«Un Vietnam invisible y silencioso»: así definía Allende a su país, poco antes del golpe de septiembre de 1973. Con esta afirmación evocaba las múltiples agresiones de los Estados Unidos contra su gobierno, directas o no, a través de sus aliados internos o de sociedades multinacionales como la ITT, de organismos bancarios norteamericanos o internacionales, tanto en el plano económico como en el financiero y diplomático.

Armando Uribe, antiguo ministro consejero de la embajada chilena en Washington y ex embajador en Pekín, quien intervino directamente en los acontecimientos que describe, puntualiza con documentos de primera mano las intervenciones directas de los Estados Unidos en los asuntos internos, la venta de armas y adiestramiento de las Fuerzas Armadas, los ardides subversivos de los servicios especiales: todo aquello destinado a hacer caer a cualquier precio el gobierno de la Unidad Popular que Chile se había dado democráticamente. Los documentos secretos aquí publicados —empezando por el resumen del plan del Pentágono que sirvió para la preparación del golpe por parte de los Estados Unidos— emanan de archivos chilenos conservados por el autor.

Armando Uribe

El libro negro de la intervención norteamericana en Chile

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Titivillus 17.09.2023

Título original: El libro negro de la intervención norteamericana en Chile

Armando Uribe, 1974

Diseño de cubierta: Richard Harte

Editor digital: Titivillus

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Introducción

El golpe de Estado en Chile tiene por objeto destruir el Estado chileno.

Se trata de que Chile pierda para siempre su independencia soberana.

Dos causas eficientes se conjugan para este efecto: el gobierno de los Estados Unidos de América y las Fuerzas Armadas traidoras de Chile. Sin la actuación conjunta de cada uno de estos dos factores, el golpe de Estado no se habría producido y el jefe del Estado no habría muerto.

Los generales traidores representan a una clase que para sobrevivir como tal renuncia a la nación chilena y se alía conscientemente al imperialismo norteamericano.

El gobierno de Estados Unidos necesita destruir a Chile como nación y como Estado porque Chile representaba una indisciplina dentro del sistema.

La resistencia popular al fascismo-imperialismo en Chile es la expresión de la voluntad histórica de ser una nación soberana.

Pero lo que se juega en Chile concierne al mundo. Estados Unidos quiere probar que el caso de Chile (un Estado que decide ser independiente del sistema imperialista y lo intenta a través de formas democráticas), no es posible ni en Chile ni en ningún otro lugar del mundo.

El caso chileno es parte de la estrategia global norteamericana.

Por eso EE. UU. intervino en Chile.

Este libro es el Libro Negro de aquella intervención.

I

Cuando el presidente de Estados Unidos James Monroe, en 1823, formuló esa primera doctrina global de su país, América para los americanos, un chileno que comerciaba en los puertos del Pacífico escribió a un amigo: Sí, pero hay que tener mucho cuidado: para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos.

Ese chileno se llamaba Diego Portales. Hoy es mirado por la extrema reacción de Chile y por los generales de la Junta como su gran antecesor político. Pero la derecha y los generales se cuidan de recordar aquella frase. Portales representaba entonces a una incipiente burguesía nacional cuyos intereses se contraponían ya a los norteamericanos. La burguesía chilena de hoy no tiene nada de nacional, los militares alzados se entienden en todo con Estados Unidos. ¡Portales para ellos es el patrono de los comerciantes!

Para el Chile del siglo XIX, que hacia la experiencia de un comienzo de industrialización, el enemigo y el socio principal era el Imperio Británico. Estados Unidos fue un obstáculo secundario. Chile estaba muy lejos. La flota británica estaba más próxima que los intereses norteamericanos. Cuando la burguesía nacional larvaria se enfrentó a Perú y Bolivia en 1879, para decidir a quién correspondería el dominio de las salitreras (el monopolio natural de una de las más grandes riquezas de la época), chocó sin embargo con Estados Unidos. Los intereses privados norteamericanos, que iniciaban su plena expansión imperial en el hemisferio, utilizaron al Secretario de Estado para intentar su entrada en este negocio, bajo el pretexto de una “mediación” en la guerra prácticamente ganada por Chile. La clase dirigente chilena se negó a compartir la ganancia con EE. UU., pese a las amenazas, inclusive semiarmadas, de su gobierno. Pero esa misma clase estuvo dispuesta, al día siguiente de la guerra del Pacifico, en la misma década de 1880, a entregarse al imperialismo británico, más poderoso y hegemónico. Así fue como reconoció valor a los “certificados salitreros” que detentaban el coronel inglés North y otros mercaderes, desnacionalizando en brevísimo tiempo la industria del nitrato chileno. Cuando en 1889 y 1890 el presidente José Manuel Balmaceda, última expresión significativa del espíritu de “burguesía nacional”, pretendió afirmar los derechos del Estado chileno respecto del salitre y en la conducción económica y política del país, el grueso de la burguesía chilena, incorporando incluso los sectores agrarios más arcaizantes, pactó directamente con los imperialistas británicos, desencadenó una guerra civil en 1891 y derrotó al presidente nacionalista. Balmaceda, con total clarividencia, describió este fenómeno en su Testamento político y el 18 de septiembre de 1891, día en que terminaba su mandato presidencial, se suicidó para no sobrevivir al deshonor de Chile. La plutocracia chilena se había apoyado en dos fuerzas: la marina reaccionaria, y los intereses imperiales británicos.

Pocas semanas después, Estados Unidos aprovechaba tal estado de deshonra. A raíz de un incidente irrisorio en el puerto de Valparaíso, en que aparecían como víctimas algunos marineros del buque norteamericano “Baltimore”, el Secretario de Estado en Washington obtenía autorización para requerir, con uso de fuerza armada, satisfacciones de Chile. El incidente del “Baltimore” constituyó una notificación formal de Estados Unidos a Chile: desde entonces en adelante Chile debía aceptar la hegemonía norteamericana. El gobierno surgido de la guerra civil dio las satisfacciones pedidas. El pueblo chileno, hasta el día de hoy, recuerda la humillación del “Baltimore” y ha llegado a forjar una leyenda que simboliza el sentido del episodio: el teniente chileno que se habría visto obligado a arriar la bandera de Chile a exigencias de las autoridades norteamericanas, después de arriarla se habría suicidado.

Pocos años más tarde Guggenheim entraba en los negocios del salitre, Braden en los del cobre. El gobierno de Estados Unidos comenzaba a condicionar la política exterior de Chile, tanto en el marco “panamericano” (que Chile durante décadas había considerado peligroso para los intereses nacionales) como en la relación bilateral, en Sudamérica misma y en el mundo. En la explotación de recursos básicos mineros penetraba Anaconda; en los servicios primordiales otras firmas norteamericanas remplazaban a las inglesas; en telecomunicaciones se instaló ITT.

Gran Bretaña, entre las dos guerras, entrega el predominio imperial a los Estados Unidos. Chile pasaba de una mano a otra.

La liquidación de la segunda guerra mundial constituyó formalmente a EE. UU. en el centro imperial único de todo el hemisferio. El momento preciso en que tal relación de imperio a dependencias se formalizó, fue el del establecimiento de relaciones militares especiales y exclusivas entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y las de los países latinoamericanos.

Ello ocurrió en el caso chileno entre 1945 y 1946.

El 13 de noviembre de 1970, en los primeros días del gobierno Allende, se realizó en Chile un estudio preliminar de las relaciones militares entre EE. UU. y Chile. Ese análisis decía en parte lo siguiente:

Junto con terminar las principales hostilidades de la segunda guerra mundial, EE. UU., cuya posición militar en todo el mundo sustituyó las de la mayor parte de las potencias capitalistas, buscó en seguida establecer formalmente relaciones militares con cada uno de los países de la región, preparando así las bases del sistema de defensa hemisférica que sustituiría, haciéndolo efectivo, el sistema ideado al inicio de la guerra, y que se habría comprobado, por parte de EE. UU., potencialmente ineficaz en el sentido militar, aunque políticamente útil.

Estos propósitos se fueron cumpliendo y estructurando en los años siguientes a 1945 y 1946, a través de diversos instrumentos jurídicos, políticos, militares, financieros, etc.; el motivo o pretexto de la guerra fría, y la situación desmedrada de los países latinoamericanos en el aspecto económico, que los hacía convenir en acuerdos que aparentemente les facilitaban la modernización de los equipos militares a costos menores que los comerciales, aceleraron el proceso. Así fue como sucesivamente se fueron suscribiendo el TIAR, los Pactos de Ayuda Militar, los contratos de adquisiciones de armamentos, se acordaron las Operaciones “Unitas” y programas de entrenamiento de personal militar, así como se crearon otros lazos militares en el marco de la Carta de OEA y del sistema interamericano, participándose en la Junta Interamericana de Defensa, en las reuniones de Comandantes en Jefe, etc.

De esta manera se ha configurado a la fecha un complejo cuadro de relaciones de tipo militar entre nuestro país y EE. UU. Los diversos rubros que lo componen no están en apariencia bajo el control coherente de ningún órgano determinado del Ejecutivo chileno, aunque teóricamente el Ministerio de Defensa Nacional maneja, como contraparte del gobierno de EE. UU. en este campo, todos los aspectos de las relaciones militares entre los dos países. De hecho, hay que agregar a las relaciones estrictamente militares, las relativas a las fuerzas de seguridad y orden (Carabineros y Servicio de Investigaciones), que se han ido acrecentando en los últimos años a raíz de la evolución señalada más arriba; formalmente ellas estarían bajo el control del Ministerio del Interior. Por otra parte, a pesar de que todas estas relaciones entre Chile y EE. UU. en estos campos forman parte importante de las relaciones exteriores de nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha contado al parecer en ningún momento, ni con el control político de estas relaciones, ni siquiera con el conocimiento completo y oportuno de las actividades en la materia; deben exceptuarse, por cierto, los asuntos de orden político y jurídico que varios de los rubros más importantes de estas relaciones implican y, a veces, colocan en primer plano de la política exterior de Chile, ocasiones en que el Ministerio de Relaciones Exteriores interviene.

Pocos meses más tarde, a principios de 1971, este memorándum fue complementado por un trabajo más completo, que podía servir de base para el análisis gubernativo del conjunto de las relaciones entre Chile y EE. UU.:

Se trata de hacer un examen descriptivo de lo que han sido y son las relaciones militares significativas entre Chile y Estados Unidos. Se distinguirá entre las relaciones propiamente militares y aquellas que sin tener un carácter militar directo, y en algunos casos sin corresponder a la competencia y al manejo de las Fuerzas Armadas, tienen una proyección sobre estas relaciones militares bilaterales chileno-norteamericanas o pueden considerarse anexas a ellas.

Las relaciones orgánicas en materia militar entre Chile y Estados Unidos fueron posteriores a la segunda guerra mundial y se produjeron en un contexto político de guerra fría y en uno institucional de documentos internacionales (tratados multilaterales, pactos bilaterales) y de creación de entidades de diversos rangos jurídicos, desde la OEA hasta la Junta Interamericana de Defensa, etc.

El antecedente para la formalización en el período posbélico de estas relaciones militares fueron los llamados programas de “Arma Lease”, de carácter bilateral y a través de los cuales EE. UU. puso a disposición de los países beligerantes con naciones del Eje equipos y armamentos, y estableció un cierto tipo especial de relación militar con cada uno de ellos.

Al terminar las principales hostilidades, EE. UU., cuya posición militar y decisión política internacional heredó virtualmente las relaciones militares tradicionales de Alemania y otros países vencidos y de la Gran Bretaña, vencedora pero debilitada, con las naciones latinoamericanas, buscó establecer formalmente relaciones militares directas con cada uno de los países de la región. De esa manera consagraba aún más la supeditación política, económica, etc., de estas naciones a su respecto y preparaba además las bases del sistema de defensa hemisférico que las comprometía en su bloque militar e ideológico en términos mundiales.

En 1945 se iniciaron en Chile las conversaciones a cargo por parte de EE. UU. de misiones especiales para regular las relaciones militares entre ambos países. El objetivo norteamericano en esta materia estaba claro para sus diplomáticos y personeros militares ya desde el inicio de esta acción. Hay testimonio de ello en comunicaciones confidenciales de la época publicadas hace poco por el Departamento de Estado. Los principales objetivos habrían sido los siguientes: 1.º Uniformar, para los efectos de salvaguardar la seguridad de EE. UU. en toda la región latinoamericana, y bajo el control determinante de ese país, la logística, los abastecimientos militares y la doctrina militar en cada uno de los países latinoamericanos. 2.º Hacer de EE. UU. el único abastecedor de armamentos y de otros implementos de significado militar para cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en todas las naciones latinoamericanas, confirmando el correspondiente control militar, político etc., y con las ventajas consiguientes para la industria de armamentos norteamericana desde el punto de vista comercial. 3.º Crear por estas vías una especie de control de armamentos en la región, administrado exclusivamente y de acuerdo a sus conveniencias políticas y de seguridad, por EE. UU., de manera que los colocaba en condiciones de equilibrar o desequilibrar, según su criterio, las relaciones militares tradicionales entre los países de la región. 4.º Influir incluso en la proporción y distribución de los efectivos militares dentro de cada país, en términos de acondicionarlos al apoyo de las bases militares (que asumieron muy diversas formas) norteamericanas en distintos puntos del continente latinoamericano. 5.º Crear una presencia política norteamericana determinante que aumenta grandemente la capacidad de acción de sus Embajadas, de sus intereses privados, etc., en el interior de cada país.

La extensión en que estos objetivos fueron conseguidos es un asunto importante, pero requiere un análisis histórico que por el momento es difícil de hacer.

En todo caso estos propósitos se fueron cumpliendo y estructurando en gran medida en los años siguientes a 1945 y 1946, a través de diversos instrumentos y entidades en que, según los casos, predominaba el carácter jurídico, político, militar, y hasta el económico y financiero, entre otros. El motivo o pretexto de la guerra fría, y la situación desmedrada de prácticamente todos los países latinoamericanos en el aspecto económico durante este período, la cual los hacía convenir en acuerdos que aparentemente facilitaban la modernización de los equipos militares a costos inferiores a los comerciales, aceleraron el proceso.

Más adelante se examinará separadamente el caso de los principales instrumentos multilaterales y bilaterales, el de las operaciones y programas de tipo militar y el de los lazos militares en el marco de la Carta de OEA y del sistema interamericano. Hay que recalcar desde luego que los mismos instrumentos, programas conjuntos, entidades, etc., fueron usados por EE. UU. en términos que permitieron a esa potencia enfrentar de diversos modos y según sus intereses sucesivos, la guerra fría primero, la llamada “subversión” interna en seguida y otras expresiones nacionales o internacionales que a su juicio implicaban riesgos para su seguridad militar global, para su sistema político de subordinación y dependencia latinoamericana, para sus intereses privados (inversión, créditos, etc.) en estas naciones y en general para el papel que se atribuía en cada una de ellas y en su conjunto. Esto se ve claro en el caso del viraje político jurídico en el seno de OEA, durante el decenio de 1960, en el sentido de ampliar la “Defensa Hemisférica” a los llamados movimientos subversivos internos, a través de la ficción de considerarlos manifestaciones de amenaza extracontinental a la seguridad del hemisferio.

El éxito relativo de EE. UU. en este proceso diverge de un país a otro, y aun dentro de cada país tomó diversas formas en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en la Fuerza de Seguridad, etc. Además la reacción de cada uno de los países latinoamericanos provocó en algunos períodos variaciones en la continuidad de la acción norteamericana. Pero tal vez no se yerra al concluir, sin necesidad de examen histórico detallado, que EE. UU. fue el centro decisorio de las variaciones más importantes. En la medida que cambiaron los intereses de seguridad militar, las intenciones políticas de EE. UU. respecto de cada uno de los países latinoamericanos, la relación bilateral en materia política, económica y otras, se produjeron variaciones correlativas en la interpretación e implementación de instrumentos, y de la acción de entidades en términos de que el papel de esa potencia como “administrador” de unos y otras en el terreno militar fue preponderante. Incluso la política interna norteamericana, los problemas económicos y presupuestarios, fueron a veces fuente central de importantes variaciones en el tipo de relación militar entre EE. UU. y los países latinoamericanos. Baste citar la circunstancia de que motivos presupuestarios (disminución de los fondos del Departamento de Defensa de EE. UU.) acompañada a un concepto distinto de los riesgos de seguridad militar convencional y nuclear en Sudamérica, parecen inducir a EE. UU. —más que razones de relación bilateral en la región— a disminuir el personal de sus misiones militares, a alterar el cumplimiento del sistema pactado de abastecimiento de armas y útiles y elementos militares, en los últimos años del decenio del 60.

Todo esto lleva en todo caso a que se haya configurado a la fecha un cuadro de pan complejidad en las relaciones de tipo militar entre nuestro país y EE. UU. De ahí la necesidad de un análisis descriptivo de los rubros de la relación militar principal entre Chile y EE. UU., agregándole la mención a los campos no directamente militares, pero conexos que pueden tener o atribuírseles significado militar. Así se podrá más adelante, al formalizar el método de trabajo con el Ministerio de Defensa y eventualmente con otras reparticiones nacionales, lograr dos fines que parecen indispensables: 1.º Reunir en un solo archivo completo todas las constancias de fuentes de relaciones militares vigentes entre Chile y EE. UU. 2.º Realizar un análisis profundo del significado actual de estas relaciones y programarlas para lo futuro. 3.º Estar en condiciones de ejercitar control político internacional centralizado de este importantísimo canal de relaciones chilenas con EE. UU., poniéndole así en concordancia con las restantes vías de relación nacional con dicho país.

Las conclusiones preliminares sujetas a revisión y especificación a que se ha llegado —tomándolas en cuenta sólo como una base para el estudio conjunto formal que deba hacerse— son las siguientes:

i. TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca)

Aparentemente el sistema militar, político y en cierto modo ideológico contenido en este tratado multilateral, aun tomando en cuenta la plena vigencia formal del mismo, es necesario entenderlo actualmente considerando el contexto histórico de guerra fría en que se pactó y las circunstancias que han alterado ese contexto. De tal manera, tanto las exigencias militares potenciales que del Tratado emanan como las implicaciones de orden político e ideológico admiten, sobre todo en el segundo caso, una cierta latitud de interpretación. Esto no significa que en términos jurídicos pudiera decirse que el TIAR está obsoleto; pero si induce a poner atención en un análisis subsiguiente de lo que hoy día significa ese instrumento y su sistema en el cuadro de las relaciones entre EE. UU. y Chile.

ii. PAM (Pacto de Ayuda Militar)

Sobre la base del PAM han funcionado los mecanismos de adquisición de armamentos y otros elementos militares, entrenamientos e intercambio de personal militar (básicamente chileno) y una serie de otros rubros de relación militar entre EE. UU. y Chile. En ese sentido es el documento bilateral central en esta materia entre ambos países.

En los últimos años y más bien por iniciativa de EE. UU., tomada por razones que interesan a esa potencia, de carácter estratégico, político, financiero, puede decirse que ha disminuido su relevancia en cuanto a los mecanismos de adquisiciones militares, de entrenamientos y otros. Ello no ha ocurrido uniformemente respecto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Seria más notorio en cuanto al Ejército que en relación con la Fuerza Aérea; y en el caso de la Marina habría menos variación aparente. El porqué y el cómo se habría producido, esto último habría que examinarlo específica y formalmente.

En materia de entrenamiento de personal, y al parecer también por decisión de EE. UU., los mecanismos que significan facilidades, sobre todo económicas, de entrenamiento, habrían dejado de operar en gran parte, en términos que él se produciría ahora en menor cantidad y con los costos a cargo de Chile.

En los demás rubros en que el PAM sirve de fundamento jurídico directo o indirecto, se requiere un estudio pormenorizado teniendo a la vista los respectivos documentos que, remitiéndose al PAM, pero acordados a niveles de ramas de las Fuerzas Armadas (niveles no siempre uniformes o correspondientes), han creado formas de relación militar cuya nómina desconocemos. Un ejemplo ya cancelado de este tipo de situación es el de las estaciones meteorológicas desmanteladas en los últimos meses. Pero debe haber varios otros operantes.

En conclusión, respecto del PAM puede decirse que su plena vigencia jurídica tiene actualmente una expresión de implementación y cooperatividad distinta de la de épocas anteriores, que depende de decisiones políticas y de otra índole tomadas principalmente por EE. UU. y que ello exige poner la atención en la posibilidad de plantear Chile programadamente su voluntad sobre la implementación de este pacto para lo futuro.

iii. Misiones militares de EE. UU. en Chile

Estas Misiones, de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (es decir, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, excluyendo la cuarta rama norteamericana, los Marines), han funcionado formalmente desde su establecimiento sobre la base de Convenios separados (luego contemplados en documentos conjuntos) y sucesivamente prorrogados. En la actualidad siguen en funciones en Chile, aunque en los últimos años (por decisión norteamericana, en el contexto de las razones presupuestarias y estratégicas referidas más arriba), han reducido su personal, en términos que hoy contarían con un número de integrantes considerablemente inferior al del período anterior a aquella decisión. Esto habría ocurrido de manera gradual; y tendría como excepción el caso de la Misión Naval norteamericana, en cuyo caso, con una modalidad ad hoc, más bien informal que formalmente convenida o conversada, EE. UU. habría decidido mantener por ahora la dotación básica de dicha Misión en Chile. La reducción del personal de las Misiones de Ejército y Aérea importaría naturalmente una disminución de su papel como “liaison” en las respectivas relaciones militares de EE. UU. y Chile, que tenía lugar, según nuestras informaciones, principalmente en el marco de la implementación del PAM.

Habría que obtener datos concretos sobre: a] Actual personal de esas Misiones en Chile, y significado de su disminución en las relaciones militares respectivas en el marco del PAM, etc. b] Datos o previsiones sobre situación futura de esas Misiones, en cuanto a futuras reducciones de dotación, etc. c] Situación actual de la Misión Naval y significado de la referida diferencia con el caso de las otras dos Misiones; así como datos o previsiones sobre la situación futura de esa Misión Naval.

iv. Misiones militares chilenas en EE. UU.

Las hay de las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas, bajo Convenios. Su función básica es la de implementación de los diversos aspectos del PAM, principalmente adquisiciones. Naturalmente ellas implican administración financiera importante y numerosas funciones técnicas y profesionales.

Según nuestra información esas Misiones tendrían una cierta tuición sobre adquisiciones de carácter militar en otros países, incluidos los de Europa.

A partir de la alteración, por parte de EE. UU., del sistema de suministro de implementos militares (mencionada anteriormente) en las condiciones establecidas por el PAM, las Misiones militares chilenas en EE. UU. habrían entrado a realizar la mayor parte de las adquisiciones en términos más o menos comerciales; con la intervención institucional, sin embargo —y que se debe, según entendemos, a exigencias legales y reglamentarias norteamericanas— del Departamento de Defensa de EE. UU. Al parecer, con todo, los términos de esas adquisiciones son en distintos aspectos más favorables que los netamente comerciales. Pero seguramente requerida un análisis especial, el determinar si formalmente ello significa que tales adquisiciones en EE. UU. se realizan directa o indirectamente bajo el PAM.

Hay que señalar que, hasta donde sabemos, la administración respectiva de cada una de las tres Misiones en EE. UU. tiene un alto grado de autonomía respecto de las demás, y se realiza en conexión directa (y hasta cierto punto exclusiva) con la correspondiente rama de las Fuerzas Armadas en Chile.

Hasta el momento, la dotación de las Misiones Chilenas no se habría alterado sustancialmente desde los últimos años.

La necesidad de concretar datos e informaciones respecto al funcionamiento de las tres Misiones militares en EE. UU. se desprende de cada una de las observaciones anteriores.

v. Junta Interamericana de Defensa.

Colegio Interamericano de Defensa

Estas dos entidades, entre las cuales hay una vinculación de relativa dependencia de la segunda respecto a la primera, tienen un carácter de organismos sin institucionalización efectiva en el Sistema Interamericano que es bastante peculiar. Su presupuesto está contemplado en el de OEA, pero sus relaciones con los órganos de ésta adolecen de un cierto equivoco del cual hay numerosos ejemplos.

En la Junta hay representantes de las diversas ramas armadas de los países miembros del sistema interamericano, los cuales actúan a través de reuniones continuas en Washington. Se trata en la casi totalidad de los casos de los respectivos agregados militares de sus países en las embajadas de Washington. Según nuestras informaciones, los temas que se tratan en la Junta no pueden separar los rasgos estrictamente profesionales de los de tipo político, de manera que muchos de los debates se plantean en torno a materias directamente políticas, enfocadas en el caso de algunos de los representantes (entre los cuales los de EE. UU. mismo) con una fuerte carga ideológica. La política tradicional de los representantes chilenos diverge, en este sentido, de la de aquéllos, con todas las peculiaridades de los órganos colectivos.

Entendemos que la presencia de Chile en la Junta continúa en términos similares a la de los años anteriores.

Respecto a la Junta, habría que concretar: a] Base institucional y límites del funcionamiento. b] Significado de sus resoluciones y diversas actuaciones (más bien en el sentido de su eventual importancia e influencia en los sectores militares de cada país miembro de la Junta, con las posibles implicancias políticas; puesto que parece que en el sentido formal, jurídico y político, carecen de todo imperio tanto respecto de cada uno de los países como en cuanto resoluciones colectivas). c] Papel de la Junta en la “ideologización” de las relaciones militares de EE. UU. en el hemisferio. d] política actual y prevista de Chile en cuanto a la Junta misma y a nuestra participación en ella.

El Colegio Interamericano de Defensa, con la relación señalada con la Junta —la cual se requiere también precisarla—, tiene actividades de formación profesional, teñida seguramente de intención político-ideológica, de altos oficiales militares latinoamericanos. A menudo, a través de foros, conferencias, etc. (lo cual en cierto modo ocurre más señaladamente en la Junta misma), es un centro de mutua información para sus participantes respecto al carácter que los representantes de las Fuerzas Armadas de los países integrantes y presentes, atribuyen al papel de las instituciones militares en el respectivo país, y a su actitud frente a cuestiones de índole política y económica fundamentales. Entendemos que la presencia de Chile en ese Colegio continúa en términos semejantes a los anteriores.

Respecto al Colegio Interamericano de Defensa hay que precisar todas las cuestiones referidas en el párrafo anterior.

vi. Reuniones periódicas de Comandantes en Jefe

No tenemos informaciones exactas de la manera y propósitos con que se originaron estas reuniones, que se producen en diversas sedes nacionales, y a las que asisten los Comandantes en Jefe (con algunos casos en que delegan su presencia, lo cual al parecer es excepcional), y que son separadas para las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

En todo caso, en la actualidad, el sistema de convocatoria es en cierto modo automático, pues en general cada reunión decide sobre fecha, sede, etc., de la próxima. Las materias objeto de estas reuniones son bastante heterogéneas, y con toda seguridad no excluyen la consideración de cuestiones políticas conexas con las militares. El elemento ideológico debe de estar también presente en ellas. De hecho estas conferencia, así como ocurre con el funcionamiento de la Junta Interamericana de Defensa, pero con el caso de los Comandantes en Jefe al más alto nivel militar, sirven no sólo como foro colectivo de examen y debate formal de las materias a su consideración (que se concretan a través de resoluciones respecto a cuyo valor puede hacerse el comentario que se formuló sobre las de la Junta), sino además sirve de ocasión para que los diversos integrantes de la reunión examinen informalmente entre ellos puntos de carácter profesional en sus respectivas relaciones bilaterales; ello tiene más relieve en cuanto a las conexiones que los Comandantes en Jefe de países latinoamericanos establecen con los Comandantes en Jefe norteamericanos, en materias relativas a adquisiciones militares y otras conexas. En este mismo tipo de contactos seguramente se produce en diversos casos la consideración de cuestiones de carácter político, sean ellas internacionales o no.

Estas reuniones se han seguido produciendo en los últimos meses como estaban programadas y están ya previstas las próximas.

Sería necesario realizar un análisis documentado del origen, carácter, temas, resoluciones, etc., de las Reuniones de Comandantes en Jefe, para fijar —si se considera conveniente— la política respectiva.

vii. Operaciones Unitas

Tampoco a su respecto contamos con documentación completa en cuanto a su formalización. Parece claro que desempeñan a la vez un papel de preparación estratégica para la Marina de EE. UU. en conjunto con las de países latinoamericanos, y uno de entrenamiento.

Se entiende que está prevista, en el caso de Chile, la continuación de estas Operaciones Navales conjuntas.

A su respecto conviene concretar nuestra información en cuanto al fundamento original, propósitos declarados y significado efectivo de estas operaciones.

viii. Invitaciones, visitas, etc., a EE. UU. de diversos grupos de oficiales militares (cursos de Alto Mando y Academia de Guerra, cursos militares a egresados de sus respectivas Escuelas, etc), así como otras de tipo individual a oficiales militares.

Es extremadamente difícil precisar las circunstancias en que se dan estas giras por EE. UU., así como su significado efectivo, en el sentido profesional, y sus eventuales proyecciones en otros campos, pues entendemos que no obedecen a un sistema predeterminado, sino que se dan en cada caso en forma ad hoc, y corresponden más bien a “tradiciones” en la relación militar entre los dos países.

Por ello, habría que examinar, documentadamente, qué carácter y significado han tenido en el caso de oficiales chilenos en los últimos años.

Según información recibida, se cree que la corriente o “tradición” de estas visitas de grupos de oficiales a EE. UU. se suspendería en el futuro próximo, más bien por acción —u omisión de invitaciones, etc.— por parte de EE. UU. Esto habría que determinarlo así como analizar el significado de esa posible situación.

Las invitaciones a titulo personal, que han sido más excepcionales, son otro capítulo que tal vez convendría conocer.

ix. Vinculaciones particulares del Cuerpo de Carabineros

Dada la índole ambivalente del Cuerpo de Carabineros de Chile (fuerza policial y fuerza que constituye virtualmente una cuarta rama de las fuerzas armadas), este cuerpo ha tenido un doble canal de vinculación con Estados Unidos. Ello se acrecienta aún más a partir de la política norteamericana —consiguiente al caso cubano y a las decisiones ideológicas respecto a la “subversión” en el seno del sistema interamericano— en el sentido de privilegiar, en el conjunto de las fuerzas armadas de cada país de Latinoamérica, aquellas que pueden servir más eficazmente esos fines anti-“subversivos”. Es así como Carabineros ha recibido un trato especial en cuanto a armamentos “de orden” (incluyendo elementos aéreos) y en lo que se refiere a instrucción militar altamente ideologizada. Por ejemplo, Jefes de Carabineros han asistido con regularidad a cursos en Washington, etc. Conviene recordar que esta atención peculiar a Carabineros, que acentúa su naturaleza represora interna, es análoga a la intensa preparación por parte de Estados Unidos, de unidades especiales del Ejército y otras ramas, en funciones “de orden” de tipo policial-militar, para acciones urbanas, anti-guerrillas, etc. Éstas se realizan preferentemente en la Escuela de la Zona del Canal de Panamá, y su objeto profesional es inseparable de su contenido ideológico.

x. Vinculaciones particulares del Servicio de Investigaciones

Si bien se carece de documentación adecuada por el momento, cabe señalar que la vinculación de Investigaciones de Chile con sus congéneres norteamericanas se ha hecho nutrida y acaso profunda en los últimos años. Toda clase de contactos justificados profesionalmente, a los que se agregan invitaciones directas a EE. UU., cursos especializados, intercambio de informaciones que sin duda exceden la simple prevención y persecución criminal y cubren campos políticos (tanto referido a ciudadanos extranjeros como a chilenos y sobre todo apuntando a los “subversivos”) han ido permitiendo una colaboración de la que naturalmente quedan pocos indicios, con los servicios de inteligencia norteamericanos, no sólo el FBI (lo que podría entenderse en cuanto éste tiene funciones policiales en la lucha contra los delitos comunes federales en EE. UU.), sino además la propia CIA. En consecuencia, corresponde un análisis particularmente prolijo de estos lazos de Investigaciones con EE. UU., tal como merecen atención detallada los vínculos de Carabineros de Chile con los centros policiales y militares norteamericanos.

Hoy, tres años después, dos rasgos de este estudio preliminar saltan a la vista: la dificultad o casi imposibilidad de conocer, por parte del gobierno chileno, la naturaleza y extensión de estas vinculaciones militares, dificultad que se presentaba inclusive para las propias fuerzas armadas chilenas debido a la complejidad y variedad de tales relaciones y al hecho de que ellas acentuaban las contradicciones intrínsecas entre las tres ramas (o cuatro, si se agrega el Cuerpo de Carabineros) de dichas fuerzas armadas; y la Clara perspectiva de que se mantendrían plenamente las vinculaciones de todo orden en el caso de la Marina.

Con la experiencia de estos tres años, puede anotarse un tercer rasgo distintivo, que fue tomando forma en el curso de la Presidencia Allende: pese a la política genérica de EE. UU. de reducir los gastos de cooperación militar, y en contraste con la política financiera y comercial norteamericana de cortar los suministros al gobierno chileno, las relaciones del Pentágono con cada una de las ramas armadas chilenas (no sólo con la Marina, que por cierto recibió un trato especial) se mantuvo incólume y aun aumentó en algunos casos. Ello se produjo por canales directos entre fuerzas armadas de uno y otro países, y sobrepasó a veces la voluntad política del gobierno chileno de diversificar las fuentes de abastecimiento militar y de limitar la relación privilegiada de las fuerzas armadas chilenas con el Pentágono.

En conclusión, el gobierno de Estados Unidos quiso mantener, como un instrumento básico de su dominio hegemónico y cualquiera que fuese la suerte de los intereses privados norteamericanos en Chile, sus vinculaciones de todo orden con las fuerzas armadas chilenas, pues tal relación consagraba la dependencia de Chile respecto al centro del sistema imperialista.

II

Históricamente, la faz gubernativa del imperialismo norteamericano presta una atención máxima al control militar; mientras la faz privada del sistema imperialista se dedica al control económico. Ambas funciones componen la supremacía política.

Es curioso constatar que tal como en el campo militar la primera dificultad de los chilenos responsables consistía en conocer adecuadamente las características y la extensión de la hegemonía norteamericana, también este obstáculo se daba en el campo económico. El motivo para ello era doble. Por una parte, la relación de dependencia respecto a un sistema político, económico, militar y tecnológico avanzado, afecta la manifestación material de la soberanía: la organización del Estado, disgregándola, deteriorándola, desmoralizándola. Por otra parte, constituye una actividad deliberada de los órganos del imperialismo, públicos y privados, dividir y poner en contradicción interna a todas las estructuras del país dominado, empezando por las políticas y administrativas.

Así, por ejemplo, cálculos serios en 1968 inducían a pensar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile estaba en conocimiento de menos de la mitad del total de vinculaciones de todo orden entre Chile y Estados Unidos. No se trata de que ejerciera control político sobre esa parte que conocía de un modo u otro: simplemente llegaba a saber con oportunidad de menos de la mitad de las actividades chileno-norteamericanas. A su vez, la Embajada de Chile en Washington, debido sobre todo a su ubicación en la capital del imperio, era capaz de conocer a esa fecha alrededor de los dos tercios de los asuntos bilaterales. Ahora bien, ¿quiénes entonces conocían y controlaban el total de esas relaciones? Pues, los norteamericanos mismos, la Embajada de EE. UU. en Santiago en primer lugar. Ella se desplazaba a través de toda la Administración chilena, ligaba los intereses privados chilenos con los públicos, representaba los intereses norteamericanos públicos y privados en Chile.

A fines de la década de 1960, Estados Unidos conocía materialmente a Chile mejor de lo que los propios chilenos conocían su país.

Este fenómeno, típico de la relación dependiente, no era por lo demás nuevo. A raíz de la revolución cubana, y más aún luego del desastre norteamericano en Bahía Cochinos, Washington destinó fuertes sumas a financiar, en la educación escolar y universitaria, estudios especiales sobre América Latina, desde los de lengua española (en términos de que hoy esta lengua sería la primera entre las extranjeras enseñadas en EE. UU.) hasta los de temas antropológicos, económicos y otros científicos especializados. Así, para dar un solo ejemplo, a mediados de 1964 funcionaba en Michigan State University (la tristemente célebre universidad del Middle West que proporcionó los primeros expertos norteamericanos que fueron a Vietnam a “asesorar” a Diem), una unidad económico-técnica dedicada a estudios sobre la reforma agraria chilena, con medios superiores a los de cualquier centro chileno, público o no, dedicado a esa cuestión.

Así es como se explica igualmente que algunas iniciativas de sucesivos gobiernos chilenos hayan correspondido durante esa misma década de 1960 a fórmulas detalladamente estudiadas por centros académicos norteamericanos no carentes de vinculaciones con grandes intereses privados o con el gobierno de EE. UU. (En la misma Michigan State University y también antes de la elección presidencial de 1964 ganada por Frei, el experto en América Latina Charles Cumberland comentaba que el sistema ideal para resolver los problemas del cobre chileno podría ser una “chilenización” análoga a las “mexicanizaciones”, es decir la compra por el Estado del 51 % de los intereses de Anaconda y Kennecott, y era un secreta a voces en los círculos del Latin American Council y del Council of Foreign Relations, de Nueva York, centros ambos del Establishment de la política y negocios exteriores norteamericanos, que la fórmula de David Rockefeller para el caso del cobre chileno era la “chilenización”).

Se dijo más arriba que, en la repartición de las tareas imperiales, el gobierno de EE. UU. se dedicaba principalmente en Chile a conservar y en lo posible acrecentar su control militar, y que los intereses privados disponían del campo económico. La descripción es válida si no se la lleva al extremo. Sin embargo, en materia de financiamiento y créditos, sea directos sea por el desvío de organismos multilaterales donde el influjo oficial norteamericano es decisivo, el gobierno de EE. UU. actúa sin intermediarios en el ejercicio de su dominio económico; de la misma manera que las corporaciones privadas (y el caso de ITT es sólo el más ruidoso y conocido) ejercitan funciones de inteligencia, política exterior y subversión, que en el caso de Chile han pasado a cubrir un terreno para-militar si no estrictamente militar.

¿Cuál fue la situación económica de dependencia heredada por el gobierno del Presidente Allende en 1970?

Un trabajo inédito de abril de 1973 sobre las relaciones económicas entre Chile y Estados Unidos desde el 70 al 72, obra de un ministro de uno de los últimos gabinetes del Presidente Allende y de un importante asesor del Ministerio de Relaciones chileno (ambos perseguidos ahora por la Junta, razón por la que se omiten sus nombres) decía al respecto:

La década de los sesenta se caracteriza por la aparición de síntomas evidentes de agotamiento del sistema económico chileno. En este marco es preciso comprender los objetivos del Gobierno por transformar la estructura económica imperante.

Durante la década pasada, el ingreso por habitante creció lentamente, en torno al 2 % promedio anual, pero su ritmo fue inferior a fines de los sesenta, alcanzando sólo cerca del 0.8 %. El ritmo de crecimiento era, en parte, resultado de una insuficiente tasa de inversión. Ésta osciló entre un 15 y un 17 % anual, en relación al producto, pero fue bajando al final de la década. La capacidad de ahorro interno era baja y se fue reduciendo aún más, y a pesar del persistente ingreso de capitales extranjeros, esta situación se mantuvo.

Simultáneamente con este débil crecimiento, la distribución del ingreso permanecía concentrada en pocas manos. En 1968, por ejemplo, el 28.3 % de los hogares chilenos captaba sólo el 4.8 % del ingreso, mientras al otro extremo el 2.0 % de las familias retenían el 45.9 % del ingreso. (Las cifras provienen de Odeplán, Plan de la Economía Nacional: Antecedentes sobre el desarrollo chileno 1960-1970, Santiago, 1971).

Estos hechos explican la progresiva ampliación de aquellos grupos sociales que cuestionaban la viabilidad del sistema económico para responder a las aspiraciones crecientes de la población. En condiciones de lento crecimiento la lucha por ingresos más altos y mejor distribuidos fue adquiriendo más fuerza. La organización sindical y la presencia antigua y significativa de los grandes partidos de izquierda permitieron canalizar las aspiraciones que surgieron de la manifiesta incapacidad e injusticia de la estructura económica y de poder, existente en el país.

Estas manifestaciones de la economía chilena reflejaban dos rasgos estructurales decisivos: una importante concentración de la propiedad de medios de producción y un significativo control exterior de la economía, a través de la propiedad de empresas estratégicas y del endeudamiento externo.

En la agricultura, hasta 1965 prevalecía un sistema dominado por el latifundio, con una alta proporción de la tierra en manos de unos pocos propietarios. La producción estaba prácticamente estancada y el campesinado se encontraba muchas veces marginado del mercado, no contaba con una organización social y cultural y políticamente estaba controlado por los grandes propietarios. Con posterioridad a 1965 se inició una reforma agraria que en 1970 había logrado expropiar una parte de los latifundios y organizar una proporción del campesinado.

La concentración de la propiedad de los medios era particularmente notoria en la industria, extendiéndose también al sistema bancario. Los grupos que controlaban estas actividades estaban en condiciones de recibir una elevada proporción del crédito y de manejar altas proporciones de los recursos financieros. De tal poder económico se derivaba el consiguiente poder político.

En resumen, los hechos fueron poniendo en evidencia que el sistema económico vigente estaba agotado y no era capaz de responder a las necesidades de las grandes mayorías nacionales.

La segunda mitad de la década de los sesenta fue testigo de un intento por cambiar las tendencias de la economía, mediante reformas parciales que modernizaran las estructuras vigentes, como fue el caso de la Reforma Agraria. Las reformas propiciadas se llevaron a cabo en un contexto de armonía con los intereses norteamericanos. Esta armonía se manifestó en negociaciones por las cuales el Estado adquirió parte de la propiedad de empresas extranjeras, creó empresas mixtas y recibió un flujo significativo de créditos externos y aportes de capital.

El intento no estaba destinado a transformar, sino a modernizar las estructuras. Como consecuencia de ello, las políticas aplicadas acentuaron las tendencias a un endeudamiento creciente y a una penetración extranjera en la propiedad de las empresas,

Si se analiza con más detenimiento los vínculos con Estados Unidos, se constata que, a fines de la década pasada, el sistema económico chileno presentaba una escasa autonomía. Sus principales características eran un fuerte endeudamiento externo, una alta proporción de las exportaciones controladas desde el exterior, una rápida desnacionalización industrial y una capacidad tecnológica muy insuficiente.

La persistente tendencia al endeudamiento, independientemente de la política económica aplicada por distintos gobiernos, puso en evidencia la incapacidad de la estructura económica para autosustentar su expansión. En 1960 la deuda externa era de 598 millones de dólares. En la mitad de la década ella subía a 1846 millones, para terminar en 2975 millones en 1970.[*] El resultado final fue que Chile quedó entre los países de más alto endeudamiento per cápita del mundo.

El endeudamiento creciente es una característica propia de las economías dependientes. Sus sistemas económicos no pueden subsistir sin apoyo externo. De esta forma, la deuda se constituye como un instrumento permanente de control y subordinación de las economías locales a los intereses externos.

Las exportaciones manejadas por empresas extranjeras se suman al fenómeno precedente para consolidar la vulnerabilidad de la economía chilena. El cobre ha representado el grueso de las exportaciones del país, alcanzando al 77 % del total en 1970. Ese mismo año, las grandes minas, controladas fundamentalmente por Estados Unidos, producían el 80 % del cobre y, por lo tanto, controlaban el 60 % de las exportaciones totales. A ello se sumaba el control extranjero sobre otros rubros importantes de exportación, como salitre y hierro.

Es preciso destacar que en 1965 el gobierno de aquella época inició un programa de formación de empresas mixtas con las compañías cupríferas norteamericanas, que denominó la “chilenización” del cobre. El Estado adquirió el 51 % de las acciones en una de las grandes minas (Kennecott) y 25 % en la otra (Anaconda). Ambas adquisiciones se efectuaron por acuerdo y sin conflicto alguno con las empresas. El convenio resultó ampliamente favorable para las firmas norteamericanas, las que obtuvieron grandes utilidades. Ello produjo fuertes presiones sobre el gobierno para que alterara su política. Y así ocurrió, en 1969, el Gobierno renegoció con Anaconda y se abrió la posibilidad de una nacionalización. Sin embargo, primó el criterio del acuerdo y el Estado pasó del 25 % al 51 % de la propiedad, con una opción de compra posterior a 1973.

A los débiles intentos por recuperar parcialmente las riquezas básicas se sobrepuso con creciente fuerza una penetración norteamericana en la industria. Las actividades más modernas fueron pasando a manos de empresas extranjeras que ejercían frecuentemente un poder monopólico, debido a la reducida magnitud del mercado chileno. En la industria química, automotriz, de bienes de capital y alimentos, las empresas extranjeras se fortalecieron. Además, por el ritmo de crecimiento más acelerado de estas industrias respecto al resto del sector, el proceso de desnacionalización era creciente.

Este fenómeno fue acompañado de una importante dependencia tecnológica. Las tecnologías empleadas eran adquiridas del exterior, sin que mediara, por lo general, una selección de acuerdo a los objetivos nacionales, ni una adaptación. Las innovaciones hechas en el país eran muy escasas. Siempre resultaba más cómodo y más barato, a precios de mercado, comprar tecnología en el exterior. Más de la mitad de los pagos por licencia iban a Estados Unidos

A lo anterior se agregaba el hecho de que una proporción significativa de la capacidad productiva estaba basada en bienes de capital de origen norteamericano. La mantención de ese parque requería repuestos norteamericanos para los cuales frecuentemente no existían orígenes alternativos.

A la vez, asociado al volumen de comercio con Estados Unidos y a la presencia de firmas de ese país instaladas en Chile, se había establecido una corriente de financiamiento de corto y largo plazo y de aporte de capitales, que permitían el funcionamiento de ese sistema económico dependiente.

Por último, en la década de los sesenta las economías capitalistas han visto expandirse con gran fuerza a las corporaciones multinacionales. Las norteamericanas, limitadas en su expansión por el lento crecimiento del mercado de origen, son las primeras en extenderse al resto del mundo para mantener altas tasas de crecimiento. Las grandes empresas europeas y japonesas, viéndose presionadas en sus propios mercados por las norteamericanas, se ven impulsadas a invertir en el extranjero para mantener su importancia relativa. La lucha por la distribución de los mercados internacionales se agudiza y América Latina es un escenario de esta pugna, en particular en el sector manufacturero. Por eso, el papel agresor de ITT en Chile tiene un carácter simbólico (de primera categoría): expresa la voluntad decidida del capital norteamericano de conservar América Latina como una “terra nostra” de EE. UU.

En síntesis, Estados Unidos disponía de un conjunto de instrumentos que le permitían, directa e indirectamente, ejercer una influencia decisiva en la formulación e instrumentación de la política económico chileno, económica y en el funcionamiento del sistema

Para ilustrar el cuadro de la dependencia económica chilena al comenzar el gobierno de Unidad Popular, es útil dar algunos datos específicos sobre la presencia en Chile de intereses privados decisivos en la intervención norteamericana.

Primero, como es obvio, lo relativo a ITT. Este consorcio transnacional, o “conglomerado” multinacional, estaba desde hacía algunos años diversificando sus rubros de interés en Chile: no sólo mantenía su propiedad y la operación de las comunicaciones telefónicas y otras en Chile, sino que aumentaba sus inversiones en sectores como hoteles. Pero lo singular de la presencia de ITT en Chile es que, como dice Anthony Sampson en su libro de 1973 sobre la ITT, Sovereign State, en 1970 este consorcio estaba operando sistemas telefónicos, función inicial de la compañía y supuesto núcleo de su actividad social, en sólo tres partes del mundo: en Puerto Rico, donde había comenzado sus negocios el coronel Behn, fundador de ITT, en las Islas Vírgenes y en la República de Chile. Júzguese la latitud de que disponía ITT en estas operaciones, tomando en cuenta el grado de soberanía relativa de la mayoría de estas tres sedes. De las tres, la operación chilena era con creces la más importante: la propia compañía la valorizaba en 150 millones de dólares; ella empleaba a 6000 personas. Desde la compra por ITT a los británicos en 1930 y debido a que la concesión original contemplaba pagos en oro para ITT, la operación había producido altísimas utilidades y requerido pocas inversiones. Inclusive las extensiones del sistema telefónico dispuestas en la década del 60 fueron ocasión para nuevos e inmejorables negocios de ITT: tal cosa ocurrió, como fue denunciado en Suecia y recogido en Francia y por Sampson, en el caso de la propuesta obtenida por ITT en 1966 contra la Ericsson sueca. En conclusión, ITT en Chile, fuera de poseer intereses económicos considerables en sí mismos, importantes además para la compañía porque representaban la continuidad de su primitivo objeto social, altamente productivos y aun dinámicos —lo que constituía una singularidad contemporánea en el sector de la operación de estos servicios—, naturalmente debía asumir el papel de coordinador de todos los intereses privados norteamericanos: pues si bien las inversiones y utilidades de ITT en Chile eran inferiores en volumen a los de otras firmas, Anaconda y Kennecott desde luego, el carácter mundial de sus operaciones le otorgan una experiencia política, incluso respecto de la política interna y exterior de EE. UU., muy superior a la de aquéllas, a las que supera además con mucho en volumen económico y financiero. Mientras Kennecott y Anaconda pertenecen al antiguo Establecimiento imperial, ITT, que desdeña ese tipo de actividades capitalistas centradas en recursos básicos como arcaicas, representaba en Chile el destacamento de punta del nuevo imperialismo.

Y ahora, algo sobre Anaconda y Kennecott. Resultaba en Chile un verdadero secreto de la naturaleza conocer el valor real de los intereses de estos dos consorcios norteamericanos, instalados desde antiguo y que —como decía el pueblo— van sacando el tesoro de la tierra y se lo llevan a su país mientras a nosotros nos van dejando el hoyo. Efectivamente, el “hoyo” de la mina El Teniente de Kennecott correspondía a la explotación subterránea más grande del mundo; y el de la explotación Chuquicamata de Anaconda a la mina a tajo abierto más grande de la tierra. Pero saber con certidumbre el precio de esos hoyos y sus instalaciones, si es que tal riqueza y tal despojo pueden tener precio, constituyó siempre para los chilenos (sin exceptuar a quienes discutieron a principios de 1971 en el gobierno y el Congreso, la nacionalización de esas explotaciones y de todas las de la gran minería del cobre aprobada a mediados de ese año por unanimidad parlamentaria), un misterio insondable. ¿Misterio económico? ¡Misterio político más bien! Baste recordar en todo caso lo que el presidente Allende repitió muchas veces: las utilidades sacadas de Chile por Anaconda y Kennecott equivalen, en el peor de los casos, a todo el capital social reunido por Chile desde que existe, o sea desde 1541. Esas dos compañías se llevaron de Chile en poco tiempo un Chile entero que los chilenos han perdida para siempre. El Chile de hoy, por acción del imperialismo, es menos de la mitad del Chile que debiera ser…

Anaconda y Kennecott se habían preparado durante largos años a la eventualidad de dicha nacionalización —por ejemplo, imponiendo fórmulas leoninas de obtención de utilidades bajo el llamado “Nuevo Trato” de 1955 y más todavía a raíz de las chilenizaciones del 65 al 69, con beneficios que significaron un verdadero escándalo político y económico, denunciado en 1969 por el senador demócrata cristiano Narciso Irureta, y documentado en 1970 y 1971 por Luis Maira, entonces diputado demócrata cristiano (para reducirnos a testimonios del Partido del expresidente Frei). Reputados expertos en asuntos latinoamericanos sostenían en Nueva York la inevitabilidad de la nacionalización del cobre chileno explotado por los norteamericanos: David Bronheim, ex coordinador de la Alianza para el Progreso, miembro del Latin American Council y muy cercano a David y a Nelson Rockefeller (a quien acompañó en 1969 a la accidentada gira a Latinoamérica dispuesta por Nixon y que terminó en un grueso Informe, La cualidad de la vida en América Latina, recomendando casi sin tapujos los regímenes militares como la perspectiva para el continente), declaró a puertas cerradas el 12 de Junio del 70 en el Foro sobre Cobre y política en EE. UU., África y Sudamérica, ante un auditorio compuesto por los principales inversionistas norteamericanos en el extranjero y por consejeros económicos del gobierno Nixon como Hendrik Houthakker, que Chile nacionalizaría indefectiblemente el cobre en breve plazo, es decir, realizadas las elecciones presidenciales de ese año, y que contaba con los medios, inclusive técnicos, para efectuarlo.

Pese a todo esto, o quizá a causa de ello, ni Anaconda ni Kennecott ni el gobierno de EE. UU., el sistema imperialista en suma, no podían conformarse con esa nacionalización. Dejando al margen el efecto de demostración internacional de una nacionalización jurídica y políticamente impecable, prescindiendo de que se trataba de cobre, material estratégico industrial y militar, olvidando incluso que Chile es uno de los dos mayores productores exportadores del mundo y que, de tomar la decisión política junto a Zambia y a Zaire podría controlar el mercado mundial de este producto básico, el mero valor efectivo de las explotaciones e instalaciones norteamericanas sobre el cobre chileno, por difícil de calcular que sea, excede según las estimaciones el monto de cualquier bien norteamericano nacionalizado en el mundo durante la última década. Hay quienes consideran que habría que remontarse a la nacionalización del canal de Suez (la cual no cubrió en definitiva los valores de la Sociedad Financiera del Canal, facilitando así un cierto resarcimiento a importantes intereses capitalistas) para encontrar su parangón. Sin llegar a tal extremo, es evidente que las ruidosas nacionalizaciones de la década de 1960 ceden en importancia a la del cobre chileno. En cambio, la acción de Mossadegh respecto al petróleo iranio es un buen punto de referencia en cuanto a la significación comparativa de una y otra nacionalización. Sabemos cuál fue la suerte de Mossadegh y qué papel desempeñaron Estados Unidos y sus servicios de inteligencia en los sucesos de Irán.

Robert Kennedy, en su gira por América Latina de 1963, permaneció algunos días en Santiago y sostuvo una reunión con un grupo de intelectuales chilenos. Richard Goodwin lo acompañaba. Entre los chilenos estaban los doctores Vicente Sánchez (hoy en Ginebra) e Ignacio Matte (hoy en Roma). La reunión no tuvo publicidad. Allí el segundo Kennedy, refiriéndose al “imperialismo norteamericano” —así entre comillas—, dijo que era un grave error de intelectuales y políticos de izquierda latinoamericanos creer que el gobierno de EE. UU. se identificaba con los intereses privados de compañías inversionistas que operaban en sus países; pues casi siempre tales compañías norteamericanas carecían de importancia económica y poder político dentro de los Estados Unidos, y no estaban en condiciones de movilizar a su gobierno. Saltaron varios chilenos de sus sillas y Robert Kennedy escuchó: Primero, que Anaconda y Kennecott, para hablar de Chile, por un lado no eran tan pequeñas en EE. UU. y por el otro resultaban gigantescas en Chile; segundo, que le constaba a uno de los presentes, pues había sido testigo del hecho, que el ministro de Minería de Chile en 1954, época en que comenzaban las conversaciones con las dos compañías respecto al mecanismo que se llamaría “del Nuevo Trato”, tuvo que enfrentarse en una reunión en el Palacio Cousiño de Santiago con el Secretario de Estado Adjunto para América Latina Henry Holland, en gira por el continente, cuando éste trajo a colación como asunto de gobierno de Estados Unidos la necesidad de otorgar el mejor trato a Kennecott y Anaconda; y tercero, que aquél era un caso entre muchísimos otros en que el gobierno de EE. UU. hacía suya la causa de compañías privadas norteamericanas en Chile, como le constaba a cada Embajador norteamericano, por ejemplo el de la época del incidente recordado, Mr. Beaulac, o el Embajador presente: basta leer los documentos oficiales que, con veinticinco años de retardo, publica el propio Departamento de Estado.

Robert Kennedy escuchó hasta el fin. Si un Presidente de los Estados Unidos que no quiero nombrar hubiera vivido más tiempo… dijo con melancolía; y se le cortó la voz.

Ocho años después, con cien experiencias más de Estados Unidos, podríamos completar su frase: si ese Presidente hubiese vivido, nada de esto habría cambiado. El sistema imperial es irredimible.

Durante estos ocho años, Anaconda y Kennecott, el gobierno de EE. UU., ITT, han actuado uno por otro, juntos, coordinados. El imperialismo es un sistema.

III

El Plan Camelot, proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para estudiar el potencial subversivo en toda la sociedad de un país en desarrollo, tuvo el financiamiento más cuantioso en la historia de las ciencias sociales. Se intentó aplicarlo en Chile en 1965. Su fracaso, provocado por las denuncias de Álvaro Bunster, a la época secretario general de la Universidad de Chile y embajador del presidente Allende en Londres hasta el golpe, produjo un escándalo tal en la comunidad internacional de sociólogos, al revelarse la utilización política subversiva de las ciencias sociales por parte del gobierno norteamericano, que “el caso del plan Camelot” es considerado un clásico de la intervención política. Se estudia en las Facultades de Ciencias Sociales de Europa y América, pues plantea problemas límite de orden profesional, moral y político. Varias antologías de estudios sobre sus implicancias han sido publicadas en los últimos años, bajo nombres como Project Camelot - Cancelled. (De manera semejante los Documentos Secretos de ITT, sobre la serie de complots de esta transnacional en connivencia con el gobierno de Washington, para impedir la accesión al mando de Salvador Allende y luego para derribarlo, son objeto de estudio en diversas Cancillerías, no porque se refieran a Chile sino porque evidencian —como un “test-case”— el tipo de íntima correlación entre los conglomerados particulares y el gobierno de EE. UU., y las características, estilo, canales y contradicciones de ese maridaje. No es improbable que el golpe del 73 constituya también un clásico del golpe de Estado con intervención de Washington y sean estudiadas su técnica y su historia. ¡Magro consuelo para los chilenos que mueren y luchan!).

Nunca un proyecto más ambicioso que el Camelot se había propuesto en materia sociológica: estudiar toda la sociedad de un país para deducir su capacidad política revolucionaria, calcular su instinto de agresión social y medir sus fuerzas de represión. Espiar a todo un pueblo. El velo científico dejaba ver los objetivos políticos de inteligencia. La institución auspiciadora era el Pentágono, a través de contrato con la American University de Washington, D. C. El embajador norteamericano en Chile, Ralph Dungan, no había sido informado de la existencia del proyecto. El Departamento de Estado declaró no haber recibido noticias del Pentágono. Dungan, que había trabajado con John Kennedy, hizo presente la directiva oficial posterior al fracaso de Bahía Cochinos, en el sentido de que operaciones activas de inteligencia a esta escala requerían autorización política al más alto nivel; reivindicó asimismo sus prerrogativas de único embajador de EE. UU. en Chile. El Pentágono, bajo orden presidencial que fijó un récord de rapidez, canceló el Plan.

Pero el núcleo del Plan se llevó a efecto. No a la escala imaginada en 1965. Tampoco desplegando legiones de sociólogos “a lo Vietnam del Sur”. El escándalo no lo permitía. Pero lenta, prudente, modestamente. Por medios más tradicionales: oficinas norteamericanas públicas y privadas en Chile, hombres de negocios, “fundaciones sin fines de lucro”, cuerpos de paz (sí, los Cuerpos de Paz “tan idealistas” han proveído de expertos en asuntos latinoamericanos al gobierno de EE. UU. y a firmas privadas con sede en América Latina), egresados universitarios que preparaban tesis de doctorado.

Por cierto no es fácil determinar cómo a través de estos medios fue reuniendo Estados Unidos los datos que el Pentágono buscaba a través del Camelot. Sin embargo, un grueso estudio no publicado, y que tomó en 1967 la forma de una tesis para el grado universitario de doctor en sociología de la Universidad de California en Los Ángeles, prueba hasta qué profundidad se calculó el potencial de disgregación de la sociedad chilena. Se trata del libro Military Culture and Organizational Decline: A Study of the Chilean Army (facsímil de University Microfilms, Ann Arbor, Michigan). Su autor, Roy Hansen, fue investigador de la Rand Corporation entre 1961 y 1962, consultor de la misma entre 1962 y 1965, y realizó tres viajes a Chile entre 1964 y 1965. La base de su análisis fueron encuestas a ciudadanos chilenos, civiles (200 entrevistas), 58 generales de Ejército en retiro, y un número indeterminado de militares en servicio activo, elegidos entre los que seguían cursos en la Academia de Guerra y en el Instituto Politécnico Militar. Entre las preguntas del cuestionario dirigido a la población civil, aparecen: “¿Bajo qué circunstancias, si hubiera alguna, cree usted que los militares podrían tomar el control del gobierno? ¿Bajo qué circunstancias personalmente usted apoyaría o rechazaría un intento militar de tomar el control del gobierno? ¿Cuáles cree usted son las principales razones por las que el Ejército no se ha visto envuelto en ningún intento grande de control del gobierno durante los últimos 25 o 30 años?”. Entre las preguntas hechas a los 38 generales en retiro figuraban las siguientes: “Mientras usted estaba en el Ejército, ¿se consideraba a sí mismo como derechista, algo derechista, algo izquierdista o como izquierdista? En general, ¿simpatizaba usted en especial con algún partido político?”. “Un cuestionario dado a una muestra de la población chilena mostró una gran fe de los civiles en que los militares defenderían la Constitución si ésta fuera violada. Específicamente, ¿bajo qué circunstancias cree usted que los militares debieran actuar en esta materia?”. “A continuación le leeré a usted algunas opiniones que se han emitido sobre los militares. Para cada proposición le ruego me indique si usted concuerda fuertemente, concuerda un poco, disiente un poco o disiente fuertemente de ellas. Usted puede fundamentar su opinión siempre y cuando lo estime necesario: h] En un país que está necesitando y sosteniendo un cambio económico y social rápido, la democracia es un lujo que a menudo no puede darse, ya que ésta no tiene la fuerza necesaria para alcanzar la transformación requerida”. Los formularios de la encuesta para civiles y generales en retiro iban precedidos de una introducción asegurando el anonimato: “Debido a su carácter estrictamente científico las respuestas son estrictamente confidenciales, ya que serán sometidas a procesos posteriores de análisis estadístico que hacen imposible la identificación de los autores de las opiniones”. Sin embargo en el cuestionario respondido por los oficiales en servicio activo, sin duda el grupo más importante encuestado, no hay ningún compromiso, ni siquiera pro-fórmula, de anonimato científico. Al contrario, cada formulario empezaba con los siguientes rubros identificatorios: “a] Rango. b] Arma. c] Unidad o Escuela en la que actualmente sirve. d] Lugar del nacimiento. e] Ocupación del padre. f] Ocupación del suegro. g] Parientes en las Fuerzas Armadas o Carabineros: tipo del parentesco, rango y arma del pariente. h] Educación (número de años), en Colegio y Universidad, en Escuela Militar, en Academia de Guerra, en Academia Politécnica, en Colegios Militares extranjeros. i] Rango en el Curso Militar”. Entre los rubros preguntados a esos oficiales activos, que en 1964 y 1965 tenían grados de capitán a teniente coronel, pues asistían a cursos de mando (y que por ende en 1973, año del golpe, son coroneles si no generales), se contaron éstos: “Si usted tuviera que elegir entre las siguientes categorías, ¿en cuál de ellas se ubicaría políticamente hoy? a] Derechista. b] Algo derechista. c] Algo izquierdista. d] Izquierdista. Por favor comente el motivo (source: origen, fuente) de su decisión y el significado que usted le atribuye al concepto indicado”. “En su carrera militar, ¿cuáles han sido las principales fuentes de satisfacción para usted? Igualmente, ¿cuáles han sido las principales fuentes de insatisfacción para usted?”. Luego de una pregunta idéntica a la hecha a los generales en retiro sobre las circunstancias en que los militares debieran actuar para defender la Constitución si ésta fuera violada, el cuestionario a los mandos activos insistía en su parte final: “He aquí algunas opiniones expresadas sobre los militares. Por favor indique si concuerda fuertemente, concuerda un poco, disiente un poco o disiente fuertemente: e] Los militares son necesarios para el país aun si no hay guerra, para el efecto de actuar como guardianes de la Constitución en el caso en que un gobierno tratara de violarla”.

Varias conclusiones del estudio de Hansen son relevantes. La mayoría de ellas se contienen en el capitulo 4, Orientación pública respecto de los militares: Participación en la política. Allí se dice: “A pesar de la tradición de estabilidad democrática de Chile y la historia reciente de no intervención por parte de las instituciones militares, la opinión pública aún acepta a los militares como guardianes de la Constitución… El consenso de la sociedad sobre la legitimidad y la importancia de este papel es, de hecho, tan grande o mayor que aquél respecto de sus funciones militares más convencionales”. “La autonomía militar es también un factor clave en su papel como control respecto de autoridades arbitrarias o de la ineficiencia gubernativa. La historia de estabilidad democrática de Chile ha tenido éxito a pesar de las numerosas fuentes de potencial conflicto en la estructura socioeconómica y política de la sociedad. Conflictos no resueltos hierven bajo la superficie de estabilidad política, entrando en erupción espasmódicamente en demostraciones, tumultos, huelgas y movimientos políticos radicales. La percepción de una necesidad de intervención militar puede ser el reflejo tanto de la naturaleza fundamental de los respectivos problemas como de una falta de confianza subyacente en las instituciones políticas de la sociedad”. “La incapacidad del gobierno para mantener el orden interno o para evitar la amenaza de guerra civil legitiman la intervención militar”. “La necesidad percibida por el público de un establecimiento militar semiautónomo capaz de actuar como un control (check) sobre el gobierno y/o como una alternativa respecto del gobierno, parece derivarse de la desconfianza subyacente del público hacia las instituciones civiles políticas y administrativas”.

Naturalmente, es sencillo justificar esta obra como un análisis social desinteresado, una obra académica. Pero su preparación y su texto importan una masa de informaciones que ninguna ciencia tiene el derecho moral de arrancar a una sociedad, porque ellas se refieren a organizaciones políticas fundamentales de un país soberano. Las naciones tienen derecho a su privacidad. Los datos recogidos por el consultor de la Rand Corporation han servido objetivamente a Estados Unidos contra Chile.

La circunstancia de que el enorme plan de inteligencia Camelot fuese una operación del Pentágono, expresa una política de EE. UU. respecto a Chile (así como a otros países latinoamericanos) que ha continuado. Las funciones elementales de información sobre Chile han estado desde mediada la década de 1960, a cargo preferentemente de la Defense Intelligence Agency. Los errores de la Central de Inteligencia en cuanto a Cuba, indujeron ya al gobierno de Kennedy a desplazar el predominio de ésta en muchas operaciones que pasaron al Pentágono.

El marcado interés de EE. UU. por los militares chilenos se hizo visible en 1969. En noviembre de ese año se produjo, por vez primera en decenios, un alzamiento militar limitado en el regimiento Tacna de Santiago. Lo dirigía el entonces general Roberto Viaux, a quien los documentos de ITT señalan en octubre de 1970, mientras preparaba un golpe preventivo contra Allende, recibiendo órdenes directas del gobierno norteamericano. (“Es un hecho que la semana pasada Washington dio instrucciones a Viaux de que se echara atrás. Se tenía la impresión de que no se estaba suficientemente preparado, de que estaba desfasado en el tiempo y que debería ‘enfriarse’ para una fecha posterior no determinada. Emisarios le indicaron que si se movía prematuramente y perdía, su derrota sería comparable a una ‘Bahía Cochinos en Chile’. Como parte de la persuasión para que retardara, se le dieron seguridades verbales a Viaux de que recibiría asistencia material y apoyo de Estados Unidos y otros para una maniobra posterior”. Así dice el Memorándum del 16 de octubre de 1970, dictado por teléfono desde San Juan, para el vicepresidente Gerrity de ITT.

Pero aun antes del “tacnazo” de Viaux, el año 1969 había sido muy peculiar.

En abril de ese año se reunieron en Chile los ministros de todos los países latinoamericanos y acordaron, por primera vez en la historia, tomar una posición conjunta en materia comercial, financiera, en inversiones, etc., frente a Estados Unidos. El documento se llamó el Consenso de Viña del Mar y el ministro de Relaciones Exteriores chileno Gabriel Valdés recibió el mandato unánime de presentarlo en persona a Richard Nixon. Fue también la primera ocasión en que un alto funcionario norteamericano, Peter Vaky, que fuera Secretario de Estado subrogante para América Latina y luego experto en ésta bajo las órdenes del Dr. Kissinger en el National Security Council hasta poco después de la elección de Allende, calificó la posición internacional chilena como “una indisciplina dentro del sistema”. Nixon quería negar la entrevista. Pero en junio ya no pudo dilatarla más. Y el 11 de ese mes tuvo lugar el increíble episodio que enfrentó al ministro Valdés, acompañado de su embajador en Washington, Domingo Santa María, de Ramón Huidobro (embajador de Allende en Buenos Ares hasta el golpe) y de Armando Uribe (embajador en Pekín hasta el golpe), con el presidente Nixon en la Sala de Gabinete de la Casa Blanca. Junto a Nixon se sentaron el secretario de Estado Rogers, y Henry Kissinger. Todos los embajadores latinoamericanos ante la Casa Blanca hacían rueda.

Gabriel Valdés no se limitó a entregar el documento con algunas palabras de cajón. Planteó la imposibilidad de negociar con EE. UU. en el marco regular interamericano. Las diferencias de poder eran demasiado grandes. Por cada dólar norteamericano que ese país invertía en América Latina, se llevaba infaliblemente cinco. Nixon fue tomado de sorpresa. (Algunos embajadores latinoamericanos también). Oyó cuanto Valdés tenía que decirle, reconcentrándose, con ese modo suyo de hacerse cada vez más pequeño, bajando los párpados, impenetrable e irritado. Kissinger entre tanto parpadeaba.

Dijeron los conocedores de Washington que en memoria de ser humano, jamás un presidente de los Estados Unidos se había sentido afrentado a tal punto. Al menos, en el caso de Nixon, desde que le arrojaron tomates en Caracas. (Recordó esa experiencia en sus palabras de respuesta). La verdad es que ni el discurso de Gabriel Valdés, ni lo que Nixon contestó, ni la entrega solemne del Consenso Latinoamericano fueron homologados oficialmente por Estados Unidos. El hecho histórico, para el gobierno Nixon, simplemente no había ocurrido.

¿Qué dijo Nixon? Sus palabras son pertinentes hoy para entender lo que sucede en Chile. Un documento privado de la época se refiere a ellas:

Luego del discurso del ministro Valdés y de su entrega material del documento al presidente Nixon, éste pronunció el siguiente discurso improvisado (versión informal; no existe texto oficial):

“Agradezco las francas y sinceras expresiones del Ministro Valdés. Yo también quiero examinar ahora el estado de las relaciones interamericanas. Pero quiero hacerlo a través de los ojos de América Latina. Quiero que al examinarlas nos coloquemos en un mismo nivel, Estados Unidos y Latinoamérica, no uno por encima del otro, ni tampoco desde un nivel, bajo y hacia arriba.

“Esta presentación conjunta tiene mucho interés para nosotros. Es necesario respetar el derecho de las naciones a optar por esquemas propios y no interferir con las decisiones nacionales.

“Tengo sin embargo dudas sobre la posibilidad de consenso en América Latina. Llegar al consenso es muy difícil y yo no estoy seguro de que haya hoy día posibilidades políticas de consenso latinoamericano.

“Su misión, ministro Valdés, es algo muy importante y he oído con mucha atención lo que me ha dicho y me interesan mucho los acuerdos de esa reunión en Viña del Mar. Me parece bien que usted haya venido porque así tenemos posibilidades de discutir en forma franca y directa los asuntos hemisféricos.

“Estoy absolutamente de acuerdo con todos los principios que ha expuesto el presidente de CECLA. No tengo ninguna objeción que hacer a los temas expuestos por usted.

“Ésta es una buena exposición de los problemas que enfrentamos. Lo difícil es encontrar las soluciones y los medios que se necesitan para resolver esos problemas.

“Quiero dejar en claro cuatro puntos,

“El primero es el de la inversión privada. Concuerdo con que la inversión privada no debe considerarse ayuda. No es ayuda; es un negocio y es compensado por las utilidades que saca. Pero la inversión privada tiene un papel muy importante que desempeñar para el desarrollo verdadero de cualquier país. La experiencia de mi propio país es ésa. Y también la de otros países, porque los pocos ejemplos de éxitos en la ayuda externa son aquellos en que la ayuda ha echado las bases para un flujo masivo de inversión privada.[*] Ocurre además que aun cuando los gobiernos quisieran dedicar el máximo capital posible a la ayuda financiera a otros países, los recursos gubernativos son siempre limitados. En cambio los recursos privados se expanden con facilidad si tienen seguridades razonables. Los capitales particulares que pueden intervenir en Latinoamérica —no sólo capitales privados de EE. UU., sino también los de otros países— multiplican la cooperación gubernativa y la hacen más eficaz.

“Quiero enseguida tocar un punto controvertido: las visitas del gobernador Rockefeller a América Latina. Quiero dejar muy en claro que las manifestaciones durante estas visitas no las miro como actos contra la persona del gobernador ni contra Estados Unidos, ni como el sentir mayoritario de cada uno de esos países. Yo, en mi viaje por América Latina, recibí malos tratos, pero comprendí que ellos no correspondían al sentimiento general del pueblo, ni los consideré tampoco ofensa a mi persona o a los EE. UU., sino como producto de la inquietud de ciertos grupos minoritarios. No representaban entonces, ni representan ahora el sentir mayoritario del pueblo ni de los gobiernos de América Latina. En todas partes hay gente violenta. Usted viene de un país democrático y sabe de estas cosas. Usted es político también. Entonces pensó que en América Latina no todo el mundo es antinorteamericano. A Nelson Rockefeller le ha pasado lo mismo, pero él también es político y sabe que estas cosas no son contra Estados Unidos ni contra él. Cierto es que estas acciones pueden proyectar una imagen equivocada de América Latina en ciertos sectores norteamericanos. Aunque hay que reconocer que el problema de la inquietud es mundial y que Estados Unidos está teniendo también una fuerte experiencia de disturbios universitarios.

“Es necesario encontrar nuevos métodos de comunicación entre EE. UU. y América Latina. En este sentido también aparece CECLA como importante. Yo soy optimista frente a la perspectiva a largo plazo del desarrollo económico latinoamericano. Estoy impresionado con la bondad, la capacidad de trabajo y el deseo de surgir que hay en América Latina. Latinoamérica tiene enormes recursos humanos y naturales. Sus hombres y su tierra tienen una capacidad extraordinaria que puede ser aprovechada con un gran fruto. América Latina puede ser, lo reconozco, un volcán político e histórico, lleno de fuerzas y tensiones dispares, pero cuando la erupción se ha producido y la lava se mezcla, las tierras volcánicas son las más ricas, esas que tienen cenizas volcánicas, y pueden ser laboradas con gran éxito. Yo lo sé porque lo he visto en tierra norteamericana, en Hawai.

“Lo último que quiero decir es que vivimos una época de revolución y por lo tanto enfrentamos múltiples problemas presentes, pero en definitiva estamos preparando una sociedad como nunca el mundo ha visto. Estados Unidos puede proponerse esta tarea porque ha creado dentro de sus fronteras una sociedad envidiable, que nos permite hacer lo que estamos haciendo en todos los campos. Tenemos que trabajar juntos en esta tarea. Queremos trabajar con ustedes. Nuestros enfoques pueden ser diferentes, pero tenemos los mismos objetivos y aceptamos los mismos principios. Habría sido más fácil para nosotros continuar con los programas existentes; sin embargo hemos decidido reexaminar la política de Estados Unidos para lograr mejor nuestros objetivos comunes. De algo no pueden tener dudas. Y es que estamos con ustedes”.

Sólo ahora, a más de cuatro años de esa improvisación embarazada, buen arquetipo del estilo nixoniano, lleno de afán posesivo y de repugnancias no confesadas, cae uno en la cuenta de lo que significaba el pasaje más banal del discurso, ¿quién lo diría?, la metáfora de América Latina como un volcán de revoluciones frente al cual Estados Unidos espera la erupción porque sabe —lo ha visto en tierra norteamericana: en Hawai…— que después de que corre la lava y caen las cenizas volcánicas —y se establece el orden de las cenizas mezcladas a la tierra— todo se hace más apto al cultivo, al provecho.

Se dirá que esto es excederse en sutilezas. Pero el señor Nixon y su Prof. Kissinger son almas complicadas, actúan por alusiones, notifican amenazadoramente, suavizando la voz, por metáforas.

Después de la revolución, indefectiblemente (porque hay una voluntad maquinadora en todo esto: la suya), nos caerá encima la represión. Entonces puede volver el buen capital.

En 1969, Nixon no se acostumbraba todavía a ser Presidente. Se lo veía en ceremonias públicas (los funerales de Eisenhower en la Washington Cathedral, mientras De Gaulle cabeceaba en su soledad el discurso en la Unión Panamericana, prolijo y chapucero como un mal sastre, el banquete en Los Ángeles a los astronautas que volvían de la luna, ocasión en que comida, invitados y discursos parecían cráteres muertos), inseguro, buscando a su lado al superior natural, de reojo, un personaje secundario de película muda, un maestro de ceremonias que desconfía del público.

Con Kissinger al costado, aprendió a dominarse. Descargaba su inseguridad en el otro. ¡Manes de Woodrow Wilson y el coronel House! Kissinger tiene la seguridad didáctica. Es un hombre de sala, no de gran salón o congreso.

Al tiempo de la entrevista con Nixon, el Dr. Kissinger visitó la Embajada de Chile. No habló de Chile ni de Sudamérica. “No sé nada del sur del mundo —dijo—, de los Pirineos para abajo”. Habló distraídamente, golpeteando con los dedos la mesa. Pero no perdía palabra. Se sabe que el ruido de los dedos en la tabla interfiere cualquier grabación subrepticia. Lo que dijo no era para grabarlo. “La cuestión de Berlín no me quita el sueño”. “Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam no sólo sin saber nada de Vietnam, sino porque no sabía nada de Vietnam”. Casi un año después, avanzada la campaña presidencial en Chile, volvió nuevamente a la Embajada. Chile ahora le interesaba algo más. Iría pronto —dijo— ¿pero si fuera mal interpretado mi viaje? Preguntó por la nieve, preguntó por las ballenas del Pacífico; hizo una broma compleja de carácter geográfico, sobre el peligro de resbalar desde los Andes chilenos a la boca abierta de una ballena. Preguntó por las elecciones. ¿Cuál es la diferencia entre los programas de Allende y de Tomic? Y si no hay gran diferencia, ¿porqué hay dos candidatos? ¿Por qué hay tres y no dos? (Efectivamente, Alessandri era el tercero). Astuto insondable Dr. Kissinger.

A mediados de 1969 el gobierno Frei convenía, luego de iniciativas de gente de su Partido, y a través de negociaciones de un ministro y tres expertos con las compañías del cobre, la “nacionalización pactada” que el diputado, entonces demócrata cristiano, L. Maira criticó con detalle como perjudicial para Chile (Revista de Derecho Económico de la Universidad de Chile, último número de 1970 y primero de 1971), así como lo hizo el profesor, también católico, Eduardo Novoa (La batalla del cobre, 1972).

En la segunda mitad de 1969, la National Educational Television norteamericana preparaba un extenso reportaje sobre las intervenciones militares y económicas de Estados Unidos en todo el mundo: Who Invited US? El programa no se pudo proyectar en EE. UU.; fue considerado contrario a los intereses nacionales. Pablo Neruda era entrevistado en él: “Imaginen que inclusive las compañías latinoamericanas (dice Neruda según el transcript)… es imposible: la nacionalización es la única vía. Y el gobierno popular, que va a empezar en septiembre de 1970, va a tomar inmediata reposesión, va a nacionalizar”. En el mismo programa hablaba el senador Karl Mundt, miembro destacado de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU.: “Bueno, [si ganara Allende] seríamos muy afectados, porque tenemos una cantidad de intereses norteamericanos en Chile. Esta gente se apropiaría en seguida de ellos, no compensaría a los dueños, a los dueños norteamericanos, por esos intereses, dejaría en cuanto pudiera de comerciar con Estados Unidos, para poder comerciar con el bloque comunista, haría lo que siempre hacen los comunistas, organización expansiva, agresiva por su naturaleza, imperialista en su objetivo; empezarían de inmediato a trabajar a sus vecinos latinoamericanos de manera que estaríamos bajo riesgo en nuestra relación con América Latina, tal como Cuba, que tiene un gobierno comunista, manda infiltrados continuamente a otras zonas latinoamericanas tratando de expulsar gobiernos, y establecer un campo comunista, y nadie quiere un gobierno manejado por un comunista, porque esto sería aterrador, probablemente significaría que nosotros efectivamente tenemos que volvernos aislacionistas y armarnos a nosotros mismos, tener nosotros mismos nuestras bases [militares], y no se podría evitar entonces un ataque atómico. Y eventualmente un holocausto. Simplemente soy incapaz de imaginarlo”.

El domingo antes del alzamiento del Tacna en Santiago, a fines de octubre de 1969, se apareció en Washington Agustín Edwards, el empresario privado más poderoso de Chile, heredero de la cadena periodística de El Mercurio, y presidente a esa fecha de la Sociedad Interamericana de Prensa. Su pretexto era la Conferencia anual de esta organización, que constituye un centro de propaganda y asimismo de informaciones de los intereses aliados latino-norteamericanos, una bolsa común de influencias políticas hemisféricas. Pero la reunión de la SIP no se iniciaría hasta varios días más. Edwards estaba singularmente nervioso. Lo acompañaba una comitiva en que se destacó por su autoridad el oficial de marina en retiro Cubillos. Su principal empleado en El Mercurio, Fernando Leniz (en 1973, ministro de Economía de la Junta), viajó después a Washington. ¿Qué pasaba? No se le entendía. A medias palabras, Agustín Edwards hablaba de que “ellos” estaban por moverse, que ya no esperarían más, y que el gobierno sin duda debía estar en conocimiento, es un momento muy crítico, pero que quede constancia (agregaba), yo no estoy en Santiago en este momento, por eso he viajado a Estados Unidos.

Fue imposible entenderle entonces. A los pocos días estalló el “tacnazo” del general Roberto Viaux y las frases entrecortadas de Edwards adquirieron sentido. Agustín Edwards estaba informado de este intento de golpe militar anterior a la elección. Tal vez no estaba enterado que ese golpe iba a fracasar.

Aprovechó con todo su estada en Washington para reunirse más de una vez, en casa de uno de los militares agregados a la Embajada, con los oficiales chilenos que mantenían mejores contactos con sus congéneres norteamericanos; al menos una vez también varios de estos últimos estuvieron presentes y preguntaron, recibieron respuesta, comentaron la política chilena y las perspectivas de las elecciones presidenciales. El entonces capitán y hoy almirante Arturo Troncoso (quien inició el golpe de 1973 alzándose en Valparaíso, dirige la brutal represión en el puerto y controla esa provincia además de otras funciones), estaba presente y participaba activamente, como hombre de confianza de los oficiales norteamericanos. Edwards, a quien la propietaria del Washington Post, Katherine Graham, consideraba un modelo de hombre de negocios, se movió en Estados Unidos, para prepararse una situación empresarial en algún gran consorcio norteamericano, por si acaso ocurría algo en Chile que lo amenazara. Comió con Nixon a su lado, probablemente conversó con Kissinger, informó sobre Chile a sus amigos norteamericanos. Un año más tarde, al ser elegido Allende, Agustín Edwards fue nombrado uno de los vicepresidentes de Pepsi-Cola (Nixon fue otro, entre su vicepresidencia y la presidencia de Estados Unidos).

El 31 de diciembre de 1969 Joseph J. Jova, embajador de EE. UU. ante la Organización de Estados Americanos (con sede en Washington), y que fue Encargado de Negocios en Chile en 1964, con actuación política clave frente a la elección presidencial de ese año, al inducir a la derecha chilena a que apoyara a Eduardo Frei, acusado además de diversos otros actos de intervención directa imposibles de probar debido a su habilidad resbaladiza, se expandió en privado sobre las relaciones futuras de EE. UU. con Chile. Era obvio que miraba más allá del gobierno Frei. Las elecciones de 1970 se acercaban.

Jova hizo una exposición de cuál creía que debía ser el “estilo” de la relación diplomática, política y económica de EE. UU. con Chile en los próximos años. Dijo que tal vez un defecto de EE. UU. en todos estos campos era haber actuado con excesiva blandura, sin hacer presente sus intereses de manera suficientemente Clara. “Hemos actuado —dijo— como si se golpeara con una almohada en un colchón. En circunstancias de que deberíamos ustedes y nosotros actuar en nuestras relaciones mutuas como un martillo y un yunque. Aunque saltaran chispas en la operación, el trabajo serviría para moldear mejor y de manera inequívoca las relaciones e intereses mutuos”. Anunció entonces, en palabras algo oscuras, un futuro en las relaciones bilaterales en el que EE. UU. se mostraría más duro y rígido que hasta ahora, expresando que el sistema de la blandura o facilidad en las relaciones con Chile no habría sido ventajoso. Esto no tuvo carácter de amenaza, ni siquiera ligeramente, pero quizás ello se deba a la versátil astucia diplomática de Jova, que hace pasar o tragar” lo que dice como si fuera un tónico-purgante, de gusto aceptable al principio, pero dejando un sabor desagradable después, un dejo a bacalao. Lo que dijo corresponde por lo demás muy exactamente a lo que expone grandilocuente y antipáticamente Korry, el embajador en Santiago.

Está claro que las relaciones de EE. UU. con Chile se van a poner más duras, más concretas, sin elementos de simpatía, con necesidad de negociación para todo, sin facilidades. Por último, según Jova, la nueva política internacional enunciada por Kissinger significa dejar fuera del marco de intereses directos de EE. UU. a algunos países de América del Sur, excepto si en cada caso (por “reacciones viscerales”, observó Jova) EE. UU. concluye que un país determinado es realmente una nuisance para sus intereses básicos. “Tal vez hubiese sido mejor que, en el pasado —terminó Jova—, los ‘marines’ hubieran parecido amenazar verdaderamente a Chile”. “Sí, le contestamos: eso habría producido una solidaridad interna definitiva en Chile, y ustedes se habrían encontrado con un país compacto frente a ustedes”.

Se iniciaba 1970. La elección presidencial sería el 4 de septiembre, conforme a la ley de Chile.

La ITT evaluaba la situación chilena y hacía previsiones sobre América Latina. Para su presidente, Harold Geneen, el lema de la compañía es: “¡Y sobre todo, nada de sorpresas!”.

El Dr. Kissinger comenzaba a interesarse por Chile.

En el Pentágono avanzaban los trabajos preparatorios del Contingency Plan para intervenir en Chile. El Plan de 1970.

IV

A raíz del pronunciamiento militar de Roberto Viaux y su regimiento “Tacna” de Santiago, el gobierno que presidia Eduardo Frei se vio impelido a examinar la situación militar. En su seno había elementos, como el subsecretario Patricio Silva Garín (que tenía rango militar, como médico), que participaron en el arreglo, en parte económico, en parte institucional, que hizo ceder a los alzados, después de tratos directos con éstos en el propio regimiento “Tacna” sublevado. La verdad es que el gobierno demócrata cristiano, como la mayoría de sus antecesores desde mediada la década de 1930, había carecido de una política especial frente a las Fuerzas Armadas, en la confianza de que, luego de los intentos frustrados de gobernar el país que protagonizaran varias veces entre 1924 y 1932, ellas se habían resignado para siempre a una función “profesional” y de completa subordinación al poder civil. Episodios como la disputa entre las diversas ramas sobre el derecho de la Marina a contar con aviación propia, resuelto en términos positivos para ésta cuando su comandante en jefe, el almirante Neumann, renunció para subrayar la importancia que le atribuía a la cuestión, más bien confirmaban frente al público el carácter puramente “institucional” de los problemas de las Fuerzas Armadas. Los análisis de Nelson Rockefeller, con ocasión de su accidentada gira latinoamericana (en el curso de la cual Chile le hizo saber que era preferible que se abstuviera de visitar el país, tal como hicieron otros latinoamericanos), en el sentido de que podía preverse la multiplicación de regímenes militares en el continente —lo cual junto con ser considerado en dicho Informe como inevitable, era mirado entre líneas como satisfactorio— no impresionaban a Chile, bajo el hipnotismo de casi cuarenta años de abstención castrense. Tampoco impresionaba al gobierno de la época el criterio del trabajo de Raúl Prebisch (animador de CEPAL y del ECOSOC, y gran experto argentino en cuestiones de desarrollo latinoamericano), en preparación por entonces para ser presentado a la reunión del BID en Uruguay meses después, que planteaba sólo dos salidas al problema del desarrollo en la región: alcanzar y mantener una tasa de crecimiento del 8 % a través de una disciplina social “consentida”, o bien conformarse con buscarlo a través de la “disciplina impuesta”; y en el contexto de Prebisch la disciplina consentida sería del todo excepcional, y la impuesta había de serlo necesariamente a través de gobiernos de fuerza. Aun cuando acaso no fuera intención de este experto proporcionar una justificación a las dictaduras armadas, el hecho es que su trabajo, cuya elaboración avanzaba en la sede del BID en Washington, era un llamado de atención y a la vez ofrecía una base racional a la multiplicación de regímenes militares en América Latina. La instauración del régimen militar peruano era asimismo vista con interés pero sin proyección al caso de Chile, a pesar de que comenzaban a aparecer en revistas de ciencia política y de política internacional norteamericanas, numerosos estudios anunciando una nueva era de la espada en Latinoamérica, incluso uno del chileno Claudio Véliz en Foreign Affairs de Nueva York. Los indicios de preocupación de las Fuerzas Armadas chilenas sobre su participación institucional en la conducción del país comenzaron sin embargo a acentuarse en la segunda mitad de la década. Pero una propuesta de ellas en documento que definía el “Objetivo Nacional”, no había tenido mayor eco. La “decadencia organizacional” que Hansen planteaba como tesis en su libro, y los riesgos del caso, eran más bien ignorados. Se tenía la convicción, quizá en buena proporción exacta, que las Fuerzas Armadas no estaban en ningún caso en condiciones, por absoluta falta de preparación en los terrenos económico, financiero, administrativo y otros, de gobernar el país y hacerse cargo de sus problemas, y que ellas lo sabían: esto bastaría, según los políticos, para inducirlas a abstenerse de aspirar a otro papel que el estrictamente “profesional”. Es más: había pruebas de que una cierta esclerosis en la organización superior del Ejército y en distinta medida en las demás ramas, las hacían inclusive ineptas para administrarse eficazmente a sí mismas en términos burocráticos modernos. Y si no podían llevar adelante sus propios intereses y responsabilidades institucionales de una manera racionalizada, ¿cómo iban a atreverse a tomar a su cargo la administración del país?

El embajador norteamericano en Chile, Edwards Korry haciendo gala de la sans façon que le era habitual, dio su opinión sobre el “tacnazo”: culpable era el gobierno chileno por no haberse preocupado de la situación económica, social e institucional del Ejército: pero igualmente o más culpables eran las Fuerzas Armadas por su ineptitud para manejar los recursos financieros de que disponían y no saber, por ejemplo, utilizarlos bien en las adquisiciones de armamentos y otras en los propios Estados Unidos. Viaux había justificado su alzamiento tanto en la mala situación económica del personal militar como en las fallas y carencias del plan de adquisiciones para las Fuerzas Armadas.

Más allá de las palabras de Korry, EE. UU. —sin duda con mayor conocimiento sobre las Fuerzas Armadas que el mismo Frei— proveyó secretamente de inmediato a la situación: puede fijarse como fecha cierta de la elaboración de un plan concreto para utilizar el potencia1 de insatisfacción militar chileno precisamente la del “tacnazo”. Hay incluso motivos para creer que EE. UU. sabía de la emergencia del “tacnazo” antes de que éste se produjera. Desde luego, lo había sabido Agustín Edwards con anticipación y viajó a Washington. La operación de las Misiones militares norteamericanas en Chile y la inextricable red de vínculos norteamericano-chilenos en este campo —agregado a la atención que el Pentágono dedicaba a lo chileno desde principios de la década (como deja constancia el escándalo del Proyecto Camelot)— permitían a EE. UU. tener un conocimiento de la situación de las Fuerzas Armadas chilenas superior al que tenía el propio gobierno de Chile y aun aquel de que podían disponer las diversas ramas de estas Fuerzas sin coordinación efectiva entre si, pues el esqueleto de un Estado Mayor General conjunto era raquítico y aparente.

La mejor constancia de esta capacidad norteamericana de manipulación política inmediata de la situación de las Fuerzas Armadas chilenas, se produjo en un extraño episodio ocurrido en parte en Chile y en parte en EE. UU. pocos meses después del “tacnazo”, a comienzos de 1970. La campaña presidencial enfrentaba ya en plenitud a Salvador Allende, Radomiro Tomic y Jorge Alessandri. El episodio fue un misterioso intento de golpe militar preventivo en Chile para evitar las elecciones, con instigación norteamericana. Escasas noticias públicas se dieron al respecto, pero el grado de preocupación política en Chile fue más grande tal vez que a propósito de la sublevación del regimiento “Tacna”. Muy importantes dirigentes demócrata-cristianos llegaron a tal punto de inquietud que se consideró seriamente la posibilidad de tener que abandonar el país como consecuencia de este movimiento militar, y un cierto número de emisarios salieron de Chile para preparar la eventualidad del exilio. Resulta difícil saber hoy si Eduardo Frei mismo consideró tal eventualidad, pero ello no es imposible. El golpe militar no estalló. ¿Qué había pasado? Personalidades demócrata-cristianas (entre ellas seguramente el senador Renán Fuentealba y otras de gobierno como el ministro de Relaciones Exteriores), sobre la base de firmes indicios; señalaron el papel instigador que cabía a EE. UU. en este intento larvado, denunciando la intervención de la CIA. A este propósito conviene tener presente que la palabra “CIA” se ha transformado en sinónimo de todo el aparato de inteligencia y operaciones subversivas encubiertas norteamericanas, englobando así en una palabra las actuaciones de los distintos servicios que componen la “comunidad de Inteligencia” de EE. UU.; de manera que cuando se dice “CIA” se define más bien el tipo de acción gubernativa norteamericana, antes que identificar concretamente a la Central Intelligence Agency, la cual —por grande que sea su importancia relativa y por frecuentes que sean sus acciones de agresión en el extranjero— constituye sólo una agencia entre las muchas que componen tal aparato, dentro del cual el departamento principalmente a cargo de Chile ha sido el Pentágono y su Defense Intelligence Agency. Esa indignada denuncia de las maniobras subversivas norteamericanas provocadoras del golpe armado en Chile en colusión con chilenos, fue reiterada por altos funcionarios de gobierno en Washington mismo y a diversos niveles políticos. El asunto fue estimado grave incluso por senadores norteamericanos demócratas como Eugene MacCarthy, quien observó que efectivamente, según su experiencia inmediata sobre la actuación norteamericana en Chile, la proporción de gente de la CIA así como de las Misiones militares que operaban en el país, sin considerar sino aquéllos vinculados directamente a la Embajada de EE. UU., excedía en muchas veces lo que sería “normal” para un país como Chile.

El impacto en EE. UU. de las acusaciones provenientes de personeros del propio gobierno de Frei fue lo bastante grave como para inducirlos a cancelar la operación. El golpe larvado se desinfló de inmediato. Buena prueba de la importancia que ya a esa época asumía en un intento militar la participación formal norteamericana. Por otra parte el temor de EE. UU. de que Allende triunfara no se acentuaba aún. El cálculo de la CIA (en este caso esta Agencia en el sentido propio) sobre las próximas elecciones presidenciales, era que el triunfo correspondería, según las encuestas que sin escrúpulos ella estaba realizando en Chile, al candidato reaccionario Jorge Alessandri, única garantía cierta para EE. UU. de protección total a sus intereses: pues, como dijo el dirigente de los empresarios norteamericanos inversionistas en América Latina, Ferrer, en el Foro sobre el Cobre de 12 de junio en Nueva York, “tengo razones para creer que si Alessandri es elegido, no habrá cambios en la actitud de Chile hacia la industria extractiva”. Fuera de las declaraciones profusas anteriores a las elecciones del embajador Korry en Santiago, dando cuenta de este cálculo norteamericano favorable a Alessandri, hay constancia oficial de estas encuestas de la CIA en las Audiencias (“Hearings”) del Senado norteamericano en 1973 conducidas por el senador Church para investigar la conducta de la ITT en Chile; el relato que hace Anthony Sampson en Sovereign State, su libro sobre la ITT, inserta esta revelación entre las primeras que intercambió el gobierno de EE. UU. con esa compañía multinacional. A principios de 1970, cuenta Sampson, tanto el presidente de ITT Geneen como su colega en el directorio de ésta, John McCone, antiguo director de la CIA y que continuaba siendo consultor de la Agencia a la vez que se desempeñaba en la ITT, había discutido con preocupación el futuro de Chile en las reuniones de directorio de la compañía y entre sí. Ambos pensaban que era posible impedir el triunfo de Allende. McCone tuvo conversaciones sobre la materia con el director de la CIA, Richard Helms, que había sido subordinado suyo y continuaba siendo su amigo personal. Tanto en reuniones con él en Washington como en la casa de McCone en California, éste consultó a Helms si el gobierno de EE. UU. había decidido hacer algo para apoyar a un candidato amigo en Chile. Helms respondió que el “Comité de los Cuarenta” (estructura que corresponde al National Security Council, y que funciona bajo Kissinger) había decidido a esa fecha que no se haría nada de eso. Había diferentes cálculos sobre las elecciones y la CIA había realizado su propia encuesta de opinión en Chile, prediciendo que Alessandri, el candidato favorito, ganaría con una mayoría relativa del 40 % de los votos. (Referencia del testimonio de Korry ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. presidido por Frank Church, Investigación sobre las actividades de las corporaciones [multinacionales] en el extranjero, iniciadas el 20 de marzo de 1973). Si se toma en cuenta que, según el propio senador Church en esos testimonios, “es obvio que alguien está mintiendo, y debemos considerar seriamente que haya perjurio”, la exposición de un hecho como el de la encuesta de la CIA en Chile y otros hechos concretos que resultan de las Audiencias y prueban la intervención gubernativa norteamericana antes, durante y después del proceso eleccionario chileno, tienen hasta más verosimilitud que las interpretaciones de los funcionarios y empresarios norteamericanos para disminuir la entidad de tales actos de intervención (interpretaciones —por lo demás contradictorias— que provocaron justamente la observación de Church de que se mentía y perjuraba en declaraciones bajo juramento ante el Senado). Por lo demás, Helms agregó a McCone que él personalmente pensaba que Alessandri no podía ganar, y que un “esfuerzo mínimo” para oponerse a Allende tendría en todo caso lugar, dentro de la flexibilidad del presupuesto de la CIA. A su vez McCone propuso que un personero de la CIA debía contactar al presidente de la ITT. Como consecuencia, Helms instruyó al director de servicios clandestinos para América Latina de la CIA, es decir a un jefe superior de la Agencia, para que se reuniera con Geneen; y así ocurrió el 16 de julio de 1970 en el Sheraton Carlton (un hotel de la ITT) de Washington. Las acciones conjuntas y separadas de la CIA y la ITT están documentadas con abundancia en las Audiencias del Senado norteamericano, a través de las declaraciones de McCone, Broe, Korry, Merriam, Gerrity y Geneen, entre muchos otros, incluyendo el sabotaje económico, financiero, político, y terrorista, con el fin de subvertir el país y contemplando de producir la guerra civil. Ejemplar en este último sentido resulta el Informe sobre Chile del 17 de septiembre de 1970, dirigido al vicepresidente de ITT Gerrity y cuya fotocopia dice, en sus puntos 5 y siguientes: “some degree of bloodshed seems inevitable. Is the Chilean military capable of coping with nationwide violence or a civil war? Opinion is divided in this in Santiago. Korry has said he considers the armed forces a ‘bunch of toy soldiers’. Well-informed Chileans and some U. S. advisers believe the army and national police have the capability. There are definitive reservations about the air force and navy. We know the army has been assured full material and financial assistance by the U. S. military establishement”. Documentos secretos de la ITT, fotocopia de los originales; Santiago, 1972).

Las reuniones sobre Chile iniciadas en julio continuaron en agosto. Nueva conversación de Broe (CIA) con Geneen (ITT), de McCone (ITT) con Helms (CIA). Las decisiones se activaron en septiembre, efectuada la elección y triunfante Allende. Geneen habló con McCone luego de una sesión de directorio de ITT, para que éste comunicara su ofrecimiento —ya avanzado a la CIA a través de Broe en julio— de una suma de dólares que alcanzaba a una cifra “de hasta siete números” (que en los “hearings” del Senado se mencionó como equivalente a un millón de dólares, pero que de hecho correspondía a una cantidad de dólares entre un millón y menos de diez millones: que son los extremos de una suma de siete números). McCone estuvo de acuerdo y viajó a Washington. Ahí planteó la proposición al director de la CIA, Helms, y al Dr. Henry Kissinger. Sampson, que historia estos hechos en el capitulo 11 de su obra sobre la ITT, siguiendo principalmente los testimonios de las audiencias públicas del Senado norteamericano, anota: “Kissinger said he would get in touch if there was a plan; but (said McCone) he never did”. Frente a este “he never did”, hay que recordar la observación del senador Church durante las Audiencias: “It is obvious somebody is lying; and we must take a serious view of perjury under oath”.

Este desvío que lleva del abortado golpe secreto de principios de 1970 a las constancias públicas de confabulación entre el gobierno de EE. UU. en sus más altos niveles (Kissinger) con los más altos ejecutivos de una compañía transnacional como ITT, todo ello desde comienzos del año de elecciones en Chile, no es inútil. Su objeto es mostrar que hay diferentes estratos de acción subversiva secreta norteamericana, y que las revelaciones acerca de uno de ellos no excluye, muy por el contrario, la actividad, oficial pero más reservada aún, del gobierno de Estados Unidos por otros medios y siguiendo distintos planes, aunque naturalmente con el mismo objetivo. Desde cierto Angulo —que será examinado más adelante— las revelaciones del periodista Jack Anderson al publicar los memoranda e informes secretos de ITT, y las que se produjeron en el Senado norteamericano al investigarse las actividades extranjeras de corporaciones multinacionales (reducidas en esa etapa a ITT en Chile), terminan por tranquilizar las conciencias norteamericanas y compensar sus malestares políticos: pues inducen al error de creer que todo ha sido esclarecido y que, después de todo (pues las conciencias comunes en EE. UU. están saturadas de revelaciones políticas espeluznantes), las acciones de su gobierno coludido con los intereses privados de ITT no fueron tan graves porque no tuvieron éxito completo en su momento. Hasta se puede encontrar algunas justificaciones morales en la reticencia que uno u otro funcionario demostró, según los documentos y las confesiones en el Senado, frente a las agresiones más desembozadas. El Dr. Kissinger, por ejemplo, no habría nunca retomado contacto personal con ITT después de mediados de septiembre de 1970 para intervenir en Chile —según McCone— fuera de haber recibido una carta del vicepresidente de ITT Merriam acompañando el informe del 23 de octubre que proponía el estrangulamiento económico del país y sugería amenazas concretas al gobierno de Allende, y de haberla respondido el 9 de noviembre agradeciéndolo, diciendo que lo había leído cuidadosamente y pasado a los expertos en Latinoamérica de su staff, y terminando: “Es muy útil contar con vuestras ideas y recomendaciones, y nosotros las tomaremos ciertamente en cuenta. Muchas gracias por darse el tiempo de hacérmelas llegar”. (Respuesta que el vicepresidente de ITT apostilló observando a su superior: “Créame que esto es más que mera forma. Las cosas están madurando en la cuestión chilena, y tratar6 esa materia más adelante con usted”). Pese a que efectivamente 13s ideas sugeridas en aquel Informe de ITT fueron aplicadas por el gobierno de EE. UU., la opinión pública no chilena acaso experimenta hasta una cierta satisfacción al conocer finalmente cómo opera el gran gobierno de un gran país en su vinculo con una gran compañía respecto a los asuntos de un pequeño país. Los proyectos más asesinos de los que hubieran hecho correr una cierta cantidad de sangre, esos habrían fracasado.

Pero esa impresión de conocer el trasfondo de la política norteamericana es un engaño. Sólo se llega a conocer aquello que los operadores políticos del sistema norteamericano quieren que se conozca; y esa voluntad suya está referida a objetivos precisos que interesan a la propia política norteamericana. Las revelaciones sobre el complot de ITT contra Chile son una prueba excelente de ello, como se verá más adelante.

Pero la verdad sobre la política total de Estados Unidos respecto de Chile va mucho más allá de tales revelaciones. El papel de la CIA en 1970 fue relativamente periférico, cuando más coadyuvante a las acciones centrales norteamericanas y quizá, en algunos niveles de actuación, inconsciente respecto de la real dirección que asumía esa política global norteamericana. Es claro que los definidores de dicha política, el Dr. Kissinger a su cabeza, disponían de todas las informaciones y tomaban las decisiones claves. Pero ellos no declaran en audiencias públicas, y sólo circunstancialmente son publicados documentos comprometedores bajo su firma. Siempre tienen, además, una explicación racional para esclarecer su conducta. Por último, y mientras sirven fielmente al sistema, su propio poder supremo constituye su justificación. Su función los absuelve.

El plan de intervención elaborado en su detalle durante 1970 para subvertir a Chile, fue obra del Pentágono. La operación material respectiva estaba a cargo del Pentágono. La intención de aplicarlo en el curso de 1970, iniciando la acción antes de las elecciones y desarrollándola si resultaba necesario durante y después de ellas, correspondió al Pentágono. El grado de secreto de este Plan y su eventual aplicación contra Chile, era muy superior al que rodeaba las acciones de ITT y hasta la CIA en relación a Chile. La decisión política sobre esta materia residía en el nivel presidencial de EE. UU. El Dr. Kissinger lo conocía y aprobaba.

Pero un burócrata cometió un error.

Eso permitió, que algunas características esenciales del Plan fuesen conocidas por chilenos.

Ésta es la historia de un testigo presencial.

Las experiencias de 1969 y principios de 1970 que aparecen resumidas en las páginas anteriores, y que complementaban un largo proceso de progresivo conocimiento de la política norteamericana hacia América Latina y Chile, llevaron a que desde mayo de 1970 hubiera una especial atención en la Embajada de Chile ante la Casa Blanca frente a cualesquiera indicios sospechosos, por mínimos que aparecieran. Cierto era que resultaba una tarea intelectual, técnica y políticamente casi imposible. Se trataba de limpiar unos establos de Augias situados en el laberinto de Cnossos. Muchas de las cosas relatadas en este libro tres y más años después no eran bien conocidas, o eran ignoradas del todo, o eran sentidas como vagas intuiciones o, lo que era tal vez peor e inducia a mayor escepticismo o prudencia, como el efecto de razonamientos inductivos, de raciocinios truncos.

Pero algunas tareas prácticas podían ser realizadas. Por ejemplo, revisar prolijamente los libros consulares y otros registros para analizar el número, el tipo y las condiciones de las solicitudes norteamericanas de visas para entrar en Chile en el período anterior a la elección. Era un trabajo en cierto modo fútil, pues según Convenio —que operaba unilateralmente por otra parte— los turistas norteamericanos podían entrar a Chile por cierto lapso sin necesidad de visa. Y siendo así, ¿qué agentes norteamericanos iban a elegir el camino formal que dejaba huellas, solicitando visas oficiales para entrar a el país?

Lo improbable ocurrió. Algún burócrata del Pentágono, sin saber del objetivo del viaje de diversos grupos de oficiales de la Marina de Estados Unidos, que en pocos meses a mediados de 1970 alcanzaron a cerca de doscientos, decidió cumplir con la regla —obligatoria por lo demás en el caso de miembros de las Fuerzas Armadas de uno y otro país— y requerir a la Embajada de Chile, caso por caso algunas veces, otras en grupos numerosos, las visas oficiales para estos casi doscientos miembros de la US Navy.

El fenómeno se produjo en el curso de varias semanas. Sólo cuando el cuadro resultó, gracias a informaciones conexas que no fue fácil reunir, de una evidencia suficiente para actuar ante el gobierno de EE. UU., la Embajada formalizó, con toda la fuerza que le confería una externa indignación política y moral, este asunto ante el gobierno de EE. UU., y tomó otras medidas de defensa y ataque requeridas por la situación. Ya antes había informado, por canales ordinarios y excepcionales debido a la seriedad del caso, al ministro de Relaciones Gabriel Valdés. Éste ordenó de inmediato hacer una investigación en el servicio de extranjería chileno para determinar quiénes, entre los marinos que habían pedido visa, estaban ya en Chile, y para examinar en general el ingreso al país de norteamericanos en los últimos meses. Varias comprobaciones se obtuvieron así; pero entre ellas la de que no había ingresado ninguno de los marinos que pidiera visa, entre los cuales los había cuya petición databa ya de uno y más meses. El Ministro instruyó asimismo a la Embajada que suspendiera todo otorgamiento de visas a norteamericanos, interrumpió igualmente la entrada de ciudadanos de EE. UU. a Chile y dio orden de pedir explicaciones y elevar protesta en su caso al Departamento de Estado.

¿Qué ocurría para darle tanta importancia a estas solicitudes de visas oficiales en apariencia inocentes?

La Embajada había constatado, analizando las notas del Department of Defense y sobre todo por vías extraoficiales, que estas peticiones escalonadas correspondieron a un grupo selecto de oficiales y suboficiales especialmente de la marina norteamericana, que eran expertos en comunicaciones, logística, electrónica, inteligencia y otras actividades semejantes. Que había entre ellos ingenieros y pilotos navales. Que la hoja de vida de numerosos de ellos incluía actividades de subversión en el extranjero, relacionadas con países y épocas en que se habían producido golpes de Estado. Que se trataba de un grupo altamente calificado en términos de que prácticamente todos eran técnicos experimentados en su especialidad y que tales especialidades no correspondían a ninguna función “normal” de cualquiera de ellos en Chile, ni siquiera si se lo relacionaba con las actividades de la Misión naval norteamericana permanente en el país. Que había entre ellos varios Almirantes, varias decenas de capitanes, y otras de tenientes y otros oficiales: y que eran más afín los “Non Comissioned Officers” especializados. Y, por último, que no existía absolutamente ningún proyecto público del Departamento de Defensa norteamericano en Chile ni en Sudamérica, ni en la Antártida, ni en el Polo Sur, ni en el Océano Pacífico Sur o Atlántico Sur, que pudiera explicar o motivar la presencia de tan elevado número de expertos militares en Chile. En cambio las peticiones de visa se referían todas a la época precisa, anterior, simultánea y posterior a las elecciones presidenciales chilenas del 4 de septiembre.

Dada la experiencia del intento abortado de principios del año, en que la colusión norteamericana con golpistas chilenos se había visto frustrada al ser expuesta políticamente a diversos niveles en el propio EE. UU., inclusive operando frente a personeros del Partido Demócrata, dos acciones simultáneas de denuncia se llevaron adelante, junto con requerir explicación y protesta ante el gobierno de EE. UU. La primera de estas acciones se desarrolló poniendo algunos indicios en conocimiento del ex embajador norteamericano en Chile, a esa fecha Superintendente de Educación del Estado de New Jersey, el demócrata Ralph Dungan, quien había recibido en 1965 el shock del Plan Camelot en Santiago. Dungan, al oír del asunto palideció y se congestionó sucesivamente. Tanta gravedad le atribuyó, y lo consideró tan peligroso, que convino en tomar contacto con el embajador de Chile, no desde el teléfono de su casa ni el de su oficina, sino desde casetas de teléfono público; y se dispuso a viajar de inmediato a Washington para entrevistarse con Henry Kissinger y con amigos suyos del Departamento de Estado.

La segunda medida fue trasmitir algunos datos al periodista del New York Times, Tad Szulc, quien consideró que la noticia podía ser publicada de manera eficaz y amenazante para al gobierno de Nixon, dada la política de su periódico frente a éste por entonces. Szulc dispuso de copia de una de las peticiones colectivas de visa y allegó material informativo sobre algunos de los marinos viajeros.

Vale la pena reproducir in extenso este articulo publicado por el New York Times, y que pese a no tener secuela publicitaria o quizá precisamente por eso, y aunque apareció en lugar no muy destacado del diario, o bien precisamente por ello, constituyó una prevención eficiente a las autoridades militares que preparaban una intervención en Chile, de que la trama de su plan era conocida y que existía la voluntad pública, con apoyo oportuno anticipado en el propio Establishment norteamericano, de impedir su desarrollo.

Inquietud de Chile por ciertas demandas de visas de la Marina de Estados Unidos

Washington, viernes 4 de septiembre. La Marina de los Estados Unidos pidió visas para Chile de 87 oficiales, suboficiales y funcionarios civiles en el curso de los últimos ocho meses, serie de gestiones que inquietaron profundamente al gobierno chileno.

El asunto vio la luz pública a continuación de un aparente “corto-circuito” en las trasmisiones entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, así como por las contradictorias explicaciones proporcionadas a este respecto a los chilenos.

Las autoridades chilenas, naturalmente, tienen ocupada toda su atención por el desarrollo de las elecciones presidenciales que tienen lugar hoy, y el menor indicio de un intento de injerencia exterior suscita grandes preocupaciones.

Así, Chile se ha dirigido al gobierno de Estados Unidos pidiendo aclaraciones, emitidas desde el más alto nivel, sobre estos viajes previstos del personal de la Marina.

Se empezó por decir a los chilenos que los beneficiados con las visas formaban parte de una banda naval, explicación que no juzgaron creíble y que fue abandonada de inmediato…

Las elecciones chilenas están consideradas como las más importantes de América Latina desde hace muchos años en la medida en que uno de los candidatos, el doctor Salvador Allende, es un marxista cuya victoria llevaría al poder el primer gobierno marxista elegido democráticamente del hemisferio occidental.

Después de la primera petición de visas emitida por la oficina del personal naval, el 5 de enero pasado, pronto seguida por muchas más, las autoridades chilenas empezaron a sospechar que podrían no tener nada de fortuito. Las tres últimas listas se les hicieron llegar la semana pasada.

Las listas de los beneficiados por estas peticiones, enviadas a la embajada chilena, no fueron comunicadas al Departamento de Estado, pues los militares tienen la costumbre de no hacer a través de éste las gestiones que consideran rutinarias.

Sólo después de la queja chilena pidió el Departamento de Estado explicaciones a la Marina, así como los nombres de quienes necesitaban las visas. El New York Times pudo procurarse estas listas de fuentes oficiales.

Por lo que puede deducirse de la práctica corriente, ninguna razón hay para explicar el viaje de los militares que provocó esta petición de visas. La reglamentación en vigor con Chile prevé en efecto que no hay necesidad de visas para el personal de la Marina que viaja a Chile, más que en caso de “misión oficial”.

El último jueves, el ministro de Relaciones Exteriores chileno reclamó aclaraciones a Edward M. Korry, embajador de los Estados Unidos.

Según fuentes diplomáticas, el señor Korry y los servicios del agregado naval de los Estados Unidos no estaban al corriente de las reglamentaciones particulares y no pudieron proporcionar las explicaciones pedidas.

Aquí mismo, los requerimientos de la embajada chilena en el curso del último fin de semana llevaron al Departamento de Estado a explicar que esas visas estaban destinadas a una banda naval debía efectuar una gira amistosa por ese país.

Los funcionarios de la embajada chilena se mostraron sorprendidos, ya que no existía ningún rastro de que fuera a proyectarse tal gira. Igualmente observaron que los grados de los militares que iban a realizar la gira hacían inverosímil que sirvieran como músicos…

El lunes, el Departamento de Estado manifestó a la embajada que la explicación proporcionada sobre la banda naval era errónea, pero que, según la Marina, se trataba de personal nombrado en parte para las bases norteamericanas del Antártico y en parte que había de participar en las maniobras anuales de guerra antisubmarina.

Estas maniobras tienen lugar desde hace años y reúnen a buen número de marinas latinoamericanas, por lo que también la chilena. Sin embargo, hace unos meses Chile anuló su participación, para evitar la presencia de buques de guerra norteamericanos en las aguas chilenas que eventualmente pudiera ser interpretada como una presión política de los Estados Unidos.

Hoy, en respuesta a las nuevas exigencias de aclaración, un portavoz de la Marina norteamericana declaró que Chile acordó un número equivalente de visas en 1968 y en el año pasado. Comentando las peticiones de este año, el portavoz precisó que “las visas fueron solicitadas para el equipamiento de dos aparatos de reconocimiento y de un aparato de apoyo logístico destinados a llevar socorro en caso de urgencia en el marco de las maniobras Unitas”. Añadió: “Si no hay caso de urgencia, las visas no serán utilizadas”.

Pero el portavoz de la Marina, como el del Departamento de Estado (que afirmó que la petición de visas sólo había sido pura rutina), no fueron capaces de explicar por qué se necesitaba personal de las maniobras Unitas en Chile cuando este país había anulado su participación…

El portavoz de la Marina precisó que… todos estos oficiales eran “unrestricted line officers”, es decir, que se les podía llamar en cualquier momento para la misión que fuera… Algunas peticiones de visas preveían viajes de tres meses, otras de un año (con idas y venidas repetidas).[*]

Mientras tanto, una serie de actos de teatro se llevaban a cabo en Washington entre la Embajada de Chile y el Departamento de Estado norteamericano. La Embajada expresó su seria preocupación y los interrogantes que le despertaba el deseo de un grupo tan considerable de oficiales y otros especialistas de la marina norteamericana de visitar Chile en dicha época aduciendo motivos tan misceláneos como: visita a Misión Naval de EE. UU., viaje de inspección, de instrucción, de turismo, de paso… El Departamento de Estado contestó que no estaba informado de nada de esto y que haría la averiguación en el Departamento de Defensa. Demostró extrañeza y a la vez indiferencia. Las averiguaciones del Departamento de Estado tardaron. La Embajada reiteró ante el mismo Departamento. Este explicó que no había podido saber nada en el Departamento de Defensa. La Embajada insistió en que no cabía aceptar tal respuesta porque el hecho era que ese Departamento había solicitado más de ciento ochenta visas y que la presencia de esos ciento y tantos marinos en Chile no aparecía comprensible, y que la situación debía ser aclarada. La Embajada al mismo tiempo hizo saber su extrañeza y la necesidad de aclaración ante el propio Departamento de Defensa. Entonces el Departamento de Estado repentinamente llamó para decir que tenía la explicación y que estaba dispuesto a enviar dos funcionarios suyos a la Embajada para proporcionarla. Esto coincidió con el momento en que por iniciativa del ministro Valdés en Chile se había decidido suspender la entrada de norteamericanos. Los dos funcionarios del Departamento de Estado se aparecieron por la tarde en la Embajada. Traían varios legajos de documentos bajo el brazo. Sus caras eran fúnebres, estaban nerviosos. Se trataba de funcionarios menores del Escritorio Chile. El embajador Santa María delegó en el ministro consejero de la Embajada la responsabilidad de la entrevista. Los funcionarios norteamericanos explicaron que todo estaba claro. Estos marinos de le US Navy iban a Chile para participar en la operación conjunta naval chileno-norteamericana “Unitas”. El ministro consejero contestó que la operación naval “Unitas”, como estaba en conocimiento del gobierno de EE. UU. desde hacia meses, había sido cancelada para este año por el gobierno de Chile debido a que, como era del conocimiento del gobierno norteamericano, el 4 de septiembre de este año tendrían lugar elecciones presidenciales en Chile. Los funcionarios norteamericanos se miraron uno al otro y el mayor de ellos tomó la palabra después de un silencio embarazado. El ministro consejero no había entendido bien lo que ellos habían querido decir. Se trataba, en el caso de estos ciento ochenta y tantos marinos, del Orfeón Naval de las Unidades norteamericanas de la Operación “Unitas” que, a pesar de que Chile no participaría en esos ejercicios conjuntos debido a las elecciones presidenciales, se preparaba a visitar Chile en la época de la realización de los ejercicios navales peruano-norteamericanos, o sea en septiembre, como una muestra de amistad cultural. El ministro consejero chileno respondió de inmediato: Primero, esta amistad cultural no ha sido programada por ambos gobiernos y ésta es la primera noticia que tenemos de tal intención musical. Segundo, no conozco ningún precedente de un orfeón naval que cuente entre sus músicos con tantos almirantes, con varias decenas de capitanes, varias docenas de tenientes y subtenientes y tan numerosos suboficiales y especialistas. Tercero, conozco en cambio la dotación y composición de la banda naval de la Operación “Unitas” y no corresponde en ninguno de sus integrantes a los nombres y calidades de los más de ciento ochenta marinos que han pedido visa para ir a Chile.

El silencio subsiguiente se prolongó por varios minutos. Vamos a informar a nuestros superiores, dijo finalmente uno de ellos sacando la voz Y se retiraron.

John Crimmins, adjunto del Secretario de Estado para la América Latina, recibió en seguida al Embajador de Chile. Se trata de un lamentable malentendido, expresó. Un lamentable malentendido burocrático. No hay tal banda naval de “Unitas” que tenga la intención de visitar Chile. Entre los oficiales, y suboficiales y demás a cuyo nombre el Departamento de Defensa ha pedido visa para entrar a Chile, hay varios casos diversos. Algunos, muy pocos, tenían la intención de visitar la misión naval norteamericana en Chile. Otros, en número algo mayor, pidieron visa para entrar a Chile sólo de paso, en viaje a las bases navales norteamericanas en la Antártida. Unos cuantos requerían la visa, también sólo de paso, y en tránsito, para dirigirse a terceros países, entre ellos Argentina y Brasil. La mayoría, en fin, forma parte de las dotaciones navales de los barcos que realizarán la operación conjunta peruano-norteamericana que ha de efectuarse próximamente; y es un hábito administrativo del Departamento de Defensa en estos casos solicitar visas para ellos en todos los países vecinos por si ocurre que quieran visitarlos.

La ancha cara de Crimmins estaba mortalmente seria mientras desenvolvía, con voz pareja, su perorata.

Y ésta es toda la explicación del caso, concluyó. ¿Quieren saber algo más? En todo caso el Departamento ha hecho saber al Pentágono que recomienda se cancelen los viajes de estos marinos a Chile.

No, no era necesario saber nada más. Con todo esto bastaba y sobraba. El episodio del Orfeón Naval quedaba cerrado, la operación cancelada.

Eso creímos en agosto de 1970. Un almirante chileno cuya conducta en relación con el caso había sido dudosa, fue llamado a retiro poco después. Pero siguió en la Embajada el capitán Arturo Troncoso —que, como se recordó, dirigiría el golpe de 1973 en Valparaíso, foco inicial del alzamiento el 11 de septiembre, que se reunía ya en 1969 en Washington con oficiales norteamericanos para hablar de política interna chilena, en presencia y con participación a veces del empresario Agustín Edwards, y que se jactó después del golpe, en una entrevista a Le Monde, de sus óptimas relaciones con Estados Unidos y de su admiración por ese país. Y permaneció también en el servicio el general Ernesto Baeza, adicto militar en Washington en 1970, que ostentaba en esa época una ideología anti-“comunista” cosmogónica, según la cual la lucha inevitablemente armada entre las fuerzas positivas de la “democracia” y las negativas del “comunismo” se estaban dando en todas y cada una de las regiones del globo, y se seguirían dando en todas ellas sin tregua y hasta la solución final, un combate a muerte en que la línea del frente pasaba plenamente por Chile; y con un puntero marcaba esa línea en el mapa de Sudamérica. Uno tenía la tendencia a sonreír en esa época frente a su exposición primaria. Él con astucia pareció cambiar de actitud geopolítica en los meses siguientes. Era cierto que tenía buenos amigos en el Pentágono (dijo el 24 de junio de 1970), pero eso no significaba que estuviese de acuerdo con ellos en todo. El general Ernesto Baeza dirigió el 11 de septiembre de 1973 la acción de ataque armado contra el Palacio de La Moneda donde resistía el presidente Allende hasta su muerte. Hoy es el director de Investigaciones de la Junta.

V

Las decisiones políticas respecto de Chile y contra Allende tomadas por el gobierno de EE. UU. a su más alto nivel, es decir National Security Council o “Forty Committee”, con Kissinger a su cabeza y ocasionalmente en presencia directa del presidente Nixon, fueron definidas sucesivamente cinco veces entre 1970 y 1973, según está hasta ahora documentado. Como se trata de decisiones secretas y que teóricamente no son conocidas —en cuanto llegan a serlo alguna vez— sino por sus efectos, las fechas que se señalarán para cada una de ellas son aproximadas, aunque es probable que —con la excepción de la primera— el cálculo cronológico sea exacto incluso en la determinación del día mismo que se fija. Las cuatro primeras se produjeron en el curso de 1970, lo que manifiesta la oscilación norteamericana en la búsqueda de tácticas para impedir la elección de Allende y luego para hacer caer el gobierno legítimo de Chile. La inicial, en algún momento anterior a la primera mitad de 1970; la segunda el 14 o 15 de septiembre; la tercera entre el 1 y el 3 de noviembre; y la cuarta entre el 3 y el 6 del mismo mes. La última definición de política contra Chile antes del golpe del 11 de septiembre de 1973 se produjo después del 4 de marzo de este año y antes del 24 del mismo mes.

Las constancias de estas decisiones políticas superiores norteamericanas, en todas las cuales el factor primordial de continuidad y de inserción del caso de Chile en la estrategia global norteamericana ha sido la presencia decisiva e invariable del Dr. Kissinger, resultan de las siguientes fuentes: respecto de la primera, el testimonio de John McCone en los Hearings del Senado de EE. UU. presididos por Frank Church, el 21 de marzo de 1973. (No hay otras fuentes, y, debido a la desconfianza que despertaron entre los propios senadores las declaraciones de McCone, así como a la circunstancia de que la mención de McCone, citando al director de la CIA, su amigo personal Richard Helms, describe una política norteamericana de cierta “benevolencia”, dejando a Helms e incidentalmente a Kissinger y a Nixon —también su amigo y correligionario— más o menos bien puestos, lo que no calza con los hechos conocidos contemporáneos y posteriores, la naturaleza verdadera de esta decisión de mediados de 1970 debe estimarse que no está del todo probada). Respecto de la decisión del “Forty Committee” de alrededor del 14 de septiembre, las fuentes son de nuevo diversas declaraciones de los Hearings senatoriales (y el análisis que de ellos hace Anthony Sampson en su libro sobre ITT, p. 247), complementados por el texto del “briefing” del 15 de septiembre del Dr. Kissinger en Chicago, e ilustrados por la revelación del Memorándum de rrr del 17 de septiembre (publicado en fotocopia por el gobierno chileno) en el sentido de que “tarde en la noche del martes 15 de septiembre el embajador Edward Korry finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde para moverse, a nombre del presidente Nixon. El mensaje le daba la máxima autoridad para hacer todo lo posible —con la sola salvedad de una acción del tipo República Dominicana— para impedir el acceso al poder de Allende”. Respecto de la tercera definición política, a comienzos de noviembre, conviene explicar que en cierto modo constituye un solo proceso con la cuarta, que habría tenido lugar de inmediato, es decir alrededor del 5 de noviembre, pudiendo distinguirse entre ambas debido al hecho de que en la última estuvo presente e influyó el criterio de Charles Meyer, secretario de Estado para América Latina que venía llegando a Washington de retorno de Santiago donde había asistido a la asunción del mando por parte de Allende, y por la circunstancia de que esta segunda parte definió una política flexible, mientras en: los primeros días del mes la decisión respecto de Chile era de gran dureza, y con empleo más directo de medios subversivos (en la línea del plan concreto propuesto por la CIA a través de William Broe el 29 de septiembre, como consta del cable de ITT a su presidente Geneen de esa fecha, del memorándum del vicepresidente de ITT Gerrity a su colega Merriam de 30 del mismo mes, y en cierto modo de los memos de Merriam a Gerrity del 7 de octubre y a McCone del 9 del mismo, y finalmente en el testimonio de McCone el 21 de marzo de 1973 en las Audiencias del Senado norteamericano; y pp. 249-251 de Sovereign State de Sampson). Pero las fuentes más directas para conocer el proceso de definiciones norteamericanas de principios de noviembre del 70 y las dos sucesivas decisiones del National Security Council, son las incidencias del propio viaje del secretario Meyer a Chile y su apresurado retorno (en los términos que aparecerán más adelante), así como las averiguaciones consiguientes del Ministerio de Relaciones chileno. Por último, respecto de la decisión de Kissinger y el gobierno de EE. UU. a mediados de mano de 1973, adoptando una política de dureza máxima hacia Chile, la fuente es el aparato dirigente del Departamento de Estado norteamericano que se entrevistó a fines de ese mes con la delegación chilena en la segunda rueda de conversaciones chileno-norteamericanas sobre los conflictos pendientes, presidida por el embajador ante la Casa Blanca Orlando Letelier (detenido por la Junta a raíz del golpe) e integrado, entre otros, por el diputado Luis Maira (perseguido por la Junta), y teniendo enfrente 21 secretario adjunto para América Latina John Crimmins.

Una vez identificadas las épocas y fuentes de estas definiciones políticas norteamericanas respecto de Chile, veamos la índole de cada una de ellas.

Según el testimonio de McCone en el Senado, en parte ya transcrito antes, el director de la CIA Richard Helms le habría dicho a mediados de 1970 que el “Forty Committee” bajo la dirección de Kissinger tomó la decisión, algún tiempo antes, de que nada debía hacerse en cuanto a la elección chilena, excepto un esfuerzo mínimo que sería efectivamente realizado dentro de la flexibilidad del presupuesto de la CIA (“a ‘minimal effort’ to oppose Allende would be managed —subrayado aparece en el original reproducido por Sampson, p. 245— within the flexibility of the CIA budget”). Formalmente, esta presunta decisión corresponde a las palabras recogidas el 29 de junio de 1970 por el periodista de El Mercurio J. M. Navasal de boca de un funcionario del Departamento de Estado, posiblemente Charles Meyer. Éste habría dicho al periodista del diario chileno de derecha que “el resultado de la elección presidencial será sin duda la expresión de la voluntad ciudadana en Chile. Nos agradaría, ya lo he dicho, que ella coincidiera con nuestros puntos de vista. Pero si llegara a diferir de ellos, si resultara elegido un candidato opuesto al concepto de democracia que nosotros sostenemos, no podríamos menos que aceptar el veredicto como la decisión libre del pueblo chileno. Lo sentiríamos, pero tendríamos que acatarlo”. Ésta era la faz formal exterior de la política norteamericana hacia Chile antes de las elecciones. En una capa algo más profunda, el experto en Chile Joseph Jova describía ya el 31 de diciembre de 1969 una política más cruda y más exacta. En otra capa, el director de la CIA Helms comunicaba al ex director de la CIA McCone, hombre transnacional, que la Agencia haría efectivamente a lo menos un esfuerzo mínimo dentro de su presupuesto para oponerse a Allende. En una capa más profunda aún, el Pentágono —en el marco de un plan de intervención detallada— decidía e intentaba iniciar el envío a Chile de cerca de doscientos expertos en subversión pertenecientes a la Naval Intelligence Agency… ¿Cuál era la política norteamericana hacia o contra Chile? En cierto modo las tres, una sirviendo de cubierta y de pretexto a la otra, cada una de las más profundas sirviendo de justificación y complemento a las anteriores. El sistema es complicado y se funda en una burocracia compartimentada. Pero en la cima de la pirámide de poder, por sobre los espejismos y engaños, dominando y comprendiendo todos los laberintos, estaba como está el Dr. Kissinger, operador de la Presidencia Nixon, supremo definidor de la política central en el sistema exterior norteamericano.

Una intelección más o menos exacta de lo que ocurría verdaderamente aparece en el siguiente Memorámdum interno de agosto de 1970 de fuente chilena en Washington:

Introducción. El gobierno de EE. UU. mantiene una aparente impasibilidad frente a las elecciones presidenciales chilenas de 1970. Por lo que sabemos del modo de operar tradicional de este gobierno, es indudable que esa impasibilidad encubre análisis, proyectos de acción y reacción, y aun la preparación de acciones y reacciones concretas.

Las agencias de gobierno norteamericanas probablemente ocupadas de tales labores son: el Departamento de Defensa y su “Defense Intelligence Agency”, el Departamento de Estado, la CIA, y la Casa Blanca; coordinador de esos planes y órgano decisorio sería el “National Security Council”; la decisión final corresponde, naturalmente, al presidente de EE. UU. Se puede suponer que en cada una de esas agencias de gobierno hay actualmente en funciones staffs o tasks forces especiales a cargo de los análisis y proyectos correspondientes.

Para los efectos de lo que ocurra en Chile, las actitudes del gobierno de EE. UU. no pueden mirarse como absolutamente coordinadas:

Es posible que el Departamento de Estado actúe o crea actuar conforme a una política (por ejemplo, de prescindencia), y ello aparezca como la posición oficial de gobierno; y que sin embargo otras agencias norteamericanas tengan políticas propias distintas. La posición oficial del Departamento de Estado, hasta cierto punto declarada, sería de prescindencia frente a lo que ocurra en Chile. En todo caso es muy improbable, o más bien imposible que —el Departamento de Estado, y desde luego otras agencias de gobierno norteamericanas, no hayan elaborado planes de acción frente a lo que suceda en Chile. Hasta donde se sabe de cómo actúa el gobierno de EE. UU., esos planes no son unívocos, sino que contienen distintas proyecciones alternativas, que van cubriendo cada una de las situaciones contingentes.

Por lo que conocemos de la actual Administración Nixon, (su personal directivo, su estructura, sus acciones internacionales, sus “doctrinas”) y de la situación política interna de EE. UU., la tendencia de este gobierno sería, antes de tomar decisiones, hacer declaraciones y ejecutar acciones concretas frente a Chile, aguardar que ocurran hechos y se realicen actos precisos por parte de Chile. Ello no significa que confíen en la improvisación; por el contrario, todas las hipótesis posibles estarán previstas, pero las decisiones tomarían la forma de reacción frente a los hechos y actos que tengan lugar.

Por lo tanto, es improbable que el gobierno de EE. UU. actúe en relación con las elecciones chilenas, antes que éstas se produzcan. Es menos improbable que actúe durante el período eleccionario (desde la elección popular hasta la elección por el Congreso), pero es dudoso que lo hiciera a menos que ocurrieran hechos graves (golpe de Estado u otro). Un poco menos improbable es que lo hiciera cuando se produzca la organización del nuevo gobierno en Chile (por ejemplo, se puede prever que haya declaraciones más o menos oficiales si participa en el gobierno chileno el Partido Comunista; pero es dudoso que haya más que declaraciones en esa etapa). En cambio, es probable que el gobierno de EE. UU. actúe, a través de declaraciones formales, medidas económicas encubiertas u oficiales, consultas diplomáticas reservadas o públicas con otros países, etc., frente a ciertos actos específicos del nuevo gobierno chileno.

El objeto de este trabajo es delinear, sobre la base de los antecedentes con que contamos, una escala de medidas gubernativas chilenas y las correspondientes reacciones posibles del gobierno de EE. UU.

1. Aparentemente los inversionistas norteamericanos en Chile apoyan con dinero a Alessandri pero el gobierno de EE. UU. se mantiene a un lado:

2. Lo probable es que ese gobierno se reserve para actuar después del período eleccionario y de asunción del mando del nuevo gobierno, es decir, frente a las medidas concretas de éste. Ello, porque cualesquiera acciones norteamericanas necesitarían justificación tanto respecto de la población chilena como en sentido internacional, y eso lo pueden obtener sólo si aparecen como reacción frente a medidas precisas que afecten sus intereses, o a situaciones de peligro para ellos.

3. Si es elegido Alessandri, EE. UU. actuará para apoyarlo muy fuertemente, financiera, económica y políticamente, proveyéndolo de elementos y asesoría para controlar la situación de conmoción interna probable (terrorismo urbano, agitación social, resistencia política, etc.). Ese apoyo tender6 a legitimar las medidas de fuerza que el régimen de Alessandri pudiera tomar, a facilitarlas y aun a inducirlas.

4. Si el gobierno de Alessandri fracasara en ese control, es posible que EE. UU. tuviera ya preparada su cooperación a un golpe de Estado militar. Dicho golpe tendría uno de tres objetos: a] llamar a nuevas elecciones en un ambiente controlado militarmente y previa declaración fuera de la ley de sectores políticos de izquierda; b] el establecimiento, sin plazo, de un gobierno militar de derecha, apoyado en los sectores pro-capitalistas; c] el establecimiento, también sin plazo, de un gobierno dictatorial, militar o no, de seudo-izquierda, que incluso podría tomar algunas medidas aparentemente anti-norteamericanas, pero que dé garantías básicas al gobierno de EE. UU., en el sentido político y económico.

5. Si es elegido Tomic, EE. UU. procuraría, durante el período de organización del gobierno, llegar a un acuerdo, tácito o no, consistente en eliminar la posibilidad de participación directa o indirecta de las fuerzas de la UP y en limitar el alcance, de las medidas posibles de gobierno (en el aspecto interno, los de las nacionalizaciones; en el externo, los relativos a Cuba, a la OEA, etc. etc.). Si no lo lograra, quedaría a la espera de las medidas precisas de gobierno; seguramente ya tiene previstas cuáles serían causa suficiente de reacciones de parte suya. La naturaleza de esas reacciones se indica más adelante.

6. Si es elegido Allende, no es imposible que EE. UU. tenga planes de acción inmediatos frente al hecho de la elección misma, que consistirían básicamente en alguna de las tres hipótesis del punto 4. Pero es más probable que esperara que se tomen las primeras medidas de gobierno, por la razón que se da en el punto 2.

7. Puede haber una diferencia de tiempo en la reacción de EE. UU. si el gobierno de Allende cuenta con la participación directa o indirecta de las fuerzas de Tomic; pero seguramente la naturaleza de las reacciones sea la misma en cualquier caso. Es claro que antes de producirse alguno de los casos señalados en el punto 4, lo probable es que hubiera un período más o menos corto de “ilegitimización” del gobierno chileno que podría consistir en: declaraciones oficiales norteamericanas; consultas diplomáticas y políticas (bilaterales o en la OEA) de EE. UU. con países latinoamericanos; sanciones económicas; incitación a la conmoción interna chilena; acusaciones a Chile de intervención en otros países; etc.

8. ¿Cuáles serían las medidas gubernativas chilenas que inducirían a la reacción norteamericana?

Nacionalización completa de los intereses norteamericanos en Chile sin indemnización equitativa, pronta y efectiva. Conviene señalar que este concepto de indemnización es relativamente formal, pues prácticamente no se conoce una nacionalización en los últimos 25 años en que la indemnización cumpla por entero con esos rubros. A la vez conviene señalar que una vez cruzado un limite, que no se puede señalar de antemano, en el cual se alteran seriamente esos componentes de lo que EE. UU. considera indemnización apropiada, en la práctica es idéntico que se reconozca indemnización y que no se la reconozca; para dar un ejemplo, es probable que una indemnización de menos de un 40 % de lo que EE. UU. considera el precio equitativo sea considerada idéntica a la negativa absoluta a pagar indemnización alguna.

Declaraciones o medidas que signifiquen apoyo a lo que EE. UU. llama la “subversión” en otros países latinoamericanos.

Acuerdos que tengan significación militar con la URSS, con China, con Cuba, y tal vez también con otros países socialistas.

9. Hay otra especie de medidas gubernativas chilenas sobre las cuales resulta muy difícil prever reacción. Por ejemplo: colectivización de los medios de producción (se supone que va más allá de la nacionalización referida); acuerdos importantes de suministro de cobre a China, politización discriminada de las fuerzas armadas; etc.

10. Frente a las medidas gubernativas señaladas en el n.º 8, y específicamente ante la más probable, la de nacionalizaciones, conviene hacer una distinción en cuanto a las reacciones presumibles del gobierno norteamericano. Si la medida chilena es adecuadamente “aislada”, es decir si no va simultáneamente acompañada de las otras señaladas en ese punto y en el 9, la reacción norteamericana puede ser limitada. Eso significa que, si hay indicaciones suficientes que esa medida no es antecedente inmediato de otras que afecten intereses que EE. UU. puede considerar vitales (como los de seguridad involucrados en un eventual apoyo chileno a la subversión en otros países, o en acuerdos militares directos con países socialistas), la reacción de EE. UU. podría consistir exclusivamente: 1. en “denunciar” internacionalmente la medida como violatoria del Derecho internacional; 2. en aplicar su legislación interna que establece sanciones económicas para tales casos, a Chile. Incluso esta segunda reacción no es inevitable si la “presentación” de las medidas de nacionalización crea una especie de “penumbra” en cuanto a la indemnización que hiciera aparecer las sanciones norteamericanas como excesivas e injustas. Por otra parte, no es seguro que no le conviniera a Chile la aplicación de tales sanciones; pues ellas podrían justificar actitudes de “represalias” por parte del gobierno chileno que fundamentaran internacionalmente el hecho de tomar otras medidas, de las enumeradas o no en los puntos 8 y 9, que consoliden al gobierno en el frente interno y en el internacional; 3. Represalias financieras (agencias bancarias públicas y privadas).

11. Se desprendería de lo anterior: 1. Hay que estar atento al riesgo de que EE. UU. propicie en Chile, en el período eleccionario, y sobre todo una vez organizado el nuevo gobierno y en el lapso en que se tomen las primeras medidas que puedan, a ojos de EE. UU., afectar sus intereses, alguna de las situaciones enunciadas en el punto 4. Esta necesidad debería inducir a crear de inmediato un sistema completo de inteligencia, tendiente principalmente a neutralizar ese riesgo; fuera de crear por cierto la conciencia pública al respecto. Sin embargo, es dudoso que convenga crear expectación pública al respecto, pues ella se transformaría en un hecho político interno que podría precipitar una eventual acción de EE. UU. 2. Convendría, al menos en apariencia, “aislar” en el tiempo las medidas de nacionalizaciones, de las demás; de modo de poder enfrentar internacionalmente la reacción de EE. UU. y de aprovecharla incluso como justificación para tomar otras medidas. 3. Las nacionalizaciones deben ser preparadas de modo que tengan una óptima “presentación” internacional; esto no significa reconocer ni menos pagar las indemnizaciones que EE. UU. considera apropiadas; sino contar con el mayor número posible de argumentos jurídicos, económicos y políticos para fundamentar internacionalmente la forma que toma la nacionalización. En otras palabras, de presentarla como tal y no como una “confiscación”, pues de esta última manera se pierden instrumentos de alegación y acción internacional que permiten ganar un tiempo que puede ser precioso. De ahí que se mencionara antes la utilidad de una presentación que Cree una “penumbra” respecto de la indemnización. 4. Hay que estar preparado para que Chile reaccione frente a las sanciones económicas norteamericanas. 5. Hay que estar preparado para actuar frente a las represalias financieras que EE. UU. puede impulsar en agencias bancarias internacionales como el Banco Mundial y el BID, en el Eximbank y en los bancos privados, tanto norteamericanos como europeos, etc.

El original de este memorándum, que en versión definitiva llegó a manos del presidente Allende a raíz de las elecciones, ha corrido probablemente la suerte del archivo del presidente, cuya casa y oficina fueron asaltadas y destruidas por los golpistas.

La elección popular del 4 de septiembre dio la primera mayoría relativa a Salvador Allende. Las incidencias de los días siguientes en Chile son bien conocidas, y las actitudes de la derecha chilena y de la Embajada norteamericana en Santiago aparecen en forma bastante vívida en los informes de ITT publicados en los respectivos Documentos secretos. También resultan de esos documentos y de los “hearings” del 73, una parte de las actividades confidenciales norteamericanas desarrolladas en EE. UU. mismo, frente a la elección. Pero en Washington ocurrían muchas otras cosas de las que no quedaron testimonios escritos.

Por ejemplo, el ex secretario subrogante para América Latina del Departamento de Estado, Peter Vaky, miembro en 1970 del equipo de Kissinger en el National Security Council, se apresuraba a terminar los estudios que le había encomendado Kissinger sobre Allende. Vaky no sólo hizo a su propósito los comentarios que aparecen en el informe de ITT de 14 de septiembre dirigido al vicepresidente Merriam (“Mr. Vaky dijo que ha habido ‘muchas lucubraciones’ —‘lots of thinking’— acerca de la situación chilena y que ésta es una ‘realmente difícil’ —it is a ‘real tough one’— para los Estados Unidos”), sino que además comentó a otras personas que estaba coordinando el estudio completo, en la Casa Blanca, sobre Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular chilena. Todos los discursos, declaraciones y actividades conocidas de Salvador Allende estaban siendo procesados en computadores. Vaky había adquirido la convicción de que “he means what he has said”, añadiendo que aquello que había dicho Allende hacía de él “probablemente un comunista, un comunista de Moscú” (palabras que Kissinger recogió más tarde en sus “background briefings”). Pero es posible que Vaky haya sido victima por entonces de un arrebato de carácter de Kissinger, pues comenzó en los mismos momentos a circular un rumor en Washington según el cual Vaky abandonaba la Casa Blanca (lo que ocurrió) y sería reemplazado por Korry (lo que no llegó a ocurrir: Vaky fue sustituido por el funcionario Nachmaroff, del National Security Council). En todo caso Peter V. Vaky, desesperado o no por el ritmo de trabajo y las exigencias de Kissinger en la Casa Blanca, demostraba en esos días una evidente hostilidad personal a Salvador Allende y a la Unidad Popular y una especie de horror hacia el Partido Comunista de Chile, que anunciaban de modo primitivo, lo que poco más tarde apareció como la posición de su jefe. A esa altura, según lo refleja tardíamente el informe de ITT de 20 de octubre, la pelea del embajador Korry y el Departamento de Estado hacia que el embajador se comunicara más frecuente y directamente con la Casa Blanca, proveyéndola de informaciones y análisis apocalípticos sobre el futuro. (El papel y la personalidad de Korry se examinan por separado). Un comentario del jefe para el área andina y el Pacífico del Departamento de Estado John Fisher recogía ya el 16 de septiembre estas previsiones de Korry: “dijo que el Embajador Korry está plenamente convencido de que si Allende es presidente no habrá medias tintas: el país ser6 controlado por los comunistas” (memo de ITT al vicepresidente Merriam, del 21 de septiembre).

Korry en los meses inmediatos a la elección se había comprometido informando a Washington —adonde había asimismo viajado para transmitir su opinión— que sería Alessandri el triunfador, y que aseguraba la no elección de Allende. (Además de las varias constancias directas que hay sobre esto, ver memo de R. Berrelez de ITT sobre Korry, del 13 de noviembre, punto 9.) Producido el 4 de septiembre el resultado favorable a Allende, se vio impelido a presionar en Chile, más allá incluso de sus atribuciones formales, para dar vuelta el resultado e impedir el acceso de Allende al gobierno. (Igualmente hay innumerables constancias directas de chilenos, pero está documentado además en el memo de H. Hendrix y R. Berrelez de ITT, de 17 de septiembre de 1970, punto 8.) Parte de su acción en este sentido, aunque ello parezca algo paradojal para quien carece de experiencia sobre la estructura burocrática de poder en EE. UU., la ejerció Korry sobre sus propios superiores del gobierno norteamericano, con el fin de inducir a una definición de política en los términos y en la línea en que él se estaba moviendo, para el efecto de quedar cubierto y ser confirmado en su acción y en sus funciones. Es decir, informó de tal manera que justificaba lo que había dejado de hacer antes y lo que hacia ahora. Inmerso desde meses en la lucha de poder entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado —la que tocó puntos álgidos en 1970, época en que no estaba del todo decidida en favor de Kissinger— Korry había optado en forma estruendosa por el grupo de Kissinger. En consecuencia dirigió sus informes básicamente a alimentar lo que consideraba tendencia dura de la Casa Blanca, y a criticar por contraste las instrucciones del Departamento de Estado anteriores y coetáneas a las elecciones chilenas. En efecto, “alimentó” con su opinión, que Kissinger y el propio Nixon apreciaban dados algunos episodios anteriores, una determinada inclinación agresiva en la política norteamericana hacia Chile durante los meses siguientes al 4 de septiembre. (De nuevo, las constancias de lo anterior son innumerables; pero además ello está documentado en memos de ITT como los del 17 de septiembre de Hendrix y Berrelez, de 21 del mismo y 15 de octubre de J. D. Neal, y de 13 de noviembre de 1970 de R. Berrelez).

Manifestación decisiva de este criterio asimilado por la Casa Blanca, luego de las palabras que se escaparon en la semana de la elección a Peter Vaky, fueron los pasajes dedicados a Chile por el Dr. Kissinger en el famoso “background briefing” ante los “editors” de periódicos en Chicago. Esas palabras de Kissinger, mil veces referidas por comentaristas periodísticos en el curso de estos tres años, casi nunca citándolo a él —conforme a las reglas de esta curiosa institución norteamericana de “background”— fueron pronunciadas en Chicago ante los editores reunidos, quienes lo interrogaron sobre Chile, sobre la importancia de la elección de Allende para Estados Unidos.

La transcripción literal de las preguntas y respuestas circuló en América y en Europa; así que se pudo disponer de ella, pero bajo reserva, como de costumbre, de no citar el texto integro y de no atribuirlo a Henry Kissinger. Quienes asistieron a ese “briefing” no fueron los únicos en aprovechar ese resumen. Muchos diaristas de Washington y de Nueva York —entre ellos algunos corresponsales extranjeros— consiguieron ejemplares. Una copia llegó al diario Le Monde de París. La embajada chilena en Washington pudo procurarse una, pero, en el momento del golpe del 11 de septiembre, ese ejemplar corrió la misma suerte que Chile.[*]

Citas parciales de las declaraciones de Kissinger, retomadas de fuentes que pudieron disponer del texto original y que salen fiadoras de la autenticidad de su contenido y de su atribución, permiten reconstruir lo esencial:

1. Creo que no deberíamos dejarnos arrullar por la ilusión de que la toma del poder por parte de Allende en Chile no nos planteará graves problemas (“massive problems”) a nosotros mismos.[**]

2. “Seguimos desde muy cerca la evolución de la situación”… Esta situación no es de aquellas en las que “Estados Unidos tenga una capacidad de influencia muy grande en este preciso momento”.[*]

3. La elección de Allende es grave para los intereses norteamericanos en Chile y también para los intereses de la seguridad de Estados Unidos. “Creo que no deberíamos dejarnos arrullar por la ilusión de que la toma del poder por parte de Allende en Chile no nos planteará graves problemas a nosotros mismos y a nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del hemisferio occidental”.[**]

4. El gobierno Allende puede estar en el origen de problemas en el funcionamiento del Comité de Defensa interamericano y en el de la Organización de Estados Americanos.[***]

5. Además, la evolución política de Chile es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, por razón de sus efectos en Francia y en Italia.[****]

Estas admoniciones kissingerianas tuvieron lugar el 15 de septiembre de 1970 (no el 16 como dice Sampson, quien obviamente no tuvo el respectivo “transcript” a la vista). De inmediato sus ideas fueron recogidas por columnistas políticos en Nueva York, en Washington, en Europa y en otras partes: no sólo en Sudamérica en 1971 y 1972; ¡sino hasta en Honk Kong en octubre de 1973! Uno de los primeros en aprovecharlas fue el veterano Cyrus Sulzberger del New York Times, quien fue acaso también el más agudo al percibir la médula estratégica de lo dicho por Kissinger: la proyección de la experiencia chilena a los casos de Italia y de Francia. Así fue como publicó un tiempo después su célebre artículo Spaghettis italianos con salsa chilena que ha seguido siendo objeto de comentarios y refutaciones periodísticas tres años después (uno de los últimos, producido ya el golpe de 1973 en Chile, apareció en L’Unità de Roma en octubre de 1973 bajo la firma de Alberto Jacobiello). Sulzberger fue por su parte uno de los primeros alarmados o alarmistas en relación a la Unidad Popular chilena. Con su estilo de periodista-estadista, en la tradición de Walter Lippmann, ¡pero cuánto más conservador, menos esclarecido y más limitado!, cuenta con accesos privilegiados a los círculos políticos y de gobierno, y así fue como a pocos días de la elección chilena estaba comentando con estrépito el peligro de que Chile, tal como ocurría según él con Cuba, fuese una base potencial para submarinos soviéticos, el mismo día pero varias horas antes que un vocero del Pentágono hiciera en Washington una declaración idéntica manifiestamente con el Animo de influir en el proceso electoral chileno, que estaba pendiente, a partir del 4 de septiembre, de la ratificación constitucional por el Congreso de la elección de Allende (este “peligro” fue recogido por ITT: ver su informe de 23 de octubre dirigido a Kissinger). No cabe duda que Sulzberger, como Joseph Kraft —que lo declaró en visita a Chile poco después de la asunción del gobierno por Allende—, y otros periodistas seleccionados, tuvieron conversaciones privadas con Kissinger respecto a Chile en el período clave de la fijación de políticas norteamericanas, y que se provocó una doble corriente entre ellos, representantes de una fracción significativa del Establishment norteamericano, y la Casa Blanca: eran influidos por Kissinger e influían en él.

La única frase de valor realmente constante en la concepción global del Dr. Kissinger, y que insertaba a Chile en el esquema de su estrategia internacional, delineada entonces y en pleno curso todavía hoy, es precisamente la que ha comentado Sulzberger; curiosamente parece que otros periodistas norteamericanos y europeos que estuvieron en conocimiento del “transcript” de la conferencia de Chicago, no han penetrado mayormente, a lo largo de estos tres años, en esta cuestión. Quizá porque se trata justamente de una materia tabú, sobre la cual el propio Kissinger preferiría que no se hable, tan delicada y esencial parece. Por otra parte, ése era uno de los pocos pasajes de su “briefing” secreto en Chicago que correspondía a una verdad comprobada. Pues el Dr. Kissinger ni siquiera cuando está en secreto y entre los suyos dice siempre la verdad. Así, su observación en la misma circunstancia, de que “estamos observando atentamente la situación, pero ella no es una en la cual la capacidad norteamericana para influir sea muy grande en este preciso momento (not one where American capacity for influence is very great at this particular moment)”, resulta por lo menos equivoca a la luz de otros antecedentes, más fidedignos porque su revelación fue menos deliberada. Sabemos que a esa fecha, 15 de septiembre, y en un momento entre la elección, diez días antes, y la víspera del “briefing” de Chicago, se reunió la más alta instancia decisoria norteamericana en materia internacional, bajo la dirección del propio Kissinger, y había tomado decisiones muy importantes respecto de Chile. El hecho de que una de las consecuencias inmediatas de esas decisiones del “Forty Committee” fuese la instrucción enviada a Santiago al embajador Korry, que la recibió entrada la noche del mismo 15, induce a creer que la reunión en que ellas se tomaron fue inmediatamente anterior a esa fecha, y que los propios comentarios de Kissinger sobre Chile, en Chicago, reflejaban en cierta medida las razones, ya que no el contenido, de tal política. Ella fue sin duda una de fuerza irrestricta y de intervención completa en Chile, con la única salvedad de no llegar a introducir tropas de tierra al estilo de las enviadas por decenas de miles a República Dominicana en 1965 por Lyndon Johnson. Pero esto dejaba siempre un margen de intervención enorme, incluido todo tipo de sabotaje y terrorismo para provocar subversión política, económica y militar interna, sin excluir la movilización de terceros países contra Chile. (De esto último hay indicios en memos de ITT, como el de fecha 7 de octubre, dirigido por el vicepresidente Merriam a su colega el vicepresidente Gerrity, reiterado en el siguiente, que según carta de Merriam a John McCone de fecha 9 es una síntesis de informes recién recibidos. En el memo del 7, se refiere al Departamento de Estado el siguiente juicio: “La falta de una fuerte actividad política por parte de Chile [se entiende claramente del contexto que se trata de actividad contra Allende por parte de chilenos] ha entorpecido a extranjeros como Estados Unidos y Argentina en el tratar de ayudar a la derrota de Allende”. El informe-síntesis, adjunto a la comunicación del 9 de octubre a McCone, dice literalmente: “Otro comentario del Departamento de Estado es que el fracaso de los chilenos mismos, en cuanto a reaccionar fuertemente contra Allende, está haciendo que sea difícil para extranjeros como EE. UU. y Argentina introducirse y tratar de parar a Allende, abierta o encubiertamente”).

De modo que resulta evidente que el Dr. Kissinger no era del todo exacto al mostrar en Chicago un académico escepticismo sobre la “capacidad de influencia” de EE. UU., siendo que ya había tomado la decisión de ejecutar actos mayores de agresión, que comprendían el plan completo de sistemática creación de inestabilidad económica en Chile (transmitido por el jefe de servicios clandestinos para América Latina de la CIA, W. Broe, al vicepresidente Gerrity de ITT, el 29 de septiembre, cuando gran parte del plan estaba ya desde hacia dos semanas en plena ejecución dentro de Chile), y al tiempo que se enviaban las instrucciones definitivas al embajador Korry dándole “luz verde” para actuar, a nombre del presidente Nixon, con la máxima autoridad para hacer todo lo posible —con la sola salvedad de una acción del tipo República Dominicana— para impedir que Allende asuma el poder (informe ITT citado, del 17 de septiembre).

En resumen, a mediados de septiembre de 1970 el gobierno de Estados Unidos había adoptado oficialmente una política de plena intervención en Chile; esa decisión había sido definida por el Dr. Kissinger y se implementaba a nombre personal del presidente Nixon; la política oficial norteamericana incluía cualesquiera acciones de subversión, salvo la introducción masiva de tropas de tierra norteamericanas, y era complementada por un plan sistemático para provocar el caos económico en Chile, admitiendo como coadyuvante en la realización de este plan a corporaciones privadas como ITT y otras (Broe al presentar el plan a ITT el 29 de septiembre, adjuntó una lista de compañías norteamericanas que podían cooperar a él). En otras palabras, el llamado “complot de ITT en Chile”, que por cierto existió, era nada más que una parte del complot del gobierno norteamericano en Chile.

Lo ocurrido en Chile entre mediados de septiembre y fines de octubre de 1970, es decir en el período en que estuvo en suspenso el acceso efectivo de Allende y de la Unidad Popular al gobierno, ha sido descrito muchas veces. Las maniobras de la reacción chilena, que iban desde las fórmulas de prestidigitación política, como proponer que el Congreso eligiese a Alessandri bajo promesa que éste renunciaría de inmediato permitiendo elecciones generales en que triunfaría Frei, hasta actos de terrorismo de la extrema derecha con el fin de provocar la reacción revolucionaria de la extrema izquierda suscitando así la buscada intervención militar que a su vez diera ocasión a nuevas elecciones en las que, nuevamente, predominaría Frei, hasta gestiones ante oficiales de las Fuerzas Armadas, para convencerlos de que dieran un golpe militar sin buscar pretextos. Intrigas de elementos del Ejército, como el notorio Roberto Viaux y otros más disimulados y por ello más peligrosos. Operaciones financieras y económicas que alteraban el sistema monetario, productivo, de distribución, etc. La creación de una atmósfera de desconfianza e inseguridad, usando medios violentos e instrumentos psicológicos. Atentados y amenazas a dirigentes de izquierda. El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, en fin.

Todo esto es conocido. Pero lo que no ha sido visto con la misma claridad, pese a la documentación de ITT, es la total congruencia de estos hechos con una política deliberada que el gobierno de EE. UU. había decidido, antes del 15 de septiembre, y a su más alto nivel, contra Chile. Quienes si supieron oportunamente de esta política oficial norteamericana, y adecuaron su conducta a ella, fueron los eternos aliados de EE. UU. en Chile, la reacción chilena. ITT documentó a la vez, de modo irrefutable, las agresiones norteamericanas y las maniobras de la reacción chilena: porque unos y otros conspiraban juntos. (Ver, por ejemplo, las conversaciones del principal dirigente de la derecha con los agentes de ITT el 13 de septiembre, en el memo de Hendrix, Berrelez de 17 de ese mes; aquél reconoció también más tarde haberle tenido, negando solamente —según despacho de AP desde Santiago del 23 de marzo de 1973— haber aceptado la “contribución” monetaria ofrecida por ITT… Ver asimismo documento de la ITT del 30 de septiembre de 1970, es decir durante el período critico de implementación de la política subversiva norteamericana en Chile). La agresión norteamericana no se ejercita en el vacío y requiere de cómplices internos.

Pero esta agresión se desarrolla generalmente en secreta. Ni sus personeros ni los cómplices la exponen públicamente, y sólo por excepción llega a ser desentrañada. Las dificultades que ello presenta, aun cuando se dispone de un material abundante, como sucede para el caso de Chile a partir de la publicación de los documentos de la ITT y de las Audiencias en el Senado de EE. UU. el año 73 —aunque las razones para que EE. UU. haya ofrecido estos elementos de información sean equivocas, como se verá— están ejemplificadas en el respectivo análisis de Anthony Sampson. Este autor experimentado, pese a contar con datos suficientes para elucidar la existencia de una política de gobierno norteamericana que generaba o contribuía a los hechos chilenos, comenta, sin ver lo evidente, que “la pregunta crucial sin respuesta era quién exactamente estaba haciendo la política exterior norteamericana en este período”, refiriéndose al inmediatamente posterior al 16 de septiembre. ¡Hasta tal punto los funcionarios de gobierno y de las empresas que revelaron ante el Subcomité de Church sus actividades intervencionistas, fueron eficaces al enturbiar los hechos ocurridos!

De todos los actos de agresión de septiembre y octubre de 1970, los que respondían a un plan más coherente, y acaso las mejor aplicadas, fueron las medidas de perturbación en la economía chilena. Ellas siguieron un ritmo creciente desde mediados de septiembre, y en cierto modo tenían la ventaja de satisfacer a la vez la psicología y los intereses concretos de la clase propietaria chilena, a más de corresponder a sus deseos políticos.

Pero el proceso para crear el caos económico, tal como las medidas políticas y los actos de terrorismo, no tuvieron éxito. Ni las provocaciones y atentados para inducir a una violencia de izquierda y a la correspondiente respuesta de las fuerzas armadas, ni el halago a elementos de éstas, ni el terrorismo económico para que las masas cedieran, ni por fin el asesinato del general Schneider, fueron causa de un debilitamiento de la izquierda, ni de un golpe militar o del estallido de una guerra civil. El Congreso pleno ratificó la elección de Salvador Allende.

El primer período de crisis estaba por cerrarse. La enésima tentativa norteamericana en el curso del año para alterar la naturaleza política del país, fracasó de nuevo, aunque fue capaz de producir grandes daños.

El embajador Korry estaba frenético. En vez de redimirse frente a la Casa Blanca, este nuevo fracaso recaía sobre él otra vez. Y, para peor, Salvador Allende asumiría el gobierno mientras estaban pendientes asuntos graves para EE. UU., como la necesidad de desmantelar bases norteamericanas llamadas “estaciones meteorológicas” y de “rastreo de satélites”, en distintos sitios del territorio chileno, como la isla de Pascua en medio del Pacífico y Punta Arenas en el extremo sur. La indignación de Korry era híbrida: se dirigía también al ministro de Relaciones Exteriores demócrata-cristiano Gabriel Valdés, en sus últimos días de Canciller después de serlo por más tiempo que ninguno de sus antecesores. Korry no se había entendido nunca con el ministro Valdés. Según llegó a decir cuando la incompatibilidad era irremediable, había tomado la decisión de no entenderse con él desde antes de llegar a Chile, en reacción y para hacer contraste con Ralph Dungan, su predecesor. La gestión independiente de Valdés había sido factor importante en los fracasos de Korry.

Así es como, en los días en que Valdés era despedido por el cuerpo diplomático extranjero, Korry desapareció de Santiago para surgir sin previo aviso a la vera de un gran avión de guerra norteamericano en la isla de Pascua, desmantelando las instalaciones de la Estación allí situada y cargándolas en el avión.

La noticia de esta actuación insólita de Korry, que violaba desde la soberanía hasta la cortesía elemental, produjo escándalo. El asunto, que generó una fortísima nota oficial de protesta chilena a EE. UU., último regalo a Korry en esta etapa, fue visto por fuentes de Chile de la siguiente manera:

A raíz del comienzo de la sene de explosiones francesas en el Pacífico Sur, materia que preocupó al gobierno de Chile, así como a los de otros países sudamericanos costeros al Pacifico (nuestro país ha presentado sucesivas notas de protesta a Francia al respecto), la Embajada de EE. UU. en Santiago se puso en contacto con el gobierno de Chile, aparentemente para ofrecer colaboración en la medición y control de la contaminación atmosférica en la isla de Pascua.

Esas conversaciones se materializaron en una comunicación (carta) oficial y reservada del entonces embajador de Estados Unidos en Chile Sr. Dungan, del 24 de mano de 1966, dirigida al ministro de RR. EE. (consta en la carpeta del ministro sobre la materia). En ella se proponía, en resumen, que los gobiernos de Chile y EE. UU. acordaran el establecimiento de estaciones meteorológicas, con ese objeto (y los conexos del caso), en isla de Pascua; as; como, eventualmente y para objetos meteorológicos generales, en Quinteros y Punta Arenas. Se hacia referencia a dotación de ellas, al status, de su personal, etc. Terminaba la comunicación —que era calificada de “secreta”— por expresar que la respuesta a ella se consideraría como una aceptación que constituía acuerdo entre los dos gobiernos sobre la materia. La respuesta a la carta del embajador Dungan no consta en archivos; pero los desarrollos de la cuestión demuestran que tanto la Embajada de EE. UU. como el gobierno entendieron (desde el punto de vista legal y diplomático) que el acuerdo entre los dos gobiernos estaba perfeccionado.

La mejor prueba de ello fue que los acuerdos directos y concretos entre Fuerzas Aéreas (de Chile y EE. UU.) que regularon la materialidad de la instalación de las estaciones y su funcionamiento, que eran aludidos en la comunicación inicial del embajador Dungan, y que eran jurídicamente instrumentos derivados del acuerdo entre gobiernos y subordinados a sus términos, se produjeron con posterioridad y —según nuestros conocimientos— se acomodaron en todo a los términos básicos de esa comunicación a la cual bastaba la aceptación —que se produjo seguramente por escrito y en todo caso de manera verbal y formal— para perfeccionar el acuerdo. El acuerdo a nivel de gobiernos, en consecuencia, existió, puesto que fue ejecutado plenamente. (Se deja constancia de que no contamos en nuestros archivos con copia de los acuerdos concretos entre Fuerzas Aéreas, que constan necesariamente en los archivos del Ministerio de Defensa).

En todo caso, desde el punto de vista puramente formal, no cabe duda de que el gobierno de EE. UU., a través de comunicación secreta y oficial, expresó formalmente su intención de que el acuerdo básico bajo el cual se procedería a instalar y operar las estaciones conforme a acuerdos concretos entre Fuerzas Aéreas, tuviera lugar a nivel de gobiernos; y no habiendo ninguna constancia de que el gobierno de Chile prefiriera que no fuese así, debe deducirse (aun prescindiendo del hecho de la aceptación expresa chilena a los términos de la comunicación del embajador Dungan) que todo el progreso relativo a las estaciones en isla de Pascua, Quinteros y Punta Arenas fue consecuencia de un acuerdo entre gobiernos.

Este punto legal y diplomático tiene importancia —y por eso ha sido analizado con detalle— frente a las circunstancias que han rodeado el desmantelamiento de la estación en isla de Pascua, etc.

Pero antes de referirnos a esta última situación, conviene mencionar algunas especulaciones plausibles sobre las funciones que, para EE. UU., puede haber tenido la estación en isla de Pascua.

Hasta donde tenemos conocimiento, la operación administrativa y científico-tecnológica de la estación en isla de Pascua estaba de hecho bajo control directo y total del personal norteamericano instalado ahí. Ese personal, que rotaba por períodos más o menos extensos, provenía básicamente del Departamento de Defensa de EE. UU. y estaba compuesto tanto por funcionarios civiles como militares de dicho Departamento. Entendemos además que otras agencias de gobierno norteamericanas, a cargo de funciones de tipo científico-militar, como la Comisión de Energía Atómica, la NASA, etc., así como de entidades científicas académicas como la National Science Foundation, han servido en distintos períodos en dicha estación. (Los antecedentes precisos deben constar en archivos del Ministerio de Defensa de Chile). Entendemos asimismo que los equipos instalados en la estación han sido, por lo menos en parte, de carácter científico altamente “sofisticado”, e incorporando los adelantos tecnológicos más recientes. A la vez, los períodos en que la estación estaba en situación de servir directamente las necesidades de mediciones de contaminación radioactiva atmosférica eran cada año relativamente breves, dependiendo de las épocas en que se producían las explosiones francesas en Mururoa, etc. Se supone, además, que la estación puede haber prestado otros servicios meteorológicos tanto a los órganos respectivos en EE. UU. como a los nuestros, de carácter científico y práctico. Pero es indudable que la naturaleza de los equipos instalados en la estación, así como el número y calidad de su personal, debe haber implicado además otros objetivos. Sólo cabe conjeturarlos; por ejemplo: control de satélites, tanto norteamericanos como de otro origen; comunicaciones con los vuelos militares norteamericanos en la región y en otras; formar parte de un sistema de relevos de comunicaciones y de eventual aprovisionamiento en caso bélico, etc., etc. Hay que dejar constancia que estas conjeturas no tienen base de información comprobada alguna; pues, hasta donde sabemos, el gobierno de Chile, inclusive la Fuerza Aérea, no estuvo nunca en condiciones de comprobar la existencia de tales funciones. En el plano internacional, y al menos en una ocasión, en discurso de 1967 en la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de RR. EE. de Cuba calificó esta estación (sin identificarla precisamente, pero mencionado el caso de Chile) como “base militar norteamericana”.

Es posible que la información de que dispone sobre esta estación en Pascua, así como sobre las de Quinteros y Punta Arenas, la Fuerza Aérea de Chile, contradiga completamente las especulaciones y conjeturas que se hacen más arriba. Pero conviene señalar que, sobre la base de los antecedentes de que se dispone en este Ministerio (a menos que se haya dispuesto de información verbal detallada, de la que no tenemos constancia escrita), ellas son mencionadas, con el solo fin de facilitar la formulación de preguntas a otras entidades de gobierno que han tenido control directo sobre la operación de las estaciones, señaladamente la de Pascua.

El proceso del desmantelamiento de la estación de isla de Pascua se produjo en la segunda mitad de octubre pasado, La Fuerza Aérea fue informada de ello (no sabemos si por la Misión Aérea de EE. UU. en Chile o por el personal directivo de la estación misma o de otra manera). Por su parte, el Ministerio tomó conocimiento del asunto a través de una llamada telefónica del embajador de EE. UU. al subsecretario Silva (en ese momento el ministro Valdés se encontraba en Naciones Unidas, Nueva York), en la cual le habría dicho, de manera muy superficial y breve, que tenían la intención de hacerlo. No hubo comunicación escrita alguna, ni al parecer mención de detalles sobre el modo y fechas precisas en que ese proceso se realizaría. La Fuerza Aérea de Chile, preocupada ante la situación, que significaba al parecer no sólo cesar de contar con el servicio meteorológico y de medición atmosférica, sino además dificultar grandemente el funcionamiento de las instalaciones de la FACh en Isla de Pascua (por razones logísticas, etc.), se acercó al Ministerio de RR. EE. con un memorándum en que constaban los efectos de la decisión norteamericana y del desmantelamiento material de la estación en isla de Pascua y de los subsiguientes en Quinteros y Punta Arenas. (No tenemos a la vista dicho memorándum, pero consta en archivos —seguramente— del Ministerio de Defensa).

Poco después, a través del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que a su vez tenía información directa del jefe de la FACh en la Isla, el ministro de RR. EE., Sr. Valdés, tuvo conocimiento de que la forma material en que se estaba procediendo al desmantelamiento de la estación en isla de Pascua (inclusive en presencia del propio embajador de EE. UU., Sr. Korry, que en apariencia viajó brevemente a la isla con el preciso objeto de supervigilar la operación), disgustaba profundamente a la FACh; que se estaba sacando de la isla, en aviones norteamericanos que viajaron a ella con ese fin, no sólo instalación científica y tecnológica, sino además, y con gran rapidez, las instalaciones anexas, inclusive construcciones de material ligero y maquinaria (tipo “bulldozer”, etc.) llevadas a la isla para cooperar a las tareas de la estación; y que hasta se habían deliberadamente destruido algunas instalaciones sin proponer en ningún momento a la FACh —como al parecer sería habitual en estos casos— que adquiriera las instalaciones, tanto científicas como de construcción, las cuales podrían teóricamente ser al menos en parte servidas por la FACh con el fin de satisfacer algunas de las funciones meteorológicas, etc., que la estación desempeñaba.

Frente a esto, y con fecha 30 de octubre, el ministro Valdés envió nota diplomática de formal protesta al embajador de EE. UU., haciendo presente que la forma como se procedía al desmantelamiento de la estación no se compadecía con la necesidad de notificación formal al gobierno de Chile del termino del acuerdo existente —para la cual no bastaba la comunicación telefónica al subsecretario— y que en todo caso este procedimiento vulneraba la cortesía internacional y afectaba las relaciones entre los dos países.

Mientras tanto, el embajador Sr. Korry había hecho una declaración a la prensa en la cual expresó que su viaje a la isla de Pascua había tenido por objeto intervenir en la distribución de envíos de alimentos norteamericanos para la población de la isla de Pascua. (Conviene en este punto señalar que el hecho de la existencia de la estación en Pascua, y del numeroso personal norteamericano residente en ella para servir la estación, trajo dos consecuencias: 1] Alteró profundamente la estructura económica de la isla, los hábitos de consumo, los niveles de salarios, el empleo, etc. 2] Creó un flujo de comunicaciones directas por vía aérea, más o menos regular y frecuente, a través de viajes de aviones militares provenientes de Panamá y, tal vez, de puntos de EE. UU. Conviene temer estos hechos presentes, pues el desmantelamiento de la estación traerá como consecuencia una nueva y grave distorsión de la vida económica de la isla, con todas las consecuencias, incluso políticas, que ello puede significar).

La declaración referida del embajador Korry provocó otra del ministro Valdés en que manifestaba su sorpresa por los términos y contenido de aquélla.

Pero, en el plano formal diplomático, la embajada de EE. UU. había recibido una nota de protesta. A ella se refinó el embajador Korry, procurando contestar sus términos, en carta que envió al ministro Valdés con fecha 2 de noviembre. (Tanto esta carta del Embajador de EE. UU. como la copia de la nota diplomática de protesta corren en la carpeta del ministro Almeyda sobre la materia). En esa carta se dice que en los archivos de la Embajada de EE. UU. no se ha encontrado comunicaciones sobre la materia que la coloquen en la calidad de acuerdo a nivel de gobiernos y se agregan otros comentarios —no pertinentes— sobre la cortesía que han ejercido los dos gobiernos en otras gestiones un poco anteriores.

Para terminar esta relación, conviene mencionar que el embajador Korry habría tocado el punto en conversación con autoridades del actual gobierno, dando la siguiente explicación: que por razones presupuestarias norteamericanas su gobierno se había visto obligado a cesar en actividades como las desempeñadas en la estación meteorológica en isla de Pascua, Quinteros y Punta Arenas; que esa decisión norteamericana se había gestado a mediados de año; que había habido comunicación de su puesta en práctica, directa y detalladamente a la FACh y verbal al Ministerio de RR. EE.; que habían apresurado la operación para evitar que ella pudiera ser interpretada —de ejecutarse con posterioridad a la asunción al mando del actual gobierno— como un acto político, en circunstancias de que no lo era; que, finalmente, su Embajada no tenía constancia en sus archivos de la existencia de respuesta del gobierno de Chile —a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores— sobre la materia, aunque reconocía que la materia había sido llevada por su antecesor. Esto último habría sido expresado por el embajador Korry de una manera un poco confusa, y aparentemente no se compadecería con el tenor de su carta al ministro Valdés, antes mencionada, en que parecía no conocer o reconocer la existencia ni siquiera de la comunicación oficial y secreta del embajador Dungan que contenía los términos del acuerdo inicial a nivel de gobiernos. A las palabras del embajador Korry se habría contestado —también oralmente— por las autoridades del gobierno de Chile aludidas: que contábamos con documentación que demostraba lo contrario de lo que él expresaba; que la apreciación política sobre la oportunidad de efectuar el desmantelamiento no era pertinente; que se trataba además de un asunto de cortesía internacional y de mantención de las comunicaciones normales y correctas entre la Embajada de EE. UU. y el gobierno de Chile, y, por último, que en su ocasión el asunto sería examinado por el Ministerio de RR. EE. de Chile con la Embajada de EE. UU. Con ello, en esa ocasión, se dio por terminada toda mención al asunto, a pesar de que el embajador Korry intentó insistir en algún punto de los que había expresado.

Conclusión: Está pendiente el examen a fondo, con la Embajada de EE. UU. (para lo cual es previo un análisis de toda la información sobre la materia con que cuentan distintas reparticiones de gobierno chilenas, coordinándola), de la situación legal, diplomática y de hecho del proceso de desmantelamiento de las estaciones meteorológicas en isla de Pascua, Quinteros y Punta Arenas.

Santiago, 18 de noviembre de 1870

Nota: Las posibles inexactitudes, omisiones o apreciaciones equivocadas o aventuradas del presente memorándum, se deben a que no se ha contado con los antecedentes escritos del caso.

Fue en el curso de esta seria incidencia —muestra del espíritu de Korry hacia Chile y de la letra de las instrucciones recibidas de su gobierno— que Gabriel Valdés comentó a la prensa refiriéndose al embajador: “Lo que natura non da, diplomacia non presta”. Este debía ser el epitafio de Edward Korry.

Llegó el día 3 de noviembre, fecha de la asunción al mando de Salvador Allende.

El presidente de EE. UU. no había enviado la congratulación de estilo. Esto no sólo contrariaba las formas tradicionales, sino que en sentido estricto y conforme al significado histórico de ese tipo de comunicaciones con ocasión de un cambio de gobierno, inclusive cuando éste tiene lugar constitucionalmente y como efecto de elecciones regulares, como era el caso de Allende, importaba abstenerse de manifestar oportunamente el respectivo reconocimiento al gobierno que asumía el mando.

A última hora, poco antes de la fecha de las ceremonias, se supo que EE. UU. había decidido enviar como delegado oficial suyo a la transmisión del mando al secretario de Estado para América Latina Charles Meyer.

Ref. Estada en Chile del Jefe de la

Delegación Especial de EE. UU. a la

Transmisión del Mando, secretario

Charles Meyer.

El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, señor Charles Meyer, llegó a Santiago el domingo 19 de noviembre y lo dejó el jueves 5.

Su delegación estaba formada por el embajador Korry como segundo y el jefe de la División de Países Andinos y del Pacifico, señor John Fisher.

Antecedentes y personalidad del señor Meyer. El secretario Meyer es un hombre de negocios de Nueva Inglaterra, miembro de una familia de las que llaman de “brahmines” de Boston, es decir de clase social alta y con tradiciones históricas y culturales en esa ciudad, que es una de las más estratificadas de EE. UU. Uno de sus abuelos, almirante de EE. UU., fue embajador en Roma y en Rusia Imperial. Charles Meyer ha desarrollado una larga carrera en las empresas de “Sears Roebuck”, tanto dentro de EE. UU. como en América Latina. Residió varios años en Colombia como representante de la firma para toda la región. Al asumir su cargo estaba en la línea para pasar a ser presidente de esa firma, que tiene un movimiento de capitales muy importante entre las norteamericanas. Es republicano. Es un hombre relativamente tranquilo, educado interior y exteriormente, capaz de asimilar las experiencias directas, pero influenciable. No parece tener ambiciones de poder político. Gente que lo conoce bien (como Sol Linowitz) considera que su acción y sus actitudes en el Departamento de Estado tienen como norte “salir bien” de su cargo, de manera de acceder de inmediato a la presidencia de la firma que dejó. Ésa sería una de las claves de su tendencia a mantener un tono bajo en sus posiciones diplomáticas, a no extremar los conflictos potenciales con gobiernos extranjeros, y su falta de agresividad en la lucha de poder permanente que tiene lugar entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca. En Washington se considera que no tiene un influjo decisivo frente a Nixon en materia de asuntos latinoamericanos; pero que goza de crédito como un hombre veraz y prudente. Se le considera de buena fe.

Sus actividades en Chile. Participó de todos los actos oficiales con motivo de la Transmisión del Mando, a excepción de los del día jueves, a causa de su partida. No pareció que estuviera preparado para tener entrevistas con el Presidente. Supo sobreponerse exteriormente a la situación pendiente del gobierno con la Embajada de EE. UU., pero reveló un cierto nerviosismo contenido, que fue aparente en el momento de su llegada y evidente en relación con la entrevista con el Presidente de la República. Soportó bastante bien y hasta con cierto humor las tensiones, naturales para la Delegación norteamericana, a raíz de su exposición —sobre todo en las comitivas automovilísticas— al público. Frente a algunas manifestaciones (más bien breves e incipientes) contra EE. UU. reaccionó con tranquilidad. Una vez, al oír el grito: “Chile sí, yanquis no”, sacó educadamente la cabeza por la ventanilla del automóvil, dijo en voz normal: “Chile sí, yanquis sí”, y luego, al entrar la cabeza, murmuró con una sonrisa escéptica: “Yanquis, tal vez”.

Su apreciación de las ceremonias de Transmisión del Mando. Quedó notoriamente impresionado por ellas, desde el punto de vista formal y de fondo. Es indudable que la cultura demostrada por el público le impresionó. A ello se agrega que pudo apreciarse cierta simpatía personal hacia él, acaso en contraste con el ambiente hacia el embajador Korry, que era más bien de indiferencia desdeñosa de parte del público, que parecía decir: No lo vemos, porque no lo podemos ver. En cuanto al fondo de los actos, comprendió muy bien su sentido institucional y aun su simbolismo político, desde el acto en el Congreso Pleno hasta el Te Deum (que lo sorprendió como un acto notable de reconocimiento espiritual general hacia el nuevo gobierno) y la Parada Militar, la que no tomó como un simple espectáculo sino como una ceremonia significativa.

Sus impresiones de la entrevista con el Presidente. La entrevista he, de todas sus experiencias, la que le produjo mayor efecto. La seriedad y la altura con que fue llevada se le marcaron muy claramente. En apariencia no se había esperado ni el hecho de la entrevista, ni su tono, ni, tal vez, su contenido. Sin embargo, respecto de este último señaló privadamente que él ya en Washington preveía las expresiones que oyó al Presidente; queriendo significar con ello que no compartía ni había compartido las opiniones criticas de la prensa y probablemente de algunos sectores de gobierno en EE. UU. Por su personalidad y antecedentes puede ser considerado un buen transmisor de lo que oyó, es decir que no superpondrá preconceptos o prejuicios a la impresión que le produjeron las palabras del Presidente. Hay también que considerar verosímil lo que dijo en el sentido de que portaría directamente esas palabras al presidente Nixon. más tarde dijo privadamente que era conveniente que su viaje se hubiera adelantado para el jueves 5 para que el presidente Nixon conociera el mismo viernes 6 esas palabras. Su opinión de que la entrevista había sido seria y cordial puede ser considerada sincera. A eso agregó a su edecán chileno, poco antes de partir, que podía reiterar con toda sinceridad —sin que ello fuera un mensaje público al presidente Allende (dado que la entrevista había sido calificada por el Presidente como algo entre él y el señor Meyer)— que estaba muy agradecido por la oportunidad de estar presente a los actos de transmisión del mando y en especial participar en la entrevista con el Presidente; y que eso significaba la existencia y perduración de comunicaciones entre los dos países, las cuales eran fundamentales. Sea a niveles diplomáticos bajos o altos, sea con el señor ministro de RR. EE., sea, cuando el señor Presidente lo estime necesario, a su nivel, la existencia de estas comunicaciones es muy importante para las relaciones de Chile y EE. UU., concluyó.

Al momento de partir, comentando en privado su entrevista con el Presidente, resumió de la siguiente manera lo que había €1 mismo querido decir en ella con las palabras que usó: 1] Está completamente de acuerdo con lo que dijo el Presidente en cuanto a que ambos países, a pesar de su disparidad de tamaño, población, etc., tienen absolutamente igual situación en cuanto a respeto por su dignidad e independencia. Pero había que recordar que el mundo contemporáneo hace que las relaciones entre dos países se juegan no sólo en forma directa e inmediata sino también en foros multilaterales y en regiones y cuestiones que tienen lugar en todo el mundo. Por ende, ese respeto a la dignidad, independencia e intereses de cada uno de los dos países se da como necesario en todos los campos y puntos de la vida internacional en que la presencia de ambos países converge. 2] Que en cuanto a la situación de créditos a Chile, quería señalar que había sido una posición de él mismo y del gobierno de EE. UU., desde hace ya tiempo, que a la cooperación económica bilateral se sustituyera la que se canaliza a través de agencias financieras internacionales; como se lo había expresado él al ex ministro Zaldívar hacia alrededor de un año y medio (seguramente con ocasión de la reunión de gobernadores del BID en Guatemala en 1969). Que esa línea despolitizaba la relación económico-financiera de EE. UU. con los países en desarrollo, y que por ese y otros motivos parecía al gobierno de EE. UU. más congruente con la voluntad de tales países de consolidar su independencia y hacer respetar su dignidad.

En otras conversaciones privadas conexas con estos temas, el señor Meyer recalcó la necesidad de que cada uno de los dos países tuvieran cabal comprensión del concepto que el otro tiene de su legítimo prestigio, tanto en cuanto naciones como en la persona de sus gobernantes. Señaló que en ese sentido las personalidades y la posibilidad de conocimiento real de uno y otro país, de parte de los representantes diplomáticos de ambos, era esencial.

Tal vez la impresión genérica más importante que extrajo el señor Meyer, de su entrevista con el Presidente, se refiere a la personalidad, seriedad, espíritu nacional e integridad del presidente Allende. Lo recalcó privadamente más de una vez (reiterando cada vez que por cierto lo concebía así antes de venir a Chile). Respecto de los partidos y movimientos de la UP, no se pronunció expresamente —considerando probablemente que por cortesía elemental no le correspondía hacerlo— pero puede suponerse que el conjunto de experiencias que tuvo durante su estadía le hizo adquirir impresiones mucho más racionales y mejor informadas al respecto de lo que es corriente para funcionarios que están en Washington. Sin embargo, en una ocasión (y ésta es posiblemente una idea que recogió del señor Korry) manifestó en forma vaga que tenía aprensión de la gente (innominada y no identificada por él) que pudiera “rodear” al Presidente… Le dijo entonces de inmediato su edecán chileno que suposiciones como ésas eran del todo irracionales; que tal como en EE. UU. les parece absurda la concepción extranjera de que todas las decisiones políticas, económicas, comerciales, financieras y de seguridad de EE. UU. son el producto de una especie de “gran cerebro” misterioso, que actúa con intenciones permanentemente agresivas y sin yerros, y que constituye una especie de “confabulación” en contra de los intereses del resto del mundo, él debía rechazar esta concepción larvada e irrisoria sobre la manera en que se tomarían las decisiones en el gobierno de Chile; porque Chile tiene un régimen institucional que responde al pueblo ya que es el pueblo el que gobierna, como ocurre en toda verdadera democracia. El señor Meyer asimiló, al parecer de buena fe y con sinceridad, lo anterior. Al momento de despedirse con cierta emoción, dijo a su edecán chileno que los seres humanos que componen los pueblos son de la misma naturaleza en todo el mundo, y que la confianza y las esperanzas que se puede tener en ellos en las naciones en que el pueblo gobierna, como ocurre en las democracias, le permitía pedir, para los de Chile como para los de EE. UU., la bendición de Dios.

Santiago, 6 de noviembre de 1970

En el relato anterior se destaca el relieve de la entrevista del presidente Allende con Charles Meyer y Edward Korry. Se trataba de la primera reunión con un personero extranjero oficial. Esta fue la ocasión en que Salvador Allende se dirigió al secretario de Estado para América Latina comenzando con las siguientes palabras: “Señor Meyer, yo no soy un aparecido en la historia de Chile”…

Un memorándum confidencial, fechado el mismo 4 de noviembre, da cuenta en detalle de la entrevista.

Memorándum estrictamente confidencial. El día 4 de noviembre de 1970, S. E. el Presidente de la República recibió en audiencia al señor Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos y Jefe de la Delegación Especial de Estados Unidos a la Transmisión del Mando Presidencial, señor Charles Meyer. S. E. estaba acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores don Clodomiro Almeyda, y por don Ramón Huidobro. El señor Meyer asistió acompañado del embajador de Estados Unidos en Chile, señor Edward Korry. Estaba también presente el señor Armando Uribe. La audiencia duró 35 minutos. S. E. abrió la entrevista expresándole al señor Meyer su satisfacción de tenerlo en Chile y de que hubiera sido portador del mensaje personal de congratulación del presidente Nixon al Presidente de Chile, agregándole que ésta era la primera audiencia que concedía y que ello tenía significación. El Presidente de Chile está satisfecho de iniciar de esta manera comunicaciones formales con el gobierno de Estados Unidos. Pero ya con anterioridad, incluso antes de la sesión del Congreso pleno, se había preocupado de que un representante personal del más alto nivel, personero del Partido Radical (Partido que cuenta con ciento diez años de vida política en Chile), el prestigioso senador Hugo Miranda, tomara contacto con el Embajador de Estados Unidos, de modo de preparar estas comunicaciones y señalarle los alcances de su gobierno, el deseo de tener las mejores relaciones con Estados Unidos y de recibir del gobierno de ese país el respeto que es debido a Chile. Chile —dijo el Presidente— es un país pequeño, y Estados Unidos una potencia mundial. Pero uno y otro tienen absolutamente el mismo derecho a la dignidad y al celo en la concepción de sus respectivos intereses nacionales. Chile y su gobierno tienen interés en mantener las mejores relaciones con Estados Unidos. Estas relaciones son antiguas, han tenido alternativas naturales y se han mantenido sin embargo sin interrupción. Ello debe continuar siendo así.

Chile, como lo demuestra su historia y la reciente elección del Gobierno Popular, es un país distinto. La presente visita del señor Meyer le permite palparlo en la realidad viva. La experiencia de la elección del Gobierno Popular, la vida política del propio Presidente durante más de treinta años en el Congreso de Chile —que es un Parlamento con más de ciento cincuenta años de vida republicana no interrumpida—, y su participación personal en el gabinete del presidente Aguirre Cerda bajo el Gobierno del Frente Popular —uno de los tres casos de Frente Popular en el mundo— le permiten testimoniar este carácter de Chile. Nuestro país será independiente y reinará en él la libertad. La libertad de prensa existente en Chile hará que, sin que el gobierno pueda impedirlo, se manifiesten opiniones que pudieran ser tomadas por Estados Unidos como críticas. Por lo demás, lo mismo ocurre en EE. UU., donde la prensa es también libre y formula críticas profundas e injustas a hombres, a países y a gobernantes de naciones extranjeras; como le ocurrió al propio Presidente, antes y después de ser elegido. Por eso, la única manera de que los gobiernos de los dos países no cometan errores ni malentendidos en su apreciación mutua, es que se atengan primero que nada a los hechos de cada gobierno. Por los hechos nos podrán conocer, sólo por los hechos. Y en segundo lugar, sólo por el texto de las formulaciones oficiales y autorizadas del gobierno de Chile se podrá juzgar y conocer su actitud frente a EE. UU.

Frente a todo lo anterior el secretario Meyer, que escuchaba con profunda y cordial atención, demostraba su asentimiento de una manera tácita y en ocasiones expresa, con movimientos de cabeza e intercalando varias veces: “Si, señor Presidente”.

El Presidente continuó: Estoy muy satisfecho con el discurso del presidente Nixon en Naciones Unidas, en especial en cuanto se refirió a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención. Chile es independiente, libre y soberano y su política exterior se funda en esos mismos principios. Pero quiero recalcar que hay muchas formas de presión. No puedo creer, no lo creeré nunca, que la existencia de un gobierno popular en Chile pueda afectar los créditos externos chilenos en EE. UU.

En este punto el Secretario Meyer intervino para decir que él era firme propulsor, y lo está implementando el gobierno de los EE. UU., de la multilateralización de la asistencia económica y que eso significaba que no iba a haber flujo de créditos sobre términos bilaterales como en el pasado, lo cual ya se había estado viendo en los últimos años. Pero esta política, considera el gobierno de EE. UU., va en beneficio económico y político tanto de los países que reciben créditos como de EE. UU., y corresponde mejor a la independencia soberana de las naciones que requieren créditos.

El Presidente expresó entonces que, tal como lo señala el programa de la Unidad Popular, programa que su gobierno ejecutará, habrán tres sectores en la economía de Chile, el público, al cual se incorporarán el cobre, el hierro, el salitre y otros recursos y fuentes básicas de la economía chilena, el mixto, con participación del Estado, y el privado. Esa sectorización ha existido y existe en Chile desde hace mucho tiempo. En este sentido, el gobierno de Chile no será, como dicen gentes mal informadas o que quieren estarlo, un gobierno comunista, socialista, marxista o como siguen apellidándolo esas personas. Será un gobierno popular que cumpla un programa público de características chilenas, en el cual han concordado fuerzas respetables y antiguas en la política chilena, desde marxistas hasta cristianas. Será un gobierno chileno, una experiencia, como lo han sido otras en Chile, como el Frente Popular, netamente nacional. Por eso mismo, tampoco puede pensarse ni decirse que el gobierno de Chile exportará la Unidad Popular a otros países de América Latina. ¡Para exportar la Unidad Popular, la fórmula chilena, habría que exportar primero la Democracia! Y el señor Meyer sabe que eso no es fácil, nada fácil frente a los países de América Latina. EE. UU. mismo ha tenido la experiencia. Lo que haremos en Chile sera algo semejante a lo que se ha hecho en EE. UU. mismo, en el sentido de desarrollar el país, de dar iguales oportunidades a todos los hombres en su sentido amplio, a lo que he llamado la pareja humana, de modo que tengan dignidad, cada uno y todos los chilenos, tengan libertad efectiva, tengan una vida justa y humana. Eso ya lo hizo EE. UU., y por eso está en condiciones de entender que Chile lo haga. A pocos minutos de esta Casa Presidencial hay chilenos que viven y mueren en condiciones que no son humanas. Eso cesará. Para hacerlo tomaremos medidas que ya han sido tomadas en EE. UU. mismo, donde ustedes tienen leyes antimonopolios por ejemplo, donde el presidente Kennedy, según recuerdo, se enfrentó a los intereses particulares del acero para defender los intereses generales de la nación. Lo haremos dentro de la ley y conforme a la constitución. Si es necesario, modificaremos la ley y la Constitución, pero esa modificación se hará, como ha ocurrido siempre en Chile, de acuerdo a las leyes y a la Constitución vigente. El señor Meyer y EE. UU. han podido comprobar que así es como tienen lugar los procesos políticos y económicos en Chile. La asunción al mando de la Unidad Popular lo demuestra de una manera irrefutable.

Realizaremos un proceso de nacionalización de los intereses extranjeros, incluyendo los norteamericanos, para incorporar al sector público los bienes que son y deben ser de la nación toda. Lo haremos conforme a la ley chilena, con todo lo que ello significa de respeto a esos intereses y conciencia de nuestros derechos. Pero lo que haremos con los intereses norteamericanos será hecho del mismo modo con intereses chilenos. No serán medidas contra EE. UU., porque se trata de medidas legalmente tomadas en sectores en que no se discriminará por razón del origen de esos intereses, sino por su incidencia en los intereses legítimos nacionales. Las medidas se tomarán sin acepción de si se trata de inversiones particulares extranjeras o si son bienes particulares de chilenos. Todo ello conforme a la ley, a la ley actual o a la que se dicta a través del Congreso.

Las compensaciones que correspondan serán cosa a discutir con las compañías particulares de los bienes nacionalizados, no con el gobierno del país de origen de esas compañías; pues las inversiones respectivas, el modo en que esas compañías particulares se establecieron en Chile también expuso exclusivamente una relación entre particulares y el gobierno de Chile. Los tribunales de Justicia chilenos, que son un poder del Estado independiente del Ejecutivo, son una garantía permanente de que esa discusión sed resuelta conforme a la ley.

Ello ocurrirá de esta manera en Chile porque ésa es la tradición institucional de Chile. No pueden hacerse analogías con lo ocurrido en materia de nacionalizaciones en otros países, en que no había democracia arraigada, no había instituciones ni autoridades responsables, como las hay en Chile a través de su historia, y en que el paso de una etapa histórica a otra se produjo de una manera abrupta. Esto último, como el señor Meyer y el gobierno de EE. UU. lo han comprobado y lo están comprobando, no es el caso de Chile y de su gobierno.

El señor Meyer escuchaba lo anterior con profunda atención.

Hay una cosa más que quiero señalarle, prosiguió el Presidente. Jamás Chile permitirá ni autorizará que ningún país extranjero establezca bases militares, ni de ninguna especie que afecte la soberanía de Chile, en el territorio nacional. Jamás. Ocurra lo que ocurra, la soberanía y la independencia de Chile se mantendrán bajo mi gobierno incólumes y libres de toda presencia extranjera.

Las relaciones con EE. UU. serán las de dos países independientes y soberanos, entre los cuales podrá haber divergencia de opinión en Naciones Unidas, casos en que así como Chile concurrirá con EE. UU. en la apreciación de ciertas cuestiones, en otras ocasiones votará con los países no alineados y en otras con la Unión Soviética y los países socialistas. Pero las relaciones entre los países soberanos se producen precisamente cuando unos y otros mantienen la amistad con cabal conocimiento de que sus intereses no son idénticos, y con la clara constatación de cuáles son los puntos en los que están de acuerdo y en qué materias los intereses nacionales de uno y otro se separan. El respeto a la posición del otro en los puntos específicos de divergencia es la base de la relación internacional. Sólo así la dignidad nacional subsiste para uno y otro. Sin dignidad mutuamente reconocida no hay relación posible. Para ello es necesario que EE. UU. sepa que los motivos de las posiciones internacionales de Chile serán exclusiva y absolutamente el interés nacional de Chile, así como nosotros entendemos que EE. UU. actúa por motivos de interés nacional. En este sentido, EE. UU. debe saber que la seguridad de EE. UU., que nosotros comprendemos es un motivo nacional básico en sus posiciones políticas externas, no sed nunca afectada por Chile y por lo que ocurra en Chile. A nosotros nos interesa la seguridad de Chile, tal como a ustedes interesa la seguridad de EE. UU., y ambos intereses no se contraponen. Nunca la seguridad de Chile importará lesión a la seguridad de EE. UU.

A esto el señor Meyer asintió notoriamente.

El embajador Korry intervino entonces para decir que ellos estaban conscientes de que el concepto de la dignidad nacional que cada país tiene supone un problema cultural: el de que cada uno de los dos países, en este caso Chile y EE. UU., conciban con exactitud la idea que el otro tiene de su propia dignidad. Y que para este efecto, las comunicaciones adecuadas que mantengan los dos países es esencial.

El Presidente aprovechó este punto para decir: Por eso mismo quiero decirle, señor Meyer, que lo ocurrido en la isla de Pascua en los últimos días constituye una situación que afecta la dignidad y los intereses de Chile. La Fuerza Aérea está profundamente molesta por la manera en que se ha producido el desmantelamiento de las estaciones allí ubicadas. No era ni la manera ni el momento de proceder así. Esto no ha tornado la forma de un acto amistoso.

El secretario Meyer intervino para decir que él entendía que esto producía problemas económicos para la población de la isla y que ello, en cuanto provocara efectos de esa especie, podía corregirse.

El Presidente lo interrumpió para expresar que no era un problema de índole económico, sino algo distinto y más grave: el que la forma en que se realizaban estos actos por personeros de EE. UU. afectaban la dignidad de Chile y el respeto que Chile, y específicamente sus Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea en Pascua, se merecen.

El embajador Korry intercaló una observación que pasó a desarrollar: se trataba, en el caso del desmantelamiento de esas estaciones, de un asunto provocado por la reducción de los presupuestos para tales objetos en EE. UU. Una decisión, en suma, que no tenía que ver con las relaciones con Chile. Que ante la necesidad de tomar la determinación de que se procediera al desmantelamiento, la Embajada de EE. UU. se había visto ante la disyuntiva de hacerlo antes o después de que asumiera el nuevo gobierno. Que habían considerado que hacerlo después de la asunción del gobierno podía ser interpretado como un acto inamistoso frente a él. Y que por ende habían estimado preferible, a pesar del poco tiempo con que se contaba, realizarlo antes. Que en esas circunstancias, y en ausencia del ministro de RR. EE. de entonces, señor Valdés, que se encontraba en Naciones Unidas, el embajador Korry había llamado telefónicamente al subsecretario de RR. EE. de Chile para anunciarle que esas estaciones se desmantelarían. Que no había sido necesario cumplir otra formalidad porque el acuerdo respectivo era entre las Fuerzas Aéreas de EE. UU. y de Chile, y no entre los gobiernos.

No, señor Embajador, exclamó el Presidente. Existe comunicación escrita que demuestra que éste es un asunto de gobierno a gobierno, y no al solo nivel de las Fuerzas Aéreas. El señor ministro de RR. EE. tiene los documentos del caso. El embajador Korry murmuró entonces que ellos no tenían constancia de que se hubiera celebrado el acuerdo de tal manera. Que pudiera ser que el embajador Dungan, su antecesor, lo hubiera realizado, pero que ellos no conservaban tal constancia escrita.

El Presidente dio la palabra al ministro Almeyda, el cual dijo: Tengo aquí la comunicación oficial del embajador de EE. UU. en que consta que se trata de un acuerdo entre gobiernos. Y el ministro Almeyda hizo además de sacarlo de su carpeta para leerlo.

Ante el gesto del embajador Korry de suscitar un debate inmediato sobre el punto, el Presidente, extendiendo una mano, dijo: No es del caso hacerlo ahora. Pero quiero puntualizar que no habría ningún motivo para apresurarse en esos actos de modo de realizarlos antes de que entrara el actual gobierno al ejercicio del mando. Si Chile, ante la intención de EE. UU. de dar por terminado el acuerdo, considerara conveniente hacerlo, mi gobierno habría concordado en ello, y habría explicado a la opinión pública que ello era conveniente para Chile. No había ni hay razones para que asuntos de interés mutuo como éste no puedan ser discutidos adecuadamente entre el gobierno de Chile, a través de mi ministro de RR. EE., y la Embajada de EE. UU. Ésa es la manera de mantener comunicación entre dos países que tienen relaciones normales. El apresuramiento y la acción unilateral, no lo es.

Con esto, el Presidente, levantándose, dio por terminada la audiencia.

El secretario Meyer entonces dijo: He oído con mucho interés todo lo que S. E. ha manifestado, y le agradezco la oportunidad de esta entrevista. Dejaré Chile el jueves, porque no he podido obtener pasaje para el viernes, y por lo tanto no podre asistir a la recepción del jueves; lo que lamento mucho porque tengo un gran afecto personal a Chile, y este afecto hacia Chile supera los simples deberes de mi cargo, señor Presidente. Él proviene de que comprendo muy bien que Chile es un país distinto a todos en el mundo y en América Latina, y un país que merece el respeto de todos por sus formas políticas y por sus hombres, comenzando por sus gobernantes. Llevaré sus palabras a mi jefe, el presidente Nixon, y se las trasmitir6 fielmente.

El secretario Meyer y el embajador Korry dejaron el despacho de S. E. a las 10.05 horas.

Santiago, 4 de noviembre de 1970

Mientras esto tenía lugar en Santiago y el propio secretario de Estado Meyer parecía convencido de la patente buena fe política institucional de Salvador Allende y el gobierno de Chile, en esos mismos días de principios de noviembre, en Washington, el National Security Council discutía la aplicación de una política de fuerza contra Chile.

VI

Los breves días de la estada del secretario Charles Meyer en Chile fueron dramáticos para él y el embajador norteamericano Korry. Tras la fachada diplomática, fue creciendo entre ambos una tensión psicológica que tenía otras motivaciones políticas: uno y otro presentaban en pequeño la disparidad de criterios que en esos mismos primeros días de noviembre se agudizaban en Washington entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Era cosa sabida que la persona y la conducta de Korry constituían para el secretario de Estado Rogers, a partir del incidente producido en 1970 por el Informe sobre Ayuda Exterior encargado a Korry y para el secretario Meyer en relación con los hechos de Chile, la expresión más brutal de la pugna burocrática y política con el aparato internacional montado por Kissinger en la Casa Blanca. Hasta los informantes de la ITT en el terreno, Hendrix y Berrelez, ajenos a este tipo de cuestiones antes de sus actividades subrepticias en el caso chileno, y los funcionarios de ITT en EE. UU., percibieron con exactitud el asunto en pocos días, y los memorándums secretos de ITT están cruzados por constataciones como ésta: “el reventón [the rift] entre el embajador Korry y su superior en el Departamento de Estado ha llegado ahora al punto de que aquél trata directamente con la Casa Blanca y no siempre comparte su información e instrucciones con el Departamento de Estado”, agregando el mismo memorándum de 20 de octubre que se decía en Washington entre los colegas de Korry que Charles Meyer estaba decidido a sacar a Korry fuera de Chile y si era posible fuera del Departamento.

¿Quién era Korry? Un informe chileno de 1970 lo caracterizaba como el tipo de pro-cónsul norteamericano:

Edward Korry es profesionalmente un periodista. Trabajó largo tiempo en la Agencia UPI y tuvo sede, entre otras partes, en Yugoslavia y en Francia, llegando a ser jefe de UPI en capitales de Europa. De ahí lo sacó el presidente Kennedy, que había decidido buscar algunas personas fuera del Departamento de Estado y del ambiente político activo, para llamarlos a desempeñar algunas embajadas norteamericanas, especialmente en África. Así fue como, junto con designar universitarios (como el profesor Gullion, hoy en la Fletcher School of Law and Diplomacy, designado entonces en el Congo Kinshasa), nombró a Korry embajador en Etiopia. Se desempeñó ahí varios años. Tendía al trato directo con el emperador, y finalmente tuvo —según se dice— problemas personales con él debido a la conducta “pro-consular” de Korry. Tal vez lo más destacado de su misión en Etiopía fue la tarea que encabezó, acompañado de otros embajadores norteamericanos en África y de funcionarios de gobierno norteamericanos, de elaborar un informe completo sobre lo que debía ser la política de EE. UU. en esa región. La actividad de Korry en ese trabajo hizo que el informe sea conocido como el “Korry Report” sobre África. El informe no fue implementado por el Departamento de Estado, sus ideas no fueron puestas a prueba, y el gobierno de Johnson lo olvidó; sin embargo, o a causa de eso precisamente, el informe Korry gozó de gran prestigio en los círculos de expertos. Libros recientes sobre el África lo destacan especialmente, quizá sobre todo porque en el hecho EE. UU. no ha tenido una política homogénea sobre ese continente, y el “Korry Report” aparece en consecuencia como el modelo de lo que debió haberse hecho. Durante su misión en Etiopía, Korry recibió a Nixon, entonces ciudadano privado, lo alojó y tuvo largas conversaciones con él. Esto tiene una importancia que se señalará más adelante. Cuando el embajador Dungan dejó Santiago, Korry fue llamado a remplazarlo. Durante el gobierno Kennedy, Korry era considerado como un demócrata, si bien no parece haber estado propiamente inscrito en ese partido. Korry decidió, desde antes de su llegada a Santiago, hacer una Embajada que contrastara con la de Dungan, con quien, a pesar de que tiene trato personal, no parece congeniar psicológica ni políticamente. 331 ha sostenido que entre sus instrucciones estuvo la de cambiar por completo el estilo de la Embajada Dungan, mantenerse a distancia de la realidad política inmediata chilena y aun respecto de las personalidades políticas de gobierno y oposición en Chile. al ser elegido presidente Nixon, la suerte normal de Korry, que no es de carrera, era dejar la Embajada y volver a la vida privada. En abril de 1969 había ya recibido, según se sabe, la noticia de que sería remplazado a la brevedad e incluso se conocía el nombre de su posible sucesor, un hombre del Departamento de Estado. Korry preparó su viaje a EE. UU. “para buscar trabajo”, según dijo. Pero utilizó en ese momento dos martingalas de la misma especie que ha utilizado más tarde. Primero, aprovechó unas declaraciones de un senador chileno, a principios de mayo, para atacar fuertemente al gobierno de Chile y presentarse ante el Ejecutivo y el Senado de EE. UU. como un Embajador perseguido y criticado únicamente porque defendía el prestigio de los EE. UU. (así lo planteó al Departamento de Estado, que lo apoyó con una declaración oficial, y ante el Senado de EE. UU., que lo recibió en una audiencia secreta de la Comisión de RR. EE., en la cual también fue respaldado). Segundo, aprovechando su antiguo conocimiento con Nixon a raíz de la visita de éste a Etiopía, le envió una carta personal —que se preocupó le llegara directamente a través de un amigo en la Casa Blanca— en la cual le recordaba a su presidente que en conversación de hacia años en Addis Abeba, éste le habría dicho: “Para el caso de países clave, fuera de las grandes potencias, yo, si llego a presidente, necesitará gente como usted, Edward”. Al margen de la carta, Nixon escribió: Concedido: y Korry fue confirmado pese a que se estaba preparando su sucesor para venir a Chile.

Esto produjo algún malestar en el Departamento de Estado, y afirmó los lazos directos de Korry con la Casa Blanca y con el equipo internacional que funciona en ella y que tiene más importancia y está en competencia con el Departamento de Estado. Con todo, el prestigio de Korry como autor del Informe sobre África, y su reputación personal como embajador (pues a esta altura ya era, como sigue siendo, el único embajador nombrado por Kennedy que continúa en funciones) hizo que el Secretario de Estado lo llamara, en la segunda mitad de 1969, para coordinar los trabajos del Departamento de Estado para programar una nueva política sobre “ayuda exterior”. Esta tarea se la propuso el Departamento de Estado, frente al hecho de que el presidente Nixon había creado una comisión especial, de alto nivel, para estudiar el mismo asunto; la cual, se preveía, iba a concluir que todo lo relativo a la cooperación económica internacional de EE. UU. debía salir del Departamento de Estado (donde funciona hoy bajo AID); lo cual disminuiría mucho el poder relativo del Departamento de Estado en materia internacional. Korry, conocedor ya de la pugna entre los equipos de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, aceptó la función, la absorbió por si solo casi por completo, y preparó un informe muy crítico del AID, en la misma línea que se preveía sería la de la Comisión especial de Nixon, que encabezaba el experto Peterson. El Secretario rechazó ese informe de Korry y le pidió correcciones. Éste, que tuvo entonces un mayor conocimiento de los trabajos de Peterson, acentuó su texto aún más en el sentido de la Comisión de la Casa Blanca. Lo entregó al Secretario de Estado, éste montó en cólera, y el informe fue archivado. Korry estaba preparado para eso. Lo que hizo fue ponerse en contacto con sus amistades en el New York Times (que las tiene muy buenas, como antiguo periodista, así como en otros diarios y agencias norteamericanos) y simultáneamente con sus amistades de la Casa Blanca, Así fue como hizo publicar, un día antes que fuera emitido el Informe Peterson, grandes selecciones de su propio informe —coincidente con aquel— muy destacadamente. En ese momento selló su enemistad con el Departamento de Estado, y “se pasó” al equipo internacional de la Casa Blanca. En estas condiciones, frente al presidente Nixon y al “staff” de la Casa Blanca, Korry pasa por ser el mejor embajador norteamericano en América Latina y se dice en Washington que sus opiniones merecen más crédito a ésta que las del propio secretario asistente para América Latina, Charles Meyer. La actitud de Korry ante las elecciones presidenciales chilenas parece haber sido: convencimiento del triunfo de Alessandri, temor ante las posibilidades de la Unidad Popular, cierta precaución para evitar que se le dijera envuelto en la política interna chilena. Luego de la elección, su reacción parece haber sido: informes a EE. UU. extremadamente críticos respecto del futuro gobierno de la UP, caracterización de éste como de un curso de sucesos gravísimos —frente a los cuales no cabía para él ninguna acción. Su estrategia consiguiente, aun en curso, parece ser: buscar cierto tipo de fricciones y enfrentamientos, que induzcan a responderle con agresividad, para demostrarse frente al Ejecutivo y al Congreso de EE. UU. como una victima de su denodada defensa de los intereses y el prestigio de EE. UU. que sufre ataques que sólo una persona como él puede afrontar y que nadie podría superar. En una situación eventual futura de esa especie, él tendría así dos alternativas: atacar y contraatacar, en términos que a corto plazo EE. UU. tuviera que mantenerlo en la Embajada en Chile porque otra cosa sería mostrar debilidad frente al gobierno de Chile; o bien, provocar aun con sus actitudes que se le declarara “persona non grata”, lo cual, en la situación chilena, significaría posiblemente un “mérito” para la persona de Korry y lo dejaría en condiciones de ocupar otros cargos públicos en EE. UU.

Es un hombre de extremada egolatría, que ve primero sus intereses personales que los diplomáticos a su cargo. Tiene indudables ambiciones de mayor figuración diplomática y aun política. Es francamente mentiroso, y capaz de mentir con detalle, lo que hace sus verdades a medias más peligrosas y difíciles de contrarrestar que si fueran mentiras de bulto. Es incapaz de quedarse callado, en público y privadamente; en conversaciones personales, que con él son muy arriesgadas, pues termina siempre por utilizarlas, monologa durante horas de horas. De tal manera, es peligroso no sólo hablar con él, sino también y aún más oírlo hablar: lo que dice compromete al oyente tanto o más que a él mismo. Tiene un coraje exterior aparente en sus actos de audacia, en la insolencia de sus palabras y sus actitudes; pero seguramente sufre de cierta cobardía moral, que lo induce a la mentira y a las intrigas. Pese a las apariencias, sus arrebatos de palabra y acto, maleducaciones groserías, provocaciones, no son nunca del todo gratuitas. Es decir, es capaz de racionalizar lo que ha hecho y de sacarle partido personal. Tiene un ojo puesto en la reacción de su gobierno y de la prensa norteamericana ante sus actitudes: eso determina en buena medida la forma que sus acciones toman. Tiene un esnobismo superficial, compuesto de desdén y de información de orden periodístico y documental, que quiere hacer pasar por alta cultura. No oculta la irritación que le produce Chile, como país, como comunidad humana e histórica. En este sentido, el resentimiento que parece tener por el triunfo de la UP se extiende en general al país en el cual ocurrió. Su personalidad produce, en sus subordinados de su Embajada y en la gente del Departamento de Estado, una mezcla de terror y admiración. Hay quienes, muy pocos, le profesan adhesión personal completa. La mayoría aprecia su capacidad de trabajo y dinamismo, pero no parecen tenerle simpatía personal. No es muy leal con la gente que trabaja con él. Alguna gente de nivel político alto, en Washington, lo considera con cierta soma, percibe su egolatría, y no lo Cree muy de confiar en cuanto a su juicio y criterio; pero la astucia, la capacidad de maniobra burocrática, la sensibilidad respecto a los verdaderos centros de poder, la versatilidad política, la posibilidad de acceso a centros y expertos académicos reputados en EE. UU., y —tal vez sobre todo— su superioridad de talentos en comparación con la mediocridad de los niveles públicos norteamericanos actuales interesados en América Latina, protegen a Edward Korry.

La pugna de Korry, archisabida en Washington y en Santiago, estalló durante la visita a Chile de Charles Meyer, en tales términos que los acompasantes chilenos de Meyer fueron testigos en más de una ocasión de los esfuerzos de éste por contenerse y de la mujer de Korry por retener al violento embajador. Meyer supo, estando en Chile, que mientras él asistía a las ceremonias en Santiago, la suerte de la política norteamericana hacia Chile iba siendo decidida definitivamente por el National Security Council en Washington. Esos días eran claves. Korry continuaba recomendando a la Casa Blanca el curso de acción más duro. Meyer creía poder sugerir una alternativa flexible que, teniendo los mismos objetivos en vista —pues no cabía discutir los fines de la política norteamericana contra la Unidad Popular y Allende— tuviera otros plazos y empleara medios más amplios. Para el Departamento de Estado ello importaba incluso una mayor eficacia.

La divergencia personal y política entre Korry y Meyer no podían disimularse. Es probable que Korry haya entorpecido las acciones de Meyer mientras éste se encontraba en Santiago, o que Meyer se haya sentido bloqueado frente a su gobierno debido a sus disparidades con el embajador. Como sea, la inquietud de Meyer por retornar apresuradamente a Washington fue visible el día 4, cuando ya había recibido información de que el National Security Council, tratando el asunto de Chile, fijaba una política final que no correspondía a la visión adquirida por Meyer. De ahí que precipitara su retorno inmediato. Había resuelto elevar su divergencia, que representaba el contraste burocrático de poder interno en el gobierno norteamericano entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca, al seno del propio National Security Council presidido por Nixon. Pidió ser oído a la máxima brevedad en Washington mismo. Dijo a su edecán chileno en la tarde del día en que se entrevistó con el Presidente, el 4 de noviembre: es conveniente y necesario que mi viaje se adelante para el jueves 5 para que el presidente Nixon pueda conocer apenas llegue yo a Washington las palabras del presidente Allende. Se excusó entonces de asistir a toda otra recepción o entrevista y partió en avión de retorno.

La tendencia en los círculos directivos norteamericanos más contiguos al Ejecutivo y al equipo de la Casa Blanca manejado por Henry Kissinger, a una política implacable hacia el gobierno de Allende una vez que éste se instalara, se venía delineando desde que, entrado octubre, se comprobó en Washington la dificultad de impedir el acceso de la Unidad Popular al gobierno, por más medidas de sabotaje económico y agresión política que desarrollase EE. UU. El vicepresidente Merriam de ITT lo escuchó ya el 9 de octubre a William Broe de la CIA, y se apresuró a comunicarlo al director de ITT y ex director de la CIA John McCone: “Quedó bastante sorprendido al saber que en opinión de este hombre la Administración Nixon tomará una línea muy pero muy dura [will take a very, very hard line] cuando Allende sea elegido si lo es. Tan pronto como las expropiaciones tengan lugar y suponiendo que no se producirá compensación adecuada, cree que todas las fuentes de asistencia financiera norteamericana, tanto a través de ayuda como a través de las agencias crediticias aquí en Washington, serán cortadas. Me asegura que a esta altura el Presidente (más vale tarde que nunca, yo creo) le ha dado una cuidadosa mirada a la situación y está preparado para actuar conforme a los hechos. [He assures me that the President has taken at this time (better late than never, I guess) a long, hard look at the situation and is prepared to move after the fact]”.

Puede seriamente indicarse que el día 6 de noviembre se produjo en Washington la revisión final de la política sobre Chile discutida días antes por el National Security Council, decisión tomada bajo la dirección de Nixon y Kissinger y con presencia de Rogers y Meyer, etc. Es necesario subrayar que esta decisión no puede ser calificada de más o menos benévola que otras posibles, sino que significaba escoger una determinación de estrangulamiento progresivo de Chile como preponderante, y tenía la ventaja para Washington de no excluir el recurso a otras opciones complementarias y sustitutivas más adelante. Lo que sin duda atrajo la voluntad de Kissinger a esta política fue su potencialidad de escalamiento y la flexibilidad que daba al gobierno norteamericano para intensificar sus presiones a Chile en distintos grados de intervención económica, financiera, política, de fuerza, pudiendo realizarse acciones contra Chile en distintas partes del mundo, operando sobre otros países del sistema norteamericano en Europa, América Latina y demás regiones incluidas en el sistema, utilizando el caso chileno como un factor frente a la Unión Soviética para manifestar la extensión que EE. UU. daba a su control mundial, vinculándose en las acciones respecto de Chile de una manera óptima los intereses gubernativos norteamericanos con los privados de consorcios transnacionales y grandes compañías de capital inversionista; y todo ello en el curso de un lapso de uno a tres años, que correspondía al tiempo que necesitaba Kissinger para desenvolver su gran diseño de estrategia global con el fin de crear un nuevo orden internacional favorable al sistema norteamericano.

Es decir, esta política “globalizaba” el caso de Chile. Las acciones y omisiones norteamericanas respecto de Chile podían ser utilizadas por EE. UU. para ganar puntos frente a la Unión Soviética, a China, a Europa occidental y Japón, y respecto de todo el tercer mundo. Se trataba así, y esto debe haber satisfecho a Kissinger, de aplicar lo que David Landau llama en su obra Kissinger: the uses of power, el instrumento más característico de la política Nixon-Kissinger: el concepto del “linkage”, según el cual todos los puntos de conflicto en el mundo existen en un sólo continuum que conecta la Unión Soviética con los EE. UU. En este contexto, señala Landau, la solución de problemas concretos depende no tanto de los méritos de cada caso específico como de la balanza del poder total entre las dos partes, y el supuesto subyacente de este “linkage” o encadenamiento es que el arreglo de una crisis mayor en una zona del globo puede ser predeterminada por la fuerza y el grado de resolución que una o ambas de las partes contendientes han ido demostrando en las demás zonas.

Se trató entonces de la total incorporación del caso de Chile a la gran estrategia norteamericana. Para el efecto de mar a Chile como un objeto útil y dinámico en el diseño mundial del nuevo orden, resultaba ventajoso que el gobierno de Allende dispusiera de un cierto lapso; durante el cual EE. UU. lo deterioraría progresivamente para ofrecer a Francia, Italia y otros países industrializados, y a las posibles democracias recalcitrantes al juego, un “test case” ejemplar en carne viva (o in corpore vile, si se quiere) de las consecuencias sucesivas y la catástrofe final que amenaza a quienes se indisciplinan en el sistema.

Por lo tanto, en cierto modo según la concepción de Kissinger, la catástrofe chilena, el golpe de Estado, la guerra civil, el fascismo, quedaba sólo en suspenso y vendría a su hora, cuando ello fuere necesario a los designios globales de la política norteamericana.

Puede pensarse que lo anterior es sobrestimar la capacidad y el poder del imperialismo norteamericano; y que no toma en cuenta la gravedad de las contradicciones internas de una sociedad como la chilena, al contrario: en la estrategia norteamericana los conflictos dentro de una sociedad nacional son factores internacionales que su política manipula. Cuando el centro del sistema imperialista toma una decisión política fundamental, como fue el caso para Chile en 1970, contemplando el empleo de todos y cualesquiera de sus medios de poder, sin descartar la fuerza militar, el país respectivo no tiene ya vida política interna distinta de la internacional. Puede por cierto defenderse del imperialismo y triunfar en su lucha. Pero la tarea es más ardua, más prolongada y más incierta. En tal perspectiva los episodios sangrientos se multiplican y los hechos de fuerza, en apariencia interiores, más graves, como el golpe militar de septiembre de 1973 en Chile, son incidentes en el combate anti-imperialista.

Tan claro era el papel crítico del caso chileno en el contexto global norteamericano, ya con anterioridad a las elecciones de 1970, que hasta en el dominio de la farsa periodística se producían en grandes revistas de EE. UU. publicaciones “de anticipación”, como ésta que anuncia para 1976, previendo imaginariamente una página del New York Times del 3 de noviembre de 1976 y entre numerosas “noticias” de política interior norteamericana, como único despacho internacional el siguiente:

TROPAS NORTEAMERICANAS LLEGAN A CHILE; TOTAL 146.872

Santiago, Chile, Nov. 2. Al tiempo que la banda del 90. Ejército de Chile del Sur tocaba una alegre bienvenida, las unidades de combate de los Estados Unidos formadas por 3.843 hombres de infantería del Ejército y de la Marina desembarcaban esta tarde de sus aviones en el Lyndon B. Johnson Memorial Airport. Las tropas, listas para el combate, provienen de Fort Ord, California, y elevan la suma del personal militar norteamericano en Chile a 146.872, o un poco mayor del nivel de fuerzas pedido por el general Creighton W. Abrams, comandante de las fuerzas norteamericanas en Chile, durante sus conferencias de mediados de septiembre en la Casa Blanca.

“No tenemos plan alguno de pedir más tropas en cualquier tiempo”, dijo hoy el general Abrams, quien estaba personalmente en el aeropuerto para dar la bienvenida a los recién llegados. Sin embargo, se ha informado con gran amplitud aquí que los comandantes de campo norteamericanos están presionando al general Abrams para que pida 65.000 hombres más con el fin de combatir la ofensiva de verano de los comunistas norchilenos, la cual, según documentos capturados al enemigo lo indican, habrá de empezar el próximo mes. (El verano latinoamericano tiene lugar al tiempo del invierno norteamericano). Preguntado sobre estos informes, el general Abrams “no tuvo comentario”, afirmando sólo que “los Estados Unidos continuarán honrando su compromiso con la OEA”.

Mientras tanto, hoy se iniciaron fuertes combates en las ásperas colinas Caca, cuarenta millas al noreste de Coquimbo, cuando la infantería norteamericana peleó por cerca de ocho horas en fiero combate cuerpo a cuerpo con las guerrillas Los Rojos entrenadas en Cuba. Las bajas norteamericanas durante la lucha del día, dijo un portavoz aliado, fueron moderadas: 19 muertos y 56 heridos; fueron muertos 348 soldados enemigos.

Desde el 27 de abril de 1975, cuando el presidente Agnew ordenó que las tropas norteamericanas ayudaran a Chile del Sur en su lucha contra el norte comunista, 8327 norteamericanos han sido muertos hasta ahora. En el mismo período, sin embargo, el enemigo ha perdido…

La decisión de Nixon y Kissinger sobre Chile en noviembre de 1970, integraba por lo tanto todas las hipótesis y planes contingentes que había elaborado y siguió complementando el aparato exterior del sistema norteamericano, incluido desde luego el plan del Pentágono de 1970 cuyo primer atisbo apareciera en el caso del “orfeón naval”. Utilizaría asimismo todos los medios proyectados y aplicados entre septiembre y octubre de ese año, conforme al plan revelado por la CIA con fecha 29 de septiembre; adaptaría las sugerencias concretas expuestas por la ITT durante esos meses y específicamente en los informes el 20 de octubre de Gerrity a su presidente Geneen, el 21 del mismo al ex director de la CIA McCone, el 23 del vicepresidente de la ITT Merriam al doctor Henry Kissinger, —que éste agradeció, como se ha dicho, declarando que ciertamente la Casa Blanca tomaría en cuenta estas ideas y recomendaciones, con fecha 9 de noviembre (o sea reflejando la decisión adoptada pocos días antes por el National Security Council y en la cual dichas recomendaciones ciertamente pesaron)—; aprovecharía las ententes entre las diversas compañías y empresas norteamericanas, que se coordinaron a comienzos de 1971 para ejercer presión en Chile (Anaconda, Kennecott, ITT, Bancos, etc., conforme al testimonio de Merriam el 20 de mano de 1973 a la Comisión del Senado) y los actos sucesivos de esas compañías, como fueron por ejemplo los embargos de cobre por acciones de Kennecott; bloquearía los créditos internacionales a Chile no sólo por parte de organismos norteamericanos como el Eximbank, lo que fue público a mediados de 1971, sino de entidades internacionales como el BID —ejerciendo su poder político y económico—, el Banco Mundial, el que declaró a Chile riesgo grave crediticio a fines de 1970, y todas y también las fuentes de financiamiento bancario privado norteamericano, europeos, etc.; presionaría a terceros países de Europa y el resto del mundo para que no invirtiesen en Chile, como aseguró a ITT, a principios de 1971, el encargado de América Latina en el equipo de Kissinger, Arnold Nachmanoff (testimonio de Merriam ante Church, y libro de Sampson, pp. 253-254); dificultaría en lo posible la concesión de créditos de gobierno de otros países a Chile y el comercio chileno con ellos; interferiría, en los momentos adecuados, en la renegociación de la enorme deuda externa chilena, separando los intereses de los acreedores inclinados a otorgar facilidades, y disminuyendo al máximo el poder de negociación internacional de Chile en este campo; entorpecería a fondo, como fue la tremenda experiencia de Chile, los suministros de repuestos, piezas de equipos e instalaciones, renovación del parque industrial, y todo el flujo de tecnología del país; buscaría la paralización progresiva de los medios de transporte a6reos, impidiendo su compra; navieros, a través de su manejo de las flotas mercantes y conferencias marítimas; ferroviario, cortando las reposiciones de equipos, y camineros, cortando el flujo de repuestos; haría caer el precio del cobre y distorsionaría el mercado internacional (de lo que hay numerosos indicios y pruebas desde fines de 1970, siendo una de las últimas iniciativas en este sentido el anuncio del presidente Nixon en marzo de 1973 de introducir al mercado los grandes stocks de reserva de cobre de EE. UU.; apoyaría, introduciendo clandestinamente divisas norteamericanas a Chile, todas las acciones de grupos de oposición al gobierno de la Unidad Popular, provocando fuertes deformaciones en la situación monetaria chilena e incontenibles presiones inflacionarias (como fue notorio sobre todo durante el paro patronal de octubre de 1972, cuando el valor del dólar en el mercado negro bajó verticalmente por influjo de estas divisas clandestinas, y a partir de abril de 1973, durante la sucesión de paros “gremialistas”, en que sucedió acentuadamente lo mismo); y cooperaría con esos grupos a través de otras medidas de acción y omisión; mantendría e incrementaría, como fue el caso desde el inicio para la Marina y más tarde con todas las ramas de las Fuerzas Armadas, los suministros de equipos militares, armamentos, etc., en muy ventajosas condiciones, y profundizaría los contactos institucionales con ellas por último.

Obsérvese que cada una de estas acciones efectivamente ejecutadas por el gobierno de EE. UU. desde noviembre de 1970, y que ni siquiera constituyen un catálogo completo, se reducen a la sola actividad de la política norteamericana contra Chile en el campo económico. Bajo ellas, se llevaron a cabo medidas propiamente políticas, internacionales e internas, abiertas muchas de ellas y encubiertas las más.

Cuando el presidente Allende habló del bloqueo invisible que sufría Chile por acción del imperialismo, y cuando citó, en su discurso ante Naciones Unidas en 1972, la expresión de Pablo Neruda de que Chile era un Vietnam silencioso, se reducía a la referencia a medidas económicas como las enumeradas. Cuando en ese discurso de 1972 en Nueva York, denunció las agresiones subrepticias de ITT en Chile y a las compañías transnacionales, no acusó directamente al gobierno de EE. UU. de dirigir esa política de intervención. Sólo el 10 de abril de 1973, en su discurso ante la Asamblea Sindical Mundial en Santiago, se hizo cargo públicamente de la vinculación inmediata de los actos de subversión ejecutados por la ITT con el gobierno norteamericano; lo cual había sido acreditado sin dar lugar a ninguna duda en las sesiones del Subcomité de Church en Washington los días anteriores.

Ahora en cambio se puede juzgar en toda su dimensión la sistemática actividad del gobierno norteamericano al aplicar una política deliberada para destruir, en todos los planos, desde el económico hasta el de la subversión militar, el gobierno de Salvador Allende, a la Izquierda y la Unidad Popular, al Estado de Chile y al movimiento popular chileno.

Esta política de EE. UU., en cuanto tomaba formas de agresión económica, fue llamada en Chile la política “de la pera madura”. EE. UU. estaría al acecho de que madurara el fruto de la experiencia chilena en el árbol mismo, contribuyendo con sus actos de agresión a que madurara a la fuerza, con la intención de que se pudriera, y el régimen de Allende cayese por su propio peso. Esta intención se marcaba en los actos de fuerza norteamericanos, públicos o privados, que buscaban, en la frase del refrán castellano, “hacerlo madurar a palos”.

A poco de iniciar Allende su gobierno, las primeras admoniciones oficiales norteamericanas en este sentido fueron solemnemente comunicadas por EE. UU.

El 30 de diciembre de 1970 Nixon recibió al embajador de Chile en Washington y lo hizo depositario de un planteo dirigido al presidente de Chile. Acompañaba a Richard Nixon el general Haig, entonces segundo de Kissinger y hoy principal asesor de Nixon.

La concertación de la entrevista y sus particularidades, de tal manera expresaron el poder del Dr. Kissinger en la Casa Blanca y la Administración norteamericana, que han sido citados como ejemplo de dicha supremacía en EE. UU. mismo (en artículos del New York Times y el Washington Post), y en Francia en el principal análisis sobre Kissinger en Le Nouvel Observateur (ensayo de Oliver Todd). Kissinger le dijo al embajador chileno, cuando éste se quejó de que el Departamento de Estado no concretaba la entrevista: “But, Mr. Ambassador, that’s natural: You have knocked at the wrong door”. Y él arregló la entrevista de inmediato.

El texto del informe confidencial respectivo dirigido por el embajador de Chile al presidente Allende (archives del ministro de Relaciones Exteriores Almeyda) es el siguiente:

Estrictamente Confidencial

La Entrevista con Nixon

1. A principios de diciembre me entrevisté con Charles Meyer para:

a) informarle oficialmente que pondría término a mi misión en Washington a fines de diciembre;

b) solicitarle que me obtuviera entrevistas, para despedirme, con el presidente Nixon y con el secretario de Estado Rogers.

Además, le expresé mi deseo de visitarlo a él nuevamente antes de mi partida, agregando que me gustaría verlo con todo su “staff”.

2. Transcurridos unos 15 días y después de reiteradas consultas de la Embajada al respecto (en esos mismos días, yo estuve ausente de Washington en un viaje de conferencias en Universidades, comités locales del Council for Foreign Relations y grupos de colonia chilena, sobre los hechos políticos chilenos), la oficina de Meyer informó que las entrevistas con el secretario de Estado Rogers y con el propio Meyer y su gente estaban arregladas, pero que, en cambio, la entrevista con el presidente era imposible. ¡No tenía tiempo para recibirme! (había pedido audiencia de 5 minutos).

3. Al término de mi entrevista con Meyer y su gente, le pedí algunos minutos privados con él. Le expresé que me iba de EE. UU. muy disgustado, por la negativa del Presidente de recibirme. Que ello, aparte de ser una descortesía, era un gran error político. Que este hecho evidentemente no ayudaba a mantener las buenas relaciones entre ambos gobiernos que el Secretario de Estado decía propiciar. Que yo me vería obligado a explicar lo sucedido —agregando mi propia evaluación— no sólo al gobierno sino eventualmente en forma pública. Que ello obligaría, por elementales razones de reciprocidad, al Presidente de Chile a rechazar una entrevista con el embajador Korry, cuando pronto le correspondiera despedirse (lo que implícitamente di como un hecho), Meyer, evidentemente impresionado, me pidió que no informara todavía al gobierno de Chile sobre el rechazo a mi solicitud, porque él vería personalmente qué se podía hacer. A esta petición accedí.

4. Dos días después, al concurrir al Departamento de Estado para mi entrevista con el secretario de Estado Rogers, fui informado por el Sr. John Fisher, “Country Director” de Chile, y antes de ingresar al despacho del Secretario, que tenía encargo del secretario Meyer (ausente de Washington por vacaciones de Navidad y Año Nuevo) de decirme que desgraciadamente no había sido posible modificar la decisión anterior respecto a mi visita al presidente Nixon.

5. En vista de lo anterior, al término de mi entrevista con el secretario Rogers (ante el espanto de Fisher, presente en la reunión), le planteé, con la misma franqueza y hasta crudeza con que lo había hecho antes a Meyer, mi profundo disgusto por la negativa del presidente Nixon de recibirme. Al igual que Meyer, acusó el impacto y prometió ver que podía hacer.

6. Cabe hacer notar que ni Meyer antes ni Rogers después, alegaron como razón de la negativa el hecho de que no sea costumbre en Washington (lo que es efectivo) que los embajadores se despidan del Presidente. (Lo que, por lo demás, estimo razonable, dado el tamaño del cuerpo diplomático residente, su gran renovación, y las obligaciones del Presidente de los EE. UU.). Ambos hablaron de las ocupaciones agobiantes del Presidente. Rogers llegó a decirme, en su afán de excusar al Presidente, que yo debía saber que hasta los propios ministros de Estado tenían gran dificultad para verlo. Al notar seguramente mi expresión de sorpresa, me agregó: “Felizmente, eso a mi no me sucede; yo soy de los privilegiados dentro del gabinete que puedo hablar con el presidente cada vez que lo necesito”.

7. Uno o dos días después, se me hizo saber, de parte de Rogers, que lo lamentaba mucho pero que no había podido obtener la entrevista con el Presidente. De nuevo, la información acompañada del ruego de no dar al hecho significado político sino sólo falta de tiempo del Presidente.

8. Aplicando la sabia norma de que “a porfiado, porfiado y medio”, al día siguiente (jueves 24 de diciembre, 1 PM), al concluir mi entrevista con Henry Kissinger (el poder detrás del trono), volví una vez más con mi reclamo. La reacción de Kissinger, extremadamente reveladora en muchos sentidos, se resume en algunas frases textuales:

K. ¿Cómo pidió usted la entrevista?

Yo. A través del conducto regular, el Departamento de

K. “You made a mistake. You went to the wrong people”.

Yo. …?

Mira entonces su reloj (ya eran cera de la 1 PM), mientras hace un gesto para alcanzar el citófono que lo conecta directamente con el Presidente. Se reprime y me dice “No; ya es muy tarde. El Presidente está almorzando. Déjeme ver si puedo arreglar algo para el sábado. Desgraciadamente yo estaré ausente la próxima semana, pero de todos modos veremos qué se puede hacer”. Y, todavía, un comentario adicional: “La solicitud en realidad no fue ni siquiera tramitada por esa gente. Lo prueba el hecho de que no pasó por mis manos…”.

9. El sábado no pudo hacer nada (Nixon se fue de “weekend” a Camp David). Por su parte Kissinger partió a California a trabajar en el nuevo “State of the World Report” que Nixon presentará al Congreso el 15 de febrero. Pero su oficina siguió preocupada del asunto, y, en forma personal, el “deputy” de Kissinger, el general Haig.

10. Finalmente, en la mañana del miércoles 30, día de mi partida de Washington, llamó personalmente el general para decirme que el Presidente me recibía ese mismo día al mediodía.

11. Al llegar a la Casa Blanca, me esperaba el propio general Haig, quien me llevó a la antesala del Presidente, donde esperamos durante una hora (reiteradas explicaciones por esta demora inusitada, debida a una reunión de emergencia del Presidente con todos los dirigentes del Senado pero también buena oportunidad para decide muchas cosas al segundo hombre de la oficina de Kissinger).

12. A la 1 PM se me hizo pasar. Asistió también el general. Nixon, en acogida muy cordial, se levantó de su escritorio y llegó hasta la puerta del “Oval room” para recibirme y darme mil explicaciones por el atraso de una hora. Se demostró bien informado de la situación chilena; hizo recuerdos muy entusiastas de su visita a Chile, en 1966 me parece, y convirtió lo que pudo ser una entrevista protocolar de 5 minutos en un ameno, movido y suelto diálogo de 30 minutos. En dos oportunidades ante un gesto mio para iniciar mi retirada, me retuvo planteando un nuevo tema o haciendo alguna pregunta o comentario adicional.

13. Con mucha frecuencia planteó sus puntos de vista sobre la situación política chilena y las relaciones entre ambos países. Algunas de sus frases se resumen a continuación:

—Nosotros somos pragmáticos, estamos preparados para entendernos con cualquiera y así lo hacemos.

—No puedo ocultarle que la llegada al poder del nuevo gobierno de Chile ha sido para nosotros motivo de gran preocupación. Y eso a nadie puede extrañarle, puesto que aparece favoreciendo planteamientos en política exterior que contradicen aspectos de la política exterior de los EE. UU. Lo que los chilenos hagan dentro de Chile en materia de política interna es obviamente un asunto que sólo a ellos incumbe y en lo cual nosotros no tomamos parte. Pero cuando se pasa al plano de la política exterior y se plantean en él contradicciones con nuestra propia política externa, no podemos permanecer impasibles, cuando somos afectados; al contrario, tendríamos que reaccionar de acuerdo con las circunstancias.

—Es evidente el derecho de cada país de llevar adelante una política de expropiaciones. No creemos en ella, pero si un país estima que así sirve mejor los intereses de su pueblo, es soberano para hacerlo, Sin embargo, si en ese proceso se ven afectados intereses de ciudadanos o de corporaciones norteamericanos, por no recibir adecuadas compensaciones, tendríamos que salir en defensa de ellos, como lo haría cualquier gobierno. Habría represalias de nuestra parte, evidentemente no de tipo militar, pero si de carácter económico.

—No conozco, desgraciadamente, al presidente Allende. Espero que tenga la visión y el poder político suficiente para preservar en Chile lo que constituye su mayor valor, que lo prestigia en la comunidad internacional y sobre todo en este hemisferio: su historia y su tradición democrática, su estabilidad institucional, su sociedad pluralista. Me dicen que el presidente Allende es una persona de probadas convicciones democráticas. Lo repito, no lo conozco, de modo que no puedo juzgar por mi mismo. Pero si sé que entre sus partidarios hay muchos que no tienen tal concepción. Por eso, le repito, depende del Presidente —y también de la oposición— que estos valores, esta sociedad pluralista, se mantengan en Chile. Eso es lo que yo, como sincero amigo de Chile, espero y deseo.

—Nosotros somos pragmáticos. Nos entendemos y estamos preparados para entendernos con cualquier país, con cualquier tipo de gobierno. Creo que esta convicción la hemos probado en la práctica. Sin buscar ejemplos lejanos, ahí está el caso del presidente Velasco en el Perú. No buscamos confrontación con nadie ni tomaremos iniciativa al respecto. Pero si se nos provoca, sabremos responder.

14. Finalmente, cabe hacer notar que esta entrevista concedida por Nixon a un Embajador que se va de Washington constituye un hecho desusado y, por tanto, de evidente contenido político. La mejor prueba de ello, conociendo la psicología de la administración Nixon, está precisamente en la afirmación del comunicado de prensa oficial de la Casa Blanca d respecto, en que dice que la audiencia no es desusada. Ese es el “low profile” nixoniano.

Domingo Santa María

31 de diciembre de 1970

Los grandes aires de estadista razonable que Nixon puede darse, después de ocho años de vicepresidencia, ocho años de ascesis política y varios ahora de Presidencia, no escondían del todo en esta entrevista las amenazas del imperialismo, “la bestia senza pace” de que habla el Infierno del Dante. “No podemos permanecer impasibles cuando somos afectados”, “tendríamos que reaccionar de acuerdo con las circunstancias”, “tendríamos que salir en defensa… de los intereses de ciudadanos o de corporaciones norteamericanas”. “Habría represalias de nuestra parte”, “si se nos provoca, sabremos responder”.

La mera existencia del gobierno de Allende era para EE. UU. una provocación. Pese a sus circunloquios moderados, Nixon no pudo abstenerse de decirlo al comienzo de la entrevista: “No puedo ocultarle que la llegada al poder del nuevo gobierno de Chile ha sido para nosotros motivo de gran preocupación”. Pero se abstuvo naturalmente de aludir a las acciones directas con que su gobierno había agredido a Chile en septiembre y octubre —conocidas públicamente en mano de 1972 y en marzo de 1973— y a las decisiones políticas tomadas por él durante el reciente noviembre de 1971, ya’ en aplicación mientras hablaba con el embajador chileno.

¡No disimuló tampoco la arrogancia! “Me dicen que el presidente Allende es una persona de probadas convicciones democráticas. Le repito, no lo conozco, de modo que no puedo juzgar por mí mismo. Pero si sé que entre sus partidarios hay muchos que no tienen tal concepción. Por eso, le repito, depende del Presidente”…

Simuló en cambio una fría prescindencia hacia la política interior chilena, diciendo que “lo que los chilenos hagan dentro de Chile en materia de política interna es obviamente un asunto que sólo a ellos concierne y en lo cual nosotros no tomamos parte”; distinguiéndola idealmente del plano de la política exterior, que concierne por cierto a EE. UU. Pero bajo esta engañosa dialéctica apuntó de inmediato el eslabón entre lo interno de los países extranjeros y la política exterior norteamericana, entre lo público y lo privado de Estados Unidos: los intereses de las corporaciones norteamericanas.

VII

Este es el primer principio de la política internacional de EE. UU.: la protección total de los intereses privados. Los intereses privados norteamericanos son los intereses públicos del gobierno de EE. UU., la razón de Estado del Imperio.

Por primera vez Chile oyó esta postulación, envuelta en las máximas del estadista, en la reunión de su embajador con el presidente Nixon el 30 de diciembre del 70. Muchas veces habían de escucharla más tarde los personeros del gobierno de la Unidad Popular, en formas cada vez más crudas, en boca de los agentes del Imperio (en las dos vueltas de conversaciones bilaterales sobre las divergencias pendientes, la última de las cuales en Washington en mano de 1974, y en París durante las negociaciones de la deuda externa).

Las nacionalizaciones, y esto corresponde al primer principio de la política internacional de EE. UU., debían ser compensadas.

En ese momento la nacionalización de la Gran Minería del Cobre era ya debatida en el congreso de la República de Chile.

En la práctica, todos los partidos políticos chilenos, inclusive los de derecha (a través de su senador Francisco Bulnes) habían expresado, en diversas ocasiones y formas, ,la necesidad y la urgencia de nacionalizar plenamente las compañías norteamericanas que explotaban el cobre de Chile. Prueba de que ello era reivindicación absoluta e histórica en Chile, fue que meses más tarde, a mediados de 1971, el texto de la reforma constitucional para nacionalizar la Gran Minería del Cobre, luego de una tramitación parlamentaria impecable y exhaustiva, fue ratificada por el Congreso de Chile por unanimidad absoluta y en presencia de todos los partidos (lo que fue mirado entonces hasta en China, por el presidente interino de la República Popular, como una verdadera anomalía).

El gobierno de Allende aplicó tan rectamente dicho texto constitucional que nadie nunca ni en Chile ni afuera insinuó que lo forzaba cuando se descontaron de las indemnizaciones, como proveía la Reforma autorizando esa nacionalización, las sumas percibidas por Kennecott y Anaconda que constituían “beneficios excesivos”. La Contraloría General de la República, que fue durante todo el período de la Unidad Popular, junto con la Corte Suprema, la institución interna más antagonista del gobierno, calculó conforme a la ley los descuentos por rentabilidades excesivas. (Contraloría y Corte Suprema comparten hoy el dudoso privilegio de ser las únicas instituciones de toda la administración pública chilena que la Junta ha declarado que conservar6 incólumes). El Tribunal que examinó las demandas de las compañías nacionalizadas respecto de sus indemnizaciones, fue admitido por ellas como plenamente válido y con jurisdicción durante todo el largo proceso a que Anaconda y Kennecott concurrieron, hasta su sentencia final.

Pero el gobierno de EE. UU., movido por su razón de Estado particular, desde mucho antes que la Reforma se aprobara y fuera ley, comenzó a presionar al gobierno de Chile respecto de la nacionalización. El gobierno de Chile estaba preparado para los argumentos jurídicos, políticos y económicos que el gobierno de Nixon y las compañías iban a desarrollar antes de la ley de nacionalización, durante el proceso de ella y cuando fuera aplicada. Se había previsto el desarrollo de las acciones de agresión que el sistema norteamericano ejecutaría en años plazo a pretexto del cobre.

En memorándum inicial anterior a la fecha de envío del proyecto de reforma constitucional al Congreso, el 13 de noviembre de 1970, se decía entre otras cosas:

La “equitatividad” (y el concepto de equidad) está en los casos de nacionalización, más condicionada que en los de expropiaciones por “los intereses de la colectividad”.

Aun cuando, en sentido estricto constitucional, las nacionalizaciones serían especie de expropiaciones, desde el punto de vista jurídico internacional, las nacionalizaciones (en especial las referidas a recursos básicos) tienen características genéricas que los tribunales deben (como lo han hecho en otros países) tomar en cuenta al interpretar las disposiciones constitucionales sobre expropiación cuando se trata de ese tipo de nacionalizaciones. Hay además necesidad de considerar la Resolución de Naciones Unidas sobre recuperación de recursos básicos.

En cuanto al monto de la indemnización en los casos de nacionalizaciones, en todos los casos de nacionalización a partir de la posguerra el cálculo de esa indemnización, y la correlativa interpretación de la “equitatividad”, no se ha hecho legal ni judicialmente sobre bases conmutativas sino bajo un concepto distributivo. Sólo así la equitatividad incorpora el concepto básico de “los intereses de la colectividad”. Hay numerosísimos precedentes históricos y argumentos jurídicos, filosóficos y morales, además de consideraciones económicas, que fundamentan esta afirmación general.

El día 21 de diciembre, en que el presidente Allende firmó en un acto público el proyecto de nacionalización (que fue llamado el día de la dignidad nacional), se agregaba en otro memorándum chileno, hablando del “arsenal legal” creado por EE. UU., dentro de su orden jurídico interno, para proteger las inversiones privadas en el extranjero. Varias de estas leyes, como las Enmiendas Hickenlooper y Sabbatino, fueron dictadas con especial atención a eventuales nacionalizaciones en América Latina, o como reacciones a las cubanas. Más relevancia en el caso chileno tuvo el sistema de seguros del Estado norteamericano en las inversiones privadas en el extranjero, a cargo de AID primero, luego de una corporación semipública llamada OPIC; estos seguros, al ser pagados por el fisco norteamericano, generan situaciones legales, políticas de enfrentamiento internacional entre gobiernos a propósito de intereses cuyo origen y naturaleza son privados. Por último, los Estatutos del Eximbank contienen también particularidades cuyo resultado es disuadir a terceros países de actuar con independencia económica.

Memorándum

Ref. Aspectos internacionales relacionados

con disposición constitucional

que nacionaliza el cobre.

2. Aun cuando el carácter “sancionatorio” de la enmienda Hickenlooper (articulo 620 núm. 5 letra e sección (1) subsecciones (A) y (B), de la ley sobre ayuda externa de EE. UU.) se refiere a suspensión de asistencia económica a los países cuyos actos se adaptan a ella, lo cual carece de relevancia en el caso chileno, esa disposición norteamericana tiene importancia porque establece el “criterio” del gobierno de EE. UU. sobre la legalidad o ilegalidad internacional del acto nacionalizador; “criterio” en el que EE. UU. se basaría para actuar frente al respectivo país en otros foros y materias. Conviene señalar que mientras la subsección (A) de la enmienda Hickenlooper se refiere al país que haya “nacionalizado, expropiado o asumido el dominio o el control de propiedad en poder de un ciudadano de EE. UU. o de una corporación, sociedad o asociación en la cual haya no menos de un 50 % de dominio de ciudadanos norteamericanos”, la subsección (B) se refiere al país que haya “tomado medidas para repudiar o anular contratos o acuerdos vigentes con un ciudadano de EE. UU. o una corporación, sociedad o asociación en la cual haya no menos de un 50 % de dominio de ciudadanos norteamericanos”.

3. Conviene asimismo tener presente la llamada enmienda Sabbatino (mismo articulo 620 de la ley sobre ayuda exterior de EE. UU., núm. 5 letra e sección (2)). Su objeto es contrarrestar la doctrina sentada por la Corte Suprema de EE. UU. en el llamado “Sabbatino case” (derivado de una de las nacionalizaciones cubanas), en la cual dicha Corte determinó —con validez general— que: “las cortes de EE. UU. están impedidas de inquirir en lo concerniente a la validez de las expropiaciones de propiedades privadas dentro de s11 propio territorio, por parte de un gobierno soberano extranjero reconocido por los EE. UU., en ausencia de un tratado u otro acuerdo que establezca principios legales de control (de estas situaciones), aun si la demanda arguye que esos actos (de expropiación o nacionalización) violan el derecho internacional consuetudinario”. Esta doctrina de la Corte Suprema de EE. UU. (establecida en 1962), llamada “la doctrina del acto de Estado”, fue contrarrestada por el precepto señalado, que dice: “No obstante cualquier otra disposición legal, ninguna corte de EE. UU. podrá dejar de conocer (un asunto) sobre la base de la doctrina del acto de Estado, (y deberá por ende) juzgar de acuerdo con los méritos (del caso) conforme a los principios del derecho internacional, en los casos en los cuales (hay) una demanda, titulo u otro derecho de propiedad sostenido por cualquier parte incluyendo a un Estado extranjero (o a una parte que demanda a través de tal Estado), fundado en lo que se puede determinar a raíz de una confirmación a otra toma (de control) posterior al 1 de enero de 1959, a causa de un acto de Estado en violación de los principios del derecho internacional, incluyendo los principios sobre compensación y otros criterios establecidos en el presente precepto” (se refiere a los criterios señalados más arriba y que corresponden a la enmienda Hickenlooper). Esta “enmienda Sabbatino” tiene ‘dos excepciones que en resumen son: 1) que el acto del Estado extranjero no sea contrario al derecho internacional; y 2) “todo caso respecto del cual el Presidente (de los EE. UU.) determine que se requiere en ese caso especifico la aplicación de la doctrina del acto de Estado, a causa de los intereses de política exterior de EE. UU.”. La relevancia de esta disposición está en la posibilidad de que, conforme a ella, se produzca discusión judicial promovida por los intereses privados norteamericanos, ante tribunales de EE. UU. por cierto en ausencia de la parte nacional, pero provocando el debate público que es de imaginar, y generando eventualmente medidas judiciales de embargo u otras.

4. El sistema de seguro de AID (ahora OPIC), agencias de gobierno de EE. UU. contra riesgos de expropiación, respecto de inversiones norteamericanas en el extranjero. Este sistema opera en EE. UU. aunque no exista (como en el caso de Chile) convenio internacional con EE. UU. sobre seguro contra este riesgo. De hecho opera como si la agencia de gobierno de EE. UU. fuera un asegurador privado. Cualquiera que sea el juicio sobre la validez legal para Chile de este sistema, [palabras ilegibles] al menos dos efectos; a) una vez agotada por el particular asegurado, la vía normal de las reclamaciones por el acto de expropiación (o nacionalización), se declara afectado por el riesgo y cobra el seguro a la agencia. Ésta, por lo tanto, va examinando paralelamente al particular las circunstancias legales y de hecho del acto de nacionalización (expropiación), pues puede verse obligado a pagar el seguro, lo cual significa —desde el punto de vista norteamericano— una preocupación legítima de su gobierno respecto de este proceso ocurrido en país extranjero. b) Una vez cobrado el seguro por el particular, la agencia de gobierno norteamericana se subroga legalmente los derechos y expectativa del particular, pasa a ser titular de ellos, y como tal se enfrenta al gobierno extranjero que sería su contraparte. Por cierto este último puede sostener con toda razón que el acto de Estado de nacionalización sólo involucra al Estado que lo ejecuta y a los intereses particulares afectados, y en ningún caso al gobierno del cual sean ciudadanos éstos; pero —desde el punto de vista interno norteamericano— esa subrogación es legitima y el Estado norteamericano tendría que buscar los medios para resarcirse de las cantidades desembolsadas para pagar el seguro.

Hay que señalar que —según nuestro conocimiento— las cantidades aseguradas por los intereses norteamericanos del cobre en Chile, serían superiores a las sumas netas que tendría que pagar como asegurado la agencia de gobierno de EE. UU. a cargo del seguro: hoy OPIC. Sin embargo, conviene también señalar que las sumas aseguradas —también conforme a nuestras informaciones— [palabras ilegibles] inferiores al monto total que las compañías atribuyen a sus intereses (equipos, instalaciones, [palabra ilegible]) en Chile.

5. Hay que tomar en cuenta, además, la situación estatutaria del Eximbank, que es asimismo una verdadera agencia de gobierno de EE. UU., cuyos estatutos son ley norteamericana; y la situación legal de los préstamos del Eximbank para inversiones en el cobre: la cual involucraría —aunque lo decimos con mucha cautela por no contar con ningún antecedente directo sobre la materia— una especie de “garantía” del Eximbank relativa a los acuerdos de [fecha ilegible].

Santiago, 31 de diciembre de 1970

Esto era complementado pocos días después por un examen algo más detallado sobre la indemnización en las nacionalizaciones.

c] Indemnización

Estados Unidos sostiene como lo ha hecho invariablemente que la nacionalización exige como condiciones de validez internacional que se pague una indemnización “adequate, prompt and effective”.

Es necesario aquí separar dos aspectos diferentes:

Uno de ellos es la existencia de la obligación de indemnizar y el otro es la fijación del monto de la indemnización. El primero de estos aspectos no originará problema puesto que la reforma configura claramente el deber de indemnizar. En lo que toca al segundo, Estados Unidos sostendrá que indemnización “adequate” es la indemnización que o tiene el carácter de conmutativa representando el valor comprendido del expropiado, o que para ser equitativa debe acercarse considerablemente a ese valor.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico puede discutirse si existe o no en derecho internacional alguna regla que se refiera directamente al monto de la indemnización en términos tales que una suma inferior a lo que podría llamarse el promedio legal haría de la nacionalización un hecho ilícito. Puede responderse a esta duda invocando una muy numerosa práctica estatal sobre todo posterior a 1945 que deja de manifiesto que prácticamente ninguna nacionalización ha conducido al pago de una indemnización conmutativa ni siquiera en los casos del Reino Unido y Francia en 1946. Aún mis, las nacionalizaciones ocurridas en Europa Oriental, en Indonesia, en Ceylán, en Túnez, en México, entre otras, concluyeron en la suscripción de acuerdos globales de indemnización en los cuales el monto finalmente aceptado por el país del inversionista afectado fue sensiblemente inferior al valor conmutativo. Nos remitimos a memorándum de Armando Uribe de 5 de enero sobre “Precedentes sobre monto de indemnización efectivamente pagada en nacionalizaciones extranjeras”.

Así terminó en mano esta segunda rueda en el “diálogo” entre Chile y EE. UU. John Crimmins, antiguo embajador en la República Dominicana al día siguiente de la invasión de los Marines en 1965, donde había trabajado con el mismo consejero Schlaudemann —el hombre clave antes, durante y después de tal intervención y segundo en la Embajada en Santiago bajo Korry y bajo el actual embajador Nataniel Davis, quien venía a su vez de Guatemala—, había cumplido el papel que le encomendaran.

En ese momento las cartas norteamericanas estaban sobre la mesa. El momento de la intervención y el plan concreto que se aplicara en Chile, era cuestión de tiempo y de circunstancias internacionales ajenas en buena parte a este país. El gobierno chileno lo preveía. Con fecha 13 de abril el Ministro de Relaciones Exteriores preparó un trabajo sobre la materia. Ahí se decía:

Las razones fundamentales para sostener que no hay principios de derecho internacional que regulen la expropiación con indemnización “equitativa, pronta y efectiva” son:

1] No hay tratado internacional que la consagre.

2] Los tratados específicos (del pasado) que la pudieron contemplar, no tienen valor general alguno, sobre todo después del proceso nacionalizador de la segunda posguerra.

3] La práctica de los Estados después de la guerra (y aún antes como se ha visto), la contradice.

4] La Resolución 1803 de Naciones Unidas, aprobada por casi unanimidad y con los votos de todos los países capitalistas, la excluye, consagra la teoría de la nacionalización, y en materia de indemnización habla de “correspondiente’: que es precisamente distinto que “equitativo”.

5] Los acuerdos y tratados bilaterales de suma alzada o “lump sum agreements” confirman los principios de la nacionalización y excluyen los de la expropiación clásica; aun cuando no se concluya que forman práctica internacional porque son sui generis, dado que esto ocurre por la intromisión en esos acuerdos de situaciones ajenas a las nacionalizaciones.

6] La expropiación en sentido clásico ha casi desaparecido en la práctica de los Estados (en cuanto afecta intereses extranjeros).

7] La expropiación con indemnización conmutativa es ilógica, pues hace depender la validez del acto de nacionalización no de sus fundamentos jurídicos sino de la capacidad de pago del respectivo país.

El 1 de enero de 1971, apenas iniciado el proceso constitucional de Reforma, se añadía en pasajes de otro memorándum:

Ref. Medidas preventivas frente a

eventuales reacciones norteamericanas

respecto a la nacionalización del cobre.

Hay que observar que la naturaleza especial (y quizás sin precedentes internacionales) de que la nacionalización del cobre en Chile se produce a través de una reforma constitucional que está iniciando su tramitación legislativa, debería dificultar o retardar una eventual reacción norteamericana, pues no puede en ningún caso sostenerse que se produzca el acto de nacionalización o expropiación en los términos del proyecto sino cuando éste se encuentra en plena vigencia y se produzcan los actos correspondientes; por más que el acto político que señala la voluntad del gobierno de Chile pueda aparentemente identificarse con la presentación del Proyecto mismo.

Sin embargo conviene tener presente, para evaluar la índole de las eventuales reacciones norteamericanas, la alusión ya hecha por autoridades de ese gobierno a reacciones o represalias de carácter económico si se vieran afectados intereses de ciudadanos o corporaciones norteamericanas por no recibir adecuada compensación, lo que políticamente es ya una reacción actual, aunque sea anticipada desde el punto de vista jurídico.

Poco después, un trabajo colectivo presidido por el ministro de Relaciones Exteriores (Clodomiro Almeyda), complementaba estos planteos, pero observaba:

Obviamente, en el presente estudio no se han considerado los efectos del proceso de nacionalización en diversos aspectos de las relaciones internacionales entre Chile y el gobierno de Estados Unidos, tales como incidencia de este proceso en los suministros al país, en la actualidad fuertemente dependiente de equipos, tecnología y repuestos provenientes de los Estados Unidos; los efectos reflejos en el sistema financiero europeo, de Japón y otros países exportadores de capital, y en general la significativa influencia que el gobierno de Estados Unidos puede ejercer en las fuentes multinacionales del financiamiento internacional tales como el Banco Mundial (y sus filiales) y el Banco Interamericano de Desarrollo, fuentes que el sector público chileno ha estado utilizando en términos importantes en el transcurso de los últimos años.

Tampoco se han considerado los eventuales efectos que una acción del gobierno de Estados Unidos podría tener en el plano del comercio internacional de los productos chilenos a través de medidas no sólo bilaterales sino de aquellas que puedan distorsionar el comercio de Chile con distintos países del mundo y el mercado mundial de productos chilenos.

El Informe internacional de fondo en esta etapa tuvo fecha de 28 de enero. Contemplaba las posibles represalias de EE. UU. por motivos políticos contra Chile, y entre ellas:

1. Decisión del Eximbank, con probable efecto de demostración e influjo sobre bancos privados y otros centros financieros norteamericanos y de terceros países, de cortar las líneas de crédito en las operaciones financieras con Chile.

3. Decisión de las empresas norteamericanas afectadas de deducir ante tribunales de justicia de todos los países a los cuales es exportado el cobre de la gran minería chilena, acciones reivindicatorias con peticiones conexas de embargo y otras medidas precautorias, sosteniendo que el acto de nacionalización es internacionalmente ilegal, dados sus términos, sobre todo en lo que se refiere a indemnización; y que, por lo tanto, ese acto no ha producido transferencia del respectivo cobre d estado chileno y que el dominio de él o al menos la administración de las operaciones comerciales de venta del cobre corresponde a dichas empresas.

Frente a esas y otras medidas norteamericanas previstas, se estudiaban las contramedidas chilenas. Por ejemplo, respecto a las eventuales acciones de embargo en Europa y otros lugares, se puntualizaba:

3. Frente a la posibilidad de acciones reivindicatorias que dedujeren las compañías ante tribunales de los países a los cuales sea exportado el cobre proveniente de Chile, hay defensas jurídicas y políticas chilenas en el sentido de que las empresas norteamericanas (Anaconda, Kennecott, etc.) no pueden ejercer acción reinvindicatoria ni solicitar precautorias respecto del cobre chileno porque ellas no tienen actualmente ni han tenido en los últimos años dominio directo sobre ese cobre, no sólo debido a la nacionalización, cuya validez hay que sostener por cierto en términos internacionales, sino además porque el cobre es de dominio de las sociedades anónimas constituidas en Chile en las cuales aquellas empresas tienen acciones minoritarias.

Esto no era adelantarse demasiado en las defensas. EE. UU. estaba al ataque.

El 29 de marzo y mientras aún el Congreso consideraba el proyecto de nacionalización, el embajador Korry, que no dejaba todavía su cargo, se entrevistó con el ministro de Relaciones chileno Clodomiro Almeyda y le dijo que las disposiciones del proyecto, en su etapa actual, contendrían “anulación” de compromisos contraídos por el gobierno anterior, especialmente respecto a modalidades operativas para hacer efectivo el pago del 51 % de las acciones compradas por Chile; y concretamente lo relativo a los pagarés sobre Nueva York.

Respecto de la indemnización, abundó en el sentido de que ella debe basarse en el valor comercial, incluyendo el valor de los depósitos minerales no explotados y además ser pronta y efectiva; refiriéndose especialmente a que las deducciones al monto de la indemnización contempladas en el proyecto, por “rentabilidades excesivas”, según él son: 1] una forma de castigo para las compañías; 2] hostiles hacia EE. UU.; 3] especialmente injustas dado que el gobierno de EE. UU. garantizó las inversiones de las compañías sobre la base de compromisos contraídos con anteriores administraciones.

Se deduce indirectamente de estas observaciones que el gobierno de EE. UU. estimaría que las normas del proyecto en materia de indemnización, especialmente las que se refieren a deducciones por rentabilidades excesivas, tienen los siguientes caracteres: 1] falta de validez internacional y 2] una especie de carácter de represalia (respecto de las compañías) y de agresión económica para EE. UU.

Se deduce, también indirectamente, que el gobierno de EE. UU. objeta las normas sobre indemnización, y en especial las relativas a “rentabilidades excesivas”, en cuanto él sería futuro y eventual titular de derechos al respecto, en virtud del sistema de seguros.

Se deduce, además, directamente, que para el gobierno de EE. UU. la indemnización por el valor de los yacimientos mineros no explotados, debe formar parte del valor comercial indemnizado.

Frente a todo lo anterior y en general en relación con el proyecto de nacionalización7 reiteró la conveniencia de que el gobierno de Chile adopte una actitud flexible. Entiende por ello, como se deduce de varias partes de su exposición: a] modificaciones al proyecto en las materia señaladas; b] conveniencia de negociación con las compañías sobre todas estas materias antes que se apruebe el proyecto. Para ello ofrece la asistencia de su gobierno para poner en marcha el proceso negociador.

Señala que, de no ocurrir lo expresado en el punto anterior, las cuestiones respectivas se transformarían en problema a nivel intergubernamental. Califica este problema expresando que ello se traduciría en empeoramiento de las relaciones entre EE. UU. y Chile.

Los planteos oficiales de Korry, previstos desde tiempo antes en los trabajos del gobierno chileno, significaban esta vez que EE. UU. abría el fuego. No sólo golpeaba la mesa amenazando, sino que amenazaba en una materia de carácter formalmente privado con las compañías particulares norteamericanas, expresando que su gobierno quería ofrecer “su asistencia” en ella. El mito de la prescindencia oficial norteamericana en asuntos privados, a que aludiera Robert Kennedy en Chile cinco días antes, volvía a ser refutado por los hechos: “De no ocurrir lo expresado, las cuestiones respectivas se transformarían en problema a nivel intergubernamental. Ello se traduciría en empeoramiento de las relaciones entre EE. UU. y Chile”. Los intereses del gobierno de Estados Unidos se identificaban con los intereses privados de las compañías. Si Chile no cedía, el gobierno de EE. UU. estaba dispuesto a intervenir, y amenazaba con todo su poder sancionatorio (“empeorarían las relaciones”…), a menos que Chile aceptase una intervención previa que Estados Unidos llamaba “la asistencia de su gobierno para poner en marcha el proceso negociador”… Y todo esto lo planteaba Korry ejecutando un evidente acto intervencionista en los asuntos chilenos: pues formulaba estas graves amenazas al gobierno de Chile mientras el proyecto de reforma constitucional seguía su plena tramitación regular en el Congreso de la República.

Pero este acto norteamericano tenía aún otra característica esencial: Estados Unidos había elegido a principios de 1971, antes de aplicarse la nacionalización y aun antes de haber sido aprobada, el terreno formal en que concentraría a la luz pública su conflicto con Chile: la nacionalización del cobre.

Para EE. UU., frente a Chile, ésta sería —como dijo luego Charles Meyer más de una vez en Washington— “la piedra en el camino” de las relaciones entre ambos. En las formulaciones oficiales norteamericanas ello iba a ser, durante los años siguientes, la cuestión pendiente y el conflicto no resuelto entre los dos países. Ah, si ella fuera removida no habría problemas entre EE. UU. y Chile…

El gobierno norteamericano hizo durar esta cuestión pendiente todos estos años. La proponía y reproponía en cuanta reunión tuvo lugar. Hasta rechazó la aplicación del solemne Tratado para la Solución de las Dificultades que Surgieren entre Chile y los Estados Unidos de América, firmado en Washington en 1914, ratificado por ambos países y en plena vigencia en 1973, documento básico de la relación entre ambos estados.

El gobierno de Nixon necesitaba que la cuestión del cobre estuviese pendiente. Era su única cobertura para los actos de agresión mucho más graves que estaba ejerciendo y continuaría escalando contra Chile.

Sin embargo, esta cobertura resultaba bien magra. La naturaleza de la nacionalización del cobre chileno; la forma política y jurídica impecable con que esta decisión nacional había sido adoptada: una reforma escrupulosa de la Constitución política del Estado aprobada por la unanimidad del Congreso; la tramitación, con presencia de las compañías ante los Tribunales, del juicio contradictorio de establecimiento de compensaciones, y el descuento, evaluado por la Controloría General, de las rentabilidades excesivas; el volumen realmente excesivo de los beneficios que las compañías habían percibido en sus operaciones chilenas (causa de lesión enorme para Chile, y varias veces el que las mismas Anaconda y Kennecott recibieron durante los mismos años de sus minas en EE. UU. y otras partes); la propia fórmula jurídica del “descuento por utilidades excesivas”, dificilísima de atacar internacionalmente en teoría y en la práctica ante tribunales extranjeros y mucho menos en Naciones Unidas y otros foros políticos; todo ello impedía a Estados Unidos usar amplia y públicamente el terreno elegido para formalizar su controversia internacional con Chile.

El gobierno de Washington no se había encontrado antes, en otros casos de nacionalización de intereses suyos, con tales problemas. Lo de Chile no podía ser calificado de un “despojo”, de un “take-over” arbitrario, discriminatorio, con denegación de justicia, ajeno al derecho público internacional. No podía alegarse políticamente que era la obra de facto y de fuerza de un gobierno ilegitimo. El gobierno de Chile era legitimo, Chile era una democracia, había separación de poderes, imperaba la regla de derecho, se reconocían las libertades de las personas jurídicas y naturales y se respetaban —más que en otras democracias— los restantes derechos civiles, había igualdad ante la ley y la justicia para extranjeros y nacionales, y las facultades de las compañías como las de todos estaban garantizadas conforme a la ley interna y al derecho internacional. Chile era legitimo, la nacionalización invulnerable. EE. UU. no osó nunca llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La mayoría de las contramedidas previstas en los estudios del gobierno para eventuales ataques jurídicos norteamericanos no requirieron ser puestas en marcha. Cuando Kennecott inició en 1972 los pleitos de embargo en países de Europa, era una acción de interferencia económica lo que perseguía, crear la apariencia de que el cobre chileno era cosa en litigio y perturbar su compraventa. Los juicios no podían prosperar; la táctica de EE. UU. en esto era mantener el máximo de tiempo pendientes los juicios para distorsionar el mercado del cobre chileno; aquellos que pudieron prolongar, no estaban siendo favorables par lo demás a Kennecott, y varias demandas habían sido rechazadas. Se trataba asimismo de una acción política: los embajadores norteamericanos en las capitales de Europa donde se produjeron los juicios visitaron los respectivos Ministerios de Relaciones para expresar el interés del gobierno de EE. UU. en la cuestión (así ocurrió en Francia, por ejemplo, en 1972); los países europeos comprendieron —aun antes de estas notificaciones— que los juicios de embargo del cobre simbolizaban la voluntad política del gobierno de Nixon de aplastar a Chile por todos los medios. El asunto de la nacionalización del cobre fue manejado por EE. UU. como un símbolo explicito de su discordia esencial con Chile y de su decisión final respecto al gobierno de la Unidad Popular.

No era un instrumento óptimo, pero era el único disponible que podían confesar en público. Además, la fórmula chilena sobre indemnizaciones en materia de nacionalización, la doctrina de las utilidades excesivas (que fue llamada “doctrina Allende”), anunciaba riesgos inéditos para los inversionistas, en una época de nacionalizaciones múltiples, debido justamente a lo impecable de sus fundamentos jurídicos y a lo invulnerable de su presentación internacional.

El gobierno de Nixon en suma no encontró más justificación internacional contra Chile que el cobre nacionalizado. No era una buena causa formal ni daría demasiado motivo de agresión por si misma. No disponían de otro terreno formal de disputa; concentraron públicamente su conflicto con Chile en el cobre.

Pero esta elección necesaria era puramente táctica.

En el conflicto del gobierno de EE. UU., en el de Nixon y Kissinger con Chile, no era el cobre el objeto sino un pretexto.

El objeto del conflicto era Chile mismo.

VIII

Durante todo el período inicial de aplicación de la política acordada por Washington en noviembre, Estados Unidos requería producir una impresión internacional de cierta prudencia y moderación. No podía tratar visiblemente a Chile, una democracia con un gobierno legitimo capaz de sobreponerse a maquinaciones del tipo desarrollado en septiembre y octubre, y que despertaba la atención de muchos otros países, como a una nación y un gobierno fuera de la ley internacional.

El Dr. Kissinger volvió entonces a reunir a un grupo de periodistas en un “background briefing” para hablarles de la actitud de su gobierno hacia Chile. Este sistema, que usó tan frecuentemente entre 1969 y 1973 para inyectar en los medios de opinión las concepciones que según los momentos eran tácticamente provechosas para EE. UU. —recuérdese la utilidad que le prestaron en su política sobre Vietnam e Indochina (la obra de Landau citada, se basa en buena parte en el análisis de estas declaraciones confidenciales)— fascinaba a los periodistas y los hacia dóciles vehículos de las ideas que al Dr. interesaba agitar. Se trató, como a menudo en estos “briefing”, más bien de una operación diplomática a distancia, un “mensaje” que servia para ocultar la verdadera política, que de una manifestación sincera de propósitos y puntos de vista. Por otra parte, tranquilizar a Chile y al resto del mundo en cuanto a las intenciones norteamericanas era, a esa fecha inicial, posible y conveniente para EE. UU., cuya política desde noviembre contemplaba hacer durar el caso chileno para ir deteriorándolo a través de agresiones económicas y otras a fin de hacer de él un ejemplo frente al cual terceros países escarmentaran.

En despacho de Associated Press, proveniente de Washington el 3 de enero de 1971, se decía:

Dos meses después de la subida al poder de un gobierno izquierdista en Chile, Estados Unidos parece decidido a evitar toda medida que pueda precipitar a ese país en la órbita soviética.

La política fue descrita la semana pasada por un alto funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que una hostilidad abierta por parte de Estados Unidos hacia el gobierno del presidente Salvador Allende podría ocasionar, en ese país, un brote de sentimientos nacionalistas que lo llevase como resultado a abandonar la comunidad hemisférica.

“Si Chile se mueve hacia Cuba, dijo el funcionario, no se puede decir que Estados Unidos lo esté impulsando”. “Las líneas de comunicación con Chile permanecieron abiertas”.

El funcionario, que no pudo ser identificado por su nombre según las normas, es el mismo que había adoptado una opinión decididamente alarmista en vista de los acontecimientos en Chile cuando se reunió con periodistas poco después de las elecciones en esa nación, el 4 de septiembre.

En aquel momento predijo que el gobierno de Allende produciría “problemas en gran escala” para Estados Unidos, y podría tener un efecto perturbador en la Junta de Defensa Interamericana y en la Organización de Estados Americanos.

En su reunión con la prensa la semana pasada, el funcionario no llegó a reiterar sus preocupaciones previas, y dio la impresión que Estados Unidos está alentado por el curso del gobierno de Chile durante los dos meses pasados.

Allende restableció relaciones diplomáticas con Cuba y anunció planes para la nacionalización de los intereses mineros norteamericanos en Chile, pero en opinión de los funcionarios, ninguna de esas acciones causa demasiadas preocupaciones. Observaron que el nuevo gobernante ha eludido criticar directamente a Estados Unidos y ha prometido indemnizar a las compañías mineras norteamericanas.

Hay otras razones que los funcionarios dan para considerar que Chile no se convertirá en “otra Cuba”. Indican que, a diferencia de Allende, Fidel Castro no fue elegido jefe de Estado y no tenía un congreso ante el cual dar cuenta de sus actos.

Además, la revolución prometida por Allende no presenta un contenido antinorteamericano en el grado demostrado por Fidel Castro en la pasada década.

Por otra parte, Estados Unidos parece decidido esta vez a evitar toda acción hacia Chile que pueda considerarse como provocativa. No hubo tal moderación hace diez años, cuando Estados Unidos trató de derrocar al gobierno de Castro por medio de la suspensión de la cuota aduanera cubana.

A partir de ese momento, Cuba incrementó su sentimiento antinorteamericano y quedó cada vez más dependiente de la ayuda económica de la Unión Soviética. Al cabo de los seis mesa de suspensión, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se rompieron y Cuba se unió firmemente al bloque soviético.

Sintomáticamente, este “alto funcionario de la Casa Blanca”, “el mismo que había adoptado una opinión decididamente alarmista en vista de los acontecimientos en Chile cuando se reunió con periodistas poco después de las elecciones en esa nación” (es decir, en su briefing de Chicago el 15 de septiembre, del cual el despacho de enero cita frases textuales), se abstenía ahora de “reiterar sus preocupaciones previas”. Incluso al hablar de “la nacionalización de los intereses mineros norteamericanos en Chile” que, decía, estaba entre los “planes” anunciados por Allende (en circunstancias de que el gobierno chileno había enviado ya públicamente un Proyecto completo de texto constitucional que los nacionalizaba), Kissinger opinó ante su auditorio que “ninguna de esas acciones causa demasiadas preocupaciones”. Pero de inmediato, enviando así un mensaje indirecto reiterativo del muy concreto de Nixon al embajador chileno el 30 de diciembre, subrayaba, con típica argucia diplomática (sustituyendo el “debe ser así” por un falaz “usted ha dicho que así sería”), que Chile “ha prometido indemnizar a las compañías mineras norteamericanas”. Chile no había comunicado a Estados Unidos ninguna promesa en tal sentido ni en ningún otro. El gobierno de Chile había enviado al Congreso Nacional un proyecto constitucional que contemplaba simultáneamente las indemnizaciones y los descuentos legales a ellas.

La moderación de las palabras de Kissinger anunciaba el estilo de aparente rectitud que EE. UU. iba a adoptar en público hasta marzo de 1973 cada vez que se refería a Chile. Se trataba de adormecer a las opiniones públicas y —si era factible— al propio gobierno chileno. “Estados Unidos parece decidido esta vez a evitar toda acción hacia Chile que pueda considerarse como provocativa”. Lo hacia precisamente para desarrollar mejor, bajo cobertura y con recurso a métodos sorpresivos, sus acciones clandestinas en el campo económico y adelantar la intervención decisiva que vendría. En realidad esta engañosa prescindencia norteamericana en las palabras, que les permitía —y aun después del golpe creen que les permitiría— aparentar estupefacción y hasta indignación cuando no desdeñosa indiferencia (“selfrighteousness” se llama esto en inglés) frente a las denuncias de sus agresiones, formó parte integral del nuevo sistema de intervención política aplicado por EE. UU. en Chile. La aparente decisión (“Estados Unidos parece decidido”) de evitar esta vez toda acción hacia Chile que pueda considerarse como provocativa, era la vía escogida para desenvolver las provocaciones. No por azar se dijo que EE. UU. hacia de Chile un Vietnam invisible y silencioso. La actitud norteamericana descrita por Kissinger en enero de 1971 correspondía línea por línea a lo que era, según las autoridades del Departamento de Estado, la actitud de EE. UU. hacia Chile en la segunda mitad de 1970 (basta rememorar las palabras del alto funcionario al periodista chileno, reproducidas en la p. 73, y las observaciones del trabajo previo a las elecciones de septiembre acerca de la posición del Departamento de Estado, en la p. 74, que reflejaba numerosas conversaciones con Charles Meyer y demás autoridades del Departamento, y un análisis completo de la actitud política de éste y el estilo que adoptaba). Ello confirma la conclusión probada de que Kissinger y la Casa Blanca habían optado en noviembre por el programa elaborado en el State Department para Chile, aunque incorporándolo en el esquema global del National Security Council. Bajo aquellas palabras tranquilizadoras sobre la prescindencia norteamericana, en septiembre y octubre se ejecutaron las medidas provocativas que conocemos, tomadas al más alto nivel de gobierno. Bajo las nuevas palabras de abstención, pronunciadas ahora por el propio Kissinger, se ejecutarían los actos de provocación conocidos.

¡Cuántas otras veces no habrá Henry Kissinger expuesto puntos de vista sucesivos sobre Chile en los años 1971 a 1973! Por el momento no se cuenta con su texto. Pero en cambio se dispone del recuento de los hechos concretos de agresión, lo que es más relevante.

Reduciéndose a los hechos en el solo plano financiero, o sea a algunas manifestaciones calculables de la acción general norteamericana contra Chile, el trabajo inédito de los dos funcionarios chilenos, a que se remite asimismo el capitulo 11, anotaba a comienzos de 1973:

En este campo se ha jugado una parte importante de la estrategia tendiente a obstruir y aun a derribar el Gobierno Popular. La asfixia financiera es la forma menos visible de ataque al país y con ese propósito actuaron los bancos privados norteamericanos, las agencias financieras gubernamentales como el Eximbank y el AID, y los organismos internacionales donde EE. UU. ejerce una influencia decisiva.

En efecto, a la salida de capitales ocurrida inmediatamente después de la elección se sumó una rápida restricción de los créditos otorgados por los organismos que tradicionalmente efectuaban operaciones financieras con Chile. Basta señalar algunos hechos.[*]

a] En julio de 1971 el Eximbank rechaza un crédito para compra de aviones.

b] En ese mismo período el Departamento de Estado envía cartas a sus representantes en el BID y al Banco Mundial para rechazar las solicitudes de créditos de países que expropian sin compensar.

c] Desde 1971 hasta ahora, declaraciones públicas genéricas del presidente Nixon, del secretario de Estado W. Rogers y de otros funcionarios en el sentido que las expropiaciones sin compensación pueden afectar la ayuda externa a los países subdesarrollados, circunstancia que de por si constituye una amenaza no sólo a Chile, sino al Tercer Mundo a propósito de Chile, y procuraba incluso presionar a otros países dependientes para que aislasen a Chile.

d] A los hechos anteriores se suma la acción concreta de Braden Co. en enero de 1972, la cual demanda a la Corporación del Cobre de Chile. Se retienen todos los depósitos en las cuentas de 1 s principales agencias estatales chilenas en Estados Unidos. Con posterioridad y a lo largo de 1971 y siguiente, esta empresa intenta embargos en varios países europeos.

e] En febrero de 1972 Anaconda por su parte entabla una demanda contra Codelco y pide embargo de cuentas de Codelco y Corfo. Se afectaron los suministros de repuestos y otros bienes que para Codelco estaban en poder de los embarcadores.

f] Los bancos norteamericanos fueron reduciendo sus operaciones de financiamiento de importaciones en los siguientes montos:

Nov. 70 — 220 millones de dólares.

Nov. 71 — 88 millones de dólares.

Ene. 72 — 36 millones de dólares.

Dic. 72 — 32 millones de dólares.

g] En todo el período de gobierno Chile no ha recibido ni un solo nuevo crédito del Banco Mundial, a pesar de disponer de proyectos entregados que cumplían los requisitos corrientes de rentabilidad y eficiencia.

Considerando que sectores y empresas estratégicas de la economía se abastecían de Estados Unidos, la reducción y el corte de las líneas de crédito de los bancos privados, estatales e internacionales, unida a las rigideces tecnológicas que impiden un desplazamiento inmediato del comercio hacia otros países, muestra la voluntad de afectar en forma decisiva el funcionamiento económico de Chile.

El país se veía obligado, en estas circunstancias, a utilizar sus recursos externos para la marcha normal de la economía y debió restringir el pago de los servicios de la deuda. En 1971 tales servicios alcanzaron el 35 % del valor de las exportaciones. La renegociación de la deuda fue la salida buscada por el gobierno para solucionar el problema en el marco de un acuerdo.

En general podemos expresar que la estrategia seguida por los diversos agentes ha sido coincidente, pero en el plano táctico han existido ciertas diferencias.

La banca norteamericana privada adoptó una actitud más flexible para la renegociación de la deuda que el gobierno norteamericano. Se llegó con ella a acuerdos para refinanciar la deuda a 8 años plazo. Este acuerdo se alcanzó antes de la renegociación de la deuda con los gobiernos y agencias estatales de Estados Unidos, Europa y Japón y los términos fueron más favorables para Chile. (Es necesario destacar que el paso al área estatal de las filiales de los bancos norteamericanos en Chile, se hizo sobre la base de negociaciones directas que culminaron con el acuerdo de ambas partes).

En cuanto a las agencias financieras que pertenecen al gobierno de Estados Unidos, Eximbank y AID, ellas mostraron gran dureza. La importancia del no otorgamiento de créditos de largo plazo por el gobierno de Estados Unidos queda en evidencia al observar que, en los últimos años, cerca del 50 % de los equipos se traía desde ese país (en algunas empresas claves ese porcentaje llegaba a 90 % y al 100 %) y que el parque industrial total existente en Chile está compuesto en un porcentaje aún mayor por maquinaria de los Estados Unidos. En consecuencia, la reposición del parque industrial y, por lo tanto, la mantención de los niveles de actividad se veía fuertemente comprometida por esta restricción financiera.

La presión ejercida por el gobierno norteamericano sobre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se ha traducido en la suspensión de créditos para inversión en proyectos que ya estaban aprobados. Como ya se ha señalado antes, esta capacidad de control de órganos internacionales se explica por la interrelación de ellos con grandes empresas y financieras privadas que proveen de equipos y fondos a los bancos mencionados.

La presión del gobierno norteamericano también se manifestó sobre los gobiernos europeos. En la renegociación de la deuda, Chile solicitó un acuerdo que abarcara un período de cuatro años y sólo se logró un refinanciamiento de ella por un año. Estados Unidos antepuso la indemnización de las compañías del cobre como requisito previo a una renegociación multilateral, para convenir finalmente en un acuerdo por un año.

La estrategia utilizada por el gobierno norteamericano para desviar o detener el proceso chileno es el resultado de un conjunto amplio de factores, donde sin duda intervienen los intereses privados afectados, pero ubicándolos en una perspectiva temporal de mediano y largo plazo e insertándolos en un contexto internacional en rápida evolución. Estos factores conducen a la adopción de decisiones distintas de las que han caracterizado su comportamiento en el pasado frente a procesos políticos que afectaban intereses norteamericanos.

La complejidad de los centros de poder internos e internacionales que determinan la política norteamericana, hace que sólo a través de una cierta simplificación necesaria se hable de EE. UU. como una persona moral que actúa unívocamente, representado por sus agentes oficiales, asimismo identificables por nombres y cargos. Pero Estados Unidos es el núcleo de un sistema de poder, su fuerza centrípeta sigue funcionando y a la larga los intereses divergentes integrados al sistema imperial capitalista monopólico transnacional (monstruo que corrompe hasta el lenguaje), se armonizan en esa suprema bolsa de valores o poderes, esa “clearing house” de intereses vitales que es el gobierno de EE. UU. Mientras más concentrado el poder a medida que se asciende en la escala de dicho gobierno, más nítida resulta aquella operación racionalizadora —a condición de que se pueda tener alguna información de ella, lo que no es corriente. Nada urge más en América Latina, de hecho en todo el mundo, que conocer las presiones que toda una categoría de intereses que emergen al centro de EE. UU., las corporaciones multinacionales, aplican dentro de su gobierno para fijar sus políticas; y examinar las decisiones y actos del gobierno norteamericano comparadas a las políticas internacionales propias que esas corporaciones se fijan.

La experiencia de Chile, que tiene la ventaja de estar relativamente documentada sobre la cuestión, ya que sirvió de “test-case” para este fenómeno de interacción entre la ITT —una de las transnacionales más dinámicas y más conscientes de su papel político— y la Casa Blanca, lleva a varias conclusiones provisionales que pueden ser útiles en otros casos. Una es que la gran compañía multinacional, aunque parezca y aun crea elaborar y ejecutar su propia política externa en otro país, de hecho representa —en el sentido teatral tanto como en el jurídico— a todo el sistema, y actúa sin quererlo por intereses “superiores” a los suyos como compañía, pues ha introyectado la imagen pública estatal a su propia estructura organizativa, y se identifica con “la cosa pública” norteamericana. Segundo: aun cuando no estuviese en contacto y confabulada con los agentes acreditados del gobierno de EE. UU. (diplomáticos y clandestinos) —que lo está, al punto que ellos le sirven de empleados supernumerarios si no de asesores de confianza— las compañías secretan una política internacional paralela que influye y es influida por la “oficial”, y en etapas y situaciones de crisis en el exterior termina por asimilarse perfectamente a ella formando una sola. Tercero, que la política externa de las compañías se instrumentaliza para llevar adelante las decisiones de gobierno, pero a menudo con un ritmo distinto del que es posible o deseable para el gobierno de EE. UU., en términos que la compañía suele realizar la representación o ensayo general de la política que el gobierno aplica en un futuro más o menos próximo; lo que ofrece la ventaja para una y otro que la compañía, al ensayar esa política antes que el gobierno la actúe, induce u obliga finalmente al gobierno a actuarla, y que este último puede comprobar —con menos riesgo que cuando se compromete directa y anticipadamente en la acción— cuál es la eficacia de dicha política; y si ella no es eficaz en la práctica ensayada por la compañía, el gobierno puede cancelar esa determinada política y buscar o aplicar alternativas, sin riesgos y con menores costos. Una cuarta conclusión, conexa a la inicial, es que frecuentemente una sola multinacional poderosa (siendo el indice real de su poder la importancia económica y política que posea en el total del sistema y no precisamente en el país donde pasa a representarlo) concentra la personería de todos los intereses privados norteamericanos actuantes en dicho país extranjero, aunque algunos de ellos sean mucho más cuantiosos en tal país que los de la multinacional que asume el papel de delegado común. Y una última conclusión provisional, conexa a la tercera anterior, es que los errores cometidos por una compañía transnacional en este papel, no son, por importantes que parezcan en si mismos y aunque la afecten financieramente y produzcan escándalo público, errores o fallas del sistema; sino que, al contrario, sirven de procedimientos correctivos del sistema y lo hacen funcionar con mayor eficacia global en ese determinado caso y en los demás semejantes; pudiendo incluso ocurrir que el gobierno norteamericano, como titular oficial del centro del sistema, utilice el error para aplicar, a través de las formas públicas que toma ese error o a través de la exposición condenatoria de ese error, la política misma que indujo a la compañía a cometerlo; de modo que a fin de cuentas ni la compañía ni el gobierno ni mucho menos el sistema pierden nada a causa del error, y más bien ganan por su ocurrencia, o dicho en otras palabras que tal error resulta que no lo era.

Naturalmente lo dicho ocurre cuando el nivel de interés en un asunto internacional es alto, e intervienen en él los responsables máximos.

Todas las conclusiones expuestas —salvo la última, que será ilustrada a propósito del hecho de las revelaciones sobre el complot de ITT que tuvieron lugar en el Senado norteamericano en marzo de 1973— provienen de los actos de ITT y del proceso de su entendimiento y correspondencia con el gobierno norteamericano sobre el caso de Chile, entre septiembre de 1970 y septiembre de 1971, documentados ya de manera fidedigna.

Entre agosto y septiembre de 1971, en circunstancias de que representantes de ITT estaban efectivamente negociando con el gobierno chileno los términos de adquisición por el Estado de sus intereses telefónicos en Chile (y que otras inversiones suyas, como hoteles, prosperaban, y habían de continuar prosperando durante todo el gobierno de Unidad Popular), su presidente Harold Geneen almorzaba en la Casa Blanca con el asesor del presidente Nixon para Asuntos Económicos Internacionales Peterson y con el general Haig, segundo de Kissinger. Les dijo que preveía que la ITT de Chile sería expropiada. Estaba preocupado por la situación chilena.

Semanas más tarde, el gobierno de Allende nombró un interventor para la Compañía de Teléfonos de Chile, medida de buena administración autorizada por la ley y conforme al estatuto legal de la compañía, y no (como Cree Sampson en su descripción de estas incidencias, que en esta parte se sigue) “una discreta forma de nacionalización”. En el pasado compañías de servicios, como esta de teléfonos, habían ya recibido muchas veces el nombramiento de interventor. Pero esta vez ITT dispuso que su vicepresidente Merriam escribiera a Peterson, el asesor de Nixon, planteando-una intervención total de EE. UU. en Chile para deponer a Allende: “debe hacerse todo, silenciosa pero efectivamente, para que Allende no pase los próximos seis meses cruciales”. Se trataba de la proposición de un plan completo de dieciocho puntos. Entre ellos: la Casa Blanca debía establecer un grupo especial de acción (“a special task force”) para ejercer presión sobre Chile; todos los créditos de cualquier fuente, sea de bancos norteamericanos sea de extranjeros, deben ser cortados por acción de la Casa Blanca; ella debe fomentar el descontento entre las fuerzas armadas chilenas; El Mercurio (la empresa periodística de Agustín Edwards) debe recibir subsidios; la política externa de Chile debe ser coartada; la CIA debe intervenir en esta acción de seis meses; etc., etc.

Los puntos del plan adjunto a la carta de Merriam, plan que Peterson, según declaró en el Senado en marzo de 1973, no había leído nunca, son conocidos (ver Sampson, op. cit., p. 255). Aunque no hubieran llegado a nosotros por su publicidad; habrían sido conocidos por la sencilla razón de que se aplicaron. (Sampson, cuyo libro apareció antes del golpe, decía que “hasta dónde esta presión, a la ITT, tuvo efecto, por Peterson o algún otro, está oscuro todavía”…).

Los seis meses cruciales de que hablaba la ITT con la Casa Blanca, debían ser más según esta última, no porque ella fuese más ponderada o generosa, sino considerando los intereses totales del sistema y sus perspectivas. No porque el gobierno de Nixon tuviese menos celo que ITT, sino porque tenía más.

Quedaban varias cosas por hacer, que exigían más tiempo, para dar con el caso de Chile una lección al mundo.

Debía operarse con la deuda externa chilena. El Club de París tenía que reunirse.

En la descripción de los ataques financieros norteamericanos el estudio citado más arriba se refiere a la manera como Chile se vio forzado a renegociar la enorme deuda externa heredada. Califica ahí la estrategia empleada frente a Chile por los diversos agentes como “coincidente” pero aplicando tácticas en que se percibieron ciertas diferencias.

El Club de París fue un foro privilegiado por EE. UU. para su conflicto con Chile. Llevó a él la cuestión del cobre, condicionando la renegociación al asunto de las indemnizaciones; lo cual a la vez, en el fondo, el gobierno de Nixon durante todo este período no quería verdaderamente resolver, por las razones ya vistas, y que sabía además no era solucionable. Y practicó simultáneamente en París una hábil división en los intereses de los distintos acreedores, permitiendo y aun favoreciendo en cierto modo la renegociación por parte de algunos países y bancos acreedores y obstaculizando de plano la de otros, en primer lugar en cuanto a sus propios créditos. La deuda externa chilena era tan grande (se ha dicho que es sólo inferior per cápita a la de Israel), que obviamente el interés conjunto de todos los acreedores debía ser, al asumir el gobierno la Unidad Popular, el que Chile tuviera éxito y se asegurase a su desarrollo económico la necesaria viabilidad. Ello se veía reforzado por la circunstancia de que en grandes líneas los montos anuales futuros del servicio de tal deuda externa serían, en los términos contratados, acaso mayores que las correspondientes necesidades de flujo anual de préstamos en moneda dura. La comunidad financiera acreedora de Chile estaba en consecuencia, tomando en cuenta su estricto interés, inclinada a dar facilidades a Chile, de prescindirse de los factores políticos. EE. UU. aprovechó esta disposición y le dio curso, pero juntamente politizó la cuestión (produciendo la condicionante del cobre, planteando otros requisitos, obteniéndose la limitante de un año, etc.). Y sobre todo, al producirse luego del primer round del Club de París una situación en que algunos acreedores habían renegociado y otros no, ya no fueron unánimes, en términos de interés financiero, la disposición y la preocupación de los acreedores en conjunto respecto del gobierno de Salvador Allende. EE. UU. podía de allí en adelante aplicar aceleradamente sus medidas de agresión a este gobierno, sin que en algún momento ello pudiere contradecir a la imponente masa de acreedores cuyo primer interés, antes de esta operación, había sido la solvencia del gobierno de Chile, por lo tanto su seguridad, y el que se sintiese seguro y no amenazara sus créditos. Además, EE. UU. conseguía en el Club de París un emplazamiento anual para Chile, pues la renegociación debía ser renovada al año siguiente con todos los efectos políticos internos e internacionales que ello significa, y su influjo hasta psicológico sobre el gobierno de la Unidad Popular y el juicio de los terceros países acerca de él, y manteniendo así este foro privilegiado para la extorsión norteamericana de Chile.

En la época de preparación de los estudios preventivos chilenos sobre las posibles represalias norteamericanas frente a la nacionalización del cobre, a inicios de 1971, se había calculado que acciones como el embargo del cobre en Europa no tendrían lugar sino después de una operación como ésta a raíz de una hipotética renegociación de la deuda externa chilena. Fue precisamente lo que ocurrió con las demandas de Kennecott.

A partir de esa vuelta del Club de París, se produjo la eclosión mucho más abierta de las medidas de bloqueo económico por parte de EE. UU. Mientras tanto, Chile seguía pagando, porque lo disponía la Reforma Constitucional, todas las deudas de las compañías del cobre, cientos de millones de dólares…

Así llegó octubre de 1972.

Creyendo que con todos estos golpes las condiciones estarían maduras para botar al gobierno, se produjo el gran sacudón reaccionario.

Cuatro senadores concertados en sendos discursos a nombre de los partidos de oposición declararon, con matices, que el gobierno iba quedando en estado de ilegitimidad. Ilegitimidad de ejercicio la llamaron, creando una figura desconocida en Chile. Otro senador abogado y cristiano de izquierda, comentó que se estaba buscando una base para legitimar la rebelión contra el gobierno aunque fuese a la fuerza en Santo Tomás de Aquino.

Para quien conocía el prolijo juridicismo de las clases dirigentes chilenas —en el entendido que la estructura jurídica fuere en protección del statu quo— era evidente que se trataría de una crisis mayor.

En breves días estalló. Los dueños de camiones de transporte en la provincia de Aysen, en el lejano sur, poco habitada, sin desarrollo ni ferrocarriles, suspendieron su actividad diciendo que el gobierno intentaba estatizar el transporte caminero en ella. El gobierno explicó que había una antigua idea de crear una empresa estatal de transporte para Aysen, la cual dejaba sitio a los existentes empresarios privados de camiones. Éstos de todos modos recurrieron a la asociación nacional de dueños de camiones, la que llamó a paro de transportistas en todo el país. Se fueron plegando a ello otras federaciones patronales y los llamados gremios: comerciantes más o menos minoristas, colegios de profesionales y otros. Desde hacia dos años los “compradores” pertrechados en su cuartel general, la Confederación de la Producción y el Comercio, habían intensificado una campaña activísima para registrar y confederar a cuantos pudieran a lo largo de Chile, declarando empresario, productor y comerciante a cualquiera y a todos. Un argumento más poderoso era la histórica dependencia del pequeño industrial y comerciante respecto a los suministros y a los mecanismos económicos y crediticios operados por los elementos que se reúnen en la Sociedad de Fomento Fabril y las otras coordinadas por la Confederación. Las órdenes de profesionales universitarios, si bien divididas políticamente, en general dejaban en minoría a los médicos, abogados, ingenieros, etc. de izquierda. Las propias direcciones de las Universidades estaban mayoritariamente dominadas por la oposición.

Pero este paro patronal, que efectuó un esfuerzo máximo —financiado con dólares clandestinos, como se recordará— fracasó. Hubo una movilización popular nunca vista antes en Chile. Industria y agricultura siguieron produciendo sin merma directa, a cargo de los trabajadores, contra la voluntad de los patrones. Era una experiencia popular de control del poder económico. La subversión contra el gobierno hacia correr más riesgos efectivos a los patrones que al gobierno. La reacción bajó la guardia. A través de complicadas fórmulas políticas, con presencia por vez primera del comandante en jefe del Ejército, general Prats, en el gabinete, quedó sellado este fracaso.

Este proceso de la oposición, de la sedición, era también el del imperialismo.

Su política desde el fin de 1970 era en primera instancia manipular la provocación de situaciones como ésta de octubre de 1972, que hicieran explotar inconteniblemente los problemas económicos y sus consecuencias sociales y políticas, a cuya “maduración” EE. UU. había dedicado tan amorosos cuidados.

Las condiciones de la economía se habían hecho así Pero este paro patronal, que efectuó un esfuerzo difíciles, los problemas parecían haber madurado; pero en vez de caer Allende salia reforzado de la crisis.

Podía emprender una gira internacional exitosa y denunciar en Naciones Unidas las agresiones que sufría Chile y los manejos de las corporaciones multinacionales norteamericanas, amenazantes para la soberanía de muchos.

¿Qué hizo EE. UU. en esta emergencia?

Siguió tres cursos de acción. En el extranjero intensificó el estrangulamiento económico de Chile. No fue por casualidad que la demanda de Kennecott en Francia pidiendo embargo de una partida importante de cobre, y con efectos inmediatos en el mercado, se presentó el 4 de octubre mientras en Santiago se argumentaba la “ilegitimidad” del Presidente. Diplomáticos y otros representantes norteamericanos comenzaron a trasmitir directamente a terceros países que el gobierno de EE. UU. se interesaba por estos embargos y otras acciones semejantes, y que su opinión contra Chile era seria y grave.

En segundo lugar, profundizó sus contactos con elementos de las Fuerzas Armadas chilenas y aumentó las facilidades para que ellas adquirieran armamento, vehículos, etc. en EE. UU. Amplió igualmente su vinculación con individuos de derecha en Chile e hizo la experiencia durante octubre de financiar clandestina pero directamente un movimiento colectivo como el de los dueños de camión y congéneres, que revestía algunos caracteres masivos. Las redes de agentes “de inteligencia” se extendieron más en Chile.

Y por último, frustrado por el pueblo chileno el paro de octubre, EE. UU. oficialmente actuó frente al gobierno de la Moneda para proponerle conversaciones directas bilaterales sobre los problemas pendientes. Fue un golpe de efecto y una sorpresa. ¿Era posible entonces a juicio de Washington el “diálogo” entre EE. UU. y Chile?

Para Washington el diálogo, esta primera rueda de las conversaciones bilaterales, era posible porque no pasaba de las palabras. Alimentaba en Chile, hasta cierto punto, la idea de que los conflictos con EE. UU. no eran irremediables; le permitía conocer de primera mano la actitud y el tono chileno frente a EE. UU.; mantenía en suspenso las “cuestiones pendientes”; y por último adormecía la atención si no la capacidad chilena de contrarrestar las medidas norteamericanas anteriores explicadas fuera y dentro del país.

Las conversaciones bilaterales se produjeron, no sin encontrados análisis previos y posteriores. A nada se llegó en ellas, como era lógico, fuera de fijar para marzo la siguiente rueda de conversaciones en Washington.

A propósito de los sucesos de octubre de 1972, podría de nuevo pensarse que en este libro se refiere todo lo ocurrido en Chile a los planos y las acciones del imperialismo norteamericano, quitándosele el resalte propio a las acciones y omisiones en las crisis chilenas de la reacción opositora y sus apoyos de base e incluso al papel del gobierno de Allende y los trabajadores en que se fundaba.

No se desconoce aquí lo autóctono y su importancia. Pero aquí se historia la continuada interacción con los hechos de Chile de una fuerza que más marca esos hechos porque su poder es más grande que el de nadie en Chile; un poder que cuando no provocó directamente crisis, las estimuló por medidas “pavlovianas” produciendo a distancia reflejos condicionados económicos y sociológicos, o bien 3as aprovechó cuando surgían, radicalizándolas en un sentido disgregador; se historia aquí las agresiones y la intervención en Chile por parte de EE. UU. y su sistema de fuerza —y no el papel de la reacción chilena, ni siquiera el papel del gobierno de Chile, sino cuando es indispensable para estudiar acciones imperialistas concretas:

De modo que no se acusará al que historia por hablar de lo que historia.

El curso de acción norteamericano descrito, frente a la crisis de octubre, tenía por fin rehacer las fuerzas internas y preparar crisis más graves. Pero la agudización y el carácter desembozado de los actos de bloqueo económico, perseguía agravar a tal punto los problemas económicos internos, la inflación, el desabastecimiento y las dificultades de distribución, los frenos a la producción, si era posible el desempleo, que por razones concretas económicas y por motivaciones psicológicas una gran parte del electorado votase contra el gobierno en las elecciones generales para renovar toda la Cámara y mitad del Senado que se producirían el 4 de marzo de 1973.

La derecha estaba cierta de tal resultado. Los propios efectos económicos del paro de octubre, por paralización de sectores neurálgicos en la organización de la economía (que se había comprobado estaban a merced de una minoría sediciosa) habían sido muy gravosos: el equivalente a una gran catástrofe natural, a un terremoto, millones de dólares según estimación moderada. La inflación era fuerte y los problemas de distribución no se resolvían pese a iniciativas para crear nuevos mecanismos para ella. Una parte de la derecha pensaba conseguir en marzo los dos tercios del Parlamento necesarios para destituir a Allende. La otra no confiaba en tanto, pero sostenía que el retroceso de la Unidad Popular sería grande y Allende debería o corregirse absolutamente o renunciar.

El 4 de marzo no ocurrió nada de eso. La Unidad Popular, en estas primeras elecciones generales políticas desde las presidenciales (pues las elecciones municipales de mano de 1971, muy favorables para la Unidad Popular que llegó al 50 % de los votos, son políticamente menos significativas), aumentó un sólido casi 10 %, lo que no tenía precedentes en Chile para un gobierno que mediaba ya su mandato. Ninguna predicción se cumplía. La base política firme del gobierno se ampliaba en medio de las crisis. Con esta tendencia, era previsible que, tomando medidas sociales y económicas rectificatorias, se extendiera y se hiciese irreprimible el movimiento popular chileno.

La Unidad Popular se preparó a ello: el análisis de las elecciones por sus diversos Partidos era complementado en varios casos por análisis de los comportamientos sociales en la estructura de la sociedad chilena en ese momento, y ambos demostraban que el voto de marzo había sido un voto de clase, como nunca antes en Chile, y que era cuestión de tiempo y de correcta línea política, para que la clase más numerosa, bien entendidos sus intereses, situándose y siendo considerada en su verdadera posición de clase, fueran un bloque inamovible.

Mientras tanto la lucha de clases era desencadenada a su extremo en Chile por la burguesía y los actos del imperialismo —alianza que en la práctica aplica, sin vacilaciones ideológicas, un análisis social que reconoce y aprovecha al máximo las virtualidades políticas de la lucha de clases—, pero en beneficio de ellos, burguesía e Imperio.

Los resultados de mano presagiaban que esta vez la lucha se estaba dando en perjuicio de ellos.

Éste era el peligro más serio y evidente para los intereses que seguían con aprensión lo de Chile.

Iban a verse, por eso, dispuestos a actuar a fondo.

El 27 de mano, el Presidente había agradecido al comandante en jefe Prats su colaboración, y la de los demás ministros miembros de las Fuerzas Armadas; y formó un Gabinete político.

Tenía plena conciencia de que era “un momento trascendente para Chile”, pero Allende no era un hombre grave de los que frente a una crisis se echan a morir. Comió esa noche en casa del comandante en jefe de la Armada y comentó con humor las alternativas para formar el nuevo gabinete, totalmente compuesto de civiles. Su discurso de esa mañana se había referido al papel de las FF. AA. en Chile.

Creo indispensable destacar que el Gobierno, sobre todo después de la experiencia vivida con la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas en el Gabinete, tiene la obligación de trazar una actividad para esas fuerzas, que haga que su presencia sea más activa y dinámica en la gran tarea nacional en que hemos estado empeñados manteniendo por cierto, y como siempre, su gran sentido de responsabilidad profesional, que le da un sello tan definitivo a nuestros institutos armados.

Pienso que el desarrollo y la seguridad nacional se integran; que si la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas es la Defensa Nacional ellas deben aportar su experiencia y tecnología en el desarrollo económico, que está tan vinculado a la seguridad nacional.

Y es por eso que seguir6 contando fundamentalmente, en algunos aspectos que en este instante tienen prioridad en nuestro país: abastecimiento, transporte marítimo, aéreo y terrestre; sistema portuario; industrias estratégicas, pero indispensables. De la misma manera que se reactualice el reglamento dictado por la base del Decreto con Fuerza de Ley 181, que creó el Consejo Superior de Seguridad, CONSUPSENA, y la Junta de los señores Comandantes en Jefe.

El objetivo es coordinar programas de Gobierno a requerimiento de la seguridad nacional; racionalizar las tareas de participación de las Fuerzas Armadas para acrecentar el potencial nacional. El procedimiento me parece necesario y es el de adecuar el Estado Mayor de la defensa nacional, para cumplir como organismo permanente de trabajo de CONSUPSENA y de la Junta de Comandantes en Jefe.

Esta referencia a la necesidad de que el Estado Mayor de la Defensa Nacional se adecuara como organismo permanente de trabajo, correspondía a una experiencia profunda y reciente de la falta de cohesión y coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Por esos días, en la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea, su comandante en jefe general Ruiz Danyau (que dejó paso, pocos días antes del Golpe, al general Leigh de la Junta, y es hoy bajo ella el primer rector armado de la Universidad de Chile), declaró en solemne discurso ante el Presidente de la República, los demás comandantes, autoridades civiles, religiosas, diplomáticas y toda la Escuela de Aviación, que era una cruzada sacra de la institución el que todos los medios aéreos estuviesen concentrados sólo en ella, y que no cedería jamás ni ante nada para lograrlo; hizo al respecto una mención a la doctrina tridimensional, que los legos no entendieron pero que constituía alusión a los fundamentos militares —bastante reservados— de la coordinación de los planes de guerra externa de las tres ramas armadas. El Presidente tuvo que improvisar algunas palabras para deshacer el hielo, producido sobre todo entre los jefes de la Marina, que había incrementado en los últimos años su rama de aviación naval y estaba orgullosa de ello.

El mismo 27 de marzo, el presidente Allende describió el cerco político y económico a que lo sometía la reacción dentro y fuera del país:

… el círculo vicioso a que se nos ha llevado, por no entregarnos las leyes financiadas que requeríamos para el presupuesto nacional y para el reajuste, como por el embate internacional que ha pretendido cercar a Chile, restringiéndole sus créditos y aun las operaciones con los bancos internacionales de los que formamos parte, y creándonos dificultades en el campo comercia1 de nuestra principal riqueza, el cobre, con querellas en diversos países, presentadas por una empresa transnacional.

Concluía entonces, frente a estos hechos que auguraban violencias en Chile:

La oposición y los partidos de Gobierno deben entender que el Presidente de la República, utilizará todos los caminos para evitar la violencia y aquéllos de cualquier sector, que pretendan desatarla, encontrarán en la decisión del Ejecutivo, la valla que impida que este país llegue a un enfrentamiento. Lo he dicho y lo repito con responsabilidad superior: mientras esté en este cargo lo evitaré, lo impediré. Con ello, defiendo a Chile y el proceso revolucionario que estamos viviendo.

Ésta es la palabra que tengo empeñada ante la historia y ante mi conciencia, y la cumpliré. Y, por lo tanto, tengo autoridad, porque los dos años y meses de Gobierno prueban que cumplo lo que digo, para reclamar de la oposición democrática —ya que la otra oposición sé que nunca oirá ninguna palabra razonada y nunca entenderá cuál es el interés de Chile— para que esta oposición democrática comprenda que las mareas de la historia no se detienen, que los pueblos no retroceden, que la injusticia social no puede continuar y que el hombre anhela legítimamente poder desarrollar integralmente su personalidad. Tendrá que entender que los países como el nuestro, en vías de desarrollo, están marcados todavía en forma muy fuerte por el drama de millones de nuestros compatriotas, que viven en otros países que tienen las mismas características del nuestro, que se expresa en hambre, desocupación, incultura, en falta de trabajo, ausencia absoluta de descanso y recreación. […]

Ningún país hasta ahora ha logrado, por los cauces que nosotros nos hemos propuesto, organizar una nueva sociedad. Y lo estamos haciendo, pese a las dificultades que nos salen al paso con tanta frecuencia.

Las dificultades más graves de la historia de Chile estaban por salirle abiertamente al paso.

Pocos días antes del cambio de gabinete en Chile, Washington había decidido cambiar el énfasis de su política hacia Chile: ahora se emplearía la violencia sin límite.

IX

Tal como la reacción chilena, el gobierno de EE. UU. creyó antes del 4 de mano de 1973 que las elecciones parlamentarias permitirían derrocar “legalmente” a Salvador Allende. En estas materias electorales el imperialismo ha solido confiar en el “know how” práctico de su aliado interno. Se equivocó en 1973 como se equivocara en las presidenciales de 1970.

Los resultados del 4 de mano produjeron consternación en Washington. Demostraban que la conciencia política popular en Chile era superior a la capacidad de maniobra de EE. UU. confabulado con la oposición chilena, y que no se dejaba condicionar por las fuertes medidas económicas aplicadas por EE. UU. ni por la manipulación política e ideológica, aunque ésta usara avanzados métodos de psicología social. Por el contrario; las elecciones probaban que había en Chile creciente capacidad de movilización de masas y la potencialidad de un poder popular emergente como base revolucionaria de gobierno.

La política ejercitada por EE. UU. respecto de Chile veía así frustrado nuevamente su objetivo final. No bastaban los medios empleados entre noviembre de 1970 y marzo de 1973 para hacer caer al gobierno de Unidad Popular. Había por ende que dar un viraje y usar los métodos más duros de intervención, entrando a la conspiración directa para producir el golpe armado en Chile, operando a través del Pentágono en concordancia con militares chilenos. Por lo demás esta eventualidad había estado involucrada en el programa aprobado en noviembre de 1970, y muchas de las acciones norteamericanas durante estos dos años y medio habían tenido por objeto ir preparando tal eventualidad; por ejemplo la mantención e incremento de las relaciones especiales con las Fuerzas Armadas de Chile, los contactos personales con algunos oficiales de ellas, el apoyo financiero y la dirección política proporcionada a los grupos de extrema derecha —como Patria y Libertad— y el carácter paramilitar que estos adquirían, una mayor capacidad de terrorismo en los reaccionarios chilenos, las redes de “inteligencia” plantadas en el país, el volumen y el tipo de armamento proporcionado a las distintas ramas de las FF. AA. por EE. UU., y hasta las propias medidas de intervención económica y estrangulamiento internacional que se habían revelado ineficaces para el fin último buscado, pero servirían de coadyuvantes si ese fin se buscaba por mecanismos de fuerza armada. El ambiente de crisis estaba preparado y en él se hallarían el pretexto y los sicarios para hacer estallar el golpe.

En el curso de las tres semanas siguientes al 4 de marzo, tuvo lugar en la Casa Blanca este viraje. La decisión de llevar a la práctica el plan elaborado por el Pentágono en 1970 debía ser tomada al más alto nivel. Y lo fue.

¿Cuáles eran las características del Plan del Pentágono?

I. La agencia operativa de intervención norteamericana en Chile es la “Defense Intelligence Agency” (DIA, departamento de inteligencia del Pentágono) a través principalmente de la “Naval Intelligence Agency” (departamento de inteligencia naval). Ella centraliza la ejecución del plan contra Chile, recibiendo las informaciones procesadas por otras agencias de inteligencia y departamentos del gobierno norteamericano, incluida la CIA, a la cual corresponde en la persona de su director la supervigilancia de todas las operaciones de esta índole, y bajo la conducción política superior del National Security Council que encabeza el presidente de EE. UU. y cuyo ejecutivo es el consejero de Seguridad del Presidente. ¿Por qué la Agencia de Inteligencia Naval? Por la naturaleza de la marina chilena, más conservadora relativamente, como contraparte; por la facilidad de conectar la ejecución del plan, en su núcleo que en seguida se describe, con la operación conjunta naval norteamericana-chilena “Unitas” con presencia en aguas y puentes de Chile de barcos de guerra de EE. UU., equipados para su objetivo con elementos técnicos y con expertos; porque desde los barcos norteamericanos podía prestarse cooperación logística directa e inmediata; y porque su sola presencia significaba un factor de “persuasión” a los militares chilenos sediciosos y de amenaza potencial armada a los demás, al pueblo y a sus fuerzas políticas.

II. La época más adecuada para llevar a cabo el plan es septiembre: pues en este mes se realiza anualmente la operación “Unitas” y ella coincide con la mayor preparación disciplinaria de todas las fuerzas armadas chilenas, que están en pie de guerra y con la máxima tensión para el único acto conjunto anual de todas ellas: la presentación militar o “parada” que se efectúa el 19 de septiembre, día del ejército chileno y día siguiente de la celebración de la independencia; desde agosto hay acuartelamiento de tropas de tierra, mar y aire, y ejercicios constantes; la línea vertical jerárquica se refuerza y permite que superiores confabulados muevan más fácil y naturalmente a otros oficiales, suboficiales y tropa; por último, en este mes, los contingentes anuales de reclutas del servicio militar obligatorio ya llevan suficiente tiempo en armas como para estar perfectamente encuadrados y para que los elementos políticamente “sospechosos” de no consentir a la subversión estén identificados y puedan ser reducidos.

III. La acción subversiva de los militares chilenos es ayudada no sólo con y desde los barcos norteamericanos de la “Unitas”, sino con la presencia, anterior y simultánea, de un mínimo de doscientos oficiales, suboficiales, etc., altamente especializados en las diversas ramas (logística, electrónica, y comunicaciones en general, sabotaje, inteligencia, etc.) que corresponde al objetivo completo del plan que aparece en los próximos puntos. No es necesario que el número total de estos oficiales (incluyendo algunos de rango de almirante, varias decenas de capitanes, tenientes y subtenientes), y numerosos cuadros suboficiales y asistentes, esté presente en forma simultánea en Chile. Algunos irán por un período breve, aparentemente de paso; otros, conforme a sus funciones, harán varios viajes, volviendo a EE. UU., o yendo a terceros países latinoamericanos, etc., para conectar lazos conexos con otros grupos, sea norteamericanos o locales; otros estarán hasta el golpe mismo sin interrupción, La preparación de la operación “Unitas”, y aun actos conexos ceremoniales a ellas, da una cobertura satisfactoria para la presencia de este personal naval norteamericano. Incluso justifica entradas y salidas repetidas del país, explica entrevistas con autoridades y oficiales medios y aun menores, no sólo de la Marina de Chile sino de todas las Fuerzas Armadas y hasta del Cuerpo de Carabineros. Naturalmente el objetivo de la presencia física en Chile de este personal norteamericano será conocido por pocas entre sus contrapartes, y es preferible que lo sea dentro de lo posible de manera indirecta, para evitar que la “susceptibilidad” institucional de las fuerzas armadas la retraigan en la operación del plan.

IV. Los objetivos del plan y la necesidad de participación activa norteamericana presuponen un juicio crítico por parte del gobierno de EE. UU. respecto de las fuerzas armadas chilenas. El juicio del Pentágono sobre estas FF. AA. es:

a] Entre las cuatro ramas armadas de Chile, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, hay una falta de cohesión institucional que hace difícil su actuación conjunta excepto en el papel de los planes de guerra exterior. Chile no ha tenido guerra exterior desde hace 90 años; los planes respectivos, aunque “modernizados” regularmente, no han sido puestos a prueba. En cambio hay pruebas permanentes de los celos institucionales entre las diferentes ramas e incluso entre las armas de una misma rama. Incluso la cuestión básica del control respecto de los medios de guerra aéreos (si están concentrados en la Fuerza Aérea o si hay aviación naval y medios navales, avionetas, helicópteros, etc., en Carabineros y en el Ejército) aún no está definitivamente resuelto a pesar de las apariencias recientes.

b] Existe diversa capacidad militar-política en cada una de las 4 ramas comparativamente. Las tradiciones históricas de cada una son diversas. Sus respectivas “doctrinas” militares corresponden a diferentes escuelas y divergen en puntos claves. Correspondientemente ello ocurre con sus “ideologías” y por lo tanto con sus actitudes latentes políticas. La identificación de estas ideologías con los intereses de seguridad de EE. UU. en el hemisferio y el mundo diverge en grado, y a veces, ellas resultan contradictorias con tales intereses. Es diversa la dependencia de cada rama respecto a EE. UU. en cuanto a suministros de armas, equipos, etc. Por ende es necesaria una participación directa de efectivos de EE. UU. en una operación conjunta de las FF. AA. chilenas, contando con enlaces claves dentro de ellas en las personas de oficiales de total confianza para EE. UU. y formados o motivados por EE. UU. El Pentágono no confía en la viabilidad ni en la eficacia del llamado “objetivo nacional” común en elaboración por las FF. AA. chilenas. La cohesión debe serles otorgada o más bien impuesta por los EE. UU., convenciéndolos o forzándolos a aceptarla como su verdadero “objetivo nacional”.

c] Hay que considerar una división política eventual entre los altos mandos de las FF. AA. frente a situaciones de crisis legal, social, económica y política. Otro argumento para lo recién dicho.

d] Existe una incapacidad básica, común para las 4 ramas, y más evidente en el Ejército y en la Fuerza Aérea, para administrarse a si mismas como instituciones. Aunque el nivel profesional de los oficiales y suboficiales y sus capacidades humanas Sean satisfactorias a veces y en algunos casos buenas, los cuadros de las FF. AA. chilenas en cada una de sus 4 ramas carecen de métodos y hábitos mínimos modernos para una administración eficaz. La propia autonomía de cada rama agrava la cuestión. Se ven ejemplos de esto cada día en Washington mismo en cuanto al arcaico e ineficiente manejo de los fondos para compras militares en EE. UU. Por lo tanto resultarán mucho más ineficientes si se consideran operaciones de toma del poder y sus consecuencias, o sea administrar el país entero, incluyendo la difícil economía con énfasis en el comercio exterior. Otra razón para que EE. UU. las ayude en estos casos extremos.

e] En el total de los efectivos de las FF. AA. de Chile, con su dotación de reclutas anual (del “servicio militar obligatorio”), se reproduce en cierta escala el fenómeno social general de Chile: recelos y enemistades de clases, la “lucha de clases”. Ello crea obstáculos para que los oficiales dispuestos a enfrentar al marxismo puedan contar sin peligros con todos los cuerpos, incluyendo oficiales, suboficiales y tropas, sea permanentes sea de reclutas anuales. Por esto también ellos solos no pueden actuar eficazmente: necesitan a EE. UU.

f] La situación general del país, social y política, con la gran división política y la ‘lucha de clases” de los obreros, intelectuales, etc. repercute en las FF. AA. en el sentido de paralizar hasta cierto punto la decisión de aquellos oficiales dispuestos a actuar. Tienen miedo de la reacción de las masas sindicales, etc.: necesitan que EE. UU. les dé seguridad psicológica y logística activa.

g] Hay por último una relativa incapacidad tecnológica de las FF. AA. chilenas para llevar a cabo por si solas un golpe de Estado con métodos sofisticados rápidos y eficientes como sería necesario en Chile dada la situación. De ahí lo indispensable de la decisiva presencia militar norteamericana en este plan.

v. Los objetivos del plan son los siguientes: En primer lugar se trata de cortar y disgregar todos los medios de comunicación interna y simultáneamente aislar el total del país del mundo exterior durante todo el tiempo que sea necesario. En este contexto, “cortar las comunicaciones” se usa en al sentido más amplio, esto es, no se reduce a las comunicaciones usuales: teléfonos, telégrafos, caminos, ferrocarriles, transporte aéreo, etc., sino que significa intervenir todas las correas de transmisión de decisiones, informaciones, instrucciones, organizaciones jerárquicas administrativas, económicas, políticas (con especial énfasis en el caso de los partidos de izquierda), sindicales, etc., etc. Se trata de que la estructura total del país quede instantánea y simultáneamente desarticulada y que ningún sistema de poder —en especial Estado o administración, partidos, sindicatos y otras organizaciones varias— pueda reconstituir su línea jerárquica de decisión y disciplina. Según los casos, ciudades enteras, regiones y provincias y distritos, sectores de industria, universidades, fábricas, oficinas y otros puntos particularmente delicados, serán objeto de un aislamiento especial respecto del resto del país y aun de las zonas contiguas más cercanas. Este primer objetivo tiende a paralizar todos los centros de decisión del poder que se trata de destruir, en términos que permita conseguir el éxito del segundo y tercer objetivos.

El segundo objetivo consiste en dejar, como único centro coordinado de decisión y poder, al ejecutor del plan, es decir a las fuerzas armadas que llevan a cabo el golpe y sus cooperadores civiles nativos y norteamericanos militares. Naturalmente se proveer5 a que conserve su capacidad de operación y trasmisión al exterior la Embajada de EE. UU.; y se procurad al máximo entorpecer o impedir estas actividades a las Embajadas y grupos oficiales de los demás países situadas en Chile (a menos que en ciertas circunstancias convenga que estas últimas, así como en algunos casos ciertos periodistas, sacerdotes, etc., puedan ocasionalmente ser testigos de un número de consecuencias del golpe que induzca a estas organizaciones o personas a formarse una idea y transmitirla a los enemigos internos y al exterior, de un modo que aumente la paralización en el interior de Chile y la inacción y confusión en el extranjero, durante el más largo tiempo posible). Así se obtiene tanto en lo positivo como en lo negativo el control de todo el poder del país por parte de un solo sistema de decisiones; y esto tiene lugar aun en el caso que el golpe produzca resistencia por parte de algunos sectores con armas o sin ellas. Este único sistema de control del poder, constituido por las fuerzas armadas envueltas en el golpe, alimentadas en lo técnico, logístico, económico, y principalmente por el hecho de que ejecutan este plan sabiéndolo o sin darse cuenta parcial o totalmente de que lo hacen, por un know-how superior al de los enemigos y que supera la capacidad intrínseca de las propias fuerzas armadas chilenas, asegura tanto el hito del golpe como resultados sucesivos convenientes a los intereses de EE. UU. en Chile, en el hemisferio y en el globo.

El tercer objetivo del plan es el de permitir rápidamente que, una vez aislados los enemigos y disgregadas sus organizaciones, Sean en corto tiempo identificados, descubiertos y eliminados. En el curso inicial de la operación, la cual requerirá indudablemente un cierto uso de fuerza militar en profundidad y tal vez en algunos casos con empleo de armas pesadas destructoras de vidas y bienes, los riesgos y eventuales bajas sufridas por las fuerzas armadas que lo llevan a cabo, aumentarán la cohesión de éstas, facilitando su actuación compacta, jerárquicamente disciplinada, e induciéndola a no tener piedad con los enemigos. Esto las hará más eficientes en la destrucción de los enemigos más peligrosos; para lo cual debe contarse con que una cierta proporción de no discriminación respecto a “inocentes” tenga lugar, pero ello aunque sea lamentable presenta ventajas en cuanto corresponde al cuarto objetivo. Particularmente importante es considerar como los primeros enemigos que hay que eliminar a los altos oficiales, oficiales, suboficiales, demás efectivos permanentes, y reclutas del “servicio militar obligatorio” contrarios a esta acción; los dudosos se revelarán en el curso inicial de la operación como favorables o contrarios según su definición a través de las actividades obligadas impuestas por este proceso, haciendo posible eliminar a los que aparezcan contrarios sucesivamente, e integrar (comprometiéndolos en acciones deliberadas) a los favorables. Una buena acción psicológica que condicione las actitudes a las conductas que se vayan revelando, puede ser manejada al comienzo por un número relativamente pequeño de oficiales de confianza y en conocimiento total o parcial del plan y más tarde extenderse como una técnica normal útil a otros oficiales y suboficiales a quienes sus actuaciones comprometan cada vez mis, aunque no conozcan ni siquiera parcialmente el plan y estos objetivos.

El cuarto objetivo es la implantación de un terror psicológico y, si es necesario, un constreñimiento físico, producto de las acciones militares con uso de armas ligeras y pesadas, de la concentración de todo el poder disponible en un único sistema de decisión constituido por las fuerzas armadas anticomunistas y sus amigos internos y externos, y por último de la administración de todas las informaciones accesibles dentro de Chile, lo que permite establecer la confusión en el enemigo y en sus apoyos potenciales interiores y externos, extranjeros, representantes suyos ante otros países, organizaciones, negocios, etc. Esta atmósfera cuya creación es el cuarto objetivo, afirma y consolida la permanencia en el poder y la reconstrucción de todo el aparato del Estado, administración, economía pública y privada, en términos convenientes para los EE. UU. y que serán vistos como satisfactorios por las fuerzas armadas chilenas y otros nacionalistas [sic]. En este cuarto objetivo la difusión del terror en la población civil tanto enemiga como indiferente, debe ser simultánea al reaseguramiento y confianza en sí mismos y en los EE. UU. y otros amigos, por parte de las fuerzas armadas que llevan a su fin este plan. Este terror es necesario porque tal vez sin él no habría suficiente certeza en sus derechos y en su poder por parte de los militares chilenos.

Por último el objetivo final estratégico del plan es el establecimiento en Chile de un gobierno amigo de los EE. UU., dependiente de ellos por su origen y por sus necesidades posteriores, que goce de pleno poder militar económico político, y del prestigio que da el éxito que garantice los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y el mundo occidental, y que asegure las personas e intereses privados norteamericanos; que a la vez cuente con una perspectiva razonable de permanencia en el poder, habiendo conquistado su estabilidad en una acción de fuerza fulminante y eficiente; y que haya eliminado de manera definitiva los peligros, las personas y las organizaciones que dentro de Chile y desde fuera de él se oponen con perspectivas de éxito no desdeñables, a los intereses de EE. UU. y a los verdaderos intereses de Chile [sic].

VI. Los medios previstos para llevar a cabo, en la parte que le corresponde a EE. UU., este plan son los siguientes:

El primer medio es la existencia misma del plan. Esto puede parecer una paradoja. No lo es. La incapacidad, discutida más arriba, de los elementos chilenos para cumplir con sus propios medios los objetivos propuestos, hace de la preparación de ate plan y su introducción en las mentes de oficiales chilenos, y sobre todo de su principio de implementación, un real ejercicio coordinativo de aquellos oficiales entre si, de ellos con otros chilenos (civiles) que cooperan a estas acciones en forma clave, y principalmente con autoridades y ejecutores americanos sea del Pentágono sea de otras agencias. El hecho de esta coordinación es ya un medio técnico así como político necesario para llevar adelante el plan.

El segundo medio es la adecuación del presente plan a los demás planes de las-distintas agencias de gobierno norteamericano relativos al caso chileno: tanto los programas abiertos (públicos) en materia política, económica, financiera, de suministro militar y otros, así como las operaciones cubiertas (encubiertas) de inteligencia en los mismos campos mencionados y en otros. En otras palabras, el presente plan constituye la hipótesis máxima de un proceso de acción continua que es la política total de los EE. UU., para solucionar el caso chileno. Los demás programas recién sugeridos, aun cuando tengan objetivos propios autónomos (por ejemplo crear dificultades crediticias o limitar las ambiciones de reformas revolucionarias o de relaciones especiales externas) significan en la perspectiva de este plan máximo una maduración deliberada de las circunstancias internas e internacionales de un modo que hace progresivamente viable el presente plan. El segundo medio entonces consiste en su inserción en un cuadro completa de planes y programas de acción norteamericana que constituye la política global de EE. UU. respecto a Chile; en tal marco, el resto de las acciones implica el maduramiento de las coyunturas que hacen posible la acción de máxima hipótesis, esto es la acción decisiva que caracteriza el presente plan.

El tercer medio está compuesto por una serie definida de acciones concretas convenientemente ligadas entre si y cuya administración está centralizada en la agencia ejecutora del plan (departamento de inteligencia naval). Basta en esta ocasión sugerir los ítems más importantes que componen estas acciones completas (su análisis detallado consta en documentos separados): 1] Presencia de barcos “Unitas” de la marina de EE. UU. en aguas territoriales o alta mar contigua a la costa chilena o incluso en puerto chileno (evitando los problemas de exposición internacional de la participación norteamericana en el plan, que puede ser sugerida por la presencia en puerto, Valparaíso por ejemplo, dentro de lo posible); esta presencia tiene objetivo de apoyo psicológico, logístico, de comunicaciones, de asistencia directa por medios electrónicos y otros tecnológicos. 2] Presencia física en tierra de expertos norteamericanos militares y civiles en número suficiente (alrededor de doscientos con la cobertura “Unitas”, profesionalmente calificados y especialmente entrenados en materia de corte de comunicaciones, sabotaje selectivo, disrupción administrativa, apoyo logístico, inteligencia, dirección operativa, incluyendo expertos en contraguerrilla y así en adelante. 3] Ayuda logística directa, la cual puede tener lugar con anticipación suficiente y en forma pública a través de los programas normales de compra de armamentos y equipos por la Marina y demás fuerzas armadas chilenas en EE. UU., y de los programas de asistencia militar corrientes, intensificándose en la víspera de la coyuntura critica y complementada por operaciones encubiertas de suministro y apoyo logístico acelerado a través de la frontera, de la costa, con puentes aéreos y terrestres, y utilizando según los casos a intermediarios civiles chilenos. 4] Ayuda tecnológica y de equipos por los mismos canales y condiciones señalados en el punto anterior. 5] Ayuda directa e indirecta en la centralización y coordinación de las planificaciones para cada acción y etapa (ésta puede producirse tanto dentro de Chile como en países vecinos y en los propios EE. UU. a través de contactos inmediatos con oficiales y civiles chilenos, y organizando para ello en los momentos decisivos un sistema de comunicaciones cerrado). 6] Ayuda económica y financiera (su recuento detallado en informes separados). 7] Ayuda de expertos policiales, tanto a través de entrenamiento previo como de presencia eventual de especialistas norteamericanos en Chile antes, durante y después del golpe. 8] Condicionamiento y manipulación de las informaciones internas y hacia y desde el exterior para todo el período critico. (Este medio resultará esencial para conseguir el objetivo de corte de las comunicaciones en los términos amplios vistos más arriba, y requiere una atención particular; preparándose sets de informaciones que difundir sobre los hechos desencadenados por la ejecución del plan, con suficiente anterioridad a la producción de tales hechos, con versiones opcionales de cada información que permitan difundir sin dilación y en algunos casos anticipadamente para provocar la confusión, incertidumbre, disociación organizativa, aislamiento y terror que permitan eliminar a los enemigos y reducir toda posibilidad de resistencia en el mínimo de tiempo posible). 9] Los métodos de paralización física y psicológica interna y de confusión en el exterior que pueden resumirse en la palabra “terror”, pueden formar una última referencia a los medios concretos de acción que se resumen ejemplarmente en esta parte; si bien estos métodos serán más bien consecuencia de las acciones que contempla el plan, tanto las militares como las informativas (estudios especiales anexos) permiten fijar la extensión y los limites de estos métodos y algunos mecanismos particulares complementarios interesantes no probados aún en casos similares precedentes.

Hasta aquí llega el plan preparado por el gobierno de EE. UU. en la primera mitad de 1970 para su aplicación a Chile frente al triunfo, previsto ya entonces y al que ya entonces se preparaban a enfrentar, de las fuerzas populares y su personero Salvador Allende. En la síntesis anterior, que no es completa ni pretende reproducir textualmente documentos literales norteamericanos, pero contiene su esencia, se configuran hechos que vemos hoy llevados a la práctica.

El gobierno de Chile percibía el cambio de política que había tenido lugar en Washington. En marzo y abril Salvador Allende, en análisis preliminares sobre las relaciones entre EE. UU. y Chile, se demostraba preocupado al extremo. En el discurso del 10 de abril ante la Asamblea Sindical Mundial denunció la injerencia directa de EE. UU. en actos de subversión interna en Chile. Las revelaciones hechas en el Senado norteamericano durante la investigación del complot de ITT daban pruebas indudables de ello. Conversaciones privadas con él los días 26 y 27 de mano y el propio 10 de abril dan testimonio de esa preocupación suya. “Gánenme tiempo”, era su leitmotiv. Veía la acción directa de EE. UU. como tan inevitable, que se trataba ahora de retardarla al máximo, de modo que el fortalecimiento de la base popular chilena, su vigilancia consciente que no se dejaría arrastrar por las provocaciones, su capacidad de paralizar económicamente al país, llegaran a ser disuasivo poderoso a esta violencia que se acumulaba sobre el país. Las palabras de su discurso el 27 de marzo al nombrar el nuevo Ministro, sobre dicha violencia, lo demuestran asimismo.

El presidente Allende debía tomar en consideración, al proyectar su política para el resto de 1973, dos frentes: la pugna con la reacción, y la pugna con el imperialismo. En la primera podía ejercer toda su habilidad política, y el margen de acción —si bien estrecho— era cognoscible. En la pugna con el imperialismo había en cambio un factor incalculable: la decisión norteamericana de destruir a Chile dependía de circunstancias que el gobierno de un país como Chile no podía cambiar ni, en cierto modo, conocer adecuadamente. El momento y el modo mismo en que tal decisión se implementara, no podía ser previsto con exactitud antes que los hechos la manifestasen. Chile era para EE. UU. un caso de proyección global, y los motivos que tuviera el gobierno de Washington para actuar en un momento especifico y de una determinada manera podían muy bien no tener que ver con Chile mismo sino con intereses norteamericanos en otras partes del mundo y en el cuadro de su estrategia global.

En marzo y abril se produjeron en Washington dos series de hechos que autorizaban para prever el grado de decisión norteamericana adoptada por el gobierno de Nixon, y la naturaleza de la política contra Chile que venía.

Una fue la índole que asumieron las audiencias en el Senado sobre las investigaciones del complot de ITT en Chile. Fuera de la inusitada claridad que arrojaban sobre la acción de esa multinacional, iban revelando un grado de participación gubernativa norteamericana en ella que excedía lo probado anteriormente. Pero lo que resultaba más grave era la completa disposición del gobierno de EE. UU. a que ello fuese expuesto en público. Ya en las primeras sesiones del Subcomité de Church comenzó a surgir este fenómeno. Por más celo que tuviesen los senadores y el “staff” que investigaba, sus trabajos se veían superados por la facilidad con que funcionarios de gobierno de EE. UU., que lo habían sido en la época de los hechos denunciados y que seguían siéndolo en su mayoría en 1973, admitían —con todos los rituales del caso, y no sin contradecirse a veces— la participación gubernativa en los actos de intervención. Esto era francamente raro. El gobierno de EE. UU. no había reconocido nunca antes tal especie de intervenciones suyas, en un país con el que tenía relaciones diplomáticas, sino cuando el caso justificaba a sus ojos una continuada y mayor intervención en sus asuntos internos. Naturalmente podía sostenerse que las revelaciones eran muestra de lo “abierta” que es la sociedad norteamericana, y la fuerza de instituciones como el Senado. Pero este argumento, refutable de muchas maneras, se hizo enteramente irrisorio cuando por primera vez en la historia del Senado de EE. UU. un miembro de la CIA, William Rroe, testificó ante el Subcomité, en público y para que sus palabras fueran publicadas. El Ejecutivo norteamericano había autorizado a Broe y a la CIA para ello. Esto no tenía precedente. El Ejecutivo podía exigir —como lo había hecho siempre en la historia de sus relaciones con el Congreso— que la audiencia en el caso de este agente de la CIA se efectuara a puertas cerradas y excluyendo toda publicidad.

No lo había hecho. El gobierno de Nixon había autorizado el testimonio público de Broe, que comprometía gravemente a este mismo gobierno en actos clandestinos de agresión no sólo económica sino subversiva interna, contrarios a todas las normas oficialmente proclamadas por EE. UU. y violatorios de los principios básicos de relaciones entre los Estados, de la carta de Naciones Unidas y de todos los compromisos internacionales vigentes en la comunidad internacional y entre EE. UU. y Chile. El gobierno de EE. UU. facilitaba que se diera la prueba final de su inmisción ilegal en Chile, preparada ya por los testimonios de otros funcionarios suyos. Cuando un gobierno autoriza tal cosa en materia tan delicada, es porque quiere que ello sea conocido, más que estando autorizado, Broe cumplía instrucciones del gobierno de Nixon al testimoniar ante el Senado. EE. UU. daba a conocer oficialmente su participación en los actos para derrocar a un gobierno legítimo extranjero, con el fin de notificar a todos aquellos a quienes esto concernía —al gobierno de Chile y a los de terceros países, amigos o no de Chile, señaladamente a los de Europa occidental y América Latina, y en especial a la oposición chilena— que EE. UU. estaba actualmente dispuesto a derrocar al gobierno de Salvador Allende. La revelación de sus actos de intervención reciente en Chile le servia para anunciar la decisión, tomada pocos días antes ese mismo mes, de intervenir en Chile por todos los medios a su alcance hasta conseguir su objetivo político. Así la revelación del “complot ITT” constituía, más allá de la intención de los senadores norteamericanos, un nuevo complot mucho más serio: el del gobierno de EE. UU. a la luz pública para destruir a Chile, esta vez sin ambages y resuelto a no cometer “errores” de apreciación (como los de ITT y el propio gobierno) al adecuar los medios usados al fin propuesto.

La otra serie de hechos que dieron prueba de la decisión oficial de mano estuvo compuesta por el desarrollo de la segunda rueda de conversaciones chileno-norteamericanas en Washington, también en marzo. Ella había sido prevista, como se recordará, el año anterior. Su papel para EE. UU. ha sido analizado antes.

Ahora, efectuándose después de la decisión final de la Casa Blanca, estas conversaciones tuvieron rasgos únicos. Una atmósfera pesada planeó sobre los participantes chilenos, el embajador Letelier, el diputado Maira y otros (la mayoría detenidos hoy por la Junta). El secretario Charles Meyer había ya renunciado a su cargo. Jack Kubisch, recomendado por Kissinger, quien lo había conocido en París durante las conversaciones con los vietnamitas, había sido nombrado secretario para América Latina, pero no concurría a estas conversaciones. Lo remplazó John Crimmins como subrogante, en su función de adjunto a cargo de Sudamérica. Crimmins, que con frecuencia aparece en las memos de la ITT (su nombre mal deletreado, Crimmons, y sus opiniones identificadas con las de Meyer, lo que no consta), es el personaje que en 1970 había explotado durante una reunión del “Overseas International Council” dedicada al trabajo sobre la situación peruana que el “Adlai Stevenson Institute” de Chicago patrocinó ese año —publicado en 1972 en el libro Foreign policy and Peru por su editor Daniel A. Sharp—, y en un arrebato dijo: “¿Por qué los latinoamericanos nos odian tanto, siendo que nuestro corazón es puro?”, para obtener esta respuesta: “¿Por qué si su corazón es puro, sus manos son tan pesadas?”. Acompañaban a Crimmins, Sidney Weintraub, antiguo consejero en Chile y a la sazón a cargo de asuntos económicos en el Departamento de Estado (que actuó en el golpe de Estado en Siria, según Copland en The game of Nations, a comienzos de la posguerra, autor de novelas policiales, no malas según Pablo Neruda, y sindicado como de la CIA, así como Robert Dean, consejero también en Chile junto con Weintraub, luego de ser agente activo de Lincoln Gordon durante el golpe militar en Brad en 1964, es relacionado con dicha Agencia en el catálogo Who is who in CIA; y como el secretario Wheelock trabajaba para ella con otros colaboradores de Korry). Ni siquiera las apariencias eran muy diplomáticas. La proposición chilena, debatida con aspereza en el interior de la Unidad Popular por considerársela demasiado favorable a EE. UU., de aplicar el Tratado de 1914 “Para la solución de cualquier dificultad entre ambos países y para asegurar el mantenimiento de la paz y buena amistad entre ellos”, fue desechada de plano por los delegados de EE. UU. Expresaban así, al excluir la aplicación de la ley suprema entre los estados, un Tratado pertinente al caso y en plena vigencia, la voluntad norteamericana de estar en conflicto con Chile y de no sujetarse en tal conflicto a la ley internacional. Pero estas premoniciones sobre la decisión norteamericana de marzo se hicieron explicitas cuando en sus palabras finales al embajador de Chile, Crimmins le planteó tres opciones aparentes que envolvían un ultimátum cierto:

“Aceptando que hay conflictos entre EE. UU. y Chile, creemos que no quedan más que tres opciones: o congelamos el conflicto, o regulamos el conflicto, o hay guerra”. EE. UU. sabía y Chile sabía que divergencias como éstas no son congelables y tienen dinamismo propio, por lo tanto la primera opción era falsa por decir lo menos, pues de aceptarla Chile daba a EE. UU. manos libres para agudizar sus agresiones a través de las transnacionales y en el escenario de terceros países. La “regulación del conflicto” era para EE. UU. la regulación del conflicto por EE. UU. en beneficio de EE. UU., es decir, el acuerdo parcial impuesto unilateralmente que, de ser aceptado, transformaba la naturaleza de la experiencia chilena. EE. UU., al plantear sus propuestas, sabía que congelación y regulación no eran aceptables para ellos ni para Chile. Por tanto lo que propuso fue un ultimátum. Propuso guerra. “No les dejaremos ya —terminó Crimmins— ganar más tiempo”.

1. Estados Unidos ha fijado hace poco una nueva política respecto de Chile. Ella continúa y remplaza la acordada por el National Security Council (presidido por Nixon y dirigido por Kissinger) a propuesta del Departamento de Estado, a comienzos de noviembre de 1970.

2. El objetivo de EE. UU. es la destrucción del Gobierno de la Unidad Popular. Los medios que ahora están dispuestos a utilizar son más variados, menos cautos y más agresivos que entre fines de 1970 y principios de 1973. Sin embargo esta política de endurecimiento hacia Chile no excluye las tácticas encubiertas, ambiguas e “invisibles” en la medida que ellas puedan resultar más eficaces que otras, coyunturalmente, para el objetivo final de EE. UU. Tampoco excluye, al menos en teoría (o sea en cuanto amenaza “creíble”), los medios violentos de agresión directa, sea económica, política, diplomática, etc.

3. La causa de que este objetivo de la política norteamericana contra Chile sea absoluto y definitivo no es sólo la falta de indemnización “suficiente” (e incluso “simbólica”) por la nacionalización del cobre. La decisión nacional de Chile de no indemnizar tales nacionalizaciones afecta intereses cuantiosos privados norteamericanos, asimismo afecta un principio clave del sistema de poder imperialista-capitalista-monopólico-transnacional cuyo centro es EE. UU., pero mucho más allá de eso, afecta los fundamentos globales del sistema mismo y la seguridad de su centro de poder, EE. UU. Ello ocurre porque la existencia y los actos del gobierno chileno dañan directamente los intereses nacionales referidos en Chile mismo, y en seguida porque el efecto de demostración influye eficazmente en las relaciones de poder en América Latina y aun en el tercer mundo en general, pero más que esto porque el éxito de la experiencia chilena tiene efecto muy importante en las relaciones de poder esenciales para EE. UU. en cuanto a países industrializados de primera importancia en Occidente, como Francia e Italia. La plausibilidad del caso chileno es inaceptable para EE. UU. Su éxito y consolidación pueden perjudicar gravemente el poder, además del prestigio de EE. UU. en su gran relación internacional con las potencias mayores y en su designio global (en curso durante los últimos dos años y pendiente aún) de configurar un orden mundial nuevo que sea favorable al sistema imperialista y a EE. UU. como poder dominante. En este sentido Chile en cierto modo sucede hoy, como caso límite, a Vietnam (tal como fue seriamente observado por Pham Van Dong ya a fines de 1971): máxime porque el efecto de demostración internacional de las guerras de liberación nacional como esquema antiimperialista tiene menos vigencia real hoy que la experiencia chilena (la vía al socialismo; y la alianza estratégica de marxistas y cristianos; etc.) para robustecer y expandir la acción antiimperialista en el mundo. En resumen, no es la falta de indemnización por el cobre (y el deterioro del principio respectivo) lo que exclusivamente molesta a EE. UU. Es la existencia de un Gobierno como el de la UP que realiza actos como la no indemnización por el cobre; y aún, llevándolo al extremo, un país en el que existe y persiste un Gobierno de Unidad Popular tal como el de Chile.

4. Las tácticas que EE. UU. aparece dispuesto a desarrollar comprenden: 1] Planteos políticos y diplomáticos al gobierno de Chile (públicos y privados) que nos despisten en cuanto a los objetivos de su política y los medios por la que quiere llevarla adelante, sea logrado así el retardo o la confusión en nuestras reacciones frente a ellos, sea induciéndonos sólo a reaccionar tardía e incompletamente en vez de tomar la iniciativa de una ofensiva internacional que fortalezca nuestra posición y dificulte o impida el éxito de la política norteamericana, sea efectos aún peores (como sería una política chilena errada por falta de evaluación correcta de la verdadera decisión norteamericana, o bien la ausencia de una política frente a EE. UU. en los períodos claves en que actúa la suya, o por último una conducta nuestra equivocada, incompleta o contradictoria). 2] Acciones concretas o aprovechamiento de coyunturas que parezcan colocar al gobierno chileno en una situación ambigua, incierta o débil frente al imperialismo, con el fin de provocar fuertes contradicciones en el seno de la Unidad Popular y la izquierda al respecto, y los correspondientes problemas políticos para el gobierno. 3] también acciones concretas o aprovechamiento de coyunturas que generen internamente en Chile una agudización de la pugna de la oposición contra el Gobierno, proporcionando por ejemplo antecedentes directos e indirectos de tipo histórico reciente que involucran a individuos, partidos u otras instituciones opositoras en situación dudosa (cuando no culpable) de complicidad respecto de EE. UU., desencadenando acusaciones y contra-acusaciones políticas y la consiguiente polarización y problemas. 4] Acciones de bloqueo económico, que pasan del “invisible” al semivisible y de éste pueden pasar a visible y cada vez más completo, produciendo, en este curso y a través de la amenaza implícita de la escalada en dicho sentido, incertidumbre y aun decisiones parciales, precipitadas, erróneas, etc. por parte del gobierno, además de los perjuicios acumulados a la economía nacional, al comercio exterior chileno, etc. 5] Decisiones de tipo financiero y en general económico de alcance internacional que, sea directamente sea por su efecto en el mercado, centros bancarios, etc. occidentales, le crean a Chile muy graves dificultades en la obtención de crédito, en la mantención de las líneas de crédito existentes, en la prolongación o modificación favorable del sistema de pago de sus deudas externas, en los precios y condiciones de las exportaciones chilenas, y algo similar respecto de las importaciones (en uno y otro caso ello puede concentrarse más en márgenes o tipos de productos claves para la economía de Chile o para la consecución de las políticas del Gobierno, es decir en los casos de máximo efecto dañino social y político), dificultades, limitaciones o distorsiones que afectan al transporte (incluido aquel con el extranjero), la transferencia tecnológica, el funcionamiento del aparato industrial, el abastecimiento básico de consumo popular, etc. Presiones políticas, encubiertas, e incluso desembozadas, a través de declaraciones o “notificaciones” internacionales sobre cuál es la política de EE. UU. respecto de Chile, aplicada a los países de Occidente con que Chile tiene relaciones bilaterales satisfactorias, con el fin de inducirlos a abstenerse de mantenerlas en esos términos, y con el fin asimismo de impedir a Chile el aprovechamiento de las contradicciones secundarias (no antagónicas) dentro del sistema capitalista. 7] Multiplicación de aquellos actos y formas de agresión (del tipo juicios de embargo, etc. pero asumiendo canales que no se reducen a lo judicial-político), cuyo escenario son terceros países, principalmente de Occidente, pero pudiendo extenderse a otros del tercer mundo, así como a entidades multilaterales; y tal vez la asunción formal por parte del gobierno norteamericano de la defensa de intereses privados de modo de transformar públicamente la pugna de éstos con Chile en cuestiones de Estado a Estado (con el objeto de prevenir a terceros países y a la opinión interna norteamericana que actos como los de Chile son cuestiones de Estado para EE. UU.) 8] A través de las conductas anteriores y otras, por medio de manifestaciones directas o mensajes bilaterales, diplomáticas, etc., se producen verdaderas notificaciones de EE. UU. a todos los países, tengan o no contradicciones con él, de que Chile es un riesgo efectivo inaceptable para él, y una amenaza a sus intereses (y aun a su seguridad, llevándolo al extremo y según el desarrollo de la situación), persiguiendo así la máxima “paralización” posible de cierto número de países en cuanto al crecimiento de sus relaciones con Chile, aislando a nuestro país, y creando obstáculos a la acción política internacional chilena en su defensa contra la agresión de EE. UU. y en su ofensiva político-diplomática para regular el conflicto en beneficio nuestro, así como en la obtención de solidaridad, etc. (Nota: Esta enumeración de tácticas norteamericanas posibles, que no es taxativa, tampoco significa la previsión de que EE. UU. utilizará cada uno de los medios señalados, ni que su uso sea simultaneo; pero conviene destacar que ya hoy día ha comenzado EE. UU. a iniciar acciones visibles en el caso de varios de ellos, que hay indicios respecto de otros, y que los indicados son por lo menos plausibles como ejemplos sobre los que hay precedentes).

5. Los hechos, pruebas e indicios en que se funda todo el análisis anterior, son extremadamente variados y complejos. Una buena parte de ellos se viene desarrollando desde 1970 al menos. Los más notorios como antecedentes inmediatos se han producido en los últimos meses. Es importante tomar en cuenta que deben considerarse como antecedentes esenciales los hechos centrales de orden político, social y económico interno de ambos países, Chile (por ej. en los últimos meses: el enfrentamiento de octubre, la actitud de las FF. AA., las elecciones de mamo) y EE. UU. (También en los últimos meses: la reelección de Nixon con más del 50 %, los resultados de su política global, por ej. en Indochina, Europa, Japón, Medio Oriente, y respecto de China y de la URSS, así como la interna concentración de poder del ejecutivo, debilitamiento tanto del partido Republicano como Demócrata, y de las fuerzas de disenso político, social, etc.). Las respectivas situaciones internas han condicionado objetivamente la posibilidad de esta nueva política norteamericana y, desde el punto de vista de EE. UU., la necesidad de tal política; asimismo han dado lugar al uso de tácticas y medios como los descritos. Pero fuera de esto, se puede señalar, a titulo de ejemplo, un cierto número de antecedentes inmediatos que constituyen ya hoy día (13 de abril de 1973) pruebas e indicios suficientes para hacer completamente válido todo el análisis anterior: a) El resultado de las conversaciones de Washington en marzo. Gráfica y correctamente: el “impasse” —pese a las glosas posteriores de personeros americanos, que son del tipo señalado en el punto 4 número 1, y por ende engañosas— con “ultimatum” —pues la presentación de las tres alternativas es un verdadero y serio ultimátum que coloca a Chile en la siguiente situación: I. EE. UU. define (o dicta) las únicas políticas posibles —según EE. UU.— entre ambos. II. Estas tres políticas opcionales son planteadas como las únicas (solas, exclusivas) posibles, excluyendo EE. UU. cualquier otra, y específicamente los planteos chilenos en las propias conversaciones así como otras conductas anteriores entre ambos, o eventuales e imaginables para el futuro, o con precedentes en casos de terceros países. III]. Cada una de estas tres alternativas es (y EE. UU. lo sabe) inaceptable, si no imposible, para el gobierno de Chile. En breve, la primera porque significa una variación cualitativa en la naturaleza del gobierno de la UP de consecuencias incalculables en lo interno (tanto en el seno de la propia Unidad Popular y la izquierda, como en la correlación de fuerzas políticas, como en sus efectos morales, psicológicos, sociales, económicos, etc.) y en lo externo (la validez de la experiencia chilena en cuanto a su viabilidad como forma de lucha contra el imperialismo, y sus efectos de demostración internacional, quedan profundamente afectadas, además del deterioro del prestigio de Chile cuyo poder efectivo se ve o comprueba, de aceptar esta opción, disminuido. Con el fundamental agravante que ella induciría a un “acuerdo”, cualquiera que fuese su “monto”, referido a la indemnización por el cobre y al principio de la compensación7 en circunstancias de que EE. UU. parte de la base en esta política de que se trata para él de liquidar la experiencia misma del gobierno de Unidad Popular, dado que en verdad —y no en sus palabras sobre “la piedra en el camino” etc.— lo que el imperialismo necesita afirmar y probar al mundo es que no debe subsistir un gobierno capaz de tomar acciones como la nacionalización del cobre sin indemnización, a menos que ese gobierno se transforme esencialmente, a través de su conducta hacia EE. UU. por ejemplo, tal como se dijo en punto 3). La segunda alternativa (conflicto “pactado” que —teóricamente— se congelaría en los términos actuales), es inaceptable para Chile (y así tiene que percibirlo EE. UU.), primero porque en materia internacional es inconcebible: hoy no pueden paralizarse estáticamente las relaciones entre dos países que tienen una y más divergencias sobre asuntos de interés contrapuesto fundamental para cada uno; segundo porque el desarrollo de los hechos internos en Chile coloca necesariamente en el futuro próximo condiciones adicionales que quebrarían el molde de tal “congelación” así como, en el caso mismo de EE. UU., los intereses privados afectados por los actos de Chile no son “congelables” por la sola decisión del gobierno de EE. UU.; tercero porque el hecho de “pactar” o regular el conflicto tiene en si la potencialidad de crear problemas al gobierno de Chile dentro de la UP y la izquierda; cuarto porque los términos actuales del conflicto que sería congelado ya implican perjuicios serios, económicos y otros, para Chile, que con el paso del tiempo en las condiciones presentes, si pudieran por su naturaleza mantenerse estáticas, provocan mayor deterioro de orden económico, etc. internacional e interno para Chile; y porque, por último, esta especie de perpetuación del conflicto en los términos actuales, implica en 12 realidad una “hibernación” de los intereses chilenos, una paralización para sus políticas de defensa antiimperialista y aun otras, en cierto modo un gradual aislamiento de Chile, y nada de ello es siquiera plausible sin una especie de “pacto de garantía” por parte de una o más potencias extranjeras, todo lo cual pone a Chile o a la merced de EE. UU. o bajo una forma de subordinación internacional respecto de terceros países. La tercera alternativa (ruptura) naturalmente contiene una amenaza de fondo que precisa la índole de ultimátum que tiene el conjunto del planteo norteamericano en marzo; sobra analizarla pues al proponerla EE. UU. toma la iniciativa de indicar que en ese caso la pelea con él seria real y absolutamente “finish”. Conclusión: EE. UU. notifica a Chile en Washington, que su política presente es que Chile debe acomodar sus políticas y sus relaciones respecto a EE. UU. bajo condiciones cuya índole contradice la naturaleza y los objetivos formales del gobierno chileno, la estabilidad misma del país y sus intereses esenciales; dejando en claro con ello que para EE. UU. la situación actual chilena constituye un riesgo, que no aceptan, a su seguridad e intereses nacionales y globales. A ello no obsta la ambigüedad aparente en el dejar abiertas tres opciones, lo que podría hacer creer que, no es tan rígida o dura la política norteamericana hacia Chile o que Chile cuenta con el tiempo, ni menos las declaraciones sucesivas de personeros de EE. UU., comentarios periodísticos, etc., en el sentido de que las conversaciones no están todavía cerradas, pues precisamente una de las evidentes tácticas del imperialismo consiste en generar incertidumbre en el gobierno chileno con el fin de dificultar las reacciones defensivas oportunas frente a esta nueva política y neutralizar la posibilidad de una ofensiva política y diplomática internacional chilena destinada a ganar sustancialmente y a tiempo el mayor volumen posible de “poder de enfrentamiento” (que puede transformarse inclusive en “poder de negociación” satisfactorio para Chile); es decir, incapacitar a Chile para crearse una verdadera fuerza de “disuasión” internacional e interna que impida al imperialismo llevar adelante su política destructora respecto a Chile. b] Segunda constancia que fundamenta el total de este análisis: las características de las revelaciones sobre el complot de la ITT, tanto aquellas hechas públicas en el Senado norteamericano como las reveladas (por la prensa, etc.) bajo la forma de infidencias. No se trata de que la Comisión del Senado que investiga a la ITT esté deliberadamente confabulada para ser vehículo, al producirse en ello las revelaciones, de una política norteamericana actual contra Chile. Se trata de que al darse lugar, coyunturalmente a raíz y en el curso de esas investigaciones, a revelaciones de tal gravedad, y al “consentir” el Ejecutivo norteamericano que funcionarios suyos confiesen sin escrúpulo toda clase de acciones de agresión contra Chile por parte del gobierno de EE. UU., se produce un hecho sin precedentes y que no es efecto de la coyuntura ni de la sola voluntad investigadora de algunos políticos opositores a Nixon: el gobierno de EE. UU. se saca la careta política públicamente y quiere demostrar que ha agredido una y otra vez, muy poco tiempo antes, a un gobierno de país con el cual mantiene relaciones, sin sancionar a los agentes responsables de talas actos ni desligarse de la correspondiente responsabilidad, manteniéndose mientras tanto, en EE. UU. como en Chile, las personas mismas y los regímenes respectivos que fueron actores y víctimas de tales actos recientes. Ni siquiera en el caso de los papeles del Pentágono fue tan grave en términos de responsabilidad internacional la situación “comprometida” del gobierno de EE. UU., pues en ese caso los actores y agentes que aparecían como responsables habían desaparecido en suma del gobierno, y el régimen mismo (de Johnson a Nixon) había cambiado. Las “confesiones” en el Senado y las “infidencias” en la prensa equivalen, por analogía, a los casos cuando EE. UU. ha asumido públicamente la responsabilidad de actos de agresión e intervención armada, guardando las proporciones. No cabe duda que el Ejecutivo norteamericano y los intereses dirigentes de tipo económico y las transnacionales pudieron evitar buena parte de la revelación de estos actos de que se ha hecho públicamente responsable (por ejemplo, era factible hacer las sesiones correspondientes de la Comisión, “executive sessions” es decir secretas); y si no evitarlo, por lo menos “concertar” las revelaciones para encubrir la responsabilidad gubernativa. El gobierno norteamericano, en síntesis, ha querido hacerse públicamente responsable de estos actos, revelando así deliberadamente que para él la situación de Chile y su gobierno es inaceptable y que su política frente al gobierno de la UP chilena está definida y es definitiva. La verdadera confabulación contra Chile no es tanto el complot de la ITT que ha ido siendo revelado en Washington, sino el hecho de que se produzcan tales revelaciones de la responsabilidad gubernativa norteamericana en la agresión directa contra Chile. c] El tercer elemento conocido que funda el análisis es la decisión del gobierno de EE. UU. sobre venta de reservas de minerales estratégicos, aunque se tratare de “bluff”, pues expresa la amenaza de una escalada cualitativa en la agresión a la economía chilena en su núcleo: la comercialización del precio del cobre así como manifestar ciertas características que han asumido, en algunos países occidentales, el desarrollo de los juicios del cobre. (Nota: Detalle al respecto, separado). d] Otros factores e indicios constan en diversos sectores del gobierno que institucionalmente han tenido la experiencia y tienen competencia separada en materias conexas a las relaciones de Chile con EE. UU., etc., elementos que deben ser útiles como fundamento de este análisis. Su evaluación conjunta no se realiza por la dificultad de insertar esos datos en una política presente definida respecto de EE. UU. (Nota: su evaluación conjunta es posible y urgente ahora, por separado). e] El papel actual de Chile en la estrategia global norteamericana de la “serie de crisis” y las ventajas para EE. UU. de utilizar tácticamente la situación de crisis con Chile durante su presente política para configurar un orden internacional nuevo favorable al sistema imperialista, en el curso de 1973-75. (Nota: el desarrollo completo al respecto, en documentos separados).

En el curso del mismo mes se hizo llegar un resumen de la situación al presidente Allende, quien en la conversación citada antes, la noche del 1 de abril, había manifestado que veía venir tales actos, que necesitaba tiempo para contrarrestarlos, que no era mucho lo que podía hacerse frente a una potencia mundial decidida, ni lo que era dable conocer en cuanto al instante y la forma que tomara la decisión, pero que el gobierno haría cuanto fuere necesario para defender la soberanía y la identidad de Chile. El resumen mencionado, antes de proponer una política exterior apropiada para ganar tiempo y disuadir objetivamente las actividades de EE. UU., en alianza con la reacción chilena, empezaba diciendo:

I. política de EE. UU. hacia Chile

EE. UU. está endureciendo su política hacia Chile. Está decidido a que no ganemos tiempo en nuestra pugna con él. De aquí a julio (Club de París), EE. UU. concretará su política. En mano pasado (conversaciones de Washington), nos planteó un “impasse con ultimátum”. El ultimátum consistió en presentarnos tres alternativas (acuerdo en compensaciones por el cobre, conflicto “pactado” y ruptura), ninguna de las cuales, en los términos que las presentó, puede ser aceptable para Chile. EE. UU. tiene que saber que las tres son inaceptables para’ el gobierno. Por eso es que constituyen “ultimátum”. EE. UU. quiere hacernos creer que el obstáculo con Chile es el relativo a las compensaciones por el cobre y el principio internacional respectivo. Esto no es cierto. El problema del cobre, por importante que sea en si mismo, y en cuanto al principio internacional, sólo “simboliza” el conflicto principal entre EE. UU. y Chile. Para EE. UU. lo que es inaceptable es la existencia de un gobierno como el de la Unidad Popular, capaz de tomar decisiones de la índole de la nacionalización sin compensaciones, y a través de métodos legales que paralizan la capacidad de respuesta de EE. UU., o al menos la limitan. El efecto internacional, en América Latina y el ‘Tercer Mundo, de una experiencia duradera ‘de la vía chilena, produce problemas para EE. UU. mucho más graves que el valor de las compensaciones por el cobre. Más graves incluso que la vulneración del “principio” internacional norteamericano de que las nacionalizaciones deben indemnizarse. Pues el efecto de la mera subsistencia (y mucho más del éxito) del gobierno de Unidad Popular, influye en países como Francia e Italia, es decir en zonas del mundo que son vitales para los intereses básicos y estratégicos de EE. UU. Así lo vio Kissinger ya en septiembre de 1970, como nos consta (conferencia secreta de Chicago de 15 de septiembre de 1970). Por lo tanto EE. UU. no puede cejar en su objetivo de deteriorar al máximo, hasta buscar la destrucción del gobierno del presidente Allende. Sólo si Chile cediera de tal modo en lo del cobre como para que la naturaleza de la experiencia chilena variara, EE. UU. se conformaría con reducir su pugna esencial a la cuestión del cobre. Pero eso no puede ocurrir. Cuando EE. UU. propone el “conflicto pactado”, hace trampa, y quiere inducirnos a error y confusión. “Pactar” el conflicto nos coloca en situación muy equivoca, y supone limitar la aptitud de movilización internacional de Chile. A la vez no reduce en nada los problemas económicos chilenos provocados por EE. UU. Desmoviliza internamente a la UP y a la izquierda en Chile, crea conflicto dentro de ella, mejora la posición de la derecha. Mientras tanto, EE. UU. seguiría maniobrando en nuestra contra, tanto directamente (oculto) como para echar a perder nuestras relaciones con Europa occidental, etc.

Durante abril comenzó la ofensiva a cargo de la reacción chilena. Es probable, aunque por la naturaleza de los hechos no conste, que el plan respectivo, extremadamente bien concebido, contara con asesoría norteamericana. Se trató de una campaña de propaganda que no se detenía en las distorsiones a la verdad para provocar efectos psicológicos en la opinión chilena y aun en la externa. Aprovechó cuantos motivos se ofrecían, y produjo hechos, como la serie brutal de actos de terrorismo de derecha que luego aprovechaba para sostener que la situación era caótica. Muchos de estos actos, rodeados de circunstancias misteriosas en algunos casos, dieron base para atribuirlos a agentes norteamericanos (como el asesinato en Concepción de un obrero a cargo de servicios de televisión, con características criminales y publicitarias de sadismo refinado, por ejemplo). Entre los primeros motivos que desencadenaron la campaña estuvo el anteproyecto sobre la Escuela Nacional Unificada, que dio lugar a la movilización por la derecha de los estudiantes y los padres de familia, de la Iglesia y sobre todo de las Fuerzas Armadas. Todas las puntualizaciones de gobierno de que se trataba de una idea en proceso de elaboración colectiva, las consultas formales con las bases propuestas al efecto, los métodos de discusión democrática de ella en las organizaciones escolares y en la base social, los esclarecimientos a alto nivel con quienes, inducidos por la campaña, habían expresado sus dudas: la jerarquía de la Iglesia católica, los oficiales de las Fuerzas Armadas, la oposición misma, no sirvieron de nada frente a los mecanismos de manipulación psicológica y política utilizados en esta operación. La circunstancia de que las características del documento sobre la ENU provenían de las recomendaciones de Unesco sobre la materia, tampoco sirvió de nada. La campaña produjo manifestaciones e incidentes. El objetivo en su programación era precisamente escalar en la atmósfera de división interna e incrementar el odio y dar ocasión a los actos de violencia. A fines de abril ya un obrero que manifestaba en apoyo del gobierno fue asesinado a bala en la Alameda de Santiago, la principal avenida de la ciudad. Llevaba en sus manos cuando fue muerto un libro de poemas de Pablo Neruda. Otras victimas multiplicaron el costo humano. A los generadores últimos de la campaña no les importaba y los instrumentos de ella creían, con frecuencia de buena fe (lo que demuestra la eficacia del plan), estar defendiendo valores amenazados.

La revista de derecha Qué Pasa publicó una lista exhaustiva sobre el costo en vidas humanas durante dos años y medio del gobierno de Allende; prolijamente incluía a quienes a raíz de huelgas y expropiación de predios agrícolas sufrieran ataques al corazón. Enumeraba las victimas de los actos de terrorismo sin distinguir si eran de derecha o de izquierda. La nómina luctuosa contaba alrededor de un centenar de personas. En los meses siguientes a marzo se sumaron las victimas del terrorismo a un ritmo acelerado. En esta época es indudable que el terrorismo provenía de los contrarios al gobierno sin excepción; por lo demás, entre las victimas anteriores sólo una minoría podía referirse a actos criminales de gente de izquierda o que se atribuía tal carácter (recuérdese el designio documentado por ITT sobre las “provocaciones” terroristas). Con todo, e incluyendo los numerosos asesinados por los militares en el putsch del 29 de junio, los muertos por razones políticas durante los tres años de gobierno de Salvador Allende, la gran mayoría de los cuales fueron victimas probadas de los enemigos del gobierno, no exceden seguramente de 200. ¿Cuántos ceros hay que agregar con el golpe del 11 de septiembre y en los primeros meses de represión a esta cifra?

De mayo en adelante los actos de terrorismo contra las personas, y los que atentaban contra el aparato industrial del país, fueron sistemáticos y se extendieron por todo Chile. Grupos fascistas como “Patria y Libertad” declararon que sus métodos políticos serían éstos. Personeros de la oposición derechista justificaron en la Cámara el empleo de armas de fuego en las calles. Las referencias formales a las masacres de Jakarta, que habían sido en los años anteriores anónimos escritos en los muros, fueron emitidas como amenaza directa a la izquierda por parlamentarios, con nombre y apellido, de la derecha: Espérense a que venga Jakarta.

El terrorismo tenía por objeto crear una atmósfera de terror. La incertidumbre psicológica que estos actos creaban en los estratos sociales con menos conciencia política, los de pequeña burguesía, condimentaba su preocupación por los problemas económicos, acrecentados en este período por dos factores: la agudización de las medidas de bloqueo, cuyos efectos se agravaban con las acciones deducidas en el extranjero para perjudicar la comercialización del cobre chileno; y las operaciones internas de sabotaje económico, desde el mercado negro y los acaparamientos de productos de primera necesidad. Una parte importante del capital líquido en manos de la burguesía opositora fue usado en frenéticas especulaciones que multiplicaban el circulante y la demanda, sirviendo para deformar aún más el estado de la economía. En esta descripción no se analiza naturalmente en su conjunto dicho estado, pues ella se reduce a la exposición de las medidas planificadas de la subversión que el imperialismo hacia germinar.

El “círculo vicioso a que se nos ha llevado”, de que hablaba Allende en mano, buscaba infringir esa “palabra que tengo empeñada ante la historia y ante mi conciencia”: evitar la violencia.

Los asesinos escogían sus victimas en la proximidad de Allende, para indicar cuál era el objetivo de la campaña emprendida. Mataron así de noche en su casa al edecán naval del Presidente de la República, comandante Arturo Araya. No sólo el gobierno y sus partidarios eran así notificados, sino también los marinos y oficiales de las Fuerzas Armadas fieles a su juramento de respetar el gobierno legítimo de la República. Los medios de publicidad de la oposición, que ésta declaraba corrían los mayores riesgos porque el gobierno deseaba según ellos atentar contra su libertad, pero que constituían el grueso de los instrumentos de formación de opinión pública en el país, procuraron en este caso, como en otros, ligar el asesinato a la izquierda, sin éxito. Se trataba de crear pequeños “incendios del Reichstag” y encontrar adecuados “van der Lübe”.

Se activaron los medios de propaganda para movilizar contra el gobierno a las mujeres; esquema que comenzara a ser aplicado a fines de 1971 siguiendo el modelo brasileño de la época del golpe contra Goulart, y que había tenido precedentes en los períodos anteriores al asalto del poder en los fascismos europeos. Esta maniobra se aplicó luego, con más deliberación, para provocar la renuncia del comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats, la cual abrió una de las válvulas que diera lugar al golpe de su sucesor Augusto Pinochet. Primero se envolvió al general Prats en incidentes callejeros amenazantes y enojosos iniciados por mujeres; luego se montó frente a su casa, donde se encontraba con el presidente Allende, una manifestación de mujeres de altos oficiales de las Fuerzas Armadas que gritaban contra el gobierno y contra el general.

En toda esta campaña, el uso de los medios de prensa fue importante. No por casualidad la ITT, dos años antes, recomendaba al gobierno de Nixon que subvencionara al diario El Mercurio, principal portavoz de ella.

Pero los hechos de sangre, y sobre todo los actos de fuerza que originaran las Fuerzas Armadas, tenían más importancia en el plan. Con el pretexto de buscar infractores a la ley que entregaba el control de las armas de fuego a las Fuerzas Armadas, elementos de Esta ya confabulados y ejecutando el plan común, usaron el aparato de estas instituciones para llevar a cabo actos de provocación en fábricas y otros lugares de trabajo. No investigaron la existencia de armas de fuego en manos de opositores. En el curso de las pesquisas, casi sin excepción infructuosas, quedaron victimas obreras. Un destacamento de las Fuerzas Aéreas llegó a abrir tumbas en el Cementerio General. No encontraron sino restos humanos; pero la población viviente sufría el impacto de estos hechos, del uso publicitario que se les daba, del ominoso anuncio que implicaban. Se pretendía aterrorizar a los trabajadores que eran la base del gobierno. El putsch frustrado del 29 de junio, ensayo general del golpe del 11 de septiembre, sirvió a esos fines, así como a muchos otros. Quedó un alto número de victimas civiles.

Esta participación de elementos de las Fuerzas Armadas, la mayoría ajenos a la conspiración pero involucrados en actos que avanzaban conforme a un programa y con el objetivo final a la vista, manipulados por el grupo de sediciosos en relación formal con los EE. UU. y sus agentes en el país, sirvió para someter a oficiales, suboficiales y reclutas a una criba política, y para identificar a aquellos leales al gobierno constitucional, los que serían al estallar el golpe las primeras victimas de los facciosos. En los meses siguientes al putsch fracasado de junio, en la Marina por ejemplo se emprendió una persecución contra más de un centenar de marineros. En ese lapso, la persecución tomó formas aparentes judiciales, aunque se ejerció violencia ilegal contra sus personas. El mismo día del golpe, según las informaciones, fueron fusilados sin más juicio.

En todo este tiempo, y desde mayo, se sucedieron grandísimo “paros gremialistas”. Volvieron a paralizar los camiones bajo orden de su directiva que encabezaba León Vilarín, guiado por las cabezas de la reacción en las organizaciones patronales, los cuales estaban en alianza total con el imperialismo norteamericano. El dirigente máximo de los transportistas leales al gobierno, que continuaban trabajando, fue asesinado en la vía pública. Los dirigentes de las organizaciones de comerciantes minoristas, igualmente ligados al cuartel general de la reacción, llamaron también a suspender actividades, haciendo también victimas de atentados a quienes las proseguían. Lo mismo ocurrió con asociaciones de profesionales como los médicos y otros. Empleados, técnicos y algunos obreros de la mina de cobre del Teniente la paralizaron por varias semanas, haciendo perder a Chile enormes sumas de divisas. Los trabajadores en gran número quisieron seguir operando la explotación.

En general la clase obrera respondió a su gobierno sin desfallecer. Pese a la campaña insurreccional, o más bien contra ella, manifestaciones complejas y ricas del poder de la base social se fueron creando y fortaleciendo en Chile. Basta recordar los cordones industriales y los sistemas de distribución popular.

El país no podía ser detenido y el gobierno no caería nunca solo.

EE. UU., que ya no guardaba las apariencias, realizó sin embargo un último gesto engañoso respecto de Chile. Quería tal vez percatarse del Animo de sus dirigentes. Con posterioridad a las conversaciones bilaterales de mano, personeros suyos habían dejado entender que a su juicio las conversaciones no estaban terminadas. En Washington no había embajador de Chile desde que Orlando Letelier fue llamado a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno chileno habría querido enviar de inmediato a su remplazante, pero el Senado chileno, que debe aprobar los mensajes de nombramiento de embajadores, se negaba a dar el pase constitucional a ningún embajador de Salvador Allende. Nunca en la historia de Chile había ocurrido tal cosa en esta proporción: estaban acéfalas las embajadas en Washington y en Moscú, en Paris y en La Habana, en Praga, en Hanoi, en Pyonyang, en países del Medio Oriente y otras partes. Según la historia de la Constitución, el pase del Senado a un embajador tenía por objeto calificar sus cualidades y no el de ser un instrumento político contra el gobierno. Pero se trataba de paralizar la política exterior del país, como de subvertir su orden interno.

Cuando el presidente Allende, en su último viaje al exterior, fue a la trasmisión del mando presidencial en Argentina, estaba ahí el secretario de Estado William Rogers. Propuso visitar al presidente en la Embajada de Chile. Salvador Allende lo recibió. La visita no tenía objeto y no tuvo resultado. Quizá el gobierno norteamericano quería todavía hacer creer a Chile que estaba dispuesto al diálogo mientras iban teniendo efecto sus maquinaciones. En todo caso procuraba dar la impresión de que la actitud norteamericana frente a Chile era normal. Ése era en realidad el objetivo de la visita, y de las sugerencias sobre las conversaciones aun abiertas. Pero el resultado de la política de EE. UU. fue el golpe.

Algunos días antes de septiembre, la mayoría de la Cámara, con participación del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana y del resto de la reacción, tomó un acuerdo, sin significado constitucional, argumentando a fondo la “ilegitimidad” de ejercicio del mandato del presidente Salvador Allende. Tiempo antes la Contraloría en un documento y la Corte Suprema en otro habían proporcionado argumentos contra el gobierno.

La reacción chilena, tal como EE. UU. cuando busca una cobertura para sus agresiones, por transparente y desgarrada que sea, se daba a si misma pretextos jurídicos.

Las palabras eran de jure. Las acciones, de facto.

Llegó el once de septiembre.

NOTA FINAL

Lector, te extrañará que sepa tanto o tan poco. Mi patria es pequeña, Estados Unidos muy grande, y soy solamente chileno.

Te diré quién soy y cómo he sabido lo que relato.

A los ocho años, en 1942, entre a un colegio inglés del Arzobispado de Santiago. El arzobispo lo vendió en 1944 a los padres norteamericanos de la Orden de Holy Cross, los de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Estudié ahí hasta el fin de mis humanidades en 1950 y empecé a conocer, en la calle Pedro de Valdivia, a Estados Unidos.

Entró a la Universidad de Chile y seguí Leyes. En 1954 mi padre, profesor de Derecho de Minería, fue ministro de Minas; él tuvo la experiencia con el secretario Henry Holland y las compañías del cobre que cuento, y yo soy el testigo de que hablo.

Recibido abogado y después de estudiar con beca italiana en Roma, trabajé por años en Santiago en cuatro o cinco partes. A mediados de 1964, a través de la comisión Fulbright, fui contratado por la Universidad del Estado de Michigan, y durante tres meses hice clases a “graduate students” sobre el nacionalismo en escritores y poetas latinoamericanos; conocí a su presidente John Hanna, que fue director de AID bajo Nixon, y a profesores que habían asesorado a Diem en Saigón —por eso hablo de esta Universidad. Me ofrecieron quedarme. Volví a Chile, no sin antes gastar cuanto tenía en un viaje a Nueva York, que me horrorizó.

Entre 1965 y 1967, porque era asesor legal de la Comisión Chilena de Energía Atómica y me especializaba en desarme nuclear, fui, como alterno, gobernador de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y viajé varias veces a Viena; en la misma época fui delegado de Chile a la Conferencia de Desnuclearización de América Latina, en México. Firmé, como plenipotenciario, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. Comencé a conocer a los diplomáticos norteamericanos y a entender mejor la política externa de Estados Unidos.

Por 1966 recibí una carta del Dr. Henry Kissinger invitándome al International Seminar de Harvard que dirigía. Decliné la oportunidad, pero ya había comenzado a estudiar las obras del Profesor.

En 1967 el ministro de Relaciones Exteriores Gabriel Valdés me ofreció el nombramiento de ministro consejero, en uno de seis cargos recién creados por ley, dado que era experto en aquellas materias. Entré al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile como funcionario de carrera. Fui director de Informaciones y Cultura, director de Relaciones Internacionales (o político), fui director general en 1968. En 1967, como después en 1968 y 1969, asistí como delegado de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, a la Comisión Jurídica y a la política. Conocí más a EE. UU., lo que hacían y deshacían en Chile y en el mundo. En abril y mayo de 1968 fui jefe de la delegación chilena, como embajador, en la sesión extraordinaria de Naciones Unidas para examinar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Había aprendido bastante de desarme y estrategia nuclear. (Hoy tal vez he perdido el hilo). Modificamos algo el Tratado pero no lo firmamos.

El secretario general de Naciones Unidas me contrató como experto para hacer un informe sobre las garantías de las potencias nucleares a los países que no lo son, estando en Nueva York. Lo escribí y circuló en la conferencia de países no nucleares, en Ginebra en 1968, como documento oficial. Ya entendía mucho mejor las estrategias globales.

A fines de 1968 fui de ministro consejero a la Embajada de Chile en Washington. Estuve hasta el 10 de octubre de 1970. ¡Qué experiencia! Cuanto relato en este libro acerca de esos años lo he visto y oído en persona. Vi y oí a Nixon, siendo Encargado de Negocios ad interim, y ministro consejero, muchas veces: por cierto aquellas que menciono, en Washington y en Los Ángeles. Estuve varias veces con el Dr. Kissinger. Asistí a la entrevista de Gabriel Valdés con Nixon, Kissinger y otros en la Casa Blanca. Conocí bien a todos los norteamericanos que menciono en el libro. Fui testigo de lo que cuento y de algo más. En ese lapso viajé a Chile varias veces; fui por ejemplo delegado en la reunión de ministros en Viña del Mar que redactó el Consenso Latinoamericano.

Antes de las elecciones presidenciales de 1970, fui parte e intervine en la mayoría de los hechos que aparecen aquí: por ejemplo en el caso del orfeón naval y los otros episodios siniestros.

De vuelta en Chile, entre las elecciones del 4 de septiembre y la ratificación de Allende por el Congreso, trabajé con el ministro Valdés en la Nota y demás incidencias del desmantelamiento norteamericano de la Isla de Pascua. Luego fui designado edecán civil del secretario Meyer para la transmisión del mando. El gobierno de Allende me encargó estudiar las relaciones militares entre EE. UU. y Chile. Dejé pronto ese estudio porque el Senado me llamó, como profesor de Derecho, a asesorar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para el trámite de la reforma constitucional de nacionalización del cobre. Estuve en eso varios meses. ¡Qué oportunidad para conocer a EE. UU. y sus obras!

El gobierno me designó —como funcionario de carrera— el primer embajador de Chile en Pekín. Partí en julio de 1971. Cuando llegué a China, Kissinger acababa de dejarla. Chou En-lai, en la primera larga entrevista que tuve con él —de 11 y media de la noche hasta casi las 4 de la mañana— me dijo algo de las ideas del Dr. Hablé más a fondo sobre eso con Chiao Kuan-hua. En Pekín había d o dos embajadores y un encargado de Negocios que lo conociesen.

Aunque parezca raro, Pekín era el lugar preciso en 1971 y 1972 para seguir la política mundial de Estados Unidos. Ahí estaba yo cuando fue Nixon. En países vecinos, EE. UU. agredía y bombardeaba. En cierto modo según desde ahí mejor la gran política norteamericana que cuando había estado en el propio Washington.

Por lo demás volví en 1972 y 1973 a Chile. Esta última vez estuve dos meses, marzo y abril, trabajando en el Ministerio precisamente sobre EE. UU. y su peligros.

El golpe militar de septiembre me atrapó en Europa, de paso. Dos días antes me había reunido con el ministro de Relaciones Almeyda, de regreso desde Argel.

Todos los memorándum e informes chilenos que reproduzco son trabajos míos en distintas épocas, o trabajos en que intervine. Después de ponderarlo mucho, creo que no violó ningún deber o valor publicándolos. Hay un valor superior que me impele a hacerlo: ayudar a la resistencia de mi pueblo y a la supervivencia de mi nación.

Por lo demás, ningún interés permanente de Chile está afectado por esta denuncia de los actos del imperialismo norteamericano y sus cómplices chilenos, que juntos intentan destruir mi país, su historia y su futuro.

Conozco bien a cada uno y a todos los chilenos que nombro. A varios de ellos, por desgracia. Me creo obligado a referir sus actos.

Hasta octubre de 1971 no pertenecí a ningún partido político. En esa época, siendo ya embajador, decidí entrar a la Izquierda Cristiana, para cumplir una deuda moral, política y social con los pobres de Chile, efecto de los privilegios de educación y otros que yo había recibido de su trabajo. No para ser embajador —porque lo era— sino para dejar de serlo como le dije a algún amigo.

La Junta, cuando oyó que la rechazaba (esto ocurrió en Roma), me destituyó como embajador y luego también como funcionario de carrera. ¿Sigo siendo abogado, profesor titular y extraordinario de la Universidad de Chile, lo que era en mi país? Lo dudo. Si pudieran “destituirme” como escritor, como amigo de mis amigos, como chileno,[*] como ser humano, lo harían. Me dan piedad los militares y demás.

Pero mayores son los deberes con los perseguidos y oprimidos. Con los pobres chilenos que son victimas por el hecho de ser chilenos pobres.

Dirán lo que quieran de mi. Estados Unidos hará lo que pueda.

Mi respuesta y mi epitafio, la explicación, lector, de este libro y de mi vida ahora, es lo que dijo el poeta cuando mediaba el amino de la suya:

Tal mi fece la bestia senza pace

Notas

[*] Odeplán, op. cit. Conviene anotar que, si se suman los servicios sucesivos de la deuda, ésta excedía los cuatro mil millones de dólares. <<

[*] Así es el caso de la República de Corea, de la República de Vietnam, etc. <<

[*] Este artículo iba acompañado por la reproducción de una petición de visas con fecha 19 de agosto de 1970 que incluía a nueve oficiales. <<

[*] “En la semana del 15 de septiembre obtuve una copia completa del deep-background briefing. Fue enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, ahora en manos de la Junta, que no revelará su texto. El presidente Allende dispuso de otro ejemplar para sus archivos personales: su oficina y su casa fueron saqueadas, destruidas. Pero la Junta sabía, el Dr. Kissinger sabe, más de la mitad de los periodistas de Washington saben que la transcripción existe” (Armando Uribe, “L’Empire américain au Chili”, Le Monde Diplomatique, noviembre de 1973). <<

[**] Tomado de un despacho de AP fechado en Washington el 3 de enero de 1971. <<

[*] Citado por Anthony Sampson, op. cit., p. 247. <<

[**] Peter Jenkins, The Guardian, Londres, octubre de 1973, reproducido en el South China Morning Post, también en octubre de 1973, y en Le Monde Diplomatique, art. cit., noviembre de 1973. Jenkins atribuye directamente esta cita a Kissinger: “In an off the record press briefing in September 1970, Dr. Henry Kissinger told reporters: ‘I don’t think we should delude ourselves’…”. <<

[***] Despacho de AP, 3 de enero de 1971, ya citado. <<

[****] Le Monde Diplomatique, art. cit., noviembre de 1973. Véase igualmente, en el mismo número, el artículo intitulado “C’est la guerre…”. <<

[*] Ver exposición del Ministro de Economía de Chile ante el Subcomité del CIAP sobre Chile, abril de 1972. <<

[*] En el momento de entrar este libro a prensa, acabo de enterarme, efectivamente, de que la Junta me ha “desposeído” de la nacionalidad chilena. <<