por Antolín Fernández Pajuelo, Fernando Gil Martín y seis personas más. Este caso tuvo una especial relevancia por la violencia que exhibían los dos líderes de la trama, que nunca encajaron la detención y la condena posterior. El primero, que estuvo bastante tiempo oculto en Portugal, fue quien en 1995 planeó colocar una carga de explosivos en los bajos de la casa en la que veraneaba con mi familia en la parroquia de Amorín, del concello de Tomiño, junto a la ribera del río Miño. La información facilitada por un interno en una prisión de Portugal, con quien había contactado Carmen Avendaño, hizo que desistiéramos de ir a esa pequeña aldea en la que dejamos excelentes amigos. Poner en peligro a toda la vecindad era un coste demasiado alto. El segundo, Gil Martín, además de ser condenado por tráfico de drogas, lo sería también por el asesinato de su lugarteniente en un ajuste de cuentas a causa de una infidelidad.

El primer arrepentido

Al iniciar ese planteamiento de actuación, la evaluación que hicimos nos otorgaba pocas posibilidades de éxito. De una parte estaban las organizaciones criminales mutantes y evolucionadas, con el refuerzo internacional de los grandes grupos criminales del tráfico de estupefacientes, permeadas en muchos casos con elementos de diferentes nacionalidades, y de otra, un grupo de voluntariosos funcionarios que carecían de los medios mínimos para la ingente labor que se iniciaba. Pero como en todos los ámbitos de la vida, en este también hubo un mecanismo de penetración. Quizá no fue el más idóneo, pero no podíamos permitirnos el lujo de prescindir de cualquier medio o posibilidad. El aprovechamiento debía ser integral y progresivo. En nuestro caso fue el empleo como medio de investigación de los «arrepentidos», al estilo de los pentiti en Italia. (El paradigma italiano había sido Tommaso Buscetta ante los jueces Falcone y Paolo Borsellino, en la formación del maxiproceso contra la Cosa Nostra, con más de trescientos cincuenta procesados y el juicio sobre la llamada Pizza Connection, un entramado dedicado al tráfico de drogas de 1.650.000 dólares en el que se usaban pizzerías como puntos para la distribución de heroína desde 1975 a 1984, y que concluyó en Nueva York en 1987. Uno de los principales implicados, el jefe mafioso Gaetano Badalamenti, fue detenido en España en 1984 y extraditado a Estados Unidos.)

Curiosamente, la primera declaración que hizo Ricardo Portabales, el primer arrepentido en España, fue ante el juez Luciano Varela en Galicia, pero este, más allá de tomar la primera declaración, se limitó a remitir el procedimiento a la Audiencia Nacional. El juez Varela, que veinte años después, en 2010, instruiría el incomprensible proceso contra mí por la investigación de los crímenes franquistas, que acabó con mi absolución, pero con todo el daño producido, era el colega que en sus clases universitarias decía, refiriéndose a mí: «Dios nació dos veces, una en Belén y la otra en Torres, Jaén». Mucho ingenio lenguaraz, pero poca visión de lo que debía ser una investigación penal. Era claro que tampoco quería complicarse la vida con un asunto de esta envergadura.

Corría el año 1989 cuando el procedimiento llegó a la primera planta de la calle García Gutiérrez, sede del Juzgado Central Decano, y después de incoarlo, Carlos Bueren se inhibió a favor del Juzgado Central 5, del que yo era titular.

El primer problema que nos encontramos el fiscal Zaragoza y yo, al abordar este caso, fue la ausencia de regulación de este medio de investigación en el derecho español. Desde entonces hasta ahora no se ha optado por regular la figura de los arrepentidos por las aristas que presenta, con lo cual, de alguna forma, siempre hemos actuado en la cuerda floja, dependiendo, por una parte, de la interpretación de cada tribunal y, por otra, de la voluntad de quienes en un momento determinado pueden prestar su colaboración con la justicia, pero después dejan de hacerlo o, incluso, se revuelven contra los investigadores, desdiciéndose de sus previas declaraciones por motivos no siempre limpios. Pero, desde mi punto de vista, es un riesgo que hay que asumir, y en aquel momento era ineludible acudir a él como única vía de penetración en los entresijos de las organizaciones criminales.

Realmente, en aquella época y después, hubo muy malos pero también buenos «arrepentidos», en el sentido de que mantuvieron una línea de coherencia, sin modificar sus testimonios, según la influencia, el miedo o el interés, y facilitando importante información, evidencias y pruebas de las actividades delictivas en las que habían participado, a cambio, eso sí, de un trato penológico más favorable que en el ordenamiento jurídico español arbitrábamos a través de la atenuante de arrepentimiento o de colaboración específica en tráfico de drogas, terrorismo, corrupción u otros ámbitos. En cuanto a este mecanismo, como en otros que se iniciaron en aquella época y cuya regulación no existía, los tribunales, poco a poco, con altibajos, dudas, avances y retrocesos, han ido configurando una serie de requisitos para validar estos testimonios y fijar el alcance incriminatorio de las declaraciones de los coinvestigados, las retractaciones, los requisitos formales, etcétera, cuando se convierten en la prueba de cargo principal.

No ha sido una evolución pacífica y, desde luego, no ha estado exenta de dificultades porque, de asumir una u otra posición, la suerte de los procedimientos podía ser positiva o negativa. Por supuesto que las defensas de los afectados, como había ocurrido en los procesos contra la mafia, fueron visceralmente contrarias y, de alguna forma, a lo largo del tiempo han triunfado al exigirse cada vez más requisitos y condiciones a estos testimonios, hasta el punto de hacerlos casi inoperantes junto al hecho de la inexistencia de un programa eficaz de protección de testigos o arrepentidos. Aquí el Estado, desconociendo las órdenes judiciales, no diseñó —tampoco ahora— un programa consistente para la protección de quienes quieren prestar aquella colaboración, y esto ha dificultado el aprovechamiento de esas vías de investigación.

Parece claro que, cuando se pretende ascender en la pirámide de responsabilidad en el seno de una organización criminal, alcanzar los niveles más altos resulta cada vez más difícil, y por ello hay que desarrollar estrategias complejas que incluyan todas las posibilidades que ofrezca el sistema legal. En este sentido, el testimonio de un «arrepentido» supone un conjunto de actuaciones concatenadas, ninguna de las cuales puede fallar. Así, desde la declaración hasta que esta produce el efecto buscado en la organización o las personas identificadas como actores en la acción delictiva, hay todo un conjunto de actuaciones que armonizar.

En primer lugar, para evaluar la credibilidad del declarante se debe profundizar en las razones que le han llevado a esa posición, y, en este sentido, detectar si le guían fines altruistas, móviles de venganza, protagonismo o ánimo de colaboración con la justicia y su estabilidad psicológica; a continuación hay que comprobar, por los datos que va dando, cuál es su grado de conocimiento sobre aquello de lo que está hablando. Es necesario saber si es testigo presencial o de referencia, si es partícipe o espectador; simultanear el testimonio con la comprobación de cada uno de los puntos a los que se ha referido y de los que se desprendan los indicios de criminalidad para aquellos identificados en las actuaciones; evaluar el grado de verosimilitud de sus aportaciones; analizar los intereses cruzados y la incidencia que hayan podido tener antes o después de su deposición. Desde el comienzo, por supuesto, se le deberá otorgar la protección que corresponda, pero desde la asunción de su propia responsabilidad y de la trascendencia de un acto como el que está protagonizando.

Fueron meses de extenuantes declaraciones con Ricardo Portabales y después con Manuel Fernández Padín, de personalidades radicalmente diferentes. Ambos arriesgaron todo lo que tenían y su propia seguridad y, a pesar del vértigo posterior sufrido por la incidencia de los medios de comunicación para que compartieran su experiencia y, en algún caso, buscando que los mismos sirvieran como ariete contra la instrucción, las aportaciones que hicieron, con todas las deficiencias, fueron importantes y marcaron el camino en otros casos. Así fue en el de Andy Iglesias en el caso Yomagate; el de Ramón María del Temple Llopis, en la Ucifa; Jaime González, alias el Manco de Bellavista, respecto de las redes criminales del tráfico de hachís en Andalucía, en la Operación Pitón; García Molinares, en el caso del Privilege, que merece un tratamiento aparte para poner de manifiesto la acción nociva de algunos elementos externos que, amparándose en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, favorecieron claramente a las tramas criminales organizadas, facilitándoles espacios, cobertura y coartadas, en algún caso llanamente delictivas, para hacer más asequible la impunidad. Este es el caldo de cultivo en el que se coció la investigación que dio lugar a la famosa Operación Nécora, realizada en el mes de junio de 1990.

Ricardo Portabales fue el arrepentido que primero metió la mano en el avispero del narcotráfico gallego. Tras recibir una paliza en la cárcel, decidió contar todo lo que había escuchado a los narcos que estaban allí presos. Cómo era la estructura, cómo se realizaban las transacciones, quiénes participaban, cómo eran las relaciones entre unas y otras organizaciones. La situación era tan extrema que primero ordené que se le hiciera un examen psicológico para descartar que fuera un loco en busca de celebridad. Era tan potente el relato que yo necesitaba tener un informe psiquiátrico para saber si Portabales tenía la cabeza en orden o no. A partir de ahí ordené a la policía que iniciara una investigación de cada uno de los puntos e informaciones ofrecidas por el «arrepentido» para contrastarlas y acreditarlas por otros medios de prueba diferentes a su propio testimonio. La avalancha de datos fue importante y se colmó con la presentación de diferentes informes policiales.

La Operación Nécora, el primer aviso

La primera gran investigación, en materia de tráfico de drogas, a la que me enfrenté tras mi llegada a la Audiencia Nacional fue la que policialmente se conoció como Operación Mago (el comisario Alberto García Parras le puso este nombre por el rey mago Baltasar) y popularmente como Operación Nécora.

La Operación Nécora fue la gran advertencia de lo que vendría después. El inicio de una acción sostenida en el tiempo para «asfixiar» en forma sistemática a las redes criminales que actuaban en la comunidad autónoma de Galicia en conexión con otras zonas de España y Latinoamérica. De hecho, esta fue la estrategia que se siguió en todas las comunidades autónomas españolas en las que había incidencia del crimen organizado. Habíamos iniciado una dinámica que, para producir los efectos deseados, debía mantenerse en el tiempo a todos los niveles.

Simultáneamente, iniciamos investigaciones específicas contra los diferentes miembros de las organizaciones investigadas (en la persona de sus máximos dirigentes) —que en ese momento estaban planeando una operación de importación de quinientos kilogramos de cocaína— para, una vez desarticulados los clanes principales, proceder contra las operaciones concretas que estaban llevando a cabo y las estructuras operativas de las mismas. Sabíamos que al finalizar la primera parte de la operación, que se extendería durante varios meses, no habría droga incautada.

El 12 de junio de 2015 se cumplieron veinticinco años de aquella acción conjunta contra el narcotráfico gallego. Pocas semanas antes de la fecha elegida, el fiscal Zaragoza y yo, junto con los mandos policiales correspondientes, ultimamos los preparativos para acometer el primer gran reto contra el narcotráfico organizado en España. Una investigación basada en las declaraciones de dos arrepentidos, Portabales y Fernández Padín, que eran la columna vertebral, propiciaba avanzar por una senda que a partir de ese momento ya no sería nunca igual. En el horizonte, veintidós nombres, todos ellos relacionados entre sí, familia, vecinos o socios. Respecto de todos ellos había que elaborar un plan que les sorprendiera, sin posibilidad de reaccionar. Asimismo, la reserva y el secreto eran esenciales y se habían mantenido durante los meses precedentes y hasta el mismo momento en el que se ordenaron las detenciones. Los funcionarios de policía fueron llevados hasta Santiago de Compostela sin saber cuál era su destino hasta la mitad del trayecto y, una vez en la comisaría de la capital gallega, quedaron boquiabiertos cuando vieron que, casi a las doce de la noche del 11 de junio, llegaba también la comisión judicial, integrada por el secretario judicial, la mitad de los funcionarios (la otra mitad se había quedado en Madrid para recibir a los detenidos y practicar las dos detenciones previstas en la capital, las de Celso Barreiros y Carlos Goyanes, que llevaría a cabo el juez Carlos Bueren), el fiscal Zaragoza y yo mismo, además del comisario Alberto García Parras, jefe del Servicio Central de Estupefacientes.

Habíamos viajado en un vuelo regular y uno de los detenidos al día siguiente, un abogado panameño que llevaba el control de los fondos de Sito Miñanco, me identificó al reconocer mi cara por haberla visto en los medios de comunicación, si bien no relacionó, afortunadamente, mi presencia en el avión con la acción que se desarrollaría al día siguiente. En total se sumaron trescientos agentes, que tampoco sabían adónde iban. Dos helicópteros, varias unidades de guías caninos, una unidad de intervención rápida de más de cien policías, otro grupo de reserva y un refuerzo de guardias civiles en la comarca y en los pasos fronterizos con Portugal. La tensión se sentía y la emoción era patente en los rostros serios de los funcionarios. Creo que, como yo, todos percibían que íbamos a hacer algo trascendente para mejorar la convivencia en España.

Hubo un total de dieciocho detenidos entre Galicia y Madrid. Se desarticularon diecinueve clanes u organizaciones españolas y colombianas que operaban principalmente en Galicia. Se intervinieron, en tres fases, mil setecientos kilos de cocaína y múltiples entramados societarios y bienes muebles e inmuebles.

Recuerdo la «serpiente» de vehículos al amanecer camino de Vilagarcía de Arousa. En las primeras horas del alba ya estaba cada equipo en su lugar. Prácticamente abrimos la comisaría de la localidad. El cuartel general quedó instalado en el primer piso. En poco menos de dos horas, estaban todas las detenciones practicadas. Cuando se comenzó a conocer la noticia, y conforme iban llegando los detenidos a la comisaría para ser informados de sus derechos y notificarles el auto de detención, se fueron concentrando personas en las inmediaciones de la sede policial. Había quienes gritaban, otros con escobas barrían la calle. Érguete, una asociación gallega de familiares de afectados por la droga, encabezó desde ese momento el apoyo a la investigación. La explosión de júbilo contenido de la sociedad en toda Galicia fue realmente impresionante. Por primera vez, se sentía la presencia del Estado en apoyo de los ciudadanos a través de la Justicia. Por fin se consideraba que esta actuaba con decisión contra los máximos responsables.

Operativamente, los medios empleados en la operación fueron importantes, como la envergadura de la misma exigía. Coordinar una veintena de detenciones simultáneas para evitar huidas o contactos no resultó nada fácil, como tampoco lo fue mantener a los detenidos sin comunicación entre sí hasta que declarasen ante el juez, con el fin de que no se pusieran de acuerdo. Aunque lo hicieron más tarde en la prisión, hasta el punto de que hubo una investigación al respecto. En aquella época, algunos, desde el Gobierno de turno y con aviesa intención, dijeron que lo que quería era justificar el fracaso de la investigación. Poco o nada debía saber quien así hablaba, aunque, por su posición, debería conocer algo mejor la Justicia y los procedimientos judiciales.

Medios escasos

La escasez de medios es algo de lo que siempre nos hemos quejado los jueces. La mayoría de las veces con razón. En mi vida profesional, como muchos otros compañeros, he llegado a aportar dinero de mi propio bolsillo para suplir las deficiencias de la Administración de Justicia. Los ejemplos son muchos. Pero, desde luego, en 1990 no disponíamos de los mecanismos procesales que hoy existen, en gran medida por el buen trabajo que se hizo en aquella década, ni de los medios materiales para abordar una investigación tan amplia y compleja como esta. No obstante, el esfuerzo y la voluntad de todos hicieron que fuera posible.

Cuando oigo decir que se instruían mal los procesos, me duele porque ni es cierto ni tiene más consistencia que el ataque personal. Con sumo gusto sometería a una comparación las causas instruidas en el Juzgado Central 5 con las que hayan sido investigadas en otros órganos judiciales; podrán haber sido instruidas del mismo modo, pero —y lo afirmo con contundencia y humildad— no mejor. Aún recuerdo aquella época en la que un gran número de juzgados intervenía las comunicaciones por providencia en vez de por auto motivado; cuando ni existía el auto de imputación y allí se practicaba señalando el hecho y la justificación; cuando en los autos de prisión ni se ponían hechos (cosa que ahora, como abogado, he visto todavía en algunos casos) y yo los pormenorizaba hasta la extenuación; cuando todas las declaraciones y todas las resoluciones eran adoptadas por el juez con inmediación absoluta, mientras que en otros juzgados eran los funcionarios los que desempeñaban esta labor.

Y sigo: cuando los autos de procesamiento eran casi sentencias y así se reflejaban en las mismas; cuando en los mismos se enumeraban pormenorizadamente los indicios en los que se apoyaban; cuando se exigía la presencia de abogado en cualquier diligencia y apertura de documentación; cuando, al informar de los derechos, se le indicaba el hecho y el delito al afectado, «privilegio» que yo no tuve cuando fui llamado al Tribunal Supremo como imputado. Cuando ni estaba prevista la posibilidad de grabar los testimonios (hoy se hace con carácter general), en el sumario de la Operación Nécora se grabaron en vídeo algunas declaraciones por primera vez. La fórmula de opinar de oídas y por lo que conviene y contra quien conviene es una costumbre muy arraigada entre muchos.

Pero en aquella época teníamos aún máquinas de escribir Olivetti, aunque comenzaron a llegar algunas electrónicas, más alguna fotocopiadora y algún otro dispositivo (creo que un fax) que dejó en depósito el Ministerio del Interior, constando así en el libro de registro, para evitar, como ocurrió, que el entorno del señor Vera dijera que habían sido comprados con fondos reservados. Máquinas de escribir, papel carbón para las copias y poco más. Gracias a estos exiguos medios podíamos atender a duras penas las incidencias de este procedimiento, que coincidió en el tiempo con otros tanto o más complejos. Cuando llegó Mar Bernabé, que durante tanto tiempo fue mi mejor aliada y mi mano derecha, venía a ocupar una plaza de informática y no teníamos ni un ordenador. Me dijo que procedía de la empresa privada donde todo se hacía ya con PC y que no pensaba trabajar en esas condiciones. Yo le repliqué: «Dígame dónde tengo que firmar los papeles para que vaya a reclamar su ordenador». Le firmé unos documentos que avalaban esta petición y la insté a que fuera a reclamar su ordenador, que redactara sus quejas y que se moviera. Tiempo después, me contó que estuvo dando vueltas por el ministerio con esa firma que la avalaba hasta que, pasados unos meses, consiguió un ordenador. Así de lentas eran las cosas en palacio. Pero aquello nos sirvió para guardar información que debía estar protegida, se empezaron a preservar los datos delicados de las operaciones, pues era muy importante que ciertas cosas no trascendieran, y eso, con una máquina de escribir y legajos de papeles por todas partes, era una misión imposible.

De esta manera, la plantilla del juzgado pasó de seis a unas doce personas y un ordenador, gracias al cual empezamos a utilizar algunos modelos y se pudo prescindir del papel de calco. Mientras escribo estas pequeñas cosas que parecen nimiedades, pero que vinieron a cambiar —a mucho mejor— la mecánica del trabajo en el juzgado, me doy cuenta de cómo han cambiado nuestras vidas y el trabajo con la llegada de la informática a nuestro quehacer diario.

Y no solo se innovó con el primer aparato informático, sino también con las intervenciones telefónicas, con los desplazamientos al lugar de los hechos para trabajar in situ, de manera que resultaba más fácil pedir las órdenes y controlar en cada momento lo que estaba sucediendo durante una operación. La inmediatez y el factor sorpresa eran muy importantes, al igual que el encontrar una pista trascendental y poder seguirla de inmediato, porque el juez estaba allí para firmar la orden al momento. Sin embargo, no todos los jueces pensaban y actuaban así. De hecho, tuvimos graves problemas con los colegas del País Vasco porque se quejaban de que se delegaban las detenciones y los registros en ellos no solo en delitos terroristas, sino también en cualquier operación. Y llevaban razón. Lo que sucedía es que los Juzgados Centrales no teníamos guardia de veinticuatro horas, sino semanales, y era imposible abarcar todas las incidencias a escala nacional. Mantuvimos reuniones y conseguimos encontrar un término medio. En mi caso, la práctica totalidad de las operaciones con detenidos fuera de la sede las asumí directamente. Era lo lógico, salvo en aquellos casos en los que no me daba tiempo a llegar.

Mar me ha comentado que ella hizo muchos viajes conmigo a Vilagarcía, donde nos desplazamos varias veces, y al País Vasco, en plena escalada de asesinatos terroristas. Recuerda sobre todo anécdotas de la Operación Nécora referidas a las declaraciones a posteriori de los detenidos una vez de vuelta a los juzgados. Declaraciones nocturnas y diurnas, porque siempre hay un plazo para pasar a disposición judicial y este tiene un límite —setenta y dos horas—, dentro del cual había que terminar esa primera ronda. Yo intentaba reconocer siempre a los funcionarios sus excesos de horarios y dedicación al trabajo y, como no podíamos salir a la calle, mandaba a por café y comida, hacíamos una pequeña pausa y seguíamos trabajando. Muchas veces ni ella ni nadie sabía adónde íbamos. Solo se les comunicaba que salíamos de viaje esa noche, por ejemplo, y que estaríamos fuera dos, cuatro o los días que fueran. Mar y sus compañeros me hicieron siempre un gran regalo con su dedicación y su ciega confianza en que el trabajo que estábamos realizando era importante para toda la sociedad.

La lucha contra el narcotráfico y el procesamiento de algunos de sus responsables, cuya actividad era seguida de cerca por algunos periodistas, fueron una constante a mediados de la década de 1990. Tanto fue así que la Justicia española, y muy especialmente la Audiencia Nacional, estaba desbordada por narcos, terroristas y corruptos a los que se veía obligada a enfrentarse con los pocos medios de que disponía, más que precarios. Por esta razón, muchos presos preventivos quedaban en libertad al cumplirse el tiempo de prisión legal, a menudo gracias a las maniobras dilatorias de sus abogados, que conseguían así que su cliente pisara la calle sin ser juzgado. No siempre la prensa comprendía bien lo que sucedía, salvo los periodistas especializados en el tema, que eran una minoría. Peridis, en esta tira publicada en El País el 14 de agosto de 1995, recogía el sentir general y escenificaba muy bien la falta de sintonía con el biministro Juan Alberto Belloch, responsable de las carteras de Justicia e Interior.

Galicia, tierra sin ley

En Galicia, han sido muchas las veces que he hablado con las mujeres y hombres que desde la sociedad civil han luchado, y lo siguen haciendo, a favor de una vida libre de drogas. Personas que han dedicado su vida a favorecer a los demás, desde la educación, la política, el periodismo, la acción solidaria —entre ellas, Carmen Durán y Carmen Avendaño—, las instituciones —el Proyecto Hombre— o el periodismo, como Elisa Lois o Julio Fariñas.

Tras la Operación Nécora se abrió un periodo ilusionante en el que se creía que la Justicia y el Estado de derecho por fin protegían a las víctimas, en este caso a toda la sociedad, porque hasta entonces se habían sentido solos, indefensos, perdidos sin que nadie les hiciera caso. Entonces se sintieron por fin escuchados, vieron que se podía actuar y que de hecho se actuaba. ¿Qué les trajo la Operación Nécora? Carmen Durán dice literalmente: «Un día de cielo azul, la ilusión, un ¡por fin! Las instituciones bajaron a la realidad y no se equivocaron en una sola detención».

De alguna forma, estábamos contribuyendo a que la sensación de que las calles eran de los narcos se transformara en el regreso del control ciudadano. Las sucesivas operaciones antidroga produjeron un empoderamiento de la sociedad frente a quienes habían hecho del estar fuera de la ley su forma de vida. La incomodidad de los capos sería una constante a partir de ese momento, porque la impunidad ya no era una opción.

Fueron muchas las anécdotas en aquellas sesiones maratonianas en las que, curiosamente, los medios de comunicación madrileños se fijaban más en dos personas como Carlos Goyanes y Celso Barreiros que en los responsables de los clanes gallegos. Recuerdo la cara de un fiscal que sustituyó a Javier Zaragoza en la declaración de Laureano Oubiña y bajó con gafas de sol y tapándose la cara con un periódico. En un momento, cuando hacía preguntas, el acusado le dijo que no le veía la cara y no le podía responder. O la escenificación que hizo Sito Miñanco cuando entró en mi despacho y se hincó de rodillas diciéndome que era inocente y que yo, por perseguirle, le había convertido en narcotraficante. O la de aquel otro, cuyo nombre omito por seguridad, que se ofreció a entregarme toda la información sobre un importante alijo de cocaína que estaban transportando en ese momento a cambio de un trato más favorable y, después de hablar con él sobre la necesidad de que cambiara de vida, sin más beneficios, aceptó y entregó la información, aunque su bondad era aparente y lo único que quería era quitarse a un competidor de en medio. Y al narcotraficante gallego que me escenificó, arrojándose al suelo, la comisión del asesinato del lugarteniente de su hermano (el jefe de la organización que había introducido media tonelada de cocaína) por haberle engañado con su mujer, cortándole la cabeza, introduciéndole los genitales en la boca y desmembrando su cuerpo por la sierra de Madrid, en las inmediaciones de Chinchón (tiempo después coincidí con él en una conferencia que di en Palma de Mallorca, se estaba rehabilitando y colaboraba con el Proyecto Hombre en la capital balear). O cuando Oubiña se quejaba de que el fiscal Zaragoza la tenía tomada con él y quería arruinarlo.

Recuerdo cuando los Charlines, especialmente el patriarca Manuel Charlín Gama, aseguraban que acabarían con nosotros, o cuando, ante el riesgo de transacciones sospechosas a mis cuentas, ordené a todas las entidades bancarias que no aceptaran ningún envío que no fuese expresamente autorizado por mí. También cuando me enteré de quién era Carlos Goyanes y su «relevancia» en la jet set; o cuando se intervino una conversación telefónica en la que salía un conocido periodista deportivo, amigo de aquel, hablando del caso con el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado (el que se negó dos años antes a darme información sobre los fondos reservados), una conversación que hubo de explicar ante mí y el fiscal.

Fue muy intenso. A causa de la Operación Nécora conocí a Julio Iglesias y desarrollamos una buena relación, después de explicarle que nada había respecto a él mismo en el procedimiento penal, ante los rumores que lo querían relacionar por haber comido algunas veces en uno de los restaurantes emblemáticos de la zona de Vilagarcía, El Chocolate, utilizado por los narcos. En otra ocasión, al ir a entrar en el restaurante Pazo de Monterrey, el dueño me advirtió de que estaba allí Laureano Oubiña (otro día ocurrió lo mismo con Manuel Charlín), a fin de que no coincidiera con estos imputados que, por entonces, estaban en libertad.

En otros momentos hubo detalles que imprimieron un toque jocoso a la situación. Me viene a la mente otra anécdota durante un interrogatorio en la sede del Juzgado Central. Se procedía a recibir declaración a un narcotraficante, Alfredo Cordero, uno de los principales implicados en la Operación Nécora. Le pregunté al detenido si conocía el motivo por el que estaba allí y me contestó: «Supongo que será por no pagar las tasas de las máquinas tragaperras que tengo en mi bar de Vigo». «No, no —le dije—, usted está aquí por la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes.» El detenido puso cara de una tremenda sorpresa y replicó: «Yo el único tráfico que conozco es el de las carreteras» (he de decir que el detenido era en aquel momento uno de los pocos que tenía línea directa con los capos de los carteles colombianos). Incomprensiblemente fue absuelto en la sentencia, porque el tribunal entendió que en sus conversaciones con Charlín, si no recuerdo mal, hablaban solo de «atún blanco» y no de cocaína. Sin comentarios, solo que el atún es un pescado azul y no existe atún blanco que nade en el mar. Con el convencimiento de que, como los demás, seguía traficando, me propuse no perderle la pista y, tras la correspondiente investigación, ordené su detención como responsable de un alijo de cinco mil kilos de cocaína que apareció en la costa asturiana, concretamente en la localidad de Tapia de Casariego. A todos los que salieron absueltos continué investigándolos hasta que conseguí que rindieran cuentas ante la Justicia. Era cuestión de paciente investigación y todos, poco a poco, fueron cayendo en la única dinámica que conocían y en la que estaban «enganchados»: el tráfico de drogas.

La intensidad del trabajo

La actividad en aquellos años era extenuante, porque el potencial de un juzgado central de instrucción, si se pone a pleno rendimiento, es y sigue siendo impresionante. Solo había que tener ganas y actuar con estrategia. Eso es lo que hicimos la Fiscalía Antidroga, la policía y mi juzgado. Agotar todas las vías, atacar por todos los flancos, hostigar procesalmente a las organizaciones y a sus miembros; no abandonar ni una sola vía de investigación; analizar las cuentas, embargar las fincas, los negocios; incautar los fondos que tenían dentro y fuera.

Rememoro una ocasión en que Javier Zaragoza y yo fuimos a la práctica de la primera comisión rogatoria librada desde España a Suiza, país que en ese momento estaba catalogado como paraíso fiscal. Allí se refugiaban, como después se descubriría, ingentes sumas de dinero español evadido, en detrimento de los ciudadanos honestos, no solo por narcotraficantes, sino por prominentes familias de la alta sociedad. También por políticos, empresarios, represores argentinos, presidentes, relevantes miembros y tesoreros de partidos políticos, banqueros con herencias olvidadas, futbolistas y responsables de clubes «blancos» a los que se les amnistió fiscalmente, terroristas, comisionistas y un largo etcétera que durante años esquilmaron este país y que aún hoy se atreven a presentarse como el ejemplo decadente de una sociedad a la que desprecian.

Corría julio de 1990 y, por primera vez, un juez y un fiscal españoles llegaban al cantón de Basilea (Basel) —tercera ciudad en importancia de la Confederación Helvética (Suiza), después de Ginebra y Zúrich— a investigar las cuentas de Laureano Oubiña y de Michael Hangi, un reconocido contrabandista que al parecer había mutado, como todos, a narcotraficante y nos siguió en aquella ciudad para controlar lo que hacíamos. No se me olvida cómo contaron el episodio los periodistas de La Vanguardia que cubrieron aquella información, Eduardo Martín de Pozuelo y Jordi Bordas, y la foto que publicaron en ese periódico en la que juez y fiscal aparecíamos en las calles de Basilea, una de las capitales bancarias de Suiza. Allí comenzó mi buena relación con jueces y fiscales suizos que tanto apoyo me prestaron para la investigación de otras causas y que también les permitió a ellos avanzar, como en el caso del (entonces) fiscal Kasper Ansermet, en las investigaciones que seguían contra un traficante de armas, luego investigado por mí por su presunta implicación en el secuestro del barco Achille Lauro, el sirio Monzer Al Kassar.

Algunos me han reprochado el ritmo de trabajo que imprimía en el juzgado y las «exigencias» que imponía a policías y funcionarios, olvidándome de los horarios y de los derechos de los trabajadores. En este sentido, pido perdón por los excesos, pero nunca he exigido más capacidad de trabajo que la que pueda tener yo. Es cierto que pertenezco a esa clase de jueces y fiscales que nunca han puesto horarios, ni fines de semana desconectados, ni obligaciones preferentes, al trabajo en el juzgado; ni de los que echan balones fuera o de los que simplemente «pasaban por allí». No sé si eso, al final, ha sido bueno o malo, pero fue la educación que recibí y así sigo.

En ocasiones, el excomisario Enrique León, abuelo como yo, me recuerda cuando en julio de 1991 le tocó traer a mi juzgado, desde Galicia, todo lo que se había actuado policialmente en la aprehensión de una autocaravana con quinientos kilos de cocaína, que pertenecía a la conocida familia Charlín y estaba preparada para ser trasladada a algún país europeo. Llegaron sobre las seis de la tarde a la Audiencia Nacional, era un día de calor sofocante, y tras hablar ampliamente sobre la problemática del narcotráfico en Galicia, nos pusimos a trabajar en el juzgado. Después de cenar unas pizzas que nos sirvieron de una cafetería cercana a la Audiencia Nacional, y cuando eran ya las tres de la madrugada, decidí que era hora de parar y continuar al día siguiente. Enrique me preguntó: «¿A qué hora venimos mañana? Sobre las diez, ¿no?», pensando que alguien le diría que esa hora era demasiado temprana. Pues no, me quedé mirándole y le dije: «¿Cómo que a las diez? ¡A las ocho de la mañana aquí todo el mundo!».

No es el único que ha tenido que sufrir ese impulso que me lleva siempre más adelante. En una comisión rogatoria en Portugal para tomar declaración a un imputado que se encontraba en la cárcel de Viana do Castelo, Enrique León recuerda que fuimos, junto con el fiscal Pablo Contreras, en primer lugar a Oporto para hablar con el fiscal y la Policía Judiciaria portuguesa, arreglamos allí toda la problemática administrativa necesaria para poder realizar esa diligencia, y cuando terminamos nos quedaba muy poco tiempo para volver a Viana y tomar declaración al preso en cuestión. Si no llegábamos a tiempo, no podríamos hacer la diligencia, pues por la tarde no era factible y eso supondría quedarnos un día más. «Las carreteras en aquella época no eran lo que son hoy. Nos montamos en un Volkswagen Golf de la Policía portuguesa, conducido por un policía que había sido piloto de rally, con Garzón al lado del conductor sosteniendo el lanzadestellos del coche; atrás, otro policía portugués, el fiscal Contreras y yo. Pues bien, el conductor apretó el coche todo lo que pudo y un poco más; Garzón, por si el conductor no tenía suficiente, lo animaba constantemente. Cuando llegamos a Viana, el fiscal estaba pálido como la cera, tuvimos que ayudarle a salir del coche y cuando bajó, con un hilo de voz muy débil, dijo: “Jamás volveré a subirme en un coche con vosotros”. Pero llegamos a tiempo para la declaración.»

Jueces estrella

Casi desde el comienzo de mi llegada a la Audiencia Nacional, con la investigación de los GAL, se comenzó a elaborar una calificación profesional —acentuada con la Operación Nécora— que me hizo llevar, como un sambenito colgado de mi espalda, la expresión de juez estrella, de alguien que busca la exhibición y el reconocimiento mediático. Es muy difícil revertir esta situación cuando interesa exactamente lo contrario. Hasta tal punto es así que esa rémora se ha incorporado durante años a mi actividad profesional. El juez mediático, el juez vedete, el juez protagonista, el juez campeador… No es que me moleste, pero me apena la simpleza de algunos y la ligereza de otros a la hora de abordar cosas tan serias. Durante años, he aguantado estoicamente las críticas brutales, las descalificaciones y los ataques, aunque estos no se correspondan con la verdad.

Era tildado de juez estrella porque tenía nombre y apellidos. Sin embargo, esta crítica —que asumo pero no comparto— es hábilmente tramposa. Se cuestiona que se conozcan las operaciones y que se ponga nombre y apellido a la noticia, pero a la vez es precisamente esto lo que interesa a los ciudadanos que demandan transparencia, luz y taquígrafos, en todas las actuaciones del servicio público. La cuestión no está en que se conozcan las actuaciones judiciales, sino en el tratamiento que se dé a esa información y a quien se beneficie de la misma. Lo pernicioso no es una información veraz, equilibrada y responsable, sino las trampas de quienes filtran ilícitamente informaciones en beneficio de unos u otros a cambio de que se hable bien de ellos o por otros intereses mucho más espurios.

Felipe González y José María Aznar, caracterizados como los inseparables agentes Hernández y Fernández de Las aventuras de Tintín en esta tira de Gallego y Rey, ironizan sobre la relación de los medios de comunicación con los jueces estrella.

Ser «antiestrella», según los medios, no es la certeza de que se trata de un profesional que no habla con nadie, sino garantía de que lo está haciendo entre bastidores y en beneficio de un realce que, con transparencia y tratamiento igualitario a los medios, no se daría. Siempre he procurado tener un trato transparente y adecuado con la prensa, sin trampas. Cuando ha sido posible he informado a todos los medios de comunicación de lo que se podía informar para una comprensión acertada del sentido o trascendencia de una información que después sería valorada por cada cual como quisiera, y por ello he sufrido las consecuencias. Hoy se reclama insistentemente la transparencia de las actuaciones judiciales, como elemento de conocimiento y control ciudadano, a través de los medios, de las actuaciones judiciales. No creo que, a lo largo de mi actividad como juez en la Audiencia Nacional, haya existido una actuación más publicada y, por ende, más controlada, criticada, valorada o atacada que la mía.

Sin embargo, y a pesar de que los medios se nutrían de ella y de la propia figura, lo que queda es que yo buscaba el protagonismo. Por ello, reclamo atención a aquellos jueces a los que desde los medios de comunicación se coloca el letrero de antiestrellas, pero que son columnistas de determinados medios, escriben y opinan de lo que hacen, asesoran a unos y otros, compadrean con quienes después les adulan, y cuyas actuaciones son seguidas en forma constante por esos medios y no por otros. En estos, la noticia sobre el juez o fiscal «antiestrella» irá acompañada de un trato favorable al funcionario. Eso, en sí mismo, no es incorrecto siempre que no se hagan trampas o con ello se trate de denostar el trabajo de quienes no actúan así. Los medios de comunicación han jugado un papel clave en la lucha contra el narcotráfico y hay que reconocérselo. Desde la radio, como lo hacían Luis del Olmo o el fallecido Jesús Hermida; desde los periódicos, como lo hacían Elisa Lois, Julio Fariñas, Txetxo Yoldi, Margarita Batallas, Javier Álvarez, Julio Martínez Lázaro, Begoña del Pueyo, Eduardo Martín de Pozuelo, Jordi Bordas, Santiago Tarín y otros muchos. Si somos capaces de lograr que el problema se visualice, habremos ganado muchísima credibilidad en cuanto a la ciudadanía.

Recuerdo el caso del helicóptero en la Operación Nécora. Se trataba, después de llevar veinticuatro horas sin dormir, de continuar la inspección ocular del pazo Bayón —propiedad entonces de Laureano Oubiña— y era imposible llegar por otra vía. La policía propuso que fuéramos en el helicóptero. Recuerdo que me mareé de puro cansancio; de ahí me dirigí a tomar el avión hacia Madrid, donde comencé, sin dormir, las declaraciones. Esas setenta y dos horas sin descanso casi acaban con mi resistencia. Supongo que la juventud nos daba alas.

Cuando se afirmaba que «a Garzón le gustaba aparecer donde no tenía que estar y utilizar un helicóptero para ello», lo que pretendía ser una crítica constituyó un increíble mensaje de fortaleza del Estado de derecho. Tuvo una repercusión social enorme. Hablamos de una «zona sin ley», donde los poderosos eran los narcos, donde se compraban voluntades, donde se invertía dinero sucio…, donde desde la cárcel incluso se pagaba a unos y a otros. Y de repente llegó la Justicia como caída de los cielos —en un helicóptero con un juez, un fiscal y muchos policías— y la gente lo vio, y también los narcotraficantes, y todos ellos percibieron que acababa de aterrizar la Justicia en Galicia. Esa imagen era el mejor mensaje de prevención. Fue la primera victoria en esa comunidad autónoma, después ya vendrían las siguientes operaciones, algunas de ellas más grandes e importantes, pero el hecho era que la gente había empezado a creer más en el Estado de derecho y ello también propició que la colaboración fuera mayor a la hora de detectar los nichos en los que se movían los «malos», que la calle se recuperara por la sociedad maltratada por los narcos, que se potenciara la confianza en los jueces, que la gente viviera con una seguridad mayor en su ciudad. De todo esto es de lo que estoy más orgulloso, fue buenísimo, aunque solo se haya apreciado con el tiempo.

Que la justicia había llegado con todo el peso de la ley lo ilustra otra anécdota de Enrique León, una historia de esas que hacen que se distienda un poco la seriedad y la tensión del momento. En el desarrollo de una acción contra el narcotráfico, la Operación Gamba 2, se había intervenido un barco con un importante cargamento de cocaína. Era el momento de las detenciones en tierra, de modo que se trasladaron a Cambados y registraron la casa de uno de los principales responsables del alijo incautado. Allí no encontraron nada, salvo determinados documentos sobre propiedades inmobiliarias. El propietario de la casa, Ramón Parada, estaba exultante de felicidad, tanto que incluso les ofreció unas botellas de vino albariño. El hombre se creía que, como en su casa no habían encontrado droga, quedaba libre de polvo y paja, y le sorprendió mucho que le dijesen que tendría que acompañarles, pues estaba detenido. La verdad es que aquello no le hizo mucha gracia, y preguntó que adónde le llevaban. Le dijeron que a Madrid, a la Audiencia Nacional, donde le esperaba el juez Baltasar Garzón. Nada más oír el nombre, Parada empezó a palidecer y en pocos segundos, cuenta Enrique, su semblante mudó de color varias veces, hasta que se derrumbó totalmente.

El dibujante Ricardo ironiza sobre la defensa de la justicia universal por parte de Baltasar Garzón, esfuerzo en el que se le tildó de juez estrella.

Comienza el después

La Operación Nécora fue un antes y un después, marcó una diferencia en el tratamiento mediático de la investigación y de la relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El macrojuicio de la Nécora tuvo muchísimas dificultades, por ser muy mediático y por tener muchos palos en las ruedas, pero a pesar de eso salió adelante. Por razones de coyuntura política —yo estaba entonces en el Parlamento—, durante el juicio se criticó en exceso aquel proceso y su resultado por criticarme a mí. Pero resulta que el setenta y cinco por ciento de los procesados en las distintas fases de la operación fueron condenados, y, después, hasta un noventa por ciento de ellos fueron cayendo en otras operaciones. Era una constante que no se detuvo hasta que absolutamente todos estuvieron donde debían por los delitos cometidos.

Se construyó una sentencia a base de prueba indiciaria, se determinaron autorías, se validaron intervenciones telefónicas, hubo registros simultáneos, coordinación, declaraciones prestadas con todas las garantías, todo lo que no estaba al uso en aquel tiempo. Y lo que es más, a pesar de carecer de la legislación adecuada. Por poner un ejemplo, la ley de protección de testigos y peritos (no de arrepentidos, que siguen en el limbo) es de diciembre de 1994; la de agentes encubiertos, de enero de 1999.

Capos históricos como Laureano Oubiña fueron condenados aquí y después en varias operaciones más. También hubo ajustes de cuentas, como en el caso de la familia de los Baulos, cuyo patriarca, Manuel Baulo Trigo, fue asesinado el 12 de septiembre de 1994, poco después de haber comenzado a colaborar conmigo, y su mujer quedó tetrapléjica. Y casos como el de José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, que fue detenido cuatro años después con más de dos mil kilos de cocaína; el de Francisco Javier Martínez Sanmillán, alias Franky, que se fugó inmediatamente después de haber sido condenado a diecisiete años de prisión, y fue detenido en 2006, tras años de persecución y después de haberse cambiado la cara, compareció ante mí, y finalmente condenado en 2012 a trece años de cárcel; o los de José Santorum, alias O Can, y José Luis Orbaiz, que serían posteriormente condenados. Sin olvidar a personajes como el histórico abogado y asesor de los narcos Pablo Vioque, vinculado a algunos políticos del Partido Popular de Galicia y que hacía campañas de regalos de Navidad, al que detuve en 1997 por una operación de blanqueo y por su participación en un alijo de dos mil kilos de cocaína en virtud de las declaraciones de dos arrepentidos. Tras ser puesto en libertad por el juez Gómez de Liaño, fue preso por orden mía y posteriormente condenado en dos ocasiones, la última por urdir la trama para asesinar al fiscal Zaragoza.

Los hermanos Charlín Gama y sus hijos cayeron y su entramado de empresas y propiedades fue intervenido. Por ejemplo, Manuel Charlín Gama, el patriarca del clan de los Charlines, detenido un mes después de la gran redada, quedó en libertad bajo fianza antes de conocerse la sentencia. Fue indignante: las estratagemas de las defensas para demorar los trámites hicieron que se cumplieran los cuatro años de prisión preventiva. Claro que a los seis días, le decreté de nuevo la prisión y volvió a la cárcel por otro delito de narcotráfico derivado del mismo sumario de la Nécora. Jamás en toda mi carrera me he encontrado con una familia de delincuentes tan dedicados a su «oficio» como la de los Charlines, una verdadera saga de padres a hijos y a nietos, hombres y mujeres. Son el prototipo del clan empresarial delictivo gallego. Toda la familia —excepto la hija María Teresa— trabajaba para el mismo fin y todos están condenados. El patriarca dirigía el grupo con la ayuda de su hija, Josefa Charlín Pomares, la cual estuvo en paradero desconocido algún tiempo y cuya puesta a disposición judicial se hizo de forma tramposa, para evitar que compareciera ante mí, aunque después alcancé a ingresarla en prisión. La madre y esposa, Josefa Pomares Martínez, fallecida en 2012, colaboraba en el blanqueo, lo mismo que sus hijos Adelaida, Óscar Felipe y Manuel.

En septiembre de 1994 algunos de los capos gallegos de la droga acusados en la Operación Nécora fueron liberados por falta de pruebas. El motivo no fue ese, en realidad, sino una valoración de aquellas diferente a la que habían hecho el fiscal, los policías y el juez instructor. El resultado: la sentencia de la Audiencia Nacional causó perplejidad —como bien recoge esta tira de Oroz— entre los que esperaban que la Sala acabara con unos narcos prácticamente confesos y que campaban con impunidad. A pesar de que la Sala impuso treinta condenas, entre los cuarenta y dos imputados, varios de los principales acusados de dirigir el narcotráfico gallego quedaron en libertad y otros fueron a la cárcel, pero por blanqueo y fraude fiscal. En los años siguientes el noventa por ciento de los que estuvieron imputados en la Nécora acabaron siendo condenados a largas penas de privación de libertad.

También ayudaba la nuera, Manuela Nine, e incluso Pascuale Imperato, el segundo compañero de Adelaida. Noemí Outón, hija de Josefa, tenía su papel en la organización, lo mismo que Carolina Outón, hermana del primer marido de Josefa, lo que no impedía que su marido actual, José Luis Lizabe, también participara de un pastel que ha llevado a prisión hasta al abogado de la familia.

Nombres que son solo un breve ejemplo de la lista de ilustres del narco que acapararon durante más de una década titulares de prensa y que dieron con sus huesos en una celda para cumplir condenas que superaron los veinte años de cárcel. En 2004, de las casi seiscientas personas condenadas por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas, unas cien eran gallegas.

Reivindicación

Creo que este es el lugar para reivindicar con claridad y contundencia el éxito que supuso esta investigación, y ello a pesar de ser consciente de la clara tendencia destructiva que sufrimos los españoles respecto de nuestros propios logros. Es difícil que, más allá de las gentes sencillas, que por otro lado son las únicas que verdaderamente importan, se reconozcan los valores o el buen hacer de aquellos que no coinciden ideológica o afectivamente con nosotros. Tenemos una clara tendencia a la destrucción y al linchamiento. Normalmente quemamos la imagen, como antes lo hacía con el cuerpo la Inquisición (tribunal de excepción y tortura, de creación española, en tiempos de sus católicas majestades los reyes de Castilla y Aragón), y después, en su caso, se reivindica lo hecho, siempre que no sea el olvido la norma impuesta.

Pues bien, si tenemos en cuenta lo dicho hasta ahora —el tiempo en el que se desarrollaron estas investigaciones; los medios artesanales empleados; la desconfianza inicial del propio Ministerio del Interior, al que a duras penas conseguimos convencer en sus máximas responsabilidades, regidas por la oportunidad y el interés político; los instrumentos legales insuficientes o inexistentes; el desamparo para los que colaboraron con la justicia; la falta de conciencia de la existencia de organizaciones criminales—, conseguir en las tres fases de la Operación Nécora el porcentaje de condenas citado no estuvo nada mal. Quizá le faltó al tribunal un poco de visión y perspectiva para comprender la magnitud del fenómeno al que nos enfrentábamos. Recuerdo el comentario de Ángela Murillo, ponente de la sentencia, de que, si hubiera juzgado ahora a los acusados de la Operación Nécora que se sentaron en el banquillo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1994, la resolución hubiera sido mucho más dura.

En todo caso, lo importante fue que habíamos comenzado la acción y esta no se detendría en toda la década de 1990. Los golpes policiales y judiciales sucesivos reparaban las omisiones precedentes y la visión comprensiva de las estructuras criminales que se regeneraban dentro y fuera de la prisión, con sustitución y renovación de puestos, que debía ser contenida de forma constante, junto con la investigación simultánea de las estructuras de blanqueo. Fue una estrategia global con el mismo nivel de complejidad que la empleada por las propias organizaciones criminales. Esa persistencia hizo muy difícil que estas últimas arraigaran como estructuras de poder en España, y deberíamos estar orgullosos de haberlo conseguido. Resulta curioso que así nos lo hayan reconocido en forma sistemática en los más diversos puntos del planeta y en todas las instancias, salvo aquí, por quienes normalmente han hecho muy poco y han destruido bastante. Alguien tenía que hacerlo y nos correspondió llevarlo adelante a un grupo de mujeres y hombres a quienes este país debe mucho. Grandes profesionales que se han dejado la piel a favor del servicio público, aunque las figuras visibles hayamos sido unas cuantas. Probablemente las menos importantes.

La trascendencia de aquella primera operación a gran escala contra el narcotráfico gallego y de las que la sucedieron no se ha podido apreciar sino con el paso de los años, una vez comprobados los resultados obtenidos. La Justicia lanzó un claro y nítido mensaje: Galicia no era una «pequeña Sicilia» y la ley llegaba a todos los rincones y se aplicaba a todos por igual.

MÁS DE CIEN OPERACIONES
CONTRA EL NARCO

Gracias a estos principios, la investigación policial y judicial en España dio un salto cualitativo en la persecución de las tramas organizadas que ha permitido también el desmantelamiento de muchas otras organizaciones, dedicadas no solo al narcotráfico, sino también al tráfico de armas, a la trata de personas o al terrorismo internacional.

En el ámbito del crimen organizado, entre los años 1990 y 2010 fueron más de cien operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero procedente del mismo las que se desarrollaron bajo mi dirección como juez. Pero la etapa fundamental en ese periodo fue la década de los noventa, en la que destacaron, entre otras muchas, las siguientes actuaciones:

1991.   Operación contra el tráfico de heroína entre Líbano y Turquía con España, en la que se desarticularon tres organizaciones de ciudadanos turcos lideradas por Hassan Mohamed Solh, alias Abu Faisal, e integradas por doce miembros.

1991.   Aprehensión de mil kilogramos de cocaína, intervenidos al abordaje en alta mar el 14 de octubre, en cuyo comercio estaban implicados José Luis Charlín Gama, Manuel Baulo Trigo, Daniel Carballo, Manuel Carballo Jueguen, José Luis Otero Pérez y veinte personas más.

1994.   Operación Pazo Bayón. Intervención judicial de las sociedades Comercial Oula S. A. y Albariño Bayón S. A., propietarias del emblemático pazo Bayón y de las que eran accionistas el conocido narcotraficante gallego Laureano Oubiña Piñeiro y su esposa Esther Lago García. Se intervienen bienes inmuebles por valor de mil cien millones de pesetas (6,61 millones de euros). Como consecuencia de esta intervención se detuvo al abogado Francisco de Asís Velasco Nieto por un delito de blanqueo de dinero con fondos procedentes del cambio de divisas realizado por Esther Lago. El citado abogado es conocido en la ría de Arousa por su dedicación a la defensa de los más importantes contrabandistas y narcotraficantes gallegos, y por su asesoramiento para invertir el dinero obtenido con el contrabando y el tráfico de drogas.

1994.   Desmantelamiento de una importante organización criminal dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de droga, siendo detenido Sadulla Unnu, al que se le intervienen ciento diecinueve kilos de heroína, una pistola FN y un revólver. Esta persona utilizaba la empresa Nicol Mariscos como tapadera para realizar el transporte de la heroína desde Turquía a España.

1994.   Desarticulación de una organización criminal dedicada al transporte y distribución de cocaína desde Sudamérica a España. Entre los detenidos estaba Willem Arturo Gómez Valbuena. Les fueron intervenidos trescientos treinta kilos de cocaína en el interior de un contenedor remitido, por vía marítima, desde Colombia al puerto de Barcelona.

1995.   Operación Osa, contra el clan de los Charlines, en la que resultaron detenidos varios miembros de la familia de Manuel Charlín Gama, conocidos narcotraficantes gallegos. Se consiguió la intervención judicial de catorce de sus empresas y el bloqueo de más de ciento cuarenta cuentas bancarias, así como la intervención de quince vehículos de gran potencia y cilindrada y casi cien propiedades inmobiliarias. El estudio de la documentación intervenida permitió detectar el blanqueo de cuatrocientos millones de pesetas (2,4 millones de euros), con participaciones premiadas de lotería y la adquisición de doscientas catorce propiedades inmobiliarias, embarcaciones y bateas, cuyo valor de compra se aproximaba a los mil millones de pesetas (seis millones de euros). El valor de lo intervenido y lo descubierto ascendía a cuatro mil millones de pesetas (veinticuatro millones de euros).

1996.   Investigaciones para llegar a la completa desarticulación de una importante organización criminal dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica a las costas españolas. Se detuvo a seis personas, una de ellas José María Monteagudo Durán, a las cuales se les intervino una embarcación —cargada con mil quinientos kilos de cocaína— que fue asaltada en alta mar tras establecer un espectacular dispositivo policial y marítimo.

1997.   Operación Victoria, una de las mayores operaciones llevadas a cabo en España contra las grandes organizaciones criminales dedicadas a la elaboración, transporte y distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes. Entre los detenidos se encontraba Antonio Alejandro Vivas Correas, y fueron intervenidas dieciocho toneladas de productos precursores destinados a la elaboración de cocaína en laboratorios de Colombia.

1997.   Operación Santo. Esta investigación por blanqueo de capitales se inició en el mes de enero de 1995 simultáneamente con otra seguida por tráfico de estupefacientes, existiendo en todo momento una coordinación plena entre los responsables de ambas con el fin de complementarlas y de evitar que las gestiones realizadas perjudicaran el buen fin de ambas. En el mes de julio de 1997, acordé el procesamiento de treinta y ocho personas que intentaron introducir en España dos mil once kilos de cocaína procedente de Colombia. La droga fue incautada tras las operaciones Santo y Manzanal, relacionadas con los capos gallegos José Ramón Prado Bugallo (Sito Miñanco), Francisco Javier Fernández Pomares, José Luis Orbaiz y José Santorum Viñas. Recuerdo que fijé fianzas que alcanzaron los veinticinco mil millones de pesetas (150,26 millones de euros), así como el bloqueo de cuentas y cualquier otro activo financiero a veintinueve entidades bancarias, y se intervino un patrimonio superior a los dos mil millones de pesetas (12,02 millones de euros). Los alijos fueron localizados en los barcos Martínez Álvarez y Anita, abordados cuando estaban en aguas internacionales y nacionales, respectivamente.

1998.   Operación Sondeo. Investigaciones llevadas a cabo sobre una organización internacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Se realizaron diecinueve detenciones, entre ellas la de Pablo Molina Ausique; fueron intervenidas seis empresas y 95.560.000 pesetas en efectivo (algo más de medio millón de euros); se bloquearon cuentas bancarias por valor de noventa y un millones de pesetas (algo más de medio millón de euros) y fueron incautadas joyas por valor de seis millones de pesetas (unos treinta y seis mil euros), además de dos viviendas unifamiliares, quince vehículos de alta gama, dos armas de fuego, tres ordenadores personales y otros efectos.

1998.   Desarticulación de una importante organización criminal dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes. Hubo veinte detenidos, entre ellos Simón Antonio Sánchez Mejías, y se incautaron trescientos tres kilos de cocaína, ciento dos kilos de hachís, dos armas de fuego, veinte millones de pesetas (ciento veinte mil euros), ciento quince mil dólares (unos cien mil euros), más de cincuenta piezas de joyería y varios vehículos y ordenadores.

1999.   Operación Caronte, en la que se llevaron a cabo investigaciones sobre una organización dedicada al blanqueo de capitales y en la que fue detenido Domingo Tarruella Dalmau, además de otras once personas. Estas personas canalizaron al exterior más de cuatro mil millones de las antiguas pesetas (veinticuatro millones de euros), y además les fueron intervenidos doscientos dieciocho millones de pesetas en libras esterlinas (1,31 millones de euros); también se bloquearon doscientos ochenta millones de pesetas (1,68 millones de euros) en diferentes cuentas bancarias.

2000.   Operación Dobel. Consistió en la detención de los miembros de un grupo organizado de personas, que operaba en la ría de Arousa, por su implicación en la importación de más de mil kilos de cocaína a bordo de la embarcación Dobel, así como en el blanqueo de los beneficios obtenidos por ellos y por otros narcotraficantes, procedentes de sus ilícitas actividades. Se procedió a la intervención, embargo y/o bloqueo de un importante patrimonio, atribuido a los detenidos o a sus empresas. Además de los detenidos, más de ciento cincuenta personas físicas y otras cincuenta jurídicas relacionadas con los principales implicados figuraron en la investigación llevada a cabo.

2000.   Operación Altamira, sobre una organización criminal dedicada al transporte, adulteración y distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes desde Sudamérica a España. En ella fueron detenidas seis personas a las que les fueron intervenidos, en una nave industrial de la provincia de Castellón, novecientos cincuenta kilos de pasta base de cocaína que habían llegado en el interior de un contenedor. Además, también fueron incautados quince kilos de heroína y se descubrieron dos laboratorios para la manipulación y adulteración de la pasta de coca, los cuales estaban equipados con el instrumental más moderno del momento y tenían almacenada la mayor cantidad de sustancias precursoras intervenidas hasta esa fecha por las fuerzas policiales. Se consiguió descubrir el lugar donde ocultaban novecientos millones de pesetas (5,41 millones de euros), una importante cantidad de divisas, documentación falsificada, material para la manipulación de la droga, documentación y tres vehículos.

2001.   Operación Maspitufo, contra una organización criminal internacional dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína entre Sudamérica y España, que enviaba la sustancia estupefaciente en barcos de línea regular de transporte de contenedores. Fueron detenidas doce personas, entre ellas Luis Aguado Martínez, a las que les fueron intervenidos mil cuatrocientos kilos de cocaína en el interior de un contenedor que habían transportado a una nave industrial de la localidad de Valdemoro, así como 3515 euros en metálico, cinco vehículos de alta gama y un camión de gran tonelaje.

2001.   Operación Anticuario, en la que se consiguió la desarticulación de una organización internacional de blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína. Esta trama había blanqueado más de dos mil millones de pesetas (12,02 millones de euros) y estaba compuesta por ciudadanos de varias nacionalidades, con ramificaciones en España, Bélgica y Francia. Fueron detenidas ocho personas por delito contra la salud pública y blanqueo de dinero y se les intervino un patrimonio superior a los setenta y tres millones de euros.

2002.   Operación Azores. Investigación dirigida a la desarticulación de una importante organización criminal dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína. Entre los detenidos estaba Francisco Ramírez Rando. Se intervinieron nueve toneladas de hachís, trescientos mil euros, una pistola Star 9 mm Parabellum, tres turismos y un camión frigorífico, material informático, equipos de transmisión y documentación variada.

2002.   Operación Clemente. Consistió en la detención de José María Clemente Marcet, que se dedicaba de una forma profesional a blanquear dinero para organizaciones de narcotraficantes, y a través de los diversos informes emitidos se puso de manifiesto la implicación directa del detenido en la operación de importación de dos toneladas de cocaína desde Caracas a París. En los cinco registros practicados se consiguió numerosa documentación, de cuyo análisis se derivó el descubrimiento de diversos y complejos sistemas de blanqueo de dinero a través de los cuales se blanquearon más de veinte millones de dólares (en torno a veintiún millones de euros). Fueron procesadas dieciocho personas por tráfico de estupefacientes y/o blanqueo de dinero. Además, se pudieron detectar inversiones en siete hoteles de Barcelona por un importe superior a los nueve millones de euros, y en inmuebles de la República Dominicana por unos dos millones y medio de euros. También se adoptaron medidas preventivas para asegurar un patrimonio por un importe superior a los cinco millones de euros.

2003.   Operación Popeye, dirigida a la desarticulación de una importante organización criminal dedicada a la distribución de sustancias psicotrópicas por internet, en la que es detenido Miguel Ángel Castro Gutiérrez y ciento cuarenta y nueve personas más. Les fueron intervenidas importantes cantidades de éxtasis en diferentes provincias del territorio nacional.

2003.   Operación Perla. Incluyó la incautación de cuatrocientos doce kilos de cocaína y la desarticulación de una organización internacional que operaba en España (Galicia y Madrid), Colombia, Venezuela, Surinam y Togo, dedicada a distribuir grandes cantidades de esta sustancia estupefaciente desde Sudamérica a Togo y desde allí a España y al resto de Europa, vía marítima, utilizando la embarcación Pitea, que fue abordada por la Marina francesa a petición de España, con objeto de culminar la operación. Se practicaron nueve registros domiciliarios, y se le solicitó además a la Autoridad Judicial la prohibición de enajenación de los bienes inmuebles de los detenidos. Se incautó numerosa documentación, ordenadores y cuatro vehículos, así como nueve mil quinientos euros y dieciocho mil dólares en efectivo (unos dieciséis mil euros).

2006.   Operación Atrio, en la que se desarrolló un operativo conjunto entre la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por presunta estafa contra las sociedades de inversión en bienes tangibles conocidas como Fórum Filatélico y Afinsa. Este operativo incluyó la práctica de veintiuna diligencias de entrada y registro en sus sedes sociales y principales establecimientos en España, así como la detención de sus máximos responsables, consiguiendo la intervención —en los domicilios y en cuentas bancarias— de 255,82 millones de euros y 357.731 dólares (unos doscientos noventa y cinco mil euros). Hay que señalar por su importancia que el número de afectados por esta presunta estafa podría ascender a unos trescientos cincuenta mil clientes, con una media de aportaciones individuales de quince mil euros, por lo que la cantidad total defraudada alcanzaría los cinco mil doscientos cincuenta millones de euros (cerca de los novecientos mil millones de las antiguas pesetas). Durante la operación hubo diez detenidos, cuatro de Fórum Filatélico y seis de Afinsa, y se realizaron veinticinco registros entre domicilios y sedes de las empresas. En los distintos registros efectuados se intervinieron importantes cantidades de dinero en efectivo, documentación, obras de arte, vehículos, joyas y grandes cantidades de sellos. En el domicilio de uno de los detenidos de la empresa vinculada a Afinsa, sito en la urbanización de La Moraleja, se intervino una gran cantidad de sellos, joyas, diez millones de euros y trescientos cincuenta mil dólares (unos doscientos noventa mil euros), así como dos vehículos de gran cilindrada. Dado el volumen de la actividad desarrollada por ambas sociedades y para garantizar la continuación de sus actividades, se procedió a precintar sus domicilios sociales, sedes y dependencias en España en las que se encontraban las cámaras acorazadas donde estaban depositadas las colecciones filatélicas, bajo custodia policial, a la espera de que se nombrara un administrador judicial.

2006.   Operación Gruta. Investigación conjunta de la sección de Blanqueo de Capitales con miembros del Grupo VII de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid sobre una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Se consiguió la incautación de ciento noventa y tres kilos de cocaína y la detención de veintiuna personas acusadas de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes, asociación ilícita, corrupción de menores, falsificación documental, estafa, cohecho contra el derecho de los trabajadores relativo a la prostitución e infracción de la ley de extranjería. Además, se intervinieron una pequeña barca de 3,5 m de eslora, un remolque para cargar barcas, treinta y un vehículos de gran cilindrada, un camión grúa, dos motocicletas de 1200 cc, un revólver, dos escopetas de caza, un rifle de caza mayor, abundante munición, dieciséis ordenadores (portátiles y fijos), veintiocho relojes de lujo, numerosas piezas de oro (gargantillas, pulseras, pendientes…), numerosa documentación bancaria, escrituras, dos máquinas de contar dinero, un detector de billetes falsos, varios equipos electrónicos, medios técnicos (prismáticos, miras telescópicas, radioteléfonos…), cuarenta y dos teléfonos móviles y numerosos efectos. El dinero en efectivo intervenido ascendió a trescientos mil euros y una importante suma de divisas (dólares, bolívares venezolanos y pesos colombianos). El total del dinero blanqueado desde el periodo detectado (enero de 2001) rondaba los trescientos sesenta millones de euros. Se solicitó judicialmente y en un primer momento el bloqueo de ochenta y una cuentas bancarias y tres viviendas particulares, una nave industrial y un club de alterne, este último valorado en unos doce millones de euros.

2007.   Operación Castaño, en la que se llevaron a cabo investigaciones para la desarticulación de una organización criminal internacional integrada por ciudadanos españoles y colombianos dedicados a la introducción y posterior distribución en España de importantes cantidades de cocaína por vía marítima, y en las que participaron activamente la Serious Organised Crime Agency (SOCA) del Reino Unido y la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense. Fueron detenidas once personas (dos españoles, dos colombianos, dos coreanos, un chino, un venezolano, un guatemalteco y un peruano), a los que les fueron intervenidas cuatro toneladas de cocaína en el interior de una embarcación que fue abordada en alta mar. Se intervinieron veinte mil euros en metálico, tres vehículos, numerosos teléfonos móviles, varios ordenadores y diversa documentación de interés para la investigación.

2008.   Operación Troika, que llevó a la desarticulación de una organización de blanqueo de capitales procedente de las actividades de la organización criminal rusa Tambovskaya. Se les imputó a los detenidos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. El operativo se desarrolló en Madrid, las islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Se practicaron veinticinco entradas y registros, veinte de ellos desarrollados por el Cuerpo Nacional de Policía y cinco por la Guardia Civil, así como la detención de veinte individuos de origen ruso y español (quince por parte del CNP y cinco por la Guardia Civil). Se intervinieron en torno a diecisiete millones de euros, tanto en efectivo como en las cuentas bancarias, y productos financieros bloqueados, viviendas de gran lujo, joyas, más de veinte vehículos de alta gama, dos yates de lujo y obras de arte de gran calidad, entre ellas un posible Dalí.

El Yomagate

En aquella época, todo sucedía a una velocidad trepidante. La actividad delictiva de las organizaciones criminales en España había aparecido como por arte de magia. Hasta el comienzo de la década, a excepción de las tramas turcas, oficialmente el crimen organizado no existía en nuestro país. Nada presagiaba que la detención de un ciudadano de origen cubano, Andy Cruz Iglesias, en el sur de España en el mes de noviembre de 1990, iba a producir uno de los escándalos más importantes en Argentina.

En Cabo Verde se habían intervenido quinientos treinta y cinco kilos de cocaína a bordo del velero Good Luck, procedente de Cartagena de Indias y cuyos propietarios eran el narcotraficante estadounidense Mario Anello y Ramón Humberto Puentes Patiño, de origen cubano y afincado, al igual que el primero, en aquel país. Puentes era el responsable de la introducción, entre los años 1982 y 1986, de más de diez mil kilos de cocaína en Estados Unidos, cuyo comprador en este país era el mafioso Antonino Giuseppe Greco. La droga, como en ocasiones anteriores, había sido suministrada por Jairo Durán, alias el Mico —un personaje conocido en Colombia no solo como narcotraficante del cartel de la Costa, sino por haber comprado el concurso de belleza Señorita Atlántico para su novia, y que sería asesinado, no se sabe si por las FARC o en un ajuste de cuentas, en 1992—, y Elías Díaz Ramírez, del mismo cartel.

Cuando Iglesias fue detenido y puesto a disposición judicial, tras la incautación del alijo por la policía caboverdiana y española, comprobé que lo que me había dicho la policía era cierto: «Don Baltasar, este, a poco que le pregunte, va a colaborar con usted. Ha dicho que hablará ante el juez». En efecto, como solía hacer en estos casos, en presencia de su abogado y una vez que le leí sus derechos, especialmente el de guardar silencio, le transmití: «No obstante, si usted lo desea, puede declarar. La ley prevé que, si presta colaboración, la pena que le corresponderá en su día se puede reducir sustancialmente en uno o dos grados». El declarante, cuando se presentó ante mí el 29 de noviembre de 1990 en la que sería la primera de quince comparecencias en el periodo de un año, me dijo inmediatamente que tenía miedo por su seguridad y que pedía el amparo judicial; le comenté que para eso estábamos allí, pero que debería ser una colaboración clara, contundente y exhaustiva, porque si comprobaba que estaba mintiendo, no operaría ninguno de los beneficios que preveía la ley y además quedaría en evidencia ante quienes hubiera implicado. Asimismo le expuse las medidas que podía adoptar para su protección y cómo quedaría de momento todo en reserva y en secreto. Hechas estas salvedades, Iglesias mostró su disposición a colaborar.

En las sucesivas declaraciones puso de manifiesto que el entonces secretario de Estado de Argentina para Asuntos Hidráulicos, Mario Caserta, era la persona encargada por la organización para controlar a las personas de nacionalidad argentina que trabajaban en este país para la misma, una parte de las cuales pertenecían, como él mismo, al Gobierno entonces presidido por Carlos Saúl Menem. Entre ellas estaban Amira Yoma, hermana de la exesposa del presidente —Zulema— y directora general de audiencias de aquel, y su exmarido, Ibrahim Alí Ibrahim, que había sido designado como responsable de la aduana del aeropuerto de Ezeiza tras ser nacionalizado en no más de una semana y sin hablar apenas el español. Cada miembro de la red recibía su compensación cada vez que se introducían importantes cantidades de dólares procedentes de Nueva York para su ingreso en entidades bancarias de Uruguay.

Gracias a estas declaraciones se pudo conocer cómo, entre los últimos meses de 1989 y septiembre de 1990, se había fraguado la adquisición en Cartagena de Indias de 535 kilos de cocaína que pudieron salir del lugar, pese a haber sido descubiertos por el DAS colombiano, gracias al soborno de varios funcionarios de aquella unidad policial por parte de Díaz Ramírez, que les entregó ciento ochenta mil dólares (unos ciento diez mil euros). Gracias a este recurso, la cocaína pudo partir en el barco Good Luck, en el que sería intervenida en Cabo Verde durante el segundo registro que los policías caboverdianos y españoles realizaron con autorización judicial.

La organización, liderada por Anello y Puentes, había instalado su centro de operaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde gozaban de total impunidad gracias a los integrantes locales de la misma, que a su vez tenían relevancia social y política, hasta el punto de que algunos de ellos formaban parte del Gobierno argentino.

En la trama de blanqueo que la organización desplegó en Argentina estaban implicadas siete personas que se distribuían las funciones de recepción de las maletas Samsonite en las que se transportaban los dólares, traslado a través de Aerolíneas Argentinas desde Estados Unidos (Miami y Nueva York) a Buenos Aires, con destino final en Montevideo (Uruguay), donde el dinero se depositaba en la entidad bancaria correspondiente. La cantidad de narcodólares así «lavada» ascendió, en el periodo investigado, a unos veinte millones (en torno a treinta y dos millones de euros).

Con toda esta información pude emitir órdenes de detención contra los ciudadanos colombianos, estadounidenses y argentinos, lo que provocó que la juez argentina María Servini de Cubría se trasladara a Madrid para tomar conocimiento de las actuaciones y llevarse en mano, tal como me pidió, la orden de detención de Amira Yoma para que no se produjeran filtraciones ni hubiese interferencias. Sin embargo, como transcurría el tiempo sin que se ejecutara esa detención, comencé a preocuparme. Un día recibí la información, por parte de los fiscales argentinos del caso, de que la orden de detención internacional la tenía la juez guardada en un cajón de su escritorio y sin intención de cumplimentarla. Mi contrariedad fue en aumento cuando, efectivamente, comprobé que mi colega no hacía nada por avanzar en la propia investigación, luego de haberle entregado las declaraciones de Andy Iglesias en las que se pormenorizaban los datos, documentos, encuentros, incluso en la Casa Rosada, con asistencia de uno de los hijos del presidente, que después fallecería en un accidente aéreo, y en los que quedaban claras las responsabilidades de cada cual en la trama delictiva.

El escándalo saltó a la prensa de la mano de dos periodistas españoles de Diario 16, Antonio Rubio y Manuel Cerdán, que, a partir de ese momento, hicieron una labor excelente, como la del periodista de Página 12, Román Lejtman, para que se conociera el caso y su paralización. Incluso se constató que la juez argentina había autorizado la grabación de algunas conversaciones telefónicas que yo había mantenido con ella, por lo cual fue sometida a juicio político, aunque este fue suspendido por la decisión de la mayoría oficialista del Congreso de la República.

El 10 de diciembre de 1991 emití un auto de procesamiento contra treinta personas, incluidos todos los componentes de la organización en España, Estados Unidos, Colombia y Argentina. A consecuencia del escándalo producido en su país, Amira Yoma fue detenida y, después de bastantes dilaciones, una juez amiga del oficialismo de la época sobreseyó su causa, quedando pendiente la orden de detención en España, que finalmente decayó cuando, protegida por el sobreseimiento argentino, compareció en la Audiencia Nacional para reivindicar una inocencia que no tenía y constatar el archivo de la causa a petición del señor fiscal. Esa fue la única ocasión en que vi a Amira Yoma, pareciéndome una persona derrumbada y harta de toda la trama en la que se había visto envuelta. Debo decir que en este caso hubo graves interferencias por parte del presidente argentino Carlos Menem, que, además de lo que aconteciera en Buenos Aires, intentó presionarme en España a través del ministro de Justicia Enrique Múgica, a quien, con educación pero con contundencia, le reproché que tratara de intermediar por alguien que desde el Gobierno no había hecho sino proteger a personas contra las que había sólidos indicios de criminalidad por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en vez de exigir que el presidente Menem actuara en su país para no encubrirlas y demandar que la justicia argentina actuara y no se sometiera al dictado político del presidente.

Este caso determinó que me negara a tener contacto con mi colega argentina María Servini de Cubría, la cual, desde mi punto de vista, no había actuado con diligencia y sí con trampas que influyeron en que no se extendiera la acción de la justicia hasta donde debía, al contrario que los fiscales…, que me alertaron de lo que estaba sucediendo. Veintiún años después, volví a encontrarme con la juez Servini, en su despacho oficial, cuando en mayo de 2012 concurrí a declarar como testigo en la causa que se sigue en su juzgado federal por los crímenes franquistas. Espero y deseo que, en este caso, continúe hasta el final en defensa de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen fascista del general Franco en España.

Jamás aceptaré la interferencia de la política en la justicia. Durante toda mi vida he reivindicado la independencia del poder judicial, en el marco de un Estado de derecho; sin embargo, muchos dirigentes políticos no la aceptan y persisten en pretender interferir en el curso de la acción de la justicia. Seguí constatando el ánimo controlador de Menem mucho después, cuando detecté la proximidad que mantenía con el traficante de armas Monzer Al Kassar, a quien incluso prestó su chaqueta y corbata para que se hiciera el pasaporte argentino. Era lógico, si se parte del examen que tuve ocasión de hacer tras la detención de Al Kassar en España en junio de 1992. Al parecer, andaba enredado en una operación extraña para la venta de torpedos con cabeza nuclear al Gobierno argentino. La insistencia de Menem se volvió a manifestar en marzo de 1997, tras la expedición de la orden de detención internacional contra Leopoldo Fortunato Galtieri, cuando llamó al despacho y no atendí la llamada. Fue en septiembre de ese mismo año cuando le conocí finalmente, al tiempo que a De la Rúa, en una conferencia del World Economic Forum en São Paulo, hablando ni más ni menos que sobre corrupción. ¡Vivir para ver! También en esa ocasión me negué a hablar con él.

La llamada que sí me sorprendió fue la del vicepresidente Eduardo Duhalde cuando, después de estallar el escándalo del Yomagate y cuestionarse la eventual participación del presidente, me dijo que Menem estaba en una visita oficial en Alemania y que, si expedía una comisión rogatoria para tomarle declaración, él le daría trámite. Ciertamente me quedé sorprendido por esta llamada y decliné amablemente el ofrecimiento, expresándole que no existía razón alguna para esa comisión. Realmente, me dio la impresión de que el vicepresidente quería que esa declaración se produjera para quitarse de encima al presidente Menem. O quizá fuera solo una impresión.

Por lo demás, después de conseguir la detención de Ramón Puentes en Montevideo, armando toda una operación de inteligencia con los uruguayos y mandando a policías españoles, la DEA estadounidense consiguió llevárselo en un avión especial. Una vez allí, hizo acuerdo con los fiscales y pactó diez años de prisión. A nosotros, que habíamos hecho un trabajo completo hasta la detención, ni siquiera nos permitieron tomarle declaración. Una vez más, el pez grande se comió al chico y el principio de oportunidad estadounidense, o el oportunismo, se impuso. Lo que sí se logró fue que, en este caso, el Tribunal Supremo de Uruguay levantara por primera vez el secreto bancario en una causa penal. Mario Caserta fue condenado siete años después a una pena de cinco años, una sanción mínima para la gravedad de su acción. Supongo que era conveniente que mantuviera la boca cerrada. Ibrahim Alí Ibrahim fue detenido en Siria en julio de 1998 y, después de acusar de los hechos de blanqueo a su exesposa y al vicepresidente Duhalde, nunca más se supo de él. El resto de los implicados fueron condenados.

«Mejor para la salud que Baltasar Garzón»

El tráfico de heroína, a principios de los años noventa, era un objetivo de investigación de primer orden no solo porque la heroína estaba causando estragos entre los jóvenes, incidencia que ahora, en 2016, comienza a reproducirse de nuevo, por la adicción y por el sida, sino porque las organizaciones turcas eran especialmente peligrosas, cuando amenazaban lo hacían de verdad, no se andaban con bromas. La investigación principal de esos años, después de la desarticulación de las existentes en 1989, fue la de Urfi Cetinkaya, quien a pesar de su limitación física —era paralítico a causa de un tiro en una operación contra el narcotráfico en Turquía y necesitaba la asistencia permanente de una persona— era el mayor traficante de heroína de Europa. En 1991 se trasladó a España para coordinar una operación de más de trescientos kilos de heroína y reestructurar a la gente que operaba en el país. Se iba a producir una reunión en Madrid, en un hotel junto al tanatorio de la M-30. La policía española detectó las intenciones de Urfi Cetinkaya y me lo comunicó. Utilizamos una novedosa medida de investigación que hoy tiene cobertura legal, pero que entonces quedó a la interpretación de jueces y fiscales. Se colocaron unos micrófonos en las habitaciones que iban a ocupar los miembros de la organización y se estableció un extraordinario operativo de vigilancia. La operación debía realizarse rápidamente, no se contaba con mucho tiempo y era necesario interceptar el gran alijo de heroína esperado y desarticular todo el grupo. Los resultados fueron espectaculares. Se intervino la droga y se detuvo a todos los miembros del grupo, con Urfi Cetinkaya a la cabeza, el 15 de septiembre de 1991.

Además, y quizá este sea el mayor de los logros, supimos cómo funcionaba la organización, cómo se impartían las órdenes, incluso se descubrieron asesinatos ordenados por el mismísimo Urfi en otros países. Tras unos largos años de instrucción muy complicada, por los cientos de recursos interpuestos por los miembros de la organización, se llegó a las puertas del juicio oral. Este debía celebrarse antes de septiembre de 1995, puesto que estaban a punto de cumplirse los cuatro años de prisión provisional. En junio de ese mismo año, el tribunal convocó a juicio sin prever que el letrado de Urfi Cetinkaya, Emilio Rodríguez Menéndez, forzaría la suspensión para retrasarlo y así propiciar que su representado agotara el plazo por las dilaciones producidas tras la conclusión del sumario. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cayó en la trampa del abogado y, en vez de agilizar y garantizar la celebración del juicio, atendiendo la petición de Rodríguez Menéndez, concedió la libertad de Urfi Cetinkaya con una fianza de veinticinco millones de pesetas (poco más de ciento cincuenta mil euros) que fue satisfecha en menos de veinticuatro horas. El 12 de julio de 1995, pese a contar con una acusación fiscal de veintitrés años de prisión por tráfico de drogas y contrabando, se hizo efectiva la libertad. La fiscal Dolores Delgado recurrió esa decisión, pero su petición de que se mantuviera a Cetinkaya en la cárcel fue desestimada. El juicio se celebró antes de que se cumplieran los cuatro años de prisión provisional de los demás acusados, pero ya sin la presencia del gran jefe de la heroína, que se había puesto fuera del alcance de la justicia huyendo de forma inmediata de España para refugiarse en Turquía. Hubo un gran revuelo mediático por el escándalo de esa fuga. Se alegó desde instancias judiciales que la carga de trabajo era muy importante y esto suponía un retraso en la tramitación de las causas. No obstante, se condenó a todos los restantes miembros de la organización.

Debo decir que para mí resulta incomprensible lo que aquí sucedió, máxime si se pone en relación con el hecho de que en julio de ese mismo año, ante la misma sección y por la misma razón de dilaciones indebidas, transcurrieron los cuatro años de prisión provisional para los miembros del comando Matalaz de ETA, hecho que algunos medios de comunicación trataron de imputarme, porque era el momento de la elevación del suplicatorio contra Felipe González y otros en el caso Marey, la cual tuvo lugar el día veintiocho. Gracias a mi rápida reacción y sobre todo a la ágil respuesta del presidente de la Sala, Siro García, se revertió esa estratagema. Lo cierto es que, fuera por escasez de medios o por deficiencias del tribunal, el mayor traficante de heroína se escapó.

Esta organización era especialmente violenta. Ekrem Turmus, lugarteniente de Urfi Cetinkaya, detenido en 1991 con el jefe, fue asesinado —según algunos, por haber colaborado con la policía— el 2 de diciembre de 1995. Arrojaron su cuerpo a un estercolero de Valdemingómez, al sureste de Madrid. El cadáver, según la prensa, tenía la sonrisa rajada, las piernas cortadas y las vísceras al aire.

¿Qué pasó con Urfi Cetinkaya? Tiempo después fue detenido en Turquía en el curso de una operación policial. La fiscal Dolores Delgado y yo nos reunimos y realizamos un estudio de todo el procedimiento. Tratábamos de seleccionar aquellas pruebas que sirviesen a las autoridades turcas para juzgarle. Una vez concluido nuestro trabajo, las remitimos a Turquía y allí las incorporaron al procedimiento en el que finalmente fue condenado, mucho tiempo después, en diciembre de 2013, a veinticuatro años de prisión por las diferentes actividades criminales que había desarrollado a lo largo de toda una vida, incluidas las del caso español. Y eso a pesar de que recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las condiciones de su detención, y especialmente por lo que los medios habían dicho de él en 2003, y este le dio la razón en parte.

El caso español fue muy relevante. Urfi Cetinkaya nunca pensó que se le pudiera detener en España y mucho menos que fuera a pasar cuatro años en prisión. Por eso, según me informó en su día la policía, no me perdonó nunca y me tenía un «cariño» especial. En más de una ocasión, juró venganza. No llegó a cumplirla, pero durante unos años envió los alijos de heroína a España con la leyenda: «Es mejor para la salud que Baltasar Garzón».

Esfuerzos conjuntos

Si los años 1990 y 1991 habían sido estresantes en el trabajo, 1992 no iba a ir a la zaga. Pronto comenzarían los nuevos acontecimientos procesales y los nuevos casos. La caída de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) el 30 de marzo, cuya investigación me correspondió, inauguraría el escenario, aunque no sería hasta mayo de ese año cuando me desplazaría a París para recibir la información de las autoridades francesas sobre la caída del colectivo Artapalo. Se sumó, en ese mismo mes, la detención del traficante de armas Monzer Al Kassar en junio por su presunta implicación en la adquisición de las armas para el secuestro del buque Achille Lauro en 1985 en aguas del golfo de Alejandría. Así como una primera operación policial en la que resultaron detenidos varios miembros de la organización terrorista Terra Lliure, cuando iban a colocar varios artefactos explosivos durante la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, y otra, a finales de septiembre, que supuso el finiquito para la organización, cuyos componentes renunciaron a la lucha armada cuando en 1994 aceptaron la sentencia de conformidad en este caso. A lo largo de 1992 se sucedieron también la Expo Universal de Sevilla, que años después daría lugar en mi juzgado a una investigación importante por supuesta defraudación y malversación de caudales públicos; el caso Ucifa, en el que se dilucidó cómo combatir la corrupción cuando afectaba a esta unidad de élite de la lucha contra la droga de la Guardia Civil; y en el ámbito del crimen organizado, la Operación Pitón, contra el tráfico de hachís, que en sus diferentes fases y a lo largo de doce meses (hasta abril de 1993) daría lugar a la detención y posterior condena de más de trescientas cincuenta personas en diferentes causas judiciales y países.

En los años inmediatamente anteriores se habían ido perfeccionando las técnicas de investigación y habíamos avanzado sobre todo en la coordinación de esfuerzos entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros cuerpos como el Servicio de Vigilancia Aduanera (SEVA), que tan importante labor desarrollaba en el abordaje en alta mar de barcos que transportaban cargamentos de cocaína o hachís.

La autorización de abordaje la hacíamos (únicamente el juez Carlos Bueren y yo) desde 1989 en forma motivada y mediante auto en el que se aplicaban los preceptos de la Convención del Mar de Montego Bay, firmada en Nueva York el 10 de diciembre de 1982 —España se adhirió el 4 de diciembre de 1984, aunque no la ratificó hasta su publicación en el BOE el 14 de febrero de 1997—, y de la Convención de Viena de 1988, que sí estaba incluida en el ordenamiento jurídico español.

De ahí que, una vez más, estábamos a expensas de una interpretación jurisprudencial posterior sobre un modo de proceder que si no era ratificado podría suponer la nulidad de múltiples procesos, los más importantes. Se creó el modelo para seguir funcionando y vinieron más operaciones, aunque en todas ellas existía una gran incertidumbre. Me parecía inverosímil cómo los funcionarios del SEVA podían abordar los barcos que transportaban la droga. No era solo darles el alto, sino saltar con lanchas neumáticas aprovechando la elevación de las olas por la borda de las embarcaciones y así evitar que se deshicieran de la sustancia arrojándola al mar.

La razón de realizar los abordajes no era caprichosa, ya que con la escasez de medios existentes y por la orografía de la costa era muy difícil perseguir las planeadoras fueraborda de los narcos. De modo que era «más sencillo», según me decían, hacerlo en alta mar. Debo reconocer que no me lo creía y siempre pensé que me lo decían para confiarme y que no dudara en emitir las autorizaciones. Por ello, en todas y cada una de las operaciones en las que autoricé los abordajes, siempre estaba con la adrenalina desbocada hasta que la policía me informaba de que la actuación se había consumado. Realmente, ha sido un lujo trabajar todos estos años con funcionarios que, por encima de problemas, malos sueldos, escasa atención oficial y poco reconocimiento, se han jugado la vida para hacérnosla un poco más llevadera a los demás. Vuelvo a dar las gracias a todas las personas que han trabajado a mis órdenes o con mi coordinación en aquellos años difíciles en los que se fue fraguando un sistema que produjo grandes resultados y que, gracias a su esfuerzo, hoy nos permite vivir un poco más seguros sin haber renunciado a los principios democráticos que sustentan el Estado de derecho.

La Operación Pitón

En la década de los ochenta y los primeros años de la siguiente, se desarrollaron en distintos puntos de Andalucía —principalmente en Sevilla, la costa malagueña y Cádiz— determinadas agrupaciones de personas estructuradas jerárquicamente cuyo único objetivo era consolidar sus respectivas posiciones en el transporte y comercialización de hachís desde Marruecos con destino a España para su ulterior distribución en España o bien en Holanda, Francia e Italia. Estos grupos actuaban por cuenta de los propietarios marroquíes de los campos de plantación en la zona del Rif, de quienes cobraban cantidades importantes de dinero por introducir la droga en España y en el resto de Europa; tales cantidades oscilaban entre las quince mil pesetas por kilogramo de hachís (noventa euros), si los propios marroquíes llevaban la droga hasta las costas andaluzas, y las veinticinco mil pesetas por kilogramo (ciento cincuenta euros), si iban a buscarla a Marruecos.

Los traficantes se servían de los medios de transporte marítimos y terrestres necesarios para el traslado de importantes cantidades de droga, tales como barcos, lanchas, pateras, camiones, autobuses y todo tipo de vehículos; también utilizaban otros recursos como emisoras, teléfonos móviles, documentación falsa y otros útiles para conseguir sus ilícitos fines. Además, contaban con la estructura necesaria para realizar las operaciones económicas destinadas tanto a financiar los gastos generados en su actividad delictiva como a blanquear las ganancias obtenidas, ocultando su ilícita procedencia y la verdadera titularidad de los bienes.

Está claro que, a determinados niveles, si no se cuenta con integrantes de la propia organización, resulta muy difícil alcanzar su infraestructura. El núcleo suele estar alejado o dificultado por una multitud de intermediarios que impiden llegar a quien imparte las órdenes desde la más alta posición jerárquica.

La Operación Pitón se fraguó en 1992 y tuvo su origen en otra previa, llamada Mufa. El 25 de noviembre de 1991, el SEVA capturó un barco en aguas de Barbate (Cádiz) que transportaba diez mil kilos de hachís. Hasta abril de 1992, se había tirado del hilo y detenido a una veintena de personas, pero no se había alcanzado al financiador último de la operación. Ese mes, el juez Bueren ordenó la detención de dieciocho de sus integrantes, incluidos cuatro guardias civiles, entre ellos el teniente jefe de El Puerto de Santa María.

El día 4 de abril de ese mismo año, fue detenido en Espartinas (Sevilla), por funcionarios de la Guardia Civil a las órdenes del juez Carlos Bueren, Jaime González García, alias el Manco de Bellavista, tras una intensa persecución.

Es curioso, pero, en ocasiones, las casualidades en la vida pueden hacer que cambie el signo de los acontecimientos para una persona o una serie de personas. Yo había estudiado la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, muy cerca de donde este hombre desarrollaba su ámbito de acción y por ello conocía su existencia. En cierto modo, era un personaje mítico porque en aquella época de 1973 se dedicaba al trapicheo de chocolate (hachís) desde hacía años e incluso presumía de haberle vendido algún porro que otro al que después sería presidente del Gobierno, Felipe González. Yo recordaba al Manco por la característica inconfundible de que le faltaba el brazo derecho, de ahí su apodo, y porque andaba como guardacoches por las inmediaciones del Prado de San Sebastián, donde se ubicaba entonces la Facultad de Derecho, en el edificio de la Tabacalera. El hecho es que este recuerdo me sirvió para acercarme a él y hacer que confiara en mí a la hora de declarar, máxime si teníamos en cuenta que, tras su comparecencia en la Audiencia Nacional, se había negado a hacerlo ante el juez Bueren.

En el mismo día, lo sometí a una rueda de reconocimiento con relación a un alijo de diez toneladas de hachís, y la persona que estaba presa por mi orden en ese asunto lo identificó como uno de los dueños de la mercancía. Después de haber practicado la rueda, entró en mi despacho y en ese momento, al verlo, se me representó su figura de veinte años antes, sin duda alguna. En un principio no quería hablar, al igual que no lo había hecho ante Carlos Bueren, pero quizá porque comencé a conversar no del asunto (él no sabía aún que lo habían identificado en la rueda), sino de sus años en Sevilla y de quién era, gané un espacio mínimo en el que se generó alguna confianza. A partir de ahí y después de hablar de Sevilla y de lo que había hecho en aquellos años, de los jueces que había conocido y que eran amigos míos o conocidos (el Palacio de Justicia sevillano estaba en el mismo lugar), le fui preguntando cómo había sido su detención y cuál era su situación personal y familiar, para ir adentrándome en la actividad a la que se dedicaba y si había pensado en algún momento dejarla. La verdad es que aún no estaba decidido a colaborar, pero en el momento en que comprobó, porque así se lo informé, que había sido reconocido y que tenía un grave problema, con años de cárcel por delante, me preguntó qué podía hacer para ayudarme. Yo le dije que eso dependería del nivel de conocimiento e implicación que tuviera en los hechos. Me dijo que declararía, aunque solo si eso le suponía una rebaja de pena. Le advertí que en mi juzgado existía ese procedimiento, pero que contra él se seguía otro en el Juzgado Central 1, lo cual no parecía preocuparle demasiado.

Después de aquella primera aproximación en el caso que tramitábamos en mi juzgado, comencé a interrogarle por otros temas y sobre si conocía a otras personas para, de esta forma, ir entrelazando unos con otros y extender la investigación a otras operaciones y tramas organizadas. Poco a poco, Jaime aceptó colaborar, hasta que llegó el punto en el que tenía que referirse a sus relaciones con la ’Ndrangheta calabresa, extremo que negó en un principio por miedo a las represalias. Fue aquí cuando acordé otorgarle el estatus de protección que necesitaba para avanzar en las investigaciones, a la vez que a través de la Fiscalía y de acuerdo con mi colega Bueren nos repartimos el trabajo con el concurso de la Guardia Civil y especialmente del grupo dirigido por el coronel López y el capitán Hernández del Barco. Se abría un nuevo horizonte que iba a desembocar en la investigación más importante que se ha hecho en España frente a la criminalidad organizada, relacionada con el tráfico de hachís.

Las declaraciones del Manco de Bellavista se sucedieron y cada día nos sorprendía su memoria enciclopédica. La universidad de la supervivencia en la calle y la ilícita actividad a la que se venía dedicando desde siempre habían desarrollado en él una especie de sexto sentido que le había permitido relacionarse, hablando escasamente bien el español con cerrado acento sevillano, con lo más granado de la criminalidad organizada internacional de la cuenca mediterránea y Europa. Un auténtico portento con una capacidad corruptora excepcional puesta al servicio del delito. Recordaba cifras, lugares, personas, cantidades, todas las cuales íbamos comprobando hasta llegar al cerrado ámbito de las cúpulas de las diferentes organizaciones identificadas, a las que solo podíamos llegar a través de la prueba indiciaria que nos iba aportando. Así llegaron las primeras detenciones. Toda la información que había proporcionado se constataba milimétricamente.

Una vez que conseguí, después de mucho empeño, que superase el pánico que le daba hablar de ello, identificó a los miembros de la familia Di Giovine y especialmente a su jefe, Emilio, que por entonces estaba en Marbella. Permití que el Manco fuera excarcelado para acompañar a la Guardia Civil con el fin de identificarlo, aparentando que estaba en libertad para que no desconfiara. A finales de junio de 1992 se montó la operación policial en Málaga para detener a los italianos, con cierto temor por mi parte porque corríamos el riesgo de que unos y otros se escaparan y esto supondría un grave problema para mí y para quienes estaban trabajando en el caso. No obstante, consideré que no podíamos perder la oportunidad de detener a quien se había evadido de una prisión en Italia con un helicóptero y que comandaba una de las principales organizaciones mafiosas de Europa, con su epicentro en Milán, Calabria y Marbella. El contacto con el Manco de Bellavista se produjo, pero la operación diseñada por la Guardia Civil falló porque el objetivo sospechó y desapareció, como también lo hizo por algunas horas el colaborador. No le deseo a nadie que pase el mal rato que padecí durante las dos horas siguientes. El caso es que el Manco fue detenido de nuevo y me juraba después que no había intentado huir, sino que quería darle más credibilidad a la situación para que no sospecharan de él.

Realmente nunca sabré si lo hizo o no, pero lo cierto es que continuamos con denuedo la averiguación de adónde había huido Emilio Di Giovine. Unas semanas después, el capitán Hernández del Barco, en plena preparación de una nueva fase de la operación, me dijo que Di Giovine había sido identificado en una localidad del Algarve portugués y que, si yo daba la autorización, se marchaban de forma inmediata a prestar apoyo a la policía judiciaria de Portugal. Evalué la situación y emití la orden correspondiente, comisionándolo. Al día siguiente me avisaron sobre las tres de la madrugada de que estaban a punto de iniciar la acción. Poco tiempo después, sobre las seis de la mañana, pude asistir en directo a través del teléfono a la detención del mafioso, tiroteo incluido. En la localidad de Vilamoura, por fin, caía el máximo responsable de la organización, que en varias ocasiones había eludido el cerco judicial y policial: Emilio di Giovine, capo de la mafia que a las órdenes de su madre, detenida en Milán entonces, movía todos los hilos de esta poderosa organización en España.2

Inmediatamente se procedió a la detención de otros quince miembros de la organización en varias localidades andaluzas y me desplacé, en compañía del fiscal Zaragoza, al Algarve para recibir la declaración del capo. No quiso declarar, pero sí nos dijo que si era extraditado a España hablaría de todo y de todos los implicados, y especialmente de los funcionarios implicados en la trama. Como era de esperar, intentó escapar de la prisión de Lisboa, pero finalmente fue condenado a dieciséis años de cárcel. En 2007, ya arrepentido y colaborando con los fiscales italianos, renunció a la violencia mafiosa y no volvió a delinquir, que se sepa.

Detenciones e investigaciones económicas

Las investigaciones siguieron avanzando y los dos jueces que las dirigíamos continuamos haciéndolo en unión de la Fiscalía Especial Antidroga, con Javier Zaragoza, Pablo Contreras y José Antonio del Cerro, lo que constituyó uno de los mejores ejemplos de cooperación en la Audiencia Nacional. Esta acción conjunta ponía de manifiesto que, si se quería, se podían conseguir cotas de eficacia importantes sin necesidad de acudir a mecanismos sucios, como los que ya en ese tiempo estábamos investigando respecto a la Ucifa, a través de las declaraciones de un nuevo arrepentido, Ramón María del Temple Llopis, al que se uniría un guardia civil, Vicente Domínguez Serrano, cuyo único punto negativo era el letrado que lo defendía, José Emilio Rodríguez Menéndez, un profesional controvertido donde los haya y mucho más en aquellos años en los que se vinculó de forma grave a ciertas estructuras y personas del Ministerio del Interior.

El 23 de octubre de 1992 ejecuté una nueva fase de la Operación Pitón. Para su ejecución nos desplazamos los fiscales y los dos jueces a Sevilla, centrando la dirección para la detención de las cuarenta personas previstas en la comandancia de Montequinto.

La última fase de esta amplia operación tuvo lugar en el mes de abril del año siguiente, pocos días antes de que tomara una decisión trascendental en mi vida: pasar a la actividad política. Aunque entonces no imaginaba que sería por tan poco tiempo, lo que determinó que volviera a encontrarme con todas estas investigaciones a partir de 1994.

Mientras tanto, la actividad del juzgado fue trepidante, con comisiones rogatorias a Italia u Holanda, con detenciones internacionales, con desplazamientos del Manco de Bellavista hasta Italia, donde fue testigo de cargo… Simultáneamente a las indagaciones propias del tráfico de drogas, se desplegó una intensa investigación de los ámbitos económicos relacionados con los investigados. En este sentido, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SEVA) indagaron en más de mil cuentas y depósitos de diecisiete sucursales pertenecientes a siete entidades bancarias de Ceuta en relación con el blanqueo del dinero del narcotráfico.

La actuación del SEVA se centró en el seguimiento de quienes cobraron por la introducción del hachís, en la determinación del sistema de blanqueo del dinero empleado por la organización y en el análisis del patrimonio de ciento veinte personas relacionadas con ella, tanto de la Costa del Sol como de Cádiz y Sevilla.

Pero, al final, la historia se repitió. A pesar de haber podido pasar a ser un símbolo de la colaboración definitiva con la Justicia, Jaime González, aquel que comenzó con el trapicheo, alcanzó la cima del crimen organizado y la abandonó por unos años de colaboración con la Justicia, volvió a caer. En 2005 se volvió a investigar al Manco y, cinco años después, intervino en una operación de tráfico de hachís, conocida como Tulipán, y resultó condenado a tres años de cárcel en 2012 por la Audiencia Provincial en Jerez de la Frontera.

Creo que se hizo un excelente trabajo que concluyó en varios juicios, con múltiples condenas y una enseñanza clara: la cooperación entre las diferentes estructuras del Estado y la cooperación judicial internacional era la única vía posible para hacer frente al crimen organizado en toda su extensión. El conjunto de organizaciones había movido beneficios en el periodo investigado por valor de unos cuarenta y ocho millones de euros (ocho mil millones de las antiguas pesetas) a través de la entrada de hachís destinado a la venta en distintos países de Europa.

El camino iniciado, con actuaciones sostenidas como las aquí descritas, era el que debíamos seguir para contrarrestar el efecto expansivo de las organizaciones criminales que buscaban asentarse en nuestro país. Creo firmemente que lo conseguimos.

Operación Hielo Verde

También llamada Green Ice, por el color de los billetes de cien dólares, la Operación Hielo Verde supuso uno de los esfuerzos internacionales más importantes de la época. El número de personas vinculadas judicialmente por los delitos de lavado de dólares y narcotráfico en esta operación, desarrollada en todo el mundo, fue de doscientas sesenta. Mediante estas iniciativas colectivas multinacionales se asestó un serio golpe al cartel de Cali. El fiscal federal de San Diego reveló que los miembros de la organización fueron descubiertos después de que la DEA estableció la empresa The American Ventures Associates (TAVA). Esta organización logró que los enlaces del cartel confiaran en sus transacciones e iniciaran el giro de millones de dólares desde Europa y Estados Unidos a cuentas secretas en Panamá y Colombia.

A lo largo de la investigación, se descubrió la gran pasividad de los bancos a la hora de controlar las operaciones bancarias por las que se movieron ingentes cantidades de dinero procedente del tráfico de cocaína.

Uno de los más claros ejemplos de la pasividad de ciertas instituciones bancarias ante las operaciones realizadas por la gigantesca organización del narcotráfico es el caso de la «abuelita de Mantua», una eficaz recicladora detenida durante la operación. La cuenta bancaria de Vera Romagnoli, una jubilada de sesenta y nueve años de edad con unos ingresos mensuales de trece millones de liras, algo más de mil dólares (o de seiscientos euros), llegó a registrar entradas por un valor total de mil millones de liras (más de ochocientos mil dólares, es decir, una cifra superior al medio millón de euros), pero en el banco nadie advirtió nada extraño.3

De nuevo insistiré en la importancia excepcional de la cooperación judicial entre los países, que precisamente se puso de manifiesto con la Operación Hielo Verde. En un mundo global, donde las organizaciones criminales no conocen fronteras, antes al contrario, potencian la nueva dimensión del planeta para hacer más «negocios» y hacerlos más rentables, el trabajo en sintonía con otros países es determinante. En Hielo Verde, puesta en marcha por las autoridades policiales y judiciales de los Estados Unidos, participaron diez países, entre los que se encontraban Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá y también España.

Para hacer efectiva la investigación, tuvimos que aplicar de nuevo —junto a la Fiscalía Antidroga, con Javier Zaragoza a la cabeza— técnicas que en 1992 aún no estaban incluidas en el marco jurídico español. En esta ocasión fueron la utilización de agentes encubiertos —que se reguló finalmente en 1999— y la circulación controlada de dinero (regulada en 1995). El procedimiento empleado en esta investigación consistió, aparte de la averiguación propia de los componentes de las diversas redes dedicados al tráfico y también a las operaciones financieras derivadas de él, en infiltrarse en las actividades financieras de la red, realizando servicios de intermediación en los circuitos financieros existentes. En el caso español, el agente encubierto de la DEA estadounidense recibió el encargo de trasladarse a nuestro país con el cometido de recoger aquí grandes cantidades de dinero procedente de la venta de la cocaína, que los miembros del grupo radicados en España tenían en su poder, y trasladar posteriormente esos fondos ya convertidos en dólares a cuentas bancarias en el extranjero.

Decidimos que el agente encubierto de la policía fuese de la Fiscalía Especial Antidroga e iniciamos una actuación, que después se desenvolvería en forma coordinada, para establecer cómo íbamos a desarrollar esa infiltración para la que no había regulación procesal específica. Para ello tuvimos que partir de la normativa internacional de persecución de las actividades de tráfico de drogas y lavado de activos, el Convenio de Naciones Unidas de 1988, y aplicarlo directamente. Se consiguió establecer un contacto para la entrega del dinero procedente de la droga. Se estableció un dispositivo con la policía española, al objeto de identificar a los miembros de la red operantes en España, así como para determinar el circuito internacional recorrido por el dinero procedente del tráfico ilícito de cocaína antes de llegar a sus destinatarios finales colombianos y, por último, conseguir incautarlo en las cuentas y entidades así identificadas.

En el curso de la investigación hubo que aprobar también la salida de fondos de España a cuentas en el extranjero. Tuve que autorizar las transferencias que el agente encubierto hacía para que los fondos fueran a las empresas tapadera constituidas por agentes de la DEA.

Las detenciones, quince de ellas en España, se llevaron a efecto simultáneamente, en todos los países que participábamos en la investigación, el 25 de septiembre de 1992. Se apresó a siete gerentes de máximo nivel del cartel de Cali en Italia, Costa Rica y Estados Unidos, atraídos por agentes encubiertos de la DEA que los citaron a varias reuniones en esos países para arrestarlos.

Dos colombianos

También en el procedimiento español hubo algunas incidencias que pudieron afectar a su desarrollo. Dos personas de nacionalidad colombiana, Ricardo Poveda y su primo José Ramón Rojas Poveda, huyeron sin que, a pesar de la investigación que ordené a la policía, se pudiera saber lo que había pasado. Al parecer, uno de ellos podía ser colaborador policial al margen de la investigación del Juzgado y la Fiscalía. El primero mandó el siguiente mensaje: «Me ha llamado Guillermo [Roberto Poveda] y me ha dicho que la situación está caliente, que no os mováis y que estéis atentos a nuevas noticias. Avisa a Juan [Moreno] y al médico [José Chaloub]».

LA ACTUACIÓN DE LA TRAMA EN ESPAÑA

La red internacional de narcotráfico desarticulada en septiembre de 1992 introdujo en España para su blanqueo más de 1145 millones de pesetas (casi setecientos millones de euros), según un informe de la Fiscalía Antidroga. El dinero entró en dólares, florines holandeses, francos franceses, marcos alemanes y libras esterlinas. El Juzgado también investigó si hubo complicidad por parte de empleados de banca españoles para mover y lavar las transferencias.

Un informe del grupo policial antiblanqueo, que dirigía el comisario Alberto García Parras, evidenció el poderoso calado de la red de lavado de dinero ligada al cartel de Cali que operaba en España. Las vías de entrada de narcodivisas eran varias. La Banque Rohner transfirió 684.005 dólares y 378.255 francos franceses. La Societé de Banque Suisse de Bale-Basel (Suiza) fue utilizada para remitir 603.863 dólares, 794.256 florines holandeses y 229.425 marcos alemanes. La Banque Pariente de Ginebra (Suiza) remitió 990.000 francos franceses. La Generale de Banque de Bruselas (Bélgica) envió 5.321.639 dólares, 1.399.450 florines holandeses y 2.302.600 francos. El Kredit Bank de Bruselas exportó 1.591.239 francos. Además, se ingresaron 86.000 florines holandeses y 165.000 francos y, en cheques de viaje, 121.350 dólares, 1300 libras esterlinas y 1000 francos.

Tales ingresos en divisas tenían como destino «cuentas abiertas en el Banco Popular Español y que generalmente revierten en la cuenta en dólares». «Cabe destacar que los ingresos más importantes son los realizados en florines holandeses, mediante transferencias recibidas del Generale de Banque de Bruselas, efectuados en la cuenta 65/80032/43 por un importe total de 4.623.930 florines, que, previa conversión en dólares, son traspasados a la cuenta 65/30438/67 en la misma oficina bancaria por un importe de 2.540.816 dólares.» «Igual sucede con el ingreso de 165.871 francos suizos, mediante transferencias del banco suizo Union de Banques Suisses (Zúrich), que, convertidos en 113.367 dólares, son ingresados en su cuenta en esta divisa; que, junto a una transferencia de 132.268 dólares, procedente del banco suizo Discount Bank and Trust de Lugano, suman un total de ingresos del exterior de 2.983.451 dólares (incluidos dos traspasos por 197.000 dólares procedentes de la cuenta 65/30440 a nombre de Seddik Aznak en el mismo Banco Popular Español).»

Todos estos ingresos, más 35.590 libras esterlinas procedentes del belga Generale de Banque, eran «reembolsados mediante transferencias destinadas al extranjero y cheques cambiarios en dólares, mayormente al portador, y que son negociados en el exterior». Entre las transferencias de mayor peso desde España figuraban las siguientes: dos realizadas el 17 y el 25 de enero de 1992 por importe de 110.000 y 160.000 dólares, dirigidas a la cuenta de Miriam Liliana Paz Morillo, esposa de José Chaloub, ciudadano ecuatoriano detenido en esta operación.

Estas cantidades transferidas formaban parte de los 480.000 dólares que Chaloub, en su declaración, dijo haber enviado a través de la cuenta de su mujer a Joaquín Pinzón. También se utilizaron quince cheques, cuatro de ellos a nombre de Albert Loh y el resto al portador, por un importe total de 1073 dólares y que fueron retirados de la oficina bancaria libradora, como en tantas otras ocasiones, por Amar Mizzian, jefe ceutí de esta red.

La organización también utilizó empresas tapadera como Berford House International, Galtex, Universe Gold Enterprise, Joyeros Mayoristas S. A., Colombia Leather International y Diana International, entre otras. Según la policía, las cuentas del Banco Popular en Ceuta fueron utilizadas «para realizar transferencias, emitir cheques con cargo a las mismas, dirigidas unas y negociados los otros en bancos radicados en el exterior, con frecuencia en Panamá, Aruba (antiguas Antillas Holandesas), Miami y Nueva York (Estados Unidos), Suiza, Andorra y Gibraltar, mediante una rueda de cheques presentados al cobro en distintos bancos e ingresados en cuentas de distintas sociedades, tras las cuales se hallarían los verdaderos destinatarios del dinero originado con la venta de cocaína».4

Esta fue también una de las primeras operaciones de lavado de activos, el talón de Aquiles, pero también la fortaleza de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Un grupo criminal que no consiga reciclar sus ganancias en forma segura carece de estabilidad y será destruido en breve tiempo; sin embargo, una buena protección o ingeniería financiera proporcionará consistencia a la organización. Por ello el objetivo, como mecanismo de ataque a la misma, debe articularse en todo caso con una buena estrategia para descubrir e impedir ese reciclaje. Y hay que reconocer que la Fiscalía y yo fuimos pioneros en la investigación de esta práctica y estuvimos en el origen del concepto jurisprudencial del blanqueo de capitales.

Los funcionarios que, con la correspondiente autorización judicial, se infiltran en las organizaciones criminales se juegan la vida. La fiscal Delgado, mientras preparaba el juicio en el que se enjuiciaba a la red española de Hielo Verde, habló con el funcionario que asumió la responsabilidad de ejercer el papel de agente encubierto y le preguntó cómo se sintió al desarrollar operativamente su actuación. Él le confesó que había sentido un profundo desasosiego en algunos momentos, pensando que podía ser la última de sus actuaciones: «Nos reunimos en la cafetería de un hotel con los investigados, y se supone que yo era de ellos, y todo el mundo iba armado. Yo también llevaba mi arma y entonces, en un momento dado, nos obligaron a meterlas en unas bolsas de unos grandes almacenes. Uno de ellos iba recogiendo las armas de una en una y me dijeron: “Ahora vamos a bajar al garaje”. En ese momento pensé: “Aquí y ahora es mi final”». Y concluyó: «Pasé uno de los peores ratos de mi vida desde que dejé el arma. Bajé en el ascensor intentando que no notaran que estaba tragando saliva porque se me quedaba seca la garganta y temía no poder articular las palabras». Se trataba de un hombre con apariencia muy normal, muy sencilla, muy de la calle, en definitiva, un auténtico héroe que se había jugado la vida por su profesionalidad.

Ucifa: los falsos alijos de la Guardia Civil

La Ucifa es la unidad de élite para combatir el tráfico de drogas desde la Guardia Civil. En 1992 inicié y concluí una investigación, a la que se unió otra parte instruida por el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, basada en las declaraciones de un arrepentido, el ecuatoriano Ramón María del Temple Llopis. El en otro tiempo confidente de la Guardia Civil aseguraba que se le «pagaba con droga» por sus colaboraciones.

Dos años antes, la Ucifa (Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga) me había notificado una operación de importación de cien kilos de cocaína procedente de Colombia, según la información recibida de dos colaboradores conocidos como los Hermanos Dalton. La operación se desarrolló en dos fases sucesivas. El 7 de diciembre de 1990, el coronel jefe del servicio solicitó a la Fiscalía Especial Antidroga que autorizase una entrega controlada. Para retirar las maletas del recinto aduanero se utilizó a un «agente encubierto» del grupo operativo. Según lo expresado en la solicitud, la Fiscalía autorizó la entrega. El 19 de diciembre de 1990, en un vuelo procedente de Colombia, llegaron al aeropuerto madrileño de Barajas al menos treinta kilos de cocaína en el interior de dos maletas.

En la segunda fase de la operación el comandante José Ramón Pindado Martínez dirigió un oficio, con fecha 21 de diciembre de 1990, a la Fiscalía Especial Antidroga en el que se hacía constar: «Por investigaciones que se llevan a cabo por el Grupo Central de Investigación Fiscal y Antidroga, se ha tenido conocimiento de que en los días del 22 al 27 del presente mes, llegará a la terminal de viajeros del aeropuerto de Madrid-Barajas un súbdito colombiano, que responde al nombre de “Gustavo”, que es conocido físicamente por un colaborador de este Servicio, y que llevará una o dos maletas conteniendo gran cantidad de cocaína, para la realización del tránsito controlado que seguiría la operación, y de esa forma desarticular la organización y frustrar esta ilícita operación».

La autorización para una nueva entrega controlada fue concedida por la Fiscalía Especial Antidroga ese mismo día, en la errónea creencia de que eran ciertos todos los extremos contenidos en el oficio. Una semana más tarde, el 28 de diciembre, llegaron por vía aérea al aeropuerto de Barajas desde Colombia cincuenta y ocho kilos de cocaína dentro de dos maletas. Poco después, como se descubriría en 1992 y consta en los hechos probados de la sentencia de 3 de octubre de 1997, el comandante Pindado sustrajo del interior de las maletas seis paquetes, que contenían un kilogramo de cocaína cada uno, con la específica finalidad de entregar cinco de ellos a José Luis Recuero del Pino y José Manuel García Gutiérrez en pago por su colaboración, que llevó a la aprehensión de ambos envíos de droga.

En la propia sede de la Dirección General, Recuero y García tomaron los cinco paquetes de manos de Pindado, en presencia del sargento Gonzalo Méndez Gutiérrez. Posteriormente, ambos confidentes procedieron a redistribuir la cocaína recibida, transfiriendo dos kilos de la misma a Temple Llopis, en dos entregas sucesivas, que tuvieron lugar en la calle Julián Romea y en las proximidades del estadio Santiago Bernabéu. Todo ello en pago de los servicios que prestó para que pudiera llevarse a cabo esta operación. Los días 26 y 28 de diciembre de 1990, el sargento Méndez, siguiendo instrucciones concretas del comandante Pindado, confeccionó sendos atestados, que remitió a la Autoridad Judicial, en los que se afirmaba que la cantidad de droga recibida había sido de treinta y cincuenta y dos kilos, respectivamente, cuando la realidad era que, al menos en el segundo envío, fue de cincuenta y ocho kilos, con lo cual se ocultaba el robo de la droga con la que se pagó a Recuero y García.

En esos días y para dar más cobertura a la falsa operación policial, la Ucifa solicitó de nuevo la investigación sobre una persona apellidada Coterillo, responsable de una sucursal bancaria. Al parecer este individuo tenía alguna relación con el jefe de un cartel colombiano. Basándose en estos datos, la Ucifa preparó una operación encubierta en la que el agente era un funcionario de la Guardia Civil que recibiría la cocaína. Con la autorización del Ministerio del Interior, a petición del jefe de la Ucifa, el agente encubierto envió un cheque bancario de dos millones de dólares (trescientos millones de pesetas, es decir, 1,8 millones euros). El cheque fue recibido por Coterillo y enviado a Sandoval, el jefe del cartel. La operación se realizó infringiendo la cláusula de no pago impuesta por la central, que no conocía la operación encubierta. Como resultado de esta absurda operativa, hecha a espaldas del juez y del fiscal, el Estado perdió la suma referida.

Para dar verosimilitud a la operación encubierta de importación y cubrir el fiasco de los dos millones de dólares, la Guardia Civil detuvo a Coterillo. En ese momento, yo no conocía las declaraciones de Temple, pero intuí que algo raro ocurría y ordené que fuese liberado sin que hubiera sido puesto aún a mi disposición (de hecho, es el único caso en toda mi carrera en que lo he ordenado así) y exigí explicaciones inmediatas sobre el cheque, cuyo importe —procedente de fondos públicos— había sido girado por la entidad endosante y, por tanto, había llegado a poder de los propietarios de la droga.

En 1992, el «arrepentido» Ramón del Temple, en la causa seguida en el Central 1, declaró que esta y otras operaciones habían sido artificialmente diseñadas por la Ucifa para conseguir buenas estadísticas y los beneficios correspondientes. Asimismo desveló que también se pagaba a los colaboradores con parte de la droga incautada, por falta de dinero en el ministerio.

Por mi parte, cuando descubrí la trampa, ordené la identificación del agente encubierto, así como la detención del funcionario en cuestión, que reconoció haber recibido una orden para actuar así en esta y en otras operaciones. Seguidamente y a un ritmo trepidante, ordené la identificación de los Hermanos Dalton, los dos colaboradores que habían facilitado el asunto. Ellos me confirmaron la información del agente encubierto y de Temple. Los Dalton aparecían como importadores, pero comprobé que el motor o ideador de la operación había sido Pindado, responsable operativo de la Ucifa.

Avanzando en la investigación, logré descubrir que otro agente encubierto había actuado de idéntica forma en varias operaciones. En todas ellas se pagaba a los colaboradores con cocaína que se distraía en el pesaje, antes de pasar el procedimiento al juez. A los anteriores se sumaron dos guardias civiles superiores, con los cuales formaban una verdadera red de distribución de drogas.

Ante la situación generada, el 13 de diciembre de 1992 ordené el registro de la Dirección General de la Guardia Civil, aquella misma que cuatro años antes había visitado para levantar un cadáver e inspeccionar los destrozos que un 22 de noviembre de 1988 había ocasionado una bomba de ETA. Ahora, dolorosamente, se trataba de un verdadero caso de corrupción, además de tráfico de drogas, que tendría unas consecuencias muy importantes y que desveló la suciedad que se había fraguado en el Ministerio del Interior con unas autoridades más pendientes de la guerra sucia y la corrupción, pero no para perseguirlas, sino para encubrirlas o participar en ellas, como expresamente se constató en las diferentes sentencias pronunciadas.

En la investigación conseguí reunir evidencias suficientes para que el tribunal condenara a diez personas a importantes penas de prisión, a la vista de las declaraciones de los «arrepentidos», los documentos que demostraban la alteración de atestados y otras pruebas acumuladas.

Durante el proceso tuvieron lugar todas las artimañas posibles e innumerables acciones de coacción y desestabilización de los testigos, a pesar de los esfuerzos para protegerlos; ataques durísimos contra el juez; denuncias; trampas; acoso mediático a través de los periodistas y medios amigos de los procesados, querellas y hechos estrambóticos, como que un fiscal general del Estado entrara o saliese en el maletero de un coche, tras reunirse con los altos responsables del ministerio, para no ser detectado por los medios de comunicación.

A pesar de todas esas argucias, la Fiscalía Antidroga consiguió sentar en el banquillo a catorce acusados y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los responsables de la Ucifa por los delitos cometidos entre 1988 y 1991, así como a sus «colaboradores». Estos hechos incluían la colocación intencionada de sustancias estupefacientes para garantizar el éxito de la operación, entradas en domicilios sin autorización judicial, apropiación de armas, entrega de varios kilogramos de cocaína a los colaboradores como pago de sus servicios y el reparto de heroína, entre otras irregularidades e ilicitudes cometidas en el ejercicio del cargo y subvirtiendo todos los principios que debe guardar y cumplir cualquier servidor público.

Los condenados fueron Félix Molina Jemes, Antonio López Segura, Doroteo Gómez Porras, Vicente Domínguez Serrano, Francisco Quintero Sanjuán, José Luis Recuero del Pino, José Manuel García Gutiérrez, Ramón María del Temple Llopis, José Ramón Pindado Martínez, Gonzalo Méndez Gutiérrez, Luis Ezquerecocha del Solar, Juan José Garrote Gago, Juan Pallol Trigueros, Ricardo Fernández Barbudo y Juan Miguel Rada Fernández.

El tribunal impuso penas de entre ocho y diez años de cárcel a los máximos responsables por tráfico de drogas. Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó prácticamente la sentencia.

En los diez primeros años de gobierno socialista —entre octubre de 1982 y diciembre de 1992—, con Felipe González al frente, se desarrollaron una serie de actos delictivos muy graves en la cúpula del Ministerio del Interior, cuyos responsables fueron detenidos y procesados en investigaciones, la mayoría dirigidas por mí. Inicialmente, habían sido los policías José Amedo y Michel Domínguez por los atentados en los bares Batxoki y Consolation; ahora, el comandante Pindado y la Ucifa; a continuación, la malversación de caudales públicos y la corrupción del director general de la Policía, Luis Roldán. Después vendrían la cúpula del Ministerio del Interior y altos mandos policiales, con el exministro Barrionuevo a la cabeza —seguido por el exsecretario de Estado, Rafael Vera; el exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y otros mandos policiales—, en el caso Marey; la depredación de los fondos reservados a cargo de Vera o del director de la Policía, José María Rodríguez Colorado; la declaración como imputado del ministro José Luis Corcuera; y, finalmente, el «maestro» de quienes dirigían la Ucifa, el general Enrique Rodríguez Galindo, y otros guardias civiles en el caso del secuestro de Lasa y Zabala.

La pregunta que muchas veces me he hecho a lo largo de todo este tiempo es qué tipo de control se ejercía desde el gobierno en aquellos años, en los que ninguno de estos casos se descubrió por la acción de los funcionarios del Ministerio del Interior, como era su obligación. La inactividad fue absoluta hasta que la autoridad judicial no afrontó la responsabilidad de la limpieza. Igual ocurrió con los denominados papeles del Cesid, por los cuales tuvieron que declarar como imputados los directores del Centro Superior de Información de la Defensa, la agencia de inteligencia española. Este caso, que acabó con el coronel Juan Alberto Perote condenado, puso de manifiesto las escuchas aleatorias del Cesid, las implicaciones de funcionarios policiales en asuntos de narcotráfico, los nombres de políticos implicados en hechos graves de corrupción… Prácticamente todas estas investigaciones, que tanto contribuyeron a la regeneración democrática y a la limpieza de las instituciones, se desarrollaron fuera del poder ejecutivo. Estaba claro que desde Interior no hubo ningún interés en descubrir estos casos hasta que no hubo más remedio.

La Operación Temple

En 1997 comencé a instruir la que sería la operación más importante en la lucha contra el tráfico de cocaína en España, al menos por la cantidad de droga intervenida. Se conoció policialmente como Operación Temple. Se denominó así porque las reuniones de los colombianos se celebraban en un hotel de ese nombre que estaba en Ponferrada (León), entre Madrid y Galicia.

Se trató de una investigación con la que se consiguió desarticular el mayor cartel de cocaína afincado en España a finales de los noventa. Transcurrían los primeros meses del año cuando el ciudadano de nacionalidad colombiana Alfonso León Fernández, que se hacía llamar Antonio, decidió instalarse en España para dedicarse por completo a dirigir transportes de cocaína procedentes de Colombia para su almacenamiento en Galicia y su transporte a Madrid, desde donde sería comercializada. Esta decisión fue adoptada tras conseguir el respaldo del cartel de Bogotá.

A mediados de 1997 tuvo lugar el primer envío de doscientos kilos de cocaína por el cartel de Bogotá. Poco después, esas cifras se incrementaron hasta alcanzar unos mil cien kilos cada quince días, de manera que la cantidad de droga enviada por el cartel colombiano hasta Galicia y después transportada de allí hasta Madrid y ocultada en la capital en inmuebles, a los que llamaban bodegas o caletas, llegó a unos cincuenta y dos mil kilos, que fueron comercializados hasta el mes de mayo de 1999. Estas cifras se reflejaban minuciosamente en la contabilidad de la trama, que a esos y otros efectos funcionaba como una gran «multinacional».

En el marco de estas actividades, la organización colombiana, habida cuenta de la gran magnitud de las operaciones que se estaban realizando, al inicio del año 1998 comisionó a Carlos Ruiz Santamaría, apodado el Negro y Pelo Pincho, para ostentar la jefatura sobre todo el grupo en representación del cartel. El Negro era un ingeniero, hombre muy profesional, al que se temía tanto por su fuerte carácter como por su directa comunicación con la cúpula colombiana. Era él quien trasladaba las instrucciones desde el país hispanoamericano y a él daba cuentas Alfonso León como encargado del grupo en España. Unos días antes de iniciarse el juicio oral para enjuiciar toda esta trama, el Negro fue puesto en libertad. Su defensa había intentado conseguirla en distintas ocasiones, basando la petición en que tenía una novia española, en que iba a ser padre… Salió de prisión un mes antes de celebrarse el juicio oral y huyó de España, aunque fue detenido en Brasil algunos años después y finalmente llevado a juicio, en el que admitió su responsabilidad y reconoció sus acciones y las de la organización.

Los transportes

Ya con Ruiz Santamaría en España, se organizaron más transportes de droga. Todo ello formaba parte de un plan mucho más ambicioso que les reportaría enormes beneficios en coordinación directa con el cartel de Bogotá. En la Navidad de 1998, León, acompañado por el representante del cartel en España, se desplazó a Colombia para plantear lo tratado a sus miembros, los cuales aceptaron la propuesta. En diversas reuniones se concretó que los colombianos enviarían seis mil cuatrocientos kilos de cocaína y se determinó el punto de encuentro de las embarcaciones, en el océano Atlántico, entre las islas Azores y Canarias.

Además, en el transcurso de esas reuniones también se trató la posibilidad de que el cartel repitiera envíos posteriores, utilizando en todos los casos potentes embarcaciones. El barco nodriza, llamado Koei Maru 7 y con bandera de Belice, partió de las costas sudamericanas transportando a bordo la cocaína. Finalmente la operación culminó y la droga entró por un punto no determinado de las costas gallegas, tras lo cual fue trasladada por dos miembros de la organización española, José Manuel Vila Sieira y José Manuel Rodríguez Sanisidro, y otros no identificados hasta el lugar donde iba a permanecer oculta, una casa en construcción ubicada en A Pobra do Caramiñal. De los seis mil cuatrocientos kilos de cocaína escondida, Vila y Rodríguez extrajeron en torno a mil novecientos cuarenta, trasladándolos a un lugar no determinado, y entregaron el resto a la organización.

A pesar de todas las precauciones adoptadas por los narcos, se vieron finalmente descubiertos, pues venían siendo objeto de una exhaustiva investigación judicial y policial, que culminó con la detención de todos ellos.

José Manuel Vila Sieira, uno de los miembros gallegos de la organización, fue detenido el 6 de julio de 1999. Poco después, el día 9, prestó su primera declaración judicial y en dicho acto, ante mí y la fiscal del caso, Dolores Delgado —que después y durante seis intensos meses desarrolló la acusación frente a treinta y nueve acusados, con gran entrega y brillantez—, confesó estar en posesión de la cocaína, facilitó su localización y elaboró incluso un croquis descriptivo del lugar exacto donde se hallaba la casa en que estaba oculta.

Practicado el registro en el inmueble señalado por Vila, se halló un total de ciento ochenta y siete fardos, que contenían 4383,83 kg de cocaína, de una riqueza media del 79,04 %, cuyo precio al por mayor en el mercado clandestino al que iba destinada hubiera sido de unos ciento sesenta millones de euros.

El Tammsaare

El representante del cartel colombiano propuso a Alfonso León un nuevo negocio, prolongación del anterior, e iniciaron los preparativos de la nueva operación. Esta supondría un florecimiento de las caletas madrileñas porque, gracias a la llegada hasta ellas de tan ingentes cantidades de cocaína, quedarían repletas, con los consiguientes beneficios que todos los miembros del grupo obtendrían.

Dada la enorme envergadura de la nueva operación, la organización colombiana decidió desplazar a España a un destacado miembro del cartel, y máximo responsable de la logística del grupo a nivel mundial, que fue precisamente quien se encargó de contratar a los miembros de la tripulación de la nave en la que los colombianos enviaron la droga. Las investigaciones llevadas a cabo por la policía española, y después las noticias obtenidas de la panameña, permitieron detectar los movimientos y las reuniones del comisionado colombiano.

El enviado llegó a España con la encomienda específica de entrevistarse con los responsables del grupo gallego que se iba a hacer cargo de la cocaína en alta mar. Después de frenéticas reuniones para organizar la acción, el comisionado colombiano emprendió vuelo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Miami, y desde allí a Panamá. Al llegar, se dirigió al puerto de Colón, donde se encontraba atracado el buque factoría Tammsaare, de ochenta y tres metros de eslora, la embarcación elegida por el cartel de Bogotá para el transporte de la cocaína.

El Tammsaare partió del puerto panameño de Colón el 18 de junio de 1999 sin tramitar el permiso oportuno ante las autoridades pertinentes, y ese mismo día, precisamente, el representante de la logística del cartel colombiano abandonó Panamá con destino desconocido. Cuatro días después, el buque del SEVA Petrel 5 se hizo a la mar desde el puerto de Vigo, al objeto de localizar e interceptar el buque que transportaba la cocaína. Al día siguiente, el patrullero Alcaraván IV condujo hasta el Petrel 5 a ocho miembros del Grupo Especial de Operaciones, a fin de que se unieran a los funcionarios del SEVA.

El 29 de junio, autoricé desde mi juzgado el abordaje del Tammsaare, con pabellón de San Vicente y Granadinas. En el documento se establecían todas las medidas relacionadas con esa acción, entre ellas:

Autorizar a los funcionarios dependientes del Servicio de Vigilancia Aduanera y a la Unidad Central de Estupefacientes, grupo 43, a interceptar y abordar si fuera necesario, en aguas internacionales, al barco pesquero de pabellón de San Vicente y Granadinas; barco, el cual presuntamente transporta una importante cantidad de sustancia estupefaciente, desconociéndose en este momento la identidad de los tripulantes.

Autorizar la misma intervención descrita en el punto 1 si el barco careciere de nombre o matrícula y si el pabellón no fuere visible o careciera del mismo, debiendo acreditarse estos extremos previa y suficientemente antes de la intervención, mediante la correspondiente acta.

Requerir al Servicio de Vigilancia Aduanera para que, caso de que el pabellón fuera visible y perteneciera a una nacionalidad extranjera, se comunique inmediatamente para la obtención de la autorización diplomática correspondiente, debiendo adoptar mientras tanto cuantas medidas fueran precisas —incluida la recogida de la sustancia— si esta fuere arrojada al mar, para una vez se obtenga aquel permiso proceder al abordaje según lo previsto en el punto 1 de esta parte dispositiva.

Autorizar, cumplidos los requisitos anteriores, a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y del Cuerpo Nacional de Policía, que deberán levantar acta, a trasladar si fuera necesario la sustancia —por razones de seguridad— al barco oficial filmando y describiendo la situación que ocupara en el barco abordado.

Autorizar a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y del Cuerpo Nacional de Policía a la inspección técnica y a la eléctrica del barco para garantizar su buen funcionamiento.

Ordenar a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y del Cuerpo Nacional de Policía, que practiquen el abordaje, que procedan a la detención de los tripulantes, debiendo informarlos de sus derechos y de que van a ser trasladados a puerto español.

Ordenar a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera que una vez ejecutado todo lo anterior conduzcan a puerto español el barco abordado y la sustancia, en donde se practicarán el correspondiente registro e intervención por la Comisión Judicial según se acordará en resolución aparte.

En la madrugada del 4 de julio de 1999, a seiscientas millas náuticas al sureste de las islas Canarias, tuvo lugar el abordaje de la embarcación por funcionarios del SEVA, así como por ocho funcionarios del grupo especial de operaciones. Por medio de lanchas neumáticas rápidas, se aproximaron a la popa del Tammsaare y, tras lanzar una escala, subieron hasta la cubierta del mismo y controlaron a los tripulantes de la nave de forma inmediata.

Tal y como se les ordenaba en el auto judicial, los funcionarios informaron de todos sus derechos a los miembros de la tripulación, actuando como intérprete el que en ese momento desempeñaba las funciones de capitán, Serguéi Kravchenko, conocedor, si bien no en profundidad, del castellano y el inglés.

Y los numerosos miembros del operativo, tanto del SEVA y del Servicio Central de Estupefacientes como del Grupo Especial de Operaciones, comenzaron una exhaustiva búsqueda del alijo en las partes abiertas y las zonas comunes de la embarcación por espacio de unas tres horas. Se halló un habitáculo construido al efecto en la bodega del barco y oculto tras unas losas y cemento. En él había trescientos veintinueve fardos de cocaína de extraordinaria pureza que sumaban un total de seis mil quinientos cuarenta kilos. Su precio al por mayor en el mercado clandestino al que iba destinada hubiera sido de unos treinta y nueve mil doscientos cuarenta millones de pesetas, es decir, casi doscientos treinta y seis millones de euros.

También se encontró el cadáver de uno de los marineros que había fallecido por un infarto durante la travesía. En cuanto el barco atracó en el puerto de Gran Canaria, me desplacé hasta el lugar para recibir a los detenidos, levantar el cadáver del marinero y hacer la inspección ocular del lugar donde había estado almacenada la droga.

La instrucción, al igual que el juicio, celebrado en 2002, fue compleja pero ágil, teniendo en cuenta que se trataba de cuarenta investigados y luego acusados. En este procedimiento se investigaron y rastrearon, por primera vez en España, teléfonos móviles en un procedimiento penal por tráfico de drogas.

Operación Privilege

El 31 de agosto de 2000, tanto la policía como la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas me comunicaron una nueva operación antidroga. El informe provenía de las autoridades italianas que la estaban coordinando desde la Fiscalía Antimafia, y en él se indicaba que un barco procedente de Venezuela, el Privilege, se encontraba a unas cuatrocientas millas al suroeste de las Canarias y transportaba una importante cantidad de cocaína a bordo, por lo que me solicitaban el auto de abordaje. Lo concedí en el mismo día y el Privilege fue llevado hasta el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Al inspeccionar el barco, se descubrió la construcción de una gran «caleta» a la que se accedía por la puerta superior. Según las informaciones recibidas de las autoridades británicas, que habían seguido el buque desde Venezuela, la cocaína debía estar allí. No obstante, después de realizar todos los exámenes técnicos de la carga legal (alquitrán) dirigida a Albania y tras desmontar las piezas principales, no apareció sustancia alguna.

Según la documentación, el buque se llamó antes Misty y había sido adquirido por una empresa de Panamá por dos millones de dólares. Sus verdaderos propietarios eran los colombianos Víctor y Miguel Ángel Mejía Munera, responsables de la organización criminal conocida como el clan de los Mellizos, en la que también colaboraban, desde que comenzó a funcionar en 1994, el contable Jorge Enrique García Molinares, detenido en España para su extradición, y cuarenta miembros identificados. Entre estos últimos estaban Carlos Castaño, un jefe paramilitar colombiano, y Víctor Carranza, alias el Viejo, uno de los terratenientes y esmeralderos más importantes de Colombia, además de otros componentes de México, Estados Unidos, Venezuela, Italia, Albania, Grecia y Filipinas.

El Privilege se había comprado para transportar, junto con otro barco de la organización llamado Suerte, ocho mil cuatrocientos kilos de cocaína, que fue aprehendida finalmente por las autoridades venezolanas en la Operación Orinoco 2000.

Las declaraciones de García Molinares y la documentación que aportó a través de su cuñado, que la trajo desde Colombia, fueron de extraordinario valor para la imputación de varios responsables de narcotráfico en Estados Unidos, a cuyas autoridades fue entregado con autorización mía —en el primer caso de traslado temporal de un implicado desde España, donde finalmente fue juzgado y condenado a finales de 2008— para que colaborara en las investigaciones que allí se seguían contra otros miembros de la organización.

La organización había introducido, en Estados Unidos, México, Canadá, España, Grecia, Italia, Albania, Reino Unido, Holanda y Venezuela, unas ochenta y tres toneladas de cocaína entre 1994 y 2000. Por estos hechos, procesé a cuarenta personas, entre las cuales se encontraban los máximos dirigentes de la organización en Colombia y otros miembros relevantes, por ejemplo, el jefe policial antimafia de Albania, implicado en la trama.

En relación con las órdenes de búsqueda y captura libradas, años después comprobé que la emitida contra Víctor Carranza nunca fue tramitada por la policía colombiana. Hace pocos años, el esmeraldero falleció sin que se le molestara por este asunto.

El general Gennaro Scala, inscrito en el Ruolo d’Onore dell’Arma dei Carabinieri y con quien trabajé en estrecha colaboración, me recuerda que este caso fue toda una aventura desde el inicio. De hecho, desde noviembre de 1999 se tenía información acerca de la formación de una red financiera, encabezada por un grupo de la ’Ndrangheta calabresa, a su vez en contacto con cabecillas de los carteles colombianos. Esta red había acumulado billones de dólares en numerosos países (entre ellos, Italia, Estados Unidos, Alemania, Grecia, Albania, Países Bajos, España, Reino Unido, Rusia y Australia) para adquirir gran cantidad de droga y distribuirla luego en América del Norte, Europa, África (Nigeria y Senegal) y Asia.

La operación fue larga y complicada, y en ella los servicios de inteligencia actuaron con el apoyo de medios técnicos de los norteamericanos e ingleses. Se escogió y organizó un grupo de élite de la Guardia Nacional de Venezuela, con gran secreto debido al grado de corrupción existente en aquel país, lo que había provocado conflictos diplomáticos (fueron expulsados del país unos agentes de la DEA, un policía francés y otro español) y desencuentros con el Gobierno venezolano y con la Fiscalía General.

Sin embargo, como narra el general italiano, la operación encontró un gran apoyo de la Policía Nacional de Colombia. Se hicieron seguimientos de personajes italianos que viajaban entre Sudamérica y Miami, que llevaron a hoteles de lujo donde los mafiosos se citaban con los colombianos. De allí se pasó a las intervenciones telefónicas y ambientales, que permitieron estar al tanto de todos los acuerdos entre los narcos. Se tuvo entonces conocimiento de que la droga iba a llegar por vía aérea y que al mismo tiempo la organización iba a disponer de pistas de aterrizaje clandestinas en Venezuela. El lugar de almacenamiento estaría en la selva, cerca del delta del Orinoco. La base operativa se establecería en Puerto Ordaz, adonde efectivamente llegaron cinco buques. Fue allí donde los británicos localizaron los barcos, incluido el Privilege.

El mecanismo de las operaciones delictivas era el siguiente: las avionetas salían de Colombia cargadas con entre mil quinientos y tres mil kilos de clorhidrato de cocaína (con una pureza del 95-98 %), repartidos en bultos de cincuenta kilos cada uno; en territorio venezolano, las avionetas aterrizaban antes de llegar al océano para abastecerse de gasolina y, una vez sobre el mar, lanzaban los bultos a la selva en las coordenadas establecidas, donde unos «esclavos» de Surinam y de La Guyana eran los encargados de recoger los bultos en lanchas, almacenarlos en el interior de la selva y resguardarlos hasta recibir —a través de aparatos de radio muy potentes— la orden de transferir los bultos a los buques parados en alta mar, listos para seguir el viaje hacia Estados Unidos y Europa (Rótterdam, España, Albania y Grecia).

Una vez compiladas esas informaciones, se hizo necesario un seguimiento muy cercano para comprobarlas y tener la certeza de que todo lo escuchado correspondía a la realidad. Al mismo tiempo, la organización criminal puso en marcha verdaderos dispositivos para despistar a las autoridades policiales. En Caracas —me recordó Gennaro Scala cuando nos encontramos en abril de 2015 con motivo de unas conferencias en Alicante—, una mujer italiana provocó una «guerra» entre diferentes cuerpos policiales porque se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo y empezó a gritar pidiendo ayuda para evitar lo que, según ella, era un intento de secuestro. Fue un verdadero milagro que nadie muriera en esa ocasión, pues cinco coches resultaron destrozados en el tiroteo.

Se logró un altísimo nivel de cooperación internacional durante los casi dos años que duró la actividad. En aquel momento, Scala había sido elegido por segunda vez presidente de los oficiales de enlace y agregados policiales acreditados en Venezuela, por lo que tuvo la posibilidad de mantener contactos directos con el Gobierno venezolano, después de un enfrentamiento muy duro con el entonces ministro de la Defensa, el general Raúl Salazar, y el fiscal general.

El presidente Hugo Chávez dio la razón al general italiano y ordenó la salida del cargo del alto oficial que no creía que por su país pasaba gran parte de la cocaína dirigida hacia Norteamérica y Europa. Scala recuerda que convencer a Chávez le permitió hacer cosas que nunca habían sido consentidas a un policía extranjero y también le facilitó el trabajo con los agentes de la DEA, del FBI y de los cuerpos aduaneros estadounidenses y británicos. Todos los agentes y policías implicados prestaron su colaboración plena con la máxima disponibilidad, a lo que se sumó el gran apoyo por parte de la Policía Nacional de Colombia, al mando del famoso general Rosso José Serrano, que en aquel momento estaba concluyendo una gran operación de «limpieza» en el interior del cuerpo para así enfrentar la corrupción y luchar contra los narcotraficantes y las narcoguerrillas.

El operativo en la selva fue especialmente delicado, pues sabían que gran parte de la droga se encontraba todavía almacenada allí a la espera de ser trasladada a bordo de los buques. La mayor dificultad fue encontrar el lugar exacto. Tras un infructuoso sobrevuelo en helicóptero, se decidió enviar un comando durante quince días. «Los helicópteros nos dejaron —cuenta Scala— en una pequeña isla y nos trasladamos en lancha hasta el sector oriental del delta del Orinoco, que tenía salida al océano Atlántico. Sabíamos que el lugar buscado disponía de una señal, pero desconocíamos cuál. En las cercanías de la isla Muasinoima (en el delta del Orinoco) y tras horas de búsqueda, nos percatamos de que por encima de la maleza sobresalía el tronco de un árbol que aparentemente había sido podado por completo para hacer las veces de mástil de una bandera. La circunstancia llamó de inmediato nuestra atención, así que decidimos poner vigilancia en el área, tarea que realizaron militares indígenas, habituados a la selva. La comida y el agua se habían acabado. Las condiciones ambientales eran terribles: nunca había visto en mi vida tantos y distintos mosquitos, anacondas y animales de distintas especies. El calor y la humedad eran insoportables. El cambio de mareas producía el fenómeno de las arenas movedizas, así que era muy arriesgado movilizarse. Para comer, tuvimos que cazar y pescar de todo… Bebimos nuestra propia orina cuando faltaba la lluvia… Algunos militares se arriesgaron a ser comida de las anacondas y otros a desaparecer en las arenas movedizas… Se descansaba a la vez sobre algunas hamacas… Al final, fue toda una experiencia de supervivientes… ¡y de película!»

Pero el duro operativo dio sus frutos: se detuvo a todos los implicados, algunos de los cuales colaboraron con sus testimonios. Supimos que la maniobra del Privilege fue una operación de distracción; los otros cuatro buques fueron apresados con droga en aguas internacionales y un fiscal fue asesinado en Venezuela.

Al final, el valiente general Scala fue condecorado con la Cruz Roja de la Guardia Nacional de Venezuela, con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco por el ministro del Interior de España, con altos reconocimientos y condecoraciones estadounidenses y nacionales (Encomio Solemne, Distintivo de Herido en Servicio y reconocimiento del estatus de Víctima del Deber por las graves enfermedades contraídas como consecuencia de las actividades).

Mientras tanto, en España, determinados miembros de la prensa y los periódicos de la caverna no encontraron otra distracción que atacarme y descalificarme por el supuesto fiasco que habíamos tenido. Por supuesto, después de esos ataques, nadie se preocupó de la intensa labor que antes y después se desarrolló a escala internacional para desarticular una de las organizaciones más complejas dedicadas al tráfico de drogas en todo el mundo, con centenares de detenidos. Policías como el general Scala y todos aquellos que trabajaron en esta complejísima organización no fueron reconocidos por quienes anteponen las fobias personales al esfuerzo y el trabajo bien hecho. Pero puedo decir, con tranquilidad y convicción, que hicimos lo que debimos y colaboramos a nivel internacional para desarticular aquella organización que tanto daño había ocasionado. Y lo conseguimos, a pesar de que la droga del Privilege se incautó en Venezuela.

El blanqueo de dinero: Operación Cienfuegos

Siempre he considerado una prioridad en las investigaciones relacionadas con el crimen organizado las que se refieren al blanqueo de dinero. No cabe duda de que el mayor éxito sobre una organización de narcotraficantes es impedir que se aprovechen de sus beneficios, precisamente porque su objetivo es obtener ganancias. Durante muchos años, junto a la fiscal Dolores Delgado trabajamos sin descanso en ese tema.

Una de las acciones más interesantes fue la Operación Cienfuegos, que se realizó en 1994 y así llamada por el apellido de los dos hermanos que lideraban la trama. Fue importante porque se sentaron las bases de los indicios que iban a constituir la prueba en los delitos de blanqueo. Recuerdo que en aquel era escandaloso el trasiego de dinero en efectivo que los investigados manejaban. Acudían al banco con maletines repletos de dinero, pedían su conversión en dólares americanos y la entrega de cheques para su mejor transporte.

Detrás de esas operaciones demostramos que no había negocio alguno. No respondían a ningún pago y los que habían alegado eran falsos. Averiguamos que tenían relaciones con organizaciones que traficaban con cocaína y que el destino final del dinero era, en muchas de las ocasiones, un paraíso fiscal. Se trataba de un sistema muy elemental de blanquear dinero, pero marcó las pautas de lo que debía ser la prueba de estas operaciones. Realmente, por muy compleja que sea la mecánica o el entramado societario utilizado para desdibujar los orígenes del dinero sucio, siempre puede acabar descomponiéndose en el sencillo esquema que se marcó con la Operación Cienfuegos.

La Operación Princesa

En esa dinámica constante de ir más allá, de atacar a las organizaciones en lo que más les duele, el dinero, desarrollamos la que se conoció como Operación Princesa. Ese nombre le fue asignado por los funcionarios policiales del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, que tuvieron en cuenta que la responsable y jefa de la organización era una mujer, rubia y con mucho carácter. Ella impartía las órdenes y a ella rendían cuentas los demás miembros.

Aún visualizo a Margarita entrando en mi despacho para recibirle declaración tras su detención, con una larga trenza rubia y excusándose por el mal aspecto que pudiese tener tras los tres largos días de detención. Con una mirada firme y directa me dijo que siempre había querido conocerme. La fiscal Delgado la miró perpleja pero de forma entrañable.

La Princesa contestó a nuestras preguntas intentando expresar seguridad. Era valiente, aunque los hechos que se le imputaban eran demoledores. En apenas unos meses había blanqueado por cuenta de una organización colombiana que traficaba con cocaína en España más de mil millones de pesetas procedentes del narcotráfico, es decir, más de seis millones de euros. Hubo muchas conversaciones telefónicas interceptadas con mi autorización, en algunas de ellas se hablaba de las «parcelas de terreno» que se iban a transportar por kilos en el interior de maletines; también que estas parcelas eran «escamosas» y, en otros casos, que eran de «buenísima calidad». La fiscal la acusó también por tráfico de drogas y el Tribunal de la Audiencia Nacional la condenó por blanqueo de dinero y por un delito contra la salud pública, pero el Tribunal Supremo la absolvió del tráfico por no considerarlo probado.

Operación Vidrio

Seguí avanzando en ese camino de investigar las complejas tramas de blanqueo, convencido de que era el mejor sistema de afrontar el problema. Impedir que disfrutasen de los beneficios y evitar que los pudiesen invertir en fortalecer las organizaciones se habían convertido en una prioridad para mí y para la Fiscalía Antidroga.

Así llegamos a una de las investigaciones más complejas en aquellos frenéticos años de trabajo contra la droga y contra el blanqueo de capitales, la Operación Vidrio, como la llamó la policía. En sus orígenes no presagiaba lo que después encontraríamos. Corría el mes de noviembre de 1993 cuando un antiguo trabajador del puerto de Barcelona acudió a sus instalaciones para interesarse por un par de paquetes que tenían que haber viajado en un contenedor procedente de Colombia. La persona que le encargó esa gestión fue Antonio Ruiz López. Este, oriundo de un pueblo de Albacete, había iniciado una serie de negocios de hostelería que no habían dado los beneficios esperados. Por ello decidió viajar a Colombia en 1992, donde permaneció un año. Cuando regresó a España, Ruiz hizo alarde de ostentar un importante poder adquisitivo. Sin embargo, aunque no tenía nada a su nombre, era público y notorio que regalaba vehículos de gama alta a sus familiares, poseía diversas fincas agrícolas y disfrutaba de varias casas y pisos.

La policía comenzó a investigar un patrimonio que no respondía a negocio alguno y cuya titularidad la ostentaba un enmarañado entramado de sociedades. Ruiz había buscado un asesor financiero, José Manuel Llorca Rodríguez, quien también se hacía llamar Carlos Rodríguez y Simon York. Este tenía su despacho profesional en Londres y desde allí desarrollaba su actividad de asesoramiento a Ruiz. El dinero obtenido por este había circulado desde España a Andorra, y desde allí a Londres. Además se detectaron cuentas en paraísos fiscales, lo que dificultaba sobremanera el seguimiento de los fondos. En el Reino Unido se habían creado sociedades que a su vez invertían en España constituyendo nuevas sociedades, las cuales eran las titulares de los bienes que finalmente eran disfrutados por Ruiz. En menos de un año se habían movido más de cien millones de pesetas —unos seiscientos mil euros— sin que hubiera un solo negocio lícito que justificase ese incremento patrimonial.

Aquel antiguo trabajador del puerto declaró que el destinatario de los paquetes procedentes de Colombia por los que había preguntado, y que contenían casi cien kilos de cocaína, era Antonio Ruiz. Las intervenciones telefónicas realizadas y las investigaciones policiales corroboraban esas declaraciones. Cuando fue detenido, a Ruiz se le intervino una pistola. Además, se determinó que había defraudado una importante cantidad al erario público.

Después de un largo juicio, que se dilató más de nueve meses y en el que, de forma contundente, la fiscal Delgado ejerció una acusación muy eficaz, se enjuició a toda la organización que lideraba Antonio Ruiz. El Tribunal de la Audiencia Nacional le consideró culpable de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y delito contra la Hacienda Pública. El día que se notificó la sentencia a la Fiscalía, se observó que en los hechos declarados probados existían omisiones muy relevantes sobre el origen del dinero que no se correspondían con el fallo condenatorio. Desde la Fiscalía se solicitó una aclaración a la Sala sentenciadora, puesto que de lo contrario los implicados en las actividades de blanqueo quedarían impunes por obra y gracia de la omisión de unas palabras. El Tribunal, de forma sorprendente, pretendió suplir la inexcusable omisión con un auto que completaba la sentencia, pero el Tribunal Supremo no lo aceptó y lo tuvo por no puesto. Este hecho dio lugar a la absolución por el delito de blanqueo y a la libertad de José Manuel Llorca, el asesor, que después estaría implicado en la estafa masiva de Fórum Filatélico y que, en el día de hoy, sigue huido de la Justicia y en paradero desconocido con miles de estafados a sus espaldas. En 2007 fue localizado en Venezuela y detenido. Pero sobornó a los agentes que le habían capturado y estos impidieron a los policías españoles, desplazados por indicación mía a ese país con la orden de detención en la mano, que la ejecutaran. Llorca sigue en paradero desconocido, aunque se presume que se oculta en ese país debidamente protegido.

Lucha contra la droga: ¿y ahora qué?

El 11 de octubre de 1993, en un artículo publicado en el diario El País con el mismo título que este apartado, escribía: «Debemos […] tomar conciencia de que la lucha contra el narcotráfico y sus secuelas no es una lucha contra unos delincuentes, sino que es la lucha contra una amenaza seria que va dirigida, en última instancia, contra el Estado. Lo que ya vemos en España y lo que vemos fuera debe ser el aviso para evitar el fortalecimiento de las organizaciones criminales, pues cuando estas, por la inactividad del Estado, se infiltran en la sociedad y embargan el poder legítimo es ya muy difícil erradicarlas. Se hace ya imprescindible la actuación coordinada contra este mal, entendiéndolo en toda su magnitud, y esto implica reprimir las conductas que son absolutamente insoportables para la sociedad […]».

Ahora, veintitrés años después, esta afirmación todavía es válida en el sentido de que combatir el crimen organizado sigue siendo la prioridad, y hacerlo coordinadamente, la única opción. Como también lo es lo que se decía en aquel artículo sobre la prevención, especialmente frente al problema de las adicciones. En este sentido, debo hacerme una objeción existencial: ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Y añadiría: ¿sigue siendo una prioridad para la sociedad el combate contra la droga o, como parece evidente, este problema ha dejado de serlo para la ciudadanía? Desde luego, si miramos las estadísticas de prioridades para los ciudadanos, veremos que la droga ha desaparecido de su catálogo de preocupaciones. Recuerdo cuando comparecí en la Asamblea General de la ONU, el 26 de octubre de 1993, en mi calidad de delegado del Gobierno para el PNSD, y propuse una reflexión profunda sobre algunos aspectos, como la regulación de los nuevos mecanismos contra el crimen organizado, pero también una política valiente referida a la despenalización selectiva y al desarrollo de programas paliativos, y la posibilidad de suministrar formalmente heroína como manera de reducir el daño del consumo en condiciones altamente peligrosas para la salud. Es decir, planteaba la necesidad de abordar, ya entonces, el debate que sigue estando pendiente sobre la legalización o criminalización de las drogas.

Políticas permisivas, políticas restrictivas

Después de tantos años, debo reconocer que las políticas basadas exclusivamente en la represión constituyen un auténtico fracaso y tan solo alimentan a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Ni la elevación de las penas, ni la represión del consumo, ni tomar como excusa la inseguridad en un país van a hacer que disminuya una actividad (el tráfico) específicamente lucrativa y que posee un gran poder corruptor en los más diversos escenarios de la sociedad. Hay que recordar que fue en 1918, en el Tratado de Versalles, donde, por razones estrictamente mercantiles (la llamada Guerra del Opio), se penalizó el comercio de las drogas por primera vez. Lo llamativo es que la única parte de ese tratado que perduró a través de los tiempos hasta la actualidad haya sido la relativa a la droga.

Pero la política de la represión a ultranza, para sostener el statu quo de las superestructuras represivas y ganar por esta vía, ha fracasado.

El destino de los bienes

En 2008 el Estado subastó la primera propiedad decomisada a narcotraficantes gallegos: el pazo Bayón, aquel que sobrevolé el 12 de junio de 1990 para buscar las drogas que pudiera guardar y que había pertenecido a Laureano Oubiña. Se vendió a una cooperativa de albariño de las Rías Baixas por quince millones de euros, después de estar gestionado trece años bajo la tutela de la Audiencia Nacional. El chalé de Oubiña en Vilagarcía, que también lleva años embargado y a medio construir, está pendiente de salir a subasta por segunda vez, después de que un constructor que le reclamaba unas deudas lograra la suspensión de la venta. Está valorado en más de trescientos sesenta mil euros. El hijastro de Oubiña, David Pérez Lago, también se ha quedado sin el espectacular chalé que estaba construyendo en Aguete (Marín), valorado en cuatrocientos mil euros, y otro en Las Rozas (Madrid) de casi un millón de euros, entre otros inmuebles decomisados.

Al escribir estas páginas, la residencia de Marcial Dorado Baúlde en A Illa de Arousa, valorada en tres millones y medio de euros, es una de las que está amenazada con la subasta. El decomiso se ha paralizado al haber recurrido Dorado al Supremo el fallo de la Audiencia Nacional que acordó en febrero de 2015 que todo su patrimonio pasase al Fondo de Bienes del Plan Nacional sobre Drogas para su venta. Los inmuebles se tasaron en dieciocho millones de euros, además de otros cuatro millones en dinero y barcos.5

En esa fecha, casi siete meses después de celebrarse el juicio, la Sección Primera de la Audiencia Nacional notificó la condena impuesta a Dorado de seis años y un día de prisión y multa de 21,5 millones de euros por el delito de blanqueo (nueve menos de los que pedía la Fiscalía) y lo absolvió de los delitos contra la Hacienda Pública y de violación de secretos. Este fallo, que aplicaba a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas, supone el mayor varapalo judicial de la historia del narcotráfico gallego por el valor del patrimonio y del dinero intervenido —más de veinte millones de euros—, que fue localizado en cuentas bancarias de Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Liechtenstein, Portugal y Bahamas.

Dorado, al que el fallo considera el jefe de una organización criminal para el blanqueo desde la década de 1980, ya estaba cumpliendo una condena de diez años por narcotráfico.

Los políticos y las malas compañías

La leyenda de Marcial Dorado como contrabandista de los ochenta reciclado luego a narcotraficante volvió a saltar a la actualidad en 2013, al revelar la prensa la estrecha amistad que mantuvo en la década de los noventa con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entonces alto cargo del Gobierno de Manuel Fraga. En las fotografías que se publicaron, el hoy presidente gallego aparecía en el yate del contrabandista en aguas de Ibiza allá por 1995 y, un año después, en la parte trasera del todoterreno de Dorado. A pesar de las pretendidas evasivas de Feijóo de que desconocía las andanzas de Dorado en aquella época, el contrabandista había sido detenido en 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990 dentro de la Operación Nécora.

Las relaciones entre política y ambientes poco recomendables son una de las asignaturas pendientes de investigar, un secreto a voces que a veces se vislumbra a través de las noticias, como cuando Mariano Rajoy fue «cazado» en el barco de otro clan de narcotraficantes, el Maropa del clan Os Canedos, cuya visita fue concertada por Benito González Sineiro, hoy pendiente de juicio por malversación de fondos europeos con la connivencia del Partido Popular en la Xunta de Galicia.

Realmente, en política no solo hay que serlo, sino además parecerlo.

Otros bienes intervenidos a favor de las víctimas

La vivienda familiar de Juan Carlos González Martín, alias Culebras, otro miembro de la vieja guardia del narcotráfico gallego en la zona residencial de Panxón (Nigrán), tenía un valor similar a la de Dorado. En el chalé, de cuatrocientos metros construidos, situado en una exclusiva zona que rodea Monteferro, se encontraron setenta obras de arte. Este jubilado que cobraba una pensión de invalidez desde los años ochenta, cuando ya estaba en la lista negra de narcotraficantes, blanqueó un patrimonio de casi treinta millones de euros, la mayoría procedentes de pelotazos inmobiliarios en el área de Vigo. Todo ha sido embargado.

El Plan Nacional sobre Drogas, que me enorgullece haber dirigido durante mi breve paso por la política, ya ha comenzado a subastar bienes de José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, desaparecido en 2011 sin que la policía haya podido confirmar si fue asesinado por mafias marroquíes a las que debía el dinero de un alijo. El Supremo casó la sentencia de la Audiencia de Pontevedra hace dos años por la que se embargaron ciento treinta inmuebles tasados en quince millones de euros. Una valoración que en principio era mucho mayor, pero que se devaluó en más de cinco millones por las demoras en la instrucción y la falta de una administración judicial que controlase el patrimonio.

Algunas de estas mansiones tenían zulos para ocultar los fajos de dinero de la droga y para servir de escondite frente a la policía, aunque como se ha demostrado este no siempre sea un refugio seguro. El chalé de Rafael Bugallo, o Mulo, en Cambados, otro de los que se embargaron, tenía uno de estos escondrijos detrás del armario de su dormitorio. Allí se ocultó cuando en enero de 2015 le buscaba la policía por un alijo de cocaína. La policía tuvo que mover los muebles y poner la casa patas arriba para encontrarlo.

Otros narcos han cumplido ya toda o parte de su condena. José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, superados ya más de veinte de los cincuenta y nueve años de prisión a los que fue condenado, ha logrado que la Audiencia Nacional aceptase su último recurso para lograr un segundo grado penitenciario que le permitirá disfrutar de una situación de semilibertad, acudiendo solo a un centro carcelario los fines de semana, pero aceptando como condición para ser excarcelado que su centro de trabajo estuviera alejado de Galicia, además de redactar de su puño y letra una carta de arrepentimiento por los delitos cometidos en la que pide perdón a la sociedad.6

Haber propuesto —como una de las treinta y cinco medidas conseguidas durante mi mandato como secretario de Estado en 1993-1994— la creación y aprobación del Fondo contra el Narcotráfico (el ente en el que se incluyen los bienes decomisados o embargados) y creado las estructuras de coordinación policial en el Ministerio del Interior —englobadas hoy en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO)— fue el fruto del trabajo y de la visión práctica como juez instructor en los procesos relacionados con el crimen organizado durante aquellos difíciles y complejos años. Puedo decir que mereció la pena haber participado en aquella aventura.

Proyecto Hombre

En 1991 apareció la revista Adicciones de la organización no gubernamental Proyecto Hombre. Lino Salas y Tomeu Catalá, como representantes de la misma, me buscaron para participar en aquel proyecto. Lo hice, y a partir de ahí me vinculé con esta iniciativa altruista y solidaria con la que todavía colaboro.

En noviembre de 1992 y de la mano de un buen amigo, Ramón García, ya fallecido, nos propusimos poner en marcha una iniciativa con el Fútbol Club Barcelona que consistía en la celebración de un partido entre el campeón de liga y una selección de los demás equipos de primera división. En ella participaron además, desde el comienzo, Luis del Olmo y Johan Cruyff. Con esta iniciativa, llamada Drogas No, se recaudaron más de diez millones de euros, que fueron íntegramente a Proyecto Hombre y a financiar sus diferentes propuestas, así como a la fundación de Projecte Home Barcelona, que en 2015 cumplió veinte años de existencia.

Si existe una característica común en España entre los diferentes actores políticos y sociales es precisamente en este ámbito. Durante este tiempo el Plan Nacional sobre Drogas, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de julio de 1985, ha sido el espacio de encuentro y de debate entre las diferentes sensibilidades frente a un fenómeno tan complejo y con tantas aristas como el de la droga. El combate contra la drogadicción y la instauración de políticas de convivencia, educación, respeto a la autonomía de la voluntad y la libertad, debe estar en la base sobre la cual apoyar todos los esfuerzos de la sociedad. Y en este sentido, desde mi experiencia, que se ha extendido a muchos ámbitos de la prevención y la recuperación de personas adictas a estos consumos, puedo afirmar que Proyecto Hombre ha tenido una visión de conjunto completa y exhaustiva del fenómeno. La igualdad ha estado y está presente en este esfuerzo común de tantas personas que dejan su vida, en forma constante, por la idea de ayudar a quienes necesitan el apoyo para recuperar su propia dignidad como seres humanos y para reintegrarse a una sociedad agresiva que no siempre los recibe con los brazos abiertos. Han sido muchos los casos, afortunadamente casi superados, en los que comunidades de pueblos y ciudades han rechazado inicialmente la instauración de Proyecto Hombre, para acabar aceptando que era mucho más beneficiosa su estancia que su ausencia. Gran parte de ese camino he tenido la suerte de andarlo de la mano de personas, verdaderos héroes ciudadanos, como Tomeu Català, Lino Salas, Albert Sabatés, Oriol Esculies y tantos otros que realmente son ejemplos de vida al dedicar la suya al servicio de los demás.

Veinticinco años después de que se iniciara esta aventura, reforzamos nuestro compromiso con Proyecto Hombre y con todos los que lo integran, y nuestro esfuerzo, que es el de todos porque las adicciones a las sustancias tóxicas nos perjudican como seres humanos y como miembros de una sociedad armónica, debe mantenerse y prolongarse. No hacerlo así podría tener consecuencias altamente negativas. El esfuerzo de tantos no se puede perder por la desidia de unos pocos. La sociedad debe ser consciente de la necesidad de su implicación en la tarea de la recuperación de aquellos miembros que, más por deficiencias de esta que por su propia voluntad, se han visto abocados a una situación dañina para sí mismos.

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Frente al terrorismo, toda la sociedad

Si existe un fenómeno poliédrico en la sociedad moderna es el del terrorismo. A pesar de los años que llevamos combatiéndolo, no contamos siquiera con un concepto uniforme sobre lo que se entiende por él con incidencia universal. Probablemente existan tantas definiciones como sistemas penales se aplican a su confrontación.

En este sentido, si algo he aprendido en estos más de veintiocho años estudiándolo e investigándolo es la funcionalidad o relatividad con las que actúa. No siempre algunas conductas serán consideradas terroristas y, más de una vez, aquellas que lo son dejarán de serlo. Que una conducta sea calificada como terrorista dependerá del momento y de la coyuntura política de ese momento.

En España, determinados niveles y zonas han padecido la intensidad del fenómeno terrorista de modos diferentes. Curiosamente, y salvo en la época de los GAL, ninguna de las actividades para afrontar la lucha contra el terrorismo se ha salido de la legalidad y, además, las disfunciones que hubieran podido producirse se han corregido.

CONTRA LA DICTADURA DE ETA

En los primeros meses de 2016, mientras asistíamos a la incertidumbre de qué Gobierno tendríamos en España —en una situación insólita de incapacidad para ponerse de acuerdo entre los diferentes partidos políticos que concluyó en unas segundas elecciones en junio del mismo año y al cierre de este texto en agosto, aún no sabemos si tendremos gobierno o terceras elecciones—, ocurrieron otras cosas muy interesantes en el ámbito de la erradicación de la violencia política en España. Podrían interpretarse como el cierre del ciclo judicial que comenzara con mi estrategia de investigación sobre ETA (Euskadi Ta Askatasuna, «País Vasco y Libertad») en toda su extensión y no solo respecto del frente armado. Este camino, después de los prolegómenos, se inició en mayo de 1998 con la primera operación contra el denominado entorno etarra, que yo identificaba como el complejo terrorista liderado por ETA junto a la codirección subordinada formada por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS, «Coordinadora Patriota Socialista») y la organización ilegal EKIN («emprender»). Dieciocho años de esfuerzo han pasado, a los que habría que añadir diez más desde que en aquellas primeras diligencias previas 75/89 del Juzgado Central de Instrucción número 5 (JCI 5) de la Audiencia Nacional comenzara a acumular material para desarrollar la investigación más amplia y compleja que se ha hecho en España —desde el Estado de derecho— contra una organización terrorista en toda su extensión, hasta conseguir su desaparición.

También tuvo lugar, el 1 de marzo de 2016, la puesta en libertad por extinción de su condena de Arnaldo Otegi Mondragón, quien de inmediato inició un discurso independentista radical ante sus seguidores. Al respecto habría que preguntar a Otegi de qué le han servido al País Vasco tantos años de dolor y sufrimiento si esto mismo se podía haber obtenido sin el empleo de la violencia y desde hace mucho tiempo. Sin embargo esa violencia irracional y absurda solo ha generado enfrentamiento y frustración en varias generaciones vascas y en todo el conjunto de España. Si observamos los ciclos históricos de esa violencia, comprobaremos que desde que Terra Lliure la abandonara como instrumento de acción política para reivindicar la independencia de Cataluña, después de que yo desarticulara los últimos vestigios de esta organización en 1992, y tras la sentencia de conformidad de la Audiencia Nacional dictada en 1994, hasta que se ha planteado pacíficamente la separación de Cataluña frente a España, han transcurrido veinte años. En el caso del País Vasco tendrán que transcurrir, probablemente, otros tantos hasta que se cierren las heridas y se asuma este planteamiento. Solo con un diálogo claro desde ahora, sin soberbia y en forma participativa se podrá avanzar con mayor celeridad y encontrar ese camino de pacificación y convivencia diversa, que exige la entrega de las armas y la aceptación de lo irreversible: la innecesariedad de ETA para conseguir cualquier objetivo político. Arnaldo Otegi ha desperdiciado prácticamente los últimos siete años de su vida para obtener lo que ya tenía: el marco democrático español que le permite hacer lo que ahora hace incluso presentarse como candidato a lendakari en la elecciones de septiembre. ¡Cómo cambian las cosas en tan poco tiempo! No ha sido un triunfo de la izquierda aberzale ni de ETA, sino de las víctimas y de la ciudadanía española que les permiten este debate. Es la hora de la política y siempre debió de haber sido así.

Lo que tan reiteradamente se negó, tanto por ese entorno como por el nacionalista, se ha fijado en las sentencias de los distintos tribunales, incluido el TEDH, y ahora, finalmente, se acepta por los propios autores criminalmente responsables de aquellos execrables hechos. Así queda fijado en los hechos probados de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fechada el 20 de enero de 2016.

El comienzo del fin

El 30 de julio de 2009 la explosión de una bomba lapa adosada a un vehículo causó la muerte de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en la localidad mallorquina de Calviá. Fueron las dos últimas víctimas de ETA en suelo español.

El último asesinato cometido por la organización terrorista tuvo lugar en Francia, el 16 de marzo de 2010. Por primera vez en la historia de ETA, la víctima fue un policía francés, Jean-Serge Nèrin. Ocurrió en un tiroteo cuando tres etarras intentaban robar en un concesionario de coches en Dammarie-lès-Lys, un municipio situado a unos sesenta kilómetros al sureste de París. Uno de ellos, Joseba Fernández Aspuruz, alias el Guindi, fue detenido en España.

El 20 de octubre de 2011, cincuenta y tres años después de su fundación, ETA anunciaba el cese definitivo de la violencia. Desde ese día, la vida en el País Vasco y en España comenzó a ser diferente. Por fin el miedo, la amenaza, la extorsión, el secuestro y la noche oscura del terror comenzaban a ser historia.

La noticia del fin de la violencia etarra me sorprendió en Bogotá, a punto de comenzar un almuerzo con el ahora alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, un hombre fundamental para la paz en Colombia. Recuerdo que estuvimos hablando, como otras tantas veces lo hicimos, sobre ETA y la forma de combatirla policial, judicial, social y políticamente. Hoy también estamos en un proceso parece que irreversible hacia la paz en este país hermano. Sin embargo, los caminos y las fórmulas han resultado muy diferentes, como también las realidades son muy distintas, a pesar de las eventuales conexiones existentes en el pasado entre las FARC y ETA.

Ese viernes, 20 de octubre, ETA anunció con su habitual parafernalia encapuchada el final de sus más de cuatro décadas de terrorismo iniciadas en junio de 1968, con el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines Arcay en un control de carretera. Más de cuarenta años que han dejado ochocientas veintinueve víctimas mortales, una infinidad de heridos, daños, estragos, vidas rotas, amenazados, desplazados, familias y empresas destruidas y una sociedad enfrentada que, como tantas veces sucede, es la que más cordura ha puesto sobre la mesa ante un Gobierno ausente y una organización terrorista que aún se resiste a desaparecer en los últimos reductos que le quedan, los centros penitenciarios. La organización anunció, y hasta la fecha ha cumplido, el «cese definitivo de la actividad armada» sin poner condiciones. En el comunicado se decía:

Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión:

ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional.

En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca.

La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas nuestro reconocimiento y más sentido homenaje.

En adelante, el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años Euskal Herria ha acumulado la experiencia y fuerza necesaria para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.

Este comunicado se difundió justo un mes antes de unas elecciones generales que, en vez de ayudar a lograr este fin, supusieron el triunfo del Partido Popular y la negación absoluta a cualquier cambio en la política del Estado frente a ETA, especialmente en el ámbito judicial, y la continuación de la política de dispersión de presos, que hasta la fecha venía siendo la norma en los diferentes gobiernos sin importar el signo ideológico del que fueran.

Si tuviéramos que calificar el tipo de proceso que se está viviendo en Euskadi para dar el adiós definitivo a la violencia política, podríamos decir que se desarrolla de espaldas al Gobierno central, con interés por parte del Gobierno autonómico, con la participación activa y voluntariosa de los mediadores internacionales y nacionales y, debe decirse, la casi indiferencia política general de la sociedad española que, quizá por una necesidad de autoprotección, no se ocupa más que de fortalecer la situación de renovada libertad que se vive.

Hay un detalle más que considero relevante: la actuación judicial frente al terrorismo ha continuado sin una definición clara en favor de la finalización del conflicto. Sin perjuicio de que haya cierta suavización en las penas y una mayor inclinación por el pacto, las penas y el reconocimiento de los hechos en algunos casos —como el importantísimo acuerdo entre las defensas y las acusaciones en el juicio contra los responsables de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) obtenido en enero de 2016—, todas las actuaciones judiciales han continuado, las penas se siguen imponiendo y las condenas se cumplen, mientras que el acuerdo se ha fraguado al margen de esa realidad judicial. Una realidad que en algún momento deberá ser tenida en cuenta si no se quiere que —como ocurrió en el proceso de paz de 2006-2007— esta iniciativa fracase, entre otras razones por no haber tenido en cuenta este fundamental aspecto en un conflicto en el que prácticamente todas las acciones están judicializadas.

El 3 de marzo de 2016 la Justicia argentina, concretamente la Cámara Federal, en aplicación del principio de jurisdicción universal ordenó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que investigara si ETA cometió delitos de lesa humanidad, como reclama la querella presentada en Argentina por la asociación española Dignidad y Justicia, contra veintidós dirigentes de Batasuna y diecinueve miembros de ETA. Dos días antes, Arnaldo Otegi salía de la prisión en la que había ingresado, por mi orden, el 13 de octubre de 2009 imputado de pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, órgano político dependiente de ETA y a sus órdenes, a cuyo frente se encontraba, según la instrucción. Otegi sería condenado a diez años de prisión, rebajados luego a seis años y medio y a once de inhabilitación para cargo público. Entre aquella fecha y esta, el líder aberzale ha dado muestras más que suficientes de que la opción de la violencia ya no era válida y que las únicas vías para reivindicar los objetivos políticos de autodeterminación e independencia son la democrática y la política.

Por tanto, después de casi medio siglo de ETA y, con mi perspectiva, veintidós años y tres meses exactos —desde el 14 de febrero de 1988, fecha de mi llegada a la Audiencia Nacional, hasta el 16 de mayo de 2010, cuando el CGPJ me suspendió por investigar los crímenes del franquismo— de combate efectivo desde la Justicia contra la organización terrorista, y de compromiso efectivo para hallar la vía que llevase a la desaparición definitiva de la violencia, es hora de hacer balance respecto a lo logrado con el esfuerzo de todos.

Desde luego, en el camino se han quedado vidas e ilusiones y se ha sufrido dolor, mucho dolor, pero también hay que citar logros valiosos en una confrontación difícil contra el terrorismo irracional y contra la cerrazón de quienes se negaban a respetar a las víctimas, revictimizándolas y obligándolas a asumir una cuota de responsabilidad que no tenían en una confrontación entre la democracia y sus reglas, por un lado, y la violencia y su uso en beneficio propio, por otro. Es cierto que se han vivido momentos muy tensos en los que el abuso del derecho y la utilización de vías ilícitas para combatir el terrorismo han estado presentes, al igual que se dio cierta complacencia en la interpretación de las claves a la hora de perseguir determinados fenómenos como el de la tortura y el maltrato a detenidos, que no debería haber existido. Pero todo esto se abordó y corrigió desde el Estado de derecho quizás con demasiasa lentitud, frente a aquellos que negaban su propia existencia a pesar de que era este modelo político el que les permitía pronunciarse y protegerse.

Como suele ocurrir, los análisis siempre son diferentes según la óptica de quien los hace. En mi caso, me resulta muy difícil, y desde luego excede del objeto de este libro, glosar todos y cada uno de los planteamientos y estrategias que, durante esos veintidós años, desplegué desde mi posición como titular del JCI 5 de la Audiencia Nacional para enfrentar el terrorismo. Una cosa tengo clara desde el primer momento en el que decidí optar a ese puesto, que finalmente se me concedió en febrero de 1988: la decisión de ir a la Audiencia Nacional estuvo directamente vinculada a la lucha contra el terrorismo. Quería participar en esta aventura y permanecer en mi puesto hasta ver el final de la violencia terrorista en España. Lo he conseguido.

Mi absurda suspensión en mayo de 2010, producida por unas razones nunca aclaradas, pero que distan mucho de la buena justicia, tuvo lugar ya en un momento en el que habían cesado las acciones criminales de ETA, por lo que los magistrados que la decidieron, sabiendo que me marchaba en situación de servicios especiales y, por tanto, sin necesidad de escenificar aquella farsa, no me privaron también de esa última victoria: la satisfacción del deber cumplido. Esa sensación que se produce cuando sufres el dolor o experimentas la alegría de haber hecho lo que se debía en defensa de unos valores de justicia y democracia, en defensa de la sociedad y de las víctimas, de todas las víctimas, a pesar de todos aquellos que han tratado de impedirlo.

Muchas veces me han preguntado por qué lo he hecho y qué me ha reportado todo esto, cuando ahora estoy fuera de la carrera judicial. Mi respuesta ha sido directa, rápida y contundente: tenía que hacerlo. El servicio público significa, sencillamente, estar dispuesto a perderlo todo en defensa de la sociedad a la que sirves. Me he dejado mi vida y mi tranquilidad en este empeño, pero ha merecido la pena, sobre todo porque sigo luchando por aquello en lo que creo y que no dista mucho de lo que desean millones de seres humanos: se vincula a ideas como paz, justicia, libertad e igualdad; a la lucha contra la pobreza y la desigualdad; a la transparencia, la limpieza en las instituciones, un medio ambiente sano, el desarrollo de los pueblos sin imposiciones, la transversalidad de derechos y la protección de los más vulnerables; al respeto a la diversidad, la pluralidad y la diferencia, a ejercer el derecho que como pueblo nos compete para marcar nuestro destino; a la universalidad en la defensa de los derechos humanos que se oponen frontalmente al uso de la violencia como arma política en una democracia; y, en especial, a una certeza de la sostenibilidad de esos valores como base de nuestra convivencia.

Los primeros pasos

El trabajo desarrollado en la Audiencia Nacional contra ETA durante los años en los que estuve al frente del JCI 5 supuso un largo itinerario de investigaciones, detenciones, procesos y sentencias para neutralizar la eficacia letal de una organización criminal que había declarado una guerra a toda la sociedad española, pretendiendo la humillación de todo un pueblo.

Cuando aterricé en la Audiencia Nacional, me encontré de bruces con el caso GAL, centrado entonces, marzo de 1988, en los policías José Amedo y Michel Domínguez. Ya he relatado en el capítulo «La mayoría de edad del Estado de derecho» lo que aconteció, aunque son muchos más los matices, pero, desde luego, mi reto principal, el que me había llevado al JCI 5, era la lucha contra el terrorismo y específicamente contra ETA, de modo que comencé a estudiar el fenómeno en profundidad. Hasta ese momento lo había conocido principalmente por los medios de comunicación, a través de los cuales se percibía el miedo de la ciudadanía a la incidencia del terrorismo, que aparecía como el principal tema de preocupación para todos.

Las varias organizaciones terroristas que en ese momento existían —ETA, Terra Lliure, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (Egpgc)— estaban en plena ebullición, además del terrorismo de extrema derecha y las acciones de los GAL, a las que se añadían acciones de terrorismo internacional como la del restaurante madrileño El Descanso, ocurrido el 12 de abril de 1985. Acerca de este último atentado, aparte de su relación no contrastada con el español de origen sirio —y miembro relevante de lo que después sería Al Qaeda— Mustafá Setmarian Nasar, nunca se ha sabido quiénes estuvieron detrás.

Conviene recordar que esa acción, que acabó con la vida de dieciocho personas, fue uno de los atentados más sangrientos en la historia española, junto a tres reivindicados por ETA: el de la madrileña plaza de la República Dominicana, el 14 de julio de 1986, con doce muertos y cuarenta y cinco heridos; el de Hipercor, el 19 de junio de 1987, con veintiún muertos y cuarenta y cinco heridos; y el perpetrado el 11 de diciembre de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, con once personas muertas y ochenta y ocho heridas. Sin embargo, el más brutal de todos fue el perpetrado por los yihadistas en Madrid el 11 de marzo de 2004: ciento noventa y tres víctimas mortales y casi dos mil heridos.

En la investigación de las acciones de estas organizaciones y personas, tuve algo o bastante que ver. Los esfuerzos y energías vertidos fueron los que tenían que ser, pero he de decir que puse toda mi voluntad y energías en conseguir que las reglas de la paz y la justicia fueran las que nos rigieran. Para ello, siempre desde el Estado de derecho, empleé todos los instrumentos que este proporciona, activándolos en los diferentes ámbitos, extrayendo todo el juego e interpretación que confieren y, siempre con la vocación de llegar al fondo del caso y obtener la mayor protección de los derechos de las víctimas, respetando las garantías procesales y los derechos de los perpetradores. Por esta razón jamás he podido ser condescendiente con todos aquellos que se resguardan o parapetan en la insuficiencia de las normas, la oscuridad de una interpretación o la dificultad de asumir los retos para justificar su inmovilismo e indiferencia. La criticona de sofá, café y chascarrillo; la maledicente, vacua y malintencionada; la poco comprometida y envidiosa son posturas muy propias de determinadas esferas funcionariales e institucionales en nuestro país, especialmente en este campo.

Escribo estas líneas el 5 de marzo de 2016, y acabo de enterarme de la triste noticia de la muerte de Antonio Asunción, quien fuera ministro del Interior, con el cual trabajé y después de mi aventura política desarrollé una buena amistad. Si algo se puede predicar de él fue su honestidad política, su compromiso democrático, el enorme trabajo que hizo en la lucha contra el terrorismo de ETA al desarrollar la política de dispersión de presos, fundamental en aquel momento y que tanto contribuyó al debilitamiento de la organización terrorista, y su firmeza cuando tuvo que tomar la decisión de dimitir de su cargo por la fuga de Luis Roldán. Desde estas humildes páginas le ofrezco mi homenaje: descansa en paz, Antonio.

El primer caso

Ya en la Audiencia Nacional, el primer caso que activé fue el procesamiento del denominado comando Gohierri-Costa, el 8 de junio de 1988, contra José Antonio López Ruiz, alias Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria. Ellos eran los presuntos autores materiales —por órdenes de Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, quien sería detenido en 1992 con la caída de la cúpula de ETA en Bidart, que yo también investigaría en su momento— del asesinato de la exmiembro de ETA Dolores González Catarain, Yoyes, el 10 de septiembre de 1986, cuya investigación asumí al tomar posesión en el JCI 5. Asimismo, procedí contra Miguel Ángel Gil Cervera, Ignacio Bilbao Beascoechea —años después, sería condenado en dos ocasiones por amenazarme y abalanzarse contra mí en mi despacho de la Audiencia Nacional—, José Miguel Bustinzar Yurrebaso, Pedro José Picabea Ugalde, José Antonio Olaizola Achucarro, Pedro Celarain Oyarzabal y otros doce miembros de ETA, por diferentes delitos de pertenencia, colaboración, depósito de armas y otros. Simultaneé todo lo anterior con la investigación del caso Amedo y Domínguez, relacionado con los GAL. A este respecto recuerdo que Iñaki Esnaola, abogado de miembros de ETA por aquel tiempo, lo puso como ejemplo de lo que no se había hecho hasta ese momento en la Audiencia Nacional: procesar «hasta al apuntador y por todos los hechos delictivos cometidos».

El segundo caso fue el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. En la noche del 22 de noviembre de 1988 un coche bomba explotó junto a una de las paredes de aquella sede. Esta acción marcó el primer gran impacto del terror en mi actividad profesional como juez. Como relato en el capítulo dedicado a la investigación sobre los GAL, acudí andando al escenario del crimen. Vi el «hongo» de la explosión desde mi domicilio, por entonces en la calle La Rábida, muy próxima a la zona del impacto, y eché a andar hacia el lugar de los hechos para hacerme cargo de la investigación como juez de guardia. Consideraba, aunque esto me trajo problemas con el entonces decano de los jueces de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que ante un hecho de esta envergadura el juez no podía permanecer a la espera de que otros le trajeran las noticias sobre el ataque terrorista. Hablé con Pedro Díaz-Pintado —el responsable policial a cargo de la investigación—, comencé las diligencias para el levantamiento del cadáver del técnico de TVE Jaime Bilbao Iglesias e inspeccioné los daños; al día siguiente, en el hospital, levanté el cadáver del niño de dos años Luis Delgado Villalonga. La explosión provocó, además, heridas a cuarenta y seis guardias civiles y a cuarenta y dos civiles, entre ellos los padres del pequeño Luis, la enfermera Mercedes Villalonga Villalonga y el doctor Luis Delgado Cabezas.

De forma inmediata impartí múltiples órdenes porque no dudaba dónde residía la verdadera estructura intelectual del atentado: en la dirección de la organización terrorista a su máximo nivel. Es obvio que no era suficiente con perseguir a los autores materiales, como hasta ese momento se hacía, sino también y especialmente a los intelectuales. Con el transcurso del tiempo, todos los que habían ordenado aquel ataque criminal respondieron ante la Justicia. De igual manera intenté, a través del periodista Pedro J. Ramírez, que días después publicó una entrevista con la dirección de la organización, averiguar más datos tomándole declaración, en la que el secreto profesional fue aludido y respetado.

Comencé a aglutinar información sobre las actividades de ETA. En definitiva, se trataba de una estructura criminal organizada que, independientemente de sus postulados políticos, desarrollaba su actividad criminal con arreglo a unos parámetros que yo tenía que conocer, asimilar y después penetrar hasta llegar a la misma esencia de la mecánica de su acción terrorista. Si queríamos hacerle frente, había que analizarla en su globalidad y en el contexto en el que desarrollaba su acción delictiva. En este sentido, ETA no solo era una banda o grupo armado, sino «una organización política que practica la lucha armada, y que persigue la subversión del orden constitucional, a través de la ejecución de actos contra la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos», que dispone de una estructura armada constituida por personas que se organizan en «comandos» (legales e ilegales o liberados) con un instrumento de dirección común: su aparato político.

La estructura armada de ETA se configuraba como referente de toda la organización. Se caracterizaba por la fungibilidad de sus miembros: según las necesidades, realizaba su actividad en conjunción con otras estructuras de la misma organización, que actuaban como vasos comunicantes, ligadas por una relación de sumisión de los militantes a la estructura dirigente. Dentro de lo que ETA denominaba la organización armada, había diversos niveles de responsabilidad delimitados por la jerarquía de sus componentes y por la distribución de funciones: dirigentes máximos, responsables de aparatos, jefes de comando, responsables de taldes —grupos de apoyo a los comandos terroristas—, militantes, laguntzailes («ayudantes, auxiliadores», principalmente para transportes de material o personas), captadores —los llamados pianistas— colaboradores, responsables políticos, etcétera. En su dinámica de acción y, a lo largo de su historia, ETA siempre ha buscado la protección de sus actividades ocultándolas bajo la apariencia enmarcada en una estrategia del desdoblamiento («solo» es ETA el frente militar) para proteger sus estructuras incluidas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV, o Euskal Nazio-Askapenerako Mugimendua, ENAM, en euskera), dirigiendo la lucha armada y los organismos sectoriales a través de las estructuras alegales KAS-EKIN, mientras que el partido político Herri Batasuna (HB) —más tarde Batasuna y, después, sus sucesiones— asumía la lucha institucional, controlada inicialmente por KAS-EKIN y después por esa formación. Y todos ellos, amparados por ETA.

En esta dinámica, no todos los componentes de la «organización armada» participaban directamente en la comisión de delitos mediante el empleo de métodos violentos, pero, sin embargo, todos sus operativos —los del aparato político, internacional, militar y de logística— orientaban su actividad hacia ellos con la intención de crear el clima político necesario que posibilitara, en última instancia, la negociación con el Gobierno de España para la consecución de la independencia forzada de Euskal Herria. Obviamente, como se ha visto hasta hoy, esta estrategia falló… o hicimos que fallara. En este entramado, a KAS-EKIN le correspondía la estrategia político-militar compartida con ETA y la dirección de los métodos de coacción (kale borroka, es decir, actos de violencia callejera) complementarios con la lucha armada etarra.

Por tanto, ETA era una organización terrorista con una estructura política y militar. Siempre fue así, y es natural si se tiene en cuenta que abogaba por la construcción nacional de un Estado independiente, como se demostró con la documentación hallada en algunos de los registros realizados y en la que se diseñaba hasta un futuro banco central y un sistema económico, financiero y político alternativos a los de España. Es decir, la política siempre estuvo en sus venas y el uso de la violencia fue simplemente instrumental. Antes, resultaba necesario; ahora, había dejado de serlo. Ya fuese por necesidades estructurales o coyunturales. La desgracia es que tuvieron que transcurrir más de cuarenta años para que algunos se diesen cuenta de esta situación y, en ese largo camino de desastres, la pérdida inútil de cientos de vidas humanas ha jalonado una historia que podía haber sido bien diferente.

El «Estado español», como identifica ETA a España, cayó en la trampa de la confrontación directa e insistió en una actitud de «acción-reacción» durante demasiado tiempo. A cada atentado terrorista el Estado reaccionaba con una investigación o con una contraacción concreta, ya fuera operativa, investigativa o, durante un tiempo, incluso desde la ilegalidad. Demostraba así su falta de visión integral del fenómeno al que se enfrentaba y su impotencia, la cual le hacía aceptar una estructura de guerra que, precisamente, era la buscada por la organización terrorista. Parece mentira, pero durante décadas y hasta 1989 esa fue la situación: se aceptó el planteamiento de una red criminal en el terreno de la confrontación sin avanzar más ni explorar otros ámbitos diferentes a los que marcaba la propia organización. ETA atacaba todas y cada una de las estructuras políticas, económicas, judiciales, sociales e institucionales del Estado, y este solo se centraba en la estructura militar de la organización terrorista.

Así se luchó contra ETA hasta 1989. Mi planteamiento fue muy diferente desde el comienzo: era consciente de que, si no cambiábamos la mecánica de investigación, nunca avanzaríamos lo suficiente para acabar con un fenómeno tan complejo como la existencia de una organización armada que tenía medios y planteamientos subjetivamente coherentes y la decisión de llevarlos a cabo. Se trataba de investigar la pertenencia o colaboración con ETA y las acciones operativas, pero también el sustento ideológico, los códigos de conducta, la globalidad del conjunto, y enfocar las acciones a la estructura dirigente y no solo al hecho concreto. Es decir, había que atrapar a los autores materiales, pero también a los intelectuales, a los cooperadores, a los financiadores, a los cómplices y a todos aquellos que los ayudasen de una u otra forma. Deberíamos desarrollar una estrategia integral con mecanismos de investigación que detectaran cuáles eran las vías de financiación para llegar al núcleo de una economía de subsistencia en la que el lucro personal no existía, como tampoco la especulación o el enriquecimiento personal, pero sí la necesidad de fondos que sostuvieron todo el entramado. Esto ineludiblemente nos conducía a los máximos dirigentes de la red criminal para descubrir el diseño, los planteamientos, la política y las órdenes e implicaciones concretas en las diferentes acciones, a través de una acción coordinada y diversa (la complementariedad). Pero, de cara a un proceso penal, todo esto tenía que pasar de la esfera de la inteligencia y la información al campo de las pruebas con el fin de que un tribunal, a la hora de enjuiciar las conductas concretas de todas esas personas, pudiera emitir una sentencia condenatoria.

La estructura de ETA-MLNV

Para la consecución de sus fines, a partir de 1967 ETA decidió actuar sobre cuatro «frentes»: el militar, el político, el cultural y el obrero. El desarrollo de esa estrategia se efectuó «desdoblando» las actividades: las acciones armadas se encauzaron a través de una estructura clandestina para las autoridades, mientras que el MLNV aglutinó las actuaciones que daban cobertura a la propia organización y a sus miembros mediante los cauces legales que el Estado democrático otorga, aunque ocultando, no obstante, su dependencia de ETA.

Dentro del MLNV se articularon diversas organizaciones y, a grandes rasgos, basta señalar que ETA instrumentalizó esas instituciones a través del sistema de «doble militancia». La creación de Herri Batasuna, por tanto, desarrolla ese diseño estructural «desdoblado» que los responsables etarras elaboraron ante la inminencia de un orden jurídico-político de corte democrático a finales de 1974. Su fundamento comprendía dos aspectos: preservar al «frente político» de ETA de la acción policial y judicial, buscando la protección que la legalidad brinda a las organizaciones y estructuras a través de las que se produce la participación política de los ciudadanos, y ser un instrumento de introducción de los postulados de ETA en la sociedad.

Este entramado se basaba en los siguientes principios: la dirección de ETA, dispuesta a emplear la violencia terrorista, y la promoción de campañas de desobediencia institucional, ejercidas por las organizaciones a través de las cuales ETA controla el frente institucional. Por ejemplo, mediante KAS, la cúpula etarra dirigía el desarrollo de una actividad encaminada a la desestabilización y la deslegitimación de la institucionalidad y del orden jurídico-político vigente.

Para asegurarse la consecución de estos fines, ETA afianzó su control de Herri Batasuna a través de KAS y de dos de las organizaciones integradas en esta última: ASK (Abertzale Sozialista Komiteak, «Comités Patriotas Socialistas») y HASI (Herriko Alderdi Socialista Iraultzailea, «Partido Socialista Revolucionario Popular»). Ambas sostenían la estructura de Herri Batasuna y se encargaban de aplicar en su seno las decisiones que se adoptaban en KAS, donde ETA actuaba en un plano jerárquicamente superior.

La organización terrorista ETA fijó los principios básicos de su actuación en el programa conocido desde 1976 como Alternativa KAS y, más tarde, Alternativa Democrática de Euskal Herria. KAS fue diseñada como un instrumento centralizado de manipulación y control económico e ideológico del MLNV, lo que la propia organización criminal denominó «frentes de masas e institucional». Su finalidad última era desarrollar su estrategia «político-militar». En definitiva, el «aparato militar de ETA» utilizó KAS como medio para dirigir todas las organizaciones vinculadas a la organización terrorista que conformaban el denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Desde 1983 le fue atribuida a KAS la condición de «bloque dirigente», reforzando de esa manera su tarea de dirección. Para articular un reparto coordinado de responsabilidades y tareas entre la actividad terrorista y la «política» —en el marco de la ya mencionada estrategia del desdoblamiento, cuyo objeto era obtener una mayor penetración en la sociedad para la consecución de sus fines y limitar los efectos de la acción policial sobre toda su estructura— se constituyó Herri Batasuna. Esta coalición electoral, formada a partir de otra anterior, la Mesa de Alsasua, nació el 27 de abril de 1978 con la integración en ella de los partidos de la izquierda aberzale preexistentes: ESB (Euskal Socialista Biltzarrea, «Asamblea Socialista Vasca»), ANV (Acción Nacionalista Vasca; en euskera, Eusko Abertzale Ekintza), LAIA (Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, «Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios») y HASI. De todos ellos formaba parte KAS, que fue un instrumento de la organización terrorista ETA, al menos en los dos últimos.

Herri Batasuna se convirtió en agrupación electoral, concurriendo a las elecciones al Parlamento vasco de 9 de marzo de 1980, y se trasformó más tarde en partido político, accediendo al Registro de Partidos Políticos dependiente del Ministerio del Interior el 5 de junio de 1986, en cumplimiento de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 31 de mayo de ese mismo año. Desde su constitución en 1978 Herri Batasuna fue utilizada por el «frente militar» de ETA, mediante el sistema de «doble militancia» de los miembros de HASI.

Para evitar disensiones entre las organizaciones presentes en KAS, en 1983 ETA elaboró la llamada Ponencia Bloque, con un programa de actuación denominado Alternativa KAS. Cuatro años más tarde, ETA impuso el documento Ponencia KAS Bloque Dirigente en el que denominaba Alternativa Táctica KAS al programa ideológico que inspiraba su actuación. Este programa afirmaba que KAS era un desdoblamiento necesario de ETA; que KAS, junto a la organización terrorista, asumía la codirección política del MLNV y que, dentro de dicho entramado, a ETA le correspondía el papel de «vanguardia».

El objetivo declarado por KAS, en tanto que instrumento de control del frente político-institucional supeditado a ETA, era la creación de un Estado propio independiente en lo político, unificado en lo territorial (mediante la unificación de la comunidad autónoma del País Vasco con la comunidad foral de Navarra y el departamento administrativo francés de los Pirineos Atlánticos), marxista-leninista en lo ideológico y, por último, euskaldún en defensa de la lengua y cultura ancestrales de la sociedad rural vasca.

La puesta en práctica del propósito de ETA a través de KAS se plasmó en lo que la organización criminal denominaba la «utilización revolucionaria de la legalidad burguesa», es decir, el aprovechamiento de la legalidad democrática para, amparándose en ella, obtener más fácilmente sus fines. Para ello diseñó una estrategia que combinaba y complementaba el control de las organizaciones legales, alegales e ilegales del MLNV desarrollando la «concepción político-militar» de la «lucha» siguiendo este esquema: el «frente armado» de ETA, como expresión ilegal encargada de la «lucha armada» y «vanguardia» de la dirección política; KAS, como organismo alegal que asumía la codirección política subordinada a ETA Militar, de la «lucha de masas» y del control del resto de organizaciones del MLNV, incluida HB como expresión legal y encargada de la «lucha institucional», al servicio de la organización terrorista controlada por KAS, y esta, a su vez, por ETA.

A principios de la década de 1990 el control por el frente militar de ETA del conjunto de las organizaciones del MLNV encontró oposición en parte de HB. Como consecuencia de esta oposición, ante lo que ETA Militar consideraba la inoperancia de HASI, el instrumento con que controlaba HB a través de KAS, la estructura militar de la organización terrorista impuso la disolución de HASI en 1992. ETA asumió directamente la dirección de todas las organizaciones del MLNV —y en particular de HB—, de acuerdo con los parámetros de organización que KAS había diseñado en 1991, recogidos en el documento Remodelación organizativa: resoluciones del KAS Nacional.

Modus operandi

La forma de actuar de la dirección armada era clave en este planteamiento integral. A ella correspondía el diseño de las campañas violentas por tiempo y zonas geográficas, de la extorsión, de los atentados, del cobro del «impuesto revolucionario» (extorsiones) y de los secuestros, así como de las actuaciones internacionales. En este sentido resultaba fundamental para ETA la apariencia de ser una organización independentista que reivindicaba el derecho de autodeterminación, pero ocultaba el verdadero contenido y alcance de sus acciones contra la sociedad civil en un Estado democrático. De ahí, por un lado, la creación de organizaciones satélites que actuaban en escenarios relacionados con los movimientos humanitarios y de defensa de los derechos humanos y, por otro, la presencia en las estructuras políticas de diferentes países. En definitiva, trataban de dar la impresión y realidad de ser una fuerza en confrontación de igual a igual contra el Estado, escenificando un simulacro de conflicto armado interno que les diera reconocimiento internacional.

En esa línea, a la dirección de ETA también correspondía la adquisición de las armas, la coordinación con otras redes y organizaciones en las que había movimientos revolucionarios en marcha o los había habido, la justificación y la «explicación» de las acciones criminales a las que, obviamente, se les eliminaba cualquier connotación con el ámbito penal. También asumía el diseño de las acciones políticas e institucionales complementarias, los sistemas de actuación, la impartición de órdenes, la distribución de grupos, las prioridades —sobre personas, instituciones y otros organismos—, las conexiones con las redes de apoyo, la imputación de hechos concretos, así como la valoración o autocrítica de las acciones del «enemigo» y su incidencia propia en la configuración de la red criminal.

Las diferentes estructuras de ETA

A un nivel más concreto, según las diferentes investigaciones y publicaciones, la estructura de ETA a finales de 2006 estaba encabezada por un comité ejecutivo (Zuzendaritza Batzordea, o Zuba) que se encargaba de definir las orientaciones políticas y militares, de asegurar la cohesión interna y de mantener la disciplina en sus estructuras. De él dependía un órgano asesor formado por dirigentes encarcelados. La estructura constaba de varios aparatos: el militar, en el que se incluían los comandos (taldeak), la logística operativa y los cursillos; el logístico, dedicado a la electrónica, las compras y la investigación y desarrollo; el político, que incluía a exiliados y era el responsable de las relaciones internacionales, las negociaciones con el Gobierno, la tesorería, la extorsión, la falsificación, la información sobre objetivos, la propaganda, la redacción y edición, la producción y distribución, y la compra de material; el de reserva, con la comisión disciplinaria de conflictos y el departamento de seguridad, se encargaba de los boletines y comunicaciones internos; y, por último, el de militantes se centraba en la captación, la acogida, los presos, la investigación de las causas de las detenciones, el análisis de las propuestas de evasión y los informes enviados por los presos.

La acción operativa de ETA se llevaba a cabo a través de los grupos: los «comandos», repartidos por zonas, localidades o provincias, y los «itinerantes», que se distribuían el radio de acción, a la vez que se establecían campañas por zonas u objetivos, tanto dentro como fuera del País Vasco. Cada comando tenía una serie de subgrupos más pequeños. Todos ellos estaban integrados por miembros legales (sin fichar) o liberados (el grado más alto de responsabilidad, desempeñado por etarras que habían huido de su entorno familiar). Además, la organización terrorista tenía una extensa red de colaboradores, transportistas (laguntzailes), captadores o «pianistas», recaudadores —encargados del llamado impuesto revolucionario o de las «aportaciones»— y todos aquellos que fueran necesarios para los fines propuestos.

La codirección subordinada

La organización había estudiado a la perfección todos y cada uno de los resquicios que la legalidad de un sistema democrático permitía y los aprovechó. Siempre lo hizo. En ningún caso creyó en la democracia y sus instituciones, si no fue para aprovecharse de ellas y utilizarlas para intentar dinamitar también ese sistema desde dentro. Su participación, en los tiempos en los que fue permitida o consentida por torpeza, lenidad o falta de perspectiva integral del fenómeno, siempre estuvo dirigida a fagocitar el propio sistema y destruirlo. Así se decía en múltiples documentos en los que se definía la «construcción nacional» de Euskal Herria a costa de la legalidad constitucional española. Unas eran ilegales, como la propia vanguardia armada; otras alegales, como KAS, EKIN, Jarrai, Haika, Segi o Gestoras Pro Amnistía; otras fueron legales en algún momento, como Batasuna, Xaki, distintas empresas y fundaciones, algún medio de comunicación, etcétera. Todo el complejo se sometía, a través de la codirección subordinada de KAS-EKIN, a ETA obedeciendo a idénticos fines y objetivos, con la distribución de diferentes acciones y campos de acción.

La acción

Comencé a perfilar esta actuación contra ETA y toda su estructura a finales de 1988, impulsado por el atentado contra la Dirección de la Guardia Civil perpetrado en noviembre de ese mismo año, a lo que se sumó la detención en el sur de Francia de dos importantes dirigentes de la organización terrorista, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, y Elena Beloqui el 12 de enero de 1989. Abrí procedimiento en mi juzgado con el fin de comenzar a reunir la documentación incautada, a la que iría uniendo nuevos materiales, y de esta forma tener la base para estudiar los entresijos de la organización a partir de los escritos elaborados por sus propias estructuras. Era algo que normalmente no se había hecho hasta ese momento, al menos con trascendencia judicial y a partir de la información «no operativa» de la policía. En esta labor conté con la ayuda y con la enseñanza de Juan Felices, a la sazón responsable policial de la investigación del terrorismo de ETA. El primer informe que me proporcionó, a principio de los años noventa, sobre KAS fue como oro en paño para mí y me ayudó a comenzar a comprender cómo era el mundo aberzale y su configuración, la correlación de fuerzas y el sometimiento total a la organización terrorista.

Mientras tanto, bajo ningún concepto se podía abandonar la actuación operativa frente a ETA. Los atentados continuaban y la actuación policial y judicial también. Eran momentos de intenso y callado trabajo que simultaneaba con la investigación de los GAL y otras realizadas en el juzgado, y por hacerlo debía soportar las invectivas del periódico ABC. Durante casi un año y de forma implacable, cruel y sistemática, ese diario me dedicaba, un día sí y otro también, su «atención» por mis investigaciones sobre los GAL, que no agradaban especialmente a su director, Luis María Ansón, según el mismo me comentó años después. Como botón de muestra, el pie que ponía en su edición del 19 de abril de 1989 al huecograbado referido a una de las operaciones policiales contra ETA y que dio como resultado la desarticulación del comando Éibar, cuya investigación me correspondió al estar de guardia:

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (junto a estas líneas), será el encargado de tramitar las diligencias judiciales, tras la detención el pasado domingo, como hemos informado, del comando Éibar de la banda terrorista de ultraizquierda ETA. El juez Garzón, agobiado por la investigación del asunto GAL, apenas ha podido avanzar en la de los criminales etarras que asesinaron a un niño y a un profesional de televisión al atentar contra la Dirección General de la Guardia Civil.

La noticia se comenta por sí sola, pero ejemplifica cómo se desarrollaba el trabajo en aquellos momentos y la percepción, por parte de algunos, de lo que debía ser el Estado de derecho y la discriminación que debía hacerse, justificando unas conductas y consintiendo otras. Desde luego, con el transcurso de los años, me he dado cuenta del alcance de los comportamientos humanos y los intereses que se barajan en los diferentes ámbitos, en especial en la lucha contra el terrorismo, donde no todos han sido limpios ni transparentes, hasta el punto de que pareciera que algunos no deseaban que se acabase con la lacra del terror.

Primera comisión rogatoria con presencia judicial en París

Para continuar el avance de la estrategia de confrontación integral contra la organización terrorista, era necesario dar un paso más. Contando con el apoyo de la fiscal adscrita a mi juzgado, Carmen Tagle, decidí —simultáneamente al enfrentamiento que habíamos tenido con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, en el marco de la investigación del comando Éibar, por una filtración desde el MI de documentos sensibles de la investigación y que casi determina que diéramos orden de aterrizaje del avión que llevaba desde Argel a Santo Domingo de los miembros de ETA, Antxon Etxebeste, Aracama Mendía y Belén González Peñalva, después del fracaso de las conversaciones con el Gobierno español— trasladarnos a París en mayo de 1989 para hacernos cargo de la documentación intervenida en la detención de enero y recibir declaración a aquellos responsables de ETA y también a Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros. Las declaraciones se produjeron, aunque no aportaron nada más que la constancia de la máxima responsabilidad que Josu Ternera había tenido y mantenía en ese momento en la organización.

La práctica de la comisión rogatoria tenía la importancia de demostrar a la organización terrorista que íbamos a investigarla y perseguirla en todos los niveles, que no aceptábamos la complaciente situación de acción-reacción que ella misma marcaba, sino que, a partir de ese momento, nuestra actuación sería proactiva. Se lo había planteado a Carmen y lo considerábamos ya irreversible. El sistema de investigación debía cambiar. Estoy convencido de que Carlos Bueren también era consciente de ello, después de la entrada en la fábrica de Sokoa y el hallazgo de las ingentes cantidades de documentos que tanto nos servirían para avanzar en el conocimiento de ETA.

Pero para conseguir algún resultado en París, cerrado a cal y canto a la cooperación judicial por la inactividad española en la investigación de los GAL, debíamos superar las reticencias derivadas de la desconfianza hacia nuestras instituciones. Por esta razón solicité a Juan Felices, entonces jefe del Servicio de Información Interior, que me preparara un dosier fotográfico de los atentados de ETA más relevantes con la indicación de las posibles responsabilidades y del papel que jugaban en el seno de la organización las personas a las que íbamos a tomar declaración. La verdad es que el inicio de la diligencia policial no fue muy halagüeño porque el juez Michel Legrand tenía una fuerte prevención hacia nosotros y la jurisdicción española y, además, consideraba aún a los detenidos como luchadores independentistas con el glamur propio de los guerrilleros, una visión alejada de la realidad y del dolor que estaban imprimiendo en cientos de miles de personas en todo el territorio español.

Legrand nos facilitó la toma de declaración de Elena Beloqui, con la que trabó una conversación centrada en los supuestos riesgos en España para quienes intervenían en la lucha política, y asumió sin rechistar el reproche que la dirigente de ETA le hizo por recibir a representantes de un Estado que mandaba matarlos en suelo francés. Reconozco que nos sentimos entonces en territorio hostil, asistiendo a un debate impropio de una relación juez-imputado, en el que Legrand incluso le dijo a Beloqui que podría ponerla en la frontera para que la torturaran y sin embargo no lo hacía, de modo que le pedía terminar cuanto antes con la diligencia, garantizándole que no intervendríamos y que haría constar la protesta por las torturas que denunciaba. (Era una situación realmente extraña, porque Beloqui no había estado detenida en España.)

Tranquilicé a Carmen para que pudiéramos reconducir la situación, pero Beloqui preguntó al juez quiénes éramos. Legrand me identificó a mí, pero no a la fiscal, a petición mía. Beloqui insistió en saber quién me acompañaba y, cuando le traduje la pregunta, respondió: «Soy Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional». Diré que, años después, Elena Beloqui ingresó por mi orden en prisión por su pertenencia al frente internacional de ETA a través de la organización satélite Xaki; puesta en libertad en noviembre de 2000 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, más tarde sería condenada a trece años de prisión en España.

Tras la declaración de Beloqui, afrontamos la de Josu Ternera. Tan solo nos miró y nos analizó. Probablemente marcó en su retina la imagen de una fiscal y un juez españoles que, por primera vez, le pedían cuentas en el «santuario» francés. Cuando solicité que el juez le interrogara sobre el atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil, sin esperar a que tradujeran, me miró de frente y dijo en castellano: «Hablaremos de eso cuando hayamos hablado de las torturas de Intxaurrondo». El resto de la diligencia se desarrolló en francés. Carmen se acercó al oído de Pedro Díaz-Pintado, que nos acompañaba, y, refiriéndose a Ternera, le dijo: «¡Valiente hijo de puta!». El afectado oyó probablemente el comentario porque, sin conocer yo la anécdota hasta la hora de la cena, me sorprendió la mirada de odio que dirigió a la fiscal. Este hecho me dejó muy preocupado porque la dirección de ETA no debía estar muy contenta de que, por primera vez (seguirían muchas más), se la hubiera puesto en evidencia en «su territorio».

La última barrera de la cooperación estaba a punto de caer si conseguíamos superar las reticencias y la desconfianza del juez francés. Esto se produjo al iniciar la declaración de Santi Potros, quien estaba molesto porque se le sometiera a la presencia de la justicia española. Según él, en España la detención incomunicada se extendía por dieciocho días, las cárceles españolas eran mazmorras y se quería aniquilar a un movimiento político como el MLNV y a todo el pueblo vasco, cuya representación se atribuían tan alegremente, pero del que no contaba que ellos mismos lo estaban matando y persiguiendo con sus acciones terroristas.

Como viera que Legrand prestaba atención a estos argumentos, al igual que ya lo había hecho con Beloqui, me dirigí a él. Le expliqué cómo estábamos investigando a los GAL, que había dos policías en prisión por ese caso, y le pedí que examinara el dosier que había llevado conmigo para que comprobara de lo que estábamos hablando. Aparte, le tuve que explicar que el relato de los periodos de detención incomunicada a los que aludía Santi Potros pertenecían a una legislación derogada hacía décadas, y que desde hacía años las detenciones eran supervisadas judicialmente. Recuerdo que examinó con atención las fotografías que componían el dosier y, dirigiéndose a Potros, le espetó algo así: «Esto no es político, ¿qué tiene que decir? Conteste usted a lo que se le pregunta». A partir de ahí, Arróspide respondió con cierta lógica, aunque poco aportó.

Fue entonces cuando se operó un importante cambio en la actitud de los jueces franceses a la hora de afrontar el fenómeno de ETA, pasando de considerarlo un problema de confrontación política española con un grupo independentista a una lucha contra una organización terrorista que debía ser perseguida por ambos países. Lo cierto es que, desde ese mismo instante, la cooperación judicial mejoró radicalmente. En todo caso, la justificación final del juez Michel Legrand se me quedó grabada para siempre (y mucho más después de lo que acontecería cuatro meses más tarde): «Perdónenme, yo no conocía nada de esto —dijo señalando el dosier fotográfico de atentados que le habíamos mostrado—. Nadie me había mostrado, hasta ahora, estas imágenes».

Muchas veces he evocado, y creo que lo haré hasta que acabe mi existencia, ese viaje con Carmen Tagle, recordando las pequeñas anécdotas, como la de los seis pares de medias que tuvimos que comprarle en Galeries Lafayette porque se le hicieron otras tantas carreras; las esperas en el Palacio de Justicia; los traslados enloquecidos, acompañados por Pedro Díaz-Pintado y el enlace Emiliano Calzada, por las calles de París camino de la prisión; la cena a altas horas de la madrugada, después de los interrogatorios, en Chez Denis, de donde todavía guardo un plato como recuerdo; las conversaciones sobre los GAL, ETA y cómo afrontar la investigación de esta siguiendo la estrategia integral que le proponía; su preocupación por mí y mi seguridad; la crueldad y frialdad de la mirada de Ternera contra nosotros, especialmente contra ella.

Con esos planteamientos volvimos a España cargados de ilusión y esperanza para proseguir nuestra labor frente a una organización terrorista que continuaba cometiendo atentados después de las conversaciones de Argel, y que cuatro meses más tarde, de la mano de uno de sus grupos, el comando itinerante encabezado por Henri Parot acabaría con la vida de Carmen Tagle sembrando su cuerpo de balas que salieron de una pistola Sig Sauer.

Las pistolas que Interior vendió a ETA

A principios de 1986 el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, adquirió —según declaró ante mí años después—, con conocimiento y autorización del ministro del Interior, José Barrionuevo, y a través del comisario de policía Francisco Álvarez, quien conectó con Francisco Paesa (todos ellos relacionados con los GAL de una u otra forma), que a su vez recurrió al traficante de armas austriaco George Stackman, una partida de cien pistolas de la marca Sig Sauer que, aparentemente, irían a Lima para ser entregadas a la policía peruana, con la condición previa de que el envío pasara por Madrid.

Sin embargo, estas pistolas nunca llegaron a su destino (sí lo haría una partida de ladrillos), sino que fueron entregadas a miembros de ETA —previo pago de las mismas a través de intermediarios—, quienes las emplearon en la ejecución de numerosos atentados.

En la operación participaron, además de las autoridades españolas, la policía francesa —autorizada por el ministro del Interior de ese país, Pierre Joxe— y la CIA, representada por el director de Comunicaciones para Europa Sur y otros agentes. Los españoles se encargarían de la adquisición y circulación de las armas; los de la CIA, de la colocación de los aparatos electrónicos que serían controlados vía satélite, y los franceses asumirían el seguimiento del envío por Francia hasta que se materializara la entrega y subsiguiente detención de los responsables de ETA. En las dependencias de la Dirección General de Seguridad (Madrid), los técnicos desplazados desde Washington instalaron los microtransmisores de seguimiento en las cajas que contenían las pistolas. Cuando las armas llegaron a territorio francés, los agentes galos decidieron cambiar los aparatos de rastreo y asumieron el control de la operación.

La entrega se efectuó al intermediario francés, quien traspasó el envío a los miembros de ETA, y del comando itinerante, Frédéric Haramboure y Jacques Esnal. La prefectura de Toulouse informó a las autoridades españolas de que habían perdido el dispositivo de rastreo porque los etarras habían cambiado de caja las pistolas y no había el menor rastro de ellas. Lo más grave fue que en ese momento se identificó a aquellos miembros de ETA, pero sus nombres no circularon policialmente y, tiempo después, fueron responsables junto a Henri Parot de numerosos asesinatos. De esta forma fue cómo llegó una parte de las armas a manos de los terroristas, mediante una venta real por parte de las autoridades españolas, si bien en alguna operación en la que se vieron implicados algunos de los agentes de la Guardia Civil, luego condenados por el caso Lasa y Zabala, también se hallaron dos de esas Sig Sauer. Debo reconocer que este caso me obsesionó durante años, desde que comencé a investigarlo en 1988, contando con la inestimable colaboración del entonces inspector de policía Gabriel Fuentes, y logramos reconstruir todo el operativo de lo que fue una operación de inteligencia sin cobertura ni protección que tuvo un final aciago. Seguimos la pista de las pistolas desde el aeropuerto de Barajas hasta la fábrica Sig Sauer en Alemania y la empresa vendedora en Viena, el circuito del dinero desde Francia a Suiza, la participación de Francisco Paesa —a quien puse en búsqueda y captura— y… entonces chocamos con el muro del MI. Finalmente, en agosto de 1995, descubrí todo el entramado de la venta de las armas a ETA.

Algo similar ocurrió con la fábrica de Sokoa, también en 1986. Sin embargo, en este caso, en el que intervinieron las mismas agencias y autoridades y el agente de Interior Francisco Paesa, la operación encubierta consistía en la venta de unos misiles Sam 7 —cuyas cabezas de carga hueca estaban desactivadas y en las que se instalaron microtransmisores— y salió bien. Los misiles se transportaron desde Madrid a San Sebastián, y desde allí a un islote situado entre San Juan de Luz y la parte española, en donde estuvieron ocultos casi durante un mes en una especie de cobertizo. Como se agotaron las pilas de los transmisores, fue preciso emplear a buceadores de la Guardia Civil para que las sustituyeran. A los dos o tres días de esta operación, ETA se hizo cargo de los misiles, los trasladó a Sokoa (Hendaya) y, en noviembre de ese mismo año, se ejecutó la operación con éxito. Posteriormente se tuvieron que extraer los microtransmisores en la Gendarmería de Bayona, para que no quedara rastro de ellos cuando fueran analizados por los peritos balísticos.

Trece años después, en septiembre de 1999, el fiscal pediría treinta y un años de prisión para Josu Ternera, uno de los máximos responsables de la organización terrorista en 1986, por su participación en estos hechos. Nunca sería juzgado por ellos, al no presentarse a la citación realizada por el Tribunal Supremo en 2002.

Josu Ternera

José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, ha sido (si no me equivoco) el único dirigente de ETA que siempre fue miembro de la dirección de la organización terrorista. Lo fue tanto en libertad como cuando entró en prisión, hasta su salida en 1995 expulsado de Francia y posteriormente encarcelado en España por decisión del juez Gómez de Liaño, y cuando en 1999 obtuvo la libertad y adquirió el acta de parlamentario por la coalición Euskal Herritarrok (EH, Ciudadanos Vascos) en el Parlamento vasco, donde presidió la Comisión de Derechos Humanos.

Por su carácter de aforado fue citado, sin orden de detención, a declarar en noviembre de 2002 ante el Tribunal Supremo sobre su presunta implicación en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde habían muerto once personas y habían resultado heridas ochenta y ocho. Se demostraba así una candidez impropia —hacia alguien que ya tenía una acrisolada experiencia— presumiendo que se presentaría voluntariamente. No lo hizo, sino que se dio a la fuga y permaneció en paradero desconocido, salvo una breve aparición en 2006 para una de las primeras reuniones con los representantes del Gobierno español en el proceso de diálogo con ETA, hasta el día de hoy.

Siempre me quedará la duda de si fue él, Josu Ternera, quien decidió el asesinato de Carmen Tagle, cometido a la entrada del aparcamiento de su domicilio el 12 de septiembre de 1989, poco antes de las dos de la tarde.

Carmen Tagle

No he logrado superar aún el asesinato de la fiscal Carmen Tagle. Su fotografía sigue estando en mi buhardilla, aquí donde ahora escribo. Miro su retrato y recuerdo distintos ratos de trabajo y de diversión con los funcionarios, a pesar de los difíciles días que vivíamos, pero finalmente se impone la imagen de su cuerpo perforado por las balas asesinas de aquellos que, con su cobardía, no han hecho nada más que cubrir de luto a las familias de las víctimas, entre las cuales también incluyo las de quienes fueron torturados, asesinados o heridos en la guerra sucia contra ETA.

Carmen vino a mi despacho el 10 de septiembre de 1989 porque, paradójicamente, estaba preocupadísima por mi seguridad debido a las noticias reiteradas sobre mis actuaciones judiciales, hasta el punto de que quería hacer gestiones por su cuenta para que se aumentara mi protección. (Yo disponía de un escolta, cuando, salvo Carlos Bueren y el presidente de la Audiencia Nacional, nadie más recibía protección en aquella época.) Después de nuestro regreso de París y, tras un juicio en el que la acusación de Carmen había sido muy potente y unas declaraciones posteriores muy duras contra ETA en Radio Nacional, mi preocupación por su vulnerabilidad aumentó. Aquella mañana, le pedí a Carmen que adoptara unas medidas de seguridad mínimas, como el cambio de itinerarios y de las horas de salida y entrada de su domicilio. Le pregunté si había sentido alguna sensación de peligro más intensa y solo me comentó, de pasada, que había recibido una llamada extraña en casa de su hermana. Imagino que fue el ardid para ubicar el objetivo por parte de los terroristas. Ya no la volví a ver viva.

El 12 de septiembre de 1989 quedará para siempre en mi memoria como una de las fechas más tristes de mi vida. De manera constante vienen a mi mente las imágenes evocadoras de aquel día, que comenzó como cualquier otro y, a partir de las dos de la tarde, se tornó en aciago para siempre. La muerte nos golpeó con la brutalidad de quienes querían destruir cualquier atisbo de convivencia pacífica en España. De hecho, era extraño, y así lo habíamos comentado en reiteradas ocasiones, que ETA no hubiera atentado antes contra ningún objetivo de la Audiencia Nacional. La actuación de la Justicia empezaba a hacerse muy visible y la difusión por los medios de comunicación de los casos que se tramitaban y enjuiciaban era cada vez más intensa. Esto nos hacía más vulnerables y, por tanto, algo así podía ocurrir.

Sobre las doce y media de la tarde, subí al despacho de Carmen para charlar sobre los temas de seguridad. No pude verla porque estaba en un juicio. Me marché intranquilo por no haber hablado con ella. Llegué a casa alrededor de las tres y media. Sonó el teléfono y escuché la voz entrecortada de un funcionario de mi juzgado. Había habido un atentado en Madrid. Le urgí a que me dijera quién era la víctima. Cuando pronunció el nombre de Carmen, me hundí. Los insultos y el dolor se entremezclaron con el llanto y llamé a Carlos Bueren, que ya sabía lo ocurrido. Vino a recogerme en un «zeta» policial que nos llevó hasta las inmediaciones del domicilio de Carmen. A la entrada del aparcamiento yacía el cuerpo sin vida de mi amiga y compañera. Fueron momentos durísimos, emotivos, de dolor profundo. Le habían disparado con saña, con una de las cien pistolas Sig Sauer vendidas a ETA por el Ministerio del Interior para sorprender a la organización y que devinieron en instrumentos letales contra muchas víctimas; no se me olvidará jamás. Nadie quiso reconocer el cuerpo de Carmen a petición de los forenses, y lo hice yo. La imagen de su cuerpo inerte no se me olvidará jamás. Desde entonces, han pasado veintisiete años, pero el dolor por su pérdida no me ha abandonado.

La acción continúa

Con el atentado contra Carmen Tagle, ETA retomaba los objetivos judiciales. Ya lo había intentado al hacer estallar un coche bomba en 1986 contra el presidente del Tribunal Supremo, Antonio Hernández Gil, caso que investigué yo. Costó tiempo que nos recuperásemos mínimamente de la pérdida de Carmen. Aquel durísimo golpe hizo que nos uniéramos todos en la Audiencia Nacional y que el MI incrementara la protección. Comenzaba una etapa dura, que seguiría con tres atentados con paquetes bomba a autoridades de la Audiencia Nacional: el presidente Fernando de Mateo Lage perdió las manos el 27 de febrero de 1990; el presidente de la Sección Segunda de la Sala Penal, José Antonio Jiménez Alfaro, sufrió la amputación parcial de una mano en su despacho el 12 de junio de 1996; y, afortunadamente, el dirigido al teniente fiscal Eduardo Fungairiño no llegó a estallar el 28 de febrero de 1990. También hubo otros objetivos judiciales, como los asesinatos del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente —cuyo cadáver levanté en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de febrero de 1996—, los de los magistrados del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador (1997) y José Francisco Querol (2000) y el de la Audiencia de Bilbao José María Lidón (2001), o bien las tentativas contra Fernando Grande-Marlaska, Carlos Dívar y yo mismo. Frente al terrorismo todas las víctimas son iguales, pero, al seleccionarlas, los etarras buscaban obviamente una incidencia mayor en los diferentes ámbitos a los que estas pertenecían, y el sector judicial era fundamental. Pero si lo que pretendieron fue resquebrajar la acción judicial frente a la barbarie de ETA, fracasaron estrepitosamente. En mi caso, me reafirmé aún más en que el camino iniciado era el acertado y debía avanzar con decisión hasta el núcleo de la propia organización terrorista.

Josu Muguruza

El 29 de octubre de 1989 se celebraron elecciones generales en España, y entre los candidatos elegidos hubo varios de Herri Batasuna. La estrategia del desdoblamiento había dado sus frutos y el MLNV, dirigido por ETA a través de KAS, conseguía sus representantes en la política nacional, como los tenía en el Parlamento Europeo desde 1987. Los diputados Josu Muguruza, Iñaki Esnaola, Jon Idígoras e Itziar Aizpurúa y los senadores Íñigo Iruin, José Luis Elkoro y José Luis Álvarez Emparanza, más conocido como Txillardegi, fueron los elegidos. El primero de ellos, Muguruza, no llegaría a asumir el cargo porque fue asesinado el 20 de noviembre de ese mismo año en Madrid, cuando estaba cenando en el restaurante Basque del hotel Alcalá acompañado de los demás y otras personas.

Lo que pretendía ser una cena tranquila, en el restaurante del hotel en el que los parlamentarios de HB estaban hospedados, se convirtió en el escenario de un ataque terrorista, en este caso de extrema derecha. Lo perpetró un grupo, al que llamarían Grupo Antiterrorista Español, liderado —según mantuve durante la instrucción y hasta el mismo momento del juicio oral— por el policía Ángel Duce Hernández y Ricardo Sáenz de Ynestrillas Pérez, apoyados ocasionalmente por Yolanda González Belmonte, José Hernández Bartolomé y Antonio López González.

Según se desprendía de la investigación, dirigida en lo policial por el comisario Alberto Elías, entonces al frente del Servicio de Información Interior, el grupo formado dedicó gran parte del año 1989 a hostigar a personas relacionadas con el mundo aberzale por cuanto creían que este era una tapadera de ETA. Colocaron varios artefactos explosivos. El 10 de enero de 1991 acordé el procesamiento. En su sentencia de 30 de marzo de 1993, con los votos de Francisco Castro Meije y Agustín Lobejón y el voto particular contrario de Ventura Pérez Mariño, la Audiencia Nacional condenó al policía Ángel Duce a cien años de prisión por el asesinato del diputado de HB Josu Muguruza. En cuanto al resto de los procesados, declaró la libre absolución de Ricardo Sáenz de Ynestrillas y absolvió a los acusados de pertenencia a banda armada condenado a penas de un año y dos meses de prisión al joyero Antonio López, por tenencia ilícita de armas, y de un año a Yolanda González, por estragos, que ya había cumplido. El policía José Hernández Bartolomé fue condenando a seis años por depósito de armas. Los magistrados negaron verosimilitud al testimonio de Ángel Duce y exculparon a Ynestrillas a pesar de las claras evidencias en sentido contrario, lo que llevó al magistrado Ventura Pérez a tomar la valiente decisión de emitir un voto contrario para mostrar su convencimiento de que también debía ser condenado. Tiempo después, el propio Ángel Duce —que fallecería en 1997 en un accidente de tráfico— compareció ante mí y afirmó que entonces había sido presionado para cambiar su versión inicial, pero que en esa nueva declaración deseaba ratificarla. Obviamente, como ocurrió en el caso de Blanca Balasategui en el caso de García Goena, ya era demasiado tarde.

Por su parte, en una sentencia de diciembre de 1993 la Sala Segunda del Tribunal Supremo lamentó, como se publicó en los medios de comunicación, no tener atribuciones para poder revisar «la absolución de un eventual culpable» cuando el tribunal inferior no ha encontrado pruebas de cargo suficientes para condenarle. La sentencia del Supremo, hecha pública el 14 de diciembre, rechazó «con toda energía» la distinción entre el terrorismo de ETA y el de la ultraderecha que artificialmente había hecho la Audiencia Nacional. «Distinguir entre terrorismos y dar pábulo a una eventual benevolencia de trato al de fines supuestamente justicieros es algo absolutamente inadmisible», y subrayó con toda la energía que «todo atentado al Estado democrático de derecho es una forma de terrorismo».

Uno de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que revisó la sentencia absolutoria de Sáenz de Ynestrillas calificó de «impresentable» la de la Audiencia Nacional, pero indicó que los hechos declarados probados por esta no podían ser alterados dentro del estrecho cauce de la casación. La sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Ramón Montero Fernández-Cid, contenía un «preliminar» atípico en el que se explicaba que las sentencias no solo tienen la función de convencer al acusado, sino que además deben presentarse públicamente «para que lleguen al conocimiento general», y el pueblo pueda conocer y criticar el modo en que los tribunales ejercen su poder. La Sala explicaba que «lo normal» en todo Estado de derecho es que una decisión judicial sea controlada por un tribunal superior. Sin embargo, en España se da «una paradoja que seguramente debería hacer meditar al legislador», pues «mientras los delitos menos graves se enjuician en dos instancias, los graves se juzgan en una única instancia». Bien deberían haber aplicado esta doctrina los sucesores de esta misma Sala cuando justificaron la tesis contraria en la sentencia que me condenó en 2012. Me reservo mi valoración de que no fuera así. Sin embargo, puedo decir que en el caso Muguruza hubo demasiadas cosas extrañas que deberán ser analizadas con más detenimiento, como la sentencia de la Audiencia Nacional, uno de cuyos miembros, Castro Meije, también firmó la absolución de Monzer Al Kassar en la misma época.

Lo que ocurrió en 1990

Las negociaciones de Argel habían fracasado y las acciones terroristas, al igual que el combate a la organización, siguieron. No obstante, parece claro —y probablemente sea una constante en los países que padecen la lacra del terrorismo— que nunca se cierran todas las puertas a la negociación, a los contactos o al diálogo de forma más o menos reservada o secreta, pero que al final, por una razón o por otra, siempre acaban por conocerse cuáles fueron los contactos, cuáles los cauces, quiénes los interlocutores… Esto fue lo que ocurrió con las reuniones que Xabier Arzallus y Gorka Aguirre, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), mantuvieron en los primeros meses de 1990 con representantes de ETA y HB.

Al respecto, recuerdo haber tenido en mis manos un documento muy interesante —que la Guardia Civil intervino, si no recuerdo mal, al líder aberzale Rafael Díez Usabiaga— en el cual se relataba una reunión (posterior a las cinco de Argel) en la que participaron Arzallus, Aguirre, Elkoro —por HB—, alguien identificado como MG (¿quizá Martín Garitano, periodista de Egin?) y varios miembros de ETA, entre otros. Del documento se desprende que se trataba de un lugar seguro, facilitado por Elkoro, ya que en un momento determinado dio garantías totales de discreción. Lo que se colige al leer el texto es que existían unas relaciones fluidas y amistosas y en el encuentro se intercambiaron opiniones y se estudió una propuesta de negociación por parte de ETA. La finalidad era volver a generar un espacio de confianza, roto tras las conversaciones con el Gobierno central.

La intervención de Arzallus, según el miembro de ETA que la resumió en el documento, se hizo en estos términos:

Nosotros somos los de siempre (nacionalistas). Sin revolución, marxismo, ni tiros, pero con los mismos objetivos de siempre. […] En cualquier caso, de cara al futuro puede preverse que en el campo nacionalista solo habrá dos fuerzas importantes, PNV y HB, por lo que habrá que pensar en algún tipo de colaboración, aunque mientras sigan los tiros no hay mucho en que poder coincidir. Sin embargo, sí se puede hablar en todo momento. Hablar nunca es malo.

La dinámica de los tiros en una situación de falta total de canales nos ha puesto en varias ocasiones, y todavía hoy, en peligro de choque frontal. Estáis equivocados si creéis que buscamos el choque. Es falso que estemos impulsando a la Ertzaintza contra ETA. De hecho es más bien lo contrario, que estamos frenando. Posiblemente la Ertzaintza tenga datos sobre más de un comando (alguno en Guipúzcoa) y no ha procedido. Lo que ocurre es que a veces no les queda más remedio. No creemos que sea bueno que ETA sea derrotada, no lo queremos y no sería bueno para Euskal Herria […].

La verdad es que cuando leí este documento me dolió profundamente, y aún hoy me perturba, cuando lo releo, porque dos años después el sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, buen amigo mío, fue asesinado —al igual que muchos otros— por ETA.

El escrito que daba cuenta de la reunión hacía referencia a las elecciones que se celebrarían en octubre de ese año:

[…] Es posible que ahora mismo en vísperas electorales no sea el momento más oportuno, pues cualquier filtración sería perjudicial, pero después de las elecciones tenemos que hablar. Solo pedimos una condición para entrar en relaciones: «discreción». Esta reunión de hoy, por mi parte [Arzallus] es personal, no la conocen ni el EBB [Euzkadi Buru Batzar, el órgano ejecutivo del PNV] ni Ardanza [el socialista José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno vasco]. […] I[ñaki] E[snaola] siempre parece haber jugado un papel en contra de nuestras iniciativas, atribuyéndolas a intentos de protagonismo ante posibles expectativas de negociación [sic]. La última patada la recibimos cuando una propuesta nuestra sobre Argel canalizada una vez más vía I[ñaki] E[snaola] fue contestada vía Iratzar [Muguruza firmaba su crónica semanal con este seudónimo] en la pág. 3 de Egin, J[osé] F[élix] Azurmendi era testigo de la seriedad de nuestra propuesta. Este asunto nos costó un grave enfrentamiento con el PSOE. Benegas me comunicó que a través de sus servicios de información «conocemos vuestros intentos de salsear» y «vuestra tentación de cambiar de bando y jugar contra nosotros (PSOE)».

Respecto de la negociación de ETA con el Estado, Arzallus decía: «Nosotros siempre hemos estado a favor de la negociación entre ETA y el Estado. Nosotros no pondremos ninguna traba, no queremos protagonismo. Haced vosotros la negociación solos, pero hacedla». Menciona a continuación que Felipe González le indicó que, para iniciar cualquier cosa, había que tener garantías de que ETA dejaría la lucha armada.

En un momento de la reunión, Arzallus se mostró grave:

Rechazamos firmemente y calificamos de mentira burda (gezur borobila) la acusación de cualquier responsabilidad ni por inducción indirecta ni siquiera involuntaria, sobre el asesinato de J[osu] M[uguruza] tal y como se hacía en el comunicado de KAS. En el M[inisterio del] I[nterior] se conocía perfectamente quién era J[osu] M[uguruza], su papel en ETA (Ejecutiva) y en HB, pero a pesar de lo que creéis, en el M[inisterio del] I[nterior] (R[afael] V[era] y C[orcuera]) valoraban muy positivamente que J[osu] M[uguruza] fuera a Madrid, entre otras cosas porque su cobertura parlamentaria hubiera podido facilitar en algún momento algún tipo de contactos. El asesinato de J[osu] M[uguruza] fue un duro golpe para el M[inisterio del] I[nterior].

Estoy de acuerdo en dicha falta de responsabilidad del MI, habiendo sido el instructor del caso, como ya he relatado.

Arzallus se defiende, en el documento, de algunas acusaciones de ETA contra el PNV:

[…] No es cierto el alineamiento de la Ertzaintza con la P[olicía] N[acional] y la G[uardia] C[ivil]. La Ertzaintza no ha detenido más comandos por prudencia (concretamente Guipúzcoa). Lo que ocurre es que si la Ertzaintza es una policía integral, y para nosotros lo es, debe tener credibilidad y hacer cumplir la ley […]. No hay flujo de información Ertzaintza-Policía, porque no queremos y para ello tenemos la ventaja de que ellos tampoco nos dan ninguna información, esto nos salva de una situación más difícil. La Ertzaintza no ha dado nunca ni un dato a la Policía española.

Realmente este es un aspecto que en aquel momento resultaba muy preocupante, pues siempre existió esa desconfianza, que al parecer obedecía a una realidad, según este documento. Afortunadamente, aquellos tiempos quedaron atrás, aunque algunos no sobrevivieron.

Curiosamente, Arzallus, de forma abierta y poco democrática, ya que hace referencia a un partido político, dice a sus interlocutores de ETA: «El enemigo número 1 es el de siempre aunque ahora gobernemos con él. Ellos no se fían de nosotros, hacen como que sí, pero no, y a veces se les escapan cosas significativas». El documento va desgranando las coincidencias del PNV con ETA y las discrepancias con el PSOE. En el primer ámbito están de acuerdo en lo relativo a la libertad y soberanía de Hego Euskal Herria —el País Vasco y Navarra—, así como en la solución del conflicto político de soberanía entre Euskal Herria y el Estado español. El redactor del documento resume así lo dicho: «En este contexto de adversarios pero no enemigos [Arzallus] expresa en un par de ocasiones una teoría de complementariedad entre ETA y el PNV», y sigue copiando sus palabras textuales:

No conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces y otros las recogen para repartirlas.

He aquí la célebre frase que siempre se le imputa a Arzallus.

Realmente este documento desvela un doble juego, al menos en aquella época, por parte del PNV —o al menos de su presidente— en el que se simultaneaban las relaciones con el PSOE y ETA (para negociar) y además algunas valoraciones muy perniciosas sobre la supuesta falta de colaboración en la confrontación del terrorismo. Los tiempos fueron cambiando a pesar de esa posición ambigua, que contrastaba con la de otros líderes que sí se pronunciaban sin ambigüedad.

Señor Robles e Isabel Preysler

A lo largo de 1989 trabajé sobre la documentación intervenida a Josu Ternera tras su detención por la policía francesa, y también con los llamados papeles de Santi Potros, que habían correspondido al juez Carlos Bueren, titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional. Con Bueren hicimos un buen tándem y estoy convencido de que todo el esfuerzo realizado en diferentes direcciones redujo en tiempos la acción de la banda terrorista.

Después de analizar esta documentación, pedí al Gobierno que solicitase a Francia la extradición de Arróspide Sarasola, Santi Potros, por haber ordenado y facilitado los medios necesarios para perpetrar el atentado con coche bomba contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil el 17 de mayo de 1987.

En ese tiempo, un episodio complejo fue la liberación en Francia del que considerábamos máximo responsable de las finanzas de ETA Militar, Eloy Uriarte, alias Señor Robles, que había sido detenido en la localidad francesa de Bayona el 11 de julio de 1989 y puesto en libertad tres días después, cuando el juez Michel Legrand se inhibió del caso al no considerarlo delito de terrorismo. Si bien Uriarte había sido confinado en el departamento de Dordoña, al este de Burdeos, era esta una medida meramente administrativa que no le impedía regresar al País Vasco francés. La única restricción a la libertad de movimientos consistía en permanecer dentro de los límites geográficos de la región asignada y presentarse cada día en la comisaría local. Yo había dictado una orden de detención y extradición, así que de inmediato reclamé de nuevo su captura al conocer su puesta en libertad a través de los medios de comunicación. La petición se refería únicamente al proceso que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 1 por los papeles de Sokoa, en el que se había procesado a Uriarte por delito de pertenencia a banda armada, en calidad de dirigente de la organización.

Uriarte era bien conocido entre los empresarios víctimas de las extorsiones económicas de la banda por su apodo, Señor Robles. La documentación incautada constituía un fondo informativo con el que la organización seleccionaba sus objetivos. El juez Legrand le había detenido a raíz de la incautación de parte del rescate correspondiente a la liberación del empresario Emiliano Revilla. El magistrado francés se había inhibido a favor del tribunal de Bayona, que también se abstuvo de inculpar a Uriarte. Una situación sorprendente y… desesperante.

El archivo de Uriarte constaba de unas doscientas fichas mecanografiadas con el nombre de la empresa, su actividad y las personas que formaban parte del consejo de administración. Además, incluía una serie de carpetas con recortes de prensa sobre movimientos, actividades y capital de personas del mundo de la banca, la industria y la alta sociedad española. Entre ellos, la famosa Isabel Preysler, un hecho que hizo correr mucha tinta en la prensa en general y en la rosa en particular. Nunca había salido hasta entonces el mecanismo de financiación de ETA en la prensa rosa. No se incluían anotaciones que permitieran pensar en una acción planificada, pero sí se aportaban fotos de periódicos.

El juez Legrand, al tener conocimiento por los medios informativos de que el Señor Robles había sido puesto en libertad, remitió un nuevo fax al juez del confinamiento en el que le instaba para que el dirigente etarra fuera detenido, ya que legalmente no podía quedar libre, puesto que tenía pendiente una petición de extradición. Comentaba la policía que el magistrado francés no retendría durante más tiempo a Uriarte por la inconsistencia de los elementos probatorios, pero buscó la manera de mantenerle bajo control hasta recibir la petición de extradición española. Legrand iba a cesar en unos meses en su puesto de coordinador de la lucha antiterrorista, y la policía veía lógico que fuera soltando algunos casos. Lo cierto es que la demanda de extradición se rechazó finalmente y, tras un conato de expulsión fallido, el Señor Robles fue confinado en París. Sería detenido años más tarde, cuando ya las relaciones policiales y judiciales eran otras: el 20 de junio de 2006, en su domicilio vascofrancés de Biarritz, durante una operación conjunta francoespañola contra la estructura financiera de ETA en la que fueron arrestadas otras once personas. En 2007 fue excarcelado.

Relato este caso para dar idea de la complicada, y en ocasiones conflictiva, situación con nuestros vecinos galos en aquellos años finales de la década de los ochenta. Era difícil dar captura a los escurridizos miembros de ETA que —en demasiadas ocasiones— tenían un auténtico refugio en suelo francés.

Tras la detención en 1990 del etarra Henri Parot, el asesino de Carmen Tagle, se comenzó a sospechar de la relación de Josu Ternera con la muerte de la fiscal. Ante la Guardia Civil, Parot confesó que el jefe del aparato militar de ETA, Múgica Garmendia, Pakito, le había argumentado los motivos para su ejecución:

[…] era la fiscal que llevaba casi todos los asuntos de los militantes de ETA y solicitaba siempre penas muy duras contra ellos, queriendo incluso ampliar el tiempo máximo de permanencia en prisión de treinta años que actualmente dictamina la ley y, porque, además, estuvo en el interrogatorio de Josu Ternera.

Más tarde, en octubre de 1991, Parot volvió a reiterar ante un grupo de abogados aberzales los comentarios referidos a la conexión entre el asesinato de la fiscal —se refería a ella como la Dama de Hierro— y el interrogatorio que ambos habíamos practicado a Josu Ternera.

No había olvidado el atentado de noviembre de 1988 contra la Dirección General de la Guardia Civil. El 18 de febrero de 1990 dirigí un escrito al ministro de Interior, José Luis Corcuera, pidiendo información detallada sobre los miembros de la banda que habían intervenido en las frustradas conversaciones de Argel entre los representantes de la Administración y la cúpula de ETA.

Se abre la puerta a los procesamientos

Las confesiones de Henri Parot ante el juez Carlos Dívar abrieron la puerta a que, en abril de 1990, pudiera acordar el procesamiento de Francisco Múgica Garmendia, Pakito, como máximo dirigente de ETA. Tenía en su haber tres atentados cometidos en Madrid por el comando itinerante y dicté una orden de búsqueda y captura internacional para su extradición.

El número uno de la organización terrorista estaba procesado hasta ese momento únicamente en el sumario por los papeles de Sokoa. Para los franceses ese era un asunto sin excesiva consistencia como para conceder su extradición cuando fuera detenido. En total, Artapalo acumuló cinco procesamientos por diferentes acciones criminales. Continuaba así el propósito de atacar a los más altos responsables de la organización, algo que había sentado muy mal a estos, pues hasta entonces —mientras solo se detenía principalmente a quienes tenían el encargo de la ejecución— se creían a salvo.

Pero empezaban a ver como esa certeza terminaba. A mediados de noviembre, Carmen Guisasola —una histórica responsable del comando Vizcaya de ETA que coordinaba a todos los comandos legales (no fichados) que operaban en España— era detenida en el País Vasco francés. Había sucedido a Javier Zabaleta Elósegui, Baldo, detenido en septiembre y encargado de esta tarea como parte del control del aparato militar de la banda. El fiscal de la Audiencia Nacional pidió de inmediato la extradición de Guisasola por su participación en numerosos atentados cometidos por el comando Vizcaya.

A raíz de su captura, se detuvo a una treintena de personas y se buscaba activamente a dos sospechosos que estaban en paradero desconocido. Eran miembros de Herri Batasuna y uno de ellos había dado cobijo al responsable de la organización de HB de Pamplona, Carlos Pérez Quel, quien estaba acusado de pertenecer al comando legal Amaiur. Lo cierto es que los dos se presentaron voluntariamente ante mí a declarar. Para uno, decreté prisión incondicional; el otro, una mujer, quedó en libertad.

Volví a París a principios de febrero de 1991. Fue mi segundo viaje para entrevistar a un etarra. Mi objetivo era Baldo, que había sido detenido cuatro meses antes como número dos de ETA y responsable del aparato militar. Necesitaba además los documentos que se le habían intervenido. Me acompañaban el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y dos funcionarios de policía del Servicio de Información.

Por todos los datos reunidos, la actuación de Baldo en el atentado contra la Guardia Civil de 1988 pudo haber sido decisiva. Pensábamos que había fijado el objetivo, ordenado la acción y facilitado los medios materiales y la infraestructura precisa. Haciendo recuento, por esos crímenes ya estaban procesados el máximo dirigente de ETA, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito y Artapalo, y el principal experto de la banda en confección de explosivos, José María Arregui Erostarbe, alias Fiti o Fitipaldi. Y los autores materiales del atentado, todos ellos miembros del comando itinerante: Henri Parot, alias Unai; Jacques Esnal, alias Jacketx; y Frédéric Haramboure, alias Txistor. Yo tenía presente en todo momento a sus víctimas, aquel niño de dos años y el técnico de televisión asesinados.

Interrogué también a Simone Odriozola, una activista de ETA detenida el 17 de noviembre de 1990 junto a Carmen Guisasola. El sistema consistía en que un magistrado francés de los encargados de la lucha antiterrorista dirigía el interrogatorio sobre la base de un cuestionario elaborado por mí que contenía setenta y cinco preguntas. Fungairiño y yo estábamos presentes. Frente a mi primera visita, tan tensa y abrupta, la actitud de los colegas franceses fue más amable esta vez. Considero que también contribuyó a ello la propia actitud de los detenidos. No se me olvida que en el interrogatorio a Baldo las preguntas las formulaba en castellano, se traducían al francés para que el juez Le Loire pudiera comprenderlas y hacerlas oficialmente y, por último, se retraducían al euskera a fin de que Baldo contestase. Claro, había que hacer lo mismo con las respuestas, siguiendo el procedimiento inverso. Simone Odriozola, en cambio, contestó a las preguntas en español durante hora y media. Admitió su colaboración en la preparación de algunas acciones, pero lo más importante fueron los documentos que le incautaron.

Pienso que ya entonces la imagen de los «luchadores por la libertad del pueblo vasco» empezaba a cambiar dejando ver, en el país vecino, el componente criminal del terrorismo de ETA.

Entregué a mis colegas franceses un amplio informe sobre los atentados en que Baldo había estado involucrado, incluidas las declaraciones de otros etarras detenidos y juzgados en España, que le acusaban de haber impartido las órdenes para la ejecución de numerosos de ellos. Como era de prever, durante el interrogatorio Baldo alegó que esas declaraciones habían sido obtenidas bajo torturas, incluidas las realizadas ante el juez.

También en el caso de Santi Potros había entregado una documentación parecida en mayo de 1989, en mi primer viaje con Carmen Tagle. Este documento sirvió para que la fiscal francesa Irène Stoller solicitase la máxima pena en el juicio celebrado contra Potros.

Regresé a España con dos cajas y varias carpetas de documentación intervenida a ambos etarras y también a Carmen Guisasola. Incluían documentos operativos con planos de instalaciones militares y de cuarteles de la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra, así como reseñas de los movimientos de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado considerados futuros objetivos. Eran muy interesantes los informes sobre la situación interna de la organización, que contenían cartas entre miembros de la misma. En poder de Odriozola la policía encontró informaciones que apuntaban a futuros atentados contra instalaciones olímpicas en Barcelona.

La Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de París emitió el 13 de febrero de 1991 un dictamen favorable a la extradición de Baldo a España. Se habían presentado dos. Esta decisión no significaba que Zabaleta Elósegui fuera a ser de inmediato trasladado. Primero, tenía que responder del delito de asociación de malhechores que le imputaba la Justicia francesa. Si era condenado, al igual que había ocurrido con Santi Potros y Josu Ternera, cumpliría pena de prisión en Francia antes de que se hiciera efectiva su extradición.

1991. Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive

El 19 de noviembre de 1991, ordené la detención de trece personas vinculadas con el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre), una organización terrorista gallega cuyo objetivo era la independencia de Galicia y su transformación en un Estado socialista.

Una semana después era detenido en un paso fronterizo Manuel Chao Dobarro, considerado el responsable de la organización desde que su fundador, Antón Arias Curto, fuese encarcelado unos años antes. A raíz de la detención de Chao, fueron intervenidos en una vivienda del pueblo portugués de São Martinho do Porto treinta y un detonadores, mapas de Galicia y doce carpetas con documentos. Coincidiendo con estas detenciones, Arias Curto fue condenado a catorce años por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y falsificación de un DNI. Por su parte, sobre Xosé Manuel Sanmartín Vega y Xosé Antón Matalobos Rebolo recayeron doce años de cárcel; ocho a Antón García Matos y seis a Alfredo Santos Conde. La compañera sentimental de Arias Curto, la portuguesa Susana Lopes Pocas, fue condenada a dieciséis meses por posesión de armas.

Con esta operación el grupo terrorista gallego quedaba prácticamente desmantelado.

Los Grapo

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) fueron creados en 1975 y son responsables, según la policía, de más de ochenta asesinatos, entre ellos los de cuarenta y tres miembros de las fuerzas de seguridad y seis militares, aparte de otros casos. El día de mi trigésimo quinto cumpleaños, 26 de octubre de 1990, me tocó estar de guardia y recuerdo que Juan Felices me llamó y me dijo que habían detenido a los miembros de los Grapo Fernando Silva Sande, María Jesús Romero Vega, Jesús Cela Seoane, Olga Oliveira Alonso y Guillermo Vázquez Bautista.

Los detenidos formaban parte de dos grupos —dirigidos por Silva Sande y Cela Seoane, respectivamente— que se habían unido para preparar el secuestro del constructor madrileño Alejandro Gómez Durán, sobre el que habían recopilado una información muy minuciosa. En esos momentos, el plan se encontraba ya muy avanzado. Días después les tomé declaración y decreté su prisión. El enfrentamiento más intenso tuvo lugar con Silva Sande, quien me espetó que no tenía por qué estar delante de mí. Le indiqué que estaba detenido y que, aun pudiéndose negar a declarar, no podía decidir dónde quería estar sin una autorización por mi parte y, en ese momento, correspondía tomarle declaración, a lo que se negó. Le decreté la prisión incondicional. Finalmente, según me informó la policía, pasó alguna nota a personas del exterior en la que les decía que debían tener cuidado conmigo y que había que «ajustarme las cuentas» por haberme enfrentado a él. Que estaba en su punto de mira, era claro, aunque nunca actuó contra mí, ni siquiera cuando se escapó dos años después de la prisión de Granada.

Sería en julio de 2002, a través de una operación policial desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía francesa y que yo coordiné en España, con el fiscal Enrique Molina, mientras el juez Jean-Louis Bruguière lo hacía en Francia, cuando desmantelamos la cúpula de los Grapo. Catorce miembros del grupo terrorista, ocho en París y otros seis en España, fueron detenidos, con lo que la organización resultó desarticulada.

1992. Manuel Broseta

El año comenzó mal, pues el 16 de enero de 1992 los etarras José Luis Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño atentaron contra Manuel Broseta Pons, exministro del Gobierno de Adolfo Suárez y miembro del Consejo de Estado, poco después de salir de la Facultad de Derecho de Valencia donde había impartido una clase. Cuando cruzaba los jardines de Blasco Ibáñez, se le acercaron los dos terroristas y ordenaron a una estudiante, una chica rubia que caminaba detrás, que se tirase al suelo —«esto no va contigo»— y, acto seguido, le dispararon con un arma corta en la nuca. Lo dejaron allí, tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre que cada vez se extendía más. Los terroristas huyeron en un vehículo que dejaron abandonado a medio kilómetro del lugar del atentado y en el que situaron un artefacto explosivo con la intención de hacer más daño. En la misma zona, ETA había asesinado en 1991 a José Edmundo Casañ, delegado regional de Ferrovial, empresa que optó a la construcción de la autovía de Leizarán. Inmediatamente asumí la investigación, si bien hasta 2001 no me encontraría con uno de los autores materiales de ese atentado, Urrusolo Sistiaga.

Carlos Almorza

El 6 de agosto de 1992, era detenido en París Carlos Almorza, alias Pedrito de Andoain, responsable de las finanzas de la banda y principal responsable de la red de extorsión etarra. Fue un importante varapalo a la estructura económica de ETA. Había algo más: entre la documentación intervenida a Almorza, se encontraron una serie de informes sobre empresas del País Vasco y Navarra, entre ellos uno de la empresa Incresa sobre una de las constructoras que había sido comprada por Egin y que había participado en las obras de la autovía de Leizarán. En el escrito figuraban anotaciones manuscritas, presumiblemente realizadas por el jefe del equipo de investigación del diario Egin, Pepe Rei.

A raíz de ese documento, Rei ingresó en prisión el 24 de agosto de ese mismo año por decisión del juez Carlos Bueren, que le acusó de colaborar con ETA. Si bien su abogado, Álvaro Reizábal, recurrió con el argumento de que no existían pruebas de esta colaboración por parte de su cliente, en septiembre confirmé la prisión. Salió poco después. Él siempre negó haber enviado esos informes a Almorza. Rei había iniciado su carrera profesional en el diario Ya, de la Conferencia Episcopal, y en el asturiano La Voz de España, de la entonces Prensa del Movimiento. Después pasaría por medios como El Periódico o Interviú y llegaría al periódico Egin como redactor jefe de deportes, para más tarde ser nombrado jefe del equipo de investigación.

Con los papeles de Pedrito de Andoain se dio un paso más en la historia que desembocaría en el cierre de Egin, dentro de una serie de acontecimientos que iban a entrecruzarse.

Cae la cúpula de ETA en Bidart

En los años que siguieron a aquel primer contacto de 1989 en las investigaciones sobre la organización terrorista, se acentuaron los contactos entre jueces franceses especializados en materia de terrorismo, tanto de ETA como de carácter internacional (ellos mantenían competencias separadas, a diferencia de cómo lo teníamos distribuido en la Audiencia Nacional, donde todos los jueces centrales éramos competentes para investigar todos los casos de terrorismo, con independencia del lugar donde se hubieran cometido). Especialmente en mi caso, mantuve una buena comunicación con los jueces franceses Gilles Boulouque, Roger Le Loire y, especialmente, Bruguière en materia de terrorismo internacional y con la juez Laurence Le Vert y la fiscal Irène Stoller, en el caso de ETA. Gracias a la confianza que se generó, fuimos caminando en paralelo y en forma coordinada, de modo que cada vez hicimos más fluida la cooperación, transmitiéndoles que ETA no solo era un problema español, sino también francés e internacional por el carácter universal de la agresión terrorista, más allá del lugar donde se produjeran los hechos y el alcance de los mismos, y lo hicimos, una vez más, como había ocurrido con el narcotráfico, antes de que la normativa europea lo proveyera.

Así ocurrió respecto de las comisiones rogatorias —materia en la que «nos inventamos» unos mecanismos abiertos para que quedara una especie de «autopista jurídica» por la que la información discurriera y fluyera en tiempo real, en un sentido y otro, entre París y Madrid—, la actuación comisionada de policías, los equipos conjuntos de investigación o, por ejemplo, las reuniones estratégicas entre jueces, fiscales, policías y guardias civiles para diseñar estrategias y mecanismos de actuación conjunta. Asimismo, logramos superar las «dificultades» de la doble incriminación de la denominada association de malfaiteurs y la «pertenencia a banda armada». Y en particular, que se nos facilitara información para estos fines, el traslado de documentos y la validación de pruebas e informes periciales, la participación directa en los interrogatorios, las entregas temporales de personas imputadas para interrogarlas o asistencia a juicios, el traslado y la cadena de custodia de las evidencias, etcétera. Todo ello fue perfilando hasta la actualidad un sólido sistema de cooperación y, en especial, de confianza, que antes había sido destruido por la falta de comunicación y por la inacción de España en la investigación de los GAL.

El 29 de marzo de 1992, en la localidad francesa de Bidart, se propició, gracias al apoyo prestado por la Guardia Civil a la policía francesa, uno de los mayores golpes a la organización terrorista. Ese día fueron detenidos los máximos dirigentes que integraban entonces el conocido colectivo Artapalo: Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; José María Arregui Erostarbe, Fiti; y siete personas más, así como abundante documentación.

Curiosamente y sin saberlo, tuve algo que ver en esa detención, aparte del hecho de estar de guardia y asumir, a posteriori, la investigación del caso. En 1989, cuando fueron detenidos los miembros del comando Éibar, siempre me extrañó que no se detuviera a la persona que acogía en su casa a los liberados. Se «escapó», me dijeron, y así lo creí. Yo emití la orden de detención internacional contra Patxi (así era conocido), pero nunca se le encontró. Sin embargo, sin saber las razones, un día comenzaron a llegar partes médicos de un hospital de Lourdes en los que se identificaba al sujeto en cuestión, por lo que reclamé al delegado de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional que procediera a trasladar esta circunstancia a sus superiores, con el fin de activar la información con la policía francesa y detener a esa persona que estaba en búsqueda y captura.

Mi sorpresa fue grande cuando, a pesar de la localización, no llegaron a detenerlo. En un momento determinado, por lo extraño de la situación, exigí esa detención. Ante esta orden conminativa, el teniente coronel Cándido Acedo me pidió que hablásemos fuera de la sede del juzgado. No tuve inconveniente y nos encontramos a comer en El Parrillón, un asador del barrio de Chamberí que hoy ya no existe. Yo estaba muy tenso porque no me acababa de fiar, debido a la tensión previa con el caso Ucifa. A los postres y después de insistir en que me contara qué estaba sucediendo, el teniente coronel me dijo que a Patxi no se le había detenido en Éibar en 1989 porque era un colaborador: había contribuido a la detención de los demás, que se ocultaban en uno de sus domicilios, y se le había facilitado la huida a Francia. Gracias a él, había caído la cúpula de ETA en Bidart. Me explicó al detalle cómo había sido la operación y la intervención de Patxi como persona de confianza de uno de los detenidos. Recuerdo que le comenté que era difícil trabajar si no se confiaba en los jueces y que comprendía la trascendencia de la operación, pero que había mecanismos para autorizar ese tipo de acciones y no ponerlas en riesgo a causa de esa desconfianza.

Concretamente, si hubiera insistido en la detención antes de la caída de la cúpula en marzo en Bidart, se podría haber frustrado la acción. Por suerte no aconteció así, si bien nunca supe por qué llegaron los partes médicos del hospital de Lourdes a mi juzgado. La razón de las visitas hospitalarias eran que aquel hombre padecía cáncer, que tiempo después le causó la muerte.

Una vez detenidos y realizada la desarticulación del comité ejecutivo de la organización terrorista, solicité que se me enviara a través de una comisión rogatoria toda la documentación, para su estudio por miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil. Al analizarla se descubrieron importantes vías para la investigación en diferentes ámbitos y, especialmente, en el del llamado entorno de ETA. Se constató la existencia de unos grupos de apoyo a la organización terrorista, distinguiéndose entre «grupos X» y «grupos Y», en función de su mayor o menor dependencia de las estructuras de KAS, pero integrados por personas jóvenes que ejecutaban acciones violentas de forma sistemática (quema de cajeros, autobuses, vehículos de matrícula española o francesa, cabinas telefónicas, oficinas de correos…) y utilizaban en sus acciones criminales artefactos y dispositivos de tipo incendiario, explosivo o pirotécnico.

La alegría me duró muy poco porque, dos días después, Fernando Silva Sande se fugó de la prisión de Granada. Según reconoció el responsable de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, su huida era el resultado de «un cúmulo de errores». Años después, el máximo responsable de los Grapo sería detenido de nuevo y condenado en 2009.

Terra Lliure

La organización terrorista catalana Terra Lliure (Tierra Libre) desarrolló durante unos catorce años su actividad terrorista en pro de la independencia de Cataluña. Cometió unos doscientos atentados, cuyo balance fue de varias víctimas mortales (caso Bultó), numerosos heridos y cuantiosos daños materiales. También fue responsable de secuestros como el del profesor y periodista Federico Jiménez Losantos, a quien dispararon en una pierna antes de liberarlo en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat.

Entre el 28 y 29 de junio de 1992, cuando algunos de los miembros de Terra Lliure preparaban diversos atentados con el propósito de ejecutarlos en las proximidades de Barcelona inmediatamente antes de las Olimpiadas, ordené a la Guardia Civil que procediera a la detención de varios responsables de la organización. La certeza, según la investigación que había desarrollado, de que se iban a colocar unos artefactos explosivos en varios objetivos obligaba a realizar la operación. Se produjeron las detenciones y di órdenes a los médicos forenses para que vigilaran exhaustivamente a los detenidos. Así se hizo y se emitieron los correspondientes partes médicos en los que se hicieron constar todos los detalles y las circunstancias de la detención y la ausencia de maltrato alguno. Se tomaron las declaraciones en las que los detenidos formularon denuncias de malos tratos y torturas, correspondiendo la investigación al Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid.

Las detenciones produjeron un gran revuelo, pues los Juegos Olímpicos de Barcelona debían comenzar apenas un mes después, pero lo cierto es que la organización tenía intención de atentar, y así se demostró y me constaba por las investigaciones previas. La Guardia Civil propuso continuar con una segunda tanda de detenciones, pero decidí que no procedía hacerlas hasta que transcurrieran las Olimpiadas para no interferir en este gran acontecimiento. La actuación judicial se hizo con absoluto rigor y un exquisito respeto a todas las garantías, como no podía ser de otra forma. En todo momento las autoridades de la Generalitat estuvieron al tanto y de acuerdo, aunque de cara a la opinión pública mostraran su disconformidad. No se me olvidará el comentario del presidente catalán, Jordi Pujol, con el que me transmitió su enhorabuena por haber permitido que los Juegos Olímpicos se desarrollaran sin incidencias.

Una vez que concluyó la cita olímpica, se preparó la segunda parte de la operación. En septiembre de 1992, gracias a las detenciones practicadas, se acabó con la organización terrorista. Dos años después, en 1994, los imputados incluidos en la acusación del Ministerio Fiscal se conformaron con la sentencia y renunciaron a la lucha armada. Cerrábamos de esta forma la actividad delictiva que había desplegado Terra Lliure.

La manipulación de unos hechos

El líder nazi Joseph Goebbels fue quien desarrolló el principio de la orquestación: «La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas». De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad».

Desde entonces, e incluso hoy en día, determinadas personas —en algunas ocasiones en Cataluña, a pesar de mis posiciones claramente procatalanistas y mi defensa del derecho a decidir de cualquier pueblo, con el único condicionante de la no violencia ni el recurso a la lucha armada— han hecho valer en mi contra, como otros en el caso de ETA, falsas imputaciones de corte claramente sectario por el hecho de haber investigado en profundidad a las organizaciones terroristas a las que he tenido que enfrentarme.

1994-1995. Taldes «Y». La kale borroka

Con el nombre de kale borroka, a la que algunos llaman lucha callejera o bien terrorismo de baja intensidad, se ha identificado la acción de ETA en paralelo o en forma complementaria con la lucha armada. Desde un comienzo, la organización terrorista diseñó esta estrategia global frente al Estado, pero bien porque no se quería aceptar la inmensidad del desafío etarra, bien porque no se alcanzó a comprender las verdaderas intenciones de confrontación total y sistemática a todos los niveles y en todos los frentes por parte de ETA, se tardaron demasiados años en identificar correctamente el fenómeno.

Eran muchas las voces interesadas que insistían en que quienes intervenían en la kale borroka, los llamados chicos de la gasolina (por el combustible más utilizado en sus acciones), no tenían nada que ver con la organización armada. Desde luego, esa era la apariencia que se quería dar por parte del MLNV. Todo el colectivo confrontaba al Estado con diferenciación y complementariedad; todos desempeñaban su papel con la colaboración incomprensible desde el Gobierno. Era evidente que el frente común, y así estaba escrito, lo controlaba ETA. Ahora cuesta creer cómo tardamos tantos años en darnos cuenta y actuar.

Suele ser habitual que la reacción se produzca de abajo hacia arriba, y aunque desde los comienzos de los años noventa esa subordinación a la estructura armada y la coordinación de los diferentes frentes fuera obvia para el ámbito policial, tuvieron que pasar casi diez años para que todos asumiéramos esa realidad. Después de la «caída» de la cúpula de ETA en Bidart (marzo de 1992), miles de documentos fueron analizados por los técnicos. Me había correspondido esa investigación y, con la ayuda de la policía y sus diferentes estructuras, especialmente las de Información Interior, y la de la Guardia Civil y su Servicio de Información, que eran los que llevaban el peso de las investigaciones de campo, continué acumulando información y estudiando la documentación analizada. Lo hice hasta constatar que ETA no desplegaba solo la lucha armada o la «vanguardia armada», sino que lideraba o tutelaba todo un complejo o constelación de organizaciones en un universo, el del MLNV, dinamizado y dirigido subordinadamente a aquella por la estructura alegal KAS, en el que cada uno asumía un papel bien diferenciado y, en ocasiones, varios de ellos, uno legal y otro clandestino, a través del desdoblamiento. La finalidad era clara: aparentar frente al Estado la desconexión de unas estructuras con otras. En esa dinámica hasta el uso del lenguaje tenía una función fundamental para corromperlo en una significación que gramaticalmente nada tenía que ver con la realidad, con lo cual se creaba una especie de laberinto de espejos que deformaban la realidad e impedían la tarea de los investigadores. No fue fácil que estos últimos consiguieran penetrar en ese mundo y que sus conclusiones fuesen aceptadas por los tribunales.

En el caso de los grupos Y, según los papeles de Bidart, debían actuar como algo espontáneamente surgido de la sociedad en lucha, pero en realidad obedecían a rígidas directrices de la organización terrorista, formando parte de ella como se constataría años después. Así, en 1994 procesé a quince jóvenes pertenecientes a estos grupos Y por delito de terrorismo. El 24 de abril de 1996 la Audiencia Nacional, discrepando de mi interpretación, condenó a trece de ellos por delitos de estragos e incendios, pero no por terrorismo. Por su parte, el Tribunal Supremo confirmó esta resolución en su sentencia del 20 de noviembre de 1997, sin tomar en cuenta mis argumentaciones para calificar como terroristas dichas acciones. A pesar de ello insistí en mi planteamiento y continué con la consideración de que las ilícitas actividades de estos grupos formaban parte del accionar de ETA. En esa misma línea, la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 20 de junio de 2005 considerando a Jarrai-Haika-Segi como una organización ilícita a secas, pero no terrorista. Finalmente, diez años después de aquella primera sentencia negativa y trece desde que comenzara mi estrategia, otra sentencia, esta de 19 de enero de 2007, definió con contundencia su carácter terrorista. En este sentido, se afirmaba que Jarrai-Haika-Segi constituía:

[…] una organización estable en el tiempo, desenvolviéndose desde 1978 a 2001; que, lejos de dedicarse a la defensa pacífica y por medios legítimos de su opción política, dicha organización complementa la actividad de lucha armada de ETA, mediante actos de kale borroka numerosos y reiterados; que utiliza artefactos explosivos o incendiarios; que causa daños, coacciones y amenazas, mediante lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabos de vehículos de transporte público, causación de incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contramanifestaciones violentas, actos todos ellos de contenido e intención conminatorios. Y que su actividad es diseñada, coordinada, graduada y controlada por ETA.

En efecto, en noviembre de 1974 ETA había difundido y publicado, con patente notoriedad, un agiri o manifiesto en el que se explicaban las razones por las cuales iniciaba la fase o proceso de «desdoblamiento estructural» que está en el origen del MLNV. De esta forma, la denominación ETA se reservaba para el uso exclusivo del antiguo «frente militar», mientras que el resto de los «frentes» —aprovechando la transformación política que se operaba en el Estado español— pasaban a la «legalidad». Por legalidad se entendía la utilización del marco normativo ahora establecido —un marco jurídico-político de corte democrático— para la obtención, a toda costa, de los objetivos tácticos y estratégicos enderezados a la consecución de un «Estado socialista, vasco, independiente, reunificado y euskaldún». Además del designio ya expuesto, con la estrategia del desdoblamiento se pretendía la optimización del limitado número de elementos individuales con los que contaba, pues la actuación multisectorial de estos aumentaba realmente el número de efectivos personales que podían actuar en la consecución de aquellos objetivos. Esta estrategia facilitaba, por tanto, la «doble militancia» o incluso la «multimilitancia» de unas mismas personas en entidades sectorialmente diversas, que se encargaban de dirigirlas hacia los objetivos tácticos y estratégicos finales.

Jarrai-Haika-Segi

Con el propósito inicial de agrupar a todas las organizaciones y grupos de izquierdas y aberzales, ETA creó la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Como consecuencia de la necesidad de contar con una «organización juvenil de nuevo cuño» en el seno de KAS, en 1978 se constituyeron las Juventudes de KAS, denominación que, en su primer congreso, se sustituyó por la de Jarrai («continuar»). Más tarde, Jarrai pasó a llamarse Haika («levantarse, ponerse de pie»), luego, Segi («seguir») y, a partir de 1999, EKIN («emprender»).

Como organización inscrita en el «movimiento juvenil», Jarrai también quedó sujeta a la influencia de KAS, a su vez tutelada por ETA y sometida a su última supervisión. Jarrai siempre desarrolló algún tipo de violencia callejera como complemento a la estrategia etarra. En un principio, a través de las barricadas, los enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los destrozos en el mobiliario urbano.

A consecuencia de las respuestas de la política del Gobierno francés contra la banda terrorista en forma de extradiciones, expulsiones por el procedimiento de urgencia y deportaciones a terceros países, ETA impuso las directrices para cometer acciones de sabotaje contra intereses franceses como forma de apoyo a los presos y refugiados vascos.

Jarrai, en aquella época, como organización de KAS, transmitía la nueva estrategia de la «dirección política única», no solo atacando los objetivos que la misma imponía, sino también utilizando la misma forma de reivindicación a favor de los presos y refugiados, a fin de poner de manifiesto las razones por las que se realizaban las acciones como método de presionar al Gobierno francés y al español.

El 12 de noviembre de 1988, mientras se desarrollaba el proceso de conversaciones entre el Gobierno de España y la organización terrorista en Argel, ETA puso en práctica lo que llamó en sus documentos internos «la noche de los cuchillos largos». Durante esta actuación organizada de los «taldes de Jarrai» —es decir, los grupos de jóvenes del entorno de ETA—, a través de la coordinación y las consignas dirigidas por KAS, más de cuarenta sucursales bancarias resultaron atacadas en diferentes localidades del País Vasco. Este procedimiento de actuación se refrendó el 26 de mayo de 1989 cuando, en protesta por la detención de José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera, los grupos Y —controlados por KAS— realizaron una veintena de acciones violentas sobre los objetivos que les venían marcados por la «dirección política única».

El problema que generaban a la organización terrorista las detenciones de personas vinculadas a ETA en este tipo de acciones exigía la presentación y articulación de una estructura «desestructurada», de modo que se generaron taldes dedicados a la «lucha de nivel Y» y coordinados a través de KAS, que se servía de Jarrai por ser esta organización la que aportaba el mayor número de componentes a estos grupos.

En 1995 se suprimieron todas las referencias a los grupos dedicados a la «violencia X e Y» y comenzó a hablarse de kale borroka para designar el conjunto de las acciones violentas englobadas en ellas. La forma de lucha, los objetivos, las fórmulas de reivindicación no cambiaban, pero sí su denominación.

Como objetivo de la nueva estructura «desestructurada» y del nuevo instrumento, la kale borroka o violencia callejera, junto al tradicional carácter «autodefensivo popular» se estableció el de la «presión social».

Desde la disolución de KAS, la función de control sobre las formas de violencia complementarias de la de ETA, como la kale borroka, por ejemplo, fue asumida por EKIN. A partir de ese momento sería EKIN quién controlaría esta forma de «lucha», con el común objetivo de presionar a la ciudadanía y de cercenar la vida democrática en su dimensión más próxima al ciudadano, que no es otra que el ámbito municipal.

En esta etapa se registraron 285 atestados relativos a la kale borroka y los grupos Y, mientras que entre el 6 de enero de 1992 y el 5 de marzo de 1999 se realizaron 6263 acciones de violencia callejera imputables al entorno de ETA. Este mismo periodo —en el que la organización juvenil recibió la denominación de Jarrai— es el más dilatado de la existencia de esta estructura asociativa. En esta etapa, su actividad se centró también en la preparación de actos violentos y conminatorios contra la Cumbre Europea que tuvo lugar en la localidad francesa de Biarritz, actos en cuya organización y realización igualmente asumieron responsabilidades.

El embargo

Mediante un auto, en julio de 2002 ordené el embargo de bienes a Batasuna por los daños de la violencia callejera que había producido Segi. Primero se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias, concediendo veinticuatro horas para que la coalición presentara avales. El importe era de veinticuatro millones de euros. El argumento no dejaba lugar a dudas: Batasuna compartía los gastos con Segi proporcionando además apoyo y cobertura, por lo que era justo que asumiera el coste de los daños provocados. El embargo se refería a 57.585 euros más los intereses legales, que era la cantidad que correspondía a la agrupación de electores de HB en función de las subvenciones concedidas por el número de parlamentarios elegidos en las elecciones de los años ochenta. La subsecretaria del Ministerio de Interior, Ana Pastor, se había negado a abonar tal cantidad. También pregunté a la Consejería de Interior del Gobierno vasco y a la Hacienda Foral de Navarra qué cantidades habían asignado a Batasuna en referencia a las subvenciones y sueldos de sus parlamentarios. Otra petición similar se realizó al Parlamento Europeo con relación a los eurodiputados del grupo.

Di también instrucciones a la Asociación de Banca Privada y a la Confederación de Cajas de Ahorro para la congelación de los saldos que tuviera Batasuna, a fin de impedir el movimiento o el uso de los posibles capitales depositados. Se bloquearon así más de un centenar de cuentas que estaban vinculadas, en buena parte, a las herriko tabernas.

La Audiencia Nacional confirmó el 14 de octubre de ese mismo año la responsabilidad civil solidaria de Batasuna, en cuanto a los daños causados por miembros de Segi en acciones de kale borroka y su importe, que yo había decretado. La Sala de lo Penal de este tribunal afirmaba «que Segi y sus antecesoras, como Batasuna y las suyas, están integrados en una misma organización que es ETA Militar, bajo la dirección de esta y produciéndose sinergias e instrumentaciones mutuas». Y añadía que era indudable que Segi y Batasuna estaban interconectadas, «de donde se desprende la necesidad de adoptar contra Batasuna medidas aseguratorias de la responsabilidad civil».

Mientras se procedía al embargo, ese mismo mes de julio de 2002 el Tribunal Supremo confirmó la pena de diez años de prisión para el dirigente de ETA Eugenio Etxebeste. Conocido como Antxon, era el ideólogo y quien fijaba los objetivos de los comandos. La sentencia del Supremo venía a darme la razón: «El terrorismo es una forma de delincuencia organizada que se integra por una pluralidad de actividades que se corresponden con los diversos campos o aspectos que se pueden asemejar a una actividad empresarial pero de naturaleza delictiva». Ni que decir tiene que hubo reacciones. Batasuna presentó un recurso, pero quizá el ataque más fuerte procedió del consejero vasco de Justicia, Joseba Azcárraga, quien en unas declaraciones consideró que me había convertido en un fiel brazo político del Gobierno central y habló de utilización política de la Justicia.

Ante tamaña afirmación que ponía en duda mi imparcialidad e independencia, pedí amparo al CGPJ y este me lo concedió. No era la primera vez. En 1988 lo hizo verbalmente con el caso GAL, cuando el Ministerio de Interior se negó a informar sobre los fondos reservados. En 1995 me amparó ante las declaraciones desde prisión del exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, que se emitieron por televisión. Me acusaba de una conspiración con el presidente del Gobierno, que era entonces Felipe González. También en 1996 el máximo órgano de decisión de los jueces me prestó amparo cuando el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, me acusó de filtrar documentos del Cesid.

Dentro del objetivo general de ETA, en el plano organizativo se estableció la necesidad de que las organizaciones comenzaran a actuar y a estructurarse con carácter «nacional», es decir, a ambos lados de los Pirineos. En ese proceso se constituyó en 2000 la organización Haika, resultante de la fusión de Gazteriak («juventud»), operativa en el sur de Francia, y Jarrai.

En abril de 2000, durante dos días se desarrollaron en la localidad francesa de Cambo-les-Bains diversas actividades festivas y un acto político, celebrado en la carpa central del recinto. El escenario de ese acto estuvo adornado con el anagrama de ETA y, durante el mismo, por parte de los asistentes se corearon, según informaron diversos medios de comunicación, distintos eslóganes como «¡ETA, el pueblo contigo!», «¡Nosotros con ETA, ETA con nosotros!» y «¡Viva ETA!». Asimismo, tres encapuchados hicieron acto de presencia en el escenario y, ante la multitud allí reunida, quemaron una bandera francesa y otra española. A partir de aquí, Haika asumió la función de dirección ejecutiva que antes realizaba Jarrai y se encargó de «introducir» a jóvenes en las actividades violentas relacionadas con la kale borroka.

La nueva faceta de Haika quedó acreditada por la respuesta violenta que promovió a raíz de la muerte, el 7 de agosto de 2000 en Bilbao, de cuatro integrantes de ETA que murieron al explotar el vehículo con armas y explosivos en el que se encontraban. De esta forma, el responsable de Haika en Guipúzcoa, Garazi Biterri Izaguirre, transmitió a todos y cada uno de los responsables comarcales o eskualdes las instrucciones de que, durante la «jornada de lucha» convocada, era preciso «dar caña», «ir a saco» y «hacer un borroka eguna [“jornada de lucha”] potente, con historias durante todo el día, desde primera hora del día hasta la noche».

Es decir, se evidenciaba la continuidad de las formas de violencia complementarias a la de ETA desarrolladas antes por Jarrai y después por Haika. Dentro de esa dinámica se distribuyeron distintos «soportes divulgativos», como los de Villaba. En esta localidad navarra, el 3 de mayo de 2000 se repartieron impresos con el logotipo de Haika en los que figuraban frases como «Responsables de la dispersión, de la tortura, el asesinato…» y «No podemos dejar que esta gente siga cometiendo estos actos, muéstrales tu repulsa», acompañados de otros soportes en los que, con carácter individual, figuraban las fotografías y los nombres de diversos concejales del partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) con el texto «Responsable de la situación de los presos políticos vascos. Llámale» y, a continuación, el número de teléfono de su domicilio o su móvil. Con ello, seguían las instrucciones de EKIN, que marcaba las directrices que luego Haika ejecutaba, de «señalar» y «presionar» a los concejales de UPN como hipotéticos responsables de la situación de los presos de ETA.

La etapa en que la organización juvenil recibió la denominación de Haika fue la más breve de todas. Se desplegó desde la fusión de Jarrai y Gazteriak en Cambo-les-Bains (Francia) hasta mayo de 2001. En el registro practicado en la sede de Haika en Bilbao se intervinieron cuarenta pegatinas con imágenes de las distintas personalidades de la vida pública española a las que se acusaba de «verdugos de Euskal Herria», «enemigos del euskera» o «fascistas aniquiladores de Euskal Herria», y se señalaba especialmente a profesionales de los medios de comunicación o de la Audiencia Nacional (entre los que me encontraba yo mismo), así como a banqueros y políticos. Se encontró también una libreta, en la que, bajo la referencia «tensionamiento», se recogían las direcciones en Bilbao de EFE, Europa Press, El Correo, Tiempo, El Mundo, El País, RNE, SER, TVE y Antena 3; esto es, todos los medios que Haika caracterizaba como «no vascos». La función que tal relación de direcciones tenía para Haika se comprende si se tiene en cuenta que estos mismos medios, acusados reiteradamente de «perros de la pluma y del micrófono», eran habitualmente objeto de los ataques de la kale borroka.

Todo lo anterior quedó absolutamente demostrado en términos judiciales, como también lo fue que el

carácter sustitutorio de Segi respecto de Haika, a partir de mayo de 2001, se manifiesta por medio de hechos públicos y notorios, tales como la organización de los actos de kale borroka a través de manuales para el desarrollo de las acciones de violencia callejera, la confección de pegatinas y carteles en apoyo de la misma; la campaña desafiante contra lo que denomina dicha organización el «fascismo español», consistente en la distribución de carteles de contenido conminatorio contra las autoridades, cargos públicos y ciudadanos, que evidencian el desarrollo de las actividades de Segi para el señalamiento.

La acción de violencia callejera por Segi obedecía a su diseño como complemento a las acciones armadas. El aumento o la disminución de la intensidad de estos hechos violentos eran controlados a través de EKIN y su ejecución era saludada internamente por ETA. Segi, en el periodo que fue desde julio de 2001 hasta el 11 de febrero de 2002, participó de una u otra forma en «decenas de lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabos de vehículos de transporte público, incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contramanifestaciones violentas».

En vista de todo lo anterior, y de otros razonamientos que se encuentran en el procedimiento judicial y en las sentencias dictadas, el Tribunal Supremo concluyó de forma meridianamente clara que Jarrai-Haika-Segi había sido una asociación o una serie de asociaciones, que se sucedieron en el tiempo, no solo ilícitas, por tener como objeto la comisión de algún delito (común), sino también una organización terrorista que, incidiendo en la seguridad ciudadana, perseguía producir profundo temor, atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de derecho o, en otros términos, atentando contra la paz pública, como aspecto de la paz social, que se funda —según el artículo 10 de la Constitución española— en el «respeto a la ley y a los derechos de los demás».

Se confirmaba así, diecisiete años después, la línea de trabajo que iniciamos a finales de 1989, elaboramos a lo largo de los años noventa y consolidamos con pruebas y procesamientos entre 1998 y 2005. Un largo y duro camino que demostró que la realidad de ETA incluía, como parte integrante de su propia estructura, la kale borroka como elemento imprescindible y complementario de la lucha armada.

Todo fue posible gracias a la acción coordinada y permanente del Juzgado con la Fiscalía de la Audiencia Nacional —en la que debe destacarse en aquella época la labor de Enrique Molina, quien me acompañó en múltiples investigaciones— y la Comisaría General de Información, en la que especialmente su máximo responsable, Jesús de la Morena —uno de los más importantes activos en la investigación y en el desarrollo de las acciones que desde el Estado de derecho desenvolvimos en la confrontación integral contra ETA—, lideró un equipo de profesionales de primer nivel. Entre ellos destacó con nombre propio José Cornejo, el mejor especialista en lo que durante mucho tiempo se conoció como el entorno de ETA (que no era otra cosa que una parte de la serpiente), pues contribuyó de forma definitiva a la conclusión del periodo más largo de violencia política en España.

Realmente, cada uno asumimos nuestra responsabilidad, pero fue el conjunto de los diferentes actores el que consiguió presentar este caso, como también sucedió con los demás KAS-EKIN, Xaki, Orain-herriko tabernas-Batasuna y Bateragune. Hasta que en enero de 2016, el caso Batasuna-PCTV-ANV concluyó con una sentencia de conformidad y, además, con el reconocimiento del dolor inferido a las víctimas. Desde aquel 1989 en que comencé a diseñar la actuación integral contra la organización terrorista ETA, y que continuamos operativamente hasta 2009, transcurrieron veinte años de trabajo conjunto que rindió grandes resultados. Después, vendrían el abandono definitivo de la violencia en 2011 y el reconocimiento de la subordinación de Batasuna-PCTV-ANV a ETA en 2016.

Agosto de 1995: atentado contra el rey

En los primeros días de agosto de 1995, mientras participaba en un curso de verano de la Universidad Complutense que organizaba Proyecto Hombre en El Escorial sobre la modificación del Código Penal en materia de drogodependencias, recibí una llamada del comisario general de Información, Gabriel Fuentes. Me dijo que quería hablar conmigo de una operación antiterrorista que podía desencadenarse de forma inminente. Le informé de que el juzgado de guardia en esos momentos era el Central Cuatro, cuyo titular era Carlos Dívar. «Precisamente por eso quiero hablar contigo», me insistió. Bajé al juzgado, y Fuentes me dijo que era muy posible que en un piso de Palma de Mallorca se encontraran dos terroristas de ETA, pero que no tenían una certeza total y, en consecuencia, el juzgado de guardia les había dicho que los datos eran insuficientes para autorizar la intervención de teléfonos o cualquier otra medida. Me pidió si podía ayudarles y recordé que tenía un procedimiento abierto en el que se había intervenido el teléfono de una mujer relacionada con Ignacio Gracia Arregui, conocido como Iñaki de Rentería, uno de los máximos dirigentes de ETA en el sur de Francia. Cuando Fuentes me informó de que el objetivo de los terroristas era el entonces rey Juan Carlos, pensé que un atentado de este tipo debía ser autorizado por la cúpula y, en consecuencia, estaba justificada la implicación en el caso. No obstante, insistí al comisario para que fuera a solicitar las actuaciones pertinentes al Central Cuatro. Se encontró con una negativa.

Cuando Fuentes me puso al tanto de la situación, pude darme cuenta de que, en efecto, tenían muy poca información, aunque me aseguró que las dos personas estaban dentro y que no salían de allí. Ordené la intervención de un teléfono que aún no estaba instalado, aunque sí se había rellenado el contrato de solicitud. De esa forma accedimos a la letra de quien firmaba y, tras el análisis pericial de urgencia, se comprobó que era Jorge García Sertucha, alias Patas, un miembro liberado de ETA.

Me puse en movimiento e impartí las órdenes correspondientes, explicando al fiscal Jesús Santos que nos íbamos a Palma de Mallorca para dirigir desde allí la actuación policial. La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, cuando supo que me desplazaba, me comentó que ella lo haría también, aunque finalmente quien viajó fue el director general de la Policía, Ángel Olivares.

Cuando llegamos, fuimos a la Jefatura de Policía. Una vez preparados los equipos y tras la detención de Juan José Rego Vidal en otro punto de la isla, mientras permanecía en el interior de un barco llamado La Belle Poule, a bordo del cual había llegado desde Francia, procedimos a la entrada y registro del apartamento de Palma. En una operación rápida y eficaz, en torno a la una menos veinte minutos de la noche la policía hizo estallar el bombín de la puerta, accedió al domicilio e inmovilizó a los dos terroristas, que en ese momento dormían plácidamente. Eran Ignacio Rego Sebastián, padre de Juan José, y García Sertucha.

Comencé el registro, descubriendo además de las pistolas de rigor, un rifle de mira telescópica perfectamente acondicionado para tener más alcance de disparo y mayor precisión. Estaba listo para ser usado. En el momento en el que procedía a bajar del altillo de un armario una especie de olla de presión, uno de los Tedax me indicó que tuviera cuidado porque tenía una bomba en las manos. Recuerdo que, en ese momento, el comisario general me llamó para decirme que el director de la policía iba a dar una rueda de prensa para transmitir la sensación de que el jefe del Estado se encontraba fuera de peligro. Le contesté de forma desabrida diciéndole, para que lo oyera el director, que también podía decir que había estallado una bomba y habían muerto varios funcionarios, el juez y el fiscal.

Nunca he entendido la urgencia que tienen algunos para contar las primicias y apuntarse el tanto. Por nuestra parte, seguimos trabajando. A la mañana siguiente también habían concluido los registros efectuados en Francia y ordené que se trasladara a los detenidos a Madrid, después de los exámenes médicos y la lectura de derechos. Hablé con el expresidente Adolfo Suárez y con la Casa Real para informar adecuadamente. A Suárez lo llamé porque también había estado en el punto de mira de los terroristas y era mi costumbre avisar a las personas que aparecían en alguna lista, con el fin de que no se asustaran si se enteraban de lo sucedido a través de cualquier noticiero o periódico; en cuanto a la Casa Real, lo hice por la misma razón y porque el jefe del Estado había permanecido al alcance de un disparo de rifle, una señal de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba.

En su afán de minimizar la situación de riesgo efectivo, el ministro de Interior y Justicia declaró públicamente que la integridad del monarca no había corrido peligro en ningún momento. Fueron unos comentarios arriesgados en términos jurídicos, hasta el punto de que, si el ministro seguía por esos derroteros, no podríamos plantearnos siquiera la tentativa inidónea, es decir, los etarras no podrían ser juzgados por intentar asesinar al rey porque, a tenor de esas declaraciones, tal amenaza no había llegado a existir objetivamente. Los informes periciales determinaron que, desde el apartamento en cuya terraza los terroristas habían situado el arma, los proyectiles habrían alcanzado a su objetivo (don Juan Carlos) con un margen de error de tres centímetros a derecha o izquierda. La fecha prevista para su ejecución era el día siguiente al de la intervención policial y judicial. El caso se resolvió y los terroristas fueron condenados. En la investigación aparecieron elementos que mostraron la evidencia de que también se había intentado atentar contra otros objetivos, como don Juan de Borbón, padre del rey.

Jueces y policías

No soy de los que opinan que en el marco de una investigación penal cada cual debe ir por su lado, como si de compartimentos estancos se tratara. En la indagación de fenómenos criminales complejos como el terrorismo o el crimen organizado, la coordinación es fundamental y la diversidad de enfoques también, pero mucho más importante es determinar con precisión la forma de actuación del conjunto. No se trata de confundir los papeles, pero sí de identificar los espacios y cubrirlos en su totalidad con una perspectiva que va más allá del hallazgo policial o judicial y que busca consolidar una serie de pruebas para que produzcan efecto en el juicio oral. Por ello, de una buena coordinación y dirección de la investigación por parte del juez de instrucción y/o del fiscal, así como de una buena ejecución y análisis policiales, se obtendrá un éxito probatorio importante.

Cuando los elementos humanos que intervienen en una investigación se activan en un mismo país, la coordinación resulta mucho más fácil y, con este propósito, siempre he buscado que el diálogo y el debate estuvieran continuamente presentes. Despachar directamente con los investigadores, marcándoles las pautas, es esencial. De hecho, estos te lo agradecen porque actúan sabedores de que la seguridad procesal y el respeto de las garantías se han preservado en todo momento. La cuestión se hace un poco más compleja cuando participan funcionarios de diferentes países.

Es cierto que en todo trabajo en común hay momentos en los que unos y otros tienen diferentes puntos de vista y siempre suele haber un tercero que allana las dificultades, los desencuentros o las divergencias de percepción o enfoque. Esto es lo que ocurría en algunas ocasiones en las investigaciones conjuntas entre la juez Le Vert, persona metódica y que tenía a ETA en su cabeza, y yo, más impaciente, quizá porque las consecuencias de las acciones de la organización terrorista se vivían en territorio español. Nuestra forma de ver las cosas era distinta. Ella tenía una filosofía más tranquila, mientras que a mí siempre me faltaba tiempo para comenzar el siguiente desafío. A mediados de los años noventa, el comisario Jesús de la Morena fue esa tercera persona que templó las tormentas entre Le Vert y yo hasta que lograba que encontráramos el punto medio de actuación. A mí me calmaba, a ella la empujaba. Creo que pasaron más de una tarde los dos —jueza y policía— sentados en el suelo repasando legajos, a la vez que entre ambos diseñábamos las estrategias y las actuaciones para que los resultados fueran efectivos.

En ese sentido siempre he mantenido alguna discusión con los investigadores… de cualquier proceso. Recuerdo a un agente de la UCO que se ocupaba de la inspección ocular y que siempre protestaba cuando yo le apremiaba con los resultados de sus análisis, para avanzar en la investigación, diciendo que necesitaba su tiempo para hacer las cosas. Hablando con ellos no hace mucho, su compañero y jefe me justificaba: «Es que Baltasar siempre veía un poco más allá de lo que veíamos los demás y por eso tenía prisa, porque en la cabeza ya sabía por dónde iban a ir las cosas». Es una opinión que me halaga e incluso me enternece por la fe que demuestra, y, desde luego, es certera. Probablemente hay una mezcla de las dos cosas: mi impaciencia es irrefrenable y la necesidad de ir más allá de lo que a simple vista se percibe, y conseguir las pruebas sobre los indicios que ya apuntan a algo serio, me empuja hacia adelante de forma perentoria.

En muchas reuniones de coordinación con investigadores o expertos de otras latitudes, las discusiones se hacen eternas, repitiéndose las mismas cosas por el solo hecho de que cada uno quiere exponer su visión aunque coincida con la ya constatada. Esto me intranquiliza porque ya se podría estar avanzando en la ejecución de lo que corresponde y, a la vez, organizando el siguiente espacio, aunque comprendo que tenga que ser así.

La Ley del Tribunal del Jurado, aprobada en 1995, no ofrecía las garantías de imparcialidad esperadas, especialmente en los juicios contra los integrantes de la banda armada ETA. Los miembros de los jurados, ciudadanos elegidos al azar, sentían miedo o simpatía por los acusados y, por esta razón, llegaban a absolver a los terroristas contra todo pronóstico ignorando incluso las evidencias más claras. Fuera como fuese, y así lo resumieron Gallego y Rey en esta viñeta, ETA ganaba siempre, incluso en los tribunales que debían perseguirlos y castigarlos.

1995. El primer arrepentido

El 21 de julio de 1995, cuando estaba en plena preparación de la exposición razonada para elevarla a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el caso del secuestro de Segundo Marey —en el que resultarían condenados, entre otros, el exministro de Interior, José Barrionuevo; el secretario de Estado, Rafael Vera; y el exdirector de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal—, tomé declaración al que probablemente haya sido el primer arrepentido como tal hasta el día de hoy.

En ETA, la ley del silencio era más exigente que la omertà de la Cosa Nostra siciliana. Al disidente se le eliminaba. En este caso fue importante la labor desarrollada por la Consejería de Interior del Gobierno vasco, a cuyo frente se encontraba Juan Mari Atutxa. Así pues, Juan Manuel Soares Gamboa se enfrentaba no solo a la decisión de abandonar la organización y al hecho de asumir la estigmatización de todos los componentes de la misma y de todos los sectores sociales que consideraban que este era el elemento fundamental en la confrontación con el Estado, sino también a tener que confesar sus crímenes e inculpar a los demás partícipes aportando pruebas. Y debía hacer todo esto sin que hubiera una legislación explícita de los beneficios que podían otorgarse al arrepentido, por lo que, además, tendría que asumir las penas que le correspondieran. A cambio, puesto que un tratamiento penitenciario más benigno era bastante improbable en aquella época, solo le quedaba solicitar el indulto. De hecho, después de asumir su participación en numerosos atentados en los que hubo muertos, heridos y cuantiosos daños, Soares Gamboa fue ingresado en prisión por orden mía.

Al comparecer, el arrepentido afirmó expresamente que quería someterse y colaborar con la Administración de Justicia, pues había renunciado a la lucha armada. En su declaración, Soares Gamboa inculpó a todos los miembros del comando Madrid con los que había participado en los hechos criminales que describió; dio detalles de su composición y modus operandi; de los tres pisos francos que tenían en la capital española, así como de los procedimientos de actuación con las bombas fabricadas por la propia organización terrorista y las instrucciones que recibían de uno de los máximos responsables de la época, Juan Lorenzo Lasa Michelena, alias Txikierdi.

En definitiva, el verano de 1995 fue especialmente intenso con los casos de los GAL, los papeles del Cesid, la declaración de Soares Gamboa y las acciones derivadas de ella, el atentado frustrado contra el rey Juan Carlos I y los esfuerzos para paliar las constantes jugadas de desprestigio y ataque que se producían. Los ataques cruzados provenían de todas partes e incluso en ocasiones era fuego «amigo», al que todavía no acababa de acostumbrarme a pesar de las experiencias ya vividas.

1996. ETA quiere hacer campaña electoral

Entre los asesinatos de 1995 figuraban el de Gregorio Ordóñez Fenollar, concejal del Partido Popular y teniente de alcalde de San Sebastián, al que ETA mató el 23 de enero de ese año mientras almorzaba en un bar de la capital donostiarra con María San Gil, secretaria del Grupo Popular, y otros dos colaboradores. También en San Sebastián, la organización terrorista acabó con la vida de Fernando Múgica Herzog, destacado abogado y miembro del Partido Socialista de Euskadi, el 6 de febrero de 1996.

Con esos precedentes, el etarra Jon Bienzobas Arreche, alias Karaka, asesinó el 14 de febrero de 1996 —en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y en horas de clase— al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. Yo estaba de guardia y levanté el cadáver en el mismo garaje de la facultad, hasta donde habían llevado su cuerpo con la esperanza de que todavía estuviera con vida. No fue así. Fue tiroteado en su despacho a muy corta distancia y sin opción de defensa alguna. El crimen produjo un enorme impacto social y político por lo que representaba su figura, y dio lugar a la formación de un movimiento espontáneo esencialmente universitario que se conoció como Manos Blancas para exigir el fin del terrorismo. Era la primera vez que comenzaba a vislumbrarse una reacción contundente desde la sociedad civil. Al contrario de lo que había ocurrido hasta ese momento, las muestras de dolor antes restringidas comenzaron a generalizarse. Sin embargo, no sería hasta 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en el ayuntamiento vizcaíno de Ermua, que el repudio se haría insistente, contundente y generalizado. Como resultado nació el llamado Espíritu de Ermua, materializado en 1999 en la iniciativa ciudadana ¡Basta Ya!, que defendía el Estado de derecho y rechazaba el terrorismo en cualquiera de sus facetas.

El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi se había inhibido de un procedimiento abierto sobre KAS cuando, a mediados de febrero de 1996, en plena campaña para las elecciones generales del 3 de marzo, Herri Batasuna cedió su espacio electoral en la televisión pública a ETA para que la organización terrorista emitiera un vídeo en el que reclamaba el voto para la formación aberzale. La situación era absolutamente kafkiana. Por una parte, Tomás y Valiente había sido asesinado y, por otra, el desafío de la Mesa Nacional de HB al Estado era de un alcance inusitado. El planteamiento resultaba inaceptable. Para mí estaba claro que, cuando menos, la acción desplegada por los responsables del partido político podría considerarse un delito de colaboración con banda armada. En la grabación, tres encapuchados armados con pistolas, presuntos miembros de ETA, hacían propaganda de sus ideas. En total presentaron tres vídeos de forma consecutiva, en los posteriores con la palabra censurado sobre los planos prohibidos, y una cuña radiofónica para Radio Nacional de España.

A la hora de exigir responsabilidades, me encontré con que algunos de los componentes de la Mesa Nacional de HB eran aforados y no podía tomar medidas ni dirigir en ese momento ninguna acción contra ellos. En ese contexto cité al portavoz de la coalición, Jon Idígoras, quien rehusó comparecer. Emití una orden de detención inmediata y de ese modo fue conducido ante mí e ingresado en prisión, luego de recibirle declaración, a la vez que prohibí la emisión del vídeo. Supe por la prensa que se habían reunido en San Sebastián para decidir qué hacer. Si Idígoras no se presentaba, podía ordenar que viniera acompañado de las fuerzas de seguridad e incluso acordar prisión preventiva para garantizar que quedaba a disposición judicial.

La resolución mediante la que se prohibía la propaganda decía:

La representación legal de Herri Batasuna colabora activamente con ETA Militar, traspasando los límites de la libertad de expresión, derecho fundamental protegido por el artículo 20. 1º a) de la Constitución Española, e invade abiertamente, como queda dicho, la esfera del derecho penal a través del artículo 174 bis a), por cuanto con ese vídeo Herri Batasuna, persona jurídica con existencia legal, al asumir los postulados de ETA, trata de favorecer la instauración de la coacción y amenaza en el ciudadano limitando la autonomía para ejercer libremente su derecho al voto en una convocatoria electoral, con lo cual consigue uno de los objetivos que persigue la organización terrorista con sus actividades delictivas (asesinatos, coacciones, detenciones ilegales, etc.), cual es la subversión del orden constitucional a través de la violencia, y por ende, está coadyuvando a dichos fines, con más eficacia que si diera cobijo a un miembro de un comando o transporte a quien vaya a pasar la frontera.

El 21 de febrero el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, Carlos Granados, me pidió que decretara la prisión del dirigente de HB, eludible mediante el pago de una fianza.

Ante la actitud de rebeldía de Idígoras, que andaba escondiéndose, una agente de la Erzaintza vestida de paisano, cumpliendo mi orden, lo detuvo en Amorebieta cuando por la mañana se dirigía a Bilbao en automóvil, acompañado de otros tres miembros de la Mesa Nacional de HB. No opuso resistencia. En la puerta se encontraban unos diez simpatizantes, que lo aclamaron. En el avión que lo condujo a Madrid, varios viajeros le increparon con un «¡Basta ya!». Idígoras no quiso declarar y firmé el ingreso en prisión bajo fianza de trescientos millones de pesetas (1,8 millones de euros). Lo trasladaron a Alcalá Meco. Sería la primera estancia penitenciaria con relación a HB del fundador de la coalición. Jon Idígoras, uno de los parlamentarios que salieron ilesos del atentado cometido el 20 de noviembre de 1989 en el que Josu Muguruza murió y fue herido Iñaki Esnaola, fallecería en 2005 tras una larga enfermedad, la cual llevó a que se le excarcelase tras ser condenado por el Tribunal Supremo en 1998.

Como algunos de los responsables de la Mesa de HB resultaron elegidos en las elecciones, el Tribunal Supremo asumió la competencia y citó a todos sus componentes. Al no concurrir, se los detuvo por orden judicial. La sentencia fue condenatoria, pero tiempo después el Tribunal Constitucional, aun aceptando que la conducta de los acusados había sido reprochable penalmente, determinó que ante la desproporción de la pena prevista para el delito de colaboración y la poca entidad de la conducta punible, consistente en la cesión de los espacios electorales a ETA en el vídeo de propaganda, se anulara aquella.

Fuera como fuese, por primera vez la Justicia se enfrentaba a toda la parafernalia que rodeaba a la organización terrorista ETA.

La confesión de Valentín Lasarte

El 31 de marzo de 1996, compareció ante mí el miembro de ETA Valentín Lasarte Oliden. Nada hacía augurar que aquella declaración iba a ser algo diferente a un mero trámite, ya que ni siquiera lo había hecho ante la Ertzaintza que lo había detenido. Solicité a la policía autonómica que preparara un informe sobre las acciones que se le imputaban. Me indicaron que las incluirían en el atestado.

Cuando comenzó su declaración, Lasarte manifestó que no tenía nada que decir. De todos modos, le pregunté por el trato recibido policialmente y contestó que había sido correcto; me interesé por su situación personal y familiar, por el entorno donde vivía, por generalidades relacionadas con el País Vasco. Mientras tanto, iba repasando las hojas del atestado para darle la impresión de que había muchos elementos de prueba en su contra, cuando realmente no había nada.

Una vez concluida esta fase de aproximación, le hablé de los diferentes casos con los que se le relacionaba, pero equivocándome, intencionadamente, para suscitar su interés en aspectos básicos que no afectaban al núcleo ni a su posible implicación. La estrategia surtió efecto y comenzó a informarme de los aspectos objetivos erróneos, tales como direcciones, localidades, ubicaciones, etcétera. Esto hizo que se relajara y, poco a poco, fui introduciendo otros aspectos que tenía contrastados respecto a la participación de terceros, pero con fechas, horarios y circunstancias nuevamente erróneos, para que él me corrigiera y de esa forma ir adentrándolo en el clima de confianza que quería conseguir.

A esa altura, ya me había dado cuenta de la personalidad del detenido y de que le provocaba una reacción adversa el comprobar que yo daba poca relevancia a su actuación porque, según llegó a creer, opinaba que eran otros los que habían tenido el protagonismo. Todo esto, mezclado con la escenificación gestual por mi parte y una comprobación de datos que realmente no existían en el interior del atestado. En esta dinámica, entré con mayor detalle en los diferentes casos y, cuando veía que se ponía tenso por una imputación directa, remitía y pasaba a otro asunto hasta conseguir que fuera él quien me indicara que no había ocurrido como yo estaba diciendo, sino de otra forma. Comprendí entonces que podía obtener una confesión amplia y le planteé qué sentido tenía lo que había hecho, y esto provocó la reivindicación de su propio papel en la organización y de las razones por las que luchaba.

Una vez que enmarqué su actuación en el contexto de lucha por los ideales que perseguía ETA, a la que me referí en todo momento como «la organización», eliminando cualquier connotación terrorista para evitar su rechazo al término, comenzó a describir su participación en los diferentes casos. Lasarte reivindicaba su protagonismo y liderazgo en cada uno de ellos e identificó, ya sin reparos, a los diferentes participantes, descendiendo a un nivel de detalle importante.

Cada par de horas hacíamos una pausa, aunque me decía que no lo necesitaba, pero que si yo estaba fatigado no tenía inconveniente en descansar. Aproveché esos espacios para revisar con la policía la información que iba aportando, de modo que la contrastaran y se pudiese completar en lo necesario. Fue así como obtuve una amplísima declaración en la que reconoció la participación en los asesinatos del empresario José Antonio Santamaría y de un funcionario de la prisión de Martutene, José Antonio Domínguez Burillo, en 1993; los de José María Olarte y Alfonso Morcillo Calero, sargento de la policía municipal de San Sebastián, en 1994; los de Gregorio Ordóñez, un brigada del Ejército, Mariano de Juan Santamaría, y el comisario Enrique Nieto Viyella, así como el ametrallamiento y lanzamiento de granadas, depósito de armas y explosivos en un zulo y un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Arnedo, en 1995; y, finalmente, el asesinato de Fernando Múgica en 1996.

Asimismo, implicó a toda una serie de miembros de ETA, entre los que se encontraban Juan Antonio Olarra Guridi, Francisco Javier García Gaztelu, Juan Ramón Carasatorre, Inaxia Ceberio, Juan Luis Aguirre, José Javier Arizcuren, José Luis Geresta, Gracia Morcillo, Javier Irastorza e Irantxu Gallastegui Sodupe, entre otros.

Aldaya, Delclaux y Ortega Lara

El 8 de mayo de 1995, el empresario vasco José María Aldaya era secuestrado entre las localidades de Fuenterrabía e Irún. Fue liberado casi un año después, en la madrugada del 14 de abril de 1996, en un bosque próximo al puerto de Azkárate, en la localidad guipuzcoana de Elgóibar, tras trescientos cuarenta y un días de cautiverio. Durante su secuestro, el más largo de los cometidos por ETA hasta entonces, permaneció recluido en un húmedo habitáculo de tres metros de largo por uno de ancho y dos de alto, aproximadamente. En todo ese tiempo, jamás llegó a ver la luz del día.

El 11 de noviembre de 1996, los etarras Gregorio Vicario Setién y José Ordóñez Fernández secuestraron al abogado y empresario Cosme Delclaux, que permaneció doscientos treinta y dos días en el mismo zulo que la organización había utilizado para Aldaya. La Audiencia Nacional condenaría en mayo de 2007 a diecisiete años y medio de prisión a cada uno de los autores.

Mientras tanto, el 17 de enero de 1996 ETA había secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en el garaje de su casa de Burgos cuando volvía del centro penitenciario de Logroño donde trabajaba. Ortega Lara permanecería quinientos treinta y dos días encerrado en un zulo bajo tierra en condiciones infrahumanas, hasta su liberación el 1 de julio de 1997.

El máximo responsable de ETA en ese momento era Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Posteriormente, la Audiencia Nacional consideró que las causas por las que permanecía en prisión en España desde el año 2008 ya habían sido juzgadas en Francia. Entre esas causas figuraba la tentativa de asesinato del rey en Palma de Mallorca en agosto de 1995.

La Audiencia Nacional sí condenó en 1998 a treinta y dos años de cárcel a los autores materiales del secuestro de Ortega Lara: José Luis Erostegi Bidaguren, Javier Ugarte, Jesús María Uribetxeberria Bolinaga y José Miguel Gaztelu. En 2005, la Audiencia condenó a otros tantos años de prisión a los exdirigentes de ETA Julián Atxurra Egurola, alias Pototo, y Juan Luis Aguirre Lete, alias Isuntza, por ordenar ese secuestro. Sobre la base de un nuevo informe de la Guardia Civil, en 2010 sería imputado también Iñaki de Rentería por este hecho, si bien se le exculpó posteriormente.

De los contactos con el etarra que pretendía atentar contra el rey en su yate Fortuna, Jorge García Sertucha, eran responsables otros dos miembros de la organización: Aguirre Lete y José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri. Cuando cayó Aguirre Lete, se supo que en junio de 1995, apenas a mes y medio del intento de atentado contra el monarca, había citado a García Sertucha en la ciudad francesa de Toulouse para hacer prácticas de tiro en un descampado, precisamente con uno de los rifles que se intervendrían en Palma de Mallorca. Aguirre Lete fue detenido en Francia en noviembre de 1996. La policía había encontrado entre sus papeles diferentes documentos de gran importancia que acreditaban que había efectuado un pago de cinco millones de pesetas (treinta mil euros) a alguien a quien se identificaba como Bol.

Este documento de abono sería fundamental en relación con el secuestro, que, como venía siendo habitual, fue reivindicado por ETA a través del diario Egin, al igual que lo habían sido los de Aldaya y Delclaux. Si por Aldaya y Delclaux habían pedido dinero, en el caso de Ortega Lara exigían la libertad para los presos etarras.

El lunes 30 de junio de 1997 entré de guardia y a primera hora pidieron verme varios funcionarios de la Guardia Civil. Me informaron de la situación en que se encontraban. Tenían unas pistas sobre la posible identidad de uno de los secuestradores de ETA, pero ni el juez encargado del caso, Javier Gómez de Liaño, ni el fiscal Ignacio Gordillo las habían considerado suficientes para ordenar detenciones, entradas o registros. Al parecer, la pista crucial era aquella nota encontrada en la agenda de Aguirre Lete en la que se leía: «Ortega 5K BOL». Entendían que se refería al pago de cinco kilos (cinco millones de pesetas) a alguien cuyo nombre o apellido se correspondía con estas iniciales.

Los investigadores, en esa reunión en mi despacho, de la que informé al fiscal adscrito, Pedro Rubira, relataron que sus indagaciones los habían llevado a identificar a un vecino de Mondragón llamado Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, que ya era conocido por la Benemérita y frecuentaba una nave industrial de la localidad en compañía de otros tres compinches. Mediante una vigilancia cuidadosa, se vio que estas personas acudían varias veces a la nave y llevaban comida. Pero no estaba claro que la consumieran.

Además me dijeron, quizá como excusa, que era posible que Cosme Delclaux también estuviese secuestrado en ese lugar, lo que me permitía actuar habida cuenta de que estaban implicados dos juzgados diferentes, el Central 5 y el Central 2.

La verdad es que, al igual que me sucedió en agosto de 1995 con el atentado contra el rey, la falta de decisión de un colega hacía necesaria mi intervención, aunque con una base muy aleatoria. No obstante, algo me decía que la Guardia Civil estaba en lo cierto e insistí.

Dispuse el traslado a San Sebastián, al cuartel de Intxaurrondo, donde permanecimos hasta que distribuimos los diferentes equipos para cubrir todos los objetivos. En mi caso, junto con varios funcionarios de la Benemérita nos fuimos hasta las inmediaciones de la nave donde se suponía que podría estar Ortega Lara, y aguardamos allí hasta que se transmitiera el aviso de que ya se encontraban todos detenidos. Nos mantuvimos en silencio en una arenera, sintiendo la humedad de la gravilla, a la espera de noticias. Recuerdo que en esa situación, pasada la media noche, recibí una llamada de Manuel Simons, a la sazón encargado de las investigaciones sobre el secuestro de Delclaux, para decirme, precisamente, que lo habían liberado. Ante esta circunstancia, era evidente que no estaban juntos. En cualquier caso, fue llamativa la coincidencia en el tiempo de ambos hechos.

Una vez que la Guardia Civil trajo al lugar al detenido Bolinaga, le pregunté si había alguien allí y me contestó lacónicamente: «Solo el perro». Una vez dentro, comenzamos a revisar todos y cada uno de los elementos existentes: la maquinaria, los muebles… Todo, absolutamente todo.

Estuvimos buscando hasta que amaneció. Los investigadores, ante mi pregunta de si estaban convencidos de que allí estaba Ortega Lara, me contestaron tajantemente, pese a las aparentes evidencias contrarias en ese momento, que no tenían dudas de que se encontraba en ese lugar. La verdad es que debo reconocer que su convicción me sobrecogió. Le pedí a José Carlos, un funcionario del Juzgado excelentemente preparado, que prorrogara la vigencia del mandamiento y ordené que se trasladara desde Vitoria una máquina medidora de los volúmenes, para poder establecer si había algo por debajo del suelo que se nos estuviera escapando.

Cuando ya parecía que nada íbamos a obtener, se produjo un gran alborozo porque uno de los guardias había detectado en el suelo, debajo de una de las máquinas, una arandela metálica que, al parecer, coincidía con la entrada al zulo. Me dirigí al sitio, pero inmediatamente pensé que, por la tensión del momento, algún funcionario podría tener la tentación de enfrentarse a Bolinaga, así que fui a la estancia en la que se encontraba para que me acompañase a descubrir definitivamente el lugar del secuestro.

El detenido explicó cómo era el mecanismo de puesta en marcha a través de la acción sucesiva de varios interruptores, si bien no nos sirvió porque la apertura se había intentado llevar a cabo por la fuerza. Cuando nos aseguramos de que Ortega Lara estaba dentro, pedí que atenuaran las luces y que no se grabara su salida del habitáculo porque era evidente que podían dañarle los ojos.

Lo que encontramos cuando salió fue a un hombre sumamente deteriorado y vulnerable, como no podía ser de otra forma. Lo difícil era que, después de las condiciones en las que había estado, mantuviera su equilibrio psicológico y psíquico. Lo llevaron a una ambulancia y, cuando ya estaba dentro, me dirigí a él para decirle quién era y qué estábamos haciendo. Al reconocerme, dijo algo que se me quedó grabado: «Ahora sé que estoy de verdad en libertad». Es decir, creía que estaba viviendo un simulacro de mano de los etarras. A partir de ese momento, la nave cambió —parecía como si todo lo que habíamos visto allí cobrara vida— y encontramos tubos lanzagranadas, material para la fabricación de explosivos y las máquinas huecas que habían servido para trasladar a personas secuestradas.

La enfermedad de Bolinaga

Bolinaga llevaba diecinueve años antes de su arresto operando como miembro activo de la banda. En los comandos a los que perteneció cometió atentados y asesinatos, por los que sería condenado a ciento setenta y ocho años de prisión. El etarra y su grupo compraron una nave industrial, donde fabricaban los materiales que debían servir para elaborar artefactos. También era un punto de distribución de explosivos. Bajo el suelo de esa nave construyeron un zulo. Allí mantuvieron encerrado al ingeniero Julio Iglesias Zamora durante ciento cuarenta y tres días con el objetivo, como en el caso de Aldaya, de obtener un rescate. Después, recluyeron en ese agujero a Ortega Lara.

Bolinaga accedió a la libertad condicional, concedida por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, el 30 de agosto de 2012, una decisión que confirmó la Sala de lo Penal el 12 de septiembre del mismo año. La causa fue la enfermedad terminal que sufría el etarra y que, para los médicos, suponía un plazo máximo de nueve meses de vida. Sin embargo, tras quinientos ochenta y un días en esa situación, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno declaró su «prisión provisional incondicional y comunicada» por el asesinato del guardia civil Antonio Ramos, ocurrido en 1986 en la localidad guipuzcoana de Mondragón, después de que la Fiscalía le pidiera la reapertura del caso sobre la base de un informe de la Guardia Civil que le implicaba. Bolinaga únicamente podría salir de su casa el tiempo imprescindible para tratar su enfermedad y siempre bajo vigilancia.

Me han preguntado más de una vez qué he pensado en lo que se refiere a la libertad de Bolinaga por su enfermedad. En mi opinión, ahí estaban los exámenes médicos y existen unos principios humanitarios que deben cumplirse. Por mucho que duela a las víctimas y sea irreparable el daño que los terroristas les han producido, no podemos convertir el derecho penal en un arma de venganza.

Su salida de prisión provocó una campaña mediática exhaustiva en la que se echaba en cara al juez la decisión. Un sector de la prensa parecía estar reprochando los días de más que el etarra seguía vivo sobre la previsión inicial. Y así lo daba a entender algún titular de enero de 2015 cuando se produjo el deceso. «Muere por fin el etarra Bolinaga, dos años y medio después de ser puesto en libertad porque estaba “terminal”», titulaba Periodista Digital, un diario dirigido por el periodista Alfonso Rojo. Continuaba así la información: «Dice el refrán que “mal bicho nunca muere”, y la verdad es que a este le ha costado estirar la pata».7

Es un pequeño botón de muestra de hasta qué punto, en ocasiones, perdemos la capacidad de ser humanos.

Un tremendo error de ETA

ETA cometió uno de sus mayores errores tácticos el 10 de julio de 1997, nueve días después de la liberación de Ortega Lara. Secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua. Exigían para su liberación el acercamiento de los presos al País Vasco. Al no obtener una respuesta positiva del Gobierno, le dispararon en un descampado dos días después, hacia las cinco de la tarde del sábado 12 de julio. El joven, de veintinueve años de edad, murió durante la madrugada siguiente. Y digo que ETA se equivocó porque no había previsto que, durante las cuarenta y ocho horas de plazo que había establecido para que el Gobierno cediese a sus exigencias, tendrían lugar enormes movilizaciones en toda España, incluida Euskadi. Gente de toda condición e ideología rogaba por la vida de Miguel Ángel Blanco. Lo mataron sin atender a súplicas, cegados por una soberbia que les hacía creerse invulnerables o por una bisoñez que no les dejó ver como ese asesinato, al igual que otros que vendrían después, provocaba un inmenso dolor y una rabia incontenibles contra la organización. ETA nunca había tenido razón de ser, pero a las puertas del siglo XXI los españoles estábamos hartos de tanto crimen en nombre del terror, pues ningún objetivo más se percibía bajo la superficie del emblema que formaban el hacha y la serpiente.

En el Juzgado de Instrucción número 5 estábamos preparados ya para entablar el combate definitivo que llevaría al principio del fin de ETA.

Dos días antes del secuestro de Miguel Ángel Blanco, se incorporó a mi juzgado el fiscal Enrique Molina. Estaba destinado en Barcelona cuando recibió una llamada de Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, quien le propuso ir a trabajar a la Audiencia Nacional. En aquellos momentos existía un conflicto con determinados fiscales, como Ignacio Gordillo, Pedro Rubira, Eduardo Fungairiño, María Dolores Márquez de Prado y otros, que terminó con un expediente menor y con la salida del fiscal jefe, José Leopoldo Aranda Calleja, como ya he relatado. Cuando expedientan a un fiscal, es raro que lo despidan. Suelen más bien darle «una patada hacia arriba». Pepe Aranda, que es un magnífico profesional, acabó siendo fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Pero el Juzgado número 5 se quedó desangelado y sin fiscal. Hasta entonces lo había sido Pedro Rubira, a quien le impactó emocionalmente mucho la situación de su expediente. Yo necesitaba alguien activo, que empujara al Juzgado, y Enrique era conocido dentro de la Fiscalía en Madrid como «un limpia». En nuestro argot, cuando tienes un juzgado atascado, metes «un limpia» que resuelve, dice «esto sí», «esto no», y lo saca todo adelante.

Le recuerdo en el despacho del fiscal jefe Eduardo Fungairiño. Enrique tenía treinta años y le hablaba de usted. Fungairiño le preguntó: «¿Qué quieres?». «Lo que su excelencia me dé», contestó Molina. «¿Conoces a este, chaval?», le preguntó Eduardo señalándome. «Sí, de la televisión… Alguna vez hemos coincidido en alguna cosa, pero él no me conoce a mí», respondió el fiscal. Así fue nuestro primer encuentro. El nuevo compañero sería un puntal en todo lo que estaba por venir.

La muerte de Miguel Ángel Blanco había provocado una movilización social importante en contra de las organizaciones política y social de ETA, y la gente manifestaba su indignación porque lo habían matado únicamente para realizar una demostración de poder.

ETA disfrazó el asesinato de Blanco como la respuesta al escaso interés que el Estado demostraba por sus políticos y lo presentó como condicionado a la liberación o el traslado de determinados presos. Con el tiempo, Enrique Molina se empapó de cómo funcionaba ETA y la respuesta que podía haber dado el Estado a sus exigencias. Aprendió lo que ya sabíamos: el plazo de tres días que dieron para evitar la muerte era inviable y, por tanto, la suerte de Blanco estaba echada desde el mismo momento del secuestro.

En agosto de 1998 ETA estableció una tregua mediante un documento firmado con los partidos nacionalistas y dirigido a la independencia. Un año después, proponía un nuevo texto al PNV y a Eusko Alkartasuna (EA, «solidaridad vasca»), que ambas formaciones rechazaron. Ahí se rompió esa etapa de tranquilidad en que no se produjeron asesinatos. En agosto de 1999, los etarras declaraban rota la tregua y de nuevo se aprestaron a matar.

KAS-EKIN-Xaki

A finales de mayo de 1998 se materializó la primera de una serie concatenada de acciones contra todo el entramado de ETA que no formaba parte de la estructura militar, sino de la civil y económico-financiera. Esta primera actuación se identificó con el nombre de Operación Kaseco y estaba dirigida contra la estructura de KAS, como codirectora junto con ETA del conjunto del MLNV, y su complejo financiero. Fueron detenidos e imputados once responsables.

Se intervinieron también las empresas mercantiles Gadusmar-Itxas Izarra, Ganeko-Untzorri Bidaiak, Banaka y Aulki, que bajo la tutela de ETA contribuían a la financiación de la organización, especialmente de los «refugiados» y sus estructuras. Posteriormente, en otra causa procedí a la imputación de diecinueve responsables de la entidad Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (AEK, Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización) por fraude a la Seguridad Social, así como a la suspensión de actividades y la ilegalización de KAS.

Así lo expresé en el sumario 18/1998 que instruí desde el Juzgado Central número 5:

Para el cumplimiento de sus objetivos tendentes a alcanzar los fines políticos expresados, ETA se sirve de grupos armados —como comandos operativos los califica— que conforman su estructura militar, con el cometido específico de practicar la lucha armada, con desprecio a la asunción de las medidas que la sociedad democrática pone a disposición de los ciudadanos para el cabal ejercicio de toda actividad política, optando por desarrollar acciones o adoptar actitudes que generan terror, inseguridad, desconcierto y desesperanza en la sociedad. Dichos grupos armados realizan su actividad en conjunción como vasos comunicantes con otras estructuras de la misma organización criminal, ligadas por una relación de sumisión por sus militantes a aquellos. […] Fruto de esa decisión adoptada por ETA en aplicación de la «teoría del desdoblamiento», sus estructuras política, cultural y obrera se reconvirtieron en simples organizaciones y plataformas de «masas», con ficticia autonomía en relación con los actos violentos ejecutados por su «Frente Armado», […] asumiendo a partir de entonces el mando exclusivo sobre Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) la «organización armada» de la banda terrorista ETA Militar, que en un principio había entrado en KAS en calidad solo de observadora, pero que finalmente asumió el liderazgo del entramado organizativo KAS, conformada en 1980 por cinco organizaciones, cada una de ellas activas en ámbitos distintos. […] Años más tarde, concretamente en 1987, ETA elaboró la Ponencia KAS Bloque Dirigente que contenía un programa ideológico mediante el que acomodaba la estructura de la coordinadora a fin de adecuarla a las circunstancias políticas y policiales del momento. […] Así pues, resulta que «la organización armada» de ETA se encargaría de la «lucha armada» y asumiría la «vanguardia» de la dirección política. Que KAS se encargaría de la codirección política subordinada a la «organización armada» de la banda terrorista ETA, desarrollaría la lucha de masas y ejercería el control del resto de las organizaciones del MLNV […], evidenciándose así la presencia de miembros de la «organización terrorista» de ETA en el órgano supremo de KAS, y con carácter de cualificados, al ser poseedores del voto de calidad […]. A principios de la década de 1990, el control por parte de la «organización armada» de ETA sobre el conjunto de las organizaciones del MLNV se halló con la oposición de algunos miembros del partido de Herri Batasuna, pretendidamente controlado desde KAS por HASI, por encargo de ETA, lo que provocó que en 1992 la organización terrorista impusiera la disolución del ilegal partido (HASI), asumiendo el «aparato político» de ETA el control de las «organizaciones del MLNV», principalmente el de Herri Batasuna. […] A partir de entonces la coordinadora modificó su órgano máximo de dirección, «KAS Nacional», dando entrada en él a todas las organizaciones vinculadas a dicha coordinadora, seleccionándose para la dirección de KAS a militantes cualificados por su formación ideológica que en algunos casos se integraron como responsables de la coordinadora en estructuras diversas de la izquierda aberzale, ejerciendo funciones de «comisarios políticos». […] Fue por ello por lo que los responsables de ETA-KAS decidieron maquillar la «Alternativa Táctica de KAS», reconvirtiéndola en la «Alternativa Democrática de Euskal Herria», y enmascarar los mecanismos a través de los que ejercían el control de las organizaciones del MLNV, a través de un proceso de remodelación estructural y funcional del conjunto. […] La organización buscaba incesantemente la fórmula de amarrar el pleno control de las funciones que transfirió a KAS, y por ese motivo la «Koordinadora Abertzale Socialista» (KAS) se constituyó en 1991 como una «organización unitaria» u «organización de organizaciones», a través de un proceso que recibió el nombre de «Berrikuntza» o «Remodelación», disponiendo de sedes propias, responsables y militantes propios, de órganos de expresión y comunicación propios, contando desde entonces la «dirección de ETA» de una estructura conformada por personas que gozaban de su plena confianza, que se encargaban de comprobar día a día, mediante una rigurosa supervisión, la aplicación efectiva de sus directrices. […] Por lo que respecta a la remodelación estructural y funcional de KAS, para desdibujar la dependencia de ETA de las distintas organizaciones «sectoriales», se desarrollaron dos procesos, denominados respectivamente «Karramarro/Cangrejo» y «Txinaurri/Hormiga»; […] ETA decidió difuminar la estructura de KAS, haciéndolo a través del proceso denominado «Karramarro», desarrollado en 1994, con el fin de seguir ejerciendo el control de las organizaciones, pero de una forma mucho más discreta y disimulada y de manera menos impositiva, para conseguir evitar cualquier tipo de actuación policial o judicial. Al mismo tiempo se forzaba la presencia mayoritaria de los responsables de KAS impuestos por ETA en los órganos de dirección de las distintas organizaciones, clandestinizando la reducida estructura que subsistió como KAS. Los militantes de la «Koordinadora Abertzale Socialista» (KAS) dejaron de ser representantes de los distintos organismos sectoriales que la conformaban para ser de manera exclusiva militantes de la organización insertos en cada uno de los colectivos cuyo control pretendía el «brazo armado» de ETA». […] Como consecuencia de este proceso, en 1995, KAS se autodisuelve aparentemente, si bien lo que hace es clandestinizarse y pasar a constituir lo que se define como una bizkar hezurra o «columna vertebral», encargada de sostener todo el armazón organizativo del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, garantizándose el control del mismo a través de la presencia de sus delegados incrustados en todas y cada una de las estructuras directivas de las organizaciones y entidades que lo constituyen. […] Cuando la «Koordinadora Abertzale Socialista» se transformó en la columna vertebral (Bizkar Hezurra) del MLNV, se produjo un efecto inverso, de forma que si hasta entonces las diferentes organizaciones integradas en KAS aportaban sus representantes para participar en las decisiones que adoptaba el órgano de máxima jerarquía de esta, KAS Nacional, ahora son los miembros de la Coordinadora los que, en aplicación de la doble o múltiple militancia —una de las formas de manifestación del «desdoblamiento»—, se integran en las distintas organizaciones que conforman KAS, para dinamizarlas, y fundamentalmente, para asegurarse el control sobre todas ellas, control sometido a la supervisión última de ETA. Así, en definitiva, la estrategia político-militar desarrollada por el binomio KAS-ETA, o lo que es igual, por la «organización armada» de ETA y la Koordinadora Abertzale Socialista se materializó en tres campos distintos: el «político», el «económico» y el «militar». […] Con toda esta actividad, la coordinadora aberzale descargaba de «trabajo» a la «organización armada», permitiéndole ser menos vulnerable frente a las actuaciones policiales y judiciales, posibilitándole además que esta pudiera dedicarse a pleno rendimiento a perpetrar acciones criminales sobre las personas a las que consideraba un obstáculo para su pretendido «proyecto político», denominándolas «núcleo central del conflicto». Todas las actividades descritas asumidas por KAS presentaban caracteres presuntamente delictivos. Por tal razón y para evitar seguras actuaciones policiales y judiciales sobre la coordinadora y organizaciones dependientes de ella, se puso en práctica una nueva remodelación de su estructura, aumentando los niveles de clandestinidad.

Actividades económicas de KAS

El 29 de marzo de 1992 fueron detenidos, en la localidad francesa de Bidart, los responsables de la dirección de ETA: Francisco Múgica Garmendia (Pakito), José Luis Álvarez Santacristina (Txelis) y José María Arregui Erostarbe (Fiti). Se les intervino una multitud de documentos, entre los cuales figuraba uno que sería fundamental en la investigación porque ayudó a desvelar los entramados económicos del complejo terrorista. Se titulaba Reunión de responsables del Proyecto Udaletxe y en algunos de sus párrafos se exponía, literalmente, lo siguiente:

El responsable de tesorería, expone el tema proyectos. Necesidades de coordinación dentro del Udaletxe. Ante la nueva forma de estructura, ver vías de financiación de los proyectos. Los clasifica de dos modos: uno, negocios (Trozna, etc.), y dos, referente al resto. Lo recaudado por venta de materiales (camisetas, pegatinas, mecheros, mus, etc.) cuotas […].

Presentar todas las organizaciones de Udaletxe, su proyecto anual a comienzos del mismo, indicando medios de financiación de cada una de ellas, para así conocerlas y poder arrancar.

Componentes de la comisión de proyectos, fundamental elementos de Udaletxe, para coordinar, contar con los tesoreros de Foru Aldundia y Udaltzaingoa […].

Proyectos de Udaletxe, se hace una lectura memorizada de los diferentes negocios que nos valen en la actualidad, tanto para la financiación en general de los proyectos, como para situar contactos con personas de empresas, con peso específico en los consejos, por aportaciones de capital procedente de gente afín al MLNV.

En el mencionado documento se hacía referencia a un grupo empresarial coordinado por lo que en él se denominaba Comisión del Proyecto Udaletxe, formado por miembros de KAS. La tarea de esta comisión era «planificar las consignas económicas para toda la organización terrorista ETA, incluida su “organización armada”».

En el documento Reunión de responsables del Proyecto Udaletxe se indicaban los medios de financiación de la organización terrorista, especificándose las estructuras que lo integraban, clasificándose las empresas con arreglo al siguiente esquema: grandes empresas y negocios rentables. Entre las primeras estaban AEK, HB (identificada con un nombre en clave, Foru Aldundia) y Gestoras Pro Amnistía (Amnistiaren Aldeko Batzordeak), oculta bajo el nombre Udaltzaingoa; entre los segundos, Ganeko (agencia de viajes), Aulki (alquiler de infraestructuras festivas, sillas, mesas), Banaka (compañía gestora-financiera de las entidades del MLNV) y Azki (seguros).

Además, en él se sistematizaba también la distribución de los beneficios económicos obtenidos de la siguiente manera: el cincuenta por ciento para HB (Foru Aldundia), el treinta por ciento para Gestoras Pro Amnistía (Udaltzaingoa) y el veinte por ciento restante para KAS (Udaletxe).

El control de estas estructuras financieras era ejercido en última instancia por la «organización armada» a través de KAS, que colocaba al frente de las mismas a militantes cualificados de esta organización.

Los objetivos de esas fuentes de recursos eran tres: la financiación del desarrollo de actividades empresariales en Iberoamérica para procurar el autoabastecimiento de los colectivos de huidos y deportados de ETA; el control de la gestión financiera del dinero procedente de las actividades de tales empresas, situando de hecho a responsables de KAS al frente de dichas estructuras; la administración de los rendimientos de las empresas, para atender las necesidades del colectivo de huidos y refugiados de ETA en Iberoamérica cuando estos no conseguían cubrirlas con los medios de producción propios que les facilitaban, especialmente en Cuba, donde se llegaron a pagar sueldos mensuales de mil dólares a los responsables de la organización terrorista al frente de las empresas y se financiaron los gastos de infraestructura empresarial con cargo a la caja común de KAS.

El mantenimiento de la estructura de KAS que permitió el desarrollo estratégico de ETA requería la dedicación exclusiva de ciertas personas dedicadas a la gestión de su estructura, los llamados liberados, personas que percibían una remuneración económica a través de diversas vías por sus servicios. El sostenimiento de estos «liberados» de KAS se produjo en un principio a través de la estructura de AEK, que se configuró como una de las grandes empresas del proyecto de financiación de ETA, y desde la cual se atendía el pago de los sueldos mensuales, así como cantidades variables por diversos conceptos. Al frente de AEK se situó a Juan María Mendizábal Alberdi, posteriormente integrado en EKIN, mientras que Iker Beristaín Urizabarrena se encargó de la tesorería.

En la contabilidad de AEK aparecían con una remuneración fija mensual como liberados absolutos y con la cobertura de ciertos gastos personales, con cargo a KAS, varias personas sin actividad propia en la coordinadora: aparte de Mendizábal y Beristaín, estaban Javier Alegría Loinaz, Segundo Ibarra Izurieta, Paul Asensio Millán y Elena Beloqui Resa. También figuraban, con remuneraciones variables para la adquisición de bienes de consumo o cobertura de gastos personales, Rubén Nieto Torio, la empresa Ardatza S. A. y la organización Jarrai.

En el referido documento del Proyecto Udaletxe se plasmaban, además, numerosas «empresas menores». Entre las que fueron investigadas judicialmente figuraban Gadusmar y Untzorri Bidaiak-Ganeko.

Resulta evidente e indudable que AEK fue uno de los instrumentos más utilizados por la organización terrorista ETA para la financiación de sus proyectos económicos.

Frente mediático de ETA-KAS: Orain-Egin

La segunda operación, de acuerdo con el esquema establecido, recibió el nombre de Operación Persiana contra la estructura mediática del MLNV y giraba en torno al grupo empresarial Orain, editor del diario Egin. Fueron detenidos quince responsables de KAS, en su mayoría vinculados con aquel grupo empresarial, y se clausuraron cautelarmente el diario Egin y la emisora de radio Egin Irratia. La empresa Orain, penetrada por ETA, era una estructura de la propia organización, mientras que el periódico y la emisora eran utilizados por esta con una clara finalidad criminal.

Se había organizado un operativo de más de trescientos policías en el País Vasco. La sede de Egin estaba en Hernani y el registro estaba previsto hacia las dos o las tres de la mañana, durante el turno de rotativa de la noche, cuando había menos personal trabajando. Pero por alguna razón el horario no funcionó como estaba pensado. La policía accedió a las instalaciones y Natalia —la secretaria judicial—, el jefe de la comisaría de Bilbao, los escoltas, Enrique Molina y yo entramos sobre las seis y media o las siete de la mañana.

Allí dentro, en un recinto rodeado por una valla metálica, habría unas cien personas, gritando insultos contra todos nosotros. De pronto, escuché un grito: «¡Hijo de puta!». Me giré preguntando: «¡¿Quién ha dicho eso?!». Enrique Molina, algo nervioso, me dijo: «¡Chaval! ¡Que nos van a dar!». Yo repetí la pregunta, esta vez más alto: «¡¿Quién ha dicho eso?!». La gente empezó a dar marcha atrás… «¡Joder, macho! ¡Pues sí que los acojonas!», susurró Enrique. En ese momento empezaron a salir del edificio de Egin cientos de policías vestidos de negro con los escudos y los pasamontañas y con las defensas en la mano. Creo que Enrique se quedó más tranquilo.

El registro duró más de siete días, en los que revisaron y seleccionaron carpetas, documentos y una multitud de papeles. Todo quedó precintado y Natalia siguió yendo con los funcionarios de la policía para llevarse documentos. Fue sorprendente la cantidad de llamadas que recibíamos el fiscal y yo de personas interesadas en averiguar si su nombre aparecía en los paneles de información que manejaba el redactor jefe Pepe Rei y si eran objeto de interés. Unos temían ser objetivo de ETA, mientras que otros incluso se molestaban por no figurar en los papeles de Rei, que los tenía clasificados en carpetitas por orden alfabético, donde incluso se recogía a quienes se relacionaban con altos cargos. Tenían también un dosier con datos para poder hacer críticas mediáticas.

Resultó una actuación muy complicada porque no se trataba tan solo de ir al despacho del redactor jefe, sino también de detectar los contactos de Rei y los vínculos y modo de comunicación con ETA.

Tras su clausura, Egin fue sustituido por una revista llamada Ardi Beltza («oveja negra») y, después le sucedería Gara. También el entorno aberzale publicaba otra publicación, llamada, Egunkaria, dirigida por Marcelo Otamendi. El caso Egunkaria se trasladaría al Juzgado Central número 6, cuyo titular era Juan del Olmo. Por entonces, Javier Zaragoza había sustituido a Eduardo Fungairiño como fiscal jefe.

El cierre de Egin provocó controvertidos editoriales sobre si se trataba o no de un atentado contra la libertad de expresión. Recuerdo el del diario El Mundo, titulado «La polémica jurídica, el error político».8 Decía el máximo exponente de la opinión del medio que dirigía Pedro J. Ramírez: «Su ausencia reduce el pluralismo de la sociedad. La desaparición de un medio informativo, aunque represente la más atrabiliaria de las voces, empobrece la democracia». Y añadía que «las implicaciones políticas quedaron patentes ayer mismo, a través de inmediatas manifestaciones de satisfacción por parte del ministro del Interior y de representantes de la mayoría de los partidos. Todos se extendían en alusiones a la actitud antidemocrática de Egin. Por otra parte, en la medida en que la decisión de Garzón haya recibido respaldo o apoyatura políticos, también adquiere inevitablemente esa misma dimensión».

En El País, Javier Pradera lo explicaba de esta manera: «Está claro que Egin no es solo un periódico: su dependencia de ETA y su condición de vehículo de mensajes operativos a los comandos de asesinos y secuestradores lo transforman en un instrumento mortífero. Sin embargo, la publicación clausurada hace unos días también es un periódico: con veintiún años de vida, cincuenta mil compradores y la estructura redaccional, productiva y comercial propia de una empresa editorial, Egin adoctrina a los votantes de HB y a la vez sirve de portavoz a un significativo segmento de la opinión pública vasca». Pradera concluía así: «Al tiempo, la jurisprudencia constitucional dictamina que los derechos fundamentales siempre albergan un contenido esencial inviolable: los debates de buena fe en torno al caso Egin girarán seguramente sobre la cuestión de saber si la suspensión del diario por el juez Garzón (que goza de la presunción favorable de su impecable trayectoria como instructor de otros sumarios relacionados con el terrorismo y la guerra sucia) afecta o no al contenido substancial de la libertad de prensa amparada por la Constitución».9

El director de Egin, Javier María Salutregi Menchaca, ingresó en prisión unos días después, el 24 de julio, acusado de ser el «interlocutor de ETA». Según los indicios existentes en la causa, se comunicaba con la organización terrorista por correo electrónico encriptado. En el auto se mencionaba que una de las funciones del frente informativo etarra era la «generación de una realidad aparente, normalmente distorsionada de todo el entorno que rodea a dicho movimiento, magnificando los éxitos, y la asunción del papel conductor de la ortodoxia marcada por la dirección de ETA». La investigación arrojaba el dato de que Salutregi había sido nombrado por la organización para dirigir el rotativo. Se citaba la entrevista que tanto él como la periodista Teresa Toda y Ramón Uranga, consejero delegado de Orain, habían mantenido con uno de los máximos dirigentes de la banda, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, considerando que en esa reunión se estaban transmitiendo las directrices de ETA al nuevo director. Salutregi saldría en libertad bajo fianza en el mes de noviembre, al igual que el consejero delegado de la editorial Orain, Jesús María Zalacaín.

En noviembre de ese mismo año, ordené el procesamiento de veintiséis personas por la relación de Egin con ETA. En febrero de 1999, prorrogué seis meses más la clausura al estimar que, pese a la tregua, la actividad de ETA continuaba. Concluido el plazo, autoricé la reapertura del periódico y de la emisora. La acción de la organización era prácticamente nula. Pero ocurrió que en octubre se vio que existía una absoluta inviabilidad económica para que el medio continuase su actividad. No podía saldar sus deudas.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, realizó desde la ciudad turca de Ankara una afirmación que fue muy contestada por representantes de otras formaciones políticas: «¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever a cerrar Egin?». Su propio ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tuvo que salir al quite: «El juez Baltasar Garzón ha actuado con plena y total independencia». El diario El País recogía así sus declaraciones:

Tras sostener que respeta absolutamente las decisiones adoptadas por Garzón, [Mayor] dijo que la «razón esencial» del auto dictado por ese juez de la Audiencia Nacional es que el grupo Egin-Orain «formaba parte del entramado dirigido» por ETA-KAS y de manera «subordinada». Mayor Oreja manifestó que «Egin, esencialmente, no era un periódico, sino una estructura más, básica, buque insignia de una organización, de un entramado» vinculado a la organización terrorista, y precisó que no ha sido su «convicción política», sino la decisión de un juez la que ha llevado a la clausura de ese medio de comunicación. En ese contexto, se preguntó «dónde están los propietarios de Egin», dado que solo «se ve a los trabajadores», y expresó a continuación su convicción de que los dueños de ese periódico «están fuera de la ley».10

Por mi parte, presenté mi protesta no solo al ministro de Interior, sino también a la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, quien estuvo de acuerdo conmigo en que las declaraciones de Aznar lo único que hicieron fue perturbar lo que había sido una decisión impoluta y sin interferencias de tipo alguno.

La medida de clausura temporal del periódico, pese a ser muy contestada en el momento en el que se adoptó, y al margen de que fuera ratificada en todas las instancias, no solo era legal, sino también necesaria. Debido al control de ETA sobre la estructura directiva del periódico y su participación en el capital social y en la ampliación de este, Egin aparecía en ese momento como un simple instrumento de la organización terrorista que servía a sus fines e intereses. Fueron múltiples los indicios que así lo constataban y las sentencias dictadas lo ratificaron.

Para nada se tuvo en cuenta la línea dura de opinión que este periódico mantenía con las actuaciones institucionales contra ETA, como lo demuestra el hecho de que, a pesar de que en julio de 2000 acordé que existía una sucesión de empresas entre Orain y Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea (EKHE), editoras de los diarios Egin y Gara, respectivamente, y de que le imputé a esta última las responsabilidades económicas y laborales de la primera, nunca se produjo intervención alguna en contra de las sociedades que continuaron el proyecto, ni contra el periódico Gara.

Recuerdo que recibí varias querellas de los diferentes investigados, dos de ellas fueron de EKHE, como un elemento de presión más frente a una investigación compleja y sólida.

ETA y la labor ideológica y de comunicación

Editor del diario Egin y promotor de la radio Egin Irratia, el grupo Orain estaba constituido inicialmente por las sociedades Orain S. A. y Ardatza S. A. La primera de ellas se constituyó el 26 de noviembre de 1976 y se inscribió en el registro mercantil el 16 de marzo siguiente, estableciendo su domicilio social en San Sebastián.

El grupo Orain era uno de los instrumentos que la organización terrorista ETA controlaba en su trama financiera, plasmada en el Proyecto Udaletxe de 1992, como complemento de sus otros frentes de lucha a través de la utilización de sus medios de comunicación. En el documento Estrategia organizativa del MLNV, redactado por ETA, al hablar de la complementariedad de las diferentes formas de lucha en cada fase se afirma literalmente:

Labor ideológica y medios de comunicación. Llamamos la lucha ideológica, en sentido estricto, a aquel tipo de lucha que tiene por objetivo hacer frente a la batalla que el enemigo viene ofreciendo en el ámbito de los medios de comunicación y en sus discursos (especialmente en la actual situación de intoxicación y manipulación informativas, introducción o/y proliferación de actitudes pragmáticas e individualistas en nuestra sociedad…), así como el lograr una penetración suficiente que permita popularizar nuestro proyecto (en su doble vertiente ideo-política) y, en última instancia, conseguir el posicionamiento de nuevos sectores en torno a dicho proyecto o, por lo menos, no en contra nuestra.

No estamos ante el hermano pobre de la lucha, pues persigue los mismos objetivos que los restantes tipos de lucha. Resulta imprescindible, además, de cara a homogeneizar al MLNV, lo que, como sabemos, es una de las condiciones necesarias para el avance del proceso. Como la acumulación, la lucha ideológica debe ejercerse en doble dirección: por un lado, homogeneizando a nivel interno, acumulando nuevos sectores y transmitiendo a la sociedad los valores que permitan la construcción de una nueva sociedad; por otro, neutralizando el discurso del enemigo —incluidas sus labores de contrarrevolución ideológica—. En este último sentido, abordar la lucha ideológica representa una labor de suma importancia, particularmente en lo que se refiere a neutralizar los intentos de los pactos y sus avalistas de desarrollar un cuerpo anti-MLNV.

En la coyuntura internacional actual (especialmente tras la desaparición del «bloque del Este») y en la medida en que el sistema y sus avalistas tratan de tergiversar su auténtico trasfondo, el cuidar las formas de la labor ideológica tiene también su importancia. Dicha labor debe llevarse a cabo desde mensajes claros y atractivos, que respondan concretamente y sin ambigüedades a las distintas problemáticas de sectores específicos de nuestra sociedad. Paralelamente, debemos combatir aguda y certeramente la manipulación e intoxicación informativas, siendo ineludible para ello, además de la optimización de los medios de comunicación, la respuesta argumentada y la difusión de nuestro proyecto.

Difundir un proyecto no significa solo darlo a conocer, sino también, y fundamentalmente, explicar y desarrollar sus contenidos, demostrando su aplicación práctica y viabilidad.

Concretamente de cara al Proceso Negociador, la difusión de nuestro proyecto pasa por la difusión de la Alternativa KAS; dicho de otro modo, la difusión del proyecto debe ligarse correctamente al tema de la Negociación Política.

Por lo que respecta a los medios de comunicación, y además de la optimización de los nuestros, deberá entrarse en dos frentes: la lucha por la objetividad informativa y la ruptura del cerco informativo tejido en torno al MLNV. Esta última labor exige salir de nuestros núcleos habituales, primero abriendo brechas en las filas de enfrente, y después, tejiendo toda una corriente de opinión que, sin ser pro-MLNV, haga de colchón entre este último y los medios de desinformación del enemigo.

La implicación directa de significativos miembros de KAS —copartícipe junto con el aparato político de ETA en la dirección política del MLNV— en las actividades del grupo Orain y del diario Egin era evidente. De hecho, se puso claramente de manifiesto con motivo de la participación de todos ellos en el proceso de ocultación de bienes inmuebles del grupo de empresas Orain con la finalidad de evitar su embargo por parte de la Seguridad Social, como consecuencia del impago de una deuda, superior a quinientos millones de pesetas (unos tres millones de euros), contraída con esta.

El conjunto societario vinculado a Orain S. A. estaba configurado por cuatro empresas: Ardatza S. A., propietaria de los activos, básicamente maquinaria; Hernani Imprimategia S. A. —que se ocupaba de la impresión y distribución del producto editorial—, creada en enero de 1996 y administrada por Iñaki Zapiain Zabala, sin antecedentes penales; Erigane S. L., propietaria de los activos inmobiliarios transmitidos desde Orain y Ardatza para eludir su embargo, constituida el 4 de septiembre de 1995 y dirigida por Javier Otero Chasco, sin antecedentes penales; Publicidad Lema 2000 S. L., dedicada a la gestión de la publicidad de Egin, que hasta marzo de 1996 fue el antiguo departamento comercial del diario.

Orain, KAS y ETA

Desde el momento en que se produjo la ocupación y el control absoluto de Orain por parte de ETA a través de KAS, los aspectos financieros de la sociedad empezaron a mezclarse con los de otras estructuras y organizaciones del MLNV, como AEK, la agencia de viajes Ganeko-Untzorri Bidaiak, las herriko tabernas dependientes de los comités locales de Herri Batasuna o la propia KAS.

La relación de dependencia de las distintas sociedades del grupo Orain y del diario Egin respecto de ETA llegó a ser absoluta, hasta el punto de que los propios miembros del aparato político de la organización terrorista llegaron a ser conocedores de extremos que ni los propios miembros del consejo de administración de Orain sabían plenamente. Así, por ejemplo, la cúpula de ETA informaba a un miembro de ese consejo, que utilizaba el nombre orgánico de hontza («búho»), de los resultados derivados de la intervención judicial de Orain S. A.

Egin y la pedagogía de la violencia

Aprovechando que todos los miembros del consejo de administración de Orain, editora del diario Egin, eran significados miembros de KAS, la organización terrorista llegó a apoderarse del periódico y de su grupo editorial, hasta el punto de convertirlos en un cuarto frente, el mediático o informativo, un complemento idóneo de los demás frentes, y todos subordinados a las decisiones del comité ejecutivo de ETA.

Por tanto, hasta su intervención judicial en junio de 1998, el grupo de comunicación Orain-Egin desarrollaba tres funciones.

La primera consistía en mantener la cohesión interna y orientar la actividad del MNLV magnificando los actos de la organización terrorista y justificándolos conforme a la ideología impuesta por ETA, de forma que marcaba la guía de la ortodoxia que fijaba la vanguardia de la organización criminal, representada por su brazo armado.

En segundo lugar, el frente mediático servía también como instrumento de coacción e intimidación al servicio de todos los demás frentes de la organización terrorista, e iba dirigido a los sectores de la población que no eran afines a la ideología impuesta por ETA. Los responsables del producto editorial difundían los comunicados de la organización, en los cuales se sostenía que las acciones violentas no constituían un objeto específico en sí mismo. Su utilidad residía en pretender que España recibiera el mensaje de rechazo a la obstinada postura de sus gobernantes, de cerrazón a las pretensiones de la organización, y al final cedieran y aceptaran la alternativa que se proponía. Pero para ETA era necesario que la noticia de sus macabras acciones se difundiera con finalidad didáctica, y que llegase al conjunto de los ciudadanos y a los poderes públicos a fin de que todos tomaran cabal conocimiento de la situación, y comprendieran que la paz y la tranquilidad eran incompatibles con el Estado de opresión que, según decían, sufría el País Vasco.

La tercera función del diario Egin consistía en la presentación pública del ejercicio de la violencia como un fenómeno natural dentro del ámbito de la confrontación existente. Había que difundir la pedagogía de la violencia para su general conocimiento, una labor esbozada en el número 72 de Zutabe —el boletín interno de ETA—, publicado en septiembre de 1995. Como se vio en un ejemplar intervenido con ocasión de un intento frustrado de asalto a un polvorín en la localidad francesa de La Rochelle por miembros de ETA el 17 de noviembre de ese año, los autores de uno de los artículos valoraban los efectos del asesinato de Gregorio Ordóñez en los términos siguientes:

Esa acción provocó un gran terremoto, tanto en la sociedad vasca como en la I. A. [izquierda aberzale]. La acción mostró tanto a una como a otra la dirección de la nueva estrategia; que la lucha no era entre la Guardia Civil y ETA; que aquellos que hasta ahora se habían visto fuera del conflicto y limpios, los políticos, también tenían responsabilidades en esta situación y que a ellos también les afectarían las consecuencias. Y a pesar de todo, esta acción contribuyó para que el debate entrara hasta el fondo y, también, para que su significado y la dirección de esta estrategia se aclararan completamente. La acción contra Ordóñez muestra el alcance de la nueva línea política y muestra a la gente que no fue una acción de venganza. No se plantea el esquema de responder al odio con el odio […].

Así pues, la pedagogía de la violencia buscaba que algunas personas afines al MLNV, pero que no apoyaban la violencia, asimilaran cuáles eran los objetivos reales de ETA, cuál era el camino para conseguirlos y quién ostentaba el control último del proceso, y pretendía enseñar a la sociedad española y a sus instituciones cuál era el precio que pagarían por su obstinado rechazo a aceptar un proceso negociador, como el postulado en la Alternativa Democrática para Euskal Herria.

Fue a partir de 1991 cuando la dirección política de ETA se planteó lograr a corto plazo la negociación política con el Gobierno de España, eligiendo como medio para alcanzar tal fin el desarrollo de una campaña de presión terrorista ejecutada por su organización armada, conjuntamente con otra campaña de presión terrorista llevada a cabo por sus frentes de masas e institucional, y todo ello para conseguir generar una desestabilización política y social.

En el documento Estrategia política global se plasma el criterio de ETA sobre esta materia:

[…] en esta etapa prenegociadora será vital fortalecer todas las luchas y frentes abiertos y activar todo nuestro potencial organizativo, teniendo bien engrasados todos nuestros mecanismos para articular respuestas puntuales y coyunturales que sirvan de apoyo a las negociaciones que se estén dando, y contrarrestar cualquier maniobra por parte del enemigo con la puesta en marcha de nuestras iniciativas, discursos políticos e ideológicos, demostraciones prácticas por medio de movilizaciones […].

Mediante un proceso valorado en el documento Remodelación organizativa: resoluciones del KAS Nacional que ya he mencionado anteriormente, se llevó a efecto una reforma de todo el organigrama del MLNV para generar una modificación positiva en la debida «correlación de fuerzas». En este proceso la organización terrorista ETA consideró que la línea informativa del diario Egin contribuía poco al logro de los objetivos inmediatos atribuidos a sus «frentes de masas e institucional», pareciéndole escasa la función que desempeñaba el periódico ante la labor que desarrollaban la gran mayoría de los medios de comunicación social, que calificaba de manipuladora e intoxicadora, en contra de los postulados de la organización terrorista, y a favor de los parámetros sentados por el Gobierno español.

A partir de ese año, 1991, la dirección política de ETA asumió de lleno el proceso de reorganización del Proyecto Egin, con la decisión firme de reconvertirlo en uno de sus focos en el frente informativo, complementario de sus otros tres frentes: el armado, el de masas y el institucional.

En la consecución de tal objetivo, la dirección política de ETA incorporó a la editora Orain y a su periódico Egin a la estructura empresarial controlada por la organización terrorista a través de KAS. Por eso, en el documento Reunión de responsables del Proyecto Udaletxe, Orain-Egin figuraba entre el grupo denominado «resto de empresas».

El proceso de reconversión del diario Egin exigió ineludiblemente la reelección por parte de la dirección política de ETA de personas que presentaran un perfil adecuado, con el propósito de que se cumplieran los objetivos que les habían sido asignados por la organización y decididos de manera irrevocable.

Así, fueron seleccionados el consejero delegado de Orain —que no sería juzgado en su momento por enfermedad—, que se encargaría de la gestión empresarial, y dos integrantes del nuevo equipo de dirección, Javier María Salutregi Menchaca y Teresa Toda Iglesia, para desempeñar respectivamente las funciones de director y directora adjunta de Egin.

Estos nombramientos fueron autorizados por el aparato político de ETA y tuvieron lugar tras celebrarse una reunión orgánica, que duró tres días, en un hotel de la localidad francesa de Bidart. El encuentro comenzó el 21 de febrero de 1992 y a él asistieron, además de los designados, el máximo responsable del aparato político de ETA en ese momento, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis.

Cuarenta días después de esa reunión, el 31 de marzo de 1992, Salutregi y Toda vieron confirmados sus nuevos cargos. Poco antes, el 29 de marzo, Txelis fue detenido. Sus funciones directivas en el aparato político de ETA fueron asumidas por José María Dorronsoro Malaxetxeberria, con el que colaboraron como subordinados Carlos Almorza Arrieta (Pedrito de Andoain), Ignacio Gracia Arregui —conocido por el alias de Bruno— y Miguel Albizu Iriarte, a quien llamaban Antza.

Los contactos existentes entre el aparato político de la organización terrorista, el consejo de administración de Orain y la dirección de Egin fueron fluidos. Y es que ETA perseguía instrumentalizar lo antes posible su cuarto frente, el ideológico e informativo, por lo que le resultaba necesario supervisar la línea ideológica del periódico. Querían comprobar que les resultaba útil para alcanzar los fines propuestos tras haberles dado la espalda los medios de comunicación social, que se negaban a ser altavoz de sus reivindicaciones.

Las comunicaciones con ETA eran conocidas y asumidas plenamente por todos los miembros del consejo de Orain, y las recibía uno de sus vocales, Javier Alegría Loinaz, responsable máximo de KAS y luego portavoz de esta coordinadora.

A partir de 1992 el diario Egin llegó a estar plenamente subordinado, tanto en sus funciones como en su organización, a la estrategia global de ETA, si bien bajo la cobertura aparente de ser un periódico plural e independiente. La organización terrorista imponía sus directrices en el funcionamiento y organización del grupo editor, transmitiéndolas a través de claves directas de comunicación. A su vez, la dirección de la organización recibía puntuales informes sobre el estado del grupo empresarial y emitía instrucciones a los emisores de los informes, supervisando también la designación de los cargos de los consejos de administración y decidiendo el nombramiento del equipo de dirección.

El conjunto de estas comunicaciones forma parte del conjunto documental intervenido en París a un miembro del aparato político de ETA, José María Dorronsoro, alias Unai, en agosto de 1993.

La gestión empresarial de Egin

El documento Infos sur Garikoitz 93/02, que estaba entre los intervenidos a José María Dorronsoro, incluía distintos informes sobre la gestión empresarial de Egin que Javier Alegría remitía a la cúpula directiva de ETA. De acuerdo con el catálogo de claves que los etarras habían recogido en el documento Kodigo Berriak («códigos nuevos»), Orain era identificado como P, al diario Egin le correspondía P-E y la emisora Egin Irratia era P-E1. Decía así:

Muy interesante la orientación de las ventas. Comparadas con los datos del año pasado, hoy en día hemos obtenido una subida del 20 %. Las perspectivas son muy interesantes en relación con el afianzamiento del nuevo producto. La primera mitad del año, el problema económico, muy grave.

Un plan muy duro para los trabajadores. Esto ha creado una desconfianza interna y una gran inquietud, llegando con facilidad los rumores de que todo se irá a la mierda. La dejadez del comité, muy grave. Se empieza a superar. Presentarán un plan en la asamblea de los trabajadores planteando el bajar los sueldos como modo de superar esa grave situación. Aunque sorprenda, esa iniciativa ha salido de los trabajadores y no del comité. A ver si conseguimos aumentar el protagonismo y la implicación de los trabajadores. Muy relacionado con esto está lo del boicot y la defensa de la radio. Hay hecho un plan, diseñado desde el ámbito judicial e institucional. El mismo P va trabajando lo que tiene que hacer, al igual que B de cara al interior. La propuesta mandada por vosotros hace tiempo, es decir la de abrir los caminos de implicación de los lectores de P, la pondremos en marcha, por una parte para presentarla como acusación popular en defensa de la radio, por otra para que los lectores sean los protagonistas de una recaudación de dinero. En este sentido, veo totalmente necesarias una renovación de las vías de participación en la reunión de los accionistas de este mes de junio. Si no sería terrible el hedor a control y cerrazón en torno a toda la operación legal hecha. Sin hacer tambalear para nada el control económico político empresarial y, claro está, sin abrir ningún tipo de grieta en la propiedad, tendríamos que crear un lugar especial de participación para los accionistas históricos que se mantienen dentro del movimiento (por ejemplo, un consejo asesor), para que se sientan cercanos al consejo administrador y para que tanto el lector como el entorno político-cultural tenga un lugar (algo así como un consejo editorial, en el que participen algunos miembros de los movimientos populares, un representante de los lectores […].

En otro apartado de este mismo documento, Alegría Loinaz proponía a la dirección de la organización terrorista un sistema de comunicación entre los responsables de ETA y los de KAS ubicados en el diario Egin:

En primer lugar, hay que comentar lo del módem. A pesar de que por nuestra parte no está del todo terminado, te puedo decir que es posible terminarlo. Desde el punto de vista de la seguridad, pensamos que, si bien todavía hay duda sin esclarecer, creemos que la opción es viable. Por una parte, recibirlo, lo recibiría el director y solamente él conocerá la clave para abrir lo enviado. Si no decís nada en contra, por lo menos la que utilizamos entre nosotros, será el número del mes y sumando la primera letra del nombre del mes. […] Aparte de eso, se necesita utilizar una clave formada con tres letras para que lo enviado por vosotros tenga entrada en el ordenador. Todavía no me los han pasado, pero la próxima vez os lo enviaré allí. Por último, os envío un programa para «comprimir» los textos. Antes de mandarlos, comprimir los textos y, de este modo, los envíos serán mucho más cortos. Para hacer esto con un mínimo de seguridad, necesitarían un módem y un ordenador portátil, pues esas líneas telefónicas estarán totalmente pinchadas y seguramente puedan saber más fácilmente desde dónde se envía, si se hace siempre desde el mismo sitio. Es imprescindible mandar todas las cartas bajo un código, pues seguramente, además de recibirlo nosotros lo podría recibir la txakurrada [término despectivo para referirse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado] y como consecuencia, sin esa medida de seguridad, podrían invalidar esas cartas. La próxima vez os mandaré todos los detalles. El ordenador y el módem, ¿lo podéis conseguir vosotros o lo tenemos que arreglar desde aquí? Necesitamos la respuesta esa cuanto antes.

En otro documento denominado Infos sur Garikoitz-Ari 93/06, son los directivos de ETA los que se dirigen a Javier Alegría mostrando su preocupación por la situación del diario Egin, y contestándole a este sobre las propuestas de renovación del consejo de administración: «La situación de P es de veras preocupante y si la renovación no le da un impulso decisivo […]. Por otra parte, mencionas del cambio de dos miembros del consejo y si tenemos alguna propuesta nueva. Nos es difícil decir nada si no sabemos a quién hay que cambiar y a quién se puede poner. Por lo tanto […]».

Alegría Loinaz da oportuna cuenta a la dirección de ETA, en el documento Garikoitz 93/05, de las nuevas noticias acerca del diario Egin, tanto relativas a su nivel de ventas como a la situación interna de Orain, y manifiesta:

Nuevamente, si bien en el último momento, he encontrado la oportunidad para expresar algo, y aquí las noticias de estas últimas etapas.

P. Empezando por las buenas noticias: durante la primera semana de febrero, se han vendido una media de 34 mil ejemplares. Es un dato bueno y esperanzador. Señal de que está atrayendo a nuevos lectores. Además hay dos datos muy significativos: el domingo se vendieron 38 mil y el viernes (recordad que ese día hay un suplemento para los jóvenes) 35.000. Desde este punto de vista, es una noticia agradable. Esta semana, en concreto el 16-2-93, se agotarán las fichas; terminada la promoción, será un buen momento para comprobar cuántos compradores perdemos. Según nuestros datos, pueden ser, más o menos, unos 1.000 compradores «no habituales» o «interesados» los que hayan sido atraídos por las fichas. Ya veremos.

Junto a esto, también en la situación interna hay novedades. Por una parte, con relación a un duro plan económico obligado por la situación financiera. En el proceso llevado hasta ahora, el vacío del comité de empresa ha sido manifiesto. El representante del consejo de administración que nombraron no es nada adecuado, no ha aportado nada, muchas veces ni tan siquiera ha aparecido (debido a problemas de horario) y, por lo tanto, el comité se ha inhibido totalmente en todo. No ha transmitido información, no ha ofrecido ni perspectivas ni confianza a la gente, no ha controlado realmente la gestión, las previsiones… Los trabajadores casi se han enterado por fuera de la gravedad del momento y eso, claro está, ha creado un gran malestar. Dentro hemos tenido una nueva crisis, pero ha tenido su consecuencia positiva. Por una parte, el propio comité se ha hecho consciente de su responsabilidad, ha comenzado a profundizar en el tema y se ha encontrado en la necesidad de trabajar un camino para llegar a la madurez en las asambleas. Por la otra, se ha dado a conocer el plan realizado y la gente ha tenido una base más sólida para tomar posiciones. El último reflejo de todo esto son las dos últimas asambleas realizadas por los trabajadores. En ellas el comité ha propuesto lo siguiente: que los trabajadores tenían que implicarse ante la situación y que tenían que renunciar a una parte del sueldo, concretamente renunciar a cobrar las pagas extras.

Dentro de la asamblea, hubo también otra propuesta, la de J. M. Arregui: realizar una auditoría sobre la gestión de los últimos años (pues según él y otros, ese era el problema) y que los nuevos responsables de la gestión (si se cambia el consejero actual) presentaron un nuevo plan de viabilidad […].

En otro documento remitido por los responsables de ETA a Alegría Loinaz, denominado Garikoitz-RI 93/02, aquellos transmitían una crítica sobre la orientación de «P-I», esto es, la emisora Egin Irratia, expresando su criterio sobre la posibilidad de recurrir a México en busca de financiación para «P», o sea, Orain:

Este es, por el momento, el mejor «consejo» que podemos daros, pero de aquí en adelante si tenemos algo que manifestaros lo haremos. Todavía hay vacíos claros, concretamente en los informativos. Pero hay que cuidar mucho la corresponsalía de la radio de París una vez por semana, de hecho hemos recibido quejas muy serias y ácidas y hemos decidido no hacérselas llegar a los de la radio, ya que de verdad que eran muy ácidas. [Para] los que están dentro en las celdas y los que esperan esas emisiones radiofónicas como el agua en el desierto, muchas veces ha sido un golpe muy bajo; se da una imagen totalmente «normalizada» de Euskal Herria en el peor sentido de la palabra. […] tendrían que tenerlo en cuenta sin ninguna duda los que hacen esos programas de radio con la mejor voluntad y pasión (hace muchos meses enviamos esta crítica, pero no ha tenido al parecer ningún efecto), pero tienen que pensar que no se puede hacer una emisión para los presos y los asignados, que son sus oyentes más fieles y casi los únicos, como se haría para otros. Es imposible soportar en una emisión semanal, soportar una chapa de un cuarto de hora parecida a la del rollo de EuE Baztarrika [Patxi Baztarrika Galparsolo, uno de los impulsores de Euskal Ezkerra, EuE, partido surgido de la escisión de Euskadiko Ezkerra, EE], y lo mismo el de Garaiko [Carlos Garaikoetxea, presidente del partido Eusko Alkartasuna] o cualquier otro hijo de puta (y que nos perdonen las putas).

Cuando se produjo la intervención judicial del grupo Orain y de Egin en junio de 1998, la dirección del periódico seguía siendo asumida por Salutregi Menchaca y Toda Iglesia. Los editoriales eran elaborados por un equipo formado por el director y los redactores jefes. La línea de opinión reflejada en los editoriales, tanto en las opiniones expresadas como en el tratamiento de los temas, se puede sintetizar en las siguientes posiciones: defensa del derecho de autodeterminación del concepto espacio geográfico de Euskal Herria; defensa de la Alternativa Democrática de Euskal Herria de ETA y antes de la Alternativa Táctica KAS; rechazo de la Constitución, del Estatuto de Guernica y del Amejoramiento Foral, postulando un nuevo marco jurídico-político soberano; apoyo a todas las organizaciones de la izquierda aberzale; solidaridad con las personas en situación de prisión por sus actividades relacionadas con la organización terrorista ETA y la demanda de su agrupamiento en los centros penitenciarios del País Vasco y Navarra, o geográficamente inmediatos; rechazo de la reinserción de las personas en situación de penados por sus actividades relacionadas con la organización terrorista ETA y condena de las que aceptaron medidas de reinserción; apoyo al colectivo de miembros de ETA refugiados o deportados; denuncia de las supuestas torturas y malos tratos a detenidos y presos vinculados al MLNV; defensa de los valores culturales autóctonos y especialmente del euskera; denuncia sistemática e investigación de la corrupción política y económica; y rechazo de cualquier forma de ser vasco que no suponga ser aberzale, tildándolo despectivamente como vascongado, para el caso del nacionalismo moderado, o españolista para el caso de los no nacionalistas.

Entre todo lo anterior sobresalía la crítica sistemática a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Autónoma Vasca, el Gobierno de la nación y sus instituciones —a los que se consideraba opresores, terroristas y autoritarios—, así como al Gobierno vasco y a las instituciones autonómicas de toda índole, acusándolas de estar «españolizadas». Críticas de las que no estaban exentos los restantes medios de comunicación social, a los cuales tildaban de «intoxicadores» y «manipuladores» por, según ellos, su labor de ocultamiento de la realidad.

A través de sus textos, Egin apoyaba cualquier acuerdo o postura que permitiera avances en lo que ETA también llamaba construcción nacional, y justificaba la violencia de la organización terrorista con el argumento de que constituía una «respuesta ante la que ejerce España y sus cómplices» o la consideraba un efecto necesario para dar solución al «conflicto» que la causaba.

Además de los editoriales y de la columna semanal denominada Asteko Kronika o Crónica del Lunes, firmada con el seudónimo J. Iratzar, la línea informativa del diario Egin se diferenciaba de otros medios de comunicación en que publicaba íntegramente los comunicados de ETA y de KAS, así como entrevistas con responsables de ambas organizaciones, y acreditaba la legitimidad de las reivindicaciones de las acciones violentas cometidas por los etarras, para lo cual la dirección del periódico disponía de un catálogo de claves, elaborado por ETA, que permitía verificar la autenticidad de las llamadas de reclamo. Egin avisaba públicamente de la puesta en marcha de operaciones policiales dirigidas contra ETA o sus grupos de apoyo, permitiendo así que el resto de los colaboradores conociese esta circunstancia y pudiera eludir la acción policial. La publicación de este tipo de informaciones de aviso, frecuente en las páginas del diario, era posible porque en la redacción se disponía de capacidad para la interceptación de las radiofrecuencias de los diversos órganos de seguridad. Además, también se recopilaba y difundía información sobre los movimientos de vehículos y dotaciones policiales, los controles y otras medidas. Además, Egin disponía de secciones como Merkatu Txikia (Mercadillo) y Agurrak (Saludos) que eran utilizadas habitualmente por los miembros y responsables de ETA para el mantenimiento de contactos, tanto entre militantes de la organización armada como entre estos y sus responsables.

Para ETA, Orain y Egin suponían no solo el aprovechamiento de la protección de la libertad de expresión y del derecho a difundir información veraz para los fines propios de un entramado criminal, sino que alcanzaba a los medios de producción gráfica del diario, como la rotativa, sus ordenadores o su material ofimático, que eran puestos al servicio de los fines y actividades de organizaciones terroristas integradas en KAS.

Por ejemplo, se prestaba ese servicio a Jarrai, para la que se elaboraron entre los meses de mayo y junio de 1993 carteles amenazantes y coactivos contra distintos profesionales de los medios de comunicación social considerados hostiles por ETA. También se dio el caso de la utilización de las instalaciones y medios del diario por uno de los integrantes del autodenominado Komando Sugoi de ETA, Fernando Alonso Abad, miembro del equipo de redacción de Egin, quien al igual que otro de sus integrantes, Andoni Murga Cenarruzabeitia, aprovecharon la garantía de inviolabilidad que suponía la sede de un medio de comunicación para ocultar, mezclada entre otros materiales relacionados con su actividad profesional, información correspondiente a potenciales objetivos de su actividad terrorista. O la utilización de un ordenador, a disposición del director del diario, para el mantenimiento de comunicaciones informáticas con ETA a través de un módem.

Los servicios de información de ETA, KAS y Egin

Cada una de las organizaciones de ETA y su entorno contaba con un servicio de información que se complementaban con los restantes. El de ETA era conocido como Sarea (la Red) y actuaba sobre la captación, centralización y complementación de la información que recopilaban a través de diversas fuentes —públicas, semipúblicas o de acceso restringido—, restos de basura, la interceptación de comunicaciones o personas de contacto en diversos niveles. Los objetivos eran, principalmente, militares del Cesid, «que son la mano derecha del PSOE, empresarios y proyectos económicos, rendimiento de empresas, listados de zipayos [miembros de la Ertzaintza], de txakurras [miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado], funcionarios de prisiones, políticos, cargos públicos, embajadores, nombres de militares y sus destinos, famosos, como toreros, con todas sus fincas, viñedos, familiares, etc.».

Procuraban conseguir escáneres y walkie-talkies para escuchar al enemigo. Uno de los miembros de la organización informaba de sus logros a la dirección:

He conseguido más de cuatrocientas frecuencias diferentes (Ertzaintza, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, DYA [la asociación Detente y Ayuda], empresas de seguridad, barrenderos…) y seguro que se pueden conseguir más… Cuando la zipayada [la Ertzaintza] entró en Egin, intercepté las comunicaciones entre el ertzaina Gervasio y sus mandos superiores, entre los secretarios de Bueren y el ertzaina […]. Todo esto ya lo pasé a Egin, pero no era de buena calidad y empecé a grabar tarde.

La información captada se centralizaba, ya fuese mediante la localización de un «piso seguro», la elaboración del trabajo correspondiente por miembros «liberados» o la introducción de la documentación en un sistema informático. Se complementaba por medio de vigilancias y seguimientos, mediante filmaciones y grabaciones de los posibles objetivos, a través de la interceptación de sus comunicaciones o realizando nuevos rastreos en fuentes documentales.

El procedimiento para complementar toda esa información se explicaba de manera amplia en el apartado c) del documento Modelo de equipo de información para la organización:

Consistiría en un par de personas que realizarían seguimiento a objetivos militares. Hace falta una furgonetilla con cristales opacos. No hace falta que tire mucho, ya que se aparcaría en un sitio estratégico y una persona se quedaría dentro el tiempo que haga falta. [Con la ayuda de] unos prismáticos se controla de maravilla […]. Aparte de las basuras se podrían realizar seguimientos a personas o centros concretos, empresas que en un momento tengan datos que interese controlar, porque desde Egin hay que dar caña, o a políticos para saber sus vehículos, horarios, domicilio… y darles la caña que cada momento nos exige. Lo mismo se puede ofrecer a la zipayada. Se puede lograr un control casi exhaustivo de sus movimientos, y utilizar técnicas de filmación, y luego sacar panfletos con su foto, su coche, su dirección, sus costumbres.

Con todos estos datos se intentaría hacer un estudio de en qué sitios es posible hacer una grabación. Por ejemplo, si sabemos que el Comité de PSE-EE va a celebrar una reunión en tal o cual albergue u hotel, no estaría de más que fuera nuestra gente a pasar unos días al albergue u hotel en esas fechas, e intentar robar materiales y/o grabar las reuniones […].

Los objetivos de la actividad informativa se estructuraban en tres niveles: militar, con datos sobre potenciales objetivos de ETA; político, en el que los datos sobre adversarios en este campo, con especial énfasis en la Ertzaintza, estaban dirigidos a los miembros de KAS; y general, centrado en objetivos políticos y militares para los que se reservaba un tratamiento periodístico específico por parte del diario Egin. Con este amplio servicio se pretendía «captar información procedente de fuentes humanas que actuasen en los entornos informativos de interés para el MLNV» y desarrollar actividades de «contrainformación» e «intoxicación informativa».

Una vez recibida esta información y seleccionada, atendiendo a la trascendencia de los datos recopilados, era empleada directamente por la «organización armada» de ETA o enviada a los distintos organismos sectoriales dependientes de la «organización militar» para su utilización, ya que los datos no eran «de interés militar» exclusivamente, sino que también afectaban a objetivos «políticos» o «informativos».

La información reunida en esta labor de recopilación era complementada, tras su detenido análisis y procesamiento por la cúpula de ETA, con los datos de los otros servicios informativos de la organización terrorista, como el de KAS y el de Egin.

El servicio de información de KAS fue diseñado como específico para el MLNV a través del documento ENAMko Informazio Taldea («equipo de información del MLNV»). En él se resaltaba:

la necesidad de creación de un talde de información para todo el ENAM, el objeto de este trabajo será desarrollar la idea en lo práctico del día a día teniendo en cuenta nuestras posibilidades materiales y humanas […]. A nivel político, el ejemplo más claro en Euskal Herria lo tenemos en el PNV, con toda su red de confidentes locales y policía política, haciendo labores contra el ENAM, incluso contactos con la CIA que se remontan a los años cincuenta y sesenta. Por otro lado, tenemos la labor de información de Alkatea, pero quizá limitada al accionar armado de cara a la realización de ekintzas [«acciones»] […]. Nuestro adversario político es el PNV, por lo que los tenemos que conocer, como ellos hacen contra nosotros.

En ese documento, en el apartado «Antecedentes», se mencionaban los otros servicios informativos de la organización, como Alkatea («alcalde»), en referencia a ETA, y Egunkari («diario»), que correspondía a Egin. Recopilaban la información y la centralizaban de modo casi idéntico a como lo hacía la propia organización ETA, aunque en este caso los datos se recogían también a través de fuentes documentales provenientes de la formación política HB y del sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB, Comisiones de Obreros Aberzales), por medio de la interceptación de comunicaciones o bien a través de personas relacionadas con la extensa estructura organizativa del propio MLNV. Es decir, lo mismo que en el servicio de información de ETA.

El tipo de datos que debía reunirse en el ámbito local consistía, según ese documento, en:

Recabar las siguientes informaciones:

Listados de la gente de 20 [nombre en clave para HB] del pueblo o barrio.

Estructuración local del resto de partidos y en especial del PNV.

Listado de zipayos del pueblo.

Listado de personas «notables» del pueblo.

Fotografías y vídeos.

En el documento se especificaba cuál era el mejor medio para llevar a cabo sus propósitos:

El ideal para ubicar un talde de estas características sería por medio de la creación de una empresa de seguridad, con la cobertura que ello supone, pudiendo tener acceso a los productos de información, contrainformación y espionaje que existen en el mercado. Aun siendo este el ideal, en una primera fase podríamos empezar con una serie de asuntos a la hora de centralizar la información que existe actualmente.

La información se completaba a través de vigilancias y seguimientos, filmaciones y grabaciones, la interceptación de nuevas comunicaciones y otros rastreos en fuentes documentales, recabando el auxilio de diversas personas:

El objetivo principal sería centralizar toda la información existente en diferentes estructuras desperdigadas por pueblos y barrios. Una vez que tengamos esa información, la trabajaríamos y complementaríamos, por ejemplo, cruzando los datos que tenemos de los zipayos por el BOPV [Boletín Oficial del País Vasco] con los datos de los censos electorales, tendríamos todos sus datos personales.

Los objetivos de la actividad del servicio de información de KAS se estructuraban en dos niveles: datos económicos y datos políticos. Las fuentes documentales para su obtención eran: el BOPV, donde se publicaban los datos personales de los ertzainas al incorporarse estos a la función pública; los censos electorales que HB (mencionada con el nombre en clave 20) recibía anualmente por su condición de partido político legalizado; los datos de que disponían los bancos, las cajas de ahorro y la Seguridad Social; y, en general, todos aquellos procedentes de cualquier institución pública o privada donde desarrollasen su actividad laboral los miembros del sindicato LAB (llamado 16 en dicho escrito). Es decir, las mismas que se establecen como fundamentales para el «servicio de información» de la «organización armada» de ETA.

El diseño del servicio de información del MLNV concretaba aún más, respecto de Sarea, las fuentes y los medios que debían utilizarse en la captación de datos de interés para él y la filosofía que debía presidir el «aprovechamiento operativo» de todo lo que se recabara. Además, tenía una estructura organizativa para la gestión del servicio de información y, junto a la recopilación de la información, se hacía referencia a la necesidad de analizarla y clasificarla atendiendo a dos baremos: la «sensibilidad de la fuente» y la «trascendencia de su difusión».

Entre los servicios de información de ETA y KAS se daban circunstancias idénticas, puesto que ambos tenían pretensiones de globalidad, abarcando no solo objetivos militares, sino también políticos.

Actuamos sobre la información

En marzo de 1999 se desplegó otra operación que incluía la investigación del servicio de información de Egin. Recibió el nombre de Rei por ser este el apellido del responsable del área de investigación del periódico, el imputado José Benigno Rey Rodríguez, más conocido como Pepe Rei. En las actividades realizadas por él y su equipo, los indicios demostraron claramente que sus labores de investigación fueron mucho más allá de lo que la profesión periodística supone y ETA las aprovechó para la ejecución de atentados. Desde entonces hasta hoy, los afectados se han dedicado a descalificarme constantemente. Nunca lo he tomado como algo personal. Simplemente actué como en los demás casos, con apego a la legalidad y partiendo de los hechos y su valoración jurídico-penal.

El tercer servicio de información de la organización terrorista ETA, el formado por Egin, estuvo desde un principio dirigido por una persona no juzgada por la Audiencia Nacional, pero al que procesé como presunto responsable de este: Pepe Rei. La sentencia establecía lo siguiente:

Las informaciones recabadas y publicadas por el diario Egin hasta el momento de su intervención judicial por su denominado «equipo de investigación» versaban principalmente:

Sobre el Partido Nacionalista Vasco y sus vías de financiación, vinculadas por los miembros de dicho «equipo de investigación» a actividades de corrupción política.

Sobre la Policía Autónoma Vasca, sus supuestas actividades ilegales contra la izquierda aberzale y la presunta participación de algunos de sus miembros en actividades de corrupción policial, marcando como objetivos del frente armado de ETA a aquellos policías más significados en su presunta hostilidad hacia el MLNV.

Sobre las sectas destructivas y organizaciones religioso-económicas.

Sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con especial énfasis en el CESID, y la presunta participación de los miembros de todos los referidos organismos en actividades de la denominada «guerra sucia», de espionaje a través de medios ilícitos y de vinculación a tramas de narcotráfico y prostitución.

Sobre el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro y sus supuestas vías de financiación vinculadas a la corrupción política.

Las actividades de información de ETA, KAS y el equipo de Investigación de Egin, además de obedecer a un procedimiento común congruente con la estrategia político-militar de ETA, ofrecían elementos que se complementaban entre sí, de manera que uno u otro servicio, y en ocasiones todos ellos, utilizaban los datos acumulados.

Se conformó así una estructura de captación y selección de información que, tarde o temprano, los etarras aprovechaban para cometer acciones terroristas. Así ocurrió, por ejemplo, con muchas de las víctimas asesinadas por ETA como Joseba Goikoetxea Asla (22 de noviembre de 1993), sargento mayor de la Ertzaintza, o Ramón Doral Trabadelo (4 de marzo de 1996), exjefe de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa; los empresarios José Antonio Santamaría Vaqueriza (20 de enero de 1993), José María Olarte Urreisti (27 de julio de 1994), Isidro Usabiaga Esnaola (26 de julio de 1996) y Francisco Arratibel Fuentes (11 de febrero de 1997); los políticos Gregorio Ordóñez Fenollar (23 de enero de 1995), Fernando Múgica Herzog (5 de febrero de 1996) y Manuel Zamarreño Villoría (25 de junio de 1998); el responsable de la Guardia Urbana de San Sebastián, Antonio Morcillo Calero (15 de diciembre de 1994); o el político Tomás Caballero Pastor, asesinado el 6 de mayo de 1998 tras haber sido denunciado judicialmente por HB y satanizado desde las páginas del diario Egin.

ETA, desde las páginas del número 72 de su boletín Zutabe, publicado en septiembre de 1995, se refería al asesinato del ertzaina Joseba Goikoetxea Asla, al que llamaba Cabezón, en estos términos:

Concretamente en lo que corresponde a la Ertzaintza se ha dado un grandísimo paso. Cuando la organización actuó contra «Cabezón», fueron muchos esquemas los que se rompieron, y se abrió camino para responder a la represión de la Ertzaintza, se vio que existía un campo para trabajar en vez de estar siempre a la defensiva […].

También esas informaciones eran manejadas por el frente de masas para llevar a cabo acciones de presión y coacción a través de KAS y las organizaciones sectoriales controladas por la coordinadora; o por el frente institucional, organizando ruedas de prensa y comunicados de HB; o por el frente informativo, a través de campañas de descrédito y acoso desde Egin.

El «equipo de investigación» de Egin presentaba unas características en las que concurrían estas circunstancias: utilizaba las mismas fuentes de información, y la misma metodología para procesarla, que las empleadas por ETA y KAS; aprovechaba las informaciones obtenidas por los otros servicios de información; y sus objetivos eran prácticamente los mismos, es decir, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Euskadi, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, miembros de la Judicatura, empresarios y personas «notables».

El intercambio de datos entre los tres servicios de información, que siempre eran controlados en última instancia por la organización armada, fue constante y de tal intensidad que algunos de los informes confeccionados por el de Egin, almacenados en un ordenador personal, fueron encontrados más tarde en poder de un responsable de ETA, Félix Alberto López de la Calle Gauna, alias Mobutu, tras ser detenido el 17 de noviembre de 1994. Se le intervino, por ejemplo, la transcripción literal de uno de esos informes, en el que se detallaba la fuente de la que procedía: «Reservada (Pepe)»:

Enrique Echeburua, jefe de Psicólogos de la Ertzaintza. El catedrático y rector de la facultad de Psicología de Zorroaga, Enrique Echeburua Odriozola, con DNI […] es el supuesto jefe de psicólogos de la Ertzaintza al más alto nivel. Su esposa es también profesora en Zorroaga y su nombre el de […], con DNI […]. Según fuentes que Iñaki Egaña [Aristi] define como de total fiabilidad, en la facultad de Zorroaga en días recientes se recibió, por parte de una mujer, una llamada telefónica preguntando por Echeburua. Como él no estuviese, la mujer insistió que se le pusiese con la esposa de este. Al preguntarle de parte de quién era, ella dijo que era la esposa de Julio Iglesias. La persona en cuestión, cuyo nombre ni circunstancias se pueden utilizar bajo ningún concepto, permaneció en el teléfono de la centralita y escuchó la conversación […].11

Egunkaria

La prueba de que no se pretendía ningún tipo de secuestro de la opinión pública, como indicaban las críticas dirigidas desde el mundo aberzale a las actuaciones judiciales que yo desarrollé, es que nunca autoricé una operación contra Egunkaria, el único diario publicado íntegramente en euskera desde 1990. Me mostré contrario, a pesar de la petición del fiscal, y rechacé la intervención, clausura y apertura de una investigación contra su director. Sin embargo, con la misma documentación que yo rechacé y con el impulso del fiscal Eduardo Fungairiño, se abrió a instancias de la Guardia Civil una investigación por orden del juez del Central número 6, Juan del Olmo, que, después de muchas incidencias y denuncias de malos tratos y tortura, acabó en acusación del fiscal contra Otamendi, cuando ya era fiscal jefe de la AN, Javier Zaragoza, y en la absolución de su director, por el tribunal. Nunca debió abrirse aquella causa. Y a pesar de haber sido yo quien se negó a incoarla y estuvo en contra de esa actuación, también se me imputó a mí, para no variar, el haberlo hecho.

Lobo Negro, contra el entorno del MLNV

Desde su configuración como instrumento organizativo aparentemente coordinador, KAS hacía posible que ETA pudiese ejercer un férreo control sobre el entramado de organizaciones sectoriales que constituían el MLNV. El profundo acoso policial y judicial que sufrió la organización en Francia desde la mitad de la década de los ochenta, derivado de su intervención directa en ámbitos diversos, obligó a ETA a transferir a KAS buena parte de sus funciones, que hasta entonces constituían materias de su exclusiva competencia, como el control sobre los colectivos de presos, refugiados y deportados, o bien las relaciones exteriores y ciertas formas de coacción y violencia, ámbitos estos que, junto a las finanzas, forzosamente debían ser desarrollados dentro del marco de la «legalidad» para impedir su represión y criminalización. Pero el desarrollo eficaz de estas funciones era imposible para individuos que vivían en puntos muy distantes geográficamente.

En la década de 1990, la estructura de KAS como «bloque dirigente» se estimó inadecuada, porque las decisiones que ETA imponía en el conjunto del MLNV, merced a su voto de calidad en el órgano máximo de coordinación de la coordinadora, el llamado KAS Nacional, en la práctica cotidiana no tenían el seguimiento necesario. La razón era que este órgano carecía de los mecanismos de control para verificar de forma inmediata si las decisiones adoptadas se habían puesto en práctica. La comprobación se obtenía a posteriori, y los responsables de las organizaciones participantes en KAS no podían presentar los resultados hasta que se realizaban las reuniones con el comité ejecutivo de ETA, con lo cual se desconocía si las órdenes de la dirección habían sido acatadas.

La organización buscaba la fórmula de amarrar el pleno control de las funciones que había transferido a KAS, y por ese motivo esta última se constituyó en 1991 como una organización unitaria, u organización de organizaciones, a través de un proceso que recibió el nombre de Berrikuntza («remodelación»), disponiendo de sedes, responsables, militantes y órganos, tanto de expresión como de comunicación, propios. De ese modo la dirección de ETA pudo contar desde entonces con una estructura conformada por personas que gozaban de su plena confianza, que se encargaban de comprobar día a día, mediante una rigurosa supervisión, la aplicación efectiva de sus directrices.

Pero este proceso no logró acabar con los problemas, sino que generó otros distintos y de mayor calado, que surgieron por un doble derrotero. Por un lado, al asumir KAS entre las funciones transferidas por ETA alguna de evidente carácter delictivo, hizo que se planteara enseguida el inminente peligro de su pronta criminalización. Por otra parte, la función de comisarios políticos de ETA, desempeñada sin reservas por los responsables de KAS, desencadenó en algunos dirigentes de las distintas organizaciones sectoriales del MLNV reacciones adversas, de desconfianza e inseguridad estratégica, reivindicando al propio tiempo cierta autonomía en cuanto a la constatación de la ejecución real de los mandatos de ETA.

Debido a este cúmulo de circunstancias adversas, ETA decidió en 1994 difuminar la estructura de KAS a través de un proceso, que se llamó Karramarro («cangrejo»), con el fin de seguir controlando las organizaciones de manera más discreta y disimulada, menos impositiva, para evitar cualquier tipo de actuación policial o judicial. Al mismo tiempo se forzaba la presencia mayoritaria de los responsables de KAS impuestos por ETA en los órganos de dirección de las distintas organizaciones, clandestinizando la reducida estructura que subsistió como KAS. Los militantes de esta coordinadora dejaron de ser representantes de los distintos organismos sectoriales que la conformaban, para ser de manera exclusiva militantes de la organización y quedar insertos en cada uno de los colectivos cuyo control pretendía el brazo armado de la banda terrorista.

A pesar de la remodelación mediante el proceso Karramarro, las actividades de KAS fueron declaradas ilícitas por un auto dictado por mi juzgado el 20 de noviembre de 1998, lo que obligó a su disolución. Así, el frente militar de ETA perdió el instrumento de coordinación y control de su estrategia. Esa falta de dominio directo de las organizaciones sectoriales, sometidas hasta entonces a la dirección política a través de KAS, puso en serio peligro el carácter global del proyecto terrorista.

La declaración de tregua indefinida por parte de ETA, desde septiembre de 1998 y a lo largo de los primeros meses del año siguiente, se ceñía exclusivamente al desarrollo de las acciones armadas, que quedaron en suspenso, pero produjo en el seno de la organización un cierto descontrol en las otras formas de coacción social, cuya dirección venía ejerciendo KAS. Esto determinó la urgente necesidad por parte de ETA de contar con un instrumento que le permitiese establecer en cada momento las directrices del MLNV, de modo que necesitaba sustituir a KAS por otra estructura de coordinación que se amparase en una aparente legalidad.

En la documentación intervenida a la organización se ponía de manifiesto esa situación:

La ilegalización de una organización legal es mucho más costosa que la ilegalización de una organización alegal. En cualquier caso, la ilegalización no puede contemplar como hechos delictivos las actividades desarrolladas cuando la formación era legal, ni puede encausar a sus militantes, portavoces o dirigentes por el simple hecho de serlo, caso que sí puede llegar a suceder con las alegales. Podrá procesar a sus dirigentes o a militantes concretos en virtud de hechos muy concretos cualificados como delictivos, pero no por la actividad de la organización.

El análisis concluía:

El auto de Garzón deja la puerta abierta a la ilegalización inmediata (dependiendo de la coyuntura) de cualquier organización alegal. Eso no quiere decir que una organización legal por el mero hecho de serlo esquive la acción judicial o represiva, pero sí la dificulta: los seguimientos, intervención de documentos, espionajes… pueden ser denunciados en los Juzgados, sus asambleas no pueden ser impedidas o reventadas ni todos sus asistentes identificados in situ (como los congresos de Jarrai y HASI), lo cual no quiere decir que no lo hagan en un control de carretera (Topaketa [reunión de la Mesa Nacional] de HB en Segura).

El 23 de septiembre de 1999, a través de la agencia de prensa Amaiur Press Service (APS), próxima al entramado organizativo del MLNV, se difundió una información relativa a la sucesora de KAS, a la que se iba a llamar EKIN. En esas fechas se estaba llevando a cabo en varias localidades del País Vasco la convocatoria de movilizaciones para conmemorar el Gudari Eguna (Día del Soldado Vasco), en recuerdo de los fusilamientos de dos miembros de ETA en 1975. En su momento, esta jornada había servido para justificar el surgimiento coyuntural de KAS y, tradicionalmente, la coordinadora aberzale se encargó de organizarla hasta su disolución.

El diario Gara, al filtrarse la noticia, salió al paso diciendo:

[…] un teletipo difundido el miércoles por la agencia APS, y recogido posteriormente por los diversos medios, obligó ayer a salir a la luz pública, antes de tiempo, a un grupo de personas que están trabajando en la creación de una nueva organización de la izquierda aberzale, que se denominará EKIN.

Y remataba afirmando:

A través de un comunicado, los gestores de EKIN desmintieron los «errores monumentales» de la noticia, y ofrecieron algunos pormenores sobre este proyecto, en respuesta al eco adquirido por la nota de prensa de la agencia APS en varios medios, que la relacionaba con la extinta coordinadora KAS.

El acto de presentación de EKIN tuvo lugar durante los días 7 y 31 de octubre de 1999, en la localidad vizcaína de Guernica y en el frontón Anaitasuna de Pamplona. Trataban de darle difusión pública apartándolo de la clandestinidad para evitar así su posible ilegalización. Al igual que KAS en su última época, EKIN coincidía en sus objetivos, estructura y ámbito de actuación con los que se plasmaron en 1994 en la ponencia Karramaro de KAS.

Y como KAS, EKIN se conformaba en un núcleo nacional y en una serie de núcleos, ahora redenominados gunes, que operaban en el ámbito local (pueblos o barrios), cuyos responsables participaban a su vez en el nivel de eskualde (comarca), herrialde (provincia) y central. La pertenencia a los gunes se basaba en el principio de doble militancia: los responsables de EKIN se debían entregar a las organizaciones sectoriales del MLNV para su control y dinamización siguiendo los principios impuestos por el «núcleo nacional» y el aparato político de ETA.

Con EKIN, ETA contaba así de nuevo con un instrumento para ejercer la dirección del conjunto del MLNV. Se había tomado el histórico nombre que fue adoptado por los propios creadores de ETA en la década de 1950 por su carácter simbólico. Existía documentación que la definía como la bizkar hezurra (columna vertebral) de la organización, entre ellos el documento Kronika incautado a José Javier Arizcuren Ruiz en 1999 en Francia, en el cual se realizaba una valoración sobre una reunión de esta organización identificándola con dicha denominación. Era evidente que existía una persistencia en las funciones que antes tenía KAS, y en el folleto denominado ETAren ekimena (La iniciativa de ETA) intervenido unas fechas antes se describía un instrumento asimilable a esta nueva organización.

EKIN asumía la continuidad a través de sus responsables y trataba de ejercer un completo control de todas las estructuras de las organizaciones sectoriales del MLNV activas en cada localidad, a través de su militancia. Se buscaba crear también un «movimiento real», permitiendo el flujo de dirección desde el aparato político de ETA y el núcleo nacional de EKIN hasta las distintas organizaciones del entramado del MLNV.

En ese nivel se hallaban, entre otros, José María Matanzas Gorostizaga, un abogado que habitualmente defendía a los presos de ETA, y el parlamentario vasco Jon Salaberria Sansinenea, responsable —según las investigaciones— de la dirección de la kale borroka, de la definición de su necesidad y de la concreción del marco general en que debía encuadrarse. Salaberria fijaba los objetivos e impartía las directrices de carácter global, mientras que los fines concretos, los instrumentos que debían utilizarse, la fecha, hora o lugar, y las personas que debían ejecutar tales actos quedaban a juicio de quienes desarrollaban la acción concreta.

Por tanto, EKIN se encargaba de controlar la propia aplicación de la estrategia político-militar que permitía articular las distintas formas de lucha, incluida la violencia terrorista de la propia ETA, valorando en cada momento la oportunidad de utilizar unos u otros métodos de lucha en función de los análisis de cada situación. De hecho, como su responsable, Javier Arregui Imaz, puso de manifiesto en su declaración judicial, «dependiendo del momento político, en los niveles superiores de EKIN se realiza la lectura de la situación y se adoptan las medidas necesarias».

En definitiva, tras la operación policial Lobo Negro, desarrollada en septiembre de 2000 y que acabó con la detención de veintiún presuntos responsables, pude desmantelar de nuevo la estructura de dirección del MLNV, personificada antes en KAS y en ese momento en EKIN. Tras el análisis de los documentos intervenidos y de las declaraciones de los detenidos, llegué a las siguientes conclusiones: el binomio ETA-EKIN, como hasta 1998 el formado por ETA-KAS, constituía una sola estructura delictiva compleja, en la que existía un reparto de funciones complementarias para el desarrollo de la estrategia político-militar.

EKIN, al igual que KAS, presentaba características de opacidad y clandestinidad, tanto en sus estructuras como en la pertenencia de sus miembros y sus actividades. Era gestionada, en algunos casos, por las mismas personas que, al menos hasta 1998, cobraban un sueldo por su condición de responsables liberados de KAS.

Las actividades de EKIN

El binomio ETA-EKIN para la puesta en escena de su estrategia político-militar, además de las acciones criminales, fijaba sus objetivos en la consecución de la llamada Alternativa Democrática, siendo el instrumento encargado de su impulso y control en el resto de las organizaciones del entorno, así como de coordinar y complementar esa estrategia. En este sentido permitía:

funcionar integralmente en todos los frentes (militar, político, cultural-informativo, económico, de masas…);

impregnar a todas estas estructuras organizativas del carácter revolucionario;

establecer una complementariedad entre unos frentes y otros;

dotar de coordinación a una estructura compleja que debía actuar en diversos ámbitos territoriales y frentes;

garantizar el sometimiento a la disciplina orgánica de ETA-EKIN de todo el conjunto organizativo;

ser el referente de radicalidad y la vanguardia de todos los frentes;

asegurar la capacidad de regeneración organizativa.

Como antes KAS, EKIN —junto con ETA— codirigía el conjunto organizativo del MLNV, constituyendo una sola organización criminal que actuaba en ámbitos distintos, asumiendo la puesta en práctica de la estrategia político-militar común y ejerciendo el control de una serie de actividades que se concretaban en:

El ejercicio de la dirección política global merced a la presencia de sus responsables en el seno de las distintas organizaciones constitutivas del MLNV.

El control y dirección de formas de violencia complementarias de la de ETA, como la kale borroka, instrumentalizando a la organización Jarrai-Haika.

El control de las relaciones exteriores del conjunto, a través de Xaki.

El control del colectivo de presos de ETA, caracterizado como un «frente de lucha» más, a través de Gestoras Pro Amnistía y su bufete de abogados.

El control del denominado movimiento popular y la puesta en práctica de un proyecto de desobediencia, destinado a deslegitimar al Estado y a arrinconar su capacidad normativa, a través de la Fundación Joxemi Zumalabe y de Autodeterminazioaren Biltzarrak (Asambleas para la Autodeterminación).

El control y desarrollo de un «servicio de información», denominado ENAMko Informazio Taldea, dedicado a la captación de información.

El desarrollo de un entramado económico-financiero destinado al sostenimiento de todas las actividades que se concretaba en el Proyecto Udaletxe.

Asimismo, EKIN cumplía y desarrollaba funciones análogas a las que anteriormente desarrollaba KAS y sus responsables y militantes, los cuales constituían una dimensión organizativa imprescindible para la aplicación de la estrategia «político-militar» sirviendo de cauce para las distintas directrices sobre todas las organizaciones del MLNV. Dentro del binomio ETA-EKIN, la primera constituía la «dirección», mientras que la segunda era el «motor» y la «columna vertebral», es decir, los «engranajes» del proyecto revolucionario común.

KEA y el Colectivo Elkano

En 1994 los vínculos que unían a KAS y ETA eran ya evidentes. En el ámbito internacional, esta relación aparecía a través del comité de relaciones exteriores de ETA, el KHK (Kanporako Harremanak Komitea), lo que implicaba la posible criminalización de las estructuras dedicadas a ellas. Pero este órgano no lograba los niveles de coordinación esperados entre los aparatos de relaciones internacionales de las distintas organizaciones, presentando serias deficiencias. Así se puso de manifiesto principalmente desde HB, y fue reconocido por la propia ETA.

Como respuesta se creó un nuevo órgano, KEA (Kanporako Eraketa Amankomunatua), una estructura mancomunada exterior que continuó siendo controlada por KAS y ETA a través del Colectivo Elkano, formado por responsables del aparato político etarra. KEA se componía de dos órganos: Zabala («abierto, amplio»), dedicado a adoptar las decisiones de carácter general y en el que participaban los encargados de las relaciones internacionales en las distintas organizaciones del MLNV, y Bulego («oficina»), con carácter ejecutivo y que reunía a los propios responsables de KEA.

Asociación Europea Xaki

En enero de 2000 continué con la actuación procesal sistemática contra ETA en toda su extensión política y militar. Desplegamos entonces la siguiente fase en la estrategia, conocida como Operación Curro y dirigida contra Xaki, la estructura de relaciones exteriores del MLNV controlada y dirigida por ETA. Fueron detenidos e imputados doce responsables e ilegalizada la asociación, que había nacido legalmente y, más tarde, fue fagocitada por la organización terrorista.

La Asociación Europea Xaki supuso el nacimiento de un organismo legal de actuación pública para el desarrollo de las relaciones exteriores del MLNV, a diferencia de KHK y de KEA, que no eran más que órganos internos de dicho movimiento sin apenas proyección exterior.

ETA seguía estando bien presente y continuó decidiendo la estrategia que debía seguirse en el plano internacional. Así, la primera misión que encomendó a Xaki fue la difusión internacional de sus reivindicaciones —expuestas en la Alternativa Democrática de Euskal Herria—, y después le asignó la función de intentar crear una opinión en la comunidad internacional que apoyara la resolución dialogada del «pretendido conflicto» de ETA con el Estado español y la asunción, por parte de este último, de sus reivindicaciones durante el periodo en que la organización terrorista no cometió asesinatos, entre septiembre de 1998 y finales del año siguiente.

En la esfera de las relaciones internacionales, cada una de las organizaciones del MLNV bajo la coordinación de KAS designaba a determinados individuos con la encomienda de establecer y mantener sus relaciones exteriores, controladas todas ellas en última instancia por ETA. El grupo de personas que, participando en KAS, desarrollaban tareas del KHK carecía de capacidad de decisión independiente, ya que tenían que llevar a cabo sus actividades bajo el férreo control que el brazo armado de la banda terrorista mantenía por medio de un consejo compuesto por responsables políticos de la organización.

Las funciones de esta estructura de relaciones internacionales al servicio de ETA se resumían en el establecimiento de relaciones políticas con instituciones y grupos políticos y sociales de distintos países, a través de los cargos públicos y parlamentarios de HB, del equipo de especialistas en relaciones internacionales de Gestoras Pro Amnistía y sus organizaciones conexas —como el Equipo contra la Tortura (Tortuaren Auskako Taldea, TAT)— y de los aparatos de relaciones exteriores del sindicato LAB, Jarrai y la organización feminista Egizan.

La primera medida adoptada por ETA tras la remodelación fue la apertura, en octubre de 1992, de una delegación permanente en la capital de la Unión Europea. Este órgano, denominado Herri Enbaxada («embajada popular») y conocido como Bruselas Taldea (BT), debía apoyar la actividad del europarlamentario Karmelo Landa Mendibe. Más tarde se abrió otra delegación permanente, en este caso en París, para garantizar el control de los colectivos de deportados y refugiados a través de una comisión específica, la Deportazioa Komisioa (DK), con el fin de asegurar su permanencia dentro de la disciplina de ETA.

En la sentencia de la Audiencia Nacional se explicaba así:

[…] uno de los primeros objetivos del comité actual cuando se creó fue la recuperación de compañeros que por diversos motivos andaban desligados del grueso del colectivo. Para ello, se tomó contacto, con unos en directo y con otros por carta, para hablar del tema. Con algunos se consiguió el objetivo y con otro hoy es del día que seguimos intentándolo… Sería conveniente señalar que otros compañeros […] estaban considerados como «autoexcluidos», y no como expulsados por decisión unánime de la asamblea de este país, que regularmente se reunía para información y toma de decisiones […].

El objetivo era asimismo la búsqueda de los distintos canales de comunicación entre los responsables de ETA y los miembros de esta organización que se encontraban en el extranjero, en condiciones adversas, realizando aquellos una autocrítica derivada de la escasa atención que estaban dispensando a sus refugiados y deportados. También procuraban documentaciones falsas a militantes de ETA que se hallaban en la clandestinidad para que estos pudiesen regresar a las estructuras operativas de la organización terrorista.

El origen de Xaki

A pesar de los muchos esfuerzos desplegados por la organización para conseguir el control eficaz de todo el equipo de relaciones internacionales de las organizaciones sectoriales del MLNV englobadas en KAS, y para solucionar la situación de descontrol que el KEA no consiguió solventar, en 1996 tomaron la decisión de intentar de nuevo la creación de una organización que pareciera absolutamente desvinculada de ETA y de KAS. Para ello, este nuevo órgano debía estar integrado por personas formalmente independientes de la coordinadora aberzale y de la organización terrorista, dotado de sedes aparentemente independientes, y compuesto por una estructura y una ejecución de funciones que no presentaran ni un solo punto de conexión con ETA o con KAS.

Por este camino, y como consecuencia de los acuerdos alcanzados, se produjo la reconversión del KEA en la Asociación Europea Xaki (Xaki Europear Elkartea). Fundada el 13 de marzo de 1996, fijó su sede exactamente en la misma dirección de San Sebastián donde se encontraba la de HB.

Xaki se presentó oficialmente en Bilbao el 23 de julio de 1996. Al día siguiente, en la localidad vizcaína de Bermeo y durante las Jornadas Internacionales de Verano que había convocado, la nueva asociación lanzó su mensaje al resto del mundo. A partir de ese momento, Xaki coordinó todas las relaciones exteriores de las distintas organizaciones del MLNV e hizo posible la representación global en el plano de las relaciones internacionales, dejando otras y superando la simple función de coordinación interna que hasta entonces ejercieron los alegales KHK y KEA.

Los fines

A través de Xaki, ETA perseguía seguir manteniendo el control sobre su colectivo de deportados y refugiados. Estos se habían quejado en repetidas ocasiones, desde los diferentes lugares en que residían, del abandono en que se encontraban por parte de la organización. Xaki debía mejorar esta situación, con el fin de recuperarlos al servicio de su brazo armado, y organizar la ejecución de actuaciones encaminadas a contrarrestar las peticiones de extradición cursadas por las autoridades judiciales españolas a diversos países.

Otros fines eran los de tratar de deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español, preconizando que vulneraba de forma sistemática las garantías constitucionales de los militantes de ETA detenidos por fuerzas policiales y puestos a disposición judicial, y difundir los supuestos medios represivos que, según decían, España utilizaba contra el pueblo vasco. Además, debían intentar hacerse con documentaciones auténticas para su posterior manipulación y utilización por miembros de ETA, así como seguir ostentando el liderazgo sobre el colectivo de reclusos de la organización terrorista, a los que, de forma sistemática, llamaban presos políticos vascos. Pretendían demostrarlo a través del efectivo ejercicio de facultades, como la expulsión de ese colectivo de aquellas personas que no se sometían a las directrices que les marcaba ETA. Por último, querían imponer por la fuerza el uso del euskera a todos los ciudadanos procedentes de cualquier otra comunidad autónoma española que se establecieran en el País Vasco, considerándolos extranjeros e impidiéndoles una normal convivencia.

Por tanto, las tareas desarrolladas por la Asociación Europea Xaki, y antes por KHK y KEA, superaban con mucho el simple control político disciplinario y humanitario de los militantes fuera del control directo de la cúpula etarra, y se extendían a estas funciones complementarias que, en un principio, correspondían a la estructura «legal» de relaciones internacionales de la propia ETA.

La estructura de Xaki

La composición de la Asociación Europea Xaki se concretaba en la Xaki Nacional, que ostentaba la dirección superior de las relaciones exteriores del MLNV y de ETA. En este órgano participaban, por parte de ETA, el Colectivo Elkano y, por parte de KAS, los responsables de Xaki.

El Zabala era un órgano que tenía como cometido específico trasladar las decisiones adoptadas por Xaki Nacional a las organizaciones de exteriores del MLNV. Estaba compuesto por los representantes de todas las áreas de relaciones internacionales de las distintas organizaciones.

Por su parte, la Bulego se encargaba de supervisar las decisiones tomadas en el Xaki Nacional y, entre otras secretarías, contaba con la de Derechos de los Ciudadanos y de los Pueblos y la de Relaciones Exteriores, esta última con un responsable en el ámbito geopolítico (Estado español, Estado francés, Europa, América Latina y mundo).

Desde 1997, la Asociación Europea Xaki publicó una revista con carácter bimensual titulada Info-Euskal Herria.

Las delegaciones permanentes, cada una de ellas llamada Herri Enbaxada, se ubicaron en Bélgica, concretamente en Bruselas, la capital de la Unión Europea; Francia, con sede en París; América, donde se instaló en México; y España, en el País Vasco. Estas delegaciones aparecían formalmente como representaciones exteriores de Herri Batasuna, pero en realidad constituían órganos de la Asociación Europea Xaki. Sobre todas ellas ETA ejercía su pleno dominio y un férreo control, manteniendo fluidas comunicaciones con el responsable de Xaki.

Nos encontrábamos ante unas organizaciones permanentes que se desenvolvieron desde 1976 a 2000 en el entorno de ETA. Aunque no disponían de armas, tenían una clara voluntad de participar en los fines de la organización terrorista, complementando —en el caso de KAS y EKIN— la actividad de lucha armada de ETA mediante el control y la dirección de los reiterados actos de kale borroka. Estos actos de violencia callejera eran protagonizados por las organizaciones juveniles Jarrai y sus sucesoras Haika y Segi, declaradas organizaciones terroristas en la sentencia del Tribunal Supremo 50/2007. Seguían las directrices que les eran impuestas por KAS, primero, y por EKIN, después, así como el señalamiento de posibles objetivos de ataque entre los alcaldes del partido Unión del Pueblo Navarro o los funcionarios de instituciones penitenciarias, como forma de apoyo a las reivindicaciones del colectivo de presos. En el caso de Xaki, mediante la recuperación para la lucha armada de aquellos militantes que habían sido deportados o proporcionándoles documentación auténtica manipulada para facilitar la ejecución de actos terroristas.

La sentencia del Supremo

La pretendida separación radical entre ETA y las organizaciones KAS, EKIN y Xaki, limitando a la primera la consideración de organización terrorista, no debía ser aceptada, según dictaminó el Tribunal Supremo en su sentencia 480/2009:

El terrorismo no es, ni puede ser, un fenómeno estático, sino que se amplía y diversifica de manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades, por lo que el legislador penal democrático en la respuesta obligada a este fenómeno complejo ha de ir ampliando también el espacio penal de los comportamientos que objetivamente han de ser considerados terroristas y la propia jurisprudencia ha de seguir esta evolución y acomodarse en su interpretación a esta realidad social del tiempo en que aquellos preceptos penales han de ser aplicados.

Una organización terrorista que persigue fines pseudopolíticos puede intentar alcanzarlos no solo mediante actos terroristas, sino también a través de actuaciones que en sí mismas consideradas no podrían ser calificadas como actos terroristas (movilizaciones populares no violentas, actos de propaganda política no violenta, concienciación popular de la importancia de los fines, etc.).

También es posible que haya organizaciones no terroristas cuyos fines políticos coincidan en todo o en mayor o menor medida con los que pretende alcanzar la organización terrorista. Y que incluso no se manifiesten en contra del uso de la violencia para la obtención de esos fines, aunque no la utilicen directamente. Ello no las convierte en organizaciones terroristas.

Pero cuando lo que aparentemente son organizaciones políticas independientes en realidad funcionan siguiendo las consignas impuestas por la organización terrorista, son dirigidas por personas designadas o ya pertenecientes a la organización terrorista y son alimentadas, material o intelectualmente desde aquella, y además le sirven como apoyo y complemento para la consecución de esos fines a través de actos violentos, la conclusión debe ser que aquellas forman parte de esta última, e integran por lo tanto, una organización terrorista, aunque sus miembros no hayan participado directamente en ningún acto violento. O bien que constituyen una organización terrorista separada, pero dependiente de la anterior.

[…] lo que se aprecia es la existencia de una organización terrorista que ha llegado a adquirir una gran complejidad, que utiliza para la consecución de sus fines no solo la violencia y el terror encomendados a grupos que, aunque clandestinos, son bien identificados en su naturaleza y características, sino también otros medios, que son puestos en práctica a través de grupos, asociaciones o similares que, aunque parecen legítimas en su acción política, que en sí misma no es delictiva, sin embargo obedecen las consignas y funcionan bajo su dirección. Es pues, la organización globalmente considerada la que es terrorista en cuanto se dedica a la comisión de actos de esta clase, y de la que dependen otros grupos que, formando parte íntegra de aquella, contribuyen de otras variadas formas a la consecución de sus fines bajo su misma dirección.

En consecuencia, las organizaciones, a que se refiere el presente proceso son terroristas […].

Por tanto la diferenciación entre la organización terrorista armada y estas otras organizaciones no puede mantenerse. La inicial finalidad de estas no era la de un simple apoyo «moral» a la acción armada, sino que abarcaba actividades necesarias para el mantenimiento empresarial de ETA, para el sostenimiento de los militantes de ETA, y la desestabilización institucional y social con el propósito de difundir una situación de alarma o inseguridad social; actividad que complementa el verdadero terror ejercitado por la organización propiamente armada; actividad si se quiere complementaria pero bajo los designios de ETA a través de los medios de coordinación [decididos por ella].

En definitiva, tanto a nivel político y social como penal se deben identificar como organizaciones terroristas a ETA con todas estas organizaciones por ella orientadas, en cuanto se trata en realidad de organizaciones o asociaciones que, coordinadas y bajo los designios de ETA, complementan en distintos ámbitos la estrategia de la organización hegemónica, y aunque formalmente se trate de entes distintos e independientes, ello no impide que pueda afirmarse la existencia de una unidad esencial de la organización terrorista ETA, con concreción de los distintos ámbitos sectoriales en los que se desenvuelve su actuación, se integran o dependen de la estructura ilícita incluida en el complejo terrorista dirigido y urdido por ETA, y siendo sus responsables conscientes de esa dependencia y participando activamente en la dinámica delictiva, desarrollan su actividad al servicio de los fines de la organización terrorista, y realizan actos de dirección de la lucha callejera [sentencia del Tribunal Supremo 50/2007], obtienen documentos para futuros atentados y mantienen a terroristas en el extranjero con el fin de recuperarlos al servicio del brazo armado.

Itzali, operación contra la desobediencia

En el Juzgado se seguía coordinando la investigación con el apoyo de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información. Para dotar de discreción a las investigaciones, se llevaron a cabo unas diligencias previas en las que se empezó a indagar sobre el funcionamiento y los responsables del proyecto de desobediencia civil ideado por el aparato político de ETA.

Uno de los instrumentos para lograr esa construcción nacional propugnada por la organización era la llamada desobediencia. En el documento de debate mencionado en el Proyecto Karramarro de KAS, desarrollado durante 1994, ya se mencionaba esta vía de acción. El resultado del debate fue oficializado y asumido por ETA en el número 72 de su Zutabe, donde —bajo el epígrafe «Desobediencia civil: Hacer frente continuamente a la opresión española y francesa»— se proponían diversas conductas colectivas de rechazo al Estado:

Rechazo de los documentos que desde el nacimiento identifican a los ciudadanos como españoles o franceses, y creación y utilización de un registro sustitutorio.

Apertura de vías para no utilizar documentación oficial española o francesa, recurriendo a documentos exclusivos de Euskal Herria, y obligando a las instituciones e instancias a su aceptación en la práctica.

Enfrentamiento con la tendencia que, según sus planteamientos, multiplicaba la españolidad o la francesidad por medio de los deportes, encauzando una dinámica representada por deportistas vascos, al tiempo que rechazaban que los ciudadanos vascos se presentasen como deportistas españoles o franceses.

Creación y puesta en práctica de formas efectivas de desarrollar la insumisión fiscal.

Lucha contra la lotería y las quinielas, que consideraban instrumentos de negocio para el Estado.

Creación de posibilidades para que Euskal Herria pudiese gestionar sus propios recursos económicos.

Estas directrices de carácter desobediente estaban dirigidas al movimiento popular, constituido por muchos organismos activos alrededor de cualquier tema que suscitase una mínima sensibilidad social. El movimiento había sido controlado, hasta su disolución en 1995, por una organización muy activa denominada Abertzale Sozialista Komiteak, o Comités Socialistas Patrióticos, más conocida por las siglas ASK. Su responsabilidad constaba en el documento Ponencia KAS Bloque Dirigente, intervenido con ocasión de la localización de una fábrica clandestina de explosivos de ETA en la localidad de Mouguerre (Francia), en septiembre de 1994. En ese documento se afirmaba literalmente que «los ASK se configuran como la organización revolucionaria de KAS para el movimiento popular». Quedaba claro igualmente que en su seno se articulaban y coordinaban las actividades y dinámicas de los organismos activos en ese ámbito, como Gestoras Pro Amnistía, AEK, Eguzki y otros.

La Fundación Joxemi Zumalabe sustituyó a ASK en el control y dirección de ese movimiento popular desde 1996. Esta entidad recogió inicialmente en su seno a las antiguas organizaciones sectoriales, desde la ecologista Eguzki y la feminista Egizan hasta AEK —la plataforma de aprendizaje del euskera para adultos— e incluso Gestoras Pro Amnistía, al tiempo que asumía los mismos objetivos que los antiguos ASK.

En el curso de la operación policial Itzali, realizada en octubre de 2000, entre el material intervenido en el registro de la sede de la Joxemi Zumalabe se descubrió documentación de todas esas organizaciones que constituían el Frente de Masas de ETA-KAS-EKIN, incluida la relación de sus máximos representantes ante la fundación.

La entidad comenzó a articular foros de debate y teorización sobre distintas iniciativas que pudieran concretar la propuesta «desobediente» de ETA, y sobre la forma de socializar esas iniciativas y la promoción de conductas colectivas de desobediencia, así como labores de complementariedad entre lo que llamaban lucha institucional y lucha de masas con el fin de poner en marcha una estrategia desobediente como complemento de aquellas.

Una vez concretada la propuesta de desobediencia de ETA en el Proyecto Piztu Euskal Herria (piztu significa «encender», de ahí que la respuesta contra él se llamase itzali, «apagar»), la Fundación Joxemi Zumalabe dio comienzo a todo el proceso de socialización, difusión y puesta en marcha de sus contenidos entre los organismos del movimiento popular, con especial incidencia en las Asambleas para la Autodeterminación (Autodeterminazioaren Biltzarrak).

En abril de 2001, pocos meses después de la Operación Itzali, dicté auto de ilegalización de EKIN. Fue de forma casi simultánea a que la Sección Cuarta Penal de la Audiencia excarcelara a siete de los catorce dirigentes de esta entidad que envié a prisión. En su auto, que contó con un voto discrepante, mis colegas consideraban que los indicios delictivos contra estas personas que recuperaban la libertad eran de menor intensidad. Estos magistrados no habían seguido durante años cada indicio, cada pista, cada documento capturado atando cabos, realizando una labor titánica con pocos medios para ir un paso por delante, para cortar el grifo económico y social a una banda criminal de la que ya veíamos cómo empezaba a dolerse de estas acciones. No tenían la visión global de lo que ocurría, ni veían la frustración de los investigadores que habían protagonizado un esfuerzo tan extraordinario.

Gestoras Pro Amnistía

En octubre de 2001 se desarrolló la Operación Udazkena («otoño») contra Gestoras Pro Amnistía, otra organización subordinada a ETA a través de la dependencia de KAS-EKIN. Se encargaba del control y sostenimiento de los miembros de ETA en prisión o en la clandestinidad en otros países, y se la consideraba responsable de la captación de nuevos militantes para ETA y de la convocatoria de las jornadas de lucha. Resultaron detenidos quince responsables, imputados catorce más y Gestoras fue declarada ilegal.

La investigación sobre Gestoras Pro Amnistía se inició con el análisis del documento intervenido a raíz de la detención en Francia del miembro de ETA José María Dorronsoro. A partir de ese trabajo y del resto de las investigaciones que realizamos en el Juzgado con la Comisaría General de Información, averiguamos cómo los militantes de ETA en prisión seguían estando sometidos a la disciplina que imponía la dirección de la banda terrorista y debían incluso rendir cuenta de sus actividades. Además, supimos que esa labor de control la ejercían los integrantes de una entidad, en aquellos momentos identificada como Z o ZZ, que podía entrevistarse directamente con los presos.

Existían varias referencias que hacían pensar que actuaban tanto en España como en Francia. Comprobamos que realizaban propuestas jurídicas sobre procedimientos penales en los que estaban implicados militantes de ETA y, sin duda alguna, tenían acceso al contenido de los procedimientos judiciales que les afectaban e incluso podían introducir documentos en los centros penitenciarios. Averiguamos que encuadraban su labor profesional en el contexto político de cada momento, y por eso se reunían ocasionalmente en territorio francés. Llegamos a saber que uno de ellos se encontraba preso en las fechas de elaboración del documento intervenido y que otro utilizaba el nombre orgánico de Errobi, mientras que otros eran identificados como C o CF, J y Ertzo.

Había dos colectivos, uno grande y otro pequeño, que se quería replicar en Francia, bajo la entidad de una dirección superior denominada Adidas, con responsabilidad sobre las actividades de los integrantes de Z tanto en España como en Francia. Adidas recibía instrucciones directas de los dirigentes de ETA, con quienes mantenía un flujo constante y periódico de información; hacía llegar comunicaciones de esos responsables a los presos, tanto en Francia como en España, y tenía capacidad para actuar en representación de ETA, algo reconocido tanto por los presos como por toda la estructura del MLNV; y también ponía en marcha las iniciativas decididas por los responsables de la organización terrorista ETA que afectaban al colectivo de presos etarras como, por ejemplo, las huelgas de hambre o los txapeos, término que se podría traducir como «encierro en la propia celda».

La estructura tenía capacidad para conocer el contenido de las manifestaciones prestadas por los militantes de ETA detenidos y encartados en procedimientos judiciales. Se encargaba de editar la publicación Zohardia y también de cumplimentar las instrucciones de los responsables de ETA en relación con los centros penitenciarios, directores y funcionarios implicados en presuntas agresiones físicas a presos. Gestoras había denunciado de forma sistemática desde 1994 a los centros penitenciarios, a sus directores y a los funcionarios destinados en ellos por presuntas agresiones físicas recibidas por los presos de ETA.

Todos estos elementos configuraban un perfil que se ajustaba de forma perfecta y exclusiva al del organismo alegal Gestoras Pro Amnistía, en el que se integraban los abogados encargados de la asistencia y defensa tanto de los presos de ETA como de los detenidos por actividades relacionadas con el MLNV.

Los abogados integrados en este colectivo eran los únicos con capacidad para realizar propuestas en el marco de procedimientos penales que afectaban a los militantes de ETA, con implantación a ambos lados de la frontera hispanofrancesa…, y también eran los únicos con posibilidad de entrevistarse personalmente con los presos con garantías de poder entregar y recoger comunicaciones y relacionarse con ellos con total discreción, amparados en el derecho de defensa y el secreto profesional. Tenían acceso incluso al contenido de las declaraciones de los militantes detenidos y una estructura con suficiente capacidad como para activar o poner en marcha campañas de lucha de los presos y complementarlas desde el exterior convocando movilizaciones de otras estructuras del MLNV. Además, se conocía que era el organismo editor de la publicación Zohardia, en la que figuraba como director Miguel Ángel Corta Carrión.

Y efectivamente, en las fechas de elaboración de algunos de los documentos a los que se ha hecho referencia, uno de los integrantes de este bufete de abogados, José Miguel Gorostiza Vicente, se encontraba encarcelado, tal como se reseñaba en uno de los papeles, donde se hacía referencia a «el Z que está en el mako en Navarra».

Sobre las referencias a C o CF, en uno de los documentos se cuestionaba: «¿Qué hostias nos ha hecho CF?». Y en otro se aclaraba:

[…] los problemas que existen con el Z de P y, en general, las incapacidades que existen no se solucionarán de la noche a la mañana y en un debate cara a cara, porque está claro que, en el caso de C, el problema no es el del dinero o el de la dedicación, sino el modo de entender su tarea y el punto de vista político. Bueno, no os enseñaremos nada nuevo y está claro sobre qué estamos tratando. Pero ese problema en Hegoalde [el País Vasco más Navarra] está latente de momento y con algunos Zs concretos.

Es decir, C o CF era un abogado que desarrollaba su labor en P (¿París?), que no tenía problemas de dinero o de disposición al trabajo, pero que se mostraba discrepante con los responsables de ETA, tanto en la forma de entender su función como en el punto de vista de su enfoque político. En las fechas de elaboración del documento, la abogada Claire Freyssinet, que hasta ese momento se había hecho cargo de la defensa de los militantes de ETA en Francia, había hecho pública su renuncia a seguir ejerciendo esta labor por discrepancias con los responsables de la organización sobre la línea técnica que debía seguirse.

En ese mismo periodo también se intervinieron otros documentos a responsables de ETA como Kepa Picabea Ugalde, que complementaban los anteriores y permitieron establecer una serie de elementos. Entre ellos, que el colectivo de presos de ETA era considerado por la organización terrorista como una fila de lucha más: el «frente de makos», o «frente de cárceles», sometido a la disciplina orgánica de ETA, que utilizaba para ello el nombre orgánico de Erribera. Las iniciativas, tanto del colectivo de presos como las de cada uno de ellos a título individual, eran controladas por la estructura dirigente de la propia banda terrorista, de tal modo que incluso las decisiones de iniciar una «huelga de hambre» o un txapeo procedían de los responsables de ETA o bien, como mínimo, necesitaban su aprobación. Este frente se creó ante el riesgo de la quiebra de la cohesión exigida por ETA a los presos, como consecuencia del arrepentimiento o la dispersión.

ETA se valía para ejercer el control sobre este frente de makos de la estructura de Gestoras que actuaba como mecanismo de enlace y comunicación, a través al menos de algunos de los abogados de su bufete. Este organismo también coordinaba y activaba formas de lucha complementarias a la de ETA en apoyo a movilizaciones del colectivo de presos.

Gestoras recababa, a través de sus abogados, datos transcendentes para la seguridad interna de ETA extrayéndolos de los procedimientos penales en los que sus militantes estaban implicados. En algunas ocasiones incluso señalaba a los presuntos responsables de la situación de los presos de ETA, convirtiéndolos en potenciales objetivos de su actuación terrorista, así como a personas e instituciones que no secundaban las movilizaciones convocadas en apoyo o solidaridad con las desarrolladas por los presos. Además, difundía como propias publicaciones directamente elaboradas por ETA.

La instrumentalización de Gestoras por parte de ETA fue posible, en una primera fase, por la pertenencia de este organismo a la estructura de KAS y, más tarde, por la presencia en sus órganos de dirección y estructura de miembros de esta última que actuaban como delegados de los responsables etarras, mecanismo que se mantuvo cuando la coordinadora fue sustituida por EKIN.

En esa primera fase, Gestoras actuaba bajo el control de los ASK, tal y como constaba en el documento titulado Evolución político-organizativa de la izquierda aberzale, en el que se las consideraba como uno de los organismos de tipo sectorial «no integrados en KAS». Aunque se podría pensar que no era, en principio, una organización de la coordinadora KAS, en la descripción del funcionamiento de todo el conjunto y en la definición de su configuración directiva se explicaba que los ASK —de los que dependía Gestoras— eran una vanguardia delegada de KAS para el movimiento popular. Por tanto, era indudable que ASK controlaba Gestoras, cumpliendo a su vez las directrices generales que se establecían en KAS, en la que los responsables de ETA imponían sus criterios merced a su voto de calidad. De hecho, en el documento titulado Kodigo Berriak, Gestoras figuraba junto a las distintas organizaciones con la clave G-M.

A partir de la remodelación estructural y funcional de KAS operada en 1994 a través de los procesos Txinaurri y Karramarro, se produjo una nueva instrumentalización de Gestoras. En sus órganos de gobierno y en su estructura aparecieron miembros de KAS que actuaban «desdoblados», a manera de comisarios políticos o delegados de la propia ETA. De tal modo que, a partir de 1998, una vez disuelta KAS, esa función pasó a ser ejercida por EKIN.

El mecanismo para la coordinación de esta nueva estructura se concretaba a través de dos tipos de reuniones: las de coordinación de la izquierda aberzale y las bilaterales. Las primeras eran aquellas en las que participaban todos los responsables de las distintas estructuras constitutivas de la izquierda aberzale excepto ETA. (Las agendas personales de algunos de los responsables de Gestoras como Julen Larrinaga Martín, Jagoba Terrones Arrate, Julen Celarain Erraztio y Gorka Zulaica Amochategui, que fueron intervenidas, recogían profusamente la celebración y desarrollo de esas reuniones de coordinación.) Las bilaterales consistían en encuentros entre los responsables de EKIN y los de Gestoras, de los que también existen abundantes referencias en la agenda personal del responsable de EKIN, Rubén Nieto Torio, que había sido intervenida en la anterior gran operación policial. En ella, además, aparecían otras referencias que ponían de manifiesto el control por parte de EKIN sobre las actividades de Gestoras Pro Amnistía.

Como ejemplo para evidenciar aún más si cabe este mecanismo de las reuniones bilaterales pueden servir las manifestaciones del responsable de EKIN, Javier Arregui Imaz, quien explicó que se trataba de reuniones entre dicha estructura y alguna de las organizaciones «sectoriales» del MLNV para un intercambio de información. Es clarificador también el conjunto de actas intervenidas al también responsable de esta organización, Carlos Íñigo Blasco, donde se daba cuenta tanto de la celebración de esas reuniones «bilaterales» como del carácter fiscalizador de las mismas, en las que los miembros de EKIN supervisaban las actividades desarrolladas y corregían las desviaciones.

Esta peculiar forma de relación entre los miembros de EKIN y los de Gestoras se ponía de manifiesto también en un documento titulado Xorrotx («sutileza»), intervenido a José Javier Arizcuren Ruiz y presuntamente elaborado y remitido por Mikel Gotzon Eguibar Michelena, que también era uno de los responsables de EKIN ubicado en Xaki. En él se establecía, respecto de la remodelación estructural y funcional, que Gestoras asumiera las funciones de elaborar propuestas después de mantener la reunión con los responsables de EKIN, quienes debían añadir o cambiar algunos elementos y, finalmente, esa propuesta debía ser remitida a los responsables de ETA para su aprobación final.

En otro documento incautado a Arizcuren Ruiz, el titulado Kaixo Com, se dejaba bien clara la función que ejercía alguno de los abogados del bufete de Gestoras recabando y actuando como enlace entre los responsables de ETA y sus militantes. En ese escrito, dirigido al colectivo de huidos en México, se afirmaba:

[…] nos comentáis que estáis enfadados porque no habéis recibido las cantadas de los últimos tres expulsados, ¿y qué queréis que os digamos?, pues el caso es que tampoco nosotros las hemos recibido todavía. Intentaremos conseguirlas y enviarlas por medio del abogado que proponéis […].

Esto evidenciaba que, ante la expulsión administrativa de militantes de ETA localizados en México, el responsable de este colectivo demandaba datos sobre las declaraciones que hubieran podido realizar para adoptar medidas, con el fin de eludir nuevas detenciones y proteger las infraestructuras en ese país, y que el instrumento utilizado por los responsables de ETA era un abogado. Resultaba plenamente congruente con las funciones que, en los documentos a los que he hecho referencia, la propia ETA demandaba a los Z o ZZ, es decir, a los abogados de Gestoras.

Todo se evidenció de forma concluyente con la desarticulación del comando Barcelona, cuando, en el curso del registro practicado en agosto de 2001 en uno de los pisos francos utilizados por sus integrantes, se intervino la copia de las declaraciones judiciales prestadas por los integrantes del anterior comando, realizadas unos meses antes. Estaba claro que alguien se había encargado de conseguir y remitir esas declaraciones judiciales y se las había facilitado a los sustitutos para que las tuvieran en cuenta a la hora de utilizar unos u otros colaboradores y unas u otras infraestructuras, en función de si estaban «quemados» o no, es decir, de si sus actividades podían ser conocidas previamente por los servicios policiales o por el órgano jurisdiccional competente.

Con ocasión de la detención en Tarbes (Francia) de Vicente Goicoechea Barandiarán, alias Willy, uno de los responsables del aparato político de ETA, se intervino una carta contenida en un sobre con la palabra Lierni presuntamente manuscrita por la militante de ETA, integrante del comando Barcelona, Lierni Armendariz González de Langarica. La misiva iba dirigida a «Ainhoa» y en ella, tras manifestar su autora que «esta es la carta que me habías pedido», se explicaban las circunstancias relativas a la ayuda prestada por Diego Sánchez Burría, uno de los colaboradores del grupo, detenido e imputado, y las manifestaciones prestadas tanto por este como por otro de los imputados, Zigor Larredonda Muñoz, y su grado de implicación real. Así, se afirmaba literalmente:

Ahora pasaré al tema jurídico: tienen declaraciones de Diego contra Zigor, pero este último ya lo ha negado. También se negará a declarar contra el dueño de la casa, Sergi, y si este último no queda en libertad es que los abogados sois verdaderamente malos.

Por tanto, la persona que había pedido la carta era una abogada. El escrito fue remitido posteriormente al aparato político de ETA, ya que por eso le fue intervenida a Goicoechea Barandiarán. También se encontró una gran cantidad de autocríticas de militantes de ETA detenidos, clasificadas alfabéticamente. Se incautaron con ocasión de la detención de José María Dorronsoro, también responsable del aparato político de ETA. Quedaba claro que los máximos responsables de la organización terrorista recibían todas las comunicaciones relativas a los presos a través de algunos de los abogados del bufete jurídico de Gestoras.

Señalar los objetivos

Otra de las funciones en las que se concretaba la instrumentalización de Gestoras por ETA era el señalamiento de presuntos responsables de la situación de los presos, lo que posibilitaba una actuación terrorista contra aquellos. Se ponía de manifiesto en un documento titulado Segunda semana de octubre del 92, en el que los responsables de ETA indicaban a sus delegados en la estructura de Gestoras que debían «señalar de forma pública» a los responsables de las presuntas torturas practicadas a los presos para que pasase «lo que tenga que pasar», en clara alusión a la ejecución de acciones contra ellos.

En el curso de la investigación desarrollada por mi juzgado se intervinieron abundantes evidencias sobre esta labor de señalamiento, que tuvieron su expresión más trágica en el asesinato de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del PP en la localidad de Durango (Vizcaya), en junio de 2000, tras ser reiteradamente significado como responsable de la situación de los presos por parte de Aitor Ángel Jugo Álvarez. Jugo era el antiguo responsable de Gestoras en Vizcaya y, después, de la asociación Senideak («familias»). Su sucesor al frente de Gestoras, Juan María Olano Olano, no dudó en ratificar que desde ese organismo se continuaría señalando a los presuntos responsables de la situación de los reclusos.

Contra la Justicia

Dentro de ese catálogo de personas e instituciones «señaladas» se había incluido a la Administración de Justicia del País Vasco. La definían como un obstáculo para avanzar en el proceso de construcción nacional, equiparándola con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. En el intento de imponer el proyecto de construcción nacional, uno de cuyos ejes era el euskera, se pretendía que la Justicia se impartiese exclusivamente en esta lengua. Para ello, desarrollaron una campaña de presión con diferentes tipos de acciones: de denuncia y protesta, testimoniales, cuya organización se había encargado al colectivo denominado Euskal Herrian Euskaraz (En Euskal Herria en Euskera); de paralización y boicot de funcionamiento, a cargo del sindicato de abogados euskaldunes; y violentas, dirigidas contra instalaciones, que partían del entramado organizativo de la kale borroka.

Tras esa primera fase de señalar potenciales objetivos de ETA, en 2001 se pasó también a la acción directa de ETA. Poco antes de la operación policial contra Gestoras, tuvieron lugar dos hechos muy graves: la colocación de un vehículo cargado de explosivos en el exterior del Palacio de Justicia de Vitoria, en octubre, y el asesinato del magistrado José María Lidón Corbi, en noviembre. Entendía ETA que la Administración de Justicia estaba dando cobertura legal a las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Nació así el concepto de judicialización de la represión, pues consideraban que la Administración de Justicia se había convertido en un agente de la estrategia represiva del Estado. Era, por tanto, un objetivo sobre el que veían necesario actuar con la mayor contundencia.

Ya desde finales del año 2000 se había plasmado este nuevo concepto en torno a dos ejes: JR (judicialización de la represión) y KK (Kontuz Kontrolak, «cuidado, controles»). Ambos estaban claramente dirigidos contra la Justicia y contra los cuerpos de seguridad.

En lo que se refiere a la judicialización de la represión, el documento Reforma del Código Penal español. La vía judicial para la represión contenía un análisis del funcionamiento de la Administración de Justicia en términos de sumisión al Gobierno. Se analizaban jurídicamente las consecuencias de la reforma del Código Penal, entre otras cuestiones, además de identificar como objetivos de esta reforma el «aniquilamiento legalmente de la EA [Ezker Abertzalea, la izquierda aberzale]; evitar relevos-reproducciones; la socialización del miedo; [y el] aislamiento social de la lucha armada». También era muy explícito el siguiente párrafo:

A su vez la inclusión de una serie de cuestiones (como hacer pintadas, pegar carteles…) como delitos de terrorismo supone que en muchos casos las diligencias van a ser abiertas por los Juzgados provinciales, que rápidamente se van a inhibir y van a pasar el sumario a manos de la Audiencia Nacional. De esa manera, las decisiones de los jueces provinciales son el primer paso para juzgar a alguien como terrorista y si estamos hablando de unas pintadas o incidentes de otro tipo está claro que esos jueces se convierten en delegados provinciales de la Audiencia Nacional. Con lo que sobre esta idea también habrá que trabajar.

En otro documento, Actas Mintegi Maiatzak 01 («Actas del Seminario 1 de Mayo»), se afirmaba literalmente que «la judicatura, a excepción de sujetos concretos, es un elemento de la cadena represiva». Establecía tres ámbitos para esta judicialización de la represión: la vía legal, la línea política y la calle (kalean). En la calle, decían, era posible un «planteamiento de respuesta a palos», entre otras opciones.

La Administración de Justicia como un elemento agresivo para la ciudadanía vasca se trató de modo especial en la campaña Alde Hemendik («¡Fuera de Aquí!»), protagonizada por Gestoras. Lo reflejaban en un documento sin título que, en el apartado «¿Quién es JR?», afirmaba la necesidad de «distinguir entre toda la Justicia y la Audiencia Nacional», añadiendo que no se debía «colocar a toda la Justicia en bloque enfrente». Se entendía que no se debía generalizar el concepto de agentes represivos entre los órganos jurisdiccionales del País Vasco para evitar una respuesta colectiva y global.

Su objetivo era generar la presión suficiente como para que los integrantes de la Administración de Justicia abandonasen el territorio reivindicado como Euskal Herria, caracterizado con el ya Proyecto Alde Hemendik. Se evidenciaba en algunas de las acciones desarrolladas en lo que llamaban lucha de masas, consistente en acciones como colocar una maleta y un folleto informativo sobre los horarios de trenes en dirección al exterior del territorio vasco en las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao, o bien la convocatoria de una concentración en el exterior de otra sede judicial con una pancarta que decía «Epaile erdaldunak, ikasi edo kanpora», es decir, que cualquier juez que no supiera euskera debía aprenderlo o marcharse fuera.

En los registros practicados en las sedes de Gestoras se encontraron en soporte informático los logotipos de Euskal Herrian Euskaraz, con los que se podían elaborar documentos y soportes propagandísticos, y también algunos documentos sobre la euskaldunización de la Administración de Justicia.

Sobre la presión hacia los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas con el objetivo de que abandonaran el País Vasco y Navarra, dentro de la dinámica KK, hay una buena muestra de cómo el control residía en ETA-EKIN en un documento titulado Alde Hemendik! Dinamikak Indartzeko Proposamena («Propuestas para el fortalecimiento de la dinámica. ¡Fuera de aquí!»), que se incautó a responsables de la organización terrorista. En él se decía: «El aislamiento de las fuerzas armadas españolas y francesas tiene que ser total, tenemos que echarles pueblo a pueblo». Gestoras sería el motor para el desarrollo de este propósito, junto al colectivo antimilitarista Malatxa.

La captación de militantes

Gestoras Pro Amnistía aprovechaba por su parte la sensibilidad que concitaba la defensa de los derechos de los presos de ETA para captar militantes. Así ocurrió con Amaia Arrieta González, Iratxe Sorzabal Díaz, María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo o Josu Mirena Beaumont Barberena, responsables y miembros «liberados» de la propia estructura operativa, encartados todos en distintos procedimientos judiciales por la presunta captación de militantes para ETA.

Este sistema de engrosar la organización se evidenció en parte gracias al registro practicado en el domicilio compartido de Igor Ortega Sunsundegui y de la integrante del área internacional de Gestoras, Amaia Arrieta González. Allí se halló un sobre en que figuraba la anotación «Txapi», y dentro otro más pequeño en que se leía «I12». Y en el interior de este último se guardaba una carta que finalizaba con la recomendación: «No comentes ni consultes con nadie nada de esto, ya que es una carta que va dirigida a ti personal y exclusivamente. Cuando termines de leer este escrito, quémalo inmediatamente». Era una propuesta de integración en ETA, con el sello de la organización en seco, y fechada en 2001.

Así lo declaró también Sorzabal Díaz, relatando que Amaia Arrieta le había entregado una carta de ETA en mano manifestando que ella era su canal de comunicación. Se supo entonces que determinadas labores de información sobre vehículos de funcionarios de prisiones, en las que participaron también otras dos personas identificadas como Ainhoa Adin Jáuregui y Arantza Arreche, habían sido entregadas a la organización a través de Arrieta.

Se probó que otros responsables de Gestoras habían colaborado en las actividades de captación de militantes para ETA. Así lo manifestó Juan Echebarria Oyarbide respecto de Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, responsable en Álava, al declarar que su captación para la banda terrorista ETA fue a través de una carta con una cita en Francia que le había entregado ella en la sede de Gestoras.

Por tanto, quedaba claro que al menos esos responsables de Gestoras estaban realizando, de manera simultánea, captaciones para la estructura operativa de ETA, aprovechando en algunos casos tanto las instalaciones como las relaciones y los contactos de aquella organización.

Dentro de la función de control del colectivo de presos de ETA, del mantenimiento de su cohesión interna y de su sometimiento a la disciplina que establecían los responsables del conjunto del MLNV, quiero citar los recibimientos a los militantes que eran excarcelados. Constituían auténticos actos de exaltación de la violencia terrorista en los que, con abundante parafernalia, se exaltaban las pretendidas virtudes de quienes salían de prisión. La planificación, aportación de medios, convocatoria y ejecución de estos actos de recibimiento —llamados ongi etorri («bienvenida»)— y otros homenajes constaba en diversa documentación intervenida en las sedes de Gestoras, aunque en realidad ratificaban lo que era público y notorio en los medios de comunicación.

Se intentaba transmitir y hacer llegar a la población un mensaje distorsionador de la realidad para cohesionar la permanencia y conseguir nuevos adeptos. El mensaje se presentaba ante instituciones y organismos nacionales e internacionales, dando una imagen represiva de España y Francia con la intención de desacreditar a ambos Estados. Y, de paso, obtener respaldo a un planteamiento cuyo artífice, ETA, se ocultaba públicamente. Así constaba en un documento manuscrito y sin título, referido a las posibles soluciones para eludir las responsabilidades administrativas y penales por la convocatoria y organización de esos actos, encontrado en la sede de Gestoras en Vitoria:

Hacerlo a la brava (para ello, no autorización).

Comunicarlo como homenaje, bienvenida, convocarlo los padres del homenajeado, los movimientos sociales del pueblo.

Convocar a un acto político (sin nombrar el término bienvenida, homenaje) y ese acto político caracterizarlo como «salida política al conflicto en parámetros políticos y democráticos» […] que a ellos les suponga un coste político mayor el prohibirlo (no están prohibiendo solo un acto, sino el conflicto y la resolución del mismo).

En la misma línea se celebraban de forma similar homenajes a los militantes de ETA que morían en el curso de la preparación o ejecución de actos terroristas. Por ejemplo, tras el fallecimiento de Olaia Castresana Landaberea, en julio de 2001, se desarrollaron actos en su honor en las localidades de Marquina y Durango (Vizcaya) y Hernani (Guipúzcoa); en el mes de agosto siguiente, con motivo del primer aniversario de su muerte, se homenajeó a los militantes de ETA José Francisco (Patxi) Rementeria Barruetabeña, Ekain Ruiz Balerdi, Urko Guerricagoitia Aguirre y Zigor Arambarri Garmendia; ese mismo verano también, se organizó un acto de homenaje con motivo del tercer aniversario del fallecimiento de otra militante de ETA, Inaxia Ceberio Arruabarrena. Sin olvidar la coordinación de la convocatoria de las jornadas de lucha en las que se producían abundantes daños en bienes e instalaciones y coacciones sobre las personas.

La Sentencia del Tribunal Supremo

El 13 de octubre de 2009 el Tribunal Supremo, al resolver el recurso que se interpuso contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de septiembre de 2008, destacó que en aquella se citaban «documentos que acreditan la existencia y composición de este verdadero mapa organizativo de la izquierda aberzale y del mundo terrorista vinculado a ETA». En una serie de documentos iniciales se advierte como, en un principio, Gestoras Pro Amnistía no forma parte directamente de KAS, sino que se encuentra integrada en ASK que, a su vez, sí está incorporada, como ETA, a esa coordinadora; se establecía así claramente la vinculación de ASK con KAS.

Igualmente, superada aquella primera fase de integración de Gestoras en ASK e, indirectamente, a través de esta en KAS, queda plenamente acreditada la subsistencia de su vinculación, ahora mediante la incorporación directa a esta última, con motivo de la desaparición de ASK, en 1995 y en cumplimiento de los objetivos de aquel plan bifásico conocido como Txinaurri-Karramaro/Hormiga-Cangrejo, cuando KAS pasa a configurarse como organización, aglutinando directamente a todas las «delegadas», para hacer un trabajo «desde abajo hacia arriba».

[…] Gestoras figuran en el mismo plano de Segi, Batasuna, LAB y la propia ETA, sin subordinación ni intermediación como la que en tiempos tuviera con ASK, y dispondrá incluso de su código propio de confidencialidad propio.

[…] Esta situación más adelante tampoco cambiará al ser sustituido KAS por EKIN, en noviembre de 1999, que pasa a ocupar, en la organización global, idéntico lugar que su predecesora.

La relación concreta de EKIN con Gestoras se constata en el documento Nafarroa, encontrado precisamente en la sede de EKIN en Pamplona, en el que tras describir la distribución geográfica de los núcleos (gunes), asambleas y otros grupos de esta organización, con su respectivo número de componentes, se dice seguidamente:

Los que han entrado en el núcleo: el responsable de la apuesta de presos (Gestoras), el responsable del área jóvenes (miembros de J) y el responsable provisional del núcleo. Se buscará ahora el de unidad ciudadana y el de socioeconomía, hasta buscar otro, el que hay, se ubicará en la asamblea, por falta de tiempo. El de la enseñanza quiere trabajar en el ámbito de la zona.

[…] De todas formas, la cuestión no se agota con el examen de la subordinación jerárquica de Gestoras a los organismos desarrollados por ETA, KAS y EKIN, para controlar la izquierda aberzale, sino que abarca también la subordinación a los objetivos políticos que ETA establece en virtud de su voto de calidad, tema sobre el que el recurrente guarda silencio y que la sentencia trata en el fundamento sexto, en el que se hace un análisis comparativo entre ciertos documentos atribuidos a la organización terrorista ETA sobre el proyecto político «Alternativa KAS», que posteriormente en 1995 pasó a llamarse «Alternativa Democrática», y determinados documentos intervenidos en la sede de Gestoras de Bilbao o aportados por la defensa de los acusados como prueba documental con su escrito de calificación provisional, llegando a la conclusión de que es ETA el frente de las propuestas políticas, la que diseña la estrategia general y a quien incumbe la negociación, y que los demás sectores o movimientos, que no tienen capacidad para definir o fijar los objetivos estratégicos, se someten a aquella, pues se concibe a quien despliega la lucha armada, «no solo como defensor en la lucha por los derechos de Euskal Herria, sino como representante político para el logro de aquellos, siendo todo ello lo que vincula nuevamente a Gestoras con ETA», y ello es fruto de lo que ya en 1991 se decía en el documento Remodelación organizativa: resoluciones del KAS Nacional […], respecto a que KAS «tiene un proyecto político estratégico que pasa por la alternativa táctica de ruptura democrática y por los objetivos estratégicos de una Euskal Herria reunificada, independiente y socialista, tiene la concepción de que la lucha armada interrelacionada con la lucha de masas y la lucha institucional, al servicio esta última de las anteriores, constituye la clave del avance y el triunfo revolucionario».

En definitiva, Gestoras y luego Askatasuna (2001) eran organizaciones tan estrechamente vinculadas a ETA y a su estrategia global que quedaban integradas plenamente en el calificativo de terrorista, en el sentido previsto en el artículo 515.2 del Código Penal, norma sobre la que se apoyó la condena.

A pesar de los argumentos que los componentes de estas organizaciones pusieron de manifiesto como argumento de defensa en forma reiterada, asimismo de forma contundente se les respondió y demostró hasta la saciedad que nunca se les persiguió, juzgó ni condenó por la «identidad ideológica» de carácter independentista que pudiera darse, y que de hecho se da, entre aquellos como integrantes de una determinada organización del mundo aberzale y la propia ETA, siempre y cuando la ideología, e incluso los objetivos compartidos, no se pretendieran imponer mediante el ejercicio de acciones de verdadera naturaleza terrorista.

Gestoras se integró desde su nacimiento en el movimiento aberzale en aquellas organizaciones, primero KAS, a través de ASK, luego directamente con KAS y, finalmente, con EKIN, que servían de coordinación a todo un movimiento popular y social sometido a la voluntad de ETA, que era quien realmente ejercía el poder efectivo propio de la «vanguardia dirigente» sobre las denominadas «vanguardias delegadas» […].

Dicho sometimiento funcional no se quedaba en un mero compartir ideas, principios y objetivos, sino que trascendía realmente a la acción, que en el caso de Gestoras acabó diversificándose en cuatro líneas de actuación: las tareas de control, coordinación y apoyo al colectivo de presos de ETA, la realización de la campaña Alde Hemendik, el señalamiento público de quienes se consideran responsables de la situación en el País Vasco y, por último, la indicación de los «controles» ubicados por las Fuerzas de seguridad.

[…] De esas actividades, la originaria y más propia, sin duda, de Gestoras Pro Amnistía era la dirigida al colectivo de presos de ETA, es decir, el «frente de cárceles, de makos o de presos» inicialmente creado desde ETA.

Esta consistía tanto en el mantenimiento de la «cohesión ideológica» de los miembros de la organización terrorista internos en centros penitenciarios de España y Francia, como en la prestación de asistencia humanitaria, personal, familiar y jurídica, sustituyendo a la propia ETA en esta tarea tan importante para el mantenimiento de la referida «cohesión», dadas las evidentes dificultades ante las que la organización se encontraba para llevarla directamente a cabo.

Pero esta labor también se extendería desde el interior de los centros penitenciarios a los «refugiados, deportados, asignados y huidos» que residen en el exterior, lejos incluso de nuestras fronteras, y aun si se encontraban con causas pendientes u órdenes de busca y captura en vigor.

Combaten fenómenos como el posible «arrepentimiento» de algún interno y los efectos de la «dispersión» carcelaria, valiéndose ETA de Gestoras para dirigir instrucciones a los presos junto con las amenazas de expulsión de la militancia si no permanecen en la fidelidad al ideario.

Se utilizan abogados, denominados genéricamente «Adidas», que tienen facilidad para el acceso al interior de las prisiones, tanto para transmitir toda clase de instrucciones como para informar a ETA sobre la evolución de los diferentes procedimientos judiciales.

Desde Gestoras se organizan «jornadas de lucha» en el interior de las cárceles y actos públicos de varios tipos, declaraciones, ruedas de prensa, homenajes, etc., denunciando, tanto en nuestro país como ante instancias internacionales, la supuesta injusta represión y torturas que sufren los presos de ETA en las prisiones de España y de Francia.

[…] Las restantes líneas de actuación, […] y fuera de la propiamente dirigida al colectivo de presos, consistían en la ejecución y seguimiento de la campaña Alde Hemendik, referida a toda una serie de actos de hostigamiento, tanto a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como a los del Poder Judicial ubicados en el territorio vasco y navarro, que iban desde acusaciones públicas de supuestas conductas delictivas hasta iniciativas municipales para el corte de suministros (agua, gas, electricidad, etc.) a las viviendas y locales ocupados por estos servidores públicos, acusados de «fuerzas ocupantes» y represoras del pueblo vasco, con la finalidad de expulsarles del territorio; el «señalamiento» público, aunque en términos figuradamente políticos, a toda persona, grupo, organización y partido político a los que se hace responsables de la imposibilidad para obtener sus objetivos; y, finalmente, la información sobre ubicación de «controles» de las fuerzas de seguridad, para que puedan ser evitados e impedir, por tanto, su eficacia.

[…] Por lo que se refiere a Askatasuna, la segunda de las organizaciones surgida de la fusión entre Gestoras Pro Amnistía y su equivalente francesa Koordinaketa para suceder a ambas, su nacimiento responde a una amplia estrategia, de nuevo marcada por ETA, a tenor del contenido de los documentos de que se dispuso que mencionaban la fusión de las organizaciones «paralelas» existentes en la zona española y la francesa, a fin de ofrecer una imagen comprensiva territorialmente de lo «nacional» vasco.

Así, decía la propia ETA en el Zutabe/Boletín n.º 72 […] describiendo premonitoriamente este planteamiento:

La territorialidad, si bien no tiene una línea de trabajo propia, debe ser la característica de todas las iniciativas que impulse y desarrolle la izquierda aberzale aparte ligada estrechamente a la práctica de un movimiento a favor de la autodeterminación, la territorialidad debe ser una línea que tiene que ser constante en la práctica política de la izquierda aberzale. La territorialidad tiene dos perspectivas diferentes: una hacia fuera, la que sitúa a Euskal Herria en el mundo, y la otra hacia dentro, la que fija su atención a las relaciones internas de Euskal Herria.

Se deben desarrollar y elaborar las dos en todas las líneas políticas que desarrolle la izquierda aberzale.

Tomar en cuenta la totalidad de Euskal Herria y multiplicando las relaciones internas, hacer frente a las dinámicas divisorias a nivel de Instituciones.

Dentro de la izquierda aberzale el tema de Iparralde o de Hegoalde se está convirtiendo en el tema de Euskal Herria, y esta manera de pensar toma cada vez más peso.

En consonancia con tales presupuestos, se afirma también […] que Gestoras y Koordinaketa:

Han hecho una apuesta por una nueva organización y ámbito nacional, la construcción de un nuevo elemento de lucha que supere el esquema de partición y que se estructure en toda Euskal Herria, es el objetivo político organizativo compartido por los miembros de estos dos organismos.

La presentación pública de esta nueva organización se realizará en el acto nacional que tendrá lugar el 12 de enero de 2002.

Por tanto, y a modo de conclusión, el Alto Tribunal expone que:

[…] la actividad desplegada por GPA, por ejemplo la referente a los presos que es la que le resulta desde un principio más propia, sí que se encuentra directamente vinculada a ETA y sus otras acciones, significativamente también coincidentes con el ideario y los objetivos marcados por esta organización, las pudiere llevar a cabo en forma independiente y sin coordinación alguna con aquella.

Pues, con todo ello en definitiva, lo que se pretendía no era sino participar en la «lucha armada» llevada a cabo por ETA, tomando partido a su favor mediante actuaciones complementarias dentro de la estrategia terrorista, tales como las que se acaban de describir, cuyo objetivo: el sometimiento de la población al régimen de terror impuesto por la organización como medio para la abolición de las libertades, el Estado de derecho y, en definitiva, de las instituciones básicas para la convivencia, era del todo coincidente con el perseguido por aquella.

2000. Francia entrega a Pakito

El 8 de febrero de 2000 las autoridades galas entregaban a Francisco Múgica Garmendia, Pakito, quien fuera el máximo dirigente de la organización ETA desde 1987 hasta su detención en Bidart el 29 de marzo de 1992. La extradición se había concedido por los veintiséis muertos en diferentes atentados de los que se le acusaba. Fue el día antes de la reunión que se celebró en París entre el presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el presidente de Francia, Jacques Chirac, y un día después de la visita a Madrid del ministro del Interior francés.

Bajó del avión encadenado de pies y manos, como era costumbre de la policía francesa. Cuando la jueza de guardia le comunicó los procesos en que estaba inmerso, se negó a firmar las notificaciones. Portaba una lista de abogados a los que quería recurrir para que le representasen. Fue trasladado a la prisión de Soto del Real, en Madrid, donde entre otros etarras se encontraba José Ignacio Aracama Mendía, Makario.

Pakito era el segundo miembro de la dirección de ETA que fue detenido en Bidart y puesto a disposición de la justicia española. A esa fecha, de ese grupo solo quedaba por ser extraditado José María Arregui Erostarbe, Fiti.

A Pakito, que empezó a militar en ETA en 1970, se le ligó con la desaparición del dirigente poli-mili —es decir, de ETA político-militar— Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, que tuvo lugar el 23 de julio de 1976 y, años más tarde, fue investigada en España por el juez central Fernando Andreu. El magistrado tuvo que archivar la investigación provisionalmente en 2012, ante la falta de indicios de responsabilidad penal concreta y pese al decidido empeño de la familia —que incluso había presentado una querella en 2008— por llegar a esclarecer las circunstancias. Ninguna de las dos vías que se siguieron en las indagaciones dieron resultado, ni la que apuntaba a miembros del sector de ETA conocido como komando bereziak («comandos especiales»), entre los que se encontraba Pakito, ni la que se dirigía a la posible responsabilidad de «elementos integrados en los servicios policiales españoles», bien directamente o a través de mercenarios de organizaciones extremistas o neofascistas italianos.

En 1990 el etarra Henri Parot señaló a Pakito como la persona que le había facilitado medios e información para llevar a cabo los atentados que causaron la muerte a veintiséis personas. Entre sus crímenes figuraban la orden de hacer explotar un autobús militar en Zaragoza y otro contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Y también la de matar a mi amiga y compañera, la fiscal de mi juzgado, Carmen Tagle.

Recuerdo que ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarían el 12 de marzo de 2000, Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, vinculado al MLNV, declaraba que la extradición de Pakito tenía fines electoralistas para el Gobierno.

En 1992 Fungairiño y yo habíamos interrogado en Francia a Pakito ante la juez Le Vert. Cuando acabamos, le dije que tenía por delante muchos años de cárcel y que antes o después respondería ante la justicia española. Me contestó que nos encontraríamos en Madrid, si es que yo todavía estaba en mi cargo. Cuando estaba ante mí en la Audiencia Nacional ocho años después de aquella conversación, le recordé aquellas palabras: «Como le dije en París, aquí estoy… y usted también, para cumplir ante la justicia por sus delitos».

ETA planeaba matarme

Ese verano de 2000 el Juzgado Central de Instrucción número 5 resolvió que existía una continuidad de empresas entre Orain, editora de Egin, y EKHE, que publicaba Gara. De ese modo, esta última tuvo que hacerse cargo de las responsabilidades económicas y laborales del diario clausurado. Tras esa actuación, el Ministerio del Interior me informó de que la izquierda aberzale estaba diseñando una campaña para desprestigiarme.

Que la organización terrorista no estaba contenta conmigo era algo notorio, pues reiteradamente se me mencionaba en los diferentes documentos que se intervenían. En la documentación incautada en diferentes ocasiones, especialmente en la que se le encontró al comando Madrid en un piso de la calle Doctor Fleming, y también, por ejemplo, en otros papeles intervenidos tras la detención de un etarra de nacionalidad alemana, habían aparecido datos de mi domicilio, de mis traslados, de las medidas de seguridad de las que disponía, vehículos utilizados, movimientos, rutas que seguía, entrada y salida de la Audiencia, lugares adonde iba de vacaciones… Incluso se plantearon ir a por mí a una estación de esquí, por lo que tuve que cancelar las vacaciones. Pero eso era algo normal y, como siempre he dicho, «iba en el sueldo».

Yo trabajaba voluntariamente en la Audiencia Nacional y asumía ese riesgo como los demás compañeros y compañeras, pero creo que ETA y todo el conjunto de organizaciones que la rodeaban, especialmente los grupos de kale borroka, tenían una fijación importante conmigo. Eran habituales las dianas circulares con mi apellido en el centro, así como los carteles en los que se me señalaba como objetivo prioritario.

Recuerdo que durante mucho tiempo tuve en mi despacho, y aún lo conservo en casa, un gran cartel en el que, junto a otros «objetivos» políticos o policiales, aparecía mi rostro con expresiones poco amables. Las campañas de desprestigio también eran habituales, pero me llamó la atención una supuesta trama para acabar con mi vida en el mismo despacho que ocupaba en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

En el verano de 2000 el Ministerio de Interior notificó a la sala de vacaciones y a los servicios de seguridad de la Audiencia Nacional que un colaborador absolutamente fiable había relatado un nuevo plan de ETA para asesinarme. Lo iban a hacer disparándome con un rifle de mira telescópica cuando yo estuviera en mi despacho. El asesino se instalaría en un piso de la calle Génova 25, en el que vivían dos ancianos. Desde allí se observaban a la perfección mi mesa y mi sillón, situado a espaldas de la ventana.

El 28 de agosto, cuando regresé tras las vacaciones y plenamente informado de todo, me ofrecí a hacer de cebo para tender una emboscada al comando Madrid…, siempre que me garantizasen que estaba relativamente seguro y que los detendrían antes de que pudieran disparar. Los servicios de seguridad no aceptaron y me instaron a que bajara los estores. La ubicación dentro de mi despacho no podía provenir, obviamente, más que de alguna de las personas vinculadas a la organización terrorista. Lo cierto es que yo tomaba todas las declaraciones en ese lugar. Para tener más luz, al ser un segundo piso, había situado mi sillón y la mesa de trabajo junto al ventanal que protegía una estrecha terraza que lo rodeaba, ubicado en la misma esquina de las calles Génova y García Gutiérrez.

Cuentan las crónicas periodísticas de la época que de inmediato se intensificaron las medidas de seguridad. En concreto, por un lado, los servicios de contravigilancia dispusieron un operativo de control del inmueble desde el que se pretendía realizar el atentado. Por otro, el presidente de la Audiencia, Clemente Auger, solicitó telefónicamente que se dispusiera de una partida para instalar cristales blindados en las ventanas del edificio. Bueno, eso es lo que trascendió, pero no fue exactamente así.

La noticia sobre estas incidencias se filtró y el diario El País sacó una noticia en la que contaba el proyecto de ETA. De forma inmediata, se personaron en mi despacho los arquitectos del Ministerio de Justicia para implementar las correspondientes medidas de seguridad, especialmente el blindaje de los vidrios de los ventanales. Como transcurriera el tiempo y nada sucediese, pregunté y me dijeron que todo seguía adelante, pero que, de momento, colocarían una película adhesiva traslúcida en los vidrios para que no se viera el interior desde fuera. Por cierto, con el oscurecimiento, siempre necesitaba tener la luz encendida. Tiempo después volví a preguntar y me contestaron que no había presupuesto y que el alcalde de Madrid no autorizaba la modificación de la fachada del edificio. Ahí acabó el tema del refuerzo de mi seguridad.

A partir de ese momento, lo acontecido servía de chanza porque, cada vez que se abría la puerta, los vidrios se movían y sonaban, demostrando que el adhesivo era simplemente un camuflaje. Así permaneció hasta que se derribó el inmueble. Espero que ahora el nuevo edificio proteja mejor a los que allí están, porque los que estuvimos antes quedamos expuestos demasiadas veces.

Al menos la colaboración con Francia continuaba yendo bien: en mayo de 2001 se produjo una nueva extradición aceptada por el país vecino, la de Idoia López Riaño, alias Margarita o la Tigresa, que ingresó en prisión por diversos atentados realizados en Madrid que causaron la muerte de dieciséis personas. Entre ellos estaba el de la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron doce guardias civiles. López Riaño se negó a declarar, si bien había admitido su pertenencia a ETA.

En abril de 2016, la exetarra remitía una carta al juez de Vigilancia Penitenciaria desde la cárcel manifestando su dolor por las personas en cuyo asesinato se implicó directamente y por todas las víctimas de los atentados «que no pude evitar».

Baltasar Garzón desempeñó una papel capital en la investigación de la relación entre ETA y su brazo político, Batasuna, al tiempo que puso de manifiesto que la acción desplegada por los responsables de este partido debía considerarse innegablemente un delito de colaboración con banda armada. La valentía de Garzón hizo que se pusiera en el punto de mira de los terroristas, quienes planearon acabar con él en varias ocasiones para eliminar así la amenaza que las actuaciones del juez suponían para el entorno etarra. El dibujante José Luis Martín plasmó, con amarga ironía, tal situación en esta viñeta publicada en El Periódico de Catalunya en 2002.

2001. Asesinan a Lluch y atentan contra Del Olmo

Fernando García Jodrá, Unai López de Ocáriz y Nerea Bengoa Ciarsolo eran los tres miembros liberados del comando Barcelona desarticulado en agosto de 2001. Además de los atentados criminales contra varios concejales del PP, García Jodrá confesó haber participado en el asesinato del exministro Ernest Lluch el 21 de noviembre del año anterior. Señaló a otro etarra, José Ignacio Cruchaga Elezcano, detenido el 10 de enero de 2001, como autor de los dos disparos que mataron a Lluch y afirmó que él únicamente conducía el automóvil que llevaría al asesino hasta su víctima.

ETA había dado la orden desde Francia. El comando tenía como objetivos a todos los altos cargos del PSOE. Contaron que si se trataba de alguien del Partido Socialista de Cataluña la dirección debía autorizarlo expresamente, al igual que si deseaban atentar contra un fiscal, un militar o un profesional de los medios de comunicación.

Y lo que también confesó García Jodrá fueron los ocho intentos de matar al periodista, y buen amigo mío, Luis del Olmo en Barcelona. Comenzaron en junio de 2000. Trataron de asesinarle en cuatro ocasiones con coches bomba, pero fallaron, bien por problemas técnicos, bien por los cambios de itinerario y horarios de Luis. En dos ocasiones le esperaron para pegarle un tiro en la nuca, pero no encontraron al periodista. El último intento tuvo un final desgraciado cuando un guardia urbano, Juan Miguel Gervilla Valladolid, los sorprendió manipulando un vehículo con un artefacto explosivo y lo asesinaron. Para García Jodrá, Del Olmo se convirtió en un objetivo casi personal suyo, si bien la orden llegó de ETA.

De alguna forma, como Luis ha mencionado muchas veces, sin saberlo tuve bastante que ver en que la mañana última en la que le esperaban para matarlo no estuviera en Barcelona, porque había viajado a Madrid para entrevistarme.

Luis era un objetivo de ETA desde años atrás debido a la insistencia y beligerancia valiente que ejercía a través de su programa de radio. Su seguridad me preocupaba y pedí expresamente a Jaime Mayor Oreja, aún ministro del Interior, que dispusiera medidas de protección porque temía un atentado contra Luis. Así lo hizo. En aquellos días finales de 2000, Pilar Urbano había publicado el libro Garzón, el hombre que veía amanecer. Luis estaba un poco «enfadado» conmigo porque no le había dado la primera entrevista para presentarlo. Yo me excusé diciendo que había sido en televisión y que la siguiente la haría con él sin límite de tiempo. Me tomó la palabra y me pidió que fuera al día siguiente a Barcelona. Yo no podía, pero le respondí que un día después podía entrevistarme en Madrid. Consultó su agenda y respondió que tenía que venir el día anterior, aunque, ante el hecho de disponer de dos horas conmigo, decidió retrasar su marcha y así poder reunirnos. Precisamente esa fecha, el 20 de diciembre de 2001, en la que Luis debía estar en Barcelona según su rutina, pero se quedó en Madrid, era la elegida por el comando de ETA que iba a por él. No lo encontraron, pero García Jodrá y Cruchaga mataron al funcionario de la Guardia Urbana de Barcelona que pretendió identificarlos. Recuerdo que nos enteramos de aquel asesinato en el momento en que nos encontrábamos en plena entrevista en la emisora Onda Cero. Sentí una profunda incomodidad e impacto mientras el autor me confesaba los hechos, tiempo después, cuando fue desarticulado el comando y me correspondió la investigación. Fue procesado además por los sucesivos intentos de asesinato contra Luis, entre otros delitos.

El etarra de las mil caras

A José Luis Urrusolo Sistiaga, conocido como el etarra de las mil caras por su habilidad para cambiar de aspecto, las autoridades francesas lo entregaron a España el 23 de agosto de 2001. Asistido por el abogado Zigor Reizabal, compareció sin las esposas y con un ejemplar del diario aberzale Egunkaria. Junto a mí se encontraban el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, y el fiscal Enrique Molina. También asistieron a la declaración los abogados de la familia de Manuel Broseta, exsecretario de Estado para las Autonomías y catedrático de Derecho, asesinado por Urrusolo en Valencia el 15 de enero de 1992.

Urrusolo no demostró interés alguno y tan solo contestó a la pregunta referida al tiempo que llevaba en el País Vasco con un «siempre he estado aquí», aunque, ante mi insistencia, concedió que llevaba veinte años fuera. Obviamente no contaba las veces que había entrado en España para cometer los múltiples atentados que se le imputaban. Habían pasado diez años desde el asesinato de Manuel Broseta y cuatro desde que me encontrara con él, en septiembre de 1997, en el Tribunal de Gran Instancia de París.

Ese mismo jueves 23 de agosto decreté su ingreso en prisión. Después, Urrusolo Sistiaga, alias Joseba y Langile, sería condenado sucesivamente por los diversos delitos cometidos, asesinatos incluidos, a cuatrocientos cuarenta y nueve años de cárcel. El 28 de febrero de 2016, tras haber cumplido diecinueve años de su larga condena, fue puesto en libertad. Días después, declaró que en ETA «todavía hay gente, sobre todo jóvenes, que están dispuestos a coger las armas y seguir con la violencia», a la vez que emplazaba al partido Sortu («nacer, surgir») —considerado el sucesor de la ilegalizada Batasuna— para que diera pasos unilaterales con el fin de solucionar el problema de los presos. En mayo de ese mismo año, el diario El País recogía estas palabras de Urrusolo Sistiaga:

Muchos hemos sido partícipes de los atentados. No solo los autores materiales. También los que hemos tenido responsabilidad en ETA y en la izquierda abertzale. Hay que recordar que las víctimas de ETA además de perder a su familiar sufrieron un vacío social. Hay que reconocerlo para recuperar una convivencia normal.12

Y se dirigía así a las víctimas:

Siento el dolor que les hemos causado, que fue una barbaridad haber utilizado la violencia sin considerar que lo primero es la vida de las personas y sus derechos. Entiendo que sea difícil para ellas creer que nuestro planteamiento es sincero. Pero lo es.

2002. Las herriko tabernas

En abril de 2002 se dio inicio a la Operación Estaca de Bares contra el complejo financiero de ETA creado alrededor de Batasuna, en la que aparecían implicadas la red de herriko tabernas. Fueron detenidos once responsables e imputados tres más. Se intervinieron también las empresas Erosgune, Eneko, Artetxe-Alberdi, Dugal, Hator, Aixa y Etxepare.

Este procedimiento presentó múltiples problemas. Los responsables del MLNV sentían cada vez con más intensidad toda la actuación judicial y policial y, a medida que esta avanzaba, intuían que nos acercábamos y que se estaba estrangulando cualquier posibilidad de supervivencia de las diferentes estructuras satélites creadas por el complejo terrorista de ETA-EKIN. Las herriko tabernas habían sido durante muchos años el lugar de reunión y cita, de ocultamiento de armas o del material explosivo, de propaganda, de captación…, en una línea fiel al principio de desdoblamiento instaurado por ETA. Abordar esta pieza fundamental en el entramado nos resultó de gran dificultad debido a los más de cien locales que integraban la red y a las sociedades que los explotaban, que en algún caso no estaban directamente vinculadas con ETA.

No fue sencillo. La operación se tuvo que suspender inicialmente porque hubo filtraciones y varias personas se encaramaron en balcones y terrazas para impedir la actuación de la policía. Cuando lo supe, ordené que se suspendiera todo para que se descongestionaran los espacios. Una vez libres, y antes de que sus ocupantes reaccionaran de nuevo, ordené que se reactivara la operación y se llevó adelante sin incidencias.

Esta operación y la investigación que conllevaba se pensaron como una primera parte de la que se desencadenaría meses después contra Batasuna. Siempre fue así, desde el principio, cuando decidimos que estratégicamente era muy difícil que la sociedad asumiera una acción contra un partido político, es decir, contra Batasuna, si antes no se desmontaba todo el entramado dirigido por ETA-KAS-EKIN. Ese momento estaba a punto de llegar, después de cinco años de actuación sistemática contra todas sus estructuras, renovaciones y sucesiones.

El procedimiento sufrió todo tipo de incidencias y, también en este caso, recibí como mecanismo de presión alguna que otra denuncia y querella ante la Sala Segunda, aunque no fueron admitidas a trámite.

Uno de los temas que se cuestionaba era si había habido financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas. A este respecto diré que sus sistemas de financiación, según el fiscal y las sentencias pronunciadas, descansaban en la financiación directa procedente del frente militar de ETA, que esencialmente obtenía sus ingresos a través de la extorsión y los secuestros. En segundo lugar, en el aprovechamiento de negocios entre los que destacan las txoznas —tabernas y chiringuitos populares montados en las fiestas patronales—, las aportaciones de simpatizantes del MLNV, la venta de materiales, el cobro de cuotas y la organización de loterías.

Los procedimientos de Garzón para acabar con la financiación y el apoyo político a ETA sufrieron todo tipo de incidencias y presiones. Los recursos de ciertos partidos políticos vascos buscaban, en algunos casos, dilatar el proceso o asfixiarlo para que se diluyera sin conseguir sus objetivos. Esta estrategia inspiró a Peridis estas dos viñetas, publicadas en El País en septiembre de 2002. Aunque la ilegalización de Batasuna incluso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este falló que la decisión judicial había sido legítima y proporcionada a los actos cometidos por quienes apoyaban la estrategia terrorista de la banda.

El frente militar de ETA diseñó tras la Operación Sokoa un nuevo sistema de financiación orientado a conseguir mayor seguridad en los procedimientos, intentando implantar el principio de autofinanciación para las organizaciones del MLNV. En el desarrollo de este proyecto se sirvió de KAS, cuya renovación a finales de 1991 marcó un punto de inflexión en el sistema financiero de ETA al poner en práctica el instrumento de la comisión económica y la figura del responsable coordinador dentro de las diversas organizaciones del MLNV.

En tercer lugar había que contemplar el desarrollo de un conjunto empresarial integrado en el diseño del Proyecto Udaletxe. Otros aspectos eran la explotación de la red de herriko tabernas; los ingresos institucionales procedentes de las subvenciones públicas y ayudas oficiales a partidos políticos, así como los sueldos y dietas correspondientes a sus cargos electos. También los préstamos procedentes de entidades financieras para cubrir los gastos de las campañas electorales, en su mayoría.

Sentencia del Tribunal Supremo sobre
las herriko tabernas

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con fecha 2 de junio de 2015, establecía:

Desde un principio [las herriko tabernas] se configuraron como infraestructura de Herri Batasuna y base financiera del MLNV controlado y dirigido por ETA, como fuente financiera de sus diversas estructuras, con un patrimonio superior a los doce millones de euros y con unos movimientos económicos anuales estimados en quince millones de euros.

El proceso expuesto pone de manifiesto que la puesta en marcha, legalización y regularización jurídica de las herriko tabernas, así como la creación de un sistema de gestión centralizado y global, apuntaba a una finalidad prioritaria, la obtención de una rentabilidad económica con objeto de allegar fondos a las organizaciones que configuran la estructura financiera de ETA.

Para conseguir ese objetivo se adoptaron en su momento una serie de medidas orientadas a lograr el pleno desarrollo de las herriko tabernas como fuente de financiación, garantizando, al mismo tiempo, un adecuado nivel de control político. [Por ejemplo, una] mayor opacidad en cuanto a su actividad económica, que facilita el encubrimiento de su función de financiación de las estructuras de ETA, como consecuencia del menor nivel de control ejercido por parte de la Administración.

[…] Las herriko tabernas obedecen a unos principios básicos, homogéneos para todas ellas, que las caracterizan como un proyecto político ideológico de ámbito nacional que ha de servir como instrumento financiero de otras estructuras, de forma directa o indirecta, y así se recoge en diversos documentos incorporados al sumario.

Tal es el caso del apoyo económico prestado al diario Egin durante los años 1996, 1997 y siguientes en un proceso jurídico-mercantil orientado a la descapitalización de Orain S. A. […].

Igualmente las herriko tabernas fueron el sostén económico de, entre otros instrumentos de ETA, la Coordinadora AntiAutovía Lurraldea (que apareció en el seno de la izquierda aberzale, a finales de los años ochenta, como oposición a la construcción de la autovía Irurtzun-Andoain), más conocida como Alternativa Lurraldea.

Asimismo, se ha constatado que la red de herriko tabernas es utilizada también como fuente de financiación al servicio de la organización terrorista ETA al participar directamente en la provisión de fondos necesaria para el pago de algunas de las fianzas de sus miembros.

La documentación que intervine en el sumario no dejaba lugar a dudas en cuanto a que las herriko tabernas servían como instrumento financiero de otras estructuras:

Los sistemas de financiación […] se configuraron […] como fuente financiera de sus diversas estructuras, [para la] obtención de una rentabilidad económica con objeto de allegar fondos a las organizaciones que configuran la estructura frentista de ETA. [El] pleno desarrollo de las herriko tabernas como fuente de financiación […] facilita el encubrimiento de su función de financiación de las estructuras de ETA.

Como se puede apreciar en esos textos, lo que se atribuye a las herriko tabernas es ser una fuente de financiación de forma directa o indirecta de ETA y las organizaciones subordinadas a ella. Directamente con el pago o entrega de cantidades, e indirectamente mediante la aportación de cantidades a terceros, como los pagos al periódico Egin, a la Coordinadora Lurraldea y de fianzas.

Si bien las acusaciones consideraron que la puesta en marcha, legalización y regularización jurídica de las herriko tabernas, así como la creación de un sistema de gestión centralizado y global, apuntaba a la obtención de una rentabilidad económica con objeto de delegar fondos a las organizaciones que configuran la estructura frentista de ETA, y si bien no llegó a probarse que algunas cantidades pudieran haber circulado desde las herriko tabernas hasta su destinatario final dentro del entramado de ETA, la Sala Segunda no descartó tal afirmación.

En la sentencia se consideraba probada la existencia del entramado financiero de ETA y la relación de las herriko tabernas con este:

Herri Batasuna quedaba configurada como una de la tres «grandes empresas» del Proyecto Udaletxe, ideado por ETA-KAS, y bajo su dependencia quedaron la asesora-gestora financiera Banaka S. A. y la distribuidora Eneko S. A., con lo cual ETA tenía el control y dirigía la administración de los recursos económicos generados por las herriko tabernas, que llegaban a través de Herri Batasuna, y que, a continuación, quedaban a disposición de las propias estructuras de ETA-KAS. De esta manera, las herriko tabernas, bajo la apariencia que les daba configurarse como asociaciones legales, sin embargo desarrollaban una función delictiva, mediante la aportación económica con que contribuían a las estructuras de ETA.

Se detallaba que la existencia de la red de herriko tabernas que Herri Batasuna controlaba a través de la Comisión Nacional de herriko tabernas era una fuente de financiación del entramado tejido por ETA, bien para esta directamente, bien indirectamente incluyendo fórmulas de autofinanciación para alguno de sus instrumentos, como serían las propias herriko tabernas, en tanto en cuanto le interesaba mantenerlos activos y hasta ese momento venía la banda armada atendiendo a sus gastos, ideando mecanismos a través de los cuales asumían esos gastos propios, con el fin de evitar así desembolsos a la organización, y destinando los posibles remanentes a otras estructuras del entramado.

En los hechos probados de la sentencia se ponía de manifiesto que la empresa Banaka pertenecía a la estructura financiera creada por los etarras:

Banaka era una sociedad dedicada, inicialmente, al campo de la exportación-importación, que se constituyó en 1989 en Bilbao, con un capital social de 300.000 pesetas [unos mil ochocientos euros], y que el 1 de junio de 1992 amplió su capital a 10 millones de pesetas [unos sesenta mil euros], adquiriendo el 97 por ciento de sus acciones el acusado José Luis Franco Suárez, quien, por su proximidad a ETA-KAS y siguiendo sus instrucciones, se hizo cargo de su administración, y la cual, en un principio, fue utilizada por estas como instrumento con el que mantener relaciones comerciales con otros países, como México, Cuba, Costa Rica, Nicaragua o Uruguay.

Al cabo de un año o año y medio decidió dar un cambio de actividad a la empresa, convirtiéndola en asesoría-gestoría, poniendo su actividad hasta el año 2000 al servicio y asesoramiento jurídico, laboral o contable de Herri Batasuna, y de Eneko S. A., mercantil que, como central de compras, venía suministrando a las herriko tabernas, y en la que acabó como apoderado, tras la venta, en la forma que luego se dirá, del 49 por ciento de sus acciones. Consecuencia de ello fue la abundante documentación que desde dicha asesoría se confeccionó, entre ella el fundamental documento Herrikos, un debate necesario, o desde la que preparó un nuevo plan de financiación, conocido como «Gerencias».

Banaka, como empresa en exclusiva de Herri Batasuna, según figuraba en el Proyecto Udaletxe, fue el instrumento indicado por ETA para colaborar en su plan de financiación. En esa misión desembarcó en la mercantil Eneko S. A., en cuya compra del 49 por ciento de sus acciones fue fundamental la intervención de José Luis Franco, que, de esa manera consiguió que Banaka se hiciera con el control de aquella, y que, como central de compras, la manejase para ponerla al servicio de Herri Batasuna-herriko tabernas, con la finalidad de obtener los máximos rendimientos a favor de la estructura diseñada desde el Proyecto Udaletxe.

La realidad, por tanto, es que Banaka era un instrumento de gestión dentro del proyecto de financiación de ETA-KAS.

Es interesante también lo que el Tribunal Supremo resaltaba en cuanto a la contraposición del derecho a la libertad de expresión como justificativo de la ausencia de carácter penal de la conducta:

En efecto la acción terrorista […] es algo más que la expresión de ideas. La libre expresión y difusión de ideas, pensamientos o doctrinas es una característica del sistema democrático que debe ser preservada. Incluso, en el momento actual y en la mayoría de los países democráticos, es posible la defensa de tesis que propugnen la sustitución del sistema democrático por otro sistema político que no lo sea. La condición esencial es que esa defensa se lleve a cabo a través de vías admisibles en democracia, lo que excluye las vías y medios violentos.

No otra cosa sucede en el caso que se examina. No puede aceptarse la circunstancia de que el recurrente fuera miembro relevante de partidos políticos de la izquierda aberzale, haya sido concluyente por sí sola para inferir que actuaba bajo la dirección de ETA. Como ya dijo esta Sala […], la opción independentista puede y tiene cabida y legitimidad dentro del pluralismo político, y de hecho hay partidos que sostienen tal ideología y que ostentan responsabilidades políticas en algunas comunidades autónomas.

Esta consciente confusión entre la opción independentista y el exterminio del disidente tiene una de sus manifestaciones más claras en la atribución a los terroristas de ETA la condición de «presos políticos» por el entorno social que apoya al terrorismo. Se trata de una burda manifestación de la reinvención del lenguaje que constituye uno de los símbolos de la dinámica terrorista que, en ocasiones, de forma inconsciente y por frivolidad acaba formando parte del lenguaje coloquial, de forma tan acrítica como censurable.

Pero es necesario insistir en que, como ha recordado el Tribunal Constitucional […], «la izquierda aberzale como expresión ideológica no ha sido proscrita de nuestro ordenamiento ni podría llegar a serlo sin quiebra del principio pluralista y de los derechos fundamentales a él conexos, y que las ideologías son en el ordenamiento constitucional español absolutamente libres y deben encontrar en el poder público la primera garantía de su indemnidad, a la que no pueden aspirar, sin embargo, quienes se sirven para su promoción y defensa de medios ilícitos o violentos y se sirven de la intimidación terrorista para la consecución de sus fines», destacando que «son esos medios y no las ideas o los objetivos políticos pacíficamente perseguidos a los que está destinada la reacción del poder público en defensa del marco de convivencia pacífica diseñado por el constituyente para que en él tengan cabida todas las ideas».

Años antes, en 2007, yo había establecido ya la línea de diferenciación entre la izquierda aberzale y sus actividades y las de las estructuras integradas en ETA.

Ahora bien, es preciso poner de relieve que la conclusión alcanzada en la resolución impugnada respecto de la integración del recurrente en la organización terrorista se ha fundamentado no en la circunstancia de que formara parte de la denominada izquierda aberzale, en el sentido de compartir los objetivos secesionistas de la banda armada ETA, sino en el hecho de que […] [como] quedaba acreditado con otros elementos de prueba, su actuación era del todo coincidente en lo relativo a la consecución de unos objetivos políticos y también en cuanto al uso de los medios violentos e ilícitos para su consecución, que es lo que define la actuación de las organizaciones terroristas. En efecto, quien como miembro destacado y relevante de aquellas organizaciones, conociendo su dependencia de ETA y que en esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista, debe configurarse como una modalidad del delito de terrorismo.

La conclusión a la que se llegaba, tras investigar la red de las herriko tabernas y su relación con la estructura económica de ETA, era evidente:

[…] En cualquier caso, Herri Batasuna desde su constitución, y después Euskal Herritarrok, como también la sucesora de estas, Batasuna, fueron utilizadas por el frente militar de ETA como instrumento con el que introducirse en las instituciones.

El TEDH sobre la ilegalización de Batasuna

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, dio la razón a España en junio de 2009 y consideró que la ilegalización de Batasuna decidida por el Tribunal Supremo en 2003, después de que yo suspendiese todas las actividades de ese partido el 26 de agosto del año anterior, fue legítima. Con esa decisión, reconocía, se buscó garantizar el mantenimiento de la seguridad pública y la defensa del orden y la protección de los derechos a la libertad de los otros.

Este Tribunal consideró que la ilegalización, a pesar de ser una medida grave, sin embargo era proporcionada porque Batasuna ejecutó una serie de actos que permitían «concluir que era instrumento de la estrategia terrorista de ETA». Esos actos se distribuían en dos grupos: los que favorecían un clima de confrontación social y los que constituían una actividad de soporte implícito al terrorismo etarra.

Con ocasión de esta sentencia declaré expresamente:

Fuera de España siempre ha costado trabajo traducir la realidad de ese complejo terrorista en sus justos términos. Ahora, lo bueno de esta situación es que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, la máxima instancia de protección de derechos y garantías fundamentales, el que ha dicho que lo que aquí se ha hecho respeta esos parámetros y transmite a los ciudadanos europeos que ETA no son solo aquellos que están en la vanguardia armada, sino todo el entorno sin el cual la organización no sería ni lo que es ni podría serlo.

Y concluía con una frase que resumía el alcance de la respuesta de Estrasburgo: «Hay que dar la enhorabuena a las víctimas».

Estoy convencido de que entonces alcanzamos uno de nuestros grandes objetivos: respetando todas las garantías, con todas las acciones conjuntas frente al terrorismo, se consiguió transmitir la verdadera realidad del alcance de la violencia política en España.

Después de la suspensión de actividades de Batasuna por mi auto del 26 de agosto de 2002, en septiembre comuniqué al Gobierno vasco y a la Ertzaintza la ilegalidad de cualquier manifestación convocada corporativa, personal, pública o privadamente referida a Batasuna. Ya se había producido algún acto de apoyo a la coalición en San Sebastián, en que se corearon consignas a favor de ETA y en contra de la Ertzaintza, el PNV y contra mi persona. La policía vasca intentó que cesaran esos gritos, entre ellos los de «Garzón, escucha: pim, pam, pum».

En agosto de 2002 el Gobierno de Aznar, con José María Michavila al frente de Justicia y Mariano Rajoy como vicepresidente primero, presentó «mil pruebas» de que Batasuna era el brazo político de ETA. Peridis dedicó una viñeta a este asunto, publicada en El País. El Consejo de Ministros aprobó que se presentase la demanda para que el Tribunal Supremo ilegalizase al partido vasco. El cerco judicial a quienes apoyaban, política y económicamente, a ETA comenzaba a cerrarse gracias, en buena medida, a los esfuerzos de Baltasar Garzón y de todos aquellos demócratas que arriesgaban incluso sus vidas para acabar con la violencia armada en España.

Delito de lesa humanidad

A mediados de octubre de 2002 acusé a ETA y Batasuna de intentar una limpieza étnica de baja intensidad en el País Vasco. Dicté una resolución en la que explicaba que pretendían limitar a una determinada tendencia ideológica —la nacionalista— la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar un resultado afirmativo. Quería saber si se habían producido las bases de esa presunta limpieza, mediante el abandono o éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco que había establecido su residencia en otras partes de España, causando baja en el censo electoral de Euskadi.

En febrero de 2014, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo presentó una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional acusando a ETA de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Un año y medio más tarde, varias asociaciones de víctimas lo harían ante la Audiencia Nacional y la Asociación Dignidad y Justicia en Argentina, donde la Cámara Federal ordenó la investigación en marzo de 2016.

A pesar de las presiones procedentes de distintos ámbitos, la Audiencia Nacional respaldó a Baltasar Garzón y confirmó la suspensión de las actividades de Batasuna. La medida estaba justificada, pues, como el juez razonaba, la propia estructura de HB-EH-Batasuna se encontraba integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz. En los círculos nacionalistas más radicales, veían la actuación de Garzón como un peligro que se cernía sobre la causa del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, una impresión que Peridis recogió en esta viñeta incluida en la edición de El País publicada el 9 de octubre de 2002.

La discusión con el subcomandante Marcos

Quien tampoco vio con agrado la actuación contra Batasuna fue el subcomandante Marcos, líder de la guerrilla zapatista —el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)—, que arremetió con virulencia contra mí, contra el jefe del Gobierno español y contra el rey de España mediante una carta publicada en el diario mexicano La Jornada en octubre de 2002. Lo hizo a favor del independentismo en el País Vasco. Ya puesto en faena, me llamaba «fascista» y «payaso grotesco». Le contesté unas semanas después en los siguientes términos:

Baltasar Garzón Real

Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción n.º 5

Audiencia Nacional

C/ García Gutiérrez, 1

28004-Madrid (España)

Subcomandante Insurgente Marcos:

No le voy a discutir que me llame «payaso grotesco». Prefiero ver mi nombre abiertamente asociado a la democracia como un payaso que esconderlo tras la falsa rebeldía, la violencia, la mentira, el desconocimiento, la falta de ética y de escrúpulos, y demás rasgos que usted, cada vez con mayor claridad, representa.

¿Cómo se atreve a insultar impunemente al pueblo español, que en su conjunto viene sufriendo la lacra terrorista desde hace más de treinta años? ¿Nadie le ha dicho que ochocientas cincuenta y tres personas han sido asesinadas con coches-bomba, con pistolas, metralletas, lanzagranadas, etcétera, por la espalda, con alevosía, o con un disparo en la nuca? ¿Cómo puede usted ignorar a las decenas de niños asesinados, a las más de cuatro mil personas mutiladas y heridas, a los ciudadanos y ciudadanas que perdieron sus bienes y su libertad? ¿Qué les dirá a los que hoy, día 3 de diciembre de 2002, han vuelto a sufrir el zarpazo de los terroristas en Santander?

¿Dónde están en su carta unas palabras, tan solo algunas palabras, para esas víctimas del terrorismo? No están en ningún lado, porque usted (en su fundamentalismo represor, pleno de autoritarismo y de soberbia) destila odio hacia esas víctimas, y hacia todos los que no somos o pensamos como usted.

Con iniciativas como la sectaria carta que ha escrito lo único que pretende es que le oigan o le lean aquellos que ya están previamente convencidos y que se alimentan entre sí como lo hace usted de los virus de la violencia, el odio y la intolerancia. Así no se hace Estado, ni Democracia ni se forma un país, ni se conquista el corazón de los ciudadanos. Así lo único que se consigue es sembrar la maldad de un planteamiento político deformado y muerto desde su inicio, amén de traicionar a aquellos que dice defender, y que merecen el máximo respeto. Con actitudes así, usted perderá incluso a quienes siguen el espejismo del futuro que usted les ha ofrecido. La causa indígena se ve gravemente amenazada por las actitudes de intolerancia extrema que usted ha adoptado.

¡Habla usted de rebeldía! Mire, la rebeldía que yo entiendo es la que se hace día a día luchando desde el Estado de derecho, en la Democracia y por la democracia; aplicando el principio de igualdad ante la ley, el de presunción de inocencia y una justicia independiente. Esta es la rebeldía que practican muchas mujeres y hombres que buscan un mundo mejor y diferente. Entre todos tratamos de consolidar un sistema de garantías que nos cohesione como pueblo diverso y que nos vertebre como un Estado plurinacional.

Quizá usted no lo sepa (o no le hayan informado bien sus amigos, o no haya oído o leído todas las noticias o textos que debería), pero los verdaderos héroes que existen en el País Vasco y los verdaderos rebeldes no son los terroristas que usted defiende, sino sus víctimas, los hombres y mujeres que tratan de defender una opción democrática o consolidar las instituciones, o desarrollar una libre cátedra; o trabajar sin temor a sufrir extorsiones y persecuciones. Aquellos a los que usted eufemísticamente llama «rebeldes vascos» son seres sumisamente vinculados a la estrategia de la violencia más injusta y demencial que existe en Europa.

No, señor Marcos, en España no se ilegalizan ideas, no se persigue a nadie por lo que piensa, cree o discrepa. Parece como si a usted y a otros como usted, que construyen su discurso sobre el franquismo trasnochado y repudiado, les fastidiara que esta etapa se haya superado en España, que exista libertad, control de poder y Estado de derecho, y en España se persigue el terrorismo con arreglo a la ley, desde la ley, y con todas las garantías y controles que el ordenamiento jurídico establece. Y le aseguro que este ordenamiento es uno de los más rigurosos del mundo. Aquí hay un Tribunal Constitucional, y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y existe también la responsabilidad de los jueces y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Aquí todos tienen cabida, incluso para separarse y no estar, pero, eso sí, desde la no violencia, desde la lucha política. Si usted no entiende esto, no tiene conciencia de lo que dice. Así que no hable de «rebeldía» de los que matan, secuestran o lesionan a los inocentes en forma selectiva o sistemática; o de los que masacran a sectores completos de población. A estos se les llama criminales contra la humanidad y así deben ser perseguidos, investigados y juzgados.

Usted ha ofendido a quienes han participado activamente en la construcción de la Democracia de España: al rey de España y a los presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, entre otros. Los calificativos viles que ha empleado usted no los tocan a ellos: lo degradan a usted. Todos tenemos defectos, pero no desprecie usted gratuitamente a quienes, en España, han participado o participan en el escenario histórico, respetando siempre a quienes difieren en pensamiento y acción; cualquiera de ellos o de los que, en mi país dan la cara, hacen más que usted por su «movimiento». Su cita del caso Pinochet es igualmente patética, y muestra un desprecio que raya en la vileza más absoluta hacia las víctimas. No hay duda, usted se ha colocado en el bando equivocado: no porque canten sus «hazañas», los terroristas y quienes como usted les apoyan tienen más razón que aquellos que los critican. Habla usted de dignidad y rebeldía, pero creo que ha equivocado los términos si los aplica a los asesinos y responsables terroristas y, desde luego, se priva usted mismo de las que pudiera tener y que algunos, erróneamente, le concedíamos.

Le confieso que para mí, señor Marcos, usted representaba algo diferente: una especie de rayo de coherencia. Ahora advierto mi gravísimo error. Le había otorgado una categoría que no merece. Usted no es más que un barco a la deriva. Cuando al principio, al frente de su «Ejército», contaba con la simpatía de muchas personas (la mía incluida), tuvo usted ocasión de llevar la causa indígena a buen puerto, pero erró el rumbo y ahora ya sabemos por qué. No necesita usted quitarse la máscara para haberse desenmascarado: usted, sencillamente, no cree en los derechos esenciales del hombre ni en la democracia, ni siquiera en los derechos cívicos de su propio pueblo.

Yo no soy, como afirma usted, «fascista» ni «terrorista de Estado». Nunca he tomado un arma en mi vida (salvo para cazar alguna perdiz). Soy en esencia un pacifista. Procuro aplicar la ley y cumplirla a rajatabla, en un Estado democrático social, y de derecho, lo que me corresponde como profesional del derecho y en ello está empeñada mi responsabilidad. Llevo veintidós años prestando un servicio público y catorce de ellos procurando combatir con las armas que da la ley, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y los crímenes de Estado y de la humanidad. En esta larga batalla he podido cometer errores, pero a diferencia de usted he dado la cara y firmado con mi nombre, y he asumido mis equivocaciones. En cambio usted se parapeta cobardemente en una suerte de atalaya que le convierte en un ser extraño, exótico, un espectro detrás de una máscara y de una ridícula pipa. No suelo dar consejos, pero aquí va uno: abandone usted el disfraz y su escondite, demuestre que es un líder, dé la cara, enfréntese a la sociedad mexicana, defienda sus ideas en igualdad de condiciones; dígale adiós a las armas, permita que sus hombres sean libres, no secuestre ni mancille a la democracia. De «gachupín a gachupín» (porque no dudo que usted tiene sangre «gachupina» en las venas) y con el mayor respeto y admiración hacia México, país entrañable al que tanto debemos los españoles incluidos los vascos, le reto cuando usted quiera y donde usted quiera, a que sin máscaras ni disfraces, cara a cara, podamos hablar del terrorismo, de rebeldía, de dignidad, de lucha, de insurgencia, de política, de justicia, de todos aquellos valores que sirven para construir un país y una democracia y defender los derechos de los que menos tienen.

«Hoy es siempre todavía», decía Antonio Machado. Albergo la tenue esperanza de que recobre usted la razón que parece haber extraviado y ese fondo democrático que, quizá alguna vez, tuvo.

BALTASAR GARZÓN REAL

Magistrado-Juez

3 de diciembre de 2002

El subcomandante Marcos aceptó que dejaría la máscara si resultaba derrotado en el debate conmigo. Pero si él «triunfaba» en esa discusión, yo tendría que ofrecer asesoramiento legal al ejército zapatista.

La vida es sorprendente. En el momento en que escribo estas líneas, a finales ya de febrero de 2016, llega la información del Consejo de la Judicatura Federal de que la Justicia mexicana ha desistido de las acusaciones penales contra el subcomandante Marcos y otros doce miembros del EZLN. Durante veintiún años, Marcos fue señalado por delitos como sedición, motín, rebelión, terrorismo, apología del delito y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El 1 de enero de 1994 protagonizó el levantamiento armado del EZLN en Chiapas, al sur de México. Los zapatistas pedían respeto y derechos humanos para los pueblos indígenas. Consiguieron controlar algunas comunidades, a las que dotaron de autogobierno. En 1995 se supo que el Sub, como se le llamaba y se le sigue llamando, era un profesor universitario.

En aquel proceso polémico intervino también el escritor portugués José Saramago mediante unas declaraciones en el mismo periódico, La Jornada. Saramago consideró primero que lo que el líder guerrillero afirmaba era un error. Más tarde, opinó que lo propuesto por Marcos era coherente con la línea de conducta del zapatismo.

Conocí a Saramago en 1998, el mismo año en el que le concedieron el Nobel de Literatura. Fue en esa fecha cuando tuve la primera experiencia con un libro suyo. Iba a ser una de las personas cuya amistad más me enriqueció y que más huella dejarían en mi vida. Aunque en aquella ocasión tuviéramos algún desacuerdo…

Finales de 2003. Sabemos cómo piensan

La policía francesa detuvo en Bayona a finales de 2003 al dirigente etarra Juan Ibón Fernández de Iradi, alias Susper. A lo largo del año siguiente la documentación incautada, que llamamos los papeles de Susper, permitió detener en España y en Francia —en acción coordinada con la juez Le Vert— a cerca de cincuenta personas en diferentes operaciones. Entre los detenidos había algún responsable de los comandos de la organización. Aquí ya se veía que las cosas eran diferentes.

Esa buena coordinación con los colegas franceses era impensable cuando me hice cargo del Juzgado, pero había más. En una entrevista se me preguntó si esa acción tan efectiva, que en el caso de Susper fue muy clara, tenía que ver con la existencia de infiltrados en la organización terrorista. Respondí lo que sigo pensando, que desconocía si había infiltrados, pero que estaba convencido de que las detenciones fueron consecuencia del modus operandi de la investigación criminal contra ETA. Cuando pudimos estudiar a fondo los documentos que ellos elaboraban, empezamos a saber cómo pensaban, cómo actuaban. Y efectivamente, en algunas ocasiones se pudo llegar a pensar que íbamos por delante de ellos. Un abogado de Batasuna me lo dijo: «Parece que saben lo que vamos a hacer».

Todas estas acciones iban haciendo mella en ETA, que en noviembre de 2003 anunció en un comunicado remitido a Radio Euskadi su intención de seguir atacando a las fuerzas armadas españolas en Euskal Herria. Además, avisaba también a los civiles que desempeñaran trabajos en los cuarteles de que no colaborasen «con las fuerzas de ocupación», dado que continuaban siendo objetivo de ETA. En otro comunicado hablaban de crear una representación legítima de Euskal Herria ante los Estados español y francés. En sus boletines internos apuntaban a boicotear a ciertas empresas, indicando de paso los nombres de diversos empresarios. Para rematar, asumían sendos atentados en Huesca y San Sebastián contra una torre de alta tensión y una agencia inmobiliaria.

Se diría que ETA vivía en una cierta confusión, porque tal exuberante manifestación de propósitos o despropósitos tuvo lugar tras la detención de dieciséis miembros de su aparato logístico gracias a los papeles de Susper.

Opino que ya entonces estábamos prácticamente en la vía de acabar con el impuesto revolucionario como sistema de financiación de ETA. Ese asunto era complicado: tenías que llamar a declarar en concepto de colaboradores a quienes se veían en la tesitura de abonar dinero a la organización, aunque lo hicieran obligados y encima asustados porque en ello les iba la vida. Aun así, era patente el hecho delictivo. Recuerdo que a principios de año había ordenado incluso detener a un empresario de Tolosa, que fue llevado a Madrid a declarar, aunque por lo general se les interrogaba en sus propias oficinas.

Se produjo una situación curiosa en este asunto. Había ordenado en diciembre de 2003 la detención y posterior puesta en libertad, bajo fianza de dieciocho mil euros, de Jokin Gorostidi Artola, un histórico de Herri Batasuna, y Juan José Arruti López. Los acusaba de haber intervenido en el cobro de más de ciento ochenta mil euros a un empresario como impuesto revolucionario. Pero hete aquí que ETA recibió solo treinta mil euros. En el auto indiqué que ambos mostraron deslealtad con la organización. Y es que en todas partes cuecen habas.

2004. Charla con Zapatero

El 13 de abril de 2004, tres días antes de su investidura como presidente del Gobierno, vino a mi casa José Luis Rodríguez Zapatero para intercambiar puntos de vista sobre diferentes temas. Me pareció muy oportuna esta decisión porque implicaba su clara preocupación por conocer cuál era la situación real sobre diferentes temas. La conversación se centró en aspectos relacionados con el terrorismo. Le expuse una panorámica de la situación, de lo que, desde mi óptica, se necesitaba y lo que se debía hacer estructuralmente en el ámbito de la dirección y coordinación para enfrentar eficazmente la lacra terrorista. Me pidió que le sugiriera nombres de personas que podrían desarrollar esa labor. Le prometí enviarle un estudio de situación y la propuesta. Así lo hice dos días después, el 15 de abril.

En el texto que recibió Zapatero incluí unas notas sobre la crisis que ETA estaba atravesando desde hacía tres años como entramado organizativo de la izquierda aberzale, una consecuencia de las actuaciones policiales y judiciales que se llevaban a cabo, pero también de los errores tácticos de la propia organización. En ese momento, la crisis operativa de ETA no era fruto de una paralización preventiva de los «aparatos», sino que se debía en primer lugar a la reiterada detención de sus dirigentes, la cual forzaba a una sustitución acelerada de estos y llevó a la dirección de la organización terrorista a personas de dudosa calificación y experiencia. Me refiero a las caídas sucesivas de los responsables del «aparato militar», es decir, José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), Ignacio Gracia Arregui (Gorosti), Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi (Jon), Ainhoa Múgica Goñi (Olga), Juan Fernández Iradi (Susper), Gorka Palacios Alday (Nagi) y Juan Luis Rubenach Roig (Txurdo). A esas detenciones había que unir además las de los miembros de los diferentes grupos operativos y los «taldes de reserva». Todo ello se sumaba a las actuaciones sobre el aparato logístico y las detenciones de sus sucesivos responsables; el agotamiento, debido a las sucesivas desarticulaciones, del semillero de Jarrai-Haika-Segi; las incautaciones de material y documentación interna que permitió la identificación y neutralización de los procesos de captación y encuadramiento de militantes («pianistas»). Y por último, las actuaciones sobre el MLNV desde las instancias policiales y judiciales.

Es decir, lo que puse de manifiesto a quien iba a ocupar —desde el día siguiente hasta finales de 2011— la Presidencia del Gobierno era que la crisis afectaba a todas las estructuras, desde ETA hasta las organizaciones de su frente institucional. A esto se añadieron los efectos de los recientes atentados del 11 de marzo, que extremaron la sensibilidad de la ciudadanía ante la violencia y eliminaron los pocos argumentos que podían quedarle a la organización terrorista para defender una lucha armada. Concluía mi informe con una panorámica sobre la situación de ETA en todos los frentes y países.

También le presenté una panorámica sobre la situación del terrorismo islamista inmediatamente después de los atentados del 11-M y sobre la necesidad de cambiar el formato de investigación ante la diferente naturaleza de este tipo de terrorismo y su dinámica, en la que se mezclaban cuestiones operativas más que conceptuales. Para afrontar el desafío, proponía diversos modelos: unos mixtos, de Guardia Civil y Policía; otro separado pero con real y efectiva coordinación; o bien uno formado por adhesión. Por otra parte, en mi informe a Zapatero planteaba actuar sobre dos ejes fundamentales: el territorial (rural, urbano e internacional) y el funcional, con un adecuado ensamblaje judicial y la coordinación de todos los servicios.

Se trataba de un modelo integral en el que se incluía la creación de unidades a todos los niveles que integraran las diferentes conductas como la inmigración, la delincuencia organizada y la radicalización, y la potenciación de las Unidades Centrales de Policía, Guardia Civil y CNI. La creación de una Secretaría de Estado para la Dirección y Coordinación de Servicios en materia de terrorismo, con una dirección especializada y la elaboración de un plan estratégico de actuación en el que se valoraran todos los aspectos que afectaban al fenómeno (Defensa, Interior, Ministerio Fiscal, Poder Judicial de otros países, servicios de inteligencia…), sin olvidar el control de la información a través de una potente Unidad de Análisis que apoyaría a la Secretaría. Para lograr los objetivos propuestos había que contar con una alta especialización de los jueces, fiscales y funcionarios, con una redefinición del control judicial con una mayor efectividad, de modo que se generase una verdadera comunidad de información judicial en materia de terrorismo y crimen organizado que potenciara la acción conjunta frente a estos fenómenos. Para hacer frente a la financiación de los terroristas, a todo ello habría que sumar la puesta en funcionamiento de unidades informáticas y de expertos financieros y economistas.

Así expresé mis propuestas al futuro presidente del Gobierno.

2005. Plan Ibarretxe

El año 2005 se inició con el debate político sobre una teórica posible negociación del Plan Ibarretxe, un proyecto de estatuto político para Euskadi presentado por el Gobierno vasco y aprobado, el 30 de diciembre anterior, por el Parlamento vasco. El Congreso de España lo rechazó por votación el 1 de febrero, y ETA dio a conocer su opinión ocho días después, haciendo explotar un coche bomba sin aviso previo en Madrid cerca del recinto ferial Ifema, pocas horas antes de que los reyes don Juan Carlos y doña Sofía acudieran a inaugurar ARCO, la feria de arte. Más de cuarenta personas sufrieron heridas leves. Este caso, que me correspondió por estar de guardia, comenzó a investigarse justo antes de mi marcha en situación de servicios especiales a Nueva York. Recuerdo que mi última intervención, el mismo día en que subí al avión, fue la de tomar declaración indagatoria a varios procesados en el caso Batasuna.

Entre tanto, en mayo de 2005, el grupo socialista presentó ante la mesa del Congreso una resolución sobre la lucha contra el terrorismo que afirmaba:

[…] Expresamos nuestra convicción de que el Estado de derecho ha demostrado su fortaleza y superioridad frente al terrorismo. A ETA solo le queda un destino: disolverse y deponer las armas […]. Convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje. […]

El resultado de la votación sobre este documento fue que todo el Congreso excepto el PP respaldó que el Gobierno dialogara con ETA si la banda dejaba las armas. Las cosas parecía que podían cambiar. Pero no levantábamos la guardia.

2006-2007. El proceso de paz

En 2006 el cese de las actividades terroristas dio paso a una tregua y al inicio de un proceso de paz entre el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ETA. No obstante, en ningún momento se interrumpió la actividad investigadora, aunque se concretó en la acumulación de datos, documentos y elementos probatorios para que, caso de que fracasaran las conversaciones, se pudiera actuar judicialmente si así procedía.

Resultaba obvio para mí que no había que obstaculizar esta apuesta por la posible finalización del terrorismo, pero también que la actuación judicial no debía paralizarse y estar ausente de la actividad del entramado en un momento tan delicado como aquel. Por ello, impartí instrucciones a la policía para que se continuaran todas y cada una de las actuaciones referidas a ETA en toda su extensión, de modo que estuviéramos preparados por si el proceso fracasaba.

En esta línea, después de haber concluido mi periodo de estancia en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, me reincorporé al Juzgado y retomé todas las investigaciones que estaban pendientes. La importancia del momento era evidente, porque podíamos estar asistiendo al fin de décadas de terror. Como tuve ocasión de comentar con el presidente del Gobierno a final de julio de 2006, poniéndole de manifiesto lo que pensaba, actuar como lo estaban haciendo —sin tener en cuenta la situación judicial de los procedimientos y a los propios órganos judiciales, que, en todo caso, actuarían con independencia y no precisamente a favor de los procesos— era un riesgo que podía transformar en papel mojado cualquier acuerdo al que pudiera llegarse. Y esto es lo que sucedió con el caso de la huelga de hambre del miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos y su imputación, para evitar su puesta en libertad, por unos artículos cuyo contenido delictivo era mucho más que dudoso, pero que distorsionó gravemente aquella situación.

El 30 de junio de ese mismo año, me reincorporé a las funciones judiciales y cesó en esa posición el juez Fernando Grande-Marlaska, que me había sustituido durante mi estancia en Estados Unidos. En ese momento, como en los años anteriores, la actuación de los miembros de las organizaciones cuya actividad había sido suspendida —y la de sus dirigentes imputados— no se había limitado a las actividades orgánicas, sino que también se habían llevado las acciones de apoyo o enaltecimiento a la calle, a través de reiteradas manifestaciones más o menos multitudinarias que, en ocasiones, iban acompañadas de jornadas de lucha con resultados que se concretaban en múltiples daños, incendios y estragos con múltiples perjudicados. Esta situación determinó que declarara la responsabilidad civil, por primera vez, de organizaciones como Batasuna y aquellas que estaban detrás de las respectivas convocatorias.

Aquellas acciones quedaban al margen de la legalidad y constituían un claro y permanente desafío por parte de los máximos responsables al Estado de derecho, por cuanto cuestionaban las decisiones judiciales en una estrategia claramente preestablecida y coordinada con finalidad frentista y favoreciendo la dinámica de la organización terrorista. Para mí se trataba claramente de un pulso a las actuaciones judiciales que estábamos desarrollando. Por primera vez la maquinaria judicial, a todos los niveles, se contraponía a la «trainera de KAS» que años atrás apareciera en la portada de la revista orgánica de ETA, en el número 9 de Zutabe, explicando lo que era el MLNV comandado por ETA. Esto suponía, por fin, que la acción coordinada de todas las instituciones del Estado en los diferentes ámbitos de actuación integral contra ETA podía vencer a lo que había sido su principal escenario, junto a los atentados para presionar al Estado y a las víctimas.

Por tratarse de espacios en los que los derechos humanos estaban en juego, en este caso los de reunión y manifestación, establecí una línea de actuación consensuada con el Ministerio Fiscal y compartida por las fuerzas policiales y las políticas a nivel central y autonómico (aquí con algunas reticencias). Consistía en establecer una clara distinción entre lo que eran actividades ilícitas, por quien las convocaba o dirigía y la finalidad con la que se realizaban, y aquellas otras en las que sus convocantes nada tenían que ver con las organizaciones cuyas actividades habían sido suspendidas, o declaradas ilícitas o ilegales, sin perjuicio de que fueran dirigidas a cuestionar las decisiones judiciales. La línea se definió perfectamente. Para que no hubiera lugar a dudas, en reiteradas ocasiones hablé con algunos de los abogados que normalmente asistían a la Audiencia Nacional en las causas relacionadas con ETA con el fin de que contribuyeran a no tensar más la situación, porque era evidente que mi decisión de afrontar el desafío era firme y definitiva. Debo decir que lo comprendieron perfectamente y que colaboraron, en gran medida, a que se pudiera compatibilizar el cumplimiento de la legalidad con el ejercicio de aquellos derechos.

Baltasar Garzón se reincorporó a su Juzgado en el verano de 2006, tras su estancia académica en la Universidad de Nueva York. En los meses anteriores, los máximos responsables de Batasuna y otras organizaciones independentistas vascas habían mantenido un claro y permanente pulso con el Estado de derecho. Las actuaciones judiciales llevadas a cabo por Garzón y otros jueces se contraponían a todos los niveles a la «trainera de KAS», que años antes había protagonizado la portada del número 9 de Zutabe, la revista orgánica de ETA, como símbolo de que ETA y su entorno comandaban el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Recuerdo que, en junio de 2006, mi colega Grande-Marlaska prohibió una conferencia que Arnaldo Otegi tenía previsto dar en Barcelona. La resolución judicial llevaba fecha del 23 de junio y el acto estaba previsto para el 26 del mismo mes. La argumentación para la prohibición, que afectaba exclusivamente a Otegi, al que ya había ordenado detener meses antes y puesto en libertad a continuación, se concretaba escuetamente en lo siguiente:

[…] únicamente cabe concluir que el acto aludido del próximo 26-06-06 y cualquiera otra que pudiera sustituirle se encuentran afectos a las causas de prohibición recogidas en el auto de 17-01-06 acordando la suspensión de las actividades de Batasuna y por su relación directa con esta organización y ello toda vez que la conferencia a impartir por Arnaldo Otegi Mondragón a través del foro de opinión, Tribuna de Barcelona, se refiere expresamente que lo hace en su condición de portavoz de la izquierda aberzale, circunstancia esta que conforma que el mismo no ejercerá sus derechos civiles y políticos como persona individual, sino que se constituye en portavoz del frente político institucional de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN-Batasuna.

Por auto del 9 de agosto siguiente, establecí que el acto había sido convocado por una entidad ajena al entramado delictivo y que, siendo así, no se podía evaluar con carácter previo la relevancia penal de la conducta que podría llevar a cabo Arnaldo Otegi como no fuera a base de una presunción originada en el hecho de que, en otras ocasiones, había actuado como portavoz de la izquierda aberzale, pero

incluso, y aun en el caso de que así hubiera llegado a ser debería haberse esperado a analizar el contenido de la conferencia, visto que no puede extenderse la prohibición hasta el punto de impedir la palabra a quien no tiene suspendidos sus derechos civiles y políticos.

En este difícil equilibrio se planteó una nueva situación, en cuya resolución hubo que desplegar amplias dosis de comprensión hacia el proceso iniciado, puesto que estaba siendo cuestionado desde diversos puntos por las organizaciones de víctimas, así como por el Partido Popular y la propia área judicial, la cual dejaba ver su clara posición contraria a cualquier intento de acuerdo con la organización. En ese contexto, se fijó una reunión entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y Batasuna.

En un auto del 4 de julio de 2006 establecí que Batasuna, según la resolución del Juzgado del 26 de agosto de 2002, era una estructura organizativa integrada en el entramado dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz. No obstante, en aquella resolución de julio, razoné así mi conclusión:

La medida de suspensión que ahora se solicita excede absolutamente el ámbito de aplicación de la resolución de suspensión de actividades precitada y por tanto no puede prosperar.

[…] la iniciativa de la reunión que previsiblemente se celebrará en los próximos días, no proviene de la organización suspendida, sino que lo ha sido por el representante o secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), partido político legal y sin ninguna limitación diferente a la establecida por la ley a cualquier ciudadano o ciudadana u organización, limitación cuyo quebranto se podrá establecer, en todo caso, a posteriori y no preventivamente porque, de ser así, el juez se convertiría en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático, acción que sería ilegal por contraria a derecho, al exceder de las facultades jurisdiccionales de aquel.

En la convocatoria efectuada por parte del secretario general del PSE, no se observa ningún elemento que induzca a pensar que, con ella, se pretende favorecer la acción delictiva del complejo terrorista dirigido por ETA, y en el que se incluye Batasuna, sino todo lo contrario: evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose.

[…] La resolución de este Juzgado no puede extenderse a la prohibición de hablar o exponer ideas que, a priori, no se sabe si tendrán o no contenido delictivo. Ello conduciría a una especie de responsabilidad objetiva que quebraría con las más elementales reglas del principio de culpabilidad penal y con el artículo 24 de la Constitución española; y desembocaría en una resolución de contenido político que es quizá lo que, inconscientemente, se reclama del Juzgado.

La responsabilidad política discurre por fuera de los márgenes de la acción judicial, que debe contraerse a la averiguación, investigación y sanción de los delitos cometidos y a la evitación de comisión de los mismos; pero no debe ir más allá imaginando contenidos que no se han producido; o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder o no suceder. Ese ejercicio posibilista desnaturalizaría cualquier acción del juez como parte integrante del Poder Judicial y quebrantaría el equilibrio y respeto que debe existir entre los diferentes poderes del Estado democrático.

Es decir, ética y jurídicamente yo no podía impedir que el Gobierno y los partidos políticos y representantes de una organización ilegalizada e integrada en el complejo terrorista pudieran hablar en búsqueda de la paz. Resultaba patente por tanto la imposibilidad de cometer delito porque lo hicieran, y lo que se buscaba era el entorpecimiento de las vías abiertas para la posible búsqueda de una solución pacífica. Por lo demás, no tenía sentido asumir la celebración de conversaciones entre la organización terrorista y el Gobierno y que no se permitieran las de los partidos con Batasuna.

En otro auto, fechado el 20 de julio, y frente a la petición de la acusación popular ejercitada por la asociación Dignidad y Justicia y con el apoyo del fiscal, rechacé la citación como imputados, entre otros, de Arnaldo Otegi a causa de la reunión mantenida con los partidos políticos porque ningún dato o indicio indicaba que en el encuentro mantenido a instancias del PSE el 6 de julio anterior, en el hotel Amara de San Sebastián, se hubiera cometido delito alguno.

La tensión entre lo que era el ámbito de aplicación de las resoluciones de suspensión y sus consecuencias era permanente, a la vista de la intención por parte de determinados sectores de que se reprimiera cualquier tipo de respuesta o manifestación de la izquierda aberzale. En este sentido, en el auto de 27 de enero de 2007 —y a pesar del atentado en el que ETA hizo estallar, el 30 de diciembre anterior, una bomba en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas— afirmé, ante la petición de inculpación de Otegi y otras personas, que no se trataba

[…] de controlar la actividad política de un grupo de personas a través de la suspensión reiterada de actos en los que puedan participar, sino de constatar si los actos son promovidos o auspiciados por la organización suspendida Batasuna (al ser parte de ETA) a través de sus órganos dirigentes, lo que sí sería objeto de persecución.

Pero en esa resolución se establecía también lo siguiente:

[…] el hecho de que determinados dirigentes estuvieran procesados por integración en organización terrorista no impide ni puede impedir el ejercicio de sus derechos civiles y políticos que sean compatibles con esa situación.

Es decir, se les imputaban hechos concretos y no se trataba de criminalizar a toda la izquierda aberzale o a otras organizaciones que se movieran en el mismo espectro ideológico que aquella como parte de ETA, porque esto ni estaba acreditado ni se desprendía de los hechos, «al margen de la coincidencia eventual de personas en ambos momentos históricos». Se insistía, por último, en que la izquierda aberzale podía defender sus postulados políticos y esto era legítimo, de modo que no podía perseguirse. En definitiva, se actuó con ponderación a la hora de discernir lo que eran comportamientos delictivos y acciones políticas que quedaban fuera del ámbito de actuación judicial. Claramente, se marcaba la línea divisoria entre lo legal y lo ilegal:

[…] cualquier imputado […] puede participar en cualquier acto con tal de que el acto no esté convocado o auspiciado, directa o indirectamente, por alguna de las organizaciones suspendidas o declaradas ilícitas o aquellos no actúen en nombre o representación de estas y que por su militancia en Batasuna no tienen limitado el ejercicio de sus derechos civiles y políticos […].

En conclusión, la IA no tiene suspendida ad cautelam ninguna de sus actividades salvo que actuara encubriendo a otros organismos o grupos. Por tanto, deberá demostrarse que la dirección actual de la izquierda aberzale está en manos de ETA, sin que sea suficiente la afirmación retórica de que son los mismos miembros de Batasuna los que ahora asumen la dirección porque, aunque así fuera, debería demostrarse la sumisión, vinculación e integración actual de la izquierda aberzale en la estructura de ETA y esto no está acreditado ni probado indiciariamente.

Por último, en el auto de fecha 13 de febrero de 2007, se afirma en similar sentido:

No se puede producir una cadena inacabable de suspensiones, ilegalizaciones o declaraciones de ilicitud si no hay indicios probatorios incontestables, como los ha habido en las ocasiones citadas. Sería claramente una temeridad y actuar fuera de la legalidad aplicar extensivamente las normas para eliminar organizaciones o movimientos de la esfera política que, a pesar de incluirse en la izquierda aberzale, nada tienen que ver con el terrorismo, o al menos no se ha probado.

Era la prueba de que se actuó mesuradamente y analizando todos y cada uno de los casos de forma individualizada. Así, en el caso del PCTV durante 2005-2007, se autorizó su funcionamiento, como igualmente denegué, el 28 de abril de ese último año, la petición de suspensión de las actividades de ANV.

En la misma línea de diferenciar la izquierda aberzale y ETA-Batasuna, la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la LOPJ estableció, en su auto del 20 de mayo de 2007, que se pueden crear nuevas formaciones siempre que el partido político creado no sea una continuación del anterior ya declarado ilegal y disuelto. De modo que, decía la Sala, la izquierda aberzale

en cuanto no implica una identificación frontal con una formación orgánica o funcionalmente activa, constituye una opción ideológica legítima, susceptible de expresarse por los cauces legítimos de participación política que permite la ley de acuerdo con la Constitución española.

La Sala Especial concluía: «Es decir, en ese marco más extenso que representa la izquierda aberzale, pueden tener cabida en ella formaciones como ANV», a pesar de que gran parte de sus candidaturas fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.

Más tarde, tras la detención de los componentes de la nueva Mesa de Batasuna en octubre de 2007, y después de que se descubrieran ingentes cantidades de documentación que avalaba la dependencia y actuación coordinada de Batasuna, PCTV y ANV bajo la dirección de ETA, se procedió a la detención de sus dirigentes.

En agosto de 2006 Batasuna convocó una manifestación de protesta que constituía un incumplimiento flagrante del auto de suspensión que Baltasar Garzón había dictado. Con el ánimo de evitar la prohibición de organizar actos públicos, fue un particular quien encabezó el intento. Tras la dura advertencia del juez, Batasuna renunció al acto. No obstante, otro particular hizo una nueva convocatoria de manifestación, que también fue prohibida por las autoridades por considerarla auspiciada expresa y directamente por Batasuna. A pesar de los subterfugios, a los que hace referencia esta viñeta de Peridis, el entorno del grupo terrorista no consiguió burlar la decisión judicial.

Atentado en la T4 de Barajas

El proceso de negociación entre los mediadores del Gobierno y los representantes de ETA, que había empezado oficialmente el 22 de marzo de 2006 con la declaración de tregua permanente, concluyó a raíz del atentado cometido en la T4 del aeropuerto de Barajas unos meses después. A las nueve de la mañana del 30 de diciembre, una bomba explotó en el aparcamiento y resultaron muertos los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Nuevamente ETA había escenificado su grado de fanatismo y desconocimiento de lo que representaba en la sociedad española y en un Estado democrático. Su decisión de tensar la cuerda colocando muertos encima de la mesa condujo de nuevo a una situación límite difícilmente asumible por el Gobierno, como me puso de manifiesto en conversación telefónica el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, poco después de la explosión.

Atrás quedaban los contactos que durante los últimos años, a partir de 2002, habían mantenido el socialista vasco Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi preparando el proceso; el acuerdo del Congreso de los Diputados de 2005 con la abstención del PP; y las dos sendas políticas en la hoja de ruta: PSE y Batasuna, por un lado, y paz por presos (Gobierno y ETA). La organización terrorista plasmó así su desacuerdo permanente con un proceso que, de hecho, no llegó a arrancar. El Gobierno intentó desde el comienzo avanzar en el compromiso de ETA con el fin de la violencia a cambio de negociar la situación de los presos. Pero las pretensiones de ETA fueron otras: lograr un acuerdo político, previo a la negociación de paz por presos. Todos los intentos resultaron negativos, tanto en las dos primeras reuniones en junio y septiembre de 2006, en Ginebra, como en los trabajos de noviembre y las reuniones de los días 11 y 15 de diciembre, en Oslo; y, finalmente, en las dos últimas tandas de conversaciones en un hotel de Ginebra en mayo de 2007, en un postrero intento auspiciado por el Sinn Fein irlandés y el entonces primer ministro británico, Tony Blair, que había convencido al presidente Rodríguez Zapatero a pesar del escepticismo de este, quien ya solo aspiraba —como el ministro Rubalcaba— a ganarse a la opinión pública española de modo que existiera la convicción de que se había intentado la paz, pero no a cualquier precio y desde luego sin claudicar ante ETA.

Simultáneamente a los encuentros entre el Gobierno y ETA, las formaciones PSE, PNV y Batasuna mantuvieron varias reuniones entre los días 20 de septiembre y 10 de noviembre de 2006, y llegaron a un preacuerdo político, el cual encontró la oposición de ETA, que exigía la constitución de un Estatuto único para Navarra y el País Vasco en dos años, algo que el PSE y el PNV rechazaron. Recuerdo haber visto un borrador de ese proyecto: realmente nunca antes ni después se estuvo tan cerca de resolver políticamente la situación. La imposición de ETA mostraba bien a las claras cuál era el orden jerárquico y la intransigencia que se escenificaba en la mesa con el Gobierno, en la que, por parte de Batasuna, prácticamente solo hubo espacio para los reproches e imputaciones contra el Estado. Era patente con ello el alejamiento de los ámbitos político y militar, pero también la dirección única del complejo terrorista.

El 26 de octubre de 2006, ETA robó una partida de pistolas en la localidad francesa de Vauvert, lo que le fue reprochado por el Gobierno. Al día siguiente la organización contestó con las quejas por las detenciones en el bar Faisán —situado en la localidad guipuzcoana de Irún, cerca de la frontera con Francia—, si bien el Gobierno argumentó que había sido una decisión judicial y que, además, estaba imputado un alto mando policial.

El bar Faisán

Inicié la investigación sobre la red de extorsión de ETA años antes, y se desarrolló con persistencia y denuedo por parte de la Comisaría General de Información con el propósito de acumular elementos probatorios contra las personas que participaban presuntamente en una red de coacción y extorsión para obtener fondos a favor de la organización terrorista.

El 24 de octubre de 2008, dicté auto de procesamiento contra veinticuatro personas como integrantes y colaboradores de ETA. En este procesamiento no solo incluí a quienes, desde la organización terrorista, habían establecido el sistema de financiación a través de tres vías principales: secuestros exprés, aportaciones voluntarias e «impuesto revolucionario». La primera y la tercera eran formas de extorsión a diferentes personas que, a causa de la coacción y la amenaza, veían doblegada su voluntad y entregaban cantidades económicas con las que ETA sufragaba sus necesidades estructurales y de sus grupos para cometer las acciones terroristas.

El mecanismo de los secuestros exprés era asumido por el aparato militar conocido como Otsagi y se caracterizaba por el reporte inmediato de cantidades para obtener la libertad con graves consecuencias en caso de impago; las aportaciones voluntarias estaban vinculadas a un determinado círculo de empresarios afectos a la organización y sus objetivos; y el «impuesto revolucionario» se coordinaba a través del aparato de extorsión de ETA conocido como Gezi, dependiente del Otsagi y del comité de dirección llamado Zuba. Los responsables del primero proponían al segundo las empresas o empresarios contra los que se debían producir las «acciones militares» en caso de impago y fijaban el cese de las programadas en función del cumplimiento de las condiciones por parte del extorsionado. Este mecanismo se completaba con una red paralela encargada de la gestión y el cobro de las sumas exigidas a las personas o empresas que funcionaban especialmente en Navarra y el País Vasco.

El aparato de extorsión Gezi era controlado por miembros liberados de la organización con la ayuda de los miembros legales que fuesen necesarios. La mecánica consistía en la emisión y distribución de las cartas de extorsión, así como de la negociación y cobro de las cantidades. Para ello, se sistematizaban todos los datos de los posibles objetivos, buscando en las fuentes de información accesible, ubicándolos en listas o ficheros titulados Egur («leña»); se activaban campañas de extorsión con cartas amenazantes; se distribuían estas por toda España, a través de «vías seguras» que garantizaran el pago; y se hacía entrega de los recibos o justificantes de pago con el sello de ETA, reflejando la cantidad satisfecha y, en su caso, lo que quedaba por cubrir.

Si no se pagaba en el plazo establecido, se fijaban unos intereses de demora en torno al cinco por ciento de la cantidad reclamada. El plazo de pago concedido iba de veinticuatro a treinta meses; una vez cumplido, el que no había pagado pasaba a ser un «objetivo militar». En cambio, si se pagaba, Gezi informaba a Otsagi para que eliminara de la lista a las empresas que habían abonado satisfactoriamente las cantidades exigidas.

En la investigación quedó acreditado que algunos empresarios habían imputado las cantidades pagadas a ETA a la cuenta de gastos generales, por lo que consideré que la inmediatez de la amenaza desaparecía y que tal aportación podía ser considerada como colaboración con la organización terrorista. Sin embargo, esta tesis no fue asumida por el Tribunal.

Junto a Gezi, ETA contaba con una red paralela de personas (miembros legales y colaboradores) para la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas a favor de la organización terrorista. Esta red paralela estaba liderada por el titular del bar Faisán, Joseba Imanol Elosua Urbieta (fallecido en 2014), e integrada por otras personas como Jean-Pierre Harocarene Camio, alias Txampi, y Emilio Castillo González de Mendívil, que resultaron condenados a escasas penas (cuatro años y medio y dos años y medio, respectivamente) por su participación en los hechos sucedidos, en tanto que otros tres resultaron absueltos. En la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que condenaba a Harocarene y Castillo, fechada en abril de 2015, los magistrados reprocharon cómo la existencia de un chivatazo no había permitido la obtención de pruebas o evidencias más concluyentes. Se declaró también la nulidad de la escucha autorizada por el juez Grande-Marlaska en el interior de un vehículo y la validez de las interceptaciones telefónicas.

Cuando comenzó la caza contra Baltasar Garzón, en plena campaña de desprestigio tras el estallido del caso Gürtel, el Servicio de Inspección del CGPJ revisó el sumario de la Operación Faisán y concluyó que en la instrucción no había la menor tacha. Sin embargo, y así lo plasmaron Gallego y Rey en esta viñeta, el fracaso derivado del chivatazo por parte de personas vinculadas a las fuerzas policiales supuso un duro golpe no solo para el juez, sino también para aquellos otros funcionarios que le habían dedicado sus esfuerzos. El chivatazo pretendía salvar la negociación tras la tregua de ETA, pues la intervención en el bar Faisán habría demostrado que la banda terrorista seguía cobrando el impuesto revolucionario.

El chivatazo

La investigación prácticamente culminó en los primeros días del mes de mayo de 2006. Sin embargo, cuando Grande-Marlaska y la juez Le Vert fueron a ejecutar coordinadamente las detenciones que se iban a realizar en Francia, en el marco de la Operación Urogallo, hubo que suspenderlas por orden francesa. La causa fue, como se desveló en una grabación autorizada por el magistrado español y obtenida por la policía en el interior del coche de uno de los investigados, Joseba Elosua, que había habido una filtración y un chivatazo por parte de alguna persona vinculada a las fuerzas policiales.

El coche de Elosua tenía colocados en su interior unos micrófonos, una técnica conocida en la jerga policial como balizamiento, que yo había autorizado en su momento. En la conversación intervenida entre Elosua y su yerno, Carmelo Luquín, el primero afirmaba que una persona había entrado en el Faisán, un bar de su propiedad situado en Irún, muy cerca de la frontera con Francia, y le había pasado un teléfono móvil. Elosua relataba en la conversación como el interlocutor al otro lado de la línea le había dicho que fuera a avisar a José Antonio Cau, otro de los investigados que residía en Francia, para que no cruzase la frontera en dirección al Faisán para recoger el dinero porque lo iban a detener.

Unos días antes se había interceptado una conversación telefónica en la que Elosua hablaba con Cau de nueve botellas de vino. Se trataba de una clave para referirse a los nueve millones de pesetas (unos cincuenta y cuatro mil euros) que dos empresarios vascos habían pagado en concepto de impuesto revolucionario a la organización terrorista. Incluso había participado en la intermediación un histórico militante del PNV, Gorka Aguirre (el que había acompañado a Arzallus en 1990 a la reunión con miembros de ETA), quien presuntamente había hecho llegar el dinero a Elosua.

La sorpresa de los jueces y de los investigadores fue de primer orden, especialmente porque estaba comenzando la andadura del proceso de negociación después de la tregua de ETA. El chivatazo se interpretó, como realmente luego se demostró, como una señal de aviso tanto a uno de los enlaces como al titular del Faisán, constituido como el centro neurálgico de recogida del dinero recaudado con la extorsión a los empresarios, para que no se produjera la entrega desde el País Vasco a Francia, donde se haría llegar a la organización terrorista. Estaba claro que esta circunstancia podía dañar la negociación, al comprobarse que ETA había comenzado una tregua para dejar de cometer actos violentos, pero no así para dejar de extorsionar por medio del impuesto revolucionario.

Ante esta situación, se suspendieron registros y detenciones para iniciar una investigación de la filtración en paralelo a la que se seguía por la red de extorsión de ETA. En este contexto, en los últimos días de junio de 2006, el juez Grande-Marlaska ordenó finalmente la detención de los implicados en el aparato de extorsión y tomó las declaraciones iniciales, entre ellas la muy importante de Elosua, quien volvió a confesar que efectivamente le habían avisado con anterioridad de la operación policial. Yo me incorporé al Juzgado a partir del 30 de junio, tras haber concluido mi estancia en la Universidad de Nueva York. Me encontré, dentro de la causa de la extorsión, con una pieza separada por el famoso chivatazo. Cuando asumí la investigación, ordené mantener las intervenciones de los terminales móviles de aquellos mandos policiales que tenían conocimiento de la operación, como ya había ordenado mi sustituto en los primeros momentos. Se investigaron exhaustivamente los tráficos de llamadas de los números de los presuntos implicados y, como diligencia especial, acordé un reconocimiento fotográfico por parte de Elosua para que identificara a la persona que le pasó el teléfono móvil de entre los funcionarios de policía comisionados para la operación policial.

El propietario del bar no reconoció a ninguno de ellos, lo que denotaba claramente que el autor del chivatazo podía ser alguien ajeno en principio a los responsables directos de la investigación. Se acordó un dictamen pericial por parte de ingenieros de Telefónica, para que analizaran los repetidores que tendrían que haberse activado en la zona de influencia del Faisán, ya que era claro que la llamada entrante se había producido en ese lugar. Estos especialistas, debido a la complejidad de la pericia encomendada, dilataron mucho la elaboración del informe, pero finalmente se pudo concretar cuál había sido el repetidor por el que pasó la llamada.

Una vez discriminadas todas las llamadas producidas en la franja horaria concreta en que se había realizado la que nos interesaba, y al tener evidencias sobre el momento en que Elosua había entrado en el bar y también sobre cuándo había salido de él para dirigirse a Francia, ordené a la policía que citara a los cientos de personas identificadas por los operadores telefónicos que habían realizado llamadas a algún teléfono de esa zona. Finalmente se pudo concretar una en esa franja horaria entre dos tarjetas de telefonía móvil utilizadas por la policía, de tal modo que se llegó a la conclusión de que la llamada se había producido entre un terminal telefónico utilizado por el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés Medina, a otro terminal telefónico utilizado por un inspector de policía. La clave para conocer esta circunstancia la dio la orden personal del jefe superior, dirigida a este inspector destinado en Vitoria, de acudir a Irún para una misión especial. Aunque el inspector estaba haciendo un curso de automoción en esas fechas, ese día no asistió a él por orden expresa del jefe superior. También se investigó la relación profesional que ambos habían mantenido años antes.

Así las cosas, decidí convertir la pieza separada en unas nuevas diligencias previas por un presunto delito de revelación de secretos y colaboración con banda armada, e imputé al exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, porque existían datos de una llamada realizada por él a Enrique Pamiés la noche anterior; al propio Pamiés, por ser el presunto interlocutor de la llamada, y al inspector —a quien se había identificado como José María Ballesteros Pastor—, por ser este quien presuntamente había facilitado el teléfono móvil a Elosua. No me importó que estuviéramos en medio de un proceso de negociación, ya que los hechos eran muy graves y había que investigarlos hasta el final.

Reconozco que la única gestión extraprocesal que realicé en este caso fue una referida al entonces director general de la Policía. Cuando estuve convencido de la posible implicación de este, se lo comuniqué, por lealtad institucional, al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmándole que lo iba a imputar y que era mejor que, cuando eso sucediera, García Hidalgo ya no fuese director general. Creo que lo comprendió y decidió que cesara en el cargo, aprovechando y unificando las direcciones de la Guardia Civil y de la Policía en una misma persona. Con ello, amortizó el golpe que le hubiera supuesto la imputación de un director general. En ningún momento el ministro obstaculizó la investigación y jamás sugirió que se adoptara una u otra decisión en función de que pudiera perjudicar al proceso.

Cité a declarar a los tres imputados, sometiéndolos a un exhaustivo interrogatorio, y también convoqué a múltiples testigos que expusieron todo lo que sabían sobre los hechos. Practiqué otras diligencias además de las intervenciones telefónicas, como la averiguación incluso del momento y el lugar en que se habían adquirido los terminales telefónicos utilizados, alguno de los cuales procedía de Canarias, si bien, a pesar de la imputación y de las declaraciones tomadas, no se obtuvieron evidencias suficientes en un primer momento para procesar a los imputados. Aun así, sostuve la imputación, aunque el fiscal solicitó en un momento determinado el sobreseimiento de la causa, petición a la que no accedí.

Tiempo después, cuando fui señalado mediáticamente, en plena campaña de desprestigio tras el estallido del caso Gürtel, por una serie de medios y personajes cuya ética dejaba mucho que desear, se acordó una inspección a mi juzgado del Servicio de Inspección del CGPJ, que envió a dos inspectores y sus respectivos secretarios. Diseccionaron el sumario y las demás causas que se tramitaban y no pudieron sino afirmar la absoluta pulcritud de la instrucción, sin ningún retraso como interesadamente se había querido hacer ver, incluso desde instancias judiciales.

Los ataques, pese al informe absolutamente favorable del Servicio de Inspección, que también había constatado el buen estado de los demás procedimientos en el Juzgado, se mantuvieron con una manipulación constante, similar a la que ya había vivido en otros tiempos. Lo cierto es que la mejor defensa siempre está en los documentos que acreditan, sin ninguna duda, todo el trabajo que se llevó a cabo.

Mi posición firme en la investigación sobre la filtración fue la que mantuvo la causa abierta junto con el esfuerzo de la policía, que asumió la investigación. Gracias a esa decisión, el juez Ruz pudo concretar los hechos una vez que los peritos de Criminalística de la Guardia Civil consiguieron analizar la secuencia de imágenes grabadas en las inmediaciones del bar Faisán. Lo hicieron mediante un procedimiento muy exhaustivo, que ni la policía ni el Juzgado ni la Fiscalía habíamos conseguido efectuar previamente, ya que la visualización del vídeo por métodos tradicionales no había dado ningún resultado. Es interesante resaltar que el problema se debía a la absoluta precariedad de los soportes videográficos utilizados y a la falta de medios materiales con la que se suelen enfrentar los investigadores en nuestro país.

La entrada del bar Faisán era permanentemente grabada desde una oficina de un edificio cercano que había sido alquilada por la policía encargada de la investigación. Dada la ingente cantidad de cintas que se grabaron, estamos hablando de un asunto que duró muchos años, y ante esa precariedad de medios, la policía se veía obligada a borrar las cintas una vez visionadas y a reutilizarlas. Esto motivaba que tuvieran un desgaste evidente y, por tanto, las imágenes que se grababan no presentaban la nitidez suficiente requerida y algunas daban fallos de reproducción. Esto fue lo que sucedió con la cinta del día del chivatazo. Para identificar al inspector de policía que entró en el bar el día de la filtración, el juez Ruz tuvo que echar mano no solo de los funcionarios de Científica de la Policía y la Guardia Civil, sino también de dos profesores universitarios expertos en la recuperación de imágenes.

A continuación, se abrió el correspondiente sumario. Solo se procesó a Pamiés y a Ballesteros, pero no así al que en ese momento era exdirector general de la Policía, pues el único indicio que había contra él era la existencia de la llamada a Pamiés la noche anterior y esto no se estimó suficiente para considerarle autor intelectual del chivatazo. Sobre todo cuando el propio Pamiés había declarado ante mí que la orden directa de Ballesteros para que se desplazara a Irún desde Vitoria, donde estaba destinado, había sido motivada para contactar con un confidente de Pamiés al que apodaban Romano. Obviamente, este confidente nunca apareció ni supieron dar más datos de él.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Pamiés y Ballesteros, en octubre de 2013, a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y, sin embargo, los absolvió del delito de colaboración con organización terrorista. En la sentencia se argumentó literalmente que «no estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer la actividad de la banda terrorista, sino que fue guiada por la finalidad de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA». Además, se añadía, «la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no puede considerarse que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido», en este caso la convivencia pacífica de los ciudadanos, o dicho de otro modo, la paz social y el cese de los atentados terroristas.

Lo cierto es que el «chivatazo» se ha quedado en el imaginario de lo pragmático y de aquello que no puede ni debe hacerse en el marco de la lucha contra el terrorismo.

La Operación Faisán, y su infausto desenlace como consecuencia de un chivatazo, marcó el inicio de la larga e ingrata campaña de acoso a la que Baltasar Garzón se vio sometido y que concluyó con su injusta expulsión de la carrera judicial. Lo ocurrido en torno al bar Faisán fue la primera de las muchas zancadillas, y quizá una de las más dolorosas porque la traición venía de quienes debían velar por el cumplimiento de la ley, con las que Garzón se encontró en su firme persecución de delitos relacionados con el terrorismo. Esta viñeta de Ricardo recoge de manera gráfica el inicio de la caza contra el juez.

De Juana Chaos

El recluso Iñaki de Juana Chaos, miembro de ETA y condenado por múltiples delitos muy graves, estaba próximo a cumplir su condena y su liberación era inminente, lo que generó una gran polémica ante la supuesta lenidad en el cumplimiento de las penas. Para evitarlo, y con el afán de frenar una mayor sensibilización y oposición al proceso de paz, la Fiscalía «construyó» una acusación por un supuesto delito de enaltecimiento a través de un artículo que De Juana había firmado en Gara. Por más que lo leí y traté de encontrar una explicación razonable a tal decisión, no la descubrí ni entonces ni ahora. Las consecuencias posteriores ya son conocidas: huelga de hambre, filtración de una fotografía del interno entubado que dio la vuelta al mundo en pocas horas, arresto domiciliario, huida a Irlanda del Norte, petición de extradición…, y hasta hoy.

Esta incidencia, que no estaba prevista, se convirtió en uno de los elementos determinantes de la continuación de las conversaciones, aunque debo reconocer que, desde mi punto de vista, no había causa alguna para imputarle. La implicación que se construyó contra él fue una excusa para retenerlo en prisión ante el hecho de que, con el historial delictivo que tenía, solo había cumplido aproximadamente dieciocho de los más de tres mil años de cárcel a los que fue condenado y, lo más ingrato, verle en la calle hería la sensibilidad de las víctimas. Estuvo de más, por tanto, toda la sobreactuación que rodeó a este asunto, la imputación de un rebuscado nuevo delito por el que se le condenó a doce años, luego reducidos a tres por el Tribunal Supremo. Y faltó una extensa explicación institucional de que este era el sistema de penas legalmente establecido y que debía ser asumido por la ciudadanía, sin diatribas como las que se oyeron ni manipulaciones que iban dirigidas a destruir el proceso que en ese momento se desarrollaba.

2007. Fin del proceso

El proceso concluyó en junio de 2007 y con él se escenificó el enorme alejamiento entre las partes y se percibió con claridad que la intención del Gobierno era realmente la de acabar con la violencia terrorista, mientras que la de ETA era imponer, con trampas hasta el último momento, posiciones intransigentes y alejadas de los pactos iniciales. La ausencia de Josu Ternera y el hecho de que fuese Javier López Peña, alias Thierry, quien asumiera el protagonismo acabaron por dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo. La torpe actuación de este último dirigente demostró el enorme alejamiento de la parte política, encabezada por Arnaldo Otegi, respecto de la militar, que finalmente fue la que se impuso.

Durante ese verano, tras la ruptura, ETA perpetró varias acciones terroristas: en Belagua (Navarra), en plena decimosexta etapa del Tour de Francia; en Durango, contra la casa cuartel de la Guardia Civil; una furgoneta bomba en Castellón y un atentado en La Rioja. Amenazaban con seguir golpeando las estructuras del Estado español para lograr sus objetivos.

Salvatierra y Segura

Roto el proceso de paz, las investigaciones, que nunca abandoné, continuaron. Cada vez más, pude comprobar —y así me lo confirmó la policía (que ahora era dirigida, de forma eficiente, en la Comisaría General de Información por Miguel Valverde)— que la actividad de ETA y sobre todo de su denominado entorno estaba en plena ebullición, por lo que los elementos probatorios se iban acumulando. No obstante, a mediados de septiembre de 2007, la policía no detuvo a los responsables de Batasuna que se habían reunido en la localidad alavesa de Salvatierra para coordinar acciones, limitándose a la identificación e intervención de documentos, cuya entrega exigí de inmediato. Mi enfado fue mayúsculo cuando me informaron de la decisión policial, porque, aparte de haberse permitido que continuaran su actividad, pensaba que no se iba a presentar otra ocasión como aquella. También, y desde hacía meses, intuíamos que existían movimientos para la reconstitución de Batasuna y de esa forma conseguir reinstaurar todas las estructuras del complejo terrorista.

Si permitíamos que esto sucediera, nos íbamos a ver abocados a una sucesión de hechos que nos podían conducir a perder los avances que, con el esfuerzo de todos, habíamos logrado en los últimos diez años confrontando a ETA. A la vez, de no continuar la acción sostenida en todos los frentes, la habríamos favorecido de hecho y fracasado en poner fin al terrorismo de la banda. Por todos estos motivos, continué la investigación.

La ocasión no tardaría en presentarse, y lo hizo de una forma casual. A las 17.40 horas del 4 de octubre de ese mismo año, el comisario general Miguel Valverde me llamó al teléfono móvil para informarme de que habían logrado descubrir el lugar de la localidad de Segura (Guipúzcoa) en el que estaban reunidos todos los componentes de la Mesa Nacional de la nueva Batasuna. Recuerdo que estaba en mi despacho, al que Dolores Delgado, como fiscal adscrita al Juzgado Central de Instrucción Cinco, había accedido instantes antes para despedirse y comprobar si había novedades. No tuve duda de ningún tipo y, con lo ocurrido en Salvatierra casi tres semanas antes clavado en la retina, ordené telefónicamente que procedieran a la detención de todos los que estuvieran allí y que se formaran los equipos policiales que fuesen necesarios para ello. Impartí las órdenes en el Juzgado y a la policía. El operativo se puso en marcha de forma inmediata.

Los hechos se sucedieron de forma vertiginosa. Se llevaron a cabo las detenciones y, después de que la policía cumpliera con diligencia mis órdenes, conocieron la situación el ministro de Interior y el presidente del Gobierno. Sobre la marcha ordené la notificación de las resoluciones que iba dictando a la representante del Ministerio Fiscal que estaba allí mismo y la práctica de múltiples diligencias, sobre todo de entrada y registro.

Juez y fiscal nos subimos, de forma inmediata, a practicar los registros correspondientes.

La documentación intervenida, especialmente la que se obtuvo en una nave del polígono Belartza de Usúrbil, en Guipúzcoa, descubrió sin género de duda alguna la mecánica de actuación de las diferentes estructuras que quedaban operativas: PCTV-EHAK, ANV y Batasuna. Entre los hallazgos estaba todo lo referente a la caja común, la división de funciones y las responsabilidades compartidas de los dirigentes, lo cual evidenciaba una indiscutible acción conjunta.

Continuaron las investigaciones y, en febrero de 2008, ordené la detención de los responsables de ANV, continuación de la Batasuna neutralizada y la suspensión de sus actividades. Finalmente, en enero de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN dictó una sentencia en la que los acusados, todos los líderes de las formaciones políticas intervenidas y los demás partícipes, reconocieron los hechos y aceptaron la participación dentro de aquellas organizaciones y la sumisión de las mismas a ETA. Este, para mí, ha sido uno de los hitos más importantes en los que las víctimas han tenido un papel fundamental.

Esta viñeta del dibujante Manel Fontdevila representa, en la figura del juez Baltasar Garzón, la detención y puesta a disposición judicial de los componentes de la Mesa Nacional de Batasuna. Una vez que los dirigentes de esta formación, considerada el brazo político de la banda terrorista ETA, no pudieron seguir adelante con sus propósitos, todo lo demás quedaba sin sentido. Los militantes de Batasuna, y por extensión del MNLV, simbolizados en las sillas vacías quedaban huérfanos y sin un punto de referencia.

2007-2008. Batasuna-PCTV-ANV

De aquellos polvos vinieron los lodos posteriores. Dos históricos de Batasuna y habituales abogados defensores de militantes de ETA, Jone Goirizelaia e Íñigo Iruin, se hicieron cargo de defender las actividades de ANV y el PCTV frente a la Fiscalía y a dos asociaciones de víctimas. Acudieron el 4 de febrero de 2008 a la primera de las vistas que convoqué para decidir sobre la suspensión de actividades de este último. La preocupación de sus integrantes era la de no poder formalizar sus candidaturas a las elecciones generales de ese año.

Dos días después, imputé al presidente y dos tesoreros del PCTV. Era el paso previo a declarar la suspensión de actividades de esta formación política.

También debo decir que, al parecer y según supe posteriormente, pisé inadvertidamente los excelentísimos callos de la vanidad, esa de la que muchos dicen carecer, de los miembros del Tribunal Supremo durante la instrucción de este proceso. Ocurrió el 8 de febrero de 2008.

Como había hecho en todos y cada uno de los casos, desde que comenzara en 1998 la cadena de actuaciones contra las organizaciones del complejo terrorista, tras los trámites correspondientes ordené la suspensión de actividades de las dos organizaciones afectadas. Al igual que en otras ocasiones, solo tomé en cuenta, además del cumplimiento de las normas pertinentes, lo que correspondía en ese momento como consecuencia de la actuación realizada días y meses antes. Era preciso impedir que continuaran las actividades, como estaba sucediendo, y eso solo podía llevarlo a cabo el Juzgado con el nivel de detalle que exigía la situación. No solo había ordenado clausurar sus sedes, congelar las cuentas bancarias y embargar las subvenciones, así como su participación como partido en cualquier acto político o en su convocatoria, sino que además debía impedir el funcionamiento material del día a día.

La medida fue tan drástica que, al parecer, se interpretó como una invasión del espacio del Tribunal Supremo que ordenaría la ilegalización. Yo no lo planteé así, sino de forma complementaria e inmediata, como exigía la instrucción penal, para evitar que se siguiera cometiendo el delito que, además, fue lo que sirvió de sustento documental a la Sala Especial del Alto Tribunal, como en todas las demás ocasiones. Hasta el punto de que, cuando no medió la actuación penal por mi parte, los casos de Sortu y Bildu no prosperaron, siendo anuladas las decisiones de la Sala Especial por el Tribunal Constitucional.

Al parecer, aquella tarde el abogado de ANV, Íñigo Iruin, no compareció ante la Sala del Supremo argumentando que no tenía sentido, pues mi resolución, que había supuesto incluso cortar hasta el suministro de electricidad y agua de los locales, había dejado sin contenido la decisión de aquel. Obviamente fue una «acertada» estrategia de defensa por parte de Iruin, quien así lograba enfrentar a dos instituciones. La verdad es que no invadí terreno de nadie y solo adopté, a petición del Ministerio Fiscal, la medida que correspondía en vez de perder el tiempo en analizar estas absurdas cuestiones, más propias de quien es gobernado por la soberbia del poder que por la necesidad de contener la acción criminal que seguía produciéndose.

Quizá ahí radicó mi error, que comenzaría a pagar un par de años después con el inicio de las causas contra mí, la absurda suspensión de funciones y la previsible condena, que finalmente aconteció.

Sucesión de organizaciones

La investigación judicial prosiguió no solo en el ámbito que afectaba a esta formación, sino también respecto de aquellos que, desde el momento de la suspensión de actividades, comenzaron a realizar una acción común y concertada para reconstruir la dinámica que imponía ETA para el frente institucional. Así había ocurrido con Euskal Herritarrok (EH) y volvería a acontecer con Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK, Partido Comunista de las Tierras Vascas, PCTV), que incluso obtuvo nueve escaños en el Parlamento de Vitoria tras las elecciones de 2005.

El debate sobre la legalidad o no de EHAK concluyó con la autorización para que concurriera a las elecciones. La investigación abierta se dilataría a lo largo de los años, desde 2005 a 2007, y después continuaría, respecto de ANV, hasta su suspensión en febrero de 2008. Las dos últimas formaciones actuaron separadamente en apariencia, aunque, en realidad, tal como conseguí demostrar siempre lo hicieron bajo un doble tutelaje, el principal de ETA y el derivado de Batasuna.

Organizaciones vinculadas al MLNV

Son varias, y diversas, las organizaciones relacionadas con el MLNV que han sido investigadas con implicaciones penales y, en muchos casos, sus responsables han resultado condenados con sentencias firmes. Entre las principales destacan las siguientes:

Euskadi Ta Askatasuna (ETA). La vanguardia armada al frente del MLNV.

Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Tradicionalmente considerada el aparato político de la banda. La doctrina oficial política del MLNV era la Alternativa KAS, que planteaba la negociación política entre ETA y España. En mayo de 1998, después del duro golpe infligido por la Operación Kaseco, la primera que coordiné dentro de la desarticulación de todo el entorno, KAS cambió de nombre y se refundó como EKIN. Mi juzgado la intervino de inmediato con la Operación Lobo Negro en septiembre de 2000.

Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI). Fundado en 1977, nunca llegó a ser legalizado. Formó parte de KAS y de Herri Batasuna. Detentaba el planteamiento más próximo a ETA. Disuelto en 1992.

Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (AEK). Dedicados a la enseñanza del euskera a personas adultas a través de los euskaltegis o centros de enseñanza de esta lengua. Cada dos años realizan una marcha reivindicando el euskera que se llama Korrika. Después de la incautación en Bidart de determinados documentos a la cúpula de ETA, en los que se consideraba a Gestoras Pro Amnistía, Herri Batasuna y la propia AEK como sus tres grandes empresas, y tras la Operación Kaseco, dicté una resolución en la que imputaba a esta coordinadora por fraude a la Seguridad Social, entre otras cuestiones.

Egin. Periódico editado por el grupo editorial Orain S. A. que, junto a la emisora de radio Egin Irratia, ambos de línea editorial afín a la izquierda aberzale, tenía la precaución de no expresar su vinculación directa con ETA. En la Operación Persiana, de julio de 1998, dispuse la intervención y el cierre de ambos medios de comunicación. En marzo de 1999, durante la Operación Rei se detuvo al principal componente del equipo de investigación del diario, José Benigno Rey Rodríguez, más conocido como Pepe Rei, por su presunto papel de informador de la propia ETA. A Egin lo sucedió el diario Gara a través de otra empresa editorial, denominada EKHE, a la que imputé en julio de 2000 como una sucesora de las responsabilidades económicas y laborales del anterior grupo al considerar que existía una continuidad mercantil. Como en el caso de Egin, ETA utilizaba este medio para sus comunicados. También existía el diario Egunkaria, redactado íntegramente en euskera e intervenido y clausurado cautelarmente en 2003 por el Juzgado Central de Instrucción número 6, acusado de financiar a ETA y colaborar con la banda. Se resolvió que, sin embargo, la línea editorial no era coincidente con las directrices del MLNV y no se ha podido finalmente demostrar relación alguna con ETA. A continuación se publicó Berria («nuevo»), que existe en la actualidad.

Xaki. Aparato de relaciones exteriores de ETA, que desmantelamos con la Operación Curro, también desde el Juzgado de Instrucción número 5, en enero del año 2000. Conseguían cobertura en el extranjero para los fugitivos de la banda. También buscaban fuera simpatizantes, así como financiación.

Joxemi Zumalabe Fundazioa. El documento Piztu Euskal Herria («Encender el País Vasco») incautado en marzo de 1999 en Francia al máximo dirigente de la organización terrorista, José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, dio la pista de una serie de organizaciones definidas por el factor de desobediencia civil hacia el Estado en aras de una supuesta construcción nacional. Entre ellas figuraban la Fundación Joxemi Zumalabe creada por Fernando Olalde, uno de los herederos del propietario de la empresa Kraft. Olalde destinó el dinero de su herencia a proyectos vinculados con esa desobediencia civil, llegando a declarar en sede judicial que su aportación a la «causa» había superado los ciento cincuenta millones de pesetas (novecientos mil euros). Por medio de la Operación Itzali, también coordinada por mi juzgado en octubre de 2000, se pudo desmantelar esta formación y detener a varios de sus miembros. En la sentencia de la Sala de lo Penal que los condenó, se demostró que esta fundación se encargaba del desarrollo de la propuesta «desobediente» de ETA y de su difusión y puesta en marcha.

Autodeterminazioaren Biltzarrak (ABK). Los dirigentes de la organización Congreso para la Autodeterminación también fueron detenidos en la misma Operación Itzali, coordinada por el Juzgado Central 5. La Sala de lo Penal los condenó en su sentencia del 19 de diciembre de 2007.

Bai Euskal Herriari. Como las anteriores, la organización Sí a Euskal Herria también sufrió la Operación Itzali. Las tres organizaciones eran protagonistas de las campañas de rechazo a los documentos de identidad español y francés y propugnaban documentos como el Euskal Herriko Naziotasun Aitormena (EHNA), el «DNI vasco», con la intención de obligar a las instituciones a su aceptación en la práctica o a crear un registro civil sustitutorio.

Jarrai. La organización juvenil de KAS. Calificados como los cachorros de ETA, eran muy activos y, con sus actividades callejeras violentas, protagonizaron la kale borroka. Se unificaron con Gazteriak para refundarse como Haika. Mi juzgado coordinó en marzo de 2001 la Operación Sugekume, que supuso la ilegalización de esta organización. Reaparecería de nuevo como Segi, que ilegalizaríamos por una resolución que dicté en marzo de 2002 como resultado de la Operación Geldi.

Gestoras Pro Amnistía. Creada a modo de ONG para dar cobertura a los presos de ETA y sus familias. De la investigación se concluyó que en realidad actuaba como órgano disciplinario para unos y otros con el fin de evitar críticas a la acción terrorista de ETA o la reinserción de sus reclusos. Con la Operación Udazkena coordinada por el Juzgado del que yo era titular, se ilegalizó. Sustituyó a esta organización Askatasuna, también ilegalizada por mi juzgado, en febrero de 2003, con la Operación Amo del Calabozo.

Herriko tabernas. Operaban bajo el aspecto de establecimientos de hostelería y la forma jurídica de asociaciones culturales. En paralelo a la ilegalización de Batasuna, muchas de ellas fueron intervenidas por mi juzgado por entender que actuaban a modo de sedes locales del partido ilegalizado. En diciembre de 2007 el Tribunal Supremo concluyó que no se podía probar que los locales fuesen propiedad de Batasuna. Aunque en septiembre de 2008 se concluyó el extenso sumario 35/02 sobre esta cuestión, no fue hasta julio de 2014 cuando la Audiencia Nacional dictó sentencia, condenando a veinte exdirigentes de la ilegalizada Batasuna al considerar acreditado que financiaron a ETA mediante las herriko tabernas.

Batasuna. Supuso la refundación de Herri Batasuna, cuya Mesa Nacional fue ilegalizada por una resolución mía en 1997 a raíz del intento de difundir un vídeo electoral de la propia ETA. Sus miembros fueron condenados a siete años de cárcel por el Tribunal Supremo. Más tarde, el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación. Tras el Pacto de Estella, en octubre de 1998, se convirtieron en una inicial agrupación de electores denominada Euskal Herritarrok o Ciudadanos Vascos. Y posteriormente pasaría a ser Batasuna. En agosto de 2002 dispuse la suspensión de actividades de la formación. Ya en abril del mismo año, mediante la Operación Estaca de Bares coordinada por mi juzgado, se había desmantelado el complejo financiero de ETA creado alrededor de Batasuna en el que aparecía directamente implicada la red de herriko tabernas. A partir de la ilegalización de Batasuna surgieron distintas formaciones, bien partidos, bien agrupaciones de electores, que pretendían mantener los mismos planteamientos. Muchas de ellas resultaron ilegalizadas, como Aukera Guztiak, Herritarren Zerrenda, Abertzale Sozialisten Batasuna, Demokrazia 3 Milioi y Autodeterminaziorako Bilgunea, que lo fue por mi juzgado en mayo de 2003 tras la Operación Botar.

ANV y PCTV. Tras culminar la Operación Segura, que acabó con la detención de los dirigentes de Batasuna, en enero de 2008 decreté la suspensión de actividades de otros dos partidos políticos: Eusko Abertzale Ekintza (ANV) y Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV). Después de un intento en octubre de 2007 de volver a formar la Mesa Nacional de Batasuna, por resolución mía algunos de sus miembros fueron internados en prisión. En los meses posteriores, otros de ellos intentaron refundar la ya ilegalizada Batasuna en las mencionadas formaciones. En enero de 2016 los miembros de ANV y PCTV reconocieron su pertenencia a ETA en una resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional y pidieron perdón por el daño causado.

Udalbiltza (Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra). La Asamblea de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria era una mancomunidad de cargos municipales nacionalistas creada durante el Pacto de Estella como respuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias. Contaba con representantes del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés pertenecientes únicamente a partidos nacionalistas vascos, como los más moderados Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA). En 1998, al término de la tregua de ETA, se escindió y permanecieron únicamente los representantes de la izquierda aberzale, en lo que se denominó Udalbiltza Kursaal. En la Operación Parea, también coordinada por mi juzgado en abril y mayo de 2003, esta organización fue desmantelada y sus dirigentes encarcelados, acusados de colaborar con ETA. Serían absueltos el 20 de enero de 2011 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que «la asamblea de electos es, simplemente, una idea y un proyecto nacionalista, pero no terrorista» y «la mera coincidencia o sintonía entre los objetivos que ETA autoproclama como justificación de su actividad delictiva y los de Udalbiltza no es constitutiva de delito alguno». La intervención judicial se había producido por su planteamiento de implantar el EHNA.

Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). Era básicamente el sindicato del MLNV. Movilizaba a sus afiliados en las jornadas de lucha que convocaban las Gestoras Pro Amnistía. En octubre de 2009 fueron detenidos por orden mía, en la Operación Bateragune («lugar de encuentro»), el dirigente de este sindicato, Rafael Díez Usabiaga, y otros históricos dirigentes de Batasuna, como Arnaldo Otegi Mondragón o Rufino Etxebarría Arbelaiz. El objetivo de LAB era recrear la estructura de Batasuna. Existían evidencias de que la propia ETA marcaba las directrices para tal recomposición, que suponía volver a la vida a un partido ilegalizado y, por tanto, a una actividad ilegal. En el transcurso de la actuación de los investigadores se registró la sede del sindicato.

El criterio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Después de la suspensión de actividades decretada por mí en febrero de 2008 sobre PCTV (EHAK) y ANV, la Sala del 61 del Tribunal Supremo adoptó la decisión que le correspondía, sin que hubiera ningún solapamiento, y acordó suspender las ayudas públicas a ambas formaciones. Además, prohibió que ANV presentara candidaturas para las elecciones generales del 9 de marzo siguiente.

A partir de ahí emprendimos continuas acciones que cada vez asfixiaban más a ETA. Recuerdo que embargamos en Liechtenstein cuentas bancarias relacionadas con ETA, que se dedicaba a invertir en paraísos fiscales el botín de la extorsión a los empresarios vascos y navarros. Como una mafia más, la organización terrorista iba acorde con los tiempos.

Entre tanto, puesto que nunca llueve a gusto de todos, como ya se había comenzado a percibir durante el proceso de paz, continué recibiendo alguna que otra embestida por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En particular se referían al tema del «chivatazo» del bar Faisán, incluyéndome como parte de los actores que habían «ayudado» al Gobierno en el proceso de negociación con ETA, recién concluido. Tal como consta, y se demostró por los hechos y no por las afirmaciones de intereses políticos concretos, era evidente que mi actitud probablemente fue la más contundente contra ETA en toda su extensión y, desde luego, mis decisiones no buscaron obstaculizar como otros hicieron el escenario que legítimamente había diseñado el Gobierno, autorizado por el Parlamento, para poner fin a la violencia. No lo obstaculicé, pero mantuve toda la actividad investigadora y la desplegué en toda su extensión. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó admitir siquiera a trámite estas recusaciones. En su auto, mis colegas alegaban como uno de los argumentos para rechazarlas que yo era «uno de los azotes de la banda terrorista ETA».

Como bien dice hoy el entonces fiscal Enrique Molina, hubo un desencuentro entre la AVT y yo como consecuencia de que en determinado momento algunos dirigentes de la entidad adoptaron una posición política claramente alineada con el Partido Popular, lo que, siendo legítimo, alejaba los intereses de la justicia a favor de las posiciones ideológicas concretas contrarias al proceso, al revés de lo que había ocurrido con el precedente auspiciado diez años atrás por José María Aznar y el PP.

En aquella ya lejana ocasión de 1998, cuando hablé con el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor —que no era favorable al proceso anunciado por su jefe de filas—, le transmití las informaciones a las que había tenido acceso y que afectaban a los interlocutores de la organización terrorista en un país latinoamericano. Mayor las desconocía y tampoco sabía que involucraban la posible intervención de Adolfo Suárez como mediador, tal como me comentó él mismo, si bien esta iniciativa no llegó a cuajar.

Así como en ese caso permití la evolución de los contactos, cuando pude interferirlos con las investigaciones que desarrollaba, y al igual que lo hice en 1989 respecto a las conversaciones de Argel o posteriormente en 1991, cuando llevé a cabo determinadas gestiones no judiciales, nunca obstaculicé la búsqueda política de la paz, ni consideré que tratar de encontrarla pudiera ser delictivo, al contrario de lo que otros han hecho, y la apoyé en esos decisivos años 2006 y 2007. Del mismo modo que ahora lo hago en otros países y escenarios, por ejemplo, en Colombia dentro del proceso de negociación de las FARC con el Gobierno de ese país. Y lo hice sin que eso supusiera dejar de investigar, descubrir y tomar las medidas que en derecho correspondían frente a los que quebrantaran la legalidad. Pero desde luego, lo que no he hecho jamás es utilizar el terrorismo como arma política contra nadie. Por ello, cuando he tenido que pronunciarme dentro de un marco de legalidad a favor de esos caminos y de atenuar la respuesta penal siempre que se abandone la violencia, lo he hecho porque creo que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son las garantías frente a la impunidad. Pero el grado de justicia es algo que debemos definir en el marco de la legalidad nacional e internacional con medidas retributivas y restaurativas que respondan al cumplimiento de aquellos principios y garanticen la paz.

He hablado, a lo largo de toda mi vida, con miles de víctimas y he percibido en ellas comprensión, ausencia de venganza y necesidad de verdad y de justicia, pero también la sostenibilidad de la paz como derecho para las generaciones venideras y, por tal razón, he visto como han renunciado al legítimo derecho de toda la justicia. Ese grado de desprendimiento es el que me ha llevado a estar siempre de su lado, buscando la forma de reparación y no impunidad. Por desgracia, no siempre se consigue.

Y también me ha enfrentado a quien, desde la utilización política, ha establecido categorías de víctimas y una exclusividad en la categorización de estas, obviando a quienes pensaban de otra forma o a aquellos a los que no se los reconocía como tales. Esto es lo que dolorosamente ocurrió con las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, que no concurrieron en común a un acto de conmemoración hasta 2016, o con las de los GAL, a las que todavía algunos les vedan la categoría de víctimas. O a los que lo fueron de la tortura y malos tratos, queriéndose ocultar la realidad, o, en fin, a las del franquismo, que hasta hoy andan mendigando la creación de una comisión de la verdad que les ofrezca una mínima reparación que la Justicia española les ha negado y han tenido que buscar fuera, en Argentina.

2008. Cae el último comando de ETA

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 27 de abril de 2011 condenando a Arkaitz Goicoechea Basabe por formar parte de un comando de ETA, llamado Askatasun Haizea («viento de libertad»), desde 2007 hasta su detención en julio de 2008. Para desarrollar su actividad delictiva, disponía de diferentes documentos falsos y de armas y explosivos que ocultaba en varios zulos, entre los que se hallaba uno excavado en la zona de monte que une Pazuengos con Manzanares de Rioja, en las proximidades de la localidad riojana de Ezcaray.

El grupo se servía de un talde de legales, integrado por Íñigo Gutiérrez Carrillo, Aitor Cotano Sinde y otra persona más, que elaboraban informaciones sobre posibles objetivos y facilitaban a los miembros liberados los traslados y el transporte de efectos y todo tipo de cobertura, llegando a intervenir en distintas acciones. Para mantenerse en contacto, utilizaban unos escondites donde colocaban mensajes y que operaban a modo de buzones. También ellos disponían de escondites en zonas de monte donde ocultaban armas y explosivos.

En el año 2007 Arkaitz Goicoechea y los otros dos miembros del comando de liberados realizaron varios viajes a Ezcaray, donde obtuvieron información sobre varios objetivos entre los que estaría un magistrado de la Audiencia Nacional:

A finales de 2007 la cúpula de la organización les hizo llegar información sobre un concejal del Partido Socialista de Euskadi, PSE, de Éibar, que acudía a su lugar de trabajo, en un centro de enseñanza, sin escoltas, para que llevasen a cabo su secuestro y posterior ejecución. Para realizar esta acción Arkaitz Goicoechea Basabe y sus compañeros del comando de liberados consiguieron tranquilizantes, que ocultaron en el zulo de Pazuengos, y pensaron en preparar un agujero en una zona de monte para retenerlo durante el secuestro. Desde octubre de 2007 a abril de 2008 estuvieron en muchas ocasiones haciendo vigilancias sobre este concejal, que era don Benjamín Atutxa Iza, hasta el centro de estudios donde trabajaba, pero, al constatar que en esa época iba siempre con escoltas, abandonaron el plan.

[…] En el mes de julio, Maialen Zuazo Aurrecoechea, que acababa de volver de unas vacaciones en el extranjero, le propuso a Ana Isabel Prieto Furuendarena que permitiese a Arkaitz Goicoechea Basabe ocultarse en el piso que compartían, a lo que esta accedió, pese a saber que era un miembro huido de la organización ETA.

El día 15 de julio de 2008 Maialen Zuazo Aurrecoechea se desplazó, conduciendo el vehículo 7836-FHD, propiedad de su hermana, a la localidad de Barrika, a recoger a Arkaitz Goicoechea Basabe, y después de pasar por la localidad de Gortiz, donde lograron eludir la vigilancia a que estaban sometidos, sobre las 22.15 h llegaron a Bilbao, entrando por separado, como medida de seguridad, en el portal de la calle Iturribide 68. Desde ese momento Arkaitz Goicoechea Basabe no volvió a salir del piso.

El 16 de julio de 2008 Íñigo Gutiérrez Carrillo se volvió a desplazar a Ezcaray, y cogió de su domicilio familiar una bolsa, que metió en una mochila, con un subfusil, que le había dejado Arkaitz Goicoechea Basabe, y lo llevó al zulo del Valgañón.

Pocos días después, en la madrugada del 22 de julio, nos desplazamos los funcionarios de la Guardia Civil que llevaban la investigación, la fiscal del caso —Dolores Delgado—, la comisión judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 y yo, como titular del mismo, con los mandamientos de entrada y registro en diversos domicilios, para lo que se contaba con la colaboración de otros fiscales, secretarios, funcionarios y jueces. Cuando ya los miembros de la Guardia Civil estuvieron seguros de que la persona que se ocultaba en uno de los domicilios era Arkaitz Goicoechea, entramos en el piso y procedimos a la detención de este, así como a la de Maialen y Ana Isabel.

Seguidamente, bajo mi dirección y la de la fiscal, se llevó a cabo el registro del piso, en el que intervino la comisión judicial. Tras el examen exhaustivo, en la habitación que compartían Maialen y Arkaitz encontramos, en el interior de una mochila, varias armas en perfecto estado de funcionamiento: una pistola sin número de serie y con la inscripción ETA, con cargador y cartucho en la recámara; un revólver con seis cartuchos en el tambor del calibre 38, y doce cartuchos de ese mismo calibre. Además, en la mochila había también una videocámara, mapas de Andalucía y de Lisboa, un temporizador, documentos nacionales de identidad con la fotografía de Arkaitz y diferentes nombres, tres permisos de conducir españoles y tres del Reino Unido, dos tarjetas de identidad profesional de la Guardia Civil y un detector de balizas.

En otros domicilios se detuvo también a Íñigo Gutiérrez y Aitor Cotano. El tercer miembro del comando de apoyo consiguió huir.

En los días sucesivos se localizaron diferentes zulos, en los que se encontraron armas y explosivos. Tuvo una particular relevancia el hallazgo del zulo que el grupo de terroristas tenía situado en las proximidades de Manzanares de Rioja, que utilizaba Arkaitz y al cual se accedía por un camino desde Pagazuelos. En este lugar escondían:

Cuatro bolsas, conteniendo cada una unos 5 kg de polvo de aluminio. Una bolsa negra conteniendo bolsa roja conteniendo tranquilizantes, 18 ampollas. Bolsa negra conteniendo un paquete con 38 balas de 9 mm. Maleta con 13 paquetes de detonadores. Paquete con cordón detonante. Tartera de plástico conteniendo cableado. Mochila conteniendo: caja eléctrica, dipe de distribución eléctrica anagrama ETA. Seis paquetes de pilas de 1,5 voltios, tijeras, portaminas, mechero, cinta adhesiva, destornilladores precisión y rotulador rojo. Tres garrafas, conteniendo 15,3 kg, 21 kg y 26 l de amonitrato. Tres garrafas, conteniendo 2,5 l, 0,5 l y 26 l de nitrometano. Además había placas de matrícula de Francia y de Portugal, algunas con numeración y otras en blanco.

Para descubrir este zulo señalado por el propio Arkaitz, nos desplazamos la fiscal Delgado, la secretaria judicial, los funcionarios de la Guardia Civil y del Juzgado, un médico forense y yo mismo, además del detenido, que fue asistido en todo momento por su abogado. A todas las garantías judiciales se añadieron en esta ocasión la grabación en vídeo, una diligencia de inspección ocular, el levantamiento del zulo y la toma de declaración del detenido, en el mismo sitio del hallazgo, respecto de la ubicación, armas y explosivos y demás componentes y medios ocultos en el lugar, todos ellos destinados a la comisión de delitos con objetivos concretos. La grabación de este vídeo resultó fundamental como medio de prueba en el juicio que se siguió contra los componentes del grupo operativo de ETA desarticulado.

En el sumario seguido en la Audiencia Nacional por el atentado en 2008 contra el cuartel de la Benemérita de Legutiano (Álava), donde murió un guardia civil, se dictó sentencia el 28 de diciembre de 2010. En ella se condenó a Arkaitz Goicoechea y Aitor Cotano como autores de un delito de asesinato terrorista, catorce delitos de intento de asesinato terrorista, doce delitos de asesinato terrorista intentado, un delito de estragos terroristas, un delito de daños y dos de utilización ilegítima de vehículo de motor. Se condenó a Íñigo Gutiérrez como autor de un delito de colaboración con organización terrorista a una pena de ocho años de prisión y multa. En esa sentencia se declaraba probado que

el 11 de mayo de 2008 Aitor Cotano e Íñigo Gutiérrez se desplazaron a Francia para traer una furgoneta cargada de explosivos, sabiendo Íñigo Gutiérrez que los explosivos que traían iban a ser empleados el día 14 de mayo siguiente para el ataque al acuartelamiento de la Guardia Civil de Legutiano, como efectivamente ocurrió con el resultado de un guardia civil fallecido, numerosas personas heridas y múltiples daños.

Arkitz fue condenado como autor de varios delitos: pertenencia a banda terrorista, tenencia de armas terrorista, falsificación continuada de documentos oficiales y, respecto al intento de secuestro del concejal del PSE de Éibar, Benjamín Atutxa, conspiración para la comisión de un delito terrorista de detención ilegal. La sentencia condenó a Aitor por pertenencia a banda terrorista y tenencia de explosivos terrorista, mientras que a Íñigo se le consideró autor de un delito de pertenencia a banda terrorista y de un depósito de armas de guerra terrorista. Maialen y Ana Isabel fueron condenadas por ser autoras de sendos delitos de colaboración con banda terrorista.

Esta fue la última operación de campo contra ETA que realicé al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. Atrás quedaban veinte años de trabajo duro y constante en mi responsabilidad como magistrado juez.

2009. «Nos está jodiendo la vida»

El 1 de abril de 2008 concluí, después de seis años, el caso en que había investigado las estructuras del frente político e institucional de la trama liderada por ETA y sus fórmulas de financiación, entre las que había que destacar las herriko tabernas. Más de ochocientos tomos contenían las actuaciones. Cuarenta personas relacionadas con Batasuna habían sido procesadas.

Aun así, en enero de 2009 di orden de detener a ocho personas que trataban de rehacer la dirección de Batasuna. Empleamos nueve meses en la investigación. Días atrás, el antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, realizó unas declaraciones. Afirmó que a la izquierda aberzale le venía bien llevar la confrontación al terreno político, al de los argumentos políticos, pues consideraba que en ese terreno el Estado español era más débil. Pero rehuyó contestar a si aún tenía vigencia la lucha armada, centrando el debate en cómo había que ganar.

ETA se definía más. Poco tiempo después, a finales de enero, hacía público un comunicado asumiendo el asesinato del constructor Ignacio Uría Mendizábal, perpetrado el 3 de diciembre anterior y que la organización terrorista relacionaba con su postura sobre el tren de alta velocidad, así como la colocación de artefactos explosivos contra las sedes de varios medios de comunicación.

En los últimos días de ese mes de enero, envié a prisión a ocho dirigentes ligados a dos nuevas plataformas —Demokrazia 3 Milioi (D3M, Democracia 3 Millones) y Askatasuna— creadas para las elecciones autonómicas. Acababan de presentar sus listas al Parlamento vasco. Y procesé a cuarenta y cuatro miembros de Batasuna, ANV y el PCTV por integración en organización terrorista.

En abril detuvimos en una acción coordinada con Francia al etarra Jurdan Martitegui Lizaso, al que se consideraba número uno de ETA y responsable del aparato militar. Junto a él cayeron más responsables de la banda en España. La policía pudo averiguar que Martitegui planeaba matarme con un veneno que pensaba introducir en una botella de buen coñac. Un falso admirador, supuestamente un estudiante de Derecho, me la enviaría como regalo. En el tarjetón que iba a acompañar al licor explicaría la admiración del estudiante por mí por haber procesado a Augusto Pinochet o por las causas abiertas en torno a la corrupción en el PP, e incluso por los macrosumarios que mantenía con Euskal Herria.

Así lo explicaba en un documento contenido en un pendrive que se le incautó y en el que hacía referencia a que las víctimas del atentado pudieran ser también los magistrados de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska, Santiago Pedraz o, aún mejor, los tres a la vez. «Propongo hacer una acción mediante veneno», señalaba el escrito en el que también apuntaba al socialista Patxi López durante su investidura como lendakari. Planteaba el coñac u otra bebida de mi gusto, que el etarra decía desconocer. Había pensado hacer más atractivo el regalo con una copa de cristal cara y aparente. Enviaría el obsequio mediante una mensajería ajena al País Vasco. Proponía además tener preparado el mensaje de reivindicación para emitirlo de inmediato si el atentado salía bien.

El dirigente etarra se refería también a mi papel en la suspensión de las actividades de D3M y Askatasuna. De forma categórica y muy gráfica, daba en el mismo archivo las razones para su animadversión hacia mí: «Este hijo de puta nos está jodiendo la vida».

Bateragune

Aunque aún se resistía, ETA ya estaba muy tocada. En septiembre de 2009 procedió a una reorganización para intentar blindarse y resistir la presión policial. Así se detectó en Francia. Los servicios antiterroristas hablaban de una reestructuración del sistema organizativo con dos nuevos departamentos, dedicados a la militancia y al funcionamiento clandestino, así como un brazo armado para la extorsión económica.

Después de que la investigación hubiera avanzado hasta el punto de no poder continuar sin prender a los presuntos implicados, ordené a la policía que procediera a la detención del antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, el 15 de octubre de 2009 por un delito de integración en organización terrorista. La imputación era la de intentar promover la creación de un frente soberanista sin el PNV y a las órdenes de ETA. Junto a Otegi ingresaron en prisión otros cuatro dirigentes de la izquierda aberzale: el exsecretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga; la extesorera del PCTV, Sonia Jacinto; Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a Segi; y Arkaitz Rodríguez Torres, exresponsable de Haika en Álava.

En un auto explicaba que Otegi había asumido la responsabilidad de consolidar una nueva estructura, con el nombre de Bateragune, que sustituiría a la ilegalizada Batasuna. Tenía como objetivo facilitar los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas contrarios a la violencia y que exigieran su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta proseguía en el resto de España. En mi auto señalaba que ETA había ordenado a Bateragune elaborar un referente político para presentarse a las elecciones municipales y forales de 2011.

Sentencia de la Audiencia Nacional

Tras la investigación correspondiente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 16 de septiembre de 2011. En ella explicaba cómo, a causa del fracaso del proceso negociador y la labor policial para desarticular el brazo político de ETA, en 2007 y los primeros meses de 2008 tuvo lugar en el seno de esta organización terrorista «un amplio debate sobre la estrategia que debía seguir para obtener sus objetivos independentistas y de implantación de un Estado socialista de carácter revolucionario».

Fruto de este proceso de reflexión, se generó un documento, fechado en la primavera de 2008, titulado Aurrera begirako ildoa: Fase politikoaren ezaugarritzea («Línea de actuación de cara al futuro, caracterización de la fase política») intervenido al comando Hego Haizea. En él, partiendo del modelo clásico político-militar, se otorgaba «prioridad a la lucha armada sobre la contienda política». Según este documento, ETA utilizaba a la izquierda aberzale como brazo político e impartía «órdenes sobre cómo actuar desde la posición de superioridad orgánica» al conjunto de esta.

Lo que ETA se proponía con esta reflexión, según la sentencia, era crear un

«marco democrático nacional que garantice la capacidad de materialización de los derechos de autodeterminación y territorialidad», ordenando a la izquierda aberzale «dirigir la acumulación de fuerzas en los ámbitos de construcción nacional y a la defensa del marco democrático», debiendo el MLNV «capitalizar las acciones de lucha armada» y «levantar un muro» para evitar la perpetuación de la división de Euskal Herria que hace imposible su independencia.

Obviamente, la organización armada asumía «la lucha armada en la medida que sea preciso, estableciendo unos objetivos militares» con los periodos de alto el fuego o tregua que fueran necesarios «para facilitar el eventual proceso de negociación».

La estrategia de 2008-2009

En abril de 2009, en una estación de París, la policía francesa detuvo a Ekaitz Sirvent Aumendi, miembro de ETA y número dos de su aparato logístico. Con ocasión de su detención, se le intervino un documento redactado en diciembre del año anterior y titulado Herri antolatuaren estrategia independentista bateranz. Nazio estrategia askapen prozesuaren ergile («Hacia la estrategia independentista de una nación organizada. La estrategia nacional como motor del proceso de liberación»).

Con este importante documento se dio un giro al planteamiento recogido en el documento de la primavera de 2008 que he mencionado antes. Ahora, ETA hacía primar, «a efectos puramente estratégicos, la línea política sobre la lucha armada, a la que deja en un segundo plano, pero sin abandonarla», y acordaba

la creación de un frente soberanista entre todas las fuerzas políticas de la izquierda vasca que deje al margen al Partido Nacionalista Vasco, a cuyos militantes más aberzales se propone atraer, haciendo una programación a corto plazo, que abarca el primer semestre de 2009, donde la izquierda aberzale ha de concurrir a una serie de eventos que exterioricen la nueva estrategia política, solapada en la estrategia militar.

ETA sostenía paladinamente en ese documento, como recogía la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el 7 de mayo de 2012, que

«el pueblo necesita una refundación del aberzalismo y un renacimiento del independentismo de izquierdas», encomendando a la izquierda aberzale la tarea de «aglutinar todos sus esfuerzos para conseguir esa explosión generadora de una nueva Alianza Popular Nacional». Entre las funciones de esta Alianza incluye la de formular las opciones para la consecución de la independencia; dinamizar y dirigir políticamente el proyecto; desarrollar luchas específicas en diversos ámbitos; crear una coalición político-institucional que se constituya como plataforma donde tengan cabida los agentes políticos, sociales, sindicales y culturales; desarrollar una línea de confrontación con el Estado español; tomar la iniciativa en la negociación, desbancando al PNV de su papel hegemónico como interlocutor; fijar y aplicar un protocolo frente a la represión y negación, y crear un marco propio basado en estructuras propias de carácter institucional, político, social y cultural.

Desde luego, la formulación de la Alianza Popular Nacional correspondería al MLNV, que «debería impulsar el proceso hasta sus últimas consecuencias», a la vez que buscaba «la implicación de la mayor cantidad de personas posible, creando un polo soberanista, recabando para sí la parte mediática de las iniciativas y haciéndose con la centralidad política de las mismas». El llamamiento de ETA iría específicamente dirigido a las formaciones EA, Aralar, AB y ELA, para que se integraran

[…] «en el espacio de lucha que supone Nación Organizada», poniendo a disposición de la misma su fuerza armada, vigilando la puridad de las iniciativas y garantizando la permanencia de cualquier movimiento independentista. Termina ETA el referido documento de diciembre de 2008 relacionando una serie de propuestas de actuación de índole político-armada y mediática, aludiendo igualmente a la posibilidad de treguas que sirvan para impulsar el proceso democrático, «con validez únicamente de cara a Euskal Herria» puesto que «podríamos realizar acciones en España, puntuales, pero no ofensivas» (es decir, sobre bienes y no sobre personas).

Más atentados

Sobre este último extremo, debe indicarse que entre el 24 de abril y el 7 de junio de 2009 ETA no llevó a cabo ninguna actividad terrorista en los territorios del País Vasco y Navarra, como se comprometió, pero sí lo hizo en la localidad cántabra de Guriezo el 6 de mayo de ese año, mediante la colocación de un artefacto explosivo en un repetidor de telecomunicaciones. Tras la tregua, ETA volvió a cometer atentados terroristas tanto en la comunidad autónoma vasca como en otros lugares de España: el 19 de junio, mató en la localidad de Arrigorriaga (Bilbao) al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Antonio Puelles García; el 29 de julio, colocó e hizo estallar un potente artefacto explosivo en las inmediaciones de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Burgos; el 30 de julio, asesinó a los guardias civiles Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García en la localidad mallorquina de Calviá; y el 9 de agosto, colocó cuatro artefactos explosivos en tres locales de hostelería y unas galerías comerciales de Palma de Mallorca.

La izquierda aberzale, respecto de estos hechos, se alineó una vez más con las tesis de la organización armada, pues sostuvo que «la única solución posible pasa por dar una respuesta democrática al núcleo del conflicto, que no es otro que la existencia en Euskal Herria de una mayoría popular que reclama la posibilidad de que esta pueda decidir libremente su futuro».

En este contexto, Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería, Arkaitz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García

se constituyeron en sujetos directamente receptores de las órdenes impartidas por ETA (en cuya organización terrorista están insertos) a la izquierda aberzale (a cuyo complejo organizativo sectorial aquellos pertenecen). ETA encomendó a los acusados nombrados la formación del organismo o comisión de coordinación y dirección que, en el seno de la izquierda aberzale, llevara a efecto la planificación y gestión de la nueva línea estratégica de acumulación de fuerzas políticas soberanistas que aquella organización terrorista ordenó en diciembre de 2008 que se creara, bajo su tutela y superior supervisión, en aras a la culminación del proceso independentista y de implantación del socialismo en los territorios que hoy agrupa a las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra.

En cumplimiento de este cometido ordenado por ETA, estas personas llevaron adelante la presentación pública del nuevo organismo en rueda de prensa celebrada el 16 de marzo de 2009 en el hotel Barceló-Costa Vasca de San Sebastián. En esta convocatoria comparecieron los cuatro primeros, siendo Otegi el portavoz, «acompañados de otras diez personas integrantes de varias organizaciones integradas en la izquierda aberzale», que cumplían así las instrucciones de ETA.

Tras esa rueda de prensa, la izquierda aberzale redactó un documento titulado Eaeko hausteskundeen balorazioa eta aurrera begirako ildoa («Valoración de las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca y camino que realizar de cara al futuro»), en que se incluía

[…] una planificación para el conjunto organizativo del MLNV, con actuaciones para los próximos meses y un proceso de convergencia en cuatro etapas: «Aberri Eguna unitario el día 12 de abril de 2009, Primero de mayo unitario, huelga general el día 21 de mayo de 2009 de todos los agentes políticos y sociales soberanistas, y candidatura soberanista única en las elecciones europeas convocadas para el día 7 de junio de 2009». Lo que suponía una concreción y desarrollo por la izquierda aberzale de la iniciativa de ETA fechada en diciembre de 2008.

El 16 de marzo de 2009 ETA mostró, a través de una entrevista de dos de sus miembros en Gara, su aquiescencia con la iniciativa emprendida:

ETA ve con buenos ojos las reflexiones y clarificaciones que pueda hacer la izquierda aberzale para trasladar tanto su proyecto popular como a Euskal Herria a un escenario democrático. Porque el hecho de que sea eficaz es vital para la estrategia en favor de nuestro pueblo. ¿Dónde y cómo se coloca ETA ante ese objetivo? Al igual que el resto de organizaciones y organismos, Euskadi Ta Askatasuna lleva a cabo una reflexión política continua, y al ser una organización armada, el hecho de ser eficaces y tener una estrategia efectiva se convierte en eje y preocupación de nuestra reflexión. En ese sentido, antes del verano acabaremos un proceso reflexivo y asambleario cuya finalidad consiste en fijar una estrategia político-armada eficaz.

Añadía ETA que la izquierda aberzale era «el único agente que puede articular una resistencia política sólida al objeto de impedir una reforma renovada del actual marco autonómico, es decir, el garante del cambio político cierto». Indicaba que el MLNV podría consensuar con las fuerzas democráticas de Euskal Herria un compromiso y una estrategia única para el cambio político y para la solución democrática del conflicto, pero

mientras no se pase de los discursos a los hechos en los pasos para levantar un muro que detenga la represión y los ataques de los Estados y para llevar a este pueblo a un escenario de autodeterminación, que nadie pida a ETA que renuncie a la lucha con las armas para hacer frente al enemigo.

Asimismo, el 27 de septiembre de 2009, ETA emitió otro comunicado en Gara en el que quedaba perfectamente clara su posición de garante de la estrategia independentista de Euskal Herria, por si había alguna duda al respecto, y delegaba en las organizaciones que conformaban la izquierda aberzale la labor negociadora y de aglutinación del sector soberanista del País Vasco.

Como miembros de aquella «comisión de coordinación y dirección» de la izquierda aberzale ideada, instrumentalizada y tutelada por ETA, Arnaldo Otegi Mondragón, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería, Arkaitz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García se encontraban en reuniones periódicas en la sede del sindicato LAB de San Sebastián para los fines propios de la misión asumida con el fin de hacer viable la estrategia de ETA.

El Tribunal no consideró suficientemente probada la integración de los acusados en el Bateragune, aunque sí en la Comisión de Coordinación y Dirección que debía cumplir la orden de ETA de planificar y gestionar la nueva estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas tutelada por la organización terrorista. Por esta razón, la sentencia condenó a sus cinco miembros como autores de un delito de pertenencia a ETA.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012

La sentencia del Alto Tribunal confirmó en lo sustancial la de la Audiencia Nacional, aunque eliminó el grado de máximos dirigentes y suavizó las penas, pero insistió en la estrategia emprendida por ETA a partir del proceso interno de reflexión de los años 2007 y 2008, cuyos resultados se plasmaron en una serie de documentos de la organización. En ellos, la organización terrorista ordenaba la utilización de la izquierda aberzale para «dirigir la acumulación de fuerzas en los ámbitos de construcción nacional y a la defensa del marco democrático», para lo cual atribuía al MLNV los cometidos de «capitalizar las acciones de lucha armada» y de «levantar un muro» con el que evitar la perpetuación de la división de Euskal Herria, que, en su opinión, impedía el logro de sus objetivos independentistas.

Resaltó como ETA, a partir de diciembre de 2008, cambió respecto de la posición anterior al colocar en primera línea de su estrategia la actuación política, postergando la militar, que no obstante no abandonó. Y en ese contexto, instó la creación de un frente soberanista integrado por todas las fuerzas políticas de la izquierda vasca, con la sola exclusión del Partido Nacionalista Vasco (PNV), para «aglutinar todos sus esfuerzos para conseguir esa explosión generadora de una nueva Alianza Popular Nacional», cuya formulación correspondería al MLNV.

En la resolución, el Tribunal Supremo no aceptó el planteamiento de la defensa de Otegi cuando argumentó que había actuado acatando la esencia de los denominados Principios Mitchell, formulados en el proceso de paz de Irlanda del Norte y de contenido claramente democrático y pacifista. Ni tampoco admitió el argumento de que actuaba en abierta oposición a ETA en aras de lograr, a través de cauces estrictamente democráticos, el final del uso de la violencia y del terror.

Ambas sentencias, la del Tribunal Supremo y la de la Audiencia Nacional, consideraron no suficientemente probada la integración en el Bateragune como instrumento de ETA para el desarrollo de la dirección política compuesto por miembros de EKIN y amigos o colaboradores de otras organizaciones. Pero esto no excluía que los acusados mantuvieran contactos con aquel. De ello se desprende que Bateragune no era el nexo exclusivo de los procesados con ETA, a modo de eslabón de una cadena. Entre ellos y la cúspide de la banda armada tampoco existía una relación piramidal en cuyo plano intermedio se situara Bateragune, a modo de punto de contacto; pero era indudable que los acusados estaban integrados en un

organismo encargado de la dirección y coordinación de la denominada izquierda aberzale que a lo largo del año 2009 se dedicó al diseño y puesta en práctica, bajo la superior directriz de la organización terrorista ETA, de la nueva estrategia de aglutinación de personas y organizaciones situadas en el espectro político de la izquierda independentista vasca, a efectos de formar un polo soberanista para la consecución del Estado independiente y socialista pretendido por aquella formación terrorista, simulando el no empleo de la lucha armada, que fue orillada con fines puramente tácticos.

2016. La última sentencia. Batasuna-PCTV-ANV

El 20 de enero de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia (con ponencia de José Ricardo de Prada) de conformidad, es decir, los treinta y cinco acusados responsables de Batasuna, PCTV y ANV admitieron los hechos de la acusación. Se ponía así fin al último proceso referido al complejo terrorista liderado por ETA, que inicié con la Operación Kaseco en 1998 y concluí en 2009 con el caso Bateragune. Las sesiones de la vista oral señalada comenzaron el 3 de diciembre de 2015. En ellas se presentó ante la Sala un escrito suscrito por todos los acusados:

Los abajo firmantes comparecen ante el Tribunal y manifiestan que están conformes con el acuerdo suscrito entre su abogado y las acusaciones personadas en autos, reconociendo su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado. Entre el escrito de acusación y el inicio de las sesiones de juicio oral han trascurrido más de cinco años, sin que dicha dilación sea atribuible a los acusados.

A ese escrito lo acompañaba el texto del acuerdo alcanzado:

El fiscal, las acusaciones populares personadas en la presente causa representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Dignidad y Justicia por una parte, y por otra la representación de los acusados en este procedimiento manifiestan, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal interesan se dicte sentencia condenatoria de conformidad en los términos que a continuación se expondrán y manifiestan en el mismo sentido su dictamen favorable a la aplicación de la suspensión de condena, habida cuenta del reconocimiento de los hechos y de la voluntad de reparación a las víctimas del terrorismo, adjuntándose escrito de los acusados en el que suscriben el contenido del presente escrito de conformidad.

En consecuencia, se modificó el escrito de conclusiones provisionales de las partes y, tras reproducir los hechos contenidos en los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones, se añadió el párrafo previamente y concluyó el largo proceso que puso fin a toda la actuación del complejo terrorista liderado por ETA y que fue desarticulado por la fuerza del Estado de derecho.

Los acusados reconocen su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado. Entre el escrito de acusación y el inicio de las sesiones de juicio oral han trascurrido más de cinco años, sin que dicha dilación sea atribuible a los acusados.

Esta sentencia es histórica porque en ella, como ocurriera en 1994 con la pronunciada sobre Terra Lliure, los treinta y cinco acusados reconocen los hechos imputados y además, por primera vez en todas las investigaciones relacionadas con el complejo terrorista a cuyo frente estaba ETA, reconocen el control que esta ejercía y piden perdón a las víctimas.

En este sentido, queda patente que el PCTV se creó como una escisión legal del complejo HB-EH-Batasuna, pero que su fin era desarrollar su actividad una vez ilegalizada Batasuna y como elemento integrante y necesario para la sucesión de actividades de aquella bajo la dirección de ETA. Por su parte, ANV actuó en todo momento sometida a las directrices marcadas por Batasuna.

Para la consecución de sus fines, los treinta y cinco acusados actuaron con un sistema de gestión centralizada realizado desde la misma sede de las tres entidades en Usúrbil, y con la participación principal en la dirección y gestión de las personas que en su momento tuvieron responsabilidades en Batasuna. Según la documentación hallada en el polígono Belartza de aquella localidad, en el registro practicado el 5 de octubre de 2007, las directrices sobre gestión y administración contable de ANV y PCTV eran establecidas por Batasuna y desarrollaban el modelo que en su momento seguían los partidos políticos ilegalizados HB, EH y Batasuna. Según la documentación, esta última, ANV y PCTV compartían un sistema de centralización de ingresos, tesorería común y caja única, utilizando el servicio de banca online para realizar las transferencias entre las cuentas de ANV y PCTV a favor de las personas que actuaban como apoderados de estas entidades.

El ejemplo cunde

Tras esta sentencia de conformidad llegarían otras. En abril de 2106 cinco miembros de Egin suscribían un acuerdo similar por un delito de pertenencia a organización terrorista; el 17 de mayo siguiente, otros ocho integrantes de EKIN acusados de pertenecer a ETA renunciaban a la violencia en un acuerdo pactado por todas las partes, acusados, fiscal y acusaciones (AVT y Dignidad y Justicia). Aceptaban penas sustancialmente menores tras renunciar a la violencia y reconocer el sufrimiento causado. Un noveno acusado para quien se solicitaba mayor pena por reincidencia se veía en la tesitura de acceder a la libertad provisional con el beneplácito de las acusaciones, aunque tras proceder a ese mismo reconocimiento.

Cito también el caso del presidente del partido Sortu y hasta entonces parlamentario autonómico Hasier Arraiz, cuya defensa alcanzó en las mismas fechas un pacto con la Fiscalía. Durante la vista oral, Arraiz reconoció su participación en los hechos y expresó su compromiso con la renuncia de la violencia y su deseo de contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento causados. Sobre Arraiz pesaba, eso sí, una condena de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

El cese definitivo de la violencia

ETA anunció el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011. A partir de ahí en el País Vasco se inició una nueva etapa de paz, restauración de la convivencia y el entendimiento con quienes absurdamente produjeron tanto dolor innecesario. El perdón a las víctimas de la violencia era necesario. Este camino conjunto, con el respeto a la diferencia política, es el único capaz de restaurar las heridas abiertas por décadas de terrorismo y confrontación. Pero no solo en Euskadi. Todos los españoles deberíamos acomodarnos a una nueva situación.

En los primeros días de enero de 2016, como ya he mencionado, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia condenatoria de los treinta y cinco miembros acusados de pertenecer a ETA a través de Batasuna mediante ANV y PCTV. Con la admisión de su participación en los hechos, el trabajo emprendido para desarticular la organización terrorista a través del análisis de la estructura que la sustentaba se revelaba correcto.

En marzo de 2016, Otegi salió finalmente de prisión. Era oportuno. Hace ya mucho tiempo que dije públicamente que no tenía sentido su reclusión y que podría ser mucho más interesante su presencia en la calle. Opino, y espero no equivocarme, que puede enriquecer esta situación de transición hacia la normalidad y la convivencia. Si no lo hace, será su responsabilidad frente a quienes, también desde el ámbito de la izquierda aberzale, repudian la violencia y frente a todo el pueblo vasco, que desea la paz y la desaparición definitiva de ETA.

Los que quedaron en el camino

Un informe encargado por el Gobierno vasco a los historiadores Raúl López Romo, Luis Castells, Antonio Ribera y José Antonio Pérez sobre el terrorismo en Euskadi entre los años 1968 al 2010 arroja unos datos que hacen reflexionar. Durante la dictadura franquista, la cifra de víctimas asesinadas por ETA fue del cinco por ciento de su trágico total; durante la Transición, la organización terrorista asesinó a 336 personas y, en la etapa de democracia, desde 1982 a 1994, a otras 435 más.

He recogido esos datos de un artículo de Luis R. Aizpeolea, publicado en 2015, que destaca la tesis principal de ese estudio: «Euskadi no fue víctima de un conflicto con el Estado, sino de un intento de imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA». Según el grupo de historiadores encargados de ese documentado trabajo, ETA recabó datos de numerosas personas, entre ellas 3760 políticos del PP, 1843 empresarios y 1060 políticos del PSOE. Jueces, policías, ertzainas, militares, abogados… eran sus objetivos. La Guardia Civil y la Policía pagaron con su vida la acción de la organización.13

Este es el epílogo de un largo y muy duro camino emprendido en 1988 en el que una serie de personas nos vimos abocadas a detener a una organización terrorista y nos batimos contra viento y marea, con pocos medios y entre el escepticismo de muchos de nuestros iguales, para conseguirlo. Recuerdo a todos los que trabajaron en esta gran labor, aunque no los cite. Recuerdo a todos los que se quedaron en el camino por defendernos a todos. Y recuerdo a las víctimas. Pienso constantemente mucho en las víctimas.

PRINCIPALES OPERACIONES
CONTRA EL TERRORISMO

Mayo de 1998. Operación Kaseco contra la estructura dirigente de KAS y su complejo financiero, apoyado en parte en AEK. Detenidos e imputados once responsables de KAS. Se interviene sobre las mercantiles Gadusmar-Itxas Izarra, Ganeko-Untzorri Bidaiak, Banaka y Aulki. Posteriormente se produce la imputación de diecinueve responsables de AEK por fraude a la Seguridad Social y la ilegalización de KAS.

Julio de 1998. Operación Persiana contra la estructura fundamental del «frente mediático-cultural» de ETA, nucleado alrededor del grupo empresarial Orain, editor del diario Egin. Detenidos quince responsables de KAS y clausura cautelar del diario Egin y de la emisora Egin Irratia.

Marzo de 1999. Operación Rei contra parte de la estructura informativa de ETA conocida como Sarea. Detenido e imputado el responsable del «equipo de investigación» del diario Egin, José Benigno Rey Rodríguez.

Enero de 2000. Operación Curro contra Xaki, la estructura mancomunada de relaciones exteriores del MLNV bajo el control y la dirección de ETA. Detenidos e imputados doce responsables de KAS e ilegalizada la asociación.

Julio de 2000. Sobre la base de los datos aportados, la Autoridad Judicial resuelve que existe «continuidad de empresa» entre las mercantiles Orain, editora del diario Egin, y EKHE, editora del diario Gara, imputando a esta las responsabilidades económicas y laborales de aquella.

Septiembre de 2000. Operación Lobo Negro contra la estructura sustitutoria de KAS para la codirección junto a ETA de todo el conjunto organizativo del MLNV. Detenidos e imputados veintiún responsables e ilegalizada la organización.

Octubre de 2000. Operación Itzali contra la Fundación Joxemi Zumalabe, el organismo ABK, la plataforma Bai Euskal Herriari y la mercantil Zart Komunikazioa, estructuras encargadas de la puesta en práctica del Proyecto Piztu de «desobediencia» de ETA. Detenidos once responsables de EKIN e imputados seis más.

Marzo de 2001. Operación Sugekume contra la organización Jarrai-Haika, responsable de la puesta en práctica de la kale borroka o violencia callejera, escuela de formación de cuadros dirigentes del MLNV y cantera para nutrir de militantes la estructura operativa de ETA. Detenidos veinte responsables e imputados cuatro más, así como dos responsables de ETA encargados de la captación de nuevos militantes. Ilegalizada la organización.

Octubre de 2001. Operación Udazkena contra Gestoras Pro Amnistía, encargada del control y sostenimiento de militantes de ETA en situación de prisión o de clandestinidad en países de refugio, de la captación de militantes para la estructura de ETA, de la convocatoria de «jornadas de lucha» y del Proyecto Alde Hemendik. Detenidos quince responsables, imputados quince más e ilegalizado el organismo.

Marzo de 2002. Operación Geldi contra la organización Segi, sustitutoria de Jarrai-Haika para el cumplimiento de las funciones que desarrollaba esta hasta su ilegalización. Detenidos doce responsables, imputados once más e ilegalizada la organización.

Abril de 2002. Operación Estaca de Bares contra el complejo financiero de ETA creado alrededor de Batasuna. Detenidos once responsables e imputados tres más. Se interviene sobre las mercantiles Erosgune, Eneko, Artetxe-Alberdi, Dugal, Hator, Aixa y Etxepare.

Agosto de 2002. Suspensión de actividades de Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna e imputación de buena parte de los integrantes de sus distintas Mesas Nacionales.

Febrero de 2003. Operación Amo del Calabozo contra la organización ya ilegalizada Askatasuna, sustitutoria de Gestoras Pro Amnistía. Detenidos seis responsables y bloqueados sus fondos económicos para el sostenimiento de los presos de ETA.

Abril de 2003. Operación Parea contra la plataforma Udalbiltza Kursaal, con la que se pretendía la generación de una legalidad y una institucionalidad paralela y alternativa. Detenidos diez responsables e imputados nueve más.

Mayo de 2003. Operación Botar contra las agrupaciones de electores constituidas por EKIN para sustituir a Batasuna, resultando ilegalizadas unas doscientas cincuenta, entre ellas la principal, Autodeterminaziorako Bilgunea.

Mayo de 2004. Ilegalización por el Tribunal Supremo de la candidatura de la agrupación de electores Herritarren Zerrenda en las elecciones al Parlamento Europeo como un sucedáneo de Batasuna.

Abril de 2005. Sobre la base de investigaciones desarrolladas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ilegaliza la candidatura de la agrupación de electores Aukera Guztiak, como un sucedáneo de Batasuna.

Octubre de 2007. Operación Segura contra la reconstituida Mesa Nacional de Batasuna. Detención de veintitrés de sus integrantes, cifra que se ampliará en los meses sucesivos.

Febrero de 2008. Suspensión de actividades de los partidos políticos ANV y PCTV y detención de sus responsables.

Enero de 2009. Operación Rubicón contra las asociaciones Herria Aurrera y Gasteiz Izan, que servían de cobertura a Batasuna. Detención de ocho responsables y suspensión de actividades del partido político Askatasuna.

Octubre de 2009. Operación Bateragune contra la comisión encargada de renovar la línea política y la dirección de Batasuna. Detenidos nueve de sus integrantes.

La tortura y el Protocolo Garzón

La primera vez que escribí sobre la tortura fue en el marco de unas jornadas organizadas por el CGPJ en la Escuela Judicial en 1986, cuando era magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Almería. Allí había tenido un caso de malos tratos y torturas en los cuales el responsable era un policía municipal, que resultó condenado.

Había quedado marcado por el caso Almería, en cuya ejecución de sentencia participé, ya que la investigación contra el teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero y los demás responsables se había desarrollado en ese juzgado, del que tomé posesión en 1984. Castillo Quero era el jefe de la comandancia de Almería cuando los jóvenes Juan Mañas Morales, Luis Cobos Mier y Luis Montero García, que acudían desde Santander a una fiesta familiar, fueron confundidos con los etarras que habían atentado días antes, el 7 de mayo de 1981, contra el teniente general Joaquín Valenzuela. Los tres fueron detenidos en Roquetas por la Guardia Civil, al mando de Castillo Quero, y sus cadáveres aparecieron poco después, el 10 de mayo, dentro del coche en que viajaban. Habían sido torturados y, una vez muertos, sus cuerpos fueron descuartizados y quemados para borrar las evidencias.

Traigo a colación este hecho para remarcar el repudio absoluto que me ha producido siempre el desinterés y la permisividad, que he comprobado en otros colegas, tanto jueces como fiscales, en cuanto a la «mano dura» con los detenidos.

Por eso me molesta tanto la manipulación que se ha fraguado en torno a mí respecto a este tema, sin que haya existido rubor alguno a la hora de manipular la realidad con tal de que se oscurezca cualquier logro en ese ámbito. Cuando esto viene de parte de quienes conscientemente desconocen el Estado de derecho e imputan acusaciones sin fundamento, no tiene mayor relevancia… más allá de demostrar la falsedad de tales afirmaciones. Pero cuando las insidias se deslizan desde la propia Justicia, en lugar de reparar y proponer medios para paliar esas prácticas durante décadas, no solo es pernicioso, sino también obsceno.

Reconozco que la Audiencia Nacional no ha sido todo lo beligerante que debería y aún hoy solo dos jueces, Santiago Pedraz y Fernando Andreu, aplican parte del protocolo que puse en marcha en 2006 y defienden fiscales como Dolores Delgado, aunque otros fiscales y jueces todavía se permiten algunos comentarios en el sentido de que a la policía hay que dejarle manos libres para que la investigación prospere.

Jamás he consentido que eso se produzca en mi juzgado. Pero también he sido beligerante en descubrir cuándo se ha pretendido manipular la realidad para desacreditar los esfuerzos de la confrontación del terrorismo. Las investigaciones que desarrollé sobre los GAL y los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile, así como la adopción de mecanismos de control, dan ejemplo de ello.

Es necesario, en este punto, poner de manifiesto que la ley española en materia de competencia judicial establece que, en los casos de terrorismo, las posibles torturas, malos tratos o tratos inhumanos o degradantes deben ser investigados por los jueces del lugar donde se hubieren cometido, y no por los jueces centrales de instrucción. El objetivo es evitar que el juez central competente para la investigación del delito de terrorismo se pueda ver contaminado y tentado de encubrir aquellas prácticas.

La fórmula tradicional para prevenir los posibles casos de tortura consistía, desde el comienzo de la actividad de la Audiencia Nacional, en exámenes médicos. Inicialmente estos eran muy espaciados, pero después se fueron practicando en espacios de tiempo más cortos. En bastantes ocasiones tuve alguna que otra crítica porque autoricé el examen médico por especialistas, además del que practicaban los médicos forenses; no lo hice porque dudara de la solvencia de estos profesionales, sino para completar, en función de la especialidad concreta, la concordancia o discrepancia con los partes emitidos.

En ninguno de los asuntos que he tramitado en materia de terrorismo se ha producido un procesamiento, una acusación ni una sentencia por casos de torturas. Ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Barcelona, ni en Madrid. Y tampoco ningún otro juzgado ha determinado que uno solo de los detenidos o detenidas que han pasado por mi juzgado, o estado bajo mi control, haya sido torturado. Esta es la realidad. A partir de ahí, la manipulación.

No voy a entrar en lo que han hecho o dejado de hacer otros para combatir esta lacra, pero sí en lo que he hecho yo, y, desde luego, puedo decir que ha sido mucho más que los demás. También he sufrido los ataques dirigidos contra quienes, en algún momento, han podido amparar esas prácticas y que, sin embargo, se han concentrado en mí a pesar de que la realidad era muy distinta. Sea como fuere, siempre he tenido que soportar las críticas sostenidas.

A lo largo de los veintidós años (1988-2010) en los que presté servicio activo en la Audiencia Nacional, hay constancia de dos sentencias del TEDH relacionadas con la supuesta vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos —como se conoce al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales—, en el cual se prohíben la tortura, los malos tratos y los tratos inhumanos y degradantes, referidas a personas que estuvieron bajo la jurisdicción del JCI 5.

1992. Terra Lliure

En el capítulo «La historia se repite» ya hice referencia al caso de Terra Lliure y la desarticulación de esta organización terrorista en 1992. Desde entonces, e incluso hasta ahora, determinadas personas —en algunas ocasiones desde Cataluña y a pesar de mis posiciones claramente procatalanistas, de mi defensa del derecho a decidir de cualquier pueblo, con los únicos condicionantes de la no violencia ni el recurso a la lucha armada, y de mi clara beligerancia contra la tortura— han hecho valer en mi contra, como otros lo hicieron en el caso de ETA, falsas imputaciones de corte claramente fascista. La razón hay que buscarla en el hecho de haber investigado en profundidad, con firmeza y hasta el fondo a las organizaciones terroristas a las que he tenido que enfrentarme. Justificaban estas acusaciones en una supuesta falta de diligencia en la persecución de este delito.

La legislación antiterrorista, con la limitación de derechos que conlleva, puede favorecer objetivamente la práctica de la tortura y la comisión de malos tratos durante las detenciones, sobre todo si las personas permanecen incomunicadas. En España, esa responsabilidad se confiere a los jueces ordinarios del lugar donde se hubieran producido. Esto, que pretendía ser una garantía, se ha convertido en una rémora y en un mecanismo favorecedor de aquellas prácticas o, cuando menos, en un espacio en el que la falta de investigación se ha instalado. Vengo solicitando en forma insistente desde la década de 1990 la derogación de aquella normativa, y en especial la incomunicación de los detenidos para evitar que se genere el espacio idóneo para aquellas prácticas o para las falsas denuncias. Con técnicas adecuadas de investigación, la medida restrictiva del derecho de defensa es innecesaria.

Cuando los detenidos por delitos de terrorismo comparecen ante el juez central, y antes durante todo el periodo de detención, se los controla médicamente de forma permanente y, cuando así se aconseja o se constata la necesidad, se autoriza el examen exhaustivo en un centro especializado. A partir de ese momento, si los indicios son claros, el fiscal o el juez central deben deducir el testimonio correspondiente y remitirlo al Juzgado competente. Si no lo hacen por esa falta de indicios, los interesados o cualquier persona, en su nombre, pueden denunciar.

Esta dicotomía se ha convertido, en ciertas ocasiones, en una aparente pasividad por quienes quizá deberíamos de haber acentuado más la acción para, de esa forma, provocar la investigación de los jueces competentes. Desde luego, en todos los casos en los que he tenido la convicción de que realmente se han producido malos tratos, he deducido testimonio y he profundizado en los hechos, recogiendo pormenorizadamente el relato de los afectados, acompañado del informe médico forense o de especialistas; y cuando, por el contrario, después de los análisis médicos he considerado que no había razón, he dejado constancia en la declaración que servía de base para la denuncia que el interesado presentaba si así lo consideraba oportuno. En todas esas ocasiones la presencia del fiscal aseguraba la protección de las víctimas, pues estaba obligado, como garante de la legalidad, a proceder si había indicios de responsabilidad penal.

¿Se ha hecho todo lo posible? Probablemente no, pero a partir de un momento determinado, al menos en mi caso, he intentado actuar en diferentes frentes.

El TEDH, casi de manera permanente, ha reprochado cierta pasividad en los Juzgados Centrales en los casos que ha resuelto, pero en ninguno, al menos en mi juzgado, ha afirmado que se hubieran producido malos tratos o torturas. Como crítica a esas resoluciones, debo decir que en ningún caso se ha puesto de manifiesto que el Juzgado Central no fuese el competente para perseguir. Sí para proteger y, de comprobar la existencia del delito, actuar.

En conclusión, puedo decir que la separación entre la investigación por terrorismo y la de las supuestas torturas que se estableció como garantía no ha sido bien comprendida por los jueces y fiscales, y se ha convertido en un obstáculo para propiciar una protección integral de las víctimas.

Esto es lo que sucedió en los diferentes casos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tan solo dos casos, en veintidós años de ejercicio efectivo, como juez, en la Audiencia Nacional, se han referido a actuaciones del Juzgado Central de Instrucción número 5.

La sentencia del TEDH de 2 de noviembre de 2004, en el caso referido a los miembros de Terra Lliure, estableció con absoluta claridad que «el Tribunal considera que los elementos de prueba presentados por los demandantes no fundamentan suficientemente sus alegaciones. En consecuencia, no hubo violación del artículo 3 del Convenio».

Lo que sí decía el TEDH es que no estaba convencido de que las investigaciones fuesen lo suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias previamente citadas en ese artículo. A este respecto, constató la ausencia de una investigación profunda y efectiva sobre las alegaciones defendibles de los demandantes, según las cuales estos sufrieron malos tratos durante su detención provisional por parte del Juzgado de Instrucción 22 de Madrid, y por ello consideró que hubo violación del artículo 3 del Convenio. Es decir, que el titular de ese juzgado debería haber hecho más. Estoy de acuerdo en afirmar que en España no se han investigado los casos de tortura y malos tratos producidos en el marco de las investigaciones de terrorismo con la suficiente profundidad y ha existido lenidad en las penas, salvo contadas excepciones. Pero en esa ausencia de investigación los Juzgados Centrales nada tienen que ver por ser competencia de otro órgano judicial.

En la demanda interpuesta por Aritz Beristain Ukar contra el Estado español, la sentencia que el TEDH emitió el 8 de marzo de 2011 se refiere a unos hechos acontecidos en septiembre de 2002, cuando el demandante fue detenido en San Sebastián por su participación en actos de kale borroka. El Tribunal asumía que Beristain Ukar había recibido malos tratos y torturas por parte de la Guardia Civil, la falta de investigación por el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid y la confirmación de la Audiencia Provincial, así como la pasividad del juez central. Sin embargo, esto no fue así realmente, porque el TEDH olvidó que quien ordenó todas las medidas de prevención y examen, las visitas y los informes de situación de la detención fue el juez central y que, posteriormente, después de la declaración en presencia del fiscal y tras nuevos informes, no se halló mérito bastante para proceder y tampoco lo demandó el abogado defensor. Es decir, el juez central 5 sí actuó y sí decidió en consecuencia. Quizá podría pensarse que se podía haber profundizado más, en efecto, pero el informe médico no lo amparaba y no se hizo.

El Tribunal estimó que las investigaciones realizadas en el caso Beristain Ukar por parte del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid no habían sido suficientemente profundas ni efectivas para cumplir las exigencias recogidas en el artículo 3 del Convenio. Es decir, respecto a las alegaciones defendibles del demandante según las cuales había sufrido malos tratos durante la detención, el TDEH estimó que sí hubo una violación del Convenio en su aspecto procesal. Pero lo realmente destacable es que no consideró que Beristain Ukar hubiera estado sometido a tratos que alcanzasen un mínimo de gravedad y fueran, por tanto, contrarios al Convenio. De haber sido al contrario, sí se podría hablar de la responsabilidad del Juzgado Central.

En todo caso, Garzón

Lo curioso es que las personas que hacen la crítica nunca la dirigieron contra el supuesto responsable, sino contra quien no lo era. La cuestión es por qué razón se mantiene esta burda manipulación durante tantos años. Supongo que descargar sobre una persona a la que no se perdona que, ante esa realidad, actuara según la ley resulta más fácil que reconocer que se ha hecho muy poco para cambiar esa situación. Por lo que a mí se refiere, debo decir que he tratado de cumplir mi obligación, y si no lo he conseguido en algún momento, al menos lo he intentado firmemente. Y hay ejemplos más que suficientes que lo acreditan. Pero es difícil que a quien no quiere comprender se le pueda convencer de algo.

1999. Consejo de Europa

El 19 de noviembre de 1999, en el Consejo de Europa y ante trescientos expertos en derechos humanos convocados por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT; su denominación actual es Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes), pedí la derogación de las leyes antiterroristas porque podían facilitar la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Las normativas desmesuradas existentes en muchos países, los plazos más extensos de detención y la incomunicación, entre otros factores, favorecían la tortura tanto para obtener información como a modo de venganza frente al detenido-enemigo, en muchas ocasiones denigrado y escarnecido antes de pasar a disposición del juez. Yo tenía claro que la legislación antiterrorista vigente era un auténtico caldo de cultivo de la tortura. Y así lo expresé ante el Consejo de Europa, afirmando que en ningún caso la eficacia se puede poner por delante del respeto a los derechos fundamentales, pues esto solo lleva a distorsionar el sistema y vaciar de sentido el Estado de derecho.

No ahorré críticas. Señalé al Gobierno de España por alejar a los presos de su entorno, equiparando tal actitud con la tortura. Jurídicamente, y a pesar de lo impopular que pudiese parecer mi postura, para mí estaba claro el deterioro tanto emocional como físico que esa medida suponía para las personas recluidas. Expresé mi opinión de que era urgente acercar a los encarcelados de ETA al lugar del que procedían y estaba el entorno familiar.

La tortura y la praxis de las denuncias

La práctica de la tortura ha sido una tentación y una constante a lo largo de la historia. En múltiples investigaciones así se ha constatado (dictaduras, Guantánamo, Abu Ghraib, terrorismo, cárceles, interrogatorios). Es la negación en sí misma de la racionalidad del ser humano y la negación más grosera del Estado de derecho.

En el contexto de las actividades de los grupos terroristas, la práctica de la tortura ha sido una constante respecto de sus víctimas y también una estrategia, incluso impresa en folletos informativos y en documentos de actuación, para inculpar a los funcionarios de la investigación y conseguir la anulación del proceso. Recuerdo un caso que investigué junto con el fiscal Enrique Molina. Tras un atentado en Bilbao en el que murieron dos presuntos etarras, y conforme a las investigaciones realizadas, se detuvo a un grupo de diez o doce personas acusadas de integración en organización terrorista. Una de estas personas era una monja. Enrique fue el fiscal durante la instrucción y luego en el juicio.

A lo largo de la instrucción, la religiosa relató cómo había acogido a esos dos terroristas; que estos tuvieron un enfrentamiento con la Guardia Civil; que hubo tiros por los dos lados; que los etarras murieron dentro de un coche… ETA afirmaba, por su parte, que la Guardia Civil los había ajusticiado en el vehículo.

La monja había reconocido su colaboración con la organización terrorista, y como tal iba acusada, ya que había dado cobertura a los miembros de ETA en su casa y los había ocultado. El caso es que, durante el juicio, de pronto aseguró que Enrique Molina y yo mismo la habíamos torturado y, como consecuencia de nuestra tortura, ella había hecho esa declaración. En otras palabras, afirmaba que había sufrido torturas físicas delante del abogado, del secretario del juzgado, de… No salíamos de nuestro asombro, pero comprendimos, como en tantas otras ocasiones, que el derecho de defensa incluye hasta esas cuestiones. Es decir, a pesar de contar con todas las garantías, aún hoy se hacen esas imputaciones.

Existía un manual, editado por ETA y difundido por KAS, sobre qué hacer en caso de detención: negarse a declarar, declarar lo que se quisiera, avisar a Gestoras para que designaran el abogado y, nada más terminar esa declaración, denunciar torturas.

Las denuncias de torturas y malos tratos pasaban por acusar también a los médicos forenses, tildándolos de parte interesada a pesar de la pulcritud de sus reconocimientos. En ocasiones, los detenidos incluso se negaban a ser reconocidos y después denunciaban públicamente los supuestos malos tratos en una rueda de prensa. Otras veces, como hicieron algunos miembros del comando Vizcaya en 2011, me denunciaban a mí, al médico forense y a la Guardia Civil porque, supuestamente, habíamos consentido las torturas. Poco o nada se tenían en cuenta los exámenes médicos por profesionales elegidos por la familia. Frente a esas denuncias, solo cabía intentar hacerlo todo con sujeción a la legalidad.

Existieran o no denuncias de torturas o malos tratos, siempre se practicaban los reconocimientos, a no ser que los denunciantes se negaran a ellos, pero incluso en estos casos se redactaba el informe correspondiente.

2006. El protocolo

Las diferentes resoluciones de organismos internacionales, en un número no demasiado alto, pero en todo caso real, han criticado la legislación antiterrorista española. La inercia frente a lo evidente era la de seguir adelante primando la eficacia sobre el cumplimiento de las garantías. Algo había que hacer y creo que se tardó tiempo en reaccionar. Desde luego, esta reacción no se produjo, en su momento, en el Tribunal Supremo, ni en el Tribunal Constitucional, ni por parte del Legislativo. La amenaza terrorista ha llevado a que la legislación especial, restrictiva de derechos con relación a otros comportamientos delictivos, no se modifique, a pesar de las críticas de los relatores, del CPT, del propio TEDH y del Comité Europeo de Derechos Humanos.

Ante la ausencia de consenso en ninguna de las instancias, decidí que ya era el momento de afrontar, aunque fuera en solitario, un planteamiento serio y definitivo. Para lograrlo, respondí con la legislación internacional, los estándares internacionales y las resoluciones sobre la materia pronunciadas por los organismos internacionales de control.

Así, por medio de un auto del 12 de diciembre de 2006, decidí poner en marcha —en el primer caso de terrorismo que tramité desde mi incorporación tras mi estancia en Nueva York— un protocolo de actuaciones que levantaría mucha polvareda y contestación inicial por parte de policías, guardias civiles, médicos forenses y algunos medios de comunicación que desplegaron una nueva y durísima campaña contra mí argumentando que, con estas medidas, iba a terminar con la eficacia en la lucha contra el terrorismo. Desde luego no fue así.

Debo reconocer que, después de algún tiempo, donde más receptividad encontré fue en la Policía y en el Ministerio del Interior, cuando Antonio Camacho era secretario de Seguridad. Un día, este último me llamó por teléfono y me dijo que se había acordado asumir el protocolo y cumplirlo, siguiendo con ello el propio informe del relator especial de la ONU sobre la tortura, que en su visita a España en 2008 lo ponía como el ejemplo que debía seguirse, al igual que hizo el Comité de Prevención contra la Tortura en dos de sus informes. Habían transcurrido dos años desde mi auto, y en la Audiencia Nacional no lo asumieron los Juzgados 2, 3 y 6.

En el auto en que acordaba la incomunicación, añadí el argumento de que la referida medida era excepcional y restrictiva de los derechos de defensa del detenido, por lo que las medidas de control debían extremarse, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española (arts. 10.2 y 96.1) y los tratados internacionales de los que España es parte, entre los que estaban los siguientes: artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950; reglas 31 y 32 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (aprobadas por el Consejo Económico y Social en resoluciones de 1957 y 1977); artículos 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; artículo 2 de la Declaración contra la Tortura de 1975; artículo 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979; artículos 2.1 y 4 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. El fin era evitar cualquier posibilidad de malos tratos, inhumanos o degradantes; prevenir la propia acción de los funcionarios y, desde luego, proteger los derechos de los detenidos.

En este sentido consideré necesarias una serie de limitaciones a la incomunicación, en cuanto esta medida subsistiera, aplicándola a los casos de terrorismo. De entre ellas la más importante era la referida a la grabación, mediante un sistema de vídeo o digital, de las celdas en las que se mantuviera detenidos a los imputados, preservando su intimidad, pero de forma que quedase constancia de la situación del detenido durante su incomunicación. Estos eran los principales puntos:

Requerimiento a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Información Exterior para grabar en soporte de DVD o vídeo, que quedará a disposición de este Juzgado, del lugar de la detención y condiciones del mismo, de cada uno de los detenidos durante todo el tiempo que permanezcan estos en dicha situación, y como medio de acreditar el desarrollo de la detención incomunicada ordenada por este Juzgado.

Por el médico forense de este Juzgado, reconocimiento de los detenidos e informe sobre su estado.

Oficiar a la Unidad de Información Exterior para dar cuenta al Juzgado de cualquier incidencia producida durante la detención de los imputados, en particular sobre la situación de los mismos cada doce horas, y siempre que fuera necesario. Todo ello sin perjuicio de que el juez instructor pueda constituirse en el lugar para conocer su situación en cualquier momento. [Lo que hice en algunas ocasiones, acompañado del Ministerio Fiscal.]

Los detenidos pueden ser examinados por médicos de su elección, si así lo solicitan, en unión con el médico forense adscrito a este Juzgado, quien girará visitas a los mismos cada ocho horas como máximo y siempre que fuere necesario.

Obligación de informar al Juzgado de las características del lugar de detención y del tiempo de permanencia en el mismo de los detenidos sin contacto con persona alguna.

Obligación de comunicar a las familias de los detenidos el lugar de la detención y los traslados que se produzcan.

Estas medidas se fueron perfilando más y se extendieron sin excepción a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Cursé los correspondientes oficios, incluso para que se acondicionaran los espacios. Di las indicaciones para que las cámaras preservaran el derecho a la intimidad, pero que las grabaciones se realizasen de forma que, si había alguna alteración, esta se pudiera comprobar y, en su caso, investigar por el juez competente.

La aplicación del protocolo se ha destacado como una buena práctica para la prevención de la tortura por diversos organismos internacionales de tutela de los derechos humanos. Hay que citar, entre otros, el informe del relator especial de Naciones Unidas para la cuestión de la tortura sobre el seguimiento de las recomendaciones efectuadas tras su visita a España, presentadas en la séptima sesión del Comité de Derechos Humanos, y el examen del quinto informe periódico de España ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que tuvo lugar en las sesiones del 12 y 13 de noviembre de 2009.

Las denuncias y la campaña

Aunque aún sigo recibiendo acusaciones como «torturador» o «consentidor de torturas» por parte de elementos aberzales variopintos, no se me olvida que la adopción de las medidas del protocolo que he referido supuso la interposición de denuncias contra mí ante el Consejo General del Poder Judicial por «estar a favor de los terroristas», así como denuncias ante el Colegio de Médicos Forenses, por estos mismos profesionales, que se quejaban de que podían ser identificados por los colegas designados por la familia del detenido. Amortizados quedan los ataques y campañas de los medios de siempre que criticaron con ferocidad las medidas, llegando a decir que yo acabaría con la lucha contra el terrorismo. La razón de todo ello: crear un mecanismo de control que, desde que se puso en marcha, ha determinado la ausencia total de indicios de práctica de tortura o maltrato, y que hizo más seguras y efectivas las investigaciones.

La posición del Supremo

Durante mucho tiempo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no fue precisamente el lugar en el que las víctimas de estas prácticas encontraron amparo. En variadas ocasiones las penas fueron mínimas o hubo absoluciones más que cuestionables, y a menudo primaba la tesis de que cualquier denuncia en este sentido no era otra cosa que una técnica de descalificación por parte de los terroristas respecto de la acción del Estado. No obstante, en los últimos tiempos, ha habido sentencias que ponen de manifiesto que la práctica de la tortura, especialmente en casos de terrorismo, no está expulsada aún de las actuaciones policiales.

Las normativas de tipo excepcional o especial, primando la seguridad y la efectividad sobre las garantías jurídicas, han hecho que se favorezcan este tipo de conductas, a las que los jueces y fiscales no han prestado demasiada atención. Algunos comentarios son ciertamente graves, como las descalificaciones de las medidas que se adoptan para paliar esta práctica, sin aportar nada en ese ámbito para acabar con ella.

En una sentencia del 6 de marzo de 2012, con ponencia del actual presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Tribunal Supremo advierte que el control judicial de la integridad física y moral de los detenidos no debe degenerar en una mera formalidad que haga ilusoria la garantía que representa instalar una cámara de vídeo en el interior de las dependencias en que se halla encerrado el sospechoso. De hecho, el no seguimiento —por el juez central de instrucción— de la instalación de esos dispositivos y su desatención respecto del control regular de las imágenes que se graban contribuye a degradar esa garantía, lo que solo se justifica como una medida disuasoria ante cualquier tentación de arbitrariedad de los poderes públicos frente al ciudadano detenido.

Esta afirmación fue tan gratuita como carente de contraste con la realidad de las actuaciones en los Juzgados Centrales que aplican el protocolo: desconocía la mecánica de control de la detención y obviaba uno de los mecanismos más eficaces, el examen médico del profesional designado por la familia (una garantía que me valió denuncias por quebrantar, supuestamente, la incomunicación), así como el control que también ejerce el Ministerio Público.

La misma sentencia hacía referencia a la queja derivada del hecho de que las cámaras instaladas, en cumplimiento del auto dictado por el juez central de instrucción, no abarcaban el interior de la celda:

[…] esa falta de control a posteriori de las garantías exigidas para prevenir cualquier tentación de arbitrariedad de los poderes públicos, puede ser fuente de censura respecto de quien se limita a un tratamiento puramente formal de sus propios mecanismos de prevención. Pero no acredita, por sí sola, que los actos de tortura acaecieran en la realidad.

Ese y otros párrafos de la sentencia, referida al comando Vizcaya —cuya detención se produjo en 2008 bajo mi dirección, y en el que, como ya dije antes, se buscó la inculpación del juez, del forense y de la Guardia Civil en 2011—, ponían de manifiesto el desconocimiento que los magistrados del Supremo que firmaron la sentencia tenían del lugar sobre el que se escribía. Ignoraban que no hacía falta grabar el interior de la celda, única forma de garantizar la intimidad del detenido, cuando quedaba integrado en la grabación cualquier acceso a aquella y, en consecuencia, quedaba garantizado el control efectivo con plena eficacia probatoria para el juez de instrucción en caso de denuncia.

En todo caso, no se me oculta que esos párrafos fueron una dedicatoria hacia quien había sido, menos de un mes antes, objeto de una condena más que cuestionable y resultan realmente dignos de atención, en el sentido de que representan aparentemente la clara animadversión y prejuicio de quien los escribió, que nada hizo para remediar la supuesta falta. Es curioso que la Sala Segunda se detuviese a criticar e imputar esa omisión, que no se correspondía con la realidad de los hechos, y a la vez afirmara que no existió tortura.

Sin embargo, se omitió toda referencia al juez competente para investigar, ni se mencionó el hecho de que no se apliquen esos mecanismos que exige la legislación internacional con clara definición de su obligatoriedad y que el magistrado Marchena, un mes antes de firmar esta sentencia, rubricara el sobreseimiento, después de un procedimiento prospectivo y general contra mí que mantuvo abierto dos años para archivarlo por prescripción, y simultáneamente formara parte de la Sala que me condenó. Después, con su participación en la Comisión de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Marchena quiso remediar esas supuestas deficiencias, sabiendo que si no fuera por el hoy conocido como Protocolo Garzón no existiría en España mecanismo alguno de control para prevenir la práctica de la tortura durante el periodo de la detención incomunicada en casos de terrorismo.

Se puede estar de muchas formas en el punto de mira de alguien. En función de la importancia de quien puede activar el mecanismo y de los escrúpulos que tenga, puede ser gracioso o ciertamente peligroso.

Recuerdo una anécdota que tuvo lugar cuando se desarrollaban las causas contra mí en el Tribunal Supremo. Esta instancia pronunció una sentencia, respecto de un caso de terrorismo yihadista que se había tramitado en los Juzgados Centrales 4 y 5, en la que se aludía a los malos tratos hacia alguno de los detenidos. En cierto momento, un magistrado del Supremo vinculado con una de las causas que se me instruían dijo algo así: «Garzón se preocupa por Guantánamo… cuando tiene uno en su juzgado». Realmente penoso, porque esta afirmación marcaba la línea de tendencia hacia mi persona. La cuestión era que tanto afán había en atacarme que no se dieron cuenta de que yo no era el titular del Juzgado en ese momento, ya que estuve viviendo en Nueva York buena parte de los años 2005 y 2006.

Así podría contar varias situaciones más, como cuando quisieron imputarme la caducidad de las anotaciones preventivas de embargo de las herriko tabernas. Recuerdo que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, me avisó de que en el Supremo me estaban preparando una situación muy delicada. Comprobé los datos obrantes en la causa y descubrí que, efectivamente, la anotación vencía urgentemente y los bienes quedarían liberados. La filtración se produjo y salió en los medios de siempre. Solo se les olvidó un pequeño detalle: una vez más, no fue a mí a quien se le había pasado el plazo, porque yo estaba en Estados Unidos, sino al juez que me sustituyó durante esos dieciocho meses de licencia por estudios. El tema se saldó favorablemente porque llamé a la abogada Jone Goirizelaia, le conté lo que había ocurrido y me dijo que no me preocupara, pues ella lo solucionaría. Lo hizo.

Terminando de escribir este capítulo, llega la noticia de que el TEDH ha condenado de nuevo a España por no investigar supuestos casos de tortura a miembros de ETA y su entorno. Un supuesto miembro de EKIN, Xabier Beortegui Martínez, era en esta ocasión el denunciante. Después de un largo periplo, tras negarle amparo el Tribunal Constitucional español, el caso encontró acogida en la Corte de Estrasburgo. El resultado es esta sentencia, con fecha 31 de mayo de 2016, en cuya instrucción sumarial el juez no aplicó el Protocolo Garzón, lo que dice poco del respeto a los derechos fundamentales por parte de nuestro país y de quienes deben ser sus garantes.

Un último ejemplo hace más palpable aún lo puesto de manifiesto en este capítulo. El 14 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala Penal de la AN absolvió a los 36 procesados y previamente detenidos por el juez Fernando Grande-Marlaska en una operación efectuada en 2011 contra SEGI. En el desarrollo de la declaración ante el magistrado Grande-Marlaska, Garazi Rodríguez denunció malos tratos y tortura. El magistrado no aplicó el Protocolo Garzón, ni otros mecanismos internacionales que prevén las garantías en periodos de detención incomunicada. No se dedujo testimonio. Después, la afectada denunció los hechos y el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid y la Audiencia Provincial no consideraron necesario profundizar en la investigación. Finalmente, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 16 de agosto de 2016, estima el recurso de amparo de la víctima, declara vulnerados sus derechos, anula los autos y los retrotrae al momento anterior, ordenando la investigación. Frente a todo esto, el único nombre que figuró en los medios de comunicación que publicaron la noticia fue el de Baltasar Garzón, que diez años antes había declarado la ilicitud de SEGI como parte de ETA. (Esta última cuestión es cierta, pero lo que no se indica es que este mismo juez puso los medios para que estos casos no se produjeran.) Sigue llamando la atención por qué no se ha puesto de relevancia que de haberse aplicado aquellos protocolos no se habría producido el hecho. Y el otro gran interrogante: ¿por qué algunos jueces se niegan a aplicarlos?

EL TERRORISMO YIHADISTA

La investigación sobre terrorismo internacional en España también era competencia de la Audiencia Nacional. El impacto de la actuación de organizaciones terroristas internacionales en nuestro país no fue tan elevado durante los años ochenta y noventa como lo sería después. No obstante, el atentado contra el restaurante El Descanso, cometido el 12 de abril de 1985 y en el que hubo dieciocho víctimas mortales y un centenar de heridos, fue uno de los más brutales ejemplos en ese periodo. Aún sigue sin resolver, ni policial ni judicialmente, a pesar del tiempo transcurrido y de que se relacionó con la Yihad Islámica y, más tarde, con el ciudadano español de origen sirio Mustafá Setmarian Nasar, miembro de Al Qaeda.

Recuerdo que dos décadas después, en abril de 2005, me encontré —en un debate sobre terrorismo internacional en la New School University de Nueva York, que tres años antes me había conferido el título de doctor honoris causa— con víctimas de aquel atentado. Al hablar con ellas, constaté la frustración y el dolor de no haber obtenido justicia ni reparación, quedando en el olvido oficial el caso y sus consecuencias.

Nunca se profundizó lo suficiente, o lo que se hizo no dio resultado, y entró en ese importante porcentaje en el que la verdad judicial queda oculta y con ello el olvido oficial queda archivado como el propio caso. Recuerdo que me pidieron si podría ocuparme de la investigación, pero resultaba imposible porque esta le correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 2.

Lo que sí había hecho previamente en el marco de la investigación contra Al Qaeda, la llamada Operación Dátil, puesta en marcha en 2001, era ordenar la búsqueda y captura de Setmarian, al que procesé por su integración en organización terrorista durante el tiempo que estuvo en España, antes de los atentados que aquella organización cometió en suelo estadounidense ese mismo año. Pero esto ocurriría años después del atentado en El Descanso. Si este terrorista estuvo o no implicado en él, nunca lo sabremos con certeza. Como tampoco supimos dónde estuvo desde que Estados Unidos lo detuvo en 2005 y «desapareció» en cárceles secretas durante años. Pero esa es otra historia.

Sin duda para mí, el atentado de El Descanso estuvo estrechamente relacionado con la presencia militar de Estados Unidos en España y su objetivo eran víctimas de este país, pero las bombas son ciegas a la hora de matar después de que la mano asesina de quien las coloca activa el mecanismo.

Comienzan las investigaciones. La labor policial

Aparte de este caso, las investigaciones que se desarrollaron en España estaban relacionadas con las acciones de organizaciones árabes que en aquel momento eran catalogadas como terroristas, especialmente las de origen palestino, iraní, sirio o egipcio. Entre ellas estaban, por ejemplo, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Abu Abbas, responsables del secuestro del buque Achille Lauro en 1985.

Uno de los casos que tuvo trascendencia y con cuya investigación estuve relacionado, por sustituir mi juzgado al que dirigía Carlos Bueren, estaba relacionado con una partida de componentes explosivos que entraron por un puerto de Levante. Pertenecían a una organización iraní e iban destinados a hacerlos estallar en nuestro país. Logramos frustrarlo. Era a finales de los años ochenta.

Este caso fue el que me conectó con el Servicio de Información Exterior de la Comisaría General de Información, que siempre desarrolló un excelente trabajo en esta área al máximo nivel internacional. La información elaborada por los servicios españoles, con escasísimos medios, siempre fue de primer nivel. Pero lo cierto es que los sucesivos Gobiernos, hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, jamás prestaron demasiada atención al terrorismo internacional de corte fundamentalista, conocido hoy como yihadista. La insuficiencia palmaria de medios y de recursos está en el origen de lo que después aconteció.

A Baltasar Garzón el epíteto de juez estrella al que hace referencia esta viñeta de Gallego y Rey le fue aplicado más con el ánimo de denostarlo, por parte de quienes se sentían incómodos por las investigaciones que llevaba a cabo desde la Audiencia Nacional, que de reconocer sus evidentes logros. De hecho, semejante calificativo peyorativo no era más que otro método de presión contra Garzón y los magistrados que intervenían en los asuntos judiciales más mediáticos por su importancia o por el renombre de quienes estaban imputados en ellos.

No hubo, a pesar de las llamadas insistentes de atención de los responsables policiales, y las mías a lo largo de la década de 1990, el más mínimo retorno. Ni siquiera la Guardia Civil se ocupaba de este tipo de terrorismo, y judicialmente se negaba su existencia. Se percibía como algo externo y ajeno a España. La urgencia de defendernos de las acciones terroristas de ETA ocupaba toda la atención, que escasamente se desviaba hacia el terrorismo de extrema derecha. Así ocurría, hasta el punto de encontrar en algunas sentencias, como en la del asesinato del diputado de HB Josu Muguruza, cierta condescendencia judicial con este tipo de acciones terroristas, que hubo de ser atajada por el Tribunal Supremo, aunque los criterios de banda armada terrorista, como en el caso de los GAL, nunca se aplicaron.

La escenificación del miedo

La negación es normalmente la escenificación del miedo. Cuando no comprendemos algo, nos asusta y lo negamos. No se acepta la realidad porque no se comprende y, por tanto, se niega. El miedo a lo desconocido, a lo incomprensible, a lo inabarcable, a lo injustificable nos conduce normalmente a negar la evidencia, aunque esté tan próximo a uno que se toca con la punta de los dedos. Sin embargo, en vez de buscar soluciones, se niega por miedo. O, lo que es peor, por indiferencia. Si el problema no figura en nuestro día a día, no nos interesa ni nos preocupa. Solo las víctimas lo comprenden. Por eso es tan difícil, salvo para estas, que calen en las instituciones nacionales conceptos como los de jurisdicción universal, justicia internacional, derecho internacional, terrorismo internacional… Hasta que la realidad nos alcanza de lleno.

A pesar de que Abdulá Yusuf Azam, ideólogo de Al Qaeda en 1989, en plena lucha contra la invasión soviética de Afganistán, afirmaba ya en aquella época que «la yihad para liberar los territorios del islam no había hecho más que comenzar en Afganistán y era un deber individual de todo musulmán», a lo que añadía que ese «deber no terminará con la victoria en Afganistán, seguirá siendo una obligación personal hasta que nos devuelvan todos los territorios que fueron musulmanes para que el islam reine de nuevo: ante nosotros se extienden Palestina, Bujara, Líbano, Chad, Eritrea, Somalia, Filipinas, Birmania, Yemen del Sur, Taskent y al-Ándalus», muy poca gente se tomaba en serio esas amenazas.

Aun con los avisos que continuarían de forma persistente y periódica (Osama Bin Laden, Aymán al Zawahirí, Suleimán Abu Gaith, Abu Tabet Al Najdy, Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, Partido de la Liberación Islámica Marroquí, Nadim Al Magrebí, entre otros), se tardarían demasiados años en asumir que España constituía un objetivo yihadista y que las actividades de los diversos grupos eran terroristas en nuestro país, a pesar de que sus miembros solo se refugiaban o entrenaban en él tras haber hecho la yihad en Afganistán, Bosnia, Chechenia u Oriente Próximo, consiguiendo documentos falsos y facilitando medios a quienes luchaban fuera o bien la salida para llegar al punto de intervención criminal. De forma inverosímil y absurda, los tribunales no consideraban estas actividades relacionadas con organizaciones terroristas porque no actuaban en España y, por tanto, no se integraban en el concepto de organización terrorista que nuestro Código Penal recogía y había interpretado el Tribunal Supremo.

Lo cierto es que la visión del fenómeno global y universal del terrorismo, a pesar de los golpes insistentes sufridos, ha costado y cuesta asumirlo judicialmente en muchos países. España ha sido uno de ellos. Quizá se deba, o eso me parece, a una especie de mecanismo de autoprotección que desplegamos respecto de todo aquello que nos puede hacer daño y no comprendemos. O bien sea una muestra del miedo que nos atenaza. Cuando esto sucede, lo rechazamos porque nos molesta y nos domina.

Este fenómeno lo veo día a día en los diferentes países en los que he estado. Por ejemplo, hoy es 24 de marzo de 2016 y escribo estas notas mientras atravieso el Atlántico, dos días después de los atentados del Estado Islámico (ISIS o Daesh) en el aeropuerto y el metro de Bruselas, donde treinta y cuatro personas perdieron la vida y más de doscientas quedaron heridas, y la misma fecha en que se cumplen cuarenta años del golpe militar en Argentina. Pues a pesar de que ese fue el objeto de una conferencia en Buenos Aires, el impacto de estos atentados no se percibía como algo inmediato, próximo. Era algo que sucedía a miles de kilómetros y que no podía ocurrir allí. Y esto sucedía en un país que ha sufrido el terrorismo de Estado y ataques terroristas como los de la embajada israelí el 17 de marzo de 1992 —hubo veintidós muertos y doscientos cuarenta y dos heridos— y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) —la explosión de un coche bomba mató a ochenta y cinco personas e hirió a unas trescientas— el 18 de julio de 1994.

Lo que aconteció en España

Pero lo que no es lógico ni asumible es que ese mecanismo que lleva a las personas a la negación del fenómeno, fundado en el miedo a lo inabarcable o a la impotencia que sienten, se extienda a las instituciones y determine una especie de parálisis frente a su expansión. Esto es lo que sucedió en España. A principios de la década de 1990, el terrorismo internacional no era noticia en nuestro país, ningún responsable político tomaba en serio este fenómeno y mucho menos era objeto de preocupación para los tribunales. Sencillamente…, no existía.

De acuerdo con la policía, comencé a desarrollar investigaciones en mi juzgado sobre terrorismo internacional. No fue fácil construir los aspectos teóricos. No obstante, poco a poco, la policía desarrolló unos mecanismos que nos ayudaron a la identificación del fenómeno, a pesar de la escasez de recursos, suplida con la mucha voluntad de quienes asumieron esa obligación. Esa acción era digna de un reconocimiento, que nunca ha tenido lugar, al esfuerzo titánico de aquellos funcionarios pioneros considerados como «bichos raros» en el Ministerio del Interior porque no formaban parte de la élite policial que investigaba el terrorismo autóctono. Gracias a ellos se evitaron muchos atentados, a pesar de los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004.

En 1993, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que una investigación muy bien armada sobre presuntos terroristas argelinos pertenecientes al Grupo Islámico Armado (GIA) —la organización que en la Nochebuena del año siguiente secuestró el vuelo 8969 de Air France con la intención de estrellar el aparato en la torre Eiffel— no trataba de terrorismo porque aquellos solo habían delinquido por falsificar documentos y, además, el GIA no cometía atentados en España. Obviamente, este criterio supuso —como en otros casos y momentos en la configuración de la actuación judicial contra el yihadismo— un importante varapalo. Aceptar el criterio de que no se cometía una acción terrorista con esa actividad delictiva, la falsificación documental, nos hubiera obligado a asumir la imposibilidad de continuar las investigaciones en un ámbito que, como veíamos ya en ese momento, sería la máxima preocupación en el futuro.

La soledad en aquellos años fue total. Ningún compañero asumía que estuviéramos ante una actividad que se pudiera considerar terrorista. A pesar de todo, continué con mis investigaciones de la mano de la policía y del comisario Miguel Pulido, un excelente funcionario a quien hace unos meses me encontré paseando por Luchana con su venerable vejez. Probablemente, como le dije, no lo reconozcan en demasiados ámbitos, pero él, como otros policías que he ido mencionando y muchos cuyos nombres y apellidos no aparecen, pero que están en este libro, han sido fundamentales para nuestra seguridad, la de todos los españoles, la de todos nosotros, trabajando desde el Estado de derecho con pulcritud y dedicación máxima. Recordamos en aquel fugaz reencuentro los duros inicios de aquella aventura que estuvo llena de sinsabores, tanto por la parte política como por la judicial, pero también de avances hasta que, por fin, después de diez años de trabajo, conseguimos que se emitiera una condena por terrorismo internacional de naturaleza yihadista.

Realmente, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta ha sido una constante en España. Lo fue con el crimen organizado y el narcotráfico; lo fue con la corrupción; lo fue, durante muchos años, con el entorno y el complejo terrorista de ETA; y sin duda lo ha sido, y lo ha seguido siendo, después del 11 de marzo de 2004, con el terrorismo yihadista. Algunos responsables judiciales del más alto nivel han hecho experimentos con esta materia, considerándola menor, sin sistematicidad, sin organización, sin naturaleza terrorista. Mientras tanto, se exportaron desde España varios de los más altos responsables de Al Qaeda, como Mustafá Setmarian Nasar, Amer el Azizi (alias Otman el Andalusí), posible cerebro de los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Chej Salah, Mohamed Bahaiah, Said Berraj y Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, considerado en su momento como uno de sus máximos responsables en Europa, y diversos miembros de organizaciones satélites de Al Qaeda, como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate o el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, entre otras.

A pesar de estas evidencias, antes de los atentados del 11-M se tomaba a broma la presencia de este tipo de actividades terroristas en nuestro país. Tan duro como real. Sin embargo, como en tantas otras cosas, aún no se ha hecho, ni creo que se haga, una autocrítica seria de esa desidia durante años. Pero es que después, cuando se intentó investigar globalmente la germinación y desarrollo del fenómeno, la respuesta de los tribunales no fue precisamente la más idónea, al exigir para la catalogación como organización terrorista los mismos parámetros doctrinales que para ETA, cuando eran fenómenos muy diferentes en cuanto a la forma de conformarse y actuar, siendo mucho más letales e indiscriminados los efectos de esta nueva forma de terrorismo.

La falta de percepción de su diferente naturaleza se convirtió así en el principal hándicap para alcanzar una verdadera efectividad frente a esta forma de penetración del terror. Desafortunadamente, en algunos momentos se han hecho experimentos en las sentencias. Si se hablaba de una nueva mecánica de actuación, se rechazaba la posibilidad; si se suscitaba la certeza de que el tipo de organización no era piramidal como en ETA, sino horizontal, no se comprendía o sencillamente no se aceptaba tal posibilidad, lo que llevó a tratar cualquier actividad de estos grupos o personas de forma diferente a la que se asumió respecto a aquella y su entorno. Como tampoco se entendía a qué y a quién nos enfrentábamos, confundiendo la religión con la degeneración ideológica a partir de unas ideas religiosas viciadas por una visión extrema del islam. O el hecho de que, desde determinados medios de comunicación, se incidía por intereses meramente corporativos y económicos en la aceptación de una forma de terrorismo y en la negación de otra; o la realidad, por razones políticas, de la relación entre la generación y participación absurda en una guerra ilegal como la de Irak y la acción terrorista en España. O la estigmatización de la inmigración como fuente del aumento de la acción terrorista; o la minusvaloración de unos argumentos que, aunque absurdos e inconsistentes para Occidente, se insertan en lo más íntimo de algunas mentes y sociedades diferentes. Quizá por todo ello, en España —como en otros países— la negación apriorística de esta realidad hizo que no se actuara en tiempo real, sino a remolque de los acontecimientos. Y así sufrimos las consecuencias.

Recuerdo mi primera visita a Arabia Saudí en 2004. En esa ocasión asistí invitado por el Gobierno de ese país para participar en una serie de encuentros en la Universidad Islámica. En la Escuela de Policía me entrevisté con el responsable de la agencia antiblanqueo y los ministros del Culto, de Justicia y de Interior. Hasta que no lo compruebas, es difícil asumir las diferencias tan profundas entre las distintas sociedades. La hospitalidad más amplia se conjuga con la intransigencia religiosa más profunda y las convicciones de esta naturaleza arraigadas en lo más hondo, acompañadas de una incomprensión y culpabilización de Occidente como origen del propio fenómeno terrorista, a lo que se suman diferencias insalvables entre los respectivos sistemas jurídicos.

En aquella ocasión, cuando se inició el debate sobre terrorismo con todos los altos responsables de la Universidad Islámica, lo primero que hicieron fue espetarme la responsabilidad de Occidente por sus políticas expansionistas, genocidas y basadas en la imposición de un modelo de civilización determinado e imperial. Tuve que emplear mis mejores recuerdos sobre una de mis aficiones, la historia, y especialmente la que se refiere a la época islámica en España. El estudio de la historia de al-Ándalus, de donde provengo, me sirvió para transmitir mi discrepancia con lo que planteaban, exponiéndoles cómo el terrorismo corrompe a toda sociedad y cualquier apoyo y financiación que se le dé conduce al desastre más absoluto para todos.

A similar conclusión he llegado después de conocer in situ y analizar la realidad social, política, económica y religiosa de las diferentes culturas a las que me he aproximado a lo largo de los años para comprender el fenómeno yihadista. Israel, Palestina, Egipto, Jordania, Líbano, Turquía, Siria, Irak, los países del golfo Pérsico, Afganistán, Malasia, Indonesia, China, Australia, Rusia-Chechenia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Italia y, por supuesto, España. Sin olvidar otros lugares en los que el terrorismo fundamentalista ha actuado, como África —donde he viajado a Somalia, Egipto, Etiopía, Sudán, Eritrea, Tanzania, Kenia, Nigeria, Mauritania, Camerún, Mali, Marruecos, Argelia, Túnez o Libia—, Estados Unidos e Iberoamérica. Con diferentes matices y particularidades, el impacto de la violencia política siempre ha tenido un efecto negativo que abunda en la incomprensión mutua de quienes la sufren.

La iniciativa

Después de la frustración inicial que supuso el desconocimiento por parte de la Sala de lo Penal de la AN en 1993 del carácter terrorista de las acciones de logística avanzadas en España por miembros del GIA e investigadas por mí en 1991-1992, reanudé la actividad de investigación de este tipo de terrorismo que aún no tenía una incidencia definida, pero del cual se intuía que podría ser altamente peligroso en nuestro país. Fue en 1994 y actuamos con análisis de inteligencia, comprobación de fuentes abiertas y sensibles, observaciones telefónicas y colaboración con otros países, entre otros medios, en dos direcciones: la que se refería a las acciones terroristas que incidían en el norte de África (Argelia, Túnez y Marruecos) y la que comenzaba a dibujarse en relación con Oriente Próximo, respecto a organizaciones como Hamás, la Yihad Islámica o Hizbolá, a las que en 1995 se sumó un nombre entonces casi desconocido: Osama Bin Laden.

Recuerdo un viaje a Estados Unidos en diciembre de 1995 para participar en sendos debates sobre terrorismo internacional con treinta destacados expertos de la política, los medios de comunicación, la policía y grupos de reflexión en el Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) y en la Universidad de George Washington. En esa ocasión, desarrollé una serie de reflexiones sobre el terrorismo fundamentalista islamista. En ese momento, desde mi punto de vista, tres eran los factores que influían en el desarrollo del mismo: el proceso de paz en Oriente Medio, el crecimiento del fundamentalismo islámico y los conflictos bélicos en Bosnia-Herzegovina y Chechenia. El nexo común de estos conflictos radicaba en una percepción extrema del islam, impregnada por un fanatismo exacerbado, que se anuncia como la única solución a todos los problemas, sean políticos, sociales, culturales o de cualquier índole, insistiendo en que los partidarios de la yihad consideraban el terrorismo una forma legítima de lucha por la adquisición de sus objetivos religiosos. Se sorprendieron cuando, al poner en común experiencias e investigaciones, les hablé de que en mi juzgado estábamos investigando acerca de los llamados árabes afganos y su vuelta desde zonas de conflicto al norte de África, donde continuaban la acción terrorista, y de una organización liderada por un saudí llamado Osama Bin Laden. Tres años después tendrían lugar los ataques terroristas, reivindicados por Al Qaeda, contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania (1998) y, en 2000, otro contra el destructor estadounidense USS Cole. Tan solo hago esta referencia para poner de manifiesto que en aquella época, en la que no había conciencia de la existencia de este tipo de criminalidad en España, esas actividades preocupaban a los cuerpos policiales y, cuando estos me hicieron partícipe de su inquietud, comencé a investigarlas.

1996-1997. El falsificador

Cuando en 1996 comenzamos de nuevo a detener a los miembros del GIA, teníamos la esperanza de que hubiera cambiado la sensibilidad de la Justicia frente a una actividad terrorista que no se materializaba en suelo español. El 11 de junio, ordené la detención de un colaborador de esa organización que había falsificado documentos con fines terroristas. De nuevo, solo se le condenó por falsificación, sin conferirle trascendencia terrorista, cuando era evidente que ese engaño era simplemente un instrumento necesario para la actividad del GIA.

A pesar de este nuevo contratiempo, cada vez consideraba más necesaria la investigación de este fenómeno que comenzaba a expandirse sin barreras de contención, como había acontecido en Francia. Y el 9 de abril de 1997 fructificó la primera gran investigación sobre miembros y colaboradores del GIA, cada vez más arraigado en España, país que se había convertido, dada la falta de conciencia del fenómeno, en una zona de «descanso» y una base segura para los integrantes de esta organización terrorista. Regresaban de las zonas de conflicto y, prácticamente todos, recalaban en España. Si la situación resultaba preocupante, más lo era la desatención existente hacia este fenómeno. Hasta tal punto era esto así que tendría lugar un acontecimiento digno de la antología del disparate judicial.

Detenciones

Después de que Miguel Pulido me informara de que todo estaba preparado para llevar a cabo las detenciones de los presuntos terroristas, casi todos ubicados en la zona levantina, ordené que se efectuaran las de once personas más, entre las que se encontraban Abdelkrim Bensmail, Allekema Lamari, Sohbi Jaouni, Bachir Belhakem, Noureddine Salim Abdoumalou y Mohamed Amine Akli, que resultarían condenados como autores de integración en banda armada y otros delitos a penas de entre diez y trece años de cárcel. Otros tres más resultaron absueltos, y uno más fue detenido en 1999. Algunos de estos nombres serían desafortunadamente relevantes años después, por su reincidencia en las actividades terroristas. En particular, Allekema Lamari, alias Yasin, uno de los autores de los atentados del 11-M y que estaba entre los terroristas que se inmolaron en Leganés semanas después.

Ante la imposibilidad de concluir las primeras investigaciones y trasladarlos a Madrid, los detenidos fueron presentados ante el juez de guardia de Valencia. De forma arbitraria e incomprensible, este decidió ponerlos en libertad por un error en el cómputo del tiempo y manteniendo una cuestión de competencia que dilató el procedimiento. La Audiencia Provincial revocó la arbitraria decisión con una resolución durísima. Yo tuve que ordenar de nuevo las detenciones. En algún caso tardamos casi dos años en volver a capturarlos, como ocurrió con Ali Ibrahine. Esa era la terrible realidad que se vivía en aquellos momentos, aunque se ocultaban estas situaciones.

La sentencia

Después de todas las incidencias, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó su sentencia, la primera en España por terrorismo yihadista, el 26 de junio de 2001. En ella los magistrados afirmaban categóricamente:

La organización terrorista denominada Grupo Islámico Armado (GIA) es una organización argelina de carácter fundamentalista, que posee una estructura estable y permanente, que basa su actividad terrorista en los postulados ideológicos de recurrir a la práctica de la yihad (guerra santa) para lograr el acceso al poder político y el establecimiento de la sharía (ley islámica) y así derogar el sistema político vigente, ejecutando a las personas que en base a su interpretación subjetiva sean hostiles al islam, desarrollando sus actos tanto en Argelia como en el exterior, siendo usados los países occidentales, bien como lugar de refugio para los miembros huidos de la justicia argelina o bien como mercado para abastecerse de armas y explosivos; y también para la captación de militantes y colaboradores: obtención y falsificación de documentos y fuente de financiación.

Este grupo terrorista ha desarrollado desde siempre una intensa y continua campaña de difusión y propaganda a nivel internacional de sus principios ideológicos así como de las acciones que perpetraban. Esta labor la ha realizado, entre otros canales o medios de difusión, por los propios órganos de expresión que imprimían y difundían, entre ellos, boletines, como los denominados Al Ansar.

Dentro de esta estrategia del GIA, a principios del mes de febrero de 1997, se desplazaron a España una serie de ciudadanos argelinos con la finalidad de crear una infraestructura de esta organización terrorista encaminada a la captación y entrenamiento de jóvenes islámicos para su integración en la denominada «yihad» (guerra santa) como muyahidines o luchadores; para su financiación en España recurrieron a sustracciones de bienes, así como para sus desplazamientos a la sustracción de vehículos.

Por su parte, en su sentencia del 7 de junio de 2002, el Tribunal Supremo estableció al resolver el recurso de casación:

La sola consideración de que los recurrentes se encontraban en territorio español —principio de territorialidad—, en el que estaban efectuando los actos vertebradores de los delitos por los que han sido condenados, con independencia de que no se hubiese producido lesión a intereses españoles, es suficiente para declarar la competencia de los Tribunales españoles, y en concreto de la Audiencia Nacional dada la naturaleza del delito principal: integración en banda armada de naturaleza terrorista; incluso desde el principio de justicia universal, la sola puesta a disposición de los recurrentes ante la Justicia española lo hubiera hecho competente; es suficiente al respecto la cita tanto del principio de territorialidad del art. 23.1 de la LOPJ como el de justicia universal del art. 23.4 para rechazar tan infundada petición.

Ali Ibrahine, uno de los que había huido, sería condenado en 2003 por la Audiencia Nacional y, al año siguiente, por el Tribunal Supremo. El último de ellos nunca fue detenido y murió posteriormente, después de su implicación en un atentado en Argelia.

Como puede comprobarse, esa primera sentencia en España por terrorismo yihadista tuvo lugar a dos meses y medio de los atentados que se cometerían en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

Las investigaciones en España

Las solicitudes de investigación sobre el terrorismo internacional de carácter yihadista eran cada vez más frecuentes, aunque en España, a pesar de los datos evidentes que constataban un aumento en la actividad, el único Juzgado que tramitaba causas relacionadas con este tipo delictivo era el Central de Instrucción número 5. La dificultad de detección en ese momento de esta actividad criminal, su configuración —que se confundía o aliaba con otras a las que parasitaba en red o de forma aislada— y la falta de experiencia en España hacían sumamente difícil la persecución y elaboración de unos patrones de conducta que sirvieran de guía en las investigaciones. Que, a nivel policial, seguían siendo consideradas como una parcela menor, ante el volumen de fondos destinados a combatir el terrorismo de ETA.

2001. Los efectos del 11-S

El 22 de junio de 2001, ordené la detención e ingreso en prisión del ciudadano argelino Mohamed Bensajria, uno de los terroristas más buscados en Europa y en Estados Unidos por su vinculación con el saudí Osama Bin Laden, contra el cual el juez francés Jean-Louis Bruguière había dictado una orden de captura internacional. Su pista había conducido hasta la provincia de Alicante, donde fue detenido, después de que se hubiera desarticulado el grupo en el que estaba integrado en Alemania, que según los datos policiales tenía su origen en Afganistán y pretendía atentar contra lugares de especial interés como la catedral de Estrasburgo en Francia.

A pesar de la proximidad de fechas, en ese momento y, a pesar de que tenía investigaciones abiertas sobre Al Qaeda, era difícil prever lo que ocurriría apenas tres meses después.

El impacto de los ataques terroristas en suelo estadounidense del 11 de septiembre de 2001 tuvo una trascendencia mundial sin precedentes. Recuerdo que ese día estaba en México, donde me encontraba para hablar precisamente sobre terrorismo internacional. Vi la caída de las Torres Gemelas desde el Distrito Federal y me quedé noqueado, al igual que el resto de la humanidad, por las dantescas imágenes que de forma reiterada se proyectaban en las televisiones de todo el mundo y por los miles de muertos producidos por el impacto de dos aviones contra ambas construcciones, que acabarían por desplomarse; por el ataque contra el Pentágono y la caída del avión en Pensilvania. Estos hechos supusieron el derrumbe de todos los diques de contención y de prevención que, hasta ese momento, se habían elaborado para combatir el terrorismo internacional de signo yihadista.

No resulta tópico decir que hubo un antes y un después del 11-S, tanto por las consecuencias para la seguridad mundial como por las reacciones en cadena que tuvieron lugar en el Gobierno estadounidense, presidido entonces por George W. Bush. Comenzó con la invasión de Afganistán para combatir a Al Qaeda, que, quince años después, aún prosigue; la creación de la prisión de Guantánamo, calificada por el Tribunal Supremo español como un limbo jurídico y que, pese a las reiteradas promesas del presidente Barack Obama, ha sido imposible clausurar hasta la fecha; y la aprobación de una legislación exorbitante que restringía poderosamente los derechos ciudadanos, conocida con el nombre del Acta Patriótica. Continuó con la invasión y guerra de Irak, sin causa legal que la motivara y clara responsabilidad de los dirigentes que la propiciaron o avalaron, como ha puesto de manifiesto el informe Chiclot en 2016, que dio lugar a centenares de miles de muertos al desencadenar la actividad terrorista en un país que hasta entonces no padecía esa lacra; y la creación, años después, del denominado Estado Islámico o Daesh, que está sembrando el mundo de atrocidades, a la vez que extiende su doctrina del Califato Universal. Sin olvidar la creación de prisiones y cárceles secretas, las rendiciones y traslados ilegales de detenidos, la justificación de la tortura… Frente a todo esto, la incapacidad internacional para responder eficazmente a un fenómeno que, si en aquel momento era grave, ahora ha reduplicado y extendido sus efectos como una plaga mundial en África (Argelia, Libia, Túnez, Somalia, Mauritania, Nigeria, Egipto…), Europa (España, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Turquía, Rusia), Asia (Líbano, Siria, Palestina, Israel, Yemen, Irak, Irán, Afganistán…) y muchos otros objetivos en los demás continentes.

Frente a toda esta barbarie, se han ido implementando una serie de normas penales y de seguridad, normas y acuerdos contra la inmigración, convenios internacionales, acuerdos multilaterales, reacciones políticas exacerbadas y órganos nacionales e internacionales que han llenado el universo jurídico, policial, de inteligencia, económico y político de una pléyade de instituciones no todas necesarias, ni siquiera operativas, para el fin que se pretende.

En todo caso, España ha sido el país que, habiendo sufrido el zarpazo terrorista más descomunal después de la caída de las Torres Gemelas, quizá ha respondido con mayor racionalidad frente al fenómeno terrorista, desde el derecho y manteniendo las normas preexistentes y las garantías vigentes en el momento previo a este recrudecimiento terrorista universal. Pero también ha prescindido, en forma absurda, de mecanismos eficaces como la jurisdicción universal, limitando su alcance cuando ha mostrado ser un instrumento eficaz contra la persecución de crímenes masivos. Si bien, en este caso, tal limitación legislativa —de la que ya he hablado en otra parte de este libro— obedeció a criterios políticos y económicos que poco tienen que ver con los jurídicos que sustentan este principio.

Al Qaeda

En 1988, según consta en el sumario 35/2001 del Juzgado Central de Instrucción número 5, Osama Bin Laden, junto con Mohamed Atef al-Masri y Abu Ubaidah al-Banshiri, entre otros, fundaron Al Qaeda para continuar la yihad a nivel mundial, con sus cuarteles generales en Afganistán y Peshawar (Pakistán).

Al Qaeda era un instrumento para la creación del Frente Islámico Internacional para la Yihad contra los Judíos y Cruzados. El objetivo de esta nueva organización sería aglutinar a los militantes islámicos de todo el mundo para erradicar los Gobiernos no islámicos y sustituirlos con otros basados en la sharía.

Diez años después, en febrero de 1998, Bin Laden creó ese Frente, en el que se integraron varias organizaciones terroristas islamistas, como Yihad Islámica y Gama’at al-Islamiyya (Egipto), Harkat-ul-Mujaheddin (Pakistán/Cachemira), Yihad Islámica (India) y el Movimiento Islámico de Uzbekistán. Estos grupos, junto con una serie de redes e individuos extremistas independientes que comparten la ideología, los objetivos, el medio (la yihad mundial) y el sentimiento de unificación panislámico de Osama Bin Laden, constituían un entramado informal y flexible, al que se denominó Red Al Qaeda, Frente Islámico Internacional, Movimiento Muyahidín o Red Muyahidín.

En función de su grado de vinculación con Al Qaeda, se podían distinguir tres categorías entre los grupos de la red: los que integran el Frente Islámico Internacional para la Yihad contra los Judíos y Cruzados; las organizaciones y grupos que mantienen relaciones estrechas con el Frente, en el terreno operativo y de asistencia para entrenamiento terrorista; y los grupos y activistas de otras zonas, que eran islamistas radicales y apoyaban a Bin Laden.

Al Qaeda fue creciendo y su capacidad operativa aumentó en todas direcciones, pero manteniendo siempre a las mismas personas en la cúpula dirigente.

Objetivos de Al Qaeda

El objetivo general de Al Qaeda desde su creación fue establecer el Estado Islámico Universal, o Califato Universal, basado en la estricta ley islámica (la sharía) y utilizando para ello la yihad mundial o global (guerra santa) contra Occidente, como responsable de todos los males que padece el pueblo musulmán. Para Osama Bin Laden existía un enfrentamiento insalvable entre el mundo islámico y el mundo occidental, representado este en particular por Estados Unidos («la cabeza de la serpiente») e Israel.

Este objetivo se concretaba en conseguir que los lugares sagrados del islam (Jerusalén, La Meca, Medina) quedaran libres de tropas occidentales o judías; recuperar los territorios musulmanes que estaban integrados en países no islámicos (Chechenia, Cachemira, Palestina, etcétera); establecer Gobiernos islámicos basados en la sharía en aquellos países musulmanes que tenían Gobiernos laicos, y extender el islam y actuar en base al concepto de solidaridad islámica en los frentes de lucha que, según ellos, existían entre el mundo islámico y el mundo no islámico.

Estructura de Al Qaeda

La estructura, en el momento en el que se desarrollaba la investigación en España (finales de los años noventa), era informal y flexible. No seguía los parámetros de organizaciones terroristas occidentales y los vínculos entre los militantes eran fundamentalmente de carácter personal. No obstante, por las indagaciones que emprendimos, se tenían noticias de la existencia de varios órganos de asistencia al líder Osama Bin Laden. En el seno del Majlis Al Sura, o grupo de consejeros, se planeaban y preparaban las grandes acciones terroristas y constituía la dirección de Al Qaeda. A este se sumaban los Comités Especiales, dependientes de él y con distintas atribuciones: Militar, Documentación, Seguridad, Predicación y Misión, Trabajos Públicos, Relaciones Exteriores y Vivienda.

Tres niveles

Según la importancia de los miembros, había tres niveles en la organización de Al Qaeda. El primero estaba constituido por el líder máximo, Bin Laden, y el egipcio Aymán al Zawahirí, considerado su mano derecha y el cerebro del grupo, responsable de haber logrado inculcar disciplina y estructura a toda la organización; el segundo englobaba a los lugartenientes responsables de las operaciones, adiestramiento, finanzas, conexiones y doctrina; y el tercero lo formaban las «células» propiamente dichas y los activistas no alineados, que no pertenecían a una organización concreta pero estaban entrenados y podían ser utilizados por Al Qaeda en cualquier momento. En esta última categoría se encuadraba, entre otros, Mohamed al Amir Atta, el egipcio que aprendió a pilotar aviones en Estados Unidos, cabecilla de los grupos suicidas y protagonista de los atentados del 11-S al estrellarse contra una de las Torres Gemelas en Nueva York.

Chej Salah y los Soldados de Alá

En este punto hay que mencionar a Chej Salah. De origen palestino, con un pasaporte jordano y otro español falsificado a nombre de Kamal Hadid, tenía como obligación —por orden de Osama Bin Laden— recibir a los aspirantes a muyahidines que llegaban a Pakistán desde cualquier parte del mundo. Chej Salah se encargaba de facilitarles alojamiento y cobertura durante varios días, conseguirles el paso de la frontera hacia Afganistán de forma clandestina y, finalmente, trasladarlos a los diferentes campos de entrenamiento terrorista-militar controlados y dirigidos por Bin Laden. Uno de estos campos era el de Jalda, en Jalalabad (Afganistán), perteneciente a los «muyahidines árabes», al que Chej Salah se trasladó tras su detención en Pakistán.

La organización terrorista española comenzó su andadura en 1994 en torno a la mezquita madrileña de Abu Bakr e incluía a un conjunto de extremistas islámicos que pretendían cambiar la dirección de esta por otra de corte fundamentalista islámico. Así se constituyó la autodenominada Alianza Islámica, cuya parte más radical y joven se escindió, creando un grupo al que llamarían Soldados de Alá. La dirección de esta nueva formación fue asumida inicialmente por Chej Salah y, tras la marcha de este a Pakistán (lo que hizo utilizando el pasaporte de Kamal Hadid Chaar), por Abu Dahdah, que a partir de finales de 1995 completó la formación de los miembros de Soldados de Alá.

La célula española. Operación Dátil

En ese mismo año, la policía comenzó a detectar la presencia en España de personas que, de una u otra forma, estaban vinculadas a Al Qaeda y me puso al corriente, iniciando así una aproximación a este entramado que después sería conocido en todo el mundo. La investigación se centró en los hechos que tenían relación directa con las acciones producidas en España y con las personas que participaron y que posteriormente, en noviembre de 2001, serían detenidas y puestas en prisión por su posición, responsabilidad o acciones cometidas. Tenían un papel relevante en la estructuración de la organización terrorista Al Qaeda en España y Europa a través de diferentes medios de subsistencia para el desarrollo, preparación de sus miembros, protección de los mismos, sistemas de financiación y colaboración en beneficio de la organización que ejecutaría los ataques terroristas en Pensilvania, Washington y Nueva York el 11-S. Pero a pesar de que la Audiencia Nacional los condenó por conspiración para esos atentados, el Tribunal Supremo no consideró suficientemente probada esta conexión y absolvió a quien era uno de los miembros más destacados de la célula española: Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah. Su misión se concretaba en reclutar y adoctrinar. Junto con Amer el Azizi, conocido también como Otmán el Andalusí, quien escaparía a la detención que ordené a la policía, se ocupaba de enviar a diferentes candidatos como muyahidines a los campamentos de entrenamiento terrorista en Afganistán. Abu Dahdah desarrolló esta labor desde 1995 hasta el momento de su detención, en noviembre de 2001.

Así trabajaban

La labor que desempeñaban los dirigentes de este grupo era, en primer lugar, la de recibir y distribuir impresos y revistas de diversos grupos fundamentalistas islámicos, como el FIS y el GIA argelinos o el Hamás palestino, los comunicados de Osama Bin Laden o de la Yihad egipcia —organización terrorista asociada al anterior— y la propaganda de los muyahidines de Bosnia o de Afganistán.

Procuraban la captación de personas interesadas en el extremismo islamista violento, mediante un adoctrinamiento paulatino en esa línea. También se dedicaban al reclutamiento formal, una vez superada la fase anterior, como muyahidines y su envío a Bosnia, donde actuaban en la guerra en formación de comando con otras personas de similar ideología llegadas de todo el mundo árabe y de Europa. En estas labores, Chej Salah era ayudado por Abu Dahdah.

A partir de los primeros días de octubre de 1995, Chej Salah viajó a Peshawar (Pakistán) para asumir nuevas responsabilidades en la organización Maktab Al Jidamat («oficina de servicios»), a la que pertenecía dentro de Al Qaeda.

Al Qaeda surgió «formalmente» en España a finales de 1995, aprovechando toda la estructura anterior de Maktab Al Jidamat, tanto de personas como de medios, métodos, implantación y financiación para sus fines, respondiendo con ello a la característica de atomización y de horizontalidad de este tipo de organizaciones terroristas.

Muchas de las personas que se integraron en la organización y recibieron formación y adoctrinamiento, o participaron en la de otros militantes, lo hicieron desde países europeos como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España, entre otros, de forma larvada y paulatina pero constante. Contaban para ello con el escenario idóneo que en esa fecha representaba la guerra de Bosnia y, después, completaron su formación en los campos de entrenamiento militar de Afganistán.

De acuerdo con este esquema, Abu Dahdah comenzó a enviar desde España a personas reclutadas para integrarse en la organización.

A partir del 22 de mayo de 1997, la persona que asumió la labor de Chej Salah en Peshawar, según le comunicó a Abu Dahdah, fue Zayn al-Abidin Muhamad Husayn, alias Abu Zubaida, encargado dentro de Al Qaeda de la coordinación del reclutamiento de muyahidines a nivel mundial y de la organización y logística.

Abu Qutada

Por su parte, en Europa otra de las personas que ocupaba un papel relevante en la estructura organizativa de la organización terrorista, y que guardaba una estrecha relación con Abu Dahdah según las investigaciones realizadas, era el palestino Omar Mahmud Otman, alias Abu Qutada. Radicado en el Reino Unido, allí recibía a los diferentes responsables regionales y locales para impartirles adoctrinamiento ideológico, entregarles material de propaganda (de los muyahidines que se hallaban en Afganistán y Chechenia) en forma de cintas de casete, vídeos y revistas difundidas a lo largo de 1996 en la mezquita Abu Bakr de Madrid, y cuyo conocimiento era básico para el reclutamiento de militantes.

Abu Qutada era el líder espiritual y patrocinador no solo de Al Qaeda, sino también del Grupo Islámico Armado (GIA); el Grupo Combatiente Tunecino; el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate; los muyahidines en Chechenia, Bosnia y Afganistán, y otros grupos integristas islámicos.

En su momento fue el redactor jefe de la publicación Al Ansar, órgano de expresión de la organización terrorista argelina GIA, que dirigió el sirio Mustafá Setmarian Nasar cuando ambos vivían en el Reino Unido y en la que también tenía cierta participación un tal Said Mansour, residente en Dinamarca.

Abu Qutada emitió varias fetuas (fatwa) sobre asuntos argelinos en calidad de líder espiritual, función que se revela esencial en este tipo de terrorismo, por cuanto las acciones, en el mismo, tienen un altísimo componente religioso fanático. Entre ellas destacaba una que permitía matar mujeres y niños «infieles» en Argelia dentro de las actividades de la yihad.

En diciembre de 1999, las autoridades de Jordania detuvieron a quince personas, trece jordanas de origen palestino, un iraquí y un argelino, que pertenecían a Al Qaeda, imputándoles entre otros delitos su pertenencia a una organización armada. Entre estas personas fue juzgado y condenado a quince años de prisión in absentia Abu Qutada, como principal financiador del grupo. En 2001 fue detenido en el Reino Unido y extraditado a Jordania dos años después, donde lo absolvería un tribunal islámico en 2014, quedando en libertad.

En el ámbito financiero, Abu Qutada mantenía contactos frecuentes con Abu Dahdah y este le entregaba dinero para remitirlo a Abu Mohamad Al Maqdari, un terrorista detenido en Jordania por su vinculación a Al Qaeda. Estos contactos se desarrollaron a través de numerosos viajes a Londres (diecisiete en total) entre 1995 y 2000, así como mediante frecuentes llamadas telefónicas entre ambos.

Por su parte, Abu Dahdah puso en contacto a Mohamed Haydar Zammar con Abu Qutada. Zammar sería una de las personas vinculadas al comando que cometió los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11-S y aparecía en un vídeo de la boda de Said Bahaji, en Alemania, junto a dos de los pilotos suicidas.

Mustafá Setmarian Nasar

El ciudadano sirio, nacionalizado español, Mustafá Setmarian Nasar (alias Abu Musab, Abu Musab al Suri y Abu al Abad) era uno de los miembros relevantes de Al Qaeda. Pertenecía a los Hermanos Musulmanes y mantuvo contactos con Barakat Yarkas.

Al Suri, como era conocido, entró en contacto con Osama Bin Laden hacia 1988 y se convirtió en emir (jefe) del grupo sirio de asociados de Al Qaeda, integrándose como miembro del consejo o shura de la misma.

Cuando Bin Laden trasladó Al Qaeda a Sudán en 1991, Al Suri permaneció en Afganistán y se desplazaba esporádicamente a Jartum hasta que, cinco años más tarde, Bin Laden y su organización regresaron al país. Durante ese tiempo, fue instructor de cursos de entrenamiento terrorista.

A partir de 1995, Al Suri se trasladó a España y el Reino Unido, continuando su actividad extremista en apoyo del GIA en ambos países, como director de la revista Al Ansar y del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. En 1998 se marchó a Afganistán, donde era el encargado de recibir a los militantes conversos europeos de Francia, Italia y España, quienes, una vez entrenados, se reincorporaban a su país respectivo como «durmientes» a la espera de las órdenes de activación de la organización.

Durante este tiempo, Al Suri continuó trabajando para Al Qaeda, a la vez que tenía su propio campamento de entrenamiento en Afganistán.

En su etapa del Reino Unido, mantuvo contactos con el referente espiritual y líder religioso Abu Qutada, así como con Mohamed Bahaiah, alias Abu Jaled, el hombre de la infraestructura de Bin Laden en Europa, para el que actuaba como correo.

Posteriormente, en Afganistán, Al Suri se dedicaría a instruir en el manejo de explosivos a los componentes de la organización. Por fin, en 2005, fue detenido por Estados Unidos y «desaparecido» en alguna cárcel secreta de su jurisdicción.

Abu Dahdah

El responsable máximo de la célula de Al Qaeda en España, después de la marcha de Chej Salah en 1995, era Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, que, a partir de ese momento, dirigía y coordinaba todas las actividades de sus integrantes. Para desarrollar adecuadamente esta actividad y, a la vez, garantizar el máximo de efectividad de la organización y sus miembros, Abu Dahdah adoptó todo tipo de medidas de seguridad en sus comunicaciones y desplazamientos. Se centró en la captación y reclutamiento de jóvenes para prepararlos en campos de entrenamiento terrorista en Afganistán y, tras su preparación, enviarlos a realizar la yihad o a integrarse en células durmientes, en coordinación con Anwar Adnan y Abu Zubaida, máximo responsable de las células de Al Qaeda en el exterior.

Abu Dahdah también se encargaba de proporcionar la obtención de la correspondiente documentación falsa, la financiación y la preparación de rutas adecuadas. Viajaba constantemente para mantener los contactos necesarios con otros responsables, como Abu Qutada en Londres; Riad Oklah (Abu Nabil), líder de la organización Al Talia al Mukatila («vanguardia luchadora»), en Jordania; Mohamed Bahaiah, alias Abu Jaled, considerado un correo de Al Qaeda, en Turquía; o Parlindungan Siregar, que se encontraba en un campo de entrenamiento terrorista ubicado en la isla indonesia de Sulawesi (Célebes).

El número de teléfono correspondiente al antiguo domicilio de Barakat Yarkas apareció en el de Said Bahaji en Hamburgo (Alemania), un individuo perteneciente al comando autor de los atentados del 11-S, que había compartido vivienda con dos de los principales implicados en ellos, Mohamed al Amir Atta y Ramzi Bin al Shibh.

Red de contactos

Al Qaeda creó una tupida red horizontal de contactos y de infraestructuras en España y Europa, de las que los muyahidines, sus dirigentes y sus responsables se servirían en todo momento para la ejecución de las acciones más diversas, siempre en forma de compartimentos estancos. Solo el responsable estaba al tanto de la globalidad de la acción, actuando de manera autónoma respecto de las estructuras superiores salvo, en ocasiones puntuales, para facilitar medios, escondites o protección a otros, bien directa o indirectamente.

Esta estructura de contactos se expandió de forma compleja por diferentes países y permitía el movimiento de sus componentes con la suficiente cobertura en cada país, sin levantar sospechas de las autoridades, al utilizar a las células durmientes para el acto concreto que se precisara (un hospedaje; un recibimiento en el aeropuerto; un traslado; la entrega de un vehículo; obtención de una residencia en el país; entrega de material o documentos que la organización utilizaría a miles de kilómetros; contactos telefónicos; entrega de dinero; prestación de sociedades de cobertura; etcétera).

En todo este entramado existían una serie de personas claves que catalizaban las relaciones nacionales e internacionales de todos los miembros del grupo, asumiendo la obligación de cubrir no solo sus necesidades, sino también de dirigirlos y adoctrinarlos. Abu Dahdah era su máximo responsable.

La detención

La Operación Dátil se desarrolló en diferentes fases entre 2001 y 2004 y se concretó en veinticuatro detenciones, que se iniciaron, según el plan diseñado por la policía en coordinación con el Juzgado y la Fiscalía, el 13 de noviembre de ese primer año.

A pesar de que, según los agentes, todos los objetivos estaban localizados, el entonces inspector Enrique García Castaño me informó de que había huido uno de los principales implicados: Amer el Azizi. Recuerdo que acababa de concluir el registro en el domicilio de Abu Dahdah y me quedé de piedra. Me enfadé muchísimo y pregunté cómo había sido posible que eso sucediera si todos los posibles responsables estaban controlados policialmente el día previo. Jesús de la Morena, comisario general de Información, tampoco comprendía lo que había sucedido.

Unos días después, la cuestión quedó aclarada —según me relataron— al visionar las imágenes que había grabado la cámara instalada frente a la puerta de entrada del domicilio de El Azizi. Estaba reflejado el momento en que Amer el Azizi —cerebro del 11-M y, más tarde, alto dirigente de Al Qaeda hasta que fue muerto por Estados Unidos en Waziristán (Pakistán) en 2005 durante un ataque con drones— se había marchado de su domicilio de forma inopinada y sin ninguna dificultad. La cuestión, según me contó la policía, aunque nunca quisieron decírmelo por escrito, fue la siguiente. La vigilancia se mantenía visualmente y con una cámara de vídeo para que no pudiera eludir la acción policial, de modo que, si se producía cualquier incidencia, en cumplimiento de las órdenes impartidas, se procediera a su detención y el resto de la operación se adelantase. Sin embargo, el día previo a las detenciones, dos personas habían llegado al domicilio de El Azizi preguntando si vivía allí. El interpelado, el propio El Azizi, contestó negativamente. Pasadas unas dos horas, según constaba en la grabación, salió del domicilio una persona con la cara y la cabeza afeitadas. Una vez analizada la grabación, resultó que se trataba de Amer el Azizi, quien, ante lo sospechoso de la pregunta y alertado por el interés hacia su persona, se rasuró la barba y la cabeza y se marchó. Nunca más se le volvió a ver. Según la policía, las personas que preguntaron por él eran miembros del CNI.

Procesamiento y sentencia

En septiembre de 2003, decreté el procesamiento por los hechos y delitos de integración en la organización terrorista Al Qaeda, colaboración con ella, asesinatos, falsificación y tenencia ilícita de armas con fines terroristas de treinta y cinco personas, entre ellas Osama Bin Laden como responsable máximo y otros altos responsables, todos ellos en paradero desconocido, pero con participación en los hechos, según la investigación. Sobresalían los nombres de Mustafá Setmarian Nasar, Zayn al-Abidin Muhamad Husayn, Ramzi Bin al Shibh, Said Bahaji, Mohamed Bahaiah, Parlindungan Siregar, Mohamed Belfatmi, Amer el Azizi y el principal responsable de la célula española, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah.

Según los hechos probados de la sentencia, la célula española desarrolló su actividad mediante el adoctrinamiento para reclutar a individuos que enviaban, sobre todo, a «campos de entrenamiento, controlados por la red terrorista Al Qaeda, a fin de que recibieran adiestramiento en el manejo de armas y explosivos para que posteriormente pudieran dedicarse a hacer la yihad». Los acusados proporcionaban financiación y cobertura laboral, alojamiento o asistencia de otro tipo (médica, principalmente) a todos aquellos muyahidines y miembros de la red terrorista islamista internacional que lo precisaban.

Imad Eddin Barakat Yarkas se constituyó en el jefe de todos ellos, estableciendo fuertes vínculos con individuos integrados en la red terrorista Al Qaeda y otras organizaciones afines, así como con personas inmersas en el integrismo islámico radical y, junto con Mustafá Setmarian Nasar, «se dedicaron a captar a jóvenes musulmanes que se encontraban viviendo en España y enviarlos a campos de entrenamiento situados en Bosnia al objeto de que adquirieran tan siniestro aprendizaje a los fines expresados». Asimismo, «logró enviar al procesado Luis José Galán González al campo de entrenamiento de Poso, situado en la isla indonesia llamada Sulawesi, donde se hallaba otro de los miembros de la red que había estado en España, Parlindungan Siregar».

En la investigación sumarial y en la sentencia pronunciada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quedó acreditado que Mohamed al Amir Atta, junto con Ramzi Bin al Shibh y Said Bahaji, constituían

la llamada célula de Hamburgo que planificó los ataques. Los tres referidos habían compartido un piso en Hamburgo (Alemania) situado en la calle Bunatwiere, 23; y en dicha vivienda apareció anotado en una agenda el número de teléfono correspondiente al domicilio del que era propietario el procesado Imad Eddin Barakat Yarkas, ubicado en la urbanización Nuevo Versalles, bloque n.º 3 de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Mohamed al Amir Atta decidió que la reunión con Ramzi, en la que ultimarían todos los detalles de los desmesurados acometimientos, se llevara a cabo en Madrid precisamente, donde vivía Imad Eddin Barakat Yarkas y con el que contactaba desde el año 1990 a través del aparato telefónico instalado en el domicilio de Barakat, cuyo número, como ya se dijo, figuraba en la agenda de Said hallada en el piso que compartía con Atta y Ramzi en la calle Bunatwiere […].

Atta llegó a Madrid el 8 de julio de 2001, hospedándose en la habitación 109 del hotel Diana Cazadora, situado en Barajas. Ramzi, al haberle resultado imposible obtener en esas fechas veraniegas un pasaje de avión con destino a la capital de España, optó por reservar una plaza en un vuelo que le conduciría al día siguiente a la localidad tarraconense de Reus.

El día 16 de ese mismo mes, Ramzi se reunió con Atta en Reus y ambos matizaron en ese encuentro los últimos detalles relativos a la forma de llevar a cabo los secuestros aéreos. Así lo reconoció Ramzi en febrero de 2004 una vez detenido, propiciando también la captura de Jaled Madani, encontrado en su casa de Murcia gracias a la delación del anterior. Al parecer, Madani fue quien le facilitó el pasaporte para salir de España. Poco antes del fatídico atentado, el 5 de septiembre de 2001, Ramzi viajó a Madrid y se hospedó en el hotel Madrid, en la céntrica calle de Carretas. Dos días más tarde, utilizando un pasaporte que no era el suyo, adquirió dos pasajes de avión de la compañía aérea Olympic Airways con destino a Atenas.

A pesar de este detallado relato, el Tribunal Supremo no consideró suficientemente acreditada la conexión y absolvió a Abu Dahdah de la conspiración para los atentados de Nueva York. No obstante, lo condenó —junto con otros doce acusados— por pertenencia, en grado de dirigente, a una organización terrorista. Así se decidió también en otros tres casos por delito de colaboración con organización terrorista y por el delito de tenencia ilícita de armas atribuido a Luis José Galán González. Nueve personas fueron absueltas.

El Alto Tribunal dejó dicho en este caso que

a la vista del relato de hechos probados, hemos de compartir la conclusión de la sentencia recurrida, cuando manifiesta que la finalidad perseguida por el grupo conformado en España era mucho más ambiciosa que la que se requiere jurisprudencialmente. Y es que lo pretendido por los condenados en la causa era imponer sus creencias religiosas radicales a cualquier persona y sociedad que no las compartiera o se opusiera a las mismas, por cualquier medio por coercitivo que fuera, pretendiendo crear un profundo terror colectivo en las sociedades para conseguir así doblegarlas y someterlas a sus postulados. Ello excede —pero por eso mismo incluye en su seno— del elemento tendencial que se precisa legalmente para calificar una actividad u organización como terrorista.

En todo caso, la frivolidad de algunos fue paradigmática, tomándose a broma el hecho de que procesara a Osama Bin Laden como máximo responsable de Al Qaeda. Lo que fue el primer, y único, intento de someter al jefe de la mayor red terrorista mundial se convirtió en chanza, y se estuvo más de acuerdo con la espectacularidad del asesinato del mismo en una operación tan «brillante» como tramposa por parte de Estados Unidos, por cuanto podían haberlo detenido vivo.

2003. Operación Lago

En la misma línea de seriedad policial y poca consistencia judicial se desarrolló la Operación Lago, cuya «investigación» asumió el titular del Juzgado Central número 1, Guillermo Ruiz Polanco. Después de haber ordenado, el 24 enero de 2003, dieciséis detenciones por pertenencia a organización terrorista, el juez acordó el archivo de la causa, conocida peyorativamente como el caso del comando Dixan, porque alguno de los productos químicos intervenidos podía utilizarse como detergente de limpieza.

La anécdota, nada divertida en esta ocasión, fue que tanto el presidente del Gobierno español, José María Aznar, como el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, utilizaron esta operación como uno de los argumentos justificativos de la guerra de Irak en la célebre comparecencia del segundo en el Consejo de Seguridad de la ONU, a finales de ese mismo mes de enero.

En 2004, como consecuencia de una sanción de suspensión impuesta al titular de ese Juzgado, tuve que asumir su sustitución. Activé la investigación, de acuerdo con la policía, y conseguimos que el FBI emitiera un informe técnico según el cual con el material intervenido podía fabricarse «napalm casero». Ante esta circunstancia y el riesgo de que los afectados eludieran la acción de la Justicia, ordené la detención en marzo de 2004 y el ingreso en prisión por los determinantes indicios que existían contra ellos, y a pesar de las quejas que algunos letrados presentaron contra mí en el Colegio de Abogados de Barcelona. Al mes siguiente acordé el procesamiento, y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los acusados por sendos delitos de integración en organización terrorista y falsificación con fines terroristas a trece años de prisión, por «pertenecer al grupo terrorista Forkane».

Forkane luchaba, desde una posición defensora del fundamentalismo islámico, en las montañas de la provincia argelina de Chlef en contra del GIA y del ejército argelino. Sus miembros, integrados en el grupo de partidarios de la corriente salafista, se refugiaban en España para eludir la detención en Argelia. Esta célula o grupo terrorista tenía como objetivos la difusión del ideario extremista islámico, el proselitismo y captación de seguidores entre la población musulmana en España y la creación de domicilios que sirviesen de refugio a los miembros combatientes perseguidos en otros países, al tiempo que de escondite y depósito del material electrónico, informático, bacteriológico o químico, en su caso, preciso para la perpetración de atentados. También se encargaban de dar apoyo y ayuda a los compañeros presos, así como de la compra y difusión de material de comunicaciones, y dotaban a sus miembros, así como a otros miembros del radicalismo islámico en otros países que lo precisasen, de documentación falsa que facilitase su integración y ocultación entre la población musulmana. Su objetivo final era estar disponibles y preparados para pasar a la acción cuando se les reclamase.

Del archivo del caso se pasó a la condena de los procesados. En el camino, se sucedieron las descalificaciones y los ataques contra mí por haber tomado la determinación de revertir la decisión de mi colega, que, dicho sea de paso, no tuvo en cuenta elementos fundamentales que avalaban, como se comprobó, la integración de los imputados en actividades terroristas.

Febrero de 2004

El procesamiento que había dictado un par de años antes contra el ciudadano español Hamed Abderraman Ahmed —alias Hamido y preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda me sirvió para reclamar su extradición a Estados Unidos. Si bien nunca confirmaron expresamente la recepción de la misma, lo cierto es que se consiguió su libertad a cambio del compromiso del Gobierno de José María Aznar de mantenerlo en prisión. Obviamente, esto no correspondía ni mucho menos al Ejecutivo, sino a mí en función del procedimiento abierto y los indicios existentes.

El 9 de febrero, Interpol me confirmó que en la tarde del jueves siguiente, día 12, Estados Unidos haría entrega del preso y que esta se confirmaría en el Juzgado. Por fin, estábamos próximos a conseguir que una persona saliera de ese centro de detención en donde la situación de los detenidos era inhumana y de tortura, en todos los sentidos. No obstante, el responsable español en Interpol, Francisco Aranda, me llamó al día siguiente para aclarar que la entrega se efectuaría el viernes 13. Ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila. Me pedía que le asegurase que el detenido no sería puesto en libertad, porque podría perjudicar las elecciones que se celebrarían el 14 de marzo siguiente. Ante este planteamiento, le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar. Ese mismo día, atendí en mi despacho a la fiscal estadounidense que llevaba la investigación de los atentados del 11-S, quien me traía un correo fundamental de Amer el Azizi que vinculaba a Al Qaeda de España con aquellos atentados. Respecto de Guantánamo, me reconoció que no tenían un control efectivo, por lo que yo le dije que era imposible utilizar cualquier material que proviniese de allí.

Al día siguiente, el diario El Mundo publicó con profusión la noticia sobre la entrega del preso de Guantánamo, resaltando que había sido posible gracias a las buenas relaciones de Aznar y la ministra de Asuntos Exteriores con la Administración estadounidense. Desde ese momento, me planteé la posibilidad de que el español que iba a ser entregado tuviera que pasar por el hospital y después ser puesto en libertad.

Recuerdo que en esos momentos se sucedían los atentados en Irak: el día 10, uno con cuarenta y cinco muertos en las puertas de una comisaría; al día siguiente otro, con cinco heridos españoles; el 14 se contaban veinticinco fallecidos; el 16 se producía la muerte de dieciséis niños… Y así continuamente, desde que poco menos de un año antes se produjera la invasión de aquel país y se desencadenara una de las guerras más nocivas e injustificadas de la historia.

El viernes, 13 de enero de 2004, fue intenso en mi agenda. Recibí las declaraciones de García Molinares en el caso del Privilege (relatado en el capítulo «Lucha sin cuartel contra el crimen organizado»); concreté imputaciones contra el jefe paramilitar colombiano Carlos Castaño y me reuní con dos congresistas de la Comisión del Congreso y el Senado de Estados Unidos para la investigación de los ataques terroristas del 11-S. A estos últimos les hice una exhaustiva exposición de las investigaciones en España, la vinculación de la célula española con los atentados, la estructura de Al Qaeda, el tipo de terrorismo, modus operandi, tiempo de investigación y necesidad de cooperación. El inspector Rafael Gómez Menor, excelente profesional con un conocimiento profundo de las estructuras yihadistas en España, me ayudó en ese cometido. Los miembros de la Comisión se quedaron, según dijeron, gratamente sorprendidos y nos dieron las gracias por el ingente trabajo que estábamos desarrollando y con el que ahora habían adquirido una visión mucho más completa que les ayudaba a comprender muchas cosas antes difusas. Bueno, ¡al menos, nuestro trabajo parecía que servía para algo!

A las 21.20 horas de ese día, estaba aguardando la llegada del avión Hércules que transportaba al español liberado de Guantánamo a la base militar de Torrejón, acompañado del forense, el secretario y el fiscal. De alguna forma me sentía contento, porque era el primer caso en el mundo en el que se conseguía liberar a una persona de aquella prisión, gracias a la orden de detención internacional que había librado tiempo atrás, el 26 de diciembre de 2003, para propiciar, precisamente, lo que estaba a punto de suceder. Se trataba de que una persona que había estado privada de todos sus derechos los recuperara, sin perjuicio de las imputaciones que se le pudieran hacer y que eran anteriores a su marcha desde España a Afganistán y por ende a su estancia en la prisión de la base norteamericana, y que constaban en el auto de procesamiento.

Una vez que llegó y fue trasladado a mi juzgado, no le tomé declaración de forma inmediata porque quería que fuera sometido antes a un exhaustivo examen médico, pero sí le pregunté sobre la detención y el trato recibido en Guantánamo.

Recupero las anotaciones de mi diario de la época:

Me habla de celdas individuales de hierro (jaulas) de 2 x 1,5 m; con salida, no todos los días, de quince minutos al exterior, en silencio permanente, con capucha en la cabeza, golpes en el rostro, sucesivos interrogatorios sin abogado. Durante más de dos años, esta persona ha vivido una situación de no derecho. He acordado que le ingresen en el Gregorio Marañón, a pesar de que los informes médicos no son desfavorables. He experimentado una sensación confusa. Por una parte, la satisfacción de que me hayan entregado a un presunto terrorista, pero, por otra, la pena, el malestar, la repugnancia y el desasosiego que me produce la desorientación que traía, el calvario que ha tenido que pasar en ese campo de concentración. He autorizado que la familia lo vea en espacio abierto y cómodo (el despacho del secretario y no en los calabozos) por si esta alternativa le pudiera traer lo vivido en Guantánamo. El letrado Javier Nart ha estado muy profesional y me ha comentado que presentará una demanda de responsabilidad civil contra los Estados Unidos.

Lo cité días más tarde, el 26 de enero, para que declarase.

La declaración

La comparecencia de Hamed Abderraman Ahmed se desarrolló con cierta expectación. Informado de sus derechos, narró toda su peripecia desde España a Irán y de ahí a Afganistán, donde tenía pensado integrarse en las milicias talibán. Aun después del tiempo transcurrido en la prisión caribeña, se apreciaba el claro fanatismo que le guiaba. El razonamiento que hizo para justificar su deriva hacia la visión fundamentalista del Corán fue bastante simplista e iba unida a la miseria vivida en la barriada ceutí del Príncipe de la que procedía y a la falsa ilusión de la aventura religiosa de la yihad en tierras afganas. Comprobé que se trataba de una persona con ideas muy básicas, que se dejó influir por la personalidad y la doctrina de un amigo al que identificó como Abdallah. En ese momento, decidí dejarlo en libertad después de unos días, hasta que me cerciorara de que no tenía la intención de huir de nuevo fuera de España. Así lo hice.

En aquel tiempo, recuerdo, los problemas de descoordinación entre la Guardia Civil y la Policía que había vivido en los casos de ETA se continuaban manifestando, ahora, en el terrorismo yihadista. En una investigación que llevaba con la Policía en mi juzgado respecto de Jaleb Madani, vinculado a Ramzi Bin al Shibh, uno de los implicados en los atentados de las Torres Gemelas, la Guardia Civil practicó su detención y lo presentó en el Juzgado Central 1, de modo que quedaron perjudicadas mis pesquisas. El 1 de marzo, pedí explicaciones a la Benemérita sobre la descoordinación y me juraron que ellos no sabían que el objetivo estaba siendo investigado por la policía y mi juzgado. ¡Vivir para ver!

Operación Nova

La actividad continuó en los primeros años del nuevo siglo a ritmo frenético. Se habían despertado todas las alarmas y se reforzaron algo más las unidades policiales y de la Guardia Civil especializadas en este tipo de criminalidad. No obstante, como después se comprobaría, la descoordinación entre unas y otras, con competencias solapadas en diferentes ámbitos, seguía siendo preocupante y parecía que no había forma de solucionarla. En todo caso, la Comisaría General de Información, a través de su Unidad Exterior, seguía avanzando en la investigación de nuevos casos, como la Operación Nova.

Debo resaltar aquí algo que ya mencionaba antes, la falta de comprensión desde la óptica judicial del fenómeno yihadista, su germinación y consolidación en las dos últimas décadas, tanto en España como, por lo general, en Occidente. La disociación entre las investigaciones de inteligencia policiales y la instrucción judicial, por una parte, y la respuesta en las sentencias judiciales, por otra, ha sido una constante. Simultáneamente a los avances de aquellas, se ha comprobado que, a excepción del juicio por los atentados de Madrid, cuando no han mediado muertes, heridos, secuestros, tenencia de armas, incendios, daños o estragos, la comprensión de las actividades de captación, adoctrinamiento e integración han sido sistemáticamente cuestionadas y generalmente no aceptadas como actividades propias de organizaciones terroristas tradicionales. En esto, los perfiles de este tipo de terrorismo, una de cuyas armas más eficaces es la generación de la sensación de terror generalizado como acción terrorista en sí misma, son totalmente diferentes a los del terrorismo clásico, y, desde luego, no han sido asumidos fácilmente por los tribunales.

La Operación Nova comprendía las actividades llevadas a cabo entre los años 2002 y 2004 en diferentes cárceles españolas, en las que se había ido formando un grupo cohesionado de personas con ideología salafista y claras intenciones de pasar a la acción terrorista a través de grandes atentados. Entre ellos se incluía un ataque con explosivos y un camión contra el edificio de la Audiencia Nacional con el fin de acabar, principalmente, con el juez Juan del Olmo y conmigo. El principal responsable de esta trama era Abderramán Tahiri, conocido también como Mohamed Achraf, que en todo momento desveló —desde que fue detenido en Suiza y extraditado a España y durante todo el procedimiento hasta su condena— una especial aversión contra mí.

Mohamed Achraf ideó la vertebración de una organización terrorista yihadista de tendencia salafista en el interior de varias prisiones, especialmente en la de Topas, Salamanca. Según la sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 27 de febrero de 2008, en sus etapas de reclusión en aquel centro penitenciario, consiguió

de la dirección el uso de un local del polideportivo para realizar allí los servicios religiosos por parte de la población interna musulmana, y se erigió como líder emir de un grupo de dichos internos a los que adiestraba en la ideología salafista yihadista y takfir que proyecta, mediante la realización de la yihad o guerra santa (ataques violentos suicidas contra la vida o integridad de las personas y contra bienes), lograr imponer de manera universal la ley islámica (sharía) en detrimento de los sistemas legítimamente constituidos en los países occidentales y en aquellos de origen musulmán que no siguen aquella visión extremista y radical del islam, aspirando así a un Califato Universal o Hermandad Musulmana tal y como preconiza el Frente Islámico Mundial de Osama Bin Laden.

La labor de adiestramiento se realizaba mediante servicios religiosos y a través de reuniones con otros miembros, a los que Tahiri logró «efectivamente cohesionar y formar un auténtico grupo o núcleo de muyahidines en varios centros penitenciarios y también en el exterior, una vez sus miembros eran liberados y se establecían como células de apoyo en Málaga, Valencia y Almería». El grupo reconocía como verdadero director y líder espiritual, o emir, a Tahiri.

La investigación fue especialmente difícil y durante la misma empleé dos testigos protegidos. Uno de ellos se vio coaccionado y modificó sus testimonios en el juicio oral. No obstante, la acusación del Ministerio Público, ejercida con solvencia y eficacia por la fiscal Dolores Delgado, consiguió que la Sala Penal condenara a veintiuno de los treinta acusados a fuertes penas por integración y colaboración en organizaciones terroristas.

La Operación Nova fue la primera gran investigación después de la Operación Dátil y de los ataques terroristas de marzo de 2004 en Madrid. La policía había conseguido adentrarse en los mecanismos de captación, ideologización y radicalización de los imputados y desentrañar las formas de incorporación a la aceptación de la yihad violenta, como forma de llevar adelante la «guerra santa» siguiendo las pautas de Al Qaeda.

El criterio del Tribunal Supremo

No obstante, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia del 2 de octubre de 2008, redujo drásticamente el número de condenados (solo seis lo fueron en firme) al considerar que, a pesar de existir una organización terrorista, había que distinguir entre la integración efectiva y la mera ideología sin acción operativa alguna. Con ello, el Tribunal Supremo iniciaba para el yihadismo, en los casos en los que no había atentados, una tendencia diferente a la interpretación y criterio que tradicionalmente había mantenido respecto del entorno de ETA, probablemente porque se querían aplicar los mismos parámetros interpretativos a dos fenómenos totalmente diferentes.

Esa línea determinó que la investigación del terrorismo yihadista se dificultara desde la cúpula de la justicia penal en España, ante la configuración horizontal de los grupos, la escasa cohesión entre estos, la autonomía de la mayoría de los mismos, con mecanismos de actuación diferentes, solo relacionados entre sí por la ideología y por la tendencia religiosa extrema a la que pertenecían. Años después, en 2014, se modificaría el Código Penal para incluir conductas que, según esta línea de jurisprudencia, quedaban fuera y que han contribuido, sin embargo, a la dinámica terrorista que ha evolucionado desde los grupos norteafricanos y Al Qaeda, con adhesiones a esta, hasta el Estado Islámico (Daesh o ISIS) que en la actualidad compite con aquella y se expande fagocitando o aliándose con otros grupos que le «juran» sumisión, como ha sucedido en Argelia, Libia, Somalia o Nigeria con Boko Haram, entre otros.

En aquel momento, decía el Alto Tribunal, nuestro legislador y las tendencias internacionales no habían sabido avanzar más allá de una serie de factores más cuantitativos que cualitativos, los cuales servían para delimitar el concepto legal de organización criminal, aludiendo a una definición jurisprudencial contenida esencialmente en las sentencias de la Sala Segunda del 19 de enero y el 24 de junio de 1995, ambas pronunciadas en casos de ETA y que, desde mi punto de vista, no se adecuaban al nuevo fenómeno del terrorismo global. Aquella jurisprudencia exigía que los autores hubieran actuado dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con tres o más integrantes en función de los objetivos que perseguían; «siendo lo decisivo que el plan delictivo permanezca más allá de las personas individuales, lo que llevaría a la constatación de la existencia de una empresa criminal».

Siendo esto cierto, desde luego, hay múltiples casos en los que la estructura criminal no responde a esos parámetros y sin embargo existe y actúa, de modo que no asumir esa realidad y hacer frente a ese fenómeno en su globalidad ha sido sumamente arriesgado, además de dificultar la actuación contra las acciones criminales planeadas por esos grupos, organizaciones o individuos. De alguna forma esto es lo que ha sucedido en España y en otros países europeos, especialmente en Francia, Gran Bretaña o Bélgica, permitiendo que esos delincuentes tomaran ventaja y sembrasen el terror frente a la ineficacia de unas estructuras y unas políticas que no han sido capaces de abordar el fenómeno, sino en forma parcial y compartimentada y en función de los intereses coyunturales y concretos de cada uno (Libia, Túnez, Egipto, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Nigeria…). Este planteamiento inconexo ha permitido que la situación resulte bastante caótica y gravemente dañina para la población civil de esos países y de la comunidad internacional en general.

La Sala Segunda puso de manifiesto las dificultades afirmando que «la investigación de hechos de esta naturaleza reviste una gran complejidad por la forma en que se generan y, por las amplias posibilidades de que el número de personas que puedan resultar seducidas por las predicaciones de fanáticos religiosos sea imprevisible y totalmente aleatoria», pero no por ello «el derecho penal debe abandonar estas zonas en las que se comienza a vislumbrar un principio de organización cuyos fines y objetivos aparecen exteriorizados por los que comulgan con las ideas predicadas». Por todo lo anterior, concluía el Alto Tribunal, justificando el trabajo de los servicios de inteligencia, policías, jueces y fiscales a la hora de investigar, «esta modalidad terrorista, que solo alumbra un diagnóstico de probabilidad de futuras acciones, nos hace ser exigentes a la hora de aplicar el derecho penal de una sociedad democrática» y, a pesar de que fenómenos de esta naturaleza «indudablemente merecen la atención social y criminológica y, sobre todo vigilancia policial», «a pesar de su fundamentalismo religioso no permiten llevar las barreras del derecho penal a estadios en los que el fanatismo, explicitado sin encubrimientos y de manera clara, nos sitúa ante personas que indudablemente pueden tener una cierta peligrosidad sin descartar que en el futuro puedan realizar actividades delictivas graves». Y frente a esa línea tan delgada y delicada, el Tribunal rechazaba que se pudiera tipificar como actividad delictiva, «en un Estado democrático que garantiza los derechos de todos los ciudadanos […], los desvaríos religiosos de cualquier índole que prediquen el odio al diferente», porque si se aceptaran «sanciones penales ante conductas desviadas, nos situaríamos en el inadmisible campo del derecho penal de autor o, lo que es peor, en su modalidad delictiva derivada de la pertenencia a un grupo que adopta doctrinas fundamentalistas. Es la acción y no el pensamiento la que, en principio, podría ser incriminada».

Parece claro que, en la actualidad, este planteamiento y la preocupación que ponía de manifiesto el ponente de aquella sentencia, el magistrado José Antonio Martín Pallín, se han visto superados de forma explícita por las acciones del ISIS y de los terroristas no pertenecientes a organización alguna y que actúan de forma individual, así como por las nuevas formas de captación, adoctrinamiento o alistamiento de nuevos «combatientes». Realmente acción y pensamiento se confunden en la práctica, en una secuencia que, cada vez, es menos amplia.

Hoy, los mecanismos de propaganda y captación, a través de internet, las redes sociales y otros medios de adoctrinamiento, superados ya los espacios religiosos tradicionales para ello, son ejecutados de forma cada vez más temprana y exprés. Es evidente, pues, que la postura que mantenía el Tribunal Supremo no respondía a la realidad del fenómeno y se ha visto desbordada. Es así porque de la exaltación y propaganda se ha pasado sin solución de continuidad a la inducción, y de aquí a la ejecución de los hechos delictivos concretos. La distancia que mediaba entre una idea más o menos definida de adoctrinamiento y la captación, preparación e integración en una organización o grupo terrorista yihadista ha desaparecido, y ahora todo ello se concentra en unas pocas semanas o días.

La estrategia de cohesión ideológica interna en torno a la violencia fue nuclear en Al Qaeda y todos los grupos de su inspiración (entre ellos los incardinados en la Operación Nova) y ha sido asumida, en la actualidad, por el Daesh como base para desarrollar una acción exterior de terror a gran escala que contribuya a la implantación de una idea mucho más elaborada del denominado Califato Universal.

La cuestión que plantea la duda, y que ahora ya no se puede subsanar, es qué habría pasado si el Tribunal Supremo hubiese ratificado y aceptado en su integridad el planteamiento y desarrollo policial y judicial que manteníamos en la investigación e instrucción sumarial respecto a la incriminación de esos estadios de captación previos a la actuación operativa. Qué habría pasado si, en lugar de optar por una posición perfecta en lo teórico, pero altamente ineficiente en la práctica, como se ha demostrado con el paso de los años y la evolución de un fenómeno que no hemos sabido abordar en su justa medida, se hubiera creado un espacio mucho más abierto que el penal, de forma integral y coordinada. Quizá, de esta forma, habríamos logrado que el terrorismo yihadista no hubiera arraigado en nuestras vidas como lo está actualmente.

Otras operaciones

A lo largo de los años siguientes, las diferentes operaciones policiales e investigaciones penales se sucedieron: Blanca, Siberia, Tigris, Cedro, Génesis, Camaleón, Rally, Duna, Amat, Tala, Gambito, Atlántico, Barras, Submarino, Nazarí… y muchas otras, hasta sumar un total de veinticinco. Su investigación correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 5 y comprendieron un total de doscientas cincuenta y tres personas investigadas entre 1996 y 2010.

En todas ellas sucedería lo mismo: una evidente discrepancia de la investigación operativa policial y de la instrucción sumarial frente a la más conservadora de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la hiperconservadora del Tribunal Supremo. Para la comunidad internacional, la búsqueda del punto de equilibrio entre lo meramente ideológico y lo estrictamente operativo sigue siendo la asignatura pendiente en su confrontación contra el terrorismo yihadista.

En un campo en el que las intenciones de los terroristas y la ideación de nuevos mecanismos para combatirlos se confunden, haciendo que el propio fenómeno sea en sí ciertamente inabarcable e incluso incomprensible en todos sus matices para la mayoría de las personas y sociedades, los acontecimientos se suceden rápidamente, en ocasiones a una velocidad meteórica. Llegan así a ofrecer un panorama en el que no sabemos bien cómo ubicar cada una de las piezas del engranaje, en el caso de que este exista, algo que, en ciertos momentos, pongo en duda.

Desde las acciones ilegales contra el terror, patrocinadas especialmente por la Administración estadounidense (invasión de países, guerra, bombardeos selectivos, acciones encubiertas, ataques con drones no tripulados, secuestros, torturas, creación de cárceles secretas —o de espacios de no derecho como Guantánamo—, tribunales excepcionales, leyes secretas, jueces militares, encierros de por vida sin juicio, invasión de la privacidad, control de internet, criminalización de la inmigración, propuestas y afirmaciones de políticas xenófobas del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump…) hasta las tesis que propugnan la aplicación de una legislación con todas las garantías, procesos de integración, ampliación de los mecanismos de investigación, creación de comités especiales en la ONU, convenciones y resoluciones sobre la financiación y el fenómeno terrorista, formaciones de coaliciones… Se ha intentado casi todo y, hoy en día, continúa haciéndose.

Y a pesar de ello, lo cierto es que la situación se ha degradado cada vez más, hasta el punto de que, frente a las acciones masivas e indiscriminadas de las organizaciones terroristas (las últimas en el Paseo de los Ingleses de Niza, abarrotado de población civil el día de la fiesta nacional de Francia, el 14 de julio de 2016, con 85 víctimas mortales o el degollamiento de un sacerdote en Normandía, doce días después) la respuesta institucional de los diferentes países está siendo demasiado lenta y deslavazada, con el recurso a la generación y práctica de la guerra cuando fracasan las demás opciones o, lo que es mucho más grave, como primera opción.

Esto, por supuesto, ha sido percibido de forma inmediata por las organizaciones yihadistas, las cuales, a partir de ahí, han ampliado exponencialmente sus acciones y, con la retroalimentación constante recibida de estas y de sus impactos, nutren y abastecen la espiral terrorista, que sigue sin afrontarse desde la base.

Madrid, 11 de marzo de 2004

Aquel día comenzó para mí como cualquier otro jueves de cualquier otra semana y mes. En El Periódico de Cataluña se incluía un artículo mío titulado «El lenguaje y sus trampas», sobre la manipulación de las palabras como arma política, que ha debido ser el menos leído de todos los que he publicado, como cualquier noticia que se hubiera producido en España antes de las 7.45 horas de esa mañana.

Salí muy temprano hacia el gimnasio. La radio del coche estaba apagada y, cuando llegaba a la calle Narváez, oí por el pocket policial —el equipo de transmisión— las comunicaciones de lo que parecía era un atentado. Pedí a mi escolta que se identificara con nuestro indicativo y solicitara información. Nos confirmaron que se había producido un atentado y que podía haber más. Habitualmente, estuviera o no de guardia (en esta ocasión no me correspondía), llamaba a Jesús de la Morena, comisario general de Información, o a Pedro Díaz-Pintado, subdirector general operativo de la Policía, con el fin de que me dieran datos de la acción terrorista. En esta ocasión, hablé con el segundo de ellos. Me dijo que había mucha confusión y que no solo era en Atocha, sino que, al parecer, había más. Inmediatamente llamé a mi compañero Juan del Olmo, que estaba de guardia en el Juzgado Central 4. Recuerdo que me dijo que estaba afeitándose y que acababa de enterarse por la radio. Le insistí para que se apremiara y fuera al lugar de los hechos, comentándole que yo me dirigía a la Audiencia Nacional y que si precisaba algo no tenía más que pedírmelo porque, a partir de ese momento, estaba a su disposición.

Por la noche, como siempre solía hacer, anoté en mi diario las incidencias del día:

Ha concluido un día aciago. Atentado compuesto por cuatro acciones diferentes en otros tantos trenes de cercanías en Madrid: Atocha, calle Téllez, estación de Santa Eugenia y estación de El Pozo del Tío Raimundo. Creo que han estallado once artefactos explosivos y dos más desactivados y va un recuento de ciento noventa y dos muertos y unos mil quinientos heridos. Día terrible. Mis sentimientos han sido atávicos, de rabia, incomprensión y rebeldía, después he racionalizado la situación. La única forma de seguir adelante es hacer lo que estamos haciendo.

Mi primera impresión después de haber conocido el alcance de las masacres, las circunstancias de los ataques, la simultaneidad de los mismos, las zonas en las que se produjeron, el tipo de población afectada, el momento —a primera hora de la mañana— fue que era obra de Al Qaeda, es decir, terrorismo islamista. España se había señalado como uno de los países más combativos en los últimos años frente a este tipo de terror. En el mundo se habían realizado cerca de tres mil detenciones. Probablemente en Europa, España era el país con mayor número de ellas, más de sesenta hasta ese infausto día. Después de esa fecha, se multiplicaron exponencialmente. Desde 1998 hasta el 29 de mayo de 2004 se cometieron 197 atentados, con 4957 víctimas mortales y más de 12.100 heridos.

Es decir, existían razones más que suficientes para afirmar que España podía ser objetivo de Al Qaeda, aparte de las propias amenazas de esta organización.

Después, cuando me encontraba en el primer escenario, en la estación de Atocha, sobre el mediodía hablé con un funcionario de los Tedax, los artificieros de la Policía, al que conocía y me comentó que el potente explosivo empleado podía ser titadine.

En ese momento, recordé unas palabras de Juan Felices sobre lo que la etarra Belén González Peñalva dijo en 1984: «Negociarán con cien muertos encima de la mesa», y el más próximo comentario de Jesús de la Morena, referido al debate interno que se había producido en ETA al final del último verano, en el que una parte menor de la dirección pedía que se radicalizaran las acciones, si bien Mikel Antza y la opinión mayoritaria solo querían golpes contundentes, pero sin dar el salto cualitativo hacia atentados indiscriminados porque eso se volvería en contra de la organización, incluso desde sus propias bases.

Sobre las 12.20 horas volví a hablar con Pedro Díaz-Pintado. Me dijo que el número de muertos iba creciendo. Entraba en una reunión y quedamos en que nos pondríamos en contacto después, y así lo hicimos alrededor de las 13.15 horas cuando estaba, en unión del fiscal, en El Pozo del Tío Raimundo. Le pregunté si sabía algo más y me dio la misma información sobre la posibilidad de que el explosivo fuera titadine. Esto me ofreció un margen de duda, pero sin abandonar la posibilidad más lógica para mí, que era la autoría de Al Qaeda.

Todavía en la estación de El Pozo, hacia las 13.25 horas el inspector de policía de servicio me comentó:

—Don Baltasar, ha aparecido una furgoneta en Alcalá.

—¿Había bomba trampa?

—No.

—¿Tenía las matrículas dobladas?

—No.

—¿Dónde fue robada?

—Parece ser que en Madrid, el 28 de febrero.

El dato me descolocó porque no era habitual en la organización terrorista ETA. Sus componentes, tras un atentado, no usaban vehículos sin matrícula doblada, ni los abandonaban sin bomba trampa, ni solían utilizar vehículos sustraídos con tan escasos días, porque lo hacían sobre la marcha o bien los traían desde otras localidades con matrículas troqueladas. En fin, que no me cuadraba casi nada a pesar de que el explosivo, si realmente era titadine, fuera de la clase habitualmente usada por ETA.

En mi diario anoté:

[…] el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha mencionado que en la furgoneta sustraída se han hallado siete detonadores en el sillón delantero y una cinta de casete con versículos del Corán. Este dato, junto con la intensidad, la no discriminación de víctimas, tratarse de una zona obrera muy poblada con personas de origen árabe, España como enemiga del islam según el vídeo de Bin Laden de octubre de 2001 y en la renovación de objetivos de Al Qaeda, en los que aparece España en segunda posición […], avalan la certeza de que se trata de un atentado de Al Qaeda. Sería la primera acción después del 11-S en Occidente. España se ha convertido en objetivo por la postura claramente beligerante del Gobierno español en la guerra de Irak.

Al finalizar la rueda de prensa en la que participaba el ministro, o incluso durante la misma, llamé a Jesús de la Morena para preguntarle sobre la furgoneta:

—¿Esto desde cuándo lo sabéis?

—Yo me enteré sobre las 15.30 horas; sobre las 17.00 horas, la trajeron a Canillas [sede de la Comisaría General de Información] y el ministro se ha enterado a las 18.25 horas más o menos, porque se lo he dicho yo.

A partir de ese momento, para mí ya no hubo ninguna duda. Les pregunté a Jesús y después a Pedro Díaz-Pintado qué opinaban ellos. Recuerdo que el primero me contestó que él no tenía todavía ninguna prueba, pero que con la cinta empezaba a inclinarse por el tema del terrorismo islamista. A Pedro le insistí:

—¿Esto cómo lo ves?

—Cincuenta, cincuenta —respondió.

—Pero ¿apuntando para el norte o para el sur?

—Apuntando para el sur —remató.

Retorno a mis notas:

Lo que puedo decir es que el dolor es terrible, estoy como noqueado. La gente, hoy, estaba cabizbaja, pegada a los televisores sin saber qué hacer o en qué concentrarse, derrotados. Es nuestro 11-M, no nuestro 11-S. Nos ha sorprendido de improviso. He percibido el miedo en la gente. No había nadie en las inmediaciones de los atentados. Se retiraron para poder reflexionar sobre la inmensidad de lo ocurrido.

[…] Una vez que he vuelto al Juzgado por la tarde, después de los levantamientos de cadáveres, no sabía cómo trabajar, me he pegado a la silla y al televisor como queriendo que no hubiera sucedido lo acontecido y pasando la película de todo lo vivido. Ha sido absolutamente terrible. Me será imposible superar esta experiencia y esta sensación de angustia.

Efectivamente, desde entonces y a pesar del tiempo transcurrido, no logro olvidar las escenas dantescas que viví aquel día. Cada vez que paso junto al monumento a las víctimas de la estación de Atocha y a otras tantas, evoco aquel nefasto día que, de una u otra forma, nos cambió la vida a todos para siempre.

Cómo y por qué ocurrió

Nos habíamos relajado después de que el 29 de febrero se hubiera detenido a dos terroristas de ETA con media tonelada de explosivos que venían en una furgoneta para Madrid.

Bajas las defensas y el destino te sorprende en ese preciso instante.

¿Qué podían perseguir los terroristas? ¿Mostrar su poder frente a Occidente? ¿Golpear a España por su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak? Parece que esta sería la razón más inmediata. Hacía un año, en marzo de 2003 y en un artículo mío en El País dirigido a José María Aznar —que Ernesto Ekaizer señalaba en otro suyo publicado el 12 de marzo—, había advertido ya que España podría ser objetivo de Al Qaeda:

Lo único que va a generar esta injusta guerra es, por una parte, una quiebra ya inevitable de la legalidad internacional, y por otra, el aumento del terrorismo integrista a medio y largo plazo, el cual hallará una plataforma de justificación objetiva, de la que ahora carece. Su crecimiento en otros puntos del planeta, entre ellos España, es algo tan evidente como terrible y usted no quiere o no sabe verlo.14

No me hubiera gustado acertar, pero la realidad nos golpeó brutalmente.

Como consecuencia de la invasión de Irak por fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, se produjo un punto de inflexión en el que la actividad terrorista internacional se concentró en suelo iraquí, cosa que antes no sucedía. Es decir, en Irak no hubo organizaciones terroristas hasta entonces, probablemente porque Sadam Huseim gobernaba con mano de hierro. Lo cierto es que la única organización terrorista existente, Ansar al Islam, estaba en la zona de exclusión después de la guerra del Golfo, en el Kurdistán iraquí. En otras palabras, fuera de la jurisdicción del dictador. A partir de la guerra de Irak surgió una nueva generación de organizaciones terroristas que, bajo el mando de Abu Musab al Zarqaui, concentraron la mayor capacidad de acción de los grupos o de las redes de apoyo de Al Qaeda. Hasta un total de cinco organizaciones actuaban en ese momento en el interior de Irak. Después de los ataques del 11-S, la franquicia de Al Qaeda se extendió por el norte de África, especialmente en Marruecos, donde pasó de tener un escaso número de miembros activos a disponer de mil personas a su servicio. La horizontalidad de este tipo de organizaciones demostraba un riesgo máximo, frente al que, en ese momento, no había una estrategia integral definida, ni tampoco una clara y operativa cooperación internacional.

En esos días mantuve una reunión con el coordinador antiterrorista de la Unión Europea y estuvimos reflexionando sobre estos temas. Convinimos que, en efecto, era absolutamente necesario actualizar los mecanismos de confrontación y diseñar otros nuevos. En España existía una nueva política que debía desarrollar el recién creado Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, pero, desde mi punto de vista, tendría que ampliarse mucho más, pasando de ser solo un centro de análisis a desempeñar una efectiva coordinación operativa para, de esa forma, evitar que se pudiera perder información. No se hizo así.

Un año después, la actitud del Gobierno, de alguna forma, nos pasaba factura. En especial la posición de su presidente y la defensa a ultranza, a pesar de las evidencias en contra, de la postura de Estados Unidos y Gran Bretaña (George W. Bush y Tony Blair) sobre la hipotética (y falsa como se ha demostrado con el informe Chlicot en 2016) existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que llevó a invadir este país con tropas militares e iniciar una guerra cuyas secuelas, el Daesh entre ellas, todavía duran. Los terroristas ajustan cuentas. Siempre lo hacen de una u otra forma y con ello buscan no solo cumplir sus amenazas, sino también, y específicamente, la exaltación de sus objetivos produciendo el mayor dolor y trascendencia posibles, porque así multiplican de manera exponencial los efectos del terror. De modo que a mayor contundencia del rechazo y la indignación, mayor éxito acumulan al comprobar que han dado en el punto neurálgico de la sociedad o del sistema político. Y eso era exactamente lo que buscaban.

Aquella noche anoté en mi diario:

Este atentado puede tener un coste electoral para el Partido Popular. Si se mantiene que es ETA, la ventaja estará de parte del PP. Si, por el contrario, se confirma que la autoría es de los islamistas, la balanza electoral puede vencerse de parte del Partido Socialista. La gente está muy enfadada. La manifestación del ministro de Interior sobre la existencia de la cinta con los versos va en ese sentido.

Lo sentido en este día

De alguna forma, esa noche encontré algo de paz escribiendo las reflexiones que ahora, doce años después, comparto con quienes quieran leer estas líneas:

Hoy, la indignación, la rabia, la frustración por la utilización del terrorismo ha sido absoluta. La inutilidad del mismo es cada vez más evidente; su objetivo, la destrucción de la convivencia democrática, jamás va a obtenerse aunque sí generará confrontación entre las fuerzas políticas. Me temo que en los próximos días podemos asistir a lo peor de nosotros mismos. La solidaridad y el dolor de hoy pueden convertirse a partir de unas horas en una confrontación social y política. No me gusta lo que he empezado a intuir en los mensajes del Gobierno y en la actitud de algunos responsables políticos.

Desde luego, cuando plasmé estas reflexiones no imaginaba cuán acertadas iban a ser desafortunadamente.

A lo largo de esa mañana se produjeron algunos errores importantes, fruto de la inmensidad de la tragedia, que llevaron al juez encargado de la investigación a prescindir de la ayuda de los compañeros, a pesar de que, tanto yo como el decano, le dijimos que era el momento de que la Audiencia Nacional actuase unida. Todos los jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, mujeres y hombres, nos ofrecimos, como no podía ser menos, a ayudar y colaborar para agilizar todas las diligencias necesarias y así aminorar, en la medida de lo posible, el tremendo dolor de las víctimas. Era el momento de trabajar con la sincronización que la sociedad nos demanda a los servidores públicos.

En mi caso lo tuve muy claro desde el principio. Pedí al fiscal de mi juzgado para temas de terrorismo, en ese momento, Juan Moral, que me acompañara y nos dispusimos a prestar ese auxilio en la medida en que era necesario. Nos desplazamos a cada uno de los dantescos escenarios de las masacres para echar una mano a los compañeros que estaban actuando. Teníamos que colaborar como unos peones más, a las órdenes del juez titular, a fin de que las actuaciones se agilizaran y mitigar el sufrimiento.

Llegamos a la estación de Atocha. En ese momento treinta y tres muertos. He llorado. Lo que he visto era un aquelarre; el primer vagón no ha estallado. Un funcionario, conocido del CGPJ, se ha salvado. El tercer y quinto vagón han reventado; cadáveres fuera, dentro, entrañas abiertas, manos cortadas… La imagen de un cuerpo de espaldas con la mitad fuera sujetándose sobre el marco de la ventanilla y la otra mitad dentro, con los ojos abiertos (se los cerré) y la cara de sorpresa, me ha conmocionado. Hablo con Enrique Molina y con Ismael Moreno, juez y fiscal que están actuando en ese escenario, y me cuentan sus impresiones y también con el fiscal jefe de Madrid, que llega un poco más tarde.

Desde allí nos fuimos a la calle Téllez, donde estaba actuando Juan del Olmo. La situación era asimismo dantesca. Sesenta y siete fallecidos en ese momento. Hablo con uno de los policías y nos marchamos a la estación de El Pozo del Tío Raimundo. Allí, los cadáveres, sesenta y siete en ese momento, calcinados, sin cabeza, con estallidos de cráneo, puestos en fila, como en una morgue, que me hizo recordar las filas de los asesinados en las masacres de las dictaduras. Hablo con los dos jueces de la Plaza de Castilla que están practicando las diligencias de levantamiento e identificación. Hablo con el comisario de policía que está al mando y me dice que ha aparecido una furgoneta en Alcalá con unos detonadores. Llamo a Juan del Olmo y le doy el parte de situación y novedades.

La idea era hacer estallar dos trenes simultáneamente dentro de la estación de Atocha. Un breve retraso de dos minutos impidió que el tren que explotó en Téllez se presentase a tiempo; de haber llegado a su hora, la masacre hubiera sido mayor.

Finalmente, nos desplazamos a la estación de Santa Eugenia, en donde se cuentan a esa hora dieciocho cadáveres, entre el amasijo de hierros. Informo a Juan y, sobre las 15.30 h, marchamos al juzgado, en donde me encuentro con los demás compañeros, a los que relato todo lo vivido.

Por la tarde llamo al ministro de Justicia. La conversación ha sido sentida. Quería que fuera con él a la manifestación del día siguiente en el País Vasco. Le digo que no, que estaré en la de Madrid con mi familia, sin publicidad. Asimismo hablo con el ministro del Interior, que me confirma lo que ya me había dicho Jesús de la Morena a primera hora de la tarde, que en la furgoneta había aparecido, además de los detonadores, una cinta con versículos del Corán. Sin embargo, me dice que todavía no lo van a anunciar. También hablo con el director general de la Policía, a quien le digo que creo que la información que se está dando es muy confusa y que debería aclararse que son terroristas yihadistas. Me dice que eso lo está decidiendo el presidente del Gobierno.

A las 20.00 h. han terminado los levantamientos de cadáveres y todos los cuerpos han sido trasladados a Ifema. Me llama un compañero de Granada porque al parecer un familiar suyo estaba en los trenes y no saben nada de él. Sobre la 1.00 h de la madrugada, Pedro Díaz-Pintado me confirma la muerte de esta persona y se lo digo a mi compañero. Solo hay un tercio de las víctimas identificadas. También me dice mi madre que una sobrina del primo Gabriel ha sido una de las víctimas. A pesar del dolor por todas ellas, parece que al ser más próximas te afectan más, aunque creo que el dolor hoy es inmenso.

El dolor no se puede remediar, es profundo y de alguna forma hace que nos recompongamos del shock, pero la indignación no nos puede llevar a la venganza.

Llegaron setenta forenses para ayudar…

En las últimas horas de la tarde me ha llamado Pepe Bono, de parte de Felipe González, para que le diera mi opinión sobre si la autoría de los atentados era de ETA, de Al Qaeda o de ambas. Le digo que esta última opción es imposible. Son incompatibles. Mi opinión es que ha sido Al Qaeda. Desde el momento en que apareció la cinta con los versículos coránicos, unida a los demás elementos, la opción única es la de la organización integrista islámica. Me han llamado también Juan Luis Cebrián y Ernesto Ekaizer, a quienes les digo exactamente lo mismo. Con total seguridad, es Al Qaeda.

Recuerdo que Juan Luis me comentó que el presidente del Gobierno había llamado a los directores de periódicos y les había asegurado que era ETA. Yo le respondí: «Eso dice él. Yo afirmo que es Al Qaeda».

Lo terrible es que, por razones de oportunidad política, nos manipularan y nos pusieran en la tesitura de tener que creer a unos u otros. Sencillamente, mintieron. Y de aquella mentira se siguió la gran manipulación mediática, que duró muchos años y generó una confusión y una mentira enormes que, en muchas mentes, se mantienen incluso hoy. Realmente las barbaridades que determinados comunicadores y supuestos expertos han hecho con los atentados de Madrid, generando confrontación entre las víctimas y la sociedad, es la actitud menos democrática que hemos vivido en España después del golpe de Estado del 23-F. Aún hoy, algunos dedican páginas a cuestionar la investigación y la sentencia. La frivolidad de algunos, apalancada por el interés económico o político, ha sido tan memorable como mezquina. Las campañas contra Pilar Manjón han sido tan perversas que resultan difíciles de digerir. Cuando la conocí, vi a una madre de una entereza descomunal. Su carta me emocionó, y me reafirmo en que la apuesta por las víctimas cuando estas se revuelven contra la manipulación y la utilización política es la más segura y la que te deja mejor sensación. La pérdida de su hijo el fatídico 11-M hizo que Pilar reaccionara en defensa de la dignidad de las víctimas, desenmascarando a los villanos que desde ese momento y durante años le han hecho la vida imposible. Un gramo de su dignidad vale más que toda la verborrea de aquellos directores de periódicos y opinadores, alquimistas de la trampa y la mentira, que han pasado demasiado tiempo, y aún siguen haciéndolo, jugando con la bondad de las personas.

Aquella manipulación de un Gobierno insensible al dolor de la ciudadanía, y con la vista puesta en la incidencia de los atentados en la cita electoral de tres días después, contribuyó a que la visceralidad se instalara en la sociedad por momentos, focalizando los peores fantasmas contra aquellos que estaban fuera de la línea de cobertura conservadora. La consigna «oficial» fue que la autoría era de ETA y al discrepante se le señalaba inquisitorialmente como a una especie de traidor. Recuerdo que al líder socialista madrileño Rafael Simancas lo llamaron asesino; a Rodrigo Rato, lo vitorearon… La petición de pena de muerte para los miembros de ETA se alzaba como una consigna. En algún momento noté que la gente estaba a punto de desquiciarse. Mientras tanto, los que tenían la obligación de tranquilizar con la verdad optaron por aprovecharse de la mentira.

Después de que apareciera una mochila con explosivo goma 2-eco, y tras los primeros análisis, Jesús de la Morena me informó de que no se trataba de titadine y que los detonadores no eran los utilizados por los etarras, al menos en los últimos veinticinco años. Eran de la empresa Explosivos Riotinto, con lo cual, definitivamente, se confirmaba que la autoría de ETA era falsa. De modo que, desde ese momento, mantener tal afirmación sobre la única opción verdadera, Al Qaeda, obedecía tan solo a un mezquino propósito electoral.

12 de marzo

Mi convencimiento de que Al Qaeda era la responsable de los atentados se reforzó en las horas siguientes. El viernes 12, mientras el Gobierno seguía encastillado en su postura, la población española intentaba asimilar lo ocurrido. En mi diario, como acostumbro, recogí mis vivencias y pensamientos de esas horas:

Tampoco hoy la gente reacciona con normalidad. Hemos salido a las doce a la puerta de la Audiencia y, por la tarde, he ido a la manifestación. Volvía un año después a la calle a protestar contra la violencia. Ahora la terrorista, entonces contra la guerra. En ambos casos con profundo dolor.

[…] Poco antes de salir a la manifestación, las dudas sobre la autoría habían desaparecido para los investigadores. Constato que se produce un férreo control informativo por parte del Gobierno. La rueda de prensa del presidente ha sido muy crispada, la de Acebes muy inseguro, difuso, muy interesado en que ETA sea la responsable. Ellos saben, como yo, que no es ETA. Dicen no tener una prueba definitiva; pero al menos por exclusión, deberían afirmar que es yihadismo. ETA negó en una llamada al periódico Gara y a Euskaltelebista la autoría de la organización. Mi impresión es que el Ministerio de Interior oculta la autoría de integrismo y quiere inducir que es ETA. La razón es que, si la autoría es de ETA, como se pretende, la gente lo asumirá y votarán a favor del PP y sus postulados: firmeza, mano dura… Si se acepta que es Al Qaeda, aparecerá en la base la actitud de Aznar respecto a la guerra de Irak, alineado con Bush y Tony Blair. Han puesto a España en el objetivo y, consecuentemente, la reacción popular puede ser muy adversa para aquel y favorable para el PSOE.

[…] La manifestación ha sido espectacular. Asisto con María y Yayo, también [están] Jesús Santos (me comenta que le ha preguntado a Íñigo Iruin que si le ofrece verosimilitud la afirmación de Otegi sobre que no ha sido ETA, y este le dice que sí porque, al parecer, se lo han confirmado desde la dirección de aquella) y otros compañeros de la Audiencia Nacional. Ha sido impresionante la respuesta; más de diez millones en toda España: firmeza contra el terrorismo. Todos los líderes y medios solidarizados. He decidido rechazar los múltiples pedidos de entrevista. Renuncio a cualquier protagonismo, aunque sí ayudo a explicar lo que está sucediendo a muchos compañeros que me llaman desde otros países con muestras de solidaridad, y a varios corresponsales extranjeros. A todos ellos, les digo que ha sido Al Qaeda. Algunos me insisten en que la versión del Gobierno es que ha sido ETA, y les contesto que es mi opinión, basada en la experiencia de muchos años investigando ambos tipos de terrorismo.

[…] Pepe Bono me llama —ha llamado un par de veces— para saber cómo iban las cosas y si había nuevos elementos que indicaran que era Al Qaeda o terrorismo integrista y no ETA. Están muy nerviosos. Le digo lo mismo que ayer, solo que más confirmado, y que me da la impresión de que el Gobierno quiere sacar una rentabilidad política que no le corresponde.

13 de marzo

La jornada de reflexión del sábado 13 de marzo estuvo oscurecida por los dolorosos hechos que habíamos vivido y la actuación, para la que se agotaban los calificativos negativos, del Gobierno:

Poca reflexión ha habido. Todos los partidos están criticando las dudas del Gobierno. Definitivamente, deforma la realidad: oculta la verdad. Pedro y Jesús ya me lo reconfirmaron anoche. Policialmente no les quedan dudas de que no ha sido ETA. La cita por el ministro de Interior de la furgoneta con explosivos intervenida el 28 de febrero a dos miembros de ETA y que, según él, venía a Madrid para causar una masacre, me ha revelado definitivamente la gran mentira que se está construyendo [yo sabía, por la información policial, que venían para hacerla estallar en un polígono industrial] y que las intenciones son claramente electoralistas.

[…] Los rumores están siendo el caldo de cultivo ante la falta de información fiable. Me llama Pepe Bono y le comento que no hay nada nuevo, aunque Javier Álvarez me comenta que Aznar habría llamado al juez instructor y le habría pedido prudencia en las hipótesis de investigación. Si eso es cierto, no solo es grave sino inaceptable porque estaría interfiriendo en la independencia judicial. Enrique Molina me dice que eso podría coincidir con el comentario que él le hizo a Juan [del Olmo] de que había hablado con el presidente [de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar] y este le espetó: «¿Con qué presidente?». Lo cierto es que están muy nerviosos. Ahora me llaman Ventura [Pérez Mariño] y Clemente [Auger] para preguntarme qué estaba ocurriendo. Les comento mi posición y lo que creo que está pasando. Por su parte, [la periodista] Margarita Batallas me dice que alguien en el PSOE anda diciendo que yo afirmo que eran terroristas islamistas. ¡Me importa un carajo, porque es así! El oscurantismo y la manipulación informativa que está produciendo el Gobierno para hacer creer que es ETA quien está detrás de los atentados es vergonzoso y va claramente orientado hacia las elecciones del día de mañana y a generar votos para el PP.

[…] Txetxo Yoldi me dice que se van a producir unas detenciones en la Audiencia Nacional. Llamo a Jesús y le pregunto si es verdad lo de las detenciones. En ese momento no me confirma nada y solo me responde que están con el tema de las tarjetas de teléfonos móviles. Me da la impresión de que las detenciones serán inminentes. De todas formas me asegura que a las 18.30 o 19.00 h de la tarde me llamará otra vez.

[…] A las 17.00 h me ha llamado Pepe Bono y me dice que, por lealtad, le había pedido Felipe [González] que me dijera que esta tarde iban a detener a dos islamistas que habían pasado por mi Juzgado para demostrar que se estaban moviendo en el tema, pero que no estaban muy relacionados con los hechos. Me vuelve a llamar a la 19.45 h y me cuenta que hay cuatro detenidos integristas. La novedad es que a la puerta del PP hay concentración para exigir explicaciones. Felipe Alcaraz [diputado por Izquierda Unida] pide la comparecencia del presidente y el ministro en el Parlamento.

[…] Jesús me llama a las 19.55 h y me dice que hay cinco detenidos: tres marroquíes y dos hindúes, del establecimiento de venta de las tarjetas de los teléfonos. De alguno o algunos me dice que he llevado investigaciones; le pido que me indique si en ellas hay algún detalle que se refiera al atentado. Me dice que no, y que me irá informando. La cinta intervenida, me confirma, es de Egipto.

[…] El ministro se muestra muy inseguro en la rueda de prensa, insiste en que no descartan la autoría de ETA. Es una falacia y está mintiendo porque la información policial que me llega, él la comparte antes que yo o a la vez, por lo que ya sabe que no es ETA [tiempo después, así me lo reconocerían Pedro y Jesús]. Al no poder eludir lo que está sucediendo, reconoce que algún detenido podría tener relación con el terrorismo islamista.

[…] También me llama [el comisario] Rafael Gómez Menor diciendo que uno de los detenidos efectivamente podría ser de los principales responsables, con el teléfono intervenido en mi Juzgado aunque no salía nada; otro, un tal Said que está siendo buscado, aparecía. Hay dos conversaciones, una el 28 de febrero y otra el 9 de marzo, en la que solamente dicen que quedan en una estación. A la luz de lo acontecido, es posible que se tratara de una cita para hacer vigilancia. Van saliendo datos que relacionan al tal Said con Driss Chebli [absuelto más tarde por el Tribunal Supremo en la Operación Dátil], con Amer el Azizi… Es decir, todos ellos estaban relacionados con Abu Dahdah, el responsable de Al Qaeda en Europa, detenido en la Operación Dátil, sin pruebas que justifiquen su participación.

[…] Por la noche la situación es muy tensa. Rajoy salió para templar; Rubalcaba para responder a las imputaciones de que estaban detrás de la manifestación. Muy tenso. En Pamplona, una señora discutía con un señor de la coordinadora de presos, Etxerat, porque no ponía el crespón negro. Bajó el marido, policía de profesión, y le pegó un tiro matándole. Otegi salió diciendo que es terrorismo de Estado. En fin… un desastre.

14 de marzo

En plena noche del domingo 14 de marzo, horas antes de que se abrieran los colegios electorales, la voz de Al Qaeda se dejó oír para, a diferencia del Gobierno español, decir la verdad:

A la 1.15 h de la madrugada del día 14 hablo con Jesús y me comenta sobre la existencia de un vídeo en el que se reivindican los atentados a través de un tal Abu el Afgani. Por su parte, Rafael Gómez Menor me dice que este individuo era uno que mucho tiempo atrás aparecía en una conversación con Amer el Azizi, Abu Dahdah y Driss Chebli. Es decir, puro Al Qaeda. Las voces que se oyen en el vídeo son las mismas que aparecían en una conversación intervenida en julio de 2001.

A la 1.30 h, Acebes ha reconocido que ha aparecido un vídeo en una papelera de la M30 en el que Al Qaeda reivindica el atentado. Desde mi punto de vista, el reconocimiento del vídeo tan tarde por su parte, cuando el mismo se conocía desde última hora de la tarde, tiene una clara relación con el cierre de las ediciones de los periódicos. De esta forma, eliminan toda posibilidad de que aparezca en los titulares de los periódicos que Al Qaeda reivindica los atentados, con lo que mitigan el impacto en los votantes.

Perfectamente mezquino y tramposo todo lo que están haciendo. Está claro que son capaces de cualquier cosa con tal de ganar y ocultar la verdad. Así quitan de los titulares que Al Qaeda reivindica, para que no tenga efecto en la elección.

15 de marzo

El lunes 15 de marzo, consumada la derrota del PP, no podía negarse ya la autoría de Al Qaeda y la verdad pugnaba por salir a la luz:

La suspensión por parte del CGPJ del juez Ruiz Polanco ha motivado que me hiciera cargo del Juzgado Central de Instrucción número 1. Comida con el general [José Manuel García] Varela y el coronel de Información de la Guardia Civil. El primero ha tenido palabras no muy amables para el director de la Benemérita. Me confirma que ellos le dijeron al ministro del Interior desde primera hora del jueves que los atentados eran de terroristas integristas.

16 de marzo

Al día siguiente, martes 16, cené con Gaspar Llamazares en Casa Matías. Alguien avisó a El Mundo y, con su agilidad característica, Manuel Cerdán —director de la sección de investigación del diario— acudió al lugar. El jefe de cierre le había dicho que iban a publicar que me reunía con altos responsables del PSOE para organizar mi vuelta a la política. «Qué fijación tienen conmigo», pensé cuando lo supe. Finalmente, publicarían que había cenado con Llamazares y otras personas de IU, cosa que era cierta, aunque no añadieron que ese encuentro estaba acordado y apuntado en mi agenda ya hacía tiempo.

17 de marzo

El abogado de Abu Dahdah me dice que su cliente quiere hablar conmigo porque la policía se está equivocando de objetivo, ya que los autores de los atentados pertenecen a otro grupo que actúa entre España y Gran Bretaña. Dudo que valga para algo su comparecencia, pero decido convocarle, especialmente después de que Jesús [de la Morena] me indicara que el único detenido que tiene más relación con los hechos es Jamal Zougan. Jesús me dice que los detenidos no están muy implicados, que el que más relación tiene es Jamal Zougan.

Tal como me temía cuando compareció ante mí, Abu Dahdah solo dijo generalidades dirigidas a cortocircuitar su posible relación con las personas implicadas en el 11-M.

Más tarde, hablé con el ministro de Justicia. Acebes me dijo que estaba muy sorprendido con el resultado y que no era justo que hubiesen perdido las elecciones. Le repliqué que gestionaron muy mal la crisis.

Este comentario del ministro me reveló la soberbia de aquellos que se creen investidos del poder de la razón por el hecho de ejercerlo, sin mesura y con una perspectiva totalmente alejada de la ciudadanía a la que representan, a la que habían pretendido manejar y confundir con el engaño. No percibieron que la verdad hubiera sido mucho más efectiva y, en todo caso, más democrática. Probablemente, bien explicada, no habría incidido tanto como, sin duda, lo hizo en los votantes.

18 de marzo

Los primeros cinco detenidos por el 11-M pasaron a disposición judicial el jueves 18, justo una semana después de los atentados.

Enrique García Castaño me cuenta cómo llegaron al descubrimiento, a través de las tarjetas de los teléfonos móviles y de uno de los implicados, el español, que había coincidido en la cárcel con otro, de cuya relación surgió la entrega de los explosivos que tenía guardados en una mina. Faltaban algunas detenciones. Asimismo, me ha confirmado que en las intervenciones telefónicas que tenía ordenadas en el sumario por el atentado de Casablanca de 2003, en donde había habido víctimas españolas, sobre alguno de los detenidos no aparece ningún indicio respecto de la preparación del 11-M.

19 de marzo

Los primeros detenidos quedan en prisión. Me dice Juan del Olmo que no están muy bien de prueba. Ninguno reconoce nada y se escudan unos en los otros. Las coartadas no son muy creíbles, según él. Parece que la célula sería independiente y que responde a la dirección del Tunecino [Sarhane Ben Abdelmajid]. Están esperando a que entre en España para detenerlo.

23 de marzo

Jesús me dice que no saben quiénes son los responsables máximos de los atentados, pero que espera averiguarlo.

24 de marzo

Funeral de Estado para las víctimas. Aznar culpa al PSOE y a un grupo mediático de que violentaron la voluntad de los ciudadanos. Reivindica la pureza de la acción del gobierno en la crisis del 11-M y días posteriores.

Lo cierto es que, respecto de este comentario del presidente Aznar, visto en la distancia y después de todo lo acontecido en torno a Irak y a este caso, no puedo estar más en desacuerdo con él. La gestión de la información fue desastrosa y las trampas que se efectuaron para confundir a los ciudadanos fueron muy poco democráticas. Lo mismo que ilícita fue la guerra de Irak y la participación que por su exclusiva voluntad nos obligó a soportar a cambio de nada y coadyuvando a un desastre humanitario que dura todavía.

En mi diario anoté algo más sobre los acontecimientos que se estaban produciendo:

Hablo con Juan [del Olmo] y le noto más relajado. Le comento el malestar que había en la Audiencia porque prescindió de todos los compañeros en los levantamientos de cadáver. Me justifica que lo hizo para no dejar sola la Audiencia Nacional. Reconoce que está muy cambiado y menos atento a algunas garantías. Dice haberse endurecido. No acabo de comprender lo que me ha querido decir, pero supongo que sigue muy impactado por los acontecimientos.

Entiendo que se refería al hecho de haber mantenido durante quince días la incomunicación de los imputados en prisión, un tiempo absolutamente excesivo. De hecho, creo que el 11-M le afectó de tal manera que hizo que renunciara a la Audiencia Nacional un tiempo después de concluir el caso, marchándose a su Murcia natal, en cuya Audiencia Provincial continúa.

25 y 26 de marzo, en Estados Unidos

El mismo 24 de marzo viajé a Estados Unidos. Al día siguiente, impartí mi segunda conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, cuatro años después de haber dado otra en la misma Aula Magna con el que sería fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. El aforo y los pasillos se veían absolutamente llenos, por el interés del tema: terrorismo y garantías. Puse el acento en la necesidad imperiosa de respetar todas las garantías, sin prescindir de una sola, ni adoptar legislaciones excepcionales, ni bordear los límites de la legalidad, como única forma de ganar legitimidad democrática frente al terrorismo. Al respecto presenté como referencia los atentados de Madrid y cómo se hacía frente a los mismos, sin haber cambiado un solo ápice de la normativa existente.

Esa misma noche compartí una cena debate con los treinta y cinco jueces federales del Circuito 6 en la Newman Foundation. Les hablé de la guerra de Irak y su ilegalidad, de la falta de coordinación y cooperación entre los servicios de inteligencia e información estadounidenses y los países europeos, y del deterioro que esta situación producía en la lucha contra el terrorismo. Según me pusieron de manifiesto varios de los colegas presentes, les sorprendió mi contundencia y la claridad de mis opiniones, mostrándose de acuerdo con mi postura.

Finalicé mi viaje con una entrevista en el Boston Globe, otra en la NBC desde Nueva York, en las noticias de las 18.30-19.00 horas (cincuenta millones de espectadores), una reunión con el corresponsal del New York Times, Tim Golden, sobre Guantánamo y otra con Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert Kennedy. Después, regresé a España.

2 de abril

Hablo con Enrique García [Castaño] y me dice que todos los del 11-M tienen relación con Abu Dahdah. Poco rato después me dice que han desactivado una bomba de 15 kg en las vías del AVE Madrid-Sevilla. Hablo con Jesús [de la Morena] que en ese momento está en una reunión del gabinete de crisis. Cree que los autores de la colocación de los explosivos en las vías del AVE son los mismos que los del 11-M. Está muy asustado. «Esto es la guerra», me espeta. Han desactivado la bomba. Todos los trenes se han cancelado. Por la tarde han reivindicado el hecho los mismos que lo hicieron el 11-M y además han dicho que atacarán objetivos españoles en el norte y este de África, si las tropas españolas no salen de Irak antes de cuatro semanas. Está claro que quieren vincular la salida de las tropas de Irak con la promesa en ese sentido de Rodríguez Zapatero. Me hace llegar la diputada Dolores García Hierro [como después también haría Ventura Pérez Mariño] que aquel quiere contactar conmigo antes del 15 o 16 de abril.

3 de abril

Los acontecimientos en relación al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (que había reivindicado su participación) y los atentados del 11-M se precipitan. Hoy por la tarde en una vivienda de Leganés se ha encerrado el resto del grupo (cinco individuos). Uno de ellos ha huido. Hablo con mi compañera Teresa Palacios, que está de guardia. Llamo a Pedro Díaz-Pintado y me dice que han amenazado con inmolarse y me comenta que, en ese momento, van a entrar en el domicilio. A través del teléfono, oigo un estallido impresionante y se corta la comunicación. La amenaza de inmolación se ha cumplido y la onda expansiva ha matado a un policía de los GEO y herido a once más. Hablo con Jesús de la Morena y lo noto hundido por lo acontecido. Le animo con palabras de apoyo, insistiéndole en que la actuación, a pesar de la muerte del funcionario y de la inmolación, ha evitado otras masacres. Al hilo de estos hechos, comienzo a dar forma a lo que sería un sistema para compartir la información en la Audiencia Nacional, preservando el secreto sumarial, pero para evitar que se pierda información o que no se utilice adecuadamente.

En los días sucesivos hablé con el inspector Gómez Menor, que me comentó, con aprecio, que los avances decisivos en las actuaciones policiales se debían al apoyo durante años y desde mi juzgado —cuando otros lo negaron— a las investigaciones de las actividades de grupos islamistas. Le doy las gracias, pero no me consuela demasiado al no haberse podido evitar la masacre. También autoricé a los estadounidenses para que se entrevistaran con Jaleb Madani, preso a disposición del Juzgado Central Uno y supuesto enlace con Ramzi Bin al Shibh.

15 de abril

Bin Laden reivindicó los atentados de Madrid, relacionándolos con la guerra de Irak y la participación de España en la misma, a la vez que ofrecía una tregua si nuestro país la abandonaba. En su discurso de investidura como presidente, comprobé que Zapatero había tomado en cuenta lo que le comenté acerca del mando único en materia de terrorismo. El día 18 de abril anunció, fiel a su palabra durante la campaña electoral, la retirada de las tropas españolas de Irak. El 19, unos desconocidos profanaron la tumba de Francisco Javier Torronteras, el GEO muerto en Leganés, y quemaron su cadáver.

El mismo día asistí a la jura de José Bono como ministro de Defensa. Pronunció palabras elogiosas para mí: «Ha dado muchas alegrías y también disgustos. Si no hubiera jueces dispuestos a morir o a que los maten por la justicia, ahí estaría Garzón. Nunca se casa con nadie».

20 de abril

Aznar llamó a Bush para criticar a su sucesor al frente del Gobierno español por la retirada de las tropas españolas. Fue penoso el espectáculo que se dio hacia el mundo. No asumió los resultados, ni que quien en ese momento dirigía el Gobierno pensara y actuara de forma diferente en este tema, en el que, sin lugar a dudas, Zapatero mostró una alta dosis de ética democrática y respeto por la legalidad internacional.

21 de abril-27 de mayo

Federico Jiménez Losantos, fiel a su fijación contra mí, comenzó a decir barbaridades sobre que yo conocía la existencia de los responsables desde hacía dos años y no dije nada a la policía, o algo parecido. Le contestó, en un artículo excelente, Antonio Rubio aclarando que había sido el único juez que, con diecisiete policías, había trabajado para deshacer lo mal hecho por otros y que todos, ahora, se nutrían de mi esfuerzo en ese ámbito para investigar a los casi mil islamistas sobre los que se estaba indagando.

En los días sucesivos fueron apareciendo informaciones sobre diferentes interioridades de las investigaciones, así como sobre la existencia de confidentes y la descoordinación entre cuerpos policiales, Guardia Civil y CNI antes de los atentados. Se repetía la misma historia que tantas veces hemos sufrido en el combate del terrorismo por la existencia de varios cuerpos y la falta de coordinación y la escasa o nula fluidez para compartir la información entre ellos. Este era nuestro caballo de Troya, y lo sigue siendo aún hoy —como hemos tenido ocasión de comprobar en los atentados de París de 2015 y 2016 y en los de Bruselas de 2016—, de las diferentes acciones frente al terrorismo y otros ámbitos de la criminalidad organizada. Parece mentira que, después de tantos golpes, la condición humana, la falta de solidaridad entre servicios y, en definitiva, de respeto y seguridad hacia la población sigan estando presentes de forma recurrente en la base o en los efectos de las acciones violentas más graves contra los ciudadanos.

28 de mayo

El Consejo de Ministros aprobó la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) para el análisis estratégico de la información, la organización entre los distintos cuerpos de seguridad y la puesta en común de los datos recopilados. La dirección recaería dos años en un policía y otros dos en un guardia civil. Esta decisión guardaba relación con las recomendaciones sugeridas por mí en la reunión que mantuve, en el mes de abril, con el presidente electo José Luis Rodríguez Zapatero, pero no fue llevada hasta las últimas consecuencias de operatividad que le propuse. Diez años más tarde, en octubre de 2014, el CNCA y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), creado en 2006, fueron unificados en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

El paso de Baltasar Garzón por la política a las órdenes de Felipe González concluyó con su renuncia al haberse sentido utilizado y por la falta de compromiso del Gobierno socialista en la lucha contra la corrupción. Después de que el PSOE ganara las elecciones tras el 11-M, el recién investido presidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una larga charla con el juez y le pidió su opinión sobre qué debía hacerse en el ámbito de la dirección y la coordinación para combatir eficazmente la amenaza terrorista de ETA. No fue el primer canto de sirena llegado desde las filas socialistas para atraer a Garzón (como Guillermo recoge en esta viñeta), al que muchos consideraban una figura ejemplar, con el ánimo de ganar popularidad a los ojos de los ciudadanos.

Junio. Conclusión del sumario de Al Qaeda

El 8 de junio fue detenido en Milán uno de los principales implicados en los atentados del 11-M, Rabei Osman El Sayed, alias Mohamed el Egipcio. El 14 de ese mismo mes almorcé con el director del CNI, Alberto Saiz, y me resultó muy interesante la puesta en común sobre cómo debía desarrollarse la inteligencia para combatir el terrorismo internacional y cuáles debían ser los pasos que debían seguirse para que existiera una verdadera comunidad de inteligencia. El día 15 concluí el sumario de Al Qaeda, dos años y siete meses después de las detenciones en la Operación Dátil.

El miércoles 16, Izquierda Unida (IU) solicitó mi comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el 11-M. Al día siguiente, me reuní con Gaspar Llamazares para que me indicara por qué me habían propuesto, pues, como juez en ejercicio, era muy complicado que pudiera intervenir si no recibía una autorización expresa del CGPJ. Por tanto, le sugerí que se dirigieran a este. Llamazares me comentó que se me citaba como experto en estos temas.

Vetado para presidir la Sala de lo Penal

En julio de 2004 se concretaron algunas de las «venganzas» por mis posiciones contra la guerra de Irak y por mis artículos sobre ella, especialmente el titulado Sr. Presidente, que se publicó en El País el 4 de marzo del año anterior. Para comenzar, el día 1 el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, me informó de que en el CGPJ me habían vetado para la presidencia de la Sala de lo Penal, cuya plaza vacante había solicitado.

Pero mi trabajo no podía detenerse por esas circunstancias, perfectamente previsibles por otra parte. El 6 de julio, en el marco de la investigación sobre los atentados en Casablanca, me desplacé a Marruecos para tomar declaración a Salaheddin Benyaich, alias Abu Mugen, y Mustafá Maymouni, dos de los implicados en las investigaciones de Al Qaeda y entregados a ese país. Ambos, como testigos, podían proporcionarme datos acerca de los atentados acontecidos en Casablanca el 16 de mayo de 2003, en los que hubo cuarenta y cinco víctimas mortales, incluidos cuatro españoles y doce terroristas suicidas, y más de un centenar de heridos.

Abu Mugen me espetó delante del juez antiterrorista marroquí, Abdelkader Chentouf, buen profesional y amigo hasta el día de hoy, que quería ajustarme las cuentas porque estaba yendo demasiado lejos en mis investigaciones. Ante esa amenaza expresa, pedí que constara en acta. Seguidamente, hizo un discurso de exaltación de Bin Laden y se negó a contestar mis preguntas. Por su parte, Maymouni se comportó de forma totalmente distinta e indicó que era un «honor» para él poder hablar conmigo. Asumió su relación con Amer el Azizi, si bien negó cualquier otra implicación o conocimiento.

Unos días después, el lunes 12 de julio, gracias a los votos del sector progresista del CGPJ se me incluyó en la lista de candidatos, junto con los magistrados Javier Gómez Bermúdez, José Ricardo de Prada Solaesa y Félix Alfonso Guevara Marcos, que optaban a la presidencia de la Sala de lo Penal. En ese momento tomé la decisión de que si —tal como me había anunciado Carlos Dívar, y después se confirmaría— era vetado por la mayoría conservadora controlada por el PP, me iría un tiempo a alguna universidad norteamericana. Ese mismo día, mientras tanto, puse en libertad a Hamed Abderraman Ahmed, que había sido entregado por Estados Unidos en febrero.

El 21 de julio, el sector conservador del CGPJ, del que formaban parte los magistrados José Luis Requero y Adolfo Prego, cuyos planteamientos ideológicos y jurídicos eran beligerantemente opuestos a los míos, desde antiguo, fiel a las consignas recibidas y, supongo, que por propia convicción, se impuso. Recuerdo el cinismo que mostró después el vocal Enrique López, criticándome por no haber mostrado demasiado interés por la plaza ya que no había ido a hablar con ellos como los otros candidatos. Respondí que pensaba que solo era necesario presentar los méritos y la solicitud, tal como decía la convocatoria, y no «pasar a suplicar la plaza personalmente ante los consejeros».

Al igual que otro de los candidatos, el magistrado José Ricardo de Prada, cuestioné la elección de Gómez Bermúdez por la falta de argumentación de la decisión, en la que el CGPJ prescindió de los méritos aducidos. En mi caso, adelantaba mil puestos en el escalafón al elegido y contaba con dieciséis años de trabajo en la Audiencia Nacional y un currículo bien amplio, especializado en las competencias propias de la jurisdicción penal de la propia Audiencia, frente a los cuatro años, primero como apoyo y luego como titular en la Sala, de Gómez Bermúdez. De Prada y yo recurrimos el nombramiento ante la arbitrariedad del Consejo. Se nos dio la razón y, tras una nueva elección, con algunas irregularidades en el currículo presentado por Javier, se volvió a reproducir la misma votación, el mismo resultado y, de hecho, la misma falta de motivación. No prosperó la reclamación en esta segunda ocasión y se amplió con este periodo el mandato de Javier como presidente.

Nada tengo contra Javier Gómez Bermúdez, incluso puedo decir que mi relación con él es buena. Pero ese día se hizo caso omiso de los méritos de todos los participantes frente al interés especial de los vocales conservadores en la elección de uno de ellos. Hecho que, debido a la composición de ese órgano y sistema de designación, se ha reproducido en demasiadas ocasiones, no siendo elegidos siempre los mejores, sino los más convenientes al interés del momento. Desde luego, estoy convencido de que esta situación ha contribuido a potenciar, en bastantes casos, la falta de autonomía del Poder Judicial y es la causa de que, hoy en día, casi el sesenta por ciento de los ciudadanos españoles cuestione su neutralidad. Para estos, entre los que me encuentro, las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces ha dejado y deja mucho que desear.

Ante la Comisión del Congreso

El 15 de julio comparecí ante la Comisión de Investigación del 11-M. A las 8.50 horas ya estaba en el Congreso de los Diputados. Poco más de diez años después del 9 de mayo de 1994 en que tuve que explicar mi dimisión como diputado, volvía a esa sede institucional para participar en una actividad parlamentaria. Llegué antes que los propios comisionados que la componían.

Declaré entre las 9.10 y las 12.50 horas, durante tres horas y cuarenta minutos. Decía en mi diario sobre la comparecencia: «Ha sido intensa y extensa, y he contestado a todo lo que me han preguntado». Al final hice una referencia a quienes considero que tuvieron una gran labor en la investigación y que supieron mantener la profesionalidad frente al intento de manipulación y engaño: el comisario general de Información, Jesús de la Morena, y el subdirector general operativo, Pedro Díaz-Pintado. Y concluí afirmando:

A mí no me gusta, como decía antes, amenazar como otras instancias hacen con atentados. Y no sé si va a haber atentados o no, ¡ojalá que no los vuelva a haber!, pero los medios los tenemos que poner. Lo mismo que hicimos el esfuerzo respecto de ETA en muchos momentos históricos, en los que todos los parlamentarios y los partidos políticos estuvieron empujando a partir de 1997, es el momento de hacerlo también respecto de este tipo de terrorismo. Muchas gracias, y quedo a su disposición.

Mi comparecencia comenzó con la lectura del acuerdo del CGPJ en el que se establecían los límites de mi intervención.

[…] dada la condición profesional del magistrado requerido de comparecencia, por lo que, en su transcurso no podrá de ningún modo referir información relativa a los hechos, organizaciones o personas que estén siendo objeto de instrucción actualmente en el Juzgado del que es titular o que hayan sido objeto de diligencias anteriores y tampoco podrá extender la información requerida a hechos, personas o circunstancias que, aun figurando en diligencias judiciales objeto de investigación por otro órgano español o extranjero, hayan sido conocidos por razón del cargo que ostenta el compareciente.

Vistas estas limitaciones, era bastante complicado poder desarrollar todos y cada uno de los matices que exigía una comparecencia como la de ese día. Ante los comisionados puse de manifiesto los inicios de las investigaciones sobre terrorismo yihadista en 1989 y durante la década de los noventa, incidiendo en la aparición de la figura de Bin Laden, la importancia de Afganistán, el norte de África, la guerra de Bosnia, la evolución en España… hasta los atentados del 11-S. Asimismo, desarrollé los planteamientos sobre cómo deberían afrontarse el combate del terrorismo, la cooperación, la coordinación policial y la de inteligencia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

De igual forma, destaqué la clara prevalencia en Estados Unidos de la seguridad sobre la libertad después del 11-S. En la Patriot Act, sus artículos y sus normas eran absolutamente restrictivas. Y solo a partir del 29 de junio de 2004, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció —después de casi tres años de la apertura de la prisión— que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a la jurisdicción ordinaria y a recurrir en habeas corpus, es decir, a algo connatural a cualquier persona y que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Asimismo, como consecuencia de la aplicación de esa línea de acción contraterrorista en los últimos quince años, y a pesar de los esfuerzos para evitarlos, incluidas las acciones de WikiLeaks y las de otros colectivos, se habían generado y consolidado

espacios de impunidad, espacios sin derecho, espacios de vacío normativo en los que no se permite la entrada de ningún organismo judicial o de algún tipo de control ajeno al que establece la voluntad, en este caso, de la Administración norteamericana. Evidentemente, con esa doctrina se pueden santificar los ataques preventivos, los asesinatos selectivos, la destrucción de edificios, la deportación de personas, incluso la tortura, o decidir si son diecisiete o veinticinco las técnicas de la misma que se deben aplicar. La vigilancia externa a la aplicación indiscriminada de estas técnicas se torna en fundamental para prevenir en sentido inverso el abuso de quienes son vulnerables por hallarse en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Despues de mí compareció Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Explicó que él no sabía nada de cintas ni de la furgoneta, y que mientras no se cerrara el sumario sobre el 11-M, no excluía ninguna hipótesis.

16 de julio

Las opiniones sobre mi comparecencia en el Congreso fueron buenas en general, salvo las de la COPE, Jiménez Losantos y Jesús Cacho. Además de insultarme y menospreciarme, criticaron mi barba y mi forma de vestir. «Caro y como un capo colombiano», dijeron. Ahí queda eso.

El exministro Jaime Mayor Oreja y yo asistimos a la clausura de un curso de verano en El Escorial. La conferencia final estaba a cargo del presidente del Gobierno y, tras ella, le transmití a Zapatero que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista era insuficiente, a lo cual me respondió que era el principio y, además, que tenía razón en lo que había dicho en nuestra reunión: la descoordinación era memorable.

El Estado Islámico

Cuando ya parecía que todo estaba inventado, durante los últimos años la presencia del fenómeno del terrorismo se ha hecho más notable, más tangible y más perturbadora. Una nueva forma de terrorismo —más brutal aún si cabe que el de Al Qaeda—, el Daesh, ha emergido con una fuerza arrolladora. Ha ocupado un espacio territorial sustraído a la soberanía de Irak y Siria y ha expandido su influencia y su franquicia a otros continentes, especialmente a África, donde se disputa el terreno con Al Qaeda. En Europa se ha hecho presente de forma impactante en Francia (tres ataques en 2015 y dos más en 2016) y Bélgica (2016), por ejemplo, y mantiene en jaque a todos los países.

La guerra se desvela nuevamente como un remedio tan inmediato como ineficaz. Parecen muy lejanos los tiempos en los que Al Qaeda copaba todos los espacios de información y de atención, como también lo hizo la ejecución de Bin Laden. Su espacio ha sido ocupado hoy por una nueva estructura, el Daesh o Estado Islámico, que, sin que apenas se percibiera, se ha ido instalando con una fuerza tremenda, aterradora por la espectacularidad, la indiscriminación, la masividad y los resultados de sus acciones delictivas.

De nuevo, se reproducen los mismos problemas y las mismas deficiencias frente a un fenómeno que nos desborda. Es difícil saber si ahora estamos más preparados que hace doce años para enfrentar la amenaza terrorista yihadista. Una amenaza mucho más extensa e intensa que entonces. Han variado las técnicas y los mecanismos de actuación, pero la finalidad sigue siendo la misma: la destrucción de un modelo de convivencia determinado. El Daesh aprende y se mueve a una velocidad vertiginosa, bien por sus propios medios o bien fagocitando a otras organizaciones que le prestan sumisión u obediencia.

África es y será, de nuevo, el escenario de esta nueva forma de terror, a la que hay que combatir no solo en las acciones que acomete, sino también en los fundamentos. Libia, después del desastre internacional derivado de la actuación contra Gadafi, el fracaso de la acción judicial de la CPI, ha quedado como territorio idóneo para el Daesh. Nigeria, con la incidencia de Boko Haram y su sumisión a aquel, son buenos ejemplos de que la acción del Estado Islámico no se va a detener y si se le vence en Siria e Irak, ocupará otro lugar y desplegará sus acciones indiscriminadas en Occidente. Allá donde más terror produzca. Frente a esta evidencia, debemos desarrollar toda una estrategia jurídica social muy profunda, sin olvidar la confrontación firme con su militancia desde el comienzo, la financiación a través de todos los bancos o la investigación del tráfico de armas, de petróleo y de otros productos. Y debemos hacerlo con mecanismos avanzados de investigación conjunta y sin renunciar al principio de jurisdicción universal que tan absurdamente se ha casi eliminado del derecho español.

La captación de niños, adolescentes y mujeres para el Daesh, en diferentes países, es una realidad que necesita una atención especial, no solo por la vulnerabilidad de los afectados, sino porque es inaceptable que algunos jueces no comprendan el alcance de estos fenómenos hasta que no nos estallan en plena cara.

PRINCIPALES OPERACIONES
ANTITERRORISTAS DIRIGIDAS
POR BALTASAR GARZÓN (1988-2010)

OPERACIONES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DIRIGIDAS POR EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5

Contra ETA y otras organizaciones afines15

Fecha

Detenidos

Descripción

Funcionarios*

16.04.1988

1

Detención en Álava de un miembro de ETA integrado en el aparato de mugas.

7

28.09.1988

2

Detenidos por realizar labores de apoyo a miembros liberados del comando Donosti.

18

04.10.1988

2

Prestaban su apoyo a miembros liberados del comando Vizcaya.

16

21.11.1988

5

Desarticulación de la infraestructura de liberados de ETA en Navarra.

42

06.06.1989

2

Desarticulación de parte de la infraestructura de liberados de ETA en Vizcaya.

28

18.11.1990

6

Desarticulación del comando Nafarroa; detenidos dos liberados y cuatro miembros de la infraestructura.

46

19.11.1990

3

Desarticulación del comando legal Saioa, que actuaba en la comarca navarra de Tafalla.

23

20.11.1990

7

Integrantes de la infraestructura del comando de liberados Nafarroa y desarticulación del comando legal Amaiur, cuyo ámbito de actuación era Pamplona.

49

22.11.1990

2

Infraestructura del comando de liberados Vizcaya.

15

09.02.1991

11

Desarticulación del comando Gohierri-Costa; detenidos tres miembros liberados de ETA y ocho más que les prestaban apoyo e infraestructura.

89

04.06.1991

2

Integrantes de la infraestructura del comando Vizcaya.

29

06.06.1991

6

Desarticulación del comando legal Matalaz, de ETA, que actuaba en Bilbao.

86

25.10.1991

2

Desarticulación parcial del comando legal Txalaparta, que actuaba en Bilbao y Basauri; uno de los detenidos resultó herido cuando manipulaba un artefacto explosivo.

18

20.11.1991

1

Relacionado con la infraestructura del comando Vizcaya.

10

14.01.1992

2

Detenidos dos miembros del aparato de mugas que prestaron su colaboración en la huida de un miembro del comando legal Saioa.

23

15.01.1993

5

Detenidos por su posible labor como laguntzailes de apoyo para comandos de ETA en Guipúzcoa.

49

13.02.1993

4

Detenidos por su presunta vinculación al aparato logístico de ETA.

36

03.05.1993

1

Detenido un funcionario de las oficinas del DNI de San Sebastián, por presunta colaboración con ETA, y puesto en libertad judicial.

8

01.06.1993

1

Detenida, a raíz de la declaración de Sebastián Echániz Alcorta, por su presunta colaboración con el comando Vizcaya.

9

03.06.1993

5

Detenidos por prestar labores de apoyo a miembros de ETA en la provincia de Vizcaya.

29

28.07.1993

4

Presuntos colaboradores del comando Gohierri-Costa de ETA, detenidos a raíz de las declaraciones de Antonio Cabello Pérez.

48

07.03.1994

3

Desarticulación del «aparato de teléfonos» de ETA, que avisaba cuando la Policía intervenía alguna línea telefónica.

36

01.07.1994

5

Infraestructura de liberados de ETA. Alojaban en sus domicilios a miembros liberados del comando Vizcaya.

68

12.07.1995

8

Colaboradores de Jorge González Endemaño, detenidos por formar parte de la infraestructura de ETA en Guipúzcoa.

69

09.08.1995

4

Desarticulado el comando Mallorca, integrado por dos liberados, un legal y un miembro que les prestaba apoyo, cuando planeaban atentar contra la familia real española.

102

13.02.1996

5

Desarticulación de un comando legal de ETA que actuaba en Guipúzcoa.

48

15.02.1996

3

Desarticulado un comando legal de ETA en Guipúzcoa.

27

24.10.1996

1

Detenido un integrante de un comando de información de ETA.

8

15.01.1997

2

Relacionados con el comando Txomin Iturbe, que actuó en Navarra y Guipúzcoa en 1993-1994.

15

16.01.1997

2

Relacionados con la infraestructura del comando legal Atxarri de ETA, con zona de influencia en Bilbao.

18

17.01.1997

1

Realizaba labores de apoyo y colaboración con ETA.

9

01.06.1998

11

Desarticulación del entramado económico y empresarial de ETA-KAS.

215

20.07.1998

15

Desarticulación del frente informativo y de propaganda de ETA-KAS, con el grupo Orain-Egin al frente.

210

03.03.1999

2

Red Sarea, caso Pepe Rei.

15

06.03.1999

2

Detenidos, por presunta colaboración con ETA, los responsables del rotativo Egin.

15

29.01.2000

12

Xaki.

189

14.09.2000

21

EKIN.

256

04.10.2000

11

Joxemi Zumalabe Fundazioa.

128

30.10.2001

15

Gestoras Pro Amnistía.

195

05.03.2001

20

Jarrai-Haika.

248

05.03.2002

12

Segi.

128

29.04.2002

11

Financiación de HB-EH y desarticulación de la red de herriko tabernas.

315

05.02.2003

5

Askatasuna.

49

19.02.2003

15

Desarticulación del subaparato de captación de ETA. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

260

01.04.2003

9

Desarticulación del subaparato de captación de ETA. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

87

29.04.2003

8

Udalbiltza.

98

18.07.2003

1,

en España

Desarticulación de la infraestructura financiera y logística de ETA en México, donde hubo seis detenidos, que fueron extraditados.

12

14.09.2003

4

Batasuna, continuidad.

35

28.09.2003

1

Detención de Xarlo Etxezaharreta, en el marco del sumario Udalbiltza.

7

08.10.2003

30

Desarticulación del subaparato de captación de ETA. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

460

14.10.2003

2

Financiación de ETA mediante el pago, por parte de empresarios vascos (Garaygordobil), del llamado impuesto revolucionario.

15

10.11.2003

1

Financiación de ETA mediante el pago del llamado impuesto revolucionario.

8

18.11.2003

13

Desarticulación del subaparato de captación de ETA. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

160

19.11.2003

1

Financiación de ETA mediante el pago del llamado impuesto revolucionario.

7

04.03.2004

2

Financiación de ETA mediante el pago, por parte de directivos de Azkoyen S. A., del llamado impuesto revolucionario.

16

19.04.2004

10

Financiación de ETA mediante el pago del llamado impuesto revolucionario.

96

30.04.2004

2

Financiación de ETA mediante el pago, por parte de directivos de Azkoyen S. A., del llamado impuesto revolucionario.

15

16.11.2004

19

Desarticulación del subaparato de captación de ETA. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

185

09.02.2005

17

Desarticulación del subaparato de captación de ETA. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

175

25.03.2005

6

Desarticulación del comando de liberados Amaiur en San Sebastián. Detenidos tres liberados y tres colaboradores.

66

27.07.2005

7

Desarticulación de la infraestructura de ETA en Vizcaya. Operación derivada del análisis de la documentación incautada al responsable del aparato militar de ETA, Juan Fernández Iradi, alias Susper, detenido en Francia en febrero de 2002.

72

19.05.2006

5

Financiación de ETA mediante la intermediación, a través del bar Faisán, en la gestión y cobro del llamado impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros.

55

14.07.2006

2

Financiación de ETA mediante el pago, por parte de empresarios vascos (Iruretagoyena y Muñoz Peña), del llamado impuesto revolucionario.

12

25.01.2007

1

Detención de Iker Aguirre Bernadal, miembro del comando Levante.

8

08.06.2007

1

Detención de Arnaldo Otegi Mondragón.

6

10.07.2007

1

Detención de Aritz Arginzoniz Zubiaurre, miembro de un comando itinerante.

10

02.10.2007

2

Askatasuna.

19

04.10.2007

25

Mesa Nacional de Batasuna (1).

350

20.10.2007

1

Batasuna.

9

04.02.2008

2

Batasuna.

17

11.02.2008

14

Mesa Nacional de Batasuna (2).

200

23.01.2009

8

Continuidad ANV-Batasuna.

275

TOTAL

455

72

5776

Contra los taldes Y

Fecha

Detenidos

Descripción

Funcionarios

06.06.1989

4

Desarticulación de un talde de Jarrai en Romo (Vizcaya).

28

03.05.1995

3

Inicio de la desarticulación de un talde en San Sebastián (Guipúzcoa).

25

05.05.1995

5

Continuación de la desarticulación del talde en San Sebastián (Guipúzcoa).

49

09.05.1995

1

Continuación de la desarticulación del talde en San Sebastián (Guipúzcoa).

8

22.10.1996

4

Desarticulación de un talde en San Sebastián (Guipúzcoa).

29

13.01.1997

4

Desarticulación de un talde en Pamplona (Navarra).

39

15.01.1997

4

Desarticulación de un talde en Pamplona (Navarra).

47

16.01.1997

6

Desarticulación de un talde en Bilbao (Vizcaya).

59

25.02.1997

2

Detención en Irún (Guipúzcoa) de dos individuos por realizar sabotajes a propiedades de policías franceses.

17

27.02.1997

9

Desarticulación de un talde en Vitoria (Álava).

85

13.04.1997

5

Desarticulación de un talde en Pamplona (Navarra).

48

20.05.1997

1

Detención de un integrante de un talde en Pamplona (Navarra).

9

21.05.1997

2

Detención de dos integrantes de un talde en Pamplona (Navarra).

21

27.09.1997

3

Detención de tres integrantes de un talde en Irún (Guipúzcoa).

32

10.03.1998

12

Desarticulación de un talde en San Sebastián (Guipúzcoa).

189

19.10.1999

4

Detención de dos integrantes de un talde en Pamplona (Navarra).

46

20.03.2001

5

Desarticulación de un talde en Guecho (Vizcaya).

59

06.02.2002

6

Detenidos en San Sebastián por actividades de kale borroka.

56

17.03.2006

1

Detenido un integrante de un talde en Baracaldo (Vizcaya).

15

21.03.2006

1

Detenido un integrante de un talde en Basauri (Vizcaya).

12

10.07.2007

4

Desarticulación de un talde en Álava.

46

17-18.10.2007

7

Desarticulación de un talde en Vizcaya.

78

TOTAL

93

22

997

Contra los Grapo

Fecha

Detenidos

Descripción

Funcionarios

12.04.1990

1

Detenido en Oviedo el miembro del PCE(r)-Grapo Lucio García Blanco.

6

26.10.1990

5

Detención de un comando compuesto por cinco miembros, presuntos autores de diversos actos terroristas.

40

17.01.1993

1

Detenido en Pontevedra Joaquín Vieites Santos.

6

11.03.1995

8

Detenidos en Cádiz por realizar labores orgánicas a favor del partido.

72

13.08.2007

1

Detenido en Madrid Javier García Victoria.

5

17.08.2007

2

Detenidos en Madrid Carmen López Anguita e Israel Monleón Martínez.

17

TOTAL

18

6

146

Contra organizaciones terroristas independentistas

Fecha

Detenidos

Descripción

Funcionarios

10.11.1991

13

Detenidos por su presunta pertenencia al Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.

115

TOTAL

13

1

115

Contra el terrorismo internacional no islamista y el tráfico de armas

Fecha

Detenidos

Descripción

Funcionarios

01.06.1994

1

Detención, a efectos de extradición, de Otto Ernst Fritz Adolf Remer, relacionado con la extrema derecha alemana.

6

05-14.05.2006

4

Operación Boobming. Detención de Aaron William Jordan, Thomas Philip Corley, Sean O’Fiach y Richard Gerard O’Neill por colaboración con banda armada y un delito de contrabando.

23

29.05.2007

1

Detención de Binali Yildirim, en virtud de una orden internacional de detención por terrorismo emitida por Turquía.

7

06.03-24.04.2008

5

Operación Bata. Detención de Juan Manuel Grau Badet, Severo Moto Nsa, Antonio María Nogués Moragas, Francisco Javier Roselló Sumoy y Damián Motu Ngema por tráfico, tenencia y depósito de armas de guerra.

21

26.07.2008

1

Operación Cali. Detención de María Remedios García Albert, presunta responsable del grupo terrorista colombiano FARC-EP en España.

8

TOTAL

12

5

65

CIFRAS TOTALES

Organización

Detenidos

Operaciones

Funcionarios

ETA y resto de organizaciones

455

72

5776

Taldes Y

93

22

997

Terrorismo islamista

253

25

1400

Grapo

18

6

146

Organizaciones terroristas independentistas

13

1

115

Terrorismo internacional no islamista y tráfico de armas

12

5

65

TOTAL

844

131

8449

OPERACIONES DE LA GUARDIA CIVIL CONTRA COMANDOS DE ETA QUE FUERON DESARTICULADOS Y CUYAS DILIGENCIAS FUERON ENTREGADAS EN EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 516

Operación

Fecha

Lugar

Detenidos

Intervinientes*

Breve reseña

Conejo

03.07.1988

Varias localidades de Guipúzcoa

6

150

Desarticulación del comando legal Berria, cuyos integrantes se dedicaban a realizar acciones terroristas contra concesionarios de vehículos franceses.

Diligencias 80/88 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Goikogane

12.04.1989

Llodio (Álava)

6

150

Desarticulación del comando de información Goikogane. Este comando comenzó su actividad en 1986 y proporcionaba a la dirección de ETA informaciones sobre presuntos traficantes de droga.

Diligencias 44/89 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava.

Alquiler, Cristal y Éibar

16.04.1989

Varias localidades de Guipúzcoa y Vizcaya

12

240

Desarticulación del comando de liberados Éibar. La operación policial supuso la detención de los tres integrantes liberados del comando (Fermín Urdiain Ciriza, Juan Carlos Balerdi Iturralde y Jesús María Ciganda Sarratea), así como de otras nueve personas relacionadas con labores de apoyo e infraestructura a los mismos. Este comando llevó a cabo siete asesinatos, algunos de ellos mediante la utilización del procedimiento del coche bomba.

Diligencias 18/89 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Quemas

14.01.1991

Varias localidades de Guipúzcoa

7

170

Desarticulación de un comando legal cuyos integrantes llevaban a cabo acciones terroristas contra objetivos relacionados con la construcción de la autovía Irurzun-Andoain, intereses franceses y del Estado español.

Diligencias 7/91 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Langostino (derivada de las operaciones Broma y Broma-Queso)

09.05.1992

Varias localidades de Guipúzcoa y Vizcaya

10

225

Desarticulación del comando legal Askatu, cuyos integrantes pretendían llevar a cabo la fuga de varios reclusos del centro penitenciario de Ocaña-I en Toledo. El comando fue organizado por José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, con el objetivo de facilitar la huida en helicóptero de la citada prisión de tres miembros de ETA internos en la misma, entre ellos José Miguel Latasa Guetaria, uno de los autores del asesinato de la miembro de ETA Dolores González Catarain, Yoyes.

Diligencias 59/92 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Gaviota

22.10.1992

Varias localidades de Vizcaya

11

200

Desarticulación de un comando legal de apoyo al comando Vizcaya y detención de varias personas relacionadas con la infraestructura del mismo. La operación policial se desencadenó a raíz de las investigaciones realizadas tras el fallecimiento de un agente de la Policía Municipal de Baracaldo, Josu Olabarría Santurtun, cuando manipulaba un artefacto explosivo.

Diligencias 243/92 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya.

Sin denominación

02.06.1994

Varias localidades de Guipúzcoa

6

150

Desarticulación del comando legal armado Kiruli.

Botellín

18.12.1994

Varias localidades de Navarra

11

250

Desarticulación del comando de liberados Nafarroa. Detención de los miembros liberados del mismo, Iñaki Cañas Cartón y Aritz Arnaiz Lascurain, y del legal Sebastián Prieto Jurado, así como de otras ocho personas integrantes de su infraestructura de apoyo. La operación policial permitió localizar tres pisos francos en los que se encontraron explosivos, pistolas, metralletas, lanzaderas de granadas y diversa munición.

Diligencias 190/94 del Grupo de Información de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Navarra.

Mimbreros

21.02.1995

Varias localidades de la provincia de Barcelona

9

200

Desarticulación del comando Barcelona de ETA. Detención de Rosario Ezquerra Pérez de Nanclares, miembro liberada de este, y de ocho personas más de su infraestructura.

Diligencias 1/95 de la Zona de la Guardia Civil de Barcelona.

Andén

23.02.1995

Varias localidades de Vizcaya

7

175

Desarticulación de un talde legal armado que actuaba en Basauri y de un talde de información que lo hacía en Santurce.

Diligencias 28/95 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya.

Delfín

01.07.1997

Varias localidades de Guipúzcoa

4

200

Desarticulación del comando Goiherri de ETA y liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, al que los etarras, entre ellos Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, mantenían secuestrado desde hacía más de un año.

Diligencias 94/97 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Catedral

26.01.1998

Varias localidades de Vizcaya

12

300

Desarticulación de un comando de información vinculado al comando de liberados Vizcaya.

Diligencias 13/98 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya.

Sin denominación

21.03.2002

Varias localidades de Vizcaya

6

150

Desarticulación de un comando legal de apoyo al comando de liberados Vizcaya, dedicado al transporte de material necesario para la actividad terrorista de este.

Diligencias 128/2002 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya.

Azores

25.03.2002

Varias localidades de Guipúzcoa

14

350

Desarticulación del comando de liberados Bakartxo, varios comandos legales de información y apoyo al mismo, denominados Zuzen, Tupi y Piperrak, así como varias personas que realizaban labores de colaboración e infraestructura. Los liberados y sus comandos de apoyo, que conformaban la estructura del Complejo Donosti de ETA, tenían como misión marcada por la dirección etarra la de realizar acciones terroristas contra militantes del PP y el PSE-PSOE, así como contra agentes de la Policía Autonómica Vasca.

Diligencias 18/02 y ampliatorias a las mismas 19/02, 21/02 y 37/02, del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Sin denominación

29.02.2004

Cañaveras (Cuenca)

3

50

Desarticulación del comando legal armado Gaztelu e incautación de una furgoneta cargada de explosivos. En la operación policial resultaron detenidos Irkus Badillo Borde, Gorka Vidal Álvaro y Beñat Barrondo Olabarri.

Diligencias 01/04 de la Unidad Central Especial n.º 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Sin denominación

11.02.2005

Varias localidades de Vizcaya

2

50

Desarticulación del comando Adur. Detención de Javier Pérez Alduante y Ieltxu López de Aberasturi Rodríguez. El primero de ellos recibió en abril de 2004 la orden de la dirección de ETA de trasladarse a Palma de Mallorca para realizar vigilancias sobre lugares de la isla frecuentados por el rey Juan Carlos durante las vacaciones de Semana Santa. A tal efecto, Pérez Alduante se desplazó a Mallorca y permaneció allí en torno a un mes y medio. Finalmente no se pudo materializar el plan que la organización terrorista pretendía, al no recibir por parte de la misma un rifle con el que pretendía asesinar a larga distancia al rey mediante la utilización de una mira telescópica.

Diligencias 02/05 de la Unidad Central Especial n.º 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Frontón y Bolas

21.07.2008

Varias localidades de Vizcaya

12

300

Desarticulación del comando de liberados Askatasun Haizea. En la operación policial resultó detenido el miembro liberado de ETA Arkaitz Goicoechea Basabe, junto a otras once personas más integrantes de la estructura del comando. Este comando materializó ocho acciones terroristas, algunas de ellas mediante la utilización de coche bomba como las llevadas a cabo el 24 de agosto de 2007 contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango (Vizcaya) y el 14 de mayo del año siguiente contra el de Legutiano (Álava).

Diligencias n.º G481912111-08-000118 del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya.

Fui magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012, excepto en el periodo comprendido entre mayo de 1993 y mayo de 1994. En el Real Decreto 627/1993, de 2 de mayo, se declaró mi excedencia voluntaria en la Carrera Judicial tras ser elegido diputado al Congreso por Madrid en la quinta legislatura (1993-1996). Poco después, el 30 de julio siguiente, otro Real Decreto, el 1341/1993, recogía mi nombramiento como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. Un año más tarde, se publicó el Real Decreto 997/1994, de 13 de mayo, por el que se disponía mi cese en ese puesto, tras lo cual me reincorporé de nuevo al Juzgado que había ocupado previamente. Por esta razón, no se han contabilizado en el listado dos operaciones policiales llevadas a cabo por la Guardia Civil durante mi año de excedencia y cuyas diligencias fueron entregadas en dicho Juzgado: la primera, realizada el 21 de septiembre de 1993 en varias localidades de Guipúzcoa, concluyó con la desarticulación de un talde de legales, entre los que estaba Ander Beristain Bemedo, que daba apoyo al comando de liberados Donosti de ETA; la segunda, en varias localidades de Vizcaya, permitió desarticular un comando legal de información. Además, disfruté de una licencia por estudios desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 30 de junio del año siguiente. Durante ese periodo, la Guardia Civil no llevó a cabo ninguna operación en que interviniese el Juzgado Central de Instrucción número 5.

4

Extraños compañeros de cama

No puedo afirmar que la Justicia sea corporativa. Es posible, aunque si tuviera que basarme en lo que a mí se refiere, diría que no lo es sin dudarlo. Pero, desde luego, donde brilla por su ausencia es entre los medios de comunicación cuando se trata de los intereses políticos o económicos que los rodean. Quizá existan alianzas temporales o coyunturales, pero, desde luego, en el mundo de los mass media rige la máxima de acabar con el competidor como una «obligación». Los pactos de no agresión son raros y, cuando se producen, más bien obedecen a razones de índole estratégica.

A lo largo de mi vida he tenido ocasión de conocer, hablar e incluso tener amistad con algunos periodistas. Ninguno de ellos, como es lógico, se resiste a no publicar un scoop —una exclusiva— aun cuando pueda suponer un grave riesgo de daño potencial o real para una colectividad… o una investigación judicial. En treinta y dos años de carrera como juez, solo he conocido un caso en el que la periodista, al decidir sobre los intereses en juego, valoró más el posible perjuicio que el éxito personal al adelantar en solitario la noticia. En general, sin embargo, la sola posibilidad de que alguien se adelante actúa como una espoleta de activación de la información sensible. Durante el tiempo en el que trabajé en la Audiencia Nacional, se vivieron situaciones tensas entre funcionarios y periodistas. Unos para proteger la investigación y otros para publicitarla. Pero también se han producido situaciones en las que se ha entregado información de forma temeraria e inconsciente, hasta el punto de perjudicar el éxito de las indagaciones. Recuerdo una anécdota reveladora de la auténtica batalla entre preservar la instrucción y revelar su contenido. Ocurrió el 29 de abril de 2002 cuando se iba a materializar la detención de múltiples responsables de las herriko tabernas, que según la instrucción formaban parte de la estructura de ETA. La filtración de la operación policial ordenada por mí, desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, determinó que varios líderes abertzales se encaramaran con cadenas a las terrazas para evitar que se clausuraran las más de cien herriko tabernas. Cuando el comisario Jesús de la Morena me comunicó lo que ocurría, suspendí la operación e insté a que volvieran a Madrid todas las unidades. Ante esta situación, las personas que estaban prevenidas abandonaron su actitud. Entonces, ordené de nuevo la reactivación, de modo que fue imposible la filtración y se materializaron las detenciones. Pero ha habido otras muchas anécdotas, como salir de un registro en Bilbao a las cinco de la madrugada y encontrarnos a un cámara esperando, o comprobar que la propia policía, tras grabar imágenes para fines del sumario, las facilitaba a la prensa, aunque no a toda ella. Las filtraciones se producían por sectores. Uno podía saber, según el periodista, cuáles eran sus fuentes, cómo se iba a filtrar la información y por qué. En ocasiones, la filtración formaba parte de la propia estrategia policial, con independencia de la clase de funcionarios que actuaran. Junto a estas permeabilidades de datos de la casa judicial o policial, estaban —y siguen estando— las políticas. Desde el Ministerio del Interior era normal facilitar información a los medios, violando sistemáticamente el secreto del sumario. Investigaciones secretas que aparecían en la prensa con consecuencias inmediatas para el responsable de la investigación, es decir, del juez, hasta el punto de abrirse diligencias penales o disciplinarias contra él u otros funcionarios.

Algunas de las medidas que se ponían en práctica para evitar las filtraciones eran de risa: cerrar los espacios, reclamar silencio a los funcionarios, prohibir el acceso a los periodistas en la planta respectiva de la Audiencia Nacional…, mientras, desde la estructura jerárquica, se autorizaba el libre acceso de los periodistas, que se mezclaban con testigos e imputados antes, durante y después de las declaraciones. En ocasiones, y esto era y es lo verdaderamente grave, se facilita y se sigue haciendo el acceso no solo a expedientes archivados, sino también a causas vivas y en tramitación. Recuerdo haber entrado en una ocasión en el despacho de un fiscal y ver a un reputado periodista «de investigación» tomando notas del sumario que, literalmente, reprodujo al día siguiente en su medio.

Entre los periodistas también se identificaba por qué diario se decantaba cada uno de los jueces, fiscales o funcionarios. De modo que, hace mucho tiempo ya, las leyendas urbanas tomaron carta de naturaleza en la Audiencia Nacional. En ocasiones, las informaciones reservadas han sido transmitidas, directamente o por teléfono, mensajes o contactos, sin el menor pudor. La utilización, por parte de altos responsables o directores de medios, de los jueces y fiscales en general, penosa en muchos casos, estaba auspiciada por intereses no muy claros. Lo malo de esta situación no es que la ciudadanía acceda a la información como derecho, sino que nunca se haya tomado en cuenta la concurrencia de intereses contrapuestos cuya confrontación ha podido producir perjuicios irreparables. Existe una necesidad de compenetración entre el secreto sumarial y la discreción que debe acompañar a las diferentes actuaciones de la jurisdicción penal, al menos en la fase de investigación, para permitir el éxito de la misma, sin que esto sea contrario al derecho a difundir información veraz y contrastada. Todo ello en una sociedad en la que la información tradicional y la difundida a través de las redes sociales o en tiempo real por internet se han convertido en un elemento nuclear de la convivencia ciudadana.

Sin embargo, en este equilibrio, el principio de presunción de inocencia ha salido mal parado. El hecho de que alguien sea citado a declarar como imputado —ahora se emplea el término investigado— o bien como simple testigo supone, al menos en España, la estigmatización frente a la sociedad. Los informativos, y especialmente la virulencia de algunos comentaristas bien aleccionados, saben bien cómo destruir a una persona sin apenas inmutarse. Cualquier rectificación posterior o es inocua o será mucho menos impactante que la destrucción previa.

Pero sería sumamente injusto si no resaltara, aquí y ahora, que la acción de la prensa como mecanismo de dinamización, difusión y concienciación sobre el valor de la justicia y el amparo de las víctimas se ha convertido, en los últimos años, en algo esencial para hallar la protección integral de los más vulnerables, dar a conocer los mecanismos de la justicia y difundir ciertos principios que solo pertenecían a la élite judicial y, por ende, eran más proclives a la manipulación y los acuerdos, a veces inconfesables. A pesar de los abusos o intereses cruzados que puedan ventilarse, unos pocos y valerosos periodistas han defendido y practicado el verdadero periodismo, aquel al que se refería Joseph Pulitzer cuando afirmaba: «Una prensa libre debería luchar siempre por el progreso social, nunca tolerar la injusticia o la corrupción, luchar contra la demagogia de cualquier signo, nunca obedecer a intereses partidistas, oponerse siempre a las clases privilegiadas y a todas las sabandijas de la sociedad, mostrar siempre compasión por los pobres y permanecer siempre fiel a la defensa del bienestar público».

Sin embargo, como suele ocurrir con las enseñanzas de los maestros, la competitividad cainita entre los medios puede conducir a la distorsión de los hechos y a la lucha por el acceso a las fuentes de información favorecida entre quienes deberían protegerlas. Y producir daños personales, familiares o profesionales irreversibles. La tendencia de algunos profesionales del ámbito judicial a actuar pensando más en un aparente rédito político o de imagen que en una verdadera profundización en el asunto de que se trate puede interesar a corto plazo, pero, a la larga, daña irreversiblemente el sistema de justicia.

Los casos Sogecable y Telecinco

La incidencia de la comunicación de noticias judiciales en la vida pública, especialmente cuando se refieren o surgen de investigaciones penales, es de tal importancia que resulta muy difícil entender una sociedad democrática actual si esas pesquisas y sus interioridades no son transmitidas, comentadas o analizadas por los medios de comunicación o en las redes sociales. Hoy en día nadie se sustrae a la inercia de la comunicación. Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Haystack, Youtube… Quien no tiene un perfil en internet no está a la altura. Incluso hay funcionarios públicos que tienen un blog o sitio en el que comentan sus noticias e incidencias. Esto es bueno para la transparencia del sistema y refuerza el Estado de derecho, y siempre me he pronunciado a favor de las mismas como un mecanismo de participación y vigilancia ciudadanas que obligue a abrir los palacios de justicia. Pero corren el peligro de convertirse también en el medio más idóneo para quebrantarlos, por cuanto la incidencia del «juicio paralelo» puede ser de tal nivel que distorsione definitivamente la ecuanimidad y solvencia de la opinión que se emita.

Lo cierto es que también existe el llamado periodismo de queroseno, aquel que, sin respetar ninguna de esas consideraciones, antepone la publicación de la noticia a cualquier otro interés, sin preocuparle su imparcialidad, ecuanimidad, independencia o veracidad, y asumiendo exactamente los valores contrarios, tales como la maledicencia, la venalidad o el interés propio, partidista, corporativo o económico, sobre cualquier otra posibilidad. Es aquí cuando el medio pierde su sentido democrático y convierte el ejercicio de un derecho en la negación del mismo; cuando la rivalidad y competencia se transforman en aprovechamiento oportunista y quebrantamiento de cualquier regla ética de conducta o actuación.

Y si además del interés profesional se añade el económico a costa del competidor y para hundir al que discrepa, se entra en una dinámica perversa como la que se produjo en España hacia la mitad de los años noventa del siglo pasado, cuando, en el área de los medios de comunicación, se libraron auténticas guerras de poder político y económico, una confrontación a la que no fueron ajenos los órganos judiciales.

Los casos Sogecable y Telecinco reflejaron bien a las claras esas esferas de poder. En ellos se puso de manifiesto la confrontación del poder político del Gobierno con los medios contrarios, impulsada por el afán de controlarlos, o se buscó un beneficio económico para los «amigos». En uno y otro, lo que más sufrió fue la propia credibilidad del sistema judicial. En ambos, el escenario de actuación fue, de nuevo, la Audiencia Nacional, que siempre ha sido el objetivo primordial de esos juegos de guerra en los que la posición ganada era defendida hasta la extenuación por políticos, empresarios, banqueros, medios de comunicación, narcotraficantes o terroristas, salvando las distancias entre unos y otros, pero sin olvidar cómo algunos, durante más de diez años, han mantenido una bandera por intereses estrictamente económicos y políticos aun contando con evidencias contrastadas, la verdad material y judicial, en contra. Me refiero aquí al otro gran caso de manipulación mediática, el derivado de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Algunos jueces, fiscales y profesionales de la justicia hemos sido, incluso aún hoy, «tontos útiles» o títeres en manos de algún que otro prestidigitador oportunista, sin percibir siquiera nuestro protagonismo en ese sentido. Pero en el desarrollo de esta contienda, las consecuencias han sido definitivas y dañosas para las víctimas, contribuyendo a la falta de credibilidad de la Justicia. Una vez más.

Sogecable: someter al medio

Cuando los intereses corporativos de las empresas periodísticas se anteponen al ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información, y una o varias de ellas son auspiciadas, apoyadas o utilizadas por un Gobierno o por intereses económicos determinados para acabar con la otra o hacerse con el control de la información a modo de monopolio, se ponen en riesgo la libertad y la democracia. Y cuando para lograr sus fines se utiliza a la Justicia, el menoscabo es mucho más grave y dañino.

En marzo de 1996, tuvo lugar el primer gran cambio electoral en España después del que vivió la Unión de Centro Democrático (UCD). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había permanecido en el gobierno desde 1982 hasta entonces, cedió el paso a la derecha. El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales por muy escaso margen, a pesar de la grave incidencia que había tenido en las mismas. Pesaron en este relevo político los casos de los GAL (Segundo Marey, Lasa y Zabala, Oñaederra) con la imputación de altos mandos del Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil en la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo. Estos casos llevarían a la condena del exministro Barrionuevo y otros miembros de las cúpulas sucesivas de dicho ministerio entre 1982 y 1993. José María Aznar y el PP siempre consideraron que, tanto en la derrota de 1993 (en la cual tuve participación) como en la de 1996 (en la que colaboré indirectamente), el Grupo Prisa reveló una gran incidencia por el apoyo claramente decidido que había otorgado al político del PSOE. En esa animadversión y en la clara decisión de controlar los medios de comunicación o un sector importante de los mismos y, especialmente, el desarrollo de las plataformas digitales, debe ubicarse lo que aconteció en el ámbito judicial con el denominado caso Sogecable.

La acusación de apropiación indebida de los depósitos de cuotas de la plataforma digital Canal Plus —propiedad de Sogecable, es decir, de Prisa— se sustentó inicialmente en un «informe fantasma» elaborado, al parecer, en alguna de las instancias gubernamentales y que, oportunamente, se puso en circulación de la mano de algunos periodistas y medios «amigos» hasta que, tras los pasos pertinentes, fue a parar a la mesa del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en febrero de 1997. Por decisión harto discutible del juez Javier Gómez de Liaño, se dio trámite a un verdadero sofisma judicial que acabaría con su propia carrera judicial al ser imputado y condenado por varios delitos de prevaricación cometidos en el procedimiento de esta causa. Posteriormente fue indultado por el gobierno del PP.

Pero hasta que ese resultado se produjo, tuvo lugar toda una operación de acoso y derribo de algunos de los máximos responsables de ese grupo de comunicación desde instancias gubernamentales, grupos periodísticos contrarios y sectores judiciales concretos. De forma casual y debido a las normas de sustitución en la Audiencia Nacional, me vi inmerso en esta vorágine, en un proceso judicial contra mí y finalmente como testigo a propuesta del propio juez imputado, el señor Gómez de Liaño.

Me tocó vivir una «guerra» similar años después, a miles de kilómetros, durante el tiempo en el que formé parte del Gobierno argentino como asesor del ministro de Justicia (2013-2015) en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando este se enfrentó a una de las corporaciones mediáticas más poderosas, el Grupo Clarín, que aún se mantiene con causas judiciales abiertas y con decisiones ejecutivas del nuevo presidente argentino Mauricio Macri —para volver las cosas a «su debido estado»— que son, más que discutibles, inconstitucionales. Los poderosos siempre ganan, con razón o sin ella.

En aquel tiempo (1997), la derecha española y toda la prensa proclive a la línea política conservadora identificaban el «polanquismo» (por Jesús de Polanco, presidente de Prisa) con el «felipismo» (por Felipe González), considerando que, si uno de ellos caía, también lo haría el otro. Este era el objetivo y a él se aplicaron diferentes actores de lo más variopinto y desde distintos lugares, pero todos con un idéntico objetivo muy poco democrático: acabar con el Grupo Prisa.

El ataque a la libertad de expresión, bajo el ropaje de acciones judiciales espurias, no es nuevo ni desaparecerá, pero cuando el poder ataca a medios de comunicación, sin más objetivo que silenciarlos o someterlos, se rompen premisas democráticas que son intangibles y que eliminan la pluralidad que debe presidir todo Estado de derecho.

Gabriel García Márquez —premio Nobel de Literatura—, junto con el filósofo Norberto Bobbio, los escritores Norman Mailer, Susan Sontag, Umberto Eco, Carlos Fuentes y varios centenares más de intelectuales, directores de periódicos y profesionales de Europa y América afirmaron, en marzo de 1997, que la cúpula de Prisa estaba siendo objeto «de una campaña de descrédito profesional y personal que trata de minar su honorabilidad y la credibilidad e independencia de El País».

La propia Comisión Europea echó abajo algunas de las decisiones del Gobierno del PP en contra de Sogecable, abriendo paso al normal uso de un decodificador de emisiones digitales que era rechazado por el Ejecutivo por razones más ideológicas que técnicas. El entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, promovió varias iniciativas legislativas a partir de un decreto que fue anulado en 2002 por doble infracción de las normas de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo, por su parte, acabó con la «guerra» encabezada en su momento por José María Aznar cuando en 2003 obligó al Estado a resarcir con una indemnización a la empresa perjudicada, en otras palabras, la plataforma de televisión digital promovida por Sogecable.

Pero hasta que esto llegó, una serie de hechos relevantes tuvo una gran importancia en el intento de instrumentalización de la justicia en el caso Sogecable.

Un antes y un después

Cualquier hecho se perfila de forma diferente con el paso del tiempo, según el interés concurrente al tiempo de suceder y por las consecuencias hacia el futuro que produzca en los afectados. El caso Sogecable marcó un antes y un después en la percepción del papel de los medios de comunicación y de cómo estos pueden utilizarse para instrumentalizar a determinadas instituciones y, en particular, a la Justicia. Aún me cuesta asumir determinadas posiciones que ciertos operadores judiciales adoptaron en este caso.

Eran tiempos de trinchera para algunos profesionales de la Audiencia Nacional a los que eufemísticamente se nos llamaba, para excitar nuestra beligerancia, los indomables. Algunos medios, especialmente El Mundo, habían acuñado este término para referirse a un conjunto de jueces y fiscales (Javier Gómez de Liaño, María Dolores Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño, Pedro Rubira, Ignacio Gordillo y yo) que, en esos momentos, estábamos en el punto de mira de determinados sectores, con el fin de «apoyarnos» en la tramitación de determinadas causas como las de los GAL. Recuerdo un editorial de ese periódico, publicado el 13 de enero de 1997, en el que me defendía de las invectivas que El País y la Cadena SER me dedicaban a cuento de unas declaraciones de José Amedo contra mí en el caso Marey ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El periódico terminaba diciendo: «¿Qué tiene esta gente contra Garzón que tanto los obsesiona? Mírese la lista de poderosos cuya actuación ha investigado. Ahí está la respuesta».

Pobres diablos, no nos dábamos cuenta de que ese apoyo era simplemente la excusa para utilizarnos en función de intereses políticos y económicos que nada tenían que ver con la justicia. Lo malo de aquel tiempo es que el presente es deudor del pasado y las delgadas líneas rojas entre unos intereses y otros se han ido haciendo más tenues hasta casi desaparecer, con lo cual han propiciado ejemplos muy preocupantes de aprovechamiento torcido del sistema judicial. La manipulación informativa en torno a los atentados terroristas del 11-M y el caso Gürtel han sido ejemplos paradigmáticos en nuestro país.

El sufrimiento personal padecido en el caso Sogecable fue la continuación de otros previos, pero también el primero en el que, por ser coherente y sostener los principios de imparcialidad e independencia que siempre me han guiado en la vida, me vi sometido, en forma sorprendente, a una «investigación judicial» instada por los causantes de los hechos denunciados y por un Consejo General del Poder Judicial que, en vez de proteger mi independencia y auspiciarla, dio crédito a lo que no era más que el fruto de la trama urdida por un conjunto de personas cuyas actuaciones nada tuvieron que ver con la defensa de la legalidad y de la libertad de expresión, a pesar de que se revistieron, y aún lo hacen hoy, con esa bandera. Es decir, por denunciar unos hechos que en algún caso podrían haber sido considerados como delictivos para quienes los urdieron, tuve que comparecer ante la justicia en calidad de imputado en un procedimiento judicial que no pasó de ser una farsa. Pero cada cosa a su tiempo.

LOS HECHOS QUE SE INVESTIGABAN

De acuerdo con los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 1999, por la que se condenó al magistrado juez Javier Gómez de Liaño, el 25 de febrero de 1997 este, como magistrado juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, incoó actuaciones penales como consecuencia de la denuncia de cuatro folios, acompañada de tres ejemplares de la revista Época, presentada el día anterior por Jaime Campmany. En dicha denuncia, referida a sucesos ocurridos un año antes, se hacía constar que a partir del 1 de septiembre de 1991 y hasta enero de 1996 las sociedades Sogecable y Canal Plus habían «actuado como sociedades paralelas» y que, según consta en el Registro Mercantil, el importe de los depósitos de los abonados constituidos por el uso de los decodificadores y adaptadores «se encuentra contabilizado en el pasivo del balance de la sociedad Sogecable». Se señalaba también en la denuncia que «exactamente el 2 de enero de 1996, la sociedad Canal Plus adquiere la totalidad de las acciones de Sogecable, para al día siguiente, 3 de enero de 1996, la Junta General de Accionistas de Sogecable acordar su disolución sin liquidación, aunque realizó una cesión global de activos y pasivos a Canal Plus que, a su vez, modificó su denominación social por la de Sogecable». Agregaba el denunciante que «en estas operaciones, al parecer, y según criterio de algunos economistas y juristas, se han utilizado indebidamente los depósitos en garantía de los abonados cuando, por disposición legal, deberían haber permanecido en cuenta aparte». También se denunciaba que «a los nuevos abonados bajo la fórmula de “impuesto incluido” se les siguió cobrando la misma tarifa (del IVA), lo que representó para la sociedad unas ganancias de 5.500 millones de pesetas [unos 33,06 millones de euros], con el perjuicio proporcional para cada abonado».

El denunciante no fue citado para ratificar la denuncia ni para recibirle declaración, pero, luego de haber sido declarado el secreto de las actuaciones en auto de 27 de febrero de 1997, con la conformidad del fiscal expresada en un breve dictamen de menos de cuatro líneas, el juez escuchó al periodista Miguel Platón, quien aportó un documento de siete folios sin firma, que atribuyó a los señores Rafael Pérez Escolar, Gerardo Ortega y, probablemente, Ramón Tamames, del que extrajo los datos para el artículo de la revista Época por él suscrito.

El mismo día se presentó en la causa ejerciendo la acción popular Javier Sainz Moreno, quien fue tenido por parte acusadora en el auto del día siguiente, 28 de febrero, no obstante disponer solo de habilitación profesional para asuntos propios. En dicho auto no se exigió fianza correspondiente. En esta misma resolución el magistrado dispuso también: «No ha lugar por el momento a adoptar medida cautelar alguna, si bien el presidente del Consejo de Administración, el consejero delegado y el secretario general del Consejo de Administración de Sogecable S. A., más el querellado José A. Rodríguez Gil, no podrán salir del territorio nacional sin conocimiento y autorización del Juzgado». Tanto una como otra resolución fueron recurridas en reforma por los afectados. El juez desestimó los recursos en dos autos, de 10 y 13 de marzo.

El 4 de abril, en ejecución de lo dispuesto sobre la prohibición de salir del territorio nacional a determinados querellados, el juez dispuso «no autorizar los viajes al extranjero que tienen programados Jesús de Polanco y José Antonio Rodríguez Gil». El fiscal, por su parte, consideró respecto de esta decisión que «la medida cautelar adoptada —prohibición de salir al extranjero— puede ser desproporcionada en relación con las investigaciones realizadas hasta el presente momento» y, en consecuencia, interpuso recurso de reforma.

Posteriormente, el instructor autorizó los viajes que había denegado en su resolución de 4 de abril. El día 10 de ese mes, el fiscal interesó el levantamiento del secreto de las actuaciones. El juez no accedió, pero poco después dispuso el levantamiento parcial del secreto. Este auto fue recurrido también por el fiscal el 17 de abril: «Entendemos, con los máximos respetos, que ni siquiera respecto de aquellas diligencias que el auto impugnado considera procedente mantener reservadas cabe ya el mantenimiento del secreto». El recurso fue desestimado por el juez por auto de 5 de mayo.

Mediante otro auto, de 7 de mayo, la Audiencia resolvió el recurso de queja contra el auto de 28 de febrero interpuesto por los señores Polanco Gutiérrez, Cebrián Echarri y Aranaz Cortezo, dejando sin efecto este último en cuanto establecía que los recurrentes «no podrán salir del territorio nacional sin conocimiento y autorización del Juzgado». La Audiencia motivó su decisión en «la falta de fundamento legal y material y, por ende, la arbitrariedad de la medida adoptada por el instructor».

En otro auto, esta vez de 13 de mayo, la Audiencia estimó el recurso de queja interpuesto por los querellados nombrados en el párrafo anterior y, en consecuencia, dejó «sin efecto la declaración del secreto del procedimiento, decretado en el dispositivo primero del auto de 27 de febrero». En el razonamiento jurídico quinto, la Audiencia manifestó que «el secreto, en cuanto a las pruebas periciales en curso, no se justifica objetivamente con la protección de la investigación y el valor de la justicia, que ambos son compatibles con el régimen general de publicidad interna de las diligencias y que sin siquiera como limitación parcial es admisible en tanto ni es imprescindible, necesario, adecuado o proporcional».

A continuación, el juez ordenó el levantamiento del secreto, en cumplimiento del auto de la Audiencia, señalando que lo hacía «dejando a salvo la responsabilidad del instructor por los perjuicios que puedan derivarse para la investigación sumarial». Con lo cual, trataba de revertir contra la Sala los posibles perjuicios que pudieran derivarse. Sin embargo, al día siguiente, 14 de mayo de 1997, dictó una providencia en la que ordenó: «Ante la incidencia que el levantamiento total del secreto pudiera tener en las investigaciones que actualmente realizan los funcionarios de la Policía Judicial adscritos a esta causa, por la vía más rápida —incluida la telefónica— solicítese información de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera».

La Brigada informó por fax el mismo día, previa comunicación telefónica con el juez: «Dentro del trabajo policial que obra en ese Juzgado, existen diligencias solicitadas, cuyo conocimiento por las partes no perjudica la investigación, porque se van a realizar sobre documentos ya existentes que no pueden ser modificados externamente, pero existen otros en la actualidad que, de ser aceptados judicialmente, su conocimiento previo por las partes puede hacerlos ineficaces, como por ejemplo la obtención de los datos sobre empleados de la Sociedad de Gestión del Cable S. A. [es decir, Sogecable], para tratar de fundamentar posteriormente, mediante toma de declaraciones no preparadas, si esta empresa era o no instrumental de la Sociedad de Televisión Canal Plus S. A. En cuanto a las gestiones policiales futuras, la Autoridad Judicial tendría que valorar puntualmente si los caminos de esclarecimiento de los hechos que se le ponen de manifiesto pueden ser o no desvirtuados de existir un conocimiento previo por las partes, puesto que en la investigación económica existe una evidente desproporción entre los medios que utiliza para avanzar en la verdad el instructor y los que posee el investigado para ocultarla».

El 15 de mayo el juez dictó un auto en el que decretó nuevamente «el secreto parcial de este procedimiento. En concreto, de las diligencias de investigación que, actualmente y encomendadas por el instructor, está practicando la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Unidad de Policía Judicial». En los razonamientos jurídicos, apoyándose en el informe de la Brigada, sostuvo el juez que «sin perjuicio de la publicidad sumarial decretada por la Sala el pasado 13 de mayo al estimar el recurso de queja de tres de los querellados, ese secreto debe decretarse de nuevo para el futuro, aunque solo sea para las diligencias que desarrolla la policía judicial adscrita al proceso». Este auto fue recurrido en reforma por los querellados, pero no por el fiscal. El recurso fue desestimado, en el auto de 11 de junio de 1997, por el propio instructor.

El secreto fue levantado definitivamente mediante un auto fechado el 12 de junio, luego de la comparecencia de los funcionarios policiales presentando su informe pericial y acogiendo el criterio de estos respecto de la no necesariedad del secreto. Lo curioso de este caso es que, como tiempo después me contó el comisario general de la Policía Judicial, Jesús Espigares, en una cena con autoridades marroquíes, Javier Gómez de Liaño —en la llamada que hizo al funcionario de la Policía Judicial responsable de la investigación— le ordenó que le remitiera un oficio en el que se debía decir que el alzamiento del secreto sería perjudicial y que debía decretarse otra vez. El citado comisario me indicó que existe una nota informativa de ese tema.

Mediante auto de 26 de junio de 1997, dictado en la pieza de situación del señor Polanco, el juez decretó la prisión provisional eludible mediante fianza de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros). En los fundamentos de este auto afirmaba que «no se encuentran razones de estricta necesidad para la aplicación de prisión provisional incondicional», que «se rechaza el criterio de la alarma social», pues «en el presente caso no se ha detectado una intranquilidad generalizada», y que «tampoco puede decirse que el imputado tenga absolutamente decidido eludir el proceso y sus eventuales responsabilidades mediante una huida y no se han detectado maniobras claras de perjudicar la instrucción». Si esto era así, no se alcanza a comprender la razón por la cual fijó aquella fianza, más allá del propio capricho de hacerlo.

El 5 de julio, Juan Luis Cebrián presentó escrito de recusación contra el juez, correspondiéndome a mí la tramitación de la misma, de acuerdo con las normas de sustitución entre jueces aprobadas por la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional. La tramitación fue sumamente accidentada hasta que, el 3 de septiembre, dicté un auto por el que acordé mi abstención por el conocimiento extraprocesal derivado de comentarios presenciales y de referencia acerca de ciertos hechos que habían tenido lugar en reuniones, conversaciones telefónicas y encuentros entre el instructor y personas como el denunciante inicial, Jaime Campmany, y el abogado Antonio García-Trevijano, y en las que se habían tratado cuestiones que afectaban al juez, el modo de llevar la causa y las supuestas relaciones o acuerdos con otras personas sobre el contenido de la investigación, la supuesta intención de extender artificialmente la causa en forma prospectiva y «la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto de alguno de los querellados». Esta abstención fue aprobada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

No obstante y para prevenir ese resultado, el señor Gómez de Liaño, inmediatamente que se notificó el auto de abstención, el 4 de septiembre, se dirigió al Consejo General del Poder Judicial, poniendo en su conocimiento la resolución y consiguiendo que la Comisión Permanente, de mayoría conservadora, adoptara el acuerdo sin esperar a la decisión de la Sala de Gobierno, probablemente para conseguir que no se ratificara mi decisión de abstenerme, y así dar traslado inmediato al fiscal general del Estado con el fin de que ejercitara las acciones penales correspondientes.

Con una rapidez inusitada, y una ligereza aún mayor, impropia de la gravedad del caso, el mismo 5 de septiembre el fiscal general dio curso a una denuncia sui géneris —en la que, sin fundamento, capciosamente afirmaba la imposibilidad inicial de concretar los hechos y sus presuntos autores— ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que incoó sin solución de continuidad la Causa Especial N.º 2790/97. La denuncia hacía referencia genérica a la posibilidad de que fueran aplicables los artículos 446, 449, 450, 456, 458 y 498 del Código Penal, y el magistrado instructor designado, antes de discriminar contra quién dirigía el procedimiento penal, optó por abrir la investigación contra todos, lo que propició el archivo inmediatamente después de tomar declaración, apenas un mes tras haberse iniciado.

Tan genérica y falta de contenido era la denuncia que únicamente fue un elemento instrumental para evitar una verdadera investigación en profundidad, en la cual hubieran aparecido todos los «tejemanejes» y a la que unos cuantos desaprensivos se adelantaron utilizando al juez instructor, quien, a su vez, se dejó manipular. Recuerdo la anécdota que sucedió cuando comparecí ante el magistrado instructor, el señor Delgado, quien fue incapaz de decirme cuál era la razón por la que comparecía ante él, hasta el punto de que el teniente fiscal del Supremo, en esa época lo era el señor Luzón, hubo de decirle que llevaba razón cuando le demandaba que me informara de los hechos y supuestos delitos que se imputaban. La respuesta del señor juez fue: «Eso no es relevante».

A pesar de la clara incitación del fiscal general, la Sala de Gobierno aprobó mi decisión, continuándose la tramitación de la recusación, una vez que se abstuvo también el juez García Castellón, hasta que fue estimada y Gómez de Liaño fue apartado por el juez Ismael Moreno Chamarro.

Posteriormente, el juez Gómez de Liaño, de forma incomprensible, me propuso como testigo de la defensa en el juicio contra él mismo como autor de tres delitos de prevaricación por dictar resoluciones injustas (los autos que le fueron revocados por la Sala). El caso concluyó con la condena de aquel, por un delito continuado de prevaricación, a una pena de quince años de inhabilitación.

Lo que aconteció después se resume en breves palabras: la sentencia se ejecutó (hasta ese momento, el juez Gómez de Liaño no había sido suspendido en sus funciones), pero rápidamente el condenado recibió el indulto por parte del Gobierno del Partido Popular a propuesta del ministro Ángel Acebes y, después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) le dio la razón en el sentido de que los magistrados que lo condenaron habían intervenido, como era la norma entonces, en las fases de control de la instrucción.

Los hechos vividos

Tal como lo viví, lo relato aquí. Debo reconocer que, a finales de enero de 1997, tenía muy poca idea de lo que eran Sogecable y las plataformas digitales. No me interesaban demasiado y apenas tenía más que la información general de tipo medio que se publicaba. Mi atención, en aquellos momentos, se centraba en las diferentes investigaciones sobre el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la jurisdicción universal y la corrupción que estaba llevando en la Audiencia Nacional. Las «guerras» entre los medios, bastante encarnizadas, por cierto, no me interesaban más que como ejemplo de lo que no debía ser y para prevenirme de unos y de otros. Eran tiempos en los que, en función de los intereses respectivos, unos me defendían y otros me atacaban, sin poder ocultar las filias y las fobias políticas, económicas e ideológicas en los casos de corrupción, y en los que se criticaba a la Audiencia Nacional por la supuesta lenidad en materia de persecución de las torturas y malos tratos a detenidos o por los escándalos de algunas libertades relacionadas con el tráfico de drogas.

Fue en ese contexto en el que, a iniciativa del juez Joaquín Navarro Estevan y el abogado Antonio García-Trevijano, a quienes conocía y con los que, esporádicamente, participaba desde 1988 en una tertulia de diferentes actores nacionales (políticos, periodistas, abogados, jueces, fiscales, empresarios, intelectuales), tuvo lugar una cena sui géneris en el despacho de Luis María Ansón, a la sazón director del ABC. La cita fue en la sede de este periódico en Madrid, a la que asistimos los ya citados más el profesor Jesús Neira y yo mismo.

Conocí a Luis María Ansón en una reunión que mantuvimos en 1993 cuando yo era secretario de Estado, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Posteriormente, en 1996 y a través de Navarro y García-Trevijano, volví a verle con el fin de limar asperezas entre ambos. El problema había surgido por la publicación de una información falsa acerca de un viaje en beneficio mío supuestamente pagado con fondos reservados en 1992. El artículo en cuestión se había publicado en febrero de 1995, días antes de que el secretario para la Seguridad, Rafael Vera, compareciera ante mí —como imputado en el caso Segundo Marey— y de la posterior demanda que le interpuse (y gané).

El encuentro con Ansón tenía cierto morbo, especialmente porque nos reunía por segunda vez al sempiterno director del periódico monárquico y a mí, después de los ataques sistemáticos que, durante años, el ABC me había dedicado a causa de las investigaciones sobre los GAL y mi paso a la política.

Debo reconocer que en ningún momento me sentí cómodo, como tampoco lo había estado un mes antes cuando asistí, el 27 de diciembre de 1996, a una cena en Somosaguas donde coincidí con un ramillete de periodistas contrarios al Grupo Prisa, entre los que destacaban Jesús Cacho, Jaime Campmany y Pedro J. Ramírez, y en la que este último, muy enfadado por el llamado Pacto de Nochebuena entre el Grupo Prisa y Antena 3, me dijo que se tomarían acciones contra Polanco y los demás con el fin de acabar con el monopolio del polanquismo.

En todo momento presentí un halo conspirativo torcido y sinuoso en unos y otros. Realmente percibía que estaba formando parte, quizá sin prever las consecuencias, de un grupo extraño a mí y a mi forma de pensar y actuar. No me sentía cómodo. Más tarde me di cuenta de que era de amplio espectro y figuraban en él actores con intereses muy específicos que yo no controlaba ni alcanzaba a intuir. Como luego comprobaría en el desarrollo del caso Sogecable, las actuaciones fueron torcidas y, además de costarle el puesto y la carrera a un magistrado, después debidamente indultado por el Gobierno popular casi de forma inmediata, según algunos por «agradecimiento», sufrí una evidente utilización de la que me fui liberando con enorme coste personal, y tras la cual se me acabaron los «apoyos» interesados provenientes de la «caverna mediática».

Comencé a comprobar hasta qué punto puede llegar la manipulación por parte de algunos medios de comunicación sobre determinados sectores judiciales que, torpemente o por interés particular, se prestan a ello. Yo decidí no hacerlo. Mi independencia iba en ello. Las consecuencias las empecé a sentir a partir de un artículo de advertencia de lo que me esperaba si me salía del «redil». Lo firmaba el periodista Pablo Sebastián y se publicó, si no recuerdo mal, en los primeros días de mayo de 1997, con el título de «Otelo Garzón». Fue después de que se hubiera admitido una nueva querella, ni más ni menos que de Jesús Cacho, otro de los «referentes» de la tendencia antipolanquista y anticebrianista, por Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián.

El despacho de Ansón

Recuerdo el despacho de Ansón como un lugar espacioso. El anfitrión comenzó la conversación en unos sofás situados en la parte izquierda de la estancia, que contaba con dos puertas, mientras tomábamos el aperitivo. Inicialmente se comentó un artículo publicado por el periodista Jesús Cacho en el que argumentaba que Jesús de Polanco y la sociedad Sogecable podrían tener problemas con el destino de los depósitos de Canal Plus.

No estaba muy al tanto del tema, pero presté atención. Luis María dijo: «Tengo en mi poder un informe —en realidad, una copia— elaborado por Vicepresidencia del Gobierno —no especificó más— en el que se dice que ha habido una apropiación indebida de miles de millones de pesetas». Ante esta revelación, García-Trevijano mostró un inusitado interés por el tema y dijo: «Si esto es así, es el fin de Polanco en cuanto llegue a manos del juez», y le pidió una copia del documento. Luis María contestó que se la daría, pero que su objetivo no era atacar a Polanco en el tema digital, de modo que estaba encantado con que lo hiciera Pedro Jota. Se levantó, hizo una llamada y al rato le entregó un sobre cerrado, insistiendo este en que aquello iba a ser una bomba contra Polanco y contra el felipismo.

Joaquín Navarro Estevan y yo hicimos algunos comentarios técnicos sobre la apropiación indebida y, específicamente, les dije que, desde mi punto de vista y por lo que me contaban, no se daba ese tipo delictivo. Al concluir esta cena, y sin haber visto el informe, le comenté a Jesús Neira que no me gustaba nada lo que habíamos presenciado en ese encuentro. Intuía que los acontecimientos se iban a precipitar en breve.

Así aconteció pocas semanas después, el 25 de febrero de 1997. El juez Javier Gómez de Liaño inició la tramitación de la causa en virtud de una denuncia presentada el día anterior por Jaime Campmany, familiar de su compañera sentimental, la fiscal María Dolores Márquez de Prado, en cuya casa y a instancias de ella había tenido ocasión de conocer en el transcurso de una cena al periodista Federico Jiménez Losantos, uno de los «líderes», hasta hoy, de la corriente más áspera y exacerbada del periodismo.

El juez tomó una serie de decisiones carentes de sustrato fáctico y con una justificación solo aparente que produjeron graves perjuicios a quienes las sufrieron. Ninguna de aquellas medidas era necesaria. Si realmente hubiera habido intención y materia, la investigación se hubiera hecho de otra forma y con una discreción diferente. El problema es que nunca hubo algo que investigar y, a pesar de ello, algunos personajes siniestros tomaron protagonismo y, a través de las técnicas conspirativas más clásicas, durante un tiempo consiguieron instrumentalizar gravemente a la justicia. Simultáneamente, los medios interesados y el Gobierno popular jalearon y animaron una investigación judicial a ninguna parte.

En el último trimestre de 1997, el juez Ismael Moreno resolvió la recusación, dando la razón a Juan Luis Cebrián y, por tanto, apartó del caso Sogecable a Gómez de Liaño y se hizo cargo de las diligencias. Un mes después, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió que Sogecable no se había apropiado de forma indebida de los depósitos de los abonados y que no se había producido estafa, aunque dejó abierta la posibilidad de que el juez Moreno mantuviera abierta la investigación de otros temas como el posible trato de favor a Canal Plus en la concesión de un canal de televisión o el delito fiscal, entre otros. Moreno acabó inhibiéndose en favor de los juzgados de Madrid.

En febrero de 1998, la Sala Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite una querella del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y de los consejeros Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón y Francisco Pérez González contra Gómez de Liaño. En marzo, el magistrado instructor del Tribunal Supremo le llamó a declarar por un posible delito continuado de prevaricación como consecuencia de su instrucción del caso Sogecable. En este proceso acabó siendo imputado el mismo día que la Audiencia Nacional archivó definitivamente las denuncias contra Sogecable, y todo concluyó en octubre de 1999 con una sentencia condenatoria para él.

Pero el caso aún duraría más tiempo, hasta el 22 de julio de 2008, fecha en la que el TDEH dictaminó que Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando el Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el caso Sogecable.

Actores principales, secundarios… y extras

En el caso Sogecable hubo una serie de actores principales apoyados por muchos actores secundarios y muchos extras. Como si de una trama de intereses se tratara, la Audiencia Nacional fue el escenario de una de las artimañas judiciales más enormes y groseras de la democracia española. Entre todos los participantes me quedo con la figura de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, que acabó como esposa y abogada del magistrado instructor en el caso por prevaricación al que fue sometido y que, desde mi conocimiento de lo acontecido, jugó un papel fundamental en la ruina judicial de Javier Gómez de Liaño. Ella enlazó a los diferentes personajes y coordinó las acciones, tanto dentro como fuera de la Audiencia Nacional. Su hermana era la esposa del hijo de Jaime Campmany, director de Época y denunciante en el caso. Incluyo la reflexión paradójica de que este había sido amigo del padre de Juan Luis Cebrián, director de El País, principal cabecera de Prisa. Juan Luis decía que, de niño, se había sentado en su regazo, literalmente. En este caso, esa amistad no tuvo efectos positivos.

¿Quién utilizó a Campmany? Un amigo con buenas fuentes de información, diputado en las filas populares de aquella legislatura, está convencido de que hay que mirar hacia el Gobierno de la época y que presumiblemente conocían los detalles Francisco Álvarez Cascos, José María Michavila (entonces secretario de Estado de las Cortes) y Pedro J. Ramírez, director de El Mundo. Piensa también que no fue ajeno al conjunto Rafael Pérez Escolar, más tarde condenado a diez años de prisión por el caso Banesto.

El mismo amigo me habla de otra persona cuyo nombre no se hizo público y que «azuzaba» a Javier y María Dolores contra Prisa. Hablo de una mujer, entonces novia del periodista Jesús Cacho. Al parecer, gracias a su relación se publicó todo este tema. Cosas de la vida.

En cuanto a Javier, pienso que en él encontraron a un hombre con unas características muy concretas y complejas, que favorecieron la apertura del procedimiento y el empecinamiento en su continuación.

Y en este contexto, con un ambiente relativamente complicado, efervescente, pudo tener relevancia el caso Banesto y la imputación de algunas personas en el mismo, como el hermano del juez, Mariano Gómez de Liaño, abogado de Mario Conde.

En aquellos momentos, el año 1996, los fiscales «indomables» a los que me he referido antes sí se veían muy implicados y se consideraban afectados, manchados. Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Pedro Rubira y Eduardo Fungairiño… Eran como una piña. Todos ellos instaron al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, quien tenía la potestad para presentar o no la querella contra Banesto, a que no lo hiciera.

Pero no les hizo caso y se organizó tal complicación que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, tuvo que tomar cartas en el asunto y decidió, a propuesta de la Inspección de la Fiscalía, trasladar a Aranda y abrir expedientes de traslado contra Gordillo y Márquez de Prado a causa de estos enfrentamientos. Úrculo inició, además, otros expedientes disciplinarios contra el teniente fiscal Eduardo Fungairiño y los fiscales Rubira, Gordillo y Márquez de Prado por diversas irregularidades.

Se puede hablar de una época alejada de la actual, pero con ciertos paralelismos, en la que sí había una gran sensación de corrupción en España. Un colega magistrado considera que, en esa situación compleja, quizá Gómez de Liaño decidió que era necesaria una especie de catarsis general que permitiera partir de cero, pensando algo así como «no solamente nosotros somos corruptos, sino que todos somos corruptos; hay que buscar la corrupción allí donde sea y hay que combatir la corrupción en todo el mundo».

Es ahí donde ciertos personajes, poco escrupulosos con la legalidad, vieron la oportunidad de seleccionar al juez «idóneo» para tramitar un caso como el de Sogecable.

Eduardo Fungairiño, teniente fiscal de la época, nucleaba a los «indomables» e idolatraba a María Dolores, hasta el punto de que, en una ocasión, mientras estaba tramitándose la recusación de Javier, me dijo que tenía que terminar el enfrentamiento con este. Yo le respondí que no estábamos enfrentados, sino que teníamos profundas discrepancias sobre la forma en la que estaba llevando las cosas y que, por tanto, lo mejor era que me abstuviese por mi conocimiento de algunos asuntos. La respuesta que me dio me dejó de piedra: «Si tengo que elegir entre María Dolores o tú, la elegiré siempre a ella aunque tú lleves razón». Debo decir que en ningún momento yo había mencionado el nombre de la fiscal. A partir de aquel momento comprendí la posición de Eduardo, que me ha demostrado hasta el día de hoy.

En ese ámbito hay que enmarcar los actos de afirmación que les brindaron a todos ellos, incluido también Javier Gómez de Liaño, los personajes que revoloteaban en torno a las decisiones que se estaban tomando en la Audiencia Nacional y que propiciaron los acontecimientos que rodearon y motivaron el caso Sogecable. El acto de reconocimiento público tuvo lugar en Madrid, alrededor del 20 de febrero de 1997 en el Palacio de Deportes de Madrid, inmediatamente antes de la presentación de la denuncia por Campmany. Realmente, con la perspectiva de los años, observo cómo se fabricó una cápsula en torno a nosotros, de la cual yo fui el único que salió. Cierto es que pagué bien las consecuencias.

Daba la impresión de que el caso Sogecable era un tema de ingeniería jurídica. Me explico: se actuaba como si alguna persona pensante se hubiera dedicado a reflexionar sobre dónde se podía hincar el diente en este tema, localizando algún punto sensible. Y se les ocurrió, por lo que se dijeron: «Resulta que estos han hecho un contrato y están utilizando el dinero que les han dado». Francamente, era algo que no tenía sentido. Para ver Canal Plus el usuario necesitaba un decodificador y depositaba una fianza. Ese afianzamiento entra en el pecunio de esa empresa, que lo considera contablemente separado, y establece una garantía. Me estoy refiriendo a una empresa solvente, no como ocurre en un banco que debe constituir un depósito.

Pero todo esto lo sé ahora.

Era una barbaridad

He de reconocer que a Javier siempre le había tenido una gran estima. Por esa razón le pregunté si estaba seguro del contenido delictivo de la causa y le advertí sobre las ideas tan particulares de García-Trevijano. Me quedé preocupado y lo comenté en casa. También Neira me comunicó esa sensación extraña.

En el mes de marzo las cosas fueron a peor. Antes de que Gómez de Liaño los hiciera públicos, el juez Joaquín Navarro ya me había dicho que García-Trevijano leía o visaba los autos sobre el caso. Unos días después, saliendo de un concierto en el Auditorio, fui testigo de cómo Javier hablaba con Pedro Jota sobre Sogecable diciéndole que iba muy bien y que se estaban abriendo nuevas vías de investigación. Al poco tiempo, Navarro me contó que María Dolores, Gordillo, Javier y García-Trevijano se habían reunido para comer y hablaron de Sogecable y de cómo apoyar mejor el asunto. A él se lo había contado García-Trevijano, que se mostraba entusiasmado, pues pensaba que así se reforzaría la querella.

Desconozco la transcendencia de aquellas acciones, pero para mí todo aquello era una barbaridad. No sabía qué podía hacer para ayudar a Javier y que no continuara por la pendiente resbaladiza en la que se había introducido. Me sentía agobiado. Más aún cuando, poco después, Navarro y Neira me llamaron por separado para explicarme que habían compartido su preocupación por Javier con García-Trevijano. La respuesta de este último fue terrible. Les dijo algo así como que Gómez de Liaño ya era mayorcito y sabía dónde se metía. Que había que conseguir que Polanco fuera a la cárcel y resultase condenado porque era el fin del sistema político. Que no le importaba la suerte del juez porque el dueño de Prisa debía ir a prisión con razón o sin ella.

Fue entonces cuando Jesús Neira se dio cuenta de que García-Trevijano estaba manejando a Javier. Que lo despreciaba, que no le importaba lo que pudiera ocurrirle y que no desearía que fuera juez de su causa. Que lo importante era que continuase el proceso a toda costa y que para eso estaba trabajando. Joaquín y Jesús se oponían a este planteamiento. En resumen, García-Trevijano les dijo que no comprendían nada. Esta era la operación más grande desde el advenimiento de la democracia y había que terminar como fuera con el polanquismo, por ser la única manera de acabar con el felipismo. Además, aseguró, este objetivo coincidía con los propósitos del Gobierno.

Entre tanto, Javier notificó a Pierre Lescure, presidente de Canal Plus Francia, que estaba incluido en las mismas diligencias abiertas contra Polanco, Cebrián y todo el Consejo de Administración de la compañía Sogecable, de la cual Lescure era vicepresidente. Al igual que los demás consejeros, tuvo que acudir personalmente al despacho de Gómez de Liaño para ser notificado de la querella presentada por Javier Sainz Moreno, un exabogado condenado judicialmente en 1987 por revelar los secretos de un compañero de despacho.

En este proceso, el momento más desolador para mí fue aquel en que diferentes fuentes me confirmaron que García-Trevijano conocía las resoluciones antes de que se notificaran a las partes. En concreto, supo el contenido del auto que denegaba el viaje a Polanco, fechado el 4 de abril de 1997, un día antes. Al parecer, María Dolores y Javier le llamaban con frecuencia para contarle la evolución del asunto y, además, este último le remitió el auto antes de que lo conocieran las partes. Me pareció inverosímil. Pensé que, de no acabar pronto este asunto, Gómez de Liaño lo pasaría mal.

Durante las siguientes semanas continuaron llegándome noticias sobre las reuniones de Javier y María Dolores con García-Trevijano. Y en El Mundo, Pablo Sebastián empezó a «interesarse» por mí. Alguien le había dicho que yo consideraba que no había delito en Sogecable, y de ahí surgió el artículo «Otelo Garzón» al que me he referido antes.

El 5 de mayo de 1997, Gómez de Liaño y yo quedamos para tomar un café en la cafetería de Zurbano 10. Él me había citado. Yo estaba con cien asuntos, como siempre. Recuerdo que me comentó varios temas que se llevaban en mi juzgado. Por ejemplo, acusó al fiscal Javier Zaragoza de no ser leal conmigo en el caso de Pablo Vioque (tiempo después de ser el juez del caso, Gómez de Liaño se convirtió en el abogado de este abogado narcotraficante al que yo había tenido en mi lista de pendientes desde la Operación Nécora, hasta que en 1997 conseguimos su detención en un caso del Central Uno y otro de mi juzgado).

Y dijo que me estimaba.

Le repliqué que estaba equivocado. Y que también yo sentía estima por él, pero mostré mi desacuerdo con algunas medidas que había tomado, entre ellas la admisión de una querella contra Sogecable por parte de Francisco Javier Sainz Moreno, al que le faltaba legitimidad porque la forma de notificación había sido gravosa, y el auto de prohibición de salida de Polanco, por innecesario.

Le pregunté cómo llevaba el tema, ya que no conocía el contenido del sumario. Me dijo que iba avanzando y que había descubierto un delito de blanqueo de capitales realizado por Sogecable a través de la editorial Santillana. Le advertí que eso no era posible porque debía investigar hasta 1996 y el delito de blanqueo no existió como tal hasta el 26 de mayo de ese año, a no ser que fuera procedente del tráfico de drogas, lo que supondría que Polanco era narcotraficante. No contestó a esto. Añadió que existían delitos de apropiación indebida, falsedad y societarios.

El mal trago de la Sala

En mayo de 1997, la Sala revocó el secreto del sumario que había dictado el instructor. El contenido del auto era muy duro. Calificaban la decisión de «irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada». Supuse que Javier estaría mal. Bajé a verle a su despacho. Le vi muy alterado. Me espetó: «¡Baltasar, la Sala ha prevaricado! Y lo voy a decir así en una resolución». Le pedí que se tranquilizara. Insistió, desencajado. Le llamó el fiscal Ignacio Gordillo, hablaron por teléfono y le comentó el dictamen favorable que este debía dar para acordar de nuevo el secreto parcial y que, además, quedara constancia de que la Sala se había pasado.

Le dejé hablando, indicándole que estaba en mi despacho. Subió muy nervioso. Repetía que los magistrados de la Sala habían prevaricado, que se lo había contado a Joaquín, que tenía datos para demostrar que habían cobrado de Sogecable y que Clemente Auger, presidente de la Audiencia, y el magistrado Enrique Bacigalupo Zapater estaban a sueldo de Prisa y hacían dictámenes para este grupo. Respondí: «Eso es una barbaridad que no se puede decir sin pruebas». Le pedí que me dijera la fuente. Se negó. «Entonces no puedes afirmar algo así. Has perdido el equilibrio necesario para razonar con sosiego», concluí.

Me planteó que entonces también le criticaría que acordase la prisión de Polanco y de otros en la causa. «Tú sabrás, pero a mi juicio y desde fuera no concurren los requisitos de la prisión provisional», le manifesté. Contestó que todos somos iguales ante la ley, que había descubierto además un alzamiento de bienes y que el informe pericial sería demoledor. Le recomendé que descansara, insistiendo en que no estaba de acuerdo con lo que decía.

De hecho, Javier pidió al fiscal Ignacio Gordillo y a las demás acusaciones personadas en la causa que expusieran su opinión sobre si los tres magistrados de la Sala Segunda que le habían ordenado levantar el secreto de las actuaciones incurrieron en delito o falta.

La situación llevó a que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro Francisco García, comunicara al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, que la «extraña actitud del juez Liaño al replicar a las resoluciones de la Sala sobre el sumario contra Sogecable puede erosionar las funciones constitucional y orgánicamente atribuidas a la Sala».

Recuerdo que me sentí obligado a dar alguna explicación a mis compañeros, a dejar claro que no tenía nada que ver en todo aquello. Una mañana, cuando salía de la Audiencia y había subido ya al coche, vi a uno de mis colegas magistrados de la Sala Segunda en la puerta. Ante esa situación de totum revolutum, esa amalgama de conspiradores, tuve la necesidad de decirle «mira, yo no tengo nada que ver con ese tema». Creo que el compañero se sintió tranquilo.

Previamente, el 12 de mayo de 1997, el juez Gómez de Liaño había remitido al presidente del Consejo del Poder Judicial un escrito en el que denunciaba, dentro de una supuesta «campaña de ultrajes», lo que opinaba eran «ataques personales e insultos que los periódicos El País y Diario 16, la Cadena SER y Canal Plus de televisión me vienen dirigiendo públicamente a consecuencia de mi actuación judicial». Añadió que entendía todo aquello como una realidad con significado objetivo que excedía de la crítica o discrepancia áspera y constituía «un claro propósito de deslegitimarme jurisdiccionalmente». No olvidaba que, a estos hechos, «recientemente se ha sumado el muy relevante de que un auto de la Sala califique de arbitraria una decisión judicial mía». Aquí hacía mención a las prohibiciones de salir al extranjero del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco; del consejero delegado, Juan Luis Cebrián; y del secretario general, José María Aranaz.

Para entenderlo, a finales de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había echado abajo en cinco ocasiones la actuación de Gómez de Liaño como instructor del sumario contra Sogecable. En esta ocasión, el magistrado había prorrogado el secreto de las diligencias el 18 de marzo y el tribunal consideró que esa decisión no se ajustaba a la legalidad, ya que la Audiencia le había ordenado levantarlo. Los magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Campos y José Ricardo de Prada destacaron en su resolución que «resulta evidente que son aplicables al auto de prórroga los mismos defectos que se señalaron al auto inicial que declara el secreto y, en consecuencia, si la declaración de secreto de las actuaciones no estaba objetivamente justificada, tampoco lo está la prórroga acordada».

Entre las anteriores objeciones figuraba la prohibición del magistrado a Polanco de salir del territorio nacional por considerar que constituía una limitación del artículo 19.2 de la Constitución. Otro motivo por el que la Sala se mostró contraria fue que Gómez de Liaño reclamó la lista de abonados de Canal Plus para unirla al sumario, pero lo hizo después de que los administradores de Sogecable la hubieran aportado. La Sala resolvió que la decisión del juez afectaba a la intimidad de los abonados al canal de pago, lo que constituía una vulneración constitucional y, además, perjudicaba al activo empresarial de la plataforma digital.

También se opusieron los tres magistrados a la personación como acción popular del querellante Javier Sainz Moreno. Hay que aclarar que el Colegio de Abogados de Madrid había emitido un informe en el que se señalaba que Sainz no estaba habilitado para ejercer como letrado. En consecuencia, el tribunal obligó al juez a darle un plazo para que designara abogado.

Finalmente, la declaración de secreto de las actuaciones realizada por Gómez de Liaño fue también rectificada por inadecuada, desproporcionada y sin justificación. No obstante, Javier —que, cumpliendo la orden de la Sala, había levantado provisionalmente el secreto de las actuaciones— solicitó de la Brigada de Delitos Económicos su opinión sobre la necesidad de una nueva declaración de secreto. A continuación, mantuvo parcialmente el secreto de las actuaciones que el tribunal le había ordenado notificar a las partes y, además, acordó un nuevo secreto de las actuaciones de la policía. El juez dio traslado a las partes por si consideraban que los tres magistrados habían incurrido en algún delito al revocar su decisión.

El Consejo del Poder Judicial reunido en pleno acordó por unanimidad investigar la conducta de Gómez de Liaño en el asunto Sogecable por si «pudiera haber conculcado» principios constitucionales. Y paralelamente hizo público un comunicado en el que señalaba que los términos utilizados por la Audiencia Nacional en cuanto a la resolución de Liaño eran perfectamente legales.

Esa defensa resultaba imprescindible pues, según me contaron mucho después, habían «tocado» a algunas personas de la Sala. Quizá no directamente, sino a través de otros magistrados que sí tenían relación con ellos. Para los jueces de Sala hay cosas muy claras en una deliberación: se conoce el posicionamiento de la gente y en general se percibe la limpieza, como que nadie tenga agenda propia y que no haya cabos sueltos, pero de pronto empiezas a verlos. Me han hablado de dos casos en los que ha ocurrido, el de Sogecable y el Faisán. En ambos existieron esos cabos sueltos. Si se estudian con atención las resoluciones que emitió la Sala, probablemente se pueda leer entre líneas la tensión a que estuvieron sometidos los magistrados.

Sogecable los puso en un brete muy complicado porque Gómez de Liaño se enfrentó fuertemente con la Sala. Vuelvo a señalar que su hermano había estado implicado en el caso Banesto y sí supongo que intentó hacer una especie de catarsis colectiva. En aquella época, ocurrieron demasiadas cosas oscuras juntas, demasiadas fidelidades sospechosas, múltiples conexiones poco confesables que hicieron que yo tomara distancia de alguien que cada vez con más certeza había perdido el rumbo, o habían hecho que lo perdiera. La Sala llegó a plantear que las resoluciones de Javier eran arbitrarias. Intentó de alguna manera encausar al tribunal y aquello fue duro para todos. Y, por detrás, el fiscal Ignacio Gordillo actuaba también. Lo pasaron mal los magistrados de la Sala. Fue una situación muy difícil.

El maldito informe y la recusación

A finales de mayo de ese mismo año, tuvo lugar otro incidente desagradable. Javier pidió un permiso para ausentarse unos días del juzgado. Coincidió esa baja con la entrada del informe de los peritos. Yo desconocía de qué trataba. Un funcionario me lo entregó. Tenía noticias de posibles filtraciones, así que me lo quedé para evitarlas. Cinco minutos después, Javier me llamó muy alterado desde su casa. Quería que le diera el informe original. «Estás de permiso, no es posible. Te sacaré una copia y te la hará llegar el funcionario», repliqué. Me pillaba en pleno proceso sobre los desaparecidos argentinos, pero aun así interrumpí la declaración y en el Juzgado Central de Instrucción número 1 le di el documento al funcionario. La secretaria lo guardó. Javier insistía en pedirlo. La secretaria extendió una diligencia, llevándose el tomo original, e incluso él la llamó después de hablar conmigo. No se fiaba. En este punto, yo no entendía ya absolutamente nada.

El documento fue filtrado, seguramente por el funcionario, tal y como me explicaron algunos periodistas. Al parecer, había dicho a los medios de comunicación que el informe había llegado. Gómez de Liaño decidió entonces formular una queja o una denuncia, con la colaboración del fiscal Gordillo, acusándome directa o indirectamente de que había filtrado datos. Dicho sea de paso, yo ni siquiera había leído todavía el informe. Pero, curiosamente, Javier me lo imputó a mí.

El documento en cuestión, obra de los peritos de Hacienda designados por Gómez de Liaño, presentaba como principal conclusión que no existían indicios de que Sogecable incurriera en ninguno de los delitos objeto de la investigación abierta por el juez.

Recuerdo que en aquellos días, en el transcurso de una cena, Joaquín Navarro me aseguró muy disgustado, y en forma exageradamente afectada, que Javier estaba mal y que había que incapacitarlo.

Acudí a una tertulia el 21 de mayo en la que se organizó una discusión cruzada sobre Sogecable entre Bonifacio de la Cuadra y otro compañero suyo de El País, Joaquín Navarro, Jesús Neira y Jaime García Añoveros. Yo advertí que no quería opinar sobre el tema porque podría ocurrir que tuviera que ser juez de la causa en algún momento. Joaquín, muy nervioso, aseguró: «Entre un juez prevaricador y una sala prevaricadora, me quedo con el juez prevaricador». Le contesté que eso no se podía decir, pero insistió en que tenía pruebas. Se refería al informe remitido por Gómez de Liaño que había exigido redactar a la policía.

No se habló nada más del tema, al menos hasta que yo me fui. Sí me acuerdo de que lo comenté con el fiscal Javier Zaragoza. Desde luego, decidí no asistir a más tertulias para evitar situaciones extrañas.

El 28 de junio de 1997, Gómez de Liaño decretó la libertad bajo fianza de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros) de Jesús de Polanco, presidente de Prisa y Sogecable, por entender que los hechos investigados sobre esta última sociedad «presentaban síntomas» de ser delito. El magistrado hacía suyas las acusaciones contenidas en las querellas y parte del informe preparado en su día a solicitud de un secretario de Estado, y omitía aspectos esenciales del informe de los dos peritos de Hacienda asignados al caso, que desmontaban tales imputaciones. Poco después, Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Sogecable, recusó al juez por parcialidad arguyendo sus relaciones con los querellantes. Me tocó intervenir en el incidente de recusación.

Días más tarde, el 7 de julio, Neira y Navarro dijeron que deseaban comer conmigo. No me apetecía mucho, pero acepté. En un momento determinado del almuerzo comenzaron a hablarme de la resolución que tenía que dictar, rechazando la recusación, que ni siquiera había admitido a trámite aún. Lo pasé muy mal. Jesús opinó que me iban a laminar, según había comentado Ansón, y que lo harían además García-Trevijano, Pablo Sebastián y otros que, en pocas palabras, estaban dispuestos a machacarme.

Buena prueba de ello, me explicaron, es que andaban diciendo que yo tenía un pacto con Polanco por el que me pagaba el colegio de mis hijos en Estados Unidos y que financiaría mi vuelta a la política desde un partido socialista renovado. Les contesté que ya sabía que corrían esos infundios, pero que no me iban a presionar ni a coaccionar. Joaquín insistía en que tenía que rechazar la recusación y no ayudar al polanquismo.

Navarro me recomendaba la abstención por mi amistad con Javier. Le dije que no era posible ya que no se trataba de cambiar mi relación con él y que, en caso de abstenerme, lo haría en función de las causas apeladas y porque ellos me habían contado las cosas. Es decir, relatando la verdad. Se escandalizaron, sobre todo Joaquín. Manifestó que eso iba a ser mi fin y el de la Audiencia Nacional. Que si lo hacía, él tendría que decir que me lo había contado. Le contesté que así debía hacerlo porque era lo mejor para la Administración de Justicia.

Insistí en que no se podía coaccionar a nadie, que mi honradez era la única arma que tenía y que la campaña de desprestigio contra mí era criminal. Jesús añadió que se habían percatado de que la participación de García-Trevijano no era gratuita, sino que al parecer actuaba como asesor legal de Televisa, entonces presidida por Ansón. Me marché muy mal del local. Me acosté con náuseas. Por la noche llamó Neira. No me puse al teléfono. No volví a ver a Joaquín. No quedé más con Jesús para comer, aunque me llamaba insistentemente. No lo hice.

Entre los días 8 y 29 de julio se tramitó la recusación. Javier me inundaba con escritos a cual más provocador. Estuve dando vueltas para abstenerme y poder contar lo que pasaba, pero no encontraba causa. Pensé en esperar a la testifical, porque de esta forma seguro que conseguiría hacerlo.

Después de que él insistiera en repetidas ocasiones, el 28 de julio accedí a cenar con Jesús y su mujer Isabel. Me acompañó Yayo, mi esposa. No veía claro hablar con Jesús, pero era amigo mío, me había llamado veinte veces y me parecía una desatención. Estuvimos parados mi mujer y yo en el coche casi quince minutos, reflexionando. Y decidí ir.

Prácticamente me rememoró los hechos, las coacciones. Yo le dije que no me podía amenazar. Me explicó que Joaquín y él habían estado con García Añoveros y que este mantenía que la recusación era un invento mío. Protesté: «Es imposible que Jaime diga eso». Insistió en que había sido así. Reiteré que era falso. Jesús aseveró que la situación resultaba terrible, sobre todo para mí. Y yo contesté que lo era, efectivamente, pero que resolvería lo que en conciencia creyera y con arreglo a la ley.

Estuve a punto de abstenerme, pero la explicación sin base probatoria era insuficiente. Por tal motivo decidí admitir la prueba y, entre ellas, las testificales de Neira, Navarro y García Añoveros. Ese día, yo estaba participando en el curso de verano de El Escorial sobre derechos humanos que dirigía, si recuerdo bien, José Antonio Gimbernat. Impartí mi conferencia sobre el tráfico de drogas y los derechos humanos y volví al juzgado. Una vez allí, le encargué a José Carlos, el funcionario del Juzgado número 1, el de Javier, que redactara el auto admitiendo las pruebas. Le pedí que lo hiciera de manera urgente porque era el último día para poder notificarlo antes de agosto, mes inhábil para las actuaciones judiciales. Asimismo dicté otro auto rechazando unas diligencias pedidas por el juez recusado porque entendía que el informe era lo único viable y que la imparcialidad se presume, de modo que debe ser la parte recusante quien demuestre la falta de ella.

En un momento determinado, próximo a las tres de la tarde, José Carlos me comunicó que no había podido terminarlo. «Por favor, termínelo, son las tres de la tarde, me tengo que ir a El Escorial» (tenía una mesa redonda por la tarde y quería dejarlo todo finalizado). Al cabo de un rato, volvió acompañado por el secretario. Explicó que Gómez de Liaño había llamado desde su casa e, interfiriendo en la recusación, le había dicho que «bajo ningún concepto me pasara el auto a la firma porque él le ordenaba que hiciera otras cosas más urgentes, como era que le llevara a su casa el sumario de Ortega Lara para estudiarlo».

El secretario me transmitió que no quería problemas con nadie, a lo que contesté: «Mire, lo único que tiene que hacer es cumplir lo que he ordenado, y si no es así, le ordeno que me dé cuenta por escrito ahora mismo de la interferencia del señor Gómez de Liaño en la tramitación de la recusación, porque eso es un delito». A continuación, ordené al funcionario: «Baje y copie el auto, e inmediatamente súbamelo». Mi sorpresa fue grande cuando me dijo: «No, si ya lo tengo hecho, pero es que me dice don Javier que no se lo pase a la firma».

Por otra parte, estoy convencido de que cada resolución que yo dictaba antes de ser notificada era conocida por el juez recusado. En el auto de abstención la minuta manuscrita la transcribía el funcionario y, cuando me la entregaba, yo la corregía y se la devolvía para que la pasara a limpio. Así se hizo y, tras firmarlo, el auto se notificó. Al día siguiente, Pablo Sebastián publicó un artículo en el que decía que faltaba una frase en el auto que yo había firmado. ¿Quién se lo dijo si el documento solo estuvo en mis manos y en las del funcionario?

Pero, con todo, dos días más tarde tuve que propinar un varapalo jurídico a Javier Gómez de Liaño por haber insinuado ocultas intenciones mías en la tramitación de su recusación. Me remitió un escrito en el que se quejaba de que se hubiera admitido una prueba propuesta por Cebrián. Le aclaré que no tenía que exponer ni hacer consideraciones semejantes. También tuve que rechazar a todos los testigos propuestos por Liaño —su padre, el fiscal jubilado Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda; su compañera, Dolores Márquez de Prado; el denunciante; uno de los querellantes de Sogecable, y el director de El Mundo— porque la ley excluye que el juez recusado pueda proponer pruebas.

Me vi obligado a pedir que se investigara si Javier remitió faxes desde su juzgado a Campmany, denunciante de Sogecable y director de Época; al querellante Jesús Cacho, columnista de la citada revista y del diario El Mundo; al abogado García-Trevijano, y a la revista mencionada. Esto formaba parte de la prueba propuesta por Cebrián para demostrar que Gómez de Liaño tenía interés indirecto en las diligencias sobre Sogecable. Los abogados de Cebrián habían propuesto también que se investigase si desde el fax del juzgado se habían realizado envíos al hijo de Campmany; al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez; a varios redactores de ese diario; a la periodista de Época Carmen Remírez de Ganuza; y al despacho de abogados Asesores en Derecho, del que formaban parte dos hermanos del magistrado. Pero consideré que no procedía extender la investigación a esas personas, salvo que se justificaran las razones de la petición.

Sí que reclamé a Telefónica el listado de los faxes que eventualmente pudieron enviarse entre el 24 de febrero de ese año (cuando se iniciaron las actuaciones sobre Sogecable) y el 8 de julio (fecha en que se presentó la recusación contra Gómez de Liaño). Indiqué expresamente a la compañía que, cuando remitiera el listado —antes del 9 de septiembre—, cuidase de que los números de fax de Campmany, Cacho, García-Trevijano o Época quedaran «debidamente protegidos en interés de los propios titulares y sin conocimiento incluso de este juzgado».

Tras su testimonio, el 1 de septiembre, Jesús Neira me pidió que nos encontráramos para comer. Le dije que no, que debía entender que era testigo y yo juez y no podía tener más contacto con él. No lo entendió, diciendo que no tenía sentido, que éramos amigos. Tuve la sensación de que no se daba cuenta de la situación.

Según explicaba, se le habían cerrado todas las salidas y le habían presionado atrozmente en agosto, por lo que no había tenido más remedio que hacer lo que había hecho (es decir, negar). Le recomendé que si él lo deseaba podía hacerse constar oficialmente en el acta, pero que, de otra manera, su explicación carecía de todo valor y quien estaba recibiendo todos los golpes por cumplir la ley era yo.

Para completar el espectro de amigos, dos días más tarde declaró Joaquín Navarro. Manifestó a la Agencia EFE como «fraudulenta» la recusación presentada por Cebrián contra el instructor del asunto Sogecable. Previamente había declarado ante mí y respondió a las preguntas elaboradas por los abogados de Sogecable, que solicitaron su testimonio para demostrar la supuesta relación del juez Gómez de Liaño con algunos de los querellantes del caso. Navarro manifestó a la agencia de noticias EFE que le parecía «una pérdida de tiempo este interrogatorio sobre preguntas que afectan a mi intimidad y sobre personas con las que me relaciono o dejo de hacerlo». Fueron unos escasos quince minutos, tras los cuales Joaquín aseguró al periodista que había sentido «vergüenza ajena a lo largo de este interrogatorio que no tiene ningún sentido, al igual que la recusación que se planteó en su día».

El 3 de septiembre me abstuve por fin de instruir la recusación presentada por Cebrián contra Javier Gómez, en aras del mayor rigor objetivo procesal. La basé en el hecho de que tuve conocimiento previo de algunos de los datos puestos de manifiesto en las respuestas de los tres testigos de la recusación. Así lo expliqué: «Es de rigor resaltar que desconozco la veracidad intrínseca de las informaciones recibidas —cuestión de fondo y, por ende, aspecto que tendrá que ser resuelto, en definitiva, por quien corresponda—, pero también exigen la ética profesional y la buena fe procesal —artículo 11 de la LOPJ— que, en todo caso, deben presidir cualquier actuación judicial exponer que tal suministro de datos se ha recibido. En sustancia, tanto uno como otro testigo —a los que conozco y con los que me une una cordial relación— me han comentado en diferentes ocasiones, ya personalmente, ya a través del teléfono, alguno de los encuentros, charlas y reuniones —incluso a una de ellas llegué a ser invitado a asistir, declinando el ofrecimiento— que se dicen mantenidas por el ilustrísimo señor Gómez de Liaño, juez instructor; el señor García-Trevijano y otras personas; o el señor instructor recusado, otras personas y el señor Campmany, en las que se han tratado aspectos relacionados con el fondo de las querellas, la forma de apoyar la acción inicial a través de otras acciones, la necesidad de que el procedimiento debía pervivir el mayor tiempo posible en una labor prospectiva, aun cuando no existiera base para ello, y la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto de algunos de los querellados. Todo ello según el relato de las personas citadas, que por otra parte eran ajenas y opuestas a tales medidas, según manifestaron».

Fungairiño y Navarro se destapan

Debo añadir algo que fue desagradable y se refiere al informe del fiscal Eduardo Fungairiño. Ocurrió entre el 10 y el 14 de septiembre de 1997. La Fiscalía ya había emitido su informe en el mes de julio y el fiscal se había abstenido. En él, Fungairiño decía que la recusación estaba tramitándose a espaldas del fiscal y que además consideraba que no había causa de recusación, atacándome a mí. Cuando lo vi, pensé: ¿cómo es posible que Eduardo diga esto cuando en los autos principales, en el mes de julio, dicté la resolución en la que digo cuáles son las partes y se notificó a estas y al fiscal?… Recurrió una de las partes, se rechazó y le ofrecí la queja. Luego, el fiscal larga este escrito en septiembre, después de haberse aprobado la abstención y en un trámite inexistente y con base en ella. ¡Oh, casualidad! Fue entonces cuando Gómez de Liaño me denunció al fiscal general apoyándose en el auto de abstención y en la vía libre que le diera el fiscal, como también lo había hecho, después de la abstención, ante el Consejo el día 4 de ese mes.

Entretanto, el 10 de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial remitió al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, un artículo publicado en El Mundo por mi antiguo amigo Joaquín Navarro en el que calificaba de «cainita, mendaz, cínica y prevaricadora» la resolución en la que decidí abstenerme de instruir la recusación. El autor aseguraba que la recusación contra Gómez de Liaño presentada por los abogados de Sogecable carecía de fundamentos jurídicos y que yo solo pude entenderlo de otra forma por mi enemistad «manifiesta, honda y hasta feroz» con el instructor de ese caso.

Navarro escribía en ese mismo artículo que yo era, desde hacía meses, «conocedor de informaciones extraprocesales sobre el caso, que me contaminaban profundamente y que había convertido, en definitiva, una recusación fraudulenta en una causa general o un acta de acusación contra mi enemigo Javier Gómez de Liaño».

Entonces no lo sabía, ni por supuesto le hubiera dado mayor importancia, pero ahora sé que Navarro tenía mucha amistad con el abogado José Luis Mazón. Un amigo común asegura que fue entonces cuando este último empezó a obsesionarse conmigo y que esa fijación llegó a su culmen cuando rompí mi relación con Joaquín. De hecho, incluso opina que Mazón emprendió una cruzada contra mí que, años después, le llevaría a presentar la querella por los cursos de Nueva York.

Este amigo me confirma que ninguno de los de este círculo, incluyendo a sus amigos del alma, como pudiera ser Mazón, me perdonaron jamás que no me uniera al grupo de conspiradores. Lo cierto es que la rabia que utilizó Joaquín Navarro en aquel artículo, considerándome poco menos que un juez movido por el odio y la enemistad contra todos, fue tremenda.

Javier, condenado

El juez Javier Gómez de Liaño fue apartado de la instrucción del caso en octubre de 1997, y un mes después se archivaron las imputaciones de apropiación indebida y estafa contra Sogecable. Ya en febrero del año siguiente, el Tribunal Supremo abrió un proceso contra Liaño por prevaricación. Ese mismo mes se anularon las medidas cautelares contra Jesús de Polanco que aún seguían vigentes; y en junio, Gómez de Liaño declaró ante el Supremo por su actuación en las diligencias sobre Sogecable. El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaró en verano que el fiscal Ignacio Gordillo desobedeció las órdenes que había recibido del anterior fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, y que por ello hubo que reiterarle las instrucciones y recordarle que no podía pedir medidas cautelares para ninguno de los imputados.

Fue todo muy desagradable, tuve que declarar y narré el asunto del informe de los peritos. De inmediato, Javier quiso querellarse conmigo por calumnias. También reiteré que había escuchado como Gómez de Liaño pactaba con el fiscal Gordillo una segunda declaración de secreto de la causa contra Sogecable una hora después de que la Audiencia le ordenara levantarlo. Salieron a la luz toda una serie de testimonios, como el del inspector Fabián Zambrano, adscrito a la investigación, quien afirmó que fue el juez quien «invitó» a la policía a que le remitiese un fax solicitando el secreto parcial del sumario, justo al día siguiente de que la Audiencia Nacional exigiese el levantamiento total del secreto sobre el caso.

El 15 de octubre de 1998, el tribunal condenó a Javier a quince años de inhabilitación. Él se dirigió al tribunal con esta frase: «No cambiaría mi humilde toga por las de quienes me han condenado».

Hoy en día, cuando hablo con juristas que estuvieron relacionados con aquel proceso, estos reiteran que «se montó una querella de chiste porque querían acabar con el Grupo Prisa. Pero no había en realidad caso Sogecable, porque la querella interpuesta lo era por prevaricación y no había dolo». Me explican también detalles sobre las reuniones en las que se planteaba la defensa de Javier y en las que estuvo presente incluso Camilo José Cela.

Me llama la atención cómo se planteó esa defensa. Jorge Trías Sagnier asumió la representación de Javier, pero Márquez de Prado fue codefensora. Si Trías no dejó en ese momento la defensa de Javier fue, probablemente, porque no lo consideraría digno. Me han contado también que cuando María Dolores llamó a declarar a Polanco, a Cebrián y a mí mismo como testigos de la defensa, le dijeron que aquello era un disparate. Un argumento lógico, pues si declarábamos contra Gómez de Liaño nos constituiríamos en testigos de cargo.

Hasta donde sé, la respuesta de María Dolores fue contundente y, desde mi punto de vista, reveladora de una visión un poco (lo diré así) cerrada. Al parecer, dijo que ella estaba acostumbrada a tratar con gente muy dura, gente como los militantes de ETA, y que los ponía contra las cuerdas.

Creo que nadie desconocía que Aznar seguía el juicio con interés. Según una anécdota que me comentaron no hace mucho, el presidente preguntó por el testimonio de Jesús de Polanco. Su comentario fue: «Ha debido de estar embelesador, porque es una persona muy brillante».

También recuerdo de qué manera se cebó la prensa de la derecha, y en particular Federico Jiménez Losantos, con el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo. Lo machacaba literalmente en sus artículos. Y todo ya de forma gratuita, pues el objetivo de acabar con Prisa ya no existía. La batalla la continuaría más adelante Pedro J. Ramírez.

Javier estaba convencido de que no le iban a condenar. Y, curiosamente, una de las razones de la condena fuimos los testigos de la defensa que declaramos en su contra. Pensaba que en el Tribunal Constitucional sí iba a ganar…, y también perdió.

Las reacciones a esta condena fueron muy significativas según los medios que las emitieron. Frente al contundente «El juez prevaricador» del director de El País, Jesús Ceberio, en Época Jaime Campmany titulaba su editorial «Corrupción en el Palacio de Justicia», mientras la portada mostraba a toda página una imagen de Javier Gómez de Liaño con el título «Moriré con la toga puesta». Fue el 25 de octubre de 1999.

Y Pedro J. Ramírez, en El Mundo, escribía: «No habría Estado de derecho sin el acatamiento de las resoluciones judiciales. Pero el respeto que merece cualquier sentencia de los tribunales no es incompatible con la más severa de las críticas. Ello nos legitima para afirmar que nunca, en los diez años de existencia de este periódico, habíamos tenido conocimiento de un fallo tan injusto y apartado de los fundamentos del Derecho como el dictado ayer por la Sala Segunda del Supremo […]». Este editorial se titulaba «Una canallada».

La sentencia del TEDH y sus antecedentes

El 25 de febrero de 1999, Gómez de Liaño planteó un incidente de recusación de los miembros de la Sala del Tribunal Supremo que habían examinado la demanda presentada contra él, poniendo en duda la imparcialidad objetiva debido al partido tomado en su contra durante todo el proceso y, particularmente, en las decisiones que confirmaban el auto de procesamiento y en la que se decidió su envío a juicio. Hizo referencia igualmente a una carta anónima que había recibido, en la que se incluían documentos que demostraban la estrecha amistad entre el magistrado Enrique Bacigalupo y uno de los abogados de los querellantes. Por tanto, consideró que este era subjetivamente parcial.

La Sala Especial del Tribunal Supremo, compuesta por tres magistrados, admitió a trámite la recusación el 4 de marzo de 1999. Por una decisión de 16 de junio de ese mismo año, los dieciséis magistrados que formaban en ese momento la Sala Especial del Tribunal Supremo rechazaron la recusación por extemporánea, sin entrar a examinar el fondo del asunto.

Un año y dos meses después de haber recaído la sentencia del Tribunal Supremo (con fecha 15 de octubre de 1999), en el Real Decreto 2392/2000, de 1 de diciembre, se otorgó el indulto a Gómez de Liaño. Finalmente, el 8 de mayo de 2002, el Consejo General del Poder Judicial decidió la reintegración del demandante en la carrera judicial. Javier solicitó una excedencia voluntaria por motivos personales, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de julio de ese mismo año. Me consta que en su entorno se sabía que el indulto iba a producirse porque el presidente del Ejecutivo lo había comentado en círculos próximos a Gómez de Liaño. De ahí la opinión de que las cuerdas de este guiñol las movía Aznar y el comentario de que el planteamiento de regeneración que planteaba el Partido Popular era poco más que «un camelo».

Por su parte, el Tribunal Constitucional, compuesto por nueve magistrados, en sentencia del 18 de diciembre de 2003 rechazó el recurso de amparo al considerar, en lo que concierne al rechazo de la recusación, que la interpretación hecha por el Tribunal Supremo de la legislación aplicable —en este caso, los artículos 56 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— era una de las posibles de estas disposiciones legales, aunque existían otras menos rigurosas que habrían permitido el examen del fondo de la queja. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, dicha interpretación estaba suficientemente motivada y no era irracional ni arbitraria. En cuanto a la queja planteada por la falta de imparcialidad objetiva y subjetiva del Tribunal de juicio, el Constitucional la rechazó porque no se habían agotado las vías de recurso ordinarias, al no haber solicitado el demandante la recusación de la Sala de juicio con todos los requisitos.

El juez condenado acudió al TDEH y este, en sentencia del 22 de julio de 2008, reconoció la dificultad de establecer la existencia de una violación del artículo 6 por parcialidad subjetiva, por lo que rechazó este motivo, ante la ausencia de elementos susceptibles para poner en duda la imparcialidad personal de Enrique Bacigalupo. Las alegaciones del demandante que concernían a la estrecha amistad del magistrado en causa con el abogado de uno de los querellantes, suponiendo que pudieran considerarse probadas, no se tomarían en consideración. Sin embargo, el TDEH reconoció que, en las circunstancias del caso, la imparcialidad objetiva del tribunal podía suscitar serias dudas en la medida en que todos sus miembros habían intervenido en numerosos actos de instrucción, particularmente en la apelación contra el auto de procesamiento pronunciado contra el demandante. También que los temores del demandante al respecto podían estar objetivamente justificados. Por ello, declaró que la demanda solo era admisible en lo que concernía a las quejas relativas a los artículos 6.1 y 6.2 del convenio y rechazó el resto.

Reflexión final

Si, como dicen, un partido político precisa de un medio informativo como condición precisa para triunfar, Sogecable fue un invento del Gobierno que deseaba acabar con el felipismo de forma tajante y con la empresa editorial con que lo vinculaban, Prisa. Para lograrlo buscó el concurso de los medios conservadores, que vieron la ocasión de librarse de un feroz competidor. En esa batalla echaron mano, ¡ay!, de la justicia de forma más o menos abierta.

Personajes como el conspicuo Antonio García-Trevijano fueron intermediarios interesados. Supongo que en una primera visión pensaron en contar con mi aquiescencia, y por ello tejieron toda una tela de araña a mi alrededor en la que, de alguna forma, me dejé atrapar. Aquí, el papel de Pedro J. Ramírez —que, hasta ese momento, me alababa desde la época de los GAL— fue fundamental para retirar cualquier apoyo a partir del momento en el que reivindiqué mi independencia y discrepancia. A partir de entonces, su posición no ha variado. La mía, tampoco, a pesar de las múltiples confrontaciones ejecutadas desde una posición asimétrica, basada en la utilización de un medio de comunicación frente a un ciudadano individual. Hay cosas que son cuestión de piel y de decencia. En aquel momento, y para siempre, Pedro Jota encontró a alguien que no se sometía a las «normas de la casa de la sidra».

El caso de Luis María Ansón es diferente. Nunca ocultó el cinismo que le caracteriza, tan patente como su vocación monárquica sobre cualquier otra circunstancia. Creo que despreciaba a Pedro Jota y la forma de hacer periodismo que este ejercía, pero a la vez le temía porque hundía el ABC y siempre echaba por delante el señuelo para que aquel lo recogiera.

Lo bueno de Ansón es que no se oculta e incluso reivindica su posición, como cuando me dijo que me respetaba porque había soportado ocho portadas de ABC. Mi respuesta en su momento, como en el caso de Pedro Jota, fue presentarle una demanda de rectificación y ganársela, como a aquel otro. «¡Ladran, luego cabalgamos, Sancho!», que diría don Quijote. Lo cierto es que en ocasiones no solo la política, sino también los que viven de la opinión e información sobre la misma, hacen extraños compañeros de cama. En este caso ambos directores, de ideología no tan divergente y que luego trabajarían juntos, se encontraron en la misma retorcida conspiración, y yo me convertí en un problema para ellos y los demás que habían urdido toda la trama.

Fuera como fuese, la actuación de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Siro García Pérez, salvó la honorabilidad de una Administración de Justicia maltrecha por los ataques de quienes poco o nada creen en la misma.

En cuanto a Javier, trabajó como abogado en el despacho de Trías Sagnier y después montó su propio bufete junto a su esposa María Dolores.

De nuevo, cosas de la vida, en julio de 2013 —cuando yo llevaba ya dos años de inhabilitación por el caso Gürtel— Gómez de Liaño se hizo cargo de la defensa del diputado y tesorero del PP, Luis Bárcenas. Una defensa que dejaría a principios de 2015 tras unas declaraciones de este desde la cárcel al diario ABC. ¿Habría molestado a su amigo Pedro J. Ramírez esta exclusiva al diario rival? Desde luego tardaría poco en recuperar el control para dirigir, en la medida de lo posible, la actuación judicial.

No sé si Javier fue dejando amistades por el camino, aunque bien es cierto que aquellos que le ¿empujaron? a esa aventura de Sogecable continuaron amparándole. Así, en septiembre de 2015, aparecía como flamante consejero en la foto de familia de los miembros de Nohacefaltapapel S. A., la sociedad editora de la nueva aventura editorial del periodista de Logroño.

Unos y otros crearon artificialmente este caso y organizaron una gigantesca bola de nieve. Cuando la Justicia comienza a rodar, es muy difícil pararla a partir de un momento determinado. Algo así me ocurrió cuando desencadenaron los tres procesos en mi contra. Y es que, en el momento en que se pone en marcha la maquinaria, se encuentran siempre medios y vías. La Justicia es tremendamente mercurial, se mete por los recovecos, y lo que parece que no podría ser termina siendo porque siempre hay alguna cosa que se puede aducir.

Y en esa línea de pensamiento, la duda que me surge ahora es qué ocurriría en el Tribunal Supremo si el juicio contra Javier Gómez de Liaño tuviese lugar en la actualidad. Quizá ahora, en este contexto, las cosas serían muy diferentes. Si el caso Sogecable se juzgara hoy, quizá el Tribunal Supremo condenase a Cebrián y a Polanco.

Esta viñeta de Gallego y Rey se publicó en el diario El Mundo. En un retruécano de los hechos, caricaturizan como cazador a Jesús de Polanco (que fue el inicialmente denunciado) y al juez que se implicó en el caso, Javier Gómez de Liaño, como presa obtenida. Lo que fue una gigantesca bola de nieve que acabaría en nada, el caso Sogecable, llevó a la inhabilitación del magistrado.

Propongo esta probabilidad con el dolor que me produce ver en qué se han convertido la Justicia y algunos de sus representantes al más alto nivel. Aunque en el Tribunal Supremo pueda existir gente progresista, como órgano está contaminado por el elemento político que hay detrás. En aquel momento, cuando salió a la luz el caso Sogecable, eran los prolegómenos, se trataba de una cuestión muy difusa. Ahora, esa contaminación es descarada.

La Expo, Berlusconi…, dos apuestas fuertes

No fue Sogecable el único caso que me correspondió en que los medios informativos apostaron fuerte en sus batallas mezcla de poder fáctico, económico y político… pasando por los tribunales. Citaré un precedente, la Expo, y un auténtico dolor de cabeza: Berlusconi.

En 1996 se incoó un procedimiento para investigar los supuestos delitos cometidos en torno a la Exposición Universal celebrada en Sevilla cuatro años antes. En medio del fragor de la lucha política del PP contra el PSOE, se agotó la instrucción durante siete años. Finalmente, el 25 de junio de 2003 archivé el caso Expo, tras demostrarse que no se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental. Ya en 1999 había decretado el sobreseimiento parcial del caso y se centró la investigación en supuestas comisiones a la empresa Telemundi, con sede en Suiza y que había actuado como agente comercial de la Sociedad Estatal Expo 92. Después de los informes periciales sobre contratos, indemnizaciones al personal y gastos de viajes, entre otros asuntos, y de la práctica de varias comisiones rogatorias internacionales a Mónaco, Holanda, Suiza y el Reino Unido sobre cuentas y movimientos de Telemundi, así como de otras sociedades relacionadas, «los caracteres delictivos que aparentemente revestían la actividad de aquellos que ostentaron el poder de decisión para la formalización y ejecución del contrato de arrendamiento de servicios generados de entregas de dinero […] y la de los ejecutores materiales y otros partícipes en la supuesta desviación de fondos» no quedaron indiciariamente acreditados. «Ni la documentación suministrada por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid [que investigaba las comisiones del AVE], ni las comisiones rogatorias libradas, ni las declaraciones de imputados o testigos han conducido —decía en el auto— a establecer de forma mínimamente solvente la concurrencia de los requisitos» para que existiera delito, especialmente «la distracción con ánimo de lucro de los fondos públicos en favor de terceros de cobros irregulares o pagos indebidos de comisiones». Y concluía: «La dilatada y dificultosa instrucción ha demostrado exactamente lo contrario».17

Casi coetáneo en el tiempo y relacionado con la investigación de los seiscientos expedientes de Hacienda, supuestamente prescritos y cuya instrucción me correspondió, se iniciaron otras diligencias derivadas de aquellas, que fueron conocidas en conjunto como el caso Telecinco-Berlusconi.

Telecinco y Berlusconi

Que debemos absolver y absolvemos a: Miguel Durán Campos de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Santiago Muñoz Machado de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Francisco Javier de la Rosa Martí de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Rafael Álvarez-Buiza Diego de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Ángel Medrano Cuesta de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Alfredo Messina de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Giovanni Acampora de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado; Juan Carlos López-Cid Fuentes de todos los delitos fiscales y de falsedad de los que venía acusado.

Este fue el fallo de la sentencia pronunciada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 19 de abril de 2007, confirmada por la que el Tribunal Supremo emitió el 23 de junio del año siguiente. Se cerraba con ello un procedimiento que había permanecido abierto desde el 21 de julio de 1997. Once años, a primera vista, son muchos para la tramitación de una causa penal. Nadie debería estar sometido a la incertidumbre de un proceso penal durante tanto tiempo. De esta incertidumbre somos «responsables» los órganos de la Administración de Justicia, pero no solo quienes tienen o hemos tenido la responsabilidad de la tramitación de un proceso penal. En esas dilaciones intervienen muchos causantes, en unas ocasiones por intereses de parte o como método de presión procedimental y, en otras, por problemas de medios y, en definitiva, por un sistema procesal arcaico, escrito y cuya concepción estaba prevista para una realidad muy alejada de la que vivimos en la sociedad actual. Basta con observar los diferentes procedimientos penales sobre casos de criminalidad compleja, sea económica, financiera u organizada, para comprobar que la media es de diez años, y no exagero la cifra.

Desde luego el problema está en que durante la tramitación de estos procesos, como en la de cualquier otro, se valoran situaciones y relaciones personales y no solamente societarias. En la mayoría de los supuestos, atañen a individuos «honorables» que no están acostumbrados a visitar los juzgados ni los tribunales, sino las salas acolchadas o alfombradas y de maderas nobles de los consejos de administración, las cálidas estancias de sus asesores —legales o corporativos— o bien los paraísos de las cláusulas de blindaje económico e ingeniería financiera para ejecutarlas y así protegerlos. A estas personas les quedan lejos las dependencias judiciales en las que se acumulan expedientes, aparatos que no funcionan y funcionarios desbordados por un trabajo de enorme complejidad y mayor responsabilidad. Unos funcionarios que resultan excesivamente vulnerables frente a quienes, entre sus prioridades y como un instrumento más de defensa o ataque, acuden a la denuncia, la descalificación o el acoso para obtener una posición favorable.

A lo largo de los más de veinte años pasados en un puesto tan visible como el del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, he visto y sufrido de todo. Pero ha habido una constante. Los poderosos, entre los que incluyo a los políticos, no perdonan ser sometidos a un proceso judicial. Lo llamativo es que la exigencia de cumplimiento de las garantías se activa en estos casos, cuando, por el contrario, en los que no existen esos elementos se pasa la mano con excesiva complacencia. Si hay un tribunal en el que esto se visualiza ese es la Audiencia Nacional; al que se suma el Tribunal Supremo en los grandes casos.

El caso Telecinco es un buen ejemplo de esa situación. Tenía todos los ingredientes: afectaba a decisiones estratégicas —en un momento clave de gobierno— en torno al reparto del pastel de las comunicaciones y específicamente de la televisión; se pagaban favores políticos que serían necesarios en diferentes momentos; había grandes despachos y catedráticos que armaron el entramado societario a cambio de suculentas minutas; intervinieron grandes personalidades de la vida pública, económica y política. Frente a ellos, el esfuerzo de una Fiscalía Especial Anticorrupción, apoyada por unos peritos de la Agencia Tributaria que, en aquellos lejanos tiempos de los años ochenta y la primera parte de la década del nuevo siglo, realizaron un trabajo excepcional que contribuyó a que, en nuestro país, por lo menos algunos de los grandes hayan sido objeto de atención para la Justicia.

Sin embargo, justo es reconocer que, quizá por las carencias de la Justicia que ya he comentado, no hayamos podido profundizar en las investigaciones hasta donde se debía y, en consecuencia, algunos de esos casos no han llegado a buen término. El de Telecinco fue uno de ellos. La querella de la Fiscalía estaba bien fundamentada y también lo estuvieron las decisiones proferidas por el Juzgado a cuyo frente estaba yo, las cuales fueron confirmadas en su gran mayoría por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de ahí que el procedimiento alcanzase la fase de juicio oral.

Pienso que, mal que les pese a algunos y dando por bueno que utilicen todos los medios a su alcance para defenderse y atacar a quien consideren que no ha actuado bien, la tramitación de este proceso evidenció presuntas defraudaciones delictivas en el ámbito empresarial respecto a la Hacienda pública, apreciadas no solo por el juez y el fiscal, sino también por el tribunal que validó todas las decisiones en el proceso de instrucción haciéndolo avanzar hasta el final.

Es cierto que la «pena de banquillo» es extremadamente perjudicial para estas personas «honorables», pero todo escenario en el que se dilucidan conductas humanas por medio de la justicia lo es. Sin embargo, la responsabilidad de que esto sea así no recae exclusivamente en aquellos que administran justicia, sino también en quienes transmiten y socializan esa justicia. Si el hecho de acudir a un juzgado a declarar, como único medio de resolver la situación procesal creada por una denuncia o querella, se enmarcara en los justos términos en los que debería, esta situación dejaría de ser la excusa para manipular esa misma realidad procesal.

No cabe duda de que el juez y el fiscal deben decidir, cada uno en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, sobre la situación que se les plantea en un proceso, especialmente a la hora de decretar las medidas cautelares sobre prisión o libertad, o sobre embargos y bloqueos de bienes supuestamente vinculados a la actividad delictiva de que se trate. Y, en ese juicio de valoración de las diferentes circunstancias concurrentes, se puede errar o acertar y, en función de ello, las medidas adoptadas están sometidas al control por el tribunal de apelación si las circunstancias cambian y a la propia modificación por quien la decidió. En el caso Telecinco, se comprueba que, durante la tramitación del procedimiento, los medios afectados actuaron de un modo paralelo en el que se reivindicaba el buen hacer de los afectados, al tiempo que se insistía en el mal actuar de la justicia, centralizado específicamente, una vez más, en mi persona. Lo curioso es que la práctica totalidad de mis resoluciones quedaron confirmadas, y las que no lo fueron se ejecutaron según lo ordenado, respetándose las diferentes esferas competenciales.

Cuando de críticas se trata, a menudo se olvidan los diferentes ámbitos competenciales y aquellas se focalizan en una persona concreta a la que se hace responsable, por simplificación, de todo lo ocurrido, ya sea el éxito o, particularmente, el fracaso de una iniciativa. Y es así aunque, de manera expresa, se reconozca en la resolución final que hizo debidamente su trabajo.

En el caso Telecinco, los ejercicios fiscales investigados correspondían a 1991, 1992 y 1993, al tiempo que estaban pendientes de examinar otros actos jurídicos relativos a 1994 y 1995. Por aquellas fechas, el responsable de la Unidad de Represión y Vigilancia del Fraude Fiscal era Jesús Bermejo.

La situación se mantenía porque, según la Fiscalía, Silvio Berlusconi seguía teniendo más del cincuenta por ciento del accionariado del grupo a través de testaferros. Oficialmente, la propiedad de Telecinco se repartía así: Mediaset (Berlusconi y sus socios directos), el alemán Leo Kirch —asociado al financiero italiano en este y otros negocios— y Comecosa (Grupo Correo) poseían un veinticinco por ciento, respectivamente; Prensa Española, un diez por ciento; el Banco Internacional de Luxemburgo, del que se sospechaba que era controlado por Berlusconi, controlaba un trece por ciento, pero únicamente como tenedor de las acciones; y el dos por ciento restante estaba en manos de pequeños accionistas.

Mientras, en Italia, la Policía de Finanzas registraba cuatro sedes de empresas vinculadas a Berlusconi, tras mi solicitud a las autoridades italianas. Por su parte, los peritos del Ministerio de Hacienda español ratificaron que durante la gestión de Telecinco por el anterior equipo directivo dejaron de pagarse a las arcas públicas unos dos mil millones de pesetas, es decir, doce millones de euros, un hecho que la Fiscalía Anticorrupción denunció como presunto fraude fiscal.

Las dificultades

No fue nada fácil la tramitación de esta causa debido, entre otras razones, a la presencia de Silvio Berlusconi entre los imputados. Conviene recordar que el empresario italiano ha sido primer ministro de su país en tres ocasiones (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011) y presidente de turno del Consejo Europeo durante el segundo semestre de 2003. A raíz de la querella del Ministerio Fiscal —a través de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos—, presentada el 21 de julio de 1997 contra treinta y ocho personas por delitos contra la Hacienda pública y falsedades cometidos en las sociedades anónimas Gestevisión Telecinco, Publiespaña y Tibidabo, así como en otras empresas relacionadas con ellas por su vinculación accionaria o su actividad mercantil, inicié el procedimiento. La fase de instrucción concluyó el 3 de marzo de 2003, fecha en la que acordé la apertura de un juicio oral contra los acusados y las entidades mercantiles afectadas, en el cual el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de varias penas de prisión por delitos fiscales a los acusados.

El tribunal consideró que los hechos no habían quedado suficientemente probados y absolvió a los acusados. No sin antes descartar radicalmente, como respuesta a las imputaciones de estos, que hubiera habido presuntas irregularidades por parte del juez de instrucción y del fiscal. No obstante, el acusado Santiago Muñoz Machado optó, tiempo después, por denunciarme y escribir un libelo contra la instrucción —y en particular contra mí— por imputarle y adoptar medidas cautelares, que en ningún momento supusieron privación de libertad (en el auto fechado el 28 de abril de 1998 se le fijó un fianza, que constituyó) y cuya proporcionalidad fue ratificada por el tribunal a lo largo de la tramitación de la causa. Por su parte, otro imputado —Miguel Durán—, luego de dirigir sus dardos dialécticos contra el señor fiscal, los concentró en mí por televisiones y tertulias durante años. Jamás he contestado a ninguno de ellos. Baste esta reflexión, hecha en función de la importancia que tiene que una persona descalifique al juez que le investiga. Estoy convencido de que ese es su derecho, pero —añado— también sería su obligación el decir la realidad de las cosas. No es ético ni de recibo afirmar que la actuación del juez predeterminado por la ley es inquisitorial, parcial o incluso delictiva cuando todas ellas han sido validadas por el tribunal y, a la vez —prescindiendo de todo el sistema procesal—, pretender buscar ante la opinión pública un chivo expiatorio en un proceso judicial cuyas reglas han sido respetadas y en el que un conjunto de profesionales, al interpretar el derecho, han actuado de buena fe, con apego al principio de legalidad y con una interpretación diferente a la del tribunal. En el caso Telecinco, el tribunal rechazó con buen juicio esas imputaciones defensivas, que pueden tener sentido en el marco del proceso, pero nunca en los platós de televisión.

Es indudable que en este tipo de causas no resulta cómodo ni sencillo llegar a una sentencia condenatoria. El ejemplo vivo ha sido el de aquel que ni siquiera pudo ser juzgado por el caso Telecinco debido a su situación de inmunidad —derivada de su posición como primer ministro de Italia—, y que esquivó durante décadas la acción de la justicia hasta que, finalmente, fue juzgado y condenado por sus compatriotas. Me refiero, obviamente, al magnate de la comunicación y político conservador Silvio Berlusconi, que ha dirigido los destinos del país transalpino.

No me fue posible tomarle declaración inicialmente en Milán, adonde me desplacé en compañía del fiscal para hacerlo en febrero de 1998. Su incomparecencia, propia de la confrontación que mantenía con los fiscales anticorrupción de aquella ciudad —en el marco del proceso judicial Manos Limpias (Mani pulite), que descubrió una red de corrupción en la que estaban implicados los principales grupos políticos del país y diversos grupos empresariales e industriales—, propició mi inclusión y la del fiscal Carlos Castresana, según sus palabras, en «la Internacional roja» de los jueces y fiscales que investigábamos la corrupción en Europa y que, específicamente, destacábamos por propiciar la cooperación jurídica internacional y la aplicación, desde hacía décadas, de la jurisdicción universal en la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, mientras abogábamos por la desaparición de los paraísos fiscales. En este punto debo citar a aquellos fiscales que, de forma esforzada, pusieron en marcha y consolidaron la lucha anticorrupción en Italia, Suiza, Francia, España y otros países, como Antonio di Pietro, Gherardo Colombo, Bernard Bertossa, Renaud van Ruymbecke y Carlos Jiménez Villarejo, entre otros. Ese era el sentido de las proclamaciones que hicimos ya en 1994 y que culminó, dos años después, en el llamado Appel de Genève. Siempre, desde entonces, el combate contra estas formas de delincuencia ha sido constante. Es cierto que ha habido veces en las que se consiguió el éxito y los errores permitieron fracasos, pero estoy convencido de que la situación actual se debe en gran medida a los esfuerzos que desde la Justicia se hicieron entonces a un precio, en ocasiones, demasiado alto.

La cooperación

Aquel febrero de 1998 Silvio Berlusconi se negó a contestar a nuestras preguntas en Milán, alegando que tras las acusaciones estaban los fiscales de Manos Limpias. Acompañado de los fiscales anticorrupción españoles Carlos Castresana y Vicente González Mota acudimos al Palacio de Justicia milanés para interrogar a Ubaldo Livolsi y Adriano Galliani, directivos del grupo televisivo de Berlusconi, y al hermano de este último, Paolo.

En lugar de Berlusconi acudió su abogado, Ennio Amodio, con una carta en la que el exprimer ministro afirmaba que no podía «aceptar el interrogatorio porque la generalidad de las acusaciones y la singularidad de la rogatoria, basadas casi exclusivamente en actas de los magistrados milaneses [los fiscales de Manos Limpias], evidencian que la investigación española no nace de auténticas exigencias maduradas en las oficinas judiciales ibéricas».

Rechacé de plano las acusaciones de Berlusconi contra los jueces españoles, que según él le «perseguían», y negué rotundamente estar «dirigido» por los fiscales de Milán. A la pregunta de un periodista sobre si era una toga roja (un juez comunista, como llamaba Berlusconi a los fiscales de Manos Limpias), contesté con rotundidad: «¿Tengo cara de comunista?».

Poco después, Berlusconi fue a visitar al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en la Moncloa. La Cadena SER afirmó que las sospechas de la fiscalía relacionaban la ocultación deliberada de los datos fiscales de Telecinco con algún tipo de compensación económica para sufragar campañas electorales en España. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a mi juzgado que se ampliaran las comisiones rogatorias ya iniciadas, con la finalidad de investigar, entre otros hechos, una serie de transferencias hechas desde Suiza por Fininvest —uno de los grupos financieros y empresariales más importantes de Italia, controlado por la familia Berlusconi— a cuentas numeradas de titulares desconocidos, por si pudieran tener alguna relación con pagos de naturaleza política.

El 27 de marzo de 1998 confirmé la imputación del exprimer ministro italiano, del expresidente de Telecinco —Miguel Durán—, del financiero Javier de la Rosa y del abogado Santiago Muñoz Machado en las diligencias incoadas para esclarecer un supuesto fraude de alrededor de cuatro mil seiscientos millones de pesetas (unos 27,65 millones de euros) en operaciones de compraventa de acciones de dicha cadena en los primeros años de la década de 1990, señalando que otros accionistas posteriores, en concreto Prensa Española (que ya había salido de Telecinco) y el Grupo Correo, eran «ajenos por completo a este procedimiento y a todas las maniobras de contenido presuntamente delictivo que se están investigando».

Aceptando el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, decreté la imputación de diecinueve personas, entre las que también se encontraban el exconsejero del Grupo Torras, Juan José Folchi, y varios italianos. Además, citaba a declarar a Lorenzo Merino Sáenz, un inspector de la Unidad de Fraude de Hacienda, para aclarar si hubo retraso en la entrega de documentación requerida por la fiscalía hasta varios días después del plazo de prescripción de los delitos investigados en algunas operaciones, así como al exdirector de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, en este caso como testigo.

Acordé, también a instancias del fiscal de la causa, Carlos Castresana, librar una comisión rogatoria a Suiza para investigar los pagos que supuestamente se venían haciendo por Fininvest, el grupo controlado por Silvio Berlusconi, a cuentas numeradas de titulares desconocidos que «podrían encubrir pagos irregularmente realizados y de contenido delictivo». Asimismo, acordaba otra rogatoria a Italia para recabar «información pendiente».

En el origen de mi resolución mencionaba que el «entonces presidente del Gobierno español» —refiriéndome a Felipe González, pero sin llamarle por su nombre— mantuvo una entrevista en el Palacio de la Moncloa con Silvio Berlusconi por mediación del entonces primer ministro italiano, Bettino Craxi. No se supo el contenido de la entrevista porque Berlusconi no prestó declaración y tampoco se instó la de González.

Pero los contactos con Berlusconi se reanudaron en Milán, donde el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y el empresario Enrique Sarasola acudieron, según afirmaron, «enviados por el presidente del Gobierno español, manifestando el interés de este en que el grupo Fininvest participara en el mercado televisivo español».

Según el auto, además del veinticinco por ciento inicial, Berlusconi se hizo con otro ocho por ciento —valorado en 4140 millones de pesetas (24,9 millones de euros)— a través de sociedades participadas por Fininvest y domiciliadas en la isla de Jersey y en Luxemburgo. Posteriormente, y a través de múltiples operaciones de ingeniería financiera, Berlusconi fue haciéndose con otros paquetes procedentes del grupo de Javier de la Rosa y de sociedades controladas por Ángel Medrano, Rafael Álvarez-Buiza y Santiago Muñoz Machado, así como de la ONCE, cuando esta decidió abandonar Telecinco en 1993. «En la actualidad —concluía—, el imputado Silvio Berlusconi y su grupo siguen controlando a través de Mediaset, Telefuturo y Deinde un sesenta y cinco por ciento del accionariado de Gestevisión Telecinco».

El auto examinaba, a lo largo de dieciocho apartados, el «alcance penal» de las transmisiones de acciones. Y analizaba artificios contables, facturas y justificantes supuestamente falsos con los que se habría pretendido, de un lado, el aumento fraudulento de la participación de Fininvest y, de otro, eludir el pago de deudas tributarias. Se identificaban dos grupos de operaciones: el primero relacionado con la entrada y salida de Javier de la Rosa y el reparto de acciones entre Fininvest y la ONCE, en el que el fraude supuestamente se elevaba a unos 1955 millones de pesetas (11,75 millones de euros), y el segundo, de unos 2600 millones de pesetas (15,63 millones de euros), relacionado con la compra del paquete de la ONCE por Fininvest. El total de fianzas impuestas por estos hechos alcanzaba los 120.000 millones de pesetas, una cifra próxima a los 722 millones de euros.

Il Cavaliere

El 24 de julio de 1998, el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi compareció ante mí por primera vez, si bien solo fue para pedir un aplazamiento a fin de estudiar la documentación. Obviamente se lo concedí, al igual que a los demás imputados italianos: Marcello Dell’Utri, diputado de Forza Italia y expresidente de Publitalia; Alfredo Messina, consejero delegado de Fininvest; y Giorgio Vanoni, otro de los directivos del grupo.

En octubre de ese mismo año se volvió a aplazar la declaración durante unos días a petición de Berlusconi, primero a causa de la crisis de gobierno en su país, donde actuaba en ese momento como jefe de la oposición, y luego tras el nombramiento del nuevo Ejecutivo italiano presidido por Massimo d’Alema.

Por fin, el 12 de noviembre de 1998, después de dos aplazamientos, Berlusconi compareció ante mí. Durante las cuatro horas que duró la declaración, negó haber poseído nunca, ni siquiera mediante testaferros, más del veinticinco por ciento de las acciones de Telecinco, el tope legal de participación que establece la legislación española para las cadenas privadas. Recuerdo que hice algunas anotaciones sobre él en mi diario: «Se le nota el poder económico y, por tanto, la veneración de los letrados hacia el mismo. Quince abogados más el fiscal y la intérprete. La declaración comenzó a las 10.30 horas y concluyó a las 15.30 horas. Tiene tablas. Me ha dado la impresión de que algunos aspectos de la investigación no los ha conocido hasta hoy. Sobre todo las cantidades que se quedaron Durán y Muñoz Machado (seiscientos y novecientos millones, respectivamente)». Recuerdo un detalle que me llamó poderosamente la atención: el compareciente estaba maquillado. Me sorprendió y casi estuve a punto de preguntarle. Lo despedí y más tarde comprobé la razón de que estuviera tan acicalado: las cámaras de televisión lo esperaban a la salida. Berlusconi dijo a los medios de comunicación que la declaración había sido larga porque se había detenido en informar al juez de «cada detalle y de cada documento», mientras que su abogado, Horacio Oliva, explicó que su patrocinado afirmaba que las irregularidades que el fiscal aducía eran una «conjetura carente de fundamento», que los nuevos socios «eran auténticos» y que uno de ellos, el Grupo Kirsch, era más grande aún que Fininvest, por lo que —concluyó— «no tiene sentido que actúe de testaferro». El procedimiento respecto a Berlusconi y Dell’Utri, entre otros, continuó en una pieza separada en la que se tomaron diferentes medidas porque estos alcanzaron la condición de aforados. Y, finalmente, Berlusconi volvió a ganar las elecciones en junio de 2001 y, como primer ministro, adquirió la inmunidad.

De aforamientos e inmunidades

Inicié las actuaciones para cursar un suplicatorio al Parlamento Europeo el 27 de octubre de 1999, con el fin de que se alzara o suspendiera «la inmunidad de que disfrutan los diputados europeos Silvio Berlusconi y Marcello Dell’Utri». De esa forma, podría continuar las investigaciones del caso que se tramitaba contra ellos. Mientras tanto, dejé sin efecto las fianzas impuestas a ambos y suspendí toda actividad procesal con respecto a ellos, al aplicar directamente el artículo 10 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, ya que ambos eran eurodiputados y la cámara europea garantiza a sus parlamentarios, mientras está en periodo de sesiones, la inmunidad frente a toda medida de detención y toda actuación judicial en el territorio de cualquier otro Estado miembro que no sea el propio de origen, en el que se garantizan las inmunidades reconocidas para los miembros del Parlamento del país.

Mi razonamiento era que la adquisición de la condición de europarlamentario no afectaba a la validez de las decisiones adoptadas antes del 20 de julio de 1999, pero sí debía conllevar su replanteamiento después de que constara esa circunstancia. El procedimiento para cursar este suplicatorio consiste en realizar la petición a través del presidente del Tribunal Supremo español. La decisión de levantar la inmunidad correspondería al pleno del Parlamento Europeo.

El fiscal anticorrupción elevó el 30 de noviembre de 1999 un escrito de imputación relativo a ambos eurodiputados por seis delitos contra el fisco español y otros seis de falsedad, por actividades relacionadas con la gestión de Telecinco entre 1990 y 1993. El documento señalaba que había «fundadas sospechas» de pagos ilegales a miembros de la Administración pública española o de partidos políticos, cuyos nombres no se mencionaron, para evitar inspecciones.

El escrito fue elaborado por el fiscal Carlos Castresana; supervisado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; y remitido al Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional para incorporarlo al suplicatorio que debía librarse ante el Parlamento Europeo. El fiscal destacaba que los hechos que les atribuían correspondían al tiempo en que Silvio Berlusconi era vicepresidente de la empresa televisiva Gestevisión Telecinco S. A. y presidente del grupo Fininvest, accionista de aquella en sus primeros años, mientras que Dell’Utri era el principal responsable de Publitalia y Publiespaña.

El fiscal les atribuía haber intervenido en la defraudación de 13.500 millones de pesetas (en torno a 81,14 millones de euros), y decía que participaron en seis delitos, algunos de ellos continuados, contra Hacienda, «amén de cometer una pluralidad de falsedades en documentos públicos, mercantiles, contables, y de ocultar información al Ministerio de Transportes y suministrarle información falsa».

El fiscal incluyó también un apartado en el que mencionaba dos contactos entre Berlusconi y el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González —a quien el escrito citaba únicamente por su cargo—, anteriores a la concesión de la licencia de televisión. Agregaba que tras la concesión se produjeron pagos en cuentas suizas cuyos titulares no habían podido determinarse y que se estaba a la espera de los resultados de comisiones rogatorias.

Tiempo después, en el auto fechado el 8 de octubre de 2001, recordaba:

El procedimiento penal contra el Excmo. Sr. D. Silvio Berlusconi se inició cuando este no disfrutaba de ningún privilegio o prerrogativa que impidiera la persecución de los delitos de defraudación contra la Hacienda Pública (delitos fiscales) a partir de 1990 hasta 1993, los cuales habría cometido como vicepresidente de la sociedad Gestevisión Telecinco, así como aquellas actividades desarrolladas a través del grupo empresarial Fininvest que dirigía y que están siendo objeto de investigación en esta causa. Por tanto, los hechos y conductas imputados no guardan en absoluto relación ni con el cargo de diputado que luego asumió, ni con el de Primer Ministro que ahora ostenta, y por ello no le sería de aplicación la inmunidad ratione materiae que perduraría incluso después del ejercicio del cargo. Con carácter sobrevenido, el Excmo. Sr. D. Silvio Berlusconi fue nombrado diputado de la Cámara de Diputados italiana, lo que no confería inmunidad o aforamiento alguno ante la jurisdicción española; posteriormente adquirió la calidad de Representante de Italia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y seguidamente obtuvo el acta de Eurodiputado, con lo cual resulta inmune […].

En atención a ello, en junio de 2000, yo había elevado un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo por medio del Tribunal Supremo español, como órgano competente, para que se aceptara el levantamiento de la inmunidad y poder así continuar el procedimiento contra Berlusconi y Dell’Utri, como presidente de Publiespaña, en atención a que ambos, ahora parlamentarios europeos por Forza Italia, podrían ser autores de cuatro delitos contra la Hacienda pública española. La documentación fue entregada por el Supremo en la sede del Parlamento Europeo en Madrid el 11 de julio de 2000 y llevada en mano a la Eurocámara seguidamente. A partir de ese momento comenzó una «actuación fantasma» de alguien que hizo que no se registrara la llegada de la documentación a Bruselas, ni se entregase a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Después de que la noticia de estos hechos saltara a la prensa en febrero de 2001, casi un año después (mientras tanto, la documentación se había volatilizado), la presidenta del Europarlamento, Nicole Fontaine, se dirigió al Gobierno español para que le comunicara oficialmente cuál era la autoridad competente en el país para solicitar de la cámara el levantamiento de la inmunidad de uno de sus miembros. En cumplimiento de esta petición, el Gobierno —presidido por José María Aznar— se dirigió al Consejo de Estado y este, por mayoría, emitió el 10 de mayo de 2001 un dictamen en el que estimaba que la autoridad competente para tramitar el suplicatorio de suspensión de inmunidad de un parlamentario europeo es el Ministerio de Justicia (aunque cinco vocales consideraron que debía ser el presidente del Tribunal Supremo). Por mi parte, coincido con esos vocales porque opino que esa alternativa es la más coherente, con el fin de que el Ejecutivo no interfiera. Lo cierto es que, para cuando llegó el suplicatorio, Berlusconi había conseguido una nueva acta de diputado y su nombramiento como primer ministro por decreto del presidente de la República italiana, con fecha 10 de junio de 2001, y asumió el poder el día 15 de ese mismo mes. Por tanto, el suplicatorio ya no era operativo, salvo para Dell’Utri. Nuevamente, la Justicia llegaba tarde ante un poderoso, en este caso, de la política, las finanzas y la comunicación. ¡Tres en uno!

Como corresponde a la defensa, ante esta nueva situación, la de Berlusconi solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa el 27 de julio de 2001. Ante esta petición, el Ministerio Fiscal —en un dictamen del 25 de septiembre siguiente— pedía que el juzgado reclamara de las autoridades italianas la incoación de procedimiento en ese país y que se mantuviera la suspensión de la causa respecto de Berlusconi, por inmunidad, extremo que ya había sido acordado por el auto que dicté el 27 de octubre de 1999. Precisamente por lo dispuesto en esta resolución, que había sido confirmada por la Sala, el Tribunal Supremo y el Constitucional, decidí no alterar la situación de suspensión.

En esta situación, y con el fin de agotar todas las posibilidades que otorga el ordenamiento jurídico para que Berlusconi no eludiera la acción de la Justicia, intenté una última posibilidad:

Solicitar de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores de España que den curso a la denuncia (que por este medio formulaba) de estos hechos y de esta causa ante las Autoridades competentes italianas, a fin de que, previos los trámites que sean necesarios, se inicie procedimiento contra el Excmo. Sr. D. Silvio Berlusconi por los presuntos delitos que se le imputan. A tal fin se remitirá una copia literal del procedimiento y testimonio de esta resolución. Solicitar, alternativamente y por el mismo conducto de las autoridades competentes italianas la continuación en España del procedimiento, previo el levantamiento de la inmunidad del mismo.

Esta decisión, adoptada en el auto del 8 de octubre de 2001, era el último intento para impedir que una persona que, presuntamente, había cometido sendos delitos cuando no tenía responsabilidades políticas se aprovechara de esta condición para quedar impune. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con gran valentía, así lo entendió al rechazar el recurso de la defensa y confirmar mi decisión en un auto, con fecha 27 de mayo de 2002, basándose en la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en el caso Yerodia unos meses antes. El auto declaraba que las inmunidades no se otorgan para beneficio personal, sino para garantizar la ejecución efectiva de las funciones de los cargos públicos en nombre de sus respectivos Estados, y enfatizaba la diferencia entre inmunidad e impunidad.

Pero cuando parecía claro que Berlusconi podría ser sometido a juicio en Italia, ya que era poco probable que se aceptara la alternativa, surgió la sorpresa, una vez más, en la cúpula de la justicia constitucional. Incomprensiblemente, el Tribunal Constitucional español hizo caso omiso a toda la doctrina favorable al enjuiciamiento que hasta ese momento se había mantenido. Tras admitir alegaciones de otros imputados que no eran afectados por el amparo deducido por la defensa de Berlusconi, y después de saber que había sido abierto el juicio oral, porque así se le informó desde el juzgado, el Constitucional cambió de posición de forma drástica y prohibió, en el auto de 13 de octubre de 2003 que admitía el recurso de amparo interpuesto por la defensa, que se remitiera la comisión rogatoria para que se juzgara a Berlusconi en Italia. De hecho, como ya la había cursado tiempo atrás, tuve que reclamarla a las autoridades italianas. La interpretación de la inmunidad a la española se expandió más allá del ámbito de aplicación de la inmunidad italiana, hasta convertirse en lisa y llana impunidad a favor de Berlusconi. Con esta decisión, se cedía la jurisdicción al poder judicial italiano. Desde luego, a partir de ese momento, se podía intuir cuál sería el sendero por el que discurriría el juicio contra todos los demás imputados en el caso. No es una queja, sino la constatación de que la justicia, en demasiadas ocasiones, no es igual para todos.

La persistencia

Tiempo después, el 6 de septiembre de 2006, alcé la suspensión del proceso por el caso Telecinco al carecer Berlusconi de privilegios procesales entonces por razón de su cargo. Aunque sus abogados alegaron que había sido propuesto como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en ese momento no constaba que se hubiera aceptado la recomendación.

En el auto en el que se acordaba proseguir el proceso contra Berlusconi y contra el eurodiputado Dell’Utri, yo recordaba que Berlusconi ya no era primer ministro de la República de Italia, «razón por la cual el procedimiento se hallaba suspendido por la inmunidad de la que gozaba». Por tanto, desaparecida la causa que impedía continuarlo, había decidido reabrir la causa.

Al parecer, durante estos años del proceso a Berlusconi, los servicios secretos italianos espiaron, según documentos divulgados por la prensa italiana, a más de doscientos jueces europeos, entre ellos yo mismo, coincidiendo con el segundo mandato de aquel como primer ministro (2001-2006). El objetivo principal era desprestigiar a los ciudadanos espiados. Las operaciones de vigilancia se llevaban a cabo desde un piso clandestino alquilado en la capital italiana por el Sismi, el servicio de información militar.

Las imputaciones contra Silvio Berlusconi quedaron en suspenso nuevamente entre 2008 y 2011 porque, por tercera vez, fue nombrado primer ministro de Italia al ganar las elecciones con Popolo della Libertà, una coalición de varios partidos, junto con la Liga Norte y el Movimiento por la Autonomía. Terminaba así el caso Telecinco en España.

Pero la Justicia italiana sí persistió y, una vez que perdió el poder político, a Berlusconi se le abrieron hasta cinco procesos en su país. Finalmente, resultó condenado el 1 de agosto de 2013 a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el caso Mediaset. Tres meses después, en noviembre, era expulsado del Senado italiano.

Hacia septiembre de 2006 Garzón reabrió el proceso contra el entonces exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi por presunto fraude fiscal en relación con la gestión, a principios de la década de 1990, de la cadena Telecinco, controlada por el grupo italiano Mediaset durante sus primeros años de emisión en España. El caso se suspendió cuando Berlusconi, que ya afrontaba un juicio en Italia por otro supuesto fraude en Mediaset, ganó las elecciones. Aun así, en esta tira de Peridis publicada en El País en diciembre de 2001, el temor de Berlusconi a Garzón —que traspasaba fronteras— se veía apaciguado por el presidente Aznar, muy seguro de su fiscal general del Estado, el polémico Jesús Cardenal.

5

La historia se repite

En 2009 el entonces diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, que durante años había sido coordinador general de esa coalición de la izquierda española, dijo que estaba convencido de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había desperdiciado conmigo «a una de las mejores figuras judiciales españolas al excluirle de la lista de candidatos para presidir la Audiencia Nacional», presidencia que acabaría en manos de Ángel Juanes, candidato de Margarita Robles y para cuyo nombramiento se tuvo que reinterpretar la norma con el fin de que un magistrado del Tribunal Supremo ocupase un puesto de inferior categoría sin perder la que ostentaba previamente. Era la fórmula para evitar que el rechazo de mi candidatura fuera demasiado llamativo.

Ya me había llegado el aviso por parte del abogado y catedrático José Manuel Gómez Benítez —vocal del CGPJ entre 2008 y 2013— de que, a causa de haber abierto el caso por los crímenes franquistas y destapado el tema de la Gürtel, no sería elegido bajo ningún concepto. Llamazares lo dijo después de que el órgano de gobierno de los jueces aprobara, el 18 de marzo de 2009, una terna de aspirantes para presidir el Alto Tribunal en la que tampoco figuraba Javier Gómez Bermúdez, otro juez que había impresionado a la opinión pública con el juicio del 11-M. «Nadie es inmune al ruido, ni siquiera Garzón», sentenció Llamazares. Con su decisión mis propios compañeros me condenaron a seguir en mi puesto de juez instructor, del que sería suspendido el 14 de mayo de 2010 y defenestrado el 9 de febrero de 2012 tras abrirme tres procesos al mismo tiempo, todos bajo la sombra y sospecha de un interés político inconfesable y que se llevaron a término a una velocidad totalmente inusitada y desconocida en la Justicia española, con sentencia condenatoria incluida. Estoy convencido de que se notó —y mucho— que la independencia en un juez estorbaba. Con aquella decisión cerraron una de las pocas salidas profesionales que podían quedarme.

Sí es cierto que después de treinta años de oficio estaba un poco cansado de asumir riesgos que otros temían afrontar, pero quería tener nuevos retos y por eso acepté el puesto que el fiscal Luis Moreno Ocampo me ofrecía en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Siete años después de reclamarme por primera vez para que me incorporase a ella, en 2010 volvió a llamarme. Decidí que era el momento de trabajar en el marco del máximo organismo judicial internacional por el cual tanto había luchado durante la década de los noventa.

De lo que sí estaba harto era de mezquindades como la suciedad que rodeaba a algunos responsables políticos en su relación con la Justicia; su instrumentalización por aquellos; los juegos de poder a espaldas de los ciudadanos, los servilismos mediáticos de algunos y el aprovechamiento impúdico de otros. La campaña de persecución desplegada después de desencadenar la Operación Gürtel fue brutal. Ni en el peor momento de los GAL se actuó tan sistemáticamente y con tal bajeza, hasta el punto de que algunas estructuras judiciales pusieron de manifiesto innegables servidumbres con el poder político.

Hasta poco antes de ser procesado imputado por tres causas al mismo tiempo, Garzón, que siempre despertó miedo en cierto sector de la clase política y la criminalidad organizada, fue el azote de los corruptos. Esta tira del dibujante Manel Fontdevila recoge el ambiente político de temor en la dirección del PP cuando el juez comenzó a tomar las riendas del caso Gürtel.

Recuerdo las expresiones de Esperanza Aguirre y otros líderes del PP en las que el gran argumento para atacarme por la investigación del mayor y más grosero escándalo de corrupción conocido en las últimas décadas, y que debería haber llenado de vergüenza en aquel momento a cualquier demócrata que se preciara de serlo, fue que —hacía quince años— me había dedicado once meses a la política. Me llamaban con desprecio «juez socialista». Sin embargo, poco o nada se recuerda que tanto el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como el PP de Mariano Rajoy habían aprobado la ley por la que volvían a la misma regulación que existía cuando yo accedí al Congreso en 1993, derogando la que se creó nominalmente por mi caso para que jueces o fiscales no fueran a la política y regresasen después a su puesto de trabajo en la Justicia. A pesar de todo, había y hay ejemplos de jueces y fiscales que por largos años han estado en gobiernos y parlamentos y han vuelto al ejercicio jurisdiccional sin ningún problema después de haber estado durante mucho tiempo al servicio de la Administración o del legislativo. La única diferencia es que aquellos no se llamaban Baltasar Garzón. Puede verse el momento político actual en el que jueces y fiscales están participando en política, sin ninguna dificultad ni crítica (por ejemplo, el caso más llamativo de la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, incorporada a las filas del PSOE en 2016).

Lo mismo sucedió con destacados líderes del PSOE y algunos medios afectos a este partido. En un análisis simplista, muy propio de determinados responsables políticos, se dio en proclamar que las investigaciones sobre los GAL estuvieron motivadas por el hecho de que no me habían hecho ministro y, en «venganza» por este hecho, otros y yo habíamos formado una especie de conspiración —en palabras de Luis María Ansón— para derrocar a Felipe González. Este es otro de los «sambenitos» que me acompañarán siempre como un pesado lastre al que muchos, sin mayor análisis, se suman. Por eso era consciente de que podía pasar otra vez. Y, en efecto, ocurrió. El PP, con todo el coro mediático que le sigue o está agradecido, se empeñó en tratar de destruir al juez que estaba investigando un caso de corrupción, con independencia. Entre los que criticaban se posicionó el presidente Mariano Rajoy, olvidando los años pasados en los que su Ejecutivo y él mismo, siendo ministro del Interior y luego vicepresidente del Gobierno, se nutrieron de mi trabajo como juez. Sin embargo, en 2009, cuando las investigaciones afectaron a su partido, utilizaron mi breve paso por la política, quince años antes, como arma arrojadiza en el caso Gürtel, que implicaba tan de lleno a aquel.

En este caso, como en el otro, la caza se dirigió directa e implacablemente contra el juez que les incomodaba. Lo que sucede es que ninguno de los dos pudieron impedir que la verdad resplandeciera, aunque uno de ellos me costó muy caro y el otro me arrebató la profesión de juez.

Lo cierto es que muchos medios y no pocos políticos se han negado a ver la realidad porque les han interesado más otras versiones. Ante lo cual es bueno recordar el refranero español cuando asegura que «no hay peor ciego que el que no quiere ver». En este capítulo procuraré ofrecer algunos datos extraídos de la memoria, aunque el recuerdo selectivo me hace ser más suave y no recordar las vilezas y las artimañas de unos cuantos para mantenerse en una posición de poder a costa de lo que fuera. En este sentido, siempre me han repugnado aquellos que se agarran a un puesto como a un clavo ardiendo para evitar perder la posición o que andan llorando por las esquinas porque han tenido que salir de un puesto que habían conquistado más por mérito de otros que por el suyo propio.

La captación

Atraído por José Bono, motivado por Felipe González y apoyado por el juez Ventura Pérez Mariño, me incorporé a las listas del PSOE para las elecciones de 1993 con dos condiciones. La primera fue ser el número dos por Madrid; la otra —y esta es la clave de todo lo que sucedió después—, que desarrollaría un nuevo modelo policial de ámbito europeo destinado a combatir la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo de cualquier signo.

Las voces interesadas del PSOE, incluida la de Felipe —aun cuando era quien mejor sabía los motivos de mi dimisión después de mi salida del Gobierno y mi renuncia a mi escaño en el Congreso de los Diputados—, trataron de deformar las razones por las que me marché. De alguna forma resultaba incomprensible para quienes así pensaban, por la concepción interesada y parcial que tienen de la política, que alguien que estaba en la cúspide del poder renunciara a esa posición por principios. Pues, guste o no a quienes siguen empeñados años después en construir una realidad diferente, así fue. Los hechos y los acontecimientos así lo demuestran.

Nunca pedí ser ministro, aunque a principios de mayo de 1994, cuando ya hacía quince días que había presentado mi dimisión, sí manifesté al presidente del Gobierno que consideraba un grave error unir los ministerios de Justicia e Interior y nombrar como superministro de ambas carteras a Juan Alberto Belloch. El tiempo me dio la razón y así, quince años después, me lo reconoció Felipe expresamente al decirme que se equivocó al tomar esa decisión.

Mi incorporación a la política se fraguó casi sin darme cuenta. No sé si, como Pepe Bono ha contado en algún libro, él tuvo desde el principio la intención de captarme para las listas del PSOE. Si fue así, no lo percibí, porque la razón por la que conocí a Bono fue absolutamente accidental, sin intención por mi parte o por la suya.

La razón de nuestro primer encuentro estuvo en unas declaraciones críticas que Bono había hecho en un cuartel de la Benemérita durante las Navidades de 1992. El contexto era el caso Ucifa, y conviene recordar que pocos días antes, el 13 de diciembre, yo había ordenado el registro de la Dirección General de la Guardia Civil. Puse de manifiesto esas declaraciones a mi compañero magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en ese momento, Ventura Pérez Mariño, amigo próximo de Pepe. Ventura le transmitió mi malestar y Bono se mostró dispuesto a conocerme. Después de varios encuentros entre los tres, especialmente a partir de unos días de vacaciones en Sierra Nevada, en donde Pepe insistió en que me encontrara con Felipe González, aquel organizó en la localidad toledana de Quintos de Mora un encuentro del presidente del Gobierno con miembros de la sociedad civil, entre los que estábamos el pintor Antonio López, el director de Greenpeace —Xavier Pastor—, Ventura, yo y una serie de personas de diferentes ámbitos de la cultura y la política. Recuerdo que Felipe, cuando llegamos al lugar, estaba dedicado a una de sus aficiones favoritas junto a la de los bonsáis, injertar y trasplantar encinas. La velada fue interesante y yo me mostré muy duro con la corrupción, especialmente con Alfonso Guerra porque, desde mi punto de vista, era uno de los responsables de la falta de credibilidad de la política y de los políticos del momento. Lo llamativo es que Felipe estuvo de acuerdo, como también lo estaría cuando, ya en el Gobierno de nuevo, me reconoció que hacía tiempo que no hablaba con Alfonso y que en realidad el exvicepresidente estaba «loco». Imagino que las relaciones entre ambos estaban totalmente rotas mucho antes, pero me llamó la atención el hecho de que estuvieran tan alejados quienes todos creíamos que eran uña y carne.

Tiempos de resaca de los GAL y del nacimiento del euro. En esta tira de Ricardo y Nacho, el presidente del Gobierno habla de la preocupación que le causan los jueces (Garzón, en realidad). Su interlocutor le dice que es Garzón y a Felipe casi le da un infarto. Al otro lado de la línea, Jordi Pujol ríe la broma que acaba de gastarle a González. El personaje del juez Garzón ya había superado al ser humano Baltasar Garzón.

Después de este encuentro, que debió de tener lugar en el mes de febrero de 1993, lo acontecido no dio más que para hacer algún comentario esporádico con Ventura y algún otro compañero. En casa, Yayo y yo simplemente hablamos sobre lo acontecido y se olvidó la cuestión. Quien no lo olvidó fue Pepe Bono, que a los pocos días volvió a quedar a través de Ventura con ambos en el restaurante Asador Donostiarra. Dije que sí porque no veía que hubiera riesgo alguno, dada la falta de relación con asuntos que afectaran al presidente del Gobierno en ese momento, en comentar las incidencias de aquella velada y, especialmente, por la buena impresión que me había producido la «preocupación» del presidente por la mala imagen que daba su partido en ese momento ante la sociedad española a causa de la corrupción. No hay que olvidar que en esos momentos estaban en marcha los casos Filesa, Malesa y Time Sport, mientras que aún «coleaba» el escándalo de Juan Guerra. Por mi parte, mi atención estaba en los tres procesos más importantes que tramitaba en esos momentos y en las dificultades a las que me enfrentaba en ellos. Eran los casos de Monzer Al Kassar, la Ucifa y la preparación de la tercera fase de la Operación Pitón contra el narcotráfico.

Monzer Al Kassar

El primer caso estalló a mediados de 1992 con las declaraciones que estaba prestando un «arrepentido», Ahmed Boumershed, también conocido como Abu Ziad, que había colaborado durante diez años con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Boumershed aseguraba que, supuestamente, su antiguo jefe desarrollaba sus actividades ilícitas con absoluta impunidad y, al parecer, protegido por el aparato del Ministerio del Interior, en especial por quienes dirigían la seguridad del Estado. El arrepentido le identificó como la persona que suministró las armas a un grupo palestino liderado por Abu Abbas para llevar a cabo el secuestro del buque Achille Lauro el 7 de octubre de 1985 en el golfo de Alejandría (Egipto), durante el cual asesinaron al ciudadano estadounidense de origen judío Leon Klinghoffer. La detención de Al Kassar se produjo en el aeropuerto de Barajas, el 3 de junio de 1992, de la mano de la unidad especial de la policía que, al mando del comisario Alberto Elías, había investigado conmigo en noviembre de 1989 el atentado contra los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en el hotel Alcalá de Madrid, donde murió el parlamentario aberzale Josu Muguruza y resultó herido de gravedad Iñaki Esnaola, quien, como su compañero, había viajado a la capital para tomar posesión de su acta de diputado en el Congreso.

La operación se había diseñado de forma que pudiéramos desarrollar la acción simultáneamente en Madrid y Marbella, donde el ya detenido Al Kassar poseía el palacio Mifaldi y otras viviendas en las que, según su excolaborador, encontraríamos armas y documentos falsificados. La información resultó cierta y pudimos intervenir una serie de pistolas y armas de guerra, así como numerosos documentos falsificados y dieciocho vehículos de alta gama cuyos números de bastidor habían sido alterados. Siempre imaginé que el traficante de armas estuvo protegido por el Ministerio del Interior debido a su colaboración en temas de terrorismo. Sin saberlo, había pisado un avispero que después me traería graves preocupaciones y quebraderos de cabeza de la mano de Rafael Vera —quien, al parecer, tenía una especial relación con Al Kassar— y que se desatarían con motivo de mi entrada en la política.

Inmediatamente después de la detención del traficante sirio, comenzaron los problemas. Me vi sometido —por iniciativa de Al Kassar, con el que colaboró un grupo de policías— a la vigilancia y control de mis actividades y a la preparación de un dosier que acabaría llamándose el Informe Veritas. En su elaboración no solo intervinieron Al Kassar y el aparato de Interior, que se entrelazaron con los que, entre bastidores, «movían» todas las posibilidades y artimañas de la Guardia Civil por la investigación de la Ucifa. Todo ello acabaría reconduciendo en 1994-1995 a las acciones de un grupo policial secreto creado ad hoc por la cúpula de Interior, cuyos titulares eran Juan Alberto Belloch y Margarita Robles. Curiosamente, en ambos casos estaba al frente de la defensa —en el de Al Kassar, sotto voce hasta el momento del juicio— el catedrático Manuel Cobo del Rosal, cuyo carácter intrigante y poder fáctico eran legendarios y notorios en la Universidad Complutense, donde yo también impartía clases de Derecho Penal, hasta el punto de que le llamábamos Al Cobone por su forma de actuar en la obtención y administración del poder en los ámbitos académicos y por sus técnicas poco éticas en la forma de desarrollar las estrategias de defensa. Todo valía al servicio del aparato y del poder; todo estaba sometido a los actores de Interior implicados entonces en el caso Ucifa, antes en el caso de Amedo y Domínguez y después en los casos Marey, Lasa y Zabala, Oñaederra y otros que contaminaron gravemente los comienzos de la democracia española y todas las estructuras de la seguridad nacional, como la Secretaría de Estado de Seguridad. Comprobar que estas estructuras contribuían a ocultar los hechos que se imputaban a los funcionarios investigados y que coadyuvaron con Monzer Al Kassar en mi contra fue una de las amargas realidades que me tocó admitir en aquellos años.

Tiempo de canallas

En un artículo sobre la guerra de Irak publicado en febrero de 2004,18 aproveché este título —tomado del libro en el que Lillian Hellman denunció la cobardía colectiva y las mentiras del poder que representó la era McCarthy en la década de 1950, y especialmente las persecuciones y «caza de brujas» contra el comunismo— para decir que aquellos años, de 1993 a 1997, fueron «tiempos de canallas» en los que diferentes actores, incluido el responsable máximo de la Fiscalía General del Estado, Eligio Hernández, actuaron para acabar conmigo. El objetivo era lisa y llanamente terminar con «la plaga Garzón», como un buen funcionario policial me ratificó, usando tan gráficas palabras, años después.

Recuerdo la forma burda en la que, utilizando tiempo y fondos públicos al servicio de intereses privados o aprovechando estos, me seguían en restaurantes, espacios deportivos y cualquier lugar al que me desplazara. En una ocasión hasta me acerqué a los que lo hacían y les dije que comunicaran al Ministerio del Interior que no tenía nada que ocultar y que no abandonaría las investigaciones en las que estaban implicados los actores que movían los hilos. Lo intentaron todo para acabar con mi prestigio a través de campañas de descrédito, incluso compraron el periódico Ya para utilizarlo como instrumento de acoso y derribo. Si alguien tiene tiempo e interés, puede acceder a los archivos de aquella época y comprobar esta realidad.

Personajes como el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, que se puso a su servicio; el abogado Manuel Cobo del Rosal; Rafael Vera; algunos de los implicados en el caso Ucifa y quienes los protegían desde otras estructuras de la Benemérita, entre los que no se encontraba Luis Roldán, al que odiaban; determinados periódicos, como el ABC o el referido Ya; el propio fiscal general de la época; y otra serie de personajes de las filas socialistas y de los oscuros aparatos del Estado, entre ellos el Cesid, se concitaron en esa acción sostenida. A todos ellos se sumaron, después del intermezzo de mi paso por la política, y, como consecuencia de mis investigaciones sobre el caso Marey, otros como el conspicuo personaje, escritor y cuestionable político Joaquín Leguina —quien no había tenido empacho en acudir a mí cuando yo era secretario de Estado para pedirme que mediara con Felipe González, pues este no lo recibía pese a ser él presidente de la Comunidad de Madrid— o el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que tiempo después se inventaría inexistentes conversaciones o afirmaciones mías para apoyar a quienes comparecieron en el Tribunal Supremo como acusados de aquel secuestro y por el que así fueron condenados, entre ellos José Barrionuevo y Rafael Vera.

La política me enseñó mucho y, sobre todo, me dejó ver el permanente «concurso de vanidades», mentiras, traiciones y falta de ética con las que muchos políticos se conducen, especialmente entre los propios componentes de un mismo partido o grupo, y más aún cuando alcanzan el poder; cómo viven y dependen de lo que se dice, se publica o se opina de ellos; cómo en muy pocos casos se piensa lo que se dice y se dice lo que se piensa y, además, los escasos supuestos en los que se actúa sin reserva mental, es decir, haciendo coincidir lo que se piensa, se quiere, se persigue o se dice con lo que realmente se lleva a la práctica. Pero también pude comprobar cómo muchos responsables políticos tienen verdadera vocación de servicio público, personas coherentes a las que conocí y que representaban la buena política en nuestro país en aquella época: Manuel de la Rocha, el sindicalista Cándido Méndez, Antonio Romero, Antonio Asunción, Dolores García Hierro, Alfredo Pérez Rubalcaba, Adolfo Suárez, Juan José Lucas, Gaspar Llamazares, José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero, Gonzalo Robles, Jaime Mayor Oreja, Julio Anguita, Marcos Gutiérrez, Baltasar Garzón Garzón y otros muchos que han desempeñado sus cargos con honestidad probada, al margen de su adscripción partidaria.

Más madera

Vuelvo al relato de aquellos meses de 1993. No puedo olvidar que entraron en el juzgado y en mi despacho para sustraer unas minutas o borradores referidas al sumario de Al Kassar, que entregaron al diario ABC y este publicó sin inconveniente y sin contrastar, como haría dos años después con las supuestas facturas de Dominicana. Con este hecho delictivo se pretendía instrumentar una querella criminal por falsificación y prevaricación que sería presentada inmediatamente después de que se produjera mi supuesto nombramiento como ministro de Justicia. En este sentido, recuerdo que el ministro de Justicia saliente, Tomás de la Cuadra, me advirtió en la sesión de investidura del presidente González que esta trama estaba preparando acciones contra mí y que debía hablar con Felipe. La verdad es que me lo tomé en serio porque era consciente de hasta dónde eran capaces de llegar estos personajes. Tal como me había recomendado De la Cuadra, acudí a Felipe, quien me recibió en el despacho que tenía en el Congreso con el objetivo de decirme que estaba preocupado con las «amenazas» que, al parecer, le estaba haciendo llegar Vera y que consistían en «hacer estallar» el caso Al Kassar contra mí. Le respondí con total tranquilidad —como le había comentado en la precampaña con ocasión de la noticia de que yo habría dado, cobrado y no declarado unas clases de oposiciones— que no tenía nada que ocultar y que todos mis ingresos estaban en la declaración de Hacienda, pero que sí le exigía que tomase las medidas adecuadas para que toda esa «mierda» cesara de forma inmediata.

Debo reconocer que me dolió el hecho de que se pusiera en duda mi proceder, especialmente viniendo de quienes estaban dando muestras de actuar al modo mafioso más zafio. Pero este hecho, como otras alarmas que iba detectando, me mostraba lo que me esperaba en medio del campo minado en el que yo mismo me había metido. Desconozco si el presidente hizo algo o no, pero nunca más volvimos a hablar de ese tema. La querella no llegó a presentarse porque —a petición mía— la Policía, que había investigado conmigo, y la Guardia Civil, que había intervenido en la investigación de la Ucifa y las operaciones Pitón, consiguieron desmontar la trama urdida. Esto, junto con su participación en las investigaciones, las hizo objetivo de quienes estaban implicados en los hechos delictivos y la persecución que se desató contra los funcionarios respectivos no tuvo medida, aunque resistieron y así prestaron un alto servicio a la justicia y a la sociedad que, en algunos casos, tuvo un alto coste para ellos.

El «arrepentido» Abu Ziad desveló cómo lo habían utilizado y cómo, a las órdenes o siguiendo instrucciones de Al Kassar y con la asesoría del letrado que dirigía la trama en la sombra, el objetivo era yo. Al retractarse aquel, se quedaron sin elementos para consumar una trama perfectamente urdida contra mí y que, más tarde, se reproduciría. Muchos años después, cada uno de los actores, incluido Al Kassar, llegaría a contarme cómo habían establecido una especie de pactum scaeleris —un acuerdo entre delincuentes para cometer una acción criminal ya recogido en el derecho romano— para acabar conmigo. No les salió bien. En ese momento.

El juicio, después de la política

Lo que sí les salió bien fue el juicio contra Al Kassar. La Sala, en una decisión que no criticaba mi trabajo pero descalificaba la suficiencia de las pruebas, le absolvió en marzo de 1993. En la apelación contra el auto de procesamiento, el magistrado Francisco Castro Meije había desmembrado el sumario del traficante sirio y enviado el asesinato frustrado de Elias Awad al juzgado correspondiente de la plaza de Castilla; las armas, la falsificación y los coches trucados a Marbella, donde nunca más se supo, y el Achille Lauro a la Audiencia Nacional. De este modo se reducían las posibilidades de una condena. Y, en efecto, la prueba no fue considerada suficiente y se dictó sentencia absolutoria.

Así quedó el caso de Al Kassar en España hasta que dieciséis años después, en 2009, los estadounidenses, con el apoyo de la Fiscalía española y la Audiencia Nacional, armaron una operación encubierta para detenerle. Juzgado en Estados Unidos por conspirar para vender armas a la guerrilla de las FARC, fue condenado. En este caso las pruebas resultaron más contundentes, o al menos así se estimó, aunque no fueron escasas las que aportó la causa española que desvelaba su especialización en las proximidades de los oscuros ámbitos del terrorismo, el tráfico de armas y la falsificación, así como una vida de opulencia y la protección «oficial» recibida en varios países que lo blindaron durante treinta años, los mismos que está cumpliendo en una prisión de alta seguridad estadounidense.

Por su parte, Abu Abbas fue detenido por los estadounidenses en Bagdad en 2003. Pero ni él ni nadie, a excepción de Al Kassar, ha sido juzgado por lo ocurrido en el trasatlántico italiano Achille Lauro.

Continúa la captación

Podría decir que hubo una serie de maniobras orquestadas para convencerme e incorporarme al proyecto del cambio que preconizaba Felipe González en aquella época, pero he de reconocer que fueron mi propia reflexión sobre la situación política del momento y la convicción de que podía aportar mi experiencia de cinco años en la Audiencia Nacional al Gobierno que surgiera de las urnas lo que me hizo decidirme. Pero, al analizar la situación con carácter retrospectivo, se advierte que lo que quisieron captar fue mi popularidad en ese momento, mi imagen de juez independiente que se había enfrentado a los poderosos, fueran de un sesgo u otro, pero no mis posibles conocimientos ni lo que pudiera aportar en realidad. Probablemente, esa distorsión inicial entre lo que se decía y lo que se pretendía fue lo que hizo que todo saltara por los aires después. Incluso Bono lo dice en sus memorias:

[…] me quedo a solas con Felipe y coincidimos en que Garzón nos traerá problemas. «Haremos todo lo posible porque las complicaciones vengan después de las elecciones —aclara el presidente—. Garzón traerá votos. Hemos hecho un tratamiento de shock sobre el enfermo, esperemos que no se nos muera en el quirófano».19

A pesar de la discreción con que se llevaron las conversaciones, el 27 de abril de 1993 saltó la noticia en El País. Relataba cómo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Felipe González, negociaba con profesionales de prestigio su inclusión en un lugar preferente de las listas del PSOE en Madrid y Barcelona:

A tres días del cierre definitivo de las listas en el PSOE, González no renuncia a colocar a un independiente en la lista socialista por Madrid y a otro en Barcelona. […] Pero la auténtica sorpresa ha sido la negociación que, según fuentes socialistas y judiciales, mantiene González con el juez Baltasar Garzón, con el objeto de incorporarlo a la lista de Madrid. […] La pretensión de González de incorporar en las listas del PSOE a independientes de prestigio se encuadra en su política de apertura a sectores más amplios de la sociedad.20

Pero la Federación Socialista Madrileña (FSM) había aprobado ya su lista para el Congreso, con González como número uno, seguido de Javier Solana —responsable de la cartera de Asuntos Exteriores— y el exministro Joaquín Almunia. Pocos días después, el 28 de abril, se confirmó la noticia y pasé a ser oficialmente candidato del PSOE a las elecciones generales, como número dos de la lista por Madrid.

La reacción dominante fue de sorpresa ante la noticia, incluso el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, con quien había tenido varios desencuentros, declaró: «¿Cómo me iba a sentar mal, si además de juez que trabaja es un demócrata?».21 Y qué decir de su predecesor, José Barrionuevo, quien manifestó su total conformidad a pesar de verse relegado de la cuarta a la quinta posición de la lista. Más podría haberse molestado Solana, que pasaba de segundo a tercero, pero parece que la disciplina de partido funcionó a la perfección también en esta ocasión.

En la poderosísima FSM, en cambio, no fueron tan benévolos. Si Joaquín Leguina, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, calificó de «brillante» la operación, otros históricos reaccionaron con frialdad.

Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, soltó mordaz que la noticia le dejaba indiferente porque «aunque la mona se vista de seda, mona se queda». El portavoz del PP en el Congreso, Rodrigo Rato —el mismo que ahora se enfrenta a la Justicia por presuntos delitos de corrupción, delitos fiscales y blanqueo de dinero—, afirmó que «sería interesante saber desde cuándo Garzón piensa en clave socialista», para añadir, unos días después, que «por fin a Garzón le van a contar la verdad sobre los GAL en su propia candidatura». José María Aznar se limitó a aseverar: «Todas las decisiones personales son respetables», mientras que otros lo definieron como «una buena jugada» de Felipe González.

Lanzamiento publicitario, decepción para la ciudadanía, acceso al pesebre del poder político por parte de los jueces, destrucción del mito del juez independiente… Estas fueron algunas de las lindezas que me dedicaron políticos y tertulianos radiofónicos. En cuanto a mis compañeros jueces, también hubo disparidad de declaraciones, pero quienes me importaban me apoyaron en todo momento. Así lo hizo el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que lo definió como un «paso hacia delante» para mí. Clemente Auger, presidente de la Audiencia, sintió que les dejase: «Creo que te equivocas —me dijo—, pero, de todas formas, ¡ánimo!». Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, se mostró entusiasmado, afirmó que era una noticia formidable y una decisión perfecta. Salí de su despacho muy reconfortado. Penosamente, Pascual cambiaría su actitud cuando dimití y me marché de la política.

Me emocionó también la carta de Bueren, que me recordaba a Giovanni Falcone, asesinado un año antes, y me animaba a seguir adelante como había decidido:

La politización no llega a los jueces cuando estos hacen política después de cesar en el ejercicio profesional y a cara descubierta. Son otros los peligros. Has demostrado una vez más estar por encima de quienes no entienden que la vida de nuestro país en democracia exige de la participación de todos, y que nadie debe ser excluido de tal posibilidad desde donde libremente considere. Tu decisión te compromete como ninguna otra anterior. Que el ejemplo que has dado te sirva de ayuda en tu nueva tarea para sostener el valor de la independencia judicial.

Un fuerte abrazo.

CARLOS BUEREN

Unos días antes, yo había recibido una carta del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, conminándome a que no diera este paso. Me mandó unas líneas en un tarjetón marcado con el membrete del diario y el cargo del remitente, y enviado a mi despacho en la Audiencia, no a mi domicilio particular. Pedro J. dijo luego que no la había remitido como director del diario, sino que se había tratado de «una carta personal, a mi amigo Baltasar, diciéndole: “No me puedo creer que sea verdad lo que me dicen, y si lo es, espero que reacciones con la misma honradez que has tenido como juez”». Huelga decir que como no obedecí sus amigables deseos di el primer paso para formar parte de su larga lista de bestias negras, donde todavía me honra figurar con cierto orgullo y no poca satisfacción.

Un hecho vino a suavizar tanta animadversión y declaraciones en contra. El príncipe de Asturias —y hoy rey— me entregó, el 29 de abril, uno de los nueve premios Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Don Felipe destacó el «trabajo constante y bien hecho, con disciplina personal, profesionalidad, esfuerzo y entrega hacia unos objetivos y hacia sus semejantes» de todos los galardonados. Hasta el mes de febrero anterior, yo era el segundo personaje mejor valorado por los españoles después de su padre, el entonces rey don Juan Carlos, según una encuesta del CIS.

Recuerdo que el mismo día de la presentación oficial de la candidatura, el 7 de mayo, fui a la radio, a Onda Cero y a la SER. Allí dije que me sentía como un toro despistado al saltar al ruedo y era cierto, pues la vorágine de los acontecimientos me atropellaba y ya no estaba concentrado en mi despacho, trabajando como siempre con mi equipo, sino que me encontraba continuamente bajo los focos: entrevistas, declaraciones, mítines, conferencias, intervenciones, más entrevistas, reuniones, más y más entrevistas…

Primer mitin

Al día siguiente, 8 de mayo de 1993, me estrené por la tarde con mi primer mitin en Albacete, acompañado de Pepe Bono y Narcís Serra. Yo había elaborado un discurso con la ayuda de José Enrique Serrano, el jefe de gabinete de Serra. Me dieron unas directrices generales, pero en ningún momento me dijeron que no hablara de esto o de aquello, solo que focalizase y personalizase todo en la figura de Felipe González, el líder único e indiscutible.

Casi llevaba el discurso aprendido de memoria, pero aun así y para no equivocarme, decidí leerlo. Estaba muy verde en estas lides, pero Bono también llegó bastante verde tras el trayecto con mi conductor (de hecho, llegó más cansado a causa del miedo que del propio viaje y la velocidad). No sé muy bien por qué todo el mundo dice que voy en coches que vuelan bajo. La verdad es que, como no conduzco, no suelo darme cuenta de estas cosas. El caso es que mis primeros actos electorales fueron poco mitineros, como se decía, pues yo era más discursivo que otra cosa, pero con los días aprendí a arengar a las masas como el más avezado de los políticos profesionales.

Fuera como fuese, en Albacete me sentí tenso, nervioso, preocupado por mi primera intervención. Sentado junto a Serra, consultaba una vez más mis apuntes. Cuando llegó el momento, me levanté y leí el discurso. Estaba terriblemente afónico y dicen que se me veía serio y circunspecto, con poco tirón, y que luego me tuvieron que llevar casi en volandas hasta el coche por el fervor de los allí reunidos. En fin, hubo mucha campaña electoral, que al fin y al cabo era lo que tocaba. Recuerdo que en aquel primer mitin resalté que «ser independiente no significa ser neutral en la disyuntiva entre progreso y conservadurismo», y agregué: «Yo apuesto por la idea de progreso que patrocinan Felipe González y el Partido Socialista». Incidí en la «hipocresía» de los que antes me elogiaban con entusiasmo y ahora solo me veían como un «compendio de desastres», pues detrás de esas críticas, afirmé con convicción, «se esconde una voluntad de secuestrar la política y de despreciar la participación democrática».

Sensaciones

Varios miembros del partido, como Manuel de la Rocha, me contaron tiempo después que mi presencia en la lista como número dos fue bastante impactante, porque en aquellos tiempos mi juzgado era la punta de lanza contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción —que ya asomaba su fea cara y me preocupaba sobremanera— y la defensa de las libertades. Resumiendo, que en él se luchaba contra el crimen en todas sus facetas y, por este motivo, resultaba muy mediático. Tanto, me recuerda mi buen amigo y periodista de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo, que en las redacciones los titulares habían cambiado de sujeto: ya no era la Audiencia, el Juzgado o un anónimo juez quien aparecía, ahora el sujeto de las noticias era Garzón, a lo que también ayudaba la contundencia y brevedad del apellido que me honro en llevar, según decía.

A Eduardo le propuse que viniera conmigo al mundo de la política para llevar todo lo relativo a la prensa. Le llamé y le conté el tema un poco por encima, pidiéndole que fuera discreto y que confiara en mí. Su compañero y amigo Jordi Bordas me advirtió de que me estaban engañando, que no me dejase atrapar. «¿Es que no sabes cómo son?», me espetó.

Creo que González y Bono creyeron que con tenerme dentro, en el poder, yo estaría tranquilo y conforme. Es decir, había cumplido mi misión de aportar una cantidad sustancial de votos, necesarios para ganar, y a partir de ahí cualquier otra aportación no era ni esperada ni querida. Pero pienso que no contaban con la realidad de que yo sí creía lo que decía, que realmente pretendía que las cosas cambiaran y que estaba convencido de que el impulso democrático que todos los líderes y responsables del PSOE proclamaban a gritos era el verdadero comienzo de una regeneración política necesaria, once años después de que el partido hubiera ganado las primeras elecciones.

Me equivoqué. Y debí darme cuenta el mismo día del primer debate entre Felipe y Aznar a finales de mayo de 1993. Recuerdo que el presidente del Gobierno había regresado de un accidentado viaje desde Tenerife, adonde el avión tuvo que regresar en un primer momento a causa de una avería en vuelo, y esto hizo que llegara cansado y que no tomase en serio a su oponente. Llamé a Felipe esa tarde y me dijo que se encontraba bien, que no necesitaba preparación porque Aznar era incapaz de aguantarle en un debate. Lo cierto es que vi ese cara a cara en televisión desde mi casa durante la cena, y me quedé absolutamente perplejo y asustado cuando, de repente y para equilibrar la «paliza» que le estaba dando el aspirante al puesto, González le espetó frente a las críticas de los casos de corrupción en el PSOE: «Sabe lo que le digo, señor Aznar, he encargado al juez Baltasar Garzón que presida una comisión para la investigación de la corrupción». En ese punto el oponente se quedó tan sorprendido como yo, que me enteré en ese preciso momento de semejante proyecto, el cual —como era obvio— no se desarrollaría nunca, aunque estuvo en la base de mi dimisión poco menos de un año después. Esa misma noche, al finalizar el encuentro, llamé a Felipe y le dije: «¿Cómo es que has hecho esa promesa si ni siquiera lo hemos hablado?». Él me contestó: «Baltasar, las promesas en campaña electoral se hacen para no cumplirlas».

¡Qué certeras y terribles fueron sus palabras! Escenificaban la verdadera faz de una forma de entender la política que no era la mía. Jamás nadie tuvo voluntad de formar esa comisión, como tampoco de combatir con decisión la corrupción, aun a pesar de que había una oportunidad única para iniciar la limpieza. Este episodio se me quedó grabado y, en abril de 1994, exigí el cumplimiento de la promesa electoral bajo la sombra de mi dimisión ante el presidente del Gobierno. Conseguí cambiar la votación de todo el grupo socialista y que se formara esa comisión, pero desnaturalizada en su forma y en su fondo, de modo que estaba muerta antes de nacer. Siempre he criticado duramente la falta de coherencia y de seriedad en el ejercicio de la política. La oportunidad que se proclama en ella es, para mí, la de transparencia y cumplimiento con los ciudadanos o, al menos, la de explicación y rendición de cuentas. La trampa, el trapicheo, el enjuague, la acomodación y el traicionarse a uno mismo de forma sistemática por conservar el puesto y la doble moral me revuelven las tripas, y me parecen sencillamente deleznables quienes se aprovechan de lo público para engañar a la ciudadanía en beneficio de lo propio. Durante el año que pasé en política aprendí bastante sobre todo ello, con clases prácticas aceleradas.

Un oscuro porvenir

Durante la campaña percibí envidia y animadversión, pero también un cariño inmenso en las gentes sencillas que acudían a oírnos o saludarnos. Realmente una campaña electoral es equivalente a una sobredosis constante de adrenalina. Hubo ocasiones, como en Granollers, en las que después del mitin era transportado prácticamente en volandas de mano en mano y de abrazo en abrazo hasta el vehículo en el que me movía. Esta parte de mi paso por la política me marcó en mi relación con el pueblo. Siempre había estado próximo en mi modo de proceder, pero ahora tenía marcado de por vida el hecho de que mi compromiso con los ciudadanos se antepondría en todo momento a las exigencias de cualquier poder establecido.

El mitin que cerró la campaña tuvo lugar en la madrileña Casa de Campo el 4 de junio de 1993 ante más de veinte mil personas. Fue el único acto en el que Felipe y yo coincidimos después de la foto que dio inicio a esta aventura, tomada en el jardín del Palacio de la Moncloa el 27 de abril anterior en compañía de Pepe Bono y Ventura Pérez, quien también se unió a lo que yo creía un proyecto de cambio político y no pasó de ser un ardid para ganar las elecciones y mantener el poder cuatro años más. Entre mi primer mitin en Albacete y aquel cierre de campaña parecía que habían pasado mil años, pero tan solo habían sido veintidós días, en los que recorrí toda España y, si no me equivoco, fui el candidato que más actos electorales celebró entre la precampaña y la campaña. Me entregué con más dedicación que oficio, casi leyendo las intervenciones para compensar el miedo escénico que me daba prometer las cosas que haríamos y tener la incertidumbre de si podríamos cumplirlas. Despertar expectativas en la gente, convencer a los ciudadanos para que nos votaran, suponía para mí un compromiso inalienable, un vínculo indestructible con los votantes que no rompería bajo ningún concepto. Probablemente es de lo poco que tenía claro: cumplir con el pueblo, no mentirle, sí explicarle, y dar todo lo que tenía. Por eso cuando el presidente me dijo aquella frase demoledora sobre el incumplimiento de las promesas electorales me hundí, porque me barruntaba el oscuro porvenir que me aguardaba.

Hoy, tantos años después, sigo pagando el coste de aquella corta aventura electoral a la que se me convocó por mi imagen, consolidada por mi trabajo en los cinco años precedentes en la Audiencia Nacional, y en la que se me utilizó como recurso de marketing, es decir, de «engaño», o al menos como pieza en una maniobra electoral frente a los otros grupos políticos, que quedaron sorprendidos o transitoriamente noqueados, según me contó un líder popular que le había ocurrido a José María Aznar cuando se enteró de mi incorporación al PSOE como independiente. Al parecer, el candidato del PP no se lo creía y se quedó sentado en un pasillo de su sede, sin decir palabra durante un buen rato, hasta que asimiló esa nueva circunstancia imprevista y de consecuencias negativas para quienes, en ese momento, tenían todas sus esperanzas en ganar las elecciones.

Lo que quería representar

En aquellos momentos no era consciente de a qué me enfrentaba realmente, y si lo era aparqué las dudas para dedicarme de lleno a la campaña y a ganar las elecciones, como aconteció. Me había convertido en una especie de infiltrado que no tenía acomodo en ningún sitio. No me podían presentar como militante, porque no lo era, ni hice intención de sumarme a esa inercia. Quería mantener mi independencia y que mi adhesión al proyecto fuera estrictamente ideológica y en función del programa que se iba a presentar… y a cumplir en el caso de ganar las elecciones. En esto fui muy claro. Por coherencia, no exigí un futuro puesto en un hipotético gobierno, ni hubiera sido lógico que lo hiciera, aunque estoy seguro de que Felipe me lo hubiera ofrecido desde el primer momento porque él y el partido lo necesitaban. Únicamente me planteé cómo encontrar la fórmula para, estando solo como estaba, adquirir un peso político suficiente, que perdería de estar en el seno de un Ejecutivo al que me debería por lealtad institucional y obligación legal en todo caso. Fue esa la razón por la cual, después de reflexionarlo y consultarlo con algunas personas de mi confianza, llegué a la conclusión de que debía exigir ser el número dos en la lista de Madrid, por detrás del presidente. El mensaje político era potente, sin que ningún otro cargo del partido se interpusiera. La petición sorprendió a Pepe Bono cuando se lo dije en la reunión previa que tuvimos en la cafetería Galaxia de Moncloa —curiosa coincidencia— con Ventura antes de dirigirnos al palacio en donde nos recibiría Felipe González. La propuesta sorprendió a ambos, pero finalmente se concretó y causó el impacto que yo quería que produjera, tanto en el partido como en los medios y en el pueblo en general. El afán de regeneración era imparable, o así lo creía firmemente yo en ese momento.

Ningún otro acuerdo medió entre Felipe y yo, ningún otro comentario existió por mi parte con otros responsables del partido. Todas mis afirmaciones posteriores, sobre todo después de mi dimisión efectiva en mayo de 1994, buscaban razonar mi «espantada», pero se utilizaron como excusa para propiciar la construcción de una aparente animadversión profunda mía contra el partido socialista, al hilo de las investigaciones judiciales sobre los GAL y la implicación de responsables del Ministerio del Interior. Nunca existió tal animadversión. Sencillamente, a algunos responsables políticos de la época que vociferaban con insistencia su frustración por mi marcha los descolocó que alguien prescindiese de los oropeles del «poder» y se marchara por convicción del Gobierno y del Parlamento. Yo entendía que debía abandonar mi puesto al estar en desacuerdo con el PSOE, al que me había sumado para defender un programa, pero también que, al haberlo obtenido por representarlo, el escaño debía permanecer en el partido. Seguir en el grupo mixto habría sido traicionar la confianza de los votantes. Con mi dimisión explicada traté de transmitir a quienes habían creído en mi aportación las razones de mi marcha y mi firme voluntad, como expresé, de que seguiría trabajando desde mi juzgado en defensa de los intereses de los ciudadanos, con independencia e imparcialidad. En un país en el que siempre se creía que cuando se hace algo es por alguna razón oculta o buscando algún objetivo diferente, cuando se trata de ser coherente y cumplir con unos principios éticos es muy difícil aceptarlo porque eso implica dejar al descubierto la falsedad y el vacío de muchos en los que, sencillamente, esos principios fueron inexistentes.

La verdad es que me consideraba, como también hacían los demás, una especie de extraterrestre que estaba y quería permanecer al margen de las estructuras del partido, para mí en manos de Alfonso Guerra, del que no me fiaba en absoluto aunque lo respetaba, y del guerrismo, que aglutinaba a responsables cuyos perfiles estaban ya adocenados por el poder y, por tanto, eran más fieles a quienes mandaban dentro del aparato de su propio partido que al pueblo que los había elegido. El apego al poder, tanto por el halo que otorga su ejercicio como por ser medio de subsistencia, es uno de los peores virus de la política porque hace que las personas pierdan su ética, se muestren serviles con el que los controla y destruyan su propia identidad cuando la permanencia en el cargo se vuelve un modo de vida. Todo esto hace que se sometan a cualquier manipulación o dependencia, contribuyendo a la modulación de una casta que siempre es perversa en cualquiera de los ámbitos en que se forma.

Se producía en mí un fenómeno extraño. Por una parte, no me fiaba casi de nadie y, por otra, creía que Felipe era diferente y que su voluntad de regeneración era real. Fue un inmenso error por mi parte, como tuve ocasión de comprobar en nuestra última reunión en la Moncloa el 22 de abril de 1994 cuando me citó para hablar de la carta de dimisión que le había enviado el día 18 de ese mismo mes, veinticuatro horas antes del debate sobre el estado de la nación. En ese encuentro, él mismo me confesó que no todo lo que quería hacer lo podría conseguir. Por ejemplo, le pedí que por higiene democrática debería cesar al fiscal general Eligio Hernández, a Carlos Solchaga y a José Barrionuevo debido a los escándalos de corrupción que habían estallado. Felipe me dijo que no era tan fácil en el primer caso y que, en los otros dos, tenía «las manos atadas», expresión que entendí referida a la circunstancia de que ambos carecían de cargo alguno en el Ejecutivo y, por tanto, dependían del grupo parlamentario.

Durante la campaña, trabajé con una secretaria en una oficina que alquiló el partido para Ventura y para mí en las proximidades de la calle Ávila, donde pudimos recibir a medios de comunicación y mantener la separación e independencia que se requería y se pretendía con la incorporación de independientes a las listas electorales. Posteriormente, cuando en 1995 desarrollé la investigación de los GAL, se quiso presentar por parte de los círculos próximos al aparato de Interior que los gastos de esa oficina, así como los relacionados con dietas, viajes y demás expensas electorales, se habían satisfecho con fondos reservados, como si con ello se quisiera contaminar mi actuación. Obviamente no era cierto. Si esos gastos no se asumieron con fondos del partido, en contra de lo que se nos había dicho, este debería rendir cuentas a quien correspondiese, pero jamás se nos podrían exigir a nosotros, por el simple hecho de que nunca dispusimos de ellos.

No obstante, aunque yo nada tenía que ver con el asunto, cuando surgieron estos comentarios reaccioné de modo fulminante. Y lo hice de idéntico modo cuando se habló de los gastos que, según Rafael Vera, se habían dispuesto para reforzar las condiciones de seguridad de mi domicilio, como se había hecho con los de otros jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Inmediatamente exigí al ministro del Interior, Antonio Asunción, que me facilitara los expedientes de aprobación del gasto, cosa que hizo sin dilación. Estos acreditaron que las cifras se habían publicado en el BOE y, por tanto, era falso, una vez más, lo que se quería aparentar al respecto. Además, presenté sin dilación sendas denuncias ante el nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, instándole a que investigara si lo que se imputaba sobre los supuestos pagos era real y, en su caso, que depurara las responsabilidades a que hubiere lugar. Incluso me personé en la Fiscalía General para aportar la ayuda que se me reclamara. Ninguna actuación se impulsó desde el Ministerio Público. Todos estos acontecimientos dan idea de las dificultades a las que me enfrentaba y del rechazo que inspiraba en aquellas personas poderosas que veían peligrar su situación ante las acciones «descontroladas» que yo podía desencadenar tanto desde dentro como desde fuera.

Recuerdo que en la noche de la victoria electoral hablé con Felipe cuando se dirigía hacia el hotel Palace, el lugar tradicional para este tipo de actos del PSOE, y le dije que debía dar un mensaje muy potente para que quedara la impronta del cambio que habíamos proclamado y defendido. Entonces me dijo que había pensado decir algo que le había propuesto Enrique Serrano —«He entendido el mensaje»— y quería conocer mi opinión. Le comenté que me parecía bien y que la gente iba a elucubrar positivamente, pero que, a la vez, nos comprometíamos con la definición y desarrollo de la doctrina del «impulso democrático» del que habíamos hablado hasta la saciedad. De esta forma comprobaba de nuevo que la improvisación sería la norma durante toda la legislatura. No dejaba de chocarme que mi modo de proceder fuese mucho más reflexivo que el que estaba comprobando a todos los niveles.

Esa noche, aguardé a que Felipe se marchara del Palace porque de esa forma quería evitar «robarle» espacios al presidente. La entrada en el hotel fue realmente impresionante. La euforia era total en todos los asistentes. La victoria, si bien había sido por mayoría simple (164 escaños, si no recuerdo mal), era espectacular porque la mayoría de los comentaristas y expertos pensaban que se perdería o que sería mucho más ajustada. Una vez en el interior, alguien me llamó de parte de Txiki Benegas y de Alfonso Guerra para que subiera al primer piso, a una especie de reservado que tenían en el hotel. Hablé con Benegas sobre el triunfo y me dijo muy orgulloso que se había logrado a pesar de que querían hundir al partido y de las denuncias de corrupción. Le repliqué que pensaba que habíamos ganado porque conseguimos transmitir un mensaje diferente, inseparablemente unido a la idea de transparencia y al combate contra la corrupción en la que había navegado el partido en los últimos tiempos. Me miró un poco sorprendido con mi respuesta y me di cuenta de que no había ninguna autocrítica. Es decir, pasaban de las promesas hechas. Efectivamente, la afirmación que Felipe me había hecho después del primer debate con Aznar se confirmaba con las palabras de otro de los responsables socialistas. Asimismo, Benegas me dijo que no le hablara de ese tema ni de esa forma a Alfonso porque no lo entendería.

Ante esta situación, no sé por qué, me vino a la memoria el primer contacto no personal que tuve con Guerra, diez años antes, en 1983, cuando yo era magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz y puse en libertad a un sacerdote que había hecho una homilía en la que reivindicaba algunos valores de dos jóvenes de los Comandos Autónomos que habían muerto en Usúrbil mientras manipulaban una bomba. El entonces vicepresidente del Gobierno exigió la detención del cura, al que defendió Juan Mari Bandrés. Al ponerlo yo en libertad, Guerra la emprendió contra el cura, el obispo y, cómo no, el juez.

Mientras Alfonso Guerra demostraba a gritos su acérrima oposición a que se constituyese una comisión de investigación sobre Filesa y su órbita, el ministro Belloch, con el apoyo de Miquel Roca, maniobró y consiguió que se aprobase en el Congreso, pero su contenido era ya una burla a la justicia —como Gallego y Rey plasmaron en esta tira—, pues se convirtió en una comisión de estudio y no específicamente de investigación del objetivo demandado. Este incumplimiento de la promesa electoral que había hecho, confiado en la voluntad de Felipe González de regenerar la política española, fue una de las razones que llevaron a Garzón a dimitir.

No sé qué me llevó a recordar este hecho, pero me dije a mí mismo que no pintaba nada esperando para conversar con quien, para mí, había representado lo más turbio de la actuación del partido en los años anteriores. Puesto que sabía que yo tampoco era santo de su devoción, y sin esperar a que concluyera una entrevista que le estaban haciendo, me marché sin hablar con él. Desde entonces hasta que dimití, tan solo le saludé en un par de ocasiones y no nos cruzamos más palabras. Lo más próximos que estuvimos fue en el siguiente debate sobre el estado de la nación, en el que se alteró hasta unos límites grotescos cuando intuyó que la decisión del grupo socialista de no votar la comisión de investigación de Filesa se había revocado, a instancias mías y por decisión de González, de modo que se aprobó al día siguiente. Era el 20 de abril de 1994.

El Plan Nacional sobre Drogas

A finales de julio de 1993, el vicepresidente Serra me llamó y me dijo que sería nombrado secretario de Estado como delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, para lo cual elevaron el rango de lo que hasta entonces había sido una dirección general. La fecha del nombramiento fue la del 30 de julio. La nueva secretaría se adscribió al Ministerio de Asuntos Sociales, a cuyo frente estaba Cristina Alberdi, con la que siempre mantuve una relación excelente y de la que guardo un buen recuerdo. Creo que fue una persona coherente y mantuvo la dignidad antes, durante y después de su paso por el Gobierno.

Probablemente, Felipe González anduvo dándole vueltas a lo que él pensaba que era una justificación conmigo: crear una Secretaría de Estado y darme competencias asistenciales de prevención en lo que era un puesto de responsabilidad, porque tenía a su cargo la coordinación de la política del Estado en materia de drogas, salvo en lo que se refería a la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Parecía como si hubiese olvidado el contenido del informe que le había remitido exponiéndole lo que debía ser un verdadero instrumento de dirección y coordinación de toda la política de drogas, y en especial lo referente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que era precisamente sobre lo que habíamos hablado y que yo consideraba necesario, pues era la única responsabilidad a la que podía aportar todo lo que había puesto en práctica en los cinco años anteriores en la Audiencia Nacional. Pero, sin duda, esa labor no podía desarrollarse desde el Ministerio de Asuntos Sociales.

Sería más avanzado el verano, a finales de agosto, en una cena en la Moncloa en la que me habló de su compromiso en la lucha contra las drogas, cuando me comentó que compartía conmigo que el proyecto que yo le había elaborado solo se podía hacer desde Interior, pero que José Luis Corcuera se negaba en redondo a que yo pudiera asumir alguna responsabilidad sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que debería hablar con él. Puesto que él era el presidente del Gobierno, le contesté, podía dar las órdenes oportunas para que se hiciese efectiva una de sus promesas electorales, la lucha contra el crimen organizado, ya que no estábamos cumpliendo la de una comisión de investigación en el caso Filesa. Me contestó con un lacónico «Baltasar, no es tan fácil como tú lo ves». La misma frase que me dijo, meses después, cuando le pedí la dimisión de varios responsables políticos socialistas. Por supuesto que no lo veía fácil, pero comprobé que no había ninguna voluntad de lograrlo.

Con esta reunión quedaron claras las posiciones, de modo que decidí hablar con el ministro Corcuera y este me dijo que me prestaría toda la ayuda que necesitara…, pero que la secretaría se quedaba en Asuntos Sociales. Era obvio que no quería saber nada de una verdadera coordinación integral efectiva. En vista de esa actitud negativa intenté la aproximación por la vía de la financiación de algunos programas asistenciales y de prevención, a lo que me contestó que podía disponer de una parte del importe de las multas de tráfico para esos fines. Creía que estaba de broma, pero cuando vi su cara seria comprobé que lo decía de verdad, aunque lo que me estaba proponiendo era casi delictivo y además no dependía de él, sino de Hacienda. En definitiva, era obvio que para el ministro del Interior el problema de la droga no era suyo o, al menos, no en la integralidad que yo quería darle.

En este contexto y con la legislatura recién comenzada pero en plena efervescencia, me centré en mi cometido y comencé a elaborar un programa de treinta y cinco medidas que deberían implementarse a lo largo de la legislatura, con vocación de proyección de futuro y permanencia para lograr que el Plan Nacional sobre Drogas avanzara en su ejecución más allá de ser un mero instrumento de relación con las comunidades autónomas y los siete ministerios a los que afectaba, y que se concretaba en un par de reuniones al año bajo mi dirección. Para enfrentar el desafío de un verdadero programa de gobierno en materia de drogas, nombré a mi equipo y coloqué al frente, como jefa de gabinete, a la profesora titular de Derecho Penal, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, que desempeñó su labor con gran eficacia y dedicación. Mantuve a la mayor parte del equipo anterior y añadí algunos cambios mínimos, como el nombramiento de dos asesores, José Oliva Gil, excelente sociólogo, y José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal y conocedor de la materia de drogas en profundidad, a los que se sumó la fiel Mari Carmen Medina como secretaria. Con muchas ganas y muy poco presupuesto, nos pusimos a diseñar el plan de acción.

En honor a la verdad, debo reconocer que, a pesar del poco tiempo que estuve al frente de la Delegación, el trabajo realizado fue tan intenso como eficaz en los diferentes ámbitos. En primer lugar revisé toda la política de subvenciones a las ONG y eliminé casi el setenta por ciento de aquellas, tras descubrir que muchas de estas organizaciones no hacían otra cosa que retroalimentarse con informes inocuos y meramente justificativos para mantener puestos e ingresos carentes de fundamento. Eran tiempos de ajuste y no podíamos desperdiciar los escasos recursos; impulsamos la ley del fondo de lucha contra el tráfico de drogas; la ley de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas; los programas de sustitución de opiáceos con apertura a tratamientos paliativos; comenzamos a cambiar la política de drogas en el ámbito penitenciario; concurrimos a la modificación de la normativa en materia de prevención laboral; nos alineamos con la política de Naciones Unidas buscando abrir un frente amplio en el que se evolucionara desde la restrictiva política de la Junta de Estupefacientes a la más amplia concepción y complejidad del crimen organizado. En todo momento, continué propiciando las iniciativas de algunas comunidades autónomas, como Cataluña, con los programas de sustitución y procuré que no se rompiera la cohesión de las diferentes sensibilidades en materia de prevención y rehabilitación. En este sentido, amplié la colaboración con la sociedad civil a la hora de diseñar estrategias conjuntas; busqué ampliar la participación y corresponsabilidad social a través de la implicación de los medios de comunicación, las entidades bancarias y los presidentes de las comunidades autónomas, los sindicatos y el poder judicial.

Comparecencias parlamentarias

Durante los nueve meses que estuve al frente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, comparecí tres veces ante la comisión correspondiente en el Parlamento. En cada una de ellas di puntual cuenta de las actividades y del programa trazado para ese tiempo y los años siguientes en el difícil campo del combate contra esas adicciones.

El 16 de septiembre de 1993 me presenté por primera vez ante la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para el estudio del problema de la droga y di cuenta de mi nombramiento. Poco después, el 19 de octubre, propuse treinta y cinco medidas de actuación, como la posibilidad de suministrar drogas a los drogodependientes en los casos en los que los médicos lo creyesen oportuno, insistiendo, al igual que ya había hecho en mi etapa judicial, en la necesidad de suspender las actuaciones penales contra aquellos. También reclamé la mejora de los medios técnicos para las fuerzas de seguridad en el combate de las redes criminales, exponiendo las medidas antidroga y destacando entre ellas la elaboración de una encuesta nacional sobre el consumo de estupefacientes, la redacción de un estudio sobre el impacto en la población escolar y la necesidad de actuar más contundentemente contra el alcoholismo, partiendo de la grave incidencia del alcohol en la sociedad española, en la que más de la mitad de los accidentes de tráfico, especialmente los protagonizados por los jóvenes, y el veinte por ciento de los siniestros laborales se debían a la incidencia de aquel factor.

Mi última comparecencia ante esta comisión tuvo lugar, paradójicamente, el 4 de mayo de 1994 y en ella di cuenta y justifiqué el paso de la Delegación al Ministerio del Interior. Para entonces, el ministro Asunción ya se había ido del Gobierno y faltaban pocas horas para que yo hiciese efectiva mi dimisión y posterior renuncia al puesto en el Congreso de los Diputados.

La ley de la patada en la puerta

Mi relación con José Luis Corcuera no había sido pacífica desde que asumió su cargo como ministro del Interior. Su carácter agrio y cortante, totalmente invasivo de otras esferas de poder diferentes a la que le correspondía, era paradigmático. Algunas llamadas intempestivas a la Audiencia Nacional en las que tuvo que oír que no podía ni debía interferir; el encuentro en 1989 en su despacho conmigo y la fiscal Carmen Tagle cuando apercibimos al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, por una filtración en una operación contra ETA; y sobre todo sus ataques por la investigación de los fondos reservados, la investigación sobre la Ucifa y las críticas durísimas que yo le había hecho en público, en escenarios académicos y, en particular, en un artículo que firmé con Araceli Manjón-Cabeza sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en 1992, tildándola de inconstitucional, hicieron imposible nuestra relación más allá de un respeto correcto, pero distante.

Precisamente en ese contexto se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre aquella ley, declarando que los artículos más polémicos, como la entrada y registro sin mandamiento y las detenciones preventivas, eran contrarios a la Carta Magna. Por esta razón el ministro Corcuera tuvo que cumplir su promesa de que dimitiría si se declaraba inconstitucional. Esa circunstancia abrió un panorama totalmente diferente en lo que a mí se refería. En los días que siguieron hasta la designación del nuevo ministro, que finalmente fue Antonio Asunción, a pesar de que se autopostulaban Luis Roldán, Rafael Vera y Eligio Hernández, recuerdo que este último —durante una reunión de la comisión antiblanqueo con la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) en noviembre de 1993— prácticamente se intituló como el elegido. No fue así.

Belloch, ministro de Justicia

González siempre sorprendía con sus decisiones, como lo había hecho al designar ministro de Justicia a Juan Alberto Belloch, en una de las más erróneas que adoptó y de la cual no he logrado averiguar ni una sola ventaja. Hubo mucha apariencia y poca honestidad política en aquel sector de la Administración, antes y después de que el presidente acordara la unión de los ministerios de Justicia e Interior.

Conocí a Belloch en mayo de 1983 con ocasión de las reuniones que tuvimos en la Escuela Judicial con motivo de la constitución de Jueces para la Democracia, que surgió como una corriente dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Me di de alta en la nueva organización cuando se fundó… y de baja en 1985, cuando Belloch la lideraba, porque no me gustaban los métodos y disciplina que imponía desde su puesto dirigente. Posteriormente lo volví a ver cuando, siendo él presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, me dio posesión el 4 de agosto de ese mismo año como magistrado juez del Juzgado número 3 de Vitoria-Gasteiz. No volvimos a encontrarnos hasta años después, primero en un congreso que tuvo lugar en Cáceres en mayo de 1988 y, meses más tarde, en otro celebrado ese verano en Santander. Nuestros destinos se cruzaron de nuevo unos días después de haber ganado las elecciones en junio de 1993, cuando me buscó para cenar, darme la enhorabuena por el éxito y pedirme que lo apoyara como candidato a ministro de Justicia. No lo hice expresamente, pero tampoco lo impedí cuando me lo consultó Felipe González. Como se comprobaría después, aquel acercamiento era el «abrazo del oso», porque mantuvimos una confrontación política constante. Su forma de ejercer la política y su ambición desmedida de poder —por delante de cualquier otro interés—, a la vez que su falta de estrategia, hacían de él un ministro de Justicia, paradójicamente, poco adecuado para el cargo al que fue promocionado.

Recuerdo que nuestra «cordialidad» se interrumpió con la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Asilo, que había sido presentado el 27 de julio de 1993. En este caso, Belloch se plegó a unos intereses poco acordes con los estándares de derechos humanos que decía defender. El carácter eminentemente pragmático de Juan Alberto abogaba por una restricción de garantías a los refugiados que los dejaba en manos de la autoridad administrativa, contradiciendo con ello lo que habíamos prometido durante la campaña, de la que él no había formado parte. El intento de reducción de derechos en el proceso de asilo motivó que tanto Ventura Pérez Mariño como yo hiciéramos el primer amago de rebelión en el seno del grupo parlamentario, comunicándole por telegrama al presidente del Gobierno nuestra intención de quebrantar la disciplina de voto cuando se sometiera al pleno la aprobación de esta ley. Curiosamente, quien medió en esta ocasión entre el ministro Belloch y nosotros fue Antonio Asunción; después de hablar conmigo, llegamos al acuerdo de que se eliminarían las restricciones a la intervención judicial antes de que se produjera la expulsión o la denegación de asilo.

Asunción, ministro del Interior

Los días 26 y 27 de octubre de 1993 asistí, al frente de la Delegación española, a las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la fiscalización internacional de drogas, celebrada en Nueva York. En mi discurso planteé la conveniencia de avanzar en el combate de los efectos de la drogadicción, y entre las medidas paliativas proponía el diseño de programas de tratamiento mediante el suministro, controlado médicamente, de heroína como mecanismo de reducción del daño.

En ese mismo viaje me entrevisté en Washington con la fiscal general Janet Reno y otros cargos del Departamento de Estado, así como con mi homólogo Lee Brown, al que allí llamaban zar antidroga. Asistí a una reunión de trabajo en la DEA, con quienes había colaborado en la Operación Hielo Verde. También conocí a Louis Free, director del FBI, que como fiscal había trabajado en el caso Pizza Conection, interesado en el esquema de colaboración policial que yo pretendía instaurar en España. Fue un viaje interesante e ilustrativo que me sirvió para elaborar un informe destinado a Felipe González de cara a su entrevista con Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos.

El 24 de noviembre de 1993, Antonio Asunción fue designado ministro del Interior tras la dimisión de Corcuera. Un día antes, ETA había tiroteado a mi amigo Joseba Goikoetxea, sargento mayor de la Ertzaintza, excelente persona, nacionalista y un policía de los grandes, que dirigía la unidad antiterrorista de la policía vasca y con el que había trabajado en diferentes ocasiones con confianza y lealtad. El viernes 26 de noviembre tuvo lugar el entierro multitudinario de Joseba en Bilbao. Fui por mi cuenta, pero en la iglesia me encontré con el recién nombrado ministro, quien me invitó a volver a Madrid en el avión del ministerio. En ese viaje de vuelta tuvimos ocasión de hablar y comentar cómo era la situación política que se había generado con su nombramiento y la sorpresa que había producido en los que habían alardeado de que serían ellos los nombrados. Cuando ya estábamos llegando a Madrid, me comentó que tenía el encargo de Felipe de hablar conmigo y quedamos en hacerlo, el 10 de diciembre, durante una comida en el restaurante Los Remos de la carretera de La Coruña.

Cumbre hispano-alemana

Atendiendo al encargo que había recibido apenas dos días antes, el 27 de noviembre me desplacé a Granada para participar en la cumbre hispano-alemana en la que se firmaron diversos acuerdos, entre ellos el que suscribí yo con el secretario del Interior alemán, Eduard Lintner, sobre la creación de una comisión mixta para coordinar la lucha contra la droga y el crimen organizado, siguiendo la máxima de fortalecer la cooperación policial y jurídica internacional en el marco de la Unión Europea y partiendo de la experiencia que España había acumulado en este campo. En el último acto de ese encuentro, que concluyó el domingo 28, durante el cóctel de despedida el presidente González estaba hablando con el canciller Helmut Kohl y, mientras los demás componentes de las delegaciones hacíamos lo propio en una gran estancia, me llamó para que acudiera adonde se encontraban ambos. Una vez que estuve a su altura, Felipe me rodeó con el brazo por el hombro, a la vez que yo saludaba al canciller, y dirigiéndose a este le dijo: «Este es el juez Baltasar Garzón, al que le he encargado que diseñe todo el plan estratégico de lucha contra el crimen organizado y la coordinación de todas las fuerzas policiales». Siguió ensalzando mis virtudes hasta que Kohl dijo que el viceministro del Interior, al que hizo una señal para que se acercara, ya le había informado de lo que habíamos hablado y que estaba muy interesado con la colaboración que se abría a partir de ese momento. Recuerdo que, a continuación, el canciller nos contó con todo lujo de detalles una historia que le preocupaba sobre la penetración en Alemania de la mafia italiana a través de una cadena de pizzerías, quedándose sorprendido cuando le dije, obviamente a través del intérprete, que conocía el asunto y que tenía algunas ramificaciones en la zona de Málaga. Felipe insistió en que yo estaba trabajando en todo el esquema de coordinación gracias a mi experiencia como juez de instrucción en ese campo. La conversación no dio más de sí, pero de nuevo Felipe me sorprendió por su capacidad de improvisación, pues no habíamos hablado sobre el tema, aparte del informe remitido. De nuevo sucedía algo similar a lo acontecido en el primer debate con Aznar, en relación con la comisión anticorrupción.

La reunión del 10 de diciembre

Tal como lo habíamos acordado, el ministro Asunción y yo nos reunimos el 10 de diciembre de 1993 en el restaurante Los Remos, el mismo en el que a mediados de mayo de ese año, camino de Lugo durante la precampaña, me detuve con Bono y, mientras comíamos, había atendido una llamada de Felipe González. En aquella ocasión, como ya he mencionado, el presidente estaba preocupado por una información que iba a sacar Esther Esteban en la revista Tribuna (según quiero recordar) acerca de que yo tenía alumnos que preparaban las oposiciones para juez y que cobraba los honorarios sin declararlos a Hacienda. Debo reconocer que en ese momento me dio asco que se me cuestionara por ese tema, y que lo hiciera quien días antes me había buscado y colocado en el segundo puesto de salida tras él mismo. Le dije, como después haría con las denuncias en el caso Al Kassar, en tono muy firme que no debía preocuparse por esas falsas informaciones porque, desde hacía mucho, todos mis ingresos por ese concepto estaban recogidos en mi declaración de renta y que ese año, como me imaginaba que el juego sucio desde el aparato de Interior iba a ser una constante y para que no hubiera dudas, había presentado dicha declaración a primeros de mayo con una protocolización notarial de la fecha, por si alguien ponía en duda la veracidad de ese dato. Felipe se quedó sorprendido por mi prevención y me dijo que mi actuación era perfecta. No obstante, la periodista sacó la noticia de forma absolutamente temeraria afirmando que declaraba solo una parte de mis ingresos. Debo resaltar aquí que, con toda seguridad, debía ser el único juez que declaraba esos ingresos, porque hasta el día de hoy ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra instancia ha regulado dicha materia a pesar de que este sistema de ingresos complementario fuera de la legalidad es un secreto a voces.

Volvamos a mi encuentro con Antonio Asunción el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. El ministro me contó que había cesado de forma fulminante a Rafael Vera porque actuaba a sus espaldas promoviendo unos contactos con el entorno de ETA en los que había implicado a Txiki Benegas, aunque, por guardar el decoro, Asunción le pidió que apareciera como una dimisión que se haría efectiva en la segunda quincena de enero de 1994. Esta decisión fue un grave error porque, en esas semanas, la actuación del ya cesante secretario de Estado no fue precisamente edificante. A continuación, Asunción me comunicó que la Secretaría de Estado para la Seguridad quedaba vacante, asumiendo él las funciones, y que la que yo ocupaba pasaría al Ministerio del Interior a partir de enero y yo sería su segundo.

Le agradecí la comunicación, pero me dijo tajantemente que tanto él como Felipe consideraban que había que impulsar el trabajo de la Delegación tal y como yo le había expuesto al presidente del Gobierno en el informe que le entregué en agosto y se había comentado en la cumbre hispano-alemana de Granada.

Durante el resto del mes de diciembre de 1993, me dediqué a las sesiones parlamentarias, salvo los días 17 y 18 en que participé en Palma de Mallorca en una cumbre hispano-portuguesa. A ese encuentro acudieron once ministros, la representación más amplia en la historia de estas reuniones. Se alcanzaron acuerdos sobre coordinación contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la emigración ilegal, entre otros. Recuerdo una anécdota referida a Josep Borrell, ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, quien me pidió muy seriamente que le indicara, puesto que yo estaba más en contacto con la gente, cómo era la percepción de los políticos y del Gobierno que tenían los ciudadanos. Le pregunté qué quería decir exactamente con la afirmación de que yo tenía más relación con la gente. Borrell me respondió que yo estaba fuera del mundo de la política y que, además, se había enterado de que acudía caminando al Congreso, cosa a la que él había renunciado porque no se atrevía más que a ir en el vehículo oficial. Le contesté que la percepción de los ciudadanos era pésima y, sobre todo, que tenían una clara visión de que la corrupción estaba presente en todos los ámbitos de la política, y que esto se potenciaba aún más, precisamente, por la falta de contacto con el pueblo.

La nueva Delegación

Siguiendo el esquema que le había esbozado al ministro Asunción, convoqué a varios responsables policiales y de la Guardia Civil —Gabriel Fuentes, Jesús de la Morena, Pablo Martín Alonso, el coronel Ángel López González y el capitán Julián Hernández del Barco, entre otros— y los puse al tanto de lo que quería hacer en cuanto al diseño de la Delegación, que a partir de enero de 1994 pasaría a formar parte de Interior conmigo al frente. Quería incluir en ella una sección o área referida a la prevención asistencial y la rehabilitación, así como otra de evaluación y seguimiento, que tendría una estructura sencilla y asumiría la coordinación de inteligencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con carácter inmediato. Nos pusimos a trabajar a la vez que busqué una segunda sede, diferente a la que poseíamos en el Ministerio de Sanidad, que mantuvimos, pero en la cual no era lógico que hubiera actividades diferentes a las que hasta ese momento se venían realizando. Algo que tenía muy claro en esa búsqueda fue que no se ubicaría en el edificio de la Secretaría de Estado para la Seguridad, de donde había salido defenestrado Rafael Vera. Encontramos unas oficinas dentro del ministerio, en la calle Amador de los Ríos esquina con Fernando el Santo. A continuación, le dije a Araceli, mi jefa de gabinete, que comenzáramos a buscar muebles y otros objetos para habilitarlas porque me parecía un «robo», aparte de un escándalo, el presupuesto de diez millones de pesetas (sesenta mil euros) que nos habían pasado, negándome en redondo a aceptar ese gasto. Subimos al trastero situado en el último piso del ministerio y allí encontramos muebles, cuadros, sillas y otros objetos que estaban totalmente nuevos y sin usar. Para economizar más, también ordené que me llevaran unos sillones funcionales de color gris que había en la antesala del despacho de Vera. De modo que, con el enfado del subsecretario, que me dijo que eso no respondía a la política del ministerio y al sistema de contratación de este, equipé la nueva sede de la Delegación sin el menor coste.

En los primeros días del nuevo año, mientras descansaba con mi familia en el valle de Arán, tuve que interrumpir mi estancia en la nieve porque el ministro quería anunciar cuanto antes a los medios la adscripción de la Delegación a Interior, publicada el 29 de diciembre y que se hizo efectiva al día siguiente. La convocatoria se desarrolló en la nueva sede el 4 de enero de 1994 y, en la misma, Asunción informó sobre su decisión. A preguntas de la prensa, explicó que Rafael Vera ya no estaba en Interior y que su segundo era yo. De esta forma quedaba oficializada mi nueva situación, en ausencia de Rafael Vera, a quien no veía desde la última reunión en la sede de la CECA en noviembre de 1993, antes de que Asunción fuera designado ministro y cuando, como ya he contado, otros se repartían la piel del oso antes de cobrarlo.

Inmediatamente después de mi incorporación efectiva a Interior, asistí a las sesiones de trabajo de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en su sede de Viena, dentro del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (Pnufid), y a la vuelta pasé a concluir la elaboración en la que venía trabajando sobre la nueva estructura de la Delegación, que no se aprobaría oficialmente, con su publicación en el BOE, hasta abril de 1994…, cuando ya había cursado mi carta de dimisión. Mientras estaba en aquella reunión en la capital austriaca tuve que atender a las primeras incidencias de descoordinación entre la Policía y la Guardia Civil. A pesar de que eran una constante, por la competitividad mal entendida entre ambos cuerpos, no dejaban de ponerme de mal humor siempre que acontecían. Al volver, mantuve una reunión con los altos mandos de ambas fuerzas y les advertí de que bajo ningún concepto permitiría un fallo más. Debo reconocer que la estructura de coordinación comenzó a funcionar y, en los tres meses que me mantuve aún en el cargo, conseguí que lo hiciese a la perfección, manteniéndose la misma durante ese mandato y los dos de José María Aznar, hasta que el presidente Zapatero regresó la sede a Sanidad, pero dejando en Interior la estructura de coordinación policial que hoy está integrada en el Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado (Citco).

Cuatro meses en Interior

Desde el primer momento en el que comencé a trabajar en el Ministerio del Interior, de enero de 1994 a mayo del mismo año, mi idea —tal y como se la había expuesto al ministro— era, además de asumir la coordinación de las fuerzas policiales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, hacer lo propio en materia de terrorismo, es decir, ejercer las funciones de secretario de Seguridad para, de esta forma, potenciar la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, algo en lo que me venía empleando desde 1988 y que siempre he considerado obsesivamente esencial. Era el momento de llevar a la práctica todo lo que venía adelantando en la Audiencia Nacional y de conseguir unos medios que optimizaran todos los esfuerzos en el combate frente al terrorismo. Recuerdo que lo hablé con el ministro y me comentó que, por el momento, él asumiría la coordinación y todo lo relativo a la lucha contra el terrorismo, a la que no era ajeno dado su amplio conocimiento del fenómeno como secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias.

Asunción cumplió su palabra y, el 8 de febrero de 1994, afirmó públicamente en el Senado que el delegado del Plan Nacional sobre Drogas coordinaría los servicios de información de la policía, la Guardia Civil y otros organismos de inteligencia, en alusión al Cesid, en la lucha contra el narcotráfico. El ministro defendió la necesidad de un organismo que se coordinara con sus homólogos autonómicos y extranjeros y sugirió que el plan sería el equivalente en España a la DEA estadounidense. A partir de ese momento, yo tendría el mando directo en la policía y en la Guardia Civil especializada en estupefacientes por delegación del ministro del Interior, al quedar suprimida la Secretaría de Estado para la Seguridad que ostentaba Rafael Vera, quien fue cesado. La reestructuración orgánica del departamento supuso que las antiguas competencias de Vera quedaran asumidas por el ministro, apoyado por el comisario Manuel Ballesteros y el coronel Antonio Morales Villanueva.

En lo referente a la lucha contra el terrorismo, según me comentaban los policías y guardias civiles, las directrices desde Interior no fluían y se estaba formando una especie de cuello de botella en todo lo relacionado con el tema de la investigación terrorista porque el ministro no podía abarcar todas las funciones asumidas. Como después me dijo en nuestra última conversación tras su dimisión el 30 de abril de 1994, un par de días antes de la mía (6 de mayo de 1994), lo hizo así en aquel momento por el desastre que había en la Secretaría de Estado de Seguridad dirigida por Vera y, especialmente, por el manejo que este había hecho de los fondos reservados. Antes de abandonar su puesto, Asunción firmó todo lo necesario para que se pusiera en marcha el organigrama y la coordinación policial que yo había propuesto. Y en ese último encuentro me narró su entrevista de despedida con González, en la que Asunción le dijo que debía nombrarme para coordinar la lucha contra el terrorismo porque esa era su intención antes de verse obligado a dimitir por la fuga del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Por mi parte, le expresé al ya exministro que había presentado mi dimisión.

Fue también por aquellas fechas de febrero cuando el presidente me dio audiencia de nuevo para comentar las incidencias surgidas con el tema de la Ley de Asilo y para ver cómo me iba en Interior. Por mi parte, me interesaba hablar con él sobre lo que estaba aconteciendo con las revelaciones que íbamos conociendo respecto a Roldán, la malversación de cientos de millones que había cometido y las comisiones que, según se decía, cobraba. En esa reunión, González me preguntó si habían desaparecido las discrepancias con el ministro Belloch, a lo que le contesté que no tenía problemas con él, pero que su postura en cuanto a la Ley de Asilo era contraria a los postulados que manteníamos en esa materia y que no podía transigir. En tono más intimista me dijo que si quería hablar con él no era necesario enviar un telegrama —como habíamos hecho Ventura y yo—, sino que simplemente lo llamara, pues su puerta estaría siempre abierta para mí. Aproveché la reunión para decirle que era escandaloso no cesar a Roldán ni iniciar una investigación interna ante los datos que estaban apareciendo, a lo que tan solo replicó que era una campaña contra él y el «pobre Luis». Reconozco que me quedé estupefacto porque, independientemente de la relación o afecto que mantuviera con Roldán —yo también se lo tenía—, la situación era insostenible, como se comprobaría unos meses después. En el mismo sentido, le informé acerca del caso Elosúa —el supuesto cobro, por parte de algunos políticos, de comisiones ilegales en relación con la compra de acciones de Elosúa, el principal fabricante de aceite en España, realizada por una multinacional italiana— y los enfrentamientos que se estaban produciendo en el Congreso entre Antonio Romero y Carlos Solchaga, portavoz del grupo parlamentario socialista. Le expliqué que creía que debía hacerse algo en ese sentido para que se pudiera facilitar la investigación que estaba adelantando en Italia el juez Antonio di Pietro, uno de los magistrados de Manos Limpias milaneses, al que yo conocía desde julio de 1993 por haberlo invitado al curso de verano sobre la criminalidad organizada que había dirigido en la Universidad de Verano de la Complutense en El Escorial. González me comentó que le parecía bien, sin más añadidos.

Inmediatamente contacté con Di Pietro por teléfono y por escrito expresándole la voluntad del Ejecutivo español de prestarle toda la ayuda que fuera necesaria en la investigación que tramitaba. Por su parte, el juez italiano me contestó que estaría encantado de hacerlo si se le enviaba la correspondiente comisión rogatoria. Transmití la información para que el Ministerio de Justicia actuara, pero desconozco si, tras mi dimisión, finalmente se hizo algo, aunque supongo que no.

Por mi parte, había hecho dos fichajes: el coronel Ángel López González, que era jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil y pasó a ser responsable del Gabinete de Análisis y Coordinación del Plan Nacional sobre Drogas, y el comisario Gabriel Fuentes, para coordinar la represión del narcotráfico, en el Gabinete de Evaluación y Seguimiento. El 18 de marzo de 1994, el Consejo de Ministros aprobó mi esquema de lucha contra el narcotráfico con un mando que coordinaría a la policía y a los servicios de información. Intenté poner en marcha el proyecto, pero la burocracia, por un lado, y la resistencia de los mandos policiales, por otro, hicieron imposible avanzar en ningún sentido. Cada día que pasaba sentía más y más que mi lugar no estaba allí, que tenía las manos atadas, que todo era fachada y buenas palabras para salir al paso de las «genialidades» de Garzón, que ya no les hacía falta.

Los problemas políticos para Ventura y para mí no cesaban. Después del incidente de la Ley de Asilo, el siguiente gran enfrentamiento directo tuvo lugar cuando exigimos, en marzo de 1994, una investigación sobre el uso privado de los fondos reservados del Ministerio del Interior en sobresueldos y gratificaciones con los que Roldán se lucró extraordinariamente. Llamé al presidente para decirle que había que poner coto porque la Comisión Roldán se había lucrado. Me respondió con más buenas palabras y ningún hecho.

A finales de febrero de 1995, tras diez meses de fuga, Luis Roldán fue capturado en Laos. La secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, negó en varias ocasiones cualquier negociación con el exdirector de la Guardia Civil. Sin embargo, como sugiere este dibujo de Oroz publicado en febrero de 1995, muchos vieron en el escándalo de Roldán la mano alargada de algunas de las más altas instancias del Estado.

En este sentido, siempre he sido partidario de la existencia de controles sobre los fondos reservados —unos internos, por parte de los ministerios que disponen de ellos, y otros externos, parlamentarios—, al uso de cualquier sistema de control occidental para evitar precisamente la utilización poco clara de estas partidas dinerarias ya de por sí opacas.

Otro frente abierto era el posible indulto a los expolicías condenados por el caso de los GAL, José Amedo y Michel Domínguez. Le advertí claramente a Felipe que, si se producía el indulto, sería coherente con mis convicciones y principios y dimitiría porque, a mis años, no estaba dispuesto a renunciar a ellos por nada, sobre todo cuando consideraba que estaba en el camino acertado.

La fuga y posterior captura de Luis Roldán, director de la Guardia Civil, al que toda España había visto fotografiado en fiestas eróticas en calzoncillos y que robó hasta el dinero de los huérfanos del instituto que dirigía, es uno de los episodios más patéticos de la historia reciente de España. En marzo de 1995, el ministro del Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, exjuez enfrentado abiertamente a Garzón, dio unas explicaciones públicas sobre la captura de Roldán en Laos. Fueron tan increíbles y jocosas que Oroz se inspiró en ellas para dibujar este chiste. El engaño grosero del ministro Belloch ponía de manifiesto su talante como político.

Un clima irrespirable

En marzo de 1994 me trasladé al frente de la delegación española para asistir a unos encuentros hispano-franceses en Biarritz, que se replicarían en Madrid, para tratar los problemas bilaterales y la forma de abordar la cooperación y la coordinación de esfuerzos entre los dos países en materia de drogas y de crimen organizado.

En la primera quincena de abril asistí por segunda vez a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena. Allí desarrollé el programa sobre la forma de abordar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y con clara vocación universal, proponiendo avances relacionados con la despenalización y la represión selectiva de las conductas más graves relacionadas con el crimen organizado.

A la vuelta, el clima político en España era ya irrespirable por la sensación de corrupción generalizada y, sobre todo, por la insensibilidad del Gobierno y de su presidente en el caso Roldán, un escándalo permanente que se agravaba por momentos. El 15 de abril, participé en un debate con Alejandro Rojas Marcos dirigido por el periodista Jesús Hermida y retransmitido por Antena 3. En él, afirmé clara y tajantemente que había que instaurar la cultura de la dimisión en la política española, que un solo caso de corrupción, en clara referencia a los casos Roldán y Filesa, debía hacer caer a un gobierno y que, por tanto, era inaceptable que nadie dimitiera. En la mente tenía la promesa fallida de Felipe González sobre la comisión anticorrupción y el ahogo que sentía por la inacción en todos los frentes. A esas alturas, cada vez tenía más claro que yo sobraba en un Ejecutivo esclerotizado e inerme frente a la situación de caos en la que nos encontrábamos.

Mi carta de dimisión

No pude aguantar más y tomé la decisión firme de acabar mi periplo político, por lo que redacté y cursé la carta de dimisión que le fue entregada en la Moncloa al presidente del Gobierno.

Madrid, 18 de abril de 1994

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez

Presidente del Gobierno

Complejo de la Moncloa

Madrid

Estimado Presidente:

Esta es una carta que nunca hubiese querido escribir, porque me duele hacerlo, pero más me duele la situación de frustración e indignación que se está viviendo en España como consecuencia de la falta de compromiso real por parte del Gobierno y de su presidente para poner coto y fin a los comportamientos y actividades de corrupción, pérdida de valores democráticos y ausencia de una política efectiva y comprometida que haga recuperar la ilusión y la confianza de los españoles.

Es posible que por tus múltiples obligaciones de gobierno hayas perdido el contacto con la gente sencilla, con el pueblo; si lo tuvieras, comprobarías que apenas respetan a los que gobernamos porque no nos hacemos respetar, porque hemos perdido su confianza, porque no se creen lo que se les dice, porque se les engaña una y otra vez. En fin, porque están hartos de palabras huecas, compromisos incumplidos y promesas insatisfechas.

Pero si estuvieras cerca de la sociedad comprobarías con qué poco se conforman los españoles. Solo desean ver que sus gobernantes les quieren, les respetan y trabajan por ellos. Están dispuestos a perdonar la falta de puestos de trabajo, la falta de posibilidades de una política determinada, pero, desde luego, no pueden aceptar ni la corrupción ni el engaño, y yo con ellos.

Felipe, ya ha pasado el tiempo de las palabras, ya no valen los juegos malabares. Es el tiempo de los hechos y de las realidades. Es tu tiempo y mi tiempo. El tuyo porque apenas quedan granos de arena en la parte superior del reloj, para que tomes medidas políticas drásticas, aunque sea lo último que hagas, si quieres que este país vuelva a creer en ti en algún momento. El mío porque, cuando hace apenas un año me comprometí a un proyecto de futuro, lo hice con dos premisas: a) no quebrantar mis convicciones y principios y, por tanto, mi propia coherencia interna; y b) combatir eficazmente desde mi responsabilidad política, parlamentaria y administrativa, por la regeneración de la política, de la vida pública y contra la corrupción. Hasta el momento he respetado estas dos premisas. Sin embargo, no puedo decir que desde otros sectores del Gobierno se haya hecho lo mismo. Sabes perfectamente que he dicho pública y privadamente que teníamos, que tenías, que tomar medidas drásticas; y estas medidas no se han adoptado.

1. Cuando me hablaste del impulso democrático me lo creí, probablemente con una ingenuidad propia de quien todavía cree en las posibilidades de un país y de sus gentes. Pero ¿qué hemos hecho de ese impulso? Impulso significa aunar, empujar, adelantar con esfuerzo, pero nada de esto se está cumpliendo.

2. Cuando hablamos de la regeneración de las instituciones, incluso me entusiasmé porque vi al líder dispuesto a luchar contra viento y marea. Hasta el momento no se ha hecho nada que haga recuperar la confianza en las mismas.

3. En cuanto a la reforma de la Administración. La que tenemos es obsoleta, inefectiva, ruinosa, en gran medida plagada de pequeñas o grandes corruptelas y, lo que es más grave, con la conciencia de que esto va a seguir así pase lo que pase.

4. El fiscal general del Estado en ningún momento ha respondido al modelo de fiscal independiente y comprometido con la sociedad y no con el poder. Para mí, es una medida de impulso democrático su cese, respetando a la persona que ostenta el cargo, pero es necesario reforzar las garantías de su independencia.

5. La Administración no ha tomado medidas serias para investigar los casos de corrupción. Es impresentable que tengamos que sufrir la vergüenza de ir investigando lo que la prensa va sacando con cuentagotas día a día. Como juez, como político y como ciudadano no puedo soportar esto.

6. En las diferentes ocasiones en las que nos hemos visto y hablado, siempre cordialmente, te he puesto de manifiesto de una forma más o menos expresa todos estos extremos y la obligación que tienes como presidente del Gobierno de dejar este país en situación de ser gobernado.

Estimado Felipe, es inconcebible que después de los escándalos que estamos viviendo en España no se haya producido ni una sola dimisión de un responsable político por estos hechos. Las responsabilidades políticas van o deben ir por unos derroteros distintos de los penales o personales de los directamente responsables.

Recientemente he dicho que en España había que instaurar la cultura de la dimisión en la política. A mi modo de ver hay razones más que suficientes para que, por los casos Roldán y Rubio, se produzcan dimisiones. Felipe, de una forma más o menos clara se está obstaculizando y no se ha puesto interés alguno en la investigación del primer caso, que a mi modo de ver es de los más graves que se han vivido en la historia reciente. Y no ha dimitido nadie.

En el segundo caso, necesariamente tendría que haberse producido alguna dimisión; la responsabilidad política en este es inaplazable. A mi modo de ver, frente a estos casos, primero hay que dimitir y luego, si se tiene que volver con todos los honores, que así sea. Si nadie dimite en el Gobierno o en el grupo, quizá tenga que hacerlo yo, porque no se puede continuar cerrando los ojos ante la realidad, la sociedad necesita respuestas políticas inmediatas.

En el debate sobre el estado de la nación tienes probablemente la última oportunidad para ganar la confianza de los ciudadanos en las posibilidades del proyecto al que me sumé. Solo un cambio radical en la situación que se haga visible en medidas concretas, el cambio de actitud del Gobierno frente a la corrupción, podría hacer que continuara formando parte del mismo y ocupando mi escaño; de no ser así, no más tarde del día 25 de abril de 1994 me reincorporaré al Juzgado Central de Instrucción n.º 5, para desde allí seguir, como siempre, prestando mis servicios a la sociedad.

Esta decisión, como la que tomé al unirme al proyecto socialista, la he meditado profundamente y al adoptarla no me guía ningún fundamento maximalista, sino la más profunda convicción de que aquí no caben medias tintas y las medidas han de ser quirúrgicas y definitivas.

No puedo ser cómplice, aunque sea por omisión, de la degeneración progresiva del sistema.

Un cordial saludo.

BALTASAR GARZÓN

Ese día llegué a mi domicilio sobre las nueve y, nada más entrar, mi mujer me dijo que habían llamado de la Moncloa y que Felipe quería hablar conmigo. Repliqué que me imaginaba que algo así ocurriría porque le había enviado mi dimisión por carta. Casi en el mismo momento, sonó el teléfono y la secretaria del presidente me pasó con él. Con voz grave y muy afectada, González me dijo que la había partido por la mitad y que no podía imaginar que quisiera abandonar. Le contesté que lo había meditado mucho y que, como le había escrito, planteaba una serie de cuestiones irrenunciables. Me pidió que no dimitiera antes del debate, que comenzaba al día siguiente, y le aseguré que, como decía en la misiva, lo haría después. Añadí que él aún tenía la oportunidad de evitarlo en su discurso y con las medidas que adoptara. Me prometió que lo haría. Por supuesto, dudaba mucho que el presidente actuara de un modo diferente a como lo venía haciendo hasta ese momento.

El paso de Garzón por el PSOE en 1993 y su desencuentro con Felipe González han sido desde entonces un tema recurrente en la prensa. En 2002 coincidieron unos instantes en el centenario instituto Columela de Cádiz y sus miradas, como recoge esta tira de Mel publicada en el Diario de Cádiz el 16 de noviembre de ese año, fueron interpretadas como un terremoto.

El debate, una ocasión perdida

A la mañana siguiente, el discurso de González no hizo la menor referencia a los puntos que le indicaba en la carta y obvió especialmente toda referencia a la posibilidad de crear una comisión para investigar el caso Filesa, entre otros. Como consecuencia de esas omisiones, a la hora de aplaudir, lo que hizo fervorosamente toda la bancada socialista, decidí quedarme quieto, mientras me sujetaba la barbilla con las manos, en una actitud claramente contraria al discurso. Las cámaras de televisión captaron esta imagen y comenzaron a emitirla y a poner de manifiesto mi discrepancia. Hasta ese momento, únicamente Ventura Pérez Mariño y mi directora de gabinete, aparte de mi familia y de la Moncloa, conocían que había presentado la dimisión.

De inmediato, tanto Rosa Conde como Alfredo Pérez Rubalcaba me pidieron que en la siguiente intervención de Felipe lo aplaudiera y que los problemas que había entre nosotros ya se solucionarían, pero que no podía evidenciarse la fractura dentro del grupo. Les respondí que Felipe conocía por qué había tomado esa decisión, y que no la modificaría si no se cumplían las condiciones que me habían llevado a esa situación.

Cuando Felipe hizo el discurso de contestación a José María Aznar, de nuevo todos los componentes del grupo aplaudieron. Yo tan solo di una palmada, porque de nuevo no había dicho nada de lo prometido desde la campaña. A partir de ese momento le comenté a Ventura que, a mi decisión de marcharme, añadía ahora la de romper la disciplina de voto. Estaba convencido: votaría con el PP la creación de una comisión de investigación para el caso Filesa. Se lo comenté al diputado popular Javier Arenas, a quien conocía desde los años ochenta, de mi época de magistrado en Almería, y me preguntó si se lo podía decir a José María Aznar. Repuse que sí, pero que tan solo lo hiciera con él. Mi ruptura iría ligada a la no propuesta, por parte del PSOE, de la comisión. Cuando informé de mis intenciones a Ventura, le pregunté qué iba a hacer él. Me dijo que votaría en el mismo sentido que yo.

Tras la reunión del grupo parlamentario, se decidió que no habría ninguna propuesta de comisión, y así me lo trasladó Ventura. Le insistí a Arenas que la decisión estaba tomada.

En un último intento, Ventura me preguntó si me importaba que hablara del tema con Juan Alberto Belloch para ver si todavía había alguna posibilidad. Accedí porque, torpemente, creía que a pesar de los precedentes el ministro de Justicia estaría de acuerdo con nuestra postura. Acepté hablar con él y lo hicimos en los pasillos del Congreso mientras continuaban las intervenciones. Para mi sorpresa, en vez de prestar apoyo a nuestra postura, Belloch me dijo que arreglara las cosas con Felipe y, de no ser así, que me marchara discretamente del Gobierno sin hacer ruido. En ese momento, estallé y, agarrándome un mechón de cabello, le espeté: «Estoy comprometido hasta aquí en la lucha contra la corrupción, he dado todo por este proyecto, me he jugado mi carrera y mi prestigio en esta aventura, mientras que tú no has hecho nada y no tienes legitimidad alguna para decirme esto». Seguidamente me marché y entré en el hemiciclo decidido a votar la propuesta de la comisión de investigación con la oposición. Así se lo dijo Ventura a Juan Alberto, y así se lo transmitió él a Felipe González, quien, a pesar de la decisión del grupo, le indicó que hablara con Carlos Solchaga y que, si este lo autorizaba, que se presentara la propuesta de la comisión al Congreso a través de una enmienda de Convergència i Unió.

El ministro de Justicia anduvo de escaño en escaño después de que Ventura y yo redactáramos el contenido de la enmienda en una servilleta del bar del Congreso, por lo que no pudimos cerciorarnos de la redacción final. Entre los gritos de Alfonso Guerra, acérrimo opositor a la comisión, Belloch le pidió a Miquel Roca que propusiera la enmienda transicional. La votamos, aunque el contenido final de la misma resultó ser una pura burla, pues se extendió a todos los partidos como comisión de estudio, no de investigación específica sobre Filesa y toda su órbita.

La última reunión con González

El 22 de abril de 1994 me reuní con Felipe en la Moncloa. Fue la última vez que nos vimos hasta que, en noviembre de ese mismo año, ya reincorporado a mi juzgado, lo visité de nuevo en el mismo lugar como parte del grupo de intelectuales y artistas que integrábamos la Fundación por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica.

En la reunión de abril le expuse de nuevo la grave situación en la que nos encontrábamos y le enumeré una serie de personas que desde mi punto de vista tenían que dimitir, entre las que incluía a Carlos Solchaga y José Barrionuevo. El presidente me dijo que no tenía potestad sobre ellos y que no podía hacerlo, especialmente respecto del segundo. Se lo reiteré en una carta que le remití en los días siguientes. Me pidió que me quedara, que le ayudase, pero le vi evasivo, parco en palabras, prometiendo pero sin comprometerse a nada, y me di cuenta de que realmente estaba atado de pies y manos, que su poder en el partido era aparente o tal vez toda aquella conversación había sido ficticia, un entremés de teatro con un solo espectador, porque en ningún momento se había planteado una lucha en serio contra la corrupción en su partido y en su Gobierno.

El día de la fuga de Roldán

Poco después, el jueves 28, me acerqué al banco azul del Gobierno en el Congreso y le pregunté a Antonio Asunción si era cierto que Roldán no estaba localizado, y me dijo que lo estaba por teléfono. Esto me dejó preocupado porque, conociendo al personaje y cómo estaba de caliente el ambiente, podía desaparecer en cualquier momento. Le comenté que me iba a Valencia para participar como delegado del Plan Nacional sobre Drogas en un acto en la plaza de toros organizado por las asociaciones de vecinos y otras entidades de la sociedad civil, continuación de otro encuentro celebrado el 9 de diciembre del año anterior en Cheste al que habían acudido siete mil jóvenes y que tuvo un gran éxito. En esta ocasión no fue así porque el ambiente estaba muy crispado y, además, los políticos socialistas de Valencia —para aprovechar el tirón y sin que yo lo supiera— se apuntaron al acto multitudinario. Asistían unas quince mil personas y nos tenían preparada una «buena» sorpresa.

Durante el viaje fui recibiendo información del ministro y ya era casi una absoluta certeza que Roldán había desaparecido. Al llegar al ruedo de la plaza de toros de la capital del Turia, la pitada fue descomunal coincidiendo con la entrada de los responsables políticos, tanto los locales como los de la comunidad autónoma, y la mía. Los silbidos solo se interrumpieron cuando el responsable de la organización habló. A continuación me tocó a mí y la pitada se renovó. La opción era marcharse, como pretendía el presidente valenciano Joan Lerma, o quedarse y aguantar. Obviamente, como ya había hecho durante la campaña cuando en la Universidad de Barcelona los organizadores del acto querían suspenderlo y sacarme como fuera y yo me negué, enfrentándome a quienes me increpaban hasta que logré silenciar sus gritos y debatir con ellos las acusaciones que me hacían por haber investigado a la organización terrorista Terra Lliure el año anterior, decidí permanecer allí porque, como otras veces me ha ocurrido, opino que hay que afrontar esas situaciones y no huir de ellas. La gente se expresa de una u otra forma, a favor o en contra, o incluso a gritos, y hay que aceptarlo, aunque jamás voy a ceder ante los manipuladores y reventadores de actos por mucha fuerza que demuestren.

En este caso, el desafío era potente. Cuando el organizador me dio la palabra, la bronca fue monumental. Rápidamente me di cuenta de que estaba orquestada desde puntos estratégicos de la grada, pero a pesar de todo era muy fuerte el rechazo que generaba la presencia de los políticos allí. Aguanté y en un momento determinado arrojé el discurso que había preparado sobre drogas y comencé a hablar de la corrupción y la justificación del enfado del pueblo porque la suciedad era asfixiante, máxime conociendo que Roldán se había escapado y que además yo había dimitido, precisamente por lo mismo que esos miles de jóvenes gritaban. Estuve casi media hora hablando y mantuve el discurso, e incluso hice la ola con ellos. Aunque con división de opiniones entre los concurrentes, aguanté hasta el final y después hablé con ellos. Sin embargo, cuando Joan Lerma subió al estrado, el griterío fue ensordecedor y, apenas dos minutos después, se marchó.

Esa noche dormí en Valencia porque me llamó el ministro Asunción y me pidió que asistiese en su nombre al funeral en Bilbao de un guardia civil, José Benigno Villalobos Blanco, de treinta y nueve años de edad y natural de Lemoiz, al que ETA había asesinado por la espalda el día 28 en Trapagaran (Vizcaya). Me recogió un avión militar y asistí como máxima autoridad política al entierro, sintiendo el dolor de las víctimas de nuevo en mis entrañas.

Al día siguiente, sábado 30 de abril, Antonio Asunción —en un acto de una honestidad política sin precedentes que le hizo ganar ante todo mi respeto y cariño desde entonces hasta hoy, ocho meses después de su muerte en enero de 2016— presentó su dimisión irrevocable y concluyó su periplo ministerial. Este hecho auguraba mi inmediata salida, que aún no le había comunicado. A continuación me recibió en su despacho y me contó cómo Roldán le había engañado y que en el tema había estado implicado también Julián Sancristóbal. Su buena fe le había hundido. Fue en ese momento cuando le dije que había presentado mi dimisión a Felipe, a lo que me contestó que él le había pedido al presidente que yo continuara encargándome de la coordinación de la lucha contra el terrorismo.

En esos días hablé con Bono sobre la situación, e incluso bromeé con él sobre mi posible nombramiento. Pepe me preguntó: «Pero ¿a ti te interesa?». Obviamente, respondí que no, pero nos encontrábamos ante una situación muy compleja. En todo caso, cuando me dijo que se había decidido unificar Justicia e Interior, le dije claramente que no era partidario de hacerlo. En vista de ello, llamé por teléfono a Felipe y le manifesté mi disconformidad con esa unión y que era un grave error, indicándole que si quería nombrar ministro de Interior a Belloch que lo hiciese, pero que no unificara ambos ministerios. Recuerdo que me dijo: «Lo he comentado con Jordi Pujol y está de acuerdo». Veintiún años después, en 2014, después de un acto en el que ambos habíamos participado, Felipe me dijo que tendría que haberme hecho caso sobre la designación de Juan Alberto Belloch y que se equivocó al optar por él. Yo le contesté que la historia de España en esa fase habría sido muy diferente. Como se dice, «agua pasada no mueve molino».

Y estalló el enfrentamiento

Hacia el 3 de mayo, el ministro de Justicia e Interior entrante me llamó. Cuando acudí a su despacho, me dijo que tenía interés en que continuara como secretario de Estado con todos los medios para que pudiera montar «la DEA a la española». Le contesté que ese modelo ya estaba superado y que había hablado con Felipe y Asunción sobre la coordinación de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El flamante biministro me dijo que tenía su equipo en este último ámbito y que le informara sobre mi decisión. Le contesté que me debía a quien me había pedido que me incorporara al proyecto de futuro, es decir, al presidente, y puesto que ya había presentado mi dimisión, únicamente hablaría con él. Me indicó que se dirigía a mí en nombre de este, pero insistí en que solo informaría al presidente directamente.

En efecto, intenté contactar con Felipe González para decirle que me marchaba y no lo conseguí, por lo cual le remití una última carta en la que le confirmaba mi decisión. Previamente comprobé que, en efecto, había delegado la cuestión en el biministro y me di cuenta también de que su intención al pedirme que me quedara había sido ganar tiempo para que mi dimisión no le estallase en la cara. Una vez más, el presidente consiguió amortiguar el golpe y hacer que el impacto fuera menor, además de que mi marcha se percibiera como una muestra de frustración por mi parte al no haber conseguido suceder a Asunción. En esos días las preocupaciones se le acumularon de repente, ya que a la dimisión de Asunción y a la mía hubo que sumar la del ministro de Agricultura, Vicente Albero, y la detención de Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España. Al mismo tiempo, los exministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, así como Carlos Solchaga, presidente del grupo socialista en el Parlamento, anunciaban su decisión de abandonar sus escaños de diputados. Eran los mismos nombres que había mencionado al presidente cuando le planteé la necesidad de su cese.

Juan Alberto Belloch tomó posesión del cargo el viernes 6 de mayo e, instantes antes de hacerlo, me exigió que le confirmara si seguía o no. De nuevo le comenté que primero quería hablar con Felipe, a lo que repuso: «Este es mi tiempo político y lo administro yo». En ese instante, ya harto, le dije: «Si tienes cojones, césame», tras lo cual di media vuelta y me alejé. Después del acto de investidura, me dirigí a mi despacho en el mismo edificio. Mi jefa de gabinete, Araceli, que se había quedado a la rueda de prensa posterior, vino más tarde y me explicó que Belloch había dicho a la prensa que me había pedido que continuara, pero que aceptaría mi dimisión si así lo decidía. Ante esta invitación era evidente que la situación era insostenible, de modo que presenté la dimisión por telegrama y él la aceptó del mismo modo.

Concluía así mi paso por la política y me marché a casa, satisfecho de lo realizado y especialmente de mi dimisión. Bien sabía lo que me esperaba después. Pero ese fin de semana se lo debía a mi hijo Baltasar, que hacía la primera comunión. Mi hija María me recibió con un abrazo, y Yayo, que me apoyó cuando decidí entrar, también lo hizo al salir. El resto de la familia se quedó —o eso pensé— mucho más relajada una vez que estuve fuera de ese complicado mundo.

El lunes 9 de mayo convoqué una rueda de prensa en el Congreso, a la que acudieron unos cien periodistas, y expliqué los motivos de mi dimisión y mi renuncia al puesto al haberme sentido utilizado y por la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción:

La proliferación de escándalos, la crispación social que han provocado y la actitud pasiva del presidente han hecho que no quiera ser partícipe, ni siquiera por omisión o silencio, de esta situación. Se ha querido, mezquina y malintencionadamente, decir que mi dimisión se debía a una ambición insatisfecha. Nunca pedí al presidente que me hiciera ministro. Poca ambición demuestro, cuando vuelvo a mi Juzgado.

A la vez, insistí en la necesidad de que el fiscal general del Estado dimitiera. Obviamente no lo hizo.

Decíamos ayer…

Al volver a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Instrucción número 5, y retomar el trabajo, parecía que regresaba —salvando las distancias y sin ánimo de arrogarme virtudes de las que carezco— como fray Luis de León en el siglo XVI y Unamuno en 1930 a la Universidad de Salamanca, con un «decíamos ayer». Casi no había dado tiempo a que se cerraran los procesos pendientes. Me esperaban viejos y nuevos casos: el secuestro de Segundo Marey por los GAL; una última detención de la Operación Pitón; la Operación Hielo Verde, en su segunda fase de blanqueo de dinero del narcotráfico; la extradición a Francia de Georges Mendaille, miembro de los GAL; el procesamiento del etarra Pipe San Epifanio, perteneciente al comando Matalaz, por el asesinato de un militar en Barcelona; el procesamiento de los grupos Y —formados por un máximo de cinco personas y encargados de cometer pequeños atentados— y su integración en la estructura de ETA, y el sumario de la captura de ciento setenta mil pastillas de éxtasis en Albacete, entre otros. De nuevo retomaba mi andadura judicial, mi espacio natural —o al menos en el que me encontraba más cómodo—, y volvía con las fuerzas renovadas para trabajar como siempre había hecho, en beneficio de la sociedad y por una justicia eficaz e independiente.

A lo largo de los años seguí colaborando con el Plan Nacional sobre Drogas; siempre estuve muy implicado en el problema. Una vez que regresé a la Audiencia, el equipo que dejé allí siguió trabajando con mi juzgado y me solicitaba colaboraciones para temas o ideas que mejoraran la lucha contra el crimen en general. Hubo una buena relación con Gonzalo Robles, que dirigió el PNSD entre 1996 y 2003, y mucha complicidad en el buen sentido de la palabra.

Tiempo después, cuando me suspendieron en mis funciones judiciales por la investigación de los crímenes franquistas en 2010, José Bono —a la sazón presidente del Congreso de los Diputados—, en una carta a El País publicada el 16 de mayo de ese mismo año, recordaba una frase mía: «Soy un progresista sin partido… que quiere ayudar a los que más necesitan». Lo cierto es que en esos momentos desolados agradecí sus palabras públicas:

[…] en materia de lucha antiterrorista hiciste un favor a España que nunca te pagaremos: por los muchos asesinos que encerraste y porque ayudaste a que los términos indiferencia y complicidad fueran sinónimos. […] de nuevo una decisión audaz me reconcilió contigo: la causa contra Pinochet. Conectaste con todo el mundo decente y trataste de meter preso a un asesino que además, pudiste demostrar, era un cobarde y un ladrón. De nuevo la causa de la dignidad en tus manos. Devolviste a muchos chilenos y a millones de ciudadanos sin fronteras la confianza en que hay más Justicia que la divina.22

Ahora, al cabo de tantos años y vicisitudes personales, tras mi expulsión de la Audiencia no formo parte de ninguna formación política, pero sí querría que los dirigentes políticos estuvieran abiertos para eliminar ese deseo de presencia permanente y fueran capaces de encontrar ese punto de encuentro que España necesita para salir del lugar donde estamos. Por eso fui uno de los impulsores del movimiento Convocatoria Cívica, cuyo manifiesto presentamos en Sevilla el 2 de octubre de 2013, con la presencia y el apoyo de intelectuales, juristas, artistas, políticos, periodistas, representantes del mundo de la cultura y de la Universidad, y muchas otras personalidades de la vida española.

Allí estuvimos, por ejemplo, José Chamizo de la Rubia, Lina Gálvez Muñoz, Luis García Montero, Pilar González, Almudena Grandes, Antonio Gutiérrez, Federico Mayor Zaragoza, Blanca Rodríguez, Juan José Téllez, Juan Torres López y yo mismo. Todos juntos, con el objetivo, como reza el manifiesto, de «conseguir un Gobierno dedicado al servicio del bien común, a vivir en una auténtica democracia y a seguir disfrutando de los derechos sociales que hemos conquistado a lo largo de decenios y con mucho esfuerzo».

En Convocatoria Cívica queremos acabar con la corrupción:

No admitimos que quieran acostumbrarnos a convivir con la indecencia política. No aceptamos que la normalidad sea el clientelismo, el abuso y la mediocridad. Deben pedirse responsabilidades a quienes han mentido y robado y a quienes tomaron a sabiendas decisiones injustas que han arruinado a tantos españoles.

Y su manifiesto concluye con un llamamiento a los ciudadanos:

Sabemos que es posible actuar de otro modo y resolver los problemas económicos y sociales que tenemos planteados. Pero es necesario que las respuestas elegidas no estén, como hasta ahora, pensadas solo en beneficio de grupos empresariales y financieros muy minoritarios. Y para ello es imprescindible que todas las personas de diversas ideologías y sensibilidades políticas o sociales nos pongamos de acuerdo para forjar una amplia y eficaz mayoría que dé una respuesta contundente, democrática y pacífica a la agresión que estamos sufriendo.

Unos meses antes, el 3 de julio de 2013, habíamos dado a conocer esta plataforma en Madrid. A partir de ahí, mantuvimos una presencia constante en los foros y medios para difundir nuestras ideas y provocar un debate en profundidad entre la ciudadanía comprometida con la regeneración ética de la política y de la sociedad. Este proceso culminó en un acto por la unidad de la izquierda que, a su vez, desembocó en X la Izquierda, una coalición de partidos y entidades cívicas que se presentaron unidos a las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Y es que quieras que no el ánimo de contribuir a la regeneración política y a la unión de la izquierda siempre lo he tenido ahí, como un rescoldo.

Esta iniciativa sigue siendo válida ahora, hoy, y lo será como elemento aglutinador de España en los próximos años, tiempos de complejas realidades y dificultades supremas en los que solo con el esfuerzo plural y diverso, reconociendo las características y nacionalidades de un país como el nuestro, podremos avanzar.

Pienso que los partidos progresistas, que quieren avanzar hacia algo diferente a lo que tenemos, están obligados al acuerdo. La historia ha demostrado que mientras los demócratas y progresistas se enfrascaban en peleas y rencillas inocuas se cedió ante el avance del fascismo, dejando a España en manos de una de sus mayores desgracias históricas, el franquismo. No cometamos en esta oportunidad otro error histórico del que nos costaría recuperarnos.

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Jurisdicción universal: una reivindicación constante

Soy bastante cabalístico e incluso, diría yo, maniático de las fechas y de los números porque estoy convencido de que las cosas no suceden normalmente por casualidad. Siempre, cuando miro el calendario, relaciono la fecha con los acontecimientos históricos y con lo que hago en ese día concreto. Hoy es uno de esos días. Mientras comienzo a escribir estos recuerdos sobre lo que ha sido mi historia relacionada con la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, recuerdo que el 16 de febrero de 1988 tomé posesión como magistrado juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y hoy mismo, 16 de febrero de 2016, he defendido en San José de Costa Rica —en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante sus cinco últimos presidentes y sus magistrados y frente a más de ciento cincuenta personas— la importancia de la jurisdicción universal como elemento integrador que nos vincula a los diferentes sistemas jurídicos para, apoyándonos en los principios y resoluciones con los que tribunales como la CIDH han hecho y hacen que este mundo sea un poco más justo, conseguir que la impunidad no sea la regla y la espada de Damocles que pende sobre tantos millones de víctimas en todo el mundo.

Durante veinte años he aplicado abierta y decididamente este principio, primero desde el Juzgado y después, en conjunción con el derecho penal internacional, como miembro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia; como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con el auspicio de la Unesco; como abogado apoyando o propiciando el planteamiento de acciones penales por crímenes internacionales; como presidente de la fundación que lleva mi nombre, ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas o promoviendo la formulación y consolidación de los nuevos principios de la jurisdicción universal en el mundo; y, como activista de los derechos humanos, a través de artículos, libros, iniciativas solidarias y de apoyo a las víctimas en procesos de paz. Por tanto, puedo decir que he dedicado gran parte de mi vida —y lo voy a seguir haciendo— a defender la consolidación de este principio que comporta la defensa sin restricciones de las víctimas con carácter universal, con independencia de su nacionalidad, del lugar donde se hayan cometido los crímenes o de la nacionalidad de los responsables, siempre que se trate de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y aquellos otros que se recogen en los convenios internacionales.

Sin lugar a dudas y teniendo en cuenta que la interpretación de este principio y de las normas que lo regulan me llevó en su momento al reconocimiento internacional y también, años después, en 2010, a la suspensión de mis funciones como juez, debo reconocer que me siento orgulloso del camino recorrido. Aunque el coste profesional ha sido alto, no tiene comparación con la satisfacción del abrazo recibido de la víctima, del profesional que con dedicación se esfuerza en igual sentido, o del joven que reconoce con emoción que estudió Derecho y comenzó a recorrer la senda en defensa de los derechos humanos siguiendo la estela marcada por mí. Alguien podrá decir que esto es soberbia y, sin titubear, le respondo que no: es una humilde victoria de los más débiles sobre los que siempre ganan, sobre los que desde el poder se corrompen y matan o hacen desaparecer a los ciudadanos y sobre los que los justifican o dictan leyes que impiden la persecución de estos crímenes, anteponiendo intereses económicos o políticos e instaurando leyes como la que en 2014 aprobó el Partido Popular, más atento a la corrupción y en su momento a la guerra de Irak, aun con cientos de miles de víctimas en su conciencia, que a la defensa de quienes lo necesitan.

La doctrina

Frente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, las víctimas son universales y, por tanto, la persecución de estos crímenes también lo es. Ahí se encuentra la esencia de la jurisdicción universal. Para mí y para todos los jueces que han creído en este principio, la jurisdicción universal es un instrumento imprescindible tanto para la lucha contra la impunidad como para la defensa y reparación de las víctimas. En ocasiones puede parecer un principio difícil de comprender, pero su capacidad para romper las fronteras de la impunidad que los Estados suelen levantar con el fin de proteger a sus propios genocidas y delincuentes se ha presentado muy eficaz en las últimas décadas y, por ello, bien merece la pena reivindicar su valor y propugnar su aplicación; más ahora, si cabe, cuando muchos procuran celebrar su defunción. La jurisdicción universal me permitió emitir una orden de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y facultó a la Audiencia Nacional para condenar al militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. También fue la herramienta con la que luchamos contra piratas, narcotraficantes, terroristas y señores de la guerra. Es, sin lugar a dudas, la pieza del rompecabezas que cierra el círculo de la impunidad y que hace que este mundo sea más pequeño para los mayores criminales.

La jurisdicción, en términos generales, no es más que la facultad de los jueces y magistrados para juzgar y ejecutar lo juzgado en causas para las que sean competentes. Esta competencia viene definida por una serie de ideas fundamentales sobre las cuales se armará la legislación de todo país: son los llamados principios de jurisdicción. El primero de ellos, el de territorialidad, deriva de la concepción más clásica de la soberanía de un Estado: los jueces de un país tienen el derecho y la obligación de aplicar la ley ante los delitos que se cometan dentro de su territorio. Parece el más lógico y evidente de todos los principios. Pero a esta aproximación se le añaden otras: la aplicación extraterritorial de la ley penal, es decir, llevar la ley de una nación más allá de sus propias fronteras. Es así que, en ciertas circunstancias, un Estado podrá perseguir delitos cometidos en el extranjero si el investigado es, en nuestro caso, español (segundo principio, de personalidad activa) o incluso si entre las víctimas se encuentra algún compatriota (tercer principio, de personalidad pasiva). Pero los Estados también desarrollaron un cuarto principio, el de «legítimo interés del Estado», que se ocupa de aquellos casos en los cuales la víctima es el Estado en sí mismo, por ejemplo, cuando alguien atenta contra la seguridad nacional, falsifica su moneda o la firma de sus ministros, o ataca a sus máximos representantes. En todos estos principios hay algún punto de conexión con el tribunal que juzga: la tierra, el pasaporte o los intereses estatales.

No obstante, el círculo de la impunidad no queda cerrado con ese elenco de principios. ¿Qué pasaría con los casos en que se cometen gravísimas atrocidades y el propio Estado no tiene interés en juzgarlos? Cuando ningún punto de conexión parece despertar el interés de los magistrados del país en que se cometieron los delitos, contra o con responsabilidad de sus compatriotas o en ataque directo a sus intereses estatales más fundamentales, ¿qué les queda entonces a las víctimas? La respuesta es la jurisdicción universal.

La jurisdicción universal es, en esencia, el principio por el que jueces y magistrados de cualquier parte de la Tierra tienen el derecho y la obligación de investigar y en su caso juzgar delitos internacionales cometidos sin necesidad de probar la existencia de ningún punto de conexión. Este criterio de jurisdicción que muchos suelen tachar de exótico no es ninguna invención mía ni del resto de los jueces de la Audiencia Nacional española que lo han aplicado. Se trata, por el contrario, de una realidad que hunde sus raíces en el derecho internacional y en la historia del ser humano. Empezó siendo una solución para tribunales de todo el mundo que compartían el compromiso de luchar contra la piratería. Y es que los orígenes de la jurisdicción universal pueden trasladarnos por lo menos hasta el siglo XVII, cuando criminales de alta mar abordaban, robaban y secuestraban barcos de cualquier pabellón en aguas internacionales. Con esa idea de que actuaban en tierra de nadie, los juristas llegaron a la conclusión de que todos los Estados podrían ser competentes.

La jurisdicción universal no quedó ahí, paralizada en la historia y sin experimentar una evolución. Más bien todo lo contrario. Ha demostrado ser un instrumento extremadamente flexible, ya que fue capaz de desplegar sus efectos de persecución universal para nuevos delitos. Así, cuando en el siglo XIX el comercio de esclavos terminó siendo una práctica rechazada por todos los Estados, al menos formalmente, este tráfico acabó por encontrar su equivalente en la piratería y con ello cayó bajo el ámbito de la jurisdicción universal. A principios del siglo XX cristalizó todo un elenco de reglas que exigían que la guerra, que siempre es inhumana, lo fuese un poco menos. Es el derecho de guerra (ius in bellum), cuyas infracciones son los crímenes de guerra. También son perseguibles universalmente. Asimismo, ya en las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, en el Tratado de Versalles de 1919 o en el de Sevrès de 1920, se intuyen referencias a crímenes que se incluirán en el radio de acción de este principio (delitos contra la humanidad o genocidio).

La devastación de la Segunda Guerra Mundial azotó la conciencia de toda la humanidad y permitió ver que una de las vías para defendernos de nosotros mismos es el propio derecho. La consolidación de conceptos hasta entonces abstractos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad encontraron cabida en un recién inaugurado derecho penal internacional a raíz de los célebres Juicios de Núremberg y Tokio. En la década de 1950 parecía que las teorías de derecho penal internacional habían llegado a su cénit al haber establecido el núcleo duro de los delitos internacionales: el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra. Pero no era así. En efecto, hubo una nueva oleada que permitió ampliar la lista de graves ofensas a los derechos humanos y a los intereses internacionales. Fue principalmente en los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando proliferaron convenciones internacionales que promovían la persecución de la tortura, las desapariciones forzadas, el apartheid, el narcotráfico, la corrupción y otros delitos. Si algo ha demostrado el derecho penal internacional es, precisamente, su vocación de progresar extendiendo su facultad para luchar contra la impunidad.

Sin embargo, ese desarrollo teórico no parecía venir acompañado de la persecución práctica a través de la jurisdicción universal. La persecución universal resultaba ser una consecuencia natural de la consideración de ciertas acciones como delitos internacionales, pero solo se puso en marcha en contadas ocasiones. Algunos casos de investigación y enjuiciamiento de responsables de crímenes de guerra después de la Primera y Segunda Guerra Mundial o el proceso contra el líder Adolf Eichmann en Israel son pruebas testimoniales de su uso aislado. Mientras tanto, la provisión que facultaba a todo juez del mundo a perseguir las barbaries cometidas a un lado y otro del océano permanecía dormida en polvorientos códigos de leyes por su desuso. Es probablemente una verdad aceptada por un amplio sector de la doctrina y la práctica jurídica que el caso Pinochet hizo despertar a la jurisdicción universal, reivindicándola y animando a otros operadores jurídicos del mundo a activarla. Así sucedió en Bélgica, Argentina, Senegal o Sudáfrica, por ejemplo. De pronto, dictadores y grandes criminales de todo el planeta comenzaron a preocuparse de adónde viajaban, en dónde hacían escala, en qué cuenta depositaban el dinero fruto de la corrupción y del abuso y estrangulamiento de la población a la que debían proteger en lugar de reprimir. El mundo vivió una euforia de justicia, paz y defensa de las víctimas. Fueron los años dorados de la jurisdicción universal que, lejos de morir, prolifera en otras latitudes y que cuenta con el músculo del mundo académico, los activistas, los jueces y los magistrados; todos ellos, valientes y comprometidos con su deber: hacer justicia. Si mi nombre aparece en los anales de la historia de la jurisdicción universal, no es mérito mío, sino de las víctimas que llamaron a la puerta de mi juzgado central de instrucción, de los abogados que señalaron los artículos de la ley que me permitían activarla y del sentido del deber y la justicia que siempre me ha acompañado.

La historia de la jurisdicción universal en España se puede contar a través de sus propios casos y de aquellos que, sedientos de justicia, nunca cesaron de luchar por ella.

Los comienzos. El Achille Lauro

Mi aproximación a la aplicación del principio de jurisdicción universal comenzó en 1992, cuando inicié la investigación del caso Achille Lauro y la presunta implicación en este del traficante de armas Monzer Al Kassar. Los terroristas secuestraron el buque italiano Achille Lauro el 7 de octubre de 1985 tras reducir al capitán en el puente de mando y obligarle a seguir sus órdenes. En el barco viajaban 673 pasajeros, 119 tripulantes y 194 auxiliares, que fueron concentrados en los salones del transatlántico. El grupo amenazó con matar uno por uno a los pasajeros si Israel no excarcelaba a cincuenta prisioneros palestinos. Durante el secuestro, el comando asesinó al estadounidense de origen judío Leon Klinghoffer, un paralítico que fue ametrallado y arrojado al mar con su silla de ruedas.

La tramitación de este caso fue muy dificultosa porque se movieron en él demasiados elementos oscuros que lo convirtieron en un fracaso, cuando existían motivos fundados para que, visto en su conjunto tal como yo lo armé y hasta que la Sala lo desmembró, hubiera concluido en una condena. Sin embargo, como ya he relatado en un capítulo previo, no fue así.

El auto de procesamiento que dicté contra Al Kassar era diáfano sobre la presunta relación de este traficante de armas sirio con el Frente de Liberación de Palestina (FLP), el grupo terrorista liderado por Abu Abbas. A través de una cuenta compartida con este último en Marbella en el entonces Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Al Kassar le suministró 237.000 dólares (unos 144.000 euros). Además, no solo cobijó en su casa marbellí tanto a Abu Abbas como al militante Zaki Helou, sino que también pagó los gastos del alojamiento del comando que debía asesinar a Joseph Elias Awad, un alto responsable de los servicios secretos de Líbano y confidente del Mosad, el servicio secreto israelí.

Al Kassar facilitó supuestamente la pistola para la acción, una Sig-Sauer, y así se lo imputé en la instrucción. En la madrugada del 3 de noviembre de 1984, Awad fue herido de gravedad por un disparo en el cuello en el paseo de la Castellana de Madrid. El autor material, el palestino Kamal Abdul Gawad Ghazoul, fue detenido minutos después del atentado. Una prueba de que no fue una acción de incontrolados o espontáneos es que, tras fracasar el asesinato de Awad —quedó con una parálisis total—, Abu Abbas envió a Madrid a otro terrorista, Yousef Ahmed Saad, en noviembre de 1984, con el fin de rematarlo. Saad fue detenido en los apartamentos que compartía con Gawad Ghazoul antes de ejecutar sus planes. El autor material del atentado recibió, al parecer, dinero de Al Kassar, quien habría facilitado los fusiles Kalashnikov con los que Abu Abbas secuestró el buque italiano Achille Lauro.

El traficante sirio utilizaba un pasaporte de Argentina que le fue concedido por decisión del presidente Carlos Menem, con la intervención de dos sucesivos ministros del Interior de ese país, Julio Mera Figueroa y José Luis Manzano. Un juez argentino pidió la extradición con el objetivo de que Al Kassar pudiera ser juzgado por utilizar documentos falsos para conseguir la nacionalidad. La Audiencia Nacional española accedió en febrero de 1993, pero la extradición quedó pospuesta hasta que este último cumpliera sus responsabilidades en España, procesado por su presunta relación con el secuestro del Achille Lauro. Según la demanda de extradición, Al Kassar logró la nacionalidad por naturalización mediante certificados falsos de residencia en los que constaba que llevaba viviendo dos años en la ciudad de Mendoza, cuando en realidad solo había hecho viajes esporádicos a Argentina. Con la carta de ciudadanía, consiguió que las autoridades le expidieran documentos argentinos.

En la vista de extradición, la defensa de Al Kassar se opuso a ella aduciendo que la concesión de la nacionalidad fue una decisión graciable y política por orden expresa del presidente argentino, con quien el acusado, según el tribunal, tenía alguna relación personal. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento explicando que, si la concesión de la nacionalidad hubiera sido un acto político graciable, «no hubieran sido necesarias toda la serie de actuaciones y declaraciones falsas relativas a su residencia en Argentina».

Que yo estaba en el punto de mira de Al Kassar era evidente. La policía me comunicó, en febrero de 1993, que sospechaba que me habían seguido detectives de una agencia perteneciente a un conocido ultraderechista condenado por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, perpetrada en 1977. Lo habían descubierto después de que se obtuviera en Italia un testimonio que podría ser decisivo sobre la relación de Monzer Al Kassar con el suministro de armas y financiación para el secuestro del crucero italiano.

Según otra hipótesis, eran dos las agencias que me vigilaban, pues existían indicios sobre la participación de otra agencia de detectives vinculada a un exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Posiblemente, me informaron, una de estas vigilancias había sido encargada por el clan de amistades de uno de los más conocidos procesados en el narcotráfico gallego.

En septiembre de 1994, cuando yo ya había vuelto al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el fiscal pidió en las conclusiones provisionales una pena de veintinueve años de cárcel para Al Kassar por financiar y facilitar las armas al comando palestino para el secuestro del Achille Lauro y como presunto autor de un delito de piratería con resultado de muerte y lesiones.

El juicio comenzó el 9 de enero de 1995 y el traficante, tras negar todas las imputaciones, convirtió su juicio en una cortina de acusaciones de «chantaje» en las que me mencionó, aunque por persona interpuesta, y dijo que dos supuestos intermediarios míos le habían pedido cien millones de dólares (unos 165 millones de euros) para obtener su libertad. Aparte de las barbaridades, lo cierto es que consiguió su objetivo y fue absuelto de todos los cargos.

Previamente, el Tribunal Supremo había confirmado la competencia de la Audiencia Nacional, de acuerdo con el artículo 23.4.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el principio de jurisdicción universal por presunto delito de piratería. Era la primera vez en la que se aplicaba expresamente este precepto. A pesar de esa declaración de competencia para investigar el asesinato frustrado de Elias Awad, que se imputaba también a Monzer Al Kassar, conjuntamente con el Achille Lauro y los demás delitos conexos, el magistrado Francisco Castro Meije —presidente de la Sección Tercera de lo Penal— había desmembrado la causa y la había dispersado, de modo que cada uno de los hechos quedaba aislado y ajeno a los otros, cuando la realidad era bien distinta. El magistrado de la Audiencia Nacional Ventura Pérez Mariño denunció el 31 de marzo de 1995 a dos de los magistrados por presuntas irregularidades cometidas antes del juicio. Los denunciados fueron Castro Meije y el magistrado ponente de la sentencia, Fernando García Nicolás.

Según el denunciante, ambos magistrados no se dieron por enterados de la decisión del Supremo e iniciaron el juicio oral de Al Kassar sin tener en cuenta este otro caso. Pérez Mariño puso estos hechos en conocimiento del presidente de la Sala de lo Penal, Siro García Pérez, que abrió una información para determinar si procedían responsabilidades.

Beirut, año 2000

Después del juicio, apenas vi en un par de ocasiones a Monzer Al Kassar en los pasillos de la Audiencia Nacional. En una ocasión pidió verme para explicarme que él no había tenido nada que ver con la persecución de la que se me había hecho objeto, y que habían sido ciertas personas que se aprovecharon de él, induciéndole a atacarme en el juicio, pero que todo era falso. Le contesté que no era necesario que me contara aquello, y que si era cierta la manipulación y la coacción por parte de otras personas, debía denunciarlas. Recuerdo que me dijo enigmáticamente que no podía hacerlo en ese momento porque tenían mucho poder y su familia corría peligro. Allí quedó nuestra conversación y nunca volvimos a hablar, aunque coincidimos un par de veces más.

Unos años después, un encuentro fortuito me amargó la Nochevieja de 2000. Había viajado con mi familia y unos amigos a conocer Líbano y, al inicio de la cena de fin de año en el hotel, me di cuenta de que detrás de mí, en la mesa de al lado, estaba… Monzer Al Kassar con toda su familia. No es que sintiera miedo por la proximidad del personaje a su tierra, pero me sentía incómodo porque, si me veía, con toda seguridad me abordaría. Por otra parte, no sabía qué tipo de contactos podía tener en ese país. No se me olvidaba que Elias Awad era libanés. Para evitar complicaciones a mis acompañantes, me fui al bar del hotel y allí me tomé las doce uvas solo, a la espera de que se marchara y así poder volver otra vez con mi familia a celebrar el Año Nuevo. Fue la última vez que lo vi hasta que, en junio de 2007 y a petición de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), fue detenido nuevamente en el aeropuerto de Barajas (Madrid), como en 1992, pero ahora acusado de conspiración contra militares estadounidenses y abastecimiento de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La directora de la DEA, Karen Tandy, y el fiscal de Nueva York, Michael García, lo presentaron en esa ciudad como una importante operación policial propia. Estados Unidos pidió su extradición. Estoy convencido de que en esta detención influyó que, en el juicio por el Achille Lauro, el tribunal hizo identificarse a un agente encubierto de la DEA y no se tomaron en cuenta las pruebas que aportó. Pienso que esperaron para desquitarse en cuanto llegase el momento propicio. Y este se presentó al detener a Al Kassar.

El 4 de octubre de 2007 se celebró la vista de extradición, con la confusión que provocó que hubiera sido preparada en una operación de delito provocado por la DEA —algo que está prohibido en el ordenamiento jurídico español— y que miembros de la policía española apoyaran al traficante sirio en sus pretensiones e incluso le alertaran de que le estaban siguiendo y de que le tendían una trampa.

La Audiencia Nacional acordó el 27 de octubre, por dos votos a favor y uno en contra, la extradición de Al Kassar a Estados Unidos. Su entrega se condicionó a que, previamente y por vía diplomática, se garantizara que no sería condenado a la pena de muerte en aquel país y que si la condena era de cadena perpetua, la misma no sería «indefectiblemente de por vida». El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el 13 de diciembre la decisión de la Sección Cuarta de este tribunal de extraditarle para ser juzgado por suministrar presuntamente armas a las FARC.

Finalmente, el 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros acordó acceder a su entrega a Estados Unidos, donde fue condenado en febrero de 2009 a treinta años de cárcel que actualmente cumple en la prisión de Terre Haute, Indiana.

De los múltiples casos en los que he participado, ninguno ha sido tan sucio como este. Todo lo que lo rodeó fue oscuro. Desde el personaje principal hasta el conjunto de individuos que siguieron sus órdenes o incluso se aprovecharon de él. Pasando por el esperpéntico episodio del tráfico de influencias; la interesada relación con el presidente argentino Menem, o la compra de torpedos con cabeza nuclear para el Gobierno argentino de la época, según la información clasificada a la que tuve acceso; los vínculos de Al Kassar con las estructuras políticas y policiales del Ministerio del Interior; el conjunto de abogados que lo rodeó en aquel momento; las interferencias de los servicios de inteligencia; la protección del general sirio Alí Duva; los vínculos entre organizaciones árabes de distinto signo; los favores judiciales que hicieron que el caso, incluso en el tema de las armas, los documentos falsos y los vehículos trucados, quedara perdido en algún archivo de los juzgados de Marbella. En lo personal, la acción coordinada contra mí fue muy intensa, y aunque no triunfó, sí evidenció por dónde iban a ir todos los ataques orquestados reiteradamente, con mayor o menor intensidad, desde diferentes ángulos.

Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1983)

En los años setenta y ochenta, la Justicia calló en Chile y Argentina, como lo haría en otros países de la región y lo sigue haciendo en otros en nuestros días. La lucha contra la impunidad siempre se está renovando. En aquellos años de acero, de persecuciones y negación de la libertad y de la vida, hubo un puñado de víctimas que dieron la cara y que pelearon con todas sus fuerzas porque el olvido no fuera la regla que gobernara nuestras mentes. Esa insistencia hizo mella en el corazón de la Justicia de varios países. En particular, la hizo en España.

Recuerdo al escribir este texto dos libros: Cóndor, de João Pina y cuyo epílogo escribí en 2014, y Operación Cóndor, 40 años después, de Estela Caloni y dirigido por mí y publicado en 2015. En ambos ponía de manifiesto que el terrorismo de Estado se instaló en Latinoamérica y sembró el terror, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, la tortura y el robo de niños en aquella época. La coordinación regional de la represión alcanzó niveles nunca imaginados, que hoy se investigan en algunos países, mientras que en otros como Brasil se desarrollan esfuerzos para hacerlo. Sin embargo, en algunos Estados, esas actuaciones permanecen ocultas bajo la losa del silencio oficial y la impunidad. Es curioso, pero a todos los hechos como los acontecidos en Latinoamérica acompaña la cobardía de los que auspiciaron esas políticas de represión y barbarie, los cuales mostraron su fuerza en la agresión y en su imposición de silencio, pero desvelaron su villanía al no responder por los crímenes perpetrados.

En aquellos oscuros años en los que la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se daba la mano con la moribunda dictadura de Francisco Franco en España, se diseñó un sórdido plan de eliminación, secuestro y desaparición de oponentes políticos en el Cono Sur americano en el que el elemento aglutinante era el terror y la barbarie de unos militares podridos y corrompidos por la doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo el mando de Richard Nixon y Henry Kissinger, y de unos planteamientos económicos neoliberales extremos que han sido la causa de no pocos desastres, antes y después de los intentos democratizadores de Salvador Allende y de quienes querían una América Latina no sometida al patrón del norte. Ser el patio trasero de Estados Unidos conlleva que todas las suciedades y villanías que se quieran hacer se realizan con un alto coste en vidas humanas de los países afectados. El socialismo en la época de la Guerra Fría estaba proscrito en Latinoamérica. El ejemplo cubano no podía expandirse tan cerca del «imperio» estadounidense. Esto hizo que los intereses cruzados de políticos, empresarios y militares se unieran bajo un mismo designio y que todos, debidamente coordinados, desarrollaran un plan sistemático de eliminación contra todos aquellos que se oponían a ese designio. Selectivamente se aplicaron a consumarlo y a someter a un continente que todavía lucha con dignidad frente a quienes desde el norte, antes con la Escuela de las Américas y ahora con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la expansión de su sistema de justicia, nunca han dejado de tutelar al sur con la soberbia de quienes saben con seguridad que no van a ser contraatacados.

El Cóndor

Uno de los nombres más conocidos y que identifica el terror durante los años setenta del siglo pasado en Latinoamérica fue la Operación Cóndor, impulsada por técnicos militares y políticos que entrenaron a los que acabarían con sus hermanos en una orgía de sangre y represión. Aquel plan tuvo sus precedentes: el asesinato del general Carlos Prats y su esposa el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires; el atentado en Roma contra el político chileno Bernardo Leighton, el 6 de octubre de 1975, de la mano de la organización del extremista neofascista italiano Stefano Delle Chiaie con la ayuda de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile —la DINA, la policía secreta del régimen militar de Pinochet— y, específicamente, del agente de la CIA Michael Townley; o el intento de asesinato del senador Carlos Altamirano en Madrid.

La Operación Cóndor se creó formalmente el 25 de noviembre de 1975, tal como comprobé con el hallazgo del acta de constitución en los Archivos del Terror de Asunción (Paraguay) y extendió su actuación a países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia o Perú, desde los que llegó hasta el corazón de Washington, a pocas manzanas de la Casa Blanca, con el asesinato del político chileno Orlando Letelier —ministro de Defensa en el gabinete de Salvador Allende cuando tuvo lugar el golpe militar de Pinochet en 1973— y su asistente, la estadounidense Ronni Moffitt, el 21 de septiembre de 1976.

En estos cuarenta años, pasamos, en el mar de la impunidad que perdura y acompaña en un mismo esquema de violación y anulación de los límites del Estado de derecho, de aquellas dictaduras a las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib; los traslados ilegales de prisioneros por parte de la CIA a centros de detención clandestinos en los que son secuestrados, torturados o forzados a desaparecer sin ningún tipo de control más que el derivado de hecho de la voluntad de quien dispone esas acciones; el uso de drones (aviones no tripulados) que eliminan a control remoto en forma selectiva o indiscriminada a personas muchas veces ajenas al conflicto, a miles de kilómetros de donde se inicia la acción ilícita; espionajes masivos en países democráticos, en aras de la protección de unos supuestos derechos que se desconocen paladinamente. Todos son ejemplos del fracaso de un sistema que no ha sabido poner en práctica una seguridad que responda a las necesidades democráticas de los ciudadanos y no a las de los que nos dirigen.

La historia real y la oficial, siempre la impunidad

La impunidad borra toda crónica diferente de la oficial. Históricamente ha habido intentos de eliminar la realidad, desde el olvido inducido —como si no hubieran existido el genocidio, las masacres o las desapariciones forzadas de personas— hasta el olvido ordenado por ley mediante amnistías, condonaciones de penas o indultos, bajo el pretexto de garantizar la estabilidad política cuando, en verdad, lo que se busca es garantizar la impunidad y el propio negacionismo, tan de moda hoy en muchos ámbitos.

Mientras tanto, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas en la mayoría de los países del mundo; arrancándoles de cuajo su derecho humano a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Siempre son las perdedoras, y en la mayoría de las ocasiones bajo la añagaza de que con ello la paz se consolida, pero pocas veces se ofrece una paz sostenible, igualitaria y no revictimizante.

Siempre he creído que para construir el futuro debemos tener perfectamente definido el pasado y, como afirma el juez Richard Goldstone, cada país ha de hacer frente a su propia historia y conocer qué tipo de justicia quiere. Adoptar la regla del olvido y la impunidad supone un error de proporciones enormes, porque una «sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en ese sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron».23

Son muchos los casos en los que los tribunales se han pronunciado en contra de las normas o leyes de impunidad, como ocurrió con la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso de Perú, que anuló las leyes de amnistía del periodo Fujimori en los casos Barrios Altos y la Cantuta en 2002; la sentencia de 27 de noviembre de 2010 al anular la ley de amnistía de Brasil en el caso de la guerrilla de Araguaia; el caso sobre las masacres del Mozote en El Salvador, en 2012; la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial de Sierra Leona en el caso Kondewa, de 2004; la sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el caso Azapo (Azanian People’s Organization), entre otras muchas; o al confirmar la Corte Suprema argentina la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la época del presidente Néstor Kirchner y de la mano de insignes jueces como Raúl Zaffaroni.

No obstante todo ello y el impulso de las sentencias de la CIDH, nos hallamos en la encrucijada que siempre se presenta cuando se analizan los crímenes internacionales, atroces, masivos, contra la humanidad o genocidio. Como una especie de fantasma, con el que levita el espectro de la impunidad, se enfrentan la «necesidad» de olvidar, de pasar página, la dificultad que para el Estado comportan estos hechos, y la «tozudez» de las víctimas para exigir justicia. Frente a este falso dilema recurrente, no debería existir la mínima duda de que los perpetradores han de rendir cuentas.

Del dolor infinito a las sonrisas de esperanza

El mes de marzo de 1996 nunca se me olvidará, como jamás lo hará para millones de personas aquel otro 24 de marzo de 1976, cuando los militares dieron un «golpe de Estado» en Argentina que sometería al pueblo a una cruenta dictadura cívico-militar y a una guerra (la de las Malvinas) en la que treinta mil desaparecidos y centenares de víctimas inocentes de una absurda confrontación armada contra el Reino Unido serían el resultado, junto con la destrucción del propio Estado argentino.

Aquel 24 de marzo de 1996 se presentó en mi juzgado, y de la mano de Dolores Delgado, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España, la denuncia redactada por el fiscal Carlos Castresana. Cuatro días después, el 28 de ese mismo mes, dicté el auto por el que se incoaba el procedimiento penal en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra los máximos responsables de las Juntas Militares argentinas en aplicación del principio de jurisdicción universal. Comenzaban así los que después se conocerían como los «Juicios de Madrid».

La causa que acabó alcanzando a Pinochet arrancó en marzo de 1996, cuando Carlos Castresana, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sugirió la presentación de una denuncia contra las Juntas Militares argentinas por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura. En junio otro representante de la UPF, Miguel Mirabet, presentó otra denuncia, esta vez por el caso chileno. Al principio tan solo un gran diario catalán se ocupó del asunto, que fue acogido con escepticismo y desprecio por amplios sectores de la opinión y la vida pública. Pero a medida que el caso avanzó y el caso de Pinochet pasó a manos de Garzón —que se ocupaba inicialmente del de Argentina—, el presidente Aznar comprendió que un asunto sin precedentes estaba a punto de estallarle en la cara. Era la gigantesca «patata caliente» que le venía encima y que obviamente no pararía, como recogen Gallego y Rey en esta viñeta, con su paleta de pádel, entonces su deporte favorito.

Por su parte, a partir de 1998 en Chile y de 2005 en Argentina, se activarían, respectivamente, diferentes causas contra Pinochet y contra los jefes militares argentinos en una actividad que aún continúa y que ha tenido ejemplos memorables, como las sucesivas condenas al general Manuel Contreras —jefe de la DINA— y otros altos mandos, o también las recaídas contra Jorge Rafael Videla, los demás jefes de las Juntas Militares y otros represores. En este sentido, en 2013 se inició en Argentina el juicio a algunos responsables de la Operación Cóndor, un hecho histórico en la aplicación de la Justicia más allá de las fronteras de los países afectados (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay). En este procedimiento judicial, las víctimas argentinas de desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas de Seguridad argentinas dentro y fuera del país son minoría, lo que demuestra la estrecha colaboración que existía entre las dictaduras del Cono Sur en su objetivo común de hacer desaparecer a los opositores políticos, una colaboración que no respetaba fronteras. La sentencia condenatoria se pronunció en mayo y se ha hecho pública en agosto. Estos juicios han demostrado que, a pesar del poder que todavía ejercen algunos perpetradores, es posible hacer justicia frente a ellos. En los últimos veinte años la lucha de las víctimas ha hecho que la Justicia tome conciencia de que la ley es igual para todos y de que ninguna inmunidad puede impedir que, en uno u otro lugar, la jurisdicción universal consiga que la impunidad no siga siendo la norma. Solo de esta forma el «nunca más» será una realidad definitiva.

Hugo Omar Cañón

No obstante, en aquellos años hubo víctimas y activistas que lucharon denodadamente contra la dictadura y contra la impunidad. Muchos de ellos perdieron la vida en el empeño y otros vivieron para contarlo. Uno de estos profesionales fue el fiscal general de Bahía Blanca, el argentino Hugo Omar Cañón. Serio, adusto y sensible, comprometido con la causa de la justicia y la defensa de las víctimas, fue el primer fiscal de esa nacionalidad que en los años difíciles de la vigencia de las leyes de impunidad que silenciaron a la justicia argentina durante veinte años —las de Obediencia Debida y Punto Final— se levantó contra los indultos decididos en 1989 por el presidente Menem a favor de los militares represores, para vergüenza y oprobio de quien los autorizó. A Hugo lo conocí en 1998 en mi despacho oficial de la Audiencia Nacional y hasta el 3 de enero de 2016, día en el que murió a causa de un desgraciado accidente de tráfico, anduvimos juntos un camino no exento de dificultades, pero del que puedo hacer un balance positivo. Ha sido mucho lo conseguido por el esfuerzo de las víctimas, de los organismos de defensa de los derechos humanos, de algunos jueces y fiscales comprometidos, de algún político y de periodistas decididos a librar la batalla de la Justicia contra la impunidad.

Un viaje que cambió mi vida

En julio de 2005 conocí al presidente Néstor Kirchner y a su mujer, Cristina Fernández, entonces senadora y luego también presidenta de Argentina. En aquel entonces yo no podía prever que, siete años más tarde, estaría trabajando, durante un tiempo, en ese país como asesor en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y, después, formando parte del Gobierno con el rango de subsecretario de Derechos Humanos y presidiendo el Consejo de Administración del CIPDH, un organismo de promoción de los derechos humanos con el auspicio de la Unesco.

Invitado por el Gobierno de Argentina y con la mediación de un buen amigo, el cónsul general en Nueva York, Héctor Timerman, luego embajador en Washington y después canciller, viajé a Buenos Aires acompañado de mi mujer con el fin de participar en un gran encuentro sobre justicia, impunidad y defensa de las víctimas en el Teatro Cervantes de la capital argentina, en unión de la senadora Fernández de Kirchner y de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, mi admirada y querida Estela de Carlotto.

Recuerdo que en la entrevista en el palacio de la presidencia, la Casa Rosada, que tan solo recordaba por el caso Yomagate, fui recibido por Néstor Kirchner, a quien admiraba por su firme decisión de acabar con la impunidad siguiendo la lucha que las víctimas, como Chicha Mariani, Hebe de Bonafini, la familia Labrador (con Esperanza Labrador) y Sacha Artés —al frente desde España—, y los valerosos luchadores por los derechos humanos como el periodista y escritor Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel —premio Nobel de la Paz— y otros muchos venían librando.

Apenas dos años antes de nuestro encuentro, y tras acceder a la presidencia en mayo de 2003, el presidente Kirchner tomó la decisión de que el tiempo de adormecimiento y consentimiento con los responsables de la dictadura había terminado. La orden de eliminar de la Sala de Presidentes de la Casa Rosada los retratos de los componentes de las Juntas Militares fue paradigmática. Después vendrían la derogación y la nulidad, y su ratificación judicial por la Corte Suprema, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Acababa así un tiempo de oscuridad y comenzaba el de la justicia contra la barbarie. Los esfuerzos que hasta ese momento habíamos realizado desde España y que habían tenido su último escenario en el juicio solemne en la Audiencia Nacional, unos meses antes, contra el capitán Adolfo Scilingo, condenado a cientos de años de prisión por torturas y desaparición forzada de personas, como crímenes de lesa humanidad, habían dado sus frutos y yo me sentía orgulloso de los nueve años de lucha en primera línea por la dignidad y la justicia para las víctimas.

Desde aquel momento admiré a Néstor Kirchner. La última vez que le vi, cuando ya no era presidente, escuchaba mi discurso entre miles de personas, discretamente, un gélido 16 de julio de 2010, en pleno invierno austral. Siempre le agradeceré su apoyo al ser junto con su mujer, la entonces presidenta Cristina Fernández —que ocupó el cargo entre 2007 y diciembre de 2015—, los primeros que me apoyaron cuando fui arbitraria e innecesariamente suspendido en mis funciones judiciales por el Consejo General del Poder Judicial a consecuencia de la apertura de juicio oral que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hizo contra mí en 2010, en el caso abierto por investigar los crímenes franquistas, que concluiría dos años después en absolución, pero luego de haberse consumado el apartamiento innecesario de la función jurisdiccional.

Aquel 16 de julio evoqué a las ochenta y cinco personas que murieron como consecuencia del atentado que derribó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. Este fatídico día todos, mujeres y hombres, niños y mayores, argentinos y del mundo civilizado, morimos un poco más, como lo hacemos con cada acción planeada por el terrorismo nacional o internacional y el fanatismo religioso.

Frente a siete mil personas, no dudé en reafirmar mi compromiso por la justicia, aunque en el caso de la AMIA todavía exista oscuridad e incertidumbre, y concluí que la impunidad, las normas y voluntades que la impulsan y las personas que la generan y aplican son esencialmente un ejemplo de la cobardía de los perpetradores. Pero sobre todo, aquella es también una renuncia a los principios básicos del Estado de derecho por parte de quienes más obligados están a erradicarla y estos son los que acaban con esa esperanza. En mi discurso insistí en mi rechazo total:

Ya sabemos que el dictador es cobarde por naturaleza, se sabe impune durante su mandato o el encabezado por los suyos, se ampara a veces en el ejército, en policías secretas, en escuadrones de la muerte, en revoluciones mal pensadas o en grupos económicos indeseables para aplicar unas normas y ejercer una acción contra los ciudadanos que de otra forma no abordaría. Su miedo es el paradigma negativo de la voluntad y la dignidad de los que sufren la agresión, a quienes ni se atreve a mirar a los ojos ni sostiene el pulso de su grandeza cuando se enfrenta a ellos desposeído de la fuerza del poder usurpado. La impunidad es hermana mayor o madre de la corrupción.

Al final, en cada dictadura, en cada país en el que los derechos ciudadanos se desconocen, emerge el fenómeno común de la corrupción para garantizar la ausencia de persecución y la consolidación del olvido y perdón interesados. Así ocurrió durante un tiempo en Argentina o Chile y así sigue sucediendo en España con los crímenes franquistas. Pero qué decir cuando el fenómeno de la impunidad y el de la corrupción se producen en democracia. Marañas de intereses económicos y políticos se oponen en forma pertinaz a ese examen necesario de una justicia y por una justicia independiente. La cobardía se detecta de nuevo en muchos países ya democráticos, en los que para garantizar la impunidad de aquellos que destruyeron vidas y contaminaron el futuro de muchos ciudadanos, se transgreden los límites de la legalidad pretextando la lucha contra el terror o la inseguridad que, en muchas ocasiones, ellos mismos provocan.

Ese día —30 de julio de 2005, una fecha que no olvidaré— todavía quedaban fuertes emociones por vivir. Le pedí a Hugo que estuviera a mi lado cuando se abrieran las puertas del mayor centro de represión y tortura durante la dictadura militar (1976-1983), la Escuela Mecánica de la Armada, la terrible ESMA. Necesitaba que mi amigo me acompañara en un momento durísimo en el que en mi mente se agolpaba el recuerdo de cientos de declaraciones de víctimas allí torturadas que había escuchado, anonadado por la dureza de la verdad, en mi despacho de la segunda planta del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid. Allí, más de cinco mil personas inocentes fueron torturadas, humilladas, asesinadas y desaparecidas por otros argentinos investidos de un poder usurpado al pueblo.

Allí estaba el edificio que había sido mi obsesión durante años. Junto a mí, un grupo de víctimas que me recibieron llorando y con las que compartí sus lágrimas al abrazarlas, con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mi mujer y otros amigos de la Secretaría de Derechos Humanos, como Adriana Arce, también torturada y perseguida durante la dictadura, y el propio secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien también añoro y que me escribió una carta memorable que aún guardo, en la cual resaltaba la injusticia de mi suspensión y que, como las que me enviaron miles de personas, hizo más llevadera la injusticia de la que fui objeto. Nunca podré olvidar la impresión que me produjo esa visita. Anduve físicamente por los lugares que tantas veces había recorrido en mi cabeza a través de la voz de las víctimas. «Capucha», «capuchita», la «pecera», la sala de oficiales, los sótanos donde los militares y algún civil e incluso un juez (Víctor Brusa) aplicaban la picana sin piedad y ponían música para mitigar los gritos desgarradores de dolor. Observé con un dolor profundo el «paritorio», donde las detenidas embarazadas eran obligadas a dar a luz para después robarles sus bebés, que eran entregados a otros «padres» más «adecuados», todo ello antes de desaparecerlas y acabar con sus vidas. Bajé y subí por las mismas escaleras por donde los detenidos arrastraban sus cadenas. Al ver esos macabros lugares, cuyas paredes gritaban el dolor de los secuestrados, tuve la certeza total, absoluta y sin fisuras de que la valentía de los que allí sufrieron lo indecible, «tabicados» con grilletes en los pies, arrostraron su vida y sus sufrimientos con una dignidad que jamás tuvieron sus represores, sumergidos en la indecencia de los verdugos.24

Pero la vida te ofrece compensaciones y, años después, la sanción y una condena que sufrí me permitieron trabajar en mi oficina de la antigua ESMA, convertida en espacio para la memoria y poblada por organismos que defendían los derechos humanos, como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y desarrollando una labor en pro de ellos, al igual que desde la fundación que presido. Seguimos adelante, sin dar un paso atrás en el combate frente a la impunidad. Mucho más ahora.

El juez Guzmán Tapia

El otro gran referente ético en esta historia de la confrontación de la Justicia frente a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado fue el juez chileno Juan Guzmán Tapia. Él fue quien comenzó a investigar en su país al dictador Augusto Pinochet.

El 6 de diciembre de 2001, en la ciudad argentina de La Plata, adonde había acudido a recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de esa capital, conocí por fin al juez chileno en la sede de la Comisión Provincial de la Memoria, en presencia de otros colegas argentinos. Los dos estábamos investigando a Pinochet. Yo lo había detenido en Londres y procesado en España y él lo había procesado en varios casos en Chile. Nunca antes nos habíamos visto. A él le tenían prohibido comunicarse conmigo bajo amenaza de recusación. De este modo estuvimos tres años. Recuerdo que, en una ocasión, el juez Guzmán visitó la Universidad de Gerona invitado por el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal y hablamos a través de él por teléfono, porque si lo hacíamos directamente lo recusaban. Así estaban las cosas. En vez de cooperación entre los diferentes países, lo único que nos ofrecían las autoridades políticas eran prohibiciones y obstáculos para bombardear cualquier investigación. A pesar de ello, nunca nos rendimos. Ambos, él y yo, continuamos trabajando.

La dictadura cívico-militar argentina

Desde 1976 hasta 1983 el ejército emprendió una guerra contra la «subversión» intentando exterminar a todos sus antagonistas. De los treinta mil desaparecidos, según las organizaciones de víctimas y derechos humanos, aproximadamente cinco mil opositores de la dictadura argentina perdieron la vida en los «vuelos de la muerte». El Río de la Plata, justo antes de llegar al océano Atlántico, acogió los cuerpos de las víctimas. Solo algunos de ellos fueron recuperados. Sus familias siguen buscando sus restos mientras se juzga a los responsables de esos hechos atroces.

El juicio a las Juntas Militares fue un logro único en un país que salía de una dictadura, pero, como era previsible, aguantar el juicio no equivalía a hacer ejecutar la sentencia. Cuando llegó ese momento comenzaron los problemas y se aprobaron las leyes de impunidad. Solo el robo de niños y los delitos contra la propiedad quedaron fuera del ámbito de las leyes aprobadas. Eso permitió que la búsqueda de los quinientos niños desaparecidos no se abandonara en ningún momento y que, hasta la fecha, se haya logrado la recuperación de 120 nietos por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Los Juicios de Madrid

En el momento de dictar el auto de incoación del procedimiento penal para investigar los crímenes de la dictadura argentina, el 28 de marzo de 1996, y enfrascado como estaba en otras causas judiciales, no fui capaz de discernir el impacto que podría tener una iniciativa de este tipo. Frente a la denuncia presentada había una vía muy fácil que consistía en el rechazo directo de la misma —y probablemente la decisión habría sido confirmada por el tribunal— y otra mucho más compleja que consistía en analizar el contenido de la denuncia, valorar los hechos denunciados en el contexto histórico en el que se habían cometido y, a partir de ahí, aplicar las normas jurídicas a lo que en esos momentos no parecía que tuviera muchas posibilidades de prosperar.

Para mí, la decisión estaba clara. En ningún momento dudé sobre qué se debía hacer. El principio de protección de los derechos de las víctimas, una vez analizada la legalidad de la iniciativa y que los hechos eran delictivos, se imponía indudablemente a cualquier otra posibilidad que entorpeciera esa protección. No obstante, no era nada fácil argumentar jurídicamente la iniciativa. Por ello comencé por analizar exhaustivamente el contexto, los hechos, las imputaciones, las responsabilidades, el plan diseñado y todos aquellos elementos que necesitaba para abordar el análisis jurídico de la acción ejercitada y que suponía la calificación de aquellos con las normas entonces en vigor —los delitos de lesa humanidad no estaban recogidos en una ley concreta— como delitos de genocidio (era la primera vez que se calificaban así en la Justicia española), terrorismo de Estado (solo teníamos el precedente de los GAL, pero se les negaba sistemáticamente ese carácter) y torturas (se comprendía la valoración de la desaparición forzada, ausente de la legislación penal española en ese momento, como una forma de tortura).

De hecho, la admisión a trámite de la causa contra los militares argentinos levantó bastante polvareda. En un principio, el Ministerio Fiscal no prestó demasiado interés por el asunto, probablemente porque pensaba que no iba a tener demasiado recorrido. Ignoraba su representante mi firme decisión para que la investigación avanzara en España. Era meridianamente claro que la impunidad que existía en Argentina no podía contaminar lo que hiciéramos aquí en un caso en el que la universalidad de las víctimas era evidente y, por tanto, con independencia de su nacionalidad, la protección de estas desde la jurisdicción penal tenía que ser firme y decidida. Frente a crímenes de semejante naturaleza no hay fronteras, y si en el país en el que sucedieron no se puede, no se quiere o se hace con trampas, en cualquier otro sistema jurídico que reconozca el principio de jurisdicción universal la protección debe activarse de forma inmediata.

Cuando comencé la investigación, la actuación procesal de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que se personaron en el procedimiento fue absolutamente encomiable. Gracias a su impulso se pudo activar el que sería uno de los principales procesos en una jurisdicción extranjera en aplicación del principio de jurisdicción universal y con unos resultados directos e indirectos tan positivos para aquellas. Pero, obviamente, pronto comenzarían las dificultades. En enero de 1997 Menem dictó un decreto presidencial, que luego reiteraría en 1999-2001 el presidente Fernando de la Rúa —y similar a los que tan profusamente usó desde el mismo inicio de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri—, por el que se prohibió a la Justicia argentina cualquier tipo de cooperación con la española. Lo mismo ocurriría después, cuando en el Juzgado Central de Instrucción número 6 se inició el caso sobre la dictadura de Pinochet en Chile.

Es decir, apenas un año después de su inicio, a «la ausencia» de fiscal en la tramitación (suplida por la acusación popular y particular) se añadía el impedimento de cooperación jurídica argentina, únicamente para este caso. Es decir, solo la presencia física de las víctimas, testigos, expertos y demás interesados en el proceso en el Juzgado Central número 5 podía suplir la falta de asistencia judicial del país donde habían acontecido los hechos que se investigaban.

El 24 de marzo de 1997, coincidiendo con el aniversario del golpe militar, ordené la detención internacional con fines de extradición de Leopoldo Fortunato Galtieri por su implicación en el asesinato y desaparición en Rosario en 1976 de varios miembros de la familia española Labrador a manos de las fuerzas policiales y militares de la zona. Este sería el primer hito después de la admisión a trámite e incoación del procedimiento. A la vez, ordené la investigación de sus cuentas y conseguí descubrir que Galtieri había tenido abierta una en Suiza. Una vez más se escenificaba la misma suciedad de la corrupción, acompañante fiel de los supuestos ideales de entrega y defensa de la patria que pretextan los gobernantes para atacar al pueblo al que deberían proteger.

Adolfo Scilingo

El curso de la causa argentina era firme, pero sin una incidencia definitiva al no existir ninguna persona imputada que estuviera presente en España para poder dirigir la acción penal expresamente contra ella, y no solo a través de órdenes de detención internacional que servían para convertir los respectivos países de los perpetradores en grandes cárceles de las que no podían salir sin arriesgarse a ser detenidos. Las víctimas, los expertos, el escritor Ernesto Sábato —presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)—, Julio César Strassera —fiscal en el juicio contra las Juntas Militares en 1985—, Adolfo Pérez Esquivel —que recibió el Nobel de la Paz en 1980—, madres, abuelas, familiares, hijos, sindicalistas, gremialistas, universitarios, abogados, agrupaciones de víctimas de colectividades judías, etcétera, fueron pasando por mi despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Los testimonios eran cada vez más impresionantes, y los indicios acumulados, de una calidad procesal muy importante. Además, por primera vez utilicé documentos y testimonios extraídos de los informes de los relatores de la ONU, de los diferentes comités a los que las víctimas habían acudido en demanda de justicia. Recabé todos los elementos posibles que pudieran contribuir a que la Justicia no tuviera dudas sobre la actuación delictiva de quienes habían cometido aquellos crímenes. Recuerdo que un militar, acompañado por el fiscal Hugo Omar Cañón, me aportó los documentos que demostraban la existencia de un plan sistemático de eliminación. Poco a poco se iba formando una causa con tal cúmulo de datos y evidencias probatorias que el procesamiento de los responsables y la expedición de órdenes de captura era inevitable e inminente.

En esa tesitura se produjo un hecho importantísimo que, a la postre, se convertiría en el emblema de la jurisdicción universal, al haber sido el único caso de entre todos ellos, hasta la fecha, en el que se celebró en España un juicio oral y hubo condena. El acontecimiento fue la aparición en territorio español de un represor, el capitán Adolfo Scilingo, del que existían noticias a través de los medios de comunicación porque era el único que había roto la omertà al hacer declaraciones en algunas entrevistas y en un libro del periodista argentino Horacio Verbitsky, titulado El vuelo. Algunos de los abogados me habían dicho que cabía la posibilidad de que Scilingo visitara España en octubre de 1997 con idea de hacer unas entrevistas en televisión y que podría tomársele declaración. Inmediatamente después de que aterrizara, dispuse lo necesario para que aquella declaración tuviese lugar por previa petición de las partes personadas, excepto la del fiscal, que una vez más no mostró el más mínimo interés por el asunto más que para pedir la libertad de Scilingo e informar al Parlamento de una forma ambigua al rechazar la competencia de la Justicia española para investigar este caso.

Se produjo un gran escándalo por un informe que el fiscal Eduardo Fungairiño había enviado al fiscal general, y que este había expuesto en el Parlamento el 10 de diciembre de 1997, en el que, al parecer, las desapariciones de españoles en Chile y Argentina no debían considerarse delitos de terrorismo porque el «exterminio de la disidencia» no tuvo por fin la subversión del orden constitucional, ya que no cabía «olvidar que las Juntas Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido, mediante acta institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública».

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, tildó el informe de fascista, mientras que la asociación Jueces para la Democracia, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación de Juristas Progresistas y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas emitieron un comunicado conjunto en el que defendían «la competencia territorial de la jurisdicción [española] para la instrucción y enjuiciamiento de unos hechos de tanta gravedad y esto por establecerse en nuestra legislación un principio de competencia universal para perseguir delitos que como el genocidio o el terrorismo afectan a toda la humanidad». Estas asociaciones calificaron de «grave y sorprendente» la actitud del fiscal Fungairiño y recordaron sus declaraciones del mes de octubre anterior al diario chileno El Mercurio, en las que afirmó que «los hechos no pueden ser juzgados por las autoridades españolas al no ser constitutivos de delito de genocidio, por no estar orientados contra una raza, etnia o grupo social determinado; ni tampoco de terrorismo al no tratar sus autores de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos países». «Esta posición —añadía el comunicado de los juristas, según el diario El País— responde a una postura ideológica, tanto por el contenido de las declaraciones como por el medio de comunicación que difunde la entrevista, el diario El Mercurio, el periódico que prestó mayor apoyo a la dictadura de Pinochet». El comunicado concluía señalando que «esta asunción del discurso político de las dictaduras militares por parte del fiscal jefe de la Audiencia supone un prejuicio ideológico antidemocrático que afectaría a su imparcialidad para continuar dirigiendo la intervención del Ministerio Público en estos procedimientos».25

En todo caso, lo que llamó poderosamente la atención fue la pasividad absoluta del fiscal en la instrucción de la causa y el hecho de que se negara reiteradamente a recurrir las resoluciones que iba adoptando a lo largo de más de dos años. El desinterés del fiscal fue una causa de revictimización y desprecio a unas víctimas entre las que se encontraban cientos de ciudadanos españoles.

Las declaraciones de Adolfo Scilingo fueron completas, pormenorizadas y exhaustivas, por lo que necesité varias sesiones para recibirlas. Desvelaron cómo se torturaba de forma sistemática y constante para quebrantar a los detenidos, cómo se les tabicaba en cubículos de apenas un metro ochenta por un metro, cómo se les «trasladaba» (es decir, se les hacía desaparecer) y cómo los militares robaban los bebés recién nacidos a las madres detenidas.

El 10 de octubre de 1997 decreté la prisión provisional de Scilingo; dicho auto fue reformado por otro del 18 de noviembre, que sustituyó la prisión provisional por la libertad provisional con fianza de cinco millones de pesetas (unos treinta mil euros), obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado y siempre que fuere llamado, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional sin autorización expresa del juzgado. Por auto de 22 de diciembre de 1997, se acordó rebajar la fianza impuesta a quinientas mil pesetas (unos tres mil euros) ante la alegada ausencia de medios económicos de Scilingo y apreciando la necesidad de que la prisión provisional no se prolongase indefinidamente. El 9 de enero de 1998 su esposa solicitó al juzgado la excarcelación sin fianza de Scilingo, todavía sometido a prisión provisional, dada la carencia de medios económicos para constituir la fianza. Ese mismo día un auto reformó el de 22 de diciembre y se acordó la libertad provisional con las mismas condiciones, más la obligación de designar un domicilio conocido, que establecía el anterior. Esta resolución sería anulada por el Tribunal Constitucional el 16 de julio de 2001, porque la prohibición de salida del territorio y la retirada del pasaporte no estaban expresamente previstas en las leyes españolas (hoy sí lo están). Al quedar Scilingo en libertad y ser imposible la vigilancia permanente, las acusaciones solicitaron la revocación de la medida. Ante el riesgo cierto de que se pusiera fuera del alcance de la acción de la Justicia, decreté de nuevo la prisión provisional, de modo que permaneciese encarcelado hasta la extinción de la condena que le fue impuesta por el Tribunal Supremo.

Los «vuelos de la muerte»

Vale decir aquí, al hilo de lo que expuso el fiscal en el Parlamento, que si hubo una característica propia de la dictadura argentina en el escenario de horrores que desencadenaron las mentes depravadas de los artífices del terror fue la que se concretó en los llamados vuelos de la muerte, precisamente por los hechos por los que se condenó a Scilingo. Este macabro y especial sello de terror desde el Estado me ha obsesionado de forma permanente. No solo porque conllevaba la previa detención y la tortura sistemática, el «tabicamiento», las palizas, la humillación de las víctimas, sino porque además, tras todas estas aberraciones, se las sedaba con pentotal (pentonaval en la terminología de la ESMA), eran subidas todavía con vida a un avión y se las arrojaba al río o al mar con bloques de cemento o peso suficiente para que los cuerpos desaparecieran y con ello enterrar sus perversas acciones y su cobardía, que, teóricamente, contradecían la valentía que se presume en un militar y que casaba mal con las falsas ideas patrióticas de una nueva nación argentina frente a la «imposición» atea y comunista que, según las ideas delirantes de aquellos, las víctimas representaban. Afirmar que esto no integraba la figura de terrorismo de Estado, como después se ha reconocido en Argentina, no era sino una fórmula para quitarse de encima el caso y el problema porque, aun en el caso de que así fuese, siempre habría tortura.

En el juicio a las Juntas de 1985, si bien los «vuelos de la muerte» se mencionaron como una de las metodologías, no se tipificó, ni se juzgó especialmente, ni se hizo mención alguna en la sentencia emitida.

Mientras redacto estas líneas, a mediados de agosto de 2016, estamos pendientes de la primera sentencia en el marco del juicio ESMA III, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia. Los imputados por crímenes de lesa humanidad son Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges, Mario Daniel Arru, Ricardo Rubén Ormello, Julio Alberto Poch —extraditado desde España—, Gonzalo Carlos Dalmacio Torres de Tolosa. Este último, abogado, fue el defensor de los integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojarlas al vacío.

El segundo procedimiento judicial seguido en Argentina respecto a los «vuelos de la muerte» se tramita en la jurisdicción de San Martín, provincia de Buenos Aires, y se halla en fase de instrucción. Se trata de los vuelos que partieron desde la guarnición militar de Campo de Mayo. En este caso la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, procesó a varios integrantes del Batallón de Aviación de Ejército 601: el coronel retirado Alberto Luis Devoto, jefe de Inteligencia entre 1974 y 1977; Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante entre 1975 y 1978; Luis del Valle Arce, comandante hasta 1977; Horacio Alberto Conditi, jefe de Personal entre 1977 y 1978; Eduardo José María Lance, segundo comandante entre 1975 y 1978; y Carlos Alberto del Campo, teniente coronel retirado (fallecido en junio de 2015).

Estos procedimientos, como tantos otros, han sido posibles en gran medida por las investigaciones que se abrieron en España en 1996 en aplicación del principio de jurisdicción universal. Cuando fue posible la acción de Argentina, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos a partir de 2015, la firme decisión del presidente Kirchner, de la Corte Suprema y de la Justicia federal, así como de un poder legislativo defensor de los derechos de las víctimas, comprobamos que la impunidad se quedaba sin espacio.

En mi caso, debo reconocer que nunca imaginé que en mi carrera profesional de juez me enfrentaría a la investigación de crímenes como los acontecidos en Argentina y Chile en la época de las dictaduras respectivas. La causa iniciada en 1996 me dio la oportunidad. Las palabras de Scilingo siguen martilleándome en la cabeza y lo han hecho durante todo el tiempo que he trabajado en mi despacho de la antigua ESMA y lo harán siempre, porque escenifican la barbarie humana: «Ellos estaban inconscientes: los desnudamos y cuando el comandante del vuelo nos dio la orden, abrimos la puerta y los arrojamos, desnudos, uno por uno. Esta es la verdadera historia, nadie puede negarlo».

El juicio y la sentencia

Desde el punto de vista de la justicia y de la reparación a las víctimas, era inaceptable que una persona continuara describiendo su participación en hechos criminales sin que el poder judicial tomara la decisión de investigarlos y de proceder contra quien hacía gala de ellos. El referido represor relató con minuciosa precisión cómo había sido su participación en «dos vuelos de la muerte» y cómo era el sistema de torturas y desarrollo de las ilícitas actividades que la Marina practicaba en el centro de detención clandestino de la ESMA, diseñado por los componentes de las Juntas Militares argentinas. Por tales hechos Scilingo resultó procesado, al igual que los máximos responsables de este plan criminal y sistemático de detención, tortura y desaparición de personas, uno de cuyos máximos exponentes fue, precisamente, la ESMA.

El juicio de 2005 fue la primera ocasión en la que las víctimas de la dictadura pudieron prestar, después del celebrado veinte años antes, su testimonio ante un tribunal.

Adolfo Francisco Scilingo Manzorro fue acusado por la fiscal española Dolores Delgado y por las acusaciones particulares y populares ejercidas en nombre de las víctimas y condenado, con la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada, por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en 2005. Se convirtió así en el primer juicio —en el mundo— desarrollado íntegramente por la aplicación del principio de jurisdicción universal. La sentencia fue reformada por el Tribunal Supremo, pero al alza, condenando a Scilingo como autor de treinta delitos de asesinato, previstos y penados en el artículo 139.1, y un delito de detención ilegal, previsto y penado en el artículo 163, y como cómplice de doscientos cincuenta y cinco delitos de detención ilegal, previstos y penados en el artículo 163, todos ellos del Código Penal vigente. Estos delitos, que constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional, le valieron penas de diecinueve años de prisión por cada asesinato; otros cuatro años por la detención ilegal, y dos años más por cada uno de los delitos de detención ilegal de los que era considerado cómplice. Es decir, Scilingo fue condenado a mil ochenta y cuatro años de cárcel. Hoy, tras cumplir el tiempo máximo de prisión permitido por la ley vigente en aquella época, se encuentra en libertad.

1998, un año importante

Por varias razones, el año 1998 tuvo importancia en mi vida profesional. Una de ellas fue que comenzaron a visibilizarse de forma sistemática mis investigaciones sobre ETA y su entorno, como elementos de una misma realidad que se retroalimentaba en forma permanente. Había comenzado a trazarla en 1989 y concluyó veinte años más tarde, en 2009, con el procesamiento de los responsables del Bateragune, órgano de coordinación con la dirección de ETA y en el que se encontraba integrado el responsable máximo de Batasuna, Arnaldo Otegi. Eran los casos de las empresas tapadera de ETA, Orain-Egin, KAS-EKIN y los que les seguirían en los años siguientes, que se persiguieron hasta acabar con todo el movimiento liderado por la organización armada.

En este año, aparte del procedimiento por el caso Argentina, habían ocurrido cosas importantes como la aprobación del Estatuto de Roma por el que se creaba la Corte Penal Internacional (CPI) y, en el lado negativo, la presencia cada vez más palpable de un saudí, refugiado en Afganistán, que lideraba una organización terrorista conocida como Al Qaeda y que organizó los atentados cometidos el 7 de agosto contra las Embajadas estadounidenses en Nairobi   (Kenia) y Dar El Salaam   (Tanzania). Asimismo, ETA anunciaba en España en septiembre un alto el fuego total e indefinido, con la decisión de contribuir a la nueva situación política creada por el diálogo y suspendiendo provisionalmente la lucha armada, y completaba así la Declaración de Estella del frente nacionalista. El Gobierno de José María Aznar se mostró dispuesto al diálogo y aceptó incluso un encuentro con ETA en Suiza, donde no se alcanzó ningún acuerdo. Un año y dos meses más tarde, el 28 de noviembre de 1999, la banda terrorista anunció el final de la tregua y, en enero de 2000, después de un año sin atentados, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García fallecía por la explosión de un coche bomba en Madrid.

En marzo de 1998 me planteé por primera vez la conveniencia de aglutinar en uno solo los dos procedimientos penales que se tramitaban en los juzgados 5 y 6 sobre las dictaduras argentina y chilena. Como primer paso, a finales de ese mismo mes dicté el auto confirmando la competencia de acuerdo con la jurisdicción universal y, en mayo, rechacé el recurso de reforma, por lo que la resolución del caso quedó en manos de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Ya en abril, materialicé la apertura de una pieza separada del procedimiento principal para investigar la Operación Cóndor y continué preparando el procesamiento del caso ESMA, en el que estaba implicado Adolfo Scilingo, imputado desde octubre de 1997, cuando se había presentado en España para participar en unos programas de televisión para hablar de su participación en la represión y fue detenido por mi orden para que compareciera a declarar sobre su participación en sendos «vuelos de la muerte» y en las torturas que, de forma sistemática, se practicaban contra los detenidos en aquel centro clandestino de detención.

En septiembre de 1998 cursé una ampliación de la comisión rogatoria que había enviado a Paraguay con referencia al Archivo del Terror, ubicado en el Palacio de Justicia de Asunción, para que se me facilitara una copia notarial de todos los datos y documentos existentes relacionados con la Operación Cóndor, y en especial los relacionados con los memorandos de Inteligencia, las cartas, agendas, artículos y otros efectos relacionados con las «conferencias de seguridad» (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay) y los métodos para acabar con las actividades subversivas en la región; los documentos (especialmente el acta constitutiva de la Operación, fechada el 25 de noviembre de 1975) que acreditaban las reuniones mantenidas entre ese año y 1984 por diferentes funcionarios de los servicios de inteligencia del Cono Sur; la puesta en común de los procedimientos para confrontar grupos políticos en la frontera y en el que se aludía a la coordinación de medidas de contrainteligencia para aglutinar la acción armada con el objetivo común de controlar la situación de los llamados subversivos.

Asimismo, solicité copia de la carta en la que, en 1975, el general chileno Manuel Contreras invitaba al general paraguayo Alcibíades Brítez Borges invitándole a una conferencia de inteligencia en Chile «estrictamente secreta» con el fin de constituir «la base de una asistencia excelente para ejercitar acciones de seguridad nacional en nuestras respectivas naciones»; el documento en el que se expresaba la necesidad de adoptar medidas efectivas para luchar contra la subversión, la guerra «psico-política» y que se concretaría en la creación «de un archivo central de información relativo a personas y organizaciones o sujetos relacionados directa o indirectamente con la subversión». El dispositivo se mantendría por los servicios de seguridad de los países involucrados, la organización tendría su sede en Santiago de Chile y existirían reuniones periódicas y un coordinador central.

Pedí también los documentos que se referían al intercambio de prisioneros entre los países del Cono Sur; cualesquiera otros documentos que guardaran relación con el Plan Cóndor y las reuniones celebradas en Asunción o cualquier otro punto y que aparecieran en el archivo; la remisión de una copia de aquellos documentos custodiados en el Archivo del Terror que hicieran referencia a la implicación de otros países del continente americano en la trágica trama, ya fuese apoyándola, financiándola o conociendo las actuaciones represivas coordinadas llevadas a cabo según los datos aparecidos; así como cualquier otro documento que hiciera referencia a la Operación Cóndor, así como a su alcance, y que se encontraran en cualquier otro archivo oficial del país.

Las autoridades paraguayas nunca contestaron y aún hoy siguen manteniendo una impunidad fáctica, escudándose en que tienen procedimientos abiertos que nunca avanzan. Por ello las víctimas tuvieron que acudir en 2013 a la justicia argentina, que incoó un procedimiento basado en el principio de jurisdicción universal por los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y que se sigue tramitando en la actualidad con el apoyo de diferentes instituciones y personas.

Yo mismo, como presidente del CIDH en Argentina, apoyé en 2014 la ampliación de esa querella por genocidio que la Federación Nacional Aché, la cual agrupa a las comunidades de ese pueblo originario en Paraguay, presentó ante el juez argentino Norberto Oyarbide, encargado de la causa. El pueblo aché fue víctima de un genocidio cometido por el Estado paraguayo durante la dictadura stroessnista. De acuerdo con estudios antropológicos realizados a principios de la década de 1970, la población de la comunidad aché disminuyó más del sesenta por ciento en un plazo de menos de cinco años. Esa merma tuvo por causas «la ocupación de sus tierras ancestrales, la sedentarización forzada y la falta de atención médica, además de que sus niños fueron vendidos como mano de obra esclava para el trabajo doméstico (criados)». La querella se presentó contra los 448 presuntos represores identificados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay, en su informe de agosto de 2008, que registraba 425 ejecutados o desaparecidos y casi veinte mil detenidos, la gran mayoría de ellos víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física. Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.

Augusto Pinochet Ugarte

En julio de 1996 el abogado español Joan Garcés, conectado asimismo con la Unión Progresista de Fiscales, presentó una denuncia penal por «genocidio, terrorismo y torturas» en contra del dictador Augusto Pinochet y los demás responsables de la Junta Militar chilena. La iniciativa se inspiraba en la que se había presentado contra las Juntas Militares argentinas en mi juzgado. En esta ocasión el asunto se turnó al Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular en ese momento era Manuel García Castellón, adscrito al mismo después de que yo volviera a ocupar mi plaza en 1994, la cual él había ocupado mientras estuve en situación de servicios especiales.

García Castellón dictó un auto el 8 de julio de 1996 por el que iniciaba la investigación para determinar si los hechos descritos en el escrito inicial eran delictivos, a cuyo efecto solicitó informe al fiscal Javier Balaguer, adscrito a su juzgado, sobre la competencia para investigarlos. Balaguer dio cuenta a su entonces superior jerárquico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, de que informaría favorablemente de la competencia española para los crímenes cometidos en Chile.

El Partido Popular había ganado las elecciones en marzo de 1996 y el flamante Gobierno de José María Aznar todavía no había resuelto los cambios en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular era Carlos Granados, ni en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cargo de Aranda, quien transmitió la posición de Balaguer. Granados, como otros fiscales de Sala, no creía en la competencia de España en este tema. Pero estaba a punto de ser cesado y, como quien no quiere la cosa, dio vía libre para que Balaguer actuara conforme a su leal saber y entender. La maquinaria de la Justicia estaba en marcha.

En enero de 1997, Aranda fue designado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y le sustituyó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en mayo, Eduardo Fungairiño. Ello implicó, entre otras muchas cosas, la «declaración de guerra» a los casos de Argentina y Chile. El 2 de octubre Fungairiño elaboró un informe en el que tildaba al Gobierno constitucional de Allende como «régimen» y subrayaba que los golpes militares en ambos países solo se habían propuesto la interrupción «temporal» del orden constitucional, cuestionando de paso la jurisdicción española. El fiscal jefe declaró a finales de ese mes a El Mercurio —un diario chileno que, en 1970, recibió apoyo financiero de la CIA para desestabilizar el Gobierno de Allende— que España carecía de jurisdicción. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le apoyó.

El proceso contra Pinochet, como el de la dictadura argentina, se convirtió en caso de alcance mundial: centenares de víctimas acudieron a Madrid, desde Chile, Argentina y otros países, para aportar sus datos y declarar ante el juez García Castellón. Con todo, sus adversarios lo consideraron siempre un procedimiento testimonial, un viaje a ninguna parte.

Como consecuencia de la querella criminal interpuesta por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile y la Fundación Presidente Allende, las mismas que promovían el sumario del magistrado Manuel García Castellón sobre los desaparecidos en Chile, desgajé del sumario sobre los crímenes de la dictadura argentina todo lo referido al Plan Cóndor, formando una pieza separada en cuyo marco envié una comisión rogatoria a Estados Unidos para investigar en los archivos norteamericanos todo dato que permitiera incriminar a responsables de asesinatos y desapariciones en los países afectados por la Operación Cóndor.

El fiscal Ignacio Peláez, que años después ejercería la acusación contra mí en el caso de las interceptaciones de las comunicaciones de los máximos responsables de la trama Gürtel en prisión y por el que resulté condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según relato en otro capítulo, se opuso en marzo de 1998, en línea y por convicción con lo marcado por el fiscal Fungairiño, a la petición de procesamiento de Pinochet y de treinta y ocho ex altos cargos realizada por la acusación por los crímenes cometidos en Chile entre 1973 y 1990, pidiendo al juez instructor que no resolviera sobre la petición de actuar contra el expresidente chileno sin dar antes ocasión a la Sala de lo Penal para que se pronunciara sobre la competencia.

Así, García Castellón cerró el sumario y lo elevó a la Sala de lo Penal para que decidiera si los tribunales españoles tenían jurisdicción para encausar a los militares chilenos por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El juez explicaba su resolución ante la postura de la Fiscalía de plantear la falta de jurisdicción de la Audiencia para enjuiciar dichos delitos y para que un tribunal de tres magistrados lo decidiera definitivamente.

García Castellón también daba cuenta de que la Fiscalía de la Audiencia —dirigida por Fungairiño— había aportado decisiones de la jurisdicción chilena sobre los casos de Antonio Llidó y Carmelo Soria, en los que en última instancia se dictaba el sobreseimiento definitivo porque se consideraba extinguida la responsabilidad penal al aplicarse la Ley de Amnistía. En el mismo informe, el fiscal señalaba que los únicos delitos que pudieran motivar la competencia de la jurisdicción española serían los de genocidio y terrorismo. En estas, Pinochet llegó a Londres el 22 de septiembre de 1998 en visita privada, con un pasaporte diplomático en el bolsillo, para operarse de hernia discal, e ingresó bajo nombre falso en la clínica acompañado de dos hijas y un único guardaespaldas.

Octubre de 1998

Los primeros días de octubre de 1998 no fueron diferentes a otros, con abundante trabajo en el contexto de una tregua de ETA recién anunciada, la campaña electoral en el País Vasco y las investigaciones sobre el entramado financiero de la banda terrorista. Comentarios poco afortunados de Rafael Vera en El País; Gómez de Liaño defendiéndose en el caso Sogecable a través de un libro; remisión de un artículo para el Anuario de Derechos Humanos; propuesta del abogado Marcos García Montes para que fuera una especie de mediador en el caso Rumasa con el Gobierno; orden de traslado de cuatro presos al País Vasco; conversación con Adolfo Suárez, quien me cuenta el estado de Amparo, su mujer, y que está más nervioso que el 23-F por su comparecencia, al día siguiente, ante el Tribunal que juzgaba el caso Argentia Trust. La preocupación de Suárez era lógica, sobre todo si se tiene en cuenta que debía responder por la recepción de los trescientos millones de pesetas (unos 1,8 millones de euros) que Mario Conde aseguraba que le había facilitado. Me quedé con el convencimiento de que, si era cierto, ese dinero lo habría recibido para el CDS, aunque ahora el exbanquero quisiera hacer ver que Suárez se había quedado con él. El expresidente me dijo que debíamos quedar para hablar de política.

Yo seguía a la espera de la culminación policial del informe sobre KAS para, con él, pasar a la fase de intervención de Jarrai y su control de la kale borroka. La declaración de Aznar en la que abogaba por el diálogo en el marco del Pacto de Ajuria Enea era sorprendente por lo que sugería y porque quebrantaba toda la actitud anterior del PP, especialmente a la vista de la oposición del ministro del Interior. Por los días en que se anunció la incorporación de Jarrai al Pacto de Lizarra, mantuve una reunión en mi domicilio con Diego López Garrido para hablar del tema de la tregua de ETA. Mi apreciación es que conocía muy poco el tema, por lo que tuve que darle un breefing sobre lo que sería la creación de una Mesa de la Concordia, así como sobre el papel que podrían desempeñar Suárez y Óscar Arias. López Garrido me sugirió que asesorara externamente y de forma extraoficial en el proceso, y yo le indiqué que si así lo pensaba debía hablar con el ministro del Interior. Me informó asimismo de que las negociaciones de su partido, Nueva Izquierda, con el PSOE iban bien. Finalmente me pidió que escribiéramos juntos un libro y que le diera información sobre el caso de Argentina.

Uno de esos días, saludé a Emilio Alonso Manglano, el director del Cesid, en la Embajada alemana. La conversación fue amistosa y cordial, a pesar del escándalo de las escuchas ilegales del organismo de inteligencia en la sede de HB en Vitoria que me obligaron a cerrar decenas de investigaciones, con el considerable perjuicio para todos.

El 10 de octubre tuve un incidente muy desagradable en las inmediaciones del Teatro Calderón en Madrid. Un individuo de mediana edad se me acercó gritándome epítetos tales como «vengativo, sinvergüenza, a sueldo de Mario Conde, mafioso» y diciendo que me iba a matar, que era una pena que alguien no lo hiciera antes, por cómplice de ETA, por canalla, por tener en la cárcel a dos luchadores por la libertad e inocentes como eran Barrionuevo y Vera. En un momento determinado, se me echó encima y el escolta que me acompañaba ni se inmutó ante esta situación, que cesó cuando me introduje en el teatro con el fin de evitar males mayores.

El día 12 estuve trabajando para resolver sobre la admisión o no a trámite de un caso contra Telefónica por estafa en las conexiones a internet. Mientras lo hacía, el ministro del Interior y el secretario de Estado me llamaron para decirme que yo podía desmontar todo el proceso de diálogo con ETA, pero que sabían que no lo haría porque tengo un gran sentido de Estado. Me dio la impresión de que buscaban que lo hiciera, a pesar de esas palabras de halago. Asimismo hablamos sobre algunas otras cuestiones relacionadas con la tregua y algunos de los posibles actores. Y, al final de la mañana, acordé la citación de Rafael Díez Usabiaga y José María Olarra, por negociar en nombre de ETA, para el 19 de ese mismo mes.

El día 13, el abogado Joan Garcés, que representaba a la Fundación Salvador Allende y a la familia del diplomático Carmelo Soria, me informó de que Amnistía Internacional le había transmitido que Augusto Pinochet estaba en Londres con motivo de una operación quirúrgica consistente en la extirpación de una hernia discal.

La primera sensación

Cuando conocí esa noticia, mi primera sensación fue de extrañeza. Pensé que Pinochet había sido muy audaz al viajar a Londres o poseía muy buena información de lo que sucedía en la Audiencia Nacional y estaba convencido de que no tendría ningún contratiempo al no existir reclamación judicial alguna contra él, ni previsión de que la hubiera. Posteriormente, recibí la confidencia de que esta última había sido la hipótesis real.

De todas formas le dije al letrado: «Joan, poco puedo hacer, ya que la parte del procedimiento dentro del llamado “Operativo Cóndor” que yo tramito es una porción muy pequeña de la investigación y debe ser García Castellón el que actúe, porque es él quien lleva la investigación principal». Y, por tanto, le aconsejé que hablase con el juez del caso.

Nuevamente, ante el dilema que ya había vivido dos años y medio antes, cuando tuve que decidir si iniciaba o no la investigación sobre la dictadura argentina, tenía claro que debía hacer, pero, como entonces, solo tenía la seguridad en mí mismo y la de mis resoluciones apoyadas en la interpretación de la jurisdicción universal y la competencia, pero carecía de la confirmación del tribunal, la cual estaba próxima a producirse, aunque sin seguridad sobre el resultado.

La situación era todavía más delicada ante la beligerancia negativa del fiscal. No obstante, ante el conocimiento de la presencia de Pinochet en Londres debía tomar decisiones inmediatas. Siguiendo esta línea, me propuse dos tipos de acciones estratégicas: la primera, procurar que fuera mi colega García Castellón el que tomara, formalmente, la iniciativa de la cooperación porque él tramitaba la causa principal; la segunda, hacer gestiones discretas a través de Interpol para que me concretaran al máximo la situación de Pinochet y de esa forma actuar sobre seguro y sin publicidad. La reserva aquí era fundamental porque de filtrarse la actuación se frustraría cualquier iniciativa.

El letrado Joan Garcés habló con mi compañero y le pidió que cursara una comisión rogatoria con el contenido que estimase oportuno, pero siempre dirigida a tomarle declaración a Pinochet. Pensaba yo que si se conocía públicamente esta noticia, la atención informativa se centraría en el juez que adoptara esta medida y no en ninguna otra circunstancia, lo que me permitiría moverme con más facilidad. Efectivamente, así sucedió. A partir de ese momento, cada movimiento era fundamental y no podía ni debía cometer errores.

Con bastantes dudas sobre el éxito de mis gestiones, pero con la convicción de que debía hacerlo, ante la más que probable negativa a colaborar de la Fiscalía inglesa y de Scotland Yard, comencé una actuación discreta y cautelosa a través de la Interpol.

El 14 de octubre cursé oficio a Scotland Yard para que me informaran sobre la presencia de Pinochet en territorio británico y el lugar donde se encontraba. Y en el «caso de estar hospitalizado, si estaba en condiciones de prestar declaración sobre su presunta participación en las actividades delictivas que se investigaban en mi juzgado en el denominado “Operativo Cóndor” entre los años 1976 y 1983 y que se imputaban a las autoridades que gobernaban en la época tanto en Chile como en Argentina y que podrían integrar delitos de genocidio, terrorismo y torturas» (en ese momento, las fechas las concreté al periodo común de coincidencia de ambos sistemas represivos). Y solicitaba que, si «el mencionado Augusto Pinochet Ugarte se halla en territorio británico, se informe sobre el período de estancia con el fin de cursar Comisión Rogatoria inmediatamente, para durante el mismo y con asistencia de las partes que lo deseen y del instructor, se proceda a la recepción de su declaración en el día y hora que se señale y conforme al interrogatorio que se confeccione». Por último, solicitaba que se me garantizase «por las Autoridades competentes británicas la permanencia del señor Pinochet Ugarte en suelo británico hasta el momento de su declaración».

La respuesta de la policía londinense fue muy opaca en un principio, pues negó conocer dónde se hallaba Pinochet e incluso si todavía estaba en la ciudad. A pesar de la respuesta negativa, insistí en la petición. La estrategia dio resultado y Scotland Yard me pidió que ampliase los datos sobre los hechos imputados y sobre cuál era mi intención con Pinochet. Contesté reiterando que se le perseguía en España por genocidio, terrorismo y tortura y que pretendía tomarle declaración por ello.

Simultáneamente la Embajada británica en Madrid, a través del ministro consejero John Dew —con el que tenía una muy buena relación, después de haber superado profundas discrepancias un año antes sobre la cooperación del Reino Unido en Gibraltar en los casos de blanqueo de activos—, me informó de que la policía londinense colaboraría conmigo, a la vez que me pidió disculpas por la primera negativa de esta. Asimismo, Dew me indicó que el Home Office —el Ministerio del Interior británico— había ordenado que se me prestara toda la colaboración que precisara.

En esos momentos, 15 de octubre, intuí que se estaba incubando un cambio de posición de las autoridades inglesas. Sin embargo, no tomé medidas especiales.

Viernes, 16 de octubre de 1998

A primera hora de la mañana de ese viernes, admití a trámite una nueva querella de Izquierda Unida y reactivé la pieza del Operativo Cóndor para poder solicitar la declaración de Pinochet si era autorizada.

Sobre la una y media de la tarde, despedí a los letrados Joan Garcés y Enrique de Santiago y les dije que libraría la comisión rogatoria después del fin de semana. Pocos minutos después, sobre las dos, y cuando me disponía a marcharme para Jaén, recibí una comunicación de Interpol Londres, en la que me contestaban a un cable previo remitido por mí preguntando sobre la posibilidad de retener a Pinochet hasta el lunes 19, con el objeto de librar una comisión rogatoria para tomarle declaración. El cable, escueto y escrito con la frialdad de las formas policiales, decía: «No podemos retener al señor Pinochet en Londres, al haber solicitado el alta voluntaria, si no es con una orden de detención. Comuníquenos su decisión».

Todo el universo se me vino encima en un segundo. La situación era absolutamente kafkiana: mi colega García Castellón, que llevaba la causa principal, no había tomado ninguna decisión; los abogados se habían marchado; el fiscal no estaba en su despacho; era viernes y todos los servicios oficiales a esa hora, las dos y media de la tarde, estaban cerrados. Una vez más estaba solo. Cerré las dos puertas de acceso a mi despacho y, tras unos veinte minutos de reflexión, tomé la decisión y comencé a redactar la orden internacional de detención con fines de extradición de Pinochet. El bolígrafo casi escribía solo el relato, parecía que tenía prisa por terminar.

Decidí concentrarme en un solo caso: el primero de la relación de las querellas, añadiendo que existían otros setenta y ocho casos más, los únicos que hasta ese momento constituían el objeto de las querellas presentadas en mi juzgado por el Operativo Cóndor. Además, lo tuve que hacer de memoria porque el funcionario encargado de la tramitación del caso ya se había marchado. La resolución decía así:

De lo actuado se desprende que en Chile, desde septiembre de 1973, y al igual que en la República Argentina a partir de 1976, se producen toda una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidos bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes de estos países. Para el desarrollo de las mismas se siguen planes y consignas preestablecidas desde las estructuras de poder, que tienen como fin la eliminación física, la desaparición, secuestro, previa la práctica generalizada de torturas de miles de personas, tal como se relata en el Informe Rettig [elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación chilena].

En el ámbito internacional se constata una coordinación que recibirá el nombre de «Operativo Cóndor», en el que intervendrán diferentes países, entre ellos Chile y Argentina, y que tiene por objeto coordinar la acción represiva entre ellos.

En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976-1983 (período al que se extiende la investigación en esta Causa) impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos (DINA) y dentro del precitado «Plan Cóndor».

Entre estos casos se enumeran un total de setenta y nueve supuestos y, en concreto, sin perjuicio de ampliar los hechos, el secuestro en Chile de Edgardo Enríquez Espinoza el 10 de abril de 1976. Desde este país es trasladado hasta los campos de concentración de El Olimpo, Campo de Mayo y Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, sin que posteriormente se hayan vuelto a tener noticias del mismo.

Y, con el fin de alcanzar sus objetivos, se creó «una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países, en particular Argentina».

Se hacía constar en la resolución que «la jurisdicción española era competente para tramitar el procedimiento, tal como lo había establecido en los autos de 28 de junio de 1996, 25 de marzo y 11 de mayo de 1998 y en el de 16 de octubre de 1998, de admisión de querella. Por ello, y en atención a la gravedad de los hechos que se imputan y la situación del querellado, que se encuentra fuera del alcance de la jurisdicción española, procede acordar la prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet Ugarte al amparo de lo dispuesto en los artículos 503, 504 y 539 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a los preceptos penales citados».

A punto de terminar la redacción, salí del despacho y alcancé al último de los funcionarios —eran las 15.35 horas aproximadamente— cuando se marchaba; le pedí que, por favor, aguardara porque tenía que copiar una resolución. Breves momentos después le pasé la minuta y, cuando vio de qué se trataba, se volvió hacia mí y con semblante muy serio me dijo: «Don Baltasar, ¿es real lo que estoy viendo?». Le contesté: «Sí, limítese a transcribir y no haga el menor comentario».

Inmediatamente después me comuniqué con la Embajada británica y hablé con John Dew, a quien informé de que estaba a punto de remitir la orden de detención contra Pinochet a Londres. Me contestó: «Me parece bien, le llamaré».

A partir de ese momento, la discreción era esencial para el éxito de la acción. Una vez transcrito y firmado el texto, le dije a Jesús, el funcionario, que lo borrara del ordenador para evitar que se filtrara, como había ocurrido en el juzgado de guardia de Bilbao en 1994 con la declaración del miembro de ETA Koldo Martin Carmona. Llamé por teléfono al responsable de Interpol Madrid y le indiqué: «Le envío un fax y debe abstenerse de informar a sus superiores de su contenido. Si quiere, se lo digo mediante orden por escrito». Me contestó que no era necesario. En todo caso, le dije que esperase a pie de fax hasta que recibiera el texto, y que enseguida lo tradujera y lo enviara a la capital británica. Breves instantes después, sobre las 15.40 horas, me informó de que la orden ya había salido.

A continuación, con el corazón palpitando casi a ritmo de taquicardia, bajé hasta la calle y me marché rumbo a Jaén. Cuando circulaba por los llanos de la Mancha (provincia de Ciudad Real), sonó el teléfono móvil y el ministro consejero John Dew me dijo: «Ya está la orden en Londres y la policía va a cumplimentarla, presentándola al juez». Me quedé sin reaccionar y simplemente le di las gracias.

Era la primera confirmación de que lo hecho había trascendido del terreno de lo hipotético al de lo real, por lo que sentí verdaderamente y por primera vez el peso de mi decisión.

Sobre las 17.40 horas, llegué a la capital jiennense y me fui a ver a mi amigo Curro Romero, uno de los toreros más grandes que ha conocido España. Por unos instantes olvidé todo lo que se cernía sobre mis hombros. A la salida de los toros, sobre las 20.40 horas, recibí una nueva comunicación de John Dew: «El juez Evans ha firmado la orden de detención de Augusto Pinochet Ugarte y la policía, con la intérprete, va camino de la clínica para hacer efectiva la detención».

Ni siquiera pude expresar lo que sentía al recibir la noticia: quizá miedo, inseguridad, asombro, esperanza de que por fin funcionaba la Justicia universal, y lo único que atiné a decir fue: «¡Gracias, no me lo puedo creer!». Seguidamente comenté con mi mujer: «He dado orden de detención contra Pinochet en Londres y van a detenerle». Recuerdo que se mostró preocupada por la decisión. A las 22.45 horas aproximadamente recibí una nueva comunicación de Dew: «Augusto Pinochet Ugarte ha sido detenido».

En esos momentos estaba en el hotel María Cristina de Jaén. Por un instante cerré los ojos, respiré hondo y pensé en el panorama complejo que se abría a partir de ese momento. Tiempo habría de sopesar la trascendencia de la decisión y sus consecuencias.

El hecho que hizo mundialmente famoso al ya conocido juez Garzón fue su orden de detención de 16 de octubre de 1998 contra el dictador genocida César Augusto Pinochet emitida mientras el general chileno permanecía en Londres para ser operado de una hernia. En la capital británica el criminal perdía la inmunidad de la que gozaba en Chile y la causa abierta en España dos años antes le alcanzaba. La demostración universal de que la Justicia servía hasta para perseguir genocidas fue de impacto mundial, pues nadie dudaba que Pinochet era una encarnación del crimen que se representó de mil maneras, como en esta viñeta de Gallego y Rey.

Semanas después, cuando vinieron a la Audiencia Nacional los fiscales ingleses, conocería por boca de la intérprete Jane Pateras que, cuando le tradujo la orden de detención a Pinochet, este preguntó quién se había atrevido a dictarla y ella le contestó: «Un juez español». Arrastrando las palabras, el detenido espetó: «¡Ya, Garzón, ese comunista de mierda!». Probablemente Jane no oyó bien y el apellido que dijo fue el de Joan Garcés. Tenía más lógica que fuera así, porque Joan, desde que saliera del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, donde estaba como asesor junto a Salvador Allende, era enemigo declarado del dictador y, fiel a la promesa hecha al presidente chileno, dedicó su vida a que se le hiciera justicia. Parecía que aquella noche del otoño londinense, en una habitación de hospital, comenzaba a caminar esa justicia que Pinochet había negado a miles de víctimas en su régimen de terror y tortura.

Sea como fuere, el general estaba detenido por orden mía a efectos de extradición y comenzaba una aventura cuyo final se presentaba incierto.

La noticia de la detención y su trascendencia

La detención de Augusto Pinochet no tardó en conocerse y, por la diferencia horaria, se difundió en Chile y el resto de Latinoamérica antes que en España, donde ya era entrada la noche. Al día siguiente recibí la llamada del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, para preguntarme si era cierto que había ordenado la detención de Pinochet, porque no se lo creía. Le comenté que le había llamado a su casa la noche anterior para decírselo y me dijo que estaba fuera: «Menos mal, porque si me lo dices, no hubiera aguantado la noticia». Se puso muy nervioso y comenzó a hacer planes de seguridad para el momento en el que el detenido llegara a la sede del tribunal. Le tranquilicé y le dije que sería difícil que eso llegara a ocurrir, pero que habíamos dado un paso muy importante. Recuerdo que me comentó que era una oportunidad histórica para la Justicia española y para la Audiencia Nacional, la cual sabría estar a la altura. No le faltaba razón porque en ese momento la Sala de lo Penal ni siquiera se había pronunciado sobre la competencia en los casos de Argentina y Chile.

Seguidamente llamé al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el cual había estado desayunando el día anterior y al que no le había dicho nada sobre la detención, por la obvia razón de que ni yo mismo lo sabía. Así lo entendió y le comenté que se lo comunicaba especialmente por lealtad institucional habida cuenta de que el presidente Aznar estaba volando en ese momento hacia Oporto para asistir a la cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, donde era más que probable que lo primero que le preguntaran fuera por la detención de Pinochet. Como así fue. Me dijo que lo había hecho y me apliqué a esperar las consecuencias de mi decisión.

Vuelta a Madrid

A la vista de la situación, reflexioné sobre el contenido de la orden de detención y me dije a mí mismo que debía, una vez obtenida esta, ampliar el auto de prisión con el fin de asegurar o reforzar la posición frente a la más que probable impugnación por parte de la defensa de Pinochet.

Sin pensármelo dos veces, me volví urgentemente a Madrid y convoqué a los funcionarios que pude y también al abogado Joan Garcés y a varias víctimas y voluntarios para que me ayudaran a recopilar los anexos de documentación, legislación y especialmente la traducción del material que antes del lunes a primera hora quería enviar a Londres, para que el juez o el tribunal lo tuvieran en cuenta a la hora de decidir sobre el mantenimiento o no de la detención de Pinochet. Estuvimos prácticamente veinticuatro horas en el juzgado, durmiendo por turnos y comiendo unos bocadillos, hasta que concluí el nuevo auto de ratificación y ampliación de la prisión y de la orden de detención internacional a efectos de extradición.

En esta ocasión, los hechos fríamente expuestos en el auto del domingo 18 de octubre eran aún más contundentes.

Auto del 18 de octubre de 1998

En el contexto descrito, Augusto Pinochet Ugarte, nacido en Valparaíso (Chile) el 25 de noviembre de 1915, con cédula de identidad chilena n.º 1.128.923, aparece como uno de los responsables máximos de la organización, y liderazgo, en coordinación con otros responsables militares o civiles de otros países, entre ellos, y, en forma principal Argentina, de la creación de una organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas, incluyendo ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros Estados, en diferentes países con la finalidad de alcanzar los objetivos políticos y económicos de la conspiración, exterminar a la oposición política y múltiples personas por razones ideológicas, a partir de 1973 y que coincide en el tiempo con los acontecimientos similares acaecidos en Argentina a partir de 1976 y 1983. Asimismo ha de resaltarse que además de los casos que se enmarcan en este auto, también existen otros, que, aun habiendo acontecido en fechas anteriores, integrarían la misma dinámica, y, perduran en sus efectos al tratarse de personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Los casos concretos y que conforman el objeto concreto de la imputación contra Augusto Pinochet Ugarte hasta este momento, y, sin perjuicio de su ampliación, ascienden a noventa y cuatro: 1) Edgardo Enríquez Espinoza que se cita en el anterior auto de prisión, militante destacado del MIR y hermano del fallecido secretario general de dicho partido, es secuestrado el 10 de abril de 1976 en Buenos Aires (Argentina) cuando por la tarde salía de una reunión de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Es ingresado sucesivamente en los campos de concentración argentinos El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), cerca de aquella capital. Según la Comisión Rettig esta persona que gozaba de la protección de ACNUR, fue trasladado desde los recintos de detención argentinos a Villa Grimaldi en Santiago, sin que posteriormente se haya vuelto a tener noticias suyas. En unión de este es detenida y permanece desaparecida la ciudadana brasileña Regina Marcondes y varias personas más. En fecha 23 de diciembre de 1975, o sea cuatro meses antes de su captura, la DINA ya tenía tendido el cerco alrededor del alto dirigente del MIR y de varias personas más, ordenando a sus agentes en el extranjero su traslado a Chile, después de capturarlos. Asimismo se confecciona un télex que da la misión por cumplida. La DINA dependía directamente de Augusto Pinochet Ugarte. 2) El 3 de abril de 1976 Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, exsecretario de la Sección Local del Partido Socialista (PS) en San Bernardo y candidato a regidor, Juan Humberto Hernández Zaspe, expresidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos (Feitech), y Manuel Jesús Tamayo Martínez, sociólogo, dirigente socialista, quien trabaja estrechamente con los miembros del Comité Central de su partido, teniendo el rol de «enlace» entre Carlos Lorca, Ricardo Lagos, también desaparecidos, y otra fracción socialista, fueron detenidos junto a otros chilenos en la vía pública, en Mendoza. Los tres eran amigos y habían llegado a la Argentina en el transcurso del año 1974, abandonando Chile donde estaban perseguidos por razones políticas, y trabajaban juntos en la empresa Modernflood de Mendoza y estaban a cargo de reorganizar una coordinadora socialista participando en actividades de la denominada Comisión de Consenso del PS. En el operativo militar participaron fuerzas conjuntas de la Policía Federal Argentina y agentes de la DINA. Los tres detenidos fueron trasladados por tierra desde Mendoza hasta Villa Grimaldi, a fines del mes de abril de 1976. 3) El 15 de abril de 1976, fueron detenidos en Buenos Aires, los estudiantes y militantes del MIR Frida Elena Laschan Mellado, casada con el estudiante argentino Miguel Ángel Athanasiu Jara, y su hijo recién nacido Pablo Athanasiu Laschan. La joven pareja había abandonado Chile después del 11 de septiembre de 1973, luego de que Frida Laschan, funcionaria de la CORA en Lautaro, fue detenida por carabineros de esa ciudad y procesada por la Fiscalía Militar. Ambos sintieron temor y vigilancia en Argentina. La Comisión estableció que esta pareja y su hijo fueron víctimas de desaparición forzada en Argentina, en violación de sus derechos humanos, en el cuadro de la situación antes dicho. 4) El 2 de julio de 1976 fue detenido en La Paz, Bolivia, el contador agrícola Julio del Tránsito Valladares Caroca. Fue entregado, conjuntamente con otros chilenos, por las autoridades bolivianas a las autoridades chilenas en la frontera de Charaña el 13 de noviembre de 1976, fecha en la cual se le perdió el rastro. El Ministerio del Interior reconoció la detención del afectado, aunque requerido por el Tribunal, se negó a proporcionar las identidades de los agentes que le detuvieron por «razones exclusivas de seguridad». 5) En la madrugada del 16 de julio de 1976, miembros del Ejército Argentino detuvieron en su departamento de la calle Córdoba en Buenos Aires al matrimonio formado por Guillermo Tamburini y María Cecilia Magnet Ferrero. Él, médico de nacionalidad argentina, militante del MIR, radicado en Chile durante varios años, que había huido de la represión desatada con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Ella, chilena militante del MAPU y socióloga, había llegado a Buenos Aires a fines de 1973. En la detención Guillermo Tamburini resultó herido de bala. 6) El día 27 de julio de 1976, veinticinco días después de llegar a Argentina, Luis Enrique Elgueta Díaz fue detenido junto con su compañera, y la hermana de esta, ambas de nacionalidad argentina. Él se había refugiado en ese país, después de haber sido expulsado de la Escuela de Música de la Universidad de Chile debido a su conocida participación en el MIR de Santiago. Antes de viajar dejó a un amigo la dirección de un pariente donde se alojaría en la capital Argentina. Su amigo, Sergio Fuenzalida, fue detenido en Santiago por la DINA el 28 de junio de 1976, junto a otras seis personas, todas las cuales se encuentran desaparecidas. La Comisión Rettig establece que la víctima, intensamente buscada en Chile después del operativo de la DINA que aniquiló el grupo de sus amigos en Santiago, fue puesto a disposición de agentes de la DINA en Buenos Aires. 7) En julio de 1976 desaparece Miguel Iván Orellana Castro, de 27 años, militante del MIR, quien estaba exiliado en Cuba. La desaparición se produjo cuando la víctima se dirigía a Buenos Aires clandestinamente a una reunión política. 8) El 24 de septiembre de 1976, fue detenida en el centro de Buenos Aires la institutriz Rachel Elizabeth Venegas Illanes, militante del MIR, y desde ese momento no se ha vuelto a saber de ella. Había sido procesada por la Fiscalía Militar de Victoria y condenada a un largo arresto domiciliario, luego del cual abandonó Chile. Estando en Buenos Aires obtuvo visa para viajar a Holanda pocos días antes de su detención. 9) En julio de 1976 fue detenido Patricio Biedma Schadewaldt, el último de los líderes del MIR vinculado a la Junta Coordinadora Revolucionaria que habían detectado los órganos de seguridad. De nacionalidad argentina pero con residencia definitiva en Chile desde 1968, el sociólogo Patricio Biedma volvió a Argentina, posteriormente al 11 de septiembre de 1973, debido a la persecución política de la cual fue objeto en Chile. Mantuvo su actividad política al interior del MIR chileno, trabajando junto a los máximos líderes de este movimiento. Se ha acreditado que Patricio Biedma fue detenido en un registro «tipo rastrillo», en julio de 1976, en Buenos Aires y llevado a varios recintos, entre los cuales Automotores Orletti, dependiente del SIDE —organismo de seguridad con el cual la DINA mantenía estrechas relaciones—. En dicho recinto, Patricio Biedma fue interrogado por un militar chileno, lo que consta en varios testimonios de detenidos argentinos. La suerte final del sociólogo debe ser relacionada con la de Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes. Durante su cautiverio Patricio Biedma comunicó a un testigo su aprensión de que sería trasladado a Chile. 10) El 3 de agosto de 1976 fue detenido en San Bernardo, ante testigos, el militante comunista Eduardo Enrique Hernández Concha, desconociéndose los recintos en los cuales permaneció recluido y su suerte posterior a la detención. 11) El 10 de enero de 1977, José Luis Appel de la Cruz fue secuestrado por un grupo de civiles armados, en plena vía pública de la ciudad de Cipolletti, provincia de Neuquén, Argentina, ante los ojos de su cónyuge, Carmen Angélica Delard Cabezas y de su hija. Carmen Delard desapareció en la comisaría de esa ciudad al hacer la denuncia de la desaparición de su cónyuge. 12) El 17 de enero, una semana más tarde, su hermana Gloria Ximena Delard Cabezas fue detenida en su domicilio de Buenos Aires junto a su cónyuge Roberto Cristi Melero y sus dos hijos. Gloria Delard estaba embarazada de su tercer hijo. La patrulla de agentes de la Policía Federal los trasladó a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), recinto en el que desaparecieron. Las dos hermanas Carmen y Gloria Delard eran estudiantes y militantes del MIR de la Universidad de Concepción. Perseguidos en Chile después del 11 de septiembre de 1973, aceptaron el ofrecimiento de un amigo de la familia, excoronel de Ejército, de ayudarles a cruzar la frontera chileno-argentina, instalándose en Neuquén y Buenos Aires respectivamente. De los antecedentes se desprende que en la captura del dirigente del MIR participaron tanto los servicios de inteligencia argentinos, que dieron los datos del pasaporte falso de Jorge Fuentes. Existen testimonios múltiples y coincidentes sobre la permanencia de Jorge Fuentes en Villa Grimaldi donde se le hicieron algunas curaciones para tratar la sarna al mismo tiempo que le seguían torturando y sometiendo a un trato degradante. 13) El 6 de abril de 1977 el exdirector de Aeronáutica de la FACH, Jorge Sagauta Herrera, de 51 años, fue detenido por fuerzas de seguridad argentinas en el domicilio de un amigo suyo en Buenos Aires. Al encontrársele durante el registro domiciliario un listado de los presos políticos chilenos, fue llevado por los agentes que lo hicieron desaparecer. 14) El 16 de mayo de 1977 fue arrestado en Buenos Aires el estudiante chileno-suizo Alexei Vladimir Jaccard Siegler, quien había llegado a ese país el día anterior, en escala del viaje que debía continuar hacia Chile al día siguiente. Según antecedentes proporcionados a la Comisión, Alexei Jaccard traía consigo dinero que debía interesar en Chile. En el mismo operativo fueron detenidos Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, encargado de la organización y finanzas del Partido Comunista de Chile en Buenos Aires, y Héctor Heraldo Velásquez Mardones, también militante comunista chileno. Los agentes chilenos y argentinos capturaron en un mismo día a los tres ciudadanos chilenos y a cinco argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina, que albergaban a los detenidos. Los ocho están hasta hoy desaparecidos. Alexei Jaccard es detenido en la vía pública y trasladado a un recinto de la Policía Federal Argentina donde será interrogado y luego transferido a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. El papel especialmente activo que jugaron la DINA y el Gobierno de Chile en este caso comienza con el triple arresto ilegal en territorio extranjero bajo la complicidad de los servicios de seguridad argentinos, y termina con la entrega de falsa información a los diplomáticos suizos abocados a la búsqueda de un nacional helvético. En cuanto a Ricardo Ramírez la Policía Internacional de Chile informó falsamente al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sobre los supuestos viajes de la víctima, en los años 1977 a 1983. Tal información había sido solicitada a dicha repartición por los Tribunales de la República Argentina. Otro informe enviado por la policía a esta comisión, concordante con los hechos reales, muestra que la víctima solo viajó desde Santiago a Alemania en marzo de 1976, fecha en que logró salir en calidad de exiliado político para radicarse en Hungría. Con posterioridad a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para cubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno suizo que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito. 15) El 23 de mayo de 1977 fue detenido Humberto Cordano López, enfermero, miembro del PC, exiliado en Comodoro Rivadavia después del 11 de septiembre de 1973. La víctima fue detenida el día ya indicado en las cercanías del Hotel Céntrico de Comodoro Rivadavia. Miembro del Comité Argentino de Solidaridad con Chile en esta provincia, Humberto Cordano había realizado gestiones en favor de detenidos chilenos a raíz de lo cual fue seguido en forma notoria por agentes de la DINA en esta ciudad argentina 16) El 19 de mayo de 1977 fue detenido junto a su cónyuge Óscar Lautaro Hueravilo Saavedra, de 23 años, empleado, sin militancia conocida, joven chileno radicado en Buenos Aires casado con una nacional argentina, Mirta Mónica Alonso, embarazada de seis meses. Ese niño nació en cautiverio siendo recuperado por su abuela. El matrimonio desapareció. 17) El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional, el matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Boertnik, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina. 18) El 19 de mayo de 1977 fue detenido José Liberio Poblete Roa, miembro de la comunidad Cristianos por el Socialismo, junto a su cónyuge de nacionalidad argentina y su hija de ocho meses Claudia Poblete Hlaczik. El matrimonio y su hija desaparecieron, existiendo testimonios que indican su estadía en los centros de detención del Banco y El Olimpo en Buenos Aires, perdiéndose allá su rastro a mediados de 1979. 19) El 11 de septiembre de 1977 fue detenido en el barrio Quilmes, Buenos Aires, Argentina, Cherif Omar Ainie Rojas, estudiante de Química en la universidad de esta ciudad, quien estaba radicado en Argentina desde su infancia. Al día siguiente, efectivos de las Fuerzas Armadas Conjuntas registraron su domicilio, llevando la cédula de identificación de la víctima. 20) El 10 de enero de 1978 fue detenido por efectivos policiales argentinos Guido Arturo Saavedra Inostroza, estudiante de la Universidad de Buenos Aires y empleado en Textil Gloria. Hasta esta fecha se encuentra desaparecido. El joven universitario había salido de Chile con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, después de haber sido detenido en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Los antecedentes a disposición de la Comisión Rettig permitieron establecer que Guido Saavedra fue objeto de una detención ilegal y desaparición, cometida fuera del territorio nacional por agentes del Estado de Chile o con su participación. Asimismo se constata el alto grado de comunicación existente entre los servicios de seguridad argentinos y chilenos a la fecha. 21) En 1978 fueron detenidos en Buenos Aires los ciudadanos chilenos Raúl Tapia Hernández, Jaime Nury Riquelme Gangas y Luis Espinoza González. Se trata de exiliados que trabajaban legalmente en Argentina y que desaparecieron en el contexto antes referido. 22) En abril de 1978 desapareció Carlos Patricio Rojas Campos, militante comunista, quien había sido perseguido en Calama y Tocopilla hasta el año 1977, fecha en que se refugió en Buenos Aires, manteniendo un contacto epistolar regular con su familia en Chile. Desde la fecha indicada no se han tenido noticias suyas. 23) El 26 de julio de 1978 desapareció en Argentina Cristina Magdalena Carreño Araya, militante comunista. Había llegado a ese país desde Hungría a principios de ese mes. El día 24 del mes reveló ante la oficina del CEAS, repartición de la Iglesia Católica que trabajaba en coordinación con ACNUR, en la Capital Federal, sentirse perseguida y solicitó el estatus de refugiada. 24) El 27 de enero de 1979 Óscar Orlando Oyarzun Manzo, militante del PC de Chile, refugiado en Argentina desde 1974, fue secuestrado por agentes de civil y muerto en las cercanías de Buenos Aires. 25) El 19 de febrero de 1981, fueron detenidos en la frontera chileno-argentina en el sector de Paimún, José Alejandro Campos Cifuentes, estudiante de enfermería, y Luis Quinchavil Suárez, exdirigente mapuche, ambos militantes del MIR, quienes intentaron regresar a Chile clandestinamente, en la denominada «Operación Retorno». Ellos habían sido condenados anteriormente por consejos de guerra a penas privativas de libertad, que les fueron conmutadas por extrañamiento en el año 1975, por lo que tenían prohibición de ingreso al territorio nacional.

Los antecedentes que se conocieron sobre estos hechos, relacionados con los operativos de la CNI, dieron como resultado la desarticulación de actividades guerrilleras en el sector de Neltume en el año 1981, condujeron a la comisión a establecer que José Campos y Luis Quinchavil fueron detenidos por gendarmes argentinos en la frontera, quienes los pusieron a disposición de agentes de seguridad nacionales, en manos de quienes desaparecieron.

Asimismo las once personas siguientes de nacionalidad chilena fueron detenidas ilegalmente y aún permanecen desaparecidas:

Nelson Martín Cabello Pérez, 23 años, detenido el 9 de abril de 1976 en La Plata, Argentina, junto con su esposa y su cuñado.

Óscar Julián Urra Ferrarese, 24 años, detenido a las 13:30 horas del día 22 de mayo de 1976, en Buenos Aires, Argentina, junto con su esposa. En el operativo participó personal de la Aeronáutica Argentina. La pareja fue llevada a la cárcel de Campo de Mayo, y desde allí trasladada al penal militar de Magdalena. Ahí se pierde su rastro.

Rafael Antonio Ferrada, 49 años, detenido el 3 de agosto de 1976 en su domicilio en San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su detención fue denunciada ante el Juzgado número 2 de San Martín sin obtener respuesta.

José Francisco Pichulmán Alcapán, 20 años, detenido el 12 de agosto de 1976 en su domicilio en Neuquén (Argentina) por un grupo de militares. Según testimonios fue visto por última vez por un guardia en el recinto de la localidad de Río Mayo.

Juan Raúl Pichulmán Alcapán, 24 años, detenido el 27 de enero de 1977, en su domicilio, en la localidad de J. J. Gómez en Río Negro (Argentina), junto con su esposa por efectivos del ejército, integrado por un grupo de veinte a treinta personas que dijeron pertenecer a las «fuerzas conjuntas».

Nelson Flores Ugarte, 28 años, detenido el 18 de febrero de 1977 en su domicilio, en Buenos Aires, por un grupo de individuos fuertemente armados. La detención de este ciudadano chileno no fue nunca reconocida por las autoridades argentinas, se desconoce su paradero.

María Isabel Navarrete, 24 años, fue detenida el 17 de mayo de 1977 a la salida de la Facultad de Medicina de La Plata.

Reinaldo Miguel Pinto Rubio, 23 años, detenido el 19 de junio de 1977 en Buenos Aires por un grupo de individuos. Opuso resistencia al secuestro pero fue tiroteado y conducido a la comisaría de Claypole.

María Angélica Pinto Rubio, 21 años, vista por última vez en Buenos Aires el 10 de febrero de 1977. Aparentemente su detención estuvo vinculada con la de su hermano.

José Luis de la Maza Asquet, 27 años, detenido el 1 de noviembre de 1977 en la vía pública en ciudad de Tucumán (Argentina) y desapareció. No se ha podido determinar su paradero.

Juan Adolfo Coloma Machuca, detenido el 11 de diciembre de 1978 en Buenos Aires, junto a su esposa. Juan Adolfo Coloma, a quien llamaban Hernán, fue visto en el campo de prisioneros de El Olimpo a fines de 1979.

Igualmente fueron secuestrados en el mismo esquema organizado de eliminación física diseñado, entre otros, por Augusto Pinochet Ugarte las siguientes personas:

Año 1976

María Eliana Acosta Velasco, de 34 años de edad, de nacionalidad chilena, fue detenida en La Plata, Argentina, el 28 de septiembre e internada en los centros de detención clandestinos conocidos como «BIM-3» y «Arana» y desaparecida en enero de 1977.

Luis Adolfo Jaramillo, de 42 años, desaparecido el 26 de noviembre, Quilmes, Argentina.

José Heriberto del Carmen Leal Sanhueza, de 25 años de edad, soltero, estudiante universitario, desaparecido probablemente en Córdoba, Argentina.

Luis Guillermo Guzmán Osorio, de nacionalidad chilena, que desapareció en Argentina y que aparece registrado en los listados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de ese país.

Enrique Lomas Pontigo, desaparecido el 24 de mayo, en Buenos Aires, desaparición que aparece registrada en ACNUR-Argentina.

Luis Arnaldo Zaragoza Olivares, empleado, detenido en Argentina el 17 de agosto, desaparecido desde esa fecha según consta en las listas de la Conadep y APDH de dicho país.

Gaspar Medina Medina, de 42 años, detenido el 9 de septiembre en Futaleufú, Argentina, su desaparición aparece registrada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y en el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina).

René Alejandro Moscoso Espinoza, fotograbador, detenido el 15 de septiembre en la fábrica donde trabajaba, Graffa S. A. de Buenos Aires, Argentina, según consta en los registros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Conadep.

Salvador Cubillos Maturana, detenido el 10 de noviembre en Buenos Aires, Argentina y desaparecido en esa fecha según consta en los listados de la APDH de Argentina.

Nora Mardikiand, de nacionalidad argentina, casada con el chileno Nelson Cabello, permanece desaparecida.

Susana Ossola, ciudadana argentina, casada con el chileno Óscar Urra y embarazada en el momento de la detención, permaneciendo hasta la fecha desaparecida.

Clara Haydeé Fernández, de nacionalidad argentina, casada con el chileno Luis Elgueta, permanece desaparecida desde la fecha de secuestro de su marido.

Cecilia María Fernández, de nacionalidad argentina, cuñada del chileno Luis Elgueta y desaparecida desde la misma fecha que este.

Esteban Badell, argentino, casado con la chilena M. Eliana Acosta, permanece desaparecido desde la misma fecha que esta.

Julio Badell, hermano del anterior y permanece desaparecido desde la misma fecha que este.

Año 1977

Carmen Angélica Delard Cabezas, de 24 años, desaparecida el 10 de enero en Cipolletti, Argentina.

María Eugenia Escobar Silva, desaparecida el 18 de febrero en Buenos Aires, Argentina.

Daniel Tapia Contardo, de 26 años, detenido el 26 de marzo en Buenos Aires, Argentina, según aparece en la APDH y la Conadep.

Hernán Leopoldo Caballero, de 26 años, detenido el 26 de marzo en Buenos Aires, Argentina. Según datos de la APDH y la Conadep.

Gastón Riquelme Cifuentes, detenido el 5 de junio, Argentina.

Norma Riquelme Cifuentes, detenida el 5 de junio, Argentina. Según registros de la APDH y la Conadep.

Hernán Artemio Rojas Fajardo, albañil, detenido el 7 de junio en Mar del Plata, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido, según los registros de la APDH y la Conadep.

Año 1978

Luis Alfredo Espinoza González, de 25 años, detenido el 3 de diciembre en Mendoza, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido.

Eduardo Kurt Fuentes, detenido en enero en Argentina, según los listados de la APDH.

Ester Elena Jiménez Torrealba, desaparecida en enero en Argentina, según registros de ACNUR, desde cuya fecha permanece desaparecida.

Rafael Eduardo Ulloa Sánchez, detenido en Argentina el 12 de junio, desde cuya fecha permanece desaparecido.

Rubén Gómez Quesada, periodista, detenido el 30 de diciembre en Salta, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido según consta en la APDH.

Susana Larubia, detenida el 11 de diciembre en Buenos Aires y desaparecida desde entonces.

Año 1979

Juan Antonio Rodríguez, chileno, detenido el 8 de enero en Mar del Plata, Argentina, desde cuya fecha permanece desaparecido.

Sylvia Lilian Almendras Zapata, desaparecida en Argentina.

Santiago Pedro Astelarra, desaparecido en Argentina.

Yolanda Barria Santana, desaparecida en Argentina.

Omar José Ojeda Mera, desaparecido en Argentina.

Mario Juan Villa Colombo, desaparecido en Argentina.

Ricardo Lancelot Carvajal Vargas, desaparecido en Argentina.

Gary Nelson Olmos Guzmán, desaparecido en Argentina.

José Fernando Fanjul Mallea, desaparecido en Argentina.

Silvia Teresa Marrambio Silva, desaparecida en Argentina.

Ángel Manuel Martínez Fernández, desaparecido en Argentina.

Luisa Aurora Arredondo Fernández, desaparecida en Argentina.

De acuerdo con el auto, por los nuevos hechos y por los mismos delitos (genocidio, terrorismo y torturas) ordené la ampliación de la prisión provisional incondicional de Pinochet y librar urgentemente una orden internacional de detención complementaria y ampliatoria ante las autoridades judiciales británicas para su incorporación a la del 16 de octubre de 1998, puesto que la ampliaba.

La High Court

A la postre, esta ampliación de la orden de detención sería la que salvara el caso, porque la primera fue anulada por la High Court debido a la equivocación sufrida por el juez inglés a la hora de librarla (confundió secuestro por asesinato de Edgardo Enríquez Espinoza). Este tribunal también dictaminó que la inmunidad soberana de los jefes de Estado se extendía a los que habían dejado de serlo.

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, refiriéndose a la primera orden de detención fundada en el asesinato de ciudadanos españoles en Chile, manifestó que ni España ni el Reino Unido tenían jurisdicción penal sobre la materia y concluyó que, conforme al derecho inglés, un ex jefe de Estado de un país extranjero «en su calidad de exsoberano, [tenía] derecho a inmunidad procesal en el ámbito civil y penal en los tribunales británicos» en relación con actos sistemáticos de asesinato, tortura, «desaparición», detención ilegal y desplazamiento forzado cometidos fuera del Reino Unido mientras era jefe de Estado.

En la sentencia, el juez Andrew Collins opinaba: «Lamentablemente, la historia demuestra que en algunas ocasiones el exterminio u opresión de determinados grupos sí ha constituido una política estatal. No es preciso ir muy atrás en la historia para observar ejemplos concretos de este tipo de hecho. A mi juicio, no hay justificación para interpretar que la inmunidad existente esté sujeta a ningún tipo de limitación fundándose en la naturaleza de los delitos cometidos».

Obviamente era una interpretación sumamente restrictiva que exacerbaba la protección de los dictadores y actuaba a favor de la impunidad y en contra de las víctimas. Por ello el primer impacto fue descorazonador. No obstante, exigí que se recurriera la decisión y así se hizo.

La Cámara de los Lores

El 28 de octubre de 1998, los jueces británicos estimaron el recurso de revisión y habeas corpus planteado por la defensa de Pinochet, que, sin embargo, siguió sujeto al procedimiento por el recurso de la Fiscalía y la defensa de España, instada por mí. El 25 de noviembre, la Cámara de los Lores, en una sesión retransmitida en directo por las televisiones de todo el mundo, concluyó en una decisión adoptada por tres votos a favor y dos en contra que un ex jefe de Estado no tenía inmunidad respecto a los crímenes cometidos bajo su mandato, por los que se pedía la extradición.

Esta sentencia, que había abierto las avenidas de la justicia, fue anulada el 17 de diciembre de ese mismo año al no haberse abstenido lord Hoffmann, cuya esposa formaba parte de una organización adscrita a Amnistía Internacional que estaba actuando como coadyuvante en la extradición. Como consecuencia, se fijó una nueva vista de apelación ante un nuevo grupo de jueces lores para el 18 de enero de 1999.

Lo acontecido a partir de la detención

Los días que siguieron fueron trepidantes en el juzgado. La confrontación con el fiscal Fungairiño —quien, de hecho, tomó las riendas del caso— fue memorable. En el caso Pinochet resolví más recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal que en toda mi carrera como juez. Resultaba impresionante el criterio de interpretación tan restrictivo de jurisdicción que mantenía el fiscal, privando con el mismo toda posibilidad de justicia para las víctimas que la impetraban desde hacía más de dos décadas; se les había negado todo tipo de justicia. La posición del fiscal era sospechosamente coincidente con las autoridades homólogas chilenas: que se cerrara el caso a toda costa y se pusiera en libertad a Pinochet. Afortunadamente y al margen de las denuncias que el fiscal planteó contra mí —las cuales, debo decir, me honraron porque ponían de manifiesto la fuerza de la razón y la justicia frente a la barbarie y el uso sectario del derecho—, la Audiencia Nacional (con Clemente Auger) y la Sala de lo Penal (con Siro García al frente) estuvieron a la altura que las víctimas y el mundo entero esperaba de ellas.

El procedimiento que se tramitaba en el Central 6 se acumuló al de mi juzgado porque era más antiguo, y en sendas sesiones de la Sala de lo Penal en pleno, ante la atención nacional e internacional, sus magistrados decidieron por unanimidad —a finales de octubre— que la jurisdicción española era competente para investigar los casos. Por primera vez, disponía de la seguridad de una resolución del tribunal que me permitía continuar la investigación.

Los sumarios de Garzón, a los que Gallego y Rey dedican esta viñeta, recogían los hechos acaecidos durante las dictaduras de Argentina y Chile. A la vista de este resumen estremecedor de sus crímenes, la Corte inglesa le dio la razón y autorizó a extraditar a Pinochet.

El día en el que se anunció la resolución, el 30 de octubre de 1998 (el auto saldría el 4 de noviembre), fue inolvidable. El presidente Auger me llamó a su despacho y los dos vimos cómo los ciudadanos que por cientos se habían reunido alrededor de la Audiencia Nacional, y a los que se sumaron los miles de personas que en todo el mundo estaban desde la noche anterior en vigilia permanente hasta la decisión, prorrumpían —al igual que hicieran en el interior de la Sala— en un grito de júbilo por la respuesta positiva, que se extendió de forma fulgurante por ciudades, periódicos, radios y televisiones en todo el mundo. Era el triunfo de las víctimas frente a los victimarios, el momento histórico más importante de la Justicia española a escala mundial. El mensaje del tribunal contra la impunidad era impactante. Las víctimas habían vencido por una vez. El dictador estaba detenido, encolerizado, sin que nadie de los suyos ni autoridad política alguna pudiera hacer nada más que acatar la decisión de la Justicia.

Recuerdo haber llorado y fundirme en un abrazo prolongado cuando víctimas, abogados y magistrados subieron a felicitarme a mi despacho. Realmente me sentí orgulloso y feliz por haber tenido la inmensa suerte de haber sido uno de los artífices de aquella conquista para el derecho, frente a quienes lo habían destruido con la violencia genocida ejercida contra su pueblo. Matilde Artés, Sacha, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo en España, afirmó completamente emocionada: «Todos nuestros hijos y nuestros nietos han tomado cuerpo hoy y son otra vez personas. Que los genocidas sepan que dondequiera que vayan van a ser perseguidos y esta decisión servirá para garantizar la paz al mundo». Ese era el triunfo. No era definitivo, pero habíamos dado un paso de gigante. A pesar de todas las incidencias posteriores y de todos los obstáculos y obstrucciones puestas a la jurisdicción universal, siempre habrá un antes y un después de aquellos días de octubre de 1998. Comenzaba la época de las víctimas. La negación sistemática de sus derechos en países como Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Brasil y tantos otros se veía cuestionada severamente y comenzarían a recaer importantes sentencias de la CIDH, seguidas por otros tribunales que han contribuido a formar un acervo impresionante que lucha contra el negacionismo de algunos tribunales y sistemas políticos más atentos al interés de quienes abusan de la Justicia que al de quienes sufren la persecución, la desaparición y la tortura y que hallan una posibilidad de defensa en el principio de jurisdicción universal.

Después vendrían las discusiones y los debates jurídicos, pero la batalla estaba ganada y ahora comenzaba todo el desarrollo estratégico ante la Cámara de los Lores, el Gobierno chileno, el español y el británico. Frente a ellos, el interés de la justicia y el de defensa de las víctimas.

Una vuelta de tuerca más sobre cómo se veía la actuación del Reino Unido acerca de la extradición a España de Pinochet. Una «madre de mayo» entrega a la Justicia británica uno de sus pañuelos, con los que durante años señalaron la búsqueda incesante de los desaparecidos. La Justicia británica, embozada con el pañuelo, ataca a la madre del desaparecido. Detrás del modo de actuar apuntado en esta viñeta de Gallego y Rey estaban el premier británico Blair y su ministro de Exteriores, John Whitaker Straw, más conocido como Jack Straw.

Pero si hubo una actitud que me desagradó y que jamás podré comprender desde la perspectiva de juez, jurista y defensor de los derechos humanos, fue la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño y de quienes siguieron sus órdenes sin cuestionarlas por arbitrarias que fueran. Inmediatamente después de los autos de detención de 16 y 18 de octubre, comenzaron los recursos sistemáticos ante cualquier decisión judicial y siempre en línea con la defensa del dictador. No era ya una interpretación jurídica, la cual puede ser comprensible, sino una posición inamovible frente al ejercicio de la jurisdicción universal y por ende favorecedor de la impunidad.

Los argumentos que el Ministerio Público esgrimió a lo largo de este proceso merecerían un estudio mucho más detenido para ponerlos como ejemplo de lo que no se debe hacer ante la investigación de crímenes masivos que aquí se ventilaban. Recuerdo uno de ellos: venía a decir que los hechos no debían investigarse porque eran conocidos por otras democracias cuando estaban sucediendo y no hicieron nada, como tampoco hacían con lo que sucedía en el momento de la detención. Taché estas afirmaciones de demagógicas en el auto de 27 de octubre de 1998 por el que rechazaba el recurso contra el segundo auto de prisión, porque, «al margen de las masacres que se hayan cometido, se están cometiendo o se cometan en el mundo en el futuro, en el caso presente nos hallamos en un proceso concreto, investigando hechos determinados, con imputaciones precisas que serán valoradas y decididas en su momento en el juicio oral, y no postulando la defensa de instancias internacionales, como parece pretender el Ministerio Fiscal, como excusa para no hacer frente aquí y ahora a un proceso que puede y debe instruirse de conformidad con la legalidad española. La defensa de la legalidad que le impone al Ministerio Fiscal el artículo 124 de la Constitución Española, está siendo desconocida por el señor fiscal de la Audiencia Nacional».

La extradición

El 3 de noviembre de 1998, ya asentada la competencia de la jurisdicción española, dicté un auto en cuyos 366 folios fui desgranando los hechos y las razones argumentadas jurídicamente por las cuales proponía al Gobierno de España que solicitara del Home Secretary la extradición de Augusto Pinochet Ugarte por los posibles delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Extractos del auto de 3 de noviembre de 1998

Augusto Pinochet Ugarte […] encabezó un golpe militar que dio como resultado el derrocamiento y muerte del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y el inicio de una feroz represión que se extenderá entre aquella fecha y 1990, alcanzando su punto álgido durante los años 1974 y 1975.

El señor Pinochet Ugarte, desde su posición de mando, pero en una actividad ajena a la función pública como presidente de la Junta de Gobierno, crea y lidera en el interior de su país, en coordinación con otros responsables militares y civiles de Chile, y en el exterior, de acuerdo con Argentina y otros Estados del Cono Sur americano, una organización delictiva internacional cuya única finalidad será conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte de la persona, desplazamientos forzosos de miles de personas y desaparición selectiva de un mínimo de 3.178, con la finalidad de alcanzar una serie de objetivos político-económicos que reafirmen las bases de la conspiración y consigan instaurar el terror en la población.

De esta forma el objetivo principal de los conspiradores es la destrucción parcial del propio grupo nacional de Chile integrado por todos aquellos que se les oponen ideológicamente a través de la eliminación selectiva de los líderes de cada uno de los sectores que integran el grupo, a través de la detención, secuestro seguido de desaparición, ejecución y torturas que infieren a las víctimas del grupo graves daños físicos y mentales.

La acción criminal se dirige también a la destrucción de dicho grupo por ser contrarios sus miembros al planteamiento religioso oficial de la Junta de Gobierno, como ocurre con los llamados «Cristianos por el Socialismo» que son materialmente eliminados. Así como violentando las creencias no teístas del grupo dominado.

En el desarrollo de esta actividad criminal, ajena a las labores propias del Gobierno, recibe el apoyo y colaboración, como ya se ha dicho, de otros responsables militares chilenos, tales como Gustavo Leigh Guzmán, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Newman, alias Luis Gutiérrez, y otros de otros países, en el marco del llamado Operativo (Plan) Cóndor, diseñado para la eliminación física de adversarios políticos en cualquier país miembro del Operativo (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), o en cualquier otro en el que se hallaran, como por ejemplo España, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, México, mediante la acción clandestina o abierta, según el país, de miembros de los servicios de inteligencia chilenos (DINA) o argentinos (SIDE) o militares especialmente desplazados a tal fin.

En el desarrollo de dicho plan criminal, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón comandante en jefe del Ejército el día 11 de septiembre de 1973, junto con otros querellados, bajo amenaza de las armas exige al presidente constitucional de la República de Chile, Salvador Allende, hacia las 8:20 horas la entrega del mando a la autoproclamada e ilegal «Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden».

Ante la negativa del jefe del Estado asaltan el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de la República, mediante bombardeo de artillería y aviación, y hacia las 13:45 horas entra la infantería, hallando al presidente muerto.

Ese mismo día por la noche, se constituye la «Junta de Gobierno de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden» que se plasma en el Decreto Ley 1/1973 de fecha 11 de septiembre, publicado en el Diario Oficial el 18 del mismo mes, titulándose «Acta de Constitución de la Junta de Gobierno» y aparece resignado como presidente de esta, Augusto Pinochet Ugarte, aunque los poderes efectivos los ostenta la Junta, que resolverá por unanimidad. Esta situación se mantiene […] hasta el Decreto Ley 806/1974, de 17 de diciembre, que modifica el artículo 7 del Decreto Ley 527 en el sentido de que el presidente de la Junta ostentará el cargo de presidente de la República. Todos los hechos que se describen fueron ejecutados al margen de lo que la Ley establecía como competencias propias de un jefe de Gobierno.

El día 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, junto con otros querellados y para dar comienzo al plan trazado, cuyo primer paso se cumple con el levantamiento militar, ordena la detención y posterior desaparición que permanece hasta el día de hoy, de las siguientes personas, la mayoría colaboradores del presidente Allende que son sacados del Palacio de la Moneda y conducidos al regimiento Tacna donde son torturados y posteriormente extraídos, previsiblemente para ser ejecutados. Entre estas personas se encuentran nueve asesores y miembros de la Presidencia de la República y quince miembros del GAP (dispositivo de seguridad del presidente).

[Aquí se detallan los nombres de cuarenta personas.]

La represión y eliminación selectiva de personas del mismo Grupo Nacional por razones ideológicas, continúa con igual o mayor virulencia, y, con mayor frialdad a partir del día 12 de septiembre de 1973, siguiendo las órdenes de la Junta de Gobierno, integrada por Augusto Pinochet Ugarte, como presidente; José T. Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros, que continúan tomando las decisiones por unanimidad, hasta que el 17 de diciembre de 1974 es nombrado presidente de la República Augusto Pinochet […].

[El auto continúa enumerando, en una sucesión dolorosamente extensa, todos los nombres de las víctimas para dotar a la demanda del alcance que merece.]

El día 11 de marzo de 1974 se divulga la declaración de principios del Gobierno de Chile en la que se expresa que la Junta entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado, rechazando toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre clases sociales. El Gobierno ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Ese nuevo orden denota la resolución de los gobernantes de suspender y restringir las libertades públicas amparando sobre la base de un cierto concepto de seguridad nacional que implica el empleo de órganos policiales secretos o de las propias instituciones armadas, reprimiendo a la oposición, desmantelando los partidos, controlando las actividades sindicales e interviniendo en las Universidades.

En esta dinámica la Junta de Gobierno crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por Decreto Ley 521, de 14 de junio de 1974, y que es continuadora de la comisión denominada con idénticas siglas y creada en noviembre de 1973.

La DINA, cuyo director es designado por el Decreto Supremo, es «un organismo militar de carácter técnico-profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno, y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteliganción [sic] que se requiera para la formación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuran el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país».

Sin embargo, la DINA depende directamente del presidente de la Junta de Gobierno hasta el 17 de diciembre de 1974 y después del presidente de la República, en ambos casos Augusto Pinochet Ugarte. Por tanto, nunca se cumplió lo dispuesto en el Decreto Ley 521 para la designación como director de aquella de un general en activo, ostentando durante todo el tiempo de su existencia el cargo de delegado y director ejecutivo el coronel Manuel Contreras, quien debía lealtad y obediencia personal y absoluta a Augusto Pinochet.

Esta organización criminal se va a encargar de reprimir y eliminar, siguiendo las órdenes emanadas del presidente, a aquellos que consideraba enemigos políticos.

En el periodo 1974-1977, la DINA va a ser la responsable casi exclusiva de la represión que llevará adelante mediante la técnica de la desaparición forzada de personas. Todos los casos de detenidos-desaparecidos de este periodo obedecen a un mismo patrón de planificación previa y coordinación central diseñado por la DINA, en la que sus agentes vestían de civil, eran seleccionados dentro de las Fuerzas Armadas, pero actuaban fuera de la estructura institucional de mando de dichas Fuerzas Armadas que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas; aquellas a quienes se atribuía un liderazgo político, religioso, cultural, militar, profesional, etc.

La DINA es disuelta en el mes de agosto de 1977 y es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Simultáneamente con la DINA, actúa el llamado «Comando Conjunto» entre finales de 1975 y final de 1976, principalmente en Santiago y es responsable de numerosas desapariciones de personas.

Igualmente actúan los servicios de inteligencia de las distintas Fuerzas Armadas y Carabineros, como por ejemplo el SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, más tarde llamado DIFA), el SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros) y el SIN (Servicio de Inteligencia Naval), todos los cuales son responsables de las desapariciones forzadas de personas, dentro del mismo esquema general de represión dirigido por la Junta de Gobierno.

Desde finales de 1973, pero especialmente a partir de 1974, la DINA trabaja en Argentina y más tarde en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre 1975 y 1976 funciona con seguridad una organización creada por los responsables militares de la época, entre ellos Augusto Pinochet Ugarte, de colaboración de servicios de inteligencia del Cono Sur, que incluye los servicios de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay con la finalidad de desarrollar actividades conjuntas de entregas clandestinas de prisioneros, secuestros de personas, desapariciones, torturas y ejecuciones, prestándose apoyo logístico, cediendo locales y centros de detención en los que existían representantes de los diferentes servicios participantes, como por ejemplo el centro de detención clandestino de Automotores Orletti en Buenos Aires, verdadero enclave de recepción de detenidos en el Plan Cóndor.

Como establece la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en su informe sobre la represión en Chile, la DINA, dirigida desde su fundación por el general Contreras, era «un organismo con facultades prácticamente omnímodas» que dependían formalmente de la Junta de Gobierno, aunque «en la práctica respondió solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno desempeñada por Augusto Pinochet Ugarte y más tarde de la Presidencia de la República, desde el 17 de diciembre de 1977» también desempeñada por Augusto Pinochet.

Con independencia de las funciones concretas de la DINA que se marcan en el Decreto Ley 521, ya citado, lo cierto es que se constituyó en un mecanismo diabólico de desaparición, tortura y eliminación de personas, dentro y fuera de Chile, especialmente en Argentina, donde logra convenios de cooperación con el SIDE y la Policía Federal, lo que permitirá el traslado clandestino de detenidos en especial a partir del 24 de marzo de 1976, fecha del golpe militar en Argentina. Asimismo entabla relación con organizaciones extremistas como la Triple A argentina, otorga refugio a cubanos nacionalistas que luego utiliza para ejecutar atentados como el de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington D. C.

Dentro de la actividad delictiva de la DINA y dentro del denominado «Plan Cóndor», se ubican los noventa y cuatro casos que se recogen en el auto de prisión en el que se apoya esta resolución […].

En agosto de 1977 se disuelve la DINA y es sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), que inicialmente hasta noviembre de 1977 conserva las mismas estructuras e incluso personas de la DINA. Entre noviembre de 1977 y mediados de 1980 descienden las desapariciones y muertes de personas víctimas de la represión. A partir de 1980 reacciona a la actuación de otras organizaciones armadas con un recrudecimiento de la represión; y, si bien descienden las desapariciones, las que se producen se llevan a cabo con un carácter mucho más selectivo sobre miembros del MIR, el FPMR y el PC.

Al igual que su predecesora DINA, la CNI es un organismo del Gobierno ubicado en el Ministerio del Interior, que desarrolla labores de inteligencia y actuación ilícita en el exterior similares a las de la DINA. En el informe de la Comisión ya citada se le atribuyen la mayoría de las ciento sesenta muertes que se producen entre 1978 y 1990, actuando en este periodo otras organizaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en labores de represión, llamadas Comando Vengadores Mártires (COVERMA) y la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).

En cuanto a los métodos de represión y en concreto a la práctica de torturas, vejaciones y malos tratos, el sistema fue universal y generalizado desde el mismo momento de la detención sin deferencia de edades o sexo, aunque especialmente acentuado cuando se trata de determinados colectivos, como, por ejemplo, el de los judíos.

Desde el mismo momento del golpe militar y en los meses sucesivos, el trato recibido por los detenidos es deleznable, y continúa siéndolo durante la permanencia en los centros de detención que funcionaban con la autorización y consentimiento de la Junta de Gobierno, que preside Augusto Pinochet, utilizándose técnicas variadas, desde los simples golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamiento de sangre, además de mantener a los detenidos tumbados hacia abajo en el suelo o de pie, desnudos, bajo luz constante, con la cabeza cubierta con capuchas, amarrados, «tabicados», o en nichos, es decir, en cubículos estrechos en los que es imposible moverse; negación de alimentos, agua, abrigo o necesidades similares; colgamiento por los brazos, suspendiéndoles en el aire; procesos de semiasfixia mediante agua, sustancias malolientes y excrementos; aplicación de electricidad en los testículos, lengua y vagina; violaciones sistemáticas; simulacros de fusilamientos y otros métodos refinados de tortura como el conocido como «pau de arara», que consistía en el colgamiento del cuerpo durante largo tiempo.

Los centros de detención en los que se practica la tortura más insistentemente fueron: el antiguo aeropuerto de Cerro Moreno, en Antofagasta; barcos de la Armada o bajo su control, en Valparaíso; la isla Mariquina y el fuerte Borgoño, en Concepción; la base aérea de Maquelma, en Tomingo, y diversos regimientos, comisarías, retenes y centros aéreos y aeronaves de todo el país, el Estadio Nacional, el Estadio de Chile y la Academia de Guerra Aérea de Santiago. La comisaría de Rahue en Osorno; o el campamento de prisioneros de Pisagua, en el que Nelson Márquez Augusto, militante del Partido Comunista, es ejecutado el 18 de enero de 1974. Las torturas fueron tan atroces que enloqueció, trató de huir y, tras ser capturado, fue ejecutado.

Las torturas eran vigiladas y dirigidas por médicos encapuchados que atendían a las víctimas para que estas no llegaran a morir a causa de aquellas…

Entre 1974 y 1977, funcionan los siguientes centros de detención y tortura:

A) Recintos de la DINA

1. Tejas Verdes.

2. Cuatro Álamos. A este no tenían acceso personas ajenas a la DINA. Disponía de una serie de celdas pequeñas e incomunicadas.

3. Londres n.º 38, ubicado en el centro de Santiago.

4. José Domingo Cañas, en Santiago.

5. Villa Grimaldi, en Santiago, que fue el más importante centro de detención y tortura de la DINA, en el que tenían dispuestos artefactos especialmente diseñados para sesiones de tortura a los detenidos. En este centro de detención existía una zona conocida como «la Torre», en cuyo interior se construyeron unos diez compartimientos de 70 x 70 centímetros y dos metros de alto, con una puerta baja por la que se tenía que entrar de rodillas. En esta torre existía una sala de torturas. A la mayoría de los detenidos que iban a aquella ya no se les volvía a ver; otra dependencia eran las Casas Chile, construcciones de madera tabicadas en las que el individuo tenía que permanecer de pie. Las Casas Corvi, pequeños cajones de madera construidos en el interior de una pieza mayor y en los que se permanecía de pie durante varios días. Las sesiones de tortura eran practicadas por agentes especialistas, y otros oficiales practicaban los interrogatorios, aunque a veces también participaban de aquellas. La forma más habitual de tortura era «la parrilla», consistente en una mesa metálica sobre la que se tumba a la víctima desnuda y atada por las extremidades y se le comienzan a aplicar descargas eléctricas en labios, genitales, heridas o prótesis metálicas; también se situaba a dos personas, parientes o amigos, en dos cajones metálicos superpuestos de modo que cuando se torturaba al de arriba, el otro percibía el impacto psicológico de aquella; otras veces se colgaba a la víctima de una barra por las muñecas y/o por las rodillas, y, durante el prolongado tiempo en que se le mantenía así, se le aplicaban corrientes eléctricas, se le hacían heridas cortantes o se le golpeaba; otras veces se les hundía la cabeza en agua sucia u otros líquidos; o se les practicaba el método del «submarino seco», es decir, colocación de una bolsa en la cabeza hasta el punto cercano a la asfixia; también se utilizaron drogas, o se arrojaba agua hirviendo a varios detenidos para castigarlos y como anticipo de la muerte que luego les proporcionaban.

6. La Discoteque o la Venda Sexy.

7. Implacante.

8. Cuartel Venecia, todos en Santiago.

9. Cuartel General de la calle Belgrano n.º 11.

10. Rinconada Maipú, en las proximidades de Santiago, como el anterior.

11. Clínicas de la DINA.

12. Colonia Dignidad, dueña de la finca «El Lavadero», en donde agentes de la DINA practicaron la tortura e hicieron desaparecer a varios detenidos.

13. La Casa de Parral, en la ciudad del mismo nombre.

14. Hospital Militar y otros recintos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

B) Recintos del SIFA y del Comando Conjunto. Entre otros, destacan:

1. Academia de Guerra Aérea (AGA), entre final de 1973 a final de 1974. El promedio de detenidos durante 1974 fue de entre setenta u ochenta. Las torturas se practicaban en el segundo piso o en la capilla, y, consistían en la introducción de astillas u objetos punzantes en las uñas, el colgamiento «pau de arara», cabezas encapuchadas y golpes de todo tipo. Entre las personas que sufrieron estos sistemas destacan el general Bachelet y José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del Partido Comunista.

2. Casa de Apoquindo, en Santiago.

3. Hangar de Cerrillos.

4. Nido 20.

5. Nido 18.

6. Remo Cero: regimiento de Artillería Antiaérea de Colina.

7. La Firma.

Entre agosto de 1977 y 1990, la Central Nacional de Informaciones (CNI), la DICOMCAR y COVEMA practicaron sistemáticamente la tortura con los detenidos en forma más selectiva que la DINA. Los principales métodos continúan siendo: la electricidad en las partes sensibles del cuerpo, inmersión de cabeza en agua hasta casi la asfixia y golpes. A veces la tortura llevó a la muerte de la víctima.

Solo como ejemplos de lo que era todo un sistema de tormento, sufrimientos y vejaciones, se plasman los siguientes casos:

1. Sacerdote católico británico Michael Woodward. El martirio del padre Woodward es sintetizado por el diario The Observer, en un artículo de Jo Beresford del día 16 de febrero de 1975, de una forma que se ajusta altamente a la verdad, según el relato de Claudio Herrera, refugiado en Inglaterra, y que estuvo detenido con el sacerdote. De los ochocientos presos que había en el barco, una docena de ellos eran curas. Miguel Woodward era considerado por los oficiales de la Marina como el más peligroso de los presos. Había pertenecido a un grupo llamado «Cristianos por el Socialismo» y había trabajado durante más de diez años en las zonas más pobres de Valparaíso, ayudando a la gente a conseguir trabajo y organizando clases para los niños.

Los presos eran torturados en grupos. Las sesiones siempre empezaban con una ducha para los presos. Entonces, mientras aún permanecían mojados, les sujetaban electrodos a diferentes partes del cuerpo y les daban descargas eléctricas. Luego, tiraban los cuerpos contra mesas y los apaleaban.

Los brazos del padre Woodward fueron rotos en dos partes con un martillo, y le apalearon el cuerpo hasta que estaba negro por todas partes. No había comida en el barco durante días, aunque a veces se alimentaban con judías infectadas de lombrices. Los brazos y costillas rotas del padre Woodward quedaron sin atender, y delante de los demás presos, él y los otros curas fueron acusados de acostarse con mujeres. Deambuló con su cuerpo roto por dentro y finalmente murió.

Otros presos recibieron un trato menos brutal, pero todos recibieron descargas eléctricas y sus codos fueron sistemáticamente dislocados por los torturadores.

2. Doctor Eduardo Paredes Barrientos, de profesión médico cirujano y asesor del presidente de la República don Salvador Allende. Es detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio Presidencial, junto con otras personas. A las 18:00 h es conducido al regimiento Tacna, en dos vehículos militares. En ese recinto permanecieron […] hasta el día 13 […]. Los miembros del grupo compuesto por los asesores del presidente de la República e integrantes del GAP [escolta personal], amarrados de pies y manos, son subidos a camiones militares y sacados del regimiento con destino desconocido. No obstante, el vehículo militar se dirige a Peldehue, al predio destinado al regimiento Tacna, donde posiblemente los ejecutan y sepultan.

Los restos mortales de Eduardo Paredes Barrientos son identificados en julio de 1995 en una fosa común en el patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile. Su autopsia revela que las torturas de que había sido víctima tras su detención por agentes del Estado le habían fracturado la columna vertebral, pelvis, muñecas, costillas, cráneo, quemaduras homicidas con soplete o lanzallamas en el tórax, hombros, garganta y parte de la cara, que dejaron marcas negras en la estructura ósea, incluso en los dientes.

3. Gladys Nélida Díaz Armijo. En 1973 presidenta del Sindicato de Periodistas de Santiago. Fue detenida el 20 de febrero de 1975 junto con Juan Carlos Perelman, desaparecido desde ese día. Fue llevada a Villa Grimaldi, también conocida como Terranova, por el que pasan aproximadamente tres mil personas y del que desaparecen unas ochocientas. En ese centro, la señora Díaz permanece detenida tres meses. Durante los primeros tres meses fue sometida a sesiones de descargas eléctricas de tres o cuatro horas con intervalos de una o dos horas tumbada y amarrada sobre una parrilla metálica. Durante los tres primeros días no recibía alimento ni bebida. Luego, una karateka la golpea y le parte cuatro costillas, le rompe un tímpano y le produce hemorragias internas y externas. Durante tres días agoniza, aunque se recupera lo suficiente para ser nuevamente torturada colgándola del techo por las manos durante día y medio a la vez que le proporcionan descargas eléctricas.

Con posterioridad le inyectan drogas, pentotal y curare durante tres meses; alternando las descargas eléctricas, los interrogatorios y el suministro de drogas, llegando a tener dos paros respiratorios. Todas las sesiones son supervisadas por personal médico para calcular la cantidad de electricidad que puede soportar. Como consecuencia de las torturas pierde 15 kg de peso.

Durante los tres meses tan solo le permiten dormir una noche continua, y el resto, como máximo dos horas. Tampoco le permitieron lavarse ni atender su menstruación, encerrándola en la Torre, en donde tenía que entrar reptando como un animal con los ojos vendados y encadenada de pies y esposada de manos.

Durante el tiempo que la señora Díez está en Villa Grimaldi, los agentes matan a cadenazos a Cedomil Lausic, de 21 años, haciéndole a ella y a dos presos más ver cómo agonizaba durante tres días. Asimismo, Isidro Arias, un chelista de la Filarmónica, es ejecutado de un tiro en la cabeza en la puerta de su celda.

Después que la señora Díaz es sacada de Villa Grimaldi y trasladada a Tres Álamos, fue nuevamente torturada en tres ocasiones.

En 1975 coincide con los detenidos en Villa Grimaldi llamados Michelle Peña, de nacionalidad española, detenida junto a Carlos Lorca, responsable del Partido Socialista y que estaba embarazada de ocho meses, y, junto a ella, Carolina Witt, de nacionalidad chilena. Los tres están desaparecidos, incluido el hijo.

Deben mencionarse también en esta resolución en forma separada los casos de crueldad con los menores de 18 años de edad que determinó su muerte:

A) Muertes con desaparición

En las localidades de Laja y San Rosendo, diecinueve personas fueron retenidas por Carabineros de Laja entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973. Entre ellas se encontraban dos menores de edad:

1. Mario Manuel Becerra Avello, de 18 años. Fue detenido por efectivos de Carabineros de Laja el 17 de septiembre cuando se disponía a tomar el tren hacia Curacautín.

2. Juan Carlos Jara Herrera, de 17 años. Fue detenido por Carabineros de Laja el 17 de septiembre de 1973.

Todos ellos fueron trasladados durante la madrugada del 18 de septiembre, supuestamente hacia el regimiento de Los Ángeles, lugar al que nunca llegaron.

El 11 de octubre de 1973, sus cuerpos fueron descubiertos por lugareños en una fosa de arena en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. El juzgado de Yumbel ordena el levantamiento de los cuerpos y posteriormente su inhumación en el cementerio parroquial de Yumbel.

El arzobispado de Concepción presentó una querella en el juzgado del crimen de Laja el 24 de julio de 1979, en contra de carabineros del mismo lugar. La Corte de Apelaciones de Concepción designa un ministro en visita. Esto permitió identificar a las víctimas y determinar que habían sido ejecutadas por carabineros de Laja el mismo 18 de septiembre en el lugar en que fueron encontrados sus restos.

El 18 de marzo de 1989, el ministro en visita se declara incompetente y la causa pasa a la Fiscalía Militar ad hoc de Concepción, siendo sobreseída de forma definitiva el 9 de junio de 1980 por el juez del Tercer Juzgado Militar. Sobreseimiento aprobado por la Corte Suprema el 3 de diciembre de 1981. Se aplicó a los autores de las muertes la amnistía en 1978.

El 20 de septiembre de 1973, fue muerto Roberto Huaiqui Barria, de 17 años. El afectado había salido de Lago Ranco el 11 de septiembre de 1973 junto a otras personas con la intención de dirigirse a Argentina. Cuando iban cruzando el río Nilahue, les dispararon desde una avioneta tripulada por civiles, dándole muerte. El cuerpo del joven cayó al río y fue arrastrado por la corriente sin que pudiese ser recuperado.

El 24 de septiembre de 1973 llegaron hasta la viña El Escorial de Paine efectivos del regimiento de infantería de San Bernardo deteniendo a cuatro trabajadores, los que fueron conducidos hasta una cancha de fútbol donde les hicieron tenderse en el suelo. Desde allí fueron trasladados al regimiento de infantería y luego fueron vendados y subidos a un camión con destino al centro de detención Cerro de Chena. Entre los arrestados estaban los menores Héctor Castro Sáez, de 18 años; Gustavo Hernán Martínez Vera, de 18 años, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años.

El 3 de octubre de 1973 se realizó un operativo en el curso del cual se retuvo a trece obreros agrícolas de la localidad de Paine. Efectivos del regimiento de infantería de San Bernardo los trasladaron al centro de detención Cerro Chena. Entre ellos se encontraban Carlos Manuel Ortiz Ortiz, de 18 años, y Víctor Manuel Zamorano González, de 18 años.

En diciembre, el Servicio Médico Legal informó a los familiares de que los retenidos habían sido enterrados en el patio 29 del Cementerio General. Por la misma fecha, lugareños descubrieron restos humanos en el sector de la cuesta de Chada. Los familiares pudieron reconocer en su mayoría restos de la vestimenta que llevaban los detenidos el día de su detención. Los restos fueron remitidos al Servicio Médico Legal.

En septiembre de 1990, el ministro de la Corte de Apelaciones, Germán Hermosilla, se constituyó en ese servicio para identificar los restos que permanecían no identificados desde 1974. Entre los cuerpos reconocidos se encontraban los de Héctor Castro Sáez y Víctor Manuel Zamorano González.

El 3 de octubre de 1973 fueron detenidos por militares los hermanos Juan Enrique Rodríguez Aqueveque, de 20 años, y Florentino Aurelio Rodríguez Aqueveque, de 17.

Días después, la familia encuentra el cadáver de Juan Enrique en el Instituto Médico Legal. El protocolo de la autopsia señala otra persona hallada en el mismo lugar y que no fue reconocida oportunamente, lo que permite presumir que se trate de Florentino Aurelio. Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala.

El 7 de octubre de 1973, once personas pertenecientes a tres familias de campesinos del sector Isla de Maipo fueron detenidos en sus respectivos domicilios por carabineros. Los agentes no portaban orden de detención ni allanamiento, a pesar de lo cual los domicilios fueron registrados, los familiares atemorizados y en algunos casos objeto de violencias innecesarias. Los detenidos fueron trasladados a la Tenencia de Isla de Maipo.

El mismo día, cuatro jóvenes que se encontraban en la plaza de Isla de Maipo fueron detenidos por carabineros siendo trasladados a la misma Tenencia, entre ellos dos menores, José Herrera Villegas e Iván Ordóñez Lama, ambos de 17 años.

La búsqueda de los familiares resultó infructuosa. Sin embargo, una denuncia anónima que conoció la Iglesia católica a fines de 1978 informaba sobre la existencia de restos humanos en una mina abandonada de Lonquén. Se inició una investigación judicial a cargo del ministro en visita Adolfo Bañados.

Con fecha 4 de abril de 1979, el ministro en visita dictó una resolución por la cual se declaró incompetente para proseguir el conocimiento de la causa, remitiéndola al Segundo Juzgado Militar de Santiago. Esta resolución contiene diversos considerandos en los cuales se establece que los cadáveres enterrados en el horno de cal de Lonquén corresponden a los quince detenidos el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo y que en la muerte de estas personas tuvo «injerencia y responsabilidad directa» el jefe de la Tenencia de la época, «sin perjuicio de la que pueda afectar a los que obraron bajo su mando».

Posteriormente, el fiscal militar acusó a los agentes de carabineros que prestaban servicio en la Tenencia de Lonquén, en calidad de autores de delito de violencias innecesarias, causando la muerte de todos los detenidos ya individualizados. Más tarde se dictó sentencia, mediante la cual se sobreseyó total y definitivamente en favor de los reos por el delito de violencia innecesaria.

Eliseo Maximiliano Trocanao Valenzuela, de 18 años. Fue detenido el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafin, durante un operativo conjunto de personal uniformado y civiles, y llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Modesto Juan Reinante Raipan, de 18 años. Fue detenido el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún, durante un operativo conjunto de personal uniformado y civiles, y llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado.

B) Muertes en ejecuciones

El 12 de septiembre de 1973, Mercedes del Pilar Corredera Reyes, de 8 años, murió en Santiago víctima de un impacto de bala en la rodilla izquierda.

El 14 de septiembre de 1973 muere en Santiago Ángel Gabriel Moya Rojas, de 15 años.

La víctima se dirigía a su casa junto a un amigo, antes del toque de queda, encontrándose con una patrulla de militares que los detuvieron y allanaron. Luego, les dieron orden de correr y les dispararon. La víctima murió instantáneamente.

El 14 de septiembre de 1973 fue ejecutada en Talca Claudia Andrea Valenzuela Velázquez, de 6 años. En los mismos hechos resultaron muertos sus padres y heridos sus dos hermanos menores. Los antecedentes reunidos por esta comisión acreditan que la casa fue allanada en la madrugada por carabineros y las víctimas ejecutadas en su interior.

El 16 de septiembre de 1973, junto a sus dos hermanos, fue ejecutado en la población Los Nogales (Santiago) Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo, de 16 años. Los efectivos policiales ingresaron violentamente en el domicilio de los afectados golpeando a sus moradores y allanando la vivienda. Llevaron retenidos a los tres hermanos hasta la esquina. Allí, ante la presencia de testigos, los ejecutaron.

El 18 de septiembre de 1973, efectivos de los Carabineros detienen en su domicilio a Gabriel Marcelo Cortez Luna, de 17 años. Fue trasladado a la Segunda Comisaría de Chillán. Un mes después, la familia se enteró de que había sido enterrado en el cementerio. Fue exhumado y reconocido por los familiares. El cuerpo fue encontrado con huellas de bala en la cabeza.

El 19 de septiembre de 1973 fue ejecutado Luis Gilberto Matamala Venegas, de 16 años. Efectivos de Carabineros de la Tenencia San Joaquín ingresaron violentamente al domicilio del joven en la población Isabel Riquelme de Santiago. Sin siquiera preguntarle el nombre, le dispararon, dejándolo herido de gravedad, y se retiraron inmediatamente. Falleció cuando era trasladado a la Cruz Roja.

El 19 de septiembre de 1973 muere Segundo Enrique Thomas Palavecinos, de 15 años. Ese día, el menor tomó un bus, el cual fue interceptado por carabineros, procediendo a detener a todos los pasajeros varones. El cuerpo, encontrado en la vía pública, presentaba múltiples impactos de bala, según expresa el certificado de defunción.

El 19 de septiembre de 1973, en Tocopilla, fue muerto Ernesto Manuel Moreno Díaz, de 18 años.

El 18 de septiembre había sido detenido junto a otro joven por carabineros de Tocopilla para ser trasladados a la comisaría de ese lugar. El día siguiente, sus cuerpos fueron entregados en la morgue del hospital de la ciudad, explicándose que la muerte ocurrió en el curso de un intento de fuga. El estado en que se hallaban los cuerpos mostraba que los jóvenes habían muerto a golpes e impactos de bala.

La Comisión de Verdad y Reconciliación se formó convicción de que la muerte de ambos detenidos constituyó una ejecución al margen de toda legalidad, de responsabilidad de agentes del Estado.

El 21 de septiembre de 1973 fue ejecutado en Santiago Patricio Enrique Manríquez Normabuena, de 17 años. El día anterior fue detenido por carabineros de la Cuarta Comisaría, quienes además allanaron su casa y se llevaron algunos libros. El día 22 de septiembre de 1973 fue hallado el cadáver del joven presentando múltiples heridas de bala. Al lado del cuerpo estaban los libros que los aprehensores habían sacado del domicilio del menor.

El 21 de septiembre de 1973, carabineros de la comisaría Walker Martínez de Santiago detienen en su domicilio a tres personas, entre las cuales se incluye a Manuel José González Allende, de 16 años. Según testigos de los hechos, los uniformados se encontraban en estado de ebriedad y durante la detención allanaron el domicilio de los afectados. Al día siguiente, los familiares encuentran los cadáveres de las víctimas en la ribera del río Mapocho.

El 23 de septiembre de 1973 fue ejecutado en Santiago Fernando Isidro Vera Ortega, de 18 años. El afectado había sido detenido en su domicilio de la población La Pincoya en el curso de un allanamiento colectivo. Todos los detenidos fueron llevados a la cancha de la población y luego a la unidad de carabineros de La Pincoya. Posteriormente su cuerpo fue encontrado en la carretera del General San Martín. La data de su muerte es el mismo 23 de septiembre. Su cuerpo presentaba heridas de bala craneal y torácica.

El 24 de septiembre de 1973 fue ejecutado, tras ser detenido por personal de Carabineros, Roberto Hernán Cáceres Santibáñez, de 16 años. Fue llevado a la Cuarta Comisaría de Carabineros. Días después, su cuerpo, remitido por la Fiscalía Militar, fue encontrado en el Instituto Médico Legal, presentando múltiples impactos de bala.

El 27 de septiembre de 1973 muere en Santiago el menor Juan Patricio Palma Rodríguez, de 17 años. El afectado había desaparecido cerca de su domicilio el 11 de septiembre de 1973, en el curso de un operativo en que fueron detenidas varias personas. El cadáver del menor apareció cerca del Cementerio Metropolitano y la causa de la muerte fue por herida de bala. El cuerpo de la víctima nunca fue visto por la familia y quedó sepultado en el patio 29 del Cementerio General de Santiago.

El 28 de septiembre de 1973 mueren Omar Enrique Balboa Troncoso, de 18 años, y Patricio Humberto Parra Quintanilla, de 14. Fueron ejecutados tras ser detenidos en sus domicilios de la población Villa La Cisterna n.º 1 por efectivos de la Fuerza Aérea, perteneciente a la base aérea El Bosque. El Instituto Médico Legal informó a los familiares de que los cuerpos de ambos habían aparecido a un costado del Cementerio Metropolitano con múltiples heridas de bala y que estaban enterrados en el patio n.º 29 del Cementerio General.

El 10 de octubre de 1973, Miguel Ángel Ríos Traslaviña, de 16 años; Rogelio Gustavo Ramírez Amestica, de 18, y Marco Orlando Ríos Bustos, de 15 años, fueron ejecutados tras ser detenidos por una patrulla militar en un establecimiento donde jugaban «taca-taca». Los jóvenes fueron sacados a la calle, en presencia de vecinos del sector. Fueron golpeados por los uniformados y obligados a correr, siendo acribillados en ese momento dos de ellos. El tercero siguió corriendo hasta llegar al puente Iquique, donde fue muerto por otra patrulla.

El día 5 de octubre de 1973, en Angol, muere ejecutado Luis Cotal Álvarez, de 15 años. El bando n.º 64 de la autoridad militar dio a conocer que ese día habían sido fusilados dos terroristas por asaltar el cuartel. Los militares lo detuvieron en la vía pública en horas de toque de queda. Según testigos presenciales, ambos detenidos fueron conducidos a una bodega en construcción, donde fueron golpeados y luego ejecutados mediante varios tiros de arma de fuego. Los cuerpos fueron abandonados esa noche y recogidos la madrugada siguiente por un vehículo militar. Nunca fueron entregados a sus familiares.

El 6 de octubre de 1973 fue muerto Héctor Enrique Hernández Garcés, de 17 años. Fue detenido por militares el 27 de septiembre de 1973 en su domicilio. En el curso de un operativo militar realizado en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, fueron detenidas otras diez personas. Todas ellas fueron ejecutadas el día 6 de octubre de 1973 por efectivos del Ejército, en el centro de detención Cerro Chena, mediante múltiples impactos de bala.

El 8 de octubre de 1973, en la localidad de Galvarino, muere ejecutado Julio Augusto Ñiripil Paillao, de 16 años. Una patrulla llegó a su domicilio, integrada por efectivos del Ejército y carabineros de Lautaro acompañados de un civil de la zona. Lo ejecutaron en el patio; su madre recogió el cuerpo y lo sepultó. No se certificó oficialmente la muerte.

El 9 de octubre de 1973, en el sector denominado «Baños de Chihuío», personal del Ejército dio muerte a diecisiete personas, entre ellas al menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años. Ese día, un convoy militar integrado por efectivos de los regimientos Cazadores y Maturana, ambos con asiento en Valdivia, compuesto por varios jeeps y camiones y con una dotación aproximada de noventa personas, inició su viaje hacia el sector sur del complejo maderero Panguipulli.

En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono, los militares detuvieron a los campesinos, en sus domicilios o lugares de trabajo, o los recibieron de manos de carabineros. En horas de la noche se les condujo a un fundo, de propiedad de un civil, denominado «Baños de Chihuío». Los prisioneros fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a una distancia aproximada de 500 metros, lugar en que se les ejecutó. Al día siguiente, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que la mayoría de los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago, e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala. Los cadáveres de los ejecutados permanecieron en el lugar de la ejecución durante varios días, cubiertos tan solo con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos quince días después fueron enterrados por los efectivos militares, en fosas de diferentes dimensiones.

En fecha que no es posible determinar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios del 79, personas de civil llegaron hasta la casa patronal del fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Estos civiles, con otros que les acompañaban, excavaron durante toda una noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a otro lugar desconocido.

El 13 de octubre de 1973 fue ejecutado Héctor Eugenio Araya Garrido, de 18 años. Ese día, junto a otra persona había sido detenido por efectivos del Ejército pertenecientes al regimiento Yungay, quienes realizaban un operativo en la población La Pincoya 1. De acuerdo a testimonios, permaneció recluido en el recinto de Quinta Normal en que dichos efectivos se encontraban acantonados. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en el Instituto Médico Legal. Presentaba múltiples heridas de bala craneanas y torácicas.

El día 13 de octubre de 1973 muere Víctor Iván Vidal Tejeda, de 16 años. Había sido detenido por personal militar en la población La Pincoya, quienes lo llevan a la cancha de la población y luego, presumiblemente, al lugar donde se encontraban acantonados en la Quinta Normal. Dos meses después, su madre encuentra en el Instituto Médico Legal una carpeta con los antecedentes de su hijo, quien habría sido trasladado a ese lugar el 14 de octubre.

En la madrugada del 14 de octubre de 1973, ocho personas son ejecutadas por efectivos de Carabineros. Entre ellas, Elizabeth Leónidas Contreras, de 14 años, quien se encontraba embarazada, y Jaime Max Bastias Martínez, de 17 años.

El 13 de octubre de 1973, una patrulla de Carabineros había procedido a detener, ante testigos, a un grupo de personas. Fueron llevados a la 20 Comisaría de Puente Alto y más tarde a la 4 Comisaría de Santiago.

El 14 de octubre de 1973, fueron subidos a un jeep y llevados a orillas del río Mapocho, a la altura del puente Bulnes. En este lugar, y ante testigos, les obligaron a descender del vehículo. Les gritaron que arrancaran y de inmediato comenzaron a dispararles.

El 15 de octubre de 1973 es ejecutado Sergio Manuel Castro Saavedra, de 15 años. Ese mismo día había sido detenido en su domicilio, en la comuna de Renca, por efectivos del Ejército y de Carabineros. El cuerpo apareció en el cerro Quilicura, en un sitio muy cercano al lugar de la detención, presentando una herida de bala abdominal.

En Antofagasta, el 19 de octubre de 1973 fueron ejecutadas catorce personas.

Entre las catorce personas ejecutadas el 14 de octubre de 1973, había un menor: Darío Armando Godoy Mansilla, de 18 años, detenido en Tocopilla y trasladado luego a la cárcel de Antofagasta.

El 19 de octubre de 1973 fueron ejecutadas por personal militar en el camino entre Calama y Antofagasta veintiséis personas entre las cuales estaba el menor José Gregorio Saavedra González, de 18 años. Detenido el 24 de septiembre de 1973, se desconoce su paradero hasta el 29 de septiembre, fecha en que es llevado a la Fiscalía Militar. Es procesado y relegado al sur del paralelo 38.

El 20 de octubre de 1973, una información oficial emanada del jefe de plaza señalaba que veintiséis detenidos de la cárcel de Calama habían sido muertos por el personal militar que les transportaba a la cárcel de Antofagasta cuando intentaron huir.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se formó convicción de que los fusilamientos de Calama fueron ejecutados al margen de la ley con crueldad y ensañamiento.

El 20 de octubre de 1973 son ejecutadas cuatro personas, entre ellas dos menores: Carlos Octavio Chamorro Salinas y Miguel Ángel Ponce Contreras, ambos de 18 años. Fueron detenidos en la población San Gregorio por efectivos de Carabineros. Ese mismo día, los cuatro cuerpos sin vida aparecieron en diferentes lugares de Santiago con numerosos impactos de bala.

El 21 de octubre de 1973 fueron ejecutados por efectivos del Ejército dos hermanos, uno de ellos menor de edad: Miguel Ángel Valdivia Vásquez, de 16 años. Fueron detenidos en su domicilio en San Bernardo, ante la presencia de sus familiares, por una patrulla de militares que pertenecía al regimiento de infantería de San Bernardo. Fueron conducidos hasta el cerro Chena. En ese lugar se les ordenó correr mientras comenzaban a dispararles, resultando muertos en el mismo lugar.

El 23 de octubre de 1973, la prensa de Arica informa de la ejecución de Luis Pedro Solar Welchs, de 18 años. Según esta información, el joven fue sorprendido por una patrulla militar del Ejército en el interior de un recinto militar debidamente señalizado. Estando bajo custodia, intentó arrebatarle el arma a un centinela con intención de dispararle, lo que obligó a otro centinela a ajusticiarlo en el acto.

El 25 de octubre de 1973 fueron ejecutados en Valdivia, por personal de Carabineros y probablemente del Ejército, tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad: Juan Bautista Fierro Pérez, de 17 años, y Pedro Fierro Pérez, de 16.

Fueron detenidos el 20 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos de Carabineros y militares y llevados a la tenencia Gil de Castro. Los tres fueron ejecutados.

En octubre de 1973 murieron cuatro personas que fueron detenidas en Puerto Saavedra. En tres de los casos, los hechos se produjeron la noche que llegó a esa localidad un contingente de militares provenientes de Temuco. Los cadáveres fueron abandonados y encontrados por sus familiares en el río Imperial con numerosos impactos de bala. Entre ellos estaba el menor Francisco Segundo Curamil Castillo, de 18 años.

El 8 de noviembre de 1973, por sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia, fueron ejecutadas tres personas acusadas de asaltar la tenencia de Carabineros Gil de Castro. Entre ellas había dos menores, Cosme Ricardo Chávez Oyarzun y Víctor Joel Gatica Coronado, ambos de 18 años.

El 26 de noviembre de 1973 fueron ejecutadas en Santiago cinco personas, entre las cuales estaba el menor Juan Domingo Arias Quezada, de 17 años.

El 27 de noviembre, vecinos de El Arrayán escucharon la subida de un vehículo pesado, alrededor de las 4:00 horas, y múltiples disparos. Ese mismo día, los cuerpos sin vida de los cinco fueron encontrados por un vecino. La autopsia determinó que murieron por múltiples balas de grueso calibre. Dos de ellos se encontraban amarrados. Según familiares, el grupo habría intentado asilarse en una Embajada, siendo sorprendidos por una patrulla militar que los habría detenido.

El 19 de diciembre de 1973 fue ejecutado el menor Demetrio Max Álvarez Olivares, de 17 años. Había sido detenido por efectivos de investigaciones en su domicilio el 3 de diciembre de 1973. Junto con él fueron detenidos otros militantes de izquierdas, todos los cuales fueron conducidos al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, después a la cárcel pública y finalmente al regimiento Buin, para ser interrogados. En este último lugar se pierde el rastro de los detenidos, apareciendo sus cuerpos en el Instituto Médico Legal. La autopsia indica como causa de muerte «herida de bala».

El 8 de marzo de 1974 fueron muertos en Santiago Waldo Antonio Riquelme Avilés, de 22 años, y Nicolás Flores Mardones, de 18. Ambos fueron detenidos en un allanamiento que ese mismo día se realizó en la población Quinta Bella por efectivos militares del regimiento Buin. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en una acequia en un sector denominado «Camino La Herradura». La autopsia señala como causa de muerte heridas de bala, disparadas por la espalda.

El 21 de octubre fue muerto Iván Nelson Olivares Coronel, de 18 años. Ese día, en horas de toque de queda llegaron a su domicilio agentes de la DINA. Olivares huyó, refugiándose en el jardín de una vecina. Fue encontrado por los agentes, quienes le dispararon, lo envolvieron en una sábana y llevaron en camioneta.

El 24 de marzo de 1976 fue muerto en Santiago el menor Patricio Amador Álvarez López, de 17 años. La noche anterior había sido detenido frente al Liceo Nocturno n.º 4 junto a otros tres jóvenes. A las pocas cuadras, los detenidos, a excepción del afectado, fueron liberados por sus captores. El cadáver de la víctima apareció al día siguiente en el Instituto Médico Legal, donde fue llevado por carabineros, y se comprobó que la causa de muerte era una herida de bala y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones contusas en la cabeza, tórax y extremidades.

El 10 de julio, efectivos de Carabineros practicaron un allanamiento al inmueble de calle Mamiña n.º 150 de Santiago, encontrando los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven de 18 años Isidro Salinas Martín, hijo de una de ellas. Considerando los datos reunidos, la Comisión de Verdad y Reconciliación llegó a la conclusión de que las dos hermanas y su hijo fueron ejecutados por carabineros.

C) Muertes por tortura

Gonzalo Elías Frez Gallardo, de 18 años, murió el 24 de marzo de 1984, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de funcionarios de investigaciones de Chile, cuando se presentó ante esa institución en La Ligua, pues su familia le dijo que lo buscaban. La causa de la muerte fueron los traumatismos cráneo-encefálico y cervical derivados de la acción de terceros.

El 24 de junio de 1989 fue detenido en la vía pública por carabineros de Curacautin, Marcos Quezada Yáñez, de 17 años. Trasladado al retén policial, murió horas después a causa de «shock por probable acción eléctrica», según la autopsia. El menor no se suicidó, como indica la versión oficial, sino que murió a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

D) Muertes en otras circunstancias

El 13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, de 17 años. La víctima se encontraba en una reunión en una casa particular de la ciudad de Osorno cuando irrumpió una patrulla militar con la intención de detener a los participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los militares le dispararon, dejándolo herido de muerte; falleció el mismo día 13.

El 15 de septiembre de 1973 muere Juan Fernando Vásquez Riveros, de 15 años. El 13 de septiembre, cuando aún no se iniciaba el toque de queda en Santiago y mientras un pelotón de carabineros se encontraba allanando el sindicato de la empresa Ferriloza, el afectado pasaba por la calle. Sin que mediara orden de alto alguna procedieron a dispararle, resultando herido y falleciendo posteriormente en el hospital.

El 17 de septiembre de 1973 fueron muertos por una pareja de carabineros en su domicilio común, un padre y su hijo de 17 años de edad, José Domingo Gómez Concha. Testimonios múltiples declaran que no existió provocación alguna por parte de las víctimas. Los autores de las muertes obligaron a los familiares a enterrarlos en el plazo de dos horas por los propios familiares.

El 26 de febrero de 1974, una patrulla militar detuvo en su domicilio a Vasco Alejandro Ormeño Gajardo, de 18 años. En mayo de 1974, su cadáver fue encontrado en el fundo Landa, presentando una herida de bala. Posteriormente, un efectivo militar reconoció ante un fiscal militar haber detenido y dado muerte al joven.

El 20 de julio de 1974 muere Daniel Cáceres Peredo, de 17 años. Deficiente mental. De acuerdo con los testimonios recibidos, el afectado fue herido por una patrulla militar frente al Hospital de San Bernardo. El afectado se escapó del servicio médico, donde era atendido, y fue interceptado por una patrulla militar, quienes lo hieren estando ya detenido. Muere más tarde en el hospital y la causa es herida de bala.

Lorena del Pilar Escobar Lagos, 3 años, murió en Santiago el 8 de octubre de 1978. Carabineros entraron disparando a la casa de un tío de la víctima.

Luis Fernando Riquelme Castillo, 14 años. El 4 de agosto de 1985 falleció a causa de disparos efectuados por agentes del Estado, sin que hubiera existido provocación alguna.

María Cristina Gutiérrez Gutiérrez, 16 años. El 7 de marzo de 1986 falleció a consecuencia de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Ramón Leopoldo Duarte Reyes, de 18 años. Murió el 30 de octubre de 1988 al detener al afectado mientras se encontraba en la vía pública en Llolleo. Murió por herida de bala.

Dentro del esquema general de eliminación selectiva de personas, también lo fueron por razones étnicas y religiosas.

A) Por razones étnicas

1. José Guillermo Purran Treca, de 37 años, dirigente de la comunidad indígena Callaqui.

2 y 3. Juan de Dios Rubio Llancao y su hermano Julio Alberto Rubio Llancao, de 38 y 36 años, respectivamente, dirigentes de la comunidad indígena Calañicú.

4. José María Trarnamil Pereira, de 47 años, cacique de la comunidad Trapa-Trapa.

Fueron detenidos y desaparecieron el día 12 de septiembre de 1973 en Santa Bárbara de la provincia de Bio-Bio.

5. José Domingo Llabulen Pilquinao, de 44 años, detenido el día 11 de octubre de 1973 en Lantaro, perteneciente a la etnia mapuche y desaparecido desde entonces.

6. Antonio Aminao Morales, pequeño agricultor de 49 años, presidente del JAP y dirigente mapuche, es detenido el 11 de septiembre de 1973 y puesto en libertad, sin embargo el 24 de septiembre queda detenido y desaparece.

7. Luis Quinchavil Suárez, exdirigente mapuche y militante de MR, es detenido en la frontera argentino-chilena el 19 de febrero de 1981 por funcionarios argentinos, que lo ponen a disposición de los chilenos, en cuyo poder desapareció.

B) Por razones religiosas

La represión tuvo una especial incidencia en los ciudadanos de ascendencia judía en Chile, que fueron objeto de una especial crueldad en las torturas por su origen judío.

Los casos que se relatan son:

David Silberman Gurovich, secuestrado, torturado y desaparecido. Consta en autos el testimonio de monseñor Fernando Ariztia, presidente actual de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Chile, según el cual Augusto Pinochet tenía conocimiento de la detención de David Silberman. El 4 de octubre de 1974 desapareció David Silberman Gurovich, gerente general de la empresa Cobre-Chuqui durante el gobierno de la Unidad Popular, ingeniero. El afectado había sido condenado en el Consejo de Guerra de Calama a la pena de trece años de prisión. A diferencia de los demás condenados en Calama, David Silberman fue trasladado el 30 de septiembre de 1973 a la penitenciaría de Santiago a cumplir su condena (varios de los condenados y colaboradores de David Silberman en Cobre-Chuqui fueron ejecutados al margen de todo proceso, en octubre de 1973, por una comitiva militar llegada desde Santiago bajo el mando del general Arellano Stark). En una compleja operación que incluye suplantación de identidades, intervención de teléfonos, falsificación de documentos y otras artimañas, David Silberman fue secuestrado desde la penitenciaría por agentes de la DINA. La víctima permaneció en el centro José Domingo Cañas, donde fue intensamente torturado. Y posteriormente fue llevado a Cuatro Álamos, donde desaparece a fines de octubre.

Diana Frida Aron Svigilisky, secuestrada, torturada y desaparecida. El 18 de noviembre de 1974 fue detenida en la vía pública en la comuna de Ñuñoa Diana Frida Aron Sviliski, quien, como producto de la detención, resultó herida de bala.

Carlos Berger Guralnik, de 30 años de edad, periodista y abogado, director de la radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. Detenido el 11 de septiembre en las dependencias de radio El Loa, sometido a consejo de guerra el 29 de septiembre y condenado a sesenta días de prisión. En el momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena.

Luis A. Guendelrnan Wisniak. El 2 de septiembre de 1974 fue detenido en su domicilio de la comuna de Las Condes Luis Alberto Guendelman Wisniak, por agentes de la DINA que traían detenido a un amigo suyo, el que fue liberado tiempo después. Luis Guendelman permaneció en recintos de la DINA y fue visto por última vez en Cuatro Álamos siendo torturado. En julio de 1975 la DINA intentó hacer pasar un cadáver encontrado en Argentina como los restos de Luis Guendelman, en una maniobra de desinformación conocida como «Colombo».

Manuel Elías Jana Santibáñez. El 17 de febrero de 1975 fue muerto el exalcalde de Cañete durante el anterior Gobierno, Manuel Elías Jana Santibáñez, militante del PS, quien había sido detenido el 13 de febrero de 1975 luego de tener una audiencia con el intendente de Arauco. Su cuerpo fue hallado en el Hospital Naval de Talcahuano, lugar donde se lo entregaron en un ataúd sellado. La víctima estuvo detenida en el gimnasio de la base naval de Talcahuano, donde fue sacado de su lugar de reclusión poco antes de su muerte, con vida y con la indicación de que lo llevaban al hospital.

Georg Max Klein Pipper, 27 años, médico psiquiatra, asesor del presidente de la República de Chile. Detenido en el Palacio Presidencial, torturado y desaparecido desde el 1 de septiembre de 1973.

Abraham Muskatblit Eidelstein. El 19 de septiembre de 1974 a las 3:00 horas de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista, del sector Casas Viejas, doce individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén. Esa misma noche, civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Foro, de la Vicaría de la Solidaridad. Estos hechos se los atribuyó el comando autodenominado «11 de Septiembre» de la policía.

Jorge H. Muller Silva. El 29 de noviembre de 1974 fueron detenidos en la vía pública, en Santiago, cuando se dirigían a su trabajo, Jorge Hernán Muller Silva y su compañera de trabajo en Chile Films, Carmen Cecilia Bueno Cifuentes. Ambos fueron llevados al recinto de Villa Grimaldi y luego trasladados a Cuatro Álamos, desde donde desaparecieron en poder de la DINA.

Raúl Pellegrin Friedmann, torturado y asesinado. El 21 de octubre de 1988, un grupo del PFMR a cargo de los máximos dirigentes Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, atacó el poblado de Los Queñes, donde murió un cabo de Carabineros; hecho esto, emprendió su huida por las montañas. Días más tarde, el 28 de octubre de 1988, en el río Tinguirica fue encontrado el cadáver de Cecilia Magni y el 31 de octubre lo sería el de Raúl Pellegrin. Según los informes de autopsia, ambos cadáveres presentan lesiones contusas y huellas de aplicación de electricidad. En cuanto al cadáver de Raúl Pellegrin, se señala que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en agua y contusiones torácicas dorsales, las que se explican por acción de instrumentos romos contundentes, dada su topografía y profundidad y la ausencia de lesiones externas.

Matilde Pessa Mois. Secuestrada, torturada y desaparecida. El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional, el matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Boertnik, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. A partir de ese momento desaparecen. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.

Juan Carlos Perelman Ide, secuestrado, torturado y desaparecido. El 20 de febrero de 1974, fue detenido el también militante del MIR Juan Carlos Perelman Ide, junto con su compañera, la que tiempo después fue liberada y pudo constatar su permanencia en Villa Grimaldi.

Jacobo Stoulman Boertnik, secuestrado, torturado y desaparecido. El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional, el matrimonio chileno formado por Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Boertnik, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina.

Ernesto Traubmann Riegelhaupt, secuestrado y desaparecido. El 13 de septiembre de 1973 desaparece Ernesto Traubmann Riegelhaupt, checoslovaco, 49 años, relacionador público de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Fue detenido en la madrugada del mismo día por carabineros. Ambos fueron conducidos a la 7 Comisaría y de ahí al Ministerio de Defensa. A pesar de las gestiones efectuadas por su familia, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. No consta tampoco la salida del país de la víctima.

José Joaquín Valenzuela Levi. En la madrugada del día 15 de junio de 1987, en la calle Pedro de la comuna de Conchalí se produjo el último episodio donde fallecieron un mayor número de personas, entre ellas José Joaquín Valenzuela Levi, estudiante. La versión oficial señala la existencia de un enfrentamiento en la ocasión, del cual habrían resultado muertas las víctimas antes mencionadas, logrando escapar otra persona.

Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky. Muerto. Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago, a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, economista. Sin intimársele la rendición, agentes de la CNI que se encontraban esperándolo le dispararon causándole la muerte.

Entre las víctimas de la represión por Augusto Pinochet, existen varios ciudadanos españoles y descendientes de españoles, entre los que destacan:

1. Carmelo Luis Soria Espinoza, español, funcionario de Naciones Unidas, militante del Partido Socialista detenido el 15 de julio de 1976, y ejecutado el 16 de julio de 1976, hallándose su cadáver el 17 en el canal El Carmen.

2. Antonio Llidó Mengual, sacerdote de nacionalidad española y vinculado al MIR, detenido en octubre de 1974, ingresado en el centro José Domingo Cañas y trasladado a Cuatro Álamos, donde desaparece en poder de la DINA.

3. Michelle Peña Herreros, compañera sentimental de Ricardo Ernesto Lagos, detenida a finales de junio de 1975, de nacionalidad española y embarazada de ocho meses y militante del Partido Socialista, fue encerrada en la torre de Villa Grimaldi, objeto de torturas y posteriormente desaparece en manos de la DINA como su compañero. El niño nació en cautividad sin que se haya vuelto a tener noticias del mismo.

4. Enrique López Olmedo, de nacionalidad española, miembro del MIR, es ejecutado el 11 de noviembre de 1977 después de ser detenido en Valparaíso a finales de octubre por efectivos de la Armada.

5. Juan Alsina Hurtos, español, sacerdote católico y jefe de personal del hospital San Juan de Dios de Santiago, es ejecutado el 19 de septiembre de 1973 en las riberas del río Maocho por efectivos del regimiento Yungay.

6. Antonio Elizando Ormaechea, de nacionalidad española y militante del MAPU, es detenido junto a su cónyuge Elizabeth Mercedes Rakas Urra, embarazada de cuatro meses, el 26 de mayo de 1976, sin que desde ese momento se sepa su paradero.

7. José Tohá González, abogado, ministro de Defensa del Gobierno del presidente Allende, hijo de españoles, es detenido el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Posteriormente se le envía a la isla Dawson, donde es sometido a torturas. A continuación, y sucesivamente, se le traslada a varios recintos de detención en los que se deteriora su salud gravemente, falleciendo el 15 de marzo de 1977 por la acción de los agentes del Estado, que pretextaron un suicidio cuando en realidad su estado le impedía valerse por sí mismo.

El 10 de diciembre de 1998, un día después de que Jack Straw, el ministro del Interior británico, decidiera continuar el procedimiento de extradición, emití el auto de procesamiento y ratifiqué los argumentos y calificación de los delitos y los embargos de cuentas que había acordado en diferentes resoluciones del mes anterior.

Últimos días de diciembre de 1998

Ante la situación que se había generado con la nulidad de la primera decisión de la Cámara de los Lores, el 24 de diciembre dicté un auto en el que identifiqué las evidencias que describían cómo «con carácter previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el procesado Augusto Pinochet, a la sazón comandante en jefe del ejército chileno, planeó en unión de los demás responsables máximos de las otras armas y del cuerpo de Carabineros, no solo el golpe militar que perseguía como finalidad la destitución y muerte del presidente constitucional Salvador Allende, cosa que consigue, sino también la eliminación sistemática de personas en función de su liderazgo de las diferentes áreas, sean culturales, laborales, sociales, religiosas o políticas; o su neutralización personal y política, a través de actos violentos fruto de la conspiración urdida y que se plasman en la detención, secuestro, desaparición forzada, torturas y muerte».

Seguidamente enumeré los actos concretos a través de los cuales los conspiradores habían preparado y planificado en cumplimiento del pacto conspirativo: reuniones previas a cuyo frente estaba Pinochet; práctica de tortura y ejecuciones previas por la acción de personal militar; el hecho de que las detenciones, desapariciones y torturas «comienzan en todo el país, en forma simultánea al desarrollo del golpe militar el día 11 de septiembre de 1973 y recaen sobre personas perfectamente identificadas con sus datos y circunstancias plasmadas en listas elaboradas por los responsables militares y entregadas en sobres cerrados a los de cada unidad para abrir y ejecutar su contenido en el mismo momento, siguiendo el criterio de obediencia general a la Orden Militar Conjunta», porque, previamente a la fecha del golpe, «se habían dado las órdenes oportunas e invertido los fondos públicos necesarios para la adquisición, colocación de los aparatos de tortura que comienzan a utilizarse en esa fecha en forma generalizada sobre las víctimas; los centros clandestinos de detención y tortura están seleccionados y con perfecta distribución se utilizan desde el mismo momento del golpe militar», e igualmente estaba previsto «el sistema de desaparición de personas, a través de la ocultación de sus cuerpos en lugares no identificados de modo que se impide la recuperación del cadáver o saber si está muerto o secuestrado».

El propio Augusto Pinochet, en su libro El día decisivo: 11 de septiembre de 1973, reconocía que desde hacía tiempo venía preparando el pronunciamiento militar. El general Joaquín Lagos Osorio reconoció la existencia de listados de personas a las que se pretendía eliminar elaborados por los servicios de información. Por su parte, los testimonios de Orlando Letelier, aportados por su hermana Fabiola Alicia, y del general Carlos Prats, ambos asesinados por orden del dictador, serían la base para que posteriormente se concediera la extradición por conspiración para torturar.

1999: el proceso de extradición continúa

La vista para determinar si cabía proseguir con el procedimiento —después del fiasco de la primera resolución y su nulidad— comenzó el 18 de enero de 1999 ante el Comité de Justicia de la Cámara de los Lores. Cinco lores, en función de máxima autoridad judicial, estudiaron los argumentos del representante del Reino de España como demandante de la extradición, Alun Jones, un excelente abogado que actuó con esmero y dedicación ante un caso nada fácil. Asistí a las sesiones del Comité apoyando a la defensa y aportando los argumentos que me fueron requeridos. Realmente, la concurrencia de un juez español en tal ocasión, a pesar de que algún miembro del CGPJ cuestionó esa presencia con una ceguera histórica evidente, como suele acontecer con los mediocres, fue un acontecimiento histórico que no se ha vuelto a producir. La Justicia española estuvo presente en el momento más importante de un proceso de extradición único, por crímenes de genocidio, terrorismo y tortura contra un ex jefe de Estado.

En la nueva vista, que se extendió hasta el 4 de febrero de ese año, se plantearon más cuestiones que la simple inmunidad soberana del dictador. La irretroactividad de la ley penal, la definición de los crímenes merecedores de la extradición por estar amparados en el principio de doble incriminación, la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Por su parte, el Estado chileno abandonó la defensa de la inmunidad soberana y defendió la primacía y exclusividad de Chile para juzgar en exclusividad a Pinochet, en base a los principios de territorialidad e igualdad entre Estados.

Previamente, en vista de los argumentos que había utilizado la Cámara de los Lores y siguiendo los consejos de la defensa británica, añadí nuevos cargos configurando lo que había sido la conspiración por parte de Pinochet y otros jefes militares para dar el golpe de Estado y el planeamiento de varios de los asesinatos que se incluían en el Operativo Cóndor.

El 24 de marzo de 1999, el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, compuesto por siete jueces, dictó sentencia en la que, extendiéndose más allá de la decisión sobre la inmunidad soberana que había sido el objeto de las decisiones anteriores, entró en otras cuestiones y especialmente en la interpretación y alcance de la doble incriminación. Se estableció la fecha del 8 de diciembre de 1988, momento en el que la mencionada Convención de las Naciones Unidas era aplicable a los tres países, como día de referencia para incluir los casos de tortura que se hubieran producido desde entonces hasta el momento en el que Pinochet dejó el cargo en diciembre de 1990. Hasta ese momento, en el planteamiento de la causa tanto el Central de Instrucción 6 como yo mismo nos habíamos centrado en el periodo anterior. Sin embargo, ante la certeza de que solo la conspiración (que, aun prosperando en Londres, tendría dificultades jurídicas en España, aunque le daba una característica de permanencia) y un único caso de tortura quedaban en el ámbito de aplicación de la norma, y observando la tendencia restrictiva que se respiraba, decidí en un tiempo récord incorporar nuevos casos para reforzar la decisión pendiente de Straw sobre la autorización para proceder a la tramitación de la extradición. Resultaba evidente que el caso estaba en el aire, hasta el punto de que la defensa de Pinochet contaba con la devolución a Chile y el Gobierno de este país tenía un avión preparado para llevárselo de forma inmediata.

Convoqué a las acusaciones y comenzamos una carrera frenética para que las víctimas de tortura sufrida durante el periodo señalado por la Cámara de los Lores pudieran prestar su testimonio y acreditar los hechos. De Chile, Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos, entre otros lugares, llegaron a Madrid decenas de testimonios y de víctimas y de esta forma conseguí, mediante diversas resoluciones, ampliar en casi cuarenta casos más las imputaciones contra Pinochet.

El 14 de abril siguiente (curiosamente, el día del aniversario de la proclamación de la Segunda República Española) el ministro Straw tenía que adoptar una difícil decisión: aceptar las sugerencias de la Cámara de los Lores de que, al haber sido drásticamente reducidos los cargos por la interpretación restrictiva del crimen de tortura y su vigencia respecto del periodo de mandato de Pinochet, este debía ser protegido en su inmunidad, o bien atender al interés preponderante de la defensa de las víctimas ante la gravedad de los hechos imputados y otorgar la autorización para proceder y continuar con el proceso de extradición, evitando la impunidad. La decisión fue la acertada y, gracias a ella, el procedimiento continuó y Pinochet siguió detenido en Londres y sometido a la espada de Damocles de la extradición solicitada por mí, por los cargos de tortura y conspiración para torturar. El esfuerzo conjunto hizo que la justicia continuara su curso en varios países que habían activado varios casos contra el dictador. Al día siguiente y en cumplimiento de la decisión de los Lores, el magistrado metropolitano dictó una nueva orden de detención acomodando la anterior a la postura judicial.

El procedimiento continuaría con múltiples incidencias procesales, pero el juez Graham Parkinson obligó a comparecer a Pinochet ante la Justicia británica para recibir la notificación de la extradición, siendo esta la única vez que compareció ante un juez hasta el momento en el que tuvo que hacerlo ante Juan Guzmán Tapia en Chile.

También en este país, Chile, no paraban de moverse las cosas y desde la denuncia del tratado de cooperación jurídica con España hasta la posibilidad de un arbitraje internacional, pasando por los «escraches» ante la Embajada española, a la que incluso se le suspendió el servicio de recogida de basuras, siguieron incidiendo y negociando políticamente para conseguir la devolución de Pinochet a su país. En ese momento se planteaba la posibilidad de desaforamiento y la «necesidad» de que fuera la justicia la que actuara contra Pinochet. Hasta el punto de que en la fase final del proceso y después de que el juez Ronald David Bartle, el 8 de octubre de 1999, concediera la extradición de Pinochet a España por delitos de torturas y conspiración para torturar, el candidato de la derecha chilena Joaquín Lavin, que disputaba la presidencia a Ricardo Lagos, llegara a decir que se debía juzgar al dictador en Chile.

Las incidencias del proceso en España

El 1 de mayo de 1999 amplié el procesamiento del exdictador por sesenta y cuatro casos de torturas, incluidos en las nuevas querellas recibidas en los dos meses anteriores. Estos casos no eran desconocidos, sino que ya fueron incorporados a las ampliaciones de la demanda de extradición contra el general. Incluía en el procesamiento todos los supuestos de torturas que figuraban en las nuevas querellas, si bien solo cincuenta casos de los nuevos, más los cuatro que figuraban en la demanda inicial, podrían ser juzgados en España de acuerdo con la limitación impuesta de que los hechos tenían que haber ocurrido con posterioridad al 8 de diciembre de 1988.

En España el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ante las acusaciones de que actuaba en connivencia con la defensa de Pinochet, reconoció el 7 de mayo de 1999 que había coincidencia en los argumentos jurídicos, pero nada más. La Fiscalía acababa de recurrir el auto de ampliación de procesamiento del exdictador chileno utilizando los mismos argumentos que la defensa de Pinochet había empleado en Londres al recurrir la autorización del ministro británico del Interior, Jack Straw, a que continuase el proceso de extradición del general, hecho que había provocado que fuentes de la Audiencia Nacional comentasen la existencia de una «cierta coordinación» entre la Fiscalía y los abogados del dictador.

El 27 de mayo la defensa de Pinochet solicitó en el Alto Tribunal de Justicia británico que se impugnara la decisión de Straw. Para ello aportó seis argumentos contra él, uno de los cuales estaba apoyado en un dictamen de dos folios del abogado Ernesto Díaz-Bastién, colegiado en Madrid, en el que señalaba que España carecía de jurisdicción para enjuiciar a Pinochet por tortura y conspiración para torturar. Díaz-Bastién fue uno de los abogados que defendió al sirio Monzer Al Kassar en el caso Achille Lauro.

El 30 de junio de 1999, Estados Unidos hizo públicos unos cinco mil documentos secretos sobre el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Pinochet en Chile. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos me autorizó a tomar declaración en calidad de testigo a Michael Townley, exagente de la policía secreta del régimen de Pinochet que participó, entre otros, en el secuestro, tortura y asesinato del funcionario español Carmelo Soria en Chile y en el atentado que costó la vida en Washington al excanciller y exministro de Defensa Orlando Letelier, ambos ocurridos en 1976. Por desgracia, esta autorización fue revocada después y, por tanto, el interrogatorio que tanta luz hubiera aportado nunca se llevó a cabo.

Dos días más tarde, el dictador ingresó en una clínica para someterse a exámenes del corazón. El informe médico solicitado por el Gobierno chileno afirmaba que «corre un importante riesgo de muerte por el agravamiento de su salud». Con este dictamen pareció coincidir más tarde, el 2 de septiembre, otro examen médico que reveló que «su salud es muy delicada». Sin embargo, todo ello no le impidió reponerse lo suficiente para reunirse el 11 de septiembre con parlamentarios y empresarios chilenos con el fin de conmemorar el vigésimo sexto aniversario del golpe militar de 1973.

El 3 de agosto de 1999 exigí explicaciones urgentes al ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, por la aparente entrega oficial a las autoridades chilenas de informes sumariales emitidos por el Ministerio Fiscal en el caso y sobre el eventual «arbitraje amistoso» con Chile para dirimir el futuro del exdictador al margen de la demanda de extradición cursada por España. Le advertí en términos inequívocos de que cualquier fórmula de arbitraje al margen de la jurisdicción penal podía afectar a la independencia judicial, por lo que, de suceder, reclamaría el amparo del CGPJ.

En concreto le pedí al ministro que informara al juzgado, «a la mayor brevedad posible», si se ajustaba a la realidad un artículo publicado el 11 de julio por el diario chileno El Mercurio, y firmado por el propio Matutes, en el que se afirmaba: «Mi Gobierno […] accedió a transmitir oficialmente, a través del Ministerio de Justicia, toda la información disponible que había solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal al oponerse a los diferentes pasos procesales adoptados por el juez, junto con las razones alegadas por la Fiscalía».

Dado el contenido del artículo, que en él se decía que la transmisión de información se hizo «oficialmente» a través del Ministerio de Justicia «y que este juzgado no ha sido requerido para suministrarla por ninguna de las partes», solicité que el ministro indicara «si la información remitida incluye actuaciones producidas en el seno del proceso y, por ende, protegidas por lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quienes no son parte en el mismo». En caso positivo, le preguntaba también «si le consta a ese Ministerio que dicha documentación haya sido utilizada oficialmente en cualquier ámbito que afecte al procedimiento que se sigue en este juzgado».

Citando el artículo 117 de la Constitución, según el cual el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por las leyes, yo señalaba que debía acreditarse «la realidad y veracidad» de la información sobre el arbitraje «antes de acordar lo que proceda». A tal efecto, pedía nuevamente al ministro de Asuntos Exteriores que informase «al juzgado, a la mayor brevedad posible», sobre «si alguna autoridad de ese Ministerio, o de cualquier otro, ha recibido en fechas próximas alguna comunicación del Gobierno de Chile en relación al sumario 19/97, y en concreto, a la situación y demanda de extradición de Augusto Pinochet Ugarte, sobre la eventual celebración de un arbitraje amistoso para conseguir la anulación de la demanda de extradición cursada por España. Caso positivo, ruego a V. E. me remita una copia de la misma». También pedía a Matutes que me contestase si «por ese Ministerio de Asuntos Exteriores o cualquier autoridad administrativa se ha solicitado dictamen al Consejo de Estado sobre el asunto antes referido, que se halla en el ámbito de la jurisdicción de este juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».

En una providencia, el 6 de septiembre de 1999 comuniqué al procurador y los abogados del dictador que no lo consideraría como parte en el proceso que se instruía contra él en España por genocidio, terrorismo y torturas, y que, por tanto, no admitiría la personación en la causa que habían solicitado sus defensores si el propio militar no se presentaba voluntariamente ante mí para ratificar la petición en un plazo de veinte días. Yo señalaba a ese respecto que «tales actos son personalísimos e indelegables en el proceso penal español para toda persona que se halle a disposición efectiva de la Autoridad judicial». Y es precisamente en esta frase donde anticipaba mi ulterior resolución en el caso de incomparecencia de Pinochet, como era previsible. Por un lado, hablaba de persona que se halle a «disposición efectiva», y Pinochet estaba detenido en Londres, pero no a disposición efectiva del juzgado, extremo que solo se conseguiría si accedía a entregarse en España. Pero ello acarrearía que el exdictador podría ser acusado de todos los delitos de los que se le imputaban, en lugar de las torturas cometidas a partir de diciembre de 1988. Por ello, aunque Pinochet se mostró dispuesto a venir a España y así lo hizo público en Londres, sus abogados José María Stampa Braun y Fernando Escardó le aconsejaron que olvidase la idea por ser gravemente perjudicial para sus intereses.

El Gobierno español rechazó el 14 de septiembre la petición de Chile de concurrir a un arbitraje internacional. Continuaron los movimientos políticos y diplomáticos, pero también el curso del proceso, y el 24 del mismo mes la Sala de lo Penal rechazó una petición del fiscal para que se ordenara la libertad de Pinochet, decisión que dio luz verde al proceso de extradición. El 27 de septiembre comenzaron las audiencias del juicio extraordinario en el tribunal londinense de Bow Street, que culminaron tres días después. La Fiscalía que representaba a España presentó treinta y cinco casos contra el acusado por los cargos de tortura y conspiración para cometer tortura posteriores a septiembre de 1988.

A su vez, el 24 de septiembre la Audiencia Nacional, en otra importantísima decisión, confirmó el auto de prisión del dictador y señaló, de conformidad con lo apuntado por mí, que en la causa «constan más de ciento siete indicios que permiten mantener su imputación». El tribunal sostenía, en contra de las tesis del fiscal, que el ex jefe del Estado chileno estaba acusado en España de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y explicaba que solo después de que fuera entregado a la Justicia española se podrían establecer los límites del proceso de extradición en relación con el reclamado, que siempre se fijarían de acuerdo con la resolución que dictaran las autoridades británicas.

La Audiencia Nacional entendía que el Convenio Europeo de Extradición se refiere al supuesto de que la persona reclamada ya hubiera sido entregada. Estaba claro, decía la resolución de la Audiencia, «que los límites del enjuiciamiento de la persona requerida no se encuentran todavía delimitados, a pesar de que la Cámara de los Lores ya se haya pronunciado en una ocasión».

Esos límites vendrían dados específicamente por la resolución definitiva que acompañara a la entrega efectiva del reclamado a las autoridades españolas. «Hasta tanto no se produzca dicha entrega, no podrá hablarse con propiedad de límites del proceso extradicional referidos al reclamado. Será entonces cuando el propio instructor, a la vista de la resolución inglesa, deberá establecer los límites del proceso penal y, en definitiva, los hechos por los que puede ser enjuiciado el entregado».

Y la Audiencia Nacional recordaba que a Pinochet «se le imputa haber impartido órdenes para la eliminación física de personas, para realizar torturas, secuestros y desapariciones de otras personas de Chile y diferentes nacionalidades y distintos países a través de las actuaciones de los servicios secretos (DINA) y dentro del Plan Cóndor. Todo ello en el contexto de una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes en Chile».

Pinochet, agregaba la resolución, «aparece como uno de los responsables máximos de la organización, en coordinación con otros responsables militares o civiles de otros países, entre ellos y en forma principal Argentina, de la creación de un órgano represivo internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de acciones ilegales (secuestros, torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas)».

La Audiencia sostenía que esos hechos eran constitutivos de delito de genocidio, en relación con asesinatos, detenciones ilegales y secuestros, terrorismo y torturas, de acuerdo con la legislación española. Y puntualizaba que «obran en la causa indicios más que suficientes para mantener dicha imputación».

«Cabe mencionar, sin ánimo alguno de exhaustividad —señalaba la decisión de la Sala— que obra en este Tribunal testimonio completo del sumario 19/97, en cuyas actuaciones recayó auto de procesamiento de fecha 10 de diciembre de 1998, en el que constan más de ciento siete indicios que permiten mantener la imputación de Augusto Pinochet, entre los que destaca por su importancia, el informe de la argentina Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y de los que se desprende la espantosa realidad de lo sucedido».

El tribunal consideraba que existía peligro de fuga del exdictador, desde la perspectiva de la necesidad de garantizar su asistencia al juicio: «Es evidente el riesgo de que el levantamiento de la medida cautelar [la prisión preventiva de Pinochet] pueda dar al traste con la efectividad del proceso penal».

Era un varapalo en toda regla a la Fiscalía por un lado, que se había opuesto a la petición de extradición, y al Gobierno de José María Aznar, que estaba sufriendo la peor crisis internacional de toda la legislatura, ya que no conseguía hacer comprender su posición a sus homólogos chilenos, país que era uno de sus más firmes aliados en América Latina.

La sentencia de extradición

En nuestro país, el ministro Abel Matutes anunció que España no recurriría una eventual decisión del ministro británico de liberar a Pinochet por razones humanitarias, interfiriendo una vez más en el procedimiento judicial en curso. La Fiscalía británica ya tenía una orden de mi juzgado para recurrir en todas las instancias a fin de conseguir la extradición de Pinochet, instrucción que reiteré el 1 de octubre.

El 5 de octubre la Fiscalía británica, tras la visita de los diplomáticos Miguel Aguirre de Cárcer y Carmen de la Peña, envió una carta dirigida a la Embajada española en Londres y a mí en la que sostenía que existían instrucciones conflictivas de una parte del Estado español con otra y que esto era inaceptable. El día 7, Matutes anunció que había comunicado a Londres por vía diplomática el apoyo al Gobierno de Chile ante el ministro Straw, a fin de que este considerara la cuestión humanitaria mientras el caso estaba todavía en fase judicial. Por tanto, Matutes volvió a desautorizarme.

«Siento la necesidad de subrayar que mi decisión en este caso está basada en la ley y solo en la ley—leyó el juez Bartle en un pasaje de la sentencia—. Si mi entendimiento de la ley es errado, un tribunal superior lo corregirá.» Era la señal esperada por las víctimas de Pinochet. El 8 de octubre, el magistrado presidente del tribunal penal londinense sentenció que Augusto Pinochet, de 83 años de edad, podría ser juzgado en España por treinta y cuatro delitos de torturas —los casos sobre los que envié documentación a Londres— y otro de conspiración para torturar. Delitos por los que el exdictador no gozaba de inmunidad, de acuerdo con la decisión de la Cámara de los Lores. El fallo fue recibido con lágrimas y emociones encontradas por los enemigos y partidarios del general, tanto en Londres como en Santiago y Madrid. «Es un día fabuloso para la humanidad», dijo uno de los portavoces de las víctimas del exdictador chileno.

«Si las desapariciones llegan a ser tortura, si el efecto sobre las familias de aquellos desaparecidos pueden llegar a ser tortura mental —sugería Bartle—, si esto ha sido o no el propósito del régimen del senador Pinochet es un asunto para el tribunal que lo ha de juzgar». Por estas razones, el juez consideró que se daban «todas las condiciones» que le obligaban a «poner al senador Pinochet a disposición de la decisión del Secretario de Estado» para su entrega a España.

La defensa del general recurrió el fallo el 22 de octubre, aunque antes intentó que el ministro de Interior británico accediera a repatriar a Pinochet a Chile por motivos humanitarios. El Gobierno chileno recibió como un golpe la sentencia, mientras en la calle los detractores del general la celebraban y sus seguidores la lloraban. Pinochet había sido eximido de comparecer ante el tribunal en el momento de pronunciar el fallo debido a su estado de salud. Y, ante la certeza cada vez más evidente de que Pinochet podía ser extraditado para ser juzgado, comenzó la farsa final de sus dolencias psíquicas y físicas para posibilitar la devolución a Chile sin esperar a la conclusión del procedimiento judicial.

El 27 de octubre rechacé de nuevo la personación del exdictador en la causa, recordando que Pinochet estaba fuera del alcance de la Justicia española y que lo que pretendía al reclamar su personación era que se «fuercen y violenten las normas procesales». En el auto señalaba: «El procedimiento penal solo se rige por los principios y reglas contenidas en la Constitución […] y otras normas […], y a todas ellas repugna el criterio a valoración política de una decisión como algo ajeno a dicho procedimiento, y este es el criterio que rige este sumario y seguirá rigiendo a pesar de los intentos de politización utilizados imprudente o maliciosamente por algunos».

La acción paralela en relación con Argentina

Paralelamente, el 2 de noviembre de 1999 ordené la busca y captura de noventa y ocho represores argentinos, entre ellos los expresidentes Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, para pedir su extradición y juzgarlos en España por los delitos de genocidio y torturas.

Mientras, por primera vez, la Justicia argentina se disponía a investigar las consecuencias del Plan Cóndor. Familiares de víctimas de la represión en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay habían presentado una querella contra los antiguos dictadores de sus respectivos países. Nombres como Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner aparecían en la denuncia, que recayó en el juzgado de Adolfo Bagnasco, el magistrado que instruía otra causa contra militares argentinos acusados del robo de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.

Los denunciantes definían la Operación Cóndor como «una asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado». Los abogados de los querellantes sostenían que la mayoría de los delitos fueron cometidos en Argentina, donde estaban gran parte de los refugiados de las dictaduras de América del Sur, por lo que la jurisdicción no podía ser cuestionada. Ni tampoco la extraterritorialidad, ya que fue pactada por los Estados que firmaron la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El principio de oportunidad política gana sobre la justicia

Tal como había dicho Jack Straw, a él correspondía en el último momento la decisión política de entregar o no al extraditable. Pero contradiciéndose a sí mismo, no aguardó hasta el final y se puso en marcha una última estrategia basada en el «precario» estado de salud del general.

El 11 de enero de 2000, decidió que el general Augusto Pinochet no debía ser extraditado a España, tras recibir el informe de cuatro médicos (una neuropsicóloga, dos geriatras y un neurólogo) que, a su instancia, lo habían examinado durante siete horas, el 5 de enero anterior, en el Northwick Park Hospital de Londres. El ministro señalaba en un comunicado que «los detalles del informe son y seguirán siendo confidenciales y privativos del senador Pinochet, pero la conclusión inequívoca y unánime de los tres médicos y la neuropsicóloga es que, tras el reciente deterioro en el estado de salud del senador Pinochet, que parece haberse producido sobre todo durante septiembre y octubre de 1999, en la actualidad es incapaz de soportar un juicio y no es de esperar ningún cambio en esa situación».

El ministro añadía que «en estas circunstancias me siento inclinado a pensar, pendiente de cualquiera de las alegaciones que pueda recibir, que no tendría ningún sentido seguir adelante con el procedimiento de extradición actual y que por tanto debería decidir no extraditar al senador Pinochet».

La nota del Ministerio de Interior británico suponía pues una anticipación de cuál era su posición definitiva: interrumpir el procedimiento judicial entonces en curso (había un recurso de la defensa de Pinochet ante el Alto Tribunal de Justicia) y no entregar al dictador a España.

Ante la decisión del ministro británico, puse de manifiesto que «la ausencia de conocimiento del informe médico sobre el que se quiere que se opine […] hace la situación un tanto absurda» y, además, impedía «cualquier pronunciamiento concreto, deviniendo ilusorias las garantías que deben concurrir —como elementos esenciales— en un procedimiento penal —el principio de igualdad entre las partes, el principio de defensa y el principio de contradicción—. El traslado conferido para alegaciones no puede hacer olvidar que se trata de una decisión política del Home Office y, por tanto, participada del criterio de la oportunidad».

Tras señalar que, según el procedimiento penal español, en ningún caso puede un imputado sustraerse a la acción de la Justicia por razones médicas u orgánicas, pasaba a formular una serie de preguntas acerca de las bases legales de los exámenes médicos, los test concretos realizados a Pinochet y las razones por las que se le consideraba demasiado anciano para afrontar un juicio y una eventual sentencia condenatoria, poniendo como ejemplo los procesos contra Maurice Papon, Paul Touvier y Klaus Barbie, juzgados a una edad similar a la del exdictador.

En las conclusiones del escrito solicitaba al Home Office que facilitara «el informe médico realizado —preservando su confidencialidad en lo que no constituya base para la decisión tomada— a este órgano judicial» y que «autorizara la práctica de la comisión rogatoria para recibir declaración a Augusto Pinochet Ugarte en Inglaterra, antes de decidir sobre su liberación, con asistencia de este instructor y las partes».

Solicitaba también que se autorizase «un segundo examen médico, a la luz del contenido del primero y con posibilidad de participación de dos médicos forenses, especialistas en psiquiatría, designados por este juzgado».

Paralelamente, ante la imposibilidad de comunicación con los abogados y el Crown Prosecution Service, aunque me las ingenié para mantenerla a través de la intérprete Jane Pateras y emitir instrucciones al abogado, el magistrado belga que reclamaba la extradición y yo diseñamos la estrategia de que fuera este país quien actuara. Así, Bélgica y las organizaciones de derechos humanos argumentaron la necesidad de ver el informe médico en el que Straw se basaba para afirmar que el general no podía enfrentarse a un juicio y presentaron una solicitud para que los jueces lores intervinieran ante la intención de Straw de permitir el regreso de Pinochet a Chile. Aunque el Tribunal Supremo decidió no dar trámite a estos recursos, Bélgica apeló y el juez que presidía la vista del caso, Simon Brown, permitió formalmente que este país y las organizaciones mencionadas solicitaran la revisión judicial del proceso. Los detalles del informe de los cuatro médicos británicos que examinaron al exdictador permanecían, pues, en secreto. Pinochet presentaba, según hicieron público sus propios médicos, una neuropatía diabética que había afectado la sensibilidad de sus piernas. Sin embargo, según fuentes del Northwick Park Hospital, cuando se sometió a los exámenes el dictador estaba en condiciones de caminar solo apoyado en un bastón. Según esos testimonios, ese día se mostró afable y hasta regaló chocolates a una de las enfermeras que le asistieron.

El fax al ministro Matutes y la carta de este

El viernes 21 de enero envié un fax al Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que decía: «Dirijo el presente a V. E. con el ruego de que, en auxilio de la Administración de Justicia, en el día de la fecha me informe si se ha recibido alguna comunicación del Crown Prosecution Service [Fiscalía de la Corona], cuya contestación se halle sometida a plazo perentorio y esté relacionada con la posibilidad de acudir a la judicial review [recurso de revisión judicial] de la eventual decisión del Home Office [Ministerio del Interior británico] sobre la extradición de Augusto Pinochet, y, caso positivo, ruego dé traslado a este juzgado para su conocimiento, constancia en la causa, y con el fin de evitar la preclusión del trámite». Apuntaba a un informe del abogado Alun Jones, fechado el jueves anterior, en el que recomendaba recurrir en revisión judicial la posible liberación de Pinochet por razones de salud. «Existen bases claras —decía— para presentar el recurso.» Este informe fue recibido por la Embajada española en Londres a las 18.03 horas del mismo 20 de enero y enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid a las 19.58 horas.

En una carta fechada el 9 de febrero siguiente, Abel Matutes me respondió y denegó mi petición solicitando que se cursaran instrucciones a la Fiscalía británica para que se interpusieran «los recursos pertinentes contra la decisión del Home Office». Y añadía: «Le comunico que, por escrito del embajador de España en Londres al Crown Prosecution Service, de fecha 17 de enero de 2000, se notificó el pleno respeto español a la decisión que pueda tomar el Ministerio del Interior [británico], al entender que la decisión apuntada compete exclusivamente al ministro en el marco de sus competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes británicas aplicables. En este sentido, le confirmo que España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro del Interior». Matutes aseguraba en su carta que el ministerio que dirigía había colaborado «en todo momento con ese juzgado de la Audiencia Nacional para una más eficaz y completa instrucción de la causa».

«El Gobierno entiende que la decisión apuntada por el ministro de Interior británico ha venido a situar la solicitud de extradición del senador Pinochet presentada por España fuera del ámbito judicial británico y la ha trasladado al área de competencias discrecionales y exclusivas de que dispone el ministro de Interior de dicho país, conforme a sus propias leyes, para poner fin en cualquier momento al procedimiento de extradición que se halle en curso en el Reino Unido. La posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico británico para instar un recurso de revisión judicial de la mencionada decisión del ministro de Interior británico no altera en modo alguno la naturaleza de dicha decisión», señalaba la misiva de Matutes.

Además, me recordaba que, de acuerdo con la Constitución Española, «el Gobierno dirige la política exterior, debiendo velar consecuentemente por las consecuencias de sus actos en las relaciones hispano-chilenas y en las relaciones hispano-británicas».

Y por si me quedaba alguna duda respecto a la legalidad de la actuación del Gobierno, me invitaba a presentar un conflicto de competencias: «En el caso de que su señoría no compartiera estos argumentos, no cabe desconocer que el ordenamiento jurídico español contempla los procedimientos pertinentes para la resolución de eventuales conflictos de competencia que pudieran plantearse entre el Gobierno y un órgano judicial».

Me pareció una interferencia inadmisible y envié un escrito de contestación al ministro en el que criticaba la decisión de Exteriores de no recurrir ante los tribunales del Reino Unido, como yo le había solicitado, la decisión del ministro de Interior de aquel país, Jack Straw, de liberar al exdictador chileno por razones de salud. «Se produce un incumplimiento por omisión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores al no permitir ahora la defensa de las primeras alegaciones sobre el informe médico», afirmaba en mi escrito.

Ante esta decisión del ministro, el abogado de las víctimas, Joan Garcés, presentó una querella criminal contra aquel por la interferencia en la actuación judicial y por el ataque a mi independencia como instructor.

La entrega de los informes médicos

El 15 de febrero de 2000 Asuntos Exteriores anunció que me había entregado los informes médicos sobre el estado de salud de Pinochet para que pudiera realizar las alegaciones que considerara oportunas. Esto no cambiaba la decisión del Ejecutivo español de no recurrir la decisión definitiva de Jack Straw, que adelantó su intención de suspender el proceso de extradición a España por motivos de salud basándose en los informes que ahora se divulgaban.

El ministerio acataba así la decisión del Tribunal Supremo londinense en cuanto a que el informe fuera facilitado a los cuatro Estados que habían solicitado la extradición —España, Bélgica, Francia y Suiza— para que tuvieran la posibilidad de hacer los comentarios que consideraran pertinentes.

Seguidamente formé un equipo de especialistas médicos, para realizar un comentario o dictamen sobre los informes sanitarios del dictador, aunque la declaración de secreto de esa parte de las actuaciones, acordada en el momento de recibir los informes, impidió conocer con exactitud incluso el número de profesionales implicados.

Ordené la elaboración de seis informes independientes, uno por especialidad, y uno más general del médico forense que valorara también la praxis de los tribunales y los aspectos más legales. Todos ellos coincidieron en la capacidad física y psíquica del general Pinochet para soportar un juicio, con la única limitación de que deberían ser sesiones cortas. Quedaba claro que su deterioro psíquico y físico, establecido en los dictámenes británicos, había sido dirigido y aprovechado como excusa para posibilitar su vuelta a Chile. Con ello, quedaba en evidencia la escasa solvencia de los dictámenes hechos en Gran Bretaña.

El informe médico británico, que el Gobierno español había filtrado a dos medios informativos españoles y a otro chileno, concluía que, en opinión de los especialistas que le habían reconocido en la capital británica, «el senador Pinochet no está en el momento presente mentalmente capacitado para tomar parte con conocimiento de causa en un juicio». Los informes consideraban «improbable» una «mejora sostenida» de las lesiones cerebrales de Pinochet «en un grado relevante».

El 21 de febrero de 2000, remitía la fiscal jefe de Crown Prosecution Service, D.H. Sue Taylor, las siguientes conclusiones tras el estudio de los dictámenes:

El procesado Augusto Pinochet Ugarte está capacitado y es competente para ser sometido a juicio con capacidad de defensa, entendimiento y comprensión de la acusación de la que es objeto.

La cuestión sobre la salud mental y la capacidad procesal del mismo debe ser resuelta en el procedimiento judicial de extradición por el tribunal competente y con intervención del Estado requirente (España) a través de la autoridad judicial competente en la designación de los peritos médicos. En este sentido se solicita al Home Office que decline la cuestión a favor de la autoridad judicial inglesa competente.

Subsidiariamente, se solicita que se autorice la práctica de un nuevo reconocimiento médico exhaustivo, con participación de profesionales que designe la autoridad judicial requirente, que incluyan las disciplinas médicas afectadas y se practique durante el tiempo suficiente para hacerlo fiable.

En España existen condiciones médico hospitalarias adecuadas e idóneas para atender al procesado de sus dolencias y compatibilizar su cuidado con su participación en la celebración del juicio.

El derecho de las víctimas a la tutela judicial y el propio derecho de defensa de estas exige la posibilidad de que participen en la designación de un perito médico, máxime si se pretende, como en el caso presente, poner fin de hecho al procedimiento de extradición.

La liberación y la devolución

Por fin, y en pleno escándalo de los informes médicos, filtrados a la prensa y que afirmaban que Pinochet sufría daños cerebrales, el 2 de marzo Jack Straw le liberó por razones de salud. El general subió a un avión de la fuerza aérea chilena, en silla de ruedas y aparentemente muy enfermo, pero se recobró milagrosamente al pisar suelo chileno, donde fue recibido como un héroe por sus seguidores y por las Fuerzas Armadas.

Inmediatamente envié un fax a la Fiscalía de la Corona británica en el que cursaba instrucciones para interponer un recurso contra la decisión y en el que recalcaba en varias ocasiones su competencia para entender sobre el caso en términos judiciales a pesar de las posibles interferencias políticas. En el documento recordaba que «la facultad para dar las instrucciones en esta fase judicial del procedimiento de extradición […] corresponde exclusivamente al juez de instrucción» y exigía que se distinguiera entre lo que era la fase judicial del procedimiento de extradición y la fase política.

Afirmaba también que «las únicas instrucciones que debe atender el Crown Prosecution Service [la Fiscalía de la Corona] son las del juez de instrucción central número cinco competente en este procedimiento», es decir, yo mismo. El documento fue enviado a primera hora de la mañana por fax a la fiscal jefe británica, D.H. Sharpling, y al Ministerio de Asuntos Exteriores español, que, en mi opinión, debía haber dado «curso inmediato» a mis instrucciones.

El Gobierno español que había conseguido del Tribunal Supremo, ante una denuncia de las víctimas en la que se solicitaba que la única decisión válida fuera la del juez, que el organismo que representaba a España incluso en los temas judiciales era el Ministerio de Asuntos Exteriores —a pesar de que el convenio europeo de asistencia en materia penal confería esta responsabilidad al juez—, se abstuvo de recurrir para facilitar la devolución.

Cuando supe que Pinochet había abandonado Londres, me sentí sobre todo triste por las víctimas.

Y el dictador llegó a Chile

El 3 de marzo de 2000, después de permanecer quinientos tres días detenido en Londres, Augusto Pinochet bajó del avión en silla de ruedas junto a su guardia militar pasadas las 10.00 horas en el aeropuerto chileno Arturo Merino Benítez. El senador vitalicio recibió un abrazo del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, mientras la banda tocaba el conocido himno Los viejos estandartes. La delegación de la derecha estuvo encabezada por las directivas en pleno de Renovación Nacional y la Unión Demócrata, además del director de la Fundación Pinochet, Hernán Briones; su director ejecutivo, el general retirado Luis Cortés Villa, y el exministro Alfonso Márquez de la Plata. También estuvieron presentes los generales retirados Sergio Sinclair, Rafael Villarroel y Guillermo Garín, así como la exministra de Justicia del régimen militar, Mónica Madariaga. Inmediatamente después de terminada la ceremonia en el aeropuerto, Pinochet se trasladó al Hospital Militar, ubicado en la comuna de Providencia, donde era esperado por un buen número de seguidores.

El recuerdo que tengo de aquella fecha es el de la desazón por la revictimización a la que se sometió gratuitamente a quienes habían sido masacrados, desaparecidos, asesinados o torturados por defender un régimen democrático y discrepar ideológicamente de un dictador que además utilizó su posición para enriquecerse. La historia se repite permanentemente. Pero también, junto a la frustración del desenlace, fui consciente de que, ocurriera lo que ocurriese, las víctimas habían triunfado. Todo el proceso judicial contra el dictador había sido un mensaje muy potente a los perpetradores de crímenes internacionales. La justicia universal se aplicaría en defensa de las víctimas, en cualquier país y oportunidad en la que se pretendiera imponer la impunidad. El trabajo realizado en unas condiciones muy poco propicias, con un gobierno del Partido Popular que dificultó —cuando no obstaculizó siempre que pudo— los trámites de la extradición, como me reconocería tiempo después el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en una reunión, en presencia del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, fue fruto de un conjunto de personas sin las cuales no hubiera prosperado.

Desde los voluntariosos funcionarios, los traductores, los abogados, los magistrados que votaron por la jurisdicción española, las víctimas que estuvieron siempre dispuestas y millones de personas en todo el mundo que empujaron con sus voluntades para que existiera justicia y reparación. Y, en el ámbito más personal, hasta mi hija mayor, María, que contaba entonces con dieciséis años de edad, aportó su granito de arena ayudándome con las traducciones de los documentos en inglés que llegaban a horas intempestivas, por su retención en Exteriores hasta el límite último para imposibilitar que se pudiese contestar a las autoridades británicas a tiempo. No lo consiguieron porque la conexión con el abogado inglés Alun Jones era constante a través de la intérprete y… porque desvié el fax del juzgado a uno que compré e instalé en mi casa para, de esa forma, recibir las comunicaciones in extremis, pero con posibilidad de estudiarlas de madrugada y devolver los documentos debidamente contestados y traducidos al día siguiente, antes de que abrieran los tribunales en Londres.

Las razones de Straw

El ministro Jack Straw envió una carta de catorce folios a todas las partes del procedimiento, con sus razones para denegar la extradición y sus respuestas escritas al Parlamento:

El ministro ha concluido que, sobre la base de la ley inglesa, está obligado a formarse su propio punto de vista sobre la capacidad del senador Pinochet para someterse a un juicio y que no puede abstenerse de obtener un punto de vista concluyente con el argumento de que el asunto sea resuelto en España. […] A la luz de su conclusión de que no se puede esperar ninguna recuperación en la situación del senador Pinochet, no tiene sentido continuar el actual procedimiento de extradición en Inglaterra. Esto supondría mantener el arresto del senador Pinochet en este país por un periodo que, teniendo en cuenta el recurso de habeas corpus y cualquier recurso que surja del resultado del mismo, podría ser sustancial. […] Cualquier orden de extradición del senador Pinochet que pueda emitirse entonces exigiría el traslado compulsivo a otro país de un hombre de 84 años de edad, que debe ser considerado en esta fase presunto inocente, para participar en un juicio del cual no resultaría veredicto alguno respecto a los delitos que se le imputan, por razones que son evidentes para el ministro como autoridad de extradición en el Reino Unido. El ministro considera que este curso de acción no tiene ningún sentido para los intereses de la justicia y sería cruel para el senador Pinochet. […] Concedo gran importancia al principio de que la jurisdicción universal contra las personas acusadas de haber cometido delitos internacionales debe ser efectiva. Soy también muy consciente de que la consecuencia práctica de rechazar la extradición del senador Pinochet a España es la de que él no será, probablemente, juzgado en ninguna parte del mundo. Soy muy consciente del sentido del daño que sentirán aquellos que sufrieron las violaciones de los derechos humanos en Chile durante el pasado, así como del que sienten sus familiares. Todas estas cuestiones son de gran preocupación. Por último, empero, he llegado a la conclusión de que un juicio sobre los delitos de que se acusa al senador Pinochet, aunque deseable, simplemente ya no era posible.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo

Una buena noticia llegó de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por una sección de tres magistrados, abriendo el 22 de febrero de 2000 la vía a que pudiera recurrir la puesta en libertad de Pinochet en una resolución en la que se distinguía entre las fases judicial y gubernamental del proceso de extradición inglés y rechazaban definitivamente dos querellas interpuestas contra el ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. La resolución del Supremo explicaba que procedía deslindar la «fase judicial» de la «fase política» en los procedimientos de extradición y añadía: «Ante la falta de claridad de la ley inglesa, si en la fase político-administrativa surge algún trámite judicial, deberían ser los órganos jurisdiccionales que han tomado la iniciativa para poner en marcha el procedimiento de extradición los que tendrían que ponderar la necesidad de estar presentes en todos los trámites judiciales posibles, mientras que cuando se pase definitivamente a la fase político-administrativa, cualquier eventual decisión debe ser acordada por las autoridades gubernamentales».

Según la ley británica, la decisión del ministro Straw —conceder la entrega de una persona o rechazar su extradición— podía ser recurrida en revisión judicial. Los jueces reforzaban este criterio al señalar que «con el objeto de superar estos conflictos y sin perjuicio de una futura judicialización de los procedimientos de extradición, la conveniencia de mantener abiertas todas las vías posibles, aconsejaría que se procurase, sin condicionamiento alguno, la posibilidad de que las víctimas de los hechos delictivos que se trata de perseguir estuvieran presentes en todo el proceso de tramitación, con objeto de garantizar en todo momento la defensa de sus intereses». Los magistrados Luis Román Puerta, José Antonio Martín Pallín y Andrés Martínez Arrieta estimaban que Matutes no pudo, subjetivamente hablando, cometer delito. La evolución que reclamaban tardaría en llegar unos años, pero finalmente se consiguió en 2004 con la introducción de la Orden Europea de Detención y Entrega, que acabaría con la intervención política en lo que en ese momento era un proceso de extradición con una parte judicial y una parte política de decisión negativa final.

«Si el ministro de Asuntos Exteriores, en su examen y valoración de todos los hechos y circunstancias —decía el auto adoptado por unanimidad—, estimaba que realmente nos encontrábamos en una fase exclusivamente político-administrativa, su decisión de no recurrir tiene una base razonable, por lo que incuestionablemente no existe la más mínima posibilidad de exigirle responsabilidades penales.» Sin embargo, no debe olvidarse que en ese momento ya se había producido la sentencia de extradición y estaba pendiente de apelación, con lo cual no había concluido la fase judicial y, por ende, la fase política, después de la autorización para proceder del 14 de abril de 1999, no había comenzado aún.

Catorce años después, Jack Straw reconoció en un libro de memorias que Pinochet le había engañado con la «enfermedad». Todos sabíamos que aquello era una burda maniobra política en la que participaron los tres países implicados para evitar la extradición del dictador a España, extradición que ya había sido concedida y que estaba a dos semanas de la apelación cuando fue devuelto a Chile en marzo de 2000.

La prensa británica

Paralelamente, dos importantes diarios del Reino Unido —The Daily Telegraph y The Guardian— informaron de que un pacto político entre los Gobiernos de España, Chile y el Reino Unido, labrado durante varios meses, permitió poner fin al caso Pinochet con la liberación del exdictador por razones de salud. Los rotativos coincidían en señalar que las conversaciones para hallar una salida diplomática se iniciaron a finales de junio de 1999, en la cumbre de Río de Janeiro (Brasil), celebrada por la Unión Europea con Gobiernos latinoamericanos.

La versión de este pacto ya fue planteada a mediados de enero de 2000 por The Daily Telegraph. Según el rotativo, en un encuentro personal en Río durante el mes de junio, el ministro del Foreign Office (Asuntos Exteriores), Robin Cook, habría dicho a Matutes mientras hablaban del caso Pinochet: «No dejaré que muera en el Reino Unido». El periódico agregaba que Matutes, a su vez, replicó: «No le dejaré venir a España». Ambos coincidían en que «la muerte del general en Londres o Madrid era el peor desenlace». Se señalaba también que, en un encuentro en Nueva York en septiembre de 1999, el canciller chileno Juan Gabriel Valdés volvió a insistir ante Cook sobre el caso y le señaló los problemas de salud del exdictador. Cook, remarcaba el diario, informó al Ministerio del Interior británico sobre el asunto. The Daily Telegraph añadía: «La presión para alcanzar una solución se incrementó cuando el general Pinochet sufrió dos ataques menores, el 9 y el 25 de septiembre».

Por su parte, The Independent señalaba que tanto los «partidarios como los detractores de Pinochet están ahora convencidos de que la liberación fue el resultado del plan conjunto entre el Reino Unido, España y Chile para quitarse una “patata caliente”». El diario recordaba que el ministro Valdés «planteó el problema de la salud del general Pinochet ante el Foreign Office en septiembre».

La extradición de Pinochet del Reino Unido a España era de justicia y estaba aprobada por ley. No obstante, pese a que el general chileno era un reconocido dictador genocida, tanto el conservador Aznar como el teóricamente progresista Tony Blair hicieron todo tipo de piruetas políticas para evitar la extradición, de tal suerte que no engañaron a nadie y fueron objeto de mofa ácida y crítica de humoristas como Gallego y Rey, autores de esta tira.

La información de los diarios británicos fue desmentida tanto por el Gobierno británico como por los ejecutivos de España y Chile. Desde Córdoba, el presidente José María Aznar señaló que no aceptaba que hubiera existido ninguna posibilidad de pacto o acuerdo, tácito o no, entre su Ejecutivo y los de Bélgica, Reino Unido o Chile para no tramitar finalmente ningún recurso contra la libertad de Pinochet. En Madrid, el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, reiteró que el Gobierno español se había limitado a cumplir «escrupulosamente» su compromiso de respetar la decisión del ministro británico Jack Straw.

El libro Augusto Pinochet: 503 días atrapado en Londres, de los periodistas chilenos Mónica Pérez y Felipe Gerdtzen, quienes siguieron el caso en Europa como corresponsales de la Televisión Nacional de su país, desvelaba en octubre de 2000 que cuando la Presidencia de Chile se convenció de que por la vía judicial no era posible que Pinochet fuera liberado, decidió usar la vía política. En contra de lo que públicamente han sostenido los Gobiernos implicados en este caso, fueron estos contactos privados los que posibilitaron, según Pérez y Gerdtzen, que el exdictador regresara a Chile. El mandatario chileno Eduardo Frei le dijo por teléfono al primer ministro británico Tony Blair que asumía un alto riesgo si Pinochet moría en Londres, y que si era liberado por razones de salud, dado que tenía procesos abiertos en Chile, igualmente acabaría compareciendo ante la justicia chilena.

Los argumentos convencieron a Blair y, aunque le recordó a Frei que el caso era solo judicial, decidieron por iniciativa suya abrir un canal paralelo de comunicación. «Nuestro código contempla disposiciones humanitarias. Habrá que verlas pero bajo estricta confidencialidad. Que no se interprete como que estoy dando garantía alguna, porque no puedo darlas», le dijo Blair a Frei, según relata el libro. Para recalcar la necesidad de absoluto secreto, le agregó que «si los diarios publican algo de esto, me pondría en una situación muy complicada, que me costaría manejar».

El Gobierno chileno eligió, para continuar los contactos, a su jefe de Comunicaciones, Cristián Tolosa, quien viajó seis veces de Santiago a Londres entre junio y diciembre de 1999, bajo total reserva, para reunirse con el jefe de Gabinete de Blair, Jonathan Powell.

Para Joan Garcés, abogado de la acusación, la actuación de Gran Bretaña fue

impecable en los doce meses que siguieron a la orden judicial de detener a Pinochet para someterlo a juicio. Resistió todo tipo de presiones de distintos países, como las de los gobiernos de Chile y de España, para interferir en el procedimiento judicial. Culminada la fase judicial británica en octubre de 1999, concedida la extradición a España, se incrementaron las presiones sobre el Gabinete británico, y a partir de ese mes aceptaron que Pinochet se fugara de la justicia. No a través de una operación comando violenta, como habían pensado algunos, sino de una operación de batas blancas, instrumentalizando a unos médicos. Ninguno de los más de doce médicos de España, Bélgica y Francia que estudiaron los exámenes compartió que se certificara la incapacidad mental del detenido para comparecer en juicio. Es importante que los tribunales de los cinco Estados europeos involucrados en este caso no aceptaran esa estratagema, manteniendo su independencia. En la víspera de la fuga del 2 de marzo, el ministro británico del Interior envió una comunicación a las autoridades españolas ofreciéndoles la posibilidad de que se interpusiera un recurso ante los tribunales británicos contra la puesta en libertad. El juzgado español mandó interponer el recurso, pero el Gobierno español se negó a cursar la orden. La responsabilidad última de que se frustrara el mandamiento de la Audiencia Nacional de España ha sido del Gobierno español.26

De nuevo el juez Guzmán

La vuelta de Pinochet a Chile, a pesar del espectáculo esperpéntico que montaron él y los militares, con parada militar incluida y arrastrando al gobierno de la Concertación, a cuyo frente ya se hallaba el socialista Ricardo Lagos, a asumir la farsa de su dolencia, que le duró exactamente lo que tardó el vuelo desde Londres a Santiago, les sirvió de poco porque se producía en un contexto de humillación y derrota evidentes.

Pero si el dictador creía que su periplo había acabado y estaba a salvo, pronto salió de su error, ya que el 6 de marzo de 2000 el juez Juan Guzmán solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que retirara la inmunidad parlamentaria, cosa que sucedió el 23 de mayo por trece votos a favor y nueve en contra. A partir de ahí se le acumularon las causas, no solo en Chile, sino también en Argentina, denuncias que culminaron cuando el 1 de diciembre de 2000 Guzmán sometió a proceso al dictador por las víctimas de la «Caravana de la Muerte» —la comitiva militar que, por orden de Pinochet, recorrió Chile en 1973 para ejecutar a numerosos presos políticos detenidos tras el golpe militar— y decretó su arresto domiciliario.

También pesaba sobre Pinochet la orden de detención cursada por mi juzgado en 1998, de manera que si el dictador volvía a viajar alguna vez al extranjero podría ser detenido y extraditado a España. Desde ese momento, el sumario contra Pinochet seguía instruyéndose y solo cuando este trámite concluyera el proceso sería suspendido temporalmente a la espera de la detención del acusado para su comparecencia ante un tribunal. De hecho, este era el procedimiento que se estaba siguiendo contra los militares argentinos acusados de la violación de derechos humanos.

Tras varios meses de fallos y apelaciones, más exámenes médicos e ingresos hospitalarios, finalmente el 9 de julio de 2001 la Justicia chilena sobreseyó temporalmente la causa abierta contra Pinochet, procesado como encubridor por los setenta y cinco crímenes cometidos en la «Caravana de la Muerte» en 1973, mientras se encontrara afectado por demencia vascular, admitiendo un recurso presentado por su defensa.

El fallo enterró el esfuerzo de parte de la sociedad chilena para juzgar a Pinochet, quien quedará ante la historia como un procesado por homicidios y secuestros que logró la impunidad por demente. Con esta resolución, el magistrado Juan Guzmán, que previamente había rechazado cerrar el caso, no pudo seguir investigando la responsabilidad penal del dictador.

La investigación continúa en Madrid

Mi voluntad de someter a la justicia al dictador y a los demás responsables continuó con mayor decisión ante el hecho de que en Chile se cerraban de nuevo las puertas a la investigación. El 16 de septiembre de 2004 amplié los cargos de genocidio, terrorismo y torturas, por los que ya había imputado al dictador, a los de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. En un auto de once folios admití la ampliación de la querella presentada por las acusaciones. Además del propio Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, estaban implicados Joseph y Robert L. Allbritton, Steven B. P. Pfeiffer, Carol Thompson, Ashley Lee, Fernando Baqueiro, Raymond Lund y Óscar Custodio Aitken Lavanchy.

Los Allbritton, Pfeiffer y Thompson, responsables de la entidad bancaria norteamericana Riggs Bank, estaban implicados, según el auto, en «dilatar, dificultar e impedir la eficacia del embargo, bloqueo, depósito de los saldos de las cuentas bancarias de Augusto Pinochet, directamente o a través de terceras personas, incluidos miembros de su familia, que tenía en el Riggs Bank».

Los otros querellados «habrían participado, bien como titular de las cuentas bancarias o cofirmante de documentos utilizados para la perfección de los contratos supuestamente delictivos —caso de Lucía Hiriart—, bien cooperando para excluir el memorándum y los documentos de trabajo referidos a Pinochet en el Riggs Bank —caso de Ashley Lee— o bien llevando el control personal de las cuentas de Pinochet, como ocurría con Baqueiro y Lund». Aitken fue imputado por haber cooperado presuntamente en la creación de la sociedad Abanda Limited, con la finalidad de poner a salvo los bienes de Pinochet en 1999.

Señalaba que los hechos desvelaban que «aparentemente hubo un acuerdo doloso de voluntades entre los responsables del Riggs Bank y, en particular, entre Joseph y Robert L. Allbritton, Steven Pfeiffer y Carol Thompson y el titular de las cuentas, Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart, con el asesoramiento y dirección de Fernando Baqueiro y Raymond Lund que determinó la distracción —en la que también intervino Ashley Lee ocultando datos— de una importante cantidad de dinero de su destino legal, que hubiera sido la indemnización a las víctimas por los delitos aquí perseguidos (genocidio, terrorismo y torturas)».

Por fin, el 19 de octubre de 2005 la Corte Suprema de Chile abrió la vía definitiva para que Pinochet fuera procesado por evasión tributaria y corrupción. En un fallo inapelable —contra el que no cabía recurso— los magistrados decidieron desaforar al exdictador por tres delitos vinculados a las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Estados Unidos. El máximo tribunal confirmaba así la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le retiró la inmunidad judicial de la que gozaba, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, evasión tributaria y malversación de fondos fiscales.

Las cuentas secretas del general golpista en el Riggs Bank fueron descubiertas en 2004 por una comisión del Senado de Estados Unidos que investigaba a instituciones financieras que habían cometido irregularidades. Tras más de seis meses de indagaciones, el juez chileno Sergio Muñoz decidió procesar como cómplices del delito de evasión tributaria a la secretaria y al contador y albacea de Pinochet, Mónica Ananías y Óscar Aitken, y también a la esposa y al hijo menor del dictador, Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet.

Pero la intrincada madeja de las cuentas secretas de Pinochet era mucho más larga. Disponía de varias a su nombre en el Riggs Bank estadounidense y otros bancos del exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en veintiséis millones de dólares (unos veintitrés millones de euros).

En el marco de su investigación, el juez Muñoz logró que el Supremo chileno aprobara el envío de catorce exhortos a distintas instituciones financieras del mundo, entre las que se encontraban bancos de Suiza e Islas Caimán, donde el dictador abrió otros cientos de cuentas bancarias e incluso constituyó, con la ayuda de sus asesores, de su hijo Marco Antonio e incluso de algunos militares, «sociedades de papel» que le permitieron complejas operaciones de traspaso de dinero.

Era la octava petición de desafuero desde que dejara la presidencia de Chile el 11 de marzo de 1990. A la realizada por las cuentas del Riggs se sumaba otra por malversación de fondos públicos, en el mismo caso, que fue dictada por el juez Muñoz antes de dejar la investigación. Además, Pinochet había recibido peticiones de desafuero por las operaciones Cóndor y Colombo, así como por los casos Caravana de la Muerte, Prats y Conferencia (el asesinato de la cúpula del Partido Comunista).

En octubre de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento a Pinochet como autor de secuestros (desapariciones) y torturas cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi. De esta manera, el tribunal de alzada decidió rechazar un recurso de apelación contra el procesamiento del exdictador presentado por su defensa.

Pinochet fue procesado por este caso el 27 de octubre de 2006 por el juez Alejandro Solís, que le acusó de treinta y cuatro secuestros (desapariciones), un homicidio y veintitrés delitos de tortura en el antiguo centro de detención de Villa Grimaldi, en el municipio santiaguino de Peñalolén. Solís adoptó la decisión poco después de haber rechazado una petición de la defensa de Pinochet de exonerarle en este caso, con el argumento de que estaba incapacitado física y mentalmente para afrontar un juicio. El 30 de octubre quedó bajo arresto domiciliario por disposición del magistrado, que el 9 de noviembre le otorgó la libertad provisional previo pago de una fianza de 943 dólares.

Muerte de Pinochet y continuación de las actuaciones

El 10 de diciembre de 2006, coincidiendo con el día de los Derechos Humanos, Pinochet falleció a los 91 años de edad tras estar una semana hospitalizado después de sufrir un infarto de miocardio. Fue enterrado sin honores de Estado.

Tras su muerte decidí, mediante resolución judicial, que las acciones judiciales iniciadas en España y Chile contra el dictador debían continuar porque las «víctimas no lo fueron solo de Pinochet, sino también de otros militares y no militares». Lamenté que, a pesar de los avances importantísimos en la justicia chilena de los últimos años, la lentitud hubiera impedido que las víctimas tuviesen el resarcimiento que merecían con una sentencia condenatoria.

La actuación que impulsé desde la Justicia española contribuyó a que la impunidad en el caso Pinochet fuera menor. En todo caso nos mantuvimos vigilantes en el proceso, tomando iniciativas, desde la independencia judicial y sin dar de baja la orden de detención internacional. En 2004, antes de que se iniciara la acción judicial en Chile y solicitándoles cooperación, que ahora sí se produciría, incoé otro procedimiento por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en conexión con los crímenes de genocidio, terrorismo y tortura imputados al dictador en mi auto de procesamiento de 10 de diciembre de 1998, al descubrir que Pinochet, que tanto había alardeado de hacerlo todo por la patria, como también rezaba el estandarte franquista, y su familia —con la ayuda de varios colaboradores y los responsables bancarios— habían acumulado una fortuna teñida de sangre. Gracias al embargo que había hecho en el auto de procesamiento, de fecha 10 de diciembre de 1998, el Senado estadounidense inició una investigación que concluyó con el descubrimiento de aquellas cuentas y de cómo el banco había facilitado los medios a Pinochet para poner fuera del alcance de la justicia aquellas sumas.

Gracias a esa iniciativa y a la que comenzamos en España, se consiguió incautar el dinero y comenzar procedimientos judiciales a los que también se sumó Chile. Finalmente, el Riggs Bank pagó, a cambio de no continuar la persecución internacional (por otra parte bastante improbable al ser nacionales y encontrarse sus responsables en Estados Unidos) y mediante un acuerdo con la Fundación Allende como querellante y autorizado por mí como juez instructor del caso, una suma próxima a los ocho millones de dólares (en torno a siete millones de euros). Estos fondos fueron puestos en una cuenta especial, gestionada por la Fundación Allende, que constituyó un Fondo de Ayuda a las Víctimas de Pinochet. Según la información difundida por la fundación, se recibieron 27.817 solicitudes, de las cuales 22.073 cumplieron las condiciones establecidas. Los beneficiarios fueron divididos en dos grupos. El primero quedó compuesto por 17.928 personas ya reconocidas como víctimas por la Audiencia Nacional de España, la Comisión Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Valech. Como habían recibido beneficios del Estado, se dividió entre ellos el cuarenta por ciento del fondo: cada uno recibió 184 dólares (unos 163 euros). El segundo grupo lo conformaron personas no reconocidas por los mencionados organismos, cuyos casos fueron evaluados por una comisión especial: 4145 personas compartieron el sesenta por ciento del fondo, que alcanzó la cifra de 1205 dólares (unos 1060 euros) para cada una de ellas.

Pero no todo había acabado, pues en octubre de 2006 yo había enviado una solicitud de interrogatorio por exhorto para investigar los movimientos de dinero efectuados por el exdictador chileno durante su detención en Londres (1998-2000). Se pedía que se interrogara al ex jefe militar, a su esposa Lucía Hiriart y a su albacea Óscar Aitken por los traspasos de dinero que hicieron desde el Riggs Bank a cuentas en el Banco de Chile mientras existía un embargo internacional de su fortuna decretado por mi juzgado en 1998.

Las transacciones de fondos que hizo Pinochet estaban acreditadas en el proceso que investigaba el origen de su fortuna. Esta causa seguiría abierta en España hasta abril de 2012, fecha en la que el juez Pablo Ruz la archivó debido a que en Chile estaba en tramitación otra causa por los mismos hechos. El fiscal informó que debía ser el tribunal chileno el que persiguiera las maniobras de alzamiento y ocultamiento de bienes y blanqueo de capitales desplegadas por los querellados.

Por último, en mayo de 2015, se dictó sentencia en Chile en contra de seis colaboradores de Pinochet por la malversación de 6,47 millones de dólares (unos 5,7 millones de euros).

La importancia de las víctimas

Este conjunto de esfuerzos, en los que tiene una importancia capital la acción sostenida de las víctimas y el esfuerzo de la gran mayoría de los chilenos, ha equilibrado la pérdida inicial de los derechos, y Chile ha superado el trauma de un tiempo de oscuridad y vergüenza propiciado por unos pocos. Los que aún añoran la figura del dictador están en contra de la historia y serán olvidados, o peor aún, serán denostados como los que contribuyeron con su silencio e indiferencia a que el crimen se consumara. Por el contrario, los que estuvieron de parte de las víctimas serán recordados como los luchadores por un mundo mejor, más justo y democrático. Sus ejemplos de vida quedarán en los corazones de los ciudadanos del mundo.

Al mismo tiempo, hoy no existe duda del gran fiasco de la política estadounidense en aquella época, en la que, a través de unos líderes obsesionados con la guerra fría y el control de la seguridad, hundieron a todo un continente en confrontaciones internas y en una constante represión militarista, cuyas consecuencias aún sienten en la actualidad.

Pedir perdón por tanto dolor causado debe traducirse en el respeto e igualdad que predicaban Salvador Allende y todos aquellos que han luchado y luchan por la identidad latinoamericana. Finalmente, el presidente Allende y las víctimas de Pinochet y de sus cómplices lograron que la democracia triunfara frente al terror.

Carmelo Soria. El último ejemplo

El 4 de mayo de 2001 dicté auto de prisión contra Herman Julio Brady Roche, exministro de Pinochet, por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, resolución que fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trataba de la admisión a trámite de una ampliación de la querella presentada por las acusaciones personadas en la causa en la que mi juzgado, como ya he relatado, investigaba desaparecidos durante regímenes militares de países sudamericanos como Chile y Argentina, y que llevaba, entre otros, el abogado Joan Garcés.

La resolución decretaba la prisión de Herman Julio Brady Roche —ministro de Defensa durante la dictadura pinochetista— y ordenaba su búsqueda y captura a través de la correspondiente orden internacional de detención a efectos de extradición, con carácter general y especialmente para Alemania, donde al parecer residía temporalmente con una identidad falsa.

La Fiscalía decidió recurrir esta decisión por varias razones: en primer lugar, estimaba que España no era competente para investigar estos hechos; en segundo lugar, creía que no había indicios de la participación de Brady en los hechos; y finalmente consideraba que, en cualquier caso, el delito habría prescrito.

Carmelo Soria, exiliado en Chile tras el fin de la Segunda República Española y con estatus de diplomático por ser funcionario de Naciones Unidas —era miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)—, trabajaba en el Centro Latinoamericano de Estudios Demográficos en la capital chilena. El 14 de julio de 1976, al salir de su despacho, fue secuestrado y conducido al lugar de «tormento, donde fue brutalmente torturado durante horas y después sus captores le colocaron sobre las escaleras y mientras unos le sujetaban la cabeza otros le aplastaron el pecho hasta lograr una doble fractura de la columna vertebral que le produjo la muerte», según la querella.

Al día siguiente, seguía relatando la querella, «para simular un accidente, los autores del hecho despeñaron el coche y el cadáver de Carmelo Soria en el canal El Carmen, en Santiago, y la versión oficial entonces difundida por la Dirección de Investigaciones de la Policía Civil afirmaba que el funcionario había fallecido como consecuencia de haber conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas».

Las autoridades chilenas atribuyeron el crimen a un asunto de faldas y en 1979 se sobreseyó la causa con una sentencia que calificó los hechos como homicidio por terceros desconocidos. La viuda de Soria, Laura, huyó a España con sus tres hijos pocos meses después del crimen y desde aquí siguió luchando porque se aclararan las verdaderas circunstancias del asesinato de su marido.

Las actuaciones de la familia no obtuvieron resultados. Una y otra vez se investigó y se archivó o se sobreseyó el caso. Finalmente, en 1996 la Corte Suprema de Chile dictó la amnistía definitiva con el argumento de que el Convenio de Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas no era de aplicación en el caso.

La única esperanza entonces era encontrar justicia fuera de Chile. Los familiares de Soria dirigieron sus esfuerzos en dos direcciones: se unieron al procedimiento abierto en España por genocidio, terrorismo y torturas y presentaron una denuncia ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el 19 de noviembre legitimó los esfuerzos de enjuiciar el crimen en España, en aplicación de la jurisdicción universal.

El auto que emití destacaba que «la muerte de Soria es imputable a Brady Roche, entre otros elementos por el testimonio prestado en la causa por la que fuera diputada del Congreso de Chile, María Maluenda Campos». También mantenía que la LOPJ española confiere competencia a la Audiencia Nacional para investigar estos delitos y otros conexos cometidos fuera del territorio español por extranjeros, así como los que según los tratados y convenios internacionales deban ser perseguidos en España, entre ellos los de tortura.

Tras desestimar el recurso de la Fiscalía, el caso quedó durante casi un año en espera de resolución en la Sala Tercera, integrada por su presidente, Francisco Castro Meije, y los magistrados Ángela Murillo y Luis Martínez de Salinas. En los primeros días de marzo de 2002, Murillo fue nombrada presidenta del tribunal de la Operación Temple, para sustituir al magistrado Carlos Cezón. Tanto Cezón como sus dos compañeros de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, habían autorizado la salida de la cárcel del narcotraficante colombiano Carlos Ruiz Santamaría, el Negro, miembro activo de la Operación Temple, un hecho que dio lugar a una querella por un delito de prevaricación por parte de la Fiscalía General del Estado que finalmente se archivó, y a un expediente del CGPJ, que terminó en una sanción de suspensión para los magistrados, sanción que sería impugnada y anulada en 2004 por el Tribunal Supremo, pero que supuso la pérdida del destino en la AN, al haber pedido traslado los dos primeros.

La magistrada Murillo fue sustituida en la Sala Tercera por Flor Sánchez Martínez. Esta sala convocó el 4 de abril una vista oral para debatir el recurso de la Fiscalía en el caso Soria y otro recurso de la defensa del exmilitar Adolfo Scilingo. Sin embargo, mientras la acusación argentina fue citada, el abogado de la familia Soria, Joan Garcés, no lo fue. La vista se suspendió.

A pesar de todo, el 31 de mayo de 2002 la Audiencia Nacional archivó el caso. El tribunal consideró que la doctrina aplicada por el Supremo días antes, al archivar la querella contra Arnaldo Otegi por gritar «Gora ETA» fuera de España, impedía perseguir el asesinato de Soria en Chile.

La Audiencia Nacional señalaba que no podía hacerse aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española para perseguir unos hechos acaecidos en Chile veinticinco años atrás, cuando el propio Tribunal Supremo daba una pauta contraria a la hora de enjuiciar hechos sucedidos en Francia el 30 de marzo de ese mismo año, «consistente en una de las conductas que más daño están haciendo a la sociedad española». Los magistrados que firmaron la resolución fueron Castro Meije (presidente), Martínez de Salinas (ponente) y Flor Sánchez.

A raíz de esta decisión, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la defensa de Scilingo se prepararon para conseguir el archivo de las actuaciones en los casos de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena.

Este auto supuso cerrar de un plumazo el caso Soria, admitido a trámite en mayo de 2001. En el punto de mira de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba entonces un objetivo más ambicioso: solicitar el archivo de todas las actuaciones sobre Chile y Argentina.

Lejos de darse por vencido, el abogado de la familia Soria, Joan Garcés, recurrió en nombre de la viuda en casación ante el Tribunal Supremo, que se pronunció en marzo de 2004 cuando la Sala de lo Penal resolvió admitir a trámite una querella contra el general Brady, de 83 años, por su presunta implicación en el asesinato del diplomático español. La decisión del Supremo revocaba la anterior de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo me dio así la razón, señalando que la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta la doctrina del alto tribunal para el caso Guatemala —el intento de Rigoberta Menchú para que España investigase el genocidio maya—, en el que se establecieron los requisitos para que la jurisdicción española pudiera investigar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos fuera del país.

Entre estos requisitos, el Supremo recordaba que el principio de no intervención en asuntos de otros Estados admite limitaciones en lo referente a hechos que afectan a los derechos humanos, y que según el artículo 23.4 de la LOPJ, la jurisdicción española es competente ante hechos cometidos fuera del territorio nacional cuando, según los tratados y convenios internacionales, estos deban ser perseguidos también en España.

En septiembre de 2007, a instancias de la Fundación Salvador Allende, envié un exhorto a las autoridades chilenas para que me informaran de si existían procedimientos penales en ese país contra quince exmilitares y exrepresentantes de la dictadura chilena (1973-1990) en relación con el asesinato de Soria. La petición invocaba el convenio bilateral de extradición y asistencia judicial entre Chile y España, suscrito en 1990.

La Corte Suprema chilena acogió el exhorto en noviembre de ese mismo año, estimando por tanto que se cumplían los preceptos de cooperación internacional para acceder a la petición, en la que solicitaba conocer la situación procesal de los requeridos antes de su eventual procesamiento.

El juez chileno Alejandro Madrid procesó en enero de 2009 a seis militares retirados y un civil por obstruir la investigación del crimen del español Carmelo Soria, acusados de pagar en 1993 a un testigo para que cambiara su declaración, en la que señalaba al brigadier Jaime Lepe, que se convertiría en colaborador de Augusto Pinochet, como jefe del grupo que mató a Soria. Entre los procesados estaban Lepe y el exdirector de Inteligencia del Ejército, Eugenio Covarrubias. La hija del asesinado, Carmen Soria, solicitó al Gobierno que pidiese a la Justicia chilena la reapertura del caso.

Esto me dio pie para reactivar el caso imputando a dos exministros, el de Defensa, Herman Brady Roche, y el del Interior, César Raúl Benavides. Si los jefes y agentes de la DINA fueron los autores materiales, Brady, Benavides y el subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx, fueron los autores intelectuales al facilitar los medios y dar cobertura a las torturas y asesinato de Soria.

Cursé otra comisión rogatoria para poder interrogar a los imputados en Chile. Se trataba de los miembros de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Eduardo Iturriaga, Jaime Enrique Lepe Orellana, Jorge Remigio Ríos San Martín, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbe, René Patricio Quilhot Palma, Rolf Wenderoth y Ricardo Lawrence Mires; además de Brady, Benavides y los altos cargos de Interior Enrique Montero y Pedro Espinoza.

En mayo de 2012, cuando yo ya estaba fuera de la Audiencia, la Fiscalía solicitó al juez Pablo Ruz que reclamara a Chile y Estados Unidos la extradición de los siete miembros de la DINA que secuestraron y mataron a Soria el 14 de julio de 1976, y que dictara una orden de busca y captura internacional contra todos ellos. Los reclamados, en su día pertenecientes a la brigada Mulchen, fueron Ríos San Martín, Lepe Orellana, Salinas Torres, Bemar Labbe y Quilhot Palma, todos de nacionalidad chilena, a los que se sumaba el estadounidense Michael Vernon Townley, también empleado de la DINA.

Ríos y Lepe, vestidos de carabineros, fueron los que dieron el alto a Soria con la excusa de una infracción de tráfico. Después, le condujeron a una vivienda que ocupaba Townley. Desde las seis de la tarde de ese día hasta la diez de la noche los esbirros del régimen lo mantuvieron maniatado y con la cara vendada. Le rompieron todas las costillas para obligarle a confesar sus relaciones con el Partido Comunista de Chile. Antes de estrangularlo le inyectaron o hicieron beber media botella de pisco para que su muerte pasara por un accidente de tráfico.

Esa misma madrugada, metieron el cadáver de Soria en su coche y lo llevaron hasta un canal donde tiraron el cuerpo y el vehículo. En el interior de este dejaron media botella de licor y metieron una nota mecanografiada en el bolsillo del diplomático español en la que un supuesto amigo le contaba teóricas infidelidades de su esposa. Esa nota, según los investigadores, fue redactada por los propios torturadores. «El cadáver apareció con las manos crispadas, signo de gran dolor o sufrimiento que es inusual en los accidentes de tráfico», explicaba el fiscal en su escrito.

La Fiscalía consideró que esos hechos eran constitutivos de los delitos de asesinato, detención ilegal y genocidio ya que se produjeron en un contexto de «represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar». Consideró que España era competente para investigarlos debido a la nacionalidad española de Soria y a que el proceso que se abrió en Chile fue archivado en 1996, aplicando un decreto-ley de 1978 que fue considerado «un acto material de autoamnistía de la dictadura chilena que se camufló bajo la apariencia de norma jurídica».

El juez Pablo Ruz decidió seguir adelante con el procedimiento al comprobar que la justicia chilena había dado carpetazo al asunto, impidiendo cualquier pronunciamiento sobre él. En este sentido, Ruz coincidió en subrayar que «no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos» y explicó que el proceso fue cerrado en aquel país por una amnistía que «no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente». Una amnistía que, recalcó, suponía un «obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos».

Por ello, el 30 de octubre de 2012 el juez procesó por genocidio y asesinato a siete agentes de la extinta DINA y dictó órdenes internacionales de detención para el ingreso en prisión de todos ellos. Ruz entendía que podía existir un delito de genocidio porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del proceso represivo emprendido por Pinochet, ante el que uno de los ahora acusados respondía y al cual daba cuenta personalmente de sus actos.

Pero la justicia chilena no extraditó a los seis agentes de la DINA, aduciendo en junio de 2013 que el hecho estaba siendo investigado por los tribunales chilenos, según la resolución firmada por Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema chilena. «En el caso del principal implicado, el exdirector de la DINA, el requerido Manuel Contreras Sepúlveda, en Chile se encuentra condenado a más de ciento cincuenta años de privación de libertad, por hechos considerados como crímenes de lesa humanidad», añadía el escrito.

La hija del asesinado diplomático, Carmen Soria, se mostró escéptica en El País: «Aquí no pasa nada. En Chile todo depende del criterio y del humor del ministro de turno. Y es claro que la Justicia española ha hecho mucho más que la chilena. Todos los gobiernos, de centroizquierda y de derecha, han justificado la impunidad en muchos casos de violaciones a los derechos humanos».27

Pero en mayo de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tras la reforma con carácter de urgencia de la ley que regula la jurisdicción universal, y que en la práctica limitó radicalmente su alcance, decidió continuar con el procedimiento, explicando en un auto que «procede mantener la investigación» al haberse acordado el procesamiento de los exagentes por delitos de terrorismo, además de los de genocidio, asesinato y detención ilegal y ser la víctima española, por lo que se cumplirían los requisitos establecidos con la reforma.

Un año después, en mayo de 2015, el juez José de la Mata, sucesor de Ruz, se mostró decidido a que el asesinato no quedara impune y, ante el hecho innegable de que en el país andino «no ha existido en ningún momento ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido», remitió al Tribunal Supremo una «exposición razonada» en la que explicaba los motivos que, en su opinión, justificaban que España mantuviera la competencia sobre este asunto. La continuidad del caso dependerá en última instancia del alto tribunal español.

El 21 de agosto de 2015 recibí un correo de mi buen amigo Joan Garcés, al que tanto debe la justicia internacional, en el que me transmitía el auto de la Corte Suprema de Chile, fechado dos días antes, que dejaba sin efecto su sentencia firme y definitiva de agosto de 1996 que, en aplicación de la ley de amnistía de 1977, sobreseyó definitivamente y archivó el sumario del caso Carmelo Soria incoado en 1976. El efecto de cosa juzgada de la sentencia firme de 1996 había sido ratificado por la Corte Suprema en sucesivas resoluciones de 2010 y 2012, y de nuevo en el auto del 15 de mayo de 2015 del juez instructor de la Corte Suprema que casó la sentencia del 19 de agosto de ese mismo año.28

Sin mencionarlo, lo que esta resolución de la Corte Suprema del 19 de agosto hacía era aplicar el principio aut dedere aut iudicare —«o extraditar o juzgar»—, incluido ya en mi procesamiento de 1998 contra Pinochet. Afortunadamente, esta sentencia de la Corte Suprema de Chile se adelantó al sobreseimiento y archivo del sumario del caso Pinochet en España en curso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español, al amparo de la Ley Orgánica 1/2014 y de la sentencia del pleno de esta misma Sala, fechada el 6 de mayo de 2015, que restringían hasta el límite la aplicación del principio de jurisdicción universal en este país.

Si los actuales jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español hubieran alcanzado a ordenar antes el sobreseimiento y archivo del caso Pinochet, esto habría significado dejar sin efecto el exhorto de 2013 del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Corte Suprema chilena muy probablemente habría confirmado el efecto de cosa juzgada del sobreseimiento dictado en su sentencia de 1996 y desestimado, en consecuencia, el recurso interpuesto por la familia Soria contra el auto de 15 de mayo de 2015 del juez instructor de Santiago de Chile. De esta forma, el caso Pinochet se cerró exitosamente en España en 2015, tras una larga interacción entre los tribunales españoles y los del Reino Unido y Chile, al amparo de normas internacionales y especialmente, por lo que a España se refiere, por aplicación del principio de jurisdicción universal.

Han pasado casi cuarenta años desde el asesinato de Carmelo Soria. Han sido años de impunidad, con cuatro archivos de la causa en Chile e innumerables escollos y dilaciones en España. Pero no han hecho mella en la decisión y el ánimo de la familia y los abogados del español asesinado en Chile durante la dictadura. Queda por escribir un último capítulo para que todos podamos descansar, y este comenzó por fin en agosto de 2015 y sigue en España, donde el 20 de octubre de ese mismo año la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, resolviendo un recurso de casación del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, consideró que «a tenor del conocimiento que esta Sala ha podido adquirir del procedimiento penal en trámite en el lugar donde ocurrieron los hechos, se considera que concurren datos indiciarios suficientes para inferir la falta de voluntad de otro Estado para investigar los hechos delictivos. Y es que no puede llegarse a otra convicción, una vez apreciada la escasa entidad y relevancia de las diligencias practicadas por la justicia chilena en los dos últimos años de investigación, cuando se reabrió el procedimiento penal por cuarta vez, después de haber transcurrido treinta y siete años desde la perpetración de los hechos delictivos».

«En virtud de todo lo que antecede, resulta inaplicable en este caso el principio de subsidiariedad previsto en el apartado quinto del artículo 23 de la LOPJ, inaplicación que conlleva que la jurisdicción de los tribunales españoles prosiga conociendo de la investigación de los hechos», por lo que se acordó «afirmar la jurisdicción de los tribunales españoles para continuar conociendo de los hechos objeto de investigación en el sumario 19/1997 (Pieza III) del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional», referente al caso del asesinato de Carmelo Soria.

Las diferencias sí importan. El caso Habré

Entre los efectos que produjo la detención de Augusto Pinochet en Londres, hay uno que comenzó en 2000 y concluyó, en su fase de primera instancia, en el mes de mayo de 2016.

De la mano de la Unión Africana y después de haber pasado por actuaciones basadas en la jurisdicción universal por Bélgica, la Corte Internacional de Justicia y el propio país, la Sala Extraordinaria de la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas), con jueces de Burkina Fasso y Senegal, juzgó, en juicio oral y público y con participación de las víctimas, que habían formulado la querella inicial admitida por el juez de instrucción Demba Kandji, con base a la jurisdicción universal avalada por el cumplimiento de los requisitos del principio aut dedere aut iudicare conforme a la Convención contra la Tortura ratificada por Senegal, al dictador del Chad, Hissène Habré, «el Pinochet africano», que fuera jefe de Estado de Chad entre 1982 y 1990 y le condenó el 30 de mayo de 2016 como autor responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluidas desapariciones forzadas, violaciones, torturas y asesinatos de más de cuatro mil personas.

Al menos en este caso, como en el de varios represores en Argentina, tuve el privilegio de asistir a dos sesiones del juicio contra Habré en Dakar, reunirme con las víctimas, los abogados, los fiscales y mi homólogo Demba Kandji, al que di un abrazo como el que también nos unió al juez Guzmán y a mí en presencia del fiscal Cañón en 2001, y ver, en directo, el pronunciamiento del fallo contra el dictador que, impertérrito, asistió al juicio y a su condena, envuelto en su turbante blanco y tras unas gafas oscuras que impedían ver sus ojos, al contrario que los de las víctimas, llenos de lágrimas de alegría al oír la condena a perpetuidad del dictador, de boca del presidente del Tribunal. Las diferencias sí importan. Aquí, la justicia, llegó tarde, pero lo hizo.

Los desaparecidos en Argentina

Cuando en noviembre de 1999 procesé y ordené la detención a efectos de extradición contra noventa y ocho militares y civiles argentinos, el revuelo en Argentina llevó al Gobierno en funciones de Carlos Menem a cerrar filas contra la decisión, anunciando que rechazaría la petición de la Audiencia Nacional. El nuevo presidente, aún pendiente del traspaso de poderes, Fernando de la Rúa, opinó por su parte que la decisión no tenía efecto operativo en Argentina.

Carlos Menem, como figura en el sumario, llegó a llamar por teléfono para «ordenarme» que cerrara la causa de inmediato. Ni siquiera me puse al aparato. Él mismo y otros defensores de la impunidad me acusaron de vedetismo, de preparar un show mediático y echaron en cara a España los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, que —cierto es— no llevaron a ningún militar al banquillo durante la Transición española ni después. La paradoja de la historia es, como se verá en el capítulo correspondiente, que ahora Argentina es la última posibilidad de justicia para las víctimas españolas de la dictadura franquista.

Uno de los militares que figuraban en la lista de procesados era el general Luciano Benjamín Menéndez, que durante la dictadura fue jefe del III Cuerpo del Ejército, con sede en Córdoba (Argentina), indultado por Menem, aunque contra él pesaban graves acusaciones de violación de los derechos humanos. Este general calificó el caso de «insolencia» y de «atentado contra la soberanía», al tiempo que negaba todas las acusaciones y calificaba el robo de menores como de «cuento». Años después, en 2010, tuve la oportunidad de asistir en Córdoba (Argentina) a una de las sesiones del juicio contra Videla, el mencionado Menéndez y otros veintitrés acusados, en compañía de la fiscal Dolores Delgado y del secretario de Derechos Humanos, mi amigo Eduardo Luis Duhalde. Fue una gran y agitada experiencia, porque partidarios de los militares nos increparon, tanto a mí como al secretario, e incluso los acusados pretendieron salir de la sala del tribunal. Aquellos dos fueron condenados a prisión perpetua en la sentencia que el 12 de diciembre de 2010 puso fin a ese juicio. Desde luego, en este como en otros casos, estoy convencido de que tuvo gran importancia lo que aconteció previamente en España.

Ricardo Miguel Cavallo

El sumario por los crímenes durante la dictadura argentina, incoado en marzo de 1996, continuó adelante después de la detención de Scilingo y en forma paralela a los avances en el caso Pinochet.

El 24 de agosto de 2000 se produjo la detención del represor Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico y Marcelo, en México. El 1 de septiembre de 2000 lo procesé por los mismos delitos que a Adolfo Scilingo, imputándole concretamente su presunta participación en doscientos veintisiete de los doscientos cuarenta y ocho secuestros de personas que todavía permanecen desaparecidas. Todas ellas llegaron a la ESMA, la tristemente famosa Escuela Mecánica de la Armada, que funcionó en un complejo edificio originariamente destinado al alojamiento e instrucción de los suboficiales de la Marina. Ubicada sobre la avenida del Libertador, una importante vía de acceso al núcleo urbano en plena zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ESMA fue uno de los mayores centros de detención, tortura y exterminio del país, en funcionamiento entre 1976 y 1983. Una de las particularidades de este centro fue la existencia de una sala clandestina de maternidad, donde nacieron al menos treinta y cuatro bebés de detenidas-desaparecidas. Desde el edificio del Casino de Oficiales y con el sostén y la cobertura del resto de las instalaciones, el Grupo de Tareas 3.3.2 (GT 3.3.2), creado en 1976 por el entonces almirante Emilio Massera, ejecutó una acción terrorista que cumplió un rol determinante en la desarticulación de organizaciones populares y la captura y desaparición forzada de más de cinco mil personas.

Cavallo formaba parte en esa época de los grupos operativos del GT 3.3.2. Igualmente habría participado en ciento diez de los ciento veintiocho casos de personas detenidas ilegalmente, y luego liberadas, que fueron torturadas. También habría participado en los casos de mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y que todavía hoy permanecen desaparecidas, igual que sus hijos recién nacidos, que fueron secuestrados y entregados a familias relacionadas con el régimen. En esa resolución, detallaba, específicamente, veintiún casos concretos de torturas, secuestros y desapariciones en los que presuntamente intervino personalmente Cavallo. Entre ellos figuraban la detención ilegal durante veinte meses de Juan Alberto Gasparini, que fue torturado, y el asesinato de su esposa y una amiga de esta; la desaparición de Nora I. Wolfson; el asesinato de Raimundo Aníbal Villaflor y las desapariciones de María Elsa Garreiro, Josefina Villaflor y José Hassán, que habían sido previamente detenidos ilegalmente; así como el secuestro, torturas y asesinato de Carlos Alberto Chiappolini, ocurrido el 26 de febrero de 1977.

La detención de Cavallo en México, en virtud de una orden de detención expedida desde mi juzgado y ampliada posteriormente, dio lugar al primer caso de extradición concedida por un país (México) a otro país (España) respecto de un represor (Cavallo) que no había delinquido en ninguno de los dos países, sino en un tercero de donde era nacional y donde se habían producido los hechos (Argentina). Es decir, fue el primer caso de aplicación del principio de jurisdicción universal más puro. Después de un largo proceso que duró tres años, el país azteca envió a Ricardo Cavallo, alias Sérpico, a la Justicia española. En julio de 2003, recién extraditado y tras tomarle declaración, en la que se negó a hablar acogiéndose a su derecho a guardar silencio, tan solo levantó los ojos un instante para mirarme cuando le anuncié que quedaba en prisión por los hechos que se le imputaban. Su mirada era fría, distante y llena de rencor. La Fiscalía, como venía siendo su norma y a pesar de que la Audiencia ya había establecido la jurisdicción española, recurrió la decisión por falta de competencia.

El proceso contra Cavallo siguió hasta la misma fase de juicio oral, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiera favorablemente sobre una cuestión de previo y especial pronunciamiento planteada por la defensa, que fue impugnada brillantemente por la fiscal Dolores Delgado. A partir de junio de 2004, por decisión directa del nuevo fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y prescindiendo del fiscal Fungairiño —que, fiel a su posición obstaculizadora en estos casos, no le concedió ni el más mínimo apoyo para desarrollar su labor—, Delgado se hizo cargo del caso. En 2007, después de múltiples incidencias, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó que debería ser Argentina quien lo juzgara porque tras la anulación de las leyes de impunidad podía asumir esa función. Cuando llegó la orden de detención contra él, se concedió la extradición y fue enviado a Argentina, donde ya ha sido condenado por dos veces a prisión perpetua por sus acciones criminales.

Néstor Kirchner

Pero todo ello fue posible porque el recién elegido presidente de Argentina, Néstor Kirchner, derogó el 25 de julio de 2003 un decreto del presidente De la Rúa que desde el año 2001 impedía cooperar y extraditar a los argentinos reclamados por jueces de otros países por delitos contra los derechos humanos. La decisión se tomó un día después de que el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, a partir del 26 de ese mismo mes y atendiendo una orden de detención de julio de 2003 emitida por mí contra cuarenta y seis personas, ordenara la prisión con fines de extradición de todos los reclamados (cuarenta y cinco militares y un civil), entre los que se encontraban los máximos dirigentes de la época del terrorismo de Estado que se practicó entre los años 1976 y 1983 en Argentina, quedando detenidos la mayoría de ellos.

Orden de detención contra:

Jorge Videla, que, como comandante en jefe del Ejército de Tierra, encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue presidente de la primera Junta Militar hasta el 29 de marzo de 1981. En diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo condenó a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, como autor responsable de 66 homicidios, 306 privaciones ilegales de la libertad, 93 tormentos y 26 robos. Un año más tarde, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema. Estuvo detenido entre 1985 y 1990 en un penal militar. El expresidente Carlos Menem le concedió el indulto de la pena mediante decreto de 30 de diciembre de 1990. Fue imputado también en Italia por delitos cometidos en Argentina contra ciudadanos italianos.

Emilio Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada, miembro de la primera Junta Militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 16 de septiembre de 1978. En 1985, un tribunal civil le condenó a la pena de prisión perpetua por tres homicidios agravados con alevosía, 69 prisiones legales de la libertad, 12 tormentos y siete robos. Fue encarcelado en un penal militar entre 1985 y 1990 y beneficiado en diciembre de ese mismo año con el decreto de indulto dictado por el expresidente Menem. Imputado en España y también en Italia por crímenes cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura.

Omar Graffigna. Brigadier general. Entre el 25 de enero de 1979 y el 17 de diciembre de 1981 formó parte de la segunda Junta Militar. El indulto que le concedió el expresidente Menem le liberó en diciembre de 1990. Fue imputado también en Italia por delitos cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura.

Armando Lambruschini, contralmirante que integró la tercera Junta Militar de la dictadura entre el 15 de septiembre de 1981 y el 18 de junio de 1982. Fue reconocido como pasajero de un avión naval que transportaba ciudadanos secuestrados.

Jorge Isaac Anaya. Brigadier, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Ocupó un sitio en la tercera Junta Militar.

Basilio Lami Dozo, general de división del Ejército de Tierra, comandante de la zona donde funcionaron los campos de concentración conocidos como El Vesubio, El Banco, regimiento de Patricios, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, y la Unidad 9 de La Plata, entre otros. No le alcanzó el beneficio de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El general se adhirió a la secta Moon y se comprobó que era miembro de la logia italiana Propaganda Dos, que lideraba Licio Gelli.

Carlos Guillermo Suárez Mason, general del Ejército de Tierra. Segundo comandante del I Cuerpo de Ejército a cargo de la Subzona Capital Federal desde febrero de 1976 a diciembre de 1976. Indultado por Menem el 7 de octubre de 1989.

Jorge Olivera Rovere. De él se contaba que en sus arengas afirmaba: «Es preferible asesinar a un inocente antes de que se escape un subversivo». General del Ejército de Tierra.

Antonio Domingo Bussi, al que además de los cargos imputados le habíamos descubierto —gracias a la colaboración con la fiscal general de Suiza, Carla del Ponte, que después ocuparía idéntica responsabilidad pero en los tribunales penales de la exYugoslavia y Ruanda— cuentas en el Credit Suisse, abiertas a través de unos consultores de Uruguay, junto con su mujer, Josefina Beatriz Bigolio de Bussi.

Ramón Genaro Díaz Bessone, general del Ejército de Tierra. Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y responsable de secuestros, torturas y asesinatos en los campos de concentración.

Juan Carlos Trimarco, general del Ejército de Tierra. Fue jefe de la Subzona 22. Desde diciembre de 1980, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército y jefe de la Zona 2 y desde julio de 1982, comandante del Primer Cuerpo de Ejército y máximo responsable de la Zona 1.

Luciano Benjamín Menéndez, general de división del Ejército. Como comandante del III Cuerpo de Ejército, desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, fue jefe de la Zona 3. Visitaba los campos de concentración, especialmente el de La Perla, en Córdoba, por donde se estima que pasaron más de dos mil doscientos ciudadanos secuestrados. Menéndez presenciaba sesiones de torturas y fusilamientos. Menem le indultó.

Luciano Adolfo Jáuregui, general del Ejército de Tierra. Jefe de la Subzona 21 en diciembre de 1977. Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, jefe de la Zona 2 desde febrero de 1979 hasta diciembre de 1980. Beneficiado por la Ley de Punto Final, indultado por Menem en octubre de 1989.

Los demás detenidos fueron: Luciano Jáuregui, José Vaquero; los exmiembros de la ESMA Jorge «el Tigre» Acosta, Jorge Vildoza, Luis María Mendía, Jorge Enrique Perrén, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Miguel Donda Tigel, Juan Carlos Coronel, Carlos Eduardo Daviou, Carlos Pazo, Ernesto Frimón Weber, el prefecto Héctor Febres y el ayudante de prefectura Juan Antonio Azic.

Además, el capitán médico Carlos Capdevilla; los coroneles Juan Rolón, Alberto Cattáneo, Mario Caffarena y Eugenio Barrozo; los generales de brigada Luis Martella, Fernando Santiago y Jorge Alberto Maradona Jofre; los tenientes coroneles Albino Zimmerman y Antonio Arrechea Andrade; el comandante de Gendarmería Luis Rizo Avellaneda; el teniente Arturo Félix González Naya; el policía de Tucumán Roberto Albornoz; los militares Augusto Neme y Héctor Schwab (que también actuaron en Tucumán), y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa.

Derogación del decreto

El 25 de julio de 2003, un día después de que el juez Canicoba Corral ordenara las detenciones a petición mía, Néstor Kirchner acordó la derogación del decreto presidencial de De la Rúa de 2001 que impedía las extradiciones. El jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno argentino, Alberto Fernández; el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y el de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, comparecieron el mismo día por la tarde en una rueda de prensa para anunciar la decisión presidencial. «De este modo se reafirma la decisión del poder ejecutivo de que en el tema de extradiciones debe intervenir y resolver la Justicia», explicó Fernández. Para Béliz, el decreto resultaba «inadmisible con el Estado de derecho» porque concedía a los acusados un privilegio que violaba la necesaria igualdad ante la ley. El canciller Bielsa aclaró que, de todos modos, «la última palabra» sobre las extradiciones la tendría el presidente.

Mientras tanto, las detenciones se iban sucediendo y uno de los represores incluidos en la lista, Juan Antonio Azic, extorturador del Grupo de Tareas de la ESMA, como publicó el diario El País, se sentó en la madrugada del 25 de julio «en un banco de la dársena del puerto de Buenos Aires, frente a la imagen de una virgen, dejó a un lado una carta en sobre cerrado, apoyó una pistola —de calibre nueve milímetros— debajo de la boca y disparó. Por la tarde se había enterado de que el juez federal argentino Canicoba Corral había ordenado su arresto preventivo a petición mía. Según el parte médico, Azic tenía una herida facial por proyectil de arma de fuego que le causó la fractura del maxilar inferior, lesión en la lengua y en el piso de la boca, la sección del labio superior, la pérdida del ala izquierda de la nariz y daños en el paladar y un ojo».29

El exrepresor del centro clandestino de detención —que estuvo a las órdenes de oficiales de la Marina como Ricardo Cavallo— torturó, entre otros, a un niño de solo veinte días de edad, el hijo de Gregorio Lordkipanidse, así como a Víctor Aníbal Fatala y Lázaro Gladstein. En 1985 fue denunciado por los cuatro casos, pero no fue procesado por la Ley de Obediencia Debida dictada en 1987.

Proceso en España

El presidente Kirchner, con la derogación del decreto de De la Rúa, estableció un punto de inflexión y abrió la puerta a la intervención de la justicia para poder determinar en cada caso si correspondía o no la extradición ante el requerimiento de los jueces de España y también de otros países como Italia, Francia o Alemania. Kirchner hizo vigente la igualdad ante la ley, de manera que los militares ya no gozaban del privilegio de quedar excluidos frente a una solicitud de extradición. Eran los jueces quienes decidían si correspondía extraditar o no, y luego el Gobierno tomaba la decisión, conforme a la ley.

El fallecido presidente Kirchner, en una entrevista que mantuvimos el 31 de julio de 2005, fue muy explícito. Yo le manifesté la incertidumbre que siempre tenían en Argentina sobre la posibilidad real de que se celebraran los juicios. Me dijo que se comprometía, y lo había hecho ante sus propios hijos, a que los responsables de crímenes fueran juzgados. Si no se podía lograr en Argentina, dijo, estaba la alternativa de las extradiciones. Me dijo que no le iba a temblar el pulso a la hora de firmar las extradiciones necesarias, si ese era el camino para asegurar el enjuiciamiento. Lo afirmó con énfasis, así lo creí en ese preciso instante, y concluyó expresivamente: «Doctor, le aseguro que, si no los juzgan aquí, los monto en un avión y se los envío a España para que los juzgue».

Era evidente que las investigaciones y la demanda de extradición presentada al Gobierno debían seguir adelante. No obstante, en esos momentos de agosto de 2003 tan solo se habían derogado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero no anulado, lo que ocurriría dos años después, en junio de 2005, con lo cual los efectos de esa derogación solo se aplicarían para el futuro y la impunidad se mantendría. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, manifestó el 28 de julio de 2003 su oposición a la extradición de los cuarenta y cuatro militares hasta ese momento detenidos en Argentina, al insistir en que España carecía de competencia para juzgar a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura argentina. Fungairiño reiteró que la postura de su Fiscalía se basaba en el principio de territorialidad, esto es, que los delitos cometidos en Argentina se juzgaran allí.

«España no tiene competencia para juzgar a esos militares por mucho que el Gobierno argentino derogue el decreto de extradición», ante el cual España «no adquiere mayor jurisdicción sobre esos crímenes». El fiscal recordaba que el Tribunal Supremo así lo había establecido en las causas sobre el presunto genocidio en Guatemala y Perú al afirmar que la represión política no era genocidio, además de limitar las investigaciones a los crímenes cometidos contra españoles. No podía saber en ese momento, porque la sentencia se publicaría el 26 de septiembre de 2005, que el Tribunal Constitucional español daría entrada al principio de jurisdicción universal en el más amplio sentido y en el más protector a las víctimas que hubiéramos imaginado y que ponía a España a la cabeza mundial en materia de protección de los derechos humanos, ratificando así toda la línea que habíamos mantenido en la Audiencia Nacional en su aplicación desde 1996. Y seguiría siendo así hasta que en 2009, por una decisión conjunta del PSOE —liderado en ese momento por José Luis Rodríguez Zapatero— y el PP, se asestó el primer golpe de muerte a la jurisdicción universal en España contraviniendo flagrantemente la doctrina constitucional.

El fiscal basaba su argumentación en negar la competencia de los tribunales españoles para juzgar este caso. «No son atendibles los argumentos del señor fiscal, por cuanto van en contra de las resoluciones firmes y reiteradas de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en este caso», dije yo. En este sentido, cité expresamente el auto de la Sala de lo Penal que confirmó la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar al excapitán argentino Adolfo Scilingo por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos durante la dictadura.

Yo disponía de cuarenta días, desde el momento en que recibiera el informe de mi par argentino sobre la situación legal en que se encontraban los imputados en el auto de detención, para reenviar a Buenos Aires el pedido formal de extradición en el que se describían los hechos, los delitos cometidos, los antecedentes, los testimonios recogidos y las acusaciones que corresponden a cada uno. Esa documentación sería revisada luego nuevamente por los jueces federales argentinos y resuelta «caso por caso».

La lista que había enviado en 1999 se redujo a los cuarenta y cinco militares y un civil ya citados por las muertes del exgeneral Leopoldo Galtieri y del capitán de corbeta Francis William Whamond. También murieron en los meses siguientes Jorge Alberto Maradona y Mario Arturo Caffarena Sese. Otros dos eran ya «prófugos» en causas anteriores, el excapitán de fragata Jorge Raúl Vildoza Ostuni y el excoronel Arturo Félix González Naya, y a ellos se unió Antonio Arrechea Andrade. El 19 de agosto de 2003 acordé, en una primera resolución, «proponer al Gobierno de España que solicitara a las autoridades argentinas la extradición» de veintiséis de los cuarenta y seis militares reclamados por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura en el país sudamericano (1976-1983).

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira recurrió el auto con los mismos argumentos que empleó en su informe contrario a la petición de las extradiciones, que se resumía en negar la competencia de los tribunales españoles para actuar en este caso y en subrayar que la puesta en marcha en Argentina del proceso de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hacía «innecesaria» la intervención de la Justicia española.

En todo caso, el recurso del fiscal no paralizaba la tramitación de las extradiciones, que trasladé con carácter urgente al Ministerio de Justicia para que el Consejo de Ministros las remitiera cuanto antes a Argentina. Las solicitudes tenían que llegar a aquel país antes del 2 de septiembre de 2003, porque en caso contrario el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, que había ordenado la detención de los veintiséis represores, se vería obligado a dejarlos en libertad.

También elevé al Gobierno la petición para que reclamara la extradición de los otros catorce exmilitares argentinos detenidos en su país desde el mes de julio anterior por el mismo caso. Con lo que sumaban el total de cuarenta. Entre estos últimos se encontraban destacadas figuras de la dictadura: Jorge Rafael Videla, Carlos Suárez Mason, Emilio Massera, Rubén Franco, Héctor Febres, y Jorge Acosta, alias el Tigre.

Sin embargo, el 29 de agosto el Consejo de Ministros, que al parecer había recibido indirectamente y de forma irregular un informe del fiscal Fungairiño, decidió no tramitar la solicitud de extradición a las autoridades de Argentina de treinta y nueve exmilitares argentinos y un civil. El entonces vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, en la conferencia de prensa posterior al primer Consejo de Ministros celebrado tras las vacaciones de verano, apeló al artículo 11 del acuerdo de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina. Este artículo preveía como causa de denegación de extradición la de que fueran competentes los tribunales de la parte requerida conforme a su propia ley para conocer del delito que motivaba la solicitud de extradición.

El juez Canicoba, que debía liberar a los cuarenta detenidos al no tramitar el Gobierno español la extradición, calificó de «novedosa» la decisión del Ejecutivo de José María Aznar de «suspender» el trámite.

Ante la situación gravísima que se produjo, con decenas de personas detenidas y sin una cobertura legal que amparara la situación, puse en marcha de forma inmediata la aplicación del convenio bilateral entre España y Argentina, cuya suspensión había sido levantada por el decreto presidencial de Néstor Kirchner, y denuncié los hechos ante el juez argentino, con remisión de copia de toda la causa, y así sucesivamente con otros jueces federales, para que pudieran actuar en su jurisdicción en las causas abiertas o que se pudieran abrir. Y lo hice de esta forma, a pesar de la actuación claramente ilegal del Gobierno español del Partido Popular, como pondría de manifiesto dos años después la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el mismo día que se anulaban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por la Corte Suprema Argentina, con ponencia de Raúl Zaffaroni.

El desenlace es de sobra conocido. En 2005 Kirchner impulsó en el Congreso la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tema que se complementó con la declaración de inconstitucionalidad del juez Gabriel Cavallo y luego con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Además, esta declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el expresidente Carlos Menem, lo cual eliminó la última traba legal a la realización de los juicios.

Para garantizar el debido proceso judicial y una investigación exhaustiva en cada caso, se creó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que dependía de la Procuración General de la Nación. A partir de 2007 se sucedieron los juicios —entre ellos la megacausa de la ESMA y el Plan Cóndor (ya dictada sentencia)— y las condenas contra muchos responsables que han acabado en la cárcel de por vida, en tanto que, actualmente, continúan los juicios contra los presuntos responsables de aquel terrorismo de estado que asoló Argentina entre 1976 y 1983.

Continúa el caso Scilingo

En octubre de 2004 el abogado defensor de Adolfo Scilingo, Fernando Pamos de la Hoz, renunció a defenderle argumentando que la sentencia ya estaba dictada. En noviembre el Tribunal Supremo español dio luz verde a la Audiencia Nacional para juzgarle, al entender que en los crímenes de los que era acusado hubo víctimas españolas y porque no estaba encausado por ellos en Argentina. Esa instancia consideró además aplicable el artículo 23.4 de la LOPJ, según el cual la «jurisdicción española será competente para conocer hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional […] como delitos de genocidio y terrorismo».

Llegó 2005 y el 14 de enero comenzó en la Audiencia Nacional el juicio oral y público por el que desfilaron más de setenta testigos, varios de ellos sobrevivientes de la ESMA. El tribunal, presidido por Fernando García Nicolás, estaba integrado por Jorge Campos, José Ricardo de Prada (ponente) y Dolores Delgado como fiscal.

Durante el juicio, Scilingo dijo que se autoinculpó ante mí de los «vuelos de la muerte», en los que ahora negaba haber participado, para que yo investigara lo que sucedió durante la dictadura argentina. También denunció amenazas de la Armada argentina y solicitó al tribunal protección para su familia. Otro día afirmó que sus declaraciones previas obedecieron a una venganza contra el ex jefe de la Junta Militar y máximo responsable de la Armada, Emilio Massera.

Según declaró Scilingo, este último fue quien ordenó la detención de su hermana María Adela, que tuvo que huir «como una judía en un régimen nazi» y que luego falleció en 1994 por un tumor en el pecho. Si ella no hubiera estado buscada, habría podido operarse y quizá estuviese viva, opinaba el exmilitar. «Nunca me perdonaré haber creído a la Armada y no a mi hermana, porque yo pensé que tenía al diablo en casa, a una terrorista, y no era así. Mi hermana no era ni mejor ni peor que nadie, pero era mi hermana.»

Los desaparecidos estuvieron también presentes en el juicio. El abogado Jaime Sanz de Bremond le preguntó, uno por uno, por los ciento noventa y tres detenidos desaparecidos. El procesado dijo que no tenía «ni idea».

Ante mí, Scilingo había declarado que la orden de su primer vuelo, que tuvo lugar en la primera quincena de junio de 1977, la dio el capitán Mario Arduino. A las siete de la tarde fue al sótano de la ESMA, donde estaban preparando a la gente que iba a volar. El jefe del acuartelamiento, Jorge Acosta, dijo a los detenidos que iban a ser trasladados a un penal del sur y que tenían que ser vacunados. Allí se les puso la primera inyección para que estuvieran tranquilos. Acosta les decía que tenían que morir felices y les ponía música brasileña para que bailaran, declaró Scilingo. Después salían en camiones con lona verde al aeropuerto, donde embarcaban en los aviones y volaban durante una hora sobre el mar hacia el sur. Aseguró que no los contó, pero que había veinticinco o veintisiete. Sin embargo, el vuelo tuvo que desdoblarse porque el avión no tenía capacidad para tanta gente. Él viajó en uno de los vuelos con trece detenidos. Al llegar al aeropuerto se les puso una segunda dosis de droga y el médico se retiró y no voló, para no violar su juramento hipocrático. Después, ya en el aire, hubo que desvestir a los detenidos y, cuando el comandante lo ordenó, los arrojaron al mar «por popa».

En el juicio también declaró el nobel de la paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien relató que en abril de 1977 fue detenido en el Depósito Central de Policía Federal y estuvo desaparecido casi un año. Pérez Esquivel dijo que el 5 de mayo de 1977 lo encadenaron a uno de esos aviones y que el aparato estuvo una hora volando sobre el Río de la Plata hasta Uruguay, que posteriormente lo llevaron a la base aérea de Morón y allí el oficial le dijo: «Póngase contento, lo llevamos a la U9, una cárcel de máxima seguridad». De su cautiverio afirmó: «Lo más terrible de las torturas era sentir cómo torturaban a los otros prisioneros. No podía entender esa locura desatada dentro de la prisión. Nunca fui juzgado. Nunca fui acusado de ningún delito».

El 7 de marzo de 2005 la Fiscalía de la Audiencia Nacional modificó la postura que mantenía hasta entonces en las causas por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos durante la dictadura argentina y decidió solicitar un total de nueve mil ciento treinta y ocho años de cárcel para Adolfo Scilingo. La fiscal Dolores Delgado tuvo que armar la acusación en tiempo récord imputando al acusado de los delitos de genocidio y terrorismo por su supuesta responsabilidad en treinta asesinatos cometidos durante los «vuelos de la muerte». También le acusó de cometer lesiones a noventa y tres personas y de la desaparición de otras doscientas cincuenta y cinco. Alternativamente al delito de genocidio, consideró que podría ser acusado del delito de lesa humanidad. Delgado sustituyó durante el juicio al fiscal Pedro Rubira, quien había solicitado el sobreseimiento de las actuaciones y planteado un incidente de nulidad por entender que se había originado indefensión al fiscal. En su alegato final, puso de manifiesto la importancia histórica de este juicio, celebrado al amparo de la jurisdicción universal para, a través del mismo y de la sentencia, reparar a las víctimas de las atrocidades cometidas durante la dictadura.

En el mismo sentido, las acusaciones particulares y populares pidieron más de seis mil seiscientos años de cárcel contra el exmilitar por delitos de genocidio en concurso con treinta asesinatos, noventa y tres delitos de lesiones, doscientos cincuenta y cinco de terrorismo y doscientos ochenta y seis de torturas. El abogado defensor de Scilingo, Fernando Pamos, reclamó la absolución.

El 19 de abril de 2005 la Audiencia Nacional condenó a Adolfo Scilingo a seiscientos cuarenta años de cárcel por delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina. La sentencia consideraba probado que participó en los «vuelos de la muerte» y fue responsable de la muerte de treinta personas. A pesar de todo, la pena impuesta fue ostensiblemente menor a la que pedían la fiscal Delgado y las acusaciones populares y particulares (seis mil seiscientos veintiséis años de cárcel).

El fallo tuvo un valor paradigmático, no solo porque se tratara del primer represor de la dictadura argentina procesado y condenado en presencia por un tribunal extranjero, sino también porque abrió la posibilidad de que, por primera vez, un militar acusado por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado fuera condenado por crímenes de lesa humanidad.

La Sección Tercera, que estuvo compuesta para este juicio por magistrados de la Sección Segunda, ya que los anteriores fueron recusados por el exmilitar, consideró «más adecuado» calificar los hechos como un delito de lesa humanidad, según el artículo 607 del Código Penal, en la redacción que entró en vigor el 1 de octubre de 2004. Según el tribunal, este tipo penal es «más amplio que el de genocidio (delito del que era acusado por la fiscal y las acusaciones), que queda reducido ahora a situaciones muy específicas que estima el tribunal que no se dan en el presente caso».

En este sentido, señalaba que la característica más importante de los delitos contra la humanidad es su «perseguibilidad universal», por lo que justificaba la competencia de la Justicia española para enjuiciar al exmilitar, además de que en la ESMA, donde estuvo destinado Scilingo, hubo víctimas de nacionalidad española. También añadía que los delitos causados durante la dictadura militar no habían sido perseguidos en Argentina ni estaban bajo la cobertura de la Corte Penal Internacional.

Esto no fue todo, pues el 4 de julio de 2007 el Tribunal Supremo elevó de seiscientos cuarenta a mil ochenta y cuatro los años de prisión de la condena impuesta a Scilingo, al apreciar parcialmente los magistrados varios recursos de casación presentados por las acusaciones y por el propio Scilingo, al considerar que en la sentencia de la Audiencia Nacional se aunaban grosso modo varias conductas tipificadas como delito de lesa humanidad, que el Tribunal Superior individualizó considerándolos cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad, cuando en realidad la responsabilidad debería ser individualizada en todos y cada uno de los diversos hechos delictivos en los que tomó parte.

Reflexión final

El caso Argentina, que a su vez abrió paso al caso de la Operación Cóndor y al de Pinochet como pieza separada, surgió, como muchos otros, de un grano de arena, en este caso de la impunidad sobre 30.000 desaparecidos, entre los que estaban cientos de españoles y descendientes de compatriotas, durante la dictadura cívico-militar argentina.

Un conjunto de abogados actuando pro bono, para el bien público, y con una vocación universalista encomiable trabajaron con denuedo en defensa de las víctimas y por la consolidación de un principio, el de jurisdicción universal, que ante todo es un mecanismo eficaz contra la impunidad y una verdadera protección, quizá la última, para las víctimas cuando todas las puertas de la justicia local se les cierran.

Un pequeño grupo de jueces y fiscales estuvo a la altura de las circunstancias e hicimos lo que correspondía en aplicación del principio de legalidad, pero con una visión progresiva y universal, siguiendo y creyéndonos lo que los convenios internacionales y el ius cogens —las reglas aceptadas por la comunidad internacional que no permiten excepciones y solo pueden ser modificadas por una nueva norma de la misma categoría— son y significan.

Un nutrido grupo de periodistas, políticos, defensores de los derechos humanos, intelectuales, artistas, sindicalistas, gremialistas y de diferentes profesiones y ocupaciones creyeron y apoyaron en su día —y aún lo hacen— que era posible despertar de la indiferencia. Y lo hicieron especialmente las víctimas que, de forma serena pero firme, constante y permanente, demandaron justicia y la continúan exigiendo, muchas veces ante los oídos sordos de los responsables públicos que deberían protegerlas. La mala noticia es para los culpables, aunque también deberían estar contentos porque están siendo juzgados con todas las garantías de las que ellos mismos privaron arbitraria y brutalmente a quienes debían haber defendido.

El 27 de mayo de 2016, se hizo pública la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 1 de Buenos Aires por el caso de la Operación Cóndor, cuarenta y un años después de que acontecieran los hechos. El día 9 de agosto se hicieron públicos los argumentos de la sentencia. La justicia para las víctimas, a veces, demasiadas veces, tarda en llegar, pero finalmente cuando lo hace, como en este caso, se siente la satisfacción porque los esfuerzos de tantas personas que han luchado por ello han conseguido, una vez más, vencer a la impunidad, dándole sentido a una lucha por la dignidad de las víctimas que no cesa ni cesará.

El caso Guatemala

Otro de los casos emblemáticos en los que participé fue el del genocidio de Guatemala, iniciado en virtud de la querella de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, una mujer carismática y con la que, a partir del 20 de diciembre de 1999, fecha en la que nos conocimos en mi despacho del juzgado, he desarrollado una grata amistad. Ella misma y su familia habían sufrido los efectos de la represión bajo la dictadura de Fernando Romeo Lucas García y la pérdida de la vida de su padre y un primo en el asalto a la Embajada española en ese país centroamericano el 31 de enero de 1980, cuando la policía guatemalteca entró en la Embajada, violando la inmunidad diplomática, y mató a treinta y siete personas. El 1 de octubre de 2014 se celebró el juicio en la ciudad de Guatemala y las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos determinaron por unanimidad que Pedro García Arredondo, jefe del Comando n.º 6 de la Policía Nacional, ejecutó órdenes de sus superiores. El fallo del tribunal fue leído en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia el 20 de enero de 2015 y García Arredondo fue condenado a cuarenta años de prisión por la quema de la Embajada y a otros cincuenta más por la muerte de dos estudiantes universitarios.

Obviamente, en 1999 la única vigencia que existía en Guatemala era la impunidad, por lo que, siguiendo el ejemplo de Argentina y Chile, las víctimas vinieron a la Audiencia Nacional a buscar justicia. El caso correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 1, que en ese momento estaba a cargo del juez Guillermo Ruiz Polanco, quien no era partidario de aceptar la tramitación porque la denuncia era muy genérica. Así me lo dijo y así se lo expuse a Rigoberta, aconsejándole que se personaran cuanto antes, por razones estratégicas y para hacer más fuerza sobre el juez a la hora de resolver. Le indiqué cómo debían concretar los hechos para que tuvieran más consistencia. Lo hicieron y finalmente pude convencer a mi colega de que debía aceptar la tramitación de la causa debido a la indefensión de las víctimas, a que había habido agresión en la sede diplomática española y a la impunidad reinante en Guatemala.

Ruiz Polanco lo entendió así y, el 27 de marzo de 2000, emitió un auto en el que se declaró competente para juzgar los hechos ocurridos en 1962 y 1994 y dio curso a la denuncia contra los responsables de los últimos regímenes militares guatemaltecos por genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detención ilegal. El procedimiento se dirigió contra ocho personas, entre las que figuraban los generales Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejías Víctores, y el expresidente Fernando Romeo Lucas García. El magistrado consideró en su auto que los tribunales españoles debían suplir la jurisdicción guatemalteca «en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz».

El 19 de abril de 2004, ordené librar una comisión rogatoria para que se reactivara el caso, que había pasado por varias incidencias, todas ellas dirigidas a cerrarlo. Tras varias resoluciones contradictorias acerca de la competencia para juzgar el caso, este culminó con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005 a favor de la competencia de los tribunales españoles, interpretando, en forma abierta y favorable a las víctimas, el principio de jurisdicción universal, con independencia de la nacionalidad de las mismas, de los perpetradores y sin necesidad de vínculos de conexión. Era el éxito más contundente, a nivel universal, frente al criterio restrictivo que había triunfado por escaso margen en el Tribunal Supremo. En junio del año siguiente la Audiencia Nacional envió una comisión rogatoria al país centroamericano. Aunque el juez Santiago Pedraz, que se había hecho cargo del caso, el fiscal Jesús Santos Alonso y el abogado del caso, Antonio García, viajaron a Guatemala para interrogar al expresidente Ríos Montt y a otros siete acusados, no consiguieron su objetivo, por la oposición de las autoridades y de la Corte Constitucional guatemaltecas. Finalmente, el juez ordenó el 8 de julio la detención internacional.

El caso contra Ríos Montt seguiría en Guatemala y resultó condenado, si bien la sentencia se anuló, y el juicio debe ser repetido, resultando difícil que se celebre por las dilaciones y por las incidencias extraprocesales que se están haciendo valer, con el argumento, de nuevo como en el caso Pinochet, de las dolencias del acusado. Pero debe ser destacada la valentía de juezas como Jazmín Barrios y otros colegas guatemaltecos que están consiguiendo, a pesar de la postura de la Corte de Constitucionalidad de ese país, hacer frente a la impunidad de décadas y revertir la situación de los responsables de crímenes contra la humanidad en el país centroamericano.

El Alakrana

Los orígenes de la jurisdicción universal, como expliqué al inicio de este capítulo, no se corresponden con los ejemplos de barbarie que el siglo XX había decidido reservarnos con especial contundencia: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un principio era un instrumento diseñado para dar respuesta ante el gran problema de la piratería. La piratería, esa acción violenta por la que delincuentes sin barco registrado ni bandera abordaban, secuestraban, robaban o asesinaban a la tripulación de embarcaciones legales, parecía ser más una reminiscencia histórica que un verdadero delito. La imagen romántica de barbudos bucaneros y piratas sin ojo, brazo o pierna, con un loro sobre el hombro ayudó a subestimar el grave problema que algunos océanos encaran hoy en día. Las costas de Somalia pusieron de actualidad este viejo crimen y recordaron a la comunidad internacional, también a España, que la jurisdicción universal debe permanecer viva para perseguir a los delincuentes de alta mar.

Trece piratas con lanzagranadas y fusiles asaltaron el 2 de octubre de 2009 el atunero vasco Alakrana, con treinta y seis tripulantes, al que abordaron cuando tenía las redes tendidas a 413 millas de las costas del sur de Somalia. Un portavoz de los piratas aseguró que estaban dispuestos a imponer «una fuerte pena» a los tripulantes del atunero «por pescar ilegalmente en aguas de Somalia». Sugule Ali, cabecilla y portavoz de los asaltantes, aseguró a la Agencia EFE: «Decidimos secuestrar el buque cuando tuvimos información de que España quería proteger la pesca de sus barcos en nuestras aguas. La tripulación española se enfrenta a una fuerte pena porque su Gobierno ha solicitado de la UE ayuda para mantener la pesquería ilegal en Somalia», subrayó, pese a que el barco estaba fuera de las doscientas millas que se consideran aguas territoriales de ese Estado fallido.

El día 4, ya de madrugada, abrí procedimiento por un delito de terrorismo y otro de secuestro a dos de los piratas asaltantes del Alakrana, detenidos por la fragata Canarias cuando intentaban alcanzar la costa somalí en un esquife. A continuación acordé prisión incondicional para ellos —Cabdullahi Cabdiwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Haji— por un delito de asociación ilícita, treinta y seis delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia con uso de armas. Al mismo tiempo, adopté las medidas necesarias para trasladar el proceso militar, puesto que habían sido detenidos por la autoridad militar, a la jurisdicción penal ordinaria y ordené a la Comisaría General de Información que asumiera las investigaciones pertinentes.

Previamente, en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5, la Fiscalía defendió que el secuestro estaba al margen de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE) y los tratados de colaboración con Kenia, por lo que correspondía a la Justicia española actuar penalmente contra sus responsables.

Los dos piratas somalíes llegaron a Madrid el 11 de octubre a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas procedente de Yibuti y fueron puestos a disposición judicial. El día 14 acordé su ingreso en prisión en un auto en el que afirmaba que ambos formaban parte de un grupo constituido hacía más de veinte años llamado Burcad Badeed («los que roban en el mar»), a cuyo frente se encontraba un jefe conocido como Ilyas, un segundo en el mando llamado Cabdul Kahadir y diez miembros más, procedentes de la localidad somalí de Marka.

El más joven de los detenidos, Cabdullahi Cabdiwily, declaró que él y su compañero Raageggesey estaban pescando cuando los verdaderos piratas llegaron en lanchas y los obligaron a acercarse al atunero vasco. Relató que los piratas los obligaron a arribar al Alakrana y dos días después los dejaron marchar. En cuanto a los seis teléfonos móviles y los dos mil quinientos dólares que los militares de la fragata Canarias hallaron en su esquife, el detenido dijo que constituyeron una compensación que les dieron los piratas por haberlos utilizado para el secuestro, aunque yo consideré, sin embargo, que se les pagó esa cantidad de dinero por participar en la acción.

En similares términos se manifestó Raageggesey cuando acudí a interrogarle al hospital Gregorio Marañón, donde fue ingresado con una herida leve de bala en la parte superior del pecho. Dijo que nunca formó parte del grupo de los secuestradores del atunero vasco, sino que se vio arrastrado a la nave por los propios piratas, por lo que era inocente.

El Alakrana permaneció retenido cuarenta y seis días, hasta el 17 de noviembre. Se habló de un rescate, no confirmado, de 2,3 millones de euros. Un día antes de la liberación, el juez Santiago Pedraz ordenó el procesamiento de los dos piratas. El 3 de mayo de 2011 la Audiencia Nacional los consideró culpables en una sentencia que aseguraba que «sin duda alguna organismos públicos vinculados al Gobierno español» pagaron el rescate. El tribunal los condenó a dos años de cárcel por un delito de asociación ilícita, a trescientos noventa y seis años más por treinta y seis delitos de detención ilegal (once años por cada marinero retenido), cinco años por robo con violencia y treinta y seis años por otros tantos delitos contra la integridad moral (a razón de un año de prisión por cada uno). Los absolvió, sin embargo, de los delitos de terrorismo, integración en banda armada, lesiones y torturas, que eran imputados por las acusaciones particulares.

La sentencia aseguraba que «se ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero, haciendo innecesaria la solicitud de desclasificación documental solicitada por la defensa; sin que, por lo demás, la inadmisión de tal medio de prueba pueda acarrear perjuicio alguno para la calificación del tipo penal, que no exige el cumplimiento de la condición, sino su mera existencia».

El fiscal, que inicialmente pedía sendas penas de doscientos veinte años de cárcel, decidió duplicar la petición tras escuchar los testimonios de los marineros que permanecieron retenidos y la elevó a cuatrocientos treinta y ocho años. «Tienen que ser conscientes de todo el mal que han causado y ser conscientes de que a ellos nunca se les hará lo que ellos hicieron», destacó entonces el fiscal de la Audiencia Jesús Alonso.

En la nueva petición, la Fiscalía tuvo en cuenta la duración del secuestro, más de quince días —lo que supuso una elevación de la duración de la condena—, e incorporó los delitos de robo y de asociación ilícita. Reiteró que «no se pide un castigo, solo se pide justicia y no solo para las víctimas del delito, sino también para los dos procesados porque, aplicándoles la ley, se les da una condición de ser social y de seres humanos».

El juicio del caso Alakrana obligó a los tripulantes del atunero a reencontrarse con los cuarenta y siete días de calvario. Relataron que, aunque comieron y bebieron con normalidad, recibieron un trato degradante de los piratas, que incluía amenazas de muerte, entre otros episodios de terror psicológico. Por ejemplo, el engrasador Gaizka Iturbe tuvo que sobrellevar el secuestro con una piedra en el riñón que se le formó por la falta de agua y el estrés y que expulsó allí. Iturbe aseguró en el juicio, entre lágrimas, que vio por primera vez la muerte de cerca y relató cómo los amenazaban continuamente con las armas, que los piratas nunca dejaban y con las que incluso les llegaron a disparar por encima de sus cabezas.

En un momento en que la popularidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba bajo mínimos, trece piratas con lanzagranadas y fusiles asaltaron el 2 de octubre de 2009 el atunero vasco Alakrana, con treinta y seis tripulantes a bordo. El desconcierto por la acción fue evidente durante los cuarenta y seis días en que el buque permaneció retenido, y así lo plasma Manel Fontdevila en esta viñeta. El juez Garzón incoó procedimiento para averiguar los delitos, en una primera acción de este tipo en nuestro país. Se habló de un rescate de 2,3 millones de euros nunca confirmado. Dos de los piratas, únicos trasladados a España, fueron detenidos por el juez Garzón, que investigó el caso aplicando la jurisdicción universal y, después del juicio, fueron condenados por la Audiencia Nacional por el secuestro, el cual significó una verdadera tortura para los tripulantes.

Caso Sahara

El 14 de septiembre de 2006 diferentes asociaciones de defensa de los derechos humanos y algunos familiares de víctimas presentaron querella, como acusación popular y particular, por los delitos de genocidio y tortura cometidos en el antiguo Sahara Español. Los hechos denunciados por los que abrí procedimiento penal se cometieron a partir del año 1975, cuando, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España se retiró de su provincia número 53 y comenzó la violenta invasión del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos. La invasión se efectuó mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró dieciséis años, permaneciendo este pueblo sometido a la dominación de una potencia extranjera, lo que le impidió el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514, de 8 de diciembre de 1960, de la Asamblea General de Naciones Unidas, implicando «una denegación de los derechos humanos fundamentales».

Se relataba en la querella que desde el 31 de octubre de 1975 hasta la actualidad el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui. Primero en una guerra de invasión que obligó a gran parte de la población saharaui, más de cuarenta mil personas, a huir al desierto, siendo perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación arrojados desde helicópteros. De esta forma se creó un estado de terror y persecución en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental que se mantiene en la actualidad.

El pueblo saharaui, se decía en los hechos denunciados, había sufrido una violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos al haber sido exterminado parcialmente. Así, se denuncia el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui que se realizó de forma organizada y jerarquizada por efectivos personales militares y paramilitares. Entre los actos criminales destacan allanamientos de morada, detenciones masivas y secuestros en centros clandestinos de detención y tortura. Esta situación dio lugar a la desaparición de miles de personas, quinientas veintiséis de las cuales permanecen aún hoy en esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento alguno de su paradero.

En la querella también se narraba el secuestro, encarcelamiento y desaparición durante los años 1975 a 1980 de cientos de saharauis que en su mayoría tenían la nacionalidad española y que fueron encarcelados por las fuerzas de ocupación marroquíes.

El Ministerio Fiscal informó favorablemente sobre la admisión a trámite de la querella. El 11 de diciembre de 2006 dicté una providencia por la que requería a los querellantes, cuya defensa era ejercida con esmero por el letrado y defensor de derechos humanos, Manuel Ollé Sesé, la concreción de los hechos imputados a los querellados. Una vez evacuados los requerimientos judiciales, el 29 de octubre de 2007 firmé un auto por el que acepté la competencia para la instrucción de los hechos denunciados por presunto delito de genocidio y tortura, dirigiendo la acción contra trece querellados. En esa misma resolución ordenaba librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Marruecos y señalaba las primeras declaraciones testificales que debían practicarse en la sede del Juzgado. A las autoridades marroquíes se les preguntaba si existía procedimiento abierto, si tenían intención de investigar los hechos y si se conocía la identidad de las víctimas y el lugar en el que están enterradas. Marruecos nunca contestó a ese requerimiento.

Dos de los investigados habían sido condecorados por el Gobierno español en enero de 2005, cuando el Consejo de Ministros otorgó, en vísperas de la visita de los Reyes a Marruecos, la Gran Cruz de Isabel la Católica a Hamidou Lanigri, director general de la Seguridad Nacional marroquí, y Housni Ben Sliman, general de la Gendarmería Real. Precisamente el 21 de octubre anterior un juez francés había dictado orden de detención internacional contra Ben Sliman por el caso de Mehdi Ben Barka, acontecido cuarenta y dos años antes. Ben Barka, líder opositor al régimen de Rabat, desapareció en París en 1965. Se supone que fue asesinado, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora Ben Sliman no podría salir de Marruecos sin tener problemas con la justicia.

El Gobierno marroquí consideró que la iniciativa de mi juzgado se apoyaba en un «prejuicio evidente», según afirmó el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Jalid Naciri, que añadió que «estaría bien que el juez Garzón se ocupara un poco del respeto de los derechos humanos en Tinduf» (Argelia), donde están los campamentos de refugiados saharauis. «No necesitamos que el juez español nos venga a decir lo que tenemos que hacer en esa materia», añadió el ministro, quien dijo que los marroquíes «son capaces de ocuparse de todo en materia de derechos humanos, emancipación, libertades públicas y lucha por la democracia».

Cuatro de los hijos de los quinientos cuarenta y dos desaparecidos saharauis desde 1975 —el año en que España abandonó el Sahara— declararon ante mi juzgado el 17 de diciembre de 2007, describiendo el último día que vieron a sus padres. Estaban nerviosos, pero también emocionados por poder relatar sus sufrimientos. Al salir, declararon que les había regalado un poco de esperanza de encontrar a sus seres queridos.

El 5 de junio de 2009 admití a trámite otra demanda interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) contra veinticuatro altos cargos del Polisario —la guerrilla que hasta 1991 luchó contra Marruecos por la autodeterminación del Sahara— y tres miembros de la seguridad argelina, a quienes acusaba de genocidio y crímenes de lesa humanidad, ya que «existían indicios que pueden apoyar la querella, a la que se podía aplicar el principio de justicia universal», por lo que me propuse formar una comisión rogatoria para tramitarla.

La denuncia fue aceptada por genocidio. La asociación saharaui había identificado ciento sesenta y un casos de desaparecidos, y de setenta y seis de ellos habían completado un expediente con informes periciales y forenses. La querella mencionaba a Brahim Ghali, exrepresentante del Polisario en España; Luchaa Ubeid, exrepresentante en Las Palmas; Mahfud Ali Beiba y Mohamed Haddad, dos de los negociadores del Polisario en el conflicto; y dirigentes como Bachir Mustafá Sayed y Mohamed Lamine.

A lo largo de estos años se practicaron múltiples diligencias, se desplazaron los abogados hasta los campamentos de Tinduf para recibir testimonios, sin que haya sido posible la práctica de una comisión rogatoria porque Argelia no tramita la misma al considerar que la República Árabe Saharaui es un país independiente y debe ser con ella con la que se interactúe, pero dado que el Gobierno español no reconoce esa soberanía, la comisión judicial nunca pudo desplazarse hasta el lugar.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó la causa en noviembre del 2010, preguntando al Ministerio de Justicia español si Rabat había dado contestación a la comisión rogatoria que yo había cursado en octubre de 2008 para dar traslado de la querella y que jamás fue tramitada por el Gobierno marroquí.

Por fin, la activista Aminetu Haidar y trece refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) declararon los días 9 y 10 de marzo de 2011 en el tribunal como testigos en el procedimiento. El juez los citó con el informe favorable del fiscal. En diciembre de 2013 se incorporó a la querella el informe del equipo del forense Francisco Etxeberría y el doctor en psicología Carlos Martín Beristain, sobre la recuperación de los restos de dos fosas comunes en el Sahara, donde se encontraron los cuerpos de ocho asesinados, entre los que se hallaron DNI españoles.

Ante la falta de respuesta de Rabat, que en siete años jamás contestó a los requerimientos de la Justicia española, la Audiencia decidió tratar el caso como si se hubiera producido en España, porque «de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora», según dijo el juez en abril de 2014.

El del Sahara es, por tanto, el único genocidio cometido en territorio español contra ciudadanos con nacionalidad española que se indaga actualmente en la Audiencia Nacional. El procedimiento avanzó cuando el 9 de abril de 2015 el juez Ruz procesó a once altos cargos de Marruecos —ocho mandos militares y tres civiles— por su supuesta participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991, ordenando también detener a siete de ellos.

Ruz consideró acreditado que tras el abandono del Sahara Occidental se produjo «un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes». Estas acciones, según el juez, tenían el fin de «destruir total o parcialmente» a la población autóctona y «apoderarse del territorio» de la antigua colonia y provincia española.

El magistrado describía en su auto —una resolución razonada— al menos cincuenta casos de asesinato, seis desapariciones, doscientas dos detenciones ilegales y hasta veintitrés casos de torturas supuestamente infligidas por estos imputados. El juez dio así por concluida la investigación que yo inicié en 2007. En su resolución final, Ruz relataba «bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui», y con independencia de que fueran miembros del Frente Polisario.

También reseñaba que se produjeron «encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años», y «torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos». Ruz sostenía que tales hechos fueron «impulsados» por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.

El hecho de que las víctimas tuvieran DNI, pasaporte y libro de familia español, por haber nacido en unos territorios que España consideraba «provincias» suyas, evitó que la investigación fuera archivada por la reforma de la jurisdicción universal del PP en marzo de 2014.

A pesar de esta reforma, el 9 de abril de 2015 el juez Ruz declaró procesados a los identificados como Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou (que podría haber fallecido), Hassan Uychen, Brahim Bensami, Hariz El Arbi, Lamarti, Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, por un posible delito de genocidio en concurso real con cincuenta delitos de asesinato, setenta y seis de asesinato en grado de tentativa, doscientos ocho de detención ilegal, uno contra la libertad sexual y veintitrés delitos de lesiones.

El auto de Pablo Ruz daba sentido y confirmaba los indicios de que existían presuntos delitos de genocidio sobre españoles. A partir de ese momento las órdenes de detención se realizan a través de Interpol y cualquier país del mundo está obligado a proceder a las detenciones si alguna de estas personas pasara por su territorio. Marruecos podría, en cualquier momento, dar contenido a los esfuerzos por convencer al mundo de sus avances en materia de derechos humanos iniciando la investigación de estos hechos.

Para el equipo de juristas de Manuel Ollé, «el procesamiento de estas once personas es el acontecimiento más importante hasta la fecha, es un éxito para los derechos humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos cuarenta años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas». Según explica Ollé, «la culminación del proceso será ver sentados en el banquillo a los responsables».

Los jesuitas de El Salvador

Uno de los casos que ha sobrevivido a la razzia que ha supuesto la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, ha sido el del asesinato de los jesuitas españoles en El Salvador. Incluso en la actualidad, este caso, impulsado por Almudena Bernabéu desde Estados Unidos, se encuentra pendiente de que las autoridades judiciales estadounidenses consumen el proceso de extradición a España iniciado contra el excoronel salvadoreño Inocente Montano —reclamado por los asesinatos de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante el conflicto interno de El Salvador (1980-1992)— para ser juzgado.

En este caso no intervine directamente en España, pero sí he acompañado a las víctimas de la guerra en El Salvador y apoyado, presencialmente, la presentación de la iniciativa que se planteó en 2013 por las organizaciones de derechos humanos de dicho país, consistente en la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la ley de Amnistía de 1993 y cuya resolución se ha producido el 13 de julio de 2016. Este ha sido un gran éxito de los organismos de derechos humanos y de las víctimas. Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón hemos apoyado a los abogados salvadoreños para que presenten acciones por parte de las víctimas en ese país para la persecución de varios represores por crímenes de lesa humanidad. Finalmente, también he formado parte del equipo liderado por la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington de Seattle, Angelina Snodgrass Godoy, cuyo trabajo se centra en la defensa de las víctimas de El Salvador y en la presentación y continuación de una demanda contra la CIA para conseguir la desclasificación de documentos secretos que se refieren a las supuestas acciones delictivas del general Sigfredo Ochoa Pérez, a quien hemos señalado y denunciado por crímenes de lesa humanidad y de guerra en la llamada Masacre de Santa Marta.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el comandante del Destacamento Militar número 2 y exdiputado de la Asamblea Legislativa, pretende que se investiguen los hechos ocurridos a partir del 11 de noviembre de 1981 en el cantón Santa Marta, departamento de Cabañas. Tales hechos, en los que murieron multitud de civiles, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad inamnistiables e imprescriptibles, pues fueron perpetrados por el batallón Atlacatl, un operativo conjunto de fuerzas gubernamentales comandado por el exmilitar denunciado y que se prolongó durante nueve días. En Santa Cruz murieron cinco familiares de la denunciante Ana Esther Hernández, que perdió a un total de cuarenta familiares en las diferentes matanzas del conflicto, y que ha declarado que su intención es «hacer justicia en nombre de todas las víctimas».

Efectos de la reforma de la jurisdicción en España

La extensión de la jurisdicción española más allá de las fronteras del país se condiciona, tras la modificación del artículo 23.4 de la LOPJ para restringir su contenido, a la existencia de un tratado internacional que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Puesto que hay países, como China o Estados Unidos, por ejemplo, que no han ratificado esos convenios, resulta imposible perseguir sus crímenes. Esa reforma legal hizo que varios casos importantes, varios de ellos relacionados con mi actividad como juez, quedasen fuera del alcance de la Justicia española.

Caso Tíbet y caso Falun Gong contra China

Cuando en junio de 2006 el Gobierno de Pekín llamó al embajador español en la capital china, José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo, para quejarse de las actuaciones de la Justicia española, dos causas en la Audiencia Nacional implicaban a las autoridades en sendos casos de presunto genocidio, uno en el Tíbet y otro contra el movimiento Falun Gong.

Estoy firmemente convencido de que fueron estos casos, especialmente el del Tíbet, además del caso Guantánamo y las presiones del Gobierno chino y del estadounidense, los que han acabado de hecho con la aplicación de la jurisdicción universal en España. En el momento en el que el juez Ismael Moreno emitió una orden de detención contra los presuntos responsables de los delitos de genocidio contra el pueblo tibetano, se desencadenaron todos los elementos contra esa nueva situación.

El procedimiento se inició en virtud de una querella interpuesta el 28 de mayo de 2005 por la representación procesal del Comité de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa del Tíbet, que ejercían la acción popular, y de Thubten Wangchen Sherpa Sherpa —un ciudadano de nacionalidad española víctima de torturas tras su detención en el Tíbet—, como acusación particular, por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y de lesa humanidad contra Jiang Zemin, anterior presidente de la República Popular China y secretario del Partido Comunista Chino (PCCh); Li Peng, antiguo primer ministro durante la represión tibetana y de finales de los años ochenta y principios de los noventa; Ren Rong, secretario del Partido en el Tíbet, durante el periodo 1971-1980, y dirigente militar que perteneció a la Comandancia Militar del Suroeste, participando en la ocupación del Tíbet; Yin Fatang, secretario del Partido en el Tíbet, durante el periodo 1980-1985, y dirigente militar que perteneció a la Comandancia Militar del Suroeste, participando en la ocupación del Tíbet; Qiao Shi, jefe de la Seguridad china y responsable de la Policía Armada Popular durante la represión de finales de los años ochenta (fallecido en junio de 2015); Chen Kuiyuan, secretario del Partido en la Región Autónoma del Tíbet durante el periodo 1992-2001; y Peng Pelyun, ministro de Planificación Familiar en los años noventa.

Los hechos relatados en la querella se concretaban en los supuestos crímenes cometidos como consecuencia de la dominación de la República Popular de China en el Tíbet y su ocupación militar entre el periodo comprendido entre 1950 y 1979.

La querella contra China

El 10 de enero de 2006 esta querella fue admitida a trámite por auto de la Sección Cuarta por el delito de genocidio y se practicaron las diligencias pertinentes para la investigación y esclarecimiento de los hechos. Se acordó, por una comisión rogatoria del 17 de diciembre de 2008, tomar declaración a los querellados por presuntos delitos de torturas, genocidio y lesa humanidad.

Se acordó la ampliación de la querella respecto del expresidente chino Hu Jintao por auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 9 de octubre de 2013.

Los querellados Jiang Zemin, Li Peng, Qiao Shi, Chen Kuiyuan y Peng Pelyun se encuentran en busca y captura a tenor de la Orden Internacional de Detención acordada por auto del 10 de febrero de 2014 del juzgado instructor y en virtud del auto del 18 de noviembre de 2013 de la Sección Cuarta, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad. Por auto de 25 de marzo de 2014 del Juzgado Central de Instrucción número 2 se acordó a instancia del Ministerio Fiscal la conclusión del sumario y la elevación del mismo a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado a) del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de cumplir con el mandato previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, o bien, adopte la decisión que estime pertinente.

Con fecha 16 de abril de 2014, la representación procesal del Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo y Juan Ramón Blanco Aristin formuló querella —en los mismos términos que la denuncia de 26 de marzo de 2014— por delitos de tortura y de lesa humanidad, ejercitando la acción popular contra los miembros del Gobierno chino desde 2009 hasta nuestros días como los presuntos responsables de los hechos objeto de la querella, persecución, tortura y posterior inmolación de numerosos monjes budistas tibetanos en los monasterios del Tíbet.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pronunció por mayoría un auto de fecha 2 de julio de 2014 cerrando la causa definitivamente. Frente a esta resolución se formuló recurso de casación en cuyo trámite de instrucción el Ministerio Fiscal dijo que debería acordarse el sobreseimiento de la causa conforme lo previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.

Los querellantes (acusaciones popular y particular) estimaron la obligada aplicación del derecho internacional por parte de los tribunales españoles y en consecuencia:

1. El planteamiento de cuestión de constitucionalidad contra la disposición transitoria única de la L. O. 1/2014, de 13 de marzo, y subsidiariamente cuestión de constitucionalidad contra toda la citada Ley Orgánica.

2. Revocar el auto de conclusión del sumario.

3. Subsidiariamente, se acuerde la apertura del juicio oral.

4. Subsidiariamente, respecto de las dos anteriores peticiones, la Sala debería, en ese caso, plantear cuestión de constitucionalidad.

El día 23 de junio de 2014 se celebró la sesión del Pleno de la Sala Penal acordando por mayoría el sobreseimiento y archivo de la causa sin planteamiento de cuestión de constitucionalidad frente a la L. O. 1/2014, de 13 de marzo. La Audiencia Nacional dictó la siguiente parte dispositiva: «El Pleno de la Sala de lo Penal acuerda: el sobreseimiento y archivo de la presente causa, con alzamiento de cuantas medidas cautelares existieren contra los querellados que constan en el antecedente primero de esta resolución, Jiang Zemin, Li Peng, Qiao Shi, Chen Kuiyuan y Peng Pelyun».

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 2015, en el caso Tíbet, expuso la doctrina con la cual se había encontrado más cómodo durante todos estos años: la que restringe al máximo la jurisdicción universal. La ley de 2014 le allanó el camino y así afirmaba que ni el Derecho Internacional convencional ni el consuetudinario imponen un modelo de jurisdicción universal absoluto o in absentia, como el acogido en la primera versión del artículo 23.4 de la LOPJ (1985); que la doctrina constitucional referida al establecimiento en nuestro ordenamiento de un modelo de jurisdicción universal absoluto se basa en la amplitud de la normativa legal establecida por la LOPJ, en su versión inicial.

Pero no constituye el único modelo admisible constitucionalmente de jurisdicción universal, pues cabe establecer criterios reguladores que vengan a restringir el ámbito de su aplicación, siempre que se respete su contenido esencial; que la Ley Orgánica 1/2014, aun cuando ha acogido una modalidad muy restrictiva de jurisdicción universal que contrasta con la regulación anterior que había convertido a nuestro país en un polo de atracción en esta materia, no vulnera lo dispuesto en los tratados ni en la práctica judicial internacional, y se acoge a la exclusión de la jurisdicción universal in absentia que constituye el modelo más generalizado en los países de nuestro entorno; que la Convención de Ginebra, a diferencia de otros tratados, establece un sistema obligatorio de jurisdicción universal, en el sentido de imponer a los Estados firmantes la carga de localizar a los criminales de guerra que se oculten en ellos y llevarlos ante sus tribunales, asumiendo jurisdicción extraterritorial para juzgarlos con independencia del lugar donde ocurrieron los hechos y de su nacionalidad. Pero esta jurisdicción imperativa no se extiende a la obligación de iniciar investigaciones in absentia, ni de buscar a los responsables fuera de su territorio y reclamarlos en cualquier caso.

Añade afirmaciones ciertamente duras para todos los esfuerzos de la justicia durante estos años, enterrando de hecho este tipo de jurisdicción, como lo hicieron al impedir que se investigaran los crímenes franquistas y se reparara efectivamente a las víctimas de los mismos: «El principio general del que debemos partir es que la lucha contra la impunidad en el Derecho Internacional Penal no puede hacerse a costa de las garantías esenciales del Estado de derecho». Y remata: «La reforma de 2014 no es inconstitucional, pues no vulnera el principio de igualdad, ni la interdicción de la arbitrariedad, ni el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

El juez Baltasar Garzón acumuló pruebas contra los encargados de la represión en Argentina y Chile y más adelante, ya en 2008, investigó los asesinatos del franquismo después de acumular sobre su mesa denuncias que representaban a miles de españoles. Por este último asunto fue procesado en coincidencia total con su instrucción del caso Gürtel y de las finanzas del Partido Popular, entonces en el Gobierno. Fue expulsado de la carrera por el caso Gürtel e inmediatamente después absuelto por su investigación sobre los crímenes del franquismo, pues una condena hubiera acarreado un escándalo internacional de proporciones desconocidas. No obstante, pese a la absolución, la Justicia española quedó marcada como franquista y la condena de Garzón como un montaje. Esta viñeta recoge el espíritu de todos los casos de Garzón sobre genocidios y su imagen exterior.

«La doctrina constitucional no se ha opuesto a la posibilidad de incorporar por vía legislativa criterios limitadores para el ejercicio de la jurisdicción universal. Las limitaciones incorporadas por la L. O. 1/2014 acogen un criterio restrictivo, pero no se consideran arbitrarias por esta Sala porque encuentran su fundamentación tanto en la práctica de los países de nuestro entorno como en la escasa efectividad que la experiencia ha demostrado que alcanzan los procedimientos de jurisdicción universal in absentia, dirigidos contra personas que ni son españoles ni se encuentran de forma permanente, u ocasional, en nuestro territorio.» Creo que no hacen falta comentarios, porque los expuestos demuestran el sentido y criterio del Alto Tribunal español, que es absolutamente reactivo a todo lo que huela a derecho penal internacional. Con esta postura se prescinde del verdadero sentido integrador que tiene la jurisdicción universal, como arma legal para confrontar la impunidad.

En el camino quedan muchos esfuerzos y el dolor de miles de víctimas que no han sido reparadas por el Tribunal Supremo. Quizá la única reparación que reciban esas víctimas, como todas las que acuden a los procesos de jurisdicción universal, sea la derivada de la acción judicial instructora que les ha permitido, al menos, contar ante un juez lo vivido y lo sufrido por acción de una represión brutal, permanente y sistemática. Efectivamente, la Audiencia Nacional había comenzado en junio de 2006 a practicar diligencias sobre el caso, con el interrogatorio de Thubten Wangchen, ciudadano español de origen tibetano personado en la causa como acusación particular, quien tuvo que exiliarse a Nepal, India y España. Wangchen, director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, ratificó su querella del 28 de junio de 2005 contra siete dirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin.

Su primera declaración ante la Audiencia Nacional fue para él «un día histórico» porque, por primera vez, un tibetano podía contar a un juez el horror sufrido por miles de personas. Nacionalizado español en 1996, Wangchen relató al juez cómo en 1987, tras regresar al Tíbet como guía turístico de empresarios españoles, fue detenido y amenazado de muerte por llevar una fotografía del Dalái Lama. «En 1959, cuando los chinos invadieron mi país, yo tenía cuatro años. Mataron a mi mamá y tuve que cruzar el Himalaya para instalarme en Nepal», contó en los tribunales españoles recordando el inicio de su lucha. Explicó que más allá de la imagen de la espiritualidad de los lamas, la Administración china del territorio ocupado en 1950 había supuesto una verdadera persecución étnica que aplastó los derechos fundamentales: «No hay libertad de expresión, ni de educación, ni de religión».

El magistrado encargado del caso, Ismael Moreno, libró comisión rogatoria internacional al Reino Unido y Canadá con el fin de interrogar a otros testigos y víctimas del supuesto genocidio, en el que se calcula que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del noventa por ciento de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas. A petición del fiscal, el magistrado solicitó también al Ministerio de Asuntos Exteriores que informara sobre los documentos y resoluciones de la ONU relacionados con el caso del Tíbet, sobre los cargos desempeñados por los denunciados y sobre cualquier información relativa a las víctimas.

El segundo caso investigado por la Justicia española era el de Falun Gong. Carlos Iglesias fue el abogado que presentó, el 15 de octubre de 2003, una querella dirigida contra los ciudadanos de nacionalidad china Jiang Zemin, expresidente de la República Popular de China, expresidente del Comité Central del PCCh y jefe del Comité Central Militar chino, y Luo Gan, director de la Comisión Nacional de Políticos y de la Ley y vicedirector y coordinador directo de la Oficina de Control de Falun Gong, por delitos de genocidio y torturas cometidos en China desde el año 1990 por la persecución de personas pertenecientes o simpatizantes de Falun Gong, un «grupo espiritual», como ellos mismos lo definen.

El 30 de noviembre de 2004, integrantes de Falun Gong en España presentaron una querella contra el presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinling, número cuatro de la jerarquía comunista, aprovechando su estancia en España para asistir al II Foro Hispano-Chino, y contra otros tres integrantes de la delegación, que se hospedaban en el hotel Juan Carlos I de Barcelona.

El Juzgado Central de Instrucción número 2, por auto del 20 de noviembre de 2003, rechazó la querella. Esta resolución fue confirmada en apelación por un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 11 de mayo del año siguiente y por sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 18 de marzo de 2005.

La querella se había presentado ante «la impunidad de estos crímenes que no pueden ser perseguidos en China». Según los miembros de Falun Gong, desde la cruenta represión desatada por el Gobierno chino en 1999 han sido asesinadas miles de personas y centenares de miles están internadas en campos de trabajo.

Como lo hiciera en el caso Guatemala y ante la ausencia de respuesta por la justicia ordinaria, tendría que ser nuevamente el Tribunal Constitucional el que, el 22 de octubre de 2007, obligara a la investigación de los hechos, al amparo del principio de jurisdicción universal.

Las protestas formales de las autoridades chinas llegaban seis meses después de que Madrid y Pekín firmaran en la capital de España un acuerdo de asociación estratégica durante la visita del presidente chino, Hu Jintao, a España en diciembre de 2005. Con esa rúbrica, las relaciones con el país asiático se situaban al mismo nivel que el obtenido por países como el Reino Unido, Canadá, Francia o Alemania.

Apoyo al Tíbet

Durante el curso de verano de la Universidad Complutense que dirigí en El Escorial en 2008, titulado «La justicia penal universal. Avances y retrocesos», apoyé al Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) en la querella presentada exactamente cinco años después de la original por el genocidio del Tíbet. Allí estaban José Elías Esteve Moltó, redactor de la querella del Tíbet y vicepresidente del CAT; José Manuel Gómez Benítez, abogado en el caso; y Alán Cantos, presidente de los protectores tibetanos en España.

La querella original se dirigió contra cinco dirigentes políticos y militares: Zhang Qingli, secretario del PCCh en la Región Autónoma del Tíbet; Wang Lequan, miembro del Politburó en Pekín; Li Dezhu, líder de la Comisión de Asuntos Étnicos; el general Tong Guisan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, la capital del Tíbet, y el general Zhang Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

Cuatro meses antes se habían registrado revueltas de la población tibetana siguiendo en masa el ejemplo de los monjes y, un mes más tarde, comenzaban unos Juegos Olímpicos en los que nadie vería los estremecedores vídeos de la represión que vimos en El Escorial. Una vez más, un caso a la vez lejano y cercano mostraba el doble rasero a la hora de exigir y hacer cumplir los mandatos más elementales del Derecho Internacional, «y más aún cuando quien los viola es China», como dijo allí Esteve Moltó.

Poco después de este encuentro, a primeros de agosto de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite esta querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Thubten Wangchen Sherpa Sherpa contra siete autoridades del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad al dirigir desde el 10 de marzo anterior un ataque «generalizado y sistemático contra la población tibetana».

Pedraz estimó que la Justicia española tenía competencias para investigar unos hechos que pudieran constituir delito de lesa humanidad, como está previsto en el artículo 607 bis del Código Penal. De acuerdo con el auto emitido por el juez, a solo tres días del inicio de los juegos olímpicos, la población tibetana era «un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional».

La Audiencia Nacional se había declarado en 2006 con competencias para investigar el genocidio al no poder ser investigado por tribunales chinos o por la CPI.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió en abril de 2009 a China que interrogara al expresidente Jiang Zemin y a otros seis altos cargos como supuestos autores de delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas en la causa que investiga la represión cometida en el Tíbet a partir de 1950. En su escrito, Moreno exigía también las declaraciones de otros históricos del PCCh, como el secretario en el Tíbet entre 1971 y 1980, Ren Rong; su sucesor hasta 1985 y participante en la ocupación, Yin Fatang; y el siguiente en el puesto hasta 2001, Chen Kuiyuan.

También pidió la remisión de las respuestas de varios exresponsables del Gobierno, entre ellos el primer ministro entre 1998 y 2003, Li Peng; el responsable de la policía a finales de los ochenta; y el ministro de Planificación Familiar en los noventa. Estaban acusados de crímenes contra el pueblo tibetano por «la práctica sistemática de la tortura», y de promover medidas dirigidas a «impedir» la reproducción en el grupo.

Paralelamente, en mayo el juez Pedraz solicitó permiso al Gobierno chino para interrogar a tres de sus ministros contra los que encontraba indicios de crímenes contra la humanidad. El magistrado apreciaba indicios de delito en la actuación del de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Mel Jianzh. El ataque organizado contra la población civil tibetana causó doscientas tres muertes, más de mil heridos y casi seis mil detenciones ilegales y desapariciones desde el 10 de marzo y en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Pekín.

Además de a estos tres ministros, Pedraz quiso tomar declaración como imputados por los mismos delitos al secretario del PCCh en la Región Autónoma del Tíbet, Zhang Qingli; a Wang Lequan, miembro del Politburó en Pekín; al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; y al general Tong Guisan, comandante del Ejército chino en Lhasa, la capital tibetana.

La Embajada de China en España no tardó en reaccionar, solicitando al Gobierno que tomara «medidas inmediatas y efectivas» para que la querella presentada en la Audiencia Nacional sobre los disturbios que se registraron el año anterior en el Tíbet, en los que podrían haber muerto unas doscientas personas, fuese «retirada cuanto antes», con el objetivo, advirtió, de «evitar posibles estorbos y daños en las relaciones bilaterales entre China y España». En la misma línea, pidió a la Audiencia Nacional que cesase «de inmediato» la investigación iniciada por Pedraz sobre el caso, «infundado y falso», recordándole que carecía de jurisdicción para ello.

En un comunicado, la Embajada china aseguraba que «conforme al Derecho Internacional y las normas de las relaciones internacionales universalmente reconocidas», los líderes y los funcionarios gubernamentales de un Estado «gozan de la inmunidad soberana y no están sujetos a la jurisdicción de los países ajenos». En opinión de la Embajada, la Audiencia Nacional «había hecho oídos sordos ante los hechos reales, confundiendo lo blanco con lo negro» y «atropellando deliberadamente las relaciones internacionales». «Deseamos —exponía el comunicado— que el Gobierno de España comprenda y respalde la acuciante preocupación y posición y principios de China en la salvaguardia de la reunificación y la integridad territorial del país.»

Poco después las protestas chinas comenzaron a surtir efecto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió en diciembre de 2009 —después de la reciente reforma de la LOPJ que introducía las primeras restricciones al principio consagrado por la ley de 1985— a Santiago Pedraz que archivara la causa sobre el genocidio tibetano a manos de tropas chinas en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Pekín. El fiscal consideraba que la Justicia española había dejado de ser competente para investigar los hechos al no haber ciudadanos españoles envueltos, como se exigía desde hacía unas semanas.

Era el momento en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cuyo frente estaba, como ahora, Javier Zaragoza Aguado, comenzaba a reformular su posición iniciada en 2004 de apoyo a la jurisdicción universal en los casos de China, Israel-Gaza y Estados Unidos con Guantánamo.

El juez Pedraz archivó en febrero de 2010 la causa, accediendo así a la petición de la Fiscalía, en un auto en el que se remitía a la entonces reciente y primera reforma de la LOPJ que limitaba la aplicación del principio de jurisdicción universal a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Pedraz señalaba que la querella se presentó con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, el 5 de noviembre de 2009, y que aun cuando «no afectara a la fase de instrucción, sí afectaría al posterior enjuiciamiento». De esta forma, el juez sostenía que «resultaría, por tanto, carente de sentido continuar la instrucción sabiendo que no podría darse la posterior fase de enjuiciamiento y fallo, máxime no habiéndose constatado ninguno de los nuevos requisitos establecidos» en la LOPJ sobre la limitación de la jurisdicción universal.

Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reabrió en octubre de 2013 la querella por genocidio interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet contra el expresidente chino Hu Jintao. En el auto, los magistrados de la Sección Cuarta admitieron un recurso de apelación presentado por los representantes legales del CAT y el director de la Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen, considerando que la Audiencia era competente para investigar los hechos de la querella por dos motivos: el primero, que «ha quedado acreditado que uno de los querellantes [Thubten Wangchen], en ejercicio de la acusación particular, ha demostrado tener la nacionalidad española», y el segundo era que «no consta dato alguno de que las autoridades chinas hayan iniciado algún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella inicial», presentada en 2008. No obstante, los magistrados recordaban que la competencia de la Audiencia para investigar los hechos ocurridos en otros países es «residual». Esto supondría el fin del llamado caso Tíbet II por los crímenes internacionales cometidos contra la comunidad tibetana en los prolegómenos de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en China.

Todo ello después de que el 11 de junio anterior, el juez Velasco, con el apoyo del fiscal, rechazara ampliar la querella contra el que fuera presidente chino aduciendo la competencia de los tribunales de ese país, teoría que el nuevo auto rechazaba.

La Audiencia Nacional puso en noviembre de 2013 en busca y captura al expresidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 87 años, y al exprimer ministro Li Peng, de 86, entre otros miembros de la cúpula del PCCh por el genocidio en el Tíbet.

La decisión de la Justicia española, de evidentes implicaciones diplomáticas, afectaba también a Qiao Shi, jefe de la Seguridad china y responsable de la Policía Armada Popular; Chen Kuiyuan, secretario del PCCh en el Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años ochenta.

Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsables del genocidio y por ello pedían su detención. Sin embargo, ni el fiscal ni el juez Moreno lo veían igual: para ellos las diligencias practicadas hasta ahora no permitían deducir la participación de Jiang Zemin, Li Peng y sus adláteres en los supuestos crímenes contra la humanidad.

Evidentemente, el Gobierno español quería evitar a toda costa un conflicto diplomático con Pekín y no estaba dispuesto a que las investigaciones de los jueces enturbiaran las relaciones económicas con la que ya era primera potencia comercial del mundo. Por ello, en enero de 2014 puso en marcha una reforma legal exprés para archivar cuanto antes la causa abierta en la Audiencia Nacional por el genocidio tibetano.

Para dar la máxima celeridad a esta reforma, que recortaba drásticamente el alcance de la jurisdicción universal, se recurrió a un procedimiento singular: la presentación de una proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso. Inicialmente, el Gobierno tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la LOPJ que preparaba el Ministerio de Justicia, pero ello obligaría a pedir informes al CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por lo que el proceso se alargaría meses. Recurriendo al PP, el Gobierno evitó que la reforma pasara por el Consejo de Ministros y se saltó la fase de los informes.

La reforma establecía una serie de requisitos para poder investigar:

Genocidio. Que el presunto responsable sea un español o un extranjero que resida o se halle en España y su extradición haya sido denegada.

Terrorismo. Que el presunto responsable sea un español o un extranjero que resida en España o haya sido cometido por una persona jurídica con domicilio en España o haya víctimas de nacionalidad española o el delito haya sido cometido para condicionar a una autoridad española o el objetivo haya sido una institución de la UE con sede en España o un buque o aeronave con pabellón español o una instalación oficial española (Embajadas o consulados).

Tortura. Que el presunto responsable sea un español o la víctima fuese española en el momento de los hechos y la persona a la que se impute el delito se encuentre en España.

Piratería. Que el presunto responsable sea un español o la víctima sea un español o un buque con pabellón español.

Delitos contra la libertad sexual de menores y de violencia contra la mujer. Que el presunto responsable sea un español o un extranjero que resida en España o que la víctima sea española o residente en España siempre que el imputado esté asimismo en España.

Trata de seres humanos. Que el presunto responsable sea un español o un extranjero o persona jurídica residente en España o la víctima sea española.

Corrupción. Que el presunto responsable sea un español o extranjero residente en España o miembro de una sociedad o persona jurídica con domicilio en España.

Desapariciones forzadas. Que el presunto responsable sea un español o la víctima fuese española en el momento de los hechos siempre y cuando el imputado se encuentre en España.

La proposición señalaba que los jueces españoles solo podrán investigar delitos de genocidio y lesa humanidad, como en el caso del Tíbet, cuando «el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas». Además, la reforma dejaba claro que, respecto de la jurisdicción universal, estos delitos solo serán «perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el fiscal». Se excluye así la acción popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución.

Aún quedaría un último resquicio para mantener viva la investigación: que la calificación del delito se cambiase de genocidio a tortura, ya que en este último caso sí se tiene en cuenta la nacionalidad de la víctima. Pero la reforma exige que «la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos», un requisito que no cumplía Thubten Wangchen. Parecía que la ley se hubiese hecho a la medida.

El 23 de junio de 2014, el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó en una votación muy dividida —nueve votos contra siete— el cierre de la causa en la que se investigaba el caso del Tíbet. Junto a ese procedimiento, el Pleno ordenó el sobreseimiento de la causa por el genocidio, torturas y asesinatos en China a los miembros del movimiento religioso Falun Gong.

Los magistrados entendieron que España no tiene jurisdicción porque los ocho acusados no son españoles, ni residen habitualmente en España, ni son extranjeros cuya extradición haya sido denegada por parte de las autoridades españolas. Estos tres serían los requisitos por los que, de acuerdo con la nueva ley, se podría mantener la competencia de la Audiencia Nacional en esta materia.

La reforma obligó a archivar una docena de sumarios ya en curso, siendo el principal el que afectaba al Gobierno chino. Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional mostraron su malestar, y tres magistrados se negaron a archivar sus casos: Santiago Pedraz, con el caso Couso; Eloy Velasco, que investigaba el asesinato de Ignacio Ellacuría; y Pablo Ruz, que prosiguió con el caso Guantánamo. Al mismo tiempo, dos jueces tuvieron que poner en libertad a dieciséis presuntos narcos, porque la ley afecta también a la lucha contra el narcotráfico en buques de bandera extranjera. Al final, solo el caso Ellacuría (El Salvador) sigue adelante.

El caso Guantánamo

Hamed Abderraman Ahmed, Lahcen Ikassrien, Abdul Latif Al Banna, Ornar Deghayes y los querellantes denunciaron los diversos padecimientos físicos y psíquicos sufridos, entre los años 2002 y 2005, mientras permanecieron custodiados bajo la autoridad de Estados Unidos, desde su detención en diversos países (Afganistán, Pakistán o Gambia) —en el marco de la «guerra contra el terror»— y hasta su posterior traslado a la base naval de Guantánamo.

El primero de ellos resultó condenado en 2005 y después absuelto en 2006; el segundo resultó asimismo absuelto ese mismo año; y en cuanto al tercero y el cuarto, se elevó la causa sin procesamiento en diciembre de 2007 a la Sala, que archivó el asunto.

El Ministerio Fiscal informó favorablemente sobre la competencia, si bien solicitó que se remitiera al Juzgado Central de Instrucción número 2, que tramitaba el caso de los «vuelos de la CIA». El objetivo era eliminar la competencia del número 5, al que sin embargo le correspondió por aplicación de las normas de reparto.

Los cuatro querellantes denunciaron que habían sufrido diferentes métodos de agresiones físicas y psíquicas, así como torturas y un trato degradante que incluía interrogatorios sin presencia de abogado, aislamiento, golpes en los testículos, sometimiento a sesiones extremas de frío y de calor, audición constante de música, permanencia de la luz eléctrica encendida, inmersión de la cabeza en agua fría, permanencia con la cabeza boca abajo, untamiento de heces e introducción de la cabeza en la taza del váter y sujeción con grilletes en pies y manos.

Hasta quince personas intentaron quitarse la vida por su permanencia en el campo Delta, donde estuvieron incomunicadas y sometidas constantemente a música a gran volumen. Como consecuencia del trato recibido, todos y cada uno de los internados en Guantánamo estuvieron sometidos a tratamiento psicológico y psíquico.

Los responsables pertenecían a los diferentes cuerpos policiales que tenían relación con los detenidos, miembros todos ellos del Ejército estadounidense o de la inteligencia militar. Según la documentación obtenida, nos enfrentábamos a un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables. Este plan sistemático configura la posible existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de tortura contra las personas encerradas en Guantánamo y otras prisiones.

Califiqué los hechos como delitos de torturas y contra la integridad moral, en concurso con uno o varios delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado —crímenes de guerra—, concretamente en lo relativo a prisioneros de guerra y personas civiles. En el auto de 27 de abril de 2009 admití a trámite la querella.

Allá por el verano de 2009, la existencia de detenidos de origen español en el limbo judicial inasumible para la Justicia española que representa la prisión militar de Estados Unidos ubicada en Guantánamo llevó a Garzón a actuar de tal suerte que puso en aprietos las relaciones entre el presidente Barack Obama y el socialista Rodríguez Zapatero, como bien recoge esta viñeta de Manel Fontdevila. De hecho, Garzón siguió en su línea habitual de no dejarse amedrentar y actuó en contra de los deseos de la Fiscalía española, acomodada a los designios de la política. El juez estaba dispuesto a abrir una causa contra el equipo legal de George W. Bush y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que redefinió el concepto de tortura para emplearla en la guerra contra el terrorismo.

Después de seis meses de inactividad, el Ministerio Fiscal impugnó la continuación del procedimiento hasta que se acreditara haber promovido la acción de la justicia ante la jurisdicción «preferente» —Estados Unidos— y que esta no hubiera dado curso a investigación alguna. Tras la publicación de la ley de noviembre de 2009 por la que se restringía el ámbito de aplicación, estudié el impacto de la nueva regulación y dicté un nuevo auto el 27 de enero de 2010, en el que reafirmaba la competencia del juzgado para continuar con la instrucción.

Debe resaltarse en este punto que Hamed Abderraman Ahmed es ciudadano español, por lo que, por este solo hecho, la jurisdicción española era competente para la investigación de estos hechos, antes y después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre. En cuanto a Lahcen Ikassrien, se encontraba en territorio español, en el que había quedado tras su absolución en una situación de desamparo y con imposibilidad de salir del mismo por decisión judicial, por lo que debía asimilarse de hecho a la calificación de víctima española.

En los casos de Al Banna y Ornar Deghayes fueron las presuntas torturas y malos tratos inferidos en Guantánamo durante su cautiverio los que hicieron desistir a mi juzgado de la Orden Europea de Detención y Entrega contra ellos por un auto del 5 de marzo de 2008. A la vista de estas circunstancias y puesto que los hechos estaban enmarcados, como dice el auto firme de 27 de abril de 2009, en un plan sistemático, no podía dividirse la causa despreciando tres casos, por lo que se ratificaba la competencia de la jurisdicción española.

El auto de 27 de enero de 2010 quedó firme al no ser recurrido por el Ministerio Fiscal, incomprensiblemente y en lo que más parecía un olvido que una decisión estudiada, ya que contradecía toda la posición de la Fiscalía, lo que después se conocería a través de WikiLeaks y lo que estaba sucediendo en esos momentos.

Tras la publicación de los papeles de WikiLeaks, y mientras estaba en La Haya, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, me di cuenta de la estrategia de la Fiscalía, que había tenido en cuenta de forma milimétrica todos los acontecimientos procesales y que el objetivo era acabar con el procedimiento, tal como se anunciaba en aquellos «papeles». Pero toda esa dinámica no cuadraba con el hecho de haber aceptado el auto de referencia en el que expresamente se reconocía. En función de ello, conseguí pasar el mensaje de advertencia sobre la circunstancia que rodeaba el caso al magistrado ponente para que, específicamente, localizara el testimonio del auto del 27 de enero, aquel que no había recurrido la Fiscalía. La sorpresa fue cuando me dijeron que ese auto no aparecía en la documentación remitida por mí a la Sala, cuando yo estaba seguro de que se había elevado. El magistrado ponente se dedicó a buscar esa resolución hasta que, por su insistencia, el presidente Javier Gómez Bermúdez reconoció que se había «traspapelado», pero que ya la había encontrado.

Las omisiones por parte del Ministerio Fiscal hicieron que los jueces se enfadaran. Al sentirse manipulados, sacaron la bandera de la independencia y decidieron que la investigación debía seguir, como así lo plasmaron en el auto de 6 de abril de 2011 en el que el Pleno de la Sala de lo Penal desestimó el recurso, confirmando la jurisdicción y competencia de la Audiencia Nacional. Fracasaba así toda la estrategia que el fiscal había desplegado junto con la Embajada estadounidense y que tenía por objeto acabar con las investigaciones sobre Guantánamo y, de paso, eliminar cualquier posibilidad de reacción por parte mía. De todas formas, no podría retomar el caso porque, cuando se produjo el auto de la Sala, ya estaba suspendido de funciones.

Posteriormente, el 13 de enero de 2012, el juez Ruz emitió un auto reactivando la causa y estableciendo que no había constancia, al cabo de más de dos años y ocho meses, de un «procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional» y pidiendo al fiscal que estableciera las personas contra quienes considerara pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos objeto de la investigación.

Los documentos de WikiLeaks

El 28 de noviembre de 2010 se hicieron públicos parte de los miles de documentos clasificados de diferentes agencias de Estados Unidos obtenidos por la plataforma WikiLeaks, liderada por Julian Assange, y publicados en varios periódicos de diferentes países. Se producía así la mayor filtración de la historia estadounidense —al menos hasta que llegara la relacionada con Edward Snowden— y con ella una situación verdaderamente contradictoria, porque por una parte nos permitió conocer la intrahistoria de muchas situaciones y la violación sistemática de los derechos humanos desde la Administración norteamericana y, por otra, no se abrió ninguna investigación como consecuencia de la misma.

Quedaba así en evidencia el planteamiento regresivo de la defensa y protección de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos y la justificación —y en muchos casos la aplicación progresiva— de la doctrina Bush, puesta en marcha después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la guerra de Irak. Se redefinían así los tratados y las normas internacionales para la prevención y represión de la tortura y los tratos inhumanos crueles y degradantes; nuevas técnicas de tortura; memorandos para establecer graduación en la misma; humillaciones en Abu Ghraib; los vuelos de la CIA; las «rendiciones»; las «cárceles secretas»… Todo ello sin control alguno, aparte de lo establecido en normas secretas y violatorias de los derechos más elementales, y con la conformidad, aquiescencia y débil oposición de otros países e instituciones internacionales. La actitud silente del poder judicial en los Estados Unidos ha sido clamorosa. Las promesas del presidente Barack Obama, papel mojado, e innegable el hecho de que miles de personas definidas como «enemigos no combatientes» sufrieron y sufren un encierro prolongado fuera de toda norma y principio humanitario.

En la documentación divulgada por WikiLeaks había varias referencias a España, a través de las cuales se desvelaron determinadas acciones de diferentes personas que no jugaron limpio y que sirvieron de informadores a la Embajada estadounidense en Madrid, al más puro estilo del espionaje de la Guerra Fría, y con desprecio memorable del Estado de derecho y de la independencia judicial.

El embajador Aguirre

Tras desvelarse los documentos secretos, se descubrió que el propio embajador estadounidense entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, dirigió personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales, pero de los informes secretos se desprendía también que Estados Unidos contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre ellos destacaban los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza. Los documentos comenzaron a publicarse en el diario El País el 30 de noviembre de 2010.

«Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EU», advirtió Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplomático en la Moncloa.

Un día antes, el 20 de marzo, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, yo había publicado un artículo en el mismo diario abogando por una investigación judicial sobre esa guerra. «650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigación se aborde sin más dilación», argumentaba al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar.

La preocupación de la Embajada

La preocupación de la Embajada por aquel clima político se sumaba a la que tenía en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de Estados Unidos: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de ese mismo año; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006, y que llevaba el juez Ismael Moreno.

En ambos casos, los informes secretos publicados por WikiLeaks afirmaban que la Embajada había contado con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y de los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota, de la Audiencia Nacional. Para conseguirlo, el embajador y sus colaboradores habrían presionado a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.

Actuaciones similares también se produjeron tras la apertura en mi juzgado, en 2009, de un tercer procedimiento judicial por torturas en Guantánamo. En este caso Estados Unidos puso además de relieve la preocupación de Washington por la posible aplicación en España de la jurisdicción universal a la hora de enjuiciar crímenes cometidos en otros países. Así se conoció, por ejemplo, en el documento «secreto» redactado el 26 de junio de 2009 con motivo de la visita a Madrid de Janet Napolitano, fiscal general de Estados Unidos, ya con Alan D. Solomont como nuevo embajador nombrado por la Administración Obama: «Un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicción universal para procesar a ex altos cargos del Gobierno de Estados Unidos por su presunta implicación en torturas en Guantánamo».

En los tres casos judiciales hubo colaboración de fiscales españoles con la Embajada, siempre según los informes de la legación norteamericana. A veces informaron con celeridad de que pedirían el archivo de las causas, como hizo el fiscal Zaragoza el 14 de mayo de 2007 para anunciar al consejero político que se había opuesto al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte de Couso, dictado por el juez Santiago Pedraz dos semanas antes. La noticia de tal recurso no apareció publicada hasta el 19 de mayo en varios periódicos, que coincidieron en asegurar que tal apelación la había presentado el fiscal Jesús Alonso el día anterior.

Según la documentación publicada por WikiLeaks, el fiscal Zaragoza se reunió en su propio despacho con dos altos cargos de la Embajada el 14 de abril (cable «confidencial» del 17 de abril de 2009) para explicarles las claves del caso Guantánamo. La noticia de ese encuentro, que se produjo solo tres días después de conocerse la existencia de la demanda, fue publicada en El País el 18 de abril bajo este titular: «El fiscal rechaza investigar Guantánamo tras hablar con Estados Unidos». La fuente era la cadena de televisión Cuatro.

En enero de 2007, el fiscal Vicente González Mota (considerado «estrictamente protegido» en esta mención) informó con antelación al agregado jurídico de la Embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre vuelos de la CIA porque estaba convencido de que en los mismos no había nada «incriminatorio» (informe «confidencial» del 1 de febrero de 2007).

Acertó González Mota, entre otras cosas porque esos documentos llegaron a la Audiencia unas semanas después llenos de tachaduras. Ese comentario atribuido al fiscal se produjo una semana antes de que el Consejo de Ministros acordara desclasificar los informes del CNI que fueron enviados a la Audiencia. Esa decisión del Gobierno se produjo el 9 de febrero de 2007.

En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la Embajada, hechos públicos por WikiLeaks, los fiscales explicaron a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. El 14 de abril de 2009, el fiscal Zaragoza telefoneó a la Embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en mis manos y sí en las del juez Moreno. Zaragoza contó que, si yo me empeñaba en quedarme con el caso, él mismo airearía que opté por no investigar nada al respecto cuando tuve datos para hacerlo años antes (informe «no clasificado, solo de uso oficial» del 5 de mayo de 2009). La amenaza de Zaragoza quedó reflejada en El País el 30 de abril de 2009, el día siguiente a mi decisión del caso sobre Guantánamo, en el Juzgado Central de Instrucción 5, en una información que concluía: «Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisión de Garzón por considerar que en los últimos cinco años no investigó las torturas» que le había denunciado un preso de Guantánamo en 2004. «No es fácil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garzón desconectado de la máquina de hacer titulares de prensa a menos que se le obligue a hacerlo», agregaba el diplomático estadounidense autor de ese documento.

En un cuerpo tan jerarquizado como el del Ministerio Fiscal, Zaragoza estaba en línea con su máximo jefe, Cándido Conde-Pumpido. En un informe «confidencial» de la Embajada fechado el 26 de enero de 2007 se contaba que el embajador Aguirre y su adjunto se habían entrevistado el día anterior con el fiscal general «para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa». El documento añadía que Conde-Pumpido («estrictamente protegido» en esta cita) les dijo que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales «seguirían oponiéndose» a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detención había sido dictada tres días antes por el juez Santiago Pedraz.

Seis meses después, el 18 de julio, Conde-Pumpido dijo al embajador Aguirre que él deseaba el archivo del caso Couso (documento «confidencial» del 19 de julio de 2007) y añadía: «En cuanto a los vuelos de la CIA, [el fiscal general] dijo que el caso continúa a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa». Respecto a la causa sobre Guantánamo, Conde-Pumpido declaró públicamente el 16 de abril que él no apoyaría la causa abierta por las torturas en esa base americana.

En febrero de 2007, la propia Embajada hacía el siguiente balance sobre los peligros que veía para el caso de los vuelos de la CIA: «Estamos menos preocupados por la importancia inmediata que tenga cualquier información desclasificada por el CNI o Defensa que por la aparente coordinación existente entre el juez Moreno [el instructor] y los fiscales alemanes del caso El-Masri [el alemán de origen libanés secuestrado por la CIA y que presuntamente pasó por el aeropuerto de Palma]». «Esta coordinación entre fiscales independientes complicará nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de Gobierno a Gobierno» (informe «confidencial» del 1 de febrero de 2007).

Los documentos también reflejan un encuentro del embajador Aguirre conmigo el 14 de diciembre de 2007. El informe «confidencial» al respecto, redactado el 21 de diciembre de ese año, está encabezado con esta frase: «Encuentro del embajador con el famoso y controvertido juez Baltasar Garzón». Y añadía que yo aconsejé al embajador en esa entrevista, según el documento, que contactara también con otros jueces de la Audiencia como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan del Olmo.

El consejero jurídico, señalaba ese mismo informe, «ha intentado profundizar en las relaciones con los seis magistrados de la Audiencia con diferente grado de éxito». La nota incluye estos comentarios sobre mi persona: «Es una figura controvertida cuya ambición y afán de notoriedad no tiene rival». «No nos hacemos ilusiones sobre el tipo con el que estamos tratando», añadía.

La Embajada y el Gobierno de Rodríguez Zapatero

Las conexiones de la Embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para Estados Unidos fueron en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández, los altos cargos de Exteriores Ángel Losada —ex secretario de Estado— y Agustín Santos —ex jefe de Gabinete del ministro Miguel Ángel Moratinos—, y los directores generales Luis Felipe Fernández de la Peña o José Pons fueron algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.

El primer colaborador de Aguirre, por ejemplo, llamó el 31 de marzo y el 1 de abril de 2009 a Agustín Santos y a Aurora Mejía, directora de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio de Justicia, para trasladarles la opinión de Estados Unidos sobre la apertura en la Audiencia del caso de torturas en Guantánamo. «El adjunto al embajador les puso de relieve que el asunto era muy grave para el Gobierno de Estados Unidos y les pidió que tuvieran informada a la Embajada de cualquier novedad» (informe «confidencial» del 17 de abril de 2009).

Dentro de la misma estrategia, el Gobierno norteamericano utilizó las visitas oficiales de personalidades del país para influir en los procesos judiciales abiertos en la Audiencia. Los senadores estadounidenses Judd Gregg y Mel Martínez llegaron a España, por separado, solo dos semanas después de abrirse la causa de Guantánamo. Ambos fueron explícitos en sus protestas durante los encuentros que mantuvieron en Exteriores. Martínez espetó el día 15 de abril de 2009 al entonces secretario de Estado Ángel Losada que esa investigación judicial «no sería entendida ni aceptada en Estados Unidos y que tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales» (informe «confidencial» del 17 de abril de 2009).

Losada respondió al senador que «el Gobierno español comunicaría a Conde-Pumpido que la postura oficial de la Administración era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia» en la causa por torturas en Guantánamo. Dos días después de esa entrevista, el fiscal general declaró públicamente que la causa abierta era «fraudulenta».

Los originales en mi poder

El 5 de noviembre de 2012, en una de mis visitas a la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado y arbitrariamente detenido desde el 19 de junio de 2012 —según la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de febrero de 2016— el líder de WikiLeaks, Julian Assange, cuya defensa coordino en el ámbito internacional, me regaló autografiados los papeles que hacen referencia a los informes de la Embajada norteamericana en Madrid y referidos al caso Guantánamo que yo tramitaba en mi juzgado. Los reproduzco debidamente traducidos por su interés, con unos mínimos comentarios para la adecuada comprensión, que completan lo dicho anteriormente.

ORIGIN: CLASSIFIED: SUBJECT:

DATE: TUE, 5 MAY 2009 15:34 UTC

US EMBASSY MADRID (SPAIN)
FOR OFFICIAL USE ONLY

GARZON OPENS SECOND INVESTIGATION INTO ALLEGED U. S. TORTURE OF TERRORISM DETAINEES

SENSITIVE SIPDIS

PARA EL EUR / WE, TAMBIÉN PARA L / LEI Y CA / OCS, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PARA BRUCE SWARTZ Y PAT REEDY E. O.

1. (SBU) Resumen: Audiencia Nacional, juez de instrucción Baltasar Garzón ha anunciado que se llevará a cabo una investigación sobre las alegaciones hechas por los terroristas torturados y detenidos en Guantánamo, Estados Unidos. El juez aún tiene que nombrar algún objetivo de su investigación. Esto se produce días después de que él se viera obligado a abandonar una denuncia presentada por una ONG contra seis funcionarios de la Administración Bush (Ref. A). A instancias de los fiscales españoles, el caso anterior fue asignado a otro juez de la Audiencia Nacional que ahora parece estar tratando de archivar el caso. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional también nos dice que también va a combatir este último movimiento de Garzón. Sin embargo, sospechamos que Garzón tratará de conseguir toda la publicidad que pueda del caso hasta que se vea obligado a renunciar a él. Resumen final.

2. (U) Garzón declinó ante los argumentos de los fiscales españoles y el 17 de abril remitió a las autoridades de la Audiencia Nacional un caso recientemente presentado contra seis funcionarios de la Administración Bush (Ref. A). El caso fue debidamente asignado al juez de instrucción Eloy Velasco. Nos enteramos que el 5 de mayo Velasco se negó a admitir ese caso, diciendo que antes de seguir adelante la USG debe plantearse si el procedimiento está en marcha en los Estados Unidos. Velasco también ofreció transferir los procedimientos a los Estados Unidos bajo la MLAT. Estamos a la espera de una copia del fallo de Velasco y le asesoraremos aún más cuando la recibamos. Mientras tanto, Garzón anunció 29 de abril que comenzaba una investigación independiente sobre la presunta tortura de detenidos por terrorismo en Estados Unidos.

(Lo que sucedió es que el fiscal quería a toda costa que el caso saliera del Juzgado Central de Instrucción número 5 y fuera a cualquier otro, y lo que yo hice fue remitir el derivado de la querella interpuesta con carácter general contra las autoridades de las que dependía la prisión de Guantánamo, de aquel otro que hacía referencia a la tortura inferida a cuatro personas internadas en aquel centro y que estaban siendo investigadas en mi juzgado por su presunta participación en la red terrorista Al Qaeda. Por ese vínculo consideré que este caso estaba relacionado con el otro y que la competencia correspondía a mi juzgado, y por ello mantuve la competencia, contraviniendo así la «promesa» de los fiscales a la Embajada norteamericana.)

3. LEGATT y la Asesora Jurídica de la Embajada FSN se reunieron el 4 de mayo con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza (protección), para discutir el último movimiento de Garzón. Zaragoza dijo que había desafiado directa y personalmente en este último caso a Garzón, preguntándole si estaba tratando de conseguir más notoriedad pública. Garzón respondió que lo hacía solo para cumplir el expediente y que «lo dejaría morir».

(Esta conversación, entre Javier Zaragoza y yo, jamás se produjo en esos términos. Además, como se ha visto en el desarrollo del caso, fue todo lo contrario. Este se ha cerrado en 2015 y por efecto de la aplicación de la reforma de la ley de jurisdicción universal del Partido Popular.)

Zaragoza opinó que Garzón, después de haber conseguido su titular, no tardaría en olvidar el asunto. En caso de que él no lo hiciera, Zaragoza cuenta con una estrategia para forzarle a hacerlo. La estrategia de Zaragoza está relacionada con un antiguo caso en el que Garzón investigó denuncias de terrorismo contra algunos detenidos de Guantánamo. En relación con las investigaciones anteriores, Garzón ordenó a la policía española visitar Guantánamo y reunir pruebas contra los supuestos terroristas. Zaragoza considera que puede usar este hecho para avergonzar a Garzón y forzarle a que abandone este último caso, sugiriendo que Garzón, en cierto sentido, respaldó el enfoque de Estados Unidos en relación a los detenidos alrededor del año 2004.

(Esta afirmación es absolutamente falsa. Nunca autoricé ni ordené que fueran funcionarios a Guantánamo, como quedó demostrado en el juicio contra Hamed Abderraman Ahmed en el que los funcionarios expresaron que tales órdenes no se habían producido. Es cierto que se desplazaron motu proprio y con autorización de las autoridades del Ministerio del Interior y después hicieron un informe incorporado a la causa y que no tuvo ninguna relevancia en la instrucción. En ese momento las personas afectadas estaban en Guantánamo y la extradición, conforme a los cargos que había en contra de los cuatro afectados en España, fue solicitada como única forma de sacarlos del centro de detención, cosa que se lograría. Posteriormente la Sala sí utilizó ese informe y el Tribunal Supremo anuló la sentencia al considerar que Guantánamo estaba en un «limbo jurídico» y por estimar que cualquier prueba que pudiera tener relación con el mismo u obtenida allí era ilegal. Los cargos por los que se investigaba a aquellas cuatro personas nada tenían que ver con su detención ilegal posterior.)

Garzón no tomó ninguna acción en 2004, cuando los sospechosos regresaron a España y le informaron de su presunto maltrato.

(Falso. El primero que llegó fue Hamed Abderraman, a quien en su declaración inicial interrogué extensamente sobre el trato recibido y las torturas, ordenando su examen médico; más tarde lo puse en libertad a pesar de que los cargos eran de terrorismo y los únicos indicios tenidos en cuenta eran los anteriores, cuando vivía en Ceuta antes de marcharse a Afganistán en 2001.)

Zaragoza dijo que si Garzón no dejaba el caso al ser avergonzado, entonces él mismo le recomendaría formalmente a Garzón hacerlo y apelar incluso si Garzón no le hace caso.

(Efectivamente, no dejé el caso, sino todo lo contrario, profundicé en el mismo y transmití peticiones a Estados Unidos que no fueron atendidas. Y frente a los recursos del fiscal que los planteó, después de la reforma de 2009 y cuando aquel quería que me inhibiera y que cerrara la investigación, la mantuve con nuevos y contundentes argumentos, expuestos en el auto de 27 de enero de 2010 en el que confirmé la jurisdicción y admití la querella.)

4. La clave para los planes de Zaragoza es el hecho de que aún hay otro caso relacionado con Guantánamo en curso en la Audiencia Nacional. Ese caso se refiere a los llamados «vuelos de la CIA» con detenidos en dirección a Guantánamo a través de España, que está siendo guiado por el juez de instrucción Ismael Moreno (Ref. C). Los agentes de policía que Garzón envió a Guantánamo hace años prestarán declaración ante Moreno este mes, y Zaragoza espera que su testimonio deje constancia del papel de Garzón en los casos anteriores. (Nota: En la apertura de su más reciente investigación de Guantánamo, Garzón pidió que Moreno le pasara el caso de los vuelos con detenidos a él. Zaragoza pensó que no había posibilidad de que Moreno estuviera de acuerdo en hacerlo.)

(Como he dicho antes, nunca hubo orden ni autorización para el desplazamiento a Guantánamo en el sumario abierto por terrorismo, ni en ningún otro. Nunca hubo reclamación de competencia por mi parte del caso de los vuelos de la CIA. Lo ocurrido realmente fue que, en esa estrategia que citan los documentos de WikiLeaks, los fiscales pretendieron que el juez Moreno me reclamara la competencia y aquel se negó afirmando que nada tenía que ver su investigación con la mía. Por lo demás, la supuesta afirmación policial de haber recibido órdenes mías de traslado a Cuba nunca se produjo. Si eso esperaba el fiscal y lo transmitió a los norteamericanos, se equivocó.)

Nota final. Zaragoza también está contando con el hecho de que Garzón ya está en la cuerda floja sobre su exceso de afán en otro caso. Hace unos meses, Garzón abrió una investigación sobre atrocidades de la guerra civil española. Garzón persistió en su investigación a pesar de todos los consejos de los fiscales en contra. El caso fue finalmente inhibido de Garzón, pero ahora hay una demanda penal contra él en el Tribunal Supremo, alegando abuso de autoridad. Esta reclamación tiene el apoyo de los fiscales españoles. Zaragoza duda que Garzón se arriesgue a una segunda denuncia.

(Es falso que los fiscales apoyaran la querella de Manos Limpias en el Supremo, todo lo contrario. Sí es cierto que el fiscal de la Audiencia Nacional solicitó el archivo del caso del franquismo, aunque aceptó inicialmente la investigación previa. A pesar de esas presiones, nunca renuncié a defender mis planteamientos en defensa de las víctimas en este caso, hasta el día de la fecha. Fui suspendido injustamente y absuelto, como era evidente desde el comienzo, pero entonces era «necesaria» la suspensión.)

5. Como hemos informado, en relación con la denuncia anterior contra seis funcionarios de la Administración Bush, Zaragoza ha sugerido repetidamente que una afirmación de USG de que Estados Unidos está investigando las supuestas torturas podría ayudar a resolver las investigaciones judiciales españolas sobre el tema […].

(Esto es lo que las autoridades norteamericanas hicieron en el caso de los juzgados centrales de instrucción 6 y 5, siendo rechazada esa posición por el juez Ruz cuando decidió ratificar la jurisdicción por auto de 13 de enero de 2012.)

Fernando Andreu, que lleva un caso contra funcionarios israelíes acusados de crímenes de guerra en Gaza en 2002, ha rehusado archivar el caso a pesar de una petición de los fiscales. Los fiscales habían argumentado que Israel estaba investigando el asunto. Al negarse a cerrar el caso, Andreu argumentó que Gaza no era parte de Israel y, por tanto, las autoridades israelíes no eran las que deben estar investigando delitos presuntamente cometidos allí. La prensa informa que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, está a favor de la reforma de la jurisdicción de la Audiencia Nacional para evitar que se convierta en la «policía judicial del mundo». Zaragoza nos ha comentado que, mientras muchos hablan de limitar las reglas de jurisdicción universal, es poco probable que los políticos actúen para hacerlo.

(Aquí se equivocaban en las previsiones, porque esa reforma, ante la rebeldía judicial a archivar las causas abiertas en aplicación del principio de jurisdicción universal, llegó en forma coactiva por la mayoría absoluta del Partido Popular en 2014, acabando con dieciocho años de aplicación prudente y efectiva de aquel principio. La valoración que hiciera Carlos Dívar —quien después se vio obligado a dimitir como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo por un escándalo referido al mal uso de fondos públicos— de que España corría el riesgo de convertirse en «la policía del mundo» era la visión vicaria de una justicia decimonónica y pasiva que ya me había demostrado en 1988, cuando me criticaba la asunción directa de los casos de terrorismo.)

6. Creemos que Zaragoza está actuando de buena fe y jugando un papel constructivo. Sin duda él conoce a Garzón mejor que nosotros, habiendo discutido ya antes con él. Sin embargo, no compartimos su optimismo de que este problema desaparezca pronto. Para empezar, para nosotros es difícil creer por qué Garzón, amante de la publicidad, apagaría su máquina generadora de titulares si no le obligan a hacerlo. Y obligarlo a hacerlo podría llevar meses. También debemos tener en cuenta que Garzón —lejos de ser disuadido por las amenazas de acción disciplinaria— puede que aproveche esta posibilidad para quedar de mártir, sabiendo que el caso atraerá la atención de todo el mundo. En cualquier caso, probablemente estaremos lidiando con esta cuestión durante mucho tiempo. Zaragoza estará en Washington a principios de junio por unos asuntos de consultorías organizadas por LEGATT sobre cooperación de CT. L y el Departamento de justicia podrían usar esa oportunidad para discutir sobre estos casos con él directamente.

(Desde luego, aparte del tópico de la publicidad que asumo con estoicismo, el fiscal Zaragoza debía de conocerme poco, porque en ninguna de sus previsiones respecto a mi actitud en la investigación de Guantánamo acertó. Debía de desconocer todos y cada uno de los artículos de prensa que yo había escrito, mis intervenciones públicas en contra de la existencia de la prisión caribeña, tanto en España como fuera de nuestro país, desde la práctica fundación de ese centro de tortura y humillación que avergüenza a la humanidad entera, y debería de haber motivado la reacción persistente de todos los demócratas del mundo. Aún recuerdo el enfrentamiento que mantuve en junio de 2006 en La Pietra, Florencia, con el exdirector de aquella prisión sobre el carácter ilegal y la comisión de delitos de lesa humanidad que estaban perpetrando las autoridades estadounidenses. Estoy convencido de que fue en ese momento cuando quedé «marcado» definitivamente.

A mi pequeña escala, hice todo lo que pude para contrarrestar los efectos nocivos de ese centro. Planteé una extradición a las autoridades militares de Estados Unidos que nunca fue contestada, pero al menos conseguí la liberación del español Hamed Abderraman Ahmed, que estaba procesado por su presunta participación en la red española de Al Qaeda (en la actualidad está preso preventivo desde febrero de 2016 por su presunta vinculación a una red de captación de yihadistas para el Estado Islámico). Siempre busqué la fórmula para sacar de aquel centro de tortura a quienes podía. Fue el caso de Lahcen Ikassrien, también procesado por mí en España con indicios anteriores a los ataques terroristas del 11-S (actualmente en prisión por haberse vinculado en 2014 a actividades supuestamente terroristas, después de haber reclamado infructuosamente una atención por parte del Estado español, en cuyo territorio quedó sin cobertura legal al ser marroquí y no dejarle salir, una vez fue absuelto por la Audiencia Nacional). Finalmente, estaban Abdul Latif Al Banna y Ornar Deghayes, a quienes, cuando fueron liberados y entregados a las autoridades británicas, les alcé la orden de detención y acordé la investigación de las posibles torturas que todos ellos habían padecido durante su internamiento en el campo de detenidos de la base de Guantánamo.

Las consecuencias que mi posición en este caso me reportaron —consistentes en las maniobras para «torcer mi brazo» por parte de quienes deberían haber defendido mi posición, unidas a las que padecí y padezco como consecuencia de mi defensa de Julian Assange, entre las que se cuentan mi cese inmediato por orden de Estados Unidos en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia el 31 de agosto de 2012, o el rechazo recibido por parte de autoridades diplomáticas americanas por estos hechos, o para trabajar en ciertos ámbitos— no hacen sino reafirmarme en que la defensa de las víctimas y de las garantías del Estado de derecho deben mantenerse por encima de cualquier otra componenda, argucia o artimaña en connivencia con quienes quieren poner trabas al ejercicio de la justicia independiente.)

With much love and appreciation.

5 de noviembre de 2012

Remember, remember…

JULIAN ASSANGE

Embajada de Ecuador en Londres

Reactivación de las querellas

En enero de 2011 se reactivó la querella con dos providencias: una de Pablo Ruz, el juez que me había sustituido tras mi expulsión de la Audiencia, y otra de Eloy Velasco interesándose por el estado de las comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos, y con la petición de la acusación de la declaración como imputado de Geoffrey Miller, el general que estuvo al frente del penal.

Además, dos prestigiosas ONG internacionales de derechos humanos que habían pedido personarse presentaron también dos informes jurídicos en la Audiencia Nacional para tratar de dar un nuevo impulso al caso. Se trataba del Center for Constitutional Rights —con sede en Washington y el más tenaz en la demanda en Estados Unidos de una Comisión de la Verdad sobre la era Bush— y el European Center for Constitutional and Human Rights, con sede en Berlín y actor clave en la denuncia de la connivencia europea en los vuelos de la CIA.

Sin duda el caso se activó, por un lado, gracias a las filtraciones de WikiLeaks, que mostraban que la Fiscalía consideraba solvente la querella y que pese a ello supuestamente trató de evitar que prosperase, y la publicación de Decision Points, el libro de Bush en el que subrayaba elogiosamente el papel de sus juristas en su «guerra contra el terrorismo»; y, por otro, a la recopilación de nuevo material por parte de esas ONG sobre Miller, el jefe militar en Guantánamo, que servía de base para que la acusación pidiera que se le llamara a declarar como imputado.

Tras la filtración de los papeles de WikiLeaks, el abogado que impulsaba la querella en España, Gonzalo Boye, solicitó al juez Velasco que la aceptara a trámite sin más dilación. «A la vista de la filtración —escribió Boye— es evidente que ni la comisión rogatoria cursada ni los diversos recordatorios de la misma van a tener respuesta alguna, por tratarse de parte de una estrategia para entorpecer el desarrollo de este procedimiento.»

Solo seis días después, el 15 de diciembre de 2010, el juez Velasco redactó una providencia en la que parecía quedar claro que el caso no moriría de inanición: «Interésese del Ministerio Fiscal pronunciamiento sobre la fecha hasta la que esperar contestación de Estados Unidos, o indicar ya si se debe o no admitir a trámite la querella».

En el tiempo transcurrido desde que supuestamente se hiciera esta recomendación, Estados Unidos no había abierto ninguna investigación. Y en la extensa nota que la Fiscalía difundió para justificar su actuación en los casos filtrados por WikiLeaks, dejaba claro que su recurso se hizo «sin cuestionar en ningún momento la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer los hechos». Su reticencia, añadía la nota, procedía sobre todo del hecho de que mi juzgado alegara «antecedente» con un caso que yo instruí para quedarme la querella.

La consecuencia de aquel tira y afloja entre la Fiscalía y yo fue que, en la práctica, existían entonces dos causas casi idénticas: la inicial, centrada en los abogados de Bush que construyeron el andamiaje legal de Guantánamo, acabó en manos del juez Eloy Velasco, en el Juzgado número 6. Y una querella similar más amplia, ya admitida a trámite por mi juzgado y en la que habían declarado dos antiguos presos de Guantánamo, seguía su curso en el Juzgado número 5, asumido por Pablo Ruz.

Pero el 23 de abril de 2012 el Pleno de la Audiencia Nacional, desestimó el recurso de apelación interpuesto por los querellantes contra el auto emitido por el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional de fecha 13 de abril de 2011 por el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la presente causa, confirmando íntegramente el archivo del caso.

La Sala afirmaba que los apelantes indicaban que los hechos denunciados consistían en la existencia de un plan de actuación antiterrorista con violación de los derechos fundamentales, pero «la realidad es que según las propias manifestaciones de los apelantes la confección de diversos memorándum, que son los hechos concretos que se les imputan, únicamente cabe entenderlos como concretados en la vulneración de los derechos que son investigados y perseguidos en USA en los términos que se ha dicho».

Los querellados eran seis asesores jurídicos del Gobierno de George W. Bush, entre los que se hallaba el ex fiscal general Alberto Gonzales o David Addington, ex jefe de Gabinete del vicepresidente Dick Cheney. La resolución de la Sala se basó en el llamado principio de subsidiariedad, por el que la jurisdicción española debe abstenerse de conocer de un asunto si ya está siendo investigado en el país competente.

Y es que el 21 de marzo anterior, el Gobierno de Estados Unidos había requerido a la Audiencia que le cediera el caso. Los medios de comunicación se hicieron eco de la contestación al escrito remitido por la AN, casi dos años antes, para afirmar que tanto el Departamento de Justicia como el de Defensa, el Congreso y varios tribunales estaban investigando hechos relacionados con supuestas torturas o con Guantánamo, y por ello la justicia norteamericana era la competente. Sin embargo, hoy parece que estos extremos no son ciertos. Nunca ha existido una efectiva investigación penal contra aquellos altos cargos de la Administración Bush y la afirmación fue meramente la excusa para justificar el cierre de una investigación incómoda.

Los tres magistrados que emitieron un voto particular discreparon precisamente en ese punto: entendían que no había tal investigación en Estados Unidos, ya que las autoridades norteamericanas habían abierto un simple expediente de responsabilidad profesional contra los acusados. «Este tribunal no debería avalar como ejercicio de jurisdicción independiente e imparcial lo que resulta una decisión política del Gobierno de los Estados Unidos de no perseguir a ninguno de los aquí querellados. Ni siquiera ha existido una especie de indagación penal dirigida por una autoridad independiente, en la que aparentemente se hubieran dilucidado las posibles responsabilidades penales, aunque hubiera concluido que se limita a poner de evidencia la falta de voluntad de perseguir», decían en su escrito. En definitiva, «las conductas no han sido ni están siendo investigadas, ni sus autores perseguidos penalmente en Estados Unidos».

«Hay un dato incontestable —proseguían los autores del voto particular—. El centro de detención de Guantánamo, en Cuba, más de diez años después de su instalación, sigue existiendo al margen de la legalidad internacional, albergando a personas detenidas como si fueran parias, sometidos al poder de los Estados Unidos, sin derecho al proceso, sin garantías de la libertad, sin derecho a la defensa, sin acceso al resto de derechos básicos de la persona, que les son negados de manera sistemática.»30 La dignidad y valentía de estos magistrados quedará anotada en forma indeleble, paralelamente a la pasividad de quienes nunca quisieron que se investigaran los hechos. En la actualidad, catorce años después de su apertura, poco menos de cien personas permanecen dentro de ese centro de detención sin derechos ni garantías.

A pesar de este precedente, el juez Pablo Ruz decidió de forma valiente en abril de 2014, después de la entrada en vigor de la restrictiva ley del PP, proseguir con la investigación judicial del Juzgado número 5 por delitos de «torturas y contra la integridad moral, en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra», supuestamente cometidos contra presos de la base militar estadounidense en Guantánamo (Cuba), por entender que, aunque la reforma de la ley de jurisdicción universal impediría poder perseguir aquí esos delitos, existen tratados internacionales que obligan a España a actuar.

La Audiencia Nacional avaló su decisión. En noviembre de 2014, los veinte magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldaron por unanimidad la decisión de Ruz en un auto en el que rechazaban el recurso de queja de la Fiscalía, fiel a su postura favorable a los Estados Unidos.

Lamentablemente, en julio de 2015 la reforma de la justicia universal acabó también con la investigación de las torturas en la cárcel de Guantánamo, cuando el juez José de la Mata propuso cerrar el sumario por no ser ya competencia de la jurisdicción española. Aunque una de las víctimas, el ceutí Hamed Abderraman Ahmed, tenía nacionalidad española, De la Mata sostenía que la Audiencia ya solo podría investigarlo si alguna de las personas contra las que se dirige el procedimiento se encontrara en España, algo que no ocurría en ese momento.

Guantánamo hoy

Aún quedan en la prisión de la base militar 61 presos, de los 780 que llegó a albergar. A mediados de agosto de 2016, la Administración norteamericana ordenó el traslado de 12 yemeníes y tres afganos, algunos de los cuales llevaban desde 2002 sin cargos de ningún tipo. De los que quedan, hay 20 que tienen autorizada la libertad vigilada, aunque no se sabe qué país los recibirá; pero quedarían cuatro, respecto de los cuales no se sabe qué ocurrirá. Durante los catorce años que lleva abierta, la prisión en la base estadounidense de Guantánamo constituye una de las vergüenzas más grandes de la humanidad, aceptada y protegida por todo un andamiaje jurídico espurio que ni con el mayor de los esfuerzos puede admitirse en derecho.

El 19 de diciembre de 2014, en el diario La Vanguardia, publiqué un artículo titulado «Guantánamo: la hora de la justicia» —que extracto a continuación— en el que insistía en que el informe aprobado por el Senado diez días antes constituía la escenificación de la barbarie de un sistema que había perdido toda referencia humanitaria.31

Guantánamo: la hora de la justicia

Estados Unidos, hoy, tiene más de dos millones de reclusos. Entre ellos no se contabilizan los 61 de Guantánamo (60, desde la liberación el 18-10-2016 del mauritano Mohamedou Ould Slahi, tras 14 años de reclusión sin cargos), ni todos los cientos que les precedieron. Es decir, son números que están fuera de las estadísticas estadounidenses, «no están en territorio norteamericano». Seguramente los presos oficiales no sufrirán las técnicas de tortura como las que han padecido los denominados enemigos encerrados en una isla de impunidad bajo el Programa de Rendición, Detención e Interrogatorio, creado por George W. Bush, el 17 de septiembre de 2001 y que permitió a la CIA desarrollar métodos como el waterboarding (ahogamiento simulado), walling (golpear contra el muro), humillaciones y violencia sexual, golpes, amenazas de muerte, privación de sueño, «hidratación y alimentación rectal», entre otras, en forma sistemática, hasta el cierre de ese siniestro programa en 2009 por orden del presidente Obama, quien, sin embargo, no exigió al fiscal general que abriera ninguna investigación aunque sí pidió «comprensión» para los torturadores.

El informe del Senado hecho público el 9 de diciembre de 2014 constituyó la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. La justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. La vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.

El informe de la Comisión del Senado de Estados Unidos confirmó la inutilidad de las acciones criminales de la CIA en Guantánamo para obtener información de los torturados y cómo tuvieron que emitir falsas declaraciones, tales como falsos complots terroristas para justificar la continuación de un programa de verdaderos crímenes de lesa humanidad, auspiciado y ordenado por los más altos responsables de la CIA y la Administración norteamericana de la época. Se ha torturado en forma sistemática como método para combatir el terrorismo, como política de Estado y con el ánimo de instaurar una forma de coacción permanente contra sectores completos de población […].

Ahora, de nuevo Barack Obama promete que antes de irse cerrará Guantánamo. ¿Será esta una más de las promesas incumplidas por el presidente demócrata? Todo lo que ha rodeado y rodea a la prisión de Guantánamo ha estado regido por el más puro principio de la oportunidad que, en este caso, pasa por mantener indefinidamente ese centro de detención que nunca respondió a los estándares de la legalidad internacional. El paso del tiempo parece que ha suavizado e incluso hecho olvidar que la detención indefinida, la aceptación de la tortura, la rendición, las entregas extrajudiciales y otras técnicas utilizadas con más o menos profusión desde septiembre de 2001 han supuesto una quiebra profunda no solo de la legalidad, sino de todo el sistema internacional en el que se basa la confrontación del terrorismo internacional. Guantánamo es uno de los últimos reductos de esa forma de actuar que debe ser erradicada y denunciada en forma constante.

Caso Israel-Gaza

En 2008 se incoó procedimiento penal en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional por los hechos acontecidos en la Franja de Gaza. Según el auto de 4 de mayo de 2009, en el que se reafirma la competencia de la Justicia española para instruir el caso,

[…] el día 22 de julio de 2002, entre las 23:30 y las 24 horas, un avión de combate israelí F-16 lanzó una bomba de una tonelada de peso sobre el barrio de Al Daraj de la Ciudad de Gaza. El objetivo principal de dicho ataque era la casa de Salah Shehadeh, dirigente de la organización terrorista Hamás. La decisión del ataque se estableció en los rangos militares más altos, después de que quedara demostrada la importancia de la actividad de Shehadeh y de ahí la información y estimaciones que existieron en lo concerniente al perjuicio a terceros que podría ser causado a consecuencia del ataque.

La bomba explotó exactamente en el piso franco en el que se hallaba Shehadeh, provocando su muerte, así como la de un importante activista de Hamás que se hallaba con él; no obstante resultaron heridos y murieron por dicha bomba civiles inocentes, en una cantidad muy superior a la esperada en la fase de autorización de la agresión. Gran parte de los fallecidos en el ataque murieron ya que se encontraban en la casa colindante a la parte sur del edificio en el que se encontraba Shehadeh. No se esperaba el impacto sobre las víctimas en el «momento decisivo», a pesar de que se había evaluado que esta casa sufriría los resultados del ataque debido a que según la información que existía en el momento del ataque la casa no estaría ocupada. Dicha información era errónea.

La resolución judicial continuaba afirmando que «las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron una investigación interna», en la que se trataban de justificar los errores de información y la legitimidad de la acción frente al objetivo mencionado (Salah Shehadeh), pero la Fiscalía Militar de Israel, a la vista de esas informaciones, decidió no abrir ninguna investigación criminal en averiguación de los hechos y sus circunstancias.

La Fiscalía española, asumiendo un cambio radical acerca de lo que debía entenderse por investigación judicial efectiva y que podría motivar la no aplicación del artículo 23 de la LOPJ (jurisdicción universal), cuestionó la decisión del juez Andreu, quien desarrolló con claridad y contundencia la obligación de investigar, partiendo de los tratados internacionales vinculantes para España y de acuerdo con la doctrina fijada en las sentencias del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005 en el caso Guatemala (luego reiterada en octubre de 2007 en el caso Falun Gong).

El juez, siguiendo esta línea jurisprudencial, calificó los hechos como crímenes de guerra, y esto tenía en el presente caso una singular importancia, pues tanto el artículo 6 de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio como los cuatro Convenios de Ginebra (artículo 146 del Cuarto Convenio) establecen de forma expresa un régimen de jurisdicción universal concurrente, claramente alternativa respecto de otras jurisdicciones y, en ningún caso, estrictamente subsidiaria. Por ello, el juez, frente a la existencia de alguna investigación en Israel, afirmaba que «cabría interpretar la competencia concurrente de la jurisdicción española para llevar a cabo la presente instrucción» y añadía que en el caso presente «no ha existido, ni existe, en Israel ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación de los hechos denunciados». Lo único que había era la decisión del fiscal general militar, refrendada por el fiscal general y por el Tribunal Supremo, «acordando no abrir una investigación criminal en averiguación de la naturaleza y de las circunstancias en que se cometieron los hechos denunciados», basada en que el Ejército de Israel, en una investigación interna, afirmaba que «si hubiera habido la certeza o la posibilidad de que como resultado del ataque se hubiera causado la muerte de varios civiles más y herido a otros, más allá de la mujer de Shehadeh, la ejecución del ataque no se hubiera permitido».

El Ministerio Fiscal, en la línea de cambio restrictivo de la jurisdicción universal, llegó a afirmar que las autoridades judiciales israelíes, «en sus diferentes niveles, muy singularmente a través del sistema de recursos que su ordenamiento jurídico prescribe (Fiscalía Militar, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo, Comisión de Investigación), han adoptado decisiones que satisfacen plenamente desde la perspectiva constitucional las exigencias derivadas de la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva por una justicia independiente e imparcial».

El juez Andreu discrepó firmemente de este criterio al afirmar que «el fiscal integraba en el sistema de justicia independiente e imparcial a una Comisión de Investigación nombrada por el primer ministro de Israel, cuya composición y modus operandi estaban sujetos a la discreción del poder ejecutivo y formada para obtener conclusiones operativas sobre el ataque llevado a cabo mediante el lanzamiento de una bomba de mil kilogramos con el resultado de la muerte de civiles inocentes. Y en segundo lugar, porque en ninguna de las decisiones de las distintas fiscalías, o en la del Tribunal Supremo, se entra a valorar jurídicamente los hechos denunciados». Sin embargo, con total certidumbre, esto no era así y lo resaltaba el juez, al afirmar que «la Fiscalía Militar, a la que se adhiere la Fiscalía General de Israel, entiende que, a la vista de las conclusiones efectuadas por los Servicios de Seguridad del Ejército, no procede abrir una investigación penal. La exigencia derivada de la aplicación a la tutela judicial efectiva requiere que la existencia o no de una infracción penal solo pueda ser determinada en el marco de un proceso penal».

Y proseguía indicando que «afirmar que la posibilidad de que un procedimiento penal pierda su objeto por haberse resuelto la falta de responsabilidad en una investigación interna realizada por aquellos a quienes la justicia pretendería investigar implica la subversión de la prioridad y supremacía del orden y de la jurisdicción penal que se desprende del diseño constitucional (artículo 25 de la Constitución española)».

En definitiva, finalizaba con contundencia el juez, «desde la fecha de comisión de los hechos, en el mes de julio de 2002, las autoridades judiciales de Israel no han incoado ningún procedimiento criminal que tenga por objeto determinar si de los hechos denunciados puede derivarse la existencia de algún tipo de responsabilidad penal. Buena prueba de ello es que los aquí querellantes, víctimas del “ataque preventivo” se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial».

Todo ello para afirmar la competencia de la jurisdicción española. Esta resolución levantaría ampollas a nivel diplomático y las autoridades israelíes reclamaron explicaciones a las españolas indicando estas que se restablecería la situación adecuadamente. La solución drástica que se ofertó y se decidió, como ocurriría también con los casos Tíbet y Guantánamo, fue la modificación del artículo 23.4 de la LOPJ, en 2009, hecha aprovechando una ley de modificación de la Oficina Judicial, con nocturnidad, sin debate parlamentario y con acuerdo de los dos grandes partidos, PSOE y PP. Eran los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

Vuelos de la CIA

El 12 de junio de 2006 se notificaba la resolución del juez central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, por el que se incoaba un procedimiento penal en averiguación. En sus fundamentos jurídicos el auto del juez Moreno señalaba que «nos encontramos ante la hipótesis de que a lo largo de los años 2004 y 2005, miembros de servicios de inteligencia extranjeros habrían llevado a cabo detenciones de presuntos terroristas en otros países y utilizando diferentes aeronaves los habrían retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares, también de países extranjeros, en cuyo ínterin efectuaron escalas en diversos aeropuertos españoles para la materialización y culminación de tales presuntas actuaciones ilícitas».

Moreno recuerda que la Fiscalía se opuso desde el principio a que este asunto lo investigara la Audiencia Nacional al considerar que, «por economía procesal», la causa debería seguir siendo instruida por el juez Antonio García, que es quien abrió las primeras diligencias tras recibir la denuncia de un grupo de ciudadanos. El magistrado explica que el argumento esencial en el que se apoyaban tanto la Fiscalía de Palma de Mallorca como la Audiencia Nacional para negar la competencia a su juzgado era el grado de evolución de las investigaciones, que no permitían aún sostener la presencia de hechos ilícitos que fuesen competencia de la Audiencia Nacional.

Frente a ello, el juez Moreno consideraba, en consonancia con lo manifestado para otras causas similares por el Tribunal Supremo, que en este caso los hechos «cuya verosimilitud y posibilidad suficiente de acreditación se investigan, de comprobarse que son ciertos, sin duda conllevarían la competencia de la Audiencia Nacional», y que en este momento su juzgado tiene preferencia respecto al de Palma de Mallorca.

La Fiscalía, pese a no recurrir, mantenía un criterio contrario a la investigación de este asunto por la Audiencia Nacional. La Fiscalía balear archivó, tras estudiar un informe de la Guardia Civil, las diligencias que ella misma había abierto a raíz de una información sobre los vuelos de la CIA publicada en el Diario de Mallorca el 13 de marzo de 2005.

Sin embargo, al día siguiente, un grupo de ciudadanos presentó una denuncia por los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas en relación con la utilización de la CIA del aeropuerto de Son Sant Joan, y a raíz de esta denuncia comenzó la instrucción del juez Garcías. La decisión de la Audiencia se conoció unos días después de que un informe del Consejo de Europa, dirigido por el parlamentario suizo Dick Marty, concluyera que catorce países europeos, entre ellos España, participaron de forma activa o pasiva en la «telaraña» tejida en el mundo para efectuar traslados «ilegales» de presuntos terroristas en vuelos organizados por la CIA a cárceles secretas.

España, Alemania, Chipre y Turquía aparecían en el mapa como «plataformas» para los vuelos en Europa. Y al aeropuerto español de Palma de Mallorca se le denominaba plataforma bisagra. En esa isla mediterránea «equipos extremadamente bien entrenados preparaban sus misiones y regresaban para descansar», aseguraba el Informe Marty, cuyas conclusiones rechazó de forma tajante el Gobierno español.

La comisión temporal del Parlamento Europeo que investigaba el caso consideró «inverosímil» que «algunos» Gobiernos europeos no estuviesen al tanto de estas actividades. En su informe de conclusiones preliminares afirmó que las «pruebas» que le habían sido presentadas apuntaban a que, en «cierto número de casos, la CIA u otros servicios de Estados Unidos han sido responsables directos del arresto, traslado, abducción o detención ilegal de sospechosos de terrorismo» en la Unión Europea, así como de su posterior «entrega extraordinaria» a países no europeos.

Los casos que también cayeron

No he agotado todos los casos de jurisdicción universal que se han tramitado en España. Quedarían, entre otros, el caso Couso, que desveló hasta su cierre la confrontación entre las víctimas y el sistema político de dominación militar y prescindibilidad del derecho en el marco de una guerra ilegal, ilegítima y fuera del amparo internacional como la de Irak; o el de los dos ataques perpetrados por fuerzas iraquíes contra el campo de refugiados de Ashraf, que albergaba a disidentes iraníes, en los que ochenta y siete personas resultaron muertas. En este caso, la querella se refería al ataque cometido el 8 de abril de 2011, en el que murieron treinta y cinco personas, y al perpetrado el 1 de septiembre de 2013 por fuerzas militares y policiales iraquíes, en el que hubo cincuenta y dos víctimas más.

Casos también como el de la Flota Libertad que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y que fue atacada por la Marina israelí el 31 de mayo de 2010; el de Ruanda, dirigido por delitos de genocidio, torturas y terrorismo, en el que había varias víctimas españolas y en el que el juez Andreu ordenó en 2008 la detención de cuarenta militares, entre ellos varios ministros del actual Gobierno del presidente Paul Kagame. Una vez concluida la instrucción, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo archivó definitivamente y el Tribunal Supremo confirmó en 2015 el sobreseimiento, pero considerándolo provisional.

Ni siquiera los casos ya abordados han sido exhaustivamente tratados como merecían. Solo quiero afirmar que el principio de jurisdicción universal ha sido aplicado en España con prudencia por parte de todos aquellos que creen en él, víctimas, sociedad civil, abogados, algunos jueces, algunos fiscales, algunos políticos, algunos magistrados del Tribunal Constitucional, frente a quienes —desde el Tribunal Supremo, el Gobierno, la Fiscalía General del Estado y de la Audiencia Nacional y el Parlamento— han hecho lo imposible para impedir su arraigo, atendiendo a fines mucho más pragmáticos y utilitaristas de corte político, económico o diplomático. Todos los que hemos luchado por su consolidación y lo seguimos haciendo somos conscientes de la importancia trascendental de este instrumento para combatir la impunidad y de que su aceptación es difícil porque los perpetradores siempre buscarán su erradicación del ordenamiento jurídico. Con ello, contravienen la propia esencia de su desarrollo, que, no se olvide, fue a impulso de los propios Estados y plasmado en los convenios internacionales. Lo que sucede es que la memoria es frágil y la voluntad débil cuando no se quieren afrontar los desafíos que contribuyen al fortalecimiento de la comunidad internacional. Todos los obstáculos que se han colocado y las dificultades detectadas en la aplicación de este principio pueden superarse fácilmente con una visión integradora de los diferentes sistemas y con un objetivo común, la lucha contra la impunidad.

Presente y futuro de la jurisdicción universal

Siempre que un hombre o una mujer trate de hacer justicia habrá otros u otras que intenten impedirlo. En ocasiones son los propios perpetradores, en otras son sus cómplices o grandes poderes económicos o políticos los interesados en paralizar toda iniciativa dirigida a depurar responsabilidades y a resarcir a las víctimas. La jurisdicción universal, como instrumento llamado a luchar contra la impunidad en cualquier punto del globo y defender los derechos de las víctimas, se topó, como no podía ser de otra manera, con un inmenso número de detractores y obstáculos. Pero también encontró una nutrida comunidad de personas comprometidas con la justicia.

En España, las reformas en la legislación propiciaron primero la restricción de la jurisdicción universal, en 2009, y su ulterior eliminación en 2014. Un sino muy similar encaró Bélgica ante las amenazas de trasladar la sede de la OTAN como represalia por la apertura de investigaciones en las que se acusaba al expresidente estadounidense George W. Bush por crímenes de guerra en el conflicto de Irak. Por aquel entonces, muchos pensaron que la jurisdicción universal era un instrumento eminentemente europeo. Algunos lo llegaron a llamar arma neocolonial. No es extraño que aquellos que así la catalogaban fueran los primeros en firmar su parte de defunción con la pérdida de Bélgica y España como paladines de la lucha contra la impunidad más allá de sus fronteras. Sin embargo, esta visión sesgada les impedía ver que este instrumento está al alcance de todo Estado comprometido con la justicia. Se sorprendían y les costaba entender cómo los procesos, algunos realmente exitosos, empezaron a proliferar en Senegal, Sudáfrica o Argentina, por ejemplo. O cómo causas por crímenes de guerra en los conflictos de Afganistán, Irak o Siria comenzaban a ser atendidas por jueces y fiscales en Países Bajos, Suecia o Francia.

Los obstáculos están ahí para ser salvados y con ese convencimiento decidí trabajar, a través de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), a la que tengo el honor de dar nombre y presidir, para mantener vivo el desarrollo y progreso de la jurisdicción universal en España y en el resto del mundo. A finales de 2013 decidí poner en marcha una idea que había ido madurando durante los últimos años: unos nuevos principios de jurisdicción universal.

La jurisdicción universal es un instrumento que ha ido fortaleciéndose a golpe de artículos académicos y emblemáticos procesos judiciales. Ni Naciones Unidas ni ninguna otra organización internacional de carácter regional se ha propuesto a redactar un tratado internacional que vertebre con claridad la jurisdicción universal incluyendo su definición, elementos, extensión, relación con otros sistemas de lucha contra la impunidad, etcétera. Fue el mundo académico el que procuró dar este paso en 2001, cuando la célebre Universidad de Princeton bautizó con su nombre los principios de jurisdicción universal que, por vez primera, moldeaban y estructuraban esta herramienta al servicio de las víctimas en todo el mundo.

Los Principios de Princeton son indudablemente una sólida base para acercarse a la jurisdicción universal, entenderla y aplicarla. No obstante, sería erróneo pensar que con su redacción se acaba la labor de investigación y desarrollo. Un instrumento tan flexible, capaz de abarcar desde la piratería en el siglo XVII hasta las desapariciones forzadas a finales del siglo XX, no puede permanecer inmutable. Al contrario, todo esfuerzo por definirlo ha de incluir una cláusula de revisión que responda al natural progreso de la justicia y defensa de los damnificados. Un intento parecido fue el propuesto por la ONG African Legal Aid, que entre 2001 y 2002 lanzó sus propios Principios del Cairo-Arusha. La capital egipcia y la muy internacional ciudad tanzana de Arusha —que acogió al Tribunal Penal Internacional para Ruanda— recibieron a expertos principalmente de ese continente para discutir cómo desarrollar la jurisdicción universal desde una perspectiva africana. Ya en aquella ocasión hicieron guiños a ciertos crímenes económicos y medioambientales, lo cual es una clara expresión de la preocupación y sensibilización por estos temas en la región.

Trece años después de estas iniciativas y esfuerzos, consideraba que era el momento de trabajar en unos nuevos principios de jurisdicción universal con el impulso y trabajo de la Fibgar. Un primer comité científico con conocedores del derecho penal internacional y de la jurisdicción universal de España, Argentina y Chile inició un proceso de reflexión. A principios de 2014 ya contábamos con un primer borrador que fue moldeándose y enmendándose con la colaboración de expertos de todo el mundo que participaron en el Primer Congreso Internacional de Jurisdicción Universal en Madrid.

Recuerdo aquel congreso como un gran éxito. Durante cuatro jornadas, grandes nombres del derecho penal internacional de todo el planeta se dieron cita para compartir públicamente su compromiso con la jurisdicción universal, su preocupación por los recortes de la misma en España y sus ideas para promover su desarrollo. Entre ellos estaba Benjamin Ferencz, último fiscal aún con vida de los Juicios de Núremberg. Sus palabras fueron una gran fuente de inspiración y su implicación con los nuevos principios son un motor que nos anima a seguir luchando. Asistieron también miembros de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional y de importantes ONG. No faltaron a la cita algunos de los magistrados, fiscales y abogados más decisivos en los casos abiertos en España. También estuvieron presentes muchas de las víctimas sin las cuales la jurisdicción universal carecería de sentido.

En la última jornada, después de la intervención de la iraní Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003, se presentó el borrador de propuesta de los nuevos principios de jurisdicción universal. El escenario se llenó de víctimas, fiscales, jueces, jóvenes abogados, académicos y activistas para leer, uno a uno, cada uno de los artículos que componían aquella primera versión. Fue un momento entrañable que se repetiría en Buenos Aires un año más tarde. Lejos de tratarse de un proyecto acabado, no hacía más que empezar. A partir de entonces, grupos de trabajo de todo el mundo irían componiéndose para analizar y explorar el texto hasta concluir una versión final, presentada en 2015.

Boko Haram

El Primer Congreso Internacional de Jurisdicción Universal tuvo lugar en mayo de 2014, justo un mes después de que la noticia del secuestro de casi trescientas niñas a manos del grupo terrorista Boko Haram protagonizara los noticiarios en millones de hogares. Al hablar de jurisdicción universal es inevitable tratar los crímenes para la que fue creada y desarrollada, esto es, las mayores atrocidades imaginables por el ser humano. Siendo Boko Haram noticia durante toda la primavera de aquel año, no era de extrañar que también fuera objeto de discusión en los pasillos del teatro que acogió el acto. «¿Y qué hay de Boko Haram? ¿No puede la jurisdicción universal hacer nada contra estos salvajes?» En una de mis intervenciones lamenté públicamente que, con la reforma de la LOPJ que erradicaba la jurisdicción universal del ordenamiento español, podríamos ver desde tierra firme a Abubakar Shekau, líder de esa organización terrorista, fondeando plácidamente la costa mediterránea española sin miedo a que la Justicia hiciera nada para detenerle. Esto era una prueba más de la nefasta iniciativa del legislador español, pero a pesar de ello era preciso encontrar algún resquicio de la ley para poder exigir justicia, también desde nuestro país.

Boko Haram es un grupo terrorista de corte islamista cuyo nombre ha sido traducido en numerosas ocasiones como «la educación occidental es pecado». Actúa desde 2002 en el norte de Nigeria y en los últimos años ha extendido su acción delictiva a los países vecinos: Níger, Camerún y Chad. Su brutalidad y extremismo se hacen patentes en sus infinitos ataques contra la población civil, detonando bombas en concurridos mercados, iglesias y mezquitas que no comparten sus consignas, así como en sus mensajes públicos propagados a través de internet en los que milicianos armados hasta los dientes amenazan a Occidente y se jactan de esclavizar y vender a niñas y mujeres en mercados.

En la noche del 14 de abril de 2014 cometieron su atentado más mediático: el secuestro de las niñas del poblado de Chibok. Permanecían internas en un colegio para hacer frente a sus exámenes cuando Boko Haram tomó la escuela aprovechándose de la nocturnidad y la escasa protección del centro. Saquearon las despensas y raptaron a doscientas setenta y seis niñas, de las cuales unas doscientas diecinueve siguen en paradero desconocido. El resto pudo escapar en los días inmediatamente posteriores o las semanas que les siguieron. Sus relatos confirmaban la estremecedora imagen que la banda terrorista hizo pública a través de vídeos en que se veía a las adolescentes cubiertas con el velo, conversas de manera forzada al islamismo y coaccionadas a repetir aleyas del Corán. Los testimonios describían trabajo esclavo, violaciones, condiciones de vida insalubres, además de otras atrocidades. El propio Abubakar Shekau se pavoneaba en sus grabaciones más difundidas afirmando que las niñas serían vendidas en mercados como esclavas y obligadas a contraer matrimonio. La crueldad y la desesperanza de estos hechos solo podía ser rematada con las imágenes de dolor de los familiares de las niñas, que reclamaban justicia sin saber si algún día volverían a abrazar a sus hijas, hermanas, nietas o sobrinas.

La jurisdicción universal tiene que ser útil también en este caso. Por ello decidí preparar, junto con el equipo jurídico de Fibgar, una denuncia contra Abubakar Shekau y los demás miembros de Boko Haram. La intención de la denuncia no era únicamente procesar al vil líder de la organización terrorista en España, algo que muchos etiquetarían de ilusorio deseo. No. En este caso la jurisdicción universal debía servir para desarrollar nuevas vías de colaboración en la lucha contra la impunidad. Por ejemplo, podría servir para garantizar que España y otros países de su entorno no se convirtieran en refugios de terroristas de esta organización. Permitiría a Nigeria y al resto de los países de la región beneficiarse de la investigación y resortes judiciales de un Estado miembro de la Unión Europea como el nuestro. Sería además un punto de partida para investigar sus vínculos y sometimiento al Estado Islámico en Oriente Medio y otras redes terroristas internacionales, como las que acampan a sus anchas en el Magreb. Podría finalmente ayudar a averiguar qué posibles vínculos existen entre Boko Haram y empresas o fondos de Europa que se ocupan de su necesaria financiación, nacionales e internacionales.

La jurisdicción universal se plantea así de una forma novedosa: no solo con la vocación directa de juzgar y en su caso condenar, sino con la de ayudar a que otros luchen contra la impunidad poniendo a su servicio parte de sus recursos e información. Pero para ello era necesario encontrar algún punto de conexión que, conforme a la nueva redacción de la LOPJ, facilitara al juez español afirmar su jurisdicción.

La denuncia se presentó el 24 de octubre de 2014 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Allí el caso fue recibido e incoado. En noviembre de 2014 y en enero y abril de 2015, Fibgar presentó varias ampliaciones a la denuncia original en las que se recopilaban nuevos indicios, información sobre atentados e informes de diversas organizaciones no gubernamentales. La fiscal Dolores Delgado, una vez más, dio el paso y presentó una querella contra Boko Haram. El turno de reparto quiso que el caso cayera en el Juzgado Central de Instrucción 4 del que es titular el magistrado-juez Fernando Andreu. El 27 de mayo de 2015 admitió a trámite la querella y se inició así una investigación que todavía hoy sigue adelante. La querella imputaba a los miembros de Boko Haram delitos de terrorismo y de lesa humanidad. La clave en este caso para poder afirmar la competencia de la Audiencia Nacional era la existencia de una víctima con pasaporte español: una monja misionera que presuntamente había sufrido amenazas de Boko Haram como parte de los tantos delitos de terrorismo.

Entretanto, seguimos adelante con la consolidación de los nuevos principios de jurisdicción universal. Era consciente de que la participación de los expertos en el Primer Congreso no sería suficiente y que debíamos contar con el apoyo e implicación de varias regiones para garantizar una inclusión de diversas sensibilidades jurídicas, culturales y geográficas. Fue así como convocamos reuniones de entre trece y diecisiete expertos en Puerto Rico, Asunción (Paraguay), Johannesburgo (Sudáfrica), La Haya (Holanda) y Alfaz del Pi (España), para terminar finalmente poniendo en común todas las conclusiones de los respectivos grupos de trabajo en Buenos Aires, justo antes del Segundo Congreso Internacional de Jurisdicción Universal. Fue un proyecto muy ilusionante y enriquecedor en que pude conocer de primera mano los enfoques y puntos de vista de grandes conocedores del derecho internacional de Asia, África, Europa y América. Las enmiendas, inclusiones, comentarios y fundamentos jurídicos recolectados en cada una de esas sesiones son los precursores del documento que Fibgar pudo hacer público el 10 de septiembre de 2015, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, ante un auditorio entusiasmado y con deseos de creer y luchar porque la jurisdicción universal siga viva. De nuevo el escenario se llenó de voces comprometidas, entre ellas la de la premio Nobel Rigoberta Menchú.

Pero tampoco fue ese el fin de esta fascinante iniciativa, al contrario, representó una plasmación de un texto consolidado bajo el nombre de Principios de Jurisdicción Universal de Madrid-Buenos Aires, por las dos capitales que lo apadrinaron. Su contenido es transgresor, ya que no solo recopila todo lo consensuado hasta el momento sobre jurisdicción universal, sino que además abre el debate a nuevos temas. Entre ellos está la necesaria respuesta judicial ante delitos económicos y medioambientales que causan daños análogos a los crímenes de lesa humanidad.

El ecocidio, por ejemplo, entendido como las acciones delictivas que provocan graves daños en el medio ambiente y que son difícilmente reparables, es una categoría penal muy desarrollada por la doctrina, pero que ha tenido una escasa acogida en los marcos legales de pocos Estados. Estos principios tratan de poner sobre la mesa la cabal necesidad de tratar estos coladeros de impunidad desde una perspectiva universal. La deforestación, la contaminación de ríos, mares y océanos, la polución de la atmósfera y el subsecuente cambio climático son realidades que afectan a cualquier país del mundo de manera más o menos directa. ¿Cómo, entonces, no podrá ser la jurisdicción universal un instrumento legítimo para luchar contra esos delitos?

Una de las dificultades a las que se seguirá enfrentando el juez que trate de aplicar la jurisdicción universal es la de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Paulatinamente, los ordenamientos internos han comenzado a aceptar que las empresas, si son sujetos de derechos, también han de tener la obligación de respetar el código penal y los estándares mínimos de derechos humanos. Este es otro de los desafíos de los Principios de Madrid-Buenos Aires: confirmar la responsabilidad penal de multinacionales y corporaciones por la comisión de delitos internacionales, ya sean de carácter económico o medioambiental. Pero no son los únicos temas sobre los que versan estos principios, que también tratan de aclarar la relación que debe regir entre los tribunales locales que apliquen la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional, así como de fortalecer la defensa y protección de las víctimas y testigos envueltos en este tipo de procesos.

La difusión de estos principios se nutrió de muchas actividades que, junto con Fibgar, impulsé inmediatamente después de su aprobación en Buenos Aires. Entre ellas la organización de una nueva tanda de consultas con grupos de trabajo regionales para que expertos de distintas zonas pudieran familiarizarse y aportar nuevas ideas y fundamentos jurídicos a los Principios de Madrid-Buenos Aires. El primero de estos encuentros tuvo lugar en Lomé, capital de Togo. La Delegación de la Unión Europea en este país francófono del África Occidental tuvo a bien impulsar y apoyar esta iniciativa. A ella asistieron grandes expertos como el juez del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Koffi Afande, o el magistrado Demba Kandji. Este último fue el juez instructor que, en aplicación de la jurisdicción universal, recibió a las víctimas chadianas del exdictador Hissène Habré, admitiendo a trámite la primera causa contra un ex jefe de Estado africano en su propio continente.

Los Principios de Madrid-Buenos Aires representan la constancia, la perseverancia, el esfuerzo y el convencimiento de que la jurisdicción universal no puede pasar a la historia como un intento aislado de algunos soñadores inocentes por hacer justicia. Los que creemos en ella no dejaremos que muera y para lograrlo no basta con conformarse con sus triunfos pasados. Es imprescindible seguir trabajando por su desarrollo y consolidación, con la convicción de que no podemos abandonar un instrumento jurídico generado con tanto esfuerzo y que se desvela eficaz para la protección de las víctimas en su permanente lucha contra la impunidad.

Todo llega, todo se cumple

Quiero terminar este capítulo dando noticia de unas sentencias judiciales que llenan de esperanza a todos aquellos que deseamos que la jurisdicción universal se extienda por el mundo. En Argentina, un veredicto emitido el 27 de mayo de 2016 ha establecido, con el lenguaje descarnado de los documentos judiciales, lo que fue la tristemente conocida como Operación Cóndor, la mayor represión coordinada de los máximos responsables de diferentes países —entre ellos, el dictador chileno Augusto Pinochet— contra sus ciudadanos. La justicia es lenta casi siempre, pero suele llegar hasta el final en muchos casos y, cuando lo hace, recupera su propia credibilidad como instrumento de protección de la humanidad.

Unos días después, el 30 de mayo, el exdictador del Chad, Hissène Habré, fue condenado en Dakar a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados contra su propio pueblo. Después de veinticinco años de lucha por el derecho a la verdad y la reparación, las víctimas de cuarenta mil asesinatos políticos y más de doscientos mil casos de tortura registrados durante el mandato de Habré consiguieron esta sentencia condenatoria histórica, ya que ha sido la primera vez que un dictador africano es juzgado por un tribunal de otro país, la Cámara Extraordinaria Africana de Senegal.

Quienes defendemos la jurisdicción universal sabemos que este instrumento no muere en Europa, donde sí nacieron las causas que lo hicieron imprescindible para las víctimas, sino que renace, se fortalece y se consolida en Senegal, en Sudáfrica, en Argentina y allí donde exista la convicción de que nos unen unos valores universales que debemos defender para conservar, como seres humanos, nuestra dignidad.

7

La caza

El título de este capítulo final anuncia no tanto el hecho coyuntural y anecdótico de la cacería a la que asistí en mi tierra (Jaén) y en mi pueblo (Torres) con mis amigos y familia los días 7 y 8 de febrero de 2009, como todo lo que tuvo lugar después y llevó a mi condena. Es tan sucio lo que se suscitó en torno a ese hecho que no puedo evitar sentir una profunda repugnancia ante la doble moral, la mezquindad y la falsedad de algunos a la hora de valorar o criticar las acciones de otros.

Especialmente cuando esas acciones son ajenas a aquello con lo que se las relaciona y cuando la finalidad de los ataques es denostar y destruir una realidad que nada tiene que ver con la que se construye a partir de ese momento, por claros intereses bastardos o simplemente por hacer daño, algo que causa especial deleite en el ánimo de algunos, o de bastantes, en nuestro país.

Eso es lo que ocurrió a partir del 9 de febrero de aquel año. Sobre un hecho absolutamente inocuo, dos jornadas cinegéticas en las que participamos más de cincuenta personas sin reservas, ni privacidad, en comunidad y sin otra intención que pasar un fin de semana de descanso, se construyó toda una manipulación que le costó el puesto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un gran profesional que no tuvo el apoyo de sus compañeros políticos, en el momento.

Le echaron en cara que carecía de licencia administrativa de caza en Andalucía, cuando, en aquella época, unos y otros andaban en la ciénaga de la corrupción política y económica como una constante ya añeja y que, en este caso, se extendió hacia mí con el objetivo de tratar de contaminar la mayor investigación sobre la corrupción política en España. Para conseguir sus propósitos, no se ahorraron ni los medios económicos, ni las influencias políticas o los mecanismos mediáticos necesarios con tal de neutralizar a quien estaba al frente de la investigación mediante la siembra de dudas y falsedades que protegieran a los verdaderos responsables de tal podredumbre.

La estrategia montada por el PP, a la que coadyuvaron varios medios de comunicación, guiados por intereses espurios, y en la cual incidieron responsables políticos y judiciales de diferente nivel y responsabilidad, pasará a la historia como una de las maniobras más torticeras que se recuerdan en nuestra democracia. La manipulación de los hechos, los ataques personales, la falsedad de planteamientos y el acoso a que fui sometido como juez, y en el que resultaron atacadas mi profesionalidad, mi familia y mi vida íntima, fueron atroces y dieron como resultado mi inhabilitación en la carrera judicial.

Poco a poco se van desvelando algunas claves de lo que ocurrió entre 2009 y 2012, pero habrá que esperar aún hasta que los verdaderos actores ocultos salgan a la luz. El transcurso del tiempo ofrece siempre una perspectiva diferente y más sosegada de lo acontecido, pero, a la vez, permite analizarlo con mayor perspectiva.

En abril de 2010 el expresidente balear Jaume Matas, uno de los cargos más importantes del PP imputados en un caso de corrupción, depositó la fianza de tres millones de euros que le fue impuesta por el caso Palma Arena. Acusado de falsedad en documento oficial, prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delito electoral, Matas eludió con ese pago (realizado un día después de levantarse el secreto del sumario de la trama Gürtel) entrar en prisión. Mientras tanto, como apuntaba Manel Fontdevila en esta viñeta, el juez Luciano Varela acusaba a Baltasar Garzón de burlar «la recta aplicación de la ley» en la investigación de los crímenes del franquismo y lo sentaba en el banquillo por un presunto delito de prevaricación.

Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé.

En el caso del franquismo, las sucesivas condenas y denuncias internacionales por la pasividad judicial española, auspiciada desde el Tribunal Supremo pero claramente insostenible jurídicamente por lo que comporta de abandono de las víctimas, han sido no solo abundantes, sino también definitivas para evidenciar, aún más si cabe, su clara posición de garantes de la impunidad más ramplona. Tan solo se salva del naufragio judicial la encomiable acción en Argentina con la tramitación de la querella por tales crímenes, de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Junto a la acción judicial, las exigencias por parte de la sociedad civil, unida en una plataforma de organizaciones, se han concretado en la demanda de una Comisión de la Verdad en España.

En el tercer caso seguido contra mí, por la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York (UNY) en los que participé como director, todavía estoy buscando la base jurídica que justifique la actuación, cuando menos extraña, del Tribunal Supremo y, especialmente, de quien hoy asume la presidencia de su Sala Segunda, el mismo que demostró —y sigue haciéndolo— una animadversión congénita contra mí no solo en ese proceso como instructor, sino también, y simultáneamente, como juzgador en el caso Gürtel, en varias sentencias de otros casos que yo instruí y también en los de jurisdicción universal.

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica. No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era mas que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno.

El esperpento jurídico de aceptar la acusación popular de Manos Limpias y de Falange en el juicio del franquismo identifica a quienes tomaron esas decisiones. En mi caso, puedo decir con orgullo y mucha claridad que siempre combatí a semejantes organizaciones no prestándome a ningún cambalache procesal, ni de ningún otro tipo, con quienes se sabía que estaban de parte de los victimarios o de quienes se han servido del sistema judicial para corromperlo. Ahora, con la perspectiva de estos años transcurridos, miro hacia atrás con serenidad y no me arrepiento de nada de lo que hice al abrir la causa del franquismo, y sigo afirmando que en el caso Gürtel se respetaron todos los derechos y garantías de los justiciables. Sé que protegí a todos los que ellos dejaron desamparados al abusar de una posición legal, empresarial o política contra la ciudadanía. No sé si otros pueden decir lo mismo porque, cuando escribo estas líneas, el fundador de Manos Limpias está en prisión preventiva. Por otra parte, la utilización de querellantes que en su momento formaron parte de los victimarios ha sido repudiada tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Las «coincidencias» de pareceres y posiciones entre personas del órgano de gobierno de los jueces y los magistrados en activo, al igual que sus manejos espurios, han sido desvelados. Los mensajes para que aceptara retirarme y abandonar el Juzgado a cambio del archivo de las causas contra mí han sido descubiertos. A pesar de los intentos de algunos para que no fuera así, mi conciencia, como dije en mi última palabra ante el Tribunal que me juzgó, está en paz y tranquila.

Esa convicción, entonces y ahora, es la que me ha mantenido en la creencia y respeto a la ley y la justicia, como tales, a pesar de estas amargas experiencias. Pero ha cercenado mi confianza en un Tribunal que debe ser profundamente reformado para eliminar el desorbitante poder en manos de quienes no son los que, por méritos propios, más merecen estar en él. No tengo ningún rencor contra ninguno de los magistrados que me juzgaron, pero sí afirmo que no actuaron como debían. El contenido de las resoluciones que dictaron contra mí demuestra sus prejuicios. No solo lo digo yo, sino miles de personas. Es dudoso que exista un precedente judicial del que tantas personas (siete de cada diez, según una encuesta realizada entonces) opinen que fue un juicio político.

España es el país del mundo con mayor número de fosas comunes, muchas de ellas aún ocultas en cunetas y descampados. Tanto las miles de víctimas asesinadas durante la Guerra Civil y la cruenta posguerra como sus familias no han recibido aún la justicia que se merecen y que se les debe. Baltasar Garzón y otros muchos profesionales que buscan defender mediante la justicia universal la reparación de esos delitos han chocado frontalmente con la oposición de una parte de la sociedad española, contraria a derribar el muro de silencio levantado durante el régimen dictatorial de Franco. La triste paradoja, plasmada por el dibujante Vergara, es que ningún responsable de tales crímenes ha sido procesado por ellos, mientras que Garzón pagó caro su afán por acabar con esa irregularidad histórica, considerada por muchos «un grave déficit en la democracia española».

Sí, esta fue la verdadera cacería que se inició contra mí y cuya preparación venía de lejos: viejos ajustes de cuentas, puñaladas que no se pudieron producir en otro tiempo y que se retrasaron hasta el momento oportuno; actitudes claramente parciales por discrepancia ideológica o de planteamientos jurídicos; virulencia antes y después de la sentencia; venganza posterior, tratando de hundir el trabajo realizado o denostándome sin recato alguno, desde algún que otro medio de comunicación.

La cacería prosiguió formulando informes negativos a la petición de indulto promovida por la asociación Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), que aglutina a más de quince mil jueces y fiscales progresistas de toda Europa. Pero la sanción se mantuvo, rechazando el recurso ante el Tribunal Constitucional, con el comentario demoledor de quien fuera su presidente, Pascual Sala: «Baltasar, llevas razón, pero no te la podemos reconocer. Sería un enfrentamiento definitivo con la Sala Segunda del Tribunal Supremo». ¿Era verdad? Lo desconozco, pero ocurrió. Como también sucedió que los recursos no fueran admitidos a trámite en Estrasburgo, bien porque había sido absuelto o porque no estimaron necesario estudiarlos.

Espero que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre en el fondo del asunto, simplemente para que jamás se repita una actuación que interfirió gravemente en la independencia y la actuación judicial impidiendo la continuación del ejercicio de la jurisdicción, al tener solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así ocurrió en el caso del franquismo, en el que resulté absuelto (aunque nadie me devolverá los dos años de suspensión injustificada), y con mi separación temporal durante once años, por haber hecho una interpretación de la ley perfectamente defendible y que fue sostenida por otros magistrados, incluso con más amplitud que yo, sin que hasta hoy hayan sido molestados en su jurisdicción ni en el ejercicio de su profesión.

La Justicia, a la que se supone ciega e imparcial, blande su espada para acabar con Baltasar Garzón en esta viñeta de Ricardo, publicada en enero de 2012 y que resume de manera gráfica el desenlace de la caza contra el juez que había decidido investigar lo ocurrido a los millares de desaparecidos durante la Guerra Civil española y el franquismo. Como recogieron numerosos medios, entre ellos el diario The Guardian, el juicio marcaba «un momento decisivo para la carrera de Garzón, para el sistema judicial español y para la Justicia, de la que Garzón se ha convertido en un abanderado». A pesar de todo, y por mucho que se insista en que la Justicia no mira a las personas, sino los hechos, en este caso las presiones hicieron mella en la objetividad del veredicto.

Pero a pesar de todo ello y del coste personal, y de la saña que algunos demuestran todavía, debo decir que he aprendido a discernir dónde están los malos jueces y fiscales y dónde los buenos —desde luego, estos últimos no se encuentran necesariamente en las más altas instancias—. He conocido también dónde y cómo actúan los buenos abogados y los que hacen trampas; dónde se hallan los buenos profesionales de la investigación y cómo soportan la presión; dónde están y cómo dan lo mejor de sí los buenos funcionarios. Y a pesar de lo negativo, reitero que creo en la justicia. Aunque, debo decirlo, no en algunos de los que la aplican.

Queda mucho camino por recorrer. En este proceso de regeneración democrática en el que nos hallamos, todavía queda pendiente el capítulo de la profundización en la corrupción judicial. Aunque lo he intentado en otros libros, se precisa un análisis aún más profundo y detallado. Cuando se lleve a cabo y se desvelen todos los intersticios, los intereses cruzados, el sometimiento a otros poderes y la falta de independencia de algunos de sus responsables, se superará esa desconfianza que más de un sesenta por ciento de los ciudadanos españoles mantiene respecto de la Justicia, al considerar que la independencia brilla por su ausencia en nuestro sistema judicial.

Pero vayamos por partes.

Memoria histórica: la llamada de las víctimas

Gonzalo Martínez-Fresneda, amigo y abogado, que me defendió espalda contra espalda en el juicio por los crímenes del franquismo, solía decir que dos cosas diferencian a la derecha española de la europea: una, que la europea es laica y la española no lo es; la otra, que en Europa hay una derecha claramente antifascista o antinazi, mientras que en España sigue siendo franquista:

Mira, Baltasar, vas por cualquier pueblo de La Mancha y hay calles que se llaman Héroes del Alcázar todavía… Hoy aún ves calles principales de Toledo que se llaman así, esto es un hecho político y social innegable y obedece a unas razones históricas, económicas, sociales que no van a acabar fácilmente. En España no se ha hecho la reforma agraria, no hay una burguesía liberal, en el sentido histórico de la palabra, no en el sentido económico, y esto no tiene nada que ver contigo, está ahí. Quizá tú tuviste la ingenuidad de no contar con eso. Zapatero sí contó con eso, e hizo una Ley de la Memoria Histórica, pero la hizo tan light y tan descafeinada porque no podía luchar contra tal realidad.

Y, para mayor claridad, Gonzalo añadía:

Es alucinante como los nuevos partidos no hablan de esto cuando es un tema que está ahí, los jóvenes no dicen que sus abuelos fueron fusilados… Eso te da una idea de que hay algunas cosas que son intocables. Una de ellas es la Iglesia católica, y a los nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos no se les oye decir que van a denunciar el concordato de una puñetera vez y que van a terminar con el poder de la Iglesia en la enseñanza y con los colegios concertados, que se llevan todos los años millones de euros que deberían ir a la enseñanza pública y que van a la Iglesia, pero no les oigo yo a estos chicos hablar de eso y tampoco a los nacionalistas. Es un tema tabú, como lo es la Guerra Civil.

Si Gonzalo tiene razón, si la tendencia generalizada e interesada es el olvido y el objetivo que los dictadores descansen en paz mientras sus crímenes permanecen impunes y las víctimas continúan desaparecidas, si en eso se basa la tranquilidad de los continuadores del régimen que lo impusieron y la de instituciones como la Iglesia que los apoyaron, lo cierto es que rompí el tabú varias veces. Las más significativas con la dictadura cívico-militar en Argentina, primero; con Pinochet, después; y declarándome competente para investigar los crímenes del franquismo, a continuación.

A lo dicho por Gonzalo tan solo añadiré que hay un elemento que él no toma en cuenta en su afirmación: el único lugar donde el olvido no se produce es en la mente y en los corazones de las víctimas y, por esta razón, nunca aceptarán la impunidad. Puede ser que la justicia no funcione, puede ser que legalmente se imponga el silencio o la amnistía por crímenes contra la humanidad, pero lo que nunca se conseguirá es acallar la necesidad de verdad por parte de las víctimas. En forma recurrente, cuando se piensa que ya no existe nadie que reclame frente al olvido impuesto oficialmente, la voz de aquellas se alza de nuevo y todo vuelve a empezar. He seguido el proceso en decenas de países, he hablado con miles de víctimas y siempre obtengo la misma conclusión: puede que no haya justicia, que esta se niegue o se oculte, como la verdad, pero la persistencia de las víctimas es memorable. Esta convicción la vi por última vez el 14 de abril de 2016 en el cementerio civil de Valencia, cuando contemplé los ojos llorosos de Pilar Alcorisa mientras ella recibía los restos de su padre, asesinado en 1947 por la Guardia Civil.

Cuando Baltasar Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, ciertos sectores de la sociedad española montaron en cólera movidos, en algunos casos, por el recuerdo de su pasado franquista y, en otros, por su inquietud respecto a las consecuencias que dicha investigación pudiese tener para ellos, sus familias y sus intereses. En esta viñeta, Vergara imagina la reacción de Franco ante la noticia mientras un par de diablos coinciden en considerar que la decisión de Garzón era un castigo más duro para algunos que la condena a arder en el fuego eterno.

De igual forma, quienes creemos que el derecho a la verdad y la justicia son elementos imprescindibles de la reparación y de las garantías de no repetición seguiremos peleando, día a día, porque la memoria no se pierda en las mesas de negociación de los partidos políticos. La sociedad española se merece respuestas más contundentes que las aportadas por la Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 26 de diciembre de 2007 y casi desconocida desde 2011. Su entrada en vigor fue el comienzo, negado durante setenta años, pero ahora la urgencia de los hechos nos hace ser más intransigentes con quienes han preconizado la indulgencia del olvido. A la sociedad española, a toda ella, se le debe una verdad que sigue oculta bajo la tierra y bajo cientos de miles de documentos y archivos oficiales. Deberíamos estar preparados para conocerla y recuperarla, pero se nos ha privado de ella sin ni siquiera consultarnos. Nos han conducido al punto en el que ninguna persona debería estar, el de aceptar la mentira y el silencio como respuesta en una democracia que nunca será completa sin garantizar ese derecho.

Las víctimas actuaron

Las iniciativas por parte de organizaciones y familiares de las víctimas para exhumar fosas y tumbas, con el fin de recuperar los restos de los desaparecidos, comenzó a materializarse con el comienzo de este siglo. El silencio impuesto desde las estructuras de poder del Estado, durante la dictadura franquista, la Transición y la democracia, poseía tal envergadura que las víctimas han estado atenazadas por el miedo. Así lo dijeron paladinamente, apoyando mi trabajo, durante las sesiones del juicio contra mí en el caso del franquismo que tuvieron lugar en febrero de 2012.

Seis años antes, el 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados que representaban a distintas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y un diputado socialista presentaron un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil. A su vez, el 18 de julio de 2007, diversas asociaciones de familiares de desaparecidos durante la dictadura del general Francisco Franco plantearon denuncias penales por crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional.

La causa sobre los crímenes del franquismo me correspondió por sorteo. Recibí las denuncias, las ratifiqué e hice las diligencias de comprobación previa precisas para determinar si existía hecho delictivo e identificar el número posible de víctimas.

Dos periodistas de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo y Jordi Bordas, comenzaron a publicar artículos sobre las denuncias y, de inmediato, la redacción del diario catalán recibió un aluvión de cartas de personas que querían contar su historia. Todas ellas deseaban reivindicar lo que hasta entonces habían callado durante casi setenta años: sus familiares habían sido asesinados o hechos desaparecer y sus cuerpos yacían en alguna cuneta o cualquier otro lugar, conocido o no por el Estado, oculto o no en medio de miles de expedientes. Unos buscaban a su hijo, robado al nacer. Otros pedían localizar a sus padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos… Ambos periodistas estaban abrumados. Yo también. De alguna manera, las víctimas llamaban, se hacían ver, para denunciar el abandono… y la impunidad.

Tras dos años de recibir y acumular denuncias, tenía en mis manos documentos de asociaciones de memoria histórica de toda España sobre asesinados y desaparecidos republicanos durante y después de la Guerra Civil. Ignorarlas, guardarlas en un cajón o desecharlas no era una opción. Nunca lo fue. Durante muchos años, cuando era preguntado —al hablar de los crímenes de Pinochet o de la dictadura argentina— por qué los crímenes franquistas nunca se habían investigado en España, me mostraba cauto para no contaminarme con un prejuicio y afirmaba algo que era evidente: nunca se había planteado la denuncia o la querella para que se hiciera.

En este sentido, la única razón que explica este silencio o esta inacción radica en lo dicho por las víctimas en el juicio. Era tal el miedo, tal la dejadez y el olvido impuesto oficialmente que nadie era capaz de levantar la pesada losa de la impunidad. En todo caso, siempre tuve el presentimiento de que, si alguna vez se producía la denuncia, me correspondería la competencia. Y así fue, por un solo día. La primera se repartió al Juzgado Central 5 y la segunda al número 2, quedando acumulada a la del anterior. Actué con prudencia, e incluso conseguí que el Ministerio Fiscal asumiera la investigación previa. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, emergieron todos los diablos en tropel y, de nuevo, la cobardía oficial y la imposición de la más ramplona impunidad se impusieron. Aceleradamente se cegó toda posibilidad de justicia para las víctimas y, después, toda posibilidad de verdad. En España, las cosas son diferentes. Los españoles vivimos en el país con más desaparecidos del mundo, después de Camboya, y también somos los que menos hemos hecho, pudiendo hacerlo, para remediarlo. Y en esto casi todas las fuerzas políticas, durante muchos años, han sido responsables. Pero ahora los falsos argumentos para no cerrar esta herida con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ya no son válidos, ni sirven más que para justificar las cómodas conciencias de quienes no quieren asumir su responsabilidad histórica en este ámbito.

Acepté el riesgo. Sabía a lo que me enfrentaba y pagué un alto precio, pero no me importa haber sufrido una suspensión injusta y arbitraria a causa de esta decisión. Era la única posible y alguien tenía que hacerlo. La omisión, además de prevaricadora, habría sido devastadora para mi conciencia. Quienes deberán hacer examen de la suya, si es que la tienen, y bregar con el baldón de haber negado el derecho a la verdad y a la justicia a las más de ciento cincuenta mil víctimas del franquismo son los que tomaron decisiones que garantizan la impunidad hasta la fecha. Aquellos que tratamos de dar respuesta desde el derecho nacional e internacional a quienes nos la demandaban cumplimos fielmente con nuestro deber como servidores públicos.

La oposición del fiscal

El 29 de enero de 2008, el Ministerio Fiscal emitió un informe en el que se mostró contrario a la competencia del Juzgado y a que se investigara el caso, por cuanto los delitos denunciados eran comunes de acuerdo con los tipos penales contemplados en el Código Penal de la época y no gozaban de imprescriptibilidad. Además, los hechos se habrían beneficiado de la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y no podían ser investigados.

Con carácter previo a resolver sobre la petición del fiscal, solicité la práctica de diferentes diligencias necesarias para poder decidir sobre la competencia, concretándolas a varios datos y documentos a disposición del Gobierno, la Conferencia Episcopal, varios ayuntamientos e incluso una universidad, la de Granada, para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936 y hasta 1952. Al Archivo General de la Administración le ordené que señalara el organismo del Estado que podía informar sobre el número de desaparecidos, su identificación «en la medida de lo posible» y si habían «existido denuncias por las desapariciones». Al Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, le pedí que facilitara los datos sobre «los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y si existía algún estudio sobre los casos del mismo». A la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, le reclamaba si existía «algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos» y que comunicara «a todos los Registros Civiles de España» que deberían permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.

Por último, pedí a la Conferencia Episcopal que comunicase «a todas y cada una de las parroquias de España» que permitieran la entrada de los agentes para su investigación, y a la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, donde Franco se hizo enterrar rodeado de muertos republicanos, que proporcionara «oportuna información sobre los nombres de las personas que en este lugar estén enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho». A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, así como al rector de la Universidad de Granada, les demandé «el nombre de las personas enterradas en fosas comunes» en los cementerios, las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», «la fecha de los mismos» y si las muertes constaban en algún registro público.

Las pesquisas, necesarias para la formación del criterio sobre competencia, tenían su base en la Ley de la Memoria, aprobada el 26 de diciembre de 2007, que obliga a las Administraciones a elaborar y poner a disposición de las familias de los fusilados y desaparecidos «mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos» y que obligaba también a que se hiciera uno de todo el país. El hispanista Paul Preston calculaba que los muertos en la retaguardia franquista y en los primeros años de dictadura alcanzaron los ciento ochenta mil. Por su parte, el historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en treinta y seis provincias, dio una cifra mínima de noventa mil. El trabajo de doscientas personas durante años llegó a producir un listado de 130.137 desaparecidos en España y siete mil más en campos de concentración en el extranjero. Un exterminio premeditado que se prolongó hasta mediados del siglo XX, como subrayaba el abogado memorialista Fernando Magán. Gente humilde en su mayoría, republicanos, vinculados a partidos de izquierda, muchos maestros, concejales… Las propias asociaciones se asombraban de la cifra obtenida. Sabían que eran muchos, pero los números desbordaban las previsiones.

Primer «censo» de víctimas

En un esfuerzo por concretar aún más el número, las partes personadas aportaron un primer censo (ninguno había a nivel nacional, ni aún lo hay) de al menos 114.266 desaparecidos, lo que a mi juicio perfilaba un claro contexto de crímenes contra la humanidad.

Decidí dar el protagonismo a las víctimas, pues era una forma de reparación ante la clara oposición por parte del Ministerio Fiscal en todo lo que se refería a este tema. Volvía a reproducirse la misma inactividad del Ministerio Público, como había sucedido en los primeros años de las investigaciones conforme al principio de jurisdicción universal.

Las víctimas, los denunciantes, no podían creer lo que estaba sucediendo. Fernando Magán, de la asociación Memoria Nuestra, la primera que presentó una denuncia, siempre recuerda que aquel paso que habían dado era el último recurso, el último intento de que esta injusticia no quedara impune. Al declararme competente, se consiguió que la cuestión tomara viveza social y, por primera vez, se intentó abordarla como un problema de Estado.

«Se cometieron todos los crímenes que se pueden dar contra la humanidad: genocidio, desapariciones forzadas e incluso crímenes de guerra. Y la situación se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Núremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos», señalaba Magán, el abogado que representó al mayor número de asociaciones personadas en la causa.

La Comisión Interministerial de Víctimas de la Guerra Civil creada por el Gobierno había elaborado un informe sobre las víctimas. Su conclusión era que había «enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisos aún se desconocen», y revelaba la «inexistencia de un censo de personas desaparecidas».

Las asociaciones memorialistas trabajaban con afán ante el resquicio de esperanza que veían en el proceso para poder localizar a tantas personas desaparecidas. Me sobrecoge aún lo que vi entonces. Personas que habían vivido toda una vida de silencio y de miedo en su pueblo, en su ciudad, señalados desde niños como elementos proscritos tras la muerte del padre, de la madre, de un familiar cercano, de los amigos o vecinos. Muchos habían vivido una infancia huérfana y aterradora, en ocasiones testigos de la «saca» o incluso de la muerte de los suyos. O conociendo las humillaciones al padre o a la madre, la desesperación y el oprobio. Todo ello les hizo callar e incluso encerrar los pensamientos para que no les traicionasen.

La ironía de Fontdevila en esta viñeta es magistral: la Justicia debe fijarse únicamente en los hechos, pero no debe ser ciega a los crímenes cometidos ni, aún menos, a la necesidad de reparar el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. Con la postura adoptada por muchos miembros de la Judicatura, algunos de ellos incluso con raíces en el pasado franquista, se ha negado sistemáticamente el derecho a la Justicia de quienes fueron asesinados en una de las más duras y cruentas etapas de la historia española. A pesar de todos los esfuerzos realizados, que tuvieron y tienen en Baltasar Garzón uno de sus pilares fundamentales, los responsables de tales crímenes siguen beneficiándose de la impunidad de sus actos mientras las heridas permanecen, aunque el silencio intente enterrarlas en el olvido, abiertas.

Lo más terrible era que ese silencio se mantenía aún para demasiados ciudadanos en esa primera década del siglo XXI, con la costumbre de callar para evitar represalias tatuada en el alma. Esto era así hasta el punto de que contarlo ante el juez, pasado el primer miedo, era ya una liberación, una forma de saber que aquella carga que habían arrastrado toda su vida era real y que sus familiares y ellos mismos eran víctimas y no culpables. Tal era la represión y la propaganda que la dictadura franquista había ejercido que aquellos que habían sufrido los efectos del golpe de Estado y su brutal ataque se sentían libres solo por conversar sobre ello y, con la palabra, convertirlo en algo real. Sí, había ocurrido. Y no, la culpa no era suya. Su intención no era reabrir heridas, no era exigir compensaciones. Querían que se les escuchara, explicar que algo espantoso había sucedido y que siempre se había negado.

Decisiones del Gobierno

A primeros de octubre de 2008, el Gobierno envió al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollaban la Ley 52/2007, la Ley de la Memoria Histórica, para que se pronunciara sobre ellos.

El primer decreto regulaba la declaración de reparación oficial de las víctimas, estableciendo las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconocía oficialmente la condición de víctima, rehabilitaba públicamente a los afectados y sentenciaba que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.

El segundo desarrollaba la forma de obtener una indemnización de ciento treinta y cinco mil euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista, principalmente en protestas sindicales, y no se habían podido acoger a la anterior Ley de Víctimas del Terrorismo, aprobada en 1999 y que situaba ya uno de los límites en 1968, año en que ETA empezó a matar.

El tercer decreto abría la posibilidad a los brigadistas internacionales de obtener la nacionalidad española, mientras que el cuarto permitía a las familias de republicanos recuperar documentos privados —la correspondencia íntima, por ejemplo— que fueron incautados por el régimen franquista y se encontraban en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

El auto

Una vez que se hubieron practicado las diligencias preliminares, el 16 de octubre de 2008 emití un auto en el que asumía la competencia para el conocimiento de los hechos. En la resolución disponía que el objeto de la instrucción era el delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad. Marqué también el ámbito temporal de la investigación judicial: la represión masiva a través de los bandos militares de 17 de julio de 1936 a febrero de 1937; la de los consejos de guerra, desde marzo de 1937 hasta los primeros meses de 1945; y la acción represiva desde 1945 hasta 1952.

No tengo duda de que el franquismo ejecutó un plan sistemático de eliminación de todos aquellos que no habían participado en el golpe militar. Ni tampoco de que se trata de crímenes de lesa humanidad y que la investigación por la desaparición de las personas que aún hoy se encuentran en cunetas y fosas comunes no prescribe por mucho que el Tribunal Supremo haya prohibido la vía penal tras concluir el proceso contra mí por esta causa. En este caso, la jurisprudencia establecida por sus señorías no procede de una correcta aplicación del Derecho. Estoy convencido de que lo saben de sobra, pero que han decidido cerrar los ojos. Ellos sabrán por qué… o por quién.

Me dirigí al Ministerio de Defensa y a tres archivos militares, los de Ávila, Segovia y Guadalajara, para que dieran datos sobre «desaparecidos, muertos, heridos o desertores», «militares y civiles desaparecidos en contienda» y «sentencias falladas en consejos de guerra». Contestaron que no contaban con tales estadísticas, si acaso datos puntuales. Reclamé al Ministerio de Cultura para que revisara sus archivos con el fin de localizar también las condenas de los tribunales republicanos de Madrid. Quería los datos sobre todas las desapariciones que se produjeron desde el 17 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar que dio lugar a la Guerra Civil y la dictadura franquista. Fueran del bando que fueran.

Remití un oficio a la Iglesia para que colaborase. La Conferencia Episcopal dijo no ser competente. Les ordené que se dirigieran a cada obispo a fin de que obligase a cada párroco a informar. En cuanto al abad del Valle de los Caídos, quien no aportó siquiera el listado de muertos del mausoleo, le reclamé que expresara cuáles eran las dificultades y cómo subsanarlas para poder continuar indagando.

Quería de la Dirección General de Prisiones la relación de prisioneros fallecidos en las cárceles, y de Vicepresidencia del Gobierno la lista de funcionarios de la República expulsados, fallecidos o desaparecidos tras la contienda.

Y para intentar aclarar el terrible tema de los niños robados, solicité información sobre el fondo documental del Auxilio Social, un patronato que colaboró en que miles de hijos de republicanos fueran dados en adopción a familias del régimen para deslindar así a los niños de la mala influencia de sus progenitores. Se trataba de conocer qué había sido de aquellos padres y madres.

La reacción del Ministerio Fiscal

El fiscal jefe Javier Zaragoza ordenó que el fiscal del caso, Carlos Bautista, recurriera en apelación directa esta decisión con el objetivo de bloquear cualquier posible inicio de la indagación. La situación fue especialmente tensa y se activaron todas las urgencias para que, en un tiempo récord, la Sala de lo Penal cerrase cualquier posibilidad de continuar el procedimiento. Tanta rapidez se quiso imprimir que hasta se saltaron trámites, plazos e incluso se confundieron instructores, puesto que yo estuve de baja laboral durante una semana porque me enfrenté a mi segunda operación quirúrgica en las cuerdas vocales (la primera había tenido lugar en 2003). No poder hablar en aquellos días me permitió ver las cosas y el frenesí que se adueñó de todos, desquiciándose todas las estructuras institucionales.

Por su parte, el fiscal Bautista solicitó la anulación de mi resolución ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Durante mi convalecencia, me dediqué a escribir el siguiente auto, en el que, con fecha 18 de noviembre de 2008, ratifiqué y amplié los argumentos para mantener la calificación de los hechos y de los delitos cometidos, la permanencia de las desapariciones y la actualidad y necesidad de la investigación. Asimismo, acordé una batería de diligencias entre las que destacaba la constitución de un grupo de expertos para que profundizaran en las causas y dieran paso a lo que debería ser una posterior Comisión de la Verdad. De igual forma, una vez aportados los datos por la policía judicial, acordé la extinción de la responsabilidad penal de las treinta y cinco personas imputadas fallecidas, trámite que era necesario, y dejé abierta la causa para quienes estuvieran vivos y para la búsqueda de los treinta mil niños robados por el régimen franquista, según se desprendía de los datos aportados al procedimiento hasta ese momento.

Auto de 18 de noviembre de 2008

En ese mismo auto dediqué todo un capítulo a los niños perdidos del franquismo, por entender que de los documentos que figuraban en la causa se desprendía que «podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1951, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad». A esos niños les habrían cambiado los apellidos para permitir su adopción por familias adictas al régimen. El auto decía:

[…] Esta situación, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha […].

Las cifras de hijos de presas tutelados por el Estado, según la memoria que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó a Franco en 1944, ascendía a 12.042 en total, la mayoría de los cuales, en especial los niños (7538), estaban en centros religiosos. Esta cifra pasó a ser de 30.960 en el periodo 1944-1954. Su ingreso en centros religiosos y seminarios fue gestionado por el Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia. La mayoría de esos niños eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos, o al menos eso se desprende de las listas de muchachos elaboradas por el Patronato de la Merced para ingresarlos en centros públicos o religiosos. Las listas oficiales señalaban la situación del padre como fusilado o desaparecido.

Se trataba de delitos que no están prescritos ni amnistiados y las víctimas, tanto los hijos como sus progenitores, podrían estar vivas, por lo que «sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado».

Apoyos y detractores

Nunca conté la multitud de cartas, telegramas y expresiones de apoyo de las víctimas por el hecho de haber abierto esta causa. Solo por eso, ya hubiera merecido la pena. Por primera vez, el Estado, desde una de sus instituciones básicas, la Justicia, se tomaba interés en lo que había sido una acción criminal sistemática durante años y que se mantenía en la más absoluta impunidad. Me emocionaron los apoyos que recibí de intelectuales de la talla de Ernesto Sábato, el nobel José Saramago y los escritores Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Juan Goytisolo o José Manuel Caballero Bonald, entre otros, a través de un manifiesto que sentó muy mal en el PP. Este documento lo presentó Ian Gibson, escritor y autor de una biografía ya clásica de Federico García Lorca, quien dijo que mi auto, en el que se detallaba la represión franquista, era el documento «más escalofriante» que había leído en muchos años, y mostraba «la gran injusticia» que se cometió en España.

Pero también hubo ataques feroces, advertencias para que cerrara el caso porque me estaba jugando mi futuro, avisos de denuncias, señalamientos intimidatorios en mi persona y en las de mi familia, insultos y amenazas en la calles, abordajes de algún descendiente que otro de represores identificados en la causa, actuaciones muy poco profesionales dentro de la Audiencia… y el comienzo de la caza contra el juez. Todo esto era previsible, pero he de reconocer que no me esperaba la virulencia de algunos medios y de la caverna, cuyos integrantes parecían estar todavía en 1936. Varios «amigos» se retiraron estratégicamente para no sufrir las consecuencias de que yo hubiese abierto la caja de los truenos, pero también, desde determinados sectores progresistas que veían esta investigación como un ataque contra la Transición, los hubo que se desmarcaron adecuadamente. Lo que sucede es que, hasta ese momento, jamás se había suscitado el debate jurídico sobre los crímenes franquistas. Desde luego, estos no habían estado presentes en el ánimo de los legisladores cuando aprobaron las diferentes normas por las que se reguló la Transición ni tampoco cuando se aprobó la Constitución española de 1978.

La inhibición vació de contenido el Pleno

El acto de inhibición era imprescindible para conseguir que el caso siguiera adelante y que en algún momento las víctimas recibiesen justicia. Y fue así porque los argumentos del fiscal Zaragoza, que se empeñó además en discutir aspectos teóricos y técnicos, fueron válidos para Javier Gómez Bermúdez, a la sazón presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuando el asunto llegó al Pleno. Javier no olvida fácilmente. Me parece que yo soy más generoso. Y el objetivo era que la investigación durmiera el mismo sueño eterno y desconocido que sus protagonistas.

La campaña contra mí arreciaba. Como había escrito unos años antes, estaba de nuevo en la línea de fuego:

Hay casos en los que la vida del juez no vale más que el precio que estés dispuesto a pagar al sicario de turno. Aunque lo más normal es que el juez sea neutralizado a través de medios de comunicación afines, mediante campañas de desprestigio y descrédito que acaben con la ecuanimidad de su juicio, con su tranquilidad familiar o personal, y desemboquen en su silencio, inactividad o retirada. […] Pienso que los ataques a la independencia de los jueces siempre existirán cuando investiguen a responsables políticos o económicos, pero lo importante es superarlos y rechazarlos. Al menos, yo lo he intentado cuando me han presionado, denunciado, recusado maliciosamente, expedientado, y me han odiado y despreciado.

Volvía a suceder. Y la cacería estaba auspiciada incluso desde instancias oficiales. El presidente del Gobierno se había mostrado contento cuando le hice entrega del auto por el que asumía la competencia, pero ni él ni sus ministros estaban por la labor de impulsar la investigación; antes bien, les preocupaba y querían que se cerrara cuanto antes. Creo que, desde el Gobierno, actuaron con «diligencia» para que así fuera.

Ante la previsible decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que incluso había suspendido la práctica de todas las diligencias, como las exhumaciones ordenadas en aquel auto —incluida la búsqueda de los restos de García Lorca—, el desaliento cundió entre las asociaciones memorialistas. Los familiares de las víctimas manifestaban su sensación de que a las instituciones no les interesaba continuar con el caso. Eso fue lo peor. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, pionero en la búsqueda y exhumación de desaparecidos del franquismo, manifestó la decepción que significaba «vivir en un país donde los principales órganos de la Justicia han trabajado para impedir un juicio a los perpetradores de gravísimas violaciones de derechos humanos». Del fiscal Javier Zaragoza, Silva afirmaba que su actitud «ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias». Y añadía su idea de que el Gobierno «ha formado parte activa del proceso».32

El 2 de diciembre de 2008, el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal fue resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta decidió que el Juzgado Central de Instrucción número 5 carecía de competencia objetiva para la investigación de los hechos y presuntos delitos, basándose en que los crímenes cometidos eran delitos de «rebelión» y no «crímenes contra la forma de gobierno/instituciones del Estado». La mayoría de la Sala resolvió que los crímenes no eran competencia de la Audiencia Nacional. Anuló las resoluciones acordadas a partir del auto de 16 de octubre, aunque mantuvo la validez de las anteriores por considerarlas medidas preliminares o preventivas para decidir sobre la competencia, aunque «sin perjuicio de la competencia que le pueda corresponder a otros órganos judiciales».

De los diecisiete jueces del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los magistrados José Ricardo de Prada Solaesa, Clara Bayarri García y Ramón Sáez Valcárcel discreparon y formularon sendos votos particulares, cuyos argumentos se centraban en varios puntos: la importancia histórica de un caso que afectaba a más de cien mil personas desaparecidas y treinta mil niños secuestrados; la necesidad de que el Tribunal diese respuesta a las circunstancias excepcionales y a los casos complicados, y resolviera la cuestión de competencia de forma que se otorgase una protección efectiva a los derechos de las víctimas conforme al derecho internacional; el hecho de que la Audiencia Nacional sí tenía competencia sobre crímenes internacionales y sobre el delito de rebelión, incluso yendo más allá que mi propia decisión y considerando que el caso debía seguir investigándose en aquella; que, conforme al derecho internacional, incluida la jurisprudencia del TEDH, los Estados están obligados a investigar los crímenes en cuestión como crímenes contra la humanidad; y que, al clausurar el proceso sin señalar el cauce para la competencia de otro órgano, se negaba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Auto de inhibición

En atención al auto del 2 de diciembre de 2008, el día 26 de ese mismo mes acordé remitir la causa a los distintos juzgados, entre los que se encontraban los de Granada (respecto de García Lorca) y de San Lorenzo del Escorial (respecto del Valle de los Caídos) en cuya jurisdicción se hallaban las inhumaciones de víctimas denunciadas por las acusaciones. Aquellos dos juzgados no aceptaron la competencia y tuve que acudir al Tribunal Supremo para que dirimiera la discrepancia, si bien, luego de admitir la querella contra mí, no lo haría hasta casi tres años después.

Con esta falta de decisión, el Alto Tribunal dejó sin protección efectiva a las víctimas y, posteriormente, al resolverla el 28 de marzo de 2012, ratificó la decisión de que ningún juzgado tribunal podría investigar los hechos ni los crímenes franquistas, con lo que el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición desaparecieron.

La Sala Penal de la Audiencia Nacional dejó a salvo mi instrucción hasta el 16 de octubre de 2008.

Sin embargo, basándose en una querella con un contenido delirante, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo se mostró favorable a su tramitación en mi contra. La imparcialidad de algunos de sus miembros podría haberse cuestionado severamente por su proximidad ideológica a los hechos que se pretendían enjuiciar. Y con el sorprendente y novedoso argumento de «no ser inverosímil que se hubiera cometido el hecho», que, después de los casos que me afectaron, fue sustituido por el de siempre: «existencia o no de indicios racionales de responsabilidad penal para admitir o rechazar la investigación», se dio comienzo a un nuevo proceso, ahora, contra mí por investigar, que supuso mi suspensión y, posteriormente, mi absolución.

La Ley de Amnistía

Parece claro que España sigue siendo diferente. La Ley de Amnistía de 1977 y su aplicación a los delitos que claramente tienen una naturaleza de crímenes contra la humanidad estaría fuera de toda posibilidad, de acuerdo con la normativa internacional referente a los derechos humanos y con el derecho humanitario, sin embargo ha sido la interpretación oficial que ha impuesto el Tribunal Supremo, sin opción a una diferente. Es así hasta el punto de que la realizada por mí, que partía de la imposibilidad de aplicación de esta ley al caso de las desapariciones forzadas de miles de ciudadanos durante la dictadura franquista, fue causa de la apertura de un procedimiento penal y de una suspensión de funciones como juez. Después se convirtió en inhabilitación para el ejercicio de la función judicial por once años al enlazarse con la siguiente causa abierta, en la que fui condenado por ordenar la interceptación de las comunicaciones de los máximos responsables de una organización criminal, conocida como la red Gürtel, que afectaba a la corrupción de personas públicas y privadas, relacionadas con el Partido Popular y la financiación de este.

En España, han sido pocas las interpretaciones judiciales o de aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 en el contexto de procesos penales. La validez de las amnistías y/o su aplicación a delitos graves no han sido consideradas hasta la fecha por el Tribunal Constitucional en este contexto. Antes del proceso que sufrí, el Tribunal Supremo había analizado la aplicación de las amnistías únicamente con relación a otros países, por ejemplo, respecto a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida invocadas por la defensa del argentino Scilingo con relación a cargos en su contra por crímenes de lesa humanidad, donde las mismas no impidieron la investigación y procesamiento; en el caso Pinochet, en el que rechazó la aplicación; en el de Guatemala; o en el del asesinato de los sacerdotes jesuitas ocurrido en El Salvador en 1989 y con una ley de amnistía de 1993. En todos estos casos, y en otros similares, de una u otra forma siempre se rechazó la aplicación de leyes de impunidad, una postura asumida también por el Tribunal Constitucional en los casos Guatemala y Falun Gong.

El caso sobre los crímenes del franquismo fue el primero en el que se planteó una interpretación de la Ley de Amnistía diferente a la oficial. Así, mi auto de 16 de octubre de 2008, por el que asumí la competencia y ordenaba la práctica de diligencias de investigación, constituyó la primera decisión sobre la interpretación y aplicación de la amnistía en España. Solo en este caso la Justicia española negó toda posibilidad de investigación…, y sigue haciéndolo.

CRÍTICAS INTERNACIONALES

La falta de investigación, por parte del Estado español, de los crímenes del franquismo y la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada el 15 de octubre de 1977 han sido criticadas por numerosos organismos internacionales de derechos humanos, tanto al tiempo de mi investigación como posteriormente. Por ejemplo, en noviembre de 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU tomaba nota de la reciente decisión de la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los desaparecidos, al tiempo que mostraba su preocupación por el mantenimiento en vigor de aquella ley de 1977, y hacía varias afirmaciones contundentes:

El Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala a la atención del Estado parte sus observaciones generales N.º 20, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto, y N.º 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. El Comité, aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas.

El Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura; y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

Obviamente, España no ha hecho nada para anular o derogar la mencionada Ley de Amnistía.

Un año más tarde, en noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura resaltó las diferentes interpretaciones y los obstáculos generados por la Ley de Amnistía de 1977, sobre lo que concluyó:

Si bien [este Comité] toma nota de que el Estado parte señaló que la Convención contra la Tortura entró en vigor el 26 de junio de 1987, mientras que la Ley de Amnistía de 1977 se refiere a hechos acaecidos con anterioridad a la adopción de dicha ley, el Comité quiere reiterar que, en consideración al arraigado reconocimiento del carácter de ius cogens de la prohibición de la tortura, el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de la prescripción. El Comité además ha recibido distintas interpretaciones sobre el apartado c) del artículo primero de la Ley de Amnistía —que prevé que la amnistía no se aplicará si los actos han «supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas»— en el sentido que el mismo excluiría en todo caso la tortura de los delitos amnistiados (artículos 12, 13 y 14).

El Estado parte debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía. Al respecto, el Comité alienta al Estado parte a continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible. Asimismo, el Comité reitera que, de acuerdo al artículo 14 de la Convención, el Estado parte debe asegurar la reparación y el derecho a una indemnización a toda víctima de actos de tortura.

Por su parte, el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2013), las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (2013) y el informe del relator especial de la ONU sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (2014) han coincidido en la necesidad de garantizar una investigación efectiva, que continúa sin hacerse.

A través de las decisiones que tomé, ejercí mi responsabilidad judicial de forma independiente, aplicando e interpretando la ley de la manera que consideré más adecuada, dando efecto además a la obligación internacional de investigar reflejada en la Constitución española. A pesar de ello, y precisamente por hacerlo, sufrí un proceso penal por prevaricación como consecuencia de haber tomado estas decisiones y para que sirviera como «lección» a quienes intentaran hacerlo en el futuro. Lo cierto es que, en el día de hoy, ninguna iniciativa se ha registrado en España en este sentido. La losa de la impunidad se ha hecho aún más pesada.

El 26 de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitió un auto por el que se declaró competente para la instrucción y enjuiciamiento de la causa, admitiendo a trámite la querella. El auto de admisión del caso a trámite estaba firmado por los magistrados Juan Saavedra Ruiz, Luciano Varela Castro, Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde Ferrer y Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. Algunos de estos magistrados participaron en la imputación contra mí, al mismo tiempo que lo hacían también en las otras dos causas abiertas en mi contra. Pocos días después, el 30 de mayo, solicité que se desestimara el caso al no concurrir ninguno de los elementos de la supuesta prevaricación que el seudosindicato de extrema derecha Manos Limpias me imputaba. Era evidente que no existía delito y sí un alto riesgo para la independencia judicial en el país. El fiscal del Tribunal Supremo apoyó esta argumentación y recurrió el auto considerando que la querella era inadmisible.

Esta fue la primera ocasión —habría al menos otras ocho más— en la que el Ministerio Público solicitó el archivo del proceso por injustificado. Todo resultó inútil. El curso de los acontecimientos, aprovechando una imputación más que sospechosa y, desde luego, representativa ideológicamente de un régimen fascista como el franquista, estaba marcado. Tantas veces cuantas fue reclamado el archivo por el fiscal o la defensa, lo rechazaron el instructor Luciano Varela, que después participaría en el juicio contra mí en la causa derivada de la interceptación de comunicaciones en el caso Gürtel, y el Tribunal, aun a pesar de que era más que probable que al final aguardara la absolución. La intención estaba clara desde el comienzo y se impondría a pesar de la inconsistencia de los argumentos del Tribunal: la suspensión de mis funciones jurisdiccionales como magistrado juez del Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La suerte estaba echada. Solo era cuestión de tiempo y nada detendría a una maquinaria ávida de cobrarse una pieza judicial importante.

Los acontecimientos se desarrollaron conforme al guion preestablecido. A pesar de la falta de motivación sobre la razón de esta persecución penal, por defender una interpretación de la ley diferente a la del propio instructor y del tribunal, se apoyaron en una mera valoración formal y continuaron la tramitación.

Comienza la actuación del juez Varela

Era público que las opiniones del magistrado Luciano Varela sobre ciertas cuestiones jurídicas relevantes no coincidían con las mías. Especialmente en el caso Scilingo, cuando promovió una estricta visión positivista del principio de legalidad, rechazando la aplicación del derecho internacional al interpretar el derecho nacional en el recurso que resolvió el Tribunal Supremo en aquel caso, del que ya me he ocupado en otro capítulo. Esta posición y sus numerosos comentarios contrarios sobre mí, realizados en diferentes foros y ante distintas personas, lo predisponían indudablemente de manera negativa. Debió de abstenerse por falta de imparcialidad y no lo hizo, ni en este caso ni en el otro. En aras de estas circunstancias y al propio desarrollo de los acontecimientos, era evidente que Varela haría lo necesario para que el procedimiento avanzara en mi contra, como sucedió.

El Ministerio Público alegó que el auto del 16 de octubre de 2008 no podía considerarse «jurídicamente indefendible o irracional» de manera convincente cuando tres magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y algunos juzgados locales habían seguido la misma interpretación. Añadió que, frente a lo planteado en la querella, la decisión de solicitar partidas de defunción, por muy notorios que fuesen los fallecimientos en cuestión, tampoco podía ser la base para una acusación de prevaricación, al no existir el concepto de «hechos notorios» en los procedimientos penales, debiendo probarse todos los hechos denunciados.

Ninguno de los argumentos del Ministerio Fiscal ni de la defensa convencieron al instructor y Tribunal, que asumieron la posición mimética con la acusación popular.

El 3 de febrero de 2010, el juez Varela rechazó las solicitudes de sobreseimiento presentadas. En una decisión clave, decidió la continuación de la causa criminal contra mí, basándose en la probable existencia de conducta criminal. El auto por el que ordenó la continuación de la «investigación» se basaba en que las resoluciones dictadas por mí eran «objetivamente contrarias a derecho» por haberme declarado competente, ordenando la práctica de amplias diligencias de investigación, sin contar con la competencia reconocida por la ley; porque, según él, resultaba «manifiestamente irrazonable» ignorar la prescripción de los delitos y la transmutación del «delito de detención ilegal» en el delito de «desaparición forzada», y no solo era jurídicamente inaceptable y ajena a cualquier interpretación usual, sino irrelevante a estos efectos de toma en consideración de la prescripción; porque la Ley de Amnistía se había aprobado de forma democrática y debía ratificarse por los tribunales, y el hecho de no actuar así era una «ignorancia inexcusable» ya que «en el ámbito del derecho internacional tampoco se excluye acudir a la amnistía [pues, por ejemplo,] la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no establece tal veto de eventuales amnistías respecto de dichos delitos»; porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos fueron incorporados al ordenamiento jurídico español (artículo 96 de la Constitución) con posterioridad a los hechos a que se refería la Ley de Amnistía, y, en consecuencia, «cualquiera que sea la opinión política que se mantenga sobre aquella decisión legislativa, mal puede proclamarse la nulidad jurídica de dicha Ley de Amnistía en el momento de ser dictada»; y en cuanto al elemento subjetivo, existía la suficiente probabilidad de que, según el juez Varela, yo había sido «consciente de que carecía de competencia» para el caso en cuestión.

En el marco de los movimientos para preservar la memoria histórica y juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier momento y lugar, Garzón y muchos otros profesionales de la Justicia han propugnado la implantación de la justicia universal para defender a las víctimas en cualquier país, sobre todo cuando se pretende imponer la impunidad de los responsables de los crímenes. Animado por este afán, Baltasar Garzón ha llevado a cabo una lucha inquebrantable en los casos de los desaparecidos de España, Argentina, Chile y otros países. En esta viñeta, el dibujante Ferreres ironiza sobre las reacciones de algunos sectores a la lucha del juez Garzón para llevarlos ante los tribunales.

Obviamente mi desacuerdo con esos argumentos era absoluto, y tal discrepancia jurídica se hacía patente en las propias resoluciones pronunciadas por mí en el Juzgado Central 5 en el procedimiento por los crímenes franquistas.

Solicitudes rechazadas

Durante los meses siguientes al auto de 3 de febrero de 2010, tanto mi defensa como el Ministerio Público intentaron el archivo de la querella, por tratarse de un procedimiento abusivo, y que se incorporaran diversas diligencias de prueba. Todas ellas, incluidos los dictámenes de expertos internacionales que acreditaban que mi interpretación de la ley era razonable y coherente con el derecho internacional —además de exigida por este—, coincidiendo con la posición de otros jueces en el ámbito internacional, fueron rechazadas. A pesar de que la decisión del juez Varela de imputarme se basó en que, según él y su particular visión, mis decisiones eran «objetivamente contrarias a derecho», «manifiestamente irrazonables», «incomprensibles» y «fuera de cualquier interpretación normal de la ley», me negó toda posibilidad de refutar lo anterior con los medios de prueba adecuados, rechazándolos de forma sistemática.

El 23 de febrero siguiente, el Ministerio Público solicitó de nuevo el archivo del caso, en los términos más rotundos utilizados hasta ese momento. Citó en esta ocasión una amplísima jurisprudencia como argumento de la falta de base jurídica para procesarme por delito de prevaricación, teniendo en cuenta la consolidada interpretación de la legislación española que exige un elevado umbral, siendo por lo tanto «imposible de reconciliar» la interpretación en cuestión con la ley «sin permitir ninguna duda o interpretación». Aun reconociendo que había discrepado con la interpretación sostenida por mí sobre la ley, el Ministerio Público advirtió que mis interpretaciones nunca fueron «indefendibles» ni «objetivamente insostenibles». Y, de nuevo, se refirió oportunamente a los tres votos particulares discrepantes del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional citados anteriormente, y a las posiciones discrepantes de dos jueces locales que apoyaban mi posición, como prueba de que no era posible sostener que mis planteamientos cumplían los criterios de prevaricación.

El recurso de apelación planteado por mi defensa fue desestimado, como era de esperar, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 23 de marzo de 2010. El Tribunal no entró a conocer los argumentos de fondo, limitándose en su lugar a sostener que «ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación». Sin ni siquiera responder a las solicitudes de diligencias de prueba, el Tribunal desestimó el recurso. La indefensión no solo fue evidente, sino también reiterada y notoria. Nada de lo que planteé fue atendido durante la instrucción por quienes mantenían aquella inverosímil interpretación de la inexistencia del delito, o la falta de arbitrariedad de sus decisiones frente a las mías, afirmaciones que parecían más dirigidas a protegerse de una posible acusación de prevaricación por mi parte, debido a las decisiones que tomaron, que a una configuración de la mía, ya prejuzgada.

Las «sugerencias» del juez instructor

Llegados a esta fase, las acusaciones ejercidas por las tres organizaciones cuya actuación contra mí venía motivada por motivos ideológicos debían concretarse para hacer frente a la nueva fase del procedimiento abreviado impulsado por el juez Varela. Las tres organizaciones políticas presentaron sus escritos de acusación ante este los días 15 y 19 de abril de 2010. Sin embargo, debido a defectos en los escritos, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), se tendrían que haber rechazado aquellos y cerrarse el caso. Sin embargo, en un hecho insólito y único en la judicatura española, sin base jurídica que lo autorizara, el juez instructor incitó a las acusaciones para que corrigieran determinados aspectos de sus escritos, indicándoles cómo tenían que hacerlo. Para ello, en otra decisión también sin precedentes, fijó un nuevo plazo para la correcta presentación de los escritos. Varela, en una resolución, indicó expresamente cuáles eran las referencias expresas que debían aparecer y en las que se reflejara que mi actuación había sido intencionada y cuáles eran las páginas y párrafos que debían suprimirse. Tras otro intento fallido para cumplir los requisitos y las demás instrucciones adicionales del juez sobre la necesidad de indicar en el escrito que el auto fue dictado «a sabiendas» o de forma consciente o deliberada, Manos Limpias y Libertad e Identidad presentaron un tercer escrito rectificado, siguiendo al pie de la letra la acusación contenida en el auto del juez Varela de 3 de febrero. Por su parte, la tercera de las acusaciones, la Falange, quedó fuera al no cumplir las «sugerencias» del juez. El escrito de las dos primeras acusaciones, una vez cumplidos los «consejos» del magistrado, fue admitido como base para la continuación del proceso penal.

La Falange, al igual que Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentó una acusación contra el juez Garzón en el procedimiento impulsado por Luciano Varela. Estas tres organizaciones, que compartían una ideología de extrema derecha, recibieron consejos del juez Varela para corregir sus escritos de modo que pudiesen ser aceptados, y Pat resumió este hecho, desconocido hasta ese momento en la historia judicial española, en una de sus viñetas. Se demostraba claramente y sin dudas que el instructor carecía de la imparcialidad exigida. A pesar de las sugerencias de Varela, la acusación de los falangistas quedó fuera. No obstante, los escritos de las otras dos formaciones fueron admitidos y constituyeron la base para que el proceso penal iniciado contra Garzón prosiguiese.

El 22 de abril de 2010, el Ministerio Público solicitó de nuevo el sobreseimiento del caso, basándose en que la acusación carecía de legitimación y en que los hechos descritos en los escritos de acusación no constituían un delito. La moción fue rechazada por el juez el 11 de mayo. Varela insistió en que existía una motivación «razonable» para proceder y que la prevaricación no era «una hipótesis absurda o irracional».

Según mantuvimos tanto mi defensa como yo, los consejos ofrecidos por el juez Varela a los querellantes eran ilustrativos de su falta de imparcialidad. Por ello, el 23 de abril presentamos la recusación de Varela por su falta de imparcialidad, basándonos en la naturaleza de los consejos dados a las organizaciones denunciantes sobre cómo enmendar errores fundamentales para permitir la continuación del proceso. Creíamos, y lo seguimos haciendo, que la «intervención del juez instructor no se encuentra amparada en ningún precepto de la normativa procesal española».

El 6 de mayo de 2010, un único magistrado del Tribunal Supremo rechazó la solicitud de recusación del juez Varela in limine, es decir, de plano, e igualmente no prosperó la petición de nulidad por su falta de imparcialidad.

Luciano Varela, magistrado del Tribunal Supremo, acordó tramitar la recusación que la defensa de Baltasar Garzón había planteado para apartarlo del procedimiento abierto contra este último por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo. Peridis recogió la noticia, remarcando la absurdidad de todo el proceso, en una viñeta publicada en El País. El abogado de Garzón alegó que el instructor había mostrado un «interés directo» al orientar los escritos de las acusaciones, tomando así partido a favor de uno de los contendientes en el pleito. Unas semanas más tarde, el magistrado Andrés Martínez Arrieta rechazó la recusación y devolvió la causa a Varela, que ordenó seguidamente la apertura del juicio oral que llevó a Garzón al banquillo de los acusados.

Lo que acontecía fuera

Es muy difícil hacer un relato de todo lo que estaba ocurriendo simultáneamente en aquellos días, los movimientos que se hicieron desde el Tribunal Supremo contra mí, la coordinación del instructor con algunos vocales —como Margarita Robles—, para que la suspensión de mis funciones fuera anterior al momento en que se produjo. Exactamente a continuación del auto del 3 de febrero, rechazando el sobreseimiento de la causa a la que ya me referí.

Varela pidió expresamente al presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, que diera traslado al Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con la vocal Margarita Robles. El 10 de febrero, anoté en mi diario:

Percibo movimientos en el Consejo para agilizar la suspensión. Con esto cobra realidad todo lo que presumíamos sobre el círculo de posibles responsables de toda la maniobra contra mí… Todo es un despropósito. Carlos Dívar me llamó por la mañana, lo mismo que lo hizo ayer para bendecirme y decirme que ha ofrecido la misa por mí y que ha pasado toda la noche pensando en la injusticia que sufro. Afirma que hasta que no haya «procesamiento» o apertura de juicio oral, no habrá suspensión. […] Nuevas informaciones, por parte del CGPJ, me llegan insistiendo en que Margarita Robles está especialmente activa en este caso.

Seis días más tarde, el 16 de febrero, escribí: «Me informan desde la Policía que uno de los empresarios implicados en Gürtel podría estar financiando a Manos Limpias para que actúe contra mí. No me extrañaría nada».

Ahora, en 2016, después de lo sabido, la Justicia tendría que profundizar sobre ello.

El 18 de febrero de 2010 me dieron traslado por diez días para que contestara sobre la suspensión.

Justo una semana después, el 25 de febrero, en el avión y a punto de salir desde Seattle para Madrid, recibí una llamada del magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Me informó sobre la admisión a trámite de la tercera querella, la del caso Gürtel. El auto no era muy potente, pero incluía algunas afirmaciones claramente nocivas que desvelaban sus perversas intenciones. El ponente era el magistrado José Manuel Maza, que después participaría en el juicio del franquismo y firmaría el voto particular exigiendo mi condena. En mi diario anoté:

Obviamente el mensaje lanzado a los magistrados que tienen que decidir en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la validez o no de las interceptaciones es claro: ¡atrévanse a decir que las observaciones no son nulas y ustedes irán también por delante! Creo que en el trasfondo de todo existe un claro interés político y entre magistrados, abogados y el PP clarísimamente establecido. En fin, que la cosa se pone difícil como me imaginaba… Me llama Antonio Camacho, escandalizado con lo que está sucediendo en el Supremo y me dice que el Gobierno no es capaz de hilvanar ninguna respuesta, ni mediática ni institucionalmente, y se queja de que les falta una política en materia de justicia.

Aunque a Camacho, fiscal y entonces secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, le contesté que tenía claro que el objetivo inmediato era yo, evidentemente también sabía que, a más largo plazo, en realidad se trataba de controlar la institución. Los acontecimientos judiciales acabarían dándome la razón.

El viernes 26, bajó a mi despacho Ángel Juanes, sucesor de Carlos Dívar en la presidencia de la Audiencia Nacional, y me dijo: «Lo de la tercera querella [Gürtel] es un auténtico despropósito, que jurídicamente es inaceptable e insostenible». Juanes me dijo: «Alberto Jorge Barreiro es un jurista excepcional y muy independiente, que tomará la decisión que sea justa y nunca será contraria a ti». ¡Menos mal!

Ese mismo día, el teniente fiscal del Tribunal Supremo informó en contra de la suspensión en ese momento. Por mi parte, presenté la oposición a la suspensión. Además, formulamos tres recusaciones a otros tantos consejeros: Margarita Robles, Fernando de Rosa —vicepresidente del CGPJ— y la magistrada Gema Gallego. Esta última tramitó el caso del ácido bórico del 11-M en el Juzgado de la plaza de Castilla y, probablemente, su resolución favorable en contra de la Policía pudo pesar como mérito a la hora de ser promocionada por el PP a la condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El 1 de marzo de 2010, el Ministerio Fiscal presentó recurso en contra de la admisión a trámite de la querella contra mí. Leo en mi diario:

Los acontecimientos se fueron sucediendo y desde el Gobierno surgieron algunas voces para defenderme, pero sin atacar al Supremo. Es decir, en privado todos dicen una cosa y en público otra. Lo que está claro es que quienes apoyan esta dinámica están poniendo todos los elementos necesarios para que se produzca la suspensión.

Sigo con mis apuntes de entonces. Una semana más tarde, el 8 de marzo, José Antonio Martín Pallín me comentó que el magistrado Andrés Martínez Arrieta lo había visitado para decirle, textualmente, que aquello tenía que «concluir de alguna forma». Además, le sugirió que si El País aflojaba en su línea de información, podría ser posible. «Me resulta escandaloso asumir que, en función de lo que diga un periódico, los magistrados actuarán de una u otra manera», anoté con cierta amargura.

Al día siguiente, 9 de marzo, Margarita Robles se abstuvo, aunque siguió pretendiendo dar lecciones sobre sus razones. Lo cierto es que, entre bambalinas, continuó haciendo exactamente lo mismo que hasta entonces. Mientras tanto, El Mundo publicó un editorial en el que me acusaba de colaborar con ETA.

En esta viñeta publicada en marzo de 2010, el dibujante Peridis denuncia los peligros de investigar casos relacionados con la política, especialmente con ciertos sectores de la derecha. Francisco Vieira, presidente del TSJM y de la Sala que dirimía los recursos contra algunas escuchas del caso Gürtel, anuló la única intervención telefónica entre un miembro de esta red corrupta, Pablo Crespo, y su abogado, también imputado en la causa. Esta decisión corregía la postura que el mismo tribunal había votado el día anterior, en la que se consideraba válida esa escucha ordenada por Garzón y que hacía referencia a la supuesta financiación ilegal del PP gallego. Según algunas fuentes, en las deliberaciones no se jugó nada limpio.

El 25 de marzo se hizo público el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba las interceptaciones de las comunicaciones en la prisión entre los máximos responsables de la Gürtel y sus visitantes, incluidos los letrados, en este caso con prevención del derecho de defensa, por dos votos a uno (es decir, uno de los tres miembros del tribunal consideraba que actué correctamente). Ese mismo día, el magistrado Adolfo Prego, como ponente, hizo público el auto de la Sala que rechazaba nuestro recurso contra la resolución del juez Varela por la cual denegaba el sobreseimiento. Se abrió así el camino para la continuación del procedimiento.

«Garzón tiene que irse»

José Manuel Gómez Benítez se reunió conmigo, el martes 30 de marzo, para comentarme algunas incidencias, preguntarme un par de cuestiones que, al parecer, interesaban a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también hablarme sobre el CGPJ. Respecto de este último, me explicó cómo estaba la situación acerca de la suspensión, en el sentido de que un sector se inclinaba porque esta solo se produjera si había sentencia condenatoria. Me pareció lógico, si se tenía en cuenta que el asunto ya no estaba en mi juzgado y no era posible interferir en el mismo, aunque yo lo veía poco probable, pese a que Carlos Dívar había transmitido a las altas autoridades de los demás poderes y del Tribunal Constitucional que no habría condena contra mí mientras él fuera presidente del Supremo (obviamente se equivocó). Al parecer, esta situación había sido compartida con Juan Saavedra, el presidente de la Sala, con quien habían mantenido tres reuniones.

Saavedra habría afirmado: «El que le echa un pulso al Supremo lo pierde. Garzón tiene que irse del Juzgado Central de Instrucción Cinco. Tiene que pedir traslado a otro Juzgado y perder la plaza para que pierda el fuero». Además, al parecer, continuó afirmando que «la campaña de prensa contra el Supremo tiene que cesar. La defensa tiene que renunciar a la confrontación con la Sala». Cuando conocí estas palabras me sentí derrotado, no porque temiese la suspensión, pues la daba por hecha, igual que la condena en alguna de las tres causas (no precisamente en esta, por el escándalo que supondría), sino porque confirmé que estábamos en una ciénaga de la que era muy difícil salir. La cuestión era si aceptaba la presión indirecta que se me indicaba o, por el contrario, seguía peleando, aun sabiendo que la partida estaba amañada, para conservar al menos mi dignidad. Además, si no recuerdo mal, Saavedra también me dijo algo acerca de que la Sala Segunda era un transatlántico y que cualquier barco que se pusiera en su camino sería partido en dos.

«Vamos a por la suspensión, y aunque asumimos que habrá una sentencia absolutoria, perderá la plaza.» Al parecer, el Gobierno habría dicho, por medio de Alfredo Pérez Rubalcaba, que iba a buscar una solución alternativa promoviéndome a algún cargo, siempre que yo aceptara, para así evitar el juicio.

En cuanto a la querella de los cursos en la UNY, el presidente Saavedra, que en esos momentos buscaba su reelección en el cargo —y la consiguió—, afirmó que su tramitación era un empecinamiento de Marchena. Saavedra estaba convencido de ello, y pensaba que este quería imputar incluso a «la secretaria personal de Garzón porque lo que esta hubiera recibido beneficia a Garzón. Quiere hacerle el paseíllo para luego archivar» —como, efectivamente, así ocurriría—. Respecto de Gürtel, el presidente asumía que el caso se archivaría «porque hay debate, como lo ha demostrado la deliberación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

La conversación concluyó en cuanto oyó mi decisión: «No voy a pedir el traslado».

Por muchos puestos que se me ofrecieran, había un aspecto que era fundamental: mi dignidad. Lo que desde el Supremo se me planteaba era renunciar a la jurisdicción y a los principios que había defendido durante toda mi vida a cambio de garantizarme permanecer en la carrera judicial. Yo no había cometido delito alguno. La meras propuestas que se me hacían lo demostraban y, por ello, tomé una decisión irrevocable y de la que no me arrepiento: continuar defendiéndome con todos los instrumentos a mi alcance, sin renunciar, sin ceder aunque acabaran conmigo, lo que era más que previsible. La lucha resultaba desigual, pero la razón estaba de mi parte… y lo sigue estando. Simplemente hay que ver lo que está aconteciendo para comprobar que la caza al hombre fue una realidad.

Propuesta de la CPI

Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), me llamó para ver si había alguna posibilidad de que me marchara a ese organismo con sede en La Haya (Holanda). Según me contó años después, había mantenido previamente una entrevista con el embajador de España en las Naciones Unidas y con el Gobierno español. La verdad era que, concluido el procedimiento de Gürtel —al remitirlo a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia—, perdida la competencia en la investigación de los crímenes franquistas y cerradas todas mis investigaciones sobre terrorismo, podía ser interesante alejarme del foco de tensión de la Audiencia Nacional y, así, adquirir una perspectiva diferente, más amplia. Lo pensé, acepté la propuesta y pedí la concesión de la situación de servicios especiales.

La implacable caza contra el juez Garzón, iniciada tras su decisión de investigar los crímenes del franquismo y los escándalos de la trama Gürtel, en la que surgían una y otra vez los nombres de importantes miembros del Partido Popular, fue denunciada por Peridis en numerosas viñetas publicadas a lo largo de 2010. El acoso político y judicial, que incluso se extendió a parcelas de su vida privada y familiar, acabó con su carrera profesional como juez, aunque no consiguió silenciar su apoyo a la jurisdicción universal y a la defensa de los derechos humanos. En cuanto a su actividad como conferenciante, común a muchos otros jueces y magistrados, también fue utilizada como arma contra Garzón en un juicio marcado por la imparcialidad de algunos miembros del tribunal.

El CGPJ ralentizó la decisión sobre este particular, para dar tiempo a que el juez Luciano Varela tuviera preparada, como así sucedió, la apertura de juicio oral contra mí, un requisito previo a la decisión sobre mi suspensión. En un solo día este magistrado acordó siete resoluciones para que estuvieran sobre la mesa el 14 de mayo de 2010, antes de resolver sobre mi petición para marchar a la Fiscalía de la CPI como asesor externo del fiscal. Una vez preparado y allanado el camino, el Consejo en Pleno decidió mi suspensión y, después, optó por no concederme el estatus de servicios especiales, sino la compatibilidad. Esto suponía un grave detrimento económico, ya que me dejaba únicamente con el sueldo básico (que después tuve que reembolsar al Estado debido a la condena) y, de este, no recibiría más del setenta y cinco por ciento como salario en La Haya. De nuevo, entre las dos interpretaciones posibles, se eligió la más desfavorable.

Dejaba mi trabajo y, temporalmente, España. En mi último día, recuerdo que concluí una declaración de la Operación Pretoria, un caso relacionado con la corrupción. Al salir de la Audiencia Nacional, un nutrido grupo de ciudadanos, incluidas varias víctimas del franquismo, me esperaba en la calle. Me despidieron con aplausos en una espontánea manifestación de apoyo que me emocionó. Del mismo modo que había agradecido de corazón el que más de cien mil personas se manifestaran públicamente, el 28 de abril, en señal de protesta por el proceso del franquismo contra mí.

Dos días después, el 16 de mayo de 2010, viajé a París y recibí, en un acto celebrado en el Instituto de Estudios Políticos (Sciencies Po de Paris), el primer premio René Cassin Libertad y Democracia otorgado por la Asociación la Jeune Republique, de manos del ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, que justificó la concesión por mi «combate por la defensa de los valores democráticos en un entorno hostil». Asistieron también el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la exjueza Anticorrupción franco-noruega y parlamentaria europea, Eva Joly, que dijo: «El Consejo del Poder Judicial no ha querido dejarle una salida honrosa»; «Se puede estar triste y sorprendido al ver que el juez más emblemático y conocido de España sufra este trato»; «Para toda una generación de juristas, Garzón es el juez que condujo casos verdaderamente difíciles de corrupción y que ayudó a imponer la justicia universal». También la exministra francesa de Justicia Elizabeth Guigou, que me había comunicado, meses antes, la concesión de la Legión de Honor de Francia por mi lucha contra el terrorismo, resaltó que tras la acción contra Augusto Pinochet en 1998, «todo dictador sabe que no se encuentra seguro en ningún lugar del planeta».

«El momento simpático arribó —como puso de manifiesto el Diario Público, del 18 de mayo— cuando un joven hispano-chileno, Hernán Garcés, estudiante de Derecho hispano-francés en la Complutense y en la Sorbona, arrancó el aplauso más nutrido antes de la salva que envolvió a Garzón a su llegada y a su salida de Sciences Po. El joven, ex alumno de Garzón, agarró el micro y espetó: «¡En este momento no hay justicia en España y nos sentimos desprotegidos! ¡Gracias, París, por distinguir a Garzón!».

Al recoger el premio, solo alcancé a decir que me constituía en defensor de la utopía, reclamando la formación de una nueva conciencia universal que se transforme en una conciencia común de los derechos humanos. «Soy juez, y por tanto un hombre del derecho y para el derecho, y por eso, como decía Cicerón, un esclavo de la ley, pero de una ley universal.»

Seguidamente, viajé a La Haya y tomé posesión como asesor del fiscal jefe de la CPI. Me centré en el nuevo trabajo, como terapia de contención de los efectos de aquella injusta suspensión.

La recusación de la Sala

El procedimiento continuó su andadura, aunque no mucho tiempo después fue frenando hasta paralizarse y dar paso al asunto de las interceptaciones de las comunicaciones en el caso Gürtel. El objetivo de esta inversión no fue otro que conseguir un menor apoyo e impacto a mi favor, ante un juicio mucho más árido y técnico en este caso que el que sin duda obtendría en el del franquismo, mucho más ideologizado e impactante a todos los niveles y, que, por ende, levantaría muchas más adhesiones.

Continué cuestionando la imparcialidad del juez Varela. A tal efecto presenté un recurso de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral, argumentando que el magistrado había indicado a la acusación popular cómo tenía que presentar sus escritos acusatorios, actuando así como juez y parte en el proceso.

Un segundo problema relacionado con la falta de imparcialidad surgió el 16 de septiembre de 2010, cuando el magistrado Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comunicó al CGPJ que la Sala que me juzgaría tendría la misma composición que la que había acordado la apertura del juicio oral. Esto último fue confirmado formalmente por el Supremo el 13 de diciembre. Ante esta situación, que atentaba gravemente contra el derecho a un juicio imparcial y justo, el 16 de diciembre presenté la recusación contra los cinco jueces que ya habían estado antes involucrados en el procedimiento al que fui sometido por investigar los crímenes del franquismo: Adolfo Prego, Francisco Monterde, Juan Saavedra, Juan Ramón Berdugo y Joaquín Giménez.

El juez Giménez aceptó la recusación en una resolución firmada el 26 de enero de 2011. En su informe, aclaraba los motivos por los cuales la Sala, según su opinión, estaba contaminada a causa de su anterior participación en el caso. Giménez, convencido de que la Sala debía «no solo ser imparcial, sino también aparentarlo», concluía su informe afirmando que existían temores «serios y fundados» de que el Tribunal tuviera una idea preconcebida acerca de la culpabilidad del juez imputado.

El Ministerio Público tomó la medida sin precedentes de apoyar la moción propuesta por mi defensa y solicitar la recusación de la Sala del Tribunal Supremo. El 13 de junio de 2011, en la Sala Especial del 61 del Supremo, fuera del ámbito de control de la Sala Segunda, los cuatro magistrados que previamente se habían negado a abstenerse —Saavedra, Prego, Monterde y Berdugo— fueron apartados del proceso.

La etapa de juicio oral

Al ser desestimados los recursos de nulidad, el proceso contra mí por haber abierto investigación respecto a los crímenes del franquismo pasó a juicio oral, que se celebró entre el 24 de enero y el 8 de febrero de 2012.

El Ministerio Público solicitó al Tribunal el archivo del proceso durante la audiencia sobre cuestiones preliminares, que tuvo lugar el martes 24. Según el representante del Ministerio Público, en este caso se imputaba a alguien por «ser quien era» (lo que, en términos legales, se denomina derecho penal de autor), en lugar de por su conducta criminal, contradiciendo principios fundamentales del propio derecho penal. Asimismo, puso en duda los motivos de Manos Limpias como querellante para iniciar el caso y, además, constató que las resoluciones judiciales del acusado fueron impugnadas y anuladas mediante los cauces legales corrientes, en recurso de apelación, y que no había habido lugar para la aplicación del derecho penal stricto sensu.

Por tanto, no existían indicios de conducta criminal, y si hubieran existido habría sido obligación del propio Ministerio Público notificar la comisión de un delito. Los supuestos delitos que se me imputaban estaban relacionados con la investigación de los crímenes más graves, que hasta el momento habían permanecido en la impunidad en España. El Ministerio Público recordaba la investigación en curso sobre estos delitos en un juzgado federal en Argentina, calificando como «ridículo» que mientras ese órgano judicial la llevaba a cabo, «aquí nos dedicamos a enjuiciar al juez que se atrevió a admitir la investigación de esos hechos». El Ministerio Público concluyó, como lo había hecho anteriormente, que aunque se podría argumentar que mis decisiones tenían pequeños errores, las mismas eran «perfectamente razonables» y, en consecuencia, no cabían en el delito de prevaricación. Al solicitar al Tribunal que desestimara el caso por carecer de base en el derecho penal, el Ministerio Público reiteró su preocupación respecto al impacto de este caso sobre la independencia del poder judicial.

El Tribunal rechazó de forma sumaria los argumentos preliminares del fiscal y los de mi defensa, que iban en la misma línea, en la apertura misma del juicio oral, el 31 de enero de 2012. No se dio razón alguna, y aunque el Tribunal señaló que la motivación sería explicitada en la sentencia misma, no lo hizo finalmente.

El proceso fue filmado y televisado desde ese mismo día, con imágenes mías en el banquillo de los acusados, recibiendo una atención generalizada de los medios de comunicación españoles e internacionales. El daño estaba hecho y se había cumplido el comentario del presidente Saavedra.

A pesar de que habían transcurrido dos años de investigación y fases preliminares, durante el enjuiciamiento no se aportaron hechos o pruebas distintas a las que ya existían y eran de público conocimiento al inicio del proceso. Los hechos presentados en el caso eran, simple y exclusivamente, las mismas decisiones del 16 de octubre y el 18 de noviembre de 2008, sobre la base de puntos de vista divergentes y controvertidos en cuanto a la aplicación correcta de la Ley de Amnistía y la prescripción respecto a crímenes contra la humanidad. Estos fueron los mismos asuntos que ya habían sido resueltos mediante el proceso de apelación en 2008.

Cuando el presidente del Tribunal me dio el uso de la última palabra, expuse mi alegato.

Mi alegato final

Excmo. Sr. Presidente:

Hago uso de mi derecho a la última palabra que me otorga la ley.

No me extenderé mucho, pero sí lo suficiente para mostrar mi acuerdo por lo expuesto por mi defensa y el Ministerio Fiscal y para afirmar que, después de haber concluido este juicio, no sé bien por qué he sido juzgado.

Ningún delito he cometido, aunque algunos han jaleado, con poco respeto a este Tribunal, mi culpabilidad en varios de ellos. Me acojo al más puro sentido de la lógica y a la imposibilidad de haber quebrantado la ley en alguno de sus puntos.

En diciembre de 2006 incoé un procedimiento con estricta sujeción a la legalidad; cumpliendo todos y cada uno de los requisitos marcados por la norma; tramité la causa con estricta sujeción a la legalidad procesal; y, finalmente, admití la competencia para la instrucción en auto de 16 de octubre de 2008 por presuntos delitos contra altos organismos de la nación o contra la forma de gobierno, hoy contra la Constitución, en conexión con delitos masivos de detención ilegal sin conocer el paradero de las víctimas, configurándose como crímenes de desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la Humanidad y cuyos efectos permanecen hasta la actualidad. Es decir, fueron considerados de acuerdo con la ley española, los convenios internacionales y la doctrina jurisprudencial nacional e internacional, como delitos permanentes que por su naturaleza no podían considerarse como delitos políticos, y por ende no podían estar amparados por leyes de perdón o amnistía y que se siguen cometiendo al no haberse dado razón cierta del paradero de las víctimas, ni haberse propiciado una investigación judicial independiente y efectiva.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2008 dicté un nuevo auto, por el que, cumplidos los requisitos establecidos en el primero, acordé la inhibición a otros Juzgados territoriales, en función de donde se había producido la desaparición o existía constancia de posibles enterramientos ilegales.

A partir de julio de 1936 y al margen de la propia confrontación bélica, entre 136.000 y 152.000 personas no combatientes fueron detenidas, secuestradas, torturadas, ejecutadas extrajudicialmente, asesinadas, desaparecidas, hasta 30.000 niños presuntamente sustraídos a sus familias naturales, por el simple hecho de ser republicanas, a lo largo de más de una década después de la finalización de la guerra, por personas que ejercían la máxima responsabilidad militar y civil en la dictadura, así como también por otras pertenecientes a estructuras paramilitares, políticas, civiles o militares del nuevo régimen.

Los objetivos de la instrucción del JCI5 de la AN fueron: 1) investigar estos delitos; 2) descubrir los responsables vivos, establecer, en su caso, formalmente el fallecimiento de aquellos, conocido en algunos casos, desconocido en otros y cuya realidad debió de ser investigada, a efectos de la declaración de extinción de responsabilidad penal y así dar opción a que produjeran los correspondientes efectos civiles (artículos 115 y 116 de la LECrim); y 3) dar protección a las víctimas.

Víctimas que, cuando se trata de crímenes masivos como los aquí estudiados, que agreden a la idea misma del ser humano y que han sido cometidos desde las más altas estructuras del Estado, aprovechándose de estas, torciendo con ello la propia naturaleza de las mismas, y con un mismo o similar esquema criminal que, poco tiempo después, implementó y aumentó el régimen nazi con el que colaboró estrechamente el régimen franquista, según las últimas revelaciones históricas, deben ser protegidas en forma especial y principal para dar cumplimiento al derecho humano de las víctimas, reconocido por Naciones Unidas, a la verdad, la justicia y la reparación.

Cuando tomé mis decisiones, lo hice de forma reflexiva y pausada, previo estudio de todas y cada una de las alternativas jurídicas que se ofrecían, optando por la que consideré más ajustada a derecho y que mayor protección ofrecía a las víctimas, de acuerdo con la ley española, los convenios y tratados de los que España es parte, las normas del derecho humanitario, así como las normas del ius cogens, formado a través de principios consuetudinarios y normas convencionales y la interpretación pacífica y acumulada a lo largo de más de un siglo en nuestra sociedad, a través de las resoluciones proferidas por organismos y tribunales internacionales y nacionales que han ido dando cuerpo a un conjunto de normas de directa aplicación en cada país cuando se trata de la investigación y sanción de este tipo de delitos.

No hice nada diferente que lo realizado en otros casos previamente investigados por mí y por otros juzgados de forma simultánea y de los que ha dado cuenta mi defensa.

En uso de mi independencia judicial, núcleo de la defensa de los ciudadanos y de la libertad de interpretación de las leyes que amparan y sustentan la evolución del derecho y que se hallan en grave riesgo en esta causa, tomé las decisiones que hoy hacen que me encuentre ante este Alto Tribunal que me ha juzgado. Defiendo aquella libertad e independencia y la reivindico en nombre propio y en el de miles de jueces que aplican los mismos principios en defensa de la sociedad en España y fuera de nuestro país.

La impunidad de hechos gravísimos, como los que se investigaban, no puede ser justificada por el tiempo transcurrido cuando los efectos permanecen, ni amparada por leyes de perdón o amnistía inaplicables a delitos de naturaleza internacional y en contra de la humanidad.

Las víctimas siguen sin ser resarcidas y la obligación de todo juez es dar cumplimiento a lo que la Constitución le exige y a lo que los principios o leyes en los que se asienta la civilización humana y que rigen al hombre, vigentes entonces y ahora, le imponen como protector de las mismas.

Excmo. Sr., termino. El tribunal del hombre es su conciencia, decía Emmanuel Kant; yo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque he procurado aplicar la ley en defensa de las víctimas, para investigar unos hechos criminales permanentes, cuya permanencia ofende a la dignidad humana y su impunidad transforma a las instituciones en enemigas del derecho y a la sociedad en cómplice del olvido y la falta de memoria.

La sentencia

El Tribunal dictó su sentencia el 27 de febrero de 2012 y esta iba acompañada de dos votos particulares. A pesar de que la decisión de la mayoría de sus miembros optó por mi absolución del delito de prevaricación, la mayor parte de la resolución se concentró en criticar las decisiones supuestamente «erróneas» sobre la no aplicabilidad de la amnistía y la prescripción de los crímenes contra la humanidad.

Entendía el Tribunal Supremo que, aunque las atrocidades de la Guerra Civil y del régimen franquista podían calificarse como crímenes de lesa humanidad, las características derivadas de los delitos internacionales —es decir, la imprescriptibilidad y la imposibilidad de amnistiar delitos de ius cogens— no podían desplegar efectos de manera retroactiva y que el carácter continuado del delito de desapariciones forzadas y la interpretación ofrecida por mí imposibilitarían los mecanismos de prescripción y seguridad jurídica establecidos en el propio Código Penal. Esta interpretación del Supremo español se desligaba radicalmente no solo de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, sino también de la jurisprudencia del propio Tribunal y las actuaciones de la propia Audiencia Nacional en los casos relativos a Argentina y Chile, entre otros.

La sentencia abordó la cuestión previa, aún sin resolver, de la interpretación de la ley española a la luz de las normas internacionales. Como tal, supuso una distorsión del proceso penal que debería haberse ocupado exclusivamente de establecer la culpabilidad o inocencia en función de los argumentos en juego. Sin embargo, y aunque la decisión fue de absolución, el propio contenido de esta y todo el proceso generaron unos efectos irreparables que, concatenados a los de los otros dos procesos, tuvieron consecuencias devastadoras en mi profesión de juez. No ha habido la más mínima medida de reconocimiento del error al someterme a una imputación por delito claramente inexistente, ni de los riesgos inherentes en tales procesos para la independencia judicial y el principio de libertad de interpretación que rige en nuestro derecho. En ningún momento se sugirió a lo largo de la sentencia que el proceso no debería haberse llevado a cabo. Ni se señaló que tales procesos no deberían ser iniciados en el futuro, ni se han mitigado, en forma alguna, sus efectos.

Por el contrario, la decisión del Tribunal Supremo fue utilizada como un mecanismo para realizar una valoración crítica respecto a la interpretación de la ley que yo había realizado y para cerrar definitivamente cualquier posibilidad para las víctimas de iniciar proceso alguno de esta índole, con lo cual se certificó y consumó la impunidad más rampante.

La pervivencia de la herencia franquista se manifestó en la operación de descrédito y ataque contra Baltasar Garzón. A este hecho y a la conocida frase con la que el dictador proclamó que lo dejaba todo «atado y bien atado», hace referencia esta viñeta de Peridis. Gonzalo Martínez Fresneda, el abogado que defendió a Garzón en el juicio a que fue sometido por investigar las desapariciones de miles de personas durante el franquismo, solía decir que en Europa la derecha había evolucionado hasta ser antifascista o antinazi, mientras que en España sigue siendo innegablemente franquista. A pesar de ello, Garzón no dudó en acabar con la tranquilidad de los continuadores del régimen y la de las instituciones que lo apoyaron.

Por lo demás, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de decidir en instancia única si yo lo había hecho bien o no y de criticarme y confrontar una interpretación diferente a la mía, sin posibilidad de contradicción alguna, al no existir una segunda instancia en la que esa confrontación se hubiera podido llevar a cabo.

El voto particular de Maza Martín

La opinión disidente del juez José Manuel Maza Martín fue más allá y me condenó usando términos enérgicos que hacían referencia a la «aplicación gravemente incorrecta de la ley», la «grandilocuencia» del acusado y sus supuestos «designios personales». El magistrado estimó que mi punto de vista en materias como la no aplicabilidad de las normas que regulan la prescripción, la amnistía y la irretroactividad respecto a ciertos delitos no eran «objetivamente justificables». Maza Martín consideró irrelevante en su valoración que mis decisiones hubieran buscado la justicia para las víctimas o fuesen coherentes con el derecho internacional, concluyendo que «si algún día llegase a haber un caso de prevaricación», sería este.

Esta virulenta opinión pone de manifiesto el grado de agresividad de quien debería demostrar ecuanimidad y prudencia, al tiempo que manifestaba el sectarismo ideológico de este magistrado que, por sí mismo, debería haberle llevado a la abstención. Y evidencia el nivel de vulnerabilidad de los jueces frente a estos criterios del más alto Tribunal.

Con esta sentencia del Tribunal Supremo y el auto de 28 de marzo de 2012, resolviendo la cuestión de competencia suscitada entre el Juzgado Central 5 y los juzgados de Granada y San Lorenzo de El Escorial, se cerró toda posibilidad de reclamar judicialmente verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas del franquismo, y con ello se impidió su derecho fundamental de acceso a la justicia, dejándolas en absoluta indefensión en el ámbito del derecho interno.

Desde entonces, habida cuenta del cierre judicial producido tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Garzón, las víctimas han activado diversas instancias internacionales en organismos de derechos humanos, grupos de trabajo de ONU, relatores, comités que han emitido informes contundentes en los que se condena la impunidad existente en España.

La respuesta internacional

Este proceso generó una indignación generalizada, así como críticas e inquietud antes, durante y después del juicio. Las críticas no se limitaron al posible impacto de una condena en el caso, sino al hecho mismo de que este se hubiera iniciado. Las declaraciones de diversas entidades internacionales de prestigio, como la ONU —a través de su alto comisionado para los Derechos Humanos, el relator especial para la independencia de jueces y abogados y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias—, entre otras, pusieron de manifiesto la incompatibilidad de juzgar a un juez por sus decisiones judiciales acordes con las obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados, la obligación de investigar y la independencia del poder judicial.

En este sentido, el 8 de febrero de 2012, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, y cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron su preocupación por las consecuencias de mi enjuiciamiento:

Para afianzar el Estado de derecho se necesita un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos. En el marco del respeto total a la independencia y la autonomía del poder judicial, supuestos errores en decisiones judiciales no deberían ser una razón para cesar a un juez y, aún menos, para incoar una acción judicial. […] La autonomía en la interpretación del derecho es un elemento fundamental del estatuto judicial y para el progreso de los derechos humanos.

Las declaraciones destacaban que estaba siendo procesado por «abrir una investigación que estaba dentro del ámbito de las obligaciones de España para investigar violaciones de derechos humanos, conforme con los principios generales del derecho internacional».

De manera similar, dos días más tarde la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos expresó su inquietud sobre el caso, subrayando que «los jueces no deberían ser objeto de enjuiciamientos criminales por hacer su trabajo». Y añadió: «España tiene la obligación, de conformidad con el derecho internacional, de investigar cualquier violación grave en el pasado en contra de los derechos humanos, incluyendo aquellas cometidas durante el régimen de Franco, y procesar y castigar a los responsables». Asimismo, invocó las recomendaciones hechas a España por este comité en 2009, en el sentido de que anulara la Ley de Amnistía y adoptase las medidas legales necesarias para garantizar que los tribunales nacionales reconocían la no aplicabilidad de la prescripción y cualquier otra excluyente de responsabilidad que impidiera la investigación de crímenes de lesa humanidad.

Múltiples organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos expresaron una gran inquietud. Fue el caso, por ejemplo, de más de ochenta ONG de derechos humanos en todo el mundo que, el 22 de febrero de 2012, contactaron por carta con las embajadas españolas en sus respectivos países para denunciar «la “criminalización” del juez Garzón por el caso del franquismo y también por el caso Gürtel, por el cual había sido condenado por prevaricación el 9 de febrero». Su carta destacaba «la grave violación contra la independencia judicial como consecuencia de los tres casos penales instruidos contra el juez» y que «la coincidencia temporal de los tres casos distintos contra Baltasar Garzón, así como el origen de las demandas, son una prueba de acoso judicial contra el juez». Y sostenía:

[…] es inaceptable y lamentable que en una democracia como la que tiene España, la independencia de la justicia pueda ser debilitada de esa manera, criminalizando a un juez que hizo uso de su independencia, entre otras cosas, para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales.

Varios organismos internacionales han mostrado también su desazón por que la Ley de Amnistía, las decisiones del Supremo y la falta de pronunciamiento del Tribunal Constitucional hubieran ayudado a perpetuar la impunidad existente respecto a los crímenes del franquismo.

De ese modo, tras su visita a España en septiembre de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias afirmó su especial preocupación por el efecto de mi juicio, la sentencia del Tribunal Supremo y su decisión en materia de competencia de los Juzgados. Estos hechos han significado en la práctica el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Después de las decisiones del Supremo, prácticamente ningún juez ha iniciado, continuado o profundizado, ni ningún fiscal ha impulsado, investigación alguna sobre las desapariciones forzadas durante uno de los periodos más negros de nuestra historia reciente.

De igual manera, tras su visita a España en 2014 el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, mostró su preocupación por la existencia de obstáculos que impiden el acceso de las víctimas a la justicia. Al respecto, De Greiff precisó:

[…] observo un excesivo formalismo en la interpretación del derecho que cohíbe toda reflexión sobre posibles alternativas para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Sin embargo, en otro tipo de casos, España supo atender las consideraciones relevantes, sin vulnerar el principio de legalidad, como en los casos Scilingo y Pinochet, donde los tribunales españoles desplegaron destreza jurídica en favor de los derechos de las víctimas […].

El relator especial destacó que no había impedimentos en el sistema judicial español para revisar o anular las disposiciones de la Ley 46/1977, de Amnistía, que fueran incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. De hecho, el Tribunal Constitucional sería la institución idónea para debatir y pronunciarse sobre la interpretación de esa ley a la luz de las normas y obligaciones internacionales de derechos humanos.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), del que España es parte, examinó en 2013 la situación de nuestro país. Este organismo internacional, dependiente de Naciones Unidas y en cuyas sesiones tuve la ocasión de representar a las organizaciones de derechos humanos, llamó la atención a España por la falta de cumplimiento de las obligaciones de la Convención para garantizar los derechos de las víctimas a una investigación efectiva.

Finalmente, en sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó en 2015 su preocupación por la posición del Estado español al mantener vigente una Ley de Amnistía que impide la investigación de las violaciones del pasado.

Epílogo

Este juicio contra mí por haber abierto una causa a quienes cometieron crímenes contra la humanidad durante el franquismo ha sido el único celebrado en España. Por alucinante y paradójico que parezca, no ha habido otro. Y, desgraciadamente, es muy probable que sea el único. En su propia existencia estará por siempre la vergüenza de nuestra Justicia. No por el hecho de haberme enjuiciado, sino porque jamás se haya juzgado a los responsables de los crímenes cometidos contra miles de víctimas y, por tanto, nada se haya hecho por repararlas desde el poder judicial. La impunidad, en este caso, tiene claros responsables.

Gürtel: Se abre la caja de los truenos

La investigación que daría origen a la incoación de la causa conocida como Operación Gürtel («correa» en alemán) se inició el 6 de noviembre de 2007 como consecuencia de una denuncia presentada ante la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y más tarde en la Fiscalía Anticorrupción. Esas primeras denuncias se referían a presuntos delitos cometidos desde 2003 por Francisco Correa Sánchez a través de un complejo entramado, mediante el cual obtenía beneficios que salían de España y posteriormente volvían a entrar tras su paso por diversas sociedades en el exterior.

Esta investigación de la Fiscalía desembocó, el 4 de agosto de 2008, en una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Francisco Correa y varios de sus colaboradores, entre los que figuraban Pablo Crespo Sabarís, Ramón Blanco, Luis de Miguel Pérez —abogado y administrador de otras sociedades— y José Luis Ulibarri Cormenzana, presidente de la constructora UFC. Asimismo, la Fiscalía enumeraba varias sociedades sobre las que Correa tenía capacidad decisoria real.

LAS EMPRESAS DE LA GÜRTEL

La red de empresas de los detenidos era impresionante: Special Events, la más famosa, y su filial Orange Market, Ekobaby (comercio de frutas), Formación Comunicación y Servicios, Pasadena Viajes, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor), Welldone 2002, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias), Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos), Uno Más Cuatro Comunicación, Good and Better, Easy Concept, Catalunya Nord Record…

En su denuncia la Fiscalía afirmaba que unas sociedades eran instrumentalizadas para actos de publicidad, congresos, etcétera, por parte de las administraciones públicas, con vulneración del principio de concurrencia en su contratación; otras eran utilizadas para cubrir salidas de fondos de esas mismas administraciones, bajo la apariencia de facturas por prestaciones de servicios; en otros casos servían como intermediarias para la obtención de facturas irregulares, simulando una salida de fondos cuyo destino eran otros países, normalmente paraísos fiscales; o bien eran usadas para enviar los fondos fuera de España, o para adquirir patrimonio en nuestro país con un capital proveniente del exterior que se reintroducía sin tributación alguna.

A lo largo de esta primera fase de la instrucción, se practicaron una serie de diligencias en el extranjero y la toma de declaración del denunciante y de otros testigos, así como otras actuaciones necesarias para comenzar a perfilar el objeto de la investigación respecto a Correa y a las diversas actividades delictivas que se le imputaban.

Los datos, según consta en la investigación realizada por la UDEF, comenzaron a acumularse. Correa usaba el móvil de su chófer como teléfono de seguridad para comunicarse con personas del Partido Popular que ocupaban cargos institucionales, tales como los alcaldes de Boadilla y de Majadahonda y el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Las vigilancias constataron la relación fluida de estos con otros miembros de la organización, como Pablo Crespo —quien en ausencia de Correa asumía la dirección de las empresas—, José Luis Izquierdo López —que gestionaba la disposición de fondos— o Ramón Blanco Balín. A medida que las indagaciones avanzaban, irían apareciendo en escena otras personas con diferentes responsabilidades en el entramado, como Jacobo Gordon Levenfeld o Álvaro Pérez Alonso, conocido como el Bigotes y responsable de la empresa valenciana Orange Market, especializada en la organización de eventos. Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que Correa, pese a tener un nivel de vida alto, con diversas propiedades inmobiliarias e incluso servicio doméstico en todas ellas, «no tenía dinero en los bancos». Igualmente se detectó la existencia de una mansión en construcción en Ibiza que se encontraba a nombre de la sociedad Osiris Patrimonial S. A., cuyo administrador único era Blanco Balín, así como diversos intereses en el extranjero.

El denunciante

José Luis Peñas Domingo, edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Majadahonda entre 2003 y 2005, llevó a cabo una exhaustiva investigación durante bastantes meses y aportó elementos suficientes para que la Policía pudiese establecer una serie de hipótesis de trabajo que se convertirían en realidad, si bien están pendientes de juicio.33 Aparecieron numerosos datos que incriminaban a Felisa Isabel Jordán Goncet, José Javier Nombela Olmo y Alberto López Viejo. En apariencia, este último —por aquel entonces, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid— siempre se llevaba una parte. Además, se detectaba la relación estrecha de las empresas de Correa con un destacado nombre del Partido Popular, Luis Bárcenas Gutiérrez, tesorero de esta formación política y senador por Cantabria.

Respecto a esta relación era muy elocuente lo que Francisco Correa afirmaba en una de las conversaciones interceptadas. Decía que se había reunido con Bárcenas para comentarle que tenía problemas a la hora de cobrar unos servicios prestados por sus empresas al PP. Incluso llegaba a asegurar que había entregado a Bárcenas mil millones de pesetas (unos seis millones de euros), dinero que el propio Correa habría hecho llegar al domicilio del tesorero y a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Afirmaba que ese dinero procedía de las comisiones por adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento cuando otro importante miembro del PP, Francisco Álvarez Cascos, estaba al frente de aquel.

Correa señalaba también que sabía que Bárcenas había sacado el dinero de España y lo tenía en un paraíso fiscal. Y que el tesorero del PP le había recordado que, como Correa le había dado un vehículo de alta gama a Jesús Sepúlveda Recio, alcalde de Pozuelo de Alarcón, este debía corresponderle con la adjudicación de alguna obra en esa localidad madrileña. También destacaba la relación de Correa con Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita, que había sido concejal de Boadilla del Monte y posteriormente director general de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

Durante varios meses se siguieron sucediendo las intervenciones telefónicas y las vigilancias. En ese periodo apareció la figura de Antoine Sánchez, a quien en un principio se identificó como primo de Correa y al que este quería involucrar de alguna forma sin concretar en sus negocios. Se habían detectado varias conversaciones en las que se le relacionaba con una operación inmobiliaria en Cartagena de Indias (Colombia) y se mencionaba que su primo también iba a ofrecerle la participación en diversos negocios. Por otras conversaciones intervenidas, se llegó a la conclusión de que la organización quería utilizarlo para desvincular a Correa de Blanco Balín, ya sometido a investigación. Este último, según algunas conversaciones analizadas, participaba activamente en el cobro de comisiones, por ejemplo, en Boadilla.

La UDEF

Si ha existido un mecanismo eficaz en los últimos tiempos para desentrañar las tramas de corrupción en España, ha sido la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, la UDEF. En este caso, resultó esencial desde el comienzo. Y una de las razones fue el nivel de preparación técnica de sus componentes, realmente excepcional.

En esta línea, la UDEF iba perfilando igualmente las funciones de los integrantes de la organización. Así, las de Pablo Crespo eran muy relevantes dentro de la trama, ya que, según los informes policiales, realizaba las funciones de valoración de los proyectos empresariales, el control de las operaciones inmobiliarias y gestionaba directamente el patrimonio de Correa, reportándole a este todas las cuestiones e incluso representándole. Además, lo situaban al frente del control de las transferencias internacionales y permitieron saber que ordenaba el libramiento de fondos y la entrega de determinadas cantidades a algunas personas. Todo esto lo colocaba en el segundo lugar dentro del organigrama de la trama, lo que coincidía con la versión que había prestado José Luis Peñas.

En otro escalón situaban a Pablo Collado Sierra, responsable de los negocios en Madrid, a través de la empresa Easy Concept, y a Álvaro Pérez Alonso, sobre quien hacían recaer la responsabilidad de los negocios en Valencia, a través de Orange Market, y al que situaban en una posición muy próxima a los responsables públicos de esa comunidad autónoma. Finalmente apuntaban a dos empleados de gran cualificación como responsables de la gestión financiera, José Luis Izquierdo López y Cándido Herrero Martínez. También situaban en ese nivel de cualificación a María Victoria Romero Párraga, en su calidad de responsable de Pasadena Viajes.

En lo que se refiere a Jacobo Gordon Levenfeld, la policía le señalaba como administrador de sociedades que en realidad eran propiedad de Francisco Correa, constatándose como este le había entregado cantidades de dinero para realizar operaciones inversoras, entre ellas el denominado Parque Logístico de Montalbo.

Eran frecuentes las conversaciones en que se constataba cómo se valían de regalos o dádivas a responsables políticos o funcionarios públicos para intentar los objetivos inmobiliarios. Baste como ejemplo las obras del chalé que Correa se estaba construyendo en Ibiza, sobre las que se cuestionaba incluso la posibilidad de regalar un reloj Rolex o un sobre con seis mil euros al aparejador municipal para que diese el visto bueno e indicara que la construcción se hallaba dentro de la legalidad. Y también los intentos de la trama para frenar informaciones en la prensa relacionadas con irregularidades en las adjudicaciones de obras o acerca de las cuentas de defraudadores en un trust domiciliado en Liechtenstein.

Se estaba investigando la participación del despacho de Blanco Balín en la inversión de muchos ciudadanos españoles. Lógicamente, en esa documentación existían muchos datos que relacionaban a Blanco con las empresas de Correa. En su calidad de abogados expertos en finanzas, Luis de Miguel Pérez y Blanco Balín se habían constituido —lo que coincidía con lo declarado por el testigo José Luis Peñas— como los responsables de la ocultación a la Hacienda pública de las ganancias derivadas de las actividades del grupo. Lo hacían diseñando las estructuras de blanqueo necesarias para tal fin mediante la creación de sociedades administradas por terceras personas, la realización de movimientos de fondos con territorios no cooperantes y la utilización de testaferros y sociedades instrumentales. Así dotaban de opacidad a las operaciones económicas y financieras que habían permitido a Francisco Correa construir un conglomerado empresarial en España y en el exterior con el que había logrado desvincular de sí mismo el origen de los fondos obtenidos de forma irregular en nuestro país.

Las preocupaciones de los investigados

Las investigaciones sobre Blanco Balín preocupaban a la organización, temerosa de que antes o después lo relacionarían con Correa, como efectivamente ocurrió. Se unió a la causa una parte de la investigación que, en su día, se había llevado contra el abogado Luis de Miguel, relacionado con el bufete panameño Morgan & Morgan y con dos entidades bancarias, BBV Privanza Bank (Jersey) Ltd. y MMG Bank and Trust Ltd., domiciliadas en las Islas del Canal. En esta investigación se constató que habían creado una estructura para ocultar la identidad del propietario real de una serie de capitales investigados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), y que aquella estaba integrada por una serie de sociedades off shore domiciliadas en paraísos fiscales o territorios con regímenes fiscales opacos…

Por el contenido de algunas de las llamadas interceptadas podía observarse que la preocupación de Correa iba en aumento ante las filtraciones y relaciones que se iban estableciendo en su entorno. Comenzó a utilizar y a disponer de Antoine Sánchez como titular de las acciones al portador de las sociedades off shore, de modo que este fuese considerado su propietario y Correa quedase en la sombra.

Igualmente se encontraban claramente preocupados por un asunto que se tramitaba en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y que afectaba al Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Todas estas investigaciones que empezaban a tocarle de cerca hicieron que Correa optase por salir de España y refugiarse en Panamá y Colombia. Llegó incluso a obtener la residencia panameña, para lo cual contó con la ayuda del abogado Manuel Delgado Solís, que también estaba colaborando en desvincularlo de la investigación sobre Blanco Balín —a cargo del Central de Instrucción número 1— con la posibilidad de colocar a Antoine Sánchez como administrador y máximo accionista de las sociedades.

La UDEF había establecido que la organización estaba manteniendo una estrategia de ocultación de sus actuaciones y lo fundamentaba en la utilización de un piso de seguridad situado en la calle General Martínez Campos de Madrid; el empleo de personas interpuestas para que aparecieran como titulares no ya de las sociedades y empresas de Francisco Correa, sino de los bienes más diversos (Andrés Bernabé Nieto, para los vehículos; Antonio Herrero González, para los teléfonos móviles; y Carmen Luis Cerezo, para las cajas de seguridad); y la creación de empresas ad hoc para dar cobertura, como, por ejemplo, Pasadena Viajes, en los desplazamientos de aquellas personas relacionadas con la trama.

Gracias a su eficaz trabajo, la UDEF logró descubrir cómo realizaban el movimiento de capitales. Correa y sus colaboradores utilizaban diversos canales, como transferencias internacionales a través de terceros países, entre ellos Portugal, o de plataformas online, al igual que desvinculaban el origen de los fondos utilizando cuentas bancarias de terceros para remitir el dinero y dirigirlo a destinatarios no relacionados directamente con las personas de la organización.

Se acreditaron otra serie de cuestiones importantes: la intención de la organización de Correa de conseguir que el festival de los Grammy latinos se celebrase en Valencia a través de Orange Market; la participación habitual, en las operaciones de envío de dinero al exterior, de Arturo Gianfranco Fasana, al que apodaban Fafa y a quien daban instrucciones para que liberase los fondos desde Suiza; y también la consolidación de la figura de Antoine Sánchez como sustituto de Correa en sus empresas.

Aparece la vertiente política

Un apartado que se analizaba exhaustivamente en estos informes era el estudio de las relaciones políticas de la trama. En este sentido se pudo constatar la capacidad de influencia que Orange Market tenía, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, concretamente a través del vicepresidente Vicente Rambla.

En cuanto a la relación con la política, la unidad policial daba cuenta de varias conversaciones, sobre todo de Álvaro Pérez, en que este se refería a reuniones y cenas que había compartido con Francisco Camps —presidente de la Generalitat Valenciana— y con el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, o bien afirmaba que había hablado con Vicente Rambla para el cobro de unas facturas. La UDEF también conoció diversas charlas de Álvaro Pérez con David Serra Cervera, vicesecretario del PP valenciano, relacionadas con ese cobro. De hecho, la influencia de Pérez en los políticos de la Comunidad Valenciana llegaba al más alto nivel, según la unidad policial, y la introducción de las empresas de la trama en las administraciones públicas era también muy profunda.

Los miembros de la Gürtel estaban más nerviosos a medida que avanzaba la investigación y, de forma persistente, intentaban conocer a través de quien se hacía pasar por juez sin serlo, Juan Pérez Mora, si sus teléfonos estaban intervenidos y si había algún procedimiento judicial en marcha. En ese momento entraron en escena dos abogados, Manuel Delgado Solís y un tal Pepechu, que resultó ser José Antonio López Rubal.

Aunque los casos de las fosas franquistas y de la corrupción de la trama Gürtel no tenían la menor relación entre sí aparentemente, las investigaciones iniciadas por Garzón incomodaron a ciertos sectores que se veían amenazados por ambas, lo que demostraba que la herencia del pasado menos deseable aún seguía viva y manejaba los hilos en algunas parcelas de la sociedad española, especialmente en determinados círculos políticos. Garzón, que había perseguido a ETA, a los capos del narcotráfico gallego y al dictador chileno Augusto Pinochet, pagó caro sus esfuerzos para acabar con la red de empresarios y políticos corruptos que formaban la trama Gürtel y proteger a las víctimas del régimen dictatorial dirigido por Francisco Franco.

La empresa criminal

La investigación, a esas alturas, había confirmado que se trataba de un entramado empresarial con una dirección única en la persona de Francisco Correa o a través de su hombre de confianza, Pablo Crespo, y que existían cuatro tipos principales de sociedades: captadoras de negocio, principalmente dedicadas a la organización de actos; de inversión especulativa, tendentes a la realización de operaciones inmobiliarias; sociedades patrimoniales, dedicadas a la adquisición y administración del patrimonio personal; y por último, sociedades de gestión, que daban servicio al resto del grupo dedicándose a la preparación de viajes, servicios de gestoría, etcétera. En este entramado empresarial, con una estrategia coordinada y jerarquizada, existía un férreo control financiero con la existencia de una facturación interna que se realizaba ad hoc para justificar partidas de ingresos y gastos que no se correspondían con transacciones reales.

Es decir, se perfilaba una estructura de blanqueo con la desvinculación teórica de Francisco Correa, aunque este la controlaba estrechamente mediante testaferros y sociedades interpuestas, y la realización de operaciones económicas a través de paraísos fiscales o territorios poco cooperantes. Igualmente existían movimientos de fondos procedentes de la organización en el exterior. Se habían diseñado estructuras aptas para el blanqueo mediante la actuación de despachos de abogados, como los de Luis de Miguel Pérez y, posteriormente, Blanco Balín, que impedían conocer el beneficiario final de las operaciones, y aquellas contaban con la colaboración incluso de empleados de entidades financieras para facilitar la ocultación de los fondos, como Arturo Gianfranco Fasana (un nombre que, mientras escribo estas líneas, vuelve a sonar, ahora con relación a los llamados papeles de Panamá).

La fuente de ingresos que alimentaba a la Gürtel estaba principalmente constituida por la adjudicación de contratos públicos por parte de las administraciones públicas, así como por la organización de actos, ferias y otros servicios promocionales. Igualmente obtenían importantes beneficios en el sector de la construcción presentando empresas a los concursos de adjudicación que habían negociado previamente, dando una apariencia de normalidad con la concurrencia de otros competidores, cuya oferta ya sabían de antemano que iba a ser rechazada.

Existía una actividad inversora concretada básicamente en el sector inmobiliario, con proyectos tanto en España como en el extranjero (Estados Unidos, Panamá, Colombia), y en la adquisición de embarcaciones y vehículos de gama alta. La UDEF, a la vista de los indicios existentes, me propuso una extensa batería de diligencias, que incluían la detención de los principales implicados, la adopción de medidas preventivas para asegurar los bienes que se les atribuían y la obtención de pruebas y documentación que pudiesen sostener los extremos denunciados. La amplia lista de mandamientos de entrada y registro en domicilios y de anotación de bienes muebles e inmuebles de la organización también incluía uno dirigido a los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como a los despachos de abogados de Manuel Delgado Solís (Palacio & Asociados) y Luis de Miguel Pérez (De Miguel & Abogados).

Detenciones

Con todos estos indicios encima de la mesa, el 6 de febrero de 2009 la operación quedó perfilada y dispuesta ante la certeza de que el cabecilla podía ponerse fuera del alcance de la acción de la justicia. Una vez iniciada, se procedió a la detención de los principales responsables bajo la imputación de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

El impacto de las detenciones fue muy grande y aumentaba a medida que iban apareciendo los nombres de algunos políticos implicados en la trama: Arturo González Panero, Guillermo Ortega Alonso y Alberto López Viejo, entre otros. En esos días también fue detenido Álvaro Pérez y se dictó auto de imputación contra treinta y siete personas más. El Partido Popular reaccionó elevando una queja ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por las filtraciones aparecidas en la prensa, lo que obligó a abrir una pieza separada por esta causa tras el informe favorable de la propia Fiscalía.

En abril de 2010, tras el levantamiento del secreto sumarial, que permitió conocer el contenido de cincuenta mil folios del caso Gürtel, a Mariano Rajoy no le quedó más remedio que soportar el interminable chaparrón de escándalos que afectaban al Partido Popular. Tal postura, que el dibujante Peridis plasmó en esta viñeta, obligó al presidente del Gobierno a adoptar una llamativa dualidad. Por un lado, Rajoy anunciaba que sería inflexible con los responsables de los delitos que salían a la luz y, por otro, comparecía ante los medios de comunicación con varios dirigentes de su partido para afirmar que no había una trama corrupta del PP, sino una operación coordinada contra esta formación política.

En los días siguientes, incluso el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, compareció ante los medios de comunicación junto a otros dirigentes de esa formación política para atacarme y afirmar: «No hay una trama del PP; hay una trama contra el PP». De hecho, incluso la propia Comunidad de Madrid intentó personarse por la aparición en el diario El País de una información en la que Francisco Correa afirmaba que el consejero de Deportes madrileño, Alberto López Viejo, había cargado a aquella diversos gastos del Partido Popular.

Prisión provisional e incondicional

Tras prestar declaración, los detenidos pasaron al centro penitenciario correspondiente, en calidad de tales. En el marco de la comparecencia, para decidir sobre su situación, y a petición de la Fiscalía, se practicaron determinadas diligencias en un plazo que no superó las cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual y aportada la documentación requerida, el día 12 de febrero de 2009, resolví sobre la situación de los detenidos, decretando la prisión incondicional, comunicada y sin fianza de los tres máximos responsables de la organización criminal —Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, testaferro del primero— y la libertad de Álvaro Pérez.

Existían sólidos indicios de que, como expresaba en el auto, «los imputados establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades». Para obtener los contratos, utilizaban diversos medios:

[…] como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas […], a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas.

También existían indicios muy contrastados de defraudación fiscal, movimiento de dinero al extranjero y un entramado de sociedades para colocar dinero en territorios off shore, ayudándose incluso de facturas falsas para todo ello. Previamente habían quedado en libertad Isabel Jordán y María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa.

Días de urgencias y complejidades

En las jornadas posteriores hubo diversas incidencias, entre ellas la descalificación y «aniquilación» civil y social —por parte de los sectores cavernícolas de siempre, debidamente instrumentados por el encargado político de turno— de quienes habían decidido colaborar conmigo. Todos los indicios apuntaban a que la campaña estaba orquestada por Federico Trillo, muñidor de todas las «actividades» extraprocesales que rodearon al caso Gürtel en su primera fase. La caza contra mí, situado definitivamente en el punto de mira, estaba ya en pleno apogeo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso en marzo de 2010 a que Federico Trillo, exministro de Defensa, fuese imputado en la causa iniciada tras la muerte de sesenta y dos militares españoles a bordo del avión Yak-42 que se estrelló en Turquía siete años antes. Muchos consideraron que esta decisión era una burla a la Justicia y el dibujante Manel Fontdevila lo plasmó en esta viñeta. Baltasar Garzón siempre manifestó su convencimiento de que Trillo, al que algunos han llamado «el gran muñidor de la política judicial de la derecha», era el responsable de las maniobras extraprocesales contra él promovidas tras el estallido del caso Gürtel.

Uno de sus damnificados fue José Tomás García, a quien tratarían de destruir implacablemente a costa del vergonzoso episodio de los trajes que Orange Market facilitaba a diversos responsables de la Comunidad Valenciana. Entre estos últimos se incluía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Juzgado y absuelto del delito de cohecho del que se le acusaba por un jurado popular, Camps fue condenado políticamente sin paliativos, pero absuelto judicialmente. La sensación de corrupción política se ha ido acentuando con la aparición de nuevos casos. Quizá, si el juicio se hubiera celebrado ahora, la decisión podría haber sido diferente. Lo cierto es que los hechos acontecidos no se consideraron suficientemente graves para merecer una condena. Esto nos debería hacer reflexionar sobre la trascendencia que se le da a los casos de corrupción o relacionados con la corrupción y las decisiones políticas de los ciudadanos que no sancionan contundentemente estas conductas y se traducen en un aumento de votos referidos a las siglas de formaciones políticas contaminadas por estos u otros procesos judiciales semejantes.

Pero también son dignas de estudio algunas resoluciones judiciales, como el auto del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016 por el que se acordó el sobreseimiento y archivo de la causa contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y diputada del PP, María José García-Pelayo, en relación al caso Gürtel-Fitur. La decisión coincidió con el final de la legislatura y la consecuente pérdida del aforamiento. Del contenido y los razonamientos de este auto —que exculpa a aquella por el volumen de trabajo y la falta de control del Ayuntamiento de Jerez aunque reconoce que era una ciénaga de corrupción—, se desprende un olor diferente que el que destilaban los autos de admisión de la querella interpuesta por el exministro José Manuel Soria contra Victoria Rosell, jueza en servicios especiales y diputada por Podemos, en ese momento, o la resolución referida a tres miembros del PSOE relacionados con la Junta de Andalucía, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en los que la imputación se produjo, respectivamente, con la práctica ausencia de elementos de incriminación en el primer caso, pero que impidió la incorporación de la magistrada afectada a las listas electorales, por aplicación del código ético de Podemos, y la pérdida de aforamiento de los segundos y la continuación del procedimiento contra ellos en Andalucía.

Nunca olvidaré el momento en el que José Tomás declaraba ante mí y, mientras relataba como el presidente de la Generalitat Valenciana le había «perseguido» para que no dijera ni contara nada, mostró el teléfono donde estaban registradas las llamadas de aquel. En ese preciso momento entró una y en la pantalla pude ver el nombre de Francisco Camps. La sensación de ahogo y de vergüenza institucional fue impresionante y comprobé cómo, cuando el peso de todo un aparato se concentra contra una persona que se decide por la honestidad de acción, se la trata de destruir hasta el final.

El 13 de febrero, un día después de que Álvaro Pérez fuese puesto en libertad, el Partido Popular intentó personarse en la causa como perjudicado. Lo rechacé por entender que no existía perjuicio alguno para el partido, sino para las administraciones o instituciones a las que, en todo caso, habían pertenecido o pertenecían las personas afectadas. En el mismo escrito se solicitaba mi recusación, alegando una «enemistad manifiesta con esa formación política y tener un interés directo o indirecto en la causa», pero no se tramitó al no aceptar la personación solicitada y, por tanto, no tener legitimidad para resolver la recusación.

Desde luego, siguieron intentándolo. El TSJM admitió, en mayo de ese mismo año, la personación del Partido Popular como perjudicado, una decisión que Federico Trillo celebró públicamente como muy positiva. Poco duró la «alegría», ya que el juez Pablo Ruz la rechazó en 2013 una vez que la causa se devolvió al Juzgado Central de Instrucción número 5.

Problemas de salud

El 20 de febrero de 2009 tuve que ingresar en el servicio de Urgencias de la clínica Ruber de Madrid. Había iniciado la mañana tenso y cansado, un agotamiento acumulado después de demasiados días en los que había estado trabajando con la suspensión de los nuevos partidos del entorno de ETA, con la supuesta trama de corrupción de Francisco Correa y con las decenas de otros casos que ocupaban mi juzgado.

Traté de desahogar el agobio confesando a unos amigos que me sentía indefenso al no poder contestar los ataques que recibía de algunos medios. Estaba indignado por la presencia de una nube de periodistas en mi pueblo, en Torres, acosando a las personas más cercanas a mí con preguntas sobre la montería en la que había coincidido con el exministro Mariano Fernández Bermejo. Asustadas, me habían llamado desde Torres contándome que unos periodistas habían acudido allí fingiendo ser compradores de unas tierras de labor para así acercarse más fácilmente a mi familia y a mis amigos, con el fin de captar, sin confesar su condición de informadores, los chismes y rumores que pudieran sobre la montería.

El juez Juan Luis de la Rúa, presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que archivó la acusación contra Francisco Camps al considerar que el presidente de la Generalitat no había cometido un delito de cohecho pasivo al recibir regalos de la trama Gürtel, era amigo del procesado. En un acto público celebrado en septiembre de 2008, el presidente de la Generalitat afirmó que había que buscar en el diccionario, y así lo recordó Vergara en esta viñeta, otra palabra distinta a amistad que resumiese su relación personal con De la Rúa. Mientras que la coincidencia entre Baltasar Garzón y Fernández Bermejo en una cacería fue aprovechada para estrechar el cerco contra el juez y conseguir la dimisión del ministro, la «amistad» entre De la Rúa y Camps fue presentada como meramente «institucional».

La mañana de ese viernes fue pródiga en críticas públicas contra mi actuación que fueron sobrecargando mi tensión emocional y arterial. Me afané en acelerar las investigaciones para, llegado el momento, inhibirme hacia un tribunal superior como obliga la ley. Pero faltaba tomar declaración a varios imputados y aún no había recibido el informe que la policía de delitos económicos debía entregarme tras el análisis de los documentos incautados en los registros a los implicados, por lo que tenía que seguir trabajando.

A media mañana salí a tomar un café en la cafetería Época, donde coincidí con Dolores Delgado, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y algún compañero más. Mientras me lo tomaba, bromeé con ellos sobre su supuesto socialismo y no oculté mi malestar por la amenaza del Partido Popular de ponerme una querella si no me inhibía. «Si creen que estoy haciendo algo mal, que me denuncien ahora mismo, pero que no lo anuncien. ¡Si eso no es coacción, que baje Dios y lo vea!», dije levantando la voz, afónico aún por la todavía reciente operación de garganta. Cuando volvíamos hacia la sede de la Audiencia, fui literalmente asaltado por un cámara de televisión y un redactor que se me echaron encima. Agobiado, sentí que me faltaba el aire. Un fuerte dolor en el pecho y un mareo me hicieron temer lo peor y me llevaron a la clínica Ruber. El sábado 21 recibí el alta hospitalaria, pero con la orden médica de guardar reposo. El lunes 22 volví a la Audiencia, pero antes pasé por la clínica, donde me prescribieron la medicación que tendré que tomar el resto de mi vida.

Comienza la función

Las críticas por parte del PP, con el argumento espurio de la cacería, arreciaron hasta tal punto que la Comisión Permanente del CGPJ aprobó una resolución el 25 de febrero en la que demandaba que no se efectuaran declaraciones que pudieran «perturbar» la independencia de los jueces en sus investigaciones. La declaración institucional era genérica, pero estaba relacionada con las acusaciones, expresas y larvadas, que yo había recibido durante la instrucción de la trama de corrupción.

En la reunión estuvieron presentes el presidente, Carlos Dívar, y cuatro vocales: la supuestamente progresista Margarita Robles, la progresista Almudena Lastra y los conservadores Manuel Almenar y Antonio Dorado. El texto fue apoyado por todos ellos salvo Lastra. Esta última presentó un voto particular, pidiendo que se «modificase el último párrafo», se incluyera una referencia expresa a mi persona y se reprobara aún más cualquier testimonio contra la independencia judicial.

A pesar de todo, el Partido Popular cumplió su amenaza y presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra mí por prevaricación. Las razones que aducían eran que seguía instruyendo el caso sin inhibirme en favor de los tribunales competentes para juzgar aforados y no aceptaba la personación del PP. Pedían además hasta veinte años de inhabilitación. Lo cierto es que ya empezaban a verse sus intenciones. Por supuesto, volvían a mencionar la cacería.

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, era el ponente de la querella del PP. La Sala de Admisión estaba integrada por el presidente y los magistrados Joaquín Giménez y Francisco Monterde.

El Tribunal Supremo archivó esta denuncia en el mes de abril «por la falta de indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo». El escrito reprochaba al PP que la fuente de conocimiento de los hechos, los medios de comunicación, no era la más idónea para analizar con el rigor necesario «los indicios de hecho que se exponen como potencialmente susceptibles en su caso de constituir los delitos de prevaricación y revelación del secreto de sumario». Además, el Alto Tribunal indicaba que la decisión de no aceptar la personación del Partido Popular en la causa no constituía «un despropósito jurídico para construir el tipo objetivo del delito de prevaricación».

De igual forma, el 12 de marzo de 2009, el Partido Popular presentó una nueva denuncia ante el CGPJ por diversas causas. Entre ellas me atribuían la utilización del secreto sumarial, la notificación policial de resoluciones incriminatorias al presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, y el haber viajado al extranjero sin haber enviado previamente los autos de inhibición a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Esta última queja llegó justo cuando estaba redactando los autos para su envío a estas instancias judiciales, que los recibieron al día siguiente. El Consejo archivó la denuncia el 7 de abril siguiente y, dos semanas después, confirmó el archivo de la querella por los cursos de Nueva York remitida por el Tribunal Supremo.

El problema radicaba en que la Operación Gürtel había hecho aflorar una trama de corrupción que alcanzaba a varios aforados. En el fondo, el PP estaba siguiendo un guion parecido al de CiU en el caso de Banca Catalana o al del PSOE con Filesa. Diferentes ideologías y un mismo camino en estos asuntos que afectaban a una economía poco recomendable. Primera fase: todos a una defendiendo al partido y a los afiliados o responsables imputados. Segunda fase: todos a por el juez, al que se acusa de ser claramente parcial y al que hay que presionar para que abandone el caso.

Cuando esta manida estrategia no tiene éxito, se tiende a intentar lo que hizo el PP: presentar una querella por prevaricación contra el magistrado. En esta primera ocasión la formación conservadora no tuvo suerte. Debo decir que incluso mi antiguo amigo y entonces reciente enemigo Javier Gómez de Liaño criticó tal acción. La ley era clara sobre las inhibiciones, en el sentido de que los jueces están obligados a instruir la causa hasta que no se hubiera aceptado la competencia inhibida por la interesada, sin más opción que llamar a declarar al imputado aforado.

Inasequibles al desaliento, los populares ampliaron la querella por revelación de secretos. Lo hicieron porque yo desmentí que estuviera investigando entre los aforados a Esteban González Pons. Al no haber dicho lo mismo sobre Luis Bárcenas, dedujeron que de mis palabras se sobrentendía que estaba imputado. Mucho ruido con pocas nueces de fondo. Para completar el escenario, hubo otra situación poco recomendable: el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, me atacó por haber imputado a Francisco Camps, con quien aquel había sido conseller de Justicia en la Generalitat de Valencia. El Poder Judicial le obligó a pedirme disculpas. Así estaba el patio.

Si bien el Partido Popular tendría que haber estado ocupado en otros asuntos, como las inminentes elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarían el 7 de junio, estaba claro que no me iban a dar tregua. Por si albergaba dudas, bastaba con leer el editorial de El Mundo. Al parecer, el diario que dirigía Pedro J. Ramírez estaba preocupado sobremanera porque tomara declaración al sastre del presidente valenciano Camps, del mismo modo que se interesaba al detalle por las cuentas de la UNY, defenestraba mi forma de instruir y me llamaba «matón de barrio». Para rematar la faena, me achacaban unos fines muy curiosos:

Garzón ha aprovechado la investigación sobre la trama de corrupción en el PP para hacer daño a este partido y ganar méritos ante el PSOE. Anteayer, el partido de Rajoy volvió a presentar una segunda denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por la utilización del secreto sumarial y por haberse marchado al extranjero sin haber enviado los autos de inhibición. Mucho nos tememos que la denuncia va a ser archivada, como también lo será —así lo ha solicitado la Fiscalía— la querella por prevaricación ante el Supremo.

Que Garzón esté actuando de forma sectaria e instrumentalizando los trámites procesales no significa que haya cometido una prevaricación, que no es demostrable. Pero aunque el juez no pueda ser sancionado penalmente, el CGPJ tiene margen para castigarle por esa ocultación de ingresos para la que no existe justificación posible.34

¿Algo se estaba cocinando? Tenía la pinta de que sí y de que El Mundo en cualquier caso, como otros medios, no era ajeno a la receta. Ese «algo» dio la cara el 27 de mayo, cuando el Tribunal Supremo decidió admitir a trámite la querella por prevaricación presentada por el seudosindicato Manos Limpias. El Supremo citaba para ello el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que Javier Zaragoza se oponía a investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura y negaba que la Audiencia tuviera competencia para ello.

La contabilidad B

Ese mismo día de 2009, la UDEF puso a mi disposición judicial al contable José Luis Izquierdo López, que reconoció que llevaba una contabilidad B por orden de Pablo Crespo y que el dinero encontrado en su domicilio era de esa caja opaca, de la que, en ocasiones, cobraba alguna gratificación especial y cuya contabilidad había confeccionado en una hoja de Excel siguiendo instrucciones del mismo Crespo.

Con los datos acumulados y la documentación intervenida, así como con las declaraciones que había tomado, comenzaba a perfilar la importancia de los acontecimientos delictivos a los que nos enfrentábamos. Podía ver cómo iba emergiendo, casi con urgencia, la suciedad de las conductas de personas vinculadas en ese momento a la política activa. Por ello, acordé la imputación de otros implicados, como Andrés Bernabé Nieto —el chófer de Correa—, Ramón Blanco Balín, Jacobo Gordon Levenfeld y Cándido Herrero Martínez.

La Fiscalía Anticorrupción, a través de sus dos representantes adscritas a la investigación, Concha Sabadell y Myriam Segura, solicitó expresamente la inhibición al TSJM el 18 de febrero, al existir indicios de delito contra los aforados, como diputados de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Recabaron igualmente la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia respecto del presidente Camps.

Jaén, 7 y 8 de febrero

Cualquier periodista bien informado y bien intencionado que escriba sobre tribunales debería saber que, en España, el ministro de Justicia (dicho sea con el máximo respeto) no pinta nada en el ámbito de la actuación judicial, al menos desde la judicatura. A efectos gubernativos, los jueces dependemos del CGPJ, un órgano autónomo e independiente de la estructura del Ejecutivo, y jurisdiccionalmente lo hacemos del Tribunal Superior o Audiencia que nos corresponde y del Tribunal Supremo. También debería saber (y estoy seguro de que, salvo torpeza voluntaria, todos lo saben) que, una vez que se realiza una operación judicial con detenciones e incautación de documentos, entradas y registros, y bloqueos de cuentas y otras disposiciones, el riesgo es que esta se filtre y perjudique antes, no que se conozca después cuando ya están detenidos los presuntos responsables e incautado todo el material.

Comienzan a ser de nuevo peligrosas las filtraciones que se pueden producir cuando se «pasan» datos y documentos de forma interesada a los medios afines a quien los entrega. En una sociedad democrática se juega con esas limitaciones y se respeta el secreto profesional, aunque las publicaciones perjudiquen o puedan perjudicar gravemente una investigación judicial. Pero, desde luego, sería absurdo que el propio juez perjudicase su trabajo, cuando sabe que del secreto y su sigilo depende el éxito de la actuación, pero también que no lo despellejen a través de los medios quienes estén interesados en ello, lo que suele ocurrir por las más diversas razones.

Algo así sucedió en este caso. Aprovechando la coincidencia con Mariano Fernández Bermejo y medio centenar de personas más en dos jornadas cinegéticas en Jaén, se montó una operación de acoso y derribo político que acabó con la dimisión del ministro y con un ataque brutal, con pretensiones de demolición, contra mí. Todo estuvo comandado, de nuevo, por los «amigos» y más «éticos comunicadores» de la tierra patria, como Pedro José Ramírez o Federico Jiménez Losantos, entre otros ilustres personajes del mundo de la comunicación. Y auspiciado por una escandalosa comparecencia, el día 10 de febrero, de toda la cúpula del Partido Popular que quedará para la historia como el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer frente a una investigación judicial.

Aprovechando la coyuntura, el 12 de febrero el exministro con Aznar y diputado popular Federico Trillo había anunciado en el Congreso que el PP dejaba en suspenso la vigencia del Pacto sobre la Justicia «mientras Mariano Fernández Bermejo siga al frente del Ministerio». Al PP le vino al pelo esta situación para romper con un acuerdo que no le resultaba cómodo, si bien le había servido para realizar un primer recorte a la Ley de Jurisdicción Universal. Trillo había sido nombrado coordinador de las acciones «anti-Garzón», y así lo dijo públicamente con total cinismo.

Los medios recogieron de este modo las palabras de Trillo: «No podemos seguir en el Pacto sobre la Justicia por el mismo sentido de la responsabilidad que nos llevó a firmarlo. ¿Se imaginan lo que pensarán los ciudadanos que tienen algún asunto en trámite?», apostillaba. Y, como colofón, utilizó términos cinegéticos para dirigirse a Fernández Bermejo: «Da la impresión de que alguno de ustedes señala, afina, y que el otro —y aquí Trillo se refería a mí— dispara».

Trabajar en un ambiente como el que se desató contra mí, con noticias a cual más escandalosa y manipulada, y en el que se invadió nuevamente mi vida personal y familiar, como ya ocurriera en los años noventa cuando investigaba el narcotráfico, los GAL o los crímenes internacionales, no resulta cómodo. Y aún menos si constatas que el interés no es informar, sino acabar con quien está profundizando en la trama de corrupción más obscena que, hasta ese momento, se había descubierto en España. Nada tenía que ver lo que se informaba sobre el juez con lo que se investigaba. Se trataba de desgastarme para acabar conmigo y, de ese modo, también con la investigación iniciada. Así de claro y contundente. De aquellas informaciones, ¿qué quedó? ¿Qué consecuencias se derivaron de tanta falsedad? De forma similar a la manipulación que casi los mismos actores llevaban a cabo desde hacía años, con los atentados del 11-M, y continuarían hasta 2014 (algunos aún siguen en ello), tan solo quedó la suciedad que pretendieron expandir y que apenas les rebotó posteriormente. No todo vale, y hay que ponerlo de manifiesto y recordarlo en un país en el que la pérdida de la memoria es una característica demasiado extendida en determinados ámbitos sociales, políticos o económicos.

Primeras consecuencias políticas

El mismo día 19 de febrero se hizo pública la noticia de los trajes regalados al presidente Camps, quien compareció públicamente para desmentir por completo las acusaciones y defender sus «años de vida pública al servicio del interés general». Al día siguiente, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cesó a José Javier Nombela como asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa, que también estaba imputado. Igualmente fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, Guillermo Pariente. Nombela, que había pertenecido a las Nuevas Generaciones del PP, presentó una nueva solicitud de recusación contra mí, por entender que quince años antes había tenido relación con el PSOE. Esta recusación no fue admitida a trámite por adolecer de varios defectos formales.

Días después, dicté un auto en el que se relacionaba con la investigación a dos miembros del PP: el eurodiputado Gerardo Galeote y el senador y tesorero Luis Bárcenas. Sobre el primero existían indicios de haber percibido de la trama una cantidad cercana a los seiscientos cincuenta mil euros, mientras que el segundo habría recibido una cantidad superior a un millón trescientos mil euros.

Inhibición

El 5 de marzo dicté el auto de inhibición y cedí la instrucción de la causa a los Tribunales Superiores de Valencia y Madrid. En el auto amplié las imputaciones a otros seis miembros del Partido Popular: Francisco Camps, Ricardo Costa, Alberto López Viejo, Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda Recio y Ginés López Rodríguez. Esto hizo que al día siguiente dimitieran los dos últimos y también el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, Tomás Martín Morales, quien presentó su dimisión a petición del alcalde de esta localidad, Juan Siguero, tras conocerse su imputación.

Las inhibiciones fueron aceptadas por ambos tribunales y, a partir del 31 de marzo, perdí la competencia del caso Gürtel. El devenir posterior es conocido a través de los medios de comunicación y las resoluciones judiciales. La aparición de los denominados papeles de Bárcenas fue un punto de inflexión. La valentía de personas como el abogado Jorge Trías Sagnier lo hizo posible. No obstante, estoy convencido de que todavía quedan zonas bastante oscuras en torno a lo acontecido con esos documentos, con la desaparición de otros, con el borrado de los discos duros de los ordenadores en los que aparecían los datos contables… Y con la participación de otros actores dentro de la estructura del PP, con la actuación muñidora de personajes como el entonces diputado Federico Trillo, con los contactos e intentos de manipulación del juez y del tribunal cuando el caso estaba en el TSJM, con las imputaciones ascendentes de que toda la gestión era controlada por la dirección nacional, con las relaciones de varios de los afectados con el ámbito judicial, con los ataques insistentes contra todos aquellos que participamos en la investigación, con el contenido de todas las cuentas que aparecieron en las entidades bancarias de Suiza…

En fin, demasiados temas como para que se dé solución a todos. Me temo que, de nuevo, el tiempo, las dilaciones, las dificultades de la investigación o una oportuna teoría hecha a la medida sobre determinadas actuaciones judiciales puedan acabar con la posibilidad de que respondan judicialmente quienes actuaron de manera ilícita y con responsabilidad penal. La reproducción del caso Naseiro —también relacionado con las sospechas de corrupción en la financiación del PP— conduciría a tal descrédito de la Justicia que sería muy difícil que nos recuperásemos como pueblo.

El proceso contra mí

Ya he relatado que, el 25 de febrero de 2010, el buen magistrado José Antonio Martín Pallín me comunicó la admisión a trámite de la querella presentada por el letrado Ignacio Peláez, en defensa de los intereses del imputado José Luis Ulibarri, a la que se habían unido también los letrados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez Mourullo en representación de sus clientes, Correa y Crespo, máximos responsables de la organización criminal que se investigaba.

Las coincidencias no existen. Todo guarda una correlación, una secuencia sigue a la otra, y la concatenación de hechos finalmente produce un resultado que, en mi caso, se estaba fraguando desde hacía tiempo y cuyos perfiles se iban definiendo en función de los acontecimientos, en muchos casos controlados o calculados. Había que aquilatar todos los elementos para que la actuación iniciada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuajara. Nada quedó al azar; nada fue casualidad. Los diferentes actores desarrollaron su papel con exactitud. El factor tiempo fue determinante y estuvo perfectamente milimetrado. Iniciado el caso del franquismo, había que reforzarlo de forma perentoria con otro nuevo que afectara no a los planteamientos en defensa de las víctimas para destruirlos, sino que atacara a mi credibilidad y honestidad profesional. Ese nuevo caso fue el de los cursos de Nueva York, poco importaba que hubiera sido previamente archivado y que estuviera prescrito. Había que hacerlo y se hizo. Pero faltaba el tercero, un caso que cuestionara directamente todo lo que yo había realizado como juez para enfrentarme al crimen organizado y la corrupción y, de alguna forma, «contaminase» el mayor proceso contra la corrupción en España. A tal fin se emplearon desde diferentes sectores, incluidos el mediático, el político, el gubernativo, el judicial y el empresarial. Como dice el grupo musical español Vetusta Morla en una de sus canciones:

Robaron las antenas,

la miel de las colmenas,

no nos dejaron ni banderas que agitar.

[…]

Fue un atraco perfecto,

fue un golpe maestro,

dejarnos sin ganas de vencer.

Fue un atraco perfecto,

fue un golpe maestro,

quitarnos la sed.

[…]

Fundieron plomo y cobre,

pusieron sal en sobres.

Alerta, hay un testigo,

nos han dejado vivos.

Fue un atraco perfecto,

excepto por esto:

nos queda garganta, puño y pies.

No fue un golpe maestro,

dejaron un rastro,

ya pueden correr. Ya vuelve la sed.

Interceptación de las comunicaciones en prisión

El jueves 19 de febrero de 2009 tomé una decisión que a la postre acabaría —el 14 de mayo del año siguiente— con mi pertenencia a la carrera judicial mediante un tiempo de condena de once años, a contar desde el día de mi suspensión por el caso del franquismo.

Aquel día, después de hablarlo con la policía y las fiscales, y ante la evidencia de que los máximos responsables de la Gürtel, en prisión desde el 11 de febrero anterior, seguían desarrollando su actividad delictiva, acordé mediante un auto motivado y, previniendo la integridad del derecho de defensa, la interceptación de sus comunicaciones con las personas que les visitaran. Se incluía a los letrados, varios de los cuales estaban imputados en la misma causa, con el fin de evitar que, a través de estos, continuaran en la ilícita actividad por la que se los investigaba y que, según todos los indicios, se extendía al extranjero. De esa forma se trataba de evitar que los fondos existentes en cuentas opacas desaparecieran, o se trasladaran a otras, y también impedir la destrucción de elementos probatorios.

EL AUTO DEL 19 DE FEBRERO DE 2009

En el auto, donde constaba que los hechos que motivaron el encarcelamiento de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez podrían ser constitutivos de varios delitos, razonaba mi decisión de interceptar sus comunicaciones:

A la vista de la complejidad de la investigación que debe seguir desarrollándose en torno a los tres mencionados en el hecho de esta resolución que se encuentran en situación de prisión provisional a disposición de este Juzgado y con el objeto de poder determinar con exactitud todos los extremos de sus ilícitas actividades, y especialmente determinar el grado de imputación que pudieran tener otras personas dentro del grupo organizado investigado, deviene necesario ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas de los tres internos antedichos.

Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como «enlace» de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellas puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella. […]

Dispongo:

1. Ordenar la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez en el centro penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la dirección de dichos centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.

2. Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con el letrado […], previniendo el derecho de defensa, en el centro penitenciario en que se encuentran, o cualesquiera otros donde se trasladen, con la coordinación de la dirección de dichos centros, así como de forma general con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debiendo la unidad encargada de la investigación disponer los medios necesarios para llevar a cabo dicha intervención en los citados centros, por un periodo comprendido desde el 19.02.09 hasta el 20.03.09.

3. Autorizar a los funcionarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la grabación de las comunicaciones personales que mantengan los internos mencionados, en cualesquiera centros penitenciarios que aquellos se hallen internos, debiendo abstenerse de escuchar dichas conversaciones, siendo los funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones, así como a la conservación de los soportes […].

La resolución en cuestión la adopté basándome en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), entendiendo que establece claramente que las comunicaciones de los internos con su abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas «salvo por orden de la autoridad judicial» y «en los supuestos de terrorismo».

El 13 de marzo de 2009, los funcionarios policiales presentaron un informe en el que me solicitaban la prórroga de las intervenciones acordadas en el auto de 19 de febrero. Accedí a la solicitud y emití un nuevo auto, el 20 de marzo, con el visto bueno del Ministerio Público. Justo una semana después, el 27 de marzo, recibí un informe del Ministerio Fiscal, fechado cuatro días antes, conforme al cual:

El Fiscal, notificado el auto de 20 marzo de 2009 en el que se acuerda la prórroga de la intervención de las comunicaciones de los imputados en situación de prisión provisional, dice: En fecha 20 de marzo de 2009 se emitió informe en el que se interesaba el desglose de determinadas conversaciones con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de los imputados. El Fiscal reitera lo solicitado e interesa, con la misma finalidad, que, en lo sucesivo, se excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos.

Ese mismo día dicté un nuevo auto por el que disponía «excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados […] y sus letrados y que se refieran en exclusiva a estrategias de defensa». Igualmente, di orden al funcionario encargado de la tramitación, para que, con mi visto bueno y la supervisión del Ministerio Fiscal, procediera a suprimir aquellos párrafos de las transcripciones de las conversaciones mantenidas por los internos y sus abogados defensores en los locutorios de la prisión que habían sido referidas por el Ministerio Fiscal. Es decir, velé para que se respetara fielmente el derecho de defensa de los afectados. Ninguna de las conversaciones que pudieran afectar a la estrategia de defensa se utilizó, se valoró o se aprovechó. Así quedó establecido y así se ejecutó. La interpretación al respecto que haría después el Tribunal Supremo se basaba únicamente en lo que pensó que podría haberse hecho. Una clara presunción proscrita del proceso penal. La falta de contaminación del resto del procedimiento ha sido reiteradamente expuesta por los sucesivos jueces instructores y tribunales. No sé si ocurrirá lo propio cuando el asunto acabe en el Alto Tribunal. Tengo mis dudas.

No hay ley, no hay delito

Por lo demás, en el momento en el que adopté estas resoluciones, no existía en España una ley que regulara de manera específica la intervención de las comunicaciones, a pesar de la importancia que esto tiene para preservar derechos fundamentales de las personas como son el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio o el propio derecho de defensa. Por tanto, esta materia ha precisado de un amplio desarrollo interpretativo por parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de España. La nueva Lecrim, que en este punto entró en vigor el 6 de diciembre de 2015, no prohíbe la intercepción de las comunicaciones entre el imputado y su letrado, sino que deja la posibilidad de que las intervenciones se realicen y que sea el juez el que analice la pertinencia de considerarlas como prueba o destruirlas. Al respecto, en ausencia de una ley específica, en el ejercicio de mis funciones y amparándome en la normativa aplicable citada en los autos (el artículo 51 de la LOGP) que pronuncié, tenía la facultad de apreciar si las intervenciones eran o no necesarias en el caso concreto, tanto para evitar delitos como porque hubiese indicios de una participación delictiva de los letrados, lo que podía ser objeto de una revisión judicial superior (como lo fue, aunque con discrepancias jurídicas entre los magistrados). En ningún caso podría integrar el delito de prevaricación por infracción de ninguna norma, puesto que esta no existía. Por tanto, en una sociedad democrática como la española, el legítimo poder de apreciación de tales circunstancias pertenece a la independencia judicial. El Tribunal Supremo creó el delito en la sentencia dictada contra mí.

El juez Pedreira

Solo conversé una vez con el juez Antonio Pedreira Andrade para ponerle al tanto de lo actuado en la instrucción del caso mientras estuvo bajo mi competencia. Ni siquiera hablamos de la intervención de las comunicaciones. Sí le advertí de las manipulaciones de las que podía ser objeto y de las presiones que podrían afectarle. Había un interés desmedido en que el asunto fuera a parar al TSJM porque, decían algunos, allí sería más fácil la tramitación para los intereses en juego. Sé y conozco cómo, de forma reiterada, ese cerco que yo había conseguido evitar, incluso con un ingreso hospitalario de por medio, se podía cernir sobre él —como en efecto ocurrió— con la clara intención de que los diferentes implicados quedaran «acomodados» en la forma adecuada y conveniente. No olvidemos que en esa instancia se alzó la imputación de Luis Bárcenas y de su esposa, que después sería revocada por la Audiencia Nacional una vez recuperada la competencia por la pérdida de los aforamientos. Los movimientos que hubo en torno a la tramitación y la participación en ella de actores extraños no han sido expuestos en su totalidad, aunque Ernesto Ekaizer ofrece múltiples claves al respecto en uno de sus libros.35 Pero esa es otra historia.

Una vez aceptada mi inhibición por el TSJM y tras la designación del magistrado instructor, Antonio Pedreira ratificó íntegramente todas mis resoluciones en lo relativo a la interceptación de las comunicaciones de los imputados en el interior del centro penitenciario y las prorrogó en idénticos términos, con acuerdo del Ministerio Fiscal y los investigadores policiales. De igual modo, las intervenciones fueron avaladas por las dos fiscales de Anticorrupción adscritas al caso Gürtel y, posteriormente, por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, José Manuel Suárez Robledano, en un voto particular discrepante con el de los otros dos jueces cuya decisión en mayoría anuló las intervenciones. Recuerdo que en alguna intervención aparecía, y así lo anoté en mi diario, el extremo interés de ciertas personas en sacar el asunto de mi Juzgado porque en el TSJM había, según decían, «dos que eran de los nuestros».

Ni Pedreira ni otros jueces que adoptaron medidas similares a las mías han sufrido jamás un proceso penal ni han sido condenados por un delito que no existía. Pero en mi caso sí ocurrió. La anulación de infinidad de intervenciones de las comunicaciones en los procesos judiciales españoles, ya fuese por falta de garantías, defectos de control, afectación de derechos o muchas otras razones, jamás ha sido juzgada como prevaricadora, sencillamente porque intervenir las comunicaciones por parte de un juez competente, de acuerdo con la legalidad vigente y la jurisprudencia (que ni siquiera era uniforme), mediante una resolución motivada y con el apoyo de la Fiscalía y de otros jueces, corresponde a la esfera de la libre interpretación de las normas y al ejercicio de la independencia judicial, y no al de la comisión de delitos inexistentes. El proceso seguido contra mí constituye el primer y único precedente en el que un juez fue acusado de prevaricación por este tipo de hechos. Y a pesar de haber adoptado todas las medidas oportunas para que el derecho de defensa, al igual que todos los demás, quedaran debidamente protegidos.

Inicio del proceso

La causa se inició en virtud de la querella formulada el 9 de diciembre de 2009 por Ignacio Peláez Marqués, letrado del imputado José Luis Ulibarri, que no era abogado de ninguno de los internos cuyas comunicaciones se habían intervenido. Considerar parte perjudicada a alguien que ni siquiera era defensor ni justificó su presencia en el lugar, lo que hacía cuestionar su condición de letrado en ese momento, fue muy aventurado por el Tribunal, aunque ni se planteó la cuestión. Estaba claro el interés en que prosperara el caso, ante el improbable porvenir que se presumía para la causa del franquismo, después del auto que el juez Varela dictó en febrero de 2010 y que más parecía un rosario de frustraciones y lamentos contra un oponente jurídico que una resolución jurídicamente consistente. Fuera quien fuere el querellante, no podían perder esta oportunidad de activar la tercera vía.

La posición del fiscal

El Ministerio Fiscal, por escrito de 29 de enero de 2010, se opuso a la admisión de la querella alegando entre otros motivos que los hechos carecían de tipicidad. La Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto el 2 de febrero siguiente (el mismo día en que Varela emitió el suyo sobre el franquismo), que fue notificado en marzo, días antes de que la Sala Civil y Penal del TSJM resolviera sobre la nulidad o no de las intervenciones. Era indudable que el camino quedaba marcado. En esta resolución, con el magistrado José Manuel Maza Martín como ponente, el Alto Tribunal se declaró competente porque los hechos no resultaban inverosímiles para la instrucción y enjuiciamiento de la causa. Por tanto, admitió a trámite la querella y designó como instructor de la misma al magistrado Alberto Jorge Barreiro.

El Ministerio Fiscal formuló recurso de súplica contra esta resolución el 1 de marzo de 2010, al que nos adherimos. En él, el Ministerio Público sostenía que yo había hecho una interpretación correcta del artículo 51 de la LOGP y su relación con el artículo 579 de la Lecrim; que el secreto profesional entre abogados y clientes no es absoluto y que puede interferirse cuando existan indicios de que los letrados están participando en la comisión de un delito; y que la fundamentación jurídica de los autos era suficiente para dar cobertura jurídica a la decisión. Además, se añadía que el juez instructor posterior emitió al menos dos autos prorrogando la intervención de las comunicaciones en los mismos términos que los emitidos por mí; y que la intervención de las comunicaciones que yo ordené era una medida necesaria para la investigación de los hechos y proporcional a la gravedad de estos. Este recurso de súplica fue desestimado el 13 de abril de 2010 por el Supremo, que confirmó el auto de admisión a trámite.

El 19 de octubre de 2010, el Tribunal Supremo dictó un auto acordando la continuación de la causa por los delitos de prevaricación y el uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Aunque tanto yo como el Ministerio Fiscal interpusimos sendos recursos de reforma y apelación, ese auto fue confirmado. En definitiva, el magistrado instructor dictó auto de apertura del juicio oral el 11 de abril de 2011, acordándose mi suspensión también por este caso el 19 de ese mismo mes.

De nuevo, el Ministerio Fiscal solicitó que se dictara auto de sobreseimiento por no estimar la existencia de delito. En él, la fiscal consideraba que yo había valorado correctamente los indicios de que determinados letrados estarían interviniendo en operaciones para el blanqueo de capitales y que, por tanto, mi decisión de intervenir las comunicaciones estaba justificada.

Mi defensa

Durante la causa, al igual que había sucedido en la del franquismo y la de los cursos de Nueva York, suscité una serie de cuestiones previas por considerar que se vulneraban mis derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, solicitando la práctica de diligencias de prueba fundamentales que me fueron sistemáticamente denegadas. Quedó de manifiesto así la falta de imparcialidad de algunos miembros de la Sala, que habían participado o estaban haciéndolo también en esos otros dos casos.

Por tanto, el 3 de noviembre de 2011 presenté la recusación contra cinco magistrados que componían la Sala que pretendía juzgarme en el caso Gürtel: Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza. La recusación fue admitida el 12 de noviembre. Cinco días después, el 17 de noviembre, se amplió la recusación a Manuel Marchena y Luciano Varela. Marchena estaba instruyendo el caso Santander, en el que tomó decisiones relevantes mientras deliberaba en el juicio del caso Gürtel, al igual que el magistrado Varela, que había sido instructor del caso del franquismo. Sin embargo, en esta ocasión no se admitieron las recusaciones.

Finalmente, la Sala quedó compuesta por Joaquín Giménez como presidente, Miguel Colmenero —que sería el ponente—, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena y Luciano Varela. Era más que evidente que al menos dos de los magistrados tenían un claro prejuicio contra mí, como además el primero de estos se encargaría de demostrar en medio de la deliberación posterior al juicio.

Cruces de magistrados

Pero no fue esta la única contaminación. Para enero de 2012, fecha del primer juicio, los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero y Andrés Martínez Arrieta, que pertenecían a la Sala que estaba investigando y resolviendo los recursos durante la instrucción contra mí en el caso Santander, formaban parte también de la Sala que me juzgaría en el caso Gürtel. Y en las mismas fechas, los magistrados Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Andrés Martínez Arrieta, que estaban investigándome y resolviendo los recursos durante la instrucción en el caso Santander, formarían parte de la Sala que me juzgaría en el caso del franquismo. Adicionalmente, los magistrados Juan Ramón Berdugo y Joaquín Giménez, que habían formado parte del primer tribunal que me investigó y resolvió los recursos durante la instrucción del caso del franquismo y fueron posteriormente recusados, formaron parte del tribunal que me juzgó en el caso Gürtel. Un embrollo realmente endiablado.

Ante la desestimación de las recusaciones presentadas, la composición de la Sala y la imposibilidad de acceder a una segunda instancia, quedé inerme ante un Tribunal carente de imparcialidad, desde mi interpretación. Eran tantos los prejuicios de sus componentes que no me podían absolver y, cuando lo hicieron en el proceso del franquismo, la propia sentencia absolutoria fue un alegato contra mí.

El juicio oral

Al contrario de lo que estaba sucediendo con el proceso a los crímenes de la dictadura franquista, en el caso Gürtel se «activaron» todos los esfuerzos y se celebró antes que aquel, por razones de oportunidad, que se escenificaron en la paralización bastante llamativa del primero hasta que este lo alcanzó y sobrepasó.

Las sesiones del juicio oral comenzaron el 16 de enero de 2012. Todas las pruebas practicadas fueron favorables, tal como se desvela en la grabación íntegra del proceso, un documento que quedará para la historia. Al menos para mi propia historia personal, la que me ayuda a soportar injusticias como las que viví en esos momentos. Aun así, todo se consumó con la entrega del auto en un pasillo oscuro del Tribunal Supremo. Ninguno de los jueces, ni siquiera el letrado (entonces secretario) de la Administración de Justicia, tuvieron la valentía de cumplir la ley y notificarme la sentencia debidamente.

La división del país en dos Españas enfrentadas, una imagen de reminiscencias machadianas, resurgió a raíz del juicio a Baltasar Garzón derivado de su investigación, la primera desde la entrada de las tropas del general Franco en Madrid en 1939, de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el régimen fascista. En esta viñeta, el dibujante Ricardo juega con otra eterna confrontación, la del Madrid y el Barça, una rivalidad que trasciende los campos de juego. De manera similar, la disparidad de opiniones entre detractores y defensores de la actuación de Garzón generó en ciertos momentos, como consecuencia también de la actuación de diversos medios de comunicación, una tensión social insostenible y condujo a ambas partes a posturas claramente irreconciliables.

Siempre, a lo largo de mi vida profesional, he procurado cumplir con rectitud las normas procesales y respetar los derechos y garantías, y siempre he comunicado personalmente a los afectados las decisiones que les afectaban. Mucho más cuando estas eran trascendentes. Tienen derecho a que así se haga porque así se dispone legalmente. Nunca he rehuido dar la cara. La experiencia ante el Supremo, que debería ser el ejemplo para cualquier otro tribunal, ha sido la más nefasta de todas las vividas en los centenares de tribunales y órganos judiciales que he conocido en los numerosos países de todo el mundo que he visitado. El potencial abuso que otorga objetivamente la posición superior y la constancia de que tus resoluciones no van a ser revisadas en una segunda instancia proporcionan una prepotencia que, si no se controla, se convierte en arbitrariedad. En este sentido, es sumamente urgente reformar el procedimiento penal español para que garantice, a cualquier nivel, el debido proceso.

Mi inhabilitación

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo me condenó, el 9 de febrero de 2012, como autor responsable de un delito de prevaricación a la pena de multa de catorce meses y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado.

El calvario de los juicios contra Baltasar Garzón, a los que alude esta viñeta de Peridis publicada el 20 de enero de 2012 en El País, concluyó con una sentencia anunciada. Durante el juicio por las escuchas en el caso Gürtel, los policías de la UDEF insistieron en que la instrucción de Garzón respetó el derecho de defensa de los implicados y, en su alegato final, el juez volvió a declararse inocente con el respaldo del fiscal. Todos los intentos de demostrar su inocencia fueron en balde porque, como unos temían y otros deseaban, su expulsión de la carrera judicial ya estaba decidida. La caza contra Garzón acabó y algunos volvieron a dormir tranquilos, satisfechos por haber acabado con la amenaza de que el sistema judicial español, prisionero de los políticos y desacreditado para siempre ante una gran parte de los ciudadanos, llegase hasta ellos. El gran perdedor no fue Baltasar Garzón, sino las miles de víctimas que siguen sin recibir justicia.

Según la doctrina consolidada del Supremo, en su sentencia del 4 de julio de 1996, para condenarme por prevaricación debería haberse demostrado sin lugar a dudas que mi conducta había supuesto

una absoluta colisión de la actuación judicial con la norma aplicada en el caso, de tal forma que la decisión cuestionada no pueda ser explicada mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en derecho. Así, se ha dicho que debe apreciarse la injusticia que requiere la prevaricación cuando la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes, no se compadece con lo ordenado por la ley, pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba.

Sin embargo, el análisis de la Sala se centró en sostener que el precepto «salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo» contenido en el artículo 51.2 de la LOGP debía entenderse de manera acumulativa, pues no eran dos exigencias alternativas, tal como yo había aplicado. Y lo hizo a pesar de que la propia Sala reconoció que la interpretación de ese punto de la LOGP y su relación con el artículo 579 de la Lecrim «no ha sido pacífica».

Por tanto, la Sala consideró que había incurrido en prevaricación por no seguir una interpretación determinada del artículo 51.2. Es decir, en el fondo no se cuestionaba el hecho de que al emitir los dos autos que autorizaban la intervención de las comunicaciones citara como fundamento la única norma específica existente, el artículo 51.2 de la LOGP, sino mi interpretación de dicho precepto. Esto significó aplicarme un tipo inexistente en el ordenamiento español —llamémosle «prevaricación por infracción de jurisprudencia»— y condenarme por ello a once años de inhabilitación sin poder ejercer mi profesión.

Lo que aconteció después

En febrero de 2016, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional señaló el juicio sobre la primera fase de la Gürtel para el 4 de octubre siguiente.

Siete años después de iniciar el caso, veo con la satisfacción del deber cumplido que el escrito de acusación de la primera fase de la operación presentado por la Fiscalía confirma que todo lo que hice entonces fue correcto. El caso estaba bien planteado, todas y cada una de las medidas fueron adecuadas, y así se han ratificado.

El juez Pablo Ruz, que me sucedió en la instrucción, llevó a cabo un trabajo muy profesional y no desestimó las actuaciones que realicé como instructor inicial del proceso que provocó mi expulsión de la Audiencia Nacional. Si hubiese sido absuelto, habría regresado a mi puesto en el mismo juzgado del que arbitrariamente fui extraído. Pero esto no podía suceder, pues tendría que asumir de nuevo la competencia en el caso.

Con el paso del tiempo, se ratifican las investigaciones. Más aún, en marzo de 2016 el juez José de la Mata, al que las defensas de los acusados y el Partido Popular miran ahora como el enemigo por batir, rechazó archivar la causa contra Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, dos de los abogados «afectados» por las interceptaciones en las comunicaciones de los máximos responsables de la trama criminal Gürtel que ordené en su día.

La negativa del juez De la Mata se basaba en que de la investigación se deducían serios indicios de que ambos ayudaron al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a ocultar y blanquear su patrimonio, así como en su intento de huir a Panamá para evitar la acción de la justicia. Es decir, De la Mata ha visto lo mismo que vi yo.

Los cursos en Nueva York

Este caso tuvo su origen en la querella por apropiación indebida interpuesta contra Emilio Botín por el exconsejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, condenado —tras la intervención de la entidad financiera— por estafa y por el mismo delito que imputaba al banquero e inmerso en numerosos litigios contra Botín y el Grupo Santander. La querella correspondió a mi juzgado y su tramitación comenzó en octubre de 2006. Se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la competencia, el alcance delictivo de los hechos y, en su caso, las diligencias que debían practicarse. Este instó a la inadmisión y, el 27 de noviembre de ese mismo año, rechacé la querella. Una de las razones aducidas fue que esta se fundaba en una «cadena de hipótesis no contrastadas», y contrapuse, al informe de parte en que se basaba, todos los emitidos en su día por los auditores externos, el Banco de España y los organismos que estuvieron al frente o autorizaron la intervención de Banesto. Además, añadí, otras conductas que se enumeraban en ella estarían prescritas.

La omnipresente herencia franquista se personifica en esta viñeta de Peridis en la imagen del difunto Generalísimo, que advierte a Garzón de los peligros de su investigación de los hechos más ominosos de nuestra historia reciente. La caza contra Baltasar Garzón, cuyo origen indiscutible fue el afloramiento de la trama de corrupción que alcanzaba a importantes miembros del Partido Popular, prosiguió con su imputación, injusta e indebida, a raíz de los cursos que el juez impartió durante su estancia en Nueva York. El juicio por dichos cursos estuvo marcado por la imparcialidad de varios miembros del tribunal, así como por las posibles vulneraciones a los derechos procesales y judiciales del acusado.

La resolución fue objeto de un recurso de apelación que la Audiencia Nacional resolvió en un auto del 25 de abril de 2007. Esta resolución abundaba en la argumentación expuesta en el auto del aforado que inadmitía la querella. En efecto, este último auto argumentaba que no podía admitirse en cuanto al delito de malversación, poniendo en evidencia cómo los querellantes buscaban de modo espurio una revisión del plan de saneamiento de Banesto y refutando, de manera detenida, el planteamiento de la propia querella rechazada. Y, por otro lado, asumía también mi tesis de que las restantes infracciones habrían prescrito.

La primera querella

Así quedaron las cosas hasta que, el 10 de junio de 2008, el letrado Antonio Panea Yeste presentó una querella contra mí en la que relataba cómo, según sus palabras, me había «hecho millonario con el cargo de juez central de instrucción»:

[…] recibiendo al menos, como todo indica que recibió del Grupo Santander, una especie de subvención a fondo perdido de un millón setecientos mil dólares bajo la pantalla de unas conferencias sobre temas «atlánticos» a impartir en Nueva York, y que garantizaban a los administradores del banco, como así fue luego, un tratamiento especial de las querellas que pudieran tocar ante el referido juez […].

También se decía que, a través de terceras personas, habría conseguido que el referido banco asumiera mis honorarios por impartir un total de diecisiete conferencias, que valoraba en cien mil dólares estadounidenses cada una, «mediante la correspondiente aportación a la cátedra Rey Juan Carlos de la Universidad neoyorquina». Como colofón, se recordaba que, finalizado mi periodo de «estudios» en Estados Unidos, regresé a España pasado el verano de 2006, haciéndome cargo nuevamente de mi destino en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Lo grave de este tema no es quién interpuso la querella, sino que llegara a atenderse siquiera la tramitación de comprobación de unos hechos demenciales y que, luego de verificarse su absoluta falsedad, el propio Tribunal, por tratarse de una acusación y denuncia falsas contra un funcionario en el ejercicio de su cargo, no ordenara la deducción de testimonio contra aquel, es decir, la apertura de una nueva investigación para comprobar si el querellante había cometido tal delito.

Por el contrario, así comenzó uno de los mayores despropósitos que acabarían con mi carrera judicial y al que se concatenaron todos los demás.

La delirante imputación partió de un libro escrito en 2007, Garzón: juez o parte, un encargo escrito por algunos de los «amigos» de siempre, que, tiempo después, se atreverían a escribir en su periódico que yo disponía de cuantiosas sumas que superaban los diez millones de euros. En esta querella se hablaba «solo» de un millón setecientos mil dólares. Se acudía así a la técnica más antigua para desprestigiar a un juez: tratar de ensuciar su nombre con el dinero.

En un auto del 2 de febrero de 2009, cuyo ponente fue Luciano Varela, la Sala Segunda archivó el caso, pero abrió la puerta a una posible responsabilidad disciplinaria, exigible ante el CGPJ. La fecha elegida para la publicación del auto no fue casual, pues curiosamente coincidió con mi comparecencia ante el Consejo, en marzo de ese año, para defender mi candidatura al cargo de presidente de la Audiencia Nacional, que oportunamente fue rechazada.

Pero la especie ya estaba vertida y expandiéndose, en pleno estallido de las causas del franquismo y de la Operación Gürtel. No obstante, y a pesar de que hubo algunas maniobras dentro del Consejo próximas al contenido de esa resolución, las cuales se repitieron tiempo después en la querella por la investigación de los crímenes franquistas para que mi candidatura fuera rechazada, era evidente que la jugada no podía prosperar.

La Universidad de Nueva York

El Centro Rey Juan Carlos I de España, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Universidad de Nueva York (a pesar de su nombre, no tiene relación orgánica alguna con instituciones docentes españolas), y el Center on Law and Security (Centro de Derecho y Seguridad), integrado en la Law School (Facultad de Derecho) de la misma entidad académica, me invitaron como profesor visitante distinguido para que ocupara la cátedra de Civilización y Cultura Hispánicas del primero. El objeto de mi investigación y docencia se centraría en el terrorismo y la lucha antiterrorista. Para tal fin y por petición mía, la Comisión Permanente del CGPJ me otorgó, el 11 de enero de 2005, una licencia durante nueve meses y, el 22 de noviembre, una prórroga de seis meses adicionales. Mi estancia en la UNY se prolongó finalmente desde el 1 de marzo de ese año hasta el 30 de junio de 2006.

La Comisión Permanente aprobó mi solicitud en los siguientes términos:

[…] al objeto de desarrollar actividades de docencia e investigación en la New York University School of Law. Así como en The Center on Law and Security y en el Centro Rey Juan Carlos I de España sobre temas relacionados con el terrorismo internacional y nacional (España), así como estudios sobre las fórmulas de afrontar los nuevos desafíos que estos fenómenos suponen para la seguridad de los Estados, la comunidad internacional y los ciudadanos en general, todo ello integrado en una perspectiva jurídica y de aplicación de los derechos humanos y los modos de hacerlos compatibles con la seguridad. Igualmente se extenderá la actividad al estudio de los sistemas comparados con la lucha contra el terrorismo y las formas y vías de compatibilizar, coordinar y, en su caso, integrar unos con otros para ofrecer respuestas positivas y efectivas a este fenómeno criminal internacional.

Tras el fin de la licencia y su prórroga, presenté sendos informes en los que detallé exhaustivamente mi trabajo y mis actividades en la universidad neoyorquina, tanto a nivel docente como institucional. El CGPJ los aprobó sin trabas el 11 de julio de 2006. Según consta en la concesión de la licencia, esta daba «derecho al pleno devengo de la totalidad de retribuciones como juez de aportarse al final memoria suficiente sobre la actividad desarrollada». Esta actividad de docencia e investigación fue expresamente autorizada durante el periodo de la licencia, aunque el ejercicio de la jurisdicción en el Juzgado Central de Instrucción número 5 quedó en suspenso durante ese tiempo. En consecuencia, no solicité —ni, por tanto, se me concedió por el Consejo— una autorización para compatibilizar mi actividad jurisdiccional como magistrado en activo con otra actividad docente o investigadora, sino una licencia para la realización de una sola actividad de naturaleza docente e investigadora durante un tiempo determinado.

La licencia mantuvo expresamente las retribuciones del cargo de magistrado. Por mi parte, en la solicitud inicial dejé constancia expresa de que la actividad que desarrollaría en el ámbito de la licencia sería objeto de remuneración específica, aunque no la cuantifiqué, porque no estaba todavía acordada. Informé y reiteré la naturaleza retribuida de mi actividad cuando manifesté que obtendría «ingresos», con los que atendí los gastos y necesidades producidas en Estados Unidos, y que estos serían objeto de los correspondientes impuestos. No existió, pues, ocultación al Consejo de que mi actividad en Nueva York estaría retribuida, ni tampoco de que consistiría tanto en docencia (aunque, como se puede comprobar en el epígrafe siguiente, fue muy limitada y no originó mi remuneración) como en investigación.

Cuando la UNY fue requerida por el Tribunal Supremo, expresó claramente cuáles habían sido las razones por las que se me había invitado:

Todos los años, el Centro de Derecho y Seguridad concede una serie de becas a personajes destacados en el ámbito de la lucha contra el terrorismo […]. El nombramiento de los colaboradores del Centro se lleva a cabo […] por invitación. La Junta Consultiva del Centro de Derecho y Seguridad propuso la candidatura del juez Garzón, quien recibió una invitación a colaborar con el Centro […].

Cuando estuvo claro que el juez Garzón podía permanecer en el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, el Centro Rey Juan Carlos I de España quiso copatrocinar la visita y nombró al juez para la Cátedra Rey Juan Carlos I de España de Civilización y Cultura Españolas. El comité de la facultad que se encarga de elegir a los titulares de la cátedra recibió la candidatura del juez Garzón y la aprobó.

Mis actividades en Nueva York

Durante mi estancia en el Centro de Derecho y Seguridad, mi actividad consistió fundamentalmente en coordinar distintos actos y publicaciones, impartir dos clases y asistir —e intervenir— en las clases que, en forma de debate abierto con docentes y estudiantes, los profesores Stephen Holmes y Noah Feldman dirigían cada martes como parte de sus obligaciones académicas.

LO QUE HICE EN NUEVA YORK

En la documentación remitida por la Universidad de Nueva York se detallaba expresamente todo lo que hice durante la beca de investigación en el Centro de Derecho y Seguridad. Allí participé en numerosas actividades, de las que entresaco algunas de las más destacadas: junto con Karen J. Greenberg, directora ejecutiva del Centro, coordiné el proyecto «Terrorismo y seguridad: cooperación y coordinación»; intervine en la cumbre mundial «Persecución del terrorismo: el reto mundial»; ayudé en diferentes actos organizados por el Centro; y colaboré en varias publicaciones, como el número especial de la Revista del Centro de Derecho y Seguridad con el artículo titulado «European Counterterrorism: an Assesment», los contenidos de la revista The New York Review of Law and Security y el prólogo del libro Al Qaeda Now, editado por Karen J. Greenberg y publicado en Cambridge University Press. Además, todos los martes, de cuatro a seis de la tarde, impartí clases en la Facultad de Derecho, como participante en todas y como profesor principal los días 1 de noviembre y 6 de diciembre. El formato de estas clases era una discusión abierta con los alumnos dirigida por Stephen Holmes y Noah Feldman, y en la que participaban los demás profesores del ciclo de clases.

Sobre mi salario, la directora del Centro certificó, con fecha 11 de marzo de 2009, que fui senior fellow, es decir, colaborador principal, y que nunca estuve catalogado como profesor ordinario. De modo, concluía, que recibí mis honorarios por mi trabajo científico y de investigación, pero no un sueldo de profesor, toda vez que nunca desempeñé ese cargo. Asimismo, y tal como se demostró irrefutablemente por la Universidad frente al Supremo y en la memoria que presenté, mi papel en el Centro Rey Juan Carlos I consistió en la moderación de actos, la intervención en debates y diálogos, la presentación de libros y otros actos similares, además de coordinar y moderar los coloquios «Diálogos Transatlánticos» y «Seguridad Jurídica»:

El juez Garzón recibió una invitación a ocupar la Cátedra Rey Juan Carlos I de España para que pudiera dedicarse a la investigación y dedicarse a los programas académicos y culturales y en las actividades públicas del Centro. La posibilidad de organizar los dos coloquios […] surgió con posterioridad al nombramiento del juez Garzón para la Cátedra […]. El juez Garzón desempeñó la función de coordinador y moderador en esos coloquios y no percibió remuneración alguna por su participación en dichos actos.

Para concluir su informe, el Centro afirmaba que no ejercí docencia alguna, que sí había participado plenamente en la programación pública de la Universidad y que me reuní de manera informal con alumnos y profesores de la Universidad, pero nunca estuve catalogado como profesor ordinario ni me encargué de ningún curso.

La única remuneración que percibí mientras dependía de la Universidad fue el salario de 160.333,14 dólares correspondiente a los dieciséis meses que permanecí allí. Eso fue todo, y en ningún momento administré, pedí ni gestioné fondos de tipo alguno, sencilla y llanamente porque no podía hacerlo.

La falta absoluta de vinculación de mi actividad universitaria en Nueva York con el Banco de Santander hacía patente la inexistencia de causa alguna de infracción disciplinaria y, coherentemente con lo antes decidido, el Pleno del CGPJ rechazó la «sugerencia» de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, decisión que fue recurrida y confirmada por la Sala Tercera de lo Contencioso del Alto Tribunal.

Aparentemente el caso quedaba cerrado, aunque, como después se comprobaría, iba a ser suficiente una leve brisa en la Sala Segunda para que, en un escorzo inverosímil, se volviera a reabrir, ahora sí, basándose en una frase publicitaria sacada de la página web de la Universidad. Pero el instructor, Manuel Marchena, nunca llamó a declarar al autor de esa página. Y tampoco cursó comisión rogatoria para ello, a pesar de que se le solicitó. Sin embargo comenzó una inquisitiva instrucción sobre unos hechos inexistentes y que, de existir, habrían prescrito. El desprestigio para mí era uno de los objetivos. Nunca se intentó probar lo acontecido; se me imputaron hechos negativos, con presunciones en contra del imputado; se dictaron resoluciones de contenido salvaje, ofensivas y plagadas de puro voluntarismo, que extendían la instrucción a mi familia a modo de investigación o causa general, sin respetar los derechos de personas que no estaban imputadas, y concentrándose en mí como supuesto cohechado…, pero sin molestar a los supuestos cohechadores.

En fin, todo un conjunto de malas prácticas que invalidaban la investigación desde el inicio y que demostraron la parcialidad y animadversión del instructor, que jamás me informó de los hechos ni de los supuestos delitos que me imputaba. Incumplió así flagrantemente lo dispuesto en los artículos 24 de la Constitución y 118 de la Lecrim y, cuando lo reclamé, me indicó que yo no estaba allí para hacer política. Este instructor sería el mismo que, simultáneamente a la instrucción y a la vez que transformaba el procedimiento de diligencias previas en abreviado, afirmando que existía delito, me juzgaba en el caso Gürtel y que, escasos días después de esas dos resoluciones, archivaba la causa por prescripción, dos años después de haberla iniciado. Que la Sala confirmara después esta decisión era tan previsible como infundado.

El 6 de abril de 2009 la Sala de lo Penal del Supremo dictó un auto que desestimaba el recurso de súplica interpuesto por el querellante. De igual modo, el 25 de mayo de ese mismo año, la Sala desestimó también la pretensión de nulidad que se planteó.

La nueva querella

El 12 de junio de 2009, dieciocho días después del archivo de la querella, se presentó una nueva ante el Tribunal Supremo en la que junto a Antonio Panea aparecía un nuevo querellante, el abogado José Luis Mazón Costa. En ella se me imputaba la comisión de un delito de cohecho y otro de prevaricación, es decir, los mismos delitos y por los mismos hechos que habían sido desestimados por el Supremo en el auto del 6 de abril anterior.

La Fiscalía emitió un informe negativo sobre la admisión a trámite de la querella. No obstante, la Sala, en vez de rechazar de plano la nueva iniciativa, al tratarse de los mismos hechos, decidió realizar determinadas diligencias de investigación, dando participación en ellas a los querellantes, pero negándomela a mí. El Ministerio Fiscal solicitó el archivo de la querella en al menos cuatro ocasiones, por entender que no procedía la admisión a trámite de esta, pero sus peticiones fueron rechazadas.

El 15 de septiembre de 2009, antes de decidir sobre la admisión a trámite de la querella, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó inaudita parte, es decir, sin escuchar mis explicaciones, librar diversos oficios al entonces Banco Santander Central Hispano (BSCH) y al Centro Rey Juan Carlos I de España de la UNY. El 20 de octubre siguiente, la UNY dirigió un escrito a la Sala Segunda, firmado por Nancy Kilson, en el que se indicaba que «el juez Garzón no recibió importe alguno, ni directa ni indirectamente, ni en efectivo ni en especie, de los dos patrocinios recibidos del BSCH». En él se añadía que «el juez Garzón ni recibió, ni administró, ni se benefició en absoluto de los patrocinios del BSCH». De igual modo, la Unidad de Comunicaciones Judiciales y Administrativas del Banco Santander remitió numerosas pruebas que acreditaban la organización de las actividades académicas financiadas por el Banco Santander en la UNY y la ausencia de cualquier relación contractual o financiera conmigo.

Dada la documentación remitida por el Santander, el jefe de la Asesoría Jurídica del banco fue requerido por el Tribunal Supremo para que entregase el expediente completo de los patrocinios al Centro Rey Juan Carlos I de España en los años 2005 y 2006. Su comparecencia tuvo lugar el 14 de diciembre de 2009. La información refutaba y aclaraba la única prueba presentada el 13 de noviembre anterior por los querellantes, recogida en un recuadro publicitario de la página web de la UNY. Indicaba que el Centro de Derecho y Seguridad y el Centro Rey Juan Carlos I de España copatrocinaban la visita del juez Garzón. Al conocer por filtraciones a la prensa que se estaban practicando actuaciones inquisitorialmente sin contar con mi intervención, y carente de cualquier oportunidad de defensa a pesar de que se la estaban dando a los querellantes, el 21 de diciembre de 2009 solicité expresamente a la Sala que me informase sobre si existía un proceso penal abierto en su contra e intenté personarme en las actuaciones. Sin embargo, no se aceptó mi presencia en el proceso, lo que afectó gravemente mi derecho de defensa.

La Sala dictó el 28 de enero de 2010 un auto en el que se concretaba la investigación en tres hechos diferentes: la supuesta ocultación de la percepción de una remuneración por mis actividades en la UNY (falso); la solicitud personal de un patrocinio al Banco de Santander para determinadas actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la UNY; y la relación de ambos extremos con mi decisión, tomada el 27 de noviembre de 2006, de archivar la querella presentada por Rafael Pérez Escolar el 4 de octubre anterior contra directivos del Santander.

La sola formulación de esta nueva resolución reflejaba el grado de contaminación presente entre los magistrados, que iban en contra de sus propios actos a pesar de las evidencias que acreditaban mi falta de relación con unos supuestos delitos inexistentes.

Respecto del primer hecho, el auto remite a lo ya resuelto el 2 de febrero de 2009 en la causa especial 20296/2008, en la cual la Sala consideró que no podía existir delito de prevaricación. Respecto al segundo, íntimamente relacionado con el tercero, la Sala decidió que debía verificarse si yo había obtenido por mí mismo los fondos para las actividades del Centro Rey Juan Carlos I de España de la UNY en los años 2005-2006; y, en último lugar, el Tribunal Supremo entendió que el auto de 2 de febrero no tuvo en cuenta cierta documentación, a la vista de la cual los hechos denunciados podrían merecer otra valoración jurídica.

Donde dije digo, digo…

El mismo Tribunal rectificaba su propia decisión previa de archivo de la primera querella y admitía a trámite una segunda haciendo descansar el argumento legal en una noticia publicitaria de la página web de la UNY, el único elemento que había sido aportado por los querellantes.

En ese auto del 28 de enero de 2010 se designaba al magistrado Manuel Marchena como instructor de la causa. El 2 de febrero el auto fue recurrido en súplica por mi defensa, aunque fue desestimado por auto del 18 de febrero. El 1 de marzo mi defensa dirigió un escrito al magistrado instructor, aportando un certificado, fechado el 15 de febrero, en que el director de la UNY entre los años 1995 y 2007, James D. Fernández, y la directora desde 2008, Jo Labanyi, exponían:

Entre 2005 y 2006, el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York pidió y recibió financiación del Banco Santander Central Hispano para planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios: «Diálogos Transatlánticos» y «Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica». El Centro Rey Juan Carlos I de España administró y gastó estos patrocinios en la realización de esas iniciativas. Ninguno de estos gastos tomó la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o especie, al juez Garzón o a su familia. Los términos de la remuneración que recibió el juez Garzón durante su titularidad de la Cátedra Rey Juan Carlos I de España no guardan relación alguna con los patrocinios del Banco Santander Central Hispano; esos términos se habían acordado antes de la existencia de los patrocinios, y no hubo ningún cambio ni en la cantidad ni en el carácter de su compensación tras la concesión de los mismos.

El 2 de marzo, el director de la Asesoría Jurídica del Banco Santander presentó nueva documentación sobre el patrocinio de ambos coloquios que completaba la anterior y, además, probaba la nula relación contractual o financiera de esa entidad conmigo.

La «vis expansiva» del instructor

A pesar de la falta de pruebas, el 13 de mayo de 2010 el instructor de la causa dictó una providencia en la que decidió unilateralmente, sin ampliación formal de la investigación a través de la oportuna resolución judicial, recibir declaración los días 26 de mayo y 2 de junio a directivos de Cepsa, al hacerse eco de una noticia de prensa, concretamente unos recortes de periódico del día 21 de abril anterior, aportados por los querellantes, en los que se insinuaba que la empresa petrolera había abonado cien mil dólares al Centro de Derecho y Seguridad para pagar mi sueldo.

De esta forma, sin ampliación de querella y sin resolución que hiciera extensiva la investigación a hechos absolutamente ajenos al objeto definido del proceso tanto en el escrito de querella como en el auto que decidió su admisión a trámite (el patrocinio por el Banco de Santander de los dos coloquios), Marchena extendió la investigación a otro hecho diferente y absolutamente ajeno a la causa original, como era el patrocinio por Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa del proyecto «Terrorismo y Seguridad: Cooperación y Coordinación». El magistrado instructor decidió en ese momento la apertura de una causa general contra mí, extendiendo arbitrariamente la investigación a mi familia. Es relevante observar que Marchena tomó esta decisión el día antes de que el mismo Tribunal Supremo decidiera suspenderme de mi cargo en el caso del franquismo.

El 9 de septiembre el instructor dictó un auto que ordenaba la práctica de diligencias orientadas a la averiguación de mi situación patrimonial. Sin que hubiera razón para ampliar la investigación, ni se hubiera solicitado la ampliación de la querella, el 24 de septiembre Marchena extendió la investigación a toda la información relativa a:

— Productos bancarios de los que sea titular y/o autorizado Don Baltasar Garzón Real […] durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006.

— Declaraciones tributarias presentadas por el querellado reseñado, correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006.

— Información relativa a la titulación como socios de participaciones sociales y/o acciones en sociedades mercantiles por parte del querellado en los ejercicios de 2005 y 2006.

Por supuesto toda la investigación resultó negativa, si bien fue acompañada de la correspondiente cobertura mediática que miméticamente actuaba de altavoz, buscando producir, y consiguiéndolo, perjuicios irreparables. Aún hoy sigo sin comprender las razones por las que un conjunto de magistrados actuó de esta forma tan absolutamente injustificada. Recuerdo que un alto mando policial me transmitió la información, compartida por uno de los componentes del Tribunal, de que tenían una verdadera obsesión con conocer mis bienes. Debieron quedar muy frustrados cuando no hallaron nada más que lo que estaba declarado a Hacienda y perfectamente justificado, incluso pagando en mayor medida de lo que me correspondía.

Mientras que la figura de Baltasar Garzón y sus actuaciones eran vistas fuera de España como un ejemplo en la defensa de la Justicia y los derechos de las víctimas, el juez vivía un calvario en su propio país. Así lo recogió Peridis en esta viñeta publicada en El País. Garzón declaró, en el marco del proceso abierto contra él por los cursos de Nueva York, ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena en uno de los momentos más tensos de la reciente historia judicial española. Amplios sectores políticos, jurídicos y sociales, tanto nacionales como internacionales, y diversas asociaciones de víctimas de las dictaduras española, argentina y chilena dieron su apoyo a Garzón.

Denegación de práctica de pruebas

Como era previsible, durante el proceso inquisitorial al que fui sometido también en este caso, el magistrado instructor denegó sistemáticamente la práctica de las pruebas clave necesarias para contrarrestar la locura en la que me vi envuelto por intereses difíciles de definir, pero que, en ningún caso, eran limpios. Ante la inactividad procesal respecto de todas las diligencias que solicitaba, el 10 de noviembre de 2010 aporté documentos contables, solicité que se practicaran declaraciones testificales al personal de la UNY y presenté el listado del banco Citibank con todos los movimientos de la cuenta corriente que abrí en Nueva York —un requisito necesario para poder cobrar mi salario— y en la que recibí todos y cada uno de los ingresos durante mi estancia en Estados Unidos. Las diligencias estaban orientadas a establecer que solo había recibido mi sueldo, que estaba oportunamente declarado y pagados los impuestos y que mi declaración fiscal en Estados Unidos se había consolidado en mi declaración de Hacienda en España. De poco me valió la petición, pues el juez la rechazó por la sencilla razón de que, si la aceptaba, el procedimiento se caía sin remisión.

La ampliación de la instrucción a hechos ajenos a la querella admitida a trámite en su día carecía de sentido, tanto por la falta de base para hacerlo, sin dar opción a los afectados a defenderse, como de relación con lo que se estaba investigando. De hecho, tampoco sabía yo muy bien adónde se dirigía todo aquello, más allá del claro designio de perjudicarme en lo posible.

De nuevo, por un auto del 22 de noviembre de 2010, el juez instructor denegó todas las diligencias que yo había solicitado, a excepción de la petición de los listados de movimientos de la cuenta corriente, pero no referidos tan solo al periodo de la estancia en Estados Unidos, sino extendidos a los seis meses posteriores a mi regreso a España. Recurrí la decisión, pero el recurso fue desestimado por la Sala el 10 de marzo de 2011. De nuevo, el 1 de agosto de ese año solicité la realización de diligencias de instrucción. Por providencia del 22 de septiembre, el instructor decidió no admitir mi petición.

La anulación de las escuchas ordenadas por Garzón en relación al caso Gürtel aniquiló las posibilidades de condenar a los verdaderos responsables de esta trama corrupta. Muchos ciudadanos vieron esa decisión judicial, y así lo recogió Peridis en esta viñeta, como una maniobra indiscutible para apartar al juez de sus investigaciones y anular sus posibilidades de combatir tales delitos. Las maniobras desde el Ejecutivo y en el ámbito de los imputados en ese proceso fueron numerosas y totalmente alejadas de las que deberían darse en un Estado de derecho moderno, donde la Justicia debe estar asegurada y la separación entre los poderes ejecutivo y judicial jamás debería verse amenazada ni puesta en entredicho.

La náusea

No me preocupaba la inconsistente y caótica investigación que se estaba llevando a cabo, pero sí que me indignaba su arbitrariedad, la prepotencia que se puede desarrollar cuando no existe más control que el de la voluntad de quien actúa. Lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida en todos aquellos que tienen una posición en la que se alían con la impunidad de sus acciones y tratan de someter y humillar al más débil. He visto escenificados en múltiples ocasiones el cinismo y la soberbia del poderoso y cómo se ceba, en su cobardía, con el que está por debajo y rendido. Sufrí en propia carne esta realidad, aunque no me sometí. Gracias a ese planteamiento, he sobrevivido y continúo creyendo que merece la pena continuar afrontando las adversidades, si con ello puedes ayudar a quien lo necesita.

De sobra sabía que aunque buscara petróleo en mi pasado, en mi presente o si lo hiciera en el futuro, como lo estaba haciendo al extender la investigación a fechas posteriores a mi estancia en la Universidad de Nueva York, Manuel Marchena nada encontraría, pero a cada paso que daba se derrumbaba un grado más mi confianza en la Justicia y la sensación de náusea me inundaba de forma casi irremediable. Realmente, era inverosímil lo que estaba viviendo: a cada paso, mayor despropósito. Era un juego en el que me veía obligado a participar porque aún me quedaba un resquicio de confianza en el sistema.

Aunque sabida y previsible, la constatación de todos los intereses cruzados puestos en marcha, los movimientos de salón, los actores judiciales y extrajudiciales que se concitaron para acabar con mi carrera judicial, no impactó, tengo que decirlo, en el concepto de Justicia que había defendido y sigo defendiendo. Desde luego, no era el modelo narcisista y excluyente que preconizaba la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Recordaba todos los esfuerzos realizados a lo largo de mi vida, luchando por una idea de justicia participativa, próxima a los ciudadanos, protectora de las víctimas y de la sociedad, ágil, combativa… y comprobaba que enfrente tenía una maquinaria insensible que solo aspiraba a acabar con alguien que estorbaba, con el pretexto de que había que darme una lección que yo no olvidara y que sirviese de advertencia a cualquier otro que se atreviera a discrepar.

Debo reconocer que llegó un momento en el que me desentendí de lo que estaba ocurriendo en el Supremo. Pude terminar con aquello en cualquier momento, renunciando a mi plaza o pidiendo una excedencia, como insistentemente me aconsejaban amigos y enemigos, pero no lo hice. Y no fue tanto por soberbia como por convicción. Renunciar era huir, y jamás lo haría si, como ocurría en los tres casos, creía que la Justicia no estaba actuando en defensa de la legalidad y la pureza de la actuación judicial, sino por motivos que muy poco tenían que ver con aquella. Son tantos los datos acumulados y escritos en mi diario, tantas las reuniones y conversaciones cruzadas entre actores primarios y secundarios, tantos los pactos realizados y las interferencias producidas… Con todos ellos podría llenar un libro en el que la imagen de la Justicia, con la balanza en la mano y los ojos tapados, no quedaría muy bien parada. Por eso, al menos por ahora, es mejor dejarlo así.

Los procesos contra Garzón y su expulsión de la carrera judicial, fruto de una sentencia que sorprendió por su severidad, desproporcionada, indiscriminada y extraordinaria, dañaron gravemente la imagen del sistema judicial español. Los jueces del Tribunal Supremo atropellaron a la Justicia (así lo vio Manel Fontdevila en esta viñeta) y no se arredraron ante ella para condenar a Garzón. Poco después, la asociación Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), formada por más de quince mil jueces y fiscales europeos, presentó una petición de indulto para Garzón por considerar que el fallo podía crear precedentes en toda la comunidad jurídica internacional y ser utilizado para frenar la independencia y autonomía de los jueces.

¿Igualdad entre las partes?

Las diligencias probatorias que solicitaba mi defensa seguían siendo rechazadas, mientras que las de la acusación, por inconsistentes que fueran o aunque nada tuviesen que ver con los hechos objeto de la querella inicial, resultaban religiosamente acordadas. Por tanto, a pesar de todas las evidencias y ante la frustración recurrente por la ausencia de elementos inculpatorios, el instructor de la causa la convirtió en una investigación general del patrimonio y las actividades económicas mías y de mi familia. Obviamente las pesquisas acabaron pronto y con gran frustración por parte del instructor, al no hallar nada que no estuviera milimétricamente justificado. Pero no contento con ello, y a pesar de no encontrar un solo hilo del que tirar, siguió buscando y extendiendo la actuación a hechos cada vez más alejados de la querella inicial.

Lo que empezó siendo una investigación sobre la financiación del Banco Santander a la UNY para un seminario, iniciada a ver si sonaba la flauta y me podía implicar en algo, se extendió con la misma finalidad a otros patrocinios de entidades diferentes (Telefónica, Cepsa, Endesa y BBVA) y para la impartición de otros seminarios distintos, en los que, como en el primer caso, no había percibido, gestionado, administrado y ni siquiera solicitado suma alguna. La razón era muy sencilla: era algo que no podía hacer porque tan solo era un investigador, invitado a una universidad estadounidense, con la imposibilidad legal y de hecho de llevar a cabo algo diferente de lo que hice, es decir, escribir, participar en los seminarios o dirigirlos académicamente, proyectar investigaciones en los campos que me eran propios, impartir conferencias y asistir en algunas clases, y por ello percibir mi salario, fijado al margen de cualquier patrocinio, y con incompatibilidad para cualquier actividad que no fuera expresamente autorizada por la directora del departamento al que pertenecía.

Esto es lo que, durante todo el proceso, quise que se aportara a la causa, pero el instructor se negó sistemáticamente a hacer. Era fácil comprender los motivos: si lo aceptaba, el montaje se habría venido abajo y hubiese desaparecido uno de los elementos de destrucción activados contra mí.

Recuerdo que algunos colegas con los que había trabajado en la Universidad de Nueva York se interesaron por el procedimiento, porque no comprendían sus razones. Cuando se las explicaba, seguían sin comprender cómo era posible que la Justicia española se dedicara a un tema académico que era transparente y absolutamente legal, en el que se habían cumplido todos los trámites y en el que yo no podía haber tenido participación. Me decían que no tenía ni pies ni cabeza, y que con los datos que habían ofrecido o los que se les pudieran pedir, se aclararía todo. Terminaban preguntando si en España no se conocían las rígidas y exhaustivas normas que regulaban los patrocinios y la justificación de estos en cualquier universidad estadounidense, y específicamente en una de las más importantes como era la de Nueva York, así como la imposibilidad de que un senior fellow, como lo fui yo, participara de cualquier tema económico que no fuera su salario. Yo les contestaba que estaba intentando que esas pruebas se aceptaran, pero que todo resultaba inútil. La decisión estaba ya tomada. Una vez identificado el «enemigo», es decir, yo, únicamente se le debía aplicar el derecho a modo de sudario hecho a la medida.

Quienes celebraron la expulsión de Garzón como una victoria, aduciendo que era una muestra de que la Justicia es igual para todos, hicieron a esta un flaco favor. El escepticismo sobre el diferente trato hacia los poderosos en el ámbito político o económico, aunque su riqueza hubiese sido amasada en paraísos fiscales, mediante sobornos, tratos de favor, blanqueo de dinero o tráfico de influencias, aumentó hasta cotas jamás conocidas hasta ese momento en la actual democracia española. Cuando la Justicia no es imparcial, su acción se percibe como capaz de disculpar a quien cometió el delito y golpear con todo el peso de la ley a quien era inocente de él o, como en el caso de Garzón, lo persiguió.

No todo vale y algo más es necesario

Solo se esparcieron suciedad, falsedades, insidias, opiniones interesadas disfrazadas de información… En esa dinámica, el 15 de febrero de 2011 se filtraron los datos reservados relativos a mi patrimonio a determinada prensa, incluso antes de que las partes hubieran tenido acceso a la documentación, al menos mi defensa, a la cual se le notificó después. Como era de esperar, el instructor se desentendió por completo del contenido de mi denuncia.

No todo vale en una instrucción. Desde luego, esta debe ser incisiva, atrevida, incluso expansiva, pero cuando existen indicios, no cuando se inventan o se actúa a impulso de un pálpito, del interés o de otros motivos que anulan la imparcialidad. Con todo mi respeto a la institución, desde luego, en este y otros casos esa imparcialidad fue eliminada desde el comienzo. Ya poco importa: la vida sigue y el dolor se compensa con otras alegrías. Mi nieta nació pocos días antes de la suspensión y mi nieto llegó tres meses después de mi condena, el mismo día 14 de mayo en que fui suspendido. Esas dos compensaciones han hecho que lo sufrido se difumine, como el peso de la memoria, y sea más selectivo en mis recuerdos. Lo bueno siempre debe imponerse sobre lo perverso, aunque a algunos esto les cuesta entenderlo y actúan con la persistencia de las plagas. El bacilo de la peste puede estar latente cientos de años y reproducirse en cualquier momento, en cualquier punto de la sociedad para destruir y corromper. Por esa razón traslado al presente estas reflexiones.

Siempre he sido partidario de la transparencia, especialmente en la Justicia, y ese es el motivo por el cual llevo muchos años pidiendo que se conozca el patrimonio de los jueces y de aquellos familiares más cercanos con los que tengan relación económica; que se imponga legalmente la declaración de bienes con una auditoria a la finalización del mandato judicial o periódicamente; que el CGPJ establezca unas normas rígidas que regulen y transparenten todos los ingresos económicos de los miembros del poder judicial; que se regulen los patrocinios y las incompatibilidades. En definitiva, que se establezca clara y limpiamente lo que se puede y se debe hacer y lo que no está permitido.

El 10 de febrero de 2012 Baltasar Garzón dijo adiós a la carrera judicial al ser condenado a once años de inhabilitación por un fallo, adoptado por unanimidad de los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, en una durísima sentencia que le tachaba de «arbitrario» y «totalitario» y de «laminar derechos», así como de ordenar prácticas «propias de sistemas políticos ya superados» al intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos del caso Gürtel con abogados que el juez consideraba parte de la trama de evasión de capitales o corrupción. Cuando comenzó su particular calvario, los fallecidos Franco y Pinochet brindaban de felicidad, como recogió el dibujante Ricardo en esta viñeta, mientras el estupor llenaba las columnas de la prensa internacional.

Dudo que exista otro magistrado que haya sido más públicamente expuesto e investigado. Lo fui al comienzo de la década de 1990, cuando los narcotraficantes quisieron atacarme por ese camino; después, cuando entré en política; más tarde, a causa de los ataques sufridos por mis investigaciones sobre los GAL y su relación con algunos miembros del Ministerio del Interior; volví a serlo con motivo de este caso… Y ha continuado así en los años sucesivos, al entrar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; después, en la OEA; seguidamente, cuando formé parte del Gobierno argentino con rango de subsecretario de Derechos Humanos; a continuación, mientras presidía el Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), centro de categoría dos de la Unesco, es decir, clave para alcanzar los objetivos del programa estratégico de este organismo internacional; en enero de 2016, cuando finalicé mi gestión en ese cargo; e incluso ahora se revisan con lupa desde fuera y se exponen las cuentas de la fundación que presido o del despacho de abogados que dirijo. Y creo que esto es lo correcto. Lo que sucede es que sería deseable que en todos los casos fuera así, y no como ha acontecido con las denuncias que en su día presentaron Carlos Jiménez Villarejo o Cristina Almeida en las que se pedía la investigación de patrocinios y actividades de muchos magistrados, la preparación de oposiciones o las relacionadas con las entidades Ausbanc y Manos Limpias —ahora investigadas como presuntas extorsionadoras— en el campo judicial. En una declaración que resulta, cuando menos, sorprendente y, cuando más, escandalosa, y que se presta a un interés de aparente ocultamiento, se dice algo así como que es bueno participar en este tipo de actividades. Claro, el CGPJ debe estar pensando en la letra de una conocida canción del grupo español Jarabe de Palo: «Depende, ¿de qué depende? De según como se mire todo depende». Sería muy saludable que se investigara y profundizara en la transparencia judicial y no se avale, como pudiera parecer, el oscurantismo.

Un daño irreparable

Todo se desarrolló como estaba previsto en este esperpento valleinclanesco al que fui sometido por unos hechos no cometidos.

El 17 de enero de 2012, recién comenzado el juicio contra mí en el caso Gürtel por la Sala Segunda —en la que algunos me enjuiciaban y ejercían funciones de control de la instrucción simultáneamente—, el Supremo hizo público el archivo de una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por un delito de cohecho en relación con las cantidades de dinero que presuntamente me habría otorgado, según los mismos querellantes, cuando estuve en la Universidad de Nueva York. Los componentes del Tribunal eran Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Miguel Colmenero. Esta acción no les comportó ninguna sanción o crítica.

Tres de esos magistrados formaban parte también, tras la recusación previa planteada por mi defensa, de la Sala que me enjuiciaba precisamente en el caso Gürtel en aquel preciso momento: Marchena, Colmenero —como ponente— y Martínez Arrieta.

Nueve días después, el 26 de enero de 2012, en medio de la deliberación de la sentencia en el caso de las interceptaciones de las comunicaciones a los máximos responsables de la empresa criminal Gürtel, el juez instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se pronunció en relación con los dos cursos jurídicos que impartí como docente invitado por la Universidad de Nueva York en 2004 y 2005. Marchena, magistrado también en el caso Gürtel, dictó el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, recogiendo una relación de hechos delirante y calificándolos de cohecho impropio. Lo más llamativo es que Marchena llevaba dos años investigando unos hechos ya prescritos, como acababa de resolver la Sala Segunda, incluido el magistrado Colmenero, e inexistentes. Si sus colegas de Sala acababan de archivar por prescripción los mismos hechos, y si estos habían prescrito para Botín, también lo habían hecho para mí. Marchena sabía de sobra que este proceso no iba a ninguna parte. Entonces, ¿por qué siguió adelante?

Los querellantes, prestos a la oportunidad que se les brindaba, presentaron el escrito de acusación formal el 6 de febrero de 2012. Por su parte, al día siguiente la Fiscalía del Tribunal Supremo, como también hicimos nosotros, recurrió la decisión del juez Marchena y le solicitó el sobreseimiento de las actuaciones sobre las retribuciones percibidas por mí en Nueva York, manteniendo en todo momento que no se cometió delito alguno y que, de haberlo habido, estaría prescrito.

El juez Marchena rechazó nuestro recurso, que la Sala volvió a confirmar por auto del 10 de febrero. Curiosamente, junto a él formaron parte de esta Sala los magistrados Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza. Los mismos que habían resuelto en el caso Botín el 4 de enero anterior. Si lo consideraron prescrito entonces, ¿por qué aprobaron lo decidido por Marchena, ahora en mi contra? Realmente son demasiados interrogantes y contradicciones. Alguna vez deberán justificar todas aquellas decisiones.

El fiscal criticó duramente el auto del magistrado Marchena por entender que el delito apreciado iba «contra el resultado apreciable de una valoración lógica», que «debe ser armónica, no caprichosa», y que «no puede soportarse en la especulación», como hizo el juez del Supremo. Merece la pena rescatar al respecto el siguiente párrafo del escrito del fiscal:

[…] los elementos del delito tienen que estar probados. Sobre este particular requisito todos los representantes de las entidades financiadoras niegan que se haya otorgado la financiación en esa consideración. Eso es, pues, lo probado. Quien quisiera sostener que la finalidad era otra y que se otorgó el patrocinio por ser juez quien interviniera en los cursos habría de probarlo. No pueden soportarse en la especulación los elementos del delito. Y si ha de presumirse que por haberse intervenido como juez en alguna causa anterior del patrocinador no puede participarse en los cursos que este financie, por cuanto se cometería delito de cohecho pasivo impropio, al presumirse que tales patrocinios se habría otorgado en consideración a la función, dijese lo que dijese el patrocinador, parece que habríamos quebrado el principio de legalidad, la valoración racional de las pruebas y el principio de mínima intervención.

Por nuestra parte, insistimos en la misma línea que el Ministerio Fiscal. Finalmente, el 13 de febrero de 2012 la querella fue archivada por el instructor al no apreciar indicios de extorsión y considerar que, en todo caso, el supuesto delito de cohecho impropio habría prescrito. Pero, como cabía esperar, la resolución no era amable conmigo. No pudieron conseguir más que lo propuesto, el apalancamiento de la causa que ya había concluido con la sentencia cuatro días antes.

A pesar de la evidente falta de pruebas, observó el mismo fiscal, en la decisión de archivo el magistrado Manuel Marchena dejó la impresión de que yo había cometido un delito, aunque decidió archivar la causa dado que estaba prescrito. Y la dejó a pesar de que nunca existió elemento probatorio alguno respecto a una conducta punible ni oportunidad para confrontar los alegatos. Marchena afirmó:

[…] el querellado contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común —BSCH, BBVA, Telefónica y Cepsa— el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio Juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional.

Esta afirmación, aparte de lo que rezuma, no era cierta, por mucho que Marchena se empeñase en ella. Por lo que decía, Marchena me hacía responsable de cualquier investigación que hubiera habido respecto de ellas en la Audiencia Nacional. Muy instructivo todo.

Por tanto, pese al archivo, la decisión de admitir a trámite una querella por unos hechos idénticos a los que fueron objeto de otra querella previamente archivada y por un delito que ya estaba prescrito, la ampliación y alcance que adquirió la investigación, la publicidad dada al proceso —así como a los datos sobre mi patrimonio personal y el de mi familia— y el lenguaje utilizado en la decisión final causaron un daño irreparable y sembraron la duda sobre mi reputación frente a la opinión pública. Aunque quedara probada la ausencia de cualquier mácula de ilicitud en mi conducta, lo que demostré a pesar de las dificultades que el propio instructor puso, su intención incriminatoria fue manifiesta y, en consecuencia, parcial.

ADMISIÓN DE LAS QUERELLAS

Magistrados que componían las Salas

(en negrita, los magistrados coincidentes)

Fecha

admisión

Memoria

Histórica

Fecha

admisión

Nueva York

Fecha

admisión

Gürtel

Inadmisión

Nueva York

02.02.2009

Juan Saavedra

Carlos Granados

Joaquín Giménez

J. R. Berdugo

Luciano Varela (p.)

Memoria

histórica

27.05.2009

Juan Saavedra

Luciano Varela (i.)

Adolfo Prego (p.)

Joaquín Giménez

Francisco Monterde

J. R. Berdugo

Nueva York

28.01.2010

Juan Saavedra

Andrés Martínez Arrieta

José Manuel Maza

Julián Sánchez Melgar

M. Colmenero (p.)

Manuel Marchena (i.)

Gürtel

25.02.2010

Juan Saavedra

Alberto Jorge Barreiro (i.)

José Manuel Maza (p.)

Julián Sánchez Melgar

Perfecto A. Ibáñez

Manuel Marchena

José Ramón Soriano

p. (ponente); i. (instructor)

RECUSACIONES

Magistrados que componían las Salas

(en negrita, los magistrados coincidentes)

Fecha

recusación

Memoria

Histórica

Fecha

admisión

Nueva York

Fecha

recusación

Gürtel

Memoria

histórica

17.12.2010

Adolfo Prego

Francisco Monterde

Juan Saavedra

J. R. Berdugo

Joaquín Giménez

Se paraliza la causa hasta junio de 2011 con un nuevo tribunal.

Gürtel

03.11.2011

Juan Saavedra

Julián Sánchez Melgar

Perfecto Andrés Ibáñez

José Manuel Soriano

José Manuel Maza

Perfecto A. Ibáñez pide la abstención. Denegada.

Recusación a Marchena. No se admite.

TRIBUNAL DESPUÉS DE LAS RECUSACIONES

Magistrados que componían las Salas

(en negrita, los magistrados coincidentes)

Fecha

juicio

Gürtel

Fecha

juicio

Nueva York

Fecha

juicio

Memoria

Histórica

Gürtel

17-19.01.2012

Joaquín Giménez (pr.)

Manuel Marchena*

Miguel Colmenero (p)

A. Martínez Arrieta

Francisco Monterde

J. R. Berdugo

Luciano Varela**

No hubo juicio. Archivado por prescripción. No cambió la sala.

Manuel Marchena (i.)

Miguel Colmenero (p.)

A. Martínez Arrieta

Julián Sánchez Melgar

José Manuel Maza

Memoria

histórica

24 y 31.01.2012

Carlos Granados (p.)

Miguel Colmenero

A. Martínez Arrieta

Julián Sánchez Melgar

José Manuel Maza

Perfecto Andrés Ibáñez

José Ramón Soriano

Sentencia

09.02.2012

Condenado

Archivado por prescripción con observaciones condenatorias del juez.

Sentencia

27.02.2012

Absuelto

p. (ponente); i. (instructor); pr. (presidente)

* Mi defensa presentó recurso de amparo ante el TC ante la presencia de Marchena en este tribunal. No fue admitido.

** Mi defensa presentó recusación contra este magistrado. No fue admitida.

La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio

En unas ocasiones el odio, la soberbia o la prepotencia ciegan a los humanos; en otras, se trata de pura maldad; y en la mayoría, el culto al poder, del tipo que sea, es lo que nos subyuga. Mostrarse oferente con el poderoso es algo que siempre me repugna; hacer algo para que te tengan en cuenta o cuenten contigo me abochorna; y, por encima de todo, observar los coros de aduladores me sobrepasa. Por esta razón, a lo largo de mi vida he intentado comprender qué mueve a ciertas personas para actuar como lo hacen.

Hace más de tres décadas, el joven fiscal Manuel Marchena Gómez trabajaba en Las Palmas de Gran Canaria, su tierra natal. Pocos años antes, en 1979 y en la misma ciudad, José Domingo Martín Espino fundaba el Instituto Canario de Sicología y Educación (ICSE). Espino, casado con Rosa Marchena Gómez, comenzó así un proyecto de formación que, con el tiempo, se ha convertido en un grupo consolidado.

Pronto el ICSE amplió sus horizontes y comenzó a organizar jornadas y seminarios en los que participaban personalidades del mundo jurídico, fiscales, jueces, abogados… El jurista Marchena, dotado para las relaciones públicas, tuvo ocasión de colaborar en varios de estos actos organizados por el Instituto, con el que, además, dio a luz diversas obras. Y debió de hacerlo con la vehemencia que se le reconoce en otros afanes, pues la andadura del ICSE ha sido, sin duda, un auténtico éxito.

Si se atiende a su memoria ICSE, 30 años al servicio de la formación en Canarias, hasta 2009 en los actos realizados por el Instituto habían intervenido —en lo que se refiere exclusivamente al mundo del derecho— dos presidentes del Tribunal Supremo y del CGPJ; un presidente del Tribunal Constitucional; tres fiscales generales del Estado; tres presidentes de Sala del Tribunal Supremo; tres presidentes y tres fiscales jefes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; trece vocales del CGPJ; catorce magistrados del Supremo; cuatro magistrados del Tribunal Constitucional; cinco fiscales de Sala, siete de la Fiscalía General del Estado (FGE) y setenta y siete miembros de la carrera judicial. Y todo ello sin contar altos cargos de todas las instituciones y del Gobierno. ¿Quién iba a decir que un instituto dedicado a la «sicología» alcanzaría tal efecto de llamada en un tema tan distante como es la Justicia? Sin duda, un ángel bueno e influyente velaba por la entidad.

El ICSE ha continuado, durante sus ya casi cuatro décadas de existencia, promoviendo en Canarias jornadas y encuentros jurídicos a los que siguen acudiendo con frecuencia magistrados del Supremo y jueces y fiscales del más alto nivel, así como políticos en el Gobierno. Por poner un caso reciente, el ministro de Justicia en el Gobierno de Rajoy, Rafael Catalá, estuvo presente junto con el magistrado Marchena en la jornada sobre la Reforma de la Lecrim organizada en el ICSE en noviembre de 2015.

Marchena ejerció como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, en 1994, lo fue en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eligio Hernández, fiscal general del Estado y también de origen canario, fue la persona que lo nombró fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE entre 1992 y 1994. En una carrera fulgurante, Marchena continuaría con Jesús Cardenal —fiscal general del Estado entre 1996 y 2004— rindiendo buenos servicios para neutralizar todo lo que se refiriera a la jurisdicción universal y algún que otro informe exculpatorio que afectaba a la posible responsabilidad del ministro Josep Piqué. El buen fiscal Bartolomé Vargas, que llevaba esa investigación y procedió contra el ministro, fue el vencido en esa ocasión. En 2004, concluido el mandato de Cardenal, un real decreto ascendió a Marchena a fiscal del Tribunal Supremo, donde fue adscrito a la Sección de lo Penal. Tres años después, en 2007, el CGPJ lo nombró magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, convirtiéndose en el miembro más joven del Alto Tribunal. Durante 2007 y 2008 también formó parte de la Sala del 61, conociendo entre otros casos los procesos de ilegalización de ANV y PCTV.

Entre sus amigos, el antiguo fiscal y flamante magistrado del Supremo contaba con José María Michavila y Ángel Acebes, ministros del Gobierno de José María Aznar, con los que estuvo durante años como vocal en la Fundación Wolters Kluwer, que preside o presidía Michavila y en cuyo consejo asesor figura o figuraba asimismo Acebes. Y en la entrega de los premios La Ley otorgados por esa fundación, Marchena ha coincidido con frecuencia con el abogado de varios implicados en el caso Gürtel, Luis Rodríguez Ramos. Y también, mira por dónde, con el director general de Comunicación y Estudios del Grupo Santander, José Manuel Cendoya Méndez de Vigo. Sin ir más lejos, el mismo año 2011 en que insistía en la financiación del Santander y el caso de los cursos de Nueva York.

Con Rodríguez Ramos, y otros juristas afines al PP, se encontró también el juez Marchena en febrero de 2010, ya ven, en plena ebullición del caso Gürtel, durante unas jornadas de estudio patrocinadas por La Ley, y organizadas por Michavila, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Relata la prensa de la época que Rodríguez Ramos urgió en aquel lugar a la reforma del artículo 579 de la Lecrim, el precepto del ordenamiento español en el que se regula la intervención de las comunicaciones por orden judicial. Allí se encontraba también el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Julián Sánchez Melgar, miembro del tribunal que decidió la admisión de los casos de Nueva York y Gürtel y, además, firmante de la sentencia del juicio de la memoria histórica.

No deja de ser curioso que quince días después de ese encuentro, el 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abriera la tercera causa contra mí por supuesto delito de prevaricación al acordar la interceptación de las comunicaciones de los máximos responsables de la trama criminal Gürtel en prisión.

La sentencia del caso Gürtel, de la que fue también obra y parte el magistrado Marchena, motivó que durante once años no pudiera ocupar mi puesto de juez. Esta inhabilitación se produjo el 23 de febrero de 2012. Pues bien, una semana después, el 2 de marzo, el Consejo de Ministros creó una comisión institucional cuyo cometido sería presentar una propuesta de texto articulado de la Lecrim. Entre otras cosas, tendría como objeto luchar contra la creciente inseguridad jurídica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario e incrementar el control de las intervenciones telefónicas…

Curiosamente, entre los miembros de la comisión figuraba como presidente «Manuel Marchena Gómez, magistrado del Tribunal Supremo» y, según indica el BOE, entre los miembros que se designaron se encontraba ni más ni menos que «don Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y abogado». En efecto, Rodríguez Ramos era abogado —de varios implicados en la trama Gürtel— e impulsor, desde su puesto de vicedecano en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) al principio de toda esta historia, de la toma de posición de esta institución en la querella que afectaba al PP.

Magistrado y abogado debían llevar tiempo postulados para este tema. Extraña situación cuando, mientras se gestaba este grupo de trabajo —que claramente no debía ser improvisado—, juez y letrado estaban frente a frente enjuiciando uno y defendiendo el otro a varios imputados que podían resultar afectados por la decisión del Tribunal Supremo. Aquí, la imparcialidad objetiva que reclamaba para otros el instructor brillaba por su ausencia cuando se trataba de sí mismo.

Eso sí, las molestias que pudo sufrir porque el sector de la prensa que informaba con carácter crítico de las decisiones del Supremo contra mí, y de las que toda la Sala me hacía responsable, tuvieron su merecido premio: el juez Marchena pasó a presidir la Sala Segunda del Supremo en sustitución de Juan Saavedra el 30 de septiembre de 2014.

Recuerdo como, en varias ocasiones, tanto ciertos vocales del CGPJ como algún que otro magistrado conservador y la propia Fiscalía General me insistieron en que yo debía exigir al periódico El País que cesara en sus ataques y críticas al Tribunal Supremo y a los instructores que instruían las causas que me afectaban. Obviamente la petición o exigencia me parecieron tan indignos que, por supuesto, jamás hice nada al respecto. La información que se estaba dando respondía a la realidad de lo que acontecía. Sin embargo, los miembros de la Sala Segunda, o algunos de sus magistrados, supeditaban mi suerte a que yo hiciera cesar lo que denominaban «campaña» contra ellos y a favor mío. No quise sacar consecuencias entonces y no lo quiero hacer ahora, pero así ocurrió… y no solo una vez, sino varias.

Peor suerte corrió otro magistrado que también estuvo presente en mis procesos. El antiguo fiscal Miguel Colmenero optaba al mismo puesto que Marchena, pero solo obtuvo un voto frente a los doce de su colega. Y eso a pesar de estar bien visto por el sector conservador, como muestra su participación en actos organizados por la Fundación FAES que preside José María Aznar, como algunos de los seminarios celebrados en 2005, 2006 y 2007 en los que coincidió con otro colega, el magistrado Adolfo Prego.

Colmenero dirigía, en la época en que se inició el baile de querellas, unos cursos en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), en cuyo consejo académico figuran diferentes magistrados de distintas instancias. Entre los ponentes que acudían a las jornadas, cursos y seminarios de FIDE, había habituales representantes de prestigiosos bufetes como, una vez más, Luis Rodríguez Ramos o Miguel Bajo, abogados ambos en el caso Gürtel. Y en los actos de FIDE colaboraban también diversas empresas y entidades financieras, entre ellas el Banco Santander. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2009. Se da la circunstancia de que Miguel Colmenero fue magistrado en los tres casos que me instruyeron, actuando como ponente en la admisión de la querella de los cursos de Nueva York y en la de la Gürtel, y firmando la sentencia dictada por la investigación de los crímenes franquistas. Y fue también el ponente de la querella por cohecho contra Emilio Botín por la misma causa, la de Nueva York, que diez días después iniciaría contra mí Marchena y fue archivada por prescripción.

La reescritura de la historia con el ánimo de manipular el pasado, como ocurre con la negación del Holocausto nazi, lleva a situaciones tan absurdas e incomprensibles como la de considerar que la dictadura de Franco no fue tal, sino un «régimen autoritario pero no totalitario». La voluntad de tergiversar la realidad, de reescribirla (y así lo apunta Manel Fontdevila en esta viñeta), se desató en cuanto se conoció que Garzón acabaría con la impunidad de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad durante el franquismo y se reafirmó cuando el juez se atrevió a luchar contra los políticos envueltos en los escándalos del caso Gürtel. Garzón, que representaba a la Justicia, acabó sentado en el banquillo de los acusados y despojado de su carrera profesional mientras que los culpables siguen campando a sus anchas por los centros de poder de toda España.

Abogados y jueces

La relación entre abogados y jueces en este entramado de juicios es habitual. Veamos el caso de Alberto Gumersindo Jorge Barreiro. Este juez, a quien se tiene por progresista o al menos afiliado a Jueces para la Democracia, fue el instructor de la querella del caso Gürtel.

En la época de los juicios, era profesor asociado de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en la que figura como catedrático su hermano Agustín Jorge Barreiro. Entre los profesores que figuraban con él en el curso académico estaba el catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, que en el curso 2009-2010 era ya emérito. Rodríguez Mourullo defendía a imputados de la Gürtel y también los intereses de Pablo Crespo contra mí. La relación del hermano del juez y Rodríguez Mourullo venía de atrás, pues, en una de sus publicaciones, Agustín Jorge se refiere a él como «mi maestro».

Otro catedrático del mismo departamento en el que figuraba el juez Alberto Jorge Barreiro era Miguel Bajo. Abogado defensor del imputado Bárcenas en el caso Gürtel, Bajo figura con Barreiro en el cuadro docente del curso 2010-2011.

Pero lo que más llama la atención es la figura de Rodríguez Mourullo. Volviendo al inicio, la importancia de este abogado y de Alberto Jorge Barreiro se centra en el origen de la admisión de esta querella. Primero la presentó el abogado Ignacio Peláez, después José Antonio Choclán y, a continuación, Gonzalo Rodríguez Mourullo. El vicedecano y vocal primero del Colegio de Abogados, Luis Rodríguez Ramos, cuyo despacho coordinaba la defensa de otros imputados —es decir, concejales y diputados de la trama Gürtel—, planteó en la Junta del ICAM personarse contra mí por el tema de las escuchas. Se produjo una discusión. Al final se tomó el acuerdo por una exigua mayoría. Antonio Hernández Gil, decano del Colegio, no llegó a personarse, pero elaboró un duro informe contra mi autorización de las intervenciones telefónicas y uno de los tres abogados lo unió a la causa como elemento de autoridad.

Otro juez bien visto por los conservadores es Francisco Monterde Ferrer. Lo más notable en el caso de este magistrado es su relación con el Partido Popular. Fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 a propuesta de esa formación política. Entre los senadores populares que votaron su candidatura figuraban Jesús Sepúlveda, imputado en la Gürtel y entonces marido de la exministra Ana Mato —señalada como responsable a título lucrativo en el caso Gürtel—, Esperanza Aguirre y Javier Arenas.

En junio de 2009, Monterde fue designado para instruir la rama del caso Gürtel asumida por el Tribunal Supremo, que afectaba al entonces senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado popular Jesús Merino por un delito de cohecho y de fraude fiscal.

Tres años después, apareció la noticia (El Plural, 22 de enero de 2012) de que el Gobierno de Francisco Camps había nombrado director del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en Valencia, a su hijo, Francisco Monterde Cones.

Monterde fue otro de los magistrados que firmaron la sentencia que me condenó en la Gürtel. Creo que, como botón de muestra, bien están estos retazos biográficos que he expuesto y que supongo suficientemente explicativos de cómo las profesiones de jueces, políticos y abogados no son compartimentos estancos.

Los cursos de sus señorías

Que los jueces y fiscales participemos en cursos, seminarios y conferencias es normal e incluso positivo. Pero hay que cuidar diferentes aspectos que no siempre se tienen en cuenta. Como los que pusieron en evidencia el 10 de mayo de 2012 el antiguo fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y otros juristas como Cristina Almeida en un escrito que remitieron al CGPJ. Solicitaban la incoación de diligencias informativas o expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resultaba de los datos expuestos, hubieran infringido el régimen orgánico de «prohibiciones e incompatibilidades»:

[Lo hacemos] con el objetivo de alcanzar una justicia mas transparente, exigencia aplicable a los jueces y magistrados cuando actúan en el ejercicio de actividades declaradas compatibles según el artículo 389 de la LOPJ, como la «docencia o investigación jurídica», pero desempeñan funciones, particularmente en el ámbito de las empresas privadas o fundaciones vinculadas a las mismas, que podrían constituir una forma encubierta de «asesoramiento jurídico», completamente prohibido, o de ejercicio de «funciones» de «consejero» «en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género», igualmente prohibidas.

[…] Resulta preocupante para la garantía de la imparcialidad objetiva de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que algunos de ellos concurran en las actividades que se describirán, de forma reiterada, con los letrados que, a la vez que ejercen el derecho de defensa respecto de imputados en ciertos procesos penales, han representado a estos como acusación particular en algunos de los procesos que se han seguido en dicha Sala contra el magistrado-juez don Baltasar Garzón Real.36

Con estos términos apuntaban a los magistrados de la Sala: el presidente, Juan Saavedra, y sus colegas Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza Martín y Manuel Marchena. Exponían también la relación de determinados magistrados con entidades privadas como Schola Iuris, Datadiar y FIDE. No olvidaban su presencia en diferentes cursos en los que habían intervenido y coincidido con defensores de personas de la trama Gürtel y con algunos de los jueces del caso por la interceptación de las comunicaciones de sus máximos responsables, así como las clases que impartieron en centros universitarios en los que también se daba la misma o similar concurrencia.

Se recordaba asimismo, como ya he mencionado antes, la relación de algunos magistrados con la Fundación FAES, presidida por el expresidente popular José María Aznar, o con la Fundación Wolters Kluwer «en la que juegan un papel relevante los populares José María Michavila y Ángel Acebes».

En un segundo escrito dirigido también al CGPJ, se referían al patrocinio de las actividades organizadas por las asociaciones de jueces:

[…] prácticamente todas las asociaciones de jueces, de cualquier signo ideológico, desde hace veinticinco años, han celebrado sus congresos gracias a la generosa aportación de dichas entidades. Aportaciones que representan un indudable beneficio económico para los asociados tanto respecto de gastos de hospedaje como de manutención. Pese a la obtención de un evidente beneficio económico por todos los jueces y magistrados asistentes a dichos congresos o beneficiarios de las referidas entidades financieras, no consta que nunca se hubiera incoado una causa criminal contra ellos por un delito de cohecho del artículo 426 del Código Penal, ante la evidente irrelevancia penal de los hechos descritos. Sin embargo, con un evidente trato desigual ante la ley penal, sí se hizo contra el magistrado don Baltasar Garzón Real en la Causa Especial 20339/2009 incoada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que el instructor, magistrado Marchena, por auto de 26.2.2012 declaró cometido dicho delito por el imputado señor Garzón, sin perjuicio de su posterior declaración de prescripción.

En el escrito se pedía que las distintas asociaciones de jueces informasen de los antecedentes pertinentes

para conocer el número de los congresos u otros actos organizados por ellas financiados por bancos y cajas de ahorro, con determinación de la cuantía concedida en cada uno de ellos y las cuentas corrientes donde fueron abonadas, así como los convenios y sus contenidos, como los citados u otros que desconocemos, celebrados entre las asociaciones y entidades de crédito y otras empresas.

Me parece que ni siquiera llegaron a contestarles, ni tampoco hicieron el mínimo esfuerzo por investigar, como tampoco lo han hecho ahora, tras el ingreso en prisión del responsable de Ausbanc, que ha organizado numerosos cursos y encuentros pagados y financiados por entidades privadas y/o bancarias a los que muchos jueces asistían y en los cuales, algunos de ellos, incluso participaban o actuaban como coorganizadores a cambio de la contraprestación correspondiente.

Y es que en el caso de los cursos de Nueva York, la hipocresía llegó a cotas espectaculares. El recorrido por jornadas, seminarios, cursos, conferencias, centros de formación y actos subvencionados por todo tipo de empresas y entidades financieras —entre las que suele destacar el Banco Santander— era continuo para los jueces que formaron el tribunal que me sentenció, al igual que para otros muchos. Algunos magistrados, como José Manuel Maza, quien formuló el voto particular en el juicio de la memoria histórica al no quedar conforme con mi absolución, son empedernidos conferenciantes. Probablemente si se hiciera un estudio de cursos por magistrado, Maza triunfaría por derecho propio, especialmente en determinados países de Hispanoamérica en los que es de sobra conocido. Pues bien, este juez formó parte de la Sala del caso Nueva York que sirvió para difamarme hasta el infinito y más allá.

El corporativismo del que hizo gala el Tribunal Supremo a lo largo de los tres procesos que se siguieron contra mí fue evidente y memorable. La fijación, a causa de algunos procesos que yo instruí, también ha sido notable… y se me ha hecho pagar con creces.

Del indulto

El último episodio (o, al menos, eso parecía) tuvo lugar cuando la asociación Medel, en nombre de los más de quince mil jueces y fiscales europeos que la forman, pidió mi indulto el 18 de mayo de 2012. El escrito de solicitud decía así:

[…] Don Baltasar Garzón Real ha sido condenado en sentencia de única instancia, irrevocable y definitiva, con base en unas normas complementarias del precepto penal que no es exagerado calificar como de destacable imprecisión, con cuyo soporte se ha impuesto una pena de una severidad desproporcionada y extraordinaria, que no se corresponde con los criterios de individualización del elemento subjetivo del delito apreciados por el mismo Tribunal Supremo en sus resoluciones anteriores y posteriores.

Los criterios contemplados por la vigente Ley de 18 de junio de 1870 para la concesión del indulto son la atención al mal causado, las circunstancias personales del reo, o razones de justicia, equidad o utilidad pública.

Recapitulando cuanto queda expuesto, podemos observar que todos estos criterios concurren manifiestamente en don Baltasar Garzón Real.

[…] No se ha producido más afectación al bien jurídico protegido, según recoge el Tribunal, que en la ventaja que para el investigador supone la posibilidad de saber […] la estrategia defensiva […]. No consta que tal posibilidad se tradujera en efectiva traslación de la ventaja a las actuaciones del proceso. Por ello la injerencia, en los términos que el Tribunal afirma, ha sido, en todo caso, mínima.

[…] El principio de lesividad, propio del derecho penal democrático, ha sido, en su caso, mínimamente afectado. Es razonable, en consecuencia, que la reacción punitiva sea también mínima, disponiendo para ello no solo del tipo penal que ha sido aplicado, sino del conjunto normativo vigente, incluida la Ley de 1870.

[…] la atención a las circunstancias personales del reo nos conduce a la consideración de la ausencia total y absoluta de cualquier motivación extraprocesal ni extrajudicial, merecedora de un reproche ético acumulable a la simple contravención legal. La conciencia del magistrado juez, desde esta esencial perspectiva, está fuera de toda duda. Por ello es razonable ajustar la equidad, como concede la Ley de 1870, a esta mínima dimensión del reproche derivada del elemento subjetivo del delito.

[…] En virtud de cuantos argumentos han quedado expuestos, y con base en las normas y resoluciones que se han reseñado, estimamos que hay razones de equidad y justicia para otorgar a don Baltasar Garzón Real el indulto solicitado.

La tramitación de esta petición sufrió diversas incidencias, incluida la pérdida del expediente que, según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, había sido remitido al Tribunal junto con otros seis expedientes en un mismo paquete. Todos llegaron a su destino salvo el que se refería a mí, que estuvo perdido casi un año.

En la tramitación, ya con una fiscal general diferente y con el Partido Popular en el Gobierno, el nuevo fiscal —Antonio Narváez— cambió sustancialmente su postura y, de apoyar mi inocencia absoluta, pasó a defender que no procedía el indulto con la peregrina argumentación de que no me había arrepentido. En el mismo sentido argumentaron las acusaciones particulares, hablando de mi supuesta «perversidad» procesal como era lógico, y también la Sala Segunda, como le correspondía a la posición que habían desplegado al condenarme y al interés nada disimulado de que no pueda volver al ejercicio de la profesión de juez.

Recuerdo que, a la vista de la situación, hablé con el ministro. Ruiz-Gallardón estaba en Roma, en una actividad en el Vaticano, y tan solo le pedí —a la vista de que El País había adelantado que se denegaría el indulto— que se hiciera en una resolución independiente de otras peticiones similares. Así me lo garantizó… y lo incumplió, incluyéndome en un paquete con otras personas con las que mi caso nada tenía que ver.

En la tramitación del indulto y para contestar a las afirmaciones del fiscal Narváez —que poco después sería promocionado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y después, a una velocidad fulgurante, al Tribunal Constitucional— y a las de las acusaciones, Medel alegó:

[…] el Ministerio Público contradice su previa posición procesal alegando que ello se efectúa porque asume con lealtad institucional y procesal el resultado jurisdiccional adverso para su tesis en el proceso. Sin embargo, una posición diferente en este expediente no significaría deslealtad institucional ni procesal. La solicitud de indulto implica asunción de la sentencia en todos sus términos y extremos fácticos y jurídicos, y en todo caso se formula de conformidad con la Constitución y la ley. El inteligente argumento responde, únicamente, a la necesidad de justificar un diametral cambio de criterio por razones no explicitadas. Son estas las que subyacen en el conjunto de sus subsiguientes argumentaciones, plenamente coincidentes, ahora, con los acusadores.

De forma contundente y clara, esta asociación europea de jueces y fiscales afirmaba que, obviamente, no había sido parte en el proceso que concluyó con mi condena.

Por ello, a diferencia del Ministerio Fiscal, [Medel] carece de vinculaciones institucionales o procesales. Solo está vinculada al respeto a la legalidad como conjunto normativo que comprende la facultad de argumentación y alegación a los efectos de la solicitud de indulto, valiéndose lealmente, incluso de modo indirecto y tangencial, según dice el fiscal, de cuantas oportunidades le brinden las leyes y la jurisprudencia.

[…] Medel actúa en nombre del condenado, acogiéndose a lo que permite el artículo 19 de la Ley del Indulto. Pero ello no implica que su intervención obedezca a un previo encargo de don Baltasar Garzón, o que sea una simple longa manu del mismo. Medel decidió democráticamente, mediante sus órganos estatutarios colegiados, acudir a este último recurso constitucional y legal en favor de don Baltasar Garzón, y por entender que con ello, además, favorecía la plena independencia interpretativa de los jueces y magistrados europeos, de los que una relevante cantidad se agrupan en la entidad solicitante de indulto.

El señor Garzón fue informado del acuerdo asociativo y agradeció la iniciativa, a la que no se opuso, aceptando con ello que se solicitara en su nombre y cumplimentándose así la exigencia del artículo 19.

Ante la postura, ahora divergente, del fiscal, que reprochaba a Medel haber olvidado que la sentencia condenatoria también me atribuía la comisión de un delito contra el artículo 536 del Código Penal, la asociación apostilló que «la ausencia de cualquier comentario sobre tal extremo no deriva de olvido ni de desatención».

Como dice la sentencia condenatoria, dictada la resolución que acuerda la intervención de la comunicación, la ejecución de la misma mediante la utilización de los artificios técnicos de escucha no añade un nuevo contenido de injusto al ya contemplado por la prevaricación, por lo que debe entenderse que este delito absorbe al segundo. […] Así pues, tan solo existe una pena, la de la prevaricación, de conformidad con el artículo 8.3 del Código Penal. Y es esta única pena, correspondiente a un único injusto apreciado por el Tribunal, la que es objeto de solicitud de indulto.

Al argumento de la falta de arrepentimiento por mi parte y de mi supuesta actitud «de indiferencia», según el fiscal, ante la improbable posibilidad de que esta solicitud prosperara, Medel respondió que no parecía «adecuado incurrir en un juicio de intenciones. La ausencia de optimismo del señor Garzón respecto a la prosperabilidad de la solicitud de indulto no puede confundirse con su indiferencia». En efecto, en mi caso, opera la certeza de que ni en ese momento, ni en ningún otro, el Tribunal cambiará de criterio respecto a mí, porque, además de la sentencia, concurren otras circunstancias que trascienden a la propia cuestión jurídica.

Medel remataba sus argumentos de forma contundente:

En la misma línea, pero sin matices que disimulen la subjetividad vindicativa de los acusadores, se tacha al señor Garzón de arrogante, prepotente, altivo, orgulloso, recalcitrante, e incluso abyecto. Es bueno recordar que el derecho penal hace muchos años que ha desterrado de su seno cualquier dimensión de reproche que no sea exclusivamente jurídico. La sobreactuación forense, cuajada de epítetos redundantes, es, no obstante, buena muestra de la lamentable pervivencia de aquellas prácticas de reproche extrajurídico que debieran haber desaparecido.

[…] El señor Garzón no se considera un delincuente. Su defensa, así como la posición del Ministerio Público en el proceso, se basó en la consideración de que sus resoluciones no merecían ser subsumidas en el tipo penal de la prevaricación. Esta consideración, sustentada en fundamentos jurídicos, permanece razonablemente en la conciencia del señor Garzón. La sentencia condenatoria ha precisado desplegar una ejemplar extensión y riqueza jurídica para motivar su decisión frente a los argumentos de la defensa y del Ministerio Público, también extensos y cargados de fundamentos jurídicos. No se trata de derechos absolutos dice el Tribunal […] expresando la complejidad de determinar la prevalencia de los derechos tutelados en el caso.

Dadas estas extraordinarias circunstancias, es absolutamente razonable que el señor Garzón, tras la condena, mantenga la misma convicción respecto de su culpabilidad. Y con esta convicción, forzosamente despojado de cualquier vinculación institucional, reducido a la condición de simple ciudadano, es igualmente razonable, y ajustado a derecho, que ejerza el derecho a la sana crítica, con la inevitable subjetividad inherente a su condición de condenado. Esto no implica altanería, arrogancia ni menos aún abyección.

En este marco debe plantearse, abiertamente, si la condición del condenado que se tiene por inocente es incompatible con la gracia del indulto, tal como lo entienden los acusadores y el fiscal. O dicho de otro modo, si el requisito del arrepentimiento a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Indulto ha observado alguna mutación interpretativa desde 1870 o permanece anclado en los marcos moralizantes decimonónicos.

No disponemos de mejor referencia para el análisis de la evolución interpretativa que la expresada por la jurisprudencia, finalmente plasmada en la desaparición del propio concepto en el vigente catálogo de circunstancias atenuantes.

La atenuante de arrepentimiento espontáneo, decía la sentencia de 14 de marzo de 1994, «carece ya de las connotaciones intimistas y de inquietud de conciencia en que tradicionalmente se anclaba, en consonancia con el sentido ético que inspiraba el derecho penal clásico. En efecto, a partir de la sentencia de esta Sala de 14 de marzo de 1985 […] se ha adecuado el requisito de arrepentimiento a una expresión más en consonancia con las exigencias de un Estado de derecho, considerando innecesaria cualquier manifestación de dolor o remordimiento». Y concluía a continuación «basta el dato objetivo de la ejecución de uno de los comportamientos expresados en el texto» de la vieja atenuante del Código Penal ya derogado.

El requisito del arrepentimiento del artículo 25 de la Ley de 1870 no contiene exigencias de comportamiento. Las exigencias de dolor o remordimiento, según nuestra jurisprudencia, son imposiciones intimistas incompatibles con el Estado de derecho.

El señor Garzón asume la sentencia condenatoria en la medida en que no cabe ulterior recurso, y soporta sus severas consecuencias. Con ello ha cumplimentado las exigencias de arrepentimiento compatibles con un Estado de derecho.

Medel respeta y comparte esta posición de don Baltasar Garzón, y estima que no debe afectar a la solicitud de la gracia del indulto, que fue formulada a partir de sus propios criterios y fundamentos, y en cumplimiento de sus fines fundacionales.

Así quedó la cosa en 2014. No estuve, ni estoy, ni estaré de acuerdo con aquella sentencia. Discrepo de ella en el fondo y en la forma, como de toda la tramitación de esa causa y de las demás. Lo cual no quiere decir que no asuma la realidad de la misma que tan graves consecuencias me ha reportado en mi vida profesional.

La vida continúa

No había duda de que yo era la pieza en el punto de mira. Una buena prueba de ello es que la modificación legislativa votada en el Congreso únicamente por el PP, y aprobada gracias a su mayoría absoluta, no contempla las intervenciones telefónicas como delito. Podían haber dicho: «La interceptación de comunicaciones entre abogados y sus clientes no será posible, y si se hiciera será delito». No lo han hecho. Lo han obviado y, por tanto, es posible ordenarlas. Doy por hecho que jamás volverá a haber una condena similar. Ya han existido otros casos similares, y nunca se molestó a los jueces que intervinieron las comunicaciones de los internos con un juicio y una sentencia condenatoria. Esta, la mía, fue la primera y la última condena. De no ser así, no se hubiera podido cobrar la pieza.

Decía el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda que, cuando concluyó el juicio de la memoria histórica, se quedó con la sensación de un enorme y tremendo vacío moral. Y aunque al término hubo mucha gente que lo felicitó, no aceptó los parabienes e incluso dejó sin contestar los cientos de correos electrónicos y mensajes de toda clase para darle la enhorabuena por esa absolución. Lo comentó el exfiscal del TPI Luis Moreno Ocampo en unas jornadas sobre justicia universal y, probablemente, fue la única persona que se dio cuenta de mi vacío. «A mí lo que más me llamaba la atención era lo solo que estabas», dijo. Pero, a pesar de todo, nunca me sentí solo. Hubo un apoyo constante, que se mantiene todavía ahora, incluso con más intensidad, por parte de muchas personas, de las víctimas y de quienes creían y siguen creyendo que la jurisdicción universal es una herramienta eficaz para luchar contra la impunidad, que luchar contra la corrupción es posible, que hacer frente al terrorismo con las armas del derecho y de la ley es no solo posible, sino necesario… El apoyo de todos aquellos que, como yo, piensan que luchar contra la impunidad es una obligación.

Hubo profesionales que tuvieron el valor de estar conmigo, a pesar de la fuerza corporativa que ejercieron diferentes colectivos en mi contra. A fin de cuentas, todos ellos tienen que seguir trabajando y el oponente no era otro que el Tribunal Supremo. Incluso compañeros como Dolores Delgado, Santiago Pedraz, Fernando Andreu, Clara Bayarri, Ramón Sáez o José Ricardo de Prada, entre otros que estuvieron conmigo en directo, sufrieron ataques y se les impidió incluso pasar por la puerta de jueces y fiscales si iban a las sesiones del juicio. Los centenares de personas que me acompañaron en la calle —y que después fueron sancionadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid— me reconfortaron en esos duros días, como lo hicieron las víctimas que pudieron declarar, por primera y única vez, ante un tribunal por los crímenes que el franquismo había cometido contra los suyos.

Poder decirle a un tribunal que soy inocente, teniendo el convencimiento de que cada uno de sus componentes sabe que es así, les deja un lugar en la historia muy poco honorable. Ellos son los que tendrán que dar cuenta de lo que hicieron y por qué lo ejecutaron. Y si no lo hacen no será mi problema, sino el suyo. Al concluir el juicio de la Gürtel, frente a la acusación de los letrados de los máximos responsables de la red de corrupción investigada de que actué movido por «la razón de Estado, que es la excusa de los tiranos», repliqué con la contundencia de la convicción: «la única razón de Estado que entiendo es la razón democrática de los ciudadanos». E insistí: «En ningún momento se violentó el derecho de defensa, sino que se protegió, procurando conciliar los derechos fundamentales en juego». Y, aun sabiendo que el presidente del tribunal me llamaría la atención porque a nadie le gusta oír la verdad, concluí con una frase de Willy Brandt que siempre he asumido como propia porque escenifica una gran verdad:

Abrir la puerta a la primera injusticia es hacerlo a todas las que le siguen.

Cuando recibí la sentencia por la que se me condenó, no quise que nadie me acompañara. Cerraba mi propio círculo. Bien es cierto que mis compañeros me esperaban cerca del Tribunal Supremo; mi mujer y dos de mis hijos permanecían atentos en casa; mi hija María intentaba desesperadamente salir de un atasco para llegar a tiempo; mi familia, expectante ante las noticias, y mi madre esperaba mi llamada. Esta fue la noticia más dura que tuve que darle. Las circunstancias se dieron de esa manera. Y creo que fue correcto. Recogí el auto y firmé la notificación en una oficina llena de expedientes, de manos del oficial que había transcrito las actas del juicio y las declaraciones en la instrucción, quien, bajando la vista cuando me dio la copia de la sentencia, dijo: «esto es para usted».

No estaba presente el secretario, ni tampoco ninguna audiencia pública tuvo lugar. Solo el frío y lóbrego pasillo sin iluminación en el que leí el fallo condenatorio me acompañó aquella gélida mañana del 9 de febrero de 2012. Salí del Supremo por última vez por la misma puerta por la que había entrado el 8 de mayo de 1980 con el propósito de examinarme para juez.

La ilusión de aquel lejano día nada tenía que ver con la amargura de la injusticia de este otro. Pero sí me iba con el orgullo del deber cumplido y de haber dejado huella. Y con la confianza en que saldría adelante a pesar de todas las dificultades que los magistrados desplegaron, que seguiría peleando en las instancias necesarias para denunciar lo ocurrido y que, sin duda alguna, el tiempo me daría la razón.

Desde entonces, sigo en la brecha.

Han sido muchos los países y organismos en los que he trabajado para mejorar las condiciones de una maltrecha Justicia, desde una perspectiva de protección y empoderamiento de las víctimas: la Corte Penal Internacional, Colombia, Ecuador, Argentina, México, Guatemala, El Salvador, España, Brasil, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas… Allí donde el viento me lleve. Siempre procurando denunciar en los diferentes ámbitos en los que me muevo las injusticias que se cometen contra quienes no pueden sino buscar la acción de una Justicia demasiadas veces silente o, lo que es peor, postrada en la indiferencia.

En el mundo siempre hará falta un juez para indagar, para perseguir el delito y arropar a las víctimas. Por eso tengo la certeza de que, inevitablemente, nunca dejaré de estar en el punto de mira.

In memoriam

Sirvan estas páginas como homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad por las que vela la jurisdicción universal. Y un recuerdo especial a las olvidadas víctimas del franquismo, por las que intento seguir velando. Por ellas hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para conseguir que un lugar como el Valle de los Caídos pase definitivamente a la historia dando reposo a las víctimas y convirtiéndolo en un memorial para que las generaciones presentes y futuras conozcan su historia y jamás la repitan.

Ilustraciones

En octubre de 1999, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad la petición de investigación de la abreviatura Pte., que muchos consideraron equivalente a Presidente, incluida en los famosos papeles del Cesid. Como Gallego y Rey recogen en esta viñeta, Felipe González podría haber estado en graves aprietos si se hubiese demostrado tal conjetura, pero la resolución negativa del Tribunal Supremo daba por zanjada la cuestión de la posible participación del ya expresidente en la trama.

En junio de 1995, apenas a mes y medio del intento de atentado contra don Juan Carlos en Palma de Mallorca, se desató el escándalo por las escuchas ilegales que agentes del Cesid habían realizado durante años a políticos, empresarios, periodistas e incluso al propio rey, como recoge esta viñeta de Oroz. Algunos medios aseguraron que estas grabaciones se hicieron con el consentimiento del Gobierno presidido por Felipe González y que pretendía utilizarlas como un instrumento de chantaje político.

Con los papeles del Cesid pendiendo sobre su cabeza cual espada de Damocles, tal y como recogen Gallego y Rey en esta tira, Felipe González no conseguía distanciarse de la constitución de los GAL y de la guerra sucia contra el terrorismo. Aunque algunas de las investigaciones se desarrollaron fuera del poder ejecutivo y no llegaron a buen puerto por razones políticas, contribuyeron a la regeneración de la democracia surgida de la Transición y a limpiar unas instituciones que actuaban, en ciertos casos, en la ilegalidad más absoluta.

La lucha por la justicia de Baltasar Garzón incomodó a muchos, inquietos por las consecuencias que la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista pudiera tener. Como consecuencia de este afán por defender la verdad, el juez sufrió una caza implacable en la que se le persiguió con todos los medios al alcance. En esta viñeta de Ferreres, alusiva a los juicios de enero de 2012, se hace referencia al linchamiento público a que fue sometido como represalia por intentar que se cumpliera la Ley de Memoria Histórica, una herramienta concebida para devolver su dignidad a los miles de españoles que aún yacen en fosas dispersas por todo el país.

El 12 de febrero de 2009 Baltasar Garzón ordenó la prisión provisional e incondicional de los tres máximos responsables de la trama Gürtel: Francisco Correa, su testaferro Antoine Sánchez y su socio Pablo Crespo, mientras que Álvaro Pérez quedó en libertad. La sola alusión al juez, como recoge humorísticamente esta viñeta de Vergara, alteraba a miembros muy destacados de la cúpula del Partido Popular, sobre todo en Madrid y Valencia, que temían verse implicados en la investigación. Entre ellos estaban Francisco Camps, Ricardo Costa, Alberto López Viejo, Arturo González Panero, Jesús Sepúlveda Recio y Ginés López Rodríguez.

En una decisión valiente, el juez Garzón inició la causa contra Augusto Pinochet, con la que se pretendía devolver la dignidad a los miles de chilenos que habían perdido la vida durante la dura represión ejercida a lo largo de su dictadura. La jurisdicción universal permitió que Garzón, quien hasta entonces había logrado eludir la acción de la Justicia, emitiera una orden de detención contra él, orden que supuso, como Gallego y Rey recogieron en esta viñeta, el fin de la inmunidad y la impunidad de las que había gozado hasta entonces el exdictador chileno.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, se abstuvo en el proceso contra Baltasar Garzón argumentando que así preservaba la independencia de esta institución. De Rosa, que había sido conseller de Justicia en la Generalitat de Valencia, atacó a su colega por haber imputado al presidente Francisco Camps en la instrucción sobre la trama Gürtel que el magistrado desarrolló en 2009. Aunque el CGPJ obligó a De Rosa a retractarse, su enemistad manifiesta hacia Garzón hizo que este lo recusara tras la admisión, por parte del Tribunal Supremo, de las tres querellas en su contra.

Los dardos lanzados contra Garzón con motivo de sus investigaciones sobre la trama Gürtel, que protagonizan esta viñeta de Gallego y Rey, no pretendían más que desprestigiar al juez y acabar con su carrera, evitando así que la causa contra sus responsables, tanto directos como indirectos, progresara. En plena campaña de acoso tras el estallido del caso, una serie de medios y personajes de dudosa ética lo persiguieron con saña hasta conseguir que fuese condenado, injustamente, a la inhabilitación profesional.

El dibujante Peridis, en esta viñeta publicada el 25 de enero de 2012, plasma la situación de Baltasar Garzón como consecuencia de la investigación de los crímenes del franquismo. La historia ha demostrado que el fascismo fue una de las mayores desgracias históricas vividas en y por España, de modo que la lucha contra sus reminiscencias y la solución de sus delitos sigue vigente. No debe olvidarse que la Justicia, como Garzón ha señalado a lo largo de toda su carrera como juez, debe dar respuesta al abandono a que han sido sometidas sus víctimas y sus familias.

La afición al fútbol de Baltasar Garzón es de sobra conocida, así como su pasión por los logros del Barça, al que considera uno de los mejores equipos del mundo. A raíz de los juicios contra Garzón, el dibujante Toni Batllori aprovechó ese rasgo para insistir, en esta viñeta publicada en 2012, en el carácter firme del aún juez, que jamás se ha retractado de sus decisiones, incluidas las más polémicas, por considerar que todas sus iniciativas judiciales eran correctas y estaban basadas en el Derecho.

Los miembros de una amplia sección de la Judicatura y de determinados grupos políticos aplaudieron la sentencia que inhabilitó a Baltasar Garzón para el ejercicio de su profesión. En esta viñeta de Manel Fontdevila, los adioses al ya exjuez evocan el tema de fondo que condujo a esa situación: la investigación de los crímenes de la dictadura de Francisco Franco. El propio aludido afirma, sin la menor duda, su compromiso permanente con esta labor: «Ahora, con la perspectiva de estos años transcurridos, miro hacia atrás con serenidad y no me arrepiento de nada de lo que hice al abrir la causa del franquismo».

Las voces críticas con el trabajo de Baltasar Garzón para dilucidar las responsabilidades de todos aquellos relacionados con los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo llegaron desde diferentes niveles de la sociedad española. Miembros del poder judicial, del legislativo, del ejecutivo, de la Iglesia católica y de ámbitos relacionados de uno u otro modo con la herencia fascista levantaron la voz, y algunos incluso recurrieron al saludo romano, como en esta viñeta de Manel Fontdevila, para criticar y desprestigiar a Garzón por esforzarse en juzgar hechos que todos ellos preferían olvidar, ignorando a las víctimas y a sus familiares.

Una parte de la sociedad española prefirió mirar para otro lado en la Transición y consideró que los perdedores de la contienda debían «perdonar» para que la nueva Democracia comenzara sin acritud por el pasado inmediato. Cuando Garzón y otros muchos se atrevieron a romper este tabú y someter a los Tribunales las acciones y crímenes perpetrados durante la dictadura, esos españoles herederos de los valores franquistas y de los vencedores en la Guerra Civil mostraron toda su indignación en actos públicos y apoyaron, sin cortapisas, la eliminación profesional del juez en el que se personalizó esa recuperación de la memoria histórica.

La respuesta de Baltasar Garzón a la pregunta que el dibujante Manel Fontdevila plantea en esta viñeta ha sido siempre, y es, tajante: por el convencimiento de que la Justicia siempre debe amparar a las víctimas. Las denuncias, en nombre de miles de españoles, que el juez recibió no hicieron más que confirmar su firme decisión de investigar los asesinatos del franquismo, afrontando todos los riesgos que este deber podía traer consigo. Las víctimas y sus familias querían reivindicar lo que hasta entonces habían callado durante más de medio siglo, mostrar el abandono en que se hallaban y denunciar la impunidad de los responsables.

En abril de 2010 varias movilizaciones de apoyo a Baltasar Garzón, perseguido injustamente como consecuencia de la investigación de los crímenes del régimen franquista, denunciaron en Madrid el proceso iniciado contra el juez. Políticos, fiscales, universitarios, líderes sindicales, cineastas y ciudadanos anónimos alzaron sus voces para gritar que estaban convencidos de que Garzón había quedado atrapado «entre los herederos del franquismo» y «los corruptos de la red Gürtel». El no sometimiento del juez a las presiones ejercidas y el apoyo recibido, como Peridis recogió en esta viñeta, complicaron aún más su situación, que desembocaría en el final de su carrera en la Audiencia Nacional.

La aprobación de la Ley de la Memoria Histórica buscaba conseguir la justicia que, en su día, se negó a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco, muchas de las cuales aún yacen hoy en día en fosas anónimas, como las que aparecen en esta viñeta de Gallego y Rey. Baltasar Garzón decidió encarar esta reparación histórica a pesar de las críticas y presiones recibidas. Como los líderes sindicalistas Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo afirmaron en un acto de apoyo al juez, los impedimentos jurídicos para impedir la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo hubieran hecho imposible también el proceso de Núremberg en el que se juzgó a los criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

En la causa del franquismo, Baltasar Garzón actuó contra la tendencia generalizada al olvido, basada en el interés de muchos, incluidos los continuadores del régimen y ciertas instituciones como la Iglesia católica, por conseguir que los dictadores descansen en paz mientras sus crímenes permanecen impunes y las víctimas continúan desaparecidas. El esperpento jurídico de aceptar la acusación popular de Manos Limpias y de Falange en el juicio a que Garzón, fustigado por falangistas en esta viñeta de Ferreres, fue sometido con relación a ese caso identifica las ideas y las dependencias de quienes tomaron esas decisiones.

En abril de 2010, la Falange y otras dos organizaciones presentaron sus escritos de acusación contra Garzón ante Luciano Varela, quien indicó a las acusaciones en varias ocasiones cómo debían corregirlos para que pudieran ser aceptados, dio instrucciones precisas sobre qué había que cambiar o añadir y fijó un nuevo plazo para presentarlos, de manera que los acusadores tuvieran tiempo de rehacerlos. A semejante hecho, insólito en la historia de la Justicia española, hace referencia esta viñeta de Vergara. Tras el segundo intento fallido de cumplir los requisitos e instrucciones del juez, el tercer escrito de Falange fue rechazado nuevamente al no cumplir las «sugerencias» de Varela.

Un juez tocado con gorro militar se escuda tras el rostro de Luciano Varela para darle la patada a Baltasar Garzón en esta viñeta de Vergara. Varela, cuyas discrepancias con su colega eran sobradamente conocidas, tuvo un papel central en el aberrante proceso contra Garzón por la investigación de los crímenes franquistas. Aunque se denunció en repetidas ocasiones la clara falta de imparcialidad de Varela, el Tribunal Supremo hizo oídos sordos y dejó que este participara tanto en el juicio del franquismo como en la causa derivada de la interceptación de comunicaciones en el caso Gürtel.

El dibujante Vergara plasma en esta viñeta la pervivencia de una minoría de españoles que aún justifica o ampara lo sucedido durante y tras la Guerra Civil. La reacción airada de quienes preferían considerar que todo formaba parte de un pasado que debía mantenerse olvidado, «atado y bien atado», condujo a una implacable campaña de oposición y desprestigio hacia las personas, como Baltasar Garzón, que decidieron llevar a la práctica lo contemplado en la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Congreso de los Diputados a finales de 2007.

La disparidad en la reacción de Mariano Rajoy y sus correligionarios ante las decisiones judiciales fue evidente cuando se conoció la sentencia contra Baltasar Garzón. Mientras que el presidente del Gobierno se había sumado a las voces críticas contra la actuación del juez en los casos que podían tener alguna relación con su partido, destacados miembros de la cúpula del PP, como Soraya Sáenz de Santamaría, alabaron la decisión del Tribunal Supremo que, en contra del propio criterio de la Audiencia Nacional, condenaba injustamente a Garzón por prevaricación en la causa abierta contra el franquismo y la desaparición de personas tras la Guerra Civil.

La criminalización de la inmigración, por considerarla la principal causa del aumento de la acción terrorista o la conflictividad social, es una de las afrentas que amenazan hoy en día la convivencia en España. Ciertos grupos emparentados ideológicamente con los antiguos fascismos que asolaron Europa, como muestra esta viñeta de Vergara, crean nuevas heridas que se suman a aquellas que, por mucho que insistan algunos sectores de la sociedad española, siguen aún sin cicatrizar. Los defensores de la Justicia, entre ellos Baltasar Garzón, no buscan exigir compensaciones, sino cerrar definitivamente esta página de nuestra historia común dando voz a los miles de víctimas hasta ahora ignoradas.

Partidos políticos, instituciones, asociaciones, ciudadanos e importantes personalidades de la vida política y cultural, tanto españolas como internacionales, defendieron la candidatura del juez Baltasar Garzón al Premio Nobel de la Paz. Aunque el acto estuvo marcado por la ausencia de la cúpula de la Judicatura y de nombres destacados de la escena política nacional, los asistentes pusieron de manifiesto que la labor de Garzón sentaba las bases para la creación de la Corte Penal Internacional y que el Nobel sería un merecido reconocimiento «a su defensa incansable de los Derechos Humanos y a su lucha contra la inmunidad». Como Guillermo ironizaba en su viñeta, a Garzón, gran aficionado al fútbol, solo le quedaba fichar a Ronaldo para redondear su trayectoria.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró que los actos de apoyo al juez Baltasar Garzón, atrapado en una caza urdida para apartarlo de la Judicatura, eran un atentado contra la democracia y el Estado de derecho porque, según aseguraba, se trataba de un intento de presionar y coaccionar al poder judicial. Poco antes, en el marco de las investigaciones sobre la trama Gürtel, Cospedal había respaldado a Francisco Camps y Ricardo Costa asegurando que eran víctimas de la manifiesta animadversión de Garzón hacia el PP, puesto que las finanzas de su partido estaban fuera de toda sospecha. Aunque las pruebas, incluidos los famosos papeles de Bárcenas, parecían desmentir sus afirmaciones, Cospedal no cejó en sus críticas al juez, como Vergara recoge en esta viñeta.

La defenestración de Baltasar Garzón marcó el final de su trayectoria como juez de la Audiencia Nacional, al tiempo que puso de manifiesto las debilidades de nuestro sistema judicial, lastrado por la herencia del franquismo y escasamente dispuesto a juzgar a los responsables de las tramas delictivas que surgieron y crecieron a su sombra. Peridis, haciendo que Groucho Marx abriera la trampilla que dejaba caer al juez, reiteraba en esta viñeta las absurdas consecuencias que la decisión de investigar el caso Gürtel, un gesto audaz porque atacaba los intereses de los poderosos, tuvieron para Garzón.

El Tribunal Supremo, en los juicios que desembocaron en la expulsión de Baltasar Garzón, reconoció que «la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria». Sin embargo, su actuación no apoyó estas palabras, pues los obstáculos en la investigación y enjuiciamiento de las grandes causas en las que Garzón intervino como juez, desde los crímenes de Franco y Pinochet, el terrorismo de ETA, la corrupción vinculada al PP o la lucha contra el yihadismo, fueron constantes desde diversos ámbitos de la política, la judicatura, las finanzas y los medios de comunicación. Aunque en más de un caso fue imposible que se condenara a los responsables de esos delitos, y así lo vio Fontdevila en esta viñeta, la firme defensa de la Justicia por parte de Garzón acabó con la inmunidad, y la impunidad de muchos de ellos.

Uno de los grandes maestros del humor gráfico español, el genial Antonio Mingote, dedicó este dibujo a Baltasar Garzón. Las grandes causas emprendidas por el juez fueron bien valoradas por una mayoría de los españoles, que llegaron a inventar simpáticos chistes sobre los esfuerzos de Garzón para investigar causas de gran trascendencia histórica, desde los desmanes de dictaduras americanas como las de Pinochet o la Junta argentina a la situación de los encarcelados en Guantánamo.

La constancia es una de las principales virtudes que se le reconocen a Baltasar Garzón como juez, y así lo vio Martín Morales en esta viñeta, donde retrata su convencimiento de no rendirse, de no soltar el hueso, a pesar de las presiones y las adversidades. Los Principios de Madrid-Buenos Aires, uno de los pilares de la jurisdicción universal, representan la perseverancia de Garzón en defender y extender la Justicia en el ámbito internacional.

La actividad frenética de Garzón y sus colaboradores, cuya capacidad de trabajo ha sido ampliamente reconocida, es vista con humor en esta viñeta de Manel Fontdevila. Las jornadas maratonianas, la actitud resolutiva y el impulso de seguir avanzando en la investigación hasta llegar al final no son más que el ejemplo de la vocación de Garzón por defender la justicia, la verdad y el bien público. Aunque abandonó la Audiencia Nacional con la amargura de la injusticia sufrida, comenzó la segunda etapa de su vida con el orgullo del deber cumplido y de haber dejado huella.

Uno de los argumentos de Esperanza Aguirre y otros líderes del PP para atacar a Garzón por la investigación del mayor escándalo de corrupción en las últimas décadas, el caso Gürtel, fue que se dedicó once meses a la política durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta viñeta de Vergara publicada en 2008, el político socialista escucha las improvisadas razones de un nervioso Rajoy, preocupado por su difícil situación en su propio partido (¿o quizá por las acciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción unos meses antes?), para justificar la necesidad de deshacerse del juez Baltasar Garzón.

La condena a Baltasar Garzón, quien pasará a la historia de la Justicia internacional por haber acabado con la inmunidad de Augusto Pinochet y contribuido a la creación del protocolo contra la tortura y los malos tratos a detenidos incomunicados por delitos de terrorismo, así como a la redacción de los Principios de Jurisdicción Universal de Madrid-Buenos Aires, desató actos de protesta dentro y fuera de España. Por defender a todas las víctimas del franquismo y devolverles la dignidad, Garzón sufrió una persecución que algunos compararon, con cierta sorna dado su talante ateo, al martirio. Mientras Esperanza Aguirre afirmaba que ese día era «muy alegre para España y la democracia», varios centenares de manifestantes se congregaron en la madrileña Puerta del Sol para gritar su indignación por el fallo: «Vergüenza. Garzón, amigo, el pueblo está contigo. Necesitamos más jueces como Garzón». La hija del juez, María, dedicó unas sentidas palabras a su padre: «Nos han tocado, pero no hundido; y lejos de hacernos perder la fe en esta sociedad, nos han dado más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la Justicia sea auténtica, sin sectarismos».

Notas

1   Bonifacio de la Cuadra, «La acción popular del “caso Amedo” acusa a la Audiencia de amparar a Barrionuevo y Corcuera», El País, 29 de abril de 1989.

2   Francisco Mercado, «La larga trama que nació en Calabria», El País, 24 de octubre de 1992.

3   «El detenido en Ceuta durante la operación “Hielo Verde” era un destacado benefactor», ABC, 1 de octubre de 1992.

4   Francisco Mercado, «La red desarticulada en la Operación Green Ice blanqueó 1.000 millones en bancos españoles», El País, 11 de junio de 1993.

5   Elisa Lois, «Se vende mansión de narcotraficante», El País, 21 de marzo de 2015.

6   Elisa Lois, «La Audiencia prohíbe volver a Galicia al histórico narco Sito Miñanco», El País, 15 de abril de 2015.

7   «Muere por fin el etarra Bolinaga, dos años y medio después de ser puesto en libertad porque estaba “terminal”», Periodista Digital, 16 de enero de 2015, en <http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2015/01/16/muere-por-fin-el-etarra-bolinaga-dos-anos-y-medio-despues-de-ser-puesto-en-libertad.shtml>.

8   «La polémica jurídica, el error político», El Mundo, 16 de julio de 1988.

9   Javier Pradera, «El cierre de Egin», El País, 22 de julio de 1998, en <http://elpais.com/diario/1998/07/22/espana/901058406_850215.html>.

10   «Mayor matiza a Aznar y afirma que Garzón decidió “con plena independencia” cerrar “Egin”», El País, 24 de julio de 1998, en <http://elpais.com/diario/1998/07/24/espana/901231213_850215.html>.

11   Algunos datos personales han sido eliminados por razones de seguridad.

12   L. R. Aizpeolea, «Urrusolo Sistiaga: “Soy consciente de todo el daño que hemos generado”», El País, 16 de mayo de 2016, en <http://politica.elpais.com/politica/2016/05/15/actualidad/1463314337_993788.html>.

13   Luis R. Aizpeolea, «No hubo conflicto vasco, sino totalitarismo de ETA», El País, 11 de marzo de 2015, en <http://politica.elpais.com/politica/2015/03/11/actualidad/1426103143_149437.html>.

14   Baltasar Garzón, «Sr. Presidente», El País, 4 de marzo de 2003, en <http://elpais.com/diario/2003/03/04/opinion/1046732405_850215.html>; Ekaizer, Ernesto, «En la mira de ETA y de Osama», El País, 12 de marzo de 2004, en <http://elpais.com/diario/2004/03/12/espana/1079046023_850215.html>.

15   En todos los casos, se refiere al número aproximado de funcionarios que intervinieron en la operación.

16   En todos los casos, se refiere al número aproximado de guardias civiles que intervinieron en la operación.

17   José Yoldi, «Garzón archiva el “caso Expo” tras demostrarse que no hubo delito», El País, 26 de junio de 2003.

18   Baltasar Garzón, «Tiempo de canallas», El País, 28 de febrero de 2004.

19   José Bono, Les voy a contar (Diarios I), Planeta, Barcelona, 2012.

20   Luis R. Aizpeolea, «González ultima el fichaje de independientes de prestigio para las listas del PSOE», El País, 27 de abril de 1993.

21   «El juez Baltasar Garzón será “número dos” del PSOE por Madrid y candidato a un alto cargo», El País, 28 de abril de 1993.

22   José Bono Martínez, «Garzón, un hombre decente», El País, 16 de mayo de 2010.

23   «El lugar de la verdad, la justicia y la reparación», El País, 1 de abril de 2012.

24   Baltasar Garzón Real, La línea del horizonte: una crónica íntima de nuestro tiempo, Madrid, 2008.

25   «Críticas de políticos y juristas a Fungairiño por su defensa anónima de las dictaduras», El País, 12 de diciembre de 1997.

26   Miquel Alberola, «La desobediencia del Gobierno de Aznar permitió la fuga de Pinochet», entrevista a Joan Garcés, El País, 23 de abril de 2000.

27   Rocío Montes, «Chile no extraditará a España a los agentes que asesinaron a Carmelo Soria», El País, 15 de junio de 2013.

28   Para la sentencia, véase <http://www.elclarin.cl/images/pdf/ProcesamientoSoria_pdf.pdf> y <http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440060152_256503.html>.

29   Carlos Ares, «Kirchner deroga el decreto que impedía la extradición de torturadores argentinos», El País, 26 de julio de 2003.

30   Elsa García de Blas, «La Audiencia archiva la investigación de las torturas en Guantánamo», El País, 17 de abril de 2012.

31   La Vanguardia, 19 de diciembre de 2014, en <http://www.lavanguardia.com/internacional/20141219/54421976305/guantanamo-hora-justicia.html>.

32   Miguel Ángel Medina, «Emilio Silva: “La actitud del fiscal, Javier Zaragoza, ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias”», El País, 19 de noviembre de 2008, en <http://elpais.com/elpais/2008/11/19/actualidad/1227086222_850215.html>.

33   José Luis Peñas, Uno de los suyos, Península, Barcelona, 2016.

34   «Garzón se extralimita por enésima vez», El Mundo, 14 de marzo de 2009.

35   Ernesto Ekaizer, Queríamos tanto a Luis, Temas de Hoy, Barcelona, 2015.

36   Marisu Moreno, «Almeida, Villarejo y otros juristas reclaman al Poder Judicial que investigue los cursos que dan los jueces», El Plural, 10 de mayo de 2012, en <http://www.elplural.com/2012/05/10/cristina-almeida-villarejo-y-otros-juristas-reclaman-al-poder-judicial-que-investigue-los-cursos-que-dan-los-magistrados>.

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Baltasar Garzón

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